BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Jueves 27 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 64352
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8854 Resolución  de  19  de  mayo  de  2021,  de  la  Dirección  General  de  la 
Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela, el Ilustre Colegio 
Provincial  de  Abogados  de  Lugo  y  la  Secretaría  de  Estado  de  Política 
Territorial y Función Pública, para la realización de prácticas externas en la 
Subdelegación del Gobierno en Lugo por parte de los alumnos del Máster 
Universitario en Abogacía.
El Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, el Decano del Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de Lugo y el Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, han suscrito un Convenio para la realización de prácticas académicas 
externas curriculares en la Subdelegación del Gobierno en Lugo, por parte de alumnos 
matriculados en el Máster Universitario en Abogacía, impartido conjuntamente por la 
USC y el ICAL, que permita completar sus estudios universitarios, para una futura 
incorporación al mundo laboral.
El  Convenio  ha  sido  inscrito  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal el día 10 de mayo de 2021, fecha 
en que ha comenzado su vigencia.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anejo a la 
presente resolución.
Madrid, 19 de mayo de 2021.–El Director General de la Administración General del 
Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero.
ANEJO
Convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela, el Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Lugo y la Administración General del Estado 
(Ministerio Política Territorial y Función Pública – Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública) para la realización de prácticas externas en 
la Subdelegación del Gobierno en Lugo por parte de los alumnos del Máster 
Universitario en Abogacía, impartido por la USC y el Colegio 
Provincial de Abogados de Lugo
En Lugo, a 7 de mayo de 2021.
De una parte, don Antonio López Díaz, Rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, con CIF Q1518001A, que actúa en nombre y representación de ella en 
virtud del Decreto 57/2018, de 31 de mayo, publicado en el «Diario Oficial de Galicia» 
número 106, del 5 de junio de 2018, de su nombramiento, y por las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 85 de  s
Decreto 14/2014, de 30 de enero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad  oe.
de Santiago de Compostela. w.
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febrero de 2016 y facultado para este acto en virtud de las atribuciones que le confiere
como Decano el artículo 48.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado  Bc
por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y el artículo 58 de los Estatutos del Colegio 
Provincial de Abogados de Lugo aprobados por Orden de 6 de junio de 2005 de la 
Consellería de Justicia, Interior y Administración de la Xunta de Galicia, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Provincial de Abogados de Lugo.
De otra parte, don Víctor Francos Díaz, Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, quien actúa en 
virtud de su nombramiento efectuado por Real Decreto 129/2021, de 23 de febrero, y en 
ejercicio de la competencia prevista en el artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con el artículo 15 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Las  partes  se  reconocen  capacidad  legal  suficiente  para  suscribir  el  presente 
Convenio y en su virtud,
EXPONEN
Primero.
Que según lo previsto en el artículos 12 y 15.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  Enseñanzas  Universitarias 
Oficiales, los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado y Máster 
Universitario contendrán una formación teórica y práctica y entre esta formación práctica 
podrán incluirse prácticas externas. En este sentido, es necesario que la Universidad, a 
propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa formativo, establezca 
acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, así 
como con empresas o industrias. Todas estas colaboraciones deberán contar con la 
autorización previa de la Universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo 
del estudio.
Segundo.
Por otra parte, el artículo 2.1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las 
Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, dispone que tendrán derecho a 
obtener el título profesional de abogado las personas que se encuentren en posesión del 
título universitario de licenciado en Derecho o del título de grado que lo sustituya de 
acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su 
capacitación  profesional  mediante  la  superación  de  la  correspondiente  formación 
especializada y la evaluación regulada por esta Ley.
Tercero.
Que esta formación para futuros abogados podrá ser organizada e impartida por 
universidades públicas o privadas y de manera conjunta con los Colegios de Abogados, 
de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  la  enseñanza  universitaria  oficial  de 
postgrado, siendo requisito indispensable para la obtención del título profesional de 
abogado la realización de un período de prácticas externas, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 4 del mencionado texto legal y el 14 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, 
por el que se apruebe el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
Cuarto.
Que el artículo 2 de ese Reglamento establece como requisitos para la obtención del 
título profesional de abogado:
a)  Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o 
de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en 
el artículo 3 del reglamento.
b)  Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del 
conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dicha profesión en los términos 
previstos en el reglamento.
c)  Desarrollar  un  período  formativo  de  prácticas  en  instituciones,  entidades  o 
despachos, relacionados con el ejercicio de esa profesión.
d)  Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación 
profesional.
