BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Martes 1 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 23787
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3198 Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
El artículo 51.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos 
garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los mismos.
Para  el  efectivo  cumplimiento  de  dicho  mandato,  se  han  de  considerar  las 
consecuencias  provocadas  en  el  ámbito  social  y  económico  por  la  pandemia  del 
COVID-19,  con  graves  repercusiones  en  diferentes  ámbitos  sectoriales,  que  han 
afectado especialmente a las relaciones de consumo y, en consecuencia, a la protección 
de las personas consumidoras y usuarias, cuya garantía en estas condiciones incumbe 
prioritariamente  a  los  poderes  públicos  y  obliga  a  la  adopción  de  actuaciones 
específicas.
En  tal  sentido  resulta  urgente  considerar  el  concepto  de  persona  consumidora 
vulnerable en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias, 
atendiendo a este mandato constitucional, en el sentido de garantizar con un grado 
mayor de protección a los derechos en determinados supuestos en los que la persona 
consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad que puede 
incidir  en  su  toma  de  decisiones  e,  incluso,  forzarla  a  aceptar  ciertas  condiciones 
contractuales que en otra situación no aceptaría. Esta figura ya ha sido recogida en la 
normativa autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera 
esta crisis sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de 
protección  de  estas  personas  que  puedan  encontrarse  en  especial  situación  de 
vulnerabilidad en una relación de consumo.
Por tanto, se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las 
personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser 
objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como del sector 
empresarial  en  las  relaciones  de  consumo.  Más  allá  de  la  tradicional  alusión  a  la 
situación económica de las personas consumidoras a la hora de determinar su situación 
de vulnerabilidad, se constatan diversas situaciones en las que, agravadas por la actual  e
situación de crisis sanitaria, las circunstancias sociales o personales hacen que se  bo
encuentren en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en  98ww
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urgente la previsión de las circunstancias que generan que los derechos de estas 
personas consumidoras necesiten una protección reforzada.
La Nueva Agenda del Consumidor presenta la visión de la política europea de 
consumo para el periodo 2020-2025. Entre sus finalidades, además de abordar las 
necesidades actuales de las personas consumidoras ante la pandemia, se subraya la 
promoción  de  medidas  para  un  mercado  único  más  ecológico,  digital  y  justo, 
fortaleciendo la confianza y toma de decisiones de los consumidores, así como la 
protección eficaz de sus intereses en las relaciones de consumo. La Agenda asume un 
enfoque  holístico  que  abarca  aquellas  políticas  de  la  Unión  Europea  que  revisten 
especial  interés  para  las  personas  consumidoras,  complementando  otras  iniciativas 
como el Pacto Verde Europeo, la Economía Circular o, en el marco de Naciones Unidas, 
la Agenda 2030.
Para  alcanzar  sus  objetivos,  la  Agenda  cubre  cinco  ámbitos  prioritarios:  a)  la 
transición ecológica; b) la transformación digital; c) la tutela y defensa de los derechos de 
los  consumidores;  d)  las  necesidades  específicas  de  determinados  grupos  de 
consumidores; y e) la cooperación internacional. Entre ellos, el tercero y el cuarto son los 
que establecen el marco adecuado para la modificación urgente del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
La tutela eficaz de los derechos de las personas consumidoras se ha vuelto más 
acuciante tras el impacto social y económico que la pandemia de la COVID-19 ha tenido 
sobre las prácticas de consumo. La Comisión Europea alerta en su Comunicación sobre 
el aumento de prácticas comerciales desleales, lo que motiva la necesidad de implantar 
medidas coordinadas con los Estados miembros para garantizar la protección de los 
derechos de los consumidores en un entorno cada vez más digital. En esta línea, la 
Nueva  Agenda  del  Consumidor  subraya  la  necesidad  de  abordar  las  necesidades 
específicas de consumidores que, por sus características o circunstancias, requieran una 
mayor protección para garantizar la toma de decisiones en las relaciones concretas de 
consumo acorde con sus intereses.
Entre ellas, en la Agenda se destacan las siguientes: la necesidad de garantizar tanto 
la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, como la disponibilidad de un 
información clara, accesible y fácil de manejar sobre ellos; la adopción de un enfoque 
justo  y  no  discriminatorio  en  la  transformación  digital;  la  educación  permanente,  la 
sensibilización y la formación, especialmente a niños, niñas y menores de edad; o la 
protección frente a prácticas discriminatorias por razón de género. En suma, la Nueva 
Agenda del Consumidor coloca en el centro de sus políticas y medidas la protección de 
las personas consumidoras que, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no 
puedan adoptar una decisión acorde con sus intereses en una relación de consumo.
El concepto de consumidor vulnerable recogido en la Nueva Agenda del Consumidor 
se fundamenta en los estudios teóricos e investigaciones empíricas desarrolladas en los 
últimos años sobre la vulnerabilidad específicamente referida al ámbito del consumo. 
Dichos avances en el plano académico y en la literatura utilizada por las instituciones 
internacionales confluyen en una noción de vulnerabilidad en consumo entendida como 
la probabilidad ex ante de que una determinada persona obtenga un posible resultado 
negativo en su relación de consumo.
En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados 
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como 
la dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar,  es
elegir o acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por  o
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los factores que determinan dicha vulnerabilidad.
Aunque la identificación de los factores de vulnerabilidad de consumo ha dado lugar 
a múltiples tipologías, existen algunos consensos básicos dentro del mundo académico.
En  primer  lugar,  se  asume  que  la  situación  de  vulnerabilidad  no  se  deriva  de 
circunstancias estrictamente personales, sino que hay que considerar aspectos de origen 
demográfico, social e, incluso, relacionados con cada entorno de mercado concreto.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, hay consenso general en que las 
condiciones que predisponen a la vulnerabilidad en las relaciones de consumo exceden 
el plano de lo estrictamente económico, tradicionalmente aproximado con indicadores del 
nivel de renta. Los primeros avances teóricos en este sentido datan de los años noventa 
del siglo pasado y se derivan de estudios centrados en el análisis de la vulnerabilidad de 
consumo en mercados específicos como el de productos farmacéuticos o el alimentario. 
En estos casos se evidenciaba con nitidez cómo factores tanto de índole biológico como 
cultural tenían una importancia crucial para estimar la vulnerabilidad en sus relaciones de 
consumo de ciertos individuos o colectivos.
Posteriores investigaciones han venido confirmando que la multidimensionalidad de 
la vulnerabilidad de consumo, es decir, su relación con factores de distintas dimensiones, 
afecta a todos los ámbitos de consumo, siendo especialmente patentes en algunos 
sectores de consumo específicos como el financiero, el energético o el de comercio 
electrónico.
En tercer lugar, los estudios académicos conciben la vulnerabilidad en el ámbito del 
consumo como un concepto dinámico, en el sentido de que no define a las personas o a 
los colectivos como vulnerables de una forma estructural ni permanente. De esta forma, 
una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado ámbito de consumo, 
pero no en otros. Además, esa condición de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del 
tiempo según puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo 
personal  como  las  sociales  o  de  contexto.  En  definitiva,  las  investigaciones 
especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento 
de su vida respecto de alguna relación de consumo específica.
En consonancia con esta aproximación teórica y conceptual, se significa que la 
normativa europea conmina a proteger a las personas consumidoras vulnerables, no 
solo en relación con aspectos económicos, como tradicionalmente se ha hecho en la 
normativa sectorial, sino también en relación con aquellas otras circunstancias, tales 
como por ejemplo la edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las 
personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia 
de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con 
algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, 
las  personas  desplazadas  temporalmente  de  su  residencia  habitual,  la  población 
migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias 
económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan 
incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo. En este sentido ya se 
pronunció el Parlamento Europeo, en su Resolución de 22 de mayo de 2012 sobre una 
estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables, o, junto con el 
Consejo, en el Reglamento 254/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre el Programa 
plurianual de Consumidores para el período 2014-2020, que apuesta claramente por la 
protección  de  las  personas  consumidoras  vulnerables  a  través  de  la  inclusión  de 
previsiones legislativas especiales.
Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que son diversas las causas que 
determinan  la  posible  situación  de  vulnerabilidad  de  las  personas  consumidoras  y  es
usuarias en atención a las específicas relaciones de consumo que les afecten. Es  o
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discapacidad, entre otras) coloca a las personas consumidoras en una situación de
especial  vulnerabilidad  que  reclama  una  protección  reforzada  de  sus  derechos. 
