BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 127708
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
17048 Real  Decreto  903/2021,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros  en  España  y  su  integración  social,  tras  su  reforma  por  Ley 
Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social regula la situación de los menores 
extranjeros no acompañados.
De acuerdo con su apartado séptimo, la residencia de los y las menores que sean 
tutelados en España por una Administración Pública o, en virtud de resolución judicial, 
por cualquier entidad, se considerará regular. Pese a ello, la falta de documentación de 
estos/as  menores  plantea,  en  la  práctica,  importantes  dificultades  no  solo  mientras 
mantienen esta condición sino, especialmente, en el momento en el que cumplen los 
dieciocho años y acceden a la mayoría de edad. Estas dificultades inciden de forma 
negativa en su inclusión e integración en la sociedad, especialmente en el caso de las 
menores no acompañadas por su mayor vulnerabilidad.
En la regulación actual prevista respecto de la documentación de estos menores y 
jóvenes, el artículo 196 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009 aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (en adelante 
«Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000») concreta, en su primer apartado, un plazo de 
nueve  meses  desde  que  el  menor  ha  sido  puesto  a  disposición  de  los  servicios 
competentes  de  protección  de  menores  a  partir  del  cual  se  entiende  que  queda 
acreditada la incapacidad de repatriación para proceder a otorgar su autorización de 
residencia. Como refleja el Informe anual del Defensor del Pueblo sobre actividades y 
actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2019, ello supone que, en la práctica, se exija 
como requisito que los menores estén bajo la guarda o tutela de la Administración sin 
que  se  inicie  su  proceso  de  documentación  un  período  que  ha  demostrado  ser 
excesivamente largo y supone que muchos de estos menores accedan a la mayoría de 
edad  sin  la  debida  documentación.  Por  su  parte,  el  artículo  35.9  de  la  Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, determina que reglamentariamente se establecerán las 
condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización 
de residencia y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a 
una autorización de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes 
positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes 
referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se 
estuvieran realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de 
trabajo.
Con  base  en  esta  habilitación,  el  artículo  197  del  Reglamento  de  la  Ley 
Orgánica 4/2000 ha desarrollado el procedimiento para la renovación de la autorización  s
en caso de que el menor extranjero no acompañado acceda a su mayoría de edad  e.
siendo titular de una autorización de residencia. w.
Actualmente,  las  condiciones  que  han  de  cumplir  los  menores  tutelados  que  048ww
aaluctaonriczeanc iólan  mdea yreosríidae dnec iae dnaod l uscorant ilvaas  cporne vuinstaa ss eerine  ldae  npoarrmticautilvaari ddaed eesx.t rUannaje rdíea  eplalarsa  elas 
lma eedsiotasb eleccoindóam einco es l daer,t íaclu mlo e1n9o7s.,2 e.al )1 0d0o n%de d esle I nedxiicgaed oqru Pe úebll icsoo lidceit aRneten taasc reddei tEef eucntooss   BOE-A-cable e
Múltiples (en adelante, «IPREM»). El hecho de que este procedimiento se nutra de las 
normas y condiciones de la residencia no lucrativa implica que estos no pueden ser 
sustituidos o completados por la percepción de diversas ayudas sociales. Además, esta 
minoración de los recursos suficientes al 100% del IPREM operaría respecto de la 
primera renovación y no, en interpretación del Tribunal Supremo, en las siguientes 
renovaciones (artículo 197.4). Por otro lado, el hecho de que se exijan requisitos de 
forma acumulativa determina que el Tribunal Supremo haya avalado las denegaciones 
de  estas  autorizaciones  en  ausencia  de  la  justificación  de  los  medios  económicos 
suficientes que alcancen el 100 % del IPREM, sin tener en cuenta la inclusión del menor 
y circunstancias concurrentes del caso.
Estas reglas no se ajustan a las particularidades del colectivo, así como a los 
programas educativos o de inclusión sociolaboral que instituciones públicas y privadas 
dirigen a estos jóvenes, con el fin de acompañarlos hacia su transición a la mayoría de 
edad y a una vida independiente.
Por  su  parte,  el  actual  artículo  198  se  encarga  de  regular  la  solicitud  de  una 
autorización cuando no se haya documentado al extranjero durante su minoría de edad. 
Esta  autorización  se  configura  como  autorización  temporal  de  residencia  por 
circunstancias excepcionales en base al artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero. Sobre esta base habilita una vía para que el menor extranjero que accede a la 
mayoría de edad sin ser titular de una autorización de residencia pueda solicitarla 
siempre y cuando cumpla con alguno de los supuestos que alternativamente plantea 
dicho artículo.
