BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28661
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3799 Sala Segunda. Sentencia 12/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo 4703-2019. Promovido por don Gustavo Cachcovsky Nin respecto de 
las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Arganda del Rey que archivaron su 
denuncia de malos tratos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia 
de  malos  tratos  que  se  dicen  sufridos  en  el  ámbito  penitenciario  (STC 
34/2008).
ECLI:ES:TC:2022:12
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4703-2019, promovido por don Gustavo Cachcovsky 
Nin, contra el auto de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid 
núm. 652-2019, de 12 de julio, por el que se desestima el recurso de apelación núm. 
867-2019 interpuesto contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
3 de Arganda del Rey de 11 de abril de 2019 pronunciado en las diligencias previas núm. 
404-2018. Ha comparecido la Abogacía del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1. Don Gustavo Cachcovsky Nin, representado por el procurador de los tribunales 
don  Jorge  Pérez  Vivas,  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Antonio  Enrique  Serrano 
Sánchez, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el 
encabezamiento mediante escrito registrado en el Tribunal el 16 de diciembre de 2019.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El demandante de amparo, entonces interno en el departamento de aislamiento 
del  centro  penitenciario  de  Estremera  (Madrid  VII),  mediante  escrito  de  solicitud 
presentado de manera abierta a la dirección del centro el 18 de mayo de 2018 y dirigido  s
al juzgado de guardia con competencia territorial en dicha demarcación territorial, afirmó  oe.
presentar denuncia por malos tratos en el ámbito penitenciario y torturas ocurridos el  w.
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se persone representante de este juzgado, acompañado de médico forense o bien se
ordene mi traslado a las dependencias judiciales». Bc
El escrito fue remitido por oficio del director del centro de 28 de mayo de 2018 al 
juzgado de guardia de Arganda del Rey, que lo registró como recibido el 31 de mayo 
de 2018, dictándose auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Arganda del Rey de 1 de junio de 2018 incoando las diligencias previas núm. 404-2018 y 
acordando  la  práctica  de  las  diligencias  consistentes  en  oír  en  declaración  al 
denunciante el 4 de octubre de 2018 a las 12:15 horas mediante videoconferencia con el 
centro penitenciario y la emisión de informe por el centro sobre los hechos denunciados.
b) El  director  del  centro  penitenciario  remitió  informe  de  21  de  junio  de  2018 
poniendo de manifiesto que el interno denunciante protagonizó el 16 de mayo de 2018 
un incidente violento en el módulo de régimen cerrado con amenazas a los funcionarios, 
intento de agresión a los mismos e intentos de autolesión, lo que motivó la intervención 
de los funcionarios para evitar que se autolesionara. El incidente provocó «la aplicación 
de su aislamiento provisional con la necesidad de utilizar la sujeción mecánica de 
duración  prolongada  con  correas  homologadas,  debido  a  la  agresividad  que 
presentaba», haciéndose constar que se evacuaron los informes de los funcionarios 
intervinientes y de los jefes de servicio y que las actuaciones se comunicaron al juzgado 
de vigilancia penitenciaria al que se elevó también el parte médico de aplicación del 
aislamiento regimental, «donde participa que no hay inconveniente para la adopción de 
dicha medida, y que del reconocimiento de dicho interno, no se aprecian lesiones. 
Durante la situación de sujeción mecánica, se efectúan controles diarios de seguimiento, 
cada hora, donde se vigila de manera física, el estado del interno».
En este informe también se reproduce el contenido del informe de los jefes de 
servicio de 23 de mayo de 2018, que se adjunta, en el que se hace constar que durante 
la jornada del turno de mañana del día 18 de mayo de 2018 se ordenó al interno su 
traslado de la celda 19 que ocupaba a la celda 36 del departamento de régimen cerrado, 
donde estaba durante los incidentes del día 16 de mayo, quien se negó a entrar en dicha 
celda, «alegando que en dicha celda se había cometido un delito, entrando finalmente en 
la misma, tras mantener un diálogo con los jefes de servicio actuantes». Igualmente se 
incide  en  que  «el  desorden  que  presentaba  la  celda  36,  ocupada  por  el  interno 
denunciante el día de los altercados producidos por él, estaba en el mismo estado que 
presentaba esta el día 16 de mayo, reconociéndolo el interno […] a los jefes de servicio y 
pidiendo disculpas por las insinuaciones e imputaciones de comisión de un delito en el 
interior de la misma» y que «la celda número 36 de aislamiento, que ocupaba el interno 
denunciante el día 16 de mayo, quedó clausurada durante el tiempo que este estuvo en 
la celda 19 del mismo departamento, en las mismas condiciones de desorden y con las 
mismas pertenencias que dejó el denunciante a su vuelta el día 18 de mayo, sin que 
ningún funcionario entrase a la misma».
Al informe del director del centro también se adjunta un informe de 26 de mayo 
de  2018  firmado  por  dos  de  los  funcionarios  del  centro  (números  de  identificación 
profesional 95684 y 98926) en que se hace constar que el 16 de mayo de 2018 el interno 
«protagoniza  unos  incidentes  que  se  encuentran  descritos  en  el  parte  de  hechos 
correspondiente. Durante la intervención que se detalla, los funcionarios de servicio 
observan al abrir la celda sus pertenencias revueltas y se limitan a realizar una requisa 
de unas grapas que el interno tiene sobre la mesa y efectuar un breve registro de la 
celda  sin  que  se  intervenga  nada  más  que  las  citadas  grapas.  Todo  el  resto  de 
pertenencias permanece en la celda».
c) Mediante providencia de 4 de octubre de 2018 se acordó que, habiéndose 
trasladado el denunciante al centro penitenciario de Topas, se le citara para que se le  es
tomara declaración por videoconferencia el 13 de noviembre de 2018 a las 11:15 horas.  o
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(i) «se ratifica en la denuncia interpuesta»; (ii) «que los malos tratos fueron por parte de
los funcionarios Iván, Fernando e Iván»; (iii) que le golpearon porque el día anterior se 
había declarado en huelga de hambre y al día siguiente le negaron la salida al patio; (iv) 
«que le pusieron los grilletes antes de salir de la celda a través del pasaplatos y que en 
vez de hacerle salir se metieron tres funcionarios en la celda, que Iván el del pelo negro 
(porque el otro es del pelo blanco), le pegó en la cara con la mano abierta y le tiró al 
suelo. Que salió a gatas corriendo de la celda y se pone en el pasillo donde hay cámaras 
de vigilancia para que se le vea. Entonces Fernando le pone la rodilla sobre su rostro y 
su cuerpo sobre el del dicente. Que Iván, el que le había golpeado, entra en su celda y 
se escuchan golpes como si lo estuviera rompiendo todo. Que el otro Iván (pelo gris) 
revuelve sus papeles y sale con una sustancia, la sustancia por la que el dicente se ha 
puesto en huelga de hambre, y una instancia que había hecho adelantándose a los 
acontecimientos  porque  ya  se  lo  esperaba».  Igualmente  declara  que  más  tarde  le 
pusieron sujeción mecánica y que «cree que lo hicieron todo para disimular la paliza», 
negando que los incidentes tuvieran como motivo la inspección de su celda, sino que 
«fueron a propósito a pegarle la paliza».
A preguntas de su letrada, el ahora demandante de amparo identificó con nombre y 
apellidos como testigos que pudieran escuchar los hechos a tres internos, dando datos 
sobre el centro penitenciario en el que están en ese momento dos de ellos, reiterando 
que las lesiones le fueron causadas el 16 de mayo de 2018. También solicitó «que sean 
testimoniados los expedientes disciplinarios 439, 440 y 441 de 2018, la notificación del 
cacheo físico integral del día 16 de mayo de 2018» e interesó «las grabaciones de los 
hechos ocurridos sobre las 18:00 del día 16/05/2018 de la cámara que enfoca el pasillo 
de la celda número treinta y seis. Que el día 18 hizo una instancia para solicitar que se 
guardaran esas grabaciones, que no se borraran». Igualmente afirmó que «tiene informe 
médico de fecha 18/05/2018. Que el día 24 fue a hablar con el jefe de servicio y le 
amenazó delante del médico para que no haga denuncia» y que «reclama por los 
hechos que denuncia».
d) Mediante providencia de 3 de diciembre de 2018 se acordó requerir del centro 
penitenciario «que aporte las grabaciones de los hechos ocurridos sobre las 18.00 horas 
del día 16/05/2018 de la cámara que enfoca a la celda número 36» y que se identifique a 
los funcionarios que intervinieron en el registro del 16 de mayo de 2018 «con nombres 
Iván y Fernando».
