BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Viernes 20 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26309
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
3897 Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad 
profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el 
libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la 
vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.
El pasado día 14 de marzo se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En el artículo 1 del citado real decreto se dispone que «Al amparo de lo dispuesto en 
el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma con el fin de 
afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19», 
declaración que conforme al artículo 2 del mismo cuerpo legal se extiende a todo el 
territorio nacional.
De conformidad en el artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
designa al Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, 
como autoridad competente delegada en las áreas de responsabilidad que no recaigan 
en  las  competencias  propias  de  los  Departamentos  de  Defensa,  Interior  así  como 
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Por  lo  tanto,  el  Ministro  de  Sanidad  es 
autoridad competente delegada en el área de competencias propias del Ministerio de 
Justicia a efectos de aplicar el real decreto de declaración del estado de alarma.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 4.3 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este 
real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones interpretativas que sean necesarios para garantizar la prestación de todos 
los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once 
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Las extraordinarias circunstancias que han motivado la declaración del estado de 
alarma imponen la necesidad de una coordinación, a nivel del todo el Estado, de la 
actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el 
Libro  VI  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial  para  poder 
garantizar  la  prestación  de  los  servicios  esenciales  acordados  por  Resolución  del 
Secretario de Estado sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia de 14 
de marzo de 2020 y, al mismo tiempo, salvaguardar la salud de los usuarios del servicio 
y de aquellos empleados públicos que estén llamados a garantizar el mantenimiento de 
la actividad esencial de la Administración de Justicia en aras del interés general y de la 
defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Por todo lo anterior, y en virtud de las competencias atribuidas al Ministro de Sanidad 
como  autoridad  competente  delegada  en  aplicación  del  artículo  4.2  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, resuelvo: s
Primero. w.
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Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en todo el territorio del Estado.
Asimismo, le corresponderá la coordinación de los servicios públicos prestados a 
través de los Colegios Profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de 
Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
Segundo.
A los efectos de llevar a efecto la actividad encomendada, el Ministro de Justicia 
podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis en orden a poder 
articular  consensuadamente  las  medidas  necesarias  para  el  mantenimiento  de  los 
servicios  esenciales  en  lo  referente  a  la  actividad  profesional  desarrollada  por  los 
miembros de los cuerpos de funcionarios a los que se refiere la presente orden y dar 
cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad. En esta 
Comisión tendrán representación las comunidades autónomas con competencia en la 
materia.
Asimismo, sin perjuicio de las consultas que puedan formularse al Consejo General 
del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, una y otra institución acudirán a las 
reuniones  de  la  Comisión  a  través  del  representante  que  estas  designen,  por 
considerarse necesario para poder coordinar adecuadamente las decisiones que se 
tomen  en  el  ámbito  de  la  Administración  de  Justicia  en  relación  con  los  distintos 
colectivos implicados.
Tercero.
En el ámbito de aplicación fijado en el apartado primero de la presente orden, el 
Ministro de Justicia, previa comunicación a la Comisión prevista en el apartado anterior 
podrá adoptar, cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean 
necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de 
los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y 
de las recomendaciones establecidas por este Ministerio para la salvaguarda de la salud 
pública.
Cuarto.
Esta orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Quinto.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de  su  publicación  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 19 de marzo de 2020.—El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca