BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Miércoles 14 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 87599
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12235 Resolución  de  28  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Marbella n.º 3 a inscribir una escritura de 
constitución de hipoteca.
En el recurso interpuesto por don José Ordóñez Cuadros, notario de Marbella, contra 
la negativa del registrador de la propiedad de Marbella número 3, don Fructuoso Flores 
Bemal, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada ante el notario de Marbella don José Ordóñez Cuadros 
el día 21 de enero de 2020, con número 134 de protocolo, una señora de nacionalidad 
rusa compró una vivienda, manifestando en la escritura que había contraído matrimonio 
con anterioridad al 29 de enero de 2019 y que, al no haber otorgado capitulaciones 
matrimoniales  y  no  ostentar  la  misma  nacionalidad  que  su  esposo,  su  régimen 
económico matrimonial es el legal supletorio en Reino Unido, por ser éste el país de su 
residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. 
Estas  manifestaciones  se  recogen  en  el  asiento  registral  de  la  inscripción  de  la 
compraventa,  que  se  realiza  «a  favor»  de  dicha  señora,  «casada,  por  título  de 
compraventa, con sujeción a su régimen matrimonial». Y en el otorgamiento de la 
escritura se hace constar que dicha señora «compra y adquiere para sí con carácter 
privativo».
En escritura autorizada por el mismo notario ese mismo día con número 135 de 
protocolo, la compradora, manifestando que la vivienda no era la habitual de su familia, 
constituyó  hipoteca  sobre  dicha  vivienda,  en  garantía  del  préstamo  obtenido  para 
financiar su adquisición.
Presentadas esas escrituras en el citado Registro, se inscribió la de compraventa y 
se suspendió la inscripción de la de hipoteca, entre otras razones, por las siguientes:
«(…) 4) No consta acreditado el régimen matrimonial de separación de bienes de la 
señora  V.  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  Artículos  95  del  Reglamento 
Hipotecario, que exige acreditación documental y pública (arts. 3 de la Ley Hipotecaria 
y 33 y 34 del Reglamento Hipotecario).
5)  Tampoco resulta ni se acredita que, según la legislación aplicable, dicha señora 
pueda  disponer  por  sí  sola  de  la  finca,  al  haberla  adquirido  casada,  conforme  al 
artículo 36 del Reglamento Hipotecario, que exige expresamente dicha acreditación 
mediante la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, 
Cónsul o funcionario competente del país de la legislación aplicable, entre otros medios. 
(…)».
Conforme al artículo 153 del Reglamento Notarial, el día 14 de abril de 2020, el  e
notario autorizante de la escritura extendió diligencia complementaria de la anterior  bo
escritura de compraventa, haciendo constar: 235ww
ucra«n–ia nQau ye ,s ue ne speol smo,o bmrietánntoic ad, ec osmuo  mreasturilmtao dneiol ,c elart ificcoamdop rdaed omraa trtiemnoían ion qaucieo nsael iduande 
a la presente.
– Que, dada la distinta nacionalidad de los cónyuges en el momento del matrimonio, 
y conforme a lo exigido por el artículo 159 del Reglamento Notarial, procedí a indagar 
sus circunstancias personales y patrimoniales al objeto de la adecuada aplicación de la 
norma de conflicto española, (artículos 9.2 y 12 del CC), para determinar el régimen 
económico  matrimonial  aplicable,  expresándose  en  la  escritura  que  su  régimen 
matrimonial era el legal supletorio en el Reino Unido, como país de su residencia 
habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Siendo ese 
régimen el legal correspondiente y no el convencionalmente pactado, se expresó así por 
la mera declaración de la otorgante, sin solicitarse una justificación documental que la ley 
no exige.
– Que, para la determinación de dicho régimen, se expresó en la escritura que “ … 
contrajeron  matrimonio  con  anterioridad  al  29  de  enero  de  2019  …”,  cuando  del 
certificado matrimonial unido resulta que la fecha correcta del matrimonio fue el día 23 de 
marzo de 2019 y, por tanto, vigente ya el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales. La aplicación de dicho reglamento 
conduce al mismo régimen económico matrimonial expresado en la escritura, pues su 
artículo 20 señala su vocación universal (“aunque la ley aplicable sea la de un Estado no 
miembro”) y, conforme a su artículo 21, para todos los bienes incluidos en dicho régimen, 
con independencia de donde los bienes estén situados. Todo lo cual se hace constar a 
los solos efectos de la subsanación de la fecha y normativa expresada en la escritura, 
pero sin que conduzca a solución distinta de la también expresada.
– Que  en  la  escritura  consta  pues  el  régimen  económico  matrimonial  de  la 
compradora (el legal supletorio británico) y que, conforme al artículo 92 del Reglamento 
Hipotecario, cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes 
casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera  que  constase  en  el  título,  la 
inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos, haciéndose constar en ella que se 
verifica con sujeción a ese régimen matrimonial (al británico, en este caso).
– Que, yo el notario, en este acto, por mi conocimiento directo y con valor de 
testimonio de ley, hago constar que en el Reino Unido el sistema legal es el de absoluta 
separación  del  patrimonio  de  cada  uno  de  los  cónyuges,  que  conduce  a  la  libre 
administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios.»
II
Presentada la escritura de constitución de hipoteca en unión de la referida diligencia 
complementaria de la escritura de compraventa, fue objeto de la calificación siguiente:
Visto  por  Fructuoso  Flores  Bernal,  Registrador  de  la  Propiedad  de  Marbella 
número 3, Provincia de Málaga, el procedimiento registral identificado con el número de 
entrada 430 del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo 
Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción.
En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos 
presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes:
Hechos:
I.  Se presenta telemáticamente el día 21 de enero de 2020, bajo el asiento 293 del  s
Tomo 151 del diario, escritura autorizada por el Notario de Marbella, don José Ordoñez  oe.
Cuadros con igual fecha, protocolo 135, de la que se acreditó el pago del Impuesto el día  w.
sSiaebteIaI .d deelEl  Snfe Alba,r  seeorsobc rreist uiglaruasi  eofinnbtcjeea,t sop  ndoúerm  claea rloiqfisuc ae5c 6i.Aó1n.1 ,9 VA,. ,5.  6Vc..o2, n0ds5et i ytnu 5ay6cei. o2hn1ia8pl oiddteea cdea sr tueas  aRf,ae mvgoiasrnt ridofie.e stBaa qnuceo   2020-12235n https://ww
se encuentra casada con G. Z., con quien contrajo matrimonio con anterioridad al 29 de
enero de 2019 y que, al no haber otorgado capitulaciones matrimoniales y no ostentar la  Bc
misma nacionalidad, –sin que se indica que nacionalidad tiene– su régimen económico 
matrimonial es el legal supletorio en Reino Unido, por ser éste el país de su residencia 
habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, sin que se 
acredite documentalmente.
