BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 10609
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
1257 Resolución de 18 de enero de 2022, del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de las Illes 
Balears,  para  la  ejecución  y  financiación  de  actividades  que  faciliten  la 
consecución de los objetivos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
febrero de 2019, por el que se amplían los límites del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por incorporación de espacios 
marinos colindantes al mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez suscrito por las partes el 14 de enero 
de 2022, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del convenio que 
figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 18 de enero de 2022.–La Presidenta del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, P. D. (Orden APM/126/2018, de 5 de febrero), la Directora, María Jesús 
Rodríguez de Sancho.
ANEXO
Convenio entre el Govern de les Illes Balears y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales para la ejecución y financiación de actividades que faciliten 
la consecución de los objetivos del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían los límites del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por incorporación de espacios 
marinos colindantes al mismo
En Madrid, a 14 de enero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Miquel Mir Gual, consejero de Medio Ambiente y Territorio del 
Govern de les Illes Balears nombrado por el Decreto 10/2019, de 2 de julio, de la 
presidenta de les Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de los miembros 
del Govern de les Illes Balears (BOIB n.º 88, de 3 de julio), actuando en nombre y 
representación del mismo, en virtud de los artículos 11.c) y 80.4 de la Ley 3/2003, de 26 
de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balears, y con domicilio social a efectos de este convenio en c/ Gremi de 
Corredors, 10, 07009 Palma.
Y de otra parte, doña Teresa Ribera Rodríguez, Presidenta del Organismo Autónomo 
Parques  Nacionales,  nombrada  Ministra  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros  s
del Gobierno, actuando en nombre y representación del organismo en virtud del Real  oe.
Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica  w.
deefel cMtoisn idsete erisot ep caoran vlean iTor aenns liac icóanl leE Hcoelróngaicnai  5y9 , e2l 8R02e0to M Daedmrido.gráfico, y con domicilio a  2022-1257n https://ww
Ambas  partes,  en  la  calidad  en  que  intervienen  en  este  acto,  se  reconocen 
recíprocamente  capacidad  legal  y  legitimación  para  obligarse  y  otorgar  el  presente 
convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero.
Que el Govern de les Illes Balears, de acuerdo con lo que dispone el artículo 30 de 
la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las 
Illes  Balears,  tiene  competencia  exclusiva,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  149.1  de  la  Constitución,  entre  otras  materias,  en  «Protección  del  medio 
ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica 
del Estado. Normas adicionales de protección del medio ambiente».
Segundo.
Que  el  Organismo  Autónomo  Parques  Nacionales  (en  adelante,  OAPN)  es  un 
organismo autónomo de los regulados en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la disposición adicional séptima del 
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Tercero.
Que al OAPN le corresponde, según el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, entre 
otras funciones, la formulación de la política nacional en materia de parques nacionales, 
así  como  proponer  la  normativa  y  desarrollar  los  instrumentos  de  planificación  y 
administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política; el 
desarrollo de las funciones y el ejercicio de las competencias que en materia de parques 
nacionales  le  atribuye  la  normativa  estatal,  en  particular  la  Ley  30/2014,  de  3  de 
diciembre, de Parques Nacionales, y sus normas de desarrollo, así como la cooperación 
con entidades públicas y privadas, tanto de ámbito nacional (estatal, autonómico y local) 
como internacional, para el desarrollo de las funciones anteriores.
Cuarto.
Que el día 19 de febrero de 2019 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían los 
límites  del  Parque  Nacional  Marítimo-Terrestre  del  Archipiélago  de  Cabrera  por 
incorporación de espacios marinos colindantes al mismo.
El  citado  acuerdo  establecía  en  el  párrafo  segundo  del  punto  tercero  que  la 
ampliación suponía la incorporación de aguas exteriores marinas, correspondiendo a 
la Administración General del Estado su gestión de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  6.1  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de 
la Biodiversidad. Asimismo, en el párrafo tercero se establecía que el OAPN ejercería 
dicha gestión sin perjuicio de las competencias que la normativa general o sectorial 
atribuyese a otros órganos de la Administración General del Estado o a sus organismos 
públicos vinculados o dependientes. e.
