BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138464
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18364 Sala Segunda. Sentencia 161/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 2407-2019. Promovido por don Juan Carlos Capelo Mainar respecto 
de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de 
primera  instancia  de  Madrid  en  proceso  de  desahucio.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no analizaron 
el fondo de la alegación de discapacidad cognitiva opuesta por el ejecutado.
ECLI:ES:TC:2021:161
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2407-2019, promovido por don Juan Carlos Capelo 
Mainar contra el auto de la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 25 de febrero de 2019, por el que se desestima el recurso de apelación núm. 
676-2018 interpuesto contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Madrid 
de 10 de julio de 2018, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 
núm. 9-2018. Ha sido parte la entidad Lizomar, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Juan Carlos Capelo Mainar, representado por el procurador de los tribunales 
don Manuel Joaquín Bermejo González, bajo la asistencia de la letrada doña Raquel 
Segovia Sañudo, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se 
mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este 
tribunal el 12 de abril de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 
19 de Madrid, por decreto 4/2018, de 5 de enero de 2018, acordó en el juicio verbal de 
desahucio por falta de pago núm. 876-2017 la resolución del contrato de arrendamiento 
suscrito por el demandante, dando traslado a la entidad demandante para que pudiera 
instar la ejecución de la reclamación de rentas y manteniendo la fecha de lanzamiento. s
b)  El Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Madrid, por auto de 19 de enero  e.
de 2018 pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 9-2018,  w.
acordó  despachar  ejecución  contra  el  demandante  de  amparo  a  instancia  de  la  364ww
propEiel ddaedm.andante de amparo se opuso a la ejecución, mediante escrito registrado el 7
de  junio  de  2018,  alegando  el  pago  de  la  deuda  reclamada  y  su  situación  de
vulnerabilidad derivada de una enfermedad que afecta a su capacidad cognitiva y de la 
carencia de ingreso alguno, a cuyos efectos se adjuntaba informe médico hospitalario.
Por auto de 10 de julio de 2018 se desestimó la oposición, argumentando que 
ninguna  de  las  alegaciones  tiene  encaje  en  las  causas  de  oposición  previstas 
legalmente, añadiendo que, si bien el demandante de amparo había adjuntado los 
documentos  acreditativos  del  pago  de  la  deuda  antes  de  que  se  despachara  la 
ejecución, «dicho escrito se presentó transcurrido el plazo de oposición y después de 
haberse dictado el decreto de terminación», y que no constaba que se hubiera atendido 
el requerimiento de pago ni se hubiera instado oposición en el previo juicio verbal de 
desahucio, concluyendo que «todas las alegaciones relativas al pago de las cantidades 
reclamadas para pretender la enervación del contrato resultan extemporáneas y no 
pueden ser objeto de discusión en el presente procedimiento de ejecución». Finalmente, 
el auto judicial expone que no ha existido «vulneración de los derechos de las personas 
con discapacidad puesto que no consta que el demandado haya sido declarado judicial o 
administrativamente en dicha situación ni los padecimientos a los que se refiere la 
documentación  determinan  la  necesidad  de  un  complemento  de  su  capacidad,  sin 
perjuicio de que de encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad pueda acudir 
a los servicios sociales correspondientes».
c)  El demandante de amparo interpuso recurso de apelación, tramitado con el núm. 
676-2018 por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, alegando, 
entre otros motivos, el pago de la deuda y la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la vivienda (art. 47 CE) y la 
protección internacional de las personas con discapacidad (arts. 10.2 y 96.1 CE).
