BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Martes 9 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 38317
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
5834 Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre 
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre,  de  Tratados  y  otros  Acuerdos  Internacionales,  se  hacen  públicas,  para 
conocimiento  general,  las  comunicaciones  relativas  a  Tratados  Internacionales 
Multilaterales en los que España es parte, que se han recibido en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior (BOE n.º 
19, de 22 de enero de 2020) hasta el 1 de junio de 2020.
A.  POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
AB.  Derechos Humanos
– NITI(1) 19501104200.
(1)  NITI: Número Identificativo del Tratado Internacional en la base de datos de tratados internacionales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS 
LIBERTADES FUNDAMENTALES.
Roma, 04 de noviembre de 1950. BOE: 10-10-1979, N.º 243; 30-06-1981, N.º 155; 
30-09-1986, N.º 234; 06-05-1999, N.º 108.
UCRANIA.
03-12-2019 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN Y RETIRADA PARCIAL.
«Comunicación presentada de conformidad con las obligaciones del Gobierno de 
Ucrania en virtud del apartado 3 del artículo 15 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
1.  Considerando que la Federación de Rusia está cometiendo un delito de agresión 
contra Ucrania y está ocupando temporalmente una parte del territorio ucraniano por 
medio  de  sus  grupos  armados,  compuestos  por  unidades  del  ejército  regular 
dependientes  del  Ministerio  de  Defensa  ruso,  unidades  y  fuerzas  especiales 
dependientes  de  otros  organismos  de  seguridad  de  la  Federación  de  Rusia,  sus 
consejeros e instructores, y por grupos armados ilegales, bandas armadas y grupos de 
mercenarios, establecidos, controlados, financiados y dirigidos por la Federación de 
Rusia, que cuenta con la ayuda de la administración de ocupación de la Federación de 
Rusia, compuesta por sus organismos y estructuras estatales encargadas de gobernar 
los territorios ucranianos temporalmente ocupados, y de entidades autoproclamadas y  es
controladas por la Federación de Rusia que han usurpado las funciones decisorias en  bo
dichos territorios, la Verkhovna Rada de Ucrania ha adoptado, el 18 de enero de 2018, la  34ww
uLsDoneobayn e eurtpacsornkalí íantyi ic aLadnu eah n asUanoccsbirokra enn( aeilalan  s pae padnare arllta oicnsgut aelatr earlarindr itaLtiozderaeyiors  sn  d.laºet  e2 mls2ao6 ppb8ooe)r,alr íatclmincuíayea on e tesodt beajo teactUlou c cperoaasndn  odivasei s fitednaneisr    laolloo sgss  ad roetaebtnarlatrlilizestoats rr i ddoleaes     OE-A-2020-58able en https://
temporalmente ocupados de los oblast de Donetsk y Luhansk.
La  Ley  n.º  2268,  que  entró  en  vigor  el  24  de  febrero  de  2018,  define  las 
particularidades de la política del Estado, para garantizar la soberanía de Ucrania en los 
territorios temporalmente ocupados de los oblast de Donetsk y Luhansk, teniendo en 
cuenta el delito de agresión que se está cometiendo y la ocupación temporal de una 
parte del territorio ucraniano.
Para garantizar el respeto de la soberanía nacional de Ucrania sobre los territorios 
temporalmente ocupados de los oblast de Donetsk y Luhansk, los organismos estatales 
y sus funcionarios, actuando dentro de los límites de su autoridad, y del modo y por los 
motivos previstos por la Constitución y la legislación ucranianas, están tomando medidas 
para garantizar la seguridad y la defensa nacionales, y rechazar y contener la agresión 
armada de la Federación de Rusia (artículo 5.3 de la Ley n.º 2268).
Los medios utilizados para garantizar la seguridad y la defensa nacionales y rechazar 
y contener la agresión armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y 
Luhansk comprenden las medidas de restablecimiento de la integridad territorial de 
Ucrania,  puestas  en  marcha  por  los  organismos  de  seguridad  y  defensa  y  otros 
organismos estatales de Ucrania, así como por sus funcionarios (artículo 7.1 de la Ley 
n.º 2268).
El inicio y la finalización de las medidas para garantizar la seguridad y la defensa 
nacionales y rechazar y contener la agresión armada de la Federación de Rusia en los 
oblast de Donetsk y Luhansk se establecerán en decisiones separadas del Comandante 
en Jefe supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas (artículo 8.3 de la Ley n.º 2268).
El Presidente de Ucrania, en su condición de Comandante en Jefe supremo de las 
Fuerzas Armadas ucranianas, ha dado efecto, mediante el Decreto n.º 116, de 30 de 
abril de 2018, y de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley n.º 2268, a la decisión del 
Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania sobre la adopción de medidas 
para garantizar la seguridad y la defensa nacionales y rechazar y contener la agresión 
armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y Luhansk (en adelante la 
operación de las fuerzas conjuntas).
De conformidad con el artículo 18 de la Ley ucraniana de lucha contra el terrorismo y 
con el Decreto n.º 116 del Presidente de Ucrania, de 30 de abril de 2018, se ha decidido 
poner fin a una operación antiterrorista habida cuenta del lanzamiento de la operación de 
las fuerzas conjuntas.
Así, el 30 de abril de 2018, ha concluido la operación antiterrorista y se han tomado 
medidas para garantizar la seguridad y la defensa nacionales y rechazar y contener la 
agresión armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y Luhansk (la 
operación de las fuerzas conjuntas).
2.  Según el artículo 5 de la Ley ucraniana de administraciones cívico-militares 
(modificada por la Ley n.º 2268), las administraciones de ese tipo presentes en la zona 
de la operación de las fuerzas conjuntas están habilitadas, con el consentimiento del 
comandante  de  las  fuerzas  conjuntas,  para  limitar  la  presencia  de  personas 
indocumentadas en las calles y otros lugares públicos a determinadas horas del día, 
para restringir o prohibir temporalmente la circulación de vehículos y peatones en las 
calles y carreteras, así como en ciertas zonas del territorio, y para proceder a controles 
de identidad y, si fuera necesario, a la inspección de los efectos personales, vehículos, 
equipaje y mercancías, oficinas y viviendas de los ciudadanos, salvo las restricciones 
previstas por la Constitución ucraniana.
En las zonas de seguridad adyacentes a las zonas de combate, los organismos de 
seguridad y defensa y las demás autoridades estatales ucranianas, en virtud de un  s
procedimiento especial, tienen los poderes especiales necesarios para llevar a cabo  oe.
dicha operación (artículo 8.2 de la Ley n.º 2268). w.
A fin de preservar los intereses vitales de la sociedad y del Estado en las zonas de  34ww
asermguardidaa, de l apdeyrascoennatle sm iali talar,s  lazso nfuaesr zdaes  cdoeml obradtee n dyu ralanst ep elars orensapsu ae sqtau ea  slea  raegfireersei óenl 
aernt íclau loop 8e rdaec iólan  Ldeey  lna.sº  f2u2e6rz8a qsu ceo pnajurntictaipse pno ednrá lna,  adpel iccaocnifóonrm died alads c mone dloid adsis peunemsatorc eand alas   BOE-A-cable e
Constitución y la legislación ucraniana: 1) emplear, en caso de absoluta necesidad, la 
fuerza armada u otros medios extraordinarios contra personas que hayan cometido o 
estén cometiendo delitos u otros actos que dificulten la ejecución de exigencias legítimas 
formuladas por los participantes en la operación de las fuerzas conjuntas, o que intenten 
entrar sin permiso en la zona de aplicación de las medidas mencionadas; 2) detener a 
las personas indicadas en el apartado 1 y entregárselas a la policía nacional ucraniana; 
3) proceder a controles de identidad de ciudadanos y funcionarios y, en caso de no 
presentar la documentación correspondiente, detenerlos para verificar su identidad; 4) 
realizar registros a los ciudadanos e inspeccionar sus efectos personales, su vehículo y 
los  bienes  que  transporten;  5)  restringir  o  prohibir  temporalmente  la  circulación  de 
vehículos y peatones en calles y carreteras, prohibir la entrada de vehículos, personas y 
bienes a ciertas zonas del territorio, evacuar a los habitantes y bienes de ciertas zonas 
del  territorio  y  retirar  vehículos;  6)  acceder  a  viviendas  u  otros  locales,  terrenos 
particulares o sedes o locales de empresas, instituciones u organismos, e inspeccionar 
vehículos para ejecutar la operación de las fuerzas conjuntas; 7) utilizar, con fines 
oficiales,  medios  de  comunicación  y  transporte,  incluidos  medios  especiales, 
pertenecientes a ciudadanos (con su consentimiento), o a empresas, instituciones y 
organismos, excepto los vehículos que pertenezcan a representaciones diplomáticas, 
consulares y de otra índole de Estados extranjeros y organizaciones internacionales.
Durante la aplicación de dichas medidas, el comandante de las fuerzas conjuntas 
podrá imponer restricciones temporales a la presencia, en la zona de la operación de las 
fuerzas conjuntas, de personas que no participen en la misma (artículo 12.4 de la Ley n.º 
2268).
La aplicación de estas medidas podrá llevar a Ucrania a suspender las obligaciones 
que le corresponden en aplicación de los artículos 9, 12 y 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, de los artículos 5 y 8 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y del artículo 2 del Protocolo n.º 
4 de dicho Convenio, y a tener que prorrogar dicha suspensión.
3.  En virtud del artículo 2.8 de la Ley n.º 2268, durante el desarrollo de la operación 
de las fuerzas conjuntas, la competencia territorial para los asuntos que normalmente 
competerían a los órganos jurisdiccionales de los territorios temporalmente ocupados de 
los oblast de Donetsk y Luhansk se determinará con arreglo a la Ley ucraniana n.º 1632-
VII de 12 de agosto de 2014, de administración de justicia y de procedimiento penal en 
relación con la lucha antiterrorista (en adelante, la Ley n.º 1632).
Según lo dispuesto en el artículo 2.8 de la Ley n.º 2268, la Ley n.º 1632 establece 
determinadas  medidas  jurídicas  aplicables  a  la  zona  de  operación  de  las  fuerzas 
conjuntas a fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas físicas y jurídicas.
En aplicación del artículo 1 de la Ley n.º 1632, se modifica la competencia territorial 
para  los  asuntos  que  normalmente  serían  de  la  competencia  de  los  órganos 
jurisdiccionales de la zona de operación de las fuerzas conjuntas, pues a algunos de 
dichos  órganos  les  es  imposible  administrar  justicia.  Así,  los  asuntos  civiles, 
administrativos,  mercantiles  y  penales  se  someterán  a  los  tribunales  locales  y  de 
apelación designados por el Presidente del Tribunal Supremo.
En caso de que a un juez de instrucción le resulte imposible administrar justicia en la 
fase de investigación preliminar de un procedimiento penal celebrado en la zona de 
operación de las fuerzas conjuntas, serán los jueces de instrucción de la jurisdicción 
ordinaria local designados por el Presidente del Tribunal Supremo quienes examinarán 
las cuestiones de la competencia de aquel (artículo 1.2. de la Ley n.º 1632). s
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado la cuestión del acceso a la  oe.
justicia en los territorios que no estén bajo el control de Ucrania en las causas Khlebik c.  w.
Ucrania y Tsezar y otros c. Ucrania. El Tribunal ha declarado que la imposibilidad de los  34ww
sinut edreerseacdhoos  ddee  aacccuedsior  aal  ltari bjuusntiacli ad,e y s hua l udgeater rdmein raedsoid eqnucei an on oh acboínas vtiitoulíaac iuónna d veilo alarctíicóunl od e6 
del Convenio.
En el apartado 52 de la sentencia recaída en la causa Tsezar y otros c. Ucrania 
(demandas n.os 73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 y 7289/15 
de 13 de febrero de 2018), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido 
que en algunas ocasiones las autoridades del Estado podían tener dificultades para 
garantizar el buen funcionamiento de su sistema judicial en ciertas zonas debido a las 
hostilidades continuadas. No obstante, el Tribunal ha declarado que las autoridades del 
Estado  tenían  que  tomar  ciertas  medidas  para  resolver  el  problema,  por  ejemplo, 
autorizando expresamente a los demandantes a acudir a los órganos jurisdiccionales de 
otra zona del Estado.
En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Ucrania, 
al  tomar  las  medidas  anteriormente  expuestas,  no  ha  incumplido  sus  obligaciones 
derivadas del artículo 6 del Convenio.
A la vista de lo anteriormente expuesto, no es preciso mantener la suspensión de las 
obligaciones de Ucrania derivadas del artículo 14 del Pacto y del artículo 6 del Convenio.
4.  La Ley por la que se modifica la Ley ucraniana de lucha contra el terrorismo, 
relativa a la detención preventiva superior a las 72 horas de las personas que participen 
en actividades terroristas en la zona de operaciones antiterroristas permite la detención 
preventiva de esas personas durante más de 72 horas pero no más de 30 días, con el 
consentimiento de la Oficina del Fiscal y sin orden judicial. Esta Ley es aplicable en la 
zona de operaciones antiterroristas, pero no se ha hecho extensiva a la operación de las 
fuerzas conjuntas.
En consecuencia, no son aplicables a la operación de las fuerzas conjuntas, desde el 
momento de su puesta en marcha, es decir, el 30 de abril de 2018, las disposiciones 
relativas a la detención preventiva previstas en la Ley por la que se modifica la Ley 
ucraniana de lucha contra el terrorismo, relativa a la detención preventiva superior a 
las 72 horas de las personas que participen en actividades terroristas en la zona de 
operaciones antiterroristas.
5.  La Ley ucraniana por la que se modifica el Código de Procedimiento Penal 
ucraniano en lo referente al régimen especial de investigación preliminar bajo la ley 
marcial, en situaciones de emergencia o en la zona de operaciones antiterroristas, prevé, 
mientras duren la operaciones antiterroristas, un régimen especial según el cual se 
transfieren  temporalmente  las  facultades  de  los  jueces  de  instrucción,  tal  como  se 
establecen  en  el  Código  de  Procedimiento  Penal  ucraniano,  a  los  fiscales 
correspondientes, a quienes se confieren derechos adicionales en materia procesal. Esta 
Ley es aplicable en la zona de las operaciones antiterroristas, pero no se ha hecho 
extensiva a la operación de las fuerzas conjuntas.
En consecuencia, no son aplicables a la operación de las fuerzas conjuntas, desde el 
momento de su puesta en marcha, es decir, el 30 de abril de 2018, las disposiciones 
relativas al régimen especial de investigación preliminar, adoptado en virtud de la Ley 
ucraniana por la que se modifica el Código de Procedimiento Penal ucraniano en lo 
referente  al  régimen  especial  de  investigación  preliminar  bajo  la  ley  marcial,  en 
situaciones de emergencia o en la zona de las operaciones antiterroristas.
II
Territorio a que se refiere la suspensión
Las disposiciones especiales dirigidas a garantizar los derechos y libertades de los 
civiles se aplicarán: e.e
– en la zona de seguridad adyacente a la zona de combate, donde confieren a los  34ww
aeddgsiirrtiirggaeietsdaniaóletsnes  s aau r dcmgreaaa nrldoaiaasn n tdioozesra g,rl aa lo lnasFi s epsmdoeeodgrseua rrcdeidióesa n eds s depyeg e ulRcariiu addslaeiedasf   e(nynpe srdciamee sfenearan rcaisoipaosa,n  praataalserdías o  c pyodo menrlee ocar  hraetaí nczo uamtlrroo a ysr8c  .h2cooa rgdn maeten elniadse mirLd eaolayss     OE-A-2020-58able en https://
n.º 2268).
Los límites de las zonas de seguridad adyacentes a la zona de combate serán 
determinados por el Jefe del Estado Mayor y el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas ucranianas, a propuesta del comandante de las fuerzas conjuntas (segundo 
apartado del artículo 8.2 de la Ley n.º 2268).
Los límites de las zonas de seguridad adyacentes a la zona de combate quedarán 
establecidos de la manera siguiente: Vynohradne, Kurakhove, Ocheretyne, Rozivka, 
Vovcheyarivka, Bila Hora, Novoaidar, Sadky, Makarivka, Prostyane, a lo largo de la 
frontera del Estado, Chernyavka, a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de 
Luhansk y Kharkiv, Olhivka, a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de 
Donetsk y Kharkiv, Znamenivka, a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de 
Donetsk y Dnipropetrovsk, Komyshuvakha, a lo largo de la frontera administrativa de los 
oblast de Donetsk y Zaporizhia, Urzuf, a lo largo de su zona costera, y Prymorske;
– en la zona de aplicación de las medidas destinadas a garantizar la seguridad y la 
defensa nacionales y rechazar y contener la agresión armada de la Federación de Rusia 
en los oblast de Donetsk y Luhansk, es decir: población de Shyrokine, a lo largo de la 
línea de contacto, población de Parkhomenko, a lo largo de la frontera estatal ucraniana, 
población de Novoznamianka, a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de 
Donetsk y Luhansk, población de Urzuf.
Si la agresión armada de la Federación de Rusia se extendiese fuera del territorio de 
la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, así como de los oblast 
de Donetsk y Luhansk, se deberán movilizar y utilizar fuerzas y medios especiales para 
rechazar y contener la agresión en todo momento y en cualquier lugar del territorio 
ucraniano, como se menciona en el artículo 8 de esta Ley y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 9 (artículo 10 de la Ley n.º 2268).
III
Territorios de Ucrania temporalmente ocupados en los oblast de Donetsk y Luhansk
El día en que se aprobó la Ley n.º 2268, los territorios temporalmente ocupados de 
los oblast de Donestk y Luhansk fueron reconocidos como partes del territorio ucraniano 
en las que los grupos armados de la Federación de Rusia y la administración de 
ocupación instaurada por la Federación de Rusia han establecido y ejercen un control 
general: el territorio terrestre y las aguas interiores en ciertos distritos, las ciudades y las 
poblaciones  de  las  regiones  de  Donetsk  y  Luhansk;  las  aguas  marinas  interiores 
adyacentes a la tierra firme; el subsuelo y el espacio aéreo de dichos territorios (parte 1 
del artículo 1 de la Ley n.º 2268).
El  Presidente  de  Ucrania,  a  propuesta  del  Ministerio  de  Defensa  ucraniano, 
redactada sobre la base de las propuestas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
ucranianas, es el encargado de determinar los límites y la lista de distritos, ciudades y 
poblaciones, así como las zonas temporalmente ocupadas en las regiones de Donetsk y 
Luhansk (segunda parte del artículo 1 de la Ley n.º 2268).
En el Decreto n.º 32 del Presidente de Ucrania, de 7 de febrero de 2019, sobre los 
límites  y  la  lista  de  distritos,  ciudades  y  poblaciones  y  las  zonas  temporalmente 
ocupadas de los oblast de Donetsk y Luhansk, se determinan los límites y la lista de 
distritos, ciudades y poblaciones, así como las zonas temporalmente ocupadas de los 
oblast de Donetsk y Luhansk.
Las disposiciones especiales dirigidas a garantizar los derechos y libertades de los  es
civiles en los territorios temporalmente ocupados de los oblast de Donetsk y Luhansk  bo
figuran  en  la  Ley  n.º  2268,  así  como  en  otras  leyes  ucranianas  y  acuerdos  34ww
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IV
Seguridad en la zona de la operación de las fuerzas conjuntas (a 16 de septiembre 
de 2019)
1.  Aunque el grupo de contacto trilateral haya decidido declarar un alto el fuego 
global, duradero y permanente a partir de las 0 horas del 21 de julio de 2019, el número 
de bombardeos que se han producido en agosto y septiembre de 2019 indica una 
tendencia al alza, y muestra que están disminuyendo el control y el mando que ejercen 
las fuerzas de ocupación rusas en relación con el respeto del alto el fuego.
2.  Actualmente, se producen una media de 16 bombardeos diarios (10 al día en 
agosto de 2019). En septiembre de 2019, las posiciones de la operación de las fuerzas 
conjuntas han sufrido 70 ataques con armamento pesado lanzados por las fuerzas 
armadas de la Federación de Rusia, recibiendo 479 disparos de artillería y mortero (25 
ataques con armamento pesado en agosto de 2019, es decir, 194 disparos de artillería y 
mortero). Por otra parte, dos militares murieron y tres resultaron heridos en cuatro 
ataques de francotiradores (en agosto, dos militares murieron y tres resultaron heridos 
en cinco ataques de francotiradores).
En total, en agosto y septiembre de 2019, han muerto 16 militares y 47 han resultado 
heridos.
3.  En  septiembre  de  2019,  las  fuerzas  armadas  de  la  Federación  de  Rusia 
bombardearon zonas residenciales en dos ocasiones (cuatro veces en agosto, hiriendo a 
un civil y dañando dos edificios residenciales).
4.  Las fuerzas de ocupación cuentan con un total de 30.000 efectivos. Unos 2.100 
instructores de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia se hacen cargo de formar 
especialistas en inteligencia militar y guerra radioelectrónica, y para participar en las 
operaciones de combate en los territorios temporalmente ocupados de las regiones de 
Donetsk y Luhansk. Se producen continuamente entregas de combustible y lubricante, 
así como de munición, desde el territorio de la Federación de Rusia, en apoyo de las 
fuerzas de ocupación rusas.
La  Federación  de  Rusia  sigue  reforzando  sus  capacidades  militares  y  ha 
intensificado las maniobras militares ofensivas de las distintas ramas de sus fuerzas 
militares en las inmediaciones de la frontera ucraniana.
La Federación de Rusia despliega a lo largo de la frontera ucraniana 28 batallones 
de  grupos  tácticos  que  cuentan  con  más  de  22.000  efectivos.  En  el  terreno  de 
entrenamiento militar de la región de Rostov, en particular, están asentados 12 batallones 
de grupos tácticos 8A (es decir, 7.500 hombres) con capacidad para desplegarse en 
menos de 24 horas. Además, 16 batallones de grupos tácticos de las fuerzas armadas 
rusas (es decir, 14.500 hombres) están desplegados en los alrededores de Smolensk, 
Orolvsko-Voronezh y Crimea.
5.  Para ocultar los desplazamientos de tanques y de artillería, las fuerzas armadas 
de  la  Federación  de  Rusia  utilizan  sistemáticamente  métodos  modernos  de  guerra 
radioelectrónica, que hacen imposible la utilización de drones de la misión especial de 
observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
concretamente en dos ocasiones en septiembre de 2019.»
– NITI 19540928200.
CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS.
Nueva York, 28 de septiembre de 1954. BOE: 04-07-1997, N.º 159. e.
