BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Viernes 3 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 149546
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20043 Resolución  de  17  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles I de Málaga, por la 
que se rechaza la inscripción de determinada actividad como integrante del 
objeto social.
En el recurso interpuesto por don F. N. B., Abogado, en nombre y representación de 
la sociedad «Jaia European Exporter, S.L.», contra la nota de calificación extendida por 
el Registrador Mercantil y de Bienes Muebles I de Málaga, don Francisco Javier Brea 
Serra, por la que se rechaza la inscripción de determinada actividad como integrante del 
objeto social.
Hechos
I
Por el Notario de Alhaurín de la Torre, don Agustín Emilio Fernández Henares, se 
autorizó, en fecha 4 de junio de 2021, escritura pública de constitución de la sociedad de 
responsabilidad limitada y de nombramiento de miembro del órgano de administración.
De los estatutos resultaba que, en su artículo segundo, se regulaba el objeto social 
de la sociedad. La determinación de las 47 actividades que integraban dicho objeto se 
hacía por referencia a cada uno de los códigos CNAE de cada actividad.
II
Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Málaga, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«Don Javier Brea Serra, Registrador Mercantil de Málaga, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto practicar la inscripción del documento 
al tomo 6051, folio 40, inscripción 1, habiendo resuelto no practicar la inscripción de los 
extremos que constan a continuación conforme a los siguientes hechos y fundamentos 
de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 443/556.
F. presentación: 04/06/2021.
Entrada: 1/2021/14.380,0.
Sociedad: Jaia European Exporter, SL.
Hoja: MA-162013.
Autorizante: Fernández Henares, Agustín.
Protocolo: 2021/1821 de 04/06/2021. s
Fundamentos de Derecho. oe.
Es de advertir que las participaciones sociales en que se divide el capital social de la  w.
sociedad son las numeradas de la “1 a la 100”, inclusive, y no de la “1 a la 30”, como por  043ww
e“CrrNoAr Ec o4n6s4ta6 .-eCno mele arcrito.  5a.lº  pdoer  mlosa yeosr tadteu topsro dsuocctiaolse sf.a rCmoanc éeuxticceopsc”,ió qnu ed ec olan satac tievind aedl 
Carotímcuulnoi d2a.ºd  dAeu ltoósn oemstaa,t udtoes  csooncfioarlemsi,d ayda  qcuoen  neol  asert ícauclroe d7it.aº  llaa  aLuetyo ri2z2a/c2ió0n0 7p, redvei a1 d8e  dlea   BOE-A-cable e
diciembre de Farmacias de Andalucía, y artículo 68.º del Real Decreto Ley 1/2015 de 24 
julio, BOE 177.–En unión de diligencia extendida el dái [sic] 4 de junio de 2021 por el 
mismo notario autorizante.–En unión de diligencia de subsanación extendida el día 29 de 
junio de 2021 por el mismo notario autorizante.
1.  Con excepción de la actividad “CNAE 4646.-Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos”, que consta en el artículo 2.º de los estatutos sociales, ya que no se 
acredita  la  autorización  previa  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  conformidad  con  el 
artículo  7.º  la  Ley  22/2007,  de  18  de  diciembre  de  Farmacias  de  Andalucía,  y 
artículo 68.º del Real Decreto Ley 1/2015 de 24 julio, BOE 177.
En relación con la presente calificación: (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M., contando la 
presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
Málaga, siete de julio de dos mil veintiuno».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  F.  N.  B.,  abogado,  en  nombre  y 
representación de la sociedad «Jaia European Exporter, S.L.», interpuso recurso el 
día 20 de agosto de 2021 en virtud de escrito en el que alegaba, resumidamente, lo 
siguiente:
Primero.
Que la labor del registrador es interpretar las normas jurídicas en el sentido más 
adecuado para que produzcan efecto para no llegar a la desconcertante situación de 
impedir al interesado cumplir con determinada norma; que el Reglamento del Registro 
Mercantil  exige  en  sus  artículos  117  y  178  que  el  objeto  social  se  delimite 
adecuadamente, por lo que, identificadas las actividades por referencia al código de la 
Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas,  decae  la  calificación  de 
indeterminación y genérica, y que es cierto que, determinadas actividades, pueden dar 
lugar a su sujeción a normas especiales que imponen el cumplimiento de requisitos 
especiales, circunstancia que no es la que se produce en el supuesto.
