BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118511
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16812 Sala Segunda. Sentencia 165/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso 
de amparo 4425-2018. Promovido por doña Sara Calvo Juan respecto de la 
sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid 
que  desestimó  su  demanda  por  responsabilidad  patrimonial  de  la 
administración  sanitaria.  Vulneración  de  los  derechos  a  la  tutela  judicial 
efectiva  y  a  un  proceso  con  todas  las  garantías:  desestimación  de  la 
pretensión  indemnizatoria  que  no  atiende  al  incumplimiento  por  la 
administración sanitaria del deber de custodia de la prueba principal.
ECLI:ES:TC:2020:165
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4425-2018, promovido por doña Sara Calvo Juan, 
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid, 
de 29 de mayo de 2018, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra  la  desestimación  presunta  por  silencio,  de  la  reclamación  formulada  por 
responsabilidad patrimonial derivada de daño moral causado por el fallecimiento del 
esposo de la recurrente por inadecuada asistencia médica, y contra el auto del mismo 
juzgado de 13 de julio de 2018, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido contra aquella sentencia. Han actuado como partes personadas la letrada de 
la Comunidad de Madrid, en la representación que legalmente ostenta, y la entidad 
Zurich Insurance, PLC, Sucursal en España, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 31 de julio 
de 2018, la procuradora de los tribunales doña María Pardillo Landeta, actuando en 
nombre y representación de doña Sara Calvo Juan, bajo la defensa del letrado don 
Carlos  Sardinero  García,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones 
judiciales arriba mencionadas.
2.  Reclamación administrativa. es
Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a los  o
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Juana ) prCeosne nfteacrhoan  1a7n dtee  juelli o Sdeer v2ic0i1o5 , Mdaodñrail eRñaoq udeel  JuSaanlu Jdi,m  édnireigzi dyo  doañl a sSearvraic iCo aldveo   BOE-A-cable e
responsabilidad patrimonial de este organismo, un escrito de reclamación deducido al 
amparo del art. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común, 
solicitando la cantidad de 147 628,52 € como indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos por el fallecimiento de don Francisco Javier Calvo Jiménez en el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda el 26 de marzo de ese mismo año, quien 
era respectivamente esposo y padre de las reclamantes.
En dicho escrito, en resumen, se expone que el día 7 de marzo de 2015 don 
Francisco Javier se encontraba en su domicilio cuando comenzó a sentir un malestar 
general, debilidad, palpitaciones, sudoración y dolor opresivo en el pecho, y ante la 
creencia de que pudiera estar sufriendo un infarto su esposa le trasladó al Centro de 
Salud de Torrelodones, llegando allí «sobre las 16:30 horas o 17:00 horas como mucho», 
donde fue atendido por el médico don Leandro Castro Bournissen. Que el informe de 
este facultativo indica erróneamente las 19:32 horas, pues de hecho al paciente se le 
realizó un electrocardiograma a las 17:30 horas. Indica el escrito que la decisión médica 
«fue mantenerle en observación y, efectivamente, así le tuvo hasta las 19:00 horas 
aproximadamente. Sin activar el código infarto, a pesar de que un electrocardiograma 
que realizó sobre las 17:30 reflejaba de forma muy clara el infarto aguo de miocardio». 
Según el informe del facultativo, «el ECG impresionaba de RS con BCRD y la tensión 
era  de  105/60.  El  diagnóstico  fue:  "Taquicardia  regular  de  QURS  ancho  CIAP: 
Palpitaciones"». Añade el escrito que «el ECG ha desaparecido. Doña Raquel Juan ha 
solicitado al centro de salud», transcribiendo la respuesta negativa de este último.
A las 19:20 horas aproximadamente, prosigue diciendo el escrito, se desplazó al 
centro de salud una unidad del SUMMA 112 UVI117, que trasladó a don Francisco Javier 
al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, donde «su evolución fue realmente 
catastrófica […]. Los comentarios de los cardiólogos y médicos intensivistas fueron que 
el paciente había llegado tarde. El IAM no se había cogido a tiempo entre otras cosas 
porque el Centro de Salud de Torrelodones no activó el código infarto que está para 
estos  supuestos,  pues  una  asistencia  precoz  supone  incrementar  muy 
considerablemente las posibilidades de supervivencia»; así el informe del servicio de 
hemodinámica del hospital llama la atención sobre la falta de activación de dicho código. 
Finalmente, don Francisco Javier falleció en dicho hospital el 26 de marzo de 2015.
Reitera el escrito que con el fin de acreditar la hora de llegada al centro de salud y 
que el electrocardiograma allí realizado resultó indicativo de infarto agudo al miocardio, 
pues  «el  electro  debe  contener  la  fecha  y  hora  de  realización»,  las  reclamantes 
solicitaron esta prueba al centro de salud, al hospital y al SUMMA 112, «pero han 
desparecido» (los ECG). Ante la ausencia de esta documentación, dicen: «No se nos 
puede  exigir  una  prueba  diabólica,  en  base  al  criterio  de  facilitad  probatoria  de  la 
administración sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo». A su juicio, con base 
en el art. 217 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), la carga de la prueba en estas 
circunstancias le corresponde, como resulta «obvio», a la administración. La cantidad 
total  reclamada,  calculada  con  los  parámetros  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre) y su actualización por la resolución de 5 de marzo 
de 2014 de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones, se desglosa en 115 035,021 
€ para la cónyuge, doña Raquel Juan; 19 172,54 € para la hija, doña Sara Calvo Juan; y 
a ambas sumas se les aplica un factor de corrección del 10 por 100, equivalente a 13 
420,77 €. s
Se cita después jurisprudencia del Tribunal Supremo que atribuye la carga de la  oe.
prueba a la administración demandada en los casos de defectuosa prestación sanitaria  w.
(incumplimiento de la lex artis ad hoc) en los que desaparece la historia clínica, por  812ww
Capulaicratac,i óSna dlae lT perricnecriap iod edle A flatoc ilTidriabdu nparol,b daeto 2ri ad e(e enn ceornoc dreet o2,0 c1it2a,  sreecnutersnoc ia3s1 5d6e- 2la0 1S0e;c yc iódne 
leal  Spleacncoió nno Srmexattaiv od em 2e ndcei onnoav ileom dbisrep udees t2o0 0e7n,  lroesc uarrstso.  933, 0194-.220, 0137 .–1e, nd ee slea  oLredye n4–1)/;2 y0 0e2n,   BOE-A-cable e
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, que imponen a los 
centros sanitarios el deber de archivo y custodia de la historia clínica de cada paciente, 
por un plazo mínimo de cinco años.
Más adelante, tras explicar que se cumplen los presupuestos para la declaración de 
responsabilidad  patrimonial  de  la  administración  (existencia  de  un  daño  o  perjuicio 
individualizado y cuantificable económicamente, producto de una actuación antijurídica 
imputable a los facultativos del Centro de Salud de Torrelodones que atendieron a don 
Francisco Javier), y citar jurisprudencia que concede importancia a la no práctica de un 
electrocardiograma  en  pacientes  que  luego  fallecen  por  una  inadecuada  atención 
sanitaria,  se  formuló  solicitud  al  Servicio  Madrileño  de  Salud  para  que  acuerde  la 
indemnización a las reclamantes de la cantidad total antes indicada, «más intereses 
desde la reclamación».
Junto con el escrito de reclamación se consignaron distintos documentos, la mayor 
parte informes incluidos en la historia clínica de don Francisco Javier Calvo Jiménez por 
la asistencia recibida en el Centro de Salud de Torrelodones y el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Majadahonda los días 7 a 26 de marzo de 2015, así como un 
ejemplar del «código Infarto Madrid. Repercusión del infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST en la Comunidad de Madrid», al que hacen referencia no 
solo la demanda sino diversos informes del expediente. Dicho «código Infarto Madrid» es 
de difusión pública y puede consultarse en la página web de la Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/codigo-infarto.
b)  En lo que importa a los efectos de este recurso de amparo, procede mencionar 
algunos de los documentos obrantes en el expediente numerado (de 581 páginas) que, 
en  soporte  electrónico,  remitió  a  este  Tribunal  Constitucional  la  jefa  del  área  de 
responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid mediante oficio de 10 de octubre 
de 2019.
c)  Página 85, nota interior fechada el 27 de julio de 2015, del subdirector de 
enfermería  responsable  de  atención  al  usuario  del  SUMMA  112,  al  servicio  de 
responsabilidad patrimonial del mismo organismo. Adjunta al mismo un informe clínico, 
impreso a las 20:54:52 del 7 de marzo de 2015, donde el médico que lo suscribe indica 
en el apartado de observaciones (página 88), que el paciente presentaba: «a las 13:00 
sudoracion + disconfort tx, persiste y a las 17:30 acude a c de s. llega con 110/70 
a 150x».
Junto  con  este  informe,  y  otro  del  enfermero  actuante,  se  acompañan  trece 
electrocardiogramas  realizados  al  paciente  por  el  personal  del  SUMMA  112,  entre 
las 19:20:55 a las 19:59:58 horas (páginas 96-108), durante su traslado desde el centro 
de salud al Hospital Puerta de Hierro.
d)  A petición de la dirección asistencial del Servicio Madrileño de Salud y en 
relación  con  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  referida,  el  médico  don 
Leandro Castro Borunissen del Centro de Salud de Torrelodones presentó el 30 de julio 
de 2015, un informe «sobre la asistencia prestada al precitado paciente [don Francisco 
Javier Calvo Jiménez] en fecha 7 de marzo de 2015» (páginas 118-119), del que cabe 
destacar las afirmaciones que siguen:
«Antecedentes: se comenta aproximadamente a las 18:30 horas con el otro médico 
de guardia el caso de un paciente que acude al servicio de urgencias, alrededor de 
las 18:00 horas, por cuadro de dolor torácico intermitente y palpitaciones desde las 13:00 
horas del mismo día. […] e.
Actuación  concreta:  […]  En  el  examen  físico  no  se  encuentran  alteraciones  w.b
significativas. El ECG que le había realizado, se interpreta como una taquicardia de QRS  812ww
anchSoe,  rceogmuelanr,t aa seul mciaesnod od ee nn buaesveo  ac oenllo l au ncao mpopsaibñleer ata qyu liac amrdiisam vae ndturidcual aern.tre iniciar el
tinrasttaamuriaern totr atcaomni enAtdoe ncoosni nAa moio dAarmoinoad a3ro0n0a  mign treanve nsuoesaro,   gdleucciodsieanddoo  acl o5n%ju nata mpaesnater 
en 20-30 minutos ante la sospecha de taquicardia ventricular en paciente estable. Se
monitoriza  al  paciente,  que  permanecía  asintomático  salvo  por  las  precitadas 
palpitaciones, y se comienza a pasar la medicación. […]
En el ECG realizado se observaba un ritmo sinusal de 90-100 latidos por minuto al ir 
terminando la perfusión de Amiodarona, con imagen de bloqueo completo de rama 
derecha con alteraciones de la repolarización, así como, hemibloqueo anterior de rama 
izquierda (último dato a contrastar).
Al finalizar la perfusión, momento en el que se iba a realizar comunicación con el 
SUMMA 112 para trasladar al paciente al Hospital Puerta de Hierro, el mismo solicita 
sentarse porque estaba incómodo tras varios minutos en decúbito supino en la camilla. 
[…]
A las 19:00 horas aproximadamente, de manera inmediata se activa al SUMMA 112 
para envío de UVI móvil, presentándose asintomático el paciente, tras la recuperación 
del cuadro presincopal y hasta la llegada de la UVI móvil. Al comentar el ECG con el 
médico de la UVI móvil, sugiere la presencia de flutter atípico, sin márgenes sugerentes 
de síndrome coronario.
Por último, se facilita al personal médico del SUMMA 112 toda la documentación del 
paciente incluyendo la historia clínica y los ECG realizados hasta el momento, como es 
habitual en los casos de traslado de paciente al hospital mencionado.»
e)  Página 120, escrito de doña Fátima Bermejo Fernández, directora del Centro de 
Salud de Torrelodones de 30 de julio de 2015, dirigido a doña Adela Villanueva, del 
servicio de atención al paciente del Servicio Madrileño de Salud, donde le indica:
«Como respuesta a tu escrito sobre reclamación patrimonial relativa al paciente 
Francisco Javier Calvo Jiménez, te envío informe del Dr. Leandro Castro Bounissen, así 
como historia clínica completa. El ECG se entrega habitualmente al SUMMA 112, por lo 
que no consta en nuestro poder.»
f)  Páginas  370-371,  informe  de  don  Francisco  Javier  Goicolea  Ruigómez,  del 
servicio de hemodinámica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, 
de 7 de marzo de 2015, en el que se hacen las siguientes indicaciones (pág. 370):
«IAM anterolateral de 8 horas de evolución. 2 Presíncopes antes de ir al C. de S. Lo 
trasladan como Taquicardia de QRS ancho e hipotenso. No se activa el código infarto 
[...].»
g)  Página 422, consta el texto del correo electrónico enviado el 31 de agosto 
de 2015 a las 13:57 horas, por doña Adela Villanueva, responsable de la unidad de 
atención al paciente, Dirección Asistencial Noroeste del SERMAS, dirigido a doña Fátima 
Bermejo  Fernández,  Dirección  del  Centro  de  Salud  de  Torrelodones,  en  la  que  le 
pregunta:
«En relación con la reclamación patrimonial que te comenté la semana pasada, ¿has 
podido contactar con los técnicos de electro medicina, para ver si es posible recuperar el 
ECG?  El  paciente  es  Francisco  Javier  Calvo  Jiménez,  y  la  fecha  de  atención  fue 
el 07/03/2015.»
La respuesta de doña Fátima a doña Adela, el 8 de septiembre de 2015, fue:
«Buenos días, Adela, el técnico de electromedicina, dice que nuestro aparato no deja 
grabados los electro. Es imposible recuperar el electro. Saludos cordiales.» e.
h)  Página 423, escrito de 22 de septiembre de 2015 de doña Camino Enríquez  w.b
Gabeiras,  del  servicio  jurídico  del  Hospital  Puerta  de  Hierro,  al  servicio  de  812ww
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Torrelodones.
Solicitada información al Dr. Jorge Manuel Solano López-Moral, médico cardiólogo 
que atendió al paciente a su llegada al Servicio de urgencias de este hospital, indica que: 
"Habiendo consultado mis notas y la de mis compañeros en la historia clínica del 
paciente, no recuerdo haber visto en ningún momento algún electrocardiograma más que 
el del SUMMA a su llegada.
Cuando  bajamos  a  urgencias  vimos  al  paciente,  tenía  ya  además  otro 
electrocardiograma realizado en nuestro hospital que sugería un síndrome coronario 
agudo por lo que activamos el código infarto".
Quedamos a su disposición para cuanta información precisen.»
i)  Pág.  424,  nota  interior  de  16  de  septiembre  de  2015,  del  subdirector  de 
enfermería  responsable  de  atención  al  usuario  del  SUMMA  112,  al  servicio  de 
responsabilidad patrimonial de dicho organismo, indicando:
«En contestación a la solicitud de ECG realizado al paciente don Francisco Javier 
Calvo Jiménez, en el Centro de Salud de Torrelodones, informo lo siguiente:
Hemos revisado el archivo de documentación clínica del SUMMA-112, no constando 
ECG distintos a los realizados por la UVI móvil del SUMMA-112, que atendió al paciente 
y que adjunto se remiten. Asimismo también se ha contactado con el médico de la UVI 
móvil que atendió al paciente, quien nos indica que ellos no se quedan con los ECG, 
realizados en otros centros dejándolo en el Servicio de urgencias a la llegada con el 
paciente al hospital.»
j)  Páginas 426-434, «Informe de la Inspección Sanitaria sobre la reclamación en 
materia de responsabilidad patrimonial, por la asistencia prestada a don.  Francisco. 
Javier Calvo Jimenez en A.P. del SERMAS», sin fecha, suscrito por doña María José 
Delgado  García,  médica  inspectora.  En  él  se  vierten  entre  otras  las  siguientes 
afirmaciones:
«5.  Descripción  de  los  hechos  averiguados  (secuencia  cronológica)  2015.  7 
marzo/17:45  horas:  Acude  el  paciente,  varón  de  45  años,  al  Centro  de  Salud  de 
Torrelodones por cuadro de dolor torácico opresivo intermitente y palpitaciones desde 
las 13:00 horas del mismo día, además refiere un cuadro presincopal antes de su 
llegada. […]
Se  hace  un  ECG/electrocardiograma/,  que  se  interpreta  como  una  taquicardia 
ventricular de QRS ancho a 150lpm en paciente estable. Y se trata con 300mg de 
amiodarona a pasar en suero glucosado al 5 por 100 durante 30 minutos. El médico de 
urgencias sostiene que el paciente no presenta dolor o malestar en ningún momento, 
sólo mantiene las palpitaciones, sensación que desaparece durante la perfusión del 
fármaco antiarrítmico.
Tras administrarlo, su FC disminuye a 90-100lpm y la TA es 105/60mmHg. El ECG 
que se hace entonces impresiona de "RS con BCRD"/ritmo sinusal con bloqueo completo 
de rama derecha.
Se decide comunicar con el SUMMA 112 para trasladar al paciente al hospital, quien 
al semiincorporase tras finalizar la perfusión, sufre un nuevo cuadro presincopal, del que 
se recupera espontáneamente cuando vuelve a la posición de decúbito supino y se 
elevan los miembros inferiores.
Sigue asintomático, pero hipotenso, con cifras de TA sistólica inferiores a 100mmHg, 
y sin cambios en la monitorización electrocardiográfica. Son las 19:00 horas. e.e
2015. 7 marzo/19:05 horas: Se recibe una llamada en el Servicio Coordinador de  b
Urgencias/SCU/ del SUMMA 112.  Es una solicitud de personal médico del Servicio de  812ww
udreg enc4i5a s dealñ oCse ntrod ed e Seadlaudd,  de pToorr relo«dToSnVe/sta pqauricaa radsiais tencsiuap rsaavneitnatrriiacu ala ru/inn evsataróbnle, 
hemodinámicamente, sin AP/antecedentes personales/.»
Dicha llamada se transfiere al médico coordinador, que activa una UVI móvil, con 
hora de intervención en el referido centro a las 19:18h. […].
2015. 7 marzo/19:22 horas: […] Se da preaviso al hospital por posible SCA/síndrome 
coronario agudo. […]
2015. 7 marzo/19:42 horas: Salida del centro de salud de la UVI móvil, tras prestar 
atención. La hora de llegada registrada al hospital son las 19:58 horas.
2015. 7 marzo/20:12 horas: Atención en urgencias del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro por el Servicio de cardiología. Se monitorizan las constantes vitales y la 
actividad  eléctrica  del  paciente.  Se  trata  con  drogas  vasoactivas  para  recuperar  la 
estabilidad hemodinámica. Y se realizan simultáneamente pruebas diagnósticas, que 
revelan disfunción severa del Ventrículo Izquierdo por infarto agudo de miocardio; en 
situación de shock cardiogénico. […]
2015. 7 marzo-26 marzo: Período durante el que permanece recibiendo tratamiento 
en la Unidad Coronaria. […] Y con resultado de fallecimiento el 26-3-15 […]
6.1  Conceptos de Infarto Agudo Miocardio-CODIGO INFARTO CAM. […]
"El Código Infarto Madrid (IM) es un programa asistencial integral aplicable a los 
pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMEST) en el registro electrocardiográfico, que tiene como finalidad una atención 
urgente  y  coordinada  encaminada  a  la  aplicacion  [sic]  precoz  de  la  estrategia  de 
reperfusion más adecuada […]
La activación del código Infarto se producirá en el momento en el que en un paciente 
con dolor torácico se detecte una elevación del segmento ST en el ECG.
En caso de IAM sin elevación del segmento ST o de cualquier otra manifestación de 
cardiopatía isquémica, por tanto, en caso de patología isquémica no susceptible de la 
activación de código Infarto, el paciente será igualmente atendido, tratado y derivado, 
procurando de la misma forma la reducción de los tiempos en su atención".
6.2  Discusión/confrontación  de  los  hechos  expuestos  en  la  reclamación  y  los 
hechos constatados:
Que  parece  adecuada  la  secuencia  de  actuación  desarrollada  en  el  CS  de 
Torrelodones, explorando y actuando en consecuencia a los síntomas que presentaba el 
paciente y a los hallazgos del ECG, que sugerían en ese momento el diagnóstico de 
taquicardia  ventricular,  para  la  que  se  facilitó  tratamiento  antiarrítmico.  Hecho  que 
comparte  el  equipo  de  cardiología  del  Hospital  Universitario  Puerta  de  Hierro-
Majadahonda en un informe/4-8-15/ aportado al expediente, sobre aplicación del código 
Infarto de la Comunidad de Madrid: […]
Que no ha sido posible la localización de los ECG realizados en el centro de salud, si 
bien los médicos responsables han manifestado que se facilitaron en el momento del 
traslado hospitalario […].
Que tampoco se ha podido recuperar el ECG desde el sistema de registro del 
electrocardiógrafo  tras  consultar  con  los  técnicos  de  electromedicina,  según  correo 
de 8-9-15 remitido a la responsable Unidad de atención al paciente de la Dirección 
asistencial noroeste.
Que no constan en el archivo de documentación del SUMMA 112 ningún ECG 
distinto a los realizados por la UVI móvil que atendió al paciente, y que, según respuesta 
de  16-9-15  del  Subdirector  de  enfermería  responsable  de  atención  al  usuario  de 
SUMMA 112, los ECG de otros centros se entregan con la documentación a la llegada  s
con el paciente al hospital. oe.
HosQpiutael  Ueln civaerrdsióitalorgioo  dqeu eP uaetertnad dióe  aHl ipearrcoi-eMntaeja ad ashuo nlledgaa idnad icaal  s/eenrv iccoion tdeest aucrgióenn c[siaics]  ddeell   2020-16812n https://www.
servicio jurídico del Hospital Universitario de Puerta de Hierro-Majadahonda de 22-9-15/ 
que:
"Habiendo consultado mis notas y la de mis compañeros en la historia clínica del 
paciente, no recuerdo haber visto en ningún momento algún electrocardiograma más que 
el del SUMMA a su llegada.
Cuando  bajamos  a  urgencias  vimos  al  paciente,  tenía  ya  además  otro 
electrocardiograma realizado en nuestro hospital que sugería un síndrome coronario 
agudo por lo que activamos el código infarto."
7.  Conclusión.
La asistencia se ajustó a la lex artis, siguiendo protocolos de actuación clínica 
validados en el momento en que se produjeron los hechos.
Si bien en lo referido a la custodia debida de la historia clínica no se ha procedido 
correctamente.»
k)  En páginas 435-445, aparece un informe pericial suscrito en fecha 3 de mayo 
de 2016 por don Hans Paul Gaebelt Slocker, licenciado en Medicina y especialista en 
cardiología, concluyendo que no encuentra «desviaciones de la lex artis desde el punto 
de vista cardiológico en este caso».
l)  Por  escrito  fechado  el  10  de  enero  de  2017  (página  461),  las  reclamantes 
aportaron dictamen pericial emitido por don Antonio Baño Rodrigo, doctor en Medicina y 
especialista en cardiología (páginas 462-479), en el cual que se sostiene la «suma 
importancia»  de  los  electrocardiogramas  extraviados,  «que  aportarían  datos  tan 
relevantes como el inicio del infarto, su magnitud y evolución»; y que «teniendo en 
cuenta que las posibilidades de supervivencia de un enfermo con infarto de miocardio 
disminuyen a medida que pasa el tiempo, la espera en el centro de salud y la no 
activación  del  código  Infarto  influyeron  negativamente  en  las  posibilidades  de 
supervivencia del enfermo, el cual llegó ya en shock cardiogénico al Hospital Puerta de 
Hierro (como consta en el informe del Hospital)».
m)  Páginas 480-481. Nota interior que remite el 14 de junio de 2017 la directora 
médica  del  SUMMA  112,  doña  María  José  Fernández  Campos,  al  servicio  de 
responsabilidad patrimonial, en relación con el expediente de reclamación patrimonial de 
referencia, con el siguiente contenido:
«En  contestación  a  su  solicitud  de  informe  en  relación  a  los  extremos  que  se 
expresan  en  la  alegación  segunda  del  escrito,  le  informo  que  tras  revisión  del 
expediente,  los  registros  de  electrocardiografía  correspondiente  al  SUMMA-112  no 
parecen  corresponder  a  electrocardiogramas,  sino  a  los  registros  de  monitorización 
cardiaca continua que a todos los pacientes trasladados en UVI Móvil con afectación del 
ritmo  cardiaco  se  les  debe  vigilar,  de  la  misma  manera  que  otras  constantes  de 
monitorización continua como tensión arterial, saturación de oxígeno. […]
El  diagnóstico  de  infarto  agudo  de  miocardio  del  médico  de  UVI  Móvil  del 
SUMMA-112, que aparece en el informe asistencial debió realizarse en base a un 
electrocardiograma ya existente previo, y si se realizó otro se debió imprimir pero no se 
transmitieron los datos desde el electrocardiógrafo a la historia clínica a través de la 
tecnología de bluetooth de la que se dispone para ello, y los registros archivados son 
correspondientes a la monitorización cardiaca y que se transmitieron a la historia clínica 
en cinco acciones, pudiendo dar lugar a confusión el término electrocardiograma 1,  e.e
electrocardiograma 2, electrocardiograma 3, electrocardiograma 4, electrocardiograma 5,  b
que aparece en el informe clínico.» 812ww
sporebsrneta)  dlaaP  áarg edicnolaansm  Fa4rc8ai2ón-nc4i 8sec4on,   «JmSaovailteiecrri tiuaCd a dldveoe   rJreeimsvpiésoniónensz a dbeeinlli  diAand.fPo .r pmdaeetr l idmSeEo nRlaiaM li nAspSpo»er, c cslaiión n af essciashntaeit,na crdiiaae    OE-A-2020-16able en https://
nuevo suscrito por doña María José Delgado García, médica inspectora de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras la presentación de alegaciones por las 
reclamantes, quienes aportaron dictamen pericial. Se limita a dejar constancia de lo 
siguiente:
«Mantengo  mis  conclusiones  del  informe  previo  de  inspección  realizado  en 
marzo 2016, en el que argumentaba que la secuencia de actuación desarrollada en el 
relato cronológico ante la taquicardia se ajustó a los protocolos clínicos validados, si bien 
no se había procedido correctamente en lo referido a la custodia debida de la historia 
clínica» (página 484).»