En caso de que se encuentre un trabajo, tanto si estaba documentado al acceder a la 
mayoría de edad (artículo 197.6) como si no (artículo 198), la duración mínima que se 
viene exigiendo es de un año, aun cuando el artículo 64.3.b) del reglamento se refiere a 
la necesidad de garantizar una actividad continuada. Este requisito no se corresponde 
con la propia realidad del mercado de trabajo e impone al menor extranjero que accede a 
la  mayoría  de  edad  una  condición  más  exigente  que  al  menor  nacional  español 
extutelado que cumple 18 años.
Como consecuencia de ello, muchos menores no acompañados se ven abocados, en 
el momento de cumplir su mayoría de edad, a una situación de irregularidad sobrevenida 
tal y como viene poniendo de manifiesto instituciones tanto públicas como privadas.
Esta  reforma  se  plantea  en  torno  a  nueve  elementos  que  a  continuación  se 
enumeran  y  que  tienen  por  finalidad  suprimir  los  obstáculos  que  impiden  la 
documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y 
diseñar un régimen propio de residencia para estos en el momento en el que acceden a 
la mayoría de edad, distinto al régimen de residencia no lucrativa, que se prevé para 
otros fines alejados de la situación de estos jóvenes. En este nuevo régimen se tendrá 
en  cuenta  su  participación  en  programas  desarrollados  por  instituciones  públicas  o 
privadas y que promueva un correcto desarrollo personal y su mejor inclusión en la 
sociedad.
En primer lugar, se reduce el plazo de nueve meses al que aludía el artículo 196.1 
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 a tres. A este respecto, el Consejo de Estado 
en su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los 
extranjeros en España y su integración social, apuntaba que la redacción del precepto 
planteaba  una  rigidez  innecesaria  considerando  el  plazo  excesivo  y  establecía 
alternativas tales como utilizar el juego de autorizaciones provisionales-definitivas para  s
garantizar la identificación ab initio de la persona, aunque fuera de manera provisional. oe.
Mediante  la  reducción  de  este  plazo,  la  Oficina  de  Extranjería  competente  no  w.
esperará, como ocurre en la práctica, al transcurso de nueve meses para iniciar sus  048ww
asicntou aqcuioen eesst arse sspee icntioc iaar álan  duoncau mveezn ttraacniósnc udreri dlooss  nmoevneonrteas d eíaxstr.a Pnojerr sous  pnroo paicao dmepfianñicaiódno sy, 
fcoarrmacat eirnísmtiecadsia, tau,n  nporo cteradnimscieunrrtiod od eu nre plaartrgiaoc iópne ritoiednoe  dvea lonr uye vsee nmtideos essi . seL ar eaplriázact idcae   BOE-A-cable e
demuestra que la incapacidad de repatriación queda acreditada mucho antes y que, 
además, tal y como dispone el artículo 35.8 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
la concesión de una autorización no es obstáculo en ningún caso para que esta pueda 
llevarse a cabo en un momento posterior. Con este nuevo sistema, se pondrá fin a la 
situación  de  vacío  documental  a  la  que  ya  apuntaba  el  Consejo  de  Estado, 
garantizándose la identificación y documentación ab initio de la persona sin que ello 
impida, en caso de que pueda procederse a la repatriación, que esta se efectúe. En 
estos casos, las Oficinas de Extranjería procederán a la extinción de la autorización.
En segundo lugar, se ajusta la redacción de este artículo 196 a lo previsto en los 
artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, respecto al ejercicio de una 
actividad laboral. De acuerdo con el artículo 41.1.j) de esta norma, no será necesaria la 
obtención de una autorización de trabajo para el ejercicio de actividades por parte de los 
menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores 
para  aquellas  actividades  que,  a  propuesta  de  la  mencionada  entidad,  mientras 
permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. El apartado segundo de 
este artículo se remite a un desarrollo reglamentario para acreditar la excepción. Esta 
reforma,  con  el  fin  de  evitar  trámites  innecesarios,  aclara  mediante  el  ajuste  del 
artículo 118.2 del Reglamento de  la Ley Orgánica 4/2000 que, en estos casos, la 
excepción se entenderá existente sin necesidad de un posterior reconocimiento.
Junto a ello, de acuerdo con el artículo 40.1.i) de la citada Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, no es de aplicación la situación nacional de empleo.
En  tercer  lugar,  se  incrementa  la  vigencia  de  las  autorizaciones  concedidas  a 
menores  extranjeros  no  acompañados  y  de  sus  eventuales  renovaciones.  Así,  la 
autorización inicial, de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 196 estará 
vigente dos años y la renovación tres años mientras siga siendo menor de edad, sin 
perjuicio de que se pueda acceder, en caso de que se reúnan los requisitos, a una 
residencia de larga duración.
