BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320  Martes 8 de diciembre de 2020  Sec. III.   Pág. 112121
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
15821 Resolución de 27 de octubre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las Comunidades 
Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 27 de octubre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las Comunidades 
Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público, acuerda:
Primero.
Asumir el contenido del citado Informe.
Segundo.
Instar al Gobierno a:
– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del Informe de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas.
– Mejorar la gestión de los procesos de reestructuración asegurando en todo momento 
la disposición de la documentación justificativa de los efectos económicos producidos, 
para facilitar su seguimiento y comprobación.
– Valorar las eventuales duplicidades e ineficiencias de entidades públicas que existan 
actualmente, con el fin de controlar el gasto público superfluo.
Tercero.
Instar a las comunidades autónomas a:
– Establecer o reforzar, en su caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, un sistema con mecanismos de 
supervisión sistemática y continua de sus entidades dependientes, con el objeto de 
comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad 
financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, 
transformación o extinción atendiendo así a la consecución de objetivos establecidos en la 
Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
– Crear planes orientadores y reflejar en el correspondiente plan estratégico de los 
futuros procesos de racionalización, reestructuración y reordenación del sector público 
autonómico que puedan acordarse, un desglose completo y detallado de los objetivos que 
se persiguen; el desarrollo de la estrategia para alcanzarlos; las medidas o actuaciones a 
realizar; y el calendario concreto y los plazos de culminación; con una cuantificación de los 
efectos económicos, y en especial, de los gastos de personal. Todo ello fundamental para 
la consecución de los fines señalados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre el  e.e
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. b
– Proceder a la incorporación sistemática en la tramitación de los expedientes de  821ww
enextciensciidóand d ye  deenl tipdraodceesd imquieen tsoe  oa cfouremrdae dne,  deext imnceiómno raipalsic aob ilnef,o drmebeisd ajmusetnifitcea stiovpoosr tdaed olas 
spoobsrteer liao rb.ase de estudios o análisis rigurosos que los acrediten para facilitar su evaluación
– Actualizar la información que se suministre al Ministerio de Hacienda, referente a los 
procesos de reordenación que se acuerden, con las modificaciones que se produzcan en 
las propuestas iniciales de extinción o con la inejecución de alguna de las medidas 
propuestas.
– Actualizar la información que se suministre al Ministerio de Hacienda, referente a los 
procesos de reordenación que se acuerden, cuando se produzcan modificaciones en las 
propuestas iniciales de extinción, o cuando no se ejecute alguna de las medidas 
propuestas.
– Incluir en los expedientes de extinción de las entidades correspondientes los 
documentos justificativos de la necesidad de la desaparición.
Trasladar al Ministerio de Hacienda las actualizaciones que se produzcan en las 
propuestas iniciales de extinción, así como la implementación de dichas propuestas.
Cuarto.
Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Continuar elaborando, en los sucesivos ejercicios, este tipo de informes en 
coordinación con las instituciones de control externo de las Comunidades Autónomas, 
pues si bien debe considerarse el esfuerzo que conlleva la concreción conjunta de los 
parámetros, objetivos y ámbitos subjetivo, objetivo y temporal de las actividades 
fiscalizadoras en relación con las áreas que se acuerden, aportan una inestimable visión 
conjunta de la actividad económico-financiera desarrollada por el sector público autonómico 
en su totalidad y redundan en la homogeneidad del análisis realizado. Con ello se refuerza 
el principio de transparencia de la actuación administrativa autonómica, configurándose 
como una herramienta de información más completa y de mejor comprensión y acceso, 
tanto para las Cortes Generales, como para la ciudadanía en general.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2020.–El Presidente, Santos 
Cerdán León.–El Secretario Primero, Jesús Manuel Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Nº 1.375 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE 
ENTIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE SU SECTOR PÚBLICO 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
25 de junio de 2020 el Informe de Fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de 
las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público, y ha 
acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
ÍNDICE 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
I.2.  ANTECEDENTES 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
I.4.1.  Normativa estatal 
I.4.2.  Normativa y disposiciones autonómicas 
I.5.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
I.6.  LIMITACIONES AL ALCANCE 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DURANTE EL PERIODO 2010-2016 
II.1.1.  Consideraciones generales 
II.1.2.  Evolución según tipo de entes 
II.2.  ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN 
II.3.  TRANSPARENCIA 
II.4.  IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
III.  CONCLUSIONES 
III.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LIMITACIONES AL ALCANCE 
III.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
III.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS PLANES Y MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN 
III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DETERMINACIÓN DE ENTES QUE HAN 
CAUSADO ALTA O BAJA EN EL PERIODO 2010-2016 
III.5. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA LEGALIDAD Y TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS 
JURÍDICAS DE EXTINCIÓN O CREACIÓN 
III.6. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS FINES O ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
RELACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL SECTOR PÚBLICO 
AUTONÓMICO, ÓRGANOS O ENTIDADES QUE, EN SU CASO, LAS ASUMEN Y 
SOLAPAMIENTOS O DUPLICIDADES DETECTADAS 
III.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA REPERCUSIÓN EN RELACIÓN CON EL 
DESTINO DEL PERSONAL Y DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES QUE CAUSAN 
BAJA  
III.8. CONCLUSIONES RELATIVAS A TRANSPARENCIA 
III.9. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y  s
MUJERES  oe.
IV.  RECOMENDACIONES  821ww
ANEXOS
  
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
AAPP   Administraciones Públicas 
BORME   Boletín Oficial del Registro Mercantil  
CA    Comunidad Autónoma 
CCAA   Comunidades Autónomas 
CE    Constitución Española 
CEPA    Corporación Empresarial Pública de Aragón 
CPEN   Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. 
CNAE   Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CORA   Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
CPFF    Consejo de Política Fiscal y Financiera 
DA    Disposición Adicional 
ECCYSA   Entidad de Promoción, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A 
EEPP   Entes Públicos 
ERE    Expediente de Regulación de Empleo 
GPEX   Sociedad de Gestión Pública de Extremadura 
ICAF    Instituto Cántabro de Finanzas 
ICE    Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.U.  
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 
LRSP  Ley de Reordenación del sector público de Andalucía  
LTAIBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno 
MINHAP  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
MINTRA  Madrid, Infraestructuras del Transporte 
PRSP   Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía 
OCEX   Órganos de Control Externo 
OOAA   Organismos autónomos 
SEMCA  Servicios de Emergencias de Cantabria S.A. 
 
   
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO 1. NÚMERO DE ENTES A 31 DE DICIEMBRE  
CUADRO 2. NÚMERO DE ENTES A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN INVENTARIO  
CUADRO 3. TIPOLOGÍA DE ENTES DE LAS CCAA A 31 DE DICIEMBRE  
CUADRO 4. TIPOLOGÍA DE ENTES QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL PERIODO 2010-2016  
CUADRO 5. TIPOLOGÍA DE ENTES QUE HAN CAUSADO ALTA EN EL PERIODO 2010-2016  
CUADRO 6. EFECTO NETO DE LAS ALTAS Y BAJAS PRODUCIDAS EN EL PERÍODO 2010-2016  
CUADRO 7. CÓDIGO CNAE ACTIVIDADES DE ENTIDADES EXTINGUIDAS 
CUADRO 8. EFECTOS ESTIMADOS POR LAS BAJAS NETAS EFECTIVAS 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL. 2010-2016  
GRÁFICO 2. TIPOLOGÍA DE ENTIDADES EXISTENTES. 2010-2016  
GRÁFICO 3. TIPOLOGÍA DE BAJAS DE ENTES INSTRUMENTALES POR CCAA 
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN TEMPORAL BAJAS DE ENTIDADES  
GRÁFICO 5. ALTAS DE ENTES INSTRUMENTALES 
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN TEMPORAL ALTAS DE ENTIDADES 
GRÁFICO 7. TOTAL DE BAJAS EN CADA CA  
GRÁFICO 8. FORMAS DE BAJAS POR CCAA  
GRÁFICO 9. FORMAS DE BAJAS POR TIPOS DE ENTES  
GRÁFICO 10.TIPOS DE BAJAS INDIRECTAS  
GRÁFICO 11. TOTAL DE ALTAS EN CADA CA 
GRÁFICO 12. FORMAS DE ALTAS POR CCAA  
GRÁFICO 13. FORMAS DE ALTAS POR TIPOS DE ENTES  
GRÁFICO 14. ACTIVIDADES DE LOS ENTES SUPRIMIDOS  
GRÁFICO 15. ASUNCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ENTES SUPRIMIDOS POR CCAA 
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de la reestructuración de su sector público  9 
I. INTRODUCCIÓN
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 153 d) de la Constitución española (CE) y 
en los artículos 2, 9, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, 
corresponde a éste el control económico y presupuestario del Sector Público. 
En ejercicio de las funciones constitucionales antes citadas, el Pleno del Tribunal de Cuentas 
aprobó, en su reunión de 20 de diciembre de 2018, el programa de fiscalización del Tribunal de 
Cuentas para el año 2019, incluyendo en su apartado III la fiscalización de los procesos de 
extinción de entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración 
de su Sector Público, decisión que se adoptó por iniciativa propia del Tribunal de Cuentas y cuya 
ejecución y desarrollo se ha llevado a cabo de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas 
por el Pleno en su sesión de fecha 30 de septiembre de 2019. 
La inclusión del Informe en el Programa anual trae su causa de la reunión de la Comisión de 
Coordinación de Comunidades Autónomas (CCAA) entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de 
Control Externo autonómicos (OCEX) que tuvo lugar en octubre de 2016, donde se acordó realizar 
coordinadamente una fiscalización por los diferentes órganos de control para cada una de las 
CCAA que se reflejaría en un informe individual de cada una de ellas y además en otro informe 
global del Tribunal que recogiera los resultados parciales obtenidos respecto de cada uno de los 
ámbitos autonómicos analizados por los OCEX y  por el propio Tribunal de Cuentas. 
I.2.  ANTECEDENTES
El reconocimiento y la garantía de la autonomía política de las CCAA, configurada en el artículo 2 
y en el Título VIII de la CE, así como en los estatutos de autonomía, incluye necesariamente la 
capacidad de instituir personificaciones instrumentales,  como manifestación de una potestad 
organizativa que, por el hecho de la generalización de los poderes legislativos autonómicos, 
alcanza una potencialidad creadora limitada únicamente por el bloque de la constitucionalidad. 
En este sentido, la configuración de una Administración Institucional propia forma parte del 
ejercicio  de  las  competencias  susceptibles  de  asumir  por  las  CCAA  en  relación  con  “la 
organización de sus instituciones de autogobierno” (CE, 148.1.1), que sólo se vería matizada por 
la incidencia de la materia “régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, cuyas bases 
corresponde fijar al Estado (CE, 149.1.18). 
Esta  potestad  organizativa  autonómica  ha  dado  lugar  a  una  proliferación  de  nuevos  entes 
jurídicos,  ya  al  amparo  de  una  naturaleza  jurídico-pública  (organismos  autónomos  (OOAA), 
entidades  de  derecho público  sujetas  al  derecho  privado,  entidades  públicas  empresariales, 
agencias,  consorcios…),  ya  adoptando  formas  de  naturaleza  jurídico-privada  (sociedades 
mercantiles,  anónimas  o  de  responsabilidad  limitada,  fundaciones  privadas  o,  incluso, 
asociaciones)  como  una  prolongación  funcional  de  las  Administraciones  autonómicas  para 
ejecutar sus políticas en los diversos sectores (administrativos, económicos, prestacionales u 
otros),  facilitando  la  flexibilidad  respecto  a  controles  a  la  acción  administrativa,  controles 
presupuestarios del gasto, régimen patrimonial y de contratación y  régimen retributivo-funcional. 
10      Tribunal de Cuentas 
 
En este sentido, resulta revelador el dato publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda1  
referido a 1 de enero de 2010 según el cual las CCAA habían pasado de un total de 1.564 
entidades seis años antes, a superar las 2.000 en dicha fecha. 
Ante  esta  situación,  el  Acuerdo  1/2010,  de  22  de  marzo,  del  Consejo  de  Política  Fiscal  y 
Financiera (CPFF), por el que se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 
establece, entre otros compromisos, que los Gobiernos de las CCAA y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, aprobarán un Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores 
públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto 
público en el plazo de 3 meses desde la aprobación de este Acuerdo marco. Así, desde mitad de 
2010 la mayoría de las CCAA han adoptado planes, medidas o disposiciones tendentes a la 
racionalización de sus estructuras administrativas y empresariales, con un grado heterogéneo 
tanto en la dimensión de las actuaciones previstas como en la ejecución de las mismas. 
El Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del CPFF, hace balance de las reestructuraciones a 1 de julio 
de 2011 y establece unos nuevos compromisos en la reordenación de los sectores públicos 
autonómicos: 
•  Suministro al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), en el plazo de 1 
mes, de un cuestionario normalizado en el que se inventaríen los entes integrantes de las 
Comunidades Autónomas, así como un plan actualizado en el que se recoja las medidas 
propuestas y los efectos esperados con dicho proceso. En el caso de que no se presentara 
ningún  plan  o que  se modificaran  los  inicialmente  comunicados,  debería  justificarse  esta 
circunstancia. 
•  Los planes de reordenación deberán ejecutarse durante 2012. 
•  En materia de eficiencia, las CCAA remitirán al MINHAP, el conjunto de medidas adoptadas y 
previstas dirigidas a incrementar la misma, así como de las medidas tendentes a eliminar las 
duplicidades en la prestación de servicios públicos. 
•  El MINHAP, a la vista de la información recibida podrá formular a las CCAA las propuestas de 
actuación que resulten convenientes, e informará trimestralmente al CPFF del cumplimiento de 
los planes de reordenación previstos por cada Comunidad, así como del resto de medidas 
comunicadas. 
Como  consecuencia  de  este  Acuerdo,  semestralmente,  el  MINHAP  ha  venido  rindiendo 
información al CPFF del desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo. 
En tales informes semestrales, con exclusión de los datos referentes a la CA del País Vasco, que 
no aportó información al respecto, y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que finalmente 
no realizaron ningún cambio, se ponen de manifiesto las reducciones previstas y realizadas, el 
peso que tienen entre los distintos sectores de cada CA el gasto no financiero, el número de 
personal y la deuda financiera y comercial, los costes, ingresos y resultados asociados a los 
procesos de reordenación, los efectos en materia de personal y el ahorro estimado para los 
procesos, así como un informe individual del proceso en cada CA. 
Asimismo,  tras  la  promulgación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que establece objetivos concretos de gasto  e.
y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes  w.b
dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución, el  821ww
1     A  c  t u  a  lm   e  n  t e    M   i n  i s  t e  r i o    d  e    H  a  c  i e  n  d  a. 
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112129
de la reestructuración de su sector público  11 
 
Consejo de Ministros en su reunión de 26 de octubre de 2012 aprueba el Acuerdo por el que se 
crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y se le encomienda 
realizar un estudio integral de dichas Administraciones para identificar las áreas de mejora y las 
medidas a adoptar para hacerlas más ágiles, eficientes y cercanas a los ciudadanos. 
El citado Acuerdo del Consejo de Ministros indica que además de la necesidad de abordar el 
estudio integral de la reforma administrativa, es necesario dar cumplimiento a dos mandatos: 
- La Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de un Grupo 
de Trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial, para elaborar un programa de racionalización 
administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar 
duplicidades. 
- En el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas se 
ha previsto la creación, en el seno del CPFF, de un grupo de trabajo para acordar un código de 
buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro. 
Respecto al Informe en que culmina el estudio realizado por la CORA previó la elaboración de dos 
leyes: 
1. La reguladora del procedimiento administrativo con las normas que rigen la relación de los 
ciudadanos con las Administraciones (relaciones ad extra). 
2.  Y  la  comprensiva  del  régimen jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  (AAPP)  con  las 
disposiciones que disciplinan el sector público institucional (regulación ad intra del funcionamiento 
interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas). 
En cumplimiento del segundo de los ejes citados se dicta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 2 de octubre de 2016, 
que,  entre  otros  aspectos,  comprende  la  legislación  básica  sobre  el  régimen  jurídico 
administrativo, aplicable a todas las AAPP. 
Las  principales  novedades  de  esta  ley  podrían  resumirse  en  las  siguientes  finalidades: 
incrementar la transparencia y establecer un funcionamiento más ágil de las AAPP, procurar una 
mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de las normas, simplificar el sector 
público institucional y lograr una mejor cooperación y coordinación entre las distintas AAPP. 
En concreto, respecto al sector público instrumental, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, hace una 
regulación expresa sobre el deber de las Administraciones territoriales de controlar la procedencia 
de su Administración institucional en atención a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. De 
esta forma, se prevé la obligación por parte de tales administraciones de establecer un sistema de 
supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar que subsisten 
los  motivos  que  justificaron  su  creación  y  sostenibilidad  financiera,  y  que  deberá  incluir  la 
formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL  
El ámbito subjetivo abarca los entes dependientes de las CCAA, con participación autonómica  s
superior al 50 %, en el capital o en los órganos de representación, que, sin perjuicio de las  oe.
particularidades que puedan existir en cada CA, con carácter general incluyen: OOAA, sociedades  w.
mercantiles  y  empresas  públicas,  entes  públicos,  consorcios,  fundaciones  y  otros  entes  821ww
dmeepdeidnadsie ndtee sre doerd lean Caocmiónu ndidisatidn,t aress atr ilnag ieéxntdinocsióen e, lc aonmáolis ries eas tlrousc teunrtaecsió enx tdineg puliadnotsil lsaisn  oin rceludiur coctrióans 
 
12      Tribunal de Cuentas 
 
de gastos en entidades subsistentes. Asimismo, se analizarán las altas de este tipo de entes 
durante el periodo fiscalizado. 
Se excluyen de la fiscalización las universidades y sus entidades dependientes, las corporaciones 
de derecho público y las asociaciones ya que no cumplen esa función instrumental de la CA, pues 
no se crean con la específica finalidad de gestionar funciones atribuidas a aquellas, ya se trate de 
la realización de una actividad concreta o de la prestación de un servicio determinado. Las 
universidades  públicas  porque  desarrollan  su  actuación  en  el  marco  de  su  autonomía, 
constitucionalmente reconocida (art. 27.10 CE) y regulada mediante Ley orgánica (LO 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades). Las corporaciones de derecho público por cuanto su base es 
de carácter privado y vinculada a los colegios profesionales (art. 36 CE) o a las cámaras de 
comercio, industria y navegación y agrarias (art. 52 CE), sin que su relación con la CA tenga 
carácter funcional; y finalmente, las asociaciones, que son organizaciones en las que tres o más 
personas se unen de manera libre y voluntaria para conseguir, sin afán de lucro, una finalidad 
común de interés general, con carácter temporal o indefinido. La imposibilidad de utilizarla como 
personificación instrumental deriva de los propios términos de la Ley orgánica 1/2002, reguladora 
del derecho de asociación.  
En relación con el ámbito objetivo, el informe expone los datos más relevantes contenidos en los 
resultados de las fiscalizaciones realizadas al amparo del principio de coordinación por el Tribunal 
de Cuentas sobre las Comunidades Autónomas carentes de órgano de control externo propio y 
por los OCEX sobre sus respectivos ámbitos autonómicos, a efectos de facilitar a las Cortes 
Generales una conjunta valoración técnica de la planificación y gestión autonómica desarrollada al 
respecto, especialmente respecto a la conformidad de los procesos extintivos y constitutivos con 
los planes o medidas de reestructuración elaborados por las CCAA y los efectos que ha tenido la 
reducción, en su caso, en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino 
del patrimonio de las entidades extinguidas. 
El Tribunal de Cuentas aprobó con fecha de 20 de diciembre de 2018, el Informe de fiscalización 
sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de las comunidades autónomas sin 
órgano de control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público. 
No  se  incluyeron  en  este  informe  las  Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla  ya,  que  no 
planificaron ni realizaron ningún cambio relativo a la reordenación de su sector público. 
Los OCEX han llevado a cabo las actividades fiscalizadoras sobre esta materia en los términos 
que se indican a continuación: 
- Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la reestructuración de su sector 
público, correspondiente al periodo de julio de 2010 a diciembre de 2016. Aprobado el 19 de 
diciembre de 2018 por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
Junta de Andalucía | Cámara de Cuentas de Andalucía 
- Documento de trabajo 2/2019, sobre la reestructuración del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (2010-2016). Aprobado el 2 de mayo de 2019 por la Cámara de Cuentas de 
Aragón. 
https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/informe2019/Documento-trabajo-
reestructuracion-sector-publico.pdf  e.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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de la reestructuración de su sector público  13 
 
- Informe de Fiscalización de la ejecución de la medida de extinción de Entes con motivo de la 
reestructuración del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aprobado el 21 de 
diciembre de 2017 por la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 (http://www.acuentascanarias.org/MINTERNA/EXPEDIENTESFISC/PA2017/1017/Informe.PDF). 
- Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León como consecuencia de la reestructuración de su sector público, en colaboración 
con el Tribunal de Cuentas. Aprobado el 11 de septiembre de 2018 por el Consejo de Cuentas de 
Castilla y León. 
(https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-procesos-extincion-
entidades-comunidad-autono). 
-  Informe  de  fiscalización  17/2018,  relativo  a  la  reestructuración  del  sector  público  de  la 
Generalidad de Cataluña, ejercicios 2010-2016. Aprobado el 24 de julio de 2018 por la Sindicatura 
de Cuentas de Cataluña. 
(http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2018_17_es.pdf?reportId=9502). 
- Informe de fiscalización sobre la reestructuración del sector público foral de Navarra (2010-
2016). Aprobado el 16 de octubre de 2018 por la Cámara de Comptos de Navarra. 
(https://camaradecomptos.navarra.es/es/actividad/informes/reestructuracion-del-sector-publico-
foral-de-navarra-2010-2016). 
- Informe sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Ejercicios 2010-2016. Aprobado el 11 de junio de 2019 por el Consejo de Cuentas de 
Galicia. 
(http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2016/Proceso
s_extincion_Entidades_dependentes_Comunidade_Autonoma_Galicia_2010-2016_C.pdf). 
- Informe 157/2018 sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de la Comunidad 
Autónoma  de  Illes  Balears  como  consecuencia  de  la  reestructuración  de  su  sector  público 
instrumental. Aprobado el 21 de diciembre de 2018 por la Sindicatura de Cuentas de Illes Balears. 
(http://www.sindicaturaib.org/sincomfront/visor.htm?id=6706). 
- Informe de fiscalización horizontal de regularidad sobre las medidas adoptadas en la Comunidad 
de Madrid para hacer frente a la crisis económica, específicamente las relativas al acogimiento al 
mecanismo extraordinario de pago a proveedores con financiación estatal y las previstas en el 
Acuerdo Marco 1/2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el periodo 2010-2015. Aprobado el 2 de octubre de 2018 por la Cámara de 
Cuentas de Madrid. 
(http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-021018.pdf). 
-  Datos  sobre  Proceso  de  extinción  de  entidades  dependientes  de  la  CAPV.  31.12.2010  – 
31.12.2016 remitidos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El Pleno de dicho Tribunal  e
acordó  en  su  sesión  de  4  de  junio  de  2020,  la  aprobación  definitiva  del  Informe  sobre  bo
reestructuración del sector público autonómico en colaboración con OCEX y Tribunal de Cuentas.  821ww
 
14      Tribunal de Cuentas 
 
- Informe Definitivo de Fiscalización sobre “Reestructuración del Sector Público del Principado de 
Asturias. Ejercicios 2010-2016”. Aprobado el 20 de abril de 2018 por la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias. 
(http://www.sindicastur.es/upload/informes/IDReestruct_SP_10-163079.pdf). 
-  Fiscalización  sobre  la  reestructuración  del  sector  público  autonómico  de  la  Comunitat 
Valenciana. Ejercicios 2010-2016. Aprobado el 4 de junio de 2018 por la Sindicatura de Cuentas 
de la Comunitat Valenciana. 
(https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/fileINFORMEReestructuracinSP2010-
2016-signat.pdf). 
Respecto al ámbito temporal, el informe se refiere a los ejercicios 2010 a 2016, dado que el 
proceso de reordenación del sector público se inicia en el ejercicio 2010 al aprobarse el Acuerdo 
Marco 1/2010 y se da por finalizado a 1 de enero de 2017, al haber considerado el CPFF 
cumplidos los mandatos establecidos en esta materia en el citado acuerdo y en el posterior 
Acuerdo Marco 5/2012, si bien podrán referirse a ejercicios anteriores o posteriores, si así procede 
para una mejor consecución de los objetivos fiscalizadores. 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
I.4.1.  Normativa estatal 
-  Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
-  LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
 -   Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 
 -  Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 
-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera, modificada por LO 4/2012 de 28 de septiembre. 
-  Orden HAP/2105/2012 por la que se desarrollan obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley orgánica 2/2012, antes señalada. 
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIBG). 
-  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa. 
-  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
I.4.2.  Normativa y disposiciones autonómicas 
ANDALUCÍA   w.b
-G Polbaine rdneo  eRne osrud reenuanciióónn  ddee l2 S7 edcet ojur lPioú dbeli c2o0 d1e0 . la Junta de Andalucía, aprobado por el Consejo de
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112133
de la reestructuración de su sector público  15 
 
- Decreto Ley 5/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del 
Sector Público, modificado parcialmente por el Decreto ley 6/2010, de 23 de noviembre, de 
medidas complementarias. 
- Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector público de Andalucía. 
ARAGÓN  
- Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, de creación de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón (CEPA). 
- Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la CA de 
Aragón, que habilita al Gobierno de Aragón para acordar la incorporación de títulos societarios 
autonómicos a la CEPA. 
- Decreto 137/2008, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten títulos 
societarios autonómicos a la CEPA. 
- Decreto 215/2008, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten títulos 
societarios autonómicos a la CEPA. 
- Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial. 
-  Ley  4/2012,  de  26  de  abril,  de  medidas  urgentes  de  racionalización  del  sector  público 
empresarial. 
CANARIAS 
- Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el 
Acuerdo  relativo  a  las  medidas  extraordinarias  para  la  reducción  del  gasto  en  la  actividad 
administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la CA, los 
organismos  autónomos,  entidades  de  derecho  público,  sociedades  mercantiles  públicas 
dependientes, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas. 
- Plan de Medidas de Disciplina Presupuestaria de 24 marzo de 2011. 
- Plan Económico Financiero de Requilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias de 10 de 
abril de 2012 
CANTABRIA   
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de diciembre de 2011, que constata la creación durante 
los últimos años de una pluralidad de entes de diversa naturaleza y funciones, de notable 
complejidad, traducida en una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
- Ley 3/2011, de 5 de abril, por la que se crea la Entidad Pública Empresarial 112 Cantabria y la 
adscripción de los bienes, derechos y personal de la preexistente Servicios de Emergencias de 
Cantabria S.A. (SEMCA). 
- Ley 5/2011, 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que derogó la Ley de  o
Cjuaríndtiacab ryia f u3n/2ci0o1n1e,s .m  anteniéndose la Sociedad de Emergencias de Cantabria en su naturaleza  2020-15821n https://www.
 