MALTA. 34ww
1110--1023--22001290  AEDNHTRESAIDÓAN E.N VIGOR, con las siguientes reservas: OE-A-2020-58able en https://
«La República de Malta no se considera vinculada por el artículo 11 en relación con 
la  obligación  de  examinar  la  posibilidad  de  autorizar  a  los  marinos  apátridas  a 
establecerse en su territorio o de expedirles documentos de viaje.
La República de Malta sólo se considera vinculada por el artículo 14 en la medida en 
que se trate de un apátrida con residencia permanente en el territorio de la República de 
Malta.
La República de Malta no se considera obligada, en virtud del artículo 32, a facilitar ni 
garantizar la naturalización a los apátridas nacidos fuera de Malta de manera distinta de 
los extranjeros en general.»
– NITI 19610830200.
CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA.
Nueva York, 30 de agosto de 1961. BOE: 13-11-2018. N.º 274.
MACEDONIA DEL NORTE.
03-01-2020 ADHESIÓN.
02-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19661216201.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
Nueva York, 16 de diciembre de 1966 BOE: 30-04-1977, N.º 103 Y 21-06-2006, N.º 
147.
TAILANDIA.
04-10-2019 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Núm. 56101/821.
La Misión Permanente de Tailandia ante Naciones Unidas presenta sus respetos a la 
Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas y, respecto a la Nota núm. 
56101/672, de fecha 3 de julio de 2557 E.B. (2014), de esa Oficina, tiene el honor de 
informarle de que Tailandia ha levantado la aplicación de la Ley Marcial, así como las 
órdenes del Consejo Nacional para la Paz y el Orden que afectaban a los derechos 
suspendidos  a  los  que  se  refiere  la  Nota  mencionada  y  que,  de  acuerdo  con  el 
apartado 3 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se da 
por terminada de ahora en adelante toda suspensión de los derechos recogidos en el 
Pacto realizada conforme a lo dispuesto en el mismo.
En  consecuencia,  la  Misión  Permanente  de  Tailandia  ante  Naciones  Unidas 
agradecería a la Oficina Ejecutiva del Secretario General que se sirviese notificar la 
anterior  información  a  los  demás  Estados  partes  en  el  Pacto,  como  requiere  su 
artículo 4.
La Misión Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas aprovecha la ocasión 
para renovar al Secretario General de Naciones Unidas la expresión de su más alta 
consideración.
Misión Permanente de Tailandia ante Naciones Unidas,
Nueva York.
3 de octubre 2562 E.B. (2019).»
UCRANIA. oe.
13-12-2019 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3: 34ww
«La  Misión  Permanente  de  Ucrania  ante  Naciones  Unidas  saluda  al  Secretario
4G1e3n2e/r2a8l -19d4e/ 50la1s-8 0O3,r gdaen i5z adceió nju nyio,  dceo n2 01r5e,m nisúimón.  41a3 2s/2u8s- 19n4o/t5a0s1 -1v9e8r7b,a ldees  2n4ú dme. 
noviembre de 2015, y núm. 4132/28-194/501-1792 de 6 de julio de 2016, tiene el honor
de poner en su conocimiento la siguiente información con arreglo a las obligaciones del 
Gobierno de Ucrania en virtud del párrafo 3 del artículo 4 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.
En febrero de 2014, la Federación de Rusia llevó a cabo una agresión armada contra 
Ucrania y ocupó ilegalmente una parte de su territorio, a saber, la República Autónoma 
de Crimea y la ciudad de Sebastopol, y, actualmente, ejerce un control efectivo sobre 
ciertos distritos de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk. Estos actos constituyen 
una flagrante vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Social del 
Consejo de Europa y otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, así 
como una amenaza contra la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho 
en Europa. La Federación de Rusia, como Estado agresor y potencia ocupante, es 
plenamente  responsable  del  respeto  a  los  derechos  humanos  en  los  territorios 
ucranianos  que  ocupa  temporalmente,  de  acuerdo  con  el  Derecho  internacional 
humanitario y el Derecho internacional en materia derechos humanos.
La agresión armada que la Federación de Rusia sigue ejerciendo contra Ucrania, 
junto con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por las Fuerzas 
Armadas regulares de la Federación de Rusia como por los grupos armados ilegales que 
ésta dirige, controla o financia, constituyen una situación de emergencia pública que 
pone en peligro la vida de la nación en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para  velar  por  los  intereses  vitales  de  la  sociedad  y  el  Estado,  el  Parlamento 
(Verkhovna  Rada),  el  Consejo  de  Ministros  y  otros  órganos  de  Ucrania  aprobaron 
disposiciones jurídicas con vistas a suspender determinadas obligaciones del país en 
virtud  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  entre  las  que  se 
encuentran la Ley ucraniana de 12 de agosto de 2014, por la que se modifica la Ley 
ucraniana de lucha contra el terrorismo, en relación con la detención preventiva durante 
más de setenta y dos horas de personas involucradas en actividades terroristas en la 
zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana de 12 de agosto de 2014, por la 
que se modifica el Código Penal de Ucrania en relación con el régimen especial de 
instrucción en situación de estado de guerra si se ha declarado el estado de emergencia 
o en la zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana de 12 de agosto de 2014, 
de  administración  de  Justicia  y  enjuiciamiento  penal  en  materia  de  operaciones 
antiterroristas y la Ley ucraniana de 3 de febrero de 2015, de administraciones civiles y 
militares.
Sobre la base mencionada, Ucrania ejerció su derecho a suspender sus obligaciones 
derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el territorio de 
determinadas zonas de los oblast de Donetsk y Luhansk, en Ucrania, que se encuentran 
bajo el control del Gobierno ucraniano, e informó al Secretario General de Naciones 
Unidas  de  las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades  ucranianas  y  su  motivación 
mediante la nota verbal núm. 4132/28-194/501-803, de 5 de junio de 2015.
En las notas verbales núms. 4132/28-194/501-1987, de 24 de noviembre de 2015, y 
núm. 4132/28-194/501-1792 de 6 de julio de 2016, Ucrania especificó las zonas de los 
oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk en las que era de aplicación la suspensión 
presentada por el Gobierno ucraniano de conformidad con la Resolución de la Verkhovna 
Rada N462-VIII, de 21 de mayo de 2015.
Después de la aprobación de la Resolución de la Verkhovna Rada núm. 462-VIII, 
de 21 de mayo de 2015, por la que se suspenden determinadas obligaciones derivadas 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la Protección  s
de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales,  las  autoridades  de  oe.
Ucrania reexaminan con regularidad las condiciones de seguridad en determinadas  w.
zonas  de  los  oblast  ucranianos  de  Donetsk  y  Luhansk  donde  es  de  aplicación  la  34ww
ssiutusapceinósni ósni.g uSee sgiúenn dloo sf ráogrigl ayn itsemnsoas.  dHea csieengduor idcaads,o  doemfeisnos ad ey  lopso laiccíuae rudcorsa ndiea nMosin, skla, 
grerusipdoesn caiarmleasd does  lailse gpaolebsla cyi oenle es jéorccuitpoa druasso y  essigtaubelne cbeonm pboasrdiceioannedso  ldaes  pfuoesgicoio enne sb daerr liaoss   BOE-A-cable e
Fuerzas  Armadas  ucranianas  utilizando  armamento  pesado  prohibido  por  dichos 
acuerdos.
De  acuerdo  con  las  estadísticas  oficiales,  desde  julio  de  2016  hasta  el  20  de 
diciembre de 2016, se registraron al menos 7.200 ataques de militantes respaldados por 
Rusia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cien soldados de este país murieron y 
seiscientos resultaron heridos. Se constata continuamente que las fuerzas de ocupación 
rusas incumplen los acuerdos de Minsk en lo que respecta a la retirada del armamento 
pesado. Desde julio de 2016, se ha confirmado en 403 casos la presencia de tanques, 
sistemas de artillería de calibre superior a 100 mm, sistemas de lanzacohetes múltiples y 
morteros cerca de la línea de contacto.
Actualmente, los grupos armados ilegales cuentan con un total de 35.300 miembros, 
utilizan 403 tanques, 848 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados, 621 
sistemas de artillería, 208 lanzacohetes múltiples y 413 sistemas antiaéreos.
La falta de control de la frontera sigue constituyendo un obstáculo fundamental para 
la disminución de las hostilidades, ya que Rusia sigue mandando armamento, tropas 
regulares y mercenarios a territorios de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk. 
Está aumentando el transporte ferroviario de equipamiento y munición a ciertos territorios 
de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk. Desde julio de 2016, Rusia ha 
introducido en esos territorios 30 cisternas de combustible, más de 100 toneladas de 
munición, 7 lanzacohetes múltiples «Grad» de 122 mm, más de 40 tanques, sistemas de 
artillería autopropulsada y vehículos blindados, pasándolos por tramos no controlados de 
la frontera de Ucrania.
Entre julio y diciembre de 2016, las fuerzas armadas rusas y grupos armados ilegales 
han emprendido la ampliación del territorio bajo su control ocupando la llamada zona 
gris, al oeste de la línea de contacto. A mediados de noviembre de 2016, controlaban 
casi completamente una zona anteriormente desmilitarizada y neutral en la población de 
Petrivske, en el distrito de Volonovakha.
La situación en el este de Ucrania sigue siendo tensa e inestable, según confirman 
múltiples informes de organizaciones internacionales presentes en la zona afectada por 
el conflicto, y, sobre todo, la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania 
de las Naciones Unidas. La labor de esta última es la base del decimosexto informe 
sobre los derechos humanos en Ucrania de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en el que ésta registró, entre 
mediados de abril de 2014 y el 15 de noviembre de 2016, 32.453 víctimas en la zona de 
conflicto del este del país, en concreto, 9.733 muertos y 22.720 heridos, entre los que se 
cuentan militares, civiles y miembros de grupos armados ucranianos.
Considerando que persisten las circunstancias que motivaron la presentación de la 
suspensión, Ucrania considera necesario seguir ejerciendo las facultades previstas en 
los actos legislativos mencionados anteriormente en lo que respecta a la situación en 
determinadas zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk, que se encuentran 
bajo el control del Gobierno de dicho país. En la medida en que esto puede contravenir 
las  obligaciones  en  virtud  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
Ucrania hace uso, hasta nuevo aviso, del derecho de suspensión que le otorga el 
párrafo 1 del artículo 4 de dicho Pacto.
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 del Pacto, la Misión Permanente de 
Ucrania ante las Naciones Unidas comunica la lista revisada de municipios en los oblast 
de Donetsk y Luhansk que se encuentran bajo el control total o parcial del Gobierno de 
Ucrania, tal como la ha transmitido el Servicio de Seguridad de Ucrania. s
La Representación Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas subraya una  oe.
vez más la necesidad de adoptar un enfoque muy prudente a la hora de esclarecer los  w.
hechos para determinar si las zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk,  34ww
qGuoeb,i etarnl oco dmeo U scer ainndiaic, as ee ne nlac uperenstreannt eb anjoot ae lv ceorbnatrlo, le ys tláan j ucroisndtricoclaiódna se fpeacrtciviaolsm deen tUe cproarn eial 
doe dbee rláan  Fteendeerr aecnió cnu ednet aR luassi ac irccoumnsot aEnsctiaads oc oangcrreestoars.  dTeo dcoasd alo csa sóorg eann ocsa djuar imsdoimcceionntoa.l»es  BOE-A-cable e
UCRANIA.
13-12-2019 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3:
«Comunicación presentada de conformidad con las obligaciones del Gobierno de 
Ucrania en virtud del párrafo 3 del artículo 4 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos.
1.  Considerando que la Federación de Rusia está cometiendo un delito de agresión 
contra Ucrania ocupando temporalmente una parte del territorio ucraniano por medio de 
sus grupos armados, compuestos por unidades del ejército regular dependientes del 
Ministerio de Defensa ruso, por unidades y fuerzas especiales dependientes de otros 
organismos de seguridad de la Federación de Rusia, por sus consejeros e instructores y 
por  grupos  armados  ilegales,  por  bandas  armadas  y  por  grupos  de  mercenarios 
establecidos, controlados, financiados y a las órdenes de la Federación de Rusia, con la 
participación de la administración de ocupación de la Federación de Rusia, compuesta 
por  sus  organismos  y  estructuras  estatales,  encargada  de  gobernar  los  territorios 
ucranianos temporalmente ocupados, y de entidades autoproclamadas controladas por 
la Federación de Rusia que han usurpado las funciones decisorias en dichos territorios, 
la Verkhovna Rada de Ucrania ha adoptado, el 18 de enero de 2018, la Ley ucraniana 
sobre las particularidades de la política estatal con vistas a garantizar la soberanía de 
Ucrania en los territorios temporalmente ocupados en los oblast de Donetsk y Luhansk 
(en adelante la Ley n.º 2268), cuyo objeto es definir los detalles de una política nacional 
para garantizar la soberanía de Ucrania en los territorios temporalmente ocupados en las 
regiones de Donetsk y Luhansk.
La  Ley  n.º  2268,  que  entró  en  vigor  el  24  de  febrero  de  2018,  define  las 
particularidades de la política del Estado, para garantizar la soberanía de Ucrania en los 
territorios temporalmente ocupados en los oblast de Donetsk y Luhansk, teniendo en 
cuenta el delito de agresión que se está cometiendo y la ocupación temporal de una 
parte del territorio ucraniano.
Para  garantizar  el  respeto  de  la  soberanía  de  Ucrania  sobre  los  territorios 
temporalmente  ocupados  en  las  regiones  de  Donetsk  y  Luhansk,  los  organismos 
estatales y sus representantes, actuando dentro de los límites de su autoridad, y del 
modo y por los motivos previstos por la Constitución y la legislación ucranianas, están 
tomando medidas para garantizar la seguridad y la defensa nacionales, y rechazar y 
contener la agresión armada de la Federación de Rusia (artículo 5.3 de la Ley n.º 2268).
Los medios utilizados para garantizar la seguridad y la defensa nacionales y rechazar 
y contener la agresión armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y 
Luhansk incluyen medidas de restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, 
puestas en marcha por los organismos de seguridad y defensa, otros organismos de 
Estado, así como por sus representantes (artículo 7.1 de la Ley n.º 2268).
El inicio y la finalización de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad y la 
defensa nacionales y a rechazar y contener la agresión armada de la Federación de 
Rusia  en  los  oblast  de  Donetsk  y  Luhansk  procederán  de  decisiones  distintas  del 
Comandante en Jefe supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas (artículo 8.3 de la Ley 
n.º 2268).
El Presidente de Ucrania, en su condición de Comandante en Jefe supremo de las 
Fuerzas Armadas ucranianas, ha dado efecto, mediante su Decreto n.º 116 de 30 de 
abril de 2018, y de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley n.º 2268, a la decisión del 
Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania sobre la adopción de medidas  e
dirigidas a garantizar la seguridad y la defensa nacionales y a rechazar y contener la  bo
agresión armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y Luhansk (en  34ww
adelDaen tceo lnaf oorpmeridaacdió nc odne  elal sa rftuíceurzloa s1 8c odnej ulan tLaes)y. ucraniana de lucha contra el terrorismo y
cpoonn eerl  Dfine crae tou nna.º  1o1p6e rdaecli óPnr easindteitnetrero dries taU ctreanniiean ddeo  3e0n d ec uaebnritla d ee l2 0la1n8z, asme ihean tod ecdied idlao 
operación de las fuerzas conjuntas.
Así, el 30 de abril de 2018, ha finalizado la operación antiterrorista y se han tomado 
medidas para garantizar la seguridad y la defensa nacionales y rechazar y contener la 
agresión armada de la Federación de Rusia en los oblast de Donetsk y Luhansk (la 
operación de las fuerzas conjuntas).
2.  Según el artículo 5 de la Ley ucraniana de administraciones cívico-militares 
(modificada por la Ley n.º 2268), las administraciones de ese tipo presentes en la zona 
de la operación de las fuerzas conjuntas están habilitadas para, con el consentimiento 
del  comandante  de  las  fuerzas  conjuntas,  limitar  la  presencia  de  personas 
indocumentadas en las calles y otros lugares públicos a determinadas horas del día, a 
restringir o prohibir temporalmente la circulación de vehículos y peatones en las calles y 
carreteras, así como en ciertas zonas del territorio, y a tomar medidas para proceder a 
controles de identidad y, si fuera necesario, para inspeccionar los efectos personales, 
vehículos, equipaje y mercancías, oficinas y viviendas de los ciudadanos, sin perjuicio de 
las restricciones previstas por la Constitución ucraniana.
En las zonas de seguridad adyacentes a las zonas de combate, los organismos de 
seguridad y defensa y las demás autoridades estatales ucranianas, en virtud de un 
procedimiento especial, tienen los poderes especiales necesarios para llevar a cabo 
dicha operación (artículo 8.2 de la Ley n.º 2268).
Para preservar los intereses vitales de la sociedad y del Estado en las zonas de 
seguridad adyacentes a las zonas de combate durante la operación dirigida a rechazar la 
agresión armada, el personal militar, las fuerzas del orden y las personas a que se refiere 
el artículo 8 de la Ley n.º 2268 que participen en la aplicación de las medidas de la 
operación de las fuerzas conjuntas tendrán derecho, sin perjuicio de las disposiciones de 
la Constitución y de la legislación ucraniana, a: 1) en caso de necesidad absoluta, 
emplear la fuerza armada y otros medios extraordinarios contra personas que hayan 
cometido  o  estén  cometiendo  delitos  u  otros  actos  que  dificulten  la  ejecución  de 
exigencias legítimas de las personas que participan en la aplicación de la operación de 
las fuerzas conjuntas, o que intenten entrar sin permiso en la zona de aplicación de las 
medidas mencionadas; 2) detener a las personas indicadas en el apartado 1) anterior, y 
entregárselas a la policía nacional ucraniana; 3) proceder a controles de identidad de 
ciudadanos y funcionarios y, si éstos no tuvieran documentación de identidad, detenerles 
para poder controlar su identidad; 4) realizar inspecciones a ciudadanos, sus efectos 
personales,  su  vehículo  y  los  bienes  que  transporten;  5)  restringir  o  prohibir 
temporalmente la circulación de vehículos y peatones en las calles o carreteras, prohibir 
la entrada de vehículos, personas y bienes a ciertas zonas del territorio, evacuar a los 
habitantes y los bienes de ciertas zonas del territorio y retirar vehículos; 6) entrar en 
viviendas u otros locales, en terrenos particulares o en sedes o locales de empresas, 
instituciones u organismos (u obtener el acceso), y controlar vehículos para ejecutar la 
operación  de  las  fuerzas  conjuntas;  7)  utilizar,  con  fines  oficiales,  medios  de 
comunicación y transporte, incluidos medios especiales, pertenecientes a ciudadanos 
(con su consentimiento), o a empresas, instituciones y organismos, excepto los vehículos 
que  pertenecen  a  representaciones  diplomáticas,  consulares  u  otros  de  Estados 
extranjeros, así como a los organismos internacionales.
Durante la aplicación de dichas medidas, el comandante de las fuerzas conjuntas 
podrá imponer restricciones temporales a la presencia, en la zona de la operación de las 
fuerzas conjuntas, de personas que no participen en la misma (artículo 12.4 de la Ley n.º 
2268).
La aplicación de estas medidas podrá llevar a Ucrania a suspender las obligaciones  s
que le corresponden en aplicación de los artículos 9, 12 y 17 del Pacto internacional de  oe.
derechos civiles y políticos, de los artículos 5 y 8 del Convenio para la protección de los  w.
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y del artículo 2 del Protocolo n.º 4  34ww
de d3ic. hoE Cn ovnirvtuedn iod,e yl  aar ttíecnuelor  2q.u8e  dper olarr oLgeayr  nd.iºc 2h2a6 s8u, sdpuernasnitóen e.l desarrollo de la operación
dcoem lapse tfeureíarzna as  locos nójurgnatanso,s  laju rcisodmicpceiotennacleias  tdeerr iltoosr iatel rrpitaorraio lso ste maspuonrtaolsm eqnutee  noocrumpaadlmoes ndtee   BOE-A-cable e
los oblast de Donetsk y Luhansk se determinará con arreglo a la Ley ucraniana n.º 1632-
VII de 12 de agosto de 2014, de administración de justicia y de procedimiento penal en 
relación con la lucha antiterrorista (en adelante, la Ley n.º 1632).
Según lo dispuesto en el artículo 2.8 de la Ley n.º 2268, la Ley n.º 1632 define la 
regulación jurídica aplicable a la zona de la operación de las fuerzas conjuntas y está 
dirigida a garantizar el acceso de las personas físicas y jurídicas a la justicia.
En aplicación del artículo 1 de la Ley n.º 1632, se modifica la competencia territorial 
para los asuntos que serían competencia normalmente de los órganos jurisdiccionales 
que se encuentran en la zona de la operación de las fuerzas conjuntas, pues a algunos 
de esos órganos jurisdiccionales les es imposible administrar justicia. Así, los asuntos 
civiles, administrativos, mercantiles y penales serán tratados por los tribunales locales y 
los tribunales de apelación designados por el Presidente del Tribunal Supremo.
En caso de que a un juez de instrucción le resulte imposible administrar justicia, 
serán  los  jueces  de  instrucción  de  los  órganos  jurisdiccionales  locales  generales 
designados por el Presidente del Tribunal Supremo quienes examinen las cuestiones de 
su competencia en la fase de investigación previa en los procedimientos penales que se 
desarrollen en la zona de la operación de las fuerzas conjuntas (artículo 1.2. de la Ley n.º 
1632).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado la cuestión del acceso a la 
justicia en los territorios que no estén bajo el control de Ucrania en las causas Khlebik c. 
Ucrania y Tsezar y otros c. Ucrania. El Tribunal ha declarado que la imposibilidad para 
los recurrentes de acudir al tribunal de su lugar de residencia no constituía una violación 
de su derecho de acceso a un tribunal, y ha determinado que no había violación del 
artículo 6 del Convenio.
En  el  apartado  52  de  la  sentencia  de  la  causa  Tsezar  y  otros  c.  Ucrania 
(requerimientos n.º 73590/14, 73593/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 y 7289/15 de 13 de 
febrero de 2018), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que en 
algunas ocasiones las autoridades del Estado podían tener dificultades para garantizar el 
buen funcionamiento de su sistema judicial en ciertas zonas debido a las hostilidades 
continuadas. No obstante, el Tribunal ha declarado que las autoridades del Estado tenían 
que tomar ciertas medidas para resolver el problema autorizando expresamente, por 
ejemplo, a los requirentes a acudir a los órganos judiciales de otra zona del Estado.