Quinto. 57ww
Que la Comunidad Autónoma de les Illes Balears presentó recurso contencioso
laad pmainrties tdraistipvoos (itniv.ºa  2d9e9l /A2c0u1e9r)d, oc odnetlr aC olonss epjáor rdaefo Ms inseisgtruonsd.o y tercero del punto tercero de
El Tribunal Supremo, mediante sentencia con n.º 1507/2020, estimó íntegramente el 
recurso interpuesto, declarando la procedencia de la gestión unitaria del Parque Nacional 
resultante  de  la  ampliación,  por  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  sin 
perjuicio de las competencias que la legislación general o sectorial atribuya a distintos 
órganos de la Administración General del Estado o a sus organismos públicos vinculados 
o dependientes y de los correspondientes mecanismos de coordinación y colaboración 
interadministrativa.
Sexto.
En este sentido, y a tal efecto, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales,  en  sus  artículos  16.1  b),  29  y  30,  determina  que  las  administraciones 
establecerán cuantos instrumentos de cooperación y colaboración estimen necesarios 
para asegurar el logro de sus objetivos. Con carácter general, la colaboración entre las 
administraciones se explicitará a través de convenios de colaboración suscritos al efecto, 
para ejecutar actuaciones singulares que entre las partes se acuerde.
Asimismo,  y  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  objetivo  2.1  del  Real 
Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red 
de  Parques  Nacionales,  el  OAPN  y  las  comunidades  autónomas  podrán  suscribir 
convenios para el desarrollo de las actuaciones para la ejecución y financiación de 
actividades para la consecución de los objetivos de la ley de declaración, en el caso de 
nuevos parques nacionales o ampliación de los existentes.
Séptimo.
El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), incluido dentro del 
instrumento  financiero  Next  Generation  EU  (aprobado  por  el  Consejo  Europeo  el 
pasado 21 de julio de 2020) tiene como finalidad principal el apoyo a la inversión y las 
reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, 
al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.
Dicho  mecanismo  prevé  que  cada  Estado  miembro  desarrolle  un  plan  de 
recuperación y resiliencia donde se incluyan las reformas y proyectos de inversión 
necesarios para alcanzar los objetivos del mecanismo.
Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), 
se  han  diseñado  proyectos  de  reformas  e  inversiones  dirigidas  a  los  sectores 
ambientales y productivos con mayor capacidad de transformación dentro del marco 
general de la transición medioambiental necesario para poner en marcha el Pacto Verde 
Europeo, priorizando la transición ecológica dentro de la estrategia de desarrollo. Así, 
el  MITERD,  participa  dentro  de  este  plan  con  el  componente  4  «Conservación  y 
restauración de ecosistemas marinos, terrestres y su biodivesidad», entre otros, en cuya 
ejecución  también  participa  el  OAPN,  encajando  sus  actuaciones  en  las  líneas  de 
inversión previstas en el citado componente.
Que  en  consecuencia  y  a  tal  efecto,  las  partes  acuerdan  suscribir  el  presente 
convenio, al amparo de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio. o
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre  57ww
qeul eO AfaPcNili tye ne ll aG coovnesrne cduec ilóens  dIlele slo Bs aolebajertsiv poasr ad elal  Aecjeuceurdcioó nd eyl  fCinoannsceiajoc iódne  dMein aiscttriovisd addee 1s 
dTeer rfeesbtrreer od edl eA r2c0h1ip9ié, lapgoor  edle  qCuaeb rseer aa pmoprl íiannco lropso rlaímciiótens d dee el sPpaarcqiouse  mNaarcinioonsa cl oMlinadríatinmteos-  BOE-A-cable e
al mismo, y la aplicación de las directrices básicas que se establezcan en la legislación 
básica del Estado en materia de protección del medio ambiente y en el plan director.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  El OAPN se obliga a:
a)  Financiar,  tramitar  y  ejecutar  las  inversiones,  suministros  y  prestación  de 
servicios imputables a los capítulos II y VI de su presupuesto de gastos, con los fondos 
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, por un importe máximo 
de nueve millones novecientos cuarenta mil euros (9.940.000,00 €) para el periodo 2022 
a 2025, distribuidos anualmente según las cuantías que se expresan en el anexo I de 
este convenio.
b)  Complementariamente, el OAPN pondrá a disposición de la ejecución de los 
proyectos, al personal propio que se justifique en razón de su experiencia, capacidad o 
necesidad, en colaboración con el personal que pudiera designar el Govern de les Illes 
Balears.
c)  Cuando proceda, informar los proyectos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
d)  El nombramiento del director de obra y el coordinador de seguridad y salud 
corresponderá al órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a propuesta de la comunidad autónoma.
