BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Jueves 3 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 108887
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
15493 Convenio  entre  el  Reino  de  España  y  Rumanía  para  eliminar  la  doble 
imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión 
y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 
2017.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR 
LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES
El Reino de España y Rumanía,
Con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su 
cooperación en materia tributaria,
Con la intención de concluir un Convenio para eliminar la doble imposición en 
relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales, sin 
generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante 
evasión o elusión, incluida la práctica de la búsqueda del acuerdo más favorable que 
persigue  la  obtención  de  los  beneficios  previstos  en  este  Convenio  para  favorecer 
indirectamente a residentes de terceros Estados,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1.  Personas comprendidas.
1.  Este Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 
contratantes.
2.  A los efectos de este Convenio, la renta percibida por o a través de una entidad o 
instrumento  considerados  total  o  parcialmente  transparentes  a  efectos  fiscales  de 
acuerdo  con  la  normativa  tributaria  de  cualquiera  de  los  Estados  contratantes,  se 
considerará percibida por un residente de un Estado contratante, pero únicamente en la 
medida en que ese Estado la trate, a efectos impositivos, como renta de un residente.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
1.  Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de 
los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus unidades administrativo-
territoriales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2.  Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 
elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
enajenación  de  bienes  muebles  o  inmuebles,  así  como  los  impuestos  sobre  las 
plusvalías.
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a)  en el caso de Rumanía: bo
((ii)i)   eel l imimppuueessttoo  ssoobbrree  lalo sre bnetan;e yficios; 2020-15493n https://ww
b)  en el caso de España:
(i)  el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas;
(ii)  el Impuesto sobre la Renta de Sociedades; y
(iii)  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones importantes que se hayan introducido 
en sus legislaciones fiscales.
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos de este Convenio, a menos que el contexto lo determine de otro 
modo:
a)  el término «Rumanía» significa el territorio del Estado de Rumanía, incluyendo el 
mar territorial y el espacio aéreo sobre los que Rumanía ejerce su soberanía, así como la 
zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva sobre las que 
Rumanía ejerce derechos de soberanía y jurisdicción con arreglo a su legislación y a las 
normas y principios del derecho internacional;
b)  el  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas interiores, el 
espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con 
arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerce o puede ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del 
lecho marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
c)  las  expresiones  «un  Estado  contratante»  y  «el  otro  Estado  contratante» 
significan Rumanía o España, según el contexto;
d)  el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;
e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 
se considere persona jurídica a efectos impositivos;
f)  el término «empresa» se aplica al ejercicio de toda actividad económica;
g)  las  expresiones  «empresa  de  un  Estado  contratante»  y  «empresa  del  otro 
Estado  contratante»  significan,  respectivamente,  una  empresa  explotada  por  un 
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro 
Estado contratante;
h)  la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 
buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté 
situada  en  un  Estado  contratante,  salvo  cuando  el  buque  o  aeronave  se  exploten 
únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
i)  la expresión «autoridad competente» significa:
(i)  en el caso de Rumanía, el Ministro de Hacienda Pública o su representante 
autorizado;
(ii)  en  el  caso  de  España,  el  Ministro  de  Hacienda  y  Función  Pública  o  su 
representante autorizado;
j)  el término «nacional» significa: o
(i)  en el caso de Rumanía, toda persona física que tenga la condición de ciudadano  493ww
rpuemrsaonnoa sc oyn tfoodram oet raa  elan tliedgaids lacocinósnt itdueid aR cuomnafonríma ey  at olad ale gpiesrlsaocnióan  jvuirgíednictae,  eang Rruupmacainóína ;de
(ii)  en el caso de España, toda persona física que posea la nacionalidad española y 
toda  persona  jurídica,  sociedad  de  personas  (partnership),  asociación  o  entidad 
constituida conforme a la legislación vigente en España;
k)  la  expresión  «actividad  económica»  incluye  la  prestación  de  servicios 
profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente;
l)  la expresión «plan de pensiones» significa:
(i)  en Rumanía, todo plan o acuerdo formalizado en Rumanía
A)  que en términos generales esté exento de los impuestos sobre la renta en 
Rumanía; y
B)  cuyo  objeto  sea  administrar  o  proporcionar  pensiones  o  prestaciones  por 
jubilación u obtener rentas que engrosen uno o más de dichos acuerdos.
