BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Viernes 23 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 91297
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12830 Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto en relación a la inscripción de 
una General Form of Order-Financial Order británica acompañada del anexo 
II del Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008.
En el recurso interpuesto por doña F.C.B en nombre y representación de doña E.C d 
G en relación a la inscripción de una General Form of Order-Financial Orden británica 
acompañada del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008.
Hechos
I
Mediante acta otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Solís Villa, el 22 de 
junio de 2020, con número 705 de protocolo, se protocoliza una resolución del Tribunal 
Central de Familia de Londres de 20 de septiembre de 2018 («General Order-Financial 
Orden», más formulario anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre 
de 2008.
II
Presentado el citado título en el Registro de la Propiedad de Madrid 6, fue objeto de 
la siguiente calificación negativa:
«Primero.  Se presentan al Registro de la Propiedad de Madrid n.° 6, el día 26 de 
noviembre de 2019, con el Asiento 1724 del Diario 104, los siguientes documentos:
Uno.  General  Form  of  Order-Financial  Order,  dictado  por  The  Family  Court  at 
Central Family Court, Case Number BV16D17562, de fecha 20 de septiembre de 2018; 
acreditado mediante Certificación de 1 de octubre de 2019, por la Juez de Distrito doña 
Yvonne Gibson. Con la Apostilla de La Haya.
Consta su firmeza el punto 10: "10.  Upon this Order being the final Order in these 
proceedings". Sin perjuicio de lo dispuesto en letras mayúsculas en el punto 21, lo que, 
en cualquier caso, implicaría el cumplimiento de las obligaciones por el demandado.
Dos.  Traducción de otra Certificación de igual contenido, expedida en fecha 26 de 
octubre de 2018, por el Juez de Distrito Gibbons. La traducción está realizada por doña 
A. M. A. C., Traductora-Intérprete Jurado, de fecha 15 de noviembre de 2019.
Tres.  Documento denominado "Annex II Extract from a Decision/Court Settlement in 
matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a 
declaration of enforceabily" acreditado mediante Certificación de 6 de octubre de 2019, 
por la Juez de distrito doña Yvonne Gibson. Con la Apostilla de La Haya.
Cuatro.  Traducción  del  documento  anterior.  En  realidad,  la  traducción  no  está 
suscrita por traductor jurado alguna, y está completado a bolígrafo. s
No se considera necesaria la traducción jurada, al ser comprensible el texto original. oe.
Cinco.  Instancia firmada digitalmente por la Letrada doña F. C. B. en fecha 26 de  w.
noviembre de 2019. 830ww
de  Sgeeinse. raDcioócnu m18e ntdoe d ennoovmieimnabdreo  Mdee ns2a0j1e9 L. exDneestc-Aripcucisóen-:I ni"cDiaedmoar nAdsau netox.e qCuoant ufre"c, hay 
acomSipeateñ.a ndTeox ototr odse  dlao cDuemmeanntodsa. de Exequatur dirigida al Juzgado de Primera Instancia. BOE-A-cable e
Ocho.  Fotocopia de Escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, don 
Ignacio Solís Villa, el 29 de septiembre de 2016, número 739 de su Protocolo.
Segundo.  En fecha 2 de diciembre de 2019, se adoptó por el Registrador de la 
Propiedad de Madrid N° 6, el Acuerdo literal siguiente:
Fundamentos  de  Derecho:  Se  ha  apreciado  en  la  documentación  aportada,  el 
siguiente defecto:
1.  Falta acreditar la liquidación o autoliquidación del impuesto de la relacionada 
escritura presentada. (artículos 254, 255 y 256 de la Ley Hipotecaria). Acuerdo: Se 
acuerda  la  suspensión  de  la  calificación  del  referido  documento,  por  la  causa 
expresada….
Madrid a 2 de diciembre de 2019.
La suspensión de la calificación fue notificada a la presentante.
