BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103050
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14642 Sala Primera. Sentencia 145/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 1332-2019. Promovido por don José Daniel Palacios Muñoz y don 
Ricardo Palacios Muñoz respecto de la providencia dictada por un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Sueca (Valencia) en procedimiento de 
división de herencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resolución que, al aplicar el precepto legal anulado 
por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de un decreto 
del letrado de la administración de justicia (STC 33/2020).
ECLI:ES:TC:2020:145
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1332-2019, promovido por don José Daniel Palacios 
Muñoz y don Ricardo Palacios Muñoz, representados por el procurador de los tribunales 
don Enrique Serra Bertran y asistidos por el letrado don Ricardo Cebolla Aparicio, contra 
la providencia de 14 de enero de 2019, dictada en el procedimiento de división de 
herencia núm. 241-2012, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Sueca (Valencia), que inadmite a trámite el recurso de revisión interpuesto 
contra el decreto del letrado de la Administración de Justicia de 28 de septiembre 
de 2018. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 1 de marzo de 2019, el procurador 
de los tribunales don Enrique Serra Bertran, en nombre y representación de don José 
Daniel Palacios Muñoz y de don Ricardo Palacios Muñoz, interpuso recurso de amparo 
contra la resolución que se cita en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Con fecha de 29 de marzo de 2018, don Emilio Moncho Matoses presentó ante  s
el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Sueca  (Valencia)  escrito  e.
adjuntando la minuta de liquidación de los honorarios devengados por su intervención  w.
como contador-partidor en la división de la herencia de doña Elvira Muñoz Pons, del que  642ww
sdeili gdeion ctiara dsela doord ean alacsió pna drete 1s 7p doer  aebl rille dtrea d2o0 1d8e. la Administración de Justicia mediante
b)  Habiendo formulado estas las observaciones que consideraron oportunas, por 
diligencia de ordenación de 4 de junio de 2018, se acordó que las cantidades pendientes 
de abono fueran satisfechas a partes iguales por los herederos.
c)  Al estar en desacuerdo con tal distribución, don José Daniel y don Ricardo 
Palacios Muñoz interpusieron recurso de reposición, que fue desestimado por decreto 
de 28 de septiembre de 2018, manteniendo en su integridad la resolución recurrida y 
declarando su firmeza, con arreglo a lo dispuesto en el art. 454 bis.1 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (en adelante, LEC).
d)  Recurrido en revisión el decreto anterior, fue inadmitida esta impugnación por 
providencia de 14 de enero de 2019 «por no cumplir lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 454 bis».
3.  Las vulneraciones constitucionales denunciadas en la demanda consisten en el 
quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de 
acceso a los recursos, pues, según aseveran los recurrentes, se les priva «de una 
respuesta por parte del órgano jurisdiccional mediante la admisión a trámite y resolución 
del recurso de revisión, a la controversia y las cuestiones que se plantean y que afectan 
a su patrimonio». A lo que se añade que «entenderlo de otro modo supone la existencia 
de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que no se compadece con el derecho a la 
tutela  judicial  efectiva».  Los  actores  invocan  en  favor  de  su  tesis  la  doctrina 
constitucional emanada de las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de 
junio, que declararon inconstitucionales los arts. 102 bis.2 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y 188.1 de la Ley de la jurisdicción social 
(LJS), respectivamente.
4.  La Sección Segunda de este tribunal acordó, mediante providencia de 15 de julio 
de 2019, la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional, en adelante, LOTC) toda vez que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado 
por el art. 51 LOTC, se dispuso dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Sueca, interesando la remisión de certificación o copia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de división de herencia 
núm.  241-2012,  previo  emplazamiento  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, con excepción de la parte demandante de amparo, al objeto de que, si 
así lo desearan, pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente recurso de 
amparo.
5.  Mediante diligencia de ordenación de 4 de octubre de 2019, se decidió dar vista 
de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal y al recurrente de amparo para que 
pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el 
art. 52.1 LOTC.