Por oficio de 10 de enero de 2019, el centro penitenciario puso en conocimiento del 
juzgado, en relación con las imágenes solicitadas, que «el centro ya no dispone de las 
mismas, pues el sistema de grabaciones las borra pasando un tiempo establecido por la 
capacidad de dichos grabadores, salvo en los casos en que sean solicitados mediante 
auto de la autoridad judicial competente, dentro de los plazos, que técnicamente, se 
puedan disponer de tales imágenes». Respecto de la identificación de los funcionarios 
que realizaron el registro de la celda el día 16 de mayo de 2018, se informa de los 
números de registro personal de un funcionario cuyo nombre de pila es Iván y de otro 
cuyo nombre de pila es Fernando, que resultan coincidentes con los que firmaron el 
informe de 26 de mayo de 2018, que se adjuntó al informe del director del centro de 21 
de junio de 2018.
e) Mediante providencia de 13 de febrero de 2019 se acordó oír en declaración en 
calidad de investigados a los dos funcionarios identificados como los que realizaron el 
registro en la celda del demandante de amparo, lo que se verificó el 11 de abril de 2019 
bajo la asistencia letrada de la Abogacía del Estado, autorizada por la dirección del 
servicio jurídico del Estado, y con la presencia de la letrada del ahora demandante de  es
amparo. o
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autolesionando, mientras les mostraba otras grapas que tenía sobre la mesa diciéndoles
que iba a continuar autolesionándose. Que todo esto ocurrió mientras la celda estaba 
cerrada. Pidieron autorización al jefe de servicio para proceder a la apertura de la celda y 
evitar que continuara autolesionándose. Que entraron en la celda y el interno le empuja. 
Y ahí empezó la actuación por parte de ambos funcionarios para reducirle. Que les costó 
bastante ya que el interno se mostró más agresivo que antes cuando vio que le iban a 
quitar el elemento prohibido que eran las grapas. Finalmente consiguieron reducirle. Que 
no le produjeron ninguna lesión en el momento de reducirle».
Del mismo modo declaró en relación con el ahora demandante de amparo «que tiene 
conocimiento de que es conflictivo en dicho centro penitenciario, que es un interno 
problemático según le consta. Se encontraba en aislamiento por su conflictividad. Que 
en este caso no engrilletaron al interno desde fuera porque aunque es lo habitual, en 
este caso piensa que no hubiera accedido voluntariamente a poner las manos para 
hacerlo».
A preguntas de la letrada del ahora demandante de amparo, afirmó «que las grapas 
se las colocaba el interno con la mano, ya que no tenía grapadora. Que no es cierto que 
estuvieran los funcionarios en conflicto con el interno porque el interno se hubiera puesto 
en huelga de hambre. Que lo que realmente ocurrió se adoptó como medida hacia él 
para suspenderle las actividades por la tarde y es entonces cuando empieza a llamar la 
atención colapsando la interfonía. Luego por la tarde cuando les llama a través de la 
interfonía porque quería presentar un habeas corpus y a raíz de esto es cuando sucede 
el incidente anteriormente descrito. Que no es cierto que los funcionarios le hubieran 
negado la salida al patio, que en realidad fue el interno que renunció a la salida, 
negándose a firmar el papel de la renuncia. Que la negativa a la firma de la renuncia 
consta documentalmente. Que en este caso los grilletes fueron colocados al interno una 
vez fue reducido. Que no llegaron a entrar en la celda para reducirlo, que todo ocurrió en 
el pasillo de la galería. La celda ya estaba revuelta cuando ellos llegaron, que no lo 
hicieron los funcionarios. Que hasta que no vino el jefe de servicio no cachearon al 
interno. Que es cierto que fueron a la celda para recoger al habeas corpus y fue en ese 
momento cuando les pidió explicaciones de por qué no podía salir. Que es normal que 
acudieran tres funcionarios, porque lo hacen por seguridad».
A preguntas de su asistencia letrada, ejercida por la Abogacía del Estado, este 
investigado declaró que «el interno recibió asistencia médica en todo momento. Que en 
el parte de lesiones de reducción no se observó ninguna lesión. No precisó ninguna 
intervención médica, ni quirúrgica».
Inmediatamente tras esta declaración aparece un informe del médico del centro 
de 16 de mayo de 2016, quien en un formulario de aplicación de aislamiento regimental 
dirigido  al  director  del  centro  hace  constar  que  fue  requerido  para  visitar  al  ahora 
demandante de amparo en el departamento de aislamiento y que una vez reconocido a 
las  20:30  horas  aproximadamente  «no  padece  en  la  actualidad  enfermedad  que 
desaconseje la aplicación de aislamiento regimental» y que «no se aprecian lesiones». 
De  su  puño  y  letra  se  añade:  «No  existe  inconveniente  sanitario  para  la  sujeción 
regimental».
f) El funcionario núm. 95684 declaró «que no reconoce que le causara ninguna 
lesión al interno. Que describe la secuencia de los hechos de forma idéntica a la del 
funcionario que ha declarado con anterioridad». Se añade que «el interno tenía una 
grapa en la boca la tarde anterior. La herida de la grapa a los servicios médicos no les 
pareció importante. Que a la celda se acudió en varias ocasiones y la última vez es la del 
incidente denunciado. Que él fue el que ordenó la apertura de la celda. Que utilizó la  es
forma de contención protocolaria, poniendo una rodilla en el cuello y otra en la zona  o
ladhcuoneammtncebitapsrao a rld,.ño  epe S doruaoed b srcerícoainrrm  ithtlraopóa .a b peQñeunereu  rcreloato a  nle caopleb  oflouldrernqaa cu pdpieroooa n,nvr aadoor e cirop óeh r tceeinrovcainnehrg  íoanlua núens msa lotg .o  lre 9qaes8upsi2eaó l9 snoo6..   ch,QA uale urbrc eiisoót uon.e astnQiltn. u ueuQvesaou tc epelia óe cnsnnao  spsyraimoaeb  raanenlnomna  gsqee runnmileltgeei ert uiancllndeutraotaaa ,nsv rdo seéounzl      OE-A-2022-3799able en https://www.
entran varios funcionarios es que el interno no se muestra agresivo o retador. Que sabe
que  no  tiene  lesiones  porque  lo  vio,  y  porque  en  el  parte  de  lesiones  no  consta 
objetivada ninguna».
A preguntas de la letrada del ahora demandante de amparo, afirmó «que solo le 
requisaron las grapas y que normalmente cuando sucede un caso de estos hacen un 
chequeo general de la celda por si tienen que retirar algo. Que no recuerda que se 
retirara nada más. Que no es cierto que el funcionario núm. 98926 le diera un golpe con 
la mano abierta. Que si efectuaron un cacheo integral sobre el interno. Que el cacheo lo 
hicieron antes de ponerle los elementos de sujeción permanente, distintos a los grilletes. 
Que fue un cacheo complicado porque no mostró colaboración».
A preguntas de su asistencia letrada, ejercida por la Abogacía del Estado, este 
investigado declaró que «nunca le negaron la salida al patio. Que fue él quien renunció. 
Que accedieron a la celda con todas las autorizaciones del jefe de servicio».
g) Por auto de 11 de abril de 2019 se acordó el sobreseimiento provisional y el 
archivo de la causa, al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito, 
argumentando que «de lo actuado en la causa, y particularmente a la vista del propio 
atestado, no se han obtenido indicios bastantes que justifiquen la continuación de la 
presente instrucción, teniendo en cuenta las versiones contradictorias de las partes, así 
como el parte médico aportado en el día de la declaración de los investigados en donde 
no consta que el denunciante presentara lesión alguna que encaja con los hechos 
denunciados».
h) El demandante de amparo interpuso recurso de apelación alegando, entre otros 
motivos, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), poniendo 
de manifiesto que es esencial para el esclarecimiento de los hechos denunciados la 
práctica de determinadas diligencias, como son (i) «la averiguación de la identidad 
concreta y toma de declaración del tercer funcionario de prisión llamado Iván (el cual 
tiene el pelo canoso) que participó y estuvo presente en los hechos denunciados»; (ii) «la 
petición  de  los  expedientes  disciplinarios  a  la  prisión  a  los  que  hizo  referencia  mi 
representado en su declaración como perjudicado y víctima de las agresiones sufridas, 
estos  son  los  número:  439-2018,  440-2018  y  441-2018»;  (iii)  la  aportación  de  los 
diversos informes médicos mencionados en la declaración del denunciante emitidos 
entre el 18 y el 24 de mayo de 2018 y (iv) el testimonio de los tres internos que fueron 
identificados  en  la  declaración  del  denunciante  como  testigos  de  los  hechos 
denunciados. A esos efectos, se destacaba en el recurso la necesidad de continuar con 
la investigación de los hechos en un contexto en que la grabación de lo ocurrido había 
sido borrada a pesar de la solicitud de conservación cursada por el denunciante.
