BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Viernes 22 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 128713
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
17227 Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Autoridad 
Portuaria  de  Málaga,  para  la  construcción  de  un  edificio  destinado  al 
acuartelamiento de la Guardia Civil en el puerto de Málaga.
El Secretario de Estado de Seguridad y el Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Málaga y del Consejo de Administración, han suscrito un Convenio para la construcción 
de un edificio destinado acuartelamiento de la Guardia Civil en el puerto de Málaga.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 20 de octubre de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) 
y la Autoridad Portuaria de Málaga para la construcción de un edificio destinado 
acuartelamiento de la Guardia Civil en el puerto de Málaga
REUNIDOS
En Málaga, a 16 de julio de 2021.
Don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado por Real 
Decreto 84/2020, de 17 de enero, (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2020), actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, con competencia para 
la firma de convenios según lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y don Carlos Rubio Basabe, que actúa en calidad de Presidente, en nombre y 
representación de la Autoridad Portuaria de Málaga y del Consejo de Administración, en 
virtud de las facultades propias de su cargo, conferido por Decreto 58/2013, de 4 de 
Junio,  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  publicado  por  BOJA 
número 109 de 6 de Junio de 2013 y en el BOE número 140 de fecha 12 de Junio 
de 2013, correspondiendo al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Málaga la aprobación del presente Convenio, en virtud del artículo 30.5.ñ) del Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad  es
para obligarse y convenir, y bo
EXPONEN
Primero.
La Ley Orgánica 2/1.986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
establece, entre otras, como competencia de la Guardia Civil «El Resguardo fiscal de 
Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando» así como 
«La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y 
centros e instalaciones que por su interés lo requieran».
Segundo.
El  Puerto  de  Málaga,  según  se  recoge  en  el  anexo  I  del  Real  Decreto 
legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es un puerto de interés general y, por lo 
tanto, de acuerdo con el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, competencia 
exclusiva de la Administración del Estado. Por otro lado, el artículo 69 del citado texto 
legal,  establece  que  el  Ministerio  de  Fomento  debe  determinar  en  los  puertos  de 
titularidad estatal una zona de servicio para el desarrollo de los usos portuarios, «donde 
deben  incluirse  también  los  espacios  necesarios  para  que  los  órganos  de  las 
Administraciones públicas puedan ejercer competencias de vigilancia, seguridad pública, 
inspección,  control  de  entradas  y  salidas  de  personas  y  mercancías  del  territorio 
nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la actividad portuaria, 
deban desarrollarse necesariamente en el puerto».
Tercero.
Que la Autoridad Portuaria de Málaga tiene encomendada por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante las siguientes competencias: la 
planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios 
del puerto, la gestión del dominio público portuario adscrito y la prestación de los 
servicios  de  vigilancia,  seguridad  y  policía  sin  prejuicio  de  las  competencias  que 
corresponden a otras Administraciones, en particular las reconocidas a la Administración 
General del Estado a través de la Dirección General de la Guardia Civil, debiendo 
promover las condiciones necesarias para que el tráfico de mercancías y pasajeros 
pueda desarrollarse con la máxima seguridad, y por ello coordinarse y colaborar con la 
citada Dirección General atendiendo las solicitudes de los bienes de dominio público que 
se le requieran conforme a lo establecido en el artículo 73.3 del citado Texto Refundido: 
«Cuando algún órgano de la Administración General del Estado o cualquier organismo o 
entidad vinculada o dependiente de la misma requiera la utilización del dominio público 
portuario, solicitará de la Autoridad Portuaria correspondiente los bienes de dominio 
público necesarios, quien autorizará dicha utilización siempre que sea compatible con la 
normal explotación del puerto y durante el tiempo que sea preciso, debiendo suscribir el 
correspondiente Convenio en el que se establecerán las condiciones de la misma, 
incluyendo las tasas que, en su caso, procedan y los costes que debe asumir aquél».
Cuarto.
Actualmente las dependencias de la Sección Fiscal la Guardia Civil en el Puerto de  e.e
Málaga se encuentran ubicadas en el llamado Cuartel de «La Parra» sito en una parcela  w.b
sita en el Muelle no 4 y lindante con la verja de cerramiento limítrofe con la Avenida  227ww
MDiarencuceiól An gdueslt íPn uHeertroe daia .la L aD icroenccsitórunc cGióenn edrea lt adl ee dlaif icGiou afurdei aa uCtoivriilz aedna  1e9n6 0p reecna rlaio  cpiotard laa 
ppaúrbcliecloa ,p loar tcuuaarilo e, se nd ev irptuadtr imdeo nlaio L deey  dlae  A2u8t odreid mada rPzoo rdtuea r1ia9 4c1o n(B eOl Ec adreá c9t edr ed aeb driol)m, qinuieo 
atribuyó la titularidad dominical de los mismos a la entonces Junta de Obras del Puerto
de Málaga, y a la que sucedió la Autoridad Portuaria (apartado 1 de la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante).
