BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7725
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1118 Sala Primera. Sentencia 186/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 3564-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:186
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3564-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección letrada de doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra el auto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de septiembre de 2018, que 
inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 292-2018 instado por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A.; y contra el auto del mismo juzgado, de 23 de abril de 2019, que 
desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha sido 
parte  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Monteanu y bajo la dirección del 
letrado don Alejandro Ingram Solis. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente 
la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 7 de junio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., interpuso demanda de amparo  e
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento. b
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y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.283 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 149 651,12 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 9 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  292-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debía dictar el letrado de 
la administración de justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, 
tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace 
referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en 
la misma fecha, ordenando la expedición de mandamiento de certificación relativa a la 
finca al registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 11 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, relativa 
al proceso: EJH/0000292/2018; notificación que estaría disponible entre los días 11 de 
mayo y 26 de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba. 
Como información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  La recurrente en amparo recibió el día 25 de junio, en la misma dirección 
electrónica habilitada, un «[a]viso de próxima caducidad», recordándole que el plazo 
para la recepción de la comunicación terminaba el día 26 de junio de 2018 a las 23:59 
horas.
d)  En  esta  última  fecha,  la  mercantil  recurrente  en  amparo  accedió  al  enlace 
remitido a la dirección electrónica habilitada, y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado  ejecutante,  en  relación  con  el  procedimiento  hipotecario  núm.  292-2018. 
Automáticamente, el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre emitió un certificado electrónico haciendo constar que la notificación había sido 
enviada y aceptada con fecha de 26 de junio de 2018, a las 10:11:27 horas.
e)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó con fecha 10 de julio de 2018 
escrito de oposición a la ejecución despachada.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto, en 
fecha  21  de  septiembre  de  2018,  en  cuya  virtud  inadmitió,  por  extemporánea,  la 
oposición planteada. En dicha resolución se expone que «[e]n fecha 11 de mayo de 2018 
se notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica ambas 
ejecutadas,  y  en  fecha  10/07/2018  y  10/07/2018  se  ha  presentado  por  Penrei 
Inversiones, S.L., y por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria», para luego fundar la inadmisión, en esencia, en que, conforme a 
la improrrogabilidad de los plazos y la preclusión que establecen los arts. 134 y 136 LEC,  s
en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  art.  695  LEC,  la  oposición  habría  de  haberse  oe.
presentado dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el  w.
qpulaez gos)  ele gLdaael msspeoanccitheeód e asldat a mbeljeeerccciuadcnoiót,i lns e.r e Pdceoubrr reet aninnteato d,imn atietl irrph suausb oeo rprsoeesc iuocripsóuone  pdsoteor   releaxp toeesmjeicpciuoótrnaá dnaaele agp.aansaddoo,  eenl   2021-1118n https://w
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través de la dirección electrónica habilitada no podía entenderse nada más que como un 
aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado 
(en el caso desde el 11 de mayo al 26 de junio de 2018) y entenderlo de otro modo, 
además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraba el art. 24 CE.
h)  El recurso fue desestimado por auto de 23 de abril de 2019, señalando la 
condición de persona jurídica de la recurrente y la obligación que como tal tiene de 
relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 
14.2  a)  de  la  Ley  39/2015,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas, y 273.3 a) LEC. Determina el Juzgado que la recurrente 
interpreta  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable,  considerando  que,  conforme  al 
art. 162.2 LEC, transcurridos tres días sin que el destinatario acceda al contenido de la 
comunicación,  se  entenderá  realizada  legalmente  la  notificación,  desplegando 
plenamente  sus  efectos.  En  función  de  esa  normativa  y  de  los  acuerdos  y 
pronunciamientos judiciales que cita, concluye el juzgado que «consta que la notificación 
se puso a disposición de las recurrentes en fecha 11/05/2018 no accediendo al contenido 
hasta el día 26/06/2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), 
presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 9/10/2018 claramente 
fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme 
al art. 136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto 
procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el 
acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la 
consecuencia legal la inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión 
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos 
propios de una notificación realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en 
cuyo caso habría que determinar si las decisiones adoptadas por el juzgador en la 
instancia son arbitrarias, irracionales o fruto de un error patente, y en consecuencia 
constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el 
art. 24 de la Constitución Española.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  dispone  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su  e.
punto primero prevé que «cuando las partes no actúen representadas por procurador o  w.b
ssee  htRraaertáefin rdi épenol drp orresimem eiesrxi ópenrme apslal admzoaemmnitcieeil niaotl o da eou  tlocois tda leicti igó2an3n  adtele sd »ae.bmrial nddea 2d0o1, 9lo qsu aec dtoess edset imcoam eul nrieccaucrióson   2021-1118n https://w
adpel irceap onsoicrimóna,t ilvaa r edceurrirveandtae  edne al mpproacroe deimntiieenntdoe  qaudem einl isótrrgaatinvoo  jucdoimciaúln e, nq euset a nreos oreluscuióltna 
aplicable al procedimiento judicial civil, aun cuando pretenda ampararse en el art. 273
LEC o en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues olvida la 
existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a las que se ha hecho previa 
referencia, en particular los referidos a la exigencia de presentación de documento en 
soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (art. 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
interprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de otrosí el escrito de demanda solicitó la suspensión de la continuación 
del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  292-2018  seguido  ante  el  Juzgado  de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca.
4.  Mediante diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección 
Segunda de este tribunal, de fecha 18 de septiembre de 2019, se acordó oficiar al 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, para que remitiera, a la 
mayor brevedad posible, certificación acreditativa acerca de si el auto de fecha 23 de 
abril de 2019 había adquirido firmeza. Por certificación de 26 de septiembre de 2019, la 
letrada de la administración de justicia hizo constar que en el procedimiento citado no se 
había interpuesto ningún recurso de apelación por las partes personadas.
5.  Mediante providencia de 10 de febrero de 2020, la Sección Segunda del tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
a fin de que se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la 
parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el 
recurso de amparo, no siendo necesaria la remisión del testimonio de las actuaciones 
correspondientes a la ejecución hipotecaria núm. 292-2018, al estar ya incorporadas ya 
al recurso.
6.  La sección acordó asimismo formar la oportuna pieza para la tramitación del 
incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un 
plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo 
que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. A través de escrito presentado el 14 
de febrero de 2020, la parte demandante formuló sus alegaciones, reiterando lo dicho en  s
el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por  oe.
su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 24 de febrero de 2020, interesaba  w.
qauuen qEsule eA  aTecCsot ar4d 8úa/lst2iem0 2ala0 m , adenedo itd1aa5c  inódone   hjpuurnebivioee,r naat cisvoiadr dodó es o dlleaicn idetaegdmaara  enland  aseu le srnep ceeunlr ssrieóogn di secta raoum tdepelaa rrla os .oplriociptaieddaa, dy,   2021-1118n https://w
ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad
de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
7.  Mediante  escrito  registrado  el  25  de  marzo  de  2020,  doña  María  Claudia 
Munteanu, procuradora de los tribunales, y de Pera Assets Designated Activity Company, 
presenta escrito personándose como parte en el amparo, al haber sucedido en su 
posición procesal al Banco de Sabadell, S.A. Por diligencia de ordenación de 18 de 
mayo de 2020, se tiene por personada y parte a la procuradora Maria Claudia Munteanu, 
en nombre y presentación de la mercantil Pera Assets Designated Activity Company, y a 
tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones 
recibidas al Ministerio Fiscal, a la parte recurrente en amparo, y a la parte personada por 
plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las 
alegaciones que a su derecho convinieran.
8.  El 25 de junio de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras reflejar 
los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este Tribunal que 
consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma parte de una 
serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se atribuyen a las 
resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca, en 
diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, la fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por la STC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y las SSTC 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. 
En relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por la 
STC 6/2019, de 17 de enero, y la STC 47/2019, de 8 de abril, y añade que, en esta 
última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el art. 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  la  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020. Asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6/2019 y 47/2019. 
Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable al presente 
recurso de amparo, por lo que interesa su estimación al haberse vulnerado el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
9.  En fecha de 9 de julio de 2020 presentó sus alegaciones la entidad demandante 
de amparo. Como primera cuestión y a fin de evitar repeticiones innecesarias, se reiteró 
en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo. No obstante, 
destaca la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del Tribunal Constitucional, que 
resuelve  el  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al del presente recurso 
de amparo, en el que el Tribunal sostiene que, tratándose del primer emplazamiento o 
citación al demandado, este ha de efectuarse en el domicilio del litigante, como impone 
el artículo 155.1 LEC, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Por último, solicita que se dicte sentencia estimatoria, en los términos interesados en 
el escrito de interposición del recurso.
10.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y  oe.
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año. w.
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II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 21 de septiembre 
de  2018  y  23  de  abril  de  2019,  dictados  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción  núm.  5  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
292-2018. El primero de ellos inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución 
hipotecaria, mientras que el segundo confirmó la anterior decisión al desestimar el 
recurso de reposición interpuesto frente a ella. La constatación de la existencia del óbice 
de extemporaneidad se basa en que el órgano judicial toma como fecha de notificación 
el 11 de mayo de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la recurrente 
en  amparo,  en  la  sede  judicial  electrónica  (dirección  electrónica  habilitada),  la 
correspondiente  notificación,  a  pesar  de  que  la  mercantil  recurrente  no  abrió  la 
notificación, siguiendo las instrucciones contenidas en la propia comunicación, hasta 
el 26 de junio de 2018.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución e impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal,  con  sustento  en  las  razones  que  detalladamente  se  han  expuesto  en  los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
El presente recurso de amparo se integra en la serie de recursos interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de la dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución 
presentados por aquéllas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de 
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido 
con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que 
defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
distinto a lo declarado entonces, procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada 
STC 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal, se aborda en el fundamento jurídico 3 el examen de la queja de fondo por 
lesión del art. 24.1 CE derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, 
advirtiéndose que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en 
sus  SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a)  (iii),  dictada  en  sede  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en  e.
los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa o supletoriamente), como  w.
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de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal, y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al 
emplazamiento  de  la  actora  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con 
retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los 
términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  la  demanda  de  amparo  promovida  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 21 de septiembre de 2018 y 23 de abril 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  292-2018,  así  como  de  las  actuaciones 
realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección 
electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente, 
de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González  s
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  e.
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  w.
rubricado. 2021-1118n https://w