BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32875
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4507 Sala Primera. Sentencia 32/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 183-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:32
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  183-2020,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent 
Rodríguez, contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca, de 14 de noviembre de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la 
ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 364-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto del 
mismo juzgado, de 20 de noviembre de 2019, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha 
comparecido  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo 
Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 10 de enero 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  bajo  la  e
defensa de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de  b
amparo contra las resoluciones arriba mencionadas. 07ww
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
como  prestataria  e  hipotecante,  y  contra  Penrei  Inversiones,  S.L.,  como  titular  del 
derecho de uso.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 18 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  364-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 3 de julio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso 
«EJH/000364/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 3 de julio y 18 de 
agosto de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  El  día  3  de  agosto  de  2018  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
accedió  al  enlace  remitido  por  la  dirección  electrónica  habilitada  y,  con  ello,  a  la 
notificación enviada por el juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el 
procedimiento  hipotecario  núm.  364-2018.  Ese  mismo  día,  la  Fábrica  Nacional  de 
Moneda y Timbre emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del 
proceso (al igual que los anteriores correos), dejando constancia de que la notificación 
había sido «aceptada» en esa fecha.
d)  El 31 de agosto de 2018 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó 
escrito de oposición a la demanda de ejecución. Por auto de 14 de noviembre de 2018 el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca acordó inadmitir la oposición 
por haberse presentado fuera de plazo.
e)  Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó recurso de reposición 
contra el auto de 14 de noviembre de 2018 basándose en la infracción de los arts. 135, 
152, 160 y 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y del art. 24 CE. Dicho recurso fue 
desestimado por auto de 20 de noviembre de 2019, haciendo saber a las partes que esta 
resolución es firme y que contra la misma no cabe recurso alguno. Señala el auto que 
debe «ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser el auto recurrido 
conforme  a  la  normativa  procesal  vigente  en  materia  de  oposición  a  la  ejecución 
(art. 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a las alegaciones 
del recurrente que pretende mantener que el escrito de oposición fue presentado en 
plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el requerimiento 
efectuado debe entenderse notificado en fecha 1 de agosto de 2018, en la que se 
accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse en 
cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el 
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales 
dispuesto en la normativa».
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad  e
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento  bo
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  07ww
enno tifpicaapceilo neens  leal escetrdóen icdaes ,s uy  ndoo mmiecdiliioa nsteo ceianlt,r etgraat ádned olas ed odceu mseun tparcimióenr  ceomrrepslapzoanmdiieenntteo 
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el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Se rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión 
en la Ley del procedimiento administrativo común, que considera inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales. Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 364-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Por providencia de la Sección Primera de este tribunal de 16 de junio de 2020 se 
acordó  no  admitir  a  trámite  el  recurso  por  no  apreciar  en  el  mismo  la  especial 
trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1 
b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
5.  Contra la citada providencia interpuso recurso de súplica el Ministerio Fiscal. El 
recurso fue estimado por auto de 15 de septiembre de 2020 que acordó dejar sin efecto 
la providencia de 16 de junio de 2020 y reponer las actuaciones al momento anterior a 
dictarse la providencia anulada a fin de que se dicte otra que se pronuncie sobre su 
admisibilidad.
6.  La Sección Primera de este tribunal dictó providencia el 19 de octubre de 2020 
por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) toda vez que el recurso 
puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental (STC 155/2009, FJ 2 b)»; (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en plazo de diez días 
emplacen, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente 
en amparo, para que puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de 
amparo; y (iii) formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 1 de noviembre de 2020, 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, manifestó ser 
cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era titular  e.
Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la finca hipotecada que es objeto del  w.
proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera  07ww
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procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la procuradora 
doña María Claudia Munteanu en la representación acreditada.
8.  Por diligencia de ordenación de 16 de noviembre de 2020 se acordó dar vista de 
las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 17 de diciembre de 2020, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 LEC.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 2 
de  diciembre  de  2020,  por  el  que  interesó  de  este  tribunal  que  dictara  sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  364-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, para que se le dé al recurrente posibilidad de 
contestar a la demanda. Considera la fiscal que procede hacer aplicación de la doctrina 
sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un supuesto similar, referido a un proceso 
laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación  subsidiaria  las  normas  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, segundo párrafo, de los que se 
deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación. El resultado es que ambas resoluciones del 
juzgado sumieron a la recurrente en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, pero 
además conculcaron el canon exigible de razonabilidad, ante tal errónea selección de las 
normas.
11.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Primera de este tribunal 
núm. 163/2020, de 14 de diciembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
12.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
El  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones  e
impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la  bo
entidad recurrente, por haber optado el juzgado por la notificación electrónica a través de  07ww
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En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca, de 14 de 
noviembre de 2018 y 20 de noviembre de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
364-2018.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos  argumentos  que  defiende  aquí  la  recurrente,  con  fallo  estimatorio  de  la 
demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a 
una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En el fundamento jurídico 3 de la STC 40/2020 se advierte que resulta de aplicación 
al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), 
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de emplazamiento personal 
del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa 
o supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin 
que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de 
la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal 
se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo presentado por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º Declarar la nulidad de los autos de 14 de noviembre de 2018 y 20 de noviembre 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  364-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.