En cuarto lugar, en relación con los menores extranjeros que ya cuentan con una 
autorización de residencia cuando alcanzan la mayoría de edad, el artículo 197, en su 
nueva  redacción,  configura  un  régimen  propio  que  plantea  una  continuidad  de  la 
autorización de residencia con habilitación para trabajar de la que ya dispone el menor 
extranjero no acompañado y cuya vigencia pretende ser renovada siempre y cuando se 
acrediten las condiciones que enumera su apartado segundo. Con ello, se suprimen las 
referencias al régimen de residencia no lucrativa que dejará de ser de aplicación.
La situación nacional de empleo está exceptuada en este caso en base al artículo 40 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por su letra b) que se refiere a los titulares de 
una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. La excepción de esta 
letra b) aplica en este caso en la medida en que el joven extranjero ya se encuentra en 
territorio nacional y ya estaba habilitado para trabajar si bien solo respecto de aquellas 
actividades que en su momento hubieran sido objeto de específica autorización por 
haber sido recomendadas por la entidad de protección de menores al entender que 
favorecen su integración social. Lo que viene a decir ese precepto es que la valoración 
de la afectación al mercado de trabajo nacional solo se hace cuando el extranjero va a 
iniciar su residencia en España (bien porque está en territorio nacional, que son los 
supuestos más excepcionales, bien porque está en el extranjero, que es lo habitual). 
Igual razonamiento debe hacerse respecto de la autorización prevista en el artículo 198.
En quinto lugar, en cuanto a las condiciones que se plantean reglamentariamente 
para la renovación de esta residencia se concretan en la tenencia de medios económicos  s
suficientes igual al 100 % del Ingreso Mínimo Vital para una persona sola, salvo que la  oe.
institución de acogida (pública o privada) o el programa de tránsito a la vida adulta al que  w.
el joven esté acogido proporcionen su sustento. En el cómputo de estos ingresos se  048ww
ppoedrcriábna  teeln ejor veenn .c uEenn tcaa sloos  dqeu eq upero vceunegnaten  cdoen l ae maspisleteon, csiae  steoncdiarlá u e ont racos ncsuidaenrtaíacsió qnu ae 
efectos de calcular el importe de estos medios económicos suficientes.
De  esta  forma,  el  Ingreso  Mínimo  Vital  pasa  a  sustituir  al  IPREM  como  valor 
económico de referencia para la autorización de residencia de estos jóvenes. El Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital ha 
introducido por primera vez una prestación de último recurso homogéneo y aplicable a 
todo el Estado, fijando las cuantías mínimas que se consideran suficientes para asegurar 
la manutención de una persona sola y diferentes tipos de unidades de convivencia, en 
función de su tamaño y composición, y capaz de evitar las situaciones de pobreza 
extrema.
Por este motivo se entiende más adecuado que sirva de referencia a estos efectos el 
Ingreso Mínimo Vital para hogares unipersonales, que como su propio nombre indica es 
la  cantidad  mínima  que  permite  a  una  persona  sufragar  sus  gastos  básicos  de 
manutención  en  España.  Esta  cuantía  se  actualiza  todos  los  años  tomando  como 
referencia la cuantía fijada en los Presupuestos Generales del Estado para las pensiones 
no contributivas.
Junto a ello, se exige que los antecedentes penales que deben ser adecuadamente 
valorados  de  conformidad  con  lo  que  plantea  la  normativa  de  extranjería  para  las 
renovaciones.
En cualquiera de los casos, deberá atenderse a los informes positivos que, a estos 
efectos, puedan presentar las entidades públicas o privadas referidos a su esfuerzo de 
integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuviera realizando, así 
como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
En sexto lugar, la vigencia de esta renovación será de dos años, renovables por otros 
dos si se mantienen las condiciones antes indicadas y no se condiciona su eficacia a una 
eventual afiliación a la Seguridad Social.
En séptimo lugar, para aquellos menores extranjeros que alcanzan la mayoría de 
edad sin una autorización, el artículo 198 pasa a exigir requisitos más acordes con la 
situación real de este colectivo pretendiendo que exista una mayor consonancia entre lo 
establecido en el 197 y el 198.
En octavo lugar, ante este nuevo régimen, es preciso articular una vía que permita a 
los jóvenes extranjeros que hubieron visto denegada su solicitud de renovación por no 
cumplir con los requisitos que preveía en la redacción anterior el artículo 197 o que, 
habiendo cumplido ya los 18 años, no pudieron solicitar su autorización de residencia en 
base al artículo 198 por no reunir los requisitos entonces exigidos, acceder a estas 
nuevas autorizaciones en caso de que cumplan con las nuevas condiciones. De esta 
forma  se  garantiza  a  los  jóvenes  extranjeros  de  entre  18  y  23  años  que  puedan 
solicitarlas de forma transitoria.