Dicho documento que fue objeto de calificación negativa con fecha 12 de marzo 
de 2020, de acuerdo con los fundamentos de Derecho, que a continuación se indican:
1)  El contrato matrimonial es un acto bilateral que requiere el consentimiento de 
ambas partes para todos los efectos no pudiendo dejarse a voluntad de uno de los 
contratantes, artículo 1.256 CC y concordantes; los efectos patrimoniales del matrimonio 
también se rigen por el principio de consentimiento mutuos, artículo 1.254 del CC y 
concordantes y artículo 1.315 del CC y concordantes; por lo que no resulta acreditado el 
acuerdo de ambos cónyuges el cual deberá existir y determinarse de conformidad con la 
ley aplicable a su régimen económico matrimonial y en caso de desacuerdo serán los 
Tribunales los que determinen la Ley aplicable y su régimen matrimonial.
2)  La compareciente no manifiesta la nacionalidad del consorte y determina su 
régimen económico matrimonial por sola afirmación unilateral.
3)  Para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados 
sometidos  a  legislación  extranjera,  pues  no  se  exige  la  acreditación  «a  priori»  del 
régimen económico-matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del 
adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará 
con sujeción a su régimen matrimonial (artículo 92 Reglamento Hipotecario); consiste en 
aplazar  tal  prueba  para  el  momento  de  la  enajenación  o  gravamen  posterior, 
inscribiéndose la adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción 
(«con indicación de este, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto 
reglamentario), difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues 
dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se 
hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando 
a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se 
limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere 
«con sujeción a su régimen matrimonial». En el acto calificado nos encontramos con un 
supuesto de acto dispositivo o gravamen posterior.
4)  No consta acreditado el régimen matrimonial de separación de bienes de la 
señora  V.  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  Artículos  95  del  Reglamento 
Hipotecario, que exige acreditación documental y pública (arts. 3 de la Ley Hipotecaria 
y 33 y 34 del Reglamento Hipotecario).
5)  Tampoco resulta, ni se acredita que, según la legislación aplicable, dicha señora, 
pueda  disponer  por  sí  sola  de  la  finca,  al  haberla  adquirido  casada,  conforme  al 
artículo 36 del Reglamento Hipotecario, que exige expresamente dicha acreditación 
mediante la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, 
Cónsul o funcionario competente del país de la legislación aplicable, entre otros medios.
6)  Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 y 3 del Código Civil: «2.  Los efectos 
del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de 
contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de 
cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la 
celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual 
común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del 
lugar de celebración del matrimonio…3. Los pactos o capitulaciones por los que se 
estipule,  modifique  o  sustituya  el  régimen  económico  del  matrimonio  serán  válidos  e.
cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de  w.b
la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del  235ww
otor(gRaemsioelnutcoi»o.nes de la D.G.R.N. de 5 de marzo de 2007, 4 de diciembre de 2015 y 10
de o7c)t ubQreu eddea 2 0p1e8n deinetnrete o tdraes )c.alificar la hipoteca otorgada hasta que se subsane el
defecto anterior.
La falta se califica de subsanable en la forma expresada.
Y que ahora se presenta de nuevo en unión de diligencia complementaria de la 
escritura autorizada por el notario señor Ordóñez Cuadros, el día 21 de enero de 2020, 
protocolo 134, efectuada por el propio señor Ordóñez, el día catorce de abril de dos mil 
veinte, en la que hace constar: Que, dada la distinta nacionalidad de los cónyuges en el 
momento del matrimonio, y conforme a lo exigido por el artículo 159 del Reglamento 
Notarial, procedí a indagar sus circunstancias personales y patrimoniales al objeto de la 
adecuada aplicación de la norma de conflicto española, (artículos 9.2 y 12 del CC), para 
determinar el régimen económico matrimonial aplicable, expresándose en la escritura 
que su régimen matrimonial era el legal supletorio en el Reino Unido, como país de su 
residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. 
Siendo ese régimen el legal correspondiente y no el convencionalmente pactado, se 
expresó así por la mera declaración de la otorgante, sin solicitarse una justificación 
documental que la ley no exige.
– Que, para la determinación de dicho régimen, se expresó en la escritura que « … 
contrajeron  matrimonio  con  anterioridad  al  29  de  enero  de  2019  …»,  cuando  del 
certificado matrimonial unido resulta que la fecha correcta del matrimonio fue el día 23 de 
marzo de 2019 y, por tanto, vigente ya el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales. La aplicación de dicho reglamento 
conduce al mismo régimen económico matrimonial expresado en la escritura, pues su 
artículo 20 señala su vocación universal («aunque la ley aplicable sea la de un Estado no 
miembro»)  y,  conforme  a  su  artículo  21,  para  todos  los  bienes  incluidos  en  dicho 
régimen, con independencia de donde los bienes estén situados. Todo lo cual se hace 
constar a los solos efectos de la subsanación de la fecha y normativa expresada en la 
escritura, pero sin que conduzca a solución distinta de la también expresada.
– Que  en  la  escritura  consta  pues  el  régimen  económico  matrimonial  de  la 
compradora (el legal supletorio británico) y que, conforme al artículo 92 del Reglamento 
Hipotecario, cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes 
casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera  que  constase  en  el  título,  la 
inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos, haciéndose constar en ella que se 
verifica con sujeción a ese régimen matrimonial (al británico, en este caso).
– Que, yo el notario, en este acto, por mi conocimiento directo y con valor de 
testimonio de ley, hago constar que en el Reino Unido el sistema legal es el de absoluta 
separación  del  patrimonio  de  cada  uno  de  los  cónyuges,  que  conduce  a  la  libre 
administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios.
III.  Calificado de nuevo el documento a la vista de la diligencia practicada, no se 
considera  subsanado  el  defecto  reseñado,  por  lo  que  se  suspende  de  nuevo  la 
inscripción interesada, de acuerdo con los siguientes
Fundamentos de Derecho:
Reglamento de la Unión Europea 2016/1113 24 de junio de 2016.
Este Reglamento se basa en el común acuerdo de los cónyuges, así el artículo 22/1 
…designará de común acuerdo …
Artículo 28 y concordantes sobre efectos frente a terceros. e.e
Artículo 26/1A en defecto de elección común, será la ley de la residencia habitual  b
común tras la celebración del matrimonio. 235ww
matrNimo onsieo  caocnre edli taac ulae rdeole dcecli óont ror ecsóidneyungciea;  phoarb liotu qaul ec eosm núenc etrsaasr iol as uc ceolenborcaicmióienn tod eyl 
aproDbaadcoió nq udee  elol  parcotubaledmoa,  sfiuennddaom inesnutaficl ieesn tleas d metaenrmifeinstaaccióionn edse  ulan illaetye raaplelicsa.ble y ésta es
la elegida por voluntad común de los contrayentes.
