BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Viernes 27 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 104573
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14250 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2017, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a la Comunidad Autónoma de La Rioja a poner en marcho lo antes posible 
las siguientes medidas:
– Valorar posibles cambios normativos en la definición de los criterios de pertenencia 
de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las fundaciones y los 
consorcios públicos, teniendo en consideración no solo criterios patrimonialistas basados 
en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o 
patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de sus miembros, 
así como en la financiación de las actividades de la entidad, con el objetivo de que 
determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su 
vez  no  quedasen  extramuros  del  control  de  la  Administración  Autonómica  y  de  la 
aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, y 
para mitigar la fragmentación normativa existente.
– Efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, con el 
objetivo de facilitar el acercamiento en el tiempo del control externo a efectuar por el 
Tribunal de Cuentas.
– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su 
sector público, de acuerdo con lo previsto en el art 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, objeto que deberá quedar resuelto por 
los representantes de las administraciones autonómica y local que forman parte de la 
Junta de Gobierno del consorcio, quienes deberán resolver la adscripción de la entidad, 
lo que permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o local y su consecuente 
integración en uno o en otro sector público.
– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su 
sector público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, 
al no ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos en la Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
– Regular el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de 
agregación o consolidación de la Cuenta General, de acuerdo a lo establecido en la 
Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formulación  de  cuentas  anuales  consolidadas  en  el  ámbito  del  sector  público,  e.e
acogiéndose a la posibilidad recogida en el artículo 122.3 de la Ley de Hacienda Pública  b
de La Rioja, promoviendo la elaboración y rendición de una Cuenta General única, como  250ww
pinasttrriummoenniatlo,  ústiol berne  lal oms ejroersau dltea dlao sin feocrmonaócmióinc os-opbarteri mlao sniitaulaecsi óny  escoobnróem  ilcaa , efjiencauncciióenra  yy 
liqui–d aDcioótna rd elo lso ss perrevsicuiopsu ensetocse sya erli ogsr addeo  dloes r eoarlgizaancisiómno dse  aloustó onbojemtiovso sa.utonómicos, de
acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones transitorias de sus leyes de
creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas les atribuyen en 
materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que facilitaría, por un 
lado,  la  adecuada  transparencia  de  la  información  económico-patrimonial  de  estas 
entidades y, por otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus 
cuentas anuales individuales.
– Revisar los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma, y en particular, por lo que se refiere a las 
cuentas no presupuestarias, la Administración General de la Comunidad debería dotarse 
de una aplicación informática que permitiera la obtención de datos históricos sobre los 
saldos deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de 
procedimientos  contables  en  el  que  se  normara  el  registro  de  las  operaciones  no 
presupuestarias,  en  el  marco  del  sistema  contable  auxiliar  que  tiene  implantado  la 
Administración de la Comunidad.
– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada 
ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.
– Realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin 
dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera 
que  la  liquidación  presupuestaria  recoja  la  totalidad  de  obligaciones  y  derechos 
devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.
– Reforzar  los  mecanismos  de  coordinación  existentes,  con  los  recursos  ya 
disponibles,  entre  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuestos  de  la 
Administración General de la Comunidad y las unidades económicas responsables de 
las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar la planificación de la 
actividad de estas entidades, de modo que en las leyes de Presupuestos anuales de la 
Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones de sus 
presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la 
liquidación de los mismos.
– Adoptar, en relación con la Universidad de La Rioja, las siguientes actuaciones:
a.  Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el 
que la universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se 
incorpore en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el 
sector  público,  con  respeto  a  la  autonomía  universitaria  en  su  vertiente  financiera 
reconocida  a  las  mismas,  de  manera  que  la  ley  habilitante  de  los  créditos  en  la 
comunidad contenga también los aprobados por aquella.
b.  Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones.
– Modificar la Ley 11/2003, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja con 
vistas  a  incluir,  tal  como  hace  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe 
sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del 
ejercicio del control financiero.
– Reforzar la revisión y el control económico en materia educativa no universitaria, 
tanto por la Consejería de Educación como por la Intervención General de la Comunidad.
– Formalizar un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del 
Organismo  autónomo  Servicio  Riojano  de  Salud  (SERIS)  en  el  que  se  regule  la 
prestación del servicio de asistencia sanitaria por este último a través de sus servicios y  e
unidades. bo
– Desarrollar normativamente las funciones de inspección de la sanidad concertada  250ww
mpoerd piaanrttee  ldae d leaf icnoicniósne jedreí ac rcitoemriopse tee ninted icpaadrao riemsp dlaen mtaer duicni ósnis.tema de evaluación objetivo
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adecuado seguimiento global de los proyectos, normalmente de carácter plurianual,
desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la 
Mujer aprobado en la Comunidad.
– Realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo sostenibles 
establecidos en la Agenda 2030 con los planes y programas estratégicos existentes en la 
Administración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Nº 1.352 
INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
RIOJA, EJERCICIO 2017 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal, ha aprobado, en su sesión de 19 de diciembre de 
2019, el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2017, y ha acordado 
su elevación a las Cortes Generales y al Parlamento de La Rioja, así como al Gobierno de la citada 
Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
I .INTRODUCCIÓN 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
I.3. MARCO NORMATIVO
I.4. OBJETIVOS 
I.5. LIMITACIONES 
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
II.1. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS
II.2.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma
II.2.2. Cuentas individuales de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma
II.3. CONTROL INTERNO
II.3.1. Control atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
II.3.2. Sistemas y procedimientos de control interno
II.4. CUENTA GENERAL
II.4.1. Cuenta General del Sector Público Administrativo
II.4.2. Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma 
II.4.3. Cuenta General de las fundaciones autonómicas 
II.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
II.5.1. Estabilidad presupuestaria
II.5.2. Sostenibilidad financiera 
II.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
II.6.1. Gastos de personal 
II.6.2. Medidas contra la morosidad en el sector público
II.6.3. Subvenciones y transferencias concedidas
II.6.4. Endeudamiento y avales
II.6.5. Gasto sanitario 
II.6.6. Gasto educativo no universitario
II.6.7. Igualdad efectiva 
II.6.8. Transparencia 
II.6.9. Gestión Medioambiental 
II.6.10. Contratación del personal de la Fundación Hospital de Calahorra 
II.6.11. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
II.7 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
II.7.1. Informes de ejercicios anteriores 
II.7.2. Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas 
III. CONCLUSIONES 
IV. RECOMENDACIONES  e
ANEXOS 250ww
Ejercicio 2017
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ADER  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
AG Administración General
Art. Artículo
BEI  Banco Europeo de Inversiones 
CA Comunidad Autónoma
CAR  Comunidad Autónoma de La Rioja 
CARE  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja  
CEIS  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil de La 
Rioja  
CGSPE  Cuenta General del sector público autonómico empresarial 
CGSPF  Cuenta General del sector público autonómico fundacional  
CPFF  Consejo de Política Fiscal y Financiera 
DA Disposición adicional
D. Decreto
DG Dirección General
FHC  Fundación Hospital de Calahorra  
FRS  Fundación Rioja Salud 
FUBESOR  Fundación Benéfico-Social de La Rioja  
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 
INSALUD   Instituto Nacional de la Salud 
IRVISA  Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.  
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
LFTCu  Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LGS  Ley General de Subvenciones 
LHPR   Ley de Hacienda Pública de La Rioja 
LO Ley Orgánica
LOFCA  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
LOEPSF  Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LP  Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado 
MINHAFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
N/A No aplicable
N/D  No se dispone de información 
O. Orden es
OA/OOAA  Organismo autónomo/Organismos autónomos  w.b
PEF  Plan Económico Financiero  250ww
PGC  Plan General de Contabilidad
PGCP Plan General de Contabilidad Pública
RD Real Decreto Bc
RDL Real Decreto-ley
SERIS  Servicio Riojano de Salud 
SNS  Sistema Nacional de Salud 
TCu Tribunal de Cuentas
UE Unión Europea
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro 1. Entidades participadas por la CA  
Cuadro 2. Presupuesto y Gasto Agregado  
Cuadro 3. Gasto del Sector Público de la CA eliminando transferencias internas  
Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias 
Cuadro 5. Liquidación presupuesto de gastos  
Cuadro 6. Variaciones interanuales presupuesto de gastos 
Cuadro 7. Evolución gastos imputados mediante autorización Leyes de Presupuestos y LHPR  
Cuadro 8. Ejercicio de imputación gastos mediante autorización LHPR  
Cuadro 9. Gastos imputados mediante autorización LHPR. Efecto sobre resultado presupuestario del ejercicio
Cuadro 10. Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Cuadro 11. Derechos reconocidos por la Administración Autonómica  
Cuadro 12. Efecto salvedades sobre resultado presupuestario  
Cuadro 13. Balance de situación de la Administración Autonómica  
Cuadro 14. Composición inmovilizado no financiero  
Cuadro 15. Desglose de “Otro inmovilizado material” a 31 de diciembre de 2017  
Cuadro 16. Desglose saldo inversiones financieras a largo plazo  
Cuadro 17. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles  
Cuadro 18. Créditos y valores representativos de deuda  
Cuadro 19. Desglose derechos por prestaciones asistenciales  
Cuadro 20. Antigüedad derechos por prestaciones asistenciales  
Cuadro 21. Derechos pendientes de cobro  
Cuadro 22. Saldo cuentas de tesorería  
Cuadro 23. Patrimonio Neto  
Cuadro 24. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto  
Cuadro 25. Compromisos de gastos de ejercicios posteriores  
Cuadro 26. Efecto de las salvedades en el remanente de tesorería  
Cuadro 27. Obligaciones reconocidas por los Organismos autónomos de la CA  
Cuadro 28. Situación económica y financiera agregada del resto de entidades del sector público  
Cuadro 29. Transferencias recibidas del resto de entidades integrantes del sector público administrativo  
Cuadro 30. Sector empresarial autonómico  
Cuadro 31. Situación económica y financiera agregada sector empresarial  
Cuadro 32. Situación económica y financiera agregada del sector fundacional 
Cuadro 33. Transferencias y subvenciones recibidas sector fundacional  
Cuadro 34. Endeudamiento sector fundacional   e.
Cuadro 35. Necesidad de financiación   250www.
CCuuaaddrroo  3367..  GEvaosltuocsi ódne  dpeelr psoenrsaol ndael l dseelc stoerc tpoúr bpliúcbol iacou taountóomnóicmo i co 
Cuadro 38. Evolución del personal del sector público administrativo 
Cuadro 39. Clasificación del personal del sector público administrativo  
Cuadro 40. Evolución del personal del sector público empresarial  
Cuadro 41. Evolución del personal del sector público fundacional  
Cuadro 42. Evolución deuda comercial de la CA  
Cuadro 43. Plazos medios de pago deudas comerciales. Total sector público  
Cuadro 44. Plazos medios de pago deudas comerciales. Desglose por entidades  
Cuadro 45. Evolución de las transferencias y subvenciones Administración General y ADER  
Cuadro 46. Transferencias y subvenciones Administración General y ADER  
Cuadro 47. Subvenciones Administración Autonómica  
Cuadro 48. Prescripción de derechos a 16 de enero de 2018. Subvenciones de formación para el empleo 83 
Cuadro 49. Situación a 30 de septiembre de 2019 de las acciones formativas pendientes de revisar a 16 de 
enero de 2018  
Cuadro 50. Deuda financiera  
Cuadro 51. Anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Estado  
Cuadro 52. Estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR  
Cuadro 53. Cumplimiento límites LOFCA  
Cuadro 54. Gasto sanitario no consolidado de la Comunidad Autónoma de La Rioja  
Cuadro 55. Gasto área de salud  
Cuadro 56. Evolución gasto área de salud  
Cuadro 57. Excedentes del ejercicio y déficit acumulado a 31/12/2017  
Cuadro 58. Sanidad con medios ajenos. Evolución gasto  
Cuadro 59. Evolución obligaciones reconocidas SERIS  
Cuadro 60. Evolución gasto real SERIS  
Cuadro 61. Plantilla orgánica y efectivos reales SERIS  
Cuadro 62. Evolución gasto por suministros. SERIS  
Cuadro 63. Sanidad concertada SERIS. Evolución gasto 
Cuadro 64. Composición y variación gasto FHC  
Cuadro 65. Composición y variación gasto FRS  
Cuadro 66. Listas de espera quirúrgica y lista de espera de consultas de la CAR en 2017  
Cuadro 67. Pacientes en espera y tiempo medio en la CAR  
Cuadro 68. Opinión del usuario de atención primaria  
Cuadro 69. Evolución de Centros y Alumnos de Régimen General  
Cuadro 70. Obligaciones reconocidas en la enseñanza pública no universitaria  
Cuadro 71. Ejecución de las inversiones educativas en 2017  
Cuadro 72. Porcentaje de centros por debajo media en las competencias evaluadas, curso 2017/2018  
Cuadro 73. Plan Integral de Apoyo a la embarazada   e.e
Cuadro 74. Igualdad hombres y mujeres. Efectivos 2017   w.
CCuuaaddrroo  7756..  PElfaenc tIivnotesg rreaal ldees  lean M eul jpeer.r iPodreov 2is0io1n5e-2s0 p1r7e s upuestarias   2021-14250n https://ww
Cuadro 77. Plantilla orgánica de la FHC 
Cuadro 78. Correspondencia entre la plantilla orgánica y los efectivos reales de la FHC 
Cuadro 79. Incorporación de remanentes ADER  
Cuadro 80. Subvenciones ADER. Obligaciones reconocidas  
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
Gráfico 1. Evolución deuda financiera. Años 2011-2017  
I. INTRODUCCIÓN
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, 
corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades 
Autónomas. 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
se procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente informe sobre 
los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Comunidad 
Autónoma La Rioja durante el ejercicio 2017. 
Esta actuación fiscalizadora figura en los programas de fiscalización del Tribunal de Cuentas para 
2018 y 2019, aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2017 y el 20 de 
diciembre de 2018, respectivamente, dentro del apartado I. “Fiscalizaciones en cumplimiento de un 
mandato legal concreto”. Las Directrices Técnicas fueron aprobadas mediante acuerdo del Pleno 
del Tribunal de 29 de noviembre de 2018.  
Posteriormente, y como consecuencia del Acuerdo de 7 de febrero de 2019 de la Comisión Mixta 
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas por el que se solicita la fiscalización de las 
contrataciones de personal de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) dependiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los ejercicios 2015 a 2017, el 30 de mayo de 2019 se 
modificaron las Directrices Técnicas, aprobándose la realización de actuaciones fiscalizadoras 
sobre dicho aspecto, cuyos resultados se recogen en el epígrafe II.6.10 de este informe.  
La presente fiscalización se enmarca dentro de los objetivos específicos 1.1 ”Realizar actuaciones 
que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las 
prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 “Contribuir al 
fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector público 
de la Comunidad Autónoma descritas en el apartado II.1 de este informe. El ámbito objetivo 
corresponde a la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma y tiene como punto de 
partida las cuentas anuales rendidas por el conjunto de entidades anteriores. En este informe no se 
incorporan  los  resultados  del  análisis  efectuado  sobre  la  contratación  administrativa  de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 2017, al haberse aprobado dentro de los programas 
anuales de los ejercicios 2018 y 2019 como una fiscalización propia la relativa a la contratación de 
las  Comunidades  Autónomas  y  Ciudades  Autónomas  sin  órgano  de  control  externo  propio 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.  es
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que se indique lo contrario, el resultado del análisis de la fiscalización, coincidente o no con aquellos 
datos contables. 
I.3. MARCO NORMATIVO
El marco jurídico que regula la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma en el 
ejercicio 2017 está compuesto, básicamente, por las siguientes disposiciones: 
A)Legislación autonómica
-Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de La Rioja.
-Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública Autonómica.
-Ley 17/1992, de 15 de junio, de creación de la Universidad de La Rioja.
-Ley 6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja.
-Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
-Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud.
-Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja1.
- Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
-Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
- Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja2.
-Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja.
-Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Ley 4/2006, de 19 de abril, del Instituto de Estudios Riojanos.
-Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.
- Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
- Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del Consejo Económico y
Social de La Rioja.
1 Derogada por la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2 La Disposición derogatoria única mantiene en vigor los capítulos I y III del título VIII de la anterior Ley 3/1995, de 8 de marzo,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Ley  5/2012,  de  28  de  septiembre,  de  medidas  urgentes  para  garantizar  la  estabilidad
presupuestaria en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Ley 9/2013, de 21 de octubre, de suspensión de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del
Pueblo Riojano.
-Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
- Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
-Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa.
- Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2016.
-Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016.
- Resolución nº 1678, de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
de 2016 durante el ejercicio 2017.
-Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2017.
-Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
-Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.
-Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja.
- Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja3.
B)Legislación estatal
-Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
-Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas4.
-Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía.
-Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
-Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía s
de La Rioja. oe.
3 Su entrada en vigor fue el 1 de junio de 2017.
4 Modificada por Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo.
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
-Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud.
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva para hombres y mujeres.
-Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias.
- Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
-Ley 21/2010, de 16 de julio, de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
-Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
-Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada por las Leyes Orgánicas 4/2012, de 28 de septiembre, 6/2015, de 12 de junio y 1/2016,
de 31 de octubre. e.e
- Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 250ww
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
-y Rdeea flo Dmeecnrteot od Lee lay  2c0o/m20p1e2tit,i vdied a1d3. de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo.
- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros.
-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
-Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
I.4. OBJETIVOS
Los objetivos finales de la fiscalización son los siguientes: 
- Verificar si la Cuenta General de la Comunidad Autónoma (CA) y las demás cuentas anuales
individuales de las entidades que integran el correspondiente sector público autonómico se han
rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto al plazo, estructura y contenido.
- Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y normas
contables definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige
la gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se
estimen significativas.
- Valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector
público autonómico, en especial, las relativas a la gestión de los presupuestos del ejercicio. es
- Comprobar  si  se  han  seguido  los  procedimientos  establecidos  para  la  determinación  y 250ww
ccmduoeemn dR plieodlie amdqsiis uecpinloiubtroerrei sodct eotpol  reoreanbss jele anpt itrnvaooodp rdoumesea, s etetisavntasa s  bqeuiunl icde ala orsdseo  gp.durieflaes rueepsnuttaee ssm tPaarltaieanr,i eads,e  auEsdcía oc npoóúmmboliic cvoae- yrFi firniecaagnrla cl aide erimo gspa l(saPtnoEt,aF dc)ei óy an cP dulaeen rldeaoss OE-A-2021-14able en https://
 
- Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos 
públicos, principalmente en la Administración General de la Comunidad, para la que se prevé el 
análisis, entre otras, de las áreas de personal, sanidad, medioambiente, educación, morosidad de 
la deuda comercial, endeudamiento y subvenciones.  
- Verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo 
aquello en que lo dispuesto en dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las 
actuaciones fiscalizadoras, así como de las prescripciones de transparencia.  
- Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de ejercicios anteriores 
elaborados por el Tribunal.  
De  la  exposición  de  los  objetivos  anteriores  se  deduce  el  carácter  integral  de  la  presente 
fiscalización  (de  regularidad  y  operativa),  que  se  ha  realizado  conforme  a  las  Normas  de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas por su Pleno de 23 de diciembre de 2013.  
I.5. LIMITACIONES 
El Inventario General de Bienes y Derechos facilitado por la Comunidad continúa sin incluir la 
totalidad de los bienes de la Administración General y de los Organismos públicos del sector público 
autonómico, lo que imposibilita analizar la situación y valoración de aquellos bienes pendientes de 
inventariar. 
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto tanto al actual Presidente 
de la CAR, como al que lo fue en el ejercicio fiscalizado, para que se formulasen las alegaciones y se 
presentasen cuantos documentos y justificantes se estimasen pertinentes, de conformidad con lo 
previsto en el art. 44 de la LFTCu.  
Dentro del plazo correspondiente a la prórroga concedida, se recibieron las alegaciones del actual 
Presidente de la Comunidad, que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado art. 44, se incorporan 
a este Informe.  
A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto y, en los 
casos en que se ha visto necesario se plantean las correspondientes consideraciones respecto al 
contenido de las mismas. No se formulan observaciones respecto a las alegaciones que constituyen 
meras explicaciones en relación con los hechos recogidos en el Informe y que, por tanto, no implican 
oposición al contenido del mismo. En cualquier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el 
expresado en el presente Informe. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.1. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
La actividad económico-financiera de la Comunidad en el ejercicio fiscalizado se regula en la Ley 
11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja (LHPR), por las disposiciones que  e.
sobre el área de la hacienda pública autonómica se recogen en el Estatuto de Autonomía de La  w.b
Rioja, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 y, supletoriamente, por la  250ww
legislación del Estado en la materia, fundamentalmente, por la Ley General Presupuestaria.
Leal  seesctrtourc tpuúrab ldiceol  seenc ttorer sp úsbelcictoor aeus:t oandómminiciost erasttiáv ore, ceomgpidrae saadreiaml áy sf udned eanc iloan LaHl,P eRn,  qlau eL ehya  3c/l2a0si0fi3c,a ddoe 
 
 
organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, configurándolo en tres 
grandes grupos de personificaciones jurídicas: el primero corresponde a la Administración General 
de la CA; el segundo se refiere a los Organismos públicos, clasificados en Organismos autónomos 
y Entidades públicas empresariales; y en el tercer grupo se recogen las Sociedades públicas de la 
Comunidad y las Fundaciones y Consorcios públicos de la Comunidad, definiendo a estas últimas 
entidades como aquellas en cuya dotación participe mayoritariamente, directa o indirectamente, el 
Gobierno de La Rioja (Fundaciones) o en las que la posición mayoritaria en la Junta de Gobierno 
corresponda,  directa  o  indirectamente,  al  Gobierno  de  La  Rioja  (Consorcios).  La  LHPR  ha 
incorporado dentro del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) a las 
universidades de titularidad pública financiadas mayoritariamente por la Comunidad sin perjuicio de 
las particularidades que resulten de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y de su régimen de autoorganización.  
Esta definición del ámbito subjetivo del sector público de la Comunidad contrasta con la delimitación 
de entidades establecida para la formación de la Cuenta General de la CA, en la que la Intervención 
General ha seguido, con carácter general, los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales (SEC-2010), incluyendo no solo aquellas entidades en las que la CA participa 
mayoritariamente en sus fondos propios, sino también aquellas otras en las que ejerce una posición 
de dominio a través del control de sus órganos de Gobierno o de la financiación de sus actividades, 
lo que ha provocado discrepancias en el número de entidades incluidas en la Ley anual de 
presupuestos de 2017 y las integradas en las Cuentas Generales de la CA para dicho año, que 
deberían ser superadas mediante la oportuna adaptación de la normativa autonómica en esta 
materia. 
En este sentido, merece especial atención el caso particular del Consorcio de Aguas y Residuos de 
La Rioja (CARE). Como se expone con mayor detalle en el epígrafe II.4.1, las cuentas anuales del 
consorcio no se han integrado en la Cuenta General de la CAR del ejercicio 2017, tal como se indica 
en la Memoria de la misma, al no ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos 
en el art. 2.3 de la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, a pesar de haber sido 
clasificado en materia de estabilidad presupuestaria dentro del “Sector Administraciones Públicas 
de la CAR”, a efectos del cálculo del déficit de la CAR. Por tanto, el criterio seguido en el presente 
informe ha sido el de considerar, transitoriamente, a dicha entidad dentro del sector público de la 
CAR, en tanto no se adapten sus estatutos a las previsiones recogidas en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo (art.) 120.2 establece la 
obligación de adscribir cada consorcio a una concreta Administración Pública de acuerdo con unos 
criterios de prioridad, actuaciones que no se habían llevado a cabo por la Junta de Gobierno del 
mencionado Consorcio a la finalización de la fiscalización.  
Por otra parte, como se analiza con más detalle en el epígrafe II.6.11, la configuración de la Agencia 
de  Desarrollo  Económico  de  La  Rioja  (ADER)  como  entidad  pública  empresarial  resulta 
contradictoria con la actividad administrativa desarrollada por esta entidad, así como con el régimen 
contable público aplicable y con su adscripción dentro de la Cuenta General del Sector Público 
Administrativo de la Comunidad. 
En el siguiente cuadro se resume el número de Consejerías de la Administración General y de 
entidades en las que la Comunidad participaba mayoritariamente en 2017, en sus fondos propios, 
 
 
en sus órganos rectores o en la financiación de su actividad ordinaria, clasificados por subsectores 
de acuerdo con la estructura establecida en la Cuenta General de la Comunidad. 
Cuadro 1. Entidades participadas por la CA 
Entidad  Ejercicio 2017 
SECTOR ADMINISTRATIVO   
Administración General  8 
Organismos autónomos  2 
Entidades de Derecho Público  3 
Consorcios  2 
Universidad  1 
SECTOR EMPRESARIAL   
Sociedades mercantiles  3 
SECTOR FUNDACIONAL   
Fundaciones  10 
 
En los anexos IV.1, IV.2 y IV.3 se incluye la relación nominal de todas estas entidades.  
La CAR aplica las reglas previstas en el art. 122 de LHPR para la agregación o consolidación de 
las cuentas de las entidades que integran el sector autonómico.  
En el cuadro que se incluye a continuación, se refleja el presupuesto y el gasto agregado de las 
entidades integrantes de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional de la 
Comunidad, siendo preciso indicar que, tal y como se menciona en los epígrafes II.3, II.4.2 y II.4.3, 
en los Presupuestos Generales de la CAR del año 2017 no se integraron adecuadamente los 
presupuestos de explotación y capital de las sociedades y fundaciones públicas autonómicas, ni 
tampoco se recogió su liquidación en la Cuenta General de la CAR de dicho año, por lo que los 
datos relativos al gasto realizado han sido recabados directamente de las cuentas de resultados 
incluidas  en  las  cuentas  anuales  de  las  empresas  y  las  fundaciones.  Asimismo,  la  Ley  de 
Presupuestos de la CAR para 2017 tampoco contiene los créditos aprobados por la Universidad de 
La Rioja en dicho ejercicio, al no haberse desarrollado por parte de la Comunidad una normativa 
adecuada a fin de que el procedimiento por el que la Universidad aprueba de manera autónoma e 
independiente  sus  presupuestos se  incorpore  en  el  procedimiento  general  establecido  en la 
 
 
normativa autonómica para el sector público, con respeto a la autonomía universitaria en su 
vertiente financiera reconocida a la misma. 
Cuadro 2. Presupuesto y Gasto Agregado 
(miles de euros) 
ENTIDAD  Presupuesto  Gasto realizado 
SECTOR ADMINISTRATIVO  1.705.152  1.489.065 
Administración General5  1.247.608  1.106.565 
Organismos autónomos  284.770  283.011 
Entidades de Derecho Público  90.068  27.884 
Consorcios  36.481  28.491 
Universidad  46.225  43.114 
SECTOR EMPRESARIAL  N/D  14.390 
SECTOR FUNDACIONAL  N/D  65.145 
 
De acuerdo con los cálculos efectuados en la fiscalización, el gasto del sector público de la CA en 
el ejercicio 2017, una vez eliminadas las transferencias internas por aportaciones efectuadas desde 
la Administración General a cada una de las entidades integrantes del sector público autonómico, 
ascendió a 1.436.294 miles de euros, según se refleja en el siguiente cuadro: 
Cuadro 3. Gasto del Sector Público de la CA eliminando transferencias internas 
(miles de euros) 
Entidad  Gasto realizado 
Sector Administrativo  1.489.065 
Sector Empresarial  14.390 
Sector Fundacional  65.145 
Total Agregado Sector Público  1.568.600 
Eliminación Transferencias Internas  132.306 
Total Consolidado Sector Publico  1.436.294 
 
En los anexos I.1-1 y I.1-2 del Informe se presenta un resumen de la liquidación de los presupuestos  e.
de gastos y de ingresos del ejercicio 2017, de la Administración General de la CA y sus organismos  w.
autónomos, así como del resto de entidades participadas mayoritariamente por la CA, que forman  250ww
                                                
5 Se han incluido los datos correspondientes al Parlamento y Consejo Consultivo de La Rioja, que figuran como secciones
presupuestarias en el estado de liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración General de la CAR.
 
 
parte de la Cuenta General del sector público administrativo de la CA. El anexo I.1-3 recoge el 
resultado y el saldo presupuestario de todas estas entidades correspondiente al ejercicio 2017, y 
en los anexos I.1-4 y I.1-5 se refleja un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2017 -balance 
y cuenta del resultado económico-patrimonial- de todas estas entidades. 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2017 -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- de las empresas públicas autonómicas. 
En los anexos I.3-1 y I.3-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2017 -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- de las fundaciones públicas autonómicas. 
II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS  
II.2.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
De acuerdo con el art. 122 de la LHPR, la Cuenta General de la CAR se formará con los siguientes 
documentos: 
a) Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector. 
b) Cuenta General del sector público empresarial (CGSPE), que se formará mediante la agregación 
o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos  en  el  Plan  General  de  Contabilidad  de  la  empresa  española,  así  como  en  sus 
adaptaciones y disposiciones que lo desarrollen. 
c) Cuenta General del sector público fundacional (CGSPF), que se formará mediante la agregación 
o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
d) Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores 
documentos.  
El contenido y estructura de la Cuenta General se establece en el art. 122 de la LHPR, no habiendo 
sido  objeto  de  desarrollo  hasta  el  momento  la  elaboración  y  los  criterios  de  agregación  o 
consolidación de la Cuenta General por parte de la CAR, siendo recomendable su aplicación de 
acuerdo con el marco contable establecido en la O. HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se 
regula la elaboración de la Cuenta General del Estado y en la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 
ámbito del sector público.  
La Cuenta General de la CAR para el ejercicio 2017, formada por la Intervención General de La 
Rioja, se rindió al Tribunal de Cuentas el 26 de octubre de 2018, dentro del plazo legalmente 
establecido, habiendo sido su remisión acordada por el Consejo de Gobierno de La Rioja, y se ha 
adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes 
de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades que se 
exponen en este epígrafe, así como de las señaladas en el subapartado II.4.  
En el examen de la estructura y el contenido de la Cuenta General de la Comunidad rendida para  oe.
el ejercicio 2017 se han puesto de manifiesto las observaciones que se exponen a continuación,  w.
que en términos generales responden a la misma naturaleza que las señaladas sobre las Cuentas  250ww
Generales de ejercicios anteriores en los Informes anuales correspondientes:
-c oEmnp rreolbaacdióon q ucoen la l aIn tCeurveenntaci óGne Gneernael radle dl es elac Ctoor mpuúnbildicaod  ahdam reinciostgriadtoiv eon d loesl  eejsetracdicoiso  c2o0n1s7o,l idsaed hoas   BOE-A-cable e
 
 
las eliminaciones por transferencias internas entre la Administración General de la Comunidad y las 
entidades ADER, Universidad de La Rioja y al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS). No se han incorporado las cuentas anuales del 
Consejo de la Juventud debido a inconsistencias y carencias en las mismas no aclaradas, así como 
a  la  escasa  importancia  relativa  de  su  no  inclusión  en  los  estados  contables  consolidados. 
Asimismo, tampoco se han integrado las cuentas del CARE, al no ostentar el control sobre el mismo 
en los términos establecidos en el art. 2.3 de la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público. 
- Las Cuentas Generales de los Sectores empresarial y fundacional se han elaborado mediante la 
agregación individual de las cuentas anuales de las entidades que integran ambos sectores, 
habiéndose verificado que no se ha incorporado el estado agregado de flujos de efectivo de las 
sociedades que integraban el sector empresarial autonómico.  
- La Intervención General de la CA no ha integrado en la CGSPF las cuentas anuales de la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Dialnet, al encontrarse ambas 
entidades pendientes de clasificación por la IGAE (Intervención General de la Administración del 
Estado) como entidades integrantes del sector Administraciones Públicas a efectos de estabilidad 
presupuestaria. No obstante, el efecto derivado de la posible falta de agregación de estas entidades 
sobre la representatividad de la Cuenta General de la CA, así como sobre el déficit del conjunto de 
la Comunidad no se considera relevante, habida cuenta el volumen de gasto incurrido por las 
mismas en el ejercicio fiscalizado. 
- La memoria de la Cuenta General no ha incluido determinada información contable relevante, entre 
la que destaca: las bases de presentación de la Cuenta General; la mención a la importancia relativa 
de las entidades que se integran en misma; las normas de reconocimiento y valoración, la 
información  consolidada  presupuestaria  correspondiente  a  las  modificaciones  de  crédito;  los 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores; la liquidación de los 
presupuestos de explotación y capital de las entidades cuyo presupuesto de gastos tiene carácter 
estimativo; el resultado obtenido por la Administración Autonómica en términos de contabilidad 
nacional, de acuerdo con los criterios y definiciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Comunidad (SEC-10)6; y las obligaciones de información establecidas en el art. 6 
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 
II.2.2. Cuentas individuales de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 
En la revisión y examen efectuado sobre el contenido y presentación de las cuentas anuales 
individuales rendidas se han obtenido los siguientes resultados: 
- El Consejo de la Juventud ha formulado las cuentas anuales en aplicación del Plan General de 
Contabilidad (PGC) de la CAR, aprobado por la O. 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, habiéndose rendido a este Tribunal sin firmar por los 
miembros de la Comisión Permanente. Se han puesto de manifiesto deficiencias y errores de 
formato en la presentación de los estados financieros que deben conformar las cuentas, así como 
diferencias no conciliadas entre el saldo de efectivo y los correspondientes registros auxiliares. 
Asimismo,  se  han  detectado  deficiencias  en  los  procedimientos  administrativos,  contables  y 
presupuestarios seguidos por la entidad, debilidades en el control interno de los mismos, así como 
incumplimientos de su normativa reguladora y su Reglamento de Régimen Interno, que han  e.
                                                
6d eD elab Ae dinmdiinciasrtsraec, iqóune G taeln ye rcaol mdeo  lsae Cñaolma ulan CidAadR,  epne raol engoa ecnio nlae sm, eemstoar iian fdoerm laa cCióune nfitgau rGae enne rlaa l mdeem lao CriaA Rde,  tlaal  cyu ceonmtao i nddeivbiedruíaa,l 
dado que en ella se informa sobre el conjunto del sector público de la Comunidad.
 
 
motivado que la Intervención General de la CAR haya emitido en su informe de auditoría una opinión 
favorable con salvedades.  
- Las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad de La Rioja y la Fundación Dialnet 
correspondientes al ejercicio 2017 se han rendido acompañando a las cuentas de la Universidad de 
La Rioja, en cumplimiento del art. 84 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). 
- Como en años anteriores, no se han formulado las cuentas de los Organismos autónomos Servicio 
Riojano  de  Salud  (SERIS)  e  Instituto  de  Estudios  Riojanos,  habiéndose  rendido  para  estos 
Organismos únicamente la información correspondiente a la ejecución de sus presupuestos de 
gastos integrados en las cuentas de la Administración General de la Comunidad como secciones 
presupuestarias independientes, de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones transitorias octava 
y quinta, respectivamente, de sus Leyes de creación. Según se ha indicado en fiscalizaciones 
anteriores, estos Organismos, con personalidad jurídica independiente y recursos propios, deberían 
rendir sus cuentas anuales individuales de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 y siguientes de la 
LFTCu y en su propia normativa de creación en la que se establece su sometimiento al régimen de 
contabilidad pública, lo que llevaría aparejada la obligación de rendir cuentas al Tribunal, en virtud 
de lo previsto en el art. 36 de la nueva Ley 3/2003, de organización del Sector Público de la 
Comunidad, y en el art. 127 de la LHPR.  
- La memoria de las cuentas anuales rendidas por la Administración General ha presentado 
carencias cuyo detalle se analiza en el subepígrafe II.4.1.5.  
- El CEIS y el CARE han elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2017 siguiendo los principios 
recogidos en Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local aprobado en la O. 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. Respecto del CARE, la memoria ha omitido información relevante como la relativa 
a la situación de los pasivos financieros, el medio ambiente, los procedimientos de adjudicación en 
la contratación pública, el coste de las actividades o los indicadores de gestión. Por otra parte, 
tampoco ha incorporado separadamente una relación de las notas de la memoria sin contenido, tal 
como exige la norma de elaboración de las cuentas anuales número 11.a). 
- Las empresas públicas Valdezcaray, S.A., Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA) y La 
Rioja Turismo, S.A., así como las fundaciones autonómicas Fundación Riojana para la Innovación, 
Fundación Benéfico-Social de La Rioja (FUBESOR), Fundación General de la Universidad de La 
Rioja y Fundación Dialnet no han remitido junto a las cuentas anuales el informe previsto en el art. 
121 de la LHPR, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que 
asumen estas entidades por su pertenencia al sector público.  
- Como se ha señalado en informes anteriores, la LHPR ha adaptado en los mismos términos a su 
Administración Autonómica el contenido del régimen de rendición de cuentas establecido en la Ley 
General Presupuestaria, que hasta entonces le resultaba aplicable de forma supletoria, de forma 
que se han mantenido como fechas límite para la rendición de las cuentas individuales de cada 
entidad y para la Cuenta General de la Comunidad, el 31 de agosto y 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al fiscalizado, respectivamente. Por tanto, es necesario indicar que en esta materia no se 
han observado las consideraciones establecidas en las Resoluciones aprobadas por la Comisión 
Mixta de 24 de septiembre de 2013 y 8 de abril de 2014 en la que se instaba la aprobación de 
normativa específica a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del 
ejercicio siguiente al que se refieran.   es
 
 
II.3. CONTROL INTERNO 
II.3.1. Control atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
La Intervención de la Comunidad es el órgano encargado del control interno de la gestión económica 
y financiera del sector público de la CAR. 
El modelo de función interventora implantado en la Administración General de la CAR ha consistido 
en la aplicación de la fiscalización previa limitada de los gastos, con las excepciones establecidas 
en el art. 142.1 de la LHPR, para los contratos menores, los gastos de carácter periódico, los gastos 
pagados  mediante  anticipos  de  caja  fija,  los  gastos  y  subvenciones  correspondientes  a  la 
celebración de procesos, las transferencias nominativas, los fondos transferidos a los centros 
docentes públicos para el ejercicio de su autonomía de gestión, así como los gastos realizados por 
estos de los fondos recibidos con tal finalidad y finalmente los gastos que excluyan las leyes anuales 
de presupuestos.  
Respecto a la función interventora de los ingresos, se ha previsto la sustitución de la fiscalización 
previa e intervención de los derechos e ingresos de la tesorería por el control inherente a la toma 
de  razón  en  contabilidad,  con  la  excepción  de  las  devoluciones  de  ingresos  indebidos, 
estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General 
de la CAR.  
Por otro lado, la Intervención General ha ejercido el control financiero mediante la realización anual 
de la auditoría de las cuentas del ejercicio 2017 de las entidades que integran el sector público 
autonómico, habiéndose contratado para ello, cuando se ha requerido, los servicios externos de 
empresas privadas de auditoría. Conforme a este mandato se ha elaborado el plan de auditoría y 
actuaciones de control financiero de 2017, que ha sido aprobado por Resolución de la Intervención 
General de 26 de febrero de 2018.  
En el ejercicio fiscalizado la Administración General de la CA no ha realizado los controles de 
eficacia y eficiencia previstos en el art. 165 de la LHPR, si bien la Intervención General de la CAR 
ha continuado realizando determinados controles financieros sobre ciertas áreas de gestión de las 
Consejerías con objeto de verificar el grado de cumplimiento de la legalidad, especialmente en 
aquellos aspectos que no habían sido objeto de fiscalización previa, como los relativos a la 
contratación menor, las subvenciones públicas, facturación y los anticipos de caja fija.  
En cuanto al grado de cobertura del plan de auditoría y control financiero respecto a las entidades 
integrantes del sector público de la CAR, en el ejercicio fiscalizado, sin incluir por tanto a la 
Administración General, aquellos han abarcado el 47 % del total de entidades del sector público 
autonómico a través de los controles financieros y auditorías realizados sobre el organismo 
autónomo SERIS, la ADER, el Consejo de la Juventud, las fundaciones Rioja Salud (FRS), Hospital 
de Calahorra (FHC), Práxedes Mateo Sagasta, FUBESOR y Rioja Deporte, así como el CEIS, 
habiendo  quedado  fuera  del  mismo  un  organismo  autónomo,  tres  empresas  públicas,  cinco 
fundaciones y un consorcio, si bien la importancia relativa de estas entidades respecto del volumen 
conjunto del gasto realizado se ha situado en el 10 %. No obstante, es preciso señalar que, de 
acuerdo con el art. 163 de la LHPR, la auditoría de cuentas que anualmente debe efectuar la 
Intervención General de la CAR abarca únicamente a los organismos autónomos, las entidades 
públicas empresariales, los consorcios autonómicos, las fundaciones públicas de la CAR que estén 
obligadas  a  auditarse  por  su  normativa  específica,  así  como  las  sociedades  públicas  y  las  e.
fundaciones públicas autonómicas que no estando sometidas a la obligación de auditarse de  w.b
acuerdo a su normativa se hubieran incluido en el plan anual de auditorías y de actuaciones de  250ww
ceol nCtAroRl Efin, alansc iererost.a Pnoter sta fnutnod, aac eioxnceesp cyi ósno cdieeld oardgeasn imsmeroc aanuttiólenso mauot oInnsótmituictoa sd en oE setsutdáino ss uRjeiotjaasn oas  lay 
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de lo cual dispusieron del correspondiente informe de auditoría externo que ellas contrataron de 
forma privada. Finalmente, también debe indicarse, que el Instituto de Estudios Riojanos, además 
de estar sujeto a fiscalización previa limitada, también es objeto de control financiero permanente 
por el interventor delegado en la Consejería a la que está adscrita y que el CARE está sometido al 
control interno desempeñado por un funcionario con habilitación de carácter nacional. 
Por otra parte, en el ejercicio fiscalizado también estaba ajena al control de la Intervención General 
la Universidad de La Rioja, al no estar incluida en el plan anual de control financiero y auditoría, si 
bien, las cuentas anuales del ejercicio de la Universidad y de sus dos fundaciones dependientes 
(Fundación Dialnet y Fundación General de la Universidad de La Rioja) fueron auditadas por una 
empresa externa independiente. No obstante, la consideración que tiene la Universidad de La Rioja 
como integrante del sector público autonómico exige incorporarla en el ámbito de los controles 
financieros de la CAR o, al menos, en el caso de que se acuerde la colaboración de empresas 
privadas en la realización de la auditoría pública, que se dicten normas respecto a los requisitos 
tanto en la elección de los servicios externos, como de los requisitos de actuación y la forma en que 
se lleve a cabo la tutela por parte de la Administración Autonómica.  
No consta la realización de ningún control de eficacia por parte de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo sobre la gestión económica desarrollada por la ADER, a cuya realización 
obliga el art. 22 de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la misma.  
En los informes de control emitidos por la Intervención General de la CAR sobre las distintas 
entidades se recogen salvedades que vienen destacándose reiteradamente, sin que se tenga 
constancia de que, desde la Consejería de Hacienda, se haya remitido al Consejo de Gobierno de 
la CA el informe resumen elaborado por la Intervención de las principales conclusiones derivadas 
de los controles efectuados según lo previsto en el art. 137 de la LHPR.  
En línea con lo anterior, en la LHPR no se ha contemplado la obligación de remitir al Tribunal de 
Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y 
sancionadores derivados del ejercicio del control financiero, tal como hace la Ley General de 
Subvenciones para el Estado.  
Finalmente, debe indicarse que, aunque la mayor parte de las entidades integrantes del sector 
público autonómico vienen sometiendo a auditoría sus correspondientes cuentas anuales, el 
alcance de los informes de control es mucho más amplio y abarca aspectos de la gestión que no 
comprenden los primeros. Por ello, es necesario resaltar la relevancia que adquiere en muchos 
casos este control financiero ejercido sobre las entidades del sector público autonómico como 
garantía de su buen funcionamiento, teniendo en cuenta, asimismo, que la mayoría de estas 
entidades públicas no disponen de una unidad de auditoría interna propia en el seno de su 
organización.  
II.3.2. Sistemas y procedimientos de control interno 
En cuanto a los métodos y procedimientos implantados en las áreas de gestión de la Administración, 
se han detectado las siguientes debilidades y deficiencias: 
1. En relación con la planificación y dirección estratégica 
- Tres consejerías disponen de un plan estratégico global sobre toda su actividad y las cinco  oe.
consejerías restantes desarrollan su actividad en base a planes nacionales o sectoriales. En todas  w.
las  consejerías  se  lleva  un  seguimiento  periódico  de  los  objetivos  anuales  y  plurianuales  250ww
easptraobblaedcoidso asn ueanl mdeicnhteo,s s i pbliaenne tsr,e se csotannsdeoje rícaosr rneola lcleiovnaand ao csa bcoo ne vlaolsu apcrioongerasm soabs rep lrae scuopnuseesctuacriióons 
dreea lliozsa doobsje. tivos recogidos en los programas y tan solo dos publican los informes de evaluación  BOE-A-cable e
 
 
- Con excepción de la Consejería de Salud, no han sido formalizados contratos programa entre las 
consejerías y sus entidades dependientes, conforme al art. 81 de la LHPR. 
- Tan solo dos de las ocho consejerías habían implementado sistemas de evaluación de su gestión 
pública y únicamente una de ellas ha realizado una evaluación de las políticas públicas de su 
competencia. 
- En ninguna consejería existe en la actualidad ni está previsto en un futuro el desarrollo de un 
sistema de contabilidad analítica que facilite la presupuestación por objetivos. 
2. En relación con los procedimientos y registros contables  
- La liquidación presupuestaria y la información contenida en la memoria de la Cuenta General de 
la CAR no ha contenido información suficiente y necesaria sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, tal y como exige el art. 6 de la LOEPSF. 
- El tratamiento contable y presupuestario previsto para los OOAA como servicios presupuestarios 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  dificulta  el  análisis  independiente  de  su  ejecución 
presupuestaria y situación patrimonial, e impide conocer los resultados de la actividad económico-
financiera desarrollada por cada entidad. Esta situación transitoria está amparada, como se ha 
señalado en el subapartado II.2 de rendición de cuentas, en las Disposiciones adicionales (DA) de 
sus Leyes de creación. 
- Continúa siendo práctica habitual por parte de la CA tomar decisiones de gasto sin tener en 
consideración la condición limitativa del crédito presupuestario aplicando el procedimiento previsto 
en el art. 35.3 y 4 de la LHPR, que permite el registro e imputación al presupuesto de un ejercicio 
de  aquellos  gastos  incurridos  o  devengados  en  ejercicios  anteriores  como  consecuencia de 
compromisos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuya aprobación se atribuye 
al Consejero de Hacienda, en el caso de que existiera crédito disponible en el ejercicio de 
procedencia del gasto, o al Consejo de Gobierno, en caso contrario, lo que ha implicado reducir los 
créditos disponibles para atender gastos del año corriente y trasladar el reconocimiento de nuevas 
obligaciones a ejercicios posteriores. 
3. En relación con la gestión patrimonial de los bienes y derechos 
La incorporación de los bienes inmuebles en la nueva plataforma informática del inventario de 
bienes y derechos de la CA ha supuesto una sustancial mejora en la gestión del mismo al permitir 
el desglose entre el valor del suelo y el valor del vuelo de los bienes inventariados y registrar las 
correspondientes dotaciones para amortización, que han sido calculadas de forma lineal en base a 
su fecha de adquisición y considerando una vida útil de 50 años.  
En las pruebas efectuadas se ha comprobado que los registros de inventario y los saldos contables 
de las rúbricas correspondientes a los bienes inmuebles se encuentran, con carácter general, 
debidamente conciliados. No obstante, en 2017 persistían las siguientes carencias y deficiencias 
que vienen motivadas, principalmente, por la falta de integración en la mencionada plataforma del 
resto de bienes y derechos de la CAR: 
-  En  relación  con  los  bienes  inmuebles,  no  se  han  incorporado  las  infraestructuras,  cuya  s
competencia corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  oe.
- Tampoco se han incorporado la totalidad de los bienes muebles e incorporales de la Administración  250ww
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Corognasneisjemríoas  dpeú bAlidcmosin diset rlaac CióAn.  P ública y Hacienda, ni ha comprendido los correspondientes a los  BOE-A-cable e
 
 
- Las diferentes Consejerías no disponían en 2017 de manuales o instrucciones internas en relación 
con la formación, actualización y valoración de los inventarios de bienes muebles y derechos de 
propiedad incorporal, competencias que tienen atribuidas por la Ley de Patrimonio de la Comunidad. 
Desde el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio se ha informado que se está trabajando 
en la elaboración de instrucciones internas que permitan la protocolización en la utilización por parte 
del personal de la nueva aplicación, así como la homogeneización de la confección de inventarios 
por las diferentes Consejerías.  
- Un 9 % de los bienes muebles e incorporales incluidos en el mismo figuraban con un valor nulo, 
al tratarse de elementos de elevada antigüedad, según la valoración efectuada por la Administración 
Autonómica sobre los bienes muebles gestionados centralizadamente desde la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda.  
- Los registros del inventario de los bienes muebles e incorporales, así como los bienes inmuebles 
correspondientes a infraestructuras, no disponían de vinculación con las rúbricas correspondientes 
de la contabilidad financiera, lo que ha impedido determinar su adecuada correlación valorativa. 
4. En relación con la gestión de la tesorería  
Se mantienen algunas deficiencias señaladas en informes anteriores como la ausencia de unas 
normas internas o instrucciones escritas normalizadas sobre el funcionamiento de las cuentas 
restringidas de recaudación de ingresos, sus condiciones de utilización y la transferencia periódica 
de fondos a las cuentas operativas de la Comunidad, así como la concentración de las funciones 
del servicio de tesorería por el DG de la Oficina de Control Presupuestario. No obstante, como se 
comenta en los epígrafes II.4.1.3 y II.6.8, desde esta Dirección General se han dictado en 2017 
instrucciones a las entidades financieras en relación con las cuentas de recaudación, lo que junto 
con la información sobre cuentas bancarias de la Administración General (AG) y demás organismos 
del sector público a incluir en el portal de transparencia de la CAR en virtud de la Ley 5/2017, de 8 
de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja, constituyen mejoras en esta área 
de gestión. 
5. En relación con la gestión de las subvenciones 
- El 75 % de las consejerías no disponía en el ejercicio fiscalizado de manuales de procedimiento 
para la gestión de las líneas de subvención. Asimismo, ninguna consejería tenía implantados 
sistemas que permitan detectar la posible prescripción del derecho de la Administración a reconocer 
o liquidar el reintegro de las subvenciones, ni comunica periódicamente a la Intervención General 
de la CAR información de los reintegros iniciados y de su situación. Esta carencia ha motivado, 
como se expone con más detalle en el subepígrafe II.6.3, la prescripción del derecho a exigir el 
reintegro de un volumen muy significativo de subvenciones y ayudas a la formación profesional para 
el empleo que fueron otorgadas en el periodo 2007-2011.  
- Las líneas de ayudas para la reestructuración y/o reconversión del viñedo, cuyo análisis se detalla 
en el subepígrafe II.6.3, han sido objeto de tramitación manual, hasta el año 2019, con el apoyo 
puntual de algunas aplicaciones que gestionan parte del proceso, tanto para registrar las distintas 
fases por las que pasa el expediente, como para generar los pagos masivos. Esta práctica 
incrementa el riesgo de errores materiales, provoca disfunciones en la validación de los cálculos y 
dificulta el seguimiento y control de las ayudas.   es
6. En relación con la gestión del gasto sanitario   250ww
- Los manuales de derivación de pacientes elaborados en 2016 supusieron un avance en materia
dacet ucaocniócne rtaccoinó n crditee rsioesr viecisotsri catasmisetennteci amleés dcicoons  cye ntdreofsin pirr ivlaasd osfu nacl iodneefisn irp ruensotas cpiornoatolecso loys  ddee 
seguimiento de la facturación a realizar por los diferentes órganos y unidades administrativas
 
 
intervinientes, tanto en relación con la asistencia sanitaria no concertada, como en relación con los 
contratos formalizados para la asistencia en centros de convalecencia, procedimientos quirúrgicos 
y transporte sanitario. No obstante, en estos manuales de instrucciones sigue sin detallarse la 
documentación que deben presentar las empresas concertadas, la cual se determina de modo 
individualizado en los pliegos correspondientes a los contratos formalizados.  
- No se tiene constancia de la existencia de estudios sobre el grado de utilización y ocupación de 
quirófanos y medios tecnológicos de diagnóstico en los servicios hospitalarios de la CAR, por lo que 
no se han obtenido datos al respecto, indicando la Consejería de Salud que hay flexibilidad en la 
dotación de camas y quirófanos dependiendo de las necesidades en cada Servicio, asignándose 
mensualmente en función de las demoras en las listas de espera quirúrgicas, estando previsto con 
fecha 1 de abril de 2019 la implantación de un sistema de trazabilidad de paciente quirúrgico, que 
en el plazo de cuatro meses permita información instantánea y automática de datos de ocupación, 
cuellos de botella y puntos de mejora, entre otros.  
- Los procesos seguidos por la Comunidad para la fijación de las tarifas aplicables no han venido 
acompañados de unos procedimientos o protocolos normalizados que permitieran dejar constancia 
formal de las tareas de estudio, análisis y evaluación en la determinación de las tarifas a aplicar en 
las condiciones económicas establecidas en la asistencia sanitaria concertada con entidades 
privadas. Así, pues, sigue considerándose necesaria la implantación de un sistema analítico de 
coste efectivo de los procedimientos sanitarios concertados.  
Las tarifas fijadas en los contratos y conciertos formalizados para la prestación sanitaria con medios 
ajenos en clínicas privadas no han expresado, con carácter general, la clasificación internacional 
de enfermedades (CIE) y/o los grupos relacionados por diagnóstico (GRD) asociados a cada 
proceso, lo que resultaría útil tanto en la concreción de la asistencia a prestar en función del 
diagnóstico clínico y el coste del procedimiento, como para la realización de análisis comparativos 
con otras CCAA o a nivel estatal, no existiendo constancia formal de la realización de tales análisis 
por parte de la CAR.  
- En cuanto a la comprobación del mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la 
adjudicación  de  los  contratos  o  conciertos  en  relación  a  la  autorización  de  funcionamiento, 
instalaciones, recursos humanos y equipamiento, no consta la aprobación de planes anuales al 
efecto, informando la Comunidad que el Servicio de Ordenación y Seguridad, se encarga del 
cumplimiento del D. 80/2009, de 18 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico y el 
procedimiento para la autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
la CAR, por lo que realiza inspecciones al inicio de la actividad de dichos centros, en la renovación 
de la autorización sanitaria, transcurridos 5 años, y en cualquier momento que se produzca una 
modificación en el centro por cambio del responsable sanitario, de sus instalaciones o cualquier otra 
situación que la normativa contemple, habiéndose llevado a cabo en 2017 actuaciones en la Clínica 
Los Manzanos, S.L., el Policlínico Ntra. Sra. de Valvanera en Logroño, “Virgen del Carmen” en 
Calahorra, Centro Sociosanitario “Los Jazmines” en Haro y Rehabilitación Logopédica.  
Asimismo, no se tiene constancia de la existencia de estudios aprobados o publicados sobre los 
estándares de calidad alcanzados en los centros concertados, si bien la Comunidad ha informado 
que, en general, salvo algún caso aislado en que la evolución del paciente no ha sido totalmente 
satisfactoria, los niveles de calidad han sido buenos. Ello basándose en un sistema consistente en 
citar a los pacientes del Sistema Público Sanitario tras una intervención quirúrgica (procedan tanto 
de un centro concertado como de un centro propio) para una revisión en la que se evalúa la  es
evolución tras la cirugía y su mejoría.  bo
-cfu oPnncoteiro mnoaptrmlaa diepana treotn ey , l allaa  Lsa eupysr ee2sn/2tca0ica0i o2dn, eed seu  nd1 e7ss uaafribcrorieilll na2tde0a 0sd2 e,p sodarer r looSlslao l ucnedon rdtmreoa slt aivc ooC nAdcRee r, tlaad difaoiccsut ilvmtaide aldadi a endvteea  luicnarsictpeióerncioc sdió eenl    2021-14250n https://ww
indicadores de medición objetivos con base en la aprobación de planes de inspección que definan las
estrategias y objetivos a conseguir.
 