ñ)  No consta en el expediente que la Consejería de Sanidad de dicha comunidad 
autónoma  haya  dictado  resolución  expresa  resolviendo  la  reclamación  patrimonial 
presentada.
3.  Recurso contencioso-administrativo.
a)  Contra  la  denegación  presunta  de  aquella  reclamación  patrimonial,  la 
representante procesal de doña Sara Calvo Juan, ahora ya como única actora, presentó 
escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, por ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recayendo su 
conocimiento en su Sección Décima (procedimiento ordinario 684-2017). La recurrente 
fijó la pretensión indemnizatoria en la cuantía de 21 089,79 €.
Con fecha 26 de octubre de 2017 se dictó diligencia de ordenación por la letrada de 
la administración de justicia de la Sección Décima, de este tenor:
«Examinada de oficio la validez de la comparecencia efectuada por D./Dña. Sara 
Calvo Juan, por la que formula recurso contencioso administrativo contra Comunidad de 
Madrid mediante escrito de interposición, acuerdo requerir al recurrente [sic] para que en 
el plazo de diez días aclare la cuantía del procedimiento puesto que en el escrito de 
interposición la fija en 21 089,79 € y en la reclamación formulada ante el SERMAS con 
fecha 13-7-15 solicita una indemnización por la suma de 147 628,52 €.»
En su respuesta, la representante procesal de la recurrente presentó escrito el 3 de 
noviembre de 2017, en la que manifestó: «Es preciso advertir que, la reclamación 
administrativa inicial, fue interpuesta por doña Raquel Juan Jiménez y doña Sara Calvo 
Juan, esposa e hija de don Francisco Javier Calvo Jiménez, hoy fallecido. Sin embargo, 
el recurso contencioso-administrativo es presentado únicamente por la hija doña Sara 
Calvo Juan, motivo por el que la cantidad ha descendido hasta el importe de 21 089,79 
€».
b)  La Sección Décima, tras abrir trámite de audiencia a la parte recurrente y al fiscal 
mediante providencia de 6 de noviembre de 2017, dictó auto el 27 de noviembre de 2017 
por  el  que  acordó:  «Declarar  la  falta  de  competencia  objetiva  de  las  sala  para  el 
conocimiento y fallo del presente asunto […], por corresponder la competencia para su 
conocimiento  y  fallo  a  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo,  a  los  que  se 
remitirán las actuaciones para que las siga conforme a derecho».
c)  El asunto fue repartido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de 
Madrid,  ante  el  cual  la  representante  procesal  de  la  aquí  demandante  de  amparo 
presentó escrito de personación el 20 de diciembre de 2017.
La letrada de la administración de justicia del juzgado dictó diligencia de ordenación 
el 6 de febrero de 2018, por la que tuvo por recibidas las actuaciones procedentes del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,  acordando  formar  los  autos  y  registrarlos  e.e
(procedimiento abreviado núm. 482-2017). Con relación al escrito de personación de la  b
procuradora de la recurrente, acordó requerir a dicha profesional para que en el plazo de  812ww
odsietez ndtaíar se  iyn tebrapjuos iaeprae r«ceibl ipmrieesneton ted ree caurrcshoiv poo, r adcermedaintadraa  dlea  croenpfroersmeindtaadc icóonn  qlou ep redveicsítao 
en eEl na rstíuc ucluom 7p8l.i2m LieJnCtoA,» c.on fecha 19 de febrero de 2018 se llevó a cabo comparecencia
apud  acta  ante  la  mencionada  letrada,  otorgando  la  recurrente  la  representación
procesal a la procuradora ya actuante doña María Pardillo Landeta, y designando como 
defensor  al  abogado  don  Carlos  Sardinero  García,  de  cuyo  acto  se  levantó  la 
correspondiente acta.
A su vez, con fecha 28 de febrero de 2018 la representante procesal de la recurrente 
formalizó escrito de demanda sobre responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento 
de la administración sanitaria, contra el Servicio Madrileño de Salud. Luego de expuestos 
los hechos del caso, relato que coincide con el vertido en el escrito de reclamación 
administrativa,  y  de  alegar  que  los  electrocardiogramas  realizados  al  padre  de  la 
recurrente desparecieron, por lo que no se le puede exigir a ella una prueba diabólica, 
conforme al art. 217 LEC la carga de la prueba le corresponde «como es obvio» a la 
administración, se alegan como «actos médicos reprochables», los tres siguientes:
«1.  Incorrecto manejo del paciente al no activar una UVI móvil de la Comunidad de 
Madrid  inmediatamente  ingresó  el  paciente  con  sintomatología  de  infarto  y  con 
electrocardiogramas  que  reflejaban  alteraciones,  disminuyendo  las  posibilidades  de 
supervivencia del paciente»: se destaca que el «código Infarto» señala que retrasos 
de 15 minutos aumentan la mortalidad (punto 4.2), que el paciente llegó a las 17:00 
horas y se le realizó un electrocardiograma a las 17:30 horas como dejó reflejado el 
SUMMA en su informe, y sin embargo no llegó al centro hospitalario hasta las 20:33 
horas. Se reproducen luego algunos pasajes del informe pericial aportado.
«2.  Inexactitud  del  historial  clínico.  Los  dos  electros  que  supuestamente  se 
realizaron en el centro de salud han desaparecido, tanto el electro que supuestamente 
se realizó al paciente sobre las 17:00-17:30 horas, como el posterior de control que dicen 
que se realizó»: se alega no solo la desaparición de los electrocardiogramas realizados 
en el centro de salud, sino que los monitorizados por el SUMMA no tienen todas las 
«derivaciones» necesarias para poder conocer la evolución del infarto y datar su inicio. 
Que tampoco aparece «ninguno de los electros realizados en el Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda. La situación de indefensión de esta parte no puede resultar más 
palmaria si tenemos en cuenta la desaparición y/o manipulación de los electros en las 
circunstancias arriba expresadas y que además la propia administración usa a su favor». 
Se invoca a continuación jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicando el principio de 
facilidad de la prueba en el ámbito de la responsabilidad médica, cuando falta o está 
incompleta la historia clínica del afectado, desplazando la carga a la administración, con 
cita  de  las  sentencias  de  2  de  diciembre  de  1996,  2  de  enero  de  2012, 
recurso 3156-2010; 23 de septiembre de 2009 de la Sala Tercera, Sección Cuarta; y la 
de 2 de noviembre de 2007 de la misma Sala Tercera, Sección Sexta, recurso 9309-2003 
–en  ese  orden–,  además  de  resoluciones  de  Tribunales  Superiores  de  Justicia; 
añadiendo por último en este apartado, la cita de los arts. 3, 14.2 y 17.1 de la Ley de 
autonomía del paciente 41/2002.
«3.  De la lectura de la historia clínica se desprende que a la llegada del paciente al 
Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda se le administró ivabradina, medicamento 
contraindicado totalmente para pacientes con infarto agudo, shock cardiogénico»: se cita 
como referencia la guía práctica de la Sociedad Europea de Cardiología.
Tras  estas  alegaciones,  la  demanda  defiende  la  concurrencia  de  los  requisitos 
exigibles para el establecimiento de la responsabilidad de la administración demandada, 
con cita de la jurisprudencia sobre la teoría de la pérdida de oportunidad, que releva de 
tener que acreditar el resultado en casos como el suyo donde ha habido una omisión. 
Añade  igualmente  la  jurisprudencia  sobre  la  aplicación  del  principio  de  facilidad 
probatoria que recoge el art. 217.7 LEC, debiendo probar la administración «qué daños y  e.
en qué porcentaje se habrían evitado u ocasionado», con cita de las sentencias de la  w.b
Sala  Tercera,  Sección  Cuarta,  del  Tribunal  Supremo,  de  26  de  marzo  de  2012,  812ww
rreeccuurrssoo  43757361--22000140;;  1y2  ddee  laju liSo edceci ó2n0 0S7e, xrteac ularsso  s9e2n-t2e0n0ci3a;s  yd 2e0  7d ed em  jaurlzioo  ddee  22000087,, 
recurso 7915-20903, en ese orden.
La  demanda  suplica  se  dicte  sentencia  que  declare  la  responsabilidad  de  la 
demandada, condenándola al pago de la cantidad reclamada, más intereses, por los 
daños y perjuicios sufridos.
Por  medio  de  primer  otrosí  digo,  se  solicitó  el  recibimiento  a  prueba,  tanto 
documental, la del expediente administrativo, dejando además designados los archivos 
del Centro de Salud de Torrelodones, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Majadahonda y el Servicio Madrileño de Salud; como prueba pericial, el informe emitido 
por don Antonio Baño Rodrigo.
d)  Admitida a trámite la demanda, por decreto de la letrada de la administración de 
justicia del juzgado a quo de 1 de marzo de 2018 se citó a las partes para la celebración 
de vista el día 24 de mayo de 2018, a las 11:20 horas, en la sala cuatro del edificio sede 
del juzgado, donde tuvo lugar lo acordado.
e)  Con fecha 29 de mayo de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 11 de Madrid dictó sentencia desestimatoria de la pretensión.
Como base para esta decisión, la sentencia razona en el fundamento de derecho 
cuarto  cuáles  son  los  requisitos  que  se  exigen  para  el  establecimiento  de  la 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en general y en particular 
en el ámbito sanitario (infracción de la lex artis ad hoc). Sentado esto, en el fundamento 
quinto afronta el tratamiento de las reglas sobre la carga de la prueba que ha de aplicar, 
afirmando:
«Quinto.–Guarda, también, una evidente importancia la identificación de los criterios 
de aplicación a estos supuestos de los principios generales de distribución de la carga de 
la prueba. Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación de la remisión normativa 
establecida en los arts. 74.4 y disposición adicional sexta de la Ley jurisdiccional de 1956 
(art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio), rige en el proceso contencioso-
administrativo el principio general, inferido del art. 1214 de Código Civil, que atribuye la 
carga de la prueba a aquel que sostiene el hecho (semper necesitas probandi incumbit 
illi  qui  agit)  así  como  los  principios  consecuentes  recogidos  en  los  vocablos  que 
atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (ei incumbit 
probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar los hechos 
notorios  (notoria  non  egent  probatione)  y  los  hechos  negativos  (negativa  no  sunt 
probanda).
En cuya virtud, este tribunal en la administración del principio sobre la carga de la 
prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos 
que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el 
supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por 
todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 
23 de mayo y 19 de setiembre de 1997, 21 de setiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de 
que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio 
de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay 
datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de 
difícil acreditación para la otra [sentencias del Tribunal Supremo (Tercera) de 29 de 
enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras].»
En  el  fundamento  de  Derecho  sexto,  el  juzgado  entra  a  resolver  sobre  las 
pretensiones deducidas por las partes. Resume en primer lugar los argumentos de la 
demanda y la contestación, y se refiere a los dos informes periciales que se han  e
aportado, centrándose en la convicción que le merece cada uno de ellos «[d]e acuerdo  bo
con lo recogido en el artículo 348 de la Ley 1/2000» (LEC, valoración conforme a las  812ww
rceognltarsa dicdceio nleas , sreasnpae ctcor íaticl atr)a. tamPaierntieton deofe ctduea doq ueen  ell ocse ntdroo sd e insafolurmd»e,s e l «meavgidisetnracdiaon-
jcuoenzf irsmea dr eecla nintafo rpmore  edl ee minitsidpoe cpcoiórn e ls amnéitdairciao  seemñiotird oG apeobre llta  Smloécdkiecra,  einl scpueacl to«rv iednee  laa 
Consejería  de  Sanidad  de  la  Comunidad  de  Madrid  –obrante  al  folio  428  del 
expediente», informe que concluye, sigue diciendo la sentencia:
«[…] en el sentido de que "la asistencia se ajusta a la lex artis, siguiendo protocolos 
de la actuación clínica validados en el momento en que se produjeron los hechos. Si bien 
en  lo  referido  a  la  custodia  debida  de  la  historia  clínica  no  se  ha  procedido 
correctamente". Dicho informe médico, que goza de presunción de veracidad al ser 
emitido por personal estatutario, no han sido suficientemente desvirtuados [sic] por el 
perito de parte.
Tras un juicio estimativo fundado en la apreciación conjunta y racional de todos los 
datos aportados al proceso cabe concluir en el sentido de que no existió negligencia 
alguna en la asistencia sanitaria ni infracción de la lex artis.
Como  señala  la  jurisprudencia  (entre  otras  STS  5/6/1998),  la  prestación  por  la 
administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de 
la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de 
responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a estas 
en  aseguradoras  universales  de  todos  los  riesgos  con  el  fin  de  prevenir  cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 
independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, se transformaría aquel 
en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico».
f)  Contra la sentencia de 29 de mayo de 2018 la parte actora interpuso incidente de 
nulidad de actuaciones, fundamentado en dos motivos: (i) El primero, vulneración del 
art. 24 CE por incongruencia omisiva, pues dicha resolución «no se pronuncia sobre la 
cuestión principal del pleito, que versa sobre la desaparición de parte de la historia 
clínica (los electrocardiogramas que le hicieron al paciente en el centro de salud) y su 
incidencia en el pleito, pues habría permitido saber cuándo comenzó el paciente con el 
infarto y el tiempo perdido en el aviso a la UVI móvil».