i) La defensa de los investigados, ejercida por la Abogacía del Estado, impugnó el 
recurso de apelación, argumentando el carácter atípico de los hechos denunciados al no 
ser constitutivo de un delito de lesiones del art. 147.1 del Código penal y adjuntando 
como documentos que no estaban todavía en las actuaciones los siguientes:
(i) Informe de 16 de mayo de 2018 de las 9:30 horas, firmado por los funcionarios 
con  números  de  identificación  personal  95631  y  99890  en  el  departamento  de 
aislamiento y dirigido al jefe de servicios, en que, como antecedente, se hace constar 
que el ahora demandante de amparo estaba en la celda 36 y que el día anterior había 
sido objeto de un parte disciplinario; y, como hechos, que «a la hora arriba indicada, 
renuncia voluntariamente a sus horas de patio, negándose a firmar dicha renuncia dando 
golpes violentamente a la puerta. Cinco minutos después llama por el interfono a la 
cabina del funcionario diciendo ‘hoy va ser el peor día de vuestra vida en prisión, os vais  s
a enterar’ oyéndose todavía los golpes en la ventana y la pared. Los funcionarios que  e.
suscriben le preguntan cuál es el motivo de su actitud nerviosa y amenazante, a lo que el  w.
interno dice ‘me da igual vengan aquí se van a enterar verdugos’». También se hace  99ww
pcoenrssotanra nq ueen  e«ll odse pfuanrtcaiomneanrtioos y  psoen heanc eenn  ccaorgnoo cdime ilean stoitu daeci ólons» .jefes de servicio que se
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que el ahora demandante de amparo «en el día de ayer se cosió la boca con una grapa,
como amenaza, protesta y coacción a los profesionales del centro. En su expediente 
figuran  bastantes  expedientes  disciplinarios  por  intervención  material,  huelgas  de 
hambre, protestas, amenazas, intentos de agresión, etc.»; y, como valoración, que ha 
renunciado voluntariamente a las horas de patio, negándose a firmar la renuncia como 
medida de presión, no cesando de llamar a través del interfono amenazando a los 
funcionarios, lo que ha provocado que haya debido personarse para hablar con el interno 
en estado muy alterado, afirmando que quiere hablar por teléfono y presentar un habeas 
corpus y salir al patio. A continuación se afirma que «se le ofrece salir a la sala como 
alternativa, cosa a la que se niega y para lo de la llamada telefónica se le autoriza a 
llamar, pero el interno nos pide el favor, que le pidamos una tarjeta a […], favor que se le 
realiza, siempre y cuando el interno se comporte, deje de llamar por el interfono y no 
insulte y amenace más a los señores funcionarios, accediendo en esos momentos el 
interno a dicho compromiso y retirar el habeas corpus».
(iii) Informe de 16 de mayo de 2018 de las 17:50 horas, firmado por los funcionarios 
con  números  de  identificación  personal  95631,  95684,  98926  y  99890  en  el 
departamento de aislamiento y dirigido al jefe de servicio, en el que, como antecedente, 
se hace constar hasta un total de once diferentes incidencias (huelgas de hambre, 
autolesiones leves, intervención de material prohibido, agresiones sin lesión, amenazas 
a  funcionarios,  resistencia  activa  a  órdenes,  etc.)  protagonizadas  por  el  ahora 
demandante de amparo en diferentes centros penitenciarios durante el año 2017; y, 
como hechos, que «a la hora arriba indicada, el interno comunica a los funcionarios que 
desea tramitar un habeas corpus. Personados los funcionarios en la celda abren la 
puerta con llave para proceder a recoger el documento del interno y observan la celda 
revuelta, al interno con una grapa en la boca y la nariz con sangre. Una vez recogido, el 
interno pregunta de nuevo por qué no ha salido a la actividad y se le vuelve a repetir que 
por motivo del parte de la mañana las tiene suspendidas hasta valoración del equipo 
técnico a lo que el interno comienza a golpear las paredes y a amenazar con graparse la 
boca con grapas que tiene encima de la mesa. Se le pide al jefe de servicio autorización 
para entrar en la celda lo cual autoriza. Al entrar en la celda, el interno trata de evitar la 
entrada de los funcionarios con extrema agresividad siendo necesario emplear fuerza 
física mínima imprescindible y los medios de sujeción temporal. Se consigue contener al 
interno en el suelo de la galería a la espera de las órdenes de los jefes de servicio que 
personados deciden su traslado a la galería primera debido a la violencia del interno no 
es posible su traslado andando debiendo ser trasladado mediante varios funcionarios 
cogido  de  pies  y  manos.  Durante  dicho  traslado,  el  interno  no  deja  de  moverse 
ejecutando fuertes movimientos con el cuerpo. Ante esta situación, los jefes de servicio 
deciden la aplicación de la sujeción mecánica prolongada en la celda 1 donde queda el 
interno». El informe finaliza señalando que las medidas provisionales adoptadas fueron 
fuerza física, sujeción mecánica mediante esposas y sujeción mecánica prolongada.
(iv) Informe de 16 de mayo de 2018 de las 17:50 horas, firmado por los jefes de 
servicio y dirigido al director del centro en el que, como antecedente, se hace constar 
respecto  del  ahora  demandante  de  amparo  «amenazas  a  funcionarios.  Agresiones 
varias. Autolesiones. Resistencia pasiva a órdenes»; y, como valoración, entre otros 
aspectos, que «solicitan los funcionarios autorización a jefatura para entrar en la celda 
dado que según comunican por radio el interno se está golpeando contra las paredes y 
se va a autolesionar y que ellos pueden controlar la situación sin peligro para ellos 
mismos. Se autoriza la entrada y nos dirigimos hacia el departamento de aislamiento con 
el fin de hacernos cargo de la situación. Cuando llegamos al lugar vemos que el interno  es
está fuera de la celda, esposado y muy alterado, forcejeando con brazos y piernas con  o
rflrnouaeosntdsi fcu ifciducoaienncmnceai noroai sonlq .sa ui rnDeihot eaaserdc nnioea o  e  ielnay lmt t erváeoniessmta tnayendd ndooeto o ss   deudees en ac taaugolbprnteericrisrrleaei vlscsai di. ó cpaPnuud rae ednergetdmaulo  np,ci tnloaeetmdaemonrpnps loell eal toaa yssn  eu defljo ueli  nnciltcinaóeit onrefnn unotaeteo rremi zomdapse po fp uríasaojailurc,   taalomo  l uneesnesduoiciocd enedasade arqi drsluioaoees,,,      OE-A-2022-3799able en https://www.
ordenamos  el  aislamiento  provisional  del  mismo  así  como  la  sujeción  con  correas
homologadas de sujeción prolongada». El informe finaliza señalando que las medidas 
provisionales  adoptadas  fueron  fuerza  física,  sujeción  mecánica  mediante  esposas, 
sujeción mecánica mediante correas homologadas y aislamiento provisional.
(v) Cuatro informes del centro de 16 y 17 de mayo de 2018 dirigidos al juzgado de 
vigilancia penitenciaria informando sobre la aplicación y cesación de los arts. 45.2 de la 
Ley Orgánica general penitenciaria y 72 del Reglamento penitenciario tanto en relación 
con el uso de esposas y de fuerza física (con comienzo a las 18:10 horas y final a 
las 18:20 horas) como en relación con el aislamiento provisional y el uso de correas 
homologadas (con comienzo a las 18:21 horas del 16 de mayo de 2018 y final a 
las 13:30 horas del 17 de mayo de 2018).
(vi) Parte diario de seguimiento de la aplicación de la sujeción mecánica mediante 
correas homologadas al ahora demandante de amparo con referencias cada hora desde 
las 18:40 horas del 16 de mayo de 2018 a las 13:20 horas del 17 de mayo de 2018.
