BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23501
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3347 Pleno. Sentencia 22/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
3736-2018. Promovido por don Raúl Romeva Rueda en relación con los 
autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que adoptaron la medida cautelar de prisión provisional. 
Supuesta  vulneración  de  los  derechos  a  la  libertad  personal  y  a  la 
participación y representación política: resoluciones judiciales que adoptaron, 
de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar 
de  carácter  personal;  inadmisión  parcial  del  recurso  de  amparo.  Voto 
particular.
ECLI:ES:TC:2020:22
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 3736-2018, promovido por don Raúl Romeva 
Rueda, representado por la procuradora de los tribunales doña Celia López Ariza y 
asistido por el letrado don Andreu Van den Eynde, contra el auto de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que desestimó el recurso de apelación 
interpuesto contra el auto de 23 de marzo de 2018 dictado por el magistrado instructor 
de la causa especial núm. 20907-2017, que acordó la prisión provisional incondicional 
del recurrente en amparo. Han sido parte la asociación para la defensa y progreso de los 
intereses  ciudadanos,  representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Javier 
Fernández Estrada; don Joaquín Forn Chiarello y doña Meritexl Borrás Santacana, 
representados por el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, 
doña Ramona Barrufet Santacana, don Lluís Guinó Subiros y don Lluís María Corominas 
Díez, representados por el procurador de los tribunales don Ignacio Argos Linares, doña 
Carme Forcadell i Lluís, doña Anna Simó i Castelló, representadas por el procurador de 
los tribunales don Emilio Martínez Benito, don Jordi Sánchez Picanyol, don Jordi Turull i 
Negre,  don  Josep  Rull  Andreu,  doña  Dolors  Bassa  i  Coll,  representados  por  el 
procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro; el partido político VOX, 
representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; el  e.e
abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta; y ha intervenido el  b
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré. 47ww
I. Antecedentes
1.  Don Raúl Romeva Rueda interpuso demanda de amparo contra el auto de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que desestimó el recurso
de  apelación  interpuesto  contra  el  auto  de  23  de  marzo  de  2018  dictado  por  el 
magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, que acordó la prisión 
provisional incondicional del recurrente en amparo.
2.  Conforme a los datos que constan en las actuaciones, el recurso tiene su origen 
en los siguientes antecedentes:
a)  En fecha 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos 
querellas por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de 
delitos de rebelión (art. 472 del Código penal: CP), sedición (art. 544 CP) y malversación 
(art. 432 CP):
(i)  Una de las querellas se presentó ante el juzgado central de instrucción de 
guardia de la Audiencia Nacional contra «todos los que fueron miembros del Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados», entre ellos el ahora 
recurrente de amparo, don Raúl Romeva Rueda, que había desempeñado el cargo de 
«Conseller del Departamento de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y 
Transparencia», y había sido diputado del Parlamento de Cataluña hasta el momento de 
su cese en tales cargos, producido el 28 de octubre de 2017 por efecto del acuerdo del 
Pleno del Senado del día anterior por el que se aprobaban «las medidas requeridas por 
el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución» («BOE» de 27 de octubre 
de 2017). Esta querella fue acumulada a las diligencias previas núm. 82-2017, que ya se 
seguían ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional por un 
posible delito de sedición relativo a hechos parcialmente coincidentes, ocurridos en 
Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
(ii)  La otra querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la mesa de dicha 
cámara que conservaban, salvo uno de ellos, la condición de aforados por pertenecer a 
la diputación permanente de la aludida asamblea legislativa, disuelta por efecto del ya 
citado acuerdo del Senado. Dicha querella dio lugar, tras su admisión, a la causa 
especial núm. 20907-2017, designándose ponente. Por resolución de 31 de octubre 
de 2017, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó declarar su competencia para la 
instrucción  y,  en  su  caso,  enjuiciamiento  por  los  delitos  de  rebelión,  sedición  y 
malversación antes indicados, y designó instructor de la causa al magistrado Excmo. Sr. 
don Pablo Llarena Conde.
b)  Por auto del instructor de fecha 24 de noviembre de 2017 se acordó, en la citada 
causa especial núm. 20907-2017, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar  al  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las 
actuaciones  obrantes  en  sus  diligencias  previas  núm.  82-2017,  acumulándose  este 
procedimiento a la causa especial.
c)  Con fecha 21 de marzo de 2018 se dictó auto que, además de diversos acuerdos 
sobre  medidas  cautelares  personales  y  cuantías  de  la  fianza  en  garantía  de  las 
responsabilidades  pecuniarias  que  pudieran  derivarse  del  procedimiento,  dispuso 
declarar como procesado por presuntos delitos de rebelión del art. 472 y concordantes 
del Código penal y por el delito de malversación de caudales públicos, entre otros, al 
recurrente en amparo.
d)  Celebrada la comparecencia prevista en el art. 505 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (LECrim), en la que el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y la acción 
popular interesaron la prisión provisional, comunicada y sin fianza de, entre otros, el  e.
recurrente en amparo, oponiéndose a ello la representación procesal de aquel, por auto  w.
de 23 de marzo de 2018 el magistrado instructor acordó la prisión incondicional del  47ww
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sin fianza, que ahora adoptaba, tanto por el riesgo de reiteración delictiva como por la 
existencia de un marcado riesgo de fuga.
Razonaba, en ese sentido, que existían indicios racionales y firmes de la posible 
perpetración  de  unos  hechos,  configurándose  un  «grave  riesgo  de  fuga  en  los 
encausados». Un riesgo que se potenciaría, decía el auto, por dos factores principales:
«En primer lugar, si bien es cierto que los procesados cuya situación se analiza han 
comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha 
reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han 
desatendido  de  manera  contumaz  y  sistemática  durante  los  últimos  años.  Esta 
constatación  coexistió  con  el  convencimiento  de  que  existían  razones  que  les 
proporcionaban  legitimación  para  enfrentarse  a  ese  acatamiento  de  las  decisiones 
judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que 
no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede 
concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que 
permita  apreciar  que  el  respeto  a  las  decisiones  de  este  instructor  vaya  a  ser 
permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la 
presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos. En 
realidad, el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no 
cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la 
pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio 
patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva.
Por  último,  las  motivaciones  que  impulsaron  a  los  procesados  a  cometer  los 
presuntos delitos que se les atribuyen, son compartidas por un amplio colectivo que se 
solidariza  con  su  causa.  Y  este  colectivo  –como  ya  se  ha  dicho  en  el  auto  de 
procesamiento– cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal 
especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus 
asociados, así como un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la 
defensa  de  sus  planteamientos  y,  por  tanto,  en  condiciones  de  prestar  un  soporte 
eficaz.»
La resolución añade aún como soporte de la decisión la concurrencia adicional de un 
marcado riesgo de reiteración delictiva:
«Sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de 
diputados […] todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia 
de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en si misma 
legítima,  se  ha  pretendido  satisfacer  mediante  instrumentos  de  actuación  que 
quebrantan  las  normas  prohibitivas  penales  y  con  apoyo  de  un  movimiento  social, 
administrativo y político de gran extensión.
En tal coyuntura, la renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que 
persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, 
ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde 
colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria.
Más allá de las personas que han sido encausadas ante esta Sala, la investigación 
demuestra que fueron muchos los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden 
constitucional y penal como consecuencia del acuerdo delictivo que se investiga. Todos 
ellos  han  intervenido  desde  múltiples  facetas  de  colaboración,  por  más  que  su 
participación sea objeto de investigación en otros órganos judiciales. s
Si a esta pluralidad de planos de actuación se une, como se indica también en el  oe.
auto de procesamiento, que el designio al que se incorporaron desde un inicio preveía  w.
(idnLesib triretouit ceBioralnaceniósc noa )eu xtcoiosnntóetmi npuiecasares   caqo ulnae   rhleaun buaincectruaiaan c asilói danoc  tiialníc tdietearv  detianpniud taapsdr,oo np.»tuoe dceo mcoon csleu irrseec uqpueer aerl arine slgaos   2020-3347n https://ww
Con  esos  fundamentos,  y  tras  razonar  asimismo  sobre  la  imposibilidad  de  los 
parlamentarios de acudir a desempeñar sus funciones participando en la sesión de 
investidura prevista, acuerda la medida cautelar ya indicada.
e)  El demandante en amparo, al igual que hicieran otros procesados, recurrió en 
apelación la resolución anterior. En el escrito de interposición del recurso se aducía la 
inexistencia de los fines que justificaron la medida cautelar por falta de riesgo de fuga y 
de reiteración delictiva, y se invocaban los derechos de defensa y de participación 
política, reprochando a la resolución judicial apelada no haber llevado a cabo el exigible 
juicio de proporcionalidad que tomara en consideración la condición del apelante de 
representante político y la merma de sus posibilidades de defensa dada la lejanía del 
centro penitenciario respecto de su abogado.
f)  La sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó el 
recurso de apelación y confirmó la medida de prisión provisional incondicional por auto 
de 17 de mayo de 2018.
La Sala comparte los argumentos del magistrado instructor. En cuanto al riesgo de 
reiteración delictiva señala, en efecto, que ha de valorarse que la conducta imputada a 
los recurrentes no ha consistido en un acto aislado, sino en la participación constante y 
relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una comunidad autónoma 
de España, en un plan que inició su fase final con la resolución 1/XI del Parlamento 
catalán, y que se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años, desde el 9 
de  noviembre  de  2015  hasta  octubre  de  2017,  en  el  curso  de  los  cuales  se 
desobedecieron frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y se actuó 
derogando de facto la Constitución, el estatuto de autonomía y cuantos elementos del 
ordenamiento jurídico se oponían al designio de los recurrentes.
Igualmente, añade el auto, ha de tenerse en cuenta que la determinación de los 
recurrentes, junto con las demás personas a las que se imputa su participación en estos 
hechos, se mantuvo aún después de los episodios de violencia y de los tumultos que 
tuvieron lugar con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza física, 
que  se  diera  cumplimiento  a  resoluciones  judiciales  de  entrada  y  registro  en 
dependencias  oficiales  de  la  Generalitat,  pues  insistieron  públicamente  en  la 
convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían celebrar aun 
sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a 
enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido y finalmente 
volvió a suceder, terminarían en actos de violencia.
El  auto  sumaba  a  todo  ello  el  contexto  en  el  que  se  produciría  una  eventual 
recuperación de la libertad de los recurrentes, afirmando en ese sentido que no existían 
indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la 
colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías 
de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con alta 
probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el 
cumplimiento de la ley.
Finalmente, respecto del riesgo de fuga, en la línea que ya manifestara el instructor 
en  el  auto  recurrido,  razona  que,  siendo  cierto  que  los  recurrentes  siempre  se 
presentaron  a  los  llamamientos  efectuados  por  aquel  y  que  no  quebrantaron  las 
limitaciones impuestas por la resolución que se refería a su situación personal, también 
lo era que el avance de la tramitación de la causa ha dado lugar a la consolidación de los 
indicios inicialmente apreciados, hasta el punto de dar lugar al procesamiento de los 
recurrentes, de suerte que, lejos de debilitar los indicios de culpabilidad, las diligencias  s
practicadas en la instrucción los han ratificado dándoles la consistencia necesaria para  oe.
calificarlos como indicios racionales de criminalidad. w.
Junto a ello el auto considera que, en relación a las circunstancias personales de los  47ww
creocnusrirsetenntecsia,  neoc pouneódmei cdae jadre  dela  vamloisrmaras,e  lnai  elsotsr ucctounrata cotrogsa niinztaetrivnaa cqiounea lloess  adpeoly ag, runpi ola, 
evildeam neonrtomsa lqizuaed ah afune prae rdmei tEidsop aañ qau yie dnee sla y rae ssidee hnacnia  fquugea dhoa smtaa netnetnoenrc eusn ae raap saur ideonmciaic idlioe   BOE-A-cable e
habitual. Por ello, concluye, en esas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes 
consideren  una  opción  atendible  la  huida  de  la  acción  de  la  justicia  española  se 
incrementa y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso, lo que 
justificaría, dice, la prisión provisional, sin que, frente a ello, las relaciones personales de 
carácter familiar sirvan para demostrar un arraigo que excluya el riesgo de fuga.
Con  base  en  todo  lo  expuesto,  tras  razonar  asimismo  sobre  las  alegaciones 
formuladas relativas a la imparcialidad del instructor y los derechos políticos de los 
recurrentes, y tras rechazar en particular la pretensión del recurrente en amparo de que 
fuera sustituida la medida de prisión por prisión domiciliaria, incompatible según la Sala 
con  lo  dispuesto  en  el  art.  508  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal,  se  acuerda 
desestimar los recursos de apelación formalizados.
3.  La parte recurrente aduce en su demanda de amparo que se ha producido una 
vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y al juez imparcial 
(art. 24.2 CE), del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE), del derecho fundamental 
a la participación política y a la representación (art. 23 CE), del derecho fundamental a la 
libertad ideológica (art. 16 CE), del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y 
del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
A)  Bajo la rúbrica «Juez ordinario predeterminado por la ley y juez imparcial», la 
demanda  denuncia  la  imposibilidad  de  recusación  de  los  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional, la violación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la 
violación del derecho a la doble instancia penal.
a)  Según  el  demandante,  la  vulneración  se  produce  en  primer  lugar  por  la 
imposibilidad de recusar de forma efectiva a los magistrados del Tribunal Constitucional. 
La alegación se funda en que «los procesos judiciales relacionados con lo que se ha 
denominado el ‘proceso de independencia de Cataluña’ parten o se fundamentan en 
imputaciones  vinculadas  con  actos  de  supuesta  desobediencia  al  Tribunal 
Constitucional»; y en que este mismo Tribunal, mediante una «valoración jurídico penal 
de las conductas» de, entre otras personas, el ahora recurrente, «ha determinado en 
distintas ocasiones deducir testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera 
la formulación de acciones penales».
b)  En relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 
CE), la demanda sostiene la falta de competencia objetiva del Tribunal Supremo para 
investigar o enjuiciar los hechos que se atribuyen al demandante, ya que al no haberse 
cometido  ningún  delito  fuera del territorio catalán la  competencia correspondería al 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en aplicación del art. 57.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC).
Argumenta la demanda que los delitos de rebelión y sedición se consuman con el 
alzamiento y que tales presuntos alzamientos, cuya existencia solo acepta a título de 
hipótesis retórica a los fines de determinar la competencia, habrían tenido lugar en 
Barcelona u otros lugares de Cataluña, es decir, donde se habrían producido esas 
supuestas insurrecciones violentas. No hay noticia de que se haya cometido ninguna 
fuera de este territorio, afirma la demanda. Continúa señalando que con la malversación 
sucede  algo  análogo:  si  se  han  materializado,  también  a  título  de  mera  hipótesis, 
disposiciones indebidas de dinero público, ha sido del presupuesto de la Generalitat y no 
constan cometidas en ningún otro lugar que no sea Cataluña. Cita para sostener su tesis 
el precedente constituido por el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de  s
noviembre de 2014. oe.
En el presente caso, a su juicio, el Tribunal Supremo, al asumir la competencia sobre  w.
lrpoersse uchleteadcdehono tse dsoe bdl jee dtfooe rlidmtoea  q icmuoepnrr eelslvauis,s il bleleevf.ae P caot orcs ae bllyoo,,   uaan lsa u ma prigasurmemocee nrt,it ea«mceilpó mon, o etricvroóonn dtereaa r ríceaos nidsfueunnsdc iiaeprnr odeponi  oeesll    2020-3347n https://ww
Tribunal Supremo la jurisdicción no es otro que alterar el sistema legal de competencias
y buscar por el Ministerio Fiscal un foro más proclive a sus pretensiones, un forum
shopping  contrario,  como  no  puede  ser  de  otra  forma,  a  las  previsiones 
constitucionales».
c)  Respecto del derecho a la doble instancia penal, a juicio de la parte recurrente la 
indebida atribución de competencia al Tribunal Supremo anula las posibilidades del 
demandante de obtener una revisión de sus decisiones. El órgano judicial al que se 
atribuya el enjuiciamiento penal de unos hechos ha de ser distinto en su composición a 
aquel que atendió cualquier tipo de recurso durante la tramitación primaria de la causa. 
Sin  embargo,  la  ahora  llamada  «sala  de  apelaciones»  (inexistente  en  el  esquema 
procesal penal español) está integrada por compañeros del juez instructor, al igual que la 
sala de enjuiciamiento;  todos son miembros  de idéntica categoría (magistrados del 
Tribunal Supremo, máximo nivel en el escalafón judicial) y se desconoce a priori la 
composición de la sala de apelaciones, al no constar publicado el turno por el que se han 
de integrar sus magistrados. Nada impide, por tanto, que en una próxima sala de 
apelaciones ad hoc el actual instructor forme parte del gremio judicial que ha de enjuiciar 
la labor de otro instructor en otra causa especial que, a su vez, ha podido controlar su 
previa labor de investigación. Y quebraría con ello, dice, la garantía objetiva consistente 
en que el control de la instrucción sea llevado a cabo por un órgano superior del que 
instruye, desapareciendo así la doble instancia penal y quedando en entredicho la 
imparcialidad y transparencia judicial, vulnerándose los derechos al juez natural, a la 
tutela judicial efectiva, al proceso con todas las garantías, al juicio justo y a la doble 
instancia penal.
B)  En  relación  con  el  derecho  a  la  libertad  personal  (art.  17  CE),  la  parte 
demandante argumenta que la «resolución recurrida» no efectúa el exigible juicio de 
ponderación y proporcionalidad respecto del derecho a la libertad al establecer la medida 
cautelar, como tampoco respecto de otros derechos inherentes a la personalidad, entre 
los  cuales  cita  el  derecho  a  la  vida  familiar  (art.  8  del  Convenio  europeo  para  la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales: CEDH). Toda 
restricción de la libertad ambulatoria debe adoptarse de forma excepcional (STEDH 
asunto Amuur c. Francia, 1996). En caso contrario, se privaría al demandante de la 
posibilidad de relacionarse con su mujer e hijos, menores de edad, encontrándose preso 
en un centro distante 650 kilómetros de su hogar, lo que incide en el deterioro de la 
relación familiar y puede dar lugar a un daño irreparable sobre sus hijos menores.
Cuestiona, por otro lado, el supuesto riesgo de reiteración delictiva aludido en la 
decisión judicial, definiéndose a sí mismo como un político con actuación y discursos 
propios de una persona pacifista, además de subrayar que había obtenido la libertad tras 
la prestación de una fianza, libertad que pocos meses después es revocada sin que 
existan datos nuevos que lo justifiquen.