(ii)  Y el segundo motivo, donde se afirma que «[a]l no pronunciarse el juzgador 
sobre  las  consecuencias  de  la  pérdida  de  la  historia  clínica,  además  de  provocar 
indefensión e infringir el derecho a la tutela judicial efectiva –con infracción del art. 24 
CE– ha infringido, a la vez, el art. 217.7 LEC que consagra el principio de facilidad 
probatoria […], lo que supone otro motivo de infracción del art. 24 CE […]; generando 
indefensión al exigirnos una prueba diabólica además de infracción de la carga de la 
prueba».
g)  Admitido a trámite el incidente de nulidad, otorgándose trámite de audiencia a la 
administración demandada, que a través de su letrado se opuso a la pretensión de la 
actora, el juzgado a quo dictó auto el 13 de julio de 2018 en desestimación de la nulidad. 
En su razonamiento jurídico segundo, el magistrado-juez resuelve conjuntamente los dos 
motivos interpuestos, en los siguientes términos:
«Segundo.–Considera la recurrente, en síntesis, que la sentencia infringe el derecho 
a la tutela judicial efectiva al contener un error en su fundamentación.
La STC 325/2.005, de 12 de diciembre que señala que "el derecho a obtener una 
resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad 
e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, F. 2; 87/2000, 
de 27 de marzo, F. 6). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar 
motivada (art. 120.3 CE), es decir, contener los elementos y razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión  s
(SSTC 58/1997, de 18 de marzo, F. 2; 25/2000, de 31 de enero, F. 2); y en segundo  oe.
jclduuoedgn ia4c rei ,a dlqllae ues ena  s glleaao   ssmateofoel,et cicFvtec.a  ic3óai)nól. , nc Ei ondsnteetteber penúr ieldctitooman cdotieeó an nose yptrr  eouacsnpt aloidc  efanurconei ódcihnnaoc mdlsuee y nflueatan sucd dniaói msnpp ereoennstte iacDnliedoesinrd eedocsi hs dloteein g(rtSeaoclTseh Csoa,   l1 sad4al e7lva /o1tcu 9ieqt9eru9tleao,     2020-16812n https://www.
judicial efectiva (SSTC 256/2000, de 30 de octubre, F. 2; 82/2001, de 26 de marzo, F. 2).
Pero la fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea
consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente 
irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación 
de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, F. 3; 
25/2000, de 31 de enero, F. 2; 87/2000, de 27 de marzo, F.3; 82/2001, de 26 de marzo, F. 
2; 221/2001, de 31 de octubre, F. 6; 55/2003, de 24 de marzo, F. 6)".
La sentencia, cuya nulidad se pretende, contiene un motivado pronunciamiento, 
dando respuesta a las pretensiones formuladas por las partes, resolviendo dentro de los 
términos planteados, por lo que procede desestimar la pretensión de nulidad al dar la 
sentencia  respuesta  que  se  considera  suficiente  a  los  motivos  de  impugnación 
planteados, sin que los motivos alegados por la defensa del recurrente puedan lugar a la 
declarar [sic] la nulidad de la sentencia al no resultar adecuado el incidente de nulidad, 
que debe ser objeto de una interpretación rigurosa. Cabe señalar que la historia clínica si 
figuraba en el expediente administrativo, habiendo sido objeto de la correspondiente 
valoración, conjuntamente con el resto de periciales practicadas.»
h)  Notificada esta última resolución judicial, se interpuso el presente recurso.
4.  Demanda de amparo.
La recurrente alega, respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, dos quejas constitucionales:
a)  La primera, la vulneración «del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con todas las garantías en relación a la falta de pronunciamiento sobre la cuestión 
principal del pleito»: además de la infracción de preceptos de legalidad procesal, la 
demanda  aduce  vulneración  del  art.  24.1  CE  porque  la  pretensión  deducida  en  la 
instancia se fundamentaba «en la demora que existió a la hora de prestar la asistencia 
médica correspondiente, y dicha demora únicamente puede valorarse con el estudio de 
los electrocardiogramas que le fueron realizados al paciente en el centro de salud 
cuando ingresó, pruebas determinantes que han desaparecido del historial clínico (hecho 
no controvertido y reconocido por la mismísima administración pública)». Se refiere a 
continuación al principio de facilidad probatoria en materia de derecho sanitario, del que, 
añade, «no existe doctrina del Tribunal Constitucional» aunque sí «nutrida doctrina 
jurisprudencial» en la jurisdicción ordinaria, pasando a citar algunas sentencias dictadas 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ya mencionadas en sus escritos anteriores. 
Reitera que la administración al folio 433 del expediente reconoce la incorrecta custodia 
del historial clínico, y evoca algunas consideraciones del dictamen pericial aportado por 
dicha parte.
Respecto del deber de congruencia, el escrito cita las SSTC 20/1982, de 5 de mayo 
y 85/2006, de 27 de marzo, volviendo a formular la queja conjunta de los derechos a un 
proceso con todas las garantías, a no padecer indefensión, a que las resoluciones 
judiciales no sean arbitrarias ni irrazonables, a una resolución congruente, y al principio 
de igualdad en aplicación de la ley, así como el derecho a obtener una resolución 
fundada en Derecho, esto es, que no contengan «contradicciones internas o errores 
lógicos» y esté dotada de una argumentación que fundamente la decisión (con cita de 
las «SSTC de 16 de noviembre de 1992; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994; 
25 marzo 1996; 29 mayo 2000 y 4 junio 2001»). Concluye esta primera queja diciendo 
que  «se  le  ha  causado  indefensión  […],  no  exponiendo  de  forma  lógica  los 
razonamientos usados para llegar a las conclusiones expuestas en el fallo, dado que no 
se pronuncia sobre la desaparición de parte de la historia clínica». e.
b)  La segunda queja plantea la vulneración del derecho «a la tutela judicial efectiva  w.
(art. 24.1 CE) al invertirse la carga de la prueba exigiendo una prueba diabólica e  812ww
sined ehfae npsroiódnu c(aidrot.  i2n4d.e1f eCnEs)ió»n:  eyn l elossio ntéardmoi neol sd edreel cehsoc rait ola d teu tneulali djuaddic piarel veifoe,c tsivea a, dpuocre l aq nuoe 
ahpislticoaricai ócnlí ndiceal , plori nqcuipei os udpeo nfaec eilxidigaidrl ep uronbaa tporruiae bdae driivaabdóoli cdae,  lala d peé lrodsid rae sduelt apdaorste q udee  slae   BOE-A-cable e
desprenderían de los electrocardiogramas extraviados si se contara con ellos, por lo que 
el paciente debió ser trasladado más rápidamente al hospital. Se insiste en los datos 
sobre la llegada del paciente al centro de salud, el haber solicitado con posterioridad los 
electrocardiogramas sin éxito, el reconocimiento de este hecho por la administración 
(folio 433 del expediente), el retraso de dos horas, «hasta las 19:30 horas en vez de 
hacerlo entre las 17:00-17:30 horas», la importancia que da el «código Infarto» a la 
rapidez de actuación, y de nuevo, la cita de la jurisprudencia que impone la carga de la 
prueba a la administración sanitaria ante la falta de elementos probatorios. Reitera 
también como en escritos anteriores, la cita de los arts. 3, 14.2 y 17.1 de la Ley básica 
reguladora de la autonomía del paciente 41/2002, sobre el deber de custodia de la 
historia clínica, y el resultado de indefensión producido a la demandante de amparo, por 
incumplirse tal deber.
c)  En  un  apartado  dedicado  a  tal  requisito,  la  demanda  funda  la  especial 
trascendencia constitucional del recurso en dos argumentos: (i) en primer lugar, se 
señala que «el presente debate no se ciñe únicamente a la vulneración de un derecho 
fundamental, sino que versa sobre un asunto de Derecho sanitario –la desaparición de 
pruebas y/o informes de la historia clínica de un paciente y sus repercusiones normativas 
desde la vertiente del derecho de defensa y el derecho de acceso a la tutela judicial 
efectiva– sobre el que no existe doctrina del Tribunal Constitucional.
Y  consideramos  que  resulta  imprescindible  que  el  Tribunal  Constitucional  se 
pronuncie sobre este debate, fundamentalmente, porque es un problema que cada vez 
con mayor frecuencia se está planteando ante los tribunales de justicia con diferente 
suerte».
(ii)  En segundo lugar, el escrito alega que se ha infringido el derecho fundamental 
de defensa (art. 24.2 CE) –por la indefensión misma que ha producido la desaparición de 
los electrocardiogramas de la historia clínica–, lo que ha impedido demostrar hechos de 
su reclamación ante la administración sanitaria, y lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), «relacionada con el principio de facilidad probatoria, carga de la 
prueba e incongruencia omisiva por el hecho de no pronunciarse la sentencia sobre este 
extremo y sus consecuencias»; dedicando varios párrafos a reiterar la denuncia de estas 
lesiones. Y añade que «planteamos un "recurso de amparo mixto" (arts. 43 y 44 LOTC). 
Junto a la queja principal, referida a la vulneración del derecho de defensa (art. 24.2 CE), 
que se imputa a la resolución administrativa, la demanda de amparo dirige una queja 
específica contra la sentencia que confirma dicha resolución, por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en las vertientes de incongruencia omisiva y 
motivación arbitraria e irrazonable». Esta queja específica, precisa, ha traído consigo que 
se interpusiera incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia, a fin de cumplir 
con el requisito del agotamiento de la vía judicial previa del art. 44.1 a) de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
d)  La demanda suplica a este tribunal que se tenga por formalizado recurso de 
amparo «contra la desestimación presunta de la reclamación administrativa presentada 
por mi representada, la sentencia 144/2018, dictada por el Juzgado de los Contencioso- 
Administrativo  núm.  11  de  Madrid  de  fecha  29/05/2018,  y  frente  al  auto  de 
fecha 13/07/2018 por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones, dictado 
por el mismo juzgado», y que dictemos sentencia declarando haber lugar al amparo 
solicitado por vulneración del «derecho de defensa y de tutela judicial efectiva de la 
recurrente»,  con  nulidad  «de  la  desestimación  presunta,  de  la  sentencia  144/2018 
de 29/05/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de  s
Madrid, y la nulidad del auto de fecha 13/07/2018, a fin de que se dicte nueva resolución  oe.
respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados». w.
Seg5u.n daA,n tSeesc dceió np roCvueaerrt aa,  ldae a demsties iótrnib duenla rle, cduircstóo , dlail igSeenccreiata rdíea  doerd Jeunsatcicióian  deel  la2 9S adlea 
nAodvmieinmisbtrrea tivdoe  nú2m01. 81 1 pdoer  Mlaad rqidu ea  fianc doerd qóu er ereqmueitrieirr aa cl erJtuifizcgaacdióon  od efo tlooc oCpioan atednvceiroasdoa-
de las actuaciones del procedimiento abreviado núm. 482-2017, así como el expediente 
administrativo.
En su respuesta, el letrado de la administración de justicia del juzgado competente, 
mediante oficio registrado en este Tribunal Constitucional el 21 de diciembre de 2018, 
remitió fotocopia adverada del procedimiento abreviado, junto con copia en CD del acto 
de la vista, «no pudiendo acompañar el expediente administrativo dado que fue devuelto 
a la administración en fecha 4/09/18».
6.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 16 de septiembre de 2019 
por la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». En la misma resolución se acordó dirigir 
atenta comunicación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Servicio 
Madrileño de Salud), para que en el plazo de diez días remitiera certificación o fotocopia 
adverada  del  expediente  administrativo  sobre  la  reclamación  de  la  recurrente  y  su 
madre; y también al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid, para 
que procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento abreviado 
núm. 482-2017, excepto a la parte recurrente en amparo, a fin de poder comparecer en 
el plazo de diez días en el presente proceso.
7.  Con fecha 11 de octubre de 2019, la letrada de la Comunidad de Madrid, 
actuando en la representación que legalmente ostenta, presentó escrito solicitando su 
personación como parte en el recurso de referencia, solicitando que se entendiesen con 
ellas las sucesivas diligencias.
8.  Por  su  lado,  mediante  escrito  presentado  el  15  de  octubre  de  2019,  la 
procuradora de los tribunales doña María Esther Centoira Parrondo, actuando en nombre 
de la entidad Zurich Insurance, PLC, sucursal en España S.A., bajo la defensa del 
abogado don Eduardo Asensi Pallares, solicitó en virtud del emplazamiento realizado por 
el juzgado a quo, se la tuviera por comparecida y parte, con la representación que 
ostenta, y que se entendieran con dicha profesional las sucesivas diligencias.
