BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72896
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10015 Sala Primera. Sentencia 102/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 501-2020. Promovido por don Jesús Manuel Escalonilla Díaz y doña 
Ana  Teresa  Torres  Liñán  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un 
juzgado  de  primera  instancia  de  Madrid  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): 
STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2021:102
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado.
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  501-2020,  promovido  por  don  Jesús  Manuel 
Escalonilla Díaz y doña Ana Teresa Torres Liñán, representados por la procuradora de 
los tribunales doña Olga Muñoz González y asistidos por el letrado don Óscar Bueno 
Martínez, contra el auto de 26 de septiembre de 2019, que desestimó la solicitud de 
revisión de cláusulas abusivas, y contra la providencia de 12 de diciembre de 2019, que 
inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones, ambas resoluciones dictadas por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 24-2016. Ha sido parte la entidad Banco Santander, S.A., representada 
por el procurador de los tribunales don Javier Hernández Berrocal, y asistida por el 
letrado don Borja Fraguas Cánovas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente 
la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 24 de enero de 2020, la procuradora de 
los tribunales doña Olga Muñoz González, en nombre y representación de don Jesús 
Manuel Escalonilla Díaz y de doña Ana Teresa Torres Liñán, interpuso recurso de 
amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes: es
a)  La entidad financiera Banco Santander, S.A., presentó, el día 9 de diciembre  w.
de 2015, demanda de ejecución hipotecaria contra don Jesús Manuel Escalonilla Díaz y  015ww
ddoeñrivaa dAansa  dTee ruens ac réTdoirtroe sh ipLoiñteácna, ricoo mcoon cdeeduiddoo reens , cpoonrtr aetlo  iamnptea gnoo tdaeri os, udse  ofebclihgaa c2io2n dees 
mcláaurzsou lad es e2x0ta0 5b,i sq dueel  cdoenstprautéos  dfeu ep roébstjeatmo od ree lantoivvaa caió snu  yv eanmcipmliiaecnitóon ,a nctoicnip baadsoe,  deonn dlea   BOE-A-cable e
se contempla la posibilidad de resolver el contrato por falta de pago de alguno de los 
plazos convenidos. La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de 
Madrid.
Tras dar audiencia a la parte ejecutante, el juzgado, mediante auto de 7 de junio 
de 2016, declaró nula la cláusula sexta de la escritura de préstamo, relativa a los 
intereses de demora.
b)  Con fecha de 1 de septiembre de 2016 se dictó auto despachando ejecución, 
siguiendo su curso el procedimiento hasta que se declaró concluida la subasta el día 5 
de octubre de 2018.
c)  Los ahora recurrentes formularon por escrito de 15 de abril de 2019 petición de 
revisión de las cláusulas del contrato de préstamo 6 a), relativa al valor de tasación de la 
finca hipotecada, y 6 bis, concerniente al vencimiento anticipado por incumplimiento, por 
su posible carácter abusivo, con fundamento en la doctrina jurisprudencial emanada del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto, la contenida en la sentencia de 26 
de enero de 2017, así como de este tribunal, la STC 31/2019, de 28 de febrero.
Por providencia de 10 de septiembre de 2019 se declaró que no había lugar a la 
revisión del valor de tasación de la finca hipotecada al no haberse formulado oposición a 
la ejecución y haberse celebrado la subasta del bien, conforme a las condiciones fijadas 
en el correspondiente decreto y diligencia de ordenación, resoluciones firmes, al no 
haber sido recurridas.