 
7. En relación con la transparencia y buen gobierno de las Administraciones 
No ha sido objeto de desarrollo reglamentario ni constan actuaciones en relación con el control a 
ejercer por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia sobre las consejerías y organismos públicos de la CAR, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 4.1 de Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de La Rioja. 
8. En relación con la gestión de los recursos humanos 
Las consejerías de la CAR no disponen de manuales internos de personal, al margen de la 
normativa reglamentaria, en los que se definan las funciones de los departamentos y los puestos 
de trabajo y se regulen aspectos como la tramitación de las nóminas, la forma de selección y 
contratación de personal, los controles sobre las retribuciones o las incompatibilidades. Asimismo, 
todas ellas han considerado que la plantilla real no es suficiente para realizar la carga de trabajo 
existente. 
9. Por lo que se refiere al análisis del control interno de las fundaciones y empresas del sector 
público autonómico, se han puesto de manifiesto los siguientes resultados: 
- La sociedad La Rioja Turismo, S.A.U. y las fundaciones Rioja Deporte, San Millán de la Cogolla, 
Práxedes  Mateo  Sagasta,  Riojana  para  la  innovación  y  FUBESOR  no  han  presentado  los 
presupuesto de explotación y de capital en los términos establecidos en la LHPR y la O. 11/2014 
de 15 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAR para 2017. Las empresas 
Valdezcaray, S.A. e IRVISA y las fundaciones FRS y FHC tampoco han hecho lo propio respecto al 
presupuesto de capital. 
Asimismo, tampoco han sido elaborados los programas de actuación plurianual previstos en el art. 
79 de la LHPR, en los que se deben reflejar los datos económico-financieros previstos para el 
ejercicio  relativo  al  proyecto  de  Presupuestos  Generales  de  la  CAR  y  a  los  dos  ejercicios 
inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. 
Tampoco se ha facilitado la información de carácter complementario que debe acompañar a los 
citados documentos, tales como un plan de inversiones, un plan financiero en el que se cuantifiquen 
los recursos y las fuentes externas de financiación y una memoria de actuaciones. Ello ha supuesto 
que, consecuentemente, tampoco se haya elevado dicha información al Consejo de Gobierno, por 
no disponer de la misma. La ausencia de unos planes económico-financieros de alcance plurianual 
en  las  sociedades  autonómicas  resta,  en  cierta  medida,  significado  a  los  presupuestos  de 
explotación y capital, puesto que su contenido integra, precisamente, en cada año la ejecución de 
las previsiones inicialmente establecidas y permite calibrar las desviaciones que puedan haberse 
producido. 
- La O. 6/2016, de 8 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAR para 2017 no ha 
previsto que dentro del presupuesto de explotación y capital que debían presentar las sociedades y 
fundaciones se acompañase un estado con las previsiones de flujos de efectivo en dicho ejercicio, 
acorde con los modelos de cuentas anuales definidos por el PGC. Asimismo, no consta que se haya 
acompañado la documentación complementaria prevista en los estados D.3 a D.7 recogidos en el  es
anexo IV de la O. 6/2016.   o
-cfu oNnnditnraagctuioon nape reso,mg srpaormbersaea  lo oa sup qtlaounne ó elmas itAcraadt méhgainibcisoíat,r  amfociarómnnta eelnimziaéitdneod i oncsfooenr m vliaeg seA nddteem sci noeinsntt rroa2lc0 yi1ó 7en v lGaolseu nasecuirósacnl r.id toes l ac oCnA cRin ucno   2021-14250n https://ww
 
 
- En relación a los procedimientos de control interno y contabilidad de las empresas y fundaciones 
autonómicas, únicamente la Fundación Riojana para la Innovación y la FHC disponían de una 
unidad de auditoría interna, si bien cabe indicar que, en términos generales, la dimensión del resto 
de entidades es muy reducida, de modo que la creación de estas unidades puede no considerarse 
operativa. En las fundaciones: Fundación Práxedes Mateo Sagasta, Fundación Rioja Deporte y 
Fundación San Millán de la Cogolla, no existía un departamento económico o de administración, 
llevándose la contabilidad por una asesoría privada. En dos empresas y cuatro fundaciones no se 
había implantado un sistema de contabilidad analítica o de costes y tan solo cuatro fundaciones se 
habían adherido al registro contable de facturas. Por lo que se refiere a la gestión de deudores y 
cuentas a cobrar, una empresa y cinco fundaciones declaran tener aprobados procedimientos o 
normas escritas en los que se establecieran los criterios de deterioro de valor de los deudores que 
soportasen la dotación de la provisión por insolvencias y fundamentaran la correcta dotación de las 
mismas. Por otro lado, en el 38 % de los casos, las fundaciones y empresas públicas han informado 
disponer de algún procedimiento escrito normalizado para la autorización y conformación de las 
facturas presentadas por los proveedores.  
- En relación con el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, una empresa y cuatro fundaciones 
declaran haber establecido los mecanismos de control exigidos para garantizar, de forma efectiva, 
su cumplimiento.  
- En materia de gestión patrimonial de los bienes y derechos, el 54 % de las fundaciones y empresas 
públicas no disponía de políticas escritas sobre la autorización de nuevas adquisiciones, ventas, 
traspasos o bajas de los elementos del inmovilizado. Por otro lado, ninguna de dichas entidades 
remite anualmente el inventario al Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio de la CAR para 
su inclusión e integración en el Inventario general de la Comunidad. 
- Sobre la gestión de los recursos humanos, la totalidad de las fundaciones y empresas públicas 
han declarado tener determinado el número y características de las personas que trabajan en ella, 
si bien, no en todos los casos se ha dispuesto de planes de formación y sistemas de evaluación de 
los cursos de formación impartidos. En relación con la plantilla real, tres fundaciones y una empresa 
han señalado que la misma no es suficiente para realizar la carga de trabajo existente. 
- En cuanto a la transparencia y buen gobierno, tres fundaciones y dos empresas no habían regulado 
la realización periódica de controles para verificar que el contenido del portal de transparencia 
incorpora la información mínima exigida en la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia 
y Buen Gobierno de La Rioja. 
II.4. CUENTA GENERAL  
II.4.1. Cuenta General del Sector Público Administrativo 
II.4.1.1. CONTENIDO, PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
La Cuenta General del sector público administrativo de la CA rendida para el ejercicio 2017 estaba 
formada por los documentos establecidos en el art. 122 de la LHPR, que han sido elaborados por 
la Intervención General de la Comunidad mediante la agregación de las cuentas anuales rendidas 
por las siguientes entidades: Administración General de la Comunidad, CEIS, Universidad de La  e.
Rioja y ADER. No se han integrado en la Cuenta General las cuentas anuales del Consejo de la  w.b
Juventud.  250ww
En relación con el CARE y su adscripción como entidad del sector público autonómico debe
icnodnicsaidresera dqou ea,l  cCoomnsoo rsceio  ecxopmlicoa  ineteng realn teep ídgera fseu  IsI.e2c.1to, r lpaú bAldicmo inails tnraoc imóna nAteuntoenr óumniac ap onsoic ióhna 
 
 
mayoritaria en su Junta de Gobierno. No obstante, según viene señalándose en anteriores informes 
de fiscalización, esta situación contrasta con que haya sido clasificada por la IGAE dentro del 
cómputo del déficit de la Comunidad y con el hecho de que la mayoría de la financiación pública 
recibida por el Consorcio proceda de las transferencias otorgadas por la CAR a través del canon de 
saneamiento de aguas residuales. Por tanto, tal como se expone en el subepígrafe II.4.1.7, los 
representantes de las Administraciones Autonómica y Local que forman parte de la Junta de 
Gobierno del Consorcio deben dar una solución a esta cuestión, en cumplimiento de lo previsto en 
la  Disposición  transitoria  6ª  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y 
sostenibilidad de la Administración Local, así como en la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, estableciendo en los estatutos del Consorcio la Administración pública 
a la que quede adscrito, y resolver por tanto su integración y clasificación en uno u otro sector. 
II.4.1.2. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
En el ejercicio 2017 el sistema contable implantado por la Comunidad se ha adaptado al nuevo 
PGCP de la CAR, aprobado por O. 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, que toma como modelo de referencia el Plan General de Contabilidad Pública 
aprobado por O. EHA/1037/2010, de 13 de abril, que fue concebido con el carácter de plan contable 
marco para todas las Administraciones Públicas. El ámbito subjetivo del nuevo Plan de la CAR se 
extiende a la Administración General y a todos aquellos organismos y entidades sometidos al 
régimen de contabilidad pública. 
Los créditos iniciales aprobados en la LP (Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma) del 
ejercicio 2017 han ascendido a 1.452.575 miles de euros, financiados con los derechos económicos 
a liquidar durante el ejercicio, estimados en 1.138.842 miles de euros, así como con el importe de 
las operaciones de endeudamiento reguladas en el art. 57.1 de la LP, cuantificadas en 313.733 
miles de euros.  
En 2017 se autorizaron modificaciones de crédito por un importe neto de 79.803 miles de euros, 
situándose los créditos definitivos en unos montantes de 1.532.378 miles de euros. 
En  los  anexos  II.1-1  y  II.1-2  se  reflejan  las  diferentes  modalidades  de  modificaciones 
presupuestarias aprobadas en el ejercicio 2017, clasificadas por capítulos y secciones, según la 
información recogida en las cuentas anuales rendidas. Las modificaciones presupuestarias han 
supuesto un incremento de los créditos iniciales del 5 %, destacando el diferente signo de las 
variaciones y significándose el incremento experimentado en el capítulo 4 Transferencias corrientes 
(15 %), por importe de 47.049 miles de euros, como consecuencia, principalmente, de las ayudas 
concedidas a empresas privadas. 
 
 
Las modificaciones autorizadas se detallan a continuación, según los distintos tipos modificativos 
aprobados: 
Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias 
(miles de euros) 
Tipo  Importe  
- Ampliaciones de crédito  581 
- Transferencias de crédito   69.073 
- Créditos generados por ingresos  79.803 
- Otras modificaciones (bajas)  (581) 
TOTAL  79.803 
 
A) Ejecución del presupuesto de gastos 
La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 por capítulos y secciones orgánicas se 
recoge en los anexos II.1-3 y II.1-4, según su clasificación económica y orgánica, respectivamente. 
El presupuesto gestionado por la Administración Autonómica presentó unos créditos definitivos de 
1.532.378 miles de euros, con una ligera disminución respecto del ejercicio anterior del 0,26 %. 
Cuadro 5. Liquidación presupuesto de gastos  
 (miles de euros) 
Capítulos  Créditos finales  Obligaciones reconocidas 
1. Gastos de personal  454.697  452.569 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios  267.816  240.756 
3. Gastos financieros  19.026  16.052 
4. Transferencias corrientes  365.952  343.419 
5. Fondo de contingencia  1  0 
6. Inversiones reales  48.432  34.221 
7. Transferencias de capital  90.396  77.793 
8. Activos financieros  17.429  16.227 
9. Pasivos financieros  268.629  208.539  s
TOTAL  1.532.378  1.389.576  w.
 El grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 91 %, situándose las obligaciones reconocidas en  2021-14250n https://ww
1.389.576 miles de euros, siendo las desviaciones más significativas las correspondientes a las
 
 
inversiones  reales  y  pasivos  financieros,  cuyo  grado  de  ejecución  fue  del  71 %  y  78 %, 
respectivamente. 
En el siguiente cuadro se detallan las variaciones interanuales de la ejecución del presupuesto de 
gastos en el ejercicio, con indicación del grado de ejecución por tipo de operaciones.  
Cuadro 6. Variaciones interanuales presupuesto de gastos 
(%) 
Ejecución presupuesto de  Créditos definitivos   Obligaciones reconocidas  Grado de ejecución 
gastos  Var. interanual 2016-2017  Var. interanual 2016-2017  2017 
Total operaciones corrientes  2  1  95 
Total operaciones de capital  (7)  (1)  81 
Total operaciones financieras  (5)  (25)  79 
TOTAL  0  (4)  91 
En la clasificación económica del gasto, destacan las operaciones corrientes, que representaron el 
76 %  de  las  obligaciones  reconocidas  en  el ejercicio,  frente  a  las operaciones  de  capital  y 
financieras, con unos porcentajes aproximados del 8 % y 16 %, respectivamente. Desde el punto 
de vista de la clasificación orgánica, destacan la Consejería de Educación, Formación y Empleo y 
el SERIS, que se sitúan en porcentajes cercanos al 20 %, así como el capítulo de Deuda Pública 
que representa el 16 % sobre el gasto total, a pesar del descenso interanual del 26 % registrado en 
este ejercicio.  
En el análisis realizado de las obligaciones reconocidas en 2017 se han puesto de manifiesto las 
siguientes observaciones: 
- La Administración General de la Comunidad ha aplicado el procedimiento legal previsto en el art. 
35 de la LHPR, que permite el registro e imputación al presupuesto de un ejercicio de aquellos 
gastos incurridos o devengados en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos 
adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuya aprobación se atribuye al Consejero 
de Hacienda, en el caso de que existiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia del gasto, 
o al Consejo de Gobierno, cuando no hubiera remanente de crédito en el citado ejercicio. En cuanto 
a su naturaleza, el 58 % del gasto se concentra en la Consejería de Salud por la facturación de 
recetas médicas, el 27 % en el SERIS, principalmente por gasto farmacéutico de uso hospitalario, 
material sanitario y de laboratorio del complejo hospitalario de San Pedro y el resto, en otras 
consejerías. 
 
 
La evolución de los gastos imputados durante los ejercicios 2015 a 2018 mediante la autorización 
contenida en las Leyes de Presupuestos y la LHPR, se presenta en el siguiente estado: 
Cuadro 7. Evolución gastos imputados mediante autorización Leyes de Presupuestos y LHPR 
(miles de euros) 
Sección presupuestaria  2015  2016  2017  2018 
Administraciones Públicas y Hacienda  5.600  3.638  2.425  706 
Agricultura, Ganadería y Medio Natural  314  389  327  200 
Salud   135  1.699  12.144  12.198 
Educación, Formación y Empleo  207  252  60  73 
Fomento y Política Territorial  467  14  8  8 
Presidencia, Relaciones Institucionales   1.533  17  34  66 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  5.108  11.155  5.836  975 
Instituto de Estudios Riojanos  0  5  38  13 
Desarrollo Económico e Innovación  213  260  165  258 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia  0  1.534  361  408 
Total  13.577  18.963  21.398  14.905 
 
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de estos gastos atendiendo a su año de 
realización y a los ejercicios en los que se registraron e imputaron las obligaciones al presupuesto 
de la Administración de la Comunidad, observándose la existencia de gastos generados en el 
ejercicio 2017 y anteriores contabilizados en ejercicios posteriores por importe de, al menos, 14.905 
miles de euros, frente a los 21.389 miles de euros registrados por el mismo procedimiento en 2017. 
Cuadro 8. Ejercicio de imputación gastos mediante autorización LHPR 
(miles de euros) 
Ejercicio en el que se aprobó el registro e imputación presupuestaria 
Ejercicio en que se realizó el gasto 
2017  Ejercicios posteriores  Total 
Anteriores a 2015  16  48  64 
2015  104  120  224 
2016  21.278  315  21.593  es
2017  0  14.422  14.422  250www.
  TOTAL  21.398  14.905  36.303  OE-A-2021-14able en https://
 
 
Sobre la existencia de estos gastos e inversiones, debe señalarse que el procedimiento aplicado 
por la Administración Autonómica para su registro e imputación presupuestaria es una solución legal 
a  una  situación  irregular,  al  haberse  vulnerado  los  principios  de  anualidad  presupuestaria  y 
especialidad cuantitativa establecidos en el art. 42.2 y 3 de la LHPR. La imputación de estos gastos 
supone que anualmente parte de los créditos aprobados en el ejercicio corriente se encuentren 
comprometidos por gastos de ejercicios cerrados, no registrados, principalmente, por insuficiencia 
presupuestaria,  en  el  ejercicio  correspondiente.  Como  se  ha  señalado  anteriormente,  esta 
incidencia es más significativa en la Consejería de Salud, donde el porcentaje del presupuesto de 
transferencias  corrientes  en  el  ejercicio  fiscalizado  comprometido  por  gastos  generados  en 
ejercicios cerrados se ha situado en el 9 %. 
En consecuencia, la correcta contabilización de los gastos e inversiones en los ejercicios en que se 
devengaron,  considerando  las  regularizaciones  (imputaciones  presupuestarias)  sucesivas 
realizadas por la Administración Autonómica en el periodo analizado, supone que las obligaciones 
reconocidas por la Administración General en el ejercicio 2017 deban disminuirse en 6.976 miles 
de euros, tal y como se expone a continuación: 
Cuadro 9. Gastos imputados mediante autorización LHPR. Efecto sobre resultado presupuestario del 
ejercicio 
(miles de euros) 
Gastos devengados en  Obligaciones reconocidas en 
Efecto sobre resultado 
Ejercicio  el año registrados en  2017 por gastos devengados 
presupuestario del ejercicio 
ejercicios posteriores  en ejercicios anteriores 
2017  (14.422)  21.398  6.976 
 
B) Ejecución del presupuesto de ingresos 
En  el  anexo  II.1-5  se  presenta  la  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  rendido  por  la 
Administración de la Comunidad para el ejercicio 2017, que refleja un grado de realización de las 
 
 
previsiones presupuestarias, excluido el crédito correspondiente al remanente de tesorería, del 
93 %, tal y como se refleja de forma resumida en el siguiente cuadro: 
Cuadro 10. Liquidación del Presupuesto de Ingresos 
(miles de euros) 
Derechos  %  % 
Previsiones  reconocidos  Incremento  Desviación  %   Cobros  Grado de 
Capítulos  finales  netos  interanual  Realización  cumplimiento 
(A)  derechos  (B) – (A)  (B/A)  (C) 
(B)  reconocidos  (C)/(B) 
1. Impuestos directos  285.888  327.064  14  41.176  114  324.741  99 
2. Impuestos 
399.654  419.632  5  19.978  105  417.885  99 
indirectos 
3. Tasas, precios 
públicos y otros  31.348  23.734  (17)  (7.614)  76  21.060  89 
ingresos 
4. Transferencias 
425.067  343.671  (2)  (81.396)  81  338.559  99 
corrientes 
5.Ingresos 
1.257  1.015  (23)  (242)  81  845  83 
patrimoniales 
6. Enajenaciones de 
1.700  0  0  (1.700)  0  0  0 
inversiones reales 
7. Transferencias de 
33.545  18.280  (42)  (15.265)  54  15.497  85 
capital 
8. Activos financieros  656  621  (39)  (35)  95  599  96 
9. Pasivos 
353.263  293.171  (15)  (60.092)  83  291.351  99 
financieros 
TOTAL  1.532.378  1.427.188  (1)  (105.190)  93  1.410.537  99 
 
Los principios rectores de la financiación de las CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía se 
establecen en la LO 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
El sistema de financiación autonómico aplicable en el ejercicio fiscalizado es el aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009 e incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico, fundamentalmente, en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía y en la LO 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En julio de 2010 se 
aprobaron las distintas leyes que fijaron el alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado 
a cada una de las Comunidades Autónomas, siendo la Ley 21/2010, de 16 de julio, la aplicable en  e.e
la CAR.  b
Ede0i slr% tiagar ibtdd.l eae1 sc9g ió rdaa,e  vcl aaolam n Lc eáoenmny.  sb1Loi6atloi/ d2 Lea0esc1ytia2 ó1t,na 8d l/,ed2 e e02l 1 7Il4ma d,s ped u fedien isc1ati5eno mz dsaeobs br oerpce, út pulbooblsrirc  elDaa, s edq peuyó e as asiptleor o siamb edapnocu pillóastanson   dE ddenei vtm iedlaeras ddaaiedscsa tm isdv eeiudd raCigddreaé nsdet icettroosib,n  pucóaotmarnari ciu aaens,l     OE-A-2021-14able en https://
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificó en su art. 124 la Ley 16/2012 estableciendo
 
 
un gravamen del 0,03 % e introdujo una Disposición transitoria según la cual en tanto no se 
produzcan las modificaciones del sistema de financiación necesarias para su configuración como 
tributo cedido a las CCAA, el Estado hará llegar a estas, previos los acuerdos competentes, el 
importe del Impuesto acordado con cada una de ellas, que en el ejercicio 2017 ha ascendido para 
la CAR a 2.597 miles de euros. 
A continuación se presentan los derechos reconocidos por la Administración Autonómica en el 
ejercicio 2017, ordenados según las distintas fuentes de financiación recogidas en las respectivas 
leyes reguladoras: 
Cuadro 11. Derechos reconocidos por la Administración Autonómica 
(miles de euros) 
%  
Derechos 
Tipo de recursos  Importancia 
reconocidos 
relativa 
A. Sistema de financiación Ley 22/2009, ejercicio 2017  958.341  67 
1.   Tarifa autonómica IRPF  272.014  19 
2.  Impuesto Valor Añadido  255.106  18 
3.   Impuestos Especiales   107.854  7 
4.   Tributos Cedidos  71.503  5 
5.  Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales  53.398  4 
6.  Fondo de Suficiencia Global   198.466  14 
B. Otros recursos recibidos de la AGE  51.235  4 
7.  Liquidación definitiva recursos del Sistema de Financiación y Fondos de Convergencia 
58.521  4 
Autonómica 2014 
8.  Anticipos a CCAA. DA 36ª LPGE 2012  (9.883)  0 
9.   Otros recursos procedentes de la AGE  2.597  0 
C. Fondos Unión Europea  62.218  4 
10.   Fondos Estructurales  12.049  1 
11.   Política Agraria Común  49.815  3 
12.   Otros recursos  354  0 
D. Subvenciones y Convenios  22.280  2 
13.   Subvenciones gestionadas y Convenios suscritos con administraciones públicas y privados  22.280  2 
E. Tributos y otros recursos generados por la Comunidad Autónoma  39.943  3 
14.   Tributos propios  18.278  1 
15.   Prestación de servicios  10.483  1 
16.  Patrimoniales  1.015  0 
17.   Otros recursos  10.167  1 
F. Endeudamiento Financiero  293.171  20 
18.  Recursos por operaciones de pasivos financieros  293.171  20 
TOTAL  1.427.188  100  s
  e
  oe.
La financiación autonómica se ha reducido en su conjunto un 1 % respecto al ejercicio anterior hasta  250ww
seistutaabrlseec iedno  leons  l1a. 4L2e7y. 12828/2 m00il9e sh adne  reeuprroess.e Lnotasd roe ceunr s2o0s1 7p ruonc epdoerncetenst adjee l gsloisbteaml dae ld 6e7 f i%na nsocibarcei óenl 
teontdael uddea mlosie ndteor ehcahno rse prreecsoennotcaiddoo se l e2n0  d%ic dheo  easñtoos.  Ldoesre cinhgorse.s os procedentes de operaciones de  BOE-A-cable e
 
 
En el análisis realizado de los derechos reconocidos en el ejercicio fiscalizado se han puesto de 
manifiesto los siguientes resultados: 
a) En aplicación de las Disposiciones transitorias 8ª y 5ª de las leyes de creación de los OOAA 
SERIS e Instituto de Estudios Riojanos, en tanto no se dote a estas entidades de los servicios 
necesarios, la información correspondiente a la ejecución de los gastos y liquidación de los ingresos 
de estas entidades se integra dentro de las cuentas de la AG de la CAR. En lo que afecta a la 
vertiente de los ingresos, se ha comprobado que los procedimientos contables aplicados por la AG 
para el registro de los ingresos del SERIS no se han ajustado al PGCP de la CAR, al haberse 
contabilizado los derechos en función de los cobros realizados y no de acuerdo con la facturación 
emitida. 
Así, como se analiza con mayor detalle en el subepígrafe II.4.1.3.1.B, en el ejercicio 2017 se 
devengaron derechos por 460 miles de euros correspondientes a prestaciones asistenciales del 
SERIS, que no fueron aplicados al presupuesto de ingresos, y se han aplicado 601 miles de euros 
devengados  en  ejercicios  anteriores,  por  lo  que  el  resultado  presupuestario  se  encontraba 
sobrevalorado en 141 miles de euros. 
b) Respecto a la contabilización de fondos procedentes de la Unión Europea, la Comunidad ha 
reconocido derechos en 2017 correspondientes a certificaciones de gasto del Programa Operativo 
2014-2020 presentadas en el ejercicio, que ascienden a 1.230 miles de euros relativos a fondos 
FEDER y 1.173 miles de euros a fondos FSE, que se mantienen pendientes de cobro a 31 de 
diciembre. 
En cuanto a la programación 2007-2013, en 2017 se han dado de baja derechos reconocidos en 
ejercicios anteriores por 8.140 miles de euros, de los que 7.715 miles de euros correspondían a 
fondos FEDER en los que, una vez cerrado el programa operativo, se tenía certeza de que no se 
iban a recibir. Los restantes 425 miles de euros tienen origen en derechos reconocidos en 2015 
procedentes del FSE que fueron incorrectamente reconocidos en 2016 y que en 2017 se han 
regularizado. 
C) Resultado presupuestario del ejercicio 
De acuerdo con los datos reflejados en la Cuenta General rendida, recogidos en el anexo II.1-6, el 
resultado y saldo presupuestarios registrados por la Administración General en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio fiscalizado presentaban, un déficit de 47.020 miles de euros y un superávit 
de 37.612 miles de euros, respectivamente. 
 
 
No obstante, el adecuado reflejo presupuestario de las salvedades analizadas en apartados 
anteriores, cuyo detalle se resume a continuación, supone disminuir el resultado y el saldo 
presupuestario en 6.835 miles de euros, tal y como se expone en el siguiente cuadro: 
Cuadro 12. Efecto salvedades sobre resultado presupuestario 
(miles de euros) 
Salvedades 
Epígrafe 
Conceptos  ejercicio 
del informe 
2017 
OPERACIONES NO FINANCIERAS     
- Efecto  neto  (aumento)  de  obligaciones  reconocidas  por  gastos  no 
contabilizados aplicados en ejercicios posteriores mediante el procedimiento  II.4.1.2.A)   6.976 
previsto en el art. 35 LHPR. 
- Derechos no registrados por servicios asistencias prestados por el SERIS  II.4.1.2.B)  (141) 
TOTAL SALVEDADES AL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO    6.835 
 
II.4.1.3. SITUACIÓN PATRIMONIAL. BALANCE 
La Administración de la CA aplica en la contabilidad financiera y patrimonial el Plan General de 
contabilidad pública de La Rioja, aprobado por O. 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda y mantiene implantado un sistema de información contable, 
denominado SICAP, en el que se integran la contabilidad patrimonial y presupuestaria. 
En  el  anexo  II.2-0.1  se  recoge  el  balance  de  situación  de  la  Administración  Autonómica 
correspondientes a 2017, cuyo detalle se recoge de forma agrupada en el cuadro siguiente: 
Cuadro 13. Balance de situación de la Administración Autonómica 
(miles de euros) 
ACTIVO  Importe   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Importe 
A) Activo no corriente  1.599.191   A) Patrimonio neto  (135.890) 
B) Activo corriente  140.673   C) Pasivo no corriente  1.262.033  
    D) Pasivo corriente  613.721  
Total activo  1.739.864   Total patrimonio neto y pasivo  1.739.864  
 
Los activos totales se situaron en 1.739.864 miles de euros, de los que 1.364.133 miles de euros 
(78 %) correspondían al inmovilizado material. El patrimonio neto ascendía a 135.890 miles de 
 
 
euros negativos y el pasivo se situó en 1.875.754 miles de euros, de los que 1.177.861 miles 
correspondían a deudas con entidades de crédito. 
II.4.1.3.1. Activo 
A) Inmovilizado 
La composición y evolución del valor neto contable registrado para las rúbricas de inmovilizado en 
2017 se detalla a continuación:  
Cuadro 14. Composición inmovilizado no financiero 
(miles de euros) 
Grupo de elementos  Saldo a 1-1-17  Saldo a 31-12-17 
Propiedad industrial e intelectual  1.112  1.127 
Aplicaciones informáticas  28.550  30.038 
Otro inmovilizado inmaterial  14.148  14.910 
Total Inmovilizado intangible  43.810  46.075 
Terrenos  208.283  208.249 
Construcciones  391.785  380.629 
Infraestructuras  511.488  524.437 
Bienes del patrimonio histórico  34.037  34.304 
Otro inmovilizado material  206.188  213.956 
Construcciones en curso  0  2.558 
Total Inmovilizado material  1.351.781  1.364.133 
 
a) En relación con las rúbricas de terrenos y construcciones se comprobado, tal y como se ha 
indicado en el subepígrafe II.3.2.3, que la nueva plataforma informática de gestión de patrimonio ha 
permitido a la Administración de la CAR, en una primera fase, registrar sus bienes inmuebles 
desglosando entre el valor del suelo y el valor de la construcción, posibilitando, además, el cálculo 
y registro de las dotaciones para amortización. De esta manera, la cuenta “Construcciones” 
presentaba al 31 de diciembre de 2017 un valor neto contable de 380.629 miles de euros, una vez 
deducida  la  dotación  a  la  amortización  del  ejercicio  por  importe  de  12.035  miles  de  euros, 
ascendiendo a su vez la amortización acumulada a 246.738 miles de euros. No obstante, en la 
revisión efectuada sobre estos activos se han puesto de manifiesto las siguientes salvedades e 
incorrecciones contables: 
- Continúa pendiente de registro el valor de los bienes recibidos de la Administración Estatal dentro  oe.
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Estos bienes fueron dados de alta sin valoración en el registro de inventario de la Administración de 
la Comunidad. En 2013, a través de una tasación efectuada por técnicos de la CAR, se efectuó una 
valoración de los mismos por importe de 42.927 miles de euros. No obstante, estas actuaciones no 
han tenido reflejo en la contabilidad patrimonial, habiéndose informado en la fiscalización que esta 
situación será regularizada una vez esté plenamente operativa la mencionada plataforma de gestión 
del inventario, actualmente en fase de implementación, tal como se ha expuesto con más detalle en 
el subepígrafe II.3.1. La correcta contabilización de estas operaciones supone el reflejo en las 
rúbricas de inmovilizado de acuerdo a la naturaleza de los bienes recibidos y el consiguiente 
aumento del patrimonio en dicho importe. 
- Se han detectado, al menos, 61 inmuebles que fueron cedidos por la CAR a terceros y que no han 
sido objeto de registro contable de acuerdo a las normas contables recogidas en el PGCP de La 
Rioja, encontrándose a 31 de diciembre de 2017 sobrevaloradas las rúbricas de inmovilizado y los 
resultados de ejercicios anteriores por un importe neto contable de, al menos, 32.690 miles de 
euros. 
b) Respecto a las infraestructuras, la ausencia de unos registros de inventarios impide determinar 
si el saldo contable existente al cierre del ejercicio fiscalizado refleja la situación patrimonial de esos 
activos. El criterio seguido para su contabilización en el activo del balance ha sido tomar los datos 
obtenidos de la ejecución presupuestaria del capítulo 6 “Inversiones Reales”. 
c) Dentro de la rúbrica “Otro inmovilizado material” se incluyen una serie de cuentas con un saldo 
conjunto al 31 de diciembre de 2017 de 213.956 miles de euros, cuyo desglose se recoge en el 
siguiente cuadro. 
Cuadro 15. Desglose de “Otro inmovilizado material” a 31 de diciembre de 2017 
Otro inmovilizado material  Saldo a 31-12-17 
(214)  Maquinaria y utillaje  79.808 
(216)  Mobiliario  68.161 
(217)  Equipos procesos de información  41.763 
(218)  Elementos de Transporte  15.808 
(219)  Otro inmovilizado  8.416 
Total Inmovilizado material  213.956 
 
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe II.3.2, no se dispone de manuales o instrucciones 
internas en relación con la formación, actualización y valoración de los inventarios de bienes 
muebles y derechos de propiedad incorporal, competencias que tiene atribuida cada Consejería por 
la Ley de Patrimonio de la CAR, de modo que los registros de inventario elaborados por las distintas 
unidades presentan mucha heterogeneidad y son incompletos. Un 9 % de los bienes muebles e 
incorporales incluidos en el inventario general figuraban con un valor nulo, al tratarse de elementos 
de elevada antigüedad. Asimismo, no se han realizado de forma periódica conteos, comprobaciones  e.e
físicas y actualizaciones de todos los elementos inventariados, ni revisiones del valor de estos  b
activos. Estas deficiencias y debilidades imposibilitan el análisis sobre la situación y valoración de  250ww
los activos registrados en esta rúbrica.
da ) 3L4o.3s 0b4ie mneilse sd edle p eautrriomso, nnioo  hseis thóarinc oin, ccluuyidoo s eanld oe l eInn vbeanlatanrcioe  Ga e3n1e drael  ddiec ieBmiebnrees  dye  D2e0r1e7c haossc edned ílaa 
CAR al no formar parte del ámbito de aplicación objetivo del mismo recogido en el art. 3.2 de la O.
 
 
2/2014, de 2 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se adoptan 
criterios y directrices para la formación, actualización y valoración del Inventario, a pesar de que la 
Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja exige su 
inclusión en el citado inventario. 
Por otra parte, la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja prevé que todos los bienes encuadrados en la misma sean objeto de anotación en el 
correspondiente Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, cuya 
gestión corresponde a la Consejería en materia de cultura, debiendo existir una coordinación con la 
Consejería competente en materia de Patrimonio, a los efectos de asegurar la coordinación con el 
citado Inventario General de la CAR. La ausencia de registros específicos para este tipo de bienes 
impide analizar la situación y valoración de estos activos. 
Las inversiones financieras a largo plazo presentaban, a 31 de diciembre de 2017, un saldo de 
188.983 miles de euros, con la siguiente naturaleza: 
Cuadro 16. Desglose saldo inversiones financieras a largo plazo 
(miles de euros) 
Denominación  Ejercicio 2017 
- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles  100.996 
- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público  32.036 
- Créditos y valores representativos de deuda  55.943 
- Otras inversiones financieras (fianzas y depósitos constituidos a largo plazo)  8 
TOTAL  188.983 
 
La composición de las participaciones societarias que formaban parte de la cartera de valores a 
largo plazo de la Administración General al cierre del ejercicio 2017, se detalla a continuación para 
cada empresa, con indicación del grado de participación: 
Cuadro 17. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 
(miles de euros) 
Coste de  Grado de partic. 
Sociedades 
adquisición  (%) 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  5.334  95,3 
Logroño integración Ferrocarril 2002, S.A.  150  25 
La Rioja Turismo, S.A.U.  57.003  100  s
Valdezcaray, S.A.  38.503  99,9  w.
  TRAGSA  TOTAL  100.9966    0,01  OE-A-2021-14able en https://
 
 
Sobre la situación y evolución de estas inversiones en el periodo fiscalizado, cabe destacar: 
- Las sociedades autonómicas Valdezcaray, S.A., IRVISA y La Rioja Turismo, S.A.U. han realizado 
en  el  ejercicio  2017  una  ampliación  de  capital,  totalmente  suscrita  y  desembolsada  por  la 
Administración de la Comunidad, por importe de 300, 439 y 1.000 miles de euros, respectivamente. 
La sociedad Valdezcaray, S.A. se encontraba a cierre de ejercicio en el supuesto de reducción 
obligatoria de capital del art. 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al situarse 
su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital. 
- La Administración Autonómica no ha dotado provisiones por la depreciación del valor registrado 
para la participación en las sociedades Valdezcaray, S.A. y La Rioja Turismo, S.A.U., correcciones 
valorativas que, de acuerdo con el valor teórico contable de las sociedades a 31 de diciembre de 
2017, ascendían a 19.527 miles de euros para la primera sociedad, y a 24.509 miles de euros para 
la segunda.  
Las inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público corresponden, por una 
parte, al importe de las dotaciones fundacionales de la CAR en las diferentes fundaciones del sector 
público riojano (167 miles de euros) y, por otra, a la asunción por parte de la Administración General 
de la CAR de la deuda financiera a largo plazo mantenida con esta por la FHC y FRS (31.869 miles 
de euros) como consecuencia del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. 
En cuanto a la rúbrica de créditos a largo plazo, al cierre del ejercicio 2017, estos activos estaban 
integrados por derechos de cobro de la siguiente naturaleza y cuantía: 
Cuadro 18. Créditos y valores representativos de deuda 
(miles de euros) 
Saldos 
Denominación 
31/12/2017 
Préstamos a Entidades Locales - vivienda  1.943 
Préstamos a particulares - vivienda  290 
Préstamos consorcios de montes  1.007 
Préstamos a comunidades de regantes de La Rioja  274 
Préstamo a ADER7   24.715 
Préstamos ADER y La Rioja Turismo, S.A.U. al amparo del Mecanismo de Facilidad 
6.584 
Financiera 
Préstamo Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A., Refinanciación soterramiento  21.131 
TOTAL  55.944 
 
Al cierre del ejercicio fiscalizado los préstamos concedidos por la CAR a la ADER y a la sociedad  s
pública autonómica La Rioja Turismo, S.A.U. para regularizar las obligaciones derivadas de su  e.
                                                  250ww
7 El préstamo a la ADER se otorgó en aplicación del convenio suscrito en abril de 2014 entre la CAR, la ADER y el BEI para
lLaa f iRnaionjac,ia ac itóranv dées  PdeY MlaE ASD yE Rem, pprreesstaós f idnea nmcieadciiaónna d ciraepcittaa laiz alacsió enm qpuree soapse praabraa nin evne rlsai oCnAeRs ,y  mciercduialanntete e, lc couna flo enld Goso brieecrinboid does 
del citado banco.
 
 
deuda  financiera  por  amortizaciones  mediante  la  adhesión  al  Fondo  de  Financiación  a 
Comunidades Autónomas a través del compartimento de Facilidad Financiera ascendían a 2.744 y 
3.840 miles de euros, respectivamente. 
B) Deudores 
En  el  anexo  II.2-1  se  presenta  un  resumen  de  la  situación  y  movimiento  de  los  deudores 
presupuestarios  para  el  ejercicio  2017,  con  indicación  de  su  antigüedad,  según  el  ejercicio 
presupuestario de procedencia, y de las modificaciones de los saldos iniciales aprobadas en el 
ejercicio, incluyéndose en la columna de disminuciones las rectificaciones a la baja de los saldos 
iniciales, los derechos anulados y las prescripciones e insolvencias aprobadas en el año. Se ha 
comprobado que los saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio coinciden con las relaciones 
nominales de deudores a dicha fecha aportadas por la Administración de la Comunidad. 
Las cuentas a cobrar de deudores presupuestarios presentaban, al cierre del ejercicio 2017, un 
saldo de 46.897 miles de euros. 
En la revisión de los derechos pendientes de cobro se han puesto de manifiesto los siguientes 
resultados: 
1) El 36 % del saldo existente al 31 de diciembre de 2017 correspondía a deudas con origen en el 
propio ejercicio y el resto a derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, de los que un 
31 % tenían una antigüedad superior a cuatro años, para los que la Administración de la Comunidad 
debería proceder a su depuración. En cuanto a su naturaleza económica, el 68 % de los importes a 
cobrar al cierre del ejercicio tenían su origen en deudas tributarias, el 27 % en subvenciones 
recibidas, y el 5 % tienen otras naturalezas. Dentro de las subvenciones destacan los fondos 
procedentes de la UE que representan un 8% del total de deudores. 
2) En la fiscalización se ha examinado una muestra de 13 expedientes de deudores con elevada 
antigüedad, por una cuantía total de 5.052 miles de euros a 31 de diciembre de 2017, que representa 
un 11 % sobre el importe total de deudores a dicha fecha. 
En el análisis realizado se ha puesto de manifiesto que para las deudas que se indican a 
continuación no existen posibilidades reales de cobro, por lo que deben ser objeto de regularización 
y baja contable: 
-  18  miles  de  euros  reconocidos  en  la  aplicación  610  “Enajenación  de  viviendas  y  locales 
comerciales” en el año 1996, con motivo de la adjudicación en subasta pública de un local, cuya 
compra no llego a formalizarse. 
- 11 miles de euros reconocidos en la aplicación “Transferencias del Instituto Nacional de la Mujer” 
en  el  año  1997,  dentro  de  la  tramitación  de  un  expediente  de  generación  de  crédito  por 
transferencias de ese Organismo. En el expediente indicado el crédito generado superó la cantidad 
realmente recibida. 
- 100 miles de euros reconocidos en 2008 en concepto de liquidación del impuesto de transmisiones 
patrimoniales cuyo deudor es una sociedad incursa en un proceso concursal que fue objeto de 
archivo en 2017 por inexistencia de bienes. 
- 16 miles de euros por fondos europeos contabilizados en el año 2000 en concepto de financiación  b
de la Política Agraria Común a través de FEOGA-Garantía.  250ww
 
 
Por otro lado, para los siguientes saldos deudores se han puesto de manifiesto las siguientes 
observaciones: 
- Respecto a la rúbrica presupuestaria 74311 “Transferencias de capital de la Xunta de Galicia”, 
permanecen pendientes de cobro derechos reconocidos en el presupuesto 2004 por importe de 120 
miles de euros, cuyo deudor es la Sociedad de Gestión del Plan Jacobeo. Esta deuda corresponde 
a un compromiso de aportación de la entidad deudora para la adquisición e instalación de una 
escultura y el acondicionamiento de su entorno en Logroño, tal como se establecía en el convenio 
firmado el 19 de noviembre de 2004. El abono del importe total de la actuación fue realizado por la 
CAR el 25 de febrero de 2005, sin que la mencionada sociedad haya desembolsado hasta el 
momento la cantidad comprometida, desconociéndose la existencia de actuaciones que hayan 
interrumpido la prescripción de los citados derechos. 
- Permanecen pendientes de cobro derechos reconocidos en los ejercicios 2008 a 2012 por 1.645 
miles de euros derivados del convenio firmado el 28 de noviembre de 2006 entre el Ayuntamiento 
de Grávalos y la CAR para la rehabilitación y puesta en explotación del balneario situado en dicha 
localidad. Las dificultades para la puesta en explotación del balneario y consecuentemente la 
demora en el cobro del canon concesional, así como la necesidad de subsanar ciertas deficiencias 
en las instalaciones en 2017 y 2018, han impedido al Ayuntamiento hacer frente al pago a pesar de 
la  concesión  de  distintos  fraccionamientos,  habiendo  solicitado  una  nueva  modificación  del 
fraccionamiento de pago en 2019. En la fiscalización se ha informado desde el Servicio de Tesorería 
y Política Financiera de la CAR que la aplicación de la compensación de créditos prevista en el art. 
114 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja, puede suponer un 
estrangulamiento financiero para la entidad y que la desproporción existente entre la deuda y los 
recursos de que dispone el ayuntamiento hace que la solución deba orientarse a buscar plazos y 
garantías en el propio contexto de la actividad privada del balneario, concluyendo que ello solo 
puede contemplarse en vía ejecutiva, pero salvaguardando en todo momento la prestación de los 
servicios públicos. A fecha 15 de septiembre de 2019 no se tiene constancia de que se haya iniciado 
la vía ejecutiva o de que se hayan aprobado nuevos fraccionamientos de pago por parte de la CAR.  
- En el concepto 380 “Reintegros de pagos de ejercicios anteriores” se mantiene un derecho de 
cobro por 202 miles de euros, procedente de un reintegro iniciado por incumplimiento de las 
condiciones señaladas en la resolución de una subvención, debido al acuerdo de disolución de la 
empresa beneficiaria de la ayuda.  
3) En la revisión efectuada sobre los procedimientos contables aplicados por la Administración 
General de la Comunidad se ha puesto de manifiesto que el criterio seguido para el registro de los 
ingresos procedentes del SERIS no se ajusta al PGCP de la CAR, al contabilizarse los derechos en 
función de los cobros realizados y no de acuerdo con la facturación emitida.  
 
 
De acuerdo con los registros auxiliares de dicho Organismo, a 31 de diciembre de 2017, existían 
derechos devengados no reconocidos pendientes de cobro por prestaciones asistenciales del 
SERIS por importe de 496 miles de euros, cuyo detalle por naturaleza se expone a continuación: 
Cuadro 19. Desglose derechos por prestaciones asistenciales 
 (miles de euros) 
Descripción de los ingresos  Importe 
Asistencia a Compañías privadas  339 
Asistencia a particulares  89 
Accidentes de trabajo  49 
Juzgados  13 
Accidentes deportivos  5 
Deuda del Estado  1 
TOTAL  496 
 
En cuanto a su antigüedad, el desglose, por ejercicios de procedencia, de los derechos por 
prestaciones asistenciales pendientes de cobro no contabilizados a 31 de diciembre de los ejercicios 
2016 y 2017, es el que se indica a continuación. Como puede observarse el importe global de la 
deuda por estos conceptos ha disminuido un 22 % a lo largo de 2017: 
Cuadro 20. Antigüedad derechos por prestaciones asistenciales 
 (miles de euros) 
Pendiente  Pendiente  % 
Ejercicio 
31/12/2016  31/12/2017  Variación 
2009  1  0  (100) 
2010  25  21  (16) 
2011  1  1  0 
2012  4  3  (25) 
2013  2  2  0 
2014  9  6  (33) 
2015  197  2  (99) 
2016  398  1  (100)  oe.
2017  0  460  0  250ww
TOTAL  637  496  22

 
 
5) La Administración Autonómica no ha dotado provisiones por insolvencia en las cuentas deudoras, 
con el consiguiente efecto sobre el resultado económico-patrimonial de cada ejercicio, ni ha 
incorporado en el cálculo del remanente de tesorería las minoraciones de los saldos deudores de 
dudoso cobro sobre el importe de los derechos pendientes de cobro. 
Al cierre del ejercicio fiscalizado, la Administración Autonómica mantenía unos saldos pendientes 
de cobro de 46.897 miles de euros, cuyo detalle por ejercicios de procedencia se expone en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 21. Derechos pendientes de cobro 
(miles de euros) 
Derechos pendientes de cobro al 31/12/2017 
Anteriores a 2014  2014  2015  2016  2017  TOTAL 
14.689  4.406  5.037  6.114  16.651  46.897 
 
De acuerdo con el análisis efectuado sobre la evolución de la realización de los derechos pendientes 
de cobro en los cinco últimos ejercicios, se ha comprobado que el grado medio de cobro de estas 
cuentas se ha situado en unos porcentajes que oscilan entre el 4 % para las deudas con cuatro 
años de antigüedad y el 98 % para los derechos de ejercicio corriente. Los porcentajes de cobro 
señalados determinan la existencia, al 31 de diciembre de 2017, de unos derechos de difícil 
recaudación de, al menos, 22.042 miles de euros. 
La composición y evolución de los deudores no presupuestarios, cuyos saldos conjuntos al cierre 
del ejercicio 2017 se situaron en 2.432 miles de euros, se resume en el anexo II.2-2. 
C) Tesorería  
El saldo de las cuentas de tesorería del balance de situación de la Administración General de la 
Comunidad al cierre del ejercicio 2017 asciende a 64.632 miles de euros, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 
Cuadro 22. Saldo cuentas de tesorería 
 (miles de euros) 
  Ejercicio 2017 
  Nº  Importe 
Cuentas operativas  25  48.247 
Cuentas de anticipos de caja fija  14  385 
Activos líquidos equivalentes a efectivo  1  16.000  es
TOTAL  40  64.632  250www.
 ECno meul naidnaedx od uIrIa.2n-t3e  esel e rjeerccoicgieo  2e0l 1m7,o dveim aiecnuteor ddoe c otens loorse dríaat odse r elafl eAjaddmosin eisnt realc eiósnta dGoe ndeer aflul jodse  dlae   OE-A-2021-14able en https://
 
 
efectivo incluido en las cuentas anuales rendidas. Se ha comprobado la coincidencia del saldo final 
de este estado con el balance a 31-12-2017. 
En el análisis realizado sobre la situación y valoración de esta rúbrica, se han obtenido los siguientes 
resultados: 
- De acuerdo con la información obtenida en la fiscalización, al cierre del ejercicio 2017 no ha tenido 
el adecuado reflejo contable en rúbricas de tesorería de la Administración de la Comunidad el 
efectivo situado en 116 cuentas restringidas de recaudación y en 16 cuentas bancarias de fondos a 
justificar, cuyo saldo conjunto ascendía a 4 y 22 miles de euros, respectivamente. El saldo existente 
en las cuentas de fondos a justificar corresponde principalmente a nóminas de servicios sociales 
por valor de 13 miles de euros y a la gestión del telepeaje utilizado por el parque móvil por 3 miles 
de euros. 
- Respecto a las cuentas de anticipos de caja fija, la Comunidad no ha facilitado las correspondientes 
conciliaciones bancarias tal como fue solicitado en la fiscalización. De las 16 cuentas de anticipos 
de caja fija una presenta diferencias entre el saldo contable y el saldo bancario, siendo el primero 
superior al saldo bancario total en dos miles de euros. 
- Como se ha indicado anteriormente, no se han elaborado unas normas internas o instrucciones 
normalizadas sobre el funcionamiento de las cuentas de tesorería, sus condiciones de utilización y 
la transferencia periódica de fondos a las cuentas operativas de la Comunidad. Se ha constatado, 
sin embargo, que en los últimos días del ejercicio la Oficina de Control Presupuestario ha remitido 
un escrito a las distintas entidades financieras en las que existen cuentas restringidas abiertas a 
nombre de la CA solicitándoles la transferencia del saldo de dichas cuentas a una cuenta general 
de tesorería y la remisión de un certificado del saldo a 31 de diciembre de 2017. 
-  En  2017  se  ha  promulgado  la  Ley  5/2017,  de  8  de  mayo,  de  Cuentas  Abiertas  para  la 
Administración de La Rioja, que complementa a la Ley 3/2014, de Transparencia y Buen Gobierno 
de La Rioja. De acuerdo a esta nueva Ley, dentro de la información económica a suministrar en el 
Portal  de  Transparencia  se  deberá  incorporar  la  relativa  a  las  cuentas  bancarias  de  la 
Administración de la CAR y demás organismos del sector público presentes en el ámbito de la Ley 
de Transparencia. A su vez, esta norma obliga al desarrollo, por la Consejería competente en 
materia de transparencia, de un sistema de información que permita publicar, identificar y procesar 
los datos existentes en materia de ingresos y gastos. El sistema agregará los datos disponibles en 
los servicios de información contable de la CAR y los datos de las cuentas bancarias facilitados por 
las entidades financieras, relacionando ambas fuentes y posibilitando su conciliación.  
Durante los trabajos de fiscalización (julio 2019) se ha comprobado la incorporación al portal de 
transparencia de la CAR, del saldo y movimientos de las cuentas bancarias incluidas en el Sistema 
de Información Contable de la Comunidad (SICAP) abiertas a nombre de la CAR, así como las 
correspondientes a la Agencia de Desarrollo de La Rioja. 
 
 
II.4.1.3.2. Patrimonio neto y Pasivo 
A) Patrimonio  
El patrimonio neto registrado por la Administración Autonómica presentaba, al cierre de 2017, un saldo 
negativo de 135.890 miles de euros, cuya composición del saldo se muestra a continuación:  
Cuadro 23. Patrimonio Neto 
(miles de euros) 
  Ejercicio 2017 
Patrimonio aportado  183.023  
Patrimonio generado   (318.913) 
- Resultados de ejercicios anteriores  (299.264) 
- Resultado del ejercicio  (19.649) 
TOTAL  (135.890) 
 
El resultado de ejercicios anteriores recoge el efecto de las amortizaciones acumuladas del 
inmovilizado material (246.738 miles de euros), cuyo cálculo se incorporó por primera vez en el 
ejercicio 2016 por importe de 222.508 miles de euros. 
B) Acreedores 
La evolución en el ejercicio 2017 de las obligaciones no financieras se resume en el anexo II.2-4 en el 
que se presentan clasificadas por antigüedad de saldos. El importe total pendiente de pago al cierre 
del ejercicio fiscalizado ascendía a 207.169 miles de euros, de los que 131.657 miles de euros 
correspondían a obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente y el saldo restante procedía de 
ejercicios anteriores.  
Las obligaciones pendientes de pago tienen su origen principalmente en las transferencias de capital 
destinadas a la financiación de la actividad subvencionadora de la ADER. 
Cuadro 24. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
(miles de euros) 
Saldo al  Saldo 
Cargos  Abonos 
01/01/2017  31/12/2017 
18.895  18.771  13.477  13.601 
 
En el análisis realizado se ha verificado que, tal y como se expone en el subepígrafe II.4.1.2.A, a 31  w.b
de  diciembre  de  2017  la  Comunidad  no  había  registrado  en  la  cuenta  (413)  obligaciones  250ww
dreesvpeonngdaídaans  pernin ceilp eajlemrceinctieo  2a0 1fa7c tyu raanst edrieo rgeas,s tuons  imsapnoitrateri odse ,d ael  mnaetnuorasl,e 1z.a3 0c4o rmrieilenste d qeu eeu rtousv,ie qroune 
econntrtaadbail izcaodna pso estne reiol reidjeardc iac iola  sfeigcuhiean dtee.  cPieorrr eo tdreol  lraedgois, trlao  cCoonmtaubnleid adde  nfaoc thuara sre yg ipstorar dtaon tlao  fdueeurodna 
 
 
contraída con la Administración General del Estado como consecuencia de las liquidaciones 
negativas del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, cuyo importe 
ascendía al cierre del ejercicio 2017 a 138.368 miles de euros.  
En el anexo II.2-5 se resumen las rúbricas de acreedores no presupuestarios, que presentan unos 
saldos al cierre del ejercicio 2017 de 56.170 miles de euros, con indicación de su composición y del 
movimiento de estas cuentas en el ejercicio. 
Para las distintas rúbricas que integran los saldos acreedores y deudores no presupuestarios la 
Comunidad no dispone de detalles del saldo al cierre de cada ejercicio. Solo en aquellas cuentas 
que están vinculadas al Sistema General de Ingresos (en general movimientos de ingresos 
pendientes de aplicación) es posible obtener un listado con detalle del saldo a la fecha de impresión. 
II.4.1.4. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
La cuenta del resultado económico patrimonial rendida por la Administración Autonómica en el ejercicio 
fiscalizado, que se muestra en el anexo II.2-0.2, presenta un desahorro de 19.649 miles de euros, 
frente a los 46.247 miles de euros registrados en ejercicio 2016, observándose un aumento significativo 
de los ingresos tributarios (9 %) y una disminución de los gastos financieros (30 %). 
Como se ha señalado en el epígrafe II.4.1, relativo al análisis de las liquidaciones de los presupuestos 
anuales y a la situación patrimonial de la Administración de la Comunidad, los gastos e ingresos 
registrados en el ejercicio analizado han presentado salvedades y limitaciones que afectan a la 
representatividad de la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, destacando por 
su importancia la falta de dotaciones por provisiones para insolvencias de las cuentas deudoras, la 
ausencia de depreciación de los elementos del inmovilizado, salvo para las construcciones, así como 
la existencia de gastos devengados no registrados. 
II.4.1.5. MEMORIA 
La Memoria del ejercicio 2017 de la Administración de la Comunidad se integra dentro de sus cuentas 
anuales y se han formado de acuerdo con el modelo establecido en el PGCP de la Comunidad. 
En la revisión efectuada se ha comprobado que en la misma no ha informado sobre determinadas 
operaciones que, de acuerdo con su relevancia financiero-patrimonial, deberían haber sido objeto de 
detalle en la misma, entre las que destacan las siguientes: gastos con financiación afectada, bienes 
recibidos en adscripción, bienes destinados al uso general, inmovilizado intangible, información sobre 
el destino de los gastos incurridos en el ejercicio para la protección y mejora medio ambiente, así como 
inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales. Respecto a los bienes 
destinados al uso general debería distinguirse entre las infraestructuras y bienes del patrimonio 
histórico, desglosando la información por tipos en el primer caso, y para el caso de los bienes del 
patrimonio histórico, diferenciando, al menos, entre construcciones y el resto de activos. 
Asimismo, en relación con las normas de reconocimiento y valoración, la Memoria no ha recogido los 
criterios de valoración de los instrumentos de cobertura aplicados ni, en relación con las provisiones y 
contingencias, una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos. 
A) Compromisos de gastos de ejercicios posteriores  e.e
Los compromisos de gastos plurianuales presentados en la Cuenta General rendida ascendían, al  250ww
ca1ini.nec5trr3eere3rmi o.5der4e,n 2ldt oe em jseditlraeecclsi ca 6dino e%d 2 oe,0 ,u 1yrp7o,o ,sp r,a  ouf rr2ne . on2ltat0redo8 oa .6l, al 4olda2so   c1,m a.y4irl,eg4 sa9p  .od9frie8n  o5aet numrcoriio elelsarsa,d   cdodoe,e n e l aluua nr aod sisenu ucdndrecealim ó,e njeqe nurdcteeoi c  sdinoeeu  ales n8ivtt úoe%asr  i orecerno,s  mlpeoeps qctreuoto eme  asijselu orepcsjoie cnerioceni  c eulianon     OE-A-2021-14able en https://
 
 
Consejería  de  Educación,  Formación  y  Empleo,  con  origen,  principalmente  en  los  Conciertos 
Educativos.  
Como  se  aprecia  en  el  siguiente  cuadro,  desde  el  punto  de  vista  orgánico,  destacan  los 
compromisos de gasto correspondientes a la Sección Deuda Pública, con un saldo de 1.533.542 
miles de euros, seguido los compromisos en materia de salud (Consejería de Salud y Organismo 
autónomo SERIS) y la Consejería de Fomento y Política Territorial, con unos importes de 224.521 
y 134.849 miles de euros, respectivamente.  
Cuadro 25. Compromisos de gastos de ejercicios posteriores 
(miles de euros) 
Ejercicios 
Consejería/Sección presupuestaria 
2021 y 
2018  2019  2020  TOTAL 
siguientes 
Deuda Pública  251.352  250.742  210.241  821.207  1.533.542 
Salud, Políticas Sociales y Servicio Riojano 
72.082  35.761  22.022  94.656  224.521 
de Salud (SERIS) 
Fomento y Política Territorial  35.470  18.021  15.974  65.384  134.849 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  44.167  14.151  9.701  49.564  117.583 
Educación, Formación y Empleo  62.299  34.473  71  0  96.843 
Otras Consejerías  54.083  23.082  14.462  9.677  101.304 
TOTAL  519.453  376.230  272.471  1.040.488  2.208.642 
 
Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, es necesario indicar que junto a los compromisos 
futuros presentados en la Cuenta General rendida, la Comunidad también debe hacer frente a la 
devolución de la deuda generada a favor de Administración General del Estado, como consecuencia 
de la liquidación de los recursos del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 
2009 realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo importe ascendía, al cierre del 
ejercicio 2017 a 138.368 miles de euros.  
B) Estado de remanente de tesorería 
En el anexo II.2-9 se recoge el estado del remanente de tesorería al cierre del ejercicio 2017, aportado 
por la Administración Autonómica en la cuenta anual rendida. Esta magnitud presupuestaria está 
determinada por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos 
líquidos al cierre del año, resultando un saldo negativo no afectado por 149.376 miles de euros, no 
figurando los recursos afectados pendientes de aplicación, al no haber sido cumplimentado el módulo 
de gestión de gastos con financiación afectada, no habiéndose incluido en consecuencia la información 
correspondiente en la Memoria de las cuentas anuales rendidas. La evolución negativa en el ejercicio  s
fiscalizado  en  esta  magnitud  obedece,  principalmente,  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  al  oe.
mpepanaagr nalaot  e,p denoenismt iesbiruelme nmsitn oasa aydcolediór o npus an ddraetee  e  eddlseuetvdla apo dmrsoaoap  gcciouno aiebtunjreodtrí. ac pi crdeieos  ucoopbrulrigeieasntcatieor.ina Fe, isnla ad lCmeo enmnatuteun,r iacdolaemdz aon  osp erhe hasa ue pssuetieñmsaatlaadrdoiao  i mapneptnoedrrtiioeern matelgesun ndteoe,    2021-14250n https://www.
 
 
El  remanente  de  tesorería  determinado  por  la  Administración  General  de  la  Comunidad  debe 
disminuirse en 21.691 miles de euros, como consecuencia de las salvedades expuestas en los 
apartados anteriores, por lo que esta magnitud presupuestaria pasaría a presentar un saldo negativo 
de 171.067 miles de euros. A continuación se resumen dichas salvedades, con indicación del epígrafe 
del Informe en el que se analizan. 
Cuadro 26. Efecto de las salvedades en el remanente de tesorería 
(miles de euros) 
Subepígrafe 
CONCEPTOS  Salvedades 
del informe 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO     
-  Derechos no registrados por servicios asistencias prestados por el SERIS  II.4.1.3.1.B)  496 
-  Derechos no realizables   II.4.1.3.1.B)  (145) 
-  Minoración de derechos por deudores de dudoso cobro  II.4.1.3.1.B)  (22.042) 
TOTAL SALVEDADES    (21.691) 
 
II.4.1.6. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
El sector administrativo de la CA estaba compuesto en el ejercicio fiscalizado por los Organismos 
SERIS e Instituto de Estudios Riojanos. En el anexo IV.1 se indica el año de creación de estas 
entidades y los fines que tienen asignados, de acuerdo con sus Leyes de creación y adaptación a la 
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad. 
Como se ha expuesto en el subapartado II.2, relativo a la rendición de cuentas, estos organismos, con 
personalidad  jurídica  independiente  y  recursos  propios,  deberían  rendir  sus  cuentas  anuales 
individuales de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 y siguientes de la LFTCu y en su propia normativa 
de creación, en la que se establece su sometimiento al régimen de contabilidad pública, lo que llevaría 
aparejada la obligación de rendir cuentas al Tribunal, en virtud de lo previsto en el art. 36 de la Ley 
3/2003, de organización del Sector Público de la Comunidad, y en el art. 129 de la LHPR. Como en 
años  anteriores,  la  Comunidad  ha  rendido  para  estos  organismos  únicamente  la  información 
correspondiente a la ejecución de sus presupuestos de gastos integrados en la cuenta de la 
Administración General de la Comunidad como secciones presupuestarias independientes, de acuerdo 
con lo previsto en las Disposiciones transitorias de sus Leyes de creación. 
 
 
De acuerdo con las liquidaciones del presupuesto rendidas, las obligaciones reconocidas por los OOAA 
de la Comunidad han ascendido en el ejercicio 2017 a 283.011 miles de euros, tal como se muestra a 
continuación. 
Cuadro 27. Obligaciones reconocidas por los Organismos autónomos de la CA 
(miles de euros) 
Organismo  Ejercicio 2017 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  282.043 
Instituto de Estudios Riojanos  968 
Total  283.011 
 
El 99,7 % por ciento del total de gastos reconocidos en el ejercicio fiscalizado por los OOAA de la CA 
correspondía al SERIS, dentro del cual los gastos de personal y los correspondientes a bienes 
corrientes y servicios, representaban el 63 % y 36 %, del total, con 177.777 y 101.968 miles de euros, 
respectivamente. En el subepígrafe II.6.5.3 se exponen los resultados obtenidos del análisis de la 
gestión de esta Entidad en el ejercicio fiscalizado. 
II.4.1.7. RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
En el ejercicio fiscalizado la CAR estaba integrada por las siguientes entidades sometidas al régimen 
de contabilidad pública: ADER, CEIS, CARE, Consejo de la Juventud y Universidad de La Rioja. En el 
anexo IV.1 se indica el año de creación de estas entidades y los fines que tienen asignados, de acuerdo 
con sus Leyes de creación y adaptación a la Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad. Las cuentas anuales de la Universidad de La Rioja son objeto de un análisis 
específico dentro de las actuaciones de fiscalización del Tribunal de Cuentas. 
 
 
La situación económica y financiera de estas entidades, al cierre del ejercicio fiscalizado, presentaba 
las siguientes magnitudes agregadas. 
Cuadro 28. Situación económica y financiera agregada del resto de entidades del sector público 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  Ejercicio 2017 
BALANCE   
ACTIVO TOTAL  359.786 
Inmovilizado  173.272 
Circulante  186.514 
PASIVO TOTAL  359.786 
Fondos Propios  303.090 
Acreedores a largo plazo  32.060 
Acreedores a corto plazo  24.636 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL   
Resultado actividad ordinaria  (2.184) 
Resultado de otras operaciones no financieras  212 
Resultado de las operaciones no financieras  (1.972) 
Resultado de las operaciones financieras  3.143 
Resultado neto del ejercicio  1.171 
 
Los resultados agregados registrados por estas entidades en el ejercicio reflejan un ahorro de 1.171 
miles de euros frente a los 107 miles de euros obtenidos en el ejercicio anterior, con origen, 
principalmente, en los resultados positivos obtenidos por el CARE por importe de 4.408 miles de euros, 
frente a los 734 miles de euros del ejercicio anterior, debido principalmente a las subvenciones para la 
financiación de operaciones financieras. El saldo agregado de los acreedores asciende, a 31 de 
diciembre de 2017, a 56.696 miles de euros, que incluye las deudas con entidades financieras por 
operaciones de endeudamiento de la ADER, la Universidad de La Rioja y el Consejo de la Juventud, 
por unos importes de 2.658, 3.417 y 39 miles de euros, respectivamente, con un decremento interanual 
del 43 %.  
El resultado presupuestario agregado desciende en 2.636 miles de euros situándose en 5.618 miles 
de euros en 2017, debido, principalmente, a la disminución del resultado en la ADER por importe de 
1.625 miles de euros.  s
Los presupuestos de ingresos del resto de entidades integrantes del sector público administrativo de  w.
la CAR recogen unas transferencias corrientes y de capital recibidas de la Administración General de  250ww
 
 
la Comunidad en el ejercicio 2017 por un importe agregado de 69.338 miles de euros, tal como se 
muestra a continuación. 
Cuadro 29. Transferencias recibidas del resto de entidades integrantes del sector público 
administrativo 
 (miles de euros) 
Transferencias 
Entidad 
recibidas  
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  18.225 
Consejo de la Juventud  57 
Consorcio para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil de 
3.973 
La Rioja (CEIS) 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)   12.683 
Universidad de La Rioja   34.460 
Total  69.398 
 
Por lo que se refiere a la Universidad de La Rioja, con fecha 21 de marzo de 2016 se suscribió un 
Protocolo de financiación plurianual de la CAR a la Universidad de La Rioja para el período 2016-2019, 
entre ambas partes, en el que se han recogido los compromisos económicos y las fuentes de 
financiación de la Universidad de La Rioja para dichos años, en dos modalidades: una financiación 
básica, sobre la que se aplicará un incremento anual del 2 %, siempre que no se supere en ningún 
caso el límite que determina la regla de gasto, y otra condicionada, destinada a financiar áreas 
relacionadas con la oferta docente de la Universidad de La Rioja, la renovación metodológica, la mejora 
de la calidad de la docencia, la investigación y la gestión, la internacionalización, así como la 
investigación y la transferencia del conocimiento. 
En relación con los consorcios participados por la CAR, como se ha señalado en el subapartado II.1, 
en el ejercicio fiscalizado la CAR participaba en el CARE y en el CEIS.  
En relación con el primero, es preciso señalar, que a la finalización de la fiscalización, en septiembre 
de 2019, continuaba sin llevarse a efecto la modificación de sus estatutos necesaria para la adscripción 
de este Consorcio bien a la Administración de la Comunidad, bien a la Administración del Ayuntamiento 
de Logroño. 
La Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor con 
carácter general tuvo lugar el 2 de octubre de 2016, ha regulado con carácter básico para todo el 
Estado el régimen jurídico de los consorcios en los arts. 118 y siguientes, de forma análoga a lo 
expuesto. De esta manera, la ineludible adscripción a una de las administraciones consorciadas resulta 
precisa por cuanto somete a cada consorcio al régimen de presupuestación, contabilidad y control de 
la Administración Pública a la que estén adscritos y exige llevar a cabo una auditoría de las cuentas 
anuales atribuyendo su responsabilidad al órgano de control de la Administración a la que se haya  s
adscrito el consorcio. Finalmente, según señala esta norma, los consorcios deberán formar parte de  oe.
los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.  w.
PAdomr cinoinstsriagcuiioennetes, A sueto rneóitmeriaca l ay  Lnoeccaels qiduaed f otramntaans  pvaerctee sd es leañ Jaulandtaa  ddee G qoubeie lronso  dreepl rCeosnesnotarcnitoe ss udpee rleans 
llaos q vuoel upnetramdietisrá e cnocnocnlturiar dsaosb rhea ssuta c laar áfecctehra  pyú rbeliscuoe alvuatonn dóemfiinciotiv oa mloceanlt ey  lsau a cdosncsreipccuióenn tdee in etestgar aecniótind aedn,   BOE-A-cable e
 
 
uno o en otro sector público. En tanto esta situación no se alcance, el criterio seguido en los informes 
anuales de fiscalización es el de considerar, transitoriamente, a dicha Entidad dentro del sector público 
de la CAR, en línea con el criterio de adscripción llevado a cabo por la IGAE como integrante del sector 
Administraciones Públicas y su consiguiente consideración a efectos del cálculo y determinación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Comunidad. 
Por lo que se refiere al CEIS, cuyo objeto es la prestación en régimen de gestión directa del servicio 
de extinción de incendios, salvamento y protección civil, a pesar de que en 2017 se han modificado 
sus  estatutos,  declarando  la  adscripción  del  mismo  a  la  CAR  con  sujeción  al  régimen  de 
presupuestación, contabilidad y control de la CAR; sin embargo, se ha verificado que el régimen 
presupuestario y contable aplicado por el Consorcio en dicho año ha sido el establecido en la 
legislación de régimen local al haber seguido el PGCP adaptado a la Administración Local, aprobado 
por la O. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal 
de  contabilidad  local  y  la  O.  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  O. 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 
II.4.2. Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma 
El sector empresarial de la CA estaba integrado en el ejercicio fiscalizado por tres sociedades públicas, 
cuya relación nominal así como el detalle de los objetos sociales y los años de constitución se recogen 
en  el  anexo  IV.2.  Asimismo,  la  Administración  Autonómica  participaba  directamente  de  forma 
minoritaria en otras dos sociedades8.  
La CGSPE de la CAR correspondiente al ejercicio 2017 se ha formado por la Intervención General de 
la CAR mediante la agregación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de las tres sociedades 
mercantiles en las que la Administración de la CA ostentaba al cierre del ejercicio una participación 
mayoritaria en su capital social. Como se ha expuesto en el subapartado II.2 relativo a la rendición de 
cuentas, en dicho estado no se ha incorporado el estado agregado de flujos de efectivo. 
En relación con el contenido de la CGSPE, cabe señalar que la Memoria establecida en el art. 122.1.d 
de la LHPR, no ha proporcionado información suficiente para explicar la composición de las partidas 
que integran el balance y la cuenta de resultados, existiendo importantes carencias, especialmente en 
relación con la liquidación de los presupuestos de explotación y capital de las sociedades. Esta 
deficiencia en materia de planificación de la actividad económico-financiera de las entidades que 
integran el sector público la CAR también supone un incumplimiento de lo establecido en el art. 122.2 
de la LHPR, en el que se establece que la Cuenta General suministrará información sobre la ejecución 
y liquidación de los presupuestos, así como del grado de realización de los objetivos. 
                                                
8 La Administración General participaba de forma directa en un 25 % en la sociedad Logroño Integración Ferrocarril 2002, S.A.
y un 0,003 % en TRAGSA.
 
 
La composición del sector empresarial autonómico en 2017 se presenta a continuación, con indicación 
de los porcentajes de participación pública en el capital social de cada empresa. 
Cuadro 30. Sector empresarial autonómico 
 (%) 
Sector 
EMPRESAS  Otras  Total 
autonómico 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  95,69  4,31  100 
La Rioja Turismo, S.A.U.  100  0  100 
Valdezcaray, S.A.  99,99  0,01  100 
 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 se recogen el balance agregado y la cuenta de pérdidas y ganancias 
agregada que componen la Cuenta General rendida del sector empresarial de la Comunidad para el 
ejercicio 2017. 
La situación económica y financiera del sector empresarial de la CAR, al cierre del ejercicio fiscalizado, 
presentaba las siguientes magnitudes agregadas: 
Cuadro 31. Situación económica y financiera agregada sector empresarial 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  Ejercicio 2017 
BALANCE   
- Activo total   75.065 
. No corriente  53.550 
. Corriente  21.515 
- Patrimonio neto  64.035 
- Pasivo no corriente  6.787 
- Pasivo corriente  4.243 
CUENTA DE RESULTADOS   
- Resultados de explotación   (4.102) 
- Resultados financieros  (69) 
- Resultados antes de Impuestos  (4.171)  oe.
- Impuestos s/Bº  (101)  250ww
- Resultado del ejercicio  (4.272)

 
 
Los resultados agregados del ejercicio registran un saldo negativo de 4.272 miles de euros, lo que 
supone una mejora del 3 % respecto de 2016, habiéndose alcanzado resultados negativos en las tres 
sociedades, destacando las pérdidas de la sociedad La Rioja Turismo, S.A.U. por importe de 2.076 
miles de euros. Por otro lado, el patrimonio neto de la sociedad Valdezcaray, S.A. se encontraba a 31 
de diciembre de 2017 por debajo de las dos terceras partes del capital social, por lo que de acuerdo 
con lo previsto en el art. 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad 
debía  reducir  capital  social.  Se  ha  comprobado,  como  hechos  posteriores,  que  no  ha  habido 
variaciones en su capital, manteniéndose su patrimonio por debajo de las dos terceras partes del capital 
social. 
La Administración de la Comunidad ha reconocido en el ejercicio 2017 obligaciones por transferencias 
y subvenciones a favor de las sociedades IRVISA y La Rioja Turismo, S.A.U. por importe de 22 y 5.871 
miles de euros, respectivamente. 
A 31 de diciembre de 2017 el endeudamiento con entidades de crédito de las empresas de la 
Comunidad, de acuerdo con la información facilitada por la Administración Autonómica, ascendía a 
3.165 miles de euros, correspondientes en su totalidad a IRVISA. 
En la fiscalización se ha comprobado que las operaciones de endeudamiento se han registrado de 
acuerdo con lo previsto en la norma de valoración nº 9 del PGC, que dispone que la valoración inicial 
de estos pasivos financieros se realice por su valor razonable, y posteriormente por su coste 
amortizado, imputándose los intereses devengados a la cuenta de pérdidas y ganancias por el método 
del tipo de interés efectivo.  
En cuanto al control de las empresas públicas autonómicas, debe señalarse que todas las sociedades 
han sometido a auditoría contable externa sus cuentas anuales del ejercicio 2017, cuyos informes 
presentaron opiniones favorables sin salvedades. De las comprobaciones realizadas durante la 
fiscalización, se realizan las observaciones y hechos relevantes sobre las cuentas anuales que se 
indican a continuación, las cuales no alteran la opinión manifestada en los citados informes de 
auditoría. 
En primer lugar, es preciso indicar, como se ha indicado anteriormente, que todas las sociedades han 
presentado  en  2017  y  en  ejercicios  anteriores  de  forma  recurrente  unos  resultados  negativos 
significativos, incluso a nivel de explotación, lo que podría suponer un riesgo en cuanto a la capacidad 
de las empresas para continuar con su actividad desarrollada, así como respecto a la posible 
depreciación del valor razonable de sus activos en relación a su valor contable por la incapacidad de 
generar el flujo necesario de efectivo para la rentabilidad y amortización de sus activos.  
En este sentido, se ha evaluado a nivel global dicha situación deficitaria en el contexto de la titularidad 
pública autonómica de estas empresas, considerando a todas ellas como generadoras de economías 
externas positivas para la Comunidad. En el caso de La Rioja Turismo, S.A., a través de la dotación de 
servicios de infraestructuras generadores de actividad económica en general, en el sector turístico; en 
Valdezcaray, S.A., como motor económico de la comarca, generando empleo y riqueza en zona rural; 
y finalmente, en IRVISA, por la propia función social de facilitar el acceso a la vivienda de protección 
social en la CA. 
En relación con IRVISA, una de las actividades principales de la sociedad dentro de su objeto social 
es la promoción y rehabilitación de viviendas, realizando una función social para facilitar el acceso a la 
vivienda de protección social. Este sector de actividad se ha visto muy afectado por la reciente crisis  es
económica que supuso una casi total paralización en su actividad de promoción, limitándose su  o
aaveiclnv cttiiieevdninaddtdaraaed rs esm nefie n earacnlqna uceniiletl eidlr reaa ssd la eaorl  r vloGael lonocbt oadile aeyrb  npaoorlroq adgucerilia eóLmrn a dac eRso  nivso iovjlaacie, i aRnlaldee asdg s ecS soyot miocóitonar o ll dasde  ediln  eFfmnaoomunmeidlbiioanle saSs dd ocaeco s“ianHfals ivptNroouartiecdeicocoiasdn  aaJeslon  dv daeeeñn  Vo”L,sia vl a aieR nbnitoodejlarasisoa y r dd elaees     2021-14250n https://www.
ventanilla única de viviendas.
 
 
La evaluación de los riesgos en el contexto de la titularidad pública autonómica de la sociedad indica 
que estos se encuentran suficientemente atenuados además de por su situación patrimonial, como 
consecuencia de los beneficios retenidos en reservas, por el carácter público de la sociedad en el 
desarrollo de la política social autonómica, lo que motiva el constatado apoyo financiero de la CAR. 
Todo ello sin perjuicio de que, a nivel estratégico, sea preciso analizar si la actividad de la empresa 
debe seguir dirigiéndose “al mercado” o si por el contrario se redirija “a la producción de bienes y 
servicios” con un carácter puramente social, en cuyo caso debería cuestionarse la oportunidad de 
mantener su forma societaria. 
En cuanto a la posible depreciación de sus activos, se ha comprobado la existencia de promociones 
terminadas, con viviendas, garajes y trasteros de elevada antigüedad, que presentan a nivel global una 
lenta rotación como consecuencia de la crisis. A su vez, los datos de la evolución de las ventas de los 
últimos ejercicios y las reducciones generales de precios de venta de todas las existencias (un 26 % 
en el plan de ventas aprobado para 2017 y la autorización a la venta de activos un 6,2 % por debajo 
de su valor contable acordado por el Consejo de Administración de la sociedad en 2018) ponen de 
manifiesto que el valor neto realizable de las existencias, tanto en las promociones en curso, como 
terminadas y los terrenos al cierre del ejercicio fiscalizado sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, sin que se hayan efectuado correcciones valorativas reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
En relación con ello, aunque las expectativas de precios aplicables a la ventas dentro del entorno de 
recuperación del sector son favorables, no se ha dispuesto de unos estudios de mercado concluyentes 
y específicos respecto a las promociones de IRVISA, ni tampoco respecto al grado de realización de 
las viviendas de su stock, de modo que no ha sido posible determinar de forma precisa tal depreciación, 
y cuya reversión según las normas y principios contables está condicionada a un cambio en las 
condiciones que lo motivaron9.  
Por otra parte, en relación a las viviendas que IRVISA mantiene en alquiler, según lo dispuesto en la 
O. de 28 de diciembre de 1994 del Ministerio de Economía y Hacienda y la consulta 5 publicada en el 
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 78, dado que estos 
inmuebles están generando flujos de efectivo como consecuencia de su arrendamiento, los mismos 
deberían recogerse como inversiones inmobiliarias y no como existencias, independientemente del 
objeto social de la empresa. Según los datos facilitados por la sociedad, el parque de viviendas de 
alquiler a la finalización de 2017 era de dieciséis inmuebles. 
En otro orden de cosas, se ha observado que en la promoción de 19 viviendas denominada “Las 
Medranas” sita en Calahorra se aprobó un expediente de reintegro de dominio de la parcela al 
Ayuntamiento de Calahorra como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar las obras de la 
promoción por la aparición de restos arqueológicos. El coste de las existencias que IRVISA tenía 
registrado en su balance al 31 de diciembre de 2017 ascendía a 379 miles de euros y las subvenciones 
estatales  percibidas  por  la  sociedad  del  Plan  Estatal  de  Fomento  al  Alquiler  de  la  Vivienda, 
Rehabilitación edificatoria y regeneración y renovaciones urbana para el periodo 2013-2016 a 138 
miles de euros. Por otra parte, debido a la mencionada imposibilidad de ejecución de las obras se 
acordó con el Ayuntamiento de Calahorra una indemnización por la resolución de cesión gratuita de 
191 miles de euros, que fueron abonados en 2018. 
Como hechos posteriores, se ha comprobado que IRVISA ha contabilizado en 2018 la baja de estas 
viviendas a través de la variación de existencias y ha registrado los ingresos extraordinarios derivados 
de la indemnización señalada. Respecto a la posible devolución de las cantidades recibidas por los  es
ingresos del Plan de Vivienda asociados a esta promoción que finalmente no pudo construirse y su  bo
                                                
d9 eE sla  dceocrrire, csci iólans  dceirbceurnás staenr coiabsje tqou dee c raeuvsearrsoiónn l are ccoornreocccieiónnd od eels vea vloarl odre c olams oe xuins tienngcreiasso  heunb liae sceune ndteaj addeo p déerd eidxaisst iyr,  geal nimanpcoirates 
de la sociedad.
 
 
posible efecto sobre la cuenta de resultados de la sociedad, no se ha tenido constancia documental 
que acredite la solicitud e inicio de reintegro de dichas cuantías por parte del Ministerio de Fomento. 
En relación con la sociedad La Rioja Turismo, S.A., dentro del epígrafe del inmovilizado destacan las 
instalaciones del Palacio de Congresos, con un coste de 35.955 miles de euros y una amortización 
acumulada de 12.338 miles de euros. Estos activos, puestos en funcionamiento en el año 2004, se 
encuentran construidos en un terreno propiedad de la CAR, sobre el que se constituyó un derecho de 
superficie formalizado en 2003 a favor de la sociedad por un plazo de 50 años; transcurrido dicho plazo, 
las edificaciones pasarán de forma automática a ser propiedad de la Comunidad, sin ninguna otra 
contraprestación ni indemnización. Se ha constatado que la sociedad no ha registrado contablemente 
el terreno afecto al derecho de superficie al no disponer de una valoración fiable del mismo.  
Por otra parte, cabe destacar que las inversiones en el Palacio de Congresos y en el Parque de Enciso 
se financian anualmente por medio de ampliaciones de capital de la CAR, que también se aplican 
anualmente a cubrir el déficit de explotación generado por los recursos turísticos, incluyendo el efecto 
del mayor gasto fiscal derivado del cambio normativo operado sobre la prorrata de IVA soportado.  
Finalmente, en cuanto a Valdezcaray, S.A., debe señalarse que el desarrollo de la actividad de la 
estación depende en gran medida de las precipitaciones de nieve, contando como complemento con 
la fabricación artificial de nieve. Por ello, la sociedad llevó a cabo un proyecto de remodelación muy 
ambicioso desde el ejercicio 2000 al 2006, habiéndose realizado en ejercicios posteriores de forma 
complementaria una serie de inversiones y mejoras necesarias para mantener las instalaciones en 
condiciones de uso y funcionamiento. Estas inversiones suponen más del 95 % de los activos totales 
de la sociedad y su mantenimiento y amortización constituyen partidas muy relevantes en la cuenta de 
resultados final.  
La sociedad, como se ha indicado, presenta de forma recurrente resultados contables negativos, 
incluso a nivel de explotación, si bien los flujos de caja suelen ser positivos. Así pues, contemplando 
los resultados de la sociedad en una óptica de varios ejercicios, puede concluirse que, en conjunto, 
aunque la sociedad fuese capaz de generar los suficientes ingresos para atender sus gastos corrientes, 
resulta improbable que pueda asumir el coste de las amortizaciones contables y el de la renovación de 
los activos de la estación de esquí.  
En la fiscalización se han solicitado, pero no se han recibido, los estudios o análisis que, en su caso, 
se hubieran realizado respecto al impacto (externalidades positivas) que la estación haya generado, 
genere o vaya a generar como motor económico de la zona, creando riqueza y empleo, así como otros 
estudios de viabilidad y sostenibilidad económica o análisis coste-beneficio de la estación.  
II.4.3. Cuenta General de las fundaciones autonómicas 
El Estatuto de Autonomía de La Rioja incluye en su art. 8.1.34 entre las competencias exclusivas de la 
CA las referidas a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial 
de la CA, sin perjuicio de las competencias que el art. 149 de la CE reserva al Estado. La CAR ha 
establecido una normativa propia para regular el funcionamiento y la actividad de las fundaciones que 
desarrollen principalmente sus funciones en su ámbito territorial a través de la Ley 1/2007, de 12 de 
febrero.  
En 2017 el sector fundacional autonómico estaba formado al cierre del ejercicio por 10 fundaciones en 
las que la Comunidad, directa o indirectamente, participaba mayoritariamente en sus dotaciones  e.e
fundacionales, en sus patronatos o en la financiación de su actividad, y cuya relación nominal se detalla  b
en el anexo IV.3 junto con un resumen de sus fines fundacionales y la indicación de su año de creación.  250ww
La Cuenta General del sector público fundacional de la CAR, debe formarse, de acuerdo al art. 122.1.c)
dloes  lpar LinHcPipRio,s m deed ciaonnttea blail iadgarde greaccoiógnid oo cso enns oelli dRaDc i1ó4n9 d1e/2 la0s1 1cu, deen t2a4s  ddee  loacst uebnrtied,a pdoers e, lq quuee d seeb eanp raupelbicaanr 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
 
 
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en la Resolución de 26 de marzo 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 
La CGSPF rendida para el ejercicio 2017 está integrada por el balance agregado y la cuenta de 
resultados agregada. Estos estados financieros han sido elaborados por la Intervención General de la 
Comunidad mediante la agregación de las cuentas anuales individuales rendidas por las siguientes 
Fundaciones: FRS; FHC; Fundación San Millán de la Cogolla; Fundación Práxedes Mateo Sagasta; 
Fundación Tutelar de La Rioja; Fundación Rioja Deporte, Fundación Riojana para la Innovación y 
FUBESOR.  
Como ya se ha expuesto en el subapartado II.2 relativo a la rendición de cuentas, en las CGSPF la 
Intervención General de la CA no ha integrado las cuentas anuales de la Fundación General de la 
Universidad de La Rioja y de la Fundación Dialnet, al encontrarse ambas entidades pendientes de 
clasificación en el inventario de entes dependientes de la CAR, si bien las cuentas de dichas 
fundaciones se remitieron al Tribunal como anexo a la Cuenta General de la Universidad de La Rioja.  
En relación con la Fundación General de la Universidad de La Rioja y la Fundación Dialnet, tal y como 
ya se ha expuesto en anteriores informes de fiscalización, debe considerarse que ambas fundaciones 
pertenecen al sector público de la CAR, con independencia de las variaciones que hayan podido 
producirse en la dotación fundacional, inicialmente aportada íntegramente por la Universidad, dado que 
esta última siempre ha ejercido desde el momento de su constitución el control efectivo sobre las 
decisiones del Patronato de las fundaciones, en la medida en que la mayoría de los miembros del 
patronato son nombrados y pertenecen a la misma, y las financia mayoritariamente. En este sentido, 
debe destacarse que la no consideración de dichas entidades como públicas, dada su dependencia de 
la Universidad, las excluiría, especialmente en el caso de la Fundación General de la Universidad, de 
la posibilidad de desarrollar las actividades que aquella le ha encomendado, particularmente la 
realización de contratos amparados en el art. 83 de la LOU. En consecuencia, con independencia de 
que la CA pueda valorar los posibles cambios normativos para la consideración de estas entidades 
como integrantes del sector público autonómico, y sin perjuicio de la previsible clasificación de dichas 
entidades dentro del sector Administraciones Públicas a efectos de la determinación del déficit público 
de la Comunidad, le resultan aplicables las normas presupuestarias y de control establecidas para la 
misma.  
No obstante, el efecto derivado de la posible falta de agregación de las entidades señaladas en los 
párrafos anteriores sobre la representatividad de la Cuenta General de la CA, así como sobre el déficit 
del conjunto de la Comunidad no se considera relevante, habida cuenta el volumen de gasto incurrido 
por las mismas en el ejercicio fiscalizado.  
En otro orden de cosas, la ausencia de criterios uniformes en la determinación del ámbito subjetivo de 
las entidades dependientes del sector público de la Comunidad, ha provocado discrepancias entre las 
fundaciones incluidas en la LP para el ejercicio 2017 y las integradas por la Intervención General de la 
Comunidad en la CGSPF de dicho año.  
Por otra parte, la CGSPF, al igual que se ha indicado anteriormente para la CGSPE, no ha 
proporcionado información sobre la liquidación agregada de los presupuestos de explotación y capital, 
carencia en materia de planificación de la actividad económico-financiera de las entidades que integran 
el sector fundacional de la CAR, que supone un incumplimiento de lo establecido en el art. 122.2 de la 
LHPR.  es
Efeujnen rdlcoaiscc iiaoon n2ee0xs1o 7isn.  tI e.3g-r1a dy aI.s3 e-2n  slae  Cprueesnetnat aG eeln bearalal nrceen daigdrae gdaedl soe yc tloar c fuuenndtaac dioen rael sduelt alad Coso magurneigdaadda p daera l aesl   2021-14250n https://www.
 
 
La situación económica y financiera del sector fundacional de la CAR, al cierre del ejercicio 
fiscalizado, presentaba las siguientes magnitudes agregadas. 
Cuadro 32. Situación económica y financiera agregada del sector fundacional 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  2017 
BALANCE   
- Activo total   52.062 
. No corriente  42.463 
. Corriente  9.599 
- Patrimonio neto  18.601 
- Pasivo no corriente  437 
- Pasivo corriente  33.024 
CUENTA DE RESULTADOS   
- Excedente de la Actividad  (3.029) 
- Excedente de las operaciones financieras  (202) 
- Excedente antes de impuestos  (3.231) 
- Impuestos s/Bº  0 
- Variación del P.N. reconocida en el excedente del ejercicio  (3.231) 
- Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
(286) 
directamente patrimonio neto 
- Ajustes y variaciones  (235) 
- Resultado del ejercicio  (3.752) 
 
El activo global del sector público fundacional asciende a 52.062 miles de euros, correspondiente en 
su mayor parte al inmovilizado de las FRS y FHC. El patrimonio neto disminuye un 35 % hasta situarse 
en 18.601 miles de euros en 2017, debido principalmente al excedente de la actividad negativo de las 
fundaciones FHC y FRS, que se sitúan en 2.358 y 953 miles de euros, respectivamente, como 
consecuencia, principalmente, del aumento de los gastos de personal, así como del déficit de dotación 
presupuestaria de ambas fundaciones. 
De acuerdo con la información facilitada por la CAR y la reflejada en sus cuentas anuales, las 
transferencias y subvenciones recibidas por las fundaciones han ascendido a un total de 57.068 miles  e
 
 
de euros, de las que 57.015 miles de euros fueron de procedencia autonómica, tal y como se expone 
a continuación: 
Cuadro 33. Transferencias y subvenciones recibidas sector fundacional 
(miles de euros) 
Sector Administrativo 
Transf. y 
subvenciones 
FUNDACIONES  Transf. y  Transf. y  Total 
de otras Adm. 
subvenciones  subvenciones 
Publicas 
corrientes  de capital 
Fundación  Benéfico-Social  de  La  Rioja 
561  0  0  561 
(FUBESOR) 
Fundación Dialnet  343  0  0  343 
Fundación Hospital Calahorra (FHC)  32.826  530  0  33.356 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  38  0  0  38 
Fundación Rioja Deporte  260  0  0  260 
Fundación Rioja Salud (FRS)  19.613  242  0  19.855 
Fundación Tutelar de La Rioja  1.805  0  0  1.805 
Fundación General de la Universidad de La Rioja  18  0  41   59 
Fundación Riojana para la Innovación  267  0  12  279 
Fundación San Millán de la Cogolla  512  0  0  512 
TOTAL  56.243  772  53  57.068 
 
El endeudamiento financiero de las Fundaciones de la Comunidad se ha situado, al cierre del 
ejercicio 2017, en 126 miles de euros, cuya situación se presenta a continuación para cada entidad, 
clasificado por vencimiento: 
Cuadro 34. Endeudamiento sector fundacional 
 (miles de euros) 
Fundación  Deudas Largo plazo  Deudas corto plazo  Total 
Fundación Dialnet  0  34  34 
Fundación Rioja Deporte  0  92  92 
TOTAL  0  126  126  e.
  250www.
Preoarl izloa dqou leo ss ceo nretrfoieleres  fainl acnocniterrool sd per eevsistatoss  eennt iedla adret.s 1, 6la3  dInet elarv LeHncPióRn ú nGiceanmereanl tdee p alara C laosm FuRnSid,a FdH hCa, 
Fmuanndifaiecsióton  aRsiopjeac Dtoesp soigrtnei,f iFcuantivdoasc.i ón Práxedes Mateo Sagasta y FUBESOR, no habiéndose puesto de  BOE-A-cable e
 
 
Por otra parte, las entidades Fundación Dialnet, Fundación Rioja para la Innovación, Fundación 
General Universidad Rioja y la Fundación Tutelar de La Rioja, no sujetas a la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, también han sometido a auditoría las cuentas anuales del ejercicio 2017, habiendo 
expresado en todos los casos opinión favorable. 
II.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.5.1. Estabilidad presupuestaria 
Se entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, la situación de 
equilibrio o superávit estructural, calculado conforme a la metodología utilizada por la Comisión 
Europea. 
A) Objetivo de estabilidad 
En el análisis realizado sobre las actuaciones de la CAR en el ejercicio 2017, en el marco de la 
estabilidad presupuestaria, se han obtenido los siguientes resultados: 
a) Perímetro de consolidación según los criterios del SEC 
Revisada  la  clasificación  efectuada  de  las  entidades  que  han  sido  incluidas  en  el  sector 
Administraciones Públicas de la CAR, se ha constatado que en el ejercicio fiscalizado no han sido 
consideradas a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria la Fundación 
General de la Universidad de La Rioja, la Fundación Dialnet y la FUBESOR, al encontrarse en 
estudio por parte de la IGAE y, por tanto, pendientes de clasificación.  
No obstante, es preciso indicar que, dado su volumen de operaciones en el ejercicio fiscalizado, la 
posible inclusión de las entidades señaladas anteriormente en el sector de Administraciones 
Públicas no hubiera tenido una incidencia relevante sobre la necesidad de financiación de la CA en 
términos sobre el PIB.  
b) Objetivo de Déficit 
Conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la LOEPSF, el 2 de diciembre de 2016 el Consejo de 
Ministros aprobó para el año 2017 un objetivo de estabilidad para el sector CCAA del 0,6 % del PIB. 
Los objetivos individuales para las CCAA de régimen común fueron aprobados por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016, quedando establecidos para cada una de ellas 
también en el 0,6 % de su PIB regional.  
b.1) Cumplimiento del objetivo de déficit en la elaboración del presupuesto 
En la revisión efectuada se ha comprobado que en los presupuestos aprobados de la CAR para 
2017 no se han incluido dentro de su ámbito subjetivo determinadas entidades, como la Universidad 
de La Rioja o el CARE, que, por el contrario, sí formaron parte del mencionado perímetro de 
consolidación y fueron consideradas posteriormente por la IGAE a efectos de determinar el déficit 
definitivo de la CAR una vez liquidado el presupuesto. Como se ha indicado en el subapartado II.1, 
las distorsiones y discrepancias existentes entre el ámbito subjetivo de los presupuestos de la CA,  e
las  Cuentas  Generales  de  la  CA  y  el  perímetro  de  consolidación  a  efectos  de  estabilidad  bo
presupuestaria vienen determinadas por la aplicación de diferentes criterios que deberían ser  250ww
CsPuoAprR eo rtearnad  olpasa  mmrteee,md eiaonnr irtaee l qalauc ieoó pnao ccrootumnn plaoa sañ daca áaplc tluaolcsoi ósp nrse odsbeur pelau  eenls odtroémsfia,c tsiitve da eh ala up etroesntsiómumpauidceoas  tpeoan ir naei scltaiaasl   meAfadetmcetriuniaais.d torasc pioonr elas   OE-A-2021-14able en https://
Públicas (con independencia de las discrepancias y distorsiones señaladas en el párrafo anterior)
 
 
una capacidad de financiación de 5,35 millones de euros. Teniendo en cuenta a los entes de 
presupuesto estimativo en términos consolidados el déficit alcanzaría una necesidad de financiación 
de 2,74 millones de euros que viene a representar el 0,03 por ciento del PIB regional, porcentaje en 
cualquier caso por debajo del límite de -0,6 % fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
diciembre de 2016. 
b.2) Cumplimiento del objetivo de déficit en la liquidación del presupuesto 
De acuerdo con el informe de 15 de octubre de 2018 emitido por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (MINHAFP) sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2017, la CAR ha cumplido el objetivo de estabilidad fijado para dicho 
año al haber registrado una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional de 29 
millones de euros, lo que representa un déficit del -0,36 % del PIB regional en dicho año, frente al 
objetivo antes mencionado del -0,6 %. En el siguiente cuadro se resume el cálculo de la necesidad 
de  financiación  elaborado  por  la  IGAE  para  el  ejercicio  fiscalizado  siguiendo  los  criterios 
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales:  
Cuadro 35. Necesidad de financiación 
 (Millones de euros) 
1. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS  (31) 
1.1. Saldo presupuestario no financiero  (25) 
1.2. Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de Cuentas  (6) 
1.2.1. Transferencias de la Administración Central, de la Seguridad Social  11 
1.2.2. Transferencias de Fondos Comunitarios  0 
1.2.3. Transferencias internas entre unidades administrativas de la Comunidad Autónoma  0 
1.2.4. Impuestos cedidos  0 
1.2.5. Recaudación incierta  (3) 
1.2.6. Aportaciones de capital  (16) 
1.2.7. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto  0 
1.2.8. Otros ajustes  2 
2. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES QUE GESTIONAN 
0 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
2.1. Saldo presupuestario no financiero  0 
2.2. Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de Cuentas  2 
2.3. Capacidad o necesidad de financiación de unidades empresariales que gestionan 
(2) 
Sanidad y Servicios Sociales 
3. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES EMPRESARIALES  s
EXCLUIDAS LAS QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  2  e.e
4. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1) + (2) + (3)  (29)  250ww
  % SOBRE EL PIB REGIONAL  (0,36)  OE-A-2021-14able en https://
 
 
Como hechos posteriores, se ha comprobado que, según el informe provisional de 10 de mayo de 
2019 sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y 
de la regla de gasto de las CCAA en el ejercicio 2018, al que hace referencia el art. 17 de la LOEPSF, 
la CAR también ha cumplido el objetivo de estabilidad establecido para dicho año, fijado por el 
Gobierno en el 0,4 % del PIB regional, al haberse registrado un déficit de 23 millones de euros, 
equivalente al 0,27 % del PIB regional.  
B) Regla de gasto 
De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la LOEPSF la variación del gasto computable de 
las CCAA no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio 
plazo  de  la  economía  española  calculada  y  publicada  por  el  Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad, que ha sido fijada para 2017 en el 2,1 %. 
La CAR ha incumplido en 2017 la regla del gasto, al haberse registrado una tasa de variación del 
gasto (2,6 %) superior a la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 
española en dicho año (2,1 %). Como consecuencia del citado incumplimiento, y según lo dispuesto 
en el art. 21 de la LOEPSF, la CAR elaboró un Plan económico-financiero (PEF 2018-2019) que fue 
evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en junio de 2018, quien 
consideró probable que la Comunidad pudiera cumplir en 2018 los objetivos de estabilidad, deuda 
y regla de gasto, evitando pronunciarse en relación con el ejercicio 2019 como consecuencia de la 
existencia de incertidumbres en la información. Este plan fue posteriormente aprobado por el CPFF 
el 31 de julio de 2018. Se ha comprobado, como hechos posteriores, el cumplimiento de la regla de 
gasto por parte de la CAR para el ejercicio 2018. 
II.5.2. Sostenibilidad financiera 
Se  entiende  por  sostenibilidad financiera  la capacidad para  financiar  compromisos  de  gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
A) Deuda comercial 
En el caso de la deuda comercial, se considera que existe sostenibilidad cuando el período medio 
de pago a los proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, 
plazo que para el año 2017 es de 30 días. 
Como se analiza con mayor detalle en el epígrafe II.6.2, el periodo medio de pago de las deudas 
por operaciones comerciales del sector público administrativo de la CAR en el ejercicio 2017 no ha 
superado el citado plazo máximo. 
B) Objetivo de deuda pública 
El Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016 estableció el objetivo de deuda pública de las 
CCAA para el ejercicio 2017 en el 24,7 % del PIB. Posteriormente, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de diciembre de 2016 aprobó los objetivos individuales de deuda de las CCAA, 
fijándose para el caso particular de la CAR en el 18,3 % del PIB regional. No obstante, los 
mencionados acuerdos permitían rectificar los objetivos de deuda pública o de contemplar como  s
excepciones a los efectos de su cumplimiento el incremento del endeudamiento contraído con el  e.
Estado en el marco de nuevas dotaciones durante el ejercicio de los mecanismos adicionales de  w.
financiación, siempre que no se destinasen a financiar vencimientos de deuda financiera o déficit  250ww
deenlt ideajedrecsic iyo  ovrignacnuilsamdoo,s a psúí bcloicmoso  epno re llo Sse icntcorre Amdemntinoiss tdraec dioenuedsa P dúebrliivcaadso ssi edme prreec lqauseif incaoc fiionnaensc iedne 
déficit del ejercicio. Ello permitió el incremento en el límite de deuda previsto para 2017 en 43
 
 
millones de euros, situándose finalmente el porcentaje del límite de deuda autorizado en el 19,5 % 
del PIB regional. 
Según el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública de la CAR, el 
volumen de deuda pública de la CAR a 31 de diciembre de 2017, computada por el Banco de 
España de acuerdo con la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), ascendía a 
1.570 millones de euros, equivalente al 19,2 % del PIB regional, poniendo de manifiesto el 
cumplimiento del objetivo de deuda por parte la CAR para dicho año.  
Como hechos posteriores, también se ha comprobado que el endeudamiento de la CAR al cierre 
del año 2018 ha cumplido con el objetivo de deuda fijado para dicho año. 
II.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.6.1. Gastos de personal 
Los gastos de personal del sector público de la CAR han representado en 2017 el 35 % del gasto 
consolidado de la CA, calculado una vez eliminadas las transferencias internas por las aportaciones 
efectuadas por la AG a las empresas y fundaciones autonómicas. 
El gasto en la AG de la CA y en las siguientes entidades integrantes de su sector público muestra un 
incremento respecto del ejercicio anterior del 2 %, situándose, a 31 de diciembre de 2017, en 526.644 
miles de euros.  
Cuadro 36. Gastos de personal del sector público autonómico 
(miles de euros) 
% 
  2016  2017  incremento 
s/2016 
Administración General  269.704  274.341  2 
Organismos autónomos   175.131  178.228  2 
Otras entidades públicas administrativas  7.393  7.327  (1) 
Universidad  30.209  31.772  5 
Empresas públicas  2.535  2.555  1 
Fundaciones  31.280  32.421  4 
TOTAL  516.252  526.644  2 
 
 
 
Las plantillas han experimentado incremento un neto conjunto del 2,5 %, presentando la siguiente 
evolución respecto del ejercicio anterior en los sectores administrativo, empresarial y fundacional 
de la CA: 
Cuadro 37. Evolución del personal del sector público autonómico 
% 
  2016  2017  incremento 
s/2016 
Sector público administrativo  12.527  12.825  2,4 
Sector empresarial  67  96  43,2 
Sector fundacional   739  749 (*)  1 
TOTAL  13.333  13.670  2,5 
(*) Al amparo de lo dispuesto en el art. 48 de la LO de Universidades, la Universidad de La Rioja cuenta con personal asociado a sus 
grupos de investigación, cuyo coste se imputa al capítulo 6 de sus presupuestos, que no figura en el cuadro anterior, al no tratarse de 
personal de estructura. En el ejercicio fiscalizado su número ascendía a 73 efectivos (124 en 2016). 
En el anexo III.1 se detalla la composición de los efectivos reales empleados en el sector público 
administrativo en el ejercicio fiscalizado. 
II.6.1.1. SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
En este sector, los efectivos reales reflejan un crecimiento del 2,4 % respecto del ejercicio anterior, 
debido  al  aumento  tanto  de  los  interinos  docentes,  como  del  personal  laboral  fijo  de  la 
Administración General. La práctica totalidad del personal de los OOAA correspondía a los efectivos 
del SERIS, cuyo análisis se detalla en el subepígrafe II.6.5.2.B.  
A 31 de diciembre de 2017 los efectivos reales de este sector, se situaron en 12.825, tal y como se 
refleja en el siguiente cuadro:  
Cuadro 38. Evolución del personal del sector público administrativo 
% 
  2016  2017  incremento 
s/2016 
1. Administración General  7.688  7.895  3 
1.1. Personal Docente  3.856  3.894  1 
1.2. Resto Personal A.G.  3.832  3.991  4 
2. Organismos autónomos  3.975  4.091  3 
2.1. SERIS  3.962  4.077  3 
2.2. Instituto de Estudios Riojanos  13  14  8  oe.
3. Otros entes administrativos  161  157  (3)  250ww
4. Universidad de La Rioja  703  692  (2)
TOTAL  12.527  12.825  2
 
 
 
En cuanto a su composición, el 32 % de los efectivos existentes a 31 de diciembre de 2017 
correspondían al SERIS, el 30 % era personal docente no universitario, un 31 % pertenecía al resto 
de personal al servicio de la Administración General y el 7 % restante formaba parte de las plantillas 
de otras entidades administrativas y de la Universidad de La Rioja. 
En 2017 se han convocado 360 plazas a través del D. 48/2017, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017, de las que 122 plazas han correspondido a 
personal no docente de la Administración General, 112 al personal docente y 126 al personal 
estatutario del SERIS, todas ellas al amparo de los supuestos contemplados en el art. 19 de la LP 
para 2017, que permitía ya una tasa de reposición del 100 %.  
Respecto a la clasificación del personal de todo el sector administrativo, tal y como se refleja a 
continuación, a 31 de diciembre de 2017, el 88 % de los efectivos correspondía a personal 
funcionario y el 11 % a personal laboral. 
Cuadro 39. Clasificación del personal del sector público administrativo 
% 
Clasificación Personal  2016  2017  increment
o s/2016 
1. Altos cargos  57  59  3 
2. Personal eventual  48  48  0 
3. Personal funcionario  11.006  11.311  3 
3.1. De carrera  7.372  7.327  (1) 
3.2. Interino  3.634  3.984  10 
4. Personal laboral   1.416  1.407  (1)  
4.1. Fijos  756  844  12 
4.2. Temporales  660  543  (15)  
TOTAL  12.527  12.825  2 
 
Se mantiene la tendencia creciente comenzada en 2013 en el número de funcionarios interinos, 
tanto en la AG como en el SERIS, situándose su peso relativo sobre el total del personal funcionario 
a cierre de 2017 en el 35 %. A su vez, los contratos laborales formalizados por el sector público 
administrativo,  han  experimentado  una  disminución  del  1 %  respecto  de  2016,  afectando, 
principalmente al personal temporal docente.  
De acuerdo con la información facilitada por la CA, al 31 de diciembre de 2017 había un total de 40 
funcionarios interinos y 24 contratados laborales temporales que vienen desempeñando funciones  s
en ejecución de programas y a través de contratos de obras o servicios, respectivamente, que dado  e.
su carácter estable y no provisional, deberían ser objeto de cobertura mediante convocatoria de  w.
plazas  a  través  de  la  correspondiente  oferta  de  empleo  público,  así  como  a  través  de  las  250ww
m24o ldaibfiocaraclieosn ecos ndtera ltaa dpolasn mtilelan coirognáandicoas  qaunete fruioerrmane nptere, cqiusaes d. eS fea chtao  scoonm ipnrdoebfaindidoo qsu neo n fiinjogsu pnoor  dhea bloesr 
cporensceantetandaod od ecmonatnradtaoss  jutedmicpiaolerasl eresc slaumpearnadnod oe l lroesc opnlaozcoims ipernetvoi setxopsl íecnito l ad en oersmea etisvtaa tulasb loarbaol,r ahla. b ía  BOE-A-cable e
 
 
Por otra parte, a dicha fecha había 471 plazas vacantes de plantilla ocupadas con personal 
funcionario interino y laboral temporal, respecto de los cuales la Administración debería evaluar su 
carácter provisional o estable, de cara, en este último caso, a convocar los correspondientes 
procesos selectivos de personal, en cumplimiento del art.10.4 del EBEP y de la DA decimoquinta 
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET). 
Asimismo, a la finalización del ejercicio 2017 se mantenían los 80 laborales subrogados de la extinta 
Agencia del Conocimiento y la Tecnología y de la Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 
Agroalimentarios que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2013, fueron 
incorporados a la organización de recursos humanos de la AG de la CAR en condición de personal 
laboral indefinido no fijo. A la fecha de emisión de este informe no se habían sacado a oferta pública 
y cubierto los procesos de selección de dichos puestos, estando prevista su inclusión en los 
procesos de estabilización de empleo temporal derivados de las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017 y 2018, a lo largo de 2019 y 2020. 
Como consecuencia de las 51 sentencias y 81 autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Logroño en 2015 en las que se reconoció al personal funcionario de la 
AG de la CAR el derecho a disfrutar de los días hábiles adicionales de vacaciones consolidados 
antes del 1 de enero de 2012 correspondiente a los años 2012 a 2015 y el derecho a disfrutar de 
los días adicionales de asuntos particulares por razón de antigüedad consolidados antes del 31 de 
diciembre de 2012 correspondientes a las anualidades 2013 a 2015, la Administración de la CA 
dictó en el año 2017 un total de 294 resoluciones para la ejecución de autos recaídos en 
procedimientos de extensión de efectos de las mencionadas sentencias. También se dictaron de 
oficio 71 resoluciones reconociendo el mismo derecho en procedimientos de extensión de efectos 
de aquellas sentencias dictadas en 2015. En la fiscalización no ha sido posible cuantificar el coste 
derivado de las contrataciones por sustitución para la cobertura de los servicios prestados como 
consecuencia del reconocimiento judicial indicado. 
En el sector sanitario, tal y como se detalla en el epígrafe II.6.5, el SERIS mantenía a 31 de 
diciembre de 2017 una extraplantilla de 749 efectivos, habiéndose comprobado que a pesar de que 
su número no se ha reducido respecto al ejercicio anterior, sí han disminuido las personas 
contratadas por acumulo de tareas que ocupaban puestos de naturaleza estructural, pasando de 
60 en 2016 a 46 en 2017.  
Respecto a los procesos de selección de personal, en el ejercicio fiscalizado no se ha interpuesto 
ningún recurso contra las convocatorias de procesos selectivos, ni reclamaciones o impugnaciones 
a los mismos. 
Los procedimientos aplicados para la realización de las pruebas selectivas y para la formación de 
las listas de espera, según la información aportada en la fiscalización, han seguido los criterios 
previstos en los anexos XII.1.A y IX.1.a, respectivamente, del acuerdo y convenio colectivo de la 
CAR, no habiendo tenido lugar reclamaciones ni impugnaciones respecto de la mencionada 
confección de listas. También se ha constatado la presentación de 54 ofertas genéricas al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE) para la cobertura de diferentes vacantes, previo informe emitido 
por las Secretarías Generales de las Consejerías solicitantes. 
La tasa de reposición de efectivos se ha aplicado de acuerdo con los límites establecidos en la 
LPGE para 2017 que, en concreto, para determinados sectores como el educativo y sanitario, ha 
alcanzado el 100 %, no habiéndose incluido en la OPE para 2017 ninguna plaza procedente de la  e.e
tasa adicional autorizada para la estabilización de empleo temporal contemplada en el art. 19 uno.6  b
de la LPGE para 2017.  250ww
Afcroel bn3et1er t duaer a l oddsice i3e 4mp4ub eresext oidsset e vn2at0ec1sa7 n atse elsa ,m  f2ian2na tlaeiz napícauinóe nset onds ec lo reamsñiesori óvaannd tdoeesri  osyre,  r1vd3iec7 io lo esur anqn ut oedt ae8l  0cd aesr eá2 c3dt9ee rsf utfionnrcazirooonsnao r,a io nlsao,    OE-A-2021-14able en https://
habiendo sido posible conocer la duración de las mismas y por tanto verificar el cumplimiento del
 
 
art. 7 del D. 78/1991 de 28 de noviembre, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, según el cual las comisiones de servicio pueden autorizarse por un periodo máximo de dos 
años o de seis meses para el supuesto de cobertura de plazas vacantes. No se ha informado de 
este extremo en el portal de transparencia de la CAR. 
Finalmente, cabe indicar que el D. 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera 
horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de AG de la CAR y 
sus OOAA, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2017, ha establecido la implantación de un 
sistema de carrera profesional basado en la evaluación del desempeño, valorándose de forma 
objetiva  la  trayectoria  y  actuación  profesional,  la  calidad  de  los  trabajos  realizados,  los 
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, basado en los principios 
de igualdad, objetividad y transparencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Gobierno de 13 de mayo de 2016, por el que se ratificó el Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación Colectiva, prevista en el art. 36 del EBEP, en materia de recuperación de 
derechos de los empleados públicos de la AG de la CAR, en el mes de diciembre de 2017 se realizó 
un pago por 4.262 miles de euros en base al procedimiento de evaluación del desempeño del puesto 
establecido en la Disposición transitoria primera del D. 50/2017. Previamente, en julio de 2016, la 
OCP había emitido un informe sobre el impacto en términos presupuestarios de la implantación del 
sistema de desarrollo y carrera profesional en 2017 en el que se estimó un coste total de 
implantación y desarrollo de la carrera profesional de 14.425 miles de euros, determinándose la 
fórmula de la implantación progresiva del sistema de carrera profesional y autorizándose a tales 
efectos un límite de masa salarial de 6.000 miles de euros por ese concepto para 2017.  
II.6.1.2. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
En el anexo III.2 se detalla la composición de los efectivos reales empleados en el sector público 
empresarial en el ejercicio fiscalizado. La evolución de las plantillas de las empresas públicas de la 
CA se expone en el cuadro que se acompaña a continuación, que muestra un incremento interanual 
en 2017 del 43 % como consecuencia, principalmente, de la mayor contratación de personal 
temporal en la sociedad Valdezcaray, S.A.: 
Cuadro 40. Evolución del personal del sector público empresarial 
% 
Empresa  2016  2017  incremento 
s/2016 
-  Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  19  20  5 
-  La Rioja Turismo, S.A.U.  29  27  (7) 
-  Valdezcaray, S.A.  19  49  158 
TOTAL  67  96  43 
 
II.6.1.3. SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL  
El detalle de los trabajadores de las fundaciones públicas de la CA en 2017 se presenta en el anexo  w.b
III.3, observándose que el 95 % de los mismos pertenecen a las FHC y FRS, entidades que, junto  250ww
aell  SnúEmReISro,  gdees etiomnpalena lad oass,i sctoenn coiraig seann ietasrpiae cdiael mlae CnAteR e. nE lna  2c0o1n7tr astea coibósne trevma puonr aalu dmee fnatcou dltealt i1v o%s  deen 
ddeifemraenndteasd eas. p ecialidades, enfermeras y auxiliares en la FHC para atender a la actividad asistencial
 
 
La evolución del personal de las fundaciones participadas mayoritariamente por la CA en los últimos 
ejercicios, de acuerdo con la clasificación de su personal, ha sido la siguiente: 
Cuadro 41. Evolución del personal del sector público fundacional 
Nº EMPLEADOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL  
(Efectivos reales a 31 de diciembre) 
Clasificación Personal 
% incremento 
2016  2017 
s/2016 
1. Altos cargos  6  6  0 
2. Personal laboral   733  743  1 
2.1. Fijos  453  442  (2) 
2.2. Temporales  280  301  7 
TOTAL  739  749  1 
 
II.6.2. Medidas contra la morosidad en el sector público 
La contracción de la actividad económica y la disminución de los recursos recaudados, unido al 
aumento en las exigencias para el acceso al crédito y las restricciones sobre el mismo, dieron lugar a 
la acumulación de deudas comerciales y retrasos en el pago de las obligaciones contraídas por las 
Administraciones públicas territoriales con sus proveedores de bienes y servicios, con el consiguiente 
perjuicio para la liquidez de las empresas. 
La necesidad de facilitar la puntualidad en los cobros y los procesos de reclamación fue abordada 
en la UE a través de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio 
de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, sustituida posteriormente por la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, que España transpuso a nuestro ordenamiento jurídico a través 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, y sus sucesivas modificaciones, entre las que destacan 
las recogidas en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, que incluyen, en primer término, la determinación de 
los plazos de pago en 30 días, la simplificación en el cómputo de los mismos, el incremento del tipo 
legal de interés de demora y la mejora de las condiciones de indemnización por costes de cobro. 
Asimismo, la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, 
modifica la LOEPSF, ampliando el principio de sostenibilidad financiera para incluir no solo la deuda 
financiera, sino también el control sobre la deuda comercial de las Administraciones. La LOEPSF 
considera cumplido dicho principio, siempre que el periodo medio de pago a los proveedores no 
supere el plazo máximo de 30 días previsto en la normativa sobre morosidad y establece, por otra 
parte, en su Disposición final 2ª, que corresponde al MINHAFP el desarrollo de la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas conforme a  e.e
criterios homogéneos teniendo en cuenta los pagos efectuados y las operaciones pendientes de  b
pago. Ello dio lugar a la aprobación del RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se determina el  250ww
 
 
cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas10  y  las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos 
en la LOEPSF. 
La evolución de la deuda comercial de la CAR en el ejercicio fiscalizado refleja una tendencia al 
alza, al pasar de 76.169 miles de euros a 1 de enero de 2017 a 94.891 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2017, según se expone a continuación, diferenciando entre deuda sanitaria y no 
sanitaria.  
Cuadro 42. Evolución deuda comercial de la CA 
(miles de euros) 
Deuda comercial  31/12/2016  31/12/2017 
Sanitaria  40.555  53.442 
No sanitaria  35.614  41.449 
Total  76.169  94.891 
 
II.6.2.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  
En el análisis realizado se ha puesto de manifiesto que, en el ejercicio 2017, el periodo medio de 
pago de las deudas por operaciones comerciales en los distintos subsectores administrativos de la 
CAR no ha superado el plazo máximo de 30 días establecido en la Ley 3/2004 y en el RD 635/2014, 
tal y como se expone en el siguiente cuadro: 
Cuadro 43. Plazos medios de pago deudas comerciales. Total sector público  
  Periodo medio de pago a proveedores (2017) 
Sanidad  22,3 
Educación  4,1 
Servicios Sociales  (9,1) 
Resto sectores  4,5 
Total  13,6 
 
                                                 
10 De acuerdo con la nueva metodología de cálculo establecida en este RD, el período medio de pago mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, computado a partir de los 30 días posteriores a la fecha de entrada de 
la factura en el registro administrativo, según consta en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha  s
de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, como indicador distinto respecto del periodo legal de  e.
pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  b
coLtropeenegin ristalaolca  ditodiívanisosep  s3su /ieg2csu0oti1moe1 ne,et redcnsie a e al1el  l4sac   dofyeen c tehrnnaao t vodei eel d mtaeepb xrrltoooesb ,  rasebcefiiugeónúnndne di sdee ol e l acndsute race le lgalraat i dfLAicoedasymc  iodion eniss eeCtsrrao vdcniecitói rooansbt ot riaesp  nroede dse tlelaa  S ldoooesbsc ldi.tg ooaPrc couPiróm únteba ndlnictetooo sa,,   bqaeoupsnertoaa abr c maerdele opdd iritepcecionóir onl a  Rd cceeoonanntl  frooDcr remditceeirdr eliaootodss     2021-14250n https://ww
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corresponda.
 