Por auto de 25 de febrero de 2019, se desestimó el recurso con el argumento de que 
el requerimiento de pago se atendió después de que se hubiera acordado el archivo del 
juicio  verbal  e  insistiendo  en  que  las  causas  de  oposición  a  la  ejecución  de  una 
resolución procesal están tasadas. En lo que se refiere a la ejecución del lanzamiento y 
la  situación  de  discapacidad  y  vulnerabilidad  del  demandante  también  se  pone  de 
manifiesto  que  tal  motivo  de  oposición  no  está  previsto  legalmente  y  que  no  son 
«circunstancias oponibles para extinguir la obligación que se exige en virtud del título de 
tal naturaleza, sino expresión de una situación personal de vulnerabilidad, cuyo remedio 
no le puede ser dispensado por los tribunales, limitados a la aplicación de la ley al caso 
concreto», por lo que dicha problemática ha de ser planteada ante los servicios sociales 
(fundamento de Derecho segundo).
3.  El demandante solicita que se estime el amparo por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la dignidad personal 
(art. 10.2 CE) a una vivienda digna (art. 47 CE) y el cumplimiento de los compromisos 
internacionales (art. 96.1 CE), respecto de la prohibición de los desalojos forzosos, con 
fundamento  en  que  la  respuesta  judicial  niega  la  posibilidad  de  alegar  causas  de 
oposición frente al desalojo de una vivienda como la situación de vulnerabilidad o de 
discapacidad que, sin embargo, son situaciones protegidas constitucionalmente y por 
tratados  internacionales  suscritos  por  España,  a  cuyos  efectos  se  citan  como 
resoluciones protectoras del derecho a la vivienda y a la intimidad familiar la STEDH 
de 18 de septiembre de 2012, Buckland c. Reino Unido y el dictamen del Comité de 
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  20  de  junio  de  2017, 
comunicación 5/2015, máxime en un supuesto en que materialmente, aunque se hubiera 
hecho  extemporáneamente  por  razones  vinculadas  a  la  propia  situación  de  e
vulnerabilidad, se había producido una actualización del pago de la totalidad de las  bo
rentas debidas. 364ww
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especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal
Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ  2  a)];  dirigir  atenta  comunicación  a  los  órganos  judiciales  para  que  remitan 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan 
comparecen en los recursos de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento; 
y formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión, que fue 
archivada por pérdida sobrevenida de objeto por el ATC 76/2020, de 20 de julio, al 
haberse ejecutado ya el lanzamiento del inmueble que constituía su domicilio.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 19 de octubre de 2020, acordó tener por personada a la entidad Lizomar, 
S.A., representada por el procurador de los tribunales don Ignacio Argos Linares, bajo la 
asistencia del letrado don Juan Fernando Verdasco Giralt, y dar vista de las actuaciones 
al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 
LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 23 de noviembre 
de 2020, interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) anulándose las resoluciones impugnadas con retroacción de 
actuaciones  para  que  se  pronuncie  otra  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
vulnerado.
El Ministerio Fiscal expone que la configuración constitucional del derecho a una 
vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), como uno de los principios rectores de la política 
social y económica, en relación con el mandato de protección del art. 53.3 CE y de su 
reconocimiento  en  los  tratados  internaciones  de  derechos  humanos  suscritos  por 
España, así como de la protección de las personas con discapacidad, determinan la 
necesidad de ponderación judicial de tales circunstancias. A partir de ello, afirma que (i) 
la decisión de oposición por razones procesales, como es la extemporaneidad de la 
alegación del pago completo de la deuda, supone en el caso concreto y atendiendo a las 
propias circunstancias de la situación personal del recurrente, la cuantía de la deuda y la 
escasa  demora  en  el  pago,  una  interpretación  excesivamente  formalista;  y  (ii)  la 
desatención a la alegación de las circunstancias de discapacidad del recurrente y su 
negativa a ponderarlas como obstáculos para posibilitar su efectiva y plena participación 
social e institucional en condiciones de igualdad material implican un incumplimiento del 
deber positivo impuesto por el art. 24.1 CE de velar por evitar la indefensión que pudiera 
derivarse para el recurrente que implicó su lanzamiento de la vivienda a pesar del 
completo pago de las rentas.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado en este tribunal el 6 de noviembre 
de 2020, presentó alegaciones solicitando la denegación del recurso de amparo, con 
fundamento en que en el proceso de ejecución no se ha vulnerado el art. 24.1 CE, ya 
que (i) la imposibilidad de enervar la acción de desahucio trae causa de una disposición 
legal por haber existido un requerimiento fehaciente de pago previo; y (ii) el lanzamiento 
es consecuencia de la ejecución de una resolución judicial sin que los tribunales puedan 
imponer mandatos individuales de contratación como el pretendido por el recurrente para 
satisfacer necesidades que, en su caso, corresponden a la administración pública, por lo 
que tampoco se han vulnerado los derechos de las personas con discapacidad.