Previo  traslado  de  la  solicitud  de  nulidad  ligada  a  la  cláusula  de  vencimiento 
anticipado a la parte ejecutante, quien se opuso, el juzgado desestimó dicha petición por 
auto de 26 de septiembre de 2019. El órgano jurisdiccional razonó al respecto que, antes 
del despacho de ejecución, se procedió expresamente a la revisión de oficio de las 
cláusulas del título ejecutivo, no habiéndose planteado oposición a la ejecución por la 
existencia de cláusulas abusivas en el plazo conferido para ello.
d)  A  través  de  un  nuevo  escrito,  presentado  el  10  de  octubre  de  2019,  los 
ejecutados  reiteraron  su  petición  de  revisión  de  la  cláusula  6  bis  de  vencimiento 
anticipado  y,  subsidiariamente,  formularon  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones en relación con el auto de 7 de junio de 2016. El incidente fue inadmitido por 
providencia de 12 de diciembre de 2019. En cuanto a la primera solicitud, el juzgado 
contestó que la petición de revisión ya había sido resuelta en la providencia de 10 de 
septiembre de 2019 y en el auto de 29 de septiembre de 2019. Respecto a la nulidad del 
auto de 7 de junio de 2016, el órgano jurisdiccional consideró que la solicitud se había 
formulado manifiestamente fuera de plazo.
3.  Los recurrentes invocan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la justicia y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad 
(art. 9.1 y 3 CE), el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), el principio de primacía del 
Derecho de la Unión (arts. 10.2 y 96.1 CE) y la especial protección de consumidores y 
usuarios (art. 51.1 CE).
Consideran que el origen de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva se 
encuentra en que el juzgador en ningún momento llevó a cabo el control de abusividad 
de  la  cláusula  de  vencimiento  anticipado  denunciada,  al  que  venía  obligado,  no 
constando en el auto de 7 de junio de 2016 pronunciamiento alguno acerca de esa 
cuestión o sobre otras cláusulas que no fuera la cláusula sexta de la escritura de 
préstamo, relativa a los intereses de demora. Niegan, a la postre, que esa resolución 
determine la aplicación del efecto de cosa juzgada sobre la cuestión relativa al susodicho  e.
vencimiento anticipado, pues en la resolución mencionada nada se dice sobre esa  w.b
cláusula ni a favor de su validez ni en contra de la misma. 015ww
dispEune slato  deenm laonsd aar tsíceu ilnodsi c1a0 q.2u ey  l9a6 v.1u lnCeEra, caiól nn oc orensllepveata ar slaim pisrimmoa claía i ndoebl sDerevraencchioa  ddee  lloa 
jUunzgióand, op, uae jsu icrieos duee lvloes  oremciutirerenndtoe ss, ue sa cpolincatrcairóion .a  Elan  inctoenrpcrreettaoc, ióenl  dceo mlap Dorirtaemctiivean t9o3 /d1e3l 
efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 26 de enero
de 2017, asunto Banco Primus, S.A. c. Jesús Gutiérrez García, cuestión sobre la que se 
manifestó el Tribunal Constitucional en la STC 31/2019, de 28 de febrero. Asimismo, se 
entiende vulnerada la especial protección de consumidores y usuarios ex art. 51.1 CE, 
que deben prestar los órganos jurisdiccionales, y el derecho a una vivienda digna, del 
art. 47 CE, toda vez que la eventual declaración de nulidad de la cláusula cuestionada 
«podría suponer el archivo de las actuaciones y la posibilidad de buscar una solución 
que suponga mantener la propiedad y la posesión de la vivienda».
La demanda termina solicitando que se declare la nulidad de la providencia de 12 de 
diciembre de 2019, así como del auto de 26 de septiembre de 2019, retrotrayendo las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esas resoluciones, para 
que  el  órgano  judicial  resuelva  con  pleno  respeto  de  los  derechos  fundamentales 
vulnerados.
Mediante  segundo  otrosí,  se  interesa  la  suspensión  de  las  actuaciones  en  el 
procedimiento de ejecución, al objeto de evitar la posibilidad de que se produzca la 
adjudicación del inmueble afectado con carácter irreivindicable.
