BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Viernes 2 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 79279
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
11029 Orden  ETD/704/2021,  de  25  de  junio,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda 
ancha de nueva generación.
La Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, estableció las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación, de 
velocidad ultrarrápida, para facilitar la transformación digital de la economía y de la 
sociedad, avanzando así en la consecución de los objetivos estratégicos establecidos 
por la Comisión Europea para 2025 en el documento «La conectividad para un mercado 
único digital competitivo-hacia una sociedad europea del Gigabit», con la finalidad de 
que todos los hogares, rurales y urbanos, tengan acceso a una conexión a internet que 
ofrezca  velocidades  de  bajada  de  al  menos  100  Megabits  por  segundo  (Mbps), 
actualizables a 1 Gigabit por segundo en ambas direcciones.
En el marco de dicha orden se han realizado dos convocatorias, publicadas en julio y 
diciembre de 2020, respectivamente, resueltas con la concesión de ayudas por un importe 
total de 142,6 millones de euros para la realización de 45 proyectos de despliegue de 
redes de fibra óptica hasta el hogar, relativos a otras tantas provincias españolas, con 
unos objetivos de dotación de cobertura a 790.000 unidades inmobiliarias.
La aprobación de medidas, tanto de la Unión Europea como nacionales, destinadas a 
paliar las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y a impulsar un nuevo modelo de 
crecimiento  económico,  permite  utilizar  fondos  provenientes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en adelante MRR, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, para la consecución de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía española, en adelante PRTR.
La transformación digital es sin duda uno de los principales motores de crecimiento y 
transformación de la economía española en los próximos años. Por ello, constituye uno 
de los cuatro ejes principales de dicho Plan. Dentro de la transformación digital, la 
conectividad  digital  constituye  un  factor  clave  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
económica, el aumento de la productividad, el impulso a la innovación y la vertebración 
territorial y social. Además, resulta necesaria para poder acceder a los servicios públicos 
y para poder participar activamente en la sociedad.
A través del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, 
la economía y los territorios, adoptado el día 1 de diciembre de 2020, en el marco actual 
del  PRTR,  se  aspira  a  sentar  las  bases  para  que  en  la  próxima  década  las 
infraestructuras  de  telecomunicaciones  en  España  tengan  la  asequibilidad, 
disponibilidad, capacidad y resiliencia adecuadas para favorecer la capacidad económica 
de  todas  las  personas  y  colectivos,  y  el  desarrollo  económico  de  cualquier  zona 
geográfica, coadyuvando al reto demográfico. s
En este ámbito, se prevé reforzar la cohesión económica, social y territorial, cerrando  e.
las brechas digitales existentes, dotando al país de la conectividad necesaria para  w.
ianusmtrEuelmn mteanor tdsoeu l oare dsdeielcie uanaycduioad  aapsna trerae  fgucutoulanradtison  ucearinrs  iscla.o nO rldae na pEueTsDta/3 4d8e/ 2d0e2s0p, ledgea 1r 3r eddee sa bdreil,  neuse uvan   2021-1102n https://w
mgeisnmeraasc,i óonb jeetniv oe lq uáem bsieto r ercuoragle  ye nz oenl aPsR TaRis,la edxatse nrdeideuncdioe,n ldao  blaan dbare acnhcah ad idgeita ml ueyn  alaltas   BOE-A-cable e
capacidad (VHCN, por sus siglas en inglés) a la población que aún no tiene cobertura de 
banda ancha a más de 100 Mbps, ni planes para su dotación por parte de ningún 
operador en los próximos tres años, estimada en torno al ocho por ciento del total. En el 
Plan se contemplan también otras medidas complementarias de último recurso para 
llevar la banda ancha a más de 100 Mbps al resto de la población que se estima que 
estará entre el uno y el tres por ciento.
Las modificaciones que se introducen en esta orden, además del cambio formal de 
nombre del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, que pasa a 
denominarse Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, 
tienen por objeto dar cabida como fuente de cofinanciación con fondos europeos al MRR,, 
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Adicionalmente  se 
realizan otras modificaciones para la actualización y mejora de la norma.
De acuerdo con lo anterior, se mantienen las disposiciones específicas relativas a la 
gestión con fondos FEDER limitando su aplicación a los supuestos en que se utilicen dichos 
fondos, y se añaden las relativas a los fondos del MRR, cuya utilización está prevista para las 
futuras convocatorias. De esta forma, se mantiene la aplicación de las disposiciones relativas 
al  seguimiento  y  certificación  de  los  proyectos  con  ayudas  concedidas  en  las  dos 
convocatorias ya realizadas y resueltas, con financiación mediante fondos FEDER.
