BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Jueves 25 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 23135
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2953 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Amposta n.º 2 a inscribir una certificación de 
adjudicación dictada en procedimiento de apremio seguido por la Tesorería 
de la Seguridad Social y el mandamiento de cancelación correspondiente.
En el recurso interpuesto por don B.M.V. contra la negativa del registrador de la 
propiedad número 2 de Amposta, don Javier Vicente Martorell Calatayud, a inscribir una 
certificación  de  adjudicación  dictada  en  procedimiento  de  apremio  seguido  por  la 
Tesorería de la Seguridad Social y el mandamiento de cancelación correspondiente.
Hechos
I
En el Registro de la Propiedad número 2 de Amposta se presentó certificación de la 
adjudicación administrativa en procedimiento de apremio seguido por la Tesorería de la 
Seguridad  Social  en  relación  con  la  mitad  indivisa  de  la  nuda  propiedad  de  la 
finca 13982, junto con el correspondiente mandamiento de cancelación, siendo objeto de 
calificación en los siguientes términos: «Vistos los libros del Registro, se observa que la 
participación de una mitad indivisa de la nuda propiedad, sobre la que se practicó 
anotación preventiva de embargo, en favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, objeto de la letra I, y sobre la que se ordena adjudicación, la titularidad de la 
misma,  aparece  a  favor  de  los  cónyuges  don  F.M.L.  y  doña  L.L.A.,  con  carácter 
consorcial, según resulta de la inscripción 3.ª de la finca 13.982, folio 51, tomo 3368, 
libro  160  de  Alcanar,  siendo  únicamente  la  parte  demandada  en  el  procedimiento 
ejecutado  doña  L.L.A.  Habiéndose  practicado  el  embargo  de  los  derechos  que 
correspondan en la sociedad de consorciales, disuelta y no liquidada, lo es sobre una 
cuota de patrimonio colectivo en liquidación carente de la necesaria concreción, por lo 
que no cabe la enajenación posterior en tanto no se liquide la sociedad, pues solo 
entonces  podrá  saberse  la  participación  que  al  deudor  corresponde  en  el  bien 
embargado haciendo posible su avalúo y subasta. En consecuencia, con carácter previo 
a la adjudicación ordenada, resulta necesario practicar las operaciones de liquidación de 
la sociedad conyugal formada por los cónyuges don F.M.L. y doña L.L.A., en relación con 
dicha  finca,  a  fin  de  poder  determinar  la  cuota  a  adjudicar  que  corresponda  a  la 
demandada-ejecutada doña L.L.A., en el patrimonio consorcial de liquidación de su 
matrimonio con don F.M.L. Fundamentos de Derecho: Vistos los artículos 18 y 20 de la 
Ley Hipotecaria; 225, 233, 234, 236 y 254 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del 
Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 100 
y 144 del Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 8 de julio de 1991, 23 de diciembre de 2002, 23 de abril y 5 
de mayo de 2005, 30 de enero de 2006, 16 de enero, 2 de junio y 6 de noviembre  e.
de 2009, 17 de agosto de 2010, 4 de octubre de 2012 y 19 de febrero, 5 de julio de 2013,  w.b
11 de diciembre de 2013 y 1 de junio de 2018, por analogía, entre otras. Los documentos  53ww
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Hipotecaria y 98 a 100 de su Reglamento. No se ha tomado anotación de suspensión por
no haberse solicitado al día de la fecha. (...). Amposta, a 23 de octubre de 2020. El 
registrador: Javier Vicente Martorell Calatayud».
II
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  B.M.V.  interpuso  recurso  ante  esta 
Dirección General atendiendo a los siguientes argumentos: «El informe del Servicio 
Jurídico de la Tesorería General de la S. Social en Zaragoza una vez examinado el 
expediente considera que el adjudicatario, previa reclamación al Registro de información 
veraz y fehaciente de la realidad de la disolución y no liquidación consorcial, deberá 
formular  el  correspondiente  recurso  gubernativo  contra  la  nota  de  calificación. 
Fundamentos: 1.–Consta la anotación preventiva de embargo de la mitad indivisa de la 
nuda propiedad de naturaleza ganancial o consorcial aragonesa, respecto de la cual el 
registrador a excepción de una cuestión menor que fue subsanada, no encontró reparo 
alguno que oponer, por lo que el procedimiento continuó en todos sus trámites hasta la 
adjudicación. 2.–Estamos en presencia de deudas comunes (art 218 le del Código de 
derecho civil de Aragón) de las que debe responder el patrimonio común (art 219.1 a). 