2.  El Govern de les Illes Balears se obliga a:
a)  Aportar  los  medios  y  el  personal  necesarios  para  facilitar  y  articular  el 
cumplimento del objeto del convenio.
Habilitará los medios necesarios para el correcto mantenimiento de las instalaciones, 
tal  y  como  se  viene  realizando  desde  la  transferencia  de  competencias  realizada 
mediante  Real  Decreto  1043/2009,  de  29  de  junio  y  asumidas  mediante 
Decreto 47/2009, de 10 de julio, del Estado a la comunidad autónoma.
b)  Elaborar  los  proyectos  de  obra,  que  deberán  venir  acompañados  de  la 
documentación preceptiva para su tramitación de acuerdo con Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, (acta de replanteo, disponibilidad de los 
terrenos, etc.) e incluirán una copia del proyecto en formato digital así como el resto de 
propuestas.  Asimismo,  deberá  elaborar  las  memorias,  presupuestos  y  los  pliegos 
técnicos para los servicios y suministros previstos en el presente convenio.
c)  Asumir la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras y 
la dirección de los servicios y suministros, para lo que propondrá al OAPN la identidad de 
los técnicos correspondientes, que procederá a su designación y a la de los funcionarios 
del organismo autónomo que ejercerán los cometidos de coordinación por parte de 
la Administración. De la misma forma, en aquellos casos en los que dichas direcciones 
sean totalmente externalizadas, y previa designación por el OAPN, podrá asumir la 
coordinación por la Administración de dichas actuaciones.
d)  Corresponderá igualmente a la comunidad autónoma la emisión y completa 
tramitación  de  cuantos  informes  y  autorizaciones  ambientales,  urbanísticas  o  de 
cualquier otro tipo sean necesarios para el inicio de los trabajos, que no podrán ser 
adjudicados  o  encargados  hasta  que  no  se  acredite  el  cumplimento  de  estas 
obligaciones.
De la misma forma, quedará a cargo de la administración autonómica la obtención de 
las correspondientes licencias de primera ocupación, actividad o similares si fueran  e.
necesarias. w.b
e)  Las actuaciones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,  57ww
(dPeRntTroR ),d eels tacorámnp sounjeentates , 4e nd teold oP lcaans od,e a lR ceucmuppelimraiceinótno,,  eTjreacnuscfoiórnm ayc rióena lizya cRióens ildieen lcoias 
Pobojre teivlloos,  lfaij aaddoms ineins tdraicchióon p alaunto ennó mlai cfao ramsau mene  qlau ep lseen aa parpuleicbaec ipóonr  yla c Cumompliismióienn Etou rdoep eloas. 
mecanismos de gestión y control que se establezcan para el citado mecanismo, así 
como  las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  de  la  Unión  Europea  que  sea 
aplicable a la gestión, seguimiento y control del Plan de Recuperación, Trasformación 
y Resiliencia, y las específicas relativas a la información y publicidad de las actuaciones. 
La  aplicación  de  todo  ello  será  de  obligado  cumplimiento  para  la  administración 
autonómica,  como  responsable  de  la  dirección  de  ejecución  de  obras,  servicios  y 
suministros. En especial, garantizará que dichas ejecuciones se desarrollan de acuerdo 
con el principio «Do Not Significant Harm», que condiciona el desarrollo de la totalidad 
de las actuaciones financiadas por el referido mecanismo.
f)  Finalmente, corresponderá a la administración autonómica suministrar al OAPN 
toda aquella información que sea necesaria para el seguimiento general de cada una de 
las actuaciones, al objeto de verificar que la ejecución de obras, servicios y suministros 
se desarrolla de acuerdo con lo estipulado en el presente convenio y, en su caso, con las 
normas  que  rigen  la  utilización  de  los  fondos  financiados  por  el  Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, especialmente en lo que toca al cumplimiento de hitos y 
objetivos, si procediera. Para ello, la administración autonómica remitirá al OAPN un 
informe mensual, cuyo formato se establecerá en el seno de la comisión de seguimiento 
del presente convenio.