La notificación a la presentante se hizo en persona en fecha 3 de diciembre de 2019. 
Consta firmado por la presentante: "Recibida la notificación en Madrid a 3 de diciembre 
de 2019".
En  fecha  31  de  febrero  de  2020,  se  aportan  al  Registro  de  la  Propiedad,  los 
siguientes documentos:
Seis.  Ejemplar  para  el  interesado  del  modelo  de  autoliquidación,  presentado 
telemáticamente el día 27 de febrero de 2020.
Siete.  Diligencia de presentación telemática en la Dirección General de Tributos de 
la Comunidad de Madrid con CSO (…).
Ocho.  Fotocopia del documento señalado con el número DOS, con sello de la 
Dirección  General  de  Tributos  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Número  de 
presentación 2020 1451866.
En consecuencia, conforme al artículo 18 párrafo segundo de la Ley Hipotecaria:
"Si el título... tuviera defectos subsanables..., el plazo de quince días se computará 
desde la fecha de la subsanación..."
Quinto.  En fecha 12 de marzo de 2020, se aportan al Registro de la Propiedad, los 
siguientes documentos, que habían sido previamente retirados: los enumerados como 
Documentos uno, dos, tres, cuatro y cinco.
Fundamentos de Derecho.
Se han apreciado en la Documentación aportada, previa su calificación registral, los 
siguientes defectos:
1.  Aparecer la finca registral 16.899 inscrita a favor de la entidad Horacio & Silva 
Transportes Rodoviários de Mercadorias Limitada, entidad distinta de las personas que 
intervienen en el procedimiento don R-M D R C y doña E C DE G; no dirigiéndose contra 
dicha entidad el procedimiento.
(Artículos 24 de la Constitución Española 20, 38.1 y 2, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria 
y 105 de su Reglamento). La entidad actualmente titular Horacio & Silva Transportes 
Rodoviários de Mercadorias Limitada, adquirió la finca a su anterior titular DON R-M D R 
C, casado en régimen de absoluta separación de bienes, con carácter propio, por título  s
de  compraventa,  bajo  condición  resolutoria,  en  virtud  de  escritura  de  compraventa  oe.
aSuetioferirzt,a ndúam eel r2o  d6e0 7o cdteu bsrue  Pdreo t2o0c1o9lo, .por el Notario de Madrid, don Alejandro Ruíz-Ayúcar  2020-12830n https://www.
2.  No contener el título la transmisión del dominio de la finca 16.899, Piso (…); 
refiriéndose por el contrario, a obligaciones de hacer. Así:
El Acuerdo 13: "El Demandante transmitirá –'shall transfer'– a la Demandante el 2 de 
noviembre de 2018 todo su dominio de propiedad y participación en el inmueble sito en 
C/ (…) (N.° Registro de la Propiedad F. 16.899), sujeto a la hipoteca a favor de KLB 
España garantizada con respecto al inmueble, y pagará los costes de dicha transmisión."
El Acuerdo 12. "El demandado pagará a la Demandante las siguientes cantidades 
globales:
d.  En el caso de que el inmueble mencionado en el apartado 13 no se haya 
transmitido a la Demandante antes del 2 de noviembre de 2018, el Demandado pagará 
una cantidad global adicional de 529.227 £ (el valor estimado en ese inmueble) antes de 
las 16:00 del 2 de noviembre de 2018, y la orden de transmisión de la propiedad quedará 
desestimada tras el pago de esa cantidad global."
(Artículos 1, párrafo primero, 2.1 de la Ley Hipotecaria y 609 del Código Civil).
