BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Miércoles 14 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 83862
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11677 Real  Decreto-ley  15/2021,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  regula  el 
arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan 
otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo.
I
El artículo 46 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
En cumplimiento a esta previsión, el sector público ha desarrollado una política de 
adquisición de bienes culturales con dos objetivos fundamentales: la conservación y 
protección del patrimonio cultural, por un lado, y su incremento, por otro. Del mismo 
modo, en la ejecución de las adquisiciones se tiene en cuenta la labor de recuperación y 
la salvaguarda del patrimonio, así como las líneas específicas de actuación de cada 
institución  cultural,  que  a  su  vez  persiguen,  principalmente,  cubrir  el  vacío  de  las 
colecciones, o mantener el prestigio de las ya existentes.
La  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español,  regula  los 
diferentes instrumentos a través de los cuales se llevan a cabo estas adquisiciones, 
entre  los  que  destacan  los  derechos  de  adquisición  preferente,  como  el  tanteo,  el 
retracto y la oferta de venta irrevocable. También se contemplan las adquisiciones a título 
gratuito, ya sea donación, herencia o legado, o el pago en especie de deudas tributarias, 
mediante  la  entrega  de  bienes  que  formen  parte  del  Patrimonio  Histórico  Español, 
siempre que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o 
incluidos en el Inventario General.
Del mismo modo, otro de los mecanismos más importantes para incorporar bienes 
culturales, y, en concreto, bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, 
como es la adquisición directa por la Administración, se ha contemplado tradicionalmente 
en la legislación de contratos públicos como un contrato de suministro. No obstante, en 
la actualidad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, únicamente 
prevé la adquisición a través del procedimiento negociado sin publicidad de aquellos 
bienes  que  no  formen  parte  del  Patrimonio  Histórico  Español;  remitiéndose  a  la 
normativa específica para los que sí se integran en el mismo.
Es necesario abordar ahora la regulación de otra modalidad de incorporación de este 
tipo de bienes, como es el arrendamiento, para el que no se preveía régimen específico 
alguno. Dicha regulación se circunscribe al arrendamiento de colecciones de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por poderes adjudicadores que no 
pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas, en un adecuado equilibro entre 
las especialidades y simplificación del procedimiento que se establecen y su ámbito de  s
aplicación. Así, su alcance no se extiende a una mera obra u obras, sino que debe  e.
tratarse de una auténtica colección, de excepcional interés, apreciado por un órgano  w.
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Por otro lado, procede también adoptar una serie de medidas complementarias de 
apoyo al sector cultural y al deporte. En primer lugar, debe reconocerse a la Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza la garantía del Estado a que se refiere la disposición 
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio. Con ello, una vez se formalice, en su 
caso, el arrendamiento de la misma, las obras que la integran gozarán de este singular 
régimen de aseguramiento, permitiendo la cobertura de los riesgos por destrucción, 
pérdida, sustracción o daño de las mismas en tanto permanezcan en las instalaciones 
del  Museo  Nacional  Thyssen-Bornemisza.  De  esta  manera,  se  asegura  aquélla 
debidamente, de acuerdo con la entidad de la propia Colección, y sin perjuicio de la 
actualización anual de los términos de la garantía.
Asimismo, en el ámbito del deporte, se aclara el alcance y régimen de las nuevas 
facultades de comercialización conjunta de derechos audiovisuales atribuidas a la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), como entidad organizadora de competiciones de 
ámbito estatal y no profesional; las cuales fueron introducidas en el Real Decreto-
Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de 
los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol 
profesional, en virtud de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo. De este modo, resulta imprescindible ajustar la regulación vigente para que la 
RFEF, como entidad organizadora, pueda ejercer con plena efectividad esas facultades 
de comercialización que tiene encomendadas.
II
El real decreto-ley consta de 3 artículos y 3 disposiciones finales.
El artículo 1 introduce una nueva disposición adicional en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, para regular el arrendamiento, por parte de poderes adjudicadores que no tengan 
la  consideración  de  Administración  Pública,  de  colecciones  de  bienes  muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español de interés excepcional, así apreciado por la 
Junta  de  Calificación,  Valoración  y  Exportación  de  Bienes  del  Patrimonio  Histórico 
Español.
Estos  contratos  podrán  celebrarse,  con  algunas  especialidades,  a  través  del 
procedimiento negociado sin publicidad previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
correspondiente a aquellos supuestos en los que la ejecución solo puede encomendarse 
a  un  empresario  determinado.  Entre  esas  especialidades  destaca  la  posibilidad  de 
sustituir el pliego de cláusulas administrativas particulares por el propio clausulado del 
contrato, o la acreditación de la solvencia. Asimismo, se habilita la posibilidad de que, en 
caso  de  que  los  bienes  pertenezcan  a  varios  titulares,  todos  ellos  concurran 
conjuntamente a la licitación, sin necesidad de constituir una unión de empresarios.
