BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Lunes 20 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 155529
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
20916 Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 
de Andalucía.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto de la Ley.
Artículo 2.  Competencias administrativas.
Artículo 3.  Actividades y fines de la ordenación territorial y urbanística.
Artículo  4.  Principios  generales  de  la  ordenación  y  de  la  actividad  territorial  y 
urbanística.
Artículo  5.  Determinaciones  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y 
urbanística.
Artículo 6.  Normas de aplicación directa.
Artículo 7.  Invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Artículo 8.  Cooperación, colaboración y coordinación interadministrativas.
Artículo 9.  Colaboración público-privada.
Artículo 10.  La participación ciudadana.
Artículo 11.  Sistema de información territorial y urbanística.
Título I.  Régimen del suelo.
Capítulo I.  Clasificación del suelo.
Artículo 12.  Clases del suelo.
Artículo 13.  Suelo urbano.
Artículo 14.  Suelo rústico.
Capítulo II.  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
Artículo 15.  Condiciones generales.
Artículo 16.  Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Derechos generales.
Artículo 17.  Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes generales.
Artículo 18.  Derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano.
Artículo 19.  Derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico. e.
Capítulo III.  Usos y actividades en suelo rústico. 916ww
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Artículo 23.  Actuaciones sobre el hábitat rural diseminado.
Título  II.  Régimen  de  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  y  de 
actuaciones urbanísticas.
Capítulo I.  Principios generales.
Artículo 24.  Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones urbanísticas.
Artículo  25.  Propuesta  de  delimitación  de  las  actuaciones  de  transformación 
urbanística.
Artículo  26.  Áreas  de  reparto  y  aprovechamiento  en  las  actuaciones  de 
transformación urbanística.
Capítulo II.  Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano.
Artículo 27.  Actuaciones de mejora urbana.
Artículo 28.  Deberes de las actuaciones de mejora.
Artículo 29.  Actuaciones de reforma interior.
Artículo 30.  Deberes de las actuaciones de reforma interior.
Capítulo III.  Actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico.
Artículo 31.  Actuaciones de nueva urbanización.
Artículo 32.  Deberes de las actuaciones de nueva urbanización.
Título III.  La ordenación territorial.
Capítulo I.  Principios y directrices generales.
Sección 1.ª  Principios de la ordenación territorial.
Artículo 33.  Concepto y alcance de la ordenación territorial.
Artículo 34.  Instrumentos de ordenación territorial.
Sección 2.ª  Determinaciones para la protección del litoral.
Artículo 35.  Principios básicos para la ordenación del litoral.
Artículo 36.  Medidas específicas para la protección del espacio litoral.
Sección 3.ª  Determinaciones para la protección del paisaje.
Artículo 37.  Concepto de paisaje y criterios de integración paisajística.
Artículo 38.  Catálogos de Paisaje.
Capítulo II.  Los instrumentos de ordenación territorial.
Sección 1.ª  El plan de ordenación del territorio de Andalucía.
Artículo 39.  Objeto y finalidad.
Artículo 40.  Contenido.
Artículo 41.  Procedimiento de elaboración y aprobación.
Artículo 42.  Instrumentos para el desarrollo del POTA.
Sección 2.ª  Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.
Artículo 43.  Definición, objetivos y ámbito. e
Artículo 44.  Contenido y documentación. b
Artículo 45.  Procedimiento y tramitación. 916ww
Sección 3.ª  Instrumentos de desarrollo y gestión territorial.
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Capítulo III.  Planes y actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio.
Sección 1.ª  Los planes con incidencia en la ordenación del territorio.
Artículo 48.  Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio.
Artículo 49.  Elaboración y tramitación.
Sección 2.ª  De las actuaciones de interés autonómico.
Artículo 50.  Declaración de Interés Autonómico.
Artículo 51.  Proyecto de Actuación Autonómico.
Sección 3.ª  De las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio.
Artículo 52.  Definición e informe de las Actuaciones con incidencia en la ordenación 
del territorio.
Capítulo IV.  Efectos y vigencia de los instrumentos de ordenación territorial.
Sección 1.ª  Efectos de los instrumentos de ordenación del territorio.
Artículo 53.  Suspensión cautelar de las modificaciones de los instrumentos de 
ordenación urbanística.
Artículo 54.  Efectos generales de la aprobación de los Planes de Ordenación del 
Territorio.
Artículo 55.  Efectos de la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía.
Artículo 56.  Efectos de la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional.
Artículo 57.  Efectos de la Declaración de Interés Autonómico.
Sección 2.ª  De la vigencia de los instrumentos de ordenación territorial.
Artículo 58.  Vigencia, revisión y modificación.
Artículo 59.  Procedimiento de revisión y de modificación.
Título IV.  La ordenación urbanística
Capítulo I.  La ordenación urbanística.
Sección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 60.  Niveles e instrumentos de la ordenación urbanística.
Artículo 61.  Criterios para la ordenación urbanística.
Artículo 62.  Contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística.
Sección 2.ª  Instrumentos de ordenación urbanística general.
Artículo 63.  El Plan General de Ordenación Municipal.
Artículo 64.  El Plan de Ordenación Intermunicipal.
Artículo 65.  El Plan Básico de Ordenación Municipal.
Sección 3.ª  Los instrumentos de ordenación urbanística detallada.
Artículo 66.  Los Planes de Ordenación Urbana. b
Artículo 67.  Los Planes Parciales de Ordenación. 916ww
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Artículo 70.  Los Planes Especiales.
Sección 4.ª  Los instrumentos complementarios.
Artículo 71.  Los Estudios de Detalle.
Artículo 72.  Los Catálogos.
Artículo 73.  Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización.
Artículo 74.  Las Normas Directoras.
Capítulo II.  Tramitación, aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación 
urbanística.
Sección 1.ª  Competencias.
Artículo 75.  Competencias en el procedimiento de aprobación de los instrumentos 
de ordenación urbanística.
Sección 2.ª  Actos preparatorios.
Artículo 76.  Consultas.
Artículo 77.  Avance.
Sección 3.ª  Procedimiento.
Artículo 78.  Procedimiento.
Artículo 79.  Aprobación definitiva.
Artículo 80.  Tramitación a iniciativa privada.
Artículo 81.  Tramitación de los instrumentos complementarios de la ordenación 
urbanística.
Sección 4.ª  Publicidad, publicación y entrada en vigor.
Artículo 82.  Publicidad.
Artículo 83.  Publicación.
Artículo 84.  Efectos de la entrada en vigor.
Artículo 85.  Vigencia y suspensión.
Artículo 86.  Innovación de los instrumentos de ordenación urbanística.
Artículo 87.  Textos refundidos.
Título V.  La ejecución urbanística.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Sección 1.ª  Definiciones y criterios generales.
Artículo 88.  La ejecución urbanística. Alcance y principios.
Artículo 89.  Esferas de actuación pública y privada.
Artículo 90.  Presupuestos de la actividad de ejecución.
Sección 2.ª  Parcelación y reparcelación.
Artículo 91.  Parcelación urbanística.
Artículo 92.  Reparcelación.
Artículo 93.  Equidistribución de cargas y beneficios en las actuaciones urbanísticas 
y de transformación urbanística. es
Artículo 94.  Agente urbanizador. bo
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Artículo 98.  Deber de conservación de las obras de urbanización.
Capítulo II.  La ejecución de las actuaciones sistemáticas.
Sección 1.ª  Definiciones generales.
Artículo 99.  Unidades de Ejecución.
Artículo 100.  Sistemas de actuación.
Sección 2.ª  El sistema de compensación.
Artículo 101.  Características del sistema de actuación de compensación.
Artículo 102.  Iniciativa para el establecimiento del sistema y sus efectos.
Artículo 103.  La Junta de Compensación.
Artículo 104.  Incumplimiento de los plazos.
Sección 3.ª  El sistema de expropiación.
Artículo 105.  Características del sistema de actuación por expropiación.
Sección 4.ª  El sistema de cooperación.
Artículo 106.  Características del sistema de actuación por cooperación.
Artículo 107.  Pago de los gastos de urbanización por las personas propietarias.
Artículo 108.  Disposición de los bienes y derechos en el sistema de actuación por 
cooperación.
Capítulo III.  La ejecución de las actuaciones asistemáticas.
Artículo 109.  Ámbito de las actuaciones asistemáticas.
Artículo 110.  Actuaciones para mejorar o completar la urbanización.
Artículo 111.  Entidad de Urbanización.
Artículo 112.  Proyecto de distribución de cargas de urbanización.
Artículo 113.  Liquidación de la actuación.
Artículo 114.  Actuaciones directas para obtención de Sistemas generales y locales.
Capítulo IV.  La obtención y ejecución de sistemas generales y locales.
Artículo  115.  Formas  de  obtención  y  ejecución  material  del  suelo  destinado  a 
sistemas generales y locales.
Artículo  116.  Ocupación  y  expropiación  de  los  terrenos  destinados  a  sistemas 
generales y locales.
Artículo 117.  Obtención de terrenos destinados a sistemas generales y locales 
mediante ocupación directa. Indemnización por ocupación temporal.
Capítulo V.  Las áreas de Gestión Integrada.
Artículo 118.  La ejecución en áreas de gestión integrada.
Capítulo VI.  La expropiación forzosa por razón de urbanismo.
Artículo 119.  Supuestos expropiatorios por razón de urbanismo.
Artículo 120.  Procedimientos a seguir para la expropiación forzosa por razón de  s
urbanismo. oe.
Artículo 121.  Aprobación y efectos de la tasación conjunta. w.
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Artículo 124.  Liberación de la expropiación.
Artículo 125.  La reversión y retasación de los bienes y derechos expropiados por 
razón de urbanismo.
Artículo 126.  Los beneficiarios de la expropiación forzosa por razón de urbanismo.
Capítulo VII.  Instrumentos de intervención en el mercado de suelo.
Sección 1.ª  Los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 127.  Clases y constitución de los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 128.  Bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 129.  Destino y disposición de los bienes integrantes de los patrimonios 
públicos de suelo.
Artículo 130.  Reservas de terrenos.
Sección 2.ª  Derechos de superficie y de tanteo y retracto.
Artículo 131.  Derecho de superficie.
Artículo 132.  Derechos de tanteo y retracto. Delimitación de áreas.
Título VI.  La actividad de edificación.
Capítulo I.  La ejecución de las obras de edificación.
Artículo 133.  Actuaciones edificatorias.
Artículo 134.  Actuaciones edificatorias en suelo urbano.
Artículo 135.  Actuaciones edificatorias en suelo rústico.
Artículo  136.  Ejecución  mediante  sustitución  por  incumplimiento  del  deber  de 
edificación.
Capítulo II.  Medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación.
Artículo 137.  Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
Artículo 138.  Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 139.  Actos promovidos por Administraciones Públicas.
Artículo  140.  Competencia  y  procedimiento  de  otorgamiento  de  las  licencias 
urbanísticas.
Artículo  141.  Eficacia  temporal  y  caducidad  de  los  medios  de  intervención 
administrativa.
Artículo 142.  Acceso a los servicios por las empresas suministradoras.
Artículo 143.  Información y publicidad en obras.
Capítulo III.  La conservación y rehabilitación de las edificaciones.
Artículo 144.  Deber de conservación y rehabilitación.
Artículo 145.  Inspección técnica de construcciones y edificaciones.
Artículo 146.  Situación legal de ruina urbanística.
Título VII.  La disciplina territorial y urbanística.
Capítulo I.  Potestades administrativas.
Artículo 147.  Potestades públicas.
Capítulo II.  La potestad inspectora. bo
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Capítulo III.  Restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
Artículo 151.  Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sin título habilitante 
preceptivo.
Artículo 152.  Procedimiento para restablecer de la legalidad territorial y urbanística.
Artículo 153.  Plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
Artículo 154.  Ejecución forzosa de las medidas de adecuación de la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística.
Artículo 155.  Imposibilidad de ejecución.
Artículo  156.  Restablecimiento  de  la  legalidad  frente  a  actuaciones  con  título 
habilitante ilegal.
Artículo  157.  Restablecimiento  de  la  legalidad  ante  actuaciones  sometidas  a 
declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 158.  Competencias de los Municipios y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
Artículo 159.  Reglas comunes.
Capítulo IV.  Régimen sancionador.
Sección 1.ª  Disposiciones generales.
Artículo  160.  Principio  de  legalidad,  requisitos  de  infracciones  y  sanciones  y 
consecuencias legales.
Sección 2.ª  Infracciones y sanciones.
Artículo 161.  Clases de infracciones.
Artículo 162.  Multas.
Artículo 163.  Sanciones accesorias.
Artículo 164.  Graduación de las sanciones.
Artículo 165.  Decomiso de las ganancias provenientes de la infracción.
Artículo 166.  Responsables de las infracciones.
Artículo 167.  Concurso de normas punitivas y de infracciones.
Artículo 168.  Muerte o extinción de los responsables.
Artículo 169.  Prescripción.
Artículo 170.  Procedimiento sancionador.
Artículo 171.  Competencias sancionadoras.
Artículo 172.  Reducción de sanciones por reconocimiento de responsabilidad o 
cumplimiento de la resolución.
Título  VIII.  Medidas  de  adecuación  ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones 
irregulares.
Artículo 173.  La situación de asimilado a fuera de ordenación.
Artículo 174.  Efectos de la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
Artículo 175.  Plan Especial de adecuación ambiental y territorial de edificaciones 
irregulares.
Artículo 176.  Incorporación al planeamiento urbanístico de edificaciones irregulares.
Disposición  adicional  primera.  Reservas  para  sistemas  generales  y  locales  y 
legislación sectorial. e
Disposición  adicional  segunda.  Seguimiento  de  la  actividad  de  ejecución  bo
urbanística. 916ww
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Disposición adicional sexta.  Creación del Cuerpo de Subinspección de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
Disposición  adicional  séptima.  Normalización  y  difusión  de  los  instrumentos  de 
ordenación.
Disposición adicional octava.  Registro de Entidades Colaboradoras.
Disposición adicional novena.  Licencia o declaración responsable para escrituras 
públicas y asientos registrales.
Disposición transitoria primera.  Aplicación de la Ley tras su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda.  Vigencia, innovación y adaptación de los planes e 
instrumentos vigentes.
Disposición transitoria tercera.  Planes e instrumentos en tramitación.
Disposición  transitoria  cuarta.  Ordenación  Urbanística  en  los  municipios  sin 
planeamiento general.
Disposición transitoria quinta.  Régimen de las edificaciones terminadas antes de la 
entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, y de aquellas para las que hubiera 
transcurrido  el  plazo  para  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio.
Disposición  transitoria  sexta.  Plazo  para  restablecer  la  legalidad  territorial  y 
urbanística en la zona de influencia del litoral.
Disposición transitoria séptima.  Normativa aplicable con carácter supletorio.
Disposición transitoria octava.  Comisiones de valoración.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo 
Consultivo de Andalucía.
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que declaró nula 
la mayor parte de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico 
y Valoraciones del Suelo (y, consecuentemente, el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio), evidenció la necesidad urgente de elaborar una 
norma andaluza propia en materia de urbanismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). Una norma que, como el 
resto de normativas autonómicas en la materia, hundía sus raíces en nuestro modelo 
tradicional de planeamiento y gestión, creado a mediados del siglo XIX, para resolver los 
problemas de la ciudad industrial.
Transcurridos más de 18 años desde su aprobación, y tras quince modificaciones 
que  han  ido  ajustando  la  norma  primitiva  a  los  cambios  sociales,  tecnológicos,  e.e
económicos y de desarrollo sostenible acaecidos desde entonces, existe un consenso  b
general sobre la necesidad de elaborar una nueva normativa en materia de suelo,  916ww
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comFpuoen eenl  perlo tpeirori tGoroiob iaenrndoa launz.daluz el que, en la anterior legislatura, puso en marcha los
trabajos  para  la  elaboración  de  un  nuevo  texto,  que  se  llegó  a  tramitar  como
anteproyecto de ley. Esta nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía  retoma  el  texto  en  tramitación,  manteniendo  aquellas  cuestiones  que 
obtuvieron un amplio consenso social, pero incorporando cambios sustanciales y, sobre 
todo, un enfoque diferente, positivo y realista, sobre cómo debe ser nuestro modelo 
urbanístico.  En  este  sentido,  no  se  trata  de  desregularizar  el  urbanismo,  sino  de 
flexibilizarlo, estableciendo unas reglas adaptadas a la realidad actual, claras, sencillas, 
fáciles de entender y de aplicar.
Parecido análisis cabe efectuar en relación con nuestra legislación territorial, la 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (en adelante LOTA). El balance de más de un cuarto de siglo de ordenación 
territorial en nuestra región tampoco resulta totalmente positivo. Los planes territoriales, 
desde el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) hasta los 
planes  de  ámbito  subregional,  han  resultado  insuficientes  para  equilibrar  nuestros 
territorios o incentivar un desarrollo sostenible en beneficio de los ciudadanos y, en 
particular,  de  los  habitantes  de  las  zonas  rurales.  La  falta  de  conexión  entre  los 
instrumentos de ordenación territorial y los urbanísticos, por no adaptar estos a las 
normas y directrices territoriales, unido a la ausencia de instrumentos de ordenación 
territorial en parte del territorio andaluz, que ha exigido la pervivencia de las antiguas 
Normas Provinciales y los desfasados Planes Especiales de Protección del Medio Físico 
aprobados en los años ochenta, da lugar a contradicciones normativas y a desequilibrios 
territoriales que impiden generar oportunidades o comprometer inversiones.
La legislación en materia de ordenación territorial y urbanística se ha visto afectada, 
además, por el desarrollo normativo en este y en otros campos que, con mayor o menor 
incidencia, afectan a la actividad urbanística, destacando la legislación básica de suelo y 
rehabilitación  urbana  y  el  nuevo  marco  sobre  procedimiento  administrativo, 
transparencia,  evaluación  ambiental,  cambio  climático  y  vivienda.  La  adecuada 
incorporación  de  esas  regulaciones  y  la  obligada  coordinación  con  las  políticas 
sectoriales  hacen  necesaria  la  revisión  del  actual  marco  normativo  en  materia  de 
ordenación  del  territorio  y  urbanismo  en  nuestra  Comunidad  Autónoma,  resultando 
imprescindible la reproducción de determinados preceptos de la legislación del Estado a 
efectos de aportar mayor seguridad jurídica.
Por otra parte, la crisis económica de los últimos años pone de relieve la necesidad 
de  adoptar  fórmulas  de  planificación  y  gestión  de  nuestras  ciudades,  capaces  de 
adaptarse con flexibilidad a los cambios y a las nuevas necesidades sociales y de 
desarrollo económico. Todo ello basado en la búsqueda de la calidad de vida de los 
ciudadanos  y  en  el  paradigma  de  la  sostenibilidad  desde  una  perspectiva  social, 
ambiental y económica, puesto que el principio del desarrollo sostenible exige armonizar 
el uso racional de los recursos naturales con las nuevas condiciones económicas, de 
empleo, la igualdad de trato, la cohesión social, la seguridad de las personas y la 
protección del medio ambiente.
Ante esta situación, han sido muchas las voces que, en los últimos años, han 
requerido un marco jurídico estable, en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
que ofrezca mayor seguridad jurídica a los operadores y sea más sencillo y ajustado a la 
legislación sobrevenida.
El correcto encaje de la ordenación urbanística dentro del marco general de la 
ordenación territorial se revela también como una necesidad acuciante. No es razonable 
mantener por más tiempo dos modelos de ordenación tan diferenciados. Por una parte, 
el  de  la  legislación  urbanística,  cuyas  carencias  para  adaptarse  a  las  nuevas  s
necesidades son evidentes y, por otra, el de la legislación territorial, tan general y  oe.
abstracta que pocas de las propuestas que contienen los planes territoriales -como las  w.
áreas de oportunidad de los planes de ámbito subregional- han llegado a desarrollarse y  916ww
ejecCutoanrsscei.ente de esta problemática, y en respuesta a ella, la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha puesto en marcha diferentes iniciativas para simplificar la normativa y
agilizar los procedimientos urbanísticos. No obstante, este objetivo no podrá alcanzarse 
plenamente sin una revisión profunda de la legislación aplicable en materia de suelo.
Dicha revisión debe partir, ineludiblemente, de la existencia de un bloque normativo 
constitucional compuesto por los artículos 45 a 47 de la Constitución Española, que 
condicionan directamente la acción pública en materia de suelo y vivienda que, con el 
objetivo de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, contribuya a asegurar el 
derecho a una vivienda digna sobre la base de un uso racional de los recursos naturales, 
como  el  suelo,  y  de  los  recursos  culturales,  como  el  patrimonio  urbano  y  el 
arquitectónico.
Por otra parte, la Ley debe fundamentarse en el concepto de sostenibilidad como 
modelo  territorial  y  urbanístico  e  incorporar  en  su  regulación  las  orientaciones  del 
Convenio Europeo del Paisaje que fueron asumidas por la Comunidad Autónoma en la 
Estrategia de Paisaje de Andalucía aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 
de marzo de 2012. El desarrollo sostenible es el concepto nuclear del derecho ambiental 
de nuestro tiempo y los objetivos de desarrollo sostenible, recogidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en concreto los objetivos 11 y 13, que 
inciden  con  más  intensidad  en  el  urbanismo  y  en  la  ordenación  del  territorio,  se 
incorporan a la ley, apostando por ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, 
a través de la regeneración y rehabilitación urbana e implementando medidas para evitar 
los riesgos provocados por el cambio climático. La Ley asume los objetivos del Acuerdo 
de París de 2015 sobre el Cambio Climático, así como las exigencias que la Ley 8/2018, 
de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía establece para los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. Asimismo, el desarrollo sostenible exige la incorporación de la 
economía circular en el ejercicio de las competencias de ordenación del territorio y 
urbanismo, en la fase de ordenación y en la de ejecución, y el establecimiento de 
criterios que fomenten la creación de ciudades inteligentes y sostenibles, mejorando la 
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
Así pues, de acuerdo con el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española y el 
artículo 56, apartados 3, 5 y 6 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el presente 
texto legislativo desarrolla, en todos sus extremos, las competencias que en materia 
territorial, urbanística y de ordenación del litoral tiene atribuidas nuestra Comunidad 
Autónoma.
II
Varios lustros de aplicación de la LOTA y de la LOUA han sido suficientes para tomar 
conciencia de que ni la Administración, ni las necesidades de la sociedad, ni el entorno 
en el que nos desenvolvemos son los mismos que a principios de la primera década de 
este siglo, lo que hace necesaria la revisión de ambos cuerpos normativos con el 
objetivo de mejorar tanto la legislación como la actividad de la Administración.
La  Ley  opta  por  integrar  en  un  solo  cuerpo  legislativo  la  regulación  sobre  la 
ordenación territorial que incluye la ordenación del litoral y la ordenación urbanística en 
Andalucía, que hasta ahora se había materializado en dos disposiciones legislativas 
elaboradas  con  diferentes  perspectivas,  aportando  con  ello  un  planteamiento 
complementario y coordinado de ambas materias. Se propone, así, un modelo que 
rompe con el rigor formalista de la legislación actual para abordar los retos que tienen 
hoy las ciudades y el territorio, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de la  s
ciudadanía. e.
Para ello es necesario reforzar el carácter transversal que caracteriza a la ordenación  w.
territorial, con el fin de dotar a las políticas sectoriales que intervienen en el territorio de  916ww
uunrbaa neíssttriactae gdiae  cuonm úsno pyo crtoeh ebraesnated op aeran  elal  doersdaerrnoallcoió dne  dAen dlaolsu ciínat eyr eas elas  pdlaen iaficlcaacniócne 
asumpbriaelnotcaal.l, que permita la cohesión económica y social del territorio y la sostenibilidad  BOE-A-cable e
El núcleo fundamental de la ordenación del territorio viene constituido en esta norma 
por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador que, aun sirviendo a la 
fijación de usos del suelo y al equilibrio entre las distintas partes del territorio andaluz, 
flexibilizan el marco de actuación del planificador urbanístico municipal, sin limitar su 
capacidad para ordenar su propio ámbito territorial.
El modelo urbanístico vigente en la actualidad mantiene, en lo esencial, el sistema 
tradicional de planeamiento y gestión establecido en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. Se caracteriza por una rígida estructura jerárquica de planes y de 
instrumentos que no responde a los cambios sociales y económicos con la misma 
velocidad en la que estos se producen en las ciudades del siglo XXI.
Son muchas las disfunciones que genera este modelo tan determinista y rígido, y no 
es menor la problemática derivada de la frecuente anulación de los Planes Generales 
por  sentencias  de  los  Tribunales,  con  las  consecuencias  que  ello  tiene  sobre  el 
planeamiento  de  desarrollo.  El  concepto  de  Plan  General  como  norma  rígida  que 
determina todo el planeamiento de desarrollo es la causa última de ese problema.
La nueva propuesta, aunque mantiene principios y técnicas del antiguo sistema que 
siguen teniendo hoy plena validez, debe ser relativamente disruptiva con el sistema 
territorial y urbanístico que ha regido en Andalucía y en España en los últimos años, ya 
que  pretende  superarlo  y  adaptarlo  a  las  nuevas  demandas  y  necesidades  de  la 
sociedad. Los problemas y demandas de la ciudad del siglo XXI deben ser abordados 
con nuevas soluciones que requieren de un cambio en el sistema de planes territoriales y 
urbanísticos.
Desde este punto de partida, los objetivos en los que se basa la nueva Ley de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía son los siguientes:
1.  Por su singularidad e importancia y por ser uno de los objetivos prioritarios es 
necesario  destacar  la  inclusión  en  esta  Ley,  de  forma  decidida,  del  principio  de 
sostenibilidad en la ordenación territorial y en la actividad urbanística. La irradiación de lo 
ambiental en el territorio y el urbanismo, incorporando de forma clara la perspectiva de 
sostenibilidad social, ambiental y económica en todo el proceso de planificación, es uno 
de los grandes objetivos de la nueva norma. Si bien en los últimos años se han puesto 
en  marcha  diferentes  iniciativas  encaminadas  al  desarrollo  sostenible  de  nuestros 
municipios, estas no han llegado a incorporarse de forma eficiente por su grado de 
dispersión. Es propósito de esta Ley que toda la actividad en materia de suelo se rija por 
los principios de sostenibilidad y que todos los instrumentos de ordenación incorporen 
estos principios entre sus determinaciones. En este sentido, cobran especial importancia 
las medidas contra el cambio climático.
El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la obligación que 
tienen los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida. De ahí la prevalencia de los 
Planes  de  Ordenación  de  Recursos  Naturales  sobre  el  resto  de  instrumentos  de 
ordenación, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad.
Las ciudades contribuyen en un alto grado a la contaminación global del planeta y 
utilizan una buena parte de la energía consumida por la humanidad, generando los 
mayores  problemas  ambientales,  pero  es  también  en  ellas  donde  existe  mayor 
capacidad para afrontar esta situación de crisis medioambiental global. Es por ello que la  e.
Ley asume el cumplimiento de uno de los grandes retos de la sociedad actual contra el  w.b
cambio climático: el impulso de la transición energética mediante el fomento de las  916ww
enerEglí aus rrbeannoisvmabole sm eond eerl nteor,r itnoaricoi,d eon  epla srau elcoo rmúspteicnos ayr  enlo esl  sdueesloe quurbiliabnrioo.s  que  había
gcoennteinraudoo,  elsat ác ieund acdri siinsd. uEsntr ieall  my abrcaos aindtoe rneanc iuonn aml, oedsetelo f edneó mcerencoi msiee nhtao  aenxaplaiznasdivoo e ny 
multitud de cartas y estrategias. Con la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles y la Declaración de Toledo, promulgadas en los años 2007 y 2010 en el seno 
de la Unión Europea, o la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas de 2016 sobre 
ciudades y asentamientos humanos sostenibles, los organismos internacionales han 
puesto en el centro del debate la necesidad de un desarrollo urbano sostenible, que 
concentre sus esfuerzos en la ciudad consolidada.
En relación con el modelo de ciudad adoptado, y en coherencia con los principios 
establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana y la Agenda Urbana de Andalucía 2030, alineada con la 
Agenda Urbana Española, se refuerza aún más la apuesta por la ciudad compacta y 
diversificada con la que se evita un consumo innecesario de suelo que, como recurso 
valioso y finito, debe preservarse. En este contexto, se permite la transformación de 
nuevos suelos en casos justificados, manteniendo la colindancia con los núcleos urbanos 
existentes y siempre que se justifique que no existe una alternativa más adecuada para 
ubicar ese crecimiento en la ciudad consolidada.
Asimismo, esta nueva regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
alineada con el principio de Mejor Regulación de la Agenda Urbana Europea, tiene un 
papel fundamental para la mejora de la planificación y la gestión urbana en Andalucía. 
Con la nueva Ley se garantiza la inclusión de la perspectiva de sostenibilidad social, 
ambiental y económica en todas las políticas y estrategias de desarrollo y de renovación 
urbana,  destacando  la  contribución  de  la  planificación  territorial  y  urbanística  a  la 
mitigación y adaptación al cambio climático. En concreto, esta iniciativa legislativa se 
enmarca dentro de la Dimensión Gobernanza de la Agenda Urbana Andaluza de 2018, 
contribuyendo a la consecución de retos tales como la mejora de la gestión pública, una 
Administración eficaz y con liderazgo. A su vez, la Dimensión Espacial de la Agenda 
Urbana Andaluza establece en su articulado fines y principios para la ocupación racional 
del suelo que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del 
territorio, la estabilidad de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental y 
urbana de los municipios de Andalucía. Fines y principios que se concretan en directrices 
para la ordenación urbanística que persiguen impulsar una ciudad sostenible e integrada, 
mediante la dotación de servicios, espacios y equipamientos públicos y de vivienda, y 
proteger  su  patrimonio  natural  y  cultural,  así  como  favorecer  la  territorialidad 
interconectada a través de una movilidad sostenible y promover el equilibrio territorial a 
través de una ciudad compacta, polifuncional, cohesionada y equilibrada.
La regulación de la ordenación del territorio en esta Ley plantea la exigencia de dotar 
a Andalucía de espacios libres en ámbitos supralocales y metropolitanos, espacios 
públicos seguros, accesibles y verdes que protejan el patrimonio natural y cultural de los 
entornos urbanos y contribuyan al impulso de la ciudad sostenible e integrada de la 
Agenda Urbana Andaluza. La planificación territorial constituye, pues, el marco en el que 
se inscriben los procesos urbanos, valorando todos los componentes territoriales en un 
determinado contexto biofísico y cultural, sin olvidar la triple dimensión económica, social 
y ambiental de la sostenibilidad. A través de ella se promueve la equidad territorial y en 
las ciudades, el uso racional del suelo y la adaptación al cambio climático. La protección 
de los ámbitos más vulnerables y la creación de espacios verdes mejoran la resiliencia 
de las ciudades y de los territorios a los desastres naturales, a la vez que redundan en el 
bienestar y en la calidad de vida de los ciudadanos.
A  medida  que  se  constatan  los  efectos  del  cambio  climático,  se  supera  la 
biocapacidad  del  planeta  y  se  acentúa  la  pérdida  de  biodiversidad,  aumenta  la 
importancia de conservar y poner en valor el capital natural. Por ello, el suelo rústico  s
cobra un papel protagonista, considerando que los tejidos urbanos deben integrarse en  oe.
su territorio de manera respetuosa. w.
Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración de su entorno,  916ww
mfaecidliitoa ndruor aul nau nr eldaecsióanr rodlelo  cosmosptleenmibelnet ayri edaafrdo nctoann deol  mloesd iore utorsb andoe,  feonmveenjetcainmdioe neton  eyl 
dbeasspeo ebclaomnóiemnitcoa  edne l dmeteedrimo inruardaal sm áerdeiaanst.e P laa rpar eeslleor,v aucnioó nd ed el oasc toivbidjeatdiveoss  ceosm apmetpitilviaars  lay   BOE-A-cable e
multifuncionales,  incorporando  nuevas  actividades  compatibles  con  un  desarrollo 
sostenible y con una limitada, pero no rechazable, función residencial.
Los problemas originados por la normativa anterior en lo que respecta al mundo rural 
exigen una mejor regulación de los usos y del procedimiento para su autorización desde 
una perspectiva positiva, sin que deba excluirse una controlada y motivada función 
residencial que coadyuve a su desarrollo sostenible.
Para evaluar el cumplimiento de este objetivo se incorpora en el contenido de los 
planes de ordenación territorial un mecanismo de evaluación a través de un sistema de 
indicadores de gestión y sostenibilidad. Por otro lado, en los proyectos de urbanización 
se establece la necesidad de definir las obras atendiendo a criterios de sostenibilidad.
2.  Configurar una norma sencilla, actualizada, sistematizada y coherente con la 
normativa sectorial que permita la agilización del proceso de tramitación, la aprobación 
de los instrumentos de ordenación y la implantación de actividades económicas. Esta 
nueva norma nace con el firme propósito de acortar de manera sustancial los plazos de 
tramitación, conjugando esta agilización con las medidas de control y de seguridad 
jurídica que deben regir la planificación y la implantación de toda actuación.
Por otra parte, se considera necesario reducir la densidad normativa en urbanismo 
porque, de intensificarla, se reduciría en la misma proporción la competencia local para 
establecer una política urbanística propia.
Esta operación de aligeramiento de la norma legal exige una adecuada planificación 
del desarrollo reglamentario que contenga la regulación propia de su rango normativo en 
el marco de las determinaciones y principios generales de la ley. En este sentido, se 
prevé la aprobación en el plazo de seis meses, desde la aprobación de esta ley, de los 
Reglamentos de Planeamiento y Gestión Urbanística, que acompañarán al ya vigente 
Reglamento de Disciplina Urbanística de nuestra Comunidad Autónoma, que deberá 
también adaptarse a esta Ley.
3.  Mejorar el contenido y el alcance de las determinaciones de los instrumentos de 
ordenación territorial en aras de propiciar unos instrumentos más prácticos, realistas, 
ejecutables y no meramente teóricos. Los actuales instrumentos de ordenación territorial 
adolecen  de  exceso  de  determinaciones  negativas  y  sus  propuestas  rara  vez  se 
ejecutan. Es necesario revertir esa tendencia.
También es necesario que la ordenación del territorio cumpla efectivamente el papel 
de coordinación con el resto del ordenamiento sectorial. Una función que, hasta la fecha, 
se ha limitado a una mera declaración de intenciones, sin que se haya llevado a la 
práctica y sin lograr esa necesaria coordinación con el resto de políticas sectoriales, 
estatales y autonómicas.
Para alcanzar este objetivo, se incorporan los planes coordinados para el desarrollo y 
la gestión de las actuaciones territoriales propuestas por los instrumentos de ordenación 
territorial  y  los  mecanismos  para  su  ejecución  directa,  aplicándose  cuando  fuere 
necesario  los  mecanismos  de  gestión  urbanística.  El  equilibrio  territorial  exige 
mecanismos de compensación para aquellas zonas del territorio que por su ubicación 
ven mermadas sus posibilidades de crecimiento.
4.  Simplificar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística es otro de los 
objetivos de la presente norma, asumiendo los objetivos de las Agendas Urbanas, 
«mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza», lo que exige lograr un marco 
normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore también la 
gestión.
Una simplificación que alcanza al conjunto de determinaciones que integran estos  s
instrumentos y a su documentación, sin desvirtuar su objeto y alcance, sin menoscabar  oe.
la participación ciudadana, la información pública, ni la intervención de los distintos  w.
órganos y Administraciones Públicas implicados y, por supuesto, con absoluto respeto al  916ww
mlocaarcl,o  oc olam pAedtmeninciisatlr aecsitóanb lePcúibdloic ae nc eolm qpueete, ntaten toe nla m Aadtmeriinai sdtrea cuiórbna anuistmonoó mo icean  cmomatoe rilaa 
esespcteocriiaall,,  cpoune dlaa nle geijselracceiór ns uasu tcoonmómpeictae ndceia rsé gdiem eancu loecrdaol.  Dcoen e lsat ale fgoirsmlaac,i ósne  cvliagreifnictea  ye,n e lna   BOE-A-cable e
norma la distribución de competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo 
entre la Comunidad Autónoma y los Municipios sin olvidar el papel esencial de asistencia 
que corresponde a las Diputaciones Provinciales.
También  hay  que  superar  el  viejo  paradigma  de  que,  en  el  ámbito  territorial  y 
urbanístico,  la  seguridad  jurídica  es  equivalente  a  un  procedimiento  administrativo 
complejo, en el que se suceden múltiples controles. En este momento, el nuevo texto 
normativo busca una simplificación en la elaboración y tramitación de los instrumentos 
de ordenación, reforzando a su vez la participación, la transparencia y el acceso a la 
información.
Para ello, en el marco de la ordenación territorial, se eliminan trámites innecesarios, 
como son las bases o estrategias territoriales, que tenían carácter preparatorio del 
POTA, a fin de facilitar el procedimiento para su revisión, que debe realizarse de forma 
inminente para adecuar la ordenación territorial a la realidad, ajustándola al marco 
competencial que establece la Ley, potenciando las actuaciones territoriales directas y 
facilitando  la  adaptación  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  a  los 
instrumentos de ordenación territorial, de tal manera que los municipios puedan ejercer 
sus competencias urbanísticas de forma efectiva.
En cuanto a los instrumentos de ordenación urbanística, y para limitar los efectos de 
las anulaciones en cascada de los planes de desarrollo, se define, de conformidad con la 
legislación básica estatal, la relación entre las actuaciones de transformación urbanística 
y el instrumento de ordenación urbanística que establece la ordenación detallada, que 
tiene la consideración de una revisión en su ámbito y no de un instrumento urbanístico 
de desarrollo o modificación del planeamiento general, como se ha venido considerando 
en la legislación urbanística española.
Asimismo,  se  refuerza  la  participación  ciudadana  en  las  fases  preparatorias  e 
iniciales de la tramitación, de forma que se requiere una consulta pública previa a la 
elaboración de los Planes Generales de Ordenación Municipal y de los Planes de 
Ordenación Urbana, así como de sus revisiones. Posteriormente, cuando sea preceptiva 
la  elaboración  del  documento  de  Avance,  este  se  someterá  a  información  pública, 
consagrando de esta forma la participación pública durante toda la tramitación.
Para  agilizar  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  se 
refuerza el papel de órganos de apoyo y asistencia que impulsarán y coordinarán los 
informes sectoriales. Por otro lado, se suprime la necesidad de acordar la formulación de 
los instrumentos de ordenación urbanística y se establece un plazo máximo de tres años 
para  su  aprobación  definitiva,  desde  el  acuerdo  de  aprobación  inicial,  con  silencio 
positivo.
5.  En todo caso, hay que tener muy presente el carácter de función pública de la 
ordenación del territorio y el urbanismo, un carácter irrenunciable que la Ley pretende 
potenciar, tomando como base la defensa pública de una planificación y un urbanismo 
sostenibles. Corresponde a las Administraciones Públicas la dirección y control de la 
gestión y desarrollo de la ordenación territorial y urbanística, conforme al interés general 
y en base a la ponderación de los bienes jurídicos afectados que la Constitución protege.
No obstante, el principio del desarrollo sostenible exige incorporar la gobernanza en 
las  decisiones  públicas,  es  decir,  la  colaboración  y  la  coordinación  de  todas  las 
Administraciones  Públicas  y  la  participación  de  todos  los  sectores  económicos, 
profesionales y sociales en el proceso de toma de decisiones y en su ejecución.
6.  En idéntica situación se encuentra el actual modelo de gestión urbanística. La 
puesta en valor del urbanismo de obra pública, el gran olvidado de nuestro urbanismo  s
hasta  la  fecha,  exige  un  importante  esfuerzo  legislativo  para  garantizar  el  derecho  oe.
subjetivo a la propiedad privada en un marco donde la iniciativa privada empresarial  w.
debe cobrar un nuevo y marcado protagonismo. 916ww
una Hnaebcleasr iddaed c odlea bnoureasctiróon  tpieúmbplicoo. -Pproivteandcai aer ne estsate c ocolanbtoerxatoc ióens  shea cceor npvaietertnet ee,n t aomtrbai édne, 
leals c olínnetraosl  dees tlraa toérgdiecansa cdióen l au rlebya.n Lísat icreas npoo ndseabbeil ideastda rd ere lñaisd aA cdomni neisl tirmacpioorntaenst eP úpbalpiceal sq eune   BOE-A-cable e
debe desempeñar la iniciativa privada, especialmente la de carácter empresarial, en la 
gestión y ejecución de los planes, así como el de las entidades colaboradoras y los 
colegios profesionales.
En el modelo de gestión, el suelo urbano cobra una relevancia especial. Con esta 
Ley  se  pretende  dotar  a  las  actuaciones  en  suelo  urbano  de  un  régimen  jurídico 
adecuado  que,  en  el  marco  de  la  legislación  básica  de  suelo,  permita  una  mayor 
flexibilidad y remueva los obstáculos legales que han impedido su viabilidad técnica y 
económica.
7.  En ese contexto de participación de la iniciativa privada en la gestión y la 
ejecución  de  los  planes,  cobra  especial  relevancia  la  equidistribución  de  cargas  y 
beneficios, como eje vertebrador de las técnicas urbanísticas. Sin embargo, es necesario 
aclarar y acotar la técnica del aprovechamiento medio, pues, tal y como se ha venido 
aplicando en las últimas décadas, la perspectiva meramente económica que interioriza 
dicha técnica ha terminado por imponerse sobre lo que debe ser el verdadero objetivo de 
la planificación: la mejora de nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros territorios.
8.  El actual reparto competencial tampoco es el idóneo. Aunque es innegable que 
Andalucía es una de las comunidades autónomas que más ha avanzado en esta materia 
en  los  últimos  años,  todavía  queda  camino  por  recorrer.  No  puede  demorarse  el 
reconocimiento pleno de las competencias locales en el planeamiento urbanístico. Sin 
embargo, dichas competencias tienen su límite en los intereses supralocales, sobre los 
cuales  la  Comunidad  Autónoma  ostenta  competencias  exclusivas.  El  respeto  a  las 
normas y criterios territoriales es preciso para asegurar que no vuelvan a ordenarse 
bolsas de suelo que permanezcan sin desarrollar por no ajustarse a las necesidades 
cambiantes  de  la  sociedad,  poblacionales  y  económicas,  provocadas  por  las  crisis 
inmobiliarias.
Esta Ley supone un claro avance en la distribución de las competencias urbanísticas, 
apostando y defendiendo la autonomía local en el marco establecido por la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. El artículo 92.2.a) del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía atribuye a los municipios competencias propias en materia de 
«ordenación,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística».  Estas  competencias  se 
desarrollan en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio. No teniendo las entidades 
locales un ámbito predeterminado de atribuciones, corresponde a la legislación estatal y 
autonómica  atribuirles  competencias  concretas.  En  cualquier  caso,  se  asume  como 
punto de partida el artículo 6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, donde se recogen aquellas 
competencias de los municipios que tienen la consideración de propias y mínimas y se 
amplían, con el convencimiento de que la actividad urbanística es una función pública 
que corresponde a los municipios, sin perjuicio de las competencias que esta Ley asigna 
específicamente a la Comunidad Autónoma. En este sentido, cabe destacar que la 
ordenación de la ciudad consolidada y las decisiones sobre su transformación deben 
corresponder prioritariamente a los Ayuntamientos.
En lo que respecta a los municipios, la diversidad de estos requiere de un régimen y 
un sistema de planeamiento conforme a su tamaño, localización o topografía, entre otras 
características. Aquellos que no plantean una dinámica urbanística compleja, que tienen 
una población inferior a 10.000 habitantes, que no están incluidos en la franja litoral y no 
pertenecen a una aglomeración urbana, demandan y requieren un tratamiento singular, 
más ágil y simplificado si cabe, sin perjuicio de que justificadamente pueda aplicarse este 
régimen especial a aquellos otros municipios que, atendiendo a las características antes 
citadas,  exijan  dicho  tratamiento.  Como  novedad,  se  incorpora  el  Plan  Básico  de  s
Ordenación  Municipal  para  aquellos  municipios  que,  por  su  población  o  por  sus  oe.
condiciones específicas, no requieran de un desarrollo urbanístico complejo. Con ello se  w.
flexibiliza y simplifica la planificación urbanística, permitiendo a estos municipios ordenar  916ww
dlae tecrimudinaadc ioneexiss tdeen tee,s tap rLoepyo nceorn  pnleuneav ocsa paácmidbaitdo.s  El dnei vecl rdeec imdeietenrtmo inya cioanpelisc adr e llaoss 
pdlea nloess  ddeivbeers aodsa pmtaurnsicei pailo dsi.f eErenn etes ttea mcaoñnote, xgtora, dnoo d peo cdoemmpoles jiodlavdid ya rc aepl aimcidpaodrt adnet eg epsatipóenl   BOE-A-cable e
que desempeñan en la actividad urbanística, junto a los Ayuntamientos, las Diputaciones 
Provinciales, especialmente en el caso de municipios de poca población.
9.  Uno de los principales retos del urbanismo sostenible es dar respuesta a lo que 
se  ha  denominado  «el  derecho  a  la  ciudad»,  entendido  como  aquel  que  permite 
preservar la identidad de la ciudad como un conjunto de rasgos sociales, espaciales, 
históricos y culturales que la caracterizan, como soporte de la vida cotidiana de su 
ciudadanía en un contexto urbano seguro, de calidad adecuada e integrado socialmente. 
Para ello, entre otras cuestiones, esta Ley persigue transformar el espacio público 
urbano en lugares accesibles, confortables y habitables, con una vinculación entre la 
escala urbana y la escala humana. Hoy en día, la mayor parte del espacio público está 
limitado por las funciones asociadas al vehículo privado. Para revertir esta situación es 
necesario diseñar el tejido urbano desde el espacio público, buscando el equilibrio entre 
los espacios dedicados a la funcionalidad y la organización urbana y los espacios 
orientados al ciudadano, garantizando la accesibilidad universal y formas sostenibles de 
movilidad y suficiencia energética como elementos clave de un urbanismo sostenible. 
Asimismo, se debe promover la continuidad de los espacios libres urbanos y sus zonas 
verdes, el del entorno periurbano y rural, creando corredores ecológicos que favorezcan 
su interconexión y accesibilidad, y que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad.
También la salud y el bienestar de la población forman parte de los objetivos de la 
ordenación territorial y urbanística, dando respuesta a las demandas de mejora de las 
condiciones de vida de las personas individualmente y de las familias. El planeamiento 
urbanístico diseña nuestro entorno inmediato, determinando la movilidad y accesibilidad 
a bienes y servicios, la posibilidad de estar menos expuestos a la contaminación o la 
disponibilidad de espacios para el encuentro, el ocio y el trabajo. Incluso, puede facilitar 
o dificultar la aparición de cambios en los estilos de vida como la práctica regular de 
ejercicio.  Por  ello,  esta  norma  apuesta  decididamente  por  aprovechar  todas  las 
oportunidades que surjan para mejorar la calidad de vida de la población andaluza a 
través de una ordenación urbanística inclusiva y sostenible. Para todo esto, la Ley 
establece unos criterios básicos de ordenación urbanística que precisan de desarrollo 
reglamentario.
Dentro  del  espacio  público  urbano,  la  configuración  de  los  espacios  verdes 
desempeña un papel primordial en la consecución de pueblos y ciudades habitables. Por 
una parte, por su capacidad de regulación climática, de sumidero de carbono y de 
fijación de partículas contaminantes. Por otra, por su contribución a la biodiversidad de 
las áreas urbanas. Y, de manera indiscutible, por su función social como espacios de 
calidad para el esparcimiento, las relaciones humanas y la práctica deportiva al aire libre, 
favoreciendo la mejora de la salud.
10.  La ley responde a los principios de buena regulación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y lo dispuesto en el artículo 7.3 
del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación 
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, por cuanto 
responde al interés general y a razones de seguridad jurídica. Queda debidamente 
justificado que el cauce más adecuado para lograr los objetivos perseguidos es una 
revisión estructural de la legislación actual en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo; no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan 
menos obligaciones para alcanzar tales fines; está justificado el rango de la norma 
porque contiene materias reservadas a la ley; no se establecen cargas administrativas  s
innecesarias o injustificadas, sino al contrario, la intervención administrativa se encamina  oe.
a reducir trámites en los procedimientos administrativos y a suprimir autorizaciones  w.
administrativas; queda justificada la razón de interés general del establecimiento de  916ww
lsail eancctiiovsid acodn u srebnatnidísot icdae,s eys, tipmoar toúrlitoim, oe,n  lvoisrt updr odcee duinm riéegnitmose na ddme itnuitsetlraa taivdoms infiijsatnra tpivlaaz does 
mjusátxifiimcaors u ndae  vdeurrdaacdióenra,  aegni liazaracsió na  yc soinmfeprliifri cuancaió nm eany osru  tsreagmuirtaidcaiódn .jurídica, así como a  BOE-A-cable e
11.  La  gobernanza  tiene  un  marcado  carácter  integrador.  En  ella  confluyen 
diferentes políticas sectoriales, cuya necesidad de coordinación y coherencia a distintos 
niveles de gobierno es reconocida en la Dimensión sobre Gobernanza de la Agenda 
Urbana Andaluza.
La  utilización  de  métodos  y  técnicas  participativas  ha  permitido  incorporar  las 
aportaciones de actores públicos y privados sobre la realidad urbana, social y económica 
andaluza. También hay que resaltar la especial relevancia de los servicios públicos 
electrónicos a los ciudadanos, las empresas y los organismos administrativos en materia 
urbanística  y  territorial.  Se  persigue,  por  un  lado,  mejorar  la  interoperabilidad  y  la 
reutilización de la información y de la cartografía territorial y urbanística para el acceso y 
la  difusión  de  las  determinaciones  de  los  planes,  y  por  otro,  la  tramitación  de  los 
expedientes de ordenación del territorio, de urbanismo y de disciplina conforme a los 
requerimientos normativos en materia de administración electrónica.
Enmarcada  también  en  la  Dimensión  sobre  Gobernanza  de  la  Agenda  Urbana 
Andaluza, concretamente en el reto de la coordinación, hay que resaltar la cooperación 
con las Corporaciones Locales y demás Administraciones Públicas, con el objeto de 
agilizar  la  aprobación  de  los  documentos  de  cumplimiento  de  los  instrumentos  de 
planeamiento,  cuyos  acuerdos  de  aprobación  definitiva  contuvieran  determinaciones 
suspendidas o pendientes de subsanación.
III
La  ley  se  estructura  en  ocho  títulos,  además  de  un  título  preliminar,  nueve 
disposiciones  adicionales,  nueve  transitorias,  una  derogatoria  y  cinco  disposiciones 
finales.
El título preliminar contiene las disposiciones generales, donde se define el objeto de 
la Ley, las competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, la distribución 
competencial entre Comunidad Autónoma y Municipios, los principios de la ordenación 
de  la  actividad  territorial  y  urbanística,  sus  fines  y  su  objeto,  la  cooperación 
interadministrativa, el fomento de la iniciativa privada, los convenios interadministrativos 
y  urbanísticos,  así  como  los  derechos  de  participación  y  consulta  como  derechos 
fundamentales de la ciudadanía. Contiene, como novedad, el desarrollo de los principios 
para un desarrollo territorial y urbanístico sostenible y el régimen de invalidez de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
El título I desarrolla el régimen del suelo, estableciendo una nueva regulación mucho 
más sencilla y ajustada a la realidad sobre las distintas clases, categorías y situaciones 
en las que pueden encontrarse los terrenos. Se distinguen dos clases de suelo, suelo 
rústico y suelo urbano, desapareciendo el suelo urbanizable y la categorización del suelo 
urbano como consolidado y no consolidado, y se revisan las categorías del suelo rústico 
dentro del marco de la legislación estatal básica.
También se establece un marco básico que permite reconocer, a través de los 
instrumentos de ordenación urbanística, los núcleos rurales tradicionales, los ámbitos de 
hábitat rural diseminado y el hábitat troglodítico.
En  el  suelo  rústico  se  establece  la  categoría  de  especialmente  protegido  para 
aquellos  terrenos  que  requieren  de  tal  condición  por  aplicación  de  la  legislación  y 
planificación  sectorial.  En  general,  la  cláusula  de  «práctica  de  irreversibilidad»  que 
establece  la  legislación  estatal  debe  quedar  reducida,  en  su  aplicación,  a  aquellos 
terrenos cuyos valores aconsejen una protección permanente. Por eso, la Ley incluye  s
como suelos preservados, y no como protegidos, aquellos que el propio planeamiento  e.
territorial o urbanístico, atendiendo a sus valores o circunstancias, considera necesario  w.
preservar  temporalmente  de  su  transformación  y  los  que  presentan  riesgos  ciertos  916ww
amcietivnitdraasd eess.tos subsistan. Por último, se regula el suelo rústico común, sus usos y
En cuanto al régimen urbanístico del suelo, se regula de forma íntegra el contenido 
urbanístico del derecho de propiedad y los distintos regímenes y situaciones del suelo, 
sobre la base de criterios estrictamente urbanísticos.
En el Título II se regulan las actuaciones de transformación urbanística que pueden 
establecerse  en  cada  clase  de  suelo,  de  acuerdo  con  la  legislación  estatal.  Como 
novedad,  se  establece  el  procedimiento  para  la  delimitación  de  estas  actuaciones 
conforme  a  los  criterios  y  directrices  que  se  establezcan  en  el  Plan  General  de 
Ordenación Municipal o en el Plan de Ordenación Urbana, sin necesidad de proceder a 
una  modificación  del  planeamiento  general.  En  el  suelo  urbano  se  regulan  las 
actuaciones  de  mejora  urbana  y  las  de  reforma  interior  y  en  el  suelo  rústico  las 
actuaciones de nueva urbanización para dar respuesta a las demandas y necesidades 
que surjan y no puedan atenderse con el suelo urbano disponible.
El  régimen  establecido  para  las  clases  de  suelo  y  para  su  transformación  es 
coherente con la legislación básica estatal, que distingue entre las situaciones del suelo 
(la realidad física) para fijar el contenido del derecho de propiedad, y el régimen de las 
actuaciones de transformación urbanística (el proceso urbanístico), que son las que 
generan  las  plusvalías  en  las  que  debe  participar  la  comunidad,  por  exigencia 
constitucional.