Determinado el régimen matrimonial de manera bilateral y así acreditado y sin que 
existan modificaciones del mismo y así se asevere por ambos contrayentes, quedará 
entonces  subsanado  el  defecto.  En  los  demás  se  mantiene  a  nota  de  calificación 
practicada en su día.
Contra la presente nota de calificación cabe (…)
El Registrador.
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Fructuoso 
Flores Bernal registrador/a de Registro Propiedad de Marbella 3 a día tres de junio del 
año dos mil veinte.
III
El notario autorizante de la escritura, don José Ordóñez Cuadros, interpuso recurso 
contra la calificación mediante escrito presentado en el citado Registro de la Propiedad 
el 1 de julio de 2020, en el que alega los siguientes fundamentos jurídicos:
(…) Primero.  Disposiciones legales aplicables. Se citan como tales los artículos 1, 
párrafo tercero, 18, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria; 9 (apartados 1, 2 y 3), 10.1, 12 
(apartados 1, 4 y 6) del Código Civil; 53 de la Ley del Notariado; 77 de la Ley del 
Registro Civil; Reglamento (UE) n.° 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos 
matrimoniales; 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 33 a 36 y disposición adicional 
primera, letra t), de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional 
en materia civil; 34, 35, 36, 51.6' y 9', 54 y 92 del Reglamento Hipotecario; 159 y 168.4 
del Reglamento Notarial.
Segundo.  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo.  Se  citan,  a  este  respecto,  las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990 y 25 
de enero de 1999;
Tercero.  Resoluciones de la entonces Dirección General de los Registros y del 
Notariado.  Se  consideran  aplicables  al  supuesto  las  Resoluciones  de  la  Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 17 de enero de 1955, 14 de julio de 1965, 20 
de enero de 1983, 28 noviembre 1988, 21 mayo 1998, 5 de marzo, 27 de abril y 18 de 
octubre de 1999, 7 diciembre de 2000, 3 de enero, 13 de octubre y 19 de diciembre 
de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 14 de febrero, 1 de marzo y 10 de 
octubre de 2005, 11 de octubre de 2006, 26 de febrero de 2008, 15 de junio de 2009, 5 
de marzo de 2010, 20 de enero, 15 de julio y 20 de diciembre de 2011, 22 de febrero 
de 2012, 31 de octubre de 2013, 13 de agosto de 2014, 20 de julio, 28 de octubre y 4 de 
diciembre de 2015, 15 de febrero y 3 de agosto de 2016, 2 de febrero, 15 de marzo, 10 
y 17 de mayo, 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 5 de marzo, 2 de abril, 7 y 10 de 
septiembre, 19 de octubre y 7 de noviembre de 2018 y 27 de febrero y 1 de marzo y 7 de 
noviembre de 2019.
Cuarto.  Argumentos en apoyo del recurso. Las cuestiones que deben debatirse en 
este recurso se centran en la forma de determinar el régimen económico a que está 
sujeto  el  matrimonio  de  un  ciudadano  extranjero  casado  con  persona  de  distinta 
nacionalidad, que compra una finca en España y en la constancia en la inscripción 
registral de ese régimen y, en su caso, de su contenido.
Uno.  Doctrina de esa Dirección General. De las resoluciones que se han citado en  es
el fundamento anterior, resulta de forma clara la doctrina de esa Dirección General a  bo
propósito de la cuestión. 235ww
E1.s a Tdroactátrnindao speu eddee  pqeuresdoanra sre csausmaiddaas a, slaí: titularidad que debe publicar el Registro de
la Propiedad, queda afectada por la existencia convencional o legal de un régimen
económico matrimonial que determina el ejercicio y extensión del derecho publicado, por  Bc
lo que se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico matrimonial 
aplicable al titular registral y, para ello, el notario autorizante ha de indagar la situación de 
los otorgantes a fin de averiguar:
a)  Si  existen  capítulos  o  contrato  matrimonial  entre  ellos.  En  ese  caso,  debe 
testimoniar los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto.
b)  O si, por no haber otorgado capitulaciones, el régimen matrimonial es el legal 
supletorio  correspondiente.  En  ese  caso,  conforme  al  artículo  159  del  Reglamento 
Notarial, para su determinación bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de 
entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en derecho 
a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente 
versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer 
matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de 
capítulos, concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, 
será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a 
tal circunstancia (el carácter legal de dicho régimen), al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate.
2.  El  notario  español  está  obligado  a  aplicar  la  norma  de  conflicto  española 
(artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la ley material 
que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges, pues no debe confundirse 
la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero, con el deber de determinar cuál 
es la legislación extranjera aplicable.
3.  Conforme al artículo 92 del Reglamento Hipotecario, en la inscripción de bienes 
a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, se hará constar su 
régimen económico matrimonial, si constare, («con indicación de éste, si constare» 
expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario), y, si no constare, se 
inscribirá la adquisición sin necesidad de expresar el régimen, difiriéndose su prueba 
para el momento de la enajenación posterior.
4.  Si  el  notario  conoce  el  contenido  del  régimen  legal  supletorio  aplicable  al 
matrimonio del adquirente y lo testimonia así, o si ese conocimiento lo tiene el registrador 
y, por ejemplo, es un régimen de separación, así debe inscribirse.
Por resumir lo resumido:
– Si  el  régimen  económico  matrimonial  del  adquirente  es  convencional,  en  la 
escritura de ha de testimoniarse el correspondiente contrato matrimonial.
– Si, por ausencia de capítulos, el régimen económico matrimonial del adquirente es 
el legal supletorio, en la escritura no es preciso que conste el contenido de ese régimen 
(comunidad o separación, principalmente), pero sí el estado cuya legislación lo regula, y 
su determinación se basará en la manifestación notarialmente informada del otorgante y 
la aplicación de la correspondiente norma de conflicto española.
– Si el contenido del régimen (comunidad o separación, principalmente) resulta 
acreditado por las capitulaciones o por el conocimiento del legal supletorio por el notario 
o por el registrador, la inscripción se practicará conforme a dicho régimen.