Además, para garantizar la continuidad y estabilidad del contrato se excluye la 
aplicación del plazo máximo de 5 años de duración establecido para los suministros con 
carácter general. Por otro lado, consecuencia de lo anterior, y en coherencia con lo 
expuesto, a la vista del objeto del contrato, y de sus características, es necesario 
exceptuar también el régimen ordinario de revisión de precios, así como las condiciones 
de pago y de ejecución. Igualmente, se introduce una Comisión mixta, encargada de la 
resolución de controversias sobre los efectos y extinción del contrato, procurando que las 
eventuales discrepancias se ventilen sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Por su parte, el artículo 2 reconoce a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza la  s
garantía del Estado a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985,  e.
de 25 de junio. Este cualificado régimen de aseguramiento comenzará en la fecha de  w.
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Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Además, se establecen reglas específicas para 
aquéllas no incluidas en dicha orden, pero sí en otras anteriores, o que no hubieran 
contado con anterioridad con la cobertura del Estado. El valor económico de las obras 
cubiertas  por  la  garantía,  así  como  las  obras  concretas,  y  el  alcance,  efectos, 
condiciones y límites de aquélla se actualizarán anualmente por Orden del Ministro de 
Cultura y Deporte.
Finalmente,  el  artículo  3  modifica  el  Real  Decreto-ley  5/2015,  de  30  de  abril, 
clarificando las reglas y procedimientos a aplicar para la comercialización conjunta de 
derechos  audiovisuales  por  parte  de  la  RFEF,  como  entidad  organizadora  de 
competiciones de ámbito estatal y no profesional. A tal efecto, se establece la cesión 
obligatoria por parte de los participantes en las competiciones oficiales de fútbol de 
ámbito  estatal  de  las  facultades  de  comercialización  conjunta  de  los  derechos 
audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley. Asimismo, 
respecto a las obligaciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de 
Liga,  se  precisan  destinatarios  y  fines  de  los  fondos  aportados  como  contribución 
solidaria al desarrollo del fútbol aficionado y de las infraestructuras federativas, así como 
a la mejora de la competitividad de las categorías no profesionales. También se aborda 
la forma de reparto de los ingresos a obtener de la comercialización de los derechos 
audiovisuales de competiciones de ámbito estatal organizadas por la RFEF, clarificando 
que los ingresos procedentes de la Supercopa se destinarán al fomento del fútbol 
aficionado e introduciendo los criterios para la distribución de los recursos de otras 
competiciones, que se asignarán entre los clubes o entidades participantes en cada una 
de ellas según los criterios que aprueben los mismos, por mayoría y para todo el período 
objeto de comercialización, en el marco de los órganos específicos creados por la RFEF 
al efecto.
En cuanto a las disposiciones finales, la primera se refiere al título competencial para 
dictar el texto. La segunda, por su parte, recoge la correspondiente la habilitación para el 
desarrollo reglamentario, y, finalmente, la disposición final tercera determina la entrada 
en vigor del real decreto-ley.
III
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
En el presente caso, por un lado, la situación de las obras de arte integrantes de la 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, y la futura contratación de su arrendamiento,  s
suponen la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad  e.
de implementar el régimen jurídico necesario para poder llevarla a cabo. w.
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nueve años y medio, de 775 obras de la colección del primero, con vistas a una futura
adquisición. Se creó, además, una fundación para gestionar la colección, remodelándose 
el Palacio de Villahermosa para alojarla.
Dicha adquisición se llevó a cabo finalmente en 1993, previa aprobación del Real 
Decreto-ley  11/1993,  de  18  de  junio,  sobre  medidas  reguladoras  del  contrato  de 
adquisición de la Colección Thyssen-Bornemisza.
Las  obras  adquiridas  correspondían  a  la  práctica  totalidad  de  la  colección  de 
Maestros Antiguos, y a más de la mitad de la colección de Maestros Modernos. Todas 
ellas  pasaron  a  integrar  la  Colección  Permanente  del  Museo  Nacional  Thyssen-
Bornemisza. Las pinturas restantes fueron distribuidas por el Barón entre sus herederos 
tras la firma de la compra definitiva por parte del Estado.
Entre  las  obras  repartidas,  pasaron  entonces  a  la  Colección  Carmen  Thyssen-
Bornemisza cuatro de los siete grupos en mármol que August Thyssen había comprado 
a Auguste Rodin a comienzos de siglo. Por lo que respecta a las pinturas, de un total 
de 125, un quinto correspondía a Maestros Antiguos de pintura flamenca y holandesa del 
XVII  y  a  pintores  vedutistas  italianos.  Cerraba  el  conjunto  un  delicado  lienzo  de 
Fragonard, obra predilecta del Barón Thyssen-Bornemisza durante sus últimos años de 
vida. Las restantes pinturas correspondían al siglo XIX y al primer tercio del XX. Al 
primero, cabe adscribir obras del paisajismo americano del siglo XIX, del paisajismo 
realista francés y británico, así como del impresionismo y el posimpresionismo, con una 
selección más nutrida incluso que la del propio Museo Nacional Colección Thyssen-
Bornemisza. Entre los cuadros del siglo XX, un capítulo destacado lo componía el 
expresionismo alemán, cerrando el conjunto obras de Picasso y Juan Gris.