3.–La inscripción de la certificación de adjudicación y cancelación de cargas anteriores 
ha sido denegada por el registrador arguyendo que la sociedad de gananciales esta 
disuelta pero no dividida, no constando en modo alguno en la información registral dato o 
manifestación alguna indicativa de que el consorcio esté disuelto pero no liquidado. 4.–El 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el código de derecho foral de Aragón no contempla cortapisa alguna al embargo 
y ejecución de la mitad indivisa de bienes gananciales ni exige que la ejecución se 
practique frente a la cuota o bienes concretos que correspondan al cónyuge deudor en la 
sociedad, por cuanto y hasta en tanto no se liquide el consorcio no se sabe que cuota o 
bienes  concretos  corresponden  a  cada  cónyuge.  La  única  previsión  que  el  citado 
RD 1/2001 contempla relativa a la imposibilidad de proceder contra bienes concretos de 
la comunidad disuelta y no dividida, pero si contra los derechos que a su deudor puedan 
corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquélla, es la del art 252.2 que hace 
referencia a acreedores privativos de uno de los cónyuges. No es el caso que nos ocupa, 
donde  el  acreedor  ejecutante  (TGSS)  lo  es  por  deudas  comunes,  no  por  deudas 
privativas. Y aun suponiendo que el consorcio este disuelto (que no consta) y hasta la 
división, el art 252.1 faculta a los acreedores a dirigirse contra los bienes comunes, sin 
limitación alguna».
III
El registrador la propiedad número 2 de Amposta, don Javier Vicente Martorell 
Calatayud, emitió su informe en el que advierte que por error hizo constar en la nota de 
calificación que el régimen económico matrimonial de los cónyuges titulares registrales 
de la finca adjudicada se encontraba disuelto y pendiente de liquidar. Sin embargo, 
aclara ahora, del Registro no resulta tal circunstancia y deben entenderse suprimidas las 
menciones  recogidas  a  este  extremo  en  su  calificación.  En  lo  demás  mantuvo 
íntegramente su calificación, formando el oportuno expediente que ha elevado a esta 
Dirección General.
Fundamentos de Derecho s
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1.3, 18, 20 y 38 de la Ley  w.b
Hipotecaria; 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 225 del Decreto Legislativo 1/2011,  53ww
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Supremo, Sala Primera, de 1 de febrero de 2016, y las Resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado (hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública) de 1 de octubre de 2002, 17 de agosto de 2010, 11 de julio de 2011, 16 de 
febrero de 2017, 6 de junio de 2018 y 15 de enero de 2021.
1.  El presente recurso tiene como objeto la negativa a inscribir una certificación de 
la adjudicación administrativa en procedimiento de apremio seguido por la Tesorería de 
la  Seguridad  Social  en  relación  con  la  mitad  indivisa  de  la  nuda  propiedad  de  la 
finca 13982, junto con el correspondiente mandamiento de cancelación.
El  registrador  fundamenta  su  calificación  en  que  solo  ha  sido  seguido  el 
procedimiento con uno de los cónyuges, siendo así que la finca aparece inscrita a 
nombre de un matrimonio como bien consorcial aragonés, régimen que se encuentra 
disuelto y pendiente de liquidación.
Posteriormente, en el preceptivo informe, aclara que el consorcio aragonés no consta 
disuelto, por lo que entiende que deben entenderse suprimidas las menciones relativas a 
este extremo en su nota de calificación.
No obstante el error cometido en la nota de calificación, por razones de economía 
procesal se procede a la resolución del expediente.
2.  Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la 
inscripción  solicitada,  cuando  en  el  procedimiento  del  que  dimana  el  documento 
calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las 
fincas.
El principio de tracto sucesivo se encuentra relacionado con el principio registral de 
legitimación,  conforme  al  cual  «a  todos  los  efectos  legales  se  presumirá́  que  los 
derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la gorma 
determinada por el asiento respectivo».
El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses 
legítimos  (cfr.  artículo  24  de  la  Constitución  Española)  impide  extender  las 
consecuencias de un proceso a quienes no han sido partes en él, ni han intervenido de 
manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada la salvaguardia judicial 
de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una 
resolución  dictada  en  un  procedimiento  administrativo  de  apremio,  asientos  que 
comprometen  una  titularidad,  si  no  consta  que  ese  titular  haya  sido  parte  en  el 
procedimiento del que emana aquella resolución.
Se trata de un extremo que queda dentro del ámbito de actuación que al registrador 
se le reconoce en relación con la calificación de los documentos administrativos.
En este sentido señala el artículo 99 del Reglamento Hipotecario que «La calificación 
registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia 
del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento 
seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a 
los obstáculos que surjan del Registro».