Como señala la Resolución DGRN de 20 de junio de 2013 (BOE 29 de julio de 2013):
"1.  La primera cuestión planteada en este recurso es la de si una sentencia de 
divorcio dictada por un juez inglés que impone a la esposa la obligación de transmitir 
determinada finca sita en España al marido, por haberlo acordado así ambos cónyuges 
durante el procedimiento, es subsumible dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) número 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, y si de ello se sigue 
el  reconocimiento  e  inscripción  automática  de  tal  transmisión  en  el  Registro  de  la 
Propiedad español. Se plantea, por tanto, en este expediente la cuestión de determinar 
cuáles son los requisitos para que una resolución extranjera semejante pueda causar un 
asiento en el Registro de la Propiedad español habida cuenta de que el recurrente 
entiende que la misma puede acceder directamente y sin más trámite a los folios 
registrales.
Por lo tanto, el sistema de reconocimiento directo implantado por los instrumentos 
comunitarios  permiten  invocar  directamente  la  resolución  judicial  extranjera  ante  el 
registrador español, sin necesidad de un procedimiento previo de reconocimiento a título 
principal, que es sustituido por el control incidental por parte del mismo registrador, en 
virtud del cual deberá determinar con carácter previo a autorizar el acceso al Registro 
español de la resolución extranjera si ésta reúne los requisitos necesarios para ser 
reconocida en España (requisitos externos, formales o de autenticidad, y requisitos 
internos relativos a la no concurrencia de los motivos de denegación antes señalados).
4.  Ahora bien, así como el Reglamento de Bruselas II bis, al igual que el resto de 
instrumentos  comunitarios  antes  citados,  establecen  el  modelo  de  reconocimiento 
directo,  o  automático,  señalado,  por  el  contrario  la  regulación  de  la  ejecución 
propiamente  dicha  de  las  resoluciones  extranjeras  se  mantiene  residenciada  en  el 
ámbito  de  los  ordenamientos  nacionales,  por  lo  que  las  resoluciones  judiciales 
relacionadas con los procesos de ejecución, incluidas las medidas cautelares, quedan 
sujetas  en  cuanto  a  su  implementación  o  ejecución  a  lo  establecido  en  los 
ordenamientos  nacionales.  Del  mismo  modo  quedan  fuera  de  los  instrumentos 
comunitarios, y por ende sometidos a los respectivos ordenamientos nacionales, la 
denominada «ejecución impropia» mediante el acceso a los registros públicos jurídicos 
de las resoluciones judiciales extranjeras declarativas o constitutivas, que como tales no 
requieren  de  un  procedimiento  de  ejecución  posterior  «stricto  sensu».  Por  tanto,  e.
corresponde a la legislación del Estado del que depende el registrador, como autoridad  w.
encargada de la llevanza del Registro, determinar el procedimiento, requisitos y efectos  830ww
dinete lran ai ntsecnrdiprcái óenl  ldíme itdei,c hcoam roe ssoelu hciaó ns eeñxatrlaadnoje rpao, r slai  bdieonct rlian aa py lilcaa cjuiórins pdrued elan cnioar, mdaet invao 
pSoedneter ncainausl adre l eTl ribduennaolm dinea Jduos ti«ceiafe dceto l aú Ctilo»m  udnei dlaods  Einusrotrpuemae ennto lso se ausroupnetooss  C(-v3id8.8 /9la2s,   BOE-A-cable e
C-443/03 y C-185/2007), entendiendo por tal la efectividad práctica del principio de 
confianza mutua, en virtud de la cual la resolución dictada por un juez de otro Estado 
miembro debe merecer la misma confianza que la dictada por un juez nacional, y en 
consecuencia no recibir un trato discriminatorio o desfavorable.