16      Tribunal de Cuentas 
 
- Plan de Reducción y Redimensionamiento del Sector Público Empresarial, elaborado por el 
Instituto de Finanzas de Cantabria en febrero de 2012. Debe señalarse que en mayo de 2018 el 
Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una moción que insta al Gobierno de Cantabria 
para que, en un plazo de 4 meses, confeccione el 2º Plan de reestructuración del Sector Público 
empresarial y fundacional. 
- Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras 
para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la CA. 
- Decreto 74/2012, de 13 de diciembre, por el que se extingue la Entidad Puertos de Cantabria. 
- Ley de Cantabria 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
- Ley de Cantabria 6/2015, de 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 31/1/2012 por el que se crea Inversiones 
Cántabras Empresariales, S.L.U. (ICE). 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 13/6/2013 por el que se crea la Fundación 
Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla. 
CASTILLA - LA MANCHA 
-  Ley  13/2010,  de  9  de  diciembre,  de  Reordenación  del  Sector  Público  de  la  Junta  de 
Comunidades. 
- Ley 13/2011, de 3 de noviembre, de supresión del Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha. 
- Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, de 31 de agosto de 2011, 
materializado en la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación 
del Plan de Garantías de Servicios Sociales y la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento 
de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de 
Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha. 
- Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.  
- Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.  
- Decreto 238/2010, de 14 de diciembre, de extinción del Consorcio Parque Arqueológico de 
Recópolis. 
-Decreto 239/2010, de 14 de diciembre, de extinción del Consorcio Parque Arqueológico de 
Segóbriga. 
- Decreto 313/2011, de 29 de diciembre, por el que se extingue el Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha. 
CASTILLA Y LEÓN  o
-e nLteey P 1ú9b/2lic0o1 0A,g deen c2i2a  ddee  dInicnioevmabcrieó,n  pyo Fr ilnaa qnuceia sceió na pErmuepbraensa Mriaeld didea Cs aFsintiallan cyi eLreaósn y.  de creación del  2020-15821n https://ww
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112135
de la reestructuración de su sector público  17 
 
- Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
- Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas. 
- Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. 
- Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector 
Público Autonómico. 
- Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. 
- Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas. 
CATALUÑA 
- Acuerdo de Gobierno de 1 de junio de 2010 por el que se aprobó el Plan de racionalización del 
sector público de la Generalidad de Cataluña y Acuerdos de Gobierno complementarios de 29 de 
junio de 2010 y de 2 de agosto de 2011 que dejaron sin efecto el primero. 
- Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. 
- Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público 
EXTREMADURA  
- Ley 4/2005, de 8 de julio, de Reordenación del Sector Público empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
- Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el 2009. 
-  Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura. 
- Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
- Decreto Ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las administraciones públicas 
aprobadas por el estado. 
- Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. 
- Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
- Decreto 182/2013, de 8 de octubre, de extinción de la Agencia Extremeña de Evaluación 
Educativa.  s
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  w.
-S L.Le.yU .F (oCraPlE 8N/2).0 09, de 18 de junio, de creación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra
 
18      Tribunal de Cuentas 
 
- I Plan de Ordenación y Reestructuración del sector público empresarial aprobado mediante 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 20 de diciembre de 2010. 
- Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, de extinción del  Consejo Audiovisual de Navarra. 
- Decreto Foral 142/2011, de 24 de agosto, de extinción del OA Estación de Viticultura y Enología 
de Navarra.  
- Decreto Foral 68/2012, de 25 de julio, de extinción del OA Instituto Navarro de Administración 
Pública. 
- II Plan de Ordenación del sector público empresarial aprobado por el Consejo de Administración 
de CPEN el 13 de mayo de 2013. 
- Decreto Foral 197/2015, de 9 de septiembre, de extinción del OA Agencia Navarra para las 
Emergencias. 
GALICIA 
- Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 
y del sector público autonómico de Galicia. 
- Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 
ILLES BALEARS 
- Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la CAIB. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2012, por el que se aprobó la primera fase 
del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de las Illes Balears. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2012, por el que se aprobó la segunda fase 
del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de las Illes Balears. 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2012, por el que se aprobó la tercera 
fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de las Illes Balears. 
LA RIOJA 
- Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la que se crea la 
Fundación Riojana para la Innovación. 
- Ley 2/2012 de 20 de julio, de Racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
la Rioja. 
- Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del Consejo Económico y 
Social de La Rioja. 
-  Decreto 30/2012, de 13 de julio, de extinción del Instituto Riojano de la Juventud 
- Decreto 49/2012, de 27 de julio, sobre los efectos de la extinción de la Agencia del Conocimiento  oe.
y la Tecnología.  821www.
- Decreto 50/2012, de 27 de julio, de extinción del Servicio Riojano de Empleo.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112137
de la reestructuración de su sector público  19 
 
- Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2010-2012 aprobado mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de marzo de 2010. 
- Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 aprobado mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de mayo de 2012. 
COMUNIDAD DE MADRID 
- La Ley 9/2010 de 23 de diciembre de medidas fiscales administrativas y racionalización del 
sector público. 
- Decreto 94/2011 de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se extingue el Organismo 
Autónomo Administrativo Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación. 
- Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA). 
- Decreto 98/2011 de 7 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, en el que se suprime el Organismo 
Autónomo Servicio Regional de Empleo. 
- Ley 6/2011, de 28 de diciembre de 2011 de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que se 
regula la extinción del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad y la extinción de 
la Agencia Madrileña para la Emigración. 
-  Ley  4/2012,  de  4  de  julio,  de  Modificación  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público e impulso y agilización de la actividad económica. 
- Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  
- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  
- Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
- Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
- Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
- Decreto 53/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la constitución 
de  la  Fundación  para  la  Investigación  e  Innovación  Biomédica  de  Atención  Primaria  de  la 
Comunidad de Madrid. 
PAÍS VASCO 
- Ley 12/1994 de 17 de Junio de Fundaciones del País Vasco. 
- Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 
- Decreto 100/2007, de 19 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de  o
Fundaciones del País Vasco.  821www.
-F uDnedcarceioton e1s0 d1e/2l 0P0a7ís,  Vdae sc1o9.  de Junio, por el que se aprueba el reglamento de Registro de
 
20      Tribunal de Cuentas 
 
- Ley 9/2016 de 2 de Junio de Fundaciones del País Vasco. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS  
- Ley 2/2010, de 12 de marzo, de integración del "Hospital del Oriente de Asturias Francisco 
Grande Covián" y de su personal en el Servicio de Salud del Principado de Asturias en régimen de 
gestión directa. 
- Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
2013. 
- Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de reestructuración del sector público 
autonómico. 
- Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector 
público autonómico. 
REGIÓN DE MURCIA 
- Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 
- Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributaria, administrativas y de reordenación del 
sector público regional. 
- Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y 
otras medidas administrativas. 
- Decreto nº 244/2010, de 10 de septiembre, de extinción del Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud de la Región de Murcia. 
- Decreto n.º 246/2010, de 10 de septiembre, de Extinción del Organismo Autónomo Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia. 
- Decreto n.° 110/2011, de 10 de junio, por el que se autoriza la extinción mediante fusión por 
absorción, de la sociedad mercantil regional  Centro de Cualificación Turística. 
- Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público de la Región de Murcia. 
- Decreto 45/2013, de 10 de mayo, por el que se acordó el cambio en la posición accionarial del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, accionista mayoritario de la mercantil Industrialhama, 
S.A, a efectos de perder el carácter de sociedad dominante, en los términos del artículo 42 del 
Código de Comercio. 
- Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 aprobado mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 27 de abril de 2012. 
COMUNITAT VALENCIANA 
.- Ley 10/2011, de 27 de diciembre de presupuestos de la Generalitat para 2012.  es
- Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2013.  821www.
-P úLbelyic o1 /E2m01p3re, sdaeri a2l 1y  Fduen dmaacyioon, adl ed eM lae dGideanse rdaelit aRt.e estructuración y Racionalización del Sector
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112139
de la reestructuración de su sector público  21 
 
-  Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat. 
- Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito 
Autonómico de Titularidad de la Generalitat. 
- Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat. 
- Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre. 
- Acuerdo del Consell de 18 de junio de 2010 
- Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011. 
-  Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012.  
I.5.  OBJETIVOS Y ALCANCE  
La presente fiscalización, de acuerdo con los ámbitos objetivo y subjetivo del Informe, tiene el 
carácter de fiscalización horizontal de cumplimiento y operativa o de gestión.  
En  consonancia  con  lo  indicado,  los  objetivos  de  la  fiscalización  consisten  en  exponer  los 
resultados de las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal y de los OCEX, en relación con los 
siguientes aspectos: 
1. Verificación de que el proceso seguido para la extinción de entes se ajusta a la legalidad y a la 
planificación autonómica. 
2. Comprobación de la necesidad originaria y, en su caso, el mantenimiento a través de otro 
órgano o entidad autonómica de la actividad o función para cuya consecución se creó el ente 
extinguido. 
3. Análisis de la repercusión de la medida extintiva para la CA, especialmente, en relación con el 
personal. 
4. Verificación del destino de los activos y pasivos. 
Por último, se ha procedido a la comprobación de la observancia de la normativa para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones de transparencia, en todo aquello 
que pudiera tener relación con el objetivo de las actuaciones fiscalizadoras. Debe señalarse que la 
verificación de estos objetivos solo ha podido efectuarse en relación con las CCAA sin OCEX 
(Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia) pues los informes de 
los OCEX correspondientes a sus respectivas CCAA, no incluyen como objetivos la verificación de 
tales aspectos.  
Para la cobertura de los objetivos planteados se han tenido en cuenta las normas de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas en los términos aprobados por el Pleno en su sesión de 23 de diciembre 
de 2013. 
  w.b
 
22      Tribunal de Cuentas 
 
I.6.  LIMITACIONES AL ALCANCE 
Se han producido limitaciones al alcance en relación con las siguientes CCAA: 
- Cantabria: no se ha aportado documentación justificativa sobre la totalidad de la reducción de los 
3 efectivos correspondientes al Consejo Económico y Social ni de las bajas de 20 efectivos 
correspondientes a las 7 entidades siguientes: Consejo de la Mujer; Consejo de la Juventud; 
Sociedad  Gestora  del  Año  Jubilar  Lebaniego,  S.L.U;  Sociedad  Regional  para  la  Gestión  y 
Promoción  de  Actividades  Culturales  del  Palacio  de  Festivales  de  Cantabria,  S.A;  Gestión 
Energética de Cantabria S.L.U;  Empresa Cántabra para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías, 
S.L.U y Fundación Comercio Cantabria. 
- Castilla-La Mancha: no se ha remitido documentación justificativa de la reducción de personal del 
total de los 170 efectivos correspondientes a las 14 entidades siguientes: Instituto de Consumo de 
Castilla-La  Mancha;  Instituto  de  la  Juventud  de  Castilla-La  Mancha;  SEPECAM;  Consejo 
Económico y Social de Castilla-La Mancha; Empresa auxiliar de servicios, infraestructuras y 
asistencia, S.A.; Servicios Hospitalarios Generales, S.L.; Servicios, Inspección y Certificación 
Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, S.A.; Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La 
Mancha; Empresa Regional de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha; Sociedad de Carreteras 
de  CLM,  S.A.;  Fundación  General  de  Medio  Ambiente  de  Castilla-La  Mancha;  Fundación 
Castellano Manchega de Cooperación; Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete y 
Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana. Tampoco se ha remitido dicha 
documentación justificativa respecto a 6 de los 56 efectivos correspondientes a las siguientes 
entidades: Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha, S.A; Instituto Don Quijote 
de Promoción Turística, Cultural y Artesana de Castilla-La Mancha, SAU y Fundación El Greco. 
- Cataluña: la Intervención General no ha facilitado a la Sindicatura la documentación justificativa 
de los ahorros producidos en los procesos de reestructuración de todas las entidades analizadas y 
respecto a la documentación facilitada se han usado criterios de cálculo diferentes de modo que la 
Sindicatura de Cuentas no puede concluir sobre la razonabilidad de los importes que han sido 
comunicados como ahorros al MINHAP. 
- Extremadura: no se ha aportado documentación justificativa de la reducción de la totalidad del 
personal,  10  efectivos,  correspondiente  a  las  siguientes  entidades:  Sociedad  Pública  de 
Radiodifusión  Extremeña,  S.A.;  Fundación  FUNDECYT  Parque  Científico  y  Tecnológico  de 
Extremadura y Consorcio Plasencia, Trujillo, Parque Nacional de Monfragüe y Biodiversidad. 
Tampoco  se  ha  aportado  documentación  justificativa  de  las  bajas  de  4  de  los  6  efectivos 
correspondientes a la sociedad Fomento de Emprendedores Extremeños, S.A.U. 
- Comunidad Foral de Navarra: indica la Cámara de Comptos que la fiscalización se ha visto 
afectada por las limitaciones relacionadas con la ausencia de un plan específico de racionalización 
para el sector público administrativo o por carecer de objetivos cuantificables y evaluables en el 
sector fundacional. 
- Galicia: señala el Consejo de Cuentas que la Xunta no puso en marcha el registro de entidades 
del sector público de la Comunidad Autónoma previsto en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia. Esta limitación impide conocer las entidades que la Xunta de Galicia considera como 
entidades instrumentales o dependientes y motiva que la delimitación tenga que realizarse a partir 
del Inventario de Entes Públicos del Ministerio de Hacienda como único registro público oficial  e.
disponible.  w.b
-d eIlsleesn vBuaellevaer sla:   minedtoicdao lloag Síain yd ilcoast ucrrait eqriuoes  dideennttriofi cdaeti vloas v daerila Inntfeo remceo ndóem Ficisac,a dlieza ecniótnre d leals p qroucee ssoe 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112141
de la reestructuración de su sector público  23 
 
de reestructuración del Sector Público de Baleares, se manifiesta que la información disponible de 
cada uno de los entes afectados por el proceso de reestructuración no ha permitido calcular el 
ahorro ni real ni potencial en materia de personal, lo que es así porque durante todo el periodo de 
análisis han coincidido recortes de sueldo y reducciones de personal en casi todos los entes del 
sector público instrumental. Por lo tanto, no es posible atribuir inequívocamente las reducciones 
en los efectivos y en las retribuciones del personal adscrito a los entes objeto del estudio al 
proceso de reestructuración.  
Además, como procedimiento complementario para llevar a cabo esta fiscalización, la Sindicatura 
ha solicitado a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
información con respecto a los procesos de extinción de las entidades en las cuales la CA tiene 
una  participación  superior  al  50  %  e  igual  al  50  %  en  el  caso  de  los  consorcios,  como 
consecuencia de la reestructuración de su sector público instrumental y sobre la reducción de 
efectivos que han finalizado en los tribunales con sentencias desfavorables para la Administración, 
o que implicaron readmisiones, pagos de los salarios de tramitación o indemnizaciones al personal 
afectado y su coste, con respecto a las entidades de la CA que se han extinguido en los ejercicios 
2010-2016. La respuesta recibida de dicha Abogacía impide disponer de información que permita 
conocer cuál ha sido el coste final de la reducción de efectivos que acabaron en los tribunales, con 
sentencias desfavorables para la Administración, que comportaron readmisiones, el pago de 
salarios de tramitación o indemnizaciones al personal afectado. 
- La Rioja: no se ha aportado documentación justificativa de la reducción de la totalidad del 
personal,  14  efectivos,  correspondiente  a  las  siguientes  entidades:  Instituto  Riojano  de  la 
Juventud;  Agencia  de  Conocimiento  y  la  Tecnología;  Ader,  Infraestructuras,  Financiación  y 
Servicios, S.A.U y Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A. 
- Comunidad de Madrid: con relación a la identificación de las empresas públicas, las situadas en 
el extranjero se rigen por la legislación del país en el que tienen registrada su sede social, por lo 
que no existe seguridad de que, en el caso del Canal de Isabel II, puedan existir participaciones 
en este tipo de empresas que no hayan sido comunicadas y que pudiese implicar que las mismas, 
sean directa o indirectamente, dependientes de la Comunidad de Madrid. 
- Principado de Asturias: la Sindicatura no ha podido obtener evidencia suficiente que permita 
emitir una opinión sobre la razonabilidad de la cifra consignada como ahorro efectivo derivado de 
las extinciones llevadas durante los procesos de reestructuración. 
- Región de Murcia: no se ha aportado documentación justificativa en relación con la baja de 1 
efectivo, del total de 4, correspondiente a la Fundación Contentpolis, Ciudad de los Contenidos 
Digitales. 
- Comunitat Valenciana: conforme indica la Sindicatura destacan la ausencia de planes detallados 
de actuación y de control sobre el destino del personal de cada ente, la no disposición de algunos 
acuerdos del Consejo y la escasa o nula información sobre el funcionamiento efectivo de las 
comisiones técnicas y equipos de trabajo previstos en la normativa de reestructuración, por lo cual 
no se ha podido conocer el significado de las bajas de personal informadas al Ministerio de 
Hacienda, en cuanto a las que supongan ceses definitivos de relaciones jurídicas laborales con la 
Generalitat o reingresos del personal en otras entidades de la estructura del sector público 
valenciano, así como la evaluación de los posibles ahorros económicos respectivos. Concluye la 
Sindicatura que no cabe expresar una opinión sobre la consecución de los objetivos ni de los 
efectos económicos y en materia de personal del proceso de reestructuración del sector público  e.
autonómico valenciano durante el periodo 2010 a 2016.  w.b
 
24      Tribunal de Cuentas 
 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DURANTE EL PERIODO 2010-
2016 
II.1.1.  Consideraciones generales 
Los informes semestrales que ha ido elaborando el Ministerio de Hacienda versan sobre los entes 
inscritos en el inventario de entes dependientes de las CCAA, con exclusión de las denominadas 
multicomunidades, conforme a lo previsto en los Acuerdos de 10 de abril de 2003 para el periodo 
2010-2012  y  a  partir  de  2013  con  arreglo  a  lo  previsto  en  el  artículo  11  de  la  Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, siguiéndose los mismos criterios con pequeños matices. Así, en dicho inventario se 
incluyen entes dependientes de las CCAA con unos criterios que no coinciden, pues son más 
amplios, con la delimitación del sector público autonómico que contemplan la mayoría de leyes de 
hacienda autonómica ni con el ámbito subjetivo de la presente fiscalización.  
Conforme a lo previsto en el citado artículo 11, apartados 3, 4 y 5 de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre, se consideran integrantes del Inventario, a las siguientes entidades en cada una de 
las CCAA: 
a) La Administración de cada Comunidad Autónoma. 
b) Los Organismos autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Agencias y demás Entes 
públicos vinculados o dependientes de la Administración autonómica. 
c) Las Universidades. 
d) Las Sociedades mercantiles en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
-  Que  la  participación,  directa  o  indirecta,  de  la  Comunidad  Autónoma  y  demás  entidades 
dependientes o vinculadas a la Comunidad Autónoma o participadas por ella en su capital social, 
sea, al menos, del 50 %. 
-  Que  cualquier  órgano,  organismo  o  sociedad  mercantil  integrantes  o  dependientes  de  la 
Comunidad Autónoma o participados por ella disponga de, al menos, la mitad de los derechos de 
voto de la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última. 
-  Que  cualquier  órgano,  organismo  o  sociedad  mercantil  integrantes  o  dependientes  de  la 
Comunidad Autónoma o participados por ella tenga derecho a nombrar o a destituir, al menos, a la 
mitad de los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien 
mediante acuerdos con otros socios de ésta última. 
- Que el administrador único o al menos la mitad más uno de los miembros del Consejo de 
Administración de la sociedad hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por 
parte de la Comunidad Autónoma, organismo o sociedad mercantil dependiente de la Comunidad 
Autónoma o participado por ella. 
A  los  derechos  de  voto,  nombramiento  o  destitución  mencionados  se  añadirán  los  que  la  bo
Comunidad Autónoma, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la Comunidad  821ww
Adoumtóinnoamdaas .o  participado por ésta posea a través de otras sociedades participadas o por ellas
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos deextinción de EntidadeMsa dretelsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112143
de la reestructuraciónde su sectorpúblico 25 
e)Las Instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas, al menos en un 50 %,
por alguno de los sujetos enumerados.
f) Los  Consorcios  que  las  Comunidades  Autónomas  hayan  podido  constituir  con  otras
Administraciones Públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de
lucro que persigan fines de interés general, que estén controlados o financiados, al menos en un
50%, por alguno de los sujetos enumerados anteriormente.
Adicionalmente,  el  apartado  5  del  citado  artículo  11  señala  que  el  Inventario  de  Entes 
dependientes en cada una de las CCAA contendrá, asimismo, información sobre las sociedades 
mercantiles u otros entes en los que participen los sujetos comprendidos en los apartados 
anteriores de dicho artículo junto a otras Administraciones Públicas o entidades privadas, aun 
cuando  la  Comunidad  Autónoma,  individualmente  considerada,  no  ostente  una  “posición  de 
dominio”, directa o indirecta, sobre la sociedad o entidad participada, y siempre y cuando dicha 
Entidad deba ser considerada pública debido a que esté controlada o financiada al menos en un 
50 % por el sector AAPP en su conjunto y una única Administración Pública no ostente una 
mayoría del control o financiación de la entidad. 
Como se indica en los sucesivos Informes sobre el impacto del sector público autonómico en la 
actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas elaborados por el Ministerio de 
Hacienda, el párrafo anterior determina la inclusión en el citado Inventario de unidades en las que 
la CA, individualmente considerada, no tiene una posición dominante, siempre que el sector AAPP 
en  su  conjunto  tenga  tal  condición.  De  esta  previsión  se  derivan,  fundamentalmente,  dos 
consecuencias: 
- En primer lugar, se amplía el ámbito subjetivo más allá de lo que cabe entender por sector
público autonómico, atendiendo a su definición conforme a la regulación específica de cada
CA. A este respecto, en el Inventario se pueden integrar unidades que, clasificadas como
AAPP en términos de cuentas nacionales, sectorizan en un subsector distinto al de CCAA.
- Por otro lado, determina que una misma entidad puede quedar integrada en el Inventario de
varias  CCAA  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía,  con  la  denominación  de
multicomunidades.
No obstante, debe tenerse en cuenta que las CCAA no siempre han comunicado la existencia de 
la totalidad de las entidades integrantes de su sector público autonómico correspondientes a un 
determinado  ejercicio,  por  lo  que  a  pesar  de  la  amplitud  prevista,  como  se  ha  expuesto 
anteriormente, puede quedar reflejado en el Inventario de Entes un número inferior al real. 
Así, de conformidad con el ámbito subjetivo específicamente delimitado para esta fiscalización, se 
han depurado, con la correspondiente exclusión, los datos relativos a los apartados a) y c) y las 
entidades en las que participen varias AAPP pero ninguna CA ostente la posición dominante.  
26      Tribunal de Cuentas 
 
En el siguiente cuadro se indica el número de entes existentes en cada CA en los distintos 
ejercicios del periodo fiscalizado, conforme a la discriminación indicada. 
CUADRO 1. NÚMERO DE ENTES A 31 DE DICIEMBRE 
% 
CCAA  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
reducción 
Andalucía  134        132         127        119        116        115        103        97        27,61 
Aragón  114        114          117        115        103        98        96        96        15,79 
Canarias  49          49           47        45        43        42        42        41        16,33 
Cantabria  68          67           66        66        50        46        43        44        35,29 
Castilla-La Mancha  74          66           62        45        40        37        33        29        60,81 
Castilla y León   31          32           33        28        22        21        19        19        38,71 
Cataluña  286         285         267        249        230        205        202        197        31,12 
Extremadura  72           66           64        65        62        61        56        56        22,22 
C. Foral de Navarra   60           60           39        36        34        32        29        30        50,00 
Galicia  156          156          151        118        114        110        112        108        30,77 
Illes Balears  141          136          131        56        48        45        44        44        68,79 
La Rioja    26            27            26        26        21        21        20        20        23,08 
Madrid, Comunidad   146          146           132        129        130        124        120        109        25,34 
País Vasco     75            75             76        70        69        67        68        67        10,67 
Principado de Asturias    63           62             62        62        57        56        53        53        15,87 
Región de Murcia    88           81             81        69        66        47        45        43        51,14 
Valenciana, Comunitat   104        102           90        74        56        54        56        53        49,04 
TOTAL      1.687         1.656        1.571          1.372               1.261        1.181       1.141              1.106        34, 44 
Fuente: elaboración propia          
De conformidad con lo reflejado en el anterior cuadro, la evolución del sector público instrumental 
autonómico como consecuencia de las altas y bajas producidas en el periodo fiscalizado, ha 
supuesto una reducción neta, a 31 de diciembre de 2016, de 581 entes. Destaca la reducción 
igual o superior al 50 % en las CCAA de Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Illes 
Balears y Región de Murcia. 
En el siguiente gráfico se refleja la tendencia evolutiva del sector público instrumental de cada CA 
a lo largo del periodo fiscalizado. 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112145
de la reestructuración de su sector público  27 
 
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL. A 31 DE DICIEMBRE 
2009-2016 
 
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
2009
Extremadura 2010
2011
C. Foral de Navarra 2012
2013
Galicia
2014
2015
Illes Balears
2016
La Rioja
Madrid, Comunidad
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Valenciana, Comunitat
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
 
Fuente: elaboración propia 
   
 
28      Tribunal de Cuentas 
 
A efectos de observar las diferencias con los datos recogidos en el Inventario de entes, en el 
siguiente cuadro se recoge la evolución de los entes integrantes del sector público autonómico, 
con exclusión de las Administraciones Generales y de las universidades e inclusión de las 
multicomunidades de carácter no universitario, conforme a lo reflejado en el citado inventario. 
CUADRO 2. NÚMERO DE ENTES A 31 DE DICIEMBRE SEGÚN INVENTARIO 
% 
CCAA  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
reducción 
Andalucía  338  378  377  344  341  332  321  312  7,69 
Aragón  102  119  125  121  106  105  107  106  (3,92) 
Canarias  79  100  103  79  76  76  75  78  1,27 
Cantabria  70  71  74  60  55  55  54  50  28,57 
Castilla-La Mancha  72  79  58  53  49  44  37  34  52,78 
Castilla y León   85  94  92  75  67  62  60  60  29,41 
Cataluña  370  461  457  436  417  396  398  393  (6,22) 
Extremadura  78  73  75  70  69  67  70  67  14,10 
C. Foral de Navarra   98  108  84  81  74  65  63  66  32,65 
Galicia  152  163  162  122  118  114  117  112  26,32 
Illes Balears  170  172  179  131  88  84  85  85  50,00 
La Rioja  29  33  33  28  26  24  24  26  10,34 
Madrid, Comunidad   150  185  181  172  168  163  154  151  (0,67) 
Principado de Asturias  72  83  90  83  79  77  75  75  (4,17) 
Región de Murcia  98  101  97  82  64  55  54  52  46,94 
Valenciana, Comunitat  146  164  161  139  113  116  123  126  13,70 
TOTAL      2.109    2.384    2.348    2.076     1.910     1.835    1.817    1.793  14,98 
Fuente: Inventario de entes dependientes de las CCAA del Ministerio de Hacienda. No se incluye al País Vasco al no haberse 
comunicado datos en el periodo fiscalizado. 
II.1.2.  Evolución según tipo de entes 
En la exposición relativa a la evolución de entidades y determinación de las bajas y las altas de 
éstas, se utiliza la tipología anterior a la establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, ya que su entrada en vigor, octubre de 2016, coincide con el 
último ejercicio fiscalizado con la consecuente dificultad temporal para su adaptación. 
Los  entes  instrumentales  efectúan  una  gestión  directa  de  servicios  públicos,  bien  mediante 
órganos  de  la  propia  Administración  General  (gestión  indiferenciada),  mediante  una 
personificación del servicio público (entes públicos con personalidad jurídica propia) o mediante 
entes de naturaleza jurídica privada que son participados o controlados mayoritariamente, de 
forma directa o indirecta, por la Administración Autonómica, en la medida en que, con carácter 
general, se encuentran vinculados a un fin público colectivo, siendo sus criterios de actuación no 
exclusivamente económicos. 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112147
de la reestructuración de su sector público  29 
 
Para  valorar  la  tendencia  a  la  creación  de  determinados  entes  frente  a  otros,  entre  otras 
cuestiones, resulta conveniente reseñar las principales características que con carácter general le 
son propias a cada tipología: 
Organismos Autónomos: Son entidades de derecho público, creadas por ley, con personalidad 
jurídica  diferenciada,  que  disponen  de  patrimonio  y  tesorería  propios,  a  las  que  se  les 
encomienda,  en  régimen  de  descentralización,  la  realización  de  determinadas  actividades, 
normalmente de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. 
Entidades Públicas Empresariales: Son entidades de naturaleza pública con personalidad jurídica 
propia a las que se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de 
servicios o la producción de bienes de interés público susceptible de contraprestación. Salvo en 
determinados aspectos y materias, estas entidades se rigen por el Derecho privado. 
Entes  Públicos:  En  esta  categoría  se  integran  las  entidades  de  naturaleza  pública  con 
personalidad jurídica propia que no se corresponden con alguna de las tipologías anteriores. En el 
ámbito autonómico recoge fundamentalmente, además de las entidades que se rigen por su 
propia normativa, las entidades de derecho público sujetas al ordenamiento jurídico privado, si 
bien debe indicarse que para determinados aspectos de su actividad les seguirá siendo de 
aplicación el derecho público. A estas últimas se les dota por tanto de mayor agilidad y flexibilidad 
para adecuarse al mundo empresarial, no solo en sus relaciones con terceros sino también en su 
esfera interna. 
Agencias: Son entes de naturaleza pública con personalidad jurídica propia, facultados para 
ejercer potestades administrativas y creados por los gobiernos para el cumplimiento de programas 
correspondientes a las políticas públicas que desarrollen las Administraciones de las CCAA en el 
ámbito de sus competencias. En general, sus actividades se llevan a cabo con arreglo a un plan 
de acción anual, bajo la vigencia y de acuerdo con el pertinente contrato plurianual de gestión, 
caracterizándose además por disponer de un presupuesto más flexible, ya que viene a tener 
carácter limitativo por su importe global y estimativo para la distribución interna de sus créditos, 
excepto los correspondientes a gastos de personal. 
Sociedades mercantiles: Son entidades de derecho privado que se regirán íntegramente por el 
ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellas materias en las que les sea de aplicación el 
derecho público. Estos entes no disponen de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad 
pública, y sus actividades se orientan a la producción de bienes o prestación de servicios en el 
mercado. 
Fundaciones: Se trata de organizaciones de derecho privado constituidas sin fin de lucro que, por 
voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general. A las personas jurídico-públicas se les reconoce la capacidad para 
constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario, en el artículo 8 
de la ley 50/2002, de Fundaciones. 
Consorcios: Son entidades dotadas de personalidad jurídica propia cuya finalidad principal es la 
realización de actividades o prestación de servicios de forma asociativa por parte de las entidades 
consorciadas, o bien la colaboración entre ellas sobre asuntos de interés común. 
   
