BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 20999
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
2707 Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del 
Código  civil  de  Cataluña,  con  el  fin  de  incorporar  la  regulación  de  las 
instalaciones para la mejora de la eficiencia energética o hídrica y de los 
sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, y de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de 
marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito 
de las personas jurídicas de derecho privado sujetos a las disposiciones del 
derecho civil catalán.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que los decretos-ley 
son promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El 21 de julio de 2020, el Gobierno de la Generalitat aprobó el Plan para la reactivación 
económica y protección social como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Este Plan se 
alinea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital Europea.
El mismo 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó el marco financiero 
plurianual 2021-2027 y el fondo de recuperación Next Generation EU. Este fondo se 
convierte  en  una  herramienta  significativa  para  que  Cataluña  lleve  a  cabo 
transformaciones clave para adaptarse a los nuevos tiempos en materias tales como la 
transición energética.
Actualmente,  el  parque  de  viviendas  de  Cataluña  representa  un  10,6 %  de  las 
emisiones totales de dióxido de carbono y más del 80 % de las calificaciones energéticas 
corresponden a las menos eficientes letras E, F o G, calificaciones que valoran la 
eficiencia en función de su gasto energético. Según datos del Instituto Catalán de la 
Energía, un inmueble con calificación A representa un ahorro en el consumo medio de 
energía de hasta el 89 % respecto de uno con calificación G y del 78 % en relación con 
una vivienda con calificación E, calificación que tienen la mayoría de hogares catalanes. 
De acuerdo con los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el 
consumo  energético  que  genera  el  parque  de  viviendas  es  responsable  de 
aproximadamente el 30 % de los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera.
Ante estos datos, es incuestionable la necesidad de reducir el consumo de energía y 
mejorar la habitabilidad de los hogares a través de la rehabilitación energética. Y por 
este motivo una de las partidas de ayudas del fondo europeo Next Generation (NGEU) 
tiene por objeto la rehabilitación de las viviendas para hacerlas más sostenibles. e.
La disponibilidad de estos fondos NGEU es, por lo tanto, una oportunidad crucial  w.b
para adaptar el parque inmobiliario residencial de nuestro país a un consumo energético  07ww
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capítulo III del título V del libro quinto del Código civil de Cataluña que regulan los
acuerdos para ejecutar dichas obras, los propietarios que tienen que asumir los costes 
de las instalaciones, y su mantenimiento y conservación.
II
Este decreto-ley tiene por objeto modificar el Código civil de Cataluña respecto a los 
aspectos relativos a la ejecución de obras para la mejora de la eficiencia energética o 
hídrica y la instalación de sistemas de energías renovables en los edificios sujetos al 
régimen de propiedad horizontal. La reforma abarca cinco artículos: el artículo 553-25 
(régimen general de adopción de acuerdos), el artículo 553-26 (adopción de acuerdos 
por unanimidad y por mayorías cualificadas), el artículo 553-30 (vinculación de los 
acuerdos), el artículo 553-43 (elementos comunes de uso exclusivo) y el artículo 553-44 
(conservación y mantenimiento de los elementos comunes).
El aspecto más destacable es la reforma del artículo 553-25.2, que prevé la mayoría 
simple de los propietarios que representen la mayoría de cuotas de participación para 
aprobar  los  acuerdos  relativos  a  la  eficiencia  energética  de  los  edificios.  Más 
concretamente, se modifica la letra b) y se añaden cuatro apartados nuevos con las 
letras d), e), f) y g).
La letra b) del artículo 553-25.2 añade la eficiencia energética o hídrica dentro de las 
innovaciones exigibles, derivadas de la normativa vigente, al lado de la habitabilidad, la 
accesibilidad o la seguridad del inmueble. La norma pretende facilitar los acuerdos 
respecto de la elección de los proyectos técnicos relativos a la mejora de la eficiencia 
energética y a los sistemas de energías renovables más adecuados para los intereses 
de la comunidad.
Las nuevas letras del artículo 553-25.2 identifican cuatro acciones en esta materia. 