(ii)  en España, todo plan, fondo, mutualidad u otra entidad constituida en España:
A)  cuyo objeto principal sea gestionar el derecho de las personas a cuyo favor se 
constituye a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad 
o invalidez, u obtener rentas que engrosen una o más de dichas entidades; y
B)  cuyas aportaciones puedan reducirse de la base imponible de los impuestos 
personales;
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio  en  cualquier  momento  por  un  Estado 
contratante, cualquier término o expresión no definido en el mismo tendrá, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento 
le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que 
resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  a  los  efectos  de  este  Convenio,  la  expresión  «residente  de  un  Estado 
contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 
sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, 
lugar de registro, o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a 
ese Estado y sus subdivisiones políticas, entidades locales o unidades administrativo-
territoriales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas 
en el mismo.
2.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera:
a)  se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que 
mantenga  relaciones  personales  y  económicas  más  estrechas  (centro  de  intereses 
vitales);
b)  si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en  e.e
ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde  w.b
viva habitualmente; 493ww
se lac )c onssi ivdievriearraá  hreasbiditueanltme eenxtcelu esniv aammebnotse  Edestl aEdsotsa,d oo  dneol  lqou hei csieeara n aecni onninagl;uno de ellos,
autodr)id asdie sfu ecroam npaecteionnteasl  ddee  alomsb oEss taEdsotasd ocso,n tora ntaon tleos  fureesrao lvdeer ánni neglu ncaos od ed eel locso,m lúans 
acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará 
residente exclusivamente del Estado en el que se encuentre su sede de dirección 
efectiva.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A los efectos de este Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el que una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:
a)  las sedes de dirección;
b)  las sucursales;
c)  las oficinas;
d)  las fábricas;
e)  los talleres; y
f)  las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de 
extracción de recursos naturales.
3.  Una  obra  o  construcción,  o  un  proyecto  de  instalación,  constituyen  un 
establecimiento permanente únicamente si su duración excede de doce meses.
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la 
expresión «establecimiento permanente» no incluye:
a)  la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa para su exhibición en ferias comerciales o exposiciones, y cuya venta por la 
empresa se efectúe en el plazo máximo de un mes desde la clausura de dicha feria o 
exposición;
e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes 
o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
f)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
g)  el  mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  realizar 
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a f), con 
la condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de 
esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de 
un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la 
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades 
que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona  e.e
se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido realizadas por medio  b
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo  493ww
edsee n aepgaorctaiodso .como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de
Esta6d. o cNoon tsraet acnotnes ipdoerr ae l qmuee rou nhae cehmop drees qau teie rneea luicne  essutsa balcetcivimidiaednetos  peenr mesaen eEnsttea deon  puonr 
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, 
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una 
sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que 
realice  actividades  empresariales  en  ese  otro  Estado  (ya  sea  por  medio  de 
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de 
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
Artículo 6.  Rentas inmobiliarias.
1.  Las  rentas  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho 
del Estado contratante en el que estén situados los bienes. Dicha expresión comprende 
en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo 
utilizado  en  las  explotaciones  agrícolas  y  forestales,  los  derechos  a  los  que  sean 
aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo 
de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación 
por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y 
otros recursos naturales; los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes 
inmuebles.
3.  Lo dispuesto en el apartado 1 es aplicable a los rendimientos derivados de la 
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de los bienes inmuebles.
4.  Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos otorguen 
directa o indirectamente a su propietario el derecho al disfrute de bienes inmuebles, las 
rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier 
otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado 
contratante en el que esté situado el bien inmueble.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplicarán igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los  beneficios  de  una  empresa  de  un  Estado  contratante  serán  gravables 
exclusivamente en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro 
Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean atribuibles 
a ese establecimiento permanente.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cuando una empresa de un Estado 
contratante  realice  su  actividad  en  el  otro  Estado  contratante  por  medio  de  un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener 
de ser una empresa distinta e independiente que realizase las mismas o similares 
actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con 
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.  Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá  es
la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente,  bo
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos  493ww
emfinsetears4ab,.  l eatcdaNiqnmoutoi iess niecsti oió a npstr eeidbr emue iarbfáeniencen tnúbetaeesn  nc oeo efmmincio eo resec lna a nEo ctusírantaas  dp eoaps rottarec bo.elnestceria metaisentnatetbo le epcniem rmieelan ntqoeu npete er smpeoa rne ernancztueóe nnp tadrraea   ellaal    OE-A-2020-15able en https://
empresa.
