BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Lunes 15 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 17511
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
2284 Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Dirección General de la Policía y el 
Instituto  Lectura  Fácil,  para  el  fomento  y  promoción  de  la  accesibilidad 
cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en la Policía Nacional.
Habiéndose suscrito el 30 de noviembre de 2020 el Convenio entre la Secretaría 
de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía) y el Instituto Lectura Fácil para 
el fomento y promoción de la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en 
la Policía Nacional, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 8 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez
ANEXO
Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General 
de la Policía) y el Instituto Lectura Fácil para el fomento y promoción de la 
accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en la Policía Nacional
En Madrid, a 30 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía del 
Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 728/2018, de 29 de junio, actuando 
por delegación de firma del secretario de Estado de Seguridad, de acuerdo con lo 
previsto en la Resolución de 16 de noviembre de 2020, en relación con el artículo 62.2.g) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Diego García Sánchez, presidente del Instituto Lectura Fácil, 
inscrita en el Registro de Cooperativas de Andalucía con el número UCRCA200198, y 
provista de CIF número F 90168139. Actúa en su condición de presidente de la citada 
cooperativa, cargo para el que fue designado en virtud del acuerdo de la asamblea 
general extraordinaria celebrada en Sevilla el 31 de enero de 2020.
Comparecen  en  nombre  y  representación  de  las  instituciones  de  las  que 
respectivamente  son  titulares  y  se  reconocen,  de  modo  recíproco,  capacidad  para 
formalizar el presente convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero.
Que la Dirección General de la Policía a través de la Comisaría General de Policía  e.
Judicial  (Unidad  Central  de  Atención  a  la  Familia  y  Mujer)  asume,  entre  otras  w.
competencias, la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito de  84ww
llaa  avciotilveindcaida  ddee  pgréonteecroci,ó dno dmeé lsatsic vaí cyt imloas sd.elitos sexuales, al igual que la coordinación de
de  Qunuae  umnae jdoer  laaste pnrceióoncu paa cliaosn esp edres olan aDsir epcecirótenn Geceineenrteasl  dea  lag Pruopliocsía  epsa rlatic purleasrmtaecniótne   BOE-A-cable e
vulnerables, como son las personas mayores, las personas con daño cerebral, las 
personas discapacidad intelectual o aquellas personas que no dominan el idioma.
Que nuestra norma fundamental está inspirada en la dignidad de la persona y en los 
derechos humanos (artículo 10 Constitución española). El artículo 149.1.29.ª establece 
que  el  Estado  tiene  competencia  exclusiva  sobre  la  seguridad  pública,  lo  que  se 
complementa a estos efectos en el artículo 104 donde se ordena que una ley orgánica 
determine las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que bajo la dependencia 
del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. 
Precisamente, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, establece en su artículo 11, 
como función policial, el auxiliar y proteger a las personas, y en su artículo 5, como 
principio básico de actuación, el absoluto respeto a la constitución y al ordenamiento 
jurídico  patrio  cuya  regulación  incluye  normativa  expresa  para  la  protección  de  las 
personas con discapacidad, en desarrollo de los convenios internacionales en la materia 
suscritos por España.
Por tanto el objeto de este convenio que consiste en perfeccionar la atención policial 
a los colectivos que presentan alguna discapacidad, en sus relaciones con la Policía 
Nacional muy particularmente con la Policía Judicial ante la existencia de un delito, 
encaja perfectamente en la legislación española.
Toda vez que se trata de poner a disposición de los denunciantes y de las víctimas 
del delito información adaptada a su situación personal.
Segundo.
Que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, prescribe que 
la policía debe adecuar sus procedimientos para poder garantizar la atención de estos 
colectivos ya sean víctimas o autores del delito o por verse involucradas en infracciones 
administrativas, inspecciones y registros, o controles e identificaciones.
Que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dedica a la Diversidad 
funcional  /  Discapacidad  las  medidas  135  a  138  (apartado  3.7).  En  ellas 
(fundamentalmente la 135 y la 136) se plantea la obligación de facilitar el acceso de 
mujeres y niñas con diversidad funcional/discapacidad a lecturas informativas adaptadas 
y la incorporación de medidas especializadas para la atención de estos colectivos.
Tercero.
El  Instituto  Lectura  Fácil  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  objetivo  es 
reivindicar el derecho de todas las personas a comprender la información que nos rodea 
y para ello lleva a cabo actuaciones de incidencia política, investigación y sensibilización. 
Para  enriquecer  la  calidad  de  vida  de  los  colectivos  más  vulnerables  fomenta  la 
accesibilidad cognitiva con el uso de diferentes herramientas: lectura fácil, lenguaje claro 
y señalización comprensible. Con ello se consigue eliminar las denominadas barreras 
cognitivas para permitir la comprensión y el manejo de la información, y así, garantizar el 
acceso a la sociedad en igualdad de todas las personas.
