BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21593
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2942 Pleno. Sentencia 15/2020, de 28 de enero de 2020. Cuestión interna de 
inconstitucionalidad 2754-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional en relación con el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley 
de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal. Derecho a la tutela judicial 
efectiva: nulidad del precepto legal que impide la revisión judicial de los 
decretos de los letrados de la administración de justicia (SSTC 58/2016 y 
72/2018).
ECLI:ES:TC:2020:15
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, planteada por la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Constitucional  en  relación  con  el  artículo  454  bis.1,  párrafo 
primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 
de  octubre,  de  medidas  de  agilización  procesal.  Han  comparecido  y  formulado 
alegaciones doña Teresa Raventós Pérez, don Rafael Nieto Raventós, doña Mercedes 
Nieto Raventós, don Manuel Nieto Raventós, doña Elena Nieto Raventós y doña María 
Nieto Raventós, representados por el procurador de los tribunales don Antonio Rafael 
Rodríguez  Muñoz,  bajo  la  asistencia  del  letrado  don  Julio  Iturmendi  Morales.  Ha 
intervenido la fiscal general del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio 
Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 21 de mayo de 2019, admitió 
a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por su Sala Segunda en 
el recurso de amparo núm. 5661-2017, en relación con el artículo 454 bis.1, párrafo 
primero, de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 37/2011, 
de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización  procesal,  por  posible  vulneración  del 
artículo 24.1 CE. e
2.  Los hechos relevantes en este proceso constitucional son los siguientes: 42www.
Henaa)r esL, ar ecpormeusennidtaadd ad ep oprr olpai eptarroiocus raddeo lraas  dcael leloss A  tnrdibúujanra lye sM  idjaosñ aS PM 4a ridnea  AQlcuailnát edreo 
Sená necshtee zT, rbibaujon alal  eals 2is1te dnec ian odveiel mletbrraed od ed o2n0 1E7d,u parrodmo oLvaióla nudna r,e mcuerdsioa ndtee  easmcpriatoro r ecgoinsttrraa deol   BOE-A-cable e
auto de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre 
de  2017,  por  el  que  se  desestima  el  recurso  de  queja  núm.  338-2017  contra  la 
providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Alcalá de Henares de 24 de 
abril de 2017, por el que se inadmite a trámite el recurso de revisión contra el decreto del 
letrado de la administración de justicia de dicho órgano judicial de 4 de abril de 2017, por 
el que se desestima el recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 15 de 
diciembre de 2016, pronunciadas en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 
núm. 1158-2012. Este recurso de amparo fue tramitado con el núm. 5661-2017.
b)  En la demanda de amparo se pone de manifiesto como antecedentes relevantes 
que la citada comunidad de propietarios obtuvo en un procedimiento declarativo una 
sentencia por la que se condenaba a la entidad promotora Urbanizadora Colmenar, S.A., 
a la entidad constructora Construcciones Pinar de Chamartín, S.L., y al arquitecto don 
Rafael  Nieto  Sanguino,  a  realizar  unas  obras  para  disminuir  el  nivel  de  ruido  que 
afectaba a las viviendas que componen la comunidad de propietarios. Esta comunidad, 
con el fin de ejecutar dicha condena, presentó el 31 de julio de 2012 demanda de 
ejecución de títulos judiciales, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Alcalá de Henares, con el número 1158-2012. El juzgado dictó auto 
de 19 de noviembre de 2012, despachando ejecución y el letrado de la administración de 
justicia dictó decreto de 27 de noviembre de 2013, acordando requerir a los ejecutados a 
cumplir con la obligación que se establece en el auto despachando la ejecución y para 
que el comienzo de las obras o trabajos se acreditara ante el órgano judicial en los dos 
primeros meses del plazo establecido.
La  comunidad  ejecutante,  al  considerar  que  los  ejecutados  no  habían  dado 
cumplimiento a los plazos señalados, solicitó del letrado de la administración de justicia 
que  acordara  facultar  a  la  ejecutante  a  llevar  a  cabo  por  sí  misma  las  obras,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 706.1 LEC. La pretensión fue denegada por 
diligencia de ordenación de 15 de diciembre de 2016, siendo impugnada mediante 
recurso de reposición, que fue desestimado por decreto de 24 de marzo de 2017, 
haciendo constar que contra el mismo no cabía recurso alguno, sin perjuicio de poder 
reproducir la cuestión en la primera audiencia del Tribunal, de conformidad con lo 
establecido en el art. 454 bis LEC.