 
A nivel individual, el detalle por entidades es el siguiente: 
Cuadro 44. Plazos medios de pago deudas comerciales. Desglose por entidades 
  
Entidades 
Comunidad Autónoma de La Rioja (incluido SERIS)  13,6 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  (11,7) 
Consejo de la Juventud  2,5 
Universidad de La Rioja   23,4 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  (12,4) 
Consorcio del servicio de extinción de incendios salvamento y protección 
(16,5) 
civil de La Rioja (CEIS) 
La Rioja Turismo, S.A.U.  41,6 
Valdezcaray, S.A.  24,7 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  29,1 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  116 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  (15,4) 
Fundación Rioja Deporte  11,9 
Fundación Rioja Salud (FRS)  53,1 
Fundación Riojana para la Innovación  25,5 
Fundación San Millán de la Cogolla  (23) 
Fundación Tutelar de Menores  (1,3) 
 
Finalmente, por D. 27/2013, de 13 de septiembre, se ha regulado el registro de facturas y el servicio 
de facturación electrónica del Gobierno de La Rioja, de utilización obligatoria a partir de enero de 
2014 para la facturación electrónica de bienes, prestaciones o servicios en la CAR. 
II.6.2.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
La Administración de la Comunidad se adhirió en el año 2015 al Fondo de Facilidad Financiera, 
habilitado por el MINHAFP para las CCAA previsto en el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de  s
carácter económico, al mejorar las condiciones que en ese momento ofrecía el mercado bancario.  e.
El 19 de febrero de 2015 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó el  w.
acuerdo por el que autoriza la distribución para 2015 de la financiación de los compartimentos  250ww
Flaasc nileidcaeds iFdiandaensc iperreav, isatsaigs neánn edlo alert .a 1 l6a  dCeAl RR DuLn,  iqmupeo srtee  dtiosttarilb 2u7y3e.n0 3e0n  tmreilse str adme oesu. rUosn  pparirma eart etrnadmeor 
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sistema de financiación de 2008 y 2009 y un tercero de 135.480 miles de euros destinado a financiar 
el déficit. Al cierre del ejercicio 2016 la Comunidad había dispuesto la totalidad del importe asignado, 
no habiéndose adherido en el ejercicio 2017 a ningún mecanismo extraordinario de liquidez. 
II.6.3. Subvenciones y transferencias concedidas 
El D. 14/2006, de 16 de febrero, regula el régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público 
de la CAR, estableciendo determinados aspectos complementarios a la LGS (Ley General de 
Subvenciones) necesarios para el funcionamiento de los procedimientos y actuaciones aplicables 
al gasto subvencional autonómico. 
La evolución de las transferencias y subvenciones registradas por la CAR en los últimos cinco 
ejercicios refleja un aumento global del 5 %, tal y como se refleja a continuación: 
Cuadro 45. Evolución de las transferencias y subvenciones Administración General y ADER 
 (miles de euros) 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
 
2013  2014  2015  2016  2017 
Transferencias y subvenciones corrientes  317.538  302.100  316.901  334.858  345.334 
Transferencias y subvenciones de capital  99.255  96.180  110.853  88.243  92.114 
TOTAL  416.793  398.280  427.754  423.101  437.448 
 
En el ejercicio fiscalizado, aproximadamente el 29 % de las obligaciones reconocidas en los 
capítulos 4 y 7 del Presupuesto de Gastos de la Administración General y la ADER correspondieron 
a transferencias excluidas del régimen de la LGS, un 33 % a otras prestaciones y ayudas públicas, 
mientras que las subvenciones en sentido estricto representaron un 38 %, cuyos importes se 
reflejan a continuación: 
Cuadro 46. Transferencias y subvenciones Administración General y ADER 
 (miles de euros) 
  Obligaciones reconocidas. Año 2017 
Transferencias (art. 2.2 LGS)  127.358 
Otras prestaciones y ayudas públicas  142.621 
Subvenciones (LGS)  167.469 
TOTAL  437.448 
 
En la rúbrica Otras prestaciones y ayudas públicas se han incluido, principalmente, las prestaciones  w.b
económicas por dependencia e inserción social (19.761 miles de euros), la receta farmacéutica  250ww
aebdouncaatdivao as l cCoonl ecgeion tOrofsic icaol ndcee Frtaardmosa c(é4u9t.i9co0s0  dmei lleas  CdAeR e (u7r2o.s9)6. 0L am ielevso ldueci óenu rionste) rya nlousa lc odnec ieesrttoass 
prestaciones y ayudas presenta un ligero aumento de 3,4 puntos porcentuales en 2017, debido
 
 
básicamente al aumento de los conciertos educativos y del gasto farmacéutico ambulatorio en dicho 
año.  
En cuanto a las subvenciones propiamente dichas, las obligaciones reconocidas en 2017 por dicho 
concepto han ascendido a 167.469 miles de euros, por encima de las registradas en el ejercicio 
anterior (7 %), principalmente, como consecuencia del incremento de las subvenciones concedidas 
en régimen de concurrencia competitiva.  
Las formas o procedimientos establecidos para la concesión de las subvenciones otorgadas por la 
CAR, de acuerdo con lo previsto en la LGS y en el D. autonómico 14/2006, son, por una parte, el 
procedimiento de concurrencia competitiva, que es el cauce ordinario y general de actuación a 
través del cual se individualiza el beneficiario y, por otra, el de concesión directa, procedimiento 
restringido a los supuestos de subvenciones nominativas, subvenciones impuestas por una norma 
de rango legal y, con carácter excepcional, subvenciones en las que se acreditan razones que 
dificultan su convocatoria pública. La regulación de las subvenciones nominativas se lleva a cabo 
mediante convenio y normativa propia, según establece el art. 22.2.a del D. 14/2006 y para las 
subvenciones directas en que las hay que acreditar razones de interés público, social, económico o 
humanitario u otras que dificulten la convocatoria pública, mediante Orden o Convenio, tal y como 
dispone el art. 28 quáter del D. 14/2006. 
Siguiendo esta clasificación, el montante de obligaciones reconocidas por subvenciones otorgadas 
por la Administración Autonómica en 2017 se detalla a continuación: 
Cuadro 47. Subvenciones Administración Autonómica 
(miles de euros) 
  Corrientes  De capital  TOTAL 
Subvenciones  concedidas  en  régimen  de  concurrencia 
24.625  33.003  57.628 
competitiva 
Subvenciones directas previstas nominativamente en los PG 
4.208  1.876  6.084 
de la CA (art. 22.2.a LGS) 
Subvenciones concedidas de forma directa determinadas por 
16.533  3.717   20.250 
una norma de rango legal (art. 22.2.b LGS) 
Subvenciones  concedidas  de  forma  directa  de  carácter 
 60.620  22.887   83.507 
excepcional (art. 22.2.c LGS) 
TOTAL  105.986  61.483  167.469 
 
Del total de obligaciones registradas por subvenciones y ayudas autonómicas en el año 2017, un 
50 % se han tramitado mediante subvenciones directas de carácter excepcional, si bien es preciso 
señalar que a su vez, dentro de estas ayudas, al menos un 36 % corresponde a las tramitadas por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como ayudas directas financiadas con 
fondos FEAGA en el marco de la Política Agrícola Común, un 6 % se han concedido en el marco 
de las ayudas otorgadas a través del Fondo de Cooperación Local y un 8 % han tenido su origen  s
en convenios con entidades locales para el desarrollo de programas e inversiones en materia de  e.
Servicios Sociales destinadas a personas dependientes y en riesgo de exclusión social.   w.
Eplna nlae sf ispcaarlaiz alac iróene ssteru hcatunr asceilóenc cyio/on aredcoo pnavrear ssióun a dneáll isviisñ eddoos  ylí neena sm daete ariyau ddea sc oeonp eelr amcaiórcno p daera l oesl 
dlae DsaGr rdoell oE. mApdliecoio snoablmree lnatse ,s sueb vhean rceioanliezas deon  umna steergiau idmei efonrtmo adcei ólans p aacratu ealc eiomnpelse olle cvoandcaesd iad acsa bdoe spdoer 
 
 
el ejercicio 2007 que, tal y como se puso de manifiesto en los informes de fiscalización de los 
ejercicios 2013 y 2014, estaban pendientes de revisar y liquidar.  
A) Subvenciones para la reestructuración y/o reconversión del viñedo 
El Reglamento (CE) nº 1308/2013 que crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios, establece la Organización Común del Mercado del Vino y explicita las disposiciones 
específicas en lo relativo a reestructuración y reconversión de viñedo. El RD 1079/2014, de 19 de 
diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 
español,  recoge  las  novedades  incorporadas  por  dicho  programa,  habiendo  sido  sustituido 
posteriormente por el RD 597/2016, de 5 de diciembre, para ajustarse a las modificaciones de la 
legislación comunitaria en la materia. 
A nivel interno, a través de la O. 14/2014, de 2 de octubre, de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda se aprobaron las líneas de subvenciones de concesión directa en el sector 
público de la CAR, dentro de las cuales se incluyen las ayudas a los planes de reestructuración y/o 
reconversión del viñedo en la CAR, cuyas bases se regulan en la O. 2/2015 de 19 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se dictan normas para la 
solicitud y aprobación de planes para la reestructuración y/o reconversión del viñedo y para la 
solicitud y tramitación de las ayudas en el marco de estos planes en la CAR.  
Estas ayudas se convocaron por sendas Resoluciones 187/2016, de 2 de marzo, y 494/2016, de 19 
de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, abriendo la presentación 
de solicitudes de planes para las campañas del 15 de marzo al 7 de abril y del 1 al 24 de junio, de 
2016. Se ha verificado que en 2017 no han tenido lugar nuevas convocatorias. Las acciones 
subvencionables tienen un periodo de ejecución muy variado, lo que supone en la práctica que en 
el ejercicio 2017 se hayan abonado medidas correspondientes a planes conjuntos aprobados entre 
2013 y 2017. 
En  términos  generales  el  objeto  de  las  ayudas  analizadas  alcanza  a  aquellas  operaciones 
necesarias para sustituir una o varias parcelas vitícolas por otra parcela vitícola en superficies 
equivalentes y que incorporen una mejora varietal y una mejora en el sistema de cultivo, en el 
sistema de conducción, en la ubicación de la parcela vitícola o en la reducción de número de 
parcelas.  
La obtención de la condición de beneficiario de las ayudas requiere la inclusión previa en alguno de 
los planes aprobados previamente por parte del Director General de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente  y  la  solicitud  de  aprobación  de  los  planes  puede  presentarse  por  los  potenciales 
beneficiarios de forma colectiva o individual e incluirán los objetivos y las medidas que se proponen 
realizar.  
Se ha comprobado que las bases reguladoras han establecido el contenido y los requisitos mínimos 
exigibles a los planes que deban ser aprobados, determinando, entre otros, que el número mínimo 
de viticultores que constituyan un plan colectivo sea de cinco miembros en todo el territorio de la 
CAR y que dicho plan se lleve a cabo en el marco de un acuerdo celebrado entre los productores 
participantes. Asimismo, los planes colectivos deberán englobar una superficie mínima de 10 
hectáreas, que en el caso de planes individuales se reducirá a 2 hectáreas, siendo el límite máximo 
de superficie a reestructurar o reconvertir por viticultor y año de 25 hectáreas.  
Estas ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y son  b
distribuidas por el Ministerio de Agricultura a través de la Conferencia Sectorial. La CAR ha recibido  250ww
ddies plau eAstdom einni setlr aacrti.ó 3n5 d.1e ld eEls RtaDd o5 9u7n/2 t0o1ta6l.   de 3.587 miles de euros en 2017, de acuerdo con lo
Se ha comprobado que, con independencia de las correcciones practicadas en el importe de las
ayudas, a la vista de las justificaciones del gasto presentado, el Servicio del Viñedo de la DG de
 
 
Desarrollo Rural ha rechazado globalmente 20 solicitudes de pago por un total de 75 miles de euros, 
principalmente por encontrarse los viñedos calificados inscritos como ilegales en el Registro. 
En la fiscalización se ha seleccionado una muestra de ocho expedientes de ayudas que han 
supuesto pagos por un total de 299 miles de euros, importe que representa un 8,35 % de las 
obligaciones reconocidas en la línea. En el análisis de los expedientes seleccionados se ha 
constatado  el  correcto  cumplimiento,  en  términos  generales,  de  lo  dispuesto  en  las  bases 
reguladoras, excepto por lo siguiente:  
- En un expediente se ha constatado que en el cálculo efectuado sobre el anticipo concedido se ha 
aplicado el importe de ayuda por pérdida de renta contenido en la Resolución 494/2016, de 19 de 
mayo (que asciende a 1.200 euros) en lugar del importe establecido en la Resolución de 16 de 
febrero de 2017 (1.350 euros) que ya estaba en vigor en ese momento. No obstante, la liquidación 
final de la ayuda se ha realizado por los importes correctos. 
- El RD 1079/2014, de 19 de diciembre y la O. 2/2015 de 19 de enero, vigentes en 2017 obligaban 
a los beneficiarios que habían recibido anticipos a presentar, antes del 31 de octubre del año en 
que se habían recibido estos, una declaración de los gastos realizados hasta ese momento. 
Posteriormente el RD 5/2018 ha eximido de esta obligación a todos los anticipos inferiores a 5 
millones de euros, límite que afectaría a todos los anticipos concedidos en La Rioja. La Orden 
autonómica  no  ha  sido  modificada  para  incluir  esta  exención,  pero  desde  la  Consejería  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se ha considerado que es de aplicación directa el RD 
5/2018. En 2017 solo se han abonado ocho anticipos con anterioridad a 31 de octubre, para los que 
no se ha solicitado la preceptiva declaración de gastos, según la norma vigente. 
-  Para  la  gestión  de  estas  ayudas  la  DG  de  Desarrollo  Rural  ha  elaborado  un  manual  de 
procedimientos que se actualiza anualmente, en el que se recogen todos los procedimientos y 
controles  que  afectan  a  la  concesión  de  estas  ayudas,  estableciendo  impresos  y  fichas  a 
cumplimentar en cada una de las fases contempladas en las bases reguladoras, habiéndose 
constatado en la fiscalización la existencia de las mismas en todos los expedientes analizados. 
- Se ha comprobado la realización de controles internos adicionales sobre el 1 % de las medidas 
que habían recibido algún pago en ese ejercicio. Estos controles tienen como fin garantizar la 
calidad de los controles anteriores y deberían haber sido realizados por una unidad diferente a la 
que los gestionó (Servicio del Viñedo). Durante la fiscalización, desde el Servicio del Viñedo, se ha 
informado que ante la dificultad de encomendar esta tarea a otra unidad dentro de la Consejería, se 
ha optado por que la repetición de los controles fuese realizada por el mismo Servicio del Viñedo 
pero por un técnico diferente al que realizó el primer control. 
- La Intervención General, como organismo de certificación, ha realizado, a su vez, controles 
adicionales de acuerdo con el Reglamento (CE) 908/2014. De los 33 controles administrativos 
realizados, en uno de ellos se detectó un error en el cálculo de la ayuda en perjuicio del beneficiario, 
que ha dado lugar a un pago adicional de 2 miles de euros.  
B) Ayudas en materia de cooperación para el desarrollo  
La Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el Desarrollo, establece en su art. 11 que la 
política riojana de cooperación puede llevarse a cabo mediante la cooperación científico-técnica, la 
cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y de emergencia, la educación para el  e.e
desarrollo y sensibilización de la sociedad riojana, las ayudas a las iniciativas y redes de comercio  b
justo y las ayudas a la formación de voluntarios y cooperantes en programas de desarrollo. A tales  250ww
esufebcvteons csioen epsr edviére cqtuaes  ae ll oGs opbroiegrrnaom daes  yL ap roRyioejcat opsu deed ala sfa ocrilgitaanr izfiancainoncieasc inóon  gmuebdeirannatme eanytauldeass d oe 
desarrollo (ONGD), así como a través de convenios de colaboración con administraciones y otras
 
 
instituciones, según la planificación de cooperación aprobada en el III Plan Director de Cooperación 
y en el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo 2017. 
Esta actividad de fomento es complementaria a otras actuaciones que de forma directa llevan a 
cabo las Administraciones Públicas riojanas y supone un elemento de colaboración con las 
iniciativas de solidaridad que permiten abordar proyectos de desarrollo. 
Por O. 1/2010, de 4 de enero, de la Consejería de Presidencia, se aprobaron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a ONGD que presenten proyectos de cooperación al desarrollo 
y sensibilización ciudadana en materia de cooperación al desarrollo.  
Para el ejercicio 2017 la ayuda a la cooperación al desarrollo y la sensibilización de la sociedad 
riojana  en  materia  de  cooperación  al  desarrollo  se  ha  instrumentalizado  en  tres  líneas  de 
actuaciones de ejecución anual: proyectos de cooperación, sensibilización y ayuda humanitaria.  
B.1) Subvenciones a proyectos de cooperación 
Por Resolución de 3 de agosto de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior para 2016 se convocaron las ayudas reguladas en el capítulo III de la O. 1/2010 destinadas 
a entidades que presenten proyectos de ejecución anual de cooperación al desarrollo, en régimen 
de concurrencia competitiva, con unos créditos de 1.399 miles de euros, financiables en un 71 % 
por la CAR y en un 29 % por el Ayuntamiento de Logroño. 
Las ayudas finalmente otorgadas por la CAR totalizaron 997 miles de euros ampliables, las cuales 
fueron abonadas de forma anticipada en un 80 % en 2016 y el 20 % restante en 2017 previa emisión 
de informe técnico favorable relativo al informe de seguimiento, según lo previsto en O. 1/2010. 
El objeto de estas ayudas es financiar la ejecución de proyectos de cooperación con países en vías 
de desarrollo con iniciativas integrales a corto plazo que afecten a un sector de desarrollo y cuya 
ejecución comience en el año de la convocatoria y no sea superior a 12 meses. Los gastos 
subvencionables  corresponden  a  la  adquisición  o  alquiler  de  terrenos  o  inmuebles,  las 
construcciones o reformas de inmuebles, los equipos materiales y suministros, los gastos de 
personal, tanto local como expatriado, los viajes, alojamientos y dietas vinculados a la movilidad del 
personal y de la población beneficiaria del proyecto, necesarios para la ejecución de la intervención, 
los préstamos y gastos financieros vinculados, así como los gastos corrientes de funcionamiento 
hasta un máximo del 2 % del importe total subvencionado. Además de los gastos directos citados, 
pueden ser objeto de ayuda los costes indirectos hasta un importe igual o inferior al 10 % de la 
misma, acreditados, entendiéndose por estos los gastos administrativos de la entidad solicitante 
(gastos de personal, de los locales, materiales de oficina y otros gastos corrientes), los derivados 
exclusiva y directamente de la identificación, formulación, seguimiento y evaluación del proyecto, 
así como los gastos para actividades de difusión del proyecto en La Rioja, debiendo acreditarse 
mediante un certificado expedido por el representante de la entidad beneficiaria de la subvención, 
haciendo constar la cuantía, referencia detallada de los justificantes del gasto que soportan los 
mismos, la referencia al tipo de gasto, y su vínculo con el proyecto subvencionado.  
Se han seleccionado cuatro expedientes para su análisis que han originado gastos por importe de 
340 miles de euros, lo que representa el 35 % de las obligaciones reconocidas para esta línea de 
ayudas. En el análisis realizado no se han puesto de manifiesto aspectos significativos, si bien se 
ha  constatado  que  la  finalización  del  proceso  de  comprobación  y  revisión  de  las  cuentas  e.e
justificativas se ha dilatado considerablemente en el tiempo, como consecuencia de la concesión  b
de nuevos plazos de subsanación a los beneficiarios, de tal forma que la justificación final, en el  250ww
csausbov endcei oqnuees  ah luobsi ebseen esfiicdioa riodse.s  favorable,  podría  haber  afectado  a  la  concesión  de  nuevas
 
 
B.2) Subvenciones a proyectos de sensibilización 
Por  Resolución  151/2017  de  2  de  agosto,  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Relaciones 
Institucionales  y  Accion  Exterior,  se  convocaron  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva destinadas a entidades que presentasen proyectos de sensibilización ciudadana en 
materia de cooperación al desarrollo, reguladas en el capítulo V de la O. 1/2010, de 4 de enero, de 
la Consejería de Presidencia, por 120 miles de euros. 
Del total de diecisiete proyectos presentados, uno fue inadmitido por la existencia de defectos 
administrativos  que  no  fueron  subsanados,  cuatro  fueron  desestimados  por  no  alcanzar  la 
puntuación mínima exigida en la O. 1/2010 y en otro el beneficiario renunció a la ayudas tras la 
presentación de su solicitud inicial. Finalmente, por Resolución de 22 de diciembre de 2017 se 
aprobaron once proyectos con un gasto total de 120 miles de euros.  
El objeto de estas ayudas es la puesta en marcha de iniciativas de sensibilización ciudadana en 
materia de cooperación para el desarrollo gestionadas en la CAR iniciadas en el año de la 
convocatoria y con una duración no superior a 12 meses. Los gastos directos subvencionables 
deben corresponder exclusivamente a los ocasionados por la realización de las actividades, 
pudiéndose aplicar otros gastos indirectos por un importe igual o inferior al 10 % de la misma, 
entendiéndose como tales los gastos administrativos de la entidad solicitante (gastos de personal, 
de los locales, materiales de oficina y otros gastos corrientes), así como los derivados exclusiva y 
directamente de la identificación, formulación, seguimiento y evaluación del proyecto.  
La subvención se abona en su totalidad de forma anticipada en el momento en que se dicta 
resolución favorable de concesión. En un plazo de dos meses contados a partir de la finalización 
del proyecto los beneficiarios deben presentar un informe sobre la ejecución del mismo y acreditar 
en ese momento un 20 % adicional. El informe justificativo final debe contener una declaración 
responsable, firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria, de que son ciertos todos 
los datos contenidos en la cuenta, un informe técnico, en soporte informático y en soporte papel 
debidamente firmado por el responsable de la entidad, sobre la ejecución del proyecto, un balance 
de ingresos y gastos del proyecto, así como un listado completo de los gastos con la justificación 
de la totalidad de la subvención concedida. Los gastos de difícil justificación se acreditarán mediante 
un certificado expedido por el representante de la entidad beneficiaria de la subvención, no pudiendo 
superar el 5 % de la subvención. 
Se han seleccionado para su análisis dos expedientes que han generado obligaciones por importe 
de 31 miles de euros, que suponen el 26 % del total reconocido para esta línea de ayudas, 
habiéndose detectado los siguientes incumplimientos y debilidades: 
- En un expediente no se ha aportado ningún soporte documental en el que acredite la realización 
de las actividades, haciéndose constar únicamente en el informe presentado por el beneficiario de 
la subvención que las actividades del proyecto se realizaron. 
- En otro, la cuenta justificativa rendida no ha incluido una declaración responsable, firmada por el 
representante legal de la entidad beneficiaria, indicando la veracidad de los datos contenidos en la 
cuenta (art. 21.3.a de la O. 1/2010). Tampoco se ha facilitado el balance de los ingresos y gastos 
del proyecto exigida en el art. 21.3.d de la O. 1/2010. Asimismo, el listado de gastos presentado en 
la cuenta justificativa no ha estado acompañado en todos los casos del justificante de la realización 
del pago. En concreto, en gastos directos por 15 miles de euros no consta la justificación de haber  es
realizado las transferencias a las empresas o personas proveedoras de los servicios.  o
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fecha  posterior  al  abono  de  esta  subvención  por  el  proyecto  de  sensibilización  objeto  de
fiscalización.  Bc
 
 
- La DGAE no ha dispuesto de un manual de procedimiento para la gestión de esta línea, si bien 
debe indicarse que en el proyecto de orden de bases reguladoras existente a la finalización de la 
fiscalización, se había redactado una guía para la justificación de las subvenciones. 
B.3) Ayuda humanitaria 
El art. 22.2.c) del D. 14/2006, de 16 febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en 
el Sector Público de la CAR, establece que podrán concederse de forma directa con carácter 
excepcional  aquellas  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés  público,  social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, 
pudiéndose regular mediante Orden o mediante Convenio, de acuerdo con el art. 28 del citado 
Decreto. 
Las gastos para ayuda humanitaria han ascendido en 2017 a 160 miles de euros y han sido 
canalizados a través de sendos convenios de colaboración formalizados entre el Gobierno de La 
Rioja y la Cruz Roja Española en La Rioja y UNICEF, en el marco de las modalidades de 
cooperación contempladas en el art. 11 de la Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el 
Desarrollo de La Rioja y en el III Plan Director de Cooperación de La Rioja. 
1) Convenio Cruz Roja Española en La Rioja  
Este convenio se formalizó el 22 de diciembre de 2016 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2018 fijándose una cuantía de 80 miles de euros. El objeto del mismo es establecer un marco de 
colaboración para la compra de suministros destinados a situaciones de emergencia humanitaria 
internacional. La finalidad de estas ayudas es, por tanto, articular un mecanismo rápido y eficaz que 
permita responder a situaciones de emergencia internacional, adquiriendo material para ser usado 
en actuaciones posteriores cuando se produzca la necesidad, de forma que exista un stock 
permanente en el almacén de dicha ONGS en La Rioja.  
En el análisis realizado se ha verificado que en 2017 Cruz Roja La Rioja adquirió mantas de socorro 
por 20 miles de euros, así como contenedores, kit de cocina y mosquiteras por otros 60 miles de 
euros.  También  se  ha  comprobado  la  autorización  en  el  año  2017  de  dos  actuaciones  de 
emergencia en Bangladesh y Cuba por parte de la DGAE en las que aplicó material que había en 
stock por 53 miles de euros. Estas actuaciones fueron debidamente justificadas, si bien es preciso 
indicar que, respecto al material de emergencia enviado a Bangladesh, con la información recabada 
en la fiscalización no ha sido posible conocer la trazabilidad de dicho envío, dado que el documento 
emitido por Cruz Roja España en el que se acredita de forma global la aplicación del material 
enviado por todas las agencias regionales no detalla la cantidad remitida por Cruz Roja La Rioja, es 
decir, no se ha podido evidenciar que del material global enviado por Cruz Roja España a dicho 
país una parte ha correspondido al que había en el almacén de La Rioja.  
En cuanto al seguimiento de las actividades amparadas en el convenio, en el expediente analizado 
no consta la realización de las reuniones trimestrales previstas en la cláusula octava del convenio 
por parte de la comisión de coordinación y seguimiento, formada por dos representantes de cada 
parte y presidida por uno de los representantes del Gobierno de La Rioja.  
2) Convenio UNICEF 
Por  Resolución  de  22  de  diciembre  de  2016  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Relaciones  b
Institucionales y Acción Exterior se formalizó, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, el  250ww
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la firma del convenio o de cualquiera de sus adendas y, en todo caso, antes de proceder a la
 
 
adquisición, UNICEF Comité La Rioja deberá dirigir a la DGAE un documento que incluya un 
desglose pormenorizado del material a adquirir, motivando su oportunidad de acuerdo con los 
protocolos  de  actuación  de  UNICEF,  coste  unitario  y  número  de  unidades  a  adquirirse. 
Posteriormente, una vez detectada una emergencia y recabada la información necesaria y evaluada 
la pertinencia de una actuación, UNICEF Comité La Rioja pondrá en conocimiento de la DGAE, la 
necesidad de intervenir ante dicha emergencia. 
En la justificación de esta ayuda se ha comprobado la presentación de un certificado del presidente 
de  UNICEF  Comité  La  Rioja  declarando  que  la  compra  del  material  correspondiente  a  la 
intervención inmediata en situaciones de emergencia humanitaria internacional se ha llevado a cabo 
según lo dispuesto en el art. tercero del Acuerdo Marco entre el Reino de España y la Fundación 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Como consecuencia de este sistema de 
justificación  aplicable,  en  la  fiscalización  no  ha  sido  posible  comprobar  la  identidad  de  los 
proveedores en España, ni el importe abonado a los mismos en concepto de material facturado a 
UNICEF Comité La Rioja, todo ello con independencia de los sistemas y procedimientos aplicados 
por UNICEF para garantizar el adecuado uso y destino de los materiales para los fines aprobados 
ante situaciones de emergencia. En cualquier caso, se ha constatado que los suministros adquiridos 
han sido 35 depósitos de agua de 10.000 litros cada una y 120 bases para letrinas, que han 
totalizado los 80 miles de euros abonados por la CAR. 
Durante  2017  la  Consejería  de  Presidencia,  Relaciones  Institucionales  y  Accion  Exterior  ha 
autorizado una actuación de emergencia para envío de material humanitario a Yemen por importe 
de 60 miles de euros y se han aprobado otras dos actuaciones de emergencia por 20 miles de euros 
aplicadas a comienzo de 2018. 
C) Seguimiento de las incidencias señaladas en anteriores informes de fiscalización de la 
CAR relativas a las ayudas a la formación profesional para el empleo 
En la gestión y tramitación de los expedientes correspondientes a las líneas de ayudas a la 
formación profesional para el empleo gestionadas por la DG de Empleo y Formación, que fueron 
analizadas en los informes de fiscalización de la CAR correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, 
se pusieron de manifiesto retrasos muy significativos en el inicio y desarrollo de los procedimientos 
de comprobación y revisión de las ayudas, que tal y como se indicó, generaban un elevado riesgo 
de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar los eventuales reintegros 
derivados de tales comprobaciones. 
Las ayudas analizadas estaban reguladas en la O. 24/2009, de 11 de mayo, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo de la CAR por la que se establecen las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión y justificación de estas subvenciones y estaban cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo (FSE) a través del “Programa Operativo de La Rioja” y por el Programa 
Operativo  Plurirregional  "Adaptabilidad  y  Empleo",  ambos  enmarcados  en  el  periodo  de 
programación de los fondos estructurales 2007-2013. La O. 24/2009 previó la posibilidad de 
anticipar la totalidad de la subvención concedida. 
Según se puso de manifiesto en los citados informes de fiscalización, como consecuencia de las 
deficiencias e incumplimientos detectados en las normas sobre la subvencionabilidad de los gastos, 
en 2014 la Comisión Europea notificó a la Administración de la CAR la interrupción de los pagos 
intermedios del FSE de acuerdo con lo previsto en el art. 92 del Reglamento UE 1083/2006 por el 
que se establecen las disposiciones generales en relación con el FEDER, FSE y Fondo de  e.
Cohesión. El Organismo Intermedio elaboró un plan de acción en el que se estableció una serie de  w.b
medidas basadas, principalmente, en la corrección de los gastos consignados en las certificaciones  250ww
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2015, el levantamiento de la suspensión de los pagos intermedios del FSE al estimar un progreso 
considerable en la implantación del plan de acción y una mejora de las deficiencias relacionadas 
con los sistemas de gestión y control. No obstante, debido a la descertificación de gastos que no 
cumplían los requisitos de elegibilidad, así como a los retrasos en la tramitación de la comprobación 
de  las  ayudas  de  formación,  las  nuevas  solicitudes  de  pago  intermedio  presentadas  por  la 
Administración Autonómica en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes al Programa Operativo 
FSE fueron inferiores en 1.246 y 2.303 miles de euros, respectivamente, a los compromisos 
contraídos en dicho Programa en esos años, lo que originó una pérdida de la financiación 
comunitaria prevista por los citados importes.  
Por otra parte, la Intervención General de la CAR en el marco del Plan de Auditorias y de 
Actuaciones de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2016 llevó a cabo un control 
financiero sobre la situación de aquellas subvenciones que no fueron certificadas y presentadas a 
la financiación del FSE. Los resultados reflejados en el Informe definitivo de la Intervención 
Delegada de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 9 noviembre de 2018, pusieron 
de manifiesto, entre otros, los siguientes incumplimientos y deficiencias: la presentación de cuentas 
justificativas fuera de plazo e incompletas; el dilatado lapso de tiempo transcurrido desde la 
presentación de las cuentas justificativas hasta la revisión y liquidación de los expedientes; la 
concesión  de  prórrogas  a  requerimientos  sobre  los  que  no  había  soporte  documental, 
convirtiéndose en habitual un procedimiento excepcional, como es el de prórroga; así como la 
existencia de discrepancias e incoherencias entre la regulación autonómica (O. 24/2009) y la 
europea (Reglamento CE 1083/2006), especialmente en aspectos relacionados con la elegibilidad 
de los gastos y su justificación, generándose de facto dos regímenes para un mismo tipo de ayuda. 
Esta última incoherencia, en línea con lo señalado en el informe de fiscalización de la CAR 
correspondiente al ejercicio 2014, tuvo incidencia también en la institución de la prescripción, puesto 
que en un primer momento, y conforme al criterio señalado en el informe emitido por los Servicios 
Jurídicos de la CAR de fecha 24 de mayo de 2013, a las acciones cofinanciadas se les aplicó el 
plazo comunitario y a las que no fueron finalmente cofinanciadas, el plazo nacional. Así, el criterio 
interpretativo seguido por dicha Administración fue considerar que la acción para reclamar el 
reintegro de las subvenciones cofinanciadas con fondos comunitarios, entre las que se encontraban 
las relativas a la O. 24/2009, prescribía a los cuatro años desde la fecha de cierre definitivo del 
programa operativo, cuya fecha estaba prevista (para el Programa Operativo FSE 2007-2013) en 
marzo de 2017. No obstante, las sentencias del Tribunal Supremo número 7069/2010 y 23/2015 y 
la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de julio de 2011, dictaminaron que 
en aquellos casos en los que la financiación de los proyectos se extendía a una única anualidad y 
existía un plazo de ejecución y justificación propio, el plazo de prescripción de los derechos de cobro 
de 4 años previsto en el Reglamento CEE 2988/1995 no podía vincularse al cierre global del 
programa, sino al momento en el que vence el término para presentar la justificación por parte del 
beneficiario. El informe de la Intervención Delegada señala, como hechos posteriores, que a través 
de comunicación interna de 14 de febrero de 2018 fue puesta en conocimiento del Interventor 
General de la CAR la declaración por parte de la DG de Empleo de la prescripción del derecho de 
la Administración a exigir reintegros derivados de la comprobación de expedientes de ayudas a la 
formación profesional para el empleo por importe de 6.145 miles de euros, más los intereses de 
demora correspondientes, todo ello según el informe de 16 de enero de 2018 emitido por el Servicio 
de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa de esa Dirección General. El informe de la 
Intervención Delegada añade que a la fecha de emisión del informe del referido Servicio “todavía 
restan expedientes de subvenciones a la formación profesional para el empleo pendientes de 
comprobar y liquidar respecto de los cuales no se puede determinar el importe de los reintegros que  e
correspondan”. Concluye el informe señalando que “se desconoce a cuántas acciones formativas,  bo
número e identificación de beneficiarios y períodos afecta la declaración de prescripción”.   250ww
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Gestión Administrativa de la DG de Empleo (16 de enero de 2018) y las actuaciones posteriores
 
 
realizadas por la citada Dirección General respecto a todas aquellas acciones formativas sobre las 
que en el informe de la Intervención Delegada se indicaba no disponer de información.  
En las pruebas efectuadas se ha verificado que tanto en un caso como en otro, las subvenciones 
corresponden a diversas modalidades, programas y líneas de ayuda concedidas desde el año 2007 
por la DG de Empleo, es decir, no solo las reguladas por la O. 24/2009 que, como se ha indicado 
anteriormente, son las que fueron analizadas en los informes anuales de fiscalización de la CAR 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, así como las revisadas en el Informe de la 
Intervención Delegada de 9 noviembre de 2018. 
Respecto a los derechos declarados prescritos a 16 de enero de 2018, de acuerdo con la 
información soporte facilitada en la fiscalización, se ha comprobado que previa aprobación de la 
liquidación final de las subvenciones y consiguiente declaración de la no justificación adecuada de 
la aplicación de los fondos percibidos, a través de resoluciones individuales dictadas entre los 
meses de mayo de 2017 y enero de 2018 la DG de Empleo declaró la prescripción del derecho de 
la Administración a liquidar créditos por un total de 6.162 miles de euros11, según el siguiente detalle 
por tipo de plan, modalidad o programa de ayuda a la formación para el empleo.  
Cuadro 48. Prescripción de derechos a 16 de enero de 2018. Subvenciones de formación para el 
empleo  
(miles de euros) 
  Número de  Importe 
expedientes 
Plan FIP 2007-2008  55  845 
Plan Regional 2007-2008  13  114 
Orden 24/2009  103  2.425 
Contratos programa.   427  2.680 
Acciones complementarias  4  98 
Total   602  6.162 
 
A los anteriores importes, y de acuerdo con los cálculos efectuados por la propia DG de Empleo12, 
habría que añadir 1.229 miles de euros en concepto de intereses también prescritos. 
Por lo que se refiere a la situación de las acciones formativas respecto a las que el informe de la 
Intervención Delegada indicaba no disponer de información, de acuerdo con las pruebas realizadas 
en la fiscalización y la documentación suministrada por el Servicio de Planificación, Ordenación y 
Gestión Administrativa, se ha verificado que una vez finalizada la revisión por el citado servicio el 
número de acciones pendientes de comprobar ascendía a un total de 816, que totalizaban un 
                                                  b
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12 Se ha tomado como referencia el interés legal del dinero desde abril de 2009 a 2014 (4 %) más el 25 %, en aplicación del
art. 38.2 de la LGS.
 
 
importe concedido de 7.874 miles de euros. La situación de estas acciones formativas a 30 de 
septiembre de 2019 era la siguiente13: 
Cuadro 49. Situación a 30 de septiembre de 2019 de las acciones formativas pendientes de revisar a 
16 de enero de 2018  
(miles de euros) 
Pendiente 
Total 
Nº de  Importe  Importe  Importe  de 
  subvención 
expedientes  justificado  prescrito  reintegrado  resolución 
concedida 
judicial 
Plan FIP 2007-2008  15  783  357  425  0  0 
Plan Regional 2007-2008  19  257  124  133  0  0 
Orden 24/2009  12  411  101  33  0  278 
Contratos programa 
770  6.423  3.090  3.079  243  11 
(Fundación Tripartita)  
Total   816  7.874  3.672  3.670  243  289 
 
Por tanto, del total de las 816 subvenciones concedidas (7.874 miles de euros), un montante de 
3.672  miles  de  euros  habían  sido  correctamente  justificados;  en  80  casos  se  iniciaron 
procedimientos de reintegro parcial, por no haberse justificado correctamente el total de la ayuda 
abonada (243 miles de euros); en 731 acciones se declaró la prescripción del derecho a solicitar el 
reintegro parcial de las cantidades que no habían sido justificadas (3.670 miles de euros); y 
finalmente, en cinco ayudas por 289 miles de euros, que habían sido recurridas en vía jurisdiccional, 
aún no se había dictado sentencia.  
En cuanto a la modalidad o programa de ayuda, como puede comprobarse la mayor parte de las 
acciones formativas cuyo derecho a reclamar el reintegro se ha declarado prescrito corresponden 
a ayudas formativas que, de acuerdo con lo previsto en el RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que 
se regula el sistema de formación profesional para el empleo, se instrumentaron a través de 
convenios de colaboración entre el extinto Servicio Riojano de Empleo de la CAR y la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo para el apoyo técnico de la citada Fundación en la gestión 
de contratos programa de formación continua.  
II.6.4. Endeudamiento y avales 
II.6.4.1. ENDEUDAMIENTO  
II.6.4.1.1. Situación y evolución de la deuda financiera a 31 de diciembre de 2017 
El endeudamiento financiero de la CAR se situó al cierre del ejercicio 2017 en 1.569.360 miles de 
euros,  tal  como  se  refleja  a  continuación,  clasificado  por  los  distintos  sectores  o  entidades 
integrantes del sector público autonómico. El importe correspondiente al endeudamiento de la  e.e
Administración General se ha reflejado por su valor contable, que en el caso de la deuda pública  b
corresponde al coste amortizado en lugar del valor nominal utilizado por el Banco de España. Para  250ww
                                                
A13d Lmain Aisdtrmacinióisnt raac ilóiqnu iddea r lalo sC AeRve mntaunailfeiess trae inetne garloesg adceiorinvaeds oqsu ed ea clotusa plmroecneted imeli ernietossg od ed ec opmrepsrcorbipaccióiónn  dye l redveirseiócnh od de el alas 
subvenciones es nulo.
 
 
el resto de las entidades los datos reflejados a continuación corresponden a los facilitados por el 
Banco de España14.  
Cuadro 50. Deuda financiera  
(miles de euros) 
% Importancia 
SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO  31/12/2017 
relativa 
Administración General  1.559.955  99,40 
Consorcios y otras entidades  2.697  0,17 
Universidad  3.417  0,22 
Empresas públicas  3.165  0,20 
Fundaciones  126  0,01 
TOTAL  1.569.360  100,00 
 
A efectos del análisis anterior, dentro de la deuda de la AG de la CAR no se han considerado 
endeudamiento financiero los anticipos reintegrables concedidos por la AGE para el desarrollo de 
                                                  250ww
14 Excepto por la Fundación Privada del Tribunal Laboral de La Rioja que no se ha incorporado en este informe al no formar
Dpaiartlne edte, lq sueec tpoor rf uenl dcaocniotrnaarilo d es íl ah aCno msiudnoi dinacdlu, aidsaí sc opmoro  fpoormr laars  pFaurnted adceiól ns eGcetonre praúlb dliec ola a Uuntoivneórmsidicaod,  dae p Leas aRri odjae  yn loa  hFaubnedra csiiódno 
incorporadas por el Banco de España por estar pendientes de clasificación en el inventario de entes dependientes de la CAR.
 
 
diversos planes y proyectos, cuyo importe pendiente de reembolso asciende al cierre del ejercicio 
a 7.755 miles de euros, según se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro 51. Anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Estado 
(miles de euros) 
Pte. de 
Año  % Tipo 
Importe  reembolso 
Convenio  concesión  Vencimientos  de 
anticipo  a 
anticipo  interés 
31/12/2017 
Convenio MITC Programa de 
2008  4.000  2012-2023  2.000  0 
Infraestructuras de Telecomunicaciones 
Convenio MCI Proyectos Mejora Campus 
2008  641  2012-2023  321  0 
Universitarios 
Convenio ME Proyectos Campus de 
2010  580  2014-2025  381  1,414 
Excelencia Internacional 2010 
Convocatoria MINECO ayudas a 
infraestructuras y equipamiento científico- 2014  18  2024-2025  12  0,52 
técnico (13-4E-2393) 
Convocatoria MINECO ayudas a 
infraestructuras y equipamiento científico- 2014  247  2024-2025  177  0,52 
técnico (13-4E-2452) 
Anticipo Ministerio de Educación de FSE 
2014  3.761  N/A  3.761  0 
Formación Profesional 
Anticipo Ministerio de Educación de FSE 
2015  1.104  N/A  1.103  0 
ESO 
TOTAL    10.351    7.755   
 
En el ejercicio se han recibido los anticipos para actuaciones en Formación Profesional y ESO, 
correspondientes a la anualidad 2017 del convenio de colaboración firmado con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte el 17 de diciembre de 2014 que ascienden a 1.820 miles de euros.  
 
 
En cuanto a la evolución del endeudamiento del sector público autonómico, la deuda financiera de 
la CAR se ha incrementado un 74 % desde 2011. La evolución por sectores y años ha sido la 
siguiente: 
Gráfico 1. Evolución deuda financiera. Años 2011-2017 
 
 
II.6.4.1.2. Estructura de la deuda de la Administración Autonómica 
La estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR en el ejercicio 
fiscalizado presenta la siguiente composición: 
Cuadro 52. Estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR 
(miles de euros) 
01/01/2017  31/12/2017 
TIPO DE ENDEUDAMIENTO  %  % 
Importe  Importe 
Deuda pública  454.612  31  383.557  25 
Préstamos a largo plazo  975.016  66  1.129.403  72 
Operaciones de tesorería  46.995  3  46.995  3 
TOTAL  1.476.623  100  1.559.955  100 
 
II.6.4.1.3. Detalle de las operaciones formalizadas en 2017  s
La Administración de la CAR mantenía vivas a 31 de diciembre de 2017 cinco emisiones de deuda  w.
pública realizadas en 2013, 2014 y 2016, así como dos nuevas realizadas en 2017. El importe global  250ww
dperé slata mdeousd aa  laprúgbol ipcala zroe perle 7s2e n%ta y  elal s2 o5p %er adceio nseuss  ap acosirvtoo se l f3in a%n,c hiearboisé nadlo csiee rcroen cdeerl taedjeor ctoicdioa,s  lloass 
operaciones íntegramente en euros.
 
 
En cuanto a los tipos de interés aplicados, todas las emisiones de deuda pública, el 62 % de los 
saldos vivos relativos a préstamos a largo plazo y la totalidad de los saldos a corto plazo han 
devengado intereses a tipo fijo. El resto de las operaciones vivas devengan un tipo de interés 
variable. Tres de los préstamos a largo plazo han sido objeto de operaciones de permuta financiera 
de tipos de interés habiéndose intercambiado interés variable por fijo.  
Respecto a las citadas operaciones de cobertura, la CAR mantenía vivas a 31 de diciembre de 2017 
tres operaciones de permuta financiera de tipos de interés (swap fijo contra variable) concertadas 
en 2010, 2013 y 2016. Por primera vez, la memoria de la Cuenta General de 2017 ha incluido un 
apartado informando preceptivamente sobre estas operaciones. 
Como  consecuencia  de  la  evolución  descendente  de  los  tipos  de  interés  de  referencia, 
especialmente a partir del año 2012, las operaciones de cobertura han generado en 2017 un gasto 
global de 2.793 miles de euros, de los que 256 miles de euros corresponde a tres operaciones 
vencidas en 2017 y 2.537 miles de euros a las operaciones vivas a cierre de ejercicio. 
En cuanto a su registro contable, se ha comprobado que los gastos generados en 2017 en dos de 
las seis operaciones de cobertura vivas al comienzo 2017, por un importe total de 458 miles de 
euros,  no han  sido  debidamente  contabilizados  en  la aplicación  1101.0111.349  “Compra  de 
opciones y utilización de instrumentos de cobertura de tipos”, sino en el concepto correspondiente 
a los intereses de la operación cubierta por el importe neto de intereses y cobertura. Este 
procedimiento de registro es contrario al principio de imputación presupuestaria recogido en el Plan 
General de Contabilidad Pública de La Rioja, según el cual los gastos presupuestarios deben 
imputarse de acuerdo a su naturaleza económica y la finalidad que con ellos se pretende conseguir.  
En el anexo II.2-6 se detallan las emisiones de deuda pública efectuadas por la CAR, con indicación 
del saldo pendiente a 31-12-2017 valorado a coste amortizado. 
En el anexo II.2-7 de detalla, por entidades, el número de operaciones de préstamo mantenidas en 
2017, así como el capital pendiente de amortizar a 31-12-2017. 
II.6.4.1.4. Cumplimiento de los límites al endeudamiento financiero 
Las limitaciones para la concertación de operaciones de endeudamiento financiero se recogen a 
nivel general en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en la 
LOEPSF y a nivel particular en la LP de la CAR para 2017 y en los acuerdos adoptados por el 
Consejo  de  Ministros  y  el  CPFF.  Adicionalmente,  en  2015,  la  Comunidad  se  adhirió  al 
compartimento de facilidad financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 
regulado mediante RDL 17/2014, lo que implica el cumplimiento de las condiciones recogidas en 
esta norma. 
A) LEYES DE PRESUPUESTOS, RDL 17/2014 Y LOEPSF 
En el análisis efectuado sobre el cumplimiento de las previsiones y limitaciones establecidas por las 
LP de la CAR, el RDL 17/2014 y en los acuerdos y normas sobre estabilidad presupuestaria para la 
formalización de operaciones de endeudamiento en el ejercicio 2017, se ha comprobado que todas 
ellas han contado con la preceptiva autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera y del Consejo de Ministros, requisito necesario como consecuencia del incumplimiento  e.e
del objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2014 y 2015.  b
B) LOFCA
Dplea zaoc useurpdeor icoor na  euln a artñ. o1,4 c.2u.abl)q dueie lraa  LqOueF CseAa,  llaas f oCrCm.aA Aco pmood rsáen  dcoocnucmeretanrt eonp,e sraiecmiopnrees q duee c erél idmitpoo proter 
 
 
total de las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda del 25 % de los ingresos 
corrientes de la Comunidad Autónoma. En el ejercicio 2017 el gasto por amortizaciones e intereses 
registrado en el presupuesto de la Administración General no ha excedido del límite indicado, 
ascendiendo al 19,84 % de los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 5. 
A continuación se incluye la evolución del indicador de carga financiera en los últimos cinco 
ejercicios. 
Cuadro 53. Cumplimiento límites LOFCA 
(miles de euros) 
Concepto  2013  2014  2015  2016  2017 
Intereses de la deuda (a)  29.653  29.886  24.251  15.757  12.726 
Amortización de la deuda (b)  105.831  89.501  156.032  190.453  208.539 
Carga financiera (c) = (a+b)  135.484  119.387  180.283  206.210  221.265 
Ingresos corrientes (d)  990.769  960.069  992.755  1.069.157  1.115.116 
% Indicador de carga financiera 
13,67  12,44  18,16  19,29  19,84 
e= (c) / (d) 
 
C) OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA  
De acuerdo con el informe emitido por el MINHAFP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de 
deuda pública de la CAR, el volumen de esta deuda a 31 de diciembre de 2017, computada por el 
Banco de España según la metodología del PDE, ascendió a 1.570 millones de euros, equivalente 
al 19,2 % del PIB regional, porcentaje inferior al límite autorizado por el Consejo de Ministros a 
efectos del cumplimiento del objetivo de deuda. 
II.6.4.2. AVALES 
En el anexo I.4 se recoge la situación y movimiento, en el ejercicio 2017, de los avales concedidos 
por la ADER. De acuerdo con la información aportada en la fiscalización, la Administración de la 
Comunidad, los OOAA y el resto de entidades y empresas públicas no tenían riesgos por avales 
formalizados en dicho ejercicio. 
A)  AVALES  OTORGADOS  POR  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
El art. 60.1 de la LP de 2017 establece que “con vigencia exclusiva para dicho año, la Administración 
podrá avalar a sociedades participadas por un importe máximo de 110.000 miles de euros, con 
objeto de reestructurar la deuda de los mismas”. En el ejercicio 2017 la Comunidad no ha hecho 
uso de esta autorización.  es
B) AVALES OTORGADOS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA  250ww
La LP 2017 establece en su art. 60.2 que “con vigencia exclusiva para el ejercicio 2017 la Agencia
dmeá xDimesoa rdreo l1lo0 E0.c0o0n0ó mmiilceos  ddee  Leau rRosio”j.a D puoradnráte c eoln acñeod e2r0 a1v7a llae sA ag elansc ieam tapmrepsoacso  phoar  cuonn icmepdoidrote n ginlogbúanl 
aval.
 
 
Respecto a las operaciones formalizadas en ejercicios anteriores, tal como consta en la Memoria 
de la ADER, al cierre del ejercicio 2017 no hay riesgo vivo por operaciones de préstamo avaladas.  
II.6.5. Gasto sanitario 
El  Sistema  Público  de  Salud  de  La  Rioja  (SPSR)  se  estructura  en  niveles  progresivos  e 
interrelacionados de atención a la salud, con objeto de responder a las necesidades que la 
transferencia de la asistencia sanitaria operada por el RD 1473/2001, de 27 de diciembre, conlleva 
para la Administración Autonómica. El D. 121/2007, de 5 de octubre, organiza el SPSR en una 
demarcación territorial, denominada Área de Salud Única de La Rioja, que comprende 20 zonas 
básicas de salud. 
La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, organiza 
funcionalmente  la  asistencia  sanitaria  en  dos  niveles:  la  atención  primaria  y  la  atención 
especializada. Participando en ambos niveles, se presta la atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, así como a la salud mental y drogodependencias.  
Desde el punto de vista orgánico, la Ley 2/2002 atribuye a la Consejería competente en materia de 
salud todas las funciones que implican el ejercicio de la autoridad normativa y reguladora, así como 
la de financiación y aseguramiento del SPSR. De conformidad con lo previsto en el D. 24/2015, de 
21 de julio, la Consejería de Salud es el órgano de la Administración Pública de la CAR al que 
corresponden tales funciones. Para el ejercicio de sus competencias la Consejería se estructura en 
la DG de Salud Pública y Consumo, la DG de Prestaciones y Farmacia, así como la Secretaría 
General Técnica.  
Dependiente de la Consejería, el SERIS es el OA integrado en el SPSR al que corresponde la 
provisión de servicios y la prestación de la sanidad pública en el ámbito de la CA.  
Por otra parte, se encuentran la FHC y la FRS. La primera es una institución sanitaria pública creada 
al amparo del RD 29/2000, cuya tutela y control fue asumido por la CAR por RD 1473/2001, de 27 
de diciembre, sobre el traspaso a la CAR de las funciones y servicios del entonces INSALUD. Tiene 
como cometido principal la gestión y administración del Hospital de Calahorra que presta servicio a 
la zona de La Rioja Baja. Desde que se hicieron efectivos los traspasos de funciones y medios el 1 
de enero de 2002, los servicios sanitarios de la Fundación pasaron a depender de la CA.  
La FRS, creada en diciembre de 2001, lleva a cabo, fundamentalmente, tres tipos de actividades: 
la realización de prestaciones sanitarias asistenciales (medicina nuclear, oncología radioterápica y 
cuidados paliativos); docencia e investigación; así como la gestión del banco de sangre. En virtud 
de lo establecido en la DA 3ª de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas para el año 2012, las áreas asistenciales de la FRS se han integrado funcionalmente 
en el SERIS. 
 