3.  En el presente caso, el registrador se opone a la inscripción de la adjudicación 
administrativa de la mitad indivisa de la nuda propiedad de una finca, por el hecho de 
que,  dicha  participación  indivisa  se  halla  inscrita  como  bien  consorcial  aragonés  a 
nombre de dos personas casadas bajo casadas bajo el referido régimen económico 
matrimonial, constando solo que el procedimiento se ha entendido con uno de los 
cónyuges. s
En  los  regímenes  de  comunidad  de  tipo  germánico  (como  es  el  caso  del  de  oe.
gananciales del Código Civil o del consorcial aragonés) las deudas no las contrae la  w.
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se ha contraído para satisfacer atenciones de la sociedad, habrán de utilizarse los bienes
de ésta para su pago, y en caso de que sea el patrimonio de los cónyuges quien lo haga,
tendrá un crédito contra el patrimonio ganancial. En este sentido puede hablarse de 
deudas "a cargo" de la sociedad de gananciales, en cuanto deben ser soportadas por su 
patrimonio.  Pero  no  existe  una  estricta  coincidencia  entre  el  carácter  de  la  deuda 
(ganancial o privativa) y el patrimonio que ha de responder, pues el Código Civil con un 
criterio generoso y favorecedor del tráfico hace responsables a los bienes privativos de 
deudas gananciales, sin perjuicio de los reintegros pertinentes, y viceversa.».
Las reglas generales sobre la ejecución de bienes comunes en los regímenes de 
comunidad (como es el caso del régimen consorcial aragonés) vienen establecidas en el 
artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «1. No se despachará ejecución frente a la 
comunidad  de  gananciales.  2.  Cuando  la  ejecución  se  siga  a  causa  de  deudas 
contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de 
gananciales, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, 
pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole 
traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro 
del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución podrá 
fundarse en las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en que los 
bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado la 
ejecución.  Cuando  la  oposición  se  funde  en  esta  última  causa,  corresponderá  al 
acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales. Si no se acreditara esta 
responsabilidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad 
conyugal conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Si la ejecución se siguiere 
a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a 
falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al 
cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad 
conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del 
patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ley, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. 4. En 
los casos previstos en los apartados anteriores, el cónyuge al que se haya notificado el 
embargo podrá interponer los recursos y usar de los medios de impugnación de que 
dispone el ejecutado para la defensa de los intereses de la comunidad de gananciales».
También el artículo 144.1 del Reglamento Hipotecario dispone: «Para que durante la 
vigencia  de  la  sociedad  conyugal  sea  anotable  en  el  Registro  de  la  Propiedad  el 
embargo de bienes inscritos conforme a lo previsto en los apartados 1 o 4 del artículo 93 
o en el apartado 1 del artículo 94, deberá constar que la demanda ha sido dirigida contra 
los dos cónyuges o que estando demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado al 
otro el embargo». 
De igual forma, el artículo 103.2 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, prevé que la 
diligencia de embargo se notifique al deudor y a su cónyuge.
De estos artículos se desprende que en el caso de bienes comunes será necesario 
para la correcta integración de la legitimación pasiva en el procedimiento y para evitar la 
indefensión de los titulares de esos bienes, que el procedimiento se dirija contra ambos 
cónyuges o que, caso de que se entable contra uno solo, al otro se le notifique el 
embargo,  a  fin  de  que  pueda  ejercer  los  derechos  que  la  normativa  expuesta  le 
reconoce.
4.  En el presente caso resulta del texto de la anotación preventiva letra I que motiva 
la ejecución que ha provocado la adjudicación que ahora es objeto de calificación, 
practicada el 8 de enero de 2020, que la diligencia de embargo fue dictada el día 13 de  e.
noviembre de 2019 por el jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería  w.b
general de la Seguridad Social y que fue notificada a la deudora y a su cónyuge don  53ww
F.A.CMo.Ln.secuentemente,  el  marido  de  la  deudora  contra  la  que  se  ha  seguido  el
lper orecceodnimoiceen tyo n hoa p tueendideo a olepgoartrusnei dqaude  dhea yeaje srucferrid too dinodse lfoesn sdieórne.chos y acciones que la ley
Por ello, no es posible mantener la calificación registral.
El registrador, partiendo de la errónea apreciación que él mismo desmiente en su 
informe de que el régimen económico matrimonial de los cónyuges titulares de la mitad 
indivisa de la nuda propiedad de la finca está disuelto y no liquidado, exige que la 
demanda se dirija contra ambos en su calidad de titulares registrales.
Sin embargo, tal y como se ha expuesto, y dado que dicho régimen sigue vigente, al 
haberse realizado la notificación de la diligencia de embargo al cónyuge no demandado 
se ha cumplido con la exigencia que los artículos citados imponen para que no se 
produzca indefensión de ninguno de ellos.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.