Por  último,  se  refuerza  con  carácter  general,  la  tramitación  de  todos  los 
procedimientos  a  través  de  terceros  habilitando  esta  opción  siempre  y  cuando  la 
representación quede debidamente acreditada notarialmente o apud acta. Además, se 
potencia  el  uso  de  las  sedes  electrónicas  específicas  que  pasan  a  ser  la  vía  de 
presentación prioritaria dejando el Registro Electrónico General para aquellos casos en 
los  que  estas  no  existan.  Estas  medidas  pretenden  una  mejorar  la  agilidad  del 
funcionamiento de las Oficinas de Extranjería en todos los procedimientos que tramitan 
lo cual se entiende que beneficia a los procedimientos en materia de extranjería en 
general, y en consecuencia, el ámbito de los menores en particular.
Este real decreto se estructura en un artículo único de modificación del Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, una disposición transitoria, una disposición  s
derogatoria única y tres disposiciones finales. oe.
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el  w.
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  048ww
deefic laacsi aA demn intaisnttroa cqiounee sid Peúnbtifliiccaas .c lAasraí,m eesn tree seple tfuino sqau ceo np relotse npdrein,c iqpuioes  ndoe  ense coetsriod aqdu ey 
articular un régimen propio de residencia en España de los menores extranjeros no
acompañados una vez alcanzan la mayoría de edad, así como efectuar determinados 
ajustes en el proceso de documentación de los menores extranjeros no acompañados.
La norma es proporcional en la medida en que contiene la regulación imprescindible 
para regular este procedimiento.
En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de este real decreto 
resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, 
que facilite su conocimiento y comprensión.
En cumplimiento del principio de eficiencia, la norma simplifica la regulación de las 
cargas  para  el  adecuado  reconocimiento  de  los  derechos  que  corresponden  al 
ciudadano. Además, no supone utilización de recursos públicos.
En aplicación del principio de transparencia, el objetivo de este real decreto se define 
y  justifica  en  esta  parte  expositiva  y  se  ha  facilitado  además  que  los  potenciales 
destinatarios de la norma hayan tenido una participación activa en la elaboración de la 
misma. A estos efectos, se ha llevado a cabo el trámite de consulta pública previo a la 
redacción del texto, así como el de audiencia e información pública a través del portal 
web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El texto ha sido informado por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social. También se ha solicitado informe al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos 
Económicos  y  Transformación  Digital  y  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030.
Se ha recibido, de conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, el informe preceptivo a los Ministerios del Interior, de Política 
Territorial y Función Pública y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Asimismo, el proyecto ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Se ha solicitado el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Se  ha  sometido  a  consulta  de  la  Comisión  Interministerial  de  Extranjería,  a  la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y al Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes. Asimismo, el proyecto se ha sometido a trámite de audiencia pública y ha 
sido informado por las comunidades autónomas y las Oficinas de Extranjería.
Por último, se ha solicitado, con carácter de urgencia, el dictamen del Consejo de 
Estado.
Este real decreto se adecúa plenamente al orden constitucional de distribución de 
competencias,  en  concreto  a  la  competencia  exclusiva  atribuida  al  Estado  por  el 
artículo 149.1.2.ª de la Constitución, en materia de inmigración y extranjería.
En  su  virtud,  a  propuesta  del  Ministro  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del 
Ministro del Interior y de la Ministra de Política Territorial, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de 
octubre de 2021,
DISPONGO:
Artículo  único.  Modificación  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su  s
reforma  por  Ley  Orgánica  2/2009  aprobado  por  Real  Decreto  557/2011,  oe.
de 20 de abril. 048www.
extrEanl jRereogsla meenn toE sdpea ñlaa  Leyy  Osur gáinntiecag ra4c/2ió0n0 0,s osocibarle,  dterares chsous  yr elifboermrtaad epso rd e Lleosy 
Orgánica  2/2009  aprobado  por  Real  Decreto  557/2011,  de  20  de  abril,  queda 
modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 118, que queda redactado en los 
siguientes términos.
«2.  En el caso de que sea residente en España, el extranjero deberá solicitar 
el reconocimiento de la excepción, y alegar que reúne estas condiciones, ante la 
Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia donde se inicie la actividad, 
aportando la documentación que lo justifique. Lo previsto en este apartado no será 
de  aplicación  a  los  menores  extranjeros  no  acompañados  que  obtuviesen  la 
autorización a que se refiere el artículo 196 de este Reglamento.
Esta  solicitud  se  entenderá  denegada  si  en  el  plazo  de  tres  meses  la 
Subdelegación o Delegación del Gobierno no se pronuncia sobre la misma. La 
Oficina  de  Extranjería  podrá  solicitar  la  presentación  de  la  documentación 
adicional que se estime pertinente para acreditar que el extranjero se encuentra en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 117, así como los informes que 
sean precisos a otros órganos administrativos.»