4.  Por providencia de 19 de octubre de 2020, la Sala Primera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurría en el mismo 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC)]  porque  el  asunto  suscitado  trasciende  el  caso  concreto  al 
plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica 
[STC  155/2009,  FJ  2  g)];  así  como  dirigir  atenta  comunicación  al  órgano  judicial 
interviniente, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 24-2016, previo emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso, excepto la parte recurrente en amparo, para que 
pudieran comparecer en estas actuaciones, si así lo desearan.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sala acordó formar con el testimonio del 
recurso de amparo la pieza separada de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el 
art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte solicitante de amparo y al 
Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre la petición de 
suspensión interesada. En virtud del ATC 164/2020, de 14 de diciembre, la Sala denegó 
la  suspensión  cautelar  solicitada  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
24-2016, acordando, no obstante, la anotación preventiva de la demanda de amparo en 
el registro de la propiedad.
6.  Por  escrito  presentado  el  25  de  noviembre  de  2020,  se  personó  en  las 
actuaciones el procurador de los tribunales don Javier Hernández Berrocal, en nombre y 
representación de la entidad ejecutante, Banco Santander, S.A.
7.  Por diligencia de ordenación de 17 de diciembre de 2020, de la secretaría de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal, se tuvieron por recibidos los testimonios de 
las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid, y por 
personado  y  parte  al  Banco  Santander,  S.A.  Asimismo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
8.  Por escrito registrado el 26 de enero de 2021, la representación del Banco  e.e
Santander,  S.A.,  formuló  oposición  al  recurso  de  amparo,  alegando  que  estaba  b
acreditada  la  existencia  de  una  revisión  de  oficio  de  todas  las  posibles  cláusulas  015ww
adbeu 7s ivdaes j uannitoe sd ed e2 0q1u6e,  ssein h quubeie rsae  dpelasnptaecahraad eon ltao necjeecsu ocpióons,i cqiuóen  fau ela r eesjeuceultcaió enn p eolr  aeustoe 
dmeo t2iv8o d, ec ofenb lroe rqou; en esgeá dnidsotinseg uae a dperel csiuapr,u ae slato p does three,c lhao v ucolnnetreamcipólna ddoe neunn lcai aSdTaC. 31/2019,
9.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en fecha 10 de febrero 
de  2021,  en  el  que  solicitó  el  otorgamiento  del  amparo  a  los  demandantes.  Tras 
compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y concretar 
los aspectos más relevantes de la pretensión de la parte demandante, señaló que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el juez ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los recurrentes (art. 24.1 CE), incurriendo en una errónea 
motivación al desconocer lo dispuesto en la Directiva 93/13, así como la doctrina del 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  revisión  de  las  cláusulas 
abusivas de los contratos hipotecarios contenida en la STJUE de 26 de enero de 2017, y 
la doctrina constitucional aplicable, tal y como se desprende de la STC 31/2019, de 28 
de febrero. A renglón seguido sostuvo que la mención del derecho a una vivienda digna 
(art. 47 CE) y la defensa de los consumidores y usuarios (art. 51.1 CE), no supone una 
infracción  autónoma  «ya  que  no  son  portadores  de  un  derecho  fundamental,  pero 
además es que el recurso sólo los trae a colación para reforzar sus argumentos sobre la 
vulneración principal del art. 24.1 CE».
Tras esa acotación, el fiscal pone de manifiesto su voluntad de limitarse a exponer el 
contenido de la STC 31/2019, «que a su vez supone la consagración de la doctrina 
emanada de la STJUE de 26 de enero de 2017», verificando su aplicabilidad a las 
circunstancias del presente caso, para determinar si procede apoyar el amparo solicitado 
u oponerse a él.