El PRTR es un proyecto de país que traza la hoja de ruta para la modernización de la 
economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, 
para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la pandemia 
del COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década. El Plan incluye diversas 
medidas  de  reforma  e  inversión,  agrupadas  en  torno  a  treinta  componentes 
correspondientes a diez áreas políticas, siendo el componente n.º 15, el de liderar el salto 
tecnológico que se plantea en conectividad, impulso al 5G y ciberseguridad.
La envergadura de los presupuestos, objetivos y el calendario que se establecen en 
el PRTR aconseja ampliar el plazo de vigencia de la Orden ETD/348/2020, de 13 de 
abril, hasta el año 2024 y suprimir las limitaciones al tamaño de los proyectos.
Esta orden ha sido notificada a la Comisión Europea siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 108(3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con 
fecha 14 de junio de 2021, la Comisión Europea adoptó la Decisión C(2021) 4234 final, 
no formulando observaciones al considerar que estas ayudas son compatibles con el 
mercado interior con arreglo a lo establecido en el artículo 107.3.c) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
En la elaboración y tramitación de esta orden se han observado los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, 
respecto al principio de necesidad, las modificaciones que se introducen pretenden 
adaptar las bases reguladoras vigentes a la nueva situación creada con la aprobación de 
medidas destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y a 
impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico, principalmente, a través de los 
fondos provenientes del MRR de la Unión Europea para la consecución de los objetivos 
previstos en el PRTR. Dicha adaptación consiste en ampliar el plazo de vigencia para la 
concesión de subvenciones hasta 2024 e incorporar el MRR en la financiación de los 
proyectos  asociados  al  objeto  de  las  subvenciones.  En  referencia  al  principio  de 
proporcionalidad, sólo se realizan las modificaciones necesarias para la incorporación,  s
de los nuevos fondos europeos y la ampliación del plazo hasta 2024, manteniendo sin  oe.
cambios los demás aspectos, incluido lo relativo a la cofinanciación con Fondos FEDER.  w.
CmEs(o2tda0i 2foic1rad) ce4ino2 n3ge4as r afhinnatainzl ,a s aildal o cs odenegscuilrdaideraaraddra  jsuq rucídoein cefaos rtymaase  qsau ypeuo, dra al ase  fCescootnmo sics odiómen  paEayutuirbdolaepsse  adc eoe nnE  ssetual  dmDoee, crecissaitódanos    2021-1102n https://w
dinete rlaio rU cnoinó na rEreugrloop ae alo.  eRsetaspbelecctiod oa el np reinl cairptíicou ldoe 1 0tr7a.n3s.cp)a dreenl cTiraa, tasdeo  hdaen F euxnpcliiocnitaamdoie nlotos   BOE-A-cable e
motivos que justifican estas modificaciones y se da cumplimiento al principio de eficacia 
dando  continuidad  en  este  nuevo  escenario  al  proyecto  de  universalización  de 
infraestructuras digitales para la cohesión.
Por último, en la elaboración y tramitación de esta orden se ha tenido en cuenta que 
deberá  asegurarse  el  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño  significativo» 
(principio do no significant harm-DNSH), de forma que en las convocatorias que se 
realicen  dentro  de  las  medidas  de  inversión  incluidas  en  el  Plan  de  Recuperación 
Transformación y Resiliencia, los beneficiarios garantizarán el pleno cumplimiento de 
dicho principio y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de 
los proyectos y de manera individual para cada actuación.
En la tramitación de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se ha recabado el informe de la Abogacía 
del  Estado  y  el  informe  de  la  Intervención  Delegada  en  el  Ministerio  de  Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa 
de extensión de la banda ancha de nueva generación.
La  Orden  ETD/348/2020,  de  13  de  abril,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda 
ancha de nueva generación, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica que el título de la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, que pasa 
a denominarse «Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de Universalización de 
Infraestructuras Digitales para la Cohesión».
Dos.  Se da una nueva redacción al artículo 1 que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, con cargo al 
Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, dentro 
de lo previsto en la Agenda del Cambio para la promoción del avance científico y 
tecnológico,  que  incluye  el  despliegue  de  redes  de  banda  ancha  de  velocidad 
ultrarrápida para facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad.
En el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, se 
recoge expresamente este programa de ayudas como prioridad de inversión 2.a, 
dentro del objetivo temático 2, mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y el acceso a las mismas.»