Asimismo, es preciso atender a circunstancias como el desconocimiento del idioma, el 
nivel de formación (bien sea general o específica de un sector del mercado), el lugar de 
residencia, la situación social, económica y financiera o, incluso, problemas asociados al 
uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  instrumento  o  vía  de  acceso  normalizado  al 
mercado de bienes y servicios. Además, es importante tener en cuenta que varias 
causas o factores de los mencionados pueden operar simultáneamente o interaccionar 
entre sí, incrementando en esos casos la situación de vulnerabilidad.
Todo  ello  supone  la  necesidad  de  considerar,  entre  los  colectivos  que  pueden 
encontrarse en una especial situación de vulnerabilidad en las relaciones comerciales 
entre personas consumidoras y empresarios en España, a distintos grupos de personas.
Las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en 
España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o más años para un total de población 
española de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la población. En muchas 
ocasiones, factores que pueden estar asociados a la edad, como el estado de salud, el 
desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en la posibilidad de las personas 
mayores para desenvolverse como personas consumidoras en igualdad de condiciones, 
principalmente en la sociedad de la información actual. Además, las personas mayores 
enfrentan  en  ocasiones  barreras  relacionadas  con  la  forma  en  que  se  genera  o 
proporciona la información en las relaciones de consumo, incrementándose el riesgo de 
que puedan ser inducidas a error, así como barreras relacionadas con prejuicios y 
estereotipos asociados a la edad. Este desfase generacional que puede afectar a sus 
relaciones de consumo se observa, por ejemplo, respecto al consumo on line, puesto 
que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa 
por debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la población mayor de 16 años, de 
acuerdo con datos del INE.
Asimismo,  se  visibiliza  cómo  la  vulnerabilidad  también  tiene  un  componente 
transversal de género, puesto que en España las mujeres cuya edad está comprendida 
entre los 65 y los 99 años constituyen el 57 % frente a los hombres. Además, de acuerdo 
con información proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad 
avanzada viven solas con más frecuencia que los hombres, tienen ingresos más bajos, 
sufren, en mayor medida, enfermedades crónicas, y tienen peor percepción subjetiva de 
su  salud  y  calidad  de  vida.  A  la  edad  y  al  género  debe  asociarse  igualmente  la 
discapacidad que, en los supuestos de personas mayores y, especialmente, de mujeres 
mayores, agrava la situación de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de exclusión. En el 
caso  de  las  mujeres  con  discapacidad,  nuevamente,  el  riesgo  de  exclusión  es 
acusadamente mayor.
Entre otros obstáculos que impiden o dificultan el desarrollo en condiciones de 
igualdad en las relaciones de consumo, la cuestión del género bien puede entenderse 
como otro de los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INE, 
las compras por internet por parte de las mujeres son 0,9 puntos porcentuales inferiores 
a las de los hombres. El hecho de que el género sea un factor estructural que posiciona 
en condición de subordinación en el ámbito económico se aprecia con claridad en los 
indicadores de capacidad económica, puesto que la renta neta anual media en los 
hogares es mayor en aquellos en los que la persona de referencia es un hombre (30.531 
euros) que en los que lo es una mujer (25.198 euros). En relación con las pensiones, por 
ejemplo,  y  de  acuerdo  con  datos  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  es
Migraciones, la pensión media de las mujeres en octubre de 2020 ascendió a 813,52  o
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social, frustrando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas
de independencia económica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el 
agresor sobre las víctimas mujeres. Según datos de la Cruz Roja, el 84 % de las mujeres 
víctimas de violencia de género están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que 
afecta de una forma directa a sus relaciones de consumo. Esta situación se agrava 
exponencialmente en el caso de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y de 
trata o cualquier tipo de explotación sexual.
Adicionalmente, y en el ámbito de la cuestión de género, se encuentran las familias 
monoparentales. Estos colectivos, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, 
afrontan necesidades que los sitúan en una posición de desigualdad en las relaciones de 
consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión 
social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media. Asimismo, 
las  mujeres  que  encabezan  estos  hogares  han  de  enfrentarse  a  situaciones  de 
empleabilidad inestables, debido a las escasas posibilidades de conciliación que ofrecen 
las empresas, lo que provoca que muchas de ellas se puedan encontrar en situación de 
desempleo o de trabajo en situación irregular dada su condición.
También se debe prestar especial atención a la situación de los niños, niñas y 
adolescentes que, de acuerdo con el INE, suponen el 17,6 % del total de la población, 
siendo los menores de 16 años el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza 
relativa según la encuesta de condiciones de vida. En sus relaciones de consumo, los 
niños,  niñas  y  adolescentes,  por  ejemplo,  presentan  una  mayor  sensibilidad  a  la 
publicidad y a las prácticas comerciales agresivas, disponen de menor capacidad para 
reconocer  el  peligro,  pueden  sentirse  atraídos  por  la  apariencia  de  productos  que 
entrañen riesgos para su salud o seguridad, o pueden presentar mayor sensibilidad 
frente a la toxicidad de determinadas sustancias químicas. Requieren, como la Nueva 
Agenda  del  Consumidor  advierte,  medidas  de  educación  permanente,  formación  y 
sensibilización.
Igualmente es necesario hacer alusión a las personas con discapacidad y cómo 
puede afectar esta situación a sus relaciones de consumo. De acuerdo con la Encuesta 
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, elaborada por el 
INE en 2008 (último informe disponible), el número de personas con alguna discapacidad 
se  elevaba  a  3.847.900  personas,  de  las  cuales  1.600.000  aproximadamente  son 
menores de 65 años.
Estas personas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la 
hora de desenvolverse en las relaciones de consumo dependiendo de la capacidad de 
respuesta.  En  tal  sentido,  estas  personas  están  más  expuestas  a  la  quiebra  y 
vulneración de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas 
ocasiones  el  mercado  de  bienes,  productos  y  servicios  carece  de  condiciones  de 
accesibilidad  universal,  dificultando  su  desempeño  como  consumidores  protegidos. 
Igualmente cabe destacar las dificultades en el acceso a la información, la necesidad de 
una protección más intensa contra exclusiones, discriminaciones y abusos, el sobrecoste 
económico  de  la  discapacidad,  entre  otras  causas.  Por  ejemplo,  las  personas  con 
discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la información que incorporan las 
etiquetas de los productos de uso cotidiano.
Por otro lado, entre los factores que pueden afectar a la población en general, pero 
que son susceptibles de hacerlo especialmente a los colectivos que se han identificado 
previamente como en situación de particular vulnerabilidad, cabe aludir en primer lugar al 
nivel de renta de las personas consumidoras. En concreto, y según la Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE en el año 2019, la población en riesgo de pobreza o  es
exclusión social (tasa AROPE) se situó en España en el 25,3 %. Un dato que todavía no  o
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mes en 2020.
El  nivel  formativo  y  cultural  también  puede  incidir  de  forma  importante  en  las 
relaciones de consumo, situando en posiciones de vulnerabilidad a aquellas personas 
consumidoras que cuentan con menores niveles de estudios. Es preciso tener en cuenta 
que, actualmente, hay en España en torno a 577.600 personas analfabetas funcionales, 
según el último dato de la Encuesta de Población Activa, lo que incide de forma directa, 
por ejemplo, en su capacidad para poder entender de forma precisa la información que 
se les facilita en sus relaciones de consumo.
Otro factor que cobra especial importancia es la brecha digital en las relaciones de 
consumo  en  la  era  digital.  Si  bien  el  avance  tecnológico  ha  supuesto  en  muchos 
aspectos  una  apertura  a  nuevas  oportunidades  de  consumo,  puede  situar  en  una 
situación de vulnerabilidad al 4,7 % de la población que no tiene conexión a internet. 
Pero no solo poder acceder a estos servicios es importante para poder desenvolverse en 
situaciones de igualdad en las relaciones de consumo, sino que adquirir habilidades y 
conocimientos tecnológicos es imprescindible para operar de forma adecuada en el 
comercio on line, aspecto que también tiene un importante componente de edad, pues 
solo el 17,1 % de la población mayor de 74 años hace uso diario de internet, de acuerdo 
con  datos  del  INE.  A  la  brecha  digital,  hay  que  agregar  los  sesgos  de  género  y 
discapacidad en el análisis de datos masivos, que afectan claramente al diseño de 
políticas de impacto social, como las políticas de consumo.
