BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 97011
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13756 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer, por la 
que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  manifestación  y 
aceptación de herencia.
En el recurso interpuesto por don J. S. M. contra la calificación del registrador de la 
Propiedad de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer, don Silvestre Magriz Tascón, por la 
que se suspende la inscripción de una escritura de manifestación y aceptación de 
herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Cambrils (Tarragona) don Rafael 
Martínez Olivera, de fecha 25 de octubre de 2013, se otorgaron por don J. S. M., las 
operaciones de aceptación y manifestación de la herencia causada por el fallecimiento 
de doña MTMM, fallecida el 24 de septiembre de 2013, en estado de viuda de don JSD, 
y de cuyo matrimonio se manifiesta en la escritura que no tuvo descendencia. Ocurrió su 
óbito bajo la vigencia de su último testamento ante la notaria de Puebla de Alcocer 
(Badajoz) doña Beatriz Moya Martínez, de fecha 25 de abril de 2011, del cual, a efectos 
de este expediente interesa lo siguiente: Entre las manifestaciones personales de la 
testadora, tras manifestar carecer de descendientes de su matrimonio, expresa que «… 
teniendo sin embargo un hijo adoptivo llamado A. S.»; y en las disposiciones establece lo 
siguiente: «Cláusulas. Primera: Lega a su hijo adoptivo don A. S. la legítima que le 
corresponda. Segunda: Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, instituye 
heredero a su sobrino don J. S. M. con DNI … sustituido vulgarmente y para el caso de 
premoriencia, conmoriencia, incapacidad o renuncia, por sus descendientes».
En la referida escritura de aceptación y manifestación de herencia se hace constar 
por el compareciente, relativo al hijo adoptivo, lo siguiente. «… que dicha manifestación 
es meramente un error, dado que el citado don A. S., tiene otro nombre, y que estuvo 
acogido por la causante en la posguerra, sin que el mismo fuera nunca adoptado». Esto 
se sustenta por el compareciente con la exhibición del Libro de Familia de la causante, 
en el que no figura inscrito hijo alguno. Y al no figurar la adopción del citado señor y no 
constar inscrito el mismo en el documento que lo acredite, entiende el compareciente 
que no le corresponde derecho legitimario alguno y, por tanto, el compareciente se 
adjudica los bienes de la herencia.
II
La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Herrera del 
Duque-Puebla de Alcocer (Badajoz) el día 3 de junio de 2020, y fue objeto de calificación  e.e
negativa de 3 de julio de 2020, notificada el día 8, que a continuación se transcribe en lo  b
pertinente: 756ww
«Resuelve suspender la inscripción del presente documento, por:
hijo Haedcohpotisv:o ,S sei esnodlioc ithae lrae dinesrocr ifpocrzióons od ed elal  caadujusdainctaec. ióSne  haeproerdtait acreiar tisfiicna qcuióen  innteegrvaetinvag ad eell   BOE-A-cable e
Registro Civil de Don Benito en la que se expresa que no consta asiento alguno en el 
que conste que el hijo adoptivo aparezca como tal.
Fundamentos de Derecho: La especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho 
común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la 
adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para 
efectuar la liquidación y partición de herencia (artículo 1057.1 del Código Civil), de las 
que resulte que no se perjudica la legítima de los herederos forzosos.
Artículo 14 Ley Hipotecaria párrafo 3: "Cuando se tratare de heredero único, y no 
exista  ningún  interesado  con  derecho  a  legítima,  ni  tampoco  Comisario  o  persona 
autorizada para adjudicar la herencia, el título de la sucesión, acompañado de los 
documentos a que se refiere el artículo dieciséis de esta Ley, bastará para inscribir 
directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular 
el causante".
El único heredero manifiesta que el nombrado como hijo adoptivo no es tal, siendo 
un error por el que sólo estuvo acogido durante la posguerra. Si bien, el mismo testador 
en 2011 lega la legítima a dicho hijo adoptivo.