5.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  los  beneficios  atribuibles  al 
establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser 
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
6.  Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las 
de este artículo.
Artículo 8.  Transporte marítimo y aéreo.
1.  Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional serán gravables exclusivamente en el Estado contratante en que esté 
situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
2.  Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera 
a bordo de un buque, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el 
puerto base del buque, o si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que 
sea residente la persona que explota el buque.
3.  Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes 
de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de 
explotación internacional.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando
a)  una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
b)  unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por 
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
gravarse en consecuencia.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado –y grave en consecuencia– los de una empresa del otro Estado contratante que 
ya han sido sometidos a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado 
reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por 
la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre 
las dos empresas hubieran sido las que hubieran convenido empresas independientes, 
ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha 
gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás 
disposiciones de este Convenio.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro  e
Estado. bo
2.  Sin embargo, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado  493ww
pcdcooeivnnriodttrr eaansttaaid nnoettseel . , pbeuel enimdeefpicnui aesrsoitomo  eaetsfeeír csetexiv itgoai dmdobe ni éolno  esax  cidmeivdpieodrseáinc ddióoensl   5e enps oe rsu ecn ie Enrsettoas idddoee lns itemeg púdoner tsle u ob lterruogt iosE ldasectai óldonos,    OE-A-2020-15able en https://
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Estado contratante del que sea 
residente  la  sociedad  que  paga  los  dividendos  considerará  exentos  los  dividendos 
pagados cuando su beneficiario efectivo sea:
a)  una  sociedad  residente  del  otro  Estado  contratante  que  posea  directa  o 
indirectamente y durante más de un año, al menos el 10 por ciento del capital de la 
sociedad que paga los dividendos;
b)  un plan de pensiones residente del otro Estado contratante.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 
cargo a los que se pagan los dividendos.
4.  El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos 
de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las 
partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto 
los de crédito, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al 
mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado 
del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
5.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  dividendos,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad 
económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que 
genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera 
los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en 
ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto 
sobre  los  mismos,  aunque  los  dividendos  pagados  o  los  beneficios  no  distribuidos 
consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin  embargo,  los  intereses  procedentes  de  un  Estado  contratante  pueden 
someterse  también  a  imposición  en  ese  Estado  según  su  legislación,  pero  si  el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no excederá del 3 por ciento del importe bruto de los intereses.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado contratante estarán exentos en ese Estado cuando su perceptor y beneficiario 
efectivo sea el otro Estado contratante, o una de sus subdivisiones políticas o unidades 
administrativo-territoriales,  o  un  organismo,  banco  o  institución  de  ese  Estado, 
subdivisión política o unidad administrativo-territorial, o si los créditos de un residente del 
otro Estado contratante están garantizados, asegurados o financiados por una institución 
financiera de la que sea titular, total o parcialmente, ese otro Estado.
4.  El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos  de  cualquier  naturaleza,  con  o  sin  garantía  hipotecaria  o  cláusula  de  s
participación en los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos de valores  oe.
peploúsrsoob cslrieec tdnoítadsun ilmyo  lsalioe,s sn a rtrsoeeísn n ctdadoisemm.  loiLoe asncs tuoc apsale pednisteaaq llubieziosean rcaopio sreon uster tasoa sbdp loorigesra n mpctaiooosrrn  aqlea ues e,nl e i ngseceils l pulsaaiodcgmaioóse n nlt aaofisn ss  cpeaar lil cm modaneissslm  iyEdo esl ortraatéedngso i imn udtneeeinrdle  oqqssuue eaes     2020-15493n https://www.
a efectos de este artículo.
5.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  intereses,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los 
intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, 
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un 
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la 
que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se 
considerarán  procedentes  del  Estado  contratante  en  el  que  esté  situado  el 
establecimiento permanente.
7.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 12.  Cánones.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin  embargo,  los  cánones  procedentes  de  un  Estado  contratante  pueden 
someterse  también  a  imposición  en  ese  Estado  según  su  legislación,  pero  si  el 
beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no excederá del 3 por ciento del importe bruto de los cánones.