Tres.  Se da una nueva redacción al apartado 2 y se añade un nuevo apartado tres 
en el artículo 2, quedando redactado de la forma siguiente: e.
nRoergm«io2an.t iavla C( FunEaaDncdiEooRn a)s.le  E yun t ciploiacmret uiccnuoiltfaainrr:iaan creiagcuióland oFrEaD dEeRl , Fsoenrád ot aEmubrioépne od ed aep Dliceascaiórrno llloa   2021-11029n https://ww
a)  El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca,  y  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo,
b)  el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, y
c)  la normativa de desarrollo de ambos como el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de 
información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el 
registro y el almacenamiento de datos y la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el 
período 2014-2020, con sus modificaciones posteriores.
En  todo  caso,  en  el  supuesto  de  que  las  convocatorias  se  incluyan  total  o 
parcialmente en el marco de las actuaciones previstas en otro Programa Operativo del 
nuevo periodo de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027, será de 
aplicación la normativa comunitaria reguladora del FEDER que sea de aplicación.
3.  Para las convocatorias que se realicen dentro de las medidas de inversión 
incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por 
Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, será de aplicación la normativa 
correspondiente a la gestión de las actuaciones incluidas en el mismo y, en 
particular,  el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio do no 
significant harm-DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se respetará la normativa 
medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la 
aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se 
respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, 
conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que 
pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.»
Cuatro.  Se da una nueva redacción al artículo 4 que queda redactado de la forma  bo
siguiente: 9w
«Artículo 4.  Ámbito temporal. 2021-1102n https://w
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde su entrada en vigor
hasta el 31 de diciembre de 2024. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por  Bc
ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y 
cierre de los correspondientes expedientes.»
Cinco.  Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 8 que queda redactado 
de la forma siguiente:
«1.  En cada convocatoria se podrán incluir todos o una parte de los ámbitos 
de concurrencia y se determinará la asignación del presupuesto disponible para 
cada uno, en función de la disponibilidad presupuestaria, de la disponibilidad de 
financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de las mayores necesidades de los 
usuarios, de su carácter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de 
centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos y 
de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre desarrollo 
económico o su mayor alejamiento.
También  se  establecerá  para  cada  ámbito  de  concurrencia  la  intensidad 
máxima de ayuda, en función de la disponibilidad presupuestaria, del mayor o 
menor  déficit  esperado  de  rentabilidad,  de  la  tasa  de  cofinanciación  FEDER 
aplicable y del número mínimo de unidades inmobiliarias a las que se debe 
proporcionar cobertura.»
Seis.  Se da una nueva redacción al artículo 9 que queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Ayuda máxima de los proyectos objeto de ayuda.
La  ayuda  máxima  que  se  podrá  solicitar  por  proyecto  en  cada  ámbito  de 
concurrencia no podrá superar las dotaciones asignadas ni las intensidades máximas 
de ayuda establecidas para ese ámbito en las correspondientes convocatorias.»
Siete.  Se  da  una  nueva  redacción  al  apartado  5  del  artículo  10  que  queda 
redactado como sigue:
«5.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden, las 
que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión 
de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de 
la presente orden y de cada convocatoria, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, 
información y publicidad, justificación y control del gasto.
En particular, en el caso de convocatorias que se realicen dentro de las 
medidas de inversión incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia, los beneficiarios garantizarán el pleno cumplimiento del principio de 
«no  causar  daño  significativo»  (principio  do  no  significant  harm-DNSH)  y  el 
etiquetado  climático  y  digital,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  por  el  Reglamento  (UE)  n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases 
del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  y  de  manera  individual  para  cada 
actuación.  En  dichas  convocatorias  se  especificarán  los  objetivos 
medioambientales y los requisitos que deberán garantizar los beneficiarios.» es
Ocho.  Se da una nueva redacción al artículo 12 que queda redactado como sigue: w.
«Artículo 12.  Modalidad de la ayuda y compatibilidad con otras ayudas. 2021-1102n https://w
cofin1a. ncLiaadsa sa pyuodr aesl  FqEuDeE Rs ec onostoisrtgiruáenn  ena lu naam cpoamrob indaec ióens dtae  sourbdveenn cyió ne, sctéonn 
cargo al capítulo 7 de los Presupuestos Generales del Estado, y de una ayuda a
fondo perdido con cargo a Fondos Comunitarios (FEDER) que se anticipará al 
beneficiario mediante un anticipo reembolsable con fondos comunitarios.