En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Ucrania, 
al  tomar  las  medidas  anteriormente  expuestas,  no  ha  incumplido  sus  obligaciones 
derivadas del artículo 6 del Convenio.
A la vista de lo anteriormente expuesto, no es preciso mantener la suspensión de las 
obligaciones de Ucrania derivadas del artículo 14 del Pacto y del artículo 6 del Convenio.
4.  La Ley por la que se modifica la Ley ucraniana de lucha contra el terrorismo, en 
relación con la detención preventiva durante más de 72 horas de personas sospechosas 
de realizar actividades terroristas en la zona de las operaciones antiterroristas, permite la 
detención preventiva, con el consentimiento de la Oficina del Fiscal y sin orden de un 
tribunal, durante más de 72 horas, pero no más de 30 días, de personas que realizan 
actividades  terroristas.  Dicha  Ley  se  ha  aplicado  en  la  zona  de  las  operaciones 
antiterroristas, pero no se aplica a la operación de las fuerzas conjuntas.
En  consecuencia,  no  son  aplicables  las  disposiciones  relativas  a  la  detención 
preventiva previstas por la Ley por la que se modifica la Ley ucraniana de lucha contra el 
terrorismo, en relación con la detención preventiva durante más de 72 horas de personas 
sospechosas de realizar actividades terroristas en la zona de operación antiterrorista, en  s
el marco de la operación de las fuerzas conjuntas, a partir del comienzo de éstas, el 30  oe.
de abril de 2018. w.
5.  La Ley ucraniana por la que se modifica el Código de Procedimiento Penal  34ww
cuacsraon idaen oi,n setna urrealacicóiónn d ceo nla  elle yré gmimarecnia le sop edceila le dstea dlao  indvee estmigearcgieónnc diae  ola  einns tlaru czcoinóan  edne 
orépgeimraecnio neessp ecainatli tseerrgoúrnis teals c, uaplr esveé t,r amnsiefinetrrea ste mduproerna lmlae notep elara acuiotonreids ada ndteite lorrso rjiusetacse,s  udne   BOE-A-cable e
instrucción tal como se define en el Código de Procedimiento Penal ucraniano, a los 
fiscales  correspondientes,  a  quienes  se  confieren  derechos  adicionales  en  materia 
procesal. Dicha Ley se ha aplicado en la zona de las operaciones antiterroristas, pero no 
se aplica a la operación de las fuerzas conjuntas.
En  consecuencia,  las  disposiciones  relativas  a  un  régimen  especial  de  las 
investigaciones previas, adoptado en virtud de la Ley ucraniana por la que se modifica el 
Código de Procedimiento Penal ucraniano, en relación con el régimen especial de la 
investigación de instrucción en caso de instauración de la ley marcial o del estado de 
emergencia o en la zona de las operaciones antiterroristas, no son aplicables en el 
marco de la operación de las fuerzas conjuntas a partir de su inicio, el 30 de abril 
de 2018.
II
Territorio a que se refiere la suspensión
Las disposiciones especiales dirigidas a garantizar los derechos y libertades de los 
civiles se aplicarán:
– En la zona de seguridad adyacente a la zona de combate, donde confieren a los 
dirigentes de los organismos de seguridad y defensa, así como a otros organismos 
estatales ucranianos los poderes especiales necesarios para la puesta en marcha de 
medidas dirigidas a garantizar la seguridad y la defensa nacionales y a rechazar y 
contener la agresión armada de la Federación de Rusia (primer párrafo del artículo 8.2 
de la Ley n.º 2268).
Los límites de las zonas de seguridad adyacentes a la zona de combate serán 
definidos por el Jefe del Estado Mayor y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
ucranianas, a propuesta del Comandante de las fuerzas conjuntas (segundo párrafo del 
artículo 8.2 de la Ley n.º 2268).
Los límites de las zonas de seguridad adyacentes a la zona de combate se definirán 
de la manera siguiente: Vynohradne, Kurakhove, Otcheretyne, Rozivka, Vovtcheyarivka, 
Bila Hora, Novoaidar, Sadky, Makarivka, Prostyane, a lo largo de la frontera del Estado, 
Tchernyavka a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de Luhansk y Kharkiv, 
Olhivka, a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de Donetsk y Kharkiv, 
Znamenivka,  a  lo  largo  de  la  frontera  administrativa  de  los  oblast  de  Donetsk  y 
Dnipropetrovsk, Komychuvakha a lo largo de la frontera administrativa de los oblast de 
Donetsk y Zaporizhia, Urzuf en su zona costera, y Prymorske;
– En el área de aplicación de las medidas destinadas a garantizar la seguridad y la 
defensa nacionales y rechazar y contener la agresión armada de la federación de Rusia 
en los oblast de Donetsk y Luhansk, que se define como sigue: población de Chyrokine, 
a lo largo de la línea de contacto, población de Parkhomenko, a lo largo de la frontera 
ucraniana, población de Novoznamianka, a lo largo del límite administrativo de los oblast 
de Donetsk y Luhansk, población de Urzuf.
Si la agresión armada de la Federación de Rusia se extendiese fuera del territorio de 
la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, así como de los oblast 
de Donetsk y Luhansk, se deberán movilizar y utilizar fuerzas y medios especiales para 
rechazar y contener la agresión en todo momento y en todo lugar del territorio ucraniano, 
como se menciona en el artículo 8 y de conformidad con el procedimiento establecido en 
el artículo 9 (artículo 10 de la Ley n.º 2268). es
III
Territorios de Ucrania temporalmente ocupados en los oblast de Donetsk y Luhansk
(a 16 de septiembre de 2019)
El día en que se aprobó la Ley n.º 2268, los territorios temporalmente ocupados de 
los oblast de Donestk y Luhansk se reconocieron como partes del territorio ucraniano en 
las que los grupos armados de la Federación de Rusia y la administración de ocupación 
instaurada por la Federación de Rusia han establecido y ejercen un control general: el 
territorio  terrestre  y  sus  aguas  interiores  en  ciertos  distritos,  las  ciudades  y  las 
poblaciones  de  las  regiones  de  Donetsk  y  Luhansk;  las  aguas  marinas  interiores 
adyacentes a la tierra firme; el subsuelo y el espacio aéreo de dicho territorio (parte 1 del 
artículo 1 de la Ley n.º 2268).
El  Presidente  de  Ucrania,  a  propuesta  del  Ministerio  de  Defensa  ucraniano, 
redactada sobre la base de las propuestas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
ucranianas, determinará los límites y la lista de distritos, ciudades y poblaciones, así 
como  las  zonas  temporalmente  ocupadas  en  las  regiones  de  Donetsk  y  Luhansk 
(segunda parte del artículo 1 de la Ley n.º 2268).
El Decreto n.º 32 del Presidente de Ucrania, de 7 de febrero de 2019 sobre los 
límites  y  la  lista  de  distritos,  ciudades  y  poblaciones  y  las  zonas  temporalmente 
ocupadas de los oblast de Donetsk y Luhansk determina los límites y la lista de distritos, 
ciudades y poblaciones, así como las zonas temporalmente ocupadas en los oblast de 
Donetsk y Luhansk.
Las disposiciones especiales dirigidas a garantizar los derechos y libertades de los 
civiles en los territorios temporalmente ocupados de los oblast de Donetsk y Luhansk 
figuran  en  la  Ley  n.º  2268,  así  como  en  otras  leyes  ucranianas  y  acuerdos 
internacionales por los que la Verkhovna Rada de Ucrania ha aceptado ajustarse a los 
principios y normas del derecho internacional (quinta parte del artículo 2 de la Ley n.º 
2268).
IV
Seguridad en la zona de la operación de las fuerzas conjuntas
(a 16 de septiembre de 2019)
1.  Aunque el grupo de contacto trilateral haya decidido declarar un alto el fuego 
global, duradero y permanente a partir de las 0 horas del 21 de julio de 2019, el número 
de bombardeos que se han producido en agosto y septiembre de 2019 indica una 
tendencia al alza, y muestra que están disminuyendo el control y el mando que ejercen 
las fuerzas de ocupación rusas en relación con el respeto del alto el fuego.
2.  Actualmente, se producen una media de 16 bombardeos diarios (10 al día en 
agosto de 2019). En septiembre de 2019, las posiciones de la operación de las fuerzas 
conjuntas han sufrido 70 ataques con armamento pesado lanzados por las fuerzas 
armadas de la Federación de Rusia, recibiendo 479 disparos de artillería y mortero (25 
ataques con armamento pesado en agosto de 2019, es decir, 194 disparos de artillería y 
mortero). Por otra parte, dos militares murieron y tres resultaron heridos en cuatro 
ataques de francotiradores (en agosto, cinco dos militares murieron y tres resultaron 
heridos en ataques de francotiradores). e
En total, en agosto y septiembre de 2019, han muerto 16 militares y 47 han resultado  bo
heridos. 34ww
bom3b.a rdEena rosenp ztoienmabs rree sdidee n2c0ia1l9e,s  elans  dofuse orzcaass ioanremsa (dcausa trdoe v elace sF eedne argaocisótno , hdieri eRnduos iaa 
un c4iv. il yL adsa ñfuaenrdzoa sd odse e odcifuicpioasc iórens icdueennctiaanle sc)o.n un total de 30.000 hombres. Unos 2.100
instructores de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia se hacen cargo de formar
especialistas en materia de información militar, guerra radioelectrónica y participación en 
las operaciones de combate en los territorios temporalmente ocupados de las regiones 
de  Donetsk  y  Luhansk.  Se  producen  continuamente  entregas  de  combustible  y 
lubricante, así como de munición, desde el territorio de la Federación de Rusia, en apoyo 
de las fuerzas de ocupación rusas.
La  Federación  de  Rusia  sigue  reforzando  sus  capacidades  militares  y  ha 
intensificado  sus  maniobras  militares  ofensivas  de  distintas  ramas  de  sus  fuerzas 
militares en los aledaños de la frontera ucraniana.
La Federación de Rusia despliega a lo largo de la frontera ucraniana 28 batallones 
de  grupos  tácticos  que  cuentan  con  más  de  22.000  miembros.  En  el  terreno  de 
entrenamiento militar de la región de Rostov, en particular, están asentados 12 batallones 
de grupos tácticos 8A (es decir, 7.500 hombres) y pueden desplegarse en menos de 24 
horas. Además, 16 batallones de grupos tácticos de las fuerzas armadas rusas (es decir, 
14.500 hombres) están desplegados en los alrededores de Smolensk, Orolvsko-Voronej 
y Crimea.
5.  Para ocultar los desplazamientos de tanques y de artillería, las fuerzas armadas 
de  la  Federación  de  Rusia  utilizan  sistemáticamente  métodos  modernos  de  guerra 
radioelectrónica, que hacen imposible la utilización de drones de la misión especial de 
observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
en particular dos veces en septiembre de 2019.»
PERÚ.
20-12-2019 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR UN PERIODO DE 60 DÍAS, 
CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LOS DISTRITOS DE 
PUERTO INCA, TOURNAVISTA, YUYAPICHIS, CODO DEL POZUZO Y HONORIA EN 
LA  PROVINCIA  DE  PUERTO  INCA,  DEPARTAMENTO  DE  HUÁNUCO,  Y  EN  LOS 
DISTRITOS  DE  CONSTITUCIÓN,  PALCAZÚ  Y  PUERTO  BERMÚDEZ  EN  LA 
PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.
PERÚ.
20-12-2019 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR UN PERIODO DE 30 DÍAS, 
CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LOS DISTRITOS DE 
AYAHUANCO,  SANTILLANA,  SIVIA,  LLOCHEGUA,,  CANAYRE,  UCHURACCAY  Y 
PUCACOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANTA Y EN LOS DISTRITOS DE ANCO, 
AYNA, CHUNGUI, SANTA ROSA, SAMUGARI Y ANCHIHUAY DE LA PROVINCIA DE 
LA  MAR  DEL  DEPARTAMENTO  DE  AYACUCHO;  EN  LOS  DISTRITOS  DE 
HUACHOCOLPA,  SURCUBAMBA,  TINTAYPUNCU,  ROBLE,  ANDAYMARCA, 
COLCABAMBA  DE  LA  PROVINCIA  DE  TAYACAJA  Y  EN  LOS  DISTRITOS  DE 
CHINCHIHUASI, PACHAMARCA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE 
CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; IN LOS DISTRITOS DE 
ECHARATE,  KIMBIRI,  PICHARI,  VILLA  KINTIARINA  Y  VILLA  VIRGEN  DE  LA 
PROVINCIA DE LA CONVENCION EN EL DEPARTAMENTO DE CUZCO; Y, EN LOS 
DISTRITOS DE MAZAMARI, PANGOA, VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO DE LA 
PROVINCIA DE SATIPO, IN EL DISTRITO DE ANDAMARCA DE LA PROVINCIA DE 
CONCEPCION  Y  EN  LOS  DISTRITOS  DE  SANTO  DOMINGO  DE  ACOBAMBA  Y 
PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. e.
PERÚ. 34ww
DCEOCN2L 0EA-1FR2EA-C2C0TI1ÓO9NS  N ADO ETPLIAF REICTSAITRCA IDDÓOENL ,  D2EE4N   DEVMEIR ENTROUGVDEI ENDMCEBILAR  AEPR ODTRÍEC  UU20LN1O 9P ,4 E,E RNPIOÁ LRDAROSA  PDFROEO  36V,0 I NDDCEÍ IAALSSA,    OE-A-2020-58able en https://
DE  PUTUMAYO  Y  MARISCAL  RAMÓN  CASTILLA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE 
LORETO.
GUATEMALA.
21-01-2020 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Estimado Sr.,
Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  usted,  en  su  calidad  de  depositario  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  para  transmitirle  la  notificación  del 
Gobierno de Guatemala de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Pacto.
En la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar el 16 de enero de 2020, el 
Presidente de la República de Guatemala, el Dr. Alejandro Eduardo Giammattei Falla, 
declaró, mediante el Decreto Gubernativo núm. 1/2020, el estado de emergencia en los 
municipios  de  San  Juan  Sacatepéquez  y  Mixco,  ambos  en  el  Departamento  de 
Guatemala de la República de Guatemala.
Las  medidas  estarán  en  vigor  durante  un  periodo  de  6  días  y  restringirán  la 
aplicación de los artículos 12, 19 y 21 del Pacto, referentes a las libertades de reunión, 
manifestación y circulación. Le agradecería que se sirviera informar en consecuencia a 
los demás Estados partes.
Le ruego acepte la renovada expresión de mi más alta consideración.
(Firmado) Luis Antonio Lam Padilla Embajador Representante Permanente.»
GUATEMALA.
29-01-2020 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Estimado Sr.,
Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  usted,  en  su  calidad  de  depositario  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  para  transmitirle  la  notificación  del 
Gobierno de Guatemala de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Pacto.
En la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar el 24 de enero de 2020, el 
Presidente de la República de Guatemala, el Dr. Alejandro Eduardo Giammattei Falla, 
declaró, mediante el Decreto Gubernativo núm. 2/2020, el estado de emergencia en el 
municipio  de  Villa  Nueva,  en  el  Departamento  de  Guatemala  de  la  República  de 
Guatemala.
Las medidas estarán en vigor durante un periodo de seis (6) días y restringirán la 
aplicación de los artículos 12, 19 y 21 del Pacto, referentes a las libertades de reunión, 
manifestación y circulación. Le agradecería que se sirviera informar en consecuencia a 
los demás Estados partes.
Le ruego acepte la renovada expresión de mi más alta consideración.
(Firmado) Luis Antonio Lam Padilla Embajador Representante Permanente.»
GUATEMALA.
07-02-2020 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Muy señor mío:
Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  usted,  en  su  calidad  de  depositario  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  para  transmitirle  la  notificación  del  e.
Gobierno de Guatemala en virtud del artículo 4, apartado 3, del Pacto. w.
En  la  reunión  del  Consejo  de  Ministros  celebrada  el  4  de  febrero  de  2020,  el  34ww
Pderecslaidróe,n pteo rd me elad ioR edpeúl bDlieccar edteo  gGuubaeternmaatilvao,  ne.l º D3r/.2 A02le0ja,1n derl oe sEtdaudaor ddoe  pGrieavmemncaióttne i eFna llolas, 
mdeupnaicrtiapmiose ntdoe d eC Chihmimalateltneannagnog,o  dEel  laT eRjaerp úyb licSaa nd e AGnudartéesm  aItlzaa.pa,  que  pertenecen  al  BOE-A-cable e
Las medidas se han promulgado para un período de seis (6) días y restringen la 
aplicación de los artículos 12, 19 y 21 del Pacto, relativos a la libertad de reunión, 
libertad de manifestación y libertad de circulación. Le agradeceré que tenga a bien 
informar de ello a los demás Estados Partes.
Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta 
consideración.
(Firmado) Luis Antonio Lam Padilla Embajador Representante permanente»
GUATEMALA.
17-02-2020 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Muy señor mío:
Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  usted,  en  su  calidad  de  depositario  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  para  transmitirle  la  notificación  del 
Gobierno de Guatemala en virtud del artículo 4, apartado 3, del Pacto.
En  la  reunión  del  Consejo  de  Ministros  celebrada  el  4  de  febrero  de  2020,  el 
Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, declaró 
por  medio  del  Decreto  gubernativo  n.º  4/2020,1  el  estado  de  prevención  en  los 
municipios de Escuintla, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, San 
José y Palín, en el departamento de Escuintla de la República de Guatemala.
Las medidas se han promulgado para un período de seis (6) días y restringen la 
aplicación de los artículos 12, 19 y 21 del Pacto, relativos a la libertad de reunión, 
libertad de manifestación y libertad de circulación. Le agradeceré que tenga a bien 
informar de ello a los demás Estados Partes
Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta a 
consideración.
(Firmado)  Omar  Castañeda  Solares  Delegado  suplente,  Encargado  de  negocios 
interino.»
GUATEMALA.
09-03-2020 NOTIFICACIÓN SOBRE EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4.
«Muy señor mío:
Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  usted,  en  su  calidad  de  depositario  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  para  transmitirle  la  notificación  del 
Gobierno de Guatemala en virtud del artículo 4, apartado 3, del Pacto.
Durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 5 de marzo de 2020, el 
Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, declaró 
por medio del Decreto gubernativo n.º 5/2020, el estado de calamidad pública en todo el 
territorio nacional como resultado de la declaración de la Organización Mundial de la 
Salud sobre la epidemia del coronavirus (COVID-19).
Dichas medidas se han promulgado para un período de treinta (30) días y restringen 
la aplicación de los artículos 12 y 21 del Pacto, relativos a la libertad de reunión, libertad 
de manifestación y libertad de circulación. Le agradeceré que tenga a bien informar de 
ello a los demás Estados Partes.
Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta  e
consideración. bo
–(F iNrmITaId 1o9) 7L9u1is2 1A8n2to0n0i.o Lam Padilla Embajador Representante permanente.» 2020-5834n https://ww
CONVENCIÓN  SOBRE  LA  ELIMINACIÓN  DE  TODAS  LAS  FORMAS  DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
Nueva York, 18 de diciembre de 1979. BOE: 21-03-1984, N.º 69.
MALDIVAS.
24-02-2020 RETIRADA PARCIAL DE RESERVAS AL ARTÍCULO 16.
«El Gobierno de la República de Maldivas expresa su deseo de retirar sus reservas 
al artículo 16, párrafo 1, letras b), e), g) y h), y párrafo 2 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sin perjuicio del islam, 
que constituye la base de toda la legislación de Maldivas, como se establece en la 
Constitución de la República de Maldivas. Las citadas reservas al artículo 16, párrafo 1, 
letras b), e), g) y h), y párrafo 2 de la Convención habían quedado obsoletas tras la 
promulgación  de  leyes  [y]  reglamentos  que  regulan  el  matrimonio  y  las  relaciones 
familiares.
Por la presente [...] el Gobierno de la República de Maldivas declara que retira sus 
reservas a al artículo 16, párrafo 1, letras b), e), g) y h), y párrafo 2 de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dichas 
reservas se han retirado con arreglo a todos los procedimientos jurídicos y legislativos 
nacionales.»
– NITI 19841210200.
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES.
Nueva York, 10 de diciembre de 1984. BOE: 09-11-1987, N.º 268.
MALDIVAS.
26-12-2019 DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22:
«El Gobierno de la República de Maldivas declara que reconoce la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a 
la jurisdicción de la República de Maldivas, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de 
una violación, por un Estado Parte, de las disposiciones de la mencionada Convención.»
FIJI.
28-01-2020 RETIRADA DE RESERVA AL ARTÍCULO 1.
– NITI 20000525201.
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS.
Nueva York, 25 de mayo de 2000. BOE: 17-04-2002, N.º 92.
MONTENEGRO.
05-02-2020 MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN SOBRE EL ARTÍCULO 3 (2).
«Montenegro no impone un servicio militar obligatorio. La edad mínima a partir de la 
que  Montenegro  autoriza  el  alistamiento  voluntario  en  las  fuerzas  armadas  de 
Montenegro es de 18 años. Las obligaciones militares de los nacionales montenegrinos 
empiezan a partir de los 18 años y terminan al final del año en el que cumplen los 60  s
años de edad. Se les puede llamar a realizar el servicio militar en tiempos de paz y en  e.
caso de estado de guerra o de estado de emergencia. Esta obligación está prevista por  w.
la Ley de las Fuerzas Armadas («Gaceta Oficial de Montenegro» n.º 34/2019).» 34ww
– NITI 20071025200.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL.
Lanzarote, 25 de octubre de 2007. BOE: 12-11-2010, N º 274.
AZERBAIYÁN.
19-12-2019 RATIFICACIÓN.
01-04-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
«1.  La República de Azerbaiyán declara que no aplicará las disposiciones del 
Convenio en relación con la República de Armenia.
2.  La República de Azerbaiyán declara que no puede garantizar la aplicación de las 
disposiciones del Convenio en sus territorios ocupados por la República de Armenia (la 
región de Nagorno Karabaj de la República de Azerbaiyán y los siete distritos que rodean 
a dicha región), hasta que se liberen de la ocupación dichos territorios y se eliminen 
completamente las consecuencias de dicha ocupación (se adjunta el mapa esquemático 
de los territorios ocupados de la República de Azerbaiyán).
