BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 323 Viernes 11 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 113586
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
16012 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto 
de Estudios Fiscales, para la realización de un estudio sobre la efectividad de 
las políticas activas de empleo.
El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal y el Director General del 
Instituto de Estudios Fiscales, han suscrito un Convenio para la realización de un estudio 
sobre la efectividad de las políticas activas de empleo.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto de Estudios 
Fiscales para la realización de un estudio sobre la efectividad de las políticas 
activas de empleo
24 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, nombrado por Real Decreto 846/2018, de 6 de julio, competente para la 
firma  del  presente  Convenio  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo, 
asimismo, con lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio 
Público de Empleo Estatal.
De otra parte, don Alain Cuenca García, Director General del Instituto de Estudios 
Fiscales (en lo sucesivo IEF), nombrado por el Real Decreto 924/2018, de 20 de julio, y 
en virtud de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero 
(BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo 
Instituto de Estudios Fiscales.
Ambas partes comparecen en nombre y representación de las instituciones a las que 
pertenecen y se reconocen capacidad legal suficiente para formalizar este documento, y 
a tal efecto. e.
EXPONEN 012ww
Primero.
Que el Servicio Público de Empleo Estatal, en adelante SEPE, es un organismo
autónomo estatal de los previstos en la Sección 2.ª del Capítulo III del Título II de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su titular, y que tiene personalidad 
jurídica propia y diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
funciones, patrimonio, tesorería propia, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El SEPE es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que 
se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas 
de la política de empleo, en el marco de lo establecido en el texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Entre los servicios que presta el SEPE se encuentran la orientación e información 
sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el 
fomento  de  la  contratación,  el  mantenimiento  del  empleo  y  el  apoyo  a  iniciativas 
emprendedoras,  así  como  medidas  para  la  mejora  de  su  cualificación  profesional, 
también la información, reconocimiento y pago de las prestaciones y subsidios por 
desempleo, impulsando y desarrollando su gestión por medios electrónicos. Asimismo, le 
corresponde mantener las bases de datos generadas por los sistemas integrados de 
información del sistema nacional de empleo y elaborar las estadísticas en materia de 
empleo, formación y protección por desempleo a nivel estatal.
Segundo.
Que el Instituto de Estudios Fiscales IEF es un Organismo Autónomo de los previstos 
en el Título II, Capítulo III, Sección de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio 
y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  en  la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre; y en las demás disposiciones 
aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, así 
como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por 
el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo(artículo 3, apartados a) y f) le 
corresponde ejercer la investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico en 
las materias relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema 
económico y social, así como el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación 
con  otros  centros,  institutos,  escuelas  de  Administración  pública,  Universidades, 
instituciones,  organismos  y  otras  Administraciones  financieras,  nacionales  e 
internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto 
público.
Tercero.
Que el análisis y la evaluación resultan de gran importancia en la formulación de 
políticas públicas, en particular, en el ámbito de empleo, en el que dichas políticas tienen 
una incidencia directa y muy extendida sobre las personas y repercuten en el conjunto 
de la economía, siendo, por ello, especialmente relevante la evaluación de la eficacia y 
eficiencia de estas medidas.
Cuarto. es
Que el SEPE dispone de fuentes de información de calidad en el ámbito del empleo  w.
que pueden servir de base a actividades de mejora del análisis y la evaluación del  012ww
impaEcl tIoE yF ,p prooyr escuc ipóanr tdee,  tdaislepso pnoel ídtiec ausn.a unidad de evaluación dentro de la Dirección de
Estudios, que realiza gran variedad de estudios y análisis estadísticos cuantitativos,
desarrollando capacidades técnicas en materia de análisis y evaluación de políticas 
públicas, en particular en el ámbito del empleo y tributario.
Que por todo ello, ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el 
cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema de colaboración en el 
ámbito de las actividades estadísticas del SEPE y IEF.
Quinto.
Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece en su artículo 47.1 que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.
Que la suscripción del presente Convenio mejora la eficiencia de la gestión pública 
en el ámbito del empleo, facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 
contribuye a la realización de actividades de utilidad pública y carece de contenido 
económico.
Sexto.
Que  se  cumplen  los  trámites  preceptivos  que  establece  el  artículo  50  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo.
Que las partes, en el ejercicio de sus facultades, y entendiendo beneficiosa la 
colaboración en las materias de su competencia, han acordado suscribir el presente 
Convenio que llevan a efecto con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  y  los 
procedimientos por los que se debe regir el intercambio de información y la colaboración 
entre las partes para la realización de un estudio sobre la efectividad de las políticas 
activas de empleo. El estudio se llevará a cabo mediante la realización de análisis 
estadísticos de las características de los demandantes de empleo, y hará especial 
hincapié en la incidencia relativa que los diferentes tipos de políticas activas de empleo 
tienen sobre la empleabilidad del demandante, preservando, en todo caso, la privacidad 
de los datos y los derechos de las personas a los que se refiere la información.
