BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Viernes 19 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 31928
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
4368 Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social,  para  la  autorización  de  uso  de  bienes  inmuebles  propios  de  las 
mutuas, para el cumplimiento de la función inspectora atribuida a los médicos 
inspectores del INSS.
Con fecha 8 de marzo de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto Nacional 
de  la  Seguridad  Social  (INSS),  las  Mutuas  Colaboradoras  con  la  Seguridad  Social 
(MCSS),  y  la  Asociación  de  Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social (AMAT), para la autorización de uso de bienes 
inmuebles propios de las mutuas, para el cumplimiento de la función inspectora atribuida 
a los médicos inspectores del INSS y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.
Madrid, 9 de marzo de 2021.–La Secretaria General Técnica, Iria Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS), y la Asociación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
(AMAT), para la autorización de uso de bienes inmuebles propios de las mutuas, 
para el cumplimiento de la función inspectora atribuida a los médicos inspectores 
del INSS
En Madrid, a 8 de marzo de 2021.
REUNIDOS
De una parte:
Doña  M.ª  del  Carmen  Armesto  González-Rosón,  Directora  General  del  Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, 
actuando en nombre y representación del Instituto, en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre.
De otra parte: e.e
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Don Ignacio Lekunberri Hormaetxea, en nombre y representación de Mutualia, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 002, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, en 
fecha 21 de mayo de 2015 y con número 1.250 de su protocolo.
Don Francisco Sabater Victori, en nombre y representación de Activa Mutua, 
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 003, en su condición de Director 
Gerente en funciones, según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Cataluña, en fecha 31 de diciembre de 2020 y con número 11.578 de su 
protocolo.
Don Rafael Fonseca Galán, en nombre y representación de Mutua Montañesa, 
Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social  n.º  007,  en  su  condición  de  Director 
Gerente,  según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de 
Cantabria, en fecha 4 de julio de 2013 y con número 1.257 de su protocolo.
Don Juan Antonio Güell Ubillos, en nombre y representación de Mutua Universal 
MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 010, en su condición de 
Director  Gerente,  según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio 
Notarial de Cataluña, en fecha 1 de diciembre de 2016 y con número 2.985 de su 
protocolo.
Don Guillermo de Vilchez Lafuente, en nombre y representación de MAZ, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 011, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Aragón, en 
fecha 22 de mayo de 2012 y con número 1.013 de su protocolo.
Don  Héctor  Blasco  García,  en  nombre  y  representación  de  UMIVALE,  Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 015, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, en 
fecha 20 de febrero de 2018 y con número 237 de su protocolo.
Don Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, en nombre y representación de Mutua 
Navarra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 021, en su condición de 
Director Gerente, según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de 
Navarra, en fecha 14 de mayo de 2009 y con número 835 de su protocolo.
Don  Enrique  González  Rodríguez,  en  nombre  y  representación  de  Mutua 
Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 039, en su condición 
de Director Gerente, según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Cataluña, en fecha 6 de septiembre de 2010 y con número 1.170 de su 
protocolo.
Don Jesús María Esarte Sola, en nombre y representación de FREMAP, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 061, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, en 
fecha 20 de enero de 2017 y con número 133 de su protocolo.
Don  Ángel  Nicolás  García,  en  nombre  y  representación  de  SOLIMAT,  Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 072 en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla La 
Mancha, en fecha 28 de marzo de 2017 y con número 588 de su protocolo.
Don Ignacio Azcoitia Gómez, en nombre y representación de Mutua de Andalucía 
y Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 115, en su condición de 
Director  Gerente,  según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio 
Notarial de Andalucía, en fecha 30 de mayo de 2014 y con número 1.327 de su 
protocolo. s
Don Alejandro Iñareta Serra, en nombre y representación de ASEPEYO, Mutua  oe.
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, en su condición de Director Gerente,  w.
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, en  68ww
fechDao 2n2  Wdea elfrnide roIv deern 2 0M2o0r eyl lcóo, ne nnú mnoemrob 1re5 4y d ere spure psreontotaccoilóon. de Mutua Balear, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 183, en su condición de Director Gerente,
según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de  las  Islas 
Baleares, en fecha 3 de abril de 2006 y con número 1.896 de su protocolo.
Doña  Carmen  Barber  Rodríguez,  en  nombre  y  representación  de  Unión  de 
Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 267, en su condición de 
Directora  Gerente,  según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio 
Notarial de Valencia, en fecha 10 de diciembre de 2020 y con número 2.760 de su 
protocolo.