 
Se refleja a continuación el gasto agregado de estos cuatro centros en 2017, que se desarrollan en 
los subepígrafes siguientes, debiendo destacar que dentro del gasto de la Consejería se incluyen 
las transferencias realizadas a las fundaciones:  
Cuadro 54. Gasto sanitario no consolidado de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 (miles de euros) 
  2016  2017 
Consejería Salud  161.496  161.753 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  278.378  282.043 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  34.557  35.560 
Fundación Rioja Salud (FRS)  21.726  22.821 
TOTAL  496.157  502.177 
 
II.6.5.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁREA DE SALUD  
En el ejercicio fiscalizado seguía vigente el III Plan de Salud de La Rioja aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2015 como eje sobre el que gira la planificación de las 
políticas sanitarias de la CAR en el periodo 2015-2019, así como ocho planes sectoriales cuyas 
actuaciones se coordinaban a través de distintos grupos de trabajo integrados en el marco del III 
Plan de Salud, según lo previsto en el DA única del D. 51/2014, de 28 de noviembre. 
El plan se organiza en torno a unos objetivos generales y específicos de carácter permanente que 
se concretan en una serie de recomendaciones de acuerdo a unas líneas de intervención y áreas 
de trabajo. A su vez, contempla una batería de 420 indicadores, clasificados por líneas estratégicas 
de intervención. 
Desde el punto de vista orgánico, en 2017 seguían operativos en el SERIS los denominados “pactos 
por objetivos generales” firmados por el director del área de salud del organismo con cada uno de 
los jefes de sección de los distintos servicios asistenciales, estableciéndose para cada servicio unos 
objetivos y una serie de indicadores. 
Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, el 22 de diciembre de 2017 el SERIS firmó, como paso 
previo a la elaboración de un contrato programa, un acuerdo de gestión con la Consejería de Salud 
en el que se establecieron unas líneas de actuación encaminadas a mejorar los resultados.  
Por otro lado, la FRS mantenía vigente hasta 2017 el convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja 
el 8 de julio de 2002, el cual se ha ido actualizando a través de adendas anuales. En la adenda 
correspondiente a 2017 se han establecido una serie de compromisos de actividad y calidad junto 
con la financiación para dicho año.  
Asimismo, la FHC ha estado sujeta hasta 2017 al convenio marco de colaboración suscrito con el  es
INSALUD en el que se había subrogado la CAR en base al RD 1473/2001, de traspaso de funciones  o
fycbi ojeaslnareáebr fvaoicinrciaauiocrasiioól mnse e nden emntelt ar SmetPe erlSdaiaRi a C.dn oeLten a ssl aace olcjuenodrtrí.rra aeE psdlrp ee1os 2ntS addacieeliuón dndte  ice yaic edolmaen nbóFdrmeaH i.Cc dLae a p  qe2aus0reat1i p 7laul a lsa FeacH isfóCoisnr t mpteeenurrcclcóieai br uaesn  da penno uilrta aes rvauioads  e casno ednpravva iepccnriiioeimosn e tdesraees     2021-14250n https://www.
firmada a continuación del convenio recoge el compromiso de desarrollar un contrato de calidad
 
 
conforme con los parámetros del anexo IV de la adenda, el cual ha sustituido al existente basado 
en el convenio de 2001.  
En la revisión del plan se ha comprobado que los indicadores establecidos en el III Plan de Salud 
no han estado en un primer momento asociados de forma directa a cada uno de los objetivos 
específicos.  El  logro  de  los  objetivos  del  Plan  no  se  ha  acompañado  de  un  calendario  de 
implantación, si bien para cada ejercicio se aprueba un plan de seguimiento en el que se priorizan 
las recomendaciones y se ajusta la valoración económica a la selección anual de las líneas de 
intervención. Así, en los tres primeros años de aplicación, ejercicios 2015 a 2017, se establecieron 
como prioritarias 222 recomendaciones, sobre el total de las 632 recomendaciones contempladas 
para los cinco años de vigencia del Tercer Plan de Salud. 
Respecto a su ámbito subjetivo, el Plan abarca todas las entidades que forman parte del sistema 
de salud de la CAR; esto es, el SERIS, la FHC y la FRS. No obstante, en el plan no hay una 
separación de objetivos y recomendaciones por cada una de las entidades o actores implicados al 
no realizarse un estudio diferenciado. La atención prestada por la FRS y la FHC se contabiliza como 
asistencia hospitalaria y no se diferencia de la implementación desarrollada en ese ámbito en la 
CAR por todos los provisores. Ello impide conocer cuál es la aportación de la actividad de cada 
institución a la situación de algunos de los indicadores, todo ello sin perjuicio de que la aportación 
en su conjunto sea la que permita valorar globalmente el cumplimiento de los objetivos del Plan. 
Una de las cuestiones más relevantes y que afectan a la representatividad y eficacia del Plan es la 
adecuada definición de sus objetivos e indicadores y la existencia de un sistema de explotación 
mecanizado de la información. Ello exige la realización de un análisis de la calidad, fiabilidad y 
utilidad de los indicadores, un avance en la recogida y toma de datos, así como una mejora en el 
desarrollo y explotación de los mismos, especialmente en la actividad clínica diaria, actuaciones 
que a la finalización de la fiscalización no habían concluido. 
Por lo que se refiere al establecimiento de objetivos e indicadores, en el ejercicio 2017 se ha iniciado 
un proceso de estudio y depuración en el que se comenzó a asociar cada objetivo específico con 
unos indicadores, debido a que en los primeros años de aplicación del plan no existía una 
correspondencia unívoca entre ambos. A la finalización de la fiscalización, aunque todos los 
objetivos específicos tenían asociados uno o varios indicadores, en muchos casos se trataba de 
indicadores de actividad o proceso (por ejemplo, número de pruebas realizadas) y no de resultado 
(por ejemplo, prevalencia del consumo de tabaco en distintos intervalos de población por edad y 
sexo), siendo estos últimos los más relevantes para la evaluación de la consecución de los objetivos. 
El número de indicadores incorporados al plan se ha ido reduciendo a lo largo del desarrollo del 
mismo. Para 2017 los coordinadores de las líneas propusieron 199 indicadores en dos de los cuales 
no se considera viable su obtención durante la vigencia del plan. 
En relación con la toma de datos y explotación de la información, la CAR ha indicado que no es 
posible cuantificar de manera exacta el porcentaje de indicadores cuyos datos se extraen de 
explotaciones o descargas automáticas, de modo que los resultados extraídos sean válidos y 
fiables. Se ha constatado que en determinadas líneas de intervención, entre las que se significa la 
salud mental, no siempre se ha previsto una recogida sistemática de la información pertinente para 
su captura y explotación. Por otro lado, también es preciso tener en cuenta que, en ocasiones, 
resulta complejo el desarrollar unos sistemas de información que permitan tanto la captura, como 
el procesamiento de la información de acuerdo con los datos incluidos en la historia clínica de los 
pacientes. Para algún proceso en concreto no se ha podido encontrar dentro de la tabla de  es
indicativos posibles el más adecuado para realizar la medición.  bo
RSreeecgsopumeimecntieodn aatcol i sodenegelu smi mpirsieemnviotso t aads e 3lp 1IaI Ird aPe ld adincich dioee ma Sñbaorel,u  1dd4,e 4l a 2ss0 ee1 vh7aa lbhuíaaancn i oprneueaeslsi ztloale dvdoae,d  1am0sa5 an e icfsiaetabsbtooa  pnqo uer ene  lpd Creo oclmaessit oé2  8dd0ee    2021-14250n https://ww
implantación y 31 aún no se habían iniciado. Todo ello representa a la finalización del ejercicio
fiscalizado un grado de ejecución del 51,4 % de las recomendaciones previstas a dicha fecha y un  Bc
 
 
grado de realización del 37,3 % sobre el total de recomendaciones del Plan previstas en el periodo 
2015-2019.  
Por líneas de intervención, los niveles más bajos de recomendaciones implantadas en 2017 se han 
observado  en  discapacidad,  enfermedades  cardiovasculares  y  enfermedades  emergentes  y 
reemergentes. Por el contrario, los mayores grados de implantación de las recomendaciones 
priorizadas para este año se han alcanzado en enfermedades raras, enfermedades infecciosas con 
muerte prevenible y estrategia de violencia de género. 
Los resultados de la evaluación por áreas de trabajo han puesto de manifiesto una baja implantación 
de las recomendaciones previstas para 2017 en la evaluación de resultados, prevención secundaria 
e integración y coordinación de los recursos sanitarios del SPSR. En cuanto al sistema de 
participación de los profesionales, pese a los avances observados en la comunicación entre los 
distintos niveles asistenciales, todavía hay un amplio margen de mejora, siendo recomendable la 
definición de un protocolo de comunicación del plan que permita mejorar su eficacia. También 
resulta precisa la publicación de las evaluaciones realizadas en el Portal de Transparencia de la 
CAR. En 2017 estas evaluaciones únicamente han sido reportadas al Comité de Seguimiento y 
Evaluación y al Consejo de Dirección del III Plan de Salud, pero en el diseño del IV Plan de Salud 
de La Rioja, está previsto un plan de comunicación que tiene por objeto no solo dar a conocer los 
resultados anuales y finales del Plan, sino también motivar a los equipos participantes implicándoles 
en la consecución de los objetivos. 
Los mayores logros se han alcanzado en materia de equidad en la atención y orientación al paciente 
y compromiso con su autonomía. 
En cuanto al seguimiento del acuerdo de gestión del SERIS, que como se ha indicado anteriormente 
fue suscrito en 2017, se ha comprobado que la evaluación anual realizada el 30 de abril de 2018 ha 
puesto de manifiesto mejoras en cuanto al tiempo necesario para la captura de datos objeto de 
evaluación habiéndose alcanzado un Índice de adecuación de los resultados de 81,5 puntos sobre 
100. 
II.6.5.2. ÁREA DE SALUD DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 
Mediante  D.  del  Presidente  6/2015  de  10  de  julio,  se  modifica  el  número,  denominación  y 
competencias de las Consejerías de la Administración General de la CAR. A la Consejería de Salud 
le corresponden desde este momento las funciones en materia de sanidad, salud pública, farmacia 
y consumo. Las obligaciones reconocidas por la Consejería de Salud en 2017 ascendieron a 
161.753 miles de euros, muy similares a las reconocidas en 2016 y un 3 % inferiores a las 
obligaciones reconocidas en 2015. La evolución del gasto en los ejercicios 2015 a 2017 se recoge 
en el siguiente cuadro de acuerdo a su clasificación orgánica: 
Cuadro 55. Gasto área de salud 
 (miles de euros) 
  2015  2016  2017 
Secretaría General Técnica  60.991  78.345  77.610  s
DG Salud Pública y Consumo  7.271  7.322  8.061  w.b
  DG Asistencia, PTroetsatal cáiroenae ss ayl uFda rmacia  19687..912802   17651..842996   17661..078523   OE-A-2021-14able en https://
 
 
El detalle de la evolución de las principales partidas o componentes de gasto en los últimos tres 
ejercicios es el siguiente: 
Cuadro 56. Evolución gasto área de salud 
 (miles de euros) 
2015  2016  2017 
 
Receta farmacéutica  70.004  72.357  72.960 
Transferencias a Fundaciones Sanitarias  56.070  51.338  53.130 
Asistencia Sanitaria con medios ajenos  24.404  24.112  20.987 
Otros gastos  16.704  13.689  14.676 
Total gastos de salud  167.182  161.496  161.753 
 
La rúbrica “Otros gastos” recoge, principalmente, gastos de personal por 8.695 miles de euros, 
gastos por compra de vacunas por 2.167 miles de euros y ayudas a familias relacionadas con la 
atención especializada (desplazamientos, prótesis, vehículos adaptados a minusválidos) por 1.000 
miles de euros. 
La Consejería ha aplicado en 2017 el procedimiento previsto en el art. 35.3 y 35.4 de la LH 
imputando a créditos del ejercicio corriente obligaciones generadas en ejercicios anteriores por un 
total de 12.144 miles de euros. 
A. Gasto farmacéutico no hospitalario 
La gestión de la prestación farmacéutica ambulatoria en La Rioja se encuentra instrumentada 
mediante el convenio de colaboración suscrito entre la CAR y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de La Rioja el 28 de abril de 2009. El gasto por este concepto continúa siendo en 2017 el más 
significativo en la gestión de la Consejería de Salud con una escasa variación respecto a 2016 
similar a la del gasto agregado a nivel nacional. 
La  aprobación  del  RDL  16/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  para  garantizar  la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la DG de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad 
dio  lugar  a  la  puesta en  marcha  de  diversas  medidas destinadas a  la  reducción  del  gasto 
farmacéutico de las CCAA. Estas medidas se centraron principalmente en la estimulación de la 
competencia  entre  los  proveedores,  la  exclusión  de  ciertos  medicamentos  de  la  prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y la participación en el pago a satisfacer por los 
ciudadanos por la prestación farmacéutica común.  
Respecto  al  grado  de  introducción  de  medicamentos  genéricos,  el  porcentaje  que  estos 
medicamentos suponían en el conjunto del gasto farmacéutico aumentó significativamente en 2013 
(17 %) como consecuencia de la implantación de la prioridad de dispensación de medicamentos  es
genéricos establecida en RDL 16/2012, pero a partir de ese momento se ha mantenido en niveles  o
similares y las actuaciones desarrolladas desde la Consejería no van tanto encaminadas a la  250ww
prpceorredimnsucecciprreciipnoiac slis iózaunacs  t gdivpeeorn eségc rpeioicansoré a rcy icu lopoasosn r dq ftourae enns ttoeee  x mcisaoat emnn teogier encgnieaeénlnri izécparori ec ufcornieso n,s gt peemu náaeés sro itecotrol oe,qsv u asmeidn oáohss a. a nb oiatvuueamdlmoesenontaster  p latao rdapa rleso sslc aqrsiup ecmi ónanor c dasees    OE-A-2021-14able en https://
 
 
Como se observa en el cuadro del epígrafe anterior, el gasto reconocido de receta farmacéutica ha 
ascendido en 2017 a 72.960 miles de euros, pero se mantiene aún por debajo del gasto de 2012 
que ascendía a 73.057 miles de euros. 
B. Transferencias a las fundaciones sanitarias de la Comunidad 
Las obligaciones reconocidas por la Consejería de Salud por transferencias a las Fundaciones FHC 
y FRS han ascendido a 33.356 y 19.773 miles de euros, respectivamente, en el año 2017. Estas 
aportaciones, están destinadas a financiar la actividad ordinaria de las fundaciones, pero no han 
sido suficientes para evitar que ambas presenten excedentes negativos a 31-12-2017. 
Cuadro 57. Excedentes del ejercicio y déficit acumulado a 31/12/2017 
(miles de euros) 
Fundación  Resultado del ejercicio  Déficit acumulado al 31-12-2017 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  (2.358)  (13.955) 
Fundación Rioja Salud (FRS)  (953)  (28.748) 
TOTAL  (3.311)  (42.703) 
 
C. Prestación de servicios con medios ajenos 
La prestación de servicios sanitarios con medios ajenos está contemplada en el art. 90 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, al establecer que las Administraciones Públicas 
Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la 
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Por otra parte, el D. 56/2008, de 10 de 
octubre, por el que se regula la garantía de tiempos máximos de espera y el sistema de información 
sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja, establece en su art. 6.1 los plazos máximos 
de  espera  para  los  pacientes  que  requieran  atención  sanitaria  especializada,  de  carácter 
programado y no urgente, en el ámbito del Sistema Público de Salud de La Rioja. 
De acuerdo con el D. 24/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización 
del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, corresponde a la Secretaría General 
Técnica la tramitación de los conciertos sanitarios y convenios singulares de vinculación con arreglo 
a la legislación que en materia de contratación pública resulte aplicable; realizar el seguimiento de 
su ejecución y la evaluación de los mismos en coordinación con los órganos directivos pertinentes. 
Los gastos por asistencia con medios ajenos de la CAR registrados en el ejercicio 2017, sin 
considerar los servicios de hemodiálisis, terapias respiratorias y una pequeña parte de asistencia 
 
 
hospitalaria por convalecencia, que como se expone posteriormente fueron registrados por el 
SERIS, han ascendido a 20.988 miles de euros, cuya evolución temporal se muestra a continuación:  
Cuadro 58. Sanidad con medios ajenos. Evolución gasto 
 (miles de euros) 
DIAGNÓSTICO,  ESPECIAL 
AÑO  A. ESPECIALIZADA  OTROS  TOTAL 
TRATAMIENTOS Y TERAPIAS  TRANSPORTE 
2017  15.269  27  5.692  0  20.988 
2016  15.818  16  8.277  1  24.112 
2015  16.734  24  7.646  0  24.404 
 
La asistencia especializada, que abarca los procesos quirúrgicos y procedimientos intervencionistas 
diagnósticos y terapéuticos, la atención sanitaria a la convalecencia y la rehabilitación prestada en 
centros socio-sanitarios, constituye el principal componente de la sanidad con medios ajenos 
(73 %), observándose una disminución respecto del ejercicio 2016 del 13 %, con especial incidencia 
en el transporte sanitario.  
Uno de los aspectos que adquiere especial importancia en la asistencia sanitaria concertada es la 
política de derivación de pacientes a los centros concertados, la cual está a su vez íntimamente 
relacionada con la situación de las listas de espera para cada uno de los procedimientos y 
prestaciones médicas ofrecidas por el sistema sanitario público de La Rioja. En el subepígrafe 
II.6.5.6 se analiza la evolución de las listas de espera y las medidas aplicadas para su reducción.  
La derivación de pacientes a un centro privado se efectúa cuando los recursos propios, personales 
y materiales del sistema público no son suficientes para atender la demanda sanitaria. Como se ha 
señalado en el epígrafe II.3.2, no se tiene constancia de la existencia de estudios sobre el grado de 
utilización  y  ocupación  de  quirófanos  y  medios  tecnológicos  de  diagnóstico  en  los servicios 
hospitalarios de la CAR, habiéndose informado que hay flexibilidad en la dotación de camas y 
quirófanos dependiendo de las necesidades en cada servicio y que la asignación se realiza 
mensualmente en función de las demoras en las listas de espera quirúrgicas. 
II.6.5.3. SERVICIO RIOJANO DE SALUD (SERIS) 
El Servicio Riojano de Salud (SERIS) se crea mediante la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de 
La Rioja, como OA de carácter administrativo encargado de la prestación de la sanidad pública en 
el ámbito de la Comunidad, encomendándole la dirección y gestión de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios titularidad de la Administración Autonómica que le sean adscritos, 
incluidos los bienes y derechos afectos a los servicios sanitarios transferidos de la Seguridad Social 
estatal. La transferencia se materializó en el ejercicio 2002, regulada por el RD 1473/2001, de 27 
de diciembre, momento desde el que el SERIS asumió las responsabilidades descritas. 
La organización del sector público autonómico definido por la Ley 3/2003, de 3 de marzo, motivó 
que el Organismo adaptara su estructura orgánica y la distribución competencial entre sus órganos  e
de dirección, adaptación instrumentada mediante la Ley 1/2005, de 11 de febrero, que modifica la  bo
citada Ley 2/2002, de Salud de La Rioja.  250ww
CcÚeonnnict raola e  dnee xl arpe eCfreAiereRnn,c caiaila  o apbcajuermato ut dolaedd aca ol ane sCne oglmau uigrn euisdntaaiód sn,i  mmspaelndifiiitacaanrictaeió  Dyn  .to r1rag2sa1 n/la2iz 0aa0pt7ive sarte ud reeasl  tsdaeebrllv eiHccioioós  ppeúilt bÁallri ceSoaa  sdnae nP Sietaadrlruiood.,    OE-A-2021-14able en https://
 
 
Complementariamente, mediante D. 122/2007 se estableció la estructura orgánica y funciones del 
Área de Salud. 
El SERIS, como OA administrativo, está sometido, en su régimen contable y presupuestario, al 
régimen  de  contabilidad  pública.  Su  presupuesto,  de  carácter  limitativo,  se  integrará  en  los 
Presupuestos Generales de la Comunidad. 
En el ejercicio fiscalizado el Organismo ha seguido sin formular sus cuentas anuales, habiéndose 
formado y rendido únicamente la información correspondiente a la ejecución de su presupuesto de 
gastos, integrada en la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma como una 
sección presupuestaria independiente. Esta integración amparada en la Disposición transitoria 
octava de su Ley de creación, impide conocer el resultado presupuestario y económico-patrimonial 
de la Entidad en el ejercicio fiscalizado. 
Como se viene señalando en anteriores informes de fiscalización, el SERIS no dispone de manuales 
de procedimientos sobre el control interno que delimiten las funciones de cada proceso significativo 
y las responsabilidades del personal asignado, a excepción de la unidad de inventario, el área de 
cocina y la unidad de hospitalización a domicilio. Si bien desde el Servicio de Planificación 
Evaluación y Calidad se está trabajando en desarrollar un sistema de gestión de procesos tomando 
como referencia la norma ISO 900111/2000, sería conveniente plasmar en manuales los distintos 
procedimientos de control interno que mantiene implantados el Organismo. 
A. Evolución del gasto 
La evolución de las obligaciones reconocidas por el Organismo desde su creación se expone a 
continuación atendiendo a su clasificación económica. 
Cuadro 59. Evolución obligaciones reconocidas SERIS 
 (Millones de euros) 
% Variac 
Ejercicio  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2017 
2002-2017 
Personal  74  123  139  191  186  165  169  175  178  141 
Bienes y servicios   32  44  50  75  84  133  92  102  102  219 
Gastos financieros  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Transferencias15  41  66  0  0  0  0  0  0  0  (100) 
Inversiones reales  5  4  20  4  1  1  0  1  2  (60) 
Total  152  237  209  270  271  299  262  278  282  86 
Fuente: Servicio Económico del SERIS 
El SERIS ha aplicado el procedimiento previsto en el art. 35.3 y 35.4 de la Ley de Hacienda Pública 
de La Rioja que permite la imputación a créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas  s
en ejercicios anteriores previa autorización del Consejero de Hacienda, siempre que exista crédito  oe.
disponible en el ejercicio de procedencia, o del Consejo de Gobierno, en caso de que no lo hubiera.  w.
                                                
e15n C voirrtrueds pdoen ldae Lne ay  l2a/ 2re0c0e2t,a d dee S faarlumda cdiea  Laam Rbuiolajat,o rlaias  qcuoem, pheatsetnac ciaosm dieen fzaorsm daecli a2 0fu0e5r,o anb aosnuambaid eals S pEoRr IlSa.  CDoenssdeej earbíari ld dee S 2a0l0u5d,, 
quien desde entonces reconoce y paga dicho gasto de farmacia, como se detalla en el subepígrafe II.6.5.2.
 
 
El volumen de obligaciones devengadas en ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto 2017 
asciende a 5.836 miles de euros, en tanto que el importe de las obligaciones devengadas a 31 de 
diciembre de 2017 que se aplicarán al presupuesto 2018 se eleva a 975 miles de euros, de los que 
854 miles de euros corresponden al propio ejercicio 2017. 
Este desfase en el registro ha supuesto que el importe de las obligaciones reconocidas en el 
presupuesto no coincida con el gasto real ejecutado por el Organismo. En 2017 el importe de gasto 
real según el Organismo es inferior en 4.920 miles de euros a las obligaciones reconocidas. Esta 
diferencia es consecuencia de reducir las obligaciones reconocidas en 2017 en el gasto total de 
ejercicios anteriores convalidado en 2017 (5.836 miles de euros), sumar los gastos devengados en 
2017 convalidados en 2018 (854 miles de euros) y añadir a su vez un importe de 62 miles de euros 
correspondiente a albaranes de suministros y servicios realizados antes de 31 de diciembre de 2017 
para los que el proveedor continúa sin emitir las correspondientes facturas, y por tanto no se han 
reconocido obligaciones. 
En el siguiente cuadro se detalla la evolución del gasto real del Organismo devengado en el periodo 
2002-2017: 
Cuadro 60. Evolución gasto real SERIS 
(Millones de euros) 
% Variac. 
Ejercicio  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2017 
2002-2017 
Personal  90  123  139  191  186  165  169  175  178  98 
Bienes y servicios   39  44  56  75  88  88  89  96  97  149 
Gastos financieros  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Transferencias  54  66  0  0  0  0  0  0  0  (100) 
Inversiones reales  5  4  20  4  1  1  0  2  2  (60) 
Total  188  237  215  270  275  254  259  273  277  47 
Fuente: Servicio Económico del SERIS 
Como se observa, desde el traspaso de competencias sanitarias a la CAR en 2002 hasta el ejercicio 
2017 el gasto refleja un incremento del 47 %, si bien es preciso indicar que desde el ejercicio 2005 
las  transferencias  destinadas  al  pago  de  las  recetas  de  farmacia  ambulatoria  pasaron  a 
corresponder a la Consejería de Salud, por lo que el aumento real del gasto del SERIS en dicho 
periodo, descontando las obligaciones por transferencias de farmacia ambulatoria, se situaría en el 
107 %. La tendencia creciente del gasto se mantuvo hasta el ejercicio 2010, momento a partir del 
cual se produjo una ligera reducción del mismo, más significativa en el ejercicio 2012 (6,6 %), como 
consecuencia de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal establecidas en los Planes 
Económico-Financieros presentados por la CAR. En los ejercicios posteriores el nivel de gasto se 
ha ido incrementando. En 2017 el gasto se ha mantenido en un nivel muy similar a 2016 con un 
incremento cercano al 1 %.  e.e
B. Gastos de personal  250ww
De acuerdo con los datos facilitados por el Organismo, a 31 de diciembre de 2017, el número de
efectivos reales del SERIS ascendía a 4.077, cuyo detalle y clasificación por tipo de contratación se
 
 
expone en el anexo III.1 del informe. A continuación se presenta una comparación entre la plantilla 
orgánica del Organismo y los efectivos reales a 31-12-2017: 
Cuadro 61. Plantilla orgánica y efectivos reales SERIS16 
EFECTIVOS REALES 
PLANTILLA 
PERSONAL 
ORGÁNICA  En  Plantilla 
Directivos  Extraplantilla  TOTAL 
formación  Estructural 
Directivo  0  12  0  0  0  12 
Facultativo  802  0  0  682  161  843 
Sanitario No Facultativo  1.878  0  0  1.749  398  2.147 
No Sanitario  835  0  0  736  190  926 
En Formación17   0  0  149  0  0  149 
TOTAL SERIS  3.516  12  149  3.167  749  4.077 
 
El personal del SERIS tiene mayoritariamente carácter estatutario al proceder del INSALUD y se 
rige actualmente por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del “Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud”. 
Debido al carácter estructural que el exceso de empleo estatutario temporal había adquirido en 
ejercicios anteriores en algunas categorías, y en cumplimiento de la Resolución de 23 de diciembre 
de 2015 del SERIS por la que se ordenó la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial del 
Organismo, en el año 2016 se adoptaron una serie de medidas, ya iniciadas en 2015, consistentes 
en reducir el número de efectivos con contrato eventual en puestos de trabajo estructurales.  
El 23 de diciembre de 2016 se aprobó el Quinto Plan de Ordenación de Recursos Humanos del 
SERIS, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 diciembre de 2019, contando entre 
sus objetivos el redimensionamiento de la plantilla y la revisión de las categorías estatutarias, la 
ocupación de la plantilla en niveles superiores al 90 %, la reforma de la relación de puestos de 
trabajo y la correspondiente modificación de la normativa que afecta a estos aspectos. Respecto al 
redimensionamiento de la plantilla, que estaba prevista para junio 2017, se ha procedido, a través 
de las LP 2017 y 2018, a la amortización de un total de 46 plazas y a la creación de 75 más 
adecuadas a las necesidades reales del SERIS. Se encuentra pendiente de finalizar la revisión de 
categorías  estatutarias  prevista  inicialmente  para  abril  de  2017,  encontrándose  en  fase  de 
tramitación la propuesta de la Administración para la reforma de la relación de puestos de trabajo 
del SERIS prevista inicialmente para el 30 de junio de 2017. Por último se encuentra aún pendiente, 
pero dentro del plazo estimado, la revisión del D. 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas y puestos de trabajo del SERIS.  
El D. 48/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda aprueba 
la Oferta de Empleo Público para 2017, de aplicación al SERIS, que contempla la existencia de una  s
promoción  interna  vertical  para  el  personal  estatutario,  y  determina  que  no  se  realizarán  e.
nombramientos de personal estatutario temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir  w.
 1 6  R   e s  p e  c t o   a    e s  t o s   d  a  to  s ,   d e  b  e   i n d  ic   arse que tanto el personal en formación como el personal directivo, no ocupan plaza de  2021-14250n https://ww
plantilla, por lo que no se han tenido en cuenta dentro de la plantilla orgánica presupuestada.
17 Corresponde a los médicos internos residentes y las matronas.
 
 
necesidades urgentes e inaplazables en sectores prioritarios o relativos a servicios públicos 
esenciales. 
El SERIS ha informado que el volumen de extraplantilla a 31 de diciembre de 2017, ascendía a 749 
efectivos, de los que 369 tenían nombramiento eventual en acumulo de tareas, y de estos 46 se 
encontraban  desempeñando  puestos  de  naturaleza  estructural.  Continúa  de  esta  manera  la 
tendencia del ejercicio 2016 de reducción de puestos de naturaleza estructural ocupados por 
eventuales que han disminuido en 14 personas respecto a las 60 existentes a 31 de diciembre de 
2016. 
Para la contratación de personal con carácter temporal, y conforme a los criterios del Pacto de la 
Mesa Sectorial, el SERIS ha convocado mediante resoluciones de 27 de diciembre de 2016 y 31 de 
mayo de 2017 la formación de listas de empleo temporal para personal no facultativo y facultativo 
respectivamente, que sustituirán a las convocadas en 2013. Con fecha 22 de febrero de 2019, el 
SERIS ha informado que respecto al personal sanitario no facultativo y personal no sanitario ya se 
están utilizando las nuevas bolsas de empleo. Respecto al personal facultativo de las cuarenta y 
seis categorías convocadas se han baremado y publicado las listas definitivas correspondientes a 
dieciocho categorías,  permaneciendo  una  más  baremada  pendiente  de  publicar  y  veintisiete 
pendientes de baremar. 
C. Aprovisionamientos: especial referencia al gasto farmacéutico hospitalario 
Las obligaciones reconocidas en 2017 por la adquisición de suministros ascendieron a 80.534 miles 
de euros, lo que representa el 79 % de los gastos corrientes en bienes y servicios del Organismo 
en dicho año. Destacan por su volumen los gastos correspondientes a productos farmacéuticos 
(40.466 miles de euros), otro material sanitario (12.001 miles de euros), material de laboratorio 
(10.794 miles de euros) e implantes para consumo y reposición (6.258 miles de euros). Se detalla 
a continuación la evolución de estos gastos en los tres últimos ejercicios: 
Cuadro 62. Evolución gasto por suministros. SERIS 
(miles de euros) 
Desglose tipo de suministro  2015  2016  2017 
Productos farmacéuticos  38.304  43.058  40.466 
Otro material sanitario  9.607  10.468  12.001 
Material de laboratorio  9.838  9.840  10.794 
Implantes para consumo y reposición  6.505  6.601  6.258 
Otros suministros  10.869  10.588  11.015 
Total gasto por suministros  75.123  80.555  80.534 
 
Como se ha indicado anteriormente, en el año 2017 se convalidaron gastos corrientes en bienes y  e.
servicios por 5.836 miles de euros que se mantenían sin contabilizar al cierre del ejercicio 2016, lo  w.b
que representa un 6 % del presupuesto definitivo del capítulo 2 del presupuesto de gastos del  250ww
Ocorngvaanliisdmadoo sp aerna  22001187 s. eS hea nh rae dcuocmidpor osbigandiofi caqtuivea mloes ngtea,s atol ss itdueavrseen geand 9o7s5  emni le2s0 1d7e  eyu raonst.e riores
 
 
Respecto a las adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos hospitalarios, en línea 
con lo señalado en ejercicios anteriores, cabe indicar que estas adquisiciones no se han ajustado 
estrictamente a los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, si bien debe 
tenerse en cuenta que el 75 % de las obligaciones reconocidas en 2017 por adquisición de 
medicamentos  corresponde  a  150  especialidades  exclusivas  para  las  que  existe  un  único 
proveedor. 
Para los medicamentos no exclusivos, el SERIS ha mantenido un procedimiento, que el propio 
Organismo  denomina  “negociado”,  por  el  que  se  convoca  a  los  laboratorios  farmacéuticos 
proveedores a la presentación de sus ofertas de suministro de medicamentos al Hospital San Pedro, 
FHC,  FRS,  Centros  de  Salud  de  Asistencia  Primaria,  Centros  de  asistencia  social  y 
061-ambulancias. A las ofertas, que deben presentarse cerradas, se les aplican unos criterios de 
selección que además de la oferta económica valoran aspectos como el compromiso de servicio 
para 2017, los plazos de entrega y la solución de problemas en el ejercicio anterior. Las ofertas 
recibidas y las distintas fases del proceso de selección se recopilan en un documento denominado 
“Compra Centralizada de Medicamentos”. Una vez acordadas las condiciones, los pedidos de 
medicamentos se realizan a través de un sistema informático basado en un control automatizado 
de existencias, a través del cual cuando dichas existencias se sitúan por debajo de un determinado 
nivel, se genera automáticamente el pedido. 
En desarrollo de lo dispuesto en la DA 4ª del RDL 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 
se creó la Plataforma Central de Compras, liderada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA) en la que participan también el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las 
CCAA, que se reunió por primera vez en junio 2012. Las CCAA podrán, mediante la formalización 
de los correspondientes acuerdos marco, adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal 
de medicamentos y productos sanitarios. 
En 2017 la CAR ha realizado adquisiciones basadas en cuatro acuerdos marco firmados con 
INGESA para la adquisición agregada de un grupo de 20 medicamentos (82 miles de euros), Factor 
VIII de coagulación recombinante (564 miles de euros), medicamentos inmunosupresores (2.716 
miles de euros) y antirretrovirales (1.421 miles de euros). Por otro lado, sin la intervención del 
INGESA, en 2017 también se han reconocido obligaciones por 864 miles de euros dentro del 
acuerdo marco suscrito por el SERIS con ocho laboratorios, el 30 de mayo de 2014, para el 
suministro de tiras reactivas para la determinación de la glucosa. 
En la fiscalización se ha comprobado que desde el Organismo y la propia Consejería se han 
impulsado una serie de medidas para mejorar la eficacia del gasto farmacéutico, de cuyo análisis 
se han obtenido los siguientes resultados: 
- Selección de medicamentos a través de la Comisión de farmacia y terapéutica. 
- Creación de protocolos para la aplicación de determinadas medicaciones costosas, como el caso 
de la hepatitis C, para la que se ha introducido un nuevo protocolo a partir del 1 de noviembre de 
2017. 
- Necesidad de autorización por un grupo de trabajo de evaluación de medicamentos de aquellos 
fármacos de alto impacto presupuestario. 
- Revisión periódica de incorporaciones de medicamentos genéricos y biosimilares al nomenclátor  w.b
para favorecer el acceso temprano a los mismos. De acuerdo con los datos facilitados por el SERIS,  250ww
ealn tceorniosru. mo de biosimilares y genéricos se ha incrementado en un 5 % en 2017 respecto al año
 
 
- Realización de informes de consumo con distinta periodicidad para analizar desviaciones. Se ha 
comprobado que el SERIS ha calculado la variación del gasto global por servicio en 2016 y 2017, 
de manera que cada uno de estos centros pueda calcular la razonabilidad de la variación. 
Adicionalmente a lo indicado para los productos farmacéuticos, la CAR ha formalizado contratos de 
suministro con distintos proveedores a los que se ha adherido el SERIS respecto a los servicios de 
telefonía, energía eléctrica y gas natural, papel y material de oficina, servicios de seguridad y 
servicios postales.  
Por lo que se refiere a la adquisición de suministros de productos alimenticios, el volumen de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio por este concepto ha ascendido a 1.200 miles de euros. De 
este importe, 947 miles de euros se han adquirido mediante procedimientos abiertos y 235 miles de 
euros mediante diversos contratos menores.  
. 
D. Prestación de servicios con medios ajenos 
Los gastos por asistencia concertada prestada por el SERIS han ascendido en el ejercicio 2017 a 
2.514 miles de euros, con la siguiente evolución temporal: 
Cuadro 63. Sanidad concertada SERIS. Evolución gasto 
(miles de euros) 
AÑO  A. ESPECIALIZADA  HEMODIALISIS  TRAT. Y TERAPIAS  TOTAL 
2017  17  1.836  661  2.514 
2016  42  1.773  685  2.500 
2015  40  1.666  0  1.706 
 
A  través  del  SERIS  se  encuentra  externalizada  la  prestación  de  servicios  de  hemodiálisis 
ambulatoria, servicios que debieron haber sido prestados por la Consejería de Salud, y cuyo origen 
se remonta al concierto suscrito en 1984 entre el extinto INSALUD y un centro privado, en el que se 
subrogó la CAR en virtud de lo previsto en el RD 1473/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso de 
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Con posterioridad a esta fecha el SERIS 
y la empresa han establecido cláusulas adicionales referentes a la actualización del precio de los 
servicios. El importe de las obligaciones reconocidas por el SERIS en 2017 ha ascendido a 1.206 
miles de euros.  
El contenido de este concierto no ha recogido todos los extremos previstos en el art. 98 de la Ley 
2/2002, y su ámbito temporal contraviene lo establecido en el art. 278 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, según el cual los contratos de gestión de servicios públicos no 
podrán tener carácter perpetuo o indefinido, debiéndose fijar necesariamente en las cláusulas su 
duración, así como la de las prórrogas de que puedan ser objeto, sin que el plazo total, incluidas las 
prórrogas, pueda exceder los 10 años de duración. Según se ha informado desde la Consejería de  e.e
Salud en el Plan director del Complejo Hospital San Pedro de La Rioja se incluye la ampliación en  b
el Servicio de Hemodiálisis, de puestos y consultas técnicas, estando prevista para el ejercicio 2020  250ww
uPbanosar a opdtrroiom  eleanrda od f,oa essl  eSc,o EcnRotrnIaSdt iotcasiom dnbeai édsnau  game lisantsiiso tdnrioassp u osnnu sisbecilrrivditioacsdio e edsne p  d2rei0ás1lui6sp isuc eopsnet raditrooianss e.ca o l my phaeñmíaosd iáplriisvias ddaosm picailriaa rliaa   OE-A-2021-14able en https://
prestación de dicha asistencia, que han generado unas obligaciones reconocidas en 2017 por 630
 
 
miles de euros. Asimismo, en 2016 también se formalizó un contrato de servicios para la prestación 
de terapias respiratorias a domicilio, que han supuesto el reconocimiento de obligaciones en 2017 
por importe de 661 miles de euros. 
II.6.5.4. FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA (FHC) 
La FHC es una institución sanitaria pública creada al amparo del RD 29/2000, de 14 de enero, sobre 
nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, cuya tutela y control fueron asumidos 
por la CAR por RD 1473/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la CAR de las funciones y 
servicios del entonces Instituto Nacional de Salud. Tiene como cometido principal la gestión y 
administración del Hospital de Calahorra que presta servicio a la zona de La Rioja Baja. La CAR 
había asumido, como consecuencia del traspaso de servicios y funciones del INSALUD, el Convenio 
de Colaboración firmado en 2001 entre la Fundación y dicho instituto. El 12 de diciembre de 2017, 
tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que constituye 
normativa básica para las administraciones autonómicas, se ha firmado un nuevo Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y la Fundación para la 
asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del sistema público de salud de La Rioja. 
La  Fundación  desarrolla  su  actividad  en  el  edificio  del  Hospital  de  Calahorra  (La  Rioja), 
perteneciente a la Tesorería de la Seguridad Social y por el que no paga ninguna contraprestación. 
En fecha 31 de diciembre de 2017 el valor que figura en el balance en relación a estas instalaciones 
corresponde a las ampliaciones realizadas sobre el edificio actual y a la construcción del nuevo 
edificio administrativo, puesto que a dicha fecha no se ha recibido el documento de cesión a la 
Fundación del inmueble original. 
En el siguiente cuadro se detalla de forma resumida la composición de los gastos de la Fundación 
en 2017: 
Cuadro 64. Composición y variación gasto FHC 
 (miles de euros) 
Rúbricas de gasto  Ejercicio 2017 
Gastos de personal  20.696 
Aprovisionamientos  12.625 
Dotación amortización  550 
Otros gastos actividad  1.673 
Gastos financieros  5 
Gastos extraordinarios  11 
TOTAL  35.560 
 
Como puede apreciarse, el mayor volumen corresponde a los gastos de personal (58 %), seguido  e.
del gasto en aprovisionamientos (36 %). En  el epígrafe II.6.10 se analizan los procesos de  w.
contratación de personal de la FHC, de acuerdo con el acuerdo de 7 de febrero de 2019 de la  250ww
dCeo mtailseisó nc oMnitxrtaat apcaioran elass.  relaciones con el Tribunal de Cuentas por el que se solicita la fiscalización
 
 
Dentro de los aprovisionamientos son especialmente significativos los gastos de farmacia que 
representan el 17 % del gasto total de la Fundación y el gasto en “trabajos realizados por otras 
empresas”  constituido  por  la  prestación  sanitaria  concertada  con  entidades  privadas,  que 
representa  el  12 %.  Los  gastos  por  compras  de  farmacia  (5.890  miles  de  euros)  se  han 
incrementado en 2017 un 9 % respecto al gasto de 2016. El informe emitido en cumplimiento del 
art. 121.3 de la LHPR refleja en 2017 una desviación en los aprovisionamientos del 39 % debido 
principalmente a los gastos en farmacia, y en los gastos de personal del 17 % consecuencia de una 
previsión insuficiente respecto a la plantilla existente. 
Para la adquisición de productos farmacéuticos que no tienen el carácter de exclusivos, la FHC se 
ha integrado en la negociación anual centralizada por el SERIS. 
La Fundación ha formalizado, asimismo, en 2017 diversos contratos a través de la adhesión a 
acuerdos marco integrados en el procedimiento de compras agregadas del Sistema Nacional de 
Salud,  liderado  por  INGESA.  Cuatro  de  estos  contratos  se  refieren  a  medicamentos 
inmunosupresores (1.252 miles de euros) y dos a diferentes lotes de medicamentos (19 miles de 
euros). 
Respecto  a  los  gastos  por  suministros  y  otros  servicios,  la  fundación  mantiene  en  2017  la 
contratación del suministro de gas, energía eléctrica, papel reciclado, material de oficina, servicios 
de seguridad y vigilancia sin arma y servicios postales a través acuerdos marco formalizados para 
todo el sector público de La Rioja. Por otra parte, la FHC ha llevado a cabo prestaciones sanitarias 
a través de la formalización de contratos con entidades privadas para la asistencia especializada, 
de diagnóstico y de tratamiento y terapias que han supuesto un gasto en 2017 de 2.179 miles de 
euros. 
Respecto a la situación financiera de la FHC, debe señalarse que en el ejercicio 2017 esta ha 
recibido de la Administración General transferencias nominativas por un total de 33.356 miles de 
euros, de las que 32.826 miles de euros deben financiar gastos corrientes y 530 miles de euros 
gastos de capital. Respecto a las subvenciones corrientes, el presupuesto asignado inicialmente 
por la Consejería de Salud a la fundación para el ejercicio 2017 ascendía a 29.156 miles de euros, 
sin embargo, mediante la adenda segunda al convenio de colaboración, firmada entre ambas partes 
el 22 de diciembre de 2017, se ha establecido una financiación adicional de 4.200 miles de euros 
para hacer frente a las obligaciones generadas hasta 31 de diciembre. 
A pesar de las distintas actuaciones desarrolladas por la Administración de la CAR durante los 
ejercicios 2014 y 2015 tendentes a mejorar la situación patrimonial de FHC, los excedentes de los 
ejercicios 2016 y 2017 han sido negativos en 2.104 y 2.358 miles de euros, respectivamente, dando 
lugar a unos resultados negativos acumulados a 31 de diciembre de 2017 de 13.955 miles de euros. 
No obstante, debido a la contabilización en este epígrafe de las aportaciones por importe de 13.305 
miles de euros realizadas por la Administración de la CAR en 2014 y 2015 para asumir gran parte 
de la deuda mantenida por FHC, el total de los fondos propios a esa fecha era positivo en 3.137 
miles de euros. 
II.6.5.5. FUNDACIÓN RIOJA SALUD (FRS) 
La FRS fue creada en diciembre de 2001, siendo sus principales actividades la promoción, 
prestación y gestión de recursos y servicios sanitarios, la docencia e investigación de las Ciencias  s
de la Salud, la promoción de la salud en cualquiera de sus vertientes y la gestión del banco de  e.
sangre.  w.
SReio jraig, eL epyo r5 l0a/ 2L0e0y2 ,1 /d2e0 0276,  ddee  d1i2ci edme bfereb,r edreo ,F duen dFaucniodnaecsio yn eLse yd e4 9la/2 C00o2m, udneid 2a3d  dAeu tdóincoiemmab rdee,  dLea 
rcéogmimuneinta rfiisac. al y demás disposiciones legales de aplicación, en especial de la salud pública y
 
 
El 4 de septiembre de 2017, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que constituye normativa básica para las administraciones autonómicas, se ha 
firmado un nuevo Convenio de Colaboración con el Gobierno de La Rioja para la prestación de las 
actividades de servicios sanitarios avanzados, docencia, investigación, desarrollo e innovación de 
las ciencias de la salud. 
Por otro lado, el 31 de octubre de 2012, se firmó un convenio de colaboración entre la FRS y el 
SERIS para la ordenación e integración de las áreas asistenciales dentro del OA en dos fases: una 
integración funcional inicial sin modificación del régimen jurídico, económico y de los derechos 
adquiridos por el personal, y una posterior integración orgánico-estructural. 
Una vez superada la integración funcional de las unidades y personal, permanece pendiente la 
segunda fase del proceso de integración, no habiéndose realizado a la finalización de la fiscalización 
ninguna actuación para avanzar en el proceso, motivado, según se ha informado, por la dificultad 
de integrar en el ámbito del SERIS a los trabajadores de la Fundación, que tienen la condición de 
personal laboral, frente al régimen estatutario al que está sujeto el personal del SERIS. Sin embargo, 
carece de sentido mantener dos regímenes de personal distintos para trabajadores que prestan los 
mismos servicios y realizan labores asistenciales similares, por lo que esta situación debería 
homogeneizarse y regularizarse a través de los oportunos procedimientos de convocatoria de 
plazas a concurso público.  
Durante los ejercicios 2014 y 2015 la Administración de la CAR llevó a cabo diversas acciones 
tendentes  a  compensar  los  excedentes  negativos  acumulados,  que  supusieron  aportaciones 
globales por importe de 25.271 miles de euros. No obstante, en los ejercicios 2016 y 2017 los 
excedentes  del  ejercicio  han  sido  nuevamente  negativos  en  1.292  y  953  miles  de  euros 
respectivamente, lo que eleva los resultados negativos acumulados a 31 de diciembre de 2017 a 
28.748 miles de euros, situándose los fondos propios con signo negativo en 5.430 miles de euros.  
En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos de gasto de la FRS en los dos últimos 
ejercicios: 
Cuadro 65. Composición y variación gasto FRS 
(miles de euros) 
Rúbricas de gasto  Ejercicio 2017 
Gastos de personal  9.687 
Aprovisionamientos  8.400 
Dotación amortización  979 
Otros gastos de explotación  3.531 
Ayudas monetarias y otros  48 
Otros resultados  1 
Gastos financieros  172  s
Diferencias de cambio  3  w.b
  TOTAL  22.821
 
 
Dentro de los gastos de personal se han abonado 480 miles de euros como consecuencia de la 
reactivación de la carrera y desarrollo profesional con efecto 1 de enero de 2017 y en la rúbrica de 
aprovisionamientos, como trabajos realizados por otras empresas, se ha registrado la asistencia 
concertada por la FRS, que ha supuesto un gasto en 2017 de 6.532 miles de euros, correspondiente 
en su práctica totalidad a los servicios de diagnóstico por la imagen, prestados mediante técnicas 
de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología convencional.  
En 2010 la FRS y la empresa CIBIR, S.L. firmaron un contrato para la explotación, conservación y 
mantenimiento del aparcamiento de vehículos del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, 
estableciéndose en los pliegos, entre otros supuestos, que la Fundación debería restablecer el 
equilibrio económico financiero del contrato cuando la demanda real fuera inferior en más de un 
25 % a las previsiones, hecho este que ha sido confirmado desde el inicio de la ejecución del 
contrato. 
El 19 de septiembre de 2013, se adoptaron entre ambas partes unos acuerdos complementarios al 
contrato para fijar un periodo transitorio en la explotación del aparcamiento, desde 1 de enero 2013 
hasta  el  31  de  diciembre  de  2016,  durante  el  cual  la  FRS  se  comprometió  a  abonar  a  la 
concesionaria una cuantía anual máxima integrada por el importe de la dotación a la amortización 
contable de cada año y los costes anuales financieros de la explotación, minorada en el valor del 
canon anual por los servicios prestados por la FRS y los posibles resultados positivos de la Sociedad 
concesionaria. Asimismo, se asumió el compromiso de cerrar una parcela de aparcamiento libre 
situada al oeste del Hospital de San Pedro, así como de regular un precio público condicionando su 
utilización al abono del mismo, en la medida en que aquella podía afectar a la facturación del 
aparcamiento del CIBIR. Tras reiterados incumplimientos del citado compromiso, la parcela ha sido 
objeto de cerramiento en febrero de 2017 habiéndose regulado y gestionado por parte del SERIS 
las condiciones y precios de uso. 
Con base en todos los hechos y actuaciones descritos, y de acuerdo con lo señalado en el informe 
de auditoría de las cuentas anuales de la FRS para 2017, las diferentes posibles interpretaciones 
de las partes en relación al contrato de concesión, el acuerdo complementario de 19 de septiembre 
de 2013 y las modificaciones establecidas el 8 de junio de 2016 de dicho acuerdo complementario, 
generan una incertidumbre sobre el cumplimiento por las partes de los mencionados acuerdos que 
podrían suponer la resolución del acuerdo transitorio, quedando sin efecto alguno su contenido, y 
aplicándose en ese caso el contrato inicial. 
El contrato establece en el punto 9 de su Anexo I, que, en el caso previsto en la cláusula 24.2.d) del 
Pliego, si no se produjera acuerdo entre las partes para el restablecimiento del equilibrio económico-
financiero, se aplicará una compensación económica por la diferencia entre el beneficio real antes 
de impuestos y el previsto en el modelo económico-financiero recogido en el Anexo II del contrato. 
La aplicación del contrato inicial y su Anexo I supondría una posible reclamación global de la 
sociedad concesionaria por el déficit de la concesión desde del inicio de la misma, por un importe 
total de 8.294 miles de euros, calculado como diferencia entre el importe total (13.104 miles de 
euros)  menos  las  compensaciones  económicas  ya  abonadas  (4.158  miles  de  euros),  y  la 
correspondiente al ejercicio 2017 contabilizada y pendiente de pago (652 miles de euros) a fecha 
de cierre del ejercicio 2017. 
Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, la materialización de esta incertidumbre podría tener un 
efecto patrimonial negativo para la fundación de 6.242 miles de euros, con origen, básicamente, en  es
la parte pendiente de imputar del canon inicial de 8.000 miles de euros sobre el periodo restante de  o
duración del contrato, teniendo en cuenta un periodo total de 40 años.  250www.
 
 
II.6.5.6. ASISTENCIA SANITARIA.  EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS  DE ESPERA Y  MEDIDAS 
APLICADAS PARA SU REDUCCIÓN 
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
consagró el derecho de los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria en su CCAA de residencia en 
un tiempo máximo, de acuerdo a los criterios marco definidos en el Consejo Interterritorial del SNS, 
disponiendo que fuesen las CCAA quienes definieran los tiempos máximos de acceso a su cartera 
de servicios dentro de dicho marco y el RD 605/2003, de 23 de mayo, fija medidas homogéneas 
para el tratamiento de la información de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. 
Por otra parte, el D. 56/2008, de 10 de octubre, regula la garantía de tiempos máximos de espera y 
el sistema de información sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja, entendiendo por 
lista  de  espera  el  conjunto  de  pacientes  que,  en  un  momento  determinado,  se  encuentran 
pendientes de una intervención quirúrgica, consulta o prueba diagnóstica, cuya demora es atribuible 
a la organización y recursos disponibles18. El Sistema Público de Salud de La Rioja, lo constituyen, 
a los efectos del citado Decreto, el conjunto de centros asistenciales dependientes del SERIS, así 
como de entidades públicas y privadas que, en virtud de disposición o pacto, queden obligados a la 
prestación de los servicios sanitarios que se determinen respecto a los beneficiarios de asistencia 
sanitaria pública a cargo del SERIS. 
La Comunidad cuenta con un registro único de pacientes de lista de espera con un sistema mediante 
el cual los pacientes pueden consultar su inclusión informáticamente a través  del portal de 
información sanitaria.  
En 2017 se pusieron en marcha dos programas enfocados a la reducción de los tiempos medios de 
espera. Uno más global, en relación con los procesos quirúrgicos en el SERIS (Hospital San Pedro) 
y otro, más específico, para la atención de fracturas de cadera antes de 48 horas. Según ha 
informado la CAR, los resultados han sido satisfactorios, al haber disminuido significativamente la 
demora media quirúrgica y el número de pacientes pendientes de intervención y haber aumentado 
el nivel de complejidad de las cirugías. Asimismo, como hechos posteriores, en relación a las 
consultas externas del área quirúrgica, en 2018 se han puesto en marcha las denominadas 
“consultas de alta resolución” en el área de traumatología y ortopedia, con una disminución 
significativa en la demora de consultas y con una reducción considerable de las consultas sucesivas. 
Entre las dificultades para lograr unos mejores resultados la CAR ha señalado la carencia de 
experiencia del personal de enfermería en determinadas cirugías con especial complejidad y la falta 
de disponibilidad de camas.  
                                                  250ww
18 Los plazos máximos de respuesta establecidos en el D. 56/2008 en relación con los pacientes que requieran atención
scaasnoita driea  persopceecdiaimlizieandtao,s  dqeu icraúrrágcictoesr ,p 4ro5g draíamsa pdaor ay  enlo a ucrcgeesnot ea,  qpuriemdearna se sctoanbsleucltiadso sd ed ea slais tseignuciiae netes pmecainaelizraa:d 1a0 y0  3d0ía ps aeran  leal 
realización de pruebas diagnósticas especializadas.
 
 
A continuación se expone de modo resumido a efectos comparativos la información sobre tiempos 
de espera por especialidades publicadas por el Sistema de Información sobre listas de espera en 
el SNS para 201719: 
Cuadro 66. Listas de espera quirúrgica y lista de espera de consultas de la CAR en 2017  
(%) 
  Media de los Sistemas Salud 
CAR 
de las CCAA 
Tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 
14  13 
habitantes 
Tiempos medios de espera quirúrgica (días)  55  106 
Porcentaje de pacientes con más de seis meses 
4  17 
de espera quirúrgica (%) 
Tasas de pacientes en espera para consultas por 
67  46 
1.000 habitantes (%) 
Tiempo medio de espera para consultas (días)  51  66 
Porcentaje de pacientes con más de 60 días de 
75  44 
espera para consultas (%) 
Los tiempos medios de espera quirúrgica y para consultas de la CAR son significativamente 
inferiores a la media del SNS. El porcentaje de pacientes con más de sesenta días en espera para 
consulta en la CAR es superior a la media del SNS, mientras que el porcentaje de pacientes con 
más de seis meses de espera quirúrgica es netamente inferior al alcanzado en el SNS. 
Por lo que se refiere a la evolución temporal de estas listas, concretamente en relación con la CAR, 
de acuerdo con los datos publicados por el Sistema de Información sobre listas de espera en el 
SNS, la evolución del número y días de espera en la prestación de servicios sanitarios en el ejercicio 
fiscalizado y los tres precedentes, responde al siguiente desglose: 
Cuadro 67. Pacientes en espera y tiempo medio en la CAR 
  2014  2015  2016  2017 
Número de Pacientes en espera para consultas 
11.610  10.927   16.248  20.721 
externas 
Tiempo  medio  de  espera  para  consultas 
28  26   32  51 
externas (días)  
Número  de  Pacientes  en  espera  para 
4.380  4.719  4.870  4.354 
intervenciones quirúrgicas 
Tquieirmúrpgoic mase ddeio  lodse p eascpieenrtae sp (adríaa sin) t ervenciones  41  45   49  55  boe.
                                                
19 Los referidos datos se calculan en base a los parámetros previstos por el RD 605/2003, de 23 de mayo, por el que se
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera en el SNS.
 
 
 
Por lo que se refiere al tiempo de espera para consultas externas, se ha incrementado el número 
de pacientes en espera. A su vez, el tiempo medio de espera ha aumentado hasta los 51 días, de 
manera que ha sobrepasado el plazo legal de 45 días para el acceso a primeras consultas, 
destacando las especialidades de oftalmología (71 días) y dermatología (59 días), que, no obstante, 
se encuentran sensiblemente mejor que a nivel general del SNS donde los días de espera se han 
situado en 77 y 71, respectivamente. 
Pese a la reducción interanual en 2017 del número de pacientes en listas de espera para 
intervenciones quirúrgicas, el tiempo medio se ha incrementado en el ejercicio fiscalizado, si bien 
continúa siendo inferior al máximo legal de 100 días, siendo las especialidades de traumatología 
(89 días) y cirugía maxilofacial (56 días) en las que tiene lugar la mayor espera, frente a los 130 
días y 113 días, alcanzados, respectivamente, a nivel global en el SNS. 
Finalmente, en relación con la percepción por los usuarios de la calidad del servicio prestado en 
atención primaria, en el siguiente cuadro se muestra, de acuerdo con los datos ofrecidos en los 
estudios 8816 y 8817 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros Sanitarios 2016 y 
2017), la opinión de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de 
cabecera (o de familia) de la sanidad pública de La Rioja: 
Cuadro 68. Opinión del usuario de atención primaria 
  2016  2017 
Buena /Muy buena  87,6  90,7 
Regular / Mala  12,4  9,5 
Muy mala  0  2,4 
 
II.6.6. Gasto educativo no universitario 
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por LO 3/1982, de 9 de junio, y reformado por la 
LO 3/1994, de 24 de marzo, dispone en su art. 12.1 que corresponde a la CAR la competencia de 
desarrollo  legislativo  y  ejecución  de  la  enseñanza  en  toda  su  extensión,  niveles  y  grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que, conforme al apartado 1 del art. 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el art. 149.1.30ª y de la Alta Inspección para su cumplimiento y 
garantía. 
A través del RD 1826/1998, de 28 de agosto, se hizo efectivo, desde el 1 de enero de 1999, el 
traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del 
Estado a la CAR. Estas funciones y servicios fueron asumidas adscribiéndose a la entonces 
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes por D. 73/1998, de 29 de diciembre. 
Las competencias educativas están repartidas entre la AGE, que ejecuta las directrices generales  s
del Gobierno sobre política educativa y regula los elementos o aspectos básicos del sistema y la  e.
administración autonómica, que desarrolla las normas estatales y tiene competencias ejecutivo- w.
administrativas de gestión del sistema educativo en su propio territorio.  250ww
Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se introdujo una
nueva reforma del sistema educativo, modificando la organización anterior para estructurar las
 
 
enseñanzas no universitarias en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y la Educación Secundaria Postobligatoria20.  
Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), modificó la Ley anterior introduciendo como principales cambios: el aumento de la 
autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las 
evaluaciones externas de fin de etapa, determinadas modificaciones de la oferta educativa y una 
flexibilización de las trayectorias. Con fecha 21 de diciembre de 2016 se aprobó el RDL 5/2016, de 
9 de diciembre, a través del cual se ha modificado el calendario de implantación de las evaluaciones 
externas de fin de etapa hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado 
social y político por la educación. 
Las enseñanzas no universitarias de régimen general en la CAR correspondientes a los cursos 
2016/2017 y 2017/2018 se impartieron en un total de 180 y 182 centros dando cobertura a 54.343 
y 54.595 alumnos, respectivamente, según la siguiente tipología:  
Cuadro 69. Evolución de Centros y Alumnos de Régimen General 
2016/2017  2017/2018 
Curso 
Nº Centros  Alumnos  Nº Centros  Alumnos 
Pública  115  35.926  118  35.861 
Concertada   29  16.206  29  16.364 
Privada  36  2.211  35  2.370 
TOTAL  180  54.343  182  54.595 
 
                                                
20 La Educación Secundaria Postobligatoria incluye el Bachillerato, los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior
y las enseñanzas de régimen especial como las artes plásticas y el diseño.
 