3.  La República de Azerbaiyán se reserva el derecho a modificar o revocar en todo 
momento las disposiciones de los apartados 1 y 2 de la presente declaración. Se 
notificará por escrito a las demás Partes cualquier modificación o retirada.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Convenio, la República de 
Azerbaiyán designa como autoridad nacional responsable a los efectos del apartado 1 
del artículo 37 del Convenio:
El Ministerio de Asuntos Internos de la República de Azerbaiyán.
7 Azerbaijan Avenue.
AZ 1005 Baku.
Azerbaiyán.»
A.C  Diplomáticos y Consulares.
– NITI 19590701200.
ACUERDO  SOBRE  PRIVILEGIOS  E  INMUNIDADES  DEL  ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA).
Viena, 01 de julio de 1959. BOE: 07-07-1984, N.º 162.
ERITREA.
13-03-2020 ACEPTACIÓN.
13-03-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«El Estado de Eritrea no se considera obligado por la disposición de la sección 6 del 
artículo III, y la administración de las cuentas, la transferencia de fondos y la conversión 
de divisas se regirán por los reglamentos nacionales. Tampoco se aplicará la exención 
de impuestos establecida en la sección 8 del mismo artículo a los ciudadanos eritreos 
que desempeñen cualquier función para el Organismo.
Las  inmunidades  que  se  especifican  en  este  acuerdo  no  se  aplicarán  a  los 
ciudadanos eritreos que trabajen para el Organismo. Además, la inmunidad contra toda 
jurisdicción mencionada en el artículo III, sección 3; el artículo V, sección 12 a); el 
artículo VI, sección 18 a) i); y el artículo VII, sección 23 a) y b) del Acuerdo no se aplicará 
en el caso de acciones civiles ejercidas por terceros por los daños resultantes de un  s
accidente  provocado  por  un  vehículo  de  motor  propiedad  de  un  funcionario  del  oe.
Organismo,  un  representante  de  un  Miembro  en  reuniones  organizadas  por  el  w.
eOnrg laaEsnl  iqsEmuseot a sode o uv ne daeenx  pinEevrrtiotorlu eecanr a mndoois sió sdnei c dhecool sOn vsreigdhaeíncraius lmoosob.,l ingia edno  elp coar sola dse  dinisfrpaocsciicoinoense sd ed terá fliacos   2020-5834n https://ww
secciones 26 y 34 del Acuerdo, según las cuales existe la obligación de someter las
controversias a la CIJ. Las controversias solo pueden remitirse a la jurisdicción de la CIJ  Bc
previo consentimiento de los Estados partes afectados, y tales decisiones se adoptarán 
en función de cada caso. La reserva se aplica igualmente a las disposiciones de la 
sección 34 relativas al carácter decisivo de la opinión de la Corte.»
– NITI 19771004200.
ANEJO  XV  -  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL 
(OMPI)  -  DE  LA  CONVENCIÓN  SOBRE  PRIVILEGIOS  E  INMUNIDADES  DE  LOS 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS.
Ginebra, 04 de octubre de 1977. BOE: 10-02-2004, N.º 35.
FEDERACIÓN RUSA.
30-12-2019 ACEPTACIÓN.
30-12-2019 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20020909201.
ACUERDO  SOBRE  PRIVILEGIOS  E  INMUNIDADES  DE  LA  CORTE  PENAL 
INTERNACIONAL.
Nueva York, 09 de septiembre de 2002. BOE 07-12-2009, N.º 294.
SAN MARINO.
12-03-2020 ADHESIÓN
11-04-2020 ENTRADA EN VIGOR
B.  MILITARES
B.C  Armas y Desarme.
– NITI 19250617202.
PROTOCOLO RELATIVO A LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE 
GASES ASFIXIANTES, TÓXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLÓGICOS 
DE DESTRUCCIÓN.
Ginebra, 17 de junio de 1925. Gaceta de Madrid, 06-09-1929 y 14-09-1930.
TAYIKISTÁN.
15-11-2019 ADHESIÓN.
15-11-2019 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19920903200.
CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES DEL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN, 
EL  ALMACENAMIENTO  Y  EL  EMPLEO  DE  ARMAS  QUÍMICAS  Y  SOBRE  SU 
DESTRUCCIÓN.
Ginebra, 03 de septiembre de 1992. BOE: 13-12-1996, N.º 300 y 09-07-1997, N.º 
163.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN. e.e
«N03/20 (NY/UN/395). 34www.
oSNbeojcretLreceai,ót  aanMrl i oicsll oaióGnmnter aaPnd eeolrar am "lTe aexdnrteerei ntnoNstreiaióo cdn iBe,o  nrpliaetoá srnR  piUecaopnr útiddebae lidslc e aOly  cd Réeteiae iMnnnooea   uÍUneridlnc iiihcdoooo a"n ,ndo dtere e  dG Nleora aschn iAa oBcncerueeres t racUdñoonansi ds eetaa nsIrr u lsamsanueldu radfai radmd oaeesll     OE-A-2020-58able en https://
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como "Territorio Británico del Océano Índico", era un acto 
internacionalmente ilícito, de naturaleza continuada y que afectaba a la responsabilidad 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima ''lo antes posible''.
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados", para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del  territorio  de  la  República  de  Mauricio,  apoyen  su  rápida  descolonización  y  "se 
abstengan  de  impedir  ese  proceso"al  reconocer  el  llamado  "Territorio  Británico  del  s
Océano Índico". oe.
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los  w.
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El  34ww
pGroobteiesrtnao c odnet rala l aR eexpteúnbsliicóan , dpeo r Mpaarutreic dioe,l  Rpoerin ota Untnoi,d oe,x dpere lsoas  Adceu efordrmosa  einnuemqueírvaodcoas  esun 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la 
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
– NITI 19970918200.
CONVENCIÓN  SOBRE  LA  PROHIBICIÓN  DEL  EMPLEO,  ALMACENAMIENTO, 
PRODUCCIÓN  Y  TRANSFERENCIA  DE  MINAS  ANTIPERSONAL  Y  SOBRE  SU 
DESTRUCCIÓN.
Oslo, 18 de septiembre de 1997. BOE: 13-03-1999, N.º 62.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas,  e.e
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las  b
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre  34ww
ddee  11996675.,  E2n2 3c2o n(sXeXcIu),e ndcei a2,0 la d Ce odrticei eamñabdreió  dqeu e1 9la6 6a,c tyu a2l3 a5d7m (iXniXsItIr)a, cdióen  1d9e ld Aer cdhicipieiémlabgroe 
idnete Crnhaacgioons aplmore enlt eR eilíincioto U, ndied on,a ctoumraole z"Tae crroitnotriinou Badriatá nyi cqou ed eal fOecctéaabnao a Í nlad icreos",p oenras aubni laidcatod 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados", para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso» al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la  s
expresión de su más alta consideración. oe.
9 de enero de 2020.» 34ww
– NITI 20080530200.
CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO
Dublín, 30 de mayo de 2008. BOE: 19-03-2010, N.º 68.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE.
27-01-2020 RATIFICACIÓN.
01-07-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20130402200.
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS.
Nueva York, 02 de abril de 2013. BOE: 09-07-2013, n.º 163.
NAMIBIA.
28-04-2020 RATIFICACIÓN.
27-07-2020 ENTRADA EN VIGOR.
B.D  Derecho Humanitario.
– NITI 19770608201.
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO 
DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I).
Ginebra, 8 de junio de 1977. BOE: 26-06-1989, n.º 177; 07-10-1989; 09-10-1989.
MAURICIO.
10-01-2020 OBJECIÓN.
Comunicación de la República de Mauricio.
Mediante una nota fechada el 10 de enero de 2020 y recibida el 13 de enero 
de 2020, la República de Mauricio solicitó al depositario suizo de los Convenios de 
Ginebra que llamase a la atención de los Estados partes el documento adjunto en el que 
expresa su objeción a la aplicación de los tres Protocolos Adicionales al «Territorio 
Británico del Océano Índico» por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (declaraciones de 2 de julio de 2002 respecto de los Protocolos I y II, y de 15 de 
junio de 2011 respecto del Protocolo III).
REPÚBLICA DE MAURICIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, INTEGRACIÓN REGIONAL Y COMERCIO 
INTERNACIONAL
N.º 1197/28.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio saluda al Departamento Federal de Asuntos Exteriores de 
Suiza y tiene el honor de hacer constar su firme objeción contra la extensión, por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico», de los Acuerdos enumerados en el Anexo y cuyo depositario es el 
Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  «Territorio  Británico  del  Océano  Índico»,  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es  e
insostenible según el Derecho Internacional. bo
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no  34ww
rCJeeunocs no1tsinc9eoi6acc5,ue ,e  heenanlc   ilaleasssm uta Jabudolreopídc in«iidciTóaoens rd  riedtco eofr oinolrsa muB alSrti itvecáapon anicrcdaoleuc ldyi óeen2nl  5tOed  ceqdél ueaAe nr ofcee hlÍb niAprdeiréicrcolhao ig»pod.i é eLld aaeg 2C o0C o1drh9etae,  g CIoanhsctae egrdrnoceasa  c Meiodsan,eu a yrli  cldhaioeas     OE-A-2020-58able en https://
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como «Territorio Británico del Océano Índico», era un 
acto  internacionalmente  ilícito,  de  naturaleza  continuada  y  que  afectaba  a  la 
responsabilidad del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido 
tiene la obligación legal de poner fin a su administración colonial ilegítima «lo antes 
posible».
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado «Territorio Británico del Océano Índico». Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  «todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso» al reconocer el llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico».
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el Anexo al llamado «Territorio Británico del Océano Índico» y contra el pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio. s
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del  oe.
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por  w.
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace  34ww
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del  Océano  Índico»,  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado «Territorio Británico del Océano Índico».
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio ruega que la presente objeción sea debidamente registrada y 
publicada por la Secretaría General de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 102 
de su Carta.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio aprovecha la ocasión para reiterar al Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza la expresión de su más alta consideración.
Port-Louis, 10 de enero de 2020.»
– NITI 19770608202.
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 12 DE AGOSTO 
DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL (PROTOCOLO II).
Ginebra, 8 de junio de 1977. BOE: 26-06-1989 N.º 177; 07-10-1989; 09-10-1989.
MAURICIO.
10-01-2020 OBJECIÓN.
Comunicación de la República de Mauricio
Mediante una nota fechada el 10 de enero de 2020 y recibida el 13 de enero 
de 2020, la República de Mauricio solicitó al depositario suizo de los Convenios de 
Ginebra que llamase a la atención de los Estados partes el documento adjunto en el que 
expresa su objeción a la aplicación de los tres Protocolos Adicionales al «Territorio 
Británico del Océano Índico» por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (declaraciones de 2 de julio de 2002 respecto de los Protocolos I y II, y de 15 de 
junio de 2011 respecto del Protocolo III).
REPÚBLICA DE MAURICIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, INTEGRACIÓN REGIONAL Y COMERCIO 
INTERNACIONAL
N.º 1197/28.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio saluda al Departamento Federal de Asuntos Exteriores de 
Suiza y tiene el honor de hacer constar su firme objeción contra la extensión, por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico», de los Acuerdos enumerados en el Anexo y cuyo depositario es el 
Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  «Territorio  Británico  del  Océano  Índico»,  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado «Territorio Británico del Océano Índico». La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las  s
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio  o
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha  w.
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República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como «Territorio Británico del Océano Índico», era un 
acto  internacionalmente  ilícito,  de  naturaleza  continuada  y  que  afectaba  a  la 
responsabilidad del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido 
tiene la obligación legal de poner fin a su administración colonial ilegítima «lo antes 
posible».
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado «Territorio Británico del Océano Índico». Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  «todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso» al reconocer el llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico».
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el Anexo al llamado «Territorio Británico del Océano Índico» y contra el pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado «Territorio Británico  s
del  Océano  Índico»,  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un  oe.
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su  w.
extensión por el Reino Unido al llamado «Territorio Británico del Océano Índico». 34ww
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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio aprovecha la ocasión para reiterar al Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza la expresión de su más alta consideración.
Port-Louis, 10 de enero de 2020.»
– NITI 20051208201.
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO 
DE 1949 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL 
(PROTOCOLO III).
Ginebra, 8 de diciembre de 2005. BOE: 18-02-2011, N.º 42.
LESOTHO.
06-01-2020 AHESIÓN.
06-07-2020 ENTRADA EN VIGOR.
C.  CULTURALES Y CIENTÍFICOS
C.A Culturales.
– NITI 19570427200.
ESTATUTOS  DEL  CENTRO  INTERNACIONAL  DEL  ESTUDIO  DE  LOS 
PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE LOS 
BIENES CULTURALES (ICCROM).
París, 27 de abril de 1957. BOE: 04-07-1958, N.º 159.
COSTA RICA.
11-09-2019 ADHESIÓN.
11-10-2019 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19850819200.
CONVENIO  EUROPEO  SOBRE  LA  VIOLENCIA  E  IRRUPCIONES  DE 
ESPECTADORES  CON  MOTIVO  DE  MANIFESTACIONES  DEPORTIVAS  Y 
ESPECIALMENTE DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL.
Estrasburgo, 19 de agosto de 1985. BOE: 13-08-1987, N.º 193.
PAÍSES BAJOS.
06-02-2020 DENUNCIA.
01-09-2020 EFECTOS.
RUMANÍA.
17-02-2020 DENUNCIA.
01-09-2020 EFECTOS.
– NITI 19701117200.
CONVENCIÓN  SOBRE  LAS  MEDIDAS  QUE  DEBEN  ADOPTARSE  PARA 
PROHIBIR  LA  IMPORTACIÓN,  LA  EXPORTACIÓN  Y  LA  TRANSFERENCIA  DE 
PROPIEDAD ILÍCITAS DE BIENES CULTURALES. e.
París, 17 de noviembre de 1970. BOE: 05-02-1986, N.º 33 w.
Y0033E--M0096E--N2200.1199  ERNATTIRFAICDAAC EIÓNN V.IGOR. OE-A-2020-58able en https://
– NITI 20011102200.
CONVENCIÓN  SOBRE  LA  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO  CULTURAL 
SUBACUÁTICO.
París, 2 de noviembre de 2001. BOE: 05-03-2009, N.º 55.
SUIZA.
25-10-2019 RATIFICACIÓN.
25-01-2020 ENTRADA EN VIGOR.
DECLARACIÓN:
«Basándose  en  el  artículo  28  de  la  Convención,  Suiza  declara  que  las  reglas 
enunciadas en el artículo 33 se aplican a sus aguas interiores.»
NIUE.
15-11-2019 ACEPTACIÓN.
15-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20051020200.
CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE 
LAS EXPRESIONES CULTURALES.
París, 20 de octubre de 2005. BOE: 12-02-2007, N.º 37.
UZBEKISTÁN.
15-11-2019 RATIFICACIÓN.
15-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
NIUE.
15-11-2019 ACEPTACIÓN.
15-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20160703201.
CONVENIO  DEL  CONSEJO  DE  EUROPA  SOBRE  UN  PLANTEAMIENTO 
INTEGRADO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y ATENCIÓN EN LOS PARTIDOS DE 
FÚTBOL Y OTROS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS.
Saint-Denis, 03 de julio de 2016. BOE: 19-10-2019, N.º 252.
ESTONIA.
16-12-2019 APROBACIÓN.
01-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
PAÍSES BAJOS.
06-02-2020 ACEPTACIÓN.
01-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
RUMANÍA. o
17-02-2020 RATIFICACIÓN. 34ww
01-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
C.C  Propiedad Intelectual e Industrial.
– NITI 18830320200
CONVENIO DE PARÍS, PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DEL 20 DE MARZO DE 1883, REVISADO EN BRUSELAS EL 14 DE DICIEMBRE 
DE  1900,  EN  WASHINGTON  EL  2  DE  JUNIO  DE  1911,  EN  LA  HAYA  EL  6  DE 
NOVIEMBRE DE 1925, EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, EN LISBOA EL 31 DE 
OCTUBRE DE 1958, EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967.
Estocolmo, 14 de julio de 1967. BOE: 01-02-1974, n.º 28.
SUIZA.
15-07-2020 NOTIFICACIÓN.
Notificación de la Confederación Suiza relativa al Artículo 6ter.1)a) y 9) del Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Modo en el que Suiza concede el permiso previsto en el Artículo 6ter.1)a) y 9) del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París).
Dicho permiso se refiere al registro y la utilización, en un país de la Unión, de los 
escudos de armas y la bandera de Suiza notificados por la Confederación Suiza a los 
Estados parte en el Convenio de París y a los miembros de la Organización Mundial del 
Comercio que no sean parte en dicho Convenio, bien como marcas o elementos una 
marca, bien para su uso en el comercio.
El permiso de Suiza de conformidad con el Artículo 6ter.1)a) y 9) del Convenio de 
París solamente será válido si es emitido por escrito por el Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual.
El alcance del permiso concedido se limita al signo designado expresamente y a los 
productos y servicios que figuran de manera explícita en el permiso.
C.D  Varios.
– NITI 18750520200.
CONVENIO  PARA  ASEGURAR  LA  UNIFICACIÓN  INTERNACIONAL  Y  EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA MÉTRICO, FIRMADO EN PARÍS EL 20 DE 
MAYO DE 1875, Y MODIFICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 1921.
París, 20 de mayo de 1875. Gaceta de Madrid: 09-01-1876; 03-03-1927.
ECUADOR.
13-01-2020 ADHESIÓN.
13-01-2020 ENTRADA EN VIGOR.
BELARÚS.
13-01-2020 ADHESIÓN.
13-01-2020 ENTRADA EN VIGOR.
D.  SOCIALES
D.A  Salud.
– NITI 20030521200.
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO. e
Ginebra, 21 de mayo de 2003. BOE: 10-02-2005, N.º 35. bo
A11N-0D5O-2R0R2A0. ADHESIÓN. 2020-5834n https://ww
09-08-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20121112200.
PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS 
DE TABACO.
Seúl, 12 de noviembre de 2012. BOE: 18-07-2018, N.º 173.
SEYCHELLES.
07-01-2020 ADHESIÓN.
06-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
KENIA.
04-05-2020 RATIFICACIÓN.
02-08-2020 ENTRADA EN VIGOR.
D.D  Medio Ambiente.
– NITI 19710202200.
CONVENIO  RELATIVO  A  HUMEDALES  DE  IMPORTANCIA  INTERNACIONAL 
ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUÁTICAS.
Ramsar, 2 de febrero de 1971. BOE: 20-08-1982, N.º 199;
VANUATÚ.
04-07-2019 ADHESIÓN
04-11-2019 ENTRADA EN VIGOR
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, este 
Estado designó el humedal denominado «Lago Letes» para que se incluyera en la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional establecida en virtud de esta Convención.
– NITI 19821203200.
PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO SOBRE LOS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA  INTERNACIONAL  ESPECIALMENTE  COMO  HABITAT  DE  AVES 
ACUÁTICAS.
París, 3 de diciembre de 1982. BOE: 14-07-1987, N.º 167.
VANUATÚ.
04-07-2019 ADHESIÓN.
04-11-2019 ENTRADA EN VIGOR
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, este 
Estado designó el humedal denominado «Lago Letes» para que se incluyera en la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional establecida en virtud de esta Convención.
– NITI 19850322200.
CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
Viena, 22 de marzo de 1985. BOE: 16-11-1988, N.º 275.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN. b
SecL«reaNt a0Mr3ioi/s2 i0óG n(e NPnYee/rrUamlN ad/n3ee9 n5Nt)ea cdieo nlae sR Uepnúidbalisc ay d etie Mnea uerilc ihoo annotre  dNea chiaocneers  cUonnidstaasr  ssaulu dfiram ael   2020-5834n https://ww
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como "Territorio Británico del Océano Índico", era un acto 
internacionalmente ilícito, de naturaleza continuada y que afectaba a la responsabilidad 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que "cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible" y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  «todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante  s
del  territorio  de  la  República  de  Mauricio,  apoyen  su  rápida  descolonización  y  "se  oe.
abstengan de impedir ese proceso" al reconocer el llamado "Territorio Británico del  w.
Océano Índico". 34ww
añosL,a y R peoprú lbal icpare dseen Mtea rueriitceiora h, as uv epnleidnoa  rseoivbienrdaincaían dsoo bcroen eslt aAnrtcehmipeiénltaeg ao  ldoe l aCrghoa gdoes .l oEsl 
pGroobteiesrtnao c odnet rala l aR eexpteúnbsliicóan , dpeo r Mpaarutreic dioe,l  Rpoerin ota Untnoi,d oe,x dpere lsoas  Adceu efordrmosa  einnuemqueírvaodcoas  esun   BOE-A-cable e
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la 
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
– NITI 19870916200.
PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA 
CAPA DE OZONO.
Montreal, 16 de septiembre de 1987. BOE: 17-03-1989, N.º 65 Y 28-02-1990, N.º 51.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas,  e.e
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las  b
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre  34ww
ddee  11996675.,  E2n2 3c2o n(sXeXcIu),e ndcei a2,0 la d Ce odrticei eamñabdreió  dqeu e1 9la6 6a,c tyu a2l3 a5d7m (iXniXsItIr)a, cdióen  1d9e ld Aer cdhicipieiémlabgroe 
dinete Crnhaacgioons aplmore enlt eR eilíincioto U, ndied on,a ctoumraole z"Tae crroitnotriinou Badriatá nyi cqou ed eal fOecctéaabnao a Í nlad icreos",p oenras aubni laidcatod 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado «Territorio Británico del Océano Índico». Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  «todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del  territorio  de  la  República  de  Mauricio,  apoyen  su  rápida  descolonización  y  "se 
abstengan de impedir ese proceso" al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el Anexo al llamado «Territorio Británico del Océano Índico» y contra el pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la  s
expresión de su más alta consideración. oe.
9 de enero de 2020.» w.
– NITI 19890322200.
TRACNOSNFVREONNITOE RDIZEO  SB DASEI LLEOAS  DSEOSBERCEH OESL P ECLOIGNRTORSOOLS   DY ES UL EOLSIM  IMNOACVIIÓMNIE.NTOS
Basilea, 22 de marzo de 1989. BOE: 22-09-1994, N.º 227.
CANADÁ.
09-03-2020 NOTIFICACIÓN CONFORME AL PÁRRAFO SEGUNDO LETRA B DEL 
ARTÍCULO 18 RELATIVO A LAS ENMIENDAS DE LOS ANEXOS II, VIII Y IX DEL 
CONVENIO
«Canadá toma nota de las Enmiendas de los Anexos II, VIII y IX del Convenio de 
Basilea  aprobadas  por  la  Conferencia  de  las  Partes  en  su  decimocuarta  reunión 
(Ginebra, del 29 de abril al 10 de mayo de 2019), y de que dichas enmiendas entrarán en 
vigor para todas las Partes el 24 de marzo de 2020.