(vii) Informe de un médico del centro de 17 de mayo de 2018 a las 14:00 horas 
sobre asistencia por lesiones en que se hace constar que el ahora demandante de 
amparo «refiere dolor en mano derecha cuando le redujeron ayer» y que presenta las 
siguientes lesiones «aumento de partes blandas en dorso de mano derecha. Herida en 
dedo tercero de la mano izquierda, erosión superficial. Pido rayos x», estableciendo un 
pronóstico leve de las lesiones.
j) La  Sección  Vigesimotercera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  por  auto 
núm. 652-2019, de 12 de julio, pronunciado en el rollo de apelación 867-2019, desestimó 
el recurso, poniendo de manifiesto que el auto impugnado había resultado respetuoso 
con la jurisprudencia constitucional sobre el ius ut procedatur. A esos efectos hace una 
exposición del contenido de las diversas diligencias practicadas (informe del director del 
centro,  declaración  del  denunciante,  testimonio  de  los  investigados,  informes  de  la 
aplicación del régimen de aislamiento que incluyen partes médicos), afirmando que (i) el 
denunciante formuló su denuncia de malos tratos y tortura dos días después de los 
hechos  no  especificando  en  qué  habrían  consistido,  lo  que  solo  concreta  en  su 
declaración judicial en que afirmó haber sido golpeado en la cara con la mano abierta por 
uno de los funcionarios y arrojado al suelo; y (ii) esta conducta no se corresponde con lo 
indicado en los informes médicos, el primero de los cuales correspondiente al 16 de 
mayo de 2018, no constata la existencia de lesiones; siendo el segundo, emitido al día 
siguiente tras acordarse la sujeción regimental, el que pone de manifiesto lesiones en las 
manos. De ese modo, concluye que «no resulta suficientemente justificada la comisión 
por los investigados de la infracción penal que dio origen a las actuaciones no se ha 
concretado por parte de la recurrente el sustrato probatorio que sustentaría su tesis 
contraria».
En relación con las diligencias probatorias solicitadas por el denunciante, se afirma 
que (i) «la representación procesal del denunciante, que se encuentra llevando a cabo su 
labor desde al menos el 27 de noviembre de 2018, no ha puesto en conocimiento del 
juzgado instructor la procedencia de la práctica de las mismas hasta el 26 de abril, tras 
haberse  acordado  el  sobreseimiento  provisional  y  archivo  de  las  actuaciones,  no 
motivando las razones que apoyan su pertinencia», y (ii) «analizando en concreto dichas 
diligencias probatorias, procede indicar, en primer lugar, que a tenor del resultado de las 
practicadas, no se atisba la relevancia de averiguar la identidad de un presunto tercer 
participante en los hechos, así como la pertinencia, esto es, la relación con los hechos, 
de los expedientes disciplinarios referidos; en tercer lugar, a tenor del resultado de los  s
informes  médicos  del  denunciante  obrante  en  las  actuaciones,  no  se  vislumbra  la  e.
relevancia de los que hubieran podido emitirse con posterioridad al 18 de mayo de 2018  w.
y, por último, con relación a las testificales cuya práctica solicita, suscita dudas su  99ww
peenr teinl ejunzcgiaa dhoa bdidea i ncsuterunctac ióqnu,e ,n coo hmaob rsíea nd epdreusceen dceia dlaos  lmosa nhiefecshtoasc iosnineos  qdueel  dleons uhnacbiarníaten 
escuchado».
3. El demandante de amparo, con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos 
inhumanos o degradantes (art. 15 CE), solicita la anulación de las resoluciones judiciales 
impugnadas con retroacción de actuaciones para que se practiquen todas las diligencias 
de instrucción necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
El demandante, tras hacer una extensa exposición de la jurisprudencia constitucional 
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la exigencia de desarrollar una 
investigación judicial exhaustiva en los supuestos de denuncias creíbles por torturas o 
tratos inhumanos o degradantes cometidas por agentes de la autoridad, argumenta que 
las razones expuestas por los órganos judiciales para fundamentar el sobreseimiento de 
la instrucción resultan insuficientes desde la perspectiva constitucional señalada. Así, 
destaca que (i) el argumento de que se hubiera tardado dos días en denunciar los 
hechos ya ha sido rechazado por la jurisprudencia constitucional; (ii) es inconsistente la 
afirmación de la falta de concordancia entre las lesiones observadas y los hechos 
denunciados, ya que en otro pasaje de la resolución judicial de apelación se menciona 
que falta constancia de las lesiones; (iii) no resulta de mayor persuasión la ausencia de 
reconocimiento de los hechos por parte de los investigados, y (iv) la eventual necesidad 
de uso de la fuerza y sujeciones mecánicas es precisamente uno de los aspectos a 
investigar para poder confrontar su procedencia y legalidad.
Por otra parte, el demandante de amparo afirma que la denegación de la práctica de 
las  diligencias  de  investigación  solicitadas  tampoco  resulta  respetuosa  con  la 
jurisprudencia constitucional, ya que se ha basado en (i) una supuesta tardía petición, 
que es un argumento que no está en relación con su eventual procedencia; (ii) en la 
mera declaración apodíctica de que no tendría relevancia la identificación de un tercer 
denunciado, y (iii) en la dudosa suficiencia esclarecedora de testigos auditivos.
El  demandante  de  amparo  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial 
transcendencia  constitucional  porque  la  vulneración  denunciada  trae  causa  de  una 
reiterada interpretación judicial de la ley que el Tribunal Constitucional pudiera considerar 
lesiva del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 d)], lo que «requiere una constante 
revisión de las denuncias, con el fin de evitar el notable perjuicio que los abusos causan 
al individuo, así como la escasa frecuencia de denuncias de este tipo debido a la 
apariencia de impunidad que pudieran transmitir la escasa atención a estas denuncias, 
hacen  necesario  una  constante  reafirmación  de  los  principios  y  requisitos  que  la 
jurisprudencia constitucional impone».
4. La Sección Tercera del Tribunal, por providencia de 10 de marzo de 2021, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una  especial  trascendencia  constitucional  porque  el  recurso  puede  dar  ocasión  al 
Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 d)]; y dirigir atenta comunicación a 
los órganos judiciales para que remitan certificación o copia adverada de las actuaciones 
y  el  emplazamiento  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento  para  que 
pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el recurso de amparo.
5. La Abogacía del Estado, mediante escrito registrado en el Tribunal el 16 de abril 
de 2021, afirma haber sido emplazado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 3 de Arganda del Rey en las diligencias previas que han dado lugar a este recurso 
de amparo y que, en la representación que ostenta, se le tenga por personado en el 
presente recurso. e.e
6. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal, por diligencia de  99ww
coyo rddmeaúnr nav cidsieóta nv  eddieen  t2lea7 sd  díaaecs at upbaarcrila iod pnere e2ss0 e2an1l t,Ma ari cnlaoissrtd eaórli eotge anFceisiroc pnaoel rsy  p qaeu resla oesn saptidamarat eass el anp  eAprebsrootginnaaecdníaates ds p.eol rE sptlaadzoo   OE-A-2022-37able en https://
7. El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  1  de  junio  de  2021,  formuló 
alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), y se declare la nulidad de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  con  retroacción  de  actuaciones  al  momento 
inmediatamente anterior al del pronunciamiento del sobreseimiento en la instancia para 
que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
El Ministerio Fiscal, tras incidir en la reiterada jurisprudencia constitucional y del 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  sobre  la  exigencia  de  desarrollar  una 
investigación judicial exhaustiva cuando se denuncie de forma creíble haber sufrido 
tortura o tratos inhumanos o degradantes cuando se encuentra privado de libertad bajo 
custodia  policial,  concluye  que  la  resolución  de  la  apelación  «es  manifiestamente 
deficitaria  desde  la  perspectiva  y  jurisprudencia  reseñada  sobre  los  derechos 
fundamentales del art. 24.1 y 15 CE en este tipo de casos, pues se descarta la práctica 
de  diligencias  solicitadas  por  la  representación  del  denunciante  que  se  revelan 
palmariamente relevantes y se harían precisas para concluir debidamente agotada una 
investigación oficial exhaustiva en la que basar con el debido fundamento la decisión de 
sobreseimiento o archivo o, en su caso, de continuación del procedimiento abreviado, lo 
que aparece como especialmente indebido y constitucionalmente reprobable dadas las 
razones ofrecidas para su rechazo, que en la resolución judicial giran en torno al tiempo 
en que se solicitaron y la ausencia de una motivación específica de su pertinencia 
cuando no unas dudas sobre esta que debería haber resuelto precisamente en sentido 
contrario».