Entre los diversas cuestiones abordadas en la sentencia de este tribunal, en primer 
lugar, el fiscal destaca la obligación del órgano jurisdiccional de revisar ex oficio o a 
instancia de parte la posible abusividad de las cláusulas contractuales en el marco de la 
conocida como contratación en masa entre los consumidores y usuarios, de un lado, y 
los empresarios y profesionales, de otro; una obligación que se desprende de la STJUE 
de 26 de enero de 2017, objeto de debate en estas actuaciones. A continuación, se hace 
eco de la doctrina también expuesta en la STC 31/2019, según la cual, a efectos de 
hacer valer esa obligación, «no es determinante el momento en que se plantea la posible 
cuestión, como tampoco lo es el cauce procesal que se elija, o el nomen iuris del 
instrumento procesal, ya sea un incidente de nulidad u otra forma de recurso, porque el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea equipara esta doctrina a las normas de orden 
público de los sistemas jurídicos nacionales», con lo que al rechazar la posible revisión 
por no haberse solicitado en la oposición a la ejecución, como se hace en el auto de 16 
de septiembre de 2019, y se reitera en la providencia de 12 de diciembre de 2019, se 
estaría vulnerando esa doctrina. Y, finalmente, en lo que se refiere al hecho de que el 
control de las cláusulas abusivas se hubiera llevado a cabo de oficio, en el auto de 7 de 
junio  de  2016,  antes  de  despachar  ejecución,  como  se  afirma  en  la  resolución 
impugnada, lo que satisfaría la doctrina constitucional, también es rechazado por el 
fiscal, pues la resolución de 2016 tan sólo hace mención de la cláusula sexta, relativa a 
los intereses moratorios, y a ninguna otra, sin que se contenga pronunciamiento en 
relación con el resto, «[n]i siquiera el juzgador concluyó, con una fórmula genérica, que 
el resto de las cláusulas no serían abusivas, tal como supone el auto recurrido al decir 
que ya se realizó un control porque dicho control se ciñó a un solo pacto, y no al resto».
10.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos s
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes. b
dpcleráosuveEsidsul telipamnrsceó is aale adbn euste so1 ilv2ircae idtscue,u d rd sadiocse iíe  trimeecnvobiemrse ioó pd noe re d 2l eo0 bi1cnj9elcá,ti uodqs euuenellta  eiasn  uaadtdobem u dsinteiivóu a l2iuds6n a fadod  rnemud euesvle aapda tapciet eumptaiocbcriró ieolno n sdde eesa   cr2tefoo0vrr1iems9sió,u,  nlqay  dudleeoa     OE-A-2021-10able en https://
subsidiariamente, resoluciones ambas dictadas por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 31 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 24-2016.
Los  demandantes  de  amparo  atribuyen  a  esas  resoluciones  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso 
a la justicia y a la motivación de las resoluciones judiciales, en relación con el principio 
de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.1 y 3 CE), el derecho a una vivienda digna 
(art. 47 CE), el principio de primacía del Derecho comunitario (arts. 10.2 y 96.1 CE) y la 
especial protección de consumidores y usuarios (art. 51.1 CE), cuyo fundamento se 
encontraría  en  la  omisión  del  control  de  abusividad  de  la  cláusula  de  vencimiento 
anticipado del contrato de préstamo suscrito entre el ejecutante y los ejecutados, al que 
venía obligado el órgano jurisdiccional y que le fue solicitado por esos últimos.
La entidad ejecutante se opone a la pretensión de los demandantes, sosteniendo que 
ha tenido lugar en el procedimiento a quo la realización de ese control de abusividad, 
que  habría  sido  efectuado  de  oficio  por  el  juzgado.  Por  su  parte,  el  fiscal,  con 
fundamento  en  la  argumentación  recogida  en  los  antecedentes  de  esta  sentencia, 
solicita la estimación del recurso de amparo.