Canadá desea informar al depositario de que apoya plenamente las enmiendas y de 
que tiene la intención de cumplirlas; sin embargo, Canadá remite una notificación de 
conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 18 del Convenio de Basilea para 
completar su proceso interno de adopción del tratado. De hecho, este proceso tal vez no 
haya finalizado cuando entren en vigor las citadas enmiendas. Canadá ha iniciado ya sus 
procedimientos nacionales e informará al depositario una vez estos hayan concluido en 
una nota posterior.»
– NITI 19911004200.
PROTOCOLO  AL  TRATADO  ANTÁRTICO  SOBRE  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO 
AMBIENTE.
Madrid, 4 de octubre de 1991. BOE: 18-02-1998, N.º 42.
BELARÚS.
04-11-2019 APROBACIÓN.
04-11-2019 ENTRADA EN VIGOR.
COLOMBIA.
13-02-2020 ACEPTACIÓN.
14-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
13-02-2020 APROBACIÓN ANEXO V.
14-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19990617201.
PROTOCOLO SOBRE EL AGUA Y LA SALUD AL CONVENIO DE 1992 SOBRE LA 
PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA TRANSFRONTERIZOS Y 
DE LOS LAGOS INTERNACIONALES.
Londres, 17 de junio de 1999. BOE: 25-11-2009, N.º 284.
MONTENEGRO.
22-11-2019 ADHESIÓN.
20-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20010522200.
CONVENIO  DE  ESTOCOLMO  SOBRE  CONTAMINANTES  ORGÁNICOS 
PERSISTENTES.
Estocolmo, 22 de mayo de 2001. BOE: 23-06-2004, N.º 151 Y 04-10-2007, N.º 238. es
GUINEA ECUATORIAL. w.
2243--1023--22001290  AEDNHTREASDIÓAN E.N VIGOR.
– NITI 20030521201.
PROTOCOLO  SOBRE  REGITROS  DE  EMISIONES  Y  TRANSFERENCIAS  DE 
CONTAMINANTES.
Kiev, 21 de mayo de 2003. BOE 26-11-2009, N.º 285.
KAZAJISTÁN.
24-01-2020 ADHESIÓN.
23-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20101015200.
PROTOCOLO  DE  NAGOYA-KUALA  LUMPUR  SOBRE  RESPONSABILIDAD  Y 
COMPENSACIÓN  SUPLEMENTARIO  AL  PROTOCOLO  DE  CARTAGENA  SOBRE 
SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA.
Nagoya, 15 de octubre de 2010. BOE: 19-01-2018, N.º 17.
COLOMBIA.
14-04-2020 RATIFICACIÓN.
13-07-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20101029200.
PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y 
PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE 
SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
Nagoya, 29 de octubre de 2010. BOE: 20-08-2014, N.º 202 y 09-10-2014, N.º 245.
GRECIA.
14-02-2020 RATIFICACIÓN.
14-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20120504200.
MODIFICACIÓN DEL TEXTO Y DE LOS ANEXOS II A IX E INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS  ANEXOS  X  Y  XI  AL  PROTOCOLO  AL  CONVENIO  DE  1979  SOBRE 
CONTAMINACIÓN  ATMOSFÉRICA  TRANSFRONTERIZA  A  GRAN  DISTANCIA, 
RELATIVO A LA REDUCCIÓN DE LA ACIDIFICACIÓN, DE LA EUTROFIZACIÓN Y DEL 
OZONO EN LA TROPOSFERA.
Ginebra, 04 de mayo de 2012. BOE: 05-08-2019, N.º 186.
NORUEGA.
26-11-2019 ACEPTACIÓN.
24-02-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
«De conformidad con el apartado 4 del artículo 15 de la modificación, el Gobierno del 
Reino de Noruega declara que no tiene intención de estar vinculado por el procedimiento 
a que se refiere el apartado 7 del artículo 13bis en relación con los anexos IV a XI.»
– NITI 20151212200.
ACUERDO DE PARÍS es
París, 12 de diciembre de 2015. BOE: 02-02-2017, N.º 28. bo
1K198IR--00G32U--22IS0022T00Á  NERN.ATTIRFAICDAAC EIÓNN VIGOR. 2020-5834n https://ww
E.  JURÍDICOS
E.C  Derecho Civil e Internacional Privado.
– NITI 19511031200.
ESTATUTO DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO, HECHO EN LA HAYA EL 31 DE OCTUBRE DE 1951, ENMENDADO EL 30 
DE JUNIO DE 2005.
La Haya, 31 de octubre de 1951. BOE: 12-04-1956; 30-03-2012, N.º 77.
REPÚBLICA DOMINICANA.
04-03-2020 ACEPTACIÓN.
04-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
AUTORIDAD:
Organismo nacional de la República Dominicana:
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Departamento legal.
UZBEKISTÁN.
04-03-2020 ACEPTACIÓN.
04-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19611005200.
CONVENIO  SUPRIMIENDO  LA  EXIGENCIA  DE  LEGALIZACIÓN  DE  LOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.
La Haya, 05 de octubre de 1961. BOE: 25-09-1978, N.º 229 y 17-10-1978.
PALAU.
17-10-2019 ADHESIÓN.
23-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
AUTORIDADES:
Autoridades designadas:
1.  Ministro de Estado.
2.  Cónsul General Honorario de Palaos en Grecia y Director Ejecutivo del Registro 
Internacional de Buques de Palaos.
3.  Secretario judicial, Tribunal Supremo de Palaos.
12-02-2020 MODIFICACIÓN AUTORIDADES.
Autoridades competentes:
1.  Ministro de Estado.
2.  Secretario de los Tribunales, Tribunal Supremo de Palaos. es
AZERBAIYÁN. w.
de A1«7Dsu-e0n 1cto-o2sn0 f2Eo0rxm tMeidrOiaoDdre IcFso ICdne Ae Cll aIaÓ rRtNíce uAplUúob T6lOi cdaRe I DdlaeA  CDAo.znevrebnaciyióánn  (e..n.) , llaa  Rdeelpeúgbalcicióan  Aduetló Mnoinmisate drieo   OE-A-2020-58able en https://
Nakhichevan está facultada para emitir apostillas para los documentos redactados en el 
territorio de la República Autónoma de Nakhichevan de la República de Azerbaiyán.»
FINLANDIA.
23-01-2020 MODIFICACIÓN AUTORIDAD.
«A partir del 1 de enero de 2020, la autoridad competente designada por Finlandia es 
la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población (Digital and Population Data 
Service Agency).»
ECUADOR.
14-02-2020 MODIFICACIÓN AUTORIDAD.
Autoridad competente:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Director de Documentos de Viaje y Legalizaciones.
– NITI 19651115200.
CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN Y TRASLADO EN EL EXTRANJERO 
DE  DOCUMENTOS  JUDICIALES  Y  EXTRAJUDICIALES  EN  MATERIA  CIVIL  Y 
COMERCIAL.
La Haya, 15 de noviembre de 1965. BOE: 25-08-1987, N.º 203 y 13-04-1989.
NICARAGUA.
24-07-2019 ADHESIÓN.
01-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
Autoridad Central.
Corte Suprema de Justicia.
20-04-2020 DECLARACIONES.
«Artículo 2.
Nicaragua interpreta que las disposiciones del Convenio, conforme a su artículo 1, 
son igualmente aplicables al Derecho de Familia, considerando el hecho de que, en la 
fecha de la firma del Convenio, las instituciones de Derecho de Familia se encuadraban 
dentro del Derecho Civil, lo cual lleva a Nicaragua a concluir que las Partes no tenían 
intención de excluir las cuestiones relativas al Derecho de Familia.
Artículo 3.
Nicaragua declara que se opone al traslado y la notificación de documentos judiciales 
en su territorio, en virtud del artículo 8, párrafo segundo, del Convenio.
Artículo 4.
Nicaragua declara que se opone a las formas y vías previstas en el artículo 10, letras  es
a), b) y c), del Convenio para la remisión, traslado y notificación de los documentos. o
Artículo 5. 34ww
Nicaragua declara que acepta las disposiciones del artículo 15, párrafo segundo, del
Convenio.
Artículo 6.
De conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, del Convenio, Nicaragua declara 
que una demanda tendente a la exención de la preclusión no será admisible si se 
formula después de la expiración del plazo de un año, a computar desde la fecha de la 
decisión.»
ESTADOS UNIDOS.
28-01-2020 DECLARACIÓN.
«(…) informar al Ministerio (…) de algunas novedades en lo referente a la prestación 
de asistencia judicial por el Gobierno de los Estados Unidos de América a tribunales 
extranjeros y a litigantes ante dichos tribunales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha informado al 
Departamento de Estado de que su Oficina de Asistencia Judicial Internacional ha 
renovado su contrato de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales 
internacionales con la empresa ABC Legal Services (ABC Legal). El nuevo contrato entró 
en vigor el 15 de enero de 2020, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de enero 
de 2025.
Desde 2003, el Departamento de Justicia ha encomendado la función ministerial de 
notificación y traslado de documentos en respuesta a las solicitudes al efecto conforme a 
la Convención de La Haya a la empresa ABC Legal (anteriormente denominada PFI o 
Process Forwarding International). La autoridad central de los EE.UU. sigue siendo la 
Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Departamento de Justicia de los EE.UU., 
sin perjuicio de la asignación de determinadas funciones de notificación y traslado a una 
empresa privada.
ABC Legal dejó de operar como Process Forwarding International (PFI), por lo que 
todas las peticiones de notificación o traslado deberán dirigirse exclusivamente a ABC 
Legal Services. Las peticiones de notificación o traslado a personas físicas o jurídicas 
deberán enviarse por correo postal a la dirección abajo indicada o transmitirse por 
medios electrónicos:
ABAC Legal Services.
633.  Yesler Way.
Seattle, WA 98104.
United States of America.
Teléfono: (001) 206-521-9000.
Correo electrónico: internationalinfo@abclegal.com.
Página web: https://www.abclegal.com/international-service-of-process.
Las peticiones de notificación o traslado de documentos al Gobierno de los EE. UU., 
lo que incluye a sus funcionarios (en el ejercicio de sus funciones), departamentos, 
agencias u otros organismos, deberán enviarse directamente a la Oficina de Asistencia 
Judicial Internacional del Departamento de Justicia:
Oficina de Asistencia Judicial Internacional.
Departamento de Justicia de los EE.UU.
Benjamin Franklin Station.
P.O. Box 14360.
Washington, D.C. 20044.
United States of America. es
Teléfono: (001) 202-514-6700. o
Correo electrónico: OIJA@usdoj.gov. 34ww
PAáBgCin Lae wgaelb e: sh trtepssp:/o/wnwsawb.ljeu sdtiec ea.tgeonvd/ceirv lial/os ffpiceeti-ciniotneernsa dtieo nnaol-tjiuficdaicciaiól-na oss tirsataslnacdeo- 5e.n las
siguientes zonas: los EE.UU. (sus 50 estados y el Distrito de Columbia), Guam, Samoa
Americana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes norteamericanas y la Mancomunidad de las 
Islas Marianas del Norte.
Las peticiones de notificación o traslado de documentos judiciales y extrajudiciales 
dirigidas a personas físicas o jurídicas y enviadas conforme al Convenio de La Haya 
deberán incluir un pago de 95,00 $. En caso de no acompañarse justificante de dicho 
pago, podrá rechazarse la petición. Además de cumplir con los requisitos pertinentes en 
función del método de notificación o traslado elegido, las peticiones deberán indicar un 
correo electrónico de contacto y un número de teléfono del solicitante extranjero, a fin de 
que ABC Legal, en su caso, pueda tratar de subsanar cualquier deficiencia antes de 
devolver una petición sin haberla ejecutado. ABC Legal puede aceptar peticiones de 
notificación o traslado por correo electrónico o a través de su página web, siempre que 
se incluya el justificante de pago o que este se haga en línea. El modelo de formulario 
del Convenio de La Haya para la notificación o traslado de documentos deberá incluirse 
en todas las peticiones transmitidas conforme a dicho Convenio.
Para obtener información detallada acerca de las peticiones de notificación o traslado 
de  documentos  consúltese  la  página  web  de  la  Oficina  de  Asistencia  Judicial 
Internacional,  https://www.justice.gov/civil/office-international-judicial-assistance-0,  o  la 
página web actualizada de ABC Legal, https://www.abclegal.com/international-service-of-
process.
Los Estados Unidos observan que las leyes federales de los EE.UU. no imponen la 
obligación  de  que  se  envíen  a  ABC  Legal,  para  su  ejecución,  las  peticiones  de 
notificación o traslado de documentos a personas físicas o jurídicas en los Estados 
Unidos, por lo que no existe objeción alguna a la entrega oficiosa de dichos documentos 
por el personal de las misiones diplomáticas o consulares en los Estados Unidos, o 
mediante correo postal o de mano de particulares, siempre que sea jurídicamente válida 
y no se recurra a la coerción.»
– NITI 19801025200.
CONVENIO  SOBRE  LOS  ASPECTOS  CIVILES  DE  LA  SUSTRACCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES.
La Haya, 25 de octubre de 1980. BOE: 24-08-1987, N.º 202; 30-06-1989.
NORUEGA.
26-02-2020 MODIFICACIÓN DE AUTORIDAD.
(modificación a partir del 1 de marzo de 2020).
Autoridad Central:
Dirección Noruega de Asuntos de la Infancia, la Juventud y la Familia.
ARGENTINA.
13-05-2020 OBJECIÓN.
DECLARACIÓN.
«… en relación con la notificación n.º 09/2020, de 30 de abril de 2020, en la cual el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte menciona las Islas Malvinas en su 
aceptación de la adhesión de la República Dominicana al Convenio.
La República Argentina recuerda que, por medio de las Notas AE n.º 33/98, de 30 de  e
mayo de 1998, y n.º 47/98, de 13 de julio de 1998, y la declaración de 4 de agosto  bo
de 2009, rechazó la pretensión del Reino Unido de extender la aplicación del Convenio  34ww
cdsMioeracbl luvrNenino darlatosens,, t  ealaassss,í  p eceInosc mltlaooosss    lotGcésirev maoilecringtsooi assds  r ene odlatleaicfli  icosSanuduasordt sroa yspc  occSrioó aennnl   dlaRiwn edticeienhrson i agdUcneinaol icndSiaoóul n dr  dede yeG  l mrlGaaseon nb Boizeorrreennstaoa s ñia lae m gelaía tsiIrmr íltaiIomsn lddaaeass     OE-A-2020-58able en https://
Malvinas como Autoridad central del Convenio y la aceptación de la adhesión y entrada
en vigor del Convenio con respecto a Bulgaria, Costa Rica y El Salvador en nombre de 
las Islas Malvinas.
Ante tales precedentes, la República Argentina rechaza la pretensión del Reino 
Unido de incluir a las Islas Malvinas en su aceptación de la adhesión de la República 
Dominicana al Convenio.
El Gobierno de la República Argentina desea recordar que las Islas Malvinas, las 
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las zonas marítimas circundantes forman 
parte integrante del territorio nacional de Argentina y que, dado que se encuentran bajo 
la ilegítima ocupación británica, son objeto de una disputa de soberanía entre ambos 
países, como reconocen la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones posteriores de la 
Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  y  más  de  40  resoluciones  del  Comité 
Especial de Descolonización, así como de otras organizaciones internacionales.
En ese sentido, cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas pide 
a la República Argentina y el Reino Unido que reanuden las negociaciones sobre la 
soberanía con el fin de alcanzar una solución pacífica y definitiva.»
– NITI 19930529200.
CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y LA COOPERACIÓN 
EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
La Haya, 29-05-1993. BOE: 01-08-1995, N.º 182.
GUYANA.
05-02-2019 ADHESIÓN.
01-06-2019 ENTRADA EN VIGOR.
28-02-2919 DECLARACIÓN.
AUTORIDAD COMPETENTE:
El Ministerio de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Fiscal General.
AUTORIDAD CENTRAL:
El Ministerio de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Fiscal General.
– NITI 19961019200.
CONVENIO  DE  LA  HAYA  DE  19  DE  OCTUBRE  DE  1996  RELATIVO  A  LA 
COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS.
La Haya, 19 de octubre de 1996. BOE: 02-12-2010, N.º 291.
GUYANA.
05-02-2019 ADHESIÓN.
01-12-2019 ENTRADA EN VIGOR.
DECLARACIÓN 28-02-2019:
AUTORIDAD CENTRAL: El Ministerio de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Fiscal 
General. es
NICARAGUA. w.
2071--0122--22001199  AEDNHTREASDIÓAN E.N VIGOR.
16-04-2019 DECLARACIÓN.
AUTORIDAD CENTRAL:
El Ministerio de Familia, Infancia y Juventud.
BARBADOS.
11-07-2019 ADHESIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20011116200.
CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS 
DE EQUIPO MÓVIL.
Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 04-10-2013, n.º 238; 21-02-2015, 
n.º 45; 31-07-2015, n.º 182.
QATAR.
08-01-2020 ADHESIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
Con las Declaraciones de los Artículos 39(1)(a); 39(1)(b); 40; 53; 54(2).
EGIPTO.
07-11-2019 DECLARACIONES ARTÍCULOS 39(1)(A), 53 AND 54(2).
01-06-2020 EFECTOS.
– NITI 20011116201.
PROTOCOLO  SOBRE  CUESTIONES  ESPECÍFICAS  DE  LOS  ELEMENTOS  DE 
EQUIPO  AERONÁUTICO,  DEL  CONVENIO  RELATIVO  A  GARANTÍAS 
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL.
Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 01-02-2016, n.º 27.
QATAR
08-01-2020 ADHESIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– Declaraciones Arts. XXX(1), XXX(2), XXX(3).
EGIPTO.
07-11-2019 DECLARACIONES ARTÍCULOS XIX(1), XXX(1), XXX(2) and XXX(3).
01-06-2020 EFECTOS.
E.D  Derecho Penal y Procesal.
– NITI 19580610200.
CONVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS.
Nueva York, 10 de junio de 1958. BOE: 11-07-1977, N.º 164 y 17-10-1986, N.º 249.
SEYCHELLES.
03-02-2020 ADHESIÓN. e
03-05-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración: b
dye la–s  «slean Rteenpcúiabsli caar bditera Sleesy cdhicetalledsa sa púlnicicaarám elan tCeo ennv eenl cteiórrnit oarl iore dceo nootrcoim Eiestnatdoo y s eigjencautacrióion;   2020-5834n https://ww
– [la República de Seychelles] aplicará la Convención solamente a las diferencias 
que  surjan  de  relaciones  jurídicas,  contractuales  o  no,  que  sean  consideradas 
mercantiles según la legislación nacional de Seychelles.»
– NITI 19731214200.
CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA 
PERSONAS  INTERNACIONALMENTE  PROTEGIDAS  INCLUSIVE  LOS  AGENTES 
DIPLOMÁTICOS.
Nueva York, 14 de diciembre de 1973. BOE: 07-02-1986, N.º 33.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como «Territorio Británico del Océano Índico», era un 
acto  internacionalmente  ilícito,  de  naturaleza  continuada  y  que  afectaba  a  la 
responsabilidad del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido 
tiene la obligación legal de poner fin a su administración colonial ilegítima «lo antes 
posible».
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos  e.
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la  w.
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la  34ww
cRoelopnúiballi ciale gdíeti mMaa eunri cuion,  pyl aezxoi gmíaá xqimueo  edle  Rseeiins om Uesneidso,  epsutsoi eesse,  nfion  ma ássu t aarddme idneisl tr2a2c idóen 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que "cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible" y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados", para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del  territorio  de  la  República  de  Mauricio,  apoyen  su  rápida  descolonización  y  "se 
abstengan de impedir ese proceso" al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la 
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
– NITI 19901108200.
CONVENIO RELATIVO AL BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y DECOMISO 
DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO.
Estrasburgo, 08 de noviembre de 1990. BOE: 21-10-1998, N.º 252.
LIECHTENSTEIN.
25-11-2019 DECLARACIÓN:
«Se  modifica  la  declaración  de  autoridad  central  hecha  por  Liechtenstein  de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 del Convenio, de la manera siguiente:
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 del Convenio, la autoridad central del  e.
Principado de Liechtenstein será: w.
AAmelet sfütrra Jsusset i7z 0(.Oficina de Justicia).
P94o9s0tf aVcahd 6u8z.4».
– NITI 19990127200.
CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.
Estrasburgo, 27 de enero de 1999. BOE: 28-07-2010 N.º 182.
CHIPRE.
17-01-2020  NOTIFICACIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE  UNA  RESERVA  A  PARTIR 
DEL 1 DE JULIO DE 2020.
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 38 del Convenio, el Gobierno de la 
República de Chipre declara que renueva íntegramente su reserva al apartado 1 del 
artículo 26 formulada de conformidad con el apartado 3 del artículo 37 del Convenio, por 
el periodo de tres años previsto en el apartado 1 del artículo 38 del Convenio.»
– NITI 19991209200.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO.
Nueva York, 9 de diciembre de 1999. BOE: 23-05-2002, N.º 123,13-06-2002, N.º 141.
ESTADOS UNIDOS.
08-01-2020 OBJECIÓN A LA RESERVA Y A LA DECLARACIÓN HECHA POR EL 
LÍBANO SOBRE SU ADHESIÓN.
«… [E]l Gobierno de los Estados Unidos de América, tras un cuidadoso examen, 
considera que la reserva y declaración de Líbano constituye una reserva que pretende 
limitar el ámbito del Convenio de forma unilateral. La reserva es contraria al objeto y 
propósito  del  Convenio,  concretamente  la  represión  de  la  financiación  de  actos 
terroristas, sin importar donde tengan lugar ni quienes los lleven a cabo.
El Gobierno de los Estados Unidos también considera que la reserva es contraria a lo 
estipulado en el artículo 6 del Convenio, que reza: "Cada Estado Parte adoptará las 
medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación 
interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente 
Convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole 
política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar".
El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  observa  que,  conforme  a  los  principios 
establecidos del Derecho Internacional de los Tratados, no podrá permitirse una reserva 
que sea incompatible con el objeto y propósito del Tratado.
Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos presenta una objeción a la 
reserva y declaración realizadas por el Gobierno de Líbano con ocasión de su adhesión 
a este Convenio. Esta objeción, sin embargo, no impide la entrada en vigor del Convenio 
entre Estados Unidos y Líbano.»
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.