9.  Con fecha 24 de octubre de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, 
Sección Cuarta, de este tribunal, dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, 
decidió tener por personadas y partes a la letrada de la Comunidad de Madrid y a la 
procuradora doña María Esther Centoira Parrondo en nombre y representación de la 
entidad Zurich Insurance, PLC, sucursal en España, S.A.; y de otro lado acordó dar vista 
de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 
veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
10.  Por escrito presentado el 22 de noviembre de 2019, la letrada de la Comunidad 
de Madrid formuló sus alegaciones interesando se tuviera a dicha parte por opuesta al 
recurso  de  amparo  presentado,  «y  dicte  sentencia  por  la  que  se  inadmita  o, 
subsidiariamente, desestime el mismo, por los motivos que se exponen a lo largo del 
presente escrito»:
a)  Entiende de entrada que se está ante un recurso de amparo mixto, «de acuerdo 
con  la  recurrente»,  porque  se  dirige  contra  la  desestimación  presunta  por  silencio  es
administrativo de la reclamación interpuesta ante el Servicio Madrileño de Salud, y contra  o
la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que desestimó el recurso  812ww
npapurnrooltiecmdecaoeddvdi bideidlonide teca sodl an  tdlraeas l e afnacqtlaetuasne oclld iaae q.rl u eeHsre oeqlccuuohcinasióis tnoide,  esydrt aaee   l mplaaru áetsceo is sqprióeuenlece  ivadayle  nsttlreeuasses,tgc imoes nóed d aeeosn pimcouiainns e mc rooec nsoesumlt miiotnue ccnióid obendincaeetle    dlddoeeesl     OE-A-2020-16able en https://
recurso, siendo que estos defectos procesales pueden ser apreciados en sentencia,
aunque  la  demanda  se  hubiere  admitido.  En  este  caso,  dice  el  escrito,  «la  parte 
recurrente  no  acredita  en  modo  alguno  la  trascendencia  constitucional  de  la  queja 
planteada ante este Alto Tribunal, ya que se limita de forma genérica a invocar la 
vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 24 de la Constitución Española, sin realizar un esfuerzo argumental que ponga 
en conexión las vulneraciones alegadas con los criterios del artículo 50.1 b) LOTC». Solo 
se aprovecha para discrepar de la valoración de la prueba realizada por el juzgador, lo 
que no es tema de decisión en sede de amparo. La letrada cita los arts. 49.1 y 50.1 b) 
LOTC; el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, sobre el elenco de 
motivos de especial trascendencia constitucional; y la STC 176/2012, de 15 de octubre, 
que censura la confusión entre la argumentación de aquel requisito, y el de la lesión o 
lesiones  de  fondo.  De  tal  modo,  «procede  la  inadmisión  del  presente  recurso  por 
incumplimiento del artículo 49.1 in fine LOTC».
b)  Respecto  del  fondo,  se  alega  la  «plena  conformidad  a  derecho  de  las 
resoluciones  recurridas  de  contrario»;  la  sentencia  impugnada  ha  realizado  una 
valoración conjunta de la prueba donde da prevalencia al contenido del dictamen pericial 
de la codemandada, en cuanto confirma el informe de la inspección sanitaria, por lo que 
no ha habido la vulneración que se aduce de contrario ya que no hay falta de motivación, 
sino que se valoraron las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. Tampoco hay 
defecto en el auto que resuelve el incidente de nulidad, el cual hace constar la ratio 
decidendi de la sentencia, transcribiéndola en parte. Cita luego doctrina sobre cuándo se 
produce la incongruencia omisiva (con cita de las SSTC 237/2006, de 17 de julio, FJ 4, 
y 323/2006, de 20 de noviembre, FJ 2), descartando aquí su concurrencia «por cuanto el 
Juzgado  a  quo  resuelve  sobre  la  cuestión  controvertida  a  la  vista  de  las  pruebas 
practicadas». Y la STC 139/2009, de 15 de junio, FJ 2, que exige para que haya 
incongruencia  que  el  punto  omitido  hubiera  podido  determinar  un  fallo  distinto,  de 
haberse enjuiciado, lo que, sin embargo, dice, no es el caso; «de la valoración conjunta 
de la prueba realizada lo que se desprende es que la actuación llevada a cabo por el 
centro de salud fue ajustada a la lex artis». No ha habido lesión del derecho a la tutela 
judicial efectiva.
c)  Por cuanto concierne a la queja de vulneración del art. 24.2 CE, el derecho a 
utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y la indefensión que alega la 
recurrente por invertirse la carga de la prueba y exigirle una prueba diabólica, cita en 
primer término la letrada de la Comunidad de Madrid la STC 89/1986, de 1 de julio, sobre 
el significado de la indefensión constitucional, negando que en el caso la misma se haya 
producido, «en la medida en que se practicó la prueba pericial propuesta por la parte 
actora, tendente, entre otros extremos, a acreditar la trascendencia de la desaparición de 
la  historia  clínica  de  los  dos  electrocardiogramas».  No  hay  indefensión  porque  la 
desaparición de los electrocardiogramas fue tratada en el juicio; «independientemente 
del resultado de los electrocardiogramas desaparecidos, la actuación llevada a cabo en 
el  centro  de  salud  fue  correcta».  Reconoce  que  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo 
«establece, como regla general, que la pérdida de la historia clínica no ha de favorecer a 
la administración, puesto que su ausencia priva al paciente de una prueba fundamental 
para acreditar la existencia de mala praxis médica, imponiéndole una prueba imposible o 
diabólica». Pero que si pese a faltar parte de la historia clínica, el tribunal «puede fundar 
su convicción por otros medios y llegar a la conclusión de que se ha actuado conforme a 
la lex artis, no tiene por qué declarar, sin más, la responsabilidad patrimonial de la 
administración sanitaria». s
11.  La representante procesal de la entidad Zurich Insurance, PLC, Sucursal en  w.b
España, presentó escrito de alegaciones el 25 de noviembre de 2019, interesando se  812ww
dlaic ptea rstee nretecnucrriae nqteu»e: deniegue el amparo solicitado «con expresa imposición de costas a
a)  Como primera alegación, se afirma que la demanda de amparo adolece de la
falta de algunos requisitos del art. 44 LOTC, en concreto el del apartado a), el debido
agotamiento de la vía judicial previa, pues la incongruencia omisiva de la sentencia «ha 
de denunciarse necesariamente a través del cauce del artículo 215.2 LEC», el incidente 
de complemento de sentencia. En cambio, acudió al incidente de nulidad de actuaciones 
el  cual  «solo  puede  formularse  en  aquellos  casos  en  los  que  no  ha  sido  posible 
denunciar  la  infracción  procesal  por  ningún  medio  previo».  Cita  en  su  apoyo  la 
STC 144/2007, de 17 de junio, sobre la procedencia del incidente de complemento en 
caso de incongruencia omisiva. Este cauce, concluye, no se ha respetado. Más adelante 
señala que la recurrente no aprovechó para denunciar la incongruencia omisiva en la 
primera oportunidad de la que dispuso, el incidente de complemento, siendo además el 
cauce obligado para ello.
b)  En lo que parece ser también la invocación de un óbice procesal, continúa 
diciendo el escrito de alegaciones que la demanda no ha tenido en cuenta la prohibición 
que tiene el Tribunal Constitucional de revisar los hechos fijados en el proceso de origen, 
ex art. 44.1 b) LOTC. Que la parte recurrente lo que pretende es «una nueva valoración 
de la prueba practicada, un nuevo fallo distinto al que ha llegado el juzgado tras el 
desarrollo del proceso. No existe, en la sentencia dictada, ninguna violación de derecho 
o libertad que sea imputable a ninguna acción u omisión del órgano judicial ni en el 
desarrollo del proceso ni tampoco en la misma sentencia. Lo que hace la recurrente no 
es  otra  cosa  que  hacer  supuesto  de  la  cuestión».  Se  resumen  los  motivos  de  la 
demanda, y la respuesta judicial al resolver el incidente de nulidad, rechazando que en 
este caso se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. «Esto no merece el 
amparo constitucional».
c)  Sobre la cuestión de fondo, niega en primer lugar que la sentencia recurrida haya 
cometido incongruencia omisiva. Tras citar como doctrina sobre el deber de congruencia 
y cuándo se infringe, a la STEDH de 9 de diciembre de 1994, asunto Ruiz Torija contra 
España; y las SSTC 8/2004, de 9 de febrero; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3; 77/2000, 
de  27  de  marzo;  y  recordar  el  suplico  de  la  demanda  contencioso-administrativa, 
sostiene el escrito que la sentencia dictada resolvió expresamente dicha pretensión, 
como se desprende del fallo, si concurría o no mala praxis y la supuesta deficiencia 
asistencial en el fallecimiento del padre de la recurrente. La fundamentación jurídica de 
la sentencia, prosigue, toma en cuenta las cuestiones planteadas en la demanda, al 
mencionar las pruebas practicadas, y la valoración de los informes periciales aportados 
conforme a las reglas de la sana crítica, con invocación del art. 348 LEC. Y considera 
adecuada también la respuesta dada en el auto que desestimó el incidente de nulidad.
d)  Tampoco  el  escrito  de  alegaciones  reconoce  que  la  sentencia  impugnada 
vulnerara el derecho a la defensa del art. 24.2 CE ni el derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE. La sentencia «no ha cometido ningún error fáctico puesto que 
valoró la totalidad de la prueba practicada y resolvió conforme a Derecho», y si lo 
hubiera cometido no tendría relevancia constitucional, pues si bien el código Infarto no se 
activó, las actuaciones realizadas fueron coincidentes con las que habrían procedido de 
activarse. En este caso, toda la prueba solicitada por la actora fue admitida y practicada, 
sin causarle indefensión ni formular protesta, y fue objeto de valoración por el juzgador, 
dando cuenta detallada en la sentencia. Lo que la demanda denuncia como indefensión 
del Juzgado por no respetar las normas sobre carga de la prueba, en concreto el 
principio  de  facilidad  probatoria,  no  es  más  que  un  supuesto  error  de  valoración 
probatoria, la sentencia dio credibilidad al informe pericial de la codemandada, que 
confirmaba el realizado por la inspectora médica de la Comunidad de Madrid. Si la actora 
consideraba  que  faltaba  documental  debió  solicitar  la  ampliación  del  expediente  s
administrativo «en el procedimiento patrimonial previo», no interponer este amparo. oe.
12.  También con fecha 25 de noviembre de 2019 la representante procesal de la  812ww
dneumesatrnod arencteu rdseod udjeo  apmorp aersoc»ri.t oA s utasl  aelfeegcatoc,io enle se,s cinrtiteor erseaitnedrao  lpaa r«tees tdime alacisó na líengteagcrioan dees 
ecostnat.e nCidoansc lueyne  laa rgduemmeanntdaan,d toa nqtuoe e «np olors  toadnote ecellod,e ncotenss icdoemraom oesn  qlau efu sned alem ehnat accaiuósna ddoe 
indefensión a mi patrocinada vulnerando dicho precepto constitucional, no exponiendo
de forma lógica los razonamientos usados para llegar a las conclusiones expuestas en el 
fallo, dado que no se pronuncia sobre la desaparición de parte de la historia clínica».
13.  Finalmente, la fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de 
alegaciones el 29 de noviembre de 2019, por el que interesó de este tribunal que 
dictara sentencia estimando el recurso de amparo, por vulneración del «derecho de 
defensa  en  la  utilización  de  las  pruebas  del  art.  24.2  CE  por  la  resolución 
desestimatoria de la administración y el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión, en la vertiente de incongruencia omisiva, por la sentencia dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso»;  que  declaremos  la  nulidad  «de  las  resoluciones 
administrativa  y  judicial  impugnadas»;  con  retroacción  de  las  actuaciones  «al 
momento anterior a dictarse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso, al objeto de 
que se dicte nueva sentencia en la que se pronuncie sobre las consecuencias y 
relevancia que debe atribuirse a la incorrecta custodia por la administración sanitaria 
de la historia clínica, con extravío de dos electrocardiogramas realizados en el centro 
de salud, en relación con la concurrencia de infracción de la lex artis»:
a)  Tras los antecedentes del caso, la fiscal pone de relieve que estamos ante un 
amparo mixto, porque el objeto del recurso «lo constituyen la resolución administrativa 
que  desestimó  por  silencio  administrativo  la  reclamación  de  indemnización  por 
responsabilidad patrimonial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y 
la sentencia dictada el 29 de mayo de 2018, por el Juzgado de lo Contencioso núm. 11 
de Madrid». Entiende que la demanda atribuye a la resolución administrativa la lesión del 
derecho  de  defensa  del  art.  24.2  CE,  al  privarle  la  administración  de  las  pruebas 
diagnósticas,  y  a  la  sentencia  la  vulneración  autónoma  del  derecho  a  no  padecer 
indefensión del art. 24.1 CE, en la vertiente de incongruencia omisiva, al no pronunciarse 
sobre las consecuencias que en orden a la aplicación de las reglas de la carga de la 
prueba  tiene  la  incorrecta  custodia  del  historial  clínico  del  fallecido,  por  haber 
desaparecido los electrocardiogramas realizados en el centro de salud.
