BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27387
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4122 Pleno. Sentencia 37/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
2971-2018. Promovido por don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu 
respecto de los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de 
lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  decretando  prisión  provisional.  Supuesta 
vulneración de los derechos a la libertad personal, al ejercicio de los cargos 
públicos representativos y a un proceso con todas las garantías: resoluciones 
judiciales  que  adoptaron,  de  manera  suficientemente  razonada  y 
proporcionada, una medida cautelar de carácter personal. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:37
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 2971-2018, promovido por don Jordi Turull i 
Negre y don Josep Rull i Andreu, representados por el procurador de los tribunales don 
Aníbal Bordallo Huidobro y asistidos por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra el 
auto del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018, confirmado en apelación por 
auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo 
de 2018, por el que se acuerda la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los 
recurrentes en la causa especial núm. 20907-2017. Han comparecido el abogado del 
Estado; el partido político VOX, representado por la procuradora de los tribunales doña 
María del Pilar Hidalgo López y asistido por el letrado don Pedro Fernández Hernández; 
don  Oriol  Junqueras  i  Vies  y  don  Raül  Romeva  i  Rueda,  representados  por  la 
procuradora de los tribunales doña Celia López Ariza y asistidos por el letrado don 
Andreu Van den Eynde; y doña Carme Forcadell i Lluis, representada por el procurador 
de los tribunales don Emilio Martínez Benítez y asistida por la letrada doña Olga Arderiu 
Ripoll.  Ha  intervenido  el  ministerio  fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de mayo de 2018, don Aníbal  e
Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y representación de don  bo
Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu interpuso recurso de amparo contra las  22ww
resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento.
2.  Los antecedentes relevantes para resolver el presente recurso son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó querella frente a 
los demandantes de amparo y restantes miembros del Gobierno de la Generalitat —
cesados en aplicación del art. 155 CE con fecha 27 de octubre de 2017—, por la que se 
les atribuía la posible comisión de los delitos de rebelión (art. 472 del Código penal: CP), 
sedición (art. 544 CP) y malversación (art. 432 CP). Dicha querella fue admitida a trámite 
por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 mediante auto de 31 de octubre de 2017 
(diligencias núm. 82-2017). En el seno de estas diligencias, el citado juzgado dictó auto 
de 2 de noviembre de 2017, en el que se acordó la prisión provisional comunicada y sin 
fianza de los ahora demandantes de amparo entre otros. Tras el planteamiento de un 
recurso de reforma por los demandantes de amparo, dicho auto fue ratificado por otro 
posterior de 8 de noviembre de 2017.
b)  En la misma fecha, 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó 
ante el registro general del Tribunal Supremo querella por delitos de rebelión, sedición y 
malversación, contra la presidenta y diversos miembros de la mesa del Parlamento de 
Cataluña que conservaban, a excepción de uno de ellos, su condición de miembros de la 
Diputación Permanente. Dicha querella determinó la incoación de la causa especial 
núm. 20907-2017.
c)  El magistrado designado instructor por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
acordó,  por  auto  de  24  de  noviembre  de  2017,  ampliar  el  «espacio  subjetivo  de 
investigación» correspondiente a dicha causa especial y reclamar del Juzgado Central 
de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las  actuaciones  obrantes  en  sus 
diligencias previas núm. 82-2017 con respecto a diversas personas, entre las cuales se 
encontraban los ahora demandantes de amparo.
d)  Por alguno de los querellados, entre ellos los ahora recurrentes, se solicitó la 
modificación de la medida cautelar de prisión a la que estaban sujetos, adoptada por la 
magistrada del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, mediante auto de 2 de noviembre 
de 2017, en el seno de las citadas diligencias núm. 82-2017.
e)  Dicha petición fue parcialmente estimada por auto del magistrado instructor de 4 
de diciembre de 2017, que, entre otros pronunciamientos, acordó modificar la medida 
cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza impuesta a don Jordi Turull i 
Negre  y  a  don  Josep  Rull  i  Andreu  «por  la  medida  de  prisión  eludible  mediante 
prestación de fianza de 100.000 € para cada uno de ellos». Para el caso de prestación 
efectiva del importe de la fianza, se establecía la obligación «de comparecencia apud 
acta semanal ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Juzgado o Tribunal de su 
conveniencia, y de comparecer ante el Tribunal siempre que sean llamados, con expresa 
prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaportes».
f)  Tras los comicios celebrados el 21 de diciembre de 2017, los señores Turull i 
Negre y Rull i Andreu, que se presentaron como candidatos en la lista «Junts per 
Catalunya» («BOE» núm. 287 de 25 de noviembre de 2017), adquirieron la condición de 
diputados electos en el Parlamento de Cataluña [«Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» («BOPC») núm. 1, de 19 de enero de 2018].
g)  El 20 de marzo de 2018, el magistrado instructor dictó auto en el que se acordó: 
«1) Solicitar al Grupo de Delincuencia y Tecnología, de la Unidad de Policía Judicial, VII 
Zona de la Guardia Civil de Cataluña, la aportación de documentos y demás elementos 
objetivos que prestan soporte al contenido de su informe 2018-101743-010»; «2) Formar, 
con testimonio de la presente resolución, Pieza Separada que se declara secreta por  e.
periodo de un mes». w.b
h)  El 21 de marzo de 2018, el presidente del Parlamento de Cataluña, tras haber  22ww
id Pecicaaídnoyo lal,  pcaronpduidsaot ucroam ao  laca pnrdeisdiadteon aci ala d per elas iGdeennceiara dlitea tl ad eGl ednipeuratalidtaot  dao dno Jno Jrdoir dSi áTnucrhuell zi 
Negir)e  yE cno nlav omcóis eml ap lefencoh dae,  ienlv emsatigdiusrtara pdaor ain eslt rduíact osirg udiiecntóte .auto por el que se acordó
declarar procesados, entre otros, a los ahora recurrentes en amparo por los presuntos
delitos de rebelión (art. 472 CP y concordantes) y malversación de caudales públicos 
(art. 432 CP).
j)  Por providencia también de 21 de marzo de 2018, se citó a las representaciones 
de las partes, con fecha de 23 de marzo de 2018, para la notificación del citado auto y 
practicar la comparecencia prevista en el art. 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim).
k)  El Parlamento de Cataluña celebró sesión de investidura el día 22 de marzo 
de 2018 («BOPC» núm. 41, de 22 de marzo de 2018), en el que el candidato don Jordi 
Turull i Negre no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para ser designado presidente, 
quedando convocada la segunda sesión para el 24 de marzo de 2018.
l)  El día 23 de marzo de 2018, celebrada la comparecencia (art. 505 LECrim), el 
ministerio  fiscal,  la  abogacía  del  Estado  y  la  acción  popular  interesaron  la  prisión 
provisional, comunicada y sin fianza de los demandantes de amparo, expresando, en 
sustento de sus pedimentos que, junto a un riesgo de reiteración delictiva, confluye un 
marcado riesgo de fuga. Por su parte, la representación procesal de los recurrentes 
interesó el mantenimiento de las medidas ya acordadas, esto es, libertad provisional con 
fianza  y  obligación  de  comparecencia  semanal  acordada  por  auto  del  magistrado 
instructor de 4 de diciembre de 2017.
m)  El magistrado instructor, por auto de 23 de marzo de 2018, acordó la prisión 
provisional de los ahora recurrentes con fundamento, esencialmente, en lo siguiente:
(i)  Considera que «las sospechas que se plasmaban como base para la iniciación 
del proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese momento, son 
hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan 
una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido 
tener los procesados».
(ii)  Asimismo, estima que existe «un grave riesgo de fuga en los encausados 
derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad 
penal por rebelión». Pone de manifiesto que la consideración del riesgo de fuga «debe 
hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y estas vienen 
presididas por haber comparecido ante este instructor en cuantas ocasiones han sido 
llamados», pero añade que «[l]amentablemente es de imposible percepción cual pueda 
ser la voluntad interna de los procesados, por lo que debe recurrirse a una serie de 
elementos externos que permitan construir un juicio razonable de pronóstico, y no solo 
respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse 
con ocasión del propio desarrollo de la causa». Desde esa perspectiva, el juez instructor 
entiende que la imputación «no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se 
han acopiado durante el proceso», lo que aporta un «primer parámetro objetivo de 
valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen 
aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir 
sus consecuencias». En todo caso, añade, el riesgo se potencia, como se indica en el 
auto de procesamiento, por la concurrencia de otros dos factores: por un lado, su propia 
conducta, al desatender de forma «contumaz y sistemática durante los últimos años» 
mandatos judiciales igualmente imperativos que los llamamientos judiciales, sin que 
pueda concluirse que su comportamiento actual de cumplimiento vaya a ser permanente. 
Por otro, el hecho de que las motivaciones que les impulsaron a cometer los presuntos 
delitos, sean compartidas con un amplio colectivo que se solidariza con su causa y que 
se encuentra en condiciones de prestar un soporte eficaz.
(iii)  Para  el  magistrado  instructor  concurre,  además,  «un  marcado  riesgo  de  e.
reiteración delictiva» pese a la renuncia del acta de diputado por parte de algunos  w.b
procesados, entre los que no se encuentran los demandantes de amparo. Afirma el  22ww
mla adgeistetrramdion aqcuióen « plaa rrae nimunpcuials aarl  alocsta o dbeje tdivipoust asdino ,r ensi pdeetsop ae jlaa sla n poorsmibaisli dpaedn adlee sq,u nei  peexrcsluisytae 
qmuuey  lodsiv eprrsoacse sya dtoodsa psu eeldlaasn  dreifaelrieznatre asp doert alaci oancetisv idaa eds ap ainrltaemnceinótna rdiae»s.d eE nc oelal bsoernatcidioon dees 
confirmar la existencia de riesgo de reiteración, hace referencia al hecho de que el
designio al que se incorporaron desde un inicio los sujetos que se concertaron para 
quebrantar el orden constitucional y penal, «preveía (Libro Blanco) continuar con la 
actuación  ilícita  tan  pronto  como  se  recuperaran  las  instituciones  autonómicas  que 
hubieran sido intervenidas». Además considera, tras la transcripción de un párrafo del 
citado Libro Blanco, que «[l]a actuación de los últimos meses no permite obtener la 
convicción de que se haya abandonado la intención de algunos partícipes de retornar al 
anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurándose ese riesgo, tampoco se 
desvanece  la  posibilidad  de  prestar  una  colaboración  desde  distintos  ámbitos  del 
parlamentario». Para  el  magistrado,  «[l]a medida cautelar garantiza así el acertado 
retorno del autogobierno».
(iv)  El magistrado instructor descarta que se haya producido una limitación ilegítima 
del derecho del art. 23.1 CE. En relación con la imposibilidad de los recurrentes de 
acudir a desempeñar las funciones parlamentarias encomendadas y participar en la 
sesión de investidura prevista, se remite a los argumentos desarrollados con ocasión de 
un pedimento semejante dimanante de otros procesados en la misma causa. Considera 
que  la  limitación  del  derecho  a  acceder  a  las  funciones  y  cargos  públicos  resulta 
admisible «cuando venga fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas que 
presenten una correspondencia razonable en su intensidad». Y, tras hacer mención a la 
STC 71/1994, de 3 de marzo y sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 6 de octubre de 2015 (asunto Thierry Delvigne vs Francia), 
afirma  que  «aunque  cualquier  ciudadano  tiene  el  reconocimiento  de  optar  a  una 
investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de 
velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación 
delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de 
protección». Concluye su argumentación señalando que «[l]a gravedad de los hechos 
que  el  auto  de  procesamiento  describe,  la  utilización  de  las  instituciones  para  su 
ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el libro blanco y que los 
procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha 
precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no muestren una 
preminencia  y  mayor  necesidad  de  tutela,  que  los  derechos  que  esta  resolución 
preserva».
n)  La anterior resolución fue recurrida en apelación por la representación procesal 
de don Jordi Turull i Negre. En su recurso se alegaba: (i) la «[v]ulneración del derecho de 
Catalunya a la autonomía política (art. 2 CE), del principio de separación de poderes y de 
las competencias del Parlament de Catalunya y de los derechos políticos del candidato 
don Jordi Turull y de sus votantes (art. 23, art. 3 del Protocolo Adicional de la CEDH, 
art. 25 PIDCyP)», por privar a un diputado propuesto como candidato a la presidencia de 
un gobierno de su libertad en mitad del proceso de investidura, impidiendo, tanto al 
propio candidato como a los restantes diputados, el ejercicio de sus derechos políticos, y 
a una cámara parlamentaria el ejercicio de sus competencias, cuando, además, se 
encontraba en libertad y no se había mostrado ninguna intención de sustraerse a la 
acción de la justicia. Se alega, también, que la imputación del delito de malversación era 
prematura; (ii) la «[v]ulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las 
garantías (art. 24 CE) por infracción del derecho a un juez imparcial en la vista de prisión 
(art. 6 CEDH, art. 14 PIDCP)», por considerar que fue el magistrado instructor quien 
motu  proprio  y  sin  que  las  anteriores  medidas  cautelares  se  hubieran  revelado 
insuficientes  ni  hubiera  sido  solicitada  su  reforma  por  las  acusaciones,  decidiera 
convocar a las partes acusadoras a la vista del art. 505 LECrim, sin darse el supuesto  e.
que prevé el precepto y planteando además en la propia convocatoria respecto de qué  w.b
procesados podía pedirse prisión; y (iii) la«[a]usencia de los requisitos necesarios para  22ww
adceo lrodsa ar rltas .p 5ri0s2ió yn  spsro. vLiEsiCornimal.  (Vviuollnaecrióanci ódne  dloesl  adretrse. c1h7o C aE la,  5li bCeErtDaHd  my e9d PiaIDntCeP la)» i,n pfruaecsc inóon 
nsee cceosmarpioa rpteanra l oasc oardrgaur mlae pnrtiossió dne pl roavuitsoi oanpael,l arideos gdoe d qeu feu gcao ny crueritreíara ecli ópne driecluiclutimva .in mora
ñ)  La representación procesal de don Josep Rull i Andreu también recurrió en 
apelación el auto de 23 de abril de 2018. En el recurso se denuncia, como alegación 
única, la vulneración del derecho a la libertad (arts. 17 CE, 502 y ss. LECrim, 5 CEDH y 9 
PIDCP), y de los derechos políticos del recurrente [arts. 23 CE, 3 del protocolo adicional 
del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) y 25 PIDCP], por no sustituir la 
prisión incondicional por la libertad provisional bajo fianza, al considerar que: (i) no 
existen indicios para atribuir al recurrente la intervención en una rebelión y, por tanto, 
para acordar la medida cautelar recurrida, (ii) no existe riesgo de fuga «que no pueda 
conjurarse mediante la prestación de fianza y/o adaptación de otras medidas cautelares 
menos gravosas», (iii) tampoco posible reiteración delictiva, pues nada había «cambiado 
respecto del momento en el que el recurrente fue puesto por primera vez en libertad, 
cuando ya se sabía que sería candidato a las elecciones con elevadas opciones de ser 
elegido», (iv) ni, por último, fueron ponderadas otras circunstancias para excluir el riesgo 
de fuga como el arraigo familiar del procesado y la lesión de sus derechos políticos y los 
de sus votantes. En el trámite de vista del art. 766.5 LECrim la letrada que intervenía en 
nombre de don Josep Rull se adhirió, alegando la existencia de una situación formal de 
codefensa o defensa conjunta, a los motivos de apelación y argumentos previamente 
expuestos en el mismo acto por el letrado de don Jordi Turull i Negre, que coincidían con 
los consignados en el recurso de apelación de este.
o)  Los recursos de apelación fueron desestimados por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo mediante auto de 17 de mayo de 2018. La Sala argumenta, expuesto 
de forma resumida, lo siguiente:
(i)  Comienza sus fundamentos jurídicos haciendo unas observaciones previas. En 
primer lugar, pone de manifiesto que comparte los argumentos del magistrado instructor, 
especialmente en cuanto se refiere a la existencia de indicios de comisión de varios 
delitos, la gravedad de los hechos y de los delitos imputados y la existencia de riesgo de 
reiteración delictiva. En segundo lugar, aclara que el objeto de la resolución que se dicta 
no  es  la  revisión  del  auto  de  procesamiento,  sino  la  del  posterior  auto  de  prisión 
provisional, por lo que entiende que su cometido no es «abordar la consistencia de los 
indicios»; su función es «valorar si, dados los mismos, son suficientes para justificar la 
concurrencia de los presupuestos de la medida». Y, en relación con lo anterior, considera 
que «debe partirse de que no se imputa a cada uno de los recurrentes la ejecución de 
conductas aisladas que deban ser valoradas de forma independiente respecto de otras, 
sino  la  participación  en  un  plan  ejecutado  de  forma  conjunta,  con  un  evidente  y 
razonable reparto de papeles, cuya última fase de ejecución comenzó, al menos con la 
aprobación de la resolución 1/XI del Parlamento catalán, luego declarada inconstitucional 
por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015, de 2 de diciembre»; resolución con la 
que «los recurrentes se comprometían, desatendiendo frontalmente cualquier actuación 
del Estado español, a llevar a cabo toda una serie de actuaciones encaminadas a 
realizar finalmente un referéndum de autodeterminación, como paso previo y necesario 
para,  en  caso  de  resultado  favorable,  proceder  a  la  declaración  unilateral  de 
independencia de Cataluña». Contaban para ello, añade el auto, «con organizaciones 
sociales y con el apoyo de movilizaciones populares que obligarían al Estado a claudicar, 
asumiendo que se producirían, como finalmente ocurrió, enfrentamientos físicos que 
darían lugar a actos de violencia por parte de quienes pretendían imponer su voluntad a 
los agentes de la autoridad que actuaban intentando garantizar la aplicación de las leyes 
y el cumplimiento de las resoluciones judiciales». En este sentido, la Sala valora «su 
aceptación  del  plan  y  su  aportación  a  su  ejecución  con  conductas  que  no  e.
necesariamente han de consistir en la acción característica del verbo nuclear del tipo  w.b
penal». 22ww
que («ii)la  cEonn dcuucatnat oim apl urtiaedsag oa  dloes r reeitceurrarceinótne sd enloic htivaa c, olan sSisatildao e esnti muna  aqcuteo  haais ldaed ov,a sloinroa resne 
ulan paa crtoicmipuancidióand c aountsótannotme ay  dreel eEvaspnateñ,a c,o emno  umni epmlabnr oqsu dee l[ …Go] binieicrnióo  syu d efal sPea rflianmale cnoton  dlea 
resolución 1/XI del Parlamento catalán, y que se desarrolló a lo largo de un periodo
cercano a los dos años, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta octubre de 2017, en el 
curso  de  los  cuales  se  desobedecieron  frontalmente  las  resoluciones  del  Tribunal 
Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de autonomía y 
cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los recurrentes». 
E «[i]gualmente ha de tenerse en cuenta que la determinación de los recurrentes, junto 
con las demás personas a las que se imputa su participación en estos hechos, se 
mantuvo aún después de los episodios de violencia y de los tumultos que tuvieron lugar 
el 20 de septiembre con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza 
física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de entrada y registro en 
dependencias  oficiales  de  la  Generalitat,  pues  insistieron  públicamente  en  la 
convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían celebrar aun 
sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a 
enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido y finalmente 
volvió a suceder, terminarían en actos de violencia». A todo ello añade «que debe 
valorarse el contexto en el que se produciría una eventual recuperación de la libertad de 
los recurrentes, y en ese sentido […] no existen indicios de que se haya abandonado de 
forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de 
declarar  la  independencia,  e  imponerla  por  vías  de  hecho  con  el  concurso  de  la 
movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento 
físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley».
(iii)  Respecto al riesgo de fuga, la Sala estima que «es cierto que los recurrentes 
siempre se han presentado a los llamamientos efectuados por el Instructor y que no han 
quebrantado las limitaciones impuestas por la resolución que se refería a su situación 
personal», pero se señala que «[l]a amenaza de una pena y la cercanía temporal de su 
posible  imposición  constituyen  elementos  que  pueden  operar  como  estímulos  que 
impulsen al acusado a huir y evitar la acción de la justicia. Estímulos que aumentan al 
tiempo que se concreta y se hace más consistente la imputación con el avance de la 
tramitación  del  proceso».  Aprecia,  tras  hacer  alusión  a  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional acerca de la motivación de las razones en la que se basa la prisión 
provisional, que el auto recurrido ha cumplido con la misma. Así entiende, en relación al 
valor ambivalente del tiempo, que «[e]n el caso, el avance de la tramitación de la causa 
ha dado lugar a la consolidación de los indicios inicialmente apreciados, hasta el punto 
de dar lugar al procesamiento de los recurrentes, de forma que lejos de debilitar los 
indicios  de  culpabilidad,  las  diligencias  practicadas  en  la  instrucción,  a  juicio  del 
Magistrado  Instructor,  los  han  ratificado  dándoles  la  consistencia  necesaria  para 
calificarlos como indicios racionales de criminalidad».
En relación a las circunstancias personales de los recurrentes, considera que «no 
puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia 
económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, elementos que han 
permitido a quienes ya se han fugado, mantener una apariencia de vida normalizada 
fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual». 
Añade, al respecto, que «[a]unque se mantenga la confianza que merecen los sistemas 
de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea», «la 
posibilidad de que los recurrentes consideren una opción atendible la huida de la acción 
de  la  justicia  española  […]  se  incrementa,  y  debe  ser  evitada  para  asegurar  la 
tramitación adecuada del proceso». Por último, y en referencia a relaciones de carácter 
familiar que se han puesto de manifiesto para demostrar un arraigo que excluya el riesgo 
de  fuga,  señala  que  estas  «aun  siendo  importantes,  no  suponen  un  impedimento  s
definitivo a una fuga que vendría impulsada por otras razones de gran peso, como las  oe.
antes aludidas», dada «la eficacia y la facilidad, incluso económica, que caracterizan las  w.
posibilidades de comunicación y de traslado físico de personas de unos a otros lugares  22ww
de la(i vU) nióEnn,  yc udaenl troe sato l ad ed eEnuuronpcaia»d.a falta de imparcialidad del magistrado instructor, la
Srealalac iocnoamdaiesn zgae nearfairlmmaenndteo  coqnu et al« ehxat redmeo  rleec aofredcatrasne,  pquuees  sni ob ietond eass  elvaids enetxei gqeunec inaos   BOE-A-cable e
puede  tener  relaciones  con  las  partes  que  perturben  su  necesaria  posición  de 
neutralidad, también lo es que los propios resultados de la instrucción pueden hacer que 
nazcan en su conciencia prejuicios acerca de la culpabilidad del investigado, hasta el 
punto de declararlo procesado o de acordar medidas cautelares contra él distintas de la 
prisión, y si bien ello le impide formar parte del órgano de enjuiciamiento, no le prohíbe 
continuar como instructor de la causa».