Ambas partes son conscientes de que garantizar los derechos de estos colectivos, 
que requieren de una atención específica y especializada, ya sean víctimas o autores de 
delitos, pasa por adecuar los procedimientos policiales de manera que, con apoyos 
adecuados, puedan desenvolverse y actuar en igualdad de condiciones que el resto de 
la ciudadanía. es
Por ello ambas partes consideran de máximo interés poner en marcha diferentes  bo
actuaciones y medidas para avanzar hacia la información comprensible y accesible en el  84ww
seno de la Policía Nacional.
Cuarto.
Se acuerda que uno de los primeros proyectos en poner en marcha serán las 
diligencias y actas de información de derechos adaptadas a lectura fácil y validadas por 
el Instituto Lectura Fácil.
Atendiendo a todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente convenio, 
que se regirá de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente convenio tiene por objeto fijar los términos de colaboración entre las 
Instituciones firmantes para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el 
lenguaje claro en la Policía Nacional, como se ha detallado en el exponendo primero.
Segunda.  Obligaciones de la Dirección General de la Policía.
1.  La Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Central de Atención a 
la  Familia  y  Mujer  y  en  coordinación  con  la  Unidad  de  Planificación  Estratégica 
y Coordinación pondrá a disposición del Instituto Lectura Fácil toda aquella información y 
documentos destinados a la ciudadanía susceptibles de ser adaptados a lenguaje claro 
y/o lectura fácil.
2.  La Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Central de Atención a 
la  Familia  y  Mujer  y  en  coordinación  con  la  Unidad  de  Planificación  Estratégica  y 
Coordinación y realizarán la verificación técnica de los documentos y los irá incorporando 
a la WebPol de Policía Nacional.
3.  La Dirección General de la Policía informará a todo su personal de la existencia 
de los documentos adaptados a lectura fácil o a lenguaje claro para que sean utilizados 
en sus relaciones con la ciudadanía.
Tercera.  Obligaciones del Instituto Lectura Fácil.
El Instituto Lectura Fácil procederá a la revisión y validación de los documentos 
señalados  en  la  cláusula  segunda,  mediante  los  procedimientos  establecidos  en  la 
norma UNE (en el caso de lectura fácil) incorporando a los documentos resultantes el 
logo de lectura fácil y/o lenguaje claro.
Estos documentos se ajustarán a lo previsto en la Orden de 27 de septiembre 
de 1999, por la que se aprueba el Manual de Imagen Institucional de la Administración 
General del Estado, y se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 
de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.
Cuarta.  Financiación.
El presente acuerdo no conlleva compromiso de gasto para ninguna de las partes. 
En ningún caso se derivarán o nacerán relaciones de carácter contractual, funcionarial, 
laboral o estatutario entre cualquiera de los profesionales designados por una de las 
partes y la otra parte interviniente. es
Quinta.  Consecuencias en caso de incumplimiento del convenio. w.
convEel niinoc, unmo pgliemnieernatroá  dined elamsn izoabcliigóanc ieonnteres  lays  cpoamrtperso mali stroast aarsseu mdeid ousn  aecnu eerld op rqeusee nntoe 
genera obligación económica alguna.
Sexta.  Comisión mixta de seguimiento.
Para la ejecución y puesta en práctica del presente convenio se crea una comisión 
mixta compuesta por 4 personas: 2 designadas por la Asociación Instituto Lectura Fácil 
y 2 designadas por la Dirección General de la Policía. La comisión mixta se reunirá 
anualmente o cuando sea solicitado por una de las partes.
El funcionamiento de la comisión mixta se adecuará a lo previsto, para los órganos 
colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Naturaleza jurídica.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, teniendo naturaleza administrativa.
Octava.  Vigencia del convenio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio resultará eficaz 
una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
cooperación del sector público estatal y tras su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
El plazo de vigencia será de un año, salvo denuncia expresa por escrito, con un mes 
de antelación por cualquiera de los intervinientes.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, las partes podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 
extinción.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de los firmantes.
Décima. Causas de extinción del convenio.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Undécima.  Protección de datos de carácter personal y confidencialidad.
Si durante la ejecución del presente convenio las partes tratasen datos de carácter 
personal,  éstas  se  obligan  al  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  reglamento  (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo que sea de 
aplicación, la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de  infracciones  penales  o  de  s
ejecución de sanciones penales y a la libre circulación de dichos datos y por la que se  oe.
deroga la decisión marco 2008/977/JAI del Consejo. w.
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e  84ww
oinbfojertmo adceiol nperess efancteili tcaodnovse npioor,  ldae boiteran dpoa mrtea nyt eqnueer  dsiecahna  icnofonrcmerancieiónnt eesn  are lsaesr veaje yc usceicórne tod eyl 
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Duodécima.  Resolución de conflictos y jurisdicción competente.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la 
comisión mixta de seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicada.–Por  la 
Secretaria de Estado de Seguridad, P.D. el Director General de la Policía (Resolución de 
16 de noviembre de 2020), Francisco Pardo Piqueras.–Por el Instituto de Lectura Fácil, 
el Presidente, Diego García Sánchez.