Dos.  Aplicación de esa doctrina a la escritura en cuestión. En la escritura de 
compraventa cuya calificación se recurre, en mi condición de notario autorizante, apliqué 
la norma de conflicto española (artículo 12.6 del Código Civil) determinando, de acuerdo 
a dicha norma y ante la ausencia de contrato matrimonial y la distinta nacionalidad de los  e.e
contrayentes, y tras la indagación mediante la declaración informada y responsable de la  b
compareciente, que era la legislación británica la ley material que resultaba aplicable al  235ww
rinémgiemdeiant aemceonntóem piocost edreio rl aa  lcao cmeplerbardaocriaó,n  cdoeml mo aptraimíso ndieo .su residencia habitual común
camHbaiabbiéan ldao nsoer msuaf rdideo  cuonn felicrrtoor  arpelsicpaebclteo,  aa ulato rfeiccéh ad ildigee ncecilae bcroamciópnle mdeeln mtaaritari,m eonn iloa,  qquuee, 
en lo que ahora importa, se expresaba:
– Que, se subsanaba la escritura de compraventa, pues, para la determinación del 
régimen  matrimonial  legal  aplicable,  se  había  expresado  en  aquella  escritura  que 
«contrajeron  matrimonio  con  anterioridad  al  29  de  enero  de  2019...»,  cuando  del 
certificado matrimonial unido resulta que la fecha correcta del matrimonio fue el día 23 de 
marzo de 2019 y, por tanto, vigente ya el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales. La aplicación de dicho reglamento 
conduce al mismo régimen económico matrimonial expresado en la escritura, pues su 
artículo 20 señala su vocación universal («aunque la ley aplicable sea la de un Estado no 
miembro»)  y,  conforme  a  su  artículo  21,  para  todos  los  bienes  incluidos  en  dicho 
régimen, con independencia de donde los bienes estén situados. Todo lo cual se hizo 
constar a los solos efectos de la subsanación de la fecha y normativa expresada en la 
escritura, pero sin que condujese a solución distinta de la también expresada.
– Que  en  la  escritura  constaba  pues  el  régimen  económico  matrimonial  de  la 
compradora (el legal supletorio británico) y que, conforme al artículo 92 del Reglamento 
Hipotecario, cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes 
casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera  que  constase  en  el  título,  la 
inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos, haciéndose constar en ella que se 
verifica con sujeción a ese régimen matrimonial (al británico, en este caso).
– Que, yo el notario, por mi conocimiento directo, hacía constar que en el Reino 
Unido el sistema legal es el de absoluta separación del patrimonio de cada uno de los 
cónyuges, que conduce a la libre administración y disposición de cada uno sobre sus 
bienes propios.
Tres.  De  la  calificación  registral.  Presentada  en  el  registro  la  diligencia 
complementaria de la escritura de compraventa indicada en el hechos I («Diligencia 
complementaria escritura 134/2020», se nomina expresamente) el registrador parece 
que no califica de nuevo la «compraventa complementada», sino la hipoteca posterior 
(Hechos II), cuyo número de protocolo es el 135, y no el 134 (que es el complementado 
por la diligencia presentada al registro).
Transcribimos  a  continuación  la  escueta  nota  de  suspensión,  recaída  tras  la 
diligencia  complementaria  aportada,  e  insertaremos  nuestras  apreciaciones  en  la 
transcripción de la nota, intentando rebatir su fundamentación.
Uno.  «Reglamento  de  la  Unión  Europea  2016/113  24  de  junio  de  2016.  Este 
Reglamento se basa en el común acuerdo de los cónyuges, así el artículo 22/1 "... 
designará de común acuerdo...».
Ese artículo establece: «Artículo 22. Elección de la ley aplicable. I. Los cónyuges o 
futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su 
régimen económico matrimonial...». Ninguna relación puede guardar con la calificación 
de la escritura, pues consta en ella que los cónyuges, pese a que claramente pueden 
designar un régimen para su matrimonio, no lo habían hecho. No nos parece por ello, 
que ese precepto fundamente suspensión alguna.
Dos.  «Artículos 28 y concordantes sobre efectos frente a terceros.»
Ese artículo establece «Artículo 28. Efectos frente a terceros. 1. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 27, letra f), la ley aplicable al régimen económico matrimonial 
entre los cónyuges no podrá ser invocada por uno de los cónyuges frente a un tercero en  s
un litigio entre el tercero y cualquiera de los cónyuges o ambos, salvo que el tercero  oe.
daccooiccenmhroapcc ariae ldevraeey »n eo.t al,l o Nae, oc nh touisp apeonu tdeeaocdl caeca  onpnnioz  dral ia sm caídu  eateiburnsitdoetear lni azdda ceidluirga eessqn,t uicyóéi,an  c,. roedrlenaboci ieóernla  r eghguaiabsrterdraa dt eoenr sindeoo   pdcraoe ncnoeicnpigtmoui necano topn i sdtlaea    2020-12235n https://www.
Tres.  Artículo 26/1 A en defecto de elección común, será la ley de la residencia
habitual común tras la celebración del matrimonio.
No  se  acredita  la  elección  residencia  habitual  común  tras  la  celebración  del 
matrimonio con el acuerdo del otro cónyuge, por lo que es necesario su conocimiento y 
aprobación de lo actuado, siendo insuficientes manifestaciones unilaterales.
La redacción del fundamento nos resulta sumamente confusa, pero intentaremos 
rebatirlo de una forma coherente.
Indica el registrador que «No se acredita la elección residencia habitual común tras la 
celebración del matrimonio con el acuerdo del otro cónyuge». Parece que entiende que 
los cónyuges, tras la celebración del matrimonio, han de elegir de común acuerdo el 
lugar de su residencia habitual (cosa que parece obvia, pero totalmente ajena a nuestra 
función)  y  que  ese  supuesto  «pacto  de  elección  de  residencia  habitual»  ha  de 
acreditarse  en  la  escritura.  Pero  como  esa  interpretación,  por  descabellada,  debe 
rechazarse, habrá que interpretar el párrafo transcrito junto a las frases siguientes (por lo 
que es necesario su conocimiento y aprobación de lo actuado, siendo insuficientes 
manifestaciones  unilaterales).  Entonces  parece  que  considera  que,  para  la 
determinación del régimen legal supletorio, no basta con la declaración unilateral del 
compareciente,  sino  que  es  preciso  que  su  cónyuge  ratifique  la  veracidad  de  las 
manifestaciones del compareciente.
Pero  entendemos  que  ese  criterio  tampoco  puede  mantenerse.  Esa  Dirección 
General tiene determinado que, una vez realizada por el notario autorizante la labor de 
precisión del carácter legal del régimen económico-matrimonial, desvaneciendo así toda 
posible duda sobre el origen legal o convencional de dicho régimen, y, tras la aplicación 
de las normas que disciplinan los posibles conflictos de derecho interregional o de 
derecho internacional privado, no puede el registrador exigir más especificaciones sobre 
las razones en que se funda su aplicación, pues según el artículo 159 del Reglamento 
Notarial, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo ese Centro Directivo, que 
dicha manifestación se recogerá por el notario, bajo su responsabilidad, tras haber 
informado  y  asesorado  en  Derecho  a  dicho  otorgante,  de  suerte  que,  bajo  su 
responsabilidad y empleando a tal efecto la fórmula que estime oportuna, deberá el 
notario desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el 
régimen económico-matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no tratarse 
de una ley española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma de 
conflicto  que  debe  conocer  y  observar,  atendiendo  a  las  manifestaciones  de  los 
otorgantes sobre circunstancias como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio, 
su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos. «Bastará 
la  declaración  del  otorgante»,  señala  literalmente  ese  Centro  Directivo,  pese  a  la 
trascendencia que esa declaración puede tener para su cónyuge. Pero igual ocurre 
cuando declara que es divorciado, o soltero, o viudo. En todos esos casos resulta una 
inscripción registral a su favor, con facultades dispositivas plenas, puede que en perjuicio 
de un posible cónyuge no compareciente, pero sin que pueda exigirse al compareciente 
que  acredite  su  manifestado  estado  civil,  mediante  la  sentencia  de  divorcio  o  el 
certificado de defunción de su cónyuge.