De igual modo, el lugar de residencia también puede ser una causa de vulnerabilidad 
en las relaciones de consumo. Aparte de la ya mencionada dificultad de acceso a 
servicios  bancarios,  pues  según  el  Banco  de  España  4.109  municipios  españoles, 
el 51,8 % del total, no tienen acceso a ninguna oficina bancaria, también es importante 
mencionar que los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años residentes en 
el 26,3 % de las ciudades de menos de 10.000 habitantes no tiene acceso a internet por 
banda ancha fija. Todas estas situaciones, además, se han visto acrecentadas con la 
situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, que ha traído aparejado un aumento 
del número de personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económica. Así, 
desde que se pusieron en marcha por el Gobierno de España las distintas moratorias 
para tratar de paliar los efectos de la crisis sanitaria en la población económicamente 
más vulnerable y hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con la información del Banco de 
España, se han concedido 226.000 moratorias legales hipotecarias y 366.000 moratorias 
de  créditos  al  consumo.  Asimismo,  se  han  concedido  793.000  moratorias  entre 
hipotecarias y no hipotecarias al amparo de un acuerdo marco sectorial bancario.
Por tanto, se ve cómo son numerosas las causas tanto endógenas como exógenas 
que pueden situar a una persona en situación de vulnerabilidad en sus relaciones de 
consumo, no únicamente sus circunstancias económicas, como tradicionalmente se ha 
enfocado este asunto a nivel sectorial.
En consideración a cuanto ha quedado expuesto, los artículos de la presente ley se 
refieren a las medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones 
de vulnerabilidad que afectan a las personas consumidoras y usuarias.
Así, en su artículo primero se procede a modificar el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
La modificación esencial del texto refundido es la que afecta al artículo 3, en relación 
al concepto general de consumidor y usuario, con la finalidad de incluir la definición de 
persona consumidora vulnerable.
Así, se determina que a los efectos de esta norma y sin perjuicio de la normativa  es
sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas  o
dcepnoeneen crcssuesouesunminbdatoairsdard doneirf,nsaí sa asicu coianóv squnc ul,ni reqeci nuursadenebe,sa lfte eatdsenne rscr riiióaetofnssor  pirameoplc, ea tsdro see oicsndntpdoearir volieaitrdseel u,clo aac celit óieconmoon n epqósocum roeacil celomaclnestecis,vnr  aeteie,tm a,d speup incodda reu et in vseaacul  sose ne ssjopecu eramccsriaicooaci,clo  tie saairldtqeíuseusat ,iecc slialóusasness,      OE-A-2022-3198able en https://www.
derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.
Como consecuencia de esta previsión, de carácter esencial en el texto refundido al 
determinarse el concepto de persona consumidora vulnerable, se procede a modificar 
diversos artículos de dicho texto con la finalidad de adecuar el régimen de derechos de 
las personas consumidoras vulnerables en el ámbito de aplicación del texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Con  tal  finalidad  se  incorpora  la  previsión  de  esta  categoría,  la  de  persona 
consumidora vulnerable, en los siguientes preceptos:
En el artículo 8, sobre derechos básicos de los consumidores y usuarios, del que se 
procede a modificar su redacción al objeto de prever lo relativo a los derechos de las 
personas consumidoras vulnerables.
Se  introduce  un  nuevo  apartado  3  en  el  artículo  17,  relativo  al  derecho  a  la 
información, formación y educación de los consumidores y usuarios, con la finalidad de 
considerar la referencia a las personas consumidoras vulnerables, de forma que se 
dispone  que  se  prestará  especial  atención  a  aquellos  sectores  que,  debido  a  su 
complejidad  o  características  propias,  cuenten  con  mayor  proporción  de  personas 
consumidoras vulnerables entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a 
las circunstancias que generan la situación de concreta vulnerabilidad.
Se  modifican  los  apartados  1  y  2  del  artículo  18,  dedicado  al  etiquetado  y 
presentación de los bienes y servicios, al objeto de determinar que, sin perjuicio de las 
exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente y de la normativa sectorial 
que en cada caso resulte de aplicación, que prestarán especial atención a las personas 
consumidoras vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los 
consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión y, en todo caso, 
incorporar, acompañar o, en último caso, permitir obtener de forma clara y comprensible, 
información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, conforme se 
detalla en el mismo.
Con el mismo objeto se da nueva redacción al artículo 19, relativo a las prácticas 
comerciales, de especial relevancia al objeto pretendido por la ley, al disponerse que los 
legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser 
respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto 
en las normas civiles y mercantiles, en las regulaciones sectoriales de ámbito estatal, así 
como lo previsto en la normativa comunitaria y autonómica que resulten de aplicación, 
incorporándose al texto refundido la referencia a que las prácticas comerciales de los 
empresarios quedan sujetas a lo dispuesto en el texto refundido, en la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista, no obstante la normativa sectorial que en cada caso resulte de 
aplicación.
Al efecto se prevé que respecto a las prácticas comerciales relativas a servicios 
financieros y bienes inmuebles, o en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, 
podrán  establecerse  normas  legales  o  reglamentarias  que  ofrezcan  una  mayor 
protección al consumidor o usuario. Y que las políticas públicas que inciden en el ámbito 
del  consumo  y  las  prácticas  comerciales  orientadas  a  las  personas  consumidoras 
vulnerables estarán destinadas dentro del ámbito de las relaciones entre consumidores o 
usuarios y empresarios a prever y remover las circunstancias que generan la situación 
de  vulnerabilidad,  así  como  a  paliar  sus  efectos,  en  particular  en  relación  con  las 
comunicaciones comerciales o información precontractual facilitada, la atención post 
contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.
Con la misma finalidad, se modifica el artículo 20, relativo a la información necesaria  es
en la oferta comercial de bienes y servicios, al objeto de precisar que, sin perjuicio de la  o
nacpinlosracienrrlmuogcisiuarp ,rt aeiveclnmano   smesunlepa tacre etd oonecrfsucieaiubarlt alnaeqdd suao,ce   oc vsomeeemnr ea ptrcrcsraeiueats nel  cs yaiddó seeneo b n ype r erepuársens ur olmftfnaeoiact raimsdlin teaa c tlroaoasn  eptsfo láiucmcamai alcmi dildóooeensrn  ,a tdesclea  oc vaniisucnsilcfuonoemnersemriiadbsabo leóclre,iepó sstnd,i m  eeno ane fso c urptemésasurraamaa r riiqanisou uosaess,      OE-A-2022-3198able en https://www.
intereses.
Asimismo, se procede a modificar el artículo 43, relativo a cooperación en materia de 
control de calidad, con la finalidad de dotar al texto de coherencia semántica y gramatical 
en relación con la nueva figura de persona consumidora vulnerable.
Se modifica el apartado 1 del artículo 60, sobre información previa al contrato, con la 
finalidad de prever de manera expresa lo relativo a la información a las personas 
consumidoras vulnerables, concretándose que el empresario deberá facilitarle de forma 
clara y comprensible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y 
estableciéndose,  sin  perjuicio  de  la  normativa  sectorial  que  en  su  caso  resulte  de 
aplicación, los términos y formato en que deba ser suministrada dicha información, 
principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, para garantizar 
su adecuada comprensión y que les permita la toma de decisiones óptimas para sus 
intereses. Asimismo, se modifica el apartado 4 de este artículo.
Finalmente, se añade un párrafo nuevo al artículo 72, se modifican la letra b) del 
artículo 80, el apartado 1 del artículo 99, el apartado 2 del artículo 127, el apartado 2 de 
artículo 150, la letra k) del apartado 1 del artículo 151, el apartado 3 del artículo 153, el 
primer párrafo del apartado 3 del artículo 160 y el apartado 1 del artículo 161.
Por su parte, mediante el artículo segundo, se procede a modificar la disposición final 
primera del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, relativa al título competencial, al objeto de adecuar su 
contenido  en  coherencia  con  las  modificaciones  operadas  en  el  texto  refundido 
vinculadas al carácter de normativa básica estatal de los preceptos que son objeto de 
modificación.
Las anteriores modificaciones se dictan al amparo de la competencia exclusiva 
atribuida al Estado por la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que 
atribuye  al  Estado  la  competencia  exclusiva  sobre  bases  y  coordinación  de  la 
planificación general de la actividad económica.