C)  Respecto del derecho a la participación política y a la representación (art. 23 
CE)  sostiene  el  recurso  que  las  resoluciones  impugnadas  destruyen  los  derechos 
políticos de un parlamentario y de la ciudadanía a quien representa. El demandante 
considera que es víctima de una discriminación/preterición infundada de sus derechos de 
acceso  al  cargo  público  representativo,  con  lesión  del  derecho  a  la  igualdad 
(STC 298/2006, de 23 de octubre). El art. 23.2 CE garantiza, asimismo, recuerda, el 
mantenimiento en el cargo representativo sin perturbaciones ilegítimas, no pudiendo ser 
removido sino por causas y conforme al procedimiento legalmente establecidos, de 
modo que no cabe imponer restricciones al ejercicio/permanencia en el cargo más allá 
de los imperativos del principio de igualdad y del fin legítimo (STC 71/1994, de 3 de 
marzo, FJ 6), lo que no se estaría cumpliendo en este caso. e.
En ese sentido, afirma que es el Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) el  w.b
que ordena los derechos y atribuciones de los parlamentarios, previendo supuestos  47ww
ctaosnaddicoisó nd ed es udsippeuntasdióon,  ola  pcriivtaadcaió nn oernm ae l seojelor cpicrieov dée q luoes  mpuisemdao ss. uUsnpae nvdeezr saed qduei riddiac hlaa 
caopnedrtiucrióan  deenl  jduoicsio s uopraule, sdtoesc,i daie nsdaob eer:l  aP)l esnieon pdoor  fimrmaey oeríla a uatbos odleu tap reonce sfuanmciieónnt od eo  ldoes 
hechos  imputados;  y  b)  por  acuerdo  del  Pleno,  adoptado  por  mayoría  absoluta,  si
concurre sentencia firme condenatoria a pena privativa de libertad que imposibilite la 
asistencia a las sesiones plenarias [art. 25.1 b) RPC]. En el caso de autos, en cambio, se 
ha privado al demandante del ejercicio de sus funciones representativas pese a haber 
adquirido plenamente la condición de diputado, afectándose de ese modo el núcleo de 
su función (art. 23.2 CE) en distintos planos, por ejemplo el derecho de información, 
interrogación, tramitación de propuestas, presentación de enmiendas, etc.
D)  En relación con la libertad ideológica (art. 16 CE), a la que añade en algún 
momento la cita de la libertad de expresión (art. 20 CE), aduce la demanda que la prisión 
provisional que se recurre castiga la ideología del recurrente. En su opinión, existe una 
crisis constitucional en la relación Cataluña-España y desde determinados sectores 
políticos y jurídicos se ha impuesto una interpretación de la Constitución con base en la 
que no cabría estar en desacuerdo con el texto constitucional ni alcanzar un pacto 
político para realizar una consulta vinculante, previa al ejercicio de la facultad que la 
propia Constitución reconoce a los parlamentos autonómicos de iniciar una reforma 
constitucional y a fin de conocer «el apoyo real a la opción de crear un Estado propio en 
Cataluña, de forma análoga a lo acontecido en el Reino Unido con Escocia».
Las sucesivas decisiones del Tribunal Constitucional están afectando, por todo ello, 
al núcleo esencial de las funciones del Parlamento catalán, al prohibir la tramitación y 
debate de iniciativas parlamentarias, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional 
sostiene que «todas las opciones políticas son legítimas, siempre que respeten los 
principios democráticos y los derechos fundamentales». Proscribir el debate de las ideas 
es  incompatible  con  la  democracia,  máxime  cuando  ha  declarado  este  Tribunal 
Constitucional  el  derecho  a  promover  el  libre  debate,  al  no  encontrarnos  en  una 
democracia militante.
En el caso examinado, en suma, dice la parte recurrente, no se está enjuiciando 
exclusivamente la comisión de presuntos ilícitos penales, sino las ideas independentistas 
del  demandante.  Y  ello  no  es  de  recibo  puesto  que,  aun  cuando  pueda  generar 
incomprensión,  no  es  delito  pretender  modificar  el  principio  de  unidad  política  que 
consagra el art. 2 CE. Tener determinadas ideas políticas y defenderlas nunca puede ser 
perseguible penalmente. La defensa de estas ideas debe entenderse amparada en la 
inviolabilidad  e  inmunidad  parlamentarias  [cita  a  tal  fin  el  art.  57  EAC;  y  las 
SSTC 36/1981, de 12 de noviembre, y 243/1988, de 19 de diciembre; o asimismo las 
SSTC 136/1999, de 20 de julio, y 177/2015, de 22 de julio; y las SSTEDH de 27 de 
febrero de 2001, asunto Jerusalén c. Austria, y 16 de septiembre de 2014, asunto Szél y 
otros c. Hungría].
E)  En relación con el derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE), 
considera el demandante que los hechos enjuiciados no permiten fundar el supuesto 
riesgo de reiteración delictiva. Según la demanda, en efecto, el «alzamiento» necesario 
es una categoría fáctica que se percibe por los sentidos, poniendo como ejemplo los 
precedentes del 23-F y del 18 de julio, difícilmente equiparables a la actual situación de 
Cataluña. Ni en la querella ni en los autos del Tribunal Supremo se recoge «alzamiento» 
alguno, sino veladas alusiones a supuestos actos de violencia que no se explicitan y se 
equiparan a una especie de «clima de temor», no sustentado en indicio alguno con 
mínima solidez.
En cuanto al elemento de «violencia», a juicio del recurrente, en el proceso soberanista 
no ha habido ningún levantamiento violento y/o tumultuario. Los debates parlamentarios de 
este tipo penal fueron muy claros en cuanto a aquel concepto y lo cierto es que, afirma la 
demanda, las movilizaciones ciudadanas no han registrado incidentes violentos, habiéndose  s
hecho  llamamientos  a  una  manifestación  popular  meramente  pacífica.  Atribuir  a  estas  oe.
movilizaciones una naturaleza «insurreccional», en definitiva, supone despreciar las libertades  w.
de expresión, manifestación y reunión (arts. 21 y 22 CE). 47ww
y seAdñicaiódne  «elna se srtees opluunctioo nlae sd eremcaunrrdidaa, sfi nsael mfuenndtaem, qeuneta enn e cnu aunntao  ian tleorsp rdeetalitcoiós nd en orveebdeoliósan 
ien teimrpprreetvaicsiióbnle a udteé nltaic ale, ys ispteenmaál,t iccao yn ttrealreiao lóag iclaa »l.etra  de la ley, a su espíritu y a su  BOE-A-cable e
F)  Respecto del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), 
se razona que la decisión de prisión provisional «se produce y mantiene tras una 
exhibición y presentación pública de los investigados como culpables, en ocasiones a 
través de manifestaciones oficiales», en referencia a informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación, procedentes de fuentes públicas u oficiales, comentarios de 
miembros del Gobierno o del Ministerio Fiscal.
La demanda termina suplicando que se otorgue al recurrente el amparo solicitado, se 
declare  la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  y  se  reconozcan 
expresamente sus derechos.
4.  El Pleno de este Tribunal, por providencia de 5 de julio de 2018, acordó, de 
conformidad con lo que establece el art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC), 
recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo. Por providencia de 17 de julio 
de 2018, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, y se emplazara a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento reseñado, excepto a la parte recurrente 
en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el procedimiento.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaria  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal,  de  fecha  de  18  de  septiembre  de  2018,  se  acordó  tener  por  recibido  el 
testimonio  de  las  actuaciones  solicitadas,  tener  por  personados  y  parte  en  el 
procedimiento a los procuradores de los tribunales don Javier Fernández Estrada, en 
representación  de  la  Asociación  para  la  Defensa  y  Progreso  de  los  Intereses 
Ciudadanos; don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don Joaquín Forn 
Chiarello;  don  Ignacio  Argos  Linares,  en  representación  de  doña  Ramona  Barrufet 
Santacana; don Ignacio Argos Linares, en representación de don Lluís Guinó Subiros y 
de  don  Lluís  María  Corominas  Díez;  don  Carlos  Ricardo  Estévez  Sanz,  en 
representación de doña Meritxel Borrás Santacana; doña María del Pilar Hidalgo López, 
en  representación  del  partido  político  VOX;  don  Emilio  Martínez  Benítez,  en 
representación de doña Carme Forcadell i Lluís y doña Anna Simó i Castelló, y don 
Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de don Jordi Sánchez Picanyol, don Jordi 
Turull i Negre, don Josep Rull Andreu y doña Dolors Bassa i Coll, y al abogado del 
Estado, en la representación que legalmente ostenta.
Con arreglo al art. 52 LOTC, se concedió a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal el plazo común de veinte días para que, con vista de las actuaciones, formulasen 
alegaciones.
6.  La  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  del  Pilar  Hidalgo  López,  en 
representación del partido político VOX, por escrito registrado el 16 de octubre de 2018 
solicitó la denegación del amparo.
a)  Comienza alegando sobre la inadmisibilidad de la demanda de amparo. A su 
juicio, el recurso incurre en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 44.1 a) LOTC] al no haber acudido la parte recurrente al incidente de nulidad de 
actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Si los recurrentes  e.
deducían que la actuación y resoluciones del Tribunal Supremo habían incurrido en  w.
lesiones  de  derechos  procesales  del  art.  24  CE,  en  tanto  que  las  resoluciones  47ww
iimntpeurpguneasdtaos  rneosp eercaton  sau stcaelepsti bilrerse gduela rriedcaudresso  aaqlguuenl o,r elomse dsiool icpitraoncteessa ld epbaerraía nc ohnacblueirr 
correctamente la vía judicial previa. Procedería, por tanto, la inadmisión de la demanda
de amparo o, en su caso, al menos, la inadmisión del recurso en todo lo que se refiere a 
las supuestas irregularidades del art. 24 CE.
También procede, a su juicio, la inadmisión de las quejas relativas a los derechos 
fundamentales de los arts. 16, 17, 23, 24 y 25 CE, por cuanto no consta que se hayan 
denunciado tales vulneraciones en los términos que establece el art. 44.1 c) LOTC.
Aduce, seguidamente, que no existe especial trascendencia constitucional en el 
recurso de amparo, ya que se confunden las lesiones denunciadas con la dimensión 
objetiva definidora de la concurrencia del requisito del art. 50.1 b) LOTC. Frente a ello y 
con  desatención  del  deber  de  justificación  de  aquella  especial  trascendencia 
constitucional, conforme a lo dispuesto en el art. 49.1 in fine LOTC, lo que hace la parte 
recurrente es aportar una alegación estereotipada, infundada, fraudulenta o engañosa, 
toda vez que no se acomoda a ninguno de los elementos contenidos en la jurisprudencia 
constitucional sobre el reseñado requisito. Antes bien, se confunde abiertamente el 
propósito  del  mismo  con  el  objetivo  de  la  parte,  que  no  sería  otro  que  alargar  la 
pendencia  de  la  impugnación  con  fines  meramente  propagandísticos  o  políticos  y, 
además,  utilizando  la  vía  del  amparo  como  si  se  tratara  de  una  tercera  instancia, 
falseando el sentido de la labor del Tribunal Constitucional.
b)  Entrando en las cuestiones de fondo, la compareciente subraya respecto del 
derecho al juez imparcial, en primer lugar, que no es imposible la recusación de los 
magistrados del Tribunal Constitucional, como demuestra el art. 80 LOTC, que remite a 
las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial para su solicitud, y como probarían 
casos en los que se ha producido (cita el ATC 26/2007, de 5 de febrero), siendo incluso 
posible la espera a la renovación del Tribunal Constitucional para el conocimiento de un 
determinado recurso de amparo (STC 133/2013, de 2 de julio). En cualquier caso, estima 
que no se hace expresa referencia en la demanda a la concreta causa de recusación 
prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, remitiéndose sobre este particular a lo 
declarado en el ATC 119/2017, de 7 de septiembre.
c)  En  relación  con  la  aducida  vulneración  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), sostiene que la atribución del conocimiento de 
un asunto a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una materia de legalidad ordinaria, extraña, 
por tanto, a la jurisdicción constitucional. En otras palabras, las dudas relativas a la 
interpretación  de  las  normas  sobre  atribución  de  competencias  a  los  órganos 
jurisdiccionales son cuestiones de mera legalidad ordinaria, ajenas al derecho al juez 
ordinario  predeterminado  por  la  ley,  salvo  que  esa  interpretación  suponga  una 
manipulación  manifiestamente  arbitraria  de  las  reglas  legales  sobre  atribución  de 
competencias (por todas, STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 9). No puede confundirse, en 
definitiva, el contenido de este derecho fundamental con el derecho a que las normas 
sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en 
un determinado sentido (cita, en ese sentido, las SSTC 238/1998, de 15 de diciembre, 
FJ 3; 49/1999, de 5 de abril, FJ 2; 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, y 164/2008, de 15 
de diciembre, FJ 4). Por lo demás, añade finalmente, el art. 57.2 EAC, que se dice 
infringido, expresamente recoge la competencia jurisdiccional del Tribunal Supremo en 
concordancia con la normativa procesal general de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d)  Respecto de la alegada vulneración del derecho a la doble instancia penal, 
señala  el  escrito  que  el  recurrente,  por  ser  aforado,  no  goza  de  dicho  derecho. 
Señaladamente, las SSTC 51/1985, de 10 de abril, y 136/1999, de 20 de julio, no 
permitirían que la alegación pueda prosperar. s
e)  En relación con la vulneración el derecho fundamental a la libertad, entiende el  oe.
escrito de alegaciones que las decisiones judiciales impugnadas dejan muy claro que  w.
existe  el  riesgo  de  que  los  procesados  puedan  reincidir  en  las  conductas  que  el  47ww
parlcoacnezdaimr ilean itnod etrpaetan ddeen cciao ndjeu ruanr,a  ppuaersteto  dqeul ete: rrait)o rhioa ne scpoamñopla rmtideod ialan ted eintesrtrmuimnaecnitóons  ddee 
aincctourapcoióranr oqnu es ieqmuepbrera cnotannte mlaps lón ocromntainsu parro choibni tliava asc tpueancaiólens i,l ícyi tab )( uetli lidzeasnidgon iloo sa lr eqcuuers oses   BOE-A-cable e
de la administración autonómica y el apoyo de una parte de la ciudadanía), tan pronto 
como  se  recuperara  el  control  de  las  instituciones  catalanas  que  hubieran  sido 
intervenidas.
Por lo demás, las previsiones de los arts. 503 y ss. LECrim son derecho positivo 
aplicable independientemente de las circunstancias personales del sujeto, de tal modo 
que, dadas y apreciadas objetivamente las previsiones del precepto, explicadas estas en 
sede judicial, procedía en efecto la prisión provisional. Además, la conducta imputada a 
la parte recurrente no ha consistido en un acto aislado, sino en la participación constante 
y relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una comunidad autónoma 
de España, en un plan que inició su fase final con la resolución 1/XI del Parlamento 
catalán, y que se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años, desde el 9 
de noviembre de 2015 hasta octubre de 2017, e incluso hasta hoy, en el curso de los 
cuales se desobedecieron frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y se 
actuó derogando de facto la Constitución, el estatuto de autonomía y cuantos elementos 
del ordenamiento jurídico se oponían al designio de la parte recurrente. A lo que cabe 
aún añadir, afirma, que la determinación de la parte recurrente, junto con las demás 
personas a las que se imputa su participación en estos hechos, se mantuvo aún después 
de los episodios de violencia y de tumultos con ocasión de los intentos de evitar, con el 
concurso de la fuerza física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de 
entrada  y  registro  en  dependencias  oficiales  de  la  Generalitat,  pues  insistieron 
públicamente en la convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían 
celebrar aun sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones 
daría lugar a enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido 
y finalmente volvió a suceder, terminarían en actos de violencia.
El avance de la tramitación de la causa ha dado lugar a la consolidación de los 
indicios inicialmente apreciados, hasta el punto de dar lugar al procesamiento de la parte 
recurrente, de forma que, lejos de debilitar los indicios de culpabilidad, las diligencias 
practicadas en la instrucción, como razonara el magistrado instructor, los han ratificado.
En fin, tras abordar otro tipo de consideraciones sobre las circunstancias personales 
del recurrente o sobre los elementos del tipo penal, concluye que el escueto esquema en 
el que el recurso funda la lesión del derecho a la libertad simplemente revela la opinión 
personal del todo subjetiva de que la actuación del recurrente es pacifista, afirmación 
que no desdice en nada los hechos de los autos que se recurren.
f)  En relación con la vulneración del derecho a la participación política (art. 23 CE), 
señala que no hay derechos ilimitados y que el derecho fundamental del art. 23 CE no es 
una excepción, como determina la propia Constitución al disponer que «el condenado a 
pena  de  prisión  que  estuviere  cumpliendo  la  misma  gozará  de  los  derechos 
fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria» 
(art. 25.2 CE). En particular, el derecho de sufragio pasivo es un derecho limitable, como 
demuestran algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del régimen electoral general [arts. 6.2 a) y b)], la Ley Orgánica 1/1979, de 26 
de  septiembre,  general  penitenciaria  (art.  3.1)  y  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal 
(art. 384 bis).
Por otra parte, entiende el partido político compareciente que la Constitución no 
reconoce  un  derecho  fundamental  del  reo  a  poder  disfrutar  y  exigir  una  salida 
extraordinaria del centro penitenciario para el ejercicio de derechos reconocidos en el 
art. 23 CE o de otros de rango fundamental. En cambio, la Ley Orgánica general  s
penitenciaria sí reconoce a presos, en situación preventiva y provisional, el derecho a  oe.
solicitar un permiso (art. 48 y artículo 159 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero,  w.
por el que se aprueba el Reglamento penitenciario), quedando al arbitrio del juez la  47ww
rcaonngcoe scióonn sdtiteu ceiostnea. l,L sain doe lceigsaiól,n  rajuzdóinc iaplo rs olab rceu adli clah odse npuenrmciais oesfe cpteunaidtean cqiuaeridoas  fnuoe rati edneel 
marco de apreciación de la jurisdicción constitucional. En este sentido invoca el auto del
Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, recordando asimismo la doctrina del Tribunal 
Constitucional, con cita de las SSTC 23/2006, de 30 de enero, y 81/1997, de 22 de abril.
g)  En cuanto al derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE), considera que no 
explica la demanda en qué forma constriñe el Tribunal Supremo el derecho a la libertad 
ideológica del recurrente.
Por lo demás, a su juicio, la lesión de ese derecho ni está suficientemente explicada 
y  aclarada  en  los  términos  del  art.  49.1  LOTC,  ni  cumple  la  premisa  de  que  sea 
imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial 
[art. 44.1 b) LOTC]. Y añade a ello que no procede enjuiciar la supuesta lesión paralela 
de la libertad de expresión que se contiene también en este punto «en tanto, realmente, 
en el petitum del recurso se refiere a la garantía de los derechos de los arts. 16, 17, 23, 
24 y 25, sin citar el art. 20 CE».
h)  En relación con el art. 25.1 CE, además de subrayar el carácter violento ínsito en 
los hechos por los que se procesa al demandante de amparo, considera el escrito de 
alegaciones que esa objeción no ha sido invocada en los términos exigidos por el 
art. 44.1 c) LOTC, destacando, no obstante, que tampoco podría apreciarse la lesión; y 
menos aún por referencia a la previsibilidad de la ley penal, pues no puede culparse a 
los jueces y tribunales, como tampoco al Tribunal Constitucional, de que no haya habido 
doctrina puntual sobre estos ilícitos penales, ya que nadie había ido tan lejos hasta ahora 
en el fin de destruir las bases más elementales del Estado de Derecho.