Por otra parte, dado que los Reglamentos europeos no establecen normas propias 
relativas al procedimiento a través del cual las autoridades nacionales ante las que se 
invoque una resolución extranjera deban llevar a cabo el control incidental de éstas en 
cuanto a los requisitos de reconocimiento impuestos por aquéllos, este control se ha de 
desenvolver dentro del propio procedimiento en que la resolución extranjera se invoca, y 
con sujeción a sus propias reglas. En el caso de que la resolución extranjera se haga 
valer ante un Registro de la Propiedad español, serán las normas de la legislación 
hipotecaria española que regulan el procedimiento registral las que fijen el modo y 
condiciones en que dicho control se haya de producir, lo que implica la aplicación a éste 
de las reglas de la calificación registral. Dicho en otros términos, el control incidental por 
el registrador de la resolución extranjera se llevará a cabo integrándolo en su función 
calificadora.  Pero  el  hecho  de  que  el  resultado  de  este  control  sea  favorable,  no 
determina «per se» que la resolución extranjera pueda acceder al Registro, pues los 
instrumentos comunitarios, en general, no modifican, como se ha dicho, el régimen de 
ejecución de las resoluciones extranjeras, ni de la «ejecución impropia» a través de la 
inscripción registral, por lo que, una vez determinado que una resolución extranjera es 
recognoscible en España, se procede a la segunda fase, integrada por la calificación de 
dicha resolución extranjera conforme a las reglas comunes de la calificación de los títulos 
judiciales conforme a la legislación hipotecaria española (cfr. artículos 18 de la Ley 
Hipotecaria y 100 de su Reglamento) y doctrina de este Centro Directivo recaída en su 
interpretación...
8.  La segunda cuestión objeto de controversia en el presente expediente, es la de 
si una sentencia como la ahora examinada, que se limita a recoger la obligación de 
transmitir un bien inmueble, basta para producir una mutación jurídico-real susceptible de 
inscripción. Lo niega la nota de calificación en base a los artículos 2 de la Ley y 9 del 
Reglamento Hipotecarios, a lo que opone el recurrente básicamente dos argumentos: en 
primer lugar, que de una lectura razonable de la sentencia resulta que el juez ya impone 
la  extinción  de  condominio  y,  en  segundo  lugar,  que  la  mera  presentación  de  los 
documentos  ante  el  Registro  implica  ya  una  «transmisión  física»  (sic)  que,  de  no 
admitirse,  supondría  imponerles  una  carga  irrazonable,  la  de  otorgar  un  nuevo 
documento notarial.
Para resolver esta cuestión, una vez determinados los requisitos de reconocimiento 
de una resolución extranjera de divorcio que contenga pronunciamiento sobre el destino 
del patrimonio de los cónyuges en España, procede ahora analizar si (al margen de la 
necesaria subsanación del defecto anterior) concurren los restantes requisitos para que 
pueda producir una alteración del contenido del Registro de la Propiedad y, en particular, 
si estamos en presencia de uno de los actos, contratos o resoluciones que, por tener 
trascendencia jurídico-real inmobiliaria, pueden acceder al Registro de la Propiedad (cfr. 
artículo  2  de  la  Ley  Hipotecaria).  Para  ello  es  importante  recordar  que,  como  ha 
declarado reiteradamente este Centro Directivo (Resolución de 22 de febrero y 27 de 
julio de 2012), cualquiera que sea el título que se presente a inscripción en los supuestos 
internacionales, el mismo debe reunir los requisitos previstos en la normativa hipotecaria 
española por aplicación de las normas de conflicto de nuestro Código Civil qua así lo 
establecen  para  los  bienes  inmuebles  sitos  en  España  (cfr.  artículo  10.1).  A  este  s
respecto  el  Código  Civil  (cfr.  artículo  608)  atribuye  la  competencia  exclusiva  en  la  oe.
regulación y determinación de los títulos inscribibles, así como en cuanto a los requisitos  w.