Dos.  Se modifica el artículo 196, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 196.  Residencia del menor extranjero no acompañado.
1.  La Oficina de Extranjería en la provincia en la que esté fijado el domicilio 
del  menor  iniciará,  de  oficio,  por  orden  superior  o  a  instancia  de  parte,  el 
procedimiento  relativo  a  la  autorización  de  residencia  a  la  que  se  refiere  el 
artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, una vez haya quedado 
acreditada la imposibilidad de repatriación del menor y, en todo caso, transcurridos 
noventa  días  desde  que  haya  sido  puesto  a  disposición  de  los  servicios 
competentes de protección de menores.
En caso de inicio de oficio o por orden superior, la Oficina de Extranjería 
comunicará al menor el acuerdo de inicio del procedimiento a través del servicio 
de protección de menores bajo cuya tutela, custodia, protección provisional o 
guarda se encuentre, interesando la aportación de la siguiente documentación, 
que igualmente será la que deberá ser aportada junto a la solicitud en los casos de 
inicio a instancia de parte:
a)  Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como 
válido en España, del menor. En su defecto, este documento podrá ser sustituido 
por cédula de inscripción del menor, obtenida de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 211.5.
b)  Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el 
procedimiento  tiene  competencia  para  ello  en  representación  del  servicio  de 
protección de menores.
c)  Documento  acreditativo  de  la  relación  de  tutela,  custodia,  protección 
provisional o guarda entre el menor y el servicio de protección de menores.
2.  La  Delegación  o  Subdelegación  del  Gobierno  resolverá  sobre  el 
procedimiento y notificará la resolución al menor en el plazo máximo de un mes. 
La resolución será comunicada al Ministerio Fiscal en el plazo de diez días desde  es
que se dicte. o
Eidmnexde tislrcaEa a nlLd rjáreeee yrsepí daOxree pro srg eeláCasnn oatiamcmfenaiects e4hna /atrd2eí ae0 “d l0 hce0moa ”rbe.rnineloiosttaprif  iopdcnaaedrcbaiieeó rtnnráta e bsd, oaelalj iac rTlia taad rrejr e epctsaeoo rndslufoeocn riImóadnleimd,n aetiydnd  taceado,n  nedt enee   lEe l3alx 6 tpr.Ol1aa nfzyijcoe ie nrdola e 4 q 1udu.nee1     OE-A-2021-17048able en https://www.
3.  De acuerdo con el artículo 35.8 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
la concesión de esta autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior 
repatriación cuando favorezca el interés superior del menor. Si la repatriación se 
produce, se procederá a la extinción de la autorización de residencia. En caso de 
que  se  acuerde  y  ejecute  la  repatriación,  esta  conllevará  la  extinción  de  la 
autorización de residencia.
4.  La autorización de residencia que habilita para trabajar a partir de los 16 
años para aquellas actividades que, a propuesta de la entidad de protección de 
menores, favorezcan su integración social, tendrá una vigencia de dos años, 
retrotrayéndose su eficacia a la fecha de la puesta a disposición del menor del 
servicio de protección de menores.
La habilitación para trabajar que conlleva de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 41.1.j) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no tendrá en cuenta, en 
caso  de  actividades  por  cuenta  ajena,  la  situación  nacional  de  empleo  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 40.1.i) de la misma ley orgánica. Esta 
habilitación  para  trabajar  tendrá  la  misma  duración  que  la  autorización  de 
residencia.
5.  El procedimiento sobre la renovación de esta autorización de residencia 
que habilita para trabajar a partir de los 16 años para aquellas actividades que, a 
propuesta de la entidad de protección de menores, favorezcan su integración 
social, será iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería competente durante los 
sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. Ello sin 
perjuicio de que este procedimiento pueda iniciarse a instancia de parte en el 
mismo  plazo.  En  ambos  casos,  el  inicio  del  procedimiento  de  renovación 
prorrogará la validez de la autorización anterior hasta su resolución. También se 
producirá esta prórroga en el supuesto en que la renovación se tramite dentro de 
los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiere finalizado la 
vigencia de la anterior autorización.
Procederá  la  renovación  de  la  autorización  cuando  subsistan  las 
circunstancias que motivaron su concesión inicial.
La  vigencia  de  la  autorización  renovada  será  de  tres  años  salvo  que 
corresponda una autorización de residencia de larga duración.»
Tres.  Se modifica el artículo 197, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  197.  Acceso  a  la  mayoría  de  edad  del  menor  extranjero  no 
acompañado que es titular de una autorización de residencia.