Quinto.
Que en virtud del 4.1.c) del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se ha suscrito un 
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y el Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de Lugo, de fecha 1 de octubre de 2020, para impartir 
de forma conjunta el Máster en Abogacía, Convenio que actualiza y sustituye al anterior 
suscrito el 27 de marzo de 2012.
El Máster, que viene desarrollándose con asiduidad, fue autorizado por la Xunta de 
Galicia por Orden de 1 de febrero de 2013 (DOG de 12 de febrero de 2013); el carácter 
oficial del título fue otorgado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo 
de 2013 (BOE de 23 de abril de 2013); y fue renovada su acreditación por última vez por 
Resolución del Consejo de Universidades del 4 de junio de 2016.
En el referido Convenio se regula su objeto, la estructura de Máster, el personal 
docente, el régimen económico, las obligaciones de las partes y se crean una serie de 
órganos de dirección y gestión para el desarrollo y ejecución del Convenio –Dirección del 
Máster,  Comisión  Académica  y  Comisión  de  Coordinación–  de  los  que  forman  parte 
representantes de ambas instituciones, con las funciones que se determinan para cada 
órgano.
Sexto.
Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios establece en el apartado primero 
del  artículo  2  que  las  prácticas  académicas  externas  constituyen  una  actividad  de 
naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada, en este 
caso,  por  la  USC  y  el  ICAL,  cuyo  objetivo  es  permitir  a  los  mismos  aplicar  y 
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición  de  competencias  que  les  preparen  para  el  ejercicio  de  actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. A 
su vez, el apartado segundo señala que estas prácticas podrán realizarse en la propia 
universidad  o  en  entidades  colaboradoras,  tales  como,  empresas,  instituciones  y 
entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.
Séptimo. e.
Que según lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por  54ww
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para  la  realización  de  prácticas  de  estudiantes  con  discapacidad  procurando  la
disposición  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  tecnológicos  necesarios  que 
aseguren la igualdad de oportunidades.
Octavo.
Las  partes  son  conscientes  de  la  importancia  de  las  prácticas  en  instituciones 
públicas  y/o  privadas  facilitando  la  preparación  de  los  estudiantes  para  el  ejercicio 
profesional y, por ello, están interesados en colaborar en el desarrollo de las citadas 
prácticas.
Noveno.
Que la Universidad tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la 
realidad  social  y  profesional  de  nuestro  entorno,  mediante  el  establecimiento  de 
relaciones con entidades que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, mediante la realización de prácticas 
externas, que faciliten la posterior incorporación al mundo laboral.
Décimo.
Que el interés de la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de 
Política  Territorial  y  Función  Pública  del  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función 
Pública) en la suscripción del presente Convenio se basa en el convencimiento de que la 
acogida de los estudiantes en la Subdelegación del Gobierno en Lugo supondrá una 
experiencia enriquecedora para los estudiantes en lo que se refiere a su preparación 
profesional y para los empleados públicos que podrán compartir experiencias laborales 
con el mundo universitario.
Undécimo.
Teniendo  en  cuenta  las  anteriores  manifestaciones,  con  la  finalidad  última  de 
institucionalizar la colaboración mutua entre las partes implicadas, éstas se reconocen 
mutuamente  la  capacidad  legal  necesaria  para  suscribir  el  presente  Convenio,  de 
acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Este Convenio tiene por objeto la realización de prácticas académicas externas 
curriculares  en  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  por  parte  de  alumnos 
matriculados en el Máster Universitario en Abogacía, impartido conjuntamente por la 
USC y el ICAL, que permita completar sus estudios universitarios, para una futura 
incorporación al mundo laboral.
La cooperación entre ambas partes se concretará en el proyecto formativo al que se 
refiere la cláusula tercera del presente Convenio.
Podrán  participar  en  el  desarrollo  de  prácticas  externas,  estudiantes  que  se 
encuentren matriculados en las mismas conforme a lo indicado en el correspondiente 
plan de estudios y/u otras normas fijadas al respecto por la Universidad.
Segunda.  Duración y horario de las prácticas. bo
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Los periodos y horarios de realización de las prácticas se compaginarán con la
organización y funcionamiento de la Subdelegación del Gobierno en Lugo. Bc
Tercera.  Proyecto formativo.