7.  El abogado del Estado registró su escrito de alegaciones con fecha de 18 de 
octubre de 2018, solicitando la desestimación del recurso de amparo.
En relación con las alegaciones sustantivas del recurso, sostiene en primer lugar que 
no cabe pretender basar una vulneración del derecho fundamental al juez ordinario 
predeterminado por la ley en una falta de competencia del órgano que conoció de la 
causa. Al contrario, a su juicio, la postura del órgano jurisdiccional instructor –que 
entendió que la comisión del hecho punible, en tanto que afectante a toda España y 
dado el bien jurídico frente al que atentaba, trasciende el solo territorio de la comunidad 
autónoma de Cataluña– resulta un criterio jurídico-penal interpretativo de todo punto 
acertado. En modo alguno, señala, prevalece frente a la que ha sido acogida la posición 
doctrinal o interpretativa que defiende el demandante desde una perspectiva jurídico 
procesal.
Considera,  por  otra  parte,  que  la  situación  de  prisión  provisional  como  medida 
cautelar se ha tomado sobre la base de las apreciaciones, de hecho y de derecho, del 
órgano instructor competente, de acuerdo con lo previsto en la ley. Se ha adoptado de 
conformidad, por lo tanto, con el ordenamiento dictado en desarrollo de la Constitución y 
de los derechos en ella contemplados; no al margen de esta. Lo demás, es decir, el juicio 
sobre el acierto en su adopción por parte del órgano jurisdiccional, o sobre la apreciación 
de circunstancias fácticas en estrecha relación con la calificación del hecho delictivo, o 
sobre el tiempo de su mantenimiento en función de los riesgos apreciados por el órgano 
instructor, constituyen aspectos de legalidad penal o bien de legalidad procesal ordinaria.
En consecuencia, no se encuentra afectada, en el sentido de burlada, la protección 
que dispensa el derecho fundamental a la libertad personal. Se trató de la adopción de 
una medida cautelar fundada explícitamente por el órgano instructor en los indicios 
racionales de criminalidad existentes y expuestos, a la vista de los peligros, bien y 
ampliamente argumentados, de reiteración delictiva y de riesgo de fuga que asimismo el 
instructor sin duda expone. Adoptada la misma previa la audiencia prevista en el art. 505 
LECrim, no existe sustrato jurídico constitucional sobre el que pueda prosperar la queja  e.
del demandante. w.b
No se produce tampoco a su juicio vulneración de los derechos de representación  47ww
pdoelsíteicmap, epñuoe sd en ou np cuaerdgeo  ipnúvobclicaors ep reepl odnedreecrahnot ea  sloab rpea rltaic pipraecsiuónnt ap ocloítnicdau cota a pl uancicbeles od eol 
dsuej eeton,ju cicoina meli ehniptoo técrtiicmoi neafle cretog udlea daonrualsa r daes íl ala sin psrtietuvcisióionn edse  lelag apleriss icóonn pternoivdisaiso neanl  laco Lmeoy 
medida cautelar susceptible de adopción cuando así lo aprecia el juez instructor. Eso
equivaldría a entender que el derecho fundamental contemplado en el art. 23 CE tendría 
un carácter protector irrestricto respecto de su titular, a quien una vez lo invocara no le 
serían ya oponibles las normas legales establecidas para la defensa del interés general.
Tampoco aprecia la vulneración del artículo 16.1 CE, puesto que, como ha dicho el 
Tribunal Supremo, la existencia de aforamientos no supone la impunidad. En el caso, 
además, los hechos imputados han sido cometidos, según las imputaciones, en el curso 
de  una  actividad  política,  y  se  han  caracterizado,  siempre  según  la  imputación, 
precisamente porque se han cometido desconociendo y despreciando las reglas básicas 
de la convivencia contenidas en las leyes que rigen el sistema democrático en el que 
desenvuelven sus actuaciones y el ejercicio de sus derechos. No se trata, pues, de 
delitos políticos que permitan calificar al recurrente como un preso político.
Finalmente, rechaza también la vulneración de los derechos fundamentales a la 
presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Es 
patente,  a  su  juicio,  que  ni  el  recurrente  ha  sido  declarado  culpable,  ni  ha  sido 
condenado,  por  lo  que  faltan  los  presupuestos  previos  para  poder  considerar 
conculcados los referidos derechos. Por lo demás, la conclusión sobre el alcance jurídico 
de los hechos y la posible autoría solo podrá formarse a partir del desarrollo de las 
pruebas que las partes propongan para su práctica en el juicio oral y de las alegaciones 
que efectúen con fundamento en esa prueba.
En relación con la vulneración de la presunción de inocencia por la presentación 
pública del recurrente como culpable, el escrito del abogado del Estado señala, para 
terminar su alegato, que, además de no ser aplicable al auto de prisión provisional, la 
denuncia genérica de la demanda no permite cuestionar ni la imparcialidad subjetiva ni la 
objetiva de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deben ser presumidas mientras 
no medie prueba en contrario.
8.  En fecha 31 de octubre de 2018, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de 
alegaciones, en el que termina solicitando la denegación del amparo.
Después de describir los antecedentes fácticos del recurso de amparo, argumenta el 
fiscal ante el Tribunal Constitucional lo que a continuación se sintetiza:
a)  En relación con el motivo que denuncia la vulneración del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial, tras resumir las alegaciones 
contenidas en la demanda, distingue:
(i)  La queja relativa a la vulneración del derecho al juez imparcial, sustentada en la 
imposibilidad  de  cuestionar  la  imparcialidad  de  los  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional, no puede acogerse porque el demandante se ha abstenido de haber 
intentado temporáneamente, en el presente proceso de amparo, la recusación de los 
magistrados  del  Tribunal  Constitucional,  lo  que  es  imprescindible  para  el  correcto 
agotamiento. Tampoco especifica la demanda cuál de las causas de recusación previstas 
legalmente entiende concurrentes y, además, la queja, huérfana de toda argumentación 
y concreción, aparece como ajena por completo al objeto específico de la demanda de 
amparo rectora del presente proceso constitucional.
(ii)  La queja referida al juez ordinario predeterminado por la ley, que se fundamenta 
en la ausencia de competencia del Tribunal Supremo para investigar o enjuiciar los 
hechos atribuidos al demandante, tampoco puede ser examinada por incurrir en causa 
de inadmisión, dado que no ha sido aducida en la vía judicial previa y es por completo 
ajena a las resoluciones judiciales que se cuestionan en el presente recurso de amparo. s
b)  Respecto de la doble instancia penal, según el fiscal, la misma no ha sido  w.
esgrimida ante los órganos judiciales y se aduce también ex novo en la demanda de  47ww
ampca)r o.En relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE), tras referirse a
ddiev eqrusoes s per otrnautan csiaem hiean taocso rddea deos tetr aTsr ibeul ndailc, taadrgou mdeel natau teol  dfiesc parl oqcuees alam mienetdoid, ah eccahuote ldaer   BOE-A-cable e
indudable relevancia a la hora de analizar la legitimidad constitucional de la misma. 
Ambas  resoluciones  hacen  descansar  el  cambio  de  la  situación  personal  del 
demandante y de las demás personas a las que se ha decretado su prisión provisional 
en el avance de la investigación penal y en la consolidación de las bases en que se 
cimentó la imputación de las mismas, que ha supuesto un cambio cualitativo y que ha 
determinado que se agudicen los riesgos de elusión de la justicia y de reiteración 
delictiva,  haciendo  que  fueran  insuficientes  las  medidas  cautelares  hasta  entonces 
vigentes. Para ello han analizado de forma extensa la nueva situación habida tras el 
dictado del auto de procesamiento y el inexcusable avance del proceso hacia el juicio 
oral, sin desconocer la situación personal del demandante y teniendo en cuenta la 
actuación delictiva imputada, de naturaleza compleja, comisión colectiva y dilatada en el 
tiempo. También han examinado, partiendo de los propios planes de los implicados, 
entre ellos el ahora recurrente, la previsión de que los hechos pudieran volver a repetirse 
al  reinstaurarse  las  circunstancias  que  lo  podrían  posibilitar  y  han  tomado  en 
consideración, del mismo modo, el incremento de la posibilidad de que decida dejar de 
comparecer a los llamamientos judiciales, como lo han efectuado otros procesados, tanto 
por  el  avance  de  la  instrucción,  con  la  consiguiente  acreditación  de  los  indicios 
racionales, atinentes a la existencia de los delitos y a la participación en los mismos del 
demandante,  la  calificación  de  los  mismos  como  muy  graves,  con  una  congruente 
penalidad aparejada, cuanto en la constatación de la posibilidad de trasladarse solo o 
con su familia, fuera del territorio nacional, al disponer de una estructura económica y 
jurídica que se lo permitiría, sin olvidarse de valorar la existencia de dificultades para 
hacer efectiva la cooperación internacional y la entrega de los procesados que se 
encuentran residiendo en diversos países de la Unión. Las resoluciones cuestionadas, 
antes transcritas, se acomodan por ello a la jurisprudencia de este Tribunal.
d)  El Ministerio Fiscal se refiere a continuación a las quejas relativas al derecho a la 
participación  política  y  a  la  representación  (art.  23  CE)  y  al  derecho  a  la  libertad 
ideológica (art. 16 CE). A su parecer, las decisiones que ahora se cuestionan no han 
desconocido ni los cargos desempeñados por el ahora demandante, ni su condición de 
parlamentario,  ni  su  libertad  ideológica,  ni  su  libertad  de  expresión  ni  su  ideología 
independentista,  sino  que  han  tomado  en  consideración  su  participación  en  una 
pluralidad  de  actos  perfectamente  planificados  sucedidos  a  lo  largo  de  un  dilatado 
periodo de tiempo, con incitaciones directas o indirectas a la movilización popular para 
alcanzar la independencia, accediendo a vías de hecho e incitando a sus partidarios a 
oponerse a la acción del Estado.
Por lo demás, la medida cautelar adoptada, la prisión provisional acordada tras el 
dictado  del  auto  de  procesamiento,  afecta  a  una  pluralidad  de  personas  con 
independencia de su condición o no de miembros del Parlamento de Cataluña, sin que 
dicha condición ni su posible inhabilitación pueda considerarse desencadenante del 
cambio habido en su situación personal, que ha venido motivada por la consolidación de 
las bases en que se cimentó su imputación.
e)  Respecto de las alegaciones relativas al principio de legalidad penal del art. 25 
CE, nuevamente concurre el óbice procesal recogido en el art. 44.1 c) LOTC, relativo a la 
falta  de  invocación  previa  del  derecho  fundamental  vulnerado.  En  todo  caso,  las 
discrepancias con la calificación jurídica de los hechos no son susceptibles de ser 
alegadas ante el Tribunal Constitucional, al cuestionar las medidas privativas de libertad, 
pues pueden y deben ser discutidas a lo largo del procedimiento penal y solo devienen 
firmes cuando el proceso termina mediante una decisión no susceptible de recurso  s
alguno. Tampoco cabe analizar en estos momentos, se añade para concluir, la relevancia  oe.
o incidencia de determinadas informaciones públicas, que por lo demás no se concretan,  w.
en  la  independencia  del  juzgador,  por  ser  también  ajenas  al  contenido  de  las  47ww
resoluciones que se cuestionan en el presente proceso de amparo.
cons9t.a ncLiaas e nre dsitlaignetnecsi ap daert elas  speecrresotanraiad adse  jnuost icfoiarm duel a2r odne  naolevigeamcbiornee dse,  2s0e1g8ú.n  se  deja
10.  La  representación  procesal  del  demandante  de  amparo,  mediante  escrito 
registrado en fecha 4 de enero de 2019, invocando el dictado con posterioridad a la 
presentación del recurso de amparo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 20 de noviembre de 2018, asunto Selathatim Demirtas c. Turquía, solicitó 
que el Tribunal acordase cautelarmente con carácter de urgencia la suspensión de la 
medida de prisión provisional del recurrente en amparo o su sustitución por otra menos 
gravosa.
Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia del Pleno del Tribunal, de 8 
de enero de 2019, se acordó unir al recurso de amparo el anterior escrito.
11.  Por providencia de 11 de junio de 2019, el Pleno del Tribunal acordó dirigir oficio 
a la sala de apelación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que remitiese 
una copia de la grabación de la vista oral celebrada el 9 de mayo de 2018 en la causa 
especial 20907-2017, en la que se dictó el auto de 17 de mayo de 2018.
Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia del Pleno del Tribunal, de 
fecha 26 de junio de 2019, se acordó unir a la actuaciones el oficio remitido por la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, al que se acompaña copia de la grabación de la vista 
oral celebrada el 9 de mayo de 2018 en el rollo de apelación núm. 7-2018, así como 
ponerlo de manifiesto, en la secretaría de justicia, a las partes personadas por plazo 
común de diez días, a los efectos oportunos.
Únicamente formuló alegaciones el fiscal ante el Tribunal Constitucional, quien, por 
escrito de fecha 17 de julio de 2019, manifestó que, tras la audición de la grabación de la 
vista oral, nada tenía que alegar ni modificar en el escrito de 18 de octubre de 2018, 
presentado en el trámite de alegaciones previsto en el art. 52 LOTC.
12.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2020,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de la sala de recursos de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que desestimó el recurso 
de  apelación  interpuesto  contra  el  auto  de  23  de  marzo  de  2018  dictado  por  el 
magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, que acordó la medida 
cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza de don Raúl Romeva Rueda.
En  la  demanda,  la  parte  recurrente  invoca  como  vulnerados  los  derechos 
fundamentales al juez predeterminado por la ley y al juez imparcial (art. 24.2 CE), a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al recurso, en el caso, a 
la doble instancia penal [art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP],  a  la  libertad  personal  (art.  17.1  CE),  a  la  participación  política  y  a  la 
representación (art. 23 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20.1 
CE), a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Tanto el Fiscal ante este Tribunal Constitucional, como el partido político VOX y el 
abogado del Estado, personados en este proceso, han opuesto óbices de admisibilidad a 
varias  de  las  quejas  planteadas,  que  serán  examinados  en  primer  lugar. 
Subsidiariamente, interesan la desestimación del recurso de amparo.
Por otra parte, la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de  s
octubre de 2019, dictada en la citada causa especial núm. 20907-2017, ha dejado sin  oe.
efecto la situación de prisión provisional que se cuestiona en el presente recurso de  w.
asSomTbCprae 1rvo5e,5n /i2ldo0a 1 qd9ue, e ds,e u  s2oi8nb  jdeeetom n. boLavari geroma,z bórcneo,, m dFeoJ   a1yc,a un eohr dpeormo covoosn c atlea ln adi doeocx ttrioninccaaió sdnióe dn ee sl dtmee i sTdmriebocu lpnaoararl, r p eéesr ndq iudleaa    2020-3347n https://ww
la citada sentencia no ha supuesto la reparación por el propio órgano judicial de los
derechos  fundamentales  que  se  invocan  como  vulnerados  en  amparo.  Nuestro  Bc
enjuiciamiento se concreta al momento temporal de la formulación de la demanda de 
amparo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en esa ocasión a efectos de 
dilucidar  si  existió  vulneración  de  tales  derechos  fundamentales  (por  todas, 
STC 83/29019, de 17 de junio, FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
2.  Cuestión previa: imposibilidad de recusar a los magistrados de este Tribunal.
Lo primero que es preciso abordar, por plantear una cuestión procesal atinente al 
propio  recurso  de  amparo,  es  la  alegación  formulada  por  el  recurrente  sobre  la 
imposibilidad de recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional, alegato que no se 
dirige contra las resoluciones judiciales impugnadas ni se formula como una solicitud de 
recusación.
A su juicio, se produce la vulneración del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE) por 
la  imposibilidad  de  recusar  de  forma  efectiva  a  los  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional. La alegación se funda, tal y como se ha expresado en los antecedentes, 
en la afirmación de que los procesos judiciales penales relacionados con lo que se ha 
denominado  el  «proceso  de  independencia  de  Cataluña»  parten  de  la  supuesta 
desobediencia al Tribunal Constitucional, habiendo llevado a cabo este Tribunal una 
«valoración jurídico penal de las conductas» del, entre otras personas, ahora recurrente, 
al deducir testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la formulación de 
acciones penales.
Esta misma alegación ha sido rechazada por la STC 155/2019, de 28 de noviembre, 
FJ 2, al que nos remitimos de manera íntegra para su desestimación:
«Esta queja se rechaza pues carece de una base objetiva de fundamentación, ya 
que, como sostiene el Ministerio Fiscal, el demandante no ha intentado la recusación de 
los magistrados de este Tribunal Constitucional, lo que era posible de acuerdo con el 
art. 223 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales ex art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
La alegación, contenida en la demanda, poniendo en duda la imparcialidad del 
Tribunal  que  habría  de  enjuiciar  el  proceso  de  amparo  no  puede  calificarse 
materialmente como una solicitud de recusación, y resulta, en el supuesto enjuiciado, 
manifiestamente inadecuada, por razones formales y sustantivas, para denunciar la 
vulneración  del  derecho  fundamental  al  juez  imparcial  y  un  proceso  con  todas  las 
garantías (art. 24.2 CE): a) por razones de procedimiento, porque no se ajusta a ninguna 
de las exigencias de forma legalmente establecidas para la recusación (art. 223.1 y 2 
LOPJ) y que este Tribunal ha venido considerando esenciales (AATC 383/2006, de 2 de 
noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2, y los citados en estos) y b) por 
razones de fondo, porque la alegación se formula de modo preventivo, asumiendo la 
conclusión  alcanzada  en  el  precedente  ATC  119/2017,  de  7  de  septiembre,  y  sin 
indicación expresa de la concreta causa prevista en el art. 219 LOPJ, en que habría de 
fundarse, lo que también se ha estimado determinante en doctrina consolidada, que se 
inicia con el ATC 109/1981, de 30 de octubre, y reiteran, entre otros, los AATC 380/1993, 
de 21 de diciembre, 80/2005, de 7 de febrero, FJ 5; 126/2008, de 14 de mayo, FJ 2, 
y 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 2, al subrayar que una recusación de este tipo que va 
referida al órgano mismo y no a sus integrantes, carece de sustantividad jurídica y no es 
acreedora de una decisión sobre el fondo».