El título III regula los instrumentos de ordenación territorial, de protección del litoral y 
del paisaje. En los instrumentos de ordenación territorial se recoge el esquema de la 
anterior Ley; no obstante, se define con más precisión en qué consiste la ordenación del 
territorio y se concreta y amplía el contenido de los planes, de manera que serán estos 
los  que  establezcan  las  directrices  y  el  marco  que  debe  respetar  el  planeamiento 
urbanístico. De esta manera, forman parte de la estrategia territorial de los planes las 
determinaciones que afectan directamente a intereses supralocales y que antes se 
contenían en el planeamiento urbanístico. Todo ello facilitará la tramitación de los planes 
urbanísticos, garantizando la participación de los Ayuntamientos en la elaboración de los 
planes territoriales y el equilibrio social, económico y ambiental de todos ellos en función 
de sus características propias.
Además, se incorpora el Proyecto de Actuación Autonómico como instrumento de 
ejecución de las actuaciones previstas en dichos planes, pudiendo, en los casos fijados 
en la Ley, incorporar determinaciones de ordenación que serán vinculantes para los 
Ayuntamientos. Asimismo, se incorporan las últimas modificaciones introducidas en la 
LOTA en relación con las Declaraciones de Interés Autonómico y las Declaraciones de 
Interés Estratégico, garantizando la efectiva participación de los municipios en el proceso 
de tramitación.
Por último, se elimina la relación de planes con incidencia territorial que se contenía 
en un anexo de la LOTA, ya que la práctica ha mostrado la inseguridad jurídica que 
produce la incorporación de planes al mismo mediante continuas modificaciones. En este 
sentido, se ha optado por exigir de forma genérica que todos los planes que puedan 
tener incidencia en el territorio se sometan a informe de la Consejería competente en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El título IV establece detalladamente la ordenación urbanística. El nuevo esquema de 
los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  pretende  simplificar  la  visión  del 
planeamiento general como un acumulador de contenidos y determinaciones que venían 
a complicar su tramitación, incluso para los casos más simples. Así, se ha configurado 
un sistema de instrumentos de ordenación basado en dos figuras que simplifica su 
tramitación y facilita su desarrollo. Por un lado, el Plan General de Ordenación Municipal,  s
como instrumento con el que se configura y define el modelo de ciudad a medio y largo  oe.
plazo, y, por otro, el Plan de Ordenación Urbana, como instrumento propio de ordenación  w.
detallada  de  la  ciudad  existente  y  de  respuesta  a  las  necesidades  de  mejora,  916ww
rveiegneen eara ccilóanri fiyc arer healb imlitaarccióon  adcetu easl,t as. eE sctoem spisletemmean tdau ayl  ddee spalrarnoellaa mcieonnt ou, nq useis tseinm ad uddae 
iPnasrtrcuiaml ednet oOsr ddeen oarcdióenn apcaióran  ladse  ascetguuancdioon ensiv edle  ennu eevl aq uuerb saen izmaacniótine neen  lsau feiglou rraú sdtieclo P yl aenl   BOE-A-cable e
Plan Especial para actuaciones de reforma interior en suelo urbano, cuyo objeto y 
finalidad  se  clarifica.  Este  sistema  de  planeamiento  se  complementa  con  otros 
instrumentos de ordenación urbanística, entre los que se mantienen los ya consagrados 
Estudios de Detalle, Ordenanzas Municipales y Catálogos, que han demostrado su 
eficacia a lo largo de los años. Y, como novedad, se incorporan los Planes Básicos de 
Ordenación Municipal para determinados municipios, como instrumento de ordenación 
urbanística general y detallada, y los Estudios de Ordenación, como instrumentos de 
ordenación urbanística específicos con los que dar respuesta a las actuaciones de 
mejora urbana. Se mantienen las Normas Directoras como instrumento complementario 
de la ordenación urbanística, aunque con un contenido más flexible que en la regulación 
anterior, al objeto de contribuir a la correcta integración de la actividad urbanística a esta 
Ley.
Finalmente, se regula pormenorizadamente el régimen de elaboración, tramitación, 
aprobación e innovación de dichos instrumentos urbanísticos, definiéndose el régimen de 
competencias  para  cada  una  de  las  fases  procedimentales  y  estableciéndose  la 
coordinación con los procedimientos sectoriales. Cabe destacar el avance de la Ley en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística general que 
corresponderá, en su totalidad, a los municipios, lo que permite simplificar su tramitación.
El título V se dedica a regular la ejecución urbanística, estableciendo una serie de 
disposiciones relativas a la actividad administrativa de ejecución, los sujetos legitimados 
para  la  misma,  las  distintas  formas  de  gestión,  la  ejecución  mediante  actuaciones 
sistemáticas  y  asistemáticas,  los  distintos  sistemas  de  actuación  (compensación, 
cooperación y expropiación), así como la ejecución de los equipamientos. Se clarifican 
las actuaciones sistemáticas y asistemáticas, y se facilita la ocupación de los terrenos 
necesarios para implantar sistemas generales o locales.
El sistema tradicional para la equidistribución de cargas y beneficios se mantiene, 
pero estableciendo una relación directa entre los ámbitos de ordenación y de gestión de 
las actuaciones de transformación urbanística, adscribiendo a los mismos los sistemas 
generales que les correspondan. La pretensión de corregir las desigualdades en el 
reparto de cargas y beneficios, tomando como ámbito de referencia todos los sectores 
del suelo urbanizable, ha sido fuente de disfunciones y ha facilitado, en cierto modo, la 
especulación del suelo. La nueva Ley propone flexibilizar esta tradicional técnica pero, 
sin perjuicio de la exigencia de justificar las diferencias entre los aprovechamientos de 
las  diferentes  actuaciones  de  transformación  de  nueva  urbanización,  considera 
necesario  que  la  determinación  de  los  parámetros  de  los  nuevos  desarrollos  se 
fundamente en la aplicación de los principios de racionalidad, coherencia e interdicción 
de la arbitrariedad, motivando y justificando las decisiones que se adopten mediante el 
análisis  de  la  incidencia  ambiental  de  esas  propuestas,  así  como  de  su  viabilidad 
económica.
En cuanto a la gestión urbanística, en el marco de la seguridad jurídica buscada, la 
Ley defiende con firmeza la dimensión social del urbanismo pero apuesta decididamente 
por la colaboración público-privada, superando el papel concedido a la iniciativa privada 
en nuestro modelo tradicional. La nueva norma regula la actuación de la iniciativa 
privada en el marco de la libertad de empresa recogida en la Constitución, si bien la 
tutela pública de la actividad exige que esa iniciativa sea posible desde el punto de vista 
de la viabilidad técnica y financiera. Con esta visión se pretende asegurar a la sociedad 
el éxito de la actividad privada desde un primer momento, huyendo de operaciones 
meramente especulativas. Es decir, la iniciativa privada en el ámbito urbanístico exige,  s
en primer lugar, garantizar la solvencia económica y financiera del que la impulsa. oe.
En el título VI, que regula la actividad de edificación, y para una mejor sistemática de  w.
la norma, se ha optado por incluir de manera independiente la regulación de la ejecución  916ww
ddee  larusi noab rausrb daen ísetdicifaic ayc iólons,  eal cdtoesb esr udjeet ocso nase rlivcaecniócina  yo r edheacblialirtaacciióónn,  rlae sspitounascaióbnle .le gSael 
rpeolar cdioenclaanra lcoisó na crteossp yo nlossa bulseo os  dceolm suuneilcoa ccuióyna  paruetvoiraiz; asceió anc elaxrpar eesla r épguiemdeen s eqru es upsetirtmuiditea   BOE-A-cable e
simultanear  las  obras  de  urbanización  y  edificación,  en  coordinación  con  las  fases 
definidas de la urbanización, y se reconoce la posibilidad de establecer fases para las 
obras de edificación, con arreglo a un régimen de garantías. Por último, se delimita y se 
define el deber de conservación y de rehabilitación.
El título VII regula la disciplina territorial y urbanística, estableciendo el marco de la 
potestad inspectora, de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística, y la 
potestad sancionadora.
A este respecto, la regulación en una sola Ley de la normativa territorial y urbanística 
supone una oportunidad para aclarar y delimitar el ámbito competencial de la Comunidad 
Autónoma en materia de disciplina. Como novedad, en consonancia con la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio, se define la 
competencia autonómica para el restablecimiento de la legalidad y la imposición de 
sanciones que comporten infracción de la ordenación territorial como una competencia 
directa. Al mismo tiempo, de conformidad con la normativa básica del Estado y la 
jurisprudencia constitucional, se establece la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
sustituya a los Ayuntamientos en el ejercicio de las acciones declarativas y ejecutivas 
para el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina.
Por otra parte, se ha procedido a una simplificación de los preceptos referentes a la 
tramitación de los procedimientos de disciplina urbanística para establecer un marco 
normativo  claro,  sencillo  y  sistemático,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  de  los 
procedimientos.
Especial consideración reviste la regulación de un procedimiento específico para el 
restablecimiento de la legalidad ante actuaciones no necesitadas de título habilitante, en 
consonancia con la regulación establecida a tal efecto en el reciente Decreto Ley 2/2020, 
de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 
productiva de Andalucía.
En  materia  sancionadora,  destaca  la  simplificación  de  los  tipos  básicos  de 
infracciones y sanciones, con objeto de establecer para el aplicador de la norma un 
marco normativo claro y sencillo. Al mismo tiempo, se ha procedido a actualizar los tipos 
y a incorporar las infracciones y sanciones que se habían incluido en nuestro marco 
normativo a través del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes 
para  la  adecuación  ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones  irregulares  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, incorporando, asimismo, las novedades del Decreto 
Ley 2/2020, de 9 de marzo, relacionadas con la potestad sancionadora y las actuaciones 
que no necesitan título habilitante.
Con el objeto de poner fin a la proliferación de edificaciones irregulares en suelo 
rústico, garantizando la sostenibilidad social, ambiental y económica perseguida en esta 
Ley, se procede a reforzar la disciplina territorial y urbanística autonómica mediante la 
creación  del  Cuerpo  de  Subinspección  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. Con ello se persigue crear un cuerpo especializado 
de funcionarios que, como apoyo al Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo  y  Vivienda  ya  existente,  garantice  una  mayor  presencia  en  el  territorio, 
detectando las actuaciones irregulares en sus primeras fases y, con ello, la rápida 
adopción de medidas que eviten su consumación.
Finalmente, el título VIII se dedica a las medidas de adecuación ambiental y territorial 
de las edificaciones irregulares. Resulta inadmisible, social y ambientalmente, no regular 
aquellas situaciones en las que, por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de la 
acción de restablecimiento de la legalidad, no cabe adoptar medidas disciplinarias y de  s
restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística.  Recogiendo  el  contenido  esencial  del  oe.
Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, la ley propone adoptar las medidas que  w.
permitan minimizar o reducir el impacto de esas actuaciones, especialmente graves  916ww
caupalicnadbol es ea t rlaatsa  deed ifaicgarucpioanceiosn eirsre dgeu laerdeifsic accoinosniedse riarrdeagsu lainrdeisv.i dEula tlímtuelon tree,g uella  teral traémgiiemnetno 
mdee dviivainetned palsa nireresg euslapreecsi ayl,e fsin daelm aednetceu, alac ipóons aibmilibdiaedn tdael  yin tceorrriptoorriaarl  dpiacrhaa sla es daifgicruapciaocnioens easl   BOE-A-cable e
modelo  de  ciudad  a  través  de  una  actuación  de  nueva  urbanización,  bien  en  el 
instrumento de ordenación o con posterioridad.
En las disposiciones adicionales se regulan, entre otras cuestiones, las reservas para 
dotaciones  cuando  existe  legislación  sectorial  que  las  regula,  los  mecanismos  de 
desafectación  de  las  vías  pecuarias  que  discurren  por  tramos  urbanos  y  aspectos 
notariales y registrales, con independencia de que a lo largo del texto existan referencias 
a la necesaria constancia registral de determinados actos y resoluciones para garantizar 
la publicidad a terceros.
En las disposiciones transitorias se establece un régimen flexible para adaptar a la 
Ley el planeamiento actualmente en vigor, distinguiendo los distintos supuestos de hecho 
en  que  se  pudieran  encontrar  tanto  el  planeamiento  general  como  los  restantes 
instrumentos  para  su  desarrollo  y  ejecución:  aprobados  y  en  vigor,  en  curso  de 
aprobación  y  sin  aprobación  inicial.  El  objetivo  es  que  sus  determinaciones  y  sus 
principios  se  vayan  incorporando,  de  manera  gradual  y  progresiva,  a  nuestro 
ordenamiento,  sin  necesidad  de  imponer  plazos  perentorios  que  obliguen  a  su 
aplicación. Concluye con determinaciones referidas al régimen de conservación aplicable 
a las obras y servicios de urbanización y a la ordenación urbanística de los municipios 
sin planeamiento.
Atendiendo al objetivo de simplificación normativa, la disposición derogatoria dispone 
la derogación expresa, y en su totalidad, de hasta ocho disposiciones normativas; entre 
ellas, las leyes reguladoras de la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía.
Por  último,  las  disposiciones  finales  atienden  a  la  necesidad  de  incorporar 
modificaciones normativas sectoriales que, relacionadas con el contenido de la Ley y 
complementarias a ella, exigen una revisión.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1.  La presente Ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y el 
urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.  La ordenación territorial y urbanística se ajustará al marco de esta Ley, a las 
normas  autonómicas  y  locales  que  se  dicten  en  su  desarrollo,  incluidos  los 
correspondientes instrumentos de ordenación, a la normativa estatal que resulte de 
aplicación  y  a  las  disposiciones,  reglamentos  y  directivas  europeas  de  obligado 
cumplimiento.
Artículo 2.  Competencias administrativas.
1.  La  Comunidad  Autónoma  ostenta  competencia  exclusiva  en  materia  de 
ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.5 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. Dicha competencia comprende la ordenación, ejecución y 
disciplina sobre aquellas actuaciones, usos y asentamientos existentes o futuros cuya 
incidencia trascienda del ámbito municipal por su objeto, magnitud, impacto regional o 
subregional o por su carácter estructurante y vertebrador del territorio. En este sentido, 
tienen incidencia supralocal las actuaciones que afecten a:
a)  El sistema de asentamientos. e.
b)  Las  vías  de  comunicaciones  e  infraestructuras  básicas  del  sistema  de  w.
transportes. 916ww
telecco) muLnaisc aicnifornaeess.tructuras  supralocales  para  el  ciclo  del  agua,  la  energía  y  las
de))   LLoass  eaqctuivipidaamdieesn teocso, neósmpaiccaioss d leib rinetse ryé sse sruvipcriaolso cdael .interés supralocal. BOE-A-cable e
f)  El uso y aprovechamiento de los recursos naturales básicos, incluido el suelo, y 
en especial cuando afecte a los suelos rústicos de especial protección por legislación 
sectorial  y  a  los  suelos  preservados  por  los  instrumentos  de  ordenación  territorial 
previstos en esta Ley.
2.  Las competencias en materia de urbanismo, que en esta Ley se otorgan a los 
Municipios, se desarrollarán en el marco de la ordenación territorial y sin perjuicio de las 
competencias que en materia de urbanismo corresponden a la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con la Constitución y el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 3.  Actividades y fines de la ordenación territorial y urbanística.
1.  Son fines de la ordenación territorial:
a)  Favorecer la consolidación de un territorio equilibrado, cohesionado y sostenible, 
respetando la diversidad interna de la región y contribuyendo a la reducción de las 
desigualdades entre la población andaluza.
b)  Propiciar la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a través del sistema intermodal de transportes y sistema de 
telecomunicaciones.
c)  Facilitar una distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, 
armonizada  con  el  desarrollo  socioeconómico,  las  potencialidades  existentes  en  el 
territorio y la preservación de los recursos naturales y culturales.
d)  Consolidar un sistema de ciudades funcional y territorialmente equilibrado, como 
base para la competitividad de Andalucía, su desarrollo y el acceso a los equipamientos, 
dotaciones, recursos y servicios en condiciones de igualdad para el conjunto de la 
ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad de los municipios andaluces según su 
localización y las necesidades socioeconómicas y de vivienda de cada uno de ellos.
e)  Contribuir  a  la  mitigación  y  reversión  del  cambio  climático,  así  como  a  la 
adaptación del territorio a las nuevas condiciones que de este se derivan.
f)  Regular, integrar y armonizar las actuaciones públicas y privadas con incidencia 
en la ordenación del territorio.
2.  Son fines de la ordenación urbanística:
a)  Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio en términos 
sociales, culturales, económicos, sanitarios y ambientales, con el objetivo fundamental 
de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población.
b)  Vincular los usos y transformación del suelo, sea cual fuere su titularidad, a la 
utilización racional y sostenible de los recursos naturales, asegurando la adecuación e 
integración paisajística de las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística y 
el respeto a las normas de protección del patrimonio.
c)  Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, conforme a su función 
social y al interés general, garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos y en 
el cumplimiento de los deberes, una justa distribución de beneficios y cargas en el 
ámbito de cada actuación de transformación, así como la protección del medio ambiente.
d)  Asegurar la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se 
generen, impedir la especulación del suelo y garantizar su disponibilidad para los usos 
urbanísticos y los adecuados equipamientos urbanos, así como el acceso a una vivienda 
digna, estableciendo las reservas suficientes para vivienda protegida. e.e
e)  Integrar el principio de igualdad de género, teniendo en cuenta las diferencias  b
entre mujeres y hombres en cuanto al acceso y uso de los espacios, infraestructuras y  916ww
enqeuceipsaidmaideensto ds e umrbuajenroess,  yy h ogmarbarnetsiz eann dlaos  uancatu aacdioenceusa duarb agneíssttiiócna s pya rdae  taratennsdfoerrm  aa cilóans 
urbanística.
f)  Integrar el principio de igualdad de oportunidades, sin que pueda prevalecer 
discriminación  alguna  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
g)  Incorporar  la  perspectiva  de  la  familia,  asegurando  su  adecuado 
desenvolvimiento en el diseño de las ciudades.
h)  Atender a los principios de accesibilidad universal.
3.  La actividad de ordenación del territorio es una función pública que corresponde 
a la Comunidad Autónoma. Comprende los siguientes contenidos:
a)  Establecer el modelo territorial y los objetivos territoriales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en función del ámbito de actuación y de los diferentes sectores 
de actividad, incluyendo la formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de 
ordenación territorial previstos en esta Ley.
b)  Coordinar las actuaciones públicas y privadas con incidencia en la ordenación 
del territorio.
c)  Llevar  a  cabo  actuaciones  tendentes  a  mejorar  la  cohesión  territorial  y  a 
desarrollar de forma sostenible el territorio de la Comunidad Autónoma.
d)  Identificar  los  servicios  y  funciones  ecosistémicas  de  los  territorios  para 
garantizar su funcionamiento y los sistemas productivos.
e)  Evaluar las necesidades de la sociedad y la capacidad de acogida del territorio, 
plateando alternativas de ordenación que permitan cumplir con los fines de la ordenación 
territorial.
f)  Definir  los  instrumentos  de  gestión  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos 
territoriales.
g)  La  disciplina  territorial,  incluyendo  la  inspección,  el  restablecimiento  de  la 
legalidad y la sanción de las infracciones de la ordenación territorial.
h)  Cualquier otro que se considere necesario para la efectividad de los fines de la 
ordenación territorial.
4.  La actividad urbanística es una función pública que, desarrollada en el marco de 
la ordenación territorial, corresponde a los Municipios, sin perjuicio de las competencias 
que, por esta Ley, se asignan específicamente a la Comunidad Autónoma. Comprende 
los siguientes contenidos:
a)  La ordenación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del 
suelo, incluyendo la definición del modelo de ciudad y la tramitación y aprobación de los 
instrumentos de ordenación urbanística definidos en esta Ley.
b)  La incorporación en todos los instrumentos de ordenación y en las actuaciones 
urbanísticas y de transformación urbanística de los objetivos de sostenibilidad social, 
ambiental y económica que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad 
productiva del territorio, la eficiencia energética, la estabilidad de los recursos naturales y 
la mejora de la calidad ambiental y paisajística de los municipios de Andalucía.
c)  La transformación del suelo urbano mediante la regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos y la urbanización del suelo rústico de manera sostenible y justificada, 
incluyendo la determinación de la forma de gestión, y el control y la supervisión de su 
ejecución.
d)  La regulación e intervención en el mercado del suelo y de la vivienda a través de 
la gestión de los patrimonios públicos de suelo, el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto en las áreas delimitadas a tal efecto, la promoción de vivienda protegida, así  e.
como el fomento de la rehabilitación y la reutilización de los edificios y la culminación de  w.
los actuales desarrollos. 916ww
legaeli)d adL ay  ldai sscainpcliinóan  duerb laans íisntficraac, ciinocnleusy edned loa  olard einnsapceiócnc ióunrb, aenlí srtiecsat.ablecimiento de la
f)  La protección del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural.
g)  Cualquier otro que se considere necesario para la efectividad de los fines de la 
ordenación urbanística.
5.  Los principios rectores de la política social y económica, establecidos en los 
artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, y los objetivos básicos contemplados 
en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía informarán la ordenación 
territorial y urbanística.
Artículo  4.  Principios  generales  de  la  ordenación  y  de  la  actividad  territorial  y 
urbanística.
1.  Los principios generales de la ordenación tienen carácter informador para la 
actividad territorial y urbanística y para los instrumentos de ordenación previstos en esta 
Ley, sin perjuicio de su aplicación directa en defecto de estos últimos.
2.  Las actuaciones territoriales y urbanísticas deberán ajustarse al principio de 
desarrollo sostenible y a los siguientes principios generales de ordenación:
a)  Viabilidad social: todas las actuaciones deberán justificar que la ordenación 
propuesta está basada en el interés general y dimensionada en función de la demanda 
racionalmente previsible, cumpliendo con la función social del suelo, estableciendo los 
equipamientos y las dotaciones que sean necesarios y tomando medidas para evitar la 
especulación. Se analizarán las necesidades derivadas de situaciones de emergencia y 
se considerarán las medidas incluidas en planes de emergencia y protocolos operativos.
b)  Viabilidad ambiental y paisajística: la ordenación propuesta deberá justificar el 
respeto y protección al medio ambiente, la biodiversidad y velar por la preservación y 
puesta en valor del patrimonio natural, cultural, histórico y paisajístico, adoptando las 
medidas exigibles para preservar y potenciar la calidad de los paisajes y su percepción 
visual. Asimismo, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para la 
adaptación, mitigación y reversión de los efectos del cambio climático.
c)  Ocupación sostenible del suelo: se deberá promover la ocupación racional del 
suelo como recurso natural no renovable, fomentando el modelo de ciudad compacta 
mediante las actuaciones de rehabilitación de la edificación, así como la regeneración y 
renovación urbana y la preferente culminación de las actuaciones urbanísticas y de 
transformación urbanística ya iniciadas frente a los nuevos desarrollos.
d)  Utilización racional de los recursos naturales y de eficiencia energética: las 
actuaciones serán compatibles con una gestión sostenible e integral de los recursos 
naturales, en especial de los recursos hídricos, y se basarán en criterios de eficiencia 
energética, priorizando las energías renovables y la valorización de los residuos.
e)  Resiliencia: capacidad de la ciudad para resistir una amenaza y para absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, incluyendo la 
preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.
f)  Viabilidad  económica:  todas  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  a 
ejecutar  por  la  iniciativa  privada  deberán  justificar  que  disponen  de  los  recursos 
económicos suficientes y necesarios para asumir las cargas y costes derivados de su 
ejecución y mantenimiento.
g)  Gobernanza en la toma de decisiones: en la planificación territorial y urbanística 
se  fomentará  la  cooperación  entre  las  Administraciones  Públicas  implicadas  y  los 
diferentes actores de la sociedad civil y del sector privado, así como la transparencia y 
datos abiertos. s
Artículo 5.  Determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
1.  Las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
podrán tener el carácter de Normas, Directrices o Recomendaciones.
a)  Las Normas son determinaciones vinculantes de aplicación directa e inmediata a 
los  terrenos  sobre  las  que  incidan.  Las  Normas  de  la  ordenación  del  territorio 
prevalecerán sobre las previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística.
b)  Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Con 
sujeción  a  ellas,  se  establecerán  las  medidas  concretas  en  los  instrumentos  de 
ordenación y en las actuaciones que en los mismos se contemplen para la consecución 
de dichos fines.
c)  Las Recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo. En caso de 
apartarse de ellas, deberá justificarse de forma expresa la decisión adoptada y su 
compatibilidad con los principios generales y objetivos establecidos en esta Ley.
2.  Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística indicarán expresamente 
el  carácter  de  cada  una  de  las  determinaciones,  conforme  al  apartado  anterior. 
Reglamentariamente  podrá  establecerse  qué  determinaciones  de  los  distintos 
instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo deben revestir necesariamente el 
carácter de Norma.
Artículo 6.  Normas de aplicación directa.
1.  Las  normas  establecidas  en  este  artículo  serán  de  aplicación  directa, 
cualesquiera  que  sean  la  clase  y  usos  del  suelo,  tanto  si  existe  instrumento  de 
ordenación urbanística como en ausencia de este.
2.  Las  construcciones,  edificaciones  o  instalaciones  se  adaptarán  al  ambiente 
natural y cultural en que estuvieran situadas y, en concreto:
a)  En  áreas  afectadas  por  procesos  naturales  y  efectos  adversos  del  cambio 
climático o actividades susceptibles de generar riesgos, tales como inundación, erosión, 
subsidencia,  deslizamiento,  incendio,  contaminación  u  otros  análogos,  las 
construcciones, edificaciones o instalaciones, o usos del suelo se permitirán siempre que 
respeten el régimen de protección aplicable, debiendo acometer las medidas legalmente 
exigidas por la Administración competente para garantizar la prevención y, en su caso, 
eliminación de los riesgos.
b)  Las  construcciones,  edificaciones  o  instalaciones  deberán  ser  adecuadas  y 
proporcionadas  al  uso  al  que  se  destinen  y  presentar  características  constructivas, 
tipológicas y estéticas adecuadas para su integración en el entorno donde se ubican, 
especialmente cuando se sitúen en espacios naturales protegidos o en el entorno de 
bienes del patrimonio histórico.
c)  Las  construcciones  e  instalaciones  deberán  utilizar  preferentemente 
instalaciones de energía renovable y de autoconsumo. A estos efectos, se consideran 
adecuadas y proporcionadas aquellas obras e instalaciones necesarias para el ahorro 
energético y para el funcionamiento de sistemas de energía renovable, salvo que sean 
incompatibles con el régimen de protección que fuera aplicable, en su caso.
3.  Los  actos  de  construcción,  edificación  e  instalación  que  sean  autorizables 
conforme al régimen de suelo que corresponda sobre terrenos que no cuenten con  es
instrumento de ordenación urbanística deberán observar las siguientes reglas: o
a)  No  tener  más  de  dos  plantas  de  altura  o  de  la  media  de  los  edificios  ya  916ww
dcoen ssutrsu didooss ,t ecrucaenradso  psaer ttersa.te de solar perteneciente a una manzana consolidada en más
b)  No comportar la demolición de bienes del patrimonio histórico, salvo autorización 
o informe preceptivo y vinculante de la Administración competente en materia de cultura, 
ni la supresión de dotaciones existentes.
4.  Para garantizar el acceso a las fuentes de energía renovable, las instalaciones 
de  producción  podrán  ocupar  espacios  libres  públicos  en  virtud  del  título  que 
corresponda,  así  como  los  espacios  libres  privados  y  cubiertas  de  edificios  y 
aparcamientos, públicos y privados, considerándose compatibles con los instrumentos 
de  ordenación  urbanística  por  razón  de  su  uso,  ocupación,  altura,  edificabilidad  o 
distancia a linderos. Lo anterior será de aplicación sin perjuicio del régimen de protección 
que resulte de aplicación y siempre que no se afecte negativamente al uso público de los 
terrenos y edificaciones.
Artículo 7.  Invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
1.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  estarán  sujetos  al 
régimen de la invalidez según lo que establezca la legislación estatal. Serán en todo 
caso nulas de pleno derecho las determinaciones de los instrumentos de ordenación que 
vulneren las normas sustantivas de las leyes.
2.  La invalidez de parte de un instrumento de ordenación no implicará la de las 
partes de este independientes de aquella y las que sean susceptibles de gestión y 
ejecución autónomas, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella no se 
hubiera aprobado el instrumento de ordenación o quedara desvirtuado el modelo de 
ordenación propuesto por el instrumento de ordenación urbanística.
3.  La invalidez de un instrumento de ordenación no implicará, necesariamente, la 
de otros o la de instrumentos de gestión cuyas determinaciones se puedan sustentar 
directamente en leyes, reglamentos u otros planes o tengan independencia funcional 
respecto a lo anulado. Se entiende que un instrumento de ordenación o de gestión posee 
independencia funcional, a los efectos de este artículo, cuando su desarrollo y ejecución 
sea posible en sus propios términos, aun con la desaparición del texto anulado.
Artículo 8.  Cooperación, colaboración y coordinación interadministrativas.
1.  Las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades 
adscritas o dependientes de ella se regirán, a efectos de esta Ley, por los principios de 
lealtad  institucional,  planificación,  participación,  cooperación,  colaboración  y 
coordinación,  garantizando  la  plena  aplicación  y  efectividad  de  los  instrumentos  y 
procedimientos  en  ella  establecidos,  con  respeto  a  los  respectivos  ámbitos 
competenciales.
2.  La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
coordinará las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía en estas 
materias y propondrá o adoptará las medidas necesarias para promover y facilitar la 
colaboración  y  cooperación  con  la  Administración  General  del  Estado  y  con  las 
Corporaciones Locales.
3.  Las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios interadministrativos 
con  la  finalidad  de  definir,  de  común  acuerdo  y  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias,  los  términos  en  que  deba  preverse  en  la  ordenación  territorial  y 
urbanística, o en su ejecución, la realización de los intereses públicos que gestionen. A 
estos  efectos,  podrán  celebrarse  convenios  para  la  prestación  de  asistencia  y  s
cooperación a las entidades locales en materias tales como la ordenación urbanística,  oe.
ejecución de los instrumentos urbanísticos, intervención en la edificación y uso del suelo,  w.
fdinisecsLip aelisxn paDr eiupsrubatadanocíisos tneicenas e  yPl  arcorutvíacinnuctloaia s3l e.ost rpaosd sráen e pstriemsetanr  naescisetesanrciiaas  tépcanraic ala  ac olonss emcuunciicóinp iodse,  leons   2021-20916n https://ww
especial  a  los  de  menor  población  y  a  los  municipios  de  insuficiente  capacidad
económica y de gestión, en los términos previstos en la normativa de autonomía local. Bc
Los  convenios  interadministrativos  podrán  tener  por  objeto  la  adaptación  de  la 
ordenación  urbanística  detallada  o  las  condiciones  de  ejecución  definidas  en  los 
instrumentos de ordenación urbanística cuando resulten afectadas por las obras de 
implantación de infraestructuras y servicios técnicos de una Administración Pública. 
Dichos  convenios  tendrán  el  efecto  de  modificar  los  instrumentos  de  ordenación  y 
ejecución  afectados.  En  cualquier  caso,  requerirá  la  previa  intervención  del  órgano 
municipal  competente  para  la  modificación  de  los  instrumentos  de  ordenación  y 
ejecución,  así  como  el  trámite  de  consulta  a  las  Administraciones  Públicas  cuyas 
competencias  pudiesen  resultar  afectadas.  Los  particulares  afectados  por  su 
implantación  podrán  convenir  con  la  Administración  actuante  las  condiciones  de 
ejecución en los términos establecidos en el artículo siguiente.
4.  Los órganos de la Administración General del Estado que, en el ejercicio de sus 
competencias,  lleven  a  cabo  actividades  de  planificación  con  incidencia  territorial 
deberán someterlas, con carácter previo a su aprobación, a informe preceptivo de la 
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio. Dicho informe versará 
sobre la coherencia de la actividad de planificación de que se trate con las estrategias y 
planificación de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, y se emitirá sin 
perjuicio de los mecanismos de concertación previstos en la legislación sectorial. El 
plazo para su emisión será de dos meses, transcurrido el cual, sin pronunciamiento 
expreso, se considerará que tiene carácter favorable.
Se propiciará que la resolución de las discrepancias que pudieran plantearse entre 
ambas  Administraciones  Públicas  se  realice  de  común  acuerdo,  para  lo  cual  se 
constituirán comisiones mixtas que propondrán convenios o fórmulas de resolución de 
dichas discrepancias.
5.  Los acuerdos para la formulación de los instrumentos de ordenación territorial 
previstos  en  esta  Ley  contendrán  las  disposiciones  necesarias  para  garantizar  la 
participación de las Corporaciones Locales en su elaboración y modificación.
6.  En  lo  no  previsto  por  esta  Ley  será  de  aplicación  a  los  convenios 
interadministrativos lo dispuesto en la legislación reguladora del régimen jurídico del 
sector público y de régimen local.
Artículo 9.  Colaboración público-privada.
1.  Las personas físicas o jurídicas, sean o no titulares del derecho de propiedad o 
de cualesquiera otros derechos reales sobre el suelo o bienes inmuebles, intervienen en 
la ordenación territorial y urbanística en la forma y en los términos de las disposiciones 
de la presente Ley y de las normas e instrumentos que la complementan o desarrollan, 
así como de la legislación sectorial aplicable en la materia.
2.  Las Administraciones Públicas con competencias en la ordenación territorial y 
urbanística tienen el deber de facilitar y promover la colaboración de la iniciativa privada 
en las formas y con el alcance previstos en esta Ley. A estos efectos, podrán:
a)  Constituir entidades colaboradoras que tengan por objeto la promoción de la 
ejecución  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  o  la  asunción  de  la 
conservación de las obras de urbanización, entre otros.
b)  Celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los 
Colegios Profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, 
técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del 
cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico contempladas en  e
el título VI de esta Ley, siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas.  bo
Como resultado de lo anterior podrán emitirse informes o certificados que, no teniendo la  916ww
consideración de actos administrativos, puedan ser asumidos por la Administración. Las 
tareas podrán consistir en:
1.ª  Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los 
proyectos y la documentación correspondientes a la licencia o declaración responsable, 
exigidos por la normativa aplicable.
2.ª  Comprobar que los proyectos y la documentación técnica cumplen la normativa 
técnica aplicable.
3.ª  Comprobar que los proyectos y la documentación técnica cumplen la legislación 
urbanística y el planeamiento de aplicación.
4.ª  Verificar  la  adecuación  de  la  ejecución  de  las  obras  a  la  licencia  o  a  la 
declaración responsable.
5.ª  Colaborar  en  la  realización  de  actuaciones  relacionadas  con  el  control  del 
cumplimiento del deber de conservación.
c)  Con el mismo alcance y funciones que los previstos en el párrafo b), podrán 
colaborar con la Administración entidades privadas debidamente habilitadas que se 
constituyan en entidades urbanísticas certificadoras cuyos requisitos de organización, 
funcionamiento, habilitación y registro se establecerán reglamentariamente.
3.  Las Administraciones Públicas con competencias en la ordenación territorial y 
urbanística, en el marco de lo previsto en la legislación de régimen jurídico del sector 
público, podrán suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean o no 
titulares del derecho de propiedad o de cualesquiera otros derechos reales sobre los 
terrenos afectados, convenios al objeto de colaborar y desarrollar de manera más eficaz 
la actividad territorial y urbanística. Los convenios podrán ser, en función de su objeto:
a)  Convenios urbanísticos de planeamiento para la preparación o iniciación de los 
instrumentos de ordenación y acuerdos para la más eficaz tramitación de los mismos.
b)  Convenios  urbanísticos  de  ejecución  para  establecer  los  términos  y  las 
condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la 
celebración del convenio.
c)  Convenios  de  actuaciones  territoriales  para  la  formulación,  así  como  para 
establecer los términos y condiciones de la gestión y la ejecución, de las actuaciones 
propuestas en los instrumentos de ordenación territorial y de las declaraciones de interés 
autonómico.
4.  Estos convenios tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico administrativo, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  básica  del  Estado.  Su  negociación, 
tramitación,  celebración,  cumplimiento  y  extinción  se  regirán  por  los  principios  de 
transparencia y publicidad, y por las siguientes reglas:
1.ª  Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del 
pertinente  procedimiento  sobre  la  base  del  acuerdo  respecto  de  la  oportunidad, 
conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningún caso 
vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades.
2.ª  La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración 
Pública competente en materia de urbanismo se integrará en el respectivo patrimonio 
público de suelo.
En los casos previstos en esta Ley, en los que la cesión del aprovechamiento  es
urbanístico  se  realice  mediante  permuta  o  por  el  pago  de  cantidad  sustitutoria  en  o
metálico, el convenio incluirá la valoración de estos aprovechamientos realizada por los  916ww
pcsueaartvrl3iqimc.uªioo iensr iCaod u eqpa ulúnaebt a Alsiscde omoa t direnaeli ss ct sroauanpeccolioóert npad.tcoei o alnal e qAsu deem cooinbnieósdtmreaizcccaióasnn q , qudueee bs eleor á rpenea, rliicgciuebanal ,me snea nvlvtierot, u qidnu tdeeeg tlre acnrosgneav nee nnp iooer,l    OE-A-2021-20able en https://
objeto asumir gastos de urbanización.
4.ª  Los convenios que vayan a ser suscritos por la Administración competente 
deberán  ser  sometidos  al  trámite  de  información  pública,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la normativa básica estatal.
5.ª  El  acuerdo  de  aprobación  del  convenio,  que  al  menos  identificará  a  los 
otorgantes y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su firma 
por  la  Administración  Pública  competente  en  materia  de  Urbanismo  conforme  al 
artículo 83.2 de esta Ley. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se incluirá en un registro 
público de carácter administrativo.
5.  Cuando  los  convenios  urbanísticos  de  planeamiento  contemplen  entre  sus 
estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se 
estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:
1.ª  Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se 
localice  el  aprovechamiento  urbanístico  que  corresponda  a  la  Administración  en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, esta no podrá 
exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento en el que se 
justifique dicha sustitución en metálico.
2.ª  Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto 
sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, estas no 
podrán exigirse ni efectuarse hasta que haya quedado delimitada la correspondiente 
unidad de ejecución y aprobado el instrumento que contenga la ordenación detallada.
3.ª  Cualquier  cantidad  anticipada  que  se  entregue  antes  de  las  aprobaciones 
referidas  tendrán  la  consideración  de  depósitos  constituidos  ante  la  caja  de  la 
Administración actuante.
Estos depósitos quedan sujetos al cumplimiento de dichos convenios y no se podrá 
disponer  de  los  mismos  hasta  la  aprobación  del  correspondiente  instrumento  de 
planeamiento o de la delimitación de la unidad de ejecución.
Artículo 10.  La participación ciudadana.
1.  La ciudadanía, las entidades representativas de los intereses de la ciudadanía y, 
en su caso, las entidades de participación ciudadana reguladas en la legislación en 
materia de participación ciudadana tienen derecho:
a)  A participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de los 
instrumentos de ordenación, gestión y ejecución territorial y urbanística. A tal fin, las 
Administraciones Públicas adoptarán cuantas medidas e iniciativas sean precisas para 
garantizar  dicha  participación  y  para  velar  por  el  derecho  a  la  información  y  a  la 
transparencia  en  dichos  procesos.  En  todo  caso,  esos  procesos  participativos  se 
acompañarán de las labores de difusión necesarias que garanticen el efectivo ejercicio 
del derecho.
b)  A ser informados por la Administración Pública competente sobre el régimen 
territorial y urbanístico aplicable y demás circunstancias territoriales y urbanísticas de un 
terreno,  parcela,  solar  o  edificio  determinado  en  la  forma  que  se  establezca 
reglamentariamente.
Lo  expuesto,  sin  perjuicio  del  derecho  de  los  ciudadanos  a  solicitar  de  la 
Administración competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe  es
escrito sobre su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento  o
ddtereesat tnéel2sanrf.m  o oarirfnmLedaaceadtsncao aisó,c  pntsiieó eurnnssu e oufrnibnnr baacdansaen ísrseí.sttciittchiucaolaa,   raey r csedo senpd seeluacl lsttoa do re baarrlea  Acshy uaoun  n rtedataeemlr irizeeainnnrit ocop i aastrooiav ba ra eás meleongbs ui tcorlara irtse  dlraeiao  ccsot puynla aepcnxrieeoióvannimes sidoie enn detlaeos     OE-A-2021-20916able en https://www.
urbanización con las infraestructuras y servicios técnicos y, en su caso, las de ampliación
y  reforzamiento  de  las  existentes  fuera  de  la  actuación,  conforme  al  contenido  y 
procedimiento que se determine en las ordenanzas municipales.
El plazo máximo para contestar la consulta será de dos meses, salvo que las 
ordenanzas municipales prevean un plazo inferior. Del transcurso de este plazo sin 
contestación  expresa  no  puede  deducirse  efecto  favorable  alguno  respecto  de  los 
términos de la consulta.
3.  La Administración Pública competente habilitará los medios y cauces necesarios 
para que los derechos a los que se hace referencia en el presente artículo puedan 
ejercerse por medios electrónicos, y facilitará y garantizará el acceso a los contenidos y 
documentos  de  los  distintos  procedimientos  e  instrumentos  de  ordenación  en 
tramitación,  a  través  de  la  publicación  en  su  sede  electrónica  del  instrumento  de 
ordenación completo en cada una de las fases de tramitación. A efectos del ejercicio de 
estos derechos y de sus limitaciones, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la 
legislación  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  y  en  la 
legislación sobre el procedimiento administrativo común.
4. La información a la que hace referencia el apartado 1.b) de este artículo también 
podrán solicitarla las Notarías con ocasión de la autorización de las escrituras públicas 
que afecten a la propiedad de la finca, ya sean parcelas o edificaciones, así como 
especialmente la información de su situación de fuera de ordenación o asimilada, de 
medidas de protección de la legalidad territorial o urbanística y de restablecimiento del 
orden jurídico que pudieran alcanzarles. Dicha información, recibida con un plazo de diez 
días  de  antelación,  será  incluida  por  el  titular  de  la  Notaría  autorizante  en  las 
correspondientes escrituras, informando de su contenido a las personas otorgantes. La 
Notaría remitirá a la Administración competente, para su debido conocimiento, copia 
simple en papel o soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y 
obtenido información urbanística, dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento. 
Esta copia no generará gastos para la Administración.
5.  Las contestaciones a consultas, instrucciones o comunicaciones que interpreten 
normativa y trasciendan a terceros, produciendo efectos jurídicos, serán publicadas 
conforme a la normativa vigente en materia de transparencia.
6.  La ciudadanía tiene derecho a exigir el cumplimiento de la ordenación territorial y 
urbanística, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, mediante el ejercicio 
de la acción pública, en los plazos y forma establecidos en la legislación en materia de 
procedimiento administrativo común y de jurisdicción contencioso-administrativa. Si dicha 
acción  está  motivada  por  la  ejecución  de  obras  que  se  consideren  ilegales,  podrá 
ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos 
establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística, 
conforme a la legislación estatal en materia de suelo. El ejercicio de la acción pública 
tendrá como límites el abuso del derecho y el ejercicio del derecho en fraude de ley.
Artículo 11.  Sistema de información territorial y urbanística.
1.  La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
dispondrá de un sistema de información territorial y urbanística como instrumento de 
apoyo a la coordinación y toma de decisiones en la política territorial de la Comunidad 
Autónoma y cuyo contenido será accesible para los ciudadanos, en general, y, en 
particular,  para  la  aplicación  gráfica  registral  regulada  en  el  artículo  10  de  la  Ley 
Hipotecaria. Su regulación se desarrollará reglamentariamente.
2.  El sistema de información territorial y urbanística estará integrado por toda la  e.
información  con  trascendencia  territorial  producida  o  archivada  tanto  por  la  w.b
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  adscritas,  como  por  las  916ww
entid3a. deLsa lso cAadlemsi,n yis ltara fcaicoinlietasd aP úpbolric laas A rdemminitiirsátrna cai ólan  GCeonneserajel rdíae l cEosmtapdeot.ente en materia
dinete gOrradceiónna ceiónn e ld seisl teTmerari tdoeri oin fyo rUmrabcainóins mteorr itloar iianlf.ormación que se les solicite para su
4.  El sistema de información territorial y urbanística incluirá, en todo caso, un 
Inventario de Ordenación del Territorio, en el que figurarán los planes, proyectos y 
actuaciones previstos por esta Ley en materia de ordenación del territorio, así como los 
instrumentos de ordenación urbanística general.
TÍTULO I
Régimen del suelo
CAPÍTULO I
Clasificación del suelo
Artículo 12.  Clases del suelo.
A efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico.
Artículo 13.  Suelo urbano.
1.  Conforman el suelo urbano los terrenos que, estando integrados en la malla 
urbana constituida por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o 
asentamiento  de  población  del  que  forme  parte,  cumplan  alguna  de  las  siguientes 
condiciones:
a)  Haber  sido  urbanizados  en  ejecución  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística o territorial y de conformidad con sus determinaciones, desde el momento en 
que se produzca la recepción de las obras de urbanización conforme a esta Ley y a sus 
normas de desarrollo.
b)  Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía 
urbana  y  conexión  en  red  con  los  servicios  básicos  de  abastecimiento  de  agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica.
c)  Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes del 
espacio apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el instrumento de ordenación 
urbanística general establezca.
2.  También  forman  parte  del  suelo  urbano  los  núcleos  rurales  tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural que sirven de soporte a un asentamiento de 
población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que cuenten con acceso 
rodado  y  con  las  infraestructuras  y  servicios  básicos  que  se  determinen 
reglamentariamente.
3.  A los efectos de esta Ley, tendrán la condición de solar las parcelas de suelo 
urbano  dotadas  de  las  infraestructuras  y  servicios  que  determine  la  ordenación 
urbanística y, como mínimo, las siguientes:
a)  Acceso por vías urbanas pavimentadas, salvo que el instrumento de ordenación 
establezca lo contrario.
b)  Alumbrado público en la vía a que dé frente la parcela, salvo que se encuentren 
en espacios privados.
c)  Servicio urbano de suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales 
y energía eléctrica con capacidad suficiente para el uso previsto. es
4.  La condición de solar se extingue: w.
ab))   PPoorr  lsau i ninatdeegcraucaiócinó ne ns oabcrteuvaecnioidnae sd ed es utr aunrbsafonrimzaacciióónn. urbanística.
Artículo 14.  Suelo rústico.
1.  Integran el suelo rústico los terrenos que se deban incluir en alguna o algunas de 
las siguientes categorías:
a)  Suelo  rústico  especialmente  protegido  por  legislación  sectorial.  Este  suelo 
incluye los terrenos que tengan establecido en la legislación reguladora de los dominios 
públicos, de protección del medio ambiente, de la naturaleza o del patrimonio histórico, u 
otras análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarios para su 
delimitación o identificación cuando así se contemple en dicha legislación, un régimen 
jurídico sobre los usos del suelo que demande para su integridad y efectividad su 
clasificación como suelo rústico.
b)  Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o 
actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos, lo que hace incompatible su 
transformación  mediante  la  urbanización  mientras  subsistan  dichos  procesos  o 
actividades.
c)  Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, que incluye 
los  terrenos  cuya  transformación  mediante  la  urbanización  se  considere,  por  los 
instrumentos de ordenación territorial o urbanística, incompatible con la consecución de 
los fines y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de sostenibilidad, 
protección de los recursos culturales, racionalidad y viabilidad, o por los valores en ellos 
concurrentes: ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que 
deban ser reservados para usos de interés general, atendiendo a las características y 
condiciones del municipio.
d)  Suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del término municipal.
2.  Se  identificarán  como  hábitat  rural  diseminado  existente  los  terrenos  que 
constituyen el ámbito territorial sobre el que se ubica un conjunto de edificaciones sin 
estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, 
que poseen características propias que deben preservarse y que pueden demandar 
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes para cuya ejecución no se 
precise una actuación urbanizadora.
3.  Respecto de las categorías de suelo rústico contenidas en los párrafos a), b) y c) 
del apartado 1 y el hábitat rural diseminado del apartado 2, el acuerdo de aprobación de 
los  actos  o  disposiciones  necesarios  para  su  delimitación  e  identificación  en  los 
instrumentos de ordenación territorial o urbanística será remitido por la Administración 
que lo hubiera adoptado al Registro de la Propiedad, para su incorporación y constancia 
en la aplicación gráfica registral a que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, junto 
con la delimitación georreferenciada de su ámbito espacial.
CAPÍTULO II
Régimen urbanístico de la propiedad del suelo
Artículo 15.  Condiciones generales.
1.  La  clasificación,  categoría  y  las  restantes  determinaciones  de  ordenación 
territorial y urbanística del suelo vinculan los terrenos y las construcciones, edificaciones 
y equipamientos a los correspondientes destinos y usos, y definen su función social, 
delimitando el contenido del derecho de propiedad. e.
2.  La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí  w.b
misma,  no  se  integra  en  el  contenido  del  derecho  de  propiedad  del  suelo.  La  916ww
py aetrsitmá ocnoianldizicaicoinóand dae e lna  teoddiofic caabsiloid aadl  csuem pprloimduiecnet oú ndiec alomse dneteb ecroens  syu  erle laelvizaanctiaómn ieefnetcot idvea 
ldaes  ccoanrgfoarsm pidroapdi acso nd elal  rnéogrimmaetniv aq ubeá sciocrare essptoantadl.a, en los términos dispuestos en esta Ley,
3.  El  uso  urbanístico  del  subsuelo  se  acomodará  a  las  previsiones  de  los 
instrumentos de ordenación y a las leyes aplicables, con las limitaciones y servidumbres 
que requiera la protección del dominio público y la implantación de infraestructuras y 
servicios técnicos, así como a la preservación del patrimonio arqueológico, quedando en 
todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público.
Artículo 16.  Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Derechos generales.
1.  El contenido urbanístico de la propiedad del suelo está integrado por el derecho 
de disposición, uso, disfrute y explotación sostenible, conforme a la clasificación y el 
destino que tenga en cada momento, de conformidad con la legislación que le sea 
aplicable y, en particular, con la ordenación territorial y urbanística.
2.  Las facultades de la propiedad del suelo alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta 
donde determinen los instrumentos de ordenación que se regulan en la presente Ley, y 
con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público.
3.  De igual modo, forman parte del contenido urbanístico de la propiedad del suelo 
el derecho a participar y, en su caso, a promover las actuaciones de transformación 
urbanística, en la forma establecida en la presente Ley.
Artículo 17.  Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes generales.
1.  Forman parte del contenido urbanístico de la propiedad del suelo los siguientes 
deberes:
a)  Conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, así como cuantos 
valores en él concurran, en las condiciones requeridas por la ordenación territorial y 
urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación.
b)  Destinar  los  terrenos,  construcciones  y  edificaciones  al  uso  previsto  por  la 
ordenación territorial y urbanística y cumplir con el deber legal de conservación en los 
términos establecidos en esta Ley.
c)  Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas o, en su caso, 
formular la declaración responsable o comunicación que sean exigibles, con carácter 
previo a cualquier acto o uso del suelo.
d)  Realizar  las  obras  adicionales  que  la  Administración  ordene  por  motivos 
turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, 
hasta donde alcance el deber legal de conservación.
2.  El cumplimiento de los deberes previstos en el apartado 1 es condición para el 
legítimo ejercicio de las facultades y derechos, sin que puedan entenderse adquiridas 
por  silencio  administrativo  facultades  que  contravengan  las  determinaciones  de  la 
ordenación territorial o urbanística.
Artículo 18.  Derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano.
1.  El  contenido  urbanístico  de  la  propiedad  en  suelo  urbano  comprende  los 
siguientes derechos:
a)  Materializar, mediante la edificación y una vez el suelo tenga la condición de 
solar, el aprovechamiento que corresponda a los terrenos.
b)  Destinar  las  edificaciones  realizadas  a  los  usos  autorizados  por  la  s
Administración, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de ordenación y en la  oe.
eleng iescsl)at ac iPóclnaa rssteiec cidpteoa rrsi auyl,e  deloen.  aspul iccaacsioó,n p, rdoemsoavrreorl llaansd aoc etuna ecliloanse lsa sd aec ttriavindsafdoerms apcreióvnis utarbs.anística  2021-20916n https://www.
2.  Forman parte del contenido urbanístico de la propiedad en suelo urbano los 
siguientes deberes:
a)  Ejecutar, en su caso, la urbanización complementaria a la edificación necesaria 
para que los terrenos alcancen o recuperen la condición de solar.
b)  Realizar la edificación en las condiciones y plazos fijados por la ordenación 
urbanística, una vez que el suelo tenga la condición de solar.
c)  Conservar la edificación para que mantenga las condiciones requeridas para su 
ocupación y, en su caso, rehabilitarla para que las adquiera.
d)  Participar  o  solicitar  la  expropiación  en  las  actuaciones  de  transformación 
urbanística que se promuevan por iniciativa pública.
e)  Participar en la ejecución urbanística en el régimen de distribución de beneficios 
y cargas cuando la Administración imponga la realización de actuaciones sobre el medio 
urbano, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal.
Artículo 19.  Derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico.
1.  El  contenido  urbanístico  de  la  propiedad  en  suelo  rústico  comprende  los 
derechos de disposición, uso, disfrute y explotación de los terrenos, lo que incluye los 
actos precisos para el desarrollo:
a)  De los usos ordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, no se 
encuentren prohibidos por la ordenación territorial y urbanística, quedando sujetos a las 
limitaciones y requisitos impuestos por la legislación y planificación aplicables por razón 
de la materia.
b)  De los usos extraordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley, pudieran autorizarse en esta clase de suelo.