La comunidad de propietarios interpuso recurso de revisión con fundamento en la 
jurisprudencia establecida en la STC 58/2016, de 17 de marzo, que había declarado 
inconstitucional el párrafo primero del artículo 102 bis.2 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  que  tenía  idéntica  redacción  que  el 
artículo 454 bis.1 LEC. El recurso fue inadmitido por providencia de la magistrada del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Alcalá de Henares de 24 de abril de 2017, 
insistiendo en que la resolución impugnada no es susceptible de ser recurrida en 
revisión conforme a lo previsto en el artículo 454 bis LEC. La providencia fue recurrida 
en queja ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección Duodécima, mediante 
auto  de  9  de  mayo  de  2017  pronunciado  en  el  recurso  de  queja  338-2017,  lo 
desestimó por entender que la jurisprudencia constitucional alegada solo tenía efectos 
directos en el orden contencioso-administrativo.
c)  En la demanda de amparo se expone, en primer lugar, que la STC 58/2016, 
de 17 de marzo, declaró que el primer párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, 
reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  era  inconstitucional, 
siendo un precepto cuya redacción es idéntica a la del art. 454 bis.1 LEC, en lo relativo a 
establecer que contra el decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio  s
del recurso de reposición no se dará recurso alguno, por lo que resulta procedente que  oe.
se  planteara  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  de  dicho  precepto  por  w.
vulneración del art. 24.1 CE. En relación con ello, se invoca en el recurso de amparo,  42ww
peonrtr ec oontrsoisd emraort ivqouse,  lase v uelnsteár aicmiópnid dieenl ddoe reucnh oc oan tlrao lt ujtuedlaic jiuadl iceifaelc etifveoc tidvea  (daertte. r2m4i.n1a CdaEs) 
ddeecciissiioónne sd ed ec olonss idleetrraard oqsu ed e nloa  ahdambíian isetrxaisctiiódno  dien cjuumstpicliima,i ecnotmo od ee s lae no ebsligtea ccióanso  dlae   BOE-A-cable e
ejecución en plazo, a los efectos de facultar al ejecutante la ejecución de las obras por sí 
mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 706.1 LEC.
d)  La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 16 de julio de 2018, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia de que 
la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la 
ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]»; dirigir atenta 
comunicación  a  los  órganos  judiciales  para  que  remitieran  certificación  o  fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  y  emplazaran  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, a excepción de la parte recurrente, a fin de que si lo desean puedan 
comparecer en este proceso de amparo en el plazo de diez días.
e)  La secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 2 de octubre de 2018, tuvo por personados a la entidad Urbanizadora 
Colmenar, S.A., representada por el procurador de los tribunales don Ignacio Argos 
Linares;  a  la  entidad  Novagrup  Property  Development,  S.L.,  representada  por  la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Mercedes  Caro  Bonilla;  y  a  don  Rafael  Nieto 
Sanguino,  representado  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Antonio  Rafael 
Rodríguez Muñoz. Tras el fallecimiento de este último, por diligencia de ordenación de 22 
de  noviembre  de  2018,  se  acordó  tener  por  personados  y  parte  como  sucesores 
procesales a su herederos doña Mercedes Teresa Raventós Pérez, don Rafael Nieto 
Raventós, doña Mercedes Nieto Raventós, don Manuel Nieto Raventós, doña Elena 
Nieto Raventós y doña María Nieto Raventós, representados por el mismo procurador de 
los tribunales.
f)  La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 25 de febrero de 2019, 
acordó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2 y 35.2 LOTC, oír a las partes 
y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días, pudieran 
alegar lo que desearan sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o 
sobre el fondo de esta, respecto de si el art. 454 bis.1 LEC, en la redacción dada por la 
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, podría vulnerar el 
derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), «toda vez que excluye 
del recurso de revisión el decreto del letrado de la administración de justicia que resuelve 
un recurso de reposición y no pone fin al procedimiento ni impide su continuación, pero 
priva a la parte de poder someter a la decisión última del titular del órgano judicial la 
solicitud de ejecución en sus propios términos de la sentencia firme dictada, atendiendo 
además a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad formulada ya por este Tribunal, 
por esta misma imposibilidad de control jurisdiccional, en sus SSTC 58/2016, de 17 de 
marzo (respecto del primer párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada al mismo 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre) y 72/2018, de 21 de junio (respecto del art. 188.1, 
párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social)».