 
Atendiendo exclusivamente al gasto en enseñanza no universitaria, la evolución de las obligaciones 
reconocidas en la Administración de la CAR en el periodo 2015-2017, por nivel educativo y otros 
conceptos, refleja un incremento del 3,5 % en 2016 y del 1,7 % en 2017, según el siguiente detalle: 
Cuadro 70. Obligaciones reconocidas en la enseñanza pública no universitaria 
(miles de euros) 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS   2015  2016  2017 
 Infantil y Primaria  86.573  86.709  90.651 
 Educación Secundaria y Formación Profesional   95.632  102.145  100.916 
 Enseñanzas de Régimen Especial  9.704  10.247  10.458 
 Educación Especial  12.901  13.191  13.601 
 Educación de Adultos  2.455  2.582  2.717 
Servicios Complementarios (Comedor, Residencia y 
3.512  3.608  5.645 
transporte escolar ) 
 Educación Compensatoria  4.636  4.645  3.781 
 Actividades extraescolares y anexas  1.065  1.093  1.241 
 Formación y perfeccionamiento del profesorado  719  734  424 
 Investigación educativa  430  493  1.013 
 Becas y ayudas  2.030  1.826  1.254 
 Gastos de la Administración General   5.415  5.819  5.206 
TOTAL  225.072  233.092  236.907 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
A continuación se efectúa un seguimiento de las incidencias señaladas en anteriores informes de 
fiscalización respecto a la gestión económica de los centros docentes, así como de los resultados 
puestos de manifiesto en los controles financieros llevados a cabo por la Intervención General de la 
CAR. Por otra parte, se analiza la planificación y ejecución de las inversiones educativas en los 
últimos ejercicios, así como las principales conclusiones de la evaluación educativa y los resultados 
de rendimiento previstos en la LOMCE. 
II.6.6.1. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES 
Desde el traspaso de las competencias en materia de educación hasta la aprobación del D. 16/2018, 
de 23 de mayo, posterior al cierre del ejercicio fiscalizado, la Administración de la CAR no ha 
desarrollado una normativa autonómica propia en materia de gestión económica de los centros  e
docentes públicos, habiendo aplicado de forma supletoria el RD 2723/1998, de 18 de diciembre,  bo
norma que se diseñó en su día para la gestión de los centros educativos incluidos en el denominado  250ww
“Adtoe ncrirevitneotlr eioosp  MeprúEabCtliivc”o,o ,cs ol ann oC u AunnRai  vehesart srcuiotcantrutiaorads  odd ecesoncnoe munnitnr apalrdiozoag dr“aPamr ocaog nroa ndm elianle ePg aadcgeio ogsne edsstei ó tLenar re iRtcooironiajóalem”,s iq.c ua e d eh alo ssu csetintutridoos   OE-A-2021-14able en https://
desde el 1 de septiembre de 2016 al antiguo programa “GECE 2000” diseñado en su día por el
 
 
Ministerio de Educación, y con otra plataforma educativa denominada “Racima” que, a través de 
Internet, ha permitido realizar todas las tareas y actividades relacionadas con la gestión académica 
y administrativa de los centros, así como el seguimiento educativo de los alumnos. 
Respecto al “programa Pagos de La Rioja” se mantienen las deficiencias señaladas en el anterior 
informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2016 por cuanto, a pesar del tratamiento 
homogéneo que el mismo facilita, no ha permitido llevar a cabo un seguimiento del principio de 
devengo en la contabilización de los ingresos, ni dejar constancia a través de validaciones o listas 
de chequeo de las actuaciones de control realizadas por la Dirección General de Educación sobre 
los centros docentes. A su vez, al no estar asociada y condicionada la contabilización del gasto a la 
disponibilidad presupuestaria, el programa registra los gastos independientemente de los importes 
presupuestados, pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito disponible. También 
cabe señalar que se trata de una aplicación que funciona de forma individual en cada centro sin 
conexión telemática con los servicios centrales de la Consejería.  
Las comprobaciones internas llevadas a cabo por la Consejería de Educación han tenido por objeto 
la revisión de las cuentas de gestión rendidas por los centros docentes públicos y los presupuestos 
aprobados, si bien estos controles y cruces formales han seguido sin estar acompañados de otras 
actuaciones destinadas a verificar la corrección de los saldos de las cuentas rendidas por los centros 
docentes, el respeto de las modificaciones aprobadas a los principios y normas presupuestarias, 
así como el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública, más allá de los 
controles financieros efectuados por la Intervención General de acuerdo con sus planes anuales de 
auditoría. Dichas carencias, como se viene señalando, adquieren mayor relevancia en la medida 
que los gestores de los centros (directores y secretarios) no disponen, en la mayoría de los casos, 
de una formación jurídica y económica, sino docente, debiendo compaginar aquella con sus labores 
propias docentes y de atención al alumnado, así como que, en muchos casos, su elección no es 
voluntaria y la continuidad en el tiempo de estos cargos es limitada. 
De acuerdo con los datos facilitados, el 20 % de los centros docentes públicos aprobaron la cuenta 
de gestión correspondiente al curso 2016/2017, así como el presupuesto del curso siguiente, fuera 
de plazo previsto, si bien es preciso decir que los retrasos fueron de pocos días21.  
En lo referente a los centros concertados, todos los centros privados concertados aprobaron las 
cuentas del curso 2016/2017 y las presentaron en el plazo establecido en la Resolución de 5 de 
julio de 2018 emitida por la DG de Educación por la que se aprueban las instrucciones para la 
gestión económica de los conciertos educativos (antes del 15 de noviembre de 2018), a excepción 
de un centro que las aprobó y las presentó fuera de plazo. 
En cuanto a los controles financieros realizados por la Intervención General, cabe señalar el 
reducido alcance del número de controles realizados en el plan de auditoría del año 2018 referido 
al  curso  escolar  2016/2017,  que  se  ha  concretado  en  la  realización  de  un  solo  control, 
correspondiente a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESD). Según se ha informado en la 
fiscalización, el resto de controles de dicho plan se han incorporado al plan de auditoría del año 
2019, debido, además de al retraso aludido, a que en 2018 la cuenta de gestión dejó de estar 
referida al curso escolar y se adaptó al curso natural. Los resultados más relevantes del control 
realizado sobre dicho centro se exponen a continuación. 
Desde el punto de vista presupuestario la ESD incumplió lo dispuesto en el art. 5.4 del RD 
2723/1998, de 18 de diciembre, al no haberse aprobado el presupuesto equilibrado contablemente  es
por ser los gastos previstos superiores a los ingresos en 51 miles de euros, sin que posteriormente  o
se haya tramitado y aprobado ninguna modificación del presupuesto del curso 2016/2017.   250www.
                                                
21 Debe tenerse en cuenta, como señala la CAR en alegaciones, que la entrada en vigor del D. 16/2018 ha supuesto, a partir
del curso 2018/2019, un mayor grado de cumplimiento de estos trámites. 
 
 
A nivel contable, se ha puesto de manifiesto la aplicación del principio de caja y no el de devengo y 
en el área de tesorería no consta la realización de conciliaciones periódicas de saldos. Por su parte, 
la  cuenta  para  precios  públicos,  que  tiene  carácter  de  cuenta  restringida  y  cuyo  saldo  es 
indisponible, tenía firma autorizada de los cuatro miembros del equipo directivo con dos firmas 
indistintamente. 
Desde el punto de vista patrimonial, la ESD no ha dispuesto de un libro de inventario, salvo para los 
elementos informáticos. Finalmente, las actas del Consejo Escolar presentaron debilidades en su 
formulación.  
II.6.6.2. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EDUCATIVAS 
En relación con las actuaciones de planificación, la Administración de la CA no dispone de un plan 
director de infraestructuras educativas. Según se ha informado, existe una programación que suele 
realizarse al inicio de cada legislatura por los responsables de la Consejería de Educación, en el 
que se hace una previsión de las grandes obras a realizar. Este plan de obras se va actualizando 
cada año, aunque no está soportado por informes o estudios dónde se establezca una prelación de 
las necesidades globales de inversión de la CAR.  
Por otra parte, tampoco se han establecido criterios para determinar si las inversiones se realizan 
directamente por la CAR o a través de transferencias por las entidades locales en las que residen 
los centros. En los convenios de colaboración firmados con los ayuntamientos se suele establecer 
una horquilla de reparto de la financiación entre ambas Administraciones que oscila entre el 60-
40 %. No obstante, según se ha informado, el criterio preferencial es el de realizar las inversiones 
directamente por la Consejería de Educación, si bien anualmente existe una línea anual de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a la ejecución de inversiones en 
centros educativos cuyos destinatarios son las entidades locales de la CAR.  
 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución del gasto por inversiones educativas registrado en el 
ejercicio 2017, la cual refleja un grado de ejecución frente a las previsiones iniciales del 56,7 %. 
Cuadro 71. Ejecución de las inversiones educativas en 2017 
(miles de euros) 
Infraestructuras Educativas  Previsión  Ejecución 
Construcción de un nuevo colegio en Cenicero  1.950  1.932 
Construcción de un nuevo colegio en Medrano  677  284 
Construcción de nuevos colegios   150  0 
Asistencia para la construcción de nuevos colegios   100  28 
Ampliación del CEIP San Prudencio de Albelda  1.098  180 
Ampliación del CEE Marqués de Vallejo  328  0 
Ampliación del CEIP G. Berceo Villamediana  100  0 
Reformas, adaptación y mejora de los CEIP  0  554 
Asistencias y reformas de colegios  40  107 
Proyecto del IES Villamediana   100  0 
Ampliación del IES Duques de Nájera  352  0 
Reforma integral del IES Sagasta  200  0 
Reformas de eficiencia energética  200  0 
Reformas, adaptación y mejora de los IES  200  450 
Reforma antigua guardería IES Ciudad de Haro  200  0 
Ampliación del IES Valle del Cidacos  328  0 
Reforma de la instalación eléctrica del IES La Laboral  137  0 
Asistencias y reformas en IES  50  83 
Ampliación del CIPFP Camino de Santiago  150  0 
Asistencias y reformas en CIPFP  10  0 
TOTAL  6.370  3.618 
 
En la revisión efectuada sobre las inversiones nuevas llevadas a cabo por la CAR desde junio de  b
2015, se ha comprobado que el precio final de las cuatro inversiones (8.186 miles de euros)  250ww
rheaa slizuapdearasd eon e vna rnioinsg múnu ncaicsipoi oesl  pdree cLiao  Rdieo jlaa,  lriceiltaatcivióans  (a1 c0o.6le4g6i omsi ldees  eddeu ecuarcoiósn),  isnif abnietnil  ye lp prirmecairoia f,i nnaol 
 
 
en todas ellas ha sido superior al de adjudicación22, aunque con unos porcentajes relativamente 
pequeños, que han oscilado entre el 3,7 % y el 9,2 %.  
Finalmente, se ha comprobado que, a la finalización de la fiscalización, la CAR mantenía dos 
parcelas cedidas, una por el Ayuntamiento de Casalarreina y otra por el de Logroño, que no habían 
sido utilizadas para la construcción de nuevos centros educativos. Respecto de la primera se ha 
informado  que  estaba  pendiente  de  resolver  un  problema  de  disponibilidad  motivado  por  la 
existencia de una servidumbre de línea eléctrica. No obstante, en septiembre de 2019 se disponía 
ya de un proyecto de obra de nuevo colegio de educación infantil y primaria que había sido 
supervisado para el inicio de la licitación una vez que la parcela se encuentre libre de cargas y 
servidumbres. En relación con la segunda parcela, cedida en 2008, el informe emitido el 14 de 
febrero de 2017 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación ha puesto de 
manifiesto el estancamiento de la demanda educativa en esa zona y, consecuentemente, que no 
se cumplan en la actualidad los requisitos y condiciones necesarios para acceder a la construcción 
de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria, todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia 
pueda manifestarse en el futuro. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el mantenimiento de 
la parcela en las condiciones exigidas por la normativa aplicable genera un gasto recurrente para la 
CAR, debería valorarse retornar el pleno uso de la misma a su propietario, esto es al Ayuntamiento 
de Logroño.  
II.6.6.3. EVALUACIÓN EDUCATIVA Y RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
Los arts. 140 y siguientes de la LOE regulan la evaluación del sistema educativo, encomendando 
la misma al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y a los organismos correspondientes 
de las Administraciones educativas que estas determinen, en el ámbito de sus competencias, siendo 
dicho organismo en la CAR el Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE). 
El INEE en colaboración con las Administraciones educativas, elabora el Sistema Estatal de 
Indicadores de la Educación (SEIE) con los datos facilitados al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte por las Administraciones educativas de las CCAA y coordina la participación del Estado 
español en las evaluaciones internacionales.  
En relación con las evaluaciones externas de fin de etapa contempladas en la LOMCE, de la revisión 
efectuada sobre los informes ejecutivos relativos a los resultados alcanzados en el curso 2017/2018, 
se ha observado que la tendencia seguida atendiendo a los distintos niveles evaluados ha sido 
hacia una mayor equidad conforme se ha avanzado de nivel. Concretamente, en diez centros de 
los 84 evaluados se han encontrado diferencias significativas en las dos competencias de 3º de 
Educación Primaria. En 6º solamente han aparecido diferencias en una única competencia (inglés) 
y entre solo dos de los 84 centros evaluados. Finalmente, no se han presentado diferencias 
relevantes entre centros en ninguna de las competencias evaluadas en 4º de la ESO, lo que refleja 
que la mayoría del alumnado de La Rioja se encuentra en los niveles intermedios de rendimiento. 
                                                  OE-A-2021-14able en https://
22 El precio de adjudicación global se ha situado en 7.656 miles de euros.
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de centros que han quedado por debajo de la media 
en  cada  una  de  las  competencias  evaluadas  en  las  diferentes  pruebas  individualizadas 
correspondientes al curso 2017/2018. 
Cuadro 72. Porcentaje de centros por debajo media en las competencias evaluadas, curso 2017/2018 
(%) 
  Competencia  Competencia  Competencia 
lingüística en  lingüística en  Competencia  en ciencia y  Competencial 
español  inglés  matemática  tecnología  social y cívica 
3º Primaria  23  No evaluada  25  No evaluada  N/A 
6º Primaria  18  29  15  17  N/A 
4ª ESO  15  26  22 (*)  9 (**)  N/A  22 
(*) Matemáticas académicas; (**) Matemáticas aplicadas 
En cuanto al seguimiento y evaluación de los planes de mejora previstos en el RD 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se han obtenido 
los siguientes resultados: 
- Los centros están cada vez más sensibilizados en la mejora continua de los resultados de sus 
alumnos. Así, el 90 % de los claustros de profesores analizaron los resultados de las evaluaciones 
y un 85 % de los centros consideraron que merecía la pena mejorar algún aspecto de los resultados. 
Solo el 15 % estimaron que los resultados obtenidos eran lo suficientemente buenos y no era 
preciso cambiar lo que estaban haciendo.  
- Un 25 % de las evaluaciones no ha llegado a los consejos escolares, lo que exige reforzar la 
participación educativa en este aspecto. 
- Analizando los planes de mejora recibidos, se observa que un 16 % no son planes específicos, 
sino descripciones de algunas medidas ya utilizadas en el centro que se refuerzan después del 
análisis de resultados.  
- Casi todos los planes propuestos han incorporado objetivos de mejora en la competencia 
lingüística y matemáticas y el 60 % están referidos a todos los niveles de la Educación Primaria, 
siendo 3º el curso más presente en los planes. 
- A pesar de lo indicado en el párrafo anterior, el porcentaje de centros que finalmente han 
formalizado sus planes de mejora en la programación general anual no ha llegado al 30 % y de la 
misma forma solo el 25 % ha realizado una reflexión de los mismos en la memoria final. Ello refleja 
que, pese a la preocupación de los centros por mejorar las competencias clave, diseñar y coordinar 
medidas, sin embargo, en muchos casos estas no han llegado a incluirse en los documentos 
oficiales. 
- Finalmente, se observa una gran dispersión de medidas, actores y propuestas entre unos planes 
y otros, siendo recomendable una mayor coordinación desde la Inspección de Educación, con 
alguna propuesta que homogeneice la puesta en marcha de los planes.  e.
 
 
II.6.7. Igualdad efectiva 
II.6.7.1. MARCO GENERAL 
En el ejercicio fiscalizado la normativa aplicable a la Comunidad en esta materia estaba integrada 
por la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 1/2012, 
de 12 de junio, por la que se establece y regula en el ámbito de la CAR una red de apoyo a la mujer 
embarazada. Esta norma autonómica específica, fruto de una iniciativa legislativa popular, surgió 
con la finalidad de hacer posible la existencia en la Comunidad de una red solidaria de ayuda a las 
mujeres  embarazadas,  que  sirviera  para  sistematizar  y  potenciar  los  recursos  disponibles, 
promoviendo la existencia de unidades de asistencia y asesoramiento que les proporcionen 
información detallada sobre los recursos de protección social existentes. 
Por otra parte, para definir y planificar los objetivos dirigidos a la consecución de la igualdad, por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2011, se aprobó el IV Plan Integral de la Mujer 
para el periodo 2011-2014, que ha sido tácitamente prorrogado. Entre las medidas más novedosas 
del plan destaca el acceso a la información en el ámbito rural y el fomento del uso de las nuevas 
tecnologías para alcanzar la igualdad de oportunidades, prestando especial atención, en materia de 
empleo, a las acciones encaminadas a favorecer la inserción laboral de las mujeres. Se ha 
comprobado que en este plan no se contemplan expresamente mecanismos de evaluación y 
seguimiento específicos para la asegurar la adecuada ejecución de los objetivos marcados y la 
corrección de las desviaciones.  
Asimismo, en desarrollo de la Ley 1/2012 en el año 2016 se aprobó el Plan Integral de Apoyo a la 
embarazada en situación de riesgo social, que incluye cinco líneas estratégicas, doce objetivos y 
53 acciones y medidas específicas, en las que participan las diversas áreas de gobierno de La Rioja, 
abarcando, entre otras, actuaciones de información y sensibilización, prevención de las situaciones 
de riesgo, acceso al empleo y adecuación de las condiciones laborales, escolarización en la primera 
infancia o la mejora del conocimiento sobre las situaciones de riesgo social en el embarazo y la 
crianza. La memoria económica del Plan abarca el periodo 2016-2019 con un presupuesto total de 
6.118 miles de euros, tal como se muestra a continuación: 
Cuadro 73. Plan Integral de Apoyo a la embarazada 
(miles euros) 
Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto 
Áreas 
2016  2017  2018  2019  Total 
Salud  24  26  24  26  100 
Servicios Sociales  293  520  520  520  1.853 
Educación  3.369  260  260  260  4.149 
Vivienda  4  4  4  4  16 
Total  3.690  810  808  810  6.118 
 
En 2017 el grupo transversal de género, constituido por representantes de todas las consejerías del  b
gobierno autonómico, y cuya misión principal es promover la aplicación del principio de igualdad,  250ww
hotar oesm aitisdpoe uctno sin, fournmaes  dseenroiem dinea droe c“oDmiaegnndóasctiicoon edse  Ggeénneerraol edse  yla  lCínAeRa”s  edne e lt rqaubea jsoe,  reenctoreg elna,s e nqturee 
dpreesstaucpaune sltao  cdreesatcinióand oe na  lala  Aigdumailndiasdtr adceió gné dnee ruon e Sn elarv iCcioom duen iIdgauda ldy alda,  eqlaubeo praecrmióinta d iedle In tPifliacna r deel 
Igualdad de la CAR. Asimismo, se plantean unas recomendaciones de carácter más específico
 
 
como la sensibilización y formación del profesorado, universitario y no universitario, en materia de 
igualdad, la orientación profesional sin sesgos de género, así como la consecución de que la 
profesión docente infantil sea más atractiva para los hombres o la incorporación al currículo escolar 
de una educación sexual, exenta de prejuicios y estereotipos sexistas.  
Por otra parte, se ha comprobado que en cumplimiento de la Resolución del Pleno del Parlamento 
de La Rioja de 10 de marzo de 2005, el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAR para 2017 ha 
incorporado un informe de impacto de género en el que se han analizado las políticas de igualdad 
entre hombres y mujeres en la región, así como los resultados obtenidos en la gestión de los 
programas presupuestarios afectos a las diferentes Consejerías. Este informe señala los avances 
alcanzados en relación con las políticas de empleo, la salud, la educación o la administración pública 
y pone de relieve aquellas áreas susceptibles aún de mejora como son las políticas de desarrollo 
rural, la atención a la dependencia, el deporte o las nuevas tecnologías. 
II.6.7.2. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 
La distribución de efectivos de la Administración Autonómica en el ejercicio fiscalizado por áreas de 
actividad y sexo se expone en el cuadro inserto a continuación en el que se muestra un mayor 
porcentaje de mujeres frente a los hombres, manteniéndose similares estos porcentajes respecto a los 
últimos ejercicios, siendo los sectores de la docencia no universitaria y la sanidad donde más se 
concentra el empleo femenino.  
Cuadro 74. Igualdad hombres y mujeres. Efectivos 2017 
% 
Consejerías y sus OOAA  Docencia no Universitaria  Instituciones sanitarias 
EJERCICIO 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
2017  36  64  29  71  20  80 
 
 
 
II.6.7.3. RECURSOS AFECTADOS Y ACTUACIONES 
El IV Plan Integral de la Mujer 2011-2014 se estructuraba en cinco áreas del Gobierno de La Rioja 
mediante la adopción de 49 objetivos y 145 medidas dirigidas a cinco ámbitos de actuación, con la 
previsión presupuestaria que expone a continuación: 
Cuadro 75. Plan Integral de la Mujer. Previsiones presupuestarias 
Violencia  Presupuesto 
Mujer en  Minorías e  Inclusión  Total 
Área  de  Discapacidad  (miles de 
general  inmigración  social  medidas23 
género  euros)  
Servicios 
16  19  2  7  3  47  4.616 
Sociales 
Educación  6  1  1  1  1  7  6.265 
Salud  32  5  8  5  6  45  29.071 
Justicia e Interior  0  16  0  0  0  16  3.611 
Empleo  21  2  5  1  1  30  34.955 
Total medidas  75  43  16  14  11  145   
Presupuesto 
67.599  7.025  3.215  472  207    78.518 
(miles de euros) 
 
Como se viene señalando, la CAR no ha establecido un programa presupuestario específico para 
registrar las acciones recogidas en el citado plan, el cual ha sido prorrogado sirviendo de base para 
ejecutar las medidas llevadas a cabo en 2017. A nivel orgánico, destacan las medidas en el plano 
de la igualdad de oportunidades y de conciliación de la vida laboral y familiar con origen en la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales, que han generado unas obligaciones de 360 miles de 
euros, así como las tramitadas desde la Consejería de Industria, Innovación y Empleo a través de 
las líneas de ayuda destinadas al fomento del empleo estable y a la puesta en marcha de planes 
de acción para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad, por un 
importe conjunto de 166 miles de euros.  
II.6.8. Transparencia 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, 
estableció en su Disposición final novena un plazo máximo de dos años para la adaptación de los 
órganos de las CCAA a las obligaciones en ella contenidas.  
En desarrollo de la legislación básica estatal y para dar cumplimiento al mandato referido en el 
párrafo anterior, se dictó la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno 
de La Rioja (LTBGR), vigente desde el 18 de septiembre de 2014, excepto el contenido del título 2º 
relativo a la transparencia, en vigor desde el 10 de diciembre de 2014. No obstante, la Disposición  s
final única estableció que todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley disponían  oe.
hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones derivadas de esta ley.  250www.
                                                  OE-A-2021-14able en https://
23 En algunas áreas los objetivos y medidas afectan a varios sectores.
 
 
La LTBGR se ha estructurado en cuatro grandes partes: una primera que comprende las normas 
comunes relativas al alcance y ámbito de aplicación de la ley, las unidades de transparencia y los 
sujetos obligados a suministrar información. Otra parte, que constituye su núcleo fundamental, en 
la que se regula la transparencia de la actividad pública, que abarca tanto las obligaciones de 
publicidad activa, como el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y a la 
participación ciudadana. Una tercera, sobre las obligaciones de buen gobierno aplicable a los altos 
cargos de la CAR. Y finalmente, una parte de contenido más técnico dedicado a los principios 
generales de reutilización de la información del sector público y aplicación de software abierto con 
respecto a los programas y aplicaciones informáticos que sean propiedad de la CAR. 
En relación con el desarrollo de las unidades de transparencia y el control de la obligación de 
suministro de información, se ha comprobado que la Administración de la CAR no ha regulado el 
establecimiento  de  controles  sobre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  suministro  de 
información según lo previsto en el art. 4 de la LTBGR. Asimismo, aunque el 75 % de las consejerías 
han articulado directrices internas sobre el tipo de formatos a utilizar para la publicación de la 
información en el Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, no se han establecido los 
sistemas e instrumentos de colaboración necesarios para que toda la información relacionada con 
la transparencia resulte accesible desde el citado portal. 
Por otra parte, todas las consejerías, excepto la Consejería de Educación y Empleo, habían 
designado la unidad o unidades que ejercerán las competencias en materia de trasparencia 
establecidas en el art. 4.2 de la LTBGR24. 
En materia de publicidad activa, la principal herramienta es el portal de transparencia, que se 
configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que 
tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones 
relacionadas con la CA de manera totalmente gratuita. La Administración General implantó en 2012 
el primer portal de trasparencia de la CAR, siguiendo en su diseño y contenido la estructura que 
tenía predefinida la organización Transparencia Internacional. Con la entrada en vigor de la LTBGR, 
el portal se adaptó a los requerimientos de la misma, habiéndose publicado la nueva estructura del 
portal en diciembre de 2015 con los nuevos contenidos previstos en la citada Ley. 
En la revisión efectuada del contenido de la información regulada en el Capítulo I del Título I de la 
LTBGR “Transparencia. Publicidad Activa”, se ha constatado el cumplimiento por parte de la 
Administración General de la CAR de todos los requerimientos de publicidad contenidos en los arts. 
8 a 10 de la mencionada Ley, a excepción de determinada información de relevancia jurídica, como 
las memorias e informes que conforman los expedientes de los textos normativos25. 
En cuanto al resto de entidades comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTBGR, 
de las pruebas efectuadas, a la finalización de la fiscalización en julio de 2019, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
                                                 
24 Según el art.  4.2 de la LTBGR, en cada consejería, organismo o entidad de las relacionadas en el art. 2.1.a) de esta Ley se 
designará, de entre las unidades existentes, la que ejercerá las competencias establecidas en esta ley relativas a la  s
transparencia, pudiendo designarse más de una unidad. En concreto, será competente para recibir y tramitar las solicitudes  e.
previstas en el título II que afecten al ámbito del órgano, organismo o entidad al que pertenecen y la responsable de velar por  b
el cumplimiento de las obligaciones del cumplimiento de las normas vigentes en las citadas materias  250ww
lc2a5o  LnCatoe mAniddumon iidona idsdto;r casucinmió nee nmdteob .al a r g  C oA, nRo s seeñ ahlaa  epno daildeog accoimonperso bqaure t aal  deixchtrae mfeoc haal  neos tap einrmfoirtmir accoinóenc ytaar  seel  heanlllaac peu fbalcicilaitdaad oe nc olan  wneinbg údne   OE-A-2021-14able en https://
 
 
-  El Consejo de la Juventud, la Fundación Benéfico Social de La Rioja y la Fundación Riojana 
para la Innovación no disponían de un portal propio de transparencia26. 
-  La ADER y la Universidad de La Rioja no han publicado en el portal de transparencia los planes 
y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.  
-  A excepción del SERIS, la FRS, la FHC y la Universidad de La Rioja, las entidades del sector 
público de la CAR no han publicado en el portal de transparencia información sobre los 
procesos selectivos de personal. 
-  Salvo la Universidad de La Rioja e IRVISA, no se han publicado indicadores de calidad que 
midan la relación entre los servicios prestados o actividades realizadas, ni se ha incluido la 
identificación de los miembros de los órganos de representación del personal, el número de 
liberados sindicales, así como la identificación de la organización sindical a la que pertenecen. 
-  No se ha informado sobre retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 
responsables las entidades públicas de la CAR, a excepción de la Universidad de La Rioja, 
FHC, FRS, Fundación Tutelar de Menores, IRVISA y el Consejo Consultivo. 
-  A excepción de la ADER, el Consejo Consultivo de La Rioja y la FRS, el resto de entidades del 
sector público autonómico no han publicado en sus portales de transparencia la información 
sobre las cuentas bancarias prevista en la Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para 
la Administración de La Rioja. 
En relación con el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública el art. 13 de la 
LTBGR prevé que el mismo se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación 
básica del Estado, siendo competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los 
órganos de la consejería que posean la información solicitada.  
En el ejercicio fiscalizado se presentaron ante la Administración autonómica 40 solicitudes de 
información pública frente a las 57 presentadas en el ejercicio 2016. De ellas 31 fueron estimadas, 
cinco desestimadas y cuatro inadmitidas. Según ha informado la CAR, el plazo medio de resolución 
se ha situado en 26 días.  
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.6 de la Ley 19/2013 la competencia para conocer de las 
reclamaciones (frente a resoluciones en materia de transparencia) corresponderá al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las CCAA atribuyan dicha 
competencia a un órgano específico. La DA 4ª de la citada Ley permite a las CCAA optar por la 
constitución de un órgano propio o, alternativamente, la atribución de las competencias en materia 
de reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La CAR optó por esta segunda 
vía mediante la firma del convenio con el citado Consejo, con fecha 22 de febrero de 2016.  
En 2017 se interpusieron ante el citado Consejo cuatro reclamaciones por parte de ciudadanos a 
los  que  no  se  les  estimó  previamente  su  solicitud  de  información.  El  Consejo  estimó  dos 
reclamaciones e inadmitió otras dos, una por entender que no existía objeto recurrible y otra porque 
la solicitud presentada estaba incardinada en un procedimiento administrativo especial que aún no 
había concluido y del que era parte interesada el propio reclamante. 
                                                  250ww
26 Frente a lo señalado en alegaciones no puede considerarse que la Fundación Riojana para la Innovación disponga de un
cpaobrtoa l ad ep atrratinr sdpealr epnricmiae re ntr ilmose stétrrem dineo s2 0p1re9v icsotons l ae np eulb cliacapc. iIó dne dl Teí tuunloa  I nduee lvaa L pTáBgGinRa,  wtoedbo  eenllo l ap eqsuee a s leo sr eacvoagnec edse ltleervmadinoasd aa 
información relativa a su organización interna.
 
 
II.6.9. Gestión Medioambiental 
El  sistema  de  reparto  competencial  en  materia  de  medio  ambiente  derivado  del  bloque  de 
constitucionalidad atribuye al Estado la normativa básica y a las CCAA las competencias de 
desarrollo normativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente. En esta línea, el 
Estatuto de Autonomía de La Rioja ha otorgado a esta Administración, además de la competencia 
para el desarrollo legislativo, la ejecución de competencias en materia de protección del medio 
ambiente, paisajes, espacios naturales protegidos y ecosistemas. 
De acuerdo con la mencionada atribución estatutaria, se promulgó la Ley 5/2002, de 8 de octubre, 
de Protección del Medio Ambiente de La Rioja y, en desarrollo de la misma, se dictó el D. 62/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I de la Ley 5/2002, 
ambas derogadas por la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja27. Asimismo, la CAR ha desarrollado normativa sectorial propia 
en materia de patrimonio forestal, protección de especies y ecosistemas, entre las que destacan las 
siguientes leyes: La Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal 
de La Rioja; la Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los animales; la Ley 4/2003, de 26 de 
marzo , de conservación de Espacios Naturales de La Rioja; y la Ley 2/2006, de 28 de febrero, de 
pesca de La Rioja. 
Por otra parte, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas ha contemplado, entre las metas asociadas a su objetivo número 15 (ODS 15), velar por la 
conservación,  el  restablecimiento  y  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas  terrestres  y  los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales. 
En este apartado se lleva a cabo, por una parte, un seguimiento de las principales incidencias 
señaladas en fiscalizaciones anteriores en materia de control y protección medioambiental, y por 
otra, la evaluación del Plan de Residuos vigente en el periodo fiscalizado y las actuaciones de 
comprobación e inspección del canon de saneamiento y depuración de aguas residuales llevadas 
a cabo por la CAR.  
II.6.9.1 PROTECCIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL 
Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la CAR ha establecido un esquema 
similar  para  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  y  evaluación  ambiental 
estratégica al contemplado en la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
Del análisis de la estructura de la Consejería se aprecia que, en los casos en que el papel de órgano 
sustantivo o promotor de programas o proyectos sujetos a evaluación ambiental también le 
corresponde, las unidades administrativas competentes se ubican en la misma que el órgano 
medioambiental, por lo que no se ha dado una adecuada separación de funciones28. 
Tampoco se han articulado procedimientos de coordinación e intercambio de información entre los 
órganos sustantivos y el órgano ambiental a efectos de conocer el grado de cumplimiento de los 
                                                 
27 Cuya entrada en vigor se produjo el 1 de junio de 2017, esto es a los veinte días siguientes a su publicación en el Boletín  oe.
Oficial de La Rioja.  w.
sR28ee pLsaiadr auCcoAisó Rne  nda leorg sfuu pmnlacenionentase  yse  pnyr  oslagesrña aamlalea g ceaoncm imoona eetejser imap rpdeleos e aanglt uaSadesar,vs ri ecqisouid edu eola sI n yet exaigstmrtaeócnsicófienar  aAd.m eN bosi eeornbvtsiactlia oyns t eesl,  eSnpoea rcrvaaicdbiooes  ed negt aeGrnaednsettirizó taan l  lyas e Cagodrenegtcrauocal iddóaen    2021-14250n https://ww
ddaedl Do iqreucet oern G eel npeerraiol ddoe  fCisaclaidliazadd Aom tabnieton tlaal  cyo Amgpueate, dneci ala d qeu óer gdaenpoe nsduísatna natmivob,o cso smeorv liaci odse,  ósriegnadnoo  admichboie Dntiarel cretocra qíau ieenn  lfair mfigaubraa 
las Resoluciones por las que se formulaban las Declaraciones Ambientales Estratégicas.
 
 
programas de vigilancia ambiental integrantes de los proyectos evaluados, observándose que no 
existe un registro o plataforma única en la que se controle de forma periódica tanto la obligación de 
presentar los informes de seguimiento como de cumplir las actividades con declaración de impacto 
ambiental. Esta carencia supone que el órgano medioambiental no disponga de información sobre 
el seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental 
que deben llevar a cabo los órganos sustantivos según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2013.  
Según los arts. 27 y 43 de la Ley 21/2013 las declaraciones ambientales pierden su vigencia y cesan 
en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el diario oficial 
correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el 
plazo máximo previsto en la norma. La DG de Calidad Ambiental y Agua (DGCAA) no contaba con 
un procedimiento automatizado para advertir posibles superaciones del plazo, lo que supone un 
punto débil a la hora de realizar este seguimiento29. 
De acuerdo con los datos facilitados por la CA, del total de 63 actividades que al 31 de diciembre 
de 2017 se encontraban incluidas en programas de vigilancias, en 27 casos no se presentaron 
informes sobre la situación de los programas de vigilancia, sin que desde la DGCAA se hayan 
realizado otras reclamaciones distintas a las consulta a los órganos sustantivos, ni se hayan abierto 
expedientes sancionadores al respecto. En las 36 actividades restantes los informes recabados 
fueron revisados documentalmente por técnicos de la DGCAA, si bien en ninguna de anteriores 
instalaciones que estaban sometidas a evaluación ambiental ordinaria se realizaron inspecciones 
con visitas in situ.  
II.6.9.2. ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS: EL PLAN DE RESIDUOS DE LA CAR 
La Directiva 2008/98/CEE Marco de Residuos del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de 
noviembre de 2008 fija como objetivo principal la protección del medio ambiente y la salud humana, 
enfatiza la importancia de utilizar unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de 
residuos que permitan reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. En España, la 
trasposición de dicha Directiva al ordenamiento jurídico español, se realizó mediante la Ley 22/2011 
de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. En su art. 14.2, queda recogida la necesidad de 
que las CCAA posean planes autonómicos de gestión de residuos actualizados, en conformidad 
con la Ley y el Plan Estatal de Residuos, como instrumento marco de gestión, donde queda recogida 
la estrategia general a seguir, así como la estructura, orientaciones y objetivos que se persiguen.  
Por D. 39/2016, de 21 de octubre, se aprobó el Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 
(PDR), de cuyo análisis y seguimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
En primer lugar, como consideración previa debe tenerse en cuenta que el periodo de vigencia del 
plan es de 10 años, de modo que las medidas previstas pueden ser objeto de modulación, 
modificación y reconsideración después de una evaluación de su efectividad. Además, muchas de 
las medidas requieren un apoyo normativo de índole fiscal u otros que en ocasiones excede el 
ámbito competencial de la CA. 
En cuanto a la ejecución de las distintas líneas y planes de actuación del plan, se observa un bajo 
grado de ejecución del gasto en sus dos primeros años de vigencia, con unos porcentajes del 59 % 
y  62 %,  respectivamente,  sobre  el  presupuesto  anual  previsto  en  2016  y  2017,  siendo 
significativamente bajo en las inversiones relativas a residuos industriales y agropecuarios.  e.
                                                  250ww
29  El hecho de que la DGCAA sea miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y de que las
envoa cluoanctriaodniecse  dlae la aurst.e 2n7c iad ed ela  uLne ym 2e1c/a2n0is1m3 os eoa np rpoucebdlicimadieanst oe na uetlo BmOatRiz,a tdaol  yq cuoem poe rsmeiñtaa ldae ltae cAtdamr yin aisdtrvaecritóirn l aesn s aulpeegraaccioionneess, 
de los plazos señalados.
 
 
Respecto al grado de consecución de los objetivos e indicadores establecidos, atendiendo a la 
tipología de residuos, cabe señalar lo siguiente: 
- En el ejercicio 2017 las tasas registradas para la recogida de residuos domésticos y comerciales 
(383,22 kg/hab/año) todavía se encontraban ligeramente por encima de las programadas (365,4 
kg/hab/año), en línea con el objetivo establecido en el art. 15 de la Ley 22/2011 de reducir un 10 % 
el peso de los residuos producidos en 2020 respecto a 2010. 
- Por lo que se refiere a los denominados residuos no peligrosos y de demolición destinados a la 
preparación para la reutilización, reciclado y otra valorización de materiales, en el año 2017 se 
habían alcanzado los objetivos programados al haber superado los residuos reciclados el 70 % del 
peso de los producidos. 
- En materia de reciclado de lodos, se constata que todos los procedentes de las EDAR urbanas o 
de industrias asimilables a urbanas en la CAR han sido aplicados a la agricultura, de acuerdo con 
el RD 1310/1990. 
- Respecto a los residuos industriales peligrosos, más del 70 % han tenido tratamiento final fuera 
de la CAR debido a la falta de instalaciones de tratamiento en su territorio. El relativo bajo volumen 
de residuos generados, así como la proximidad en otras CCAA limítrofes de instalaciones para su 
tratamiento, hace que no resulte económicamente atractivo para la iniciativa privada la inversión en 
nuevas infraestructuras en el territorio de la CAR. No consta el establecimiento de indicadores de 
medida en el PDR para este tipo de residuos. 
En cuanto al seguimiento de las medidas contempladas por la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Senado de España, en el marco de la estrategia de la Unión Europea, se 
observa con carácter general que las recomendaciones establecidas en la ponencia de estudio para 
la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos30 fueron trasladadas al PDR de la CAR, 
si bien se han puesto de manifiesto cuestiones que dificultan la aplicación práctica de las mismas, 
muchas de las cuales no dependen exclusivamente de la CAR al ser necesaria su implantación a 
nivel nacional. Así, por ejemplo, la aplicación de medidas de apoyo para los productos reciclados y 
recuperados, así como para el ecodiseño y lucha de la obsolescencia programada deben ser 
tomadas a nivel nacional y con el consenso de los departamentos regionales de industria y 
comercio. Otras medidas propuestas, como, por ejemplo, la incentivación fiscal, pueden crear un 
efecto  frontera  entre  CCAA  cuando  se  exige  el  cumplimento  de  distintas  normas,  siendo 
especialmente significativo en el caso de municipios separados a muy corta distancia, como ha 
ocurrido con el denominado “impuesto al vertido”. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta 
que a nivel autonómico, existen diferencias en la definición de las competencias administrativas 
sobre el ejercicio del control de los residuos, lo que puede provocar asimetrías en su aplicación 
práctica.  
II.6.9.3. CANON DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA RIOJA 
El art. 32 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
de La Rioja determina que la recaudación del canon de saneamiento se destinará a financiar las 
actividades de saneamiento, depuración y abastecimiento, así como programas medioambientales 
vinculados a la calidad de las aguas.  
De acuerdo con la liquidación del presupuesto de ingresos de 2017 la recaudación neta en la AG  e.e
de la CAR por el canon de saneamiento ascendió a 9.857 miles de euros, importe inferior a las  b
                                                
d30o mDéosctuicmoe ny toc oqmueer ceiavla, lúaas í locso maos pseuc tsoistu raecliaócnio dnea dcoasr ac oanl  clau mgpelsimtióienn tdoe  dree sloidsu oosb jegteivnoesr amdoasrc apdrionsc ippaolrm lean UteE e yn  aenl aálimzab itlao 
estrategia a seguir a nivel nacional.
 
 
transferencias destinadas al CARE en ese año, cuyo importe ha ascendido a 8.960 miles de euros 
para las de naturaleza corriente y 3.565 miles de euros para las de capital. 
En relación a las transferencias corrientes se ha verificado que las mismas se han aplicado a 
financiar la actividad de explotación de las depuradoras y sus actividades conexas (pago del canon 
de  control  de  vertidos  al  organismo  de  cuenca,  explotación  del  laboratorio  del  control  del 
saneamiento, control de vertidos, mantenimiento de instalaciones de depuración, incluyendo fosas 
sépticas y colectores generales, etc.), así como a cubrir parte de los costes generales del CARE 
imputables al saneamiento.  
Respecto a las transferencias de capital, cuyo objeto es la ejecución del programa de inversiones 
del Plan Director de Saneamiento y Depuración de la CAR (PDSD) y cuyo tratamiento contable está 
sujeto al principio de afectación de ingresos y gastos, se ha puesto de manifiesto la existencia de 
unas desviaciones de financiación positivas acumuladas al cierre del ejercicio 2017 de 3.757 miles 
de euros. Ello es debido especialmente a la escasa capacidad operativa que en lo relativo a la 
redacción de proyectos y a la contratación y ejecución de obras ha tenido el CARE en los últimos 
años, si bien, según se ha informado en la fiscalización, en el primer trimestre de 2018 se licitaron 
obras por importe de 2.718 miles de euros, lo que refleja una mayor correspondencia entre la 
ejecución real y las anualidades de financiación existentes. 
Por otra parte, la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas establece las normas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales aplicables en 
la UE, que tienen con objeto garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales para 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Esta norma fue transpuesta mediante el RDL 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas y por el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del anterior. En su 
articulado establece el grado de tratamiento al que hay que someter las aguas residuales en función 
del medio receptor, el tamaño de la aglomeración y la mayor o menor sensibilidad de la zona. 
Se ha verificado que la CAR ha cumplido con los requisitos de carga contaminante31 establecidos 
en el RDL 11/1995, al no existir aglomeraciones urbanas con más de 2000 habitantes en las que 
no se aplique un tratamiento secundario o proceso equivalente a las aguas residuales que entren 
en los sistemas colectores. No obstante, al 31 de diciembre de 2017, una población de 925 
habitantes dispersa en 64 núcleos rurales todavía no recibía tratamiento. Finalmente, como hechos 
posteriores, se ha comprobado que por Decreto 39/2018, de 2 de noviembre, fue aprobado el nuevo 
PDSD para el periodo 2016-2027, uno de cuyos retos es precisamente la actuación en materia de 
saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas inferiores a 25 habitantes. 
II.6.10. Contratación del personal de la Fundación Hospital de Calahorra 
En este apartado se analiza la contratación del personal de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) 
dependiente de la CAR, durante los ejercicios 2015 a 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 
de 7 de febrero de 2019 de la Comisión Mixta para la relaciones con el Tribunal de Cuentas.  
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 2000 se autorizó al INSS a constituir la FHC, al 
amparo de lo establecido en el RD 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del 
INSALUD. La FHC se rige por la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, por la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones, por la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la CAR, 
así como por lo dispuesto en los propios Estatutos y las normas que pudiera fijar el Patronato.   e.
                                                  250ww
31 La definición de carga contaminante según lo establecido en el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RDL
1vi1e/n1e9 9e5x,p drees 2a8d ad ee nd ichiaebmitbarnet,e pso er qeul iqvuaele nstee se sltaa bclaercgean  olargsá nnoicram absio adpelgicraabdlaebsl ea lc torant aumnaie ndteom daen ldaas  abgiouqausím reicsaid udael eosx íugrebnaon adse, 
cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día.
 
 
Las relaciones laborales se regulan básicamente por las disposiciones contenidas en el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (ET), por lo dispuesto en los Estatutos de la fundación aprobados en el acto de su 
constitución y por el Convenio Colectivo suscrito el 13 de febrero de 2009 para los años 2008 a 2011, 
vigente en el periodo fiscalizado.  
En el siguiente cuadro se reflejan los datos referentes a los efectivos de personal existentes en la FHC 
al 31 de diciembre de los ejercicios 2015 a 2017. 
Cuadro 76. Efectivos reales en el periodo 2015-2017 
Número de efectivos reales  Año 2015  Año 2016  Año 2017 
Situación a 1 de enero  434  456  484 
Situación a 31 de diciembre  456  484  495 
 
Como se ha señalado anteriormente, la FHC mantiene con sus empleados una relación laboral 
sometida al derecho privado regulada mediante convenio colectivo de 13 de febrero de 2009. 
En los trabajos llevados a cabo se han obtenido los siguientes resultados: 
A) ASPECTOS GENERALES 
A.1) En relación con la gestión de la prestación de la asistencia sanitaria 
La asistencia sanitaria en la CAR se gestiona actualmente a través del SERIS, creado mediante la Ley 
2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, como OA de carácter administrativo encargado de la 
prestación de la sanidad pública en el ámbito de la Comunidad y de las fundaciones FHC y FRS, 
reguladas básicamente por la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la CAR. Existen, por 
tanto, dos sistemas de gestión de la asistencia sanitaria en la Comunidad en las que las formas de 
acceso del personal empleado se encuentran reguladas por normas diferentes; básicamente, el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el caso del SERIS, y el ET, en el caso de la FHC y 
FRS. La convivencia de diferentes regímenes con distintas condiciones socio-laborales entre sus 
empleados, estatutarios en el SERIS y laborales en la FHC, aconseja la búsqueda de fórmulas para 
su integración y/o homogeneización que, en cualquier caso, deben someterse a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional respetando, asimismo, lo 
establecido en la DA 34ª de la LPGE para 2017.  
A.2) Respecto a la estructura del Departamento de Recursos Humanos (RRHH) de la FHC 
La Dirección de RRHH cuenta con tres empleados que se dedican específicamente a la tramitación de 
la contratación laboral, lo que evidencia la escasez de recursos personales dada la complejidad de la 
gestión de los procesos de selección para la cobertura de puestos, especialmente en un hospital 
comarcal, como es el caso de la FHC, donde existe un déficit permanente de profesionales sanitarios, 
situación que se ve agravada por las cláusulas de selección y contratación de personal de difícil 
aplicación establecidas en el Convenio Colectivo. Esta carencia afecta especialmente a aspectos tales  e.e
como la constitución de bolsas de empleo temporal y el desarrollo de los procesos de movilidad y  b
promoción interna contemplados en el citado convenio, que requieren de una continua actualización  250ww
deexp loonse l ipsotasdteorsio drme eenmtep cleoand mosá sy  dseuta clleo.r r espondiente baremación y validación de méritos, como se
 
 
A.3) Por lo que se refiere a la plantilla orgánica de la FHC y su correspondencia con los efectivos reales 
En la FHC no existe una descripción de puestos de trabajo relacionada con la relación de puestos 
estructural en la que se detallen las funciones, responsabilidades y condiciones de cada puesto. Esta 
herramienta, que se considera básica en la gestión de los recursos humanos, facilitaría la asunción de 
determinadas funciones por los profesionales, ayudaría a conocer las necesidades reales de la entidad 
y la existencia de unidades sobredimensionadas o, en su caso, infradimensionadas y paliaría carencias 
formativas. 
La plantilla orgánica de la FHC en el periodo fiscalizado reflejaba en cada uno de los ejercicios 
fiscalizados un total de 400, 400 y 402 efectivos, según se muestra a continuación, atendiendo a su 
desagregación por categorías: 
Cuadro 77. Plantilla orgánica de la FHC  
Número de efectivos reales  Año 2015  Año 2016  Año 2017  Variación 2015-2017 
Facultativos  110  110  110  0 
Sanitarios no facultativos  224  224  227  3 
Personal no sanitario  66  66  65  (1) 
TOTAL  400  400  402  2 
 
En cuanto a la correspondencia existente entre la plantilla orgánica y los trabajadores reales de la 
entidad, según los datos facilitados en la fiscalización, a 31 de diciembre de 2017, la FHC mantenía un 
total de 495 efectivos reales, de los que 283 eran trabajadores fijos, 3 eran altos cargos y el resto era 
personal temporal (204 con contratos de interinidad y 5 con contratación temporal por circunstancias 
de la producción). Por otra parte, de los 402 puestos estructurales contemplados en la plantilla, a dicha 
fecha, había 20 vacantes, de modo que las plazas de plantilla ocupadas ascendían a 382, frente a los 
495 efectivos reales, de los que tan solo se había contratado con carácter fijo a 283 empleados, como 
se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 
Cuadro 78. Correspondencia entre la plantilla orgánica y los efectivos reales de la FHC 
  Efectivos reales a 31-12-2017  Diferencia 
Plantilla  efectivos sobre 
orgánica  Eventuales  plantilla 
Altos  por circunst 
31-12-2017  Fijos  Interinos  Total  (excluidos 
cargos  de la 
Altos cargos) 
producción 
Facultativos  110  74  0  0  23  97  (13) 
Sanitarios no facultativos  227  158  0  5  130  293  66 
Personal no sanitario  65  51  3  0  51  105  37 
TOTAL   402  283  3  5  204  495  90  bo
  250ww
Respecto a los 204 empleados contratados interinamente, la FHC ha informado que al 31 de diciembre
dpee n2d0ie1n7t uens  tdoeta cl odbee 1r3tu2r ae fmecetidvioasn tdee seel mcoprereñsapboannd liaebnotere psr odcee csaor ádcete sr eelsetcrcuicótnu.r aDl,e c ueyllaoss ,p ulanz atost aels dtaeb a6n5 
 
 
trabajadores demandaron su condición de indefinidos, habiendo recaído, con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2017, 61 sentencias estimatorias a favor de los mismos, encontrándose pendientes de 
resolver, a la finalización de la fiscalización, otras cuatro sentencias.  
Todo  lo  expuesto  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  adecuar  la  plantilla  a  las  necesidades 
estructurales de la fundación, especialmente en relación con el personal sanitario no facultativo, así 
como elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) en la que se definan las funciones y 
responsabilidades de cada puesto, como herramienta útil de organización que permita un más eficiente 
desarrollo de su actividad. 
A.4) En relación con el contenido y regulación de los procedimientos de contratación establecidos en 
el convenio colectivo 
- El sistema establecido de bolsas de empleo para la contratación temporal ha tenido serias dificultades 
prácticas dada la escasez de solicitantes inscritos, por lo que los sucesivos llamamientos para la 
cobertura de las necesidades asistenciales han dado lugar frecuentemente a la formalización de 
contratos de interinidad por cobertura de vacantes en los que se ha sobrepasado el plazo de tres 
meses, tal y como se ha puesto de manifiesto en las numerosas sentencias antes mencionadas 
dictadas por los tribunales laborales. Todo ello se ha visto agravado por la existencia de acuerdos 
adoptados en la Mesa de negociación del SERIS para la convocatoria de puestos de trabajo, en los 
que se han valorado en mayor medida los servicios prestados en el Hospital San Pedro (SERIS) que 
en el propio Hospital de Calahorra, lo que ha incidido negativamente en los procesos de cobertura de 
puestos y concursos de traslado. 
- En materia de selección y contratación el convenio prevé unas tablas con la lista de correspondencias 
de unidades organizativas por áreas de conocimiento cuya redacción limita la contratación para 
algunas unidades, no facilitando el acceso en condiciones de igualdad. Así, por ejemplo, de acuerdo a 
la tabla número 2 del convenio podría darse el caso de que un historiador pueda acceder al 
departamento económico-financiero, en tanto que no sería posible el acceso al mismo por parte de un 
informático, matemático o ingeniero con un claro perfil económico. 
- La generalidad con la que se han definido los criterios de evaluación para la adquisición del derecho 
a la carrera profesional y el desarrollo profesional regulados en el Convenio así como la falta de 
desarrollo de los mismos, ha conducido en la práctica a valorar únicamente la antigüedad para la 
obtención del grado y el complemento inherente al mismo.  
- El convenio establece una serie de medidas que, además de muy costosas, dificultan la adecuada 
gestión y planificación de los medios personales precisos para la prestación satisfactoria de los 
servicios asistenciales sanitarios. Entre ellas, se significa la reducción de jornada por guarda legal (art. 
49), las sustituciones de jornada con preaviso (art. 22) o la disposición de horas para formación (art. 
45). 
Así, por ejemplo, en relación con la reducción de jornada, el convenio permite que con una reducción 
que sitúe la jornada entre el 50 % y el 60 % se perciba el 60 % de las retribuciones y que cuando 
aquella se sitúe entre el 66 % y el 80 %, la retribución a percibir sea del 80 %. 
Respecto a la jornada, el art. 22.5 prevé que cuando por razones de servicio un trabajador deba sustituir 
a otro y sea avisado del hecho con una antelación inferior a 48 horas a contar desde el inicio del turno, 
se le compensará mediante el cómputo del doble de la jornada de trabajo efectiva realizada con motivo  e.e
de la referida sustitución. Dicha medida ha generado un pago en el ejercicio fiscalizado de 700 horas  b
con un coste de 20 miles de euros.  250ww
Asimismo, el art. 45 del convenio establece el derecho a disponer de un máximo de 55 horas anuales
phaabrae rlase a esliastbeonrcaidao a e anc etilv pideardioedso d feis cfoarlimzaadcoió pnl acnoensti nduea f oprrmogarcaiómna edna sl ae Fn CeHl P, lloasn  adceu eFrodromsa acnióuna. leAsl  ndeo 
jornada han posibilitado disponer libremente a cada trabajador de 30 horas anuales para formación,
 
 
incluso a través de sistemas no presenciales (on line), bastando únicamente con la autorización del 
coordinador del trabajador.  
- Dada la dimensión del hospital, el art. 64 del convenio relativo a la readaptación profesional de 
trabajadores con capacidad disminuida o discapacidad resulta de difícil aplicación, por la escasez de 
puestos que puedan adaptarse a la discapacidad donde reubicar a los trabajadores. 
B) ANÁLISIS DE LAS ALTAS DE PERSONAL 
B.1) RELATIVAS A LOS CONTRATOS FIJOS 
Del total de 49 expedientes de contratación de personal fijo tramitados en el periodo fiscalizado, se ha 
seleccionado una muestra de 9, lo que representa el 18 % del total de altas de personal fijo en dicho 
periodo. En el análisis de los expedientes de altas de personal fijo se han obtenido los siguientes 
resultados: 
1) Respecto al cumplimiento de las comunicaciones al Comité de Empresa exigidas en el convenio, se 
ha verificado la remisión trimestral a dicho órgano de las comunicaciones previstas en el art.15, con la 
relación detallada de los trabajadores contratados por la FHC por grupos profesionales de referencia y 
puestos de trabajo. 
2) En relación con la publicidad de la convocatoria: 
- Las convocatorias a que hace referencia el art. 15.1 del convenio no han informado sobre las 
características de los puestos de trabajo que se pretenden cubrir, ni han hecho referencia alguna a las 
bases reguladoras de los procesos selectivos de personal. 
- Los puestos de trabajo vacantes se han publicitado en la web de la FHC y del Colegio de Médicos de 
La Rioja, así como, en su caso, en el de la Asociación Española de la especialidad correspondiente, 
en vez de en un periódico nacional y en otro de difusión general tal y como prevé el art.15.1 convenio. 
No obstante, sobre ello es preciso indicar que esta práctica ha venido motivada tanto por el elevado 
precio de los anuncios en los diarios nacionales como por la mayor efectividad de las publicaciones en 
las citadas páginas médicas. 
- El anuncio de las ofertas ha carecido del contenido exigido en el convenio, en cuanto a que no ha 
indicado el lugar de publicación de las listas de candidaturas admitidas y los resultados finales 
alcanzados, ni la forma de consulta y acceso a la descripción detallada del perfil solicitado para cada 
puesto y al baremo de méritos de cada puesto.  
- El procedimiento seguido en la práctica ha consistido en informar a los aspirantes que previamente 
habían comunicado su interés a la FHC sobre la necesidad de enviar su currículum vitae por email con 
un plazo de recepción de solicitudes. Posteriormente, a estos candidatos interesados se les enviaban 
las bases de la convocatoria y la hoja de autobaremación. Esta forma de proceder impide a los 
potenciales candidatos disponer de un conocimiento completo desde el principio de la información 
necesaria sobre el puesto de trabajo y la forma de valoración empleada en el proceso de selección. 
3) En cuanto al contenido de los criterios de puntuación y baremación establecidos en las bases de la  s
convocatoria:  e.
- La regulación de la ponderación de los baremos de puntación establecidos en las bases no ha sido  250ww
clímonitseisst ednetel  pcuonnt uloa ceisótna bdleecl id2o5  e%n  epla arart . la1s5 .2p.rau edbeal sc otnevóerincioo- pcroálecctitcivaos,  aq udee esxaprrroelslaarm “esnietem pprreev éq uuen olas 
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para la entrevista de selección. Dado que en las convocatorias analizadas no se ha contemplado el 
desarrollo de pruebas teórico-prácticas, las bases han asignado el 25 % de puntuación atribuido a 
estas en el convenio a la experiencia, formación, docencia e investigación, de modo que la baremación 
de méritos en vez de puntuar un 50% ha alcanzado en la práctica un 75 %.  
- Las bases no han incluido información de las retribuciones de los puestos de trabajo, requisito de 
esencial conocimiento de los aspirantes para la solicitud del puesto correspondiente. 
- En las bases de la convocatoria no se ha establecido un mínimo de puntuación para el baremo de 
méritos (máximo de 225 puntos) y sí para la entrevista (30 puntos de un máximo de 75), de tal forma 
que podría darse el caso de que un aspirante supere la fase de méritos con cero puntos y aun así ser 
merecedor del puesto. El convenio no ha establecido al respecto ningún mínimo de puntuación ni en 
la baremación, ni en la entrevista.  
- Los criterios de valoración de la entrevista no estaban objetivados, si bien, a partir de 2018 se han 
establecidos unas instrucciones internas que permiten determinar una valoración de los criterios de las 
entrevistas. 
4) En relación con el proceso de selección seguido por la mesa de selección de personal  
- No se han levantado actas de las reuniones llevadas a cabo por la mesa de selección de personal de 
la FHC para la conformación de las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos con su 
correspondiente período de subsanación, de tal forma que la exclusión de candidatos se ha llevado a 
cabo directamente por el departamento de RRHH y no por la mesa de selección en aquellos casos en 
los que ha concurrido algún candidato que no cumpliese con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. En dos de los siete los expedientes analizados  se ha comprobado que los motivos de 
exclusión se han fundamentado en la falta de cumplimiento o convalidación de la titulación exigida y 
en otro  en la presentación de la hoja de baremación fuera de plazo. 
- Tampoco se han publicado las listas definitivas de preseleccionados a los que según el convenio se 
debía convocar en los dos días siguientes de la publicación de dicha lista para la realización de la 
correspondiente entrevista. 
- No se han establecido ni en el convenio, ni a través de instrucciones internas normas sobre el 
funcionamiento de las mesas de selección para la contratación indefinida en la que se regulen aspectos 
tales como el quórum mínimo exigido para su válida constitución o la existencia de votos de calidad en 
caso de empate. 
5) Respecto a las reclamaciones y recursos de los procesos selectivos, de acuerdo con la información 
facilitada por la FHC, en el periodo fiscalizado únicamente se ha presentado una sola reclamación 
administrativa, correspondiente a la contratación fija de un facultativo de farmacia hospitalaria en el año 
2016. Analizado el expediente se ha comprobado que la reclamación fue correctamente desestimada 
porque los méritos del candidato seleccionado, que fueron objeto de reclamación por parte de otro de 
los aspirantes, estaban debidamente acreditados, si bien desde el punto de vista formal, y al igual que 
se ha puesto de manifiesto anteriormente, la mesa de selección no se reunió para firmar el acta 
correspondiente de candidatos provisionales admitidos y excluidos, con indicación de los plazos de 
subsanación de defectos, ni tampoco para acordar la lista definitiva y la correspondiente convocatoria 
a la entrevista.  s
B.1) RELATIVAS A LOS CONTRATOS TEMPORALES   250ww
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consecuencia del normal funcionamiento de la actividad desarrollada (cobertura de bajas por ILT,
 
 
permisos  de  maternidad,  excedencias  temporales…).  Todos  los  contratos  temporales  se  han 
instrumentado a través de bolsas de trabajo temporal. En la fiscalización se ha seleccionado un total 
de 42 expedientes de contratación temporal, con una cobertura del 2 % del total de contratos 
formalizados  en  dicho  periodo,  de  cuyo  análisis  se  han  puesto  de  manifiesto  las  siguientes 
observaciones: 
- La ausencia de bolsas de trabajo en los procesos de selección de personal fijo desde el año 2006, ha 
motivado que en la práctica solo hayan existido las bolsas de trabajo previstas en el art. 16.4 del 
Convenio, es decir, las conformadas por aquellos aspirantes que no hubiesen concurrido a los 
procesos de selección externa para la contratación indefinida o que habiendo concurrido a dichos 
procesos no formaran parte de las bolsas por ellos generadas. 
- No se han constituido bolsas de trabajo temporal para el personal médico (Grupo 1) debido a que, 
como se ha señalado, en la FHC existen muchas dificultades para contratar facultativos y más aún 
para periodos cortos de tiempo, por lo que se han utilizado otros métodos alternativos más ágiles, como 
el  contacto  directo  con  facultativos  no  seleccionados  en  anteriores  procesos  de  selección  de 
contratación fija o con médicos residentes de La Rioja, consultando con el SERIS (Hospital San Pedro), 
con otros hospitales nacionales, con asociaciones médicas, etc.  
- Las contrataciones de personal temporal llevadas a cabo en los años 2015 y 2016 se realizaron 
partiendo de unas bolsas de empleo confeccionadas en 2008, salvo para Grupo 3 relativo a las 
matronas, que carecía de bolsa, habiéndose confeccionado en su lugar unos listados en los que se 
diferenciaba a las personas que ya tenían experiencia en la FHC de las que no, dándose prioridad a 
las primeras. 
- Para el resto de grupos analizados se ha constatado la existencia de bolsas, con las características 
ya indicadas, en las que los demandantes de empleo se dividían en dos categorías: los denominados 
“demandantes baremados” (puntuados) y los “demandantes incorporados sin baremar” (sin puntuar). 
En la revisión efectuada se ha detectado que dos técnicos de radiodiagnóstico contratados en el 2015 
no estaban incluidos en la bolsa correspondiente (con o sin puntuación). 
- Las contrataciones de personal temporal llevadas a cabo en 2017 se realizaron partiendo de las 
bolsas constituidas en dicho año, las cuales tampoco fueron objeto de actualización. Asimismo, no 
consta la celebración de reuniones de la Mesa de selección para la constitución de las citadas bolsas 
de trabajo, salvo para las relativas al grupo 2 de enfermeras. 
- En el periodo fiscalizado no han tenido lugar reclamaciones o impugnaciones de contrataciones 
derivadas de las bolsas de empleo. 
- La determinación del periodo de vigencia de las bolsas aplicadas, requisito imprescindible para su 
válida constitución, no ha quedado acreditada en el periodo analizado de acuerdo con el art. 16.3 del 
Convenio Colectivo. 
- No consta la realización de actualizaciones periódicas de las bolsas de trabajo temporal vigentes en 
el periodo fiscalizado, tal como establece el Convenio Colectivo en el art. 16.3 y en el apartado 17.1 
del Anexo II del mismo. 
C) BAJAS DE PERSONAL 
En el periodo 2015-2017 hubo un total de 2.122 bajas de personal, de las cuales 55 han correspondido  b
a trabajadores que mantenían una relación laboral a través de contratos fijos y han tenido su origen en  250ww
eAxscimedisemnoci,a esn p 2o0r 1d7if ehruebnot etrse sm doetisvpoisd,o esn,  ujunboi lpaocrio cnaeuss aos f aolblejectiimvaiesn yto ost,r oass íd coosm dois ceipnl ibnaajraioss ,v otalul ny tcaorimaso. 
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asistencial de la entidad. 
 
