BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 106 Jueves 16 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 29138
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
4483 Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión 
de la banda ancha de nueva generación.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es responsable de 
llevar a cabo las actuaciones dirigidas a extender la cobertura de las redes ultrarrápidas 
contempladas en la Agenda Digital para España, aprobada por el Consejo de Ministros 
del  15  de  febrero  de  2013  y  desarrollada  posteriormente  en  el  Plan  de 
Telecomunicaciones  y  Redes  Ultrarrápidas  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital, a quien corresponde la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de telecomunicaciones.
Estas actuaciones enlazan con las contempladas en el Plan para el despliegue de 
infraestructuras digitales previsto en la Agenda del Cambio para la promoción del avance 
científico y tecnológico, que incluye el despliegue de redes de banda ancha de velocidad 
ultra rápida para facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad, 
avanzando así en la consecución de los objetivos establecidos por la Comisión Europea 
en el documento «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una 
sociedad europea del Gigabit», COM(2016) 587 final, de cobertura universal de la banda 
ancha a velocidades de más 100 megabits por segundo (Mbps).
Asimismo, estas actuaciones se enmarcan dentro del objetivo temático 2 de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, sobre mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas, referido en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. En 
concreto, estas actuaciones han sido explícitamente incluidas en el Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020, respetando los principios generales de la 
ayuda establecidos en el citado reglamento y que se cofinancia con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
En este Programa Operativo se incluye como prioridad de inversión 2.ª, dentro del 
objetivo temático 2, la ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de 
redes de alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes 
para la economía digital, que se concreta en el objetivo específico OE.2.1.1 de fomentar 
el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y, 
más concretamente, en la línea de actuación 1 «Programa de extensión de la banda 
ancha  de  nueva  generación»  cuyas  prioridades  temáticas  son  las  recogidas  en  la  s
Agenda Digital para España. e.
Las convocatorias correspondientes a los años siguientes podrán realizarse total o  w.
parcialmente en el marco de las actuaciones que se incluyan en otro Programa Operativo del  83ww
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final, no formulando observaciones al considerar que estas ayudas son compatibles con 
el mercado interior con arreglo a lo establecido en el artículo 107.3.c) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Promoviendo la conectividad de la población mediante servicios de banda ancha, 
estas ayudas contribuyen por un lado a la reducción de la brecha digital de género en las 
zonas rurales y, por otro lado, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de 
nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas 
despobladas. Así mismo, promueven el desarrollo sostenible favoreciendo la realización 
telemática de trámites de forma accesible y evitando desplazamientos, lo que redunda 
en una mayor eficiencia y ahorro tecnológicos.
Las ayudas que se otorguen consistirán en una combinación de subvención y de 
anticipo FEDER, suponiendo en ambos casos para el beneficiario una ayuda a fondo 
perdido  que,  además,  para  facilitar  la  realización  del  proyecto,  es  abonada 
anticipadamente tras dictarse la resolución de concesión estimatoria, con independencia 
del carácter anual o plurianual de la ejecución del mismo.
La modalidad de ayuda denominada anticipo reembolsable con fondos comunitarios 
FEDER, o abreviadamente «anticipo FEDER», consiste en el otorgamiento inicial de un 
préstamo al cero por ciento de interés, que será amortizado de oficio con cargo a la 
ayuda proveniente del FEDER una vez justificada la realización del proyecto objeto de 
ayuda, en los términos exigidos por la normativa comunitaria reguladora de dicho fondo. 
La  contabilización  del  anticipo  FEDER  deberá  realizarse  por  cada  beneficiario,  de 
acuerdo con los principios contables que le resulten de aplicación, como un ingreso de 
fondos cuya contrapartida es una deuda. Más tarde, una vez recibida la ayuda FEDER 
de la Comisión Europea y habiendo informado el beneficiario de que dicho anticipo ha 
sido cancelado, deberá contabilizarlo como una ayuda recibida de la Unión Europea y 
cancelar la correspondiente deuda.
Serán elegibles todas las zonas geográficas que carecen de dicha cobertura NGA 
(del inglés New Generation Access) o de previsiones de despliegue a tres años (zonas 
blancas NGA) y las zonas que tengan cobertura o previsiones de cobertura por parte de 
una sola infraestructura (zonas grises NGA) y no permitan velocidades superiores a 
los 100 Mbps.
Esta orden da continuidad al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva 
Generación iniciado por la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio.
En la elaboración y tramitación de esta orden, se han observado los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, 
respecto al principio de necesidad, las ayudas que se regulan en esta orden pretenden 
continuar y ampliar el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación 
con el objetivo de alcanzar que un mayor número de localidades sea objetivo de ayudas 
para el despliegue de redes de acceso de nueva generación de muy alta velocidad, 
impulsando la cohesión social y territorial del Estado. En referencia al principio de 
proporcionalidad, sólo se otorgarán ayudas para la extensión de la cobertura de las 
redes  de  comunicaciones  electrónicas  capaces  de  proporcionar  servicios  de  banda 
ancha de muy alta velocidad (más de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps) a las zonas sin 
cobertura actual de redes NGA ni prevista para los próximos tres años (zonas blancas 
NGA), así como a las zonas sin la adecuada cobertura a 100 Mbps, donde hay presencia 
de un solo operador que pueda proporcionar servicios a esta velocidad (zonas grises 
NGA a menos de 100 Mbps). Esta orden garantiza la seguridad jurídica, ya que la  s
Comisión  Europea  ha  adoptado  la  Decisión  C(2019)  8831  final,  no  formulando  oe.
observaciones al considerar que estas ayudas son compatibles con el mercado interior  w.
con arreglo a lo establecido en el artículo 107.3.c) del Tratado de Funcionamiento de la  83ww
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de concurrencia se aprovecha al máximo las economías de proximidad evitando el efecto 
negativo de la admisión de propuestas de todos los tamaños y la selección de todas ellas 
sin más que ajustar su ámbito geográfico.
En la tramitación de esta orden se han recabado informes de la Abogacía del Estado, 
de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, con cargo al Programa 
de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, dentro de lo previsto en la 
Agenda del Cambio para la promoción del avance científico y tecnológico, que incluye el 
despliegue  de  redes  de  banda  ancha  de  velocidad  ultra  rápida  para  facilitar  la 
transformación digital de la economía y de la sociedad.
En el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, se recoge 
expresamente este programa de ayudas como 2.ª prioridad de inversión, dentro del 
objetivo temático 2, mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de 
la comunicación y el acceso a las mismas.
Artículo 2.  Normativa aplicable.
1.  En todo lo no particularmente previsto en esta orden, serán de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria;  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en las leyes 
anuales  de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Igualmente,  será  de  aplicación  la 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, 
así como lo establecido en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas 
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y medios de comunicación social, así como las demás normas que 
resulten de aplicación.
2.  Será también de aplicación, la normativa nacional y comunitaria reguladora del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En particular:
a)  El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,  s
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la  e.
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de  w.
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo  83ww
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de  diciembre  de  2013,  sobre  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  y  sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, y
c)  la normativa de desarrollo de ambos como el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las 
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos 
financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación 
de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos y la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el período 2014-2020.
En  todo  caso,  en  el  supuesto  de  que  las  convocatorias  se  incluyan  total  o 
parcialmente en el marco de las actuaciones previstas en otro Programa Operativo del 
nuevo periodo de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027, será de 
aplicación la normativa comunitaria reguladora del FEDER que sea de aplicación.
Artículo 3.  Ámbito material.
El ámbito material de esta orden se circunscribe a la extensión de la cobertura de las 
redes públicas de banda ancha de nueva generación, de muy alta velocidad, capaces de 
prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en 
sentido descendente como ascendente.
Artículo 4.  Ámbito temporal.
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde su entrada en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por 
las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los 
correspondientes expedientes.
Artículo 5.  Ámbito geográfico y ámbito de concurrencia.
