BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176 Sábado 24 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 89041
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
12406 Decreto-ley  4/2021,  de  4  de  junio,  por  el  que  se  adoptan  medidas  de 
extraordinaria y urgente necesidad orientadas a establecer la prestación a la 
demanda y garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte 
público  regular  de  uso  general  de  viajeros  por  carretera  sometidos  a 
obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus 
efectos en el ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la 
autonomía local en materia de comercio ambulante.
I
Asistimos  en  la  actualidad,  como  consecuencia  de  la  enfermedad  pandémica 
internacional COVID-19, declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud 
el día 11 de marzo de 2020, no sólo a una lucha denodada por la preservación de la 
salud pública mundial, sino también a un proceso de erosión económica que afecta a 
todos los sectores de nuestra sociedad, como consecuencia de la propia crisis sanitaria y 
de las medidas adoptadas por los poderes públicos para combatirla.
Es indudable que la crisis sanitaria ha provocado un impacto directo en la economía 
y  en  la  sociedad,  en  las  cadenas  productivas  y  en  la  actividad  cotidiana  de  los 
ciudadanos, por cuanto que las medidas sanitarias de contención están suponiendo la 
reducción de la actividad económica y social de forma temporal para el tejido productivo 
y social, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad de numerosos sectores, con 
importantes pérdidas de rentas para los hogares, autónomos y empresas.
En esta situación excepcional, la actuación de los poderes públicos debe estar 
orientada a ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y mantener el 
tejido productivo y empresarial. Tanto a nivel estatal como autonómico, se han venido 
adoptando  medidas  urgentes  de  respuesta  en  los  ámbitos  social  y  económico, 
articulando medidas de apoyo a la ciudadanía, trabajadores, familias y autónomos, 
especialmente  a  los  sectores  con  mayor  vulnerabilidad  y  apoyando  a  la  actividad 
productiva,  coadyuvando  con  ello  a  evitar  que  una  ralentización  económica  pueda 
dificultar la recuperación una vez superada la situación sanitaria.
Los efectos provocados por la situación de pandemia han adquirido una singular 
relevancia en el ámbito de la movilidad de las personas a través de los medios de 
transporte público y, en particular, el transporte público regular de uso general de viajeros 
por carretera.
La declaración del estado de alarma en el conjunto del territorio nacional el día 14 de 
marzo de 2020, vigente hasta el día 21 de junio de 2020, y sucesiva declaración por 
Real  Decreto  926/2020,  de  25  de  octubre,  prorrogado  por  Real  Decreto  956/2020, 
vigente hasta el día 9 de mayo de 2021, para la gestión de la situación de la crisis 
sanitaria, han supuesto la adopción, tanto por las autoridades nacionales como las 
autonómicas,  en  aras  de  la  salud  pública,  de  medidas  urgentes  y  contundentes 
limitativas de la libertad de circulación de las personas por las vías y espacios públicos, y 
la reducción de la oferta de servicios de transporte público de viajeros por carretera. s
En el ámbito autonómico, en virtud del Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que  e.
se determinan los servicios públicos básicos de la Administración de la Comunidad  w.
Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del  406ww
eesl tCadOoV IdDe- 1a9l,a rsme ac aplaifricaa nla  cgoemsoti ósne rdveic iolas  spiútubaliccioósn  bdáes iccroissi slo ss asneitravriicai oos cdaesi otrnaandsap oproter 
público de viajeros de competencia autonómica que estén sometidos a contrato público u
obligación de servicio público, respecto de los cuales se establece la necesidad de 
garantizar una oferta total de operaciones de, al menos, un 50 %.
En todo caso, se ha producido una minoración, relevante y significativa, de la demanda 
de  usuarios  del  transporte  público  durante  la  vigencia  de  las  medidas  excepcionales 
limitativas de la movilidad de los ciudadanos, aspecto que, unido a la necesidad, por 
razones de interés público, de mantener una determinada oferta de servicios, ha roto el 
equilibrio básico entre recursos disponibles y atención satisfactoria de las necesidades de 
desplazamiento, ha provocado una incertidumbre en los planes de futuro de las empresas 
operadoras y, en suma, ha alterado la configuración del servicio público respecto de la 
ejecución ordinaria de la actividad de transporte en un estado habitual de relaciones entre 
usuarios, empresas y Administración titular del servicio.
El  statu  quo  descrito  viene  a  sumarse  al  fenómeno  de  involución,  en  términos 
económicos y sociales, que, de acuerdo con las circunstancias expuestas, ha venido 
acusando el sector del transporte regular de uso general de viajeros por carretera en 
Extremadura,  por  mor  de  una  disminución  sostenida  de  la  demanda  de  personas 
usuarias en el tiempo, lo que ha venido impidiendo, desde hace algunos años, que una 
eficiente  gestión  empresarial  pueda  combatir  el  déficit  de  explotación  sin  una 
intervención  pública,  legitimando,  con  ello,  su  sometimiento  a  un  régimen  de 
obligaciones de servicio público.
El hecho de que el citado déficit de explotación de la actividad de transporte regular 
de viajeros de uso general esté sufriendo un incremento por los efectos derivados de la 
crisis sanitaria, al fomentar ésta un descenso coyuntural, pero implacable, de aquella 
demanda, obliga a una intervención pública más intensa que haga posible tanto el 
equilibrio económico de los servicios de transporte como una ejecución de los mismos 
ajustada a los niveles de demanda que imponen el conjunto de circunstancias avaladas 
por la mencionada crisis.
De ahí que el objeto de la presente  norma con rango de ley se centre en el 
establecimiento  del  régimen  de  transporte  a  la  demanda  y  la  implementación  del 
adecuado  apoyo  económico  que  garantice  el  equilibrio  financiero  de  los  servicios 
prestados en virtud de contrato administrativo u otro título jurídicamente vinculante para 
la empresa prestadora.
Las consecuencias y efectos que se prevén alcanzar con el cumplimiento de la 
presente norma no pueden demorarse ante la continuidad de la situación de pandemia y 
la vigencia de las medidas de prevención y contención, tanto social como sanitaria, del 
brote, aún generalizado, de la enfermedad, considerando la incertidumbre que rodea a 
un eventual horizonte de recuperación económica y social, que, necesariamente, habría 
de estar alentado  por una drástica  reducción de  aquellas medidas en un contexto 
confiable de control irreversible de la infección.
Así pues, la situación de extraordinaria y urgente necesidad que dimana del contexto 
de  crisis  sanitaria  y  de  los  efectos  económicos  asociados  a  la  misma,  claramente 
perturbadores del ejercicio de la actividad del transporte en cuanto servicio público de 
titularidad  de  la  Administración,  desemboca  en  la  concurrencia  del  presupuesto 
habilitante que exige nuestro Tribunal Constitucional para la aprobación de la presente 
disposición legislativa provisional, figura amparada en el artículo 33 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Invocando la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional 137/2011,  s
de 14 de septiembre de 2011, en el recurso de inconstitucionalidad 5023-2000, es  oe.
doctrina constitucional reiterada que «la utilización de este instrumento normativo se  w.
estima  legítima  «en  todos  aquellos  casos  en  que  hay  que  alcanzar  los  objetivos  406ww
mpraervceard, oresq puaierare lna  ugnoab earcncaicóinó nn odreml aptaivísa,  iqnumee, dpioart ac iorc uenns qtaunec ilaass  dciofíycuilnetsu roa sim epcoosnibólmesic daes 
efinxi gqeune u njuas triáfipcaid al ar elsepguiselsatcai»ó n( SdTeC  u6r/g1e9n8c3i,a d en o4  dees  feobtrroe roq,u eF J s5u)b. vEenn ior traa s« psaitluaabcraiosn, eesl   BOE-A-cable e
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran 
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes» (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)».
El objetivo marcado a través de la presente disposición se concreta en ajustar la 
prestación de los servicios de transporte público regular de uso general por carretera a 
las actuales circunstancias de incertidumbre en el mercado y consiguiente inestabilidad 
de la demanda, a través de una intervención pública ágil y rápida que dote de flexibilidad 
su ejecución mediante el transporte a la demanda, y asegure el equilibrio económico de 
su gestión, a través de compensaciones financieras que inyecten liquidez a las empresas 
y  faciliten  la  cobertura  de  los  gastos  necesarios  para  garantizar  la  continuidad  y 
regularidad de tales servicios, evitando que los plazos requeridos por la tramitación 
ordinaria del instrumento normativo puedan frustrar los beneficios que dimanen del 
legítimo empeño en su inmediata puesta en práctica.
Por otra parte, en materia de comercio, y tras más de dos años de experiencia en la 
aplicación  práctica  de  la  Ley  8/2018,  de  23  de  octubre,  del  comercio  ambulante  de 
Extremadura, se hace no sólo preciso, sino de extraordinaria y urgente necesidad, dado el 
contexto en el que nos encontramos, modificar ciertos aspectos de la misma; unos, debidos a 
la existencia de incorrecciones técnicas, y otros, por ser preceptos de difícil implementación o 
que suponen una carga burocrática excesiva, traduciéndose todo ello en obstáculos a las 
medidas de impulso a la autonomía local en materia de comercio ambulante.
La situación de emergencia sanitaria originada por la COVID-19, puesta de manifiesto 
anteriormente, ha afectado a la economía en general y, particularmente, al sector comercial, 
cuya actividad se ha visto reducida o suspendida en aplicación de las medidas preventivas 
de salud pública adoptadas en nuestra Comunidad Autónoma, con el consiguiente impacto 
negativo tanto en el comercio minorista, como en la venta ambulante.
La venta ambulante afecta a intereses municipales de distinta índole, como son, 
entre  otros,  los  referentes  a  los  aspectos  comerciales,  de  abastos,  de  defensa  de 
consumidores y usuarios y de control de alimentos y bebidas; todas ellas cuestiones con 
un importante arraigo en la economía local y ligadas a la dinamización de la actividad 
comercial de dichos entes.
II
Garantizar una movilidad sostenible es un deber de los poderes públicos, que nace 
de la sensibilidad que toda comunidad civilizada ha de cultivar para garantizar a sus 
miembros un sistema de comunicaciones que permita hacer efectivos los derechos 
inherentes a la persona; en particular, el derecho a circular por el territorio nacional 
(artículo 19 de la Constitución española de 1978).
La actividad humana de desplazamiento entre diferentes lugares geográficos utiliza, 
en las sociedades modernas, diferentes modos y medios de transporte, en la medida en 
que estos sean capaces de satisfacer los requerimientos de eficacia, calidad y seguridad 
inmanentes a cualquier proyecto personal de movilidad, circulación o comunicación entre 
núcleos de población. En el marco del modo de transporte terrestre, uno de los medios 
tradicionales, y más populares, de desplazamiento, en el ámbito interurbano, lo ha 
constituido el transporte colectivo de personas por carretera en autobús.
Símbolo de progreso técnico y, prácticamente, única alternativa de desplazamiento 
en zonas rurales, el transporte público regular de uso general ha representado en  s
Extremadura, a lo largo del siglo XX, un sistema de movilidad con una función eficaz y  e.
destacada en la comunicación entre poblaciones, que debe avanzar hacia una movilidad  w.
sostenible, segura y conectada, tal y como se pretende configurar en el presente texto. 406ww
a traSvué sn adteulr aslieszteam dae  csoenrvciecisoio pnúabl,l icaorb ditera triotunla lroidsa edj edse  slao bAred mloinsi sqturaec ihóan ,d yis scuu rorirddoe,n haacisótna 
cnoumesptrrooms edtíiadso,  duen  slaisst eemmap rdees atrsa ncsopnocretsei oqnuaer iahsa  yb aesna dlao  tsuute alac cqióune  slao cAiadlm einn isetlr aecsifóune rhzao   BOE-A-cable e
desplegado sobre tales servicios, colaboración ésta que siempre ha pretendido ofrecer a 
la persona usuaria un medio útil, seguro y económicamente accesible para satisfacer sus 
necesidades de desplazamiento.
Sin embargo, la disminución, paulatina y sostenida en el tiempo, de la demanda, 
fundamentalmente causada por el incremento del uso del vehículo privado, así como por 
el aumento de los costes de explotación, ha provocado desequilibrios económicos en la 
mayoría de los contratos de concesión de servicio público, que se han traducido en 
déficits económicos, creadores de un riesgo de interrupción de los servicios, causante, 
en los últimos años, de una intervención de la Administración titular, de conformidad con 
la normativa europea y nacional, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios 
de transporte regular de personas de uso general.
Esta evolución negativa en la utilización del servicio público de transporte regular de 
uso general ha alimentado la oportunidad de iniciar en la Comunidad Autónoma un 
estudio de reestructuración cuyo objetivo no puede ser otro que el diseño de un mapa 
concesional futuro que garantice su eficacia social y su viabilidad económica.
Hasta la culminación de este proceso, se encuentran en vigor, actualmente, dos 
medidas del poder público orientadas a mantener y revitalizar el tejido propio de este 
servicio público: la adjudicación de contratos de concesión de servicios con una vigencia 
limitada, en aras de preparar el terreno que permita editar un nuevo mapa concesional 
seguro,  de  calidad,  rentable,  competitivo  y  moderno;  y  el  otorgamiento  de 
compensaciones económicas que ayuden a superar el desequilibrio económico que 
padece la actividad de transporte en este sector.
No obstante, se detecta una problemática específica en determinadas zonas de 
población,  de  carácter  rural,  donde  resulta  muy  difícil  garantizar  la  continuidad  y 
regularidad de un servicio de uso general compatible con unas condiciones idóneas de 
movilidad. En este ámbito, la falta de rentabilidad en la explotación del servicio se agrava 
por  factores  vinculados  con  la  despoblación,  el  alejamiento  geográfico  respecto  de 
localidades  que  actúan  como  centros  prestadores  de  servicios,  o  sus  necesidades 
específicas de enlace con el resto de la red de transporte regular de uso general.
A dichos factores tradicionales se suma, en el momento actual, la experiencia de una 
etapa caracterizada por el despliegue de los efectos derivados de la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia COVID-19, situación que, unida a las medidas adoptadas 
por las Administraciones Públicas para combatirla, han incidido directamente en una 
reducción de la oferta de servicios como consecuencia de las limitaciones de la libertad 
de circulación de los ciudadanos.
En este contexto de contracción de la oferta y de una demanda muy condicionada 
por las soluciones de prevención y contención de la pandemia, la conexión del transporte 
público con el interés general exige una intervención inmediata de la autoridad pública en 
apoyo  del  mantenimiento  de  la  actividad  de  servicio  público,  que  asegure  la 
comunicación  entre  poblaciones,  especialmente  en  el  ámbito  rural,  y  conserve  el 
transporte regular de pasajeros por carretera como opción válida desde una perspectiva 
de movilidad ciudadana, eficiente en el ámbito del aprovechamiento de los recursos, y 
sostenible en la esfera medioambiental, de forma que quede precavido cualquier riesgo 
de interrupción del transporte en las actuales circunstancias.
