BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Jueves 2 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46379
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7089 Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Antequera, por la que se 
deniega la inscripción de un adjudicación acordada en decreto dictado en 
procedimiento ejecutivo judicial.
En el recurso interpuesto por don E. J. V. M., procurador de los tribunales, en nombre 
y  representación  de  don  M.  A.  M.,  contra  la  nota  de  calificación  extendida  por  el 
registrador de la Propiedad de Antequera, don José María Vega Rivero, por la que se 
deniega la inscripción de un adjudicación acordada en decreto dictado en procedimiento 
ejecutivo judicial, por estar caducada y cancelada por caducidad la anotación en la que 
se sustenta la adjudicación y aparecer la finca inscrita a favor de persona distinta del 
ejecutado.
Hechos
I
Por virtud de decreto de adjudicación dictado por el Juzgado de Primera Instancia 
número e Instrucción número 3 de Antequera, se recogía la adjudicación de una finca, en 
procedimiento ejecutivo, y se ordenaba la cancelación de la anotación del embargo que 
se ejecutaba, así como la de las cargas posteriores al mismo. A la fecha de presentación 
en el Registro del indicado testimonio, la anotación letra A, prorrogada por la B, en la que 
se sustentaba el procedimiento, se encontraba ya caducada y cancelada por caducidad.
II
Presentado  testimonio  del  referido  decreto  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Antequera, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Registro de la Propiedad de Antequera.
Calificado  el  precedente  documento,  el  Registrador  que  suscribe,  deniega  la 
adjudicación a que el mismo se refiere, ya que al encontrarse cancelada por caducidad 
la  anotación  preventiva  de  embargo  base  del  procedimiento,  no  procede  cancelar 
asientos por el mero hecho de ser posteriores a dicha anotación, pues éstas, al estar 
caducada ha dejado de ser preferente.
En  el  ejercicio  de  la  calificación  registral  sobre  la  legalidad  del  documento 
presentado, obrante en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes:
Hechos.
I.  El Testimonio de adjudicación que precede, fue presentado por Don M. A. M., el 
día ocho de Agosto último, habiéndose presentados documentos complementarios con  e
fecha 10 de los corrientes. bo
II.  En  dicho  testimonio  de  adjudicación,  se  han  observado  las  siguientes  89ww
circu1n. staLnac iaanso qtaucei óhna nd esi deom obbajergtoo  dlee tcraa liAfic, aacmiópnl idaedsaf apvoorr anboleta: puesta al margen de la
misma,  y  prorrogada  por  la  B,  procedimiento  número  803/2010,  se  tramita  juicio
ejecutivo,  en  juicio  ordinario  número  896/09-3  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción número Tres de Antequera, se encuentra caducada.
2.  La  finca  objeto  de  adjudicación,  aparece  inscrita,  en  la  siguiente  forma  y 
proporción: a nombre de M. J. G. C., el pleno dominio de una participación indivisa del 
ocho coma cuarenta y dos por ciento, con carácter privativo, que la adquirió por compra 
a la entidad mercantil Promociones Alcorrín, S.L., según resulta de la escritura otorgada 
en Estepona, el diecinueve de Mayo de dos mil once, ante su Notario Don José María 
García  Urbano;  la  que  produjo  la  inscripción  2.ª  de  la  finca  8.480,  al  folio  94  del 
tomo 1.520, libro 160 de Mollina, con fecha quince de Junio de dos mil once; a nombre 
de S. E. G. S. y su esposo don J. M. M. G., y doña R. D. G. S., el pleno dominio de una 
participación del cuarenta y seis coma setenta y seis por ciento, de por mitad y en 
proindiviso, en cuanto a los dos primeros con carácter ganancial, que la adquirieron por 
compra a la entidad mercantil Promociones Alcorrín, S.L., según resulta de la escritura 
otorgada en Estepona, el diecinueve de Mayo de dos mil once, ante su Notario Don José 
María García Urbano; la que produjo la inscripción 3.ª de dicha finca, al folio, tomo y libro 
citados con fecha dieciséis de Junio de dos mil once; y a nombre de la entidad Arroyo 
Marín, S.L., el pleno dominio de una participación indivisa del cuarenta y cuatro coma 
ochenta y dos por ciento, que la adquirió por compra a la entidad mercantil Promociones 
Alcorrín, S.L., según resulta de la escritura otorgada en Estepona, el diecinueve de Mayo 
de dos mil once, ante su Notario Don José María García Urbano; la que produjo la 
inscripción 4.ª de dicha finca, al folio, tomo y libro citados con fecha diecisiete de Junio 
de dos mil once, o sea, personas distintas, contra quien iba dirigida la demanda.