formales de los mismos y norma de conflicto española (artículo 12.1 del Código Civil) y  830ww
ipnosrc rreipmciiósnió nq udee  déesbtae,n  lare luengiirs llaocsi ódno chuipmoetenctoasri ap rqeusee netsa dlao sq. uPea drteietenrdmoi ndae  lloas p rreeqvuiais fiitjoasc idóen 
ddee celasrtaed mo aersctoe  nCoernmtraot ivDoir,e rcetsivuolt ad ee vfoidrmenat er eqitueera ldaa L, eqyu eH ippaortae craeraializ easr tealb dleecsep,a yc haos íd leo  lhoas   BOE-A-cable e
títulos es necesario que por el registrador se proceda a su previa calificación en virtud 
del  principio  de  legalidad,  siendo  una  de  las  circunstancias  esenciales  que  deberá 
verificar al hacer tal calificación que el título presentado tiene transcendencia jurídico-real 
inmobiliaria, por imponerlo así la definición legal del contenido y objeto del Registro de la 
Propiedad (cfr. artículo 2 de la Ley Hipotecaria y 7 y 9 de su Reglamento). Y este 
requisito no concurre en el título examinado que, por sí mismo, no constituye, reconoce, 
transmite, modifica ni extingue el dominio de la finca a que dicho documento se refiere y, 
en  consecuencia,  no  es  inscribible.  En  efecto,  si  se  examina  detalladamente  las 
resoluciones judiciales presentadas, de las mismas resulta que, en base a un previo 
acuerdo de las partes demandante y demandada, el Tribunal, en lo que ahora interesa, 
ordena lo siguiente: que «2. La demandada transmita al demandado, dentro de los 14 
días desde la liberación de la hipoteca, todo su patrimonio legal y derechos de usufructo 
sobre la propiedad sita en (...), Alicante, España». Por tanto, es claro que se trata de una 
sentencia de condena, no de carácter declarativo o constitutivo, previo acuerdo de las 
partes, y pendiente de formalización posterior, previo cumplimiento de la condición de la 
previa liberación de la carga hipotecaria que pesa sobre la finca, a partir de cuyo 
momento  comenzará  el  plazo  fijado  para  cumplir  el  acuerdo/orden  de  transmitir  la 
propiedad cuestionada. En este sentido, como ha precisado este Centro Directivo, a 
diferencia de las sentencias declarativas o constitutivas, las sentencias de condena, 
incluyendo las de otros tipos que contenga también pronunciamientos de condena, 
requieren para su eficacia plena, y por tanto para su acceso registral, la tramitación del 
correspondiente proceso de ejecución. Como puso de manifiesto la Resolución de 4 de 
mayo de 2010, cuando la sentencia es de condena no dineraria, como en el presente 
caso en que impone una obligación de hacer, consistente en emitir una determinada 
declaración de voluntad negocial, no es aquélla el título directamente inscribible en el 
Registro, sino que lo serán los actos que en su ejecución se lleven a cabo. En este caso 
la sentencia no es presupuesto directo de su inscripción, sino de la legitimación del juez 
para proceder, en ejercicio de su potestad jurisdiccional –que se extiende no sólo a la de 
juzgar sino también a hacer ejecutar lo juzgado (cfr. artículos 117.3 de la Constitución 
Española, 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y108 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil)–, a su ejecución específica, supliendo la inactividad o resistencia del condenado.
Tampoco abona la tesis del recurrente la invocación que hace a la Resolución de 
este Centro Directivo de 27 de julio de 2012, de la que tan sólo se fija en el dato de que 
estimó el recurso (frente a una calificación que señaló como único defecto la falta de 
legitimación notarial de la firma de una instancia complementaria). Antes bien dicha 
Resolución avala la tesis contraria, como ya ha quedado expuesto, que precisamente 
para  evitar  interpretaciones  equivocadas  señaló  expresamente  que  «la  nota  de 
calificación, sin embargo, no hace referencia alguna a la idoneidad del documento 
presentado para producir efectos en España como tampoco hace referencia al contenido 
real del mismo, por lo que este Centro Directivo no puede hacer pronunciamiento alguno 
al respecto dada la limitación objetiva de este procedimiento (cfr. artículo 326 de la Ley 
Hipotecaria)». 9. Finalmente, la tercera cuestión objeto de controversia es relativa a la 
identificación de la finca, que la calificación recurrida considera insuficiente y necesitada 
de complemento".