Segunda.  Protección de datos y secreto estadístico.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y 
secretos y se destinarán exclusivamente a los fines objeto de este Convenio. Ambas 
partes  se  comprometen  a  mantener  rigurosamente  este  carácter  y  a  preservar  los 
derechos  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  a  las  que  se  referirá  la  información, 
estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y anonimato en los 
términos previstos por la ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. e
Tercera.  Actuaciones de las partes. 012ww
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a la incidencia relativa sobre la empleabilidad del demandante de las distintas políticas
activas, así como la detección de secuencias optimas de servicios de empleo que  Bc
reducen el tiempo de obtención de trabajo, entendiendo por servicios o políticas activas 
las de orientación, intermediación, formación u otras (en adelante, análisis estadístico). 
Esta colaboración se desarrollada conforme a los criterios siguientes:
– Por parte del SEPE se pondrán a disposición del IEF datos anonimizados y 
disociados de demandantes de empleo, relativos a su demanda, las acciones recibidas, 
contrataciones y prestaciones por desempleo, procedentes de sus bases de datos.
– El  IEF  evaluará  la  las  características  de  los  demandantes  de  empleo  que 
determinan su grado de empleabilidad así como la efectividad de las políticas activas 
asesorando al SEPE en la identificación de los factores obtenidos a partir del análisis 
estadístico  que  permitan  la  obtención  de  los  perfiles  más  característicos  de  estos 
demandantes  en  función  de  su  relevancia  para  la  empleabilidad,  así  como  de  la 
efectividad  relativa  de  las  acciones  de  políticas  activas  dependiendo  del  perfil  del 
demandante, y siempre en el marco de garantía de preservación del secreto estadístico 
y los datos de carácter personal. Para ello, el IEF realizará diferentes tipos de estudios 
con los datos que se le proporcionen. Este asesoramiento podrá utilizarse por el SEPE 
para el uso del análisis estadístico en la generación de herramientas que permitan la 
identificación de la empleabilidad de los demandantes de empleo.
– Para la transmisión y comunicación de los datos, el SEPE pondrá a disposición de 
la persona o personas que designe el IEF la información necesaria para el análisis 
estadístico, a través de la Subdirección General de Estadística e Información. Esta 
Unidad tiene encomendado elaborar y difundir las estadísticas e informes estandarizados 
en  materia  de  mercado  laboral  y  políticas  de  empleo,  así  como  atender  a  los 
requerimientos  de  información  demandados  por  las  Administraciones  Publicas  y 
organismos internacionales en relación con el Sistema Nacional de Empleo, es por ello 
que será la responsable de realizar el envío de los datos disociados y anonimizados en 
formato electrónico, mediante el sistema de transmisión debidamente protegido que 
determine.
Cuarta.  Ausencia de contenido económico.
El presente Convenio carece de contenido económico y no genera obligaciones ni 
contraprestaciones económicas entre las partes firmantes.
Quinta.  Propiedad de los trabajos.
La propiedad de todos los informes y documentos que se realicen en base a este 
Convenio corresponderá al SEPE.
Sexta.  Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.
Como mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y 
de los compromisos adquiridos por los firmantes se crea la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento de este Convenio que tendrá composición paritaria y estará constituida por 
cuatro personas: dos designadas por cada parte firmante.
Las personas representantes del Servicio Público de Empleo Estatal y del IEF, serán 
designadas por los titulares de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal y de la Dirección General del IEF, respectivamente.
La Comisión desarrollará las siguientes funciones:
1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse  bo
respecto del presente Convenio. 012ww
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4.  Resolver las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del Convenio.
Su régimen de funcionamiento se regirá por las bases siguientes:
– La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año, o a petición de cualquiera de las 
partes firmantes. Los miembros de la Comisión podrán asistir acompañados por los 
técnicos, que no tendrán voz ni voto en las reuniones.
– La Presidencia de la Comisión tendrá una sede rotativa, en función de la parte 
firmante que ostente la Presidencia y será designada de entre sus representantes en la 
Comisión por la parte firmante a la que le corresponda ejercerla.
– La Presidencia de la Comisión se ostentará alternativamente, por periodos de doce 
meses, por EL SEPE y el IEF.
– La  secretaría  de  la  Comisión,  con  voz  pero  sin  voto,  corresponderá  a  un 
funcionario designado por la persona que ejerza la presidencia, de entre el personal de 
las Administraciones que firman el Convenio.