Al anterior hecho, es de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
I.  Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hayan sujetos a 
calificación por el Registrador, quién, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de 
la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los 
actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II.  En relación a las circunstancias reseñadas en el Hecho II anterior, debe tenerse 
en consideración:
1.  Las anotaciones preventivas tiene una vigencia determinada y su caducidad 
opera “ipso iure” una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, 
si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto 
jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular, y que 
permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor del 
adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo 
que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejar de estar sujetos a la 
limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.º del Reglamento Hipotecario, si al 
tiempo de presentarse aquel en el Registro, de había operado su caducidad. Y ello 
porque  como  consecuencia  de  ésta,  han  avanzado  de  rango  y  pasando  a  ser 
registralmente preferente –cfr. Resolución de 28 de noviembre de 2001 y 11 de abril 
de 2002–. Registralmente operan los principios de prioridad –artículo 17 de la Ley 
Hipotecaria– y tracto –artículo 20 de la Ley Hipotecaria–, por lo que habiendo perdido la 
anotación, su efecto frente a terceros posteriores, inscritos, surgen un obstáculo registral  s
que  impedirá  la  cancelación  de  los  asientos  posteriores,  al  devenir  registralmente  oe.
inexistente la anotación de la que trae causa. Caducada la anotación, debe actual el  w.
erceujegyciosu tcrcaióadnso,or   dalea ep seintnosdsce reriápfe cqciótuones   decelo  mdleaou  dsaiod rnj uusdnigiccaaa  ccsióoenn h suedbrevi earlnaad  pofir nalcaca tit citcauodlamor iodla a cdco itdnaesde alc aau nemonitcsaimac iaód nye,   eelnna    2020-7089n https://ww
caso  de  existir  cargas  posteriores  no  podrán  ser  objeto  de  cancelación  registral.  -
Resolución entre otras 28 de noviembre de 2017, 13 de abril de 2018.
2.  Que al aparecer la finca relacionada en el documento mencionado, inscrita a 
nombre de persona distinta del demandado, se deniega la inscripción con arreglo al 
artículo 20 de la Ley Hipotecaria y 140-1.º de su Reglamento.
Los asientos practicados quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales, y producirán 
plenos efectos de acuerdo con los artículos 1, 17, 20, 32, 34, 38 y 41 de la Ley 
Hipotecaria.
III.  De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, 
el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento 
presentado,  quedando  desde  entonces  automáticamente  prorrogado  el  asiento  de 
presentación correspondiente, por un plazo que vencerá a los sesenta días, contados 
desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga 
durante la cual, por aplicación del principio hipotecario de prioridad contenido en los 
artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos 
posteriores relativos a las misma [sic] finca, cuyos asientos de presentación, por tanto, 
han  de  entenderse  igualmente  prorrogados  hasta  el  término  de  la  vigencia, 
automáticamente prorrogada, del asiento anterior.