El contenido del proyecto formativo se corresponde con lo detallado en el anexo III 
del presente Convenio.
Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  prácticas,  la  Universidad  o  el  Colegio  de 
Abogados,  a  través  de  los  órganos  de  gestión  del  Máster,  comunicarán  a  la 
Subdelegación del Gobierno en Lugo su previsión, en cuanto al número de alumnos, las 
áreas de actividad del anexo III en las que los alumnos desarrollarán las prácticas en el 
respectivo curso académico, así como calendario y horarios de las prácticas. En todo 
caso, el número máximo de estudiantes que participarán en el proyecto formativo no 
podrá ser superior a cuatro (4) personas por curso académico.
En el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicha previsión, los 
responsables de la Subdelegación del Gobierno en Lugo deberán, de forma expresa, dar 
su conformidad a la misma o proponer las adaptaciones que estimen convenientes para 
el correcto desarrollo de las prácticas.
Cuarta.  Tutores.
La  USC  y  el  ICAL,  previa  ratificación  por  la  Comisión  Académica  del  Máster, 
designarán un tutor responsable del correcto desarrollo académico de cada una de las 
prácticas externas derivadas de este Convenio, que será preferentemente un profesor 
que imparta docencia en el Máster y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se 
vincula la práctica. Al tutor le corresponderán las obligaciones que se contemplan en el 
artículo 12.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en particular:
– El seguimiento y supervisión de las prácticas, resolviendo las posibles dudas de 
tipo académico que se pudieran plantear.
– El seguimiento del programa formativo desarrollado por el estudiante para verificar 
su correcto aprovechamiento.
Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Lugo designará un tutor que será una 
persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos necesarios 
para realizar una tutela efectiva, y será interlocutor con el estudiante, con el tutor 
académico y con la unidad de prácticas externas.
Al  tutor  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  le  corresponderán  las 
obligaciones que se contemplan en el artículo 11.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, y en particular:
– Fijar el plan de trabajo del estudiante.
– Orientar y ayudar al estudiante en sus dudas y dificultades durante su estancia en 
la Subdelegación del Gobierno en Lugo.
– Realizar el informe correspondiente de evaluación del desarrollo de la práctica final 
de la misma.
Las partes podrán encomendar otras funciones tanto al tutor de la Administración como 
al tutor académico, responsabilizándose los tutores del seguimiento del proyecto formativo.
Quinta.  Obligaciones que asumirán los estudiantes participantes en el programa de 
prácticas.
Los  estudiantes  participantes  en  el  programa  de  prácticas,  deberán  cumplir  las  e.
obligaciones previstas en el artículo 9.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en  w.
particular las siguientes: 54ww
a)  Iniciar la práctica en la fecha y condiciones acordadas.
bc))   RCeuamlipzlairr  locso nh odrialirgioesn cyi as eyg uaipr rloavse ncohrammaise nfitjoa dlaass. actividades de las prácticas, de
acuerdo con el programa y condiciones específicas aprobadas.
d)  Comunicar  al  tutor  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  cualquier 
incidencia que afecte al desarrollo de la práctica formativa.
e)  Guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso las 
informaciones recogidas en los lugares de prácticas con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros.
f)  Los trabajos realizados en la práctica se sujetarán al régimen previsto en la 
legislación en materia de propiedad intelectual e industrial. En todo caso, sin perjuicio de 
lo anterior y conforme dispone el artículo 9.2.g) del citado Real Decreto, en los mismos 
se  deberá  guardar  confidencialidad  en  relación  con  la  información  interna  de  la 
Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  y  guardar  secreto  profesional  sobre  sus 
actividades, además de cumplir la normativa en materia de protección de los datos de 
carácter  personal  incorporados  a  los  ficheros  de  los  que  es  responsable  la 
Subdelegación del Gobierno en Lugo y a los que hubiera podido tener acceso por motivo 
de las funciones inherentes a su actividad.
g)  Otras que puedan establecerse de común acuerdo entre la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo y la dirección del Máster.
El estudiante que realice prácticas en la Subdelegación del Gobierno en Lugo deberá 
firmar los documentos que se adjuntan como anexos I y II por los que declara su 
compromiso de asumir las obligaciones que le son impuestas (anexo I) y se compromete 
a cumplir las normas vigentes en la Subdelegación del Gobierno en Lugo en materia de 
confidencialidad y protección de datos de carácter personal (anexo II).