23-03-2020  APLICACIÓN  TERRITORIAL  DEL  CONVENIO  CON  RESPECTO  A 
GIBRALTAR A PARTIR DEL 23-03-2020.
– NITI 20001115201.
PROTOCOLO  PARA  PREVENIR,  REPRIMIR  Y  SANCIONAR  LA  TRATA  DE  o
PERSONAS,  ESPECIALMENTE  MUJERES  Y  NIÑOS,  QUE  COMPLETA  LA  34www.
OCORGNNBVARuENeUvNINZaCEA YIIDÓo DArNkA  ,T R1RUD5A SEdNS eS AnNLLoAAAvSCiMe Im.ONbNrAAeCL d.IeO 2N0E0S0 . BUONEI:D 1A1S-1 2-C2O00N3T, RNA.º  29L6A.  DELINCUENCIA  BOE-A-2020-58cable en https://
30-03-2020 ADHESIÓN.
29-04-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
«"De conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del Protocolo, el Gobierno de 
Brunei Darussalam no se considera obligado por el párrafo 2 del artículo 15 de dicho 
Protocolo."»
– NITI 20011108201.
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA 
JUDICIAL EN MATERIA PENAL.
Estrasburgo, 08 de noviembre de 2001. BOE: 01-06-2018, N.º 133.
RUSIA.
20-12-2019 NOTIFICACIÓN DE UNA ENMIENDA DE UNA DECLARACIÓN.
01-01-2020 ENTRADA EN VIGOR.
«En virtud del párrafo 4 del artículo 18 del Protocolo adicional, y en aplicación de la 
Ley federal de 6 de junio de 2019 n.º 120-FZ de la Federación de Rusia «Sobre la 
ratificación del Segundo Protocolo adicional al Convenio europeo de asistencia judicial 
en materia penal», la Parte rusa retira a los siguientes órganos centrales autorizados a 
realizar entregas vigiladas:
– el Comité de Investigaciones de la Federación de Rusia;
– la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia.
Se  enviará  posteriormente  la  lista  actualizada  de  los  órganos  centrales 
competentes.»
– NITI 20031031200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Nueva York, 31 de octubre de 2003. BOE: 19-07-2006, N.º 171.
TONGA.
06-02-2020 ADHESIÓN.
07-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20110511200.
CONVENIO  DEL  CONSEJO  DE  EUROPA  SOBRE  PREVENCIÓN  Y  LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Estambul, 11 de mayo de 2011. BOE: N.º 137 de 06-06-2014.
ANDORRA.
31-01-2020  NOTIFICACIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE  UNA  RESERVA  A  PARTIR 
DEL 1 DE AGOSTO DE 2019 Y SU COMUNICACIÓN.
«El Principado de Andorra ha decidido renovar por otro periodo de cinco años, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 79 del Convenio, la siguiente reserva: s
"De conformidad con el apartado 2 del artículo 78 del Convenio, Andorra se reserva  w.b
el derecho a no aplicar las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 30 del  34ww
ConDveen cioo"n.formidad con el apartado 3 del artículo 79 (Cuando una de las Partes formule
GunRaE rVeIsOe,r vcao nco annfotermrioer iad alods  aa psaur tpardóorsro 2g ay  o3  cdueal nadrtoíc usleoa 7 r8e,q dueebriedraá  pdaarra e xepllolic, ascoiobnree sl oasl 
motivos que justifican su mantenimiento.), el Gobierno de Andorra desea informar de que 
en el caso de que el perjuicio no esté cubierto por otros mecanismos, Andorra considera 
que  al  aceptar  la  responsabilidad  subsidiaria  y  conceder  así  una  indemnización  a 
aquellos que hayan sufrido graves daños a su integridad física o a su salud, provocaría 
una  desventaja  para  las  víctimas  de  otros  delitos.  Además,  dicha  responsabilidad 
subsidiaria no está regulada actualmente en su orden jurídico interno.
Esta cuestión se debatió en el Consejo General (Parlamento) el 12 de diciembre 
de 2019, por iniciativa de la parlamentaria D.ª Judith Salazar Alvarez, que presentó su 
oposición a la renovación de esta reserva. Por último, la cámara aprobó mantener esta 
reserva,  comprometiéndose  a  realizar  a  la  mayor  brevedad  las  modificaciones 
legislativas necesarias para poder retirar la reserva relativa al apartado 2 del artículo 30 
del Convenio. En consecuencia, el Gobierno de Andorra ha decidido empezar a estudiar 
las leyes que se han de modificar con ese fin.
Además, la legislación interna ya prevé un sistema de protección integral que incluye, 
entre otras cosas, la asistencia social, sanitaria, psicológica y jurídica a las víctimas.»
SERBIA.
07-02-2020 NOTIFICACIÓN DE UNA RENOVACIÓN PARCIAL DE UNA RESERVA 
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2019.
«De conformidad con el apartado 1 del artículo 79 del Convenio, la República de 
Serbia  informa  de  que  ha  decidido  renovar  su  reserva  relativa  al  apartado  2  del 
artículo 30 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia  contra  la  mujer  y  la  violencia  doméstica  (Convenio  de  Estambul)  por  el 
siguiente periodo de cinco años, teniendo en cuenta que por el momento no está en 
condiciones de calcular el importe de los fondos que destina el Estado a indemnizar a las 
víctimas  de  actos  de  violencia,  incluida  la  violencia  contra  las  mujeres,  pues  la 
información sobre el número de demandas presentadas contra los autores y el Estado no 
está disponible actualmente en los expedientes oficiales, pues no se extrae de los 
expedientes  judiciales.  Sin  embargo,  ha  decidido  retirar  la  reserva  relativa  a  los 
apartados 1.e, 3 y 4 del artículo 44 del Convenio.»
ESLOVENIA.
14-02-2020  NOTIFICACIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE  UNA  RESERVA  A  PARTIR 
DEL 1 DE JUNIO DE 2020.
«De conformidad con el apartado 1 del artículo 79 del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, la República de Eslovenia informa de que ha decidido mantener íntegramente 
su reserva, realizada en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, por 
un periodo de cinco años.»
F.  LABORALES
F.B  Específicos.
– NITI 19700624200.
CONVENIO  N.º  132  DE  LA  OIT,  RELATIVO  A  LAS  VACACIONES  ANUALES 
PAGADAS (REVISADO). s
Ginebra, 24 de junio de 1970. BOE: 05-07-1974. o
BELARÚS. 34ww
13/02/2020 RATIFICACIÓN.
13/02/2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19760621200.
CONVENIO  N.º  144  DE  LA  OIT  SOBRE  CONSULTAS  TRIPARTITAS  PARA 
PROMOVER LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO.
Ginebra, 21 de junio de 1976. BOE: 26-11-1984, N.º 283.
CABO VERDE.
10-01-2020 RATIFICACIÓN.
10-01-2021 ENTRADA EN VIGOR.
CROACIA.
26-02-2020 RATIFICACIÓN.
26-02-2021 ENTRADA EN VIGOR.
ANGOLA.
24-04-2020 RATIFICACIÓN.
24-04-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19950622200.
CONVENIO N.º 176 DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS.
Ginebra, 22 de junio de 1995. BOE: 28-01-1999, N.º 24.
BELARÚS.
13-02-2020 RATIFICACIÓN.
13/02/2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20060223200.
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006.
Ginebra, 23 de febrero de 2006. BOE: 22-01-2013, N.º 19 Y 12-04-2013, N.º 88.
ISLAS COOK.
18-12-2019 RATIFICACIÓN.
18-12-2020 ENTRADA EN VIGOR.
BRASIL.
07-05-2020 RATIFICACIÓN.
07-05-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20140611200.
PROTOCOLO  DE  2014  RELATIVO  AL  CONVENIO  SOBRE  EL  TRABAJO 
FORZOSO, 1930.
Ginebra, 11 de junio de 2014. BOE: 21-12-2017, N.º 309.
NUEVA ZELANDA.
13-12-2019 RATIFICACIÓN.
13-12-2020 ENTRADA EN VIGOR. es
TAYIKISTÁN. w.
2244--0011--22002201  RENATTIRFAICDAAC EIÓNN V.IGOR.
LITUANIA.
05-03-2020 RATIFICACIÓN.
05-03-2021 ENTRADA EN VIGOR.
G.  MARÍTIMOS
G.A  Generales.
– NITI 19821210200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR.
Montego Bay, 10 de diciembre de 1982. BOE: 14-02-1997, N.º 39.
NIGERIA.
02-12-2019 DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 287:
«De conformidad con el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del Mar de 1982, el Gobierno de la República Federal de 
Nigeria declara por la presente que acepta la competencia del Tribunal Internacional de 
Derecho del Mar para la solución de controversias entre la Confederación Suiza y la 
República Federal de Nigeria en el asunto del buque San Padre Pío.»
AUSTRALIA.
17-01-2020  NOTIFICACIÓN  SOBRE  EL  NOMBRAMIENTO  DE  ÁRBITROS  Y 
CONCILIADORES BAJO LOS ANEXOS V Y VII DE LA CONVENCIÓN.
«La Misión Permanente de Australia ante Naciones Unidas informa con el debido 
respeto [...] del fallecimiento del profesor Ivan Shearer AM RFD, y solicita que se retire su 
nombre de la lista de árbitros australianos designados en virtud del anexo VII.»
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él. s
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la  oe.
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el  w.
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración  34ww
daepll icdaedreac eh oin dteer plorse tpaudeab dloes  aac ulae arduoto cdoente lramsi nreascoiólunc yio dnee sla d Ce alart aA dsea mlabsl eNaa Gcieonneersa Ul dneid alass, 
Ndea c1io9n6e5s,  2U2n3id2a s(X 1X5I1),4 d (eX V2)0,  ddee  1d4ic dieem dbicriee mdeb re1 9d6e6 ,1 9y6 203, 5270 6(6X X(XIIX),) ,d dee  1196  ddee  ddiicciieemmbbrree   BOE-A-cable e
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como "Territorio Británico del Océano Índico", era un acto 
internacionalmente ilícito, de naturaleza continuada y que afectaba a la responsabilidad 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados", para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del  territorio  de  la  República  de  Mauricio,  apoyen  su  rápida  descolonización  y  "se 
abstengan de impedir ese proceso" al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las  s
Naciones Unidas. oe.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas  w.
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la  34ww
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
– NITI 19940728200.
ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE LA CONVENCIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE 
DE 1982.
Nueva York, 28 de julio de 1994. BOE: 13-02-1997, N.º 38.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como "Territorio Británico del Océano Índico", era un acto 
internacionalmente ilícito, de naturaleza continuada y que afectaba a la responsabilidad 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada. s
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados  oe.
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la  w.
Acdoesnsimdcouislcomtnaoisz,  aqecuxióehn op rutdóee d aMa nlaa usimr iNcpieaodc iicoro none  rslea tU rmansiadayaro slra  y rc aoapn idtcoeludzso ispó onss udibsel elo »pr groya cnaeis smqou odese   sedese psaecbcosilatoelninzigzaaadncoi sód nea.    2020-5834n https://ww
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados", para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso» al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico".
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada, 
difundida  y  publicada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las 
Naciones Unidas.
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la 
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
– NITI 19950707200.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN, Y 
GUARDIA PARA EL PERSONAL DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1995.
Londres, 07 de julio de 1995. BOE: N.º 65 de 16-03-2012 y N.º 237 de 02-10-2012.
INDONESIA.
27-11-2019 ADHESIÓN.
27-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
G.B  Navegación y Transporte.
– NITI 19880310200.
CONVENIO  PARA  LA  REPRESIÓN  DE  LOS  ACTOS  ILÍCITOS  CONTRA  LA 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA.
Roma, 10 de marzo de 1988. BOE: 24-04-1992, N.º 99. e
CHINA. w.
0022--0044--22002200  EEXNTTERNASDIAÓ ENN A V LIAG ORREG. IÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAO.
– NITI 19880310201.
PROTOCOLO  PARA  LA  REPRESIÓN  DE  ACTOS  ILÍCITOS  CONTRA  LA 
SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL.
Roma, 10 de marzo de 1988. BOE: 24-04-1992, N.º 99.
CHINA.
02-04-2020 EXTENSIÓN A LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAO.
02-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19881111201.
PROTOCOLO DE 1988 AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974.
Londres. 11 de noviembre de 1988. BOE: 30-09-1999, N.º 234 y 09-12-1999, N.º 294.
QATAR.
15-01-2020 ADHESIÓN.
15-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20051014200.
PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LOS 
ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA.
Londres, 14 de octubre de 2005. BOE: 14-07-2010, N.º 170; 11-05-2011, N.º 112; 
20-07-2011, N.º 173.
MONTENEGRO.
06-01-2020 ADHESIÓN.
05/04/2020 ENTRADA EM VIGOR.
– NITI 20051014201.
PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE 
ACTOS  ILÍCITOS  CONTRA  LA  SEGURIDAD  DE  LAS  PLATAFORMAS  FIJAS 
EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL.
Londres, 14 de octubre de 2005. BOE: 15-07-2010, N.º 171; 16-09-2010, N.º 225.
MONTENEGRO.
06-01-2020 ADHESIÓN.
05-04-2020 ENTRADA EM VIGOR.
G.C  Contaminación.
– NITI 19780217201.
PROTOCOLO  DE  1978  RELATIVO  AL  CONVENIO  INTERNACIONAL  PARA 
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973.
Londres, 17 de febrero de 1978. BOE: 17 y 18-10-1984, N.º 249 Y 250; 06-03-1991, 
N.º 56. s
SEYCHELLES. w.b
2299--1012--22001290  AECNETPRTAADCAI ÓENN  AVNIGEOXRO. III, IV Y V.
SEYCHELLES.
29-11-2019 ADHESIÓN ANEXO VI.
29-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19921127200.
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS, 1969.
Londres, 27 de noviembre de 1992. BOE: 20-09-1995, N.º 225 y 24-10-1995, N.º 
254.
NAURU.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-03-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19921127201.
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
LA  CONSTITUCIÓN  DE  UN  FONDO  INTERNACIONAL  DE  INDEMNIZACIÓN  DE 
DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1971.
Londres, 27 de noviembre del 1992. BOE: 11-10-1997, N.º 244.
NAURU.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-03-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19970926200.
PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL 
PROTOCOLO DE 1978.
Londres, 26 de septiembre de 1997. BOE: 18-10-2004, N.º 251.
MAURICIO.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20010323200.
CONVENIO  INTERNACIONAL  SOBRE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  NACIDA  DE 
DAÑOS  DEBIDOS  A  CONTAMINACIÓN  POR  HIDROCARBUROS  PARA 
COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES
Londres, 23 de marzo de 2001. BOE: 19-02-2008, N.º 43.
NAURU.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
OMÁN. s
30-04-2020 ADHESIÓN. w.b
30-07-2020 ENTRADA EN VIGOR. 34ww
– NITI 20040213200.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE
LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004.
Londres, 13 de febrero de 2004. BOE: 22-11-2016, N.º 282 y 04-02-2017, N.º 30.
BELARÚS.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
NAURU.
23-03-2020 ADHESIÓN.
23-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
CHINA.
13-05-2020  EXTENSIÓN  A  REGIÓN  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE  HONG 
KONG.
13-08-2020 ENTRADA EN VIGOR.
G.E  Derecho Privado.
– NITI 19890428200.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE SALVAMENTO MARÍTIMO, 1989.
Londres, 28 de abril de 1989. BOE: 08-03-2005, N.º 57.
TAILANDIA.
28-11-2019 ADHESIÓN.
28-11-2020 ENTRADA EM VIGOR.
– NITI 19960502200.
PROTOCOLO DE 1996 QUE ENMIENDA EL CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 
1976.
Londres, 02 de mayo de 1996. BOE: 28-02-2005, N.º 50.
MYANMAR.
04-02-2020 ADHESIÓN.
04-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
NAURU.
23-03-2020 ADHESIÓN.
21-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19990312201.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES, 
1999.
Ginebra,  12  de  marzo  de  1999.  BOE:  N.º  104  DE  02-05-2011.  N.º  160 
DE 06-07-2011.
TURQUÍA. o
11-09-2019 ADHESIÓN. 34ww
11-12-2019 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
rese«rDvae  ecl odneforermchidoa dde  cdoanr  eplr ioarritdícaudl oa  8la sd ed isepsotas icCioonnevse ndceió lna,  CTounrqveuníac iódne cilnatrear nqauceio nsael 
de 1926 para la unificación de ciertas reglas sobre la inmunidad de los buques de
propiedad estatal y el Protocolo adicional a [él] firmado el 24 de mayo 1934, de los 
cuales Turquía es parte.»
I.  COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
I.E  Carreteras.
– NITI 19490919200.
CONVENIO SOBRE LA CIRCULACIÓN POR CARRETERA.
Ginebra, 19-09-1949. BOE: 12-04-1958, N.º 88.
CROACIA.
07-02-2020 ADHESIÓN.
08-03-2020 ENTRADA EN VIGOR.
RESERVA:
«De conformidad con el artículo 2, párrafo 1, de la Convención, la República de 
Croacia excluye Anexo 1 de la aplicación del Convenio.»
NOTIFICACIÓN:
«De conformidad con el anexo 4, párrafo 3, del Convenio, la República de Croacia 
[por la presente] notifica que las letras distintivas seleccionadas por la República de 
Croacia son "HR".»
LIECHTENSTEIN.
02-03-2020 ADHESIÓN.
01-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
RESERVA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 26, LETRA B:
«El Principado de Liechtenstein se reserva el derecho a exigir exclusivamente a los 
vehículos automotores que estén provistos de un indicador sonoro.»
DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON EL ANEJO 1:
«El  Principado  de  Liechtenstein  excluye,  de  conformidad  con  el  artículo  2, 
apartado 1, del Convenio, la aplicación del anejo 1 del Convenio.»
NOTIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL ANEJO 4, ARTÍCULO 4:
«El Principado de Liechtenstein escoge las siguientes letras distintivas: "FL".»
BRUNÉI DARUSSALAM.
12-03-2020 ADHESIÓN.
11-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
DECLARACIÓN:
«De  conformidad  con  el  artículo  2  de  la  Convención,  el  Gobierno  de  Brunei  es
Darussalam declara excluir la aplicación de los Anexos 1 y 2 del Convenio.» bo
R«EElS GEoRbVieAr.no de Brunei Darussalam no se considera obligado por el artículo 33 de la  2020-5834n https://ww
sCooluncvieónnc dióen  cyo nsetr orveesresrivaas .e»l derecho de aceptar para seguir este o cualquier otro foro de
– NITI 19490919201.
PROTOCOLO RELATIVO A LAS SEÑALES DE CARRETERAS.
Ginebra, 19-09-1949. BOE: 12-04-1958, N.º 88.
LIECHTENSTEIN.
02-03-2020 ADHESIÓN.
02-06-2021 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19500916201.
ACUERDO  EUROPEO  QUE  COMPLETA  EL  CONVENIO  RELATIVO  A  LA 
CIRCULACIÓN  POR  CARRETERA  Y  EL  PROTOCOLO  REFERENTE  A  LA 
SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA DE 1949.
Ginebra, 16-09-1950. BOE 09-11-1960, N.º 269.
LIECHTENSTEIN.
02-03-2020 ADHESIÓN.
02-06-2021 ENTRADA EN VIGOR.
DECLARACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  EL  ARTÍCULO  PRIMERO,  CONVENIO 
SOBRE LA CIRCULACIÓN POR CARRETERA, AD ANEJO 1:
«El  Principado  de  Liechtenstein  no  se  considera  obligado  por  el  punto 
complementario relativo al anejo 1 del Convenio sobre la circulación por carretera, de 
conformidad con su declaración sobre el Convenio sobre la circulación por carretera, 
celebrado en Ginebra el 19 de septiembre de 1949, por la que se excluye la aplicación 
del anejo 1 en el Principado de Liechtenstein.»
– NITI 19570930200.
ACUERDO  EUROPEO  SOBRE  TRANSPORTE  INTERNACIONAL  DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR).
Ginebra, 30 de septiembre de 1957. BOE: 09 A 17-07-1973, N.os 163 A 170; 07 
A  21-11-1977;  07-A  14-11-1986,  N.os  267  A  273;.25-02-1987,  N.º  48;  17-02-1992; 
19-09-1995, N.º 224: 26-07-1996, N.º 180; 10-06-1997, N.º 138; 16-12-1998, N.º 300
UZBEKISTÁN.
24-01-2020 ADHESIÓN.
24-02-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20080220200.
PROTOCOLO  ADICIONAL  AL  CONVENIO  RELATIVO  AL  CONTRATO  DE 
TRANSPORTE  INTERNACIONAL  DE  MERCANCÍAS  POR  CARRETERA  (CMR), 
RELATIVO A LA CARTA DE PORTE ELECTRÓNICA.
Ginebra, 20 de febrero de 2008. BOE: N.º 141 de 14-06-2011.
REINO UNIDO.
20-12-2019 ADHESIÓN. oe.
19-03-2020 ENTRADA EN VIGOR. w.
SUECIA.
0097--0036--22002200  RENATTIRFAICDAAC EIÓNN V.IGOR.
J.  ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
J.B  Financieros.
– NITI 19820507200.
ACUERDO ESTABLECIENDO EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO HECHO 
EN JARTUM EL 4 DE AGOSTO DE 1963, ENMENDADO POR LA RESOLUCIÓN 05-79 
ADOPTADA POR EL CONSEJO DE GOBERNADORES EL 17 DE MAYO DE 1979.
Lusaka, 07 de mayo de 1982. BOE: 01-12-1983, N.º 287 Y 19-05-84, N.º 120.
IRLANDA.
04-03-2020 ADHESIÓN.
– NITI 9880125200.
CONVENIO  DE  ASISTENCIA  ADMINISTRATIVA  MUTUA  EN  MATERIA  FISCAL 
Estrasburgo, 25 de enero de 1988. BOE: 08-11-2010, Núm. 270.
SINGAPUR.
28-10-2019 NOTIFICACIÓN DE DECLARCIÓN Y RETIRADA PARCIAL DE UNA 
RESERVA:
El Gobierno de la República de Singapur, tras examinar la notificación relativa a los 
impuestos a los que se aplica el Convenio en el caso de la República de Singapur 
(Anexo A), la modifica como sigue:
ANEXO A
Impuestos a los que se aplica el Convenio
A los efectos del apartado 2 del artículo 2, los siguientes impuestos se aplican en el 
caso de la República de Singapur:
Artículo 2, apartado 1.a.i: Impuesto sobre la Renta, y.