En su virtud, acuerdo denegar la inscripción del documento objeto de la presente 
calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el Hecho II 
de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se 
indican en el Fundamento de Derecho II de la misma nota. Quedando automáticamente 
prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días 
a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones 
legalmente  pertinentes,  de  conformidad  con  los  artículos  322  y  323  de  la  Ley 
Hipotecaria. No cabe, dado el carácter insubsanable de los defectos apreciados, solicitar 
que  se  practique  la  anotación  preventiva  prevista  en  el  artículo  42.9  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Contra la presente nota de calificación (…)
En Antequera, a 28 de octubre de 2019.–El registrador (firma ilegible) Fdo: José-
María Vega Rivero.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don E. J. V. M., procurador de los tribunales, 
en nombre y representación de don M. A. M., interpuso recurso el día 11 de diciembre 
de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal:
«Que, con fecha 14 del pasado mes de Noviembre se me ha notificado Diligencia de 
ordenación de fecha 12 por la que se me da traslado de las comunicaciones de este 
Registro de la Propiedad con número de entrada 3948/19 y 4704/19 consistentes en 
notas de calificación registral mediante las que se deniega la adjudicación a que se 
refiere el Decreto de adjudicación dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 
Tres  de  Antequera  recaído  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales 
número 803/2010 y considerando dicho documento o nota de calificación contrario a 
derecho, así como lesivo y perjudicial para los intereses de mi representado, por medio 
del presente escrito y dentro del plazo establecido en el artículo 322 y siguientes y 
concordantes de la Ley Hipotecaria, interpongo contra la misma recurso gubernativo con 
base en las siguientes: e.
Alegaciones. 89ww
títuloP rIiVm deeral .l ibrLoa I IrI edgeu llaa cLióEnC ,a aprlitcsa. b6l8e1 a (lL ad eLcerye t5o8 d/2e0 0a0d)ju ad i6c8a9c i(óLna  lLae eyn 5c8o/n2t0ra0m0)o, sc oenn l aesl 
especialidades que establecen los arts. 130 (La Ley 3/1946) a 135 de la LH de 8 de
febrero de 1946 (La Ley 3/1946), y las normas reglamentarias que los desarrollan y 
contenidas en el RH de 14 de febrero de 1947 (La Ley 3/1947).
En el decreto de adjudicación, se transmite el dominio, o cualquier otro derecho real, 
subastado a quien definitivamente se ha adjudicado el bien y a su vez es la resolución 
definitiva que pone fin al procedimiento hipotecario y que será objeto de inscripción en el 
Registro de la Propiedad
El decreto de adjudicación declara la transmisión de la propiedad del bien o derecho 
subastado a quien definitivamente es el adjudicatario. Este adjudicatario puede ser la 
misma persona a cuyo favor se aprobó el remate u otra distinta ya que, conforme a lo 
dispuesto en el art. 647 de la LEC (La Ley 58/2000), el ejecutante o acreedor posterior 
puede  ceder  el  remate  a  favor  de  un  tercero,  siempre  que  se  den  los  requisitos 
establecidos en dicho precepto legal. El decreto de adjudicación deberá ser objeto de 
inscripción en el Registro de la Propiedad si se pretende que produzca efectos frente a 
terceros y es el único título que tendrá acceso al Registro a tal fin.
Segunda.  El  decreto  de  adjudicación  de  fecha  20  de  junio  de  2016  que  fue 
entregado a esta parte en fecha 27 de marzo de 2017 es un verdadero título público de 
dominio mediante el cual se transmite la propiedad de un Inmueble por adjudicación a mi 
representado y, como tal documento público, únicamente es susceptible de que su 
nulidad sea declarada por un tribunal de Justicia y no por esta oficina pública que, como 
tal, carece de cualquier competencia al respecto para denegar la adjudicación de la finca 
registral número 8.480 de Mollina a su legítimo y único propietario, Don M. A. M. 
Cuestión  distinta  es  que  adolezca  de  cualquier  defecto  o  requisito  que  impida  su 
inscripción o que surta efectos respecto de terceras personas.
El artículo 100 del Reglamento Hipotecario establece que la calificación por los 
Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial, colmo [sic] ocurre 
en el presente supuesto, se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la 
congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del 
Registro.
Pues bien, en consonancia con lo que dispone el citado artículo, entiende esta parte 
que el Registrador ha conculcado de manera patente el contenido del precepto en 
cuanto ha procedido a denegar la adjudicación, o sea, ha decretado la denegación de la 
transmisión de un derecho real contenido en una resolución expedida por la autoridad 
judicial, lo que, en síntesis, viene a ser una declaración explícita de la nulidad del 
documento judicial, cuestión que es ajena al ámbito que debe contemplar la calificación 
registral, esto es, examinar la competencia del órgano judicial, la observancia de las 
formalidades procesales y posibles obstáculos que surjan en el Registro.
