BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32817
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4499 Sala Primera. Sentencia 24/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 5564-2019. Promovido por don Ousmane Kebe Ndiaye respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Granollers 
(Barcelona)  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de 
control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2021:24
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5564-2019,  promovido  por  don  Ousmane  Kebe 
Ndiaye, representado por el procurador de los tribunales don Felipe Juanas Blanco y 
asistido por el letrado don Oscar Bernardes i Ràfols, contra la providencia de 12 de junio 
de 2019, por la que se inadmitió el incidente excepcional de nulidad de actuaciones 
promovido por el recurrente en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 492-2015, 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Granollers, y contra el auto 
de 12 de julio de 2019, por el que se aclara la anterior resolución y se inadmite a trámite 
el recurso de reposición formulado contra la misma. Ha sido parte la entidad Caixabank, 
S.A., representada por el procurador don Javier Segura Zariquiey y asistida por el letrado 
don Ricardo Egea Yetano, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  1  de  octubre  de  2019,  el 
procurador de los tribunales don Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de 
don Ousmane Kebe Ndiaye interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se 
citan en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  La entidad bancaria Caixabank, S.A., formuló contra don Ousmane Kebe Ndiaye  e.
demanda de ejecución hipotecaria con base en un crédito hipotecario elevado a escritura  w.
pública en fecha de 9 de noviembre de 2007, siendo turnada al Juzgado de Primera  99ww
Instabn) ciaP onrú mau. t6o  ddee  G2 rdaen ofellebrrse.ro de 2016 el Juzgado declaró nula la cláusula incluida en
lcao nesstcarri tuerxap rdees acmonesnttietu ceinó ne ld efu nlad ahmipeontetoc ad ere ldaetirveac hao  loqsu iinnttoe rdees eess ma orerastoolruiocisó,n h aqcuiee,n ddoe   BOE-A-cable e
conformidad con lo dispuesto en el art. 552.1.II de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
«[e]n el presente caso, se ha examinado la cláusula relativa a los intereses moratorios, 
los cuales efectivamente deben considerarse abusivos, pues se fijaron en un 20,50 
por 100 con lo cual se considera procedente anular la cláusula relativa a los mismos sin 
posibilidad de integración».
No  siendo  de  aplicación  la  cláusula  mencionada,  se  despachó  la  ejecución, 
requiriendo de pago al ejecutado en la cantidad de 249 219,86 €, de principal, y 30 
730,84  €,  en  concepto  de  intereses.  La  resolución  fue  notificada  al  ejecutado  con 
fecha 25 de febrero de 2016.
c)  Siguiendo su curso el procedimiento, por decreto de 22 de septiembre de 2016, 
se procedió a la convocatoria de la subasta, que, celebrada en el portal de subastas 
electrónicas del «Boletín Oficial del Estado», concluyó sin pujas.
d)  Solicitada por la ejecutante la adjudicación de las fincas subastadas con facultad 
para ceder el remate, por diligencia de ordenación de 4 de enero de 2018, se concedió 
un plazo de veinte días para, en su caso, ceder el remate a un tercero, procediéndose a 
ello mediante sendas comparecencias del cedente (Caixabank, S.A.) y del cesionario 
(Buildingcenter, S.A.U.), celebradas en fechas 12 de enero y 12 de junio de 2018, 
respectivamente, siendo aprobada la adjudicación del remate por decreto de 15 de junio 
de 2018.
e)  La mercantil Buildingcenter, S.A.U., interesó ser puesta en posesión de las fincas 
adjudicadas, acordándose, por diligencia de ordenación de 25 de febrero de 2019, 
conceder a la parte ejecutada un mes para desalojar la vivienda, con apercibimiento de 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo se procedería al lanzamiento del inmueble el 
día 17 de mayo a las 12:00 horas.
f)  Presentado escrito por el ejecutado solicitando que se declarara que tanto él 
como su familia tenían derecho a seguir ocupando la vivienda hasta el 15 de mayo 
de 2020, con arreglo a lo previsto en el art. 2 del Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de 
marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto-Ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  y  la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo; o, subsidiariamente, un aplazamiento del lanzamiento hasta 
que los servicios sociales del municipio de La Garriga o cualquier otro organismo pudiera 
proporcionarles una opción de realojamiento; por la mercantil Buildingcenter, S.A.U., se 
interesó dejar sin efecto el trámite de posesión, suspendiéndose el lanzamiento por 
diligencia de ordenación de 25 de abril de 2019.
g)  Mediante escrito fechado el 17 de mayo de 2019, el ahora recurrente promovió 
incidente de nulidad de actuaciones alegando la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y solicitando la retroacción del procedimiento al momento 
inmediatamente anterior al dictado del auto de 22 de septiembre de 2014, para que, con 
fundamento en la doctrina contenida en la STC 31/2019, de 28 de febrero, se declarara 
el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en el apartado sexto 
bis de la escritura de constitución de la hipoteca.
h)  Por providencia de 12 de junio de 2019, el juzgado inadmitió el incidente de 
nulidad al entender que, con ocasión del mencionado auto de 2 de febrero de 2016, ya 
se había efectuado un control de oficio de las posibles cláusulas abusivas, razonando 
que  «[a]sí  se  desprende  de  la  parte  dispositiva  de  esa  resolución»,  en  la  que  se 
declaraba la abusividad de la cláusula relativa a los intereses moratorios pactados. Y se 
añade: «[c]on ello se evidenció que el juzgador, a pesar de no ser quien actualmente 
ocupa la plaza de este órgano jurisdiccional, asumió el control de oficio de las cláusulas 
contractuales del caso. El que no se anulasen otras cláusulas obedece al criterio judicial  s
en su momento considerado, no siendo el mismo susceptible de revisión a posteriori ex  oe.
artículo 214.1 LEC». En la resolución se indicaba que contra la misma cabía recurso de  w.
reposición. 99ww
de jui)l io Pdree s2e0n1ta9d, oa crleacruarnsdoo d lea  rreepsoosluicciióónn  paonrt eerli orer ceunr reeln stee,n ftuideo i ndaed cmointidfirom paorr  sauu tcoa rdáec t1e2r 
irrecurrible.
3.  En la demanda de amparo se denuncia, en síntesis, el quebrantamiento del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), como manifestación del derecho a un 
juicio  justo,  ex  art.  6  del  Convenio  europeo  de  derechos  humanos  (CEDH),  por 
incumplimiento del órgano jurisdiccional de la doctrina plasmada en la STC 31/2019, 
de 28 de febrero, así como de la jurisprudencia europea, relativa al deber de examinar el 
carácter abusivo de las cláusulas incluidas en los contratos de préstamo hipotecario, al 
negarse el juzgado a llevar a cabo tal revisión respecto de la cláusula de vencimiento 
anticipado,  como  se  interesó  en  el  escrito  promoviendo  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones,  no  constando  que  ese  examen  se  haya  efectuado  anteriormente  con 
ocasión del auto despachando ejecución, como sostiene el órgano jurisdiccional.
Al anterior argumento principal se suman otras reflexiones, atinentes a la aplicación 
de la doctrina constitucional y europea relativa al deber de los órganos jurisdiccionales 
de  efectuar  el  control  de  abusividad  de  las  cláusulas  de  contratos  de  préstamo 
hipotecario si no se hubiera efectuado antes, al juego del instituto de la cosa juzgada y la 
preclusividad de los trámites para denunciar ese vicio contractual, a la utilidad del 
incidente  excepcional  de  nulidad  de  actuaciones  a  tales  efectos,  a  la  primacía  del 
Derecho de la Unión y al carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado 
cuestionada.
4.  La Sección Segunda de este tribunal acordó, mediante providencia de 27 de 
enero 2020, la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando que concurre 
en la misma una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión 
interna [STC 155/2009, 25 de junio, FJ 2 b)]; y, en cumplimiento de lo preceptuado por el 
art. 51 LOTC. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado por el art. 51 LOTC, se 
dispuso  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  6  de 
Granollers a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 492-2015, debiendo 
previamente  emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  con 
excepción de la parte demandante, al objeto de que pudieran comparecer en el plazo de 
diez días, si así lo desearan, en el presente recurso de amparo.
5.  Por escrito registrado el 27 de febrero de 2020, se personó en las actuaciones el 
procurador de los tribunales don Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de 
la entidad Caixabank, S.A.
6.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  6  de  marzo  de  2020,  se  tuvo  por 
personado al procurador don Javier Segura Zariquiey en nombre y representación de 
Caixabank, S.A., teniéndose también por recibidos los testimonios de las actuaciones 
remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Granollers. Asimismo, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por el plazo común de veinte días, para que pudieran 
presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
7.  El fiscal presentó alegaciones por escrito de 8 de junio de 2020, manifestándose 
favorable al otorgamiento del amparo solicitado. Inicia sus alegaciones delimitando la 
resolución objeto del presente recurso de amparo y cuál es el derecho fundamental cuya 
vulneración se denuncia. En relación con lo primero, el Ministerio Fiscal afirma que, 
aunque «nominalmente» el recurso se dirige contra el auto de 12 de julio de 2019, por el  e.
que se inadmite la reposición y se declara irrecurrible la providencia de 12 de junio  w.
anterior, la queja no se plantea respecto de aquella resolución, sino en cuanto a la  99ww
dinea dammispiaórno  dseel  indciridigeen tceo dnetr an uelidsaa dn deeg aatcivtuaa cai orneecso:n «s[itd]oedraar  lae la rcgounmtreonl tdaeci ólna  dperle rteencudridsao 
cláusula abusiva de "vencimiento anticipado", y esa decisión se toma y se motiva en la
providencia, sin que el auto haga referencia alguna»; además de que esa «parece ser la 
voluntad del recurrente en el propio encabezamiento del recurso».
Por lo que se refiere al derecho fundamental vulnerado, se asevera por el fiscal que 
cuando en el recurso se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), como manifestación del derecho al juicio justo, ex art. 6 CEDH, en 
realidad, se está cuestionando la «errónea motivación» de la providencia por la que se 
inadmitió el incidente de nulidad, fundada en que ya había sido revisada la cláusula cuyo 
examen se interesó en el referido incidente con ocasión del auto de 2 de febrero 
de  2016,  siendo  pues  la  cuestión  a  dilucidar  en  el  presente  caso  «aclarar  si 
efectivamente se produjo esa revisión judicial, validando la cláusula, o, tal como entiende 
el recurrente, no hay constancia de esa revisión, y por lo tanto debió acceder a su 
plasmación cuando fue solicitado en base al incidente de nulidad», con arreglo a la 
doctrina constitucional expuesta en la STC 31/2019, de 28 de febrero.
El fiscal comparte la tesis del recurrente, en cuanto a que la providencia no debería 
haber dado por realizado el referido control de la cláusula controvertida en el auto 
despachando ejecución, pues «[n]o contiene el referido auto ninguna mención a otras 
cláusulas como la de vencimiento anticipado, ni siquiera la afirmación de que se ha 
examinado el contenido de todas las cláusulas»; no siendo adecuada una deducción 
como la que se efectúa en la providencia, porque, según afirma, «nos encontramos 
frente a una resolución judicial, que por aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva, 
exige una motivación clara y expresa».
Concluye el fiscal que «[l]o que parece desprenderse de la letra de la providencia de 
inadmisión  es  que,  para  el  juez,  esa  deducción  es  tan  evidente  que  ninguna  otra 
conclusión podría obtenerse, y por lo tanto no necesitaba de plasmación escrita, pero 
este argumento quiebra desde el momento en que el incidente de nulidad precisamente 
lo que solicitaba era un pronunciamiento expreso sobre la cláusula cuya abusividad, al 
ejecutado, le parecía evidente, y lo hizo por el mecanismo jurídico que le cabía, el 
incidente de nulidad. Ejerció por lo tanto lo que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea llama "incidente de oposición", al que lejos de dar respuesta, que es lo que 
debe primar en ese ámbito contractual, como hemos reiterado anteriormente, lo resolvió 
con la mera inadmisión». Con ello se infringe la doctrina constitucional, que no impide la 
revisión de una cláusula sobre cuya abusividad no ha existido pronunciamiento alguno 
por el hecho de que conste la eliminación de otra por su carácter abusivo.
Por lo anterior, concluye solicitando que se otorgue el amparo con reconocimiento de 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del actor, y el restablecimiento en el 
mismo con declaración de nulidad de lo actuado desde la providencia de 12 de junio 
de 2019, y retroacción al momento inmediatamente anterior a su dictado.
8.  El recurrente formuló alegaciones por escrito presentado el 2 de julio de 2020, 
reiterando lo ya expuesto en la demanda de amparo.
9.  Por la entidad Caixabank, S.A., se formularon alegaciones en escrito presentado 
el día 2 de julio de 2020, oponiéndose al recurso de amparo por razones de fondo y 
procesales.
En cuanto a las primeras, manifiesta su coincidencia con el juzgado en cuanto a que 
el control de abusividad de las cláusulas ya habría sido efectuado de oficio en el auto 
de 2 de febrero de 2016, sin que el juzgador advirtiera más cláusulas irregulares que la 
relativa a los intereses de demora, entendiendo que la valoración positiva del resto de 
cláusulas una consideración individualizada de las mismas por parte del órgano judicial,  e
y que, producido ya ese control en un momento anterior, no es exigible la repetición del  bo
mismo. Asimismo, se opone al resto de las razones esgrimidas por el recurrente por  99ww
caodnuscied elraa rleaxst eimnappolircaanbeliedsa da l dperle sinecnitdee nctaes od.e E  nn ucliduaadn tod ea  alocstu macoiotinvoess , pproocrqeusea leesn,  seel 
myao mcoennctlou iddoe  ys ua rpclhainvtaedaom, ipeonrto h aebl eprr orceenduinmciieandtoo  edle a edjjeucduiccaiótanr ioh ipao ltae cpaorsiae ssieó ne jnucdoicnitaral, blao 
que implica que el desalojo deberá hacerse valer a través del juicio que corresponda.
10.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
Si bien el presente recurso de amparo se dirige, formalmente, contra el auto de 12 de 
julio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Granollers, resulta evidente 
que el demandante de amparo se queja, como pone de relieve el fiscal, de la negativa 
del juzgado a cumplimentar el control de abusividad de la cláusula de vencimiento 
anticipado  del  contrato  de  préstamo  hipotecario  que  dio  lugar  al  procedimiento  de 
ejecución, interesada por el ahora recurrente en su escrito promoviendo la nulidad de 
actuaciones. Esa decisión judicial se adoptó en la providencia de 12 de junio de 2019, 
por la que se inadmitió el mencionado incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
no en el auto posterior, que se limita a aclarar el carácter irrecurrible de la providencia 
anterior, con lo que hemos de considerar que, en realidad, recurso se alza contra tal 
providencia.
El demandante de amparo denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, ex art. 24.1 CE, «como manifestación del derecho al juicio justo, ex art. 6 
CEDH», por la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitó que 
el juzgado se pronunciara sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento 
anticipado del crédito con garantía hipotecaria, en aplicación de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la doctrina establecida en la STC 31/2019, 
de 28 de febrero.
Apoya la pretensión de amparo el Ministerio Fiscal, que ha interesado la estimación 
del recurso, por entender que el juzgado vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva 
del actor, ya que inadmitió el incidente de nulidad sin dar respuesta a la petición de 
examen sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado. Por su parte, 
la representación de la entidad Caixabank ha solicitado la desestimación del recurso, al 
considerar que, tal y como razonó el juzgado, no había lugar a pronunciarse sobre el 
carácter  abusivo  de  las  cláusulas  del  contrato,  pues  ya  había  existido  un 
pronunciamiento previo del juzgado sobre esa cuestión en el auto de 22 de septiembre 
de 2014.
2.  Doctrina constitucional sobre el control de abusividad de las cláusulas de los 
contratos de préstamo.
Desde la STC 31/2019, de 28 de febrero, hasta la muy reciente STC 140/2020, de 6 
de octubre, en la que se rememora el discurso contenido en aquella primera resolución, 
el tribunal ha sido consecuente con una línea doctrinal dirigida a restaurar el equilibrio 
real entre los derechos y obligaciones de profesionales y consumidores en el marco de 
los  contratos  de  préstamo  hipotecario,  defendiendo  el  obligado  cumplimiento  de  la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia.
Este tribunal se ha manifestado en diversas ocasiones sobre el obligado control por 
parte de los órganos jurisdiccionales del carácter abusivo de las cláusulas incorporadas 
a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, cuando, como ocurre en este caso, 
fueran  requeridos  para  efectuarlo  por  la  parte  ejecutada  a  través  de  un  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones. s
En la primera de las sentencias citadas ya declaramos que «[e]l Tribunal de Justicia  oe.
de la Unión Europea obliga al juez nacional a apreciar el eventual carácter abusivo de  w.
cquuunaean  ldcalo ác udlásisuupslaou,nl agi ndace ldunesu onlo cstira aedslae  menleo n dhticoutsba iddeoera  h dseeicd houo ne ayx  adrmees inDoaleudrceaicó phnro e cvnoieancm efeusneatrrezio a[sp  edpream racit oieeslnlaod ,o jus] izeqgmuaepd raee,l    2021-4499n https://ww
consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la
norma, lo que no exime de la obligación de control de oficio por el órgano judicial» (FJ 6).  Bc
Asimismo, desde la perspectiva del deber de motivación, sostuvimos que la simple 
mención genérica de que la demanda cumple con los requisitos previstos en el art. 685 
LEC y que el título es susceptible de ejecución en los términos del art. 517.1.4 LEC «es 
insuficiente a los efectos de considerar que, sin género de dudas, se realizó dicho 
control, máxime cuando de dicha argumentación se va hacer depender el acceso a un 
pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la 
Unión, debe proceder de oficio de haber razones para ello […], pues "[m]al se puede 
realizar un control –ni siquiera externo– de lo que carece de un razonamiento expreso" 
(STC 135/2017, de 27 de noviembre, FJ 4)» (FJ 8).
Como también expusimos en la última de las sentencias mencionadas, respecto del 
deber de motivación existe también una asentada doctrina constitucional en el sentido de 
considerar que «el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los 
litigantes a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada, fundada en 
Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, 
que también puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia 
razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, 
de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de 
las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE es una exigencia 
derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión 
que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por 
todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3, y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4.) 
También es doctrina reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en 
Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de 
los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2, y 87/2000, de 27 de marzo, 
FJ 6). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 
25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(SSTC 61/1983, de 11 de julio, y 5/1986, de 21 de enero, entre otras […] STC 172/2004, 
de 18 de octubre, FJ 3)» (STC 140/2020, de 6 de octubre, FJ 3).
Además de en las circunstancias expuestas en la STC 31/2019 (en las que coinciden 
las SSTC 48/2020, de 15 de junio, FJ único, y 30/2020, de 24 de febrero, FJ 4), y como 
proyección de esa doctrina, también hemos rechazado que la mera declaración de la 
extemporaneidad de la solicitud de control de abusividad de las cláusulas formulada en 
un incidente de nulidad, acompañado de la cita sin más de varios preceptos (los arts. 
228.1 párrafo primero, 136 y 207 LEC) cumpliera con la exigencia de motivación, «pues 
la nuda cita de esos artículos, sin argumento explicativo alguno, impide conocer las 
razones por las que lo pretendido por los recurrentes se consideró extemporáneo» 
[STC 140/2020, FJ 4].
3.  Aplicación de la doctrina: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) del demandante de amparo.
En el presente recurso de amparo, el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de 
Granollers no cuestiona que el órgano judicial deba llevar a cabo el control de abusividad 
de las cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario, como fundamento de la  e
inadmisión del incidente de nulidad, y, en consecuencia, para denegar la revisión de la  bo
cláusula  de  vencimiento  anticipado  interesada  por  el  ahora  recurrente.  Esta  última  99ww
ednetceisnidóine nsdeo b qausea  eenllo l as ec odnevdicuccieó nd edle a quutoe  dtael  s2u dpee rfveibsiróenro y dae s e2 0h1a6b,í ap oerf eecl tquuaed os ed ed eocfilcairoó, 
ecol nccalruásciótenr  qaubeu sciovmo pdaer tlea  lac lpáaurstuel ae jedceu itnatnetree,s teasm mbioérna ptoerriosos nya dsae  edne sepsatacsh óa cltau aecjeiocnuecsió.n,
No obstante, es preciso señalar que ninguna mención expresa a una revisión general 
de las cláusulas del contrato de préstamo se realizó en aquel auto, donde tan solo se 
reconoce, literalmente y de conformidad con lo previsto en el art. 552.1 LEC, que «se ha 
examinado la cláusula relativa a los intereses moratorios, los cuales efectivamente debe 
considerarse abusivos». Tampoco puede obviarse que la deducción que sirve de apoyo a 
la decisión contenida en la providencia impugnada se realiza por quien no era titular del 
juzgado emisor cuando se dictó el referido auto, que efectúa esa inferencia «de la parte 
dispositiva de esa resolución», en la que se declara la abusividad de la cláusula de 
interés de demora pactado, de donde se evidencia –a su juicio– que el juzgado «asumió 
el control de oficio de las cláusulas contractuales del caso», y que el hecho de que «no 
se anulasen otras cláusulas obedece al criterio judicial en su momento considerado, no 
siendo el mismo susceptible de revisión a posteriori ex artículo 214.1 LEC».
En semejantes circunstancias no cabe que se considere acreditada, «sin género de 
dudas», la realización de dicho control, al que está obligado el órgano jurisdiccional por 
aplicación  del  Derecho  de  la  Unión,  en  los  términos  expuestos  en  el  fundamento 
jurídico 8 de nuestra STC 31/2019, transcrito más arriba, resultando esa argumentación 
por remisión al auto de 2 de febrero de 2016 insuficiente, pues de este lo único que se 
desprende es que se efectuó el control de la cláusula de intereses de demora, sin que 
contenga mención a ninguna otra cláusula del contrato de préstamo hipotecario. Como 
señalamos en el referido fundamento 8 de la STC 31/2019, este tribunal ha venido 
apreciando que ««la existencia de una motivación adecuada y suficiente en función de 
las cuestiones que se susciten en cada caso concreto resulta una garantía esencial para 
el justiciable, ya que la exteriorización de los rasgos más esenciales del razonamiento 
que ha llevado a los órganos judiciales a adoptar su decisión permite apreciar su 
racionalidad, además de facilitar el control de la actividad jurisdiccional por los tribunales 
superiores y de, consecuentemente, mejorar las posibilidades de defensa por parte de 
los ciudadanos de sus derechos mediante el empleo de los recursos que en cada 
supuesto litigioso procedan (SSTC 209/1993, de 28 de junio, FJ 1, o 35/2002, de 11 de 
febrero, FJ 3), siendo de añadir, trascendiendo desde la esfera individual a la colectiva, 
que "la exigencia de motivación de las sentencias está directamente relacionada con los 
principios de un Estado de Derecho (art. 1.1 CE) y con el carácter vinculante que para 
jueces y magistrados tiene la ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su 
potestad jurisdiccional (art. 117 CE, párrafos 1 y 3)" (SSTC 24/1990, de 15 de febrero, 
FJ 4; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3, y 119/2003, de 16 de junio, FJ 3)» (STC 329/2006, 
de 20 de noviembre, FJ 7). Por ello, hemos declarado que «el canon constitucional de la 
"motivación  suficiente""  no  se  ve  satisfecho  mediante  la  simple  exposición  de  una 
conclusión,  fáctica  o  jurídica,  sino  que  requiere  un  razonamiento  o  inferencia» 
(STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 4). Aún más, en este caso, cuando el artículo 51 CE 
impone a los poderes públicos en general la obligación de garantizar la defensa de los 
consumidores y usuarios».
Esto es, resulta necesaria una motivación expresa por parte del órgano judicial sobre 
si las cláusulas del préstamo hipotecario pueden considerarse abusivas o no, o, al 
menos, que pueda inferirse de la resolución judicial, de manera clara y evidente, que se 
ha realizado efectivamente dicho análisis, sin complejas deducciones sobre la ratio de la 
decisión.
Pues bien, no constando, ni expresa ni tácitamente, que la revisión de la cláusula de 
vencimiento anticipado interesada por el actor en el incidente de nulidad de actuaciones 
se hubiera producido efectivamente en el auto de 2 de febrero de 2016, el Juzgado de  s
Primera Instancia núm. 6 de Granollers debería haber procedido a realizar la revisión de  oe.
la cláusula, de acuerdo con lo solicitado por el demandante de amparo, como viene  w.
exigido  en  derecho,  con  arreglo  a  la  doctrina  constitucional  expuesta,  en  lugar  de  99ww
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resolución alguna.
Así pues, debiendo considerarse carente de la adecuada motivación la respuesta 
acerca de la existencia de un control de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en 
el contrato de préstamo hipotecario, objeto del procedimiento de ejecución previo, y al no 
efectuarse la revisión solicitada con un argumento carente de razonamiento, la decisión 
del juzgado de inadmisión del incidente ha de reputarse manifiestamente irrazonable, 
con  lo  que  ha  vulnerado  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  del 
demandante de amparo (art. 24.1 CE), de modo que el actor se vio privado de un 
pronunciamiento de fondo sobre la eventual abusividad de la cláusula de vencimiento 
anticipado contenida en su contrato de préstamo hipotecario, al que el órgano judicial se 
encontraba obligado de acuerdo con nuestra doctrina y con la establecida por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.
En  atención  a  las  razones  expuestas,  procede  estimar  el  presente  recurso  de 
amparo, con la consiguiente declaración de nulidad de la providencia de 12 de junio 
de 2019, por la que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el 
demandante  de  amparo,  así  como  de  las  resoluciones  posteriores  a  aquella,  con 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de su dictado, a 
fin de que el órgano judicial resuelva sobre lo interesado en el incidente de nulidad de 
actuaciones, de manera respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Ousmane Kebe Ndiaye y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de  12  de  junio  de  2019,  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  6  de 
Granollers en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 492-2015, así como de las 
resoluciones posteriores a aquella.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la citada resolución, para que el órgano judicial dicte una nueva que 
sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.