 
30      Tribunal de Cuentas 
 
En el siguiente cuadro se expone la evolución de los diferentes tipos de entes del sector público 
autonómico que constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización desde el 31 de diciembre de 
2009 a 31 de diciembre de 2016, recogiéndose en el Anexo I su distribución por cada una de las 
CCAA. 
CUADRO 3.TIPOLOGÍA DE ENTES DE LAS CCAA A 31 DE DICIEMBRE 
ENTES  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
Organismos Autónomos  166  159  150  144  137  131  132  129 
Entes Públicos  248  248  247  228  214  203  203  194 
Sociedades  539  525  480  446  395  361  339  326 
Fundaciones  414  411  388  328  304  289  275  274 
Consorcios  320  313  306  226  211  197  192  183 
Total Entidades  1.687  1.656  1.571  1.372  1.261  1.181  1.141  1.106 
 Fuente: elaboración propia.  
Debe indicarse que a efectos de homogeneizar los datos de todas las CCAA en la denominación  
de Entes Públicos (EEPP) se incluyen la Entidades Públicas Empresariales, Entes Públicos y 
Agencias. 
El gráfico siguiente ofrece una visión conjunta del sector público instrumental de las CCAA con 
arreglo a su tipología. 
GRÁFICO 2. TIPOLOGÍA DE ENTIDADES EXISTENTES. A 31 DE DICIEMBRE 2009-2016 
 
600
500
400 Organismos Autónomos
EEPP
300 Sociedades
Fundaciones
200
Consorcios
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 
Fuente: elaboración propia 
Según se refleja en el anterior gráfico, en el periodo fiscalizado, predominan de forma relevante, si  s
bien no por igual en las distintas CCAA, las entidades de naturaleza privada, sociedades (31,9 %  oe.
en un inicio y 29,5 % al final de 2016) y fundaciones (24,5 % y 24,8 % al inicio y al final del  w.
periodo,  respectivamente),  en  relación  con  las  entidades  propias  de  naturaleza  pública,  a  821ww
emxacyeoprcitiaórnio sd eh aslotas  ecl oenjesrocricciioos 2 0q1u2e,  eajeurnc icpioa rati cpipaartnird doe ld ceu ael sstea  reúvltiiemrtae  snua tpurroatlaegzoan issomno  etanm fabviéonr 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112149
de la reestructuración de su sector público  31 
 
de los entes públicos (al inicio del periodo los consorcios representan el 19 % de la totalidad de 
entes instrumentales, bajando al 16,5 % al final de 2016, ejercicio en que los entes públicos 
ascienden al 17,5 %). Esta última circunstancia se produce en las CCAA de Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Balears y la Región de Murcia. 
Atendiendo a los datos recogidos en el Anexo II, a 31 de diciembre de 2009, representan más del 
40 % de la totalidad de sus respectivos entes, los siguientes tipos: las sociedades mercantiles en 
las CCAA de Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, País 
Vasco y Principado de Asturias; las fundaciones en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y 
La Rioja; y los consorcios en Illes Balears. Esta situación se mantiene, incluso incrementado el 
porcentaje en algunos casos, al final del ejercicio de 2016, como es el caso de Canarias, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias. 
Debe tenerse en cuenta que el régimen de las sociedades, y fundaciones, con carácter general, 
implica una mayor flexibilidad y menor exigibilidad en los procesos de contratación, en las políticas 
de personal y en los controles económicos, en comparación con aquellas entidades de naturaleza 
pública. 
En relación con las sociedades mercantiles dependientes de las CCAA debe destacarse que su 
financiación sigue procediendo, en un importante porcentaje, de las subvenciones de explotación 
y de capital que perciben de la CA respectiva y, en menor medida, de otras Administraciones 
(estatal y/o europea) y de los ingresos por la realización de trabajos, en su mayoría por encargo 
de las propias administraciones autonómicas. Se aprecia la tendencia a sustituir o complementar 
la financiación mediante subvenciones, por ampliaciones de capital o aportaciones de los socios al 
fondo social y por autorizaciones de endeudamiento avaladas por las respectivas administraciones 
autonómicas, que al vencimiento deberán ser abonadas por éstas, si las empresas no pueden 
hacer frente a los pagos. En varios casos es la propia administración autonómica la que se 
subroga en los préstamos y créditos de las entidades empresariales. 
Respecto a las fundaciones, las relaciones entre la fundación y la CA se establecen, a través de la 
Consejería a la que se vincula por razón de la materia que tiene atribuido el protectorado, si bien 
parece que  los controles que se ejercen sobre las fundaciones se limitan a los de carácter formal, 
remisión de presupuestos y cuentas, entre otros, aunque con mayor frecuencia están siendo 
incluidas en los programas de auditorías que realizan las diferentes Intervenciones Generales de 
las CCAA, siendo objeto de informes de auditoría financiera. 
Asimismo,  los  principios  que  inicialmente  constituían  la  esencia  de  su  naturaleza,  como  la 
ausencia de ánimo de lucro y el carácter gratuito del cargo de patrono se han ido difuminando al 
admitirse tanto que desarrollen actividades económicas, participen en sociedades mercantiles y 
obtengan ingresos, como que los patronos sean reembolsados de sus gastos o retribuidos si 
prestan servicios distintos de los que implica el desempeño como miembro del Patronato, previa 
autorización del Protectorado. Además, el hecho de que  se admita la existencia de cargos 
directivos de la fundación como gerentes o administradores retribuidos,  la  transforman en un 
auténtico  instrumento  de  gestión  que  favorece  su  utilización  generalizada  como  entidad 
instrumental autonómica. 
Por otra parte, como en las sociedades mercantiles, las transferencias y subvenciones públicas 
recibidas por las fundaciones regionales de la Administración General constituyen una relevante 
fuente de financiación. 
Respecto a los consorcios, desde la perspectiva del gasto público es de reseñar que la existencia  w.b
misma del consorcio supone ya un compromiso de financiación por parte de las Administraciones  821ww
consorciadas. En función de la distribución pactada, por tanto, esas aportaciones pasarán a
 
32      Tribunal de Cuentas 
 
convertirse, normalmente, en transferencias ordinarias desde la CA hacia el consorcio, y ello 
siempre en función de cuál sea el grado de autofinanciación de este. 
II.2.  ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN 
II.2.1. Planes y medidas de reestructuración  
Como ya se ha indicado en el apartado 1.2, el Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del CPFF, por el 
que se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 establece, entre otros 
compromisos, que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, aprobarán un Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores 
públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto 
público en el plazo de 3 meses desde la aprobación de este Acuerdo marco. El posterior Acuerdo 
5/2012 del CPFF estableció nuevos compromisos de suministro de información sobre los procesos 
de reordenación que se estaban llevando a cabo y sobre las medidas tendentes a eliminar 
duplicidades. Como consecuencia de ello, tras la promulgación de la LOEPSF, se aprueba el 
Acuerdo por el que se crea la CORA. 
Una de las principales conclusiones que orientan el informe elaborado por la CORA respecto a la 
racionalización del sector público consiste en conseguir la simplificación de dicho sector y la 
eliminación de duplicidades e ineficiencias producidas como consecuencia de la proliferación de 
entes generada a partir de 2003. En el ámbito autonómico, dicho informe indica que, en 2012, 
todas las Comunidades presentaron sus planes económico-financieros de reequilibrio para el 
periodo 2012-2014, con medidas de aumento de los ingresos y reducción del gasto, para cumplir 
con la senda de estabilidad presupuestaria fijada. Parte importante del ajuste ha consistido en una 
reestructuración  y  racionalización  del  sector  público  empresarial  y  fundacional,  que  se  ha 
traducido en una racionalización del número de entidades públicas instrumentales. 
De lo anteriormente indicado, se deduce que la administración pública no debe abusar de la 
potestad de funcionar con estos instrumentos orgánicos. El interés de lucro no debe ser uno de los 
objetivos  primordiales  de  las  administraciones  públicas  que  ya  tienen  una  estructura 
suficientemente importante como para poder desarrollar sus fines, sin necesidad de crear otra 
administración pública paralela. El proceso de creación de los nuevos entes con los que acometer 
las funciones que tiene asignada la administración es sumamente costoso ya que hay que 
dotarlos de una infraestructura humana y de un mínimo de medios por lo que en muchas 
ocasiones no resulta eficiente, sobre todo cuando la administración puede emplear los recursos 
con que cuenta para atender los fines que pretende encomendar a los nuevos entes. 
Desde mediados del ejercicio 2010, la mayoría de las CCAA han adoptado planes, medidas o 
disposiciones tendentes a la racionalización de sus estructuras administrativas y empresariales, 
con  un grado  heterogéneo  tanto  en  la  dimensión  de  las  actuaciones  previstas  como  en  la 
ejecución de las mismas. A continuación se exponen las distintas medidas adoptadas por cada 
CA. 
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de la reestructuración de su sector público  33 
 
Andalucía 
Con motivo del “Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013”, el Consejo de Gobierno de 
Andalucía aprobó en su reunión de 27 de julio de 2010 el Plan de Reordenación del Sector 
Público de la Junta de Andalucía (PRSP), que se articula en torno a tres líneas de actuación: la 
reducción del número de entidades instrumentales, la simplificación de la estructura periférica de 
la administración instrumental y la mejora del conocimiento y gobernanza del sector público. 
El desarrollo de este Plan se materializa en el coetáneo Decreto Ley 5/2010 por el que se 
aprueban  medidas  urgentes  en  materia  de  reordenación  del  sector  público,  modificado 
parcialmente por el Decreto ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias, y 
culmina con la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
Reordenación del sector público de Andalucía (LRSP). 
Con posterioridad al PRSP se han venido adoptando por el Consejo de Gobierno acuerdos 
puntuales que afectan a la extinción de 46 entes, a los que se suman otros 12 entes extinguidos 
por otras vías ajenas a la autorización del Consejo. 
No obstante, indica la Cámara de Cuentas que, al margen del PRSP, la LRSP y los sucesivos 
acuerdos puntuales del Consejo de Gobierno, no consta, en el ámbito de la CA, la existencia y 
aprobación de una herramienta de planificación estratégica en la que se identifiquen objetivos, 
indicadores, plazos, efectos, así como los órganos encargados del seguimiento y medición de los 
resultados alcanzados en términos de coste, ahorro, personal, etc., de forma que se garantice que 
los procesos de extinción, creación y transformación o reestructuración de entidades dependientes 
o participadas por la Junta de Andalucía, respondan a una gestión organizada, coordinada, 
coherente, eficaz y eficiente. 
Aragón 
El proceso de reestructuración del sector público de la CA de Aragón comenzó con la creación de 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (CEPA), mediante Decreto 314/2007, de 11 
de diciembre.  
La CEPA es una sociedad mercantil unipersonal del Gobierno de Aragón, con forma de sociedad 
limitada, que agrupa todas las participaciones empresariales directas de la Comunidad Autónoma 
y está adscrita, en este momento, al Departamento de Economía.  
En la actualidad está constituida por 18 sociedades mercantiles autonómicas sobre las que 
mantiene el control accionarial, seis empresas públicas no autonómicas en las que participa junto 
a otros socios (con mayoría pública) y 19 empresas privadas. 
El 17 de octubre de 2011 el Consejero de Hacienda presentó los resultados de una auditoría 
interna  de  acuerdo  con  los  cuales  se  definieron  las  actuaciones  a  acometer  para  la 
reestructuración del sector público de la CA de Aragón, las cuales finalmente se plasmaron en el 
Plan presentado el 29 de noviembre de 2011. Sobre este Plan, la principal incidencia detectada 
por la Cámara de Cuentas en la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2011 fue la falta 
de aprobación oficial, ya que no consta ninguna disposición o acuerdo adoptado por el Gobierno 
de Aragón aprobándolo.  
Posteriormente, el Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas  b
urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial, recogió un conjunto de medidas de  821ww
cdlaoe rs rreeenccdcuairós ndo esy   lhsaua emnfeiacanamocsiiae p nyat orlaa e  eanfs imceigeauntercariiara ” l,ad s evi  irbaéibeginliimd, aendno   yec ocsonontseótmemnpiiclbaoibl-idfaina ladan  edcxeiet ilrnaocs,i  ódenem,  cpfuoresnistóraonsl , o yc  do“iansvtoralauntcaziacóirnó  pndo eyr    OE-A-2020-15able en https://
 
34      Tribunal de Cuentas 
 
sociedades públicas concretas. Este Decreto-Ley fue convalidado y su contenido, después de su 
tramitación parlamentaria, se plasmó en la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial. 
Canarias 
De conformidad con el “Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013”, el Gobierno de Canarias 
acordó una serie de medidas para reducir el gasto de su sector público (Resolución de 2 de 
noviembre de 2010, del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el Acuerdo relativo a las 
medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de 
los  recursos  humanos  en  la  Administración  Pública  de  la  CA,  los  organismos  autónomos, 
entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes, entidades públicas 
empresariales y fundaciones públicas, y Acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 
2011), que culmina el 24 marzo de 2011 con la aprobación del “Plan de Medidas de Disciplina 
Presupuestaria”, en el que se dispone la extinción de una serie de entes autonómicos.  
Posteriormente, tras el acuerdo del CPFF en enero de 2012, el Gobierno de Canarias aprueba un 
“Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias” el 10 de 
abril de 2012, que recoge las entidades mencionadas en el Plan de Medidas, y el Parlamento de 
Canarias  actúa  de  modo  similar  aprobando  la  Ley  4/2012,  de  25  de  julio,  de  medidas 
administrativas y fiscales, donde se relaciona más entes incluidos en el proceso de reordenación. 
Cantabria 
Debe señalarse que con anterioridad al Acuerdo 1/2010 del CPFF, el Informe anual de la CA de 
Cantabria,  ejercicios  2008  y  2009,  realizado  por  este  Tribunal,  ya  manifestaba    que  el 
conglomerado de sociedades que conformaban su sector público empresarial, daba lugar a la 
concurrencia de varias sociedades en la realización de iguales o similares actividades en virtud de 
sus propios objetivos coincidentes o bien a consecuencia del carácter genérico e impreciso de los 
mismos,  asumiéndose,  incluso,  en  algunos  casos,  actuaciones  ajenas  a  las  que  les 
correspondían, al utilizarse a estas entidades instrumentales, indistintamente, para la satisfacción 
del interés público concreto para el que fueron constituidas o de cualesquiera otros que, en un 
momento determinado, considerara la Administración o entidad a la que pertenecen.  
Cantabria no procedió a la elaboración del Plan de racionalización en el plazo fijado, si bien como 
consecuencia de las indicaciones efectuadas en el citado Informe anual de la CA elaborado por 
este Tribunal, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2011 se encomienda al 
Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) realizar “labores de estudio del sector publico autonómico y 
de análisis y control de los presupuestos presentados por los entes del sector público empresarial 
y fundacional autonómico”, al constatarse la creación durante los últimos años de una pluralidad 
de entes de diversa naturaleza y funciones, de notable complejidad, traducida en una ineficiencia 
en la gestión de los recursos públicos. 
Posteriormente, el Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del CPFF tomó como punto de partida el 
Acuerdo de 2010, asumiendo la ejecución, al finalizar el año 2012, de los planes presentados 
hasta ese momento. El Plan, elaborado en febrero de 2012 por el ICAF, ponía de manifiesto los 
aspectos básicos que se traducen, tras las correspondientes actualizaciones, en una reducción 
prevista total de 24 entidades. En refuerzo de las medidas previstas en el plan se dicta la Ley de 
Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la  e.
ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la CA, incrementándose la  w.b
previsión de reducción.  821ww
  
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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de la reestructuración de su sector público  35 
 
Castilla-La Mancha 
El  proceso  de  reordenación  de  Castilla-La  Mancha  se  inició  con  la  Ley  13/2010,  de  9  de 
diciembre, de Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades, la cual contenía 
medidas en el sentido del Acuerdo del CPFF de 2010. Sin embargo, no se ha acreditado la 
elaboración de un plan integral de reestructuración del sector público, disponiéndose, en su lugar, 
de un conjunto de medidas parciales, concentradas en la aprobación de la citada Ley 13/2010 y 
en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, de 31 de agosto de 2011. 
Así, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de Reordenación del Sector Público de la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  reduce  la  dimensión  del  sector  público  institucional, 
declarando la extinción de 4 OOAA y facultando a la Consejería competente en materia de 
patrimonio para impulsar varias fusiones y disoluciones societarias, en las que todas las empresas 
afectadas están íntegramente participadas por la CA, de forma directa o indirecta. 
Posteriormente, se adoptan otras medidas que continúan con el proceso de reestructuración 
abierto por la citada ley. Así, se disuelven 2 entidades, se materializa una fusión para agrupar 
varias fundaciones de ámbito socio-sanitario, se acuerda la salida de la CA de una serie de 
fundaciones, y finalmente, en dos Decretos se prevé la extinción de 2 consorcios encargados de 
gestionar Parques Arqueológicos cuyas funciones serán asumidas por la Fundación Cultura y 
Deporte de Castilla-La Mancha. 
El  Plan  de  Garantía  de  los  Servicios  Sociales  supone  la  extinción  o  desvinculación  de  18 
entidades (1 ente público, 1 organismo autónomo, 6 sociedades mercantiles, 6 fundaciones y 4 
consorcios). 
Castilla y León 
La Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo manifestado por la Consejería de Economía y 
Hacienda, no elabora como tal un Plan de Racionalización de su Sector Público, sino que, en base 
a un compromiso inicial de extinción de dos entidades, se van sucediendo a lo largo del periodo 
2010-2017, procesos de reordenación, adoptados de manera sucesiva en las Leyes de Medidas 
que acompañan a los presupuestos, que conllevan la extinción de empresas y fundaciones 
públicas, así como entes públicos de derecho privado, hasta llegar a una cifra final de reducción 
neta de 32 entidades y de reordenación de las funciones desempeñadas por estas. 
Si bien los acuerdos adoptados se refieren a las actuaciones a realizar a partir del ejercicio 2010, 
en el caso de Castilla y León la configuración del Sector Publico de la Comunidad comienza a 
modificarse  en  fechas  anteriores,  ya  que  las  Leyes  de  Medidas  que  acompañan  a  los 
presupuestos de los ejercicios 2007 y 2008 ya incluyen la extinción de parte de sus empresas 
públicas que finalmente, y ya dentro del proceso de reordenación iniciado a partir de 2010, 
acabarán incluyéndose en el Ente Público de Derecho Privado, Instituto para la Competitividad 
Empresarial. 
La Ley 19/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Financieras y de creación 
del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, contempla 
las primeras actuaciones de reordenación del Sector Público, en concreto las relativas a la 
integración en la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León de determinadas empresas 
y fundaciones públicas, aunque no todas llegarán a materializarse. 
La Ley 1/2012, de 28 de febrero de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras prevé la  b
extinción de 2 entidades, al igual que la Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias  821ww
y de Reestructuración del Sector Público Autonómico.
 
36      Tribunal de Cuentas 
 
Cataluña 
El Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 1 de junio de 2010 aprobó el Plan de 
racionalización del sector público de la Generalidad de Cataluña. Este plan incluía, en una primera 
fase, una propuesta de simplificación que afectaba a 78 entidades con participación mayoritaria 
directa o indirecta de la Generalidad. 
Los acuerdos de Gobierno de 29 de junio de 2010 y de 2 de agosto de 2011 ratificaron, ampliaron 
o dejaron sin efecto las medidas aprobadas en el Acuerdo de Gobierno de 1 de junio de 2010. 
Posteriormente, se aprobaron otros acuerdos de Gobierno, decretos, leyes, etc. que han ido 
configurando la reestructuración del sector público analizado. Así: 
- La Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, estableció que durante el 
ejercicio presupuestario correspondiente al año 2011 el Gobierno debía reducir en un 10 % el 
número  de  entidades  existentes  al  comienzo  del  año  y  en  un  20  %  las  aportaciones 
presupuestarias, priorizando este proceso en el ámbito de servicios públicos no esenciales. En 
fases subsiguientes la reducción debía ser del 25 % del número de entidades existentes al inicio 
del ejercicio 2011. 
-La  Ley 2/2014 establecía que el Gobierno debía aprobar en el plazo de seis meses un nuevo 
plan de racionalización y simplificación del sector público y dar cuenta al Parlamento de la 
finalización del plan anterior. Ese nuevo plan de racionalización y simplificación no ha sido 
presentado al Parlamento de Cataluña. 
Extremadura 
De  conformidad  con  el  Plan  económico  financiero  de  reequilibrio  presentado  por  la  CA  de 
Extremadura para el periodo 2011-2013, el Consejo de Gobierno, según acuerdo adoptado en 
sesión celebrada el 27 de abril del año 2012, se compromete a aplicar el plan de reestructuración 
del sector público autonómico que se apruebe como consecuencia del estudio que se está 
realizando sobre la puesta en marcha del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Junta de Extremadura objeto de licitación y 
adjudicación en dicho año, cuyo resultado se concretó en dos informes: un análisis inicial de la 
situación del sector público extremeño a 31 de diciembre de 2011 y un informe propuesta de un 
nuevo mapa de entes y de una potencial reestructuración del sector público. 
Como resultado del análisis inicial las conclusiones del informe fueron coincidentes con lo ya 
manifestado por este Tribunal en sus informes anuales de ejercicios precedentes, en relación con: 
− La concurrencia excesiva de actividades y fines en los mismos sectores de actividad, que se 
matiza  fundamentalmente  en  tres  grandes  grupos:  sector  cultural,  sector  de  promoción 
empresarial e industrial y gestión del suelo. 
− El elevado montante de fondos inmovilizados por el sector público empresarial. 
−  La  obtención  de  pérdidas  en  relación  con  las  aportaciones  de  la  Junta  que  obliga  a  la 
reconsideración  de  la  estructura  de  gastos  e  ingresos  para  afrontar  la  continuidad  o  la 
reestructuración de las entidades afectadas. 
Como resultado del informe propuesta se configuró un proceso que supondría la extinción o  e.e
modificación de sociedades, fundaciones y consorcios hasta quedar reducidas a un número de 11  b
entidades.  No  obstante,  no  llegó  a  aprobarse  un  plan  integral  para  acometer  dicha  821ww
reestructuración.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112155
de la reestructuración de su sector público  37 
 
Las medidas adoptadas, no integradas en un plan conjunto, durante el periodo fiscalizado se 
centran en la reestructuración de su sector empresarial con el objetivo, en primer lugar, de 
fusionar las entidades que llevaban a cabo la labor instrumental mediante encomiendas de gestión 
de  la  Administración,  en  torno  a  la  matriz  del  grupo,  la  Sociedad  de  Gestión  Pública  de 
Extremadura  (GPEX);  en  segundo  lugar,  otro  grupo  de  empresas  dedicadas  al  fomento  y 
promoción empresarial se agruparían en torno a la sociedad Extremadura AVANTE, S.L. 
Comunidad Foral de Navarra 
La  supresión  de  las  entidades  del  sector  público  administrativo  se  ha  acordado  mediante 
disposiciones normativas aprobadas por órgano competente en los términos del marco jurídico de 
la Comunidad Foral, sin que conste la aprobación de un plan de reordenación como instrumento 
planificador de este proceso. 
El proceso de reordenación del sector público empresarial se inició con la Ley Foral 8/2009, de 18 
de junio, de creación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. (en adelante 
CPEN). Esta norma responde a la habilitación que la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del 
Patrimonio  de  Navarra  introdujo  al  considerar  la  reestructuración  del  patrimonio  empresarial 
público como forma de reordenación interna del patrimonio empresarial de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
La CPEN se constituye el 4 de noviembre de 2009 como sociedad limitada unipersonal, siendo 
participada  íntegramente  por  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral.  El  sector  público 
empresarial por lo tanto está formado en 2010 por la propia corporación y 38 sociedades públicas 
dependientes de CPEN. Los planes de ordenación aprobados una vez creada la CPEN han sido: I 
Plan  de  Ordenación  y  Reestructuración  del  sector  público  empresarial  aprobado  mediante 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 20 de diciembre de 2010 y II Plan de Ordenación del 
sector público empresarial aprobado por el Consejo de Administración de CPEN el 13 de mayo de 
2013. 
Por otra parte, el Gobierno de Navarra, en mayo de 2013, aprobó el Plan de Acción 2013-2015, 
por el que se acuerdan diversas medidas de reforma de la Administración para reducir estructura y 
mejorar la eficiencia, entre ellas, la reordenación o supresión de fundaciones públicas. 
Galicia 
El Consejo de Cuentas de Galicia inició en 2006 un informe sobre el Sector Público Instrumental 
de la Xunta de Galicia. A instancias del Parlamento este informe se mantiene con carácter anual. 
Las recomendaciones que figuraban en estos informes se tuvieron en cuenta para la elaboración 
de la normativa que sirvió de base al proceso de reordenación: Ley 16/2010, de 17 de diciembre, 
de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia y Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 
En el marco de estas normas legales, el Consello de la Xunta de Galicia aprobó tres Planes de 
evaluación de las entidades dependientes del sector público autonómico. El I Plan fue aprobado 
en abril de 2010 y prevé la supresión de 46 entidades, el II Plan  aprobado en febrero de 2012 
contempla la supresión de 24 entidades y el III Plan de septiembre de 2014 prevé la extinción de 9 
entidades. Estos planes no fueron objeto de publicación ni los informes en los que se evalúa su 
grado de realización (informes de seguimiento) hasta que, en virtud de las recomendaciones 
formuladas por el Consejo de Cuentas, la Xunta de Galicia publicó en 2018, en su portal de  e.
transparencia, un informe resumen de los procesos de reordenación.  w.b
Afudeeromná esj edceu ltoasd a3s P fluaenreas d dee l oesv aPlulaanceiósn a,  etrxaivsétesn d oet rparso c9e ospoes rpaacrioanleelos sd. e extinción o separación que
 
38      Tribunal de Cuentas 
 
Illes Balears 
La disposición transitoria primera de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que versa sobre la reducción y la simplificación 
del sector público, establece que en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de 
dicha ley, el Consejo de Gobierno ha de crear una comisión que se encargue de analizar el 
conjunto de ente integrantes del sector público autonómico y de proponer la supresión, refundición 
o modificación de los entes en que lo hagan recomendable razones de simplificación, economía, 
eficacia y eficiencia en la gestión. 
Mediante el Decreto 93/2011, de 2 de septiembre, se creó la Comisión, la cual elaboró un plan de 
reestructuración de los entes del sector público autonómico, de acuerdo con los principios de 
racionalización de las estructuras, simplificación administrativa y ahorro de costes. 
Así, la Comisión de Análisis y de Propuesta de Reestructuración del Sector Público Instrumental 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en sesión de 10 de noviembre de 2011, aprobó 
inicialmente el Proyecto de Reestructuración del Sector público instrumental y, en sesión de 28 de 
marzo de 2012, la propuesta de la primera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector 
Público Instrumental, aprobada por el Consejo de Gobierno el 30 de marzo de 2012. Este Acuerdo 
se dejó sin efectos y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2012 aprobó 
definitivamente la primera fase del Proyecto de Reestructuración. 
El  27  de  junio  de  2012,  la  Comisión  aprobó  la  reestructuración  en  el  ámbito  funcional  de 
cooperación y fomento en el exterior, la cual forma parte de la segunda fase del Proyecto de 
Reestructuración, aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de junio de ese año. 
Con fecha de 17 de octubre de 2012, la Comisión aprobó la propuesta de la tercera fase del 
Proyecto de Reestructuración aprobada por el Consejo de Gobierno el 16 de noviembre. Esta fase 
va referida al ámbito funcional medioambiental, al ámbito funcional de las enseñanzas superiores 
de música, danza y arte dramático, y recoge futuras extinciones de consorcios. 
En sesiones posteriores, la Comisión aprobó nuevas actuaciones y modificaciones en la primera y 
la tercera fase del Proyecto de Reestructuración, las cuales fueron elevadas y aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
La Rioja 
El proceso de reordenación del sector público de la CA de La Rioja no se inició hasta la 
promulgación de la Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en la que se plantearon dos objetivos fundamentales: por un 
lado, la extinción de la Entidad pública empresarial Agencia del Conocimiento y la Tecnología, del 
Organismo autónomo Servicio Riojano de Empleo, así como de la sociedad mercantil Entidad de 
Promoción, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A. (ECCYSA) y, por otro, el otorgamiento 
de una autorización genérica al Gobierno de La Rioja para intervenir sobre su sector público, lo 
que condujo a la supresión del Instituto Riojano de la Juventud y a la fusión por absorción de 
ADER, Infraestructuras, Financiación y Servicios, S.A. por la Agencia de Desarrollo Económico de 
la Rioja. 
No  obstante,  es  preciso  indicar  que  en  los  planes  de  reequilibrio  económico  financieros 
correspondientes a los periodos 2010-2012 y 2012-2014, aprobados en marzo de 2010 y mayo de  e.
2012, respectivamente, también se había contemplado, dentro de las medidas correctoras del  w.b
gasto presentadas, la supresión de otras dos entidades, medidas que a su vez fueron recogidas  821ww
efinna enlc Pialcainó nd ea  parjuosvteee dpoarreas e pvraelsueanr tlaad coo pnodri claio CnaAl ideand a bfisricl adle d 2e0 1lo2s.  mecanismos extraordinarios de
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112157
de la reestructuración de su sector público  39 
 
Posteriormente, a través de la Ley 3/2012, de 20 de julio, se ha suspendido el funcionamiento del 
Consejo Económico y Social (CES) de La Rioja y mediante Decreto 30/2012, de 13 de julio, se ha 
acordado la extinción del Organismo autónomo Instituto Riojano de la Juventud. 
Comunidad de Madrid 
La Ley 9/2010 de 23 de diciembre de medidas fiscales administrativas y racionalización del sector 
público es la primera norma que se aprueba con esta finalidad. En la misma se prevé una 
reducción de 25 entidades, con el siguiente detalle: se prevé la extinción de 4 entes, 3 OOAA, la 
disolución  de  5  sociedades,  la  fusión  de  1  sociedad  con  otra  preexistente,  la  fusión  de  3 
sociedades con una sociedad de nueva creación, la enajenación de cinco participaciones en 
sociedades mercantiles, la enajenación de las participaciones en dos sociedades de capital riesgo, 
y la extinción de dos consorcios. 
No se ha elaborado y aprobado como tal un Plan de racionalización o reestructuración del sector 
público instrumental autonómico, sino que se han aprobado distintas normas por las que se han 
autorizado extinciones, fusiones, absorciones, etc., que han supuesto una modificación de las 
estructuras de la Comunidad de Madrid. Así: 
 Por tres Decretos de 2011 y 2015 se extinguen 6 OOAA. 
- Mediante seis leyes de los años 2011, 2012, 2013 y 2015 se extinguen: Madrid, Infraestructuras 
del  Transporte,  el  Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia,  la  Agencia  Madrileña  para  la 
Emigración, la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de 
Madrid “Pedro Laín Entralgo”, la Agencia de Protección de Datos, la Academia de Policía Local,  el 
Ente Público de Radio Televisión Madrid, Televisión Autonomía Madrid, S. A., Radio Autonomía 
Madrid, S. A. y las Empresas Públicas Hospital del Sur, Hospital del Norte, Hospital del Sureste, 
Hospital del Henares, Hospital del Tajo y Hospital de Vallecas. 
- El resto de las entidades que han causado baja en el periodo 2010-2016, se han disuelto en 
base a acuerdos del Consejo de Gobierno, o por su inscripción en el registro correspondiente. 
País Vasco 
El  Gobierno  Vasco  acordó,  el  30  de  julio  de  2013,  aprobar  la  Estrategia  para  el 
redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la CA, con el objetivo de racionalizar y 
adecuar la dimensión del sector público sin merma de la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos. 
La perspectiva a corto plazo (2013-2016) se diseñó conforme a un Plan de Acción Inmediata (PAI) 
en el que se previó la reducción en un 25 % del número de entidades públicas, el aplanamiento y 
adelgazamiento en un 20 % de sus estructuras directivas y el ajuste en un 20 % de los gastos de 
funcionamiento. 
A tales efectos el Plan establecía la extinción y medidas de reajuste de 9 OOAA, 9 entes públicos 
de  derecho  privado,  8  fundaciones  del  sector  público,  1  consorcio  del  sector  público  y  42 
sociedades públicas, dentro del ámbito subjetivo de la fiscalización, lo que se ha llevado a cabo a 
través de sendos Decretos del Gobierno y Acuerdos del Consejo de Gobierno. 
Principado de Asturias  e.e
Como  consecuencia  de  los  compromisos  adquiridos  en  el  Plan  Económico-Financiero  de  821ww
RPcoúenbetlqeicumoil pibslarii boba, i emlan e CdtaiAdm aabspi éarnol  rbehósa p dehocastb oli.ed Lyoae sso  tcreiatsa pdneaocsrím fliecaaytesiv sae  snoq num:e a tseinri as edre  erespeestcríuficctau radcei órne edsetr uscut uSraeccitóonr   OE-A-2020-15able en https://
 
40      Tribunal de Cuentas 
 
- Ley 1/2013, de 24 de mayo, de medidas de reestructuración, cuyo objetivo, tal y como se recoge 
en su preámbulo, consistía en realizar un redimensionamiento del Sector Público Autonómico para 
ajustarlo  a  la  “realidad  económica”.  Las  actuaciones  reguladas  a  lo  largo  de  su  articulado, 
consisten en la supresión de un OA y la fusión de dos entidades con la creación de un OA. La 
disolución y liquidación de 3 sociedades mercantiles, la fusión de 2 y la venta de acciones que 
tiene la CA en otra. 
- Ley 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración, que dispone la reordenación del sector 
público audiovisual de la CA. En este sentido, contempla la fusión por absorción de Televisión del 
Principado de Asturias, SAU, Radio del Principado de Asturias, SAU y Productora de programas 
del Principado de Asturias, SAU y la supresión del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias. 
Si bien las dos leyes anteriores son las aprobadas por la CA en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos  en  cuanto  a  reordenación,  durante  el  ámbito temporal  de  la fiscalización,  se  ha 
elaborado diferente normativa y disposiciones sin rango legal que inciden en la reestructuración. 
Región de Murcia 
El proceso de reordenación de la Región de Murcia se inició con las previsiones establecidas en la 
Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, que en su artículo 31.1 disponía que: “El Consejo de Gobierno deberá ordenar la 
realización  de  actuaciones  necesarias  conducentes  a  la  reducción  del  número  de  unidades 
integrantes del sector público regional, de manera que, antes de la finalización del ejercicio 2011, 
dicho número no supere el 30 por ciento de los que a 31 de diciembre de 2010 recoge el 
Inventario de Entes del Sector Público de la Comunidad Autónoma, publicado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda.” 
Estas disposiciones se materializaron en los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 
2010, 25 de febrero de 2011 y 15 de junio de 2012, así como en el Plan Económico Financiero de 
Reequilibrio 2012-2014 aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 
2012 y en la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector público regional, previéndose una reducción estimada neta de 52 entes, 
mediante cuatro tipos de operaciones. 
Asimismo, en la actualización del proceso de extinción de entes llevada a cabo en 2013, se ha 
incluido, a su vez, la baja en el Inventario de entes de otra serie de entidades como consecuencia 
de la aprobación del Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público de la 
Región de Murcia, modificado por el Decreto 45/2013, de 10 de mayo. 
Posteriormente, en virtud de lo establecido en la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia 
tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, se ha aprobado la 
supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia y los OOAA Instituto de la Vivienda y 
Suelo de la Región de Murcia e Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, 
habiéndose asumido las funciones por las respectivas Consejerías competentes en cada materia. 
Comunitat Valenciana 
El proceso de reestructuración del sector público autonómico valenciano se ha estado ejecutando 
mediante un conjunto de medidas contempladas en acuerdos y decretos del Consell y en normas  e.
con rango de ley. Entre las normas iniciales del proceso se encuentran los decretos de disolución  w.b
de determinadas entidades dictados al amparo de lo previsto en la Ley 13/2009, de 29 de  821ww
d3i0c iedme bsree,p tdieem Pbrrees,u pdueel sCtoosn sdeel l,l ad Ge eMneerdailditaast  pUarrgae enlt eesje rdceic ioR é2g0i1m0e; ny  Eelc oDneócmreitcoo -LFeiny a1n/c2i0e1ro1 , ddeel 
Sector Público Empresarial y Fundacional. Dicho Decreto Ley 1/2011 contempla que, a lo largo del
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112159
de la reestructuración de su sector público  41 
 
segundo  trimestre  de  2012,  el  Consell  aprobará  un  Plan  Estratégico  de  Racionalización  y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional.  
A  tal  efecto,  el  Consell  aprobó  el  Decreto  Ley  7/2012,  de  19  de  octubre,  de  Medidas  de 
Reestructuración  y  Racionalización  del  Sector  Público  Empresarial  y  Fundacional  de  la 
Generalitat, en cuyo preámbulo se menciona que con este decreto se culmina y aprueba el citado 
Plan Estratégico. 
Posteriormente, este Decreto Ley 7/2012 fue convalidado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de 
la Generalitat cuyo objetivo es establecer las medidas de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, disponiendo las actuaciones a realizar 
sobre las distintas personas jurídicas integrantes del mismo. Su ámbito de aplicación comprende 
las entidades de derecho público, las sociedades y las fundaciones del sector público de la 
Generalitat enumeradas en un anexo. 
Así mismo, cabe destacar la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat que creó la Corporación Pública 
Empresarial Valenciana, asignándole las funciones de coordinación y control en el marco de la 
reestructuración y ordenación del sector público empresarial de la Generalitat; y la Ley 4/2013, de 
27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de 
Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de 
Radiotelevisión Valenciana, SAU. 
II.2.2. Determinación de entes que han causado alta o baja en el periodo 2010-2016 
La reestructuración del sector público instrumental autonómico realizada en el periodo fiscalizado, 
esto es, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016, ha supuesto un total de 767 
bajas y 186 altas para el conjunto de CCAA.  
En el siguiente cuadro se indica el número total de entidades que han causado baja efectiva 
durante el periodo 2010-2016 en las 17 CCAA objeto de fiscalización.  
 