Las características de tal parcela de dominio público portuario, titularidad de la 
Autoridad Portuaria de Málaga, y del edificio y las instalaciones construidas a partir 
de 1960 por la Dirección General de la Guardia Civil, según se recoge en el Plano 
incorporado como anexo I La Parra del presente Convenio, son las siguientes:
Parcela llana de forma poligonal, ubicada en el Muelle número 4. Linda al norte con 
la Avenida Manuel Agustín Heredia y al sur con el vial que discurre por el Muelle 
número 4 y al oeste con el edificio de la Agencia Tributaria Estatal. Tiene una superficie 
total de 1.838,15 m2, de los cuales 40,49 m2 forman parte de la superficie destinada a 
perreras y, 205,23 m2 de la superficie destinada al edificio.
Quinto.
La Autoridad Portuaria de Málaga es propietaria en pleno dominio, con el mismo 
carácter demanial, de una parcela de 2.854 m2 sita en la plataforma de San Andrés, 
entre el futuro edificio del Instituto Español de Oceanografía y la EBAR-2, según se 
recoge en los Planos incorporados como anexo 2 San Andrés del presente Convenio, la 
cual igualmente le pertenece en virtud de la Ley de 28 de marzo de 1941 (BOE de 9 de 
abril), que atribuyó la titularidad dominical de tales terrenos a la entonces Junta de Obras 
del  Puerto  de  Málaga,  a  la  que  sucedió  la  Autoridad  Portuaria  (apartado  a  de  la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante).
Sexto.
De acuerdo con el vigente Plan Especial de ordenación del Puerto de Málaga y la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios aprobada para el Puerto de Málaga por 
el Ministerio de Fomento mediante la Orden FOM/649/2017, de 6 de julio, la zona del 
fondo norte del muelle número 4 del Puerto de Málaga, donde está ubicado el edificio 
construido por la Dirección General Guardia Civil que ocupa las dependencias de la 
Sección Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Málaga, sufrirá una nueva alineación 
para ensanchar la Avda. Manuel Agustín Heredia y construir en la nueva alineación 
prevista,  en  régimen  de  concesión  administrativa,  edificios  para  uso  ciudadano  o 
terciario, quedando la citada parcela de dominio público portuario fuera por tanto de 
ordenación urbanística.
Séptimo.
A la Autoridad Portuaria de Málaga le es por tanto necesario disponer de la citada 
parcela ocupada en precario por la Dirección General de la Guardia Civil, a fin de 
desarrollar el precitado denominado Plan Especial de Ordenación del Puerto de Málaga, 
facilitando así finalmente la integración del Puerto en la Ciudad.
Octavo.
La Dirección General de la Guardia Civil no pone objeción a la reubicación de sus 
dependencias en otro nuevo edificio e instalaciones, según se detalla en el anexo II San  e
Andrés, que le permitan el desarrollo de las funciones que le corresponden realizar  bo
dentro del dominio público portuario. Responsabilizándose la Autoridad Portuaria de  227ww
fMináalangciaa cidóen  aspur oebjaedcau cyi ódne  lah aasutato rilzaa cinióvne rdseió snu  omcáuxpiamcaió np are lvai sctiata, ddae D iareccuceiórdno G  econne ralal.
Noveno.
La cesión de las nuevas instalaciones a la Guardia Civil se efectuará mediante un 
Convenio a formalizar conforme a lo establecido en el artículo 73.3 del citado Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Puertos  del  estado  y  de  la  Marina  Mercante  y  el  mismo 
establecerá, de acuerdo con los artículos 169, apartado a) y 170, apartado a), las 
exenciones tributarias de la Dirección General de la Guardia Civil del pago de las tasas 
de ocupación y de actividad, que serán mantenida mientras se recojan legalmente. 
Igualmente,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  trigésima  de  la 
mencionada Ley que establece: «Reintegro a la Administración General del Estado. Las 
Autoridades Portuarias reintegrarán a la Administración General del Estado los importes 
que  ésta  hubiera  abonado,  por  cualquier  causa,  en  concepto  de  cuotas  tributarias 
devengadas  por  la  exacción  de  los  tributos  locales  que  recaigan  sobre  los  bienes 
inmuebles que aquéllas tuviesen adscritos. El reintegro se producirá en un plazo de tres 
meses desde el día en que la Administración General del Estado requiera el pago a la 
Autoridad Portuaria, siempre que aquélla hubiera acreditado el abono de dicho importe».
