BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93239
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13012 Sala Primera. Sentencia 128/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de 
amparo 7161-2019. Promovido por don Mauricio Ospina Villegas en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2021:128
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7161-2019, interpuesto por el procurador de los 
tribunales don Leonardo Ruiz Benito, en nombre y representación de don Mauricio 
Ospina  Villegas,  asistido  por  la  abogada  doña  Sandra  Saavedra  Arias,  contra  la 
sentencia de 4 de abril de 2019 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. En ella se desestima el recurso contencioso-
administrativo núm. 61-2018 interpuesto frente a la resolución del secretario de Estado 
de  justicia  de  2  de  junio  de  2017  (expediente  núm.  211-2016),  denegatoria  de  la 
indemnización  solicitada  por  haber  sufrido  prisión  provisional  y  ser  absuelto 
posteriormente. Fue confirmada en reposición por resolución de 9 de abril de 2018. Del 
mismo modo contra la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2019, que inadmite el 
recurso  de  casación  núm.  4591-2019  interpuesto  contra  la  referida  sentencia.  Han 
intervenido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado 
don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 11 de 
diciembre de 2019, el procurador de los tribunales don Leonardo Ruiz Benito, en nombre 
y representación de don Mauricio Ospina Villegas, interpuso recurso de amparo contra 
las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia. e
que a2s).e  gLuEoild sda emhmeecanhnteod sas neet nere  qldauece iao smneap nfau.rnod parmeesenntató l ae ld 3e mdea nmdaa ydoe d aem 2p0a1r6o  asnotne,  eeln M siínnitsetseirsio,  ldoes   2021-13012n https://www.
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se fundaba en que había sufrido privación de libertad desde el 22 de diciembre de 2012 
hasta el 30 de diciembre de 2013; primero como detenido y luego en prisión provisional, 
al ser imputado por un presunto delito contra la salud pública, siendo finalmente absuelto 
de todos los cargos por sentencia de 4 de mayo de 2015 de la Sección Quinta de la 
Audiencia Provincial de Valencia (procedimiento ordinario núm. 61-2018).
b)  Contra la desestimación presunta de su reclamación interpuso el demandante de 
amparo recurso contencioso-administrativo, dando lugar al procedimiento ordinario núm. 
61-2019  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia  Nacional.  En  su  demanda,  con  invocación  de  la  sentencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, 
alegaba  la  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  y  solicitaba  ser 
indemnizado, conforme a lo previsto en el art. 121 CE y en los arts. 292.1 y 294.1 LOPJ, 
en la suma total de 326 629,90 €, por los daños derivados de la privación de libertad 
sufrida.
Como  quiera  que  la  reclamación  fuera  al  fin  desestimada  expresamente  por 
resolución de 2 de junio de 2017 del secretario de Estado de Justicia (por delegación del 
ministro),  el  demandante  interpuso  contra  ella  recurso  de  reposición,  que  fue 
desestimado por resolución de 9 de abril de 2018. Frente a ambas resoluciones amplió el 
demandante su recurso contencioso-administrativo.
c)  Por sentencia de 4 de abril de 2019, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  desestimó  la  pretensión  del 
demandante. Se razona que, conforme al cambio de criterio jurisprudencial sobre el 
art. 294.1 LOPJ, introducido por el Tribunal Supremo en dos sentencias de 23 de 
noviembre de 2010, solo cabría responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal 
de la administración de justicia por la vía del art. 294.1 LOPJ cuando estuviésemos ante 
la inexistencia objetiva del hecho. Esta no se aprecia en el presente caso, ya que si bien 
la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió al 
demandante, tal absolución no se fundó en la inexistencia objetiva de los hechos que 
subyacían en la acusación, que se declararon probados en una anterior sentencia del 
mismo tribunal de 3 de noviembre de 2011 respecto de otra acusada, que resultó así 
condenada. El tribunal estimó que contra el demandante no había prueba consistente 
para un pronunciamiento condenatorio, al existir una alternativa posible a la tesis de la 
acusación.
Por ello concluye la Audiencia Nacional que la reclamación de indemnización del 
demandante ha de desestimarse, «pues en la actual configuración de la institución de la 
responsabilidad patrimonial por prisión preventiva en el ordenamiento jurídico español la 
indemnización  no  está  ligada  sin  más  a  un  pronunciamiento  absolutorio,  sino  que 
requiere además que dicho pronunciamiento se deba a la acreditada inexistencia del 
hecho imputado, siendo así que en el supuesto enjuiciado este último requisito no 
concurre».
d)  Contra la sentencia de la Audiencia Nacional interpuso el demandante recurso 
de casación, que fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2019 (recurso 
de casación núm. 4591-2019), por incumplimiento de las exigencias que para el escrito 
de preparación establece el art. 89.2 LJCA. En particular, por falta de fundamentación 
suficiente  de  la  concurrencia  de  los  supuestos  que  permiten  apreciar  el  interés 
casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
3.  En la demanda de amparo se aduce la vulneración de los derechos a la igualdad  e.
ante la ley (art. 14 CE), a la libertad (art. 17.1 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1  w.b
CE), y a un proceso con todas las garantías, así como a la presunción de inocencia  012ww
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derechos fundamentales invocados resultan vulnerados al denegársele indebidamente la
compensación reclamada por los daños sufridos como consecuencia del tiempo que 
estuvo privado de libertad, al haber sido acordada su prisión preventiva en una causa 
penal en la que finalmente resultó absuelto.