1.  El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se conceden 
al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional
2.  Se establece como ámbito de concurrencia el de cada una de las provincias 
españolas y el de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
3.  Cada proyecto que opte a las ayudas deberá limitar su ámbito geográfico de 
actuación al ámbito de concurrencia al que se dirija y, en caso de haberse establecido 
zonas de discriminación positiva, según lo dispuesto en el artículo 8.2, deberá figurar 
claramente desglosada la parte del mismo que se refiera a dichas zonas.
Entre las solicitudes presentadas para cada ámbito de concurrencia que superen la 
fase de preevaluación, se otorgará la ayuda que corresponda al proyecto mejor valorado, 
siempre que en la fase de evaluación hayan alcanzado, al menos, 5 puntos.
Artículo 6.  Objetivo de los proyectos.
1.  El objetivo de cada proyecto susceptible de acogerse a las ayudas reguladas en 
esta orden debe consistir en proporcionar cobertura de redes de banda ancha de muy  es
alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps,  bo
escalables  a  1  Gbps,  tanto  en  sentido  descendente  como  ascendente,  al  ámbito  83ww
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corresponderán, tras la elaboración de un mapa detallado de cobertura y la realización
de una consulta pública, con las que no dispongan de cobertura de redes de acceso de 
nueva  generación  de  alta  velocidad  (más  de  30  Mbps)  ni  planes  creíbles  para  su 
despliegue por parte de ningún operador en los próximos tres años (zonas blancas 
NGA), así como, las que aun teniendo cobertura o previsiones de cobertura en los 
próximos tres años de dichas redes, esta sea proporcionada por un solo operador (zonas 
grises  NGA)  que  además  no  sea  capaz  de  prestar  servicios  de  banda  ancha  a 
velocidades de 100 Mbps o superiores en sentido descendente.
Lo anterior se realizará por entidades singulares de población, con la denominación y 
código de 9 cifras con la que figuran en el Nomenclátor del INE, pudiendo abarcar a la 
totalidad de la entidad singular de población o en el caso de zonas blancas NGA también 
una parte de la misma claramente delimitada. Alternativamente, las zonas elegibles se 
podrán identificar y publicar como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros 
de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido.
La relación de las zonas elegibles en cada ámbito de concurrencia o la capa de 
zonas  geográficas,  se  publicará  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.
Asimismo, cuando resulte necesario para cumplir con el objeto de esta orden, la 
delimitación geográfica precisa de las zonas blancas NGA de tamaño inferior a una 
entidad singular de población podrá concretarse una vez resuelta la concesión de las 
ayudas, a propuesta del operador beneficiario en cada ámbito de concurrencia, y tras la 
oportuna consulta pública por un plazo no inferior a un mes.
3.  Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud de ayuda por cada ámbito de 
concurrencia. Dicha solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, constará 
de una solicitud-cuestionario y de una memoria detallada del proyecto con el contenido 
mínimo que se especifique en la convocatoria, debiendo incluir, entre otros, el objetivo de 
cobertura en cada zona que forme parte del ámbito geográfico definido por el solicitante 
expresado tanto en población censada como en unidades inmobiliarias.
4.  Los  costes  elegibles  se  corresponderán  con  los  asociados  a  los  conceptos 
referidos en el artículo 15 y se limitarán a los necesarios para la creación o adaptación 
de las infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por los demás 
operadores a través del acceso mayorista al que se refiere el artículo siguiente. No serán 
elegibles las partidas de gasto asociadas a infraestructuras no relacionadas con el 
acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador beneficiario de la 
ayuda.
5.  Los  proyectos  se  referirán  a  redes  de  acceso,  concepto  bajo  el  que  se 
consideran incluidos los enlaces de transmisión con la red de agregación («backhaul»), 
que conectan puntos de concentración intermedios anteriores al domicilio del usuario con 
un nodo de conmutación.
6.  Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica 
concreta, siendo los solicitantes los que deberán expresar y motivar en los proyectos la 
solución tecnológica más adecuada para cada ámbito territorial.
7.  Al  objeto  de  facilitar  la  reutilización  de  las  infraestructuras  existentes,  todo 
operador que posea o controle una infraestructura susceptible de ser reutilizada en la 
zona objetivo y que desee presentarse a alguna convocatoria, deberá informar y dar 
acceso a la misma a terceros operadores, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 
y 5 del Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el 
coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, que 
traspone la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo  s
de 2014. oe.
Artículo 7.  Acceso mayorista. 83ww
1.  Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a ofrecer a los demás
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en  servicio  del  proyecto  del  que  se  trate,  de  forma  abierta,  no  discriminatoria  y 
respetando el principio de no discriminación tecnológica.
Para permitir un acceso efectivo, se aplicarán las mismas condiciones de acceso a la 
totalidad de la red subvencionada, incluidas las partes de dicha red en las que se hayan 
usado infraestructuras existentes.
En caso de que el proyecto contemple despliegues de fibra óptica, dicho acceso 
incluirá también la posibilidad de acceder a la fibra oscura, con una desagregación total y 
efectiva, así como a los conductos, postes, armarios, arquetas y demás elementos de 
obra civil. El acceso a estos últimos no debe ser limitado en el tiempo. En el caso de las 
ayudas a la construcción de conducciones, estas serán lo suficientemente grandes para 
dar cabida a varias redes de cable y diferentes topologías de red.
Además de la desagregación y el acceso a la línea física, en función de la opción 
tecnológica seleccionada para el despliegue de la red NGA, si existiera una demanda 
real, debería prestarse, en condiciones equitativas y no discriminatorias, un acceso 
mayorista  de  desagregación  virtual,  que  consistirá  en  un  acceso  activo  con  una 
interconexión de las redes en la propia central de cabecera de la red de acceso, al poder 
ser una opción preferida por terceros operadores distintos del receptor de la ayuda.
La velocidad de acceso ofrecida será, como mínimo, la establecida en el objetivo del 
proyecto y, en todo caso, deberá permitir la replicabilidad de los servicios minoristas 
ofrecidos por el operador beneficiario.
En el caso de redes «backhaul» se deberá también incluir el servicio mayorista de 
líneas alquiladas o circuitos punto a punto, en función de la tecnología empleada para la 
implementación de dicha red.
2.  Los precios de este acceso mayorista efectivo se basarán en los principios de 
fijación de precios establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia o en los precios mayoristas fijados por dicha Comisión al operador con 
Poder Significativo de Mercado para servicios similares que serán considerados como 
precios  máximos.  En  caso  de  no  existir  una  oferta  de  referencia  equivalente,  la 
referencia será la de los precios medios existentes en España y en caso de no existir 
tampoco esta referencia, se aplicará el criterio de orientación a costes, todo ello teniendo 
en cuenta las ayudas recibidas por el operador de la red. En cualquiera de los casos 
cuando se trate de un operador integrado verticalmente, los precios definidos deberán 
permitir  la  replicabilidad  de  las  ofertas  minoristas  y  que  no  se  produzca  una 
discriminación con la rama minorista del operador beneficiario.
3.  La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrá asesorar a la 
autoridad concedente de la ayuda en materia de precios y condiciones de acceso 
mayorista  a  que  se  refiere  este  artículo.  Además,  resolverá  los  conflictos  entre 
operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando 
instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso mayorista a la que 
se refiere este apartado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, teniendo en 
cuenta las condiciones de mercado y la ayuda recibida.
4.  El  detalle  de  la  oferta  mayorista  deberá  estar  disponible  para  los  terceros 
operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente al inicio de la explotación 
minorista de la red NGA por el beneficiario. Cuando el beneficiario sea un operador 
integrado verticalmente, el acceso debe poder ser concedido al menos 6 meses antes de 
iniciar la prestación de los servicios minoristas.
Artículo 8.  Convocatoria. e.