Artículo 675 Código Civil: "Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el 
sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la 
voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la 
intención del testador, según el tenor del mismo testamento.
El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que 
haya nulidad declarada por la ley".
Es  jurisprudencia  consolidada  el  principio  "favor  testamenti"  en  cuya  virtud,  el 
testamento produce todos sus efectos mientras no sea revocado, declarado nulo o haya 
caducado en los casos en los que el código civil establece un plazo para su validez.
En relación a la adopción, se constituye por resolución judicial, sin perjuicio de que, 
atendiendo al momento de la constitución de la adopción en la posguerra, pudo haberse 
constituido  en  escritura.  En  uno  y  otro  caso  adquiere  derechos  hereditarios  del 
adoptante.
Artículo 179 Código Civil en la redacción de la Ley 24 de abril de 1958: "Por 
ministerio de la Ley el adoptado y, por representación, sus descendientes legítimos, 
tendrán en la herencia del adoptante los mismos derechos que el hijo natural reconocido, 
y el adoptante en la sucesión de aquél los que la Ley concede al padre natural".
La Ley del Registro Civil establece la filiación derivada adopción como supuesto de 
publicidad restringida, por lo que entendemos que la certificación negativa no acredita la 
inexistencia de la adopción.
Artículo 83.  Datos con publicidad restringida: "1. A los efectos de la presente Ley, 
se considerarán datos especialmente protegidos:
a)  La filiación adoptiva y la desconocida.
b)  Los cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género o su 
descendiente, así como otros cambios de identidad legalmente autorizados.
c)  La rectificación del sexo.
d)  Las causas de privación o suspensión de la paria potestad.
e)  El matrimonio secreto.
2.  Estarán sometidos al mismo régimen de protección los documentos archivados 
por contener los extremos citados en el apartado anterior o que estén incorporados a 
expedientes que tengan carácter reservado. e
3.  Los asientos que contengan información relativa a los datos relacionados en el  bo
apartado anterior serán efectuados del modo que reglamentariamente se determine con  756ww
eexl pfirne sdaed qau een,  esal alvrotí ceul lop rsoipgiuoi einnstec.r"ito, solo se pueda acceder a ellos con la autorización
"SólAo rteícl uilnos c8r4it.o  Ao cscuess or eap lroess eanstiaenntteoss  qleugea lceosn tpeondgraánn  daactcoesd eesrp oe caiaulmtoerinztaer  par otteergciedroass: 
personas la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en 
los términos que reglamentariamente se establezcan.
Si el inscrito ha fallecido, la autorización para acceder a los datos especialmente 
protegidos sólo podrá efectuarla el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante, 
siempre que justifique interés legítimo y razón fundada para pedirlo.
En el supuesto del párrafo anterior, se presume que ostenta interés legítimo el 
cónyuge del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo 
grado."
Esta nota de calificación será… (Oferta de recursos).»
III
No se solicitó calificación sustitutoria.
