BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Jueves 12 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 99074
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
14081 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la atribución del ejercicio de la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 
24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013  de  9  de  diciembre  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24. Por 
su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG contempla la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones referidas en el 
artículo 24, mediante la celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen 
las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de 
competencias.
Que el artículo 16 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno  de  La  Rioja,  establece  que  el  órgano  competente  para  conocer  las 
reclamaciones frente a las resoluciones expresas o presuntas de las solicitudes de 
derecho de acceso a la información pública es el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno integrado en la Administración General del Estado.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de La Rioja suscribieron el pasado 29 de 
octubre el correspondiente convenio de colaboración que, una vez inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
en esa misma fecha, debe ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» según 
determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
la atribución del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones 
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 30 de octubre de 2020.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I., José Luis Rodríguez Álvarez.
ANEXO ÚNICO
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la atribución del ejercicio de la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
En Madrid y Logroño, a 27 de octubre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Raquel Romero Alonso, Consejera de Igualdad, Participación y 
Agenda  2030,  nombrada  por  Decreto  de  la  Presidenta  15/2019,  de  29  de  agosto 
(Denominación y competencias de la Consejería modificadas por Decreto 6/2020, de 24 
de  agosto),  autorizada  para  la  aprobación  del  presente  convenio  por  Acuerdo  del 
Consejo de Gobierno por el que se delega en los consejeros la competencia para 
aprobar los convenios y protocolos (BOR n.º 133, de 6 de noviembre de 2019) y 
facultado para su firma en virtud de lo dispuesto en el artículo 42-1-k) de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros,
De  una  parte,  don  José  Luis  Rodríguez  Álvarez,  Presidente  del  Consejo  de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno  (en  adelante  el  Consejo),  según  nombramiento 
efectuado por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, BOE de 21 de octubre y de 
acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que atribuye al 
Presidente de dicho Organismo su representación legal e institucional.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno  (en 
adelante LTAIBG), frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la  es
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano  o
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Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del 
correspondiente  convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas 
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que el artículo 16 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno  de  La  Rioja,  establece  que  el  órgano  competente  para  conocer  las 
reclamaciones frente a las resoluciones expresas o presuntas de las solicitudes de 
derecho de acceso a la información pública es el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno integrado en la Administración General del Estado, conforme a lo establecido 
en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG.
Sexto.
Que dando cumplimiento a las previsiones legislativas señaladas, el 22 de febrero 
de 2016 se suscribió un primer convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y la Comunidad Autónoma de La Rioja (en adelante, la Comunidad Autónoma) 
para  atribuir  al  Consejo  el  ejercicio  de  la  competencia  para  la  resolución  de  las 
reclamaciones del artículo 24 de la LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas 
por la Administración de la Comunidad Autónoma y por las Entidades Locales incluidas 
en su ámbito territorial, así como por los organismos y entes vinculados o dependientes 
de ambas y por las entidades integradas en el sector público autonómico o local.
Séptimo.
Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad en continuar la colaboración 
iniciada en 2016 y para ello convienen en suscribir este convenio, que se ajustará a las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto de este convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
de la Comunidad Autónoma y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, 
de los organismos y entes vinculados o dependientes de ambas, de las entidades 
integradas en el sector público autonómico o local, así como de los demás entes u 
organizaciones  obligadas  en  el  ámbito  territorial  de  La  Rioja,  tal  y  como  prevé  la 
Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
Segunda.  Especificaciones.
1.  La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  es
no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Comunidad  o
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Transparencia y Buen Gobierno.
Tercera.  Obligaciones de carácter general.
1.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  obliga  a  conocer  las 
reclamaciones  en  materia  de  acceso  a  la  información  que  puedan  interponerse  al 
amparo de la LTAIBG y de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, respecto de los actos de 
la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  y  de  las  Entidades  Locales 
incluidas en su ámbito territorial, de los organismos y entes vinculados o dependientes 
de ambas, de las entidades integradas en el sector público autonómico o local, así como 
de los demás entes u organizaciones obligadas al cumplimiento de la Ley en el ámbito 
territorial de La Rioja.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de 
dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones 
implicadas las resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su fecha 
de elaboración y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG.
2.  Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en 
cualquier registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
convenio y, en general, en los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La  Comunidad  Autónoma  remitirá  todas  las  reclamaciones  y  su  documentación 
anexa por vía electrónica al buzón del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes 
al de la fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos 
los gastos derivados de la ejecución de este convenio.
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número 
de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de 
acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la 
Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.
3.  El método de cálculo será el explicitado en el Anexo de este convenio. Las 
cantidades incluidas en el Anexo podrán ser actualizadas de común acuerdo por las 
partes, en el seno de la comisión de seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima 
del convenio.
4.  La Comunidad Autónoma ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes 
derivados de la tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones 
comprendidas en el ámbito de este convenio y de elaboración de las correspondientes 
resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del convenio, y 
tendrá lugar en los términos en que las partes lo acuerden en el marco de la comisión de 
seguimiento  del  convenio.  El  pago  se  hará  efectivo  previa  expedición  de  la 
correspondiente certificación por el Consejo en la que constarán, como documento 
anexo, el desglose de los importes de la Comunidad de las de las Entidades Locales 
comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio.
En los supuestos de prórroga de este convenio, la correspondiente Adenda fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la comisión de seguimiento. e
5.  La Comunidad Autónoma, una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los  bo
gastos  que  se  deriven  de  las  tramitaciones  de  reclamaciones  competencia  de  las  081ww
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Quinta.  Vigencia y modificación del convenio.
1.  Este  convenio  tendrá  vigencia  de  cuatro  años,  surtiendo  efectos  desde  su 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El convenio podrá prorrogarse por un periodo de cuatro años mediante acuerdo 
expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la 
finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, ésta deberá ser 
acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes.
Sexta.  Denuncia y extinción del convenio.
1.  La  Comunidad  Autónoma  podrá  denunciar  este  convenio  comunicándolo  al 
Consejo por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación 
del mismo.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos 
definidos en la cláusula tercera.
4.  La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. 
El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran 
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del convenio.
5.  El convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
6.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos 
de  los  artículos  49.e)  y  51.2.c)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  éstos  serán 
evaluados y acordados por la comisión de seguimiento de este convenio. En caso de 
desacuerdo se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
Séptima.  Comisión de seguimiento.
1.  El convenio será administrado por una comisión de seguimiento, formada por 
dos representantes  del  Consejo y  dos representantes de la Comunidad Autónoma, 
designados por cada una de las partes y nombrados por el Consejo.
Los representantes del Consejo y los representantes de la Comunidad asumirán, 
cada año de manera alternativa, la Presidencia de forma rotatoria y la secretaría recaerá 
siempre en los representantes del Consejo.
2.  Corresponderá a la comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones 
del Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de 
alguna de las Entidades Locales de ámbito territorial obligadas por este convenio, ésta  s
podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión de la  oe.
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conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
4.  Las reuniones de la comisión de seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
5.  La comisión de seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que 
informará, caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones 
técnicas específicas del ámbito local o autonómico, requieran un asesoramiento por 
parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la comisión de 
seguimiento  más  un  experto  designado  por  la  Comunidad  Autónoma,  un  experto 
designado, en su caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a uno de los 
representantes de la Comunidad, y un tercero designado por el Consejo.
6.  El comité técnico será convocado puntualmente por la comisión, a petición de 
cualquiera de las partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o 
reuniones virtuales.
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las  partes  firmantes  del  convenio  se  comprometen  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones establecidas en la LTAIBG y en la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, así 
como a someterse al régimen de infracciones y sanciones en materia de transparencia 
que a cada una de ellas les resulte de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del convenio.
1.  Este convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole 
asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la contratación pública.
2.  Este convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia 
contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este convenio, que no 
cuenten con acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman este convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–
Por la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, la Consejera, Raquel 
Romero Alonso.–Por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente, José  e.
Luis Rodríguez Álvarez. w.b
ANEXO
(MCIE. /SDCeM )a cduee rldao  Ucnoiónn  eEl urMopoedae,l oe nd ela  Cvoesrsteiósn  Essimtápnldifaicra d/a  Satdaonpdtaardda  Ceons tE sMpaoñdae,l 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes
internos  de  los  procesos  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  tienen  en 
consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2020 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento sería:
– A1 o equivalente: 23,71 euros.
– A2 o equivalente: 18,46 euros.
– C1 o equivalente: 13,74 euros.
– C2 o equivalente: 11,35 euros.
B.  La  tramitación  media  de  un  expediente  de  reclamación  es  de  6:30  horas, 
teniendo en cuenta el siguiente desglose:
– Borrador: 3 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
– Propuesta de resolución: 2 horas por parte de un técnico A1.
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (3 horas):
A1: 23,71 × 3 = 71,13 euros.
A2: 18,46 × 3 = 55,38 euros.
Valor medio: 71,13 + 55,38/2 = 63,25 euros.
– Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (2 horas):
23,71 × 2= 47,42 euros.
– Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 horas):
13,74 × 1,5 = 20,61 euros.
– Total: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
Total expediente: 131,28 euros. o