El Ministerio Fiscal añade que las razones en las que se sustenta la decisión de 
sobreseimiento «resultan particular y significativamente inconsistentes puesto que, en 
primer lugar, el hecho que dichas diligencias fuesen interesadas al recibir la decisión 
inicial de archivo no puede ser utilizado en contra de quien es únicamente en ese 
momento cuando se encuentra con que la juez instructora entiende totalmente concluida 
la investigación judicial del presunto delito; y, en segundo término, la pertinencia de las 
mismas se encuentra intrínsecamente justificada por su estrecha relación con los datos 
ofrecidos por el denunciante en su declaración judicial […]. Por consiguiente, amén de 
sorprender que algunas de ellas no hubieran sido ya acordadas por la propia instructora, 
resultaba obvia tanto su relación con el objeto nuclear de investigación como su utilidad 
—y en consecuencia, procedencia— de cara al mejor esclarecimiento de los hechos y la 
averiguación  de  los  responsables  en  su  caso,  de  modo  que  la  desatención  a  la 
verificación de los extremos vinculados a su práctica no es compatible con un cabal 
desempeño del especial mandato o deber judicial de desarrollo de una investigación 
oficial eficaz y suficiente exhaustiva que debe imperar en este tipo de casos».
8. La parte comparecida, por escrito registrado el 31 de mayo de 2021, formuló 
alegaciones solicitando que se desestime el recurso, argumentando que la decisión de 
sobreseer las diligencias previas se adoptó cumpliendo las exigencias de investigación 
que ha establecido la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. A esos efectos, tras incidir en que el principio legal que rige en materia 
probatoria es el de libre valoración judicial de los hechos traídos a la presencia del 
instructor en el proceso penal y la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional entre a 
valorar los hechos, afirma que la decisión de sobreseimiento ha sido adoptada dentro de 
los que es el margen de valoración del órgano jurisdiccional tomando en consideración  s
un análisis crítico de la pluralidad de circunstancias derivadas de la actividad instructora  e.
como son las versiones contradictorias de las partes, la falta de concordancia entre las  w.
lesiones y lo denunciado, el plazo transcurrido hasta formular la denuncia, etc.; dando  99ww
icnodna geallcoió ncu amtepnlidmieienndtoo  aal  plaan oerxaigmean ciniad iccioanrisot idtuecriivoandaol  ddee  laq upelu rsaeli dhaady dae  effueecntuteasd oq uuen eal 
róarzgoannaob jluedmiceinatle h dai stpoomnaibdloe se pna crau ehnatab eyr  c«ocnutainnudaod oya c onno  leax iinstvíeasnt igmaecdióions,  sdiee minpsrter uscocbióren   BOE-A-cable e
una hipotética realidad de unos hechos denunciados».
9. El demandante de amparo, por escrito registrado el 26 de mayo de 2021, formuló 
alegaciones reiterando las expuestas en su escrito de demanda y añadiendo (i) la 
irregularidad que supuso que, si bien solicitó en su denuncia dirigida al director del centro 
las  grabaciones  videográficas,  no  se  acordó  su  conservación;  (ii)  que  se  le  tomó 
declaración judicial por videoconferencia sin atender a la circunstancia de que estaba en 
régimen cerrado sin atender a que se podría ver condicionada por estar bajo la custodia 
de la institución y funcionarios denunciados; (iii) el hecho de que, aun habiéndose 
reconocido  en  el  informe  del  centro  que  los  días  15  y  16  de  mayo  de  2018  el 
demandante de amparo apareció con la boca cosida con grapas, en el informe médico 
del 16 de mayo de 2018 no apareciera reseñada ninguna lesión y no se le prescribiera 
ningún tratamiento farmacológico a pesar de que en los informes se reflejaba un gran 
estado de nerviosismo, agresividad y episodios autolesivos, que llevaron a la aplicación 
de la sujeción mecánica; (iv) en el informe médico emitido un día después de los hechos 
denunciados se refleja la objetivización de determinadas lesiones en la mano derecha 
con petición de radiografía cuyos resultados no constan reportados al juzgado; (v) se 
relató en la declaración judicial la intervención de tres funcionarios, sin que se hubiera 
acordado nada en relación con la identificación de un tercer funcionario, que no aparecía 
identificado en el informe del centro. Igualmente, se expone la relevancia de la STEDH 
de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España, al precisar la jurisprudencia 
aplicable en supuesto de detención incomunicada por las mayores dificultades de aportar 
elementos de prueba.
10. Por providencia de 3 de febrero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del recurso.
El  objeto  de  este  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones  impugnadas  han 
vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o 
degradantes (art. 15 CE), al haberse acordado el sobreseimiento y archivo provisional de 
unas  diligencias  penales  incoadas  por  una  denuncia  de  malos  tratos  en  el  ámbito 
penitenciario  sin  haberse  practicado  todas  las  diligencias  que  podrían  haber  sido 
relevantes.
2. La jurisprudencia constitucional en materia de investigación judicial de denuncias 
por torturas y tratos inhumanos o degradantes.
El  Tribunal  ha  establecido  una  consolidada  jurisprudencia  sobre  las  exigencias 
constitucionales derivadas de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a 
no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), en relación 
con  las  decisiones  judiciales  de  sobreseimiento  y  archivo  de  instrucciones  penales 
incoadas por denuncia de haber sufrido este tipo de tratos bajo custodia o en el contexto 
de  actuaciones  de  agentes  estatales  (entre  las  más  recientes,  por  ejemplo, 
SSTC 40/2010, de 19 de julio; 63/2010, de 18 de octubre; 131/2012, de 18 de junio; 
182/2012, de 17 de octubre; 12/2013, de 28 de enero; 153/2013, de 9 de septiembre; 
130/2016, de 18 de julio; 144/2016, de 19 de septiembre; 39/2017, de 24 de abril, 
o 166/2021, de 4 de octubre), en línea con muy diversos pronunciamientos del Tribunal  es
Europeo de Derechos Humanos en la materia que afectan a España (así, entre los  o
últimos, SSTEDH de 28 de septiembre de 2010, asunto San Argimiro Isasa c. España;  99www.
odBGce.aSt ur8.cb  icdar.een E  ddmsieapa  a2rcñz0.o a1E ;4 dsd,e pea a 2s7ñ0u ad1n;1et o, dao eAsc utt3uan1buto rned  B eRde oemrj io2sa 0tyca1o.i n4 E ,d Usaepks aa2uñr0n a1tco;.6   d,EE etsax ps5eau bdñnaeatro ;rm  iadBa eeCy o2oar4 btde adeglle ue2 irj 0ouM1 lic5oa.,  r Edtaíesns peu2azn0ñ t1oca2  ;AE ,d rsaerpsa 7auti ñnbdateeo;l     OE-A-2022-37able en https://
de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España, o de 9 de marzo de 2021, 
asunto López Martínez c. España).
Esta jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, ha sido expuesta de forma extensa en las SSTC 130/2016, de 18 
de julio, FJ 2, y 166/2021, de 4 de octubre, FFJJ 2 y 3. Aquí se deja constancia resumida 
de sus aspectos esenciales en lo que puede afectar a la resolución del presente recurso:
(i) Las quejas referidas a este tipo de decisiones judiciales tienen su encuadre 
constitucional más preciso en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pero 
su relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes 
(art. 15 CE) impone que la valoración constitucional sobre la suficiencia de la indagación 
judicial dependa no solo de que las decisiones de sobreseimiento y archivo de las 
diligencias penales estén motivadas y jurídicamente fundadas, sino, además, de que 
sean acordes con la prohibición absoluta de las conductas denunciadas, según un 
parámetro de control constitucional reforzado. La función del Tribunal Constitucional 
tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales afectados, sin perjuicio de 
la calificación jurídico-penal que corresponde realizar a la jurisdicción ordinaria.
(ii) Existe  un  especial  mandato  de  desarrollar  una  exhaustiva  investigación  en 
relación con las denuncias de este tipo de delitos, agotando cuantas posibilidades de 
indagación resulten útiles para aclarar los hechos, ya que es necesario acentuar las 
garantías por concurrir una situación especial en la que el ciudadano se encuentra 
provisionalmente bajo la custodia física del Estado. Este mandato, si bien no comporta la 
realización de todas las diligencias de investigación posibles, sí impone que no se 
clausure la instrucción judicial penal cuando existan sospechas razonables de que se ha 
podido  cometer  el  delito  denunciado  y  cuando  tales  sospechas  se  revelen  como 
susceptibles de ser despejadas a través de la actividad investigadora.