IV
El día 4 de agosto de 2020, don J. S. M. interpuso recurso contra la calificación, en el 
que en síntesis alega lo siguiente:
«Se recurre la calificación negativa de inscripción de finca a favor del interesado, en 
virtud de testamento a su favor, realizado por su tía. Aparece en el testamento un 
supuesto hijo adoptivo, que no figura inscrito en ningún documento oficial como hijo 
adoptivo de la testadora. Entendemos que no existe por tanto derecho alguno a favor de 
ese supuesto hijo adoptivo que no existe en realidad, siendo el único heredero el 
recurrente. Interesamos se solicite por parte del Organismo al que nos dirigimos datos 
del  supuesto  hijo  adoptivo,  pues  es  imposible  para  el  recurrente  probar  un  hecho 
negativo como es la inexistencia del hijo adoptivo del cual se pretende su existencia y 
que es el único obstáculo para la inscripción solicitada. La adopción se constituye por 
resolución judicial y una vez constituida se da traslado al registro civil correspondiente 
para que figure como tal a efectos de proteger los derechos del adoptado. Pero en este 
caso no figura dicha inscripción en ningún documento oficial, como ya declaramos. En la 
resolución recurrida, el Registrador, argumenta que pudo haberse constituido la adopción 
en escritura pública, siendo esta afirmación una suposición del Registrador, el cual no 
puede  basar  su  calificación  en  suposiciones.  La  calificación  del  Registrador  ha  de 
basarse en hechos reales y que consten en documentos oficiales, y el único hecho que 
consta en documentos oficiales es que el recurrente es heredero de la causante, es su 
sobrino. No consta por el contrario la existencia de un hijo adoptivo en ningún documento 
oficial, ni en el libro de familia de la causante que consta en la escritura cuya inscripción 
se  deniega,  Por  lo  tanto,  habrá  de  estarse  a  los  hechos  constatables  mediante 
documentos oficiales, y por ende inscribir los derechos hereditarios del recurrente.»
V
Notificada al notario autorizante, no se ha producido alegación alguna.
Mediante escrito con fecha de 19 de agosto de 2020, el registrador de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el 
mismo día).
Fundamentos de Derecho o
Vistos los artículos 675, 772, 773 y 1057 del Código Civil; 14 de la Ley Hipotecaria;  756ww
l8o3s  d6e6  lay  Lseigyu dieen tReesg disetrl oR Ceigvlial;m 1e6n dtoe  dlae  LReey gdiset rRo eCgiivsitlr od eC iv1i4l  ddee  8n doev iejumnbior ed ed e1 915975, 8y; 
Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado de 18 de enero
de 2010, 30 de abril de 2014, 9 de junio y 19 de octubre de 2.015, 26 de mayo de 2016, 
19 de abril y 26 de junio y 20 de julio de 2017 y 16 de mayo de 2018.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación  y  manifestación  de  herencia  en  la  que  concurren  las  circunstancias 
siguientes: la causante fallece el 24 de septiembre de 2013, en estado de viuda y se 
manifiesta  en  la  escritura  de  aceptación  y  manifestación  de  herencia  que  no  tuvo 
descendencia; en su testamento de 25 de abril de 2011, tras manifestar carecer de 
descendientes de su matrimonio, expresa que «… teniendo sin embargo un hijo adoptivo 
llamado A. S.»; en las disposiciones establece lo siguiente: «Cláusulas. Primera: Lega a 
su hijo adoptivo don A. S. la legítima que le corresponda. Segunda: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la cláusula anterior, instituye heredero a su sobrino don J. S. M. con DNI … 
sustituido vulgarmente y para el caso de premoriencia, conmoriencia, incapacidad o 
renuncia, por sus descendientes»; en la escritura, que otorga el heredero, se manifiesta, 
relativo al hijo adoptivo, lo siguiente. «… que dicha manifestación es meramente un error, 
dado que el citado don A. S., tiene otro nombre, y que estuvo acogido por la causante en 
la posguerra, sin que el mismo fuera nunca adoptado»; se sustenta por el compareciente 
con la exhibición del Libro de Familia de la causante, en el que no figura inscrito hijo 
alguno; y al no figurar la adopción del citado señor y no constar inscrito el mismo en el 
documento que lo acredite, el compareciente se adjudica los bienes de la herencia. Junto 
a la escritura se presenta en el Registro de la Propiedad una certificación negativa del 
Registro Civil de Don Benito (Badajoz), sin que figura el nombre del solicitante de ésta, 
en la que se expresa que respecto de A. S. «resulta que examinados los ficheros y 
demás antecedentes pertinentes que obran en este Registro Civil, referentes al tiempo 
comprendido desde 01/01/1950 y 122/03/2020 no figura inscripción de nacimiento».