g)  El demandante de amparo formuló sus alegaciones por escrito registrado en este 
Tribunal el 6 de marzo de 2019, manifestando su conformidad a que se planteara la 
cuestión de inconstitucionalidad.
Los sucesores de don Rafael Nieto Sanguino, la entidad Urbanizadora Colmenar, S.A., 
y la entidad Novagrup Property Development, S.L., formularon sus alegaciones por sendos 
escritos registrados en este Tribunal el 15, 18 y 19 de marzo de 2019, manifestando su 
disconformidad a que se planteara la cuestión de inconstitucionalidad. s
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por escrito registrado el 21 de marzo  oe.
de  2019,  concluyendo  que  procede  elevar  al  Pleno  la  cuestión  interna  de  w.
inconstitucionalidad, al inscribirse «en una serie de cuestionamientos de normas de  42ww
dcaer á1c7t edre  pmroacrezsoa, ls, odber elo esl  dairst.t in1t0o2s  bóirsd.2e,n peásr jruarfios dpircicmioenroa,l eLsJ»C, Ac,o nla  cSitTaC d e7 2la/2 S01T8C,  d5e8 /2210 1d6e, 
j(uLnJiSo),,  scoobnre  laesl  aqrut.e 1 8e8l .1a,r t.p á4r5ra4f ob ipsr.i1m eLrEoC,  dceo lma pLaeryte r esguu lcaadroárcat edre d lea  jguerinsedricacliidóand ;s oyc ialal   BOE-A-cable e
«sentencia del 14 de marzo de 2019» (cuestión de inconstitucionalidad núm. 4820-2018) 
respecto de los arts. 34.2 y 35.2 LEC para el procedimiento de jura de cuentas.
3.  La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante ATC 23/2019, de 8 de 
abril, acordó elevar al Pleno cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el 
párrafo primero del artículo 454 bis.1 LEC, en la redacción dada por la Ley 37/2011, 
de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización  procesal,  por  posible  vulneración  del 
artículo 24.1 CE.
El auto de planteamiento razona las dudas sobre la constitucionalidad del precepto 
afirmando que, atendiendo a la doctrina fijada por las ya citadas SSTC 58/2016, 72/2018 
y 34/2019, existen dudas sobre su posible contradicción con el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por crear la norma de la ley procesal civil un espacio 
inmune al control jurisdiccional, ya que, (i)  de su propio tenor literal se deriva que 
contra la resolución del letrado de la administración de justicia no se dará recurso 
alguno, lo que impide el control jurisdiccional por esta vía de muchas de las resoluciones 
y, en concreto, de la controvertida en el recurso de amparo referida a la decisión sobre el 
eventual incumplimiento de la obligación de hacer en las ejecuciones no dinerarias; y (ii) 
la referencia a la posibilidad de reproducir la cuestión ante la autoridad judicial en la 
primera  audiencia  o  solicitarlo  mediante  escrito  antes  de  que  se  dicte  resolución 
definitiva, no puede considerarse una vía de control jurisdiccional alternativa, pues en los 
procesos de ejecución civil en general no está prevista la realización de audiencias ante 
la autoridad judicial ni tampoco la existencia de resoluciones definitivas en el sentido 
utilizado en los procedimientos declarativos de una decisión que resuelva sobre el fondo 
de las pretensiones de las partes.
4.  El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 21 de mayo de 2019, acordó 
admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad; dar traslado del auto, 
conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus presidentes, al Gobierno, por conducto de la ministra de Justicia, y a la 
fiscal  general  del  Estado,  al  objeto  de  que,  en  el  plazo  de  quince  días,  puedan 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimen  convenientes; 
comunicar la resolución a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional a fin de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso 
hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión; y publicar la 
incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
5.  La  presidenta  del  Congreso  de  los  Diputados  y  el  presidente  del  Senado, 
mediante  sendos  escritos  registrados  en  este  Tribunal  el  10  de  junio  de  2019, 
comunicaron la personación de las respectivas cámaras en el proceso, ofreciendo su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6.  El Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, mediante 
escrito registrado en este Tribunal el 13 de junio de 2019, comunicó su personación, 
poniendo de manifiesto que no iba a formular alegaciones.