Parece que el registrador entiende que, si el adquirente es un cónyuge extranjero, el 
artículo 92 del Reglamento Hipotecario le permite inscribir a su nombre y, a continuación, 
simplemente insertar la frase «con sujeción a su régimen matrimonial», sin expresar cuál 
sea éste. Entendemos que no es así. La inscripción ha de expresar el estado cuya 
legislación supletoria regula el régimen matrimonial del adquirente y, además, si el 
notario o el registrador conocen el contenido material de ese régimen (comunidad, 
separación,  comunidad  diferida,  participación  en  ganancias)  ha  de  inscribirse  en  s
consecuencia. oe.
Si el registrador ha considerado que la manifestación responsable y notarialmente  w.
informada de la compradora no era suficiente para que quedase determinado si el  235ww
brérigtáimneicno  e(cnoancóiomniacolid daed  sdue  msautr imcoónniyou geera),  eol  ruesl o c(hniapcriiootnaa li(dpaadí sd ed ela  cceolmebprraacdioórna ),d eell 
mCoahtreimreonnteiom),e n¿tceo, nte nsíuaj eqcuióen h aab eqr uséu srpéegnimdideon  lam iantsrcimripocniióanl  nhoa  dien slacr hitoip oltae caad, qsuinisoi cdióen l?a   BOE-A-cable e
compraventa previa. Pero parece que ha inscrito a favor de la compradora y, en la 
inscripción, se ha limitado a consignar la frase "con sujeción a su régimen matrimonial". 
Como si con esa frase se cumpliese la exigencia del referido artículo 92.
Está claro además, y ya por último, que cuando la Dirección General pospone la 
prueba del régimen matrimonial del titular registral extranjero no al momento de la 
inscripción, sino al de la enajenación, se está refiriendo al «contenido sustantivo de ese 
régimen», a las normas que permitan la enajenación individual o la exijan conjunta, no a 
la determinación del país cuya legislación regula aquel régimen, circunstancia que ha de 
publicar  el  registro  desde  la  inscripción.  Los  funcionarios  españoles  (notarios  y 
registradores) no tienen la obligación de conocer el derecho extranjero, pero sí la norma 
de  conflicto  española  que  conduce  a  la  aplicación  en  su  momento  de  uno  u  otro 
ordenamiento extranjero.
Cuatro.  «Dado que el problema fundamental es la determinación de la ley aplicable 
y ésta es la elegida por voluntad común de los contrayentes», dice la nota. Tampoco 
entendemos muy bien ese fundamento de la suspensión. Nadie duda de la ley aplicable 
«es la elegida por voluntad común de los cónyuges», como expresa la nota. Pero esa 
afirmación carece de cualquier aplicación al caso, pues se trata ahora justamente de lo 
contrario: de la determinación del régimen económico cuando no hay elección común, y 
de la forma de acreditar en la escritura el régimen legal que resulte supletorio.
Cinco.  "Determinado el régimen matrimonial de manera bilateral y así acreditado y 
sin que existan modificaciones del mismo y así se asevere por ambos contrayentes, 
quedará entonces subsanado el defecto». Parece que vuelve a exigir acreditaciones o 
manifestaciones bilaterales. Si es así, nos remitimos a lo dicho en el párrafo anterior. Si 
no es así, no entendemos la frase y no sabemos cómo rebatirla.
Quinto.  Conclusiones. Como tales, formulamos las siguientes:
– De los nada claros términos de la nota de suspensión, parece resultar que el 
registrador  entiende  que  cuando  un  extranjero  que  no  ha  otorgado  capitulaciones 
matrimoniales y está casado con persona de distinta nacionalidad, compra una finca, la 
constancia en el registro de su régimen matrimonial legal supletorio no puede fundarse 
en su mera manifestación de los hechos que determinen la aplicación de ese régimen, 
sino que es precisa la acreditación documental de esos hechos o, en otro caso, la 
ratificación  expresa  por  el  otro  cónyuge  de  las  manifestaciones  del  cónyuge 
compareciente. Hemos intentado acreditar que, tanto el artículo 159 del Reglamento 
Notarial, como la doctrina de esa Dirección General, establecen que para ello basta la 
declaración del otorgante, sin esa exigencia de acreditación documental o ratificación 
expresa.
– En la diligencia complementaria de la escritura de compraventa cuya calificación 
se recurre, en mi condición de notario autorizante, apliqué la norma de conflicto española 
en función de la fecha de celebración del matrimonio (Reglamento (UE) 2016/1103 del 
Consejo, de 24 de junio de 2016), determinando, de acuerdo a dicha norma y ante la 
ausencia de contrato matrimonial y la distinta nacionalidad de los contrayentes, y tras la 
declaración informada y responsable de la compareciente, que era la legislación británica 
la ley material que resultaba aplicable al régimen económico de la compradora, como 
país de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del 
matrimonio.
– En la escritura constaba pues el régimen económico matrimonial de la compradora 
(el legal supletorio británico) y, conforme al artículo 92 del Reglamento Hipotecario,  e
cuando  el  régimen  económico-matrimonial  del  adquirente  o  adquirentes  casados  bo
estuviere sometido a legislación extranjera que constase en el título, la inscripción se  235ww
spurajecctiicóanr áa  eas fea vréogr imdee na qmuaétlr imo oanqiuaél (llaols b, rhitaácniiécnod, oesne e sctoen csatasro )e.n ella que se verifica con
cono–c iCmoiennsttoa bdai reigcutoa,l mheanctíea  econn slata r esqcureit ueran  Rqueein oy oU neidl on oetla rsiois teamutao rilzeagnatle ,e sp oerl  dmei 
absoluta separación del patrimonio de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre 
administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios.
– Consiguientemente con todo lo expuesto, consideramos que en la inscripción a 
favor de la compradora ha de hacerse constar que adquiere con sujeción al régimen 
británico y que éste es el de separación absoluta de bienes y consideramos igualmente 
que, una vez practicada la inscripción en esos términos, no puede haber obstáculo 
alguno para la inscripción de la posterior hipoteca.