3.  El término «cánones» en el sentido de este artículo, significa las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras literarias, artísticas o científicas (software y películas cinematográficas incluidos), 
de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos  secretos,  o  de  información  relativa  a  experiencias  industriales, 
comerciales o científicas.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  cánones,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que 
se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
5.  Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, 
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un 
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de 
pago  de  los  cánones  y  que  soporte  la  carga  de  los  mismos,  dichos  cánones  se 
considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento 
permanente.
6.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el  e.
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los  w.b
cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del  493ww
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Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Las ganancias procedentes de la enajenación de bienes muebles que formen 
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 
contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las ganancias derivadas 
de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la 
empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3.  Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados 
en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o 
aeronaves, serán gravables exclusivamente en el Estado contratante en que esté situada 
la sede de dirección efectiva de la empresa.
4.  Las  ganancias  obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación  de  acciones,  distintas  de  aquellas  que  se  negocien  considerable  y 
regularmente en una Bolsa de Valores, participaciones, o derechos similares, cuyo valor 
proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles 
situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado. Los bienes inmuebles utilizados en el marco ordinario de la actividad económica 
de la Sociedad no se tendrán en cuenta a tal efecto.
5.  Las ganancias obtenidas de la enajenación de acciones, participaciones u otros 
derechos  que  otorguen  directa  o  indirectamente  al  propietario  de  dichas  acciones, 
participaciones o derechos el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
6.  Las ganancias procedentes de la enajenación de cualquier otro bien distinto de 
los mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 serán gravables exclusivamente en el 
Estado contratante en que resida el transmitente.
Artículo 14.  Rentas del trabajo.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo serán gravables exclusivamente en ese Estado a no ser que el 
empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las 
remuneraciones  derivadas  del  mismo  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado 
contratante serán gravables exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar 
cuando:
a)  el perceptor permanezca en el otro Estado durante un período o períodos cuya 
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que 
comience o termine en el año civil considerado, y
b)  las remuneraciones las pague un empleador que no sea residente del otro 
Estado, o se paguen en su nombre, y
c)  las  remuneraciones  no  las  soporte  un  establecimiento  permanente  que  el 
empleador tenga en el otro Estado. s
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones  w.b
obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido a  493ww
ibmoprdoos icdieó nu ne nb eulq Euest aod aoe croonntarvaeta netxep leonta qduoe e ens ttérá sfiictuoa idnate lran asceidoen adle,  pduireedcecnió ns oemfeectteivrsae d ea 
la empresa.
Artículo 15.  Remuneración de consejeros.
Las  remuneraciones  de  los  consejeros  y  otras  retribuciones  similares  que  un 
residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  como  miembro  de  un  consejo  de 
administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.
Artículo 16.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de 
un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado 
contratante en calidad de artista, de actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad 
de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de 
las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se 
atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del 
artista o deportista.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas 
obtenidas por un artista o deportista en el ejercicio de su actividad estarán exentas en el 
Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando la visita a ese Estado 
se  financie  con  fondos  públicos  del  otro  Estado  contratante,  de  sus  subdivisiones 
políticas o de una de sus unidades administrativo-territoriales, o de un organismo público 
de ese otro Estado o subdivisión o unidad y la actividad se realice sin ánimo de lucro.
Artículo 17.  Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y otras 
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de 
un empleo anterior serán gravables exclusivamente en ese Estado.
Artículo 18.  Función Pública.
1.
a)  Los sueldos, salarios y otras remuneraciones análogas pagadas por un Estado 
contratante o por una de sus subdivisiones políticas, entidades locales, o por una de sus 
unidades  administrativo-territoriales,  a  una  persona  física  por  razón  de  servicios 
prestados a ese Estado, subdivisión, entidad o unidad, serán gravables exclusivamente 
en ese Estado.
b)  Sin  embargo,  dichos  sueldos,  salarios  y  remuneraciones  análogas  serán 
gravables exclusivamente en el otro Estado contratante cuando los servicios se presten 
en ese Estado y la persona física sea un residente de ese Estado que:
(i)  sea nacional de ese Estado; o
(ii)  no haya adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para 
prestar los servicios.