Si bien desde entonces la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza se ha orientado 
principalmente a adquirir y promocionar la pintura española del siglo XIX y comienzos del 
XX, también amplió significativamente su colección de pintura internacional. En los años 
noventa adquirió un espléndido cuadro de Simone Martini, al tiempo que se hizo con 
nuevas obras de pintura holandesa del siglo XVII, de pintura francesa del XVIII y de 
vedutistas. Pero ante todo amplió muy significativamente la presencia en su colección de 
obras situadas en el arco que se extiende entre el paisajismo naturalista de mediados del 
siglo XIX y las diversas corrientes expresionistas de principios de siglo.
Todo  ello  hace  de  la  Colección  Carmen  Thyssen-Bornemisza  el  complemento 
imprescindible de la Colección Permanente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; 
encontrándose en la actualidad la Colección en el propio Museo, en virtud de un contrato 
de préstamo gratuito suscrito el 15 de febrero de 2002 y sucesivamente prorrogado. Ello 
ha permitido que las obras que la integran permanezcan en la Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza, F.S.P., garantizando su difusión nacional e internacional.
No obstante, la vigente prórroga vencerá el próximo 15 de julio de 2021, corriéndose 
el riesgo de que los titulares de la Colección retiren las obras, en caso de no alcanzarse 
un  acuerdo  para  su  exhibición  estable,  mediante  el  correspondiente  contrato  de 
arrendamiento.
Lo  anterior  pone  de  manifiesto  la  urgente  necesidad  de  articular  los  medios 
necesarios  para  asegurar,  antes  de  que  se  produzca  el  vencimiento  de  la  actual 
prórroga,  que  el  Patrimonio  Histórico  español  pueda  seguir  disfrutando,  con  las 
necesarias garantías, de un conjunto de obras de arte de la calidad y prestigio de la 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
Así, la exigencia de garantizar su permanencia en España impone la adopción del 
régimen preciso para hacer factible la ocasión de incorporar al patrimonio cultural este 
conjunto  de  obras,  de  forma  estable  y  con  la  adecuada  seguridad  jurídica.  El  s
arrendamiento a largo plazo supone dar continuidad y complementar la adquisición inicial  oe.
de la Colección Thyssen-Bornemisza, llevada a cabo en 1993, consolidando el valor de  w.
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español. La mejora de la protección, conservación y conocimiento de este patrimonio va
a redundar de forma muy favorable en el turismo cultural, y, por tanto, en la actividad 
económica.
Y es que la cultura es un incuestionable motor del sector turístico. Hay que tener en 
cuenta los datos anteriores a la pandemia de la COVID-19, en los que se observa que el 
turismo cultural es el tipo de turismo que más creció en los últimos cinco años. La 
Cuenta Satélite del Turismo en España (INE) estima en más del 12% la aportación de 
este sector al PIB en el último trienio disponible. Los datos procedentes de la explotación 
específica de las estadísticas turísticas oficiales, Encuesta de Turismo de Residentes 
(INE) y Encuesta de Gasto Turístico (INE), permiten mostrar que la cultura es el principal 
motivo de uno de cada cinco viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones, tanto si se 
trata de viajes de residentes en España, motivando el 17% de este tipo de viajes 
en 2019, como de entradas de turistas internacionales, siendo el detonante principal 
del 19,8% de estas entradas de ese año. En conjunto más de 30 millones de viajes 
en 2019 fueron movilizados por la cultura con un gasto total asociado de 24.433,4 
millones de euros, 9.085,4 millones de euros para los residentes en España y 15.348 
millones de euros para las entradas de turistas internacionales. Incluso si no se trata de 
viajes motivados por la cultura o por el ocio, las fuentes turísticas citadas constatan altos 
porcentajes de viajes en los que se realizan actividades culturales. Concretamente en 
el 24,6% del conjunto total de viajes de residentes y en el 36,9% de las entradas de 
extranjeros se registran actividades culturales, que comprenden tanto visitas culturales 
como asistencia a espectáculos y otro tipo de actividades vinculadas a la cultura. Dentro 
de las actividades culturales se observan mayores tasas de visitas culturales, el 74,5% si 
se trata de viajes de residentes, alcanzando el 91,5% en 2019 en las entradas de 
extranjeros.
En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, durante 2019 recibió 1.034.872 
visitantes, un 11,5% más que en 2018. Para garantizar la continuidad de este crecimiento 
y contribuir a la recuperación del turismo cultural y de la propia economía, una vez 
superados los momentos más duros de la pandemia, es imprescindible dar estabilidad a 
la presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, como elemento fundamental 
y garantía de cohesión, unidad y calidad en la institución.
La celebración del contrato, incluyendo el consiguiente reconocimiento de la garantía 
del Estado a las obras de la Colección, trasciende, pues, de la mera política cultural de 
protección, promoción y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, que ya de por sí 
justificaría  la  implementación  de  medidas  extraordinarias  y  urgentes.  En  efecto,  la 
situación  provocada  por  la  COVID-19  ha  dado  lugar  a  la  aprobación  de  medidas 
económicas y sociales que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la 
emergencia, han permitido garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos 
vulnerables, y sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando 
que la actividad económica se recupere cuanto antes.