 
En la fiscalización se han seleccionado para su análisis una muestra de 15 expedientes de baja, que 
representan un 27 % sobre el total de 55 expedientes señalados. De la revisión efectuada se ha puesto 
de manifiesto, en términos generales, la correcta tramitación de los mismos, habiéndose verificado la 
existencia de una comunicación escrita por parte del trabajador o la FHC, según el caso, la acreditación 
de la causa y la correspondiente baja en la Seguridad Social, salvo en un expediente de baja voluntaria 
tramitado en 2015 donde no se ha tenido constancia de la comunicación escrita de la trabajadora con 
siete días de antelación, tal como establece el art. 20.1 del Convenio Colectivo, así como en otro 
expediente por cuidado de hijos tramitado en 2015 en el que no constaba copia de la resolución sobre 
reconocimiento de baja por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Por otra parte, ha habido un despido por causas objetivas en 2017, acordando la partes en acto de 
conciliación considerar el despido improcedente y pactar una indemnización por importe de 58 miles 
de euros, adicional a la ya abonada por despido objetivo que ha ascendido a 55 miles de euros, 
quedando así saldada y liquidada la relación laboral. 
Asimismo, en 2017 hubo dos despidos disciplinarios en 2017 tramitados por el patronato de la 
fundación según lo previsto en el art. 63.3.c) del Convenio Colectivo y en el art. 54.2.d) del ET que 
establece la posibilidad de extinción del contrato en caso de “transgresión de la buena fe contractual, 
así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo” por parte del trabajador. Estos despidos 
fueron objeto de demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Logroño. Sobre ambas demandas 
han recaído sentencias estimando las pretensiones de las trabajadoras, declarando nulo el despido y 
condenando a la FHC a su readmisión con abono de los salarios dejados de percibir. 
II.6.11. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 
La ADER fue creada por Ley 7/1997, de 3 de octubre, modificada posteriormente por Ley 10/2003, 
de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Se configura como una entidad pública 
empresarial prevista y regulada en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dotada con personalidad jurídica propia, plena capacidad 
de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, cuyo objeto es la promoción 
económica y el fomento del desarrollo económico de La Rioja.  
Desde su creación y hasta 2003 la Agencia estuvo adscrita a la Consejería de Hacienda y Empleo. 
En  aplicación  del  D.  5/2003  pasó  a  depender  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Desarrollo 
Económico, estando actualmente adscrita a la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. 
A través de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2008, se adaptó la Ley de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja en cuanto 
a sus objetivos y funciones. 
La Agencia se rige por el derecho privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, en 
el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, y en 
la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia. 
La organización y funcionamiento de la Agencia se encuentran regulados en su Reglamento interno 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Administración de 1 de diciembre de 2008. Se configura como 
estructura  de  carácter  matricial,  con  cuatro  áreas  estratégicas  de  negocio  (inversión;  e.e
emprendimiento e innovación; internacionalización y comercio Interior; y proyectos europeos) que  b
dependen directamente del Gerente.  250ww
Sobre la adecuación de la Agencia como entidad empresarial, debe significarse que la Ley 3/2003,
ddee  s3u d Teí tmulaor zIIo, ,q rueec osgoen  eonrg laan riesmguolas cpióúnb ldiceo se sat aloss p qeurseo sneif iecnaccoiomneiesn djuar ídlaic raesa,l iezanc eiól nC adpeí tauclotiv tiedracdeeros 
prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de
 
 
contraprestación, precisando que excepcionalmente, se les podrá encomendar mediante Ley de 
creación, la realización de actuaciones de fomento siempre y cuando las mismas se consideren 
accesorias de las funciones y competencias principales atribuidas a la Entidad. 
Como se viene señalando en fiscalizaciones anteriores, dado que la ADER tiene como actividad 
principal el fomento de la actividad económica de La Rioja, que se materializa en la gestión de 
diferentes líneas de subvenciones, debe concluirse que la Agencia no es asimilable al ámbito 
funcional establecido por la Ley 3/2003 para las entidades públicas empresariales. De hecho, el 
régimen contable aplicado por la Agencia es el de la contabilidad pública y su presupuesto de gastos 
tiene carácter limitativo 
A. Control interno 
En cuanto al control de la Entidad, la Agencia está sujeta, por una parte, al control financiero de la 
Intervención General de la CAR, ejercido a través de las auditorías establecidas en los planes 
anuales de auditorías y actuaciones de control financiero, y por otra, a los controles parlamentarios, 
y de eficacia y eficiencia, previstos en el Título IV de la Ley 7/1997.  
No se ha tenido constancia de la realización de informes específicos de control de eficacia y 
economía por parte de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo. El control de eficacia se ha 
ejercicio por la Consejería a través de la participación de los titulares de los órganos directivos de 
aquella en el Consejo de Administración de la Agencia y mediante la participación de los agentes 
económicos y sociales en el Consejo Asesor de la ADER. 
B. Convenio suscrito con la Administración General de la CAR  
El BEI (Banco Europeo de Inversiones) concedió en 2013 un préstamo a la CAR por importe de 
50.000 miles de euros para la financiación de proyectos de inversión promovidos por Pymes y 
empresas de mediana capitalización, totalmente dispuesto, con el objeto de permitir el acceso de 
las empresas riojanas a una financiación en condiciones más favorables en términos de plazos, 
flexibilidad de las disposiciones o tipos de interés más bajos, que contribuyan a la sostenibilidad del 
tejido empresarial y la creación de empleo.  
Mediante convenio suscrito con fecha 8 de abril de 2014 el Gobierno de La Rioja otorgó un préstamo 
de 50.000 miles de euros a la ADER, para canalizar estos fondos mediante la concesión de créditos 
a diversas entidades financieras colaboradoras, que actuarán como intermediarios suscribiendo los 
correspondientes contratos subsidiarios con los beneficiarios finales. La intervención de la ADER 
en la gestión de los fondos ha sido autorizada expresamente por el BEI mediante escrito de fecha 
27 de enero de 2014 y por el Consejo de Gobierno en virtud de acuerdo adoptado en su reunión de 
7 de marzo de 2014.  
En el ejercicio 2017 se han reconocido obligaciones en el capítulo 8 “Activos financieros” del 
presupuesto  de  gastos  por  los  préstamos  concedidos  a  través  de  las  entidades  financieras 
colaboradoras, en virtud del mencionado convenio, por importe de 1.999 miles de euros, y se han 
reconocido ingresos en capítulo 8 “Activos financieros” del presupuesto de ingresos por los importes 
amortizados por parte de las citadas entidades financieras colaboradoras por importe de 3.778 miles 
de euros. 
C. Liquidación presupuestaria  b
Eeaej nlei n pr2ccr7oeic.rs8ipou1o p02rua 0mec1sii6olte.on sL e iadnss eicd  mieea uolc rdaroéipsfdir,coi tacoboc aiynod  anuo en ters agn pnr ar2sedf0seo1ur 7edp neuac eesisacjetseac nrduidaecis iócó  arnaés  ddc4ieit0eol .n,38 ds15ei 9t%nu  áma. n i4lde9os.s 1ed4 e6la  esmu oirleboslsig ,q auucneio  s1ne3e  sc% or ersrceuospnpeoorcinoiddr eaansl    OE-A-2021-14able en https://
 
 
Este  bajo  grado  de  realización  del  presupuesto  de  gastos,  que  ha  caracterizado  la  gestión 
presupuestaria  de  la  Agencia  desde  su  creación,  constata  que  los  presupuestos  definitivos 
aprobados para la ADER vienen excediendo sus necesidades reales de gestión para el ejercicio, 
situación  que  se  ha  traducido  en  elevados  remanentes  de  crédito, que  se  han  incorporado 
sucesivamente en presupuestos de ejercicios posteriores, tal y como se refleja a continuación:  
Cuadro 79. Incorporación de remanentes ADER 
(miles de euros) 
Presupuesto  Modificaciones  Presupuesto  Gastos  Obligaciones  Remanentes 
Ejercicio 
inicial  presupuestarias  final  comprometidos  reconocidas  de crédito 
2015  60.494  34.777  95.271  63.841  35.033  60.238 
2016  36.019  43.907  79.926  53.891  25.978  53.948 
2017  40.859  49.146  90.005  60.581  27.810  62.195 
 
Como se viene indicando en anteriores informes de fiscalización, esta falta de representatividad de 
los créditos aprobados debe corregirse aplicando para aquellas operaciones con alcance plurianual, 
como son las subvenciones o ayudas de la Agencia a proyectos de inversión cuyo periodo de 
maduración o ejecución supera el año natural, las normas de gestión presupuestaria establecidas 
recurrentemente en las LP de la CA relativas a la asunción de compromisos de gastos de carácter 
plurianual, que posibilitan anualizar las ayudas conforme al programa de realización de la inversión 
subvencionable, lo que permitiría la adecuación de los créditos presupuestarios a la ejecución real 
de los proyectos subvencionados. 
Los  derechos  reconocidos  por  la  Agencia  en  2017  ascendieron  a  24.377  miles  de  euros, 
constituyendo la principal fuente de financiación las transferencias corrientes y de capital recibidas 
de la Administración General de la Comunidad, que en 2017 ascendieron a 18.225 miles de euros 
(75 %). La ejecución del presupuesto de ingresos, sin considerar el remanente de tesorería 
incorporado, asciende a un 60 %. 
El resultado y saldo presupuestarios registrados por la Entidad en 2017 presentan unos importes 
de 226 miles de euros y 3.433 miles de euros con signo negativo, respectivamente. 
D. Situación patrimonial 
La contabilidad de la Agencia se ha adaptado al PGCP de La Rioja, aprobado por la O. 18/2013, de 
16 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad Pública de la CAR. 
- La ADER es titular de una cartera de participaciones accionariales de carácter permanente con 
valor contable bruto a cierre de ejercicio de 5.732 miles de euros, habiéndose constatado que en 
este  ejercicio  han  sido  adecuadamente  dotadas  provisiones  para  las  participaciones  en  las 
sociedades por importe global de 914 miles de euros.  
- Los deudores presupuestarios al cierre del ejercicio 2017 ascendían a 93.510 miles de euros, lo  bo
que representa un descenso interanual del 5 % respecto del ejercicio anterior, correspondiendo, en  250ww
sdue smemayboorl spaadrtaes  (p9o2r. 8la2 0A mdmileinsi sdtera eciuórno sG) ean terraanls dfeer elan Ccioams uconridriaedn.t e s y de capital aprobadas pero no
- El resultado económico-patrimonial de la Agencia presentaba un saldo negativo de 1.844 miles de
euros, frente al ahorro obtenido en 2016 por importe de 168 miles de euros, principalmente debido
 
 
al aumento de gastos de gestión ordinaria y de las transferencias corrientes y de capital concedidas 
por la ADER.  
E. Subvenciones gestionadas por la Agencia 
La actividad subvencionadora de la Agencia se canaliza a través de 21 líneas de ayuda, cuyo gasto 
en términos de obligaciones reconocidas se detalla a continuación:  
Cuadro 80. Subvenciones ADER. Obligaciones reconocidas  
 (miles de euros) 
Artículos presupuestarios  Rúbrica  Obligaciones reconocidas 
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   
44  A Empresas públicas y otros entes de la CA  30 
46 y 47  A Corporaciones locales y Empresas privadas  78 
48  A familias e instituciones sin fines de lucro  1.807 
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   
74  A Empresas públicas y otros entes de la CA  544 
77  A Empresas privadas  13.562 
78  A familias e instituciones sin fines de lucro  216 
  TOTAL  16.237 
 
El análisis realizado sobre las bases reguladoras de las diferentes líneas de ayuda programadas se 
ha observado que las mismas han concretado para el nuevo marco comunitario de ayudas a partir 
del ejercicio 2017 la forma en que las puntuaciones debían distribuirse dentro de cada rango, así 
como la forma en que debía efectuarse la puntuación de los criterios en aquellos casos en los que 
no se había establecido un tipo fijo de intensidad de ayuda. 
II.7 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  
II.7.1. Informes de ejercicios anteriores 
En este apartado se realiza el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe anual 
de fiscalización de la CA correspondiente al ejercicio 2016 y anteriores que siguen pendientes de 
implantación, debiendo tenerse en consideración, por una parte, que la mayor parte de estas 
corresponden a recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores, y por otra, que a la fecha de 
aprobación de dicho informe (20 de diciembre de 2018), la Cuenta General de la CA del año 2017  s
ya había sido formulada y rendida. En relación con el grado de adecuación por parte de la CA cabe  e.
indicar.  w.
1.  Lcrait eCroioms udneid paedr tAenuetónncoiam dae d leabs eerníati dvaadloersa ra p sous isbelecsto cr apmúbbliiocso ,n eosrmpeactiiavolms eennt ela,  edne efinl iccaiósno  ddee  lloass 
fpuantdriamcoionniaeliss tays  blaossa dcoosn esno rlaci opsa rtipcúipbaliccioósn,  mtaeynoierintadroia  deenl  Gcoobniesrindoe rdaec iLóan  Rinooja  esno lsou  dcortitaecriióons 
 
 
fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de sus 
miembros, así como en la financiación de las actividades de la entidad. Ello determinaría que 
determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez no 
quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la 
normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, a la vez que reduciría la 
fragmentación normativa existente. 
No se aprecian avances en este aspecto por lo que se mantiene la recomendación. 
2.  Deberían efectuarse las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de 
facilitar el acercamiento en el tiempo del control externo a efectuar por el Tribunal de Cuentas. 
Con la promulgación de la LHPR, que ha adaptado en los mismos términos a su Administración 
Autonómica el contenido del régimen de rendición de cuentas establecido en la Ley General 
Presupuestaria, la cual hasta entonces le resultaba aplicable de forma supletoria, se han 
manteniendo como fechas límite para la rendición de las cuentas individuales de cada entidad 
y para la Cuenta General de la Comunidad, el 31 de agosto y 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al fiscalizado, respectivamente. Por tanto, en esta materia no se han observado las 
consideraciones señaladas en las que se instaba la aprobación de normativa específica a 
efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente al 
que se refieran. 
3.  La Administración Autonómica no ha considerado al CARE como integrante de su sector 
público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, al no ostentar 
el control sobre el mismo en los términos establecidos en la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 
ámbito del sector público. No obstante, esta situación contrasta con que los resultados anuales 
de dicha entidad sean integrados en el cómputo de la capacidad o necesidad de financiación 
de la Comunidad. Así pues, y en relación con lo previsto en el art. 120.2 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta situación deberá quedar resuelta 
por los representantes de las Administraciones Autonómica y Local que forman parte de la Junta 
de Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la adscripción de la Entidad, lo que 
permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o local y su consecuente integración en 
uno o en otro sector público. 
A la finalización de la fiscalización no se tiene constancia de que se haya adoptado acuerdo 
alguno para la adscripción definitiva de la entidad a uno u otro sector, por lo que debe reiterarse 
la recomendación en los mismos términos. 
4.  El  contenido,  la  estructura,  las  normas  de  elaboración  y  los  criterios  de  agregación  o 
consolidación de la Cuenta General no han sido hasta el momento reguladas por parte de la 
Comunidad, siendo recomendable su desarrollo de acuerdo con el marco contable establecido 
en la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, acogiéndose a la posibilidad 
recogida en el art. 122.3 de la LHPR, promoviendo la elaboración y rendición de una Cuenta 
General  única,  como  instrumento  útil  en  la  mejora  de  la  información  sobre  la  situación 
económica, financiera y patrimonial, sobre los resultados económico-patrimoniales y sobre la 
ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de realización de los objetivos.  es
NrlAaedo cpm orhámianc eittsienctrndaaia dcecoinóió  nllnua ,g P Csaúuir b behliincaetasna t  aceG oslean np  fereeerlciacmhils aidno ea es cllea idóñ CenasA ladaRrer,r   osclaelolos mh  natorona sr npmesr efahestarieve aonnn tcaaaidauliostzo  aunindnótooem srein cneao sse tp la eeadnrpostarsies rctt iaoleadnn osAd ooIdIl i.mdp2ao.in1dri, so tqatsrun adetcoe ieó  llanan     2021-14250n https://www.
General de la Comunidad y sus entidades dependientes.
 
 
5.  La Administración Autonómica debería dotar los servicios necesarios de los Organismos 
autónomos  autonómicos,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  las  respectivas  Disposiciones 
transitorias de sus Leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas 
les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que 
facilitaría, por un lado, la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de 
estas entidades y, por otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus cuentas 
anuales individuales. 
La integración de los OOAA en el ámbito de la Administración General de la Comunidad, tanto 
desde el punto de vista presupuestario, como del control interno, tesorería y recursos humanos 
fue una de las medidas de racionalización y eficacia del gasto público contempladas por la 
Administración Autonómica en los PEF y Plan de ajuste presentados en ejercicios anteriores. 
Una vez aplicadas tales medidas de corrección y en la medida en que las disponibilidades 
presupuestarias así lo permitan, la Comunidad debería dotar los servicios necesarios a los que 
se hace mención en esta recomendación, puesto que el tratamiento contable y presupuestario 
previsto actualmente para los OOAA como servicios presupuestarios de la Administración de la 
Comunidad  dificulta  el  análisis  independiente  de  su  ejecución  presupuestaria  y  situación 
patrimonial, e impide conocer los resultados de la actividad económico-financiera desarrollada 
por cada entidad. 
En cualquier caso, debe indicarse que, actualmente, los dos únicos OOAA existentes son el 
SERIS y al Instituto de Estudios Riojanos, al haberse extinguido en el marco del proceso de 
reordenación del sector público autonómico los OOAA Servicio Riojano de Empleo y el Instituto 
Riojano de la Juventud. 
6.  Deberían reforzarse los mecanismos de coordinación existentes entre la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos de la Administración General de la Comunidad y las unidades 
económicas responsables de las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar 
la planificación de la actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos 
anuales de la Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones 
de sus presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la 
liquidación de los mismos. 
La aprobación de la Instrucción de 26 de junio de 2013 de la Oficina de Control Presupuestario 
por la que se establecían los formatos de la documentación a remitir por las entidades 
integrantes del sector empresarial y fundacional para la elaboración de los presupuestos 
generales de la CAR del ejercicio 2014 supuso un avance significativo en esta materia. No 
obstante,  en  el  ejercicio  fiscalizado  se  ha  observado  que  los  estados  incluidos  en  los 
presupuestos aprobados para 2017 han seguido sin presentarse de forma completa y han 
adolecido  de  falta  de  homogeneidad,  por  lo  que  se  considera  necesario  mantener  la 
recomendación. 
7.  La Comunidad Autónoma debe realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga 
posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, 
de manera que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos 
devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. 
En 2017 se ha observado una disminución del 30 % de los gastos devengados en el año (y en 
ejercicios anteriores), que han sido contabilizados en ejercicios posteriores, totalizando 14.905  es
miles de euros frente a los 21.398 miles de euros del año anterior, lo que supone, en sintonía  o
con la recomendación formulada, un avance significativo en la gestión presupuestaria.  250www.
8.  Dinevbeen tacorimo,p lmeteadrsiaen ltae  colan ciimliapclieómn eennttareci ólons  sdaelfdinoisti vcao ndtaeb lelass y  hloesr rqaumei efingtuarsa ni nefno reml áreticgaisst roq udee 
posibiliten la coordinación e integración del sistema contable y de inventario. Asimismo, deben
continuar las tareas de elaboración de las instrucciones o manuales de procedimiento para las  Bc
 
 
Consejerías  y  Organismos  autónomos  con  competencias  en  la  formación,  valoración  y 
actualización del inventario patrimonial. 
Como  se  ha  analizado  con  detalle  en  el  epígrafe  II.3.2,  la  Comunidad  ha  avanzado 
significativamente en esta recomendación, continuándose con la implantación de la nueva 
plataforma informática de inventario, la cual facilitará el volcado de datos y permitirá, cuando se 
implemente de modo definitivo, incluir la totalidad de los bienes inmuebles y mejorar la conexión 
entre el sistema contable y el registro del inventario, de cara a su adecuado reflejo en la 
contabilidad  patrimonial,  manteniéndose,  según  informa  la  Comunidad,  las  actuaciones 
tendentes a la elaboración de instrucciones y manuales de procedimiento en las Consejerías y 
OOAA  respecto  a  la  formación,  valoración  y  actualización  del  inventario  patrimonial, 
especialmente en los bienes muebles e inmateriales.  
9.  Deberían revisarse los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma, y en particular, por lo que se refiere a las cuentas no 
presupuestarias, la Administración General de la Comunidad debería dotarse de una aplicación 
informática que permitiera la obtención de datos históricos sobre los saldos deudores y 
acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en 
el que se normara el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema 
contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad. 
No se observan avances en los sistemas de información señalados, por lo que debe mantenerse 
la recomendación en los mismos términos. 
10. La Administración de la Comunidad debería implantar sistemas de control de los proyectos 
cofinanciados con fondos europeos que permitieran la adecuada imputación anual de los 
derechos presupuestarios en función del avance del gasto, de acuerdo con los criterios 
contables señalados por Eurostat. 
En el ejercicio fiscalizado no se han puesto de manifiesto incorrecciones contables en la 
imputación anual de los derechos presupuestos de los fondos europeos analizados, sin perjuicio 
de las salvedades ya señaladas procedentes del anterior marco comunitario de actuación, lo 
que constata una mejora en los mecanismos de comunicación entre los servicios gestores y la 
oficina contable de la CAR. En consecuencia, debe considerarse cumplida esta recomendación. 
11. La Administración General de la Comunidad debería definir los criterios y establecer los cálculos 
oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro. 
No ha habido avances en el ejercicio fiscalizado. 
12. Las carencias y debilidades de control interno puestas de manifiesto en la gestión de la tesorería 
deberían superarse mediante una evaluación y revisión de los procedimientos implantados por 
sus unidades gestoras. 
En relación con las cuentas de tesorería se constata, que, si bien no se han elaborado unas 
normas internas o instrucciones normalizadas sobre su funcionamiento, desde la Oficina de 
Control Presupuestario se han remitido escritos a las distintas entidades financieras en las que 
existen cuentas restringidas abiertas a nombre de la CA solicitándoles la transferencia del saldo 
de dichas cuentas a una cuenta general de tesorería y la remisión de un certificado del saldo a  s
31 de diciembre de 2017. Por otro lado, la Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para  oe.
lsAgaued msmAtiiinódninmiss tpitrnraaaisdtcrtaiiróma nceo innód ineae  l.ll  daEPe nC o ArcLtoaaRn l, s Rdteoeicod ujoaTe ,rn laochn iacasup,  aaeslrsu etspanuu crpeieaosc ntooeem n uu ennrne adsl aauccmsiióóteannjno  dcrcaieao bln ee a nlvca aoslnn acsc eiudin eeefnronatr armesssea t cbeciaó uannmsc ppaelericidcaoatson.   óddmee i cllaaa    2021-14250n https://www.
 
 
13. Debería formalizarse un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del 
Organismo autónomo SERIS en el que se regulase la prestación del servicio de asistencia 
sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades. 
Como se ha señalado en el epígrafe II.6.5, el 22 de diciembre de 2017 el SERIS firmó un 
acuerdo de gestión con la Consejería de Salud en el que se definieron unas líneas de actuación 
sobre la prestación del servicio de asistencia sanitaria en la CAR. Como se ha señalado en el 
epígrafe II.6.5 este acuerdo supone un paso previo a la formalización de un contrato programa 
en el que se detalle la prestación asistencial. En consecuencia, esta recomendación todavía 
mantiene pendiente de implantación. 
14. En  relación  con  la  Universidad  de  La  Rioja,  se  estima  necesario  que  por  parte  de  la 
Administración de la Comunidad se adopten las siguientes actuaciones: 
a)  Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el que la 
Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore 
en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público, 
con respeto a la autonomía universitaria en su vertiente financiera reconocida a las mismas, 
de manera que la ley habilitante de los créditos en la Comunidad contenga también los 
aprobados por aquella. 
b)  Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en la LOU, de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
No se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo las actuaciones señaladas, por lo que 
se mantiene la recomendación en los mismos términos. 
15. El contenido de los Planes Estratégicos de Subvenciones elaborados por las Consejerías de la 
Comunidad debería comprender a los Organismos y Entidades públicas vinculadas a cada 
Consejería y debería abarcar todas las subvenciones y ayudas gestionadas, tanto las otorgadas 
en régimen de concurrencia competitiva, como las ayudas directas que no sean nominativas, 
extendiéndose, a su vez, el ámbito temporal a más de un ejercicio presupuestario.  
En el ejercicio fiscalizado se ha constatado que los Planes Estratégicos de Subvenciones 
analizados han abarcado las ayudas y subvenciones otorgadas por las entidades y organismos 
adscritos a la Consejería correspondiente y han extendido de uno a varios ejercicios su ámbito 
temporal de aplicación, si bien en algunos casos, como por ejemplo en la ADER, por su 
importancia y el elevado volumen de ayudas concedidas, se ha aprobado un plan específico. 
Por  otra  parte,  y  a  excepción  de  determinadas  subvenciones  cofinanciadas  con  fondos 
europeos, que están a su vez incorporadas en programas específicos de ayuda, se ha 
observado un avance muy significativo en cuanto al número y tipo de ayudas incluidas. 
Finalmente, el control de los Planes, también se ha reforzado de forma notable a través de la 
preceptiva emisión de informes previos por parte de la Oficina de Control Presupuestario. Todo 
ello, permite considerar cumplida esta recomendación. 
16. Las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma para hacer efectivas las deudas 
pendientes de cobro habrían de agilizarse en la medida necesaria para lograr su deseable 
recuperación y, en cualquier caso, evitar su prescripción. 
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe II.6.3, en relación con las subvenciones en  oe.
mmerexiavsptimeseidróoiian,e   ndddteeee ss fo tdordemde a alsrace  iólianDnstGe  pga aryrdouae,d   ehalEa semb meiepnpnl eldemooo a , stfeeiennr ai aehli zlad aenedj e ofdro cicraicmt aiolaad c foiifs óecnnca huloiamzt oaedrdrgeooa s ayda pascrs oo nrbee anpsc ooieslóujtneec rircodioinecre iiodessa s dtdae ean  lit necinfrioeiiocrrmriroeee s d  dleaaell     2021-14250n https://www.
fiscalizado, todo ello sin perjuicio del elevado volumen de ayudas no justificadas cuyo derecho
 
 
a reclamar por la Administración ha sido declarado prescrito, tal y como se ha analizado en el 
mencionado subepígrafe. 
17. En el análisis efectuado sobre los procedimientos aplicados en la prestación de servicios 
sanitarios  con  medios  ajenos,  a  través  de  conciertos  sanitarios  con  entidades  privadas 
concertadas, se considera oportuno acometer las siguientes actuaciones: 
a) Las condiciones económicas establecidas en la asistencia sanitaria concertada con entidades 
privadas se deberían recoger como documentación soporte en una memoria que permitiera 
soportar las variables que intervienen en la determinación del precio aplicable a cada uno de 
los  procesos  asistenciales  basándose  en  un  sistema  de  contabilidad  de  costes,  lo  que 
contribuiría notablemente a una gestión más eficiente y transparente. 
A la finalización de la fiscalización, se encontraba en proceso de implantación y actualización 
una nueva herramienta informática denominada “GESCOT” para el SERIS y la FHC para el 
análisis de coste/actividad multinivel (entidad, servicio, paciente, patología, proceso, etc.) que 
facilitará los cálculos de costes en la asistencia sanitaria concertada con entidades privadas 
para los próximos contratos además de mejorar la transparencia, eficacia y economicidad en la 
gestión  sanitaria  de  los  procesos  asistenciales  propios.  Según  se  ha  informado  en  la 
fiscalización, de este programa han comenzado a extraerse algunos listados e indicadores, que 
pueden ser susceptibles de ser utilizados para la toma de decisiones, por lo que puede 
considerarse atendida la recomendación.  
b) Sería deseable fijar tarifas en términos de coste efectivo distinguiendo entre procesos en 
régimen hospitalario y ambulatorio, que permitan, en este último supuesto aprovechar los 
ahorros económicos derivados de los menores costes del proceso. 
Dado  que  en  2017  no  se  han  formalizado  nuevos  contratos,  el  seguimiento  de  esta 
recomendación será objeto de análisis en el momento en que se formalicen aquellos.  
c) De cara a proporcionar un mayor nivel de transparencia, sería conveniente que la información 
general reflejada en la página web de la Consejería de Salud incluyese los datos de espera de 
todas  las  especialidades  contempladas  en  el  Sistema  Público  de  Salud  de  La  Rioja, 
distinguiendo por modalidad de lista de espera (intervención quirúrgica, consulta o prueba 
diagnóstica), según lo previsto en el D. 56/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la 
garantía de tiempos máximos de espera y el sistema de información sanitaria. 
La página web de la Consejería de Salud recogía a la finalización de la fiscalización información 
sobre tiempos de espera de las especialidades contempladas en el Sistema Público de Salud 
de La Rioja, distinguiendo por modalidad de lista de espera (intervención quirúrgica, consulta o 
prueba diagnóstica), según lo previsto en el Decreto 56/2008, de 10 de octubre, por el que se 
regula la garantía de tiempos máximos de espera y el sistema de información sanitaria, así como 
información comparativa con el SNS. En consecuencia, debe considerarse atendida esta 
recomendación. 
d) Las funciones de inspección de la sanidad concertada deberían acompañarse del adecuado 
desarrollo normativo que permita la implantación de un sistema de evaluación objetivo mediante 
la definición de criterios e indicadores de medición. 
Continúa sin llevarse a cabo el citado desarrollo normativo por lo que se considera preciso  e
reiterar la recomendación en los mismos términos.  bo
18. Epecanor amn óalmate ircgioae  sdetedió ulnoc sae tmicvoaisn mnóomo suic,n atia vnedtreos  itplaoorsri a l,ca ed cneittbraoedsraí a dC dooecnsesanertjreeosrlí laayr  sceroe mufoonr azp aonrros erlam  lIaant tiveraerv vaeisunitcóoinón nóy mG ieeclan  ecproranol tpdrioeal    2021-14250n https://ww
la Comunidad.
 
 
En la fiscalización se ha comprobado que con posterioridad a la finalización del ejercicio 
fiscalizado la CAR ha aprobado el D. 16/2018, de 18 de mayo, por el que se regula la autonomía 
de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de La Rioja, lo que ha 
permitido ajustar la actuación de los centros públicos al mandato de la nueva LOE, así como 
actualizar y adaptar la anterior regulación que se venía aplicando (RD 2723/1998 y su O. de 
desarrollo  de  1999)  a  la  estructura  descentralizada  propia  de  un  modelo  de  comunidad 
uniprovincial. En este sentido, debe considerarse debidamente cumplida esta recomendación.  
Por el contrario, en lo relativo a la necesidad de reforzar el control económico de los centros, tal 
y como se ha analizado en el epígrafe II.6.6, sigue constatándose que las revisiones llevadas a 
cabo desde la Consejería de Educación han sido meramente formales, sin estar acompañadas 
de otras actuaciones destinadas a verificar la corrección de los saldos de las cuentas rendidas 
por los centros docentes, el respeto de las modificaciones aprobadas a los principios y normas 
presupuestarias, así como el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública, 
más allá de los controles financieros efectuados por la Intervención General de acuerdo con sus 
planes anuales de auditoría, controles que como se ha señalado, han sido también muy 
escasos. 
19. La ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres debería ser 
objeto de registro en un programa presupuestario específico, que permitiera efectuar un 
adecuado  seguimiento  global  de  los  proyectos,  normalmente  de  carácter  plurianual, 
desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la Mujer 
aprobado en la Comunidad. 
En el presupuesto del ejercicio 2017 se han mantenido las mismas condiciones de registro de 
las medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres llevadas a cabo por las diferentes 
unidades gestoras de la Administración, por lo que se mantiene la recomendación.  
20. Debería procederse al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación medioambiental para promover una mayor efectividad en el control y coordinación 
de estas actividades.  
Con la promulgación de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha regulado la evaluación ambiental (incluyendo la 
evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental de planes y programas) y la 
autorización ambiental integrada, en línea con el esquema señalado en la Ley estatal 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Adicionalmente, se ha completado la regulación 
con otros instrumentos de intervención, como la licencia ambiental o la declaración responsable 
de apertura, instrumentos que no estaban recogidos en la normativa estatal básica. Por todo lo 
expuesto, esta recomendación debe considerarse cumplida. 
II.7.2. Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas 
Mediante la Resolución de 27 de febrero de 2018 aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la CA 
de la CAR, ejercicio 2015, se instaba a esta a asumir las conclusiones y seguir todas las 
recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. 
Recientemente se ha aprobado la Resolución de 27 de febrero de 2019, en relación con el Informe  oe.
de fiscalización de la CA de La Rioja, ejercicio 2016. En la misma se insta, nuevamente, a realizar  w.
actuaciones coincidentes con las recomendaciones que viene formulando este Tribunal y que han  250ww
sido analizadas en el epígrafe anterior. 
Aend iceilo ánmalbmiteon stea nai tlaarsio m, ae ninctiorondaudcairs  crericteormioesn ddea cmioanyeosr,  ttraamnsbpiéanre snec iian syt ac oan ltaro Cl Aen a l are gdeusctiiró enl  ddeé fliacsit   BOE-A-cable e
 
 
fundaciones y consorcios públicos, así como en la gestión de las subvenciones, particularmente las 
gestionadas  a  través  de  la  ADER,  aspectos estos  que serán  objeto  de  seguimiento  en  las 
fiscalizaciones de ejercicios posteriores.  
III. CONCLUSIONES 
III.1 LIMITACIONES 
1.  El Inventario General de Bienes y Derechos a 31 de diciembre de 2017 facilitado por la 
Comunidad continúa sin incluir la totalidad de los bienes de la Administración General y de los 
Organismos públicos del sector público autonómico, lo que imposibilita analizar la situación y 
valoración de aquellos bienes pendientes de inventariar (subapartado I.5). 
III.2. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
2.  La definición del ámbito subjetivo del sector público de la Comunidad establecida en la Ley 
3/2003, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, contrasta 
con la delimitación de entidades establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, que es la seguida por la Intervención General para la formación de la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma, incluyendo no solo aquellas entidades en las que participa 
mayoritariamente en sus fondos propios, sino también aquellas otras en las que la Comunidad 
ejerce una posición de dominio a través del control de sus órganos de gobierno o de la 
financiación de sus actividades. Ello ha provocado discrepancias en el número de entidades 
incluidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2017 y las integradas en 
la Cuenta General de dicho año, que deberían ser superadas mediante la oportuna adaptación 
de la normativa autonómica en esta materia (subapartado II.1). 
III.3. RENDICIÓN DE CUENTAS  
3.  La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2017 se ha rendido al Tribunal de 
Cuentas dentro del plazo previsto en el art. 123.1 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de 
Hacienda Pública de La Rioja (LHPR), y se ha adaptado, en términos generales, a los principios 
y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que le son de aplicación, sin 
perjuicio  de  las  siguientes  observaciones  y  salvedades,  así  como  de  las  incorrecciones 
contables señaladas en el subapartado II.4 del Informe (subapartado II.2). 
a)  No se han integrado en la Cuenta General del sector público autonómico administrativo del 
ejercicio las cuentas del Consejo de la Juventud y las del Consorcio de Aguas y Residuos 
de La Rioja (CARE). 
b)  No se han agregado en la Cuenta General del sector público autonómico fundacional del 
ejercicio las cuentas de la Fundación Dialnet, la Fundación General de la Universidad de La 
Rioja. 
c)  Las Cuentas Generales de los sectores autonómicos empresariales y fundacionales no han 
proporcionado información sobre la liquidación agregada de los presupuestos de explotación 
y capital de las empresas y fundaciones de la Comunidad Autónoma.  
d)  La  liquidación  presupuestaria  y  la  memoria  de  la  Cuenta  General  no  han  contenido  w.b
información sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, tal y como  250ww
e(LxOigEeP eSl Fa)r.t . 6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
 
 
e)  La memoria de la Cuenta General no ha incorporado toda la información necesaria para 
completar y ampliar el contenido de los balances, cuentas de resultados y estados de 
liquidación de los presupuestos. 
4.  Las cuentas anuales del Consejo de la Juventud han presentado deficiencias significativas que 
han motivado la emisión en su informe de auditoría de una opinión favorable con salvedades, 
consecuencia de graves incumplimientos legales de su normativa reguladora y su Reglamento 
de Régimen Interno (epígrafe II.2.2). 
5.  La memoria de las cuentas anuales rendidas por el CARE ha omitido información relevante como 
la  relativa  al  medio  ambiente  o  los  procedimientos  de  adjudicación  en  relación  con  la 
contratación administrativa (epígrafe II.2.2). 
III.4. CONTROL INTERNO 
6.  Los informes de control emitidos por la Intervención General han seguido recogiendo en 
términos  generales  las  mismas  salvedades  que  vienen  destacándose  reiteradamente  en 
controles anteriores, sin que se tenga constancia de la remisión desde la Consejería de 
Hacienda al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de un informe resumen de las 
principales conclusiones derivadas de los controles efectuados según lo previsto en el artículo 
137 de la LHPR (epígrafe II.3.1). 
7.  Con excepción de la Consejería de Salud no se han formalizado contratos programa entre las 
Consejerías y sus Entidades dependientes. Asimismo, solo dos de las ocho Consejerías 
vigentes en el ejercicio fiscalizado habían implementado sistemas de evaluación de su gestión 
pública y únicamente una de ellas había realizado una evaluación de las políticas públicas de 
su competencia (subepígrafe II.3.2.1). 
8.  El desarrollo reglamentario de los criterios y directrices para la formación, actualización y 
valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad y la creación de una 
nueva plataforma informática, en fase de implantación, ha permitido en el ejercicio 2017 el 
cálculo y registro de las dotaciones de amortización de las construcciones, así como facilitar la 
conciliación del citado inventario con el sistema contable. No obstante, se mantienen carencias 
y deficiencias motivadas principalmente por la falta de integración en aquella del resto de bienes 
y derechos de la Comunidad (subepígrafe II.3.2.3). 
9.  El 75 % de las Consejerías no contaban con manuales de procedimiento para la gestión de las 
líneas de subvención y ninguna Consejería disponía de sistemas que permitan detectar la 
posible prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las 
subvenciones, ni comunica periódicamente a la Intervención General de la CAR información de 
los reintegros iniciados y de su situación (subepígrafe II.3.2.5). 
10. No ha sido objeto de desarrollo reglamentario, ni constan actuaciones en relación con el control 
a ejercer por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia sobre las Consejerías y Organismos públicos de la 
CAR (subepígrafe II.3.2.7).  
11. Las sociedades y fundaciones autonómicas continúan adoleciendo de debilidades derivadas de 
la deficiente elaboración de unos presupuestos de explotación y capital y unos programas de  e.e
actuación  plurianuales,  así  como  de  la  ausencia  de  unos  adecuados  mecanismos  de  b
coordinación con la Administración General (subepígrafe II.3.2.9).  250ww
 
 
III.5. CUENTA GENERAL  
12. Del análisis realizado se desprende que, con carácter general, la Cuenta General de la 
Comunidad y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los 
principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, así como que la gestión 
presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien han de realizarse las 
salvedades y observaciones que se recogen a continuación (subepígrafe II.4.1.1). 
13. El resultado y el saldo presupuestario registrado por la Administración Autonómica en 2017 
presentaron déficit de 47.020 y un superávit de 37.612 miles de euros, respectivamente. No 
obstante, la correcta consideración de las salvedades e incorrecciones contables, señaladas en 
el subepígrafe II.4.1.2, procedentes, principalmente, de gastos de naturaleza sanitaria no 
registrados y de prestaciones asistenciales no contabilizadas, supone disminuir el déficit del 
resultado presupuestario y el saldo presupuestario en 6.835 miles de euros (subepígrafe 
ll.4.1.2.C). 
14. Las rúbricas del balance de la Administración General presentaban, a 31 de diciembre de 2017, 
las siguientes salvedades e incorrecciones contables (subepígrafe ll.4.1.3): 
a)  La  Administración  General  de  la  Comunidad  no  ha  determinado  ni  contabilizado  la 
amortización y depreciación de los activos del inmovilizado, salvo para las construcciones. 
b)  Se han detectado bienes cedidos por la Administración General de la Comunidad a terceros 
por valor de 32.690 miles de euros que no han sido objeto de adecuada contabilización, 
encontrándose sobrevalorados los resultados de ejercicios anteriores en dicho importe. 
Asimismo, tampoco han sido registrados bienes transferidos por la Administración del Estado 
a la Comunidad por 42.927 miles de euros, que deben incrementar la rúbrica de patrimonio 
en dicho importe. 
c)  Los  derechos  pendientes  de  cobro  de  la  Administración  General  se  encontraban 
infravalorados en 496 miles de euros al no haberse registrado prestaciones asistenciales del 
Servicio Riojano de Salud (SERIS) y en 145 miles de euros al recoger saldos antiguos por 
enajenaciones de inmuebles, transferencias del Estado y deudas de naturaleza tributaria sin 
posibilidad de cobro. 
d)  La dotación a la provisión por deudores de dudoso cobro se encontraba infravalorada, al 
menos, en 22.042 miles de euros. 
e)  El saldo de la rúbrica de inmovilizado financiero por participación en sociedades mercantiles, 
cuyo coste registrado a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 100.996 miles de euros, se 
encontraba sobrevalorado a dicha fecha en 44.036 miles de euros, al no haberse dotado las 
oportunas provisiones por la depreciación del valor registrado de las participaciones en las 
sociedades Valdezcaray, S.A. y La Rioja Turismo, S.A.U. 
f)   La Comunidad no ha registrado en el epígrafe de acreedores del balance la deuda contraída 
con la Administración General del Estado como consecuencia de las liquidaciones negativas 
del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, la cual ascendía, 
al cierre del ejercicio 2017, a 138.368 miles de euros. 
15. El resultado económico patrimonial de la Administración General de la Comunidad reflejó en  oe.
2017 un desahorro de 19.649 miles de euros. Esta magnitud está afectada por salvedades y  w.
limitaciones que han afectado a la representatividad del saldo de la cuenta del resultado del  250ww
epajerrac iicnioso, levnetnrec ialass  dqeu ela, sp ocru seun tiamsp doertuadnocriaa,s ,d elas taaucsaenn lcai aa udsee dnecipar edcei adcoiótanc idoen eloss p eolre pmroevnitsoiso ndeesl 
irnemgiosvtrializdaodso (,s usbaelvpoí gpraarfae  IlIa.4s .1co.4n)s. trucciones, así como la existencia de gastos devengados no  BOE-A-cable e
 
 
16. El remanente de tesorería de la Administración de la Comunidad, a 31 de diciembre de 2017, 
presentó un saldo negativo de 149.376 miles de euros que no reflejaba la verdadera situación 
financiera  a  corto  plazo  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad,  encontrándose 
sobrevalorado, al menos, en un importe de 21.691 miles de euros, como consecuencia, 
principalmente de la falta de registro de los saldos deudores de dudoso cobro (subepígrafe 
II.4.1.5). 
17. La Cuenta General del sector empresarial ha reflejado unas pérdidas en 2017 por un importe 
global  de  4.272  miles  de  euros  correspondiente  a  las  tres  sociedades  participadas 
mayoritariamente por la Administración de la Comunidad (epígrafe ll.4.2).  
18. El patrimonio neto de la sociedad Valdezcaray, S.A. ha continuado en 2017 por debajo de las 
dos terceras partes del capital social, sin que se haya reducido en el ejercicio siguiente su capital 
social para restablecer el patrimonio, según lo previsto en el artículo 327 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital (epígrafe ll.4.2). 
19. La falta de integración en la Cuenta General del sector fundacional de las cuentas anuales de 
la Fundación General de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Dialnet ha venido 
motivada por encontrarse ambas entidades pendientes de clasificación por el Comité Técnico 
de  Cuentas  Nacionales.  No  obstante,  el  efecto  derivado  de  esta  carencia  sobre  la 
representatividad de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así como sobre el déficit 
del conjunto de la Comunidad es prácticamente irrelevante (epígrafe II.4.3).  
III.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
20. La Comunidad Autónoma de La Rioja ha cumplido el objetivo de estabilidad fijado para el 
ejercicio 2017 al haber registrado unas necesidades de financiación en términos de contabilidad 
nacional de 29 millones de euros, lo que representa un déficit del -0,36 % del PIB regional, frente 
al objetivo del -0,6 % establecido para dicho año (subepígrafe II.5.1.A).  
21. La Administración de la Comunidad ha incumplido en 2017 la regla del gasto establecida en el 
art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al haber 
sido la variación del gasto computable en dicho año superior en cinco décimas a la tasa de 
referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española determinada por el 
Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  habiéndose  aprobado,  en  consecuencia  el 
correspondiente Plan Económico Financiero 2018-2019 (subepígrafe II.5.1.B). 
22. La Comunidad ha cumplido en 2017 el objetivo de deuda fijado en el 19,5 % del PIB regional, al 
haberse registrado al 31 de diciembre de dicho año un volumen de deuda pública, computada 
por el Banco de España de acuerdo con la metodología establecida en el Protocolo de Déficit 
Excesivo, de 1.570 millones de euros, equivalente al 19,2 % del PIB regional (subepígrafe 
II.5.2.B). 
III.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
23. Los gastos de personal de la Administración General y de las entidades del sector público de la 
Comunidad han ascendido en 2017 a 526.644 miles de euros, lo que ha representado el 37 % 
del gasto consolidado del conjunto del sector público de la Comunidad en dicho año, con un  s
incremento interanual de 2 puntos (epígrafe II.6.1).  oe.
24. La Administración General disponía a 31 de diciembre de 2017 de un total de 471 de plazas  250ww
vteamcapnotreasl,  drees ppelacntotil ldae q lause  ceusatalebsa nno s sieen hdaob íoac euvpaalduaasd oc osnu  cpaerráscotnear lp fruonvcisioionnaarilo o  ienstetaribnloe ,y d lea bcaorraa,l 
en este último caso, a convocar los correspondientes procesos selectivos de personal en
 
 
cumplimiento del art. 10.4 del Estatuto Básico del Empelado Público y de la Disposición adicional 
decimoquinta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (epígrafe II.6.1).  
25. A la finalización del ejercicio fiscalizado se mantenían en comisión de servicio 239 funcionarios, 
no habiendo sido posible conocer la duración de las mismas, que según el art. 7 del Decreto 
78/1991 de 28 de noviembre por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, está 
limitada a un máximo de 2 años (epígrafe II.6.1). 
26. La Administración de la Comunidad ha implantado de forma progresiva en 2017 un sistema de 
carrera profesional basado en la evaluación del desempeño, cuyo coste en dicho año ha 
ascendido a 4.262 miles de euros (epígrafe II.6.1). 
27. La deuda comercial de la CAR en el ejercicio fiscalizado se ha incrementado en términos 
interanuales un 25 %, situándose a 31 de diciembre de 2017, en 94.891 miles de euros (epígrafe 
II.6.2). 
28. El periodo medio de pago global a proveedores del sector público calculado conforme a la nueva 
metodología establecida en el RD 635/2014, de 25 de julio, se ha situado en 13,6 días, por 
debajo del plazo máximo de 30 días marcado en la normativa sobre morosidad (epígrafe II.6.2). 
29. Del total de subvenciones y ayudas autonómicas concedidas en el año 2017 un 50 % se han 
tramitado mediante subvenciones directas de carácter excepcional, si bien es preciso señalar 
que a su vez, dentro de estas ayudas, al menos un 36 % han correspondido a las tramitadas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como ayudas directas financiadas 
con fondos FEADER en el marco de la Política Agrícola Común (epígrafe II.6.3). 
30. Las subvenciones convocadas régimen de concurrencia competitiva por Resolución 151/2017 
de 2 de agosto, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Accion Exterior, 
destinadas a entidades que presentasen proyectos de sensibilización ciudadana en materia de 
cooperación al desarrollo han adolecido de carencias y deficiencias en la justificación de la 
acreditación de la actividad subvencionada y de los pagos efectuados (epígrafe II.6.3). 
31. En el análisis de las ayudas en materia de cooperación al desarrollo materializadas a través del 
Convenio suscrito por la Comunidad con UNICEF para ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia no ha sido posible comprobar los justificantes de gasto y pago que documenten la 
adquisición por parte de UNICEF del material enviado para actuaciones de ayuda urgente 
autorizadas por el órgano gestor de la Comunidad, al haber sido soportadas únicamente 
mediante una certificación del responsable de la citada entidad (epígrafe II.6.3). 
32. El significativo retraso de las actuaciones de comprobación de la justificación de las ayudas y 
subvenciones  concedidas  por  la  Comunidad  desde  el  ejercicio  2007  para  la  formación 
profesional para el empleo, en sus diversas modalidades y programas, gestionadas por la 
Dirección General de Empleo y Formación, ha dado lugar a la declaración por esta de la 
prescripción del derecho a liquidar el crédito a su favor y por ende a exigir el reintegro de un 
total de 9.832 miles de euros. Entre los motivos que dieron lugar a la prescripción declarada 
como  consecuencia  del  retraso  en  las  actuaciones  de  comprobación  se  encuentran  las 
diferencias de interpretación respecto a la determinación del plazo de prescripción, por cuanto 
el criterio interpretativo inicial fue considerar que la acción para reclamar el reintegro de las  es
subvenciones cofinanciadas con fondos comunitarios prescribía a los cuatro años desde la fecha  o
doCpbreoos myctaeiuencnrttrioedes,a   dddseeeefst ien eErixtmiutveironon apdddeíeaaal  ssap   drsoueicgnntraatae mmnúicnnaiia acorsaop  neda renqaluu tiaTevlo ridei banFud Sna aEqyl u  e2eSx0luli0osp7strí -eac2m a0us1ono3  sy,p   leeadnszet ooll o  Tdser esiqb ,u eueejnen alc alum  cfdaiineóra znnJo uc ydis ajetucic is2óiat0nif i1 cdd7aee.c   illNóaonoss     2021-14250n https://www.
propio, el plazo de prescripción de los derechos de cobro de cuatro años no podía vincularse al
 
 
cierre global del programa, sino al momento en el que vence el término para presentar la 
justificación por parte del beneficiario (epígrafe II.6.3). 
33. El endeudamiento financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja se situó a 31 de diciembre 
de 2017 en 1.569.360 miles de euros, habiendo experimentado un incremento en los seis últimos 
ejercicios del 74 % (subepígrafe II.6.4.1). 
34. La carga financiera de la deuda crediticia pública ha respetado en el ejercicio fiscalizado los 
límites establecidos en el art. 14.2.b) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas, si bien también ha experimentado un significativo incremento en los últimos 
ejercicios como consecuencia, tanto del aumento del endeudamiento y de su coste financiero, 
como de la reducción de los ingresos corrientes (subepígrafe II.6.4.1). 
35. La evaluación del III Plan de Salud de La Rioja correspondiente al periodo 2015-2019 ha puesto 
de manifiesto la ausencia de una separación de objetivos y medidas para cada una de las 
entidades integrantes del Sistema de Salud Pública de La Rioja (SERIS, Fundación Rioja Salud 
(FRS) y Fundación Hospital de Calahorra (FCH)). Asimismo, los indicadores de los objetivos se 
han dirigido a medir, en muchos casos, actividades o procesos en vez de resultados y han 
adolecido  de  carencias  en  la  toma  de  datos  y  explotación  automática  de  los  mismos, 
especialmente en la actividad clínica diaria (subepígrafe ll.6.5.1). 
36. Las transferencias realizadas en 2017 desde la Consejería de Salud a las Fundaciones FHC y 
FRS,  que  han  ascendido  a  33.356  y  19.773  miles  de  euros,  respectivamente,  han  sido 
insuficientes para financiar la actividad ordinaria de estas dos fundaciones, registrándose un 
excedente  conjunto  negativo  a  31  de  diciembre  de  ese  año  de  42.703  miles  de  euros 
(subepígrafe ll.6.5.2). 
37. En la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos hospitalarios no exclusivos se ha 
mantenido el procedimiento seguido en ejercicios anteriores, consistente en una negociación 
anual con los proveedores de productos farmacéuticos solicitándoles la remisión de ofertas y 
efectuándose una selección en base a criterios económicos, al compromiso de servicio, el plazo 
de entrega y la solución de problemas surgidos en ejercicios anteriores, no ajustándose 
estrictamente a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(subepígrafe ll.6.5.3). 
38. A pesar de la tendencia creciente de los últimos años, los tiempos medios de espera quirúrgica 
y de consultas en La Rioja (55 y 51 días, respectivamente) han sido significativamente inferiores 
a la media del Sistema Nacional de Salud (106 y 66 días, respectivamente), aunque el 
porcentaje de pacientes con más de 60 días en espera para consulta ha sido un 70 % superior 
a la media de las Comunidades Autónomas (subepígrafe ll.6.5.6). 
39. La insuficiencia de medios personales para desarrollar eficazmente las labores de revisión y 
control de la gestión económica de los centros docentes en la Dirección General de Educación 
de la Comunidad explica, en cierta medida, la ausencia de un plan sistemático y estructurado 
de revisión de centros, aspecto que adquiere mayor importancia habida cuenta el reducido 
alcance de los controles financieros llevados a cabo por la Intervención General y la ausencia 
de una Inspección de Servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(subepígrafe ll.6.6.1). 
40. Un 20 % de los centros docentes públicos de la Comunidad aprobaron las cuentas de gestión  o
dR(seeula bcle upDrsíegocr a2ref0et1o I6 I./2627.0621.317/),1.  a9s9í8 c, odmeo  1e8l  pdree sduipcuieemstbor ed,e ls ci ubrsieon s ilgous iernettera fsuoesr an doe lf upelarozon  psriegvniisfitcoa etinvo esl   2021-14250n https://www.
41. Lead uAcadtmiviansis. trEacl iópnla nd e dlea  Cobormaus nivdigaedn nteo  ehna  deils peujeersctoic iod e fiusnca plilzaand od,i reqcuteo r hdae  isnidfroa eostbrjuectotu rdaes   BOE-A-cable e
 
 
actualización anual, no ha estado soportado por informes o estudios dónde se establezca una 
prelación de las necesidades globales de inversión de la Comunidad. Asimismo, tampoco se 
han establecido criterios para determinar si las inversiones debían realizarse directamente por 
la Comunidad o a través de transferencias por las entidades locales en las que residen los 
centros (subepígrafe II.6.6.2). 
42. El 85 % de los centros educativos de la Comunidad han considerado en el ejercicio fiscalizado 
que merecía la pena mejorar algún aspecto de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
externas de fin de etapa contempladas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. No obstante, tan solo un 30 % de los centros docentes 
formalizaron en la programación anual de 2017 algún plan de mejora de los previstos en el RD 
126/2014, de 28 de febrero, observándose a su vez una gran dispersión en las medidas, actores 
y propuestas de unos planes y otros (subepígrafe II.6.6.3). 
43. La información en materia de publicidad activa que ofrecía la Administración General de la 
Comunidad en su Portal de Transparencia en julio de 2019 cumplía en términos generales con 
las premisas establecidas en la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de La Rioja. Respecto a las entidades integrantes de su sector público, se han puesto 
de manifiesto carencias especialmente en cuanto a la información relativa a los procesos de 
selección de personal, a la publicación de planes y programas e indicadores de calidad con la 
medición de los servicios prestados. Asimismo, el Consejo de la Juventud, la Fundación 
Benéfico Social de La Rioja y la Fundación Riojana para la Innovación no disponían a la citada 
fecha de un portal propio de transparencia (epígrafe II.6.8). 
44. En materia de gestión medioambiental no se han articulado procedimientos de coordinación e 
intercambio de información entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental lo que implica 
que este no disponga de información sobre el seguimiento de las declaraciones de impacto 
ambiental y de los informes de impacto ambiental que deben llevar a cabo los órganos 
sustantivos según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (epígrafe II.6.9). 
45. El grado de ejecución del gasto del Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 en sus 
dos  primeros  años  de  vigencia  se  ha  situado  en  unos  porcentajes  del  59 %  y  62 %, 
respectivamente, sobre el presupuesto previsto para dichos años.  
Por lo que se refiere al grado de consecución de los objetivos e indicadores establecidos en el 
mencionado plan se ha comprobado por una parte que las tasas registradas para la recogida de 
residuos domésticos y comerciales todavía se encontraba en el ejercicio fiscalizado ligeramente 
por encima de las programadas y por otra que respecto a los residuos industriales peligrosos no 
se habían diseñado indicadores de medida, constatándose que más del 70 % de los generados 
en la Comunidad ha tenido tratamiento final fuera de su territorio por falta de instalaciones 
(subepígrafe II.6.9.2). 
46. En relación con los procedimientos de contratación de personal de la FCH cabe señalar lo 
siguiente (epígrafe II.6.10): 
a)  La FHC no dispone de un plan de ordenación de recursos humanos, ni de una relación de 
puestos de trabajo en la que se definan las características esenciales de cada puesto, 
especificando las funciones y responsabilidades inherentes al mismo.   es
b)  aocDodbenes etcaruracvatuaodedsaro)dm,  oqeu unncetoae n h d aeli lomedsvae adnedossa itlo uundgcaoiaodnrs ata r a rd6etea1a c alsiizcóeaunnde toreidnsnot ce picraoionsrn  aj ul sadue isnGc  inaepelreeucsnee cssditieaodc sald daedera esln  aad csoFai srHláateCc nnt,ea clritaa u lreeapsslltea,r znusaitc ib ltliuanier daneel  ssfit(ena2 ird0híaa4a     2021-14250n https://www.
de los contratos.
 