2.  También comprende el derecho a participar en las actuaciones de transformación 
urbanística en los términos establecidos en esta Ley, sus normas de desarrollo, así como 
en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
3.  En  los  suelos  rústicos  especialmente  protegidos  y  en  los  suelos  rústicos 
preservados,  los  derechos  reconocidos  en  el  apartado  1  quedarán  sometidos  a  la 
defensa y mantenimiento de los valores, fines y objetivos que motivaron su protección o 
preservación conforme al régimen que se establezca en la legislación y ordenación 
sectorial, territorial y urbanística correspondiente. Las determinaciones de los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales prevalecerán sobre el resto de instrumentos de 
ordenación conforme a la legislación básica estatal.
4.  El  contenido  urbanístico  de  la  propiedad  en  suelo  rústico  comprende  los 
siguientes deberes:
a)  Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo 
a los usos ordinarios de esta clase de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que 
pudieran autorizarse, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones ambientales y 
paisajísticas del territorio y a la conservación de las edificaciones existentes conforme a 
su régimen jurídico, para evitar riesgos y daños o perjuicios a terceras personas o al 
interés general.
b)  Solicitar  las  licencias,  presentar  las  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones previas y, en su caso, las autorizaciones previas, tanto para los usos 
ordinarios como para los usos extraordinarios, así como para todo acto de segregación o  e.e
división, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la correspondiente  b
legislación sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas autorizaciones. 916ww
comcú)n , Lcousa nindhoe sreenatne sp rao claesd eanctteusa,c dioen ecso ndfeo rtmraidnasdfo rcmona clioó ne sutrabbalencísidtioc ae enn e ssutae lLoe ryú syt iecon 
los idn)s truCmueanntdoos  deel  osrudeelnoa cruiórna lt enrroit oerisatlé y  usorbmaentíisdtoic aa.l  régimen  de  una  actuación  de
urbanización, el propietario tendrá, además de lo previsto en los apartados anteriores, el
deber  de  satisfacer  las  prestaciones  patrimoniales  establecidas  en  esta  Ley  para 
legitimar los usos privados extraordinarios, así como el de costear y, en su caso, ejecutar 
las infraestructuras de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables con 
las redes generales de servicios y entregarlas a la Administración competente para su 
incorporación al dominio público, cuando deban formar parte del mismo.
e)  Cuando el suelo rústico común se incluya en una actuación de transformación 
urbanística, el propietario deberá asumir, como carga real, la participación en los deberes 
legales de la promoción de la actuación en un régimen de equitativa distribución de 
beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización 
de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los términos 
establecidos en esta Ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
CAPÍTULO III
Usos y actividades en suelo rústico
Artículo 20.  Actuaciones en suelo rústico.
Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, 
obras, instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen sobre suelo rústico 
deberán cumplir las siguientes condiciones, sin perjuicio del régimen particular que les 
corresponda por su carácter ordinario o extraordinario:
a)  Deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la ordenación 
territorial y urbanística, y la legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.
b)  No podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos, de acuerdo con los 
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a 
lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística general de 
aplicación  salvo  las  actuaciones  de  transformación  urbanísticas  previstas  en  el 
artículo 31.
Se entenderá que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que 
por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo 
de  usos  de  carácter  urbanístico  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de 
infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 
Las condiciones para impedir la formación de nuevos asentamientos se establecerán 
reglamentariamente  teniendo  en  cuenta  las  características  de  los  municipios,  su 
estructura parcelaria y la existencia de agrupaciones de edificaciones irregulares, así 
como  los  parámetros  de  ocupación,  de  parcela  y  cualquier  otro  que  se  considere 
necesario para garantizar la preservación de las características del suelo rústico.
Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
c)  Quedarán  vinculadas  al  uso  que  justifica  su  implantación,  debiendo  ser 
proporcionadas a dicho uso, adecuadas al entorno rural donde se ubican, además de 
considerar su integración paisajística y optimizar el patrimonio ya edificado.
Artículo 21.  Actuaciones ordinarias.
1.  Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos  s
naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica, en los términos  e.
que se establezcan reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rústico  w.
los vinculados al aprovechamiento hidráulico, a las energías renovables, los destinados  916ww
aacl tifvoimdaednetos   dmei neprraosy,e cato sl asd e tecloemcopmeunnsaiccaiócino nye sd ey , aeunto cgoemnpeeranls, acai ónla  deej eecumciisóionn edse, 
ilnofcraaleizsatrrusect uerna se,s tinas ctalalaseci odnee ssu ye lose.rvicios técnicos que necesariamente deban discurrir o  BOE-A-cable e
2.  Se consideran actuaciones ordinarias:
a)  Las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y 
servicios técnicos que sean necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los 
usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas que demanden las actividades 
complementarias de primera transformación y comercialización de las materias primas 
generadas en la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad 
principal, siempre que se acredite la unidad de la misma.
b)  Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el 
desarrollo  de  los  usos  ordinarios  del  suelo  rústico,  entre  los  que  se  incluyen  los 
alojamientos para personas que desarrollen trabajos por temporada, conforme a los 
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
c)  La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter 
permanente, no previstos en los instrumentos de planeamiento, y que necesariamente 
deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
Estas actuaciones valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico 
atendiendo a los criterios de: menor impacto sobre el medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio  histórico;  funcionalidad  y  eficiencia;  menor  coste  de  ejecución  y 
mantenimiento.
d)  La realización de las actuaciones en los asentamientos delimitados como hábitat 
rural diseminado para la conservación, mantenimiento y mejora de estos ámbitos, las 
cuales  deberán  estar  expresamente  previstas  en  el  instrumento  de  ordenación 
urbanística correspondiente.
3.  Las actuaciones ordinarias, sin perjuicio del resto de autorizaciones que exija la 
legislación sectorial y de las excepciones establecidas en esta Ley, requerirán de licencia 
urbanística municipal.
Artículo 22.  Actuaciones extraordinarias.
1.  En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación 
urbanística  general  o  en  ausencia  de  este,  podrán  implantarse  con  carácter 
extraordinario y siempre que no estén expresamente prohibidas por la legislación o por la 
ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, 
les sea de aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la 
ordenación y el desarrollo del medio rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de 
suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano.
2.  Las  actuaciones  podrán  tener  por  objeto  la  implantación  de  equipamientos, 
incluyendo  su  ampliación,  así  como  usos  industriales,  terciarios  o  turísticos  y 
cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las obras, 
construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios 
para  su  desarrollo.  Asimismo,  vinculadas  a  estas  actuaciones,  podrán  autorizarse 
conjuntamente  edificaciones  destinadas  a  uso  residencial,  debiendo  garantizarse  la 
proporcionalidad y vinculación entre ambas.
En  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente  podrán  autorizarse 
viviendas unifamiliares aisladas, siempre que no induzcan a la formación de nuevos 
asentamientos conforme a lo dispuesto en el apartado b del artículo 20 ni impidan el 
normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.
3.  Las  actuaciones  extraordinarias  sobre  suelo  rústico  requieren,  para  ser  s
legitimadas, de una autorización previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos  oe.
ridneofgonlradDmmeua reacnpinótrtaneer  tieapenmúld bealpnincrta oe c.yiem dapimuladineietnantrocs iead,  ed eca oulnotfsoo rritmzitauecl aióreans   pdlroees v lioacs, r itsteeerr rioessno omsqe ucteeor láin sdleaa n taeecsst tuayab cdleióezn cl aaans    2021-20916n https://www.
Administraciones Públicas que tutelan intereses públicos afectados, por plazo no inferior
a un mes. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis 
meses y el silencio tendrá efecto desestimatorio.
La  resolución  del  procedimiento  corresponderá  al  Ayuntamiento,  previo  informe 
vinculante emitido por la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
cuando la actuación afecte o tenga incidencia supralocal conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2.
4.  Reglamentariamente, y para concretos y determinados usos o actividades, se 
podrá establecer una duración limitada de la cualificación con la obligación de restitución 
de los terrenos finalizada la misma.
5.  Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 
aprovechamiento  de  carácter  extraordinario  del  suelo,  se  establece  una  prestación 
compensatoria que gestionará el municipio y que se destinará al Patrimonio Municipal de 
Suelo con una cuantía del diez por ciento del presupuesto de ejecución material de las 
obras  que  hayan  de  realizarse,  excluido  el  coste  correspondiente  a  maquinaria  y 
equipos. Esta cuantía podrá ser minorada conforme a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente. Para las viviendas unifamiliares aisladas será, en todo caso, del 
quince por ciento.
Estarán obligadas al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o 
jurídicas que promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de la licencia 
urbanística.
Las  Administraciones  Públicas  estarán  exentas  del  pago  de  la  prestación 
compensatoria para los actos que realicen en ejercicio de sus competencias.
Artículo 23.  Actuaciones sobre el hábitat rural diseminado.
1.  Sobre  los  ámbitos  delimitados  como  hábitat  rural  diseminado  por  los 
instrumentos de ordenación urbanística general o por los planes especiales podrán 
desarrollarse  las  actuaciones  urbanísticas  que  contribuyan  a  su  conservación, 
mantenimiento y mejora, y que sean compatibles con el régimen de protección de la 
categoría de suelo rústico donde se localicen.
2.  Los titulares de los terrenos y edificaciones comprendidos en estos ámbitos 
tienen el deber de costear la obtención de los terrenos destinados a las dotaciones 
públicas  y  las  obras  de  mejora  de  las  infraestructuras  y  servicios  previstos  en  el 
instrumento de ordenación urbanística que los ordene.
3.  Reglamentariamente se establecerán determinaciones para la ordenación de 
estos  ámbitos  y  las  condiciones  de  implantación  de  nuevas  edificaciones.  Estas 
determinaciones no podrán desvirtuar el carácter rústico de los ámbitos e incluirán las 
medidas necesarias para su integración territorial, ambiental y paisajística.
TÍTULO II
Régimen de las actuaciones de transformación urbanística
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 24.  Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones urbanísticas.
1.  Las  actuaciones  de  transformación  urbanística  tienen  por  objeto,  previa  oe.
tramitación de los correspondientes instrumentos de ordenación y ejecución urbanística: 916www.
de rae)fo rmEna  isnuteerloio ru.rbano, la realización de actuaciones de mejora urbana y actuaciones
b)  En suelo rústico común, la realización de las actuaciones de nueva urbanización.
2.  Las actuaciones urbanísticas tienen por objeto la realización de las actuaciones 
no incluidas en el apartado anterior para la mejora de la calidad y sostenibilidad del 
medio urbano, la obtención de sistemas generales y locales o para mejorar o completar 
la urbanización, así como las actuaciones de edificación recogidas en el título VI.
Artículo 25.  Propuesta de delimitación de actuaciones de transformación urbanística.
1.  La  delimitación  de  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  de  nueva 
urbanización corresponde al Plan General de Ordenación Municipal y las de mejora 
urbana y de reforma interior al Plan de Ordenación Urbana. En los supuestos previstos 
en el artículo 65, corresponde al Plan Básico de Ordenación Municipal la delimitación de 
las citadas actuaciones de trasformación urbanística.
Conforme a las determinaciones que en estos instrumentos se contengan podrán 
delimitarse  actuaciones  de  transformación  urbanística  por  los  instrumentos  de 
ordenación detallada, previa propuesta de delimitación motivada.
2.  La propuesta de delimitación contendrá las bases para el desarrollo y ejecución 
de  la  actuación  de  transformación  urbanística  y  una  estimación  de  los  costes  de 
urbanización y los plazos de ejecución con detalle suficiente que permita calcular los 
gastos imputables a la actuación y los criterios de distribución entre los afectados.
3.  El procedimiento de aprobación de la propuesta de delimitación se desarrollará 
reglamentariamente conforme a las siguientes reglas:
a)  El  procedimiento  se  podrá  iniciar  de  oficio  o  a  solicitud  de  las  personas 
propietarias. Se iniciará de oficio cuando así se haya acordado por la Administración 
Pública a iniciativa propia o en virtud de propuesta realizada por otra Administración o 
entidad pública adscrita o dependiente de esta, sin perjuicio del derecho de petición de 
cualquier persona física o jurídica.
b)  La  tramitación  y  aprobación  corresponderá  al  Ayuntamiento.  Se  requerirá 
informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo cuando su objeto sea una actuación de nueva urbanización que será 
emitido en el plazo de un mes.
c)  El procedimiento contemplará un periodo de información pública no inferior a un 
mes y el plazo máximo de resolución del mismo será de seis meses desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración 
competente para su tramitación o, cuando la iniciativa sea pública, desde el acuerdo de 
inicio.  En  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  el  vencimiento  del  plazo  máximo 
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa determinará su 
caducidad, y en los iniciados a solicitud de las personas propietarias legitima a las 
mismas para entenderla desestimada por silencio.
d)  El instrumento de ordenación urbanística detallada que delimite el ámbito deberá 
aprobarse inicialmente en el plazo máximo de dos años a contar desde la resolución del 
procedimiento. El transcurso del plazo señalado determina la caducidad de la propuesta 
de delimitación.
Artículo 26.  Áreas de reparto y aprovechamiento en las actuaciones de transformación 
urbanística.
1.  La ejecución de las actuaciones de transformación urbanística se desarrollará, 
siempre que sea posible, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas. s
2.  A estos efectos, cuando esté prevista la ejecución sistemática, las actuaciones  oe.
se incluirán en un área de reparto de la que formarán parte los terrenos pertenecientes a  w.
cloosr rs3ei.ss pteoEmnnad sec ,g aedqnaue eráa rleevase  nadddersá c rreitdpoeastr etaor m lasi nmea idsdmoe tae prpmoarir naa esrláu   ocebol tceainepcnriotóevn e.cehnatrme ienlato  smumedaio  dqeu e loles   2021-20916n https://ww
aprovechamientos objetivos de los ámbitos que pertenecen al área y la superficie total de
ésta, descontando la superficie de los terrenos pertenecientes a los sistemas generales o 
locales ya obtenidas y afectadas a su destino.
4.  El  aprovechamiento  objetivo  de  un  ámbito  se  determinará  ponderando  su 
edificabilidad en función del uso y tipología característica y, cuando implique un valor 
diferenciado,  en  función  de  la  localización  y  las  cargas  de  urbanización  que  deba 
soportar la actuación.
5.  El  aprovechamiento  urbanístico  de  una  parcela  viene  determinado  por  la 
edificabilidad ponderada en función del uso y tipología correspondiente a su calificación 
urbanística.
CAPÍTULO II
Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano
Artículo 27.  Actuaciones de mejora urbana.
1.  Se consideran actuaciones de mejora urbana, sobre una parcela o conjunto de 
parcelas, aquellas que, en suelo urbano, tienen por objeto el aumento de edificabilidad, 
del número de viviendas o el cambio de uso o tipología, cuando precisen nuevas 
dotaciones  públicas,  generales  o  locales,  o  cuando  impliquen  un  incremento  del 
aprovechamiento urbanístico, que no conlleven la necesidad de reforma o renovación de 
la urbanización.
2.  Deberán estar debidamente justificadas y motivadas en la mejora de la ciudad 
existente.
3.  En estas actuaciones se delimitará un área homogénea, bien en el propio Plan 
de Ordenación Urbana, o bien posteriormente mediante Estudio de Ordenación.
El área homogénea incluirá los terrenos objeto del incremento de edificabilidad, del 
incremento del número de vivienda, cambio de uso o tipología y aquellos donde se 
localicen, en su caso, las nuevas dotaciones públicas a obtener.
4.  La delimitación del área homogénea no podrá contradecir las determinaciones 
que el Plan de Ordenación Urbana hubiera establecido.
Artículo 28.  Deberes de las actuaciones de mejora.
Son deberes vinculados a las promociones de actuaciones de mejora urbana, de 
conformidad con la legislación básica estatal, cuando procedan, los siguientes:
a)  Entregar a la Administración actuante, y con destino al patrimonio público de 
suelo, la parcela o parcelas libres de cargas, correspondientes al diez por ciento del 
incremento del aprovechamiento urbanístico en el ámbito de actuación, si lo hubiera.
Esta cesión podrá sustituirse por su equivalente en metálico.
b)  Entregar a la Administración actuante el suelo calificado para nuevos sistemas 
generales o locales, a obtener, cuando sean necesarios en los términos establecidos 
reglamentariamente.
Este deber podrá sustituirse, cuando sea imposible físicamente su materialización, 
por  la  entrega  de  superficie  edificada  o  edificabilidad  no  lucrativa  dentro  del  área 
homogénea o por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en 
que así se prevea reglamentariamente.
En ambos casos podrán utilizarse las fórmulas contempladas en la legislación de  s
propiedad horizontal. e.
c)  Indemnizar a los titulares de derechos sobre las edificaciones que deban ser  w.
demolidas y garantizar el realojamiento y retorno de los ocupantes legales de inmuebles  916ww
eqsutea bcloencsidtiotusy eann  lasu le rgeissildaecinócnia b áhsaibciatu dael,l  csuuaenlod.o tengan derecho a ellos, en los términos
Artículo 29.  Actuaciones de reforma interior.
1.  Se consideran actuaciones de reforma interior aquellas que, en suelo urbano, 
tienen por objeto una nueva ordenación urbanística en un ámbito por causa de la 
obsolescencia de los servicios, degradación del entorno, necesidad de modificar los usos 
existentes o análogas que hagan necesaria la reforma o renovación de la urbanización 
del ámbito.
2.  En los términos previstos en el artículo 24, se deberán promover actuaciones de 
reforma interior en los vacíos de suelo urbano que no cuenten con ordenación detallada 
o, teniéndola, se considere necesaria su revisión.
3.  Deberán estar debidamente justificadas y motivadas en la regeneración de la 
ciudad existente.
4.  El  ámbito  de  estas  actuaciones  se  delimitará,  bien  en  el  propio  Plan  de 
Ordenación Urbana, o bien posteriormente por el Plan de Reforma Interior, no pudiendo 
contradecir en este último caso las determinaciones del Plan de Ordenación Urbana.
Artículo 30.  Deberes de las actuaciones de reforma interior.
Son deberes vinculados a las promociones de actuaciones de reforma interior, de 
conformidad con la legislación básica estatal, los siguientes:
a)  Entregar al Ayuntamiento, y con destino al patrimonio municipal de suelo, la 
parcela o parcelas libres de cargas correspondientes al diez por ciento del incremento 
del aprovechamiento urbanístico en las actuaciones asistemáticas o, en su caso, del 
incremento  del  aprovechamiento  medio  sobre  el  aprovechamiento  urbanístico 
preexistente en el planeamiento, en las sistemáticas. Dicho porcentaje podrá reducirse 
hasta un mínimo del cinco por ciento justificadamente en los casos en que se establezca 
reglamentariamente.
La entrega de suelo podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a 
la Administración de su valor en metálico o por otras formas de cumplimiento del deber. 
No se entenderá justificada la sustitución cuando pueda cumplirse el deber mediante la 
entrega de suelo destinado a la reserva de vivienda protegida.
b)  Entregar a la Administración actuante el suelo para nuevos sistemas generales o 
locales incluidos o adscritos al ámbito, que demande la actuación en función del grado 
de colmatación del ámbito, pudiendo utilizar las fórmulas contempladas en la legislación 
de propiedad horizontal.
c)  Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización del ámbito y las 
de conexión con las redes generales viarias y de infraestructuras y servicios técnicos, así 
como las obras de ampliación y refuerzo de dichas redes que sean necesarias en 
función de las dimensiones y características de la actuación. Los promotores de la 
actuación tendrán derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de 
servicios  técnicos  con  cargo  a  las  empresas  suministradoras,  en  la  forma  que  se 
determine  reglamentariamente  o,  en  su  defecto,  en  la  forma  que  determine  el 
Ayuntamiento.
d)  Entregar  al  Ayuntamiento,  junto  con  el  suelo  correspondiente,  las  obras  e 
infraestructuras a que se refiere el párrafo c), que deban formar parte del dominio público 
como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera de las redes y 
servicios citados, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la 
prestación de servicios de titularidad pública. s
e)  Indemnizar a los titulares de derechos sobre las edificaciones que deban ser  oe.
edcosetnmasbotillteiudcyaidason s y  seuen l  lraree slaeidlgoeijsanlmcaicaiei ónhntao bb áiytsu icareal,t  odcrenulo as nuddeeolo  .ltoesn goacnu pdaenretecsh ole gaa leelslo sd, ee nin mlouse btélersm iqnuoes   2021-20916n https://www.
CAPÍTULO III
Actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico
Artículo 31.  Actuaciones de nueva urbanización.
1.  Podrán ser objeto de actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico común 
los terrenos que resulten necesarios para atender y garantizar las necesidades de 
crecimiento urbano, de la actividad económica o para completar la estructura urbanística.
Atendiendo a los principios de sostenibilidad y racionalidad, la necesidad de su 
transformación deberá justificarse por su interés público o social, en función del análisis 
de parámetros objetivos de crecimiento y demanda o por la imposibilidad de atender a 
esas necesidades con el suelo urbano disponible.
2.  Los  terrenos  incluidos  en  los  ámbitos  de  nueva  urbanización  deberán  ser 
colindantes al suelo urbano de los núcleos de población existentes, quedando integrados 
tras su transformación en la malla urbana. De esta condición quedan exceptuados los 
siguientes supuestos:
1.º  Los que no puedan ubicarse en continuidad con el suelo urbano, debido a la 
existencia justificada de elementos naturales, infraestructuras o afecciones sectoriales.
2.º  Los  de  uso  global  de  actividades  económicas  o  turístico  que,  de  forma 
justificada, deban emplazarse en discontinuidad con los núcleos de población existentes.
3.º  Las actuaciones de carácter supralocal contempladas expresamente en los 
instrumentos de ordenación territorial, las declaradas de interés autonómico o aquellas 
que se ejecuten conforme a procedimientos de concertación entre Administraciones 
Públicas.
4.º  La incorporación de las agrupaciones irregulares compatibles con el modelo 
territorial y urbanístico previstas en el artículo 176.
Artículo 32.  Deberes de la promoción de las actuaciones de nueva urbanización.
Son deberes vinculados a las promociones de actuaciones de nueva urbanización, 
de conformidad con la legislación básica estatal:
a)  Entregar al Ayuntamiento el suelo urbanizado y libre de cargas correspondiente 
a los sistemas generales y locales incluidos o adscritos al ámbito de actuación.
b)  Entregar al Ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo, el suelo 
urbanizado y libre de cargas correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento 
medio del área de reparto. Se deberá justificar que los usos y tipologías en los que se 
concrete  la  cesión  de  aprovechamiento  son  adecuados  para  los  fines  del  citado 
patrimonio municipal de suelo.
La entrega de suelo podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a 
la Administración de su valor en metálico o por otras formas de cumplimiento del deber. 
No se entenderá justificada la sustitución cuando pueda cumplirse el deber mediante la 
entrega de suelo destinado a la reserva de vivienda protegida.
c)  Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización del ámbito y las 
de conexión con las redes generales viarias y de infraestructuras y servicios técnicos, así 
como las obras de ampliación y refuerzo de dichas redes que sean necesarias en 
función de las dimensiones y características de la actuación. Los promotores de la 
actuación tendrán derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de  e
servicios  técnicos  con  cargo  a  las  empresas  suministradoras,  en  la  forma  que  se  bo
determine reglamentariamente. 916ww
infrade)s trEucnttureragsa ra  qaul eA syeu nretafimeriee netlo p, ájrurnatfoo  cc),o nq uee ld esbuaenlo  focromrarer sppaornted ideenlt ed,o mlaisn ioo pbúrabsli ceo 
sceormvioc iosso pcoitrated oisn,m auseí bcleo mdoe  talams biinésnt adlaicchioanse isn sptarolapciaiosn edse  ccuuaanldeosq eusietéran  ddees tlainsa draesd eas  lay 
prestación de servicios de titularidad pública.
e)  Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones 
que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no 
puedan conservarse y garantizar el realojamiento y retorno de los ocupantes legales de 
inmuebles que constituyan su residencia habitual, cuando tengan derecho a ellos, en los 
términos establecidos en la legislación básica del suelo.
TÍTULO III
La ordenación territorial
CAPÍTULO I
Principios y directrices generales
Sección 1.ª Principios de la ordenación territorial
Artículo 33.  Concepto y alcance de la ordenación territorial.
1.  Se entiende por ordenación del territorio, a los efectos de esta Ley, la función 
pública cuyo contenido se establece en el apartado 3 del artículo 3, desarrollada a través 
de determinaciones, instrumentos de ordenación y proyectos que identifiquen y movilicen 
los recursos, oportunidades y potencialidades de desarrollo existentes en el ámbito 
territorial de referencia.
2.  La ordenación del territorio opera al servicio del interés general y desde una 
escala  supralocal,  aportando  a  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  y  a  la 
planificación  sectorial  la  referencia  territorial,  en  el  marco  de  los  instrumentos  de 
ordenación previstos en esta Ley, teniendo en cuenta la caracterización y singularidad de 
los municipios.
3.  Con el fin de propiciar la vertebración territorial de Andalucía y un desarrollo 
equilibrado y sostenible que mejore la competitividad económica y la cohesión social, se 
establecen los siguientes principios para la ordenación territorial:
a)  Implantación racional y equilibrada de los usos y actividades en el territorio, de 
forma que se garantice su diversidad y se asegure el óptimo aprovechamiento del suelo 
como recurso natural no renovable.
b)  Tratamiento diferenciado de las distintas zonas del territorio desde la perspectiva 
de la cooperación y competitividad territorial para lograr la vertebración y superar los 
desequilibrios.
c)  Asignación de los usos del suelo en función de las aptitudes del medio físico y 
las necesidades de la población.
d)  Utilización  racional  de  los  recursos  naturales,  desde  la  perspectiva  de  la 
sostenibilidad  social,  ambiental  y  económica,  en  especial  de  los  recursos  hídricos, 
garantizando la eficiencia territorial de su uso.
e)  Utilización racional de los espacios de especial valor agrícola, ganadero, forestal, 
ecológico o cultural, preservándolos de instalaciones, actividades o usos incompatibles 
con su naturaleza y coadyuvando a la protección de la biodiversidad.
f)  Preservación de espacios adecuados para albergar usos de interés general.
g)  Preservación del patrimonio natural y cultural, como componente básico de la 
estructura  territorial  y  para  su  puesta  en  valor  como  recurso  de  desarrollo  local  y  es
regional. bo
h)  Implantación  de  las  infraestructuras  con  criterios  de  calidad,  economía  y  916ww
tienrfafircnaiise)ep nsoctPrriuatrec,e stvu.taaranlestno, c lioaasm  debeqie unloiptasa lemcsrii etecnrotioomsso  y d teleo rsrin itstoeerrriaévilsce isog,se  ncdoeenr a inle tyse préseosc cisaiaul lp aretaenlon lccaaió lu,n b eiancl a locsisiós ntteé mrdmeai  nldaoess    OE-A-2021-20able en https://
establecidos en esta Ley.
Artículo 34.  Instrumentos de ordenación territorial.
1.  La ordenación territorial se realizará a través de los siguientes instrumentos:
a)  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
b)  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
c)  Los Proyectos de Actuación Autonómicos, cuando desarrollan actuaciones no 
previstas en el planeamiento territorial vigente que, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley, sean declaradas de interés autonómico.
2.  Los planes de ordenación del territorio concretarán la naturaleza y efectos de sus 
determinaciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 5.
3.  Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  se  someterán  a  evaluación 
ambiental estratégica, de acuerdo con lo previsto en la legislación ambiental.
4.  La documentación de los planes de ordenación del territorio será la necesaria 
para desarrollar y justificar adecuadamente sus contenidos específicos, conforme a lo 
que reglamentariamente se establezca.
5.  En caso de discrepancias entre los distintos documentos de los instrumentos de 
ordenación territorial, la prevalencia entre ellos será la siguiente: Normativa, Cartografía 
de  Ordenación  y  Memoria  Económica.  La  Memoria  de  Ordenación  constituye  el 
documento  de  referencia  para  la  interpretación  del  contenido  del  instrumento  de 
ordenación territorial.
Sección 2.ª Determinaciones para la protección del litoral
Artículo 35.  Principios básicos para la ordenación del litoral.
1.  Se considera espacio litoral, a los efectos de esta Ley, la zona de influencia del 
dominio público marítimo terrestre definida por la legislación específica en materia de 
costas, excluyendo de la misma las zonas contiguas a los márgenes de los ríos. Los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrán incorporar al espacio litoral 
aquellas  otras  zonas  que  se  consideren  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  de 
protección y accesibilidad del litoral.
2.  El espacio litoral debe preservarse de actuaciones que puedan menoscabar su 
conservación  y  puesta  en  valor  como  recurso  territorial  básico  de  la  Comunidad 
Autónoma y, como tal, debe ser objeto de una ordenación compatible con la legislación 
básica estatal en materia de costas, la legislación sectorial que pudiese afectar a la 
misma y con un desarrollo sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio. 
Se prestará especial atención a la adopción de medidas que puedan contribuir a la 
adaptación del litoral a los efectos del cambio climático, así como a la mitigación de 
factores que acentúen el mismo.
3.  Las actos y usos del suelo sometidos a actos de intervención municipal y las 
actuaciones  de  transformación  urbanística  que,  en  ausencia  de  instrumento  de 
ordenación territorial o sin estar expresamente previstas en él, se implanten en los 
suelos  rústicos  incluidos  en  el  espacio  litoral  tendrán,  a  efectos  de  esta  Ley,  la 
consideración de actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio.
4.  En las actuaciones de nueva urbanización, los terrenos incluidos en la zona de 
servidumbre  de  protección  del  dominio  público  marítimo  terrestre  que  carezcan  de 
ordenación urbanística detallada deberán ser destinados a sistema general o local de  s
espacios libres. oe.
Asimismo, en la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre se evitará  w.
la urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando la localización de las  916ww
pzorontaesc cidóen .uso  público  en  los  terrenos  adyacentes  a  la  zona  de  servidumbre  de
Artículo 36.  Medidas específicas para la protección del espacio litoral.
1.  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que comprendan 
terrenos incluidos en el espacio litoral deberán incluir, en el marco de la legislación 
básica  estatal  en  materia  de  costas,  las  siguientes  determinaciones  específicas 
destinadas a la protección del litoral:
a)  La delimitación del espacio litoral conforme a lo establecido en el artículo 35.
b)  La indicación de las zonas del espacio litoral que por sus funciones territoriales o 
por  sus  valores  naturales  o  paisajísticos  deben  ser  preservadas  del  desarrollo 
urbanístico o deban formar parte de infraestructuras verdes.
c)  Directrices  para  la  ordenación  de  las  áreas  de  crecimiento  de  los  núcleos 
urbanos situados en el espacio litoral de forma que se garantice, además del acceso y 
uso público del frente litoral previendo aparcamientos y accesos al mar suficientes, la 
reserva de suelo para espacios libres y usos dotacionales y estratégicos vinculados a la 
puesta en valor del espacio frente litoral como recurso turístico.
d)  Directrices para minimizar los daños sobre las personas, bienes y el medio 
ambiente en las zonas con riesgos naturales.
e)  El establecimiento de corredores o ámbitos de conexión del sistema costero con 
los espacios libres interiores, a fin de proporcionar conectividad al territorio, preservando 
la funcionalidad de los ecosistemas y evitando su fragmentación.
f)  Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio 
y  del  instrumento  de  ordenación  urbanística  que  deban  ser  objeto  de  adaptación, 
justificando las alteraciones propuestas.
2.  En ausencia de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, o en 
caso de que estos no contengan las determinaciones específicas contempladas en el 
apartado anterior, los instrumentos de ordenación urbanística general justificarán su 
adecuación  a  los  criterios  que  establezca  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía en relación con la ordenación y protección del litoral.
Sección 3.ª Determinaciones para la protección del paisaje
Artículo 37.  Concepto de paisaje y criterios de integración paisajística.
1.  Se entiende por paisaje, a los efectos de esta Ley y de acuerdo con la definición 
del Convenio Europeo del Paisaje, cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales, humanos o de ambos.
2.  La política del paisaje comprenderá la formulación por parte del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de las estrategias y directrices que permitan la adopción de 
medidas específicas dirigidas a la protección, gestión y ordenación de los paisajes, de 
acuerdo con las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de 
los instrumentos de planificación ambiental.
3.  El  paisaje  debe  integrarse  en  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y 
urbanística y, en general, ser tenido en cuenta en todas las políticas sectoriales en aras 
de la consecución de los objetivos de calidad paisajística.
4.  Los instrumentos de ordenación incorporarán un diagnóstico del paisaje del  s
ámbito de referencia, que tendrá el siguiente contenido mínimo: oe.
a)  La  identificación  de  los  recursos  y  áreas  de  interés  paisajístico  para  su  916ww
presbe)r vaCcrióitenr yio ps ugeesntae reanle vsa olo zr.onales de integración paisajística.
los rce) cuIrdseonst,i faic alac ióreng deen earcatcuiaócni,o neens s due c iansteor,v deen cáiórena dsi ridgeidgarasd aa ddaosta yr  dae l aa cmceesjoibraili ddaed  laa 
visibilidad o integración visual.
5.  Los  instrumentos  de  ordenación,  conforme  a  su  naturaleza  y  alcance, 
establecerán determinaciones para preservar los paisajes y para mejorar su calidad y 
percepción, conforme a los siguientes criterios.
a)  Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor 
valor y  especialmente: los agropecuarios  tradicionales, los abiertos y naturales, las 
perspectivas de conjuntos históricos y de elementos patrimoniales y el entorno de los 
recorridos escénicos.
b)  Integrarán las actuaciones de transformación urbanística en la morfología del 
territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, 
y preservando la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar.
c)  Establecerán medidas para el control de los elementos con incidencia en la 
calidad del paisaje urbano, para poner en valor las principales vistas y perspectivas que 
lo caracterizan y para recuperar los paisajes deteriorados.
6.  Las actuaciones urbanísticas se adaptarán al entorno, rural o urbano, en el que 
se  sitúan.  Los  proyectos  que  las  definan  tendrán  en  consideración  los  elementos 
naturales y patrimoniales, la topografía, y el resto de elementos que, conforme a lo 
establecido en los instrumentos de ordenación, conforman el carácter del paisaje de su 
ámbito de actuación.
Artículo 38.  Catálogos de Paisaje.
1.  Los Catálogos de Paisaje son documentos de carácter descriptivo, analítico y 
prospectivo que identifican los paisajes, analizan sus características y las fuerzas y 
presiones que los transforman, identifican sus valores y estado de conservación, y 
proponen los objetivos de calidad paisajística.
2.  Los Catálogos de Paisaje serán aprobados por la Consejería competente en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y constituyen la base técnica de apoyo 
para  la  redacción  de  las  estrategias  y  directrices  definidas  en  el  apartado  2  del 
artículo 37, así como para la elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y 
de ordenación urbanística general y del Plan de Ordenación Urbana, sin perjuicio de las 
competencias propias de los Municipios en esta materia. Su contenido y documentación, 
así como el procedimiento para su elaboración, se determinarán reglamentariamente.
CAPÍTULO II
Los instrumentos de ordenación territorial
Sección 1.ª El plan de ordenación del territorio de Andalucía
Artículo 39.  Objeto y finalidad.
1.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene por objeto establecer los 
elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la Comunidad 
Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes e instrumentos 
regulados en esta Ley y para las Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del 
Territorio, así como para la acción pública en general.
2.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene por finalidad:
a)  El equilibrio y la cohesión social y económica del territorio, y la mejora de la  b
competitividad para el desarrollo económico y de la calidad de vida de los ciudadanos,  916ww
integbr)a nLdao  eult islizisatecimóna  rdaec itorannasl pdoer tleoss  yr elac umrsoovsil indaatdu reanle esl  tye rlari tcoorinos.ecución de un territorio
más resiliente y menos vulnerable ante el cambio climático.
c)  La integración coordinada de las políticas de desarrollo territorial de la Unión 
Europea y del Estado, y la puesta de manifiesto de las determinaciones que deban ser 
referentes para dichas políticas.
d)  Propiciar la coordinación y cooperación con las regiones del entorno geopolítico 
próximo y con las pertenecientes a los mismos organismos de ámbito europeo.
e)  Establecer el marco para la cooperación interadministrativa de la Administración 
Autonómica con el resto de Administraciones Públicas en materia territorial y urbanística, 
y de estas entre sí, así como con las entidades representativas de los intereses sociales, 
económicos y sectoriales, para diseñar políticas de carácter sectorial dirigidas al interés 
general de los ciudadanos.
3.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se coordinará con el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima en relación con aquellos aspectos que tengan incidencia 
en materia de cambio climático.
Artículo 40.  Contenido.
1.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tendrá el siguiente contenido:
a)  El  diagnóstico  de  las  oportunidades  y  problemas  territoriales,  los  objetivos 
específicos a alcanzar y la definición de las propuestas de actuación durante el periodo 
de vigencia del plan.
b)  El esquema de articulación territorial, integrado por el sistema de ciudades, sus 
funciones urbanas y sus áreas de influencia, los principales ejes de comunicación del 
territorio, los criterios para la mejora de la accesibilidad y las infraestructuras básicas del 
sistema de transportes, hidráulicas, de las telecomunicaciones, de la energía y otras 
análogas.
c)  Los criterios territoriales básicos para la delimitación y selección de áreas de 
ordenación territorial, ambiental, económica y sectorial, y su integración en el sistema de 
transportes.
d)  Los criterios territoriales básicos para la ordenación del espacio litoral, para la 
localización  de  los  espacios  libres,  equipamientos  y  servicios  e  infraestructuras  de 
ámbito o carácter supralocal y para la localización de viviendas protegidas.
e)  Los criterios territoriales básicos para la gestión sostenible del agua y de los 
demás  recursos  naturales,  así  como  para  la  preservación  y  puesta  en  valor  del 
patrimonio cultural, natural, paisajístico y arquitectónico.
f)  La  identificación,  en  su  caso,  de  actuaciones  concretas  territoriales  con 
relevancia estratégica.
g)  La  indicación  de  las  zonas  afectadas  por  procesos  naturales  o  actividades 
antrópicas  susceptibles  de  generar  riesgos  catastróficos  y  la  definición  de  las 
determinaciones territoriales de actuación a contemplar para su prevención, incluidas las 
necesarias  para  contribuir  a  la  mitigación  de  los  efectos  del  cambio  climático  y  la 
adaptación del territorio a las nuevas condiciones derivadas del mismo.
h)  Los  criterios  territoriales  básicos  dirigidos  a  evitar  la  formación  de  nuevos 
asentamientos  en  suelo  rústico,  de  conformidad  con  lo  que  reglamentariamente  se 
establezca.
i)  La  indicación  de  las  áreas  o  sectores  que  deban  ser  objeto  de  Planes  de 
Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  o  de  Planes  con  Incidencia  en  la 
Ordenación del Territorio, así como los programas coordinados destinados a desarrollar  s
las estrategias y directrices territoriales del Plan. oe.
oseubsbtjearjtb)eo lge icLodianeesan  ld aydo pe dultieecn ra lmopcsliiaón Pznao cla iodpnniaereersasc c  teaodl nloe yI, n  tlcoraaisdqn eusPnceclulaliaranrs eide son q  ledualee  Oc  uOrhdaareld nnse eanrcdaáiecón in ód sndee e rdal  epToell ibcrTrjaeietctoroiórr iintoo d rdqeioiu r eeac dddteaea  bppáatamanrc absi óietloanr     2021-20916n https://www.
Administración  y  los  ciudadanos  sus  determinaciones,  según  la  naturaleza  de  las
mismas. Bc
k)  La concreción de aquellas determinaciones del plan cuya alteración precisará su 
revisión.
l)  La  estimación  económica  de  las  acciones  comprendidas  en  el  plan  y  sus 
prioridades de ejecución.
m)  Las previsiones para el desarrollo y ejecución del plan.
n)  Los  criterios  de  periodicidad  y  contenido  necesario  para  la  elaboración  de 
memorias  de  gestión  en  las  que  se  evalúe  el  grado  de  cumplimiento  de  las 
determinaciones del plan y sus efectos.
Para ello se definirá un sistema de indicadores objetivos de gestión, sostenibilidad y 
resultado para conocer la evaluación y efectuar el informe de seguimiento del plan.
ñ) Los demás aspectos que el Consejo de Gobierno considere necesario incluir para 
la consecución de los objetivos del plan.
Artículo 41.  Procedimiento de elaboración y aprobación.
1.  Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acordar la 
formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
2.  El acuerdo de formulación establecerá los objetivos generales que habrán de 
orientar su redacción, la composición y funciones de la comisión de redacción y el 
procedimiento y plazo para su elaboración.
3.  En el procedimiento de elaboración del plan se garantizará la información pública 
por un plazo no inferior a dos meses y la participación de las Administraciones Públicas y 
entidades públicas afectadas por razón de su competencia, así como de los distintos 
actores interesados mediante procesos de gobernanza.
4.  Durante el período de información pública se solicitaran los informes preceptivos 
conforme a la normativa sectorial aplicable.
5.  El plan, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, se remitirá al Parlamento 
para su aprobación, de acuerdo con el artículo 106.11 del Estatuto de Autonomía, y 
conforme a la tramitación prevista para los planes en el artículo 149 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía.
6.  Una vez aprobado el plan por el Parlamento y efectuadas por el Consejo de 
Gobierno las adaptaciones que vengan requeridas por las Resoluciones de la Cámara, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su efectividad.
Artículo 42.  Instrumentos para el desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se desarrolla a través de los 
siguientes instrumentos:
a)  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
b)  Las actividades de planificación de la Junta de Andalucía que, en aplicación de 
esta Ley, tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio.
Sección 2.ª Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional
Artículo 43. Definición, objetivos y ámbito.
1.  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecen los  e.
elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito y tienen  w.
los siguientes objetivos: 916ww
a)  Propiciar en su ámbito la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio
py údbeli csauss,  rceocmuros opso rn laotsu raagleesn,t etasn ptori vpaodr opsa.rte de las Administraciones Públicas y entidades
b)  Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y 
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones 
Públicas y entidades públicas, así como para el desarrollo de las actividades de los 
particulares con incidencia en el territorio.
2.  El  ámbito  de  los  planes  abarcará  necesariamente  el  conjunto  de  términos 
municipales, completos y contiguos, que por sus características físicas, funcionales y 
socioeconómicas conformen un área coherente de ordenación territorial. Su delimitación 
se  llevará  a  cabo  atendiendo  a  las  determinaciones  establecidas  en  el  Plan  de 
Ordenación del Territorio de Andalucía.
Artículo 44.  Contenido y documentación.
1.  Los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  tendrán  el 
siguiente contenido:
a)  Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a desarrollar durante la 
vigencia del plan.
b)  Definición de la estructura funcional básica del territorio objeto de ordenación, 
con indicación del sistema de infraestructuras básicas, el sistema de asentamientos y los 
equipamientos y servicios de carácter supralocal necesarios para el desarrollo de los 
objetivos propuestos y que permitan la interconexión urbano-rural en el ámbito.
c)  En relación con la compatibilidad de usos en el territorio:
1.º  Objetivos y directrices para la preservación, ordenación y gestión del paisaje del 
ámbito.
2.º  Determinaciones para la preservación del suelo rústico atendiendo a los valores 
naturales, productivos y paisajísticos, del patrimonio histórico, así como a otros recursos 
de interés presentes en el ámbito del plan.
3.º  Delimitación  de  las  zonas  afectadas  por  procesos  naturales  o  actividades 
antrópicas susceptibles de generar riesgos de cualquier tipo, estableciendo directrices y 
normas  de  aplicación  en  las  mismas,  incluidas  las  necesarias  para  contribuir  a  la 
mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación del territorio a las nuevas 
condiciones derivadas del mismo.
4.º  Indicación  de  las  afecciones  sectoriales  delimitadas  por  la  Administración 
competente según la materia, así como el inventario de los dominios públicos y sus 
servidumbres.
5.º  Identificación  de  actividades  con  incidencia  en  la  ordenación  del  territorio 
existentes y delimitación de zonas preferentes para su implantación.
d)  En relación con el sistema de asentamientos:
1.º  Definición de los elementos integrantes del sistema de asentamientos, así como 
la  caracterización  de  los  municipios  a  los  efectos  de  determinar  el  instrumento  de 
ordenación urbanística general exigible en el marco de lo establecido en esta Ley.
2.º  Determinaciones para el desarrollo y crecimiento de los núcleos urbanos.
3.º  Previsión  y  directrices  de  localización  e  implantación  de  equipamientos  y 
servicios de carácter supralocal, así como de viviendas protegidas.
4.º  Previsión y directrices de localización y desarrollo de áreas estratégicas para el 
sistema económico y productivo del ámbito. es
5.º  Determinaciones para evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo  o
rústico, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca 916www.
e)  En relación con el sistema de infraestructuras básicas:
para1 .laº  mEesjoqruae dmea l ad eml osvisiltiedmada  sdoes tceonmibulen idcealc áiomnebsit oy. transportes, y previsiones y criterios
2.º  Previsiones  y  directrices  para  la  localización  e  implantación  de  las 
infraestructuras del ciclo integral del agua, tratamiento y eliminación de residuos, de 
telecomunicación, energéticas y otras análogas.
f)  Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio 
y de los planes urbanísticos vigentes en su ámbito que deban ser objeto de adaptación, 
justificando las alteraciones propuestas para ellos.
g)  La concreción de aquellas determinaciones del plan cuya alteración precisará su 
revisión.
h)  La  estimación  económica  de  las  acciones  comprendidas  en  el  Plan  y  sus 
prioridades de ejecución.
i)  Las previsiones para el desarrollo y ejecución, determinando los instrumentos de 
ordenación y gestión territorial para el desarrollo de las actuaciones propuestas, así 
como los mecanismos necesarios de compensación, en su caso.
j)  Los  criterios  de  periodicidad  y  contenido  necesario  para  la  elaboración  de 
memorias de gestión en las que se evalúe y analice el grado de cumplimiento de las 
determinaciones  del  plan  y  de  sus  efectos.  Para  ello  se  definirá  un  sistema  de 
indicadores objetivos de gestión, sostenibilidad y resultado para conocer la evaluación y 
efectuar el informe de seguimiento del plan.
k)  Los demás aspectos que el Consejo de Gobierno considere necesario incluir 
para la consecución de los objetivos del plan.
2.  Los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  deberán 
incorporar los siguientes documentos:
a)  Memoria  informativa,  que  contendrá  el  análisis  y  diagnóstico  de  las 
oportunidades  y  problemas  para  la  ordenación  del  territorio  en  el  momento  de  la 
elaboración del plan, así como la información sobre los dominios públicos existentes.
b)  Memoria de ordenación, que contendrá la definición de los objetivos y directrices 
de la ordenación, las propuestas y medidas y, en su caso, las determinaciones objeto de 
adaptación de los planes a que se hace referencia en el apartado 1.f).
c)  Memoria económica, con la estimación de las acciones comprendidas en el plan 
y su orden de prioridad de ejecución.
d)  Normativa, que contendrá las determinaciones de ordenación y de gestión del 
plan y su naturaleza, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
e)  Documentación  gráfica,  con  cartografía  georreferenciada  de  información  y 
propuesta, para la correcta comprensión de su contenido, que incluirá la delimitación de 
los dominios públicos existentes con sus servidumbres y afecciones.
Artículo 45.  Procedimiento y tramitación.
1.  Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la formulación de los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de oficio o a 
instancia de las Corporaciones Locales.
2.  Con carácter previo a elevar su propuesta, la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Ordenación del Territorio dará audiencia a las Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito del plan.
3.  El acuerdo de formulación establecerá el ámbito, los objetivos generales que 
habrán de orientar su redacción, la composición y funciones de la comisión de redacción  e.
y el procedimiento y plazo para su elaboración. w.b
4.  En la comisión de redacción participará una representación de los municipios  916ww
afec5ta. doCso.n  anterioridad  a  la  elaboración  del  proyecto  de  plan  que  se  someta  a
iCnoforprmoraaccióionn eps úLboliccaal,e ss aef ecetlaadbaosra, rpáa rau nq ubeo errna deol rp ladzeol  dpel aunn,  mqeuse  puseed arne mfoitrimráu laar  sluass 
observaciones, sugerencias, alternativas y propuestas, y a los organismos y empresas 
responsables de la prestación de los servicios públicos de energía, telecomunicaciones, 
agua  y  residuos.  Asimismo,  se  promoverá  la  participación  de  los  distintos  actores 
interesados mediante procesos de gobernanza.
6.  Redactado  el  plan,  se  someterá  a  información  pública  y  audiencia  a  las 
Administraciones Públicas y entidades públicas afectadas por razón de su competencia, 
por un plazo no inferior a dos meses y se solicitarán los informes preceptivos.
7.  El plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno, dando cuenta al 
Parlamento y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su 
efectividad.
Sección 3.ª Instrumentos de desarrollo y gestión territorial
Artículo 46.  Instrumentos de desarrollo y ejecución.
1.  Las actuaciones propuestas por los planes de ordenación del territorio y, en su 
caso,  incluidas  en  programas  coordinados  podrán  desarrollarse  a  través  de  los 
siguientes instrumentos:
a)  Declaración  de  Interés  Autonómico  y,  en  su  caso,  Proyectos  de  Actuación 
Autonómicos, en los términos regulados por los artículos 50 y 51.
b)  Instrumentos de ordenación urbanística.
c)  Planes Especiales de iniciativa autonómica.
d)  Proyectos de obras y urbanización.
2.  La incorporación a los instrumentos de ordenación urbanística de las actuaciones 
que  requieran  desarrollo  urbanístico  se  llevarán  a  cabo  mediante  al  procedimiento 
previsto en el artículo 25 y su ordenación detallada se llevará a cabo mediante los 
instrumentos urbanísticos previstos a estos efectos en la presente Ley.
3.  Los Planes Especiales de iniciativa autonómica podrán desarrollar directamente 
aquellas actuaciones de carácter público que no reúnan las condiciones específicas para 
ser declaradas actuaciones de interés autonómico en el marco de lo establecido en el 
artículo 50. Los Planes Especiales establecerán la delimitación concreta de la actuación 
y la ordenación detallada del ámbito, y se ajustarán a las siguientes reglas para su 
elaboración y aprobación:
a)  Las determinaciones serán las precisas para el desarrollo y ejecución de la 
actuación propuesta en el marco de las directrices establecidas por el instrumento de 
ordenación territorial y según se determine reglamentariamente.
b)  El contenido documental se ajustará a lo establecido en el artículo 62 y demás 
preceptos aplicables de esta Ley, en función del objeto y finalidad.
c)  La  formulación,  tramitación  y  aprobación  corresponde  a  la  Consejería 
competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con sujeción a las 
reglas y trámites establecidos en esta Ley para el resto de instrumentos de ordenación 
urbanística.
d)  La aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen para la 
ejecución  de  sus  determinaciones,  incluidos  los  proyectos  de  urbanización  que 
procedieren, corresponderá a la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. s
4.  La ejecución de las actuaciones territoriales declaradas de interés autonómico,  w.b
así  como  aquellas  desarrolladas  directamente  por  Planes  Especiales  de  iniciativa  916ww
aquuteo npóromciecdaa, ,c doen lcleovnaforármn ildaa cdo cnosnid leor aecsitóanb ldeec idsuos e rne lsopse acrtitvícousl oásm 1b3it oys 1 c4o.n la clasificación
para5 . la Loesje icnusctriuómn edneto sa dcetu oarcdioenneasc iótne rtreitrorirtioarlieasl  podder ácna erásctatebrl ecpeúrb rleicsoe, rvaa s ldoes  teerfreecntooss 
establecidos en el artículo 130.
Artículo 47.  Programas coordinados para la gestión territorial.
1.  Los Programas Coordinados son instrumentos de gestión territorial que tienen 
por  objeto  impulsar  y  coordinar  el  desarrollo  de  las  directrices  y  propuestas  que 
establezcan los planes de ordenación del territorio.
2.  Los Programas Coordinados serán elaborados y aprobados por la Consejería 
competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  conforme  al 
procedimiento  que  reglamentariamente  se  establezca,  y  en  coordinación  y  con  la 
participación de los organismos responsables del ejercicio de las políticas públicas con 
incidencia en la ordenación del territorio.
3.  Sin perjuicio de la documentación y determinaciones que reglamentariamente se 
establezcan,  los  Programas  Coordinados  para  la  gestión  territorial  incorporarán,  al 
menos, el siguiente contenido:
a)  Memoria  justificativa  y  descripción  pormenorizada  de  las  actuaciones 
propuestas.
b)  Medidas para garantizar la coherencia de las actuaciones del Programa con 
otras ejecutadas o previstas por las Administraciones Públicas.
c)  Evaluación económica de las actuaciones y su programación temporal en el 
marco de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
d)  Previsión de los instrumentos y mecanismos de desarrollo, gestión y ejecución 
de las actuaciones propuestas.
e)  Medidas de seguimiento y control del cumplimiento del programa.
CAPÍTULO III
Planes y actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio
Sección 1.ª Los planes con incidencia en la ordenación del territorio
Artículo 48.  Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.
1.  Se  consideran  Planes  con  Incidencia  en  la  Ordenación  del  Territorio  los 
instrumentos  de  planificación  sectorial  y  las  estrategias  sectoriales  de  la  Junta  de 
Andalucía que, por razón de su contenido y alcance, y de conformidad con la legislación 
específica  de  aplicación,  tienen  una  repercusión  directa  sobre  las  relaciones  y 
actividades que se desarrollan en el territorio y, por ello, su elaboración y tramitación 
deben llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.
2.  Los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, sin perjuicio de los 
contenidos específicos establecidos por la correspondiente legislación sectorial o por el 
acuerdo que disponga su formulación, incluirán los siguientes contenidos:
a)  La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
b)  La especificación de los objetivos territoriales a conseguir, de acuerdo con las 
necesidades sectoriales y las directrices establecidas por los planes de ordenación del 
territorio para la planificación sectorial.
c)  La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional que les afecten.
Artículo 49.  Elaboración y tramitación. w.
Con1s.e jeCríoar recsopmopnedtee natel  Ceonn sleaj o mdaet eGrioab, iearcnoor,d aar  plrao pufoersmtau ladcei ólna  pdeer solonsa  Ptitlaunlaer sd ec olna 
Incid2e. ncLiaa  eenla lab oOrardceiónna cdieó nlo dse lP Tlaenrreitso rcioo.n Incidencia en la Ordenación del Territorio se
regirá por la correspondiente legislación sectorial y por el acuerdo de formulación.