6.  Los recurrentes formularon alegaciones a través de escrito registrado el 30 de 
octubre de 2019, en el que se remiten a lo expresado en la demanda de amparo, 
considerando  que,  a  tenor  del  motivo  de  especial  trascendencia  constitucional 
concurrente en la presente causa, procedería el planteamiento de una cuestión interna 
de inconstitucionalidad en relación con el art. 454 bis LEC, en la que se deberán tener en 
cuenta los precedentes que representan las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018,  e.
de 21 de junio, anteriormente citadas. w.
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scuubessitdióianr iadme enintceo, nas ltait udceinoengaalidcaiódn  dneúlm a.m  p2a7r5o4 -s2o0li1c9ita, droe.lativa  al  art.  454  bis  LEC,  o,
Inicia sus alegaciones delimitando los hechos y el fundamento del amparo solicitado, 
reconociendo que cuando el recurso invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), «parece referirse al derecho de acceso a la 
jurisdicción o al recurso pues hace énfasis precisamente en la negativa a admitir el de 
revisión, en contra de la doctrina que emana de las sentencias que cita». Según se 
afirma: «la vulneración la basan los recurrentes en que el juez no hizo una interpretación 
del artículo 454 bis LEC, que, a pesar de su indudable prohibición de recurso frente al 
decreto del letrado, permitiera el control judicial, y lo fundamenta en la doctrina que 
considera aplicable por analogía ya que se remite a sentencias dictadas en el marco de 
procesos de otros órdenes jurisdiccionales, cuya regulación dice es idéntica o, al menos, 
similar». Destaca más adelante el fiscal que lo determinante de esas últimas sentencias, 
en particular, de la STC 58/2016, de 17 de marzo, es que analiza, no tanto si el decreto 
del letrado de la Administración de Justicia es irrecurrible, sino si está sometido a control 
judicial. Discrepa, no obstante, de los recurrentes en cuanto a que existiría una diferencia 
fundamental entre el art. 102 bis LJCA y el art. 454 bis.1 LEC, toda vez que mientras en 
el primero se prevé como única vía alternativa la posibilidad de «reproducir la cuestión al 
recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva", en el segundo de los preceptos se 
contempla una vía alternativa al recurso pues, tras establecer que «[c]ontra el decreto 
resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno», se añade: «sin perjuicio de 
reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la 
toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar 
mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en 
ella«. Solo si, en atención a esto último, pudiera considerarse que «siempre quedará un 
hipotético ámbito de impunidad» fuera del control judicial, cabría confirmar la existencia 
de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pero señala que «[e]n todo 
caso lo obvio es que en este último supuesto la vulneración se habría producido en la 
propia ley […] y no tanto en la resolución objeto de este amparo, por lo que debemos 
entender que no ha habido vulneración del derecho fundamental denunciada».
Sin  perjuicio  de  los  razonamientos  precedentes,  el  fiscal  hace  hincapié  en  la 
necesidad de planteamiento de una cuestión interna de constitucionalidad respecto del 
art. 454 bis LEC, razón por la cual interesa la suspensión del procedimiento de amparo 
hasta su resolución, con carácter preferente, como ya se puso de manifiesto.
8.  El Pleno de este tribunal dictó la STC 15/2020, de 28 de enero, en la que estimó 
la  cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  núm.  2754-2019,  promovida  por  la  Sala 
Segunda de este tribunal, en relación con el párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC 
mediante  el  ATC  23/2019,  de  8  de  abril.  En  dicha  sentencia  se  declaró  «la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  del  artículo  454  bis.1,  párrafo  primero,  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal».
9.  Por  providencia  de  15  de  octubre  de  2020,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 14 de enero  s
de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sueca  oe.