1.  En cada convocatoria se podrán incluir todos o una parte de los ámbitos de  83ww
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centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos y de
otros  factores  como  el  equilibrio  territorial,  su  mayor  incidencia  sobre  desarrollo 
económico o su mayor alejamiento.
También se establecerá para cada ámbito de concurrencia la intensidad máxima de 
ayuda,  en  función  de  la  disponibilidad  presupuestaria,  del  mayor  o  menor  déficit 
esperado de rentabilidad, de la tasa de cofinanciación FEDER aplicable y del número 
mínimo de unidades inmobiliarias a las que se debe proporcionar cobertura.
2.  Asimismo, en cada convocatoria podrán establecerse dentro de cada ámbito de 
concurrencia,  zonas  de  tamaño  inferior  al  de  la  provincia,  como  islas,  comarcas  o 
municipios,  con  la  consideración  de  zonas  más  necesitadas,  para  la  aplicación  de 
medidas de discriminación positiva.
Para cada una de estas zonas de discriminación positiva que se establezca se fijará 
en la convocatoria un coeficiente de ponderación, superior a la unidad, para obtener las 
unidades inmobiliarias equivalentes a efectos de valoración según los criterios que se 
recogen en el artículo 24.
3.  Asimismo, en cada convocatoria se determinará si se incluyen como elegibles 
solo las zonas blancas NGA o las zonas blancas NGA y las zonas grises NGA.
Artículo 9.  Ayuda máxima de los proyectos objeto de ayuda.
La  ayuda  máxima  que  se  podrá  solicitar  por  proyecto  en  cada  ámbito  de 
concurrencia no podrá superar las dotaciones asignadas ni las intensidades máximas de 
ayuda  establecidas  para  ese  ámbito  en  las  correspondientes  convocatorias.  Las 
dotaciones asignadas a cualquier ámbito de concurrencia no podrán superar los diez 
millones de euros.
Artículo 10.  Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.
1.  Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas 
jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo 
establecido  en  los  artículos  6  y  7  de  la  Ley  9/2014,  de  9  de  mayo,  General  de 
Telecomunicaciones.
2.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  los  solicitantes  que  se 
encontrasen incursos en alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha 
condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquéllas.
3.  Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén 
sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o 
las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen 
las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 
no financieras en crisis (2014/C 249/01).
4.  El órgano instructor deberá requerir la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos necesarios  para adquirir  la condición de  beneficiario, establecidos en los 
apartados 1 a 3 anteriores.
5.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden, las que se  es
determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las  bo
ayudas  y  en  las  instrucciones  específicas  que,  en  aplicación  y  cumplimiento  de  la  83ww
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código  contable  diferenciado  que  recoja  adecuadamente  todas  las  transacciones
relacionadas  con  el  proyecto.  Asimismo,  deberán  disponer  de  los  libros  contables, 
registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación 
aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor 
probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de 
documentos  constituye  el  soporte  justificativo  de  la  ayuda  concedida,  garantiza  su 
adecuado reflejo en la contabilidad de los beneficiarios y deberá conservarse durante un 
plazo mínimo de diez años.
7.  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  señaladas  en  los 
apartados 5 y 6 anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del 
reintegro  de  la  ayuda  concedida  según  la  fase  procedimental  en  que  se  halle  la 
tramitación del expediente.
8.  Finalmente,  los  solicitantes  deberán  acreditar  la  solvencia  económica  y 
financiera, así como la solvencia técnica o profesional, en los términos que se recogen 
en el artículo 21.7 de esta orden.
Artículo 11.  Subcontratación.
1.  De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total 
o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para 
la realización por sí mismo de la actividad financiada.
La actividad que constituye el objeto de la ayuda es la extensión de la cobertura de la 
banda ancha ultrarrápida de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido 
descendente como ascendente, a través del despliegue de las infraestructuras de redes 
de acceso y la asunción por el beneficiario de la obligación de su explotación por un 
periodo de al menos 5 años, tal como establece el artículo 15.6 de esta orden, para la 
prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida.
No  tendrá  la  consideración  de  subcontratación  la  contratación  por  parte  del 
beneficiario de aquellas actividades, ajenas a su actividad típica, que se limiten a la 
construcción de redes siempre y cuando el beneficiario ostente la titularidad de las 
mismas y sea el responsable de su explotación. Éstas tendrán la consideración de 
gastos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de esta orden.
2.  El  beneficiario  podrá  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  de  parte  de  la 
actividad subvencionada con terceros, siempre y cuando el coste de la subcontratación 
no supere el 50 por ciento del importe total de la misma.
3.  Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y 
dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito 
entre las partes y su celebración se entenderá autorizada por el órgano concedente de la 
ayuda, cuando se publique la resolución de la concesión. En cualquier caso, en los 
contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio. Asimismo, para salvaguardar el efecto incentivador, el contrato no podrá 
haber sido firmado antes de la presentación de la solicitud.
4.  Cuando la subcontratación no vaya a iniciarse en el año de concesión de la 
ayuda y en el momento de aceptación de la misma el beneficiario no haya seleccionado 
el  contratista,  la  resolución  de  concesión  condicionará  la  autorización  de  la 
subcontratación que supere las cifras señaladas en el apartado anterior a que en el  e.
contrato a firmar se respete lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de  w.b
noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,  83ww
mdeo m21e ndteo  jduelio a. cAe ptatal ceifóenc tdoe,  elal  baeynuedfaic iparroiop uperestsae.n Etal rcáo unntraa tdoe yc lalarsa coiófenr traess pporencseapbtliev aesn  seel 
rem5iti.r ánE el ns uebl cmoonmtraetnistota d dee lbae jruás tcifuicmacpilóirn l odse  lma iasmyuodsa .requisitos que se exigen para ser
beneficiario  de  la  ayuda.  No  podrá  realizarse  la  subcontratación  del  proyecto  con
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el 
artículo 29.7 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12.  Modalidad de la ayuda y compatibilidad con otras ayudas.
1.  Las  ayudas  que  se  otorguen  al  amparo  de  esta  orden  consistirán  en  una 
combinación de subvención, con cargo al capítulo 7 de los Presupuestos Generales del 
Estado, y de una ayuda a fondo perdido con cargo a Fondos Comunitarios (FEDER) que 
se anticipará al beneficiario mediante un anticipo reembolsable con fondos comunitarios.
El anticipo reembolsable con fondos comunitarios consiste en la concesión, por el 
órgano  concedente,  de  un  préstamo,  con  cargo  al  capítulo  8  de  los  Presupuestos 
Generales del Estado, que se amortizará a la recepción de la ayuda procedente de 
Fondos Comunitarios de la Unión Europea. De este modo, se permite al beneficiario la 
obtención  de  recursos  anticipados  para  la  realización  de  su  proyecto.  La  ayuda 
procedente de Fondos Comunitarios se librará una vez justificada la realización del 
proyecto, en los términos exigidos por la normativa del FEDER. Su libramiento se 
realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable, sin 
salida física de fondos.
2.  Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no son compatibles con 
otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de otros organismos internacionales. Lo anterior es sin perjuicio de que 
las  ayudas  otorgadas  al  amparo  de  esta  orden  formen  parte  de  actuaciones 
cofinanciadas con el FEDER.
Artículo 13.  Financiación e Intensidad máxima de ayuda.
1.  Las subvenciones y los anticipos reembolsables con fondos comunitarios que se 
concedan,  se  financiarán  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  que  se 
determinen en las correspondientes convocatorias.
2.  Se entiende por intensidad de ayuda el importe bruto de la ayuda (subvención 
más  anticipo  FEDER)  expresado  en  porcentaje  de  los  costes  subvencionables  del 
proyecto. Todas las cifras empleadas se entenderán antes de deducciones fiscales o de 
otro tipo.