En este sentido, sobre la crítica expresa a una frase contenida en el auto que se 
impugna, cuando el instructor razona que la medida cautelar «garantiza así el acertado 
retorno del autogobierno», al entender los recurrentes, concretamente la defensa del 
señor Turull i Negre que demuestra un posicionamiento político que pone de manifiesto 
una falta de imparcialidad, se recuerda que en el auto de 22 de marzo de 2018, ya se 
decía que «[d]esde el punto de vista de la aplicación de la ley penal, que es el que 
delimita la actuación de los tribunales de este orden jurisdiccional, no se puede pedir, ni 
se pide a nadie, que abandone sus posiciones ideológicas o sus ideales políticos como 
condición para recuperar la libertad. Por el contrario, en la medida en la que se ha 
acreditado, con la provisionalidad propia de este momento procesal, que ya acudió a 
conductas delictivas para defender sus ideas, es necesario asegurar que no utilizará 
nuevamente esos cauces delictivos que ya utilizó, cuando intentó, sin éxito, imponer su 
ideología acudiendo a vías de hecho, que fueron acompañadas de actos de violencia y 
de tumultos». Afirma que «[n]o se trata, ni puede tratarse, por lo tanto, de impedir con la 
actuación de los tribunales el desarrollo de una idea política, ni de favorecer a alguna de 
las distintas opciones que se puedan plantear ante una determinada situación. A los 
tribunales  del  orden  penal  nos  corresponde  la  aplicación  de  la  ley  penal,  no  la 
intervención  política.  Aun  cuando,  en  ocasiones,  lo  primero  pueda  acarrear 
consecuencias en el ámbito de la política». Para la Sala, «[l]a frase del auto impugnado a 
que se ha hecho referencia solo puede ser entendida como sostiene el recurrente si se 
prescinde de su contexto». Y considera que del razonamiento del magistrado instructor 
se  desprende  con  facilidad  que  se  está  refiriendo  «de  un  lado,  como  anormal 
funcionamiento de las instituciones, al que ha transitado por el camino de la ejecución de 
actos de naturaleza delictiva, que son los que se investigan y persiguen en la presente 
causa, y cuya reiteración se trata de evitar; y, por otro lado, al ‘acertado retorno del 
autogobierno’, que es el que se desarrolla sin comisión de actos delictivos, sea cual sea 
la opción política que lo presida, aspecto en el que no se muestra ninguna preferencia, 
simplemente porque no procede hacerlo».
En relación con la alegación sobre la imparcialidad del magistrado instructor por 
haber convocado de oficio la comparecencia relativa a la prisión provisional tras el 
procesamiento, la Sala esgrime que «[e]n el sistema actual de la Ley procesal, aunque 
se ha potenciado la intervención del Ministerio Fiscal y se ha dado entrada a aspectos 
propios  de  un  proceso  contradictorio,  la  responsabilidad  directa  sobre  la  fase  de 
instrucción sigue correspondiendo al Juez instructor de la causa. Por otra parte, es de 
toda evidencia que la situación personal de los investigados o procesados puede ser 
modificada durante la instrucción, si se aprecian razones para ello». Así pues, considera 
que «[s]i, dados los resultados de las diligencias el instructor entiende que concurren 
riesgo de reiteración delictiva, de comisión de nuevos delitos, o de destrucción de 
pruebas o de fuga, podría acordar de oficio la detención del investigado o procesado, y 
convocar seguidamente la comparecencia sobre su situación personal. Si, en el caso, no 
consideró procedente acordar la detención al no apreciar razones de urgencia, nada le 
impedía poner de manifiesto a las partes los riesgos que existían relacionados con la  s
situación personal, y la forma de hacerlo prevista en la ley es precisamente mediante la  oe.
comparecencia,  solución  que,  de  cualquier  forma,  resulta  menos  gravosa  que  la  w.
anteriormente mencionada. En dicha comparecencia, las partes no están condicionadas  22ww
spuosr  lpar ceotennvsoicoanteosr iac,o nni  tpootar le lli bcerirtteardio.  dDeel  imnsatnruecrtao rq, usein os i qsuoeli cpiutaerdoenn l ae xmpoendeidra s ud eo ppinriisóiónn y, 
preuqduieisnitdoos  nleog ahlaecse prlaor,a f uqeu ep otarql muee deindtae npduieedroan s eqru ea ceorrad apdroac»e.dente, cumpliéndose así los  BOE-A-cable e
(v)  Respecto a las restricciones en el ejercicio del derecho del art. 23.1 CE, la Sala 
se remite a anteriores pronunciamientos. Recuerda «que los derechos políticos de los 
recurrentes  no  tienen  carácter  absoluto  y  no  hacen  desaparecer  sus  posibles 
responsabilidades penales, que tendrán que afrontar de la misma forma que cualquier 
otro ciudadano, sin que las peculiaridades de su estatuto como parlamentarios puedan 
entenderse como privilegios personales», y «que se han respetado los derechos políticos 
que  son  compatibles  con  la  medida  de  prisión  provisional,  quedando  restringidos 
temporalmente los que no lo son»; se remite en este sentido, a lo dispuesto en el art. 25 
PIDCP.
En concreto, sobre la alegación de don Jordi Turull i Negre sobre la vulneración de 
los derechos a la autonomía política de Cataluña, el principio de separación de poderes y 
los derechos políticos del candidato y de sus votantes, señala que «[s]i el recurrente 
pretende referirse a la excepcionalidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 
años en Cataluña, la Sala no puede sino coincidir en su apreciación, aunque sea desde 
una perspectiva distinta». Advierte, al respecto, que «no existen precedentes conocidos 
en la reciente historia europea» como el presente, el cual pasa a describir. Se trata, sin 
duda, «de una situación excepcional, creadora de una división fuertemente contraria al 
mantenimiento  de  la  convivencia  cívica.  Y,  además,  como  consecuencia  de  sus 
características  delictivas,  ha  dado  lugar  a  la  apertura  y  tramitación  del  presente 
procedimiento penal para la determinación y esclarecimiento de los hechos y de las 
responsabilidades que correspondan a cada uno de los implicados en los mismos, que 
habrán  de  afrontar  en  los  términos  marcados  por  la  ley  vigente».  Concluye  su 
argumentación  afirmando  que  «[c]on  la  prisión  provisional,  pues,  no  se  vulneran 
derechos políticos, sino que se pretende asegurar que los recurrentes se mantengan a 
disposición  del  Tribunal,  y  se  trata  de  evitar  la  reiteración  de  delitos  muy  graves, 
especialmente lesivos de bienes jurídicos tan importantes en una democracia como el 
mantenimiento del orden constitucional, imprescindible para el aseguramiento de una 
situación  en  la  que  todos  puedan  ejercer  libremente  sus  derechos.  No  puede 
considerarse, por lo tanto, que se trate de restricciones indebidas».
3.  Los demandantes consideran que las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado:
a)  El derecho fundamental a la libertad, a la representación política y al acceso a 
cargos  públicos,  por  haberse  acordado  la  prisión  provisional  de  los  diputados 
demandantes sin concurrir los presupuestos constitucionales que legitiman dicha medida 
cautelar (arts. 17 y 23 CE), impidiéndoles ejercer el cargo de diputado.
En la demanda se alega que el ingreso en prisión de los recurrentes, «sólo puede 
explicarse, por un lado, por la voluntad de evitar que el señor Turull fuera proclamado 
presidente de la Generalitat aun cuando sus derechos políticos estaban intactos y, por 
otro,  para  permitir  en  el  plazo  más  breve  posible  la  aplicación  a  los  diputados 
demandantes del art. 384 bis LECrim, que suspende los derechos políticos de los 
procesados  por  rebelión  únicamente  cuando  se  encuentran  presos».  Consideran 
«incompresible» la precipitación en la adopción de tal decisión, salvo en razón del 
«conocimiento público de que el señor Turull iba a ser candidato a presidir la Generalitat. 
Una precipitación que se advierte en el propio auto de procesamiento, concretamente en 
el medio folio escaso que se dedica al delito de malversación». Sostienen, además, que 
«‘garantizar el acertado retorno del autogobierno a Cataluña’, como se dice en el auto 
de 23 de marzo de 2018, no es un motivo legítimo de prisión provisional con arreglo a la  e
Ley de enjuiciamiento criminal o a la jurisprudencia constitucional o europea». Lo que  bo
demuestra, a su juicio, son «las implicaciones claramente políticas de la decisión».  22ww
Eden tie‘ancdieenrt oq’u ep oelnít iucno  sissutepmonae d, emdeo creántitcraod, a«,p ounnear  a iuleng íctiiumdaa dapnriova ecnió pnr isdióen  psour  rlaibzeorntaeds 
incoSmep adtisibcluet econn i geul aalrmt.e 1n7te C lEo»s .motivos, que denominan «adicionales», esgrimidos en el
auto de prisión para justificar el reingreso en prisión de los recurrentes. En primer lugar,
entienden que «[d]urante el tiempo transcurrido desde diciembre de 2017 el riesgo de 
fuga de los diputados no había variado lo más mínimo», pues «su arraigo personal era el 
mismo» y acudieron normalmente «al llamamiento judicial del 23 de marzo de 2018 
cuando se daba ya por hecho en la prensa que ingresarían en prisión», por lo que 
estiman  «profundamente  injusto»  que  se  tenga  en  consideración  que  no  todos  los 
procesados hayan acudido o incluso residan en el extranjero. Tampoco se comparte la 
apreciación de los órganos judiciales acerca de la existencia de riesgo de reiteración 
delictiva al no haberse observado ningún cambio de circunstancias, salvo en relación con 
don Jordi Turull i Negre por su candidatura a la presidencia. A los recurrentes les llama 
«poderosamente»  la  atención  que  «en  2017  el  señor  instructor  manifestara  que  la 
decisión  de  los  demandantes  de  ser  diputados  era  algo  que  reducía  el  riesgo  de 
reiteración y de fuga, en la medida que suponía un acatamiento de la legalidad española, 
y que la misma circunstancia se esgrima en marzo de 2018, como factor de riesgo de 
reiteración».  Se  trata,  además,  de  una  decisión  que  vulnera  los  principios  de 
proporcionalidad  y  subsidiariedad,  «por  haberse  reforzado  las  medidas  cautelares 
vigentes  sin  que  las  anteriormente  establecidas  se  hubieran  revelado  como 
insuficientes». Concluyen, por todo lo expuesto, que «nos encontramos ante un caso 
muy  preocupante  […]  de  uso  de  la  prisión  preventiva  para  fines  que  le  son 
absolutamente ajenos, como es impedir a un diputado en plenitud de sus derechos 
políticos el acceso a un cargo de gobierno», que se acordó —y ello consideran que es lo 
llamativo— «precisamente con ocasión de dicha candidatura, de forma precipitada y sin 
que  las  medidas  cautelares  vigentes  se  hubieran  revelado  como  insuficientes, 
justamente con la voluntad de limitar sus derechos políticos», con vulneración, por ello, 
de los arts. 17 y 23 CE.
b)  El derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente del derecho al 
juez imparcial (art. 24.2 CE), «por haberse instado de oficio por el magistrado instructor 
la celebración de la vista» del art. 505 LECrim, «sugiriendo en la convocatoria qué 
procesados eran candidatos a prisión», «al solo citar a algunos investigados», orientando 
«claramente»  a  las  acusaciones,  y  sin  que  las  medidas  cautelares  anteriormente 
adoptadas «se hubieran revelado insuficientes, ni su reforma hubiera sido solicitada por 
las acusaciones». Considera, como datos adicionales, que existen indicios para pensar 
que antes de celebrarse la vista «la decisión de acordar la prisión ya estaba tomada por 
parte del señor instructor», en razón de la precipitación en la toma de la decisión y de 
que los argumentos incluidos en el auto de prisión «ya figurasen en el fundamento 
jurídico quinto del auto de procesamiento»; lo que, a su juicio, «no se compadece, 
precisamente,  con  la  voluntad  legislativa  de  garantizar  la  imparcialidad  judicial  que 
inspiró en su día el tenor del art. 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal». Eso implica 
una  vulneración  de  las  garantías  del  principio  acusatorio,  que  también  rige  en  la 
adopción  de  estas  medidas  cautelares  desde  la  reforma  operada  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, que supone una 
lesión del derecho a un juez imparcial.
c)  Los recurrentes dedican un apartado específico de la demanda a la «justificación 
de la especial trascendencia constitucional del contenido de este recurso». En dicho 
apartado, tras transcribir los supuestos de especial trascendencia constitucional que se 
enumeran en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, indican que «[e]l especial interés 
constitucional del presente recurso radica en el hecho de permitir al Tribunal responder a 
cuestiones jurídicas de gran interés que todavía no consta que se le hayan planteado en 
casos anteriores», a saber: (i) si «[e]s compatible con los arts. 17 y 23 CE que se recurra  s
a la prisión preventiva de un candidato a la presidencia de una comunidad autónoma en  oe.
mitad de un debate de investidura para asegurar los fines propios de la prisión preventiva  w.
y, entre ellos, ‘garantizar el acertado retorno del autogobierno’ a dicha comunidad», y (ii)  22ww
isni ictiaamtivbaié, ni nlost ee su ncao n vliostsa  adrtes . p1r7is ióy n2 4p reCvEe,n t«ivqau ec uuann djuoe zu nd e ininvsetsrtuigcacidóon , epno r libperortpaiad 
provisional está cumpliendo escrupulosamente las medidas cautelares menos gravosas
que le han sido impuestas sin que las partes acusadoras hayan interesado ninguna 
modificación de tales medidas».
La demanda de amparo termina solicitando que se reconozcan a los demandantes 
de amparo los derechos invocados, se anulen los autos impugnados de 23 de marzo 
y 17 de mayo de 2018 y se restablezca a los recurrentes en la integridad de sus 
derechos lesionados, ordenando al magistrado instructor de la causa que dicte un nuevo 
auto concediéndoles la libertad provisional. Asimismo mediante otrosí, se solicita la 
adopción de dos medidas cautelares: la suspensión de la decisión de prisión provisional 
adoptada por las resoluciones judiciales objeto de este proceso y que el Tribunal «con la 
máxima urgencia posible requiera al Gobierno español a fin de que publique en el ‘Diario 
Oficial de la Generalitat’ el nombramiento como consellers de mis mandantes y remueva 
cualquier otro obstáculo que restrinja o limite su acceso a dichos cargos». También que 
el asunto se decida con la máxima celeridad.
4.  Por providencia de 5 de junio de 2018, el Pleno de este Tribunal aceptó la 
propuesta de avocación efectuada por tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala 
Segunda. Igualmente se acordó que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se dirigiera atenta comunicación a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez 
días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la 
causa especial núm. 20907-2017, en relación con el auto de 17 de mayo de 2018 de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en apelación contra el auto de 23 de marzo 
de 2018 dictado por el magistrado instructor; debiendo previamente emplazarse, para 
que en diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente. En relación con la 
solicitud de suspensión de las resoluciones impugnadas formulada en la demanda de 
amparo  mediante  otrosí,  se  acordó  formar  la  oportuna  pieza  separada  y,  en  ella, 
conceder un plazo de tres días al ministerio fiscal y a los solicitantes de amparo para que 
efectúen alegaciones respecto a dicha petición. Por último, respecto a la medida cautelar 
solicitada en el segundo otrosí de la demanda, se acordó que no había lugar a su 
adopción.
5.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal, el 15 de 
junio de 2018, la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, en 
nombre y representación del partido político VOX, solicitó se le tuviera por personado y 
se le diera vista de las actuaciones para formular alegaciones.
6.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal, el 25 de 
junio de 2018, el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, en nombre y 
representación de doña Carme Forcadell i Lluis, solicitó que se entendieran con él las 
sucesivas diligencias y, una vez transcurriera el término del emplazamiento, se le dé 
trámite para alegaciones (art. 52 LOTC).
7.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal, el 26 de 
junio de 2018, el abogado del Estado, en la representación que ostenta, solicitó que se le 
tuviera por personado y parte en el recurso de amparo, entendiéndose con él todos los 
posteriores trámites del procedimiento.
8.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal, el 28 de 
junio de 2018, la procuradora de los tribunales doña Celia López Ariza, en nombre y  e.e
representación de don Oriol Junqueras i Vies y don Raül Romeva i Rueda, solicitó que se  b
le tuviera por personada y parte en el recurso de amparo, entendiéndose con ella las  22ww
sTuricbeu9sn. iavalP, so ddre il idgifeleigncechniaac sia2,   ddádene d oojulredli oetr náadmceii tóe2n 0p 1ad8rea,   alaslee  gseatuccvrioeont aeprsioa r(  adrrtee. c 5ijb2ui sdLtoiOc iTaeC l d).teels tPimleonnoio  ded e eslates   OE-A-2020-41able en https://
actuaciones solicitadas, y por personados y partes en el procedimiento al abogado del
Estado, a la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López en representación del 
partido político VOX, a la procuradora doña Celia López Ariza en representación de don 
Oriol Junqueras i Vies y don Raül Romeva i Rueda y al procurador don Emilio Martínez 
Benítez en nombre y representación de doña Carme Forcadell i Lluis. Asimismo, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se procedió a dar vista de todas las actuaciones en la 
secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al ministerio fiscal y a las partes 
personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a 
su derecho convengan.
10.  Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2017, la fiscal ante el Tribunal 
Constitucional presentó alegaciones interesando la denegación del amparo.
Comienza  sus  alegaciones  con  una  exposición  de  los  antecedentes,  las 
vulneraciones de los derechos fundamentales denunciadas y los motivos alegados en la 
demanda de amparo.
a)  En relación con la vulneración del derecho a la libertad, a la representación 
política y al acceso a los cargos públicos por haberse acordado la prisión provisional de 
los recurrentes sin concurrir los presupuestos constitucionales que la legitiman, tras 
haber reproducido algunos extractos de jurisprudencia constitucional (SSTC 65/2008, 
140/2012 y 35/2007 en sentido análogo se citan las SSTC 149 a 152/2017), manifiesta 
que no comparte el planteamiento de la demanda según la cual «la causa de que se 
haya decretado la medida cautelar no es otra que el haber sido designado el señor Turull 
candidato a la presidencia de la Generalitat o para poder proceder a la suspensión de los 
derechos políticos, de ambos demandantes, miembros del Parlamento catalán, sin que 
concurra ningún motivo justificativo, desde el punto de vista constitucional, de la medida 
ya que no existe ni el riesgo de fuga ni de reiteración delictiva a que aluden las 
resoluciones  cuestionadas  sin  fundamento  suficiente»,  pues  la  medida  cautelar  se 
acordó tras el dictado del auto de procesamiento, y, precisamente, por ello, «ha afectado 
a una pluralidad de personas con independencia de su condición o no de miembros 
electos del Parlamento catalán». Así pues, para la fiscal, ni la designación del señor 
Turull como candidato a la presidencia de la Generalitat «ha sido la causa motriz del 
cambio de las medidas cautelares», ni «la condición de parlamentarios y su posible 
inhabilitación puede considerarse desencadenante del cambio habido».
A su juicio, las resoluciones judiciales impugnadas se acomodan a la jurisprudencia 
constitucional, tanto en lo que respecta a la existencia de indicios racionales de comisión 
delictiva como en la constatación de que los fines perseguidos por la medida son 
constitucionalmente legítimos y congruentes con su naturaleza, al hacer «descansar el 
cambio de la situación procesal personal de los demandantes y de las demás personas a 
las que se ha decretado su prisión provisional en el avance de la investigación penal y en 
la consolidación de las bases en que se cimentó la imputación de los mismos, que ha 
supuesto un cambio cualitativo y que ha determinado que se agudicen los riesgos de 
elusión de la justicia y de reiteración delictiva haciendo que fueran insuficientes las 
medidas cautelares hasta entonces vigentes». Lo cual, añade, ha sido analizado por el 
órgano judicial, como también lo han sido las circunstancias producidas por el devenir 
del  procedimiento  y  la  consolidación  de  los  indicios,  en  un  supuesto  en  el  que  el 
transcurso del tiempo no debilita el riesgo de fuga.
b)  Respecto de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por 
vulneración del derecho a un juez imparcial, la fiscal, tras reproducir el fundamento 
jurídico 8 de la STC 67/2001, considera que «las decisiones adoptadas por el juez  e
instructor en el proceso subyacente se acomodan a su posición como director de la  bo
instrucción, y a lo previsto en nuestra Ley de enjuiciamiento criminal y a la doctrina  22ww
ccuoenssttiiotuncaio nhaal  vseonbirdeo l ap mreastideirdiaa» .d Ae  suun  jueisccioru, p«u[ll]oas aod coupmciópnlim diee nlato m deed ildoa  pcraeucteeplatur aqduoe  esne 
innusepsirtarad onso remna etilv ap rpinrcoicpeios aal,c uqsuaet ocroiom, olí mseit easf irqmuea , hlaa nh as idsou jeetsacdrou pau ldoesatemrmenintea dcousm lípmliditeoss 
en el proceso subyacente, sin que pueda aceptarse la pretensión de traer a esta fase
procesal las garantías de la fase de enjuiciamiento, ni por ello limitar las facultades de 
dirección procesal que le competen».
11.  Mediante  escrito  presentado  el  27  de  julio  de  2018,  el  procurador  de  los 
tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro solicita, en representación de don Jordi Turull i 
Negre y de don Josep Rull i Andreu, «que se dé el máximo impulso procesal a su 
resolución y, en tal sentido, habilite el próximo mes de agosto para su trámite». Añade 
que, para el caso de no accederse a ello, «procede a denunciar la vulneración del art. 24 
CE y 6 CEDH que supone el hecho de que el Excmo. Tribunal esté admitiendo a trámite 
de forma rutinaria absolutamente todos los recursos de amparo que presenta la defensa 
de los señores diputados imputados en aquella causa […] pero luego no proceda a 
otorgar ninguna medida cautelar ni resolverlos tampoco en un plazo razonable». Y 
anuncia su voluntad, de confirmarse la inacción, de «acudir al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos denunciando que el necesario agotamiento de los recursos internos 
—incluido el recurso de amparo— se está empleando en el presente caso por el Tribunal 
Constitucional para impedir que mis mandantes puedan acudir al citado Tribunal de 
Estrasburgo vulnerándose de este modo lo dispuesto en el art. 6 CEDH».
12.  Por escrito registrado ante este Tribunal el 30 de julio de 2018, el abogado del 
Estado presentó alegaciones solicitando se dicte sentencia desestimando la demanda de 
amparo.
a)  Comienza su escrito haciendo alusión a las resoluciones judiciales frente a las 
que se formula el recurso de amparo y a los argumentos en los que se fundamenta, 
para,  a  continuación,  hacer  una  consideración  previa  acerca  de  la  controversia 
subyacente que, para el abogado del Estado, se sitúa solo en el plano estrictamente 
jurídico del derecho penal y del proceso penal. En este sentido, la abogacía del Estado 
considera,  como  aspecto  fundamental  para  el  análisis  de  contrario  de  la  demanda 
presentada,  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  «el  alcance  de  los  acontecimientos 
políticos concurrentes con el transcurso de las diligencias judiciales de instrucción, no 
alteran, ni siquiera matizan, lo que es el plano estructural de los derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución en los arts. 17 y 23, pretendidamente infringidos», y que 
su influencia «no alcanza —aun con toda su importancia en el ámbito de la vida política
— más allá de lo que es a su vez el plano estrictamente jurídico penal de una eventual 
agravación de la responsabilidad en la que el juez llegara a apreciar que pueden incurrir 
los presuntos autores». Estima que «es preciso afirmar de manera tajante que la deriva 
política que los demandantes de amparo quieren darle precisamente a las circunstancias 
acaecidas en cuyo trascurso se incoaron las diligencias de instrucción penal y en el que 
se acordaron luego las respectivas medidas cautelares de prisión provisional, no son en 
sí mismas determinantes en cuanto a apreciar una hipotética especificidad constitucional 
del asunto, pues se trata de circunstancias externas, que por muy políticas e incluso 
trascendentales que en ese plano puedan llegar a resultar, no inciden en el campo 
estrictamente jurídico de lo que es la protección constitucional que se dispensa a los 
controvertidos derechos (de libertad personal y de participación política y a desempeñar 
cargos públicos) presuntamente infringidos».