8.  El demandante de amparo, por escrito registrado en este tribunal el 20 de 
noviembre de 2020, presentó alegaciones dando por reproducidas las expuestas en su  e.
escrito de demanda. w.
vota9c.i ónP doer  lpar porveidseenncteia s ednet e3n0c idae e ls deípat i4e mdeb roec tdueb re2 0d2e1l ,m siesm soe ñaañloó. para deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El  objeto  de  este  recurso  es  determinar  si  las  resoluciones  impugnadas  han 
vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por no 
haber  dado  una  respuesta  de  fondo  a  las  causas  de  oposición  alegadas  en  un 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales, por considerar que no quedaban dentro 
de las causas legales tasadas al efecto, referidas (i) al completo pago de la cantidad 
adeudada, aunque lo hubiera sido de manera extemporánea, derivada de su situación 
personal de discapacidad cognitiva, y (ii) a la afectación que el lanzamiento de su 
vivienda habitual tendría sobre el derecho a la vivienda (art. 47 CE) y a la protección de 
las personas con discapacidad (art. 49 CE).
2.  Hechos relevantes.
En el presente caso, han quedado acreditados en las actuaciones los siguientes 
extremos:
(i)  El demandante de amparo, quien en todo momento durante la vía judicial previa 
ha alegado sufrir una situación de discapacidad limitativa de su capacidad cognitiva 
adjuntando  para  ello  los  informes  médicos  que  consideraba  adecuados  para  su 
acreditación,  fue  condenado  en  un  juicio  verbal  de  desahucio  por  el  impago  de 
determinadas rentas debidas a la sociedad propietaria del inmueble, sin haber llegado a 
comparecer en el mismo.
(ii)  La propiedad instó la ejecución del título de desalojo, y el hoy recurrente alegó 
como causas de oposición el pago completo de la deuda antes de que se despachara la 
ejecución y su situación de vulnerabilidad derivada de una enfermedad que afecta a su 
capacidad cognitiva, a cuyos efectos se adjuntaba informe médico hospitalario.
El  órgano  judicial  desestimó  la  oposición,  argumentando  que  ninguna  de  las 
alegaciones tiene encaje en las causas de oposición previstas legalmente, añadiendo 
que, a pesar del pago completo de la deuda no constaba que se hubiera atendido el 
requerimiento de pago ni se hubiera instado oposición en el previo juicio verbal de 
desahucio y que tampoco había existido vulneración de los derechos de las personas 
con discapacidad puesto que «no consta que el demandado haya sido declarado judicial 
o administrativamente en dicha situación ni los padecimientos a los que se refiere la 
documentación  determinan  la  necesidad  de  un  complemento  de  su  capacidad,  sin 
perjuicio de que de encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad pueda acudir 
a los servicios sociales correspondientes».
(iii)  El demandante de amparo interpuso recurso de apelación insistiendo en el 
pago completo de la deuda y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la vivienda y la protección de las personas 
con discapacidad. El recurso fue desestimado insistiendo en que las causas de oposición 
a  la  ejecución  de  una  resolución  están  tasadas  y  con  los  argumentos  de  que  el 
requerimiento de pago se atendió después de que se hubiera acordado el archivo del 
juicio verbal y que la situación de vulnerabilidad alegada por razón de la discapacidad no 
es una circunstancia cuyo remedio le puede ser dispensado por los tribunales, que 
deben limitarse a la aplicación de la ley al caso concreto», por lo que dicha problemática 
ha de ser planteada ante los servicios sociales. es
3.  Resolución de la cuestión planteada.
Ante estos hechos, el tribunal concluye que se ha producido la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva alegada por el demandante de amparo por las 
siguientes razones:
(i)  El tribunal constata que el demandante de amparo, desde el primer momento en 
que compareció en la vía judicial en el procedimiento de ejecución, puso de manifiesto la 
relevancia que en dicho procedimiento y en la ejecución acordada pudiera tener la 
situación de discapacidad cognitiva que sufría y que intentaba acreditar mediante los 
correspondientes informes médicos hospitalarios.