7.  La fiscal general del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de 
julio  de  2019,  formuló  sus  alegaciones,  en  las  que  interesa  que  se  declare 
inconstitucional el art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC por vulnerar el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE).
La fiscal general del Estado afirma, en primer lugar, que concurren la totalidad de los  e.e
presupuestos  procesales  necesarios  para  admitir  la  cuestión  interna  de  b
inconstitucionalidad.  En  cuanto  al  fondo  de  la  cuestión,  incide,  con  cita  en  la  42ww
cSoTnC l a5 8a/r2ti0c1u6la, cdióen 1 p7r odcee msaalr zdoe,l  emno dqeuleo  edl ep roeficceinpato j ucduiecsiatilo qnuaed od eessatárr oelnló d liare Lcetay  c1o3n/2e0x0ió9n, 
nduee 3v ad oef icnionvai ejumdbicreia, l,d qeu ere efosrtmabal edceió  luan lae gniusleavcaió dne plimroictaecsiaóln  pdaer ac olam pimetpelanncitaasc ióenn trdee l olas 
titulares de los órganos judiciales y los letrados de la administración de justicia, respecto
de  la  que  la  jurisprudencia  constitucional  ha  concluido  que,  dado  el  carácter 
administrativo, o puramente procesal, del ámbito de decisión de estos últimos no es 
posible sustraerla de la posibilidad del control judicial sin vulnerar el derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  por  atentar  contra  el  principio  de  exclusividad 
jurisdiccional (art. 117.3 CE).
A los efectos de comprobar si el precepto cuestionado resulta compatible con el 
art. 24.1 CE y la reserva jurisdiccional del art. 117 CE, concluye que la previsión del 
art. 454 bis.1 LEC (i)  no permite garantizar el control jurisdiccional por la vía de recurso; 
y (ii)  tampoco permite un control jurisdiccional alternativo habida cuenta de que no 
existen en el procedimiento ejecutivo audiencias en las que poder reproducir la cuestión 
ni resoluciones definitivas con anterioridad a las cuales pueda plantearse la cuestión. En 
atención a ello, considera que, «por razones de coherencia con lo resuelto en las 
SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019, hasta que  el  legislador proceda a modificar el 
precepto, deberá acordarse por el Tribunal que es procedente el recurso directo de 
revisión contra el decreto del letrado de la administración de justicia a que se refiere el 
artículo 454 bis LEC».
8.  La secretaría del Pleno de este Tribunal, mediante diligencia de ordenación 
de 17 de junio de 2019, tuvo por personados y parte a doña Teresa Raventós Pérez, don 
Rafael Nieto Raventós, doña Mercedes Nieto Raventós, don Manuel Nieto Raventós, 
doña Elena Nieto Raventós y doña María Nieto Raventós, en su condición de sucesores 
de don Rafael Nieto Sanguino, representados por el procurador de los tribunales don 
Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, bajo la asistencia del letrado don Julio Iturmendi 
Morales, otorgando un plazo de quince días para que formulara alegaciones.
9.  La parte personada, mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de julio 
de 2019, formuló sus alegaciones, solicitando la desestimación de la presente cuestión 
de inconstitucionalidad. En las alegaciones se expone que el contenido del precepto 
cuestionado  es  diferente  al  de  los  preceptos  declarados  inconstitucionales  en  las 
SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de junio, ya que el art. 454 bis.1 LEC 
establece la posibilidad de que el decreto pueda ser impugnado mediante escrito antes 
de la resolución definitiva para ser resuelto en esta, posibilitando con ello un control 
judicial sobre los decretos dictados por los letrados de la administración de justicia. Por 
otro lado, se pone de manifiesto que en el proceso judicial del que trae causa la presente 
cuestión de inconstitucionalidad el juez ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre 
las cuestiones relativas al cumplimiento de la condena de hacer, la parte ejecutante ha 
dejado  pasar  diversas  ocasiones  para  impugnar  diferentes  resoluciones  y  están 
pendientes de ejercitar en dicho proceso las posibilidades de control judicial previstas en 
el propio precepto cuestionado como son su reproducción en la primera audiencia, o si 
no fuera posible, mediante escrito antes de que se dicte alguno de los autos previstos en 
la LEC en el proceso ejecutivo.