Entiende que «[e]l que el proceso judicial se enmarque o se haya incoado en unas 
circunstancias políticas determinadas, supone efectivamente una situación de hecho 
peculiar, específica o única en su caso», pero ello «no afecta al núcleo o esencia jurídica, 
es decir, a lo que es el plano constitucional del derecho o derechos que se creen  s
infringidos». A su juicio, «el recurso de amparo en cierto modo viene a tratar de provocar  oe.
un estado de opinión en orden a que esa supuesta instrumentalización del proceso penal  w.
dmsoeec dlaaivdsa apr íeearn s moenál asas lcl oaashn occreiam  drieeenc lutaor srpe rndeteteel snE»d,si dtpaaed roloe  sqdiuóeen D  «depera elrcoahs oe d neyfo repccaohrr  oalsod  eftuacnundatoad,ma imnecneitndatilreeí asla  ae sfneit cumtaaacdyióoonsr    2020-4122n https://ww
en el plano estrictamente jurídico, debemos tener en cuenta que nos hallamos no más
que ante la presunta comisión de unos delitos muy graves como es el de rebelión,
tipificado en el art. 472 del Código penal y el de posible malversación asociada». Es 
más, para el abogado del Estado, «el hecho de que durante la tramitación de las 
diligencias  incoadas  los  investigados  estuvieran  en  la  tesitura  de  participar  en  una 
segunda sesión de investidura en la sede de la Cámara legislativa autonómica y que por 
ello, por razón de la existencia de la causa penal, y a consecuencia de la medida de 
prisión  adoptada  en  el  seno  de  dicha  causa,  no  pudieran  hacerlo,  constituye  una 
circunstancia paralela y externa, desarrollada en un tiempo, claro es, posterior al del 
momento o época en los que se llevaron a cabo la realización de los hechos imputados, 
cuyos indicios han sido —a juzgar por lo que consta en las actuaciones— el solo y único 
motivo u origen de la apertura, precisamente, de las diligencias de instrucción», que en 
nada otorga especificidad alguna a la situación sino que incluso podrían determinar «que 
la gravedad del delito se incremente a la vista de los cargos públicos que ostentan sus 
presuntos autores, y del control de la situación que manejaban, y, por tanto, de su 
posible influencia en los acontecimientos».
Por ello, concluye, como primera aproximación, «que ni las normas constitucionales 
que garantizan en abstracto los derechos que los recurrentes en amparo invocan, ni las 
normas  procesales  penales  establecidas  por  el  ordenamiento  jurídico  para  la 
averiguación y enjuiciamiento  de los delitos,  sufren alteración o incidencia especial 
alguna, de naturaleza o esencia, que el principio constitucional de proporcionalidad 
supuestamente  demandara  para  de  esta  manera  poder  paralizar  o  minimizar,  o 
mediatizar, la efectividad de las normas sustantivas penales susceptibles de aplicación, 
ni para restringir el alcance de las de carácter procesal que rigen la instrucción penal, por 
razón de los acontecimientos políticos que concurren al tiempo de dicha instrucción». 
Otra cosa es, a su juicio, que «dichos acontecimientos, según los valore el órgano 
jurisdiccional desde el exclusivo prisma de la investigación judicial, puedan influir en el 
plano estrictamente jurídico de la mayor o menor agravación de la responsabilidad de los 
encausados por razón del nivel o alcance del control o dominio de los hechos políticos 
que puedan ejercer, o que de hecho ya hubieran ejercido; pero esto se mantiene, se 
sigue manteniendo siempre dentro, y solo dentro, de la esfera jurídico-penal de su 
consideración como elemento de análisis».
b)  En relación con la vulneración del art. 17 CE, el abogado del Estado considera 
que es un precepto que «está invocado torcidamente en la demanda de amparo», 
porque lo que protege es la libertad personal; es decir, que nadie pueda ser detenido o 
encarcelado  sino  en  virtud  de  una  razón  prevista  por  la  ley,  y  solo  mediante  una 
resolución de un órgano judicial. Tras hacer mención de la jurisprudencia constitucional 
sobre la legitimidad constitucional de la prisión provisional (ATC de 23 de marzo de 2018 
y SSTC 140/1986, de 11 de noviembre; 207/2000, de 24 de julio, y 29/2001, de 29 de 
enero), considera que las previsiones legales se han cumplido, y ello desde el análisis 
externo que la estricta valoración constitucional exige: «la medida de prisión provisional 
se ha acordado en el seno de un proceso judicial por razón de la apreciación de indicios 
claros  de  la  comisión  de  unos  delitos  graves  o  muy  graves  (rebelión,  eventual 
malversación asociada) que llevan aparejada la pérdida de libertad, y adoptada por 
decisión del órgano jurisdiccional competente para ello». Después de hacer referencia al 
contenido del auto de 23 de marzo de 2018, estima que la decisión se adoptó «sobre la 
base de las apreciaciones, de hecho y de derecho, del órgano instructor competente, de 
acuerdo con lo previsto en la ley» y «de conformidad, por lo tanto, con el ordenamiento 
dictado en desarrollo de la Constitución y de los derechos en ella contemplados; no al 
margen de esta», sin que quepa realizar un análisis sobre el acierto de la decisión del  s
órgano judicial por constituir un aspecto de legalidad penal o procesal ordinaria y no de  oe.
legalidad  constitucional,  debiendo  limitarse  a  comprobar  si  el  órgano  jurisdiccional  w.
ordinario  ha  respetado  la  garantía  mínima  de  seguridad  y  actuación  procesal  que  22ww
psurosvtaenetniv alass p elenyaeless  acpulaicnadbole dse  elan  claal ifmicaacteiórina  dper olocse dsaell iteons  sees ttrea tcea.so, o eventualmente
fundPaamrae netal la ab olag alibdeor tdaedl  pEesrtsaodnoa,l ,e pnu eesl  p«rsees ternatteó  dcea slao  andoo pseci óhna ldlae  uanfeac tmadeod ideal  dcaeureteclhaor   BOE-A-cable e
fundada explícitamente por el órgano instructor en los indicios racionales de criminalidad 
existentes y expuestos, a la vista de los peligros, bien y ampliamente fundados, de 
reiteración delictiva y de riesgo de fuga que asimismo el instructor sin duda expone, y 
adoptada la misma previa la audiencia prevista en el art. 505 LECrim». Así pues, 
entiende que «[n]o existiendo, por lo tanto, sustrato jurídico constitucional sobre el que 
pueda  versar  la  controversia  ahora  suscitada  por  los  demandantes»,  debería 
desestimarse la pretensión en cuanto a la posible vulneración del art. 17 CE.
c)  Tampoco  se  aprecia  por  el  abogado  del  Estado  infracción  del  art.  23  CE. 
Comienza  su  argumentación  haciendo  alusión  a  una  serie  de  consideraciones 
interpretativas que se hacen en la demanda de amparo acerca de las supuestas o 
implícitas intenciones del órgano jurisdiccional instructor de la causa, que estima «son 
meras conjeturas» «gratuitas», que en modo alguno están «mínimamente confrontadas, 
sino que además no se deducen a priori en modo alguno de la realidad objetiva, ni como 
teóricas hipótesis». Por el contrario, entiende que «esa realidad se halla constituida 
únicamente por una actuación judicial en fase de instrucción penal, en relación con unos 
indicios  claros  de  comisión  de  unos  delitos  muy  graves  y  que  se  reflejan  en  las 
actuaciones  o  trámites  anteriores  a  la  emisión  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas».
Tras ello, reproduce el texto del citado precepto constitucional y resalta la expresión 
«con los requisitos que señalen las leyes» previsto en él. Advierte que es cierto «que en 
principio esa remisión a los que establezcan las leyes, se refiere prima facie a las leyes 
que regulan el acceso a los cargos públicos, a la regulación de los procedimientos 
electorales y de nombramiento, en tanto que derecho a hacerse efectivo por los cauces 
legalmente previstos. Ahora bien, asimismo cabe entender extensible la expresión a la 
sujeción al ordenamiento en su conjunto, en la medida en que no resulta haber en su 
orden, unas normas de rango formal de ley más vinculantes que otras; asimismo las 
leyes que se regulan las responsabilidades penales y las que disciplinan su averiguación 
y enjuiciamiento, como pilares, por decirlo así, del Estado de Derecho». No comparte, 
por ello, que los demandantes lo presenten implícitamente como si se tratase de un 
derecho absoluto que hubiera de prevalecer sobre cualquier ley, incluso sobre una ley 
adecuada a la Constitución en sus prescripciones, y que «resultara eficaz sin importar la 
presunta comisión de delitos», esto es, como «una suerte de derecho remisor o con 
poder de indulto proveedor de inmunidad». De ahí que entienda que «deba rechazarse la 
alegación de los recurrentes en cuanto a que la aplicación y efectividad de la medida 
cautelar  de  prisión  les  está  impidiendo  acceder  —ilícitamente,  entiéndase—  y 
desempeñar  el  cargo  de  consejeros  de  la  Generalitat,  o  el  de  parlamentarios 
autonómicos, e incluso, respecto de uno de ellos, de acceder al cargo de presidente de 
la misma caso de ser investido en la segunda votación de la sesión de investidura que 
estaba prevista». A su juicio, «no puede invocarse el derecho a la participación política o 
al acceso o desempeño de un cargo público, preponderando este incluso sobre la 
presunta  conducta  punible  del  sujeto,  con  el  hipotético  efecto  de  anular  así  las 
previsiones legales contenidas en la Ley de enjuiciamiento criminal (por lo que nos 
concierne ahora, en los arts. 502 y siguientes), reguladoras de la institución de la prisión 
provisional como medida cautelar susceptible de adopción cuando así lo aprecia el juez 
instructor». Para el abogado del Estado, «[l]a Constitución no contempla el derecho 
reconocido en el art. 23 como preponderante en todo caso sobre el art. 25», considera 
«que el límite o contrapeso del derecho se encuentra apuntado en el mismo texto 
constitucional, y no ya solo en la remisión que a las leyes en general efectúa el mismo  s
art.  23.2  CE,  sino  también  en  el  citado  precepto  constitucional  específico  que  por  oe.
excelencia establece el principio de legalidad al que ha de ajustarse el ejercicio del ius  w.
puniendi del Estado; esto es, en el art. 25 CE, al establecer este que nadie podrá ser  22ww
ccoonnsdteitnuaydaon  od eslaitnoc, ifoanltaad oo  pinofrra accccióionn easd mu inoimstirsaiotinvae,s  sqeugeú ne nla e ll emgiosmlaecniótno  dvieg epnroted uecnir saeq uneol 
rmieosmgoe ndteo »r.e iYte rqauceió n« edl eTlircibtivuan asle S puopterenmcioa rcíao nccolnu yceu aolq huaiecre a scutuyaac ilóan t eqsuietu fraav oerne claie csuea ql ueel   BOE-A-cable e
los  procesados  finalmente  asuman  o  continúen  con  el  desempeño  de  sus  cargos 
públicos autonómicos. Dicho de otro modo, que ese peligro se materializaría o que en 
definitiva se hubiese materializado —a criterio del órgano instructor […] y de la Sala que 
confirma la decisión— si se decretara o se hubiera decretado en su momento la libertad 
bajo fianza de los encausados».
Respecto del derecho de sufragio pasivo, el abogado del Estado estima que «no se 
ha vulnerado en ningún caso, en la medida en que también cabe recordar que ambos 
recurrentes son diputados electos, que pudieron concurrir libremente a unas elecciones, 
pese a que en el momento de celebrarse ya estaban siendo investigados por los delitos 
que determinaron su prisión provisional». Recuerda, en este sentido, que «el Tribunal 
Constitucional, al evaluar precisamente el alcance de los derechos políticos reconocidos 
en el artículo 23.2 CE en su STC 71/1994, de 3 de marzo (con cita de la STC 25/1981), 
precisaba: ‘Esta limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia, 
solo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando 
determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto 
derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el 
ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático’». Y 
añade que, en parecidos términos, se ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, exigiendo que en la limitación de derechos subjetivos exista una adecuada 
correspondencia con los bienes jurídicos que tratan de protegerse (sentencia de la Gran 
Sala de 6 de octubre de 2015 en el asunto Thierry Delvigne vs Francia).
Considera, en suma, «que la imposibilidad de desempeñar el cargo o de acudir al 
Parlamento, o en definitiva de desempeñar el cargo de consejero de la Generalitat de 
Cataluña, o de miembro del mismo parlamento autonómico, resulta ciertamente una 
consecuencia evidente —al tiempo que una restricción legítima— de la adopción de la 
medida de prisión acordada», cuando además, esta fue tomada por el órgano judicial 
instructor competente sobre la base de los presupuestos o requisitos fácticos que él 
mismo aprecia para la adopción de dicha medida cautelar de prisión con arreglo a lo 
establecido en la Ley de enjuiciamiento criminal.
13.  Con fecha 30 de julio de 2018, la procuradora de los tribunales doña María del 
Pilar  Hidalgo  López,  en  nombre  del  partido  político  VOX,  presentó  alegaciones 
solicitando se «dicte sentencia inadmitiendo o subsidiariamente, denegando el amparo».
a)  Se alegan dos óbices procesales. En primer lugar, se considera infringido el 
art. 44 1 LOTC, letra c) como requisito de admisibilidad del recurso de amparo, por 
cuanto se considera que las violaciones denunciadas ante este Tribunal no lo fueron 
formalmente en el proceso tan pronto como, una vez conocidas, hubo lugar para ello, 
pues  en  modo  alguno  se  alega  y  menos  aún  se  acredita  haberlo  hecho  en  la 
comparecencia del art. 505 LECrim, de modo que la denuncia fue extemporánea, no 
concurriendo este elemento inexcusable del amparo.
En segundo lugar, la representación del partido político VOX estima que, aunque con 
gran habilidad los demandantes de amparo dedican tres páginas de su demanda a 
justificar la trascendencia constitucional del recurso de amparo, su lectura acredita que 
«se trata de una alegación estereotipada y, si se nos permite la expresión, fraudulenta o 
engañosa pues en realidad no se acomoda la pretensión formulada a ninguno de los 
elementos caracterizados por la propia doctrina del Tribunal al que nos dirigimos». 
Entiende que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actores no 
tienen sino dos objetivos: «alargar la pendencia de la impugnación con fines meramente  e
propagandísticos o políticos, extramuros de todo interés procesal» y «[e]n último término,  bo
impetrar del Tribunal Constitucional una no admisible tercera instancia, falseando el  22ww
ys enretipdroo dduec liar  laablgour ndoesl  meáxxtriamcoto isn tédrep rejuter isdper ulad Cenocnisat itcuocniósnti»tu. cDioensaplu éesn d ere hlaaccieórn m  ceonnc ióenl 
qcuume pnliinmgiuennato d dee lla rse qduoiss ictou edseti olan eess pqeuceia sl etr sausscceintadne necni ala c doenmstiatuncdiao ndael ,a lam ppaarrote « croenúsnied elaras 
exigencias de la doctrina del Tribunal Constitucional». En relación a la comparecencia
del art. 505 LECrim, «porque es cuestión pacífica la competencia del juez instructor para 
su convocatoria», y respecto de la vulneración de derechos políticos por el auto de 
prisión porque lo que en realidad plantea el recurso es que se actúe «como una tercera 
instancia solicitando del Tribunal una nueva valoración (tercera) de la concurrencia de las 
circunstancias  determinantes  de  la  prisión»,  lo  que  carece  de  trascendencia 
constitucional  al  existir  una  posición  igualmente  pacífica  respecto  del  carácter  de 
derecho de configuración legal del art. 23 CE.
b)  En relación con las vulneraciones denunciadas en la demanda de amparo, el 
partido político VOX estima que los autos impugnados en amparo «son escrupulosos con 
los requisitos legalmente exigidos» y no vulneran el derecho a la libertad personal ni el 
derecho  a  acceder  a  cargos  y  funciones  públicas.  Considera  que  «[v]a  de  suyo, 
obviamente, que sí se restringe el derecho a la libertad personal, pero ello es ínsito a la 
medida adoptada, y plenamente conforme a Derecho, si concurren las exigencias» que 
menciona. En este sentido, el partido político realiza un breve recordatorio sobre la 
naturaleza, requisitos y fines de la medida cautelar impuesta (procesales, objetivos, 
subjetivos, teleológicos, temporales, formales y de contenido). Requisitos y fines que se 
entienden cumplidos en este caso. Por ello estima que el estudio de la pretensión de 
amparo, una vez enmarcado en los términos expuestos, debe partir de una reiterada y 
consolidada  jurisprudencia  de  este  Tribunal  Constitucional  sobre  la  necesidad  de 
fundamentar las resoluciones limitativas de derechos fundamentales, exigiéndose un 
razonamiento  por  el  órgano  judicial  que  justifique  los  motivos  que  la  legitiman 
constitucionalmente,  sin  que  quepa  solicitar  en  sede  de  amparo,  como  hacen  los 
demandantes, una tercera valoración de las pruebas. Por el contrario, debe limitarse el 
objeto de cognición al hecho de haber existido o no una vulneración de derechos 
fundamentales.
En las alegaciones se hace referencia a la doctrina constitucional respecto de la 
exigencia de motivación de las medidas cautelares judiciales limitativas del derecho a la 
libertad a adoptar en el marco de un proceso penal, con cita de algunas sentencias, y se 
concluye  que  los  autos  impugnados  realizan  un  juicio  de  ponderación  de  las 
circunstancias  concurrentes  en  el  caso,  que  en  modo  alguno  puede  tacharse  de 
insuficientemente motivado, irrazonable o arbitrario, de modo que el mantenimiento de la 
medida de prisión provisional se ha acordado de manera fundada, razonada, completa y 
acorde con los fines de la referida institución. Añade la parte que los autos impugnados 
«[n]o se fundamentan como único criterio para el mantenimiento de la medida de prisión 
provisional en la gravedad del delito imputado al recurrente y de la pena prevista para el 
mismo (existiendo suficientes indicios de la participación de los demandantes), sino que 
tienen en cuenta asimismo la suma complejidad de la causa, y el concreto riesgo de fuga 
para eludir la acción de la justicia».
c)  Sobre  la  ponderación  de  los  derechos  en  juego  realizada  por  el  Tribunal 
Supremo, el partido político VOX considera, en contra del «artificio argumental de la 
demanda de amparo», que no se vulneran derechos políticos (art. 23 CE) cuando se 
restringen y limitan con arreglo a la ley, y trae a colación la doctrina constitucional que 
entiende  el  derecho  fundamental  recogido  en  el  art.  23  CE  como  un  derecho  de 
configuración  legal.  Señala  que  «no  existe  un  derecho  ilimitado  y  no  restringido  a 
comparecer a unas elecciones o a ser elegido, o a ejercer el cargo», que junto «a las 
limitaciones ya previstas en la propia LOREG, hallamos las propias de la LECrim o del 
Código Penal», y que «[l]a democracia no radica en el ejercicio del derecho al voto». A 
su juicio, «[l]a democracia parlamentaria se sustenta en el ejercicio de derechos políticos  s
con arreglo a la ley, pues es un derecho y una obligación de los españoles y de sus  oe.
instituciones  representativas  garantizar  la  probidad  personal  y  profesional  de  sus  w.
representantes, y sobre todo garantizar que sus representantes no van a utilizar de modo  22ww
deesp luar ipor olapsia i ncsotmituucnioidnaeds  nya lcoiso nraels, osrotebsr ed elal  Pquoed esre e fnu npdearjmuiecniota d lea  pCrionncsiptiitousc ivóenr t(eabrtr.a 2d oCreEs) 
yju rliosps ruddeerneccihao cso ndset itluocsi oensapl,a «ñqoulees l a( alirmt. ita1c0i óCn Ed)e» .l oAs ddveierertceh,o sh apcoielítnicdoos  rdeefe urenn icnidai vaid uloa   BOE-A-cable e
resulta adecuada cuando responda a otras finalidades constitucionalmente legítimas y 
más  necesitadas  de  protección,  siendo  válido  y  conforme  al  orden  constitucional 
establecer límites a su ejercicio». En parecidos términos, señala, se ha expresado el 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  exigiendo  que  la  limitación  de  derechos 
subjetivos ofrezca una adecuada correspondencia con los bienes jurídicos que tratan de 
protegerse, en la sentencia de la Gran Sala de 6 de octubre de 2015, en el asunto 
Thierry Delvigne vs Francia.
La parte sostiene, por un lado, «que los derechos políticos de los recurrentes no 
tienen  carácter  absoluto  y  no  hacen  desaparecer  sus  posibles  responsabilidades 
penales, que tendrán que afrontar de la misma forma que cualquier otro ciudadano, sin 
que las peculiaridades de su estatuto como parlamentarios puedan entenderse como 
privilegios personales». Y, de otro, «que se han respetado los derechos políticos que son 
compatibles con la medida de prisión provisional, quedando restringidos temporalmente 
los que no lo son. Consideraciones que resultan de aplicación a todos los recurrentes». 
En este sentido, recuerda, que «el artículo 25 del Pacto Internacional de derechos civiles 
y políticos, al referirse a los derechos políticos, establece que todos los ciudadanos 
gozarán de los mismos ‘sin restricciones indebidas’, lo que conduce la cuestión, no a la 
imposibilidad de restricciones, sino a la necesidad de ponderar la concurrencia de estos 
derechos con otros derechos o intereses concurrentes, con la finalidad de establecer, en 
cada caso, si son o no ‘indebidas’».
Finalmente, el partido político VOX entiende que debe partirse de que «no se imputa 
a  cada  uno  de  los  recurrentes  la  ejecución  de  conductas  aisladas  que  deban  ser 
valoradas de forma independiente respecto de otras, sino la participación en un plan 
ejecutado de forma conjunta», que «los recurrentes se comprometían, desatendiendo 
frontalmente cualquier actuación del Estado español, a llevar a cabo toda una serie de 
actuaciones encaminadas a realizar finalmente un referéndum de autodeterminación, 
como paso previo y necesario para, en caso de resultado favorable, proceder a la 
declaración unilateral de independencia de Cataluña»; que «contaban para ello con 
organizaciones  sociales  y  con  el  apoyo  de  movilizaciones  populares»,  y  que  «[l]a 
determinación que expresaron los recurrentes de amparo, junto al resto de investigados, 
de que volverían a la ejecución de su plan ilegal tan pronto como recuperaran el control 
de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña […] muestran que un 
eventual retorno de los procesados a la actividad directiva no solo no desvanece o mitiga 
el riesgo de reiteración delictiva que trata de conjurarse, sino que lo potencia».
d)  En relación con la alegada vulneración del derecho al juez imparcial, por haber 
convocado de oficio, el magistrado instructor, la comparecencia relativa a la prisión 
provisional tras el procesamiento, la parte entiende que: (i) «[e]n el sistema actual de la 
Ley procesal, aunque se ha potenciado la intervención del ministerio fiscal, y se ha dado 
entrada a aspectos propios de un proceso contradictorio, la responsabilidad directa sobre 
la fase de instrucción sigue correspondiendo al juez instructor de la causa»; (ii) «la 
situación personal de los investigados o procesados puede ser modificada durante la 
instrucción,  si  se  aprecian  razones  para  ello»,  (iii)  que  «las  partes  no  están 
condicionadas por la convocatoria, ni por el criterio del instructor, sino que pueden 
exponer su opinión y sus pretensiones con total libertad» y, en este sentido, advierte que 
el partido político VOX siempre ha solicitado la prisión de los hoy demandantes de 
amparo y el resto de los procesados, y la decisión del magistrado instructor ha variado 
en  cada  una  de  las  ocasiones,  y  (iv)  que  «desde  la  perspectiva  constitucional  lo 
relevante es que la decisión no se produzca por hecho o consecuencias jurídicas que de  s
facto  no  pudieran  ser  debatidas  plenamente».  Considera,  por  ello,  con  cita  de  las  oe.
sentencias del Tribunal Constitucional y de los apartados tercero y cuarto del art. 505,  w.
que, en modo alguno «se ha producido la indefensión requerida desde el punto de vista  22ww
cfuonndsatimtuecniotnaa lla,  ymae dqiudea  ecanu nteinlagrú, ns ec absaos as ee nh alo sp rmodisumcoidso  huencah oms uqtaucei ófnu edroenl  toítbujleot oq duee 
scoolnicvietundie ndteem  epnrties ióenn  tpordoov imsioonmael ntyo , ydae  quloes  noq ueex isetel  vruelcnuerrraecnióten  cpoundsoti tudcieofneanld esir seel   BOE-A-cable e
juez o tribunal valora los hechos y los aprecia de modo distinto, siempre que no se 
introduzcan elementos o datos nuevos respecto de los que las partes no hayan tenido 
oportunidad de contradicción».
e)  Finalmente, por otrosí digo, el partido político VOX interesa, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 52.2 LOTC, «la celebración de vista al resultar de especial 
relevancia la decisión sobre el amparo solicitado por el demandante, no solo respecto a 
su situación personal y respecto a los derechos y libertades fundamentales que le 
asisten, sino también al afectar a la causa penal que actualmente se viene tramitando en 
su  fase  de  sumario  ante  el  Tribunal  Supremo  como  causa  especial,  recurso 
núm. 003-0020907-2017».