2.
a)  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones  e.e
análogas pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas,  b
entidades locales o unidades administrativo-territoriales, bien directamente o con cargo a  493ww
sfounbddoivsi scioónns, teitnutiiddoasd,  oa  uunniad apde,r sseornáan  fgísriacvaa pboler sr aezxócnlu dsiev asmerevnicteio se np reesset aEdsotsa dao e.se Estado,
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nacional de ese Estado.
3.  Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras remuneraciones análogas, pagadas por razón de servicios prestados 
en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una 
de sus subdivisiones políticas, entidades locales, o unidades administrativo-territoriales.
Artículo 19.  Estudiantes y personas en prácticas.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 
formación práctica un estudiante o una persona en prácticas que sea o haya sido 
inmediatamente  antes  de  llegar  a  un  Estado  contratante  residente  del  otro  Estado 
contratante, y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en 
ese Estado, siempre que dichas cantidades provengan de fuentes situadas fuera del 
mismo.
Artículo 20.  Otras rentas.
1.  Las rentas de un residente de un Estado contratante, con independencia de su 
procedencia,  no  mencionadas  en  los  anteriores  artículos  de  este  Convenio,  serán 
gravables exclusivamente en ese Estado.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las rentas, distintas de las derivadas 
de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el perceptor de 
dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante 
una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese 
otro  Estado,  y  el  derecho  o  bien  por  el  que  se  pagan  las  rentas  esté  vinculado 
efectivamente  a  dicho  establecimiento  permanente.  En  tal  caso  se  aplicarán  las 
disposiciones del artículo 7.
Artículo 21.  Eliminación de la doble imposición.
Se acuerda evitar la doble imposición como sigue:
1.  En el caso de Rumanía:
Cuando  un  residente  de  Rumanía  obtenga  rentas  que,  con  arreglo  a  las 
disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, Rumanía 
permitirá la deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente de un importe igual 
al impuesto sobre la renta pagado en España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse 
a imposición en España.
2.  En  el  caso  de  España,  la  doble  imposición  se  evitará  conforme  a  las 
disposiciones de su legislación interna o conforme a las siguientes disposiciones de 
acuerdo con la legislación interna española:
a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  que,  con  arreglo  a  las 
disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Rumanía, España 
permitirá:
(i)  la deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente de un importe igual  e.e
al impuesto sobre la renta pagado en Rumanía; b
(ii)  la  deducción  del  impuesto  sobre  sociedades  efectivamente  pagado  por  la  493ww
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Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse 
a imposición en Rumanía.
b)  Cuando con arreglo a cualquier disposición del Convenio las rentas obtenidas 
por un residente de España estén exentas de impuestos en España, España podrá, no 
obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el 
resto de las rentas de ese residente.
Artículo 22.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean  más  gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidos  los 
nacionales  de  ese  otro  Estado  que  se  encuentren  en  las  mismas  condiciones,  en 
particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, esta 
disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o de 
ambos Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de 
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales,  desgravaciones  y  reducciones  impositivas  que  otorgue  a  sus  propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y 
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del 
otro  Estado  contratante  serán  deducibles  para  determinar  los  beneficios  sujetos  a 
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a 
un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.  Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o más residentes del otro Estado 
contratante, no se someterán en el Estado contratante mencionado en primer lugar a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 
gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidas  otras  empresas 
similares del Estado mencionado en primer lugar.
5.  Las  disposiciones  de  este  artículo  se  aplican  únicamente  a  los  impuestos 
comprendidos en el ámbito de este convenio.
Artículo 23.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición no conforme 
con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por 
el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente 
del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del 
artículo 22, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse 
dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique 
una imposición no conforme con las disposiciones del Convenio. es
2.  La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por  bo
sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión  493ww
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3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados 
anteriores.  Cuando  se  considere  que  este  acuerdo  puede  facilitarse  mediante  un 
intercambio verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de una comisión mixta 
integrada  por  representantes  de  las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
contratantes.
Artículo 24.  Intercambio de información.