El anticipo reembolsable con fondos comunitarios consiste en la concesión, 
por  el  órgano  concedente,  de  un  préstamo,  con  cargo  al  capítulo  8  de  los 
Presupuestos Generales del Estado, que se amortizará a la recepción de la ayuda 
procedente de Fondos Comunitarios de la Unión Europea. De este modo, se 
permite al beneficiario la obtención de recursos anticipados para la realización de 
su proyecto. La ayuda procedente de Fondos Comunitarios se librará una vez 
justificada la realización del proyecto, en los términos exigidos por la normativa del 
FEDER.  Su  libramiento  se  realizará  en  formalización,  aplicándose  a  la 
amortización del anticipo reembolsable, sin salida física de fondos.
Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden y estén cofinanciadas 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consistirán en una subvención 
con cargo al capítulo 7, servicio 50, de los Presupuestos Generales del Estado.
2.  Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no son compatibles 
con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, 
procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  públicas  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 
Lo anterior es sin perjuicio de que las ayudas otorgadas al amparo de esta orden 
formen parte de actuaciones cofinanciadas con el FEDER o con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, garantizándose que no existe doble cofinanciación y 
dándose debido cumplimiento a la normativa nacional y europea al respecto.»
Nueve.  Se da una nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 13 que 
quedan redactados como sigue:
«2.  Se  entiende  por  intensidad  de  ayuda  el  importe  bruto  de  la  ayuda, 
expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. Todas las 
cifras empleadas se entenderán antes de deducciones fiscales o de otro tipo.
3.  La intensidad máxima de las ayudas previstas en esta orden no podrá 
superar el 95 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las 
previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda. 
En las convocatorias se establecerán los importes máximos de intensidad de 
ayuda en cada ámbito de concurrencia en función de los objetivos mínimos fijados, 
de las mayores o menores necesidades de intensidad de ayuda y, en su caso, de 
la tasa de cofinanciación FEDER aplicable.
4.  Para  evitar  una  sobre  compensación  posterior,  las  resoluciones  de 
otorgamiento de las ayudas podrán incluir una cláusula de revisión del importe de 
la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre 
compensación,  en  función  del  tipo  de  proyecto  y  de  las  incertidumbres  de 
previsión de la demanda, o una obligación de inversión de todos los beneficios 
suplementarios en ampliaciones adicionales de la red, en las mismas condiciones 
que la ampliación realizada con la ayuda concedida. Cuando el importe de la 
ayuda supere los 10 millones de euros, esta cláusula será preceptiva.»
Diez.  Se  da  una  nueva  redacción  al  apartado  1  del  artículo  15,  que  queda 
redactado como sigue:
«1.  Las ayudas se destinarán a cofinanciar inversiones y gastos que estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos  e.
que resulten seleccionados y que se materialicen en el período que va desde la  w.
rpcearaeslsoize ansdteaorcá cinóo nne  dlaeeng tilebarl eisosor ildliacaistdu  idan  vlhaea rpssrtiaoe nsleaen sf teaycc higóaan sd dteoe s fl ianq ausloeizl aicscietiuó hdnu. dbeiel rparno yceocmtop. rEomn entiindgoú no   2021-1102n https://w
artícSuelo  co3n1s iddeer alna  inLveeyr s3io8n/2e0s 0y3 ,g adseto s1 7e ledgeib lneosv, ieenm blorse , téermn ineol s aprtríecvuilsot os8 3e nd eell   BOE-A-cable e
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,, cuando se 
utilice cofinanciación FEDER, en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, 
con sus modificaciones posteriores, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional  para  el  período  2014-2020,  los  siguientes  conceptos 
asociados al proyecto:
a)  Infraestructuras y obra civil.
b)  Equipamiento y otros materiales.
c)  Gastos de personal propio.
d)  Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto.
En las convocatorias se podrán incluir instrucciones u orientaciones detalladas 
sobre inversiones y gastos financiables y no financiables, de acuerdo con lo 
establecido en las normas anteriormente referidas.»
Once.  Se da una nueva redacción al artículo 23, que queda redactado como sigue:
«En esta fase se valorará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)  El  solicitante  acredita  reunir  la  condición  de  operador  debidamente 
habilitado.
b)  El proyecto tiene por objetivo proporcionar cobertura de redes de banda 
ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al 
menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como 
ascendente, en la totalidad o parte de las zonas elegibles pertenecientes a un 
ámbito de concurrencia de los incluidos en la correspondiente convocatoria.
c)  El solicitante acredita la solvencia técnica y económica necesaria para el 
desarrollo del proyecto.