2.  Delimitación del contenido y alcance de nuestro enjuiciamiento.
Con carácter previo, se ha de precisar que la alegada infracción del principio de 
interdicción de la arbitrariedad (art. 9.1 y 3 CE), del derecho a una vivienda digna (art. 47 
CE), del principio de primacía del Derecho comunitario (arts. 10.2 y 96.1 CE) y de la 
especial protección de consumidores y usuarios (art. 51.1 CE), no pueden ser objeto del 
presente proceso, pues no se encuentran entre los derechos que pueden ser protegidos 
por  la  vía  excepcional  y  subsidiaria  del  recurso  de  amparo,  como  claramente  se 
desprende del art. 53.2, en relación con el art. 161.1 b) y del art. 41.1 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), que queda restringida a los derechos y libertades 
contenidos en los arts. 14 a 29 CE, a los que se ha de unir el derecho a la objeción de 
conciencia  consagrado  en  el  art.  30  CE  (SSTC  59/1994,  de  28  de  febrero,  FJ  1, 
y 140/1995, de 28 de septiembre, FJ 2, entre otras), de manera que «la única medida de 
enjuiciamiento aplicable, tanto en este proceso constitucional de amparo como en el 
proceso preferente y sumario seguido ante los tribunales ordinarios ex art. 53.2 CE, es la 
integrada  por  los  preceptos  de  la  Constitución  Española  que  reconocen  aquellos 
derechos fundamentales y libertades públicas» [STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a)]. 
En todo caso, a la vista del desarrollo argumental contenido en la demanda, cabe 
entender que la invocación de tales preceptos no constituye una vulneración autónoma 
de la relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, sino que su invocación sirven tan 
solo  para  reforzar  los  argumentos  expuestos  como  fundamento  de  esa  última 
contravención.
Una vez expuestas las posiciones de los  intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta, que en ningún 
caso pretende dirimir si la cláusula contractual identificada por los recurrentes, relativa al 
vencimiento anticipado del préstamo, tiene o no carácter abusivo, pues esa cuestión se 
incardina con claridad dentro de los límites de la legalidad infra constitucional y, en 
consecuencia, su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria (STC 140/2020, 
de 6 de octubre, FJ 2). Nuestro cometido será determinar si la negativa del órgano 
judicial a pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula aludida, so pretexto de la 
extemporaneidad de esa petición y de que el control de abusividad de las cláusulas del 
contrato de préstamo se había efectuado de oficio, vulnera o no el derecho a la tutela  e
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por su eventual contradicción con la  bo
doctrina de este tribunal. 015ww
asenAtla sdear  peosrt ee estl ep ltarinbtuenaaml ieenn tore, lealc ipórnim ceorn p laas oc uoebsltigióand os ussecriáta edla ;d ep arreac,o ard acor nlati nduoacctrióinna, 
persotac esdeedre  ac oennsjutiticuicairo nlaa l.adecuación de la respuesta judicial a los postulados fijados en
3.  Doctrina constitucional sobre el control de abusividad de las cláusulas de los 
contratos en los procedimientos ejecutivos y su vinculación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre una cuestión sustancialmente 
similar a la que ahora se nos plantea. En efecto, en el supuesto enjuiciado por el Pleno 
en la STC 31/2019, de 28 de febrero, se resolvió sobre la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE), con motivo de la decisión, adoptada 
por un órgano judicial en un procedimiento de ejecución hipotecaria, de «inadmitir el 
incidente de nulidad formulado por la demandante de amparo, en el que se invocaba la 
existencia  en  su  contrato  de  préstamo  de  una  cláusula  abusiva,  en  concreto  de 
vencimiento anticipado […] al decidirlo, según denuncia la parte, con base en una 
pretendida preclusión de su obligación de control […]» (FJ 1).
Desde  ese  pronunciamiento  hasta  las  más  recientes  SSTC  24/2021,  de  15  de 
febrero, y 50/2021, de 3 de marzo, el tribunal ha sido consecuente con una línea 
doctrinal dirigida a restaurar el equilibrio real entre los derechos y obligaciones de 
profesionales y consumidores en el marco de los contratos de préstamo hipotecario, 
defendiendo el obligado cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en la materia, manifestándose sobre el obligado control por parte de los 
órganos  jurisdiccionales  del  carácter  abusivo  de  las  cláusulas  incorporadas  a  los 
contratos de préstamo con garantía hipotecaria, cuando, como ocurre en este caso, 
fueran  requeridos  para  efectuarlo  por  la  parte  ejecutada  a  través  de  un  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones.