Artículo 2, apartado 1.b.iii.C: Impuesto sobre Bienes y Servicios.
El Gobierno de Singapur, tras examinar la reserva hecha conforme al artículo 30, 
apartado 1.a del Convenio, la modifica como sigue:
De conformidad con el apartado 1.a del artículo 30 del Convenio, la República de 
Singapur se reserva el derecho a no proporcionar asistencia de ningún tipo con respecto 
a los impuestos de otras Partes incluidas en cualquier de las categorías enumeradas en 
el apartado 1.b del artículo 2, excepto en relación con el Impuesto sobre Bienes y 
Servicios a que se refiere el apartado 1.b.iii.C del artículo 2.
BRUNEI DARUSSALAM.
31-01-2020 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
01-07-2019 ENTRADA EN VIGOR.
«Declaración sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información en 
virtud  del  Acuerdo  Multilateral  entre  Autoridades  Competentes  sobre  intercambio  e.e
automático de información de cuentas financieras. b
Considerando  que  Brunéi  se  ha  comprometido  al  intercambio  automático  de  34ww
iinnffoorrmmaacciióónn  ceonn, fyo ram ep aartl ira rdteíc u2l0o1 68 , dye lq Cueo nav efinni od ed ep oAdseisrt einntceirac aAmdmbiainri satruatotivmaá tMicuatmuae netne 
AMsaisteterinac Fiais cAadl mtailn cisotmraoti vqau eMdóu tumao deifnic aMdoa tpeorira  elF Pisrcoatol c(oelon  dleo  Esnumcieesnivdoa,  a«l eClo nCvoennvioe ndioe 
modificado»)  según  el  calendario  al  que  se  comprometió,  Brunéi  ha  firmado  una
Declaración de adhesión al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre 
intercambio automático de información de cuentas financieras (en adelante el "AMAC 
ECCI") el 12 de diciembre de 2019;
Considerando que, conforme a su artículo 28.6, el Convenio modificado surtirá efecto 
en cuanto a la asistencia administrativa relativa a periodos impositivos que comiencen a 
partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que el Convenio modificado haya 
entrado en vigor respecto a una Parte, o cuando no exista periodo impositivo, para 
asistencia administrativa relativa a obligaciones tributarias nacidas a partir del 1 de enero 
del año siguiente a aquel en que el Convenio modificado haya entrado en vigor respecto 
a una Parte;
Considerando que el artículo 28.6 del Convenio modificado dispone que dos Partes o 
más podrán acordar que el Convenio modificado surtirá efecto en cuanto a la asistencia 
administrativa relativa a periodos de imposición u obligaciones fiscales anteriores;
Teniendo  en  cuenta  que  la  información  sólo  puede  ser  enviada  desde  una 
jurisdicción, conforme al Convenio modificado, con respecto a periodos impositivos u 
obligaciones tributarias de la jurisdicción receptor para la que el Convenio enmendado 
surta efecto, y que, en consecuencia, las jurisdicciones remitentes para las que el 
Convenio acabe de entrar en vigor en un año dado sólo están en disposición de ofrecer 
asistencia  administrativa  a  las  jurisdicciones  receptores  relativa  a  los  periodos 
impositivos que comiencen u obligaciones tributarias que nazcan a partir del 1 de enero 
del año siguiente;
Reconociendo  que  una  Parte  existente  del  Convenio  modificado  podrá  recibir 
información, conforme al artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC ECCI, con 
origen en una nueva Parte y referida a periodos impositivos u obligaciones tributarias 
anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado, si ambas Partes acuerdan que 
se aplique otra fecha de efecto;
Reconociendo además que, por tanto, una nueva Parte del Convenio modificado 
podrá enviar información, conforme al artículo 6 del Convenio modificado y el AMAC 
ECCI, a una Parte existente y referida a periodos impositivos u obligaciones tributarias 
anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas Partes acuerdan que 
se aplique otra fecha de efecto;
Admitiendo  que  la  información  recibida  conforme  al  artículo  6  del  Convenio 
modificado y el AMAC ECCI podrá conducir a posteriores solicitudes adicionales por 
parte de la jurisdicción receptora, las cuales se referirían al mismo ejercicio fiscal para el 
que la jurisdicción remitente ya ha intercambiado automáticamente información conforme 
al AMAC ECCI;
Confirmando que la capacidad de una jurisdicción para enviar información relativa al 
ECCI conforme al artículo 6 del Convenio modificado, así como la información relativa a 
las  solicitudes  complementarias  con  arreglo  al  artículo  5  del  Convenio  modificado, 
deberá  regirse  por  las  disposiciones  del  AMAC  ECCI,  incluso  en  lo  referido  a  los 
ejercicios  fiscales  pertinentes  de  la  jurisdicción  remitente  en  él  contenidos, 
independientemente  de  a  qué  periodos  impositivos  u  obligaciones  tributarias  dela 
jurisdicción receptora corresponda dicha información;
El  Gobierno  de  Brunéi  declara  que  el  Convenio  modificado  surtirá  efecto  de 
conformidad con las disposiciones del AMAC ECCI para la asistencia administrativa 
conforme al AMAC ECCI entre Brunéi y otras Partes del Convenio modificado que hayan 
formulado declaraciones similares, independientemente de a qué periodos impositivos u 
obligaciones tributarias corresponda dicha información en la jurisdicción receptora. s
El Gobierno de Brunéi asimismo declara que el Convenio modificado surtirá también  oe.
efecto para la asistencia administrativa, de conformidad con su artículo 5, entre Brunéi y  w.
las otras Partes del Convenio modificado que hayan formulado declaraciones similares,  34ww
idnidcheap einndfoiermntaecmióenn tee nd ela  qjuuéri spdeicricoidóons r eimceppotsoitriav,o sc uua nodbolig adciciohnae ass tirsitbeuntcairaia ss ecao rrreelsaptiovnad aa 
solicitudes complementarias relacionadas con la información intercambiada conforme al
AMAC ECCI respecto a los ejercicios fiscales de la jurisdicción remitente cubiertos por el 
AMAC ECCI.»
ARMENIA.
06-02-2020 RATIFICACIÓN.
01-06-2020 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones y objeción:
DECLARACIONES:
«La declaración de la República de Azerbaiyán contenida en el instrumento de 
ratificación  depositado  el  3  de  junio  de  2004,  incluye  alegaciones  injustificadas  y 
carentes de base contra la República de Armenia y distorsiona la esencia del conflicto de 
Nagorno-Karabaj, que se inició y se mantiene debido al uso de la fuerza por parte de 
Azerbaiyán contra las demandas pacíficas del pueblo de Nagorno-Karabaj (República de 
Artsaj) a favor del respeto a los derechos humanos y la autodeterminación.
ANEXO A
Impuestos a los que el Convenio será de aplicación
Artículo 2, apartado 1.a.i:
− Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre los Beneficios.
Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:
− Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:
− Impuesto al consumo.
Artículo 2, apartado 1.b.iii.G:
− Impuesto sobre el Volumen de Negocio, Impuesto Medioambiental, Impuesto de 
Circulación.
ANEXO B
Autoridades Competentes
Comité de Recaudación Pública o su representante autorizado.»
OBJECIÓN:
«La República de Armenia presenta una objeción a la declaración de la República de 
Azerbaiyán de fecha 23 de mayo de 2014, registrada ante la Secretaría General de la 
OCDE el 23 de septiembre de 2014 y confirmado en el momento de la ratificación del 
Protocolo el 29 de mayo de 2015, y a la declaración de la República de Turquía de 
fecha 19 de octubre de 2011, entregada al Secretario General de la OCDE el 3 de 
noviembre de 2011 y confirmada en el instrumento de ratificación depositado ante el 
Secretario General de la OCDE el 26 de marzo de 2018, ambos limitando la aplicación  e
de las disposiciones del Convenio y Protocolo únicamente a los Estados con los que la  bo
República de Azerbaiyán y la República de Turquía mantienen relaciones diplomáticas. 34ww
lrniemi seietsLar avrc asloo sms,d  yped acenltariinbergalceuch inocooasn n eyd s eeo  l beaollnilbgatjeaser ctieooios ryntmá ep escrn ooqtmpeuó epsm riseteoenn  ddcdiiedeolarn iC vaeaodnnna  evsdle, e ánll maioCs bo dintceouv  eeadsnleetilaos ab , rlpcetírocceneutserlo tniu td3une0y nme d naem,r lc doCoedo  ipfhniacevracearhn  oliaoo,     OE-A-2020-58able en https://
cooperación entre los Estados Miembros del Consejo de Europa, y por tanto deben ser 
consideradas nulas y carentes de validez.
Hasta  la  retirada  de  las  reservas  anteriormente  mencionadas,  la  República  de 
Armenia declara que no está en disposición de garantizar la aplicación del Convenio y 
del Protocolo con respecto a la República de Azerbaiyán y la República de Turquía.»
CABO VERDE.
06-01-2020 RATIFICACIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas:
a)  «De conformidad con el apartado 1.a del artículo 30 del Convenio, la República 
de Cabo Verde no prestará asistencia de ningún tipo relativa a los impuestos de otras 
Partes en ninguna de las categorías enumeradas en el subapartado b del apartado 1 del 
artículo 2, excepto las mencionadas en las letras C) y D) del apartado 1.b iii) del 
artículo 2, tal como se incluye en el Anexo A.
b)  De conformidad con el apartado 1.b del artículo 30 del Convenio, la República de 
Cabo Verde no prestará asistencia de ningún tipo en materia de cobro de cualesquiera 
créditos  tributarios,  ni  de  cobro  de  multas,  en  lo  relativo  a  todos  los  impuestos 
enumerados en el apartado 1.b del artículo 2, excepto los mencionados en las letras C) y 
D) del apartado 1.b iii) del artículo 2, tal como se incluye en el Anexo A.
c)  De conformidad con el apartado 1.c del artículo 30 del Convenio, la República de 
Cabo Verde no prestará asistencia de ningún tipo respecto de los créditos tributarios ya 
existentes  en  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  Convenio  en  lo  que  respecta  a  la 
República de Cabo Verde.
d)  De conformidad con el apartado 1.d del artículo 30 del Convenio, la República de 
Cabo Verde no prestará asistencia en materia de notificación de documentos en lo 
relativo a todos los impuestos enumerados en el apartado 1.b del artículo 2, excepto los 
mencionados en las letras C) y D) del apartado 1.b iii) del artículo 2, tal como se incluye 
en el Anexo A.
ANEXO A
Impuestos a los que el Convenio será de aplicación
Artículo 2, apartado 1.a.i:
− Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ("Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares")
− Impuesto de Sociedades ("Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas")
Artículo 2, apartado 1.a.ii:
− Impuesto Único sobre la Plusvalía Inmobiliaria ("Imposto único sobre o patrimonio, 
no que diz respeito aos ganhos derivados da alienaçao de bens imobiliarios")
Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:
− Impuesto sobre el Valor Añadido ("Imposto sobre o Valor Acrescentado")
Artículo 2, apartado 1.b.iii.D: s
− Impuestos Especiales. ("Imposto sobre Consumos Especiais") w.b
ANEXO B
Autoridades Competentes
El Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas, el Director Nacional de Recaudación 
Fiscal o sus representantes autorizados.»
ARABIA SAUDÍ.
06-01-2020  ENTRADA  EN  VIGOR  DE  UNA  ENMIENDA  SOBRE  UNA 
DECLARACIÓN.
«ANEXO A – Impuestos a los que el Convenio será de aplicación.
Artículo 2, apartado 1.a.i:
− El Impuesto sobre la Renta incluyendo el Impuesto de Inversiones en Gas Natural,
− El Zakat, y
Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:
− Impuesto sobre el Valor Añadido,
Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:
− Impuesto al consumo.»
MONTENEGRO.
28-01-2020 RATIFICACIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas:
RESERVAS:
«En virtud del artículo 30, apartado 1, letra a), del Convenio, Montenegro se reserva 
el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de 
otras Partes comprendidos en cualquiera de las categorías enumeradas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 2 del Convenio, siempre y cuando dicha Parte no haya incluido en 
el Anexo A del Convenio ninguno de sus propios impuestos comprendidos en esa 
categoría.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra b), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho  de  no  prestar  asistencia  en  materia  de  cobro  de  cualesquiera  créditos 
tributarios,  ni  de  cobro  de  multas  administrativas,  respecto  de  la  totalidad  de  los 
impuestos.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra c), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la 
fecha de entrada en vigor del Convenio para ese Estado o, si se hubiese formulado 
previamente una reserva con arreglo a las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 30 del 
Convenio, a la fecha de la retirada de dicha reserva en relación con los impuestos 
comprendidos en esa categoría en cuestión.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra.d), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos respecto de 
la totalidad de los impuestos enumerados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio. s
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra f), del Convenio, Montenegro se reserva el  e.
derecho de no aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia  w.
administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o  34ww
duensap Puéasrt ed eel l1  Cdoen evneenrioo  dmeol tdeifricceard aoñ poo arn etel riPorro ato acqouloe l deen  2q0u1e0 h, aoy aa e nfatrltaad od ee np veirgioodr op adrae 
inmapzocasinc ieóln ,1  pdaer ae nlear oa soi sdteenscpiuaé sa ddmeli n1is dtrea teivnae rroe ldaetivl ate rac elra sa ñoob alingtaecriioonr eas  afqisuceal leesn  qquuee   BOE-A-cable e
haya entrado en vigor con respecto a una Parte el Convenio modificado por el Protocolo 
de 2010.
ANEXO A
Impuestos a los que se aplicará el Convenio
Artículo 2, apartado 1.a.i:
– Impuesto sobre la renta;
– Impuesto de sociedades.
ANEXO B
Autoridades competentes
El Ministerio de Finanzas o su representante autorizado.
De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Convenio, Montenegro declara que, 
de  conformidad  con  su  legislación  interna,  sus  autoridades  pueden  informar  a  su 
residente o nacional antes de suministrar información que le concierna, en aplicación de 
los artículos 5 y 7.
De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio, Montenegro informa de 
su intención de no aceptar, como regla general, las solicitudes a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo.»
MONGOLIA.
19-02-2020 RATIFICACIÓN.
01-06-2020 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y notificaciones:
RESERVAS:
«En virtud del artículo 30, apartado 1, letra a), del Convenio, Mongolia se reserve el 
derecho  de  no  prestar  ninguna  forma  de  asistencia  en  relación  con  los  impuestos 
comprendidos en cualquiera de las siguientes categorías enumeradas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 2 del Convenio:
i.  impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias de capital o el patrimonio 
neto percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una 
Parte;
ii.  cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas a las administraciones 
públicas o a los organismos de la seguridad social de derecho público;
iii.  impuestos  de  otras  categorías,  con  excepción  de  los  derechos  de  aduana, 
establecidos por una Parte, a saber:
A.  impuestos sobre sucesiones o donaciones;
B.  Impuesto sobre bienes inmuebles;
C.  Impuestos  generales  sobre  el  consumo,  como  el  impuesto  sobre  el  valor 
añadido;
D.  impuestos sobre bienes y servicios determinados, como los impuestos sobre 
consumos específicos;
E.  impuestos sobre la utilización o la propiedad de vehículos de motor; e
F.  impuestos sobre la utilización o la propiedad de bienes muebles que no sean  bo
vehículos de motor; 34ww
GEn.  vtirotduods d leols  adretímcuálso  i3m0p, uaepsatortsa:do 1, letra b), del Convenio, Mongolia se reserve el
derecho  de  no  prestar  asistencia  en  materia  de  cobro  de  cualesquiera  créditos
tributarios,  ni  de  cobro  de  multas  administrativas,  respecto  de  la  totalidad  de  los 
impuestos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Convenio.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra c), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la 
fecha de entrada en vigor del Convenio para ese Estado o, si se hubiese formulado 
previamente una reserva con arreglo a las letras a) o b) precedentes, a la fecha de la 
retirada de dicha reserva en relación con los impuestos comprendidos en esa categoría 
en cuestión.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra d), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos respecto de 
la totalidad de los impuestos.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra e), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 del 
artículo 17.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra f), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia 
administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o 
después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor para 
una Parte el Convenio modificado por el Protocolo de 2010, o a falta de periodo de 
imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que 
nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que 
haya entrado en vigor con respecto a una Parte el Convenio modificado por el Protocolo 
de 2010.»
NOTIFICACIONES:
«Mongolia ratifica el Convenio con las siguientes notificaciones:
ANEXO A
Impuestos a los que se aplicará el Convenio
Artículo 2, apartado 1, letra a.i:
– Impuesto de sociedades;
– Impuesto sobre la renta.
ANEXO B
Autoridades Competentes
En lo que respecta a Mongolia, por «autoridades competentes» se entenderán el 
Ministerio de Finanzas, el Comisario del Departamento General de Impuestos y sus 
representantes autorizados.
ANEXO C
Definición del término «nacional» a efectos del Convenio
En lo que respecta a Mongolia, por «nacional» se entenderá cualquier persona con  s
nacionalidad de Mongolia, así como cualquier persona jurídica, empresa, sociedad de  e.
personas (partnership) o asociación constituida de acuerdo con la legislación vigente en  w.
Mongolia.» 34ww
–  NITI 20100527200.
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
MUTUA EN MATERIA FISCAL.
París, 27 de mayo de 2010. BOE: N.º 276 de 16-11-2012.
MONTENEGRO.
28-01-2020 RATIFICACIÓN.
01-05-2020 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas:
RESERVAS:
«En virtud del artículo 30, apartado 1, letra a), del Convenio, Montenegro se reserva 
el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de 
otras Partes comprendidos en cualquiera de las categorías enumeradas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 2 del Convenio, siempre y cuando dicha Parte no haya incluido en 
el Anexo A del Convenio ninguno de sus propios impuestos comprendidos en esa 
categoría.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra b), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho  de  no  prestar  asistencia  en  materia  de  cobro  de  cualesquiera  créditos 
tributarios,  ni  de  cobro  de  multas  administrativas,  respecto  de  la  totalidad  de  los 
impuestos.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra c), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la 
fecha de entrada en vigor del Convenio para ese Estado o, si se hubiese formulado 
previamente una reserva con arreglo a las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 30 del 
Convenio, a la fecha de la retirada de dicha reserva en relación con los impuestos 
comprendidos en esa categoría en cuestión.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra.d), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos respecto de 
la totalidad de los impuestos enumerados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra f), del Convenio, Montenegro se reserva el 
derecho de no aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia 
administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o 
después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor para 
una Parte el Convenio modificado por el Protocolo de 2010, o a falta de periodo de 
imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que 
nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que 
haya entrado en vigor con respecto a una Parte el Convenio modificado por el Protocolo 
de 2010.
ANEXO A
Impuestos a los que se aplicará el Convenio
Artículo 2, apartado 1.a.i:
– Impuesto sobre la renta;
– Impuesto de sociedades.
ANEXO B
Autoridades competentes
El Ministerio de Finanzas o su representante autorizado. oe.
De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Convenio, Montenegro declara que,  w.
lrdoeess  iadcreotínnctfueol rooms n id5aa cydi o7 n.caoln a nstue s ledgei ssluamcióinnis tirnatre rinnfao,r msaucsi óanu qtoureid laed ceosn cpiueerndae,n e nin afoprlmicaacr ióan  dsue   2020-5834n https://ww
De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio, Montenegro informa de 
su intención de no aceptar, como regla general, las solicitudes a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo.
MONGOLIA.
19-02-2020 RATIFICACIÓN.
01-06-2020 ENTRADA EN VIGOR.
RESERVAS:
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra a), del Convenio, Mongolia se reserve el 
derecho  de  no  prestar  ninguna  forma  de  asistencia  en  relación  con  los  impuestos 
comprendidos en cualquiera de las siguientes categorías enumeradas en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 2 del Convenio:
iv.  impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias de capital o el patrimonio 
neto percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una 
Parte;
v.  cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas a las administraciones 
públicas o a los organismos de la seguridad social de derecho público;
vi.  impuestos  de  otras  categorías,  con  excepción  de  los  derechos  de  aduana, 
establecidos por una Parte, a saber:
H.  impuestos sobre sucesiones o donaciones;
I.  Impuesto sobre bienes inmuebles;
J.  Impuestos  generales  sobre  el  consumo,  como  el  impuesto  sobre  el  valor 
añadido;
K.  impuestos sobre bienes y servicios determinados, como los impuestos sobre 
consumos específicos;
L.  impuestos sobre la utilización o la propiedad de vehículos de motor;
M.  impuestos sobre la utilización o la propiedad de bienes muebles que no sean 
vehículos de motor;
N.  todos los demás impuestos:
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra b), del Convenio, Mongolia se reserve el 
derecho  de  no  prestar  asistencia  en  materia  de  cobro  de  cualesquiera  créditos 
tributarios,  ni  de  cobro  de  multas  administrativas,  respecto  de  la  totalidad  de  los 
impuestos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Convenio.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra c), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la 
fecha de entrada en vigor del Convenio para ese Estado o, si se hubiese formulado 
previamente una reserva con arreglo a las letras a) o b) precedentes, a la fecha de la 
retirada de dicha reserva en relación con los impuestos comprendidos en esa categoría 
en cuestión.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra d), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos respecto de 
la totalidad de los impuestos.
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra e), del Convenio, Mongolia se reserva el 
derecho de no permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 del 
artículo 17. es
En virtud del artículo 30, apartado 1, letra f), del Convenio, Mongolia se reserva el  o
derecho de no aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia  34ww
uaidmndepamsop iPnsuiiéacssritótr eadn te,i evl pla1 a  Cdrqoaeun  eevla nea enbariooas  irdsqmteueole ntd ecilfiroaiccs ea ardp daoemñ rpoiiono dairson terstea l rtdiiPvoearr o  aitmro eacplqaooutlsoievi cla die óenan    2qlq0uau1ese 0 h ,o aibnoyli iacgai aae ncnfai torletanalde  o1sd   eefd insep c veaierglineooesdr r opoq a,ud reoae     OE-A-2020-58able en https://
nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que
haya entrado en vigor con respecto a una Parte el Convenio modificado por el Protocolo 
de 2010.»
NOTIFICACIONES:
«Mongolia ratifica el Convenio con las siguientes notificaciones:
ANEXO A
Impuestos a los que se aplicará el Convenio
Artículo 2, apartado 1, letra a.i:
– Impuesto de sociedades;
– Impuesto sobre la renta.
ANEXO B
Autoridades Competentes
En lo que respecta a Mongolia, por «autoridades competentes» se entenderán el 
Ministerio de Finanzas, el Comisario del Departamento General de Impuestos y sus 
representantes autorizados.