Siguiendo esta distinción de las quejas, en relación con la primera, la indefensión 
administrativa, el escrito de alegaciones trae a colación lo dicho en la demanda y el 
resultado de diversos informes obrantes en el expediente, en cuanto que «ponen de 
manifiesto, por un lado, que no se cuestiona por la administración sanitaria que se le 
hubieran realizado al padre de la misma dos electrocardiogramas, cuando fue atendido 
el 7 de marzo de 2015 en el servicio de urgencias del centro de salud y, por otro lado, 
que estos documentos no están incorporados a la historia clínica» del fallecido, pues no 
constan en los archivos. De este modo, alegándose inadecuada prestación sanitaria «al 
haber demorado en unas dos horas la llamada a la UVI Móvil del SUMMA y no haber 
activado el protocolo de infarto, pese a que los electrocardiogramas […] tenían que 
poner de manifiesto la existencia de infarto agudo de miocardio», se «ha privado a la 
recurrente de elementos de prueba necesarios y relevantes para acreditar los hechos en 
los que funda la existencia de la responsabilidad patrimonial que reclama frente al 
Servicio Médico de Salud de la Comunidad de Madrid, por inadecuada atención sanitaria 
en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Torrelodones». «La negligencia en la 
custodia  de  los  citados  documentos  no  puede  favorecer  a  quien  correspondía  la 
responsabilidad  de  su  custodia  (arts.  14  y  17  de  la  Ley  básica  reguladora  de  la 
autonomía del paciente […])». Por tanto, se le ha causado por este motivo indefensión a 
la recurrente, la desestimación presunta de su reclamación «lesiona su derecho de 
defensa, dado que se le ha privado de la posibilidad de utilizar los elementos de prueba  e
que eran esenciales para demostrar los hechos en los que sustentaba la infracción de la  bo
lex artis». E insistiendo que en este caso la infracción del deber de custodia de la historia  812ww
scelín ichaa b«ínaon  puaecdreed siteard ou tililzoasd oh peocrh olas  ademn inilsotsra cqióune  a ssuus tfeanvotar,b ap arlaa  cornescildaemraacr ióqnu e dneo 
rSeescpcoiónnsa Cbuiliadratad  dpeal tTrirmibounniaall »S;u pcriteamndoo,  deen 2  sdue  eanpeoryoo d ela 2 0se1n2t,e FnJc i3a. de la Sala Tercera,
b)  Sobre la queja de incongruencia omisiva atribuida a la sentencia impugnada, y 
tras resumir los términos de la demanda de instancia y los fundamentos de la sentencia, 
sostiene la fiscal que esta «no da respuesta a la cuestión planteada por la recurrente en 
su demanda acerca de la necesidad de que en aplicación de ese principio de facilidad 
probatoria se considere que la pérdida de los electrocardiogramas […] no podía jugar a 
su favor [de la administración], exigiendo a la recurrente una prueba diabólica para 
acreditar la concurrencia de la infracción de la lex artis.  La sentencia se refiere a los 
dos  informes  periciales  aportados,  pero  no  se  ofrece  ningún  pronunciamiento  o 
razonamiento acerca de la cuestión concretamente planteada sobre las consecuencias 
que,  a  efectos  de  carga  de  la  prueba,  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  facilidad 
probatoria del art. 217.7 LEC […], cabía atribuir a la pérdida por la administración 
sanitaria de los dos electrocardiogramas realizados en el centro de salud […], ni siquiera 
para descartar que la modulación de la regla general sobre la carga de la prueba por el 
principio  de  disponibilidad  o  facilidad  probatoria,  tuviera  relevancia  en  el  caso 
enjuiciado»; con cita de la STC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 3 sobre el deber de 
congruencia.
Entiende por tanto la fiscal que la sentencia impugnada incurre en incongruencia 
omisiva, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la 
recurrente, art. 24.1 CE, «que no fue restablecido tampoco» por el auto del juzgado que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia.
14.  Mediante providencia de fecha 12 de noviembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del proceso:
Se  interpone  la  demanda  de  amparo  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-
administrativo deducido por la aquí recurrente contra la desestimación presunta, por 
silencio  administrativo,  de  la  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  deducida 
contra el Servicio Madrileño de Salud, a cuyo personal destacado en el Centro de Salud 
de Torrelodones atribuye mala praxis en la asistencia médica prestada al padre de la 
recurrente el 7 de marzo de 2015, fallecido el 26 de ese mismo mes en el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Se recurre también contra el auto que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones instado contra la sentencia. Frente a 
estas  resoluciones  judiciales,  la  demanda  argumenta,  en  síntesis  y  conforme  a  lo 
expuesto  en  los  antecedentes:  (i)  la  vulneración  del  derecho  fundamental  a  una 
resolución judicial congruente (art. 24.1 CE), por no haberse pronunciado el juzgado 
sobre la cuestión principal planteada en su demanda de instancia, la imposibilidad de 
poder probar que se había producido una demora injustificada de más de dos horas en 
prestar la asistencia que necesitaba el padre de la recurrente, al haber desaparecido los 
dos electrocardiogramas que se le realizaron en el centro de salud y que evidenciaban 
que estaba sufriendo un infarto, lo que conllevaba la aplicación por el juez del principio 
de facilidad probatoria, del que no hizo uso; y (ii) la vulneración del derecho a no padecer 
indefensión, invocando los arts. 24.2 CE y 24.1 CE, dado que ha habido una inversión de 
la  carga  de  la  prueba,  justamente  por  la  no  aplicación  del  principio  de  facilidad 
probatoria. es
Las partes del proceso a quo aquí personadas, la Comunidad de Madrid, y la entidad  bo
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, S.A., han interesado la inadmisión del  812ww
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Antes de abordar la resolución de las cuestiones planteadas, se impone hacer una 
precisión acerca del objeto de este proceso: pese a lo expresado en sus escritos de 
alegaciones por Zurich Insurance y por la fiscal, no cabe entender que estemos aquí ante 
un recurso de amparo mixto. El hecho de que el escrito de demanda mencione, como es 
lógico,  que  la  sentencia  impugnada  desestimó  un  recurso  contencioso-administrativo 
promovido contra la resolución desestimatoria presunta administrativa de la reclamación 
patrimonial, no convierte a esta última en acto formalmente impugnado en este proceso, 
por más que sea evidente la discrepancia de la demandante con su resultado. Tanto la 
fundamentación jurídica de la demanda, como su suplico, lo que pretende es la nulidad de 
las resoluciones del juzgado a quo, y en ningún caso la retroacción del procedimiento a la 
vía administrativa previa. Por lo demás, al no tratarse de un procedimiento administrativo 
sancionador el sustanciado en este caso, no les serían aplicables los derechos y garantías 
del art. 24 CE, conforme reiterada doctrina de este tribunal que los reserva para los de 
esta última índole [entre otras, SSTC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7; 8/2017, de 19 de enero, 
FJ 6; y 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Es cierto que en el bloque dedicado a la justificación de la especial trascendencia 
constitucional la demanda dice que se trata de un amparo mixto, porque la indefensión 
ya se produjo en la vía administrativa y ha sido reiterada por el juez, a diferencia de la 
incongruencia omisiva que solo la comete este. Más de esa sola afirmación no deduce 
ninguna consecuencia en cuanto a ampliar el objeto formal del recurso, que no refleja en 
los apartados correspondientes de la demanda dedicados a los motivos de fondo ni en el 
suplico, debiendo recordarse nuestra doctrina sobre la necesaria disociación de los 
argumentos  que  articulan  la  especial  trascendencia  constitucional  y  las  quejas 
constitucionales de mérito [SSTC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2; 146/2016, de 19 de 
septiembre, FJ 2; 37/2019, de 26 de marzo, FJ 3 b), y 59/2019, de 6 de mayo, FJ 3 a)]; 
además de que no podría ser en su caso atendible, se insiste, en virtud de la naturaleza 
no sancionadora del expediente de origen.
Por tanto, el presente recurso es un amparo del art. 44 LOTC, en el que hemos de 
examinar únicamente la actuación del órgano judicial al administrar las pruebas obrantes 
en  la  causa  y  resolver  sobre  ello  en  su  sentencia,  así  como  en  el  posterior  auto 
denegatorio de la nulidad solicitada.
2.  Óbices de admisibilidad:
a)  Alega la letrada de la Comunidad de Madrid, que en el escrito de demanda falta 
el requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso, porque en este 
apartado  «se  limita  de  forma  genérica  a  invocar  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales» del art. 24 CE, sin referirse a los criterios del art. 50.1 b) LOTC, solo 
aprovecha  para  discrepar  de  la  valoración  de  la  prueba  cumplida  por  la  sentencia 
impugnada. Procede a su juicio la inadmisión del recurso por «carecer de argumentación 
alguna dirigida a justificar» dicho requisito legal.
El óbice así expuesto, en cuanto reprocha a la demanda la falta de justificación o 
cuanto menos una insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional, 
ha de ser rechazado. Como se ha hecho constar en los antecedentes, el escrito de la 
recurrente propone dos causas de especial trascendencia, la segunda de las cuales en 
efecto no es conducente porque reitera las lesiones de fondo. Pero sí es válida en 
cambio la primera de ellas, expresando que sobre el problema planteado no existe 
doctrina de este tribunal, en concreto la incidencia que tiene para el ejercicio del derecho 
de defensa y de tutela judicial efectiva, la desaparición de la historia clínica de un  e
paciente, en orden a los procesos donde esa documental sería relevante. La justificación  bo
por tanto fue suficiente y cierta, como apreciamos en nuestra providencia de admisión a  812ww
trreácmoritdea rdseel  rqeuceu,r scoo,n cfoornm ree ma isniuóens atr ala  dSoTctCri n1a5,5 «/2e0s0 a9 , edsete 2 5tr ibduen jauln iao ,q FuJie 2n  ac)o,r rdeesbpioennddeo 
aepspreecciiaarl  stria eslc ceonndteenncidiao  cdoenls rteitcuucriosnoa jlu, sqtiufiec ae nucnuae dnetrcai ssióun m soombreen teol  fpornodcoe seanl  irdaóznóeno  deen  seul 
trámite  de  admisión  contemplado  en  el  art.  50.1  LOTC»  [entre  las  últimas,
SSTC 46/2019, de 8 de abril, FJ 3 c); 59/2019, de 6 de mayo, FJ 3 b), y 3/2020, de 15 de 
enero, FJ 4].
b)  Por su parte, la entidad Zurich Insurance plantea en su escrito de alegaciones 
que la demanda de amparo ha incumplido, de un lado, con el requisito de agotamiento 
de la vía judicial previa, exigido en el art. 44.1 a) LOTC, por haber interpuesto un 
incidente de nulidad de actuaciones y no de complemento de sentencia; y de otro lado, 
con la prohibición de pedir a este tribunal que valore la prueba del proceso a quo, lo que 
impide el art. 44.1 b) de nuestra Ley Orgánica reguladora.
Ambos motivos han de ser desestimados: (i) siguiendo el orden de exposición, no 
cabe entender mal agotada la vía judicial previa. Ante todo, porque el incidente se 
interpuso  no  solamente  para  denunciar  la  incongruencia  omisiva,  sino  también  la 
indefensión derivada de la no aplicación del principio de facilidad probatoria, queja esta 
última cuya reparación no tiene cabida a través del incidente de complemento de los 
arts.  267  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ)  y  215  LEC  –aplicables 
supletoriamente en el proceso contencioso-administrativo–, y en cambio sí mediante el 
incidente de nulidad ex arts. 241 LOPJ y 228 LEC. Pero es que, además, y ya respecto 
de  la  incongruencia  omisiva,  la  doctrina  de  este  tribunal  es  reiterada  en  cuanto  a 
considerar como instrumentos similares e idóneos para reparar esta lesión del art. 24.1 
CE,  tanto  al  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  como  al  de  complemento  de 
resoluciones, bastando a la parte interesada con promover alguno de los dos para 
cumplir con lo exigido por el art. 44.1 a) LOTC (entre otras, SSTC 288/2005, de 7 de 
noviembre, FJ 2; 144/2007, de 18 de junio, FJ 2 –citada por la entidad comparecida–; 
24/2010, de 27 de abril, FJ 2; o la 135/2010, de 2 de diciembre, FJ 3).
(ii)  No ofrece mayor recorrido la objeción de que se pretende que este tribunal 
valore la prueba del proceso a quo.  Dejando al margen que la demanda de amparo no 
contiene ningún apartado en el que se exprese tal solicitud, lo que en realidad viene a 
cuestionar la entidad comparecida no es un óbice de admisibilidad en sí, sino una 
prevención sobre el alcance de nuestra potestad de control al resolver las quejas de 
fondo planteadas por la recurrente. Lo importante, a los efectos formales del precepto 
que se cita, art. 44.1 b) LOTC, es que las lesiones del art. 24 CE que denuncia la 
demanda se achacan «de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano 
judicial», como exige nuestra Ley Orgánica reguladora. La desestimación pues de los 
óbices alegados, da paso al examen de las quejas de fondo deducidas.
3.  Examen de la queja de incongruencia omisiva:
En un orden lógico de enjuiciamiento, hemos de acometer en primer lugar el estudio 
de la queja de la demanda sobre la incongruencia omisiva de la sentencia –que no 
subsana, según la recurrente, el posterior auto desestimatorio de la nulidad–, pues de 
ser esta estimada obligaría, como medida de reparación del derecho fundamental, a 
acordar la retroacción de las actuaciones para que precisamente el juzgado resolviera la 
cuestión, sin que nada más tuviera que decirse ya de los términos con que aparecen 
dirimidas las pretensiones de las partes en los fundamentos y fallo de aquella sentencia.