En lo no regulado expresamente con arreglo a los apartados anteriores, se aplicará 
lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Modificación del Convenio.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 50 Ley de la 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Duración y extinción del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará 
eficaz desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al 
que  se  refiere  la  Disposición  Adicional  Séptima  de  la  LRJSP,  y  finalizará  una  vez 
cumplidos  por  ambas  partes  los  compromisos  adquiridos,  en  todo  caso  el  30  de 
septiembre de 2021.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución 
las establecidas en el artículo 51.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que producirán los efectos señalados en el artículo 52 de 
dicha norma.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, la parte 
que detectara dicho incumplimiento grave lo notificará a la parte que incumpla mediante 
carta certificada con acuse de recibo. En el transcurso de los quince días siguientes a la 
recepción de esta carta, la situación deberá ser regularizada o en su caso la parte que 
ha incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto cumplimiento. 
A la vista de las mismas, la parte que haya denunciado el incumplimiento comunicará su 
decisión de resolver o no el Convenio, teniendo efecto dicha resolución a los 10 días de 
dicha comunicación.
Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda 
dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la 
ejecución,  y,  en  general,  de  toda  información  susceptible  de  afectar  a  su  buena 
ejecución, con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más 
apropiadas. e.
Novena.  Protección de datos y confidencialidad.
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:
1.  En  el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal,  las  partes  tendrán  la 
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo acuerdo sus 
respectivas responsabilidades especificadas en la presente cláusula, en aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
2.  Los  datos  derivados  de  este  Convenio  serán  de  carácter  identificativo  y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en el Convenio.
3.  La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un lado 
por los fines del Convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza.
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se crea, como por el 
Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el 
Estatuto del organismo autónomo, entre cuyas funciones (artículo 3.d) se encuentra la 
cooperación  y  coordinación  con  otros  centros,  universidades,  etc.,  en  materia  de 
estudios e investigación.
El SEPE está legitimado por el artículo 18.1 del Texto refundido de la Ley de Empleo 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
4.  En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente 
con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de 
comunicación a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a 
las  personas  concernidas,  sin  sobrepasar  el  límite  de  setenta  y  dos  horas,  según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar 
para  resolver  el  incidente  y  poner  los  medios  para  que  no  se  vuelvan  a  producir 
incidentes similares.
5.  Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección  de  datos  personales,  que  se  encargarán  de  comunicar  y  coordinar  el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa 
vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y 
relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de confidencial y 
será  tratado  como  tal,  empleando  para  tal  fin  idénticos  dispositivos,  medidas  y 
procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación 
confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma indefinida desde su 
terminación. e
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a  bo
ningún  tercero  salvo  que  sea  estrictamente  necesario  en  virtud  de  los  derechos  y  012ww
cpoomr epsrocmritios odse  dlae roivtraad opsa rdtee,l  apdreesmeánste d eC oonbvliegnairos.e E an  peosnteer  ceans om saerc hreaq luoesr ipráro aceudtoimrizieanctióons 
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Décima.  Transmisión de los datos.
Conforme a los principios generales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  las  Administraciones  Públicas  deberán 
relacionarse entre sí y con el resto de organismos públicos o entidades a través de 
medios electrónicos, cumpliendo de esta forma con los estándares de interoperabilidad y 
garantizando la seguridad de la información compartida.
Así mismo, deberá tenerse presente lo que el Esquema Nacional de Seguridad 
regulado por la citada Ley 40/2015 y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, establece 
sobre uso de mecanismos que garanticen la confidencialidad, autenticidad e integridad 
de la información en tránsito, mediante redes privadas virtuales o protocolos seguros de 
comunicaciones como SFTP.
A tal efecto, el SEPE facilitará de forma individual un usuario y contraseña a cada 
uno de las personas designadas por la Universidad para su conexión con los sistemas 
informáticos del Organismo que permita la recepción de los ficheros anonimizados y, 
consecuentemente, el estudio de los datos, tanto en el dominio de las prestaciones por 
desempleo como en el dominio de empleo.
Undécima.  Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Duodécima.  Jurisdicción y solución de conflictos.
Las  partes  se  comprometen  a  intentar  resolver  de  manera  amistosa  cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y 
efectos del presente Convenio.
En caso de no ser posible una solución amigable en el seno de la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento, y resultar procedente litigio judicial, la competente para 
conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de 
conformidad con la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Todo 
ello sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, de lo dispuesto en los artículos 5 de 
la Ley 52/1997, de 26 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas y 10 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones de 
que son titulares, los firmantes suscriben este Convenio.–El Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal Gerardo Gutiérrez Ardoy.–El Director General del Instituto de 
Estudios Fiscales, Alain Cuenca García.