14.  Por escrito registrado ante este Tribunal el 31 de julio de 2018, la procuradora 
de los tribunales doña Celia López Ariza, en representación de don Oriol Junqueras i 
Vies y don Raül Romeva i Rueda, presentó alegaciones y solicitó el otorgamiento del 
amparo y la nulidad de los autos impugnados.
a)  La parte comienza el escrito adhiriéndose íntegramente al recurso de amparo 
promovido por la representación de don Jordi Turull i Negre y de don Josep Rull i 
Andreu. Señala que el recurso promovido se encuentra íntimamente ligado a los motivos 
planteados por la parte en los recursos de amparo presentados en representación de 
don Oriol Junqueras i Vies y de don Raül Romeva i Rueda, actualmente en trámite ante 
este Tribunal (recursos de amparo 814-2018 y 3736-2018, respectivamente). Considera 
que, como ya pusiera de manifiesto con anterioridad, las medidas cautelares personales 
adoptadas en la causa de procedencia suponen una grave vulneración de los derechos 
fundamentales a la libertad, a la libertad ideológica, al juez ordinario predeterminado por 
la ley, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la 
participación y representación políticas, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y a 
un proceso con todas las garantías, reconocidos en los arts. 16, 17, 23, 24 y 25 CE.
b)  En relación con la resolución recurrida estima que esta «no efectúa en modo 
alguno un juicio de ponderación o de proporcionalidad en el establecimiento de la 
medida cautelar de prisión provisional que otorgue vigencia al derecho a la libertad (17 
CE) ni a los demás derechos inherentes a la personalidad como es el derecho a la vida 
familiar». Tampoco «individualiza ni concreta el supuesto riesgo de reiteración delictiva, 
que no se basa en razones objetivas y que además se contradice de plano con la 
resolución previa por la cual se había acordado ya dejar en libertad a los señores Josep 
Rull Andreu, Jordi Turull Negre, Raül Romeva Rueda y a las señoras Carme Forcadell 
Lluís y Dolors Bassa Coll». Y añade que «[n]inguno de los investigados que fueron 
puestos en libertad provisional dio muestra alguna de reiteración delictiva, deviniendo 
pues la decisión adoptada por auto de 17 de mayo de 2018 totalmente injustificada».
Asimismo, la parte entiende que «los elementos en base a los cuales se considera 
que  existe  riesgo  de  fuga  son  preexistentes  al  auto  que  acordó  la  libertad  de  las 
personas investigadas indicadas» y que los mismos «fueron valorados ya en el sentido 
que no concurre tal riesgo en aquellos que siempre se han presentado cuando han sido 
llamados por el Tribunal». A su juicio, «resulta una irregularidad manifiesta» que en el 
propio  auto  de  procesamiento  de  21  de  marzo  el  magistrado  instructor  efectúe  un 
análisis de la existencia de riesgo de fuga para plantear de oficio la vista de modificación 
de  medidas  cautelares  del  artículo  505  LECrim,  que  no  fue  solicitada  por  ninguna 
acusación. Iniciativa del instructor a la que «se añaden constantes menciones con una 
marcada  carga  política,  llegando  a  relacionar  el  supuesto  de  riesgo  de  reiteración  e
delictiva con las ‘aspiraciones independentistas’ que han pretendido satisfacer», que  bo
ponen en entredicho la imparcialidad del magistrado instructor y de los miembros de la  22ww
salac d) e aRpeeslpaeccióton .de la ponderación de los derechos de participación y representación
peofelíctitcuaa dyo d ye  dliibcehrotasd d iedreeoclhóogsic a«,h laan p saidrtoe  saefivrmeraa mqueen tlea sc oreasrtoaludcoiso»n.e Es srteimcuar rqiduaes  «n[oa ]ulan hqaune 
el Tribunal sostiene que todas las opciones políticas son legítimas siempre que se
respeten  los  principios  democráticos  y  los  derechos  fundamentales,  la  negativa  a 
conceder permisos para ir a las sesiones del Parlamento de Catalunya por un lado y la 
‘incapacitación legal’ dictada respecto a algunos investigados por otro ha puesto en 
evidencia como el objetivo era y así se ha materializado, suspender a los investigados 
para el ejercicio de sus cargos, objetivo que se ha conseguido», y por ello «la adopción 
de la medida cautelar de prisión provisional no respeta el derecho a la participación y 
representación  política  ni  el  derecho  a  la  libertad  ideológica  de  las  personas 
investigadas».
15.  No presentó alegaciones el procurador de los tribunales don Emilio Martínez 
Benítez en nombre y representación de doña Carme Forcadell i Lluis.
16.  Mediante escritos registrados en este Tribunal en fechas 16 de octubre y 14 de 
noviembre de 2018, 9 de enero, 6 de septiembre y 4 de noviembre de 2019 y 11 de 
febrero de 2020, se solicitó por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo 
Huidobro que se diese el máximo impulso procesal a la resolución del recurso de 
amparo.
Por diligencias de ordenación de la secretaria de justicia del Pleno, de 17 de octubre 
y 15 de noviembre de 2018, 10 de enero, 6 de septiembre y 6 de noviembre de 2019 
y 12 de febrero de 2020 se acordó unir los anteriores escritos a las actuaciones y dar 
cuenta de los mismos.
17.  Mediante providencia de 25 de febrero de 2020 se señaló este mismo día para 
deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El presente proceso de amparo tiene por objeto la impugnación por violación de los 
derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17 CE), al ejercicio de cargo público 
representativo (art. 23 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de las 
siguientes resoluciones judiciales (art. 44 LOTC):
(i)  El auto de 23 de marzo de 2018, dictado por el magistrado instructor designado 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017. Esta 
resolución dispone la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los demandantes de 
amparo por hechos que estima como presuntamente constitutivos de los delitos de 
rebelión y malversación de caudales públicos, apreciando la concurrencia de riesgo de 
fuga  y  de  peligro  de  reiteración  de  comportamientos  delictivos  análogos  a  los 
investigados. En el seno del mismo procedimiento y, como ha quedado consignado en 
los antecedentes, los demandantes se habían encontrado ya en situación de prisión 
provisional entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017, fecha a partir de la cual 
se  hallaban  en  libertad  provisional,  garantizada  mediante  la  prestación  de  fianza 
(100.000 €), la obligación de comparecer periódicamente y la retirada de su pasaporte.
(ii)  El auto de 17 de mayo de 2018, dictado por la sala de recursos constituida en el 
ámbito  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo,  que  desestima  íntegramente  el 
recurso de apelación presentado por varios procesados, entre ellos los ahora actores, 
contra  la  privación  cautelar  de  libertad  previamente  acordada  por  el  magistrado 
instructor. e
Los demandantes de amparo alegan que se ha vulnerado su derecho a la libertad  bo
personal (art. 17 CE). Consideran que la medida de prisión provisional fue acordada con  22ww
lean f ipnaarlitdicaudla er,x cclouns iveal  pdreo pliómsiittaor  deel  eejevritcaicr ioq udee  usnuo d deere clohso  daol sc acrogdoe pmúabnlidcaon (taerst,.  2d3o.n2  JCoErd),i 
Tcuuarulqllu iie Nr ceagsreo,,  cpound ilear ain tseenrc iiónnv edseti daon tipcripeasird lean steu sdpee nlsai óGn edneel reajleitracti cdioe  dCea ctaalrugñoa p, úyb, liecon 
prevista en el art. 384 bis LECrim para los procesados por delito de rebelión que se
hallan  en  situación  de  prisión  provisional.  Estiman  igualmente  los  actores  que  no 
concurren  realmente  los  fines  formalmente  indicados  en  las  resoluciones  judiciales 
recurridas como justificativos de la medida cautelar privativa de libertad. Consideran, en 
particular, que no puede haber riesgo de fuga cuando los demandantes mantienen el 
mismo arraigo y han comparecido previamente a todos los llamamientos realizados en el 
seno del proceso y que dicho riesgo no puede deducirse del comportamiento de otros 
individuos investigados que sí se han sustraído a la acción de la justicia. Estiman, 
asimismo, que las consideraciones que se efectúan sobre la existencia de un riesgo de 
reiteración delictiva son contradictorias con las ya realizadas por el instructor en el previo 
auto de 4 de diciembre de 2017, en el que dicho riesgo fue expresamente descartado. 
Sostienen,  igualmente,  que  el  incidente  cautelar  de  prisión  no  respetó  las  debidas 
garantías de imparcialidad judicial (art. 24.2 CE), pues la comparecencia fue convocada 
de  oficio  por  el  magistrado  instructor,  actuación  no  rogada  que  ya  exteriorizaba  la 
voluntad del órgano judicial de agravar las medidas cautelares en vigor.
El fiscal ha interesado la desestimación de la demanda de amparo por las razones 
que han sido consignadas en los antecedentes de esta resolución. También el abogado 
del  Estado  ha  interesado  la  desestimación,  con  los  argumentos  que  han  sido 
referenciados,  el  partido  político  VOX  interesa  la  inadmisión  de  la  demanda,  pues 
considera que no se han denunciado temporáneamente en la vía judicial previa las 
vulneraciones de derechos fundamentales que se articulan como motivos de amparo y 
estima que la demanda no ha justificado adecuadamente la especial trascendencia 
constitucional.  Solicita,  subsidiariamente,  la  desestimación  del  recurso  con  los 
argumentos que han sido consignados en los antecedentes. Han formulado alegaciones 
don Oriol Junqueras i Vies y don Raül Romeva i Rueda, con el contenido que ha 
quedado  reseñado  en  los  antecedentes,  interesando  la  estimación  del  recurso  de 
amparo.  Doña  Carme  Forcadell  i  Lluis  ha  comparecido  pero  no  ha  formulado 
alegaciones.
Por otra parte, la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de 
octubre de 2019, dictada en la citada causa especial núm. 20907-2017, ha dejado sin 
efecto la situación de prisión provisional que se cuestiona en el presente recurso de 
amparo,  lo  que,  sin  embargo,  como  ya  hemos  tenido  ocasión  de  declarar  en  la 
STC 155/2019, de 28 de noviembre (FJ 1), no provoca la extinción del mismo por 
pérdida sobrevenida de su objeto. De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, la razón 
está en que la citada sentencia no ha supuesto la reparación por el propio órgano judicial 
de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados en amparo. Nuestro 
enjuiciamiento se concreta al momento temporal de la formulación de la demanda de 
amparo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en esa ocasión, a efectos de 
dilucidar  si  existió  vulneración  de  tales  derechos  fundamentales  (por  todas, 
STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
2.  Requisitos de admisibilidad.
Hemos de ocuparnos, en primer lugar, de los dos óbices de admisibilidad que han 
sido  planteados  por  la  representación  procesal  del  partido  político  VOX.  Como  ha 
reiterado este Tribunal, la apreciación de una causa de inadmisibilidad «no resulta 
impedida  por  el  momento  procesal  en  el  que  nos  encontramos,  pues  es  doctrina 
reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado 
el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente 
admitida  a  trámite»,  lo  que  determina  que  «la  comprobación  de  los  presupuestos  e
procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en  bo
la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar,  en  su  caso,  a  un  22ww
pSrSoTnCun 7c/ia2m00ie7n, tdoe  1d5e  dein eandemrois,i óFnJ  2p; o2r8 /2fa0l1ta1 , ddee  14t adlees m  aprrzeos,u FpJu e3s;t o2s9»/2 0(1p1o dr e t1o4d adse, 
marzo, FJ 3, y 101/2018, de 1 de octubre, FJ 3).
(i)  Plantea,  en  primer  lugar,  la  formación  política  VOX  que  la  vulneración  del 
derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE) no fue denunciada temporáneamente por 
los demandantes de amparo, ya que, aunque estos invocaron la lesión de su derecho en 
el trámite de apelación, no la pusieron de manifiesto en la propia audiencia del art. 505 
LECrim. Señala, concretamente, esta parte procesal que «en modo alguno se alega y 
menos  aún  se  acredita  haber  denunciado  la  vulneración  de  derechos  en  la 
comparecencia del art. 505 LECrim, de modo que la denuncia fue extemporánea, no 
concurriendo este elemento inexcusable del amparo».
Esta alegación no puede prosperar. Es evidente que el art. 44.1 c) LOTC impone un 
deber  de  diligencia  a  las  partes,  exigiendo  que  estas  denuncien  en  el  proceso  la 
vulneración de sus derechos fundamentales tan pronto como se produzca. No obstante, 
es igualmente claro que dicho precepto no lleva tal exigencia hasta el extremo de 
requerir la invocación preventiva de la lesión del derecho fundamental cuando esta es 
todavía meramente eventual o hipotética. En un caso como el que nos ocupa, solo el 
auto de prisión materializa el menoscabo del derecho fundamental en juego (art. 17 CE) 
consumando el gravamen en la esfera de libertad del recurrente, siendo indudable que 
en el trámite de apelación se planteó la lesión del derecho a la libertad y que el auto 
dictado por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 17 de 
mayo de 2018 le dio la correspondiente respuesta, entrando en el fondo de la queja.
El óbice de admisibilidad ha de ser, por tanto, desestimado.
(ii)  Denuncia, asimismo, la representación procesal de VOX la «inexistencia de 
trascendencia constitucional». Afirma, en particular, que aunque los demandantes «[c]on 
gran habilidad […] dedican tres páginas de su demanda a justificar la trascendencia 
constitucional del recurso de amparo», estamos ante «una alegación estereotipada y, si 
se  nos  permite  la  expresión,  fraudulenta  o  engañosa  [...]»,  pues  la  lectura  de  las 
argumentaciones utilizadas por los actores revelaría que estos «no tienen sino dos 
objetivos»: de un lado «alargar la pendencia de la impugnación con fines meramente 
propagandísticos o políticos, extramuros de todo interés procesal» y, de otro, «impetrar 
del Tribunal Constitucional una no admisible tercera instancia, falseando el sentido de la 
labor del máximo intérprete de la Constitución». Se pone de manifiesto, con ello, que lo 
que realmente plantea la entidad comparecida es el incumplimiento de la carga procesal 
de justificar debidamente la especial trascendencia constitucional del recurso con arreglo 
a lo previsto en el art. 49.1 in fine LOTC.
Ha señalado este Tribunal que el requisito del cumplimiento de esta carga procesal 
no se satisface con una «simple o abstracta mención» de la especial trascendencia 
constitucional [entre otras muchas, SSTC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 2 b); 2/2013, 
de 14 de enero, FJ 3, y 32/2017, de 27 de febrero, FJ 2], pero también que lo exigido al 
recurrente no es el acierto en su formulación, sino un esfuerzo argumental tendente a 
disociar los argumentos dirigidos a evidenciar la existencia de la lesión del derecho 
fundamental de los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso 
presenta especial trascendencia constitucional (SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 2; 
23/2015, de 16 de febrero, FJ 2, y 32/2017, de 27 de febrero).
De acuerdo con esta doctrina, el segundo óbice ha de ser igualmente desestimado. 
La parte que lo plantea se limita a presumir que los recurrentes tienen intenciones 
fraudulentas  (concretamente,  dilatorias)  cuando  alegan  acerca  de  la  trascendencia 
constitucional  del  recurso,  juicio  de  intenciones  que  carece  manifiestamente  de 
contenido, especialmente cuando se dirige frente a quienes, con mayor o menor acierto 
en sus alegaciones, tratan de articular una vía de defensa plausible contra una situación  s
actual  de  privación  cautelar  de  libertad.  Es  claro,  en  cualquier  caso,  como  se  ha  oe.
explicado en los antecedentes, que la demanda contiene un apartado relativo a la  w.
especial trascendencia constitucional que alude expresamente a dos cuestiones que  22ww
mesetádnid ad ireccatuatmeleanr ted ceo npcreisrnióidna sp reonv iesli opnraels ecnutea nredcou resost ád e eanm ptarárom: it(ei)  la« uand opdceibóant ed e dlae 
irnevperestsideunrtaat»iv, o c(aornt . 2la3 .2c ConEs)i;g (uiii)e lnat ec oninvtoecrfaetroerniac ieaf ecetnu adeal  deej eorfcicicioio  podre p acrtaer gdoe l jpuúebzl idcoe   BOE-A-cable e
instrucción de la audiencia necesaria para acordar la medida cautelar de prisión y su 
influjo en la garantía de imparcialidad judicial. Los recurrentes señalan expresamente 
que  el  recurso  presentado  permite  al  Tribunal  Constitucional  responder  a  estas 
cuestiones jurídicas «de gran interés, que todavía no consta que se le hayan planteado 
en  casos  anteriores»,  cifrando,  así,  la  especial  trascendencia  del  asunto  en  la 
inexistencia de doctrina sobre una nueva faceta de los derechos fundamentales a la 
libertad (art. 17 CE) y a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 
(art. 23 CE). La carga argumental, exigida por el art. 49.1 LOTC, ha de entenderse 
cumplida.
Los dos óbices opuestos han de ser, por tanto, desestimados.
3.  Consideraciones previas.
Antes de entrar en la resolución del fondo del recurso de amparo hemos de realizar 
las siguientes consideraciones:
a)  De acuerdo con la doctrina establecida en las SSTC 29/2019 y 30/2019, de 28 
de febrero, la invocación del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) 
en relación con la falta de imparcialidad objetiva del órgano judicial en la adopción de la 
medida  cautelar  de  prisión  provisional  ha  de  entenderse  subsumida  en  el  ámbito 
específico del derecho fundamental a la libertad (art. 17.2 CE). El art. 17.2 CE incluye las 
garantías de control judicial que directamente afectan al incidente cautelar, entre ellas la 
imparcialidad exigible al órgano judicial desde el punto de vista objetivo, esto es, desde 
la óptica de las funciones que ha de desempeñar. En cambio, como establecimos en la 
STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 16, la vulneración del derecho fundamental a 
participar en los asuntos públicos a través del ejercicio del cargo público representativo 
(art.  23.2  CE)  puede  exigir  un  juicio  de  ponderación  específico  una  vez  que  la 
vulneración general del derecho a la libertad ha sido descartada. Ha de entenderse, 
pues,  que  los  derechos  fundamentales  realmente  concernidos  en  las  quejas 
materialmente planteadas por los recurrentes son, pues, el derecho a la libertad (art. 17 
CE) y el derecho a la participación política (art. 23 CE).
b)  Hemos de dar por reproducida la exposición de la doctrina general de este 
Tribunal sobre el derecho fundamental a la libertad contenida en el fundamento jurídico 3 
de la ya citada STC 29/2019, de 28 de febrero, reiterada más recientemente en la 
STC 155/2019, FJ 11, en lo relativo a los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, 
excepcionalidad, modificabilidad y limitación temporal de la prisión provisional [letra a)], 
al presupuesto de la prisión provisional, que es la existencia de indicios racionales de la 
comisión de un hecho delictivo [letra b)], y, finalmente, a la imprescindible presencia de 
fines constitucionalmente legítimos, como pueden ser los de evitación del riesgo de fuga 
o sustracción de la acción de la administración de justicia, la prevención del riesgo de 
obstrucción  en  la  instrucción  del  proceso  y  la  necesidad  de  conjurar  el  peligro  de 
reiteración  delictiva  [letra  c].  Estos  serán  los  presupuestos  doctrinales  con  los  que 
abordaremos la resolución de las quejas planteadas por los recurrentes que conciernen 
directamente al derecho fundamental a la libertad.
c)  Debemos  reiterar,  asimismo,  el  canon  establecido  en  nuestra  doctrina  para 
revisar la conformidad con el art. 17 CE de la fundamentación de una decisión cautelar 
de prisión provisional. Como hemos señalado, «al Tribunal Constitucional le compete 
‘supervisar la existencia de motivación suficiente —en el doble sentido de resolución 
fundada y razonada, a la que ya nos hemos referido— y su razonabilidad, entendiendo  s
por tal que al adoptar y mantener esta medida se haya ponderado la concurrencia de  oe.
todos los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación o, si se quiere, que  w.
eninsostrtamit usacul ibórsnau zndoceni óalnma,  iepnnroits osió enlaó  gpaircrobovi tirsyai,or inama, lue. ynN  eoel s pcsoeerncriteaidslmop oednnedt eeq,, u ecp ousnee sa,l  oaascl  ofTrindrieebs uc noqanul  elCa soju npssattiiuftiutcacasino  dnealall    2020-4122n https://ww
determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten la adopción o
el mantenimiento de la prisión provisional, sino únicamente el control externo de que esa
adopción o mantenimiento se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y 
acorde con los fines de la institución’ [STC 128/1995, FJ 4 b)]» [STC 29/2019, de 28 de 
febrero, FJ 3 d)].
d)  Resulta necesario anticipar la sistemática con la que se analizarán las quejas 
planteadas  por  los  demandantes  de  amparo.  En  la  demanda  se  denuncian  varias 
vulneraciones  de  índole  sustantiva,  relativas  a  la  motivación  empleada  en  las 
resoluciones judiciales impugnadas para justificar la injerencia en los derechos a la 
libertad (art. 17 CE) y al ejercicio de cargo público representativo (art. 23.2 CE). También 
se plantea una violación del derecho a la libertad de carácter formal o procedimental, 
relativa a las exigencias constitucionales de control judicial de la medida de prisión 
provisional (art. 17.2 CE). De acuerdo con el criterio seguido en los recursos de amparo 
ya resueltos en relación con la causa especial 20907-2017, abordaremos esta pluralidad 
de quejas del siguiente modo: (i) Daremos «preferencia al análisis de las denuncias de 
índole procedimental, sobre las de alcance material porque, habida cuenta del contenido 
de las mismas, si el Tribunal estimase la primera pretensión del actor, quedaría limitado 
el alcance del objeto del pronunciamiento relativo a la motivación suficiente de los autos 
impugnados»  (STC  29/2019,  de  28  de  febrero,  FJ  4);  (ii)  dentro  de  las  quejas 
sustantivas, abordaremos primero la que directamente concierne al derecho a la libertad 
(art.  17  CE)  para  tratar  después,  de  ser  todavía  necesario,  la  que  se  proyecta 
específicamente sobre el derecho de participación política (art. 23.2 CE).
4.  Vulneración  del  derecho  a  la  libertad  (art.  17  CE)  ligada  a  un  defecto  de 
procedimiento: falta de imparcialidad objetiva del órgano judicial.
