BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 3 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 94718
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
13252 Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo del Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat Convenio para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento L’Hospitalet de Llobregat, 
en fecha 26 de julio de 2021, que figura como anexo a esta resolución, procede su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 26 de julio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De otra parte, don Francesc Sutrias i Grau, Director de la Agencia Catalana del 
Consumo de la Generalitat de Cataluña, por nombramiento efectuado por el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del 
Consumo. La suscripción de este Convenio se ha autorizado por acuerdo del Gobierno, 
de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 del 
Estatuto de Cataluña.
Y, de otra, doña María Ángeles Sariñena Hidalgo, Teniente de Alcaldía del Área de 
Participación y Relaciones Ciudadanas, por Decreto núm. 54/2021, de 8 de enero, y 
corrección de errores del Decreto 153/2021, de 12 de enero, por el que se nombran y/o 
confirman  los/las  titulares  de  área,  regidores/as  de  gobierno,  regidorías  adjuntas  y 
regidores/as presidentes/as de Distrito y la delegación de las facultades de la alcaldía en 
relación  a  las  diferentes  áreas  en  las  cuales  se  divide  la  administración  ejecutiva  s
municipal, asistida por el Vicesecretario –secretario técnico de la Junta de Gobierno  oe.
dLeo claa l,J uSnr.t aF edren aGnodboie Arnraog Looncéasl  ASJeTijó/J–G, Ly /2fa3c/u2l0ta2d1a. para la firma del Convenio por Acuerdo  2021-13252n https://www.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  y  del  Ayuntamiento  de  L’Hospitalet  de 
Llobregat,
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b) del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de 10 de marzo de 1995, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (en adelante, la Junta Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Catalana  del  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, 
conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de 
resolución  de  conflictos  y  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su 
constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto. e.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del  252ww
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Ldleo bdriechgoa t,á mcobnitooc, eerán,  rceolanc icóanr áccotne rs pursi odrietarericoh, odse l elagsa lrmecelnatme arecicoonneosc iddeo slo, sd ec ocnosnufomrimdoidraeds 
con  los  criterios  competenciales  y  el  procedimiento  establecido  en  el  Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 
o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat impulsará, en su ámbito territorial, 
la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
L’Hospitalet  de  Llobregat,  un  sistema  de  información  recíproco  para  el  buen 
funcionamiento  del  Sistema  Arbitral  de  Consumo,  en  cooperación  con  la  Agencia 
Catalana del Consumo.
3.  El  Ayuntamiento  de  L’Hospitalet  de  Llobregat  facilitará  información  sobre  la 
designación de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato 
referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se 
determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial del municipio de L’Hospitalet de Llobregat.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio. b
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El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción. e.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal. 252ww
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la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P. D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El Director de la Agencia Catalana del Consumo, Francesc Sutrias i Grau.–La 
Alcaldesa  de  L’Hospitalet  de  Llobregat  (Decreto  núm  54/2021,  de  8  de  enero,  y 
corrección de errores del Decreto 153/2021, de 12 de enero), la Teniente de Alcaldía del 
Área de Participación y Relaciones Ciudadanas, María Ángeles Sariñena Hidalgo.