3.  A fin de garantizar desde el primer momento la correcta inserción de los Planes 
con Incidencia en la Ordenación del Territorio en el marco territorial definido por los 
instrumentos  de  ordenación  territorial,  el  órgano  competente  para  su  elaboración 
consultará previamente con la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, así como con las Administraciones Públicas y entidades públicas 
afectadas por razón de su competencia, la adecuación de las alternativas propuestas a 
las directrices y determinaciones establecidas por la ordenación territorial vigente.
4.  Una vez redactado el plan, el órgano competente en materia de Ordenación del 
Territorio  y  Urbanismo  emitirá  informe  sobre  la  incidencia  territorial  de  sus 
determinaciones  en  el  plazo  de  dos  meses.  Transcurrido  este  periodo  sin 
pronunciamiento expreso, se considerará que dicho informe tiene carácter favorable.
5.  El plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno.
6.  Las modificaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio 
que supongan una alteración de sus objetivos territoriales se someterán a informe sobre 
la incidencia territorial en los mismos términos que los planes de nueva formulación.
Sección 2.ª De las actuaciones de interés autonómico
Artículo 50.  Declaración de Interés Autonómico.
1.  El Consejo de Gobierno podrá declarar de Interés Autonómico, por su especial 
relevancia derivada de su magnitud, su proyección social y económica o su importancia 
para la estructuración territorial de Andalucía:
a)  Las actuaciones de carácter público contempladas en planes de ordenación del 
territorio y en planes con incidencia territorial. Estas actuaciones podrán ejecutarse 
mediante la colaboración público-privada.
b)  Las actividades de intervención singular, de carácter público, relativas a los 
ámbitos sectoriales que tengan incidencia supralocal, en los términos establecidos en 
esta Ley.
c)  Las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía, 
conforme a su normativa específica.
2.  La Declaración de Interés Autonómico se ajustará al siguiente procedimiento:
a)  La propuesta de la Declaración corresponderá a la Consejería competente en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, previa iniciativa de la Consejería 
competente en razón a la actuación. En el caso de inversiones empresariales, previa 
declaración de interés estratégico de la actuación por el órgano competente, conforme a 
su normativa específica.
b)  Para la Declaración se aportará estudio previo, anteproyecto u otro documento 
de análogo alcance, a los que se acompañará memoria justificativa en la que se acredite 
su especial relevancia para el desarrollo social, territorial y económico de Andalucía.
En caso de que la actuación suponga la innovación del planeamiento urbanístico del 
municipio o municipios afectados, se aportará la documentación necesaria para justificar 
su viabilidad urbanística.
c)  La Declaración requerirá de información pública por plazo no inferior a un mes, 
así como de audiencia a las Administraciones Públicas gestoras de intereses públicos 
afectados, a las que se requerirán los informes o pronunciamientos preceptivos. Cuando  s
deban emitirse por órganos pertenecientes a la Comunidad Autónoma, los plazos de  oe.
emisión quedarán reducidos a la mitad. Simultáneamente se acordará su remisión al  w.
Ayuntamiento  en  cuyo  término  municipal  se  ubique  la  actuación  para  consulta  y  916ww
cpolanzcoe,r tlaac iCóonn dsee jesruías  ccoomntpeentideonste  peonr  pmlaazteor inao d ien feOrriodre naa cdioósn  mdeels eTes.r rTitorarinos cyu Urrirdboa ndisicmhoo 
podrá proseguir con la propuesta, previos informes justificativos de la falta de acuerdo.
d)  En el acuerdo de Declaración de Interés Autonómico, el Consejo de Gobierno 
determinará su alcance y las condiciones para su desarrollo.
En el acuerdo se podrán adoptar cuantas medidas se precisen para la construcción y 
explotación de las obras de titularidad pública por la Administración de la Junta de 
Andalucía o, en su caso, mediante la intervención de sus empresas públicas.
Para las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico, el Consejo de 
Gobierno  establecerá,  además,  las  obligaciones  que  deberá  asumir  la  persona 
promotora de la actuación o inversión objeto de la declaración.
3.  Lo previsto en los apartados anteriores no se aplicará en aquellos supuestos en 
los que la legislación sectorial de aplicación contenga normas específicas sobre la 
declaración de interés autonómico de determinadas obras de titularidad pública, así 
como en aquellos casos en los que la declaración esté regulada con tal carácter en los 
planes de ordenación del territorio o en los planes con incidencia territorial o que deban 
llevarse a cabo en el marco del apartado 3.b) del artículo 9.
4.  La  Declaración  de  Interés  Autonómico  legitima  directamente  el  desarrollo  y 
ejecución de la actuación y, en consecuencia:
a)  Afectará y comprenderá todas las obras correspondientes a las actuaciones 
objeto de la declaración.
b)  Implica la modificación directa de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional cuando sus determinaciones supongan una alteración de dichos 
planes.
c)  Sin  perjuicio  de  sus  efectos  directos,  según  lo  dispuesto  en  los  apartados 
siguientes, sus determinaciones vincularán directamente al instrumento de ordenación 
urbanística municipal o de los municipios afectados, que deberán incorporarlas mediante 
su innovación.
5.  La aprobación por la Administración de la Junta de Andalucía de los estudios, 
planes y proyectos necesarios para el desarrollo y ejecución de las actuaciones objeto 
de  la  Declaración  de  Interés  Autonómico,  incluidos,  en  su  caso,  los  Proyectos  de 
Actuación Autonómicos, tendrá, de acuerdo con su alcance concreto, los siguientes 
efectos, además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación:
a)  En actuaciones de carácter público, llevará implícita la declaración de la utilidad 
pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de 
los bienes y adquisición de derechos necesarios para la ejecución de la actuación y para 
su conexión a las redes generales. Todo ello sin perjuicio de que la ejecución urbanística 
de las mismas se pueda llevar a cabo mediante otras formas de gestión previstas en 
esta Ley.
En las actuaciones de carácter privado, llevará implícita la declaración de la utilidad 
pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de 
los terrenos necesarios para las conexiones a las redes generales.
b)  En actuaciones de carácter público, la construcción y puesta en funcionamiento 
de las obras no estarán sujetas a licencias ni a actos de control preventivo municipal.
En  consecuencia,  la  declaración  legitimará  inmediatamente  la  ejecución  de  las 
actuaciones de carácter público, siendo sus determinaciones directamente aplicables, 
salvo que requiera desarrollo urbanístico mediante Proyecto de Actuación Autonómico, 
debiendo garantizarse en el procedimiento la participación del municipio.
c)  En  el  caso  de  actuaciones  de  carácter  privado,  previo  ejercicio  del  e.
correspondiente acto de intervención o de posterior control municipal, la declaración  w.
legitimará  inmediatamente  su  ejecución,  siendo  sus  determinaciones  directamente  916ww
aApultiocanbólmesic, os.alvo que se requiera desarrollo urbanístico mediante Proyecto de Actuación
Los plazos para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones, o en su caso 
declaraciones responsables, que resulten preceptivas para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de las actuaciones quedarán reducidos a la mitad.
6.  El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Declaración 
de Interés Autonómico para las actuaciones de carácter privado determinará, previa 
tramitación del oportuno expediente, su revocación por el Consejo de Gobierno, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir de acuerdo con la 
normativa que sea de aplicación.
Artículo 51.  Proyecto de Actuación Autonómico.
1.  Cuando  las  actuaciones  objeto  de  la  Declaración  de  Interés  Autonómico 
supongan la implantación de usos productivos, dotaciones o cualesquiera otros que 
precisen  desarrollo  urbanístico,  la  ordenación  del  ámbito  se  efectuará  mediante  la 
aprobación por la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de un Proyecto de Actuación Autonómico.
2.  El Proyecto de Actuación Autonómico deberá justificar la concreta ubicación y 
delimitación  de  la  actuación,  su  incidencia  territorial  y  ambiental,  y  su  grado  de 
integración con la planificación y ordenación vigente, así como asegurar el adecuado 
funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto.
El  Proyecto  de  Actuación  Autonómico  contendrá  todas  las  determinaciones  de 
ordenación y gestión que se precisen para su realización efectiva. A estos efectos, 
deberá prever la distinción entre los espacios de dominio público y otros espacios de 
titularidad pública o privada.
3.  Podrá considerarse Proyecto de Actuación Autonómico a los efectos de este 
artículo cualquier documento previsto, con análogo alcance, en la legislación sectorial 
aplicable a la actuación de que se trate.
4.  La aprobación del Proyecto de Actuación Autonómico requerirá un trámite de 
información pública por plazo no inferior a un mes, con requerimiento de los informes y 
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestoras de los intereses públicos afectados que sean legalmente preceptivos.
Se dará audiencia al Ayuntamiento o Ayuntamientos de los términos municipales en 
que aquel se ubique y a las Administraciones Públicas afectadas, por plazo no inferior a 
dos meses.
5.  La ejecución del Proyecto de Actuación Autonómico podrá incluir la delimitación 
de unidades de ejecución y la determinación del sistema de actuación de cada unidad, y 
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
6.  La aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen para el 
desarrollo y completa ejecución del Proyecto de Actuación, incluidos los proyectos de 
urbanización que procedieren, corresponderá en todo caso a la Consejería competente 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
7.  Para el desarrollo de las actuaciones a que se refiere el presente artículo podrán 
celebrarse  convenios  con  el  municipio  o  municipios  afectados,  en  los  que  podrán 
concertarse los términos de la actuación y su ejecución, así como constituir órganos de 
gestión para su desarrollo y ejecución.
Sección 3.ª De las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio
Artículo 52.  Definición e informe de las Actuaciones con incidencia en la ordenación del  b
territorio. 916ww
aqcuteu 1at.ci eionSneoenns   irAneccqitduueeanrcicrioáiann e dsseu  cpinorafnol orimcnaceli d peernne ccileaop ste ivntéo r ladm eion lraod seC nopanrcesivóeinjse trodíase  lc etoenmr rpeiteol treaionr ttíleca usel ona  cm2tu.a ateDcriiiocahn daeess    OE-A-2021-20able en https://
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que será vinculante siempre que se efectúen en 
ausencia de instrumento de ordenación o plan o no estén contempladas en ellos.
2.  El informe a que hace referencia el apartado anterior versará sobre la coherencia 
territorial de la actuación en virtud de sus efectos en la ordenación del territorio y 
señalará, en su caso, las medidas correctoras, preventivas o compensatorias que deban 
adoptarse. A estos efectos, el órgano promotor de la actuación remitirá la documentación 
que permita valorar las incidencias previsibles en la ordenación del territorio conforme a 
lo previsto en el artículo 2, así como su afección al paisaje del ámbito.
3.  El plazo para la emisión del informe será de dos meses, contados desde la fecha 
de presentación de la solicitud completa con la documentación a que se refiere el 
apartado 2 anterior en el registro electrónico de la Administración competente para su 
emisión. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento expreso, se considerará que el 
informe tiene carácter desfavorable.
4.  En las actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía, 
las discrepancias que pudieran surgir respecto al contenido del informe serán resueltas 
por el Consejo de Gobierno.
CAPÍTULO IV
Efectos y vigencia de los instrumentos de ordenación territorial
Sección 1.ª Efectos de los instrumentos de ordenación del territorio
Artículo  53.  Suspensión  cautelar  de  las  modificaciones  de  los  instrumentos  de 
ordenación urbanística.
1.  El Consejo de Gobierno, previa audiencia del municipio o municipios afectados, 
podrá acordar de forma motivada y simultáneamente o con posterioridad a la formulación 
de los planes de ordenación del territorio la suspensión de la tramitación de la innovación 
del instrumento de ordenación urbanística que tenga incidencia o interés supralocal.
2.  El  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  deberá  especificar  los  contenidos  del 
instrumento de ordenación urbanística que se verán afectados por esta suspensión. El 
plazo máximo de vigencia de esta medida será de dos años. El período de tiempo 
durante el que se suspenda la tramitación de las modificaciones de los instrumentos de 
ordenación urbanística no se computará a los efectos del plazo máximo de la suspensión 
de las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que esta Ley prevé en el 
procedimiento para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.
3.  La  resolución  por  la  que  se  inicia  la  información  pública  de  un  Plan  de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional motivará por sí sola la suspensión de los 
contenidos de las innovaciones del instrumento de ordenación que contravengan las 
determinaciones propuestas en aquel plan. Esta medida tendrá una vigencia máxima de 
un año desde que se dicta dicha resolución.
Artículo  54.  Efectos  generales  de  la  aprobación  de  los  planes  de  ordenación  del 
territorio.
1.  Los planes de ordenación del territorio serán públicos y vinculantes. El grado de 
vinculación dependerá de la naturaleza de sus determinaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5. e
2.  La aprobación de planes de ordenación del territorio implicará la declaración de  bo
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos  916ww
cmporoorrdyLeiefasiccp taodocseni códqlniaeu rnedat eces isesó,e n rrae v adildoleiucs me ufnitbni lrieedesnas  d.de ejep ceúuxbcpliircóoanp  idya icrleiaóc ntna, e ddceee  soloicdsua pdpa lacdnieóe nso  tcdeuemp oparocdiróeannl  aosc edió enr e imdfeeprlo irtsáei rcraiiót onlro ioos    OE-A-2021-20able en https://
y también a los bienes y derechos comprendidos en los replanteos de los proyectos y en
las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente. No obstante, se 
podrán utilizar otras formas de obtención de los terrenos conforme a esta Ley y a la 
legislación civil.
A  los  efectos  indicados  en  el  párrafo  anterior,  los  proyectos  de  obras  y  sus 
modificaciones deberán comprender la definición de su localización y la determinación 
concreta e individualizada de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que 
se estime preciso ocupar o adquirir, para la construcción, defensa, seguridad o servicio 
de aquellas.
Artículo  55.  Efectos  de  la  aprobación  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía.
1.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía será vinculante para el resto de 
los  instrumentos  de  ordenación  territorial,  para  los  Planes  con  Incidencia  en  la 
Ordenación del Territorio y para los instrumentos de ordenación urbanística. Sus normas 
prevalecerán desde su entrada en vigor sobre las determinaciones de estos últimos.
2.  En el Decreto de aprobación se determinarán los plazos para la adaptación de 
los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional,  de  los  Planes  con 
Incidencia  en  la  Ordenación  del  Territorio  y  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística.
El transcurso de los plazos sin que la adaptación se haya producido determinará la 
prevalencia de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
sobre los planes e instrumentos afectados con independencia del carácter de éstas.
3.  Las propuestas de adaptación de los instrumentos de ordenación urbanística 
general deberán ser tramitadas de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Ley 
para su revisión o modificación.
Artículo 56.  Efectos de la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional.
1.  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional serán vinculantes 
para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, para los instrumentos de 
ordenación  urbanística  y  para  las  Actuaciones  con  incidencia  en  la  ordenación  del 
territorio
2.  En el Decreto de aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional se determinarán los plazos para la adaptación de los Planes con 
Incidencia  en  la  Ordenación  del  Territorio  y  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística.
El transcurso de los plazos sin que la adaptación se haya producido determinará la 
prevalencia de las determinaciones de la planificación subregional sobre los planes e 
instrumentos afectados con independencia del carácter de éstas.
3.  Las propuestas de adaptación de los instrumentos de ordenación urbanística 
general deberán ser tramitadas de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Ley 
para su revisión o modificación.
4.  Las  determinaciones  de  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito 
subregional que sean de aplicación directa prevalecerán desde su entrada en vigor sobre 
las determinaciones que estuvieran vigentes de los planes citados en el apartado 1 de 
este artículo.
Artículo 57.  Efectos de la Declaración de Interés Autonómico. o
1.  La Declaración de Interés Autonómico de una actuación, sin perjuicio de su  916ww
ruérgbiamneísnt iceossp. ecEífnic o,p atiretinceu lalor,s  leofse ctoPsro yreeccotogsid ods e enA cetsutaac iLóeny  ipnacroar ploorsa ráinns truamqueenltlaoss 
determinaciones propias del instrumento de ordenación urbanística que, conforme a esta
Ley, sean necesarias para permitir la actuación urbanizadora que se pretenda llevar a 
cabo.
2.  En las Actuaciones de Interés Autonómico las funciones que esta Ley atribuye a 
la  Consejería  competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo 
implicarán su ejercicio como Administración actuante a todos los efectos.
No obstante, cuando se trate de actuaciones privadas, las cesiones de suelo que 
procedan, tanto para dotaciones públicas como para el patrimonio público de suelo, 
corresponderán a los municipios afectados por las mismas.
3.  Los  proyectos  y  planes  relativos  a  las  actuaciones  declaradas  de  interés 
autonómico  contendrán  las  determinaciones  que  garanticen  su  integración  en  el 
instrumento de ordenación urbanística del municipio o municipios afectados.
Sección 2.ª De la vigencia de los instrumentos de ordenación territorial
Artículo 58.  Vigencia, revisión y modificación.
1.  Los Planes de Ordenación del Territorio y Proyectos de Actuación previstos en 
esta Ley tendrán vigencia indefinida.
2.  A los efectos de esta Ley, se entiende por revisión de los instrumentos de 
ordenación  territorial  la  innovación  que  incida  en  los  supuestos  expresamente 
determinados por los mismos y, en todo caso, la alteración de sus objetivos y principios 
generales  de  ordenación,  motivada  por  la  elección  de  un  modelo  territorial 
sustancialmente distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas que incidan 
decisivamente sobre la ordenación o puedan alterar la consecución de los objetivos 
establecidos.
3.  Se  entiende  por  modificación  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial 
cualquier otra alteración de sus determinaciones que no incida en los supuestos del 
apartado 2 anterior.
Artículo 59.  Procedimiento de revisión y de modificación.
1.  La revisión de los Planes de Ordenación del Territorio y de los Proyectos de 
Actuación se someterá a las mismas disposiciones establecidas para su elaboración.
2.  Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acordar la 
formulación de las modificaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
que,  previa  información  pública,  serán  aprobadas  por  Decreto,  dando  cuenta  al 
Parlamento de Andalucía.
3.  Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de oficio a instancia de los Ayuntamientos o a 
instancia de parte, la formulación y aprobación de las modificaciones de los Planes de 
Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  y  Proyectos  de  Actuación,  previa 
información pública y audiencia de los municipios afectados.
TÍTULO IV
La ordenación urbanística
CAPÍTULO I
La ordenación urbanística
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 60.  Niveles e instrumentos de la ordenación urbanística.
1.  La ordenación urbanística es una función pública que comprende la planificación 
y organización de la ocupación y utilización del suelo, así como de la transformación de 
éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.
2.  Las determinaciones de la ordenación urbanística se estructuran en dos niveles:
a)  Ordenación urbanística general.
b)  Ordenación urbanística detallada.
3.  La  ordenación  urbanística  se  llevará  a  cabo  mediante  los  siguientes 
instrumentos:
a)  Instrumentos de ordenación urbanística general:
1.º  El Plan General de Ordenación Municipal.
2.º  El Plan de Ordenación Intermunicipal.
3.º  El Plan Básico de Ordenación Municipal.
b)  Instrumentos de ordenación urbanística detallada:
1.º  Los Planes de Ordenación Urbana.
2.º  Los Planes Parciales de Ordenación.
3.º  Los Planes de Reforma Interior.
4.º  Los Estudios de Ordenación.
5.º  Los Planes Especiales.
c)  Instrumentos complementarios de la ordenación urbanística:
1.º  Los Estudios de Detalle.
2.º  Los Catálogos.
3.º  Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización.
4.º  Las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística.
Artículo 61.  Criterios para la ordenación urbanística.
1.  Con el fin de procurar un desarrollo urbano y territorial sostenible, la ordenación 
urbanística promoverá una ocupación racional y eficiente del suelo y, a tal fin, los 
instrumentos de ordenación urbanística general y los Planes de Ordenación Urbana 
establecerán directrices y estrategias que eviten la dispersión urbana, revitalicen la 
ciudad existente y su complejidad funcional, y favorezcan la economía circular. Para ello 
fomentarán la consolidación de los núcleos urbanos existentes y la diversidad de usos  e.
mediante actuaciones de mejora, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,  w.b
debiendo los nuevos crecimientos cumplir con lo establecido en el artículo 31. 916ww
públ2ic. asL –as iostredmenaasc gióenn eurrableasn íos tlioccaa, leesn–  rceolamcoió pnr ivaa dlaass , ddoetbaecrioán:es del municipio, tanto
a)  Dotar a la ciudad de espacios libres y zonas verdes en proporción suficiente para
atender las necesidades de esparcimiento de la población y para contribuir a mitigar los
efectos del cambio climático. En su ordenación se procurará la conexión en red de estos 
espacios, la utilización de arbolado y superficies permeables y la integración de los 
elementos naturales y patrimoniales preexistentes.
b)  Resolver los problemas de movilidad mejorando la red viaria, ciclista y peatonal y 
fomentando los medios de transporte colectivo y el acceso a las dotaciones a través de 
los mismos.
c)  Priorizar la utilización del espacio público urbano por el peatón frente a los 
vehículos motorizados y la conexión de éste con el entorno rural, garantizando las 
condiciones de accesibilidad universal.
d)  Incluir los equipamientos comunitarios en proporción suficiente a la demanda de 
la ciudadanía o completar los existentes, priorizando su acercamiento a las necesidades 
cotidianas de la población para favorecer la ciudad de proximidad.
e)  Establecer redes eficientes de infraestructuras y servicios técnicos y, en especial, 
las de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, telecomunicaciones, así 
como las energéticas, fomentando las energías renovables y contribuyendo a la lucha 
contra el cambio climático.
f)  En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de nueva 
urbanización cuyo uso predominante sea el residencial, los suelos que el instrumento de 
ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se 
determine por la legislación aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente 
instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza 
rotatoria,  y  cuya  finalidad  sea  atender  necesidades  temporales  de  colectivos  con 
especiales dificultades de acceso a la vivienda.
3.  Los  criterios  y  directrices  que  establezca  el  Plan  General  de  Ordenación 
Municipal deberán garantizar, en todo caso, una adecuada equidistribución de cargas y 
beneficios entre las diferentes actuaciones de nueva urbanización que se prevean o se 
posibilite delimitar.
4.  Los instrumentos que establezcan la ordenación urbanística detallada respetarán 
los  criterios  que,  respecto  a  estándares  y  reservas  dotacionales,  establezcan  los 
instrumentos  de  ordenación  general,  de  conformidad  con  lo  que  se  disponga 
reglamentariamente, propiciando una aplicación flexible de usos. Se destinará como 
mínimo un diez por ciento de la superficie total de cada ámbito para zonas verdes, 
pudiéndose modular reglamentariamente en función de las características del municipio, 
cuando se cuente con una alternativa equivalente que haga innecesaria la reserva o 
cuando dicha reserva no sea suficiente para garantizar la mitigación de los efectos del 
cambio climático o el adecuado esparcimiento de la ciudadanía.
5.  En los ámbitos de las actuaciones de nueva urbanización, se reservará, como 
mínimo, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda 
protegida. En las actuaciones de reforma interior, dicha reserva será como mínimo del 
diez por ciento de la nueva edificabilidad residencial.
El Plan General de Ordenación Municipal, el Plan Básico de Ordenación Municipal, el 
Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía o el Plan de Ordenación del Territorio de 
ámbito  subregional  podrán  prever  una  redistribución  de  dichos  porcentajes  en  sus 
respectivos  ámbitos  de  ordenación.  En  este  último  caso,  podrá  establecerse 
excepcionalmente una reserva inferior o eximirla para determinados municipios, siempre 
que se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva 
dentro  de  su  ámbito  territorial  de  aplicación  y  una  distribución  de  su  localización  e.
respetuosa con el principio de cohesión social. w.b
Asimismo, se podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a actuaciones  916ww
caodnecmreátsa,s p oqru es ut etinpgoalong íuan an od seen scidoands idinefreernio ar pata sq upinacrae  lvai vcieonndsatrsu cpcoiórn  hdeec táersetea  tyip oq udee, 
vciovrireensdpaosn, diseinetme.p rPea rya  ecsutaen sduop usees tog,a rreagnltaicme enlata rrieasmeervnate ,e sne  eels taábmlebciteor ádne l oosr dcaesnoasc ióenn 
que pueda sustituirse por mayores cesiones de suelo al Ayuntamiento.
6.  Los instrumentos de ordenación urbanística podrán destinar el subsuelo de las 
dotaciones públicas de los municipios a usos lucrativos privados, aparcamientos u otro 
tipo  de  dotaciones  privadas  siempre  que  se  acredite  un  mejor  funcionamiento  en 
términos sociales y económicos de las dotaciones públicas del municipio y se garantice 
la  protección  del  bien  de  dominio  público  en  su  integridad,  así  como  la  correcta 
funcionalidad y mantenimiento del uso o servicio público implantado en la superficie.
A tal fin, podrán utilizarse, en su caso, fórmulas de colaboración público-privadas, 
pudiendo  además  desafectarse  el  subsuelo  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la 
normativa patrimonial que resulte de aplicación, siendo inscribibles las fincas resultantes 
en el Registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Artículo 62.  Contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística.
1.  Los instrumentos de ordenación urbanística deberán incorporar, en función de su 
alcance y determinaciones, los siguientes documentos:
a)  Memoria, que deberá contemplar los siguientes apartados:
1.º  Memoria  de  información  y  de  diagnóstico,  que  contendrá  el  análisis  de  la 
situación  actual  y  problemas  detectados.  Además,  contendrá  el  análisis  de  las 
afecciones derivadas de la legislación sectorial y de las determinaciones que le afecten 
de la planificación territorial.
2.º  Memoria de participación e información pública, que contendrá las medidas y 
actuaciones realizadas para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de 
estas y de la información pública.
3.º  Memoria  de  ordenación,  que  contendrá  la  descripción  de  las  distintas 
alternativas de ordenación cuando deban realizarse, y la justificación de la propuesta 
adoptada,  así  como  su  adecuación  a  los  principios  generales  de  ordenación 
contemplados en el artículo 4. Cuando proceda, incluirá la valoración de la incidencia de 
sus determinaciones en la ordenación territorial.
4.º  Memoria  económica,  que  contendrá  un  estudio  económico  financiero  y, 
conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, un informe de sostenibilidad 
económica y una memoria de viabilidad económica.
b)  Normativa Urbanística, que deberá contener las previsiones de ordenación y, en 
su  caso,  de  programación  y  gestión.  El  carácter  de  sus  determinaciones  será 
preferentemente  el  de  Norma,  pudiendo  contener  Directrices  y  Recomendaciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.
c)  Cartografía, distinguiéndose:
1.º  Información,  que  contendrá  la  documentación  gráfica  necesaria  para  la 
comprensión de la Memoria de información y de diagnóstico.
2.º  Ordenación,  que  contendrá  las  determinaciones  gráficas  de  la  ordenación 
urbanística.
d)  Anexos, que incluirán cualesquiera otros documentos que vengan expresamente 
exigidos por la legislación sectorial aplicable.
e)  Resumen  Ejecutivo,  que  contendrá  la  documentación  establecida  en  la 
legislación  estatal  vigente,  al  objeto  de  facilitar  la  participación  y  consulta  por  la 
ciudadanía. es
2.  En  caso  de  discrepancias  entre  los  distintos  documentos,  la  Memoria  de  w.
Ordenación será el documento a partir del cual deberán interpretarse las discrepancias.  916ww
CSia retostgarsa fípae drseis Oternd,e nlaa cpiórenv ya lMenecmiao reian tErec oenllóoms icsae.rá la siguiente: Normativa Urbanística,
3.  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  se  someterán  a  evaluación 
ambiental estratégica y a evaluación de impacto en la salud, en los casos y con las 
condiciones que establezca la legislación específica.
Sección 2.ª Instrumentos de ordenación urbanística general
Artículo 63.  El Plan General de Ordenación Municipal.
1.  El Plan General de Ordenación Municipal tiene por objeto establecer, en el marco 
de  la  ordenación  territorial,  el  modelo  general  de  ordenación  del  municipio,  que 
comprende:
a)  La clasificación del suelo con la delimitación del suelo urbano y del suelo rústico.
b)  La delimitación y la normativa general de las categorías de suelo rústico, así 
como, en su caso, de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.
c)  El esquema de los elementos estructurantes y del futuro desarrollo urbano, que 
comprenderá, entre otros, los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes, de 
movilidad y de equipamientos comunitarios, así como las redes de infraestructuras y 
servicios conforme a los estándares que se establezcan reglamentariamente.
d)  La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una singular 
protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico.
e)  Los criterios y directrices para los nuevos desarrollos de las actuaciones de 
nueva  urbanización  en  el  suelo  rústico,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 31 y su coherencia con la ciudad existente.
2.  Además,  también  deberá  establecer  las  siguientes  determinaciones  que 
complementan el modelo general de ordenación del municipio:
a)  El resto de normativa de las categorías de suelo rústico así como, en su caso, de 
los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.
b)  En su caso, la propuesta de delimitación de la actuación o actuaciones de 
transformación  de  nueva  urbanización  que  se  estimen  convenientes  o  necesarias 
debiendo remitir su ordenación detallada al correspondiente Plan Parcial de Ordenación. 
A  las  propuestas  de  delimitación  de  estas  actuaciones  les  será  de  aplicación  lo 
establecido en el artículo 31.
3.  Las  determinaciones  relativas  a  las  categorías,  la  regulación  de  usos, 
condiciones de edificación, medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos y 
protecciones del suelo rústico del Plan General de Ordenación Municipal, así como otras 
expresamente recogidas en el mismo, tendrán carácter de Norma en el suelo rústico, 
que deberán ser complementadas con Directrices para la delimitación de actuaciones de 
transformación  urbanística  de  nueva  urbanización  que  no  estén  previstas  en  el 
instrumento de ordenación, así como para la ordenación detallada de las ya delimitadas. 
Para el suelo urbano y para las actuaciones de transformación urbanística en esta clase 
de suelo, salvo que el Plan disponga otra cosa, tendrán carácter de Directriz.
4.  El Plan General de Ordenación Municipal es el marco para coordinar las políticas 
sectoriales sobre su ámbito de conformidad con lo dispuesto en la ordenación territorial.
Artículo 64.  El Plan de Ordenación Intermunicipal.
1.  El Plan de Ordenación Intermunicipal tiene por objeto establecer la ordenación  bo
de áreas concretas, integradas por terrenos situados en dos o más términos municipales  916ww
csinoecl iindlidemaninctaitaerá ss ,o aqb ureelo  l dae eobsratdrneic ntsaaemcri óeonnb tjeees totian dbdelies cupinedana s eaancbt luleoa sc pmióanura nu icrebipsaitonesí s ctfiiocnar,r  ecpsorpnoojcunundrtaiaen.n dtEeons  .ltao dom ícnaimsoa,   OE-A-2021-20able en https://
2.  El  contenido  del  Plan  de  Ordenación  Intermunicipal  comprenderá  las 
determinaciones propias de los Planes Generales de Ordenación Municipal que sean 
adecuadas para el cumplimiento de su objeto específico.
Artículo 65.  El Plan Básico de Ordenación Municipal.
1.  Salvo que el instrumento de ordenación territorial disponga lo contrario, en los 
municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes, siempre que no sean 
litorales o formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional, el Plan General 
de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Urbana podrán ser sustituidos por un 
Plan Básico de Ordenación Municipal.
2.  Contendrá las determinaciones de la ordenación urbanística general establecidas 
en los párrafos a), b) y d) del artículo 63.1, más la delimitación del sistema general de 
espacios libres, y de la ordenación urbanística detallada del suelo urbano establecidas 
en  los  párrafos  a),  b),  c),  d)  y  f)  del  artículo  66.1,  que  podrán  ser  moduladas 
reglamentariamente en función de las características propias del municipio.
Sección 3.ª Los instrumentos de ordenación urbanística detallada
Artículo 66.  Los Planes de Ordenación Urbana.
1.  Los Planes de Ordenación Urbana tienen por objeto establecer la ordenación 
detallada del suelo urbano, mediante todas o algunas de las siguientes determinaciones, 
que no podrán contradecir las de los Planes de Generales de Ordenación Municipal:
a)  La división de su ámbito en diferentes zonas, en función de sus usos globales y 
pormenorizados.
b)  La distinción, dentro de cada zona, de los terrenos que deben destinarse a 
sistemas generales y locales, con cumplimiento de los criterios que se establezcan 
reglamentariamente.
c)  Las alineaciones y rasantes de la red viaria, salvo los terrenos en los que se 
prevean actuaciones urbanísticas o de transformación urbanística.
d)  La normativa de edificación y urbanización, en su caso.
e)  Las directrices para la intervención en la ciudad existente.
f)  En su caso, la delimitación de las actuaciones urbanísticas y de transformación 
urbanística  que  se  estimen  convenientes  o  necesarias.  A  la  delimitación  de  las 
actuaciones de transformación urbanística le será de aplicación lo establecido en los 
artículos 27 y 29.
g)  La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una protección 
por  su  valor  histórico,  cultural,  urbanístico  o  arquitectónico,  estableciendo  las 
determinaciones precisas para su conservación, protección y mejora, o remitiendo las 
mismas a un Plan Especial o Catálogo.
2.  Todo  el  suelo  urbano  deberá  ser  ordenado,  excepto  los  ámbitos  de 
transformación urbanística que se remitan a un instrumento posterior. Al establecer la 
ordenación urbanística detallada podrán realizarse meros ajustes en la clasificación del 
suelo, siempre que estos no afecten a parcelas completas.
3.  En cada municipio se podrá definir un Plan de Ordenación Urbana para todo el 
suelo urbano o varios Planes de Ordenación Urbana que ordenen las diferentes zonas  s
en que se pueda dividir el suelo urbano, esté  aprobado o no el Plan General de  e.
Ordenación Municipal. w.
Artículo 67.  Los Planes Parciales de Ordenación.
orde1n. acLióons  dPelatanlelasd aP ayr cliaa lepsr odgera Omradceinóanc idóen  utinean eanc ptuoarc oióbnje tdoe  dneuliemviata ru ryb aenstizaabcleiócne r elan 
suelo rústico.
2.  Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones precisas en 
función de su objeto, según se determine reglamentariamente, debiendo respetar las 
establecidas por el Plan General de Ordenación Municipal.
Artículo 68.  Los Planes de Reforma Interior.
1.  Los  Planes  de  Reforma  Interior  tienen  por  objeto  delimitar  y  establecer  la 
ordenación detallada y la programación de actuaciones en el ámbito para el que sea 
necesaria una actuación de reforma interior en suelo urbano.
2.  Los Planes de Reforma Interior contendrán las determinaciones precisas para su 
objeto  según  se  determine  reglamentariamente,  debiendo  respetar  las  normas  y 
directrices establecidas por el instrumento de ordenación urbanística general o por los 
Planes de Ordenación Urbana.
Artículo 69.  Los Estudios de Ordenación.
1.  Los  Estudios  de  Ordenación  tienen  por  objeto  la  delimitación,  ordenación 
detallada y la programación de una actuación de mejora urbana en suelo urbano en el 
ámbito  de  un  área  homogénea.  Sus  determinaciones  se  establecerán 
reglamentariamente.
2.  Los Estudios de Ordenación deberán respetar las determinaciones establecidas 
por el Plan General de Ordenación Municipal, el Plan Básico de Ordenación Municipal o 
por los Planes de Ordenación Urbana.
Artículo 70.  Los Planes Especiales.
1.  Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones de los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística,  no  pudiendo  sustituir  a  los  restantes 
instrumentos de ordenación urbanística en sus funciones propias, sin perjuicio de las 
limitaciones de uso que puedan establecer. Podrán formularse en ausencia de dichos 
instrumentos  o  de  previsión  expresa  en  los  mismos,  no  pudiendo  contradecir  sus 
determinaciones.
2.  Su ámbito o incidencia podrá ser municipal o supralocal, de acuerdo con su 
objeto y finalidad.
3.  Los Planes Especiales podrán tener alguno o algunos de los siguientes objetos:
a)  Establecer determinaciones complementarias para conservar, proteger y mejorar 
la  situación  del  patrimonio  histórico,  cultural,  urbanístico  y  arquitectónico,  el  medio 
ambiente y el paisaje, así como para implementar medidas contra el cambio climático en 
ámbitos definidos sobre cualquier clase de suelo.
b)  Establecer,  desarrollar,  definir  y,  en  su  caso,  ejecutar  o  proteger  servicios, 
infraestructuras o equipamientos, debiendo valorar y justificar de manera expresa la 
incidencia de sus determinaciones con las que, en su caso, establezcan los planes 
territoriales,  sectoriales  y  ambientales,  garantizando  la  accesibilidad  universal  y  la 
eficiencia energética en los términos que se establezca reglamentariamente.
c)  Establecer  la  ordenación  detallada  de  los  sistemas  generales  de  puertos  y 
aeropuertos.
d)  Establecer  reservas  de  terrenos  para  la  constitución  o  ampliación  de  los 
patrimonios públicos de suelo.
e)  Delimitar las áreas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto para controlar  e.
los asentamientos irregulares en suelo rústico. w.b
f)  Regenerar ámbitos urbanos consolidados y degradados en su situación física,  916ww
sociga)l,  eEcosntaóbmleiccae ry m aemdbidieanst adl.e adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de
edifihc)a ciDoneelism iirtraer,g uelna rseus .caso, y establecer las medidas de preservación y protección en
los ámbitos tradicionales de casas-cueva cuando requieran ordenación urbanística.
i)  Regular el hábitat rural diseminado.
j)  Desarrollar  las  actuaciones  propuestas  por  los  instrumentos  de  ordenación 
territorial.
k)  Cualquier otro que se establezca por los instrumentos de ordenación urbanística.
Sección 4.ª Los instrumentos complementarios
Artículo 71.  Los Estudios de Detalle.
1.  Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar, adaptar o modificar alguna 
de las determinaciones de la ordenación detallada de aquellas actuaciones urbanísticas 
que no impliquen modificar el uso o la edificabilidad, ni incrementar el aprovechamiento 
urbanístico o afectar negativamente a las dotaciones.
2.  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  detallada  podrán  remitirse 
expresamente  a  un  Estudio  de  Detalle  para  establecer,  completar  o  modificar  la 
ordenación de su ámbito, dentro de los límites del apartado anterior.
3.  En ningún caso los Estudios de Detalle podrán sustituir a los instrumentos que 
establecen la ordenación detallada en ámbitos sometidos a actuaciones transformación 
urbanística.
Artículo 72.  Los Catálogos.
Los  Catálogos  tienen  por  objeto  complementar  las  determinaciones  de  los 
instrumentos de ordenación urbanística relativas a la conservación, protección, puesta 
en  valor  y  mejora  de  elementos  del  patrimonio  histórico,  cultural,  urbanístico, 
arquitectónico, natural o paisajístico. A dichos efectos, los Catálogos contendrán la 
relación  detallada  y  la  identificación  precisa  de  los  bienes  o  espacios  que, 
justificadamente, hayan de ser objeto de protección.
Artículo 73.  Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización.
1.  Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización tienen por 
objeto establecer las condiciones de edificación y urbanización siempre que no se altere 
el aprovechamiento urbanístico asignado en el instrumento de ordenación.
2.  Las ordenanzas podrán regular las condiciones de las actividades susceptibles 
de implantación y autorización por cualquier medio de intervención administrativa en los 
inmuebles,  no  pudiendo  contradecir  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de 
ordenación.
3.  Las ordenanzas atenderán a los criterios de sostenibilidad urbanística y serán 
conformes  con  las  regulaciones  en  materia  de  calidad  de  las  construcciones  y 
accesibilidad universal.
4.  Su aprobación corresponderá a los Ayuntamientos, conforme a lo previsto en la 
legislación de régimen local.
Artículo 74.  Las Normas Directoras.
Las Normas Directoras tienen por objeto contribuir a la correcta integración de la 
actividad urbanística a esta Ley y a las normas que la desarrollen, pudiendo contener 
Recomendaciones  de  carácter  indicativo  y  orientativo,  así  como  Directrices  para  la 
acción  municipal  en  materia  de  urbanismo.  Sus  determinaciones  se  desarrollarán  e.
reglamentariamente. w.
CAPÍTULO II
Tramitación, aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística
Sección 1.ª Competencias
Artículo 75.  Competencias en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
ordenación urbanística.
1.  Corresponde  a  los  municipios  las  competencias  relativas  a  la  tramitación  y 
aprobación de todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones, 
salvo lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2.  Corresponde a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo:
a)  Tramitar y aprobar definitivamente los Planes de Ordenación Intermunicipal y 
tramitar  y  aprobar  los  Planes  Especiales  que  tengan  incidencia  supralocal  y  sus 
innovaciones.
b)  Emitir informe preceptivo en los instrumentos de ordenación urbanística. Este 
informe será vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general y en 
aquellos  que  en  ausencia  de  estos  o  por  no  estar  previstos  en  ellos  delimiten 
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización o ámbitos de Hábitat 
Rural Diseminado. El informe, cuyo contenido se regulará reglamentariamente, se emitirá 
en  el  plazo  máximo  de  tres  meses.  No  podrá  aprobarse  ningún  instrumento  que 
contenga determinaciones contrarias al contenido de dicho informe, cuando este sea 
vinculante.
c)  Redactar y aprobar las Normas Directoras.
Sección 2.ª Actos preparatorios
Artículo 76.  Consultas.
1.  La  Administración  competente  para  la  tramitación,  a  iniciativa  propia  o  de 
cualquier otra Administración o entidad adscrita o dependiente de la misma, realizará 
consulta pública previa, conforme a lo establecido en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común. La consulta pública previa será preceptiva en los instrumentos de 
ordenación urbanística general y en el Plan de Ordenación Urbana, y facultativa para el 
resto de los instrumentos de ordenación urbanística y los instrumentos complementarios. 
En dicho acuerdo se identificará, al menos, el objeto, alcance y ámbito del instrumento, 
justificando la necesidad y oportunidad de proceder a su tramitación.
2.  La  Administración  competente  para  la  tramitación  podrá  solicitar  a  las 
Administraciones Públicas con competencia sectorial, incluida la competente en materia 
de  ordenación  del  territorio,  la  información  disponible  sobre  las  protecciones, 
servidumbres,  deslindes  y  demás  afecciones  que  pudieran  tener  incidencia  en  la 
elaboración  del  instrumento.  Esta  información  deberá  facilitarse  a  la  Administración 
peticionaria en el plazo máximo de un mes, pudiendo ampliarse, justificadamente, por 
otro mes adicional a la vista de la complejidad de la información solicitada. La falta de 
respuesta a tal solicitud facultará a la Administración peticionaria para continuar con la 
elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la información de que disponga. s
3.  La Administración competente para la tramitación podrá solicitar la colaboración  oe.
dfmeoejear mrtlecaair c iCadioo e nd dcseeoe  lljauaebrsrbío aafru ancnciosciómmionopn. eeqtseu ndete e t iiemennp eum lsaaotter,i rbciauo ioddraeds inO. arRcdeieógnnlaa ycm iódenen stdaaerrirla oTmleloer rnditteoe r liaos  epy  oiUnlírtsibctraaun mgiseemnnoeta rearánl   eelanl    2021-20916n https://www.
Artículo 77.  Avance.
1.  La Administración competente para la tramitación podrá aprobar el documento 
de Avance del instrumento de ordenación urbanística en el que se describa y justifique el 
objeto,  ámbito  de  actuación,  principales  afecciones  territoriales,  ambientales  y 
sectoriales,  los  criterios  y  propuestas  generales  para  la  ordenación,  así  como  las 
distintas alternativas técnica, ambiental y económicamente viables planteadas.
2.  Será preceptiva la aprobación del Avance en los instrumentos de ordenación 
urbanística general y en los restantes instrumentos sometidos a evaluación ambiental 
estratégica, conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental.
3.  El  Avance  tendrá  la  consideración  de  borrador  del  plan  a  los  efectos  del 
procedimiento ambiental correspondiente.
Sección 3.ª Procedimiento
Artículo 78.  Procedimiento.
1.  La  Administración  competente  para  la  tramitación  aprobará  inicialmente  el 
instrumento de ordenación urbanística y lo someterá a información pública por plazo no 
inferior a veinte días.
2.  Durante  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  la 
Administración competente para la aprobación inicial podrá acordar la suspensión del 
otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para 
áreas  concretas  o  usos  determinados,  siempre  que  se  justifique  la  necesidad  y  la 
proporcionalidad  de  dicha  previsión.  El  plazo  máximo  de  la  suspensión  que  se 
establezca no podrá ser superior a tres años desde el acuerdo de aprobación inicial. En 
todo caso, la suspensión acordada se extinguirá con la publicación y entrada en vigor del 
instrumento de ordenación urbanística.
3.  Cuando el instrumento de ordenación urbanística deba someterse a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental, el documento de 
aprobación inicial tendrá la consideración de versión preliminar del plan y se acompañará 
del estudio ambiental correspondiente. En este caso, ambos documentos se someterán 
a información pública por plazo no inferior a cuarenta y cinco días.
4.  Durante la información pública se solicitarán los informes sectoriales previstos 
legalmente como preceptivos e informe de la Consejería competente en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo conforme a lo dispuesto en el apartado 2.b) del 
artículo  75.  Asimismo,  en  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  general  se 
solicitará informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de 
delimitación de los términos municipales.
Los informes se limitarán, conforme a su normativa específica, a los aspectos de 
control  de  la  legalidad  y  de  tutela  de  los  intereses  sectoriales  y  tendrán  carácter 
vinculante exclusivamente sobre estos aspectos cuando así se establezca en la citada 
normativa. Los informes deberán ser emitidos en el plazo establecido en su normativa 
reguladora o, en su defecto, en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se 
entenderán emitidos con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del 
procedimiento, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos. A falta de solicitud del 
preceptivo informe, en el supuesto de informe vinculante desfavorable, o en los casos de 
silencio citados en los que no opera la presunción del carácter favorable del informe, no 
podrá  aprobarse  definitivamente  el  correspondiente  instrumento  de  ordenación  e.e
urbanística. b
No obstante, si la Administración competente para la tramitación no tuviera los  916ww
ecolermreesnptoonsd iednete s jiunifcoiorm  essu, foic ibeinetne sp, orqbuieen,  hapboiréqnudeo sen ore cisbeid o,h ruebsiuelstaesne n reincsibuifdicoie ntloess 
apqaurae ld qeucied irt,e nredqríuae rqiruáe  peemrsiotinr aelml iennfoterm ael , tiptualarar  dqeule ,ó regna neol  jpelraázroq udicea mdieenzt ed ísausp ehráiobril edse, 
contados  a  partir  de  la  recepción  del  requerimiento,  ordene  al  órgano  sectorial
competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento  efectuado  se  comunicará  al  promotor  en  los  casos  en  que  el 
procedimiento se tramite a iniciativa privada y este último podrá también reclamar a la 
Administración competente la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en 
el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
La  solicitud  y  remisión  de  los  informes  preceptivos  y  las  actuaciones  del 
procedimiento  ambiental  se  sustanciarán  a  través  de  un  órgano  colegiado  de 
coordinación,  cuyas  competencias,  organización  y  funcionamiento  se  determinarán 
reglamentariamente y al que corresponderá coordinar el contenido y alcance de los 
diferentes pronunciamientos, dentro de los límites establecidos por la legislación sectorial 
que regula su emisión.
5.  Durante el periodo de información pública, en función de la naturaleza y alcance 
del  instrumento  de  ordenación  urbanística,  se  practicarán,  además,  los  siguientes 
trámites:
a)  Audiencia a los municipios colindantes en la tramitación del Plan General de 
Ordenación Municipal y Plan Básico de Ordenación Municipal.
b)  Solicitud  de  informe  a  los  órganos  y  entidades  administrativas  gestores  de 
intereses públicos afectados, para que puedan comparecer en el procedimiento y hacer 
valer las exigencias que deriven de dichos intereses.
c)  Llamamiento al trámite de información pública a las personas propietarias, según 
las certificaciones catastrales y del Registro de la Propiedad solicitadas a tal efecto, 
incluidas  en  la  delimitación  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  que 
establezcan la ordenación detallada y sus modificaciones.
Este trámite no será obligatorio en los instrumentos de ordenación urbanística que 
afecten a una pluralidad indeterminada de propietarios ni en las revisiones de los Planes 
de Ordenación Urbana y de los Planes Básicos de Ordenación Municipal.
d)  Consulta a las compañías suministradoras, respecto a las infraestructuras y 
servicios técnicos.
6.  Será  preceptiva  nueva  información  pública,  siempre  que  la  Administración 
competente para la tramitación del instrumento, ejerciendo la potestad planificadora que 
le corresponde, y mediante la resolución o acuerdo correspondiente, introduzca en el 
mismo modificaciones sustanciales que no deriven de los trámites previstos en los 
apartados anteriores. Deberá solicitarse nuevo informe sectorial si las modificaciones 
afectaran al contenido de un informe ya emitido.
7.  Cuando el instrumento de ordenación urbanística deba someterse a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental, el instrumento de 
ordenación urbanística y el estudio ambiental estratégico, modificados tras los informes y 
trámites anteriores, tendrán la consideración de propuesta final del plan.
8.  Cuando, de conformidad con lo señalado en el apartado 4 de este artículo, se 
hubiera emitido informe preceptivo y vinculante por la Consejería competente en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, le será remitido nuevamente, a través del 
órgano colegiado de coordinación, a efectos de que lo ratifique o, en su caso, emita 
nuevo informe con carácter previo a la aprobación definitiva. El informe de ratificación o, 
en su caso, el nuevo informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, 
transcurrido el cual se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con  e
la tramitación del procedimiento. En el caso de que fuera necesario nuevo informe,  bo
transcurrido dicho plazo se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 78. 916ww
Artículo 79.  Aprobación definitiva en procedimientos iniciados de oficio.
1.  El  acuerdo  de  aprobación  podrá  adoptar  motivadamente  algunas  de  las 
siguientes decisiones:
a)  Aprobar definitivamente, de forma completa o parcial.
La aprobación definitiva parcial podrá adoptarse si con ello no se desvirtúa el modelo 
de ordenación propuesto por el instrumento de ordenación urbanística, por afectar las 
deficiencias detectadas a concretas partes del instrumento de ordenación susceptibles 
de gestión y ejecución autónomas.
La parte no aprobada definitivamente podrá ser suspendida o denegada. La parte 
suspendida deberá ser subsanada en el plazo de dos años desde la publicación del 
acuerdo, transcurrido el cual se entiende denegado.
b)  Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar. La 
subsanación de las deficiencias deberá realizarse en el plazo de dos años desde la 
publicación del acuerdo, transcurrido el cual se entiende denegado.
c)  Denegar la aprobación definitiva.
2.  El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres años a contar desde 
la aprobación inicial. El plazo se suspenderá cuando se soliciten los informes preceptivos 
conforme establece la legislación del procedimiento administrativo común. Transcurrido 
el plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa, se producirá la 
caducidad del procedimiento.
Artículo 80.  Tramitación a iniciativa privada.
Aquellas personas que, de conformidad con lo señalado en la normativa básica 
estatal, puedan redactar y presentar a tramitación el instrumento de ordenación de 
actuaciones  de  transformación  urbanística,  podrán  impulsar  la  aprobación  de  los 
instrumentos, conforme al procedimiento establecido en esta Sección, con las siguientes 
particularidades:
a)  La  Administración  competente  para  su  aprobación  deberá  decidir  sobre  la 
admisión a trámite de la solicitud de iniciación del procedimiento en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde su entrada en el registro electrónico de la Administración. 
Salvo que decida no admitir la solicitud mediante resolución motivada, podrá requerir a la 
persona  solicitante,  dentro  del  mes  siguiente  a  la  recepción  de  aquella,  para  que 
subsane  la  documentación  o,  en  su  caso,  mejore  la  solicitud.  Este  requerimiento 
suspenderá el transcurso del plazo máximo para dictar y notificar la resolución sobre la 
admisión a trámite.
b)  El acuerdo sobre la aprobación inicial, o sobre el Avance cuando sea preceptivo, 
deberá notificarse en el plazo de tres meses. Transcurrido el referido plazo sin haber 
notificado  la  resolución  expresa,  los  particulares  podrán  instar  el  sometimiento  a 
información  pública  e  impulsar  el  resto  de  trámites  preceptivos  del  procedimiento, 
acompañando a las solicitudes que se realicen ante las Administraciones Públicas la 
certificación del silencio administrativo.
c)  Los particulares, en el supuesto previsto en el párrafo b) y concluida la fase de 
aprobación inicial, podrán solicitar la aprobación definitiva del instrumento de ordenación 
urbanística al órgano competente para adoptar el acuerdo correspondiente. El plazo 
máximo  para  resolver  el  procedimiento  será  de  tres  meses  a  contar  desde  el  día  e.e
siguiente a la presentación de la solicitud, que deberá acompañarse del instrumento de  b
ordenación urbanística completo y de los documentos que acrediten la realización de los  916ww
rtreásmoliutecsió pnr eecxeppretisvao sd edle  pcroacdead fiamsiee.n tTor,a snes ceunrrteidnod eerl ár eefsetriimdoa dpal alzao s soilnic intuodti,f icsaaclvióon q duee  leal 
ipnrsetcruempteivnot oy  vpianrcau lealn tqeu een  ssee nstoidlioc idtae slafa vaoprraobblea.ción definitiva cuente con algún informe
Artículo  81.  Tramitación  de  los  instrumentos  complementarios  de  la  ordenación 
urbanística.
1.  Reglamentariamente se regulará el procedimiento de tramitación y aprobación de 
los instrumentos complementarios de la ordenación urbanística.
2.  Los  Catálogos  podrán  ser  tramitados  como  instrumento  independiente,  o 
incluidos en los instrumentos de ordenación urbanística, formando parte de ellos.
3.  La aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización 
corresponderá a los Ayuntamientos, previa su tramitación de conformidad a lo previsto 
en  la  legislación  de  régimen  local,  cuando  se  tramiten  y  aprueben  de  manera 
independiente a un instrumento de ordenación urbanística.
4.  La  formulación  y  aprobación  de  las  Normas  Directoras  para  la  ordenación 
urbanística corresponde al titular de la Consejería competente en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, con intervención, en su caso, de los organismos y entidades 
administrativas gestoras de intereses públicos relacionados con las mismas.