Don  Javier  González  Ortiz,  en  nombre  y  representación  de  MAC,  Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 272, en su condición de Director Gerente, 
según  poderes  otorgados  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de  Las  Islas 
Canarias, en fecha 9 de noviembre de 2015 y con número 1.912 de su protocolo.
Don Carlos Javier Santos García, en nombre y representación de Ibermutua, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, en 
fecha 30 de noviembre de 2020 y con número 2.629 de su protocolo.
Don Carlos Aranda Martín, en nombre y representación de Fraternidad-MUPRESPA, 
Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social  n.º  275,  en  su  condición  de  Director 
Gerente, según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, 
en fecha 29 de julio de 2015 y con número 1.275 de su protocolo.
Don Albert Duaigues Mestres, en nombre y representación de EGARSAT, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 276, en su condición de Director Gerente, 
según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, en 
fecha 3 de marzo de 2016 y con número 483 de su protocolo.
De otra parte:
Don Pedro Pablo Sanz Casado, en calidad de Director Gerente de la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
y de acuerdo con las facultades previstas en la Escritura de Elevación a Público de 
Acuerdos  Otorgada  por  la  Asociación  de  Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de 19 de julio de 2010, por el Ilustre 
Colegio de Notarios de Madrid, con número de protocolo 3.279.
Concurre asimismo a la formalización de este Convenio, don Borja Suárez Corujo, 
Director  General  de  Ordenación  de  la  Seguridad  Social,  nombrado  por  Real 
Decreto 641/2018, de 22 de junio, en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 3.1p) del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril.
Todas las partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.  Naturaleza y capacidad jurídica de los firmantes.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social es una Entidad Gestora de la Seguridad 
Social, encuadrada en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 
naturaleza de entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de 
los fines que le están encomendados, según el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley 
General  de  la  Seguridad  Social  (TRLGSS),  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. s
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, conforme al artículo 80 del  oe.
TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se definen  w.
como  asociaciones  privadas  de  empresarios  constituidas  mediante  autorización  del  68ww
eMsinpiescteiarli od edpee nIndcielunstieó nd, eS éesgtuer,i dqaude  Stioecnieanl  yp oMr igfinraacliidoande sc, oela binosracrri pecnió nla  egne setiló nre gdies trloa 
Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo
sus  asociados  responsabilidad  mancomunada  en  los  supuestos  y  con  el  alcance 
establecidos en el TRLGSS.
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de  la  Seguridad  Social  es  una  organización  de  carácter  profesional,  dotada  de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, constituida al amparo de la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, y disposiciones complementarias, para la coordinación, 
representación, orientación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y 
comunes de sus socios, teniendo como asociadas y representadas a los efectos del 
fomento y defensa de sus intereses, a la totalidad de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad  Social.  Asociación  domiciliada  en  Madrid,  calle  Maudes  51,  y  con  CIF 
G-78383767, inscrita con el número de depósito 3.604 en la Oficina Pública del Depósito 
de Estatutos de la Dirección General de Trabajo.
Segundo.  Competencias de los firmantes.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, como Entidad Gestora de la Seguridad 
Social,  tiene  competencias  para  gestionar  y  controlar  la  prestación  de  Incapacidad 
Temporal  (IT),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1  del  Real 
Decreto  2583/1996,  de  estructura  orgánica  y  funciones  del  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social y conforme al Artículo 1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, 
tiene competencias para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho 
a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad 
permanente, en sus distintos grados, así como determinar las contingencias causantes 
de la misma.
Para el desarrollo de las funciones mencionadas, el INSS cuenta en su Relación de 
Puestos de Trabajo con un número determinado de médicos inspectores adscritos a las 
unidades médicas de las diferentes Direcciones Provinciales de la Entidad.
Los médicos inspectores del INSS, para el cumplimiento de las funciones que les 
atribuye la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales de la Seguridad Social, 
precisan de instalaciones adecuadas, de acuerdo a la normativa de prevención de 
riesgos  laborales,  y  específicamente,  en  estos  momentos,  en  atención  a  los 
procedimientos de actuación marcados por el Ministerio de Sanidad para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, conforme a los 
cuales es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal y de los propios 
lugares de trabajo frente a cualquier escenario de exposición.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen por objeto el desarrollo, 
mediante la colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
de las actividades de la Seguridad Social enumeradas en el artículo 80.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, entre otras, la gestión de la 
prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, 
así como las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les 
sean atribuidas legalmente.
Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia 
COVID-19 continúa activa, las MCSS estiman necesario explorar todas las vías de 
colaboración  con  el  INSS,  con  el  fin  de  facilitar  la  actuación  de  sus  médicos 
inspectores, poniendo de manifiesto más que nunca la función encomendada a las 
Mutuas en la colaboración con la gestión de la Seguridad Social y específicamente en 
el  marco  de  actuación  de  la  gestión  de  la  incapacidad  temporal  derivada  de  e.
contingencias comunes. w.b
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  68ww
rdeep rlae sSenetgaucriiódna dy  Sfoocmiaeln, tcoo mdeo  loorsg ainntiezarecsióens  ddee  cloasrá catseor cpiarodfoess ioenna cl,u taienntoes  paosr uonbtojest ol elas 
anfaetcutreanle zaac eyrc áam dbei tloa sa sAíd cmoimniost rlaacsi ocnoems pPeútebnlicciaass,  Oesrtgaabnleiscmidoass  ye nE netild aardtíecsu ldoe  1c3u adleq ulioesr 
Estatutos de la Asociación publicados el 28 de julio de 2012 en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), y modificados como consecuencia de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General de AMAT celebrada el 25 de septiembre de 2013, modificación que se 
publica en el BOE de fecha 24 de octubre 2013 mediante la Resolución de la Dirección 
General  de  Empleo  por  la  que  se  anuncia  la  modificación  de  los  Estatutos  de  la 
«Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social» (Depósito número 3604).
En el contexto excepcional de pandemia en el que nos encontramos, que podría 
dilatarse por un tiempo indeterminado, y en previsión de que en el futuro pudieran 
producirse otras circunstancias similares, AMAT, en ejercicio de la representación que 
ostenta respecto de las MCSS, pone en conocimiento del INSS, de manera expresa, la 
disposición de las Mutuas para la autorización de usos de los medios e infraestructuras 
propios, como son centros asistenciales, hospitales u otras instalaciones sanitarias, con 
el fin de favorecer y agilizar la gestión de la Entidad Gestora.
Tercero.  Finalidad y justificación del Convenio.
La magnitud de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha tenido y 
continúa teniendo un impacto muy significativo en el normal funcionamiento de las 
unidades médicas de las 48 Direcciones Provinciales con procedimiento EVI (Equipos de 
Valoración  de  Incapacidades),  determinado,  entre  otros  aspectos,  por  la  obligada 
paralización de sus actuaciones durante el estado de alarma decretado por el Gobierno 
de España como consecuencia de esta pandemia, y por la posterior reanudación limitada 
de  la  actividad  de  las  unidades  médicas,  condicionada  por  la  implantación  de  las 
necesarias medidas organizativas tanto para la protección de los médicos inspectores 
del  INSS  en  el  desarrollo  de  sus  funciones,  como  de  los  trabajadores  que  deban 
personarse en las instalaciones de esta entidad como consecuencia de una citación para 
reconocimiento médico.
En este contexto de pandemia y tras la evaluación del riesgo de exposición y 
contactos  que  afecta  al  conjunto  de  empleados  públicos  de  la  entidad,  y 
específicamente  a  los  médicos  inspectores  del  INSS  y  a  los  trabajadores 
convocados para la realización de reconocimientos médicos presenciales cuando 
estos son necesarios para valorar la incapacidad laboral en orden al reconocimiento 
y mantenimiento de las prestaciones de la Seguridad Social que requieren un control 
médico, se han planteado y llevado a cabo por el INSS numerosas medidas de 
carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, y adecuación 
de las condiciones de trabajo para el personal especialmente vulnerable, con la 
finalidad de minimizar el riesgo de contagio.
Es  así  como  se  ha  manifestado  que  del  total  de  628  consultas  médicas 
disponibles  en  el  INSS  para  el  trabajo  de  sus  médicos  inspectores,  114  no  se 
encuentran adaptadas para la realización de reconocimientos presenciales, teniendo 
en cuenta que las consultas deben reunir unos requerimientos mínimos para ser 
consideradas aptas para efectuar dichos reconocimientos médicos, requerimientos 
que tienen que ver con la disponibilidad de ventilación natural, higiene personal 
(lavamanos) y tamaño que permita mantener la distancia personal de 1,5-2 metros 
durante la entrevista clínica.