42      Tribunal de Cuentas 
 
CUADRO 4. TIPOLOGÍA DE ENTES QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL PERIODO 2010-2016 
Organismos  Entes 
CCAA  Sociedades  Fundaciones  Consorcios  TOTAL 
Autónomos  Públicos 
Andalucía  0  16  25  12  11  64 
Aragón  1  1  18  3  4  27 
Canarias  2  1  2  5  0  10 
Cantabria  0  5  17  4  1  27 
Castilla La 
5  2  18  21  4  50 
Mancha 
Castilla y 
1  3  5  6  1  16 
León  
Cataluña  11  16  44  20  26  117 
Extremadura  1  2  15  2  1  21 
C. Foral de 
5  1  24  3  0  33 
Navarra 
Galicia  5  15  17  48  14  99 
Illes Balears  2  7  12  10  76  107 
La Rioja  2  1  2  1  0  6 
Madrid, 
8  19  11  5  5  48 
Comunidad  
País Vasco  0  1  17  3  0  21 
Principado 
1  4  5  3  0  13 
de Asturias 
Región de 
5  3  14  9  18  49 
Murcia 
Comunitat 
4  16  17  22  0  59 
Valenciana 
Total 
53  113  263  177  161  767 
Entidades 
         Fuente: elaboración propia.  
El  mayor  porcentaje  de  bajas  se  ha  producido  en  relación  con  las  sociedades  (34,4  %), 
fundaciones (22,9 %) y consorcios (20,9 %), si bien han sido objeto de reducción todos los entes 
integrantes de la distinta tipología que configura el sector público instrumental autonómico aunque 
con distinta incidencia en cada CA, como queda reflejado en el cuadro anterior y en el siguiente 
gráfico. 
   
 
44      Tribunal de Cuentas 
 
causado baja.  En la Rioja estas entidades y los organismos autónomos  han supuesto un 
porcentaje de reducción del 33,3 %, superior al de otros tipos de entes. 
Las fundaciones han sido los tipos de entidades con mayor reducción en Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunitat Valenciana con porcentajes entre un 37,3 % de esta 
última y un  50 % de Canarias, en relación con el total de entes que han causado baja. 
En Illes Balears y la Región de Murcia la mayoría de las bajas se producen respecto a los 
consorcios, con porcentajes de 71 % y 36,7 %, respectivamente. 
El siguiente gráfico recoge la tendencia evolutiva de las bajas producidas en el periodo fiscalizado, 
en virtud de los datos recogidos en el Anexo III. 
 
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN TEMPORAL BAJAS DE ENTIDADES 
 
Nº de entes
239 
150 
128 
79 
67 
49  55 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 
Fuente: elaboración propia 
Conforme  se  desprende  del  gráfico  anterior,  las  CCAA  comenzaron  a  realizar  medidas  de 
reestructuración a partir de mediados del ejercicio 2010, como se ha indicado con anterioridad, 
que complementadas bien con planes específicos, bien con leyes o disposiciones posteriores 
dieron lugar a sucesivas reducciones del sector público autonómico, fundamentalmente durante 
los ejercicios 2011, 2012 y 2013.  
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112163
de la reestructuración de su sector público  45 
 
Con respecto a las altas, en el siguiente cuadro se indica el número total de entidades que han 
causado alta efectiva durante el periodo 2010-2016 en las 17 CCAA.  
CUADRO 5. TIPOLOGÍA DE ENTES QUE HAN CAUSADO ALTA EN EL PERIODO 2010-2016 
Organismos  Entes 
CCAA  Sociedades  Fundaciones  Consorcios  TOTAL 
Autónomos  Públicos 
Andalucia  0  17  6  1  2  26 
Aragón  0  0  2  6  1  9 
Canarias  1  0  0  1  0  2 
Cantabria  0  0  3  1  0  4 
Castilla La Mancha  1  0  1  3  0  5 
Castilla y León   0  2  0  2  0  4 
Cataluña  1  6  10  4  7  28 
Extremadura  0  1  2  2  0  5 
C. Foral de Navarra  1  0  2  0  0  3 
Galicia  4  19  7  10  10  50 
Illes Balears  1  4  0  2  3  10 
La Rioja  0  0  0  1  0  1 
Comunidad de Madrid  0  1  9  1  0  11 
Pais Vasco  4  2  3  4  0  13 
Principado de Asturias  1  0  1  1  0  3 
Región de Murcia  1  1  1  1  0  4 
Comunitat Valenciana  1  6  0  1  0  8 
Total Entidades          16          59          47           41          23        186 
Fuente: elaboración propia.  
Como puede observarse predomina la creación de entes públicos (31,7 %), sociedades (25,3 %) y 
fundaciones (22 %) con la incidencia por CCAA que se refleja en el siguiente gráfico.  
 
46      Tribunal de Cuentas 
 
GRÁFICO 5. ALTAS DE ENTES INSTRUMENTALES 
 
20
18
16
14
12
10 Organismos Autónomos
8
Entes Públicos
6
4 Sociedades
2
Fundaciones
0
Consorcios
 
   Fuente: elaboración propia 
El 61 % del total de entes públicos creados corresponde a las CCAA de Andalucía y Galicia 
debido, fundamentalmente, a que la baja de un gran número de entidades supuso la creación de 
otras nuevas, principalmente con la forma jurídica de Agencia. 
La mayor parte de los entes creados corresponde a Galicia (26,9 %), Cataluña (15 %) y Andalucía 
(14 %). 
En el siguiente gráfico se refleja la evolución temporal del total de altas producidas en el periodo 
2010-2016, de conformidad con los datos recogidos en el Anexo III para el conjunto de las CCAA. 
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN TEMPORAL ALTAS DE ENTIDADES 
 
Nº de entes
45 
42 
32 
21 
16  17 
13 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  e.e
Fuente: elaboración propia  o
Como puede observarse la mayoría de las altas se producen en los tres primeros ejercicios,  w.
alcanzando porcentajes de un 17,2 % en 2010, un 22,6 % en 2011 y un 24,2 % en 2012, en  821ww
relación con la totalidad producida en el periodo.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa ec. III.   Pág. 112165
de la reestructuración de su sector público  47 
Cabe destacar la inexistencia de altas en los ejercicios 2015 y 2016 respecto a las CCAA de 
Canarias, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears y La Rioja. 
Conforme a las bajas y altas analizadas, en el siguiente cuadro se indica el efecto neto producido 
en el periodo fiscalizado por cada CA y tipos de entes. 
CUADRO 6. EFECTO NETO DE LAS ALTAS Y BAJAS PRODUCIDAS EN EL PERÍODO 2010-
2016 
Organismos  Entes 
CCAA  Sociedades  Fundaciones  Consorcios  TOTAL 
Autónomos  Públicos 
Andalucía  0  1  (19)  (11)  (9)  (38) 
Aragón  (1)  (1)  (16)  3  (3)  (18) 
Canarias  (1)  (1)  (2)  (4)  0  (8) 
Cantabria  0  (5)  (14)  (3)  (1)  (23) 
Castilla La 
(4)  (2)  (17)  (18)  (4)  (45) 
Mancha 
Castilla y León  (1)  (1)  (5)  (4)  (1)  (12) 
Cataluña  (10)  (10)  (34)  (16)  (19)  (89) 
Extremadura  (1)  (1)  (13)  0  (1)  (16) 
C.Foral de
(4)  (1)  (22)  (3)  0  (30) 
Navarra
Galicia  (1)  4  (10)  (38)  (4)  (49) 
Illes Balears  (1)  (3)  (12)  (8)  (73)  (97) 
La Rioja  (2)  (1)  (2)  0  0  (5) 
Madrid, 
(8)  (18)  (2)  (4)  (5)  (37) 
Comunidad 
País Vasco  4  1  (14)  1  0  (8) 
Principado de 
0  (4)  (4)  (2)  0  (10) 
Asturias 
Región de 
(4)  (2)  (13)  (8)  (18)  (45) 
Murcia 
Comunitat 
(3)  (10)  (17)  (21)  0  (51) 
Valenciana 
Total 
(37)  (54)  (216)  (136)  (138) (581)
Entidades 
48  Tribunal de Cuentas 
II.2.3. Cumplimiento  de  la  legalidad  y  tipología  de  las  formas  jurídicas  de  extinción  y
creación 
II.2.3.1.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  EN  LOS  PROCESOS  DE  EXTINCIÓN  Y
CREACIÓN DE ENTIDADES 
Debe señalarse que en los trabajos de fiscalización efectuados se ha podido verificar, con carácter 
general, el cumplimiento de la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como autonómica, a 
los procedimientos de reordenación para la extinción y creación de entidades en las distintas 
formas que se han llevado a cabo y que de forma resumida y general puede esquematizarse en 
los siguientes requisitos. 
En relación con las bajas: 
-OOAA y entes públicos: por ley o decreto autonómico.
- Fundaciones: por acuerdo del patronato con ratificación del protectorado, escritura pública e
inscripción en el Registro de Fundaciones.
- Sociedades mercantiles: Acuerdo de la Junta General de la sociedad o de la entidad matriz,
escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.
- Consorcios: Acuerdo del Consejo de Gobierno, salvo que conforme a sus estatutos se pueda
efectuar por acuerdo de la Junta General del consorcio.
En relación con las altas, se mantienen los mismos requisitos que para las bajas. 
Sin embargo, deben indicarse las siguientes particularidades y deficiencias observadas en los 
procedimientos de reestructuración analizados de las siguientes CCAA: 
1.Andalucía
La Cámara aprecia una falta del debido soporte y acreditación, en los diferentes expedientes, de 
las  razones  alegadas  para  la  extinción  de  entes,  así  como  de  la  forma  o  procedimiento 
seleccionado, sobre la base de estudios o informes en los que se identifiquen, cuantifiquen y 
justifiquen los efectos en términos de eficacia, eficiencia, economía y sobre el empleo y las 
funciones. 
Además, de forma específica indica lo siguiente: 
- En la cesión global de activo y pasivo al Servicio Andaluz de Empleo de los Consorcios Escuela
de Formación (CEF), si bien inicialmente los proyectos de cesión y la cesión fueron aprobados por
los respectivos órganos de gobierno, no consta, a excepción del Consorcio Escuela de Hostelería
de Benalmádena y del Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga, la reformulación de los
proyectos de cesión global y de su ratificación por los órganos de gobierno de los consorcios, tras
la posterior modificación de la fecha de efectos contables y la valoración de activo y pasivo, en
cumplimiento del art. 85 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles (LME).
- Los proyectos de cesión del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba y del Consorcio Escuela e.
de la Madera de Encinas Reales no han sido elaborados por sus respectivos administradores, de w.
conformidad con el art. 85 de la LME, sino por la persona titular de su presidencia. 821ww
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112167
de la reestructuración de su sector público  49 
 
- En el caso del Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, no se emite el informe de auditoría 
exigido por la resolución de aceptación y por el art. 6 del Decreto Ley 5/2015 para que la cesión 
global pueda producir efectos jurídicos, económicos y contables; en su lugar se emite informe de 
revisión limitada. Tampoco consta acuerdo definitivo de aprobación de la cesión por el Consejo 
Rector. En el caso del Consorcio Escuela del Mármol de Fines, el único acuerdo adoptado por el 
Consejo Rector es de disolución y nombramiento de liquidador, sin que conste aprobación de la 
cesión global ni del proyecto. 
- El acuerdo de liquidación final y reparto del haber resultante del Consorcio para la Promoción del 
Empleo de la Provincia de Cádiz, ha sido acordada por la persona titular de la presidencia de la 
Junta Liquidadora y no por el órgano competente (Consejo Rector), de  conformidad con el art. 8 
de sus Estatutos, el art. 77 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el 
art. 160 i) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
2. Canarias 
Las Leyes de Presupuestos Generales de la CA desde el ejercicio 2013 contemplaban que la 
extinción o fusión de las entidades integradas en el sector público autonómico dispuesta por el 
Gobierno  se  realizaría  mediante  decreto,  debiéndose  dar  cuenta  de  estas  actuaciones  al 
Parlamento de Canarias. Sin embargo, no se tiene constancia de que se haya formalizado dicho 
decreto para la fusión de las fundaciones ni para la disolución de Gestur Cajacanarias. 
3. Cantabria 
- Por Ley 3/2011, de 5 de abril, se prevé la creación de la Entidad Pública Empresarial 112 
Cantabria, estableciéndose la adscripción a la misma de los bienes, derechos y personal de la 
preexistente Servicios de Emergencias de Cantabria S.A. (SEMCA). 
No obstante, en el mismo ejercicio y mediante la DA séptima de la Ley 5/2011, 29 de diciembre, 
de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas,  se  derogó  la  citada  Ley  3/2011,  manteniéndose  en 
consecuencia SEMCA con la naturaleza jurídica de sociedad anónima y con las funciones que 
ostentaba, sin que dicha norma motive las razones de tal derogación. 
Posteriormente, se inscribe en el Registro Mercantil (BORME de 1 de febrero de 2013) el cambio 
de denominación social de SEMCA por 112 Cantabria, S.A, así como el cambio de domicilio y 
objeto social, manteniéndose tales circunstancias en la actualidad. 
-  En  relación  con  las  sociedades  Inversiones  Cántabras  Empresariales,  S.L.  (ICE),  Nueva 
Papelera del Besaya, S.L. y Sociedad Arrendadora de Comillas, S.L. (SAC), que se incorporaron 
al sector público autonómico empresarial en 2012, cabe indicar  que las dos primeras carecían de 
actividad, encontrándose pendientes de resolución judicial para su liquidación. Por lo que se 
refiere a la última, en diciembre de 2013 se aprobó su absorción por Sociedad de Activos 
Inmobiliarios Campus de Comillas (SAICC), como paso intermedio para la posterior liquidación de 
esta última, por traspaso de todos sus activos y pasivos a la Fundación Comillas. La absorción de 
SAC se elevó a escritura pública el 27 de marzo de 2014.  
- La absorción prevista inicialmente de la empresa El Soplao, S.L, por parte de la Sociedad 
Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) quedó fuera del proceso de extinción de 
entes en la actualización del plan de reordenación llevada a cabo en 2013.  e.e
- Respecto a la Fundación Marqués de Valdecilla, debe señalarse que según los artículos 8 y  821ww
soDitguoruragienantmete ieesln  ptdoee rdi oelda oe  sfLicserciytau lriaz5a 0pd/2úo0b, 0llia2c a,F  uedn eidn asFccuiróinpndc Maiócanior qneuenés se,  ld lcaeo  Vrrcaeolsdnpesoctinitluldaci einónonte  s edR eee ngucisnotrano tr adfubena dF ianucsnicódrnait cai oeenxnieg ese.l    OE-A-2020-15able en https://
 
50      Tribunal de Cuentas 
 
mencionado Registro, habiéndose incumplido el artículo 13.2 de la Ley anterior, donde se señala 
que "transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que 
los patronos hubiesen instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el 
Protectorado  procederá  a  cesar  a  los  patronos,  quienes  responderán  solidariamente  de  las 
obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que ocasione la falta de 
inscripción".  Por  tanto,  según  el  artículo  4  de  la  citada  Ley,  esta  Fundación  carecía  de 
personalidad jurídica, encontrándose en situación irregular. 
Ante esta situación, la DA segunda de la Ley de Cantabria 1/2015, de 18 de marzo, autoriza al 
Gobierno  de  Cantabria  a  constituir,  conforme  a  la  Ley  50/2002,  de  26  de  diciembre,  de 
Fundaciones, una fundación del sector público autonómico para la promoción y prestación de 
servicios sanitarios y sociosanitarios y la docencia e investigación en el ámbito de la salud que 
integre los medios personales y materiales y los servicios y funciones ejercidas por la actual 
Fundación Marqués de Valdecilla, fundación que adoptará idéntica denominación y se subrogará 
sin solución de continuidad en las relaciones jurídicas de la fundación extinguida.  
- En supuesto similar a la anterior se encuentra la Fundación Cántabra del Deporte que desde su 
creación no realizó actividad alguna, ni se inscribió en el Registro de Fundaciones del Gobierno de 
Cantabria. 
El Patronato se constituyó el 6 de noviembre de 2012, celebrando una sola reunión en la que se 
acuerda la extinción y liquidación de la Fundación, acuerdo que fue ratificado por el protectorado, 
Consejo de Gobierno de Cantabria, el 8 de noviembre de 2012. 
4. Cataluña 
El Gobierno no presentó un nuevo Plan de racionalización y simplificación al Parlamento de 
Cataluña ni presentó anualmente un informe de las decisiones tomadas en cumplimiento de los 
objetivos fijados, tal y como establecía la DA 5ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas 
fiscales, administrativas, financieras y del sector público, y el artículo 59 de la Ley 7/2011, de 27 
de julio, de medidas fiscales y financieras. 
En la revisión del proceso de extinción se ha detectado que en 5 entidades no se tenía evidencia 
de que se hubiese seguido el procedimiento establecido en el Acuerdo de Gobierno de 10 de julio 
de 2012. En 13 entidades sí que se siguió el procedimiento establecido en dicho Acuerdo de 
Gobierno aunque faltaba el informe de la Asesoría Jurídica en 2 de ellas. 
5. La Rioja 
Cabe destacar como particularidad en cuanto a las formas de extinción utilizadas por La Rioja la 
suspensión del Consejo Económico y Social, cuyos efectos desarrollados mediante el Decreto 
48/2012, de 27 de julio, han sido, de forma resumida los siguientes: en materia de personal, se 
han extinguido los tres contratos laborales con el personal que hasta entonces prestaba servicios 
en dicha entidad; en materia patrimonial, se ha extinguido la cesión de uso sobre el inmueble 
cedido por la Administración Autonómica, habiendo revertido e integrado el mismo al patrimonio 
de la CA; y finalmente, en materia presupuestaria, los derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones  pendientes  de  pago  han  sido  asumidas  por  la  Administración  General  de  la 
Comunidad, a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda.  
Actualmente, se mantiene suspendido en su funcionamiento, sin que tampoco exista previsión de  e.
su extinción definitiva.  w.b
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112169
de la reestructuración de su sector público  51 
 
6. País Vasco 
El proceso de extinción de la Sociedad para la Gestión de Centrales Hidroeléctricas Municipales, 
S.A.U. (UZESA), no ha respetado el artículo 20.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, que para la extinción de una sociedad pública exige decreto del 
Gobierno Vasco autorizando la extinción. En este caso el decreto se publica 3 meses después de 
la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil. 
7. Principado de Asturias 
En  relación  con  el  proceso  de  constitución  del  Servicio  de  Emergencias  del  Principado  de 
Asturias, el año que se creó como OA por Ley 1/2013, de 24 de mayo, y que por tanto pasó a 
formar parte del ámbito subjetivo de la CA debería haber tenido un presupuesto aprobado con 
carácter previo a comenzar su actividad. Sin embargo, durante la fiscalización de la CA ejercicio 
2013 se verificó que no constaba tal aprobación. 
8. Comunitat Valenciana 
 El artículo 29 de la Ley 1/2013 contemplaba la extinción de la empresa pública Construcciones e 
Infraestructuras  Educativas  de  la  Generalitat  Valenciana,  SA  (CIEGSA).  Sin  embargo,  esta 
disposición ha sido modificada posteriormente en dos ocasiones, siendo actualmente el plazo de 
extinción el 31 de diciembre de 2020. 
También estaba prevista la extinción de la empresa Sociedad de Proyectos Temáticos de la 
Comunitat Valenciana, SA (SPTCV) en el artículo 31 de la Ley 1/2013. Sin embargo, mediante el 
artículo 100 de la Ley 5/2013 se dispuso que “se procederá” a su extinción. Posteriormente, la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, ha derogado el artículo antes citado, por lo que actualmente no 
existe un mandato legal de extinción de esta empresa. 
Por  otra  parte,  en  relación  con  los  plazos  empleados  para  culminar  los  procesos  de 
reestructuración, si bien con carácter general se acomodan a lo previsto en las disposiciones que 
los prevén, cabe señalar lo siguiente: 
- En Andalucía se aprecia una excesiva dilación en la culminación de los procesos extintivos que 
se extiende a un período medio de 1,7 años desde la fecha del acuerdo inicial hasta la efectiva 
extinción (publicación o inscripción del acuerdo definitivo), siendo especialmente lento el proceso 
extintivo de 9,5 años de la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN), de 
9,2 años del Consorcio PLEMCA, de 5 años de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión 
Patrimonial, S.A. (SOGEFINPA), y de 3,7 años de las tres fundaciones extinguidas mediante 
fusión  por  absorción  en  la  Fundación  Pública  Andaluza  San  Juan  de  Dios  de  Lucena  y 
Fundaciones Fusionadas de Córdoba (FFC). 
- En Aragón destaca el proceso extintivo de Pabellón Aragón 92, S.A. pues, habiéndose inscrito 
en el Registro Mercantil su disolución en abril de 1995, a 1 de enero de 2017 se encuentra todavía  
en liquidación. 
- En Canarias la liquidación de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación fue 
autorizada en 2011, sin que a 1 de enero de 2017, conste su inscripción en el registro el 
correspondiente. El acuerdo de disolución de GESTUR LAS PALMAS se toma en 2013, sin que se  e.e
haya culminado el proceso de liquidación al no haber finalizado los diferentes litigios en los que se  b
halla incursa.  821ww
ACsainmairsima op,a drae sltaa cPar eevl eánmcbióitno  ete mInpveosratilg daec iólons  dpero claess oDsr oegxotindteivpoesn dceonrrceisapso, nad ilean Fteusn ad alaci óFnu npdaarcai óenl   OE-A-2020-15able en https://
 
52      Tribunal de Cuentas 
 
Conservatorio Superior de Música de Canarias y a la Fundación Canaria para la Promoción de la 
Educación que fueron de 3, 5 y 6 años, respectivamente. 
-  En Cantabria respecto a la disolución de las sociedades Inversiones Cántabras Empresariales, 
S.L. (ICE) y Nueva Papelera del Besaya, S.L., como se ha analizado en el punto anterior relativo a 
las particularidades y deficiencias observadas en los procedimientos de reestructuración, ya que 
carecían de actividad, encontrándose pendientes de resolución judicial para su liquidación. 
- En Castilla-La Mancha destaca la dilación en la fusión por absorción de la Fundación El Greco 
por la fundación privada Real Fundación Toledo pues transcurren casi 8 meses desde que los 
acuerdos de fusión se elevan a públicos, el 24 de mayo de 2016, hasta que se autoriza la 
tramitación  del  procedimiento  para  dicha  fusión  por  absorción  por  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno, como protectorado, el 10 de enero de 2017. 
- En Castilla y León, la extinción de las fundaciones Fundación Hospital Clínico Veterinario de 
Castilla y León, Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y Cooperación 
al Desarrollo y Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León 
se prolonga durante 10 meses, 1 año y 3 meses y 1 año y 6 meses, respectivamente, desde la 
autorización por el Protectorado hasta la inscripción en el registro. La extinción definitiva mediante 
inscripción registral de la Agrupación de Productores de la Patata de Siembra de Castilla y León. 
(APPACALE SA.) se produce 3 años y 3 meses después de la previsión legal que la recogía. 
- En Cataluña, sobre una muestra de 38 procesos extintivos, la Sindicatura ha verificado que la 
duración de tales procesos desde la propuesta inicial hasta la baja efectiva en el inventario de 
entes no superó 1 año para 15 entidades, pero fue superior a los 2 años para 18 entes. Además, a 
1 de enero de 2017 había entidades con el estado de reordenación denominado Bvista (estado de 
reordenación de una entidad donde hay compromiso de baja pero no se han iniciado los trámites o 
no está cercana su extinción definitiva) para las cuales existía un compromiso de baja desde hacía 
años sin que se haya tomado ninguna medida al respecto. 
-  En  Extremadura,  respecto  a  las  sociedades  Fomento  y  Distribución,  S.A.  (FOMDISA)  y 
FOMDISA Andalucía, han transcurrido más de 14 años desde que se acordó su extinción hasta 
que esta se ha hecho efectiva. Así, su extinción se acordó en la Junta General de la sociedad 
matriz de ambas de 15 de noviembre de 1999 y su extinción definitiva se ha producido en el 
ejercicio 2014. 
- En la Comunidad Foral de Navarra, conforme indica la Cámara de Comptos, la verificación de los 
objetivos de reordenación del sector público empresarial permite concluir que, en general, se han 
cumplido de forma razonable los objetivos previstos en los plazos programados. 
- En Galicia, con arreglo a lo señalado por el Consejo de Cuentas el proceso de reordenación 
previsto fue ejecutado en un porcentaje elevado, siendo residuales las operaciones pendientes, 
muchas de ellas en fase próxima a su final. 
- En Illes Balears, resultan especialmente largos los procesos extintivos respecto a la Fundación 
Balear contra la Violencia de Género ya que el Acuerdo del Patronato fue el 18 de diciembre de 
2007 y la inscripción en el Registro Único de Fundaciones fue el 26 de junio de 2012 y a la 
Fundación de Ayuda a la Reinserción de las Illes Balears, pues el Acuerdo del Patronato fue el 11 
de diciembre de 2008 y la inscripción en el Registro Único de Fundaciones fue el 12 de noviembre 
de 2012.  e.
- En la Rioja respecto a la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja  debe señalarse que,  821ww
ndoe  odbicsietamnbtere h daeb e2r0se1 1a ccoornd aradtoif iclaasc iaócnt udaecl ioPnroetse cptaorraa dsou  deext i3n cdióen e pnoerr oA dceu e2r0d1o2 d, enl oP haatrno ncautlom dinea d2o9 
hasta junio de 2014 con la inscripción de aquella en el Registro de Fundaciones de la CA.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112171
de la reestructuración de su sector público  53 
 