IV
El registrador de la propiedad elevó el expediente, con su informe, de 8 de julio 
de 2020, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9 –apartados 1, 2 y 3–, 10.1, 12 –apartados 1, 4 y 6– del Código 
Civil; 3, 18, 21 y 38 de la Ley Hipotecaria; 53 de la Ley del Notariado; 77 de la Ley del 
Registro Civil; 20, 21, 22, 26, 28 y 69 del Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de junio 
de  2016,  por  el  que  se  establece  una  cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales; 33, 34, 35, 36, 51.6.ª y 9.ª, 54 y 92 del 
Reglamento Hipotecario; 159 y 168.4 del Reglamento Notarial; y las Resoluciones de 
esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de enero de 1983, 28 de 
noviembre de 1988, 21 de mayo de 1998, 5 de marzo y 18 de octubre de 1999, 7 de 
diciembre de 2000, 13 de octubre y 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de 
febrero de 2004, 14 de febrero y 10 de octubre de 2005, 11 de octubre de 2006, 5 de 
marzo de 2007, 15 de junio de 2009, 5 de marzo de 2010, 20 de diciembre de 2011, 13 
de agosto de 2014, 20 de julio y 4 de diciembre de 2015, 15 de febrero de 2016, 5 de 
enero, 2 de febrero, 17 de abril, 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 5 de marzo, 2 de 
abril y 7 y 10 de septiembre, 19 de octubre y 18 de diciembre de 2018, 27 de febrero, 1 
de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 de junio y 28 de julio de 2020.
1.  En el presente recurso son relevantes las siguientes circunstancias:
a)  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  ha  sido  impugnada  una  señora  de 
nacionalidad rusa constituyó hipoteca sobre una vivienda (que, según manifiesta, no era 
la habitual de su familia) cuya compra se formalizó inmediatamente antes ante el mismo 
notario.  En  la  escritura  de  compraventa  se  expresó  que,  al  no  haber  otorgado 
capitulaciones matrimoniales y no ostentar la misma nacionalidad que su esposo, su 
régimen económico matrimonial es el legal supletorio en Reino Unido, por ser éste el 
país de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del 
matrimonio. Estas manifestaciones se recogen en el asiento registral de la inscripción de 
la  compraventa,  que  se  realiza  «a  favor»  de  dicha  señora,  «casada,  por  título  de 
compraventa, con sujeción a su régimen matrimonial». Y en el otorgamiento de la 
escritura se hace constar que dicha señora «compra y adquiere para sí con carácter 
privativo».
Presentadas ambas escrituras en el Registro de la Propiedad, se inscribió la de 
compraventa –como se ha expresado– y se suspendió la inscripción de la de hipoteca, 
entre otras razones, por las siguientes: es
«(…) 4)  No consta acreditado el régimen matrimonial de separación de bienes de la  w.
señora  V.  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  Artículos  95  del  Reglamento  235ww
yH i3p3o tye c3a4r idoe, l qRueeg elaxmigeen taoc rHeidpiotateccióanri od)o.cumental y pública (arts. 3 de la Ley Hipotecaria
pued5a)   dTiasmpopnoecro  preosr ulstaí  nsoi lsae  daecr elad itafi nqcuae, , asel ghúanb elar llae gaisdlaqcuiiórind oa pcliacsaabdlea,,  dcicohnafo sremñeo raa,l   BOE-A-cable e
artículo 36 del Reglamento Hipotecario, que exige expresamente dicha acreditación 
mediante la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, 
Cónsul o funcionario competente del país de la legislación aplicable, entre otros medios. 
(…).»
El  notario  autorizante  de  la  escritura  extendió  diligencia  complementaria  de  la 
anterior escritura de compraventa, haciendo constar:
– Que, dada la distinta nacionalidad de los cónyuges en el momento del matrimonio (rusa 
y británica) y conforme a lo exigido por el artículo 159 del Reglamento Notarial, indagó sus 
circunstancias personales y patrimoniales al objeto de la adecuada aplicación de la norma de 
conflicto española, para determinar el régimen económico matrimonial aplicable, expresándose 
en la escritura que su régimen matrimonial era el legal supletorio en el Reino Unido, como país 
de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, de 
modo que, al ser ese régimen el legal correspondiente y no el convencionalmente pactado, se 
expresó así por la mera declaración de la otorgante, sin solicitarse una justificación documental 
que la ley no exige.
– Que, del certificado matrimonial que se une a dicha diligencia, resulta que la fecha 
correcta del matrimonio fue el día 23 de marzo de 2019 (y no anterior al 29 de enero 
de  2019,  como  por  error  se  expresó  en  la  escritura),  y,  por  tanto,  vigente  ya  el 
Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, si bien «La aplicación 
de dicho reglamento conduce al mismo régimen económico matrimonial expresado en la 
escritura, pues su artículo 20 señala su vocación universal (“aunque la ley aplicable sea 
la de un Estado no miembro”) y, conforme a su artículo 21, para todos los bienes 
incluidos en dicho régimen, con independencia de donde los bienes estén situados.
– Que  en  la  escritura  consta  pues  el  régimen  económico  matrimonial  de  la 
compradora (el legal supletorio británico) y que, conforme al artículo 92 del Reglamento 
Hipotecario, cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes 
casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera  que  constase  en  el  título,  la 
inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos, haciéndose constar en ella que se 
verifica con sujeción a ese régimen matrimonial (al británico, en este caso).
– Que, yo el notario, en este acto, por mi conocimiento directo y con valor de 
testimonio de ley, hago constar que en el Reino Unido el sistema legal es el de absoluta 
separación  del  patrimonio  de  cada  uno  de  los  cónyuges,  que  conduce  a  la  libre 
administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios».
b)  El registrador, a la vista de la diligencia practicada, considera que no se ha 
subsanado el defecto reseñado, y suspende de nuevo la inscripción interesada, porque 
el Reglamento de la Unión Europea 2016/1113, 24 de junio de 2016, se basa en el 
común acuerdo de los cónyuges para designar la ley aplicable al régimen económico del 
matrimonio, y en defecto de elección común, será la ley de la residencia habitual común 
tras la celebración del matrimonio. Añade que: «No se acredita la elección residencia 
habitual común tras la celebración del matrimonio con el acuerdo del otro cónyuge; por lo 
que es necesario su conocimiento y aprobación de lo actuado, siendo insuficientes 
manifestaciones unilaterales.–Dado que el problema fundamental es la determinación de 
la  ley  aplicable  y  ésta  es  la  elegida  por  voluntad  común  de  los  contrayentes.–
Determinado el régimen matrimonial de manera bilateral y así acreditado y sin que 
existan modificaciones del mismo y así se asevere por ambos contrayentes, quedará 
entonces  subsanado  el  defecto.–En  los  demás  se  mantiene  a  nota  de  calificación  s
practicada en su día». oe.
c)  El notario recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: 235www.
escr–it uSrai  deel breé tgeimstiemno neicaorsneó meli ccoo rrmesaptroimndoineinatle  dcoenl traadtqou mireantrtiem oensia lc.onvencional,  en  la
el le–g aSl is, uppolre taoursioe,n ecnia l ad ee sccarpitíuturalo sn,o e el sr épgriemceisno  eqcuoen ócmonicsote m eal tcriomnotenniaidl od edle a edsqeu irreéngtime eens   BOE-A-cable e
(comunidad o separación, principalmente), pero sí el estado cuya legislación lo regula, y 
su determinación se basará en la manifestación notarialmente informada del otorgante y 
la aplicación de la correspondiente norma de conflicto española.