3.  La intensidad máxima de las ayudas previstas en esta orden no podrá superar 
el 95 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de 
déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda. En las convocatorias 
se establecerán los importes máximos de intensidad de ayuda en cada ámbito de 
concurrencia en función de los objetivos mínimos fijados, de las mayores o menores 
necesidades de intensidad de ayuda y de la tasa de cofinanciación FEDER aplicable.
4.  Para evitar una sobre compensación posterior, las resoluciones de otorgamiento 
de las ayudas podrán incluir una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que 
se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, en 
función del tipo de proyecto y de las incertidumbres de previsión de la demanda, o una 
obligación  de  inversión  de  todos  los  beneficios  suplementarios  en  ampliaciones 
adicionales de la red, en las mismas condiciones que la ampliación realizada con la 
ayuda concedida.
Artículo 14.  Características de los anticipos reembolsables con fondos comunitarios. es
Las características de los anticipos reembolsables con fondos comunitarios serán las  w.
siguientes: 83ww
a)  El importe del anticipo reembolsable con fondos comunitarios asociado a cada
ptordooyes cltoos  seb edneetfeicrimarinioasr,á  ad ep aorftiicr iod ep olra  ecl uóarngtaían od ein sltar uacytourd, ac otno taigl uya ldeand  fudnec tiórant od hea claias 
disponibilidades de financiación FEDER y de subvenciones, que se establezcan en cada 
convocatoria.
b)  El tipo de interés aplicable será del cero por ciento.
c)  El plazo de amortización del anticipo reembolsable con fondos comunitarios, se 
determinará en función del plazo para la ejecución y la justificación del proyecto a 
efectos del FEDER y del pago de la ayuda por la Comisión Europea.
d)  Si por causa imputable al beneficiario, en un determinado proyecto se perdiera 
en todo o en parte la condición de gasto elegible a los efectos del FEDER, dicha pérdida 
conllevará  la  revocación  proporcional  del  anticipo  FEDER  concedido  para  dicho 
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29.3 y 32.4 de esta orden.
e)  Las  garantías  asociadas  quedan  reguladas  a  tenor  de  lo  que  figura  en  el 
artículo 29.
Artículo 15.  Conceptos susceptibles de ayuda.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  cofinanciar  inversiones  y  gastos  que  estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos que 
resulten seleccionados y que se materialicen en el período que va desde la presentación 
de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto. En ningún caso serán elegibles 
las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la 
presentación de la solicitud.
Se  consideran  inversiones  y  gastos  elegibles,  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 83 del Reglamento de 
dicha Ley y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas  sobre  los  gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, los siguientes conceptos 
asociados al proyecto:
a)  Infraestructuras y obra civil.
b)  Equipamiento y otros materiales.
c)  Gastos de personal.
d)  Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto.
En las convocatorias se podrán incluir instrucciones u orientaciones detalladas sobre 
inversiones y gastos financiables y no financiables, de acuerdo con lo establecido en las 
nomas anteriormente referidas.
2.  Dentro del apartado d) anterior se podrán incluir los gastos derivados de la 
elaboración del informe de auditor, mencionado en el artículo 30 de esta orden, y el de 
cualquier otro documento justificativo exigido, hasta el límite del uno por ciento del 
presupuesto financiable total, sin exceder los 10.000 euros por proyecto. La realización y 
pago  de  dichas  actividades  podrá  efectuarse  durante  el  periodo  concedido  para 
presentar la documentación justificativa. Adicionalmente se podrán incluir en el citado 
apartado los costes indirectos, que tendrán como límite el quince por ciento de los gastos 
financiables de personal.
3.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las 
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la  s
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales  oe.
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen,  w.
pjursetsiLftieacan c eoilóe sncu cmidóienn  iseltanrestr ne.i nlvaesr soiofenretass,  psere sreenatlaizdaarsá,  qcounef odrembee ráan  carpitoerrtioasrs ed ee ne lfaic iefansceia  dey   2020-4483n https://ww
economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de la cuenta
justificativa, referida en el artículo 30.3 de esta orden, la elección cuando no recaiga en 
la propuesta económica más ventajosa.
4.  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta.
5.  Los importes de la ayuda asociados a cada uno de los conceptos financiables 
que figuren en la resolución de concesión, representan los límites máximos de ayuda, 
con la salvedad de lo señalado en el artículo 27.5 de esta orden.
6.  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer 
afectos al fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a 
partir de la finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de 
cinco años.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión de las ayudas
Artículo 16.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para convocar las ayudas referidas en esta orden será el 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2.  El órgano competente para instruir el procedimiento será la Subdirección General 
de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3.  El  órgano  competente  para  resolver  será  el  Secretario  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
4.  La  Subdirección  General  de  Operadores  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales será el órgano gestor y encargado del seguimiento de las 
ayudas
5.  La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras  Digitales será la encargada de la 
gestión  económica-presupuestaria  de  los  gastos  e  ingresos  correspondientes  a  los 
créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de 
las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas.
6.  La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo 
previsto en esta orden, en la correspondiente convocatoria o en la normativa en materia 
de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de 
Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será 
dictada por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
Artículo 17.  Procedimiento de concesión y publicación de las convocatorias de ayudas.
1.  El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme a 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y se 
iniciará de oficio por el órgano competente para convocar las ayudas.
2.  Las  convocatorias  detallarán  al  menos  el  contenido  mínimo  previsto  en  el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su publicación se realizará en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el 
«Boletín Oficial del Estado». También se publicará en la sede electrónica del Ministerio  es
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. o
Artíc1u. lo D18e.  acTuraemrdiota cai ólno  eelesctatrbólencicidao. en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de  2020-4483n https://ww
foacsteusb.re, la tramitación electrónica de este procedimiento será obligatoria en todas sus  BOE-A-cable e
Las  solicitudes,  comunicaciones  y  demás  documentación  exigible  relativa  a  los 
proyectos que concurran a estas ayudas deberán presentarse en el registro electrónico 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2.  Los sistemas de firma electrónica que se podrán utilizar serán los que estén 
disponibles  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital.
3.  El solicitante podrá acceder, con el mismo sistema de firma con el que presentó 
la solicitud, a la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del 
expediente.
4.  La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las 
resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos 
del  procedimiento,  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo 
dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
La publicación deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  exige  respecto  de  las  notificaciones.  Sera  también 
aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.
Adicionalmente a la publicación, se pondrá a disposición del interesado un sistema 
complementario de avisos a la dirección de correo electrónico que este haya comunicado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  En aquellos casos en los que, como resultado de las fases de justificación y 
comprobación,  tuviera  lugar  un  procedimiento  de  reintegro,  las  notificaciones 
relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por 
comparecencia electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los formularios y los modelos para las declaraciones responsables y demás 
documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, así 
como las herramientas a utilizar para los sistemas de identificación de los interesados y 
de firma electrónica admitidos, estarán disponibles en la mencionada sede electrónica y 
deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano 
competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación 
por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Los solicitantes no estarán obligados a presentar datos o documentos que hubieran 
aportado anteriormente a cualquier administración o documentos que hubieran sido 
elaborados por estas, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
8.  La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban 
aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 19.  Representación.
1.  Las personas físicas que actúen en representación de las entidades solicitantes  e.
o beneficiarias de las ayudas deberán ostentar la representación necesaria para cada  w.b
actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de  83ww
octu2b.r e.El firmante de la solicitud de ayuda deberá acreditar que en el momento de la
dpereresechnota qciuóen  ddeej ela c osnoslictaitnucdi ati ednee s ure epxreissteenntcaiac.ión suficiente por cualquier medio válido en
También deberá acreditarse la representación para la presentación de declaraciones 
responsables  o  comunicaciones,  la  interposición  de  recursos,  el  desistimiento  de 
acciones y la renuncia a derechos. Para los actos y gestiones de mero trámite se 
presumirá aquella representación.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto 
dentro del plazo de 10 días hábiles. La no subsanación, dará lugar a que al interesado se 
le dé por desistido de su solicitud, mediante resolución.