La letra d) se refiere en las obras e instalaciones que tienen por objeto la mejora de la 
eficiencia  energética  o  hídrica  del  edificio,  así  como  la  instalación  de  sistemas  de 
energías  renovables  en  los  elementos  comunes  del  inmueble  en  beneficio  de  la 
comunidad. La letra e) contempla el mismo tipo de obras e instalaciones hechas en los 
elementos comunes del inmueble en beneficio particular de uno o más propietarios. La 
letra f) regula la participación en la generación de energías renovables compartidas con 
otras comunidades de propietarios así como con las comunidades energéticas locales y 
ciudadanas de energía que regulan las directivas (UE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2018/2001,  relativa  al  fomento  del  uso  de  energía  procedente  de  fuentes 
renovables,  y  2019/944,  sobre  normas  comunes  para  el  mercado  interior  de  la 
electricidad y por los que se modifica la Directiva 2012/27/UE. Y, en último lugar, la letra 
g) incorpora la celebración de contratos de financiación por parte de la comunidad para 
hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de las obras o las instalaciones 
mencionadas en los apartados anteriores.
El criterio de la mayoría simple permite impulsar las instalaciones para la mejora de 
la eficiencia energética y el establecimiento de sistemas de energías renovables y, al 
mismo  tiempo,  genera  comportamientos  cooperativos  entre  los  propietarios.  Se  ha 
querido  rehuir  tanto  el  criterio  de  la  mayoría  cualificada,  que  puede  conducir  al 
inmovilismo, como los acuerdos votados con porcentajes inferiores a la mayoría simple, 
que pueden dar lugar en la práctica a un aumento de la conflictividad y de la morosidad 
en el seno de las comunidades.
El artículo 553-26.2 regula el voto favorable cualificado de cuatro quintas partes de 
los propietarios para adoptar diferentes acuerdos y la nueva redacción de la letra b)  s
excluye esta mayoría cualificada cuando el acuerdo se refiera a las instalaciones para la  oe.
mejora energética y de sistemas de energías renovables en beneficio de la comunidad,  w.
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requiere la mayoría cualificada de las cuatro quintas partes de los propietarios que al 
mismo tiempo representen las cuatro quintas partes de las cuotas de participación.
El artículo 553-30 incorpora un nuevo apartado 4 relativo a la vinculación de los 
acuerdos que tienen por objeto las obras de instalación de infraestructuras o equipos 
comunes para la mejora de la eficiencia energética de los edificios o para instalar 
sistemas  de  energías  renovables  de  uso  común  en  los  elementos  comunes.  Los 
acuerdos obligan a todos los propietarios de la comunidad, pero se establece un tope 
protector para las personas disidentes cuando la repercusión del gasto derivado de 
dichas  obras  o  instalaciones  exceda  las  tres  cuartas  partes  del  presupuesto  anual 
vigente  de  la  comunidad,  en  razón  de  los  gastos  comunes  ordinarios,  una  vez 
descontadas las subvenciones o ayudas públicas que les puedan corresponder por este 
concepto. Con el establecimiento de este parámetro se limita el alcance del gasto 
derivado del acuerdo adoptado a los propietarios en situación económica vulnerable y 
que hayan disentido expresamente en la votación para la ejecución de las obras e 
instalaciones de mejora energética del edificio previstas por el artículo 553-25.2.
El artículo 553-42 incorpora un nuevo apartado 2 referido al uso y disfrute de los 
elementos comunes si el acuerdo de la junta para instalar infraestructuras o equipos con 
la finalidad de mejorar la eficiencia energética o hídrica o sistemas de energía renovable 
de uso comunitario es incompatible con instalaciones o sistemas de utilidad particular 
previamente  autorizadas.  En  este  caso,  el  interés  de  la  comunidad  en  el  uso  del 
elemento común propiamente dicho es prevalente, aunque la comunidad tiene que 
hacerse cargo de la remoción de las instalaciones o sistemas y de indemnizar el daño 
que esta comporte al propietario.