En lo que se refiere a la posible vulneración del derecho fundamental a la libertad por 
la falta de imparcialidad objetiva del órgano judicial, consideran los recurrentes que 
aunque «la garantía de imparcialidad judicial se presenta algo matizada en el caso del 
juez instructor», desde la reforma operada en la Ley de enjuiciamiento criminal con la 
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, «se impide que tan grave decisión se tome de 
oficio», justificándose dicha reforma en «el principio acusatorio» y en «la limitación de la 
iniciativa judicial». Entienden, en particular, que «es lógico que quien tiene que decidir 
sobre tan gravosa medida actúe sin contaminaciones previas acerca del sentido de su 
decisión  y  siempre  a  petición  de  las  partes  acusadoras».  Consideran  que  estas 
exigencias tienen «una inequívoca dimensión constitucional», que habría sido vulnerada 
«de modo craso», pues el magistrado instructor convocó la comparecencia del art. 505 
LECrim  por  su  propia  iniciativa,  y  «además,  en  la  misma  convocatoria  ya  ‘sugirió’ 
respecto de qué concretos procesados podría solicitarse la prisión, al citar solo a algunos 
de los investigados». Con ello, el instructor «orientó claramente a las acusaciones acerca 
de qué procesados podían ser considerados candidatos a la prisión, abandonando así de 
modo evidente la necesaria imparcialidad que debía presidir su actuación en este ámbito 
en garantía de los derechos de los investigados». Señalan, finalmente, los actores que 
«otro claro indicio» de la pérdida de imparcialidad «es el hecho de que argumentos 
incluidos en el auto de prisión de los señores Rull y Turull ya figurasen en el fundamento 
jurídico  quinto  del  auto  de  procesamiento  notificado  a  los  ahora  demandantes  con 
anterioridad a la vista de prisión».
En relación con esta queja hemos de hacer las siguientes consideraciones:
a)  En la STC 29/2019, de 28 de febrero, se ha establecido la doctrina general sobre 
las exigencias de imparcialidad judicial en el incidente relativo a la medida cautelar de  s
prisión provisional. Señalamos entonces que la garantía de imparcialidad judicial es  oe.
tributaria del más general «principio de adopción judicial de la medida», que, de acuerdo  w.
cao unn laa  ddeotcetrrminian addeal  Tinrisbtuitnuaciló Enu uro ópregoa ndoe  cDoemreoc uhno sp Hroucmedainmoise,n ntoo  dime pclaicraá cttaenrt oju d«iecli aalc»c qeuseo   2020-4122n https://ww
ha de estar a cargo de «una autoridad habilitada por la ley para ejercer funciones 
judiciales». Según indicamos en la referida resolución:
«A pesar de que la Constitución no impone expresamente que esta medida deba ser 
adoptada judicialmente, nuestra doctrina ha establecido que ‘[la] prisión provisional es 
una medida cautelar que solo puede ser acordada por los órganos judiciales […] desde 
la perspectiva de que toda medida restrictiva de derechos fundamentales requiere una 
decisión  judicial  motivada  [por  todas,  STC  147/2000,  de  29  de  mayo,  FJ  4  b)  y 
referencias jurisprudenciales allí contenidas]. En este sentido la exigencia es coherente 
con  lo  previsto  en  el  art.  5  del  Convenio  europeo  de  derechos  humanos  (CEDH), 
precepto que contempla un trámite de control judicial inmediato de la privación cautelar 
de libertad verificada en el seno de un proceso penal, y que es interpretado en el sentido 
siguiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ‘[e]l control judicial constituye 
un elemento esencial de la garantía que ofrece el art. 5.3, que tiene como finalidad 
reducir  en  la  medida  de  lo  posible  el  riesgo  de  arbitrariedad  y  de  asegurar  la 
preeminencia  del  Derecho,  uno  de  los  ‘principios  fundamentales’  de  una  ‘sociedad 
democrática’ (por todas, STEDH de 5 de julio de 2016, asunto Ali Osman Ózmen c. 
Turquía). En las referidas resoluciones hemos partido de la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, según la cual el art. 5.3 CEDH, al prever que ‘toda persona 
detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1 c), del 
presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra 
autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales’, no da derecho al acceso a 
una concreta institución u órgano sino a un procedimiento de carácter judicial (STEDH 
de 26 de mayo de 1993, asunto Brannigan y McBride c. Reino Unido, § 58) que ha de 
estar a cargo de una ‘autoridad habilitada por la ley para ejercer funciones judiciales’» 
[STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 a (ii)].
b)  Constatamos, asimismo, en la citada STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 4, que 
el  art.  5.3  CEDH  tiene  plena  correlación  con  el  art.  17.2  de  nuestra  Constitución, 
precepto cuya virtualidad excede, en consecuencia, de la mera previsión de un plazo 
máximo de duración para la detención policial. En la regulación contenida en el art. 17.2 
CE se encuentra implícita, en realidad, una garantía más amplia: el control judicial de 
toda prisión provisional, en cuanto medida cautelar penal que, dentro de los límites 
máximos fijados por el legislador (art. 17.4 CE), excede virtualmente del plazo y los fines 
perentorios que son propios de una detención puramente gubernativa (STC 21/1997, 
de 10 de febrero, FJ 4). De este modo, la garantía de control judicial de la prisión 
provisional que el art. 17.2 CE establece, y las exigencias procedimentales inherentes a 
la misma, son exigibles siempre, haya o no existido una detención policial previa. Sea a 
través de la orden judicial de comparecer (como ha ocurrido en este caso) o de una 
conducción policial coactiva —esto es, sea a través de la coacción puramente jurídica de 
la citación o de la coerción física inherente a la detención policial—, de lo que se trata es, 
en definitiva, de lograr un mismo fin: la puesta del investigado a disposición de la 
autoridad  judicial  competente  para  que  sea  esta  la  que  adopte,  a  través  del 
«procedimiento judicial» que exige el art. 5.3 CEDH, la decisión pertinente acerca de la 
prisión preventiva.
c)  La STC 29/2019, FJ 4, ha señalado que, tal y como establece el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 5.3 CEDH (STEDH de 4 de 
diciembre de 1979, asunto Schiesser c. Suiza, § 28), la autoridad judicial encargada del 
control de la prisión provisional conforme al art. 17.2 CE puede ejercer funciones que no  e
se identifican estrictamente con las de «administrar justicia», como es el caso de las  bo
funciones de dirección del procedimiento investigador. Hemos advertido, no obstante,  22ww
(taSmSTbiEéDn He nd ec o2h5e dreen mciaa rzcoo nd ela 1 9d9o9c,t rainsau ndteol  NTirkiobluonvaal  cE. uBrouplgeaor iad,e §  D4e9r,e dceh o1s8  Hduem eanneoros 
dTuer q2u0í0a7, , §a s2u2n)t,o q Euest rdikichh ca.  aLuettoornidiaa,d §  h1a1 6d,e  dpeo 2s2e edr,e  emn atyood od ec a2s0o0, 7c, iearstuans toc uBaülildbaüdl ecs. 
propias de un órgano judicial en sentido estricto, concretamente «la independencia hacia
el ejecutivo y las partes», y que para que la autoridad que realiza el control judicial de la 
prisión  pueda  ser  considerada  «independiente»  e  «imparcial»  hay  «apariencias 
objetivas» que deben ser tenidas en cuenta, como, por ejemplo, que no pueda intervenir 
en  un  estadio  ulterior  del  procedimiento  penal  ejerciendo  funciones  de  acusación, 
supuesto en el cual su independencia e imparcialidad pueden ser objeto de sospecha. 
Además,  la  autoridad  judicial  debe  escuchar  personalmente  al  afectado  y  decidir 
conforme a criterios jurídicos la procedencia de la privación cautelar de libertad (por 
todas, SSTEDH de 18 de enero de 1978, asunto Irlanda c. Reino Unido, § 199, y de 25 
de marzo de 1999, asunto Nikolova c. Bulgaria, § 49).
d)  Esta  doctrina  general  ha  llevado  a  afirmar,  en  coherencia  con  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que no resulta, en definitiva, incompatible con las 
cualidades que ha de revestir la autoridad judicial que ha de decidir sobre la prisión 
provisional que esta asuma funciones instructoras o de dirección de procedimiento de 
investigación oficial, pero sí que acumule tales tareas con «funciones de acusación» y 
más concretamente que no se deduce de la Constitución que «la autoridad judicial que 
ejerce el rol de instructora del procedimiento deba quedar excluida de las funciones de 
control judicial inmediato de la privación cautelar de libertad (art. 17.2 CE en relación con 
el  art.  505  LECrim),  en  tanto  tenga  efectivamente  garantizado  un  estatus  de 
independencia respecto del poder ejecutivo y de las propias partes, de suerte tal que no 
esté  llamado  a  asumir  funciones  acusatorias»,  rasgos  básicos  estos  que  «están 
garantizados en nuestro vigente sistema procesal penal, en la medida en que el juez de 
instrucción  goza  de  las  garantías  de  independencia  e  inamovilidad  propias  de  los 
miembros  del  Poder  Judicial  (art.  117.1  CE),  y  habida  cuenta  que  no  formula 
posteriormente  acusación  alguna  contra  el  investigado,  ni  puede  obligar  al  fiscal  a 
formularla» (STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 4).
La doctrina general que acaba de exponerse es suficiente, por sí sola, para deducir 
la inconsistencia de la queja planteada por los recurrentes. La mera convocatoria de la 
audiencia de los arts. 505 y 539 LECrim no supone más que el ejercicio de un poder de 
tramitación procesal que es inherente a la condición de director del procedimiento de 
investigación. Tal posición directiva —e impulsora de los distintos trámites e incidentes— 
corresponde,  en  la  legislación  todavía  vigente  en  España,  a  la  figura  del  juez  de 
instrucción.  Como  la  propia  STC  29/2019  advierte,  lo  relevante  para  la  garantía 
constitucional de la libertad no es que el juez impulse o dirija el procedimiento y sus 
diversos  trámites  (cuestión  estructural  cuya  evaluación  constitucional  no  nos 
corresponde realizar ahora), sino que no suplante a las acusaciones en sus funciones de 
parte,  lo  que  ocurriría  ciertamente  si,  en  este  trámite  cautelar,  la  autoridad  judicial 
acordara la prisión prescindiendo de la necesaria solicitud de alguna de las partes 
acusadoras o si se apartara, a estos efectos, de los cargos formulados por estas, 
sustituyéndolos por otros más gravosos. Por el contrario, la mera convocatoria del 
trámite procesal en el que se ha de debatir acerca de la situación personal de los 
investigados no constituye más que un acto de dirección del procedimiento, asociado al 
carácter dinámico de cualquier instrucción por delito, en el que la tutela cautelar está 
sujeta siempre al principio de modificabilidad. El director del procedimiento investigador 
puede, por ello, evaluar periódicamente la progresión en el curso de las investigaciones y 
la evolución paralela del contexto fáctico y oír a las partes acerca de la consiguiente 
adaptación de las medidas cautelares en vigor.
Ningún reproche cabe hacer, por tanto, al magistrado instructor por haber procedido, 
en el fundamento jurídico 5 del auto de procesamiento y al amparo del art. 539 LECrim, a  s
ordenar la citación de los demandantes para la celebración de la comparecencia prevista  oe.
en el art. 505 LECrim. Resulta claro que, en el caso que nos ocupa, el procedimiento  w.
investigador  había  experimentado  un  salto  cualitativo  con  la  formalización  de  la  22ww
pimrepsuutapcuieósnt o jundeiccieasl araio  traalv épso stdeerilo ra uetnoj uidceia mpireoncteos. aEmsie netsot,e  ruens oalucctoió nd eq ulae  ssuirfivceie ndtee 
rreevleisviaónnc iqau per ohcae dsea l hcaocmeors ep aeran  mtoodtoiv caar spoo ra  stír asvoélos  ldae rle pveisritóinne dnete  ladse bmaeted icdoanst rcaaduictetolarrioe sy,   BOE-A-cable e
con sujeción a una estructura rogatoria. Es notorio que la posterior decisión de prisión 
fue adoptada en la audiencia legalmente prevista y tras la pertinente solicitud de parte, 
requisito este que los preceptos aplicables contraen claramente a la decisión sobre la 
procedencia de la prisión preventiva (arts. 505 y 539 LECrim).
No resulta, en todo caso, convincente el argumento de los recurrentes de amparo 
según  el  cual  el  órgano  judicial  habría  sugerido  específicamente  los  concretos 
procesados a los que consideraba «candidatos» a la prisión provisional, orientando así la 
actuación de las acusaciones. Se observa, así, que el fundamento jurídico 6 del auto de 
procesamiento contiene las argumentaciones relativas a la revisión de la tutela cautelar 
de  los  procesados  que  ya  se  hallaban  en  situación  de  prisión  mientras  que  el 
fundamento jurídico 5 de esta misma resolución se limita a citar a todos los procesados 
por rebelión que se encuentran en situación cautelar de libertad provisional bajo fianza 
para cumplimentar esa misma revisión por el trámite legalmente necesario (arts. 505 
y 539 LECrim). No existió, pues, ninguna orientación selectiva del instructor. Puede 
comprobarse,  asimismo,  que  este  se  expresó  en  todo  momento  en  términos 
completamente neutros, ordenando que se citara para la comparecencia legalmente 
prevista a todos los procesados por delito de rebelión que no estaban presos ni fugados 
y cuya libertad estaba garantizada hasta ese momento con la prestación de fianza y ello 
en atención a «la gravedad de los delitos atribuidos a algunos de los investigados», esto 
es, a la vista del contenido propio de la resolución que dictaba (auto de procesamiento), 
en  cuanto  acto  de  imputación  formal,  sin  que  esta  mera  cláusula  suponga,  como 
pretenden los recurrentes, la anticipación de los fundamentos jurídicos del posterior auto 
de prisión provisional.
No existe, en definitiva, vulneración constitucional del derecho a la libertad en su 
vertiente procedimental (art. 17.2 CE).
5.  Quejas sustantivas. Tratamiento sistemático.
Resueltos los aspectos procedimentales que el recurso suscita en relación con la 
decisión de prisión provisional, la demanda también denuncia, de manera conjunta, la 
«[v]ulneración del derecho a la libertad, a la representación política y al acceso a cargos 
públicos por haberse acordado la prisión provisional de los diputados demandantes sin 
concurrir los presupuestos constitucionales que legitiman dicha medida cautelar (arts. 17 
y 23 CE)».
Bajo esta rúbrica general, los recurrentes despliegan argumentos de distinto signo, 
que  tienden  tanto  a  negar  la  concurrencia  de  los  fines  de  la  prisión  provisional 
formalmente apreciados por las resoluciones judiciales impugnadas, como a denunciar 
que la privación cautelar de libertad ha tenido una motivación estrictamente política: 
impedir a los recurrentes el ejercicio de su cargo público representativo. Como se ha 
anticipado  [FJ  3  d)]  trataremos  separadamente  estas  dos  argumentaciones 
determinando, en primer lugar, si la fundamentación de las resoluciones impugnadas 
exterioriza  una  finalidad  constitucionalmente  legítima  e  incluye  una  ponderación 
suficiente. Para el caso de que la resolución impugnada supere este primer escrutinio, 
abordaremos los reproches realizados por los recurrentes en relación con la afectación 
de sus derechos de participación política.
6.  Vulneración del art. 17 CE por la inexistencia de finalidad constitucionalmente 
legítima.
En lo que se refiere a la crítica de las razones que motivan la decisión judicial de  e.
prisión y su posterior confirmación en vía de apelación, ha de partirse de la premisa de  w.
que  los  recurrentes  no  discuten  en  la  demanda  la  concurrencia  del  presupuesto  22ww
haa lobsili tparnotcee dsea dlao sm lae dciodma icsaióunte dlaer  d(leolsit o«sm doeti vreobs ebliaósnt ayn mteas»lv eprasraac iaótnri)b usiinr op rloav cisoinocnuarlmreennctiae 
ddee mfinaanldidaandteess  leqguíeti mdaess.d Aes í,q ueen  relelasc iófune rcao ni melp ruieessgtao  dlae  fumgead aidpar ecciaaudtoe,l acro ndseid elirbaenr tlaods   BOE-A-cable e
provisional con prestación de fianza en el auto de 4 de diciembre de 2017, han acudido a 
todos los llamamientos efectuados por las autoridades judiciales y han cumplido con 
todas  las  cautelas  que  fueron  establecidas.  Entienden,  por  ello,  que  el  riesgo  de 
sustracción a la acción de la justicia no se desprende de su propio comportamiento y 
añaden que resulta «profundamente injusto» que se deduzca dicho riesgo de la conducta 
de otros individuos investigados, que se encuentran huidos, especialmente de la decisión 
de otra procesada de no acudir a la citación efectuada para el día 23 de marzo de 2018, 
marchándose al extranjero para eludir el proceso penal en curso. En cuanto al riesgo de 
reiteración delictiva, los recurrentes recuerdan que el magistrado instructor descartó en 
su auto de 4 de diciembre 2017 que concurriese este peligro, y esto a pesar de que los 
acusados ya habían sido elegidos diputados del Parlamento de Cataluña. Resulta, por 
ello, incomprensible, en opinión de los demandantes, que el auto de 23 de marzo 
de 2018 pase a considerar que el ejercicio de esos cargos comporta un riesgo de 
continuación de las actividades criminales. Niegan, finalmente, la proporcionalidad de la 
prisión provisional, en la medida en que las resoluciones adoptadas no han ponderado la 
posibilidad de utilizar otras medidas menos restrictivas, sobre todo teniendo en cuenta 
que las que habían sido impuestas en el previo auto de 4 de diciembre de 2017 se 
estaban aplicando de forma satisfactoria.
A  la  vista  de  estas  alegaciones,  hay  que  tener  presente  que  en  el  auto  del 
magistrado instructor de 23 de marzo de 2018 la decisión de prisión provisional se funda, 
en primer lugar, en la apreciación de «un grave riesgo de fuga» (FJ 3), razón por la cual 
nuestro  análisis  ha  de  comenzar  examinando  los  reproches  que  los  demandantes 
formulan a la apreciación de esta finalidad, constitucionalmente legítima y, de por sí, 
suficiente para justificar la decisión de prisión provisional. En este punto, los autos de 23 
de  marzo  y  17  de  mayo  de  2018  fundan  la  prisión  provisional  impuesta  a  los 
demandantes, sintéticamente, en los siguientes elementos: (i) en la consolidación, a 
través de un acto de imputación formal (procesamiento), de los indicios de criminalidad, 
especialmente en relación con el delito de rebelión, con la consiguiente mayor seguridad 
de la celebración del juicio, acrecentándose el riesgo de condena por penas de prisión 
muy elevadas; (ii) en el hecho de que otra persona investigada se haya dado a la fuga en 
ese preciso momento, revelando la insuficiencia de las fianzas, que estarían siendo 
sufragadas con fondos ajenos al patrimonio de los procesados; (iii) en la facilidad con la 
que los diversos investigados que se han dado a la fuga a lo largo del procedimiento han 
conseguido trasladar su domicilio al extranjero gracias a una estructura internacional 
estable que les sirve de permanente soporte y apoyo financiero, y, finalmente, (iv) en el 
riesgo cierto de que eventuales comportamientos evasivos no puedan combatirse a 
través de los instrumentos ordinarios de cooperación judicial internacional, dadas las 
experiencias  previamente  consumadas,  dentro  de  la  propia  causa  especial 
núm. 20907-2017, en la tramitación de órdenes europeas de entrega.
Los argumentos que los recurrentes utilizan para cuestionar estos razonamientos 
son, como ha podido verse, de índole general, y coinciden sustancialmente con las 
quejas que, en relación con estas mismas resoluciones judiciales y a instancia de otra de 
las personas procesadas en la causa especial núm. 20907-2017, tuvimos ocasión de 
examinar en la STC 50/2019, de 9 de abril.
a)  En relación con el comportamiento procesal desplegado por el propio recurrente, 
son plenamente aplicables al presente caso las consideraciones que efectuamos en la 
STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 a), en la que se resolvió una queja completamente 
coincidente dirigida contra las mismas resoluciones que ahora se impugnan. Señalamos  e.
entonces lo siguiente: w.b
inve«sEtigna dcau,a nnoto e sat alma ovsa alonrtaec uiónn d adteol  qcuoem ppuoerdtaam rieevnetola r,p aroiscleasdaalm  pernetvei oc odnes idlear apdeor,s qounea 
clao npstoitnudceiorancailómne netefe icntcuoardreac tas.obre  la  medida  cautelar  privativa  de  libertad  resulta
Ha de advertirse que una decisión de prisión provisional no es una resolución que 
agote su finalidad en conseguir que se atienda a un concreto llamamiento o citación 
judicial sino que exige la formulación de un pronóstico de comportamiento futuro que va 
más allá, en cuanto que lo que se trata de asegurar es la íntegra tramitación del proceso, 
en sus sucesivas fases. Por ello, el dato de la comparecencia voluntaria no puede tener 
la misma fuerza argumental que sí puede adquirir en relación con una concreta medida 
de detención personal que trate de asegurar una específica comparecencia ante la 
autoridad judicial. No sirve, pues, de referencia válida lo resuelto en la STC 179/2011, 
de 21 de noviembre, FJ 6. En dicho supuesto, el juzgado de instrucción concernido había 
acordado, al amparo de lo dispuesto en los arts. 492.4 y 494 LECrim, la detención de un 
imputado que se hallaba en situación de libertad. Entendió entonces el Tribunal que la 
adopción de la medida cautelar privativa de libertad era injustificada, pues el carácter 
instrumental de la detención se agotaba en garantizar la presencia del interesado ante la 
autoridad judicial, sin que el juez de instrucción hubiera explicitado las razones que 
permitían recelar de que compareciera al nuevo llamamiento judicial, pese a haber 
asistido el interesado con anterioridad a todas las citaciones efectuadas.
En el caso ahora planteado, que es el del enjuiciamiento de una medida cautelar 
adoptada  por  el  órgano  judicial,  que  pretende  asegurar  la  íntegra  tramitación  del 
proceso,  no  puede  admitirse  mecánicamente  que  la  precedente  comparecencia 
voluntaria en sede judicial sea circunstancia demostrativa de la ausencia del peligro de 
huida. Si así fuera, la prisión provisional por riesgo de fuga solo sería aplicable en los 
supuestos en los que se adopta respecto de personas previamente detenidas. En otras 
palabras: si la personación voluntaria en dependencias judiciales permitiera descartar el 
riesgo de fuga, la incomparecencia, igualmente voluntaria, no denotaría ya el simple 
peligro, sino la certeza de la efectiva sustracción. Una medida cautelar de prisión ha de 
fundarse en un juicio de pronóstico de mayor rango temporal (pues se trata de asegurar 
la íntegra tramitación del proceso) y ha de tener en cuenta, por ello, otros factores 
concurrentes que indiquen cuál puede ser la pauta plausible de comportamiento futuro.