(Valencia), recaída en el procedimiento de división de herencia núm. 241-2012, por la  w.
dqaeuqceur eesl teóo r gadacenu oe2 r8jdu ardi seld asi ceicnpiaotidnemamli.bsrióen d ae  t2r0á1m8it ed edl elle trreacduor sdoe  dlea  Aredvmisiinóins triancteiórpnu deest oJ ucsotinctiraa  deel   2020-14642n https://ww
A título principal, en la demanda se invoca la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque se considera que la resolución impugnada ha 
impedido el control judicial de una resolución del letrado de la Administración de Justicia 
que había desestimado el recurso de reposición formalizado por los actores frente a una 
precedente diligencia de ordenación, obviando la doctrina constitucional resultante de las 
SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de junio, en las que, en circunstancias 
similares, se había declarado la inconstitucionalidad y nulidad del art. 102 bis.2 LJCA y el 
párrafo primero del art. 188 LJS, respectivamente; y reconociendo al propio tiempo la 
virtualidad de la vía impugnativa, que en los presentes autos se encuentra vedada.
El Ministerio Fiscal interesó, con anterioridad a la resolución de la cuestión interna de 
inconstitucionalidad núm. 2754-2019, la suspensión del trámite y resolución de este 
recurso de amparo hasta que el Pleno de este tribunal hubiera dictado sentencia en 
aquel procedimiento, proponiendo, de modo subsidiario, la desestimación del recurso.
2.  Doctrina constitucional sobre el art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC y su relación 
con el derecho a la tutela judicial efectiva: STC 15/2020, de 28 de enero.
El art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC dispone que «contra el decreto resolutivo de la 
reposición  no  se  dará  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  reproducir  la  cuestión, 
necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si 
no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de 
que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella». La STC 15/2020, 
de  28  de  enero,  del  Pleno  de  este  tribunal,  que  estimó  la  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad núm. 2754-2019, declaró, precisamente, la inconstitucionalidad y 
nulidad de dicho precepto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado 
en el art. 24.1 CE.
La exclusión del recurso de revisión –y de cualquier otro recurso– en relación con los 
decretos no definitivos del letrado de la Administración de Justicia se desprende del 
propio texto del precepto citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de medidas de agilización procesal.
Al respecto, conviene recordar en primer lugar que, tal y como expusimos en el 
fundamento jurídico 3 de la STC 15/2020, con la constatación de que esa norma prohíbe 
la impugnación directa en revisión ante el juez o magistrado del decreto dictado por el 
letrado de la Administración de Justicia resolutorio del recurso de reposición promovido 
contra sus propias resoluciones, se puede concluir que «no cabe este control judicial 
directo frente a la generalidad de los dictados en el proceso civil, con independencia de 
la importancia del asunto resuelto por el decreto correspondiente». Pero además, que 
«tampoco cabe apreciar que este control judicial pueda obtenerse de manera real y 
efectiva  en  el  marco  del  propio  proceso  de  una  manera  indirecta  a  través  de 
instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos»; pues, aunque «el párrafo 
primero  del  art.  454  bis.1  LEC  establece,  como  alternativa  a  la  imposibilidad  de 
impugnación judicial directa, la posibilidad de ‘reproducir la cuestión, necesariamente, en 
la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por 
el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la 
resolución definitiva para que se solvente en ella’ […], tal posibilidad no satisface en 
todos los casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a la tutela judicial 
efectiva».
La sentencia rememorada –y las posteriores SSTC 17/2020, de 10 de febrero, 
y  33/2020,  de  24  de  febrero–  tiene  su  origen  en  un  proceso  de  ejecución  civil,  e
destacándose en su fundamento jurídico 4, que, en semejante marco procedimental, no  bo
está contemplada ni «la realización de comparecencias (audiencia) ante el titular del  642ww
LóErgCa)n»o,  jquudeic iaplo, seibxiclietepnto  «erenp reol diuncciird elan tec udees toiópno s[i…ció] ne na  llaa  epjreimcuecriaó na u(adritesn. c5ia6 0a nyt e6 9e5l 
trreibsuonluacli»ó;n  ndi etfainmitipvoac poa rcaa bqeu es sue  psloalnvteenatme ieenn toe llap»o,r  meesrcarimtoe n»taen, tpeosr qduee  q«u[ee] ns eel  pdricotcee slao 
de  ejecución,  no  resulta  posible  identificar  una  resolución  judicial  definitiva  que,  a
semejanza de lo que sucede en el proceso de declaración, se pronuncie sobre las 
pretensiones planteadas por las partes, ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su 
finalización  normal  se  produce  ex  lege  cuando  se  constata  que  se  ha  satisfecho 
completamente al acreedor (art. 570 LEC)». De modo que tampoco era posible un 
control judicial indirecto, como prevé el precepto cuestionado.