Y ello atendiendo a que la competencia estatal sobre la ordenación general de la 
economía  ampara  todas  las  normas  y  actuaciones,  sea  cual  sea  su  naturaleza, 
orientadas  al  logro  de  una  serie  de  fines,  entre  los  que  la  doctrina  constitucional 
[STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 4.b)] ha situado el de incidir en principios rectores de 
la  política  económica  y  social  (SSTC  95/2002,  FFJJ  7  y  11,  seguida  por  las 
SSTC 190/2002, de 17 de octubre; 228/2003 y 230/2003, ambas de 18 de diciembre), 
habiéndose  asimismo  concretado  que  la  competencia  estatal  sobre  las  bases  y  la 
coordinación de la planificación general de la actividad económica comprende no sólo la 
ordenación del conjunto de la economía sino también la ordenación de cada sector o 
subsector de la actividad económica, y el Estado podría así actuar en sectores muy 
específicos de la actividad económica sobre los que las comunidades autónomas tienen 
atribuidas competencias, conforme ha afirmado reiteradamente el Tribunal en relación 
con  múltiples  sectores  y  subsectores  económicos  (SSTC  225/1993,  de  8  de  julio, 
16/2018, de 22 de febrero; 32/2018, de 12 de abril; 43/2018, de 26 de abril; 63/2018, 
de 7 de junio; 80/2018, de 5 de julio; 97/2018, de 19 de septiembre; 102/2018, de 4 de 
octubre; 85/2015, de 30 de abril).
II
Además,  la  ley  incorpora  determinadas  modificaciones  urgentes  mediante  sus  s
disposiciones finales tercera a sexta. oe.
La disposición final tercera procede a modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de  w.
mecaornAzóosm,í , piscoeor   mpealo rqdaui fheica asc eee rla  afdrreotínpcttueal ona  l1 mC beOidsVi diInDatsr-o1 ud9ru.gceidnote es nc eolm Rpeleaml Denetcarreiatos- leeyn  3e7l /á2m02b0it,o d seo 2c2ia dl ey   2022-3198n https://ww
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de  Bc
dar  cobertura  a  las  situaciones  en  las  que  los  procedimientos  de  desahucio  y 
lanzamiento  afecten  a  personas  económicamente  vulnerables  sin  alternativa 
habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas 
que carezcan de título para habitar una vivienda.
Esta modificación se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por la 
regla  6.ª  del  artículo  149.1  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado 
competencia exclusiva en materia de legislación procesal.
La  disposición  final  cuarta  modifica  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de una parte, a efectos de 
derogar  la  disposición  adicional  sexta,  y,  de  otra  parte,  modificar  el  anexo  XII. 
Bonificaciones Portuarias.
Se procede a la derogación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en materia 
de absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, habida cuenta de la existencia 
de una regulación parcialmente coincidente de la absorción de la financiación procedente 
de la Unión Europea por parte de la Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, organismos públicos adscritos al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. De esta manera, queda claro que la normativa aplicable en dicha materia 
será la contenida en el referido real decreto-ley.
Ello al amparo de la regla 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica.
De otra parte, se modifica el anexo XII. Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, con la 
finalidad de subsanar determinados errores de omisión en los cuadros de diferentes 
autoridades  portuarias  y  sus  correspondientes  textos  al  pie,  porque  sin  dichas 
modificaciones no sería posible una correcta liquidación de las tasas portuarias para el 
ejercicio 2021.
Las modificaciones introducidas se refieren a:
– La inclusión de un cuadro de las bonificaciones portuarias del artículo 245.3, de la 
Autoridad Portuaria de Santander (que figura como anexo de esta ley).
– La inclusión de determinadas frases finales en las bonificaciones del artículo 245.3 
bis, de las Autoridades Portuarias de Barcelona, Motril y Vilagarcía; y del artículo 182, de 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Se trata de una modificación urgente con el objetivo de que las bonificaciones que no 
están recogidas en el texto actual de dicha ley entren en vigor en el menor plazo posible 
y puedan ser aplicadas de forma inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello 
sea posible una correcta liquidación de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.
La  modificación  del  anexo  XII  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se dicta de acuerdo con la 
regla 20.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de puertos de interés general.
La  disposición  final  quinta  se  refiere  a  la  habilitación  para  modificaciones  de 
determinados preceptos del  Real Decreto 849/1986,  de 11 de abril, por el que se  e.e
aprueba  el  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  que  desarrolla  los  títulos  w.b
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el  98ww
ReaCl Donefcorremtoe  Lae geilslola, tliavso  m1/o2d0i0fi1ca, cdieo n2e0s d dee jlu Rlioe.al Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
pqrueeli msein aapr,r uI,e IbVa,  Ve,l  VRIe yg lVamII ednetlo t edxetlo D reofmunindioid oP údbel iclao  LHeiyd rdáeu lAicgou, aqsu,e a dperosbaarrdooll ap olors e tlí tRueloasl 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobadas mediante la disposición final quinta
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021, que afectan al último párrafo del apartado a) del artículo 300, al primer párrafo 
del artículo 303, al último párrafo del apartado a) del artículo 307 y al primer párrafo del 
artículo 310, podrán efectuarse mediante disposición con rango de real decreto.
Se  trata  de  salvaguardar  el  rango  reglamentario  de  las  disposiciones  del  Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII, del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, que se han modificado mediante la disposición final quinta de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021: último párrafo 
del apartado a) del artículo 300, al primer párrafo del artículo 303, al último párrafo del 
apartado a) del artículo 307 y al primer párrafo del artículo 310.
La disposición final sexta modifica los precios básicos del canon de control de 
vertidos  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Tiene por objeto modificar los precios básicos del canon de control de vertidos del 
segundo párrafo del artículo 113.3 del texto refundido de la Ley de Aguas. El canon de 
control de vertidos se configura como un ingreso de los organismos de cuenca destinado 
al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio  receptor.  Asimismo,  su  finalidad 
ambiental de protección de la calidad de las aguas del dominio público hidráulico, 
aconseja  armonizar  su  cuantificación  con  la  fijada  por  la  disposición  adicional 
nonagésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021.
Todo ello atendiendo que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 contiene dos preceptos que regulan los mismos 
cánones con cuantificaciones diferenciadas:
Por una parte, la disposición adicional nonagésima novena. Actualización de los 
precios básicos del canon de control de vertidos, establece lo siguiente:
«Con efectos de 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el precio 
básico  por  metro  cúbico  se  fija  en  0,01751  euros  para  el  agua  residual  urbana  y 
en 0,04377 euros para el agua residual industrial.»
Por su parte, el apartado dos de la disposición final novena establece lo siguiente:
«Dos. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113, 
que queda redactado como sigue:
"El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01808 euros para el agua residual 
urbana y en 0,04520 euros para el agua residual industrial. Estos precios básicos podrán 
revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado."»
A fin de evitar las dificultades interpretativas y aplicativas, con los consiguientes 
problemas de recaudación y jurisdiccionales, se propone introducir esta disposición final 
que modifique el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, fijando en el mismo la cuantía del precio básico para aguas residuales 
urbanas e industriales, respectivamente, y por otra parte, establecer de manera expresa 
que quedan sin efecto a partir de 1 de enero de 2021 las cuantificaciones de los precios  e.
básicos que difieran de lo previsto en esta redacción. w.b
Las  referidas  disposiciones  finales  quinta  y  sexta  se  dictan  al  amparo  de  las  98ww
lrae gcloams p2e2t.eª nyc 2ia3 .eª xdcelul sairvtaíc uelno  m14a9te.1ri ad ed ela l eCgoisnlsatcitiuócni,ó onr dEesnpaacñioólna ,y q cuoen actersibióuny edne a rle Ecustrasdoos 
ya uatópnroovmeach ya dmeie lengtoissl ahcidiórná ubliácsoisc ac usoabnrdeo  plraost eacgcuióans  ddeisl cmuerrdaino  paomrb mieánste d, ere usnpae cctiovmamuneindtaed.
III
La presente ley se estructura en dos artículos, tres disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, siete disposiciones finales y un anexo.
En el articulado se realizan las modificaciones precisas en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en el real decreto-legislativo 
aprobatorio de dicho texto.
La disposición transitoria establece el plazo para la adaptación de los estatutos 
sociales y concertación de los contratos marco y participación de la representación legal 
de las personas trabajadoras de los centros portuarios de empleo.