3.  Cuando el firmante sea el titular del órgano de representación de la entidad 
reconocido en sus estatutos, se podrá acreditar la representación aportando una copia 
electrónica de dichos estatutos y una declaración responsable firmada electrónicamente 
por  el  secretario  de  la  entidad  en  la  que  éste  identifique  al  titular  del  órgano  de 
representación.  Cuando  el  nombramiento  sea  público  podrá  aportarse  una  copia 
electrónica  de  la  publicación  del  nombramiento  en  el  diario  oficial,  en  lugar  de  la 
declaración responsable citada.
4.  El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento la acreditación de la 
representación que ostenten.
Artículo 20.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día en que produzca 
efectos la convocatoria y no podrá ser inferior a 20 días hábiles ni superior a 30 días 
hábiles. Las fechas de finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán 
en la convocatoria.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 21.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás 
documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de 
ayuda, estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.
2.  La solicitud consta de dos elementos indisociables: la solicitud-cuestionario de 
ayuda  y  la  memoria  del  proyecto.  La  solicitud-cuestionario  se  cumplimentará 
necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la mencionada la 
sede electrónica, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en el mismo. 
La memoria del proyecto deberá ajustarse al contenido mínimo que, en su caso, se 
establezca en la convocatoria.
3.  Tal y como se establece en el artículo 18.1, las solicitudes de ayuda serán 
presentadas  en  el  registro  electrónico  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital.
4.  Las  solicitudes  se  presentarán  mediante  los  sistemas  de  firma  electrónica 
previstos en el artículo 18.2. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá 
corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita 
la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.
5.  A  la  solicitud  citada,  se  acompañará  acreditación  válida  del  poder  de 
representación del firmante de la solicitud, según lo señalado en el artículo 19. En el 
caso  de  representación  mancomunada,  deberá  aportarse  asimismo  una  copia  es
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes  bo
mancomunados, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las respectivas  83ww
icsnoodnliiccv6iaot.a rc naeAtteols  ririnmeaoúsism.nmeb orlea, ,  jcusonentrodv iiccciióoonn   ydl aef  eoscpoheliarca itdduoedr   dsreees bodidleuabcmieórenán  tqaeup heoa rbtfaiiglri tualrada o a.e cPnrea dreailt  aecclolioór,rn eb sadpseot anqrdáuie ecn oteenl    OE-A-2020-44able en https://
Registro de Operadores, para su comprobación por el órgano instructor.
7.  También se deberá adjuntar con la solicitud la información o los documentos que 
permitan  acreditar  la  solvencia  económica  y  la  solvencia  técnica  o  profesional  del 
solicitante, en particular:
a)  Declaración  del  importe  de  las  inversiones  anuales  realizadas  en  los  tres 
ejercicios anteriores al año de la convocatoria. Se entenderá por inversiones de cada 
ejercicio aquéllas realizadas por el solicitante en activos tangibles e intangibles desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en cuestión. Esta declaración deberá 
estar acorde con las cuentas anuales que ya estén depositadas en el Registro Mercantil.
b)  Relación de proyectos de similares o superiores características realizados en los 
últimos cinco años, aportando una breve descripción de los mismos, el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución, así como declaración sobre la plantilla media anual de la 
empresa  y  sobre  las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal  responsable  de  la 
ejecución del proyecto.
8.  De  conformidad  con  el  artículo  22.4  del  Reglamento  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de 
ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga 
de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social a través de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación 
cuando le sea requerida por el órgano instructor.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose 
indicar en la solicitud-cuestionario el número del expediente en el que fueron aportados.
10.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de recepción 
del  requerimiento,  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  preceptivos,  con 
advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Artículo 22.  Comisión de evaluación.
1.  La composición de la Comisión de evaluación será la siguiente:
a)  Presidente: El Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones.
b)  Vicepresidente  primero:  El  Subdirector  General  de  Operadores  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
c)  Vicepresidente segundo: El Subdirector General de Planificación y Gestión del 
Espectro Radioeléctrico.
d)  Vocales: Un representante, con rango mínimo de Subdirector General Adjunto o 
equivalente, designado por cada uno de los siguientes órganos directivos:
1.º  La Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital
2.º  La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
3.º  La Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de 
Comunicación Audiovisual.
e)  Secretario: Un funcionario de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e  o
Infraestructuras Digitales, nombrado por el presidente, con voz, pero sin voto. 83www.
Sec2ci.ó nL 3a. ª cdoeml iCsiaópní tudleo  IeI vdaellu aTcítiuólno  Prergeilrimá insaur  dfuen claio Lneaym 4ie0n/2to0 1p5o rd elol  Rdéigspimueenst oJ uerínd icloa 
del Sector Público.
Artículo 23.  Fase de preevaluación.
En esta fase se valorará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)  El solicitante acredita reunir la condición de operador debidamente habilitado.
b)  El proyecto tiene por objetivo proporcionar cobertura de redes de banda ancha 
de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 
Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en la 
totalidad o parte de las zonas elegibles pertenecientes a un ámbito de concurrencia de 
los incluidos en la correspondiente convocatoria.
c)  El  solicitante  acredita  la  solvencia  técnica  y  económica  necesaria  para  el 
desarrollo del proyecto.
Para un determinado proyecto se considerará acreditada la solvencia económica del 
solicitante cuando el presupuesto financiable del proyecto para el que se solicita la ayuda 
sea menor que el volumen de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios. 
Cuando, en una determinada convocatoria, un mismo operador presente solicitudes para 
varios proyectos, la solvencia económica del solicitante en relación con cada proyecto se 
considerará acreditada cuando la suma de los presupuestos financiables de todos sus 
proyectos no supere el volumen de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios. 
En caso de que se supere esta cantidad, se podrá considerar no acreditada la solvencia 
económica del solicitante en relación con cada uno de los proyectos presentados, sin 
perjuicio de que, en el oportuno trámite de audiencia, este pueda renunciar a una o 
varias de sus solicitudes a fin de cumplir con dicha condición.
Como alternativa a lo establecido en el párrafo anterior, una solicitante también podrá 
acreditar la solvencia económica en relación con el proyecto o proyectos presentados, 
aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por 
el cincuenta por ciento de la ayuda total solicitada, en cualquiera de las modalidades 
previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y Orden de 7 de 
enero de 2000 que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Caja  General  de  Depósitos)  y  con  los  requisitos 
establecidos para las mismas. Dicha garantía responderá de la aceptación de la ayuda 
en caso de concederse, siendo independiente de la que se constituya como garantía del 
pago anticipado, según lo establecido en el artículo 29 de esta orden. Su liberación se 
practicará de oficio si no se concede ayuda o, en caso de concederse, cuando se 
constituya la garantía del pago anticipado, referida en el artículo 29.2 de esta orden.
Se  considerará  acreditada  la  solvencia  técnica  cuando  se  hayan  realizado 
previamente proyectos de similares o superiores características en los últimos cinco 
años, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización 
del proyecto.
La causa de no superación de esta fase de preevaluación será publicada en la sede 
electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, concediendo 
a los interesados un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones.
Artículo 24.  Fase de evaluación.
1.  Los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación regulada en el 
artículo anterior, serán valorados de acuerdo con los criterios que se recogen en la 
siguiente tabla. e.
Criterios Puntuación
1. Objetivos de cobertura en zonas blancas.
Se valorará el incremento de los objetivos de cobertura en términos de unidades 
inmobiliarias en zonas blancas respecto al mínimo exigido.
Al proyecto con mayor incremento se le otorgará la máxima puntuación; a los  50
proyectos sin mejora respecto al mínimo exigido se les otorgará cero puntos; al resto 
de proyectos se le otorgará la puntuación intermedia que corresponda manteniendo 
la misma proporción.
2. Objetivos de cobertura en zonas grises.
Se valora el mayor porcentaje de objetivos de cobertura en zonas grises.