Dicha intervención se orienta a la regulación, con carácter extraordinario y provisional, 
de condiciones específicas de prestación del servicio, determinantes de su gestión en 
régimen de transporte a la demanda, constituyendo una medida que no persigue modificar 
las relaciones jurídicas preexistentes, sino extender la explotación a una forma de ejecución  s
distinta, dotándola del pertinente marco normativo que permita flexibilizar las condiciones de  oe.
prestación del servicio en aquellas zonas geográficas que comprendan localidades donde la  w.
actual situación provoca una clara incertidumbre acerca del retorno de los desplazamientos  406ww
cdieu daapdoaynoo, sla a cl oensttainduoid daed  mdeo vliolisd asde ravnicteiorsio rh, acsotna  elal  frienc duep egraarcainótniz adre,  clao mdeom maenddiad ah atrbaintusaitlo driae 
ucosurraersiopso nyd ielnat ea tpítluicloa cjuiórníd icdoe  vilnacsu lcaonnted.iciones  de  prestación  ordinarias  previstas  en  el  BOE-A-cable e
De  esta  manera,  el  régimen  de  transporte  a  la  demanda  se  erige  en  fórmula 
adecuada para conciliar la garantía de una oferta digna de transporte público, sometida a 
obligaciones de servicio público, con el proceso de recuperación de la actividad de 
circulación y desplazamiento de la ciudadanía, acorde con el ritmo de las medidas que 
puedan adoptarse en el contexto de la superación definitiva de la crisis sanitaria a corto y 
medio plazo.
El sistema de prestación de servicios en régimen de transporte a la demanda obtuvo 
reconocimiento legal mediante la Ley 5/2009, de 25 de noviembre, de medidas urgentes 
en materia de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por 
carretera, si bien su aplicación en la práctica se ha visto limitada por la falta de un 
completo desarrollo reglamentario.
Por su parte, el Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y 
urgentes  para  la  reactivación  de  la  actividad  económica  y  social  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  en  el  proceso  hacia  la  «Nueva  Normalidad»,  en  su 
artículo 11, concede a la Administración la facultad de autorizar la prestación de servicios 
regulares de uso general de viajeros por carretera, sometidos a obligaciones de servicio 
público, en régimen de transporte a la demanda. Sin embargo, el hecho de no haber 
culminado, en el momento de su aprobación, el procedimiento de adjudicación de la 
mayoría de los contratos de concesión de servicios sometidos a obligaciones de servicio 
público,  unido  a  la  conveniencia  de  profundizar  en  la  regulación  de  los  objetivos, 
características y procedimiento del sistema una vez que dichos contratos entran en 
funcionamiento  en  los  primeros  meses  de  2021,  aconsejan  promover  un  marco 
normativo más ambicioso y útil en un escenario de timidez o retraimiento en cuanto a la 
recuperación de la demanda se refiere.
En  las  presentes  circunstancias,  la  introducción,  en  el  modus  operandi  de  las 
empresas concesionarias, de esta figura, va a conseguir, por un lado, fortalecer la 
eficacia del sistema concesional en la atención de los ciudadanos residentes en zonas o 
núcleos  de  población  distantes  de  localidades  centrales,  con  dificultades  de 
comunicación por carretera o de baja densidad demográfica; y, por otro lado, contribuirá 
a  mejorar  la  gestión  económica  de  los  contratos  de  concesión,  por  cuanto  que  la 
prestación del transporte a la demanda incorpora elementos de racionalización del gasto, 
especialmente útiles en aquellos servicios caracterizados por una limitada rentabilidad.
La  articulación  del  régimen  de  transporte  a  la  demanda  supone,  básicamente, 
incorporar, al actual esquema de ejecución de servicios interurbanos por carretera, un 
ingrediente de flexibilidad que permite que sea la elección del usuario la que conforme y 
determine la realidad de la prestación, a diferencia del sistema general, en el que la 
oferta de la empresa prestataria adquiere el protagonismo del ejercicio de la actividad.
Esta concepción erige al transporte a la demanda en un instrumento idóneo para 
profundizar en la eficacia, rentabilidad social y equilibrio económico que requiere la 
instauración  de  un  sistema  de  transporte  de  viajeros  por  carretera  vinculado  a  la 
adecuada y óptima utilización de los recursos disponibles, con el objetivo superior de 
servir  eficientemente  al  ciudadano  en  sus  necesidades  de  desplazamiento,  muy 
condicionadas,  en  la  actualidad,  por  las  medidas  restrictivas  adoptadas  por  las 
autoridades sanitarias en materia de circulación de personas.
En estas condiciones, para la implementación y viabilidad de este régimen, son 
fundamentales tres pilares: primero, la demanda de la persona usuaria, elemento clave 
en la definición, desarrollo y aplicación práctica del servicio; segundo, la solicitud de las 
empresas operadoras que atiendan tráficos en los que esta forma de prestación se  s
revele, de conformidad con los criterios legales, conveniente y oportuna; y, tercero, el  oe.
procedimiento que asegure la coordinación de la demanda del transporte con la oferta de  w.
servicios de la empresa concesionaria o autorizada, y prevenga, asimismo, cualquier  406ww
nmeincoersaidcaiódn d dee d elas pcloanzfaiamnizean tod eal  tvriaavjeérso d een l olas  mleegdítiiomsa d ea stprairnascpióonrt ea  cloal escattivisofa.cción de su
de sEelr vpircimio epro pr ilpaar rrteeq dueie lrae  pdeer slao ndae fuinsiucaiórina ,d ceo lno se lr efiqnu diseit oqsu eq ulae  mhais mdea  rseeuan ipr rload puecttioc idóen   BOE-A-cable e
una voluntad real, inequívoca y responsable, así como de la determinación de los efectos 
de la citada solicitud, tanto para la interesada como para la empresa prestadora.
El segundo pilar hace referencia a la necesidad de identificar, a partir de la solicitud 
de la empresa operadora, aquellas localidades, dentro del conjunto de tráficos de cada 
concesión, que podrán ser atendidas mediante esta forma de prestación a la demanda, 
cualquiera que sea, dentro del territorio extremeño, el lugar geográfico por el que se 
extienda  el  servicio  de  transporte  correspondiente,  y  previa  ponderación  de  las 
peculiares características que definen la implantación de este régimen.
Finalmente, en la regulación del tercer pilar, referido al procedimiento por el que ha 
de desenvolverse la demanda del transporte, ha de considerarse la oportunidad de 
utilizar las herramientas tecnológicas ofrecidas por la implantación del actual proyecto 
SIGETEX (Sistema Central de Gestión del Transporte en Extremadura), cuya estructura 
admite la incorporación de un subsistema de gestión de transporte a la demanda para 
gestionar en zonas rurales el transporte que se genere según las necesidades de los 
usuarios, con lo que se conforma un instrumento informático y de telecomunicaciones 
que  aportará  a  este  régimen  de  transporte  los  elementos  de  calidad,  seguridad  y 
fiabilidad que constituyan la garantía de su utilidad, amén de la puesta en funcionamiento 
de las soluciones tecnológicas inteligentes que ayuden a optimizar los servicios de 
transporte  a  la  demanda,  de  forma  que  la  experiencia  acumulada  en  este  ámbito 
coadyuve a la definición de unos servicios más modernos, adaptados a la realidad y de 
indudable calidad en el futuro diseño de un mapa concesional extremeño reordenado, 
sostenible para el entorno ambiental y plenamente garante del derecho a la movilidad de 
las personas usuarias.
Así pues, la finalidad de esta medida, extraordinaria y urgente, adoptada dentro del 
ámbito competencial exclusivo, representa la adaptación y conformidad del transporte 
regular de uso general a las actuales circunstancias de crisis e incertidumbre en la 
recuperación de la demanda de viajeros en este sector, fijando, simultáneamente, los 
parámetros que permiten definir el cálculo de la compensación en el caso de que 
determinados servicios se presten, a corto y medio plazo, bajo esta modalidad, dada la 
condición de obligaciones de servicio público que les reconoce el título jurídico en que se 
ampara su gestión.
La regulación del transporte regular a la demanda puede adquirir, igualmente, un perfil 
especial cuando se aplica esta medida en combinación con el sistema de ejecución ordinaria 
de conformidad con el título constitutivo vinculante del servicio, favoreciendo un sistema mixto 
de prestación, en el que el régimen a la demanda puede complementar los servicios 
ordinarios, limitados a localidades o tráficos principales, receptores de una demanda habitual 
de personas usuarias por su condición de centros prestadores de servicios y bienes públicos, 
desde o hacia tráficos dependientes de aquéllos, dando entrada en la gestión a otros 
vehículos de la empresa operadora o ajenos e integrados en su organización empresarial por 
vía de colaboración, con los beneficios asociados de inmediatez del servicio, reducción del 
tiempo de viaje y versatilidad en la ejecución del desplazamiento.
III
La naturaleza económica de la actividad que conlleva la gestión de un servicio 
público  no  puede  condicionar  totalmente,  en  aras  del  interés  general  ínsito  en  su 
aplicación y desarrollo, la propia existencia y funcionamiento de aquel. De ahí que la 
intervención pública, por parte del titular del servicio, constituya un elemento primordial,  s
ante la concurrencia de determinadas circunstancias que ponen en riesgo su cometido  e.
específico, para el mantenimiento de sus efectos para la ciudadanía. w.
Esta  capacidad  de  intervención  de  la  autoridad  pública  define  y  caracteriza  la  406ww
ocacutepgao, rídae ndter ol odse ld eDneormecinhaod does  lsae rUvinciióons  Edeu roinpteeraé, su encao dniómmeincosi ógne ndeersatla c(SaIdEaG, )c, olma oc usael 
dEeusroppreenad, ea ld ee xlpor edsisapru qeuseto  «ean  leal  vairsttíacu dloe l1 l4u gdaerl  Tquraet aldoos  dseer vFiucniocsio dnea minietenrtéos  deec olan óUmniiócon   BOE-A-cable e
general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la 
promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con 
arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, 
velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en 
particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido».
La Comisión Europea, en su Comunicación «Un marco de calidad para los servicios 
de interés general en Europa», de 20 de diciembre de 2011, ha definido los SIEG como 
aquellas actividades económicas que producen resultados en aras del bien público 
general y que el mercado no realizaría (o lo haría en condiciones distintas por lo que 
respecta a la calidad, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato y acceso universal) sin 
una intervención pública.
Es,  por  ello,  que  dichos  servicios  se  encuentran  sujetos  a  unas  obligaciones 
específicas de servicio público (OSP), que se impondrían al prestador mediante una 
atribución y sobre la base de un criterio de interés general que garantice que el servicio 
se presta en condiciones que le permiten desempeñar su misión.
Los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, 
titularidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  o  cuya  gestión  haya  sido 
delegada a la misma por el Estado, y prestados por las empresas adjudicatarias de los 
correspondientes contratos de gestión indirecta, constituyen actividades económicas en 
las que concurre un interés general orientado a su prestación al conjunto de usuarios, 
titulares de un derecho de movilidad o desplazamiento para acceder a otros bienes y 
servicios públicos, de naturaleza sanitaria, educacional o administrativa, entre otros.
Tales servicios de transporte de viajeros han venido siendo objeto, desde hace varios 
años, de una intervención pública, legitimada por la evolución negativa sufrida por este 
sector de la actividad económica a partir de un acusado descenso, en las últimas 
décadas, de la demanda del servicio.
Los  denominados,  actualmente,  contratos  de  concesión  de  servicios,  fueron 
adjudicados en su mayoría en las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, 
dentro de un contexto económico y social muy diferente al actual.
Dichos contratos fueron objeto de modificación, en virtud de un procedimiento de 
sustitución y convalidación de las concesiones originarias, a principios de los años 
noventa, en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La ejecución de estas concesiones, extendida durante un largo período de tiempo, ha 
evolucionado en una dirección que se ha ido separando gradualmente de las previsiones 
consideradas en el momento de su adjudicación, especialmente en lo que se refiere al 
equilibrio financiero de los contratos.
Tales previsiones, calculadas a partir de las expectativas sobre el volumen de tráfico, 
índices de ocupación y la realidad de los costes de la época en que se concibieron, han 
devenido ineficaces por la concurrencia de circunstancias que la entidad adjudicadora no 
podría haber previsto con razonable diligencia en el momento de la adjudicación inicial, y 
que han supuesto la ruptura de la economía del contrato por un descenso generalizado 
de los ingresos causado por bajadas sostenidas de la demanda de usuarios prevista 
ab  initio,  transformando,  de  esta  manera,  un  servicio  público,  cuya  explotación 
económica se diseñó sujeta a un estado de equilibrio económico, en un servicio de 
interés económico general.
A este respecto, hechos tales como el avance de la cultura de la utilización del 
vehículo  particular,  las  nuevas  necesidades  de  desplazamiento  y  movilidad  de  la  s
población extremeña, la despoblación rural o el establecimiento de nuevos servicios  oe.
públicos de carácter sanitario o administrativo en el entorno de núcleos rurales de  w.
población, entre otras circunstancias, han favorecido el desajuste entre la demanda y la  406ww
oofcearstaio ndaen dotr aqnusep loorste i ngprúebsloicso  obrteegnuidlaors  ddee  louss ou sugaernioesr anl o daelc avnicaejenr oas c upborrir  locas rrceotsetreas, 
de explotación requeridos por una eficiente gestión empresarial.
Con  el  fin  de  hacer  frente  a  la  problemática  generada,  los  poderes  públicos 
extremeños adoptaron, en 2009, mediante la Ley 5/2009, de 25 de noviembre, de 
medidas urgentes en materia de transporte público regular, permanente y de uso general 
de viajeros por carretera, la decisión de prorrogar la duración de los plazos de los 
contratos de concesión hasta el 31 de diciembre de 2018, con el fin de unificar en el 
tiempo la extinción de los mismos, ante la perspectiva de llevar a efecto una profunda 
reestructuración del mapa concesional del transporte público regular de uso general en 
la región.
Empero, el horizonte reformador del sistema concesional en Extremadura, cuyas 
últimas fases se encuentran actualmente en ejecución, no ha podido evitar que el 
contexto  evolutivo  del  transporte  público  regular  de  uso  general  de  pasajeros  por 
carretera en la región desembocara en situaciones de riesgo inminente de interrupción 
de los servicios, que han exigido una intervención de la autoridad pública titular mediante 
la adopción de medidas de emergencia, al amparo del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, así como de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Dichas medidas de emergencia han consistido, según los diferentes casos, bien en la 
exigencia  de  prestar  determinadas  obligaciones  de  servicio  público,  bien  en  la 
adjudicación directa de contratos. Fuera de dichas medidas, la intervención pública ha 
adoptado la forma de ayudas económicas en el ámbito de los servicios de interés 
económico general con fundamento en la normativa europea.
Pues bien, en el actual contexto de crisis sanitaria, la necesidad de apoyo económico a 
este  sector  de  actividad  ha  de  orientarse,  de  acuerdo  con  estos  razonamientos,  a 
reequilibrar el estado financiero de los servicios de interés económico general, titularidad de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, basados en la declaración de obligaciones de 
servicio  público,  sometidos  a  una  situación  económica  deficitaria,  por  motivo  de  las 
restricciones a la movilidad derivadas de las medidas de contención y prevención dela 
pandemia de COVID-19, resultado ineludible de la reducción sostenida de ingresos a que 
ha abocado el desplome de la actividad de consumo o utilización del transporte colectivo.
No encontrándose culminado el proceso de reestructuración de los servicios del 
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera en Extremadura, y 
adjudicados los nuevos contratos de concesión por un período limitado condicionado a 
aquel proceso, es imperioso mantener, por razones de interés general, la intervención 
pública destinada a cubrir el desequilibrio económico de las concesiones autonómicas, 
generador de un resultado deficitario que aleja la explotación de las líneas regulares de 
cualquier tipo de interés comercial por parte de un operador de no existir una retribución 
o ayuda pública.
Con este fin, la ayuda pública a los servicios se pretende articular a través de una 
compensación económica que cubra la incidencia financiera neta soportada por las 
empresas prestadoras, sin perjuicio de la oportuna justificación del cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público impuestas y de la consecución de los objetivos previstos 
en la presente norma y en el acto de concesión.
El  fundamento  de  esta  intervención  dimana  directamente  del  Tratado  de 
Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  cuyo  artículo  93  consagra  el  principio  de 
compatibilidad  con  los  Tratados  de  las  ayudas  que  correspondan  al  reembolso  de 
determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público. s
El  desarrollo  de  este  precepto  se  encuentra,  en  la  actualidad,  contenido  en  el  oe.
Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre  w.
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y  406ww
Cpoorn seel joq.ue se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del
definDire  lcaosn fmoromdiadlaidda cdoens  ssue gaúrtníc ulalos  1c,u eall eosb,j eetinv oc dueml pRliemgileanmtoe ndtoe  (ClaEs ) dnis.ºp 1o3s7ic0io/2n0e0s7  deesl   BOE-A-cable e
Derecho comunitario, las autoridades competentes podrán intervenir en el sector del 
transporte público de viajeros (por ferrocarril y por carretera) para garantizar la prestación 
de servicios de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad 
y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar.
A este respecto, el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 define las condiciones en las que 
las autoridades competentes, al imponer o contratar obligaciones de servicio público, 
compensan a los operadores de servicios públicos por los costes que se hayan derivado 
y conceden derechos exclusivos en contrapartida por la ejecución de obligaciones de 
servicio público.
De acuerdo con la «Guide to the application of the European Union rules on state aid, 
public procurement and the internal market to services of general economic interest, and 
in particular to social services of general interest», de 29 de abril de 2013, en el caso del 
transporte terrestre, el Reglamento (CE) n° 1370/2007 precisa las condiciones en las que 
determinados acuerdos de compensación por servicio público son compatibles con el 
articulo 93 y no están sujetos a la obligación de notificación previa establecida en el 
artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
IV
Por lo que respecta a la venta ambulante y a la modificación de la Ley 8/2018, 
aquella afecta a intereses municipales de distinta índole, como son, entre otros, los 
referentes a los aspectos comerciales, de abastos, de defensa de consumidores y 
usuarios y de control de alimentos y bebidas; todas ellas cuestiones con un importante 
arraigo en la economía local y ligadas a la dinamización de la actividad comercial de 
dichos entes.
Dentro de las medidas a adoptar, se suprime de la citada Ley 8/2018 la intervención 
de  la  Administración  Autonómica  y  del  Consejo  de  Comercio  Extremeño  en  la 
elaboración y modificación de las ordenanzas municipales. Se pretende con ello agilizar 
el ejercicio de las competencias de los Ayuntamientos en este sector económico, puesto 
que no es atribución de la Administración autonómica la tutela de los Ayuntamientos en 
el ejercicio de dichas funciones e, incluso, su intervención podría llegar a considerarse 
una injerencia. Intervenir en la aprobación de las ordenanzas, a través de un órgano 
como es el Consejo de Comercio Extremeño, que por su naturaleza y composición no 
contempla entre sus fines el informar normas de estas características, no resulta acorde 
con sus atribuciones competenciales. Además, dada la periodicidad con la que este 
órgano se reúne, y la dificultad para hacerlo de manera más frecuente, la obligación de 
emitir este informe cada vez que un Ayuntamiento pretenda poner en marcha medidas 
de  activación  a  través  de  sus  ordenanzas,  supone  demorar  excesivamente  la 
elaboración y aprobación de las mismas en un momento de vital importancia en la 
reactivación social y económica de los municipios.
Como consecuencia de la supresión indicada, y con ello de la necesidad de informar 
las  ordenanzas  municipales  por  parte  del  Consejo  de  Comercio  Extremeño,  se 
establece, un régimen transitorio según el cual, ya no será necesaria la emisión de los 
informes ya solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley.
En consecuencia, se operan otras modificaciones de preceptos que tenían por fin 
regular trámites a realizar en el Registro de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, 
el cual ya había sido suprimido por la Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se  s
trata, en este caso, de eliminar una remisión imposible a un Registro inexistente. e.
Resulta necesaria la introducción de estas modificaciones de la Ley 8/2018 en un  w.
decreto-ley porque el ordenamiento jurídico debe estar en condiciones de dar respuesta  406ww
alal  npoatuolraioti ninac dreismmeinntuoc idóenl  cdoem laesrc iloim aitmacbiuolnaenste  dqeu em soev ilpidreavdé  aecno rnduaedsatsra  praergaió cno, mdebbaitdiro  laa 
appaonrdteamcioian.e Es sn poormr ealtliov apso ra ll or eqsupee crteos uelnta  ccuoannvteon iae natleig lear aprr otrnátam ietenstr aedna  lae na pvirgoobra cdieó nla sy   BOE-A-cable e
modificación de ordenanzas municipales. La tramitación de un procedimiento legislativo 
supondría  que  se  retrasaría  considerablemente  la  aplicación  de  estas  mejoras 
procedimentales,  con  perjuicio  de  todos  los  intereses  en  juego:  consumidores, 
comerciantes y ayuntamientos.
V
Como principios rectores de los poderes públicos extremeños, señala el artículo 7 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su apartado 14, que los poderes 
públicos  velarán  por  la  especial  protección  de  aquellos  sectores  de  población  con 
especiales necesidades de cualquier tipo.
Desde el punto de vista competencial, la citada norma institucional básica, en su 
articulo 9.1.39), atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia 
de transportes terrestres cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la 
misma, con independencia de la titularidad de la infraestructura.
La  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres, 
encomienda,  en  su  artículo  3.b),  la  organización  y  funcionamiento  del  sistema  de 
transportes al principio de satisfacción de las necesidades de la comunidad con el 
máximo grado de eficacia y con el mínimo coste social, y anima a los poderes públicos, 
en su artículo 4, a promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte 
de los ciudadanos, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas.
Por su parte, en virtud de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de 
facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes 
por  carretera  y  por  cable,  se  han  delegado  a  la  Comunidad  de  Extremadura 
determinadas facultades de gestión en materia de transportes públicos regulares cuyo 
itinerario discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma respecto a los 
servicios  parciales  y  de  transporte  interior  prestados  en  los  tramos  comprendidos 
íntegramente en el ámbito territorial autonómico.
Debe citarse, finalmente, el artículo 9.1.16 del Estatuto en cuanto a las competencias 
de la Comunidad Autónoma en materia de comercio interior, dentro de la unidad de 
mercado y conforme a la legislación mercantil, además de en materia de regulación y 
régimen de control administrativo de las actividades y equipamientos comerciales y de 
las ferias y mercados no internacionales. Además de ello, el artículo 9.1.18 del Estatuto 
de Autonomía también contempla la competencia exclusiva en materia de consumo y de 
regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los consumidores y 
usuarios.
VI
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación previstos por el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
En concreto, se respetan los principios de necesidad y eficacia en atención al interés 
general de promover la movilidad de todos los ciudadanos a través del transporte público 
colectivo por carretera, con la finalidad de mantener la continuidad y regularidad de los 
servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, sirviendo, entre otras, a 
aquellas localidades de ámbito rural, alejadas o de difícil acceso.
Y, asimismo, contribuir al impacto negativo de la crisis sanitaria tanto en el comercio  e.
minorista,  como  en  la  venta  ambulante.  La  venta  ambulante  afecta  a  intereses  w.b
municipales de distinta índole, como son, entre otros, los referentes a los aspectos  406ww
acolimmeenrctoiasle ys , bedbei daabsa; sttoodsa, s deel ladse fceunessati odnee sc coonns uumni dimorpeosr tay nutes uaarrraioigs o ye nd ela  ceocnotrnool mdíea 
leoxctaral oyr dliignaadriaas  ya  ular gdeinntaem  nizeacceiósnid adde,  lad aadcoti veidl adco cnotemxetorc ieanl  deel  dqicuheo sn oesn teesn,c soinetnradmo odse, 
modificar ciertos aspectos regulatorios de la misma; unos debidos a la existencia de 
incorrecciones  técnicas  y  otros  por  ser  preceptos  de  difícil  implementación  o  que 
suponen una carga burocrática excesiva, traduciéndose todo ello en obstáculos a las 
medidas de impulso a la autonomía local en materia de comercio ambulante.
La  norma  es  proporcional  al  fin  pretendido,  por  cuanto  que,  a  través  del 
establecimiento  del  transporte  a  la  demanda  y  el  mantenimiento  de  los  servicios 
deficitarios, además de la reducción del impacto negativo en la actividad comercial 
especialmente minorista, se pretende, respectivamente, por un lado, garantizar el acceso 
por parte de la población a los servicios regulares de uso general, y, por otro, remover los 
obstáculos a las medidas de impulso a la autonomía local en materia de comercio 
ambulante, todo ello tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 
derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, habida cuenta del 
interés en aprovechar, con el mayor grado de eficacia y con el mínimo coste social, los 
recursos  que  ofrece  el  sistema  común  de  transporte  y  las  oportunidades  legales 
reconocidas al comercio ambulante.
La iniciativa se acomoda al principio de seguridad jurídica, tanto por su inserción, de 
modo coherente, en el conjunto del ordenamiento jurídico específico en materia de 
transportes y comercio, como en la claridad y certidumbre que ofrecen sus disposiciones 
en cuanto reglas de actuación para los ciudadanos, familias y empresas afectados por la 
regulación.
En garantía del principio de transparencia, la presente norma define claramente los 
objetivos y justificación de la regulación que constituye su contenido.
La iniciativa, en aras del principio de eficiencia, pretende racionalizar la gestión de los 
recursos vinculados con el servicio público del transporte, sin contribuir a la creación de 
cargas administrativas accesorias, así como remover los obstáculos a las medidas de 
impulso a la autonomía local en materia de comercio ambulante.
Atendiendo a que la presente normativa afecta a los gastos e ingresos públicos 
futuros, la misma queda supeditada al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como a los principios de presupuesto 
anual, único y equilibrado consagrados por el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura.
Asimismo,  y  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  33  del  Estatuto  de 
Autonomía de Extremadura, la presente disposición justifica expresamente, de acuerdo 
con  los  antecedentes  expuestos,  las  circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad cuya concurrencia motiva su aprobación, no constituyendo su objeto reforma 
del Estatuto, ley de presupuestos o materia objeto de leyes para las que se requiera una 
mayoría cualificada.
VII
Significativo  interés  presenta  esta  disposición  para  los  objetivos  previstos  en  la 
materia del reto demográfico y la recuperación poblacional en los núcleos habitados de 
carácter eminentemente rural.
Mediante la oportunidad de mantener, a través del sistema de compensaciones por el 
cumplimiento de obligaciones de servicio público, la oferta de los servicios regulares de 
uso general, así como establecer el régimen de transporte a la demanda, se apuesta, 
para  los  habitantes  de  las  zonas  más  castigadas  por  la  despoblación,  por  el 
reconocimiento  de  su  entidad  y  dignidad,  favoreciendo  su  comunicación  con  otros  s
núcleos de población con un mayor desarrollo territorial, permitiendo el acceso a los  e.
bienes y servicios públicos ubicados en estos, y contribuyendo, así, por un lado, a  w.
superar posibles problemas de aislamiento, y fomentando, por otro, el interés que, desde  406ww
erel feexritdeoriso rn, úpculeeodsa. suscitarse en conocer los recursos, capacidad y entorno natural de los
realeLsa  ddee mmaonvdilaid ayd  udseo  lodse  heasbtoitsa nsteesrv idceio sta lgeasr aenstpizaacriáo sl ar uaratelensc,i óany uad alansd on eac emsiitdigaadre ys   BOE-A-cable e
corregir, desde el sector del transporte, las posibles deficiencias que puedan presentar 
en  servicios  e  infraestructuras,  sin  olvidar  la  aportación  de  la  presente  disposición 
legislativa a la tarea de remover obstáculos a las medidas de impulso a la autonomía 
local en materia de comercio ambulante.
VIII
En materia de igualdad y de oportunidades entre mujeres y hombres, a los efectos de 
la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y 
hombres, y de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
contra  la  Violencia  de  Género  en  Extremadura,  la  presente  norma  garantiza  la 
oportunidad de acceso de mujeres y hombres, sin discriminación por razón de sexo, al 
transporte público de personas por carretera en autobús y a la actividad de comercio, 
como medio de ejercicio del derecho de la persona a la movilidad y a su libertad 
personal, de acuerdo con la toma de decisiones y actuaciones propias del ser humano 
en el ámbito de sus necesidades de desplazamiento y de consumo.
De forma particular, las medidas contenidas en la presente disposición, garantes de 
la continuidad y regularidad de los servicios de transporte regular de uso general de 
viajeros  por  carretera,  en  tanto  que  propician  una  solución  de  transporte  para 
determinados  núcleos  de  población  con  problemas  de  comunicación  por  carretera, 
favorecerán el derecho de la mujer a la utilización de los medios de transporte que 
faciliten su acceso a bienes y servicios públicos vinculados con su vida personal, laboral 
o formativa, contribuyendo con ello a su desarrollo individual y familiar.
IX
La  disposición  se  estructura  en  tres  capítulos,  comprendiendo  el  primero  las 
disposiciones referidas al objeto, vigencia de las medidas en materia de transportes y el 
ámbito de aplicación; el segundo, referido al régimen del transporte a la demanda; y el 
tercero, destinado a la regulación de la compensación por la ejecución de obligaciones 
de servicio público.
Se  completa  la  norma  con  seis  disposiciones  adicionales,  una  transitoria,  una 
derogatoria y cinco finales.
Interesa destacar que a través de las disposiciones adicionales se pretende ofrecer 
una  regulación  estrechamente  vinculada  con  el  objeto  principal  de  la  norma,  que 
coadyuva a los fines generales de la misma desde diferentes perspectivas, considerando 
el carácter extraordinario de las medidas en relación con el horizonte temporal marcado 
por el inicio del proceso de reestructuración de los servicios regulares de uso general.
En  este  orden,  la  disposición  adicional  primera  fija  el  régimen  especial  en  los 
servicios  prestados  con  apoyo  experimental  de  plataforma  digital,  los  cuales, 
persiguiendo  una  finalidad  de  optimización,  digitalización  y  automatización  de  la 
explotación  de  las  líneas,  van  a  contribuir  a  facilitar  la  implementación  futura 
generalizada de los sistemas inteligentes aplicados al transporte de viajeros, razón por la 
que tales servicios requieren de la necesaria cobertura jurídica y económica durante su 
ejecución en el actual contexto de crisis sanitaria.
Su extraordinaria y urgente necesidad deriva de que los citados servicios constituyen 
un procedimiento previo indispensable para el establecimiento del régimen de transporte 
a la demanda a que se refiere el capítulo II, permitiendo que el usuario pueda efectuar su 
elección  con  apoyo  de  plataforma  digital,  a  partir  de  los  datos  obtenidos  del  e.
correspondiente proyecto piloto. w.b
La disposición adicional segunda persigue cubrir el vacío normativo existente en  406ww
pmraetveisritao  dtea nptroo ceend imeli eRnteog dlaem aednjutod ic(CacEió) nn d.ºi re1c3ta7 0d/2e0l 0co7n tcroamtoo d ee nc oenlc easritóícnu dloe  s7e3r vdicei olsa, 
Ley 16/1987, fijando los trámites esenciales que han de componer el referido proceso.
Su extraordinaria y urgente necesidad se fundamenta en su naturaleza de medida 
destinada a garantizar la continuidad y regularidad de los servicios y dar cobertura, en el 
actual contexto de incertidumbre económica e inestabilidad de la demanda, a aquellos 
servicios en que concurran los requisitos normativos citados a efectos de dotar de 
agilidad y seguridad jurídica la contratación de los mismos.
La disposición adicional tercera se centra en el régimen de reequilibrio económico y 
autorización en relación con el servicio público de Estaciones de Transporte de Viajeros, 
actividad considerada por la Ley 16/1987 como auxiliar y complementaria del transporte 
público de viajeros, y, por ello, sensible y estrechamente vinculada, desde el punto de 
vista económico, con los efectos que la actual situación social general provoca en el 
ámbito de la movilidad ciudadana.
Su extraordinaria y urgente necesidad resulta de su condición de constituir soporte 
fundamental para la correcta prestación de los servicios de transporte público regular de 
uso general, de los cuales las Estaciones dependen y cuya viabilidad se encuentra 
afectada por el destino de los primeros en el actual contexto de incertidumbre económica 
e inestabilidad de la demanda.
La disposición adicional cuarta tiene como objeto atender la cobertura económica de 
los  servicios  que  se  presten  con  anterioridad  al  inicio  del  procedimiento  de 
compensación por la ejecución de obligaciones de servicio público en un determinado 
ejercicio económico, retrotrayendo al tiempo de su realidad los efectos económicos de la 
medida, de aplicación a partir del inicio del ejercicio presupuestario de 2021.
Su extraordinaria y urgente necesidad se encuentra anudada de forma inescindible 
con  la  viabilidad  de  la  medida  prevista  en  el  capítulo  III,  y,  en  particular,  con  el 
procedimiento de concesión de las compensaciones por la ejecución de las obligaciones 
de servicio público, con el fin de ofrecer cobertura presupuestaria a los servicios que se 
ejecuten a partir del primer día de un determinado ejercicio presupuestario cuando la 
fecha de inicio de dicho procedimiento se produzca con posterioridad.
La disposición adicional quinta pretende dar un impulso administrativo al diseño de la 
nueva  red  de  transporte  que  supone  el  proceso  de  reestructuración  del  mapa 
concesional de transporte regular de viajeros, a la vez que pretende unificar en el tiempo 
la extinción de los contratos actualmente vigentes con el fin de evitar distorsiones e 
interrupciones en la ejecución de los servicios que pudieran afectar negativamente el 
proyecto reestructurador.
Su  extraordinaria  y  urgente  necesidad  se  orienta,  en  el  actual  contexto  de 
incertidumbre económica e inestabilidad de la demanda, a ofrecer, en el medio plazo, 
seguridad, estabilidad y refuerzo a la continuidad del sistema concesional de transporte 
en Extremadura, lo que incrementará la confianza de los operadores y ofrecerá a los 
usuarios fórmulas más modernas e innovadoras de movilidad.
La disposición adicional sexta contiene una previsión de las paradas con conexión 
intermodal, con el fin de garantizar la comunicación de expediciones entre el transporte 
por carretera y el ferroviario en aquellos casos en que el sistema de horarios admita este 
tipo de enlaces.
Su extraordinaria y urgente necesidad se fundamenta en su naturaleza de medida 
destinada a facilitar, en un contexto de inestabilidad de la demanda, la movilidad de las 
personas, haciendo posible la comunicación entre modos de transporte diferentes, lo que 
incrementará la confianza de los usuarios en el sistema de transporte público.
La disposición transitoria única establece el régimen transitorio respecto a las ordenanzas 
municipales reguladoras del comercio ambulante, ya que no serán objeto de emisión los  s
informes solicitados al Consejo de Comercio Extremeño en el procedimiento de tramitación  oe.
de las ordenanzas municipales reguladoras del comercio ambulante que no hubiesen sido  w.
emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley. 406ww
objeLtoa,  deinsp roeslaicciióónn  dceorno geal troérgiaim aelcna dnez atr aan lsapso nrtoer ma alas  deeximstaenndteas,  dqeubee, nre qguueladnadr os uesl tmituisidmaos 
por la presente disposición.
La disposición final primera tiene como objetivo la modificación de la Ley 8/2018, de 23 
de  octubre,  del  comercio  ambulante  de  Extremadura,  suprimiendo:  el  apartado  3  del 
artículo 13, permaneciendo inalterados el resto de apartados del artículo; el apartado 4 
del artículo 18; el apartado 2 del artículo 19; y el artículo 22 quedando sin contenido.
La disposición final segunda determina un régimen supletorio de armonización en la 
utilización de los servicios regulares de transporte de personas por carretera, fijando los 
requisitos que han de concurrir para que el colectivo general de personas usuarias 
pueda utilizar, en las condiciones previstas reglamentariamente, los servicios regulares 
de uso especial de escolares.
Su  extraordinaria  y  urgente  necesidad  se  fundamenta  en  constituir  una  medida 
alternativa que permitirá aumentar la oferta de servicios mediante la utilización, bajo 
determinadas condiciones, de los vehículos que prestan servicios regulares de uso 
especial de escolares, con capacidad de contribuir a superar el actual contexto de 
incertidumbre económica e inestabilidad de la demanda.
La disposición final tercera establece los títulos competenciales en virtud de los 
cuales  se  ejerce  la  iniciativa  legislativa,  confiriendo  la  disposición  final  cuarta  la 
habilitación al Consejo de Gobierno y a la persona titular de la Consejería competente en 
materia  de  transportes  para  dictar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  cuantas 
disposiciones y actos sean necesarios para garantizar el cumplimiento y desarrollo de lo 
establecido por la presente disposición.
Concluye la norma con la disposición final quinta relativa a su entrada en vigor.
En virtud de lo expuesto, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 33 del 
Estatuto  de  Autonomía  de  Extremadura,  a  propuesta  de  la  Consejera  de  Movilidad, 
Transporte y Vivienda, del Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y de la 
Vicepresidenta  Primera  y  Consejera  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  y  previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de junio de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  En materia de transportes, la presente disposición legislativa tiene por objeto la 
adopción  de  medidas  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  relacionadas  con  el 
establecimiento del régimen de transporte a la demanda en la ejecución de los servicios 
de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera y la garantía de su 
equilibrio económico en el contexto de la crisis sanitaria nacida de la declaración como 
pandemia de la enfermedad COVID-19 y de sus efectos en el ámbito de la movilidad de 
las personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.  En materia de comercio, es objeto de la presente norma la remoción de los 
obstáculos a las medidas de impulso a la autonomía local en materia de comercio 
ambulante,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  disposición  transitoria  única  y 
disposición final primera.
Artículo 2.  Vigencia de las medidas en materia de transportes. e
eedvxeitmde1ena.ndn cediLraaáa dnysa   s amau  l eapvd iaggirdeatainrras cd niaeetí n adl a umdsre aadlnt eeetecrqii asue iilol dipbneere irostír  oadednecoso  plntaeoósmrm taepiu,co torroae rdlli adedta eivldo asessus  sb aseslari svnrtéiiectgainoircmsiai aesd n,de  es dti rnelaa  n ptcsrerapirsnjouissritpc esioo arr,tne eeig tnaua rl asialuar,,     2021-12406n https://www.
caso, de su aplicación hasta el momento en que quede completada la red de transporte
resultante del proceso de reestructuración planificado en la disposición adicional quinta. Bc
2.  El  resto  de  medidas  en  materia  de  transportes,  vinculadas  a  regímenes 
especiales, o con un carácter procedimental o de mandato, que atiendan situaciones de 
necesidad cuyo carácter extraordinario se mantenga, en las condiciones de la presente 
norma, serán de aplicación cuando concurran los supuestos de hecho característicos 
que las fundamentan.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación en materia de transportes.
1.  En  materia  de  transportes,  la  presente  disposición  extiende  su  ámbito  de 
aplicación a los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera prestados, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
virtud de contrato de concesión de servicios, resolución que acuerde su prolongación a 
requerimiento de la Administración, o autorización administrativa del órgano competente 
en materia de transporte.
2.  Quedan incluidos en el ámbito de aplicación definido en el apartado anterior los 
servicios parciales y de transporte interior público regular de viajeros de uso general de 
titularidad estatal cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y su gestión haya sido delegada a la misma.
CAPÍTULO II
Régimen del transporte a la demanda
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 4.  Concepto del transporte a la demanda.
1.  Se denomina transporte a la demanda a aquel servicio público, regular y de uso 
general de viajeros por carretera, cuya prestación viene determinada exclusivamente por 
la solicitud de los viajeros en función de sus necesidades de desplazamiento, de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en el correspondiente título jurídico vinculante.
2.  No se considerará transporte a la demanda, a estos efectos, aquél en que la 
solicitud  del  usuario,  la  prestación  del  servicio  y  el  procedimiento  utilizado  para  la 
demanda  del  transporte  no  se  ajusten  al  contenido  y  requisitos  establecidos  en  la 
presente disposición.
Artículo 5.  Ámbito territorial.
El régimen de transporte a la demanda podrá aplicarse, dentro del espacio físico 
atendido por la empresa operadora en virtud de su título habilitante, a todos o alguno de 
los servicios, zonas geográficas o localidades, comprendidos en el ámbito territorial de 
gestión, en los que concurran los siguientes requisitos:
a)  Presencia  de  circunstancias  especiales  en  relación  con  su  capacidad  de 
comunicación terrestre, tales como el alejamiento de localidades centrales, prestadoras 
de servicios sanitarios, sociales o administrativos, la dificultad de acceso por razones 
orográficas o la escasa densidad de población.
b)  Bajo  índice  de  utilización  del  servicio  de  uso  general,  ejecutado  de  forma 
ordinaria, que produzca falta de rentabilidad, con referencia al volumen medio de viajeros 
por  servicio  prestado  dentro  del  tráfico  total  de  la  ruta  concreta,  siempre  que  el  es
mencionado índice arroje un resultado real, referido al último trimestre anterior a la fecha  o
de la solicitud de la empresa operadora, o estimado, en el caso de servicios de nuevo  406ww
establecimiento, igual o inferior a cinco viajeros/vehículo-km.
Artículo 6.  Autorización.
1.  La ejecución de servicios de transporte regular de uso general en régimen de 
transporte a la demanda requerirá de autorización administrativa, otorgada por el órgano 
directivo competente en materia de transportes, a solicitud de la empresa operadora, o 
de oficio, para el caso de servicios de nuevo establecimiento en que la aplicación de este 
régimen se juzgue conveniente, previa justificación en el expediente.
2.  La  autorización  contendrá  las  condiciones  que  disciplinen  la  prestación  del 
servicio  a  la  demanda,  incluyendo  la  prevención  relativa  a  su  armonización  y 
concordancia con el resto de las estipulaciones o reglas, establecidas en el título jurídico 
vinculante, referidas a los servicios, zonas o tráficos a los que no será de aplicación este 
sistema.
3.  La autorización incluirá, como mínimo, expresa referencia a las prescripciones 
siguientes:
a)  Tráficos atendidos mediante el sistema de transporte a la demanda.
b)  Número mínimo de vehículos o de plazas puestos a disposición de las personas 
usuarias.
c)  Calendario del servicio.
d)  Itinerario principal y alternativo sobre los que puede recaer la demanda.
e)  Expediciones y franjas horarias susceptibles de elección por la persona usuaria.
f)  Puntos físicos de parada de los vehículos para tomar y dejar viajeros.
g)  Cualesquiera otras que contribuyan a identificar el servicio o faciliten la elección 
de las personas interesadas.
4.  La  autorización  establecerá  el  procedimiento  de  demanda  del  servicio  de 
transporte, distinguiendo, entre otras, las siguientes cuestiones:
a)  Forma de solicitud del servicio por la persona usuaria.
b)  Garantía de la recepción de la demanda por la empresa prestadora del servicio.
c)  Reglas sobre el desistimiento de la solicitud de servicio.
d)  Resolución de incidencias y reclamaciones.
e)  Control de la realidad y efectividad de los servicios ejecutados a demanda.
f)  Reglas de cálculo de la compensación financiera que, en su caso, proceda.
g)  Información relativa a la protección de datos de carácter personal recabados en 
el ejercicio de la actividad.
Artículo 7.  Publicidad.
Autorizada  la  prestación  del  servicio  a  la  demanda,  la  misma  será  objeto  de 
adecuada difusión pública, en la forma y términos fijados en el título, tanto en los 
municipios a los que afecte el sistema, como en los siguientes lugares que sean origen o 
destino de expediciones sometidas al régimen de transporte a la demanda:
a)  Las instalaciones fijas autorizadas para expender billetes.
b)  Las estaciones de transporte de viajeros.
c)  Los vehículos puestos a disposición de la demanda de las personas usuarias.
d)  Plataforma de comercio electrónico en Internet de la empresa operadora.
Artículo 8.  Solicitud del régimen de transporte a la demanda por la empresa operadora. s
1.  Podrá solicitar la ejecución de la totalidad o parte de los servicios comprendidos  w.
en el ámbito de aplicación del título jurídico vinculante al que esté sometido, cualquier  406ww
leams pfarecsualt aodpeesr addeo grae sqtiuóen  dteenl gsae ravitcriibou pidúabsli,c op odre  stura ncospnodricteió rne gduel acro dnetr uastiost ag eon earuatlo.rizada,
2.  La solicitud de la empresa operadora deberá incluir, como mínimo, los siguientes 
extremos:
a)  Los servicios y las localidades  que,  formando parte  de ellos, se pretenden 
atender a la demanda.
b)  El calendario y, en su caso, las franjas horarias dentro de las cuales puede 
actuar la demanda de las personas usuarias.
c)  El número mínimo de vehículos y de plazas puestos a disposición del transporte, 
indicando, en caso de que la ocupación del servicio lo permita, la pretensión de utilizar 
vehículos de menor capacidad a los adscritos a la explotación, en cuyo caso deberá́ 
detallarse el número y plazas de los mismos.
Artículo 9.  Criterios de valoración de la solicitud de la empresa operadora.
1.  Formalizada la solicitud por la empresa operadora, será valorada la pertinencia 
de la misma de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  Identificación de los servicios y localidades cuya atención se solicita en virtud del 
régimen de transporte a la demanda.
b)  Evaluación del volumen medio de viajeros por servicio objeto de la solicitud.
c)  Calendario y horario de prestación del servicio a la demanda.
d)  Vehículos y plazas puestos a disposición del transporte.
2.  Del análisis y aplicación de los criterios anteriores se dejará expresa constancia 
en la resolución que ponga fin al procedimiento.
Artículo 10.  Calendario y horario.
1.  Como norma general, el calendario del servicio de transporte a la demanda 
respetará los días de la semana en que se encuentran ofertadas las operaciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el título concesional o autorizatorio de aplicación a la 
ejecución ordinaria de la prestación.
Excepcionalmente, podrá modificarse el calendario con el fin de adaptarlo a las 
necesidades de movilidad de los núcleos de población objeto de comunicación, debiendo 
motivarse esta circunstancia en el expediente administrativo.
2.  Las expediciones y franjas horarias susceptibles de elección por las personas 
usuarias  deberán  preservar  los  espacios  temporales  que  permitan  garantizar  la 
adecuada prestación del servicio, en orden a facilitar a aquéllas el acceso a sus puestos 
de trabajo y a los bienes y servicios públicos básicos.
3.  Como regla general, deberá garantizarse la adecuada coordinación horaria entre 
distintas expediciones del servicio.
Artículo 11.  Vehículos y plazas.
1.  Para la ejecución de las expediciones sometidas al régimen de transporte a la 
demanda podrán utilizarse vehículos con inferior capacidad de asientos a la propia de los 
adscritos a su prestación en virtud del título concesional o autorizatorio de aplicación a la 
ejecución ordinaria del servicio, siempre que el número de plazas sea suficiente para 
atender las peticiones existentes.
2.  En todo caso, los vehículos puestos a disposición de las personas usuarias se  s
encontrarán  amparados  por  una  autorización  de  transporte  público  interurbano  de  oe.
vcaiocancjee 3rls.oo ib sdi.Eliidsnap ndui enysg tcúoon n ecfnoa rste old  estí etluo lpsoo  vdceroáhnnícc eureslobiosan,j aaorl   aloau sma uceatnortraaizcr atsetuorí rsaiotinc tadigseü  teaédpcalnidcic amacsiáó, xndi mea a h,la aeb niet ajrebecillauidccaiióódnn,    2021-12406n https://www.
ordinaria del servicio.
Artículo 12.  Paradas e itinerarios.
1.  La prestación de servicios en régimen de transporte a la demanda no podrá 
suponer una modificación de las paradas establecidas en las diferentes expediciones a 
los efectos de tomar o dejar personas usuarias, ni de los itinerarios o infraestructuras por 
los que, concretamente, haya de discurrir el servicio, tal y como hayan sido previstos 
unas y otros, respectivamente, en el título concesional o autorizatorio de aplicación a la 
ejecución ordinaria de la prestación.
2.  Lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  entiende  sin  perjuicio  de  las 
modificaciones  de  itinerario  derivadas  de  una  óptima  y  eficiente  ejecución  de  los 
servicios que compongan la demanda de los usuarios en el marco del calendario y 
horario prefijados.
Artículo 13.  Demanda de transporte por la persona usuaria.
1.  La  solicitud  del  servicio  de  transporte  a  la  demanda  deberá  ser  expresa, 
inequívoca y responsable.
2.  La  demanda  de  transporte  deberá  contraerse  al  calendario,  expediciones  y 
horario que consten en las condiciones de prestación del servicio.
Artículo 14.  Efectos de la demanda de transporte.
1.  La solicitud del servicio de transporte a la demanda producirá, para la persona 
usuaria interesada, los siguientes efectos:
a)  El derecho a utilizar, como viajera y parte en el contrato de transporte, el servicio 
demandado en las condiciones previamente fijadas.
b)  El derecho de ser informada, con anterioridad a la realización del transporte, de 
cambios o modificaciones producidas en las condiciones del mismo.
c)  El derecho a desistir de su solicitud en la forma y condiciones previstas en la 
autorización del régimen.
d)  El derecho a formular quejas, reclamaciones o sugerencias por idénticos medios 
a los previstos para expresar la demanda del transporte.
e)  La obligación de formular la demanda de transporte con la antelación mínima 
fijada en la autorización respecto de la hora establecida para la realización del servicio.
f)  La obligación de identificarse con su nombre, apellidos, domicilio y número de 
documento de identidad en el momento de efectuar su petición.
g)  La obligación de personarse en el punto de parada correspondiente a la hora 
previamente determinada de inicio de la expedición.
h)  La obligación de comunicar a la Dirección General de Transportes cualquier 
incidencia relacionada con el procedimiento o los medios utilizados en este sistema.
2.  La demanda de transporte por la persona usuaria producirá, para la empresa 
operadora, los siguientes efectos:
a)  La obligación de realizar el servicio de transporte demandado, de acuerdo con el 
calendario, expediciones y horario fijados en el título autorizatorio.
b)  La obligación de poner a disposición de los usuarios suficiente número de plazas 
para  atender  las  peticiones  existentes,  en  vehículos  que  cumplan  las  condiciones 
exigidas en la autorización. s
c)  La  obligación  de  poner  a  disposición  de  los  usuarios  discapacitados  con  o
mdqíuoaevs di,sl )iled a a esLdnua csr uepoedebnunlitcgsrieaidó canai ó dudnsne c dlr vsieteeo har avínciluc usinloeoc r pivaaoirccr ci poceú asubuinblsi clvaeaes moh n íecaonud itlmaeop, p dtcuaeotd aneob s ultaean ssas  ua cas aln arnta eoeclpcateeecrrsiíóasidndtia ocddareaes,.s. ,a le mn eenl ocsa scoin dceo   2021-12406n https://www.
3.  El incumplimiento del servicio demandado por la operadora sujetará a ésta a la 
indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  causados  a  la  persona  demandante  del 
transporte,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  sancionadora  exigible  por  el 
incumplimiento  de  los  tráficos,  itinerario,  expediciones,  puntos  de  parada  y  demás 
prescripciones establecidas en las condiciones del transporte a la demanda.
La  ausencia  injustificada  y  por  causa  imputable  al  usuario,  demandante  del 
transporte, en el punto de parada concreto y a la hora predeterminada, facultará a la 
empresa prestadora del servicio para exigir a aquél la responsabilidad que proceda por 
los daños y perjuicios irrogados por dicha falta de personación.
Artículo 15.  Efectos de la autorización sobre el título jurídico vinculante.
La autorización del régimen de transporte a la demanda a la empresa operadora 
exime a ésta, durante el tiempo en que esté vigente el sistema, y en la medida de su 
extensión y alcance, del cumplimiento de las condiciones de prestación que definen la 
ejecución  ordinaria  del  servicio,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  título  jurídico 
vinculante  al  que  aquélla  esté  sometida,  no  constituyendo  dicha  autorización  una 
modificación de dichas condiciones, cuya ejecución revestirá la forma indicada por la 
resolución que determina el inicio del citado régimen.
Artículo 16.  Criterios de cálculo de la compensación financiera.
1.  El cálculo de la compensación que, en su caso, proceda, por el cumplimiento de 
las obligaciones de servicio público en régimen de transporte a la demanda, se ajustará 
a las condiciones establecidas en la respectiva autorización y tendrá en cuenta los 
siguientes parámetros:
a)  Los servicios efectivamente realizados devengarán una compensación sujeta al 
número de kilómetros efectuados, de acuerdo con la totalidad de costes e ingresos que 
concurran en la ejecución del servicio.
b)  Los  servicios  no  realizados  que  comporten  disponibilidad  de  medios, 
computarán, a efectos de la compensación, exclusivamente en relación con los costes 
fijos exigidos para la citada disponibilidad.
2.  Se entenderá por servicios efectivamente realizados los desplazamientos que 
supongan el traslado de, al menos, una persona usuaria demandante del viaje, desde el 
lugar de origen del servicio hasta el de destino, incluyendo el viaje de retorno, siempre 
que este se ejecute en vacío sin conllevar otras demandas concurrentes.
3.  Se consideran costes fijos, a los efectos de lo dispuesto en la letra b) del 
apartado 1, los gastos que soporta la empresa operadora relativos a la disponibilidad, 
tanto del personal de conducción como de los vehículos, ofrecida para los servicios no 
realizados. Los costes fijos de los vehículos serán los correspondientes a las partidas de 
amortización, financiación, seguros y costes fiscales.
En este caso, los costes indirectos se calcularán en la proporción que deriva de la 
aplicación de un 12,5 % sobre el total de costes fijos.
En  los  servicios  prestados  con  vehículos  de  menos  de  diez  plazas,  incluido  el 
conductor, o en aquellos en que se imputen costes por horas de espera, los costes fijos 
se  computarán  en  un  porcentaje,  con  respecto  a  los  gastos  totales,  similar  al 
correspondiente a la media de costes fijos soportados por los vehículos de más de 10 
plazas con respecto al precio por kilómetro aplicado, no pudiendo aquél ser inferior a  e.
un 62%. w.b
4.  El  importe  máximo  de  la  compensación  que  se  abone  en  los  servicios  406ww
lpae ratepnliecaciceiónnte sd eal  lovsa locor ndtreal topsre dceio c opnocr eksiilóónm edter os eqruveic iosse  vdigeednutzecsa  sdeerá  leal  cqoume preesnuslatec iódne 
oferEtand alo esn d leam liácsit accaiósons p, oerl  liam epmorptere msaá xciomnotr adteis tlaa .compensación tomará como referencia
la  aplicación  del  valor  del  precio  por  kilómetro  utilizado  para  la  determinación  del
presupuesto  base  de  licitación  que  se  hubiere  calculado  a  los  efectos  del  último 
procedimiento de adjudicación del contrato de concesión de servicios tramitado con 
respecto a la fecha de la resolución de autorización del transporte a la demanda.
Artículo 17.  Finalización del régimen de transporte a la demanda.
Cuando, al final de un determinado período trimestral, el índice de utilización del servicio 
de uso general, autorizado para su ejecución en régimen de transporte a la demanda, 
alcance, durante dicho plazo, un volumen medio de viajeros por servicio prestado, dentro 
del tráfico total de la ruta concreta, superior a cinco viajeros/vehículo-km, se declarará, de 
oficio o a solicitud de la empresa operadora, la finalización del citado régimen.
Sección 2.ª Régimen de ejecución combinada y asistencia colaborativa
Artículo 18.  Ejecución del servicio de forma combinada y asistencia colaborativa.
1.  La empresa operadora podrá prestar el servicio de forma que, dentro de un 
determinado área geográfica, coincidente, en todo o en parte, con el ámbito territorial de 
gestión del servicio público a que se extiende el título jurídico vinculante, los tráficos que 
constituyan localidades receptoras de una demanda habitual de personas usuarias por 
motivos sanitarios, docentes, administrativos o comerciales, queden atendidos con los 
vehículos adscritos a la prestación del servicio en régimen de ejecución ordinaria de 
conformidad con el título constitutivo vigente, y el resto de tráficos dependientes de 
aquéllas lo sean en régimen de transporte a la demanda con otros vehículos también 
adscritos a la gestión.
2.  En  el  caso  de  que  la  empresa  operadora  no  disponga  de  otros  vehículos 
adscritos para destinarlos a los tráficos dependientes servidos a demanda, éstos podrán 
ser atendidos mediante el auxilio de vehículos de turismo cedidos por otros transportistas 
y  amparados  en  autorizaciones  de  transporte  de  la  clase  VT  y  VTC,  los  cuales 
participarán en la gestión de la movilidad, sirviendo de enlace o conexión entre los 
tráficos receptores de demanda habitual y los dependientes, a título de colaboración.
3.  El área geográfica en que se aplicará la ejecución del servicio de forma combinada 
y asistencia colaborativa, en su caso, así como la calificación de las localidades que 
ostentan  la  condición  de  receptoras  de  una  demanda  habitual  y  la  de  los  tráficos 
dependientes, quedarán determinados en la autorización que le sirva de fundamento, 
atendidos los términos de la solicitud de la empresa operadora, o los motivos que aconsejan 
su implementación de oficio, de acuerdo, en todo caso, con los principios de movilidad 
eficiente, máximo grado de eficacia en la satisfacción de las necesidades de la comunidad y 
mínimo coste social.
Artículo 19.  Naturaleza y forma de la colaboración.
1.  Los  tráficos  atendidos  por  vía  de  colaboración  con  vehículos  cedidos  con 
conductor por otros transportistas se considerarán prestados por el operador del servicio 
regular de uso general, con los siguientes efectos:
a)  Los vehículos cedidos se considerarán integrados en la propia organización 
empresarial del operador a los efectos de la gestión de la movilidad regular de uso 
general.
b)  La empresa operadora ejercerá, en todo momento, el control de la ejecución de  e.
las condiciones de prestación del servicio objeto de la colaboración con los vehículos  w.
cedidos. 406ww
la Acd)m  inLiast reamcipórne sdae lo epxearacdtoo rcau maspulimmiireán ltao  odbelli gtíatucilóon ju dreíd riceos pqouned aemr, peanr teo dlao g ceasstoió,n f,r efrneten tae 
a los usuarios de las responsabilidades derivadas del contrato mercantil de transporte, y
frente  a  los  transportistas  colaboradores  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  que 
hubiere contraído en el ámbito de la colaboración.
d)  El operador del servicio regular deberá́ reflejar en su contabilidad los acuerdos 
que celebre con otros transportistas para formalizar la colaboración.
2.  La colaboración se instrumentará expresamente mediante el correspondiente 
documento que permita su acreditación jurídica a requerimiento de la Administración 
pública  titular  del  servicio,  debiendo  el  transportista  colaborador  llevar  a  bordo  del 
vehículo una copia de aquél durante el transporte.
Artículo 20.  Especialidades.
Serán  de  aplicación,  en  cuanto  al  procedimiento  para  su  establecimiento,  a  su 
ejecución y a las reglas para su eventual compensación económica, las disposiciones 
contenidas  en  la  sección  primera  del  presente  capítulo  que  se  acomoden  a  su 
naturaleza, con las siguientes especialidades:
a)  Las expediciones y franjas horarias susceptibles de elección por las personas 
usuarias residentes en las localidades o tráficos dependientes deberán garantizar un 
enlace temporal efectivo y armonizado con el horario del servicio regular que transcurra 
por las localidades principales o receptoras.
b)  Los vehículos de turismo empleados en la ejecución del servicio por vía de 
colaboración deberán cumplir las condiciones de capacidad, técnicas, de habitabilidad, 
accesibilidad y confort que prevean las normas que disciplinen el transporte prestado en 
virtud de la autorización a que se encuentren adscritos.
CAPÍTULO III
Compensación por la ejecución de obligaciones de servicio público
Artículo 21.  Declaración de obligaciones de servicio público.
1.  Al amparo de la normativa europea de aplicación, emanada de lo dispuesto en el 
artículo 93 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) 
n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se 
derogan  los  Reglamentos  (CEE)  n.º  1191/69  y  (CEE)  n.º  1107/70  del  Consejo,  se 
declaran sometidos al régimen de obligaciones de servicio público, en cuanto constituyen 
servicios de interés económico general, los servicios de transporte público regular de uso 
general  de  viajeros  por  carretera,  titularidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, o cuya gestión haya sido delegada a la misma por el Estado, en los que 
concurran, cumulativamente, durante los periodos de prestación objeto de compensación 
dentro de un determinado ejercicio presupuestario, los siguientes requisitos:
a)  Que comuniquen municipios de carácter rural, por su carácter dependiente en 
cuanto al acceso a bienes y servicios públicos, con sus cabeceras comarcales o con 
localidades  que  constituyan  la  sede  de  centros  públicos  prestadores  de  servicios 
sanitarios, administrativos o educativos, o que puedan servir de puntos de enlace con 
otros servicios de transporte.
b)  Que  se  hayan  realizado  de  forma  continuada  durante  todo  el  periodo  de  es
prestación  objeto  de  compensación  mediante  la  ejecución,  como  mínimo,  de  una  bo
expedición de ida y otra de vuelta, al menos una vez a la semana, sea en régimen  406ww
coeorxdnpi lncolo)at  arpicorQie óouvn eee r nnelio dqrsoué  egienrimnigd reoeensls  c opdasoep r íot truubanltnoeas n speiedofigocrtusieen  nddateo el a  ldgo deese s lamtuió spanurn aeedrsmaieo,pns d rteeen s odca ioasrniplacfoloa.srnmiccieiódnna .da,  ceunb erisr telo ús ltcimosot ecsa sdoe,   OE-A-2021-12able en https://
d)  Que haya recaído sobre ellos la declaración, durante los últimos tres años, 
conforme a la normativa vigente, de obligaciones de servicio público, siendo objeto de 
medidas de ayuda o de compensación destinadas a su reequilibrio económico.
e)  Que la situación de déficit padecida no sea imputable a una ineficiente gestión 
empresarial. A estos efectos, se considera que la empresa desarrolla una gestión eficaz 
cuando se encuentre dotada de medios materiales para poder satisfacer las exigencias 
de servicio público requeridas, y cumple con las vigentes normas contables nacionales, 
internacionales y de la Unión Europea.
2.  El contenido y duración de las obligaciones, así como los parámetros aplicados 
al cálculo, control y revisión de las compensaciones que procedan en contrapartida por 
su ejecución, se regirán por lo dispuesto en la presente norma, en el Reglamento (CE) 
n.º 1370/2007, en el Decreto-ley 12/2020 y sus disposiciones de desarrollo, y en las 
respectivas resoluciones de concesión de la compensación.
Por su condición de prestación económica con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las compensaciones se regirán, además, 
por la normativa básica del Estado, las demás leyes aprobadas por la Asamblea de 
Extremadura, y las restantes normas de Derecho administrativo, y, en su defecto, de 
Derecho privado que les fueran de aplicación.
3.  En  las  resoluciones  de  concesión  de  la  compensación  deberán  definirse 
claramente las obligaciones de servicio público, con sus especificaciones de prestación, 
que el operador debe cumplir y las áreas geográficas correspondientes que han de ser 
atendidas.
Artículo  22.  Imposición  de  las  obligaciones  de  servicio  público  y  alcance  de  la 
compensación.
1.  La  prestación  de  los  servicios  de  interés  económico  general  sometidos  a 
obligaciones de servicio público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, se 
impone y queda encomendada a las empresas operadoras que, durante los períodos de 
prestación de los servicios objeto de compensación, se encuentren vinculadas con la 
entidad pública titular mediante acto jurídicamente vinculante, sea en virtud de resolución 
que  acuerde  la  prolongación  del  servicio  a  requerimiento  de  la  Administración,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres,  sea  en  virtud  de  autorización 
administrativa del órgano competente en materia de transporte.
2.  La imposición de las obligaciones de servicio público quedará limitada al período 
de ejecución previo a la entrada en funcionamiento del servicio regulado por un contrato 
de  concesión  de  servicios  adjudicado  mediante  un  procedimiento  de  licitación 
competitivo y equitativo, sin que, en ningún caso, pueda superarse el plazo de dos años 
establecido por la normativa nacional en el caso de prolongación del servicio.
Artículo  23.  Alcance  de  la  compensación  en  contratos  de  concesión  de  servicios 
vigente.
La  compensación  fijada  en  la  presente  norma  se  aplicará  a  los  contratos  de 
concesión de servicios vigentes en la cuantía suficiente para satisfacer exclusivamente 
aquella parte del déficit que, excediendo del previsto en el contrato, sea directamente 
imputable a los efectos económicos de la declaración del estado de alarma y de las  s
medidas  adoptadas  para  solucionar  la  crisis  sanitaria  causada  por  la  enfermedad  oe.
coronavírica COVID-19. w.
Artículo 24.  Objeto y naturaleza de la compensación financiera.
ejecEulc iróéng idmee nla sd eo bcloignacceisoinóens d dee l asse rcvoicmiop epnúsbaliccioo ndeesc lfainraadnacsie erans  eel na rctoícnutrloa p2a1r,t idtiae npeo rp olar 
objeto financiar, como actividad de interés social, el déficit de la explotación de los
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera que 
cumplan los requisitos señalados en el citado precepto, con el fin de promover la 
situación de equilibrio económico en estos ámbitos de actividad, debiendo cumplir las 
empresas prestadoras las obligaciones objeto de imposición que constituyen el servicio 
de  interés  económico  general,  definidas  en  las  respectivas  resoluciones  de 
compensación.
Artículo 25.  Actividad objeto de compensación financiera.
1.  Se considera actividad objeto de compensación financiera el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público declaradas e impuestas a las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera en el 
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  que  cumplan  los  requisitos 
señalados en el artículo 21, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.
2.  La  resolución  de  otorgamiento  respectiva  incluirá  el  contenido  de  las 
obligaciones  a  que  está  sujeta  la  compensación,  con  las  especificaciones 
correspondientes a los tráficos, calendario, expediciones y horario.
3.  Cualquier  modificación,  realizada  de  oficio  o  a  iniciativa  de  las  empresas 
beneficiarias, en el contenido de las obligaciones impuestas, producida con posterioridad 
a la notificación de la resolución de otorgamiento de la compensación, podrá dar lugar, 
en su caso, a la modificación de la resolución correspondiente.
Artículo 26.  Financiación de las actividades objeto de compensación.
1.  La  actividad  objeto  de  compensación  será  financiada  con  cargo  a  fondos 
públicos, procedentes de los créditos consignados en el correspondiente proyecto de 
gasto  contenido  en  los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura a favor de la Consejería competente en materia de transportes.
2.  La cuantía prevista para cada ejercicio podrá aumentarse en función de las 
disponibilidades presupuestarias que se deriven de modificaciones en el presupuesto de 
gastos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 27.  Parámetros de cálculo de la compensación.
1.  Ninguna  compensación  puede  exceder  del  importe  necesario  para  cubrir  la 
incidencia financiera neta en los costes e ingresos derivados de la ejecución de las 
obligaciones  de  servicio  público,  teniendo  en  cuenta  los  ingresos  correspondientes 
conservados por el operador de servicio público y la existencia de unos beneficios 
razonables.
A estos efectos, constituye gasto compensable el coste neto soportado por las 
empresas prestadoras, representativo de la situación de desequilibrio o déficit de la 
explotación, que se produzca en relación con los servicios ejecutados dentro del ejercicio 
respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23.
2.  Con el fin de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior, la memoria económica 
justificativa  de  la  situación  de  desequilibrio  económico  del  servicio  objeto  de  la 
compensación a que se refiere el artículo 31.1.B), distinguirá los siguientes capítulos:
a)  Capítulo  de  costes  e  ingresos  derivados  de  la  ejecución  ordinaria  de  las 
obligaciones de servicio público en los periodos temporales correspondientes de cada 
ejercicio respectivo, con expresa mención a si el importe correspondiente procede de  e.
cálculos efectuados a partir de datos reales o estimatorios, debidamente motivados. w.b
b)  Capítulo de costes e ingresos derivados de la ejecución de las obligaciones de  406ww
sceorrvreicsipoo npdúibelnictoe se nd erlé geijmerecnic idoe  retrsapnescptoivrote,  ad el ac odnefmoramniddaa de nc olons  lop eerisotdaobsle cteidmop oerna leesl 
ccoarpríetuslpoo nsdeigeunnted op rodcee dlae  dpere csáelnctuel ods isepfeocstiuciaódno, s cao np aertxirp rdees ad amtoesn rceióanle sa o  sei setilm  iamtoproiortse, 
debidamente motivados.
3.  La compensación no podrá rebasar el importe correspondiente a la incidencia 
financiera neta, equivalente a la suma de las incidencias, positivas o negativas, que 
afecten al cumplimiento de las obligaciones atribuidas al operador del servicio público en 
los costes y los ingresos.
Las  incidencias  se  evaluarán  comparando  la  situación  de  cumplimiento  de  las 
obligaciones de servicio público con la situación que se hubiera producido si la obligación 
no se hubiera cumplido.
Para  calcular  la  incidencia  financiera  neta,  representativa  de  la  situación  de 
desequilibrio o déficit de la explotación, el órgano concedente se guiará por el siguiente 
esquema:
a)  Los costes de explotación derivados en relación con las obligaciones atribuidas,
b)  menos cualquier incidencia financiera positiva surgida en la red explotada con 
arreglo a la obligación o las obligaciones de servicio público de que se trate,
c)  menos los ingresos procedentes de tarifas o cualquier otro ingreso producido al 
cumplir la obligación o las obligaciones de servicio público de que se trate,
d)  más un beneficio razonable, cifrado en el 6 % de los costes de explotación, como 
tasa de remuneración habitual en el sector público, en el ámbito de la contratación 
administrativa nacional, proporcional al riesgo que supone para el operador del servicio 
la intervención de la autoridad,
e)  igual a la incidencia financiera neta.
4.  En el supuesto de ejecución ordinaria de las obligaciones de servicio público, se 
considerarán costes de explotación del servicio los que integran la siguiente estructura, 
siempre que fueren susceptibles de imputación en el caso concreto de conformidad con 
la respectiva memoria económica justificativa de la situación de déficit de la explotación 
del servicio:
a)  Costes directos:
– Personal de conducción.
– Amortización del/de los vehículo/s.
– Financiación del/de los vehículo/s.
– Seguros.
– Combustible y lubricantes.
– Reparaciones, conservación y neumáticos.
b)  Costes indirectos, entre los que se incluirán los que se hayan originado en 
concepto de estructura, comercialización, administración u otros análogos de carácter 
general.
5.  Los costes de explotación del servicio, a que se refiere el apartado anterior, no 
podrán ser superiores al valor de mercado, sujetándose su cálculo y aplicación a las 
siguientes reglas:
a)  Los costes de personal de conducción se calcularán de conformidad con la tabla 
salarial vigente recogida en el convenio laboral aplicable;
b)  los costes de amortización del vehículo o vehículos se calcularán de conformidad 
con las normas de contabilidad generalmente aceptadas e irán referidos exclusivamente 
al período compensable; s
c)  los  costes  de  financiación  del  vehículo  o  vehículos  estarán  directamente  oe.
relacionados con la actividad compensada y han de ser indispensables para la adecuada  w.
ejecución de la misma; 406ww
de))   llooss  sceogsutreoss  sdee  caclocmulbaurásnti bdlee  cyo nlfuobrmricidaandte cso, na ssuí  imcopmorot e;los  de  reparaciones  y
conservación, se calcularán de conformidad con su importe;
f)  los costes indirectos se calcularán en la proporción que deriva de la aplicación de 
un 12,5 % sobre el total de costes directos.
6.  En el supuesto de ejecución de las obligaciones de servicio público en régimen 
de transporte a la demanda, el cálculo de la compensación que, en su caso, proceda, 
tendrá en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 16.
7.  En ningún caso se incluirán como costes compensables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
8.  Se consideran ingresos de explotación los obtenidos de la gestión del servicio a 
partir de las cantidades recaudadas por la empresa prestadora, en aplicación de las 
tarifas vigentes autorizadas, en concepto de venta de los billetes o títulos de transporte a 
los usuarios.
La memoria económica justificativa de la situación de desequilibrio económico del 
servicio  contemplará  los  ingresos  reales  en  el  periodo  objeto  de  compensación,  o, 
excepcionalmente, de no disponer de ellos, los datos de su estimación objetiva, y, en 
todo caso, fijará una estimación de ingresos con base en las previsiones de recuperación 
de la demanda.
9.  El cálculo de los costes y los ingresos deberá respetar los principios contables y 
fiscales vigentes.
10.  En ningún caso se considerará gasto compensable el déficit de explotación 
imputable a una ineficiente gestión empresarial.
11.  Ostentarán, asimismo, la condición de gastos compensables:
a)  El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por un auditor de 
cuentas, hasta el límite máximo de 1.500 euros.
b)  Los  costes  de  mantenimiento  de  los  equipos  tecnológicos  cedidos  por  la 
Administración que se encuentren instalados en los vehículos adscritos al servicio, en el 
ámbito del Sistema Central de Gestión del Transporte en Extremadura (SIGETEX), hasta 
el límite máximo de 300 euros anuales por el conjunto de equipos instalados en cada 
vehículo.
c)  El gasto imputable a la aplicación, en la actividad de transporte, de las medidas 
higiénicas y de desinfección de vehículos establecidas por las autoridades sanitarias 
para la contención y prevención de la enfermedad pandémica COVID-19, hasta el límite 
máximo diario de 20 euros por vehículo adscrito utilizado en la prestación efectiva de los 
servicios.
12.  Para el caso previsto en el artículo 23, el cálculo de la compensación, de 
acuerdo con las reglas contenidas en los apartados anteriores, quedará limitado a la 
parte del déficit que, excediendo del previsto en el contrato, sea directamente imputable, 
dentro  del  ejercicio  considerado,  a  los  efectos  de  las  medidas  adoptadas  por  las 
autoridades para la gestión de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.
Artículo 28.  Cuantía de la compensación.
El  importe  de  la  compensación  alcanzará  el  100  %  del  gasto  compensable, 
expresado en el coste neto soportado por la empresa prestadora, representativo de la 
situación de desequilibrio o déficit de la explotación, sin exceder de la cuantía máxima 
prevista en la memoria económica justificativa de la situación de desequilibrio económico 
del servicio objeto de la compensación en el correspondiente ejercicio económico, en la 
que se determine el importe máximo del gasto de acuerdo con las reglas previstas en el  e.
artículo 27. w.b
Artículo 29.  Personas beneficiarias.
finan1c. ierOasst eennt acráonn trlaap acrotinddai cpióonr  ldae  ejpeecruscoiónna sd eb eonbelfigicaiacrioianse sd ed el asse rvciocmiop epnúsbaliccioo nlaess 
empresas prestadoras de los servicios de transporte público regular de uso general de
viajeros por carretera definidos en el artículo 21, vinculadas con la entidad pública titular 
de los mismos por un acto jurídicamente vinculante en los términos señalados por los 
artículos 22 y 23, que sean destinatarias de la imposición de obligaciones para la 
realización de los citados servicios.
2.  Las empresas prestadoras del servicio a que se refiere el apartado anterior 
deberán cumplir, durante el período al que se refiere el gasto compensable, el requisito 
de no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias siguientes:
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos.
b)  Haber  sido  sancionadas  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la 
posibilidad de obtener subvenciones.
c)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada 
insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste 
haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial o haber sido 
inhabilitada  conforme  a  la  Ley  Concursal  sin  que  haya  concluido  el  período  de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
e)  Estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, 
en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
f)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.
i)  Las  prohibiciones  de  obtener  compensaciones  afectarán  también  a  aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión,  de  otras  empresas  en  las  que  hubiese  concurrido  alguna  prohibición  de 
obtener subvenciones o compensaciones.
j)  No haber sido condenados, ni la empresa ni su gestor de transporte, por la 
comisión de delitos o faltas penales, ni sancionados por la comisión de infracciones 
relacionadas  con  los  ámbitos  mercantil,  social  o  laboral,  de  seguridad  vial  o  de 
ordenación de los transportes terrestres que den lugar a la pérdida del requisito de 
honorabilidad, de conformidad con lo que se dispone en la Ley de ordenación de los 
transportes terrestres y en la reglamentación de la Unión Europea.
3.  La justificación, por parte de las empresas prestadoras de no estar incursas en 
las prohibiciones del apartado 2, se efectuará mediante una declaración responsable 
ajustada formalmente a un modelo normalizado que se presentará a requerimiento del 
órgano concedente en el trámite de alegaciones a la propuesta provisional de concesión.
Artículo 30.  Obligaciones de las empresas beneficiarias.
Las  empresas  beneficiarias  quedarán  sujetas  al  cumplimiento  de  las  siguientes  oe.
obligaciones: 406www.
medaia) nteA deol pctuamr pelli mcioemntpoo írntatemgireon dtoe  qlause o fbulingdaacmioennetsa  dlea  sceornvciceios iópnú bdliceo l aim cpoumespteanss paocrió lan 
Administración.
b)  Tratar la explotación del servicio público objeto de la compensación como una 
actividad separada, gestionándola como una división contable independiente y distinta 
de cualquier otra que realicen, esté o no relacionada con el transporte de viajeros.
c)  Justificar ante el órgano concedente la realidad de la situación de déficit o 
desequilibrio  económico  del  servicio  derivado  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
atribuidas, en la forma prevista en el artículo 36, y, a estos efectos, en su caso, poner a 
disposición del auditor de cuentas designado por la empresa cuantos libros contables, 
registros diligenciados y documentos le sean exigibles por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso.
d)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como 
comunitarios,  aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las 
actuaciones anteriores.
e)  Acreditar  que  se  hallan  al  corriente  en  las  obligaciones  tributarias  con  las 
Haciendas estatal y autonómica y frente a la Seguridad Social.
Artículo 31.  Procedimiento de concesión de la compensación financiera.
1.  El procedimiento de concesión de las compensaciones se iniciará de oficio por el 
órgano concedente y estará integrado por los siguientes actos de trámite:
A.  Adopción del acuerdo de iniciación del procedimiento por el órgano concedente.
B.  La redacción, por el órgano instructor, de una memoria económica justificativa de 
la situación de desequilibrio económico del servicio objeto de la compensación en el 
correspondiente ejercicio económico, en la que se determine la cuantía máxima del 
gasto de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 27.
C.  La  formulación  de  una  propuesta  de  resolución  provisional  de  concesión, 
debidamente motivada, que incluirá, al menos, los siguientes extremos:
i)  La empresa para la que se propone la concesión de la compensación.
ii)  Servicio de interés económico general para el que se concede.
iii)  Criterios de valoración de la situación de déficit y resultado estimativo obtenido.
iv)  Importe previsto de la compensación financiera.
v)  Referencia expresa al Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo
D.  La propuesta se notificará a la empresa prestadora, a la que se concederá un 
plazo de diez días para presentar alegaciones y la declaración responsable de no estar 
incurso en las prohibiciones del artículo 29.2.
E.  La formulación de la propuesta de resolución definitiva de concesión, una vez 
examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas por la operadora.
2.  Previo conocimiento por la operadora interesada, mediante notificación válida y 
eficaz, de la iniciación del procedimiento de concesión de la compensación financiera, la 
ausencia de oposición al mismo producirá los siguientes efectos:
a)  Supondrá el conocimiento y aceptación por la interesada del contenido de las  es
disposiciones del presente capítulo, en lo que se refiere a las condiciones, requisitos,  o
tpphrrúaaobymcalbieicnt)ad o ci.msiCóiidoneon nd ltloeee lv lyaao brteoáofr ergalcaadt mooassiue  dtnoeptro oilz rada  eccc ioóluamna  lcpqpoeuamnierspara e cnlAaisó dancmc opiiónnonsirs,u  telrstajaaec lcviuóuo nc oq ióbupnteúe  dbncelcoic inóoasnb,t  elidg neeaen cc ideoeosnl caepursrimoo dscee en dptsoiamesrr iaveq incutilooea     OE-A-2021-12406able en https://www.
su oposición expresa, y siempre que, respecto de la circunstancia de hallarse al corriente
en  las  obligaciones  con  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  conste  la 
autorización expresa de la persona o entidad interesada.
c)  No presentación de documentos que hayan sido aportados anteriormente ante 
cualquier Administración.
3.  Si constara en el procedimiento la oposición de la empresa interesada a la 
consulta  u  obtención  de  documentos,  o,  excepcionalmente,  si  la  Administración  no 
pudiera recabar los documentos o datos necesarios para la tramitación del procedimiento 
de  otorgamiento  de  la  compensación,  aquélla  deberá  ser  requerida  a  aportar  la 
información necesaria.
Artículo  32.  Órgano  competente  para  la  ordenación,  instrucción  y  resolución  del 
procedimiento.
1.  La  ordenación  e  instrucción  del  procedimiento  competerá  a  la  unidad 
administrativa de la Dirección general competente en materia de transportes que se 
determine en el acuerdo de inicio.
2.  La  resolución  del  procedimiento  de  otorgamiento  de  las  compensaciones 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
transportes, a propuesta del órgano instructor.
Artículo 33.  Resolución de concesión de la compensación financiera.
1.  Las propuestas de resolución de concesión, provisional y definitiva, no crean 
derecho alguno a favor de la empresa beneficiaria propuesta, frente a la Administración, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
2.  Aprobada la propuesta de resolución definitiva y su expediente de gasto, el órgano 
competente resolverá el procedimiento de forma motivada, debiendo, en todo caso, quedar 
acreditados en el expediente los fundamentos de la decisión que se adopte.
3.  El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento 
será de seis meses, computado a partir del acuerdo de iniciación del procedimiento.
4.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa 
legitima a las personas interesadas que hubieren comparecido en el procedimiento para 
entender  desestimada  por  silencio  administrativo  su  pretensión  de  concesión  de  la 
compensación.
5.  La resolución de concesión, o, en su defecto, el acto desestimatorio por silencio 
administrativo, no pondrá fin a la vía administrativa y, contra ellos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de 
transportes, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
haya producido la notificación del acto, o desde el día siguiente a aquel en que se 
produzcan los efectos del silencio administrativo.
6.  Notificada la resolución, se requerirá la aceptación expresa por la interesada 
beneficiaria, con anterioridad a la tramitación de los correspondientes pagos en que se 
materialice la compensación concedida.
Artículo 34.  Publicidad de las compensaciones concedidas.
Las compensaciones concedidas se publicarán en el Portal de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura.
Artículo 35.  Modificación de la resolución. w.b
circu1n. staDnacriáans :lugar  a  la  modificación  de  la  resolución  de  concesión  las  siguientes
a)  Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
compensación. Bc
b)  Modificación de las obligaciones impuestas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25.3.
2.  La modificación podrá efectuarse de oficio o en virtud de solicitud de la persona 
beneficiaria, sin que, en ningún caso, pueda dar lugar a un incremento de la cuantía 
máxima de la compensación financiera.
3.  La modificación de la resolución será notificada a la empresa beneficiaria.
Artículo  36.  Justificación  del  cumplimiento  de  la  finalidad  de  la  compensación 
financiera.
1.  La justificación de la adecuada gestión del servicio, en orden a la comprobación 
del cumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas, y a la consecución del 
objetivo del equilibrio económico de la actividad, se instrumentará mediante rendición de 
la  cuenta  justificativa  del  gasto  con  aportación  de  informe  de  auditor  de  cuentas, 
designado por la empresa beneficiaria de entre los inscritos como ejercientes en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4.
2.  La cuenta justificativa del gasto contendrá la siguiente documentación:
a)  Una memoria de actuación, ajustada al modelo contenido en el acuerdo de inicio 
del procedimiento, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la compensación, en relación con el servicio de interés económico general 
para el que se concede, que comprenderá los siguientes extremos:
i)  Actividades de transporte realizadas, acreditadas mediante las hojas de ruta 
generadas por el sistema electrónico utilizado en las operaciones de venta de billetes, o, 
en su defecto, mediante una copia de las anotaciones de datos, practicadas por la 
empresa, relativas a los servicios realizados al amparo de las obligaciones de servicio 
público impuestas, debiendo significar los períodos de tiempo en que el transporte se ha 
ejecutado de forma ordinaria de acuerdo con el título constitutivo de la obligación o en 
régimen de transporte a la demanda.
ii)  Resultados  obtenidos,  con  expresa  referencia  al  número  de  viajeros 
transportados.
b)  Una memoria económica abreviada, ajustada al modelo contenido en el acuerdo 
de inicio del procedimiento, dotada del siguiente contenido:
i)  Un estado de los gastos incurridos en el ejercicio de la actividad, clasificados y 
ordenados de acuerdo con la estructura de costes prevista en el artículo 27, señalando y 
distinguiendo aquellos que superen el importe previsto para el mismo concepto en la 
memoria económica justificativa de la situación de desequilibrio económico del servicio.
ii)  Un estado de los ingresos derivados de la ejecución de los servicios, que incluya:
ii.a)  Cantidades recaudadas por la empresa prestadora, en aplicación de las tarifas 
vigentes autorizadas, en concepto de venta de los billetes o títulos de transporte a los 
usuarios.
ii.b)  Bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte conforme al 
Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público  s
regular de uso general de viajeros por carretera. e.
ii.c)  Cualquier incidencia financiera positiva surgida en la red explotada con arreglo  w.
a la obligación o las obligaciones de servicio público de que se trate. 406ww
3.  La cuenta justificativa, cuya preparación y presentación será responsabilidad de
plao er mesptrae,s aaj ubsetnaedfoic iaalr ima,o idráe laoc coomnpteanñiaddoa e dne  eul na icnufoerrmdoe  ddee l inaiucdioit odre dl ep rcouceendtiamsi ednetsoig, ncaudyao 
actuación  se  someterá,  en  cuanto  sea  de  aplicación,  a  lo  dispuesto  en  la
Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de 
los  auditores  de  cuentas  en  la  realización  de  los  trabajos  de  revisión  de  cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el 
artículo  74  del  reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  Para las compensaciones financieras concedidas por importe inferior a 15.000 
euros, podrá tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la 
compensación la cuenta justificativa regulada en el apartado 2 de este artículo.
5.  El informe del auditor contendrá los extremos que se especifiquen en el modelo 
que lo regule.
6.  La  cuenta  justificativa  irá  asimismo  acompañada  de  las  facturas 
correspondientes a los gastos derivados de los siguientes conceptos:
a)  La revisión de la cuenta justificativa por un auditor de cuentas.
b)  Los  costes  de  mantenimiento  de  los  equipos  tecnológicos  cedidos  por  la 
Administración que se encuentren instalados en los vehículos adscritos al servicio, en el 
ámbito del Sistema Central de Gestión del Transporte en Extremadura (SIGETEX).
c)  La aplicación, en la actividad de transporte, de las medidas higiénicas y de 
desinfección de vehículos establecidas por las autoridades sanitarias para la contención 
y prevención de la enfermedad pandémica COVID-19, aportándose las facturas emitidas 
por empresas externas para la desinfección de los vehículos, con expresión de importe 
por matrícula y periodo, o derivadas de la adquisición de los equipos y/o productos 
necesarios destinados a tal fin.
7.  Con el fin de evitar un apoyo financiero excesivo, el importe de la compensación 
se ajustará al resultado contable que proporcione el proceso de revisión por el auditor, 
exclusivamente en los casos en que aquel resulte inferior a la previsión de déficit 
contenida en la memoria justificativa de la situación de desequilibrio económico.
8.  La justificación deberá presentarse, como máximo, en el plazo de tres meses a 
contar  desde  la  finalización  de  la  prestación  por  la  empresa  operadora,  una  vez 
reconocido  el  derecho  a  la  compensación  mediante  la  pertinente  resolución  de 
otorgamiento.
Artículo 37.  Pago de la compensación.
1.  La aprobación del gasto por el importe de la compensación y la consiguiente 
propuesta de pago a la empresa beneficiaria se efectuará por la Consejería competente 
en materia de transportes, a propuesta de la Dirección General correspondiente, previo 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Justificación por la beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que fue 
otorgada la compensación.
b)  Acreditación  de  hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  con  las 
Haciendas estatal y autonómica y frente a la Seguridad Social.
c)  Presentación de factura emitida por la beneficiaria por la cuantía correspondiente 
en cada fase de abono del importe de la compensación.
d)  Certificado  del  órgano  instructor  sobre  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
sustantivos y económicos que han determinado la concesión de la compensación.
2.  A iniciativa del órgano concedente, se podrá realizar el pago anticipado de hasta,  e.e
como límite, el 75 % de la cuantía máxima prevista de la compensación establecida en la  b
resolución de concesión, con el fin de facilitar la prestación de los servicios objeto de las  406ww
oqbuleig asceio ndeesr ivime pduee stlaas , juas triefiscualctaiósn  deal  aqjuuset es dee frineiftiievroe  deell  imarptíocrutleo  daen ltae rcioorm, pqeunes asceiórná 
adlectaenrmcein ealn time pdoerl tpea dgeo  ddéef ilcai tc euna nltaía c pueanndtíiae naten tidceip aabdoan yo , ssuiepmonpgrae  qeul ec udmicphlaim juiesntitfoic adcei ólna 
finalidad para la que se concedió la compensación.
Dado el objeto de la retribución y la condición de servicio de interés económico 
general que presentan los transportes que cumplen los requisitos del artículo 21 y del 
artículo 23, la iniciativa de pago anticipado, en las condiciones descritas, no quedará 
sometida a la constitución de garantía por parte de la persona perceptora.
No obstante, se requerirá la constancia en el expediente de la aceptación expresa de 
la resolución de concesión por la entidad beneficiaria, así como la certificación del 
órgano instructor de que, de acuerdo con los datos de explotación de que éste dispone, 
el déficit anual acumulado estimado, hasta la fecha de la propuesta de pago, no excede 
del referido límite sobre la cuantía máxima prevista para la compensación.
Artículo 38.  Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
compensación  respecto  de  la  empresa  beneficiaria,  son  criterios  de  graduación  de 
posibles incumplimientos los siguientes:
Extensión de la pérdida del derecho al cobro de la 
Incumplimientos
compensación
Falseamiento de las condiciones requeridas para obtener la compensación u ocultación 
100 % del importe de la compensación.
de aquéllas que lo hubieren impedido.
5 % del importe de la compensación por incumplimiento 
Incumplimiento de las obligaciones establecidas referidas a los servicios de transporte,  de cada tráfico, día del calendario del servicio, de 
constatado «in situ» por los servicios de inspección del órgano concedente. cualquiera de las expediciones establecidas, o por 
alteración injustificada y reiterada del horario.
Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
material de la realización de la actividad, incluido el procedimiento de revisión por el  100 % del importe de la compensación.
auditor de acuerdo con el artículo 36.
Incumplimiento de la obligación de justificación del cumplimiento de la finalidad en el 
100 % del importe de la compensación.
tiempo y forma expresados en el artículo 36.
Incumplimiento grave de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en el 
100 % del importe de la compensación.
presente Decreto o resolución de concesión.
Artículo 39.  Actuaciones de comprobación.
1.  El  órgano  concedente  podrá  comprobar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones  que  justificaron  el  otorgamiento  de  la  compensación,  la  adecuada 
justificación de la misma, así como la realización de la actividad, en su realidad y 
regularidad, y el cumplimiento de la finalidad que determina su concesión, mediante los 
pertinentes mecanismos de inspección y control.
A  estos  efectos,  podrá  utilizarse  la  información  proporcionada  por  los  recursos 
tecnológicos adscritos al Sistema Central de Gestión del Transporte en Extremadura 
(SIGETEX), o plataforma que los sustituya, en virtud de la obligación de remisión de 
datos a esta base por parte de las empresas contratistas del servicio del transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera, impuesta por el artículo 22 del 
Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano 
en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los  es
servicios de transporte público interurbano en autobús. o
ccounatn2rto.a l  qdLuoaec  ueemmsteapnbretlaesczaicó anb  eesnle eóafri gcraeianqrouia ec roeidnsatca eerdáne  neotlbe le.igjeardcaic ioa  dper elsatsa ra cstuu accoiolanbeosr adcei óinns pye cfaccióilnita yr   2021-12406n https://www.
Artículo 40.  Reintegro de las compensaciones.
El órgano concedente será el competente para exigir de la empresa beneficiaria el 
reintegro de las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses de demora, 
mediante la resolución del procedimiento que se instruya al efecto, cuando aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro que corresponda en virtud de lo 
prevenido en el artículo 38.
Disposición adicional primera.  Régimen especial en servicios prestados con apoyo 
experimental de plataforma digital.
Los  servicios  de  transporte  regular  de  uso  general  de  viajeros  por  carretera, 
previamente seleccionados como idóneos para su gestión con apoyo de plataformas 
digitales en proyecto de experimentación o prueba, atendiendo a fines de optimización, 
digitalización y automatización de su explotación, quedarán sujetos a las siguientes 
reglas especiales:
a)  Podrán introducirse los cambios en las condiciones de prestación que resulten 
adecuados  a  la  implementación  del  proyecto,  sin  que  los  mismos  constituyan 
modificaciones del título jurídico vinculante, siempre que dichos cambios tengan carácter 
temporal, respondan a las necesidades de la plataforma digital y se mantenga, en todo 
momento de su aplicación, el nivel de satisfacción de las necesidades de movilidad de 
las poblaciones afectadas.
b)  En todo caso, el importe de la compensación respetará el valor ofertado en la 
licitación por la empresa contratista, atendiendo a su colaboración en el proyecto y la 
adaptación  necesaria  de  sus  recursos  organizativos  y  materiales  a  las  exigencias 
derivadas de la implementación de la referida plataforma digital en formato experimental.
c)  En  el  supuesto  de  que  los  cambios  en  las  condiciones  de  prestación 
representaran  un  incremento  del  déficit  de  explotación,  la  compensación  financiera 
prevista en el capítulo tercero absorberá el importe, exclusivamente en aquella parte 
que, excediendo del previsto en el contrato, sea directamente imputable al proyecto 
digital, sin perjuicio de las cláusulas económicas previstas en el título jurídico vinculante.
Disposición adicional segunda.  Procedimiento de adjudicación directa del contrato de 
concesión de servicios.
En los casos en que, de acuerdo con lo previsto en la normativa europea y nacional 
en materia de transportes, la Administración opte por la adjudicación directa del contrato 
de concesión de servicios de transporte regular de uso general de viajeros por carretera, 
el procedimiento propio de esta figura se ajustará a lo establecido en dicha regulación, 
debiendo incluir los siguientes trámites:
a)  Justificación  motivada  de  la  pertinencia  del  procedimiento  de  adjudicación 
directa.
b)  Elaboración del pliego de condiciones que haya de regir el contrato, que tomará 
como base el proyecto aprobado por la Administración, y en el que se fijarán las 
condiciones técnicas de prestación del servicio.
c)  Audiencia al operador u operadores con capacidad técnica y organizativa para 
prestar el servicio.
d)  Propuesta de resolución de adjudicación del contrato a favor del operador que  e
cumpla las condiciones de habilitación profesional, disponibilidad de medios adecuados,  bo
y solvencia económica y técnica, establecidas en el pliego, con justificación motivada de  406ww
la elee)c ciIónnfo dreml eo pdeerla sdeorrv ipcrioop juuerísdtioc.o del órgano de contratación, así como, en el caso de
iqnuteer veeln tcoor.ntrato  conlleve  expediente  de  gasto,  informe  de  fiscalización  del  órgano
f)  Resolución de adjudicación del contrato.
Disposición  adicional  tercera.  Reequilibrio  económico  y  autorización  administrativa 
especial en relación con el servicio público de Estaciones de Transporte de Viajeros 
como actividad auxiliar y complementaria de los servicios públicos de transporte 
regular de uso general.
1.  En  atención  al  carácter  auxiliar  y  complementario  de  las  Estaciones  de 
Transporte de Viajeros por Carretera respecto de los servicios de transporte público 
regular  de  uso  general  y  sus  funciones  de  prestación  de  servicios  preparatorios  y 
complementarios a personas usuarias y transportistas, los contratos de concesión de 
este servicio público podrán ser reequilibrados económicamente por causa de afectación 
de la situación de hecho creada por la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas 
por  las  autoridades  públicas  para  combatirlo,  en  los  términos  que  se  fijen 
reglamentariamente,  debiendo  calcularse  dicho  reequilibrio  teniendo  en  cuenta  la 
reducción de ingresos por la disminución de la demanda de personas usuarias y el 
incremento de costes sufrido por las medidas higiénicas o sanitarias aplicadas.
2.  Lo prevenido en el apartado anterior se aplicará, asimismo, cuando la gestión de 
la actividad se encuentra atendida en virtud de autorización administrativa, otorgada, 
durante el período que conlleve el inicio, la tramitación y la finalización del procedimiento 
tendente a la adjudicación del correspondiente contrato de concesión, a empresa que 
acredite condiciones de disponibilidad de medios adecuados y solvencia económica y 
técnica que, objetivamente, sean valorados como suficientes, a juicio del órgano directivo 
competente en materia de transportes, para atender la explotación del servicio objeto de 
la autorización, dejando de ello cumplida constancia en el expediente administrativo.
Disposición adicional cuarta.  Servicios anteriores a la eficacia de los actos integrantes 
del procedimiento de compensación por la ejecución de obligaciones de servicio 
público.
1.  A los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera, que reúnan los requisitos previstos en los artículos 21 y 23, efectivamente 
prestados a partir del día 1 de enero de 2021, les serán de aplicación los efectos 
económicos del inicio del procedimiento administrativo destinado a la concesión de 
compensaciones  financieras  por  la  ejecución  de  obligaciones  de  servicio  público 
correspondiente a dicho ejercicio, siempre que la eficacia del acto no lesione derechos o 
intereses legítimos de otras personas.
2.  Idéntico criterio retroactivo se aplicará, en su caso, para los procedimientos 
iniciados en los ejercicios presupuestarios posteriores a 2021 en los que esté vigente la 
presente norma respecto de los servicios efectivamente prestados a partir del día 1 de 
enero de los referidos ejercicios.
Disposición adicional quinta.  Reestructuración de los servicios de transporte regular de 
uso general y prórroga de las concesiones autonómicas.
1.  Con la finalidad de modificar el actual mapa concesional y diseñar una nueva red 
de transporte en el sector, la Consejería competente en materia de transportes, en el 
plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, iniciará el 
procedimiento de adjudicación de los contratos de concesión de servicios que resulten 
de la planificación de la movilidad en la Comunidad Autónoma.
2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y con el fin de unificar en el  s
tiempo la extinción de los actuales contratos de concesión, podrán acordarse por el órgano  oe.
administrativo  competente,  de  acuerdo  con  el  operador  del  servicio,  las  ampliaciones  w.
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en funcionamiento de los servicios adjudicados en el procedimiento a que se refiere el
apartado anterior, sin que la  misma  pueda exceder,  acumulativamente, del período  Bc
máximo de duración de los contratos previsto en el apartado cuarto del artículo 72 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Disposición adicional sexta.  Paradas con conexión intermodal.
Los vehículos que presten servicios de transporte regular de uso general de viajeros 
por carretera podrán efectuar parada, para tomar o dejar personas usuarias, en las 
estaciones o apeaderos de transporte ferroviario, previa autorización administrativa a 
solicitud de la empresa operadora, siempre que esta acción posibilite la conexión entre 
las expediciones ferroviarias y las propias del transporte regular por carretera, en los 
municipios que sirvan de origen, tránsito o destino de éstas, y de acuerdo con el sistema 
de horarios preestablecido, con respeto, en todo caso, en cuanto a su establecimiento, a 
lo previsto en el correspondiente contrato y en la normativa de transportes.
Disposición  transitoria  única.  Régimen  transitorio  respecto  a  las  ordenanzas 
municipales reguladoras del comercio ambulante.
No  serán  objeto  de  emisión  los  informes  solicitados  al  Consejo  de  Comercio 
Extremeño  en  el  procedimiento  de  tramitación  de  las  ordenanzas  municipales 
reguladoras del comercio ambulante que no hubiesen sido emitidos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley.
Disposición derogatoria única.  Cláusula de derogación.
Quedan derogadas las siguientes normas:
a)  El artículo 3 de la Ley 5/2009, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en 
materia de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por 
carretera.
b)  El  artículo  11  del  Decreto-ley  12/2020,  de  19  de  junio,  de  medidas 
extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  8/2018,  de  23  de  octubre,  del 
comercio ambulante de Extremadura.
La Ley 8/2018, de 23 de octubre, queda modificada como sigue:
Uno.  Se suprime el apartado 3 del artículo 13, permaneciendo inalterados el resto 
de apartados del artículo.
Dos.  Se suprime el apartado 4 del artículo 18, permaneciendo inalterados el resto 
de apartados del artículo.
Tres.  Se suprime el apartado 2 del artículo 19, permaneciendo inalterados el resto 
de apartados del artículo.
Cuatro.  Se suprime el artículo 22, quedando sin contenido.
Disposición final segunda.  Régimen supletorio de armonización en la utilización de los 
servicios  regulares  de  transporte  de  personas  por  carretera  en  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
1.  En aras a la protección del derecho a la movilidad de los ciudadanos, podrá  e.
regularse un régimen de armonización en la utilización de los servicios regulares de  w.b
transporte de personas por carretera en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el  406ww
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personas usuarias cuando éstas necesiten que necesiten desplazarse entre núcleos de
población  cuya  comunicación  mediante  transporte  interurbano  por  carretera  cumpla 
alguno de los siguientes requisitos:
a)  Que no se encuentre atendida mediante un servicio de transporte público regular 
de uso general.
b)  Que, aun existiendo un servicio de transporte regular de uso general que enlace 
los núcleos de población sometidos a este régimen de utilización, su calendario u horario 
no se encuentre adaptado a las necesidades generales de la población, sin que sea 
posible la modificación del título jurídico que contenga tales condiciones de prestación, 
sea por razones técnicas, o por la negativa justificada de la empresa concesionaria, 
fundada en la limitación de medios materiales y personales de que disponga en el ámbito 
de su organización.
2.  Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con los servicios 
regulares de uso especial por carretera en autobús susceptibles de utilización por el 
colectivo general de personas usuarias, la clase de vehículos idónea para dicho uso, los 
núcleos de población beneficiarios del régimen de armonización, el modo y condiciones de 
utilización y el procedimiento de establecimiento del régimen de armonización, así como las 
demás cuestiones que permitan definir esta forma de servicio público.
3.  En  el  procedimiento  de  elaboración  de  la  norma  reglamentaria,  no  será 
preceptiva la consulta al Consejo Escolar de Extremadura, dada la relación del bien 
jurídico protegido por la norma con el derecho a la movilidad de los ciudadanos.
4.  El  régimen  de  transporte  que  articula  la  presente  disposición  no  supondrá 
limitación o perturbación alguna de los derechos de los menores reconocidos por la 
normativa  vigente  que  utilicen  los  servicios  regulares  de  uso  especial  objeto  de 
armonización,  no  siendo  exigible  a  las  personas  usuarias  del  colectivo  general  la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, 
prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en atención a su derecho a la movilidad en un medio de transporte público y a no 
constituir su cumplimiento el acceso y ejercicio a una profesión, oficio o actividad que 
implique contacto habitual con menores.
Disposición final tercera.  Título competencial.
La  presente  disposición  se  dicta  al  amparo  de  las  competencias  estatutarias 
exclusivas reconocidas a la Comunidad Autónoma en el artículo 9.1.39 en materia de 
transportes terrestres cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la 
misma, con independencia de la titularidad de la infraestructura, y en artículo 9.1.16 del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura en materia de comercio interior, dentro de la 
unidad de mercado y conforme a la legislación mercantil, además de en materia de 
regulación  y  régimen  de  control  administrativo  de  las  actividades  y  equipamientos 
comerciales  y  de  las  ferias  y  mercados  no  internacionales.  Además  de  ello,  el 
artículo 9.1.18 de la norma estatutaria contempla la competencia exclusiva en materia de 
consumo y de regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los 
consumidores y usuarios.
Disposición final cuarta.  Habilitación de desarrollo y aplicación.
Se faculta al Consejo de Gobierno y a la persona titular de la Consejería competente  e.
en materia de vivienda y transportes para dictar, en el ámbito de sus competencias,  w.b
cuantas  disposiciones  y  actos  sean  necesarios  para  garantizar  el  cumplimiento  y  406ww
desarrollo de lo establecido por la presente disposición.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Diario Oficial de Extremadura».
Mérida, 4 de junio de 2021.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 108, de 8 de junio. Convalidado por Resolución de 1 
de julio de 2021, de la Asamblea de Extremadura, publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 129, 
de 7 de julio de 2021)