BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302 Sábado 18 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 155317
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
20894 Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Transparencia y 
Buen  Gobierno,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la  Comunidad 
Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  la  atribución  del  ejercicio  de  la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 
24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013  de  9  de  diciembre  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24.
Por su parte, el número 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG contempla 
la  posibilidad  de  que  las  Comunidades  Autónomas  atribuyan  al  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones 
referidas en el artículo 24, mediante la celebración del correspondiente Convenio en el 
que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados de 
esta asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Illes Balears suscribieron el pasado 9 de 
diciembre el correspondiente Convenio de colaboración que, una vez inscrito en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal en esa misma fecha, debe ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Illes Balears 
para la atribución del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones 
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 13 de diciembre de 2021.–El Presidente del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, A.A.I., José Luis Rodríguez Álvarez.
ANEXO ÚNICO
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears por el que se atribuye al Consejo la competencia 
para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno
En Madrid y Palma de Mallorca, a la fecha de la última firma electrónica. oe.
De una parte, don Juan Pedro YllaRnEeUs NSIuDáOreSz, en representación de la Comunidad
SAeuctótonroems aP rdoed ulcatsiv oIslle ys  MBeamleoarrisa,  Deenm occarliádtaicda , dneo mcobnrasdeoje rpoo r dDee cTrreatnos 9ic/i2ó0n2 1E, ndeer g1é3ti cdae,   BOE-A-cable e
febrero,  de  la  presidenta  de  les  Illes  Balears,  y  con  competencias  en  materia  de 
publicidad activa y derecho de acceso de acuerdo con el Decreto 25/2021, de 8 de 
marzo, de la Presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 11/2021, 
de 15 de febrero, de la Presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las 
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en virtud del Decreto 25/2003, de 24 de 
noviembre, del Presidente de las Illes Balears por el que se delega en los titulares de las 
consejerías la firma de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación.
De  otra  parte,  don  José  Luis  Rodríguez  Álvarez,  Presidente  del  Consejo  de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno  (en  adelante  el  Consejo),  según  nombramiento 
efectuado por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, BOE de 21 de octubre, y de 
acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que atribuye al 
Presidente de dicho Organismo su representación legal e institucional.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), 
frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información 
pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno  con  carácter  potestativo  y  previo  a  su  impugnación  en  vía  contencioso-
administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la 
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano 
independiente  que  determinen  las  comunidades  autónomas  en  los  supuestos  de 
resoluciones dictadas por las Administraciones y el sector público de éstas, y por las 
entidades locales comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las comunidades autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del 
correspondiente  Convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas  e.e
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias. b
QuinQtou.e es de interés de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears hacer uso de la
facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 2, de la LTAIBG para atribuir
al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del
artículo 24 de aquélla en los supuestos de resoluciones dictadas por la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos 
comprendidos en su ámbito territorial, y las entidades del sector público vinculadas o 
dependientes de estas administraciones de las Islas Baleares.
Sexto.
Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente Convenio, que se 
ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  los  consejos  insulares  y  los 
ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial, y las entidades del sector público 
vinculadas o dependientes de estas administraciones de las Islas Baleares.
Segunda.  Especificaciones.
1.  La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Comunidad 
Autónoma,  transfiriéndose  únicamente  la  gestión,  resolución  y  notificación  de  las 
reclamaciones correspondientes que se sustancien.
2.  La  Comunidad  Autónoma,  comunicará  a  los  consejos  insulares  y  a  los 
ayuntamientos  comprendidos  en  su  ámbito  territorial  la  firma  del  Convenio  dando 
traslado de la notificación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Tercera.  Obligaciones de carácter general.
1.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  obliga  a  conocer  las 
reclamaciones  en  materia  de  acceso  a  la  información  que  puedan  interponerse  al 
amparo de la LTAIBG, respecto de los actos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos comprendidos 
en su ámbito territorial, y las entidades del sector público vinculadas o dependientes de 
estas administraciones de las Islas Baleares.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de 
dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la obligación de notificar las resoluciones dictadas a los 
interesados,  en  los  términos  previstos  en  la  LTAIBG,  y  de  remitirlas  a  las 
administraciones implicadas, por vía electrónica y en un plazo de tres días. Cuando se 
trate de la Administración autonómica de las Illes Balears, la resolución deberá enviarse 
a la consejería o ente público directamente implicado.