1.  Los menores sobre los que un servicio de protección de menores haya 
ejercido la tutela, custodia, protección provisional o guarda, y que alcancen la 
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia concedida 
conforme a lo previsto en el artículo anterior, podrán solicitar en la Oficina de 
Extranjería donde haya fijado su residencia la renovación de la misma en modelo 
oficial, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su 
vigencia. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la 
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento de renovación.
También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en 
que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la 
fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio  e
de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en  bo
la que se hubiese incurrido. 048ww
cond2i.c ioLnae sa:utorización será renovada cuando queden acreditadas las siguientes
a)  Que el solicitante cuenta con medios económicos suficientes para su
sostenimiento. La suficiencia de estos medios se entenderá cumplida cuando se  Bc
acrediten unos ingresos y rentas mensuales que superen la cuantía mensual 
individual de la renta garantizada prevista en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se acredite 
que su sostenimiento queda asegurado dentro de un programa desarrollado por 
una institución pública o privada.
A estos efectos serán computables los ingresos provenientes de un empleo, 
del sistema social, así como otras cuantías que pueda percibir.
b)  De conformidad con el artículo 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, se habrá de valorar la existencia de antecedentes penales, considerando la 
concesión de indultos o la suspensión de la pena privativa de libertad y, en el caso 
de penas privativas de derechos o de multa, el cumplimiento de las mismas. A tal 
efecto, la Administración comprobará de oficio los antecedentes registrados en el 
Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.
c)  Igualmente, deberán considerarse los informes que, en su caso y a estos 
efectos  puedan  presentar  las  entidades  públicas  competentes  en  materia  de 
protección de menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.9 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, así como los emitidos por otras entidades o 
instituciones  privadas  relativos  al  cumplimiento  satisfactorio  de  los  objetivos 
educativos o de inclusión sociolaboral del programa, haya éste finalizado o esté en 
curso.
3.  La vigencia de la autorización renovada será de dos años, renovables por 
periodos de dos años si se mantienen los requisitos, salvo que corresponda una 
autorización de residencia de larga duración.
La habilitación para trabajar que conlleva de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no tendrá en cuenta, en 
caso  de  actividades  por  cuenta  ajena,  la  situación  nacional  de  empleo  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 40.1.b) de la misma ley orgánica. Esta 
habilitación  para  trabajar  tendrá  la  misma  duración  que  la  autorización  de 
residencia.
4.  En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se 
renueva la autorización, su titular deberá solicitar ante la Oficina de Extranjería o 
Comisaría  la  correspondiente  Tarjeta  de  Identidad  de  Extranjero  que  indicará 
expresamente “habilita para trabajar”.
5.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será sin perjuicio de que la 
autoridad competente facilite a los menores extranjeros no acompañados que 
alcancen la mayoría de edad información y acceso a la modalidad o programa de 
retorno voluntario asistido al que puedan decidir acogerse.»
Cuatro.  Se  modifica  el  artículo  198,  que  queda  redactado  en  los  siguientes 
términos:
«Artículo  198.  Acceso  a  la  mayoría  de  edad  del  menor  extranjero  no 
acompañado que no es titular de una autorización de residencia.
1.  Los  menores  sobre  los  que  un  servicio  de  protección  de  menores 
ostentara la tutela, custodia, protección provisional o guarda y alcancen la 
mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en 
el artículo 196 de este reglamento pero habiendo cumplido los requisitos para  s
ello,  podrán  solicitar  una  autorización  de  residencia  temporal  por  oe.
afcpaiocrvccdoiueornren scetaesacr n rcesfoiduari smtai naret texivsgcaureas p cicnióyitoe nng aarsclaoetcicsvii.óia dnlPa,  daeloerna s   cleuapla lrolo s,g soredcariemeábd aeacdrdeáa rnstie  fishcppaaoabdrñe oor d lpaipco ahre ratne ic seitploanas,t di dooat  éddre menbp inaelaorraáss     2021-17048n https://www.
previstos en la letra c) del apartado segundo del artículo anterior.
2.  La solicitud de autorización será presentada durante los sesenta días 
naturales previos o en los noventa días naturales posteriores a la fecha en que 
cumpla los dieciocho años. El plazo se suspenderá cuando quede acreditado que 
no se ha presentado la solicitud por causas ajenas a la voluntad del solicitante y 
se reanudará una vez estas hayan cesado.
3.  Igualmente, deberá acreditarse:
a)  Que el solicitante cuenta con medios económicos suficientes para su 
sostenimiento. La suficiencia de estos medios se entenderá cumplida cuando se 
acrediten unos ingresos y rentas mensuales que superen la cuantía mensual 
individual de la renta garantizada prevista el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se acredite que 
su sostenimiento queda asegurado dentro de un programa desarrollado por una 
institución pública o privada.