Lo señalado anteriormente, con la puesta en práctica de las distintas medidas por 
parte del INSS para minimizar los riesgos derivados de la exposición y contactos, ha 
ocasionado  importantes  retrasos  en  la  resolución  de  expedientes  de  distintas 
prestaciones en los que debe efectuarse una valoración médica para establecer la  e.
capacidad o incapacidad laboral del trabajador. w.b
Por lo que respecta específicamente a la gestión de control de la prestación de  68ww
iinnccraepmaceindtaod  dteem  lpao rdaul rdaecriióvna dma eddei ac odneti negsetnac iapsre csotamcuiónne se, nA MeAl Te jpeorcnieci od e2 m02a0n,i fiecostno  eell 
cSoorcreiasl.pondiente crecimiento del coste de esta prestación para el sistema de la Seguridad
Con objeto de avanzar en las soluciones que permitan la disminución de los tiempos 
de resolución de aquellos expedientes que se hayan visto afectados por las especiales 
circunstancias que condicionan la actividad de las unidades médicas del INSS como 
consecuencia de la pandemia COVID-19, y posibiliten la normalización de la gestión de 
esta entidad en la valoración de las incapacidades laborales, el INSS, las MCSS y AMAT 
están de acuerdo en explorar todas las vías de colaboración posibles.
De esta manera se plantea la autorización de uso por parte de las MCSS de las 
infraestructuras propias, sean centros asistenciales, hospitales u otros, con carácter 
temporal y libre de coste, para su uso por los médicos inspectores del INSS de las 
unidades  médicas  que  presenten  carencias  de  consultas  médicas  adaptadas  para 
efectuar reconocimientos médicos presenciales.
Esta es la finalidad del presente Convenio, impulsado por la unidad de acción de 
todas las partes implicadas ante la extraordinaria situación derivada de la pandemia 
COVID-19, que ha impactado y comprometido especialmente las actuaciones de los 
médicos inspectores del INSS cuando se requiere la presencia de los ciudadanos para la 
valoración médica de la incapacidad laboral, situación que pudiera plantearse en otras 
circunstancias similares.
La posibilidad de autorización de uso de las instalaciones sanitarias de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social a favor de los médicos inspectores del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, encuentra su fundamento en el Texto Refundido de la 
Ley  General  de  la  Seguridad  Social  (TRLGSS),  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 82.4.f); en el Real Decreto 625/2014, 
de 18 de julio, en su artículo 10; y en el Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, en 
su artículo 9.3; en los que se prevé que las Mutuas puedan suscribir acuerdos de 
colaboración con las entidades gestoras para el desarrollo de las competencias que 
éstas tienen encomendadas.
Por lo que se refiere a las instalaciones sanitarias de las Mutuas ubicadas en 
inmuebles que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social, es de aplicación el 
artículo 92 del TRLGSS, así como el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre 
el patrimonio de la Seguridad Social, que en su artículo 25, que regula la utilización y 
disposición  de  inmuebles,  establece  que  la  adscripción,  conservación,  disfrute, 
mejora,  enajenación  y  demás  actos  de  disposición  de  los  bienes  inmuebles  que 
formen parte del patrimonio único de la Seguridad Social, que sean o hayan de ser 
utilizados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social para el cumplimiento 
de sus fines, se regirán por las normas contenidas en el Capítulo II de esta norma, a 
excepción de lo dispuesto en los artículo 12.3 y 13.3, debiendo ajustarse la actuación 
de las Mutuas a lo que en dicho Capítulo se previene en relación con las Entidades 
Gestoras.
Por tanto, la eventual autorización de uso de aquellos inmuebles que formen parte 
del patrimonio de la Seguridad Social, estará sujeto a la autorización de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con la consiguiente adscripción, total o parcial, del bien 
inmueble, a la Entidad Gestora.
No obstante, cabe la autorización para uso de los inmuebles sin que de ello derive 
título alguno sobre las instalaciones. Así, el artículo 90 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de 
efectuar autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos en los 
términos siguientes «El ministro titular del departamento o el presidente o director del 
organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado, podrá  s
autorizar  su  uso  por  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas  para  el  oe.
cumplimiento  esporádico  o  temporal  de  fines  de  funciones  públicas,  previo  informe  w.
favorable  de  la  Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado,  por  cuatro  años,  68ww
prorErong arebllaecsi ópno rc iognu alal sp lacozom»p.etencias reguladas en las normas mencionadas, debemos
llala mreagr ulala actióenn cidóenl  spoabtrreim loo ndiios pduee sltao  eSne geul arirdtaícdu loS o1c0i3a.l2  sdee l rTeRgiLráG SpSor,  qlause  edsistapbolseicceio qnuees   BOE-A-cable e
específicas contenidas en la propia LGSS, en sus normas de aplicación y desarrollo, es 
decir por lo regulado en el Real Decreto 1221/1992, y en lo no previsto en las mismas, 
por  lo  establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas. A estos efectos, las referencias realizadas en la Ley 33/2003 
a las Delegaciones de Economía y Hacienda, a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado y al Ministerio de Hacienda, se entenderán hechas, respectivamente, a las 
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
Por último, las autorizaciones de uso de instalaciones sanitarias propias de las 
Mutuas a favor del INSS, para el ejercicio de la función pública que tiene otorgada la 
entidad  gestora,  de  manera  temporal,  a  través  de  sus  médicos  inspectores,  se 
realizarán de forma gratuita, en atención a lo regulado en el artículo 92.5 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
En  consecuencia,  de  la  ejecución  del  objeto  del  presente  Convenio  no  derivan 
compromisos económicos extraordinarios entre las partes ni compromisos de pago 
entre ellas.