Al proyecto con mayor porcentaje de objetivos de cobertura en zonas grises se 
le otorgará la máxima puntuación, a los proyectos con cero objetivos de cobertura en 
10
zonas grises se les otorgará cero puntos y al resto de proyectos la puntuación 
intermedia que corresponda manteniendo la misma proporción.
En caso de no haber zonas grises identificadas para el ámbito de concurrencia 
en la convocatoria, estos 10 puntos se añadirán a los 50 del criterio anterior.
3. Grado de extensión de la cobertura.
Se valora el grado de acercamiento de la extensión de cobertura prevista al 
100% de la población de su ámbito geográfico. Al proyecto con mayor porcentaje de 
10
extensión se le otorgarán los 10 puntos, al que ofrezca menos de un 70% cero 
puntos y al resto la puntuación intermedia que corresponda siguiendo la misma 
proporción.
4. Plan de negocio.
Se valorará la calidad y concreción del plan de negocio, de la estimación de la 
demanda y de los ingresos y gastos a largo plazo.
Se otorgará la máxima puntuación al que obtenga la consideración de excelente,  10
cero puntos al que no aporte información que pueda considerarse útil a dichos 
efectos y al resto la puntuación intermedia que corresponda manteniendo la misma 
proporción.
5. Grado de definición del proyecto: Descripción técnica, plan de ejecución, 
explotación y comunicación del proyecto.
Se valorará la calidad y concreción del proyecto, en cuanto a la solución técnica 
propuesta y el plan de ejecución del proyecto, con especial atención al detalle de la 
red  y  del  equipamiento  proyectados,  así  como  las  actividades  y  recursos 
involucrados, a su localización, a la identificación de las fases e hitos y a la  10
identificación y gestión de los riesgos asociados (contingencias).
Se otorgará la máxima puntuación al que obtenga la consideración de excelente 
en  todos  los  aspectos,  cero  puntos  al  que  no  aporte  información  que  pueda 
considerarse  útil  a  dichos  efectos  y  al  resto  la  puntuación  intermedia  que 
corresponda siguiendo la misma proporción.
6. Características de los servicios de acceso mayorista ofertados.
Se valorarán los compromisos de oferta de servicios mayoristas, así como las 
características, condiciones y precios de las mismas, sin perjuicio de la exigibilidad 
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 7 de esta orden.
Se otorgará la máxima puntuación al que incluya un compromiso de oferta de  10 e
servicios de acceso mayorista que merezca la consideración de completo en cuanto  bo
a servicios y de excelente en cuanto a condiciones de prestación, cero puntos al que  83ww
npou natupaocritóen  iinnftoerrmmaecdióian q uqeu ec oprureesdpao ncdoan ssiidgeurieanrsdeo  úlat ilm ais mesat opsro peoferccitóons. y al resto la
    TOTAL 100
La puntuación total sobre 100 asignada a cada proyecto se dividirá por 10 para 
normalizarla al rango de 0 a 10 puntos.
La puntuación total obtenida por cada proyecto, normalizada al rango de 0 a 10 
puntos, deberá alcanzar al menos el valor de 5 puntos. Toda puntuación inferior a este 
mínimo supondrá la desestimación de la solicitud presentada.
2.  La  evaluación  se  realizará  sobre  la  información  aportada  en  la  solicitud-
cuestionario y la memoria del proyecto. Por tratarse de procedimientos de concesión en 
concurrencia competitiva no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. En caso 
de discrepancia entre la información aportada en la solicitud-cuestionario y la que figure 
en la memoria, prevalecerá la aportada en la solicitud-cuestionario.
3.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a 
efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el 
orden en el que figuran en la tabla anterior, empezando por el primero hasta que se 
produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, 
tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes.
4.  La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la 
evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a)  Relación de solicitudes con propuesta de ayuda en los ámbitos de concurrencia 
convocados, especificando para cada una de ellas la puntuación alcanzada, los objetivos 
de cobertura asociados, el presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda y, en su caso, 
las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b)  Relación de solicitudes con propuesta de desestimación, especificando para 
cada una de ellas, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
Artículo 25.  Instrucción del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción, realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  informe  de  la  comisión  de  evaluación, 
formulará la propuesta de resolución provisional. Dicha propuesta se publicará en la 
sede  electrónica  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital,  y 
constará de:
a)  Relación de solicitudes estimadas en los ámbitos de concurrencia convocados, 
especificando  para  cada  una  de  ellas:  los  objetivos  de  cobertura  asociados,  el 
presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones 
técnico-económicas particulares asociadas.
b)  Relación de solicitudes desestimadas, especificando para cada una de ellas, los 
motivos de desestimación.
De acuerdo con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta 
de resolución provisional se publicará en el la sede electrónica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital., para que en el plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de su publicación, los interesados puedan presentar alegaciones, 
entendiéndose que cuando no se presenten alegaciones la resolución provisional se 
convierte automáticamente en definitiva.
3.  Examinadas las alegaciones y de acuerdo con los artículos 24.4 y 24.5 de la  e.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se formulará propuesta de resolución definitiva, que  w.b
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de  83ww
paayurad ae yfe cstuu acrulaa nytí as, eersáp epcuifbicliacanddao  seun  elvaa lsueadceió ne lye clotrsó ncircitae ridoesl  dMei nviasltoerraioc iódne  sAesguunidtooss 
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entendiéndose que se les tendrán por desistido de su solicitud de no producirse la 
aceptación de la propuesta en dicho plazo, mediante resolución.
4.  Junto  con  la  comunicación  de  la  aceptación  de  la  propuesta  de  resolución 
definitiva, se deberán acreditar los siguientes requisitos necesarios para obtener la 
condición de beneficiario:
a)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración.
c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
d)  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
e)  No tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para los conceptos 
incluidos en el proyecto para el que se propone la ayuda, procedentes de cualesquiera 
Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de otros organismos internacionales.
f)  Cuando  esté  prevista  la  subcontratación  con  terceros  de  una  parte  de  la 
extensión de la cobertura objeto del proyecto, y se den los supuestos referidos en el 
artículo 11.4 de esta orden, se deberá aportar la declaración responsable prevista en 
dicho artículo.
En  caso  de  que  el  beneficiario  propuesto  no  acredite  el  cumplimiento  de  los 
requisitos anteriores, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución. Si el 
cumplimiento de estas condiciones ya le constara al órgano instructor, no habría que 
acreditarlas de nuevo.
5.  La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario supone, entre otros, la 
aceptación de que su propuesta va a aparecer en la lista de operaciones de carácter 
público, prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013, con el contenido mínimo 
que se señala en el Anexo XII de dicho Reglamento, sin perjuicio de la publicación en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos previstos en los artículos 18 
y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la 
Administración a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya publicado la 
resolución de concesión.
Artículo 26.  Resolución.
1.  El órgano competente para resolver, a la vista de la propuesta de resolución 
definitiva, dictará la resolución de concesión en el plazo de 15 días hábiles desde la 
fecha de elevación de la propuesta de resolución.
2.  Dicha  resolución,  que  será  motivada,  acorde  con  lo  establecido  en  el 
artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pondrá fin a la vía administrativa y 
se publicará en la sede electrónica del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación  s
Digital en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación del extracto de  oe.
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del mencionado plazo  w.
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3.  La resolución deberá contener los solicitantes a los que se concede la ayuda y la
desestimación expresa de las solicitudes a las que no se concede ayuda. Bc
4.  De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el 
artículo 18.4 de esta orden, la resolución del procedimiento se publicará en la sede 
electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo 
establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  Las  ayudas  concedidas  se  publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Artículo 27.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión 
ante el titular del órgano competente para resolver. Cualquier cambio en el proyecto 
requerirá simultáneamente:
a)  Que  el  cambio  no  afecte  a  los  objetivos  perseguidos  con  la  ayuda,  a  sus 
aspectos  fundamentales,  a  la  determinación  del  beneficiario,  ni  dañe  derechos  de 
terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del 
beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la 
empresa inicialmente beneficiaria.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que el cambio sea solicitado al menos tres meses antes de que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto y que sea aceptado expresamente.
d)  Que no suponga un incremento de la ayuda concedida.