- En la Comunidad de Madrid la mayoría de las operaciones de reestructuración se realizan en el 
ejercicio siguiente al que se dicta la norma de reordenación que le afecte, con las siguientes 
excepciones cuya extinción se ha alargado más de un ejercicio, sin que se haya justificado la 
causa del retraso en su extinción o liquidación: Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid 
(7 años), Mercado Puerta de Toledo, S.A.U (5 años), Alcalá Natura 21, S.A.U (3 años), Sociedad 
Pública Turismo Madrid SAU (4 años), Aeropuertos de Madrid SAU (2 años), Campus de la 
Justicia de Madrid SAU (5 años) Desarrollo Internacional de Madrid SA (4 años) y Consorcio 
Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid (3 años).  
Además existen dos entidades para las que existe un compromiso de baja en la Ley 9/2010 de 23 
de diciembre de medidas fiscales administrativas y racionalización del sector público que al final 
del periodo de revisión, o bien no se ha iniciado o su disolución no está próxima; Fundación 
ARPEGIO, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid S.A. (GEDESMA) y Centro de 
Transportes de Coslada S.A. 
- En el País Vasco los procesos extintivos se desarrollan en un plazo máximo de 1 año excepto el 
relativo a Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A. que se  prolonga durante 4 años y 6 
meses. 
- En el Principado de Asturias los procesos de reestructuración se han llevado a cabo en los 
términos legalmente establecidos y cumpliendo los plazos fijados para ello. 
- En la Región de Murcia la Fundación Amigos del Casino de Murcia fue considerada extinguida a 
efectos del proceso de reordenación del sector público autonómico tanto por la CA como por el 
Ministerio  de  Hacienda  con  fecha  18  de  octubre  de  2011,  no  obstante  la  resolución  del 
protectorado acordando su extinción es de 10 de marzo de 2015  y su inscripción en el Registro 
de Fundaciones de 11 de marzo de ese mismo año. 
- En la Comunitat Valenciana los procesos se efectúan con arreglo a los plazos previstos en las 
disposiciones,  excepto  los  relativos  a  la  Fundación  Atención  a  las  Víctimas  del  Delito,  la 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo, la Fundación de la CV de Las Artes y la Fundación La 
Llum de las Imatges que han alcanzado los 4 años frente al plazo máximo de 1 año para la 
culminación establecido en el Acuerdo del Consell que prevé su extinción. 
II.2.3.2.  TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN Y CREACIÓN 
En relación con las formas en que las entidades causan baja y alta, se distingue entre “extinciones 
o creaciones directas” previstas por ley o decreto autonómico y  formas de “extinción o creación 
indirectas” por causas como la pérdida de la posición mayoritaria de la CA, la separación o 
desvinculación de la CA, la fusión por absorción con cesión global del activo y pasivo y la 
compraventa de acciones. 
Respecto a la fusión la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
sociedades mercantiles indica en su artículo 22: En virtud de la fusión, dos o más sociedades 
mercantiles inscritas se integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus 
patrimonios  y  la  atribución  a  los  socios  de  las  sociedades  que  se  extinguen  de  acciones, 
participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o una de las 
sociedades que se fusionan. 
La transmisión en bloque de sus patrimonios, activo y pasivo, de las entidades que se extinguen a  oe.
otra preexistente o a una de nueva creación implica la transmisión de las posibles situaciones  w.
deficitarias en las que las entidades extinguidas puedan encontrarse, lo que unido a que las  821ww
flausn ceinotnideasd ye ss earbvsicoiorbse ansteí sc oom doe  enlu peevars corneaal crieósnu, lptae remni tlea  cgornacnl umira qyuoerí ae sdtae  floorsm caa sdoes e axstiunmcióidno lsim piotar 
 
54      Tribunal de Cuentas 
 
el impacto final sobre el ahorro consolidado de la CA. Dicha circunstancia podría, igualmente, 
producirse en el caso de constitución de una entidad autonómica por compra de la totalidad o la 
mayoría de acciones de una entidad preexistente. En este sentido, debe señalarse que en el 
periodo fiscalizado resultan predominantes las bajas indirectas por fusión por absorción y cesión 
global de activos y pasivos, como puede observarse en el gráfico 10. 
De las 767 entidades que han causado baja en el periodo fiscalizado para el conjunto de las 17 
CCAA, 412 lo han sido de forma directa y 355 de forma indirecta, si bien la primera forma no 
predomina por igual en todas las CCAA. 
Así, en los siguientes gráficos se reflejan la totalidad de bajas producidas en cada CA y la 
tendencia a la utilización de una u otra forma en cada una de ellas. 
GRÁFICO 7. TOTAL DE BAJAS EN CADA CA 
 
140
120
100
80
60
40
Total de entidades
20
0
 
Fuente: elaboración propia 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112173
de la reestructuración de su sector público  55 
 
GRÁFICO 8. FORMAS DE BAJAS POR CCAA 
 
80
70
60
50
40
30
20 Bajas directas
10 Bajas indirectas
0
 
  Fuente: elaboración propia   
Como puede observarse las bajas directas de las entidades extinguidas resultan predominantes, 
con mayor relevancia, en las CCAA de Canarias (80 %), Comunidad Foral de Navarra (91 %), 
Galicia (75,7 %), Comunidad de Madrid (81,2 %) y la Región de Murcia (63,3 %). Además, en La 
Rioja es la única forma de baja producida. 
Las bajas indirectas han sido relevantemente predominantes en Andalucía (82,8 %), Cataluña  
(63,2 %), Extremadura (71,4 %) e Illes Balears (58,9 %). 
Atendiendo a la tipología de las entidades extinguidas así como al total de cada uno de los tipos, 
tal como se refleja en el gráfico siguiente, debe señalarse que la forma directa prevalece en la 
extinción de los OOAA, entes públicos, y fundaciones. Respecto a las sociedades y los consorcios 
priman las bajas indirectas.  
GRÁFICO 9. FORMAS DE BAJAS POR TIPOS DE ENTES 
 
160
140
120
100
80 Bajas directas
60 Bajas indirectas
40
20 s
0 b
OOAA EEPP Sociedades Fundaciones Consorcios 821ww
Fuente: elaboración propia  
 
56      Tribunal de Cuentas 
 
No obstante, los datos varían entre las distintas CCAA. Así: 
- En relación con las sociedades mercantiles resultan mayoritarias las bajas indirectas en las 
CCAA de Andalucía (76 %), Aragón (55,5 %), Cantabria (70,6 %), Castilla-La Mancha (55,5 %), 
Cataluña (65,9 %), Extremadura (80 %), País Vasco (58,8 %), Principado de Asturias (80 %), 
Región de Murcia (92,8 %) y Comunitat Valenciana (61,1 %). En Castilla y León es la única forma 
de extinción de este tipo de entidades. 
- Respecto a las fundaciones prevalece la extinción de forma indirecta en Andalucía (91,6 %), 
Castilla La Mancha (66,6 %), Cataluña (80 %) y Comunitat Valenciana (52,3 %). En Extremadura 
es la única forma de extinción para este tipo de entidades. 
- En lo relativo a los consorcios, destaca la extinción de forma indirecta de 54 entes de este tipo en 
Illes Balears  frente a 20 bajas directas y 10 en Andalucía con respecto a 1 baja directa. 
En relación con los tipos de bajas indirectas debe indicarse que el uso de la fusión por absorción y 
de la cesión global de activos y pasivos resulta predominante, ya que supone un 71,8% del total 
de las bajas indirectas realizadas. El 28,2 % restante corresponde casi en su totalidad a las bajas 
de entidades del correspondiente sector público autonómico como consecuencia de la separación 
o desvinculación de la CA, enajenación de participaciones, pérdida de la posición mayoritaria o 
transformación en entidad de distinta forma jurídica. Esta circunstancia se refleja en el siguiente 
gráfico.  
GRÁFICO 10.TIPOS DE BAJAS INDIRECTAS 
 
300
250
200
150
Total entes
100
50
0
Fusión y cesión global Otras
 
Fuente: elaboración propia   
Respecto a las altas, de las 186 producidas en el periodo fiscalizado, 125 lo han sido mediante 
creación directa y 61 por creación indirecta.  
   
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112175
de la reestructuración de su sector público  57 
 
En los siguientes gráficos se reflejan la totalidad de altas producidas en cada CA y la tendencia a 
la utilización de una u otra forma en cada una de ellas. la tendencia a la utilización de una u otra 
forma en cada CA. 
GRÁFICO 11. TOTAL DE ALTAS EN CADA CA 
 
60
50
40
30
20
10 Total de entidades
0
 
Fuente: elaboración propia 
 
GRÁFICO 12. FORMAS DE ALTAS POR CCAA 
 
30
25
20
15
10
Directas
5
0 Indirectas
 
Fuente: elaboración propia 
Cabe observar que en las CCAA de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, La 
Rioja, País Vasco y Región de Murcia todas las altas se han efectuado de forma directa, primando 
la utilización de esta forma en el resto de comunidades, con excepción de Canarias, Galicia y la 
Comunitat Valenciana en las que se utilizan por igual ambas formas, así como de Andalucía y de  s
las Illes Balears en las que las altas indirectas representan el 69,2 % y el 70 %, respectivamente.  oe.
Con arreglo a la tipología de las entidades creadas y al total de cada uno de los tipos, debe  821ww
seenñ alala rscere qaucieó nla  fdoerm  ean dteirse cptaú belsic loas ú, nsicoac ifeodrmadae ds e mcreeraccainótnil edse,  lofusn OdaOcAioAn ey sr eys ulctao npsroerdcoiomsi,n acnotne 
 
58      Tribunal de Cuentas 
 
porcentajes del 54,2 %, 72,3 %, 68,3 % y 65,2 %, respectivamente. En el siguiente gráfico se 
muestra la tendencia a la utilización de cada una de las formas. 
GRÁFICO 13. FORMAS DE ALTAS POR TIPOS DE ENTES 
 
40
35
30
25
20
Altas directas
15
Altas indirectas
10
5
0
Organismos Entes Públicos Sociedades Fundaciones Consorcios
Autónomos
 
Fuente: elaboración propia 
II.2.4.  Fines o actividades realizadas en relación con las entidades que han causado baja en 
el sector público autonómico, órganos o entidades que, en su caso, las asumen  y 
solapamientos o duplicidades detectadas 
II.2.4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES QUE HAN CAUSADO BAJA Y 
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS O ENTIDADES QUE LAS ASUMEN  
La identificación de las actividades en el inventario de entes se efectúa conforme a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas del 2009 (CNAE) aprobada por el RD 475/2007, de 13 de 
abril. En función de la misma, se han clasificado los entes extinguidos y se han agrupado por 
código de actividad. 
   
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112177
de la reestructuración de su sector público  59 
 
En el siguiente cuadro se indican las actividades desarrolladas por las entidades extinguidas para 
el conjunto de CCAA. 
CUADRO 7. CÓDIGO CNAE ACTIVIDADES DE ENTIDADES EXTINGUIDAS 
A.- AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA  27 
B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  3 
C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA  8 
D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO  37 
E.- SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
61 
DESCONTAMINACIÓN 
 F.- CONSTRUCCIÓN  11 
G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
20 
MOTOCICLETAS 
H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  3 
I.- HOSTELERÍA  42 
J.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  10 
K.- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  11 
L.- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  93 
M.- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS  66 
N.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES  119 
O.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA  34 
P.- EDUCACIÓN  66 
Q.- ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES  68 
R.- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO  85 
S.- OTROS SERVICIOS  3 
TOTAL GENERAL  767 
Fuente: elaboración propia con arreglo a los datos recogidos en los informes del Tribunal y los 
OCEX y a los  incluidos en el Inventario de entes del Ministerio de Hacienda. 
   
 
60      Tribunal de Cuentas 
 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje correspondiente a cada tipo de actividad desarrollada 
por los entes suprimidos de las 17 CCAA. 
GRÁFICO 14. ACTIVIDADES DE LOS ENTES SUPRIMIDOS 
 
A.- AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y
PESCA
B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
0,4%  0,4%  1,0% 
C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA
3,5% 
11,1%  4,8%  D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
E.- SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y
8,0%  DESCONTAMINACIÓN
 F.- CONSTRUCCIÓN
8,9% 
1,4% 
G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS
2,6%  H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
0,3% 
I.- HOSTELERÍA
8,6%  5,5% 
J.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
1,3%  K.- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
4,4%  1,4%  L.- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
M.- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
12,1% 
N.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS
AUXLIARES
15,5%  O.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;
SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
8,6%  P.- EDUCACIÓN
Q.- ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS
SOCIALES
R.- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE
ENTRENIMIENTO
S.- OTROS SERVICIOS
 
Fuente: elaboración propia 
Las  actividades  predominantes  para  el  conjunto  de  CCAA  corresponden  a  N  “Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares”, L “Actividades Inmobiliarias”, R “Actividades artísticas, 
recreativas y de entrenamiento”, Q “Actividades sanitarias y de servicios sociales”, P “Educación”,  
M “Actividades profesionales, científicas y técnicas” y E “Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” que suponen el 72,8 % del total de 
actividades. 
Respecto a los órganos o entidades que asumen las actividades de los entes suprimidos debe 
señalarse que la totalidad de las mismas se han asumido por las correspondientes consejerías u 
otros órganos de la administración autonómica o por las entidades absorbentes, con excepción de 
aquellas entidades que se extinguen por separación o desvinculación de la CA de la entidad, por 
cumplimiento del fin para el que se crearon o por  imposibilidad del mismo. 
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos deextinción de EntidadeMsa dretelsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112179
de la reestructuraciónde su sectorpúblico 61 
En el siguiente gráfico se refleja el grado de asunción de las citadas actividades por cada CA. 
GRÁFICO 15. ASUNCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ENTES SUPRIMIDOS POR CCAA 
100% 100,0% 100,0%
90,4%
87,8%
90%
80,0% 78,5% 80,9%
80%
74,0%
71,2%
68,7% 68,7%
70% 66,6%
60%
47,9%
50% 44,4% 44,0%
42,0%
38,7%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: elaboración propia 
 Como puede observarse en Castilla y León y en el Principado de Asturias se han asumido las 
actividades de la totalidad de los entes extinguidos, resultando dicha asunción muy alta en el resto 
de CCAA, con la excepción de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Región de 
Murcia, en las que la misma no ha alcanzado el 50 % de las entidades extinguidas. 
II.2.4.2. SOLAPAMIENTOS O DUPLICIDADES DETECTADAS
Debe indicarse que la normativa y disposiciones autonómicas de racionalización del sector público 
fundamentan su necesidad en aras de asegurar, con arreglo a los principios de eficacia, economía 
y eficiencia, que los servicios públicos se presten de la forma más eficiente, al menor coste posible 
y evitando solapamientos y duplicidades. 
Por su parte, tal y como se ha indicado con anterioridad, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
aplicable ya con posterioridad a estos procesos de reestructuración analizados pues entró en vigor 
un  año  después  de  su  publicación,  efectúa  una  regulación  expresa  sobre  el  deber  de  las 
Administraciones territoriales de controlar la procedencia de su Administración institucional en 
atención  a  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera, así como al principio de transparencia en su gestión; y prevé la obligación por parte de 
tales  administraciones  de  establecer  un  sistema  de  supervisión  continua  de  sus  entidades 
dependientes, con el objeto de comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación y 
sostenibilidad  financiera,  y  que  deberá  incluir  la  formulación  expresa  de  propuestas  de  e.e
mantenimiento, transformación o extinción.  b
Cefoemctoiv ar edsuel tasdoola pdaeml iaennátoliss iso  ddeu plolisc idparodceesd iemnie netl osd edsee mepxetiñnoci ódne  slea sh aa cdtievtiedcatdaedso  qlau ee xeisstteanbcaian 
62      Tribunal de Cuentas 
 
atribuidas a algunos de los entes extinguidos respecto a otros existentes, en relación con las 
siguientes CCAA: 
1. Aragón 
La  Cámara  de  Cuentas  indica  que  la  reordenación  llevada  a  cabo  es  más  nominal  y  de 
simplificación del número de entes, a excepción de la creación de la Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental, S.L.U.  mediante la fusión de las sociedades Sociedad de Infraestructuras 
Rurales Aragonesas, S.A.U y Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U., que 
sí  ha  supuesto  una  reducción  efectiva  de  personal  y  una  simplificación  de  la  estructura 
organizativa para evitar duplicidades funcionales y operativas que ha producido un ahorro de 
costes.  
2. Canarias 
- El Gobierno de Canarias acuerda en 2014 la fusión de las fundaciones Fundación Canaria 
Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica y Fundación Canaria de Investigación y Salud en 
una nueva, motivado en que las fundaciones tienen el mismo objeto y fines para un ámbito 
territorial que se superpone, ya que el de la segunda era autonómico mientras que el de la 
Fundación Rafael Clavijo se limitaba a la provincia de Tenerife, lo que obliga al Gobierno a 
adoptar medidas de la reordenación de la investigación sanitaria. 
- Para las funciones desempeñadas por cuatro de los entes extinguidos (Fundación Canaria para 
la Promoción Educación, Fundación para el Conservatorio Superior de Música de Canarias, 
Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias y Gestión 
Urbanística de Las Palmas, SA) se han detectado que coexistían otros entes del sector público 
autonómico que podrían haber desempeñado dichas actividades, lo que pudiera indicar una 
debilidad en la estructura del sector público.  
3. Cantabria 
-  El fundamento de la supresión del Consejo Económico y Social estriba en que se considera que 
el marco de diálogo permanente con los agentes sociales y económicos puede establecerse a 
través de otras fórmulas que no impliquen un coste al ciudadano. 
- En el Proyecto de fusión de las sociedades Sociedad Regional para la Gestión y Promoción de 
Actividades Culturales del Palacio de Festivales de Cantabria, S.A. y Sociedad Gestora del Año 
Jubilar  Lebaniego,  S.L.  absorbidas  por  Sociedad  Regional  de  Cultura  y  Deporte,  S.L. 
expresamente se indica que el objetivo de la fusión es reestructurar y concentrar en una única 
sociedad la actividad desarrollada por cada una de ellas. La operación de fusión proyectada 
pretende concentrar los recursos de las tres sociedades en ella participantes, de modo que se 
obtenga un mayor grado de eficiencia empresarial y solvencia, consiguiendo ejercer una gestión 
más eficiente, de los recursos económicos y financieros. En definitiva, la presente operación tiene 
por objeto racionalizar, mejorar y evitar duplicidades en la gestión empresarial ahorrando costes y 
aprovechando sinergias. 
En idénticos términos se recoge la justificación de la fusión en los Proyectos elaborados al 
respecto para la fusión por absorción de  la sociedad Sistemas Medioambientales de Cantabria, 
S.A por la sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A; así como para 
la  absorción  de  la  Sociedad  Arrendadora  de  Comillas,  S.L.  por  la  Sociedad  de  Activos  e.
Inmobiliarios Campus Comillas, S.L.  w.b
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cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112181
de la reestructuración de su sector público  63 
 
que permitirá una optimización de dicha gestión. Se producirá un ahorro importante en el coste de 
asesorías externas, ya que el Departamento Financiero de la sociedad absorbente podrá asumir 
las funciones que antes se subcontrataban por parte de las sociedades absorbidas. 
  Respecto a la gestión de costes del personal también se va a producir una mejora en la  
eficacia. Aunque se cuente con un nivel similar de personas a! actual, se pueden optimizar los 
tiempos de trabajo al eliminarse en la fusión tareas de carácter coincidente. 
-  De forma indirecta las mismas circunstancias se aprecian en otras fusiones por absorción de las 
sociedades filiales por parte de la sociedad matriz, como es el caso de: 
* Gestión Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. , Soc. Gestora de Activos Inmobiliarios de 
Cantabria, S.R.L. y Gestión de Infraestructuras Sanitarias de Cantabria, S.L. absorbidas por 
Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las empresas públicas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria  S.L. En el periodo fiscalizado esta sociedad matriz acuerda la absorción 
de otra filial, Ecoparque Besaya S.L. 
* Suelo Industrial de Torrelavega, S.L. y Suelo Industrial de Sámano 2006, S.L. absorbidas por 
Suelo Industrial de Cantabria, S.L., sociedad matriz que a su vez acuerda la extinción en el 
periodo de otra filial, Suelo Industrial La Pasiega, S.L. 
*  Empresa  Cántabra  para  Desarrollo  Nuevas  Tecnologías  Administrativas,  S.L.  y  Gestión 
Energética de Cantabria, S.L. absorbidas por su sociedad matriz, CEP Cantabria, S. L. 
Asimismo, aunque no se trate de bajas sino de altas, las finalidades de la fundación Instituto de 
Investigación Marqués de Valdecilla resultan muy próximas a las de la sociedad Hospital Virtual 
Valdecilla, S.L, habiéndose creado ambas entidades en el periodo fiscalizado. 
4. Castilla-La Mancha 
- La supresión del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha se fundamenta en que las 
funciones  encomendadas  al  Consejo  pueden  ser  plenamente  asumidas  a  través  de  otros 
mecanismos que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos en la toma de 
decisiones. 
- La Memoria justificativa de la extinción de la Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-
La Mancha señala expresamente que es notorio que los fines de la fundación se encuentran entre 
las competencias asumidas por los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, lo que contraviene el Plan de Consolidación de las Finanzas y del Sector 
Público de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es mejorar la eficacia, simplificar la estructura de la 
Administración regional, y reducir el gasto público, optimizando al máximo los recursos. 
5. Cataluña 
La Sindicatura concluye que la reordenación de las entidades que conforman el sector público de 
la Generalidad supuso la supresión o disolución de entidades inactivas y el reagrupamiento de 
entidades  cuyas  funciones  se  consideraba  que  podían  ser  asumidas  por  otras  entidades 
existentes con las que tuvieran elementos comunes, o por nuevas entidades que asumiesen las 
funciones de las entidades extinguidas. 
6. Extremadura  bo
-ds eicEñinea mlareb lrqaeuc,i eód nes e cc ooannp clraeescn itamranec didóiedn a use nmd pelar edasotea nrcicaieiló rtnpo úsyb  lsaicopaloa ypeoan m ala iel anCsto oesm,m udpneried samadas ,nA eluarta óL neqoyum e2a 0 p/da2er0a 1E 0ux, ntrdaee m m2ai8ds umdraae    OE-A-2020-15able en https://
 
64      Tribunal de Cuentas 
 
actuación se están dedicando esfuerzos desde varias unidades, y de otro algunos vacíos. Tales 
solapamientos se verifican por la coexistencia para la ejecución de las citadas medidas de varias 
entidades: la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A, y las sociedades Fomento 
Extremeño de Mercado Exterior, SAU, Fomento de Emprendedores Extremeños, SAU, Fomento 
Extremeño  de  Infraestructuras  Industriales,  SAU,  y  la  Sociedad  Pública  de  Gestión  de  la 
Innovación de Extremadura, SAU, que dará lugar a su posterior absorción por una única sociedad. 
- El Decreto 182/2013, de 8 de octubre indica que razones de coordinación, eficacia y contención 
del gasto público aconsejan extinguir la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa e integrar 
totalmente en la Consejería con competencias en materia educativa las funciones desempeñadas 
hasta ahora por la misma, así como a su personal. 
- Son idénticas las finalidades de Fomento y Distribución, S.A. (FOMDISA) y Fomdisa Andalucía, 
S.A., así como las de la Fundación  Desarrollo Ciencia y Tecnología en Extremadura y Fundación 
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y las de Parque de Desarrollo Industrial Norte de 
Extremadura S.A. y Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura S.A. 
7. Galicia 
El Consejo de Cuentas indica que, como conclusión global, los procesos de extinción llevados a 
cabo  en  las  entidades  dependientes  de  la  Xunta  de  Galicia  simplificaron  la  arquitectura 
instrumental de la administración autonómica agrupando funciones y medios y dotando de mayor 
transparencia  a  una gestión  que  se  realizaba  a  través  de  una  estructura  paralela  opaca y 
atomizada. 
8. Illes Balears 
La Sindicatura concluye que la reordenación de las entidades que conforman el sector público de 
la CA supuso la supresión o la disolución de entidades inactivas y el reagrupamiento de entidades 
cuyas funciones se consideraba que podían ser asumidas por otras entidades existentes con las 
cuales tuviera elementos comunes, o por nuevas entidades que asumieran las funciones de las 
entidades extinguidas. Pero además en su informe se indican las siguientes duplicidades o 
solapamientos: 
- El Decreto 66/2010, de 21 de mayo, por el que se reorganiza, reestructura y regula la entidad 
pública encargada de la promoción turística de las Illes Balears, dispuso que por motivos de 
simplificación de las estructuras administrativas, con el fin de alcanzar la máxima eficacia y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos, se disolvía el Instituto de Estrategia Turística de 
las Illes Balears y se decretaba la subrogación de todos sus derechos y obligaciones en la 
Agencia de Turismo de las Illes Balears, la cual también asumió gran parte de las funciones que 
hasta entonces ejercía aquel. 
- En relación con la Fundación Balear contra la Violencia de Género, el Servicio Jurídico de la 
Consejería de Asuntos Sociales emitió un informe en el cual concluyó que había que extinguir la 
Fundación  porque,  entre  otras  razones,  había  una  entidad  dependiente  de  la  CA  que  era 
competente en materia de violencia de género —el Instituto Balear de la Mujer—, y sus funciones 
y las de la Fundación se confundían. 
- Respecto a la Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud de las Illes Balears y a la 
Fundación  de  Investigación  Sanitaria  de  las  Illes  Balears  Ramon  Llull,  la  coincidencia  y  la  e.
concurrencia de los fines de estas dos fundaciones de titularidad pública hicieron posible una  w.b
fusión  por  absorción  que  implicaba  la  racionalización  de  las  estructuras,  la  simplificación  821ww
administrativa y el ahorro de costes.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112183
de la reestructuración de su sector público  65 
 
- La Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Illes Balears y la Agencia de Turismo de las 
Illes Balears, según Acuerdo del Consejo de Gobierno, eran dos entidades con personalidad 
jurídica propia, sus objetos y finalidades eran complementarios y sucesivos, y se centraban en la 
promoción  y  el  desarrollo  del  turismo  en  las  Illes  Balears.  Como  consecuencia  de  esta 
complementariedad y en la consideración de los inconvenientes que suponía  el mantenimiento de 
dos  entidades  distintas,  con  diferentes  estructuras  de  personal,  administrativas,  contables  y 
jurídicas, era aconsejable, en base a los criterios de eficiencia y de economía, la unificación de 
ambas entidades. 
- En relación con el Consorcio Aubarca-Es Verger, con el fin de evitar una duplicidad de funciones 
y racionalizar el sector público, dado que el ámbito de actuación coincidía con el del Parque 
Natural de la Península de Levante, la Junta Rectora del Consorcio Aubarca-Es Verger acordó 
disolver el Consorcio y que la entidad Espacios de Natura Balear asumiera sus actividades, 
derechos y obligaciones, y también todo el personal. 
-  En  lo  relativo  al  Consorcio  de  la  Gola,  con  la  finalidad  de  racionalizar  el  sector  público 
instrumental y teniendo en cuenta la proximidad del parque de la Gola con el parque de la 
Albufera de Pollença (gestionado por Espacios de Natura Balear), la Junta Rectora del Consorcio 
de la Gola acordó solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para disolver el Consorcio de la 
Gola e integrarlo en la entidad Espacios de Natura Balear. 
- Respecto al Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Mallorca, el Consorcio de 
Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Menorca y el Consorcio de Recursos Sociosanitarios 
y Asistenciales de Ibiza y Formentera (consorcios que se integran en el Consorcio de Recursos 
Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears), el objeto social de los tres consorcios era 
impulsar,  programar,  ejecutar,  promover  y/o  financiar  la  creación  de  infraestructuras, 
equipamientos, instalaciones y, en general, todo tipo de recursos sociosanitarios y asistenciales 
en  las  islas  correspondientes.  Vista  la  naturaleza  idéntica  de  las  tres  entidades,  las  partes 
implicadas decidieron iniciar un proceso de fusión para favorecer una gestión más eficiente y 
reducir los costes económicos. 
- En relación con el Consorcio Escuela Balear del Deporte de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y la Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear y de conformidad con sus 
estatutos, tanto el Consorcio como la Fundación son entidades sin ánimo de lucro, cuyos objetivos 
se centran en el desarrollo y la promoción del deporte balear de alto rendimiento, tanto a través 
del ejercicio de actividades de formación e investigación como mediante la organización y la 
financiación directa e indirecta de estas actividades. Teniendo en cuenta que ambas entidades 
tenían afinidad en los objetos y ámbitos de actuación en materia deportiva, el Gobierno de las Illes 
Balears consideró conveniente unificarlas de manera que la Fundación amplió el objeto y asumió, 
también, las finalidades y las actividades del Consorcio. 
- El Consorcio Turismo Joven de las Illes Balears y el Instituto Balear de la Juventud, desde que 
se crearon desarrollaron tareas relativas a materias fronterizas, algunas de las cuales estaban 
bastante relacionadas por lo que se acordó la cesión global del activo y el pasivo del primero al 
segundo. 
- La Fusión de 23 consorcios de aguas en uno único de nueva creación se efectuó para la 
racionalización de los costes con la simplificación de estructuras de funcionamiento. 
9. La Rioja  e.
- El Decreto 50/2012, de 27 de julio, de extinción del Servicio Riojano de Empleo, indica que la  821ww
epxútbinlicciaósn.  rEensp ounnd em oam lae nidtoe ae nd ee bl uqeune  gloabsi eprnoolí,t icaauss tearcidtiavda sy  deefi ceiemncpilae od ee slatásn  ademxcilnuissitvraacmioennetes 
 