Así,  la  consolidación  del  Museo  Nacional  Thyssen-Bornemisza,  a  través  de  la 
presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, pretende reforzar su posición y 
capacidad de arrastre de visitantes y, en definitiva, la figura del turismo cultural en sí, 
posibilitando que la aportación del sector al PIB, y el propio PIB, se sitúen a la mayor 
brevedad en niveles anteriores a la pandemia.
Por otro lado, y además de lo expuesto, la introducción de una regulación general 
que permita incrementar el patrimonio cultural mediante el arrendamiento de este tipo de 
bienes por el sector público supone habilitar un mecanismo fundamental para contribuir a 
dinamizar la actividad de creación y comercialización de obras de arte en un momento  s
especialmente  complicado  como  consecuencia  de  la  pandemia.  Se  continúa  así  el  oe.
camino ya apuntado por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se  w.
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ejecuta  la  Dirección  General  de  Bellas  Artes  en  la  adquisición  de  piezas  para  las 
Colecciones Públicas del Estado.
En  ese  sentido,  la  adopción  de  medidas  de  carácter  económico  acudiendo  al 
instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, siempre 
que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal 
que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como 
tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una 
tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
De acuerdo con lo anterior, la oportunidad de contar con una colección de obras de 
arte de la entidad de la que nos ocupa, evitando su salida del Museo, y asegurando así 
la posición de éste, y su contribución a la Cultura y a la recuperación económica, habilita 
la utilización del mecanismo del real decreto-ley. No hay que olvidar, en este sentido, que 
para la adquisición de la Colección Thyssen-Bornemisza también se acudió a este 
instrumento,  mediante  el  Real  decreto-ley  11/1993,  de  18  de  junio.  Igualmente,  la 
continuación y refuerzo de los apoyos públicos y privados movilizados por el Gobierno 
desde el inicio de la crisis sanitaria, centrados ahora en el apoyo al sector cultural, y, en 
concreto, a la producción y dinamización del mercado interno de obras de arte, y por 
ende a los propios artistas, implementando medidas específicas para dar respuesta a las 
necesidades  que  surgen  de  la  situación  excepcional  creada  por  la  crisis  sanitaria; 
respaldando a los agentes económicos y sociales para que su incidencia sea la menor 
posible y facilitando la recuperación económica para afrontar las consecuencias de la 
COVID-19, justifica plenamente acudir a la legislación de urgencia.
En el caso del otorgamiento de la garantía del Estado a la Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza, además, la urgencia viene dada por la necesidad de proporcionar, 
con carácter inmediato y sin las dilaciones propias del procedimiento correspondiente, la 
debida certidumbre y seguridad jurídica al régimen de aseguramiento de las obras; 
evitando de igual modo que, una vez firmado el contrato, hubiera un periodo de tiempo, 
desde la firma del mismo hasta el otorgamiento formal de la garantía, en el que las obras 
carecieran de cobertura alguna.
Por su parte, en cuanto a la modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, 
hay que recordar la paralización de toda actividad deportiva profesional y no profesional 
consecuencia de la crisis sanitaria; lo que supuso, como en otras áreas de actividad, una 
reducción de las vías de financiación de los organizadores de las competiciones. La 
normalización de la situación sanitaria ha permitido retomar la actividad deportiva, si bien 
con limitaciones de aforo o prohibición total de acceso al público en el caso de los 
deportes  profesionales;  manteniéndose  con  estas  restricciones  la  limitación  de  los 
recursos de financiación de competiciones y actividades deportivas.
En este contexto, se entendió que el fútbol, uno de los grandes motores del deporte 
en España, con capacidad de tracción respecto al resto del deporte español, sería clave 
para la reconstrucción del tejido económico deportivo. Con este objetivo de contribuir a 
financiar y dotar de estabilidad al deporte federado, olímpico y paralímpico en la antesala 
de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, se modificó el Real Decreto-
ley 5/2015, de 30 de abril, en virtud del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, introduciendo 
una contribución solidaria del fútbol al resto de los deportes, y facilitando así, en un 
momento crítico, la transferencia de recursos privados generados por el fútbol hacia 
políticas deportivas públicas.
Este Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, también recogió los acuerdos de abril  s
de 2020, adoptados en el denominado Pacto de Viana, entre la Liga Nacional de Fútbol  oe.
Profesional, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes, con objeto de dotar de mayores  w.
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organizadas por la RFEF, tanto masculinas como femeninas. De este modo, se atribuyen 
a  la  Federación  nuevas  facultades  de  comercialización  conjunta  de  derechos 
audiovisuales.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
apreció que esta reforma había sido incompleta, ya que el ejercicio de las facultades de 
comercialización conjunta de derechos audiovisuales incluidos dentro del ámbito de 
aplicación  del  real  decreto-ley  correspondientes  al  resto  de  las  competiciones 
organizadas por la RFEF exige, con carácter previo, la cesión de tales derechos a favor 
de la RFEF por parte de los clubes; y no contemplar la normativa la cesión obligatoria de 
dichas facultades, como sí ocurre para las demás competiciones anteriormente citadas. 