3.  Requisitos para la admisibilidad. e.
Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de  47ww
aamdmpaisriob,il iddaedb eemstoasb lepcriodnousn ecina rlnao sL eys oObrreg ánlaic ac odnecl uTrrreibnucniaa l dCeo nlsotsit urceioqnuaisl,i topsu epsa, rcao msuo 
rheecmieonste dmeecnlatrea deon e nS ToCtra s1 3o0c/a2s0i1o8n,e sd (eS T1C2  1d5e4 /2d0ic1ie6m, dbere 2, 2F dFeJ Js e3p tieam  5b)r,e , loFsJ  2d,e yfe mctáoss 
insubsanables  de  que  pudiera  estar  afectado  el  recurso  de  amparo  no  resultan
subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, 
de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2). La comprobación de los 
presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o 
reconsiderar  en  la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar  a  un 
pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello 
constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 
LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3, o SSTC 89/2011, de 6 de junio, 
FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
4.  La falta de justificación de la especial trascendencia constitucional.
El partido político VOX aduce que procede la inadmisión del recurso de amparo 
porque la entidad recurrente ha desatendido el deber de justificación de la especial 
trascendencia constitucional, conforme a lo dispuesto en el art. 49.1 in fine LOTC. A su 
juicio, lo que hace la parte recurrente es aportar una alegación estereotipada, infundada, 
fraudulenta o engañosa, toda vez que no se acomoda a ninguno de los elementos 
contenidos en la jurisprudencia constitucional sobre el reseñado requisito.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la especial 
trascendencia constitucional del recurso»– se configura como una carga procesal de la 
parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida 
cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la 
especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la 
iniciativa  y  apreciaciones  de  la  parte,  recogidas  en  su  escrito  de  demanda 
(STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es exigible un 
«esfuerzo  argumental»  (ATC  154/2010,  de  15  de  noviembre,  FJ  4)  que  ponga  en 
conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el 
artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos 
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. 
De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho 
fundamental (por todas, STC 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3); es preciso que «en la 
demanda  se  disocie  adecuadamente  la  argumentación  tendente  a  evidenciar  la 
existencia de la lesión de un derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un 
presupuesto  inexcusable  en  cualquier  demanda  de  amparo–  y  los  razonamientos 
específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia 
constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
En el caso que nos ocupa, la demanda dedica a esta materia el primer apartado de 
sus  fundamentos  jurídicos  en  el  que,  aunque  bajo  el  nombre  de  «relevancia 
constitucional», expresa las circunstancias que, a su juicio, «abogan por la admisión de 
la impugnación». En este apartado específico la parte recurrente pone de manifiesto la 
importancia del debate, tanto por los intereses en juego como por el alcance de los 
derechos  fundamentales  concernidos;  y  apunta  expresamente  a  la  singularidad  de 
alguno  de  ellos  así  como  al  déficit  que,  en  su  ponderación,  habrían  incurrido  las 
resoluciones  impugnadas,  de  las  que  dice  que  «ponen  en  crisis  el  modelo 
constitucional». Este razonamiento permite conectar materialmente la vulneración del 
art.  23.2  CE,  desarrollada  en  el  cuerpo  del  escrito  de  demanda,  con  uno  de  los 
supuestos en los que cabe apreciar que el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional conforme a lo 
establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, a saber, que «el recurso plantea un  e
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina  bo
de este Tribunal» [FJ 2, apartado a)]. Esta fue la causa que apreció el Pleno del Tribunal  47ww
pcaarraac ltae raicdem pisoiór ns ud ealm repcliutursdo y d per eacmispióanro, .s Pí opru ecodnes aigfiurmieanrtese,  aquuneq upeo neel  rdaez orenlaiemviee nlotos  ndoa tsoes 
ndeec 2e6s adrieo ss eppatriae mjubsrteif,i cFaJr  l2a,  pyr o1y/e2c0c1i9ó,n  doeb j1e4ti vdae d eenl earmo,p aFrJo  2s ocl)ic],i tapdoor  l[oS SqTueC  h1e4m3/o2s0 1d1e, 
entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la especial trascendencia 
constitucional a la que se refiere el artículo 49.1 in fine LOTC.
5.  La falta de agotamiento de la vía judicial previa.
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC], así como que se haya puesto de manifiesto 
(«denunciado formalmente») la lesión del derecho fundamental en el proceso, si hubo 
oportunidad, tan pronto como esta hubiera sido conocida por la parte [art. 44.1 c) LOTC], 
contribuyendo también con ello a la efectividad del carácter subsidiario del amparo 
constitucional.
Como ha quedado reseñado, el partido político VOX aduce que el recurso incurre, 
respecto de las quejas referidas al art. 24 CE, en el óbice de falta de agotamiento de la 
vía previa [art. 44.1 a) LOTC] al no haber acudido la parte recurrente al incidente de 
nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ frente al auto de la sala de recursos de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo.
El incidente de nulidad de actuaciones constituye un instrumento procesal que, en la 
vía  de  la  jurisdicción  ordinaria,  podrá  remediar  aquellas  lesiones  de  derechos 
fundamentales referidos en el art. 53.2 CE que no hayan «podido denunciarse antes de 
recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea 
susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ), de modo que su 
función en materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de 
aplicación reseñado, que la realizada como consecuencia de la interposición de un 
recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3).
En  consecuencia,  en  el  caso  de  que  la  ley  conceda  recurso,  ordinario  o 
extraordinario, frente a la resolución que la parte estime lesiva de su derecho, es este 
recurso el que deberá ser interpuesto por el interesado, sin que, tras el agotamiento de la 
cadena de recursos que legalmente quepan frente a la decisión de aquel, sea ya 
necesario que el recurrente reitere la queja a través de un incidente de nulidad que, por 
referirse a una vulneración ya denunciada con anterioridad en el procedimiento, deviene 
manifiestamente improcedente a tenor del propio art. 241 LOPJ (ATC 293/2014, de 10 de 
diciembre, FJ 2).
Como señaló el ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 3, «la determinación en cada 
caso del remedio legalmente posible y, por tanto, exigible a los efectos del debido 
agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  dependerá  de  la  concreta  vulneración  que  el 
recurrente denuncie en amparo y a qué resolución atribuya su causación. A estos 
efectos debe recordarse que corresponde estrictamente a la demanda la fijación del 
objeto procesal del recurso de amparo, tanto en cuanto a la individualización del acto o la 
disposición cuya nulidad se pretenda, como respecto de la razón para pedirla o causa 
petendi (SSTC 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, de 28 de junio, FJ 1; 205/1999, 
de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, FJ 2)».
Por consiguiente, en cuanto imputadas las vulneraciones de derechos fundamentales 
originariamente a la resolución dictada por el magistrado instructor, el agotamiento de la 
vía judicial previa al recurso de amparo exigía la interposición de recurso de apelación. 
Así lo hizo la parte recurrente, según se ha dejado constancia en los antecedentes, 
haciendo efectivo el requisito de la subsidiariedad al permitir que el Tribunal Supremo se 
pronunciara sobre las infracciones denunciadas con ocasión de aquel recurso. e
Ahora bien, el hecho de no haber promovido incidente de nulidad de actuaciones  bo
contra el auto de la sala de recursos tiene relevancia, pues determina que las quejas  47ww
afuhnodraam feonrmtaulelasd aqsu es odleon urenscuialtne nfu aedram iimsibpluetsa belen  icnumaendtoia tqaumee nlate  leasl ióanu tod ed elol sm daegrisetcrahdoos 
ainnstteruricotro cr o[anrdt ic4i4o.n1a  ala)  LaOmTpClit uedn  dreel ancuióens trcoo na neál licsiitsa,d qou aer td. e2b4e1 .c1i rLcOunPsJc]r.i bLiars ec oanls etaxtaamcieónn 
de la vulneración de derechos fundamentales con origen «inmediato y directo» [art. 44.1
b) LOTC] en el auto del magistrado instructor y, solo en la medida en que dichas lesiones 
no fueron reparadas, en el auto que resolvió el recurso de apelación interpuesto frente a 
aquel. Así pues, no cabría esgrimir queja autónoma alguna respecto del auto de la sala 
de recursos del Tribunal Supremo de 17 mayo de 2018. Debemos añadir que lo anterior 
aparece respetado por la demanda rectora del presente proceso constitucional y no 
puede acogerse el óbice procesal de no haberse formalizado el incidente de nulidad de 
actuaciones.
6.  La falta de invocación previa del derecho fundamental alegado.
Para que puedan examinarse los motivos que integran la demanda de amparo es 
requisito  indispensable,  conforme  al  art.  44.1  c)  LOTC,  que  «se  haya  denunciado 
formalmente  en  el  proceso,  si  hubo  oportunidad,  la  vulneración  del  derecho 
constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». 
En el caso, el recurso de apelación constituyó el trámite procesal idóneo para invocar los 
derechos fundamentales que se reputaban lesionados, dando así ocasión a que el 
Tribunal Supremo se pronunciara sobre tales vulneraciones. Solo de este modo quedaría 
preservado el carácter subsidiario del recurso de amparo, «evitando que el acceso a esta 
jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos 
judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada 
como fundamento del recurso de amparo constitucional» (por todas, STC 42/2010, de 26 
de julio, FJ 2).
La finalidad apuntada de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo ha 
guiado la interpretación de este requisito y el contenido mínimo del que debe dotarse la 
invocación  para  que  pueda  considerarse  cumplido.  En  tal  sentido,  el  Tribunal  ha 
rechazado una interpretación literal o excesivamente rigorista de este requisito, aunque 
el rechazo a tal entendimiento excesivamente formalista no ha llegado ni puede llegar a 
un vaciamiento absoluto de un precepto legal cuya ordenación responde a la naturaleza 
subsidiaria del recurso de amparo que se desprende claramente del art. 53.2 CE, y el 
titular del derecho fundamental debe facilitar su protección y hacer posible, con su 
invocación, que el órgano judicial remedie la presunta violación del correspondiente 
derecho.
Por  ello,  en  numerosas  resoluciones,  que  constituyen  doctrina  jurisprudencial 
consolidada, este Tribunal ha declarado que si bien la invocación formal exigida por el 
art. 44.1 c) LOTC no supone necesaria e inexcusablemente la cita concreta y numérica 
del precepto de la Constitución en el que se proclama el derecho o los derechos 
supuestamente vulnerados, ni siquiera la mención de su nomen iuris, ha de efectuarse, 
sin embargo, de manera que se cumpla la finalidad perseguida con aquel requisito, ello 
significa que se ha de ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, pueda entrarse 
a conocer de las concretas vulneraciones después aducidas en el recurso de amparo, lo 
que  requiere,  al  menos,  una  delimitación  del  contenido  del  derecho  que  se  dice 
vulnerado. Lo decisivo es que, a través de las alegaciones que se formulen en la vía 
judicial, de los términos en que se ha planteado el debate en la vía procesal o de la 
descripción fáctica de los datos o circunstancias de hecho de la violación del derecho 
fundamental  o  del  agravio  del  mismo,  se  permita  a  los  órganos  judiciales  su 
conocimiento en orden a que, de un lado, puedan argumentar y pronunciarse sobre la 
cuestión y, de otro, reparen, en su caso, la vulneración aducida (SSTC 53/2012, de 29 de 
marzo, FJ 2, y 117/2014, de 8 de julio, FJ 3).
Aplicando esta doctrina, procede rechazar tal óbice respecto de la queja relativa al  e
derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE), opuesto por el partido VOX,  bo
pues este derecho fundamental, aun innominado como tal en el escrito de interposición  47ww
dae ll are ccuornscou drree nacpieal aecinó ne, ls ec ahsao e rdigeid olo esn  perle esjuep cueensttroasl  dye  toddeo  leals d efibnaatleid jauddeicsi all,e greítlaimtiavos 
habiElitna nctaems dbeio ,la  am elad idvais tcaa udteell arc odnet epnriisdioó nd perlo veissciornitoa l.de interposición del recurso de
apelación, que ha quedado reseñado en los antecedentes de esta sentencia, procede
acoger este óbice en relación con las quejas relativas a los derechos fundamentales a la 
libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de expresión (art. 20.1 CE), así como al derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al recurso, en este caso, 
a la doble instancia penal (art. 14.5 PIDCP), al derecho al juez predeterminado por la ley 
(art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 
CE). En dicho escrito no solo no aparecen enunciados tales derechos fundamentales ni 
los preceptos de la Constitución (ni de ningún otro texto) en que están proclamados, sino 
que tampoco el contenido de las alegaciones ahí comprendidas consintió su toma en 
consideración por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De 
este modo, es con la demanda de amparo cuando, ex novo, se formalizan tales quejas, 
sustrayendo  así  al  Tribunal  ordinario  competente  su  conocimiento  y  consiguiente 
posibilidad de reparación.
Se declara, por tanto, la inadmisión del recurso, ex art. 50.1 a) LOTC, con relación a 
estos seis motivos de la demanda: lesión de los derechos al juez predeterminado por la 
ley, a la libertad ideológica y de expresión, del derecho al recurso, del derecho a la 
presunción de inocencia y del derecho a la legalidad penal.
Cabe adelantar que a las anteriores quejas incursas en el óbice de falta de denuncia 
de  la  vulneración  se  unen  otras,  integradas  como  submotivos  bajo  los  epígrafes 
correspondientes a las pretendidas lesiones de derechos fundamentales que sí hemos 
considerado invocadas, a las que, por esta razón, nos referiremos en los fundamentos 
posteriores con ocasión de su examen.
7.  Esquema del análisis de las quejas referidas al derecho a la libertad personal. 
Doctrina jurisprudencial sobre la prisión provisional.
En el fundamento jurídico tercero del escrito de demanda, el recurrente compendia 
los diferentes motivos por los que estima vulnerado el derecho a la libertad que reconoce 
y ampara el art. 17 CE. En primer lugar pone de manifiesto la incidencia que la privación 
de libertad acordada supone para su derecho a la vida familiar reconocido en el art. 8 
CEDH, al estar recluido en un establecimiento penitenciario que dista 650 kilómetros de 
su hogar familiar.
Seguidamente, censura la modificación de su situación personal, habida cuenta de 
que,  tras  permanecer  en  libertad  bajo  fianza  varios  meses,  dicha  situación  se  ha 
agravado sin que concurra motivo alguno que justifique la adopción de la medida prisión 
provisional  incondicional.  En  apoyo  de  esa  afirmación,  alega  que  el  auto  de 
procesamiento no cambia las imputaciones que contra él se formularon desde el inicio 
del procedimiento penal, ni tampoco se funda en datos sustanciales que el magistrado 
instructor no conociera en el momento de acordar la prisión provisional eludible mediante 
la prestación de fianza que, al hacerse efectiva, le permitió permanecer en libertad.
Por otro lado, el recurrente sostiene que, ni él ni ninguno de los investigados, ha 
tenido un comportamiento susceptible de generar el riesgo de reiteración delictiva que se 
aprecia en las resoluciones combatidas, sin que tampoco resulte justificada la novedosa 
invocación del riesgo de fuga, nunca antes apreciado en la dimensión que ahora se 
contempla. De todo ello colige que, en realidad, la modificación de su situación personal 
no tiene por objeto neutralizar riesgos de manera constitucionalmente legítima, sino 
incidir sobre la agenda política, dada la ideología independentista que el recurrente 
profesa, por lo que afirma que el órgano judicial ha vulnerado el deber de imparcialidad 
que le atañe.
Antes de abordar los aspectos relatados, resulta oportuno formular las siguientes  e
consideraciones previas. bo
SdeT Caab )2r 9il,/ E2F0nJ1  39p ,b rdi)m;e  6e22r8 /2 dl0ue1g 9afe,r ,bd reeh re7om ,d FoeJs m  3a,d yreeo i,t edFraJar d 5o,p  yeo n1r  5la5res/2 pm0ro1ád9su,  rcFeiJdc ioe1 1n,tl eors e sSmpSeaTcntCiofe  5ds0tea/ 2dla0o 1d 9oe,c ntdr ein laa9    2020-3347n https://ww
constitucional sobre la prisión provisional «en lo relativo a los principios de legalidad,
jurisdiccionalidad, excepcionalidad, modificabilidad y limitación temporal de la prisión
provisional [letra a)], al presupuesto de la prisión provisional, que es la existencia de 
indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo [letra b)], y, finalmente, a la 
imprescindible  presencia  de  un  fin  constitucional  legítimo,  como  pueden  ser  el  de 
evitación del riesgo de fuga o sustracción de la acción de la administración de justicia, la 
prevención del riesgo de obstrucción en la instrucción del proceso y la necesidad de 
conjurar el peligro de reiteración delictiva [letra c)]...».
En  cuanto  al  canon  de  control  al  que  se  sujeta  este  Tribunal  al  enjuiciar  las 
decisiones  judiciales  que  acuerdan  la  imposición  de  esa  medida  cautelar,  en  el 
fundamento jurídico 3 c) de la mencionada STC 50/2019, afirmamos: «c) Debemos 
reiterar, asimismo, el canon establecido en nuestra doctrina para revisar la conformidad 
con el art. 17 CE de la fundamentación de una decisión cautelar de prisión provisional. 
Como hemos señalado “al Tribunal Constitucional le compete supervisar la existencia de 
motivación suficiente –en el doble sentido de resolución fundada y razonada, a la que ya 
nos hemos referido– y su razonabilidad, entendiendo por tal que al adoptar y mantener 
esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su 
adopción y que esta ponderación o, si se quiere, que esta subsunción no sea arbitraria, 
en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y, muy 
especialmente, con los fines que justifican la institución de la prisión provisional. No 
corresponde, pues, al Tribunal Constitucional determinar en cada caso si concurren o no 
las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional, 
sino únicamente el control externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado 
de  forma  fundada,  razonada,  completa  y  acorde  con  los  fines  de  la  institución” 
[STC 128/1995, FJ 4 b)]».
b)  En  segundo  término  advertimos  que,  si  bien  formalmente  solo  se  alega  la 
vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE) en el apartado ya mencionado del 
escrito de demanda, lo cierto es que en otras partes también se formulan quejas que 
aparecen  vinculadas  con  el  mentado  derecho  fundamental.  Concretamente,  en  el 
fundamento jurídico quinto del escrito de demanda, el recurrente rechaza que la medida 
cautelar objeto de impugnación sea conforme con el principio de legalidad en materia 
penal (art. 25.1 CE), en el entendimiento de que no concurren los requisitos propios de 
los delitos de rebelión y sedición pues, según afirma, no se produjo ningún alzamiento 
violento en los términos exigidos por la norma penal. También sostiene que los órganos 
judiciales  han  llevado  a  cabo  una  interpretación  del  precepto  penal  absolutamente 
imprevisible, que considera contraria a la letra, espíritu y finalidad de la referida norma. 
Una vez esquematizado el contenido de esas quejas, procede exponer la sistemática a 
la que nos vamos a sujetar de cara al enjuiciamiento de las mismas.