1.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto 
en este Convenio o para la administración o la aplicación del derecho interno relativo 
a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados 
contratantes,  sus  subdivisiones  políticas,  sus  entidades  locales  o  sus  unidades 
administrativo-territoriales, en la medida en que la imposición así exigida no sea 
contraria  al  Convenio.  El  intercambio  de  información  no  está  limitado  por  los 
artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se 
mantendrá en secreto del mismo modo que la información obtenida en virtud del derecho 
interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de 
los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva, de 
la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los 
recursos  relativos  a  los  mismos,  o  de  la  supervisión  de  tales  actividades.  Dichas 
personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar 
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 
No  obstante  lo  anterior,  la  información  recibida  por  un  Estado  contratante  puede 
utilizarse para otros fines cuando conforme al derecho del Estado requiriente pueda 
utilizarse para dichos otros fines y la autoridad competente del Estado que proporciona la 
información autorice dicho uso.
3.  En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en 
el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  y  práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante;
c)  suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o 
profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria 
al orden público (ordre public).
4.  Cuando un Estado contratante solicite información en virtud de este artículo, el 
otro  Estado  contratante  utilizará  las  medidas  para  recabar  información  de  que 
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando este otro Estado  s
pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación  oe.
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5.  En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de 
permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente por 
que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona 
que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o 
porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.
Artículo 25.  Asistencia en la recaudación.
1.  Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de 
sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1 y 2. Las 
autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  podrán  establecer  de  mutuo 
acuerdo el modo de aplicación de este artículo.
2.  La expresión «crédito tributario» en el sentido de este artículo, significa un 
importe debido en relación con los impuestos de cualquier naturaleza o denominación 
exigibles  en  nombre  de  los  Estados  contratantes,  sus  subdivisiones  políticas,  sus 
entidades locales o sus unidades administrativo-territoriales, en la medida en que esta 
imposición no sea contraria a este Convenio o a cualquier otro instrumento del que los 
Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, las 
sanciones administrativas y los costes de recaudación o de establecimiento de medidas 
cautelares relacionados con dicho importe.
3.  Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del 
derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al derecho de ese 
Estado no pueda impedir en ese momento la recaudación, a petición de las autoridades 
competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante 
aceptarán dicho crédito tributario a los fines de su recaudación. Dicho otro Estado 
cobrará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la 
exigibilidad y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito 
tributario propio.
4.  Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que 
ese Estado pueda, en virtud de su derecho interno, adoptar medidas cautelares que 
aseguren su cobro, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado, las 
autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicha deuda a los fines 
de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares 
de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario 
propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario 
no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una 
persona con derecho a impedir su recaudación.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado 
por un Estado contratante a los fines de dichos apartados, no estará sujeto en ese 
Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su 
derecho interno por razón de su naturaleza. Asimismo, un crédito tributario aceptado por 
un Estado contratante a los fines de los párrafos 3 o 4 no disfrutará en ese Estado de las 
prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del derecho del otro Estado 
contratante.
6.  Los  procedimientos  relativos  a  la  existencia,  validez  o  cuantía  del  crédito 
tributario de un Estado contratante no podrán incoarse ante los tribunales u órganos 
administrativos del otro Estado contratante.
7.  Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un 
Estado contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión  e.
por el otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser w.b
supunri mare aepc)re a rEusedsonatna caedi lóo qnc uca,e oso noet nrda eetas uenn tema  oesmxoilgeicinbittloue d yc  posrenegfsoúernmn teeal d ada e sreuen c dhveoirr teducedh  eods eienl  taEepsrnataortd ayod  onc uo3y p,o uu ddnie ecurradé odimri tofpu eeddreairl    OE-A-2020-15able en https://
b)  en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito del 
primer Estado contratante respecto del que ese Estado, conforme a su derecho interno, 
pudiera  adoptar  medidas  cautelares  para  asegurar  su  recaudación  las  autoridades 
competentes  del  Estado  mencionado  en  primer  lugar  notificarán  sin  dilación  a  las 
autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el 
Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
8.  En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido 
de obligar a un Estado contratante a:
a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  o  práctica 
administrativa o a las del otro Estado contratante;
b)  adoptar medidas contrarias al orden público (ordre public);
c)  prestar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado todas las 
medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme 
a su legislación o práctica administrativa;
d)  prestar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese 
Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener 
el otro Estado contratante.