Por ello, no se ha podido llevar a efecto hasta ahora la gestión centralizada de los 
derechos de retransmisión por parte de la RFEF, afectando gravemente tanto a la 
gestión de recursos de la propia Federación, como al valor de la competición; siendo 
necesario efectuar el correspondiente ajuste de forma extraordinaria y urgente para 
evitar las distorsiones que la imposibilidad de aplicación del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, ha generado en la gestión de los derechos de retransmisión de las 
competiciones organizadas por la RFEF.
La extraordinaria y urgente necesidad en la aprobación de esta modificación deriva, 
pues, de la necesidad de dotar de un marco normativo estable que dé seguridad jurídica 
a los operadores intervinientes en esta venta centralizada de estos derechos, y que 
permita a la RFEF ofrecer un producto completo que incrementará el valor de mercado 
de  dichos  derechos.  No  hay  que  olvidar  que  los  importes  que  se  obtengan  en  la 
comercialización conjunta irían destinados a invertir en la mejora de las condiciones de la 
competición.
Además, hay que tener en cuenta la inminencia del comienzo de las competiciones 
organizadas por la RFEF, previsto para el próximo mes de septiembre; de modo que el 
proceso de comercialización de esos derechos debe llevarse a cabo con un margen 
temporal suficiente para que los operadores y la propia federación puedan gestionarlo en 
los mejores términos para el desarrollo y explotación de la competición. De no producirse 
esta modificación, las consecuencias tanto para la Federación como para los clubes 
participantes en las competiciones organizadas por éstas serían nefastas desde el punto 
de  vista  de  la  reconstrucción  del  tejido  económico  deportivo,  que  fue  el  objetivo 
perseguido por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.
No obsta a lo anterior el hecho de que el propio Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 
abril,  tras  su  convalidación  por  el  Congreso  de  los  Diputados,  se  esté  tramitando 
actualmente como proyecto de ley en las Cortes Generales; pues el estado actual de 
tramitación del mismo impediría que las modificaciones ahora pretendidas estuvieran en 
vigor antes del inicio de la nueva temporada.
En todo caso, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley 
se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de  prioridades  políticas  de  actuación 
(STC 14/2020, de 28 de enero), centradas en este caso en medidas en el ámbito cultural 
y  deportivo,  encaminadas  también  a  la  recuperación  económica.  Los  motivos  de 
oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real 
decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento 
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 
237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas  s
las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente  oe.
norma. w.
claiusd Daindesabtinetuo scsei orñneaeglasur lasbedá,o sspi coearn so  etrdlo e Tll aítEduolso,t  aIqd udoee,   elaal   rCleoaosln  sddteeitcurercecitóhono-,lse ,ay l  dnreéobg aeimfreeecsnt a yd a el l ilobaresdr etcanodamemsu inedindetao d ldeoess    2021-1167n https://w
daeu tólonso mdearse nchi oasl  Ddeer eecxhpolo etalecciótonr adl eg ecnoenrtaeln. idEons p aaurtdiciouvlaisr,u raelessp edceto  laas l ac ocmompeetricciiaolnizeasc idóen   BOE-A-cable e
fútbol profesional, se encuentra regulada, y ha sido modificada en el pasado, atendiendo 
a razones de urgente necesidad, a través de este instrumento normativo. En todo caso, 
los ajustes que ahora se introducen en esa regulación no afectan al «contenido o 
elementos  esenciales»  de  esta  modalidad  de  derecho  de  propiedad  privada 
(SSTC 111/1983, de 2 de junio, FJ 4; 139/2016, de 21 de julio, FJ 6), ni se utiliza el real 
decreto-ley para «precisar el haz de facultades» que lo integran o para «definir la función 
social del mismo» (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 13; 16/2021, de 28 de enero, 
FJ  5).  Antes  al  contrario,  se  modifica  de  forma  puntual  el  régimen  general  de 
comercialización  de  derechos  audiovisuales  de  las  competiciones  de  fútbol,  ya 
establecido por el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, que, como recuerda su parte 
expositiva, opta por el modelo de comercialización conjunta, por las propias dificultades 
del sector para autorregularse; imponiendo a los equipos la obligación de ceder las 
facultades  de  comercialización  de  sus  derechos,  y  estableciendo  el  sistema  de 
distribución de ingresos, de los que se destina una parte a fines de interés general. La 
actual  modificación  se  limita  a  aplicar  este  régimen  a  competiciones  no  incluidas 
inicialmente, incluyendo determinadas especialidades en los criterios de reparto de los 
ingresos, y concretando el destino de la contribución solidaria al desarrollo del fútbol 
aficionado. Se respetan, pues, los límites que para el real decreto-ley se establecen en el 
artículo 86 de la Constitución Española.