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del Convenio es articular la colaboración entre la Autoridad Portuaria de 
Málaga y la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil) 
para  regular  la  ocupación  del  dominio  público  portuario  tras  las  actuaciones  de 
construcción del nuevo edificio, donde se ubicarán las dependencias de la Sección Fiscal 
de la Guardia Civil en el Puerto de Málaga en la parcela referida en el apartado quinto de 
la exposición.
Posteriormente  a  la  construcción  del  edificio,  cuya  responsabilidad  recae  en  la 
Autoridad Portuaria hasta el importe máximo previsto, se efectuará la formalización del 
Convenio recogido en el apartado noveno de la exposición, para la autorización de su 
ocupación  por  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil,  previa  aceptación  por  esa 
Dirección General de las condiciones de utilización que se establezcan y libre de la 
exigencia de las tasas portuarias de ocupación y de actividad mientras se recojan 
legalmente las citadas exenciones tributarias.
Segunda.  Compromisos de la Autoridad Portuaria de Málaga.
La Autoridad Portuaria construirá en la parcela del anexo II San Andrés el nuevo edificio e 
instalaciones  donde,  previa  su  autorización  por  la  Autoridad  Portuaria  de  Málaga,  se 
reubicarán las dependencias de la Sección Fiscal de la Guardia Civil en el Puerto de Málaga, 
conforme  al  programa  de  necesidades  que  se  adjunta  como  anexo  III  Programa  de 
Necesidades de este Convenio. La cimentación se diseñará para que posteriormente y con 
cargo a inversiones de la Guardia Civil se pueda acometer una planta adicional.
La redacción del Proyecto Básico de Ejecución de tal edificio y de las instalaciones 
anejas, se hará conforme a los criterios de diseño de instalaciones y memoria de calidades 
constructivas establecidos consensuadamente entre la Autoridad Portuaria de Málaga y la  s
Dirección General de la Guardia Civil y siguiéndose el Programa de necesidades. e.
Una  vez  recibidas  las  obras  e  instalaciones  por  parte  de  la  Autoridad  Portuaria,  w.
conforme al Pliego de Bases y de condiciones que regule su contratación, se procederá por  227ww
Gla uAarudtioar idCaivdi l, Pmoertduiaarniate  ala  lafo ramuatolirziazacicóiónn d ed eu ns uC ooncvuepnaicoi óenn  ac ulma pDlimireiecnctioó nd eGl eanrteícraull od 7e3 .l3a 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Tercera.  Compromisos del Ministerio del Interior.
La  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil,  procederá  bajo  su  cuenta  y 
responsabilidad, al traslado de sus efectivos y medios materiales desde las antiguas a 
las nuevas instalaciones en un plazo de 3 meses desde la formalización del Convenio de 
autorización de ocupación, tras lo cual la Autoridad Portuaria podrá disponer de la 
parcela e instalaciones desocupadas.
El Ministerio del Interior aceptará las siguientes condiciones generales que serán 
incluidas en el Convenio para la autorización de la ocupación por la Dirección General de 
la Guardia Civil, que se recoge en el exponendo Noveno:
La Guardia Civil quedará obligada a conservar el inmueble cedido en perfecto estado 
de utilización, incluso desde los puntos de limpieza, higiene y estética, realizando a su 
cargo las actuaciones extraordinarias que sean precisas.
El dominio público cuyo uso se cede se destinará en exclusiva a las necesidades 
propias de las actividades señaladas en el presente Convenio, debiendo comunicar a la 
Autoridad Portuaria de Málaga cualquier otro uso para su aprobación.
No se eximirá a la Guardia Civil de la obtención y mantenimiento en vigor de las 
licencias, permisos y autorizaciones que legalmente sean exigibles, ni del pago de los 
impuestos que le sean de aplicación, ya sean locales, autonómicos y/o nacionales. 
Igualmente, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 30.ª que establece: 
«Reintegro  a  la  Administración  General  del  Estado.–Las  Autoridades  Portuarias 
reintegrarán  a  la  Administración  General  del  Estado  los  importes  que  ésta  hubiera 
abonado, por cualquier causa, en concepto de cuotas tributarias devengadas por la 
exacción de los tributos locales que recaigan sobre los bienes inmuebles que aquéllas 
tuviesen adscritos. El reintegro se producirá en un plazo de tres meses desde el día en 
que la Administración General del Estado requiera el pago a la Autoridad Portuaria, 
siempre que aquélla hubiera acreditado el abono de dicho importe».
La Guardia Civil será igualmente responsable de la gestión del local, incluyendo los 
daños o perjuicios causados a terceros, los gastos del personal necesario para la gestión 
y su explotación, los gastos de electricidad, agua, teléfono, recogida de basuras, etc., 
necesarios para el desarrollo de la actividad y todos los gastos que ocasione, así como 
la  contratación  de  aquellos,  de  las  acometidas  y  el  pago  de  los  derechos 
correspondientes.