(iii) La suficiencia y efectividad de esta investigación judicial, así como la necesidad 
de  perseverar  en  la  práctica  de  nuevas  diligencias  de  investigación,  solo  pueden 
evaluarse atendiendo a las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado y 
a la gravedad de lo denunciado y su previa opacidad. Estas circunstancias afectan al 
grado de esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE. En este sentido, es preciso 
atender, entre otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este 
tipo de delitos y la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su 
comisión; a que la cualificación oficial de los denunciados debe compensarse con la 
firmeza judicial frente a la posible resistencia o demora en la aportación de medios de 
prueba, con especial atención a diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de 
las  instituciones  afectadas  por  la  denuncia;  y  a  que  constituye  una  exigencia  de 
racionalidad que la valoración del testimonio judicial del denunciante, que es un medio 
de  indagación  particularmente  idóneo  de  las  denuncias  por  tortura  o  por  tratos 
inhumanos o degradantes, y de sus declaraciones previas repare en que el efecto de la 
violencia no deja de producirse en el momento en el que físicamente cesa aquella y es 
puesto  a  disposición  judicial,  sino  que  su  virtualidad  coactiva  puede  pervivir,  y 
normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva.
(iv) Una situación singular de especial atención en el contexto de este tipo de 
denuncias lo representan los supuestos en que el denunciante permanezca en un estado 
legal de incomunicación. En este caso es exigible un mayor rigor y diligencia en la 
investigación judicial y es necesario, para dar un exacto cumplimiento al deber de 
investigación eficaz, que el órgano judicial de instrucción oiga, al menos, a los agentes a  s
cargo de la vigilancia del denunciante durante ese periodo de incomunicación. e.
3. Los hechos que han dado lugar al presente recurso de amparo. 99ww
eplr osciEgelud iieTmnriitbeeun fntuoan ld deca omanmesnptataotra oj,u , racíd oimlcao o,  vqhisuetecah  eodls ed  reelmalesav naadncattenustae cc iduoeyn aeassm  cpjiuracdruiocn,i asqtleausne c eiraesstma sbiteiad  apcsrue mceipsnla ienen sedtnoe    OE-A-2022-37able en https://
condena en el departamento de aislamiento de un centro penitenciario, presentó el 18 de
mayo de 2018 un escrito de manera abierta a la dirección del centro dirigido al juzgado 
de guardia afirmando querer presentar denuncia por torturas y malos tratos que decía 
haber sufrido el día 16 de mayo de 2018.
El mismo día de la declaración de los investigados ante el juzgado de instrucción se 
dictó  auto  acordando  el  sobreseimiento  provisional  por  no  aparecer  debidamente 
justificada la perpetración del delito, fundado en que «de lo actuado en la causa, y 
particularmente a la vista del propio atestado, no se han obtenido indicios bastantes que 
justifiquen la continuación de la presente instrucción, teniendo en cuenta las versiones 
contradictorias  de  las  partes,  así  como  el  parte  médico  aportado  en  el  día  de  la 
declaración de los investigados en donde no consta que el denunciante presentara lesión 
alguna que encaje con los hechos denunciados».
El  demandante  de  amparo  interpuso  recurso  de  apelación  con  invocación  del 
derecho a la tutela judicial efectiva, poniendo de manifiesto que era esencial para el 
esclarecimiento de los hechos la necesidad de continuar con la investigación en un 
contexto en que la grabación de lo ocurrido había sido borrada a pesar de la solicitud de 
conservación cursada por el denunciante. A esos efectos, se solicitaron, entre otras, las 
diligencias de investigación consistentes en la identificación y toma de declaración del 
funcionario de la prisión llamado Iván que había participado en los hechos; la aportación 
de  los  diversos  informes  médicos  mencionados  en  la  declaración  del  denunciante 
emitidos entre el 18 y el 24 de mayo de 2018; y el testimonio de tres internos que fueron 
identificados  en  la  declaración  del  denunciante  como  testigos  de  los  hechos 
denunciados.
La Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de los investigados, impugnó el 
recurso de apelación y adjuntó con su escrito muy diversa documentación del expediente 
penitenciario del demandante de amparo que no constaba hasta ese momento en las 
actuaciones.
La  Sección  Vigesimotercera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  desestimó  el 
recurso  de  apelación  por  auto  de  12  de  julio  de  2019.  A  estos  efectos  hace  una 
exposición  del  contenido  de  las  diversas  diligencias  practicadas,  afirmando  que  el 
denunciante formuló su denuncia de malos tratos y tortura dos días después de los 
hechos no especificando en qué habrían consistido, lo que solo se concreta en su 
declaración judicial en que afirmó haber sido golpeado en la cara con la mano abierta por 
uno de los funcionarios y arrojado al suelo; que esta conducta no se corresponde con lo 
indicado en los informes médicos, el primero de los cuales, correspondiente al 16 de 
mayo de 2018, no constata la existencia de lesiones; y es el segundo, emitido al día 
siguiente tras acordarse la sujeción regimental, el que pone de manifiesto lesiones en las 
manos; concluye que no resulta suficientemente justificada la comisión de los hechos 
que dieron origen a las actuaciones.
Respecto de las diligencias de investigación adicionales solicitadas en el recurso de 
apelación se afirma que el demandante de amparo contaba con representación letrada 
desde el 27 de noviembre de 2018; que no había manifestado la procedencia de que se 
practicaran  hasta  el  26  de  abril  de  2019  tras  haberse  acordado  el  sobreseimiento 
provisional; que no motivaba las razones que apoyan su pertinencia; y que a tenor del 
resultado de las practicadas no se aprecia la relevancia de averiguar la identidad de un 
presunto tercer participante en los hechos, como tampoco la relevancia de los informes 
médicos que hubieran podido emitirse con posterioridad al 18 de mayo de 2018; y, en 
relación con las testificales, que «suscita dudas su pertinencia habida cuenta que, como 
se deduce de las manifestaciones del denunciante en el juzgado de instrucción, no  es
habrían presenciado los hechos sino que los habrían escuchado». o
4. Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso de amparo. 99ww
A la vista de los hechos anteriormente relatados cabe destacar que el juez instructor
naosi spteenrmciaan leectriaód paa; sreivcoa baón tdee lla c ednetnrou npceian itdeenlc riaerciou rirnefnotrem: eo ysóo bpree rlsoosn haelmcheonste d ae neusntcei,a dcoons 
y le requirió asimismo las grabaciones de video de la cámara que enfoca la puerta de la
celda y que identificara a los funcionarios intervinientes en el registro del 16 de mayo 
de 2018, «con nombres Iván y Fernando»; tomó declaración como investigados a los dos 
funcionarios que el centro identificó; tuvo en fin conocimiento de los informes del centro 
sobre la aplicación del régimen de aislamiento, que incluyen partes médicos.
Por  otra  parte,  las  sospechas  sobre  la  veracidad  de  los  hechos  denunciados 
pudieran no ser lo suficientemente contundentes por las razones expresadas en el auto 
resolutorio del recurso de apelación.
No  obstante,  el  Tribunal  considera,  en  coincidencia  con  lo  manifestado  por  el 
Ministerio Fiscal, que la decisión judicial de archivar las diligencias penales abiertas 
como consecuencia de la denuncia del recurrente no fue conforme con las exigencias del 
art. 24.1, en relación con el art. 15 CE. A la vista de las circunstancias concurrentes, la 
investigación judicial de los hechos no alcanza la suficiencia y efectividad exigida por la 
jurisprudencia  constitucional  en  la  materia,  por  las  razones  que  a  continuación  se 
exponen:
(i) El Tribunal observa que, junto a la consideración general vinculada a la probable 
escasez de pruebas existente en este tipo de delitos y la dificultad de la víctima de 
aportar medios de prueba sobre su comisión, concurrían en este caso las circunstancias 
muy singulares de que el denunciante estaba interno en un módulo de aislamiento de un 
centro  penitenciario,  con  las  limitaciones  de  todo  tipo  que  ello  implica,  y  que 
inmediatamente  después  de  los  hechos  denunciados,  que  según  afirma  fueron 
cometidos el 16 de mayo de 2018 a las 18:00 horas, fue objeto de una medida de 
aislamiento provisional con sujeción mediante correas que se prolongó hasta las 13:20 
horas del 17 de mayo de 2018.
En unas circunstancias como estas, no puede considerarse como un déficit de 
veracidad de la denuncia el hecho de que hubiera tardado hasta el día 18 de mayo 
de 2018 en entregar un escrito dirigido a la dirección del centro con la pretensión de 
formular  una  denuncia,  especialmente  tomando  en  consideración  los  reiterados 
pronunciamientos del Tribunal en que se ha destacado que la demora en la denuncia de 
este tipo de delitos no puede ser utilizada como un indicio en detrimento de su veracidad 
(SSTC  107/2008,  de  22  de  septiembre,  FJ  3;  63/2010,  de  18  de  octubre,  FJ  3, 
o 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 3).