En el caso que nos ocupa es cierto que, tanto el instructor como la sala, reconocen 
en sus resoluciones que la recurrente de amparo se ha conducido hasta ese momento 
de modo respetuoso con las cautelas impuestas y con los llamamientos efectuados por 
la  autoridad  judicial.  No  obstante,  la  apreciación  de  ambos  órganos  judiciales  es, 
justamente,  que  esa  pauta  de  conducta  puede  cambiar  próximamente  con  el  salto 
cualitativo  que  supone  el  auto  de  procesamiento.  Frente  al  peso  favorable  que  el 
comportamiento procesal previo despliega, el instructor y la sala ponderan las razones 
por las que consideran que dicho comportamiento variará previsiblemente en el futuro 
próximo, siendo el objetivo de la medida cautelar, precisamente, anticiparse al momento 
en que la huida se lleve a efecto y ya no pueda ser prevenida. La comparecencia 
voluntaria  de  la  actora  no  es,  en  definitiva,  en  un  supuesto  como  el  presente,  un 
elemento en sí mismo determinante del resultado del juicio de pronóstico que ha de regir 
la decisión cautelar de prisión, no pudiendo deducirse, sin más, de ese dato fáctico una 
automática vulneración del art. 17 CE.»
b)  En relación con la valoración hecha en las resoluciones ahora impugnadas del 
comportamiento procesal de otros individuos investigados que sí se han dado a la fuga, 
en la citada STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 b) ya se indicaba que:
«todo juicio que expresa el pronóstico de un comportamiento futuro se funda en 
diversos factores y, entre ellos, en máximas de experiencia, que se ven más o menos  e
reforzadas en función de los datos fácticos concurrentes. En este caso, el magistrado  bo
instructor ha estimado, como acontecimiento plausible desde la evaluación de pautas  22ww
glibeenretaradl epsr odveis icoonmalp eonrt aumniae nctoa,u sqau ere fuenr idpar oac edsealditoo s qcuaes tsigea deonsc uceonnt rap eenna ss idtuea mcióánx imdae 
pgorar vlead eavdo, lupcuieódne d dee lmaso rparro lpai ahsu iinddaa hgaasctiao neel sm pormepeanrtaot oernia qs u—e eens tlaa  smee vduidealv ee nin qaupela ezastbales 
vayan acumulando datos que revelen la inevitabilidad del juicio y la probabilidad de una
condena— y por la proximidad cada vez mayor de la vista oral. Ha entendido, asimismo, 
que el auto de procesamiento, en cuanto resolución que contiene un juicio de imputación 
formal  que  supone  la  verificación  y  consolidación  de  los  elementos  indiciarios  que 
sustentan  los  cargos  provisionales,  es  un  acto  procesal  que  implica  la  próxima 
conclusión de la instrucción y la formulación, con alta probabilidad, de una pretensión 
punitiva,  pues  el  procesamiento  es,  en  el  sumario  ordinario,  un  presupuesto 
indispensable de una posterior acusación. Infiere de todo ello el instructor que tal acto 
formal de imputación es un hito procedimental en el que los investigados, viendo los 
cargos judicialmente formalizados y enfrentándose, así, a la alta probabilidad y a la 
mayor cercanía de un efectivo enjuiciamiento, pueden modificar su comportamiento 
procesal y optar por darse a la fuga.
Pues  bien,  siendo  razonables  tales  máximas  de  experiencia,  es  un  hecho  de 
indudable  importancia  que  estas  hayan  llegado  a  concretarse  en  ese  mismo 
procedimiento y en ese preciso momento procesal en relación con otra de las personas 
investigadas, revelando que los pronósticos del instructor no solo son razonables en 
abstracto, sino que se han materializado de facto. No estamos, pues, ante la atribución 
de «responsabilidades por hecho ajeno», pues la prisión provisional no es la sanción de 
ningún  comportamiento  procesal  ilícito,  sino  ante  un  dato  fáctico  que,  en  el  juicio 
analítico que el órgano judicial exterioriza en su auto, sirve para reforzar la racionalidad 
de un pronóstico que el instructor funda en ciertas máximas de experiencia que, lejos de 
constituir meras hipótesis, se han visto singularmente verificadas en ese proceso.
En todo caso y como ya hemos dicho al analizar el dato de la comparecencia 
voluntaria, si hubiera sido la propia demandante de amparo la que hubiera tratado de 
sustraerse  a  la  acción  de  la  justicia  huyendo  al  extranjero,  ya  no  sería  necesario 
pronóstico alguno en el que fundar el riesgo de fuga, pues tal acto de evasión se habría 
ya  producido.  De  ahí  que  la  exigencia  de  la  actora  de  que  solo  se  valore  su 
comportamiento personal y no el de otros investigados que se encuentran en situación 
análoga, parta de un presupuesto erróneo, pues no es su comportamiento actual, sino el 
riesgo de que este se modifique en el futuro lo que el instructor y la sala evalúan en sus 
resoluciones, siendo de indudable relevancia, a esos efectos, que otros procesados, que 
se enfrentan a los mismos cargos y también habían comparecido puntualmente a los 
llamamientos  efectuados  hasta  ese  momento,  hayan  cambiado  abruptamente  de 
comportamiento procesal, huyendo de forma repentina a raíz del procesamiento, y que 
hayan puesto en peligro, de ese modo, el buen fin del proceso.
La argumentación del instructor cumple con el escrutinio constitucional que nos 
corresponde,  pues  ha  contemplado  como  factor  trascendente  en  su  decisión  un 
elemento de juicio razonable, como es la huida, a lo largo del procedimiento, de varios 
investigados, apoyados por una estructura organizativa permanente, y las dificultades, 
constatadas por la sala de recursos en su auto de 17 de mayo de 2018, de que sean 
puestos a disposición de la justicia española a través de mecanismos ordinarios de 
cooperación judicial internacional.»
c)  En cuanto al hecho de que el arraigo de los recurrentes no se haya visto 
modificado, es claro que las resoluciones judiciales no fundan la variación de la tutela 
cautelar  en  el  menor  arraigo  del  recurrente  sino  en  la  existencia  de  nuevas 
circunstancias, que hacen del arraigo un dato insuficiente para descartar la necesidad de 
acudir a la privación de libertad. Como señalamos en la STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 
c), lo que valora el instructor es que el arraigo de los recurrentes no tiene «relevancia 
suficiente como para enervar el riesgo de fuga, dada la acreditada facilidad con la que se  e.
puede cambiar de domicilio familiar en el ámbito de la Unión Europea gracias al auxilio  w.b
de  la  estructura  internacional  de  apoyo  con  la  que  cuentan,  según  razonan  las  22ww
raedsvoelurtcirisoen,e dse ismdpeu egln easdcarsu,t inloios  epxrotecrensoa qduoes» n. oTsa mcoprorecsop odnedsed er eeaslitzea pr,u unntoa  vduel nveisratac ipóune ddeel 
deredc)h oL aa  laq ulibeejar taredl a(atirvta.  1a7  ClaE a).usencia de ponderación de medidas menos gravosas
—como  las  utilizadas  hasta  ese  momento,  que,  a  juicio  de  los  actores,  habían
funcionado  satisfactoriamente—  coincide  también  sustancialmente  con  la  que  fue 
resuelta en relación con estas mismas resoluciones judiciales en la STC 50/2019, de 9 
de abril, FJ 5 c), según el cual:
«la demandante de amparo se queja de la falta de valoración de medios alternativos 
menos restrictivos. No obstante, el hecho de que ella misma haya estado sujeta a 
cautelas menos gravosas indica que el instructor ha utilizado medios alternativos como la 
fianza, las comparecencias personales periódicas y la retirada del pasaporte en tanto 
entendía que el estado procesal en el que se hallaba la causa le permitía acudir a las 
mismas para prevenir, de modo suficiente, la posible sustracción a la acción de la 
justicia. Es el avance de la causa a un estadio de consolidación de indicios y de 
proximidad  del  enjuiciamiento  (STC  66/2008,  de  29  de  mayo,  FJ  4)  lo  que  hace 
necesario, según razona el instructor, acudir a la prisión en ese momento para evitar la 
fuga de los procesados y la frustración del proceso.
Asimismo, el instructor descarta expresamente que una agravación de la fianza 
pueda prevenir la fuga de la procesada, ya que dice haber constatado que las fianzas 
son pagadas con fondos ajenos a los bienes de los procesados. Los razonamientos del 
instructor  revelan,  así,  que  este  ha  administrado  de  forma  progresiva  las  medidas 
cautelares disponibles, no acudiendo a la prisión provisional más que en el momento de 
la investigación en el que las medidas alternativas hasta entonces utilizadas se han 
revelado,  en  su  opinión,  insuficientes,  lo  que  pone  de  relieve  que  ha  existido  una 
ponderación efectiva de la posibilidad de mantener las medidas alternativas menos 
gravosas.  Estas  habrían  sido  descartadas  por  los  diversos  argumentos  que  son 
empleados  en  el  auto  de  prisión,  en  particular,  el  salto  cualitativo  que  supone  la 
consolidación  de  los  indicios  a  efectos  de  formular  un  juicio  de  imputación  formal 
(procesamiento), la fuga de otra procesada justamente en ese momento procesal, la 
existencia de estructuras internacionales que permiten la huida de España y la fijación de 
residencia en el extranjero con notable facilidad, así como, finalmente, la frustración 
anterior de los mecanismos ordinarios de cooperación judicial internacional. Es por todo 
ello que el instructor y la sala coinciden en la necesidad de modificar la situación 
personal de la actora y de prevenir con una medida más gravosa (como es la prisión) un 
cambio abrupto de comportamiento procesal que frustre el buen fin de la causa. La 
posibilidad de acudir a medidas alternativas menos restrictivas sí ha sido, por tanto, 
ponderada.»
Puede  apreciarse,  en  definitiva,  que  la  demanda  presentada  por  los  ahora 
recurrentes no añade ningún contenido argumental nuevo que exija apartarse de las 
consideraciones que ya fueron efectuadas para rechazar estas mismas quejas —en 
relación  justamente  con  las  mismas  resoluciones  que  ahora  se  impugnan—  en  la 
STC 50/2019, de 9 de abril.
La comprobación, desde nuestro parámetro externo de control, de la suficiencia de la 
fundamentación de las resoluciones impugnadas en relación con la existencia de un 
riesgo de sustracción de la acción de la justicia basta por sí sola para descartar la 
verosimilitud de la lesión en relación con esta concreta vertiente de la queja formulada 
por los ahora demandantes, que se funda precisamente en la negación de la existencia 
de  cualquier  finalidad  compatible  con  el  orden  constitucional  de  garantías.  Los 
razonamientos que contienen las resoluciones impugnadas sobre la existencia de un 
riesgo de fuga evidencian, con toda claridad, que ha existido un fin legítimo habilitante de 
la medida cautelar de prisión provisional. e
7.  Violación de los arts. 17 y 23 CE por responder la resolución impugnada a la  w.
finalCidoands didee rliamni talors l orse cduerrreecnhteoss  pqouleít,i caol sm daer gloesn r edceu lraresn rtaezso.nes formalmente vertidas en  2020-4122n https://ww
lfainsa lrideasodl udceio enveista rju qduiceia ldeosn  imJoprudgi nTaudrausll , i laN epgrirsei ópnu dpireorvai ssioenr ailn vheas tsididoo  puretislizidaednat ec odne  llaa   BOE-A-cable e
Generalitat de Cataluña y, en todo caso, con la intención de anticipar la aplicación a los 
dos codemandantes del art. 384 bis LECrim, precepto que dispone la suspensión del 
ejercicio del cargo público para quienes sean procesados por delito de rebelión y se 
hallen en situación de prisión provisional.
Explica, en este punto, la demanda que el día 21 de marzo de 2018 don Jordi Turull i 
Negre fue designado candidato a la presidencia de la Generalitat, circunstancia que, a 
juicio de los actores, habría motivado «su repentina puesta en prisión». Según alegan, 
las resoluciones recurridas no habrían tenido otra finalidad que la de «evitar que el señor 
Turull fuera proclamado presidente de la Generalitat aun cuando sus derechos políticos 
estaban intactos». La otra finalidad que habría actuado como motivo oculto de la medida 
cautelar de prisión provisional habría sido, según razonan los recurrentes, «permitir en el 
plazo más breve posible la aplicación a los diputados demandantes del art. 384 bis 
LECrim, que suspende los derechos políticos de los procesados por rebelión únicamente 
cuando se encuentran presos». Eso explicaría la «precipitación» con la que la decisión 
de prisión se habría adoptado a raíz de que don Jordi Turull i Negre fuera designado 
candidato a la presidencia de la Generalitat. En ese momento, el magistrado instructor 
habría procedido, de forma repentina y sorpresiva, a dictar el auto de procesamiento 
(auto de 21 de marzo de 2018) y a citar a los procesados que se hallaban en situación 
de libertad provisional (entre ellos los recurrentes) para el día 23 de marzo siguiente a 
efectos de notificarles el procesamiento y de celebrar la audiencia necesaria (arts. 505 
y 539 LECrim) para revisar su situación personal. Finalmente, el instructor adoptó la 
medida cautelar de prisión provisional (auto de 23 de marzo de 2018) impidiendo con 
ello, según la demanda, la celebración del acto de segunda votación de la candidatura a 
la presidencia de don Jordi Turull i Negre. Los actores estiman que estamos ante 
decisiones judiciales improvisadas como mera reacción ante la posibilidad de que don 
Jordi Turull i Negre llegara a ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, lo 
que  se  infiere,  según  argumentan,  de  la  pobre  fundamentación  que  el  auto  de 
procesamiento dedica al delito de malversación y del hecho de que, en relación también 
con dicho delito, se hubiera abierto recientemente una pieza de investigación, lo que 
acreditaría que la instrucción no estaba concluida en ese momento en relación con esta 
concreta infracción.
Respecto de estas alegaciones, hemos de hacer las siguientes consideraciones 
generales:
(i)  Una  parte  sustancial  de  lo  alegado  por  los  demandantes  va  referido  a  la 
intención que, a su parecer, perseguía realmente el magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017 cuando acordó la medida cautelar de prisión provisional en el 
auto de 23 de marzo de 2018. En relación con estas consideraciones, hemos de señalar, 
como ante una queja similar hemos declarado en la STC 22/2020, de 13 de febrero, 
FJ  10,  que  no  es  propio  de  la  jurisdicción  de  este  Tribunal  revisar  los  juicios  de 
intenciones que las partes realizan acerca de eventuales motivaciones ocultas que, en 
su particular opinión, pueden explicar las resoluciones judiciales impugnadas más allá de 
lo que se exterioriza en la fundamentación jurídica de estas. Nada nos corresponde, 
pues, apreciar en relación con tales juicios subjetivos. Podemos, eso sí, limitarnos a 
constatar,  de  una  parte,  que,  frente  a  lo  señalado  en  la  demanda,  el  auto  de 
procesamiento de 21 de marzo de 2018 es una resolución extensamente fundada, tanto 
en sus aspectos fácticos como jurídicos, que difícilmente puede ser contemplada como 
un acto súbitamente improvisado el mismo día en que fue dictada, y, de otra parte, que el 
salto cualitativo indudable que supone la realización del acto de imputación formal  e.
(procesamiento) no significa, en modo alguno, que la instrucción se detenga y que las  w.b
investigaciones se paralicen sino, antes bien, que el instructor está ya en condiciones de  22ww
ad elolims iitnadr ivdied ufoorsm inav persetcigisaad oesl ,á smiebnitdoo o dbijcehtiav od ey lismuibtajectiióvno  fdáec tliocsa  himecphroess cqinudei bsloen p aatrraib euviditoasr 
t«ofdinaa lidaacuds»a cpióenrs epgousitdear iopr osr orepl reisnisvtaru. cLtoars  caaleregcaecnio npeuse sd, eld eresdcuer reenl tep uanctoe rcdae  dvei stlaa 
constitucional, de contenido argumental suficiente. Es más, ya se ha comprobado que
las resoluciones impugnadas exteriorizan una motivación que evidencia que la medida 
cautelar es utilizada con una finalidad constitucionalmente legítima. Nuestro escrutinio ha 
de centrarse, por tanto, en los aspectos puramente objetivos de la queja planteada, sin 
entrar a valorar los juicios de intenciones que los recurrentes realizan.
(ii)  En esa línea, puede apreciarse que con base en la argumentación expuesta los 
demandantes de amparo vienen a denunciar la vulneración del derecho al acceso a los 
cargos públicos representativos (art. 23.2 CE). Esta concreta dimensión de su queja 
constituye un aspecto que exige realizar una ponderación específica sobre los efectos 
que la prisión provisional produce en el derecho de participación política, tarea que 
abordamos a partir del siguiente fundamento jurídico (en este sentido, STC 155/2019, FF 
JJ 14 a 20).
8.  Derecho a la participación y representación políticas: art. 23 CE.
Los demandantes de amparo reprochan a las resoluciones judiciales impugnadas —
autos del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018 y de la sala de recursos de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018— que la medida cautelar 
de  prisión  provisional  les  ha  impedido  el  adecuado  ejercicio  del  derecho  de 
representación  política  (art.  23.2  CE)  en  tanto  que  diputados  del  Parlamento  de 
Cataluña. Muy particularmente, censuran a las referidas resoluciones que interfirieran 
directamente en la actividad parlamentaria en curso tendente a investir a don Jordi Turull 
i Negre como presidente de la Generalitat de Cataluña. Se denuncia, con ello, con base 
en una genérica argumentación que no rebate los concretos razonamientos de los 
órganos judiciales en cuanto a la incidencia de la medida cautelar en el derecho del 
art.  23.2  CE,  la  incidencia  de  la  prisión  provisional  en  el  ejercicio  del  derecho  de 
participación política de los dos demandantes (art. 23.2 CE), muy especialmente en el de 
don Jordi Turull i Negre.
Para la representación letrada del partido político VOX los derechos políticos de los 
demandantes de amparo no tienen carácter absoluto y no pueden hacer desaparecer 
sus posibles responsabilidades penales, que tienen que afrontar de la misma forma que 
cualquier otro ciudadano, sin que las peculiaridades de su estatuto como parlamentarios 
puedan convertirse en privilegios personales. A su juicio, se han respetado los derechos 
políticos que son compatibles con la medida cautelar de prisión provisional, quedando 
temporalmente restringidos los que no lo son.
El abogado del Estado considera que deben rechazarse las alegaciones de los 
recurrentes en las que sustentan la denunciada vulneración del derecho de acceso al 
cargo público representativo (art. 23.2 CE), pues no puede invocarse el derecho de 
participación política para pretender que prepondere sobre su presunta conducta punible, 
con el hipotético efecto de anular las previsiones legales reguladoras de la prisión 
provisional como medida cautelar susceptible de adopción cuando así lo aprecie el juez 
instructor.
Por su parte, el fiscal no comparte el planteamiento de los demandantes, ya que la 
prisión provisional se ha acordado tras el dictado del auto de procesamiento y ha 
afectado a una pluralidad de personas con independencia de su condición o no de 
electos del Parlamento de Cataluña y, con mayor motivo, con independencia de su 
designación como candidatos a la presidencia de la Generalitat. Así pues, no han sido 
estas circunstancias la causa motriz de la modificación de las medidas cautelares, sino el 
avance de la investigación penal y la consolidación de las bases en que se cimentó su 
imputación,  que  ha  supuesto  un  cambio  cualitativo  y  que  ha  determinado  que  se  e
agudicen los riesgos de elusión de la justicia y de reiteración delictiva. bo
polít9ic. asJ (uarrist.p 2ru3d.2e nCcEia). constitucional sobre el derecho a la participación y representación  2020-4122n https://ww
Tribau)n alE sno blar eS eTlC d e1r5e5c/h2o0 1d9e,  FaJc c1e5s,o  haa nlo qsu ceadragdoos  epxúpbuliecostsa s(a lrat.  ju2r3is.2p rCudEe),n ceina  rdeela ecisótne   BOE-A-cable e
con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de 
representantes  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio  universal 
(art. 23.1 CE), y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre 
el art. 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) y, 
más concretamente, con ocasión de la imposición en una causa penal, de la medida 
cautelar  de  prisión  provisional  y  su  mantenimiento  a  un  parlamentario  durante  el 
ejercicio  de  su  mandato  (STEDH  de  20  de  noviembre  de  2018  asunto  Selahattin 
Demirtas c. Turquía). A la referida jurisprudencia y doctrina, así como al mencionado 
fundamento  jurídico,  nos  remitirnos  en  su  integridad  a  fin  de  evitar  reiteraciones 
innecesarias, como hicimos en las recientes [SSTC 3/2020, de 15 de enero, FJ 10 A), 
y 22/2020, de 13 de febrero, FJ 12 A)].
En síntesis, y en lo que ahora importa, se dijo entonces que «[d]e conformidad con la 
jurisprudencia constitucional expuesta y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que se acaba de reseñar, las decisiones judiciales que acuerden la imposición 
o el mantenimiento de una privación cautelar de libertad a un parlamentario o a un 
candidato en unas elecciones legislativas han de estar suficiente y razonablemente 
motivadas, en el sentido de que han de ponderar la injerencia de la medida adoptada en 
el derecho fundamental a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y 
con los requisitos que señalen las leyes» [FJ 16 A)].
En cuanto al control que a esta jurisdicción le compete respecto de dichas decisiones 
judiciales, declaramos que «[a] este Tribunal, desde la perspectiva que le es propia, le 
corresponde, en principio, constatar en su función fiscalizadora si aquellas resoluciones 
judiciales  satisfacen  o  no,  en  los  términos  y  parámetros  indicados,  la  exigencia 
constitucional de motivación en la adopción de la medida limitativa o restrictiva del 
derecho fundamental y si, atendiendo a las circunstancias del caso, dicha motivación 
resulta respetuosa con su contenido esencial» (ibidem).
b)  Al  igual  que  en  los  supuestos  abordados  en  las  SSTC  155/2019,  3/2020 
y 22/2020, el examen de la vulneración del art. 23 CE que los demandantes de amparo 
imputan a las resoluciones judiciales impugnadas ha de partir de la consideración, según 
ha quedado ya expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos de esta sentencia 
(FFJJ 4 a 6), de que no ha existido una lesión del derecho a la libertad personal (art. 17 
CE) derivada de la insuficiencia de las razones dadas por los órganos judiciales para 
acordar la privación de libertad del recurrente. En efecto, las resoluciones judiciales 
impugnadas  explicitan  cuál  es  el  presupuesto  por  el  que  se  acuerda  su  prisión 
provisional, a saber, los indicios racionales de la intervención de los demandantes en 
unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves. Por otro lado, fundan la 
adopción  de  la  medida  cautelar  en  la  consecución  de  sendas  finalidades 
constitucionalmente legítimas, como son las de precaver el riesgo de fuga y el de 
reiteración delictiva.
10.  La prisión provisional y la condición de diputado del Parlamento de Cataluña.
Para el enjuiciamiento de la queja de los demandantes de amparo que ahora nos 
ocupa, resulta relevante la determinación del momento en el que se acordó su prisión 
provisional y en el que adquirieron la condición de diputado del Parlamento de Cataluña, 
así  como  los  avatares  acaecidos  durante  y  después  de  ese  lapso  de  tiempo 
(STC 155/2019, FJ 17).
a)  Los recurrentes fueron elegidos diputados en las elecciones al Parlamento de  s
Cataluña celebradas el 27 de septiembre de 2015, como integrantes de la candidatura  oe.
presentada en la circunscripción de Barcelona por la coalición electoral Junts pel Sí  w.
Jn(«oúDsmeO.p G7 0RC3u»7l ln,  údi meA .n1 6d49r de9eu2  ,e fudneee  r6on  oddmee  bn2ro0av1di6eo)m  cybo drneos nde ejJe or2or0d 1id 5Te)u . TrAueslrl irmii tNoisreimog orey,   ecSnoo nesstseeajne XirboIi l ilddeeag disP lra(e«tusDirdOae,G ndcCoia»n    2020-4122n https://ww
(«DOGC» núm. 7412, de17 de julio de 2017). En los cargos de diputados y consejeros
cesaron  con  fecha  27  de  octubre  de  2017,  como  consecuencia  de  las  medidas
propuestas por el Consejo de Ministros en aplicación del art. 155 CE, autorizadas por el 
Senado,  al  no  tener  por  atendido  el  requerimiento  planteado  al  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña para que confirmase «si alguna autoridad de la Generalitat de 
Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si su declaración de 10 de 
octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al 
margen de que esta se encuentre o no en vigor» [apartado A del anexo de la Orden 
PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M.H. 
presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones 
gravemente contrarias al interés general, y se propone al Senado para su aprobación las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales 
y para la protección del mencionado interés general («BOE» núm. 260, de 27 de octubre 
de 2017).