Sección 4.ª Publicidad, publicación y entrada en vigor
Artículo 82.  Publicidad.
1.  A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos, existirá en los 
municipios y en la Consejería con competencias en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo un registro administrativo donde se deben depositar todos los instrumentos 
de ordenación urbanística. A estos efectos, los Ayuntamientos deberán remitir a la 
Consejería correspondiente los documentos completos de dichos instrumentos en el 
plazo de un mes desde su aprobación definitiva. Dicho registro será accesible a través 
de la sede electrónica de ambas Administraciones, quienes adoptarán las medidas 
necesarias que garanticen a la ciudadanía la consulta de la documentación depositada y 
la  obtención  de  copias.  Las  copias  de  los  documentos  expedidas  por  el  registro 
acreditarán el contenido de los instrumentos de ordenación urbanística a todos los 
efectos.
El  depósito  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  será  condición  legal 
indispensable para la publicación prevista en el artículo 83.
2.  Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, el Ayuntamiento y la 
Administración de la Comunidad Autónoma deberán publicar en la sede electrónica de 
su  titularidad  al  menos  la  resolución  de  aprobación  definitiva,  el  instrumento  de 
ordenación urbanística completo y, en su caso, el estudio ambiental estratégico.
3.  La  Consejería  con  competencias  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo incorporará la información de los instrumentos de ordenación urbanística en 
el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía.
Artículo 83.  Publicación.
1.  La publicación de los instrumentos de ordenación urbanística deberá contener, 
en  todo  caso,  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  y  el  contenido  de  las  normas 
urbanísticas, sean Normas, Recomendaciones o Directrices.
2.  Los  acuerdos  de  aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística  que  correspondan  a  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por decisión del órgano que los  es
haya adoptado. Respecto a los instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación  o
ddddeeeepf  irOnó3éirs.gtd iiivtmeoaLn e aeacn nco  ilrpóoeruencl bsa rdeplli.ecgolain sTcdteiraóor nr aid t oellorllei soAv  myayu ruUánn rtibaclaamip niieioisnnsmdt,o iosc .eayr cáeió ndn ee  l addpeel i clhaaa cCbióeonrns sleoe  jeepsrrítoaac bceleodcmididpooe  teepnnre tleva i aelemng eimsnlaatetce iórainal    OE-A-2021-20916able en https://www.
4.  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  aprobados  y  no  publicados  no 
adquieren vigencia ni producirán efecto alguno.
Artículo 84.  Efectos de la entrada en vigor.
1.  La entrada en vigor de los instrumentos de ordenación urbanística se producirá a 
partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de la 
normativa urbanística, salvo que el acuerdo de aprobación establezca un plazo superior.
2.  La entrada en vigor de los instrumentos de ordenación urbanística producirá, de 
conformidad con su contenido material, los siguientes efectos:
a)  La  vinculación  de  los  terrenos,  los  equipamientos,  las  construcciones  y  las 
edificaciones  al  destino  que  resulte  de  su  clasificación  y  calificación,  y  al  régimen 
urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.
b)  La  declaración  en  situación  de  fuera  de  ordenación  de  las  instalaciones, 
construcciones, obras y edificaciones erigidas legalmente con anterioridad, que resulten 
disconformes con la nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de 
ordenación de que se trate.
c)  La  obligatoriedad  del  cumplimiento  de  sus  determinaciones,  conforme  a  su 
carácter, por todos los sujetos, públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas 
de dispensación.
Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente se podrá autorizar la realización de 
usos y obras de carácter provisional, que no estén expresamente prohibidos por la 
legislación territorial y urbanística o la sectorial y sean compatibles con la ordenación 
urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, 
sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración Pública 
competente en materia de urbanismo, en los términos desarrollados reglamentariamente. 
La  eficacia  de  las  autorizaciones  correspondientes,  bajo  las  indicadas  condiciones 
expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en 
el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación hipotecaria.
No cabe el otorgamiento de las autorizaciones previstas en el párrafo anterior para 
adelantar la realización de obras o la implantación de usos cuando no se cuente con los 
presupuestos legales para ello, tales como la previa aprobación de un instrumento de 
ordenación urbanística o la ejecución de obras de urbanización.
d)  La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la 
Administración Pública de cualesquiera medios de ejecución forzosa.
e)  La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, 
las infraestructuras, las construcciones y las edificaciones correspondientes, a los fines 
de  expropiación  o  imposición  de  servidumbres,  cuando  se  prevean  obras  públicas 
ordinarias o se delimiten unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la 
expropiación. Se entenderán incluidos, en todo caso, los terrenos precisos para las 
conexiones exteriores con las infraestructuras y servicios técnicos.
f)  El derecho de cualquier persona al acceso y consulta de su contenido.
3.  En relación con la declaración en situación de fuera de ordenación, se estará a lo 
siguiente:
a)  A  los  efectos  de  la  declaración  en  situación  de  fuera  de  ordenación,  el 
instrumento de ordenación urbanística deberá distinguir entre:
1.º  Las instalaciones, construcciones, obras y edificaciones que sean totalmente  b
incompatibles con la nueva ordenación. A estos efectos, las que ocupen suelo dotacional  916ww
pinúcbolmicop atoib, leesn  cocna sloa  ndueel vavi aorriod,e niamcpióidna ny  dlae beenfe csteivr ididaedn tidfiec adsua s deens teinl oin sstorunm  seinetmo pdree 
orde2n.ºa cióLna su rbinasntíasltaiccaio.nes,  construcciones,  obras  y  edificaciones  que  sean  solo
parcialmente incompatibles con la nueva ordenación.
b)  El  instrumento  de  ordenación  urbanística  definirá,  teniendo  en  cuenta  la 
modulación  anterior,  los  actos  constructivos  y  los  usos  de  los  que  puedan  ser 
susceptibles las correspondientes instalaciones, construcciones, obras y edificaciones.
c)  En defecto de las determinaciones a que se refiere el apartado anterior, se 
aplicarán a las instalaciones, construcciones, obras y edificaciones en situación de fuera 
de ordenación las siguientes reglas:
1.ª  Con carácter general se podrán realizar las obras de reparación y conservación 
y  aquellas  obras  que  exijan  la  habitabilidad  o  la  utilización  conforme  al  destino 
establecido.  Salvo  las  autorizadas  con  carácter  excepcional  conforme  a  la  regla 
siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento 
del valor de las expropiaciones.
2.ª  Excepcionalmente,  podrán  autorizarse  los  cambios  de  uso  que  sean 
compatibles con la ordenación territorial y urbanística y las obras de reforma, incluidas 
las de consolidación que no impliquen un incremento de la ocupación ni del volumen 
edificado, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en 
un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretendan realizar. Tampoco estas 
obras podrán dar lugar a incremento del valor de expropiación.
Artículo 85.  Vigencia y suspensión.
1.  Los instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida.
2.  La entrada en vigor sobrevenida de los instrumentos de ordenación territorial 
comportará:
a)  La prevalencia de sus normas de aplicación directa cuando estas sean contrarias 
o incompatibles con las determinaciones del instrumento de ordenación urbanística.
b)  La obligación del municipio o municipios afectados de proceder a la innovación 
de  sus  instrumentos  de  ordenación  urbanística  para  la  adaptación  de  sus 
determinaciones a las de la ordenación territorial en los términos previstos en estas. No 
obstante, se deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55.3 y 56.3.
3.  Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente 
por esta Ley de forma que tal incumplimiento afecte al ejercicio de competencias de la 
Comunidad Autónoma, la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo deberá requerir al Ayuntamiento su cumplimiento, concediendo al efecto el 
plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el 
incumplimiento persistiera, se podrán adoptar las siguientes medidas:
1.ª  El Consejo de Gobierno, previa audiencia al municipio afectado y dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía, podrá suspender motivadamente, en todo o parte de 
su  contenido  y  ámbito  territorial,  cualquier  instrumento  de  ordenación  urbanística 
general, concretando el ámbito y los efectos de dicha suspensión, por un plazo de hasta 
dos años, plazo durante el cual deberá producirse su innovación.
2.ª  En  el  plazo  de  un  mes  desde  el  acuerdo  de  suspensión,  la  Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo iniciará el procedimiento 
para establecer normas sustantivas transitorias que sustituyan a las suspendidas. El 
procedimiento se tramitará de urgencia y durante el mismo se acordará un periodo de 
información pública no inferior a cuarenta y cinco días.
4.  Asimismo,  podrán  adoptarse  las  medidas  referidas  en  el  apartado  anterior  o
csyoua rsdalvieenanmdg oqup,uar eaerd  ,pq aeeurn teil ca sei uóen nfc i ecarlaaslazco oi,as nre eda seadu sallua tdemsen acl  donmem ue lpnaxepi catriedepnosiocap imcoai sóem nnau tudente iocl anliapsó i mmocsoiec nadasfisdee accot u asgeodanloirccsaii,atn arstedi zesaauc.rol teenl ó nimneticeceraésssa  rdpioeú  bptolaidcrooa    OE-A-2021-20916able en https://www.
Artículo 86.  Innovación de los instrumentos de ordenación urbanística.
1.  La innovación de los instrumentos de ordenación urbanística se podrá llevar a 
cabo  mediante  su  revisión  o  modificación.  Reglamentariamente,  se  modulará  la 
documentación  y  procedimiento  que  hayan  de  observarse  en  la  innovación  de  los 
instrumentos de ordenación urbanística.
En todo caso, la nueva ordenación deberá fundarse en la mejora del bienestar de la 
población y en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística. 
En relación a las dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes, deberá basarse 
en el mantenimiento de las dotaciones ya obtenidas conforme al planeamiento vigente y, 
en su caso, de la proporción alcanzada entre la superficie de estas y el aprovechamiento 
urbanístico.
2.  Se  entiende  por  revisión  la  adopción  de  un  nuevo  modelo  de  ordenación 
establecido  por  el  instrumento  de  ordenación  urbanística.  Estos  instrumentos  se 
revisarán  cuando  se  produzcan  los  supuestos  o  circunstancias  que  legal  o 
reglamentariamente se prevean.
3.  Toda innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de ordenación 
urbanística no contemplada en el apartado anterior se entenderá como modificación. 
Toda modificación que afecte a dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes 
requerirá el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
4.  La corrección de errores aritméticos, materiales o de hecho no tendrá en ningún 
caso la consideración de modificación del instrumento de ordenación urbanística y se 
tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  sobre  procedimiento 
administrativo común.
Artículo 87.  Textos refundidos.
Los municipios deberán redactar y aprobar textos refundidos de los instrumentos de 
ordenación  urbanística  vigentes  que  hayan  sido  objeto  de  innovaciones  que  se 
encuentren igualmente en vigor, para facilitar su aplicación y conocimiento. Los textos 
refundidos  no  podrán  modificar  las  determinaciones  urbanísticas  contenidas  en  los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística  que  se  refunden.  Serán  aprobados  por  el 
Ayuntamiento,  quedando  supeditada  su  eficacia  a  la  inscripción  en  los  registros 
correspondientes y posterior publicación.
TÍTULO V
La ejecución urbanística
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Definiciones y criterios generales
Artículo 88.  La ejecución urbanística. Alcance y principios.
1.  La ejecución urbanística tiene por objeto la materialización de los contenidos de 
los instrumentos de ordenación urbanística, y comprende: s
a)  La  gestión  para  la  obtención  de  los  terrenos  calificados  como  dotaciones  w.b
públicas,  la  participación  de  la  comunidad  en  las  plusvalías  urbanísticas  y  la  916ww
ecaqduaid icsatrsibou.ción de cargas y beneficios, conforme al régimen que resulte aplicable en
edifibc)a ciLóan  ye sjeuc cuocniósne rvmaacitóenri.al  para  la  realización  de  las  obras  de  urbanización  y
c)  La determinación del carácter público o privado de estas actuaciones.
d)  Las demás actuaciones contenidas en los títulos V y VI de esta Ley.
2.  La ejecución de las actuaciones de trasformación urbanística, previstas en el 
apartado 1 del artículo 24, se desarrollará por alguno de los siguientes modos:
a)  Ejecución sistemática, para las actuaciones de nueva urbanización en suelo 
rústico y para las actuaciones de reforma interior en suelo urbano cuando sea factible la 
delimitación de unidades de ejecución.
b)  Ejecución asistemática, para las actuaciones de mejora urbana y, cuando no sea 
factible  la  delimitación  de  unidades  de  ejecución,  para  las  actuaciones  de  reforma 
interior. En esta modalidad se podrá legitimar directamente la ejecución cuando no sea 
necesario instrumento de gestión.
3.  La ejecución de las actuaciones urbanísticas definidas en el apartado 2 del 
artículo  24  se  desarrollará  mediante  ejecución  asistemática,  cuando  requiera  una 
actividad de gestión, o directamente, sin necesidad de instrumento de gestión, cuando se 
limiten a la realización material de obras.
4.  Se podrá emplear la modalidad de ejecución asistemática sobre el hábitat rural 
diseminado  cuando  sea  necesaria  para  alcanzar  los  objetivos  de  conservación, 
protección y mejora establecidos en el instrumento de ordenación urbanística.
Artículo 89.  Esferas de actuación pública y privada.
1.  Corresponde a las Administraciones Públicas, dentro de sus respectivos ámbitos 
de  competencia,  la  dirección,  inspección  y  control  de  toda  actividad  de  ejecución 
urbanística, con la participación, en los términos de esta Ley, de los particulares, sean o 
no personas propietarias de los terrenos.
2.  Las Administraciones Públicas podrán utilizar, para el desarrollo de la actividad 
de  ejecución  urbanística  en  régimen  de  gestión  pública,  todas  las  modalidades  de 
gestión  directa  e  indirecta  admitidas  por  la  legislación  de  régimen  jurídico,  de 
contratación del sector público y de régimen local.
3.  En caso de gestión privada, podrán realizar los actos de ejecución los siguientes 
sujetos:
a)  Mediante gestión directa, las personas propietarias incluidas en el ámbito de 
actuación o en la unidad de ejecución que representen más del cincuenta por ciento de 
la superficie, a través de entidades urbanísticas colaboradoras, cuando así esté previsto 
en esta Ley. Las entidades urbanísticas colaboradoras tendrán carácter administrativo, 
dependerán de la Administración actuante y adquirirán personalidad jurídica a partir de la 
aprobación de sus estatutos por esta Administración. Dicha aprobación se ajustará a las 
reglas  particulares  establecidas  para  las  distintas  entidades  que  se  definen  en  la 
presente Ley.
b)  Mediante gestión indirecta, la persona física o jurídica que, no siendo propietaria 
de suelo en la unidad de ejecución o siendo titular de una participación no superior al 
cincuenta por ciento, asuma a su riesgo y ventura la responsabilidad de la ejecución, al 
ser  seleccionada  por  la  Administración  como  agente  urbanizador  en  pública 
concurrencia, según lo dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por lo previsto en la 
legislación  de  contratos  del  sector  público,  aportando  su  actividad  empresarial  de 
promoción urbanística.
Podrá  coadyuvar  con  dichos  sujetos,  sin  que  en  ningún  caso  los  exima  de  la  o
tucrreorabsntpea lo nadniszes ac adgoboenilrsdiadtii caóqidonu n eade siasrue slmciubtmiarde,aa m p lceraeon snftietn al aaprn  asAccuidtasamc disóianensirs  vedtircneait ocrleaisó   naap mcraotbucfeaatusscai ioópnnnatae,r tl eqeesusn. e e lasp poeedjcreáica ulaiczdiaóednmo, ásus, n,d ace u eaamncudpeorer dssaeo    OE-A-2021-20916able en https://www.
Dichos sujetos podrán recabar el auxilio del municipio para recaudar las cuotas de 
urbanización  por  la  vía  de  apremio,  en  la  forma  en  que  se  desarrolle 
reglamentariamente, según el caso.
4.  En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las 
personas propietarias interesadas podrán participar en la ejecución de los instrumentos 
de ordenación urbanística, en los supuestos y conforme a lo establecido en esta Ley.
Artículo 90.  Presupuestos de la actividad de ejecución.
1.  La ejecución del instrumento de ordenación urbanística requerirá la aprobación 
de este y la delimitación, en su caso, del correspondiente ámbito de actuación o unidad 
de ejecución.
2.  La ejecución de los sistemas generales establecidos por el correspondiente 
instrumento de ordenación territorial o urbanística podrá llevarse a cabo directamente 
cuando no se establezca su desarrollo mediante planes especiales ni se incluyan en 
unidades  de  ejecución.  De  igual  modo,  aun  en  el  supuesto  de  concurrir  dichas 
circunstancias,  podrán  ejecutarse  directamente  cuando  se  opte  por  su  obtención 
anticipada.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, antes de la aprobación del 
instrumento de ordenación urbanística y siempre que, al menos, se hubiera aprobado la 
propuesta de delimitación del ámbito de transformación urbanística y establecido las 
bases orientativas para la ejecución, podrán adoptarse actos jurídicos dirigidos a la 
ejecución, incluida la constitución de entidades urbanísticas de colaboración, sin perjuicio 
de los dispuesto en el artículo 7.4 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana.
Se permitirá la tramitación simultánea del instrumento de ordenación urbanística 
detallada de las actuaciones de transformación y de los instrumentos de ejecución, en 
los términos establecidos reglamentariamente.
4.  La  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  será  previa  o  simultánea  a  la 
edificación, en su caso, conforme a las fases de urbanización definidas, cuando el 
instrumento de ordenación urbanística prevea la nueva urbanización de terrenos o la 
reforma, renovación, mejora o rehabilitación de la urbanización existente, así como 
cuando  los  servicios  con  los  que  cuenten  sean  insuficientes  o  inadecuados. 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos y garantías en los que se podrá 
llevar  a  cabo  la  edificación  de  forma  simultánea  a  la  ejecución  de  las  obras  de 
urbanización y conforme a las fases de urbanización definidas.
Sección 2.ª Parcelación y reparcelación
Artículo 91.  Parcelación urbanística.
1.  Se considera parcelación urbanística:
a)  En  terrenos  que  tengan  el  régimen  propio  del  suelo  urbano,  toda  división 
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b)  En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división simultánea o 
sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo 
establecido en esta Ley y en la legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la 
formación de nuevos asentamientos. es
2.  Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos  w.
en  los  que,  mediante  la  interposición  de  sociedades,  divisiones  horizontales  o  916ww
aacscigiónna,c ipoanretisc ipdaec uiósno  uo o ctruoo dtaesr eecnh op rsoo ciniedtiavrisioo,  pduee udna nt eerxreisntior , dfiivnecras oos  ptiaturclaerleas,  oa  ldoes  uqnuae 
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a
los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar 
pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.
3.  Las licencias de parcelación, segregación y división sobre el suelo, el vuelo y/o 
subsuelo requerirán los informes o autorizaciones de la Administración sectorial, según 
la finalidad de las mismas.
4.  No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga 
acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia o 
acto que integre el control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, 
que los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
Las  licencias  municipales  sobre  parcelaciones,  segregaciones  o  divisiones  se 
otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública 
determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto 
aplicativo  alguno.  El  plazo  de  presentación  podrá  ser  prorrogado  por  razones 
justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la 
oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría autorizante 
para  que  envíe  por  conducto  reglamentario  copia  autorizada  de  la  misma  al 
Ayuntamiento  correspondiente,  con  lo  que  se  dará  por  cumplida  la  exigencia  de 
protección a la que se refiere el párrafo anterior.
5.  La asignación de cuotas en pro indiviso resultantes de transmisiones mortis 
causa  o  entre  cónyuges  o  pareja  de  hecho  no  requerirán  licencia,  salvo  que  se 
demuestre que existe fraude de ley.
6.  Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, los Registros de la 
Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes, en los 
términos previstos en la legislación básica estatal.
7.  En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.
Artículo 92.  Reparcelación.
1.  La reparcelación es la operación urbanística consistente en la agrupación o 
reestructuración de las fincas, parcelas o solares aportados incluidos en el ámbito de 
actuación o unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de 
ordenación urbanística de aplicación, con adjudicación del aprovechamiento lucrativo, de 
edificabilidad o de fincas resultantes a las personas interesadas, en proporción a sus 
respectivos derechos y la cesión y adjudicación a la Administración actuante de las 
cesiones obligatorias.
La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o forzosa, así como en 
especie o mediante indemnización sustitutoria por la que se adjudiquen fincas, parcelas 
o solares.
2.  Los  proyectos  de  reparcelación  deberán  garantizar  la  justa  distribución  de 
beneficios  y  cargas  y  ajustarse  a  los  criterios,  procedimiento  y  contenido  que  se 
establezcan reglamentariamente, incluyendo el tratamiento de los bienes de dominio 
público, que habrá de respetar lo previsto en la legislación reguladora de los patrimonios 
públicos y legislación sectorial de aplicación. En cualquier caso, será indemnizable el 
valor de las plantaciones, instalaciones, construcciones y usos legalmente existentes en 
los terrenos originarios que tengan que desaparecer necesariamente para poder llevar a 
cabo la ejecución del instrumento de planeamiento.
El trámite de información pública se practicará de forma simultánea a la notificación a  e.
los  titulares  de  bienes  y  derechos  afectados,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  w.b
apartado 4 del artículo 103 de la presente Ley. 916ww
3.  El acuerdo aprobatorio de la reparcelación producirá, entre otros efectos, los 
siguientes:
a)  Transmitir al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, los terrenos o 
fincas de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público de suelo o su 
afectación a los usos previstos en el planeamiento.
b)  Definir  y  adjudicar  las  fincas  que  resultasen  de  la  actuación  urbanística  o 
actuación de trasformación urbanística.
c)  Distribuir cargas y beneficios entre las personas propietarias y otros titulares de 
derechos.
d)  Afectar  registralmente  las  fincas  resultantes  al  cumplimiento  de  las 
correspondientes obligaciones y deberes urbanísticos. Para acreditar la descripción y las 
titularidades de dominio y cargas sobre las fincas afectadas por la reparcelación, se 
solicitará al efecto certificación al Registro de la Propiedad, que dejará constancia de 
dicha afección real mediante nota al margen en el folio registral de las fincas afectadas.
4.  Cuando  circunstancias  derivadas  de  las  edificaciones  o  construcciones 
existentes  o  de  índole  similar  hagan  impracticable  o  de  muy  difícil  realización  la 
redistribución de terrenos, en todo o parte del ámbito de actuación o de la unidad de 
ejecución,  la  reparcelación  se  podrá  limitar  a  establecer,  para  dichos  terrenos,  las 
correspondientes indemnizaciones económicas sustitutorias con las rectificaciones de 
configuración y linderos que procedan. Aun no concurriendo dichas circunstancias, podrá 
procederse de igual modo cuando así lo acepten los propietarios que representen el 
cincuenta por ciento de la superficie total del ámbito de actuación o unidad de ejecución, 
con la finalidad de evitar la constitución de pro indivisos.
5.  En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, el plazo máximo para 
la ratificación o aprobación del proyecto de reparcelación por la Administración actuante 
será de cuatro meses desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente. El vencimiento de dicho plazo sin haberse 
notificado  resolución  expresa  legitima  al  interesado  o  interesados  para  entenderla 
aprobada o ratificada, según el caso, por silencio administrativo.
En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo para la aprobación del 
proyecto de reparcelación será de tres meses desde el acuerdo por el que se somete a 
información pública. El vencimiento del plazo máximo sin haberse acordado resolución 
expresa sobre la aprobación del proyecto de reparcelación producirá la caducidad del 
procedimiento.
6.  Siempre que haya sido recepcionada la correspondiente fase de urbanización, 
conforme a lo establecido en la presente Ley, la Administración actuante podrá aprobar 
la concentración de la carga urbanística a que estuvieran sujetas una o varias parcelas 
de dicha fase en otras parcelas resultantes del proyecto de reparcelación o bien resolver 
que la afección no produzca efectos respecto de las mismas, siempre que se hubieran 
constituido garantías al efecto, todo ello en los términos, condiciones y procedimiento 
que se desarrolle reglamentariamente.
7.  Cuando sea preciso para la ejecución de actuaciones de transformación de suelo 
urbano,  la  reparcelación  podrá  motivadamente  adjudicar  como  fincas  de  resultado 
aquellas constituidas bajo régimen de propiedad horizontal.
Artículo 93.  Equidistribución de cargas y beneficios en las actuaciones urbanísticas y 
de transformación urbanística. e
rdeisgpla12um..e  setLPnoato a dedrriniaás mntrl iaebe nufetlceeci.gótuinsa ldarsecei ó,c nac rogbnaáfsos riycm abe e dane ee fiscstiuaoe sLl ode eyy,n  trreaos  edlorevs a csac drdiatee  raiaocptsur oaqvcueióecnh  assmee  iaeejnusttsoat abprleaázr aac  allnao    2021-20916n https://www.
obtención por la Administración de terrenos con destino a sistemas generales o locales.
Igualmente, los municipios podrán transmitir, directamente y por precio a satisfacer en  Bc
metálico, la totalidad o parte del aprovechamiento objetivo de una parcela o solar que 
exceda del correspondiente a la persona propietaria de dicha parcela.
Si así lo previera el instrumento de ordenación aplicable, los propietarios de una 
parcela o solar pueden transferir el aprovechamiento subjetivo que les corresponda y no 
puedan materializar en las mismas a otras parcelas o solares en situación inversa, es 
decir, que tengan atribuido un aprovechamiento objetivo superior al que corresponda a 
sus propietarios.
Los acuerdos de reserva, transferencia, transmisión o cesión de aprovechamiento se 
inscribirán  en  un  registro  municipal  de  aprovechamientos  y  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.
3.  Con el objeto de garantizar la equitativa distribución de beneficios y cargas, 
habrá  de  incluirse  el  cálculo  del  aprovechamiento  urbanístico  del  subsuelo  y  su 
distribución en la reparcelación del ámbito de actuación o de la unidad de ejecución 
correspondiente cuando el instrumento de ordenación urbanística establezca que la 
posible  utilización  del  suelo,  vuelo  y  subsuelo  de  forma  diferenciada  implique  la 
asignación de aprovechamiento a este último.
Artículo 94.  Agente urbanizador.
1.  El agente urbanizador es la persona legitimada por la Administración actuante 
para  asumir  la  responsabilidad  frente  a  esta  de  la  ejecución  del  instrumento  de 
ordenación urbanística, aportando su actividad empresarial de promoción urbanística en 
cualquiera de las actuaciones de transformación urbanística.
2.  La condición de agente urbanizador puede ser asumida por cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada, propietaria o no del suelo, que quedará legitimada 
para la ejecución, tras su selección en pública concurrencia según lo dispuesto en esta 
Ley y su desarrollo reglamentario o, en su caso, por lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.
Sección 3.ª Las obras de urbanización
Artículo 95.  Gastos de urbanización.
La  inclusión  en  el  proceso  urbanizador  y  edificatorio  impone  legalmente  a  la 
propiedad  del  suelo,  con  carácter  real,  la  carga  del  levantamiento  de  la  parte 
proporcional de todos los gastos de urbanización correspondientes, entre los que se 
incluirán los gastos de gestión, en los términos recogidos en esta Ley y desarrollados 
reglamentariamente.
Artículo 96.  Proyecto de urbanización.
1.  El proyecto de urbanización es un proyecto técnico de obras que tiene por 
finalidad llevar a la práctica las actuaciones de reforma interior o de nueva urbanización, 
así  como  las  actuaciones  para  mejorar  o  completar  la  urbanización,  en  su  caso, 
materializando las previsiones y determinaciones de los instrumentos de ordenación 
urbanística, sin que pueda contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del 
suelo o de la edificación.
El proyecto de urbanización podrá delimitar y modificar las fases establecidas en los 
instrumentos de ordenación para la recepción parcial de la urbanización, sin perjuicio de  s
la posibilidad de efectuar dichas operaciones a través del procedimiento previsto para la  o
feeduqnenu licmtioiloibidtnaroaac dliecóaasn  se aondu tetraóe  nl alfoaasmss  euacsnse. isddiaeod nfeoesrsm  dcaeo q nueteejem dcpuolctaeidónan ds.  eLe tanos d eofsast saloe ssL  esdyee,r fvginicaiidroaasns ta iz cpaoannrdscoteit luasisurá  cndo insuctnrriiebdtuaacdsióe, nsy    2021-20916n https://www.
2.  El proyecto de urbanización definirá los contenidos técnicos de las obras de
vialidad,  accesibilidad,  de  infraestructuras  de  agua,  saneamiento,  energía  y
telecomunicaciones y las necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos, así 
como el ajardinamiento, arbolado y amueblamiento urbano. El proyecto garantizará la 
sostenibilidad energética de la actuación, fomentando el desarrollo de sistemas urbanos 
de autoconsumo y procurará la utilización de tecnologías de gestión inteligente que 
optimicen el funcionamiento y usos de los recursos.
3.  Reglamentariamente se regulará el contenido y el procedimiento de aprobación 
del proyecto de urbanización, sin perjuicio de que los municipios mediante ordenanzas 
municipales puedan desarrollarlos.
El procedimiento de aprobación requerirá trámite de información pública de forma 
simultánea a la notificación a los propietarios y demás interesados del ámbito. Será 
preceptivo  el  trámite  de  informes  sectoriales  cuando  la  legislación  especial  así  lo 
determine  expresamente  o  cuando  el  instrumento  urbanístico  hubiera  expresado 
motivadamente esa condición. Se realizará consulta a las compañías suministradoras 
sobre la adecuación técnica del proyecto a las condiciones recogidas en el instrumento 
de ordenación.
El plazo máximo para la aprobación del proyecto de urbanización será de tres meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración  actuante.  La  falta  de  notificación  de  la  resolución  dentro  del  plazo 
indicado tendrá efecto estimatorio, salvo que se haya emitido algún informe vinculante en 
sentido desfavorable.
4.  La aprobación del proyecto de urbanización tendrá los efectos previstos en el 
apartado 2.e) del artículo 84, a los efectos de la constitución de servidumbres u otros 
derechos previstos en la legislación civil para materializar las previsiones relativas a las 
conexiones exteriores al ámbito.
5.  Cuando, en los términos que se prevea reglamentariamente, el desarrollo de las 
actuaciones urbanísticas o de transformación urbanística en suelo urbano no requiera de 
la tramitación de un proyecto de urbanización, el contenido técnico de las obras de 
urbanización a realizar se definirá mediante proyecto de obras ordinarias o mediante el 
proyecto de las actuaciones edificatorias como obras complementarias.
Artículo 97.  Recepción de las obras de urbanización.
1.  La recepción de las obras de urbanización corresponderá al Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de la persona responsable de su ejecución, conservación y entrega. 
La recepción, total o parcial, legitima la actividad de edificación.
2.  Reglamentariamente se regulará el procedimiento de recepción de las obras de 
urbanización y sus efectos, los supuestos en los que será admisible la recepción parcial 
por fases cuando se justifique su funcionalidad autónoma, según lo establecido en el 
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, en el proyecto de urbanización o 
por el procedimiento previsto para la delimitación de las unidades de ejecución, así como 
el régimen de garantías que se establezcan.
3.  A la solicitud de recepción de las obras se acompañará la certificación expedida 
por la dirección facultativa de las obras que acredite su finalización y que se han 
ejecutado  conforme  al  proyecto  de  urbanización  o  título  administrativo  habilitante. 
Transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud de la recepción de las obras de 
urbanización en la forma establecida, sin que esta haya tenido lugar, se entenderá 
producida por ministerio de la ley, quedando relevada la persona solicitante de su deber 
de conservación. Este plazo podrá suspenderse o ampliarse conforme a la legislación 
básica estatal de procedimiento administrativo común. e.
Artículo 98.  Deber de conservación de las obras de urbanización. 916ww
dteen gl1aa.   ulurbEgaal nrd iezsabuce riróe dncee, p tceconióniensn emdrvoua nlcoicisói pnca odl,se ta el asla sc  pooerbrrresasospn odane od u ieernbntateindsia zldaa c rcieóosnnp sociondrserareabsclpeióo dnne dd elea,   hgeaajesscttaou scq iduóeen    OE-A-2021-20able en https://
urbanización.
2.  El deber de conservación, una vez producida la recepción municipal de las 
obras, corresponde al Ayuntamiento e incluye el mantenimiento del espacio público 
urbano y las infraestructuras y servicios técnicos correspondientes.
3.  Las obras de urbanización, una vez recepcionadas, son bienes de titularidad 
municipal.
4.  Excepcionalmente, la conservación de las obras de urbanización corresponderá 
a las personas propietarias de solares, agrupados legalmente en entidad urbanística de 
conservación y por el plazo establecido en su constitución, en los mismos términos 
dispuestos en los apartados anteriores, con independencia de que las obras sean o no 
de primera ejecución, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando haya sido asumida voluntaria y motivadamente por tres cuartas partes 
de las personas propietarias.
b)  Cuando los solares estén comprendidos en ámbitos de actuación o unidades de 
ejecución delimitadas justificadamente a este solo efecto.
c)  Cuando el instrumento de ordenación urbanística lo prevea por razones de 
sostenibilidad económica.
5.  Las entidades urbanísticas de conservación son entes de Derecho Público y 
personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines urbanísticos. Asimismo, 
tienen la consideración de entidad urbanística colaboradora y están sujetas a la tutela del 
Ayuntamiento, pudiendo solicitar y obtener de este la aplicación del procedimiento de 
apremio para la exigencia de las cuotas de conservación que corresponda satisfacer a 
las personas propietarias.
CAPÍTULO II
La ejecución de las actuaciones sistemáticas
Sección 1.ª Definiciones generales
Artículo 99.  Unidades de Ejecución.
1.  La  ejecución  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  se  realizará 
mediante la modalidad sistemática cuando se delimiten con tal fin unidades de ejecución. 
Las unidades de ejecución operan como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las 
operaciones  jurídicas  y  materiales  precisas  para  la  ejecución  del  instrumento  de 
ordenación urbanística, sin perjuicio de las precisas para las conexiones exteriores, así 
como para el cumplimiento de los deberes de cesión y justa distribución de beneficios y 
cargas.
2.  Corresponde  al  instrumento  de  ordenación  urbanística  que  establezca  la 
ordenación  detallada  de  los  terrenos  objeto  de  una  actuación  de  transformación 
urbanística la delimitación de la unidad o unidades de ejecución dentro de su ámbito y la 
elección del sistema de actuación de cada unidad.
3.  La delimitación de las unidades de ejecución deberá asegurar su idoneidad 
técnica y viabilidad económica, y permitir en todo caso el cumplimiento de los deberes 
legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación 
urbanística.
4.  En las actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico todos los terrenos  s
deberán quedar incluidos dentro de unidades de ejecución, salvo los terrenos destinados  o
iaoan r cdselieussntstaeiaósmcn iaaó ds nel  ogu slero bnseae fsneriaícsslttetoeicssma,  a,dc ssue ua gl naeed njeooecb rauatescleníió scsn ieeó m nne  asudttneeairlbd ialaselud.zeeclsao   deyen,   ecejule aicnnusdctorióu nmlo n eponr teiomv depeae  doeirrlád i ensnsuat racuidmósnec.rn iLptoac  ióndnoe    2021-20916n https://www.
5.  En ausencia de previsión en los instrumentos urbanísticos correspondientes, la
delimitación de la unidad o unidades de ejecución y la elección del sistema de actuación
de cada unidad se aprobará por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier 
persona interesada, previa información pública y audiencia a las personas propietarias 
afectadas por plazo de veinte días, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Igual procedimiento se seguirá en caso de modificación o división de la 
delimitación  de  la  unidad  de  ejecución  o  de  cambio  o  sustitución  del  sistema  de 
actuación.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. La falta de 
notificación de la resolución expresa dentro del plazo máximo indicado tendrá efecto 
desestimatorio si el procedimiento se inicia a instancia de persona interesada y producirá 
su caducidad cuando se inicie de oficio.
6.  La delimitación de la unidad de ejecución implica la afectación de las fincas, 
parcelas o solares a la reparcelación en los términos del apartado 3 del artículo 92 y la 
prohibición, hasta la firmeza en vía administrativa de la aprobación del proyecto de 
reparcelación, de otorgamiento de licencias de parcelación y edificación. Esta prohibición 
podrá ser exceptuada respecto a las operaciones dirigidas a facilitar la ejecución de los 
instrumentos de ordenación de acuerdo con las fases de urbanización que se hayan 
definido conforme a esta Ley. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2.c) del 
artículo 84.
Artículo 100.  Sistemas de actuación.
1.  Para cada unidad de ejecución se determinará motivadamente el sistema de 
actuación, atendiendo a los principios recogidos en el artículo 4, conforme al que deba 
desarrollarse la actividad de ejecución, de entre los siguientes:
a)  Compensación.
b)  Expropiación.
c)  Cooperación.
2.  El sistema de compensación es de gestión privada y los de cooperación y 
expropiación son de gestión pública.
3.  La Administración actuante podrá acordar el cambio o sustitución del sistema de 
actuación en cualquier momento, de manera justificada. Sin perjuicio de ello, una vez 
establecido,  la  sustitución  del  sistema  de  compensación  sólo  podrá  acordarse  por 
incumplimiento de los plazos, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 104, o 
justificarse  en  que  las  dificultades  planteadas  por  los  propietarios  en  la  unidad  de 
ejecución pudieran poner en peligro la ejecución de la actuación.
Sección 2.ª El sistema de compensación
Artículo 101.  Características del sistema de actuación de compensación.
1.  En el sistema de compensación, las personas responsables de su ejecución 
aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la urbanización 
de la unidad de ejecución, conforme a las determinaciones del instrumento urbanístico 
aplicable.
2.  Para llevar a cabo la actividad de ejecución, la Administración actuante y las 
personas responsables de la ejecución se constituyen en Junta de Compensación, en los 
términos previstos en el artículo 103. s
3.  El sistema de compensación comporta la reparcelación, que puede ser forzosa,  e.
para la justa distribución de beneficios y cargas. Las personas propietarias que no lo  w.
hubiesen hecho con antelación deberán decidir entre: 916ww
a)  Participar en la gestión del sistema, adhiriéndose a la Junta de Compensación,
torpatsa nlad or eepnatrrcee laabcoiónna,r  plaasrt ec adnetild aapdreosv eqcuhea, mpioern ttaol  lcuocnracteivpoto, ,d lee sla s eeadnif icgairbaidlidaasd o o a pdoer tlaars, 
fincas resultantes que debían serles adjudicadas.
b)  No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en 
la Junta de Compensación y solicitando la expropiación del suelo y otros bienes y 
derechos que estuvieran afectos a la gestión de la unidad de ejecución de que se trate.
4.  Se  seguirá  el  régimen  de  reparcelación  forzosa  respecto  de  las  personas 
propietarias que no hayan efectuado opción alguna a la finalización del periodo de 
información  pública  del  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  los  estatutos  y  bases  de 
actuación, las cuales compensarán los costes de urbanización imputables mediante 
cesión  de  parte  del  aprovechamiento  lucrativo,  de  la  edificabilidad  o  de  las  fincas 
resultantes de valor equivalente.
El mismo régimen podrá seguirse respecto de las personas propietarias incorporadas 
que  incumplan  las  obligaciones  inherentes  al  sistema,  salvo  que  se  opte  por  la 
expropiación.
Artículo 102.  Iniciativa para el establecimiento del sistema y sus efectos.
1.  La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación 
corresponderá a:
a)  La persona propietaria única o la totalidad de las personas propietarias, iniciando 
el expediente de reparcelación y, en su caso, mediante el convenio urbanístico que 
determine las condiciones y los términos de la ejecución del instrumento de ordenación 
urbanística.
b)  Las personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la 
superficie de la unidad de ejecución, que se constituirán en Junta de Compensación, 
salvo en los casos previstos en el apartado 7 del artículo 103.
c)  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, 
interesada en asumir la actuación urbanizadora como agente urbanizador, instando la 
pública concurrencia de la actuación urbanizadora.
2.  El sistema de compensación quedará establecido:
a)  Con la aprobación de la iniciativa formulada por la persona propietaria única o 
con  la  suscripción  de  un  convenio  urbanístico  con  la  totalidad  de  las  personas 
propietarias.
b)  Con el otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación 
o, en los casos previstos en el artículo 103.7.b), con la aprobación de las bases de 
actuación.
c)  Con la suscripción de convenio urbanístico con el agente urbanizador tras su 
selección en pública concurrencia.
3.  El plazo máximo para aprobar la iniciativa para el establecimiento del sistema de 
actuación por compensación será de dos meses desde la presentación de la solicitud. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al 
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.
4.  El establecimiento del sistema de actuación por compensación y, en su caso, la 
aprobación de los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación 
determinarán, con arreglo al artículo 92.3, la afectación real de la totalidad de los 
terrenos incluidos en la unidad de ejecución al cumplimiento de los deberes legales y las 
obligaciones inherentes a dicho sistema, con constancia en el Registro de la Propiedad  es
mediante nota marginal. o
Artíc1u. lo L1a0 3J. unLtaa  Jduen tCa odme pCeonmsapceiónnsa ecisó nu.n ente corporativo de Derecho Público, con  2021-20916n https://ww
Apeyrusnotnaamliideandto  ljau rdídiriceac tap rreosppiao nsya bpilliednaad  dcea plaa ceijdeacdu cidóen  doeb lraasr,  obqruaes  daes uumrbea nifzreanctióen  ay,l   BOE-A-cable e
en su caso, de edificación, actuando como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre 
las fincas originarias o iniciales de las personas propietarias.
La  Junta  de  Compensación  tiene  la  consideración  de  entidad  urbanística 
colaboradora y de su máximo órgano de gobierno, la Asamblea General, formará parte 
un representante del Ayuntamiento que, en dicha condición, tendrá voz, pero no voto.
2.  En cualquier momento podrá incorporarse a la Junta de Compensación una 
empresa urbanizadora que asuma la ejecución de las obras de urbanización.
3.  Los acuerdos de la Junta de Compensación podrán ser recurridos, en todo caso, 
ante el Ayuntamiento, cuya resolución agotará la vía administrativa.
4.  En el procedimiento de aprobación del proyecto de reparcelación en el seno de 
la  Junta  de  Compensación  se  garantizarán  los  trámites  de  información  pública  y 
audiencia a las personas propietarias y demás personas interesadas. La aprobación del 
proyecto de reparcelación en el seno de la Junta de Compensación, con el quorum 
cualificado que a tal efecto se regule, habilitará para su remisión al Ayuntamiento, a los 
meros efectos de su ratificación, que sólo podrá denegarse por razones de estricta 
legalidad. Transcurrido el plazo establecido en el artículo 92.5 desde la presentación del 
proyecto de reparcelación en el Ayuntamiento, sin que se haya notificado la adopción de 
acuerdo alguno, se entenderá, sin más trámite, otorgada la ratificación por silencio 
administrativo. La ratificación expresa o presunta producirá, en todo caso, la transmisión 
al Ayuntamiento, por ministerio de la ley y libres de cargas y gravámenes, de todos los 
terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
5.  Las transmisiones de terrenos que se realicen entre los miembros de la Junta de 
Compensación con ocasión del desarrollo del sistema de ejecución gozarán de las 
exenciones y, en su caso, bonificaciones fiscales previstas en la legislación aplicable.
6.  No podrá acordarse la disolución de la Junta de Compensación hasta que haya 
cumplido todos sus compromisos de ejecución urbanística. Sin perjuicio de lo anterior, 
reglamentariamente  se  determinarán  las  garantías  exigibles  para  que  las  fincas  de 
aquellas personas propietarias que hayan cumplido sus deberes urbanísticos, incluso de 
forma anticipada a la terminación de la totalidad de la urbanización, puedan quedar 
exoneradas de la afección urbanística, en los términos previstos en el artículo 92.6.
7.  No  será  preceptiva  la  constitución  de  la  Junta  de  Compensación  en  los 
supuestos siguientes:
a)  Si hay una persona propietaria única o la totalidad de las personas propietarias 
suscriben la iniciativa mediante convenio urbanístico.
b)  Si lo acuerda la Administración actuante, correspondiendo su iniciativa a las 
personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de la 
unidad de ejecución, siempre que el proyecto de reparcelación, además de lo previsto en 
el artículo 92.2 de la presente Ley, cumpla los requisitos y los criterios adicionales de 
representación y de actuación que se establezcan reglamentariamente. La iniciativa 
debe formalizarse por escrito ante la Administración actuante y tiene que incorporar un 
proyecto de bases, que será sometido a información pública por plazo mínimo de un 
mes,  cuyos  términos  se  establecerán  reglamentariamente;  simultáneamente  debe 
concederse audiencia a las personas propietarias mediante notificación personal. Será 
de aplicación el régimen del silencio establecido en el artículo 102.3. Todo ello sin 
perjuicio de que las personas propietarias puedan constituirse en cualquier momento en 
Junta de Compensación.
8.  En los supuestos de gestión por agente urbanizador, no cabe la constitución de  e
Junta de Compensación. bo
Artícpulaloz o1s0.4.  Sustitución  del  sistema  de  compensación  por  incumplimiento  de  los
1.  Mientras no esté establecido el sistema de compensación y siempre que no
exista iniciativa para su establecimiento, la Administración actuante podrá sustituir de  Bc
forma motivada, acreditado el incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución 
en los instrumentos de ordenación urbanística por causa imputable a la propiedad, el 
sistema de compensación por un sistema público de actuación.
2.  Establecido  el  sistema  de  compensación,  el  incumplimiento  de  los  plazos 
previstos  para  la  ejecución  en  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  o  en  el 
procedimiento de establecimiento del sistema por causa imputable a los particulares que 
lo hayan establecido legitimará a la Administración actuante para su sustitución por 
modalidad de gestión indirecta o, en su caso, sustitución del agente urbanizador, o bien 
para su sustitución por un sistema público de actuación.
3.  La sustitución del sistema de compensación en los supuestos recogidos en los 
apartados  anteriores  se  acordará  por  el  Ayuntamiento,  de  oficio  o  a  instancia  de 
cualquier  persona  interesada,  con  la  tramitación  del  procedimiento  dirigido  a  la 
declaración  del  incumplimiento,  que  incluirá  información  pública  y  audiencia  a  las 
personas propietarias afectadas por plazo de veinte días, debiéndose publicar en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  El  plazo  máximo  para  resolver  el  procedimiento  de 
sustitución será de seis meses. La falta de notificación de la resolución expresa dentro 
del plazo máximo indicado tendrá efecto desestimatorio si el procedimiento se inicia a 
instancia de persona interesada y producirá su caducidad cuando se inicie de oficio.
Sección 3.ª El sistema de expropiación
Artículo 105.  Características del sistema de actuación por expropiación.
1.  En el sistema de actuación por expropiación, la Administración actuante aplica la 
expropiación  a  la  totalidad  de  los  bienes  y  derechos  de  la  unidad  de  ejecución  y 
desarrolla  la  actividad  de  ejecución  mediante  cualquiera  de  las  formas  de  gestión 
permitidas por la ley.
2.  En el sistema de actuación por expropiación se aplicarán las determinaciones de 
los artículos 120, 123 y 124 sobre procedimientos expropiatorios, justiprecio y liberación 
de la expropiación, y el fin de la expropiación se considerará agotado y cumplido con la 
ejecución del correspondiente instrumento urbanístico.
3.  La ejecución del sistema de expropiación se iniciará con la aprobación de la 
relación de personas propietarias y descripción de bienes y derechos que se consideren 
de necesaria expropiación, con la resolución aprobatoria del expediente de tasación 
conjunta o, en su caso, con la adjudicación de la concesión al agente urbanizador. Será 
necesario obtener certificación registral acreditativa de quienes sean los propietarios y 
titulares de cargas sobre las fincas incluidas en la unidad de ejecución en los términos 
previstos en la legislación hipotecaria.
4.  Reglamentariamente se regulará el régimen de gestión indirecta por concesión 
del  sistema  a  iniciativa  de  un  aspirante  a  agente  urbanizador  o  de  la  propia 
Administración actuante.
Sección 4.ª El sistema de cooperación
Artículo 106.  Características del sistema de actuación por cooperación.
1.  En el sistema de actuación por cooperación:
a)  Las personas propietarias, en virtud de la ley: e
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3.º  Abonan los gastos de urbanización que les correspondan, bien satisfaciendo en
metálico las cantidades que por tal concepto les sean giradas, bien aportando con  Bc
carácter forzoso, mediante reparcelación, la parte del aprovechamiento lucrativo, de la 
edificabilidad o de los solares resultantes que corresponda.
b)  La  Administración  actuante  asume  íntegramente  la  actividad  de  ejecución, 
pudiendo optar para su desarrollo entre la gestión directa o indirecta, en la que, en su 
caso, concede la actividad de ejecución mediante la convocatoria del correspondiente 
concurso.
2.  El sistema de cooperación comporta su ejecución mediante la reparcelación de 
los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución.
3.  Las  personas  propietarias  podrán  participar  en  la  gestión  del  sistema  de 
actuación  por  cooperación,  integrándose  en  la  asociación  administrativa  que,  con 
carácter consultivo, de auxilio y control meramente informativo, pueda constituirse como 
entidad urbanística colaboradora.
4.  El sistema de cooperación quedará establecido con el acuerdo de la iniciación 
del sistema.
Artículo 107.  Pago de los gastos de urbanización por las personas propietarias.
1.  La Administración actuante regulará el procedimiento al que habrán de ajustarse 
las personas propietarias para abonar los gastos de urbanización que les correspondan, 
bien  en  metálico,  bien  en  especie,  mediante  la  aportación  de  la  parte  del 
aprovechamiento  lucrativo,  edificabilidad  o  solares  resultantes  de  la  actuación  que 
correspondan. Reglamentariamente se establecerán las bases o criterios mínimos.
2.  En  caso  de  que  las  personas  propietarias  no  opten  por  alguna  de  las 
modalidades de abono de los gastos de urbanización previstas en esta Ley, se entenderá 
que optan por su abono en especie y quedarán vinculados al régimen de aportación 
forzosa mediante reparcelación.
3.  Los gastos de gestión del sistema de actuación por cooperación no podrán 
exceder del diez por ciento de los gastos de urbanización previstos en el artículo 95.
4.  La  Administración  actuante  podrá  motivadamente,  en  la  forma  y  con  las 
excepciones que se determinen reglamentariamente:
a)  Exigir  a  las  personas  propietarias,  incluso  por  la  vía  de  apremio,  el  pago 
anticipado de los gastos de urbanización previstos para los seis meses siguientes.
b)  Convenir con las personas propietarias un aplazamiento del pago de los gastos 
de urbanización, cuando las circunstancias así lo aconsejen y en las condiciones que se 
determinen, de acuerdo, en su caso, con el agente urbanizador o entidad que asuma la 
gestión indirecta de la actuación.
Artículo 108.  Disposición de los bienes y derechos en el sistema de actuación por 
cooperación.
1.  La  aprobación  del  proyecto  de  reparcelación  habilitará  a  la  Administración 
actuante para el desarrollo de los siguientes actos de disposición:
a)  La ocupación inmediata de todos o parte de los bienes incluidos en la unidad de 
ejecución, con el correlativo derecho de disposición de estos con carácter fiduciario, bien 
de oficio o a propuesta del agente urbanizador o entidad que asuma la gestión indirecta 
de la actuación y a su favor. s
b)  La inscripción en el Registro de la Propiedad de las cesiones obligatorias y  o
gggreeansttecuió)rit anal s Liyn a add  ieferae ncvcaootjanre  fdndoeaerm c llaiaóid  Anaa,ddc mot uc ioananciusi tóltoornar  qiczpuiaaóecrn aie óa snlcat at aueblan lenaaztgjeece,na nea etnceli   óplounrsro,b  ytdaéeenrcm itzsoaiun ddeooelsor   r peeordp eiaefvirncicstaetidoblaaslec de i róneqn sul.aee r lveaagsdiusomla pcaai órlnaa    2021-20916n https://www.
sufragar los gastos de urbanización de la actuación hasta su liquidación definitiva.
2.  Reglamentariamente se regulará el procedimiento y los requisitos para que la 
Administración actuante, el agente urbanizador o entidad que asuma la gestión indirecta 
de la actuación puedan convenir el pago en especie de las obras de urbanización a favor 
de la empresa constructora.
CAPÍTULO III
La ejecución de las actuaciones asistemáticas
Artículo 109.  Ámbito de las actuaciones asistemáticas.
1.  La  ejecución  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  se  realizará 
mediante la modalidad asistemática cuando no proceda la delimitación de unidades de 
ejecución pero se requiera actividad de gestión con carácter previo a la realización 
material  de  las  actuaciones.  Dicha  modalidad  operará  tanto  en  actuaciones  de 
transformación urbanística como en actuaciones urbanísticas.
2.  En defecto de su previsión en los instrumentos de ordenación urbanística, el 
ámbito de actuación de las actuaciones asistemáticas se podrá definir mediante el 
procedimiento establecido para la delimitación de las unidades de ejecución.
Cuando la ejecución requiera la realización de obras de urbanización a costear por 
los particulares, según lo previsto en la presente Ley o en el instrumento de ordenación 
urbanística, el ámbito de actuación se sujetará al pago de cuotas de urbanización para la 
asunción por las personas propietarias del coste de las infraestructuras y los servicios 
previstos.
En los restantes supuestos, dicho coste operará como referencia para la fijación de la 
base  imponible  de  las  contribuciones  especiales,  de  acuerdo  con  la  legislación 
reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aplicándose  como  módulos  de  reparto, 
conjuntamente, la superficie de las fincas o parcelas y su valor catastral a efectos del 
impuesto sobre bienes inmuebles.
3.  Cuando  se  establezca  para  la  ejecución  de  actuaciones  de  transformación 
urbanística, el ámbito de la actuación asistemática coincidirá con la parcela o parcelas 
definidas  en  el  instrumento  de  ordenación  urbanística  que  establezca  la  nueva 
ordenación y, en su caso, con los suelos de sistemas locales y generales y los que 
soporten la urbanización sometida a mejora.