Cuarto.  Naturaleza del Convenio.
El Artículo 9.3 del Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula 
la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las Mutuas Colaboradoras con 
la  Seguridad  Social,  prevé  que  las  mismas  podrán  prestar  su  colaboración  a  las 
entidades gestoras de la Seguridad Social para el desarrollo de las competencias que 
estas  tienen  encomendadas  mediante  los  instrumentos  jurídicos  que  resulten  de 
aplicación.
También dispone en su artículo 10, el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, 
por  el  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  gestión  y  control  de  los 
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días 
de su duración, que la cooperación y coordinación en la gestión de la incapacidad 
temporal entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la 
Marina,  las  Mutuas,  los  Servicios  Públicos  de  Salud  de  las  Comunidades 
Autónomas  y  el  Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria  se  instrumentarán 
institucionalmente  a  través  de  acuerdos,  los  cuales  podrán  ser  desarrollados 
mediante convenios específicos.
El  mismo  artículo  del  Real  Decreto  625/2014  establece  expresamente  que  los 
acuerdos y convenios en los que sean parte las mutuas, requerirán la autorización previa 
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula 
en los artículos 47 a 53 el régimen jurídico de los convenios. El artículo 47 prevé que 
son  convenios  los  acuerdos  con  efectos  jurídicos  adoptados  por  las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. El Convenio pretendido, a la vista de su finalidad 
antes expuesta y la naturaleza jurídica de los firmantes, encaja en el tipo previsto en 
el artículo 47.2 c); es decir, es un Convenio suscrito entre un organismo de derecho 
público, el INSS, y veinte sujetos de derecho privado, para un fin común, siendo los 
sujetos de derecho privado las diecinueve Mutuas Colaboradoras y AMAT.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en desarrollo de las  e.
funciones de dirección y tutela de la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la  w.b
Seguridad Social, atribuidas por el artículo 3.1p) del Real Decreto 497/2020, de 28  68ww
mdeis mabor.il, asiste a la formalización de este Convenio para otorgar conformidad al
Por todo lo expuesto, todas las partes, con la representación que cada una de ellas 
ostentan,
ACUERDAN
Suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es la autorización de uso por parte de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social de los medios e infraestructuras propios, sean 
centros asistenciales, hospitales u otras instalaciones sanitarias, con carácter temporal y 
libre de coste, para su uso por los médicos inspectores del INSS de las Direcciones 
Provinciales que presenten carencia de consultas médicas adaptadas para efectuar 
reconocimientos médicos presenciales, conforme a los procedimientos de actuación 
marcados a los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2,  en  atención  a  los  cuales  es  imprescindible  reforzar  las  medidas 
preventivas en cualquier escenario de exposición. Asimismo, es finalidad del presente 
Convenio dicha autorización de uso en situaciones de similar necesidad.
La finalidad última de esta medida es, en estos momentos, avanzar en las soluciones 
que permitan la disminución de los tiempos de resolución de aquellos expedientes que 
se hayan visto afectados por las especiales circunstancias que condicionan la actividad 
de las unidades médicas del INSS como consecuencia de la pandemia COVID-19, y 
posibiliten la normalización de la gestión de esta entidad gestora en la valoración de las 
incapacidades laborales.
Para hacer efectiva la autorización de uso por parte de las MCSS a favor del INSS, 
se dispondrá de un documento de acuerdo de autorización de uso, incorporado como 
anexo  al  presente  Convenio,  que  deberá  formalizarse  mediante  la  firma  del 
representante de la Mutua que realice la autorización de uso de sus instalaciones 
sanitarias y del representante de la Dirección Provincial que vaya a hacer uso de las 
mismas, en cada una de las oportunidades en las que se alcancen los acuerdos de 
autorización  de  uso  en  aplicación  del  presente  Convenio  y  para  cada  una  de  las 
instalaciones que vayan a ser objeto de autorización de uso.