En la STC 155/2019, FJ 8, la denuncia de la lesión del derecho a la legalidad en 
materia penal (art. 25.1 CE) fue rechazada, habida cuenta de que las resoluciones allí 
impugnadas no tenían naturaleza sancionadora, al igual que sucede en el presente 
recurso, pues lo que se impugnaba era la prisión provisional impuesta al entonces 
recurrente. Ahora bien, como lo que materialmente se cuestionaba en aquel recurso, en 
términos sustancialmente coincidentes con la queja que se plantea en este, fue la 
subsunción en el tipo delictivo de los indicios de criminalidad atribuidos al demandante, 
el contenido de ese motivo se equiparó a la negación material del presupuesto propio de 
la prisión provisional; esto es, de los indicios de criminalidad, aspecto este que sí 
concierne al derecho fundamental reconocido en el art. 17 CE. Por tanto, también en el 
presente caso procede englobar, dentro del análisis correspondiente a la vulneración del 
indicado derecho, la denuncia relativa a la vulneración del principio de legalidad en  s
materia penal, al entender que la lesión que realmente se denuncia es la ausencia del  oe.
presupuesto sustentador de la prisión provisional acordada respecto del recurrente. w.
c)  Finalmente, dentro de este apartado procede despejar la queja atinente a la  47ww
irnecciudrerenncitae ,d ee nlac uperinstióran  persopveisciioanl aml eenn ceiló dne rye chdoe saa rlaro vlliod ae fna meilli ara rqtu. e8,  seCgEúDnH s oys tieenne  leal 
jeusrtisapbrleucdiemniceinat od qeul eT rdibisutan aml áEsu droep 6e5o0 d keil óDmeertercohso dse  Hsuu mhoagnaors ,f apmoirli ahra.llarse preso en un  BOE-A-cable e
Examinado el contenido del escrito de interposición del recurso de apelación, se 
constata que esa denuncia no fue formulada ni, consecuentemente, el auto de fecha 17 
de mayo de 2018 resuelve sobre esa pretensión, por lo que incurre en el óbice al que 
nos referíamos en el fundamento jurídico 6. Conforme a lo expuesto debemos declarar la 
inadmisión de este motivo, habida cuenta de que la aludida queja se plantea en esta 
sede constitucional, sin que fuera suscitada en el recurso de apelación a fin de poder ser 
reparada.  Por  tanto,  un  eventual  pronunciamiento  en  esta  sede  sería  contrario  al 
principio de subsidiaridad inherente al recurso de amparo.
8.  Análisis de la denuncia relativa a la inexistencia de presupuesto de la prisión 
provisional por la ausencia de indicios de criminalidad.
Solventadas las anteriores cuestiones, procede dilucidar a continuación si, como 
denuncia el demandante, la prisión provisional ha sido adoptada pese a la ausencia de 
verdaderos indicios de su participación en el delito de rebelión; infracción penal que 
aquel también cuestiona que se haya cometido. En relación con la referida queja hemos 
de indicar, primeramente, que, en la resolución en cuya virtud se acordó la medida 
cautelar de prisión provisional eludible mediante la prestación de fianza de 100.000 €, 
concretamente el auto de fecha 4 de diciembre de 2017, ya fueron apreciados vestigios 
de criminalidad referidos al delito de rebelión respecto del recurrente. Y ello porque la 
constatación de ese presupuesto resultaba imprescindible para la adopción de la medida 
cautelar  de  prisión  provisional,  aunque  por  su  carácter  condicional  fuera  evitada 
mediante la prestación de la fianza indicada.
Por otro lado, debe advertirse que, en el reiterado auto de 23 de marzo de 2018, 
expresamente  se  indica  que  esa  resolución  es  complementaria  del  auto  de 
procesamiento dictado en fecha 21 de marzo de 2018, el cual fue confirmado por el auto 
de fecha 26 de junio de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por los 
procesados, entre ellos del hoy recurrente. De ello se desprende que los indicios de 
criminalidad  tenidos  en  consideración  para  procesar  al  recurrente  también  fueron 
oportunamente valorados para sustentar la medida de prisión provisional. Esa remisión 
es  perfectamente  acorde  con  nuestra  doctrina  y  así  lo  hemos  sostenido  en  la 
STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 4 a): «la adopción o el mantenimiento de medidas 
cautelares limitativas de derechos fundamentales, como es el caso de la de prisión 
provisional,  puede  contener  una  motivación  por  remisión  a  otra  previa  e  inmediata 
resolución  judicial,  que  tenga  por  presupuesto  los  mismos  indicios  racionales  de 
criminalidad respecto de semejantes hechos delictivos, además de igual calificación 
jurídica provisional que la anterior, en cuanto que es esta resolución la que tiene por 
objeto directo la valoración de la suficiencia de los elementos fácticos y jurídicos de 
cargo  […].  Existiendo  tal  evaluación  específica  y  pormenorizada  de  los  indicios 
concurrentes en una resolución que les da el valor cualificado de ‘indicios racionales de 
criminalidad’,  la  remisión  expresa  que  el  instructor  realiza  en  su  auto  de  prisión 
provisional  al  precedente  auto  de  procesamiento,  dictado  dos  días  atrás,  en  nada 
menoscaba el derecho a la libertad del art. 17 CE de la recurrente, pues lo relevante es 
que los hechos atribuidos a la procesada y los indicios de criminalidad en que se fundan 
sí están expresamente referenciados, aunque se encuentren materialmente consignados 
en una resolución inmediatamente anterior».
En la citada STC 50/2019, FJ 4 b), destacamos cómo las resoluciones impugnadas 
ponían «de relieve que los hechos punibles provisionalmente atribuidos a los procesados 
habrían sido cometidos, según la tesis sostenida por el instructor y avalada por la sala,  e
en régimen de codelincuencia»; y que la imputación de la recurrente en tal amparo, entre  bo
otras razones, también descansó en «la intervención colegiada que […] tuvo en el  47ww
Gejoebcuietranro  ladse  dlaiv eGresnaes raalictatut aqcuioen,e esn ttreen deennetreos ,d eta n2t0o1 6a  yl ao cdtuebroreg a2c0ió1n7 , dsee  feancctoa rgdóe  dlae 
Cdeoln srteitfuecréiónnd uemsp adñeo lai nyd deeple nEdsetantcuitao,  dceo An utloan osmubías idgeu ieCnateta ludñeac,l acroamcioó na  lfao rcmealel brdaec iólna 
constitución de una república catalana independiente, entendiendo, tanto el instructor
como la sala, que la actora asumió en todo momento, de acuerdo con el plan trazado y 
dado su papel de cuadro dirigente del Gobierno, la materialización de los actos de 
violencia que fuesen necesarios para alcanzar el objetivo pretendido, sin oponerse en 
ningún  momento  a  las  decisiones  adoptadas  por  el  consejo  de  gobierno  al  que 
pertenecía».
En relación con el recurrente, los indicios de criminalidad se recogen en el relato 
histórico del referido auto de procesamiento. Tales datos se anudan a su actividad como 
conseller del Departamento de Asuntos y Relaciones institucionales y Exteriores y de 
Transparencia, pues en el ejercicio de ese cargo suscribió, junto con otros miembros del 
Gobierno de la Generalitat, el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del 
referéndum  de  autodeterminación,  desatendiendo  los  requerimientos  del  Tribunal 
Constitucional (apartado vigésimo cuarto del antecedente de hecho único). También se 
destaca la labor desarrollada, junto con otros encausados, para garantizar la efectividad 
de la votación el día 1 de octubre de 2017, siendo consciente el demandante de la 
actuación llevada a cabo por otros investigados, de cara a lograr que la movilización 
popular protegiera el desarrollo de ese evento directamente vinculado a la proclamación 
de la independencia, en los términos establecidos en las Leyes catalanas 19/2017 
y 20/2017, denominadas, respectivamente, «del referéndum de autodeterminación» y 
«de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».
En referencia concreta al recurrente, la citada resolución destaca su labor de impulso 
a la creación de estructuras de Estado y en pos del futuro reconocimiento de la república 
catalana en el contexto internacional, a través de la institución «Diplocat». También se le 
reprocha la participación en un proyecto para posibilitar la votación electrónica por 
Internet de residentes en el extranjero, así como facilitar la llegada de observadores de 
otros  países,  con  el  propósito  de  dotar  de  legitimidad  internacional  al  indicado 
referéndum (fundamento jurídico segundo). Por otro lado, el auto de fecha 17 de mayo 
de 2018, en cuya virtud se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto 
de  fecha  23  de  marzo  del  mismo  año,  respalda  la  argumentación  ofrecida  por  el 
magistrado instructor y considera, conforme así se expone en el fundamento jurídico 
cuarto, que la conducta del demandante favoreció los actos violentos acaecidos los 
días 20 de septiembre y 1 de octubre.
A la vista de lo expuesto y teniendo presente el parámetro de control establecido por 
nuestra doctrina que, como ha quedado anteriormente indicado, circunscribe nuestra 
labor a un mero control externo de lo resuelto judicialmente, lo que no autoriza a efectuar 
un escrutinio alternativo de los factores y circunstancias tenidos en cuenta por los 
órganos jurisdiccionales, sino solamente a cotejar la suficiencia y razonabilidad de la 
argumentación judicial ofrecida para justificar la concurrencia del presupuesto de la 
prisión  provisional,  hemos  de  convenir  que  las  resoluciones  judiciales  combatidas 
satisfacen el umbral referido.
Tras describir el contexto en el que se imbrica la actividad del recurrente y la relación 
que mantiene con los eventos que se han detallado, los órganos judiciales consideran 
que ese comportamiento denota indiciariamente su participación en el delito de rebelión 
por el que a la postre ha sido procesado, sin que el razonamiento ofrecido para explicitar 
esa  participación  incurra  en  una  inadmisible  falta  de  individualización  o  en  una 
parquedad argumental incompatible con la exigencia constitucional de motivación, ni 
tampoco  se  atisben  en  la  argumentación  quiebras  lógicas  o  consideraciones 
manifiestamente erráticas o infundadas.
9.  Examen de la queja relativa a la ausencia de riesgo de fuga. e.
Despejada la anterior cuestión, hemos de advertir que el demandante refuta la  47ww
cinosntrcuucrtroern ecina  edle a luotso  rdiees 2g3o sd dee m raeritzeor adceió 2n0 d1e8l,i cctoivnas yti tfuuygean  qlause ,f icnoamlidoa rdeeflse jqau eel  lmegaigtimistarand loa 
mdeesdeidaab led em pertiosdióonlo gpírao,v isciaobnea l aapdroepctiaadr aq. uAeu ne nc ulaan ddoe mlaa nqduae jas en oo bsjee tafonr mduel a mcaonne rlaa 
individualizada las razones tenidas en cuenta por el órgano judicial para fundar el riesgo 
de fuga; a lo que a continuación daremos respuesta.
A tal propósito, procede retomar la argumentación que el tribunal de apelación ofrece 
para desechar las objeciones suscitadas por los recurrentes respecto de la novedosa 
apreciación de ese factor de riesgo. En esa resolución, si bien se reconoce que los que 
impugnaron  la  adopción  de  la  medida  de  prisión  provisional,  entre  ellos  el  hoy 
demandante,  se  han  presentado  a  los  llamamientos  efectuados  por  el  magistrado 
instructor y no han quebrantado las limitaciones impuestas por la resolución relativa a su 
situación  personal,  no  obstante  se  justifica  el  cambio  de  medida  cautelar  por  las 
siguientes razones: i) que la doctrina constitucional confiere un carácter ambivalente al 
transcurso del tiempo, pues considera que la consolidación de la imputación es un factor 
que incrementa la posibilidad de condena y el consiguiente riesgo de fuga; ii) que cuando 
se acerca la fecha de celebración del juicio oral, la amenaza de la pena y la cercanía 
temporal de su posible imposición también operan como potenciales estímulos de la 
huida; iii) que en el presente caso, el desarrollo de la causa ha dado lugar a una efectiva 
consolidación de los vestigios de conducta delictiva inicialmente apreciados, pues estos 
han adquirido la consistencia necesaria para ser valorados como «indicios racionales de 
criminalidad» en el auto de procesamiento; y además se valora la proximidad de la 
celebración del juicio oral.
Teniendo en cuenta esa argumentación, debemos significar que, en relación con la 
institución  de  la  prisión  provisional,  nuestra  doctrina  ha  puesto  de  relieve  el  valor 
ambivalente  del  tiempo  transcurrido  durante  la  sustanciación  del  proceso. 
Concretamente, en la STC 35/2007, de 12 de febrero, FJ 4, se afirma que: «[a]nte la 
ambivalencia del transcurso del tiempo y de la proximidad de la celebración del juicio oral 
al fundamentar el riesgo de fuga, la jurisprudencia constitucional exige una ponderación 
expresa  de  las  circunstancias  procesales  concretas  del  caso  para  de  este  modo 
individualizar el sentido que en cada supuesto la proximidad del juicio oral pueda tener 
(STC 66/1997)  […. Por  consiguiente, constatado  que  las resoluciones judiciales se 
fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo –evitar el riesgo de fuga– y que 
dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias, concurrentes en 
el caso, a las cuales se refieren los órganos judiciales y cuya ponderación conjunta es 
legítima desde la perspectiva constitucional –proximidad del juicio oral, confirmación o 
firmeza del procesamiento, naturaleza del delito y gravedad de la pena–, este Tribunal no 
puede profundizar más en el control de la fundamentación de la decisión de acordar la 
prisión provisional sin traspasar los límites de la jurisdicción de amparo, esto es, sin 
traspasar los límites del control externo, pues no le compete realizar una valoración –en 
positivo y de forma directa– de la suficiencia de las circunstancias fácticas concurrentes 
en el caso para fundamentar el riesgo de fuga o cualquier otro de los riesgos, cuya 
evitación constituye la finalidad legítima de la institución».
Ese aspecto fue también sopesado en la ya citada STC 50/2019 y, al respecto, 
ofrecimos la siguiente respuesta, que es también aplicable al presente caso: «[u]na 
medida cautelar de prisión ha de fundarse en un juicio de pronóstico de mayor rango 
temporal (pues se trata de asegurar la íntegra tramitación del proceso) y ha de tener 
en cuenta, por ello, otros factores concurrentes que indiquen cuál puede ser la pauta 
plausible de comportamiento futuro. En el caso que nos ocupa es cierto que, tanto el 
instructor como la Sala, reconocen en sus resoluciones que el recurrente de amparo 
se ha conducido hasta ese momento de modo respetuoso con las cautelas impuestas 
y  con  los  llamamientos  efectuados  por  la  autoridad  judicial.  No  obstante,  la  s
apreciación de ambos órganos judiciales es, justamente, que esa pauta de conducta  oe.
puede  cambiar  próximamente  con  el  salto  cualitativo  que  supone  el  auto  de  w.
procesamiento.  Frente  al  peso  favorable  que  el  comportamiento  procesal  previo  47ww
ddeicshpol iecgoam, peolr tianmstireuncttoo rv ayr ilaar ás aplrae vpisoinbdleemraenn tlea se nra ezlo fnuetusr op oprr ólaxism qou, es iecnodnos ideel roabnje qtiuvoe 
ad ee flae cmtoe yd iydaa  ncoa uptueeladra,  psreerc pisraemveennidtea,.  aLnat iccoipmaprsaer eacle mncoima evnotlou netanr iqau dee l ala h aucidtoar as en oll eevse,   BOE-A-cable e
en  definitiva,  en  un  supuesto  como  el  presente,  un  elemento  en  sí  mismo 
determinante del resultado del juicio de pronóstico que ha de regir la decisión cautelar 
de  prisión,  no  pudiendo  deducirse,  sin  más,  de  ese  dato  fáctico  una  automática 
vulneración del art. 17 CE» [FJ 5 a)].
Y en el apartado b) del citado fundamento jurídico razonamos, en los términos que 
continuación se exponen, sobre el incremento del riesgo de huida apreciado por los 
órganos judiciales a raíz de la solidez de los indicios de criminalidad derivada del 
procesamiento  acordado  y  la  mayor  cercanía  del  juicio  oral:  «[e]n  este  caso,  el 
magistrado instructor ha estimado, como acontecimiento plausible desde la evaluación 
de  pautas  generales  de  comportamiento,  que  un  procesado  que  se  encuentra  en 
situación de libertad provisional en una causa referida a delitos castigados con penas de 
máxima gravedad, puede demorar la huida hasta el momento en que esta se vuelve 
inaplazable por la evolución de las propias indagaciones preparatorias –en la medida en 
que  estas  vayan  acumulando  datos  que  revelen  la  inevitabilidad  del  juicio  y  la 
probabilidad de una condena– y por la proximidad cada vez mayor de la vista oral. Ha 
entendido, asimismo, que el auto de procesamiento, en cuanto resolución que contiene 
un  juicio  de  imputación  formal  que  supone  la  verificación  y  consolidación  de  los 
elementos indiciarios que sustentan los cargos provisionales, es un acto procesal que 
implica la próxima conclusión de la instrucción y la formulación, con alta probabilidad, de 
una  pretensión  punitiva,  pues  el  procesamiento  es,  en  el  sumario  ordinario,  un 
presupuesto indispensable de una posterior acusación. Infiere de todo ello el instructor 
que tal acto formal de imputación es un hito procedimental en el que los investigados, 
viendo los cargos judicialmente formalizados y enfrentándose, así, a la alta probabilidad 
y  a  la  mayor  cercanía  de  un  efectivo  enjuiciamiento,  pueden  modificar  su 
comportamiento procesal y optar por darse a la fuga».
Por  tanto,  conforme  a  la  doctrina  traída  a  colación  y  teniendo  en  cuenta  las 
similitudes que el presente supuesto presenta con el enjuiciado en la STC 50/2019, 
debemos  rechazar  las  objeciones  que  el  demandante  plantea  en  relación  con  la 
modificación de su situación personal adoptada con motivo de su procesamiento, en lo 
que al riesgo de huida se refiere.
10.  Análisis  de  las  restantes  vulneraciones:  riesgo  de  reiteración  delictiva  e 
incidencia de la ideología.
El demandante rechaza la concurrencia ad casum del riesgo de reiteración delictiva 
que también invoca el magistrado instructor. Según se indica en la demanda, el referido 
riesgo carece de cualquier tipo de fundamento objetivo; y, además, la apreciación de ese 
peligro se contradice con la realidad de los hechos, toda vez que durante el tiempo que 
ha permanecido en libertad, el demandante no ha desarrollado actividad alguna que 
denote el peligro de reiteración delictual apreciado.
El riesgo de reiteración delictiva que el magistrado instructor estima concurrente se 
explicita en el fundamento jurídico cuarto del auto de fecha 23 de marzo de 2018. 
Resumidamente,  en  el  citado  fundamento  se  refleja  el  propósito  perseguido  y  la 
metodología desarrollada por los procesados, entre ellos el demandante de amparo, 
dejando claro que, si bien la determinación de lograr la independencia de una parte del 
territorio nacional es legítima, sin embargo la actuación llevada a cabo en pos de ese 
designio quebranta el orden constitucional y penal y, además, cuenta con el apoyo de un 
extenso movimiento social, administrativo y político y con el concierto de numerosas 
personas. Por otro lado se destaca que, como así se refleja en el auto de procesamiento,  e
en el «Libro Blanco» se plasma la eventualidad de reiniciar la actuación ilícita, una vez  bo
se recuperara la autonomía y el funcionamiento de las instituciones tras la suspensión  47ww
del aPuotro gsuo bpiearrnteo,. en el auto de 17 de mayo de 2018 el tribunal de apelación corrobora la
eaxlcisatneznacdiaa  dpeolr  peel licgirtoa ddoe  trriebiunncaidl evnaclioar ad elali catucatilv iadparde cdiaedsoa rreonll alad ain dsutaranncitae.  cLaas ic odnocsl uasñióons 
por los procesados en el ejercicio de sus respectivos cargos, consistente, en lo esencial,
en el mantenimiento de una frontal oposición al orden constitucional y estatutario, y de 
abierta desobediencia a las resoluciones de este Tribunal. También evoca el órgano de 
apelación los episodios de violencia tumultuaria acaecidos, para finalmente colegir que, 
al igual que se puso de manifiesto en el precedente auto de 22 de marzo de 2018, «no 
existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar 
la colisión con el Estado, con la finalidad de declarar la independencia e imponerla por 
vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la 
alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el 
cumplimiento de la ley».