En lo que a este recurso de amparo interesa, por Real Decreto 943/2017, de 27 de 
octubre, se dispuso el cese del vicepresidente y de los consejeros integrantes del 
Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y por Real Decreto 946/2017, de 27 
de octubre, se disolvió el Parlamento de Cataluña y se convocaron elecciones para el 
día 21 de diciembre de 2017 («BOE» núm. 261, de 28 de octubre de 2017).
La aplicación del art. 155 CE fue considerada conforme a la Constitución en las 
SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, que rechazaron, en los extremos que atañen al 
presente recurso de amparo, las impugnaciones efectuadas en sendos recursos de 
inconstitucionalidad promovidos respecto al Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de 
octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno de 
acuerdo con el artículo 155 de la Constitución.
b)  En fecha de 2 de noviembre de 2017, los demandantes de amparo fueron 
citados  a  declarar  ante  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia 
Nacional en las diligencias previas núm. 82-2017, incoadas por supuestos delitos de 
rebelión, sedición y malversación, como participes de la estrategia urdida por «todo el 
movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las 
autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y 
Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre de 2017 
y a la declaración de independencia aprobada por el Parlamento el pasado día 27 de 
octubre» (auto de 2 de noviembre de 2017, razonamiento jurídico 3). Celebrada la 
comparecencia, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 acordó la prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, en el citado auto entre otros, de los demandantes de amparo.
Reclamadas las actuaciones por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la 
causa especial núm. 20907-2017, el magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre 
de 2017, acordó modificar la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin 
fianza impuesta, entre otros investigados, a los demandantes de amparo por la medida 
de prisión eludible mediante la prestación de fianza de 100.000 €. La prestación efectiva 
de  la  fianza  determinó  su  puesta  en  libertad,  con  la  obligación  de  comparecer 
semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el juzgado o tribunal de su 
conveniencia, así como ante el Tribunal Supremo siempre que fueran llamados, con 
expresa prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de los pasaportes.
Encontrándose  en  situación  de  prisión  provisional,  los  demandantes  de  amparo 
formaron  parte  de  la  candidatura  de  Junts  per  Catalunya  (JuntsxCat)  por  la  s
circunscripción de Barcelona en las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas  oe.
el 21 de diciembre de 2017. Candidatura que fue proclamada por acuerdo de la junta  w.
electoral de Barcelona de 24 de noviembre de 2017 («DOGC» núm. 7504, de 25 de  22ww
noviCemelebbrera ddea  2la0 1v7o)t.ación, fueron proclamados diputados electos en la circunscripción de
(B«aBrOcePloCn»a  npúomr . l1a,  Jduen 1ta9  Edele cetnoerarol  Pdero 2vi0n1c8ia).l,  Leons  rseessuióltna ddoes  e2l7e cdtoer adleicsi eym lab rree ldaeci ó2n0 1d7e   BOE-A-cable e
diputados electos fue publicada por acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de enero 
de 2018 («BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2018, «DOGC» núm. 7534, de 12 de enero 
de 2018).
Los diputados proclamados electos se reunieron el 17 de enero de 2018 en la sesión 
constitutiva del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura («BOPC» núm. 1, de 19 de 
enero de 2018), a esta sesión asistieron los demandantes de amparo.
c)  Dejadas sin efecto, por resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña, 
de 5 y 21 de marzo de 2018, las propuestas como candidatos a la presidencia de la 
Generalitat de Cataluña de los diputados don Carles Puigdemont i Casamajó, contra el 
que se había dictado una orden de busca y captura e ingreso en prisión («BOPC» 
núm. 32, de 6 de marzo de 2018), y don Jordi Sánchez i Picanyol, quien se encontraba 
cautelarmente privado de libertad en la causa especial núm. 20907-2017, el presidente 
de la Cámara en la última de las resoluciones citadas propuso como nuevo candidato a 
la presidencia de la Generalitat al diputado y ahora recurrente en amparo don Jordi Turull 
i Negre, convocando para el siguiente día 22 de marzo sesión plenaria para el debate del 
programa y la votación de su investidura («BOPC» núm. 41, de 22 de marzo de 2018).
Celebrados el primer debate y la primera votación sin que el candidato hubiera 
obtenido la mayoría absoluta que establece el art. 4.3 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno y debiendo someterse, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 4.4 de la citada ley, a un segundo debate y a una 
segunda  votación,  el  presidente  de  la  Cámara  suspendió  la  sesión  de  investidura, 
disponiendo su reanudación para el día 24 de marzo, a las doce horas («DSPC-P», 
de 22 de marzo de 2018, pág. 63).
d)  El magistrado instructor, por auto de 21 de marzo de 2018, acordó declarar 
procesados por delitos de rebelión (art. 472 y concordantes CP) y malversación de 
caudales públicos (arts. 432 o 473.2 CP), entre otros investigados, a los demandantes de 
amparo,  citándoles  esa  misma  fecha  para  el  siguiente  día  23  de  marzo,  a  fin  de 
notificarles dicho auto y celebrar la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim para la 
eventual adopción de medidas cautelares. El auto de procesamiento fue confirmado en 
reforma por auto del magistrado instructor de 9 de mayo de 2018 y en apelación por auto 
de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de junio 
de 2018.
Celebrada la comparecencia del art. 505 LECrim, el magistrado instructor, por auto 
de  23  de  marzo  de  2018,  acordó  la  prisión  incondicional  para,  entre  otros,  los 
demandantes de amparo. Decisión que fue confirmada en apelación por auto de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 17 de mayo de 2018.
Con  posterioridad  a  la  apertura  del  juicio  oral  en  el  Tribunal  Supremo,  los 
demandantes de amparo se presentaron como candidatos a las elecciones generales al 
Congreso de los Diputados, celebradas el 28 de abril de 2019. Fueron proclamados 
diputados electos y adquirieron la condición de miembros del Congreso de los Diputados 
en su sesión constitutiva de 21 de mayo de 2019, a la que fueron autorizados a asistir 
por auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019. La mesa 
del Congreso de los Diputados, por acuerdo de 24 de mayo de 2019, les suspendió en el 
ejercicio del cargo en aplicación del art. 384 bis LECrim.
11.  La posibilidad de recurrir la prisión provisional y la valoración de los intereses 
concernidos.
a)  Como ya ha quedado constatado, la adopción de la medida cautelar de prisión  e
provisional  de  los  recurrentes  en  amparo,  acordada  en  las  resoluciones  judiciales  bo
impugnadas, cumple las exigencias del principio de legalidad y responde a sendos fines  22ww
ScoTnCs tit1u5c5io/2n0a1lm9e, n«tes i leagqíutiemlloas .m  Eeds idpar eccaisuot eleaxr amsaintiasrfa caeh otraam, bciéonm oe l hare qeufiescittou addeo   llaa 
pdreol pcoarrcgioo npaúlibdlaicdo  d(aerst.d 2e3 l.a2  pCeEr)s»p e[FcJti v1a8  dAe)l] .derecho fundamental al acceso y al ejercicio
Como dice en esta sentencia «[u]no de los factores a tomar en consideración [...] al 
objeto de determinar si la prisión provisional de un parlamentario o de un candidato en 
unas elecciones legislativas es una medida proporcionada desde la perspectiva del 
derecho de sufragio pasivo es la previsión de un recurso mediante el que se pueda 
impugnar de forma efectiva aquella prisión, de modo que los tribunales puedan valorar 
los intereses de la persona afectada y de la sociedad protegidos por el citado derecho, 
así  como  los  del  buen  funcionamiento  de  la  justicia  para  ordenar  y/o  mantener  la 
privación cautelar de libertad» (ibidem).
En el presente caso, como ya hemos tenido ocasión de declarar en la STC 22/2020, 
FJ 14 A) respecto a las mismas resoluciones judiciales que son objeto también de este 
recurso de amparo, los recurrentes pudieron impugnar e impugnaron, cuando aún no 
habían sido proclamados candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña, la 
prisión comunicada y sin fianza decretada por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 
por  auto  de  2  de  noviembre  de  2017  en  las  diligencias  previas  núm.  82-2017.  El 
magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre de 2017, estimó los recursos de 
apelación  interpuestos  por  los  demandantes  contra  la  medida  cautelar  de  prisión 
provisional, que modificó por la de prisión eludible mediante de fianza de 100.000 €. La 
prestación de la fianza determinó su puesta en libertad con la obligación de comparecer 
semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el juzgado o tribunal de su 
conveniencia, así como ante el Tribunal Supremo siempre que fueran llamados, con 
expresa prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de los pasaportes. En esta 
situación  procesal  los  demandantes  participaron  en  la  campaña  electoral  a  las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017.
Asimismo, por lo que concierne a las resoluciones ahora recurridas, los demandantes 
de  amparo  pudieron  también  impugnar,  como  efectivamente  hicieron,  la  prisión 
incondicional acordada por el magistrado instructor por auto de 23 de marzo de 2018, 
adquirida ya por ambos la condición de diputado del Parlamento de Cataluña y siendo 
candidato a la presidencia de la Generalitat don Jordi Turull i Negre. Sus recursos de 
apelación fueron desestimados por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018.
b)  Sin embargo, como señala la STC 155/2019, «un juicio de proporcionalidad de 
esta medida no se satisface con la mera posibilidad de poder recurrir la privación 
cautelar de libertad, sino que es necesario, además, que esa impugnación haya sido 
efectiva, en el sentido de que los órganos judiciales valoren los intereses concernidos 
por la decisión de ordenar y/o mantener la prisión provisional» [FJ 18 B)].
Situados en este plano, el contenido de las resoluciones judiciales recurridas, como 
hemos dicho en la STC 22/2020, FJ 14 B), es suficiente por sí mismo para constatar que 
los demandantes han podido impugnar de manera efectiva la medida cautelar de prisión 
adoptada por auto del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018, y que los órganos 
judiciales han valorado sus pretensiones y ponderado, en atención a las circunstancias 
del caso, los derechos e intereses concernidos, tanto los de los recurrentes como los de 
la sociedad, entre ellos su derecho al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE). La 
afectación de este derecho por la situación de prisión provisional se justifica en las 
resoluciones judiciales impugnadas —que dan por reproducidos la exposición de los 
hechos que se atribuyen a los procesados y los indicios de su participación en los 
mismos  recogidos  en  el  auto  de  procesamiento—  por  las  graves  acciones  que  se 
imputan, entre otros, a los demandantes de amparo y el riesgo de fuga y de reiteración 
delictiva en los que se funda aquella medida cautelar. s
En este sentido, la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  oe.
razona en su auto que «la conducta imputada a los recurrentes no ha consistido en un  w.
acto aislado, sino en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno  22ww
yfa sdee l fiPnaarl lacomne nlat or edseo luuncaió nc o1m/XuIn dideal dP aarulatómneonmtoa  cdaet aElásnp,a yñ aq,u een s uen d pelsaanr rqoulleó  a[… lo]  ilnaircgioó  dseu 
duen  2p0e1ri7o,d eon c eelr ccaunrsoo  ad elo lso sd ocsu aaleñso ss,e  ddeessdoeb eedl e9c ideero nn ofrvoienmtablmree ndtee  2la0s1 r5e shoalsutcaio oncetsu bdreel   BOE-A-cable e
Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el estatuto de 
autonomía y cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los 
recurrentes». Resalta a continuación que la determinación de los procesados, entre ellos 
la de los recurrentes en amparo, «se mantuvo aun después de los episodios de violencia 
y  de  los  tumultos  que  tuvieron  lugar  el  20  de  septiembre  […],  pues  insistieron 
públicamente en la convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían 
celebrar aun sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones 
daría lugar a enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido 
y finalmente volvió a suceder, terminarían en actos de violencia». A lo que la Sala añade 
que «no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea 
de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e 
imponerla  por  vías  de  hecho  con  el  concurso  de  la  movilización  popular  y, 
consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que 
actúan para asegurar el cumplimiento de la ley» (fundamento de Derecho primero). 
Concluye  la  Sala  afirmando  que  «[c]on  la  prisión  provisional  […],  no  se  vulneran 
derechos políticos, sino que se pretende asegurar que los recurrentes se mantengan a 
disposición  del  Tribunal,  y  se  trata  de  evitar  la  reiteración  de  delitos  muy  graves, 
especialmente lesivos de bienes jurídicos tan importantes en una democracia como el 
mantenimiento del orden constitucional, imprescindible para el aseguramiento de una 
situación en la que todos puedan ejercer libremente sus derechos» (fundamento de 
Derecho tercero).
Desde la perspectiva de control que a este Tribunal corresponde, ha de concluirse 
que los demandantes de amparo contaron con la posibilidad, de la que efectivamente 
hicieron uso, de impugnar a través de los recursos legalmente previstos la medida 
cautelar de prisión provisional, y que en respuesta a sus pretensiones, los órganos 
judiciales han ponderado los derechos e intereses del demandante y de la sociedad en 
materia de participación política, así como los del buen funcionamiento de la justicia, en 
unos términos que no pueden merecer, desde la óptica ahora considerada, reproche 
constitucional alguno. Una valoración de la incidencia de la prisión provisional en el 
derecho de los recurrentes al ejercicio del cargo público que ostentaban cuando fueron 
dictadas  las  resoluciones  judiciales  ahora  impugnadas  se  aborda  en  un  posterior 
fundamento jurídico.
12.  La delimitación temporal de la medida cautelar de prisión provisional.
a)  «La duración de la prisión provisional es otro factor a considerar a los efectos de 
ponderar la injerencia de la medida cautelar en el derecho al acceso y al ejercicio del 
cargo público» [STC 155/2019, FJ 19 A)].
En el caso ahora enjuiciado, en el momento en que se acordó por vez primera la 
prisión provisional comunicada y sin fianza de los demandantes de amparo —auto del 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3, de 2 de noviembre de 2017— estos no eran 
titulares de ningún cargo público, ni aun habían sido proclamados candidatos a las 
elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el día 21 de diciembre de 2017. 
Proclamación que tuvo lugar el día 24 de noviembre («DOGC» núm. 7504, de 25 de 
noviembre), diez días antes, por lo tanto, de que el magistrado instructor acordara, por 
auto de 4 de diciembre de 2017, modificar aquella medida cautelar por la de prisión 
eludible mediante fianza.
Sin embargo, los demandantes de amparo sí habían adquirido la condición plena de 
diputado del Parlamento de Cataluña y, más concretamente, don Jordi Turull i Negre  e
había sido propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat cuando se  bo
dictaron las resoluciones ahora recurridas, por las que, respectivamente, se acordó y  22ww
draet if1ic7ó  dseu  pmriasyióon  dpero v2i0s1io8n adle — laa ustoasla d dee 2 3re dceu rmsoasr zdoe d ela 2 S01a8la d deel  mloa gPisetnraadl od ienls tTruricbtuonr ayl 
SupUrenmao v—ez. adquirida por ambos la condición de diputado y de haber sido propuesto don
Jordi Turull i Negre como candidato a la presidencia de la Generalitat los demandantes
han  estado  en  prisión  provisional  desde  la  adopción  de  la  medida  cautelar  por  el 
magistrado instructor —23 de marzo de 2018— hasta que se dicta la última resolución 
impugnada en amparo —17 de mayo de 2018— es de poco menos de dos meses. Límite 
temporal que se sobrepasa por unos días —cuatro— si se computa también el tiempo 
transcurrido entre su proclamación como candidatos a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña celebradas el 21 de diciembre de 2017 —24 de noviembre de 2017— y el auto 
dictado por el magistrado instructor de 4 de diciembre de 2017 por el que modifica la 
prisión provisional sin fianza acordada por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 por 
la de prisión eludible mediante fianza.
El tiempo en que los demandantes estuvieron en prisión provisional con fundamento 
en  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  en  amparo,  incluso  si  a  su  cómputo  se 
acumulase el que permanecieron con fundamento en la resolución del Juzgado Central 
de Instrucción núm. 3, no puede considerarse desproporcionado respecto a su injerencia 
en el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), como hemos tenido 
ocasión de declarar en relación a una duración idéntica de la misma medida cautelar en 
la STC 22/2020, FJ 15 A), y ello teniendo en cuenta tanto los distintos momentos de la 
causa en los que se han dictado unas y otras resoluciones judiciales —con posterioridad 
al auto de procesamiento y en el momento inicial de la investigación, respectivamente, 
como la entidad de los hechos delictivos que se les imputan, así como las razones, ya 
expuestos a lo largo de esta sentencia, en las que los órganos judiciales han fundado la 
decisión de mantenerles en prisión provisional (en este sentido, SSTC 155/2019, FJ 19, 
3/2002, FJ 13)—. A estas consideraciones cabe añadir las concretas repercusiones que 
han  podido  tener  en  el  desempeño  del  cargo  público  al  que  han  accedido  los 
recurrentes, a las que nos referiremos en el siguiente fundamento jurídico.
b)  Al  examinar  el  factor  temporal  de  la  medida  cautelar  no  puede  dejar  de 
considerarse que la prisión de los recurrentes ha sido revisada también por resoluciones 
judiciales posteriores [STC 155/2019, FJ 19 B)].
El magistrado instructor ha dictado, entre otros, los autos de 9 de mayo de 2018, que 
confirma en reforma el auto de procesamiento, y de 9 de julio de 2018. Por su parte, la 
sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado, también entre 
otros, los autos de 26 de junio y 30 de julio 2018.
Y,  en  fin,  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo,  a  la  que  correspondió  el 
enjuiciamiento de la causa, por autos de 25 de enero, 11 de abril y 14 de mayo de 2019 
ha resuelto las peticiones de los demandantes de amparo, entre otros encausados, 
solicitando  su  libertad  provisional  o  la  sustitución  de  la  medida  cautelar  de  prisión 
preventiva por otros tipos de medidas menos gravosas.
Así pues, a la vista de las consideraciones expuestas, ha de concluirse, al igual que 
en la STC 22/2020, FJ 15 B), que la duración de la medida cautelar de prisión provisional 
que  resulta  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  no  puede  considerarse 
desproporcionada  en  este  caso,  en  razón  de  las  concretas  circunstancias,  ya 
examinadas, que concurren en el mismo.
13.  La incidencia de la prisión provisional en el derecho fundamental al ejercicio del 
cargo público.
a)  «El  juicio  de  proporcionalidad  de  la  injerencia  que  una  medida  de  prisión 
provisional puede implicar en el derecho de acceso a un cargo público representativo 
(art. 23.2 CE) requiere también considerar sus concretas repercusiones en el ejercicio de 
este derecho» [STC 155/2019, FJ 20 A)]. e
Los recurrentes en amparo en algunos pasajes de la demanda parecen pretender  bo
presentar la situación de prisión provisional como absolutamente incompatible con el  22ww
dcaesreoc, heon  dseu  aocpciensióon ,a e llo isn tcearérgso cso pnúsbtitliuccoiso n(aalr te. n2c3a.r2n aCdEo) ,e dne ebsieten ddoe rpercehvoa lefucnedr aemne tnotdaol. 
M«daesb eta l spelra ndteesaemsiteimntaod, oc osmino  nyeac heesimdaods  tdeen iduon  odceatseinóind od ee ssfeuñearlzaor  eanrg luam SeTnCta l1, 5p5u/2e0s1 9e,l 
derecho al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE) no es un derecho incondicionado o
absoluto. Así, este Tribunal tuvo ya ocasión de declarar que el derecho a acceder a los 
cargos públicos representativos ‘no es, ante todo, y al igual que ocurre con el resto de 
los derechos fundamentales, incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual 
de sus formulaciones; es, por el contrario […] un derecho delimitado en su contenido, 
delimitado tanto por su naturaleza como por su función’ (STC 71/1996, FJ 6)» [FJ 20 A)].
Asimismo, en aquella sentencia se ha dejado constancia de la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que ahora es pertinente recordar, según la cual los 
derechos garantizados por el art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH «no son absolutos 
[STEDH de 30 de junio de 2009 (asunto Etxeberria y otros c. España, § 40)], sino que 
pueden estar sometidos a ‘limitaciones implícitas’, disponiendo los Estados de un amplio 
margen de apreciación al respecto [STEDH de 2 de marzo de 1987, (asunto Mathieu-
Mohin  y  Clearfayt  c.  Bélgica,  §  52)]».  Más  concretamente,  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos tiene manifestado que «el CEDH no prohíbe la aplicación de la 
medida de privación cautelar de libertad a un diputado o candidato en unas elecciones 
legislativas ni su mantenimiento en prisión provisional, así como que estas decisiones no 
implican automáticamente una violación del art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH, ni siquiera 
en el caso de que la privación de libertad fuera contraria al art. 5.3 CEDH [STEDH de 20 
de noviembre de 2018 (asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, § 231)]» (ibidem).
b)  Los  demandantes  de  amparo  consideran  que  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas lesionan su derecho al cargo público representativo (art. 23.2 CE), porque la 
prisión provisional les impide el pleno ejercicio de sus derechos políticos como diputados 
del Parlamento de Cataluña y, especialmente, a don Jordi Turull i Negre la defensa de su 
candidatura a la presidencia de la Generalitat, puesto que aquella medida cautelar 
imposibilitó  la  celebración  del  segundo  debate  y  de  la  segunda  votación  de  su 
investidura.
El examen de la queja de los recurrentes ha de partir de la consideración de que las 
limitaciones que denuncian en el desempeño de sus funciones como parlamentarios 
«derivan, indefectiblemente, de su situación de privación de libertad, ya que, como 
hemos reconocido en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, ‘parte de las facultades de 
representación  política  anejas  al  cargo  singularmente  aquellas  que  tienen  como 
presupuesto su ejercicio en situación de libertad personal’, quedan afectadas y, en algún 
caso limitadas decisivamente, por la situación de prisión provisional. De lo que se trata 
ahora de determinar es si esas limitaciones que denuncia el recurrente respetan las 
exigencias derivadas del principio de proporcionalidad desde la perspectiva de aquel 
derecho fundamental» [STC 155/2019, FJ 20 B); doctrina que reiteran las SSTC 3/2020, 
FJ 16 B) y 4/2020, de 15 de enero, FJ 4 b)].
Pues bien, el magistrado instructor en el auto de 23 de marzo de 2018 lleva a cabo 
una  ponderación  entre  el  derecho  al  cargo  representativo  de  los  demandantes  de 
amparo, tomando en consideración su participación y, en particular, la de don Jordi Turull 
i Negre en la sesión parlamentaria que había de reanudarse al día siguiente para la 
celebración del segundo debate y de la segunda votación de la investidura de este a la 
presidencia de la Generalitat, y la gravedad de los delitos a los que viene asociada la 
restricción de su ejercicio, así como entre aquel derecho fundamental y los derechos y 
bienes  jurídicos  atacados  y  que  se  tratan  de  proteger  (STJUE,  Gran  Sala,  Thierry 
Delvigne contra Francia, de 6 de octubre de 2015, C-650/13). El magistrado instructor, 
con cita de la doctrina de la STC 71/1994, de 3 de marzo, parte de la consideración de 
que no resulta inadmisible una limitación del derecho al ejercicio de cargo público 
representativo  «cuando  venga  fundada  en  otras  finalidades  constitucionalmente  s
legítimas  que  presenten  una  correspondencia  razonable  en  su  intensidad».  A  oe.
continuación  recuerda,  con  reproducción  de  un  pasaje  de  aquella  sentencia  w.
constitucional, que «[e]sta limitación o suspensión de derechos fundamentales en una  22ww
fduenmdoacmraecnitaa,l ess ocluoa nsdeo  djeutsetirfmician adeans  aacracsio ndees,  plao r udneafe pnasrate ,d liem itlaons  op imroppiidoesn  ddee rheecchhoos 
spuo neejenr ceinc iop eelnig rcou aenl toor ddeenreacmhioesn tsou bojbejteivtiovso  pdaer ala l ac ommauynoirdíaa dd en alocsio cniauld, aedsa dneocsi,r ,y ,e pl oErs otatrdao,   BOE-A-cable e
democrático». En otras palabras, el magistrado instructor sostiene, refiriéndose con 
carácter general al ejercicio de las funciones propias del cargo por los parlamentarios 
afectados por la medida cautelar y, más en concreto, a la interrupción de la sesión de 
investidura del candidato don Jordi Turull i Negre a la presidencia de la Generalitat, que 
«aunque  cualquier  ciudadano  tiene  el  reconocimiento  de  optar  a  una  investidura 
democrática y representativa, [… esta] facultad no desactiva la obligación judicial de 
velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se le atribuye una grave actuación 
delictiva, no ponga en riesgo las facultades de mayor relevancia y más necesitadas de 
protección». Concluye su juicio de ponderación afirmando que «[l]a gravedad de los 
hechos que el auto de procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su 
ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los 
procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha 
precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no muestren una 
preminencia  y  mayor  necesidad  de  tutela,  que  los  derechos  que  esta  resolución 
preserva» (fundamento de Derecho sexto).