Y por lo que se refiere a las disposiciones finales, se significa que:
La disposición final primera modifica el artículo 18 y la disposición adicional séptima 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
La  disposición  final  segunda  añade  una  nueva  disposición  adicional  vigésima 
segunda a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
La disposición final tercera procede a modificar el artículo 1 bis del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
La  disposición  final  cuarta  modifica  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
La  disposición  final  quinta  se  refiere  a  la  habilitación  para  modificaciones  de 
determinados preceptos  del Real Decreto  849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico  que  desarrolla  los  títulos 
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Por su parte, la disposición final sexta modifica los precios básicos del canon de 
control de vertidos del segundo párrafo del artículo 113.3 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.
La disposición final séptima se refiere a la entrada en vigor, estableciendo su entrada 
en vigor para el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El  anexo  se  refiere  al  cuadro  de  las  bonificaciones  portuarias  de  la  Autoridad 
Portuaria de Santander.
IV
El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas 
con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval 
demanda  la  concurrencia  material  de  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad y también formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación 
ordinaria de los textos normativos. Esta ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional contenida en múltiples sentencias entre las que cabría citar la 6/1983, 
de 4 de febrero, F 5; la 11/2002, de 17 de enero, F 4; la 137/2003, de 3 de julio, F 3 y 
la 189/2005, de 7 julio, F 3), entre otras muchas.
Su  motivación  material  deriva  de  la  necesidad  de  poder  afrontar  las  graves 
consecuencias  del  empeoramiento  de  la  vulnerabilidad  de  muchas  personas 
consumidoras atendiendo a la actual coyuntura económica y social. Y la extraordinaria y 
urgente necesidad forma parte del juicio político y de oportunidad que corresponde al  e.e
Gobierno  (nuevamente  SSTC  61/2018,  de  7  de  junio,  FJ  4;  142/2014,  de  11  de  b
septiembre, FJ 3). 98ww
imprLeassc inmdiebdleid asp aarad opatatednadse r sea  colnossi deinratenr,e saedse mgáesn, elraasle sn ecaefesactraiadso sc, one xcisatrieánctdeor 
(eSnTtrCe  l1a3 s9it/u2a0c1i6ó nd dee 2fi1n idjual ioq,u eF Jc o3n)s t«ituunyae  ecol pnreexsióunp udees tsoe hnatibdiolit aon tree lya claiósn m deed iaddaesc quuaec ióenn 
el decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo
(RTC  1982,  29),  FJ  3,  hasta  las  más  recientes  SSTC  96/2014,  de  12  de  junio 
(RTC 2014, 96), FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 4).
Esta ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos,  deberes  y  libertades  de  los  ciudadanos  regulados  en  el  Título  I  de  la 
Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
En relación con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se 
pretende reforzar la garantía de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en 
orden a proteger más eficazmente los legítimos intereses de aquellos que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a 
los poderes públicos encomienda el artículo 51.1 de la Constitución.
A tales efectos, la inclusión de la figura de la persona consumidora vulnerable en la 
normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias no afecta al 
régimen general del principio rector recogido en el artículo 51 de la Constitución, sino 
que,  siguiendo  dicho  mandato  constitucional,  incorpora  de  forma  expresa  algunos 
elementos para la necesaria protección de personas y colectivos que, aunque ya se 
infería de la normativa vigente, en determinadas ocasiones podía no estar positivizada 
de  tal  forma  que  resultase  efectiva,  máxime  en  el  marco  de  las  extraordinarias 
circunstancias que se derivan del COVID-19.
En consecuencia, el objetivo pretendido es el de ampliar en todo caso la garantía de 
la debida protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en 
situación de vulnerabilidad, y ello en el marco general del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge la definición de 
consumidor y usuario con carácter general.
Se estima urgente y prioritario el poder hacerlo, en atención a las circunstancias 
actuales derivadas en particular de la pandemia, con la importante incidencia que está 
teniendo en las diversas relaciones de consumo o de servicio en la que se encuentran 
consumidores y usuarios, y considerando, además, que se actúa para el adecuado 
cumplimiento  de  los  pronunciamientos  de  las  instituciones  comunitarias,  que  hacen 
expresa referencia a otros factores y circunstancias específicas más allá de la situación 
económica en la que se encuentran las personas consumidoras y usuarias como causas 
específicas de su vulnerabilidad.
Como ha señalado recientemente la Comisión Europea en la Nueva Agenda del 
Consumidor, de 13 de noviembre de 2020, las vulnerabilidades de los consumidores se 
han visto exacerbadas por la actual pandemia. De hecho, la propia Comisión señala 
entre  los  impactos  de  la  pandemia  sobre  los  consumidores  «la  explotación  de  las 
vulnerabilidades financieras que existían desde antes de la pandemia pero que se han 
vuelto más acuciantes». Y esto es así porque, como se recoge expresamente, «la 
pandemia  ha  planteado  retos  significativos  que  afectan  la  vida  cotidiana  de  los 
consumidores,  sobre  todo,  en  relación  con  la  disponibilidad  y  la  accesibilidad  de 
productos y servicios, así como los viajes hacia, desde y dentro de la UE». Como punto 
importante derivado de la pandemia, la Comisión también llama la atención sobre «el 
aumento de las estafas a los consumidores, las técnicas de comercialización engañosas 
y el fraude en las compras en línea, de los que han sido y siguen siendo víctima un 
número creciente de consumidores».
Por  lo  tanto,  resulta  urgente  adecuar  la  normativa  básica  estatal  a  tales 
requerimientos  para  así  además  evitar  la  apertura  de  procedimientos  por  es
incumplimientos del Estado en esta materia que pudieran verse instados por las propias  o
laicanod snetpiscPtruuuoocmatrie doiodcantcomreiarósae  npsn a cterdoyt eem p ,ru uollasnoteu istugaa rirrgddiiaaeeassnrse  c.civoahu  oldnscee orrimdaveabo  l edlsaec s ol ana spfneeeeccrtcsuaeoedsnnaiadcssai,a  d sc ddio eens  sgeuad mreacmiodnnotaizsrnaaiddsrae  usrya n s dteurea s tuqoalu airegsia u sanp loieqt arusreeioos n teásaenns     OE-A-2022-3198able en https://www.
encuentren en situación de vulnerabilidad en relación con las relaciones de consumo que
les afecten de manera particular. En tal sentido, se considera preciso con urgencia llevar 
a cabo la modificación del artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  que  tiene  carácter  de  normativa  básica 
estatal, por lo cual resultará vinculante para las comunidades autónomas, en aras de 
determinar un mínimo común de protección en todo el territorio de Estado de estas 
personas que precisan de una especial protección, sin perjuicio de que las comunidades 
autónomas, en ejercicio de sus competencias, puedan prever en su normativa propia 
regulaciones que resulten más favorables para las personas consumidoras y usuarias en 
situación de vulnerabilidad, pero no disminuir la protección que se les otorgue a las 
mismas en virtud del texto refundido.
Con la incorporación de esta definición al artículo 3 del texto refundido, que tiene 
carácter básico, se da homogeneidad a la normativa horizontal de protección a las 
personas  consumidoras,  en  línea  con  los  textos  aprobados  por  las  instituciones 
europeas, además de clarificarse su naturaleza no estructural, sino referida a relaciones 
de consumo específicas. Asimismo, se evita la confusión y falta de seguridad jurídica 
que pueda provocar el uso de diferentes términos en la normativa estatal y autonómica 
para referirse a una misma realidad.
En la actualidad, el hecho de no contar con un cuerpo normativo a nivel nacional que 
proteja a las personas consumidoras vulnerables ante las infracciones de la normativa de 
consumo pone en una situación de especial desprotección a estas personas ante la 
actual pandemia, puesto que no se dispone de habilitaciones legales -más allá de la 
figura de la ley para poder desarrollar la normativa de protección de las personas 
consumidoras en aspectos tan importantes como la información precontractual a facilitar 
en la contratación a distancia, la toma en cuenta de situaciones de vulnerabilidad en la 
interposición  de  reclamaciones  ante  incumplimientos  contractuales  o  la  información 
concreta a facilitar respecto determinados productos de protección frente a la COVID-19 
cuando vayan destinados a determinados colectivos vulnerables.
De ahí la urgencia de incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable en el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
puesto que con ello se palía una laguna de nuestra normativa que podía suponer una 
clara desprotección de las personas consumidoras vulnerables ante los efectos de la 
actual pandemia.
Asimismo, esta modificación por la vía de urgencia es óptima desde el punto de vista 
de técnica normativa, porque ampara desarrollos más rápidos y eficaces de la ley para 
materias que no tienen rango de ley, sin tener que recurrir a la vía del real decreto-ley.