2.  La solicitud de modificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en 
el artículo 18 de esta orden, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los 
motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos 
en el apartado 1 anterior.
3.  El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular 
del órgano competente para resolver. No obstante, modificaciones menores podrán ser 
autorizadas o, en su caso, denegadas por el órgano encargado del seguimiento de la 
ayuda. Se entenderán por modificaciones menores las relativas a:
a)  La ampliación de los plazos de ejecución por un periodo no superior al 25 por 
ciento del inicialmente concedido.
b)  La ampliación de los plazos de justificación por un periodo que no exceda la 
mitad del inicialmente concedido.
c)  La redistribución entre partidas del presupuesto financiable aprobado que no 
afecten a más del 20 por ciento de dicho presupuesto.
d)  La  sustitución  de  unas  zonas  de  actuación  por  otras  igualmente  elegibles, 
siempre que no se reduzca la población beneficiada.
e)  La incorporación de nuevas zonas de actuación sin que conlleve un incremento 
en la ayuda aprobada.
4.  El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses, sin que se  e.e
pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto  b
de la ayuda. En caso de no dictarse resolución antes de la fecha de finalización del  83ww
proy5e.c toE, nla c raessooslu cdieóbni dqaume esnet ed icjutest isfióclaod poosd, reál  sóerrg daennoe egnactoarrigaa.do del seguimiento de la
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artículo  15  y  que  figuren  en  la  resolución  de  concesión,  compensables  con
disminuciones de otros, de forma que no se supere el importe total de la ayuda, no se 
altere esencialmente la naturaleza u objetivos de la ayuda y no suponga dañar derechos 
de terceros.
Artículo 28.  Recursos.
La resolución del procedimiento de concesión de ayudas, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
y  ante  el  mismo  órgano  que  la  ha  dictado,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del 
procedimiento de concesión de las ayudas señaladas, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de publicación de dicha resolución, cabe interponer 
recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. No se 
podrá  interponer  recurso  contencioso  administrativo  hasta  que  sea  resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta, del recurso de reposición 
interpuesto.
Artículo 29.  Garantías y pago de las ayudas.
1.  El importe total de la ayuda será abonado con carácter anticipado una vez 
dictada  la  resolución  de  concesión  de  la  ayuda  y  tras  haberse  acreditado  por  el 
beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago. En aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se considera 
que  el  pago  anticipado  de  la  ayuda  genere  ingresos  financieros  que  deban  ser 
contabilizados como un incremento del importe de la ayuda concedida debido a la 
tipología  de  proyectos  que  involucran  actuaciones  en  múltiples  zonas  requiriendo 
importantes inversiones desde el inicio del plazo de ejecución del proyecto.
2.  En  las  correspondientes  convocatorias  se  podrá  exigir  al  beneficiario  la 
constitución de garantías, ante la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las 
modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y Orden 
de 7 de enero de 2000 que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos 
establecidos para las mismas.
En su caso, el importe de las garantías y el plazo para su aportación se determinarán 
en la correspondiente convocatoria.
3.  El pago de la ayuda quedará condicionado a la presentación de los resguardos 
de constitución de las garantías que, en su caso, se hayan establecido y a que exista 
constancia  por  el  órgano  instructor  de  que  el  beneficiario  cumple  los  requisitos 
establecidos en el artículo 25.4 de esta orden, los señalados en el artículo 34 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se 
establezcan en la correspondiente convocatoria.
En  el  caso  de  que  no  esté  acreditado  el  cumplimiento  de  alguna  de  estas 
condiciones, se le requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los 
oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo de los 
mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a 
dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
4.  Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya  es
dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la  bo
cuenta bancaria en la que desee recibirlo. 83ww
Artículo 30.  Justificación de la realización del proyecto.
esta1b.l ecLidao j uesnti fiecla cciaópní tduelo  laIVs , aayrutdícauslo s e3 0re ya liszuacráe spivoor se, l dbee nleaf icLieayri o3 d8e/2 0a0c3u,e rddeo  c1o7n  dloe   BOE-A-cable e
noviembre;  en  el  título  II,  capítulo  II,  del  Reglamento  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y con lo establecido en la normativa aplicable del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
2.  La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del 
proyecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos 
previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de 
los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor.
3.  La  cuenta  justificativa  contendrá  una  memoria  de  actuación,  justificativa  del 
cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  resolución  de  concesión,  y  una 
memoria  económica,  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas.  En  las 
convocatorias se podrán incluir instrucciones o guías para su elaboración, así como 
sobre cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del 
proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable de que no se 
incluyen gastos facturados por personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, 
con las excepciones que, en su caso, se indiquen expresamente. A estos efectos se 
entenderá  por  personas  físicas  o  jurídicas  vinculadas,  las  del  denominado  grupo 
«ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª 
«Empresas  del  grupo,  multigrupo  y  asociadas»  del  Plan  General  de  Contabilidad, 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
4.  El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En 
aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un 
auditor sometido al Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa 
se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se 
acredite.
Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores 
de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de 
subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/
1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal efecto 
en la convocatoria y en la resolución de concesión de la ayuda.
El  objeto  del  mismo  será  verificar  la  adecuación  de  la  cuenta  justificativa  del 
beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la elegibilidad 
de los gastos y pagos en ellos contenidos, de acuerdo con lo establecido en la resolución 
de concesión y, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados por el órgano 
encargado del seguimiento de las ayudas durante la ejecución del proyecto.
El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico preferentemente 
firmado electrónicamente por el auditor utilizando los medios y herramientas que para 
ello establezca la convocatoria.
5.  Toda  la  documentación  necesaria  para  la  justificación  de  la  realización  del 
proyecto, referida en los apartados anteriores, será presentada a través de los medios 
señalados en el artículo 18, por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la  s
resolución de concesión, salvo que en ella se establezca un plazo más corto. oe.
6.  Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, durante la fase de  w.
ejecución, el beneficiario presentará informes de seguimiento sobre el avance técnico y  83ww
erecsoonluócmióicno  ded eclo npcreosyieócnt.o ,A scimonis melo , cdaelebnedráa rfiaoc ilyit acr ocnutaenntiad oin fqourme asceió ne asdpieccioifniqaul es oebnre  elal 
sdeegsuairmroilelon tod edle  plarosy aeycutod alse. sea expresamente solicitada por el órgano encargado del  BOE-A-cable e
Artículo 31.  Actuaciones de comprobación y control.
1.  Con posterioridad a la presentación de la documentación aludida en el artículo 
anterior, se realizarán las actuaciones de comprobación por el órgano encargado del 
seguimiento de las ayudas, las cuales incluirán:
a)  Verificaciones administrativas de la acreditación de los gastos imputados a cada 
proyecto, así como de la justificación de los objetivos de cobertura alcanzados y del 
cumplimiento de las demás condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b)  Verificaciones sobre el terreno, que incluyen, si es aplicable, la visita al lugar o 
emplazamiento físico donde se ejecuta el proyecto, con objeto de comprobar su realidad 
y  grado  de  ejecución,  así  como  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  información  y 
publicidad y demás requisitos exigidos. Estas comprobaciones se realizarán sobre una 
muestra de los proyectos que hayan obtenido ayuda, de acuerdo con un plan anual de 
verificaciones sobre el terreno. Para la determinación del tamaño de la muestra, su 
composición y el tipo de verificaciones, se tendrá debidamente en cuenta el nivel de 
riesgo identificado.