Artículo 26.  Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que 
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de 
acuerdo  con  los  principios  generales  del  derecho  internacional  o  en  virtud  de  las 
disposiciones de acuerdos especiales.
Artículo 27.  Entrada en vigor.
1.  Los Estados contratantes se notificarán mutuamente, por conducto diplomático, 
la conclusión de los procedimientos internos exigidos en cada uno de ellos para la 
entrada en vigor de este Convenio.
2.  Este Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la última de las notificaciones a las que se refiere el apartado 1 y 
surtirá efecto respecto de las rentas obtenidas desde el primer día de enero del año civil 
siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.
3.  El  Convenio  entre  el  Gobierno  del  Reino  de  España  y  el  Gobierno  de  la 
República  Socialista  de  Rumanía  para  evitar  la  doble  imposición  en  materia  de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 24 de mayo de 1979 
se entenderá terminado en la fecha de entrada en vigor de este Convenio, y dejará de 
surtir efectos desde la fecha en la que este Convenio surta efectos.
4.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las disposiciones de los artículos 23, 
24 y 25 surtirán efecto desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio, sin tener en 
cuenta el período impositivo del que se trate.
Artículo 28.  Denuncia.
Este Convenio permanecerá en vigor indefinidamente. Cualquiera de los Estados 
contratantes podrá denunciarlo, por conducto diplomático, mediante notificación escrita 
remitida al efecto al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil  e
que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha de su entrada  bo
en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto respecto de las rentas obtenidas  493ww
ddeensduen ceial .primer día de enero del año civil siguiente a aquel en que se notifique la
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Convenio.
Hecho por duplicado en Bucarest el 18 de octubre de 2017, en las lenguas 
española, rumana, e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En 
caso de divergencia en la interpretación de los textos, esta se resolverá conforme 
al texto en inglés.
Por el Reino de España Por Rumanía
Alfonso María Dastis Quecedo Teodor Viorel Meleşcanu
Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Ministro de Asuntos Exteriores
Cooperación
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y 
Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y 
prevenir  la  evasión  y  elusión  fiscales,  los  signatarios  han  convenido  las  siguientes 
disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
I.  Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio:
a)  Las disposiciones de este Convenio se entienden sin perjuicio del derecho de los 
Estados contratantes a aplicar sus normas de derecho interno respecto a los abusos de 
la norma, explícitamente definidas como tal o no, en la medida en que no generen una 
imposición contraria al Convenio.
b)  Este Convenio no impide a los Estados contratantes la aplicación de sus normas 
internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company 
rules» (CFC).
c)  No  obstante  las  restantes  disposiciones  de  este  Convenio,  los  beneficios 
concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta 
cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias 
pertinentes,  que  el  acuerdo  u  operación  que  directa  o  indirectamente  genera  el 
derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención del 
mismo,  excepto  cuando  se  determine  que  la  concesión  del  beneficio  en  esas 
circunstancias  es  conforme  con  el  objeto  y  el  propósito  de  las  disposiciones 
pertinentes de este Convenio.
II.  En relación con el artículo 11:
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que, conforme a la 
normativa interna, los intereses procedentes de un Estado contratante estén exentos de 
imposición en ese Estado, el tipo impositivo previsto en el apartado 2 se reducirá a cero.
III.  En relación con el artículo 6, apartado 4 y el artículo 13, apartado 5:
Las  rentas  o  beneficios  derivados  de  bienes  inmuebles  no  podrán  atribuirse  a 
quienes sean titulares de las acciones u otros derechos de disfrute de dichos bienes 
inmuebles en virtud de un contrato de multipropiedad, cuando su disfrute no exceda de  s
dos semanas por año civil. oe.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Protocolo.
Hecho por duplicado en Bucarest el 18 de octubre de 2017, en las lenguas española, 
rumana, e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia 
en la interpretación de los textos, esta se resolverá conforme al texto en inglés.
Por el Reino de España Por Rumanía
Alfonso María Dastis Quecedo Teodor Viorel Meleşcanu
Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Ministro de Asuntos Exteriores
Cooperación
El presente Convenio entrará en vigor el 14 de enero de 2021, transcurrido un plazo 
de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones de las 
Partes informando del cumplimiento de sus requisitos internos, según se establece en su 
artículo 27.
Madrid, 25 de noviembre de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.