Tercera.  Por  consiguiente,  procede  que  se  decrete  la  nulidad  de  la  nota  de 
calificación de fecha 28 de octubre de 2019, en el sentido de que no resulta ajustada a 
derecho la denegación de la adjudicación efectuada por el Decreto de fecha 20 de junio 
de 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instnaica [sic] número Tres de Antequera en 
el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 803/2010 por carecer el 
Registro de competencia para denegar la adjudicación del inmueble a que alude el 
documento judicial antes referido.
En su virtud,
Solicito al Registro de la Propiedad que habiendo por presentado este escrito con los 
documentos unidos, se sirva admitirlo; tener me por parte en la representación que  e
ostento a nombre de Don M. A. M. a virtud de la copia de escritura de poder otorgado en  bo
mi favor y que acompaño, entendiendo conmigo las sucesivas diligencias y tener por  89ww
Rfoermgiustlarodso ,y  eNno ttiaermiapdoo  yc ofonrtrmaa l,a  Rneoctau rsdoe  gcaulbifeicrancaitóivno  dpea rfae cahnat e2 8la  dDe iroecctcuibórne  Gdeen 2e0ra1l9 d ye, 
Rpreesvoiolusc lioósn  dpeomr álas  tqráume itsees  dleegcarleetse  cloar rneuslpidoandd ieon steusb,s cidoina reiasmtimenatcei ósne d edle mje issmino ,e sfeec dtoic tleo 
ordenado en la misma por los motivos alegados en el cuerpo de este escrito, según es 
de Justicia que respetuosamente pido.»
IV
Con fecha 19 de diciembre de 2019, el registrador de la Propiedad de Antequera, 
don José María Vega Rivero, elaboró informe en defensa de su nota de calificación y 
elevó el recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española. 18, 20, 82 y 86 de la Ley 
Hipotecaria, 100, 175 y 199 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio de 1989, 27 de octubre 
de 1993, 15 de julio y 9 de diciembre de 1999, 13 de julio de 2000, 14 de junio de 2002, 
14 de enero y 20 de octubre de 2005, 11 de diciembre de 2006, 30 de junio de 2007, 17 
de marzo de 2008, 8 de agosto de 2014 y 17 de septiembre de 2015.
1.  Se plantea en el presente recurso la posibilidad de inscribir el testimonio de un 
decreto judicial de adjudicación de una finca, cuando al momento de presentación de 
dicho testimonio en el Registro de la Propiedad, la indicada finca aparece inscrita a favor 
de persona distinta de aquella contra la que se ha seguido el procedimiento, y además 
está caducada y cancelada por caducidad, la anotación preventiva en la que se sustenta 
el procedimiento ejecutivo.
El recurrente alega como motivo único de oposición a la calificación, resumidamente, 
la extralimitación del registrador, en la calificación de documentos judiciales.
2.  Este Centro Directivo ha afirmado reiteradamente (vid., por todas, la Resolución 
de 17 de marzo de 2008), que el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en 
exclusiva  a  los  Jueces  y  tribunales  impone  a  todas  las  autoridades  y  funcionarios 
públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores de la Propiedad, el deber de 
cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de 
acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador de la Propiedad 
calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan.