3.  No acreditarse la inscripción en el Registro Civil del divorcio de don R-M D R C y 
doña E C DE G (artículos 89 Código Civil; 76 Ley del Registro Civil; y 263 y 264 del 
Reglamento del Registro Civil. Y artículos 4.7 y 61 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil. s
4.  No cumplirse, al pretender que se inscriba una transmisión de domino, con la  oe.
disposición Adicional Sexta de la Ley de Capitalidad –Ley 22/2006 de 4 de julio–, que  w.
literalmente dice: "Disposición Adicional Sexta. Impuesto sobre el Incremento del Valor  830ww
dines clroipsc iTóenr recnoorsre sdpeo nNdaiteunrtaele zdae  Unrbinagnúan.  Edlo cRuemgiesntrtoo  dqeu ela  cPornotpeinegdaa d ancoto  proa ctcicoanrtára tlao 
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previamente,  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca  reglamentariamente,  haber 
presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la  correspondiente  declaración  o 
comunicación".
En concordancia con el citado precepto, el nuevo artículo 33 de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre de 2001, dice:
1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Sexta  de  la 
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el Registro 
de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que 
contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por este impuesto 
en el Ayuntamiento de Madrid sin que se acredite previamente haber presentado, tal y 
como se establece a continuación, alguno de los siguientes documentos:
a)  El ejemplar original de la autoliquidación con la validación bancaria del ingreso.
b)  La declaración tributaria debidamente sellada en las oficinas municipales.
c)  La comunicación a que se refiere el artículo 27 de la presente ordenanza, que 
podrá realizar directamente en las oficinas del Registro de la Propiedad en impreso a tal 
efecto.
2.  En el Registro de la Propiedad se archivará una copia de la autoliquidación o 
declaración  presentada  y,  además,  en  los  supuestos  en  los  que  el  documento 
presentado  sea  de  comunicación,  otra  copia  será  remitida  por  el  Registro  al 
Ayuntamiento, utilizando para ello, siempre que sea posible, medios telemáticos. La 
copia archivada podrá serio en papel o digital.»
Artículo 2 de la Ordenanza Fiscal referida:
«1.  Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.
2.  El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, 
cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades 
dominicales de disposición o de aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por 
ministerio de la Ley, por actos mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o gratuito.»
Y el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria:
«5.  El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de 
ningún  documento  que  contenga  acto  o  contrato  determinante  de  las  obligaciones 
tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su 
caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del 
apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.»
Cabe añadir, como Fundamentos de Derecho:
Art. 110.1 y 6 –este último ya transcrito– del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  s
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  oe.
LocaD«lLeisosps.o nseu ejel t1o1s0 .1p.a1s:ivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  el  ayuntamiento  2020-12830n https://www.
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los
elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación 
procedente.»
De ellos resulta, como ya ha quedado expuesto, que se requerirá:
Bien una copia sellada de la autoliquidación.
Bien la exhibición de un duplicado del documento con el sello original de entrada en 
el  Registro  correspondiente  del  Ayuntamiento  de  la  alegación  de  prescripción,  no 
sujeción o aplazamiento.
O bien la mera comunicación a que se refiere el artículo 27 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana del Ayuntamiento de Madrid, firmada en el Registro de la Propiedad por el 
adquirente; salvo en los supuestos de adquisición mortis causa (también artículo 24 de 
dicha Ordenanza).
Acuerdo: Se acuerda la no inscripción de la documentación presentada, por las 
causas y en los términos que resultan de la presente Nota de Calificación. Madrid. 20 de 
marzo de 2020.
III
Fue notificada la calificación el 9 de junio de 2020, –en base a la aplicación del 
artículo 42 del R.D.L 8/2020–.
Doña F.C.B en nombre y representación de doña E.C d G interpuso recurso contra la 
referida calificación, mediante escrito que entró en el citado Registro el 8 de julio de 2020 
en el que alega los siguientes fundamentos.