3.  Las dos partes se obligan a:
a)  Aprobar anualmente los planes operativos de las actuaciones contempladas en 
los anexos del presente convenio.
b)  Constituir, de común acuerdo, comités técnicos permanentes especializados en 
las distintas materias que son objeto del presente convenio. Dichos comités tendrán una 
composición  paritaria.  Asimismo,  con  al  menos,  diez  días  de  antelación  a  las 
convocatorias de la comisión de seguimiento deberán remitir a la secretaría de la misma, 
un informe detallado comprensivo de las actuaciones realizadas o en curso en la materia 
de su especialidad durante el periodo transcurrido desde la anterior convocatoria de la 
citada comisión de seguimiento.
Tercera.  Compromisos económicos.
El OAPN financiará las actuaciones que se describen en el anexo del presente 
convenio con los fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 
(MRR), hasta un importe máximo de nueve millones novecientos cuarenta mil euros 
(9.940.000,00 €) con sujeción a la normativa que resulte de aplicación.
Las cuantías económicas contempladas en el anexo I tienen carácter estimativo, 
pudiendo  las  partes  proponer  la  variación  de  la  distribución  económica  de  las 
actuaciones según necesidades sobrevenidas, incluida la distribución de anualidades, 
siempre y cuando no se varíe la cuantía total establecida en la cláusula segunda de este 
convenio ni la vinculación presupuestaria de las establecidas en el anexo.
Asimismo, si en el normal desarrollo de alguna de las obras y, de acuerdo a lo 
previsto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, surgieran 
incidencias  que  supusieran  variación  del  presupuesto  inicialmente  aprobado,  podrá 
proponerse por las partes un incremento o minoración de los presupuestos de las 
restantes obras, sin superar en ningún caso las cifras de inversión máxima del convenio, 
en cada anualidad.
Las modificaciones de la distribución presupuestaria propuesta por las partes serán  s
aprobadas  por  la  Dirección  del  OAPN,  previa  fiscalización  de  las  mismas,  como  oe.
responsable del único órgano que financia las actuaciones. w.
Cuarta.  Identidad gráfica y publicidad.
convEenn iloa,  iedne nltaif icpaucbiólicni dgardá fiqcuae  dsee  lar etaolticaelid adde  dlaes  lamsi samcatusa yc ioenne sla o bsejeñtoa lédteicla p greesneenrtael 
asociada, se hará constar su justificación y financiación, quedando siempre debidamente
representadas, en los términos y fórmulas que determine la comisión de seguimiento, de 
acuerdo con las normas de identidad corporativa de la Red de Parques Nacionales y de 
las respectivas administraciones.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se  constituirá  una  comisión  de  seguimiento  formada  por  dos  representantes 
del  Govern  de  les  Illes  Balears  y  dos  del  OAPN.  Los  miembros  del  OAPN  serán 
nombrados por la Directora del OAPN y los miembros del Govern de les Illes Balears 
serán nombrados por el Consejero de Medio Ambiente y Territorio.
La presidencia será ejercida de forma rotatoria por un periodo de un año por el 
representante de mayor rango de los designados por cada parte. El primer año de 
vigencia del convenio la presidencia la ostentará el Govern de les Illes Balears.
La secretaría de la comisión se ejercerá de forma rotatoria por un periodo de un año 
por el representante de menor rango de los designados por cada parte. El primer año de 
vigencia del convenio, la secretaría la ostentará el OAPN.
La comisión tendrá como función, velar por el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por las partes firmantes, realizar el seguimiento, la evaluación y coordinación 
los resultados de las actuaciones resultantes de este convenio. Igualmente, resolverá 
cuantas dudas o cuestiones pudiera suscitar la interpretación y aplicación del presente 
convenio.
La comisión se reunirá siempre que lo solicite alguna de las partes, y al menos, una 
vez  al  año,  levantándose  acta  de  sus  reuniones  que  será  rubricada  por  todos  su 
miembros.