A estos efectos serán computables los ingresos provenientes de un empleo, 
del sistema social, así como otras cuantías que pueda percibir.
b)  Que  carezca  de  antecedentes  penales  en  España  o  en  los  países 
anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no 
figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España 
tenga  firmado  un  convenio  en  tal  sentido.  A  tal  efecto,  la  Administración 
comprobará  de  oficio  los  antecedentes  registrados  en  el  Registro  Central  de 
Penados del Ministerio de Justicia.
4.  La vigencia de la autorización concedida será de dos años, renovable por 
periodos de dos años si se mantienen los requisitos, salvo que corresponda una 
autorización de residencia de larga duración.
La habilitación para trabajar por cuenta ajena o cuanta propia que conlleva la 
autorización no tendrá en cuenta, en caso de actividades por cuenta ajena, la 
situación nacional de empleo de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1.j) 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Esta habilitación para trabajar tendrá 
la misma duración que la autorización de residencia.
5.  En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se 
concede la autorización, su titular deberá solicitar ante la Oficina de Extranjería o 
Comisaría  correspondiente  la  Tarjeta  de  Identidad  de  Extranjero  que  indicará 
expresamente “habilita para trabajar por cuenta ajena y propia”.
6.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será sin perjuicio de que la 
autoridad competente facilite a los menores extranjeros no acompañados que 
alcancen la mayoría de edad información y acceso a la modalidad o programa de 
retorno voluntario asistido al que puedan decidir acogerse.»
Cinco.  Se modifica el apartado 5 del artículo 211, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«5.  En el caso de los solicitantes de autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales, se eximirá al solicitante de la presentación de acta 
notarial para acreditar que no puede ser documentado por la misión diplomática u 
oficina consular correspondiente, en los casos en que se alegasen razones graves 
que impidan su comparecencia en aquéllas, a cuyos efectos podrá recabarse el 
informe de la Oficina de Asilo y Refugio.
También se eximirá al solicitante de la presentación de acta notarial para  e.
acreditar que no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina  w.
consular correspondiente, en los casos de las autorizaciones reguladas en los  048ww
ianrftoícrmuloes d 1e9 l6a  ae n1ti9d8a dd ep úebslitcea  reqgulea mosetnetnot,a a s ucu tyuotesl ae foe cmtoesd iddeab edreá  pprroeteseccnitóanrs eo  leal 
hubiera ostentado.»
Seis.  Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada en los 
siguientes términos.
«Disposición adicional tercera.  Lugares de presentación de las solicitudes.
1.  De  conformidad  con  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en 
territorio  español  las  solicitudes  relativas  a  las  autorizaciones  iniciales  de 
residencia y de trabajo deberán presentarse por el interesado presencialmente 
ante los órganos competentes para su tramitación o electrónicamente mediante 
las aplicaciones específicas de tramitación que existan.
2.  Cuando  el  sujeto  legitimado  se  encuentre  en  territorio  extranjero,  la 
presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizará ante la misión 
diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida, salvo lo dispuesto de 
conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de  enero,  en  los  procedimientos  de  solicitud  de  visado  descritos  en  este 
Reglamento. Las solicitudes relativas a los visados deberán presentarse ante los 
órganos  competentes  para  su  tramitación  o  electrónicamente  mediante  las 
aplicaciones específicas de tramitación que existan.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, si media causa que lo justifique podrá determinar otra misión diplomática 
u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud de visado.
3.  Las  solicitudes  de  modificación,  prórroga  o  renovación  de  las 
autorizaciones de residencia y de trabajo se presentarán presencialmente ante los 
órganos  competentes  para  su  tramitación  o  electrónicamente  mediante  las 
aplicaciones específicas de tramitación que existan. Sin perjuicio de lo anterior, se 
podrán presentar en cualquier otro registro de conformidad con el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando estas aplicaciones específicas no se 
hayan habilitado para el trámite concreto.»
Siete.  Se modifica la disposición adicional octava, que queda redactada en los 
siguientes términos.
«Disposición adicional octava.  Legitimación y representación.
1.  De  conformidad  con  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en 
territorio  español  habrá  de  presentar  personalmente  las  solicitudes  iniciales 
relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo o a prórrogas de estancia. 
En aquellos procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, 
las solicitudes iniciales podrán ser presentadas por este o por quien válidamente 
ejerza la representación legal empresarial. Además, cualquier persona física o 
jurídica  podrá  actuar  en  representación  de  otra  siempre  y  cuando  dicha 
representación quede acreditada mediante apoderamiento notarial o apud acta.
2.  Cuando  el  sujeto  legitimado  se  encuentre  en  territorio  extranjero,  la 
presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente. 