En el artículo 553-43 se incluye un nuevo apartado 3 que tiene por objeto regular la 
posibilidad que tienen los propietarios que disponen del uso exclusivo de elementos 
comunes para instalar infraestructuras o equipos de utilidad particular con la finalidad de 
mejorar la eficiencia energética o hídrica o de sistemas de energías renovables en 
dichos elementos comunes de uso exclusivo. Los propietarios interesados en promover 
estas instalaciones o sistemas en beneficio particular tienen la obligación de presentar el 
proyecto técnico a la presidencia o administración, en un plazo de treinta días antes del 
inicio de las obras. En este caso, por lo tanto, no hace falta un acuerdo previo por parte 
de la junta. La puesta a disposición del proyecto técnico ya proporciona información 
suficiente  para  que  la  comunidad  pueda  proponer,  si  lo  considera  adecuado,  una 
alternativa que no comporte a quien lo promueve un incremento económico sustancial 
respecto del proyecto técnico que ha presentado. Los costes de dichas instalaciones y 
su mantenimiento son exclusivamente de los propietarios que se benefician de ellas. Con 
la voluntad de impulsar estos tipos de instalaciones, se adopta el mismo protocolo de 
actuaciones establecido por el artículo 553-36.3 respecto de la instalación de puntos de 
carga individual de vehículos eléctricos.
Finalmente, la nueva redacción de la letra b) del artículo 553-25.2 conduce a que se 
tenga que incluir en el artículo 553-44 la eficiencia energética o hídrica dentro del listado 
de condiciones que el inmueble tiene que cumplir según la normativa vigente. El artículo 
identifica los deberes de conservación y mantenimiento de las instalaciones existentes 
en  los  elementos  comunes  del  edificio  por  parte  de  los  propietarios,  así  como  la 
contribución  de  estos  a  los  gastos  que  se  deriven  de  ello.  Un  nuevo  apartado  2 
especifica que, cuando las infraestructuras para la mejora de la eficiencia energética o 
hídrica  y  los  sistemas  de  energías  renovables  han  sido  instaladas  en  elementos 
comunes o en elementos comunes de uso exclusivo y de ellas se obtiene un beneficio  es
particular, los gastos de conservación y de mantenimiento son a cargo de los propietarios  o
que se benefician de ello. 07www.
III
Esta regulación se fundamenta en el artículo 129 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho 
civil, excepto en las materias que el artículo 149.1.8 de la Constitución española atribuye 
en todo caso al Estado. Asimismo, el artículo 144 del Estatuto atribuye a la Generalitat 
de Catalunya la competencia compartida en materia de protección de medio ambiente y 
el artículo 133, la competencia compartida en materia de energía, que incluye el fomento 
y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
Hay que hacer uso de estas competencias para reforzar la lucha contra el cambio 
climático y la transición hacia una energía más limpia y sostenible. Así, se da continuidad 
a  la  Directiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de 
diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, al 
Acuerdo de París de 22 de abril de 2015 sobre el cambio climático y a las recientes leyes 
aprobadas en materia de cambio climático, como la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del 
cambio climático.
La  modificación  pretendida  da  cumplimiento  al  mandato  de  la  disposición  final 
primera del Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las 
energías renovables distribuidas y participadas de acuerdo con la cual el Gobierno, en el 
plazo de tres meses, tiene que impulsar las modificaciones legislativas necesarias para 
facilitar la implantación de fuentes de energía renovables en los edificios.
IV
El  decreto-ley  también  incorpora  medidas  relativas  a  las  personas  jurídicas  de 
derecho privado sujetas a las disposiciones de derecho civil catalán. Como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y para poder paliar los efectos negativos 
de esta crisis, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado diferentes medidas en varios 
ámbitos, entre las cuales figuran las relativas a las entidades privadas. Las restricciones 
impuestas, especialmente con respecto a la movilidad, aforo y distancia física mínima 
interpersonal podían repercutir negativamente en el funcionamiento normalizado de los 
órganos de estas entidades, con respecto al cumplimiento de las obligaciones legales y 
estatutarias. El Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-
ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 dispone, de 
manera  excepcional  y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021,  que  los  órganos  de  las 
personas jurídicas sujetas a las disposiciones de derecho civil catalán se puedan reunir y 
puedan adoptar acuerdos por videoconferencia o por otros medios de comunicación, así 
como adoptar acuerdos sin reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan.
