BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Sábado 14 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 25226
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3654 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora  mercantil  y  de  bienes  muebles  I  de  Asturias  a  inscribir 
determinados acuerdos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., en 
nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», contra la negativa 
de la registradora Mercantil y de Bienes Muebles I de Asturias, doña María de la 
Concepción Solance del Castillo, a inscribir determinados acuerdos sociales de dicha 
entidad.
Hechos
I
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre 
de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados 
de Aller, S.A.» de fechas 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de 
procedimiento ordinario número 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la 
operación  de  disminución  de  capital  por  compensación  de  pérdidas  y  simultáneo 
aumento  de  capital.  Concretamente,  dicha  sentencia  declaró  nulos  los  siguientes 
acuerdos:
a)  Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, 
S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en la «reducción de capital a cero 
mediante la amortización de todas las acciones y simultáneamente ampliar el capital 
social de la compañía en den mil euros, mediante la emisión de 100.000 acciones 
números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a 
desembolsar a través de nuevas aportaciones dineradas al patrimonio social».
b)  Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, 
S.A.» el 15 de septiembre de 2014, consistente en «aceptar la modificación del artículo 5 
de  los  estatutos  sociales  propuesta  por  el  Consejo  de  Administración  que  queda 
redactado en los siguientes términos: - El capital social es de den mil euros- y está 
formado por 100.000 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, 
nominativas y numeradas correlativamente del al 100.000 ambos inclusive. El capital 
está íntegramente suscrito y desembolsado».
c)  Acuerdo adoptado en la junta general de accionistas de «Laminados de Aller, 
S.A.» el 1 de diciembre de 2014, consistente en «aceptar la nueva redacción de los 
Estatutos Sociales de la sociedad propuesta por el Consejo de Administración, los cuales 
quedan redactados en los términos reflejados en esta acta».
Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 
Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018 (rollo de apelación número 168/2017), si  s
bien se fundamentaba, en lo que interesa en este expediente, en que el acuerdo de  oe.
reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas y simultáneo aumento  w.
dSIneov cedireiscdihoaond eecssa,  dpeSit a.CAl a.i»np,fi traiunl.ng Piípaoe, rr rseeolslnopa,e ll,ac t oAlo usdd eieal nrstcíociacu iloPo srot itvu2inl9ac3ri .a1dl  ecyo  anccaclrutiíoycnóue lqosu  ep3 r4«e3efe nr deeens tteel ase,  sL«taeSdyao d ddimee    2020-3654n https://ww
cosas, teniendo presente que cualquier alteración de la cifra del capital social implica
necesariamente  una  modificación  de  los  estatutos  sociales,  la  mejor  solución  para  Bc
colmar la laguna legal que nos ocupa apunta a una interpretación integradora de lo 
dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar a cabo la 
operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo aumento de 
capital social vendrá condicionado para su válida aprobación a la concurrencia de la 
doble  mayoría,  que  incluye  la  mayoría  de  las  acciones  pertenecientes  a  la  clase 
afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos para esa 
clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la 
modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario».
La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de fecha 8 de abril 
de 2019, para dar cumplimiento a lo declarado en la referida sentencia de fecha 31 de 
octubre de 2016, aprobó, entre otros acuerdos, la reducción de capital social a cero y 
simultánea ampliación del capital en los términos que resultan de la siguiente propuesta:
«Cuarto.–La  sustitución  íntegra  de  la  decisión  adoptada  en  la  JGE  de  15  de 
septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación 
de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor:
La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 
euros  mediante  la  amortización  de  todas  las  acciones  existentes  en  la  sociedad  y 
simultánea  ampliación  de  capital  por  importe  de  cien  mil  euros  correspondientes 
a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una 
y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. 
Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales».
Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la 
sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el 
derecho  de  suscripción  preferente.  Las  29.400  acciones  suscritas  por  «Sadim 
Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que 
les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son 
de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el 
día 8 de abril de 2019 por el notario de Cabañaquinta, don José Luis Meana Valdés, con 
el número 180 de protocolo, y fueron elevados a público en escritura otorgada ante el 
mismo notario el día 9 de mayo de 2019, con número 253 de protocolo.
II
Presentadas el día 28 de mayo de 2019 el acta notarial de la junta autorizada el día 8 
de abril de 2019, en que constaban los referidos acuerdos, y la escritura de elevación a 
público de los mismos autorizada el día 9 de mayo de 2019 en el Registro Mercantil de 
Asturias, y fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«(…)  El  título  recoge  también  la  reelección  del  consejero  Delegado,  no 
inscribiéndose toda vez que no cabe la reelección de conformidad con el articulo 146 
RRM,  y  siendo  competencia  del  consejo  su  nombramiento  de  conformidad  con  el 
artículo 24.º de los vigentes Estatutos.
Se deniega la Inscripción del acuerdo adoptado en la junta general de la sociedad 
Laminados Aller, S.A, en cuanto a la sustitución de las decisiones adoptadas en la junta 
general extraordinaria de 15 de septiembre de 2014. Dichos acuerdos fueron declarados 
nulos, tanto por concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 
en relación con el artículo 343 de la LSC, por sentencia firme de 31 de octubre de 2016,  s
del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo (en adelante la sentencia), que consta  oe.
inscrita según resulta de la inscripción 18.º El acuerdo no puede admitirse: 1.–De ser  w.
Tppaorels ticebonlemd iodta asl  epañlacasulame raldaco ipó rnso epd ieavl e csrooíanc iteefrdnuaisddtor,a  adnled  holaa  besele rnscetoe nnatceninuail dapodo or d epelo  arl acla u etusretdenolat er encscouianlt,ca el oidnsisd euasf.i tca2iet.un–ttLoeas:    2020-3654n https://ww
que causaron la inscripción 19.ª, aprobados en junta General Extraordinaria de 1 de
diciembre de 2014, siguen vigentes los estatutos sociales a la fecha de la celebración de  Bc
la junta de 15 de septiembre de 2014, que fueron aprobados en Junta General de nueve 
de noviembre de 2006, causando la inscripción 3.ª, modificación estatutaria que según 
resulta de los hechos probados de la sentencia, se produce como consecuencia de la 
entrada  de  Sadim  Inversiones  SA  en  el  accionariado  de  Laminados  de  Aller,  S.A. 
recogiendo la existencia de dos clases de acciones preferente y ordinarias regulando los 
artículo 7, 9, 18, 24, 32,35 y disposición final primera, lo relativo a dichas acciones 
preferente,  siendo  modificados  posteriormente  en  cuanto  al  artículo  5.º  como 
consecuencia  de  desembolsos  de  dividendos  inscripción  4.ª,  ampliación  de  capital 
inscripciones 8.ª, 9.ª y 10.ª en los que siempre, se mantuvieron las dos clases de 
acciones  clase  A  preferente  y  clase  B  ordinarias,  de  la  inscripción  17.ª  resulta  la 
modificación  del  artículo  28  de  los  estatutos  relativo  a  la  retribución  de  los 
administradores. Si como acabamos de señalar de los estatutos vigentes resulta la 
existencia  de  dos  clases  de  acciones  preferentes  y  ordinarias,  el  acuerdo  debería 
referirse a las dos modificaciones de capital realizadas con posterioridad, que causaron 
las inscripciones 23.ª, en la que no se emiten acciones preferentes, puesto que los 
estatutos vigentes en aquel momento y que ha sido anulado, no las recogía y 26.ª Tal 
como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019, relativa a 
esta misma sociedad, si como consecuencia de la sentencia firme de declaración de 
nulidad  de  acuerdos,  resulta  una  situación  que  no  responda  a  las  exigencias  de 
coherencia  y  claridad  que  la  legislación  sobre  el  Registro  Mercantil  demanda, 
corresponderá  a  quienes  a  ello  están  obligados  instar  la  adopción  de  acuerdos 
necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación jurídica de la 
sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados. De este modo los 
administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las 
medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al 
objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia. Como 
consecuencia de la inscripción de la sentencia en el presente caso, se produce una 
anomalía, puesto que resultan inscritos de dos capitales, el capital existente a la fecha 
de la adopción del acuerdo anulado, que era de siete millones quinientos mil euros y el 
ultimo capital escriturado de trescientos veintiséis mi novecientos setenta euros, esta 
anomalía habrá de regularizarse, partiendo de la situación de la sociedad en el momento 
de la adopción del acuerdo y teniendo en cuenta además que las decisiones sociales 
han de proteger tanto a los socios como a los terceros y que los nuevos socios siempre 
que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica. 3.–No 
cabe en el presente supuesto sustituir el acuerdo declarado nulo por la sentencia. 
Aunque existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico 
contenido,  este  mecanismo  sanatorio  encuentra  su  ámbito  de  aplicación  en  los 
supuestos  en  que  la  ineficacia  de  la  decisión  social  sustituida  lo  sea  por  motivos 
formales, resolución de 26 de octubre de 2016, cuando los defectos son de orden 
material  o  sustantivo,  (recordar  que  acuerdos  fueron  declarados  nulos,  tanto  por 
concurrir fraude de ley, como por infracción autónoma del articulo 293.1 en relación con 
el artículo 343 de la LSC), lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, 
materializada en una nueva decisión asamblearia. Cualquiera que sea la decisión que 
tome  la  sociedad,  esta  ha  de  cumplir  la  normativa  vigente,  puesto  que  como 
reiteradamente señala la Dirección General por todas la resolución de 5 de junio de 2019 
«inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las 
alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo 
podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social  s
adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital  oe.
social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito». 4.– w.
Puesto que en el presente caso no cabe el acuerdo sustitutorio, sino que ha de tratarse  54ww
cdael ifuicna dnou eavdoo aleccuee rddeo  sloosc iasilg quuieen theas  ddee feacjutostsa: rs1e.– aE l lob adliasnpcuee sqtou ee ns irlava l edye,  ebl aasceu ear dloa 
olopse sraecisió mn edsee rse dinumcceidóina tpaomr epnétred iadnatse rdioerbeesr áa lr eafceuriersrdeo a ( uens ad feeccirh as eciosm mperesensd idaan tdees ndtreol  d1e0   BOE-A-cable e
de abril de 2.019), fecha de celebración de la junta, previa verificación por el auditor de 
cuentas de la sociedad y estar aprobado por la Junta General. art. 323 LSC. 2.–el 
acuerdo de reducción ha de estar publicado en el BORME y en la página web de la 
sociedad o en el caso de que no exista en un periódico de gran circulación de la 
provincia en que la sociedad tenga su domicilio. art. 319 LSC. 3.–para la ejecución del 
acuerdo de aumento de capital ha de establecerse un derecho de preferencia. art 304 
LSC y ss, y hacer constar en la escritura por el órgano de administración que la 
titularidad de las nuevas acciones se ha hecho constar en el libro Registro de socios. 
art. 314 LSC. Se precisa asimismo la certificación bancaria de donde resulta el depósito 
de las aportaciones dinerarias a nombre de la sociedad. art. 62 LSC (…)
Oviedo, 1 de Agosto de 2019 La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el 
nombre y apellidos de la registradora)».
III
Contra la anterior nota de calificación, don M. P. D., don M. A. S. M. y doña C. G. A., 
en nombre y representación de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.», interpusieron 
recurso el día 24 de septiembre de 2019 en el que alegaban lo siguiente:
« (…) Acuerdo:
Se trata de sustituir las decisiones adoptadas en la junta general extraordinaria de 
accionistas de 15 de septiembre de 2014 declaradas nulas, por la adopción de otros 
nuevos acuerdos con idéntico objeto que no idéntico contenido de los declarados nulos e 
independientes de aquellos, cuya razón de ser no se encuentra en la necesidad de dotar 
de eficacia a los anteriores sino que busca plasmar -ahora válidamente cumplido- el 
contenido de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo y de la 
Sentencia  emitida  por  la  Audiencia  Provincial  referidas  ambas  a  este  asunto, 
especialmente en cuanto a las cautelas a seguir en el mantenimiento de los privilegios 
de las acciones de la clase A.
A tal fin se propone aprobar la reducción de capital a cero y simultánea ampliación de 
capital en los siguientes términos:
1.  Reducción  de  capital  a  cero  por  importe  de  7.500.000  euros  mediante  la 
amortización de todas las acciones.
2.  Simultáneamente aumentar el capital social de la compañía en cien mil euros, 
mediante la emisión de 100.000 acciones, todas ellas de 1 euro de valor nominal, a 
desembolsar  a  través  de  nuevas  aportaciones  dinerarias  al  patrimonio  social.  Las 
acciones  suscritas  por  Sadim  Inversiones  S.A.  son  de  clase  A  privilegiadas  que 
mantienen todos los privilegios que les otorgan los estatutos sociales. Las acciones 
suscritas por el resto de accionistas son de clase B ordinarias.
Dado que todos los socios han ejercitado el derecho de suscripción preferente la 
composición accionarial se mantiene inalterada, todos y cada uno de los accionistas 
mantienen el porcentaje que ostentaban con anterioridad, quedando el capital suscrito 
repartido de la siguiente manera:
Vidrios de Aller Holding, S.L.: 34.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de 
valor nominal cada una (34.600. euros. 34,6%) numeradas de la 1 a la 34.600. s
Sadim Inversiones, S.A.U.: 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de  o
valor nominal cada una (29.400 euros. 29,4%) numeradas de la 1 a la 29.400. w.
cadaV eutnroa  T(3o6o.l0, 0S0. Ae.u: r3o6s..0 3060, 0a%cc) ionnuemse orarddiansa rdiaes l ad 3e4 c.6la0s1e  aB l ad e7 0u.6n0 e0u.ro de valor nominal  2020-3654n https://ww
El artículo 5 de los estatutos sociales queda redactado en los siguientes términos:
«El capital social es de cien mil (100.000 €) euros, y está dividido en dos clases de 
acciones: preferentes y ordinarias, todas nominativas, de un (1) euro de valor nominal 
cada una de ellas, que están íntegramente suscritas.
Las acciones preferentes, numeradas correlativamente del número treinta y cuatro 
mil seiscientos uno (34.601) al sesenta y cuatro mil cuatrocientos (64.000), ambos 
inclusive, constituyen la Clase A, por un total de veintinueve mil cuatrocientos (29.400 €) 
euros nominales, desembolsadas íntegramente.
Las acciones ordinarias, numeradas correlativamente del número uno (1) al treinta y 
cuatro mil seiscientos (34.600), y del sesenta y cuatro mil uno (64.001) al cien mil 
(100.000),  ambos  inclusive,  constituyen  la  Clase  B,  por  un  total  de  setenta  mil 
seiscientos (70.600 €) euros nominales, desembolsadas íntegramente.»
II.–Motivos de no inscripción.
Como  se  desarrollará  pormenorizadamente  a  lo  largo  del  presente  escrito,  los 
motivos giran en torno a tres argumentos principales:
a.–Todo acuerdo que se alcance en relación a la situación del capital social existente 
a  fecha  15  de  septiembre  de  2014  tiene  que  contener  necesariamente  un 
pronunciamiento en cuanto a la afectación de los asientos posteriores que el registro 
nominativamente ya identifica.
b.–Que el mecanismo de la sustitución en los acuerdos sociales solo está previsto 
cuando la decisión social sustituida lo sea por motivos formales.
c.–Puesto que no cabe la sustitución, no es posible aprobar una ampliación de 
capital y reducción por pérdidas refiriéndose a la situación existente a 15 de septiembre 
de  2014,  sino  que  se  habrían  de  cumplir  los  requisitos  de  la  operación  acordeón 
conforme al marco temporal actual del año 2019.
Pasamos  a  transcribir  la  literalidad  de  la  nota  de  defectos  justificativa  de  la 
denegación de la inscripción: (…)
III.–Se  hace  necesario  recordar  que  la  sentencia  dictada  por  el  juzgado  de  lo 
mercantil número 1 de Oviedo de fecha 31 de octubre de 2016 declaró nulos los 
acuerdos de las juntas de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014 (autos de 
procedimiento ordinario 58/2015), acuerdos entre los que se encontraba la operación de 
disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital.
Esta  sentencia  fue  confirmada  por  la  Audiencia  Provincial  de  Asturias,  Sección 
Primera, en resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de apelación 168/2017), 
modificando  no  obstante  los  argumentos  para  su  nulidad,  cuestión  de  absoluta 
relevancia para el caso que nos ocupa, esto es, la operación acordeón presentada ahora 
a inscripción vía acuerdo de sustitución.
Los argumentos para decretar la nulidad de la operación acordeón del 2014 no se 
basaron en la concurrencia de fraude de ley, como erróneamente expresa la nota de 
defectos del Registro Mercantil de Asturias, sino por infracción de la norma basada en 
una  interpretación  integradora  de  los  artículos  293.1  y  artículo  343  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital (en adelante LSC).
No obstante, la Audiencia Provincial más allá de limitarse a confirmar la nulidad por 
distintos motivos, marca expresamente la solución a adoptar por parte de Laminados a la  es
hora de tener que respetar los derechos de los socios titulares de acciones de la clase A  o
privilegiada, pertenecientes a Sadim Inversiones S.A. (en adelante también Sadim o  54ww
Sad«imE nIn evsetres ieosnteasd)o,  cdoen ccroestaams, etnetneie:ndo presente que cualquier alteración de la cifra del
scoalpuictaiól ns ocpiaarl aim  cpolilcmaa nr eclae slaargiaumnae nlteeg uanl aq mueo dinfiocsa cioócnu dpea  loasp uensttaa tuato su nsao ciianlteesr,p lrae tmaceiójonr   BOE-A-cable e
integradora de lo dispuesto en ambos preceptos, de manera tal que el acuerdo de llevar 
a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la reducción a cero y simultáneo 
aumento  de  capital  social  vendrá  condicionado  para  su  válida  aprobación  a  la 
concurrencia de la doble mayoría, que incluye la mayoría de las acciones pertenecientes 
a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas acciones incluya los derechos 
para esa clase de acciones, dando así cumplimiento a los requisitos legales exigidos 
para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del socio minoritario.»
Es decir, para el caso de no lograr una doble mayoría, sería suficiente que la 
ampliación de capital a la que concurra Sadim incluyera la emisión de acciones de la 
clase A inherentes a las que correspondería cualquier desembolso realizado por esta 
empresa.
IV.–Desde  la  adopción  de  los  acuerdos  declarados  nulos  referidos  al  15  de 
septiembre de 2014 que afectan a la cifra del capital social, la sociedad ha continuado 
operando  en  el  tráfico  mercantil  y  efectuando  operaciones  posteriores,  entre  otras 
razones para cumplir con la normativa imperativa en materia de restablecimiento del 
equilibrio patrimonial consecuencia de las pérdidas alcanzadas (artículo 363.1 apartado 
e) de la LSC).
Ello ha dado lugar a las modificaciones en el capital social que contemplan las 
inscripciones 23.ª y 26.ª, operaciones que no han sido objeto de impugnación judicial.
V.–La postura del Registro Mercantil ha ido encaminada en todo momento a forzar la 
presentación de acuerdos por parte de Laminados que contemplaran la modificación de 
los relativos a la modificación de capital posteriores, concretamente los que dieron lugar 
a las inscripciones 23a y 26a, extralimitándose del contenido propio de la sentencia firme 
de fecha 31 de octubre de 2016 y de la literalidad del artículo 208.2 de la LSC.
Así, nos encontramos la primera negativa a dicha inscripción el 5 de febrero de 2019 
que  dio  lugar  el  recurso  gubernativo  presentado  por  Laminados  ante  ese  Centro 
Directivo, recurso que fue resuelto por resolución de 6 de junio de 2019 de forma 
favorable para la sociedad.
En dicha resolución de la DGRN, firme en este momento, se ordena la inscripción de 
la  efectiva  nulidad  de  los  acuerdos  de  operación  acordeón  y  nueva  redacción  del 
artículo  58  del  capital  social  de  fecha  15  de  septiembre  de  2014  declarados  por 
sentencia firme, sin el requisito de acompañar acuerdos sociales posteriores adaptando, 
afectando o alterando el tenor literal de las inscripciones 23.ª y 26.ª
La segunda negativa a inscripción se recoge en la nota de calificación que ahora se 
recurre.
Alegaciones.
Primera.–Acogimiento  escrupuloso  del  nuevo  acuerdo  adoptado  el  10  de  abril 
de 2019 con la sentencia firme en los términos establecidos en la Audiencia Provincial de 
Asturias.
Es cierto que la Sala al resolver sobre la nulidad se ha pronunciado -por virtud del 
principio de justicia rogada- en relación con lo que expresamente se solicita, que fue la 
nulidad de la operación acordeón aprobada en junta de 15 de septiembre de 2016 (sic) 
tal y como expresamente se propuso a la junta, es decir, sin la emisión de acciones 
privilegiadas,  que  son  las  únicas  que  podía  adjudicarse  en  caso  de  suscripción  la 
sociedad Sadim Inversiones.
Con ello, cualquier intento de volver a plantear la operación acordeón con la situación  s
económico-financiera existente en dicho momento ha de observar escrupulosamente los  o
postulados de la Audiencia en su resolución n.º 115/18 de 20 de marzo de 2018, (rollo de  w.
apel«aecli óanc 1u6e8rd/2o0 1d7e) :llevar a cabo la operación acordeón por la que se aprueba la  2020-3654n https://ww
vreádliudcac aiópnr oab acceiróon  ya  slaim cuoltnácnuerore anucima edneto l ad ed ocbalep itmala ysoorcíiaa,l  qvueen dinrác lucyoen dlaic imonaaydoorí ap adrea  lsaus   BOE-A-cable e
acciones pertenecientes a la clase afectada, o bien a que la emisión de las nuevas 
acciones incluya los derechos para esa clase de accione; dando así cumplimiento a los 
requisitos legales exigidos para la modificación estatutaria que atienden a la tutela del 
socio minoritario.»
El acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 recoge en su nuevo contenido la 
emisión de las acciones preferentes de la clase A, corno ya se ha expresado:
«La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre 
de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas 
y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor: La reducción de 
capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la 
amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de 
capital por importe de cien mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas de 
clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase B 
de un euro de valor nominal cada una de ellas. Consiguiente modificación del artículo 5 
de los estatutos sociales.»
De momento dejamos planteado y acreditado documentalmente que la sociedad sí 
ha cumplido con la sentencia de la Audiencia emitida para el presente caso concreto 
emitiendo acciones preferentes para la suscripción correspondiente a Sadim.
Obvia no obstante el Registro Mercantil, como más adelante explicaremos, que los 
propios  estatutos  impuestos  por  la  citada  mercantil  y  vigentes  a  fecha  actual 
(inscripción 3.ª) y vigentes a fecha inmediatamente anterior al 15 de septiembre de 2014 
establecen en su artículo 18 la posibilidad real de que las acciones de la clase A dejaran 
de existir por haber sido íntegramente amortizadas:
«…La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley 
de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones 
de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o 
por haber sido amortizadas.»
Segunda.–Concepto de sustitución de acuerdos sociales.
Si se ha optado por un acuerdo de sustitución del adoptado irregularmente el 15 de 
septiembre de 2014 es precisamente para salvar la situación de desequilibrio patrimonial 
existente a dicha fecha y no la existente en la actualidad, con un balance que no 
reflejaría la realidad habida a cierre del 30 de junio de 2014, todo ello cumpliendo los 
postulados de la Audiencia Provincial de Asturias.
La situación que se pretende recomponer y permítanos insistir, no es la actual, toda 
vez que se encuentra perfectamente equilibrada, a tenor de lo que se detalla en las 
últimas cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2018 y depositadas, sino la existente 
el 15 de septiembre de 2014 (vía balance auditado de 30 de junio de 2014), momento en 
que  se  daba  una  determinada  situación  económico-financiera  que  solo  se  puede 
recomponer  desde  dicho  punto  de  vista  económico-financiero  a  la  fecha  en  que 
concurrieron los hechos.
Sin embargo considera el registro mercantil que dicha operación, debería de tomar 
como  balance  de  situación  el  existente  a  fecha  actual,  luego  nada  estaríamos 
restableciendo en relación a la situación económico financiera recogida en el balance 
auditado que sirvió de base a la operación de 30 de junio de 2014. es
Pongamos un sencillo ejemplo en defensa de lo anterior. o
Supongamos que una sentencia con fecha de firmeza en mayo de 2018 declara la  54ww
drneiuvsliiuddEleatnand dd dopoisocs rh a coaco borsrureudsspeivpu aooe  nsldodteo ide  uinsdntpee uba aeeclsru áeteo jre vderoocnli  vcldaeieo rs   cjeauen nrtrrteeaanu dgcnoieia rans f eei3rr m1ala led  r.eeju ldanittciavie omp aab rrlaae   adfacelot a2rd 0da1er4  .duins trriebpuaciróton  ddee   OE-A-2020-36able en https://
El balance que sirviera de base a la operación no podría ser la actual puesto que la 
distribución de resultados anulada se refiere al 2014.
Según el razonamiento de la registradora no cabría un acuerdo sustitutorio (ya que la 
decisión de no repartir dividendos en 2014 no se puede considerar en absoluto como un 
defecto formal) por lo que se debería tomar un nuevo acuerdo utilizando de base un 
balance actual, resultado incongruente ya que las cifras de ambos balances, 2014 
y 2018 nada tendrían que ver.
No podemos olvidar que la adopción de la medida para el restablecimiento del 
equilibrio patrimonial llevada a cabo en septiembre de 2014, era una obligación legal en 
los términos reflejados en el artículo 363.1 e) de la LSC para salir del desequilibrio 
patrimonial reflejado en el balance de 30 de junio de 2014.
En otro orden de cosas, establece el Registro Mercantil de Asturias en el punto 3 de 
su nota de calificación, que el mecanismo de sanación consistente en la sustitución de 
un acuerdo por otro acuerdo de idéntico contenido, encuentra su razón de ser en la 
ineficacia de la decisión social sustituida por motivos formales.
Discrepamos de la anterior aseveración por lo siguiente:
2.1  El caso que nos ocupa nada se ha pretendido sanar, especialmente tratándose 
de acuerdos nulos de imposible sanación.
Los acuerdos nulos no pueden ser ratificados o convalidados con eficacia ex tunc, 
porque  la  nulidad  de  pleno  derecho  no  permite  su  subsanación  y  menos  aún  su 
convalidación, de ahí la elección del acuerdo de sustitución planteado en la junta de 
accionistas de 10 de abril de 2019.
2.2  No  estamos  ante  la  adopción  de  acuerdos  con  idéntico  contenido  sino 
diferentes, nuevos acuerdos en cuya propuesta se siguió de forma escrupulosa las 
directrices marcadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias.
Veamos las concretas diferencias.
Acuerdo declarado nulo de 15 de septiembre de 2014 referido a la operación de 
disminución de capital por compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital:
«La reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones y 
simultáneamente ampliar el capital social de la compañía en cien mil euros mediante la 
emisión de 100.000 acciones números 1 a 100.000, ambos inclusive, todas ellas de 1 
euro de valor nominal, a desembolsar a través de nuevas aportaciones dinerarias al 
patrimonio social.»
Nueva propuesta de acuerdo:
«La sustitución íntegra de la decisión adoptada en la JGE de 15 de septiembre 
de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación de pérdidas 
y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor. La reducción de 
capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 euros mediante la 
amortización de todas las acciones existentes en la sociedad y simultánea ampliación de 
capital por importe de cíen mil euros correspondientes a 29.400 acciones privilegiadas 
de clase A de un euro de valor nominal cada una y 70.600 acciones ordinarias de clase 
B  de  un  euro  de  valor  nominal  cada  una  de  ellas.  Consiguiente  modificación  del 
artículo 5 de los estatutos sociales.» s
Vemos que el nuevo acuerdo contempla la emisión de acciones privilegiadas de la  w.b
clase A con los privilegios que recogen los estatutos previstos en la inscripción 3.ª y  54ww
vigeInntseiss teimno las  apcotru taalnidtaod q.ue no estamos ante una subsanación o ratificación sanatoria o
ccoonn vcaolindtaenntied,o s pinroop aion,t ea duonpat asduos tcituumcipólnie, nedso d ceocnir ,l oasn rtee qlau isaidtoosp cleiógna ledse  yu nm aácsu eenrd coo nncureevtoo 
con los requisitos advertidos por la sentencia de 20 de marzo de 2018 dictada por la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que resalta el respeto a los 
derechos de los socios titulares de acciones privilegiadas de la clase A.
2.3  Ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni la doctrina limitan los acuerdos de 
sustitución a situaciones donde la decisión a sustituir lo sea por motivos formales.
La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012, 
Ponente D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos, es rotunda en cuanto a la procedencia de los 
acuerdos de sustitución, sin vincularlos en ningún momento a la existencia de dichas 
razones de forma:
«La  sociedad  puede  ratificar,  rectificar,  sustituir  o  revocar  ad  nutum  acuerdos 
anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de 
impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.»
En igual sentido, sentencias de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 11 de julio de 2014 y 17 de octubre de 2014.
Por su parte, la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 19 de enero de 2018 ahonda en el concepto de sustitución, nuevamente sin aludir al 
requisito formal como elemento para su exclusiva utilización:
«Tal coincidencia permite validar los acuerdos anteriores, pues la LSC no exige para 
este supuesto más que la sustitución mediante un acuerdo que haya sido válidamente 
adoptado, sin exigir una identidad sustancial con el primer acuerdo, ni una identidad 
gramatical  o  literal  sino  que  basta  que  desde  una  perspectiva  material  el  acuerdo 
posterior pueda cumplir con los mismos objetivos o mantener los mismos efectos que el 
acuerdo  previamente  impugnado,  sin  perjuicio  de  que  pudieran  existir  contenidos 
adicionales que no hubieran aparecido en el primer acuerdo. Tampoco resulta necesario 
que el acuerdo válido haga referencia expresa al anterior o a los vicios que le afectaban 
ni que se mencione de forma expresa tampoco la finalidad o la intención sustitutiva.
El control de regularidad de este segundo acuerdo viene exigido por la expresión 
‘sustituido válidamente’, control que corresponde lógicamente al Juez, y que incluso se 
sostiene que debe ser previo al análisis de los vicios que afectan al primero de los 
acuerdos, ya que de verificarse su validez huelga entrar en toda consideración respecto 
de las irregularidades que pudiera tener el primer acuerdo.»
En la doctrina citamos el trabajo de L. C. A. al referirse a los acuerdos de sustitución, 
(…) páginas (…), 2009, destacando la independencia de la plena autonomía de los 
acuerdos, el sustituido y el nuevo acuerdo:
«Todo acuerdo de sustitución tiene un contenido compuesto. Por un lado, el relativo a 
la extinción del acuerdo originario, que se halla implícito en la misma propuesta de su 
adopción. Y, por otro, un contenido específico que es el que determina su efecto final 
sobre el acuerdo originario. Así, el acuerdo originario quedará sin efecto si el acuerdo de 
sustitución agota su contenido en la intención de extinguirlo, será sustituido cuando el 
nuevo acuerdo regule el mismo asunto de en sentido total o parcialmente distinto, y será 
subsanado cuando su contenido sea idéntico pero sin los defectos detectados en el 
primero.
Las  modalidades  enumeradas  en  el  artículo  115.3  LSA  tienen  que  ver  con  el 
contenido real de acuerdo de sustitución al margen de su alcance derogatorio sobre el  s
acuerdo originario. Así, dejar sin efecto un acuerdo consistiría en revocar sin más el  oe.
acuerdo originario. La sustitución del acuerdo se haría mediante la adopción un nuevo  w.
acuerdo sobre la misma cuestión pero de contenido diverso total o parcialmente. En  54ww
rineiacliiadla. dY,  lma ásus bqsuaen aucnióan  sdues tuitnu caiócune lrod oq usee  ltlieevnaer íalu ag aerf eecst ou andao mptoadnidfioc aoctiróon c odne l eal cmuiesrmdoo 
contenido  que  el  original,  eliminando,  en  esta  segunda  ocasión,  los  defectos
denunciados determinantes de la nulidad. De hecho la subsanación no es más que una 
ratificación.»
El  hecho  de  haberse  adoptado  un  acuerdo  de  sustitución  está  directamente 
relacionado con la eficacia buscada, que en modo alguno trata de esquivar la sentencia 
firme de 31 de octubre de 2016 sino de recomponer, conforme a Derecho, la legalidad en 
la toma de los acuerdos a la fecha de 15 de septiembre de 2014.
Para ello apelamos a la soberanía de la junta de accionistas, como máximo órgano 
rector de la voluntad social y como único órgano competente para adoptar el acuerdo de 
sustitución y sus efectos.
El Tribunal Supremo viene reiterando desde la antigua sentencia de 4 de octubre 
de 1956 que:
«Los tribunales han de procurar no invadir la esfera de acción reservada por la ley o 
por los estatutos a los órganos de la sociedad, sin perjuicio, claro es, de que puedan y 
deban  revisar  los  acuerdos  de  aquéllas  si  el  proceso  ofrece  demostración 
suficientemente razonable de que el organismo social se ha extralimitado por exceso o 
por defecto en el ejercicio de sus facultades legales o estatutarias o ha causado lesión a 
la entidad en beneficio de un socio. Esfera de acción de la junta que, en última instancia, 
también ha de ser respetada, además de porque dimana de un ente con personalidad 
jurídica propia, por razones de seguridad jurídica.»
La sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 22 de septiembre de 1994 
establece que es conveniente indicar el sentido en que se piensa incidir en el acuerdo, 
esto es, si se pretende dejarlo sin efecto, modificarlo, sustituirlo por otro o ratificarlo y si 
el nuevo acuerdo tendrá efectos retroactivos o no.
La sentencia del Alto Tribunal anteriormente citada de 18 de octubre de 2012 se 
refiere a la eficacia «ex tunc» o «ex nunc» de los acuerdos de convalidación (que no de 
sustitución), estableciendo que «la intención de la convocatoria no es en ningún sentido 
vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos en cuanto a sus efectos.»
Tercera.–Condición  impuesta  por  el  Registro  Mercantil  al  margen  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital en materia de contradicción con los asientos posteriores.
Al margen de la inscripción ordenada por la resolución de la DGRN señalada en el 
antecedente V, la postura del Registro Mercantil sigue girando en torno a la necesidad de 
contar con un pronunciamiento societario en torno a la afectación de asientos posteriores 
y concretamente en torno a las cifras de capital posteriores.
Dicho de otro modo, cualquier acuerdo que se limite a volver a aprobar la operación 
de operación acordeón en su día declarada nula, cumpliendo incluso en el momento 
actual con los requisitos exigidos por la Audiencia Provincial, no va a ser objeto de 
inscripción, salvo que vaya acompañada de acuerdos en materia de contradicción de 
acuerdos posteriores.
La referida sentencia de fecha 31 de octubre de 2016 no se pronunció sobre la 
cancelación de asientos posteriores, resolviéndose posteriormente judicialmente que ello 
debía ser objeto de análisis, en su caso, en el seno de una ejecución impropia ex 
artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC),
Llega incluso a citarse en la nota de calificación negativa que ahora se recurre 
referencias a la resolución de la DGRN de 6 de junio de 2019 (emitida a instancias de 
Laminados) en materia de cumplimiento de la sentencia de 31 de octubre de 2016, 
llegando a expresar que queda en mano de Laminados hacer todo lo posible para su  e.
cumplimento. w.
Recordemos la mención: 54ww
«Tal como señala de la Resolución de la Dirección General de 6 de junio de 2019,
dreelacltaivraa ciaó n esdtea  nmuilsidmaad   sdoec iaecduaedr,d ossi , croemsuol tac ounnsae cusietunacciaió nd eq ulae   nseon treenscpioan dfiarm  ae  ldaes 
exigencias  de  coherencia  y  claridad  que  la  legislación  sobre  el  Registro  Mercantil
demanda, corresponderá a quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos 
necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación Jurídica de la 
sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados.»
Y recordamos que así se ha hecho en el pasado y se intenta hacer en el presente, 
con la persistente oposición del registro mercantil.
En primer lugar, respecto de la obligación de «instar la adopción de los acuerdos 
necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad» reiteramos que la ejecución de la 
sentencia viene de la mano del artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tratarse 
de un pronunciamiento declarativo y constitutivo.
«1.  No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las 
constitutivas.
2.  Mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las 
sentencias  constitutivas  firmes  podrán  permitir  inscripciones  y  modificaciones  en 
Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución.
3.  Cuando  una  sentencia  constitutiva  contenga  también  pronunciamientos  de 
condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en esta Ley.»
Por su parte el artículo 522 del mismo texto leal dispone.
«1.  Todas  las  personas  y  autoridades,  especialmente  las  encargadas  de  los 
Registros  públicos,  deben  acatar  y  cumplir  lo  que  se  disponga  en  las  sentencies 
constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que 
existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica,
2.  Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo 
podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias 
constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que dispongan.»
Y es particularmente (o que de forma insistente viene haciendo Laminados y que ha 
dado lugar a la antedicha resolución favorable.
En segundo lugar con relación a «regularizar la situación jurídica de la sociedad 
respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados», precisamente lo que se busca 
con la inscripción del acuerdo de sustitución es lograr la coherencia tras el vacío que 
queda en la anotación 18.ª referida al capital social que dio lugar a una cifra de 100.000 
€  respecto  de  los  actos  y  relaciones  jurídicas  afectados,  asiento  inexistente  en  la 
actualidad tras la definitiva inscripción registral de la sentencia de 31 de octubre de 2016.
Las relaciones jurídicas afectadas, de existir, han de ser analizadas en el seno de un 
proceso judicial, si alguien se siente verdaderamente afectado y no por el Registro 
Mercantil, arrogándose sistemáticamente en las notas de calificación la facultad que el 
artículo 208.2 de la Ley de Sociedades de Capital confiere a la autoridad judicial y 
excediéndose, dicho con todo el respeto, de las funciones propias de la calificación 
registral ex artículo 18.2 del Código de Comercio que no amparan pronunciamientos en 
torno a la tutela judicial concedida, frustrada o exitosa.
Si  aun  así  este  Centro  Directivo  quiere  entrar  a  analizar  dicho  terreno  de  la 
coherencia con los actos posteriores y su coordinación con el acuerdo de sustitución 
pasamos a referenciar los siguientes datos:
3.1  En el acuerdo de sustitución se preservan las acciones de la clase A inherentes 
al desembolso de la participación de la sociedad Sadim, aplicándose en su integridad los  es
estatutos sociales vigentes impuestos por dicha mercantil y recogidos en la anotación 3a  o
de la hoja registral. 54ww
dceoexmc 2l3uo0.s 21ive 9as dNm eloear in vetoaesbd  eloicgnsoa  huptoenrerr iecceonidsntaaesdm e injeodsn ecdte rei cb daoierdn  mtolaatirsrn o iisscmt orpanaoc csuiuóiecnnri  odyóno rhesg asad cnceeoor n  lcatdea emsm opia soldammmdaaiis nsoji us edntnreta a dco iitdócrhenao  s1s cm 0oe nesdsntaeicst itoueantnboetrsesi,l     OE-A-2020-36able en https://
del mismo pacto social, como la que sigue del artículo 18 ya indicada en párrafos 
anteriores:
«...La mayoría fijada en el párrafo anterior será sustituida por la que establece la Ley 
de Sociedades Anónimas para la adopción de estos acuerdos, una vez que las acciones 
de la clase A hayan dejado de existir, por haberse convertido en acciones ordinarias o 
por haber sido amortizadas.»
3.3  El siguiente acuerdo social que afecta al capital social está recogido en la 
anotación 23.ª, junta de 30 de abril de 2015. En dicha junta, se verifica por el tenor literal 
de su contenido inscrito, que Sadim no concurrió a la ampliación de capital posterior a la 
reducción de capital por amortización de todas las acciones existentes, luego ningún 
derecho le ha sido vulnerado por inexistencia de participación en dicha ampliación.
A esto hay que añadir que, a diferencia de lo que ocurrió en la junta declarada nula 
de 15 de septiembre de 2014 donde Sadim concurrió efectivamente a la ampliación de 
capital, en la celebrada con fecha 30 de abril de 2015 y que recoge como hemos 
indicado la aludida inscripción 23, Sadim no suscribió acciones de ningún tipo.
Repárese que, en efecto, en esta junta de 30 de abril de 2015 queda aprobada la 
reducción de capital a cero mediante la amortización de todas las acciones (privilegiadas 
y ordinarias) y simultáneamente el aumento de capital social de la compañía a la que 
insistimos,  Sadim  no  concurre,  estando  en  consecuencia  la  nueva  cifra  de  capital 
formada exclusivamente por acciones ordinarias.
Se recuerda que solo esta sociedad era la única con capacidad estatutaria de 
suscribir dichas acciones de la clase A.
El 30 de abril de 2015 por tanto se redujo el capital social en 100.000€ mediante 
amortización de todas las acciones y se produjo una ampliación de 605.500€, quedando 
el capital social fijado en esta última cifra compuesta por acciones ordinarias.
3.4  Sobre este nuevo capital social, resultante de la inscripción 23.ª, 605.500 € se 
opera una reducción de capital por condonación de los dividendos pasivos en importe 
de 278.484 €, inscripción 26.ª, que dio lugar a una cifra de capital final de 326.970 €.
En  definitiva,  de  consentirse  la  interpretación  del  registro  mercantil  deberíamos 
mediante un balance actual (ejercicio 2019) restablecer la situación de desequilibrio 
patrimonial existente en el 2014 y adjudicar acciones de la clase A a un socio fantasma 
por inexistente.
3.5  Al no aceptar la inscripción del acuerdo de sustitución de 10 de abril de 2019 ni 
siquiera  recogiendo  las  previsiones  de  la  Audiencia  Provincial  de  Asturias,  por  no 
encontrarnos, según el mismo registro, ante un supuesto de meras deficiencias formales, 
se acoge directamente la tesis del efecto contagio o dominó de unas cifras de capital a 
otras.
Resaltamos, como se verifica de la vida registral que se acompaña, que Sadim ni 
siquiera intentó solicitar la adopción por el juzgado de medidas cautelares consistentes 
en la anotación preventiva de su demanda que trajo como consecuencia la sentencia 
de 31 de octubre de 2016.
En este sentido, la Resolución de la DGRN de 18 de mayo de 2013 (BOE 26 
junio 2013) dispone:
«5.  Con independencia de cuanto antecede, advertirse que no se practicó en su 
momento  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de  impugnación  de  los  acuerdos 
sociales prevista como medida cautelar en el artículo 155 del Reglamento del Registro  e.
Mercantil. No puede desconocerse que el artículo 156.2 del Reglamento del Registro  w.
Mercantil, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores  54ww
sqeu etr aretesu, lpteanrt ec odnetlr asduipcutoersiotos  dceo nh alobse prsreo npurnaccitaicmaideon teons  edle m lao mseenntteon ocipao drteu ncou ylaa  aenjeoctaucciióónn 
pvirgeevnecnitaiv aju sdteif iclaa  dqeume apnudead adne  eimxtpeungdnearsceió na  doetr oasc uaesrideonsto sso, cciaulyeas , vcauliydae zc onnos thaan csiaid oy   BOE-A-cable e
directamente impugnada, las consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un 
acuerdo anterior.
6.  Habiéndose podido adoptar la medida cautelar de la suspensión de los acuerdos 
sociales  ex  artículo  727.10.º  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  o  cuanto  menos  la 
anotación preventiva de demanda ex artículos 727.5. a y 6. a de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en relación con lo previsto en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mercantil 
(vid. también las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 8 de noviembre 1995, 22 febrero 1999 o 26 febrero 2001), el actor no obró en 
consecuencia, ni procuró volcar la circunstancia de la pendencia del procedimiento 
judicial de impugnación de acuerdos sociales en la hoja registral. Por otra parte, parece 
no encajar con el valor constitucional de seguridad jurídica que constituye el nervio de la 
institución registral, que se sigan de la sentencia estimatoria de la nulidad de un acuerdo 
de aumento de capital efectos devastadores de la posición de socios de buena fe en su 
condición de adquirentes o subadquirentes; sobre todo tratándose de los suscriptores de 
acciones o participaciones emitidas en los aumentos de capital posteriores al declarado 
nulo. Y con mucha más razón cuando estemos ante la necesaria tutela de la posición 
jurídica de terceros acreedores de la sociedad, menoscabada si se entendiere que la 
cancelación de los aumentos de capital produce una rebaja ‘ex lege’ de la cifra de 
retención, sin que para ello sea necesario respetar los mecanismos de tutela de sus 
derechos incardinados en la regulación imperativa de la reducción de capital social. Es 
cierto que la sentencia produce efectos frente a todos los socios ex artículo 222.3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, pero los terceros de buena fe, incluidos los socios que 
tengan esa consideración, están protegidos en el orden procesal porque no les afecta la 
cosa juzgada y en el orden material por razón de la tutela frente a la inexactitud registral 
implícita en el principio de fe pública registral ex artículo 20.2 in fine del Código de 
Comercio cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará 
los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho». En el mismo 
sentido el antiguo artículo 122.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
que establecía que la sentencia estimatoria de la nulidad ‘no afectará a los derechos 
adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado’».
3.6  El  efecto  dominó  tan  ligeramente  advertido  por  el  registro  como  elemento 
indispensable para conseguir la inscripción del acuerdo de sustitución, exigiendo la 
adaptación de las cifras de capital recogidas en las inscripciones 23.ª y 26.ª, obvia 
completamente  los  derechos  de  terceros  accionistas  que  han  concurrido  a  las 
ampliaciones de capital que figuran en dichas inscripciones e incluso han adquirido 
acciones por título de compraventa, actuando con base en la confianza legítima de que 
su relación societaria estaba válidamente constituida.
En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 888/2016 de 30 
de marzo, Ponente Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, establece:
«...no  cabe  hacer  ‘tabla  rasa’  de  lo  acordado  por  la  sociedad  durante  años,  y 
estimando correcto que precisamente la Junta General intente adoptar una solución que 
permita dar cumplimiento a la declaración judicial de nulidad, respetando los derechos 
adquiridos de buena fe, ello ha de llevarnos a rechazar los motivos de recurso relativos a 
la  válida  constitución  de  la  Junta  y  correcta  relación  de  asistentes,  no  apreciando 
infracción de os arts. 192 y 193 LSC, ni en consecuencia de las mayorías necesarias 
para la adopción de los acuerdos, sin infracción por tanto de los arts. 194, 201, 296 y 318 
LSC y, en consecuencia, estimamos igualmente correcto el sistema que se utilizó de  e
triple votación para reconocer los derechos de los accionistas que habían adquirido las  bo
acciones  con  posterioridad,  cuyos  derechos  no  pueden  ser  sin  más  eliminados  u  54ww
obviEand olas. .m.»isma sentencia se trae a colación la Resolución de la DGRN de 30 de mayo
de 2013 (BOE 28 julio de 2013), extractando gran parte de la misma. En lo que aquí
interesa volvemos a reiterar que la Laminados de Aller S.A. ha efectuado todo lo que ha
estado a su alcance para regularizar la situación de la sociedad en el 2019 de una 
nulidad declarada respecto de acuerdos del 2014:
«a)  La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como 
la  de  las  inscripciones  contradictorias,  no  produce  como  consecuencia  jurídica,  la 
automática  supresión,  en  contra  de  terceros  de  buena  fe,  de  los  efectos  jurídico-
organizativos  que  se  derivan  de  los  actos  de  ejecución  de  dichos  acuerdos.  Los 
administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las 
medidas adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al 
objeto de adecuar su situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída. Si 
tuvieren el cargo caducado o no quisieren convocar, procede instar la convocatoria 
judicial de la junta; b) Los «nuevos socios», siempre que lo sean de buena fe, tienen 
derecho  a  ser  mantenidos  en  su  posición  jurídica  de  socios,  estando  la  sociedad 
obligada a restituir aportaciones o a ‘recapitalizar’ el crédito de restitución adoptando al 
efecto  las  provisiones  oportunas;  c)  No  puede  partirse  exclusivamente  del  capital 
representado  por  las  ‘viejas  acciones’  (el  capital  social  anterior  a  dicha  fecha  de 
referencia estaba formado por las acciones 1 a 300 de 10.000 pesetas de nominal) y 
considerar como inexistentes las 5.700 ‘acciones nuevas’ que han sido creadas en los 
nuevos aumentos de capital inscritos en el Registro; d) No cabe entender que anulado 
un acuerdo social -como es en el presente caso el nombramiento de un administrador 
deba extenderse la nulidad de modo absoluto a todo acuerdo subsiguiente al mismo -en 
este  caso  todos  los  adoptados  por  las  juntas  generales  convocadas  por  ese 
administrador- para negar todo efecto a los acuerdos posteriores aun cuando éstos no 
sean dependientes o consecuencia de aquél inicialmente viciado ni estén afectados de 
una nulidad intrínseca, pues entender lo contrario implicaría que, a pesar de que se han 
adoptado  los  acuerdos  necesarios  para  ejecutar  la  sentencia  de  nulidad  referida  y 
regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas 
afectados, quedaría la sociedad abocada indefectiblemente a su liquidación -salvo una 
eventual transformación- en contra del principio informador de nuestro ordenamiento 
societario (igual que el concursal) cual es el principio de ‘conservación de la empresa’.»
En la doctrina destacamos el artículo publicado en la página web de la Revista El 
Derecho con fecha 1 de febrero de 2013 por el magistrado de la Sección 15.ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, D. Juan Francisco Garnica Martín:
«La sentencia que determina la nulidad del acuerdo produce efectos ex tunc, esto es, 
efectos  que  se  retrotraen  en  el  tiempo  al  momento  del  propio  acuerdo,  con 
independencia de que la acción ejercitada sea la de nulidad o la de anulabilidad. El 
acuerdo pasa a ser nulo frente a todos desde el mismo momento en el que se produjo, lo 
que no significa que también lo pasen a ser todos los efectos desplegados por los actos 
de ejecución del acuerdo que se hayan llevado a cabo antes de la sentencia. Si lo serán, 
en cambio, los que se hubieran producido tras la firmeza de la sentencia o bien tras la 
suspensión del acuerdo, acordada como medida cautelar, pero no así los producidos en 
cumplimiento de un acuerdo válido y ejecutable.
La aplicación de las reglas de la nulidad del negocio jurídico en el ámbito del derecho 
de  sociedades  encuentra  muchos  problemas,  porque  no  son  entornos  asimilables. 
Buena prueba de ello es el disfavor con el que el legislador trata las causas de nulidad 
en el negocio jurídico de constitución de la sociedad, particularmente en el art. 56.2 LSC, 
donde se establece que fuera de los casos contemplados en el art. 56.1 no podrá  s
declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad ni tampoco acordarse su anulación.  oe.
Lo que se pretende por el legislador con esa norma, y con la establecida en el art. 57  w.
aLmpSeaCrrc,iae ennstci li apy r oddteeellg  setorrác ilfeoictsoa  rdijoeu.rreídcihcoos,  dloe  qteurec ecroosn sqtiutuey ec onutnraa tacno ncsotna nltae  sdoec ietdoaddo,  eplr odteegreecr hloa   2020-3654n https://ww
Si la nulidad del acuerdo social no comporta la nulidad de las relaciones jurídicas
nacidas a su amparo, dado que la regulación de la sociedad exime al tercero de la
necesidad de comprobar si el acuerdo social se ajusta o no a los requisitos formales y 
materiales exigibles, para la efectividad del pronunciamiento de anulación del acuerdo 
será necesario que la sociedad revoque o rescinda los actos o relaciones jurídicas 
nacidas a su amparo. Por consiguiente, para determinar cuáles son los efectos del 
acuerdo nulo sobre esas otras relaciones jurídicas que ha generado es preciso estar al 
régimen de las acciones rescisorias, no al de las acciones de nulidad. Y ese régimen 
resulta particularmente del art. 1295 CC, en cuyo apartado segundo se establece que la 
rescisión no tendrá lugar cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente 
en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.
En  suma,  la  nulidad  del  acuerdo  social  debe  ser  respetuosa  con  los  derechos 
adquiridos por terceros que hayan actuado de buena fe. Y la cuestión no es que a estos 
no les pueda alcanzar la cosa juzgada, cuestión que es completamente baladí desde su 
perspectiva, sino que su posición jurídica no se puede ver inquietada por la anulación de 
un acto del que trae causa el derecho adquirido por su parte, porque en otro caso se 
resentiría de forma inadmisible el tráfico jurídico. La seguridad del tráfico exige que se 
preste tutela a los terceros de buena fe y que los mismos no deban desconfiar de la 
regularidad de sus actos siempre que contraten con una sociedad.»
Por todo ello, la Sociedad solicita al Centro Directivo que estime íntegramente el 
Recurso y ordene a la Registradora la inscripción de los acuerdos que recogen el 
antecedente I del presente escrito, todo ello en base a la normativa aplicable, doctrina 
jurisprudencial y del presente Centro Directivo anteriormente expuesta».
IV
Mediante escrito, de fecha 2 de octubre de 2019, la registradora Mercantil elevó el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 6.3, 1303 y 1310 y siguientes del Código Civil; 18 y 20 del Código 
de Comercio; 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 56, 57, 204, 205, 207, 293 y 295 
a 345 de la Ley de Sociedades de Capital; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 
junio de 2008 y 23 de febrero y 18 de octubre de 2012, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de abril del 2000, 16 de 
septiembre de 2011, 18 y 30 de mayo de 2013, 4 y 26 de julio y 26 de octubre de 2016 
y 6 de junio de 2019.
1.  Para resolver el presente recurso son hechos relevantes los siguientes:
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en sentencia de fecha 31 de octubre 
de 2016, declaró nulos los acuerdos de las juntas generales de la sociedad «Laminados 
de Aller, S.A.» de 15 de septiembre de 2014 y 1 de diciembre de 2014, acuerdos entre 
los que se encontraba determinada operación de reducción del capital por compensación 
de pérdidas y simultáneo aumento de capital.
Dicha sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 
Primera, en sentencia de 20 de marzo de 2018, si bien se fundamenta, en lo que 
interesa en este expediente, en que el acuerdo de reducción del capital social a cero por 
compensación de pérdidas y simultáneo aumento de dicho capital infringe, respecto del  s
socio  titular  de  acciones  preferentes,  «Sadim  Inversiones,  S.A.»,  unipersonal,  los  e.
artículos 293.1 y artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. w.
La junta general de la sociedad «Laminados de Aller, S.A.» de 8 de abril de 2019,  54ww
pdaer a2 0«1e6je c(…uta),r  ye nr esguusla rpizraorp iolas  stéitrumacinióons  jluar ísdeicnat enrecsiap efcirtmo ed ed el ofse cahcato s3 1y  dree laoccitounberes 
jsuimríduilctáans eaaf eacmtapdlioasc»ió, na pdreolb cóa,p eitnatlr ee no tloross t éarcmueinrodso sq,u lea  rreesduulctacnió dne d lea  csaigpuitiaeln steo cpiarol pau ceesrtoa :y  BOE-A-cable e
«Cuarto.–La  sustitución  íntegra  de  la  decisión  adoptada  en  la  JGE  de  15  de 
septiembre de 2014 referida a la operación de disminución de capital por compensación 
de pérdidas y simultáneo aumento de capital, por otra decisión del siguiente tenor:
La reducción de capital por compensación de pérdidas en la suma de 7.500.000 
euros  mediante  la  amortización  de  todas  las  acciones  existentes  en  la  sociedad  y 
simultánea  ampliación  de  capital  por  importe  de  cien  mil  euros  correspondientes 
a 29.400 acciones privilegiadas de clase A de un euro de valor nominal cada una 
y 70.600 acciones ordinarias de clase B de un euro de valor nominal cada una de ellas. 
Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales».
Dicho acuerdo fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas salvo la 
sociedad «Sadim Inversiones, S.A.», que votó en contra. Todos los socios ejercitaron el 
derecho  de  suscripción  preferente.  Las  29.400  acciones  suscritas  por  «Sadim 
Inversiones, S.A.» son de clase A, preferentes, que mantienen todos los privilegios que 
les otorgan los estatutos sociales; y las acciones suscritas por el resto de accionistas son 
de clase B, ordinarias. Tales acuerdos constan en acta notarial de la junta autorizada el 
día 8 de abril de 2019 y en la escritura de elevación a público de los mismos que son 
objeto de la calificación impugnada.
En esencia, la registradora fundamenta su negativa a la inscripción solicitada en que 
los acuerdos adoptados, relativos a la situación del capital social existente el 15 de 
septiembre de 2014, tienen que contener necesariamente un pronunciamiento en cuanto 
a los efectos que la nulidad declarada tiene sobre determinados asientos posteriores; en 
que aun cuando existe la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de 
idéntico contenido, este mecanismo sanatorio encuentra su ámbito de aplicación en los 
supuestos  en  que  la  ineficacia  de  la  decisión  social  sustituida  lo  sea  por  motivos 
formales, mientras que cuando los defectos son de orden material o sustantivo, como 
ocurre en este caso, lo que debe producirse es una alteración de la voluntad social, 
materializada en una nueva decisión asamblearia; y ese nuevo acuerdo social debe 
ajustarse a los requisitos que la ley establece para adoptarlo (entre ellos el relativo al 
balance que sirva de base a la reducción del capital) atendiendo a la situación del 
momento en que se apruebe en este momento la reducción de capital.
2.  Sobre  la  cuestión  relativa  a  la  posible  convalidación  de  acuerdos  sociales 
declarados nulos este Centro Directivo (como pusiera de relieve en Resolución de 4 de 
julio de 2016) ya ha tenido ocasión de pronunciarse; como también lo había hecho con 
anterioridad el Tribunal Supremo. Así, el Alto Tribunal ya declaró en su Sentencia de 23 
de febrero de 2012 que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum 
producit» es matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los 
actos posteriores que sean del todo incompatibles, y posteriormente, en su clarificadora 
Sentencia de 18 de octubre de 2012 afirmó lo siguiente:
«19.  La  grave  distorsión  que  en  la  vida  de  las  sociedades  mercantiles  puede 
provocar la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados por sus órganos sociales, 
después de un proceso de formación de la voluntad social en ocasiones complejo y 
como regla sometido a rigurosos requisitos formales, a fin de garantizar el ejercicio por 
los socios de su derecho a intervenir de forma informada en la formación de la voluntad 
social, es determinante de que en aquellos supuestos en los que por su contenido no 
son  contrarios  al  orden  público,  los  distintos  ordenamientos  articulen  diversos 
mecanismos dirigidos, por un lado, a potenciar su inatacabilidad limitando las causas de  s
impugnación, fijando breves plazos a tal efecto y restringiendo la legitimación para  oe.
impugnarlos, por otro, a impedir su impugnación cuando ésta ha perdido interés -en este  w.
sidnee nlicbtoidenorfa ozerimlo anitreàt í ncduoelnoll  ap2 u3lòe7 ga7gv.4ee  rd eleu lo dCgeoóll,'da sitcetoe l  aCc loiivbsielteirt uaitztiavioloina’ en( oliam p praeunvguinelaancteaió  qènu  sedo es‘[ tli]lt'aua intdane uclliolbanem raaelctnritaóo n p dr[eedslleaal    2020-3654n https://ww
acuerdo] no puede tener lugar, si la impugnada es reemplazada con otra tomada en
conformidad de la ley y el acto constitutivo [los estatutos]); y el 62.2 del Código das
Sociedades Comerciais portugués ‘[a] anulabilidade cessa quando os sócios renovem a 
deliberação anulável mediante outra deliberação, desde que esta não enferme do vício 
da  precedente’  (la  anulabilidad  cesa  cuando  los  socios  renuevan  la  deliberación 
[acuerdo] anulable mediante otra deliberación [acuerdo], siempre que ésta no adolezca 
de la irregularidad del precedente)-; y, por otro, finalmente, a facilitar la subsanación o 
convalidación de los que adolecen de irregularidades susceptibles de ser corregidas -en 
este sentido el artículo 363 de la Ley 66-537 de 24 de julio de 1966 sur les sociétés 
commerciales francesa dispone que ‘[l]e tribunal de commerce, saisi d'une action en 
nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités....’ (el 
tribunal de comercio, que conoce de una acción de nulidad, puede, hasta de oficio, fijar 
un plazo para permitir salvar las nulidades....); y el 62.3 del Código portugués ‘[o] tribunal 
em que tenha sido impugnada uma deliberação pode conceder prazo à sociedade, a 
requerimento  desta,  para  renovar  a  deliberação’  (el  tribunal  ante  el  que  haya  sido 
impugnada una deliberación [acuerdo] puede conceder plazo a la sociedad, a petición de 
ésta, para renovar la deliberación [acuerdo]).
20.  También el legislador europeo ha tenido en cuenta ambos mecanismos. Así la 
Sexta Directiva del Consejo, Directiva 1982/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, en el 
artículo 21 dispone que ‘[l]as legislaciones de los Estados miembros sólo podrán regular 
el régimen de nulidades de la escisión en las siguientes condiciones (...) c) no podrá 
intentarse la acción de nulidad cuando haya transcurrido un plazo de seis meses a partir 
de la fecha en que la escisión fuera oponible al que invoque la nulidad, ni cuando la 
situación hubiera sido regularizada; d) cuando sea posible remediar la irregularidad 
susceptible de ocasionar la nulidad de la escisión, el tribunal competente concederá a las 
sociedades interesadas un plazo para regularizar la situación’. Y la Directiva 2011/35/UE, 
de 5 de abril, reiterando la Tercera Directiva del Consejo 1978/855/CEE, de 9 de octubre, 
sobre fusión de sociedades, dispone en el artículo 21.1 que ‘[l]as legislaciones de los 
Estados miembros sólo podrán organizar el régimen de nulidades de la fusión en las 
siguientes condiciones: (...) c) no podrá intentarse la acción de nulidad después de la 
expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en la que la fusión fuera 
oponible al que invoque la nulidad, o bien si la situación hubiera sido regularizada; d) 
cuando sea posible remediar la irregularidad susceptible de ocasionar la nulidad de la 
fusión, el tribunal competente concederá a las sociedades interesadas un plazo para 
regularizar la situación’ (…).
24.  Partiendo del contexto descrito, la primera premisa de la que debemos partir es 
que nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten 
acuerdos que dejen sin efecto los anteriores, mediante la adopción de otros para revocar 
expresamente los adoptados o mediante la adopción de otros incompatibles. Ello, sin 
perjuicio de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero, no existe un 
‘derecho al arrepentimiento’ con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e 
incluso por socios a raíz del acuerdo revocado, máxime si se tiene en cuenta que la 
propia  evolución  del  mercado  puede  convertir  en  lesivos  acuerdos  inicialmente 
beneficiosos que los administradores deberían ejecutar de no ser revocados. (…)
29.  En conclusión, la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum 
acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del 
proceso de impugnación o concluido el mismo por sentencia definitiva.
30.  Otra cosa es la eficacia ‘ex nunc» o ‘ex tunc’ de los acuerdos de convalidación 
ya que, como sostiene la sentencia de 17 de marzo de 1992, «la intención de la 
convocatoria no es en ningún sentido vinculante para el Juzgador a la hora de calificarlos  s
en cuanto a sus efectos’». oe.
3.  En esa misma línea, esta Dirección General, en Resolución de 30 de mayo  54ww
de 2013, afirmó lo siguiente:
acue«r(d…o)s  sseo cpialalenste. aP reelc idsiasmcuetnidteo,  teesmtaam does  laan teef icuanc iatí pdiceo  lcaa ssoe ndteifnícciila  ddee  Dneurelidcahdo  ddee 
sociedades. No en vano se ha dicho que la implantación de un canon de retroactividad
fuerte, por sus consecuencias devastadoras de los derechos adquiridos por socios y 
terceros, puede conducir al caos jurídico. Esto explica que hayan prosperado en tiempos 
recientes en ordenamientos societarios de nuestro entorno soluciones más ponderadas o 
conformes con el principio de estabilidad o conservación de los efectos de los acuerdos 
sociales de gestión, como es la que establece la convalidación de la fusión o escisión 
debidamente  inscritas  (artículo  47.1  LME;  artículo  17  Directiva  de  Fusiones 
Transfronterizas;  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Sociedad  Europea)  o  la  misma 
sanación de aumentos y reducciones de capital inscritos en el Registro en Derecho 
alemán ex & 246 a) AktG o en el italiano, ex art. 2379-ter CCivile.
3.  El  problema  radica,  en  nuestro  Derecho,  en  un  extendido  y  a  veces  mal 
formulado  así  como  equivocado  entendimiento  de  la  supuesta  eficacia  radical  y 
retroactiva o «ex tunc» de la declaración judicial de nulidad de los acuerdos sociales 
impugnados. Frente a lo que algunos presuponen, la sentencia declarativa de nulidad no 
produce  de  manera  automática  u  «ope  legis»  una  especie  de  radical  «restitutio  in 
integrum»  societaria  o  automático  regreso  al  estado  de  cosas  anterior  al  acuerdo 
anulado ni tan siquiera a efectos internos. Como bien expone el recurrente en su escrito 
de recurso, no cabe extender en este ámbito el régimen jurídico común de la nulidad y 
anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la sociedad de 
dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos 
adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, 
deben ser convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del 
ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de seguridad jurídica recogido 
en el artículo 9.3 de la Constitución. En definitiva: no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit».
4.  Del análisis de situaciones análogas en el ámbito del Derecho de sociedades 
resulta claro que la declaración de nulidad de la fusión o escisión ex artículo 47 LME no 
produce  per  se  la  inexistencia  de  la  correspondiente  modificación  estructural  y  la 
desaparición  del  mundo  jurídico  de  todos  sus  efectos,  sino  que  es  causa  de  una 
obligación societaria de remover, convalidar o «regularizar» los efectos organizativos y 
societarios generados mediante los correspondiente acuerdos sociales de reintegración 
patrimonial (…).
9.  (…) Constituiría una interpretación excesivamente rigurosa de la doctrina general 
sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos cuya proyección sobre el Derecho de 
sociedades ha sido modulada por el propio legislador en aras de la seguridad jurídica y 
la protección del tráfico mercantil (…)
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo al afirmar, respecto de determinado acuerdo 
adoptado  por  la  junta  general,  en  Sentencia  de  12  de  junio  de  2008  «que  no  es 
transportable a las causas de nulidad de la LSA el precepto del art. 6.3 CC, ni las 
contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos (…) en todo caso la 
doctrina jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en 
la aplicación de la nulidad radical (SS. 28 de mayo y 2 de noviembre de 2001, entre 
otras)».
4.  Sentado lo anterior y reiterando que no cabe trasvasar, sin más, al campo 
societario los conceptos de ineficacia propios de la teoría general del negocio jurídico y 
en especial del contrato, debe tenerse en cuenta que la legislación societaria se inspira  e.e
en dos grandes principios: el de la seguridad jurídica, que trata de hacerse efectivo  b
mediante  el  sometimiento  de  los  actos  de  nacimiento  de  las  sociedades  y  sus  54ww
mproodfeifsicioancaiolense sc uaal lifcicoandtroosl   enno taerli alc oyn orceimgisietrnatol,   deejel rcoidrdoe neanm  ieeln táom  jbuirtíod icroe;s pye cetilv od ep olar 
dseegteurrmidianda dodse ls utpráufeicsoto, s qduee  aptraartiae ncdiea  ehna lcae qrsuee  preuaeldideand c omnfeiadria lnotse  telrac erroesg uplaocr icóuna ndtoe 
que el ordenamiento los protege (caso, p. ej. de la sociedad irregular o de la sociedad 
nula).
Precisamente, la protección del tercero, muy conectada con la seguridad jurídica y la 
seguridad del tráfico, es la que exige que el perfil de la nulidad en el Derecho de 
sociedades sea diferente del que le confirió el legislador decimonónico en el Código Civil 
(de radicales perfiles como es bien sabido); ideas, por lo demás, claramente asentadas 
en trabajos prelegislativos de tanto calado como el proyectado artículo 214-16 de la 
Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la 
Comisión General de Codificación (objeto de informe en el Consejo de Ministros de 30 
de mayo de 2014), que establece, en relación con la inscripción en el Registro Mercantil 
de  la  sentencia  o  del  laudo  estimatorio  lo  siguiente:  «(…)  2.  Cuando  el  acuerdo 
impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia o el laudo que estime 
la acción determinará, además, la cancelación de la inscripción, así como la de todos los 
asientos posteriores que resulten manifiestamente contradictorios con ella».
5.  Admitida  una  posible  convalidación  de  acuerdos  sociales  en  línea  con  lo 
declarado por este Centro Directivo en su citada Resolución de 2013 (vid., en la misma 
línea,  la  Resolución  de  4  de  julio  de  2016)  y  en  las  decisiones  jurisprudenciales 
anteriores,  debe  afirmarse  que  tal  convalidación  tiene  efectos  «ex  tunc»  con 
independencia de la conducta procesal de las partes, y por esa línea discurren las 
importantes  novedades  sobre  la  materia  introducidas  por  la  Ley  31/2014,  de  3  de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo.
Respecto de tal cambio legislativo, al igual que antes de la reforma, el primer párrafo 
del artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que no procede la 
impugnación  cuando  el  acuerdo  social  haya  sido  dejado  sin  efecto  o  sustituido 
válidamente por otro, distinguiéndose ahora según que el nuevo acuerdo haya sido 
adoptado válidamente antes o después de que se hubiera interpuesto la demanda de 
impugnación (del primero), precisando la norma en uno y otro caso su régimen procesal. 
Asimismo es criterio general que la novedad más relevante de tal reforma es haber 
eliminado  la  distinción  entre  acuerdos  nulos  y  anulables,  por  entenderse  que  esta 
distinción resultaba extraña a las categorías correspondientes en la teoría del negocio 
jurídico,  superándose  así  una  distinción  tradicional,  de  modo  que  ahora  solo  hay 
acuerdos impugnables y para todos el plazo de caducidad ha quedado fijado en un año, 
con una única salvedad respecto de los acuerdos contrarios al orden público, que ni 
caducan ni prescriben.
6.  En la teoría del contrato, la anulabilidad hace referencia a un tipo especial de 
nulidad por vicio del consentimiento o falta de capacidad que se distingue de la nulidad 
por  la  persona  legitimada  para  hacerla  valer,  y  tradicionalmente  en  el  Derecho  de 
sociedades la distinción entre acuerdos nulos y anulables se basó exclusivamente en las 
reglas infringidas por el acuerdo y las consecuencias de la infracción, algo que se 
reflejaba en la legitimación para impugnar los acuerdos y el plazo para hacerlo. La 
reforma, como se ha indicado anteriormente, acaba con la distinción y unifica los plazos 
para la impugnación y la legitimación para impugnar, generalizando el plazo de un año 
para todos los acuerdos impugnables que se establece en el nuevo artículo 205.1, según 
el cual la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un 
año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido 
resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.  e
Cuestión  diferente  es  la  relativa  a  los  que,  tradicionalmente  caracterizados  como  bo
inexistentes, no pueden sobrevivir con el paso del tiempo, toda vez que nunca se ha  54ww
adbusdoalduota mqueen tuen,  easc uuenrd oa ciuneerxdiost ecnutyea,  pimorp uegjenmapcilóon u nn oa ccuaedrudcoa  «(ipnivéennsteasdeo »e no  ascimueurladdoos 
adopEtla nduoes veon  asretdícicuelon t2e0s4 ju.2n teasst aubnlievecers aqluees ).cuando la revocación o sustitución hubiere
tenido  lugar  después  de  la  interposición  de  la  demanda,  «el  juez  dictará  auto  de
terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto», rectificándose 
así, en relación con el segundo de los supuestos (la impugnación de acuerdos sociales 
una vez iniciado un proceso judicial), el criterio jurisprudencial anterior, que se oponía a 
la admisión de la revocación o sustitución del acuerdo en tales casos por aplicación del 
principio «ut lite pendente nihil innovetur», conforme al cual carecen de eficacia las 
innovaciones introducidas después de iniciado el juicio en el estado de los hechos o de 
las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda. Este supuesto es 
ahora compatible con la posibilidad de subsanar (siempre que sea posible) la causa de 
impugnación, prevista tradicionalmente en la legislación societaria (vid. artículo 115.3, 
párrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas) y que el artículo 207.2 de la Ley 
de Sociedades de Capital mantiene inalterada. De esta forma -se ha dicho- la norma 
considera el supuesto de la subsanación diferente al de la sustitución del acuerdo 
impugnado por otro (artículo 204.2) y lo hace porque conceptualmente son diferentes, ya 
que la subsanación no supone necesariamente la desaparición del acto impugnado, sino 
de la causa de impugnación, aunque el efecto será el mismo: subsanada la causa de 
impugnación (por ejemplo, un requisito de forma) el proceso termina.
7.  Como ha puesto de relieve esta Dirección General (vid. Resoluciones de 26 de 
julio  y  26  de  octubre  de  2016)  «la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  recoge  en  su 
artículo 204.2 la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico 
contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos 
en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues 
cuando los defectos sean de orden material o sustantiva, la decisión corporativa idónea 
para enervar su eventual impugnación habrá de ser de sentido inverso a la característica 
de la sustitución, es decir, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social 
dirigida  a  reparar  los  defectos  formales  de  un  acuerdo  social  previo,  lo  que  debe 
producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión 
asamblearia que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura 
y simple, ya sea por medio de una acuerdo de contenido objetivamente incompatible, 
fórmula que se encuentra igualmente contemplada en el artículo 204.2. La eficacia 
retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto 
preclusivo sobre la acción de impugnación que el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades 
de  Capital  vincula  precisamente  a  la  existencia  de  un  acuerdo  de  sustitución  o 
revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios 
que informan el Registro Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros 
(cfr. artículo 20 del Código de Comercio)».
8.  En el presente caso, los defectos que dieron lugar a la nulidad de los acuerdos 
eran de orden material o sustantiva. Y, en cuanto a la motivación de los acuerdos 
expresada en los títulos calificados y las alegaciones de la recurrente en el sentido de 
que los acuerdos cuya inscripción se solicita se han adoptado para dar cumplimiento a lo 
declarado en las sentencias referidas, debe tenerse en cuenta que en las mismas, 
propiamente,  no  se  impone  la  adopción  de  tal  acuerdo  sino  que  determina  las 
condiciones que tendrían que haber cumplido el acuerdo impugnado para que no tuviera 
tacha  de  nulidad  alguna.  Por  ello,  cobra  sentido  las  consideraciones  expresadas 
respecto del mismo caso por la Resolución de esta Dirección General de 6 de junio 
de 2019: «Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración 
de  nulidad  de  acuerdos  (previa  a  la  cancelación  de  los  asientos  posteriores 
contradictorios) resulta una situación que no responda a las exigencias de coherencia y  e
claridad  que  la  legislación  sobre  el  Registro  Mercantil  demanda,  corresponderá  a  bo
quienes a ello están obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la  54ww
asectnotse ncyi ar edlaec niounliedsa dj uyrí dreicgausl aarifzeacrt alad ossi.t uaDceió ne sjtuer ídmicoad od el olas  saodcmieidnaisdtr aredsopreesc tod edbee rláons 
creognuvloacriazra ra  lalo ss istuoaccioiósn a e unn aq ujeu nstae  qeunec ureensutreal vlaa  asdoocpietadra dla sy  male doibdjaesto  addee caudaedcausa pr asrau 
situación a lo previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. Resoluciones de 30 
de mayo de 2013 y 30 de junio de 2014)».
Debe, por tanto, confirmarse el criterio de la registradora al exigir que el acuerdo de 
reducción de capital con simultaneo aumento del mismo cumpla con los requisitos 
legalmente establecidos a los que se refiere en su calificación y se regularice la situación 
de la sociedad respecto de otros actos y relaciones afectados, especialmente el relativo 
a  la  reducción  por  pérdidas  y  simultáneo  aumento  del  capital  social  hasta  la  cifra 
de 650.500 euros (acuerdo aprobado el 30 de abril de 2015, después de los acuerdos 
impugnados y declarados nulos), así como la reducción del capital en 278.530 euros -por 
condonación de dividendos pasivos- acordada el 24 de agosto de 2017, que constan en 
los asientos registrales (inscripciones 23.ª y 26.ª), en los que la sociedad favorecida por 
la nulidad declarada no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido como 
consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se pretende 
inscribir se le atribuyen. De lo contrario, como afirma la registradora en su calificación se 
vería frustrada la tutela judicialmente concedida a la sociedad «Sadim Inversiones S.A.». 
Por lo demás, esa regularización pendiente no podrá llevarse a cabo desconociendo los 
derechos de titulares de las acciones creadas mediante el aumento de capital anulado y 
el posteriormente realizado podían actuar con base en la confianza legítima de que su 
relación societaria estaba válidamente constituida.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid,  20  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.