ANEXO C
Definición del término «nacional» a efectos del Convenio
En lo que respecta a Mongolia, por «nacional» se entenderá cualquier persona con 
nacionalidad de Mongolia, así como cualquier persona jurídica, empresa, sociedad de 
personas (partnership) o asociación constituida de acuerdo con la legislación vigente en 
Mongolia.»
K.  AGRÍCOLAS Y PESQUEROS
K.A  Agrícolas.
– NITI 19760613200.
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA.
Roma, 13 de junio de 1976. BOE: 14-02-1979 y 29-03-1979.
POLONIA.
29-01-2020 ADHESIÓN.
29-01-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 20010403200.
ACUERDO PARA LA CONVERSIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA 
VIÑA Y EL VINO EN ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO.
París, 3 de abril de 2001. BOE: 05-02-2004, N.º 31. es
UZBEKISTÁN. w.
2298--1110--22001199  EANDTHREASDIÓAN E.N VIGOR.
K.C  Protección de Animales y Plantas.
– NITI 19730303200.
CONVENIO  SOBRE  EL  COMERCIO  INTERNACIONAL  DE  ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES).
Washington, 3 de marzo de 1973. BOE: 30-07-1986 N.º 181.
MAURICIO.
10-01-2020 RESERVA.
Comunicación de la República de Mauricio.
Mediante una nota fechada el 10 de enero de 2020 y recibida el 13 de enero 
de 2020, la República de Mauricio solicitó al depositario suizo del CITES que llamase a 
la atención de los Estados firmantes y adheridos el documento adjunto en el que expresa 
su firme objeción a la aplicación del CITES, de su enmienda hecha en Bonn el 22 de 
junio de 1979 y de su enmienda hecha en Gaborone el 30 de abril de 1983, al «Territorio 
Británico del Océano Índico» por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (declaraciones de 2 de agosto de 1976, de 28 de noviembre de 1980 y de 13 de 
diciembre de 1985, respectivamente).
Berna, 31 de enero de 2020.
REPÚBLICA DE MAURICIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, INTEGRACIÓN REGIONAL Y COMERCIO 
INTERNACIONAL
N.º 1197/28
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio saluda al Departamento Federal de Asuntos Exteriores de 
Suiza y tiene el honor de hacer constar su firme objeción contra la extensión, por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico», de los Acuerdos enumerados en el Anexo y cuyo depositario es el 
Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  «Territorio  Británico  del  Océano  Índico»,  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado «Territorio Británico del Océano Índico». La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las 
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio 
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha 
sido siempre, parte del territorio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca 
ha tenido soberanía sobre él.
En esta decisión jurídica autorizada, la Corte declaró que la descolonización de la 
República  de  Mauricio  no  se  completó  de  forma  legítima  en  1968,  puesto  que  el 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración 
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre  e
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre  bo
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago  34ww
adcet oC hiangteorsn apcoior neal lmReeinntoe  Uinlíciditoo,,  codme o n«aTteurrraitleozriao  Bcroitnátninicuoa ddae l Oy céqauneo  Íanfdeicctoa»b,a  eraa  ulna 
rtieesnpeo nlas aobbilliidgaadc iódne l lRegeainl od Ue npidoon ecro mfino  aE sstua daod. mLain iCstorartcei óens tcaoblloenciiaól  qilueeg íetilm Rae i«nloo  Uannitdeos 
posible».
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado «Territorio Británico del Océano Índico». Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  «todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso» al reconocer el llamado «Territorio Británico del 
Océano Índico».
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el Anexo al llamado «Territorio Británico del Océano Índico» y contra el pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado «Territorio Británico 
del  Océano  Índico»,  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un 
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su 
extensión por el Reino Unido al llamado «Territorio Británico del Océano Índico».
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio ruega que la presente objeción sea debidamente registrada y 
publicada por la Secretaría General de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 102 
de su Carta.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional de 
la República de Mauricio aprovecha la ocasión para reiterar al Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza la expresión de su más alta consideración. s
Port-Louis, 10 de enero de 2020.» w.b
T2A4-I0L1A-N2D02IA0. DECLARACIÓN.
Reserva del Reino de Tailandia referente a las enmiendas a los Apéndices I y II de la
Convención.
Mediante una nota de fecha 24 de enero de 2020, el Reino de Tailandia especificó 
que la reserva presentada el 26 de noviembre de 2019 respecto a la transferencia del 
Geochelone elegans del Apéndice II al Apéndice I del Convenio es válida hasta el 25 de 
noviembre de 2022 y que la reserva presentada en la misma fecha respecto a la 
inclusión del Gekko gecko en el Apéndice II del Convenio es válido hasta el 25 de 
noviembre de 2022. Por lo tanto, las reservas mencionadas se considerarán retiradas en 
esas fechas.
UNIÓN EUROPEA.
28-01-2020 NOTIFICACIÓN.
Comunicación de la Unión Europea.
Mediante nota verbal de fecha 28 de enero de 2020 y recibida en la misma fecha, la 
Unión Europea solicitó al depositario suizo del CITES (www.fdfa.admin.ch/depositary) 
que llamase a la atención de los Estados signatarios y adheridos el documento adjunto 
titulado «Anexo al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica», 
especificando que cuenta con el respaldo de los Estados miembros de la Unión, incluido 
el Reino Unido.
ANEXO A LA NOTA VERBAL SOBRE EL ACUERDO SOBRE LA RETIRADA DEL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
1.  El 29 de marzo de 2017, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (el «Reino Unido») notificó al Consejo Europeo la intención del Reino Unido de 
retirarse de la Unión Europea (la «Unión») y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (la «Euratom») de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. El 22 de marzo de 2019, el Consejo Europeo decidió, de acuerdo con el Reino 
Unido, ampliar el plazo previsto en el apartado 3 del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea hasta el 12 de abril de 2019. El 10 de abril de 2019, el Consejo Europeo 
decidió, de acuerdo con el Reino Unido, ampliar el plazo previsto en el apartado 3 del 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea hasta el 31 de octubre de 2019. El 29 de 
octubre de 2019, el Consejo Europeo decidió, de acuerdo con el Reino Unido, ampliar el 
plazo previsto en el apartado 3 del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea hasta 
el 31 de enero de 2020. En consecuencia, el Reino Unido dejará de ser un Estado 
miembro de la Unión Europea y la Euratom el 1 de febrero de 2020.
2.  El 24 de enero de 2020, la Unión y la Euratom, de una parte, y el Reino Unido, 
de otro, firmaron un Acuerdo, con arregloal apartado 2 del artículo 50 del Tratado de la 
Unión Europea, estableciendo las disposiciones para la retirada del Reino Unido de la 
Unión y de la Euratom («Acuerdo de retirada»)(2).  El Acuerdo de retirada entrará en 
vigor el 1 de febrero de 2020, sujeto a su previa ratificación por el Reino Unido y su 
conclusión por la Unión y la Euratom.
(2)  El texto del Acuerdo de retirada puede consultarse en el Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de 
noviembre de 2019, C 384 I, pág. 1.
3.  A fin de abordar la situación específica de la retirada del Reino Unido de la Unión 
y de la Euratom, el Acuerdo de retirada prevé un período transitorio limitado en el tiempo  e.
durante el cual, salvo ciertas excepciones muy concretas, el derecho de la Unión será  w.b
aplicable al Reino Unido, y en él, y que toda referencia a los Estados miembros en el  34ww
dEesrteacdhoos  mdeie mlab rUons,ió sne,  einnctelunsdoe reán q uloe  iqnucelu yrees aple Rcetain oa  Ulan ideoje.cución y aplicación por los
Unió4n. , eLna  eUl nsieónnt idy ol ad eEl uAractuoemrd oy  deel  Rreetiinraod Ua,n icdoom hparenn daeco lrodsa daoc uqeurdeo es l indteerrencahcoio ndael elas 
celebrados por la Unión (o la Euratom), o por los Estados miembros actuando en nombre
de la Unión (o la Euratom), o conjuntamente por la Unión (o la Euratom) y sus Estados 
miembros.
5.  Sin perjuicio de la oportuna ratificación y conclusión del Acuerdo de retirada, la 
Unión y la Euratom notifican a las Partes en los acuerdos internacionales mencionados 
en el punto 4 anterior que, durante el período transitorio, el Reino Unido tendrá la 
consideración de Estado miembro de la Unión y de la Euratom a efectos de esos 
acuerdos internacionales.
6.  Se entiende que los principios enunciados en el presente Anexo se aplican 
también a los instrumentos y acuerdos internacionales sin fuerza jurídica vinculante 
suscritos por la Unión o la Euratom y a los acuerdos internacionales a que se hace 
referencia en el punto 4 anterior que se apliquen de forma provisional.
7.  Las disposiciones relativas al período transitorio se establecen en la Cuarta Parte 
(artículos 126 a 132) del Acuerdo de retirada, que debe leerse conjuntamente con las 
otras disposiciones pertinentes del Acuerdo de retirada, en particular con su Primera 
Parte.
8.  El período transitorio se inicia el 1 de febrero de 2020 y finaliza el 31 de 
diciembre de 2020, pero el Acuerdo de retirada prevé la posibilidad de adoptar una 
decisión única por la que se prorrogue hasta un máximo de 24 meses. En el supuesto de 
una prórroga, la Unión y la Euratom lo comunicarán mediante una nueva Nota Verbal.
9.  Al final del período transitorio, el Reino Unido dejará de estar comprendido en los 
acuerdos internacionales mencionados en los puntos 4 y 6 anteriores, sin perjuicio de la 
condición del Reino Unido en relación con los acuerdos multilaterales de los que sea 
Parte por sí mismo.»
– NITI 19950804200.
ACUERDO  SOBRE  LA  APLICACION  DE  LAS  DISPOSICIONES  DE  LA 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 
DE DICIEMBRE DE 1982 RELATIVAS A LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS 
POBLACIONES  DE  PECES  TRANSZONALES  Y  LAS  POBLACIONES  DE  PECES 
ALTAMENTE MIGRATORIOS.
Nueva York, 04 de agosto de 1995. BOE: 21-07-2004, N.º 175.
MAURICIO.
09-01-2020 COMUNICACIÓN.
«N03/20 (NY/UN/395).
La Misión Permanente de la República de Mauricio ante Naciones Unidas saluda al 
Secretario General de Naciones Unidas y tiene el honor de hacer constar su firme 
objeción contra la extensión, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al llamado "Territorio Británico del Océano Índico", de los Acuerdos enumerados 
en el Anexo y cuyo depositario es el Secretario General.
El Gobierno de la República de Mauricio considera que al hacer extensivos dichos 
Acuerdos  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico",  el  Reino  Unido  ha 
pretendido ejercer la soberanía sobre el Archipiélago de Chagos, una pretensión que es 
insostenible según el Derecho Internacional.
El Gobierno de la República de Mauricio desea reiterar categóricamente que no 
reconoce el llamado "Territorio Británico del Océano Índico". La Corte Internacional de 
Justicia,  en  su  opinión  consultiva  del  25  de  febrero  de  2019,  acerca  de  las  e.e
Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio  b
en 1965, ha establecido de forma concluyente que el Archipiélago de Chagos es, y ha  34ww
hsiad ote sniiedmo psroeb, epraarntíea  dseolb treer réitlo.rio de la República de Mauricio y que el Reino Unido nunca
RepEúnb liecast ad ed ecMisaiuórnic jiuor ídnioc as ea utcoormizapdleató,  lad eC ofortrem dae clelagríóti mqau ee lna  d1e9s6c8o, lopnuizeasctoió nq udee  leal 
Archipiélago de Chagos había sido ilegítimamente desgajado en 1965, en vulneración
del derecho de los pueblos a la autodeterminación y de la Carta de las Naciones Unidas, 
aplicada e interpretada de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre 
de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre 
de 1967. En consecuencia, la Corte añadió que la actual administración del Archipiélago 
de Chagos por el Reino Unido, como "Territorio Británico del Océano Índico", era un acto 
internacionalmente ilícito, de naturaleza continuada y que afectaba a la responsabilidad 
del Reino Unido como Estado. La Corte estableció que el Reino Unido tiene la obligación 
legal de poner fin a su administración colonial ilegítima "lo antes posible".
La Corte también determinó que todos los Estados Miembros de la ONU tienen la 
obligación  de  cooperar  con  las  Naciones  Unidas  para  facilitar  que  concluya  la 
descolonización de la República de Mauricio lo antes posible, lo que incluye la obligación 
de  no  apoyar  la  persistente  conducta  ilegítima  del  Reino  Unido  de  mantener  su 
administración colonial en el Archipiélago de Chagos.
El 22 de mayo de 2019, la Asamblea General, por abrumadora mayoría de 116 votos 
contra 6, adoptó la resolución 73/295, en la que apoyaba la opinión consultiva de la 
Corte, afirmaba que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, y exigía que el Reino Unido pusiese fin a su administración 
colonial ilegítima en un plazo máximo de seis meses, esto es, no más tarde del 22 de 
noviembre de 2019. Esta fecha límite ha sido ya superada.
Por  otra  parte,  la  Asamblea  General,  en  su  resolución,  exhortó  a  los  Estados 
Miembros a que «cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la 
descolonización de Mauricio con la mayor rapidez posible» y a que se abstengan de 
conductas que puedan impedir o retrasar la conclusión del proceso de descolonización. 
Asimismo, exhortó a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados a 
que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante del territorio de la 
República de Mauricio, apoyen la descolonización de la República de Mauricio con la 
mayor  rapidez  posible  y  se  abstengan  de  impedir  ese  proceso  mediante  el 
reconocimiento del denominado "Territorio Británico del Océano Índico". Por último, la 
resolución  también  hizo  un  llamamiento  a  "todas  los  demás  organizaciones 
internacionales, regionales e intergubernamentales, incluidas las establecidas en virtud 
de tratados», para que reconozcan que el Archipiélago de Chagos forma parte integrante 
del territorio de la República de Mauricio, apoyen su rápida descolonización y «se 
abstengan de impedir ese proceso" al reconocer el llamado "Territorio Británico del 
Océano Índico".
La República de Mauricio ha venido reivindicando constantemente a lo largo de los 
años, y por la presente reitera, su plena soberanía sobre el Archipiélago de Chagos. El 
Gobierno  de  la  República  de  Mauricio,  por  tanto,  expresa  de  forma  inequívoca  su 
protesta contra la extensión, por parte del Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en 
el  Anexo  al  llamado  "Territorio  Británico  del  Océano  Índico"  y  contra  el  pretendido 
ejercicio por el Reino Unido de cualquier soberanía, derecho o jurisdicción dentro del 
territorio de la República de Mauricio.
Por  las  razones  arriba  expresadas,  que  emanan  de  principios  establecidos  del 
Derecho Internacional, tal como son interpretados y aplicados de manera autorizada por 
la Corte Internacional de Justicia, y que la Asamblea General de Naciones Unidas hace 
suyos, el Gobierno de la República de Mauricio no reconoce la extensión, por parte del 
Reino Unido, de los Acuerdos enumerados en el Anexo al llamado "Territorio Británico 
del  Océano  Índico",  se  reserva  todos  los  derechos  a  ese  respecto,  y  hace  un  s
llamamiento a todos los Estados que son partes en esos Acuerdos para que rechacen su  oe.
extensión por el Reino Unido al llamado "Territorio Británico del Océano Índico". w.
La Misión Permanente ruega que la presente objeción sea debidamente registrada,  34ww
Ndiafucniodnideas  Uy nipduabsl.icada,  incluso  en  cualquier  publicación  pertinente  realizada  por  las
La  Misión  Permanente  de  la  República  de  Mauricio  ante  las  Naciones  Unidas 
aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas la 
expresión de su más alta consideración.
9 de enero de 2020.»
CAMBOYA.
06-03-2020 ADHESIÓN.
05-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19960815200.
ACUERDO  SOBRE  LA  CONSERVACIÓN  DE  LAS  AVES  ACUÁTICAS 
MIGRATORIAS AFROEUROASIÁTICAS.
La Haya, 15 de agosto de 1996. BOE: 11-12-2001, N.º 296.
UNIÓN EUROPEA.
07-04-2020 NOTIFICACIÓN DEPOSITARIO RELATIVA A LA RESERVA TARDÍA DE 
LA UNIÓN EUROPEA DE 22-03-2019
Con referencia a la notificación n.º 03/2019 de 29-03-2019 relativa a la reserva tardía 
formulada por la Unión Europea el 22-03-2019, el Depositario comunica lo siguiente:
Con fecha 30-03-2020, es decir, a la finalización del plazo de doce meses desde la 
notificación del Depositario mencionada, no ha sido presentada ninguna objeción por las 
Partes en el Acuerdo. En consecuencia, la reserva tardía de la Unión Europea se 
considera aceptada por las Partes en el Acuerdo a fecha de su formulación.
ARMENIA.
09-04-2020 ADHESIÓN
01-07-2020 ENTRADA EN VIGOR
L.  INDUSTRIALES Y TÉCNICOS
L.B  Energía y Nucleares.
– NITI 19791026209.
CONVENIO  SOBRE  LA  PROTECCIÓN  FÍSICA  DE  LOS  MATERIALES 
NUCLEARES.
Viena, 26 de octubre de 1979. BOE: 25-10-1991, N.º 256.
ERITREA.
13-03-2020 ADHESIÓN.
12-04-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«El Gobierno del Estado de Eritrea no se considera obligado por las disposiciones de  s
los artículos 7 y 11, y no considera esta convención como base para la extradición o la  e.
asistencia  judicial  recíproca.»  Las  solicitudes  de  extradición  o  asistencia  judicial  w.
recíproca se evaluarán caso por caso o sobre la base de acuerdos bilaterales existentes,  34ww
Gsi olboise rnhou bdieelr eE. stDaed oc doen fEorrmitriedaa dn oc soen  cloon sdiidsepruae sotbol igeand oe lp oprá lrora dfois p3u edsetol  eanrt íecul lpoá r1ra7f,o  e2l 
del artículo 17.»
– NITI 19860926200.
CONVENCIÓN  SOBRE  LA  PRONTA  NOTIFICACIÓN  DE  ACCIDENTES 
NUCLEARES.
Viena, 26 de septiembre de 1986. BOE: 31-10-1989, N.º 261.
ERITREA.
13-03-2020 ADHESIÓN.
12-04-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 13 [sic], el Gobierno del 
Estado de Eritrea no se considera obligado por el mecanismo para la solución de 
controversias previsto en el artículo 11, párrafo 2.»
– NITI 19860926201.
CONVENCIÓN  SOBRE  ASISTENCIA  EN  CASO  DE  ACCIDENTE  NUCLEAR  O 
EMERGENCIA RADIOLÓGICA.
Viena, 26 de septiembre de 1986. BOE: 31-10-1989, N.º 261.
ERITREA.
13-03-2020 ADHESIÓN.
12-04-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«Las inmunidades de proceso judicial mencionadas en el párrafo 2 a) y 3 b) del 
[artículo 8] no se aplicarán en el caso de una acción civil ejercida por terceros por los 
daños resultantes de un accidente provocado por un vehículo de motor propiedad de un 
funcionario de la parte que preste asistencia o en el caso de infracciones de tráfico en las 
que se vean involucrados dichos vehículos.»
– NITI 19970905200.
CONVENCIÓN  CONJUNTA  SOBRE  SEGURIDAD  EN  LA  GESTIÓN  DEL 
COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS 
RADIACTIVOS.
Viena, 5 de septiembre de 1997. BOE: 23-04-2001, N.º 97.
ERITREA.
13-03-2020 ADHESIÓN.
11-06-2020 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
DECLARACIÓN:
«De  conformidad  con  el  objetivo  y  propósito  de  la  Convención,  incluido  su 
reconocimiento  de  las  «necesidades  especiales  de  los  países  en  desarrollo,  y  en 
particular de los países menos adelantados» (preámbulo, párrafo x)), Eritrea entiende las 
responsabilidades que le incumben en virtud de los artículos 19 y 20 de la Convención 
de tener en cuenta su nivel actual, muy preliminar, de desarrollo y planificación en lo que 
respecta al uso de materiales nucleares, así como la carga que supone en términos de  e.e
recursos humanos y de otra índole el desarrollo de instituciones reguladoras para hacer  w.b
frente a los futuros problemas relacionados con la gestión del combustible gastado y de  34ww
los d–e sNeIcThI o2s0 0ra5d0i7a0c8tiv2o0s0..» OE-A-2020-58able en https://
ENMIENDA  DE  LA  CONVENCIÓN  SOBRE  LA  PROTECCIÓN  FÍSICA  DE  LOS 
MATERIALES NUCLEARES.
Viena, 08 de julio de 2005. BOE: 02-05-2016, N.º 105.
ERITREA.
13-03-2020 ACEPTACIÓN.
12-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
L.C  Técnicos.
– NITI 19580320200.
ACUERDO  RELATIVO  A  LA  ADOPCIÓN  DE  REGLAMENTOS  TÉCNICOS 
ARMONIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS DE 
RUEDAS Y LOS EQUIPOS Y PIEZAS QUE PUEDAN MONTARSE O UTILIZARSE EN 
ÉSTOS, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LAS 
HOMOLOGACIONES CONCEDIDAS CONFORME A DICHOS REGLAMENTOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS.
Ginebra, 20 de marzo de 1958. BOE: 03-01-1962.
PAKISTÁN.
24-02-2020 ADHESIÓN.
24-04-2020 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19580320209.
REGLAMENTO NÚMERO 9, SOBRE PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS 
A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN LO QUE SE REFIERE AL RUIDO.
Ginebra, 01 de marzo de 1963. BOE: 11-03-1970, N.º 60 Y 23-11-1974, N.º 281.
FRANCIA.
11-03-2020 NOTIFICACIÓN
10-05-2020 ENTRADA EN VIGOR
– NITI 19580320242.
REGLAMENTO  NÚMERO  42,  SOBRE  PRESCRIPCIONES  UNIFORMES, 
RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN LO QUE 
CONCIERNE, A SUS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DELANTEROS Y TRASERAS 
(PARACHOQUES, ETC.).
Ginebra, 01 de junio de 1980. BOE: 03-02-1981.
FRANCIA.
11-03-2020 NOTIFICACIÓN.
10-05-2020 ENTRADA EN VIGOR.
******
Madrid, 4 de junio de 2020.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos  e.e
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, P.S. (Real Decreto 1271/2018, de 11 de  b
octubre), la Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión  34ww
Europea y Cooperación, Celia Abenza Rojo.