A idéntica conclusión hemos de llegar en el presente caso, en el que, aprobadas ya 
las operaciones divisorias por sentencia, la Ley de enjuiciamiento civil no contempla 
comparecencia alguna ante el órgano jurisdiccional en el trámite de liquidación y abono 
de los honorarios del contador-partidor y tampoco se vislumbra posibilidad de plantear la 
cuestión por escrito para que se «solvente» en una hipotética resolución definitiva, que, 
por otro lado, y en cuanto a la división misma del patrimonio hereditario, es previa al 
incidente que nos ocupa.
La  STC  15/2020  concluye  señalando  en  su  fundamento  jurídico  3  que  «[e]n 
definitiva, el  precepto  cuestionado  vulnera  el  derecho  a  la tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los 
letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional.  En  coherencia  con  ello,  se  debe  declarar  la  inconstitucionalidad  y 
nulidad  del  precepto  cuestionado,  precisando,  al  igual  que  se  hizo  en  las 
SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se 
pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la 
administración de justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al 
que se refiere el propio artículo 454 bis LEC».
3.  Aplicación de la doctrina al caso: vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
Aplicando la doctrina contenida en nuestra STC 33/2020, de 24 de febrero, FJ 3, a la 
resolución  del  presente  caso  «cobra  especial  relevancia  la  declaración  de 
inconstitucionalidad y nulidad del art. 454 bis.1 párrafo primero LEC, efectuada por la 
STC 15/2020, toda vez que, como se ha destacado en otras resoluciones de este 
tribunal (por todas las SSTC 92/2019, de 15 de julio, FJ 3; 125/2019, de 31 de octubre, 
FJ  4,  y  17/2020,  de  10  de  febrero,  FJ  4),  los  mismos  razonamientos  que  han 
determinado la nulidad de la norma son los que deben conducir también a la estimación 
del recurso de amparo y a la apreciada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente».
En  el  procedimiento  de  división  de  herencia  del  que  trae  causa  este  proceso 
constitucional de amparo, la providencia de 14 de enero de 2019 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Sueca, por la que se inadmitió a trámite el recurso de 
revisión que los actores habían interpuesto contra el decreto de 28 de septiembre 
de 2018, del letrado de la Administración de Justicia dicho órgano judicial, empleó, como 
único argumento para llegar a aquella decisión, el de la imposibilidad legal de todo 
recurso contra aquella resolución porque así lo disponía el art. 454 bis LEC (literalmente: 
«por no cumplir lo previsto en el apartado 1 del artículo 454 bis»).
De acuerdo con la doctrina expuesta, procede, por consiguiente, estimar la queja de 
los recurrentes, fundada en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, y 
concederles  el  amparo  solicitado,  con  declaración  de  nulidad  de  la  providencia 
impugnada y retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior al 
dictado del decreto del letrado de la Administración de Justicia de 28 de septiembre 
de 2018, para que el órgano judicial dicte una nueva resolución proveyendo el recurso de  e
revisión formalizado por los actores, de manera acorde con el derecho fundamental  bo
reconocido. Esto último supone la admisión a trámite del recurso de revisión, de acuerdo  642ww
con lo así establecido en la STC 15/2020, de 28 de enero, FJ 3.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don José Daniel Palacios Muñoz y don 
Ricardo Palacios Muñoz y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los actores a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 14 de enero de 2019, dictada por el Juzgado de Primera e Instrucción núm. 2 de 
Sueca en el procedimiento de división de herencia núm. 241-2012.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado del 
decreto de 28 de septiembre de 2018, para que el juzgado admita a trámite el recurso de 
revisión formulado y reparar así el derecho fundamental lesionado, en los términos que 
se especifican en el fundamento jurídico 3 de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.