BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Jueves 23 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 116468
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
15435 Resolución  de  31  de  agosto  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 5/2021, de 7 de 
mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud 
Pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el 
que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 31 de agosto de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado 
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 5/2021, de 7 de 
mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de 
las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Primero.
De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Illes Balears, para el estudio y propuesta de solución de las 
discrepancias manifestadas en relación con el artículo primero del Decreto-ley 5/2021 
por el que se añade el nuevo artículo 49 bis a la Ley 16/2010, de 28 de septiembre, de 
Salud Pública de Illes Balears en lo que se refiere al apartado 3 del nuevo artículo 49 bis, 
ambas  partes  las  consideran  solventadas  de  conformidad  con  los  siguientes 
compromisos y consideraciones:
a)  El artículo 49.bis apartado 3 procede a regular las posibles medidas de adopción 
por las autoridades sanitarias baleares al objeto de proteger la salud pública y prevenir 
su  pérdida  o  deterioro  dentro,  en  todo  caso,  del  marco  que  dispone  la  Ley  e.
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,  w.b
como el precepto recoge expresamente. El precepto se funda en las competencias  435ww
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efectúe un desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas involucrados,
ni  que  establezca  sus  límites,  materias  reservadas  constitucionalmente  a  la  Ley 
Orgánica.
b)  El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears promoverá una 
iniciativa legislativa de modo que el artículo 49 bis en su apartado 3, la letra e) quede 
redactado como sigue:
«e)  Planteamiento ante el Consejo Interterritorial de Salud de propuesta a los 
órganos competentes de sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la 
enfermedad,  incluida  la  vacunación  para  determinados  colectivos  o  la 
inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados 
con la adopción o la no adopción de estas medidas».
c)  Las autoridades sanitarias de las Illes Balears aplicarán las medidas recogidas 
en el artículo 49.bis apartado 3 al amparo de lo que al respecto disponga en todo 
momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia establecida sobre la 
interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y 
la coordinación general de la sanidad, así como a los principios de proporcionalidad y 
demás previstos en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
y al principio de voluntariedad establecido en el artículo 5.2 de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, y cuando corresponda, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 8.6 y 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
Segundo.
En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las 
discrepancias manifestadas y desaparecido el objeto de la controversia.