Sexta.  Obligaciones de la Subdelegación del Gobierno en Lugo.
La Subdelegación del Gobierno en Lugo en relación a las prácticas, asume las 
siguientes obligaciones:
a)  Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas.
b)  Designar al tutor de la Subdelegación del Gobierno en Lugo y los representantes 
que le correspondan en la Comisión de seguimiento del presente Convenio.
c)  Dar conformidad o proponer las modificaciones que estime pertinentes a la 
previsión que se recoge en la clausula tercera.
d)  Observar las normas vigentes en todo lo relativo a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo e informar a los alumnos en prácticas de las mismas.
Séptima.  Obligaciones de la USC y del ICAL.
1.  La USC y el ICAL se comprometen, de acuerdo con el Convenio suscrito entre 
ambas partes y a través de los órganos creados para la gestión y desarrollo conjunto del 
Máster  (Dirección  del  Máster,  Comisión  Académica  o,  en  su  caso,  Comisión  de 
Coordinación), a:
a)  Remitir a la Subdelegación del Gobierno en Lugo, conforme a lo señalado en la 
cláusula tercera del presente Convenio, antes del inicio de las prácticas el listado de los 
estudiantes seleccionados, el nombre del tutor designado, el calendario y horarios de las 
prácticas, así como las áreas de actividad del anexo III que los alumnos desarrollarán en 
dichas prácticas.
b)  Velar por el control y cumplimiento por parte de los alumnos participantes en las 
prácticas, de los requisitos, condiciones y obligaciones que le son exigibles para acceder  e
y llevar a cabo las mismas. bo
c)  Encargarse, de forma previa al inicio del periodo de prácticas, de que cada  54ww
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comdie) nzToe dnee rl assu pscrárictotisc,a sa.ntes del comienzo del periodo de prácticas, los seguros a los
que se hace referencia en la cláusula novena del presente Convenio.
2.  Corresponde a la USC cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad 
Social (en particular, alta en el Régimen General de la Seguridad Social y afiliación) que 
la normativa vigente establezca respecto de los estudiantes participantes en las prácticas 
y a las que se refiere la cláusula octava.
Octava.  Naturaleza de la relación entre el alumnado y la Subdelegación del Gobierno 
en Lugo.
La relación entre la Subdelegación del Gobierno en Lugo y los estudiantes en 
prácticas no supondrá más compromiso que el derivado del presente Convenio, no 
existiendo en ningún caso relación estatutaria o laboral entre ambas partes ni implicará 
para la Administración General del Estado obligación contributiva alguna.
Asimismo,  la  realización  de  las  prácticas  académicas  en  la  Subdelegación  del 
Gobierno en Lugo no supondrá la consideración de mérito para el acceso a la función 
pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.
Resultarán de aplicación a los estudiantes en prácticas las obligaciones en materia 
de Seguridad Social que deriven de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-
Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo y su normativa de desarrollo, 
correspondiendo a la Universidad –y no a la Administración General del Estado– el 
cumplimiento de las mismas.
Novena.  Seguro. Cobertura de riesgos.
El estudiante que participe en el programa de prácticas en la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo estará cubierto por el seguro escolar o, en su defecto, por un seguro 
de accidentes para el periodo de prácticas cuyo coste correrá a cargo del mismo. Si 
conforme dispone la cláusula octava, resultarán de aplicación al estudiante en prácticas 
las obligaciones en materia de seguridad social reguladas en la disposición adicional 
quinta del Real Decreto-ley 28/2018 y en la normativa que lo desarrolle, los citados 
seguros no resultarán precisos si la normativa aplicable previera para los supuestos 
regulados en la disposición la cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud de la 
prestación de asistencia sanitaria. La Universidad deberá tener cubierto con un seguro la 
responsabilidad civil las incidencias que pudieran derivarse de la realización de las 
prácticas en la Subdelegación del Gobierno en Lugo. No se aplicará el régimen de 
cobertura de las normas laborales, dado que no hay contrato laboral en la relación 
establecida entre el estudiante y la Subdelegación del Gobierno en Lugo.
Décima.  Régimen de permisos.