La  Administración  autonómica  de  las  Illes  Balears  aportará  al  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno la información de que disponga sobre los datos de 
contacto  de  los  consejos  insulares  y  ayuntamientos  comprendidos  en  su  ámbito 
territorial. e.
2.  Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en  w.
cualquier registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del  894ww
dCeo novcetunbiore y,,  deenl  pgreonceerdailm, eienn ltaos a fdomrminaisst rparteivvois ctaosm eúnn  edle a lratísc ualdom 1i6n isdtera laci oLneeys 3 p9ú/2b0li1ca5s, .de 1
Part3ic. ipaEcli óCno, nsTerjaon dsep aTrreanncsiap arye nVcioal uyn Btaurieand oG, obpioerr nov írae meilteircát raó nlaic Da,i reyc ciaó ne Gfeecntoesra l ddeel   BOE-A-cable e
seguimiento  estadístico,  copia  de  todas  las  reclamaciones  presentadas  ante  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares, 
los ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial, y las entidades del sector 
público vinculadas o dependientes de estas administraciones de las Islas Baleares, así 
como de las correspondientes resoluciones emitidas por el Consejo. Igualmente dará 
información trimestral sobre los expedientes en tramitación.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos 
los gastos derivados de la ejecución de este Convenio.
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número 
de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de 
acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la 
Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.
3.  El método de cálculo será el explicitado en el anexo de este Convenio.
4.  La Comunidad Autónoma ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes 
derivados de la tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones 
comprendidas en el ámbito de este Convenio y de elaboración de las correspondientes 
resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del Convenio, y 
tendrá lugar en el último trimestre del año natural, salvo que la comisión a la que se 
refiere la cláusula séptima acuerde que se produzca en un momento distinto. El pago se 
hará efectivo previa expedición de la correspondiente certificación por el Consejo en la 
que constará, como documento anexo, el desglose de los importes correspondientes a la 
comunidad y a las entidades insulares y locales comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Convenio.
En los supuestos de prórroga de este Convenio, la correspondiente adenda fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la comisión de seguimiento.
5.  La Comunidad Autónoma, una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los 
gastos  que  se  deriven  de  las  tramitaciones  de  reclamaciones  competencia  de  los 
consejos insulares, las entidades locales y del resto de sujetos que integran el sector 
público,  tanto  autonómico  como  local,  repitiendo  por  el  importe  que  resultase  de 
aplicación.
Quinta.  Vigencia y modificación del Convenio.
1.  Este  Convenio  tendrá  vigencia  de  dos  años,  surtiendo  efectos  desde  su 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El Convenio podrá prorrogarse por un periodo de otros dos años mediante 
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a 
la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  En el caso de que se plantee la modificación de este Convenio, ésta deberá ser 
acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes. es
Sexta.  Denuncia y extinción del Convenio. 894ww
Con1s.e joL pao rC eosmcruitnoid caodn  Aunu tmóneosm dae  apnotderláa cdióenn uan lcai afer cehsat ee nC lao nqvueen idoe sceoem luan tiecármndinoaloc ióanl 
del mismo.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el Convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos 
definidos en la cláusula quinta.
4.  La extinción del Convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. 
El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran 
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del Convenio.
5.  El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
6.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos 
de  los  artículos  49.e)  y  51.2.c)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  éstos  serán 
evaluados y acordados por la comisión de seguimiento del presente Convenio. En caso 
de desacuerdo se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
Séptima.  Comisión de seguimiento.
1.  El Convenio será administrado por una comisión de seguimiento, formada por 
dos representantes del Consejo y  dos  representantes de la Comunidad Autónoma, 
designados por cada una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes 
del Consejo asumirán la Presidencia y la secretaría de la comisión.
2.  Corresponderá a la comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones 
del Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de 
alguna de las entidades locales de ámbito territorial obligadas por este Convenio, ésta 
podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión de la 
comisión.