No obstante, como también ha sostenido la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en reiteradas ocasiones, el principio constitucional de protección jurisdiccional de 
los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo 
entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que entrañara 
una  indefensión  procesal  patente,  razón  por  la  cual,  el  artículo  100  del  Reglamento 
Hipotecario (en consonancia con el artículo 18 de la propia ley) extiende la calificación 
registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello 
limitado a la práctica de la inscripción. En este caso, está claro que no se cumple el requisito 
del tracto sucesivo, al aparecer la finca inscrita a favor de persona distinta del ejecutado 
(artículo 20 de la Ley Hipotecaria), surgiendo así un obstáculo para la inscripción derivado 
del propio Registro, sin que este requisito pueda ser superado o salvado por la anotación 
preventiva de embargo trabada en el procedimiento judicial, al estar ésta cancelada por  e.e
caducidad (artículo 86 de la ley Hipotecaria). b
3.  En cuanto al fondo de asunto, es también doctrina reiterada de esta Dirección  89ww
aGuetnoemráatl,ic amqueen te lae  «icpasdou icuirdea»d,  undae v ezla sq uea sneo thaac iaognoetsa doo redl epnlaazdoa sd e sjuud ivciigaelmnceinat es in hopaeberar 
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respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden ser cancelados en virtud de un título –el
mandamiento cancelatorio al que se refiere el artículo 175 del Reglamento Hipotecario– que, 
conforme a dicho precepto y a los artículos 131 y 133 de la Ley Hipotecaria sólo puede 
provocar la cancelación respecto de asientos no preferentes.
En nuestro Derecho registral se sigue un sistema de avance de puestos y no de reserva 
de rango, por virtud del cual cancelado el asiento correspondiente a un gravamen los 
posteriores  avanzan  en  posición  pasando  a  ser  registralmente  cargas  anteriores  o 
preferentes. Por el contrario si se ha inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la 
anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su efectividad, se consuma la 
virtualidad de la anotación y de ahí que el artículo 206 del Reglamento Hipotecario disponga 
su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, 
las  cargas  y  gravámenes  posteriores  que  habían  sido  registrados  sin  perjuicio  de  los 
derechos del anotante (artículo 71 de la Ley Hipotecaria) no sólo no se liberan de aquella 
restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación 
respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y 
la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de 
ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la 
inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de 
ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es 
indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, 
conforme a los artículos 17, 40, 79, 83, 84, 131 y 133 de la Ley Hipotecaria; y 175.2.ª y 233 
del  Reglamento  Hipotecario,  si  en  él  consta  el  cumplimiento  de  los  trámites  aludidos 
(Resolución de 28 de julio de 1989).
En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de auto de adjudicación de una finca 
cuando en el momento en que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación 
preventiva de embargo correspondiente y dicha finca está ya inscrita a favor de persona 
distinta de aquella en cuyo nombre el juez otorga la transmisión, los principios de tracto 
sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y legitimación (artículo 38 de la misma ley), 
incluso el de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria) obligan a denegar la inscripción de 
dicha adjudicación, ya que no es posible practicar asiento alguno que menoscabe o ponga 
en entredicho la eficacia de los asientos vigentes, si no es con el consentimiento del 
respectivo titular registral o por resolución judicial dictada en procedimiento entablado 
directamente contra él (artículos 1, 20, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
Respecto de la cancelación de los asientos posteriores, es doctrina reiterada de este 
Centro Directivo que la caducidad de las anotaciones preventivas opera «ipso iure» una vez 
agotado  el  plazo  de  cuatro  años,  aunque  no  hayan  sido  canceladas,  si  no  han  sido 
prorrogadas previamente (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de 
todo efecto jurídico, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan 
de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquel otro asiento, y no 
podrán ya ser cancelados en virtud de un título dictado en el procedimiento en el que se 
ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro se 
había operado ya la caducidad (Resolución de 14 de junio de 2002).
En  definitiva,  la  caducidad  de  la  anotación  por  falta  de  prórroga  conlleva  la 
imposibilidad de inscribir el testimonio del auto de adjudicación por existir una inscripción 
de dominio que ha pasado a tener rango preferente, lo que determina el cierre del 
Registro  respecto  de  títulos  ahora  posteriores  en  rango  (cfr.  artículo  17  de  la  Ley 
Hipotecaria). Lo mismo ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no 
puede extenderse a asientos que han pasado a tener rango registral anterior.
Todo ello, sin perjuicio de la valoración judicial que pueda plantearse en relación con  s
esta materia. oe.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de  89ww
calificación del registrador.
el JuCzognatdrao  deest alo  rCesivoill udceió lan  cloasp lietagl adlem lean ptero lveignictiima addeol slu pguaer ddeonn dree cruardriicr am eeld iniamntuee dbelem eann edla p alanztoe 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello 
conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 27 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.