– Si el contenido del régimen (comunidad o separación, principalmente) resulta 
acreditado por las capitulaciones o por el conocimiento del legal supletorio por el notario 
o por el registrador, la inscripción debe practicarse conforme a dicho régimen.
– El  registrador  entiende  que  cuando  un  extranjero  que  no  ha  otorgado 
capitulaciones matrimoniales y está casado con persona de distinta nacionalidad compra 
una finca, la constancia en el registro de su régimen matrimonial legal supletorio no 
puede fundarse en su mera manifestación de los hechos que determinen la aplicación de 
ese régimen, sino que es necesaria la acreditación documental de esos hechos o, en 
otro caso, la ratificación expresa por el otro cónyuge de las manifestaciones del cónyuge 
compareciente. Pero, frente a este criterio, tanto el artículo 159 del Reglamento Notarial, 
como la doctrina de esta Dirección General establecen que para ello basta la declaración 
del otorgante, sin esa exigencia de acreditación documental o ratificación expresa.
– En  la  escritura  se  determina,  conforme  a  dicha  norma  de  conflicto,  ante  la 
ausencia de contrato matrimonial, y tras la declaración informada y responsable de la 
compareciente, que es la legislación británica la ley material que resulta aplicable a su 
régimen económico matrimonial, atendiendo al país de su residencia habitual común 
inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio.
– Consta en dicha escritura el régimen económico matrimonial de la compradora (el 
legal supletorio británico) y, como notario autorizante, por su conocimiento directo, hacía 
constar que en Reino Unido el sistema legal es el de absoluta separación del patrimonio 
de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre administración y disposición de 
cada uno sobre sus bienes propios.
2.  Como  ha  puesto  de  relieve  reiteradamente  este  Centro  Directivo,  (cfr. 
Resoluciones de 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 2 de abril y 7 y 10 de septiembre 
y 19 de octubre de 2018, 1 de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 de junio de 2020) 
que «(…) tanto registradores de la propiedad como notarios, complementariamente, 
desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el 
instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas 
aquellas  circunstancias  referentes  a  la  capacidad  de  los  otorgantes,  como  edad  o 
circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o 
régimen económico matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del 
negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida (…)».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de sus pilares 
básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles. Por ello la determinación de la titularidad debe quedar reflejada en los 
asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad 
queda  afectada  por  la  existencia  convencional  o  legal  de  un  régimen  económico 
matrimonial  que  determina  el  ejercicio  y  extensión  del  derecho.  Para  que  dichas 
circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que 
se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico matrimonial aplicable al 
titular registral.
Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento 
extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni 
que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva.
De un lado, el artículo 159 del Reglamento Notarial no hace distinción alguna, por lo  e.
que el notario autorizante debe indagar la situación de cada otorgante a fin de averiguar,  w.b
de estar casado, si existen capítulos o contrato matrimonial entre él y su consorte para  235ww
pparortciceudlearr,e sta ql uye  cpoumedoa ne xsigeer  redliecvhaon tperse cael petfoe,c ttoe.s Ctimomonoi aenxdpore, seón  essute  cCaesnot,r ol oDsi reacstpiveoc teons 
mReasrzoolu cdieó n2 0d1e0  1y5 2 d0e d eju ndiioc iedme b2re0 0d9e,  2c0o1n1 )c,r i«te…rio s ir ebiiteenra edso  cpieorrt oo tqruaes  epno smteuricohroess  c(5a sdoes 
no es tarea sencilla el determinar cuál es el régimen legal supletorio, es necesario que el
Notario, en cumplimiento de su deber genérico de control de legalidad de los actos y 
negocios que autoriza, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la 
voluntad  común  de  los  otorgantes  –que  deberá  indagar,  interpretar  y  adecuar  al 
ordenamiento  jurídico–,  despliegue  la  mayor  diligencia  al  reflejar  en  el  documento 
autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal 
sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen fuere el 
legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que 
el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en 
las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su 
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o 
el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código 
Civil–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el 
legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal 
circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate»).
3.  Tratándose  de  adquisiciones  llevadas  a  cabo  por  personas  cuyo  régimen 
económico matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de publicar una 
situación jurídica cierta no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin 
embargo, es más compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable 
implica  el  conocimiento  del  Derecho  extranjero,  lo  que  no  es  obligado  para  los 
funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su 
extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el 
régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde 
antiguo  para  nuestra  jurisprudencia  y  para  este  Centro  Directivo.  A  esta  dificultad 
pretende dar respuesta el artículo 92 del Reglamento Hipotecario.
Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté 
claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la 
Propiedad (artículo 51.6.ª del Reglamento Hipotecario), y aunque, desde un punto de 
vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado 
debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien 
según la determinación de dicho régimen, tal y como preceptúa el artículo 51.9.ª, a), del 
Reglamento Hipotecario, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas 
para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a 
legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico 
matrimonial,  bastando  que  la  inscripción  se  practique  a  favor  del  adquirente  o 
adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción 
a su régimen matrimonial (artículo 92 Reglamento Hipotecario). En efecto, teniendo en 
cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico 
matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante será 
observar, en el momento de la disposición del bien, las normas y pactos que como 
consecuencia del régimen económico matrimonial sean aplicables respecto de dicho 
bien, este Centro Directivo primero y el artículo 92 del Reglamento Hipotecario después 
(desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar 
tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la 
adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción («con indicación de 
éste, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario), 
difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión 
de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando  s
con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos  oe.
(enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a  w.
exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con  235ww
sujePcioórn o atr sau p raérgteim, ecno mmoa thriam eoxnpiarle»s.ado esta Dirección General en reiteradas ocasiones
(3v1id d. eR easgoolsutcoi odnee s2 0d1e7 1 y9  2d ed ed icaibermil bdree  2d0e1 280, 0e3n, t1re0  odtera esn) elaro a yp l4ic ya c1i2ó nd ed efel barretírcou ldoe 9 220 0d4e,l   BOE-A-cable e
Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que 
pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la 
escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su 
régimen económico matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene 
conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera 
justificada  su  exigencia  sobre  la  constancia  en  dicha  escritura  de  la  cuota  que 
corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al 
artículo 54 del Reglamento Hipotecario.