3.  Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del Convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
4.  Las reuniones de la comisión de seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
5.  La comisión de seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que 
informará, caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones 
técnicas específicas del ámbito local o autonómico, requieran un asesoramiento por 
parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la comisión de 
seguimiento  más  un  experto  designado  por  la  Comunidad  Autónoma,  un  experto 
designado, en su caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a uno de los 
representantes de la Comunidad, y un tercero designado por el Consejo.
6.  El comité técnico será convocado puntualmente por la comisión, a petición de 
cualquiera de las partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o 
reuniones virtuales.
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de  bo
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  894ww
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las partes firmantes del Convenio se comprometen al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la LTAIBG, así como a someterse al régimen de infracciones y sanciones 
en materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1.  Este  Convenio  tiene  la  consideración  de  Convenio  interadministrativo,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
resultándole asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la 
contratación pública.
2.  Este Convenio se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia 
contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El Convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio, que no 
cuenten con acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Undécima.  Traducción de documentación.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el caso de que los documentos 
que  forman  parte  del  expediente  estén  redactados  en  catalán,  podrá  solicitar  a  la 
Administración recurrida una traducción de aquellos que considere necesarios para la 
resolución del recurso. Esta petición debe dirigirse al órgano cuya resolución se ha 
recurrido.
Si este órgano no procediera a la traducción del documento solicitado por el Consejo, 
éste podrá encargar ese trabajo a un servicio de traducción, pudiendo repercutir su coste 
a la liquidación que con carácter anual se realice del Convenio.
Para el caso de que el reclamante solicitara que las comunicaciones derivadas del 
procedimiento  que  se  le  efectúan  por  parte  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno (tales como requerimientos, resoluciones, etc.) se realizaran en catalán, éste 
podrá encargar también el trabajo a un servicio de traducción, repercutiendo su coste a 
la liquidación que con carácter anual se realice del Convenio.
Duodécima.  Colaboración interadministrativa.
El  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  y  la  Dirección  General  de 
Transparencia y Buen Gobierno colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las 
iniciativas que, sobre formación en materia de derecho de acceso a la información 
pública, lleven a cabo tanto una como otra administración, tales como la celebración de 
jornadas, encuentros, o sesiones formativas, entre otros. e.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes  894ww
dPfYireolmla r Tanlarnea  snCe Sssoitucmeái óurCneno zidnE.–avnPdeeo nrArigo uée ttlpó icConaroo ,nt mrSsipaeel,ji cocpta ododrereo  ds Te erjaPleenrmgosapdpcluaaicórre,tn inve codnisea  e  yfyli  r lBmuMugaeea mnr( D oyGe rfiocaerb ceiDhetoaren  m2ao5l,o  /pJc2orr0áisn0téci3c ip)La,iu, o ei sJli  unRCadoonicdn arsPdíegeojuedserr.–ooz    OE-A-2021-20able en https://
Álvarez.
ANEXO
I.  De  acuerdo  con  el  Modelo  de  Costes  Estándar  /  Standard  Cost  Model 
(MCE/SCM)  de  la  Unión  Europea,  en  la  versión  simplificada  adoptada  en  España, 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes 
internos  de  los  procesos  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  tienen  en 
consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los capítulos II y capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2022 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento con el nuevo cálculo sería de:
– A1 o equivalente: 25,39 euros.
– A2 o equivalente: 19,77 euros.
– C1 o equivalente: 14,72 euros.
– C2 o equivalente: 12,16 euros.
B.  La tramitación media de un expediente de reclamación es de 8:30 horas,, con el 
siguiente desglose:
– Borrador: 4 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
– Propuesta de resolución: 3 horas por parte de un técnico A1.
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: por parte de un técnico A1 y técnico A2 (4:00 horas):
A1: 25,39 × 4 = 101,56 euros.
A2: 19,77 × 4 = 79,08 euros.
Valor medio: 101,56 + 79,08/2 = 90,32 euros.
– Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (3:00 horas):
25,39 × 3 = 76,17 euros.
– Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 h): e.
14,72 × 1,5 = 22,08 euros. 894ww
––  TToottaall  AA12::  17091,0,586 e euuroros s+ + 7 766,1,177 e euuroros s+ + 2 222,0,088 e euuroros s= = 1 17979,3,831 e euuroros.s. OE-A-2021-20able en https://