10.  Mediante providencia de 28 de enero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia ese mismo día.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El  objeto  del  procedimiento.  El  objeto  de  esta  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad es determinar si el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de  s
enjuiciamiento civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de  oe.
medidas de agilización procesal, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)  w.
pdoerl  lcEertler apadrr eoec sdeteap  tlnoao  alremdgmaa ilnu cinsu tereasscptiiaóocnni oad deino mj uesustnitceaia ba.lle ccoen, tarol l rjeugrisudlaicr ceiol nraelc duers doe tdeerm reinvaisdiaósn  dqeuceis idoenbees   2020-2942n https://ww
ser  resuelto  por  el  letrado  de  la  administración  de  justicia,  que  «contra  el  decreto
resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la  Bc
cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la 
decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante 
escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella».
La redacción del precepto, en cuanto impide interponer contra el decreto resolutorio 
del  recurso  de  reposición  promovido  contra  las  resoluciones  del  letrado  de  la 
administración de justicia cualquiera de los recursos de los que podrían conocer los 
jueces y magistrados, es la misma que la de los arts. 102 bis.2, párrafo primero, de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA), y del art. 188.1, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social (LJS) declarados inconstitucionales y nulos por contradecir el 
derecho a la tutela judicial efectiva, respectivamente, por las SSTC 58/2016, de 17 de 
marzo, y 72/2018, de 21 de junio. Una cuestión similar se examina en el procedimiento 
resuelto por la STC 34/2019, de 14 de marzo, en que se declararon inconstitucionales y 
nulos por vulneración del art. 24.1 CE, los arts. 34.2, párrafo tercero, y art. 35.2, párrafos 
segundo y cuarto, LEC por no permitir recurso contra las decisiones de esta naturaleza 
dentro del procedimiento de jura de cuentas.
No obstante, es de destacar, como singularidad del precepto ahora cuestionado frente 
a los ya declarados inconstitucionales en las citadas SSTC 58/2016 y 72/2018, el hecho 
de que en aquellos el método de control judicial alternativo radicaba en la posibilidad de 
reproducir la cuestión controvertida al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva; 
mientras que en el presente la posibilidad alternativa que se aporta es la de reproducir la 
cuestión controvertida en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, 
si no fuera posible por el estado de los autos, solicitándolo mediante escrito antes de que 
se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella.
2.  La jurisprudencia constitucional sobre la afectación al derecho a la tutela judicial 
efectiva del régimen de recurribilidad de determinadas decisiones de los letrados de la 
administración de justicia.  La jurisprudencia constitucional establecida en las citadas 
SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019 consiste en que:
(i)  No merece reproche de inconstitucionalidad la opción tomada por el legislador, 
en el marco del modelo de oficina judicial que diseñó la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, desarrollada posteriormente en las diversas normas procesales de cada uno 
de los órdenes jurisdiccionales, de distribuir la toma de decisiones en el proceso entre 
jueces y magistrados, por un lado, y letrados de la administración de justicia, por otro. De 
modo tal que se reserva a los primeros, como es obligado, las decisiones procesales que 
puedan  afectar  a  la  función  o  potestad  estrictamente  jurisdiccional,  que  les  viene 
constitucionalmente reservada en exclusiva (art. 117.3 CE); y se atribuye a los segundos, 
que asumen la dirección de la oficina judicial, aquellas funciones que no tienen carácter 
jurisdiccional, lo que incluye dictar las resoluciones procesales que no comportan el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional.
(ii)  Esta distribución de funciones no elude poner de relieve el lugar preeminente 
que ocupa el juez o tribunal, como titular de la potestad jurisdiccional, con respecto al 
que corresponde al letrado de la administración de justicia, como director de la oficina 
judicial, que sirve de apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales (art. 435.1 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ya que son los jueces y magistrados quienes 
ejercen en exclusiva la función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE). 