IV
El presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulación recogidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  y,  en  particular,  a  los  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que 
se establecen, y habiéndose identificado los fines perseguidos; siendo el real decreto-ley 
el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados. 
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su 
conocimiento  y,  en  consecuencia,  la  actuación  y  toma  de  decisiones  de 
Administraciones,  personas  y  empresas  afectadas.  En  cuanto  al  principio  de 
transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e 
información pública, que no son aplicables a la tramitación y aprobación de reales 
decretos-leyes.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley impone las 
cargas administrativas necesarias para la consecución de sus fines.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la 
Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 
deber y atribución esencial; y además por los títulos competenciales previstos en el 
artículo 149.1.13.ª, 18.ª y 28.ª de la Constitución Española.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y del  e.e
2021-1167n https://w
Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 13 de julio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.
Se añade una nueva disposición adicional décima a la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima.  Arrendamiento de colecciones de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del 
sector público.
1.  El arrendamiento, con o sin opción de compra, por parte de las entidades 
del  sector  público  que,  con  arreglo  al  artículo  3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  tengan  la 
consideración de poder adjudicador no Administración Pública, de colecciones de 
bienes  muebles  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español  cuyo  interés 
excepcional  haya  sido  declarado  por  la  Junta  de  Calificación,  Valoración  y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, u órgano equivalente de 
las  comunidades  autónomas,  tendrá  naturaleza  de  contrato  privado;  y  su 
preparación y adjudicación se regirán por lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En cuanto a sus efectos y extinción, con carácter general les serán aplicables 
las  normas  de  derecho  privado.  No  obstante,  cuando  el  contrato  tenga  la 
consideración de contrato sujeto a regulación armonizada con arreglo a lo previsto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo 
segundo  del  artículo  26.3  de  dicha  ley,  salvo  las  normas  relativas  a  la 
racionalización  técnica  de  la  contratación.  Asimismo,  no  será  obligatorio  el 
establecimiento de condiciones especiales de ejecución, pero, de incorporarse, en 
todo  caso  deberán  estar  vinculadas  al  objeto  del  contrato,  en  el  sentido  del 
artículo  145.6  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  no  serán  directa  o 
indirectamente discriminatorias, serán compatibles con el Derecho de la Unión 
Europea y se indicarán en el expediente de la contratación.
No  obstante,  no  resultarán  de  aplicación  los  siguientes  preceptos  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre:
a)  El artículo 29, relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución 
de la prestación. En estos contratos, el plazo de duración será como máximo 
de 15 años.
b)  El capítulo II del título III del libro I, relativo a la revisión de precios de los 
contratos  de  las  entidades  del  sector  público,  así  como  lo  dispuesto  en  la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
En los contratos a los que se refiere esta disposición, excepcionalmente, 
cuando  la  duración  sea  superior  a  5  años,  podrá  preverse  la  revisión  anual  es
periódica  y  predeterminada  del  precio.  Esta  revisión  en  ningún  caso  podrá  o
conllevar incrementos de la renta superiores al índice de precios al consumo del  7ww.
pcoargroce).s poLnodsi eanrtteíc auñloos. 198.4 y 210.4, relativos a las condiciones especiales de  OE-A-2021-1167able en https://w
Asimismo, el pago de cada anualidad de renta podrá efectuarse de forma 
anticipada, sin que resulte exigible ningún otro requisito adicional.
La resolución de controversias sobre los efectos y extinción del contrato podrá 
encomendarse  a  una  Comisión  mixta,  compuesta  por  representantes  de  los 
arrendadores y de la entidad del sector público arrendataria. Si transcurrido un 
mes dicha Comisión no lograra un acuerdo, podrá acudirse a la jurisdicción civil.
2.  Al arrendamiento de estos bienes se le podrá aplicar el procedimiento 
negociado sin publicidad correspondiente a aquellos supuestos en los que la 
ejecución solo puede encomendarse a un empresario determinado, previsto en el 
artículo 168.a) 2.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, previa acreditación de que 
no existen alternativas equivalentes y de los demás requisitos exigidos al efecto, 
con las siguientes especialidades respecto de lo establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre:
a)  En estos contratos, el pliego de cláusulas administrativas particulares será 
sustituido por el propio clausulado del contrato, sin perjuicio de la obligación del 
órgano de contratación de elaborar el correspondiente expediente; así como el 
informe previsto en el artículo 336 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, en el caso de 
contratos sujetos a regulación armonizada.
b)  La acreditación de la titularidad de los bienes, o de otro derecho real que 
permita ceder su uso, así como de los requisitos de capacidad del arrendador, se 
realizará conforme a las normas de derecho privado aplicables. La solvencia se 
entenderá  justificada  con  la  acreditación  de  la  titularidad  de  las  obras  o  del 
derecho real que permita ceder su uso.
c)  En el caso de que la colección de bienes muebles esté integrada por un 
conjunto de obras que pertenezcan a más de un titular, podrán concurrir todos 
ellos conjuntamente a la licitación, previa acreditación de dicha titularidad, sin 
necesidad de constituir una unión de empresarios. Esta misma previsión será 
aplicable a los supuestos en que sean varios los titulares de cualesquiera otros 
derechos que permitan ceder el uso de las obras que integran la colección.