4.  Cuando  se  establezca  la  modalidad  asistemática  para  la  ejecución  de 
actuaciones urbanísticas que tengan como objeto mejorar o completar la urbanización o 
la  obtención  directa  de  sistemas  generales  o  locales,  el  ámbito  de  la  actuación 
asistemática se limitará a los suelos que soporten la urbanización sometida a mejora y 
las parcelas beneficiadas de la misma o a los suelos que hayan de destinarse a tales 
sistemas, respectivamente.
Artículo 110.  Actuaciones para mejorar o completar la urbanización.
Cuando  el  instrumento  de  ordenación  urbanística  prevea  en  suelo  urbano 
actuaciones  para  mejorar  o  completar  la  urbanización  que  no  deban  someterse  a 
actuaciones de transformación urbanística, la ejecución del planeamiento en régimen de 
gestión pública se realizará según lo previsto en el artículo 109.2, con la posibilidad de 
sujetar  el  ámbito  de  actuación  al  pago  de  cuotas  de  urbanización.  Cuando  dicha 
ejecución  se  realice  en  régimen  de  gestión  privada,  podrá  realizarse  mediante  la  es
modalidad asistemática según lo previsto en los artículos 111, 112 y 113. o
Artíc1u. lo E11n1 e. l sEunptuideasdto d dee U qrbuaen liaz aaccitóivni.dad de ejecución de las actuaciones previstas en  2021-20916n https://ww
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que tendrá la consideración de entidad urbanística colaboradora, con el propósito de 
acometer los gastos que correspondan en régimen de justa distribución de cargas.
2.  Las  Entidades  de  Urbanización  se  regirán  por  sus  propios  estatutos,  que 
deberán ser aprobados por la Administración actuante, a propuesta de la mayoría de las 
cuotas de participación en la entidad, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha 
de la solicitud, que se suspenderá en el caso de concurrir alguno de los supuestos 
previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados 
para entenderla estimada por silencio administrativo.
3.  En el seno de la Entidad de Urbanización se elaborará, tramitará y aprobará, por 
la  mayoría  de  las  cuotas  representadas,  un  proyecto  de  distribución  de  cargas  de 
urbanización.
4.  Con la Entidad de Urbanización podrá colaborar una empresa urbanizadora, que 
asuma la financiación de la actuación y la ejecución de las obras de urbanización.
5.  Los acuerdos de la Entidad de Urbanización podrán ser recurridos, en todo caso, 
ante el Ayuntamiento, cuya resolución agotará la vía administrativa.
Artículo 112.  Proyecto de distribución de cargas de urbanización.
1.  El proyecto de distribución de cargas de urbanización tiene por objeto distribuir 
equitativamente los gastos de urbanización entre las personas propietarias o titulares de 
derechos reales de las parcelas beneficiadas por dichas obras y podrá incluir el coste de 
obtención de los terrenos necesarios para ejecutar dichas obras.
2.  Reglamentariamente,  se  regulará  el  procedimiento,  contenido  y  efectos  del 
citado instrumento. Se requerirá trámite de información pública de forma simultánea a la 
notificación a los titulares de bienes y derechos afectados. En su caso, el procedimiento 
podrá integrarse en el de aprobación del proyecto de urbanización. El plazo máximo para 
la  aprobación  del  proyecto  de  distribución  de  cargas  de  urbanización  por  la 
Administración actuante será de cuatro meses desde la presentación de la solicitud en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente. El vencimiento de 
dicho  plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa  legitima  al  interesado  o 
interesados para entenderla aprobada por silencio administrativo.
Artículo 113.  Liquidación de la actuación.
El procedimiento y los requisitos para la liquidación de la actuación urbanizadora, 
una vez se haya completado su ejecución, garantizará en todo caso el derecho de las 
personas propietarias afectadas a ser oídos previamente y a formular las reclamaciones 
que a su derecho convengan.
Artículo 114.  Actuaciones directas para obtención de sistemas generales y locales.
Cuando  el  instrumento  de  ordenación  urbanística  prevea  en  suelo  urbano 
actuaciones públicas para la obtención de sistemas generales y locales no sometidos a 
actuaciones  de  transformación,  la  ejecución  se  llevará  a  cabo  mediante  modalidad 
asistemática, en los términos previstos en el artículo 115.1.b).
CAPÍTULO IV
La obtención y ejecución de sistemas generales y locales
Artículo 115.  Formas de obtención del suelo destinado a sistemas generales y locales y 
su ejecución material.
1.  El suelo destinado a sistemas generales y locales se obtiene:
a)  Cuando estén incluidos o adscritos a ámbitos de actuaciones de transformación 
urbanística, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos 
para el desarrollo de la actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación 
directa, cuando exista necesidad urgente de anticipar su adquisición.
b)  En los restantes supuestos, en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, 
venta o distribución de aprovechamientos, transferencias de aprovechamiento, mediante 
la constitución de un complejo inmobiliario de carácter urbanístico, cuando así esté 
previsto en el instrumento de ordenación urbanística, o en su defecto mediante reserva 
de aprovechamiento, expropiación u ocupación directa.
2.  Reglamentariamente  se  determinará  el  régimen  de  obtención  de  terrenos 
destinados a sistemas generales y locales cuando la imposibilidad física de materializar 
la cesión de suelo conlleve otras formas de cumplimiento de dicho deber previstas en el 
artículo 28.b), incluida la sustitución, de manera motivada, total o parcialmente, por su 
equivalente en metálico.
3.  Las obras de urbanización correspondientes a los sistemas generales y locales 
se realizarán conforme a las determinaciones del instrumento de ordenación urbanística, 
conjuntamente con las restantes obras de urbanización, mediante el desarrollo de la 
modalidad sistemática o asistemática que prevea dicho instrumento, pudiendo ponerse a 
disposición los terrenos anticipadamente cuando exista acuerdo con los propietarios.
Reglamentariamente  se  establecerán  los  mecanismos  de  participación  de  cada 
ámbito de actuación o unidad de ejecución en la ejecución material de los sistemas 
generales  y  locales  comunes  que  requieran  una  íntegra  ejecución,  ya  sea  previa, 
simultánea o posterior al desarrollo de los mismos, así como los de ejecución por el 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su repercusión a aquellos.
4.  Cuando no sea precisa la obtención del suelo y su ejecución material no esté 
incluida o adscrita a actuaciones de transformación urbanística ni se prevea su ejecución 
mediante modalidad asistemática, los sistemas generales y locales se ejecutarán como 
obras ordinarias, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá imponer a los beneficiarios de las 
mismas,  identificados  en  el  ámbito  delimitado  a  tal  efecto,  las  correspondientes 
contribuciones especiales, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 109.
Artículo  116.  Ocupación  y  expropiación  de  los  terrenos  destinados  a  sistemas 
generales y locales.
1.  La  expropiación  u  ocupación  directa  de  los  terrenos  destinados  a  sistemas 
generales y locales no incluidos ni adscritos a un ámbito de actuación o unidad de 
ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del 
instrumento de ordenación urbanística que legitime la actividad de ejecución.
Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el párrafo anterior, el procedimiento de 
expropiación  forzosa  se  entenderá  incoado  por  ministerio  de  la  ley  si,  efectuado  e
requerimiento  a  tal  fin  por  la  persona  propietaria  afectada  o  sus  causahabientes,  bo
transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca. 916ww
apreIncicoo. aTdroa nesl cpurroricdeodsi mdioesn tmo,e lsae sp esrisno nnoat ipfircoapciieótna rdiae  inretesroeluscaidóan  paolgdurán af,o rsme udlairri ghiroáj aa  dlea 
ComLias ióvna lPorroavciinócni adl edbee Vráa lorerafecrioirnsee sa al  lmoso mefeencttoo sd dee  floar fmijauclaiócnió dne fdinei tilvaa  hdoejal j udseti parepcreioc.io,
desde cuya fecha se determinará el devengo de intereses.
2.  En el supuesto de sistemas generales y locales, incluidos o adscritos a ámbitos 
de actuación o unidades de ejecución, la Administración expropiante que anticipe su 
adquisición por necesidad urgente se incorporará a la comunidad de referencia para la 
distribución de beneficios y cargas que corresponda y por la superficie expropiada.
3.  La ocupación y expropiación se harán constar en el Registro de la Propiedad con 
arreglo a la legislación de expropiación forzosa y a la legislación hipotecaria.
Artículo  117.  Obtención  de  terrenos  destinados  a  sistemas  generales  y  locales 
mediante ocupación directa. Indemnización por ocupación temporal.
1.  Los  terrenos  destinados  a  sistemas  generales  y  locales  podrán  obtenerse 
mediante su ocupación directa, a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a 
integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico 
objetivo.
2.  La ocupación directa requerirá el acuerdo con la persona propietaria afectada y 
la determinación del aprovechamiento urbanístico que le corresponda, así como de la 
unidad  de  ejecución  en  la  que  aquel  deba  hacerse  efectivo,  siendo  preceptiva  su 
notificación personal a los propietarios con un mes de antelación.
3.  No obstante lo anterior, cuando los terrenos destinados a sistemas generales y 
locales estén incluidos en una actuación sistemática sobre suelo urbano no será preciso 
el consentimiento de la persona propietaria, siempre que el aprovechamiento urbanístico 
que le corresponda se localice en la misma unidad de ejecución.
4.  Las  personas  propietarias  cuyos  terrenos  sean  objeto  de  ocupación  directa 
tendrán derecho, en los términos de la legislación en materia de expropiación forzosa, a 
la indemnización que proceda por el tiempo que medie entre el levantamiento del acta de 
ocupación y la aprobación del instrumento de equidistribución de beneficios y cargas de 
la unidad de ejecución en la que deban hacer efectivos sus derechos.
5.  El tiempo de la ocupación temporal no podrá exceder de cuatro años ni, en el 
caso previsto en el apartado 3, exceder del plazo establecido para la finalización de la 
urbanización  por  los  instrumentos  de  ordenación.  Transcurrido  este  plazo,  será  de 
aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo y siguientes del artículo 116.1, sustituyendo 
la  Administración  actuante  a  la  persona  propietaria  expropiada  en  los  derechos  y 
deberes que le correspondan en la correspondiente unidad de ejecución.
6.  La ocupación y expropiación se harán constar en el Registro de la Propiedad en 
los términos de la legislación de expropiación forzosa y de la legislación hipotecaria.
CAPÍTULO V
Las áreas de gestión integrada
Artículo 118.  La ejecución en áreas de gestión integrada.
1.  Las áreas de gestión integrada son ámbitos  en los  que las características, 
objetivos o complejidad de las actuaciones a llevar a cabo precisan la colaboración, 
coordinación y cooperación de diversas Administraciones Públicas con incidencia en los 
objetivos perseguidos. Podrán delimitarse por el Plan de Ordenación Urbana o bien por 
el Ayuntamiento, mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
2.  Cuando el objetivo del área de gestión integrada sea el de regenerar ámbitos 
urbanos  degradados  en  su  situación  física,  social,  ambiental  o  económica,  será  es
necesaria la redacción de un Plan Especial de Regeneración Urbana Integral. o
eipnnete rsgs3eur.ag  cucEiiaódlsno eo sds,  cetalo ablnasl e sdc riaecimcshctaiaeisonn ntáteoerse sd a edAs e.du mnla i ánCriseotarma duceino igndeeassdt  iAóPnuú tbiónlnitceoagmsr aacd yoa n loc osin mAcpiydouernntatcarimáa  ileaen nct ooloso,sr d aiosnbía jcceoitóimvno oes,    OE-A-2021-20916able en https://www.
4.  Reglamentariamente  se  concretarán  los  supuestos  en  los  que  proceda  el 
establecimiento de las áreas de gestión integrada, así como sus efectos, formas de 
actuación y la posibilidad de su organización consorcial.
CAPÍTULO VI
La expropiación forzosa por razón de urbanismo
Artículo 119.  Supuestos expropiatorios por razón de urbanismo.
1.  La expropiación forzosa por razón de urbanismo podrá operar en cualquiera de 
los siguientes supuestos:
a)  La determinación de este sistema para la unidad de ejecución correspondiente.
b)  El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, a sistemas generales y 
locales y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban 
ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del 
deber  legal  de  cesión  obligatoria  y  gratuita,  bien  por  existir  necesidad  urgente  de 
anticipar su adquisición. A los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres u 
ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes 
afectados en la medida en que sean necesarios para implantar los sistemas generales y 
locales  previstos  en  el  instrumento  urbanístico  o  que  resulten  especialmente 
beneficiados por tales obras o servicios y se delimiten a tal fin.
c)  La adquisición de bienes para su incorporación a los patrimonios públicos de 
suelo o para su constitución y ampliación.
d)  La  realización  de  actos  de  parcelación  o  reparcelación,  uso  de  suelo  o 
edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave o muy grave.
e)  Por  incumplimiento  de  la  función  social  de  la  propiedad,  en  los  siguientes 
supuestos:
1.º  Inobservancia de los plazos fijados para el inicio de la tramitación o aprobación 
del instrumento de ordenación urbanística o para la ejecución total de este o de alguna 
de las fases en que aquella haya quedado dividida.
2.º  Transcurso del plazo previsto en el instrumento urbanístico para el inicio o la 
terminación  de  las  viviendas  protegidas  que  hayan  sido  reservadas  en  el 
correspondiente ámbito.
3.º  Inobservancia  de  los  deberes  legalmente  exigibles  de  conservación  y 
rehabilitación de los inmuebles.
f)  Encontrarse la edificación preexistente, o parte de ella, en la situación legal de 
fuera  de  ordenación  y  se  prevea  expresamente  en  el  instrumento  urbanístico  su 
adaptación  a  la  ordenación  urbanística  por  resultar  manifiestamente  incompatible  e 
inadecuada.
g)  La colocación de los bienes inmuebles, respecto de los que se haya incumplido 
el deber de edificar, en situación de ejecución por sustitución.
h)  La obtención de terrenos destinados en el instrumento territorial o urbanístico a 
la construcción de viviendas protegidas, así como a usos de utilidad pública o de interés 
social.
i)  La obtención de terrenos previstos en declaraciones de interés autonómico.
j)  La obtención de los terrenos precisos para conectar las obras de urbanización  e.
con las infraestructuras y servicios técnicos, cuando sean necesarios. w.b
k)  La  obtención  de  los  terrenos  necesarios  para  mejorar  las  condiciones  de  916ww
acoccleecstiibvoili.dad universal en las dotaciones públicas y en los espacios urbanos de uso
l)  Otros previstos por la legislación general aplicable.
2.  La delimitación de la unidad de ejecución, o de los ámbitos correspondientes en 
los supuestos previstos en los párrafos b), d) y e) del apartado 1, así como la relación de 
titulares y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de 
expropiación en los restantes supuestos enumerados en el apartado 1, determinarán la 
declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes 
expropiatorios.
3.  La  aplicación  de  alguno  de  los  supuestos  del  apartado  1  de  este  artículo 
determinará  la  declaración  de  la  utilidad  pública  en  los  términos  previstos  en  la 
legislación básica estatal.
Artículo  120.  Procedimientos  a  seguir  para  la  expropiación  forzosa  por  razón  de 
urbanismo.
En todas las expropiaciones derivadas de esta Ley, incluidas las realizadas en el 
contexto de los sistemas de actuación, la Administración actuante podrá optar por aplicar 
el  procedimiento  de  tasación  conjunta  o  la  expropiación  de  forma  individualizada, 
ordinaria o urgente, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación en 
materia  de  expropiación  forzosa  con  las  particularidades  establecidas  en  los 
artículos 121 a 126.
Artículo 121.  Aprobación y efectos de la tasación conjunta.
1.  La  resolución  aprobatoria  del  expediente  tramitado  por  el  procedimiento  de 
tasación conjunta, que deberá notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la 
incoación, implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 
afectados.
2.  Tras el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano 
competente  al  aprobar  el  proyecto  de  expropiación  por  tasación  conjunta,  la 
Administración podrá proceder a la inmediata ocupación del bien, sin perjuicio de que 
puedan seguir tramitándose los oportunos procedimientos respecto a la fijación del 
justiprecio.
Artículo 122.  Relación de personas propietarias y descripción de bienes y derechos.
1.  En las expropiaciones por razón de urbanismo, cuando no se contenga ni resulte 
del instrumento urbanístico aplicable, deberá aprobarse por la Administración actuante 
una relación de personas propietarias y una descripción de los bienes y derechos, 
redactadas conforme a la legislación en materia de expropiación forzosa y en base a los 
datos de fincas y titularidades resultantes de certificación del Registro de la Propiedad.
2.  Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público 
se identificarán, relacionarán y describirán de forma separada e independiente, con 
expresa indicación de su forma de obtención y se aplicará la regulación prevista en lo 
dispuesto en la legislación estatal.
Artículo 123.  Justiprecio y pago en especie, órgano competente para su fijación y 
bonificación por avenencia.
1.  El justiprecio de los bienes y derechos se determinará mediante aplicación de los 
criterios establecidos por la legislación general que resulte de aplicación.
2.  El pago del justiprecio podrá realizarse, de acuerdo con la persona expropiada,  e.e
en especie. En particular, podrá acordarse la entrega o permuta de otras fincas, parcelas  w.b
o  solares,  o  adjudicación  de  determinado  aprovechamiento  no  necesariamente  916ww
Alodcmaliinzaisdtroasc ióenn  aecl tuáamnbteit oo  dael b aecnteufaicciaiórnio  od el ala  uenxidparodp idaec ióenje, ceusctaióbnle, cpieenrtdeon eecni ecnatdeas  caa slao 
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apartado 5.
3.  No obstante lo establecido en el apartado 2, cuando se aplique la expropiación 
en la gestión de las actuaciones en suelo urbano, no será preciso el consentimiento de la 
persona expropiada para abonar el justiprecio en especie siempre que el bien que se 
entregue como justiprecio se localice dentro del propio ámbito de actuación o unidad de 
ejecución y se abone dentro del plazo establecido para la terminación de las obras 
correspondientes.
La falta de acuerdo sobre la valoración de la finca, parcela o solar ofrecido como 
justiprecio no impedirá el pago en especie, si bien la persona expropiada podrá acudir a 
la Comisión Provincial de Valoraciones para que fije, con carácter definitivo, el valor de la 
adjudicada en pago. La diferencia en más que suponga el valor que establezca dicha 
comisión se abonará siempre en metálico.
4.  El justiprecio se fijará por mutuo acuerdo o, con carácter definitivo, por decisión 
de la Comisión Provincial de Valoraciones. El mutuo acuerdo será posible en cualquier 
momento anterior a la fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio y deberá 
respetar los criterios de valoración a que se refiere el apartado 1.
5.  En todo caso, la aceptación por la persona expropiada del precio ofrecido por la 
Administración actuante o su beneficiario en el plazo concedido al efecto determinará el 
reconocimiento y pago de este, incrementado en un diez por ciento en concepto de 
bonificación por avenencia.
Artículo 124.  Liberación de la expropiación.
A solicitud de la persona interesada y con la conformidad, en su caso, de la persona 
concesionaria de la actividad de ejecución, la Administración actuante podrá, de forma 
motivada,  liberar  de  la  expropiación  determinados  bienes  o  derechos,  mediante  la 
imposición a la persona propietaria de las condiciones urbanísticas que procedan para 
asegurar la ejecución del instrumento urbanístico, siempre que este aporte garantías 
suficientes para asegurar el cumplimiento de los deberes que le correspondan.
Artículo 125.  La reversión y retasación de los bienes y derechos expropiados por razón 
de urbanismo.
Para la determinación de los supuestos en los que proceda la reversión y retasación 
de los bienes y derechos expropiados por razón de urbanismo se estará a lo establecido 
en la legislación estatal.
Artículo 126.  Los beneficiarios de la expropiación forzosa por razón de urbanismo.
1.  Tendrán  la  consideración  de  beneficiarios  de  la  expropiación  por  razón  de 
urbanismo las personas físicas o jurídicas que tengan expresamente reconocida esta 
condición en la presente Ley por su participación, como sujetos legitimados por la 
Administración, en la ejecución del instrumento de ordenación urbanística.
2.  En particular, se reconoce la condición de beneficiarios de la expropiación por 
razón de urbanismo, para el cumplimiento de sus fines, a las Juntas de Compensación, a 
las Entidades de Urbanización y al agente urbanizador, en concordancia con lo previsto 
en la legislación estatal de expropiación forzosa.
CAPÍTULO VII
Instrumentos de intervención del mercado de suelo e.
Artículo 127.  ClasesS ye cccoiónnst i1tu.ªc ióLno dse p laotsri mpaotnriimoso npiúobsl ipcúobs lidceo ss udeel osuelo. 2021-20916n https://ww
1.  La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante
organismos y entidades de Derecho Público, deben constituir y ejercer la titularidad del
Patrimonio  Autonómico  de  Suelo  y  los  Patrimonios  Municipales  de  Suelo, 
respectivamente, con las siguientes finalidades:
a)  Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b)  Facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística.
c)  Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, con la finalidad de 
incidir eficazmente en la formación de los precios.
d)  Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas 
protegidas.
2.  El patrimonio público de suelo integra un patrimonio independiente separado a 
todos los efectos del restante patrimonio de la Administración titular.
3.  Los bienes y recursos que deban integrar legalmente los patrimonios públicos de 
suelo  estarán  sometidos  al  régimen  que  para  ellos  dispone  este  capítulo,  con 
independencia de que la Administración titular no haya procedido aún a la constitución 
formal del correspondiente patrimonio.
4.  A los efectos de su constancia registral, la Administración titular de patrimonios 
públicos de suelo deberá comunicar al Registro de la Propiedad los bienes o derechos 
inscribibles cuya titularidad le corresponda y que tengan la cualidad de formar parte de 
dichos patrimonios públicos.
5.  En el ámbito de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las facultades y gestión 
inherentes  al  Patrimonio  Autonómico  de  Suelo  corresponderá  a  la  Consejería 
competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la que quedará 
adscrito.
Artículo 128.  Bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
Integran los patrimonios públicos de suelo:
a)  Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en 
virtud de cualquier título con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de 
suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos 
de  tanteo  y  retracto  previstos  en  esta  Ley.  Dicha  incorporación  podrá  ser  limitada 
temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas.
b)  Los  terrenos  y  construcciones  obtenidos  en  virtud  de  las  cesiones  que 
correspondan a la participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico 
por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico.
c)  Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por 
pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley.
d)  Los  ingresos  obtenidos  en  virtud  de  las  sanciones  urbanísticas,  una  vez 
descontado el importe destinado a garantizar el coste de la actividad administrativa de 
inspección y disciplina territorial y urbanística.
e)  Los  ingresos  obtenidos  en  virtud  de  la  prestación  compensatoria  en  suelo 
rústico, así como cualesquiera otros expresamente previstos en esta Ley.
f)  Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de 
tales recursos.
g)  Los  ingresos  procedentes  de  la  concesión  o  autorización  sobre  los  bienes 
dotacionales, arrendamiento o intereses bancarios y los bienes permutados incluidos 
dentro del patrimonio público de suelo o el producto de su enajenación.
Artículo  129.  Destino  y  disposición  de  los  bienes  integrantes  de  los  patrimonios 
públicos de suelo.
1.  Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo 
deberán ser destinados, de acuerdo con las determinaciones de la ordenación territorial 
y urbanística:
a)  En  suelo  residencial,  a  la  construcción  de  viviendas  protegidas. 
Excepcionalmente, y previa declaración motivada de la Administración titular, se podrán 
enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas, siempre que su 
destino se encuentre justificado por las determinaciones de la ordenación territorial y 
urbanística y redunde en una mejor gestión del patrimonio público de suelo.
b)  A usos declarados de interés social, en base a los fines establecidos en el 
artículo 3, bien por disposición normativa o por los instrumentos de ordenación territorial 
y  urbanística,  bien  por  decisión  del  órgano  competente  de  la  Administración  que 
corresponda.
c)  A  cualesquiera  de  los  usos  admitidos  por  los  instrumentos  de  ordenación, 
cuando así sea conveniente para la ejecución de este, tal destino redunde en una mejor 
gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente 
por la Administración titular, por su interés social, en base a los fines establecidos en el 
artículo 3.
Para la gestión y desarrollo de los patrimonios públicos de suelo se podrán adoptar 
mecanismos  de  cooperación  y  colaboración  interadministrativos,  así  como  fórmulas 
jurídicas de colaboración público-privada, de acuerdo con la legislación de contratos con 
el sector público, del régimen jurídico del sector público y del régimen local.
2.  Los  ingresos,  así  como  los  recursos  derivados  de  la  propia  gestión  de  los 
patrimonios públicos de suelo, se destinarán a:
a)  La adquisición de suelo destinado a viviendas protegidas y a la construcción de 
estas.
b)  Soluciones habitacionales urgentes para paliar los efectos de situaciones de 
emergencia, así como a otros usos de interés social, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 4, en base a los fines establecidos en el artículo 3.
c)  La  conservación,  mejora,  ampliación,  urbanización  y,  en  general,  gestión 
urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
d)  La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, 
dirigidas  a  la  mejora,  conservación,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  la  ciudad 
existente, desarrollo de instalaciones de energía renovable o a la conservación de las 
edificaciones y mejora de su eficiencia energética y accesibilidad.
e)  La ejecución de sistemas generales y locales, equipamientos, dotaciones y la 
realización de actuaciones públicas dirigidas a la mejora y puesta en valor de los 
espacios naturales y los bienes inmuebles del patrimonio histórico.
f)  Creación y promoción de suelo para el ejercicio de actividades empresariales que 
generen  empleo,  vinculadas  a  operaciones  de  regeneración  y  renovación  urbana, 
cuando se articulen medidas sociales, ambientales y económicas, enmarcadas en una 
estrategia administrativa global y unitaria.
3.  Los bienes de los patrimonios públicos del suelo podrán ser:
a)  Enajenados  mediante  cualquiera  de  los  procedimientos  previstos  en  la  o
legislación  aplicable  a  la  Administración  titular,  salvo  el  de  adjudicación  directa,  y  916ww
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adjudicatario no podrá ser nunca inferior al que corresponda, por aplicación de los
criterios  establecidos  en  la  legislación  general  del  Estado  sobre  suelo,  al 
aprovechamiento urbanístico que tenga ya atribuido el terreno.
No obstante, podrán permutarse por viviendas privadas, para su venta o alquiler 
social, como vivienda protegida. Esta permuta deberá realizarse tras la selección de las 
viviendas que se van a permutar mediante procedimiento de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con la legislación de patrimonio.
b)  Cedidos  gratuitamente  o  por  precio  que  puede  ser  inferior  al  de  su  valor 
urbanístico o mediante cualquier otra contraprestación urbanística cuando se destinen a 
viviendas protegidas y a los usos previstos en el apartado 1.b), directamente o mediante 
convenio  establecido  a  tal  fin,  a  cualquiera  de  las  otras  Administraciones  Públicas 
territoriales, y a entidades o sociedades de capital íntegramente público.
c)  Cedidos  gratuitamente  o  por  precio  que  puede  ser  inferior  al  de  su  valor 
urbanístico, para el fomento de viviendas protegidas, a entidades sin ánimo de lucro, 
bien cooperativas o de carácter benéfico o social, mediante concurso.
d)  Enajenados  mediante  adjudicación  directa  cuando  la  resolución  de  los 
procedimientos a que se refiere la letra a) o de la celebración de los concursos previstos 
en la letra c) hayan quedado desiertos, con sujeción en todo caso a los pliegos o bases 
por los que estos se hayan regido.
4.  Los Ayuntamientos podrán decidir, en función de sus necesidades, bien en el 
instrumento  de  ordenación  urbanística,  en  sus  presupuestos,  planes  de  vivienda  o 
planes específicos, o posteriormente, si las circunstancias lo justifican, el orden de 
prioridades en cuanto a la disposición del Patrimonio Municipal del Suelo.
5.  En los términos y condiciones establecidos por la legislación básica del Estado 
en materia de suelo, el patrimonio municipal de suelo podrá destinarse a reducir la deuda 
comercial y financiera del Ayuntamiento.
Artículo 130.  Reservas de terrenos.
1.  Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrán establecer, en 
cualquier clase de suelo, reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución 
o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
2.  El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el 
siguiente:
a)  En suelo urbano, garantizar una oferta de suelo e inmuebles suficiente, con 
destino a la ejecución o rehabilitación de viviendas protegidas, así como los sistemas 
generales o locales que correspondieren, y a la consecución de cualesquiera de los fines 
establecidos en el artículo 129, para usos residenciales, industriales, terciarios y de 
equipamientos. En caso de uso residencial, el destino predominante de los terrenos 
reservados será el de viviendas protegidas, así como a atender las necesidades que 
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana en zonas o áreas 
de vulnerabilidad social.
b)  En suelo rústico, crear reservas de suelo para actuaciones públicas de viviendas 
en aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el destino 
predominante el de viviendas protegidas, o para otros usos de interés social, así como 
industriales, energéticos, terciarios o turísticos, salvo que la finalidad de la reserva sea la 
de contribuir a la protección o preservación de las características del suelo rústico o de 
cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial o de  s
contención  de  formación  de  nuevos  asentamientos.  Así  mismo,  se  establece  la  oe.
peolesci3btr.ii lcididEaadnd   daceuo snree enancliiezara gdrí eare slso reser nvpoalavsna epbsale rasa   oqla ua erlme saaelci zreaencfaiieómrnei e denelt  oai npdfaerar tgeaesdstortu ió1cn tuo cr adosele  cdpteriev agvi.esnióenra ecnió enl ldoes   2021-20916n https://www.
podrá  procederse  a  la  reserva  de  terrenos  con  destino  a  los  patrimonios  públicos
mediante el procedimiento para la propuesta de delimitación de las actuaciones de 
transformación urbanística.
4.  El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad 
expresada en los apartados anteriores comporta:
a)  La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un 
tiempo máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros dos, debiendo 
iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del referido plazo. La prórroga deberá 
fundarse en causa justificada y acordarse por la Administración competente, previa 
información pública y audiencia a las personas propietarias afectadas por plazo común 
de veinte días, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En 
suelo urbano, o en suelo rústico sujetos a actuación de transformación urbanística, 
implicará, además, en su caso, la sustitución o fijación del sistema de actuación previsto 
para la ejecución de la unidad de ejecución por expropiación.
b)  La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas de 
terrenos a los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley en favor de la 
Administración que proceda.
5.  Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración de la 
Comunidad  Autónoma,  así  como  los  organismos  públicos  y  entidades  de  Derecho 
Público vinculados o dependientes de unos y otra, podrán acordar la gestión concertada 
de  las  reservas  de  suelo,  pudiendo  adquirirse  bienes  en  reservas  delimitadas  por 
cualquiera de estas Administraciones.
Sección 2.ª Derechos de superficie y de tanteo y retracto
Artículo 131.  Derecho de superficie.
1.  Las  Administraciones  Públicas  y  demás  entidades  públicas,  así  como  los 
particulares, podrán constituir el derecho de superficie en bienes de su propiedad o 
integrantes del patrimonio público de suelo correspondiente, con destino a cualquiera de 
los  usos  permitidos  por  la  ordenación  urbanística,  cuyo  derecho  corresponderá  al 
superficiario.
2.  En cuanto a su régimen jurídico, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal.
3.  El  procedimiento  de  constitución  del  derecho  de  superficie  sobre  suelos 
pertenecientes a los patrimonios públicos de suelo se regirá por lo dispuesto en la 
legislación para la disposición del patrimonio público de suelo en los diversos supuestos. 
En  caso  de  constituirse  tal  derecho  sobre  el  resto  de  bienes  propiedad  de  las 
Administraciones Públicas y demás entidades públicas, su constitución y ejercicio de 
este derecho se regirá por la normativa que le resulte de aplicación.
Artículo 132.  Derechos de tanteo y retracto. Delimitación de áreas.
1.  A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del instrumento de 
ordenación  territorial  o  urbanística,  incrementar  los  patrimonios  públicos  de  suelo, 
intervenir  en  el  mercado  inmobiliario  y,  en  general,  facilitar  el  cumplimiento  de  los 
objetivos de aquel, los municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  podrán  delimitar,  en  cualquier  clase  de  suelo,  áreas  en  las  que  las 
transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al ejercicio de los  s
derechos de tanteo y retracto por la Administración actuante. e.
2.  Al delimitarse estas áreas deberá establecerse, en su caso, si las transmisiones  w.
sujetas al ejercicio de tales derechos son solo los terrenos sin edificar, tengan o no la  916ww
ccoonnsdtircuiócnc iódne,  rsuoinlaorseas ,o  od issceo nifnocrlmuyee cno nta lma boirédne nlaacsi ódne a plolisc atbelrer.enos con edificación en
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establecerse que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto abarque incluso a las 
fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la 
transmisión se proyecte en conjunto, como fraccionadamente, en régimen o no de 
división horizontal.
4.  También podrán delimitarse áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto en suelo rústico, con el objeto de regular o controlar procesos de parcelación o 
formación de nuevos núcleos de población.
5.  Igualmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de los límites sobre precios 
máximos de venta de las viviendas protegidas que impongan dicha limitación, se podrán 
delimitar áreas en las que queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto las segundas y ulteriores transmisiones onerosas y de cualquier otro derecho 
real de uso y disfrute que recaiga sobre las mismas que se regirán por la normativa 
reguladora de viviendas protegidas.
6.  El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de 
tanteo y retracto será de diez años a contar desde el acuerdo de aprobación, salvo que 
al delimitarse el área se hubiese fijado otro menor.
A efectos del posible ejercicio del derecho de tanteo, los propietarios de bienes 
incluidos en una de las áreas deberán notificar a la Administración actuante la decisión 
de enajenarlos, con el contenido e información a desarrollar reglamentariamente, con 
una antelación mínima de sesenta días. Los efectos de esta notificación caducarán a los 
cuatro meses siguientes a la misma sin que se efectúe dicha transmisión. La transmisión 
realizada transcurrido ese plazo se entenderá efectuada sin dicha notificación, a efectos 
del ejercicio del derecho de retracto.
El derecho de retracto podrá ejercitarse cuando no se hubiese hecho la notificación 
para ejercer el derecho de tanteo, se omitiese en ella cualquiera de los requisitos 
exigidos, la transmisión se haya producido antes del transcurso del plazo señalado para 
el ejercicio del derecho de tanteo o el precio efectivo de la transmisión resultara inferior o 
menos onerosas las restantes condiciones de la misma. El derecho de retracto deberá 
ejercitarse en el plazo de sesenta días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la transmisión efectuada, que el adquirente deberá notificar en todo caso 
a la Administración actuante, mediante entrega de copia de la escritura o documento en 
que fuese formalizada.
7.  El acuerdo de aprobación de áreas de tanteo y retracto, junto con la delimitación 
georreferenciada de su ámbito espacial cuando no coincida con términos municipales 
completos, será remitido al Registro de la Propiedad para su incorporación y constancia 
en la aplicación gráfica registral a que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria. No 
podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las transmisiones sobre los inmuebles 
incluidos en las expresadas delimitaciones si no se hubiera acreditado la práctica de las 
notificaciones contempladas en los apartados anteriores en los términos establecidos en 
la legislación hipotecaria.
TÍTULO VI
La actividad de edificación
CAPÍTULO I
La ejecución de las obras de edificación
Artículo 133.  Actuaciones edificatorias. w.b
Sa)e  cLoanss iddee rnaune avcat ueadcifiiocnaecsió end yif idcea tsourisatsit:ución de la edificación existente.
b)  Las de rehabilitación edificatoria.
c)  La realización de las obras y trabajos de conservación, mantenimiento en los 
edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, o intervención en los mismos 
que suponga su mejora, reforma o ampliación.
Artículo 134.  Actuaciones edificatorias en suelo urbano.
1.  En los términos previstos en el artículo 88, la ejecución urbanística en suelo 
urbano comprende la directa realización, en las correspondientes parcelas o solares, de 
las obras de edificación precisas para la materialización del aprovechamiento objetivo 
previsto, así como las correspondientes al cumplimiento del deber de conservación y 
rehabilitación, en los términos del capítulo III de este título.
2.  La edificación de unidades aptas al efecto requiere como presupuesto:
a)  El establecimiento de la ordenación detallada del suelo y el cumplimiento de los 
deberes legales de la propiedad de este.
b)  La previa ejecución de las obras de urbanización para que la parcela obtenga la 
condición de solar o, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y garantías que se 
establezcan reglamentariamente para simultanear aquellas y las de edificación. Todo 
ello, conforme a las fases de urbanización y requisitos contemplados en la presente Ley.
3.  Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije el 
instrumento de ordenación urbanística u ordenanza municipal de edificación.
4.  El derecho y el deber de edificar en parcelas y solares corresponde a quien 
ostente su propiedad o cuente con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su 
ejercicio y cumplimiento, respectivamente, a través de tercero.
Artículo 135.  Actuaciones edificatorias en suelo rústico.
1.  La ejecución urbanística en ámbitos de suelo rústico incluidos en actuaciones de 
transformación  urbanística  comprenderá  las  obras  de  edificación  en  los  términos 
previstos en el artículo 134.
2.  Las  obras  de  edificación  en  suelo  rústico  no  incluido  en  actuaciones  de 
transformación urbanística se ajustarán a las determinaciones de los instrumentos de 
ordenación  territorial  y  urbanística  aplicables  y  se  ejecutarán  en  desarrollo  de  las 
actuaciones ordinarias y extraordinarias reguladas en esta Ley.
3.  Las actuaciones edificatorias en suelo rústico comprenden asimismo las obras 
correspondientes al cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, en los 
términos del capítulo III de este título, con las limitaciones derivadas del régimen legal en 
que se encuentren las edificaciones.
Artículo  136.  Ejecución  mediante  sustitución  por  incumplimiento  del  deber  de 
edificación.
1.  La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y 
solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta, 
previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de 15 días, la declaración de 
incumplimiento del deber de edificación y la inclusión de la parcela o solar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. En caso de inicio de las obras antes de 
dictarse Resolución declarando el incumplimiento, el procedimiento quedará suspendido 
por el tiempo acordado para su ejecución. La Administración actuante remitirá al Registro  e
de la Propiedad certificación de la Resolución para su constancia por nota al margen de  bo
la última inscripción de dominio. 916ww
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de la licencia y se reanudará con la resolución sobre dicha solicitud. Por ministerio de la
ley, transcurrido este plazo sin que se hubieran iniciado las obras, la parcela o el solar 
correspondiente, quedará en situación de ejecución por sustitución.
En idéntica situación quedarán aquellas que, una vez otorgada licencia de obras o 
presentada declaración responsable, no hubieran finalizado las obras dentro de los 
plazos previstos a tales efectos.
3.  La situación de ejecución por sustitución habilitará al Ayuntamiento, salvo que 
acuerde la expropiación o la ejecución subsidiaria, para convocar y resolver, mediante 
procedimiento con publicidad y concurrencia, de oficio o a solicitud de cualquier persona, 
un  concurso  para  la  venta  forzosa  para  la  sustitución  de  la  persona  propietaria 
incumplidora.  En  caso  de  solicitud  de  persona  interesada,  el  concurso  deberá 
convocarse en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud, 
salvo que en ese plazo la Administración actuante acordara el inicio de procedimiento 
por expropiación o ejecución subsidiaria.
En cualquiera de las modalidades de ejecución mediante sustitución podrá aplicarse, 
de forma voluntaria o forzosa, la reparcelación en régimen de propiedad horizontal entre 
las personas propietarias y el municipio o, en su caso, entre la adjudicataria de la 
ejecución.
Acordado  el  inicio  del  procedimiento  de  sustitución,  la  Administración  actuante 
remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto, con indicación expresa del 
régimen  concreto  aplicable  para  su  constancia  por  nota  al  margen  de  la  última 
inscripción de dominio.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del concurso para 
la venta forzosa será de seis meses desde el acuerdo de inicio del procedimiento de 
sustitución por incumplimiento del deber de edificación. Reglamentariamente se regulará 
el procedimiento previsto en el presente artículo y los efectos de este.
CAPÍTULO II
Medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación
Artículo 137.  Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
1.  Están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras, construcciones, 
edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el 
vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas las 
distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la materia.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  obtener,  con  carácter  previo,  las 
concesiones, autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a 
la legislación sectorial aplicable.
2.  No requieren previa licencia:
a)  Los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, según el 
artículo 138.
b)  Las obras que sean objeto de las órdenes de ejecución, ni los actos necesarios 
para  la  ejecución  de  resoluciones  administrativas  o  jurisdiccionales  dirigidas  al 
restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
c)  Las  divisiones,  segregaciones  y  parcelaciones  urbanísticas,  contenidas  en 
proyectos de reparcelación.
d)  La  constitución  y  modificación  de  complejos  inmobiliarios  en  los  supuestos  es
exceptuados en la legislación estatal. o
e)  Los  actos  de  urbanización  comprendidos  en  proyectos  de  urbanización  916ww
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vinculado  a  la  utilización  racional  de  los  recursos  naturales  que  no  supongan  la
transformación  de  su  naturaleza  rústica,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente,  ni  conlleven  la  realización  de  construcciones,  edificaciones  e 
instalaciones.
g)  Los  actos  promovidos  por  Administraciones  Públicas  en  los  supuestos 
exceptuados en el artículo 139.
h)  Aquellos exceptuados por la legislación sectorial aplicable.
3.  Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán 
nulas de pleno derecho las licencias, órdenes de ejecución, declaraciones de fuera de 
ordenación o asimiladas, u otras autorizaciones o aprobaciones municipales que se 
otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística, cuando tengan por 
objeto la realización de los actos y usos contemplados en el artículo 153.2.
4.  Las empresas comercializadoras o instaladoras de edificaciones prefabricadas 
susceptibles de albergar un uso residencial, cuya implantación esté sometida a licencia o 
declaración responsable, exigirán para su instalación, venta, alquiler o cesión de su uso 
la acreditación de la previa obtención de licencia o de la presentación en el Ayuntamiento 
de la declaración responsable, debiendo conservar copia de dichos documentos durante 
un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.
Artículo 138.  Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.
1.  Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la 
legislación estatal, las siguientes actuaciones:
a)  La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 
requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente. Las Ordenanzas Municipales 
podrán eximir de declaración responsable aquellos supuestos en que las actuaciones 
carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la normativa de la edificación, sin 
perjuicio de aquellos supuestos, en los que, de acuerdo con la legislación sectorial 
aplicable,  tales  obras  deban  quedar  sujetas  a  algún  régimen  de  intervención 
administrativa.
b)  Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la 
ordenación  territorial  y  urbanística  o  se  encuentren  en  situación  legal  de  fuera  de 
ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación 
urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 
incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.
c)  Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la 
ordenación  territorial  y  urbanística  o  se  encuentren  en  situación  legal  de  fuera  de 
ordenación,  situadas  en  suelo  rústico  y  que  tengan  por  objeto  la  mejora  de  las 
condiciones  de  eficiencia  energética,  la  integración  de  instalaciones  de  energía 
renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de 
nueva planta o aumento de la superficie construida.
d)  La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en 
licencia  previa  o  declaración  responsable  de  obras,  siempre  que  se  encuentren 
terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
e)  La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la 
ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas 
en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que 
no hayan sido objeto de obras. s
f)  Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la  oe.
oouerrrnddbceeaunnneaaínsccttriiióóceann d,,   estsenieirttrrumoitao pddrreaiea s llq o useye  np  uensrrobum aeininltoicíds roetuiscmr abpe aonnort o ed nsicne eho la e n snoúocrmmdueeeennrtoiatdr ceodinó e na v. eianvc ietsuniatducaaisoc niyóe nes l  ludesego a tlar a dinmes pfofluarmenrtaaacr  idóseen    2021-20916n https://www.
2.  Reglamentariamente  se  desarrollará  la  posibilidad  de  que  las  declaraciones 
responsables de ocupación y utilización recogidas en el apartado 1 se limiten a partes de 
las  edificaciones  ejecutadas,  estableciendo  los  requisitos  y  garantías  para  su 
presentación.
3.  La declaración responsable irá unida al proyecto técnico o memoria descriptiva y 
gráfica de edificación exigible y obligatoria en función del tipo de edificación, instalación, 
uso y actividad cuando permita la ejecución de obras, al certificado final de obras cuando 
habilite la ocupación o utilización de nuevas obras o al certificado descriptivo y grafico 
cuando habilite la ocupación o utilización de edificaciones existentes.
4.  Cuando  las  actuaciones  sometidas  a  declaración  responsable  requieran  de 
alguna  autorización  o  informe  administrativo  previo  para  el  ejercicio  del  derecho, 
conforme  a  la  normativa  sectorial  de  aplicación,  la  presentación  de  la  declaración 
responsable  requiere  la  previa  obtención  y  disposición  de  dichos  informes  o 
autorizaciones o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
5.  La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el 
día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida 
conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección posterior que correspondan.
6.  Será  objeto  de  comunicación  previa  a  la  Administración  cualquier  dato 
identificativo que deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en 
particular los siguientes:
a)  Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta 
de  presentación  de  dicha  comunicación  implicará  que  adquirente  y  transmitente 
quedarán sujetos, con carácter solidario, a las responsabilidades que pudieran derivarse 
de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.
b)  El inicio de las obras.
c)  Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o 
declaración responsable en vigor.
7.  Conforme  a  la  legislación  básica  en  materia  de  suelo,  en  ningún  caso  se 
entenderán adquiridas por declaración responsable o comunicación previa facultades en 
contra de la legislación o el instrumento de ordenación urbanística de aplicación. Las 
actuaciones  sujetas  a  declaración  responsable  que  se  realicen  sin  que  se  haya 
presentado, cuando sea preceptiva, o que excedan de lo declarado, se considerarán 
como actuaciones sin licencia a todos los efectos, siéndoles de aplicación el mismo 
régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.
Artículo 139.  Actos promovidos por Administraciones Públicas.
1.  Los actos a que se refieren los artículos 137 y 138, que sean promovidos por una 
Administración Pública o sus entidades adscritas o dependientes de esta, distinta de la 
municipal, están sujetos igualmente a licencia urbanística, declaración responsable o 
comunicación previa, según proceda.
2.  Cuando dichos actos sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio 
término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los 
mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, declaración 
responsable o comunicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen 
local. s
3.  Se exceptúan de la regla establecida en el apartado 1 los actos de ejecución,  oe.
realización o desarrollo de las siguientes obras, instalaciones y usos: 916www.
legisal)a cióLna s soebcrtaosri adl ee ismtapblalenztcaac ióunn  dep roincferadeimstireuncttou raess pye csiaelr vidceio sa rtméconnicizoasc,i ócnu acnodno  llaa 
ordenación urbanística y las obras públicas ordinarias.
b)  Las amparadas y definidas en Planes Especiales, cuyo ámbito comprenda más 
de un término municipal.
En ambos supuestos, los proyectos correspondientes deberán ser remitidos a los 
Ayuntamientos  de  los  municipios  interesados  para  consulta  y  concertación  de  sus 
contenidos  por  plazo  nunca  inferior  a  un  mes,  obligando  dicha  concertación  a  las 
Administraciones  Públicas  a  procurar  la  definición  acordada  de  los  términos  de 
ejecución, realización o implantación de las obras, instalaciones o usos contenidos en el 
proyecto.
Una vez acordados los términos de la ejecución, el inicio de las obras e instalaciones 
o la implantación de los usos deberán comunicarse con carácter previo a los municipios 
interesados.
Cuando las actuaciones anteriores afecten de manera sobrevenida a la ordenación 
pormenorizada  o  a  las  condiciones  de  ejecución  de  actuaciones  definidas  en  los 
instrumentos de ordenación, la celebración del convenio interadministrativo referido en el 
artículo 8.3 tendrá el efecto de modificar los instrumentos de ordenación y ejecución 
afectados.  En  cualquier  caso,  debe  cumplirse  el  trámite  de  consulta  a  las 
Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y emitirse el 
informe preceptivo municipal, incluso en los procedimientos de excepcional o urgente 
interés público.
4.  Se  exceptúan,  igualmente,  de  la  regla  prevista  en  el  apartado  1  los  actos 
promovidos  por  una  Administración  Pública  en  los  que  concurra  un  excepcional  o 
urgente  interés  público.  La  Administración  promotora  del  proyecto  técnico  deberá 
acordar su remisión al municipio correspondiente para que, en el plazo de un mes, 
comunique a aquella la conformidad o disconformidad del proyecto con el instrumento 
urbanístico de aplicación. Transcurridos dichos plazos sin pronunciamiento, continuará el 
procedimiento.
Cuando  los  actos  sean  promovidos  por  la  Administración  del  Estado,  será  de 
aplicación la regulación establecida en la legislación estatal en materia de suelo y 
rehabilitación urbana.
Cuando  estos  actos  sean  promovidos  por  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía o entidades adscritas o dependientes de esta, en caso de que el 
municipio  correspondiente  comunique  su  disconformidad,  se  deberán  remitir  las 
actuaciones  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo para que, tras los informes correspondientes y junto con su propuesta, las 
eleve al Consejo de Gobierno, que decidirá sobre la procedencia de la ejecución del 
proyecto.  El  acuerdo  que  estime  dicha  procedencia,  que  posibilitará  su  inmediata 
ejecución, deberá ordenar la iniciación del procedimiento de innovación del instrumento 
de ordenación urbanística.
Cuando en los actos del párrafo anterior concurran los requisitos para su declaración 
de  emergencia,  según  lo  previsto  en  la  legislación  aplicable  en  la  materia,  dicha 
declaración comportará la reducción del plazo de un mes a cinco días naturales, tras la 
notificación  al  Ayuntamiento,  para  que  este  notifique,  a  su  vez,  la  conformidad  o 
disconformidad del proyecto de que se trate con la ordenación urbanística en vigor. En el 
caso de que el Ayuntamiento no se pronuncie en el tiempo indicado, se continuará con el 
procedimiento establecido.
5.  De igual modo, tampoco se someterá a licencia ni a actos de control preventivo 
municipal  la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  las  obras  relativas  a 
actuaciones de carácter público declaradas de Interés Autonómico, en los términos del  e.
artículo 50. w.b
Artículo  140.  Competencia  y  procedimiento  de  otorgamiento  de  las  licencias 
urbanísticas.
1.  Las  licencias  son  actos  reglados  de  competencia  exclusiva  municipal.  La 
competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal que 
determine la normativa de aplicación en materia de régimen local.
2.  La  Administración  estará  obligada  a  dictar  resolución  expresa  en  el 
procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo máximo de 
tres meses desde que se presente la documentación completa en el registro electrónico 
municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 
legitima a los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la 
legislación  estatal.  No  obstante,  en  ningún  caso  podrán  adquirirse  por  silencio 
administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.
3.  Sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan 
establecer  los  municipios  mediante  las  correspondientes  ordenanzas,  en  el 
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas necesariamente deberá 
constar informe técnico y jurídico de los servicios municipales, o en su caso de la 
Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la normativa territorial y 
urbanística de aplicación, debiendo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento advertir 
de la omisión de alguno de ellos en los términos previstos en la normativa de régimen 
local.  Igualmente,  deberán  constar  las  autorizaciones  o  informes  que  la  legislación 
sectorial o la presente Ley exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su 
caso, la autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público.
Asimismo, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá 
constar debidamente georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su 
caso,  las  coordenadas  UTM  de  la  superficie  a  ocupar  por  las  edificaciones  o  del 
perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida.
4.  Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de otorgar licencias de obras 
por fases, así como de ocupación o utilización parciales, estableciendo los requisitos y 
garantías para su otorgamiento.
Artículo  141.  Eficacia  temporal  y  caducidad  de  los  medios  de  intervención 
administrativa.
1.  Las licencias se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como 
para terminar los actos amparados por ella, salvo para las actuaciones que, por su 
naturaleza,  tengan  una  vigencia  indefinida.  En  caso  de  que  no  se  determine 
expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un 
año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de estas.
Estos plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación de la 
licencia y se suspenderán cuando el interesado no pueda cumplir con ellos por causa 
imputable a la Administración.
2.  Los plazos para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, 
antes de su vencimiento y por un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante 
la presentación de una comunicación previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá 
ejercitarse cuando se produzcan modificaciones en la ordenación urbanística vigente en 
el momento de otorgar la licencia.
3.  El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia 
de  cualquier  persona,  su  caducidad,  previa  audiencia  del  interesado,  una  vez  e
transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1  bo
y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni  916ww
pdsdoreeolc iscdlaeiotragsadu r oimrla  el loacsso e nlsaics cetdtionteuscsc,ida ióse ni o  nl,ad o ee n snloae t  ispfsiuaco ralciccceaiitólsaano   oy, d  sodeobe ltnlaaieer  ngdceaoe drcuralena sarlapa nco iunqóedunvie ead n ehtlie acc yeeaannd c ulsiaacid .is doTiat rudaina nscsstiióacnnud  raqdr,uie de poe r sjoeeeclc  euphdclaaeióyzrnaoá     OE-A-2021-20able en https://
por  sustitución,  en  los  términos  del  artículo  136,  o  bien,  en  su  caso,  el  inicio  del 
procedimiento de disciplina urbanística que corresponda.
4.  La declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma 
por un plazo que no podrá ser superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de 
dos  años  para  la  terminación  de  estas,  salvo  para  las  actuaciones  que,  por  su 
naturaleza, tengan una vigencia indefinida. El día inicial del cómputo será la fecha de 
presentación  de  la  declaración  responsable  en  el  Ayuntamiento  correspondiente, 
pudiendo presentarse comunicación de prórroga por motivos justificados y por un nuevo 
plazo no superior a la mitad del inicialmente establecido, antes de la conclusión de los 
plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración responsable sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la solicitud de la 
prórroga. Transcurridos los plazos señalados, el órgano competente para comprobar las 
actuaciones objeto de declaración responsable declarará la caducidad de sus efectos, 
requiriendo la presentación de nueva declaración responsable, sin perjuicio, en su caso, 
del  inicio  del  procedimiento  de  disciplina  urbanística  que  corresponda.  El  plazo  de 
eficacia de la declaración responsable quedará suspendido si esta no puede ejecutarse 
por causa de la Administración.
Artículo 142.  Acceso a los servicios por las empresas suministradoras.