Tras exponer resumidamente la justificación dada por los órganos judiciales para 
apreciar el riesgo de reincidencia en el delito, cumple decir que al haber sido constatado 
el peligro de fuga u ocultación, cuya apreciación ha sido enjuiciada previamente en esta 
resolución, la concurrencia de aquel riesgo no resulta ya imprescindible para sustentar la 
legitimidad constitucional de la privación cautelar de libertad acordada, toda vez que 
también  ha  sido  apreciada  otra  finalidad  legítima  que  justifica  la  medida  cautelar 
impuesta. Este criterio ya lo mantuvimos en la tantas veces citada STC 50/2019, en cuyo 
fundamento jurídico 6 tuvimos en cuenta, además, un aspecto diferencial en relación con 
los  supuestos  enjuiciados  en  las  SSTC  29  y  30/2019  que  también  concurre  en  el 
presente supuesto; a saber, que «no se plantea en este proceso de amparo la falta de 
correlación entre los fines de la medida cautelar aludidos en la petición de prisión 
realizada por las acusaciones y los fines apreciados por el órgano judicial, circunstancia 
que hacía aconsejable en las resoluciones citadas una valoración íntegra de todos los 
motivos tenidos en cuenta para adoptar la medida cautelar».
Al margen de lo expuesto, nuevamente hemos de recordar que, conforme al canon 
de control al que estamos sujetos, nuestro pronunciamiento no debe ser entendido como 
una eventual asunción o rechazo de los postulados ofrecidos en la vía judicial para 
apreciar el referido riesgo, pues debemos limitarnos a resolver si la argumentación dada 
por los órganos jurisdiccionales cumple con los requisitos que se mencionan en la 
STC 29/2019, FJ 3 d), oportunamente traídos a colación con anterioridad. Y desde ese 
prisma, concluimos que la construcción argumental elaborada para sustentar el referido 
peligro de reiteración delictiva, que trae causa de las singulares características de la 
conducta delictiva presuntamente atribuida al recurrente y a otros procesados y que, 
como  así  se  indica  en  las  resoluciones  combatidas,  se  anuda  al  dato  de  no  ser 
descartable el propósito de reiniciar la confrontación con el Estado al margen de las vías 
legales, no puede ser tildada de aberrante, genérica o manifiestamente irrazonable ni, 
por  tanto,  incompatible  con  la  finalidad  constitucionalmente  plausible  que  las 
resoluciones judiciales pretenden prevenir.
Finalmente, procede dar respuesta al siguiente alegato del recurrente, que, tras 
refutar la concurrencia de las finalidades legítimas apreciadas para imponer la medida 
cautelar citada, apunta, como motivo real de su encarcelamiento provisional, la toma en 
consideración de la ideología independentista que profesa. Ello supone, según afirma, la 
adopción de decisiones judiciales instrumentalizadas políticamente, lo que comporta una 
inadmisible falta de neutralidad de los órganos judiciales.
Esta  alegación  del  demandante  va  referida  a  la  intención  que,  a  su  parecer, 
perseguía realmente el magistrado instructor en la causa especial 20907-2017 cuando 
acordó la medida cautelar de prisión provisional en el auto de 23 de marzo de 2018. En 
relación con este tipo de consideraciones, hemos de señalar que no es propio de la 
jurisdicción de este Tribunal revisar los juicios de intenciones que las partes realizan  s
acerca de eventuales motivación ocultas que, en su particular opinión, pueden explicar  oe.
las resoluciones judiciales más allá de lo que se exterioriza en su fundamentación  w.
jurídica. Nada nos corresponde, pues, apreciar en relación con tales juicios subjetivos.  47ww
dPeomdeamndoas,,  eesl oa suít,o  limdeit aprnroocse asa cmoinesnttaot adr,e d e2 1u nd ep amrtea,r zqou ed,e f re2n0t1e8  a elso  suenñaa lraedsoo luecni ólna 
qeuxtee nesl asmaleton tceu afulintadtaivdoa ,p etarnot oin deund saubsle a qsupee cstuopso fnáec tliaco rse acloizmacoi ójunr íddeicl oasc tyo,  ddee  iomtrpau tpaacrióten,   BOE-A-cable e
formal (procesamiento) no significa, en modo alguno, que la instrucción se detenga y que 
las investigaciones se paralicen sino, antes bien, que el instructor está ya en condiciones 
de delimitar de forma precisa el ámbito objetivo y subjetivo de los hechos que son 
atribuidos a los individuos investigados, siendo dicha delimitación fáctica imprescindible 
para evitar toda acusación posterior sorpresiva. Las alegaciones del recurrente acerca 
del «motivo real» perseguido por el instructor carecen pues, desde el punto de vista 
constitucional, de contenido argumental suficiente. Es más, ya se ha comprobado que 
las resoluciones judiciales exteriorizan una motivación que evidencia que la medida 
cautelar es utilizada con una finalidad constitucionalmente legítima. No hay en el caso 
examinado elemento alguno en las resoluciones impugnadas que permitan sostener que 
es la ideología del demandante la que ha determinado que se adopte la medida cautelar. 
Por el contrario, de dichas resoluciones se desprende que el de riesgo de fuga y de 
reiteración delictiva, en los que se asienta aquella medida, no se han formado sobre la 
base de la ideología del recurrente, sino en el pronóstico de su comportamiento futuro en 
atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y de la punición a la que se 
enfrenta por su responsabilidad penal.
Nuestro escrutinio ha de centrarse, por tanto, en los aspectos puramente objetivos de 
la queja planteada sin entrar a valorar los juicios de intenciones que los recurrentes 
realizan.
11.  Derecho a la participación y representación políticas: art. 23 CE.
Las resoluciones judiciales impugnadas –autos del magistrado instructor de 23 de 
marzo de 2018 y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
de 17 de mayo de 2018– por las que, respectivamente, se acuerda y se confirma la 
medida cautelar de prisión provisional y sin fianza del recurrente en amparo, destruyen, 
en opinión de este, los derechos políticos de los que es titular y los de la ciudadanía a la 
que representa. Considera, en síntesis, que aquellas resoluciones vulneran su derecho 
al cargo público representativo (art. 23.2 CE), ya que le han privado del ejercicio de las 
funciones propias del mismo, pese a haber adquirido la condición de diputado del 
Parlamento de Cataluña (art. 23 del Reglamento del Parlamento de Cataluña –RPC–), 
sin que exista algún tipo de obstáculo por parte de la cámara que le impida o coarte 
legítimamente su práctica.
En cuanto el art. 23.2 CE garantiza el derecho a mantenerse en el cargo público 
representativo sin perturbaciones ilegítimas, el demandante de amparo solo puede ser 
removido del cargo al que ha accedido por las causas y conforme al procedimiento 
legalmente establecidos. En este sentido, argumenta que el Reglamento del Parlamento 
de Cataluña, que es la norma a la que corresponde ordenar los derechos y atribuciones 
de los miembros del Parlamento de Cataluña, prevé dos supuestos tasados en los que 
puede  acordarse  su  suspensión  (art.  25  RPC),  en  ninguno  de  los  cuales  son 
subsumibles las resoluciones judiciales recurridas.
Para  la  representación  letrada  del  partido  político  VOX,  la  restricción  que  el 
demandante  de  amparo  puede  padecer  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  políticos 
encuentra cobertura en el art. 25.2 CE y en el art. 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 
de septiembre, general penitenciaria, precepto este último que prevé que los internos en 
centros  penitenciarios  podrán  ejercitar  los  derechos  civiles,  políticos,  sociales, 
económicos  y  culturales,  sin  exclusión  del  derecho  de  sufragio,  salvo  que  fuesen 
incompatibles con el objeto de su detención o con el cumplimiento de la condena.
A juicio del abogado del Estado, no puede ser apreciada la denunciada vulneración  e
del derecho de acceso al cargo público representativo (art. 23.2 CE), pues no puede  bo
invocarse el derecho de participación política de modo que este prepondere sobre la  47ww
lparse spurnetvai scioonndeusc tlae gpaulensib lere dgeull addeomraasn ddaen tela d ep raismiópna rop,r ocvoinsi oenl ahli pcootémtioco  mefeedcitdoa d ec aaunteullaarr 
suscPeoprt isbule p daert ea,d eolp Mcióinnis cteuraion dFois acsaíl  leon atipernedceie q eule ju laesz  rinesstorulucctioorn.es judiciales impugnadas
no  han  desconocido  el  cargo  desempeñado  por  el  demandante  de  amparo  ni  su
condición de parlamentario, sino que han tomado en consideración su participación en 
una pluralidad de actos perfectamente planificados, acaecidos a lo largo de un dilatado 
periodo de tiempo, con incitaciones directas o indirectas a la movilización popular para 
alcanzar la independencia por vía de hecho e incitando a sus partidarios a oponerse a la 
acción del Estado.
12.  Jurisprudencia  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  participación  y 
representación políticas (art. 23.2 CE).
a)  En la STC 155/2019, FJ 15, han quedado expuestas, al enjuiciar un supuesto 
sustancialmente idéntico al ahora considerado, la jurisprudencia de este Tribunal sobre el 
derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), y la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el art. 3 del Protocolo núm. 1 al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, más concretamente, con ocasión 
de la imposición en una causa penal de la medida cautelar de prisión provisional y su 
mantenimiento a un parlamentario durante el ejercicio de su mandato (STEDH de 20 de 
noviembre de 2018 asunto Selahattin Demirtas c. Turquía). A la referida jurisprudencia y 
doctrina,  así  como  al  mencionado  fundamento  jurídico,  hemos  de  remitirnos  en  su 
integridad  a  fin  de  evitar  reiteraciones  innecesarias,  como  hicimos  en  la  reciente 
STC 3/2020, de 15 de enero, [FJ 10 A)].
En síntesis, y en lo que ahora importa, dijimos entonces que «[d]e conformidad con la 
jurisprudencia constitucional expuesta y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que se acaba de reseñar, las decisiones judiciales que acuerden la imposición 
o el mantenimiento de una privación cautelar de libertad a un parlamentario o a un 
candidato en unas elecciones legislativas han de estar suficiente y razonablemente 
motivadas, en el sentido de que han de ponderar la injerencia de la medida adoptada en 
el derecho fundamental a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y 
con los requisitos que señalen las leyes» [FJ 16 A)].
En cuanto al control que a esta jurisdicción le compete respecto de dichas decisiones 
judiciales, declaramos que «[a] este Tribunal, desde la perspectiva que le es propia, le 
corresponde, en principio, constatar en su función fiscalizadora si aquellas resoluciones 
judiciales  satisfacen  o  no,  en  los  términos  y  parámetros  indicados,  la  exigencia 
constitucional de motivación en la adopción de la medida limitativa o restrictiva del 
derecho fundamental y si, atendiendo a las circunstancias del caso, dicha motivación 
resulta respetuosa con su contenido esencial» (ibidem).
b)  Al igual que en los supuestos abordados en las SSTC 155/2019 y 3/2020, el 
examen de la vulneración del art. 23 CE que el demandante de amparo imputa a las 
resoluciones judiciales impugnadas ha de partir de la consideración, según ha quedado 
ya expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos de esta sentencia (FFJJ 7 a 10), 
de que no ha existido una lesión del derecho a la libertad personal (art. 17 CE) derivada 
de la insuficiencia de las razones dadas por los órganos judiciales para acordar la 
privación de libertad del recurrente. En efecto, las resoluciones judiciales impugnadas 
explicitan cuál es el presupuesto por el que se acuerda su prisión provisional; a saber, 
los indicios racionales de la intervención del demandante en unos hechos presuntamente 
constitutivos de delitos graves. Por otro lado, fundan la adopción de la medida cautelar 
en la consecución de sendas finalidades constitucionalmente legítimas, como son las de 
precaver el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. e
13.  La prisión provisional y la condición de diputado del Parlamento de Cataluña. w.
resuPltaar rae leelv aenntjuei claia dmeietenrtmo indaec ilóan q dueelj am doeml ednetmo aennd eal nqteu ed see a amcopradróo  squu ep raishióonra p nroovsis oiocnuapla y, 
en el que adquirió la condición de diputado del Parlamento de Cataluña, así como los 
avatares acaecidos durante y después de ese lapso de tiempo (STC 155/2019, FJ 17).
a)  El recurrente en amparo fue elegido diputado en las elecciones al Parlamento de 
Cataluña celebradas el 27 de septiembre de 2015 como integrante de la candidatura 
presentada en la circunscripción de Barcelona por la coalición electoral Junts pel Sí 
(«DOGC» núm. 6992, de 6 de noviembre de 2015). Asimismo, en esa XI legislatura fue 
nombrado consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia 
(«DOGC» núm. 7037, de 14 de enero de 2016). En ambos cargos cesó con fecha 27 de 
octubre de 2017, como consecuencia de las medidas propuestas por el Consejo de 
Ministros en aplicación del art. 155 CE, autorizadas por el Senado, al no tener por 
atendido el requerimiento planteado al presidente de la Generalitat de Cataluña para que 
confirmase  «si  alguna  autoridad  de  la  Generalitat  de  Cataluña  ha  declarado  la 
independencia de Cataluña y/o si su declaración de 10 de octubre de 2017 ante el Pleno 
del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se 
encuentre o no en vigor» [apartado A del Anexo de la Orden PRA/1034/2017, de 27 de 
octubre, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre 
de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 155 de la Constitución, se 
tiene por no atendido el requerimiento planteado al M.H. presidente de la Generalitat de 
Cataluña,  para  que  la  Generalitat  de  Cataluña  proceda  al  cumplimiento  de  sus 
obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias 
al interés general, y se propone al Senado para su aprobación las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección 
del mencionado interés general («BOE» núm. 260, de 27 de octubre de 2017)].
En lo que a este recurso de amparo interesa, por Real Decreto 943/2017, de 27 de 
octubre, se dispuso el cese del vicepresidente y de los consejeros integrantes del 
Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y por Real Decreto 946/2017, de 27 
de octubre, se disolvió el Parlamento de Cataluña y se convocaron elecciones para el 
día 21 de diciembre de 2017 («BOE» núm. 261, de 28 de octubre de 2017).
La aplicación del art. 155 CE fue considerada conforme a la Constitución en las 
SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, que rechazaron en los extremos que atañen al 
presente recurso de amparo  las impugnaciones  efectuadas en sendos recursos de 
inconstitucionalidad promovidos respecto al acuerdo del Pleno del Senado de 27 de 
octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al 
amparo del artículo 155 de la Constitución.
b)  En fecha de 2 de noviembre de 2017, el demandante de amparo fue citado a 
declarar ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional en las 
diligencias previas núm. 82-2017, incoadas por supuestos delitos de rebelión, sedición y 
malversación,  como  participe  de  la  estrategia  urdida  por  «todo  el  movimiento 
secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades 
gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que 
llevaría a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre de 2017 y a la 
declaración de independencia aprobada por el Parlamento el pasado día 27 de octubre» 
(auto de 2 de noviembre de 2017, razonamiento jurídico 3). Celebrada la comparecencia, 
el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 acordó en el citado auto la prisión provisional, 
comunicada y sin fianza, entre otros, del demandante de amparo.
Reclamadas las actuaciones por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la 
causa especial núm. 20907-2017, el magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre 
de  2017,  acordó  modificar  la  medida  cautelar  acordada  de  prisión  provisional,  e.
comunicada y sin fianza entre otros investigados, al demandante de amparo por la  w.b
medida de prisión eludible mediante la prestación de fianza de 100.000 €, que al hacerse  47ww
efecEtilv ad edmetaenrdmainnóte s due p aumesptaar eon,  elinbceortnatdrá.ndose en situación de prisión provisional, formó
pCaarttSei )d peo rla l ac acinrcduidnastcurriap cdióenl  pdaer tBidaor cpeololíntiac oe nE slaqsu eerlerac cRioenpeusb alicl aPnaar-laCmateanluton ydae  SCÍa (tEalRuñCa-
celebradas el 21 de diciembre de 2017. Candidatura que fue proclamada por acuerdo de
la junta electoral de Barcelona de 24 de noviembre de 2017 («DOGC» núm. 7504, de 25 
de noviembre de 2017).
Celebrada  la  votación,  fue  proclamado  diputado  electo  en  la  circunscripción  de 
Barcelona por la Junta Electoral Provincial en sesión de 27 de diciembre de 2017 
(«BOPC» núm. 1, de 19 de enero de 2018). Los resultados electorales y la relación de 
diputados electos fue publicada por acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de enero 
de 2018 («BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2018, y «DOGC» núm. 7534, de 12 de 
enero de 2018).
Los diputados proclamados electos se reunieron el 17 de enero de 2018 en la sesión 
constitutiva del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura («BOPC», núm. 1, de 19 de 
enero de 2018), a la que asistió el demandante de amparo.
c)  El magistrado instructor, por auto de 21 de marzo de 2018, acordó declarar 
procesados por delitos de rebelión (arts. 472 y concordantes CP) y malversación de 
caudales públicos (arts. 432 o 473.2 CP), entre otros investigados, al demandante de 
amparo, citándole a fin de celebrar la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim para 
la eventual adopción de medidas cautelares. Dicho auto fue confirmado en reforma por 
auto del magistrado instructor de 9 de mayo de 2018 y en apelación por auto de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018.
Celebrada la comparecencia del art. 505 LECrim, el magistrado instructor, por auto 
de 23 de marzo de 2018, acordó la prisión incondicional para, entre otros, el demandante 
de amparo. Decisión que fue confirmada en apelación por auto de la sala de recursos de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 17 de mayo de 2018.
Con posterioridad a la apertura del juicio oral, el demandante de amparo se presentó 
como candidato en las elecciones al Senado celebradas el 28 de abril de 2019. Fue 
proclamado senador electo y adquirió la condición de miembro del Senado en la sesión 
constitutiva de 21 de mayo de 2019, a la que fue autorizado a asistir por la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo en auto de 14 de mayo de 2019. La mesa del Senado, por 
acuerdo de 29 de mayo de 2019, le suspendió en el ejercicio del cargo.
14.  La posibilidad de recurrir la prisión provisional y la valoración de los intereses 
concernidos.
a)  Como ya ha quedado constatado, la adopción de la medida cautelar de prisión 
provisional  del  recurrente  en  amparo,  acordada  en  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas, cumple las exigencias del principio de legalidad y responde a sendos fines 
constitucionalmente legítimos. Es preciso examinar ahora, como hemos efectuado en la 
STC  155/2019,  «si  aquella  medida  cautelar  satisface  también  el  requisito  de  la 
proporcionalidad desde la perspectiva del derecho fundamental al acceso y al ejercicio 
del cargo público (art. 23.2 CE)» [FJ 18 A)].