Cuando el interesado no resida en la población en que tenga su sede la misión 
diplomática  u  oficina  consular  y  se  acrediten  razones  que  obstaculicen  el 
desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte  s
que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o  oe.
condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, podrá acordarse que la  w.
sporelisc3eit.un dtaS dciineó  nvp iesdrajeud iocs ipoou lideceidt ualod p erdsei sspye unertaesrctsooe ge ipdnoa re  lr deaepp raevrsitseaanddtoao n atndete ed reieobsri,td aeannmc ielaon,s t etsr áauncprsueietdosi ttaoyds  odd.ee   2021-17048n https://ww
residencia  por  reagrupación  familiar  de  menores,  ambos  trámites  podrán
realizarse mediante un representante debidamente acreditado. Bc
4.  Asimismo, no se requerirá la comparecencia personal en los procedimientos de 
contratación colectiva de trabajadores, en los supuestos previstos en un convenio o 
acuerdo internacional; en tal caso, se estará a lo dispuesto en él.
5.  Se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal de una 
persona  física  o  jurídica  o  de  una  entidad  sin  personalidad  jurídica,  cuando  se 
presenten solicitudes, escritos o documentos autenticados electrónicamente o, de 
estar así previsto, previo cotejo de los que hayan sido aportados, utilizando para ello 
los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad u 
otros sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por la Administración General 
del Estado de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  el  Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 
y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
6.  Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la 
presentación electrónica de documentos se realice de acuerdo con lo establecido 
mediante Convenios de habilitación para la representación de terceros.
Para el desarrollo de los Convenios previstos en este apartado, la Administración 
General del Estado podrá establecer que los profesionales adheridos a ellos creen los 
correspondientes registros electrónicos de apoderamiento o representación.
7.  Las  solicitudes  de  modificación,  prórroga  o  renovación  de  las 
autorizaciones de residencia y de trabajo o de estancia por estudios, movilidad de 
alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado se podrán presentar 
personalmente,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  fórmulas  de  representación 
voluntaria a través de actos jurídicos u otorgamientos específicos.»
Disposición transitoria única.  De las solicitudes presentadas antes de la entrada en 
vigor de este real decreto.
1.  Las solicitudes de las autorizaciones previstas en los artículos 196, 197 y 198 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, presentadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de este real decreto y que se encuentren pendientes o en curso en 
ese momento se tramitarán y resolverán conforme a lo previsto en este real decreto.
2.  La autorización de residencia prevista en el artículo 198 del Reglamento de la 
Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  podrá  ser  solicitada  por  aquellos  jóvenes 
extranjeros que tengan entre 18 y 23 años en el momento en que entre en vigor este real 
decreto y que cuando eran menores estaban bajo un servicio de protección de menores 
que ostentaba la tutela, custodia, protección provisional o guarda, alcanzaron la mayoría 
de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en el artículo 196 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y no pudieron acreditar, en el 
momento en el que cumplieron dieciocho años, los requisitos exigidos para la concesión 
de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales. En estos 
casos, la certificación prevista en el artículo 198 será sustituida por la acreditación de 
que estuvo a disposición de un servicio de protección de menores.
También  podrán  solicitar  esta  autorización  aquellos  jóvenes  extranjeros  que  tengan 
entre 18 y 23 años en el momento en que entre en vigor este real decreto y que, pese a 
acceder a la mayoría de edad siendo titular de una autorización de residencia de menor 
extranjero  no  acompañado,  ésta  no  ha  podido  ser  renovada  de  conformidad  con  el 
procedimiento que preveía el artículo 197 antes de la modificación operada por este real  e.
decreto. w.b
Finalmente,  aquellos  jóvenes  extranjeros  de  entre  18  y  23  años  que  han  visto  048ww
rceonnofovramdiad asdu c oanu teolr ipzraoccieódni mdiee ntroe sqiudee npcrieav edíea  eml aerntoícru loe x1tr9a7n jdeerol  Rneog laamcoemntpoa dñea dlao  Ldeey 
pOorgdáránnic as o4li/c2i0ta0r0 ,e dne c 1u1a ldqeu ieenr emroo, manetnetso  dlae  laau mtooridziaficciaócni ópnr eovpiesrtaa dean p oerl  easrtteíc ureloa l 1d9e7c redteol 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
A  la  entrada  en  vigor  del  presente  real  decreto  quedarán  derogadas  todas  las 
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el mismo.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud del artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española, 
por  el  cual  el  Estado  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de  inmigración  y 
extranjería.
Disposición final segunda.  Desarrollo y ejecución.
La persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el 
ámbito  de  sus  competencias,  dictará  cuantas  disposiciones  sean  precisas  para  el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Las disposiciones relativas a la habilitación de representación por terceros mediante 
poder notarial o apud acta entrarán en vigor un año después de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Las disposiciones relativas a la tramitación electrónica de visados se aplicarán en el 
momento en que estas hayan sido desarrolladas y se encuentren en funcionamiento.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA