BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Miércoles 2 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 67635
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9211 Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y 
la  Universidad  de  Murcia,  para  la  realización  de  prácticas  externas  en 
Juzgados y Tribunales.
Con fecha 20 de mayo de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, y la Universidad de Murcia para la realización 
de prácticas externas en juzgados y tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 27 de mayo de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la 
Universidad de Murcia para la realización de prácticas externas en Juzgados y 
Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
El Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, don José Luján Alcaraz en nombre 
y representación de esta, en virtud del Decreto de la Comunidad Autónoma de Murcia 
núm. 34/2018, de 13 de abril, y de acuerdo con las competencias que le otorga el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el 
artículo 42 de los Estatutos de la Universidad de Murcia aprobados por Decreto 85/2004, 
de 27 de agosto, publicado en el BORM de 6 de septiembre de 2004.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin, s
MANIFIESTAN ww.
Primero.
acueErld Eo sctoand oe lt iaerntíec ucloom 1p4e9t.e1n.5c.iªa d eex lcal uCsoivnas teitnu cmióant eersiap adñeo lAa.dministración de Justicia de  BOE-A-cable e
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Quinto.
Uno de los fines de la Universidad de Murcia es el de la preparación académica y 
profesional  de  los  distintos  ámbitos  y  disciplinas  de  sus  estudiantes  y  para  dar 
cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que 
completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Sexto.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Séptimo.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento. s
Octavo. w.
ComEisl ipórne Pseenrmtea cnoennvtee ndieol  sCeo nasjuesjota G aeln meroadl edleol  Pdoed Cero nJuvedniciioa l.Prácticum aprobado por la
Noveno.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad de Murcia pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la 
Región de Murcia de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  la  realización  de  prácticas  externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas), de estudios oficiales de 
grado  o  máster  que  imparte  la  Universidad  de  Murcia  y  siempre  de  titulaciones 
relacionadas  con  profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  juzgados  y 
tribunales de la Región de Murcia.
Por otro lado, la Universidad de Murcia se compromete a que la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad de Murcia que 
sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad de Murcia que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o 
tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta 
de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas 
situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido 
y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad de Murcia o concesión 
de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su colaboración al Ministerio de Justicia mediante el otorgamiento de una autorización de 
uso de las aulas de carácter gratuito, dentro de los espacios gestionados por la Facultad 
de Derecho y dependiendo de sus necesidades docentes, con la excepción de los gastos 
extraordinarios en los que se pueda incurrir, como gastos de portería, limpieza, líneas de 
voz  y  datos,  iluminación  o  vigilancia,  con  ocasión  de  la  celebración  de  pruebas 
correspondientes  a  los  procesos  selectivos  para  el  ingreso  o  acceso  de  personal  e.
funcionario al servicio de la Administración de Justicia. w.b
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que  11w
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como anexo I al presente convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las 
prácticas externas de la Universidad de Murcia.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que 
lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Murcia, 
realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a 
establecer  por  la  persona  responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de 
forma  inmediata  y  cautelar  dichas  prácticas,  poniéndolo  en  conocimiento  de  la 
Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia quedan exentos 
de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas 
son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las 
partes se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de 
trabajo  cubriendo  así  necesidades  ordinarias  de  la  Administración  de  Justicia  en 
detrimento de personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen 
atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación 
práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia 
de ello, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no están 
obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la  s
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de  oe.
servicios previos en el conjunto de las administraciones públicas. w.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
realiLzaa ccióonn tdineg leansc piará cdteic aasc ceixdteenrnteass  as uqfuried osse  roe fqieuree  eol cparseisoennet ee cl oanlvuemnnioa dsoe rád uarsaunmteid ala, 
exclusivamente, por la Universidad de Murcia, en aquellos casos no cubiertos por el 
seguro escolar.
La universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
magistrado/a, juez/a o letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por juez/a o magistrado/a y  s
letrado/a de la Administración de Justicia. e.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un  w.
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la  11w
npaetrusoranleazsa q udee  elajesr zaacnti vlaid taudtoersía l ldeev aladsa sm ais mcaabso. y el nivel alcanzado según la persona o
La Universidad de Murcia emitirá un documento acreditativo a la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de 
prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las 
partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que 
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad  y  transparencia  en  relación  con  la  suscripción  del  presente  convenio, 
la Universidad de Murcia se compromete a destacar en su memoria anual y en cuantas 
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración 
prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los 
tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes. La 
comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio. b
lseaun  L epe1luy . Rb 4lei0Ecg/al2i scp0tirró1eon5s  ,Ee ednlenetc e 1et rc ló don«eniB cvoooecl neteuitosíbnt rat eetOa,n ldfd icderáie aR  leÓ éfdgeregicmlat onEesons s tdJa eued r ocíIdn»uis acettorrnuo d m leaoelñs nSo tsteoé csnrt moadrtieun P roCaúsolb eodlsicpe oael , ra pauracntíiraóctiu nrv l oded eze4 ll i 8nds.síe8acc  rtddiotoeer     OE-A-2021-92able en https://
público  estatal;  será  prorrogable  a  su  término  mediante  acuerdo  expreso  por  igual 
periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el tercer párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  e
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las  bo
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  convenio.–El  11ww
PLeressmideesn Stee rdraenl oT.–riEbul nMailn isSturop rdeem oJ uys ticdieal,  JCuoanns eCjoa rlGose nCearaml pdoe Ml  Poroedneor. –JEul dRiceiaclt,o rC daerl olas 
Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz.
ANEXO
En …………………………………… a,    de                       de     
Datos del estudiante seleccionado 
Nombre y apellidos:       DNI:       
Titulación que cursa:        Centro:       
Domicilio:        Municipio:       Provincia:        Cód. postal:     
Teléfono móvil:        Teléfono fijo:        E-mail:       
Datos del juzgado o tribunal dónde se realizará la práctica 
Denominación:       
Domicilio del juzgado o tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
Descripción de la práctica 
Ref. convocatoria:       Modalidad de la práctica:   Centro gestor:       
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:   
Horario:       
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del juzgado o tribunal :        E-mail:        Teléfono:       
Tutor de la universidad:        E-mail:        Teléfono:       
Pro proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
Declara: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener 
conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como 
conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar.  es
Por parte del juzgado o tribunal donde se Por parte del estudiante,  Por parte de la universidad,  w.b
realiza la práctica,  11w
 Fdo.       Fdo.       Fdo.