Cada uno de los titulares deberá tener plena capacidad de obrar y no estar 
incurso en ninguna prohibición de contratar.
Los  titulares  quedarán  obligados  solidariamente  y  deberán  nombrar  un 
representante  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones  que  del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo.»
Artículo 2.  Otorgamiento de la garantía del Estado a las obras de la Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza arrendadas  a la Fundación  Colección Thyssen-Bornemisza, 
F.S.P.
1.  Se otorga a las obras de arte integrantes de la Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza  arrendadas  a  la  Fundación  Colección  Thyssen-Bornemisza,  F.S.P.  la 
garantía del Estado a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 1680/1991, de 15 de 
noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras 
de interés cultural, en los términos previstos en dicha normativa y en el presente artículo.
Los efectos de la garantía del Estado comenzarán en la fecha de formalización del 
contrato de arrendamiento, siempre que las obras se encontraran en la Fundación  e
Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P. a dicha fecha, y se extenderán durante toda la  bo
vigencia del mismo. Si las obras integrantes de la Colección no estuvieran a disposición  7w
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del Estado a 425 obras para su exhibición en la colección permanente del Museo 
Nacional Thyssen Bornemisza, o en la que se dicte al efecto.
El valor individual inicial de las obras incluidas en el contrato será el que figura en la 
solicitud  de  garantía  del  Estado  presentada  por  la  Fundación  Colección  Thyssen-
Bornemisza, F.S.P., con ocasión de la garantía otorgada por Orden CUD/664/2021, de 22 
de junio, o la que se haya dictado al efecto.
3.  En el caso de que el contrato comprenda alguna obra no contemplada en dicha 
Orden, que hubiera sido con anterioridad objeto de la garantía del Estado, el valor 
individual inicial de dicha obra será el que figuraba en la solicitud presentada con ocasión 
de la garantía concedida en su momento por la correspondiente Orden Ministerial, o, en 
el caso de ser varias, por la última de ellas. El alcance, efectos, condiciones y límites 
iniciales de la garantía, respecto a estas obras, será también el establecido en la Orden 
que la otorgaba, o en el caso de ser varias, en la última de ellas.
Si el contrato comprende alguna obra que nunca hubiera sido objeto de la garantía 
del Estado, su aseguramiento se llevará a cabo, en su caso, mediante la suscripción del 
correspondiente  contrato  de  seguro  por  parte  de  la  Fundación  Colección  Thyssen-
Bornemisza, F.S.P., sin que se entienda incluida en aquella garantía. En estos casos, la 
Fundación podrá solicitar la cobertura del Estado con ocasión de la actualización prevista 
en el apartado 5.
4.  El valor económico inicial total de la garantía se determinará sumando el valor 
individual inicial de las obras a las que se refiere el apartado 2, al valor individual inicial 
de las obras a las que se refiere el primer párrafo del apartado 3.
5.  La relación de las obras cubiertas por esta garantía, así como el valor económico 
correspondiente,  individual  y  total,  deberán  actualizarse  anualmente  por  Orden  del 
Ministro de Cultura y Deporte, previa solicitud de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza,  F.S.P.  a  formular  en  el  último  trimestre  de  cada  ejercicio.  Igualmente, 
deberán actualizarse el alcance, efectos, condiciones y límites de la garantía.
Dicha  actualización  deberá  respetar,  en  todo  caso,  el  límite  máximo  de  los 
compromisos  específicos  que  se  otorguen  a  la  Fundación  Colección  Thyssen-
Bornemisza al respecto, según se establezca en las leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado.
6.  Si la cesión de las obras de arte integrantes de la Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P., se lleva a cabo con 
carácter gratuito, no resultará de aplicación lo dispuesto en este artículo 2 y se estará al 
régimen general previsto en la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, y en el Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre.
Artículo  3.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  5/2015,  de  30  de  abril,  de  medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de 
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
El Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, queda modificado como sigue:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  2,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«2.  La participación en una competición oficial de fútbol de ámbito estatal  s
conllevará necesariamente la cesión por sus titulares a la entidad organizadora de  oe.
las  facultades  de  comercialización  conjunta  de  los  derechos  audiovisuales  w.
incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley. 2021-1167n https://w
A  efectos  de  este  real  decreto-ley,  y  sin  perjuicio  de  las  competencias 
reconocidas  en  la  legislación  deportiva  general,  tendrán  la  consideración  de 
entidad organizadora:
a)  La  Liga  Nacional  de  Fútbol  Profesional,  respecto  del  Campeonato 
Nacional de Liga de Primera y Segunda División.
b)  La Real Federación Española de Fútbol, respecto de la Copa de S.M. el 
Rey, de la Supercopa de España y del resto de competiciones de ámbito estatal 
que organice, tanto masculinas como femeninas, en todas las especialidades de la 
modalidad  del  fútbol  en  tanto  dichas  competiciones  no  sean  declaradas 
competiciones profesionales. A partir de dicha declaración, adquirirá la condición 
de entidad organizadora la Liga Profesional que se cree a tal efecto.»