El régimen de permisos del estudiante será consensuado entre el tutor académico y 
el tutor de la Administración.
No obstante, el estudiante tendrá derecho a los permisos necesarios para asistir a 
los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, 
así como la asistencia, en su caso a las reuniones de los órganos de gobierno de la 
Universidad o visitas médicas debidamente justificadas. Para ello, deberá comunicarlo 
previamente y con antelación suficiente al tutor designado por parte de la Administración.
Undécima.  Régimen de rescisión anticipada de las prácticas. s
En  caso  de  que  concurran  causas  sobrevenidas  debidamente  justificadas  o  w.b
incumplimientos de las obligaciones anteriormente reseñadas, cualquiera de las partes  54ww
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mismas, para su traslado a la otra parte.
En el supuesto de que la iniciativa para la rescisión anticipada de las prácticas sea 
del alumno, se deberá comunicar al tutor académico y al de la Administración, los 
motivos que determinan la rescisión y obtener el visto bueno de ambos tutores en el que 
se fije la fecha de finalización de las prácticas.
Una  vez  producida  la  rescisión  anticipada  de  la  práctica  correspondiente,  la 
Universidad y el ICAL, a través de los órganos de gestión del Máster, podrán gestionar la 
incorporación de un nuevo estudiante, siempre que por la Administración se considerase 
adecuado y posible. La incorporación del nuevo estudiante se efectuará a la mayor 
brevedad posible mediante acuerdo de las partes implicadas.
Duodécima.  Publicidad.
La  participación  de  las  tres  instituciones  deberá  hacerse  constar  en  cuanta 
información pública se edite en cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, así 
como en las notificaciones a los beneficiarios o en los carteles exteriores descriptivos de 
las actuaciones. La Universidad y el ICAL se comprometen a citar como colaboradora a 
la Subdelegación del Gobierno en Lugo en la publicidad que realice sobre el Título de 
Graduado o Máster Universitario o Doctorado con el que se relacionan las prácticas 
formativas.  La  participación  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  se  hará 
acompañar de la leyenda «Gobierno de España».
Decimotercera.  Comisión de seguimiento.
Se constituirá una Comisión de seguimiento del Convenio donde se tratarán los 
problemas derivados de la interpretación y ejecución del Convenio. Esta comisión de 
seguimiento, constituida por dos representantes de la Subdelegación del Gobierno en 
Lugo, designados por su Secretario General, y un representante de la Universidad 
designado por el Decano de la Facultad de Derecho y un representante del ICAL, se 
reunirá al menos una vez al año durante la vigencia del presente Convenio, sin perjuicio 
de que, con carácter potestativo y a instancia de las partes se reúna en más ocasiones.
La Comisión de seguimiento, además de resolver los problemas derivados de la 
interpretación y ejecución del Convenio, tendrá los siguientes cometidos:
a)  Velar por su estricto cumplimiento del Convenio, analizando las actuaciones 
llevadas a cabo por ambas partes y los objetivos alcanzados.
b)  Adaptar, en caso de que sea preciso, el proyecto formativo del anexo III a las 
circunstancias o necesidades concretas.
c)  Proponer la prórroga del Convenio y en su caso modificaciones al mismo, que 
serán incorporados en forma de adenda tras su aprobación por las partes. Dicha adenda 
deberá  tramitarse  conforme  a  los  requisitos  legalmente  establecidos  y  previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarta.  Naturaleza y régimen jurídico aplicable.
Este Convenio, se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Real 
Decreto  592/2014, de  11 de julio, por el  que  se regulan las practicas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, y su régimen jurídico es el expresamente 
establecido para los Convenios en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta.  Duración del Convenio y régimen de modificación. w.b
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Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-
Ley 36/2020, de 30 de diciembre), este Convenio resultará eficaz con la inscripción en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal, fecha en que comenzará a computarse su duración. Asimismo será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
En cuanto al régimen de modificación del Convenio, conforme a la establecido en el 
artículo 49.g) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requerirá el acuerdo unánime de 
las partes firmantes del mismo. Dicha modificación deberá formalizase mediante adenda, 
conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el 
artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimosexta.  Causas de extinción.