Del mismo modo, la propia situación de absoluta dependencia derivada del régimen 
penitenciario al que estaba sometido el denunciante en aquel momento también impide 
al  Tribunal  apreciar  desde  la  perspectiva  constitucional  como  causa  mínimamente 
valorable respecto de la credibilidad de la declaración del demandante de amparo el 
hecho de que en aquel primer escrito no se hiciera un más detallado relato de los hechos 
denunciados y que se demorara hasta su declaración ante el juez instructor (al respecto, 
sobre que la ausencia de precisión en el relato sea un elemento razonable para fundar la 
incredibilidad, STC 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 3). Esta apreciación del Tribunal 
se ve reforzada tras comprobar que, en aquel escrito de 18 de mayo de 2018 dirigido al 
juzgado de guardia, el propio demandante de amparo daba razón de ese proceder 
alegando el miedo a eventuales represalias de quienes le custodiaban y a los que 
pretendía denunciar y de que proponía situaciones alternativas para que de manera 
rápida pudiera formular la denuncia presencialmente ante el órgano judicial. Por otro 
lado, la demora en la expresión de los concretos hechos objeto de la denuncia no puede 
ser ajena al hecho de que el órgano instructor señaló la declaración del demandante 
para casi cinco meses después para practicarla mediante videoconferencia. s
(ii) El  Tribunal,  tomando  en  consideración  que  la  jurisprudencia  constitucional  e.
también ha establecido que para valorar el grado de esfuerzo judicial en la investigación  w.
de este tipo de conductas resulta preciso que «la cualificación oficial de los denunciados  99ww
daepboert accoiómnp ednes amresed iocso nd ela  pfirrumeebzaa»  ju(adsicí,i aSl SfrTeCnt e5 2a/ 2la0 0p8o,s idbele  1r4e sdiset eanbcriial,  oF Jd e2m; o6r3a/ 2e0n0 8la, 
d6e3 /22061 d0e,  dmea 1yo8,  dFeJ  o2c; tu6b9r/2e0, 0F8J,  2d;e  12331 /d2e0 1ju2n, idoe,  F1J8  2d; e1 2ju3n/2io0, 0F8J,  d2e,  o2 01 6d6e/ 2o0c2tu1b, rdee,  F4J  d2e;   BOE-A-cable e
octubre, FJ 4), advierte que en este caso no cabe excluir una posible resistencia en la
colaboración de la administración penitenciaria en el esclarecimiento de los hechos como 
elemento justificativo de una perseverancia en la investigación.
Así, el Tribunal constata que el centro penitenciario, al que se entregó el escrito de 
denuncia por el demandante de amparo el 18 de mayo de 2018 tardó diez días en 
remitirlo al juzgado de guardia; que el requerimiento dirigido el 1 de junio de 2018 para 
emitir informe sobre el particular se demoró otros veinte días; que se adjuntaron sendos 
informes elaborados días después de los hechos, pero sin incluir ninguno de los partes e 
informes redactados el día de los hechos denunciados o inmediatos posteriores que no 
accedieron al procedimiento judicial hasta que fueron adjuntados por la defensa de los 
investigados en su escrito de oposición al recurso de apelación contra la decisión de 
sobreseimiento; y que aun siendo conocedor el centro penitenciario de la denuncia 
cursada por el demandante de amparo y, según afirma este en la declaración judicial, de 
que el mismo 18 de mayo de 2018 había solicitado por escrito que no se borraran las 
imágenes  de  las  cámaras  de  seguridad  frente  a  la  celda,  la  respuesta  de  la 
administración penitenciaria, cuando fue requerida judicialmente la entrega de esas 
imágenes, fue que ya habían sido borradas por el sistema por falta de solicitud judicial en 
plazo.
El órgano judicial de instrucción dictó auto de sobreseimiento el mismo día en que se 
tomó  declaración  a  los  dos  investigados  argumentando  la  existencia  de  versiones 
contradictorias y el hecho de que existe un parte médico del denunciante, entregado en 
esa misma comparecencia por los investigados, en que se afirma que no se aprecian 
lesiones  y  que  no  hay  inconveniente  sanitario  para  someterle  a  sujeción  mediante 
correas. Pues bien, el examen de los antecedentes permite advertir que en dichas 
declaraciones se ponía de manifiesto que uno de los investigados reconocía que habían 
acudido a la celda tres funcionarios, lo que era coincidente con lo declarado por el 
demandante de amparo, y que también había acudido con posterioridad un jefe de 
servicio; y que existieron diversas asistencias al denunciante y partes médicos. Esto es, 
frente a la pérdida de oportunidad indagatoria que implicaba el borrado de las imágenes 
de las cámaras de seguridad, se evidencia que todavía existía la posibilidad judicial, 
impuesta por el principio de investigación suficiente y eficaz, de haber citado a declarar, 
al  menos  como  testigos,  a  diversos  funcionarios  que  se  había  reconocido  que 
intervinieron en los hechos y de solicitar una ampliación de la documentación entregada 
por  el  centro  sobre  la  variedad  de  asistencias  y  partes  médicos  que  también  se 
afirmaban que se habían sucedido.
(iii) El  Tribunal  también  aprecia  que  no  se  cumple  por  la  decisión  judicial  de 
apelación los parámetros impuestos por el principio de investigación suficiente y eficaz. 
La  representación  letrada  del  demandante  de  amparo  había  hecho  expresas 
determinadas medidas de instrucción que podrían desarrollarse en aras a una mayor 
efectividad investigadora y la defensa de los investigados había aportado con su escrito 
de  oposición  a  la  apelación  numerosa  y  relevante  documentación  penitenciaria 
relacionada con el hechos objeto de investigación, que hasta entonces no figuraba en las 
diligencias judiciales, susceptible de ser valorada en la decisión sobre la continuidad de 
las diligencias previas.
El  Tribunal  observa  que  entre  las  medidas  de  investigación  instadas  por  el 
demandante  como  esenciales  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  se  incluía  la 
identificación y toma de declaración del tercer funcionario de prisión llamado Iván que 
había  participado  en  los  hechos;  la  aportación  de  los  diversos  informes  médicos 
mencionados en la declaración del denunciante emitidos entre el 18 y el 24 de mayo  es
de 2018; y el testimonio de los tres internos que fueron identificados en la declaración del  o
ddssuoeegbn iruLraeinaemsc neipddaimaeonrci toeeuis,n n citóaooan .mlf   aoEjlsut alte de ñiTdscarteiiailgb aldo uri snldi gaeqdel ue, nea lce opinasen   lhoaelíe cnnic eóhlhaanao  ,b sací candotnoeun  na aucsloicniód ecnospia  otddósseo to eslllaan.ic  ididtpoaer dfáeapcnsotis cra as e lienld toreM a ditneraaiss stdtae esrlai  odca eocFmrtdiusaaacnrcasdiloe,a n nneteeosl     OE-A-2022-3799able en https://www.
considera suficiente este razonamiento judicial para justificar su rechazo. La dirección de
la instrucción corresponde al órgano judicial, que es el que de oficio debe impulsar y 
desarrollar las diligencias de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de impulso que 
pueden mostrar las partes personadas en esa labor. Por otra parte, la decisión de 
archivo se adoptó el mismo día en que se tomó declaración a los investigados y, por 
tanto, sin posibilidad real de que la representación letrada del entonces denunciante, ni 
tampoco  el  Ministerio  Fiscal,  pudieran  valorar  y  contrastar  el  contenido  de  esas 
declaraciones con el resto de los actos de instrucción para ponderar la necesidad de 
acordar nuevas diligencias de investigación para esclarecer determinados aspectos que 
pudieran mantenerse dudosos.
(iv) La decisión judicial de apelación incluía otra serie de razones, ya singulares, 
contrarias a la necesidad de la práctica de esas diligencias de investigación como son 
que  no  se  aprecia  la  relevancia  de  averiguar  la  identidad  de  un  presunto  tercer 
participante en los hechos ni tampoco la de los informes médicos que hubieran podido 
emitirse con posterioridad al 18 de mayo de 2018 y, en relación con las testificales, que 
«suscita  dudas  su  pertinencia  habida  cuenta  que,  como  se  deduce  de  las 
manifestaciones del denunciante en el juzgado de instrucción, no habrían presenciado 
los hechos sino que los habrían escuchado».