66      Tribunal de Cuentas 
 
dedicadas  a  la  reducción  de  la  tasa  de  paro,  la  ejecución  de  estas  políticas  requiere  el 
redimensionamiento  de  esta  actividad,  que  se  integrará  como  una  dirección  general  de  la 
consejería competente en materia de empleo. 
- El Decreto 30/2012, de 13 de julio, de extinción del Instituto Riojano de la Juventud, que prevé la 
asunción de sus fines por la Consejería de Presidencia y Justicia, señala que dicha asunción 
competencial motivada en adaptar la organización administrativa a la actual coyuntura asegurando 
una coordinación de los servicios con economía de medios que permita alcanzar los objetivos y 
desarrollar las funciones marcadas sin merma del servicio al ciudadano, sirve de base para 
proceder a la extinción vía reglamentaria del Instituto Riojano de la Juventud. 
- El Informe de los administradores  de la sociedad ADER, Infraestructuras Industriales S.R.L. 
sobre el proyecto de cesión global de activo y pasivo a la sociedad absorbente, Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja determina que los resultados de las auditorias de los ejercicios 
2011 y 2012 revelan desequilibrios contables, económicos y financieros que exigen adoptar 
medidas Inmediatas de corrección y saneamiento, en defecto de las cuales se pondría en peligro 
la  viabilidad  y  sostenibilidad  no  sólo  de  las  cuentas  de  esta  empresa  sino  la  estabilidad 
económico-presupuestaria  de  la  propia  Comunidad  Autónoma.  Se  debe  proceder  a  refundir 
aquellas sociedades,  cuyas funciones pueden ser  desempeñadas por otros organismos que 
tengan atribuidas dichas competencias. 
10. Comunidad de Madrid 
La Cámara de cuentas tras el análisis de los procesos de extinción señala lo siguiente: 
- El Instituto de Realojamiento e Integración Social y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
se integran en sendos OOAA (Agencia de la Vivienda social y Agencia Madrileña de Atención 
social) ya existentes que tienen atribuidas funciones semejantes. 
- Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A.U. y AAA Atlántico, S.A. E.S.P. se fusionan con dos 
entes preexistentes que venían gestionando las mismas funciones. 
11. Región de Murcia 
- En la memoria justificativa de la causa de extinción de la Fundación Clúster para la Protección y 
Conservación  del  Mar  Menor  se  señala  que,  por  parte  de  los  órganos  de  gobierno  de  la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha valorado que dentro de la estructura 
administrativa  de  esta  existen  unidades  que  ya  desarrollan  las  actuaciones  que  realiza  la 
Fundación Clúster, y que pueden asumir otras de las actividades fundacionales de la misma. En 
concreto y fundamentalmente la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de la 
Consejería de Agricultura y Agua. 
- Se ha advertido la coexistencia de las fundaciones Fundación Alzheimur y la Fundación para la 
Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, cuyos fines fundacionales de investigación son 
coincidentes. 
El Informe del Protectorado sobre la extinción de la Fundación Alzheimur, que se produce en el 
ejercicio 2014, señala que, analizados su objeto, fines y actividades, se considera que en la 
estructura administrativa de la CA, existen unidades que desarrollan las actuaciones que realiza la 
fundación que podrían ser asumidas por estas, sin quedar mermada la calidad del servicio que se  e.e
preste; en concreto se podrían asumir por la Dirección General de Planificación, Ordenación  b
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación y el Instituto Murciano de Acción Social. Además, ya el  821ww
Dcdoeen cStreaemntoipd 2laa3d /l a2y 0 eP1xo3tli,ín tdicceiaó  n1S 5od cdeie ae lm,s taaa  rtrfzuaonv, éddsae cd iRóenla ó cyrio glnaaa naloisz udanicriceóicóntn ivd ode elu S  soeurcgsta ofnirn iPsemsú boyl  iqcooube jde detie vlotaes rR mpeoignrie ól anla  C dmeoi nsMsmeuajrec. riaía,   OE-A-2020-15able en https://
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112185
de la reestructuración de su sector público  67 
 
- De igual forma se aprecia la coincidencia de fines entre Centro de Cualificación Turística, S.A.U. 
y Región de Murcia Turística, S.A.U. habiéndose mantenido esta duplicidad hasta la absorción de 
la primera por la segunda en el periodo fiscalizado. Esta última sociedad resulta a su vez 
posteriormente absorbida por Instituto de Turismo de la Región de Murcia de nueva creación en 
dicho periodo. 
- Por otra parte, debe señalarse que todos los consorcios extinguidos en el periodo fiscalizado 
tenían  como  finalidad,  circunscrita  a  concretos  ámbitos  territoriales,  bien  la  dinamización  y 
fomento del turismo en coincidencia con la también extinta sociedad Región de Murcia Turística, 
S.A.U. o la construcción y financiación de instalaciones deportivas. 
II.2.5. Repercusión en relación con el destino del personal y del patrimonio de las entidades 
que causan baja 
Para valorar adecuadamente  la repercusión del proceso de reordenación experimentado debe 
tenerse en cuenta no solo el número de entidades extinguidas, sino también el destino del 
personal y del patrimonio de aquellas, así como el ahorro que dichos procesos pueden generar. 
Así a partir de la información suministrada por las CCAA en cumplimiento de lo previsto en el 
Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del CPFF, en la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en desarrollo de esta en la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, en el siguiente cuadro se exponen los datos económicos y sobre personal 
derivados de los procesos de reordenación a 1 de enero de 20172, fecha correspondiente al 
informe semestral elaborado por el Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en el 
citado acuerdo. 
 e2  l E  ú l  l tC i m P  oF   F q , u   ee  n  s   es u   e  r la e b u o n r ióa  nr  a  d ,  e y  a 2   q7   u d e e   c  j ou  nlios iddeer a2b0a1 7q,u aec oserd hóa qbuíaen e cl oinnfsoermguei dsoo blorse  mreaonrddeantoasc ieósnt aab l1e cdied o es nineircoia dlme e2n0t1e7.   fuese
 
68      Tribunal de Cuentas 
 
CUADRO 8. EFECTOS ESTIMADOS POR LAS BAJAS NETAS EFECTIVAS 
(Nº DE EFECTIVOS Y MILES DE EUROS) 
Costes 
asociados a los  Medidas de reducción de personal 
procesos 
AHORROS ANUALES 
CCAA  Reducción de  Ahorro por coste  INCREMENTALES 
Costes  personal  anual de los  2010-2016 
asociados  (nº de efectivos)  empleados que 
2010-2016  causan baja 
Andalucía  861,40  81  2.161,46  40.883,49 
Aragón  3.090,07  121  4.251,50  8.331,66 
Canarias  1.126,45  31  1.953,35  10.966,66  
Cantabria  1.022,81  149  4.995  14.402,8 
Castilla-La Mancha  4.249,15  262  7.612  37.205,20 
Castilla y León  2.452,37  566  16.973,05  41.308,59 
Cataluña  6.451,89  855  56.431,12  297.671,45 
Extremadura  0  43  2.095  11.487,00 
C. Foral de Navarra  0  73  2.815,12  40.778,83 
Galicia  61,60  221  7.532,54  17.104,74 
Illes Balears  0  64  2.729,61  711,96 
La Rioja  218,29  14  670  746,30 
Comunidad de Madrid  0  302  15.158,21  862.055,97 
Principado de Asturias  109,63  35  1.201,13  16.455,67 
Región de Murcia  2.130,06  151  4.416  33.912,77 
Comunitat Valenciana  108.583,07  2.418  79.729,95  391.368,71 
Total  130.356,79  5.386  210.725,04  1.825.391,80 
Fuente: Informe del Ministerio de Hacienda. No se incluye al País Vasco al no haberse comunicado datos en el periodo fiscalizado. 
De  acuerdo  con  el  cuadro  anterior,  la  suma  de  los  costes  asociados  a  los  procesos  de 
reordenación, para 16 CCAA, asciende a 130.356,79 miles de euros, correspondiendo tales 
costes, principalmente, a indemnizaciones por razón de despido y, en menor medida, a otros 
gastos como tasas registrales, honorarios de liquidadores, gastos notariales, etc. La reducción de 
personal como consecuencia de tales procesos asciende a 5.386 efectivos que causan baja en el 
sector público autonómico, lo que a su vez conlleva un ahorro conjunto correspondiente al coste 
anual  de  dicho  personal  de  210.725,04  miles  de  euros.  La  suma  de  los  ahorros  anuales 
incrementales por bajas netas en el periodo 2010-2016 conforme a la información suministrada 
por las CCAA al Ministerio de Hacienda alcanza los 1.825.391,80 miles de euros. “Estos ahorros 
se cuantifican en términos de capacidad/necesidad de financiación y se computan en el ejercicio 
económico de efectos de la medida como ahorros incrementales respecto al ejercicio anterior, con 
independencia de que se consoliden en el futuro”, según señala el Informe del Ministerio. 
Del análisis de la normativa o acuerdos que fundamentan los procesos analizados, se desprende 
que en la mayoría de los casos el personal, como ocurre con la asunción de actividades, ha 
pasado a depender de la Administración o bien no se han extinguido las relaciones laborales al 
subrogarse las entidades absorbentes en sus derechos y obligaciones laborales.  s
A continuación se exponen las conclusiones recogidas en los informes de los OCEX y del  w.b
Tribunal, respecto a costes, reducción del personal y destino del activo y pasivo de las entidades  821ww
extinguidas.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112187
de la reestructuración de su sector público  69 
 
1. Andalucía 
En general se observa que la extinción de entes no ha afectado de forma significativa a una 
reducción del personal del sector público, en la medida en que, en la mayoría de los casos el 
personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada 
en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas, o bien las 
entidades extinguidas no disponían de personal al haber cesado en su actividad. 
Respecto a los datos comunicados al Ministerio de Hacienda, la Cámara de Cuentas indica que se 
han solicitado los datos obtenidos de las diferentes entidades sin que se haya obtenido evidencia 
que permita concluir sobre la razonabilidad de las cifras relativas al ahorro y a reducción del 
personal. 
Además señala las siguientes incidencias sobre los datos suministrados: 
1. Se informa sobre un total de 9 bajas netas efectivas de personal con origen en la extinción de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria cuando, a fecha de 
extinción y desde su creación no se identificaba personal propio, a excepción de su Director 
General que, en la medida en que todo el personal era adscrito del Consorcio Unidad para la 
Calidad de las Universidades Andaluzas, que ha mantenido su actividad hasta su extinción en 
2017. 
2. Se informa sobre una incorporación de 4.233,00 miles de euros al Patrimonio de la CA con 
motivo de la fusión de la Fundación Hospital Clínico en la Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental “Alejandro Otero”, carente de justificación, en la 
medida en que el patrimonio de la primera, cuya valoración era inferior, ya pertenecía previamente 
a la CA. 
3. Se informa sobre un incremento de 2.000,00 miles de euros al Patrimonio de la CA con motivo 
de la fusión de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. en la Empresa 
Pública de Gestión de Activos, S.A., no justificado en la medida en que ambas sociedades ya 
pertenecían al sector público autonómico como directamente dependientes, por lo que sus activos 
debieran estar incorporados al Patrimonio de la CA. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
2. Aragón 
En el sector público empresarial, las funciones, los activos y el personal, en su caso, de nueve de 
las  dieciocho  sociedades  mercantiles  que  se  han  dado  de  baja  se  han  incorporado  a  la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. o a la Administración de la CA o a una entidad 
de Derecho público (Aragonesa de Servicios Telemáticos). 
Del resto del sector público debe tenerse en cuenta que de las entidades restantes que se dan de 
baja (consorcios, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro) solo el Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución tenía un impacto significativo en el presupuesto de la CA. Su 
personal, activos y pasivos se integraron en el organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud. 
De la revisión efectuada por la Cámara de Cuentas sobre una muestra de entidades, se concluye  b
que los importes de los efectos económicos comunicados al MINHAP por la CA de Aragón son  821ww
razonables.
 
70      Tribunal de Cuentas 
 
Casi la totalidad de los ahorros previstos se consiguen en una sola operación: la fusión de las 
sociedades SIRASA y SODEMASA para crear la nueva sociedad mercantil SARGA. Así, en el 
proceso de fusión de SARGA, el número total de extinciones de contratos de trabajo entre 2013 y 
2016 ha sido de 139 y el importe total satisfecho en concepto de indemnizaciones fue de 3.160 
miles de euros. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la  CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
3. Canarias 
La Audiencia de Cuentas ha examinado los datos consignados en el informe del MINHAP de 1 de 
enero de 2017, determinando que los ahorros alcanzados hasta finales de 2016 para aquellos 
entes extinguidos mayoritariamente autonómicos eran de 10.502,6 miles de euros, en lugar de los 
10.996,66 miles de euros recogidos en el Informe del MINHAP, debido a que el 20 de enero de 
2017 se produjo una reformulación de las cuentas de 2015 de la empresa GESTUR Las Palmas. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
4. Cantabria 
De conformidad con el análisis de la información suministrada por la CA al Ministerio de Hacienda 
la reducción de personal se ha producido en relación con 16 entidades extinguidas. De dicho 
personal 83 efectivos corresponden a 10 sociedades mercantiles, 43 a 3 fundaciones y 23 a 3 
entes públicos.  
Del resultado de los trabajos de fiscalización realizados respecto a la documentación justificativa 
de la reducción de personal comunicada por la CA al Ministerio de Hacienda, resulta lo siguiente: 
a) No se ha aportado  por la CA la documentación justificativa sobre la reducción de los 3 
efectivos correspondientes al Consejo Económico y Social, con la consecuente limitación para 
poder comprobar su efectividad. 
b) Se ha podido verificar la totalidad de la reducción de personal comunicada al Ministerio 
correspondiente a los 44 efectivos de 6 sociedades y 1 fundación así como de la Fundación del 
Festival Internacional de Santander. De igual forma,  se ha podido verificar la baja, con cargo a la 
CA, de 27 efectivos correspondientes a 1 fundación que queda excluida del sector público 
autonómico como consecuencia de la entrada mayoritaria de capital privado. En total, el número 
de efectivos indicados asciende a 71. 
c) De la documentación relativa a las 7 entidades restantes se ha podido verificar la reducción de 
personal por un total de 55 efectivos, respecto a los 75 comunicados al Ministerio. 
Así, del total de 149 efectivos constitutivos de la reducción de personal comunicada al Ministerio, 
se  ha  podido  verificar,  como  resultado  de  los  actuaciones  fiscalizadoras,  las  bajas  de  129 
trabajadores.   
No obstante lo anterior, el ahorro por coste anual de los efectivos reducidos tan solo se ha podido  oe.
cuantificar en su totalidad respecto a los 71 efectivos reducidos coincidentes con los comunicados  w.
al Ministerio por las sociedades y fundaciones indicados en el apartado b), que asciende en  821ww
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cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112189
de la reestructuración de su sector público  71 
 
correspondientes bajas comunicadas al Ministerio, no se ha podido efectuar cuantificación alguna 
sobre el citado ahorro, pues la documentación analizada recoge una información global para el 
conjunto de personal de cada entidad sin un desglose del coste individual de cada efectivo 
reducido. 
Asimismo, como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la totalidad del 
activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a la Administración de la CA o 
a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la Administración de la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
5. Castilla-La Mancha 
De conformidad con el análisis de la información suministrada por la CA al Ministerio de Hacienda 
la reducción de personal, 262 efectivos, se ha producido en relación con 23  de las 50 entidades 
extinguidas. De dicho personal, 26 efectivos corresponden a 3 OOAA, 137 a 9 sociedades 
mercantiles, 86 a 7 fundaciones, 5 a  un ente  público y 8 a 3 consorcios.  
Del resultado de los trabajos fiscalizadores, cabe señalar lo siguiente: 
a) No se ha remitido documentación justificativa de la reducción de personal de 170 efectivos con 
la  consecuente  limitación  para  poder  comprobar  la  efectividad  de  la  misma,  respecto  a  14 
entidades.  
b) Se ha podido verificar la baja de la totalidad del número de efectivos comunicados al Ministerio, 
en concreto 36, correspondientes a la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La 
Mancha S.A.; la Fundación Ínsula Barataria para el fomento de la sociedad de la información; la 
Fundación Fomento Innovación, Diseño y Cultura Emprendedora CLM; la Fundación para la 
Promoción de Castilla La Mancha; el consorcio Parque Arqueológico de Alarcos y el consorcio 
Parque Arqueológico de Carranque.  
c) Asimismo, respecto a 3 entidades se ha podido comprobar la reducción de 50 efectivos 
respecto a los 56 comunicados al Ministerio de Hacienda. 
d) Por otra parte, se ha comprobado en el análisis de la documentación justificativa la reducción 
de personal de una entidad no comunicada al Ministerio, la sociedad Socialmancha, S.L. respecto 
a la cual, mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2012, la Consejería de Empleo y 
Economía  autorizó  a  la  sociedad  para  proceder  a  la  extinción  de  los  contratos  de  los  36 
trabajadores que venían prestando sus servicios en ella. 
Conforme a lo indicado, se ha podido verificar la baja de 122 efectivos. 
No obstante lo anterior, el ahorro por coste anual de los efectivos reducidos tan solo se ha podido 
cuantificar en su totalidad respecto a los 36 efectivos reducidos coincidentes con los comunicados 
al Ministerio por la sociedad, fundaciones y consorcios indicados en el apartado b), que asciende 
en conjunto a 1.626,22 miles de euros. 
 En relación con los 50 efectivos indicados en el apartado c) cuya baja ha podido ser verificada, no 
se  ha  podido  efectuar  cuantificación  alguna  sobre  el  citado  ahorro,  pues  la  documentación 
analizada recoge una información global para el conjunto de personal de cada entidad sin un 
desglose del coste individual de cada efectivo reducido.  e.e
Respecto a los 36 efectivos correspondientes a la sociedad Socialmancha, S.L, al no haberse  821ww
ccoomsteu ndicea pdeor ssoun abla, jpao ar ll oM qinuies tneori oe,s t apmospibolceo c soem hparo baapro rstua dcou aenl tdifiactaoc icóonr.r espondiente al ahorro del
 
72      Tribunal de Cuentas 
 
Asimismo, como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la totalidad del 
activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a la Administración de la CA o 
a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la Administración de la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
6. Castilla y León 
El Consejo ha verificado, a partir de la información facilitada por la Consejería de Economía y 
Hacienda,  que  el  ahorro  de  personal  asociado  al  proceso  de  extinción  de  entidades  como 
consecuencia de la reestructuración, se traduce en la reducción de 233 contratos de trabajo, que 
lleva asociado un coste por despido e indemnizaciones de 4,8 miles de euros y un coste anual de 
estos empleados que causan baja de 7,7 miles de euros. La mayor reducción de personal se 
localiza en el conjunto de transformaciones que sufre la Agencia de Desarrollo Económico, con 
una reducción de 90 contratos asociados al proceso, seguida de la Empresa Pública SOTUR SA, 
con 64. 
Solicitada información a la Consejería de Economía y Hacienda, acerca de los cálculos realizados 
para ofrecer la cifra de ahorro comunicada al MINHAP, indica el Consejo que la información 
aportada en cada uno de los ejercicios por las diferentes entidades en la mayoría de los casos no 
incorporaban los cálculos ni los criterios utilizados para determinar la cifra de ahorro señalada y, 
en los casos en que se han aportado los criterios utilizados, estos no son homogéneos entre las 
diferentes entidades. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
7. Cataluña 
Respecto a los datos comunicados al Ministerio de Hacienda, la Sindicatura indica que, en 
algunos casos, no se aportaban los cálculos ni los criterios utilizados para determinar la cifra de 
ahorro señalada, los ahorros comunicados eran erróneos y, en los casos en que se han aportado 
los criterios utilizados, estos no son homogéneos entre las diferentes entidades, por lo que no se 
puede  concluir  sobre  la  razonabilidad  del  total  de  ahorros  incluidos  en  el  informe sobre  la 
reordenación del sector público autonómico. En concreto, cabe señalar lo siguiente: 
- La Sindicatura de Cuentas no ha dispuesto de la justificación de los ahorros con importe cero de 
11 entidades incluidas en el informe sobre la reordenación del sector público autonómico. 
- Los importes de los ahorros incluidos en el informe sobre la reordenación del sector público 
autonómico de 5 entidades eran erróneos. Concretamente los ahorros de personal del Instituto 
Cartográfico  de  Cataluña  (ICC)  y  de  Energética  de  Instalaciones  Sanitarias,  SA  eran  de 
454.098,72 € y cero, respectivamente; y los importes de otros ahorros del ICC, Geocat, Gestión de 
Proyectos, el Consorcio Instituto de Geomática y la Fundación Centro de Documentación Política 
eran de 200.000 € negativos, cero, 176.000 € y 254.893,89 €, respectivamente. 
- Los ahorros informados referentes al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias, la 
Entidad Autónoma Museos de Arqueología, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y el 
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales han sido calculados con un criterio diferente al 
de las demás entidades extinguidas. Así, el cálculo se ha hecho por la diferencia entre las  e.
obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 4, 6 y 7 de los ejercicios 2010 y 2013. Este criterio  w.b
era el aplicado para hacer el cálculo de los ahorros de las entidades que no causaban baja y  821ww
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cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112191
de la reestructuración de su sector público  73 
 
- Los ahorros informados referentes a Aguas Ter Llobregat y TABASA, Infraestructuras y Servicios 
de  Movilidad,  SA  han  sido  calculados  con  un  criterio  diferente  al  de  las  demás  entidades 
extinguidas. 
En relación con los activos y pasivos de los entes extinguidos se incorporaron en las entidades 
subrogadas o bien fue la Administración de la CA quien recibió el patrimonio resultante. 
8. Extremadura 
De conformidad con el análisis de la información suministrada por la CA al Ministerio de Hacienda, 
la reducción de personal, 43 efectivos, se ha producido en relación con 6 entidades extinguidas. 
De dicho personal 38 efectivos corresponden a 4 sociedades mercantiles, 4 a 1 fundación y 1 a un 
consorcio. 
Del resultado de los trabajos fiscalizadores cabe señalar lo siguiente: 
a) No se ha aportado documentación justificativa de la reducción de personal, 10 efectivos, 
correspondiente  a  Sociedad  Pública  de  Radiodifusión  Extremeña,  S.A.;  Fundación  Parque 
Científico y Tecnológico de Extremadura y Consorcio Plasencia, Trujillo, Parque Nacional de 
Monfragüe y Biodiversidad, con la consecuente limitación para poder comprobar su efectividad. 
b) Se ha podido verificar la baja del único efectivo correspondiente a Parque de Desarrollo 
Industrial  Norte  de  Extremadura  S.A.  y  de  los  26  efectivos  del  Centro  de  Estudios 
Socioeconómicos de Extremadura, S.A.  
c) De los 6 efectivos comunicados al Ministerio como reducción de personal correspondiente a 
Fomento de Emprendedores Extremeños, S.A.U., solo se ha verificado la baja de 2 de ellos. 
Conforme a lo indicado, se ha verificado la baja de un total de 29 efectivos, respecto a los 43 
comunicados. 
No obstante lo anterior, el ahorro por coste anual de los efectivos reducidos, reflejado en el cuadro 
13, tan solo se ha podido cuantificar en su totalidad respecto a los 27 efectivos de las sociedades 
a que se refiere el apartado b) que asciende a 1.322,63 miles de euros. 
Respecto al ahorro por coste de personal de los 2 efectivos reducidos correspondientes a la 
sociedad  referida  en  el  apartado  c),  no  se  ha  podido  efectuar  su  cuantificación,  pues  la 
documentación analizada recoge una información global para el conjunto de personal de cada 
entidad sin un desglose del coste individual de cada efectivo reducido. 
Asimismo, como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la totalidad del 
activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a la Administración de la CA o 
a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la Administración de la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
9. Comunidad Foral de Navarra 
La cifra estimada de ahorros del sector público foral de Navarra, proporcionada íntegramente por 
el  sector  público  empresarial  y  derivada  de  procesos  de  ordenación  y  una  vez  realizados 
determinados ajustes por la Cámara de Comptos, asciende a 32.570 miles de euros, con una  e
disminución de 224 empleados. Debe señalarse que el importe de 40.778,88 miles de euros en  bo
concepto de ahorros anuales incrementales costes 2010-2016 que informó la Corporación Pública  821ww
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74      Tribunal de Cuentas 
 
A  diferencia  del sector  público  empresarial,  en  los  sectores  administrativo  y  fundacional  no 
constan efectos económicos derivados de la supresión y posterior reordenación de sus funciones 
en otros ámbitos. 
En relación a los activos y pasivos de los organismos autónomos y la fundación pública suprimida 
se han adscrito a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y al Organismo 
Autónomo que han asumido las funciones de los entes extinguidos. 
Los activos y pasivos de las sociedades públicas absorbidas, según consta en los informes de 
auditoría en los ejercicios 2011, 2013 y 2014, han sido transmitidos en bloque en favor de las 
sociedades absorbentes, al haberse producido la sucesión universal en todos los derechos y 
obligaciones. 
10. Galicia 
Con carácter general, las entidades absorbentes asumen los medios personales de las entidades 
extinguidas a través de la subrogación de su personal. Ahora bien, la dimensión económica de la 
mayor parte de las entidades extinguidas era escasa teniendo en cuenta tanto su volumen de 
gasto como el personal a su servicio. 
En términos de personal el número de trabajadores de las entidades extinguidas tampoco es 
significativo. La mayor parte del personal afectado por los procesos de reordenación fue asumido 
y subrogado por las entidades absorbentes. 
Así,  el  ahorro  económico  declarado  al  Ministerio,  derivado  de  las  extinciones  de  entidades 
efectivo, de los que 7.530 miles de euros se corresponden con gastos de personal, representa 
menos del 1 % de los fondos gestionados por las entidades dependientes. 
La disminución de efectivos en las entidades extinguidas ascendió a 221 trabajadores. La mayor 
parte de los mismos (153) se corresponde con las bajas registradas en la Fundación para o 
Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico antes del proceso de traspaso a 
la Axencia Galega de Innovación por finalización de contratos de obra o servicio determinado. 
Este proceso de no renovación de los contratos temporales no se realiza de manera general en 
todos los procesos de extinción ya que en la mayor parte de las entidades se asumió el personal 
temporal y/o indefinido no fijo, sin que se justifique o motive, en cada caso, la diferencia en las 
decisiones  adoptadas  en  relación  al  mantenimiento  del  personal  temporal  en  las  diferentes 
entidades extinguidas. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
11. Illes Balears 
Indica la Sindicatura de Comptes que, si bien uno de los objetivos principales de esta fiscalización 
era analizar el proceso de reestructuración desde la perspectiva de los ahorros en materia de 
recursos humanos y gastos de personal, los datos disponibles no permiten una cuantificación 
concluyente de estos efectos. 
Sí  se  tiene  evidencia  de  que  se  despidieron  trabajadores  en  algunos  casos  y  de  que  las  e.e
retribuciones en conjunto disminuyeron durante el periodo. Sin embargo, aunque se dispone de  b
los datos de contratación media de trabajadores y de los datos de las indemnizaciones que se  821ww
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112193
de la reestructuración de su sector público  75 
 
Finalmente, los datos tampoco permiten discriminar si las bajadas en el capítulo de personal de 
los  entes  extinguidos  se  deben  al  Plan  de  reestructuración  o  al  descenso  generalizado  de 
retribuciones que acordó el Gobierno Balear para toda la Administración autonómica. 
Los activos y los pasivos de las entidades suprimidas o disueltas fueron integrados en las 
entidades subrogadas, o bien fue la Administración de la CA quien recibió el patrimonio resultante. 
12. La Rioja 
De conformidad con el análisis de la información suministrada por la CA al Ministerio de Hacienda,  
la reducción de personal, 14 efectivos, se ha producido en relación con 4 de las 6 entidades 
extinguidas. De dicho personal 5 efectivos corresponden a sociedades mercantiles, 1 a un OA y 8 
a un ente público. 
No obstante lo anterior, en los trabajos de fiscalización realizados no se ha podido verificar que la 
reducción  de  personal  comunicada  por  la  CA  al  Ministerio  de  Hacienda,  corresponda 
efectivamente al total de bajas generadas como consecuencia de la reestructuración pues, no 
obstante  haberse  solicitado  información  específica  al  respecto,  la  CA  no  ha  proporcionado 
documentación justificativa en relación con tal medida. Por el mismo motivo no cabe verificar la 
corrección del importe del ahorro por coste anual de personal reducido comunicado al Ministerio. 
 Además, en los expedientes de extinción analizados correspondientes a 3 entidades se establece 
expresamente la continuidad de las relaciones laborales de su personal, lo que supone una 
contradicción con la reducción comunicada. Así: 
- Respecto a Ader, Infraestructuras, Financiación y Servicios, S.A.U. se indica en el proyecto de 
cesión  global  que  se  procederá  al  traspaso  de  su  personal  a  la  entidad  absorbente,  de 
conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, al tratarse de una sucesión de 
empresa. 
- Respecto a Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A, el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Rioja por el que se determina su disolución se señala expresamente 
que la CA  se subrogará en las relaciones  laborales de los 28 trabajadores de dicha entidad. 
- En relación con el Instituto Riojano de la Juventud, el Decreto 30/2012 por el que se acuerda su 
extinción establece que el personal adscrito pasará a depender de la Administración General a 
través de la Dirección General competente de la Consejería de Presidencia y Justicia, con el 
mismo régimen jurídico. 
Asimismo, como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la totalidad del 
activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a la Administración de la CA o 
a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la Administración de la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
13. Comunidad de Madrid 
La información global de los Informes de Reordenación del MINHAP ha sido contrastada por la 
Cámara con los datos desagregados de los ahorros de los entes extinguidos o a extinguir 
facilitados por la CA, siendo coincidente en todos los casos en relación con el ahorro. 
No obstante, no es posible calcular con exactitud el ahorro producido por dos motivos:  bo
-cfu aSese ogp dúroeng  leraex stCiinvAco i,do incaehssoí   nacoho opmrrrooo g srseeos bjiuvreas tsif)ei cly a td ociftoeanrl e lnadc edila ifsep rreeennstucreipa u pderees tsopu.rp euSseuinsp tuoeesms stboua ceregnstoirv eo d2se 0lc 1u1aa nnyá dl2ios0 i1es 0l  ad(heeo nr sreoul    OE-A-2020-15able en https://
 