El Convenio se extingue por el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias o 
causas de resolución que se contemplan en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En  el  caso  de  que  se  produjese  la  causa  de  resolución  contemplada  en  el 
apartado  c)  del  punto  segundo  del  citado  artículo  51  («incumplimiento  de  las 
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes»), la parte 
afectada por el incumplimiento podrá convocar, mediante requerimiento, la Comisión de 
seguimiento de Convenio a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia y subsanación 
de la causa apuntada. Si en el seno de la Comisión no se llegase a ningún acuerdo 
satisfactorio para las partes o no llegase a reunirse en el plazo de quince días naturales 
desde  el  requerimiento,  se  entenderá  resuelto  el  Convenio  desde  la  fecha  de 
vencimiento del plazo de los quince días.
En todo caso, la resolución del Convenio no afectará a las prácticas iniciadas durante 
su vigencia y pendientes de concluir en la fecha de su extinción; por lo que las partes 
deben  salvaguardar  los  derechos  de  los  estudiantes  en  prácticas  y  fijar  un  plazo 
improrrogable par la finalización de todos los efectos del Convenio.
Decimoséptima.  Resolución de controversias.
La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente Convenio no resuelto en el 
seno de la Comisión de seguimiento, se resolverá por los órganos del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en su legislación reguladora.
Decimoctava.  Régimen de Protección de Datos personales.
Las entidades firmantes manifiestan y garantizan que la obtención y el tratamiento de 
los datos de carácter personal recabados para la gestión de las prácticas derivadas del 
mismo,  se  han  realizado  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  Reglamento  General  de 
Protección  de  Datos  –Reglamento  (UE)  2016/679,  de  27  de  abril–,  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación.
Las partes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta 
que la que motiva el desarrollo del presente Convenio de prácticas, a no comunicarlos a 
terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de  s
seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de  oe.
carácter personal. w.
Asimismo, las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier  54ww
raenstpeorinosreasb ileidfeacdt uaqduae  psoer  cpuuadliqeuraie rag eonterara rp aprtoer.  Einnc ucmapsolim dieen tqou edbera nlatasm  ioebnltiog adceio nlaess 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  Convenio  electrónicamente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante (fecha al principio 
indicada).–Por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Secretario de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos Díaz.–Por la Universidad 
de  Santiago  de  Compostela,  el  Rector,  Antonio  López  Díaz.–Por  el  Ilustre  Colegio 
Provincial de Abogados de Lugo, el Decano, José Félix Mondelo Santos.
ANEXO I
Deberes de los estudiantes en prácticas
El estudiante se compromete a atender al cumplimiento de los siguientes deberes:
– Cumplir  la  normativa  vigente  relativa  a  prácticas  externas  establecida  por  la 
Universidad.
– Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 
del tutor asignado por la Subdelegación del Gobierno en Lugo bajo la supervisión del 
tutor académico.
– Mantener contacto con el tutor académico durante el desarrollo de la práctica y 
comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega 
de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean 
requeridos.
– Incorporarse a la Subdelegación del Gobierno en Lugo en la fecha acordada, 
cumplir  el  horario  previsto  en  el  proyecto  educativo  y  respetar  las  normas  de 
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
– Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas 
con la Subdelegación del Gobierno en Lugo conforme a las líneas establecidas en el 
mismo.
– Elaborar  la  memoria  final  de  las  prácticas  una  vez  finalizado  el  período  de 
prácticas,  que  entregará  a  su  tutor  académico,  en  la  que  deben  recogerse  las 
circunstancias relativas a la realización de las prácticas, atendiendo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
– Guardar  confidencialidad  en  relación  con  la  información  interna  de  la 
Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  y  guardar  secreto  profesional  sobre  sus 
actividades, durante su estancia y finalizada ésta.
– Mostrar,  en  todo  momento,  una  actitud  respetuosa  hacia  las  actividades 
desarrolladas  en  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Lugo  salvaguardando  el  buen 
nombre de la Universidad y de ICAL.
– Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente o que pueda establecerse de 
común acuerdo entre Subdelegación del Gobierno en Lugo y la Universidad o el ICAL.
