BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 91198
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
12702 Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho 
Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles 
vacantes y los saldos y depósitos abandonados.
En nombre del Rey, y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el 
«Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
La Constitución española establece en su artículo 149.1.8.ª la competencia exclusiva 
del Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan. Tal es el caso de Aragón, cuyo Estatuto de Autonomía reconoce en su 
artículo 71.2.ª la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en ese ámbito de la 
conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil propio, es decir, del Derecho 
Foral aragonés.
El Tribunal Constitucional ha delimitado, en repetidas ocasiones, esa competencia, 
considerando que es posible que las comunidades autónomas dotadas de Derecho civil 
foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en sus respectivas 
compilaciones, dentro de una actualización o innovación de los contenidos de estas 
según los principios informadores peculiares del Derecho foral.
En lo que a la materia objeto de la presente norma se refiere, es importante tener en 
cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/2018, de 26 de abril, que resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad que el Estado planteó, ante dicho tribunal, contra la 
Comunidad Foral de Navarra, por considerar que la atribución a esta de los bienes 
vacantes y de los saldos y depósitos abandonados, prevista en la Ley Foral 14/2007, 
de  4  de  abril,  del  Patrimonio  de  Navarra,  podía  contravenir  lo  dispuesto  en  los 
artículos  17  y  18  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas, que prevé su atribución al Estado.
El  Tribunal  Constitucional,  en  sus  consideraciones,  observa  la  concurrencia  de 
conexión suficiente entre las figuras de los inmuebles vacantes y depósitos y saldos 
abandonados con los vacantes abintestatos, que no dejan de pertenecer a una misma 
clase o institución, que es la de los bienes abandonados y sin dueño conocido, lo que le 
lleva a reconocer la competencia del legislador autonómico para legislar en materia de 
atribución de los bienes vacantes y, consecuentemente, a estimar la conformidad con la 
Constitución Española de los preceptos de la Ley del Patrimonio de Navarra.
La  Ley  5/2011,  de  10  de  marzo,  del  Patrimonio  de  Aragón,  en  su  disposición  s
adicional sexta, estableció que se atribuirían a la Comunidad Autónoma las fincas que  oe.
reemplazasen  a  las  parcelas  cuyo  dueño  no  fuese  conocido  en  procesos  de  w.
concentración parcelaria. Esta previsión fue recurrida por el Presidente del Gobierno  702ww
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concentración parcelaria, de modo que dicha conexión legitimaría constitucionalmente la 
regulación impugnada.
Además de lo anterior, el Alto Tribunal tuvo en cuenta su propia doctrina respecto a 
la interpretación del artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española en relación con el 
desarrollo de los Derechos civiles forales, a la que se aludía con anterioridad, y excluyó 
la vulneración competencial denunciada, considerando que las razones expuestas en la 
mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 40/2018, Fundamento Jurídico 7, eran 
en todo aplicables a este caso.
De  este  modo,  y  a  partir  de  esta  sentencia,  se  reconoce  la  legitimidad  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón para disponer que los saldos y depósitos abandonados 
y los bienes inmuebles ubicados en Aragón que no tengan dueño o dueña –o se 
desconozca si lo tienen o no, pues están abandonados– se atribuyan ex lege a esta 
Administración, desplazando la atribución que hasta ahora se hacía a favor del Estado 
bajo el principio de nulla res sine domino.
Ambas  sentencias,  en  definitiva,  desestiman  los  respectivos  recursos  de 
inconstitucionalidad, al considerar que la materia objeto de regulación, tanto por Navarra 
como por Aragón, es propia del Derecho civil y que las resoluciones impugnadas se han 
dictado en ejercicio de las competencias que ambas Comunidades Autónomas tienen 
para el desarrollo de su Derecho civil propio.
En  consecuencia,  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  tiene  competencia  para 
regular el destino de los inmuebles vacantes en su territorio y de los saldos y depósitos 
bancarios  abandonados,  al  tratarse  de  una  materia  directamente  vinculada  con  la 
sucesión legal, regulada a su favor en el Código del Derecho Foral de Aragón, materia 
que puede abordar además en desarrollo de su Derecho civil propio.
Según lo expuesto, se estima que queda plenamente justificado y procede modificar 
a través de la presente Ley tanto el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, como el texto refundido de la Ley del 
Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.
En la elaboración de la presente norma se han seguido los trámites establecidos en 
el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
y se han emitido los informes preceptivos; entre otros, el informe de la Dirección General 
de Servicios Jurídicos, así como el informe de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil 
previsto en el artículo 34 de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los 
derechos históricos de Aragón.
Artículo primero.  Modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de Código del Derecho 
Foral de Aragón, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.
Se añade al libro IV del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el 
Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, un título III bis, con la siguiente rúbrica 
y contenido:
«TÍTULO III BIS
Adquisición de bienes por ministerio de la ley
Artículo 598 bis.  Adquisición por la Comunidad Autónoma. e.e
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o  cualesquiera  otras  entidades  financieras,  así  como  los  saldos  de  cuentas 
corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos 
establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por 
las personas interesadas que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en 
el plazo de veinte años.»
Artículo segundo.  Modificación del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Patrimonio de Aragón.
Se añade una sección 2.ª bis al capítulo II del título II del Decreto Legislativo 4/2013, 
de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Aragón, con la siguiente rúbrica y contenido:
«Sección 2.ª bis. Adquisiciones por ministerio de la Ley
Artículo 31 bis.  Inmuebles vacantes.
1.  Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 598 bis del Código del 
Derecho Foral de Aragón, los bienes inmuebles vacantes situados en territorio 
aragonés pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma.
No obstante, no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para ella 
por razón de la propiedad de estos bienes en tanto no se produzca la efectiva 
incorporación  de  los  mismos  al  patrimonio  de  Aragón,  previa  tramitación  de 
expediente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 77 de este texto 
refundido.
2.  La  Comunidad  Autónoma  podrá  tomar  posesión  de  los  bienes  así 
adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por 
persona alguna a título de propietaria, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
3.  Si  existiese  una  persona  poseedora  en  concepto  de  propietaria,  la 
Comunidad Autónoma habrá de entablar la acción que corresponda ante los 
órganos del orden jurisdiccional civil.
Artículo 31 ter.  Saldos y depósitos abandonados.
1.  Conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 598 bis del Código del 
Derecho Foral de Aragón, pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad 
Autónoma los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja 
General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores 
o  cualesquiera  otras  entidades  financieras,  así  como  los  saldos  de  cuentas 
corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos 
establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por 
las personas interesadas que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en 
el plazo de veinte años.
2.  Las entidades depositarias están obligadas a comunicar al Departamento 
competente en materia de patrimonio la existencia de estos bienes en la forma 
que se determine por la persona titular del Departamento.
3.  En los informes de auditoría que se emitan en relación con las cuentas de 
estas entidades, se hará constar, en su caso, la existencia de estos bienes. s
4.  La incorporación de estos bienes al patrimonio de Aragón se realizará  o
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bienes de que se trate.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Aragón».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.–El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 140, de 2 de julio de 2021)