No debe estimarse el primer motivo en el que se basa la denegación de la inscripción 
porque la transmisión de la titularidad de la finca que hizo don R D-R fue totalmente 
fraudulenta,  incumpliendo  de  forma  consciente  el  tenor  de  la  sentencia  inglesa  de 
fecha 20 de octubre de 2018, cuyo contenido conocía porque estaba personado en el 
procedimiento. Es cierto que el juez inglés en la sentencia no transmite inicialmente la 
propiedad de la vivienda, pero establece una fecha límite (2 de noviembre de 2018) para 
que esta transmisión (o en su defecto se abone el valor monetario en el que se estima la 
misma). Al no haberse realizado ni una cosa ni otra por parte de don R. el 2 de 
noviembre el efecto que tiene que deducirse necesariamente del incumplimiento, es que 
automáticamente queda transmitida la propiedad del inmueble. Lo contrario sería frustrar 
lo ordenado por el juez inglés y que doña E. quedase indefensa. Máxime cuando don 
Roberto se ha dedicado a hacer desaparecer sistemáticamente todo su patrimonio a fin 
de impedir que doña Eva pudiese ejecutar con éxito la sentencia inglesa.
La orden financiera que se dicta dentro del procedimiento de divorcio, pero es 
independiente de la disolución del vínculo matrimonial. La sentencia de divorcio y la 
orden  financiera  son  así  dos  resoluciones  independientes.  Y  la  que  contiene  la 
transmisión de la finca en cuestión cuya inscripción, en lo que se refiere a los efectos 
registrales que posee, se han intentado hacer en el Registro, es la Orden Financiera que 
está separada del divorcio. El divorcio todavía no está inscrito en el Registro Civil, pero 
se ha solicitado la inscripción tal y como se verifica con el sello de entrada de la solicitud. 
Se aporta sentencia de divorcio inglesa, su traducción y la solicitud de inscripción. No 
debe estimarse el cuarto motivo, en cuanto doña E. no está sujeta al pago del impuesto 
y, por lo tanto, tampoco al pago de la plusvalía. Se aporta comunicación a la Comunidad  s
de Madrid en este sentido. oe.
Mediante escrito de 289 de julio de 2020IV el registrador de la propiedad de Madrid, n.º  2020-12830n https://ww
P6 úebmlicitaió. informe y elevó el expediente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; Arts. 39 a 41 del Reglamento n.º 
2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000); 
Artículo 12 y 89 del Código Civil; Artículos 1, 2,18 y el Anexo II del Reglamento (CE) n.º 
4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en 
materia de obligaciones de alimentos. Artículos 1, 4, 18, 20, 38.1 y 2, 82, 83 y 254.5 de 
la Ley Hipotecaria y 105 de su Reglamento; Articulo 59 y disposición final primera de la 
Ley 29/2015, de 30 de junio de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil; 
artículo 76 de la Ley del Registro Civil; y 263 y 264 de su Reglamento. Artículos 4.7 y 61 
de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (aun no vigente); Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 19 de junio de 2012; Resolución de esta 
Dirección General de fecha 20 de junio de 2013.
1.  Se plantea si es posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de una 
resolución («General Form of Order-Financial Order»), dictada por un Tribunal de familia 
británico, sobre finca que figura inscrita a nombre de persona distinta del obligado.
La orden, traducida y apostillada, constituye una resolución judicial firme, expedida 
por Juez ingles en un procedimiento de divorcio, acompañada entre otros documentos, 
en lo relevante, del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
En lo que aquí interesa se ordena que se transmita el pleno dominio de una vivienda 
y una participación indivisa (“el demandado transmitirá…”).
La vivienda fue en su día privativa del esposo obligado a favor de la esposa si bien, 
actualmente, aparece inscrita a favor de un tercero.