Este criterio es compartido por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en el auto de 17 de mayo de 2018. En efecto, a la Sala, si bien llega a admitir 
la «excepcionalidad» que supone, como sostienen los demandantes de amparo, que un 
diputado propuesto como candidato a la presidencia del gobierno de una comunidad 
autónoma sea privado de libertad en mitad del proceso de investidura, no le merece, sin 
embargo, una calificación de menor magnitud la «situación excepcional, creadora de una 
división fuertemente contraria al mantenimiento de la convivencia cívica», generada por 
la actuación de los procesados. Afirma en este sentido que «no existen precedentes 
conocidos  en  la  reciente  historia  europea  de  que,  en  un  estado  democrático,  los 
miembros del gobierno de una comunidad autónoma (o de un Estado federado), que en 
ese sistema democrático goza de un régimen amplísimo de autogobierno, junto con 
miembros del Parlamento y apoyados por asociaciones ciudadanas, instrumentando y 
aprovechando todos ellos el poder de presión de la movilización popular, se hayan 
alzado  contra  la  Constitución  del  Estado,  contra  la  ley  que  asegura  y  regula  su 
autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones, 
procediendo a derogarlos, de hecho, en su territorio, ante la preocupación, sorpresa y 
desasosiego de, al menos, más de la mitad de la población de esa comunidad y la 
práctica totalidad de la población del resto del Estado, que contemplan como se vulneran 
una y otra vez aquellas normas; y, además, que lo hagan utilizando la movilización 
popular  y  aceptando  y  aprovechando  que  se  produzcan  episodios  de  violencia  y 
tumultos,  para  así  impedir  la  aplicación  de  las  leyes  y  el  cumplimiento  de  las 
resoluciones de los tribunales y presionar al Estado hasta el punto de obligarlo a admitir 
la independencia». En un juicio de ponderación de los derechos fundamentales y bienes 
jurídicos concernidos, la Sala concluye, como ya hemos tenido ocasión de poner de 
manifiesto,  y  procede  ahora  reiterar,  que  «[c]on  la  prisión  provisional,  pues,  no  se 
vulneran derechos políticos, sino que se pretende asegurar que los recurrentes se 
mantengan a disposición del Tribunal, y se trata de evitar la reiteración de delitos muy 
graves, especialmente lesivos de bienes jurídicos tan importantes en una democracia 
como el mantenimiento del orden constitucional, imprescindible para el aseguramiento 
de una situación en la que todos puedan ejercer libremente sus derechos», de modo que 
las limitaciones que los procesados, entre ellos los demandantes de amparo, padecen en 
el ejercicio de sus derechos políticos, «[n]o puede considerarse […] que se trate de 
restricciones indebidas» (fundamento de Derecho tercero). s
En este contexto, es preciso también tener presente, al valorar la incidencia de la  oe.
prisión provisional en los derechos de los recurrentes al ejercicio del cargo público  w.
representativo, que la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al  22ww
peonn pdreisraiórn a pqrueevllean itnivcaid ye nhcaiab íraens paedcqtou irdideo o ltaro cso inndveicsióting addeo sd iqpuueta tdaom, bniéon d sees ceanrctóo nqturaeb asen 
cpiurcduienrsatna ncllieagsa rq uae  tpoumdaierr alna sp rdeesceinstiaornsees  epne rmtinoemnetensto, s epnu nfutunaclieósn,  pdaer al agsa rcaonnticzraert alas   BOE-A-cable e
proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de prisión en el ejercicio del cargo 
(auto de 5 de enero de 2018, razonamiento jurídico quinto). Como hemos dicho en la 
STC 155/2109, «no se excluía que concurriendo esos requisitos se pudieran tomar en 
determinados momentos medidas que pudieran llegar a remover o paliar los obstáculos 
que por su situación de prisión impidieron y dificultaban al recurrente el ejercicio de las 
funciones de diputado» [FJ 20 C); en el mismo sentido, SSTC 3/2020 y 4/2020, FF JJ 14 
B) y 4 b), respectivamente, y 22/2020, FJ 16 B)].
Asimismo, también ha de ser valorado que el magistrado instructor permitió que el 
Parlamento de Cataluña habilitase los instrumentos precisos para que los parlamentarios 
investigados que se encuentran en situación de prisión provisional, pudieran delegar su 
voto, si la mesa de la Cámara no encontraba motivo alguno para oponerse a ello (auto 
de 12 de enero de 2018, confirmado en reforma por auto de 29 de enero de 2018 y en 
apelación por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
de 14 de marzo de 2018). A los efectos que ahora interesan, es suficiente con constatar 
que, sin que proceda por parte de este Tribunal efectuar aquí ningún otro tipo de 
consideración respecto a la misma, la razón de la adopción de esta medida era paliar la 
injerencia de la privación de libertad en el ejercicio del derecho al cargo representativo. 
En este caso, los demandantes de amparo hicieron efectivamente uso de esta facultad, 
siendo autorizada su delegación de voto por acuerdo de la mesa de la Cámara de 26 de 
marzo de 2018.
De lo expuesto hemos de concluir que no cabe calificar de desproporcionada la 
injerencia  de  la  medida  de  prisión  provisional,  desde  la  perspectiva  del  derecho 
reconocido en el art. 23.2 CE, en el ejercicio del derecho de los recurrentes en amparo al 
cargo público representativo, teniendo en cuenta el momento en el que se han dictado 
las resoluciones judiciales impugnadas y las circunstancias concurrentes en este caso, 
relativas a la entidad de los hechos investigados y a la participación de los recurrentes 
en los mismos, así como los motivos y fines en los que los órganos judiciales fundaron la 
medida cautelar adoptada.
Con base en las consideraciones precedentes, tampoco puede estimarse que las 
resoluciones  judiciales  recurridas  no  hayan  satisfecho  las  exigencias  ponderativas 
propias del art. 23.2 CE en cuanto a la repercusión de la medida cautelar de prisión 
provisional de los demandantes en el ejercicio de su función parlamentaria, ni que esta 
injerencia  pueda  tildarse  de  desproporcionada.,  atendiendo  a  las  circunstancias 
concurrentes en este caso.
14.  Medidas alternativas a la prisión provisional.
Como declara la STC 155/2019, el último factor a analizar, al objeto de verificar si la 
prisión  provisional  de  los  demandantes  de  amparo  satisface  la  exigencia  de 
proporcionalidad  desde  la  perspectiva  del  derecho  fundamental  al  acceso  al  cargo 
público representativo (art. 23.2 CE), «estriba en constatar si los órganos judiciales han 
valorado  la  adopción  de  medidas  alternativas  que  pudieran  suponer  una  menor 
injerencia en aquel derecho» (FJ 21).
El examen de la queja de los recurrentes en amparo ha de partir de la consideración 
de que, en relación con su inicial situación de prisión provisional decretada por el 
Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  por  auto  de  2  de  noviembre  de  2017,  el 
magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre de 2017, valoró la posibilidad de aplicar 
a los investigados medidas alternativas a la prisión provisional. Como ya hemos tenido 
ocasión de poner de manifiesto en la STC 155/2019, FJ 15, aunque el magistrado  e
instructor estimó que en todos los investigados objeto de aquella resolución «concurre el  bo
riesgo de reincidir en la actividad delictiva, aprecia, sin embargo, un grado de lesividad  22ww
ddeis tpinritsoi óenn  plaro vreisitieornaacl,ió cno mdeu nuincoasd ay  yo strions f,i amnoztaiv poo pr olar  edle  qpureis imóno deilfuicdóib llae  mmeeddiidaan tcea fuiatenlzaar 
ad ea lqouse dlleorse cinhvoess teigsaednocisa lceusy qau pea orttircoisp apcaiórtníc inpoe ss uspi ucoson tr‘uanriaa roirnre’»p ayr acbulyea sp uaepsotrat aecnio nrieess,g ao 
diferencia de otros investigados, no «están directamente vinculadas a una explosión
violenta que, de reiterarse, no dejan margen de corrección o de satisfacción a quienes se 
ven  alcanzados  por  ella»  (razonamiento  jurídico  cuarto).  Con  base  en  dicha 
argumentación,  el  magistrado  instructor  modificó  la  medida  de  prisión  provisional 
comunicada y sin fianza impuesta, entre otros, a los recurrentes por la de prisión eludible 
mediante la prestación de fianza.
Como revela la lectura de su fundamentación jurídica, las resoluciones judiciales 
impugnadas en amparo también han ponderado, la aplicación a los demandantes y a 
otros  procesados  de  medidas  menos  incisivas  que  la  prisión  provisional,  que  han 
descartado con base en los razonamientos en ellas recogidos.
Con carácter general para todos los procesados a los que se les había impuesto la 
medida cautelar de prisión provisional eludible mediante fianza, en atención al momento 
procesal en el que se encuentra la causa, en el que existen «indicios racionales y firmes 
de  la  posible  perpetración  de  unos  hechos  que  presentan  una  determinada 
consideración  delictiva  y  de  la  participación  que  en  ellos  han  podido  tener  los 
procesados» y apreciado el riesgo de fuga de los encausados, «derivado de la grave 
punición a las que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión», el 
magistrado  instructor  descarta,  por  su  insuficiencia  como  medida  cautelar,  el 
mantenimiento de la prisión provisional eludible mediante fianza porque la pérdida de la 
garantía personal prestada por los procesados, en caso de que fueran desatendidos los 
llamamientos judiciales, «no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por 
devenir de una solidaridad colectiva». El magistrado instructor destaca también en este 
extremo que los procesados tienen el respaldo de un amplio colectivo que se solidariza 
con su causa que «cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal 
especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus 
asociados, así como de un armazón internacional desarrollado en los últimos años para 
la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte 
eficaz» (auto de 23 de marzo de 2018, fundamento de Derecho tercero).
Como señala la STC 22/2020, FJ 17, en relación con la solicitud de uno de los 
procesados, al confirmar en apelación el auto del magistrado instructor de 23 de marzo 
de 2018 en el que se funda la adopción de la medida cautelar de prisión provisional en la 
consecución de sendos fines constitucionalmente legítimos, como son el de precaver el 
riesgo de fuga y el de reiteración delictiva, la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo desestima su petición de sustituir la medida de prisión provisional por 
la de prisión domiciliaria por carecer de cobertura legal. Argumenta al respecto la Sala 
que la Ley de enjuiciamiento criminal «solamente prevé esta posibilidad en casos de 
enfermedad, cuando el internamiento entrañe grave peligro para la salud del preso, lo 
cual no concurre en este caso, sin que por otras razones se pueda acordar una situación 
privilegiada respecto a otras personas privadas provisionalmente de libertad en relación 
con graves delitos» (fundamento de Derecho cuarto). De haber estimado procedente el 
órgano judicial dicha medida alternativa a la prisión provisional, ningún obstáculo parece 
que pudiera existir para su aplicación a los demandantes de amparo.
En definitiva, como ya hemos declarado en relación con las resoluciones judiciales 
ahora impugnadas en la STC 50/2019, FJ 6 d), los razonamientos de los órganos 
judiciales revelan que se han «administrado de forma progresiva las medidas cautelares 
disponibles,  no  acudiendo  a  la  prisión  provisional  más  que  en  el  momento  de  la 
investigación  en  el  que  las  medidas  alternativas  hasta  entonces  utilizadas  se  han 
revelado,  en  su  opinión,  insuficientes,  lo  que  pone  de  relieve  que  ha  existido  una 
ponderación efectiva de la posibilidad de mantener las medidas alternativas menos  s
gravosas» [FJ 5 d)]. oe.
Así pues, en las resoluciones judiciales impugnadas se explicitan los concretos e  w.
individualizados razonamientos por los que los órganos judiciales excluyen la aplicación  22ww
par olovsis iodneaml ayn ldaa andteosp cdióen  adme peasrtoa  mdee dmidead. idDaes  oatrlate prnaartteiv,a lsa  amrgeunmose ngtraacvióens  ean  llaa  qpuries iósne 
esuns teel nqtau ela  sdee cfuisniódna  julad icmiaeld, ibdáas iccaaumteelnatre  dqeu ep reisl iróiens geost ád ed firuegcata ym deen tree itceornaecicótna ddae laic tilvoas   BOE-A-cable e
graves hechos que se les imputan y a la grave punición a la que se enfrentan por su 
responsabilidad penal, sin que se pueda apreciar en la esfera psicológica interna de los 
demandantes un elemento potente que permita efectuar un pronóstico favorable de que 
vaya a ser permanente el respeto a las decisiones judiciales, satisface, en atención a las 
circunstancias concurrentes, la exigencia de proporcionalidad que la injerencia de la 
privación de libertad supuso en el ejercicio de su derecho al cargo representativo.
Con base en las precedentes consideraciones ha de ser desestimada la denunciada 
vulneración del derecho a acceder a los cargos públicos (art. 23.2 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de amparo interpuesto por don Jordi Turull i Negre y 
don Josep Rull i Andreu.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Fernando 
Valdés Dal-Ré y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 2971-2018.
Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Tribunal, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE), a causa de no haberse realizado la ponderación 
requerida por la afectación de este derecho.
El  presente  recurso  de  amparo  avocado  plantea  de  nuevo  la  cuestión  de  la 
afectación  al  derecho  de  representación  política  de  diputados  autonómicos  por  la 
adopción de una medida cautelar privativa de libertad. Por tanto, su objeto es similar al 
de las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre; 3/2020, de 15 de enero, y 22/2020, de 13 
de  febrero,  respecto  de  las  que  se  formularon  sendos  votos  particulares,  en  cuyo 
apartado I desarrollamos los aspectos constitucionales que considerábamos relevantes 
para  resolver  los  supuestos  de  prisión  provisional  de  miembros  de  las  cámaras 
legislativas  autonómicas  desde  la  perspectiva  del  art.  23  CE.  Nos  remitimos 
íntegramente a lo allí afirmado y nos limitaremos en el presente voto particular a exponer 
las razones por las que consideramos que en este caso tampoco la decisión de acordar  s
la  prisión  provisional  de  los  recurrentes  ha  respondido  a  la  ponderación  oe.
constitucionalmente requerida por el derecho a la representación política. w.
Las 1r.e soEllu jcuiiocnioe sd ej updriocpiaolrecsio inmapliduagdn ardeaasliz atednoí aenn  claosm roe sooblujectioon aecso jruddaicr,i aulensa  imvepzu gqnuaed asse: 
había  dictado  el  auto  de  procesamiento,  la  prisión  preventiva  de  los  recurrentes,
diputados del Parlamento de Cataluña, modificando su anterior situación de prisión 
preventiva eludible mediante fianza.
Por lo que se refiere a la invocación del art. 23 CE, el auto de instancia destaca que, 
si bien la prisión provisional va a imposibilitar el acudir al desempeño de sus funciones 
parlamentarias e incluso en el caso del recurrente don Jordi Turull i Negre participar en la 
continuación de la sesión de investidura en la que era candidato a la presidencia de la 
Generalitat, el derecho de representación política no es un derecho absoluto y, en el 
presente caso, debe ceder al ponerse en riesgo facultades de mayor relevancia y más 
necesitadas  de  protección  como  son  «la  gravedad  de  los  hechos  que  el  auto  de 
procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su ejecución, la previsión 
de retomar la actuación que contiene el libro blanco y que los procesados mantienen 
conforme  a  las  expresiones  generales  del  largo  tiempo  que  ha  precedido  a  la 
investidura» (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, el auto de apelación insiste 
en que este derecho es susceptible de limitación cuando concurren intereses de mayor 
relevancia, concluyendo que «con la prisión provisional, pues, no se vulneran derechos 
políticos, sino que se pretende asegurar que los recurrentes se mantengan a disposición 
del Tribunal, y se trata de evitar la reiteración de delitos muy graves, especialmente 
lesivos de bienes jurídicos tan importantes en una democracia como el mantenimiento 
del orden constitucional, imprescindible para el aseguramiento de una situación en la que 
todos puedan ejercer libremente sus derechos» (fundamento de Derecho tercero).
2.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad:  La 
función de este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho 
sustantivo no se agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones 
impugnadas, sino que, como máximo interprete en materia de garantías constitucionales 
[art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, art. 5.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y art. 1 LOTC], tiene plenitud de jurisdicción para establecer el 
parámetro de protección de este derecho sustantivo. De este modo, parece adecuado 
incluir  una  reflexión  sobre  los  diversos  criterios  o  elementos  constitucionalmente 
relevantes  que  deberían  haber  estado  presentes  al  realizar  el  necesario  juicio  de 
proporcionalidad y que se analizaron en la primera parte del voto particular formulado en 
la citada STC 155/2019. A estos efectos, y sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar lo 
siguiente:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es 
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica. 
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que 
los intereses constitucionales se desenvuelven dentro de un mismo sistema y, por tanto, 
coadyuvan  e  interactúan  entre  ellos  de  manera  equilibrada.  No  obstante,  no  cabe 
renunciar en el juicio de proporcionalidad a valorar cuál es el peso específico de los 
intereses en conflicto como un elemento más del razonamiento. En el presente caso, 
como se ha venido señalando, concurrían, por un lado, el derecho de representación 
política del recurrente y, por otro, el interés público en enervar los riesgos derivados de 
una posible reiteración delictiva.
El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional 
al ser también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia 
parlamentaria. Su importancia estructural es de tal magnitud e intensidad que cuenta 
dentro del propio diseño constitucional y estatutario con específicas instituciones de 
protección frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado, como son las  e
prerrogativas parlamentarias, justificadas precisamente porque su sacrificio supone una  bo
efectiva y real incidencia en el ejercicio del derecho. 22ww
pres(eii)n teL caa sion,t elonss idreacdu rrdeen telas  earfaenc tdaicpióunta daols  ianutetorénsó mcioconss tiyt,u cpioorn taal ntsoa, clari fiacfaedcota: ciEónn  deel 
isnus tditeurceiocnhaol ,d peu reesp srees iemnptaecdiíóan  ap aomlítibcoas  erreac uersrpeencteiasl mele enjteer cinictieon dsea  feunn cloio nsuebs jeptaivrao  lya se nq uloe 
es consustancial su presencia personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña
de la participación en sus procesos deliberativos y decisorios de miembros de especial 
relevancia política.
En el caso del recurrente don Jordi Turull i Negre la intensidad de esta afectación 
presenta un grado muy alto, pues la decisión judicial impugnada se adopta en pleno 
curso del proceso parlamentario de investidura como candidato a la Presidencia de la 
Generalitat.  Dicha  decisión  supuso,  en  lo  institucional,  interrumpir,  impidiendo  su 
continuación, un acto de esencial importancia en una democracia parlamentaria y, en lo 
que se refiere al candidato, frustrar las posibilidades de acceso a la presidencia de la 
Generalitat que podían deducirse del resultado de la primera votación.
(iii)  La  posibilidad  de  protección  del  interés  constitucional  prevalente  con 
alternativas menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la 
decisión controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio 
de proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no se cifraba solo en si la 
adopción de la medida cautelar de prisión provisional de los recurrentes era necesaria en 
interés de la protección de bienes jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de 
reiteración delictiva, sino también en si existían alternativas más equilibradas. Esto es, 
en si era posible adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que 
se intentaba controlar con la revocación de la situación de libertad bajo fianza de que 
venían gozando, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al 
derecho de representación política de los recurrentes y, muy especialmente, por la 
singularidad del caso de don Jordi Turull i Negre, que no interrumpiera el curso del 
proceso de investidura al que se estaba sometiendo en la cámara autonómica.
Las decisiones adoptadas por el magistrado-instructor y por la sala de recursos 
maximizaron  el  control  sobre  los  riesgos  de  reiteración  delictiva  a  través  del 
sometimiento a los recurrentes a un control prácticamente absoluto mediante la privación 
de libertad. Puede decirse, pues, que el derecho de representación política de los 
recurrentes  se  veía  anulado.  En  un  contexto  como  este  parecía  indispensable  un 
razonamiento acerca de la posibilidad de que se hubieran adoptado algunas de las 
medidas de control previstas en la legislación procesal penal para los sometidos a 
procedimiento no tenía suficiente eficacia para mantener un control suficientemente 
intenso del riesgo de reiteración delictiva dentro de la menor afectación posible del 
derecho de representación política. Parecía, además, necesario valorar —para apreciar 
la necesidad de desincentivar cualquier hipótesis de reiteración de las conductas que 
estaban siendo objeto de la instrucción penal— el hecho de que la decisión debía 
tomarse en un contexto en que aquellas conductas habían provocado ya la excepcional 
aplicación del mecanismo del art. 155 CE; y preguntarse si, en correlación con ello, la 
afectación del derecho de representación política de los recurrentes con estas medidas 
alternativas podría ser susceptible de un ámbito de constricción menos intenso. Se 
ofrecía, asimismo, como necesario, considerar con el suficiente detalle, tal como la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige, si era posible adoptar 
medidas  alternativas  que  paliaran  la  restricción  del  ejercicio  del  derecho  de 
representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la 
necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal. Era, finalmente, procedente, en 
cualquier  caso,  la  consideración  de  si  la  eventual  insuficiencia  de  estas  medidas 
alternativas para conseguir el fin constitucionalmente relevante de enervar los riesgos de 
reiteración delictiva podía ser objeto de alteración progresiva en orden a la adopción de 
medidas de mayor control en función de que su eventual insuficiencia fuera confirmada 
por la sucesión de acontecimientos. s
Estas consideraciones, como ya sucediera en relación con la citada STC 155/2019,  oe.
nos llevan a entender que hubiera sido procedente estimar el amparo y anular las  w.
resoluciones  impugnadas  con  la  finalidad  de  que  la  sala  de  recursos  del  Tribunal  22ww
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que se adoptara una nueva resolución acerca de las medidas que en su caso procedía 
adoptar respecto de los entonces investigados. Somos conscientes, desde luego, de que 
la estimación del recurso de amparo no podría ir en este momento más allá de la mera 
declaración del derecho fundamental invocado en el recurso, puesto que, como es bien 
sabido, en la actualidad existe una sentencia firme de condena que pone fin a la 
situación de prisión provisional.
El carácter novedoso del problema planteado y la esencial relevancia que tiene el 
derecho a la representación política en el sistema de democracia parlamentaria que 
constituye nuestro hábitat constitucional nos han llevado a tomar la decisión de disentir 
respetuosamente  con  la  desestimación  del  presente  recurso  de  amparo  en  lo  que 
respecta a la insuficiente ponderación del derecho de representación política.
Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Fernando 
Valdés Dal-Ré.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.