1.  Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de 
telecomunicaciones  exigirán,  para  la  contratación  provisional  de  los  respectivos 
servicios, la acreditación de la licencia de obras u orden de ejecución o autorización que 
integre  el  control  preventivo  municipal  o  de  la  presentación  en  el  municipio  de  la 
declaración  responsable  o  comunicación  cuando  esta  proceda,  fijando  como  plazo 
máximo de duración del contrato el establecido en el título habilitante para la terminación 
de las obras. Transcurrido este plazo, no podrá continuar prestándose el servicio, salvo 
que se acredite haber presentado ante la Administración competente la comunicación de 
la prórroga del plazo de inicio o terminación de las obras con licencia o declaración 
responsable en vigor.
2.  Las empresas citadas en el apartado 1 exigirán para la contratación definitiva de 
los servicios respectivos la licencia de ocupación o utilización, declaración responsable o 
comunicación, en los casos en que conforme a esta Ley o a la normativa sectorial 
proceda, acompañada de la documentación indisociable de la ocupación o utilización 
antes señalada. Igual efecto surtirá la resolución administrativa relativa a la declaración 
de situación legal de fuera de ordenación o de la situación de asimilado a la de fuera de 
ordenación  o  la  certificación  administrativa  del  régimen  aplicable  a  edificaciones 
terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y de aquellas para las que 
hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad 
urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.
3.  Las compañías suministradoras permitirán la contratación de los suministros 
durante la ejecución de las obras de urbanización en las agrupaciones de edificaciones 
irregulares incluidas como actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico, 
para aquellas edificaciones que acrediten la autorización para su uso provisional hasta la 
recepción total o parcial de las restantes obras de urbanización.
Artículo 143.  Información y publicidad en obras. e.e
1.  Será obligatoria la exhibición en el lugar de la obra de un cartel informativo del  916ww
dtcpíaetruortáelmocr omtehtioran rbaayir lá iyt a pelnolla tsmez  aoeg ddeetioen ,mtl ealaps so ai rnccattaelu rraavdccienitóe ienreín,s jteteciccsoua nces in óyi nn eed l li cdpaaerlocc ciaóleanns c oead  cedetde ui lafaliacc  aióiinddnfeoo.n rr,tm Riefiaenccga silcóauinmó  cnnea ensdctoaee,r  siaaalasmr íi aepc noeqtmruese oo  nsseaeel     OE-A-2021-20able en https://
ha de contener en las respectivas obras, en orden a garantizar el efectivo y preciso
reconocimiento  por  la  ciudadanía  en  general  y  las  Administraciones  Públicas 
competentes de que dichas obras cuentan con la preceptiva aprobación, autorización, 
licencia  o  declaración  responsable,  así  como  el  ejercicio  de  sus  derechos  por  las 
personas consumidoras y usuarias.
2.  La publicidad que se haga de las obras y, en general, de cualquier acto y uso del 
suelo,  por  cualquier  medio,  incluidas  las  nuevas  tecnologías,  no  podrá  contener 
indicación alguna disconforme con la ordenación urbanística ni ser susceptible de inducir 
a error a los adquirentes sobre las condiciones urbanísticas de las citadas obras, actos o 
usos del suelo.
CAPÍTULO III
La conservación y rehabilitación de las edificaciones
Artículo 144.  Deber de conservación y rehabilitación.
1.  Las  personas  propietarias  de  terrenos,  instalaciones,  construcciones  y 
edificaciones tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, 
funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, ornato público y demás que 
exijan  las  leyes,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o 
rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio 
público,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones  requeridas  para  su 
habitabilidad o uso efectivo. El deber de conservación y rehabilitación integra igualmente 
el deber de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos 
turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.
Para  el  caso  de  construcciones  y  edificaciones,  este  deber  alcanza  hasta  la 
ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal 
del deber de conservación, estando condicionado, asimismo, por el alcance de las obras 
autorizables en virtud del concreto régimen jurídico en que se encuentren.
2.  Los  Ayuntamientos  deberán  ordenar,  de  oficio  o  a  instancia  de  cualquier 
interesado,  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  mantener  y  alcanzar  las 
condiciones  recogidas  en  el  apartado  1.  El  incumplimiento  de  los  deberes  de 
conservación y rehabilitación facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de 
las correspondientes obras, así como para la imposición de hasta diez multas coercitivas 
con periodicidad mínima mensual. Su importe, en cada ocasión, será del diez por ciento 
del coste estimado de las obras ordenadas, con un máximo de cinco mil euros y, en todo 
caso y como mínimo, seiscientos euros.
El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la 
Administración  actuante  para  la  colocación  de  la  construcción  o  edificación 
correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.
Cuando las obras necesarias alcancen a diversos propietarios, la Administración 
podrá delimitar un ámbito, mediante el procedimiento previsto para la delimitación de 
unidades de ejecución, para su ejecución por la modalidad prevista en el artículo 110.
3.  El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad 
del valor del coste de reposición de una construcción de nueva planta, con similares 
características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la 
preexistente,  realizada  con  las  condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que 
le sea propio. Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido  e.e
normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general,  b
aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de  916ww
dich4o.  deEble rc.ontenido normal del deber de conservación podrá ser elevado hasta el
csoerterenstap oyn dcieinncteo,  epno r locsie cnatos ods edl ec oinseteje cduec iórne pionsjuicsitóifnic addea  ldae  claosn sotrburcacsi óonr doe neald aesd. ifLicoios 
Ayuntamientos  podrán  establecer  ayudas  públicas  en  las  condiciones  que  estimen
oportunas, entre las que podrán incluir la explotación conjunta del inmueble, así como 
bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.
Artículo 145.  Inspección técnica de construcciones y edificaciones.
El municipio, mediante la correspondiente ordenanza, podrá delimitar áreas en las 
que las personas propietarias de las construcciones y edificaciones comprendidas en 
ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, y mínima de diez años, una 
inspección  dirigida  a  determinar  su  estado  de  conservación,  el  cumplimiento  de  la 
normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre su grado de eficiencia 
energética.  El  municipio  podrá  requerir  de  los  propietarios  los  informes  técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que estas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados.
Artículo 146.  Situación legal de ruina urbanística.
1.  Procederá  la  declaración  de  la  situación  legal  de  ruina  urbanística  de  una 
construcción o edificación en los siguientes supuestos:
a)  Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, 
seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a la construcción o edificación que 
esté  en  situación  de  manifiesto  deterioro  supere  el  límite  del  deber  normal  de 
conservación al que se refiere el artículo 144.
b)  Cuando, acreditando la persona propietaria el cumplimiento puntual y adecuado 
de las recomendaciones de los informes técnicos correspondientes, al menos, a las dos 
últimas  inspecciones  periódicas,  el  coste  de  los  trabajos  y  obras  realizados  como 
consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los 
efectos  señalados  en  el  apartado  anterior,  supere  el  límite  del  deber  normal  de 
conservación, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo 
al incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.
2.  La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
a)  Corresponderá al Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte interesada, 
previa tramitación del correspondiente procedimiento, en el que, en todo caso, deberá 
darse audiencia a la persona propietaria y demás titulares de derechos afectados, todo 
ello  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  adoptar  en  el  momento  preciso  las  medidas 
recogidas en el apartado 4 del presente artículo. El plazo máximo de notificación de la 
resolución expresa será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los 
procedimientos iniciados a solicitud de interesado, el plazo máximo será de seis meses 
desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u 
Organismo competente.
b)  Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, 
y  pronunciarse  sobre  el  incumplimiento  o  no  del  deber  de  conservación  de  la 
construcción o edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento 
cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así 
como cuando la persona propietaria haya sido diligente en el mantenimiento y uso del 
inmueble.
Cuando el concreto régimen jurídico en que se encuentre la edificación no permita 
obras de rehabilitación, la resolución finalizadora del procedimiento deberá ordenar la  e
demolición de la edificación declarada en situación legal de ruina urbanística. bo
c)  Supondrá  su  inclusión  en  el  Registro  Municipal  de  Solares  y  edificaciones  916ww
cruoinnfoosramse,  ao tloor gpárenvdiosstoe  ean  leal  appearsrtoandao  psirgoupiieentateri.a P eolr  pmlainziost edreio  udne  alañ loe yp, atrraan qscuuer rpidroo ceesdtae 
ppolarz sou, sltait uecdióifinc apcreióvnis toa  ceonn eslt raurctíccióunlo  c1o3r6re.spondiente quedará en situación de ejecución
d)  La declaración legal de situación de ruina, finalizado el procedimiento, será 
comunicada por el Ayuntamiento al Registro de la Propiedad para su constancia en el 
folio de la finca o fincas afectadas.
3.  La declaración de la situación legal de ruina constituirá a la persona propietaria 
en las obligaciones de:
a)  Optar  por  la  demolición  o,  en  su  caso,  por  la  completa  rehabilitación  del 
inmueble.
No  procederá  la  demolición  cuando  se  trate  de  una  construcción  o  edificación 
catalogada,  protegida  o  sujeta  a  procedimiento  dirigido  a  la  catalogación  o  al 
establecimiento de un régimen de protección integral.
b)  Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 
mantener  y,  en  su  caso,  recuperar  la  estabilidad  y  la  seguridad.  En  este  caso,  el 
Ayuntamiento podrá convenir con la persona propietaria los términos de la rehabilitación 
definitiva.
4.  Cuando una construcción, edificación o instalación o algún elemento o parte de 
las mismas amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad 
pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por los 
instrumentos de ordenación urbanística, el Ayuntamiento estará habilitado para disponer 
todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o 
edificación y su desalojo, sin que presuponga ni implique la declaración de la situación 
legal de ruina urbanística. El municipio será responsable de los daños y perjuicios que 
resulten de las medidas adoptadas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad 
que  incumbe  al  propietario.  Las  indemnizaciones  que  satisfaga  el  municipio  serán 
repercutibles al propietario hasta el límite del deber normal de conservación.
TÍTULO VII
La disciplina territorial y urbanística
CAPÍTULO I
Potestades administrativas
Artículo 147.  Potestades públicas.
1.  Las Administraciones Públicas asegurarán el cumplimiento de la legislación y 
ordenación territorial y urbanística mediante el ejercicio de las siguientes potestades:
a)  La  intervención  administrativa  sobre  la  actividad  urbanística  de  ejecución  y 
edificación, en las formas dispuestas en esta Ley.
b)  La  inspección  de  la  ejecución  de  los  actos  y  usos  sujetos  a  intervención 
administrativa.
c)  El restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
d)  La sanción de las infracciones territoriales y urbanísticas.
e)  El ejercicio de acciones administrativas y judiciales frente a actos o acuerdos 
administrativos que infrinjan el ordenamiento jurídico.
2.  La disciplina territorial y urbanística comporta el ejercicio, de forma inexcusable,  oe.
de todas las potestades anteriores cuando concurran los presupuestos legales, con  w.
arreglo  a  los  principios  de  legalidad,  competencia,  planificación  y  programación,  916ww
prop3o. rciLoansa limdaedd,i dsaesg udreid areds jtuarbídleiccaim yi eonfitcoi adlied alda. legalidad territorial y urbanística tienen
carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes de los inmuebles objeto de
tales  medidas,  dada  su  condición  de  subrogados  por  ley  en  las  responsabilidades 
contraídas por la persona causante de la ilegalidad territorial o urbanística.
CAPÍTULO II
La potestad inspectora
Artículo 148.  Naturaleza y funciones de la inspección.
1.  La  inspección  para  la  protección  de  la  ordenación  territorial  y  urbanística 
constituye el ejercicio de una potestad dirigida a comprobar que los actos de parcelación 
urbanística, urbanización, construcción, edificación, instalación y uso del suelo, incluidos 
el subsuelo y el vuelo, se ajustan a la legislación y ordenación territorial y urbanística y, 
en particular, a lo dispuesto en esta Ley.
2.  Los  municipios  y  la  Consejería  competente  en  materia  de  Ordenación  del 
Territorio y Urbanismo deben desarrollar las funciones inspectoras, sancionadoras y de 
restablecimiento de la legalidad en el ámbito de sus respectivas competencias, en el 
marco  de  su  planificación  y  programación,  y  de  conformidad  con  los  principios  de 
cooperación y colaboración interadministrativas. Para ello elaborarán y aprobarán Planes 
de Inspección Territorial y Urbanística.
De conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local, corresponde a las 
Diputaciones Provinciales prestar la asistencia técnica y material que resulte necesaria 
para  asegurar  el  ejercicio  íntegro  de  las  competencias  municipales  en  materia  de 
inspección y disciplina urbanística.
A  estos  efectos,  Comunidad  Autónoma,  Diputaciones  y  Ayuntamientos  podrán 
suscribir convenios en el marco de sus competencias, en materia de disciplina territorial y 
urbanística.
3.  En  el  ejercicio  de  sus  funciones,  el  personal  inspector  gozará  de  plena 
autonomía y tendrá, a todos los efectos, la condición de agente de la autoridad. Está 
facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al instrumento 
urbanístico y su ejecución, comprobar la adecuación de los actos en relación con la 
legislación y ordenación territorial y urbanística aplicables, y obtener la información 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, incluida la de carácter reservado con 
trascendencia tributaria y la que se contenga en toda clase de Registros Públicos, de 
conformidad con lo previsto en su normativa reguladora. Tanto las Administraciones 
Públicas como los particulares están obligados a prestarle la colaboración que precise. 
El  personal  inspector  ejercerá  sus  funciones  provisto  de  un  documento  oficial  que 
acredite su condición.
4.  La inspección tiene como funciones prioritarias:
a)  Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
b)  Vigilar, investigar y controlar la actuación de todas las personas implicadas en la 
actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo regulada en esta Ley, e informar y 
asesorar sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
c)  Denunciar  las  anomalías  que  observe  en  la  aplicación  o  desarrollo  de  los 
instrumentos  territoriales  y  urbanísticos,  de  conformidad  con  la  planificación  y 
programación de las actuaciones inspectoras.
d)  Informar a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la 
adecuación a la legalidad de las actuaciones y adoptar las medidas provisionales y  es
definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la ordenación territorial y  o
urbanística. 916ww
ApFaidsrmcaea i)nel ,il s actCsruaíom cclaipooblmniomeorias eh rn,a Ptocúe ebdrnle ic c ulaames o lp rcldiorme menafapercceciottóei vnna ttdemeesre r, intoltsoerusi als al  Ósy  rmrugereasbdnpaioendscías tsitvJi capuasrdo, i cvaiiqcasouiloemensll apoleyse t sehc nayocy ndiaa ensef ,ilan  citMoicvroiandnsias  dqteoulra.eios,    OE-A-2021-20able en https://
f)  Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean 
encomendadas, y aquellas que le sean asignadas reglamentariamente.
Artículo 149.  Visitas y actas de inspección.
1.  Toda  parcelación,  urbanización,  construcción,  edificación  e  infraestructura,  o 
cualquier actuación de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo podrá 
ser visitada a efectos de su inspección en las ocasiones que resulte necesario, de 
conformidad con la planificación y programación de la actividad inspectora. En caso de 
apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción territorial y urbanística, el 
personal  inspector  se  lo  advertirá  a  la  persona  responsable,  en  su  caso,  dejando 
constancia de dicha advertencia en acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes, pudiendo adoptar las medidas provisionales que proceda 
en los términos previstos en el artículo 152.
2.  Las actas de la inspección ostentan el carácter de documento público y gozan de 
presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que se 
hayan emitido observando los requisitos legales exigidos para su validez y sin perjuicio 
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o 
aportar los interesados.
3.  En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones 
inspectoras se llevará un libro de las visitas de inspecciones efectuadas y un registro de 
las actas que, con motivo de estas, se hayan extendido.
Artículo 150.  Inspección Autonómica.
El desempeño de las funciones inspectoras y de disciplina territorial y urbanística que 
sean competencia de la Junta de Andalucía corresponde al personal funcionario de los 
Cuerpos  de  Inspección  y  Subinspección  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y 
Vivienda, cuya organización y funciones se regulará por lo previsto en su normativa 
específica.
CAPÍTULO III
Restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística
Artículo 151.  Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sin título preceptivo o 
contraviniéndolo.
1.  Ante actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por esta Ley o 
contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o impondrá las 
medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística, 
según  resulten  o  no  conformes  con  ella.  Reglamentariamente  se  desarrollarán  los 
supuestos  y  condiciones  en  los  que,  con  carácter  excepcional  y  en  aplicación  del 
principio  de  proporcionalidad,  quepa  la  legalización,  aun  existiendo  elementos  de 
disconformidad  no  sustanciales  con  la  ordenación  aplicable,  cuando  las  medidas 
necesarias para la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística 
resulten imposibles o sean de muy difícil ejecución.
2.  La legalización de las actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del 
correspondiente título habilitante para su ejecución o mediante su adecuación al mismo 
y,  en  todo  caso,  requerirá  la  previa  obtención  de  las  autorizaciones  e  informes  e.
administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de  w.
aplicación. 916ww
cons3i.s tirLáans  emn eldai dparso hpibaircaió na ddeec uianric liaa r roe adlidea cdo nat inlau aorr dlae naacctiuóanc itóenrr iteonr iaclu yrs ou,r bcaensíes tidcea 
sduemmionliisctiróons ,t odtaels om paanrtceilaalm, dieenstmo odnete s, erervciocniosstr, uicncfrióane,s trreuacgtururapsa coió nin sdtea lpaacriocenleass  ay ncáulaongtaass,   BOE-A-cable e
sean  necesarias  en  función  del  contenido  y  el  alcance  de  la  ilegalidad. 
Reglamentariamente se concretarán estas medidas.
La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las 
medidas  precisas  para  garantizar  su  ejecución,  y  que  podrán  consistir  en  el 
mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
4.  En el caso de parcelaciones urbanísticas, el restablecimiento de la legalidad se 
llevará a cabo mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación 
forzosa,  en  la  forma  y  en  las  condiciones  que  se  determinen  reglamentariamente. 
Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas sobre las que existan edificaciones 
para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 153.
Artículo 152.  Procedimiento para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
1.  El procedimiento para restablecer la legalidad se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa de procedimiento administrativo común, en los siguientes apartados y en lo 
que se establezca en el desarrollo reglamentario.
2.  El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de un año 
a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
3.  Cuando se trate de usos en ejecución, la Administración competente para iniciar 
el procedimiento dispondrá la paralización inmediata de dichas actuaciones y procederá 
a la incoación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad territorial y 
urbanística.
Junto  al  acuerdo  de  paralización  se  adoptarán  cuantas  medidas  cautelares 
provisionales sean necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, tales 
como el precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria o la suspensión 
de suministros. Las referidas medidas podrán adoptarse incluso con carácter previo al 
acuerdo de inicio en los casos de urgencia inaplazable, y de forma motivada.
La  notificación  del  acuerdo  de  paralización  podrá  realizarse,  indistintamente,  al 
promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se 
encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el 
mismo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las 
medidas cautelares provisionales adoptadas.
4.  Con carácter previo  al  inicio  del  procedimiento  o durante su tramitación se 
emitirán los correspondientes informes técnico y jurídico sobre la compatibilidad de las 
actuaciones con la ordenación territorial o urbanística vigente. Conforme a lo dispuesto 
en la normativa de procedimiento administrativo común, se dará audiencia a la persona 
interesada antes de adoptar la resolución que proceda.
5.  Cuando de la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de 
legalización de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas 
pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística prevista en el 
artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas deben ejecutarse por 
las personas interesadas.
6.  Si de la tramitación del procedimiento se infiere que las obras o usos pudieran 
ser compatibles con la ordenación vigente, se concederá a los interesados un plazo de 
dos meses para que insten la legalización mediante la solicitud del correspondiente título 
habilitante preceptivo o procedan a ajustar las obras o usos al título otorgado. En el caso 
de que se inste dicha legalización, el procedimiento de protección de legalidad se 
suspenderá en los términos establecidos reglamentariamente.
Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberse instado la legalización con la  e.
documentación necesaria o sin haberse ajustado las obras o usos al título concedido, se  w.b
continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la  916ww
raecatulidaandte  ap olad roár daecnoardcaiór nla t eimrrpitoorsiiacli óyn  usrubcaensísivtiac ad.e N hoa sotbas dtaonctee ,m lau ltAadsm cioneisrctriaticviaósn  cPoúnb ulincaa 
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mínimo, seiscientos euros.
Si del procedimiento de legalización se concluye que las obras no son compatibles 
con  la  ordenación  aplicable,  se  continuará  el  procedimiento  de  restablecimiento, 
ordenando las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística.
7.  Si no procede la legalización, pero se comprueba que ha transcurrido el plazo 
para restablecer la legalidad territorial y urbanística, así se declarará en la resolución que 
se dicte, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de asimilado a fuera de ordenación. Esta declaración del transcurso del plazo 
también podrá efectuarse a solicitud del interesado.
8.  La legalización de las actuaciones que resulten compatibles con la ordenación 
vigente  podrá  instarse,  en  todo  momento,  a  solicitud  del  interesado,  aunque  haya 
transcurrido el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
Artículo 153.  Plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
1.  Las medidas, provisionales o definitivas, para el restablecimiento de la legalidad 
territorial y urbanística previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente 
mientras los actos o usos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro 
de los seis años siguientes a su completa terminación o, si es posterior, desde la 
aparición de signos externos que permitan conocerlos. Si de un uso se trata, los seis 
años  se  contarán  desde  la  aparición  de  signos  externos  que  permitan  conocer  su 
efectiva implantación.
Los actos y usos realizados en suelo rústico de especial protección por legislación 
sectorial se someterán al plazo establecido en el apartado anterior, sin perjuicio de los 
plazos que dicha legislación establezca para la adopción de medidas de restablecimiento 
de la realidad física alterada por el órgano sectorial competente.
2.  Se  exceptúan  de  la  anterior  regla,  de  modo  que  podrán  adoptarse  dichas 
medidas en todo momento, las siguientes actuaciones:
a)  Las realizadas sobre dominio público y servidumbres de protección.
b)  Las  realizadas  en  suelo  rústico  preservado  con  riesgos  ciertos  de 
desprendimientos,  corrimientos,  inundaciones  o  similares  o  que  los  generen  o 
incrementen, mientras subsistan dichos riesgos conforme al artículo 14.1 b).
c)  Las realizadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral.
d)  Las  que  afecten  a  bienes  inscritos  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio 
Histórico de Andalucía.
e)  Las que afecten a zonas verdes y espacios libres.
f)  Las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, salvo las que afecten a parcelas 
sobre las que existan edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal 
del apartado 1 de este artículo. La excepción anterior, en relación con limitación temporal 
únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se encuentre la 
edificación en la que concurran los citados requisitos, no comprendiendo al resto de la 
parcela o parcelas objeto de la parcelación. En ningún caso será de aplicación la 
limitación  temporal  a  las  parcelas  que  se  encuentren  en  alguno  de  los  supuestos 
contemplados en las letras anteriores del presente apartado.
Artículo 154.  Ejecución forzosa de las medidas de adecuación de la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística.
1.  En  caso  de  incumplimiento  de  las  medidas  provisionales  o  definitivas,  la  s
Administración  procederá  a  la  ejecución  forzosa,  de  acuerdo  con  la  normativa  de  oe.
procedimiento administrativo común, por los medios allí previstos, y con los apartados  w.
saicgtuiv2iei.d natdeE snin,  scipanescoclut oiddreaa sd. elsaosb emduieltnacsi ac ao elarc oitrivdaesn,  dceu pyaor aimlizpaocritóen  ddeeb laesrá a csteura cdioensetins aedno c uar sloa   2021-20916n https://ww
o de cualquier otra medida provisional adoptada, se llevarán nuevamente a efecto, de
forma inmediata, por la Administración y se procederá a la imposición, mientras persista  Bc
el incumplimiento, de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días o 
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un 
máximo de cinco mil euros y, en todo caso, y como mínimo, de seiscientos euros.
3.  El incumplimiento de la resolución que ordene las medidas para adecuar la 
realidad a la ordenación territorial y urbanística dará lugar a la ejecución subsidiaria. No 
obstante, la Administración podrá acordar previamente la imposición sucesiva de hasta 
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes. Su importe, en cada 
ocasión, será del diez por ciento del valor de las obras de reposición, con un máximo de 
diez mil euros y, en todo caso y como mínimo, mil euros.
4.  Si  las  compañías  prestadoras  de  los  servicios  incumplen  las  órdenes 
provisionales o definitivas de cesar en el suministro, se les impondrán sucesivas multas 
coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de cinco mil euros y, en todo 
caso y como mínimo, seiscientos euros.
5.  El plazo para ejecutar la resolución finalizadora del procedimiento será de cinco 
años desde que termine el periodo de cumplimiento voluntario señalado en la resolución, 
plazo que se interrumpirá por la actuación del obligado tendente a su cumplimiento, por 
la notificación de actos administrativos para la ejecución forzosa y por las suspensiones 
del acuerdo adoptadas en vía administrativa o judicial.
Artículo 155.  Imposibilidad de ejecución.
1.  Si se entendiera que concurren causas de imposibilidad legal o material de 
ejecutar la resolución en sus propios términos, el órgano que la haya adoptado se 
pronunciará sobre tal imposibilidad y, en su caso, adoptará las medidas que aseguren su 
mayor efectividad.
2.  El  procedimiento,  que  incluirá  informe  técnico  y  jurídico  y  audiencia  a  las 
personas interesadas, tendrá una duración máxima de tres meses, transcurridos los 
cuales el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios. Tras su iniciación, la 
Administración podrá acordar la suspensión de la ejecución.
3.  En los casos de imposibilidad material, se establecerán las medidas alternativas 
compensatorias, correctoras e indemnizatorias tendentes a minimizar los daños que 
deriven del mantenimiento de la actuación y a asegurar en todo caso que no se obtenga 
un enriquecimiento ilícito. La resolución declarará, además, las limitaciones a que queda 
sujeta  la  edificación  ilegal  subsistente,  que  serán,  en  la  parte  afectada  y  con  las 
adaptaciones apropiadas, las del artículo 174.
4.  En los casos en que la imposibilidad legal derive de una innovación de la 
ordenación, se podrá declarar la legalización una vez que se cumplan los deberes y 
cargas  que  la  ejecución  de  los  nuevos  instrumentos  de  ordenación  imponga  a  los 
titulares.
5.  Las  meras  dificultades  materiales  o  técnicas  o  la  existencia  de  terceros 
adquirentes de buena fe no serán causas de imposibilidad de ejecución de resoluciones 
administrativas. Reglamentariamente se desarrollarán las causas de imposibilidad legal o 
material y el procedimiento que lo regule.
Artículo 156.  Restablecimiento de la legalidad frente a actuaciones con título habilitante 
ilegal.
1.  La  Administración  que  haya  otorgado  una  licencia  u  otro  título  habilitante,  es
contrario  a  la  normativa  y  ordenación  territorial  o  urbanística,  declarará  su  nulidad  bo
mediante su revisión de oficio, siempre que concurran los presupuestos para ello. En el  916ww
slcoua  esiomst apdbuelg eqncuaideco isó eenna a  lmnat eenr oalarmm juearntiistveda i acdcneiuó plnar boclcoeen, dtpeimondcieriáon stpoor -oaacddemmdiiennriis sattrr aasttuiivv oda e.c cTolomadrúaonc e.ióllno  ddee  laecsuiveidrdaod  cyo an   OE-A-2021-20able en https://
2.  En los procedimientos para la revisión de oficio y declaración de lesividad se 
podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles, de acuerdo con la normativa 
de procedimiento administrativo común.
3.  La Administración iniciará el procedimiento previsto para restablecer la legalidad 
en los casos en que el título habilitante sea declarado nulo en vía administrativa, con la 
limitación temporal del ejercicio de acciones para restablecer la legalidad territorial y 
urbanística solo en los supuestos incluidos en el artículo 153.1, a contar desde la 
completa terminación de la actuación.
4.  Sin  perjuicio  de  la  potestad  jurisdiccional  de  hacer  ejecutar  lo  juzgado,  la 
Administración iniciará, con la limitación temporal del ejercicio de acciones prevista en el 
artículo 153, a contar desde la completa terminación de la actuación, el procedimiento 
para restablecer la legalidad en los casos en que el título habilitante sea anulado por 
sentencia judicial, salvo que la resolución judicial se pronuncie sobre la disconformidad 
material de la actuación con la ordenación territorial y urbanística o concrete las medidas 
necesarias para restablecer la legalidad. Serán nulos de pleno derecho los actos y 
disposiciones  que  se  dicten  con  la  finalidad  de  eludir  el  cumplimiento  de  los 
pronunciamientos judiciales, conforme a lo previsto en la legislación estatal.
Artículo  157.  Restablecimiento  de  la  legalidad  ante  actuaciones  sometidas  a 
declaración responsable o comunicación previa.
1.  Cuando se haya presentado una declaración responsable o comunicación previa 
y la Administración entienda que la actuación declarada es contraria a la ordenación 
territorial o urbanística, procederá conforme a las siguientes reglas:
a)  Previos informes técnico y jurídico, incoará de oficio procedimiento, que incluirá 
al menos audiencia al interesado y cuya resolución deberá notificarse en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.
b)  Si se trata de actuaciones no iniciadas o en curso, como medida provisional se 
ordenará en el acto de incoación la prohibición de iniciarlas o su inmediata paralización, 
así como, en su caso, la interrupción de los suministros básicos y las medidas que 
resulten  imprescindibles.  Tales  medidas  podrán  acordarse  antes  de  iniciar  el 
procedimiento,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  normativa  de  procedimiento 
administrativo común.
c)  En la resolución se ordenarán las medidas necesarias para adecuar la realidad a 
la ordenación territorial y urbanística.
d)  En cuanto a plazos y ejecución, serán de aplicación los artículos 153 y 154.
2.  Cuando se presente una declaración responsable con inexactitudes, falsedades 
u omisiones esenciales, la Administración ordenará su presentación correcta en diez 
días y que, entretanto, no se inicie la actuación o se cese de inmediato en ella. Si no se 
presenta correctamente la declaración o la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado en el plazo establecido o si, a la vista de la presentada, 
resulta  que  la  actuación  es  contraria  a  la  normativa  territorial  o  urbanística,  la 
Administración procederá de acuerdo con el apartado 1 de este artículo. Asimismo, si de 
antemano cuenta con elementos de juicio suficientes para entender que la actuación es 
contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá directamente conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1.
3.  Se entenderá por inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales aquellas  s
relativas a manifestaciones obligatorias que impidan o pretendan eludir el control de la  oe.
lqAionudsfoem r qmsinueeiesa  tnreaa sddctmeuiótviennier,ism scteriona natsitvnoeotmne gsepa tripneda vafrai aollta  ace  oaxdmciegtp uidcraooocrb irópaenors  rpe yoll  ancla dusleme ngqpciusliiaemla  cciceioaónnrnte o lza sdc ereace ntaloo ldrisdiea ar le.da q lSogui ui asnliuataos  seAa nduncmtoioarirmn idziasaettc rivdaióoacnsitóo  naos     2021-20916n https://www.
detecta en la declaración presentada inexactitudes u omisiones no esenciales, pero
juzga necesaria su corrección, requerirá al declarante para que las corrija en diez días. Bc
4.  En el caso de declaraciones responsables que habiliten la ocupación o utilización 
de edificaciones o instalaciones que incumplan los requisitos necesarios para el uso 
previsto, la Administración deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la 
ocupación o utilización. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será 
responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la 
omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la 
presentación de la declaración responsable el importe de tales perjuicios.
5.  Cuando se haya presentado declaración responsable, pese a que se requiera 
para la actuación declarada licencia u otro título habilitante, la Administración actuará 
conforme a lo previsto en esta Ley para las actuaciones sin el título habilitante necesario.
Artículo  158.  Competencias  de  los  Municipios  y  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.
1.  La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencia directa para el 
restablecimiento  de  la  legalidad  ante  las  actuaciones  que  vulneren  la  ordenación 
territorial. Se entiende que inciden en la ordenación territorial los actos y usos que 
afecten a:
a)  Suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial.
b)  Suelos  rústicos  preservados  por  los  instrumentos  de  ordenación  territorial 
previstos en esta Ley.
c)  El sistema de asentamientos, a través de la realización de actos que puedan 
inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un incremento de la 
superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que 
se establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los 
instrumentos de ordenación territorial o urbanística general de aplicación.
d)  Equipamientos,  espacios  libres  y  servicios  de  interés  supralocal;  vías  de 
comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras 
de interés supralocal para el ciclo del agua, la energía y las telecomunicaciones o 
actividades económicas de interés supralocal.
e)  Las  actuaciones  contrarias  a  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de 
ordenación territorial o de ordenación supramunicipal.
2.  El municipio ostenta competencia para el restablecimiento de la legalidad ante 
actuaciones que vulneren la ordenación urbanística. El ejercicio de dicha potestad se 
extiende igualmente a las actuaciones a que se hace referencia en el apartado anterior 
cuando incidan en las competencias municipales sobre restablecimiento de la legalidad 
urbanística.
3.  Cuando  un  municipio  incurra  en  inactividad  en  el  ejercicio  de  las  acciones 
declarativas  y  ejecutivas  para  el  ejercicio  de  la  potestad  de  restablecimiento  de  la 
legalidad  ante  actuaciones  que  vulneren  la  ordenación  urbanística,  la  Comunidad 
Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en 
la  legislación  reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  previo  requerimiento  a  la 
Entidad Local y siempre que la actuación afectara a competencias autonómicas.
4.  La Comunidad Autónoma podrá impugnar e instar la suspensión de los actos o 
acuerdos municipales que considere que infringen el ordenamiento jurídico conforme a lo 
previsto en la legislación estatal.
5.  Para el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma podrá recabar y  s
obtener  información  concreta  sobre  la  actividad  municipal,  solicitar  la  exhibición  de  oe.
doee xcp oe6lnad.t  iinelunLeatagec asciló ioydnm a ldadpe  ee tspmeerniorscáciió eand la midm euide niennictfteiooprrsamm ld ienpesaac,dlr aaaar s aríet eicvsnooo mslvl aoey   red lljieoerigscgi uisrpt liarpvoceocitsóeic.ndi oimnseioesbn rrteoa sz ordénega idmreaessnt ad bello eicncaiicml.ia iecLnióatnos    2021-20916n https://www.
competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Bc
7.  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las potestades de autoorganización y 
de  asociación,  y  de  las  posibilidades  de  delegación,  descentralización  y 
desconcentración, así como sin menoscabo de las competencias de las Diputaciones 
Provinciales para la asistencia a los Municipios y las que les transfiera o delegue la Junta 
de Andalucía. Se podrán celebrar a estos efectos convenios entre las Administraciones 
Públicas.
Artículo 159.  Reglas comunes.
1.  Las  medidas  previstas  en  este  capítulo  no  serán  aplicables  frente  a  obras 
públicas cuando las leyes hayan establecido otros mecanismos.
2.  La Administración que haya dictado el acto o acuerdo en materia de disciplina 
territorial o urbanística hará constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los 
efectos dispuestos en la legislación reguladora de este, el inicio de los procedimientos 
regulados en este capítulo y las medidas provisionales y definitivas adoptadas, así como 
las limitaciones de las edificaciones ilegales frente a las que, por el transcurso de los 
plazos, no quepa acordar su adecuación a la ordenación territorial y urbanística. También 
deberá instar la cancelación del correspondiente asiento cuando el acto administrativo a 
que se refiera deje de producir efectos.
Los  gastos  abonados  por  la  Administración  competente  por  tales  conceptos  se 
repercutirán a las personas infractoras en procedimiento separado del procedimiento de 
disciplina territorial o urbanística del que traiga causa. En caso de que exista una 
pluralidad de personas responsables, la repercusión se exigirá solidariamente.
3.  Las actuaciones de la jurisdicción penal no impiden la adopción de las medidas 
de restablecimiento de la legalidad previstas en este capítulo, salvo que el Juzgado o 
Tribunal haya acordado que no se adopten. En tales casos, los plazos para el ejercicio 
de las potestades administrativas se iniciarán o reanudarán, si se hubieran suspendido, 
una vez que se notifique la resolución judicial firme a la Administración competente.
CAPÍTULO IV
Régimen Sancionador
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo  160.  Principio  de  legalidad,  requisitos  de  infracciones  y  sanciones  y 
consecuencias legales.
1.  Son infracciones contra la ordenación territorial y urbanística las acciones u 
omisiones que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta Ley.
2.  Las  disposiciones  reglamentarias  de  desarrollo  podrán  introducir 
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas 
en esta Ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o 
límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las 
conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
3.  Si las actuaciones constitutivas de ilícito se realizaron al amparo de instrumento 
de ordenación o acto administrativo, no cabrá sancionar hasta que sea anulado.
4.  Toda acción u omisión tipificada como infracción territorial o urbanística dará 
lugar a la adopción de las medidas siguientes en los casos y en los términos previstos en  e
esta ley: bo
del oabr))d  eLLnaa ju  perírxdoigitceeocn cpciieóarn td udereb l aalad r olee.sgpaolindsaadb tielidrraitdo rsiaaln yc iuornbaadnoísrati cya d misecdipialinnater iae l ardemstainbisletrcaimtivieans too   2021-20916n https://ww
penal.
c)  El resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de 
quienes sean declarados responsables.
d)  El inicio de los procedimientos de suspensión y anulación de los posibles actos 
administrativos legitimadores en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.
Sección 2.ª Infracciones y sanciones
Artículo 161.  Clases de infracciones.
1.  Las infracciones urbanísticas y contra la ordenación del territorio se clasifican en 
leves, graves y muy graves.
2.  Son infracciones urbanísticas leves:
a)  El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la 
licencia o título habilitante.
b)  El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de 
copia de la licencia o título habilitante o declaración responsable.
c)  El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de 
construcciones.
d)  Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier 
medio con indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o que induzca a 
error sobre su correcta aplicación.
e)  La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación 
de  licencia  u  otro  acto  habilitante  o  de  declaración  responsable  o  cuando  hubiera 
transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.
f)  La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.
g)  La realización de actuaciones tras la presentación de la preceptiva declaración 
responsable,  cuando  esta  incurra  en  inexactitudes,  falsedades  u  omisiones  no 
esenciales o sin ajustarse a ella en aspectos no esenciales.
h)  El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a 
que  se  esté  obligado  en  caso  de  actuaciones  o  actividades  sujetas  a  declaración 
responsable.
i)  La  expedición  por  profesionales  o  entidades  urbanísticas  certificadoras  de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones 
no sustanciales para su traslado a la Administración.
j)  La  venta,  alquiler  o  cesión  de  uso  por  empresas  comercializadoras  de 
edificaciones  prefabricadas  susceptibles  de  albergar  un  uso  residencial  cuya 
implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, sin la acreditación de 
su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos 
documentos por empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis 
años desde la fecha del acto jurídico.
3.  Son infracciones urbanísticas graves:
a)  La  realización  de  actuaciones  sin  las  licencias,  aprobaciones  u  otros  actos 
administrativos necesarios o sin ajustarse a sus términos, sean o no legalizables.
b)  La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración 
responsable  o  habiéndola  presentado  con  omisiones,  inexactitudes  o  falsedades 
esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en ella manifestado. A estos  s
efectos, se consideran omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales las previstas en  oe.
el artículo 157.3 de esta Ley. w.
c)  La realización en contra de la ordenación urbanística de obras de todo género,  916ww
dgeramvoelsic.iones o implantación de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy
comdo)  muLyo sg ruasvoes. disconformes con la ordenación urbanística, salvo que esté clasificada  BOE-A-cable e
e)  La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se 
entiende producida esta circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al 
efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, obstaculizar, entorpecer o impedir 
las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:
1.ª  La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información 
requerida en relación con el objeto de inspección.
2.ª  La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de 
la legalidad a otras personas interesadas que no hayan comparecido.
3.ª  La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal 
de apoyo al ámbito objeto de inspección.
4.ª  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.
5.ª  Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.
f)  El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, urbanizaciones, 
edificios e instalaciones establecidos en esta Ley o de acuerdo con ella.
g)  El incumplimiento de las órdenes de ejecución, salvo que la infracción esté 
clasificada como muy grave.
h)  La  expedición  por  profesionales  o  entidades  urbanísticas  certificadoras  de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones 
sustanciales  para  su  traslado  a  la  Administración.  A  estos  efectos,  se  consideran 
inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles 
administrativos o que resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos normativos a los que estuviese sometida la actuación.
i)  La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento 
de los actos administrativos que les ordenen su cese.
4.  Son infracciones urbanísticas muy graves:
a)  La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación 
urbanística en cualquier clase y categoría de suelo.
b)  La realización de obras de urbanización, tales como la apertura de viales o la 
implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación urbanística.
c)  Las actuaciones contrarias a la ordenación urbanística que afecten a suelos 
dotacionales públicos, tales como zonas verdes, viales o equipamientos.
d)  La  continuación  de  obras  con  incumplimiento  de  las  medidas  provisionales 
adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.
e)  El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o la 
salud de las personas.
f)  La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por 
la ordenación urbanística atendiendo a su valor cultural, así como el incumplimiento de 
órdenes de ejecución sobre estos cuando conlleve una declaración de ruina urbanística 
que finalice con la demolición del mismo.
g)  Las  actuaciones  que  perjudiquen  los  espacios  o  bienes  preservados  por  la 
ordenación  urbanística,  por  la  existencia  de  riesgos  o  por  sus  valores  naturales  o 
paisajísticos.
5.  Son infracciones contra la ordenación del territorio las definidas en los apartados  b
siguientes cuando contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del  916ww
tuesrori atdo)er ilo Ls; uaee nel ocje,o cvnuuccerielóotno o,:  rseuabliszuaeclioó,n q ou ed easfeacrrteonllo a  dseu ealcotsu arúcsiotinceoss,  eascptoesc iadlem etrnatnes pforromteagcidióons,   OE-A-2021-20able en https://
por  legislación  sectorial  o  a  suelos  rústicos  preservados  por  los  instrumentos  de 
ordenación territorial previstos en esta Ley.
b)  Las  actuaciones  que  afecten  al  sistema  de  asentamientos  a  través  de  la 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 
por sí mismos o por su situación respecto de otras edificaciones, sean susceptibles de 
inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un incremento de la 
superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que 
se establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los 
instrumentos de ordenación territorial o urbanística general de aplicación.
c)  Las actuaciones y los actos que afecten a equipamientos, espacios libres y 
servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del 
sistema de transportes; infraestructuras supralocales para el ciclo del agua, la energía y 
las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.
d)  Las  actuaciones  contrarias  a  las  determinaciones  vinculantes  de  los 
instrumentos de ordenación territorial o de ordenación supramunicipal.
6.  Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter leve:
a)  El incumplimiento del deber de contar en las obras u otras actuaciones de copia 
de la licencia o título habilitante o declaración responsable.
b)  Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier 
medio, con indicaciones disconformes con la ordenación territorial o urbanística que 
incidan  en  la  ordenación  del  territorio  o  que  induzcan  a  error  sobre  su  correcta 
aplicación.
c)  La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación 
de  licencia  u  otro  acto  habilitante  o  de  declaración  responsable  o  cuando  hubiera 
transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.
d)  La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.
e)  El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a 
que se esté obligado en caso de actividades sujetas a declaración responsable.
f)  La  expedición  por  profesionales  o  entidades  urbanísticas  certificadoras  de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones 
no sustanciales para su traslado a la Administración.
g)  La  venta,  alquiler  o  cesión  de  uso  por  empresas  comercializadoras  de 
edificaciones  prefabricadas  susceptibles  de  albergar  un  uso  residencial  cuya 
implantación esté sometida a licencia o declaración responsable sin la acreditación de su 
previa  obtención  o  presentación,  o  la  falta  de  conservación  de  copia  de  dichos 
documentos por empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis de 
años desde la fecha del acto jurídico.
7.  Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter grave:
a)  La  realización  de  actuaciones  sin  las  licencias,  aprobaciones  u  otros  actos 
administrativos  necesarios  o  sin  ajustarse  a  sus  términos  que  contravengan  la 
ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.
b)  La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración 
responsable  o  habiéndola  presentado  con  inexactitudes,  falsedades  u  omisiones 
esenciales  o  sin  ajustarse  en  aspectos  esenciales  a  lo  en  ella  manifestado,  que 
contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.
c)  La realización en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en  e.
la ordenación del territorio de obras de todo género, demoliciones o implantación de  w.
instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves. 916ww
la ordd)e nLaocisó nu sdoesl  tdeirsrcitoonrifoo,r msaelvso c qoune l ae sotréd eclnaascifiiócna dtear criotomrioa lm ou uyr gbraanvíest.ica que incidan en
entieen) deL ap rroedsuiscteidnac iae,s toab sctirruccucnióstna,n ecxiac ucsuaa on dnoe glaat ivpae ras olansa ,a cdteubaicdiaomneesn tines pneoctitfoicraadsa.  Sael   BOE-A-cable e
efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, obstaculizar, entorpecer o impedir 
las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:
1.ª  La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información 
requerida en relación con el objeto de inspección.
2.ª  La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de 
la legalidad a otras personas interesadas que no hayan comparecido.
3.ª  La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal 
de apoyo al ámbito objeto de inspección.
4.ª  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.
5.ª  Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.
f)  La  expedición  por  profesionales  o  entidades  urbanísticas  certificadoras  de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones 
sustanciales  para  su  traslado  a  la  Administración.  A  estos  efectos,  se  consideran 
falsedades, inexactitudes u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles 
administrativos o que resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos normativos a los que estuviese sometida la actuación.
g)  La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento 
de los actos administrativos que les ordenen su cese.
8.  Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter muy grave:
a)  La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación 
territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio en suelo rústico.
b)  La realización de obras de infraestructuras, servicios y otras de urbanización, 
tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos en contra de la 
ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio.
c)  Las actuaciones contrarias a la ordenación territorial o urbanística que incidan en 
la ordenación del territorio que afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de 
interés supralocal; vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de 
transportes; infraestructuras de interés supralocal para el ciclo del agua, la energía y las 
telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.
d)  La  continuación  de  obras  con  incumplimiento  de  las  medidas  provisionales 
adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.
e)  La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por 
la ordenación territorial.
f)  Las  actuaciones  que  perjudiquen  los  espacios  o  bienes  preservados  por  la 
ordenación  territorial,  por  la  existencia  de  riesgos  o  por  sus  valores  naturales  o 
paisajísticos.
Artículo 162.  Multas.
1.  Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
a)  Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros.
b)  Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras  es
ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos  o
bvlsoaeieslao nv cresa )usd lo pepreL elrraaosioss tre r e,mog febieudnrryaoi d cssgou  resysaj.oeev acec usast,sa ucodpo,ae nlsra i o momr ,u duleteltana  l  odpcseou  dyt3eor0rá r. ce0aan0lcso0aos an,  a zl1afae2 rc m0ht.aua0dls0toat0as    peeooul  drdsoreeás t,e lo ansslatc adlav ayno ñz cqoainusr c ehco aae pusl otsiamra  dcpeiooel srnct teiaoe   ndldoteoesl     OE-A-2021-20916able en https://www.
cincuenta por ciento de dichos valores.
2.  Cuando sólo una parte de la actuación sea ilegal, el porcentaje se aplicará sobre 
el valor de esa parte. Para determinar el valor de las obras se atenderá a las ejecutadas. 
Para el valor de los terrenos se atenderá al que pudieran tener en venta los afectados u 
otros similares. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para estos cálculos.
Artículo 163.  Sanciones accesorias.
1.  Por la comisión de infracciones graves y muy graves, además de multas, se 
podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a)  Prohibición de contratar con la Administración Pública correspondiente.
b)  Inhabilitación para ser beneficiario de medidas de fomento de actuaciones de 
urbanización o edificación.
c)  Prohibición  de  ejercicio  del  derecho  de  iniciativa  para  las  actuaciones  de 
transformación  urbanística  o  para  la  atribución  de  la  actividad  de  ejecución  y  de 
participación en cualquier otra forma en iniciativas o alternativas a estas, formuladas por 
persona propietarias o terceros.
d)  La revocación de la habilitación y consiguiente supresión de la inscripción del 
registro de la entidad urbanística certificadora.
2.  Estas sanciones podrán ser impuestas por un máximo de dos años en las 
infracciones graves y de cuatro en las muy graves.
Artículo 164.  Graduación de las sanciones.
1.  Para graduar la cuantía de las sanciones se atenderá a la concurrencia de las 
circunstancias  atenuantes  y  agravantes  previstas  en  esta  Ley,  sin  perjuicio  de  su 
desarrollo  reglamentario.  La  concreción  de  la  sanción  deberá  quedar  debidamente 
justificada en la resolución.
2.  De no existir circunstancias atenuantes o agravantes, la sanción se impondrá en 
su grado medio.
Cuando  se  aprecie  alguna  circunstancia  agravante  o  atenuante,  la  sanción  se 
impondrá por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente extensión 
legal, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación de los criterios 
establecidos en la normativa de régimen jurídico del Sector Público, junto a la gravedad 
de la actuación, la cuantía económica de la misma, los valores a proteger o el beneficio 
obtenido por sus responsables.
Cuando concurriesen tanto circunstancias atenuantes como agravantes, se valorarán 
conjuntamente para graduar adecuadamente la sanción a imponer, atendiendo a la 
trascendencia de unas y otras.
3.  Son circunstancias agravantes:
a)  Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un oficio o cargo 
público.
b)  El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o 
funcionario público encargados del cumplimiento de la legalidad, o de mediación de 
soborno, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
c)  La manipulación de los supuestos de hecho, la declaración de datos falsos o 
incorrectos o la falsificación de documentos, salvo que los hechos sean constitutivos de 
delito. e
d)  El aprovechamiento en beneficio propio de una grave necesidad pública o de los  bo
particulares perjudicados. 916ww
anteer)io riLdaa d cuonmai ssióann cidóen  fliarm  ien frpaocrc cióuna lepsoqru ipeerars oinnfraa cac iolan eqs uger asvee s hoa ymau yim gprauveessto e nc oenl 
últimf)o  aLñao .iniciación de los actos sin orden escrita del técnico titulado director y las
modificaciones en su ejecución sin instrucciones expresas de dicho técnico.
g)  La  persistencia  en  las  obras,  actuaciones  o  usos  tras  la  advertencia  del 
inspector.
h)  La falta de colaboración de la persona responsable, impidiendo o dificultando las 
labores de inspección.
4.  Son circunstancias atenuantes:
a)  Facilitar las labores de inspección.
b)  La paralización de las obras o el cese en la actuación o uso, de modo voluntario, 
tras la pertinente advertencia del personal inspector.
c)  La ausencia de intención de causar un daño grave a los intereses públicos o 
privados afectados.
d)  La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
Artículo 165.  Decomiso de las ganancias provenientes de la infracción.
1.  El órgano sancionador podrá acordar en su caso el decomiso de las ganancias 
provenientes de la infracción cuando las multas y el restablecimiento de la legalidad no 
las eliminan suficientemente, debiendo cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Que  haya  recaído,  en  ambos  procedimientos,  resolución  definitiva  en  vía 
administrativa.
b)  Su adopción sea motivada.
c)  Se acredite la situación patrimonial ilícita.
d)  Se conceda audiencia a todos los interesados.
2.  En caso de muerte o extinción del responsable, se exigirá el decomiso a los 
sucesores o a quienes se hayan beneficiado de las ganancias.
3.  Reglamentariamente podrán establecerse criterios estimativos para cuantificar 
estas ganancias.
Artículo 166.  Responsables de las infracciones.
1.  Son responsables de las infracciones de esta Ley las personas físicas y jurídicas, 
así como en su caso las entidades sin personalidad a que se refiere la normativa de 
régimen jurídico del sector público, que realicen la conducta tipificada a título de dolo o 
culpa. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las reglas de los siguientes apartados.
2.  En caso de obras e instalaciones sin el preceptivo título habilitante o sin haber 
presentado la declaración responsable o vulnerando sus términos, serán sancionados el 
promotor, el empresario, el constructor que ejecute las obras y el técnico que las dirija. 
Se presumirá promotor la persona propietaria del suelo o del edificio, salvo prueba en 
contrario.
3.  En caso de parcelaciones sin título habilitante, serán sancionados, además de la 
persona propietaria inicial de los terrenos, quienes, en el ejercicio de sus profesiones, 
cooperen con un acto sin el cual no se habría efectuado, así como los adquirentes, en 
proporción a la asignación de uso, cuota o participación adquirida.
4.  En  los  actos  ejecutados,  realizados  o  desarrollados  al  amparo  de  actos 
administrativos  que  constituyan  o  legitimen  una  infracción  urbanística,  serán 
responsables:
a)  El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las licencias o  e.
aprobaciones  sin  los  preceptivos  informes  o  en  contra  de  los  emitidos  en  sentido  w.
desfavorable por razón de la infracción, los miembros de los órganos colegiados que  916ww
hSaeycarent avroiota dqou ea  efanv osr ud ein dfoicrmhaes  nlicoe nhcaiayas  oa davperortbidaoc iodnee sla e no midiésniótnic adse c oanlgduicnioon edse  yl oesl 
preceptivos informes técnico y jurídico, así como los funcionarios facultativos que hayan
informado favorablemente las licencias o aprobaciones, cuando concurran dolo, culpa o 
negligencia graves.
b)  Los  sujetos  enumerados  en  el  apartado  1  de  este  artículo  que  realicen 
materialmente la conducta tipificada con dolo, culpa o negligencia grave.
A efectos de la exigencia de la responsabilidad a los titulares y miembros de órganos 
administrativos y empleados públicos, la determinación del tipo de infracción y de la 
cuantía de la sanción será la que para cada caso se prevea en este título.
5.  Las sanciones a los distintos responsables de una misma infracción tendrán 
carácter independiente, aunque se declararen en un único procedimiento, pero, cuando 
una misma infracción se haya realizado por varias personas conjuntamente, responderán 
de forma solidaria de las sanciones que se impongan, salvo que la sanción pecuniaria se 
pudiera individualizar en la resolución en función del grado de participación de cada 
responsable.
6.  En caso de impago de las multas impuestas a personas jurídicas o entes sin 
personalidad, serán responsables solidarios cada uno de sus administradores de hecho 
o de derecho.
7.  Las  personas  a  que  se  refiere  el  artículo  31  del  Código  Penal  sólo  serán 
sancionadas con multa y únicamente cuando cometan la acción típica con ocasión de 
sus actividades empresariales en concurrencia en el mercado sin naturaleza de servicio 
público.