Tal y como se establece en la normativa de aplicación al dominio público portuario ya 
mencionada, la falta de utilización, durante un período de un año, del dominio público 
portuario objeto de la cesión, será motivo de extinción, a no ser que medie causa justa. A 
este objeto, la Guardia Civil quedará obligada a poner en conocimiento de la Autoridad 
Portuaria las circunstancias que motiven la falta de utilización del mismo.
Cuarta.  Colaboración técnica.
La  Autoridad  Portuaria  de  Málaga  y  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil 
coordinarán  y  efectuarán  el  seguimiento  de  las  obligaciones  consignadas  en  este 
Convenio  durante  las  fases  de  redacción  del  Proyecto  y  Ejecución  de  la  obras, 
designando un Técnico Facultativo por cada una de las partes, encargados de concretar 
y solventar, en colaboración con los redactores de los Proyectos y Directores de las 
Obras, cuantas cuestiones relativas al programa y criterios técnicos planteen durante su 
redacción y ejecución. s
Quinta.  Descripción de la parcela de las nuevas dependencias de la Guardia Civil en el  w.
PLau epratorc deela M dáel augsao. portuario en el Plan Especial aprobado en diciembre de 2011, es  2021-17227n https://ww
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con la EBAR-2; tiene una superficie total de 2.854 m2.
Sexta.  Características de la construcción.
Los parámetros básicos de la construcción a ubicar en la parcela, según el programa 
de necesidades de la Dirección General de la Guardia Civil, se definirán en la fase de 
redacción del proyecto constructivo tal y como se especifica en el apartado B de la 
segunda cláusula del Convenio, teniendo en cuenta lo que establece el Plan Especial 
aprobado en su cuadro de normativa por áreas de intervención aplicable a la Plataforma 
de San Andrés, donde se marcan los usos, las condiciones de ordenación y una serie de 
observaciones a tener en cuenta durante la fase de redacción del mismo.
Séptima.  Financiación.
La redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras serán financiadas 
con cargo al presupuesto de inversiones de la Autoridad Portuaria de Málaga, con un 
importe máximo de 1.368.546,43 euros.
El presente Convenio no genera gasto extraordinario para el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Guardia Civil), sin perjuicio de los compromisos asumidos en la 
cláusula tercera.
Octava.  Comisión de seguimiento.
Para el seguimiento, vigilancia y control del presente Convenio se dispondrá de una 
Comisión  mixta  de  Seguimiento,  que  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que puedan plantearse y que podrá convocarse a instancia de cualquiera 
de las partes.
Dicha Comisión tendrá carácter paritario, y estará integrada por dos miembros en 
representación del Ministerio del interior y otros dos miembros en representación de la 
Autoridad Portuaria de Málaga.
Cada uno de las organismos representados podrá estar asistido por los técnicos que 
consideren convenientes.
El funcionamiento de la Comisión Mixta de seguimiento será según lo previsto para 
los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015.
Novena.  Legislación aplicable.
El presente Convenio se regulará por lo establecido en el Capítulo VI del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
que  regula  los  Convenios  adoptados  por  las  Administraciones  Públicas,  teniendo 
naturaleza administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación en la Comisión Mixta de seguimiento, serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Décima.  Vigencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del 
Sector Público estatal y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». es
Se fija un plazo máximo de 36 meses para el cumplimiento de los compromisos  bo
contenidos en este Convenio, pudiendo los firmantes en cualquier momento antes de la  227ww
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Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
Undécima.  Extinción y resolución del Convenio.
El  presente  Convenio  se  extingue  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, tal y como estipula el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio, sin que se prevean indemnizaciones 
para el caso de que se resuelva el Convenio por esta causa.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
En caso de resolución anticipada del Convenio, si existieran actuaciones en curso de 
ejecución se podrá acordar la continuación y finalización de éstas en un plazo improrrogable 
que  será  fijado  por  las  partes,  trascurrido  el  cual  el  Convenio  deberá  liquidarse,  de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En caso de resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima.  Modificación del Convenio.
La  modificación  del  contenido  del  Convenio  requerirá  acuerdo  unánime  de  los 
firmantes y deberá ser formalizado mediante la correspondiente adenda.
Decimotercera.  Incumplimiento del Convenio.
La  resolución  del  Convenio  por  causa  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  y 
compromisos de las partes no dará lugar a indemnización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio, 
planos y anexos que forman parte del mismo, en dos ejemplares originales, igualmente 
válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario de Estado de Seguridad, 
Rafael Pérez Ruiz.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio 
Basabe.