El Tribunal, de nuevo en línea con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, no considera 
suficientes desde la perspectiva constitucional de enjuiciamiento que le es propia, este 
tipo de razonamientos judiciales. En primer lugar, el Tribunal, una vez constatado que los 
hechos  denunciados  se  habrían  producido  en  un  contexto  de  internamiento  en  un 
módulo de aislamiento, concluye que en dicha situación le es aplicable la jurisprudencia 
constitucional establecida en relación con los casos de detención incomunicada, por la 
similitud  de  vulnerabilidad  en  la  que  se  encuentra  el  afectado,  de  que  es 
constitucionalmente necesario que el órgano judicial de instrucción oiga, al menos, a los 
agentes a cargo de la vigilancia del denunciante durante ese periodo de incomunicación 
(así, SSTC 40/2010, de 19 de julio, FJ 4; 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 4; 39/2017, 
de 24 de abril, FJ 4, y 166/2021, de 4 de octubre, FJ 4). El Tribunal considera que esta 
exigencia es especialmente acusada en este caso en atención a que, por un lado, la 
declaración  del  demandante  de  amparo  señaló  que  fueron  tres  los  funcionarios 
presentes cuando se produjeron los hechos, lo que fue también confirmado y reconocido 
en esa misma fase de instrucción en la declaración de uno de los investigados; y, por 
otro, que ya en fase de apelación, entre la documentación aportada por los investigados, 
está el informe de los funcionarios sobre los concretos hechos objeto de denuncia 
firmado por cuatro funcionarios distintos y esta circunstancia es apta para suponer que 
en  los  hechos  habían  estado  presentes  más  personas  que  las  llamadas  como 
investigadas,  las  cuales  podrían  ayudar  con  su  testimonio  al  más  completo 
esclarecimiento de los hechos.
Respecto a la necesidad de que se aportaran los informes de asistencia médica al 
demandante de amparo posteriores al 18 de mayo de 2018 y a su posible falta de 
relevancia, el Tribunal observa lo siguiente: (a) el demandante de amparo, en su escrito 
de 18 de mayo de 2018 dirigido al juzgado de guardia, solicitó expresamente que «con 
carácter urgente se persone representante de este juzgado, acompañado de médico 
forense o bien se ordene mi traslado a las dependencias judiciales». En respuesta a esta 
petición se acordó su declaración por videoconferencia para casi cinco meses después; 
(b) tanto el informe médico del día 16 de mayo de 2018, previo a la aplicación de las 
medidas de sujeción mecánicas, como el del 17 de mayo de 2018, posterior al mismo, 
que se refieren a la salud del demandante de amparo, acceden al procedimiento judicial  es
no por aportación de la administración penitenciaria sino por la representación letrada de  o
mpm«lorasaaeu nnsminoeov n eieztndasqte oturni geidienacergdhd uoaapns ,a ;acre t (urelcoeas)ssn  isbidóóilon anb  n,s ildeeueannp s  ere eerenfld in csue ieajdle glo.rpu orPrsnnimiod d oeoad r yeaoRe p amrsa»yera oe nsyaco  fexi rq .dm»luae,ae  reae  qsfcpiutrharmeaeb .sal eeecHlcni óeidtenareni  dmddalaeoa s  enuq ndnus a edinpg etru«eodir enoednó feittseee trraiseccm o edl rpelooeas lvriodooeren    denelenoas      OE-A-2022-3799able en https://www.
las lesiones; (d) si bien en la declaración de instrucción de los investigados se afirmó que
el demandante de amparo no presentaba ninguna lesión, en el informe de los cuatro 
funcionarios emitido inmediatamente después de los hechos, se afirmaba que cuando 
acudieron a la celda vieron al interno con una grapa en la boca y la nariz con sangre; y 
(e) el demandante de amparo en su declaración en la instrucción afirmó que «tiene 
informe médico de fecha 18/05/2018. Que el día 24 fue a hablar con el jefe de servicio y 
le amenazó delante del médico para que no haga denuncia».
En estas complejas circunstancias, se aprecia una renuencia de la administración 
penitenciaria a aportar los informes médicos que estaban en su poder en relación con los 
hechos investigados; la ausencia en la fase de instrucción judicial de una temprana 
valoración de eventuales lesiones sufridas por el demandante por parte del médico 
forense; la existencia de ciertas contradicciones entre las declaraciones de que no se 
sufría  ningún  tipo  de  lesiones  con  la  descripción  de  hechos  que  deberían  haber 
objetivado algún tipo de señales físicas, como el grapado de la boca o la presencia de 
sangre en la nariz; a lo que se añade la alegación de una supuesta amenaza delante del 
médico por parte de un jefe de servicio del centro para que no se formule denuncia. En 
atención a todo ello, el Tribunal concluye que la actividad indagatoria sobre la situación 
física del demandante de amparo resultante de los hechos objeto de denuncia no puede 
ser  considerada  irrelevante  desde  la  perspectiva  de  la  exigencia  constitucional  de 
suficiencia y efectividad en la investigación de este tipo de delitos, por lo que es un 
aspecto sobre el que, en respeto a la jurisprudencia constitucional en la materia, debe 
perseverarse mediante la adopción de las medidas de investigación conducentes a su 
posible esclarecimiento.
Por último, en relación con las testificales de los internos que pudieran ser testigos 
auditivos de los hechos, el Tribunal toma conocimiento de que la resolución judicial de 
apelación impugnada justifica su rechazo en que «suscita dudas su pertinencia habida 
cuenta que, como se deduce de las manifestaciones del denunciante en el juzgado de 
Instrucción,  no  habrían  presenciado  los  hechos  sino  que  los  habrían  escuchado». 
Partiendo de las exigencias constitucionales del deber de investigación eficaz de este 
tipo de delitos en el sentido de que solo resulta posible la clausura de una investigación 
cuando las sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito denunciado se 
revelen como susceptibles de ser despejadas a través de la actividad investigadora (así, 
SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 8; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 3, o 166/2021, 
de 4 de octubre, FJ 3), el Tribunal constata que, desde el punto de vista objetivo, no 
existe ningún impedimento legal, de acuerdo con el principio de libertad probatoria, de 
aceptar como actividad de investigación apta para valorar la concurrencia indiciaria de 
unos hechos o la participación en los mismos de determinadas personas cualquier 
testigo que no sea visual, sino que, a diferencia del testigo de referencia, pudiera haber 
tenido conocimiento de ellos a través de otras percepciones, incluyendo, como sucede 
en este caso, las auditivas. Las dudas sobre la pertinencia a que se refiere la resolución 
judicial  obligaban,  por  exigencia  de  los  principios  de  perseverancia,  suficiencia  y 
efectividad, a no excluir su práctica clausurando la investigación penal sobre los hechos 
denunciados.
5. Alcance de la estimación del recurso de amparo.
El Tribunal, una vez apreciado que frente a la denuncia de torturas no se produjo una 
investigación judicial eficaz, ya que, aunque se emprendió la investigación judicial y tuvo 
cierto contenido, se clausuró cuando persistían aún sospechas razonables de que el 
delito  se  había  cometido  y  medios  aún  disponibles  para  despejarla,  concluye  que  e.e
procede la estimación del presente recurso de amparo por vulneración del derecho a la  w.b
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a  99ww
tortuEral  roe strtaatboles cinimhiuemntaon does l or edceugrrraednaten teens  (laa ritn. t1e5g rCidEa)d. de su derecho exige, tal como se
ShaS TCre it1e5r3a/d2o0 13e,n  dep r9o nduen csieapmtiieemntborse , pFrJe c7e;d e1n3t0e/s2 01d6e,l  deT ri1b8u ndael  ju(alios,í , FJp o6r; 14e4je/2m0p1lo6,, 
de 19 de septiembre, FJ 5; 39/2017, de 24 de abril, FJ 5, o 166/2021, de 4 de octubre,
FJ 5) no solo la anulación de los autos impugnados sino la retroacción de actuaciones 
para que se dispense al recurrente la tutela judicial demandada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Gustavo Cachcovsky Nin y, en consecuencia:
1.º Reconocer el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Restablecer su derecho y, a tal fin, anular el auto del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Arganda del Rey de 11 de abril de 2019, pronunciado 
en las diligencias previas núm. 404-2018, y el auto de la Sección Vigesimotercera de la 
Audiencia Provincial de Madrid núm. 652-2019, de 12 de julio, pronunciado en el rollo de 
apelación núm. 867-2019.
3.º Ordenar  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  de  pronunciarse  la 
primera de las resoluciones judiciales anuladas para que se pronuncie otra respetuosa 
con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.