El registrador señala como defecto único lo siguiente: que no interviene el hijo 
adoptivo, siendo heredero forzoso del causante. Lo fundamenta en que la certificación 
negativa no acredita la inexistencia de la adopción, dado que la filiación adoptiva es un 
dato especialmente protegido al que solo tienen acceso el interesado o el cónyuge del 
fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado del 
mismo.
El recurrente alega que, al no constar tal hijo como adoptivo en la certificación del 
Registro Civil, no existe; que no consta la existencia de un hijo adoptivo en ningún 
documento oficial, ni en el libro de familia de la causante, y, por lo tanto, habrá de estarse 
a los hechos constatables mediante documentos oficiales.
2.  Previamente  hay  que  hacer  constar  que  no  se  discuten  en  el  recurso  los 
derechos del hijo adoptivo como legitimario ni se cuestionan los mismos dependiendo de 
su condición de adoptivo pleno o menos pleno. Tampoco se discute por el recurrente la 
necesidad de intervención, en su caso, del hijo adoptivo como legitimario en la partición. 
Solo se alega la inexistencia de hijo adoptivo dado que no aparece como tal en el Libro 
de Familia de la causante ni en la certificación negativa del Registro Civil, y, por tanto, la 
no necesidad de intervención del mismo en la partición. Y en este punto, conviene 
recordar, como bien sostiene el registrador, que el artículo 83 de la Ley de Registro Civil 
establece lo siguiente: «Datos con publicidad restringida: «1. A los efectos de la presente 
Ley,  se  considerarán  datos  especialmente  protegidos:  a)  La  filiación  adoptiva  y  la 
desconocida... 2. Estarán sometidos al mismo régimen de protección los documentos 
archivados  por  contener  los  extremos  citados  en  el  apartado  anterior  o  que  estén 
incorporados a expedientes que tengan carácter reservado». Ciertamente que la Ley no 
ha  sido  desarrollada  reglamentariamente,  y  por  ello,  los  asientos  que  contengan  e.
información relativa a los citados datos reservados están pendientes, en cuanto a su  w.b
información, del modo que reglamentariamente se determine. Pero esto no impide que  756ww
se p3u.e dEa no betel nceor nlac rientfoo rmsuapciuóens ptoo,r  oetlr ohse mreeddeioros .recurrente,  sobrino  de  la  testadora,
mmaenraifmieesntate e unn l ae rerosrc,r idtuardao  dqeu em aenl ifceistatadcoi ódno nd eA h. eSre.,n tcieian e« qoutero  dnicohmab rmea, nyi feqsutea ceiósntu evos 
acogido por la causante en la posguerra, sin que el mismo fuera nunca adoptado» y en
su escrito de interposición de recurso alega que es imposible probar la inexistencia del 
hijo adoptivo.
Esto colisiona con la manifestación y disposición de la causante en su testamento, 
por lo que el heredero ha hecho una interpretación del mismo basada en el error de la 
testadora al otorgarlo. La primera cuestión, a los efectos que nos interesa ahora, estriba 
en si es posible que el heredero sin concurrencia de otros interesados pueda interpretar 
por sí solo el testamento y con ello decidir si hubo un error en las manifestaciones de la 
testadora y sus disposiciones.
Ha afirmado este Centro Directivo, en Resolución de 30 de abril de 2014, que serán 
todos los llamados a una sucesión (y no solo algunos de ellos) los que tengan la 
posibilidad de decidir sobre el cumplimiento e interpretación de la voluntad del testador y 
a falta de acuerdo entre ellos, decidirán los Tribunales de Justicia. Según doctrina 
reiterada de ese Centro Directivo, es posible que todos los interesados en la sucesión, si 
fueren claramente determinados y conocidos, acepten una concreta interpretación del 
testamento. En algunos casos, matizados y perfilados asimismo jurisprudencialmente, 
podrá también el albacea -máxime si en él, además confluye la condición de contador-
partidor-  interpretar  la  voluntad  del  testador.  Y  por  fin,  a  falta  de  interpretación 
extrajudicial,  corresponde  a  los  Tribunales  de  Justicia  decidir  la  posibilidad  de 
cumplimiento de la voluntad del testador y su alcance interpretativo, siendo pacífico que 
la interpretación de las cláusulas testamentarias es facultad que corresponde al tribunal 
de Instancia.