Dos.  Se modifica la letra c) del artículo 6.1, que queda redactada del siguiente 
modo:
«c)  Un 2 por 100 se entregará a la Real Federación Española de Fútbol, 
como  contribución  solidaria  al  desarrollo  del  fútbol  aficionado  y  de  las 
infraestructuras federativas así como a la mejora de la competitividad de las 
categorías no profesionales. Esa cantidad podrá incrementarse en el marco del 
convenio al que se refiere el artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de 
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas. De este 2 por 100, un 50 por 100 se destinará a las federaciones de 
ámbito territorial, en función del número de licencias, para las finalidades y con 
arreglo a los criterios de reparto que el Gobierno determine reglamentariamente. 
El 50 por 100 restante se aplicará a las actividades propias de la Real Federación 
Española de Fútbol para el fomento y desarrollo de las selecciones españolas de 
fútbol en todas las especialidades, el fomento del fútbol aficionado y la dotación de 
las  infraestructuras  propias  necesarias,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente.»
Tres.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  8,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«1.  La Real Federación Española de Fútbol podrá comercializar directamente 
los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey y de la Supercopa de 
España  de  conformidad  con  el  artículo  4.  Asimismo,  podrá  comercializar 
directamente,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  2.2,  las  demás 
competiciones de ámbito estatal que organice, tanto masculinas como femeninas, 
en régimen de concurrencia y publicidad, y con sujeción a lo previsto en el 
artículo 4.5.
La Real Federación Española de Fútbol repartirá los ingresos que obtenga de 
la comercialización de los derechos de la Copa de S.M. el Rey conforme a los 
siguientes criterios:
a)  El 60 por 100 de los ingresos se destinará a los equipos de la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional y se asignarán de conformidad con las reglas 
previstas en el artículo 5. A efectos de la aplicación del criterio 1.º de la letra b) del 
artículo 5.3, se tomarán en consideración únicamente a las entidades que disputen 
la  ronda  de  octavos  de  final  de  la  competición  durante  las  cinco  últimas  es
temporadas, con la siguiente ponderación: Campeón 22 por 100; Subcampeón, 16  o
por 100; Semifinalistas, 9 por 100, Cuartos de Final, 6 por 100, Octavos de Final,  7w
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En el seno de la Real Federación Española de Fútbol, se constituirá un órgano 
de gestión de la misma composición que el establecido en el artículo 7, con dos 
especialidades:
a)  El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional será sustituido por 
el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
b)  Será miembro del órgano un club de la Segunda División B, elegido por 
los clubes o sociedades anónimas deportivas de esa categoría
Este órgano tendrá las funciones previstas en las letras a), d), e) y g) del 
artículo 7.1 referido a la Copa de S.M. el Rey y a la Supercopa de España.
La Real Federación Española de Fútbol repartirá los ingresos que obtenga de 
la comercialización de cada una de las otras competiciones entre los clubes o 
entidades participantes en cada una de ellas según los criterios que aprueben los 
mismos, por mayoría y para todo el período objeto de comercialización, en el 
marco de los órganos específicos que la Real Federación Española de Fútbol 
creará al efecto.
En  todo  caso,  entre  los  criterios  de  reparto  se  incluirán  los  resultados 
deportivos, el impacto social de cada uno de los clubes, el fomento de la cantera y 
del fútbol base.
De los ingresos que correspondan a cada uno de los clubes, estos deberán 
destinar, por medio de la Real Federación Española de Fútbol, un 2,5 por 100 de 
los mismos a financiar un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse 
las  entidades  deportivas  que  desciendan  de  la  categoría  que  fue  objeto  de 
comercialización conjunta; y un 3 por 100 que se destinará como contribución 
solidaria al conjunto del futbol aficionado y a las infraestructuras necesarias para 
su adecuado desarrollo. 
La Real Federación Española de Fútbol repartirá este 3 por 100 de la siguiente 
forma: un 1 por 100 a las Federaciones Autonómicas, en función del número de 
licencias expedidas; un 1 por 100 a la promoción de la categoría objeto de 
comercialización en los mercados nacionales e internacionales; y un 1 por 100 al 
conjunto  de  las  selecciones  españolas  de  categorías  no  absolutas  y  a  las 
infraestructuras propias de la Federación.»
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. 2, que 
dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades 
autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución 
esencial;  y  además  por  los  títulos  competenciales  contemplados  en  los 
artículos 149.1.13.ª, 18.ª y 28.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad  económica;  legislación  básica  sobre  contratos;  y  defensa  del  patrimonio 
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno para que adopte las disposiciones que sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor. w.b
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de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional,
serán de aplicación a los contratos de comercialización de los derechos de explotación 
de contenidos audiovisuales a que se refiere el artículo 1 del mismo que se celebren a 
partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Dado en Madrid, el 13 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2021-1167n https://w