4.  Por providencia de 15 de febrero de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia de que la vulneración 
del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición 
de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se ordena dirigir atenta 
comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo y a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la  Audiencia  Nacional,  para  que,  en  plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  remitan 
respectivamente certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes 
al recurso de casación núm. 4591-2019 y al procedimiento ordinario núm. 61-2018; 
debiendo asimismo emplazarse a quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento, 
excepto al recurrente en amparo, a fin de que puedan comparecer, si lo desean, en el 
presente proceso constitucional.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 22 de marzo de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso  constitucional  al  abogado  del  Estado.  Acordó  asimismo  dar  vista  de  las 
actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 
veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad 
con el art. 52.1 LOTC.
6.  El 22 de abril de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones del abogado del Estado.
Después de resumir los antecedentes que consideró relevantes, puso de relieve que 
la STC 85/2019, de 19 de junio, en la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de 
los incisos del art. 294.1 LOPJ «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma 
causa» deja incólume el inciso de ese precepto que dice: «siempre que se le hayan 
irrogado perjuicios». De esta constatación, deduce que la sola acreditación del tiempo 
pasado en prisión preventiva, seguida de absolución, no genera un derecho automático 
al resarcimiento, pues el interesado ha de probar los supuestos daños acaecidos, más 
allá solo del hecho de haber padecido prisión por un tiempo determinado, «de acuerdo 
con la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños», conforme a las 
razones  asentadas  en  el  fundamento  jurídico  13  de  la  indicada  STC  85/2019.  En 
aplicación de este principio, entiende la abogacía del Estado que la determinación de los 
posibles  daños  y  perjuicios  a  resarcir,  en  su  caso,  no  le  corresponde  al  Tribunal 
Constitucional, sino que debe hacerse en un procedimiento autónomo y estrictamente 
sujeto a las reglas sustantivas y procesales del Derecho de daños.
Por ello, en primer lugar solicita el abogado del Estado que se dicte sentencia 
conforme a Derecho. Y para el caso de que la sentencia que se dictase fuera de carácter 
estimatorio  del  amparo  formulado,  interesa  que  se  ordene  la  retroacción  de  las 
actuaciones a la vía administrativa, a fin de que, de acuerdo con lo que dispone el 
art. 294 LOPJ y siguiendo siempre el cauce procedimental adecuado, se acrediten los 
posibles daños y perjuicios que, en su caso, hubiera podido sufrir el recurrente.
7.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 5 de mayo  e.
de 2021, formuló sus alegaciones, solicitando la estimación del recurso de amparo. w.
Tras  compendiar  los  antecedentes  que  estimó  de  interés  y  el  contenido  de  la  012ww
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del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ y concretó el 
alcance que la estimación del amparo debía generar. En consecuencia, el fiscal estima 
que procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a que la decisión 
sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, de 
acuerdo con las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 
y 125/2019.
Advierte por último que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha de 
inconstitucionalidad  cabría  entender  que  cuando  el  proceso  penal  concluya  con  un 
pronunciamiento absolutorio (o de sobreseimiento libre) procederá la indemnización, 
resulta no obstante que de lo establecido en la STC 85/2019 no se desprende, por sí 
solo, que el derecho a la indemnización sea automático, por el mero hecho de que el 
solicitante haya sufrido prisión preventiva. En efecto, para determinar si procede la 
indemnización deberán aplicarse los criterios propios del Derecho general de daños 
(como puede ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta 
de la propia víctima). Por ello, «también en el caso subyacente, cabría el juego de estos 
criterios de atemperación o incluso rechazo total o parcial, tomando en cuenta las 
particulares  circunstancias  concurrentes  que  podrán  valorar  las  autoridades 
administrativas y, en su caso, judiciales».
Por todo lo expuesto, el fiscal interesa que se declaren vulnerados los derechos 
fundamentales del demandante a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE); que se anulen tanto las resoluciones judiciales impugnadas como la 
resolución  del  secretario  de  Estado  de  Justicia  que  denegó  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial formulada por el demandante, así como la que la confirma 
en reposición. Igualmente que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al 
dictado de la resolución administrativa inicial, para que la administración resuelva esa 
reclamación en términos respetuosos con los derechos fundamentales del demandante a 
la igualdad y a la presunción de inocencia.
8.  El procurador del demandante de amparo no formuló alegaciones.
9.  Por providencia de 17 de junio de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, 
de 31 de octubre.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la resolución del secretario de Estado 
de justicia de 2 de junio de 2017 (expediente núm. 211-2016), confirmada en reposición 
por resolución de 9 de abril de 2018, que rechazó la reclamación formulada por el 
recurrente  de  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  por  haber  sufrido  prisión 
provisional,  siendo  posteriormente  absuelto.  Igualmente  la  sentencia  de  4  de  abril 
de  2019  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 61-2018 
interpuesto contra dicha resolución; así como la providencia de la Sección Primera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  11  de  noviembre 
de 2019, que inadmite el recurso de casación núm. 4519-2019, interpuesto contra dicha 
sentencia. s
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos  oe.
sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente  w.
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sentencia, debía producir la STC 85/2019, de 19 de junio, del Pleno, por la que se
declaró la inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por  Bc
esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretándose 
el alcance que la estimación del amparo debía producir. Por tanto, a tales fundamentos 
jurídicos hemos de remitirnos.
Procede, en consecuencia, otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de justicia de 2 de 
junio de 2017, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la controversia planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 
y 24.2 CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Mauricio Ospina Villegas y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 11 de noviembre de 2019, dictada en el recurso de casación núm. 4591-2019; la de la 
sentencia de 4 de abril de 2019 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el procedimiento ordinario núm. 
61-2018; y la de la resolución del secretario de Estado de justicia de 2 de junio de 2017, 
recaída en el expediente núm. 211-2016, así como la de la resolución de 9 de abril 
de 2018, que la confirma en reposición.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución de 2 
de junio de 2017, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.