Frente  a  dichas  alegaciones,  las  resoluciones  judiciales  han  utilizado  como 
argumento principal para no hacer un pronunciamiento sobre el fondo de las causas de 
oposición alegadas tanto el hecho de que el demandante no compareció ni formuló 
alegaciones en el juicio verbal de desahucio del que trae causa la ejecución como en la 
existencia de una tasación de dichas causas en la ley dentro de los procedimientos de 
ejecución de títulos judiciales. Ciertamente, el demandante dejó pasar la oportunidad de 
hacer estas alegaciones en el previo juicio verbal de desahucio, del que no se ha 
controvertido  que  tuvo  un  efectivo  conocimiento.  Ahora  bien,  ante  la  existencia  de 
indicios de discapacidad que puedan limitar la capacidad de comprensión de quien se ve 
inmerso  en  un  procedimiento  judicial  sobre,  por  ejemplo,  la  relevancia  de  las 
consecuencias legales de su incomparecencia es menester, en aras del derecho a la 
tutela judicial efectiva, que los tribunales desarrollen la actividad necesaria para despejar 
cualquier  duda  al  respecto.  Sin  embargo,  en  este  caso  los  órganos  judiciales  no 
desarrollaron  ninguna  actividad  probatoria  o  acreditativa  ni  respecto  de  si  esa 
circunstancia de discapacidad concurría ni sobre si había sido relevante o causal en la 
incomparecencia  del  demandante  en  el  juicio  verbal  determinante  de  la  pérdida 
indefectible de su oportunidad procesal de defensa o en el pago extemporáneo de las 
rentas debidas como enervante de la acción de desahucio.
(ii)  El tribunal constata, por otra parte, que las resoluciones judiciales impugnadas 
argumentan  que  no  constaba  que  el  demandado  hubiera  sido  declarado  judicial  o 
administrativamente en situación de incapacidad ni que los padecimientos referidos en la 
documentación determinaran la necesidad de un complemento de su capacidad.
La protección que la Constitución dispensa a las personas con discapacidad –tanto 
en lo relativo a la prohibición de su discriminación (art. 14 CE) como al mandato a los 
poderes públicos de realizar una política de integración de estas personas que les 
ampare  para  el  disfrute  de  los  derechos  que  la  Constitución  otorga  a  todos  los 
ciudadanos (art. 49) y a que el reconocimiento, respeto y protección de este mandato 
deba informar la legislación positiva y la práctica judicial (art. 53.3 CE)– no puede quedar 
condicionada por requisitos formales como son el previo reconocimiento o declaración 
judicial o administrativa de una situación de incapacidad, lo que pugnaría, por un lado, 
con la exigencia constitucional de que la promoción de la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 9.2 CE) y, por otro, con la propia 
regulación  legal  de  desarrollo  de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad 
establecida en el art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que 
atiende de manera preferente a un concepto material de discapacidad.
Por tanto, el tribunal concluye, de acuerdo con lo que interesa el Ministerio Fiscal, 
que en las circunstancias concurrentes en el presente caso una respuesta como la dada  s
por los órganos judiciales al demandante de amparo vulnera su derecho a la tutela  oe.
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Carlos Capelo Mainar y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 19 de Madrid de 10 de julio de 2018, pronunciado en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 9-2018; y el auto de la Sección 
Decimoprimera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  de  25  de  febrero  de  2019, 
pronunciado en el recurso de apelación núm. 676-2018.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de 
las resoluciones citadas para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.