En este caso, no hay designación de albaceas y además del heredero hay otro 
llamado del cual se dan datos de identidad –fue acogido por la testadora durante la 
posguerra-, y, el recurrente alega que tiene otro nombre, lo que indica que es conocido. 
Así pues, la pretensión del único heredero incide en la posición jurídica de terceras 
personas, puesto que existe un llamado como legitimario o en su caso los descendientes 
del mismo.
4.  Como ha reiterado esta Dirección General, la privación del contenido patrimonial 
de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una 
previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso, provoque su pérdida 
de eficacia ya sea total o parcial; y ello porque el principio de salvaguarda judicial de los 
derechos (artículo 24 de la Constitución) en conjunción con el valor de ley de la sucesión 
que  tiene  el  testamento  formalmente  válido  (artículo  658  del  Código  Civil),  hace 
necesario que sea una declaración judicial la que prive de eficacia al testamento, y no 
sea uno de los interesados en la herencia quien lo decida.
Así pues, se trata de determinar el contenido patrimonial del testamento y, para ello, 
hay  que  recordar  las  normas  del  Código  Civil  relativas  a  la  interpretación  de  los 
testamentos: el primer párrafo del artículo 675, que se refiere a la necesidad de que la 
voluntad  del  testador  deba  entenderse  en  el  sentido  literal  de  sus  palabras;  el 
artículo 772 párrafo tercero, que establece que «En el testamento del adoptante la 
expresión genérica hijo o hijos comprende a los adoptivos»; el artículo 773 párrafo 
primero, que determina que «El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero 
no vicia la institución cuando de otra manera puede saberse ciertamente cuál sea la 
persona nombrada».
En consecuencia, el llamamiento no está viciado, y para ser privado de eficacia, a 
falta  de  conformidad  de  todos  los  interesados,  se  hace  necesaria  una  declaración 
judicial.
5.  Por último, alega el recurrente que impugna la calificación por estar basada en  s
suposiciones, ya que en aquella se hace referencia a la posibilidad de que la adopción,  oe.
por  las  fechas  a  las  que  se  refieren  los  hechos,  se  constituyera  incluso  mediante  w.
escritura  después  de  la  aprobación  judicial,  adquiriendo,  desde  su  otorgamiento,  756ww
dReergeicshtroos  Chievrile ddieta r8io dse e lj uandioop dtaen t1e9. 5P7u, eys  lboise n6, 6e fye cstiivgaumieenntetes , deel la Rrtíecgullaom 1e6n dtoe  dlae  L1e4y  ddee 
nCoivviileems b–rsei  bdiee n1 9p5a8ra,  slae ñinaslacnri pccoiómno d reel gnlaasc imgeiennetroa-l,e se l d«ed eclo lmugpaert eennc iaq udee a lcoase cReeng»is. tArossí   BOE-A-cable e
pues, conforme esas normas de competencia para la inscripción en el Registro Civil, no 
es  posible  saber  si  la  filiación  adoptiva  se  inscribió  en  otro  Registro  Civil.  En  la 
presentación se aporta certificación negativa del Registro Civil de Don Benito, en la que 
no constan datos de nacimiento del hijo adoptivo, de manera que los datos de este 
concreto Registro Civil, unidos a la reserva de datos exigida por el artículo 83 de la 
Ley 20/2011 de 21 de julio, de Registro Civil, hacen que esta aseveración no resulte 
determinante, sin que pueda considerarse suficiente para dejar sin efecto la disposición 
testamentaria a favor del hijo adoptivo.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso 
interpuesto y confirmar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.