Transcurrido casi un año desde la aprobación del Decreto-ley 53/2020, de 22 de 
diciembre, hay que valorar de nuevo el marco normativo que regula el funcionamiento de 
estas  entidades.  La  evolución  epidemiológica  ha  permitido  levantar  muchas  de  las 
restricciones hasta ahora vigentes. No obstante, las estadísticas de las últimas semanas 
señalan un ligero y constante incremento de contagios de la COVID-19 y que Cataluña 
vuelve a encontrarse en una situación de riesgo alto.
Ante este aumento notable de la incidencia de la COVID-19, con el objetivo prioritario 
de proteger la salud de la ciudadanía, garantizar el control de los brotes epidémicos y 
contener la propagación de la enfermedad y, a la vez, establecer un marco regulador que 
otorgue seguridad jurídica, este decreto-ley amplía hasta 31 de diciembre de 2022 la  e.
posibilidad que los órganos de las personas jurídicas de derecho privado puedan adoptar  w.
acuerdos por medio de videoconferencia o por otros medios sin reunión, así como  07ww
adoptar acuerdos sin reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan.
V
El objetivo principal de la iniciativa es facilitar la instalación de placas solares fotovoltaicas 
para autoconsumo, es decir, para autoproducción de electricidad, en las cubiertas de los 
edificios plurifamiliares que representan el 74 % de las viviendas de Cataluña.
La  energía  solar  fotovoltaica,  junto  con  la  eólica,  será  crucial  en  la  transición 
energética hacia un modelo 100 % renovable. E, inevitablemente, parte de la energía 
fotovoltaica que necesitaremos para cubrir nuestras necesidades futuras se tendrá que 
instalar sobre el terreno y, por lo tanto, habrá que maximizar la ocupación de cubiertas 
para la instalación de placas fotovoltaicas.
En este sentido, los fondos de recuperación Next Generation EU son el mayor 
paquete de estímulo económico europeo que ha habido nunca en la historia de la Unión 
Europea y se destinarán en gran parte a financiar proyectos de transición ecológica y 
digital y crecimiento sostenible.
En el marco de estos fondos, el Gobierno estatal ha aprobado un conjunto de 
medidas de carácter económico dirigidas a rehabilitar el parque de edificios y viviendas a 
fin  de  que  se  vuelvan  más  sostenibles.  De  esta  manera,  ha  impulsado  incentivos 
fiscales, una línea de avales para las comunidades de propietarios y seis programas de 
ayuda para la rehabilitación residencial y la construcción de vivienda social que serán 
distribuidos entre las comunidades autónomas a fin de que estas convoquen las ayudas. 
Concretamente, a Cataluña le corresponderán más de 186 millones de euros y, de estos, 
32,57 millones de euros se destinarán a subvencionar instalaciones de autoconsumo en 
el sector residencial, en las administraciones públicas y en el tercer sector.
Estos fondos son, por lo tanto, una oportunidad única para dinamizar la rehabilitación 
de  viviendas.  Se  calcula  que  podrían  salir  beneficiadas  unas  25.000  viviendas.  Sin 
embargo, a fin de que así sea, es necesario y urgente modificar de la manera más ágil 
posible la regulación del Código civil de Cataluña en materia de propiedad horizontal y 
hacer que esta facilite la adopción de acuerdos de mejora de la eficiencia energética y/o 
hídrica de los inmuebles así como el uso de sistemas de energías renovables. En este 
sentido, el instrumento normativo que permite resolver a tiempo las trabas en la adopción 
de acuerdos que genera la regulación normativa actual es el decreto-ley. No hay ninguna 
otra herramienta de elaboración de normas ni siquiera el procedimiento de lectura única 
que pueda satisfacer a tiempo la necesidad de urgencia descrita. Solo con la modificación 
normativa pretendida a través de decreto-ley se podrán destinar de manera ágil y efectiva 
las ayudas a la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas catalán.