La comisión podrá ser asistida en sus reuniones por personal técnico designado por 
las  partes  en  función  de  las  materias  que  sean  objeto  del  orden  del  día  de  la 
convocatoria. Dichos técnicos contarán con voz pero sin voto.
El  funcionamiento  de  la  comisión  se  ajustará  a  lo  previsto  para  los  órganos 
colegiados en la sección 3.ª del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.  Vigencia y eficacia.
Según como se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfeccionará con la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el 
plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima de la citada Ley. Asimismo, será publicado en el plazo de 
diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio 
de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma.
El convenio extenderá su vigencia por un periodo de cuatro años.
A propuesta de la comisión de seguimiento, podrá prorrogarse dicho convenio hasta 
un máximo de cuatro años, mediante acuerdo expreso y unánime de las partes, el cual 
deberá formalizarse antes de la finalización del plazo establecido.
Séptima.  Naturaleza y jurisdicción.
Este convenio es de naturaleza administrativa y está incluido en los definidos en el  s
artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. oe.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir  w.
en su ejecución corresponderá a la comisión de seguimiento. En defecto de acuerdo  57ww
slae rJáunri srdeiscuceióltna sC oconntefonrcmioes oa- alod mpirneivsitsratoti vean. la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
Octava.  Modificación.
Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este convenio, en cualquier 
momento para introducir las modificaciones que estimen pertinentes. De producirse la 
revisión  del  clausulado  del  convenio,  los  correspondientes  cambios  habrán  de 
incorporase al mismo y ser suscritos unánimemente por las partes, mediante una adenda 
de modificación.
Novena.  Extinción y resolución.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por resolución.
Se  podrá  resolver  este  convenio  por  concurrencia  de  cualquier  causa  legal  de 
resolución prevista en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Asimismo, será causa de resolución el desistimiento por cualquiera de las partes. En 
este supuesto, la parte que desee darlo por finalizado deberá realizar un preaviso a la 
otra parte, con dos meses de antelación a la fecha en la que se pretenda adoptar la 
resolución.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones y 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio.  Si  transcurrido  el  plazo  indicado  en  el  requerimiento  persistiera  el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
En caso de resolución, se adoptarán las decisiones precisas para la adecuada 
liquidación del mismo conforme a lo regulado en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
La comisión de seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver 
las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o 
derivadas del convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, por el plazo 
máximo de un mes.
Décima.  Protección de datos de carácter personal y confidencial.
Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada en el presente convenio, de acuerdo con las previsiones 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  las  del  Reglamento  (UE)  2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, a no utilizarlos 
para fines distintos de los previstos en este convenio y a no difundirlos ni cederlos a 
terceros.  Asimismo,  garantizarán  que  los  titulares  de  los  datos  puedan  ejercer  sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y 
oposición.
Asimismo, las partes firmantes garantizará, en su caso, la confidencialidad de la  s
información empelada en el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente  oe.
convenio. w.
Undécima.  Obligación de sometimiento a las disposiciones comunitarias sobre el MRR.
comLpaosn eanctteu a4c idoenle Psl ainnc ldueid Rase ceunp eerl aMceiócna,n Tisramnos fdoerm Raeccióunp eyr aRceiósnili eyn Rcieas, ileiesntácnia s duejenttaros,  deenl 
todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en dicho plan
en la forma en que se apruebe por la Comisión Europea. Estarán sometidas a la plena 
aplicación  de  los  mecanismos  de  gestión  y  control  que  se  establezcan  para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa de la Unión 
Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan 
de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la 
información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión 
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Los representantes de ambas partes, en prueba de conformidad, firman el presente 
convenio.–La Presidenta del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Teresa Ribera 
Rodríguez.–El  Consejero  de  Medio  Ambiente  y  Territorio  del  Gobierno  de  las  Islas 
Baleares, Miquel Mir Gual.