La recurrente considera que en base al artículo 59 de la Ley 29/2015, el registrador 
debe inscribir directamente la orden sin que sea óbice o impedimento la falta de tracto 
sucesivo, debido a la existencia de transmisiones que considera fraudulentas y sobre las 
que ha iniciado litigio.
2.  El registrador deniega la inscripción.
Señala en su calificación, que el hecho de estar inscritos los inmuebles a nombre de 
titular registral distinto (que no ha sido parte en procedimiento judicial alguno) impide, ya 
de plano, la inscripción.
Pero que, además, es doctrina reiterada de este Centro Directivo (Cfr. resolución 
de 20 de junio de 2013, en relación al Reglamento, aún vigente, n.º 2201/2003, del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000) que el reconocimiento 
incidental que realiza el registrador, como forma singular del reconocimiento general de 
los Reglamentos europeos –en los que se suprime el exequatur– como son los que aquí 
interesan, no excluye la calificación, conforme al art. 12 de del Código Civil, y por 
remisión a la legislación hipotecaria que es la que determina los requisitos de inscripción 
que deben reunir los documentos presentados.
3.  En cuanto a las fuentes normativas, la resolución judicial británica –dictada al 
amparo de un procedimiento de divorcio y de una resolución de alimentos, ambos  e
fundadas en Reglamentos europeos (CE) n.º 2201/ 2003 y n.º 4/2009–, no permiten la  bo
aplicación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, de carácter subsidiario a la  830ww
legisElanc ibóans eeu aro lpoesa  ayr taíc lual ocso n6v7e nyc i6o8n adl.el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de
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se encuentran vigentes, en los términos que allí se exponen, entre el Estado de origen, 
Reino Unido, y el de recepción, España.
4.  Pero la vigencia de esta normativa no implica una ejecución inmediata.
En este caso, el anexo II del R. (CE) n.º 4/2009, que acompaña la resolución judicial, 
se refiere al extracto de una resolución o transacción judicial en materia de obligación de 
alimentos sometido a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur; 
por lo tanto, será una resolución judicial española la que establezca el reconocimiento de 
la misma y en su caso la adaptación de las medidas adoptadas en origen.
Con independencia de lo anterior, conforme a los artículos 10.1 y 12 del Código Civil, 
todo requisito referente a la «lex rei sitae», y por tanto a los requisitos para el acceso a 
los  libros  registrales,  su  funcionamiento  y  eficacia,  corresponderán  al  ordenamiento 
jurídico español. (Cfr. Sentencia de la Sala Primera Tribunal Supremo de 19 de junio 
de 2012).
5.  En cuanto al segundo defecto recurrido, no encontrándose inscrita la finca a nombre 
del demandado, sino de persona distinta que no consta notificada ni demandada en la 
resolución que pretende acceder al registro, –título que, por sí mismo, no constituye, 
reconoce, transmite, modifica ni extingue el dominio– como señala el registrador, conforme 
a los arts. 1. 3 y 20 de la Ley Hipotecaria, no permite, adicionalmente su inscripción.
6.  También  debe  ser  confirmado  el  tercer  defecto,  en  cuanto,  fundándose  la 
pretensión en una sentencia de divorcio, no ha sido presentada con los requisitos 
formales  necesarios,  pues  dicha  sentencia  no  está  inscrita  en  el  Registro  Civil 
correspondiente, siendo al menos la esposa española.
7.  Finalmente, pese a no constituir un título con trascendencia jurídico-real, tiene 
razón el registrador al observar que, al pretender que se inscriba una transmisión de 
domino, –aunque no sea tal– en base a la disposición Adicional Sexta de la Ley de 
Capitalidad –Ley 22/2006 de 4 de julio–, corresponde acreditar conforme artículo 254.5 
de la Ley Hipotecaria que se han realizado la presentación o notificación prevista en 
relación al Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
por lo que corresponde asimismo confirmar el defecto observado.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y  confirmar 
íntegramente la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 8 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.