Como dijimos en esta sentencia «[u]no de los factores a tomar en consideración [...] 
al objeto de determinar si la prisión provisional de un parlamentario o de un candidato en 
unas elecciones legislativas es una medida proporcionada desde la perspectiva del 
derecho de sufragio pasivo es la previsión de un recurso mediante el que se pueda 
impugnar de forma efectiva aquella prisión, de modo que los tribunales puedan valorar 
los intereses de la persona afectada y de la sociedad protegidos por el citado derecho, 
así  como  los  del  buen  funcionamiento  de  la  justicia  para  ordenar  y/o  mantener  la 
privación cautelar de libertad» (ibidem).
En el presente caso, el recurrente en amparo pudo impugnar e impugnó, cuando aún 
no había sido proclamado candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña, la  e
prisión comunicada y sin fianza decretada por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3  bo
por  auto  de  2  de  noviembre  de  2017  en  las  diligencias  previas  núm.  82-2017.  El  47ww
mapaeglaisctrióand oin tienrspturuecsttoor ,p opro er l aduetmo anddea n4t ed ceo ndtricai elam mbreed iddae  c2a0u1te7l,a re dseti mpróis ieóln  rpercouvrissioo ndael, 
lqau efi amnozad ifdiceót epromr inlaó d seu p priusieósnt ae leund iblilbee mrtaedd iayn eten  dees ftiaa nszitau adcei ó1n0 0p.a0r0ti0c i€p.ó L ean p rleas ctaacmiópna ñdae 
electoral a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017.
Asimismo, por lo que concierne a las resoluciones ahora recurridas, el demandante 
de amparo pudo también impugnar, como efectivamente hizo, la prisión incondicional 
acordada por el magistrado instructor por auto de 23 de marzo de 2018, adquirida ya la 
condición  de  diputado  del  Parlamento  de  Cataluña.  Su  recurso  de  apelación  fue 
desestimado por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
de 17 de mayo de 2018.
b)  Sin  embargo,  como  hemos  señalado  en  la  STC155/2019,  «un  juicio  de 
proporcionalidad de esta medida no se satisface con la mera posibilidad de poder recurrir 
la privación cautelar de libertad, sino que es necesario, además, que esa impugnación 
haya sido efectiva, en el sentido de que los órganos judiciales valoren los intereses 
concernidos por la decisión de ordenar y/o mantener la prisión provisional» [FJ 18 B)].
Situados en este plano, el contenido de las resoluciones judiciales recurridas es 
suficiente por sí mismo para constatar que el demandante ha podido impugnar de 
manera  efectiva  la  medida  cautelar  de  prisión  adoptada  por  auto  del  magistrado 
instructor de 23 de marzo de 2018, y que los órganos judiciales han valorado sus 
pretensiones y ponderado, en atención a las circunstancias del caso, los derechos e 
intereses concernidos, tanto los del recurrente como los de la sociedad, entre ellos su 
derecho al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE). La afectación de este derecho por la 
situación de prisión provisional se justifica en las resoluciones judiciales impugnadas –
que dan por reproducidos la exposición de los hechos que se atribuyen a los procesados 
y los indicios de su participación en los mismos recogidos en el auto de procesamiento– 
por las graves acciones que se imputan, entre otros, al demandante de amparo y por el 
riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los que se funda aquella medida cautelar.
En este sentido, la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
razona en su auto que «la conducta imputada a los recurrentes no ha consistido en un 
acto aislado, sino en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno 
y del Parlamento de una comunidad autónoma de España, en un plan que […] inició su 
fase final con la resolución 1/XI del Parlamento catalán, y que se desarrolló a lo largo de 
un periodo cercano a los dos años, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta octubre 
de 2017, en el curso de los cuales se desobedecieron frontalmente las resoluciones del 
Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de 
autonomía y cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los 
recurrentes». Resalta a continuación que la determinación de los procesados, entre ellos 
la del recurrente en amparo, «se mantuvo aun después de los episodios de violencia y 
de los tumultos que tuvieron lugar el 20 de septiembre […], pues insistieron públicamente 
en la convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían celebrar aun 
sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a 
enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido y finalmente 
volvió a suceder, terminarían en actos de violencia». A lo que la Sala añade que «no 
existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar 
la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por 
vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la 
alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el 
cumplimiento de la ley» (fundamento de Derecho primero). Concluye la Sala afirmando 
que «[c]on la prisión provisional […], no se vulneran derechos políticos, sino que se 
pretende asegurar que los recurrentes se mantengan a disposición del Tribunal, y se 
trata de evitar la reiteración de delitos muy graves, especialmente lesivos de bienes 
jurídicos  tan  importantes  en  una  democracia  como  el  mantenimiento  del  orden  s
constitucional, imprescindible para el aseguramiento de una situación en la que todos  oe.
puedan ejercer libremente sus derechos» (fundamento de Derecho tercero). w.
Desde la perspectiva de control que a este Tribunal corresponde, ha de concluirse  47ww
quusoe,  edle d iemmpaungdnaanr tea  dtrea vaéms pdaer ol ocso rnetócu crsoons  lale gpaolsmibeilnidtea dp,r edvei sltao sq ulae  mefeedcitdivaa cmaeuntetela rh idzoe 
pporisnidóenr apdroo vliossio ndaelr,e yc hqouse  ee nin treersepsueess dtae la d seumsa npdreatnetnes iyo ndees  llao ss oócrgieadnaods  ejund imciaatleersi ah adne   BOE-A-cable e
participación política, así como los del buen funcionamiento de la justicia, en unos 
términos  que  no  pueden  merecer,  desde  la  óptica  ahora  considerada,  reproche 
constitucional alguno. Una valoración de la incidencia de la prisión provisional en el 
derecho  del  recurrente  al  ejercicio  del  cargo  público  que  ostentaba  cuando  fueron 
dictadas las resoluciones judiciales ahora impugnadas la abordaremos en un posterior 
fundamento jurídico.
15.  La delimitación temporal de la medida cautelar de prisión provisional.
a)  «La duración de la prisión provisional es otro factor a considerar a los efectos de 
ponderar la injerencia de la medida cautelar en el derecho al acceso y al ejercicio del 
cargo público» [STC 155/2019, FJ 19 A)].
En el caso ahora enjuiciado, en el momento en que se acordó por vez primera la 
prisión  provisional  comunicada  y  sin  fianza  del  demandante  de  amparo  –auto  del 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3, de 2 de noviembre de 2017–, este no era titular 
de ningún cargo público, ni aun había sido proclamado candidato a las elecciones al 
Parlamento de Cataluña convocadas para el día 21 de diciembre de 2017. Proclamación 
que tuvo lugar el día 24 de noviembre («DOGC» núm. 7504, de 25 de noviembre), diez 
días antes, por lo tanto, de que el magistrado instructor acordara, por auto de 4 de 
diciembre de 2017, modificar aquella medida cautelar por la de prisión eludible mediante 
fianza.
Sin embargo, el demandante de amparo sí había adquirido la condición plena de 
diputado  del  Parlamento  de  Cataluña  cuando  se  dictaron  las  resoluciones  ahora 
recurridas, por las que, respectivamente, se acordó y ratificó su prisión provisional –
autos de 23 de marzo de 2018 del magistrado instructor y de 17 de mayo de 2018 de la 
sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo–.
El tiempo que el demandante, una vez adquirida la condición de diputado, ha estado 
en  prisión  provisional  desde  la  adopción  de  la  medida  cautelar  por  el  magistrado 
instructor –23 de marzo de 2018– hasta que se dicta la última resolución impugnada en 
amparo –17 de mayo de 2018– es de poco menos de dos meses. Límite temporal que se 
sobrepasa por unos días –cuatro– si se computa también el tiempo transcurrido entre su 
proclamación como candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas 
el 21 de diciembre de 2017 –24 de noviembre de 2017– y el dictado por el magistrado 
instructor del auto de 4 de diciembre de 2017 por el que modifica la prisión provisional 
sin fianza acordada por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 por la de prisión 
eludible mediante fianza.
El tiempo en que el demandante estuvo en prisión provisional con fundamento en las 
resoluciones judiciales impugnadas en amparo, e incluso si a su cómputo se acumulase 
el que permaneció con fundamento en la resolución del Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3, no puede considerarse desproporcionado por su injerencia en el derecho de 
acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), si se tienen en cuenta tanto los distintos 
momentos de la causa en los que se han dictado unas y otras resoluciones judiciales –
con posterioridad al auto de procesamiento y en el momento inicial de la investigación, 
respectivamente–, como la entidad de los hechos delictivos que se le imputan, así como 
los motivos y fines, ya expuestos a lo largo de esta sentencia, en los que los órganos 
judiciales han fundado la decisión de mantenerle en prisión provisional (en este sentido, 
SSTC 155/2019, FJ 19, y 3/2002, FJ 13). A estas consideraciones cabe añadir las 
concretas repercusiones que han podido tener en el desempeño del cargo público al que 
ha accedido el recurrente, a las que nos referiremos en el siguiente fundamento jurídico. e
b)  Al  examinar  el  factor  temporal  de  la  medida  cautelar,  no  puede  dejar  de  bo
considerarse que la prisión del recurrente ha sido revisada también por resoluciones  47ww
judicEial lmesa gpiosstrtaedrioo rienss t[rSuTctCo r1 h5a5 /d2i0ct1a9d,o F, Je 1n9tr eB o)]t.ros, los autos de 9 de mayo de 2018, que
scaolnaf irdmea r eecnu rrseofosr mdea  leal  Saaultao  ddee  lpor oPceensaal mdieeln Ttori,b yu ndael  S9 udper ejumlioo  hdae  d2i0ct1a8d.o P, otar msub iépna reten,t rlea 
otros, los autos de 26 de junio y 30 de julio 2018.
Y,  en  fin,  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo,  a  la  que  correspondió  el 
enjuiciamiento de la causa, por autos de 25 de enero, 11 de abril, y 14 de mayo de 2019 
ha  resuelto  las  peticiones,  entre  otros  encausados,  del  demandante  de  amparo, 
solicitando  su  libertad  provisional  o  la  sustitución  de  la  medida  cautelar  de  prisión 
preventiva por otros tipos de medidas menos gravosas.
Así pues, a la vista de las consideraciones expuestas, ha de concluirse que la 
duración de la medida cautelar de prisión provisional que resulta de las resoluciones 
judiciales impugnadas no puede considerarse desproporcionada en este caso, en razón 
de las concretas circunstancias, ya referidas, que en el mismo concurren.
16.  La incidencia de la prisión provisional en el derecho fundamental al ejercicio del 
cargo público.
a)  «El  juicio  de  proporcionalidad  de  la  injerencia  que  una  medida  de  prisión 
provisional puede implicar en el derecho de acceso a un cargo público representativo 
(art. 23.2 CE) requiere también considerar sus concretas repercusiones en el ejercicio de 
este derecho» [STC 155/2019, FJ 20 A)].
El recurrente en amparo, en algunos pasajes de la demanda, parece pretender 
presentar la situación de prisión provisional como absolutamente incompatible con el 
derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), debiendo prevalecer en todo 
caso, en su opinión, el interés constitucional encarnado en este derecho fundamental. 
Mas tal planteamiento, como ya hemos tenido ocasión de señalar en la STC 155/2019, 
«debe ser desestimado sin necesidad de un detenido esfuerzo argumental, pues el 
derecho al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE) no es un derecho incondicionado o 
absoluto. Así, este Tribunal tuvo ya ocasión de declarar que el derecho a acceder a los 
cargos públicos representativos ‘no es, ante todo, y al igual que ocurre con el resto de 
los derechos fundamentales, incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual 
de sus formulaciones; es, por el contrario […] un derecho delimitado en su contenido, 
delimitado tanto por su naturaleza como por su función’ (STC 71/1996, FJ 6)» [FJ 20 A)].
Asimismo, en aquella sentencia se ha dejado constancia de la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que ahora es pertinente recordar, según la cual los 
derechos garantizados por el art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH «no son absolutos 
[STEDH de 30 de junio de 2009, (asunto Etxeberria y otros c. España, § 40)], sino que 
pueden estar sometidos a ‘limitaciones implícitas’, disponiendo los Estados de un amplio 
margen de apreciación al respecto [STEDH de 2 de marzo de 1987, (asunto Mathieu-
Mohin  y  Clearfayt  c.  Bélgica,  §  52)]».  Más  concretamente,  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos tiene manifestado que «el CEDH no prohíbe la aplicación de la 
medida de privación cautelar de libertad a un diputado o candidato en unas elecciones 
legislativas ni su mantenimiento en prisión provisional, así como que estas decisiones no 
implican automáticamente una violación del art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH, ni siquiera 
en el caso de que la privación de libertad fuera contraria al art. 5.3 CEDH [STEDH de 28 
de noviembre de 201 8 (asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, § 231)]» (ibidem).
b)  El demandante de amparo considera que las resoluciones judiciales impugnadas 
lesionan su derecho al cargo público representativo (art. 23.2 CE), ya que la medida de 
prisión provisional le impide el pleno ejercicio de sus derechos políticos como diputado 
del Parlamento de Cataluña.
El examen de la queja del recurrente ha de partir de la consideración de que las 
limitaciones  que  denuncia  en  el  desempeño  de  sus  funciones  como  parlamentario 
«derivan, indefectiblemente, de su situación de privación de libertad, ya que, como  e
hemos reconocido en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, ‘parte de las facultades de  bo
representación  política  anejas  al  cargo  singularmente  aquellas  que  tienen  como  47ww
pcaressou lpimueitsatdoa ssu d eejceirsciivcaiom eenn tsei,t upaocri ólan  sdietu laibceiórtna dd ep eprrsisoinóanl ’,p qrouveisdiaonn aalf.e Dctea dloa sq uy,e e sne a tlrgaútna 
eaxhiogrean cdiea sd edteerrivmaidnaasr  edse l spi reinscaips ioli mdieta cpiroonpeosr cqiounea ldideandu ndceiasd eel  lrae cpuerrrsepnetec tirveas pdeet aanq ulaesl 
derecho fundamental» [STC 155/2019, FJ 20 B); doctrina que reiteran las SSTC 3/2020, 
FJ 16 B), y 4/2020, de 15 de enero, FJ 4 b)].
Pues bien, el magistrado instructor, en el auto de 23 de marzo de 2018, lleva a cabo 
una ponderación entre el derecho al cargo representativo de, entre otros, el demandante 
de amparo y la gravedad de los delitos a los que viene asociada la restricción de su 
ejercicio, así como entre aquel derecho fundamental y los derechos y bienes jurídicos 
atacados.  El  magistrado  instructor,  con  cita  y  reproducción  de  la  doctrina  de  la 
STC 71/1994, de 3 de marzo, parte de la consideración de que no resulta inadmisible 
una limitación del derecho al ejercicio de cargo público representativo «cuando venga 
fundada  en  otras  finalidades  constitucionalmente  legítimas  que  presenten  una 
correspondencia  razonable  en  su  intensidad».  A  continuación  recuerda,  con 
reproducción de un pasaje de aquella sentencia constitucional, que «[e]sta limitación o 
suspensión de derechos fundamentales en una democracia, solo se justifica en aras de 
la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por 
una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la 
mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la 
comunidad nacional, es decir, el Estado democrático». En otras palabras, el magistrado 
instructor sostiene, refiriéndose con carácter general al ejercicio de las funciones propias 
del cargo por los parlamentarios afectados por la medida cautelar y, más en concreto, a 
su  participación  en  la  sesión  de  investidura  del  candidato  a  la  presidencia  de  la 
Generalitat, que «aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una 
investidura democrática y representativa, [… esta] facultad no desactiva la obligación 
judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se le atribuye una 
grave actuación delictiva, no ponga en riesgo las facultades de mayor relevancia y más 
necesitadas de protección». Concluye su juicio de ponderación afirmando que «[l]a 
gravedad de los hechos que el auto de procesamiento describe, la utilización de las 
instituciones para su ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el libro 
blanco y que los procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo 
tiempo que ha precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no 
muestran una preminencia y mayor necesidad de tutela, que los derechos que esta 
resolución preserva» (fundamento de Derecho sexto).
Este criterio también es compartido por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo en el auto de 17 de mayo de 2018. En efecto, la Sala califica de 
«situación excepcional, creadora de una división fuertemente contraria al mantenimiento 
de la convivencia cívica», la generada por la actuación de los procesados, pues –afirma– 
«no existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado 
democrático, los miembros del gobierno de una comunidad autónoma (o de un Estado 
federado),  que  en  ese  sistema  democrático  goza  de  un  régimen  amplísimo  de 
autogobierno,  junto  con  miembros  del  Parlamento  y  apoyados  por  asociaciones 
ciudadanas,  instrumentando  y  aprovechando  todos  ellos  el  poder  de  presión  de  la 
movilización popular, se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que 
asegura y regula su autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga 
a  sus  pretensiones,  procediendo  a  derogarlos,  de  hecho,  en  su  territorio,  ante  la 
preocupación, sorpresa y desasosiego de, al menos, más de la mitad de la población de 
esa  comunidad  y  la  práctica  totalidad  de  la  población  del  resto  del  Estado,  que 
contemplan como se vulneran una y otra vez aquellas normas; y, además, que lo hagan 
utilizando  la  movilización  popular  y  aceptando  y  aprovechando  que  se  produzcan 
episodios de violencia y tumultos, para así impedir la aplicación de las leyes y el  s
cumplimiento de las resoluciones de los tribunales y presionar al Estado hasta el punto  oe.
de obligarlo a admitir la independencia». Concluye la Sala, como ya hemos tenido  w.
ocasión de poner de manifiesto, y procede ahora reiterar, que «[c]on la prisión provisional  47ww
r[…ec]u rrneon tesse  sevu mlnaenratenn gdaenr eac dhiossp ospiocliíótinc odse, l Tsriinbou nqaul, ey  ssee  traptrae tdeen deev itaars elag ureraitre raqcuieó n ldoes 
ddeemlitoosc ramcuiay  gcroamveos ,e le smpaencitaelnmimenieten tole sdiveol so rddee nb iecnoenss tjiuturcídioicnoasl,  taimn pirmespcoirntadnibtlees  peanr au neal   BOE-A-cable e
aseguramiento  de  una  situación  en  la  que  todos  puedan  ejercer  libremente  sus 
derechos», de modo que las limitaciones que los procesados, entre ellos el demandante 
de amparo, padecen en el ejercicio de sus derechos políticos, «[n]o puede considerarse 
[…] que se trate de restricciones indebidas» (fundamento de Derecho tercero).