Por su parte, la urgente necesidad de incorporar al presente real decreto-ley las 
modificaciones  incluidas  en  las  disposiciones  finales  primera  a  cuarta  se  detalla  a 
continuación.
En cuanto a la modificación del artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, que fue introducido mediante el Real Decreto-
ley  37/2020,  de  22  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  hacer  frente  a  las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 
de transportes, deriva de la necesidad de dar cobertura inmediata a las situaciones en 
las  que  los  procedimientos  de  desahucio  y  lanzamiento  afecten  a  personas 
económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales 
en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una 
vivienda. es
Respecto  a  la  urgencia  de  modificar  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  o
dhPEaeabrserbstoasoidgturaacapli  ruó dcenleuas  e dtoIdnensit sva lape G osdeftsieinngic eaaiólrncaanci óli eaenascx d iiyósidc nteieeo ln lpn cEraCoisal cet esandeddtrexeoot n  autpp,e naa sarrdaea e   r seeelailglg   unaDUliñafenioccsió aiaón2 rn qr0 oEu2lpuel1oar , o rlcaTpdie eaeucal mnr ugopenelonaónrt gc eippi caaaoc rr oqtteeIiunn, e dcddaiueda s e etlnarjfiuet aesAcl, tt giofdeiescenn a  cddlliaaaea      OE-A-2022-3198able en https://www.
disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se 
precisa que la normativa aplicable será la contenida en el referido real decreto-ley.
De otra parte, es muy urgente proceder a la modificación de las bonificaciones 
portuarias para permitir que las bonificaciones que no están recogidas en el texto actual 
de dicha ley entren en vigor cuanto antes, con el fin de que se puedan aplicar de forma 
inmediata,  coincidiendo  con  el  ejercicio  anual,  y  con  ello  sea  posible  una  correcta 
liquidación de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.
Por lo que se refiere a las modificaciones a las que se refieren las disposiciones 
finales  quinta  y  sexta  se  significa  que  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  la 
modificación de los precios básicos del canon de control de vertidos se justifica en 
proporcionar seguridad jurídica a sus destinatarios, así como en atención a la actual 
coyuntura  económica,  la  cual  requiere  favorecer  la  actividad  de  los  operadores 
afectados, en equilibrio con la política de protección de la calidad de las aguas del 
dominio  público  hidráulico  (como  señala  por  todas,  el  FJ  4.f)  de  la  ya  citada 
STC 61/2018, de 13 de junio).
Por su parte, la coherencia del ordenamiento jurídico respecto de la salvaguarda del 
rango  reglamentario  de  las  modificaciones  del  Reglamento  del  Dominio  Público 
Hidráulico, se justifica en la necesidad de su concreción «en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de 
septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
La ley responde, asimismo, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 
necesidad y eficacia se apoyan en el interés general en el que se fundamentan las 
medidas de protección que se establecen para quienes son más vulnerables en el 
ámbito de los consumidores y usuarios, de modo que pueda garantizarse en el contexto 
de  la  situación  actual,  la  adecuada  defensa  de  sus  derechos  como  personas 
consumidoras  vulnerables  que  son  objeto  de  especial  protección.  Asimismo,  las 
modificaciones que la ley incorpora en los demás ámbitos objeto de regulación se 
consideran necesarias dada la urgencia que presenta dar solución a las cuestiones 
puestas  de  manifiesto  en  cada  caso.  Se  da  cumplimiento  también  el  principio  de 
proporcionalidad, porque contiene las medidas que se consideran imprescindibles para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados (STC 139/2016 de 21 julio). 
Es  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico,  en  tanto  que  se  procede  a  su 
modificación  considerando  las  motivaciones  manifestadas,  ajustándose,  por  ello,  al 
principio de seguridad jurídica y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta 
norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública 
por tratarse de una ley.
Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera: b
«Artvícuulnloe ra3b. le.Conceptos  de  consumidor  y  usuario  y  de  persona  consumidora
1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus
libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que
actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o 
profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y 
las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito 
ajeno a una actividad comercial o empresarial.
2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial 
que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas 
consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas 
personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, 
necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se 
encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial 
situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio 
de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.»
Dos. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios.
1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas 
consumidoras vulnerables:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b) La  protección  de  sus  legítimos  intereses  económicos  y  sociales;  en 
particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas 
abusivas en los contratos.
c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos 
que  garanticen  su  accesibilidad  y  la  educación  y  divulgación  para  facilitar  el 
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de 
decisiones óptimas para sus intereses.
e) La  audiencia  en  consulta,  la  participación  en  el  procedimiento  de 
elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la 
representación  de  sus  intereses,  a  través  de  las  asociaciones,  agrupaciones, 
federaciones  o  confederaciones  de  consumidores  y  usuarios  legalmente 
constituidas.
f) La  protección  de  sus  derechos  mediante  procedimientos  eficaces,  en 
especial en relación con las personas consumidoras vulnerables.
2. Los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una 
especial  atención,  que  será  recogida  reglamentariamente  y  por  la  normativa 
sectorial  que  resulte  de  aplicación  en  cada  caso.  Los  poderes  públicos 
promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en 
condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan 
dificultar el ejercicio de los mismos.»
Tres. Se introduce un apartado 3 en el artículo 17 con la siguiente redacción:
«3. En  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  se 
prestará especial atención a aquellos sectores que, debido a su complejidad o  e
características propias, cuenten con mayor proporción de personas consumidoras  bo
vulnerables entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a las  98ww
circunstancias que generan la situación de concreta vulnerabilidad.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18, que quedan redactados en 
los siguientes términos:
«1. El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades 
de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y 
usuario, especialmente:
a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su 
naturaleza,  identidad,  cualidades,  composición,  cantidad,  duración,  origen  o 
procedencia y modo de fabricación o de obtención.
b) Prohibiendo ambigüedades sobre su contenido, y en especial respecto a 
los  alérgenos  alimentarios,  debiendo  ser  el  etiquetado  claro  y  riguroso  en  la 
información exacta del contenido.
c) Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea.
d) Sugiriendo  que  el  bien  o  servicio  posee  características  particulares, 
cuando  todos  los  bienes  o  servicios  similares  posean  estas  mismas 
características.»
«2. Sin  perjuicio  de  las  exigencias  concretas  que  se  establezcan 
reglamentariamente y de la normativa sectorial que en cada caso resulte de 
aplicación,  que  prestarán  especial  atención  a  las  personas  consumidoras 
vulnerables,  todos  los  bienes  y  servicios  puestos  a  disposición  de  los 
consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión, ofrecidos en 
formatos que garanticen su accesibilidad y, en todo caso, incorporar, acompañar o, 
en último caso, permitir obtener, de forma clara y comprensible, información veraz, 
eficaz, suficiente y accesible sobre sus características esenciales, en particular 
sobre las siguientes:
a) Nombre y dirección completa del productor.
b) Naturaleza, composición y finalidad.
c) Calidad,  cantidad,  categoría  o  denominación  usual  o  comercial,  si  la 
tienen.
d) Fecha  de  producción  o  suministro  y  lote,  cuando  sea  exigible 
reglamentariamente,  plazo  recomendado  para  el  uso  o  consumo  o  fecha  de 
caducidad.
e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, así como la 
correcta gestión sostenible de sus residuos, advertencias y riesgos previsibles.
f) Información sobre los servicios de información y atención al cliente así 
como los procedimientos de interposición de quejas y reclamaciones.»
Cinco. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 19. Principio general y prácticas comerciales.
1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y 
usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, 
aplicándose,  además,  lo  previsto  en  las  normas  civiles  y  mercantiles,  en  las 
regulaciones sectoriales de ámbito estatal, así como en la normativa comunitaria y 
autonómica que resulten de aplicación.
2. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  siguientes,  para  la  e
protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y  bo
usuarios, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están  98ww
dsCCueooj emmatepapreslci tcieoaan  ccMilióoainn  .oDd rieisAssp tlauee,ea ssnlt,too osy  o  eebennsf et acleantso tteLsa ,e  laylse  eny7, o/ 1rcem9on9na 6stil,iva dad e eLrsa ee1nyc5  t o3pdr/ri1eáa9 cl e9tqinc1uae,e sr od e,ec n od c1mea0 edO radcr dieace laenessano ce idróreoens,   udldloteeesl     OE-A-2022-31able en https://
empresarios  con  los  consumidores  y  usuarios  todo  acto,  omisión,  conducta,
manifestación  o  comunicación  comercial,  incluida  la  publicidad  y  la 
comercialización,  directamente  relacionada  con  la  promoción,  la  venta  o  el 
suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, así como los 
derechos y obligaciones, con independencia de que sea realizada antes, durante o 
después de una operación comercial.