76  Tribunalde Cuentas 
documentación se desprende que el criterio para la justificación de los ahorros no es homogéneo, 
puesto que en muchos casos consideran como ahorro el total de presupuesto de 2011, en otros, 
determinados capítulos del presupuesto e incluso para proceder a esa cuantificación, utilizan la 
diferencia de aportaciones realizadas por la CA. 
- No en todos los casos la desaparición de los entes ha supuesto la desaparición total de las
actividades desarrolladas ni del personal que las desempeñaba, sino su traspaso a otros entes o
departamentos de la Comunidad de Madrid.
En 25 entidades el traspaso de los patrimonios y personal se ha realizado directamente a las 
distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid. En el resto a las entidades absorbentes o de 
nueva creación salvo en las enajenaciones. 
14.País Vasco
Si bien en el cuadro 7, no se recogen datos relativos al País Vasco, ya que no fueron facilitados al 
Ministerio en su momento, en virtud de la coordinación entre los OCEX y el Tribunal para la 
realización de este informe conjunto, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha llevado a cabo un 
estudio al respecto, del que se deriva lo siguiente:  
En relación con las sociedades públicas, el Tribunal Vasco de Cuentas señala que una baja se 
produce por disminución de la participación de la CA, quedando la participación por debajo del 
50 %, por lo que no genera efectos sobre el personal; de las 7 extinciones por liquidación, en 2 
casos no tenían personal, en 2 el personal lo absorbe la otra sociedad pública, en 2 casos sendos 
Entes Públicos de Derecho Privado y en otro una Fundación que se crea y que continúa con la 
gestión. Y en el caso de las 9 absorbidas, su personal fue asumido, en todos los casos, por la 
entidad absorbente o por otra sociedad pública. 
El personal del Ente Público de Derecho Privado se integró en el Organismo Autónomo que se 
creó para, entre otras, llevar a cabo las funciones del Ente. 
Dos de las 3 Fundaciones extinguidas, carecían de personal y el personal de la tercera fue 
absorbido por la sociedad que asumió sus funciones. 
La  totalidad  del  activo  y  pasivo  de  las  entidades  extinguidas  se  ha  traspasado  bien  a  la 
Administración de la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la 
Administración de la CA cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. 
15.Principado de Asturias
En relación con el ahorro recogido en el Informe del Ministerio de Hacienda, solicitada información 
a este respecto por parte de la Sindicatura, la CA remite (para alguna de las entidades) el 
desglose  de  los  datos  consignados  en  la  columna  denominada  “otros”,  si  bien  no  adjunta 
documentación  soporte  que  acredite  los  mismos,  ni  los  gastos  relativos  a  personal;  en 
consecuencia,  la  Sindicatura  no  ha  podido  obtener  evidencia  suficiente  para  verificar  la 
razonabilidad de la cifra consignada como ahorro. 
Respecto a la reducción de personal, la Sindicatura ha comprobado el incremento en 4 efectivos 
tras la fusión de Bomberos PA y 112 Asturias y la reducción de 3 efectivos, 1 tras la fusión de 
Radio del Principado de Asturias, SAU  y Televisión del Principado de Asturias, SAU y 3 tras la  e.e
fusión de Sociedad Regional de Turismo, SA  y Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y  b
Deportivas del Principado de Asturias SAU.   821ww
Aprdoecmesáoss,  lad eS irnedoicrdaetunraac ihóan  csoonns,t actaodno  cqaureá cltoesr  agcetinveorsa, l,p ainstievgosra dyo es l epne rsloan aAl damfeincitsatdraoc ipóonr  dloesl   OE-A-2020-15able en https://
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112195
de la reestructuración de su sector público  77 
 
Principado de Asturias o en otras unidades del Sector Público Autonómico. Ello denota que las 
medidas adoptadas constituyen más un cambio en la forma jurídica de las unidades que un ahorro 
en costes para la administración. 
Así, respecto al sector público administrativo, en los casos del Instituto Asturiano de Estadística y 
de la Caja de Crédito de Cooperación Local, las funciones, el personal y el patrimonio han sido 
integrados en la Administración de la CA. En el caso de las entidades públicas, es el Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias el que asumió todas las relaciones jurídicas, funciones, 
personal y patrimonio que tenían las entidades extintas. 
Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU ha asumido el personal, los activos y pasivos de 
un ente público y dos sociedades mercantiles y la Sociedad Pública de Gestión y Promoción 
Turística y Cultural del Principado de Asturias el de otra sociedad mercantil. Respecto a las otras 
dos sociedades mercantiles no existe efecto alguno en relación con el personal y el activo y el 
pasivo, bien por el tipo de extinción (desvinculación) o por carecer de los mismos desde su 
creación. 
Respecto a las dos fundaciones que se extinguen su personal y patrimonio se han traspasado a la 
CA u otra entidad preexistente y a la entidad absorbente, en su caso. 
16. Región de Murcia 
De conformidad con el análisis de la información suministrada por la CA al Ministerio de Hacienda,  
la reducción de personal, 151 efectivos, se ha producido en relación con 20 entidades extinguidas. 
De ellos 106 efectivos corresponden a 7 sociedades mercantiles, 24 a 7 fundaciones, 8 a 2 OOAA, 
8 a 3 consorcios y 5 a un ente público. 
En los trabajos de fiscalización realizados se ha podido verificar, con arreglo a la documentación 
justificativa aportada, lo siguiente: 
a) Se ha comprobado la baja de la totalidad de los 147 efectivos correspondientes a 19 entidades, 
conforme se ha comunicado al Ministerio de Hacienda. 
b)  Respecto a la Fundación Contentpolis, Ciudad de los Contenidos Digitales, se ha verificado la 
baja de 3 efectivos en lugar de los 4 comunicados. 
Como consecuencia de lo anterior, el ahorro por coste anual de personal se ha podido cuantificar 
en su totalidad respecto a los 147 efectivos reducidos coincidentes con los comunicados al 
Ministerio por las 19 entidades indicadas, que asciende en conjunto a 4.232,60 miles de euros. 
 En relación con los 3 efectivos indicados en el apartado b) cuya baja ha podido ser verificada, no 
se  ha  podido  efectuar  cuantificación  alguna  sobre  el  citado  ahorro,  pues  la  documentación 
analizada recoge una información global para el conjunto de personal de cada entidad sin un 
desglose del coste individual de cada efectivo reducido. 
Asimismo, como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la totalidad del 
activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a la Administración de la CA o 
a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la Administración de la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción, con excepción del activo correspondiente 
a instalaciones y asimilados asociadas al contrato de arrendamiento que constituía la sede de la  e.e
Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia y que fue rescindido con fecha de 1 de  b
octubre de 2013.  821ww
 
78      Tribunal de Cuentas 
 
17. Comunitat Valenciana 
Con objeto de comprobar la razonabilidad de los datos recogidos en el informe del Ministerio de 
Hacienda, la Sindicatura solicitó a la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio una copia de la documentación que acredita los datos aportados a aquel. En respuesta 
a  dicha  petición,  la  mencionada  Dirección  General  ha  remitido  un  conjunto  de  documentos 
indicando,  al  mismo  tiempo,  que  no  ha  podido  comprobar  la  validez  de  su  contenido.  En 
consecuencia, no se ha podido conocer el significado de las bajas de personal informadas al 
MHFP, y por tanto el cómputo y tratamiento de las diversas situaciones que se han podido 
plantear, como las bajas por extinciones de relaciones laborales con la Generalitat, las bajas que 
hayan derivado en reingresos en otras entidades de la estructura del sector público valenciano, 
etc.  
Tampoco  se  ha  podido  contrastar  los  cálculos  sobre  los  ahorros  económicos  realizados  y 
esperados. Algunas normas de la reestructuración contemplan ciertas disposiciones de carácter 
general sobre la gestión del personal, pero la Sindicatura no tiene constancia de que se hayan 
aprobado planes de actuación que desarrollen detalladamente el destino previsto del personal de 
cada ente ni de las actuaciones de control previo sobre la  legalidad de las operaciones  y 
posteriores sobre su efectiva realización. 
Analizando los datos comunicados al Ministerio, que, conforme a lo anterior, no han podido ser 
auditados por la Sindicatura, pueden destacarse las siguientes circunstancias significativas: 
- En el grupo de entidades en fase avanzada de extinción se incluyen dos que aportan las 
mayores  cifras  de  bajas  de  personal  y  de  ahorros  estimados,  que  son  el  Ente  Público 
Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación. Ahora bien, es 
importante señalar que dichos datos pueden verse afectados por el inicio de actividades de la 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, cuya ley de creación establece que las 
contrataciones temporales de personal se llevarán a cabo mediante una bolsa de trabajo en la que 
se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua Radiotelevisión Valenciana. 
- El grupo de entes con compromiso de extinción comprende fundamentalmente dos empresas. 
Por una parte, la Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S.A., con una reducción de 
17 personas y unos ahorros de 56.903.670 euros; sin embargo, por disposición de la Ley 13/2016, 
de 29 de diciembre, no existe actualmente un mandado legal de extinción de esta empresa. Y por 
otra parte, la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana 
S.A., con una reducción de 61 personas y unos ahorros de 260.047.138 euros, se encuentra en 
similares circunstancias, pues la Ley 21/2017 establece como plazo máximo de extinción el 31 de 
diciembre de 2020. 
Respecto al destino de los activos y pasivos de los entes extinguidos, la Sindicatura señala que en 
varias disposiciones (Decretos y Acuerdos del Consell) que prevén la extinción no se determina el 
mismo, lo que unido a la no aportación por la CA de algunas de tales disposiciones, impide 
verificar este objetivo. 
II.3.  TRANSPARENCIA 
Como se ha señalado en el subapartado I.5 de este informe, se incorpora el objetivo de verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente para asegurar el cumplimiento del principio de transparencia  es
en los procedimientos de reestructuración efectuados en el periodo fiscalizado. Debe señalarse,  o
nsdioen   oeObxCstitnEacXniót eqn,u  qdeue ce oe dnnistcitdhitaaud yveeesrro ifndic eaepcle iáónmnd ibetaintnote  sssou ldboej es teliav soh  acd oepmlo d“uIinndfiood ralmldeeevas d r eaa u ftciósacnbaoolmi zeaansc  irósenilna s cóoiórbgnra ecn oloon s d lapesr o cCcoeCnstArooAsl    2020-15821n https://www.
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112197
de la reestructuración de su sector público  79 
 
externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público”, elaborado por este 
Tribunal, ya que ningún OCEX lo ha incluido como objetivo fiscalizador. 
El principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, 
resulta clave para la rendición de cuentas y para el control de la gestión pública, y contribuye a 
generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público. 
La importancia de este principio llevó al legislador a establecer en el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la obligación de 
las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las disposiciones de la citada Ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su 
desarrollo. 
Asimismo, las Administraciones Públicas se comprometen a garantizar no solo la coherencia de 
las normas y procedimientos contables, sino también la integridad de los sistemas de recopilación 
y tratamiento de datos, asegurando de este modo que se mantiene la exactitud de la información 
suministrada y se permite la verificación de su situación financiera. 
Se trata de aumentar la transparencia concretando las obligaciones legales de información de las 
Administraciones  territoriales  y  mejorar  la  calidad  de  la  información  al  coordinarla,  hacerla 
comparable y más fiable. 
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2012 no solo recoge el principio de transparencia como principio 
general en su artículo 6 sino que además concreta su instrumentación en su artículo 27 en el que 
autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a recabar de las CCAA (y las 
Corporaciones  Locales)  la  información  necesaria  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
previsiones  establecidas  en  la  Ley,  así  como  para  atender  cualquier  otro  requerimiento  de 
información que exija la normativa europea. Todo ello,  amparado en el principio de lealtad 
institucional que debe presidir las relaciones entre Administraciones, y que respalda las peticiones 
de información que, para el ejercicio de sus propias competencias, formule el Ministerio de 
Hacienda al resto de Administraciones. 
A tal efecto, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre viene a establecer las especificaciones del 
contenido de la información que debe ser remitida, así como la frecuencia y la forma de suministro 
para cumplir así con eficacia con la instrumentación del principio de transparencia. 
En  concreto,  los  dos  primeros  capítulos  de  esta  Orden  regulan  con  carácter  general  las 
obligaciones  de  remisión  de  información que  las  Administraciones  territoriales  tienen  con  la 
Administración General del Estado. Para ello, se detalla quiénes son los sujetos obligados, el 
procedimiento, preferentemente electrónico, por el que debe remitirse la información y se regulan 
las obligaciones de información, tanto periódicas como no periódicas que resultan comunes a las 
CCAA (y Corporaciones Locales). 
En este sentido, se ha desarrollado lo previsto en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, estableciendo como obligación periódica de información, tanto para 
las Comunidades Autónomas como para las Corporaciones Locales, la remisión de información en 
materia de personal. 
El capítulo V, en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición final segunda de la  e.e
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  b
establece las obligaciones de publicación para conocimiento general por parte del Ministerio de  821ww
Hp2a/a2rc0ai1e s2nu dp apr euebvnéli c eraencl aicócaniós. onA  dsaie m laiins cminufomo,r pmsleima rcieeiócnnot ogd ede ee l nala ses s Aotedb mlcigaianpicsíitoturnaloec siloa dns eec sor entmesreirsictiouórenian dlceeias i,sn  faqosuríme c aloacm iLóoen y.l  oOs rgpálanziocas   OE-A-2020-15able en https://
 
80      Tribunal de Cuentas 
 
De conformidad con lo señalado, debe indicarse que del análisis de la documentación de las 
CCAA sin OCEX, que por imperativo de la normativa anteriormente expuesta se debe remitir de 
forma periódica al Ministerio de Hacienda, así como de los informes semestrales elaborados por 
este en cumplimiento de la misma en aras del principio de transparencia, resulta que todas las 
CCAA han mantenido correctamente el suministro de información requerido, con excepción de 
Extremadura respecto a determinada información correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. 
Sin embargo, según resulta de posteriores informes del Ministerio esta deficiencia ha quedado 
subsanada. 
II.4.  IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
En el Subapartado I.5 de este informe se incorpora el objetivo de verificar el cumplimiento de la 
normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. Al igual que 
el objetivo de transparencia, éste solo ha podido verificarse respecto a las CCAA sin OCEX, ya 
que éstos no lo incluyen como objetivo en las fiscalizaciones efectuadas. 
La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece que el 
Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, y elaborará un informe periódico sobre el conjunto de 
sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
del cual dará cuenta a las Cortes Generales. Asimismo, determina que la Administración General 
del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el 
derecho de igualdad en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus 
actuaciones de planificación. 
Las 5 CCAA fiscalizadas tienen su propia legislación en la materia: Ley de Cantabria 1/2004, de 1 
de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus 
Víctimas; Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha; Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia 
de Género en Extremadura; Ley 1/2012, de 12 de junio, por la que se establece y regula en el 
ámbito de la CA de La Rioja una red de apoyo a la mujer embarazada y Ley 7/2007, de 4 de abril, 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la 
Región de Murcia. 
No obstante, en ningún plan o medida de reestructuración analizada se hace una referencia 
expresa a la igualdad, ni en la información que las CCAA deben aportar obligatoriamente al 
Ministerio de Hacienda se prevé dicha referencia a la igualdad; si bien en el análisis de los 
distintos procedimientos de reordenación no cabe apreciar la presencia de actuaciones que 
pudieran suponer inobservancia de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
   
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112199
de la reestructuración de su sector público  81 
 
III. CONCLUSIONES 
El Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el que 
se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 establece, entre otros 
compromisos, que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, aprobarán un Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores 
públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto 
público en el plazo de 3 meses desde la aprobación de este Acuerdo marco. Las conclusiones de 
esta fiscalización, que parte de este Acuerdo, son las siguientes: 
III.1.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LIMITACIONES AL ALCANCE 
1.  Se han producido limitaciones al alcance para la correcta verificación de objetivos en 
relación con las siguientes CCAA:  
 
- Cantabria: no se ha dispuesto de documentación justificativa sobre la reducción de 23 
efectivos correspondientes a 8 entidades. 
- Castilla-La Mancha: no se ha dispuesto de documentación justificativa sobre la reducción 
de 176 efectivos correspondientes a 17 entidades. 
-  Cataluña:  la  Intervención  General  no  ha  facilitado  la  totalidad  de  la  documentación 
justificativa de los ahorros producidos en los procesos de reestructuración y respecto a la 
documentación  facilitada  se  han  usado  criterios  de  cálculo  diferentes  en  los  distintos 
procesos extintivos por lo que no cabe verificar la razonabilidad de los ahorros comunicados 
al MINHAP. 
- Extremadura: no se ha dispuesto de documentación justificativa sobre la reducción de 14 
efectivos correspondientes a 4 entidades. 
- Comunidad Foral de Navarra: la fiscalización se ha visto afectada por las limitaciones 
relacionadas con la ausencia de un plan específico de racionalización para el sector público 
administrativo  o  por  carecer  de  objetivos  cuantificables  y  evaluables  en  el  sector 
fundacional. 
- Galicia: la inexistencia de un registro de entidades del sector público de la CA ha impedido 
conocer las entidades que la Xunta de Galicia considera como entidades instrumentales o 
dependientes y motiva que la delimitación tenga que realizarse a partir del Inventario de 
Entes Públicos del Ministerio de Hacienda como único registro público oficial disponible. 
- Illes Balears: la información disponible de cada uno de los entes afectados por el proceso 
de reestructuración no ha permitido calcular el ahorro ni real ni potencial en materia de 
personal. Además, no se dispone de información que permita conocer cuál ha sido el coste 
final  de  la  reducción  de  efectivos  que  acabaron  en  los  tribunales,  con  sentencias 
desfavorables para la Administración, que comportaron readmisiones, el pago de salarios de 
tramitación o indemnizaciones al personal afectado. 
- La Rioja: no se ha dispuesto de documentación justificativa sobre la reducción de 14  s
efectivos correspondientes a 4 entidades.  oe.
- Comunidad de Madrid: no se dispone de información sobre empresas en el extranjero  821ww
pdairertcictaip aod inasd irpeocrt aeml Ceantnea dl dee la I sCaAb.e l II, que en virtud de la misma pudieran ser dependientes,
 
82      Tribunal de Cuentas 
 
- Principado de Asturias: no se ha podido obtener evidencia suficiente que permita emitir una 
opinión sobre la razonabilidad de la cifra consignada como ahorro efectivo derivado de las 
extinciones llevadas durante los procesos de reestructuración. 
- Región de Murcia no se ha dispuesto de documentación justificativa sobre la reducción de 
1 efectivo correspondiente a la Fundación Contentpolis, Ciudad de los Contenidos Digitales.  
- Comunitat Valenciana: la ausencia de planes detallados de actuación y de control sobre el 
destino del personal de cada ente, la no disposición de algunos acuerdos del Consejo y la 
escasa o nula información sobre el funcionamiento efectivo de las comisiones técnicas y 
equipos de trabajo previstos en la normativa de reestructuración, ha impedido expresar una 
opinión  sobre  la  consecución  de  los  objetivos,  respecto  a  los  efectos  económicos  y 
reducción  de  personal  del  proceso  de  reestructuración  del  sector  público  autonómico 
valenciano. (Subapartado I.6) 
III.2.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  LA  EVOLUCIÓN  DEL  SECTOR  PÚBLICO 
AUTONÓMICO 
2.  Los informes semestrales elaborados por el Ministerio de Hacienda en relación con los 
procedimientos  de reordenación  del  sector  público  autonómico  se  basan  en  los  datos 
recogidos en el Inventario de Entes. En dicho inventario se incluyen todos los entes a los 
que se refiere la Orden HAP/2105/2012, con arreglo a unos criterios que no coinciden, pues 
son más amplios, con la delimitación del sector público autonómico que contemplan la 
mayoría de leyes de hacienda autonómica, pudiendo integrarse en el inventario unidades 
que,  clasificadas  como  AAPP  en  términos  de  cuentas  nacionales,  sectorizan  en  un 
subsector  distinto  al  de  CCAA,  como  ocurre  con  aquellas  entidades  en  que  una  CA 
individualmente considerada no tiene una posición dominante si bien el sector AAPP en su 
conjunto sí la tiene por participar en ella varias de ellas o aquellas entidades que pueden 
quedar integradas en el Inventario de varias CCAA por estar participada por varias de ellas. 
Además, no se han incluido en el ámbito subjetivo de la presente fiscalización las entidades 
dependientes de las universidades, las corporaciones de derecho público y las asociaciones, 
las cuales sí aparecen en el inventario antes señalado. 
Las razones antes expuestas explican que los datos reflejados en este informe difieran de 
los señalados en los informes ministeriales. (Epígrafe II.1.1) 
3.  La evolución del sector público instrumental autonómico como consecuencia de las altas y 
bajas producidas en el periodo fiscalizado conforme a la discriminación subjetiva y temporal 
realizada en este informe, ha supuesto una reducción efectiva del número de entes, a 31 de 
diciembre de 2016, de 581, lo que supone un 34%, destacando la reducción igual o superior 
al 50 % en las CCAA de Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears y 
Región de Murcia. (Epígrafe II.1.1) 
4.  En el periodo fiscalizado predominan de forma relevante, si bien no por igual en las distintas 
CCAA, las entidades de naturaleza privada, sociedades y fundaciones, en relación con las 
entidades propias de naturaleza pública, a excepción de los consorcios que aun participando 
de esta última naturaleza son también mayoritarios hasta el ejercicio 2012, ejercicio a partir 
del cual se revierte su protagonismo en favor de los entes públicos. Esta última circunstancia 
se produce en las CCAA de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes  es
Balears y la Región de Murcia. (Epígrafe II.1.2)  o
5.  fElel xréibgiliimdaedn  yd em elanso er netxidigaidbeilisd adde  enna tluorsa lperzoac epsroivsa ddae,  ccoonnt rcaatarácicótne,r  egne nlaesra pl,o ilmítipcalicsa d uen pae mrsaoynoarl   2020-15821n https://ww
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112201
de la reestructuración de su sector público  83 
 
y en los controles económicos,  en comparación con aquellas entidades de naturaleza 
pública. (Epígrafe II.1.2) 
6.  A 31 de diciembre de 2010, representan más del 40 % de la totalidad de sus respectivos 
entes, los siguientes tipos: las sociedades mercantiles en las CCAA de Aragón, Canarias, 
Cantabria, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias; 
las fundaciones en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja; y los consorcios 
en Illes Balears. Esta situación se mantiene, incluso incrementado el porcentaje en algunos 
casos, al final del ejercicio de 2016, como es el caso de Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias. (Epígrafe II.1.2) 
III.3.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS PLANES Y MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN 
7.  En virtud del Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del CPFF, desde mitad de 2010 la mayoría 
de las Comunidades Autónomas han adoptado planes, medidas o disposiciones tendentes a 
la  racionalización  de  sus  estructuras  administrativas  y  empresariales,  con  un  grado 
heterogéneo tanto en la dimensión de las actuaciones previstas como en la ejecución de las 
mismas. (Epígrafe II.2.1) 
8.  Analizados  los  distintos  planes,  normas,  medidas  y  acuerdos,  debe  señalarse  que  de 
conformidad con los trabajos de fiscalización realizados cabe verificar que los procesos de 
reordenación,  respecto  de  las  entidades  afectadas,  se  han  efectuado  conforme  a  la 
planificación prevista en aquellos. (Epígrafe II.2.1) 
III.4.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DETERMINACIÓN DE ENTES QUE HAN CAUSADO 
ALTA O BAJA EN EL PERIODO 2010-2016 
9.  La reestructuración del sector público instrumental autonómico realizada en el periodo 
fiscalizado ha supuesto 767 bajas y 186 altas de entidades para el conjunto de CCAA 
conforme a la discriminación subjetiva y temporal realizada en este informe. (Epígrafe II.2.2) 
10.  Han  sido  objeto  de  reducción  todos  los  entes  integrantes  de  la  distinta  tipología  que 
configura el sector público instrumental autonómico si bien con distinta incidencia entre ellos 
y en cada CA. Respecto al total de bajas, el 34,4 % corresponde a sociedades, el 22,9 % a 
fundaciones y el 20,9 % a consorcios, En las CCAA de Andalucia, Aragón, Cantabria, 
Cataluña, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias 
resultan, porcentualmente, mayoritarias las reducciones de sociedades mercantiles respecto 
al resto de entes, con porcentajes que oscilan entre un 37,6 % en Cataluña y un 81 % en el 
País  Vasco,  respecto  al  total  de  sus  reducciones.  En  la  Rioja  estas  entidades  y  los 
organismos autónomos  han supuesto un porcentaje de reducción del 33,3 % del total, 
superior al de otros tipos de entes. Las fundaciones han sido los tipos de entidades con 
mayor reducción en Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunitat 
Valenciana con porcentajes entre un 37,3 % de esta última y un 50 % de Canarias, en 
relación con el total de entes que han causado baja. En Illes Balears y la Región de Murcia 
la mayoría de las bajas se producen respecto a los consorcios, con porcentajes de 71 % y 
36,7 %, respectivamente, sobre el total. (Epígrafe II.2.2) 
11.  Respecto a las 186 altas producidas en el periodo, predomina la creación de entes públicos 
(31,7 %), sociedades (25,3 %) y fundaciones (22 %). (Epígrafe II.2.2)  e.e
12.  Tanto las bajas como las altas se producen, esencialmente, en los tres primeros ejercicios.  821ww
22L00a11 R50i, o y2j a20.0 1(11E6 py ír ge2rs0ap1fee2 c.I tIDo.2 ea.2b l)ea  ss eCñCaAlaArs dee,  rCesapneacritaos a,  Claass túillltaim ya Lse, ósnu,  iEnextxriesmteandciuar ae,n I llloess  Bejaelrecaicrsio ys   OE-A-2020-15able en https://
 
84      Tribunal de Cuentas 
 
III.5.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  LA  LEGALIDAD  Y  TIPOLOGÍA  DE  LAS  FORMAS 
JURÍDICAS DE EXTINCIÓN O CREACIÓN 
13.  En los trabajos de fiscalización efectuados se ha podido verificar el cumplimiento de la 
legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como autonómica, a los procedimientos de 
reordenación para la extinción y creación de entidades en las distintas formas que se han 
llevado  a  cabo,  si  bien  se  han  observado  particularidades  y  deficiencias  en  los 
procedimientos  de  reestructuración  de  algunas  entidades  en  las  CCAA  de  Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, el País Vasco, el Principado de Asturias y la 
Comunitat Valenciana.  (Epígrafe II.2.3) 
14.  Del análisis de la documentación proporcionada por las CCAA se ha verificado que con 
carácter general los plazos empleados para culminar los procesos de reestructuración se 
acomodan  a  lo  previsto  en  las  disposiciones  que  los  prevén,  si  bien  en  algunos 
procedimientos correspondientes a determinadas entidades se han producido dilaciones 
excesivas.  Esta  última  circunstancia  se  genera  en  todas  las  CCAA,  excepto  en  la 
Comunidad Foral de Navarra, en Galicia y en el Principado de Asturias. (Epígrafe II.2.3) 
15.  En relación con las formas en que las entidades causan baja y alta, se distingue entre 
extinciones o creaciones directas al estar previstas por ley o decreto autonómico, que, 
principalmente y por su propia esencia, se produce en el caso de OOAA, entidades públicas 
empresariales, entes públicos y agencias; y  formas de extinción o creación indirectas por 
causas como la pérdida de la posición mayoritaria de la CA, la separación de la CA, la fusión 
por absorción y la compraventa de acciones, que concurren respecto a las sociedades, 
fundaciones y consorcios, sin perjuicio de que estas entidades también sean objeto de 
creación o extinción directa por acuerdo del Consejo de Gobierno de la CA o acuerdo del 
órgano de representación de la entidad matriz. (Epígrafe II.2.3) 
16.  De las 767 entidades que han causado baja en el periodo fiscalizado para el conjunto de las 
17 CCAA, 412 lo han sido de forma directa y 355 de forma indirecta, si bien la primera forma 
no predomina por igual en todas las CCAA. Las bajas directas de las entidades extinguidas 
resultan predominantes en las CCAA de Canarias (80 %), Comunidad Foral de Navarra 
(91 %), Galicia (75,7 %), Comunidad de Madrid (81,2 %) y la Región de Murcia (63,3 %). 
Además, en La Rioja es la única forma de baja producida. Las bajas indirectas han sido 
relevantemente predominantes en Andalucía (82,8 %), Cataluña  (63,2 %), Extremadura 
(71,4 %) e Illes Balears (58,9 %). (Epígrafe II.2.3) 
17.  Atendiendo a la tipología de entes, debe señalarse que la forma directa prevalece en la 
extinción de los OOAA, entes públicos, y fundaciones. Respecto a las sociedades y los 
consorcios priman las bajas indirectas. (Epígrafe II.2.3) 
18.  En relación con las sociedades mercantiles resultan mayoritarias las bajas indirectas en las 
CCAA de Andalucía (76 %), Aragón (55,5 %), Cantabria (70,6 %), Castilla-La Mancha 
(55,5 %), Cataluña (65,9 %), Extremadura (80 %), País Vasco (58,8 %), Principado de 
Asturias (80 %), Región de Murcia (92,8 %) y Comunitat Valenciana (61,1 %). En Castilla y 
León es la única forma de extinción de este tipo de entidades. Respecto a las fundaciones 
prevalece  la  extinción  de  forma  indirecta  en  Andalucía  (91,6  %),  Castilla  La  Mancha 
(66,6 %), Cataluña (80 %) y Comunitat Valenciana (52,3 %). En Extremadura es la única 
forma de extinción para este tipo de entidades. En lo relativo a los consorcios, destaca la 
extinción de forma indirecta de 54 entes de este tipo en Illes Balears frente a 20 bajas  e.
directas y de 10 en Andalucía con respecto a 1 baja directa. (Epígrafe II.2.3)  w.b
19.  Rabessopreccióton  ay  lad eu tliali zcaecsióiónn d gel olabsa lb daeja sa cintidvoirse cyta ps,a sdievboes  irnedsiuclatars ep rqioureita erilo u syoa  dqeu ela  sfuupsoiónne  puonr 
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112203
de la reestructuración de su sector público  85 
 
71,8 % del total de las bajas indirectas realizadas. El 28,2 % restante corresponde casi en 
su totalidad a las bajas de entidades del correspondiente sector público autonómico como 
consecuencia de la separación o desvinculación de la CA, enajenación de participaciones, 
pérdida de la posición mayoritaria o transformación en entidad de distinta forma jurídica.  
(Epígrafe II.2.3) 
20.  En lo que se refiere a las altas, de las 186 producidas en el periodo fiscalizado, 125 lo han 
sido mediante creación directa y 61 por creación indirecta. En las CCAA de Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia todas las 
altas se han efectuado de forma directa, primando la utilización de esta forma en el resto de 
comunidades, con excepción de Canarias, Galicia y la Comunitat Valenciana en las que se 
utilizan por igual ambas formas, así como de Andalucía y de las Illes Balears en las que las 
altas indirectas resultan predominantes. (Epígrafe II.2.3) 
21.  Con arreglo a la tipología de las entidades creadas y al total de cada uno de los tipos, debe 
señalarse que la forma directa es la única forma de creación de los OOAA y resulta 
predominante en la creación de entes públicos, sociedades mercantiles, fundaciones y 
consorcios. (Epígrafe II.2.3) 
III.6.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  LOS  FINES  O  ACTIVIDADES  REALIZADAS  EN 
RELACIÓN  CON  LAS  ENTIDADES  QUE  HAN  CAUSADO  BAJA  EN  EL  SECTOR 
PÚBLICO AUTONÓMICO, ÓRGANOS O ENTIDADES QUE, EN SU CASO, LAS ASUMEN 
Y SOLAPAMIENTOS O DUPLICIDADES DETECTADAS 
22.  Las actividades predominantes de las entidades eliminadas para el conjunto de CCAA 
fiscalizadas corresponden, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
del  2009  (CNAE)  aprobada  por  el  RD  475/2007,  de  13  de  Abril,  a  N  “Actividades 
Administrativas  y  Servicios  Auxiliares”,  L  “Actividades  Inmobiliarias”,  R  “Actividades 
artísticas, recreativas y de entrenamiento”, Q “Actividades sanitarias y de servicios sociales”, 
P “Educación”,  M “Actividades profesionales, científicas y técnicas” y E “Suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, que suponen el 72,8 
% del total de actividades. No obstante, su representatividad difiere en cada CA. (Epígrafe 
II.2.4) 
23.  Respecto a los órganos o entidades que asumen las actividades de los entes suprimidos, 
debe señalarse que la totalidad de las mismas se han asumido por las correspondientes 
consejerías  u  otros  órganos  de  la  administración  autonómica  o  por  las  entidades 
absorbentes, con excepción de aquellas entidades que se extinguen por separación o 
desvinculación de la CA de la entidad, por cumplimiento del fin para el que se crearon o por  
imposibilidad del mismo. En Castilla y León y en el Principado de Asturias se han asumido 
las actividades de la totalidad de los entes extinguidos, resultando dicha asunción muy alta 
en el resto de CCAA, con la excepción de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la 
Región  de  Murcia,  en  las  que  la  misma  no  ha  alcanzado  el  50  %  de  las  entidades 
extinguidas. (Epígrafe II.2.4) 
24.  De forma genérica, la normativa y disposiciones autonómicas de racionalización del sector 
público fundamentan su necesidad en aras de asegurar, con arreglo a los principios de 
eficacia, economía y eficiencia, que los servicios públicos se presten de la forma más 
eficiente, al menor coste posible y evitando solapamientos y duplicidades. Como resultado  es
del análisis de los procedimientos de extinción se ha detectado la existencia efectiva de  o
saCVolaCglsauAcpnAoao,,ms  ea iled  Penerxt oicnlosecs piop c eaidónduntoep  slddic eeied  AxAatsdinnteudgsraui alieudsnco íy sae  l,la  rdCe Cesaospsemetimclultapon e iytaañ  toL oV edtóareonle s,lna  Ccsei oxaaimnscattuei.vn ni(ditEdeaapsddí,ge  rseFa noqf erura eeIlI  l.a2edc.se4it óa)N nb aacvnoa narr tarti,ob dueaild sPa sala íass    2020-15821n https://www.
 