En la STC 31/2019 declaramos que «[e]l Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
obliga al juez nacional a apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso 
tras el dictado de una resolución con fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los 
elementos  de  hecho  y  de  derecho  necesarios  para  ello,  siempre  que  la  cláusula 
denunciada no hubiera sido examinada previamente, […] permitiendo que el consumidor 
pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo 
que  no  exime  de  la  obligación  de  control  de  oficio  por  el  órgano  judicial»  (FJ  6). 
Asimismo, desde la perspectiva del deber de motivación, sostuvimos en el fundamento 
jurídico 8 que la simple mención genérica de que la demanda cumple con los requisitos 
previstos en el art. 685 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y que el título es 
susceptible de ejecución en los términos del art. 517.1.4 LEC «es insuficiente a los 
efectos de considerar que, sin género de dudas, se realizó dicho control, máxime cuando 
de dicha argumentación se va hacer depender el acceso a un pronunciamiento de fondo 
al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la Unión, debe proceder de oficio 
de haber razones para ello […], pues «[m]al se puede realizar un control —ni siquiera 
externo— de lo que carece de un razonamiento expreso» (STC 135/2017, de 27 de 
noviembre, FJ 4). […] De lo dicho, únicamente se desprende que se efectúo el control de 
los requisitos de la demanda ejecutiva y de los documentos que han de acompañarla 
(art. 685 LEC), y de la escritura pública (art. 517.1.4 LEC). Y ha de recordarse que, como 
este  tribunal  ha  venido  apreciando,  «la  existencia  de  una  motivación  adecuada  y 
suficiente en función de las cuestiones que se susciten en cada caso concreto resulta 
una garantía esencial para el justiciable, ya que la exteriorización de los rasgos más 
esenciales  del  razonamiento  que  ha  llevado  a  los  órganos  judiciales  a  adoptar  su 
decisión permite apreciar su racionalidad, además de facilitar el control de la actividad 
jurisdiccional  por  los  tribunales  superiores  y  de,  consecuentemente,  mejorar  las 
posibilidades de defensa por parte de los ciudadanos de sus derechos mediante el  e.
empleo de los recursos que en cada supuesto litigioso procedan (SSTC 209/1993, de 28  w.b
de junio, FJ 1, o 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3), siendo de añadir, trascendiendo desde  015ww
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(SSTC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3, y 119/2003,
de 16 de junio, FJ 3)» (STC 329/2006, de 20 de noviembre, FJ 7). Por ello, hemos 
declarado que «el canon constitucional de la "motivación suficiente" no se ve satisfecho 
mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un 
razonamiento o inferencia» (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 4). Aún más, en este caso, 
cuando el artículo 51 CE impone a los poderes públicos en general la obligación de 
garantizar la defensa de los consumidores y usuarios».
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto: Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los demandantes de amparo.
Una vez reflejado el parámetro al que debemos sujetarnos para dirimir la presente 
litis, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial.
Como queda expuesto en los antecedentes de esta resolución, el auto que rechaza 
la revisión del carácter abusivo de las cláusulas incorporadas al contrato de préstamo, al 
que se remite la providencia ulterior, se limita a destacar que, antes del despacho de 
ejecución,  se  había  procedido  a  revisar  de  oficio  todas  las  cláusulas  contractuales 
comprometidas, entre ellas la relativa al vencimiento anticipado del préstamo, cuya 
revisión se interesó por los recurrentes, y que además esa última petición resultaba 
extemporánea, al no haberse denunciado esa circunstancia en el trámite de oposición a 
la ejecución.