Para  un  determinado  proyecto  se  considerará  acreditada  la  solvencia 
económica del solicitante cuando el presupuesto financiable del proyecto para el 
que se solicita la ayuda sea menor que el volumen de las inversiones anuales de 
los últimos tres ejercicios. Cuando, en una determinada convocatoria, un mismo 
operador presente solicitudes para varios proyectos, la solvencia económica del 
solicitante en relación con cada proyecto se considerará acreditada cuando la 
suma de los presupuestos financiables de todos sus proyectos no supere el 
volumen de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios. En caso de que 
se  supere  esta  cantidad,  se  podrá  considerar  no  acreditada  la  solvencia 
económica del solicitante en relación con cada uno de los proyectos presentados, 
sin perjuicio de que, en el oportuno trámite de audiencia, este pueda renunciar a 
una o varias de sus solicitudes a fin de cumplir con dicha condición.
Como alternativa a lo establecido en el párrafo anterior, una solicitante también 
podrá acreditar la solvencia económica en relación con el proyecto o proyectos 
presentados,  aportando  el  resguardo  de  una  garantía  depositada  en  la  Caja 
General de Depósitos por el cincuenta por ciento de la ayuda total solicitada, en 
cualquiera de las modalidades previstas en el Real Decreto 937/2020, de 27 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y 
con los requisitos establecidos para las mismas. Dicha garantía responderá de la 
aceptación de la ayuda en caso de concederse, siendo independiente de la que se  es
constituya  como  garantía  del  pago  anticipado,  según  lo  establecido  en  el  o
artículo 29 de esta orden. Su liberación se practicará de oficio si no se concede  9w
paaryneutivdcSiiaapem a odce,oon n,te esrne i dfpecerarroiasdyroaeá  c edtaonecs  er ecld doaeinrt tacíscdeiumadl eoillr aas2r e9es,.s 2o c lovdue eans neucdsipaotea  r tsoiéoercrd enecsicno a.nc sactriuatuacytneadr oísla tis cega ashr aaenyntaí anlo  sdre eaúl llitpzimaagdooos    OE-A-2021-1102able en https://w
cinco años, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para 
la realización del proyecto.
La causa de no superación de esta fase de preevaluación será publicada en la 
sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
concediendo  a  los  interesados  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  formular 
alegaciones.»
Doce.  Se  da  una  nueva  redacción  al  apartado  5  del  artículo  25,  que  queda 
redactado como sigue:
«5.  La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario supone, entre otros, 
la aceptación, en el caso de cofinanciación FEDER, de que su propuesta va a 
aparecer en la lista de operaciones de carácter público, prevista en el artículo 115, 
apartado  2,  del  Reglamento  (UE)  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 17 diciembre de 2013, con el contenido mínimo que se señala en el 
anexo XII de dicho Reglamento, sin perjuicio de la publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones en los términos previstos en los artículos 18 y 20 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»
Trece.  Se  da  una  nueva  redacción  al  apartado  2  del  artículo  29,  que  queda 
redactado como sigue:
«2.  En las correspondientes convocatorias se podrá exigir al beneficiario la 
constitución de garantías, ante la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las 
modalidades previstas en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y con los requisitos 
establecidos para las mismas.»
Catorce.  Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 30, que 
quedan redactados como sigue:
«1.  La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y, en caso de cofinanciación FEDER, con lo 
establecido en la normativa aplicable del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea.»
«3.  La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación, justificativa 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y 
una  memoria  económica,  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas 
conteniendo una relación clasificada de todos los costes directos elegibles con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha 
de pago, con indicación, en su caso, de las desviaciones acaecidas respecto al 
presupuesto  aprobado.  Con  dicha  relación  se  adjuntarán  las  facturas  o 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago, con la excepción, 
en el caso de financiación con el Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia, de 
las facturas y documentos de pago asociados de importe inferior a 3.000 euros, 
sin  perjuicio  de  su  aportación  en  cualquier  momento  posterior,  previo 
requerimiento. es
En las convocatorias se podrán incluir opciones de costes simplificados en  o
relación con los conceptos de costes indirectos, costes de personal propio y otros  9w
cdienoossstctatrueubmscle cecinoiddtniaoreec seció ntono es  g,l  jauuríseattíniscf i ucplaloaat sir7va 2a   scduoed nlee dR liacelbiagoo lnarearmescae iólninqzto,au  ceyai  ópcnrauo lablíld aqedusloi ee  prp oroeorts yrRtoeae cbaatlosel ,pDz eceacccotnroen,  tfrooea rl8msa8ít ei7v /oc2o a0am 0 6olloa,,     OE-A-2021-1102able en https://w
de 21 de julio.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable de que no 
se incluyen gastos facturados por personas físicas o jurídicas vinculadas con el 
beneficiario, con las excepciones que, en su caso, se indiquen expresamente. A 
estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas, las del 
denominado grupo "ampliado" definido en la Norma de elaboración de las cuentas 
anuales (NECA) 13.ª "Empresas del grupo, multigrupo y asociadas" del Plan 
General  de  Contabilidad,  aprobado  por  Real  Decreto  1514/2007,  de  16  de 
noviembre.»