2.  Si se dedujera que la inversión acreditada ha sido inferior a la financiable o que 
se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
notificará tal circunstancia al interesado junto a los demás resultados de la comprobación 
efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.
3.  Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la 
ayuda  concedida,  emitirá  una  certificación  provisional  acreditativa  del  grado  de 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la 
ayuda,  con  las  modificaciones  de  dicha  resolución  que,  en  su  caso,  se  hubieran 
aprobado.  Con  base  en  esta  certificación  provisional  el  órgano  encargado  del 
seguimiento de las ayudas iniciará el procedimiento de solicitud de reembolso de la 
cofinanciación FEDER asociada.
Si dicha solicitud es aceptada por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de 
Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020 e integrado a partir del 19 de diciembre 
de 2017 en el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, o por el 
Órgano Intermedio en quien haya delegado, la certificación provisional se convertirá en 
definitiva, será notificada al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de 
reintegro, si procede.
En caso de no ser aceptada a los efectos de solicitud de reembolso FEDER, el 
órgano encargado del seguimiento de la ayuda valorará las causas de la no aceptación, 
teniendo  en  cuenta  que  si  estas  fueran  imputables  al  beneficiario  conllevará  la 
revocación de la ayuda por la cuantía correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 34. Tras dicha valoración emitirá la certificación definitiva que será notificada al 
interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.
No  obstante,  lo  anterior,  cuando  tras  el  trámite  de  audiencia  se  aprecie  un 
incumplimiento total, se pasará directamente a la certificación final que será notificada al 
interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades 
adelantadas que no hayan sido devueltas.
4.  Cuando proceda el reintegro total o parcial de la ayuda anticipada, este se 
iniciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. El procedimiento de reintegro incluirá el trámite de audiencia al 
interesado. s
5.  El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones del  oe.
órgano  encargado  del  seguimiento  de  las  ayudas  encaminadas  a  comprobar  la  w.
arreeysauoldizluaac,c ieóióln nb  dedene ec fiolcanisac reiaosc ióetinsvti dadareád  elsaso  mmoeibstjmiedtaoo.   aAdl seci omlnaits rmoalyo fu,in deaann,  crcieeolranocf oidórenm  leca o Inan  teelorl v peernosctyaieóbcnlte oGc ioedbnoje eretaonl   ddleea    2020-4483n https://ww
la Administración del Estado, al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a los
controles  que  pueda  realizar  la  Comisión  Europea  y  las  autoridades  de  gestión,
certificación  y  auditoría  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Inteligente 
FEDER 2014-202 e integrado a partir del 19 de diciembre de 2017 en el Programa 
Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020.
6.  El  beneficiario  se  asegurará  de  que  los  originales  de  los  documentos 
justificativos presentados, estén a disposición de los organismos encargados del control, 
referidos en el punto anterior, durante un período de al menos diez años, a partir de la 
certificación a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, salvo que en la resolución 
de concesión se especifique un plazo mayor.
7.  Asimismo, para dar cumplimiento a las obligaciones de información referidas en el 
apartado 3.4. k) de las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2013/C 25/01), los 
beneficiarios deberán facilitar, a través de los medios señalados en el artículo 18, tras la 
finalización del proyecto y durante los tres años siguientes, la siguiente información referida 
a 31 de diciembre de cada año: la fecha de entrada en servicio, los productos de acceso 
mayorista ofertados, el número de usuarios finales y de prestadores de servicios que utilizan 
las infraestructuras objeto de ayuda, así como el número de hogares a los que da cobertura 
y  los  índices  de  utilización.  Asimismo,  los  beneficiarios  vendrán  obligados  a  facilitar 
cualquier información adicional que se requiera por la Comisión Europea.
Artículo 32.  Publicidad.
1.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la Base 
de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  En las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, 
páginas  Web  y  otros  resultados  a  los  que  pueda  dar  lugar  el  proyecto  deberá 
mencionarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad 
financiadora.
3.  Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada al 
FEDER sobre las responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de 
información y publicidad destinadas al público y sobre las características técnicas de las 
medidas  de  información  y  publicidad  de  la  operación,  referidas  para  este 
periodo 2014-2020 en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 diciembre de 2013, con las características 
técnicas y demás instrucciones reguladas en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014.
4.  El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar a los demás operadores un 
acceso  completo  y  no  discriminatorio  a  la  información  sobre  la  infraestructura 
desplegada (incluidas conducciones, distribuidores en la calle, fibra, etc.), de modo que 
estos puedan establecer fácilmente la posibilidad de acceso a dicha infraestructura.
Artículo 33.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas 
aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de 
reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los  es
intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la  bo
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento. 83ww
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acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La
potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 66 de la misma Ley.
Artículo 34.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una acción inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a)  El incumplimiento parcial, ya sea de los objetivos de extensión de cobertura 
para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables o de la 
obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje 
correspondiente  a  los  objetivos  no  alcanzados,  o  al  gasto  no  efectuado  o  no 
justificado, o al mayor de ellos en caso de concurrir más de uno. En todo caso, para 
apreciar incumplimiento parcial el grado de cumplimiento de los objetivos de extensión 
de cobertura para los que se concedió la ayuda deberá superar el cincuenta por 
ciento.
b)  La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, 
con  la  excepción  prevista  en  el  artículo  27.5,  supondrá  la  devolución  de  la  ayuda 
correspondiente a las cantidades desviadas.
c)  Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en 
el  artículo  15.3  de  esta  orden,  éstas  no  se  aportaran  o  la  adjudicación  hubiera 
recaído,  sin  adecuada  justificación,  en  una  que  no  fuera  la  más  favorable 
económicamente, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de acuerdo 
con  lo  con  lo  previsto  en  el  artículo  83  del  Reglamento  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá recabar una tasación pericial del bien o 
servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la 
ayuda  se  calculará  tomando  como  referencia  el  menor  de  los  dos  valores:  el 
declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
2.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
3.  Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación 
concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del 
reintegro  de  la  ayuda  no  justificada  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Si,  por  causa  imputable  al  beneficiario,  se  perdiera  en  todo  o  en  parte  la 
condición  de  gasto  elegible  a  los  efectos  del  FEDER,  dicha  pérdida  conllevará  la 
revocación, por la cuantía de la ayuda asociada, del anticipo reembolsable con fondos 
comunitarios concedido para dicho proyecto.
En caso de reducción de la ayuda por otros motivos, mientras sea compatible con la 
generación de ayuda FEDER suficiente para la amortización del préstamo asociado al 
anticipo reembolsable con fondos comunitarios, esta se aplicará, en primer lugar, a la 
parte correspondiente a la modalidad de subvención y si no fuera suficiente, se aplicará 
la parte restante al anticipo reembolsable con fondos comunitarios. s
Disposición final primera.  Modificación de la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio. w.
estaEbll eacpeanr taladso b 4a sdeesl  arretígcuullaod 3o1ra dse d lea  lOa rcdoennc IeEsTió/1n1 4d4e/ 2a0y1u3d,a ds ec o1n8  dcaer jguon iaol,  Pporor glara qmuae  dsee 
extensión de la banda ancha de nueva generación, queda redactado de la siguiente 
manera:
«4.  Si, por causa imputable al beneficiario, se perdiera en todo o en parte la 
condición de gasto elegible a los efectos del FEDER, dicha pérdida conllevará la 
revocación, por la cuantía de la ayuda asociada, del anticipo reembolsable con 
fondos comunitarios concedido para dicho proyecto.
En caso de reducción de la ayuda por otros motivos, mientras sea compatible 
con la generación de ayuda FEDER suficiente para la amortización del préstamo 
asociado al anticipo reembolsable con fondos comunitarios, esta se aplicará, en 
primer lugar, a la parte correspondiente a la modalidad de subvención y si no fuera 
suficiente,  se  aplicará  la  parte  restante  al  anticipo  reembolsable  con  fondos 
comunitarios.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 13 de abril de 2020.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.