8.  Ante indicios de acciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley, realizadas en el 
ejercicio  de  sus  funciones  por  personas  sometidas  a  normas  deontológicas,  la 
Administración las pondrá en conocimiento de los órganos competentes para imponer 
correcciones disciplinarias, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones aquí previstas.
Artículo 167.  Concurso de normas punitivas y de infracciones.
1.  No  cabrá  imponer  al  mismo  sujeto  pena  y  sanción  ni  varias  sanciones 
administrativas si hay identidad de hecho y fundamento.
Tampoco cuando uno de los ilícitos sea medio imprescindible para cometer el otro o 
derive  necesariamente  de  él  o  cuando  el  más  amplio  o  complejo  absorba  a  los 
consumidos  en  aquel,  en  los  que  se  deberá  imponer  únicamente  la  sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida.
Cuando no se den los referidos supuestos o circunstancias se aplicarán las reglas 
siguientes.
2.  A quien, por uno o más actos, sea responsable de dos o más infracciones de 
esta Ley, se le impondrán las sanciones correspondientes a cada una de ellas. No 
obstante, podrá moderarse la extensión de las sanciones, dentro del margen previsto 
para cada infracción concurrente, a fin de que las resultantes sean proporcionadas a la 
real gravedad de la conducta apreciada en su conjunto.
3.  La acumulación de sanciones prevista en el apartado 2 podrá aplicarse, entre 
otros casos, en aquellos en que concurran infracciones por la vulneración material de la 
ordenación territorial o urbanística con las cometidas por:
a)  Haber actuado sin el acto administrativo preceptivo o sin presentar declaración 
responsable correcta.
b)  Incumplir las medidas adoptadas en procedimiento de restablecimiento de la 
legalidad u órdenes de ejecución. s
c)  Obstruir la inspección. oe.
4.  En caso de infracciones continuadas, se impondrá una única sanción, que se  916ww
doe dteer lmo idneasrátr uteidnoie ennd oto edna sc ueellansta. el perjuicio causado y el valor de las obras o del terreno
Artículo 168.  Muerte o extinción de los responsables.
1.  La muerte de la persona física extingue su responsabilidad sancionadora sin 
perjuicio del restablecimiento de la legalidad, de las obligaciones indemnizatorias y del 
decomiso de las ganancias provenientes de la infracción.
2.  Si la persona jurídica responsable se extinguiera antes de ser sancionada, se 
considerarán responsables las personas físicas que, actuando por ella, hicieron posible 
su comisión.
3.  Si la persona jurídica ya sancionada se extinguiera y la multa no se satisficiera 
en liquidación, serán responsables solidarios de su pago las personas a las que se 
refiere el apartado 2 y los socios o partícipes en el capital, hasta el límite de la cuota que 
se les hubiera adjudicado.
Artículo 169.  Prescripción.
1.  Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al 
año. En cuanto al inicio de tales plazos y su interrupción, será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de régimen jurídico del sector público. Asimismo, se interrumpirá el plazo 
durante  la  instrucción  de  causa  penal  y  las  actuaciones  del  Ministerio  Fiscal,  con 
conocimiento  del  imputado  y  se  reiniciará  con  la  notificación  de  la  resolución  del 
Ministerio Fiscal o del pronunciamiento de la autoridad judicial. En caso de infracciones 
con licencia u otro título, el plazo de prescripción empezará a computarse desde el 
momento de la anulación del título habilitante.
Cuando la infracción no presente signos externos, el día inicial se retrasará a aquel 
en que aparezcan tales signos.
2.  Las sanciones por infracciones graves y muy graves prescriben a los tres años y 
por infracciones leves al año. En cuanto al inicio de tales plazos y su interrupción, será 
de aplicación lo establecido en la normativa de régimen jurídico del sector público, con 
las siguientes reglas adicionales:
a)  Acordada la suspensión de la sanción por resolución judicial o por anuncio de 
recurso  contencioso-administrativo,  el  plazo  se  reiniciará  cuando  recaiga  el 
pronunciamiento de la autoridad judicial.
b)  Lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público para la 
desestimación presunta del recurso de alzada será de aplicación también al recurso de 
reposición.
Artículo 170.  Procedimiento sancionador.
1.  El procedimiento sancionador se tramitará en el plazo máximo de un año a 
contar  desde  la  fecha  del  acuerdo  de  iniciación,  conforme  a  lo  establecido  en  la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común y en la de régimen jurídico 
del sector público y el desarrollo reglamentario de esta Ley.
2.  Cuando los hechos constitutivos de infracción den lugar también a procedimiento 
de restablecimiento de la legalidad, el sancionador se coordinará con aquel y podrán 
unirse a cada expediente testimonios de lo actuado en el otro. En cualquier caso podrá 
acordarse  la  suspensión  del  procedimiento  sancionador  hasta  que  sea  firme  la 
resolución  del  de  restablecimiento  de  la  legalidad  cuando  sea  necesario  para  la 
determinación de la infracción o sus consecuencias y evitar contradicciones. En este 
caso se interrumpirán los plazos del procedimiento y de prescripción de la infracción. e.
3.  Cuando, con ocasión de la tramitación de los procedimientos sancionadores,  w.b
aparezcan indicios de delito del hecho que motivó su incoación, el órgano competente  916ww
pJuadraic iraels, osluvsepr epnodnidernád olo lsa  htreacmhoitsa ceiónn c doenlo pcrimocieendtiom ideenlt oM sinainstceiorinoa Fdiosrc ahla ost ad ela l an oAtuifitcoaricdiaódn 
dIgeu alal  resusospluecniósnió dne ld Meli nipsrtoecrieod Fimisiceanlt oo  dseal npcrioonnuandcoira mpireoncteod feirrmá e ddees ldae a uqtuoeri daedl  juódrgicainaol. 
administrativo tenga conocimiento de la sustanciación de actuaciones penales por el
mismo  hecho.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  del  procedimiento  de 
restablecimiento de la legalidad.
4.  Declarada en la resolución la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
causados  a  la  Administración,  su  cuantificación  podrá  realizarse  en  procedimiento 
complementario,  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  de  procedimiento 
administrativo  común.  Asimismo,  procederá  ese  procedimiento  cuando  se  exija  tal 
indemnización  a  sujetos  distintos  de  los  imputados  en  el  sancionador.  Este 
procedimiento complementario podrá iniciarse dentro del año siguiente a la firmeza de la 
resolución del procedimiento sancionador y suspenderse en los términos previstos en el 
apartado 2.
5.  El mismo procedimiento complementario cabrá en iguales supuestos y términos 
respecto al decomiso de las ganancias provenientes de las infracciones.
Artículo 171.  Competencias sancionadoras.
1.  La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta Ley 
corresponde  al  municipio.  No  obstante,  competerá  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía cuando la infracción comporte vulneración de la ordenación territorial o se 
realice por falta de título habilitante o acto administrativo que debería haber dictado ella, 
así como cuando se trate de obstrucción a la labor de la Inspección autonómica, al 
tratarse del ejercicio de competencias directas.
2.  Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de sus competencias 
sancionadoras  propias,  la  Comunidad  Autónoma  podrá  asumir  la  competencia  por 
sustitución, en los términos establecidos en la legislación reguladora de las bases del 
régimen  local,  previo  requerimiento  a  la  Entidad  Local  y  siempre  que  la  infracción 
urbanística afectara a competencias autonómicas.
3.  La ejecución de las resoluciones  sancionadoras  y  el importe de las multas 
corresponderá a la Administración que las haya dictado. El importe de las sanciones 
urbanísticas  se  ingresará  en  el  patrimonio  público  del  suelo  de  la  Administración 
actuante, una vez descontado el porcentaje que reglamentariamente se establezca para 
garantizar el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y 
urbanística.
4.  La competencia municipal para resolver los procedimientos sancionadores será 
la determinada en la legislación sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad 
Autónoma corresponderán a la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.
5.  Lo anterior deja a salvo las potestades de autoorganización y de asociación, las 
posibilidades de delegación, descentralización y desconcentración, y las competencias 
de las Diputaciones para la asistencia a los Municipios o las que se les transfieran o 
deleguen.
Artículo  172.  Reducción  de  sanciones  por  reconocimiento  de  responsabilidad  o 
cumplimiento de la resolución.
1.  Iniciado  el  procedimiento  sancionador,  cuando  la  sanción  tenga  carácter 
pecuniario, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implicará 
una reducción del veinte por ciento en el importe de la sanción propuesta. Idéntica 
reducción  procederá  cuando  el  infractor  reconozca  su  responsabilidad  en  cualquier 
momento anterior a la resolución. es
De conformidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo  bo
común, la efectividad de esta reducción estará condicionada al desistimiento o renuncia  916ww
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resultante de aplicar las reducciones previstas en el apartado 1 o, en su caso, del
importe de la sanción que hubiera sido propuesta o impuesta por la comisión de la 
infracción, si ejecuta voluntariamente la resolución del procedimiento de protección de la 
legalidad territorial o urbanística en la forma y plazos dispuestos por la Administración.
Cuando  la  reposición  no  se  hiciere  en  la  forma  y  plazos  señalados  por  la 
Administración, el porcentaje de reducción será del veinticinco por ciento, siempre y 
cuando no se hubiere iniciado por la Administración la ejecución subsidiaria.
Si  el  hecho  constitutivo  de  una  infracción  pudiera  ser  legalizado  por  no  ser 
disconforme con la ordenación territorial y urbanística, la sanción que corresponda según 
el apartado anterior se reducirá en un setenta y cinco por ciento de su importe. Dicha 
reducción no será de aplicación en los supuestos en que se hubiera aplicado el principio 
de proporcionalidad respecto a los elementos de disconformidad no sustanciales.
3.  En  aquellos  supuestos  en  que  la  persona  obligada  en  el  procedimiento  de 
protección de la legalidad sea distinta de la que resulte infractora en el procedimiento 
sancionador por los mismos hechos, la persona infractora solo tendrá derecho a las 
reducciones previstas en la legislación de procedimiento administrativo general.
TÍTULO VIII
Medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares
Artículo 173.  La situación de asimilado a fuera de ordenación.
1.  Las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, en cualquier clase 
de suelo y cualquiera que sea su uso, respecto de las cuales no resulte posible la 
adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme a lo 
dispuesto en la legislación urbanística, se encuentran en situación de asimilado a fuera 
de ordenación.
2.  Corresponde al Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento de 
reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación previa exigencia de 
los  informes  y  autorizaciones  sectoriales  que  sean  preceptivos,  debiendo  efectuar 
indicación expresa de la sustanciación de procedimientos penales que pudieran afectar a 
la edificación. El plazo máximo para resolver será de seis meses. Transcurrido este plazo 
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por 
silencio  administrativo.  Si  el  procedimiento  fue  iniciado  de  oficio,  se  producirá  la 
caducidad del mismo.
3.  Las  edificaciones  irregulares  a  las  que  se  refiere  el  apartado  1  no  podrán 
acceder a los servicios básicos ni se podrá realizar en ellas obra alguna hasta que se 
haya  producido  la  resolución  administrativa  de  reconocimiento  de  la  situación  de 
asimilado a fuera de ordenación, salvo las que el Ayuntamiento ordene realizar para 
garantizar las condiciones de seguridad y salubridad.
4.  No  procederá  el  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  a  fuera  de 
ordenación en aquellas edificaciones irregulares para las que no haya transcurrido el 
plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento 
del orden jurídico perturbado conforme a lo establecido en la presente Ley, ni en las 
edificaciones  que  no  reúnan  las  condiciones  mínimas  de  seguridad  y  salubridad 
requeridas para la habitabilidad o uso al que se destinan, salvo que previamente se 
hubieran  realizado  por  orden  del  Ayuntamiento  las  obras  necesarias  para  alcanzar 
dichas condiciones; ni en las edificaciones irregulares realizadas sobre suelos afectados  e.e
por procesos naturales o actividades antrópicas que generen riesgos ciertos de erosión,  b
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o  916ww
dpeo r olatr aA dpmroicneisdterancciióan,  scaolmvop eqtueen tper peaviraam eevnittaer  dseic hhousb ireierasng oasd.optado las medidas exigidas
salu5b.r idaRde gdlea mlaesn vtiavriieanmdeanst-ec useev ae esnta sbulesc áemrábni tolass  trcaodnicdiiocnioanleess. mínimas de seguridad y
Artículo 174.  Efectos de la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
1.  La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no 
supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que 
hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico, y lo es sin 
perjuicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
2.  En  el  caso  de  parcelaciones  urbanísticas  en  cualquier  clase  de  suelo,  la 
declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación comprenderá la edificación 
y la parcela sobre la que se ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos o más 
edificaciones en una misma parcela registral o, en su defecto, catastral, coincidirá con 
los linderos existentes, debiendo constar reflejados estos extremos en la declaración de 
asimilado a fuera de ordenación.
Este  régimen  también  será  de  aplicación  a  las  parcelas  sobre  las  que  existan 
edificaciones  irregulares  para  las  que  haya  transcurrido  la  limitación  temporal  del 
artículo 153.1 que se encuentren sobre parcelaciones con título habilitante declarado 
nulo, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que, en su caso, se dicten en ejecución 
de sentencias.
En suelo rústico, dicha declaración surtirá los efectos de la licencia urbanística 
exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad prevista para las licencias de 
segregación en la presente Ley.
3.  Cuando  las  edificaciones  reconocidas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de 
ordenación  no  cuenten  con  acceso  a  los  servicios  básicos  de  saneamiento,  gas  y 
abastecimiento  de  agua  y  electricidad  prestados  por  compañías  suministradoras,  o 
cuando estos se hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el 
acceso a ellos siempre que no se precisen más obras que las necesarias para la 
acometida a las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la 
viabilidad de la conexión en estos términos y exigirán la resolución por la que se 
reconoce la situación de asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los 
servicios y garantizarán el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
4.  El  reconocimiento  de  que  la  edificación  reúne  las  condiciones  mínimas  de 
seguridad y salubridad determina la aptitud física de la edificación para su utilización, 
pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos 
para autorizar las actividades que en ella se lleven o puedan llevar a cabo.
5.  Los efectos de la resolución se entenderán sin perjuicio de lo que se acordare en 
el  correspondiente  instrumento  de  ordenación  urbanística  respecto  del  desarrollo, 
ordenación y destino de las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera 
de ordenación.
6.  La declaración de asimilado a fuera de ordenación se hará constar en el Registro 
de la Propiedad mediante nota marginal en el folio registral de la finca objeto de dicha 
declaración en los términos establecidos en la legislación estatal.
7.  En las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación 
podrán autorizarse, a través de las correspondientes licencias, los cambios de uso que 
sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y las obras de conservación y 
reforma, incluidas las de consolidación que no impliquen un incremento de la ocupación 
ni del volumen edificado, salvo que ello resulte necesario para la ejecución de elementos 
auxiliares exigidos por la normativa sectorial que resulte de aplicación.
Artículo  175.  Plan  Especial  de  adecuación  ambiental  y  territorial  de  edificaciones  e.
irregulares. w.b
olcaubsaj eli1qnto.uf r iadePeer so ctiddrlaureáscnnettu  iftrdiracaesam  rsc iutyoae mrdlsouee,n l iyPme slaiat adnproea psrcat oaE nlras cp lrapeesrtce aimasstl eeaadscg iidórduaneps  daa pecdei eolrocntusien asesc neidótreevnsi  ce aipodmasifbr icabiea ánecstliia ocelno syest s atp ebiarrlerrrieactog imgruiaaliaerl arncentoostni  zed aenerl     OE-A-2021-20able en https://
las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población, mejorar la calidad
ambiental e integrar territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones. Estos Planes 
Especiales no podrán formularse en aquellos ámbitos que cuenten con ordenación 
detallada aprobada definitivamente.
Los  Planes  Especiales,  cuyo  contenido  se  desarrollará  reglamentariamente, 
establecerán las medidas necesarias para evitar nuevas edificaciones en el interior de la 
agrupación y en su entorno inmediato. A estos efectos, podrán delimitar áreas para el 
ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
2.  La aprobación del Plan Especial producirá los siguientes efectos:
a)  Las parcelas existentes no ocupadas por edificaciones serán indivisibles, salvo 
las necesarias para la ejecución de las previsiones y medidas del Plan Especial. Dichas 
parcelas quedan exentas del pago de los costes de urbanización. Las parcelas no 
edificadas que el Plan Especial no destine a infraestructuras de servicios comunes 
mantendrán el régimen que les corresponda, quedando exentas del pago de los costes 
de urbanización, hasta su incorporación, si procede, a la ordenación urbanística.
b)  En las edificaciones irregulares existentes, previo reconocimiento individual de la 
situación de asimilado a fuera de  ordenación, cuando proceda, de acuerdo con lo 
establecido en el presente título, una vez acreditada la ejecución de las medidas de 
adecuación ambiental y territorial previstas en el Plan Especial, y de acuerdo con las 
determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial, se podrán autorizar las obras 
contempladas  en  el  apartado  7  del  artículo  anterior  y  la  ejecución  de  elementos 
auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de la 
agrupación.
c)  En  las  edificaciones  irregulares  existentes  respecto  a  las  que  no  hubiera 
transcurrido el plazo establecido para el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad  territorial  y  urbanística,  se  continuarán  los  procedimientos  de  disciplina 
iniciados.
d)  El  régimen  previsto  para  las  edificaciones  incluidas  en  el  ámbito  del  Plan 
Especial se establece con independencia de la situación jurídico administrativa en la que 
se encuentren, y a salvo del contenido de las sentencias judiciales que recaigan.
Artículo 176.  Incorporación al planeamiento urbanístico de edificaciones irregulares.
1.  Los  Ayuntamientos,  con  ocasión  de  la  redacción  de  los  instrumentos  de 
ordenación,  o  mediante  sus  modificaciones  o  revisiones,  podrán  incorporar  a  la 
ordenación urbanística las edificaciones irregulares que sean compatibles con su modelo 
territorial y urbanístico.
A estos efectos, el instrumento analizará la viabilidad de incorporar a la ordenación 
urbanística los ámbitos de agrupaciones de edificaciones irregulares existentes en su 
ámbito que hayan sido objeto de un Plan Especial conforme a lo dispuesto en el 
artículo 175.
Reglamentariamente se establecerán las especificaciones que pudieran incluirse en 
los Planes Especiales para facilitar su incorporación.
2.  Para  la  efectiva  incorporación  a  la  ordenación  urbanística,  junto  con  la 
aprobación definitiva del instrumento de ordenación urbanística correspondiente, será 
necesario el cumplimiento de los deberes y las cargas que en él se determinen, de 
conformidad con la legislación aplicable, y en la forma y plazos que establezca.
3.  Podrá  eximirse  de  cumplir  parcialmente  las  reglas  y  los  estándares  de 
ordenación establecidos en la legislación urbanística, en aquellos ámbitos donde se  e
localicen agrupaciones de edificaciones irregulares que se incorporen al instrumento de  bo
ordenación urbanística, cuando no sea posible técnicamente el cumplimiento de dichas  916ww
irqneucgeola 4rlpas. o sy rEda eocl sitócatánucn.miodnpaelrimes sire,e nsytu osl tead nejutle ssdti fesiqbouener  s edunefic  eiuelr nbptaeronspi zpioaa rr iane santrb uslomosre bnáetmro  lbadi tedo eso mrddaeenn daaacg irqóuunpe au cgribeoannneeírsse t idsceua    OE-A-2021-20able en https://
edificaciones que se incorporen a la ordenación urbanística podrá realizarse de forma
progresiva, mediante la recepción total o parcial de la urbanización y la puesta en 
servicio  de  las  infraestructuras.  El  proyecto  de  urbanización  podrá  establecer  la 
independencia funcional de cada una de las infraestructuras para posibilitar su recepción 
parcial o puesta en servicio.
5.  Los ámbitos de edificaciones irregulares que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13, puedan tener la consideración de suelo urbano estarán sometidos al régimen 
de las actuaciones de transformación urbanística.
6.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  2,  en  aquellos  ámbitos  de 
planeamiento que cuenten con la ordenación detallada aprobada definitivamente, los 
municipios  podrán  aprobar  proyectos  de  obras  ordinarias  para  la  ejecución  de 
infraestructuras provisionales de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento que 
presten los servicios básicos a las edificaciones existentes. Los costes de ejecución y 
mantenimiento  de  estas  infraestructuras  corresponderán  a  los  propietarios  de  las 
edificaciones que accedan a los servicios.
La aprobación del proyecto de obras ordinarias para la ejecución de infraestructuras 
provisionales no exime del deber de aprobar y ejecutar el proyecto de urbanización ni de 
cumplir con el resto de deberes que correspondan a la actuación de transformación 
urbanística en los términos y plazos que se contengan en el instrumento de ordenación 
urbanística.
Disposición adicional primera.  Reservas para sistemas generales y locales y legislación 
sectorial.
1.  Las reservas para sistemas generales y locales que, de acuerdo con esta Ley, se 
establezcan reglamentariamente no serán de aplicación en aquellos ámbitos en los que 
la legislación sectorial correspondiente en materia de puertos, aeropuertos, centros de 
transportes  de  mercancías,  industrias,  áreas  logísticas  y  demás  infraestructuras 
análogas hubiera establecido otras de forma expresa.
2.  En las áreas industriales del suelo urbano se podrán constituir entidades de 
gestión y modernización para contribuir a la conservación, mantenimiento, ampliación y 
mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas. El régimen jurídico 
de estas entidades será desarrollado por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de los 
deberes que corresponden a las entidades locales en la prestación de los servicios y en 
la conservación de la urbanización de estas áreas.
Disposición adicional segunda.  Seguimiento de la actividad de ejecución urbanística.
El informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística que se elabore de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.6 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de  octubre,  se  deberá  formular  con  una  periodicidad  cuatrienal.  A  los  efectos  de 
garantizar su publicidad, se aplicará el régimen establecido en esta Ley y en la normativa 
vigente aplicable.
Disposición adicional tercera.  Actualización de la cuantía de las multas.
Se habilita al Consejo de Gobierno para que reglamentariamente actualice el importe 
de  las  multas  previstas  en  esta  Ley  en  la  cantidad  que  resulte  de  aplicación,  de 
conformidad con la variación de los índices de precios al consumo o parámetro que los  s
sustituya. oe.
Disposición adicional cuarta.  Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento  916ww
urbanístico.
pecu1a. riaSse  qeunet ehnudbeireár aqnu ea dhqauni rsididoo  laosb jectaor adcete dríesstiacfaesc tadceiló snu iemlop líucritbaa nloos  dtreafminoidsa sd ee vní alas 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la fecha de
entrada en vigor de la misma y que hayan sido clasificados como urbanos por el 
planeamiento  general  vigente,  quedando  exceptuados  del  régimen  previsto  en  la 
sección 2.ª del capítulo IV del título I del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio.
2.  La previa clasificación de la vía no impide la desafectación implícita regulada en 
el  apartado  anterior,  que  conllevará  la  desclasificación  automática  de  los  tramos 
afectados.
3.  Se procederá a la desafectación de los tramos de vías pecuarias que transcurra 
por  los  ámbitos  identificados  por  el  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  como 
Hábitat Rural Diseminado, aprobados a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, una vez aprobada su ordenación mediante el Plan Especial previsto 
en el planeamiento general. Será dicho instrumento el que delimite definitivamente el 
ámbito a ordenar, excluyendo del mismo los terrenos pertenecientes a las vías pecuarias 
que sigan manteniendo el carácter pecuario de las mismas, quedando exceptuados del 
régimen previsto en la sección 2 del capítulo IV del título I del Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998, 
de 21 de julio.
En el informe previsto en la tramitación del Plan Especial, la Consejería competente 
en  materia  de  Vías  Pecuarias  se  pronunciará  con  carácter  vinculante  sobre  la 
delimitación del ámbito.
4.  El procedimiento administrativo para la desafectación, previo deslinde, será el 
siguiente:
a)  La Delegación Territorial de la Consejería competente en la materia emitirá 
informe sobre la procedencia de desafectación, en el que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos antes expuestos, con determinación física del terreno a desafectar.
b)  Posteriormente, la Delegación Territorial acordará la apertura de un período de 
información pública, a fin de que, en el plazo máximo de veinte días, las personas 
interesadas puedan presentar alegaciones.
c)  Una vez informadas las alegaciones, la persona titular de la Delegación Territorial 
correspondiente formulará propuesta de resolución que, acompañada del expediente 
instruido al efecto, será elevada al órgano competente su resolución.
d)  El plazo para la instrucción del procedimiento de desafectación será de 9 meses 
desde el inicio del mismo.
e)  La Consejería competente en materia de Vías Pecuarias deberá regularizar la 
descripción física y jurídica del inmueble ante el Catastro y el Registro de la Propiedad. 
La resolución de desafectación será título suficiente para acreditar ante el Catastro 
Inmobiliario el cambio de naturaleza del inmueble y, en su caso, titularidad. Del mismo 
modo, constituirá título para la inscripción en el Registro de la Propiedad en los términos 
establecidos en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
f)  La  resolución  de  desafectación  deberá  ser  comunicada  por  la  Consejería 
competente en materia de Vías Pecuarias a la Consejería con competencias en materia 
de Patrimonio para su toma de razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de 
la  Comunidad  Autónoma,  con  remisión  de  los  datos  registrales  y  catastrales  que 
permitan la identificación y localización de los terrenos desafectados, los cuales serán 
adscritos por la Consejería con competencia en materia de Patrimonio a la Consejería 
que resulte más adecuada en función de la naturaleza, características y situación de los 
terrenos desafectados.
Disposición adicional quinta.  Las Comisiones Provinciales de Valoraciones. w.b
pCy eordmm1ei.as  inoáeLnmnaetbssei  tsoP  Cdroeopv mrpionaivcsriiintaoicclneiipeasasl ,  cdieóeP nsVrp oaaevldcoinmiracailinicaziilaosetdnsroea ssti  vddaeee  ndp eeV mnaladlao eJtrerauárcninaito a dn dedee esl   aA esnCxodponarn olsupecóijaíeracgr,ií aóadnn eoa ss cf loaor nczqcoouelseenag t.rei aasdLdtéoaonsss     OE-A-2021-20able en https://
adscritas las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las respectivas
provincias,  la  cual  les  facilitará  la  infraestructura  administrativa  necesaria  para  su 
adecuado funcionamiento, actuando con plena autonomía en el cumplimiento de sus 
funciones.
2.  Las Comisiones Provinciales de Valoraciones conocerán de los procedimientos 
de  determinación  del  justiprecio  de  todas  las  expropiaciones  forzosas  cuando  la 
Administración expropiante sea de la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquiera 
de  las  entidades  locales  de  su  territorio,  y  actuarán  con  competencia  resolutoria 
definitiva, poniendo sus actos fin a la vía administrativa.
3.  Las Comisiones Provinciales de Valoraciones se componen de los siguientes 
miembros,  garantizando  la  representación  equilibrada  entre  hombres  y  mujeres,  de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género de Andalucía:
a)  Presidencia:  Una  persona  funcionaria  al  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía 
perteneciente al Grupo A1.
b)  Vocales:
1.º  Un letrado de la Junta de Andalucía designado por la Jefatura del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía.
2.º  Cuatro personas funcionarias técnicos al servicio de la Junta de Andalucía 
pertenecientes al Grupo A1 o asimilados. De ellas, al menos una prestará servicios en la 
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y otra en la 
Consejería competente en materia de Hacienda.
3.º  Un representante, designado por el Decanato del Colegio Notarial de Andalucía, 
titular de la Notaría correspondiente.
4.º  Un técnico designado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
5.º  Un técnico pertenecientes al Grupo A1 o asimilado designado por el órgano 
encargado del catastro.
6.º  Cuando se trate de expropiaciones locales, un técnico pertenecientes al Grupo 
A1 o asimilado designado por la entidad local interesada en representación de ella.
c)  Secretaría:  una  persona  funcionaria  al  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía 
perteneciente al Grupo A1.
4.  Podrá actuar como ponente a los efectos de la elaboración de los informes 
facultativos  que  sean  requeridos  por  el  órgano  colegiado  para  fundamentar  sus 
resoluciones cualquier persona funcionaria técnica al servicio de la Junta de Andalucía o 
de la Administración Local, según que la Administración expropiante sea una u otra. El 
ponente podrá intervenir en las deliberaciones de las Comisiones, con voz pero sin voto, 
salvo en el supuesto de que en él concurra también la condición de vocal.
5.  Reglamentariamente se determinarán la organización y el funcionamiento de las 
Comisiones.
Disposición adicional sexta.  Creación del Cuerpo de Subinspección de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda.
1.  Se  crea,  dentro  del  Grupo  A,  Subgrupo  A2,  configurado  en  la  disposición 
adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de  Andalucía, el Cuerpo  de Subinspección de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía (A2.6000) para ejercer las  e.e
funciones de apoyo y asistencia técnica a la inspección de ordenación del territorio,  b
urbanismo y de vivienda que sean competencia de la Administración de la Junta de  916ww
rAengdlaamluecníata, rieanm elonste , téernm ainpoosy oy  declo Cn ueelr paol cdaen cInes peescttaobrleesc iddeo sO  redne nlaac iópnre sdeenl tTee rLrietoyr ioy, 
Urba2n. ismElo i nyg Vreivsioe nedna e.l referido Cuerpo será por oposición entre aquellos que reúnan los
requisitos establecidos en la normativa de Función Pública para acceso al Subgrupo A2.
3.  Los subinspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de la Junta 
de Andalucía, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la 
autoridad, con las facultades y protección que les confiere la normativa vigente.
El personal subinspector estará provisto de la correspondiente acreditación, con la 
que se identificará en el desempeño de sus funciones.
Cuando  lo  consideren  preciso,  los  subinspectores  de  ordenación  del  territorio, 
urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía podrán recabar, en el ejercicio de sus 
funciones,  el  apoyo,  concurso,  auxilio  y  protección  que  necesiten  de  otras 
Administraciones Públicas.
Disposición  adicional  séptima.  Normalización  y  difusión  de  los  instrumentos  de 
ordenación.
La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sin 
perjuicio  de  su  desarrollo  reglamentario  y  a  efectos  de  asegurar  la  difusión, 
interoperabilidad,  reutilización,  transparencia  y  comprensión  del  contenido  de  los 
instrumentos de ordenación:
a)  Formulará unas Normas Directoras sobre el glosario de términos técnicos de uso 
en los instrumentos de ordenación, a fin de facilitar la comprensión unívoca de la 
terminología territorial y urbanística.
b)  Formulará unas Normas Directoras sobre normalización de la documentación 
electrónica de los documentos de planeamiento, con objeto de unificar la estructura, 
codificación,  nomenclatura  y  leyendas  a  utilizar  en  los  instrumentos  de  ordenación 
territorial y urbanística.
c)  Mantendrá una plataforma para la tramitación electrónica de los documentos de 
planeamiento.
d)  Publicará en su sitio web la  documentación  técnica  y administrativa de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística cuya aprobación definitiva sea de su 
competencia.
Disposición adicional octava.  Registro de Entidades Colaboradoras.
Los  Ayuntamientos  deberán  crear  un  Registro  de  Entidades  Colaboradoras.  La 
Comunidad Autónoma deberá poner a su disposición la información de que disponga 
sobre estas entidades.
Disposición  adicional  novena.  Licencia  o  declaración  responsable  para  escrituras 
públicas y asientos registrales.
1.  Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, además 
de los requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación básica 
estatal, se exigirá y testimoniará:
a)  La  licencia  correspondiente,  acto  que  acredite  el  control  previo  municipal  o 
alternativamente, si se trata de obras que conforme a esta Ley estén sólo sujetas a 
declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
b)  Certificación  expedida  por  técnico  competente  que  acredite  el  ajuste  de  la 
descripción  de  la  obra  al  proyecto  objeto  de  la  licencia  o  a  lo  manifestado  en  la 
declaración responsable. e
c)  Las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación o instalación. bo
2.  Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada, además de los 
requisitos establecidos por otras leyes y de conformidad con la legislación básica estatal, 
se exigirá y testimoniará:
a)  Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos 
referidos en la letra a) del apartado anterior.
b)  Licencia  de  ocupación  o  utilización,  o  bien  la  acreditación  de  que  se  ha 
presentado declaración responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de 
uso.
c)  Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la 
obra conforme a lo autorizado y declarado.
Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de 
edificaciones respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de 
protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo previsto en la 
legislación estatal.
3.  Para  las  inscripciones  de  declaración  de  obra  nueva,  los  Registros  de  la 
Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes.
Disposición transitoria primera.  Aplicación de la Ley tras su entrada en vigor.
La presente Ley será de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en 
vigor. A estos efectos, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 
segunda, se aplicarán las siguientes reglas:
a)  Clasificación  del  suelo  y  régimen  de  las  actuaciones  de  transformación 
urbanística.
1.ª  Tendrán  la  consideración  de  suelo  urbano  los  terrenos  que  cumplan  las 
condiciones establecidas para esta clase de suelo en el artículo 13 y también aquellos 
clasificados como suelo urbano por el instrumento de planeamiento general vigente, si lo 
hubiera.
El resto de los terrenos tendrán la consideración de suelo rústico, con la categoría 
que le corresponda según lo dispuesto en el artículo 14.
2.ª  Los ámbitos de suelo urbano no consolidado del planeamiento general vigente 
tendrán el régimen que se establece en esta Ley para la promoción de actuaciones de 
transformación urbanística delimitadas sobre suelo urbano o, en su caso, el de las 
actuaciones urbanísticas.
3.ª  Los ámbitos de suelo urbanizable ordenado o sectorizado podrán desarrollarse 
conforme a las determinaciones contenidas en el planeamiento general vigente. A los 
efectos de esta Ley tendrán el régimen que se establece para la promoción de las 
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización, considerando que las 
mismas se encuentran delimitadas.
4.ª  Los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado podrán desarrollarse conforme 
a  los  criterios  y  directrices  establecidos  en  el  planeamiento  general  vigente  para 
proceder a su sectorización y requerirán, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, de la 
aprobación  de  las  correspondientes  propuestas  de  delimitación  de  actuaciones  de 
transformación urbanística.
b)  Actividad de edificación. o
1.ª  Los  medios  de  intervención  administrativa  sobre  la  actividad  de  edificación  916ww
pprroecveisdtoims ieennt ose sdtea  oLtoeryg apmodiernátno  dsee rl icaepnlciciaa bulerbsa, naís tsicoali cqiutued e sdteulv iienrtaenre esna dtroa,m  ait aaciqóune.llos
reha2b.ªil itaLcoiósn p yro ccoendsimeriveanctoiósn d, einrcivluaiddooss  dloesl  idnecu emjepcliumciieónnt os udbes ildoisa rdiae boe preosr  dsues etidtuifcicióanc,i óyna,   BOE-A-cable e
iniciados a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán tramitándose conforme a la 
ordenación de dichos procedimientos contenida en la legislación vigente en el referido 
momento. Los plazos previstos en esta Ley serán de aplicación inmediata desde su 
entrada en vigor.
c)  Disciplina urbanística:
1.ª  Los procedimientos que, al momento de entrada en vigor de la presente Ley, 
estuvieran ya iniciados, se tramitarán y resolverán con arreglo a la legislación en vigor en 
el momento de su iniciación.
2.ª  El ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad territorial y 
urbanística y sancionadoras, en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, no podrá 
amparar supuestos de retroactividad desfavorable para el presunto infractor.
Disposición transitoria segunda.  Vigencia, innovación y adaptación de los planes e 
instrumentos vigentes.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, todos los 
instrumentos  de  planificación  territorial  y  de  planeamiento  general,  así  como  los 
restantes instrumentos aprobados para su desarrollo y ejecución que estuvieren en vigor 
o fueran ejecutivos en el momento de entrada en vigor de esta Ley, conservarán su 
vigencia y ejecutividad hasta su total cumplimiento o ejecución o su sustitución por 
algunos de los instrumentos de ordenación de esta Ley.
2.  Desde la entrada en vigor de la Ley, no será posible iniciar la revisión de los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística, de las Normas Subsidiarias Municipales o 
de los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, debiendo procederse a su sustitución 
por los instrumentos que en esta Ley se establecen.
3.  Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deberán ajustarse a los 
contenidos,  disposiciones  y  procedimientos  de  esta  Ley,  no  pudiendo  delimitar 
actuaciones de transformaciones urbanísticas en suelo no urbanizable hasta que se 
proceda a su sustitución conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Podrán  delimitarse  actuaciones  de  transformación  urbanística  o  actuaciones 
urbanísticas en suelo urbano aunque no se encuentre aprobado el Plan de Ordenación 
Urbana previsto en el artículo 66.
4.  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  detallada  de  las  actuaciones  de 
transformación urbanística delimitadas en el planeamiento general vigente establecerán 
la reserva de suelo para dotaciones que se determinen en los mismos. Hasta que se 
produzca  el  desarrollo  reglamentario  de  le  Ley  deberán  cumplir  como  mínimo  los 
estándares establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.
5.  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  se  adaptarán  a  los  planes  de 
ordenación del territorio vigentes en el plazo que éstos hubieran establecido y, en todo 
caso, en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley. El 
transcurso de este plazo sin que la referida adaptación se haya producido determinará la 
prevalencia  de  las  determinaciones  territoriales  sobre  el  planeamiento  urbanístico 
afectado.
Disposición transitoria tercera.  Planes e instrumentos en tramitación.
1.  Los procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, así  e.
como los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado  w.b
antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar su tramitación conforme a las  916ww
lrae glelagsis dlaec ioórnd esneacctoiórina l dye lu prbroacneísdtiimcaie vnitgoe nyt ee l erné geiml meno mdeen ctoo mdep eitneicnicaira sla e mstiasbmleac. idAo ess ptoosr 
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urbanística, y, en el caso de los instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación 
ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este procedimiento.
2.  No  obstante,  dichos  procedimientos  podrán  tramitarse  conforme  a  las 
determinaciones  de  esta  Ley  siempre  que  se  puedan  conservar  los  informes, 
pronunciamientos sectoriales y actuaciones del órgano ambiental, por no ver afectado su 
contenido.
Disposición  transitoria  cuarta.  Ordenación  urbanística  en  los  municipios  sin 
planeamiento general.
En los municipios que, al tiempo de entrada en vigor de esta Ley, no cuenten con 
planeamiento general, el suelo del término municipal se entenderá clasificado en urbano 
y rústico, conforme a los criterios establecidos en el capítulo I, del título I.
Disposición transitoria quinta.  Régimen de las edificaciones terminadas antes de la 
entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, y de aquellas para las que hubiera 
transcurrido  el  plazo  para  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio.
1.  Las  edificaciones  terminadas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo 
no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística 
tanto de obras como de ocupación o utilización para el uso que tuvieran a dicha fecha. 
Dicho régimen no será extensible a las obras posteriores que se hayan realizado sobre 
la edificación sin las preceptivas licencias urbanísticas.
Igual criterio se aplicará respecto de las edificaciones irregulares en suelo urbano y 
urbanizable  para  las  que  hubiera  transcurrido  el  plazo  para  adoptar  medidas  de 
restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 
de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.
2.  Las  personas  propietarias  de  las  citadas  edificaciones  podrán  recabar  del 
Ayuntamiento certificación administrativa en la que se hará constar el régimen aplicable a 
ellas.
3.  Este  régimen  no  resultará  de  aplicación  en  las  zonas  de  dominio  público 
marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que las edificaciones se sujetarán al 
régimen que se derive de lo dispuesto en la legislación de costas y, particularmente, a las 
prohibiciones  contenidas  en  los  artículos  25  y  32  de  la  Ley  de  Costas  y  de  la 
imprescriptibilidad  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  197  del  Reglamento 
General de Costas.
Disposición transitoria sexta.  Plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística 
en la zona de influencia del litoral.
El plazo para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística en la zona de 
influencia del litoral establecido en el artículo 153 será de aplicación hasta que se 
produzca una regulación específica en la legislación básica en materia de costas.
Disposición transitoria séptima.  Normativa aplicable con carácter supletorio.
1.  Mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a  e.e
que  se  refiere  la  disposición  final  primera  seguirán  aplicándose  en  la  Comunidad  w.b
Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la presente  916ww
LPelayn aye) a omtrRaieesna dtlo iDs pepocasrreiact iooe n2l e1ds5e 9vs/iag1re9rn7ot8lelo,s  d, yela  2as3 ps ldiigceau cijeuiónnntioe ,sd :peo rl ae l Lqeuye  sseo barper uReébgai mele Rne gdlealm Seunetolo d ey   OE-A-2021-20able en https://
Ordenación Urbana.
b)  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.
2.  El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía seguirá aplicándose en 
lo que sea compatible con la ley.
3.  Seguirán  siendo  de  aplicación  de  forma  supletoria  las  Normas  Subsidiarias 
Provinciales y los Planes Especiales de Protección del Medio Físico mientras no se 
produzca su desplazamiento por los instrumentos de ordenación territorial o urbanística.
4.  El  Decreto-ley  3/2019,  de  24  de  septiembre,  de  medidas  urgentes  para  la 
adecuación  ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones  irregulares  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía seguirá aplicándose, en lo que sea compatible con la Ley, hasta 
que se produzca el desarrollo reglamentario del título VIII.
Disposición transitoria octava.  Comisiones Provinciales de Valoraciones.
Hasta  que  se  desarrolle  reglamentariamente  lo  establecido  en  la  disposición 
adicional quinta, a las Comisiones Provinciales de Valoraciones les será de aplicación el 
Decreto 164/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones, en lo 
que no se oponga a lo dispuesto en la mencionada disposición adicional quinta.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan  derogadas  todas  las  normas  de  igual  o  inferior  rango  en  lo  que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2.  Quedan derogadas expresamente las siguientes normas:
a)  Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
b)  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
c)  Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que 
se aprueban medidas fiscales y administrativas.
d)  Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
e)  Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con 
relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.
f)  Norma 45.4.a del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
g)  Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos  a  poner  suelo  urbanizado  en  el  mercado  con  destino  preferente  a  la 
construcción de viviendas protegidas.
h)  Orden de 13 de marzo de 2007, por la que se crea el Observatorio Territorial de 
Andalucía y se regula su organización y funcionamiento, y la Orden de 23 de febrero 
de 2009, que modifica la anterior.
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Consejo de Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley,  bo
dictará por Decreto, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en  916ww
alpmocasatr itcvieniiardsilaater dusd  mepd eaeOnr aretdo dsesiufn idc adeace cioósiórnadn redr onyela ll odcT eieóy r nlreai ttj oeedrcriirosuitc coyiipró iUlaninrl  bcayao  utnmeribsrprmaritenoonír,sdi ateiielcl  nayRd, e uodgr,eb la calmaon meíasncotitt ciomva igd,í neapinmdue dodri,aee l ln aeod j eroRec geumugcolilaóadcnmifi,ió ecdnnae trd o leaos     OE-A-2021-20able en https://
derogar el vigente Reglamento de Disciplina de Andalucía. En el contenido de los
referidos reglamentos, y de cualesquiera otros que pudieran dictarse al amparo de esta 
Ley, se reservarán ámbitos normativos para su desarrollo, a través de Ordenanzas 
Municipales, en aquellas materias que, de conformidad con lo señalado en la legislación 
básica estatal y autonómica sobre régimen local, correspondan a los municipios.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo 
Consultivo de Andalucía.
Se modifica el apartado e) del artículo 17.10 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del 
Consejo Consultivo de Andalucía, quedando redactado como sigue:
«e)  La  modificación  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  que 
afecten a dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes, así como los 
supuestos de suspensión de los instrumentos de ordenación urbanística general 
que competen al Consejo de Gobierno.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía.
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 42, quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 42.  Informes de la Administración hidráulica.
1.  En el ámbito de las demarcaciones hidrográficas y aguas de competencia 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería competente en materia 
de Aguas emitirá informe sobre los actos y planes que la Comunidad Autónoma y 
las entidades locales hayan de aprobar en el ámbito de sus competencias que 
afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas, o a los usos permitidos en 
terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, 
teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en 
las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo 
con el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
La  Administración  competente  para  la  tramitación  de  los  instrumentos  de 
ordenación territorial y urbanística solicitará el informe tras la aprobación inicial de 
los mismos. El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo 
de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal básica.
Cuando los actos o planes de la Comunidad Autónoma o de las entidades 
locales  comporten  nuevas  demandas  de  recursos  hídricos,  dicho  informe  se 
pronunciará  expresamente  sobre  la  existencia  o  inexistencia  de  recursos 
suficientes  para  satisfacer  tales  demandas  y  sobre  la  adecuación  de  las 
infraestructuras de aducción y las de tratamiento de los vertidos a la legislación 
vigente.
En dicho informe se incluirá la comprobación de que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del 
suelo, no incluyan determinaciones que no sean compatibles con los planes de 
gestión  del  riesgo  de  inundación  de  las  correspondientes  demarcaciones  e
hidrográficas, ni con la normativa de aguas aplicable a cada origen de inundación;  bo
de acuerdo con la legislación estatal básica. 916ww
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Lo  dispuesto  en  este  apartado  será  también  de  aplicación  a  los  actos  y 
ordenanzas  que  aprueben  las  entidades  locales  en  el  ámbito  de  sus 
competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos 
de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo de la 
Consejería  competente  en  materia  de  Aguas  y  se  hubieran  recogido  las 
previsiones formuladas en él.
3.  En  el  ámbito  de  las  demarcaciones  hidrográficas  intercomunitarias,  el 
mencionado  informe  será  solicitado  a  las  correspondientes  Confederaciones 
Hidrográficas, de acuerdo con la legislación básica estatal.»
Dos.  Se modifica el artículo 59, quedando redactado como sigue:
«Artículo 59.  Zonificación del riesgo de inundación.
1.  Se elaborarán por la Consejería competente en materia de Agua mapas 
de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación, a la escala 
que resulte más apropiada para las zonas determinadas en el siguiente apartado.
2.  Los  mapas  de  peligrosidad  por  inundaciones  incluirán  las  zonas 
geográficas que podrían inundarse atendiendo a los escenarios de probabilidad 
definidos en la legislación básica estatal, de forma coordinada con las demás 
Administraciones Públicas competentes en la materia.
3.  Para  cada  uno  de  los  escenarios  de  probabilidad  se  indicarán  los 
contenidos previstos por la legislación básica aplicable.
4.  Igualmente, la Consejería competente en materia de Aguas delimitará las 
zonas de flujo preferente conforme a la legislación básica estatal.»
Tres.  Se modifica el artículo 62, quedando redactado como sigue:
«Artículo 62.  Elaboración y aprobación de los Instrumentos de Prevención del 
Riesgo de Inundación.
1.  El procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas que son 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía será el previsto en la 
legislación básica estatal, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía la aprobación con carácter previo de dichos Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación.
2.  Se establecerán mecanismos que permitan la participación de las partes 
interesadas en la evaluación preliminar de riesgo de inundación, así como en la 
elaboración, revisión y actualización de los instrumentos de prevención del riesgo 
de inundación, especialmente de los representantes de los municipios afectados. 
Dicha participación se coordinará con la participación activa de los interesados en 
el proceso de planificación hidrológica de la demarcación.
3.  La  evaluación  preliminar  del  riesgo  de  inundación,  los  mapas  de 
peligrosidad por inundaciones, los mapas de riesgo de inundación y los planes de 
gestión  del  riesgo  de  inundación  tendrán  la  consideración  de  información 
ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía.
El artículo 56 de Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 
queda redactado como sigue:
«1.  Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:
a)  Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración 
de  la  Junta  de  Andalucía  con  clara  incidencia  en  la  salud,  siempre  que  su 
elaboración  y  aprobación  vengan  exigidas  por  una  disposición  legal  o 
reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en el 
acuerdo de formulación del referido plan o programa.
b)  Los  siguientes  instrumentos  de  ordenación  urbanística  de  la  Ley  de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía:
1.º  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  general  y  los  planes  de 
ordenación urbana.
2.º  Los planes parciales de ordenación y los planes especiales de reforma 
interior cuando éstos delimiten actuaciones de transformación urbanística, así 
como los planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones 
de edificaciones irregulares.
3.º  El resto de instrumentos de ordenación urbanística detallada, cuando 
afecten  a  áreas  urbanas  socialmente  desfavorecidas  o  cuando  tengan  una 
especial  incidencia  en  la  salud  humana,  conforme  a  los  criterios  que 
reglamentariamente se establezcan.
4.º  Las revisiones de los instrumentos de ordenación urbanística anteriores y 
las modificaciones de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.b.
c)  Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que 
deban  someterse  a  los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental 
establecidos en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que figuran en el Anexo I de la 
presente Ley. En este supuesto, la resolución de los instrumentos señalados 
anteriormente contendrá el informe de evaluación de impacto en la salud.
d)  Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo anterior, 
que se determinen mediante decreto del Consejo de Gobierno, sobre la base de la 
evidencia de su previsible impacto en la salud de las personas.
2.  En el informe de impacto en la salud de las actividades y obras a que se 
refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior, se podrá establecer la necesidad 
de delimitar una zona de seguridad para la protección de la salud con limitaciones 
de uso para las actividades humanas que específicamente se determinen.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, no se 
someterán a evaluación del impacto en la salud:
a)  Los  planes  y  programas  que  se  elaboren  o  aprueben  por  las 
Administraciones Públicas y que tengan como único objeto la defensa nacional o 
la  protección  civil  en  casos  de  emergencia,  así  como  aquellos  de  carácter 
estrictamente financiero o presupuestario. s
b)  Las  modificaciones  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  del  oe.
párrafo b) del apartado 1, así como todas las actividades y obras, públicas y  w.
privadas, y sus proyectos a las que hace referencia el párrafo c) del apartado 1 de  916ww
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en el artículo 59.5, al que con carácter potestativo podrán acogerse las personas 
promotoras de las actuaciones anteriormente citadas.
c)  Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos que se 
localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una 
zona residencial. En estos casos, la evaluación sobre los efectos para la salud de 
la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el estudio de impacto 
ambiental, dentro del procedimiento de tramitación del instrumento de control y 
prevención ambiental correspondiente.
d)  Los Planes Especiales (ordenación urbanística detallada) que no tengan 
por  objeto  la  ordenación  de  servicios,  infraestructuras  o  equipamientos,  la 
regeneración de ámbitos urbanos consolidados degradados o las agrupaciones de 
edificaciones irregulares.»
Disposición final quinta.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 
modifica como sigue:
Uno.  El artículo 36.1 a) queda redactado como sigue:
«a)  Los instrumentos de ordenación urbanística señalados en el artículo 40.2 
y 40.3.»
Dos.  El artículo 36.2 d) queda redactado como sigue:
«d)  Los  instrumentos  de  ordenación  urbanística  señalados  en  el 
artículo 40.4.»
Tres.  Se modifica el artículo 40, quedando redactado como sigue:
«Artículo  40.  Evaluación  ambiental  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística.
1.  La evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística de 
la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía se realizará 
siguiendo  los  trámites  y  requisitos  de  la  evaluación  de  planes  y  programas 
previstos en la sección 4.ª del título III de esta Ley, con las particularidades 
recogidas en los apartados siguientes.
2.  Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los 
siguientes instrumentos de ordenación urbanística, así como sus revisiones:
a)  Los instrumentos de ordenación urbanística general.
b)  Los planes de ordenación urbana.
c)  Los planes parciales de ordenación.
d)  Los planes especiales de los apartados b), g), i) y j) del artículo 70 de la 
Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
3.  Así mismo, estarán sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria 
las modificaciones de los instrumentos de ordenación urbanística del apartado 
anterior, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a)  Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente  oe.
sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental  y  se  refieran  a  la  agricultura,  w.
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte,  916ww
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ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo.
b)  Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000, en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad.
4.  Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)  Las  modificaciones  menores  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística  del  apartado  2,  conforme  a  la  definición  que  de  las  mismas  se 
establece en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.
b)  Los planes de reforma interior y los estudios de ordenación, así como sus 
revisiones y modificaciones.
c)  Los planes especiales de los apartados a), c), f), h) y k) del artículo 70 de 
la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, así como sus 
revisiones y modificaciones.
5.  No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, por no 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los siguientes instrumentos 
de  ordenación  detallada  de  la  citada  Ley,  así  como  sus  revisiones  y 
modificaciones:
a)  Los planes especiales de los apartados d) y e) del artículo 70 de la Ley de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
b)  Los estudios de detalle y los instrumentos complementarios.
6.  El órgano ambiental deberá pronunciarse en la resolución de admisión de 
la solicitud sobre la idoneidad del procedimiento ambiental solicitado. A estos 
efectos, el documento inicial estratégico y, en su caso, el documento ambiental 
estratégico justificarán expresamente el procedimiento ambiental que pretende 
iniciarse.
En caso de resolución de inadmisión de la solicitud, se justificarán las razones 
por las cuales no se admite a trámite, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
ambiental, y se indicará, caso de que así procediera, la no necesidad de someter 
el instrumento de ordenación urbanística en cuestión a evaluación ambiental, por 
no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 36 de esta 
Ley, o bien por la no adecuación del tipo de evaluación ambiental estratégica 
solicitada para el tipo de instrumento de ordenación urbanística presentado.
7.  A los efectos del artículo 38 y 39, tendrá la consideración de promotor de 
la actuación el órgano responsable de la tramitación administrativa del instrumento 
de ordenación urbanística.
8.  Las  actuaciones  que  correspondan  realizar  al  órgano  ambiental  y  al 
órgano responsable de la tramitación administrativa durante el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística se 
sustanciarán  a  través  del  órgano  colegiado  de  coordinación  previsto  en  la 
legislación urbanística y conforme a lo dispuesto en su normativa de desarrollo. A 
estos  efectos,  se  remitirán  al  órgano  colegiado  la  solicitud  de  inicio  del 
procedimiento,  la  resolución  de  admisión  a  trámite,  las  consultas  que  deban 
realizarse  a  los  órganos  y  entidades  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía,  el  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental  estratégico,  la 
declaración ambiental estratégica y, en su caso, el informe ambiental estratégico.» e.e
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días siguientes de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 233, de 3 de diciembre de 2021)