Así las cosas, como señalamos por ejemplo en nuestra STC 128/2017, de 13 de 
noviembre (dictada a propósito de una sentencia contencioso-administrativa), FJ 8, ha de 
tenerse en cuenta «la doctrina establecida por este tribunal en torno a la prohibición de 
incongruencia  omisiva  o  ex  silentio,  recopilada,  entre  otras  muchas,  en  las 
SSTC 52/2005, de 14 de marzo; 4/2006, de 16 de enero; 85/2006, de 27 de marzo; 
138/2007, de 4 de junio; 144/2007, de 18 de junio; y 165/2008, de 15 de diciembre», por  e
mor de la cual dicha «incongruencia omisiva o ex silentio se produce cuando el órgano  bo
judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por  812ww
ulansa  padretesse,s tsimieamcpióren  qtuáec itnao  cquuyeap a minotetivrparceiótanr  rpauzeodnaa bleinmduecnitres ee l dseille nccoion jjuundtioc iadl ec omloos 
rdaezl odnearmeciehnot oas  lcao ntutetenliad ojsu deicni alal  erefescotliuvcai,ó nu,n ya  scino nqtueest asceiaó nn eecxepslíacriitaa,  py aprao rlma esnaotirsizfaacdcaió an 
todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de
su  pretensión,  pudiendo  bastar,  en  atención  a  las  circunstancias  particulares 
concurrentes,  con  una  respuesta  global  o  genérica,  aunque  se  omita  respecto  de 
alegaciones concretas no sustanciales (STC 40/2006, de 13 de febrero, por todas). A 
tales efectos, se plantea la necesidad "de distinguir entre las que son meras alegaciones 
o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas 
últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser 
necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual 
lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la 
motivación  de  toda  resolución  judicial,  respecto  de  las  segundas  la  exigencia  de 
respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida 
haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno" (STC 44/2008, de 10 de 
marzo, FJ 2)».
En aplicación de esta doctrina, la presente queja ha de ser desestimada. Como pone 
de relieve la demanda, la cuestión relativa a la aplicación del principio de facilidad 
probatoria derivada de la pérdida de los electrocardiogramas realizados en el centro de 
salud, permitiría acreditar la concurrencia del nexo de causalidad (retraso excesivo e 
injustificado en la prestación sanitaria debida) sobre los que sustentaba su pretensión 
procesal de instancia, como antes en la vía administrativa la reclamación deducida ante 
el Servicio Madrileño de Salud. La sentencia no omite ni la aplicación de las reglas sobre 
carga de la prueba (fundamento de Derecho quinto), ni la consideración de que aquella 
cuestión –la de la pérdida de los electrocardiogramas– formaba parte del debate tanto en 
los  informes  administrativos  del  expediente,  como  en  las  dos  periciales  médicas 
aportadas, de lo cual se ocupa a su vez en el fundamento de Derecho sexto. En este se 
mencionan expresamente algunos pasajes de la pericial de la actora que se refieren a 
ello: «faltan los dos electrocardiogramas realizados al paciente […]. Que en el segundo 
electrocardiograma,  que  tampoco  ha  aparecido  […].  Que  la  desaparición  de  los 
electrocardiogramas del centro de salud deja a la familiar indefensa […]». Luego la 
sentencia  se  centra  en  el  informe  pericial  de  la  codemandada,  al  que  da  mayor 
credibilidad, según añade, conforme a las reglas –no escritas– de la sana crítica, art. 348 
LEC. Por si ello no fuera suficiente, se le plantea de nuevo el asunto, ahora como queja 
de incongruencia omisiva en el escrito de nulidad, respondiendo el juzgado en el auto 
desestimatorio de esta última, reproduciendo en los antecedentes el fundamento sexto 
de la sentencia, y añadiendo que la sentencia «contiene un motivado pronunciamiento, 
dando respuesta a las pretensiones planteadas por las partes», y que «la historia clínica 
sí figuraba en el expediente administrativo, habiendo sido objeto de la correspondiente 
valoración, conjuntamente con el resto de periciales practicadas» (razonamiento jurídico 
segundo).
Se  desprende  de  todo  ello  que  el  magistrado-juez  sí  ha  resuelto  la  cuestión 
planteada por la actora aquí recurrente, evidentemente de modo contrario a lo pretendido 
por esta y en términos que, desde la perspectiva constitucional estricta del derecho a no 
padecer indefensión, después se examinará. Pero aquel ha aplicado las reglas de carga 
de  la  prueba  que  entendía  procedentes,  ha  valorado  la  historia  médica  que  está 
disponible (no dice que estuviera completa) y los informes periciales aportados, y con 
ello  ha  alcanzado  un  resultado  que  no  puede  confundirse  con  una  falta  de 
pronunciamiento, aunque la denegación de la tesis de la importancia de la pérdida de los 
electrocardiogramas sea implícita –lo que nuestra doctrina permite– y no expresa.
4.  Examen  de  la  queja  de  indefensión  probatoria.  Delimitación  y  doctrina 
constitucional aplicable: e.
A)  Delimitación.  Nos  corresponde  analizar  a  continuación  el  segundo  y  último  812ww
mapolitcivaod od ee l ijmuzpguagdnoa ceiló pnr indcei pliao  ddee mfaacnildidaa,d  rperfeorbidaoto raia  lraess pceocntos edceule hnecciahso  dqeu e nhou bhiaebraenr 
fpaocduildtaot ivaocsr eddeilt acre nltoros  dee lesactlurodc aarcdtiivoagsraemn aesl  llaemxtaradvoi a«dcoósd:i gola I nfnaertcoe»s,i doardde ndaen doq umeu clhoos 
antes el traslado del paciente a un hospital dotado de los medios necesarios para tratar
el infarto que ya tendría el paciente. Su negativa sitúa a la recurrente, según esta alega, 
ante  una  prueba  diabólica  e  imposible  que  al  no  poder  cumplir  trajo  consigo  la 
desestimación de su reclamación patrimonial, produciéndole la lesión de los derechos a 
la defensa, art. 24.2 CE, y a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión, 
art. 24.1 CE.
Como paso inmediato, se impone una delimitación de cuál ha de ser nuestro ámbito 
de cognición para enjuiciar el problema que se suscita: (i) En primer lugar, hemos 
recordado en nuestra STC 81/2018, de 16 de julio, y a ello hemos de ceñirnos también 
ahora, que «no está entre las funciones de este tribunal revisar la valoración probatoria o 
alterar los hechos probados [art. 44.1 b) LOTC], al ser esta función exclusiva de los 
órganos del Poder Judicial ex art. 117.3 CE (SSTC 174/1985, de 23 de noviembre, FJ 3; 
323/1993, de 8 de noviembre, FJ 4; 102/1994, de 11 de abril, FJ 1; 157/1995, de 6 de 
noviembre, FJ 2; 125/2001, de 4 de junio, FJ 10, y 74/2007, de 16 de abril, FJ 2) 
[STC 81/2018, FJ 2 c)]. «[D]ebiéndose reiterar, una vez más, la carencia de competencia 
del  Tribunal  Constitucional  para  proceder  a  una  nueva  valoración  de  los  hechos, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 117 CE y 44.1 b) LOTC (STC 8/2003, de 20 de 
enero, FJ 9). Al Tribunal Constitucional corresponde solo llevar a cabo una supervisión 
externa de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato 
fáctico resultante (así, SSTC 131/2003, de 30 de junio, FJ 7; 122/2003, de 17 de junio, 
FJ 4, y 97/2003, de 2 de junio, FJ 16)» [STC 81/2018, FJ 5]. Por lo tanto, más allá de 
constatar prima facie cuáles son los datos que contienen las pruebas del caso, a los 
solos  efectos  de  resolver  la  queja  planteada,  ninguna  consideración  cabe  efectuar 
acerca del mayor o menor grado de convicción que merezcan dichas pruebas, sea de la 
documental como de los informes periciales aportados.
(ii)  No  nos  compete  tampoco  el  control  en  la  aplicación  de  las  reglas  sobre 
distribución de la carga de la prueba, asignadas por el juzgado a cada una de las partes 
del  proceso  a  quo,  excepto  solamente  la  consecuencia  última  que  ha  tenido  esa 
aplicación, en el extremo que ahora se dirá. Ni ha de ocuparse esta sentencia de la 
exégesis del apartado 7 del art. 217 LEC («Para la aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y 
facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio«), ni desentrañar 
el significado de los conceptos incluidos en dicha norma. Basta constatar, desde la 
perspectiva constitucional que aquí se analiza, que la referida regla de atemperación de 
la carga de la prueba, aplicada de manera mesurada y razonable por el juez, resulta 
compatible con la doctrina de este tribunal a la que ahora se aludirá, dirigida a la 
evitación  de  situaciones  de  indefensión  procesal  en  virtud  del  que  hemos  venido 
llamando principio de facilidad probatoria.
Con carácter general, la determinación de quién ha de soportar en un proceso las 
consecuencias de la falta de prueba de un hecho, la llamada regla de juicio en que se 
traduce la carga de la prueba, en cuanto entraña la interpretación y aplicación de la 
legalidad procesal resulta propia de la jurisdicción ordinaria, ex art. 117.3 CE (por todas, 
STC 116/1995, de 17 de julio, FJ 2). Resulta cierto, sin embargo, que este tribunal ha 
reconocido varios ámbitos de relevancia constitucional en la aplicación de las reglas del 
onus probandi y su inversión en los distintos órdenes jurisdiccionales, como sucede con: 
(i) la vulneración de derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, incluyendo 
conductas discriminatorias sufridas por el trabajador (entre otras, SSTC 38/1981, de 23 
de noviembre, FFJJ 2 y 3; 92/2009, de 20 de abril, FFJJ 3 y 5-7; 10/2011, de 28 de 
febrero, FJ 3; 140/2014, de 11 de septiembre, FJ 7); (ii) la enervación de la presunción  s
de inocencia en el proceso penal (por ejemplo, SSTC 142/2009, de 15 de junio, FFJJ 3  oe.
y  6;  y  185/2014,  de  6  de  noviembre,  FFJJ  3  y  4)  y  en  el  ámbito  administrativo  w.
sancionador (por ejemplo, SSTC 9/2018, de 5 de febrero, FJ 2; y 161/2016, de 3 de  812ww
FocJt u6b) rye, ,( iFv)J  e3n) ;f in(i,ii )c uloasn dporo lace nsoo sa pelilceacctoióranl edse l (lplaomr atoddoa psr, inScTipCio  1d5e9 /f2a0ci1li5d,a dd ep r1o4b adtoer ijau lhioa, 
acarreado la indefensión de la parte en el proceso de que se trate. Es esta última
doctrina en la que debemos detenernos ahora, en orden a su posible aplicabilidad al 
presente caso.
B)  Doctrina de la facilidad probatoria:
a)  Principio: la STC 227/1991, de 28 de noviembre, ya estableció que en los casos 
en los que la administración dispone de una prueba sobre la cual el demandante funda 
su derecho, y aquella se niega sin causa justificada a su entrega con el fin de que pueda 
surtir efecto en el correspondiente proceso, sería contrario al derecho a la tutela judicial 
efectiva imponerle al interesado la consecuencia de la falta de prueba del hecho (carga): 
«tales  obstáculos  y  dificultades,  debidos  solo  a  deficiencias  y  carencias  en  el 
funcionamiento del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no pueden 
repercutir en perjuicio de la solicitante de amparo, porque a nadie es lícito beneficiarse 
de la propia torpeza (allegans propriam turpitudinem non liquet). A la hora de sustentar 
su pretensión, la demandante se dirigió al propio INSS para que este certificase la 
existencia de cotización y alta, y cabe decir que la recurrente en amparo no tenía 
razonablemente otra vía para acreditar que el causante reunía el período de cotización 
legalmente exigido, puesto que a los trabajadores por cuenta ajena no se les facilita 
copia de los boletines de cotización, como el propio INSS ha reconocido en este proceso 
constitucional. Por lo que no puede exigirse de aquella un comportamiento imposible y 
eximir de acreditar la existencia o no de cotización a quien tiene en su mano hacerlo. No 
cabe, pues, imputar a la actora falta de diligencia en la defensa de su derecho. Antes 
bien, es el comportamiento exhibido por el INSS el que merece reproche, incluso desde 
el ángulo de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza el 
art. 9.3 de la Constitución» (STC 227/1991, FJ 3). Y más adelante: «hacer recaer la 
prueba de la existencia de cotización en la demandante –y no en la entidad pública a la 
que corresponde, por ingresar en ella el empresario (no el trabajador) las cotizaciones– 
implica exigir de la actora un comportamiento imposible que es incompatible con la 
prestación de una tutela judicial efectiva a la que la interesada tiene derecho por virtud 
del art. 24.1 de nuestro primer texto normativo» (FJ 4).
Aún más, para esta misma sentencia la privación de la prueba por una de las partes, 
comporta «declarar, asimismo, que se ha lesionado el derecho de la actora a un proceso 
con todas las garantías del art. 24.2 de la Constitución, en relación con la violación del 
derecho a la tutela judicial […]; ante dicha situación, en la que las fuentes de prueba se 
encuentran en poder de una de las partes, la obligación constitucional de colaboración 
con los jueces y tribunales en el curso del proceso (art. 118 de la Constitución) determina 
como lógica consecuencia que, en materia probatoria, la parte emisora del informe esté 
especialmente obligada a aportar al proceso con fidelidad, exactitud y exhaustividad la 
totalidad de los datos requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la 
verdad,  pues  en  otro  caso  se  vulneraría  el  principio  de  igualdad  de  armas  en  la 
administración o ejecución de la prueba, ya que sería suficiente un informe omisivo o 
evasivo para que el juez no pudiera fijar la totalidad de los hechos probados en la 
sentencia» (FJ 5).