 
c)  El Convenio Colectivo de la FHC aprobado para el periodo 2008-2011 no ha sido renovado, 
presentando rigideces que restan flexibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios y 
especialmente en la gestión de los procesos de selección y contratación de personal.  
d)  La Unidad de Recursos Humanos ha adolecido de una evidente infradotación de personal 
dada la complejidad y laboriosidad que requiere la ejecución de las estipulaciones del 
mencionado Convenio Colectivo, especialmente en relación con la constitución de las bolsas 
de empleo temporal y con los procesos de movilidad y promoción interna.  
e)  En el análisis de los expedientes de altas de personal fijo se han puesto de manifiesto 
deficiencias en el contenido de las convocatorias y en el procedimiento seguido para su 
publicación, inconsistencias entre los criterios de puntuación y baremación establecidos en 
las bases de la convocatoria y el convenio colectivo, así como la ausencia de normas o 
instrucciones internas sobre el funcionamiento de las mesas de selección de personal. 
f)  La coexistencia de dos sistemas de gestión de la asistencia sanitaria, por un lado la FHC y 
por otro el SERIS, con diferentes singularidades en materia de personal, ha planteado 
demandas organizativas para la integración del personal de la FHC en el SERIS que, en 
cualquier caso, deberían someterse a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso y en la promoción profesional establecidos en el EBEP, respetando, asimismo, lo 
establecido en la Disposición adicional 34ª de la LPGE para 2017. 
g)  En 2017 hubo un despido por causas objetivas, que posteriormente mediante acto de 
conciliación se acordó como improcedente pactando una indemnización de 58 miles de 
euros, adicional a los 55 miles de euros abonados como indemnización por despido objetivo. 
Asimismo, en dicho año también hubo dos despidos disciplinarios que fueron objeto de 
demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Logroño. Sobre ambas demandas han 
recaído sentencias estimando las pretensiones de las trabajadoras, declarando nulo el 
despido y condenando a la FHC a la readmisión con abono de los salarios dejados de 
percibir. 
47. Las obligaciones reconocidas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) en 
2017 han ascendido a 27.810 miles de euros, con un grado de ejecución del 31 %. Este bajo 
grado de realización del presupuesto de gastos, que ha caracterizado la gestión presupuestaria 
de la Entidad desde su creación, constata que el presupuesto aprobado ha excedido sus 
necesidades reales de gestión, situación que se ha traducido en elevados remanentes de 
crédito, que se incorporan sucesivamente a presupuestos de ejercicios futuros, lo que motiva 
que  los  estados  anuales  correspondientes  a  la  presupuestación  de  la  Entidad  no  sean 
representativos de la actividad programada para cada ejercicio (epígrafe ll.6.11). 
III.7  SEGUIMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES  SEÑALADAS  EN  INFORMES  DE 
FIISCALIZACIÓN ANTERIORES Y EN LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA PARA 
LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
48. Respecto a las recomendaciones señaladas en Informes de fiscalizaciones anteriores se 
aprecian avances, especialmente en materia de planificación presupuestaria, en el contenido y 
seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones y en la programación de la prestación 
del servicio de asistencia sanitaria. No obstante, se constata que otras recomendaciones no han 
sido objeto de seguimiento, por lo que se reiteran en el presente Informe (epígrafe ll.7.1).  e.
49. En la Resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de  250ww
Ccourerenstapso nddei e2n7t ed ea l feejberrecricoi od e2 021051,8 s, ee inn sretalabcai óan e csotan  ae la Isnufomrmir ela sa ncuoanlc dlues ifoisnceasli zya sceiógnu idr eto ldaa Cs AlaRs 
recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (epígrafe ll.7.2).
 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Como resultado de los trabajos de fiscalización, se incluyen las siguientes recomendaciones, 
algunas de las cuales vienen recogiéndose en los sucesivos informes de fiscalización sobre la 
Comunidad Autónoma que realiza este Tribunal, sin que se haya producido su implantación, total o 
parcial, tal como se ha indicado al analizar el grado de seguimiento de las mismas, razón por la que 
se reiteran:  
1.  La Comunidad Autónoma debería valorar posibles cambios normativos en la definición de los 
criterios de pertenencia de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las 
fundaciones  y  los  consorcios  públicos,  teniendo  en  consideración  no  solo  criterios 
patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación 
fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de sus 
miembros, así como en la financiación de las actividades de la entidad. Ello determinaría que 
determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez no 
quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la 
normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, a la vez que reduciría la 
fragmentación normativa existente. 
2.  Deberían efectuarse las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de 
rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de facilitar 
el acercamiento en el tiempo del control externo a efectuar por el Tribunal de Cuentas. 
3.  La Administración Autonómica no ha considerado al CARE como integrante de su sector público, 
de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, al no ostentar el control 
sobre el mismo en los términos establecidos en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la 
que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito 
del sector público. No obstante, esta situación contrasta con que los resultados anuales de dicha 
entidad sean integrados en el cómputo de la capacidad o necesidad de financiación de la 
Comunidad. Así pues, y en relación con lo previsto en el art 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta situación deberá quedar resuelta por los 
representantes de las Administraciones Autonómica y Local que forman parte de la Junta de 
Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la adscripción de la Entidad, lo que permitirá 
concluir sobre su carácter público autonómico o local y su consecuente integración en uno o en 
otro sector público. 
4.  El  contenido,  la  estructura,  las  normas  de  elaboración  y  los  criterios  de  agregación  o 
consolidación de la Cuenta General no han sido hasta el momento reguladas por parte de la 
Comunidad, siendo recomendable su desarrollo de acuerdo con el marco contable establecido 
en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, acogiéndose a la 
posibilidad recogida en el artículo 122.3 de la LHPR, promoviendo la elaboración y rendición de 
una Cuenta General única, como instrumento útil en la mejora de la información sobre la 
situación económica, financiera y patrimonial, sobre los resultados económico-patrimoniales y 
sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de realización de los objetivos. 
5.  La  Administración  Autonómica  debería  dotar  los  servicios  necesarios  de  los  Organismos 
autónomos  autonómicos,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  las  respectivas  Disposiciones 
transitorias de sus Leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas  e.e
les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que  b
facilitaría, por un lado, la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de  250ww
easntuaasl eesn tiniddaivdiedsu ay,le pso. r otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus cuentas
6.  Deberían revisarse los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de los
ingresos de la Comunidad Autónoma, y en particular, por lo que se refiere a las cuentas no
 
presupuestarias, la Administración General de la Comunidad debería dotarse de una aplicación 
informática  que  permitiera  la  obtención  de  datos  históricos  sobre  los  saldos  deudores  y 
acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en 
el que se normara el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema 
contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad. 
7. La Administración General de la Comunidad debería definir los criterios y establecer los cálculos
oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.
8. Deberían reforzarse los mecanismos de coordinación existentes entre la Dirección General de
Planificación y Presupuestos de la Administración General de la Comunidad y las unidades
económicas responsables de las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar la
planificación de la actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos
anuales de la Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones
de sus presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la
liquidación de los mismos.
9. En  relación  con  la  Universidad  de  La  Rioja,  se  estima  necesario  que  por  parte  de  la
Administración de la Comunidad se adopten las siguientes actuaciones:
a) Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el que la
Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore
en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público,
con respeto a la autonomía universitaria en su vertiente financiera reconocida a las mismas,
de manera que la ley habilitante de los créditos en la Comunidad contenga también los
aprobados por aquella.
b) Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en la LOU, de
acuerdo con la naturaleza de sus funciones.
10. Debería modificarse la Ley de Hacienda Pública de La Rioja para incluir, tal como hace la Ley
General de Subvenciones para el Estado, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de
forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores
derivados del ejercicio del control financiero.
11. En materia educativa no universitaria, debería reforzarse la revisión y el control económico de
los mismos, tanto por la Consejería de Educación como por la Intervención General de la
Comunidad.
12. Debería formalizarse un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del
Organismo autónomo SERIS en el que se regulase la prestación del servicio de asistencia
sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades.
13. Las funciones de inspección de la sanidad concertada deberían acompañarse del adecuado
desarrollo normativo que permita la implantación de un sistema de evaluación objetivo mediante
la definición de criterios e indicadores de medición.
14. La ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres debería ser
objeto  de  registro  en  un  programa  presupuestario  específico,  que  permitiera  efectuar  un s
adecuado  seguimiento  global  de  los  proyectos,  normalmente  de  carácter  plurianual, oe.
desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la Mujer w.
aprobado en la Comunidad. 250ww
Madrid, 19 de diciembre de 2019
LA PRESIDENTA
María José de la Fuente y de la Calle
ANEXOS 
RELACIÓN ANEXOS 
I. CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
I.1-1 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Liquidación de los presupuestos de gastos 
I.1-2 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Liquidación de los presupuestos de ingresos 
I.1-3 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Saldos presupuestarios  
I.1-4 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Balances  
I.1-5 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Cuentas del resultado económico-patrimonial 
I.2-1 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. Balances 
I.2-2 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. Cuentas de pérdidas y ganancias 
I.3-1 SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. Balances 
I.3-2 SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. Cuentas de pérdidas y ganancias 
I.4 Situación de avales 
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
II.1-1 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica 
II.1-2 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica 
II.1-3 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica 
II.1-4 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica 
II.1-5 Liquidación del presupuesto de ingresos 
II.1-6 Saldo presupuestario del ejercicio 
II.2-0.1  Balance
II.2-0.2  Cuenta del resultado económico-patrimonial
II.2-1  Deudores presupuestarios 
II.2-2  Deudores extrapresupuestarios 
II.2-3 Estado de flujos de efectivo  s
II.2-4 Acreedores no financieros. Presupuestarios  w.
IIII..22--65  PAacrseiveodso rfiensa nncoi efirnoasn: cEiemropsré. sEtxittoras presupuestarios  OE-A-2021-14able en https://
II.2-7  Pasivos financieros: Préstamos  Bc
II.2-8 Pasivos financieros: Operaciones formalizadas en 2017  
II.2-9 Remanente de tesorería 
III. PERSONAL
III.1 Sector Público Administrativo 
III.2 Sector Público Empresarial 
III.3 Sector Público Fundacional 
IV. ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
IV.1 Año de creación y Fines de las Entidades. Sector Público Administrativo 
IV.2 Año de constitución y Objeto social. Sector Público Empresarial 
IV.3 Año de creación y Fines fundacionales. Sector Público Fundacional 
 
    Anexo I.1-1 
         
           
  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Liquidación de los presupuestos de gastos 
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
   Subsectores 
iniciales   netas  finales  reconocidas 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
1.452.575   79.803   1.532.378   1.389.576  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS         
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  40.859   49.146   90.005   27.810  
-  Consejo de la Juventud  63   0   63   74  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  25.925   5.067   30.992   23.306  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
5.349   140   5.489   5.185  
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES         
-  Universidad de La Rioja  42.518   3.707   46.225   43.114  
TOTAL   1.567.289   137.863   1.705.152   1.489.065  
 
 
   
 
 
      Anexo I.1-2 
         
           
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Liquidación de los presupuestos de ingresos 
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Subsectores 
   iniciales  netas  finales  reconocidos 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
1.452.575   79.803   1.532.378   1.427.188  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS         
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
40.859   49.146   90.005   24.377  
(ADER) 
-  Consejo de la Juventud  63    0  63   66  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  25.925   5.067   30.992   28.288  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS)  5.349   140   5.489   5.433  
UNIVERSIDADES         
-  Universidad de La Rioja  42.518   3.707   46.225   42.352  
TOTAL  1.567.289   137.863   1.705.152   1.527.704  
 
 
 
   
 
 
    Anexo I.1-3 
       
         
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
  Resultados y saldos presupuestarios 
(miles de euros) 
         
Variación neta 
Resultado  Saldo 
Subsectores  pasivos 
presupuestario  presupuestario 
   financieros 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
(47.020)   84.632   37.612  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS       
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  225   (3.658)   (3.433)  
-  Consejo de la Juventud  (8)   0   (8)  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  5.583   (601)   4.982  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS)  248   0   248  
UNIVERSIDADES       
-  Universidad de La Rioja  (430)   (332)   (762)  
TOTAL  (41.402)   80.041   38.639  
 
 
   
 
 
      Anexo I.1-4 
           
             
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Balances 
(miles de euros) 
             
ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
PASIVO  
Subsectores 
ACTIVO NO  ACTIVO  PATRIMONIO 
CORRIENTE  CORRIENTE  NETO  NO 
CORRIENTE 
CORRIENTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 
1.599.191   140.673   (135.890)   1.262.033   613.721  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES 
ADMINISTRATIVAS           
-   Agencia de Desarrollo Económico 
31.049   112.604   104.083   25.251   14.319  
de La Rioja (ADER) 
-  Consejo de la Juventud  2   37   (2)   0   41  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de 
90.475   65.729   155.379   0   825  
La Rioja (CARE) 
-  Consorcio para el servicio de 
extinción de incendios, salvamento  5.114   780   5.249   505   140  
y protección civil de La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES           
-  Universidad de La Rioja  46.632   7.364   38.381   6.304   9.311  
TOTAL  1.772.463   327.187   167.200   1.294.093   638.357  
 
 
 
 
nexo I.1-5    Resultado neto del ejercicio  (19.649)   (1.844)   6   4.408   427   (1.826)   (18.478)  
A        
  ultado de peraciones ancieras  16.963)   741   (2)   2.497   2   (95)   13.820)  
Ress ofin ( (
a
  l      
  ado de las ciones no ncieras  (2.686)   (2.585)   8   1.911   425   (1.731)   (4.658)  
ultrana
espefi
Ro
         
    RATIVO  -patrimonial    Resultado de otras operacioneno financieras  1.159      183   (1)   0   0      30   1.371  
T o
      OR PÚBLICO ADMINIS el resultado económic (miles de euros)     e la gestión Resultado de aria la gestión ordinaria Gastos  1.128.602 (3.845)        21.810 (2.768)   72 9   23.709 1.911   4.853 425        44.438 (1.761)   1.223.484 (6.029)  
ECT as d dos dordin os  757  042  81  620  278  677  455 
S Cuent Resulta Ingres 1.124. 19. 25. 5. 42. 1.217.
           
E)  s, 
ANISMOS  AS  e La Rioja  La Rioja (CAR ón de incendioRioja (CEIS) 
           Denominación  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGAUTÓNOMOS  OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIV -  Agencia de Desarrollo Económico d(ADER)  - Consejo de la Juventud  - Consorcio de Aguas y Residuos de  - Consorcio para el servicio de extincisalvamento y protección civil de La  UNIVERSIDADES  - Universidad de La Rioja  TOTAL         
2-1  TE  8   7   8   3  
xo I.      RIEN 37 3.56 29 4.24
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An O  CO
  V   
SI
PA TE  4   2   1   7  
N 9 9 8
  NO RIE 3.2 3.4 6.7
R
O
C
      
ONIO O  564   493   978   035  
MT 2. 2. 8. 4.
RINE 1 3 1 6
T
A
P
          
TE  8   7   0   5  
N 0 2 8 1
E 6 4 4 5
L  RI 15. 5. 21.
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      ARI   VO   CO   
MPRES s  ros)  ACTI RIENTE  628   4.125   8.797   3.550  
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               SOCIEDADEEMPRESARI - Instituto Rioja - La Rioja Turis - Valdezcaray,  OE-A-2021-14250able en https://www.
        cve:  Verifi
exo I.2-2  Resultado del ejercicio  (1.392)   (2.076)   (804)   (4.272)  
n
A ultados aciones umpidas  0   0   0   0  
Resopernterr
i
Resultados operaciones continuadas  (1.392)   (2.076)   (804)   (4.272)  
estos Bº  2   103)    0  101)  
pus/  ( (
m
I
SARIAL  ancias  Resultados antes de impuestos  (1.394)   (1.973)   (804)   (4.171)  
E n
EMPR as y ga euros)  ultados ncieros  (67)   0   (2)   (69)  
CO  did de  Resfina
LI ér s 
OR PÚBT ntas de p (mile xplotación  Otras rúbricas  (1.330)   (2.433)   (802)   (4.565)  
SEC Cue ados de e ciones  3   460   0   463  
ult en
s v
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R u
S
ES  A)
D S
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D R
NTI A. (I
Denominación  SOCIEDADES MERCANTILES Y EPÚBLICAS EMPRESARIALES  -Instituto Riojano de la Vivienda, S. -La Rioja Turismo, S.A.U. -Valdezcaray, S.A. TOTAL  
3-1  TE  7   3   7   5   2   4   9   3   6   8   4  
o I.    RIEN 22 26 1.49 13.13 23 17.21 3 4 36 33.02
x R
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P NT 0   8   5   5   0   1   8   0   0   0   7  
E 6 1 4 3
RI 3 4
R
O
C
O 
N
     
O 
ONIO  7   5   0   2   9   6   1   2   9   0   1  
RIMNET 91 16 3 4.33 1 11 9.92 14 2.75 20 8.60
T 1
A
    L    P
A
N
O TE  8   2   9   6   1   3   0   7   4   9   9  
CI N 50 33 56 97 2 34 90 13 27 53 59
    O FUNDA nces  e euros)    TIVO  CORRIE 4. 1. 9.
R PÚBLIC Bala (miles d AC ORRIENTE  636   164   963   12.506   0   8   25.588   38   2.531   29   42.463  
O C
T O 
C N
  E  
S
OR)  a  
S oj
E Ri
UB a 
Denominación  dación Benéfico-Social de La Rioja (F dación Dialnet  dación General de la Universidad de L dación Hospital de Calahorra (FHC)  dación Práxedes Mateo Sagasta  dación Rioja Deporte  dación Rioja Salud (FRS)  dación Riojana para la Innovación  dación San Millán de la Cogolla  dación Tutelar de La Rioja  TOTAL    250www.boe.es
      Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun
      cve:  Verifi
exo I.3-2  Rdo Total, Variac. del PN en el ejercicio  15   41   55   (2.025)   1   (39)   (1.655)   27   (180)   4   (3.756)  
n
A Ajustes y ariaciones  0   0   35   0   0   0   (264)   (6)   0   0   (235)  
V
Variac. de PN por ingresos y gastos imputados directamente al PN  0   (18)   0   333   0   (4)   (438)   (3)   (162)   2   (290)  
Variac. del PN reconocida en el excedente del ejercicio  15   59   20   (2.358)   1   (35)   (953)   36   (18)   2   (3.231)  
os  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
estBº 
s  pus/ 
a m
S  ci I
ACIONES PÚBLICAND as de pérdidas y ganan (miles de euros)  Excedente del ejercicio  Excedente de Excedente las antes de operaciones impuestos financieras  0  15   (14)  59   (2)  20   (5)  (2.358)   0  1   (6)  (35)   (175)  (953)   0  36   0  (18)   0  2   (202)  (3.231)  
U t
F Cuen ctividad  Otras úbricas  (596)   (230)   (123)   35.288)   (37)   (295)   21.675)   (255)   (536)   (1.625)   60.660)  
a r ( ( (
a 
de l es  1   3   5   5   8   6   7   1   8   7   1  
nte  cion 61 30 14 2.93 3 26 0.89 29 51 1.62 7.63
e n 3 2 5
d e
e v
c b
Ex Su
a 
L
Denominación  Fundación Benéfico-Social de La Rioja (FUBESOR)  Fundación Dialnet  Fundación General de la Universidad de Rioja   Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  Fundación Práxedes Mateo Sagasta  Fundación Rioja Deporte  Fundación Rioja Salud (FRS)  Fundación Riojana para la Innovación  Fundación San Millán de la Cogolla  Fundación Tutelar de La Rioja  TOTAL  
 
        Anexo I.4 
             
               
  SITUACIÓN DE AVALES 
  (miles de euros) 
               
Saldos iniciales   Operaciones del ejercicio   Saldos finales  
Avalista/Avalado 
Avales  Avales 
Avales (Nº)  Importe  Nº  Importe 
constituidos  cancelados 
Concedidos por la Agencia de Desarrollo de La Rioja 
Eurochamp, S.A.T.  1   3.435   0   3.435   0   0  
   TOTAL  1  3.435   0   3.435   0   0 
 
 
 
 
xo II.1-1    Total modificac.  14.638   8.499   (5.075)   47.049   0   65.111   (7.269)   (12.169)   (19.438)   4.637   29.493   34.130   79.803  
n
A es  ativas  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
n g
  Otras dificacio Nevas   0   0   0   0   0  0    0   0  0    0   0  0   0  
    mo siti
P
    as   0  81    0  0    0  81    0   0  0    0   0  0   81  
aj 5 5 5
a  B
c
    MOS  onómi bilitac. de édito  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
O ec Ha cr
N n 
      ORGANISMOS AUTÓ estarios. Clasificació euros)  Créditos Incorporac. generados remanentes por de crédito ingresos  53  0   0  0   0  0   35.445  0   0  0   35.498  0   95  0   4.680  0   4.775  0   0  0   39.530  0   39.530  0   79.803  0  
      CIÓN GENERAL Y  e créditos presupu (miles de  Transferencias de crédito  Positivas Negativas  28.474  13.889   13.928  5.428   811  5.886   19.305  7.702   0  0   62.518  32.905   542  7.906   1.076  17.925   1.618  25.831   4.637   0  300  10.337   4.937  10.337   69.073  69.073  
MINISTRA aciones d pliaciones e crédito  0   580   0   1   0   581   0   0   0   0   0   0   581  
  D c md
A fi A
odi s s 
  M Créditos extraordinarioy suplementode créditos  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
      Capítulos  1- Gastos de personal  2- Gastos corrientes en bienes y servicios  3- Gastos financieros  4- Transferencias corrientes  5- Fondo de Contingencia  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6- Inversiones reales  7- Transferencias de capital  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  8- Activos financieros  9- Pasivos financieros  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL     
o II.1-2  Total odificac.  0   15   33.588   12.189   5.356   552   23.935   (902)   (106)   14.177   9   13.499)   4.489   79.803  
ex         m (
An   Otras modificaciones  sitivas Negativas  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0  
P
   
    ajas  0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   580   581  
B
a  abilitac. de crédito  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
    c H
    TÓNOMOS  ción orgáni Incorporac. remanentes de crédito  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
    MOS AU Clasifica Créditos generados por ingresos  0   0   38.584   0   0   0   39.530   0   60   0   0   0   1.629   79.803  
    Y ORGANIS puestarios.  e euros)  rencias de édito  Negativas  2  16   7.677   2.602   12.331   5.104   15.895   2.115   346   1.716   0   14.689   6.582   69.073  
NERAL  s presu (miles d Transfecr ositivas  2  31   2.681   14.791   17.687   5.656   300   1.213   180   15.893   9   1.190   9.442   69.073  
    E o P
t
ÓN G crédi cioneédito  0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   580   581  
    TRACI nes de  Amplias de cr
ADMINIS Modificacio Créditos extraordinarios y suplementos de créditos  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
        Secciones  01 Parlamento  03 Consejo Consultivo de La Rioja  05 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  06 Salud   08 Educación, Formación y Empleo  09 Fomento y Política Territorial  11 Deuda Pública  12 Administración Pública y Hacienda  14 Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior  15 Servicio Riojano de Salud (SERIS)  17 Instituto de Estudios Riojanos  19 Desarrollo Económico e Innovación  20 Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia  TOTAL     
 
      Anexo II.1-3 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica 
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
1-  Gastos de personal  440.059   14.638   454.697   452.569   2.128  
2-  Gastos corrientes en bienes y servicios  259.318   8.498   267.816   240.756   27.060  
3-  Gastos financieros  24.101   (5.075)   19.026   16.052   2.974  
4-  Transferencias corrientes  318.903   47.049   365.952   343.419   22.533  
5-  Fondo de contingencia  1   0   1   0   0  
   TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.042.382   65.110   1.107.492   1.052.796   54.696  
6-  Inversiones reales  55.701   (7.269)   48.432   34.221   14.211  
7-  Transferencias de capital  102.564   (12.168)   90.396   77.793   12.603  
   TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  158.265   (19.437)   138.828   112.014   26.814  
8-  Activos financieros  12.792   4.637   17.429   16.227   1.202  
9-  Pasivos financieros  239.136   29.493   268.629   208.539   60.090  
   TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  251.928   34.130   286.058   224.766   61.292  
   TOTAL   1.452.575   79.803   1.532.378   1.389.576   142.802  
 
 
   
 
 
        Anexo II.1-4 
         
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica 
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanente
Secciones 
iniciales   netas  finales  reconocidas  s de crédito 
01 Parlamento  5.176  0   5.176   4.342   834  
03 Consejo Consultivo de La Rioja  357  15   372   368   4  
05 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  106.749  33.589   140.338   130.032   10.306  
06 Salud   152.429  12.190   164.619   161.753   2.866  
08 Educación, Formación y Empleo  297.130  5.355   302.485   286.206   16.279  
09 Fomento y Política Territorial  72.879  552   73.431   69.796   3.635  
11 Deuda Pública  262.341  23.935   286.276   223.243   63.033  
12 Administración Pública y Hacienda  57.507  (902)   56.605   50.167   6.438  
14 Presidencia, Relaciones Institucionales y 
8.851  (107)   8.744   7.139   1.605  
Acción Exterior 
15 Servicio Riojano de Salud (SERIS)  269.579  14.177   283.756   282.043   1.713  
17 Instituto de Estudios Riojanos  1.005  9   1.014   968   46  
19 Desarrollo Económico e Innovación  66.870  (13.499)   53.371   41.528   11.843  
20 Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
151.702  4.489   156.191   131.991   24.200  
Justicia 
TOTAL   1.452.575  79.803   1.532.378   1.389.576   142.802  
 
 
 
 
    s
 
Anexo II.1-5 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de ingresos 
(miles de euros) 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidos 
1- Impuestos directos 285.888   0   285.888   327.064  
2- Impuestos indirectos 399.654   0   399.654   419.632  
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.206   142   31.348   23.734  
4- Transferencias corrientes 389.586   35.481   425.067   343.671  
5- Ingresos patrimoniales 1.257   0   1.257   1.015  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.107.591   35.623   1.143.214   1.115.116  
6- Enajenación de inversiones reales 1.700   0   1.700   0  
7- Transferencias de capital 29.000   4.545   33.545   18.280  
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  30.700   4.545   35.245   18.280  
8- Activos financieros 551   105   656   621  
9- Pasivos financieros 313.733   39.530   353.263   293.171  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  314.284   39.635   353.919   293.792  
 TOTAL   1.452.575   79.803   1.532.378   1.427.188  
Anexo II.1-6 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Saldo presupuestario del ejercicio 
(miles de euros) 
Obligacione
Derechos 
Conceptos   reconocidos  Importes 
reconocidas 
netos 
netas 
1.Operaciones no financieras 1.133.396   1.164.810   (31.414)  
2.Operaciones con activos financieros 621   16.227   (15.606)  
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 1.134.017   1.181.037   (47.020)  
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 293.171   208.539   84.632  
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 37.612  
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0 
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio
0 
en gastos con financiación afectada
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con
0 
financiación afectada
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5) 37.612  
Anexo II.2-0.1  Ej. corriente Ej. anterior  (135.890) (116.241)  183.023  183.023  (318.913)  (299.264)   0  0  0  0  1.262.033 1.196.887  0 0  1.262.033  1.196.887  0 0  613.721  584.780  0  0  316.779  300.155  0  0  296.942  284.625  0  0  1.739.864 1.665.426 
d y y
s  o  o 
e p p
ent gru gru
ndi ulti ulti
VO  s pe o, m o, m agar
SMOS AUTÓNOMOS  PATRIMONIO NETO Y PASI TRIMONIO NETO  Patrimonio aportado Patrimonio generado Ajustes por cambios de valor Otros incrementos patrimonialeimputación a resultados SIVO NO CORRIENTE  Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades del grupasociadas a largo plazo. SIVO CORRIENTE  Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades del grupasociadas a corto plazo. Acreedores y otras cuentas a p Ajustes por periodificación  TOTAL PASIVO 
ANI )  PA I. II. III. IV. PA I. II. III. PA I. II. III. IV. V.
G os A)  B)  C) 
R e  ur
AL Y O Balanc es de e anterior  68.968  43.810  51.781  0  69.257  4.120  96.458  0  0  74.126  0  0  0  22.332  65.426 
ER mil Ej.  1.5 1.3 1 1.6
N (
E e  1  5   3   0   2   1   3   0   0   1   0   0   0   2   4  
ÓN G orrient 599.19 46.07 364.13 185.46 3.52 140.67 76.04 64.63 739.86
ACI Ej. c 1. 1. 1.
R
T
S
NI es es
MI ad ad
AD entid entid ntes
en  en  ale
ACTIVO   TIVO NO CORRIENTE Inmovilizado Intangible Inmovilizado Material Inversiones Inmobiliarias Inversiones financieras a largo plazo del grupo, multigrupo y asociadas Inversiones financieras a largo plazo TIVO CORRIENTE Activos en estado de venta Existencias Deudores y otras cuentas a cobrar. Inversiones financieras a corto plazo del grupo, multigrupo y asociadas Inversiones financieras a corto plazo Ajustes por periodificación Efectivo y otros activos líquidos equiv  TOTAL ACTIVO  2021-14250n https://www.boe.es
AC I. II. III. IV. V. AC I. II. III. IV. V. VI. VII.
A) B)
  Anexo II.2-0.2 
   
     
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Cuenta del resultado económico-patrimonial 
(miles de euros) 
Ejercicio  Ejercicio 
DEBE 
corriente  anterior 
A)  TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA  1.124.757   1.093.881  
1.         Ingresos tributarios y cotizaciones sociales  750.622   689.608  
   a.      Impuestos  746.106   684.798  
   b.     Tasas  4.516   4.810  
   c.     Otros ingresos tributarios  0   0  
   d.     Cotizaciones sociales  0   0  
2.        Transferencias y subvenciones recibidas  355.647   382.550  
   a.      Del ejercicio  355.647   382.550  
      a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  62.256   66.705  
      a.2) transferencias   293.391   315.845  
a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 
0   0  
      financiación específica de un elemento patrimonial 
   b.     Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  0   0  
   c.     Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  0   0  
3.        Ventas netas y prestaciones de servicios  11.056   13.114  
   a.      Ventas netas   0   0  
   b.     Prestación de servicios  11.056   13.114  
4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0   0  
      fabricación y deterioro de valor 
5.        Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  0   0  
6.        Otros ingresos de gestión ordinaria  7.432   8.609  
7.        Excesos de provisiones  0   0  
(1.128.602)   (1.118.108)  
B)  TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA 
8.        Gastos de personal  (452.569)   (444.835)  
   a.     Sueldos, salarios y asimilados  (372.142)   (368.003)  
   b.     Cargas sociales  (80.427)   (76.832)  
9.        Transferencias y subvenciones concedidas  (413.990)   (420.659)  
10.        Aprovisionamientos  0   0  
   a.     Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos  0   0   e
   b.     Dapertoevriiosiroon daem vieanlotor sd e mercaderías, materias primas y otros  0   0   250www.b
11  .  a  .       OSutrmosin gisatsrotoss y d see grveicsitoiósn e oxrtdeirnioarreias   ((224497..976485))     ((224308..328913))   
   b.     Tributos  (2.223)   (2.088) 
12.        Amortización del inmovilizado  (12.075)   (12.233) 
Ejercicio  Ejercicio 
DEBE 
corriente  anterior 
I.     Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (3.845)   (24.227)  
13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
(111)   (270)  
      financiero y activos en estado de venta 
   a.     Deterioro de valor   0   0  
   b.     Bajas y enajenaciones  (111)   (270)  
   c.     Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  0  0 
14.        Otras partidas no dinerarias  1.270   2.754  
   a.     Ingresos  1.270   2.754  
   b.     Gastos  0   0  
II.     Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  (2.686)   (21.743)  
15.        Ingresos financieros  484   781  
   a.     De participaciones en instrumentos de patrimonio  0   0  
      a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0   0  
      a.2) En otras entidades  0   0  
   b.     De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  484   781  
      b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0   0  
      b.2) Otros  484   781  
16.        Gastos financieros  (13.229)   (18.890)  
   a.     Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0   0  
   b.     Otros  (13.229)   (18.890)  
17.        Gastos financieros imputados al activo  0   0  
18.        Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  0   0  
   a.     Derivados financieros  0   0  
   b.     Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados  0   0  
c.  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
0   0  
      para la venta 
19.        Diferencias de cambio  0   0  
20.  Deterioros de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
(4.218)   (6.395)  
      financieros 
   a.     De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0   0  
   b.     Otros  (4.218)   (6.395)  
III.     Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)  (16.963)   (24.504)  
IV.     Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)  (19.649)   (46.247)  
 
      Anexo II.2-1 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Deudores presupuestarios 
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Saldos 
Años  Saldos netos  Cobros  Saldos finales 
iniciales 
Aumentos  Disminuciones 
2013 y anteriores  24.657   2   9.489   15.170   481   14.689  
2014  4.950   2   325   4.627   221   4.406  
2015  6.289   0   851   5.438   401   5.037  
2016  15.951   7   450   15.508   9.394   6.114  
2017           1.427.188   1.410.537   16.651  
TOTAL  51.847   11   11.115   1.467.931   1.421.034   46.897  
 
 
 
 
   
 
 
        Anexo II.2-2 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Deudores extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
             
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos 
inicial  final 
Depósitos para tasaciones  5   0  4   9   3   6  
Deudores reintegro de nóminas  1.269   0  225   1.494   96   1.398  
Otros deudores  2   0  1   3   0  3  
Anticipos Parlamento de La Rioja  524   0  4.800   5.324   4.768   556  
Licencias de obras  214   0  347   561   152   409  
Pagos pendientes aplicación Ppto. gastos  17   0  141   158   149   9  
De intereses de devoluciones  8   0  381   389   389   0  
Anticipos de caja fija (varios)  0   0  3.578   3.578   3.578   0  
Otros pagos pendientes de aplicación  40   0  394   434   383   51  
TOTAL  2.079   0  9.871   11.950   9.518   2.432  
 
 
 
 
   
 
 
  Anexo II.2-3 
   
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Estado de flujos de efectivo 
(miles de euros) 
     
Concepto    
I  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  4.286  
  A) Cobros  3.183.539  
  B) Pagos  3.179.253  
II  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (46.609)  
  C) Cobros   600  
  D) Pagos  47.209  
III   FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  84.623  
  E) Aumentos en el patrimonio  0  
  F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  0  
  G) Cobros por emisión de pasivos financieros  293.289  
  H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  208.666  
IV  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN  0  
  I) Cobros pendientes de aplicación  0  
  J) Pagos pendientes de aplicación  0  
V  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  0  
VI  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
42.300  
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I+II+III+IV+V) 
   Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  22.332  
   Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  64.632  
 
  s
    bo
 
 
    Anexo II.2-4 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Acreedores no financieros. Presupuestarios 
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Saldos  Saldos 
Años  Saldo neto  Pagos 
iniciales  finales 
Aumentos   Disminuciones 
2012  13.359   0  129   13.230   13.230   0  
2013  22.733   0  1   22.732   5.764   16.968  
2014  19.778   0  0  19.778   0  19.778  
2015  23.103   0  0  23.103   2.240   20.863  
2016  121.812   0  0  121.812   103.909   17.903  
2017    0  0  1.181.037   1.049.380   131.657  
TOTAL  200.785   0   130   1.381.692   1.174.523   207.169  
 
 
 
   
 
 
        Anexo II.2-5 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
             
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificac.  Abonos  Total  Cargos 
inicial  final 
Ingresos de valores anulados  244   0  4.591   4.835  4.279  556 
Fondo de mejora en montes  4.935   0  559   5.494  365  5.129 
C/C Propiet. Gestión y Recaudación  9.355   0  58.478   67.833  53.448  14.385 
Hacienda Pública acreedora IRPF  4.882   0  37.945   42.827  36.535  6.292 
Seguridad Social acreedora  (35.209)   0  125.298   90.089  130.701  (40.612) 
Servicio Riojano de Salud. Retenciones IRPF  3.249   0  27.976   31.225  27.329  3.896 
Servicio Riojano de Salud. Retenciones SS  38.340   0  44.132   82.472  42.720  39.752 
Créditos a corto plazo  0   0  46.995   46.995  46.995  0 
Otros acreedores  17.994   0  174.185   192.179  172.847  19.332 
Ingresos pendientes de aplicación (SGI)  565   0  7.540   8.105  7.290  815 
Ingresos cuentas restringidas  301   0  1.441.847   1.442.148  1.442.081  67 
Otros ingresos pendientes de aplicación  6.707   0  77.327   84.034  77.476  6.558 
TOTAL  51.363   0  2.046.873   2.098.236  2.042.066  56.170 
 
 
 
   
 
 
      Anexo II.2-6 
               
                 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Pasivos financieros: Empréstitos 
(miles de euros) 
                 
Pendiente a 
Pendiente 
 %Tipos  Intereses  coste 
Fecha de  Importe  a coste 
Denominación  de  Aumentos  s/T.I.E no  Amortizac.  amortizado 
emisión  nominal  amortizado 
Interés  explícitos  31 de 
1 de enero 
diciembre 
21-03-13  CaixaBank, S.A.  0,0437  30.000   30.000   0   0   0   30.000  
27-03-13  BBVA  0,0462  21.000   20.980   0   20   21.000   0  
30-04-13  CaixaBank, S.A.  0,0431  10.000   10.000   0   0   0   10.000  
10-10-13  BBVA  0,0378  30.000   30.681   0   (133)   0   30.548  
10-10-13  CaixaBank, S.A.  0,0378  8.000   8.181   0   (35)   0   8.146  
20-12-13  CaixaBank, S.A.  0,0291  15.000   15.251   0   (251)   15.000   0  
20-12-13  BBVA  0,0291  30.000   30.501   0   (501)   30.000   0  
01-07-14  BBVA  1,8604  30.000   29.981   0   6   0   29.987  
01-07-14  Banco Santander  1,8604  20.000   19.988   0   3   0   19.991  
01-07-14  Natixis  1,8604  20.000   19.988   0   3   0   19.991  
10-07-14  Bankia  1,8604  15.000   14.994   0   2   0   14.996  
13-01-15  BBVA  0,8000  34.000   34.000   0   0   34.000   0  
24-05-16  BBVA  0,1340  60.000   59.982   0   18   60.000   0  
24-05-16  BBVA  0,1340  45.000   44.985   0   6   0   44.991  
30-05-16  HBSC France  0,1600  60.000   59.970   0   21   0   59.991  
27-09-16  HBSC France  0,1101  25.000   25.124   0   (47)   0   25.077  
03-04-17  HBSC France  0,4150  30.000   0   29.952   8   0   29.960  
03-04-17  Cecabank  0,4150  30.000   0   29.952   8   0   29.960  
28-12-17  Bankia  0,6960  30.000   0   29.919   0   0   29.919   oe.
TOTAL  543.000   454.606   89.823   (872)   160.000   383.557   250ww

  
 
 
        Anexo II.2-7 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Pasivos financieros: préstamos 
(miles de euros) 
Préstamos  Pendiente de 
Pendiente de 
dispuestos   amortización 
Prestamista  amortización  Disposic.  Amortizac. 
al 31 de 
al 1 de enero 
Nº  Total  diciembre 
Abanca  1   45.000   45.000   0   0   45.000  
BBVA  1   70.000   0   70.000   0   70.000  
Banco de Crédito Local  3   31.530   4.272   0   1.122   3.150  
Banco Español de Crédito  2   65.000   17.604   0   9.792   7.812  
Banco Europeo de Inversiones  5   245.000   196.309   0   10.365   185.944  
Banco Pastor  1   23.000   10.311   0   2.921   7.390  
Banco Popular  4   81.000   67.551   13.449   0   81.000  
Banco Sabadell  3   78.000   30.000   48.000   0   78.000  
Banco Santander Central-Hispano  3   216.250   178.300   15.000   7.575   185.725  
Bankia  3   33.896   26.329   55.000   0   81.329  
Bankinter  1   30.000   30.000   0   0   30.000  
Caixabank  1   20.000   9.375   0   2.500   6.875  
Caja Rural de Navarra  1   20.000   20.000   0   0   20.000  
Depha Bank  1   20.000   10.385   0   1.539   8.846  
Dexia Sabadell Banco Local  4   45.015   18.707   0   4.138   14.569  
Ibercaja  4   46.783   18.265   0   4.188   14.077  
Instituto de Crédito Oficial  2   310.878   292.608   0   2.923   289.685  
Total largo plazo  40   1.381.352   975.016   201.449   47.063   1.129.402  
Banco Santander Central-Hispano  3   0  27.000   158.000   168.005   16.995  
Caixabank  2   0  0   60.000   30.000   30.000  
Caja Rural de Navarra  1   0  0   20.000   20.000   0  
Ibercaja  1   0  19.995   5   20.000   0  
Total corto plazo  7   0   46.995   238.005   238.005   46.995  
Préstamos del Estado  7   10.351   6.397   1.820   462   7.755  
TOTAL  54   1.391.703   1.028.408   441.274   285.530   1.184.152   e
  b
    250ww
 
 
    Anexo II.2-8/1 
         
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Pasivos financieros: detalle de operaciones formalizadas en 2017 
(miles de euros) 
             
Importe  % 
Tipo de   Entidad  Capital vivo a 
operación   Prestamista  formalizado  31-12-2017  Carencia  Tipo de  Amortización 
en 2017  interés 
Cuota única 
Préstamo LP  BBVA  70.000   70.000   8 años  1,52 
03/05/2025 
Cuota única 
Préstamo LP  Banco Popular  13.449   13.449   5 años  0,58 
03/03/2022 
Cuota única 
Préstamo LP  Banco Sabadell  20.000   20.000   5 años  0,63 
30/04/2022 
Cuota única 
Préstamo LP  Banco Sabadell  28.000   28.000   7 años  0,70 
02/01/2024 
8 cuotas 
Préstamo LP  BSCH  15.000   15.000   2 años  1,08 
anuales 
Cuota única 
Préstamo LP  Bankia  55.000   55.000   5 años  0,68 
21/04/2022 
TOTAL PTOS. LARGO PLAZO  201.449   201.449        
             
Tipo de  Cost. amortizado  Fecha  Fecha 
Entidad  Nominal  % interés 
operación   31-12-2017  formalización  vencimiento 
HSBC France  30.000   29.959  
Emisión deuda 
04/04/2017  30/04/2021  0,375 
pública 
Cecabank  30.000   29.959  
Emisión deuda 
HSBC  30.000   29.919   29/12/2017  29/12/2023  0,650 
pública 
TOTAL DEUDA PÚBLICA  90.000   89.837        
 
 
 
 
   
 
 
      Anexo II.2-8/2 
           
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Pasivos financieros: detalle de operaciones formalizadas en 2017 
(miles de euros) 
             
Importe 
Fecha de 
Entidad  límite  Capital vivo  Fecha de 
Tipo de operación   vencimiento/ % Interés 
Prestamista  concertado  a 31-12-17  formalización 
reembolso 
en 2016 
Banco 
Póliza de crédito  70.000   16.995   10/03/2017  10/03/2018  0,15 
Santander 
Póliza de crédito  Caixabank  30.000   30.000   25/05/2017  25/05/2018  0,16 
Caja Rural de 
Póliza de crédito  20.000   0   20/03/2017  20/03/2018  0,11 
Navarra 
IMPORTE TOTAL 
PTOS. CORTO    120.000   46.995  
PLAZO       
 
 
 
 
   
 
 
    Anexo II.2-9 
     
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Remanente de Tesorería 
(miles de euros) 
       
Conceptos   Importes    
1.  Derechos pendientes de cobro    40.865  
   del Presupuesto corriente  16.650    
   de Presupuestos cerrados  30.247    
   de operaciones no presupuestarias  1.408    
   de dudoso cobro  0    
   cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  (7.440)    
2.  Obligaciones pendientes de pago    254.873  
   del Presupuesto corriente  131.657    
   de Presupuestos cerrados  75.510    
   de operaciones no presupuestarias  48.730    
   pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  (1.024)    
3.  Fondos líquidos    64.632  
I.  Remanente de Tesorería afectado    0  
II.  Remanente de Tesorería no afectado    (149.376)  
III.  Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)    (149.376)  
 
 
 
   
 
 
          Anexo III.1 
                
                 
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Clasificación del personal 
                 
Nº EMPLEADOS (Efectivos reales al 31-12-2017) 
Personal 
Personal Laboral 
   Funcionario 
Altos  Personal 
Total 
cargos  eventual 
De 
Interino  Fijo  Temporal 
carrera 
   ADMINISTRACIÓN GENERAL  45   46   4.355   2.480   567   392   7.885  
-  Personal Docente  0   0   2.234   1.570   80   10   3.894  
-  Resto personal Administración General  45   46   2.121   910   487   382   3.991  
   ORGANISMOS AUTÓNOMOS  13   0   2.412   1.490   10   166   4.091  
-  Servicio Riojano de Salud (SERIS)  12   0   2.405   1.487   10   163   4.077  
-  Instituto de Estudios Riojanos  1   0   7   3   0   3   14  
   OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS  1   2   76   25   48   5   157  
-  Agencia de Desarrollo Económico de La 
1   0   8   0   47   3   59  
Rioja (ADER) 
-  Consejo de la Juventud  0   0   0   0   0   2   2  
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
-  0   0   0   12   1   0   13  
(CARE) 
-  Consorcio para el servicio de extinción de 
incendios, salvamento y protección civil de  0   2   68   13   0   0   83  
La Rioja (CEIS) 
   UNIVERSIDADES  0   0   472   0   220   0   692  
-  Universidad de La Rioja  0   0   472   0   220   0   692  
 
 
 
   
 
 
        Anexo III.2 
          
           
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
Clasificación del personal 
           
Nº EMPLEADOS (Efectivos reales al 31-12-2017) 
   Personal Laboral 
Altos 
Total 
cargos 
Fijo  Temporal 
SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS 
2   50   44   96  
EMPRESARIALES 
-  Instituto Riojano de la Vivienda, S.A. (IRVISA)  1   18   1   20  
-  La Rioja Turismo, S.A.U.  1   24   2   27  
-  Valdezcaray, S.A.  0   8   41   49  
 
 
 
   
 
 
        Anexo III.3 
          
           
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
Clasificación del personal 
           
Nº EMPLEADOS (Efectivos reales al 31-12-2017) 
   Personal Laboral 
Altos 
Total 
cargos 
Fijo  Temporal 
FUNDACIONES PÚBLICAS  6   442   301   749  
-  Fundación Benéfico-Social de La Rioja (FUBESOR)  N/D   N/D   N/D   N/D  
-  Fundación Dialnet  1   11   2   14  
-  Fundación General de la Universidad de La Rioja   N/D   N/D   N/D   N/D  
-  Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  3   282   210   495  
-  Fundación Práxedes Mateo Sagasta  0   1   0   1  
-  Fundación Rioja Deporte  0   2   0   2  
-  Fundación Rioja Salud (FRS)  1   133   85   219  
-  Fundación Riojana para la Innovación  0   1   1   2  
-  Fundación San Millán de la Cogolla  0   4   1   5  
-  Fundación Tutelar de La Rioja  1   8   2   11  
 
 
 
   
 
 
  Anexo IV.1 
 
 
 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Año de creación y Fines 
     
Año de 
Sector Público Administrativo  Fines 
creación 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS       
Prestación  de  la  sanidad  pública  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad, encomendándole la dirección y gestión de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios titularidad 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  2002 
de la Administración Autonómica que le sean adscritos, 
incluidos los bienes y derechos afectos a los servicios 
sanitarios transferidos de la Seguridad Social estatal. 
Investigación,  promoción,  difusión  y  divulgación  de  la 
Instituto Estudios de Riojanos  2006 
ciencia y cultura riojanas y de sus valores. 
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Promover  el  desarrollo  económico  de  la  Comunidad, 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
1997  incrementar  y  consolidar  el  empleo  y  corregir  los 
Rioja (ADER) 
desequilibrios intraterritoriales. 
Defender los intereses globales de la juventud, impulsar su 
participación en el desarrollo de la Comunidad Autónoma, 
Consejo de la Juventud  1986 
promocionar el asociacionismo y promover el conocimiento 
de la cultura e historia de La Rioja. 
La prestación de los servicios de saneamiento y depuración 
de aguas residuales, la gestión integral de residuos, la 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja  construcción  y/o  explotación  de  infraestructuras 
1998 
(CARE)   municipales de abastecimiento de agua potable, que le 
sean  encomendadas  por  los  entes  consorciados  y  la 
administración y distribución del canon de saneamiento. 
Consorcio para el servicio de extinción de 
Prevención y extinción de incendios, el salvamento y la 
incendios, salvamento y protección civil de  1999 
protección civil de La Rioja. 
La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES 
La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, 
la técnica y la cultura, la preparación para el ejercicio de 
actividades  profesionales  que  exijan  la  aplicación  de 
procedimientos y métodos científicos, tecnológicos o de 
creación artística, el apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, la difusión del conocimiento y 
Universidad de La Rioja  1992 
la  cultura,  la  formación  y  promoción  de  su  personal 
docente, investigador y de administración y servicios, el 
fomento de la formación integral de los miembros de la  s
comunidad universitaria, el estímulo del asociacionismo  e.
universitario  y  el  fomento  del  respeto  a  los  derechos  w.b
humanos y de la paz.  250ww
   
 
 
  Anexo IV.2 
 
 
 
   
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
Año de constitución y Objeto social 
 
   
Empresas públicas  Año constitución  Objeto social 
Rehabilitación  y  promoción  de  viviendas. 
Proyecto, construcción y conservación de las 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  1990 
infraestructuras  de  carreteras  de  titularidad 
autonómica. 
Promoción del turismo en La Rioja, promover y 
La Rioja Turismo, S.A.U.  2000 
gestionar equipamientos turísticos 
Promoción, constitución y explotación de las 
instalaciones turísticas y deportivas de toda 
Valdezcaray, S.A.  1974 
índole para las actividades de esquí y montaña 
en el municipio de Ezcaray. 
 
 
 
 
   
 
 
  Anexo IV.3 
   
 
   
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
Año de creación y Fines fundacionales 
     
Año 
Fundación  Fines fundacionales 
creación 
Promoción de la acción social ayudando a personas en 
Fundación Benéfico-Social de La Rioja  riesgo de exclusión social. Promoción y financiación de 
2006 
(FUBESOR)  actividades formativas de estudio y recreativas. Financiación 
de proyectos de carácter docente e investigador. 
Recopilar  y  facilitar  el  acceso  a  contenidos  científicos, 
Fundación Dialnet  2009  favorecer la cooperación internacional para potenciar el uso 
del español y la innovación tecnológica. 
Fundación General de la Universidad de  Colaborar con la Universidad de La Rioja para promover su 
1997 
La Rioja  consolidación académica. 
Actividades de asistencia sanitaria especializada, promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación 
Fundación Hospital Calahorra (FHC)  2000 
para los habitantes de La Rioja Baja y cualquier otro usuario 
que lo solicite. 
Documentar y difundir la vida y obra de Práxedes Mateo 
Sagasta en sus aspectos: político, profesional y humano y 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  2002 
colaborar con otras organizaciones que persigan iguales 
fines. 
Promocionar, desarrollar, proteger y patrocinar el deporte, 
Fundación Rioja Deporte  2004  apoyar a los deportistas riojanos, así como, organizar y 
gestionar actividades y eventos deportivos. 
Provisión y prestación de servicios sanitarios, promoción de 
la salud y prevención de enfermedades, con significación 
especial de las patologías oncológicas y de aquellas de 
Fundación Rioja Salud (FRS)  2001 
mayor prevalencia o importancia para la salud pública, a 
través  de  programas  propios  o  concertados  con  otras 
entidades. 
Difundir la cultura de la innovación como herramienta de 
Fundación Riojana para la Innovación  2010 
desarrollo social y económico de La Rioja. 
Favorecer la protección y cuidado del medio natural de San 
Millán de la Cogolla y los monasterios de Suso y Yuso; 
investigar, documentar y difundir los orígenes de la Lengua 
Fundación San Millán de la Cogolla  1998 
Castellana; difundir el castellano en el mundo; así como 
fomentar el desarrollo social, económico, cultural y turístico 
de San Millán de la Cogolla y su entorno. 
Ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de 
edad  incapacitadas  judicialmente,  cuando  la  autoridad 
judicial  encomiende  su  ejercicio  a  la  Comunidad  y  la  s
Fundación Tutelar de La Rioja  2003  e
administración de sus bienes. Guarda y protección de los  e.
bienes  de  los  menores  desamparados  tutelados  por  la  b
Comunidad.  250ww