Ambas  justificaciones  han  de  ser  rechazadas,  en  aplicación  de  la  doctrina 
establecida en la STC 31/2019. Así, en lo que se refiere al primero de los motivos 
esgrimidos para rechazar el control de abusividad solicitado, según la cual el reclamado 
control ya se habría efectuado de oficio antes del despacho de ejecución, en concreto, 
en el auto de 7 de junio de 2016, donde se declaró la nulidad de la cláusula relativa a los 
intereses de demora, la cuestión radica en determinar si la motivación contenida en esa 
resolución es suficiente para considerar «sin género de dudas» que, en verdad, se 
realizó tal revisión. Pero lo cierto es que el auto citado tan sólo se refiere a la cláusula 
declarada nula, y no contiene pronunciamiento alguno, ni tan siquiera genérico, relativo 
al resto de las cláusulas del contrato de préstamo. En esa tesitura, no se puede entender 
cumplido dicho examen, incurriéndose en las resoluciones impugnadas en una falta de 
motivación  en  su  decisión  de  excluir  la  necesidad  de  un  examen  posterior  de  las 
cláusulas contractuales, vulnerando, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva 
de los recurrentes. Como se afirmó en la STC 24/2021, de 15 de febrero, FJ 3, «resulta 
necesaria una motivación expresa por parte del órgano judicial sobre si las cláusulas del 
préstamo hipotecario pueden considerarse abusivas o no, o, al menos, que pueda 
inferirse de la resolución judicial, de manera clara y evidente, que se ha realizado 
efectivamente dicho análisis, sin complejas deducciones sobre la ratio de la decisión». 
En suma, no constando, ni expresa ni tácitamente, que la revisión de la cláusula de 
vencimiento anticipado interesada por los ejecutados se hubiera producido efectivamente 
en el auto de 7 de junio de 2016, el Juzgado debería haber procedido a realizar la 
revisión de la cláusula, de acuerdo con lo solicitado por los demandantes de amparo, con 
arreglo a la doctrina constitucional antes expuesta, en lugar de rechazar la pretensión de 
los recurrentes so pretexto de un presunto examen previo de todo el clausulado del 
contrato, no plasmado de manera efectiva en resolución alguna.
En cuanto a la segunda de las justificaciones, basada en la falta de planteamiento de 
la abusividad de las cláusulas en el trámite de oposición a la ejecución, resulta evidente 
su contravención del principio que se desprende de la doctrina del tribunal contenida en 
la STC 31/2019, con remisión a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión  e
Europea, según el cual carece de relevancia el momento o el cauce procesal que se  bo
utilice  para  suscitar  ante  el  órgano  jurisdiccional  esa  cuestión,  siempre  que  el  015ww
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plazo para denunciar la existencia de cláusulas abusivas pueda considerarse precluido
solo porque la parte ejecutada no formulase oposición a la ejecución, resultando las 
resoluciones impugnadas vulneradoras del derecho a la tutela judicial efectiva por esta 
razón.
En  conclusión,  las  resoluciones  impugnadas  en  esta  sede  constitucional  han 
lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los recurrentes 
(art. 24.1 CE), tanto por la falta de motivación material a que se ha hecho mención, en 
cuanto a la justificación de que se había efectuado una revisión de oficio de todas las 
cláusulas del contrato de préstamo; como porque la decisión de no atender la revisión 
interesada por la parte recurrente por extemporaneidad ha de reputarse manifiestamente 
irrazonable, dando lugar a que los actores se vieran privados de un pronunciamiento de 
fondo sobre la eventual abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida 
en su contrato de préstamo hipotecario, al que el órgano judicial se encontraba obligado 
de acuerdo con nuestra doctrina y con la establecida por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
Por lo expuesto procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente 
declaración de nulidad del auto de 16 de septiembre de 2019 y de la providencia de 12 
de diciembre de 2019, ambas resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 31 de Madrid, en las que se rechazó la revisión de las cláusulas abusivas, y 
acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la primera de 
esas resoluciones, a fin de que el órgano judicial resuelva sobre lo interesado en el 
incidente de nulidad de actuaciones de manera respetuosa con el derecho fundamental 
vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jesús Manuel Escalonilla Díaz y 
por doña Ana Teresa Torres Liñán y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 16 de 
septiembre de 2019 y de la providencia de 12 de diciembre de 2019, resoluciones 
dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 24-2016.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de dichas resoluciones, para que el órgano judicial dicte 
una nueva que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. es