Esta  misma  doctrina  se  reitera  en  asuntos  de  naturaleza  similar  (cálculo  de 
prestaciones sociales), como la STC 116/1995, de 17 de julio, FFJJ 1 a 4; y 61/2002, 
de 11 de marzo, FFJJ 3 a 5. En el caso de estas dos sentencias y la 227/1991, el fallo 
acordó estimar el amparo por la vulneración conjunta de los derechos a la tutela judicial 
efectiva y a un proceso público con todas las garantías.
Proyectándose  también  en  controversias  de  distinta  naturaleza.  Así:  (i)  la  e
STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 6, en relación con la negativa del demandado en  bo
procesos sobre filiación, a someterse a la extracción de una muestra de ADN de su  812ww
cdueecrlaproa dpoa rean l ala  pSráTcCti c2a2 7d/e1 9u9n1a,  pfuenridcaiaml eqnuteo  pjuerrímdicitoa  5d,e sccuuabnrdiro  lala sv efurdeandte: s« Cdeo mprou ehbeam oses 
econlcaubeonratrra nc oenn l opso dtreibru ndael eusn ae nd eel  lcausr spoa drteels  pdroecl elsitoig i(oa,r tl.a 1 1o8b liCga.Ec.ió) nc ocnollnesvtait uqcuioen adli chdae 
parte es quien debe aportar los datos requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda
descubrir  la  verdad.  Asimismo,  nuestra  jurisprudencia  afirma  que  los  tribunales  no 
pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica, so pena de 
causarle indefensión contraria al art. 24.1 CE, por no poder justificar procesalmente sus 
derechos  e  intereses  legítimos  mediante  el  ejercicio  de  los  medios  probatorios 
pertinentes  para  su  defensa  (SSTC  98/1987,  fundamento  jurídico  3,  y  14/1992, 
fundamento jurídico 2). Sin que los obstáculos y dificultades puestos por la parte que 
tiene  en  su  mano  acreditar  los  hechos  determinantes  del  litigio,  sin  causa  que  lo 
justifique, puedan repercutir en perjuicio de la contraparte, porque a nadie es lícito 
beneficiarse de la propia torpeza (STC 227/1991, fundamento jurídico 3)». En el mismo 
sentido, la STC 95/1999, de 31 de mayo, FJ 2; (ii) la STC 237/2001, de 18 de diciembre, 
sobre  la  prueba  de  la  responsabilidad  civil  ex  delicto,  FJ  5  («no  se  observa  un 
desequilibrio en la posición procesal de ella, derivado de la adopción de reglas de 
distribución de la carga de la prueba que hubiere producido una situación de supremacía 
o de privilegio de alguna de las partes en la traída de los hechos al proceso, sino una 
falta de diligencia procesal de la demandante en amparo en el momento de proponer y 
practicar  las  pruebas  disponibles  para  sustentar  su  pretensión,  y  que  podrían  ser 
determinantes del fallo a su favor»); y (iii) la STC 153/2004, de 20 de septiembre, FJ 4, 
que estimó el amparo por lesión del art. 24.1 CE, pues tras dictarse sentencia que 
condenaba a un banco a suprimir los datos médicos del recurrente de su base de datos, 
se le exigía después a este en ejecución, que acreditara que la entidad no había 
cumplido (prueba del hecho negativo).
Y  en  fin,  la  STC  14/1992,  de  10  de  febrero,  al  desestimar  la  posible 
inconstitucionalidad  del  entonces  vigente  art.  1435  LEC  (fuerza  ejecutiva  de  una 
escritura pública), descartó que el precepto llegara a «exigir al demandado una prueba 
imposible o diabólica, lo que, si así fuera, ciertamente le causaría indefensión por no 
poder justificar procesalmente sus derechos e intereses legítimos mediante el ejercicio 
de  los  medios  probatorios  pertinentes  para  su  defensa  (SSTC  4/1982,  fundamento 
jurídico 5; 95/1991, fundamento jurídico 3, y 227/1991, in toto)».
b)  Excepciones a su aplicación: hemos fijado sin embargo dos excepciones para 
las cuales no opera el principio de facilidad probatoria, lo que implica que las reglas de 
distribución del onus probandi han de aplicarse de manera ordinaria, sin atemperar:
(i)  Cuando se pueda hablar de imposibilidad material y no de negativa injustificada 
de la administración a la entrega del medio de prueba. Así, en la STC 140/1994, de 9 de 
mayo, FJ 4 b) se dijo que «ha de tenerse en cuenta que cuando las fuentes de prueba se 
encuentran en poder de una de las partes en el litigio, la obligación constitucional de 
colaborar con los órganos jurisdiccionales en el curso del proceso (art. 118 C.E.) conlleva 
que  sea  aquella  quien  deba  acreditar  los  hechos  determinantes  de  la  litis 
(SSTC 227/1991). […]; si bien las deficiencias y carencias en el funcionamiento de un 
órgano administrativo no pueden repercutir en perjuicio del solicitante de amparo, es 
claro que no nos encontramos ante un supuesto [donde] no lo lleva a cabo invocando 
dificultades derivadas de deficiencia o carencias internas, como en el caso objeto de la 
STC  227/1991,  sino  ante  el  supuesto  de  una  imposibilidad  de  proceder  a  esa 
acreditación ni aun tratando de reconstruir el expediente».
Importa en todo caso atender a las circunstancias concretas: como se precisa en los 
antecedentes 2 b) y 9, y el fundamento jurídico 3, sucedió ahí que la administración no 
tenía una parte del expediente, porque con ocasión de la apertura de unas diligencias 
penales se habían remitido al órgano judicial competente, sin llegar a recuperarlo.
(ii)  Cuando el deber de custodia del documento por una de las partes está sujeto a  e.
un plazo normativo, y este ya se ha superado a la fecha en la que se solicita el  w.b
documento por la otra parte, caso tratado por la STC 140/2003, de 14 de julio, FJ 8, en  812ww
eresltaacmióons ,c poune lsa,  caonntes eurnv ascuiópnu edseto l ad ed odceufimcieennctaiacsió yn  cdaer eunncaia es mepnr eels afu necni olinqaumidiaecnitóon d: e« Nuon 
óprograqnuoe  aa dnmadinieis etrsa tliívcoit,o  qbueen enfoic iadresbee dne r esup eprrcouptiira  etonr ppeezraju, iccoiom doe vl iesnoelic siteañnatela nddeo a nmupeasrtroa, 
doctrina (por todas, SSTC 227/1991, de 28 de noviembre, FJ 3; 140/1994, de 9 de mayo,
FJ 4; 116/1995, de 17 de julio, FJ 1, y 61/2002, de 11 de marzo, FJ 3), sino ante un 
supuesto en que ni el demandante ni la empresa pública para la que prestaba servicios 
conservan documentación relativa a esa relación laboral, sin que la empresa venga 
obligada a conservar esa documentación por haber transcurrido con creces el plazo 
establecido al efecto en la legislación mercantil».
c)  Reparación  de  los  derechos:  en  los  supuestos  en  que  se  ha  estimado  la 
demanda  de  amparo,  por  aplicación  del  principio  de  facilidad  probatoria,  el 
restablecimiento  del  derecho  se  ha  obtenido  (i)  bien  declarando  la  firmeza  de  la 
sentencia dictada por el tribunal inferior a aquel que pronunció la anulada en amparo, en 
cuanto aquella sí había sido respetuosa con tales derechos, al tener por probado el 
hecho y estimar la demanda (caso de las SSTC 227/1991; 7/1994 y 61/2002), (ii) o bien 
retrotraer las actuaciones para que el órgano judicial competente hiciera cumplir a la 
parte con el deber de entrega de la prueba, presuponiéndose lógicamente que esto era 
materialmente posible (SSTC 116/1995, fallo, 3, y 153/2004, FJ 6).
5.  Aplicación de la doctrina al caso planteado:
La aplicación de la doctrina constitucional sobre el principio de facilidad probatoria, 
se  adelanta,  conduce  a  la  estimación  de  la  demanda  de  amparo  por  las  razones 
siguientes:
a)  Como datos que revelan varios de los informes del expediente administrativo 
mencionados en los antecedentes, resulta que: (i) don Francisco Javier Calvo Jiménez 
llegó al Centro de Salud de Torrelodones el 7 de marzo de 2015 acompañado de su 
esposa,  entre  las  17:00  y  17:30  horas,  presentando  una  diagnosis  de  arritmia, 
sudoraciones y dolor torácico que refirió estar padeciendo desde las 13:00 horas, razón 
por la que en ese momento, las 17:30, se le realizó un electrocardiograma al que siguió 
después otro de contraste, en total al menos dos; (ii) que ante el empeoramiento de su 
estado y la imposibilidad de tratarle en dicho centro sanitario, se solicitó una ambulancia 
al  SUMMA  112  a  las  19:00  horas,  produciéndose  su  traslado  hasta  el  Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ingresó pasadas las 20:00 horas; 
(iii) que durante su estancia en el centro de salud no se activaron las actuaciones 
señaladas en el llamado Código Infarto Madrid, lo que incluiría su traslado inmediato al 
hospital; (iv) que el paciente ingresó en la unidad coronaria del Hospital Puerta de Hierro, 
de la que no saldría hasta su fallecimiento el día 26 de marzo de 2015; (v) que los dos 
electrocardiogramas realizados en el centro de salud han desaparecido, sin que ninguna 
autoridad, facultativo o personal sanitario que actuó el 7 de marzo de 2015 en relación 
con el padre de la recurrente, pueda dar noticia de lo que sucedió con esos documentos, 
a quién se entregaron, como tampoco por qué no se conservaron copias para su posible 
reproducción; (v) no se ha puesto en cuestión por los informes administrativos o por los 
dictámenes  periciales  aportados,  que  dichos  electrocardiogramas,  de  haber  estado 
disponibles,  serían  aptos  para  probar  una  situación  de  infarto  agudo  al  miocardio, 
permitiendo así activar los protocolos que correspondan; (vi) que la reclamación de 
responsabilidad patrimonial de la aquí recurrente por defectuosa aplicación de la lex artis 
ad hoc, se fundamenta de manera esencial en los efectos negativos del retraso en tratar 
el infarto agudo al miocardio de su padre, lo que habría sido determinante para que no 
pudiera a la postre recuperarse y falleciera días después; y (vii) que a estos efectos, el 
examen de los electrocardiogramas permitiría esclarecer cuál era el estado real del 
paciente en ese momento (las 17:30 horas), y con ello confirmar o descartar la tesis  e.
sostenida por la reclamante. w.
b)  Se tiene por tanto que la prueba principal en la que esta última sustenta su  812ww
lpar eotetrnas pióanr,t ep,r ilma eardom aidnmistinraisctiróanti vsaa nyi tlaureiag,o  lap rocuceasl avle, neíraa  oubnlaig daodcau pmoer nlteayc iaó ng eanra pnotidzaerr  dseu 
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cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que 
consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y 
la  recuperación  de  la  información»)  y  14.3  («Las  administraciones  sanitarias 
establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia 
clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción 
futura») de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. Deber de custodia y conservación que se impone por un plazo de cinco años, 
conforme al art. 17.1 de la misma ley («Los centros sanitarios tienen la obligación de 
conservar  la  documentación  clínica  en  condiciones  que  garanticen  su  correcto 
mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la 
debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, 
cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial»), y que en el 
presente caso indubitadamente se incumplió.
c)  Que al no poder acreditar con una prueba fiable que el padre de la recurrente 
sufría un infarto agudo al miocardio a las 17:30 horas, no habiéndose actuado en 
consecuencia por más de dos horas, la recurrente queda indefensa para probar en juicio 
su pretensión indemnizatoria, lo que resulta compatible con la exigencia de aplicación del 
principio de facilidad probatoria fijado por nuestra doctrina para casos límite donde, de 
contrario, se produciría dicha indefensión, y en orden a evitar que la otra parte que 
estaba en posesión de la prueba extraviada pueda beneficiarse de su propia actuación 
irregular, lo que conculca el deber de buena fe y probidad en el proceso (arts. 11.1 y 2 de 
la LOPJ y 247 LEC).
Se han vulnerado los derechos de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE) y al principio de igualdad de armas procesales, faceta del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) como pone de relieve la 
doctrina constitucional citada en el anterior fundamento jurídico.
Procede por tanto la estimación de la demanda, con nulidad de la sentencia y auto 
del juzgado recaídos en el procedimiento abreviado de referencia, y la retroacción de las 
actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia, a fin 
de  que  se  pronuncie  otra  que  resulte  respetuosa  de  los  derechos  fundamentales 
vulnerados,  en  los  términos  y  con  el  alcance  que  acaba  de  explicitarse  en  este 
fundamento jurídico.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por doña Sara Calvo Juan, por vulneración de 
sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), con reconocimiento de tales 
derechos.
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia de 29 de mayo de 2018 dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid (procedimiento abreviado 
núm. 482-2017), y del auto del mismo Juzgado de 13 de julio de 2018 que desestimó el  e.e
incidente de nulidad promovido contra aquella sentencia. b
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse 
la sentencia, para que en su lugar se dicte otra que resulte respetuosa de los derechos 
declarados, en los términos que se especifican en el fundamento jurídico 5.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.