Quince.  Se da una nueva redacción a los apartados 3 y 5 del artículo 31, que 
quedan redactados como sigue:
«3.  Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento 
de  la  ayuda  concedida,  emitirá  una  certificación  acreditativa  del  grado  de 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la 
ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran 
aprobado. En caso de cofinanciación FEDER y salvo que se haya apreciado un 
incumplimiento total, esta certificación tendrá el carácter de provisional. Si se 
hubiera apreciado un incumplimiento total se pasará directamente a la certificación 
definitiva que se recoge en el apartado 5 de este artículo.
Con  base  en  esta  certificación  provisional  el  órgano  encargado  del 
seguimiento de las ayudas iniciará el procedimiento de solicitud de reembolso de 
la cofinanciación FEDER asociada.
Si dicha solicitud es aceptada por la Autoridad de Gestión del Programa 
Operativo de Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020 e integrado a partir del 19 
de  diciembre  de  2017  en  el  Programa  Operativo  Plurirregional  de  España 
FEDER  2014-2020,  o  por  el  Órgano  Intermedio  en  quien  haya  delegado,  la 
certificación provisional se convertirá en definitiva.
En caso de no ser aceptada a los efectos de solicitud de reembolso FEDER, el 
órgano encargado del seguimiento de la ayuda valorará las causas de la no 
aceptación, teniendo en cuenta que si estas fueran imputables al beneficiario 
conllevará la revocación de la ayuda por la cuantía correspondiente, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 34.
En todos los casos, la certificación definitiva será notificada al interesado y 
servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.»
«5.  El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones 
del órgano encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la 
realización de las actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la 
resolución de concesión de la misma. Asimismo, en relación con el proyecto objeto 
de ayuda, el beneficiario estará sometido al control financiero de la Intervención 
General de la Administración del Estado, al control fiscalizador del Tribunal de 
Cuentas  y  a  los  controles  que  pueda  realizar  la  Comisión  Europea  y  las 
autoridades  de  gestión,  certificación  y  auditoría  del  Programa  Operativo  de 
Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020 e integrado a partir del 19 de diciembre 
de 2017 en el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 y 
los asociados al empleo de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
en su caso.»
Dieciséis.  Se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 32, que queda  s
redactado como sigue: oe.
lloo sd b«ise3pn.u eefAisctsioai mreioinss m lraoe ,lna eotinrvm aesal  tcaiva alsa osa  sdmoece fidianiddaaan sca iadl ceFi óEinnDf oFErERmD asEcoiRbó,rn e s yel arpásu  tbraelimcsipbdoiaéndns  addbeeis liatdipnaladicdeaascs i ódanel    2021-1102n https://w
ppúubblliiccoid ayd  sdoeb rel al aso pceararacciótenr,í striecafesr idtéacsn icpaasra  dee sltaes  pmeeridoiddoa s 2d0e1 4i-n2fo0r2m0 aceiónn  eyl   BOE-A-cable e
apartado 2.2 del anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 diciembre de 2013, con las características técnicas 
y demás instrucciones reguladas en el capítulo II del Reglamento de Ejecución 
(UE)  n.º  821/2014  de  la  Comisión,  de  28  de  julio  de  2014.  En  el  caso  de 
financiación con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será de 
aplicación lo previsto a tal efecto en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable.»
Disposición  adicional  única.  Adecuación  a  la  denominación  del  Programa  de 
Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión.
Todas  las  referencias  al  Programa  de  extensión  de  la  banda  ancha  de  nueva 
generación que se efectúan en la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de 
extensión de la banda ancha de nueva generación, y en las convocatorias de ayudas 
llevadas  a  cabo  en  su  cumplimiento,  se  entienden  realizadas  al  Programa  de 
Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 25 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría.
2021-1102n https://w