Sin embargo, la figura del decreto-ley también permite dar cumplimiento a tiempo al 
mandato que deriva de la disposición final primera del Decreto-ley 24/2021, de 26 de 
octubre,  de  aceleración  del  despliegue  de  las  energías  renovables  distribuidas  y 
participadas, según el cual el Gobierno tiene que impulsar, en el plazo de tres meses, las 
modificaciones legislativas necesarias para facilitar la implantación de fuentes de energía 
renovable en los edificios.
En cuanto a las entidades privadas sujetas a las disposiciones de derecho civil 
catalán, hace falta una acción normativa inmediata que dé continuidad a la regulación 
actual dado que esta pierde vigencia a 31 de diciembre de 2021 y, a la vez, que se 
adecue al contexto pandémico existente en estos momentos y permita a las entidades 
funcionar  con  regularidad  y  seguridad.  En  este  caso,  el  procedimiento  legislativo 
ordinario también hace inviable esta inmediatez de modo que es necesario recurrir a la 
figura del decreto-ley que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución española y el  s
artículo  64.1  del  Estatuto  de  autonomía  de  Cataluña,  faculta  al  Gobierno  a  dictar  e.
disposiciones legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad,  w.
supuesto habilitante que se da en esta iniciativa. Además, las medidas propuestas son  07ww
congruentes y están en relación directa con la situación que se tiene que afrontar.
Por lo tanto, en uso de la autorización que me concede el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno,
A propuesta de la consejera de Justicia y previa deliberación del Gobierno, decreto:
Artículo único. Modificación de los artículos 553-25, 553-26, 553-30, 553-42, 553-43 
y 553-44 del libro quinto del Código civil de Cataluña.
1. Se modifica el artículo 553-25 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 553-25. Régimen general de adopción de acuerdos.
1. Solo se pueden adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden 
del día.
2. Se adoptan por mayoría simple de los propietarios que han participado en 
cada votación, que tiene que representar, al mismo tiempo, la mayoría simple del 
total de sus cuotas de participación, los acuerdos que hacen referencia a:
a) La ejecución de obras o el establecimiento de servicios que tienen la 
finalidad  de  suprimir  barreras  arquitectónicas  o  la  instalación  de  ascensores, 
aunque el acuerdo comporte la modificación del título de constitución y de los 
estatutos  o  aunque  las  obras  o  los  servicios  afecten  a  la  estructura  o  la 
configuración exterior.
b) Las innovaciones exigibles para la habitabilidad, accesibilidad, seguridad del 
inmueble o eficiencia energética o hídrica según su naturaleza y características, 
aunque el acuerdo comporte la modificación del título de constitución y de los 
estatutos o afecten a la estructura o a la configuración exterior.
c) La ejecución de las obras para instalar infraestructuras comunes o equipos 
con la finalidad de mejorar la movilidad de los usuarios, para conectar servicios de 
telecomunicaciones  de  banda  ancha  o  para  individualizar  la  medición  de  los 
consumos de agua, gas o electricidad o para la instalación general de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos aunque el acuerdo comporte la modificación del 
título de constitución y de los estatutos.
d) La ejecución de las obras para instalar infraestructuras comunes o equipos 
con la finalidad de mejorar la eficiencia energética o hídrica, así como para instalar 
sistemas de energías renovables de uso común en elementos comunes, aunque el 
acuerdo comporte la modificación del título de constitución y de los estatutos o 
afecten a la estructura o a la configuración exterior.
e) La ejecución de las obras para instalar infraestructuras o equipos con la 
finalidad de mejorar la eficiencia energética o hídrica, así como para instalar 
sistemas de energías renovables de utilidad particular en elementos comunes, a 
solicitud de los propietarios interesados, aunque afecten a la estructura o a la 
configuración exterior. El acuerdo adoptado incluye, si la instalación existente lo 
permite, el acceso de otros propietarios siempre que abonen el importe que les 
hubiera correspondido cuando se hizo la instalación, debidamente actualizado, así 
como el coste de la adaptación necesaria para tener acceso. Los propietarios que 
quieran tener acceso a las instalaciones preexistentes tienen que comunicarlo 
previamente a la presidencia o a la administración de la comunidad. es
f) La participación en la generación de energías renovables compartidas con  o
otras  comunidades  de  propietarios,  así  como  también  con  comunidades  07www.