De ese modo, en última instancia, debe quedar garantizado que toda resolución del 
letrado de la administración de justicia en el proceso pueda ser sometida al control del  e
juez o tribunal. Esto constituye una exigencia ineludible del derecho a la tutela judicial  bo
efectiva garantizado por el art. 24.1 CE, así como en los textos internacionales sobre  42ww
qdueeredcah ovse dfuanddoa mqeunet aelel s leyg ilsiblaedrtoard eesx crlautyifaic addeo sm paonr eEras paabñsao (luatrat.  1e0 .i2n cConEd).i cPioonra dtaan tola, 
jpuosstiicbiiali,d ayda  dqeu ere ceunrtseon djuedrlioc iadle c oontrtora  mloosd doe csrueptoons ddreía  loasd mletitriar dloas e dxeis tlae nacdiam idneis turanc isóenc tdoer 
inmune a la potestad jurisdiccional, lo que no se compadece con el derecho a la tutela
judicial efectiva y conduce a privar al justiciable de su derecho a que la decisión procesal 
del letrado de la administración de justicia sea examinada y revisada por quien está 
investido de jurisdicción, esto es, por el juez o tribunal, lo que constituiría una patente 
violación del derecho a la tutela judicial efectiva.
(iii)  En este contexto, la garantía de control judicial puede establecerse tanto de 
modo directo, a través del recurso de revisión contra los decretos del letrado de la 
administración de justicia que pongan fin al proceso o impidan su continuación, como, 
indirectamente –es el caso de los decretos del letrado de la administración de justicia 
resolutorios  del  recurso  de  reposición  contra  sus  propias  decisiones–,  mediante  la 
posibilidad de que su objeto, aun no siendo recurrible en revisión ante el juez o tribunal, 
puede ser sometido de una manera real y efectiva a la consideración de los titulares de 
la  potestad  jurisdiccional  dentro  del  proceso  a  través  de  instrumentos  o  remedios 
alternativos  al  régimen  de  recursos.  En  este  último  caso,  sin  embargo,  es  preciso 
descartar la eventualidad de que existan supuestos en los que la decisión del letrado de 
la administración de justicia excluida por el legislador del recurso de revisión ante el juez 
o tribunal concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso, que atañen a la 
función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces y magistrados (art. 117.3 CE), a 
quienes  compete  dispensar  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  que  a  todos 
garantiza el art. 24.1 CE.
3.  Análisis de la constitucionalidad del precepto cuestionado.  La aplicación de la 
jurisprudencia  constitucional  expuesta  al  precepto  cuestionado  determina  que  deba 
declararse  que  vulnera  el  art.  24.1  CE  el  art.  454  bis.1,  párrafo  primero,  LEC,  al 
establecer que «contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, 
sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el 
tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se 
podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se 
solvente en ella». Esta redacción no permite descartar la eventualidad de que existan 
supuestos en que la decisión del letrado de la administración de justicia excluida por el 
legislador del control judicial –directo o indirecto– concierna a cuestiones relevantes en el 
marco del proceso que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces 
y magistrados y que, por tanto, deben quedar sometidas a su posibilidad de control de 
acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza 
el art. 24.1 CE.
En  efecto,  en  primer  lugar,  es  de  destacar  que,  en  los  términos  expuestos 
anteriormente, el precepto cuestionado establece la prohibición de impugnación directa 
en  revisión  ante  el  juez  o  magistrado  del  decreto  dictado  por  el  letrado  de  la 
administración de justicia resolutorio del recurso de reposición promovido contra sus 
propias resoluciones. Aunque en los apartados siguientes del precepto cuestionado se 
permite recurso de revisión contra los decretos que pongan fin al procedimiento o 
impidan su continuación o aquellos para los que la ley nominalmente fije dicho recurso, 
se pone de manifiesto que no cabe este control judicial directo frente a la generalidad de 
los dictados en el proceso civil, con independencia de la importancia del asunto resuelto 
por el decreto correspondiente.