4.  De otro lado, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto 
española (artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, conforme a dicha norma, la ley 
material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así, aunque el 
notario desconozca el contenido de la ley material extranjera, reflejará debidamente en la 
comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones 
patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de 
conocer  el  Derecho  extranjero  con  el  deber  de  determinar  cuál  es  la  legislación 
extranjera aplicable.
En el presente caso, atendiendo a la fecha de celebración del matrimonio de la 
compradora, posterior al día 29 de enero de 2019, es indudable que la norma de 
conflicto aplicable es el Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes 
económicos  matrimoniales  en  el  que  España  participa  entre  diecisiete  Estados 
miembros.
Este Reglamento establece con carácter universal, es decir aunque la norma de 
conflicto conduzca a la aplicación del Derecho de un tercer estado –sin posibilidad de 
reenvío, por el contrario al Reglamento (UE) n.º 650/2012– distintas reglas de conflicto 
para los matrimonios que se contraigan con posterioridad al 19 de enero de 2019, sin 
perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 69.
Por lo demás, tanto la Ley 20/2011, del Registro Civil (cuando esté en vigor) como el 
artículo 53 de la Ley del Notariado (en la redacción que le ha dado la disposición final 
primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio) –en los casos en que resulte aplicable–, tienen 
como objetivo facilitar la certeza de la ley aplicable a los aspectos patrimoniales de la 
relación conyugal, mediante la aplicación de la norma de conflicto que corresponda.
Asimismo,  este  Centro  Directivo  ha  recordado  reiteradamente  (cfr.,  por  todas, 
Resoluciones de 15 de febrero de 2016, 5 de enero y 17 de abril de 2017, 7 de 
septiembre y 18 de diciembre de 2018, 7 de noviembre de 2019 y 28 de julio de 2020) 
tanto a registradores como a notarios la conveniencia de avanzar en el conocimiento de 
los  ordenamientos  jurídicos  más  usuales  en  la  práctica  jurídica  en  España, 
especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del 
derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos 
en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, y excepcionalmente a los artículos de la 
Ley de cooperación jurídica internacional, sino a los medios que proporciona el entorno 
E-Justicia, en el ámbito europeo, colaborando activamente en la resolución de conflictos 
de derecho internacional privado. El fácil acceso a las bases de datos jurídicas de otros 
Estados  miembros  facilita  tanto  que  los  notarios,  en  ejercicio  de  las  competencias 
atribuidas en la Ley puedan emitir informes relativos al derecho extranjero, como que los 
registradores, puedan motivar adecuadamente su decisión facilitando en ambos casos el 
tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno, como el presente, en el que la  s
existencia  de  un  elemento  de  extranjería  es  elemento  normal  del  negocio  jurídico,  oe.
contribuyendo  así  a  afianzar  el  desarrollo  de  uno  de  los  pilares  esenciales  de  la  w.
construcción europea. En este sentido, no cabe desconocer, por ejemplo, con el valor de  235ww
Eheurrroapmeiae.nta informativa, el portal https://e-justice.europa.eu, gestionado por la Comisión
Dire5ct.i voA  rleas evñisatdaa  dee nl aslo sc onasnitdeeriroarceios nefusn dparemceendteonst,e sl ay  cdaeli filcaa cdióonc trionbaj edtoe  edsetle  rCeceunrtsroo   BOE-A-cable e
interpuesto no puede ser mantenida, pues el notario ha cumplido con la mayor diligencia, 
según las normas legales y reglamentarias antes citadas, su deber de reflejar en la escritura 
autorizada cuál es el régimen económico matrimonial de la otorgante. No puede el registrador 
exigir que se acredite la elección de residencia habitual común tras la celebración del 
matrimonio ni el acuerdo o aprobación del otro cónyuge, pues según el artículo 159 del 
Reglamento  Notarial,  «bastará  la  declaración  del  otorgante»,  entendiendo  este  Centro 
Directivo, como ha quedado expuesto, que dicha manifestación se recogerá por el notario, 
bajo su responsabilidad, tras haber informado en Derecho a dicho otorgante (de suerte que –
bajo su responsabilidad y empleando a tal efecto la fórmula que estime oportuna- deberá 
desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen 
económico matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no tratarse de una ley 
española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma de conflicto que debe 
conocer y observar, atendiendo a las manifestaciones del otorgante sobre circunstancias 
como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la 
residencia habitual y la ausencia de capítulos).
Además,  en  el  presente  caso,  por  tratarse  de  la  legislación  inglesa  no  existe 
propiamente un régimen económico matrimonial sino simple aplicación de la ley material 
de Reino Unido, y el notario ha precisado cuál es esta ley aplicable así como su alcance, 
al afirmar, por su conocimiento directo, que en dicho sistema legal existe «absoluta 
separación  del  patrimonio  de  cada  uno  de  los  cónyuges,  que  conduce  a  la  libre 
administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios» (cfr. artículo 36 del 
Reglamento Hipotecario).
Cabe recordar que, como ha reiterado este Centro Directivo sobre la aplicación del 
artículo 92 del Reglamento Hipotecario (Resoluciones de 5 de marzo de 2007 y 4 de 
diciembre de 2015), en el caso de tratarse de dos cónyuges de distinta nacionalidad, es 
necesaria la determinación, por manifestación del adquirente o adquirentes, de cuál sea 
la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, de acuerdo con los criterios de 
conexión que determinan las normas de conflicto aplicables. Por ello, como afirma el 
recurrente,  la  adquisición  por  compraventa  debió  haberse  inscrito  a  nombre  de  la 
compradora, para sí o con carácter privativo según el régimen legal supletorio en Reino 
Unido (y no, como se ha hecho, «con sujeción a su régimen matrimonial», sin expresar 
cuál es este). Y no es necesario que el cónyuge no titular consienta en la hipoteca que 
se pretende inscribir o en la determinación del régimen económico matrimonial aplicable. 
Debe tenerse en cuenta, además, que de las manifestaciones que vierte el notario 
autorizante  en  la  referida  diligencia  (y,  especialmente  su  afirmación  sobre  el 
conocimiento del sistema legal supletorio vigente en Reino Unido), resulta probado -
conforme  al  citado  artículo  36  del  Reglamento  Hipotecario-  el  derecho  extranjero 
aplicable en los términos que se han analizado anteriormente en cuanto a su contenido y 
vigencia así como sus consecuencias jurídicas, sin que el registrador haya formulado 
reserva alguna –que, de formular, debería motivar– sobre tal circunstancia (cfr., entre 
entras muchas, la Resolución de 20 de julio de 2015).
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria. e
PúbMlicaad, rSido, fí2a8 P duee snetep tSieamntbiareg od.e 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2020-12235n https://www.