No  tienen  la  consideración  de  prácticas  comerciales  las  relaciones  de 
naturaleza contractual, que se regirán conforme a lo previsto en el artículo 59.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta la aplicación de:
a) Las normas que regulen las prácticas comerciales que puedan afectar a la 
salud y seguridad de los consumidores y usuarios, incluidas las relativas a la 
seguridad de bienes y servicios.
b) Las normas sobre certificación y grado de pureza de los objetos fabricados 
con metales preciosos.
4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las 
que regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, 
presentación  y  publicidad  de  los  productos,  indicación  de  precios, 
aprovechamiento  por  turno  de  bienes  inmuebles,  crédito  al  consumo, 
comercialización  a  distancia  de  servicios  financieros  destinados  a  los 
consumidores  y  usuarios,  comercio  electrónico,  inversión  colectiva  en  valores 
mobiliarios,  normas  de  conducta  en  materia  de  servicios  de  inversión,  oferta 
pública o admisión de cotización de valores y seguros, incluida la mediación y 
cualesquiera otras normas de carácter sectorial que regulen aspectos concretos 
de  las  prácticas  comerciales  desleales  previstos  en  normas  comunitarias 
prevalecerán en caso de conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable 
a las prácticas comerciales desleales.
El incumplimiento de las disposiciones a que hace referencia este apartado 
será considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos 
a  lo  dispuesto  en  el  artículo  19.2  de  la  Ley  3/1991,  de  10  de  enero,  de 
Competencia Desleal, en relación con las prácticas engañosas reguladas en los 
artículos 20 a 27 de dicha ley.
5. En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y 
bienes inmuebles, y en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, podrán 
establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección 
al consumidor o usuario.
6. Las políticas públicas que inciden en el ámbito del consumo y las prácticas 
comerciales  orientadas  a  las  personas  consumidoras  vulnerables  estarán 
destinadas,  en  su  caso  y  siempre  dentro  del  ámbito  de  las  relaciones  entre 
consumidores o usuarios y empresarios, a prever y remover, siempre que sea 
posible, las circunstancias que generan la situación de vulnerabilidad, así como a 
paliar sus efectos y a garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de 
igualdad,  en  particular  en  relación  con  las  comunicaciones  comerciales  o 
información precontractual facilitada, la atención post contractual o el acceso a 
bienes o servicios básicos.»
Seis. Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  20,  y  se  añade  un  apartado  3, 
quedando redactados del modo siguiente:
«2. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior y sin  oe.
perjuicio  de  la  normativa  sectorial  que  en  su  caso  resulte  de  aplicación,  la  w.
ccinoofnnossrmuummaciiddióoonrrae ssn  evcuoel snaeurrisaaub alaer isoi,ns ,ce lnu pirtr éinermcni ipnlaaol smo ecfenlartterao  sc,c oucmaonmedrpcori aeln ssdeieb bleetsrra,á t ev fearcadiceliet asr psyee r esaon n luaonss    2022-3198n https://ww
formato que garantice su accesibilidad, de forma que aseguren su adecuada
comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses. Bc
3. El  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  será 
considerado  práctica  desleal  por  engañosa  en  iguales  términos  a  los  que 
establece  el  artículo  7  de  la  Ley  3/1991,  de  10  de  enero,  de  Competencia 
Desleal.»
Siete. Se modifica la letra c) del artículo 43, que queda redactada del siguiente 
modo:
«c) Los bienes o servicios sobre los que se produzca un mayor número de 
reclamaciones o en los que, por el tipo de estas, quepa deducir razonablemente 
que  existen  situaciones  especialmente  lesivas  para  los  derechos  de  los 
consumidores  y  usuarios  o  que  afecten,  en  particular,  a  las  personas 
consumidoras vulnerables.»
Ocho. Se incorpora un segundo párrafo al apartado 1 y se modifica el apartado 4 
del artículo 60, quedando redactado del modo siguiente:
«1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y 
oferta  correspondiente,  el  empresario  deberá  facilitarle  de  forma  clara, 
comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las 
características  principales  del  contrato,  en  particular  sobre  sus  condiciones 
jurídicas y económicas.
Sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, los 
términos en que se suministre dicha información, principalmente cuando se trate 
de  personas  consumidoras  vulnerables,  además  de  claros,  comprensibles, 
veraces  y  suficientes,  se  facilitarán  en  un  formato  fácilmente  accesible, 
garantizando  en  su  caso  la  asistencia  necesaria,  de  forma  que  aseguren  su 
adecuada  comprensión  y  permitan  la  toma  de  decisiones  óptimas  para  sus 
intereses.»
«4. La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de 
forma gratuita y al menos en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de 
las partes, deberá redactarse también en cualquiera de las otras lenguas oficiales 
en el lugar de celebración del contrato.»
Nueve. Se añade un segundo párrafo al artículo 72, con la siguiente redacción:
«En el caso de las personas consumidoras vulnerables, se facilitará la prueba 
del ejercicio del derecho de desistimiento bastando una afirmación de parte en 
plazo.»
Diez. Se modifica la letra b) del artículo 80, que queda redactada en los siguientes 
términos:
«b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario 
el  conocimiento  previo  a  la  celebración  del  contrato  sobre  su  existencia  y 
contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la 
letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese 
inferior  a  los  1.15  milímetros  o  el  insuficiente  contraste  con  el  fondo  hiciese 
dificultosa la lectura.»
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 99, que queda redactado en los  e.e
siguientes términos: b
dpfaeacbpilee«itrl1a á.ro  á,s  Eeasrnil    eclelosogtnseibs  ulceemos ntyiádt r oeadrst eotya s ar u ccrsueeueldearabdricrooat, ad ldaeoa ns i  naoffulot rermomr aeas nocdoipóesonl  r eteeens x tdiacgubairdlsaeatdce ielemlarnoine .o en Dlt oyiac,  rheteaíncl   uisenloumfo  p9rcmr7ae.sa1soca ,ireó ioann     OE-A-2022-31able en https://
petición de cualquiera de las partes, deberá redactarse también en cualquiera de
las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del contrato y en términos 
claros y comprensibles.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 127 del título IV del libro segundo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«2. La  declaración  de  garantía  comercial  se  entregará  al  consumidor  o 
usuario en un soporte duradero a más tardar en el momento de entrega de los 
bienes y estará redactada, al menos, en castellano y en su caso, a petición de 
cualquiera de las partes, deberá redactarse también en cualquiera de las otras 
lenguas  oficiales  en  el  lugar  de  celebración  del  contrato,  de  manera  clara  y 
comprensible.»
Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 150, que queda redactado como sigue:
«2. La regulación establecida en este libro no será de aplicación a:
a) Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración 
inferior a veinticuatro horas, a menos que se incluya el alojamiento.
b) Los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados 
que se faciliten, de manera ocasional, sin reiteración en un mismo año y sin ánimo 
de lucro, siempre que vayan dirigidos única y exclusivamente a los miembros de la 
entidad  que  lo  organiza  y  no  al  público  en  general  y  no  se  utilicen  medios 
publicitarios para su promoción, ni sean de general conocimiento.
c) Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados 
sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de negocios 
entre  un  empresario  y  otra  persona  física  o  jurídica  que  actúe  con  fines 
relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión.
En estos supuestos, la no sujeción al régimen legal general previsto en este 
libro  para  los  viajes  combinados  ha  de  ser  informada  expresamente  en  la 
documentación del viaje facilitada a los viajeros.»
Catorce. Se  modifica  la  letra  k)  del  apartado  1  del  artículo  151,  que  queda 
redactada como sigue:
«k) "Falta de conformidad": la no ejecución o la ejecución incorrecta de los 
servicios de viaje incluidos en un contrato de viaje combinado.»
Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 153, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«3. La información a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 deberá 
facilitarse al viajero, al menos, en castellano y en su caso, a petición de cualquiera 
de las partes, deberá redactarse también en cualquiera de las otras lenguas 
oficiales en el lugar de celebración del contrato y de forma clara, comprensible y 
destacada, y cuando se facilite por escrito deberá ser legible.»