En el procedimiento de ejecución no dineraria, en cuyo marco se ha suscitado la 
presente cuestión de inconstitucionalidad, la ley no permite el recurso de revisión directo 
ante el juez o tribunal frente al decreto del letrado de la administración de justicia que 
decide sobre si ha existido incumplimiento de la obligación de hacer por el ejecutado que 
permita a instancia del ejecutante facultarlo para llevarlo a cabo él mismo con encargo a  e.
un  tercero.  En  ese  sentido,  se  trata  de  un  decreto  respecto  del  cual  no  está  w.b
expresamente prevista su recurribilidad en revisión ante el juez o tribunal ni constituye  42ww
uunnaa  ddeecciissiióónn  qquuee  pcoonngcaie frinne a la p crouceesdtiiomnieesn tore loe vimanptiedsa  esun  ceol nmtinaurcaoc iódne.  eSsinte e pmrboacergsoo,  dees 
jeujeecceusc ióyn  mnaog disintreardaorsia,  eqnu el aa tmañeednid aa  elan  fuqnucei ócno mjuprirsodmicectieo nlaal  prerospeirav acdoan seenc uecxicólnu sdivea  laa 
ejecución forzosa despachada por auto del juez, ya que impide a este dirimir si debe
mantenerse dicha ejecución forzosa en los términos ordenados por el título ejecutivo o 
dar paso a una ejecución sustitutoria conforme a la ley.
Por  tanto,  cabe  concluir  que  el  precepto  cuestionado  no  permite  descartar  la 
eventualidad de que existan supuestos –como el que ha dado lugar al planteamiento de 
la presente cuestión de inconstitucionalidad– en los que la decisión del letrado de la 
administración de justicia concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que 
atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces y magistrados y que, 
sin embargo, quedan excluidos por el legislador del recurso directo de revisión ante los 
titulares de la potestad jurisdiccional.
Por otra parte, tampoco cabe apreciar que este control judicial pueda obtenerse de 
manera real y efectiva en el marco del propio proceso de una manera indirecta a través 
de instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos. Ciertamente, el párrafo 
primero  del  art.  454  bis.1  LEC  establece,  como  alternativa  a  la  imposibilidad  de 
impugnación judicial directa, la posibilidad de «reproducir la cuestión, necesariamente, 
en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible 
por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la 
resolución  definitiva  para  que  se  solvente  en  ella».  Ahora  bien,  tal  posibilidad  no 
satisface en todos los casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a la 
tutela judicial efectiva. Así, tal como ya se ponía de manifiesto en el ATC 23/2019, de 8 
de abril, en el que se planteaba la presente cuestión de constitucionalidad, no está 
contemplado en los procesos de ejecución civil en general y en el de ejecución no 
dineraria  en  particular,  cuyo  desarrollo  se  ha  confiado  por  las  últimas  reformas 
procesales al letrado de la administración de justicia, la realización de comparecencias 
(«audiencia») ante el titular del órgano judicial, excepto en el incidente de oposición a la 
ejecución (arts. 560 y 695 LEC). De modo que la posibilidad alternativa de reproducir la 
cuestión  en  la  primera  audiencia  ante  el  tribunal,  si  bien  puede  desplegar  su 
funcionalidad, en su caso, en el contexto de los procesos declarativos, carece de una 
base real como remedio de control judicial indirecto alternativo en el marco de un 
proceso de ejecución.
Del mismo modo, la referencia realizada a la posibilidad de reproducir la cuestión 
mediante escrito para que se solvente en la «resolución definitiva» tampoco satisface 
con carácter general la garantía de control judicial. En el proceso de ejecución, no resulta 
posible identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en 
el proceso de declaración, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las 
partes, ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex 
lege cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC); 
pero esta resolución del letrado de la administración de justicia no resuelve pretensiones, 
sino que declara un estado de cosas y acuerda en consecuencia, si procede, el archivo 
del  procedimiento.  Por  otra  parte,  en  la  eventualidad  de  que  ambas  partes  se 
atribuyesen recíprocamente la responsabilidad por la inejecución de la sentencia se 
alejaría la virtualidad real de una futura «resolución definitiva» en la que se solventase el 
problema de inejecución planteado.
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los 
letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el  s
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia  oe.
resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio  w.
artículo 454 bis LEC. 42ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada y, en su virtud, declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de 
enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.