ANEXO I
Obligaciones económicas
Previsión gasto (2022-2025)
Presupuesto 2022 2023 2024 2025
Concepto – – – – –
Euros Euros Euros Euros Euros
1.  Inversiones en infraestructuras, embarcaciones, vehículos e instalaciones. 7.530.000 1.880.000 2.730.000 2.070.000 850.000
2.  Acciones de investigación y seguimiento. 340.000   50.000 190.000 100.000
3.  Inversiones en materia de uso público. 1.000.000 50.000 100.000 300.000 550.000
4.  Acciones sobre los recursos naturales. 320.000   50.000 170.000 100.000
5.  Inversiones de control y vigilancia. 520.000     200.000 320.000
6.  Inversiones de carácter inmaterial en el ámbito de la organización, imagen 
230.000 70.000 70.000 70.000 20.000
y coordinación administrativa.
  Importe total. 9.940.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.940.000
ANEXO II
Desglose obligaciones económicas
Desglose previsión gasto (2022-2025)
Presupuesto
Concepto Descripción –
Euros
1.  Inversiones en infraestructuras, embarcaciones, vehículos e instalaciones
Adaptación de infraestructuras asociadas a la  Mejora del aislamiento, eficiencia energética, recolección de agua 
3.000.000
gestión de la biodiversidad en el Parque Nacional. de lluvia, recuperación de aguas fecales, etc.
Recuperación muelle de piedra, restauración de los sillares 
Restauración muelle principal. 1.200.000
antiguos, replanteo altura, mejora accesibilidad.
Mejora de infraestructuras para atención  Demolición parcial edificio 16, habilitación de oficina de recepción 
450.000
al visitante. al visitante, creación de áreas de descanso a sombra.
Embarcación para apoyo de la gestión  Adquisición de una embarcación cabinada tipo Supply de una eslora 
1.300.000
de la biodiversidad. entre 14-18 metros.
7.530.000
Adquisición de una embarcación semirrígida cabinada de 
Embarcación vigilancia marina. 380.000
unos 12 metros de eslora para vigilancia de la zona marina ampliada.
Habilitación del edificio 28 como alojamiento y apoyo 
Estación científica. 800.000
a la investigación en Cabrera para 8 personas.
Recuperación de los antiguos bancales utilizando la técnica 
Recuperación «marges» y caminos. 330.000
constructiva de la «pedra en sec».
Adquisición de un vehículo 4×4 eléctrico para vigilancia y apoyo de 
Vehículo 4x4 eléctrico. 70.000
la gestión de la biodiversidad en Cabrera.
2.  Acciones de investigación y seguimiento
Estudio bionómico del área marina ampliada, caracterización 
Fomento de la investigación marina. 240.000
de hábitats y especies marinas, cartografía.
340.000
Estudio y seguimiento de especies invasoras 
Estudio del impacto y monitoreo de especies invasoras marinas. 100.000
marinas.
3.  Inversiones en materia de uso público
Habilitación de salas e instalaciones para la investigación y 
Centro de visitantes Colonia Sant Jordi. 450.000
divulgación del medio marino.
1.000.000
Contratación de 70-100 visitas al año para grupos de 50 pax. 
Apoyo a la educación ambiental. 550.000
Posibilidad de adquirir/contratar una embarcación «glass bottom».
4.  Acciones sobre los recursos naturales
Programa de seguimiento, control y erradicación de especies 
Control de especies alóctonas e invasoras. 120.000
invasoras.
320.000
Instalaciones de cuarentena y recuperación  Adecuación de acuarios y cuarentenas para programas de 
200.000
de especies. recuperación de especies marinas.
5.  Inversiones de control y vigilancia s
Instalación de nuevas antenas y equipos para garantizar  b
Mejora de las comunicaciones. 180.000 w.
la comunicación y conectividad. 57ww
Equipos de vigilancia. Dmiasreinñao. y equipamiento de una «control room» para la vigilancia  200.000 520.000
Plan de contingencia contaminación marina. Creación de un geoportal y desarrollo de procedimientos para actuar  140.000
frente a episodios de contaminación marina. Bc
Presupuesto
Concepto Descripción –
Euros
6.  Inversiones de carácter inmaterial en el ámbito de la organización, imagen y coordinación administrativa.
Gastos de gestión y seguimiento de los proyectos y las inversiones 
Gestión y seguimiento de las inversiones. 150.000
del convenio.
230.000
Diseño corporativo e instalación de nuevos paneles informativos 
Señalización y diseño corporativo. 80.000
y divulgativos actualizados.
  Importe total. 9.940.000