Segundo.
Que en la determinación de las actividades que constituyen el objeto cabe incluir 
aquellas sujetas a licencia o autorización, con la salvedad de que antes de llevarlas a 
cabo se obtendrán los permisos necesarios, tal y como hace el artículo 2 de los estatutos 
inscritos; Que se da la paradoja de que la exclusión de la actividad que precisa de 
autorización  administrativa  previa  provocará  la  imposibilidad  de  obtenerla;  Que  el 
artículo 7 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, y el 
artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, solo hablan de autorizaciones previas a las actividades de instalación y 
demás, pero no a la constitución de la sociedad, y que la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, de 3 de junio de 2016, considera que no se 
puede calificar un objeto social en base a una disposición meramente autonómica dado 
que el domicilio social no condiciona el ámbito territorial de actividad.
IV bo
Cdíean E2tr7lo  r deDegi irsaetgrcaotidsvotoor.   MdDeee rl2c 0ae2nx1pti,le , rdtarieatinfsic teláa n rodepososurelttu aenbnaa   sinqusu tcerau, lcifncicoióatnicfi icódaned,l  oey x depeleeld viróee ncetule re,s xeopm einidtitióee rnipntuefoe rasm teoes  teeell    2021-20043n https://ww
notario autorizante del título calificado, no realizó alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 36, 1271, 1272, 1666 y 1700.2.º del Código Civil; 117 del Código 
de Comercio; 22.1.b), 23.b), 234 y 346 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 1, 2, 16, 54, 
59, 63, 68 y 69 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios; 84 y 178 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de diciembre de 1982, 2 de junio 
de 1986, 20 de diciembre de 1990, 23 de abril y 15 de diciembre de 1993, 26 de junio 
de 1995, 30 de abril de 1999, 1 de marzo de 2008, 5 y 6 de marzo y 3 y 6 de junio 
de 2009, 5 de abril y 14 de noviembre de 2011, 25 de enero, 9 y 13 de marzo, 4 de abril 
y 8 y 22 de mayo de 2012, 5 y 16 de marzo, 2 de julio, 9 de octubre y 11 de noviembre 
de 2013, 29 de enero, 4 y 5 de marzo y 18 de agosto de 2014, 1 de abril, 5 de junio, 20 
de julio, 7 de septiembre y 19 de octubre de 2015, 11 de enero, 4 de abril, 3 de junio, 17 
de octubre, 2 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, 6 de febrero, 2 de marzo, 5 y 24 
de abril, 14 de junio, 13 de septiembre, 22 de noviembre y 21 de diciembre de 2017 y 9 
de enero, 28 de mayo, 19 y 20 de junio, 18 de julio, 10 de septiembre y 8 de octubre 
de 2018.
1.  Presentada escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada en 
el Registro Mercantil se procede por el registrador, en virtud de la habilitación que 
contiene la propia escritura pública, a su inscripción parcial con exclusión, también 
parcial, de una de las actividades que integran su objeto; en concreto la actividad 
correspondiente con el CNAE 4646: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos.
El registrador fundamenta su negativa en la falta de acreditación de la autorización 
que para esta actividad exige la legislación especial aplicable.
El objeto de este expediente consiste en dilucidar si puede formar parte de las 
actividades que integran el objeto social de una sociedad de capital una actividad como 
la descrita sin necesidad de obtener autorización administrativa previa de la autoridad 
competente.
2.  El artículo 1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios afirma que forma parte de su objeto y ámbito la regulación de las 
competencias que corresponden al Estado en cuanto a: «La actuación de las personas 
físicas o jurídicas en cuanto intervienen en la circulación industrial o comercial y en la 
prescripción o dispensación de los medicamentos y productos sanitarios».