En los supuestos en los que las infraestructuras o bienes inmuebles autorizados para 
uso formen parte del patrimonio de la Seguridad Social y se encuentren adscritos a las 
Mutuas, la formalización del acuerdo de autorización de uso conforme al documento 
incorporado como anexo al Convenio, requerirá la autorización previa de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en cuanto titular de dicho patrimonio, siendo suficiente a 
tal efecto la antedicha autorización previa, de carácter genérico y global del Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social, que comprenda cualesquiera 
inmuebles que puedan quedar incluidos en el objeto del presente Convenio.
Segunda.  Contribución de las partes.
– Las MCSS se comprometen a autorizar el uso de sus infraestructuras sanitarias a 
los médicos inspectores de aquellas Direcciones Provinciales del INSS que presenten 
carencia  de  consultas  médicas  adaptadas  para  realizar  reconocimientos  médicos  e
presenciales.  A  estos  efectos,  serán  susceptibles  de  autorización  de  uso  tanto  las  bo
instalaciones que formen parte del patrimonio de la Seguridad Social y se encuentren  68ww
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acceso a las consultas médicas que sean ocupadas por los médicos inspectores del
INSS, de aquellas personas que comparezcan para la realización de un reconocimiento 
médico a petición de la entidad gestora.
En lo relativo a los medios informáticos que las MCSS deban poner a disposición de 
los médicos inspectores del INSS en el desarrollo de sus funciones, si bien estos 
dispondrán de sus propios dispositivos portátiles con instalación de los programas y 
aplicaciones del INSS que fueran precisos, las Mutuas facilitarán la conexión Wi-Fi 
necesaria para el acceso a los servidores del INSS, así como la posibilidad de imprimir 
documentos (impresora) cuando ello fuera necesario.
– El INSS se compromete al uso responsable de las infraestructuras sanitarias 
autorizadas por las Mutuas y al cumplimiento de las medidas que tuvieran establecidas 
dichas instalaciones para su acceso, seguridad, coordinación de actividades preventivas 
de acuerdo con la normativa vigente, mantenimiento, y cualquier otro aspecto relativo al 
funcionamiento ordinario de las mismas.
Conforme a lo señalado en el apartado anterior, los médicos inspectores del INSS 
dispondrán de ordenadores portátiles facilitados por la Entidad Gestora en los que se 
encontrarán instalados el total de programas y aplicaciones que fueran precisos para el 
desempeño de sus competencias.
– AMAT, en ejercicio de la representación que ostenta respecto a las Mutuas, se 
compromete a coordinar y apoyar las actuaciones que fueran precisas entre el INSS y 
las Mutuas, con el fin de favorecer los acuerdos que se pudieran alcanzar en aplicación 
del presente Convenio.
Tercera.  Procedimiento a seguir para el acuerdo.
Para alcanzar el acuerdo de autorización de uso de las Mutuas a favor del INSS en 
aplicación del presente Convenio, se deberán seguir las siguientes actuaciones:
Las Direcciones Provinciales del INSS que presenten carencia de consultas médicas 
adaptadas para realizar reconocimientos médicos presenciales, podrán dirigirse a la 
Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas (SGCUM), solicitando la 
autorización de uso de instalaciones sanitarias propias de las Mutuas en la provincia que 
corresponda, para el trabajo de sus médicos inspectores.
La SGCUM dará traslado a AMAT de las solicitudes de las Direcciones Provinciales 
del INSS, para las actuaciones que correspondan de comunicación y coordinación con 
las  Mutuas  que  pudieran  autorizar  el  uso  de  sus  instalaciones  en  las  provincias 
correspondientes.
Recabada  por  AMAT  la  información  necesaria,  relativa  a  las  Mutuas  (incluidas 
personas  de  contacto  y  canales  de  comunicación)  en  las  que  fuera  posible  la 
autorización  de  uso  de  sus  infraestructuras  sanitarias  para  uso  de  las  Direcciones 
Provinciales solicitantes, así como relativa a las propias instalaciones susceptibles de 
autorización, comunicará a la SGCUM dicha información.
En respuesta a las Direcciones Provinciales del INSS solicitantes, la SGCUM dará 
traslado a las mismas de la información facilitada por AMAT. De esta manera, las 
Direcciones Provinciales dispondrán de la información necesaria para contactar con 
aquellas Mutuas que se encuentren en disposición de autorizar el uso de instalaciones 
sanitarias propias en las provincias que correspondan y alcanzar acuerdos concretos de 
autorización de usos.