86      Tribunal de Cuentas 
 
III.7.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA REPERCUSIÓN EN RELACIÓN CON EL DESTINO 
DEL PERSONAL Y DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES QUE CAUSAN BAJA 
25.  De conformidad con la información suministrada por 16 CCAA al Ministerio de Hacienda, ya 
que el País Vasco no ha comunicado datos en el periodo fiscalizado, la suma de los costes 
asociados  a  los  procesos  de  reordenación  asciende  a  130.356,79  miles  de  euros, 
correspondiendo tales costes, principalmente, a indemnizaciones por razón de despido y, en 
menor medida, a otros gastos como tasas registrales, honorarios de liquidadores, gastos 
notariales, etc. La reducción de personal como consecuencia de tales procesos asciende a 
5.386 efectivos que causan baja en el sector público autonómico, lo que a su vez conlleva 
un ahorro conjunto correspondiente al coste anual de dicho personal de 210.725,04 miles de 
euros.  (Epígrafe II.2.5) 
26.   Del análisis de la normativa o acuerdos que fundamentan los procesos analizados, se    
desprende que en la mayoría de los casos el personal, como ocurre con la asunción de 
actividades, ha pasado a depender de la Administración o bien no se han extinguido las 
relaciones  laborales  al  subrogarse  las  entidades  absorbentes  en  sus  derechos  y 
obligaciones laborales. (Epígrafe II.2.5) 
27.  Respecto a los datos comunicados al Ministerio de Hacienda, este Tribunal, en relación con 
La Rioja y los OCEX de las CCAA de Andalucía, Cataluña, Illes Balears, Comunidad de 
Madrid y Comunitat Valenciana indican que no se ha podido verificar la razonabilidad de las 
cifras  relativas  al  ahorro  y  a  reducción  del  personal,  por  distintos  motivos:  los  datos 
obtenidos de las diferentes entidades impiden alcanzar una evidencia al respecto; no se 
aportan los cálculos ni los criterios utilizados para determinar la cifra de ahorro señalada o 
los ahorros comunicados son erróneos y, en los casos en que se han aportado los criterios 
utilizados,  estos  no  son  homogéneos  entre  las  diferentes  entidades;  los  datos 
proporcionados son parciales;  o no se aporta documentación justificativa de los datos 
consignados. (Epígrafe II.2.5) 
28.  El Consejo de Cuentas de Galicia expresa su conformidad con los datos comunicados al 
Ministerio,  señalando  que  de  las  221  bajas  de  efectivos  producidas,  la  mayoría,  153, 
corresponde a las bajas registradas en la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial 
e Desenvolvemento Tecnolóxico (Epígrafe II.2.5) 
29.  En relación con los datos suministrados al Ministerio por el resto de CCAA, con arreglo a las 
actuaciones fiscalizadoras realizadas por el Tribunal y los OCEX, cabe señalar lo siguiente: 
- Aragón: De la revisión efectuada por la Cámara de Cuentas sobre una muestra de 
entidades,  se  concluye  que  los  importes  de  los  efectos  económicos  comunicados  al 
MINHAP por la CA de Aragón son razonables. 
Casi la totalidad de los ahorros previstos se consiguen en una sola operación: la fusión de 
las sociedades SIRASA y SODEMASA para crear la nueva sociedad mercantil SARGA. Así, 
en el proceso de fusión de SARGA, el número total de extinciones de contratos de trabajo 
entre  2013  y  2016  ha  sido  de  139  y  el  importe  total  satisfecho  en  concepto  de 
indemnizaciones fue de 3.160 miles de euros. 
- Canarias: La Audiencia de Cuentas ha examinado los datos consignados en el informe del  es
MINHAP de 1 de enero de 2017, determinando que los ahorros alcanzados hasta finales de  o
2ddd0eee1 b lea6idu  oepro maasrp a,q r eeuanseqa  ule ueGlg ll2Eoa0sSr   TddeUeen  tReelo snLs eea r1sxo0t  iPn.d9age9l um62id,0a6o1s6s.7    mmseiale ypsor roditdeau rjieoau muroensna t reree cafoourgtmoidnuoólasm ceiicónon s ed le eIr nalafnos rd mceue 1e 0dn.et5al 0sM2 d,I6eN  Hm20Ail1eP5s,    2020-15821n https://www.
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112205
de la reestructuración de su sector público  87 
 
- Cantabria: se ha podido verificar la totalidad de la reducción de personal comunicada 
correspondiente a 71 efectivos de 6 sociedades y 2 fundaciones. De la documentación 
relativa a las 7 entidades restantes se ha podido verificar la reducción de personal por un 
total de 55 efectivos, respecto a los 75 comunicados al Ministerio.  No se ha aportado 
documentación  justificativa  sobre  la  reducción  de  los  3  efectivos  correspondientes  al 
Consejo Económico y Social. Así, del total de 149 efectivos constitutivos de la reducción de 
personal se han podido verificar las bajas de 126 trabajadores.   
El ahorro por coste anual de los efectivos reducidos tan solo se ha podido cuantificar en su 
totalidad  respecto  a  los  71  efectivos  reducidos  coincidentes  con  los  comunicados  al 
Ministerio, que asciende en conjunto a 2.396,65 miles de euros. En relación con los 55 
efectivos cuya baja ha sido verificada y con los 23 respecto a los que no se ha aportado 
documentación justificativa no se ha podido efectuar cuantificación alguna sobre el citado 
ahorro, pues la documentación analizada recoge una información global para el conjunto de 
personal de cada entidad sin un desglose del coste individual de cada efectivo reducido.  
- Castilla-La Mancha: se ha podido verificar la reducción de la totalidad del número de 
efectivos  comunicados  al  Ministerio,  en  concreto  36,  correspondientes  a  6  entidades. 
Asimismo, respecto a 3  entidades se ha podido comprobar la reducción de 50 efectivos 
respecto  a  los  56  comunicados.  No  se  ha  remitido  documentación  justificativa  de  la 
reducción de personal de 14 entidades correspondiente a 170 efectivos. Conforme a lo 
indicado, se ha podido verificar la baja de 122 efectivos. 
El ahorro por coste anual de los efectivos reducidos tan solo se ha podido cuantificar en su 
totalidad  respecto  a  los  36  efectivos  reducidos  coincidentes  con  los  comunicados  al 
Ministerio, que asciende en conjunto a 1.626,22 miles de euros.  En relación con los 50 
efectivos cuya baja ha podido ser verificada, no se ha podido efectuar cuantificación alguna 
sobre el citado ahorro, pues la documentación analizada recoge una información global para 
el conjunto de personal de cada entidad sin un desglose del coste individual de cada 
efectivo reducido.  
- Castilla y León: se ha verificado, a partir de la información facilitada por la Consejería de 
Economía y Hacienda, que el ahorro de personal asociado al proceso de reestructuración, 
se traduce en la reducción de 233 contratos de trabajo, que lleva asociado un coste por 
despido e indemnizaciones de 4,8 miles de euros y un coste anual de estos empleados que 
causan baja de 7,7 miles de euros. 
- Extremadura: se ha podido verificar la totalidad de la reducción de personal comunicada 
correspondiente a 27 efectivos de 2 sociedades. De los 6 efectivos comunicados como 
reducción de personal correspondiente a 1 sociedad, solo se ha podido verificar la baja de 2 
de ellos. No se ha aportado documentación justificativa de la reducción de personal, 10 
efectivos, correspondiente a 3 entidades. Conforme a lo indicado, se ha verificado la baja de 
un total de 29 efectivos, respecto a los 43 comunicados. 
El ahorro por coste anual de los efectivos reducidos tan solo se ha podido cuantificar en su 
totalidad respecto a los 27 efectivos de 2 sociedades, que asciende a 1.322,63 miles de 
euros.  Respecto  al  ahorro  por  coste  de  personal  de  los  2  efectivos  reducidos 
correspondientes a otra, no es posible comprobar su cuantificación, pues la documentación 
analizada recoge una información global para el conjunto de personal de cada entidad sin un 
desglose del coste individual de cada efectivo reducido.   e.
- Comunidad Foral de Navarra: la cifra estimada de ahorros del sector público foral de  821ww
Npraovcaersrao,s  pdreo poorrdceionnaacdióan  íny teugnraa mveenzt er epaolizr aedlo ss edcetoter rmpiúnbaldicoos  eamjupsrteessa rpiaolr  yla  dCeárimvaadraa  ddee 
 
88      Tribunal de Cuentas 
 
Comptos, asciende a 32.570 miles de euros, con una disminución de 224 empleados. Debe 
señalarse que el importe de 40.778,88 miles de euros en concepto de ahorros anuales 
incrementales costes 2010-2016 que informó la Corporación Pública Empresarial de Navarra 
al  Ministerio  de  Hacienda,  fue  ajustado  por  la  Cámara  de  Comptos,  reduciéndolo  en 
29.575,35 miles porque se trataba de la venta de una empresa y no un ahorro derivado de la 
reordenación del sector público empresarial. 
- Región de Murcia: se ha podido verificar la baja de la totalidad de los 147 efectivos 
correspondientes a 19 entidades, conforme se ha comunicado al Ministerio de Hacienda.  
Respecto a la Fundación Contentpolis, Ciudad de los Contenidos Digitales, se ha verificado 
la baja de 3 efectivos de los 4 comunicados. 
El ahorro por coste anual de personal se ha podido cuantificar en su totalidad respecto a los 
147 efectivos reducidos coincidentes con los comunicados al Ministerio por las 19 entidades 
indicadas, que asciende en conjunto a 4.232,60 miles de euros. En relación con los 3 
efectivos correspondientes a la fundación, cuya baja ha podido ser verificada, no se ha 
podido  efectuar  cuantificación  alguna  sobre  el  citado  ahorro,  pues  la  documentación 
analizada recoge una información global para el conjunto de personal de cada entidad sin un 
desglose del coste individual de cada efectivo reducido. (Epígrafe II.2.5) 
- Respecto al País Vasco, cuyos datos no figuran en los informes ministeriales, los trabajos 
realizados por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas han constatado que o bien algunas de 
las entidades que causaron baja carecían de personal o bien el personal de las mismas fue 
absorbido por otras entidades ya existentes o que fueron creadas. 
- Principado de Asturias: En relación con el ahorro recogido en el Informe del Ministerio de 
Hacienda, solicitada información a este respecto por parte de la Sindicatura, la CA remite 
(para alguna de las entidades) el desglose de determinados datos, si bien no adjunta 
documentación soporte que acredite los mismos, ni los gastos relativos a personal; en 
consecuencia, la Sindicatura no ha podido obtener evidencia suficiente para verificar la 
razonabilidad de la cifra consignada como ahorro. 
Respecto a la reducción de personal, la Sindicatura ha comprobado el incremento en 4 
efectivos tras la fusión de Bomberos PA y 112 Asturias y la reducción de 3 efectivos, 1 tras 
la fusión de  Radio del Principado de Asturias, SAU  y Televisión del Principado de Asturias, 
SAU y 3 tras la fusión de Sociedad Regional de Turismo, SA  y Gestión de Infraestructuras 
Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias SAU. 
30.  Asimismo,  como resultado de las actuaciones de fiscalización se ha verificado que la 
totalidad del activo y pasivo de las entidades extinguidas en las 17 CCAA se ha traspasado 
bien a la CA o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la CA 
cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. (Epígrafe II.2.5) 
III.8.  CONCLUSIONES RELATIVAS A TRANSPARENCIA 
31.  Debe indicarse que del análisis de la documentación autonómica, que por imperativo de la 
LOEPSF y en su desarrollo la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se debe remitir de 
forma periódica al Ministerio de Hacienda, así como de los informes semestrales elaborados 
por este en cumplimiento de la misma en aras del principio de transparencia, resulta que las  es
5  CCAA  fiscalizadas  por  este  Tribunal  han  mantenido  correctamente  el  suministro  de  o
2pin0ofo1srt3em ryaio 2cri0eó1sn 4 e,rj eeqqrucueice ioroimdso.i t,i óc opna rteex cdeep lcai ócnit atdeam ipnoforarml adcei óEnx, tsreumbsaadnuáran,d oresesp eescttao  cair cluons setajenrcciiac ieons   2020-15821n https://www.
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Núm. 320 Procesos de extinción de EntidadeMsa drete lsa s8  Cdoem duicniiedmadberse  Aduet ó2n0o2m0 as como consecuenciSa e c. III.   Pág. 112207
de la reestructuración de su sector público  89 
 
En relación con el resto de CCAA, los OCEX no han incluido como objetivo de la actuación 
fiscalizadora la verificación de este aspecto. (Subapartado II.3) 
III.9.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  LA  IGUALDAD  EFECTIVA  ENTRE  HOMBRES  Y 
MUJERES 
32.  Además de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
las 5 CCAA fiscalizadas por este Tribunal tienen su propia legislación en la materia. 
No obstante, en ningún plan o medida de reestructuración analizada se hace una referencia 
expresa a la igualdad, ni en la información de obligatorio suministro que las CCAA deben 
aportar al Ministerio de Hacienda se prevé dicha referencia a la igualdad; si bien en el 
análisis de los distintos procedimientos de reordenación no cabe apreciar la presencia de 
actuaciones que pudieran suponer inobservancia de la normativa para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres.  
En relación con el resto de CCAA, los OCEX no han incluido como objetivo de la actuación 
fiscalizadora la verificación de este aspecto. (Subapartado II.4). 
   
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1  TIPOLOGÍA DE ENTES EXISTENTES A 31 DE DICIEMBRE EN CADA CA 
ANEXO 2  PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE LOS TIPOS DE ENTES EXISTENTES EN 
EL MES DICIEMBRE DE 2009 Y 2016 
ANEXO 3  BAJAS Y ALTAS DE ENTIDADES EN CADA EJERCICIO Y POR CA 
Procesos de extinción de Entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia  
de la reestructuración de su sector público  95 
 
Anexo 1.-1/3 
TIPOLOGÍA DE ENTES EXISTENTES A 31 DE DICIEMBRE EN CADA CA 
 
ENTES  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
Organismos 
Autónomos    
  Andalucia    0    0    0    0    0    0    0  0 
  Aragón  6  6  6  5  5  5  5  5 
  Canarias  12  12  12  11  10  11  11  11 
  Cantabria  8  8  8  8  8  8  8  8   
Castilla la Mancha  9  5  5  4  4  4  5  5   
  Castilla y Léón   4  4  4  4  3  3  3  3   
  Cataluña  34  34  30  30  27  24  24  24   
  Extremadura  7  7  7  7  7  6  6  6   
  Foral de Navarra  12  12  11  9  9  9  8  8   
  Galicia  12  11  11  12  12  12  12  11   
  Illes Balears  6  6  6  5  5  5  5  5   
  La Rioja  4  4  4  4  2  2  2  2   
  Comunidad de Madrid  16  16  11  11  11  11  11  8   
  Pais Vasco  6  6  7  9  9  9  10  10   
  Principado de Asturias  10  10  10  10  11  10  10  10   
  Región de Murcia  9  7  7  7  7  5  5  5   
Comunitat Valenciana  11  11  11  8  7  7  7  8   
Total OOAA  166  159  150  144  137  131  132  129 
Entes Públicos¹    
  Andalucia    35    34    35    35    35    35    36  36   
  Aragón  12  12  12  12  12  11  11  11   
  Canarias  6  6  6  5  5  5  5  5   
  Cantabria  7  7  7  6  2  2  2  3   
  Castilla La Mancha  5  5  5  4  4  3  3  3   
  Castilla y Léón   6  6  6  6  5  5  5  5   
  Cataluña  59  61  59  58  57  51  49  49   
  Extremadura  7  8  7  7  7  6  5  5   
  Foral de Navarra  2  2  1  1  1  1  1  1   
  Galicia  14  14  15  17  17  18  17  18   
  Illes Balears  16  15  17  13  13  13  13  13   
  La Rioja  4  4  4  4  3  3  3  3   
  Comunidad de Madrid  25  25  21  18  16  14  14  7   
  Pais Vasco  8  8  10  9  9  9  9  9   
  Principado de Asturias  10  10  10  10  7  7  6  6   
  Región de Murcia  8  7  7  7  8  7  7  6   
Comunitat Valenciana  24  24  25  16  13  13  17  14   
Total EEPP  248  248  247  228  214  203  203  194 
   
 
96  Tribunalde Cuentas 
Anexo 1.-2/3 
ENTES  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Sociedades 
  Andalucia  43  40  37  34  31  30  28  25  
  Aragón  53  53  53  51  42  39  38  37  
  Canarias  20  20  20  20  19  19  19  18  
  Cantabria  39  39  38  39  28  25  23  23  
  Castilla La Mancha  22  20  19  15  12  11  8  6  
  Castilla y Léón   7  7  7  5  5  4  2  2  
  Cataluña  66  68  60  51  46  39  35  32  
  Extremadura  30  23  22  22  20  20  19  19  
  Foral de Navarra  39  39  20  19  17  16  16  17  
  Galicia  31  31  31  30  29  26  24  22  
  Illes Balears  14  12  11  9  4  2  2  2  
  La Rioja  5  5  5  5  3  3  3  3  
  Comunidad de Madrid  43  43  39  40  44  42  40  41  
  Pais Vasco  54  54  51  42  42  41  42  40  
  Principado de Asturias  27  27  27  27  25  26  23  23  
  Región de Murcia  20  20  20  17  17  7  7  7  
Comunitat Valenciana  26  24  20  20  11  11  10  9  
Total Sociedades  539  525  480  446  395  361  339  326 
Fundaciones 
  Andalucia  32  32  28  23  23  23  20  20  
  Aragón  25  25  27  28  26  28  27  28  
  Canarias  11  11  9  9  9  7  7  7  
  Cantabria  11  11  11  11  10  9  8  8  
  Castilla La Mancha  34  32  29  20  18  17  17  15  
  Castilla y Léón   13  14  15  13  9  9  9  9  
  Cataluña  52  53  53  48  44  39  38  36  
  Extremadura  15  15  15  16  15  16  14  14  
  Foral de Navarra  7  7  7  7  7  6  4  4  
  Galicia  75  76  70  39  38  35  35  37  
  Illes Balears  19  18  16  10  10  11  11  11  
  La Rioja  11  12  11  11  11  11  10  10  
  Comunidad de Madrid  32  32  32  32  31  29  28  28  
  Pais Vasco  6  6  7  9  8  7  6  7  
  Principado de Asturias  14  13  13  13  12  11  12  12  
  Región de Murcia  20  17  17  15  14  14  13  12  
 Comunitat Valenciana  37  37  28  24  19  17  16  16  
Total Fundaciones  414  411  388  328  304  289  275  274  
Procesos deextinción de Entidades delas Comunidades Autónomas como consecuencia  
de la reestructuraciónde su sectorpúblico 97 
Anexo 1.-3/3 
ENTES  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Consorcios 
  Andalucia  24  26  27  27  27  27  19  16  
  Aragón  18  18  19  19  18  15  15  15  
  Canarias  0  0  0  0  0  0  0  0  
  Cantabria  3  2  2  2  2  2  2  2  
  Castilla La Mancha  4  4  4  2  2  2  0  0  
  Castilla y Léón   1  1  1  0  0  0  0  0  
  Cataluña  75  69  65  62  56  52  56  56  
  Extremadura  13  13  13  13  13  13  12  12  
  Foral de Navarra  0  0  0  0  0  0  0  0  
  Galicia  24  24  24  20  18  19  24  20  
  Illes Balears  86  85  81  19  16  14  13  13  
  La Rioja  2  2  2  2  2  2  2  2  
  Comunidad de Madrid  30  30  29  28  28  28  27  25  
  Pais Vasco  1  1  1  1  1  1  1  1  
  Principado de Asturias  2  2  2  2  2  2  2  2  
  Región de Murcia  31  30  30  23  20  14  13  13  
 Comunitat Valenciana  6  6  6  6  6  6  6  6  
Total Consorcios  320  313  306  226  211  197  192  183  
Total Entidades  1.687  1.656  1.571  1.372  1.261  1.181  1.141  1.106 
Fuente: elaboración propia 
98      Tribunal de Cuentas 
 
Anexo 2.-1/4 
PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE LOS TIPOS DE ENTES EXISTENTES EN EL MES 
DICIEMBRE DE 2009 Y 2016 
 
% Ente/Total  % Ente/Total 
Tipología por Comunidades Autónomas  31/12/2009  31/12/2016 
Entidades CA  Entidades CA 
              
C.A.   Andalucia             
Organismos Autónomos  0  0,00  0  0,00 
Entes Públicos  35  26,12  36  37,11 
Sociedades  43  32,09  25  25,77 
Fundaciones  32  23,88  20  20,62 
Consorcios  24  17,91  16  16,49 
Total Entidades C.A. Andalucía  134  100,00  97  100,00 
              
 C.A. Aragón             
Organismos Autónomos  6  5,26  5  5,21 
Entes Públicos¹  12  10,53  11  11,46 
Sociedades  53  46,49  37  38,54 
Fundaciones  25  21,93  28  29,17 
Consorcios  18  15,79  15  15,63 
Total Entidades C.A. Aragón  114  100,00  96  100,00 
              
C.A. Canarias             
Organismos Autónomos  12  24,49  11  26,83 
Entes Públicos  6  12,24  5  12,20 
Sociedades  20  40,82  18  43,90 
Fundaciones  11  22,45  7  17,07 
Consorcios  0  0,00  0  0,00 
Total Entidades C.A. Canarias  49  100,00  41  100,00 
              
  C.A. Cantabria             
Organismos Autónomos  8  11,76  8  18,18 
Entes Públicos¹  7  10,29  3  6,82 
Sociedades  39  57,35  23  52,27 
Fundaciones  11  16,18  8  18,18 
Consorcios  3  4,41  2  4,55 
Total Entidades C.A.  Cantabria  68  100,00  44  100,00 
   
Procesos deextinción de Entidades delas Comunidades Autónomas como consecuencia  
de la reestructuraciónde su sectorpúblico 99 
Anexo 2.-2/4 
C.A. Castilla la Mancha
Organismos Autónomos 9  12,16  5  17,24 
Entes Públicos 5  6,76  3  10,34 
Sociedades 22  29,73  6  20,69 
Fundaciones 34  45,95  15  51,72 
Consorcios 4  5,41  0  0,00 
Total Entidades C.A.  Castilla la Mancha  74  100,00  29  100,00 
C.A. Castilla y Léón
Organismos Autónomos  4  12,90  3  15,79 
Entes Públicos¹  6  19,35  5  26,32 
Sociedades  7  22,58  2  10,53 
Fundaciones  13  41,94  9  47,37 
Consorcios  1  3,23  0  0,00 
Total Entidades C.A. Castilla y León  31  100,00  19  100,00 
C.A.   Cataluña
Organismos Autónomos 34  11,89  24  12,18 
Entes Públicos 59  20,63  49  24,87 
Sociedades 66  23,08  32  16,24 
Fundaciones 52  18,18  36  18,27 
Consorcios 75  26,22  56  28,43 
Total Entidades  C.A.  Cataluña  286  100,00  197  100,00 
C.A.  Extremadura
Organismos Autónomos 7  9,72  6  10,71 
Entes Públicos 7  9,72  5  8,93 
Sociedades 30  41,67  19  33,93 
Fundaciones 15  20,83  14  25,00 
Consorcios 13  18,06  12  21,43 
Total Entidades C.A. Extremadura  72  100,00  56  100,00 
C.A.   Foral de Navarra
Organismos Autónomos 12  20,00  8  26,67 
Entes Públicos 2  3,33  1  3,33 
Sociedades 39  65,00  17  56,67 
Fundaciones 7  11,67  4  13,33 
Consorcios 0  0,00  0  0,00 
Total Entidades C.A  Foral de Navarra  60  100,00  30  100,00 
100      Tribunal de Cuentas 
 
Anexo 2.-3/4 
  C.A. Galicia             
Organismos Autónomos  12  7,69  11  10,19 
Entes Públicos  14  8,97  18  16,67 
Sociedades  31  19,87  22  20,37 
Fundaciones  75  48,08  37  34,26 
Consorcios  24  15,38  20  18,52 
Total Entidades C.A. Galicia  156  100,00  108  100,00 
              
C.A.  Illes Balears             
Organismos Autónomos  6  4,26  5  11,36 
Entes Públicos  16  11,35  13  29,55 
Sociedades  14  9,93  2  4,55 
Fundaciones  19  13,48  11  25,00 
Consorcios  86  60,99  13  29,55 
Total Entidades C.A. Illes Balears  141  100,00  44  100,00 
              
C.A.   La Rioja             
Organismos Autónomos  4  15,38  2  10,00 
Entes Públicos  4  15,38  3  15,00 
Sociedades  5  19,23  3  15,00 
Fundaciones  11  42,31  10  50,00 
Consorcios  2  7,69  2  10,00 
Total Entidades C.A. Rioja  26  100,00  20  100,00 
              
  Comunidad de Madrid             
Organismos Autónomos  16  10,96  8  7,34 
Entes Públicos  25  17,12  7  6,42 
Sociedades  43  29,45  41  37,61 
Fundaciones  32  21,92  28  25,69 
Consorcios  30  20,55  25  22,94 
Total Entidades C.A.  Madrid  146  100,00  109  100,00 
              
C.A.   Pais Vasco             
Organismos Autónomos  6  8,00  10  14,93 
Entes Públicos  8  10,67  9  13,43 
Sociedades  54  72,00  40  59,70 
Fundaciones  6  8,00  7  10,45 
Consorcios  1  1,33  1  1,49 
Total Entidades C.A. Pais Vasco  75  100,00  67  100,00 
   
Procesos de extinción de Entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia  
de la reestructuración de su sector público  101 
 
Anexo 2.-4/4 
 C.A.  Principado de Asturias             
Organismos Autónomos  10  15,87  10  18,87 
Entes Públicos  10  15,87  6  11,32 
Sociedades  27  42,86  23  43,40 
Fundaciones  14  22,22  12  22,64 
Consorcios  2  3,17  2  3,77 
Total Entidades C.A  Principado de 
Asturias  63  100,00  53  100,00 
              
C.A.   Región de Murcia             
Organismos Autónomos  9  10,23  5  11,63 
Entes Públicos  8  9,09  6  13,95 
Sociedades  20  22,73  7  16,28 
Fundaciones  20  22,73  12  27,91 
Consorcios  31  35,23  13  30,23 
Total Entidades C.A. Región de Murcia  88  100,00  43  100,00 
              
Comunitat Valenciana             
Organismos Autónomos  11  10,58  8  15,09 
Entes Públicos  24  23,08  14  26,42 
Sociedades  26  25,00  9  16,98 
Fundaciones  37  35,58  16  30,19 
Consorcios  6  5,77  6  11,32 
Total Entidades C.A. Valenciana  104  100,00  53  100,00 
Fuente: elaboración propia   
 
102  Tribunal de Cuentas 
Anexo 3 
BAJAS Y ALTAS DE ENTIDADES EN CADA EJERCICIO Y POR CA 
CCAA  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Altas  Bajas  Altas  Bajas  Altas  Bajas  Altas  Bajas  Altas  Bajas  Altas  Bajas  Altas  Bajas 
Andalucía  3  6  19  24  2  10  0  3  0  1  2  14  0  6 
Aragón  0  0  3  0  3  5  0  12  2  7  0  2  1  1 
Canarias  0  0  0  2  0  2  0  2  2  3  0  0  0  1 
Cantabria  1  2  0  2  2  16  0  4  0  3  1  0  0  0 
Castilla-La Mancha  4  12  0  17  0  5  0  3  0  5  1  4  0  4 
Castilla y León   1  0  2  1  1  6  0  6  0  1  0  2  0  0 
Cataluña  12  13  4  22  1  19  2  21  3  28  5  8  1  6 
Extremadura  2  8  0  1  2  4  0  2  1  4  0  0  0  2 
C.Foral de Navarra 0  0  1  22  1  4  0  2  0  2  0  3  1  0 
Galicia  1  2  4  9  23  56  2  6  4  8  6  4  10  14 
Illes Balears  1  6  3  8  3  78  2  10  1  4  0  1  0  0 
La Rioja  1  0  0  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0 
Madrid, Comunidad   0  0  1  15  2  5  6  5  0  6  1  5  1  12 
País Vasco   0  0  5  4  5  11  0  1  0  2  2  1  1  2 
Principado de Asturias  0  1  0  0  0  0  1  7  0  2  2  3  0  0 
Región de Murcia  0  7  0  12  0  6  3  19  0  3  1  2  0  0 
Valenciana, Comunitat  0  2  2  14  0  16  0  18  0  2  4  2  2  5 
 TOTAL  26  59  44  153  45  248  16  122  13  81  25  51  17  53 
Fuente: elaboración propia