El texto refundido contiene, además, una normativa que pretende exhaustiva al 
objeto de regular que: «Los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su 
investigación  clínica,  su  evaluación,  autorización,  registro,  fabricación,  elaboración, 
control  de  calidad,  almacenamiento,  distribución,  circulación,  trazabilidad, 
comercialización, información y publicidad, importación y exportación, prescripción y 
dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como la ordenación de su 
uso racional y el procedimiento para, en su caso, la financiación con fondos públicos. La 
regulación también se extiende a las sustancias, excipientes y materiales utilizados para 
su fabricación, preparación o envasado», queden debidamente regulados y sujetos a la 
competencia de actuación de las administraciones públicas (artículo 1.a), en relación con 
los artículos 16, 54, 59 y 63, entre otros).
Por su parte el artículo 2, en su letra p) contiene la siguiente definición: «“Distribución  e
mayorista  de  medicamentos”:  Toda  actividad  que  consista  en  obtener,  almacenar,  bo
conservar, suministrar o exportar medicamentos, excluida la dispensación al público de  043ww
los mEnistmreo sl»a.s  garantías  que  la  ley  regula  se  encuentran  las  relativas  al  control
gaadrmainntiísatsra etixviog ibdlee sla e nd islatr fibaubcriicóanc idóen  my deidsitcraibmuceinótno sd e(c mapeídtuicloa mIIe dnetol stí)t,u yl,o e IsVp ereclíafitcivaom ean ltaes, 
a la distribución mayorista que debe cumplir una serie de rigurosas obligaciones de 
funcionamiento (vid. artículo 69).
Dispone así el artículo 68.1: «Los almacenes mayoristas, así como los almacenes 
por contrato, estarán sometidos a la autorización previa de la comunidad autónoma 
donde esté domiciliado el almacén. Ello, no obstante, el almacén deberá comunicar la 
realización  de  sus  actividades  a  las  autoridades  sanitarias  de  las  comunidades 
autónomas donde, no estando domiciliado, tales actividades se realicen. La autorización 
de entidad de distribución podrá incluir la actividad de almacén por contrato».
De  la  regulación  expuesta  resulta  con  claridad  que  la  actividad  de  distribución 
mayorista  de  medicamentos  se  encuentra  regulada  y  sujeta  a  previa  autorización 
administrativa para su ejercicio. Que la autorización sea previa implica que debe ser 
anterior al inicio de la actividad de distribución.
La norma transcrita, promulgada en ejercicio de la competencia que ostenta el 
Estado, da cobertura a la resolución del registrador por lo que la alegación contenida en 
el  escrito  de  recurso  sobre  autorizaciones  de  ámbito  autonómico  no  desvirtúa  su 
contenido.
3.  A la luz de la regulación expuesta resulta que el recurso debe ser desestimado 
sin que las alegaciones contenidas en el escrito de recurso puedan desvirtuar dicha 
conclusión.
Dejando de lado la afirmación de que la enumeración de las actividades por su 
código CNAE excluye la tacha de indeterminación y generalidad, tacha que no resulta de 
la calificación y que, por tanto, no es objeto de este expediente (artículo 326 de la Ley 
Hipotecaria), no cabe afirmar que la relación de actividades contenidas en el objeto 
social solo implica una proyección de futuro, de posibles actuaciones.
El artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital al regular el contenido mínimo de 
los estatutos sociales en cuanto han de «regir el funcionamiento de las sociedades», 
dispone  en  su  letra  b)  que  deben  contener:  «El  objeto  social,  determinando  las 
actividades que lo integran», afirmación de presente que se reitera en el artículo 178.1 
del Reglamento del Registro Mercantil.
Es cierto, como afirma el escrito de recurso, que alguna o algunas de las actividades 
comprendidas  en  el  objeto  social  pueden  no  ser  desarrolladas  de  presente  por  la 
sociedad, pero de ahí no se sigue que su inclusión, contingente, excluya el cumplimiento 
de los requisitos de regulación exigidos por la ley.
Desde el punto de vista regulatorio la exigencia de autorización previa implica que 
una persona física o jurídica no puede realizar una actividad sujeta sin su anterior 
obtención.