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anteriores.
h) Las normas del reglamento de régimen interior.
i) El acuerdo de someter a mediación cualquier cuestión propia del régimen 
de la propiedad horizontal.
j) Los acuerdos que no tengan fijados una mayoría diferente para adoptarlos.
3. Para el cálculo de las mayorías se computan los votos y las cuotas de los 
propietarios que han participado en la votación de cada uno de los puntos del 
orden del día, sea de manera presencial, sea por representación o por delegación 
del voto. En los casos que un elemento privativo pertenezca a varios propietarios, 
estos tienen conjuntamente un único voto indivisible en razón de la propiedad de 
dicho elemento privativo. La adopción del acuerdo por mayoría simple requiere 
que los votos y cuotas a favor superen los votos y cuotas en contra.
4. Los acuerdos que modifiquen la cuota de participación, los que priven a 
cualquier propietario de las facultades de uso y disfrute de elementos comunes y 
los que determinen la extinción del régimen de la propiedad horizontal simple o 
compleja requieren el consentimiento expreso de los propietarios afectados.
5. Los propietarios o titulares de un derecho posesorio sobre el elemento 
privativo, en caso de que ellos mismos o las personas con quienes conviven o 
trabajan  sufran  alguna  discapacidad  o  sean  mayores  de  setenta  años,  si  no 
consiguen que se adopten los acuerdos a qué hacen referencia las letras a) y b) 
del apartado 2, pueden pedir a la autoridad judicial que obligue a la comunidad a 
suprimir las barreras arquitectónicas o a hacer las innovaciones exigibles, siempre 
que  sean  razonables  y  proporcionadas,  para  alcanzar  la  accesibilidad  y 
transitabilidad del inmueble en atención a la discapacidad que las motiva.
6. A los efectos únicamente de la legitimación para la impugnación de los 
acuerdos  y  la  exoneración  del  pago  de  gastos  para  nuevas  instalaciones  o 
servicios comunes, los propietarios que no han participado en la votación se 
pueden oponer al acuerdo por medio de un escrito enviado a la secretaría, por 
cualquier  medio  fehaciente,  en  el  plazo  de  un  mes  desde  que  les  ha  sido 
notificado. Si una vez pasado el mes no han enviado el escrito de oposición, se 
considera que se adhieren al acuerdo.»
2. Se modifica el artículo 553-26 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo  553-26. Adopción  de  acuerdos  por  unanimidad  y  por  mayorías 
cualificadas.
1. Se requiere el voto favorable de todos los propietarios con derecho al voto 
para:
a) Modificar las cuotas de participación.
b) Desvincular un anexo.
c) Vincular  el  uso  exclusivo  de  patios,  jardines,  terrazas,  cubiertas  del 
inmueble u otros elementos comunes a uno o varios elementos privativos.
d) Ceder gratuitamente el uso de elementos comunes que tienen un uso 
común.
e) Constituir  un  derecho  de  sobreelevación,  subedificación  y  edificación 
sobre el inmueble. s
f) Extinguir  el  régimen  de  propiedad  horizontal,  simple  o  compleja,  y  oe.
convertirla en un tipo de comunidad diferente. w.
g) Acordar la integración en una propiedad horizontal compleja. 07ww
horizho) ntaSlo, ma emteern oas a qrbuietr ahjaey acu uanlqau dieisrp couseicsitóiónn e rsetalatutivtaar iaa l croéngtirmareian. de la propiedad
2. Es  necesario  el  voto  favorable  de  las  cuatro  quintas  partes  de  los 
propietarios con derecho al voto, que tienen que representar al mismo tiempo las 
cuatro quintas partes de las cuotas de participación, para:
a) Modificar el título de constitución y los estatutos, salvo que exista una 
disposición legal en sentido contrario.
b) Adoptar  acuerdos  relativos  a  innovaciones  físicas  en  el  inmueble,  si 
afectan a su estructura o configuración exterior, salvo los supuestos regulados en 
las letras b), d) y e) del artículo 553-25.2, así como los relativos a la construcción 
de piscinas e instalaciones recreativas.
c) Desafectar un elemento común.
d) Constituir, enajenar, gravar y dividir un elemento privativo de beneficio 
común.
e) Acordar cuotas especiales de gastos, o un incremento en la participación 
en  los  gastos  comunes  correspondientes  a  un  elemento  privativo  por  el  uso 
desproporcionado de elementos o servicios comunes, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 553-45.4.
f) Acordar la extinción voluntaria del régimen de propiedad horizontal por 
parcelas.
g) La cesión onerosa del uso y el arrendamiento de elementos comunes que 
tienen un uso común por un plazo superior a quince años.
h) Los  contratos  de  financiación  que  tengan  un  plazo  de  amortización 
superior a quince años.
3. Los acuerdos de los apartados 1 y 2 se entienden adoptados:
a) Si se requiere la unanimidad, cuando han votado favorablemente todos los 
propietarios que han participado en la votación y, en el plazo de un mes desde la 
notificación del acuerdo, no se ha opuesto ningún otro propietario mediante un 
escrito enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente.
b) Si  se  requieren  las  cuatro  quintas  partes,  cuando  ha  votado 
favorablemente la mayoría simple de los propietarios y de las cuotas participantes 
a la votación y, en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo, se alcanza 
la mayoría cualificada contando como voto favorable la posición de los propietarios 
ausentes que, en dicho plazo, no se han opuesto al acuerdo mediante un escrito 
enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente.»
3. Se modifica el artículo 553-30 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 553-30. Vinculación de los acuerdos.
1. Los acuerdos adoptados por la junta son obligatorios y vinculan a todos los 
propietarios, incluso a los disidentes.
2. No obstante lo que establece el apartado 1, los propietarios disidentes no 
están obligados a satisfacer los gastos originados por las nuevas instalaciones o 
nuevos servicios comunes que no sean exigibles de acuerdo con la ley si el valor 
total del gasto acordado es superior a la cuarta parte del presupuesto anual 
vigente de la comunidad una vez descontadas las subvenciones o las ayudas 
públicas y los costes derivados de la obtención de crédito necesario con entidades  e.
financieras. Los propietarios solo pueden disfrutar de las nuevas instalaciones o  w.b
los nuevos servicios si satisfacen el importe de los gastos de ejecución y de  07ww
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la habitabilidad del edificio son a cargo de todos los propietarios si derivan de un
acuerdo  de  la  junta.  Si  derivan  de  una  decisión  judicial  conforme  al 
artículo 553-25-5, la autoridad judicial es quien fija el importe en función de los 
gastos ordinarios comunes de la comunidad.
4. Los gastos originados por las obras de instalación de infraestructuras o 
equipos comunes con la finalidad de mejorar la eficiencia energética o hídrica, así 
como de la instalación de sistemas de energías renovables de uso común en 
elementos comunes, son a cargo de todos los propietarios si derivan del acuerdo 
de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 553-25.2.d). Los 
propietarios disidentes, en todo caso, están obligados si el valor total del gasto 
acordado no excede las tres cuartas partes del presupuesto anual vigente de la 
comunidad en razón de los gastos comunes ordinarios, una vez descontadas las 
subvenciones  o  las  ayudas  públicas  que  les  puedan  corresponder  por  este 
concepto.
5. Los propietarios que, sin causa justificada, se opongan a las actuaciones u 
obras necesarias y exigidas por la autoridad competente o las demoren responden 
individualmente de las sanciones que se impongan en vía administrativa.»
4. Se modifica el artículo 553-42 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 553-42. Uso y disfrute de los elementos comunes.
1. El uso y disfrute de los elementos comunes corresponde a todos los 
propietarios de elementos privativos y debe adaptarse al destino establecido por 
los estatutos o al que resulte normal y adecuado a su naturaleza, sin perjudicar el 
interés de la comunidad.
2. En caso de que la junta acuerde instalaciones para la eficiencia energética 
o  hídrica  o  de  sistemas  de  energía  renovable  para  el  uso  comunitario  en 
elementos comunes donde existan instalaciones o sistemas de utilidad particular 
previamente  autorizadas,  incompatibles  con  el  nuevo  acuerdo,  la  comunidad 
asume la remoción y debe indemnizar los daños que la remoción comporte al 
propietario.»
5. Se modifica el artículo 553-43 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 553-43. Elementos comunes de uso exclusivo.
1. En el título de constitución o por acuerdo unánime de la junta, se puede 
vincular a uno o a varios elementos privativos el uso exclusivo de patios, jardines, 
terrazas, cubiertas del inmueble u otros elementos comunes. Esta vinculación no 
los hace perder la naturaleza de elemento común.
2. Los propietarios de los elementos privativos que tienen el uso y disfrute 
exclusivo de los elementos comunes asumen todos los gastos de conservación y 
mantenimiento  y  tienen  la  obligación  de  conservarlos  adecuadamente  y 
mantenerlos en buen estado.
3. Los propietarios de los elementos privativos que tienen el uso exclusivo de 
los  elementos  comunes  pueden  ejecutar  obras  de  mejora  para  la  eficiencia 
energética o hídrica o la instalación de sistemas de energías renovables en dichos  s
elementos comunes, haciéndose cargo de los costes que se deriven, así como de  e.
los gastos de mantenimiento. En todo caso, tienen que enviar el proyecto técnico  w.
con  treinta  días  de  antelación  del  inicio  de  la  obra  a  la  presidencia  o  a  la  07ww
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propietarios pueden llevar a cabo dichas obras o instalaciones.
4. Las reparaciones que se deben a vicios de construcción o estructurales, 
originarios o sobrevenidos, o las reparaciones que afectan y benefician todo el 
inmueble, son a cargo de la comunidad, a menos que sean consecuencia de un 
mal uso o de una mala conservación.»
6. Se modifica el artículo 553-44 del libro quinto del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 553-44. Conservación y mantenimiento de los elementos comunes.
1. La comunidad tiene que conservar los elementos comunes del inmueble, 
de  manera  que  cumpla  las  condiciones  estructurales,  de  habitabilidad,  de 
accesibilidad, de estanquidad, de seguridad y de eficiencia energética o hídrica, 
según la normativa vigente y tiene que mantener en funcionamiento correcto los 
servicios y las instalaciones. Los propietarios tienen que asumir las obras de 
conservación y reparación necesarias.
2. Los propietarios que se benefician de la instalación de infraestructuras o 
equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica o de sistemas de energías 
renovables de utilidad particular situados en elementos comunes o en elementos 
comunes de uso exclusivo tienen que asumir la conservación y el mantenimiento 
en su totalidad.»
Disposición derogatoria.
Se deroga el Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-
ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19.
Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por 
el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 
sanitario, económico y social de la COVID-19.
Se modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se 
establecen  nuevas  medidas  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  sanitario, 
económico y social de la COVID-19, que queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 4. Medidas aplicables a les personas jurídicas de derecho privado 
sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán.
De manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2022, los órganos de las 
personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil 
catalán se pueden reunir y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de 
otros medios de comunicación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 312-5.2 
del Código civil de Cataluña, aunque los estatutos no lo establezcan. Si no es 
posible utilizar estos medios, y hasta la misma fecha, también pueden adoptar 
acuerdos sin reunión, de conformidad con lo que dispone el artículo 312-7 del 
Código civil de Cataluña, aunque los estatutos no lo establezcan, siempre que lo 
decida la persona que los preside o que lo soliciten al menos dos miembros o, si 
se trata de la asamblea general de una asociación, un veinte por ciento de las 
personas asociadas.» e.e
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a quienes 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 21 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès i Garcia.–La Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró i Buldó.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8569, de 23 de diciembre de 2021. 
Convalidado por Resolución 219/XIV, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8596, de 1 de febrero de 2022)