Firmado:
El estudiante,
D. ..................................................... s
ANEXO II 54ww
Cláusula de protección de datos de carácter personal y confidencialidad
SubEdel leesgtaucdiióann ted eolt oGrgoab ieelr ncoon seenn tiLmuigeon toq upea ralo q uaec olag eU npiavrear sildaa dfi ncaeldidaa dsu sp rdeavtiostsa  a elna 
el Convenio, consentimiento que puede revocar en cualquier momento. La Universidad y
el ICAL, son los responsable del tratamiento de los datos y como tal garantiza los 
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en  cuanto  a  los  datos 
facilitados. Tanto la Universidad y el ICAL como la Subdelegación del Gobierno en Lugo 
que acoge al estudiante se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos y a 
utilizarlos de acuerdo con dicho fin.
El  estudiante  se  compromete  a  guardar  plena  confidencialidad  respecto  a  los 
datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que es responsable la 
Subdelegación del Gobierno en Lugo y a los que puede tener acceso por motivo de las 
funciones inherentes a su actividad.
Firmado:
El estudiante,
D. .....................................................
ANEXO III
Proyecto formativo
(A definir entre la Universidad, ICAL y la Subdelegación del Gobierno en Lugo)
Los objetivos educativos de las prácticas a desarrollar son:
– Favorecer la adquisición de competencias de los alumnos para el ejercicio de las 
actividades profesionales relacionadas con los estudios del Grado en Derecho, y de 
acceso a la profesión de Abogado.
– Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo 
y mejore su empleabilidad futura.
– Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.
Los estudiantes que participen en estas prácticas llevarán a cabo las siguientes 
tareas relacionadas con las actividades descritas en el Proyecto Formativo:
– Seguimiento de procedimientos administrativos en materia de competencia de la 
Subdelegación del Gobierno.
– Realización de informes jurídicos.
– Otras funciones de naturaleza homóloga.
En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los 
principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal.
Durante su estancia en la Subdelegación del Gobierno en Lugo, el alumno podrá 
conocer, intervenir y participar en las actividades que se desarrollan en alguna o algunas 
de las áreas o ámbitos de actividad siguientes:
Jurado provincial de expropiación forzosa:
– Conocer la documentación que integra un expediente expropiatorio: trámites.
– Conocer el contenido del expediente de justiprecio y tramitarlo, incluido recurso de 
reposición y contencioso administrativo.
– Conocer el funcionamiento de las sesiones del Jurado en materia de rústica y  e.
asistencia como oyente a dichas sesiones. w.b
– Instruir la tramitación de los expedientes en reclamación de intereses de demora. 54ww
––  RTreacmointaoccieórn,  iddee nlotisfi craerc uyr dsoess gdloes raerp loossi cdióivne:r stroásm citoen dcee patloesg aincdioenmensi.zatorios.
solic–it uTdo ddae  lar etmraismióitna cdióenl  deex pleodsi ernetceu rdseo s jucsotniptreenccioio saol  aTdrimbuinniastl raStiuvpoesr: iorre cdeep cJiounsatirc iala, 
emplazar ante la Sala a las partes interesadas en los expedientes, remisión de estos a la 
Sala: formalidades.
– Asistir como oyente en las sesiones del Jurado en materia urbana, conocer la 
estructuración del orden del día de la sesión según los vocales convocados a cada 
punto,  conocer  la  integración  en  el  Jurado  en  calidad  de  vocales  técnicos  de  los 
funcionarios-arquitectos  designados  por  los  municipios  cuando  actúan  como 
Administración Expropiante.
– Contenidos: Expedientes anulados por sentencia, expedientes iniciados a instancia 
del  expropiado,  extralimitación  en  la  expropiación  sobre  el  proyecto  expropiatorio, 
expedientes mixtos con parte urbana y parte rústica, recursos de reposición y recurso 
extraordinario de revisión.
Servicio de asuntos jurídicos:
– Tramitación de los expedientes de autorización de actividades con armas de fuego 
que  tengan  lugar  fuera  de  los  campos,  polígonos  o  galerías  de  tiro  debidamente 
autorizadas.
– Tramitación de expedientes de sanciones administrativas, seguridad ciudadana y 
seguridad privada.
– Tramitación de sanciones en diferentes materias: Armas (tenencia, uso, custodia, 
carencia  de  la  documentación  requerida  para  las  armas  reglamentarias),  Drogas 
(tenencia ilícita y consumo público de drogas en lugares públicos y tolerancia de dicho 
consumo  ilegal  o  tráfico  en  locales  o  establecimientos  públicos)  y  Espectáculos 
deportivos.
Servicio de asuntos generales y régimen interior:
– Gestión y tramitación de los procedimientos en materia de personal funcionario y 
laboral, tales como relaciones con la Junta de Personal y preparación de informes y 
estadísticas, adscripciones provisionales, expedientes de compatibilidad, de actividades 
públicas  y  privadas,  instrucción  de  los  expedientes  e  informe  en  relación  con  las 
solicitudes, iniciación de expedientes disciplinarios, formalización de ceses y tomas de 
posesión  en  los  puestos  de  trabajo,  procedimientos  de  jubilación  por  edad  y  por 
incapacidad  y,  en  este  último  supuesto,  remisión  al  Equipo  de  Valoración  de 
Incapacidades de los funcionarios en incapacidad temporal en los plazos legalmente 
fijados, elaboración de propuestas de resolución, recepción de alegaciones, elaboración 
de Resoluciones sobre Jubilación, remisión a los órganos judiciales de los expedientes 
recurridos
– Expedientes de averiguación de causas en los supuestos de accidentes laborales, 
enfermedades  profesionales,  fallecimientos  o  incapacidad  en  acto  de  servicio, 
prolongación de la permanencia en el servicio activo, licencias y permisos, reducciones 
de  jornada,  reconocimientos  de  trienios,  excedencias,  certificados  de  méritos  para 
concursos de traslados.
– Mantenimiento  y  gestión  del  sistema  informático  de  gestión  de  personal 
(BADARAL) y de la Base de Datos del Registro Central de Personal (Oficina delegada 
del RCP)
– Coordinación  y  Gestión  de  actividades  de  Formación:  coordinación  de  las 
actividades de formación descentralizadas del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública en el ámbito de la Delegación del Gobierno y sus Áreas Funcionales y de las 
actividades  de  formación  descentralizadas  del  INAP  en  el  ámbito  de  los  servicios  e.
periféricos de la AGE. w.
– Gestión de los Procesos Electorales Sindicales laborales Ministerio de Política  54ww
Terr–ito Criaoll ayb Fourancciióónn  ePnú belli cPar oyc deeslo M dien iEstleercicoi odneel sIn Steinridoircales de Funcionarios.
Área de trabajo e inmigración y extranjería:
– Asistencia Sanitaria a trabajadores españoles en el extranjero y a sus familias en 
España: Tramitación de Altas, Bajas, cobros de impagados, estadísticas, etc.
– Certificado  de  emigrantes  retornados:  Emisión  de  certificados  de  emigrante 
retornado  a  los  españoles  que  acrediten  haber  trabajado  en  el  extranjero  y  así  lo 
soliciten.
– Pensiones  Asistenciales  por  Ancianidad  a  favor  de  los  españoles  emigrantes 
retornados: Tramitación de los correspondientes expedientes en los que se informa de 
las pensiones, se gestionan e informan las solicitudes y se envían a la Dirección General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, que reconocen estas prestaciones.
– Ayudas y subvenciones correspondientes a los Programas de Actuación a favor de 
los españoles emigrantes y retornados: Tramitación de los expedientes de las solicitudes 
presentadas e información sobre las diferentes ayudas y subvenciones.
– Contratación colectiva de trabajadores en origen: Ofertas genéricas y nominativas 
de empleo de carácter estable y ofertas de empleo de carácter temporal.
– Tramitación  de  expedientes  sancionadores  por  contratación  irregular  de 
trabajadores extranjeros.
Oficina de extranjería:
– Recepción de la declaración de entrada y tramitación de las prórrogas de estancia, 
de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, autorizaciones de residencia, autorizaciones de 
trabajo y excepciones a la obligación de obtener autorización de trabajo, autorizaciones 
de regreso, así como la expedición y entrega de aquellas.
– La recepción de la solicitud de cédula de inscripción y de título de viaje para la 
salida de España, así como su expedición y entrega.
– Tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa 
en materia de extranjería y en régimen comunitario y de los recursos administrativos que 
procedan.
– Información, recepción y tramitación de la solicitud de protección internacional y de 
las solicitudes del estatuto de apátrida.
– Tramitación de las solicitudes de tarjeta de residencia familiar de ciudadano de la 
Unión Europea y de certificados de inscripción de los ciudadanos de la Unión Europea 
en el Registro Central de Extranjeros, cuya expedición y entrega corresponde a los 
servicios policiales de la Oficina.