Finalmente,  alcanzado  el  acuerdo  de  autorización  de  uso,  éste  se  plasmará  y 
formalizará mediante la firma del documento de acuerdo que está incorporado como  e
anexo en el propio Convenio. bo
CuaErtla .p reVsiegnetnec Ciao yn vreevniisoió sne d peel Crfeocncvieonniaor.á por la prestación del consentimiento de las
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado».
El presente Convenio permanecerá vigente cuatro años, y en cualquier momento 
antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del Convenio podrán acordar 
unánimemente  su  prórroga  por  un  periodo  de  hasta  cuatro  años  adicionales  o  su 
extinción.
A estos efectos, seis meses antes de la finalización del plazo de vigencia señalado, 
la adenda de prórroga se remitirá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social para su correspondiente autorización, que deberá ser previa a la formalización de 
la citada prórroga.
El contenido del presente Convenio podrá ser objeto de revisión y modificación que 
requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.
Quinta.  Resolución del Convenio. Causas de resolución.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. A este respecto y conforme al 
Artículo  51.2  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  son  causas  de  resolución  las 
siguientes:
– Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
– Por mutuo acuerdo escrito de las partes, en las condiciones que se estipulen.
– Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del Convenio.
– Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes del presente Convenio.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora, en el 
plazo  de  diez  días  hábiles  siguientes  al  conocimiento  de  la  existencia  de  dicho 
incumplimiento, un requerimiento para que proceda a la subsanación del incumplimiento 
observado  en  el  plazo  de  treinta  días  hábiles,  o  si  corresponde,  proceda  a  su 
justificación.
Este requerimiento será comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del Convenio.
Si transcurridos los treinta días hábiles indicados en el requerimiento, persistiera el 
incumplimiento o no se hubiese justificado el mismo, la parte que dirigió el requerimiento 
notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el Convenio.
No se prevén posibles indemnizaciones en el supuesto de que el Convenio se 
resuelva por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una 
de las partes.
– Por denuncia de una de las partes. Esta denuncia deberá realizarse por escrito 
expresando las causas que la motivan y notificarse a las otras partes con una antelación 
mínima  de  tres  meses,  de  tal  forma  que  puedan  finalizarse  adecuadamente  todos 
aquellos acuerdos específicos que estuvieran en vigor en el momento de la citada 
notificación, siendo improrrogable este plazo de tres meses para la finalización de las 
actuaciones en curso de ejecución con carácter previo a la liquidación del Convenio.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Si existen actuaciones en curso pendientes de ejecución cuando concurra cualquiera  e
de las causas de resolución del Convenio, las partes, a propuesta de la Comisión de  bo
Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso  68ww
que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para dicha finalización.
Sexta.  Protección de datos de carácter personal.
Las  partes  firmantes  del  presente  Convenio  garantizarán  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Igualmente, las partes firmantes del Convenio garantizarán el cumplimiento de las 
previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derecho digitales.
El personal de las partes firmantes que participen en las actividades objeto del 
presente Convenio estará obligado a no hacer público ni enajenar ningún dato personal, 
debiendo guardar secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos 
de los que tenga conocimiento como consecuencia u ocasión de la ejecución de este 
Convenio,  obligación  que  subsistirá  aún  después  de  finalizar  sus  relaciones 
profesionales.
Séptima.  Financiación.
El presente Convenio no supone compromisos económicos extraordinarios para las 
entidades suscriptoras ni compromisos de pago entre ellas. No obstante, cada una de las 
entidades firmantes deberá asumir los gastos propios que pudieran derivarse de los 
compromisos  asumidos  en  virtud  del  Convenio,  compromisos  que  persiguen  un  fin 
común de interés público.
En atención a lo anterior, la estimación de gasto corriente u ordinario para cada una 
de las partes suscriptoras del Convenio, en ejecución del objeto del presente Convenio, 
es la siguiente:
Por parte del INSS, se estima un gasto equivalente a 2.457 euros, con carácter 
anual.
Por parte de AMAT, se estima un gasto equivalente a 1.450 euros, con carácter 
anual.
Por parte de las MCSS, se estima un gasto equivalente a 1.450 euros para cada una 
de las Mutuas, con carácter anual.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
Una Comisión de Seguimiento, integrada por un máximo de tres representantes del 
INSS y tres representantes de las MCSS, además de un representante de AMAT y la 
Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social o persona en quien 
delegue,  que  actuará  como  Presidenta  de  la  misma,  efectuará,  anualmente,  la 
evaluación de la aplicación y ejecución del Convenio.
Los tres representantes de las MCSS integrantes de esta Comisión de Seguimiento 
serán determinados por AMAT.