De aquí que la alegación del escrito de recurso de que la exclusión en la inscripción 
de la actividad objeto de este expediente implique la imposibilidad de obtención de 
aquella en un futuro es insostenible. Es exactamente al revés: la previsión legal es que 
se obtenga la autorización administrativa que corresponda y que, después, se constituya 
la sociedad que ha de llevarla a cabo o se modifique el objeto social de la sociedad que 
la incorpore a sus estatutos.
Desde el punto de vista del derecho de sociedades la inclusión de una actividad en el 
objeto implica la vinculación de presente de quienes han prestado su consentimiento 
determinando, entre otras cuestiones, el ámbito del poder de representación que ostenta 
el órgano de administración (artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital); de ahí 
que su modificación se sujete a estrictos controles (artículos 285 y siguientes de la Ley 
de  Sociedades  de  Capital),  sin  que  vincule  al  socio  que  no  haya  prestado  su  s
consentimiento, en el caso de que decida su salida de la sociedad (artículo 346.1.ª de la  oe.
propia ley). w.
Por este motivo, esta Dirección General ha reiterado que es la definición estatutaria  043ww
dcoeml opbrejentdoi dsaosc lioa l qyu en od eetel rmefiencat ivlao  adpelisceanbviliodlavidm dieen atoq upeollsatse rdioisr pdoes iclaiosn easc teivsipdeacdieasle se nq uéel 
pdreelivméinta deol , cduem mploimdoie nqtuoe  ddee sdciee retol sm  oremqeunistioto sfu npdoarc ioranzaól no  ddeels dáem lbai tom oddeif icaacctiuóanc idóenl   BOE-A-cable e
objeto que la sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo 
desarrollo de cualesquiera actividades que integran el objeto social (vid. la Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 20 de diciembre de 1990, entre 
las más anteriores, así como las posteriores de 15 de diciembre de 1993 y 30 de abril 
de 1999. Entre las más recientes, vid. las Resoluciones de 3 de junio de 2016 y 8 de 
octubre de 2018).
Cuando, como en el caso presente, la realización de una actividad determinada 
precise de la obtención de una autorización administrativa que actúe de título habilitante, 
su ausencia determina que tal actividad no será posible ni lícita, dos de los requisitos que 
para todo objeto de contrato imponen los artículos 1.271 y 1.272 del Código Civil.
La ausencia del título habilitante no puede quedar suplida por el hecho de que el 
artículo estatutario cuya inscripción se pretenda comprenda, como ocurre en el supuesto 
de hecho, la previsión de que si la ley exige una autorización o licencia administrativa no 
se podrá iniciar dicha actividad sin su obtención.
Dicha previsión no puede tener el efecto taumatúrgico de convertir lo ilícito en lícito ni 
puede tener el alcance de dejar para un momento posterior lo que la ley exige de 
presente, soslayando un régimen que por expresa declaración legal es imperativo.
Lo contrario llevaría al absurdo de poder comprender en el objeto social cualquier 
actividad  con  la  simple  previsión  de  que,  de  ser  precisos  requisitos  especiales  se 
llevarían a cumplimiento, dejando vacíos de contenido principios esenciales del Registro 
Mercantil  y  del  tráfico  jurídico  como  el  principio  de  veracidad  y  exactitud  y  el  de 
publicidad  frente  a  terceros  (vid.  las  numerosas  Resoluciones  en  los  «Vistos»  que 
desarrollan este argumento en relación con las sociedades profesionales).
El  reflejo  normativo  de  esta  fundamentación  se  contiene  en  el  artículo  84  del 
Reglamento del Registro Mercantil: «1.  Salvo que otra cosa disponga la legislación 
especial, no podrá practicarse la inscripción en el Registro Mercantil del sujeto que 
pretenda realizar actividades cuya inclusión en el objeto requiera licencia o autorización 
administrativa, si no se acredita su obtención. La misma regla se aplicará a la inscripción 
de actos posteriores sujetos a licencia o autorización administrativa. 2.  En la inscripción 
se consignará la oportuna referencia a las licencias o autorizaciones que correspondan».
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.