En este contexto, es preciso también tener presente, al valorar la incidencia de la 
prisión  provisional  en  el  derecho  del  recurrente  al  ejercicio  del  cargo  público 
representativo, que la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al 
ponderar aquella incidencia respecto de otros investigados que también se encontraban 
en prisión preventiva y habían adquirido la condición de diputado, no descartó que se 
pudieran  llegar  a  tomar  las  decisiones  pertinentes,  en  función  de  las  concretas 
circunstancias que pudieran presentarse en momentos puntuales, para garantizar la 
proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de prisión en el ejercicio del cargo 
(auto de 5 de enero de 2018, razonamiento jurídico quinto). Como hemos dicho en la 
STC 155/2019, «no se excluía que concurriendo esos requisitos se pudieran tomar en 
determinados momentos medidas que pudieran llegar a remover o paliar los obstáculos 
que por su situación de prisión impidieron y dificultaban al recurrente el ejercicio de las 
funciones de diputado» [FJ 20 C); en el mismo sentido, SSTC 3 y 4/2020, FF JJ 14 B) 
y 4 b), respectivamente].
Asimismo, también ha de ser valorado que el magistrado instructor permitió que por 
el  Parlamento  de  Cataluña  se  habilitasen  los  instrumentos  precisos  para  que  los 
parlamentarios  investigados  que  se  encuentran  en  situación  de  prisión  provisional 
pudieran delegar su voto, si la mesa de la cámara no encontraba motivo alguno para 
oponerse a ello (auto de 12 de enero de 2018, confirmado en reforma por auto de 29 de 
enero de 2018 y en apelación por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, de 14 de marzo de 2018). A los efectos que ahora interesan, es 
suficiente con constatar que la razón de la adopción de esta medida, sin que proceda por 
parte de este Tribunal efectuar aquí ningún otro tipo de consideración respecto a la 
misma, era paliar la injerencia de la privación de libertad en el ejercicio del derecho al 
cargo representativo. En este caso, el demandante de amparo hizo efectivamente uso de 
esta facultad, siendo autorizada su delegación de voto por acuerdo de la mesa de la 
cámara de 26 de marzo de 2018.
De lo expuesto, hemos de concluir que no cabe calificar de desproporcionada la 
injerencia  de  la  medida  de  prisión  provisional,  desde  la  perspectiva  del  derecho 
reconocido en el art. 23.2 CE, en el ejercicio del derecho del recurrente en amparo al 
cargo público representativo, teniendo en cuenta el momento en el que se han dictado 
las resoluciones judiciales impugnadas y las circunstancias concurrentes en este caso, 
relativas a la entidad de los hechos investigados y a la participación en los mismos del 
recurrente, así como los motivos y fines en los que los órganos judiciales fundaron la 
medida cautelar adoptada.
Con base en las consideraciones precedentes, tampoco puede estimarse que las 
resoluciones  judiciales  recurridas  no  hayan  satisfecho  las  exigencias  ponderativas 
propias del art. 23.2 CE en cuanto a la repercusión de la medida cautelar de prisión 
provisional del demandante en el ejercicio de su función parlamentaria, ni que esta 
injerencia, atendiendo a las circunstancias concurrentes en este caso, pueda tildarse de 
desproporcionada.
17.  Medidas alternativas a la prisión provisional.
El último factor a analizar, como declaramos en la STC 155/2019, al objeto de  e
verificar si la prisión provisional del demandante de amparo satisface la exigencia de  bo
proporcionalidad  desde  la  perspectiva  del  derecho  fundamental  al  acceso  al  cargo  47ww
vpaúlbolricaod or eplare saednotpactiivóon  (adret.  2m3.e2d CidEas),  «aeltsetrrnibaati veans  coqnuset atpaur dsiie rloasn  ósrguapnoonse rj uduincaia lems ehnaonr 
injerEeln ecxiaa mene na qduee ll ad eqrueecjhao d»e (lF rJe c2u1r)r.ente en amparo ha de partir de la consideración de
que, en relación con su inicial situación de prisión provisional decretada por el Juzgado
Central de Instrucción núm. 3 por auto de 2 de noviembre de 2017, el magistrado 
instructor por auto de 4 de diciembre de 2017 valoró la posibilidad de aplicar a los 
investigados  medidas  alternativas  a  la  prisión  provisional.  Como  ya  hemos  tenido 
ocasión de poner de manifiesto en la STC 155/2019, FJ 15, aunque el magistrado 
instructor estimó que en todos los investigados objeto de aquella resolución «concurre el 
riesgo de reincidir en la actividad delictiva, aprecia, sin embargo, un grado de lesividad 
distinto en la reiteración de unos y otros, motivo por el que modificó la medida cautelar 
de prisión provisional, comunicada y sin fianza por la de prisión eludible mediante fianza 
a aquellos investigados cuya participación no supuso ‘una irreparable puesta en riesgo 
de los derechos esenciales que otros partícipes si contrariaron’» y cuyas aportaciones, a 
diferencia de otros investigados, no «están directamente vinculadas a una explosión 
violenta que, de reiterarse, no dejan margen de corrección o de satisfacción a quienes se 
ven alcanzados por ella» (razonamiento jurídico cuarto). Con base en la expresada 
argumentación,  el  magistrado  instructor  modificó  la  medida  de  prisión  provisional 
comunicada y sin fianza impuesta, entre otros, al recurrente por la de prisión eludible 
mediante la prestación de fianza.
Por  su  parte,  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  en  amparo  también  han 
ponderado,  como  revela  la  lectura  de  su  fundamentación  jurídica,  la  aplicación  al 
demandante y a otros procesados de medidas menos incisivas que la prisión provisional, 
que han descartado con base en los razonamientos en ellas recogidos.
Con carácter general para todos los procesados a los que se les había impuesto la 
medida cautelar de prisión provisional eludible mediante fianza, el magistrado instructor, 
en atención al momento procesal en el que se encuentra la causa, en el que existen 
«indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan 
una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido 
tener los procesados» y apreciado el riesgo de fuga de los encausados, «derivado de la 
grave  punición  a  las  que  se  enfrentan  por  su  eventual  responsabilidad  penal  por 
rebelión», descarta por su insuficiencia como medida cautelar el mantenimiento de la 
prisión provisional eludible mediante fianza porque la pérdida de la garantía personal 
prestada por los procesados, en caso de que fueran desatendidos los llamamientos 
judiciales, «no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una 
solidaridad colectiva». El magistrado instructor destaca también en este extremo que los 
procesados tienen el respaldo de un amplio colectivo que se solidariza con su causa que 
«cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, 
relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así 
como de un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de 
sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz» (auto de 23 
de marzo de 2018, fundamento de Derecho tercero).
Por su parte, la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
relación en concreto con el demandante de amparo, al confirmar en apelación el auto del 
magistrado instructor de 23 de marzo de 2018 en el que se funda la adopción de la 
medida  cautelar  de  prisión  provisional  en  la  consecución  de  sendos  fines 
constitucionalmente  legítimos,  como  son  el  de  precaver  el  riesgo  de  fuga  y  el  de 
reiteración delictiva, desestima su petición de sustituir la medida de prisión por la de 
prisión domiciliaria por carecer de cobertura legal. Argumenta al respecto la Sala que la 
Ley  de  enjuiciamiento  criminal  «solamente  prevé  esta  posibilidad  en  casos  de 
enfermedad, cuando el internamiento entrañe grave peligro para la salud del preso, lo 
cual no concurre en este caso, sin que por otras razones se pueda acordar una situación  s
privilegiada respecto a otras personas privadas provisionalmente de libertad en relación  oe.
con graves delitos» (fundamento de Derecho cuarto). w.
Así pues, en las resoluciones judiciales impugnadas se explicitan los concretos e  47ww
einndtirveid outarolisz,a adlo dse rmazaonndaamntiee ndteo sa mpopra lroos  dqeu em elodsi dóarsg aanltoesrn jautdivicaias lemse enxocsl ugyreanve lsa  aa plali cparcisióiónn, 
spurosvteisniotan alal  yd elac isaidóonp jcuidóinc iadle,  beásstaic ammeednidtea . qDuee  oetl rraie psagrote d, ela f uagrgau ym deen traecitieórna ceinó nla d qeulicet ivsae   BOE-A-cable e
en el que se funda la medida cautelar de prisión, está directamente conectada a los 
graves hechos que se le imputan y a la grave punición a la que se enfrenta por su 
responsabilidad penal, sin que se pueda apreciar en la esfera psicológica interna del 
demandante un elemento potente que permita efectuar un pronóstico favorable de que 
vaya a ser permanente el respeto a las decisiones judiciales, satisface, en atención a las 
circunstancias concurrentes, la exigencia de proporcionalidad que la injerencia de la 
privación de libertad supuso en el ejercicio de su derecho al cargo representativo.
Con base en las precedentes consideraciones ha de ser desestimada la denunciada 
vulneración del derecho a acceder a los cargos públicos (art. 23.2 CE).
18. Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la conclusión que la demanda de amparo 
debe  ser  inadmitida  en  cuanto  a  las  quejas  de  los  derechos  fundamentales 
comprendidos en los arts. 16.1, 20.1, 24. (1 y 2) en relación al acceso al recurso, al juez 
predeterminado por la ley y a la presunción de inocencia, y art. 25.1 CE. Se desestima la 
impugnación  del  derecho  a  la  libertad  personal  y  del  derecho  de  representación  y 
participación política.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir  las  quejas,  contenidas  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3736-2018 
interpuesto por don Raúl Romeva Rueda, relativas a las vulneraciones de los derechos 
fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de expresión (art. 20.1 CE), del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al recurso, 
en el caso, a la doble instancia penal (art. 14.5 del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos), del derecho al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del derecho a la legalidad penal 
(art. 25.1 CE).
2.º  Desestimar el recurso en todos los demás derechos supuestamente vulnerados: 
arts. 17 (1 y 4) CE, libertad personal y prisión provisional, y 23 CE (1 y 2), participación y 
representación política.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan 
Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la  e.e
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 3736-2018 b
lcdaoissn csfCrueidonpencari oanenmcl ieamos s á rcxeqoipumnre eo s dlareee nbsftepuarentíiatdvo aa hsmaa  cebnoneuntrea  sslcoitidrósoo nsr  e ecqjsuoutrimimísdipaitcoataosñ r eiqoyruo  pesco  osdrne ev ñlu aeTllnlar einbfr uaalanlclosaió  l,nl ed myede aesnll  aid(f aeerssrtete.a cn2mht3eoo.n2 sac  Ci naeuE,j ee),rsq ctueeraenr     OE-A-2020-33able en https://
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través
de sus representantes (art. 23.1 CE), a causa de no haberse realizado la ponderación 
requerida por la afectación de este derecho.
El  presente  recurso  de  amparo  avocado  plantea  de  nuevo  la  cuestión  de  la 
afectación  al  derecho  de  representación  política  de  un  diputado  autonómico  por  la 
adopción de una medida cautelar privativa de libertad. Por tanto, su objeto es similar al 
de las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, y 3/2020, de 15 de enero, respecto de las 
que ya se formularon sendos votos particulares en cuyo apartado I desarrollamos los 
aspectos constitucionales que considerábamos relevantes para resolver los supuestos 
de prisión provisional de miembros de las cámaras legislativas autonómicas desde la 
perspectiva del art. 23 CE. Para evitar reiteraciones, nos remitimos íntegramente a lo allí 
afirmado y nos limitaremos en el presente voto particular a exponer las razones por las 
que consideramos que en este caso tampoco la decisión de acordar la prisión provisional 
del recurrente ha respondido a la ponderación constitucionalmente requerida por el 
derecho a la representación política.
1.  El juicio de proporcionalidad realizado en las resoluciones judiciales impugnadas: 
Las resoluciones judiciales impugnadas tenían como objeto acordar, una vez que se 
había dictado el auto de procesamiento, la prisión preventiva del recurrente, diputado del 
Parlamento de Cataluña, modificando su anterior situación de prisión preventiva eludible 
mediante fianza. Por lo que se refiere a la invocación del art. 23 CE, el auto de instancia 
destaca que, si bien la prisión provisional va a imposibilitar el acudir al desempeño de 
sus funciones parlamentarias, el derecho de representación política no es un derecho 
absoluto y, en el presente caso, debe ceder al ponerse en riesgo facultades de mayor 
relevancia y más necesitadas de protección como son «la gravedad de los hechos que el 
auto de procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su ejecución, la 
previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los procesados 
mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la 
investidura» (fundamento de derecho sexto). Por su parte, el auto de apelación insiste en 
el carácter limitable de este derecho en presencia de intereses de mayor relevancia, 
concluyendo que «con la prisión provisional, pues, no se vulneran derechos políticos, 
sino que se pretende asegurar que los recurrentes se mantengan a disposición del 
Tribunal, y se trata de evitar la reiteración de delitos muy graves, especialmente lesivos 
de bienes jurídicos tan importantes en una democracia como el mantenimiento del orden 
constitucional, imprescindible para el aseguramiento de una situación en la que todos 
puedan ejercer libremente sus derechos» (fundamento de Derecho tercero).
2.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad:  La 
función de este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho 
sustantivo no se agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones 
impugnadas, sino que, como máximo interprete en materia de garantías constitucionales 
[art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], 
tiene una plenitud de jurisdicción para establecer el parámetro de protección de ese 
derecho sustantivo. De este modo, parece adecuado incluir una reflexión sobre los 
diversos criterios o elementos constitucionalmente relevantes que deberían haber estado 
presentes al realizar el necesario juicio de proporcionalidad y que se analizaron en la 
primera parte del voto particular formulado en la citada STC 155/2019. A esos efectos, y 
sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar lo siguiente:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es  s
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica.  oe.
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que  w.
crloeosna uidnnytceuirvaears nee sne  c eoiln ntjseutriicatuicoct úiodanena  pleerson ptsroeer  cdeieollsnoeasnl idvduaeed l vmae anvn adeleoranra trreo q cduueiáli blu rnea sdm aei.sl  mNpoeo s soois bteessmtpaeanc teyíf,,i  cpnooo rd  teac anlbtooes,    2020-3347n https://ww
intereses en conflicto como un elemento más del razonamiento. En el presente caso,
como se ha venido señalando, concurrían, por un lado, el derecho de representación
política del recurrente y, por otro, el interés público en enervar los riesgos derivados de 
una posible reiteración delictiva.
El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional 
al ser también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia 
parlamentaria. Su importancia estructural es de tal magnitud e intensidad que cuenta 
dentro del propio diseño constitucional y estatutario con específicas instituciones de 
protección frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado, como son las 
prerrogativas parlamentarias, justificadas precisamente porque su sacrificio supone una 
efectiva y real incidencia en el ejercicio del derecho.
(ii)  La  intensidad  de  la  afectación  al  interés  constitucional  sacrificado:  En  el 
presente caso, el recurrente era un diputado autonómico y, por tanto, la afectación de su 
derecho de representación política era especialmente intensa en lo subjetivo y en lo 
institucional, pues se impedía al recurrente el ejercicio de funciones para las que es 
consustancial su presencia personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña de 
la participación en sus procesos deliberativos y decisorios de uno de sus miembros de 
especial relevancia política.
(iii) La posibilidad de protección del interés constitucional prevalente con alternativas 
menos  lesivas  para  el  interés  constitucional  sacrificado:  El  análisis  de  la  decisión 
controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio de 
proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no era solo si la adopción de la 
medida cautelar de prisión provisional del recurrente era necesaria en interés de la 
protección de bienes jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de reiteración 
delictiva, sino también si existían alternativas más equilibradas. Esto es, si era posible 
adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba 
controlar con la revocación de la situación de libertad bajo fianza de que venía gozando, 
fuera  menos  lesiva  para  los  intereses  constitucionales  vinculados  al  derecho  de 
representación política del recurrente.
Las decisiones adoptadas por el magistrado-instructor y por la sala de recursos 
maximizaron  el  control  sobre  los  riesgos  de  reiteración  delictiva  a  través  del 
sometimiento al recurrente a un control prácticamente absoluto mediante la privación de 
libertad. Puede decirse, pues, que el derecho de representación política del recurrente se 
veía anulado. En un contexto como este parecía indispensable un razonamiento acerca 
de que la posibilidad de que se hubieran adoptado algunas de las medidas de control 
previstas en la legislación procesal penal para los sometidos a procedimiento no tenía 
suficiente  eficacia  para  mantener  un  control  suficientemente  intenso  del  riesgo  de 
reiteración delictiva dentro de la menor afectación posible del derecho de representación 
política.  Parecía,  además,  necesario  valorar  –para  apreciar  la  necesidad  de 
desincentivar cualquier hipótesis de reiteración de las conductas que estaban siendo 
objeto de la instrucción penal– el hecho de que la decisión debía tomarse en un contexto 
en  que  aquellas  conductas  habían  provocado  ya  la  excepcional  aplicación  del 
mecanismo del art. 155 CE; y preguntarse si, en correlación con ello, la afectación del 
derecho de representación política del recurrente con estas medidas alternativas podría 
ser susceptible de un ámbito de constricción menos intenso. Se ofrecía, asimismo, como 
necesario, considerar con el suficiente detalle, tal como la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos exige, si era posible adoptar medidas alternativas que 
paliaran la restricción del ejercicio del derecho de representación política respetando el 
principio de proporcionalidad con respecto a la necesidad de salvaguardar los fines del 
proceso penal. Era, finalmente, procedente, en cualquier caso, la consideración de si la  e.
eventual  insuficiencia  de  estas  medidas  alternativas  para  conseguir  el  fin  w.b
constitucionalmente relevante de enervar los riesgos de reiteración delictiva podía ser  47ww
ofubnjectióon d ed ael teqraucei óns up roegvreenstiuvaal  enin sourdfiecnie nac liaa  afduoepraci ónc odnefi rmmeaddiad asp odre  mlaa ysour cceosniótrno l edne 
aconEtsetcaism iceonntosisd.eraciones, como ya sucediera en relación con la citada STC 155/2019,
nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro juicio, estimar el amparo y
anular las resoluciones impugnadas con la finalidad de que la sala de recursos del 
Tribunal Supremo, a su libre criterio, efectuara una nueva valoración ponderando los 
elementos que han quedado señalados en este voto particular, y cualesquiera otros que 
pudieran ser relevantes para completar el juicio de proporcionalidad, o bien defiriera esta 
valoración al magistrado instructor con indicación de pautas o parámetros, con el fin de 
que se adoptara una nueva resolución acerca de las medidas que en su caso procedía 
adoptar respecto del entonces investigado. Somos conscientes, desde luego, de que la 
estimación del recurso de amparo no podría ir en este momento más allá de la mera 
declaración del derecho fundamental invocado en el recurso, puesto que, como es bien 
sabido, en la actualidad existe una sentencia firme de condena que pone fin a la 
situación de prisión provisional.
Dado el carácter novedoso del problema planteado y la esencial relevancia que tiene 
el derecho a la representación política en el sistema de democracia parlamentaria que 
constituye  nuestro  hábitat  constitucional,  hemos  considerado  un  deber  que  nuestra 
discrepancia quedara plasmada con todos los matices que aporta este voto particular. 
Son las consideraciones expuestas las que nos han llevado a tomar la decisión de 
disentir  respetuosamente  con  la  desestimación  del  presente  recurso  de  amparo 
exclusivamente  en  lo  que  respecta  a  la  insuficiente  ponderación  del  derecho  de 
representación política.
Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio 
Xiol Ríos.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.