En la composición de la Comisión de Seguimiento se deberán adoptar las medidas 
oportunas tendentes a equilibrar el número de mujeres y hombres, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2017, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los compromisos establecidos en el 
presente Convenio. e.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por lo establecido en la  w.b
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  68ww
Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, estando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público,  modificado  por  la  Disposición  final  segunda  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como a las normas de derecho administrativo, los 
principios de buena administración y el ordenamiento jurídico en general.
Corresponderá a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocer 
de  las  controversias  que  no  puedan  resolverse  en  el  seno  de  la  Comisión  de 
Seguimiento.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en el lugar y fecha arriba 
indicados.–Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, M.ª del Carmen Armesto 
González-Rosón,  Directora  General.–Por  la  Dirección  General  de  Ordenación  de  la 
Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, Director General.–Por la Asociación de Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Pedro Pablo Sanz Casado, 
Director Gerente.–Por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: MC Mutual 
(MCSS n.º 001), Eduardo Vidal Castarlenas, Director Gerente.–Mutualia (MCSS n.º 002), 
Ignacio Lekunberri Hormaetxea, Director Gerente.–Activa Mutua 2008 (MCSS n.º 003), 
Francisco Sabater Victori, Director Gerente en funciones.–Mutua Montañesa  (MCSS n.º 
007), Rafael Fonseca Galán, Director Gerente.–Mutua Universal (MCSS n.º 010), Juan 
Antonio Güell Ubillos, Director Gerente.–MAZ (MCSS n.º 011), Guillermo de Vílchez 
Lafuente, Director Gerente.–Umivale (MCSS n.º 015), Héctor Blasco García, Director 
Gerente.–Mutua Navarra (MCSS n.º 021), Juan Manuel Gorostiaga Avestarán, Director 
Gerente.–Mutua Intercomarcal (MCSS n.º 039), Enrique González Rodríguez, Director 
Gerente.–Fremap (MCSS n.º 061), Jesús María Esarte Sola, Director Gerente.–Solimat 
(MCSS n.º 072), Ángel Nicolás García, Director Gerente.–Mutua de Andalucía y Ceuta 
(MCSS n.º 115), Ignacio Azcoitia Gómez, Director Gerente.–Asepeyo (MCSS n.º 151), 
Alejandro Iñareta Serra, Director Gerente.–Mutua Balear (MCSS n.º 183), Walfrid Ivern 
Morelló, Director Gerente.–Unión de Mutuas (MCSS n.º 267), Carmen Barber Rodríguez, 
Directora Gerente.–MAC (MCSS n.º 272), Javier González Ortiz, Director Gerente.–
Ibermutua (MCSS n.º 274), Carlos Javier Santos García, Director Gerente.–Fraternidad 
(MCSS n.º 275), Carlos Aranda Martín, Director Gerente.–Egarsat (MCSS n.º 276), 
Albert Duaigues Mestres, Director Gerente.
ANEXO
Acuerdo de autorización de uso de instalaciones sanitarias de la 
Mutua .................................. para el trabajo de los médicos inspectores de la Dirección 
Provincial del INSS de ..................
En ………………… (localidad), a ………………… (fecha).
De una parte:
D./D.ª ………………………………………………, en nombre y representación de ……
……………..,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social  n.º  (3  dígitos),  en  su 
condición de Director Gerente, según poderes otorgados ante el Notario del Ilustre 
Colegio  Notarial  de  …………………,  en  fecha....  de  ….……..  de  20....  y  con 
número ............... de su protocolo.
De otra parte:
D./D.ª ……………………………………………..., en representación de la Dirección 
Provincial  del  INSS  de  ……………………(indicar  provincia),  nombrado/a  por  ………
….....................
En aplicación del Convenio suscrito por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
con fecha …………………… (BOE …………………), para la autorización de uso de 
bienes inmuebles propios de las Mutuas, para el cumplimiento de la función inspectora 
atribuida a los médicos inspectores del INSS,
ACUERDAN
La autorización de uso de las consultas médicas correspondientes al Servicio Médico 
de …………………………………., ubicadas en la planta ………, identificadas con los 
números …………………………., del Centro Sanitario ………………………………………
…………., con domicilio en la C/ ……………………………………., n.º ……., C.P ………. 
de ………………… (indicar localidad), por el periodo de ………………….. (máximo 4 
años desde la fecha de efectos del Convenio, que será la fecha de inscripción en el 
REOICO conforme a la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre de 2020).
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento de acuerdo, en el lugar y 
fecha arriba indicados.
Por la Mutua Por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
   
Fdo. Fdo.
Director/ra Gerente Director/ra Provincial