Dieciséis. Se modifica el primer párrafo del apartado 3, del artículo 160, que queda 
redactado como sigue:
«El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad  e.
de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación  w.b
adicional alguna si:» 98ww
Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 161, que queda redactado como 
sigue:
1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán 
frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el 
contrato en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito de 
gestión del viaje combinado, con independencia de que estos servicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
No  obstante  lo  anterior,  el  viajero  podrá  dirigir  las  reclamaciones  por  el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios que integran el viaje 
combinado  indistintamente  ante  organizadores  o  minoristas,  que  quedarán 
obligados a informar sobre el régimen de responsabilidad existente, tramitar la 
reclamación de forma directa o mediante remisión a quien corresponda en función 
del ámbito de gestión, así como a informar de la evolución de la misma al viajero 
aunque esté fuera de su ámbito de gestión.
La falta de gestión de la reclamación por parte del minorista supondrá que 
deberá  responder  de  forma  solidaria  con  el  organizador  frente  al  viajero  del 
correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje combinado que correspondan 
al organizador por su ámbito de gestión. De igual modo, la falta de gestión de la 
reclamación por parte del organizador supondrá que deberá responder de forma 
solidaria  con  el  minorista  frente  al  viajero  del  correcto  cumplimiento  de  las 
obligaciones del viaje combinado que correspondan al minorista por su ámbito de 
gestión.
En estos supuestos, le corresponderá al minorista u organizador, en su caso, 
la carga de la prueba de que ha actuado diligentemente en la gestión de la 
reclamación y, en cualquier caso, que ha iniciado la gestión de la misma con 
carácter inmediato tras su recepción.
Quien responda de forma solidaria ante el viajero por la falta de gestión de la 
reclamación tendrá el derecho de repetición frente al organizador o al minorista al 
que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
Cuando un organizador o un minorista abone una compensación, en función 
de su ámbito de gestión, conceda una reducción del precio o cumpla las demás 
obligaciones que impone esta ley, podrá solicitar el resarcimiento a terceros que 
hayan contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la compensación, a 
la reducción del precio o al cumplimiento de otras obligaciones.»
Artículo  segundo. Modificación  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se  modifica  el  apartado  2  de  la  disposición  final  primera  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias, que queda redactado del modo siguiente:
«2. Los artículos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del 
título I del libro primero y el título IV del libro primero tienen carácter básico al 
dictarse  al  amparo  de  las  competencias  que  corresponden  al  Estado  en  el  es
artículo 149.1.1.ª, 13.ª y 16.ª de la Constitución Española.» o
DispEols Gicoióbnie arndoic,i oenna el lp prilmazeor ad.e  uEnt iqauñeot addeosd inec llau seinvotr.ada en vigor de esta ley, desarrollará
rgeagrlaanmtiecennta rliaa maecncetes ibuinli deatdiq uuentiavdeors aeln  daelf aabqeuteol lobsra iblliee,n aessí  yc opmrood uecnt oostr odse  focormnsautomso q udee   BOE-A-cable e
especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,
especialmente  de  las  personas  ciegas  y  con  discapacidad  visual  como  personas 
consumidoras vulnerables.
Disposición adicional segunda. Plan de medidas para favorecer la inclusión financiera 
de las personas más vulnerables y especialmente de las personas de mayor edad.
El Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde 
la entrada en vigor de la presente ley, las modificaciones legislativas necesarias para 
garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y 
usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada 
por «brecha digital».
Disposición adicional tercera.
El Gobierno promoverá, en coordinación con el Banco de España como supervisor, y 
representantes del sector de entidades de crédito un Plan de Medidas para favorecer la 
inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquéllas de mayor edad, 
que incluya, entre otras, las siguientes:
a) Que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus 
cajeros automáticos externos.
b) El incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores 
capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.
c) La instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros 
automáticos por parte de personas vulnerables.
d) Promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables.
e) Tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras.
f) Máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y 
estafas on line.
g) Cuantas  medidas  se  consideren  necesarias  para  garantizar  la  atención 
presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el 
acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un 
motivo de exclusión financiera.
h) Cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros 
a  todas  las  personas,  especialmente  en  el  medio  rural,  hacerlos  más  accesibles, 
teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y 
las personas mayores.
Asimismo,  el  Gobierno  continuará  impulsando  entre  las  líneas  de  actuación 
estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., iniciativas para evitar la 
exclusión  financiera  de  los  consumidores  en  situación  de  vulnerabilidad,  como  la 
instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin 
este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias 
para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.
Disposición  transitoria  única. Plazo  para  la adaptación de los  estatutos  sociales y 
concertación de los contratos marco y participación de la representación legal de las 
personas trabajadoras de los centros portuarios de empleo.
1. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente  e.e
disposición,  los  centros  portuarios  de  empleo  deberán  adaptar  sus  estatutos  a  lo  b
dispuesto en la nueva redacción del artículo 18 y de la disposición adicional séptima de  98ww
alas íL ceoym 1o4 /c1e9le9b4r, adr ec o1n d cea djuan sioo,c pioo re ll ac oqnutrea tsoe  mreagrcuola dne l apsre esmtapcrióensa dse  dsee rtvraicbioasjo. temporal,
cele2b.r e Eell  scoocniotr aqtou em naor cvoo tdee a  pfraevsotar cdieóln  adceu esrdeorv idceio sm otednifdicraác dióenr edceh olo sa  essetpaaturtaorss eo  dneol 
centro  portuario  de  empleo,  en  cuyo  caso  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el 
artículo 18.5 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
3. En el supuesto en que lo dispuesto en el apartado 1 pudiera provocar cambios 
en cuanto a la organización del trabajo, a los contratos de trabajo, o la calidad y 
estabilidad del empleo en los términos indicados en los apartados 4 y 5 del artículo 18, la 
representación unitaria de las personas trabajadoras del centro portuario de empleo 
tendrá  derecho  a  ser  informada  y  consultada  conforme  a  lo  establecido  en  el 
artículo 64.5 y 6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal.
La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:
«1. Los centros portuarios de empleo son empresas de propiedad conjunta 
de base mutualista, constituidas voluntariamente, con arreglo a cualquiera de las 
formas societarias previstas en las leyes y con respeto de la competencia efectiva 
entre las empresas, para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los 
socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados en 
número  y  capacitación  suficiente  para  prestar  de  forma  eficiente  el  servicio 
portuario de manipulación de mercancías.
A tal efecto, tendrán por objeto social el empleo de personas trabajadoras de 
la estiba portuaria para su puesta a disposición, de forma temporal, de empresas 
titulares  de  licencia  de  prestación  del  servicio  portuario  de  manipulación  de 
mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios, así como la 
formación  de  aquellos,  sin  perjuicio  de  la  que  pueda  desarrollarse  en  otros 
ámbitos. A través de los estatutos o de un contrato marco de prestación de 
servicios se determinará el régimen de la puesta a disposición de trabajadores.
2. Los centros portuarios de empleo también podrán contratar la puesta a 
disposición de su personal con terceras empresas no socias siempre que estas 
sean titulares de la licencia o de la autorización correspondiente.
Los socios de un centro portuario de empleo podrán contratar la prestación de 
los servicios de estiba y de formación de las trabajadoras y trabajadores portuarios 
con otros operadores.
3. Podrán ser socias de los centros portuarios de empleo las empresas 
titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías.
Los centros portuarios de empleo deben obtener la autorización administrativa 
previa prevista en el artículo 2, con las siguientes peculiaridades:
a) En su denominación incluirán los términos «centro portuario de empleo» o 
su abreviatura «CPE», en lugar de los términos «empresa de trabajo temporal» o 
su abreviatura «ETT».
b) A efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 2, el número 
mínimo de personas con contrato de duración indefinida con que deberá contar el 
centro portuario de empleo para prestar servicios como personal de estructura  s
bajo la dirección del mismo, se calculará en función del número de días de puesta  oe.
a disposición del personal de estiba contratado temporalmente en el año anterior.  w.
En todo caso, al inicio de su actividad deberá contar al menos con dos personas  98ww
ddeu reasnttreu ctotudroa  ecl otine mcopnot rdaeto a dcetiv diduaradc dióenl  cinednetrfoin pidoar,t umarínioim doe  eqmuep ldeeob.erá mantenerse
4. Para la consecución del objeto social de los centros portuarios de empleo 
y con el fin de favorecer la eficiencia en la gestión de la actividad portuaria y la 
calidad del empleo en la estiba portuaria, las empresas socias:
a) Contribuirán al mantenimiento del empleo y garantizarán la ocupación 
efectiva del personal del centro portuario de empleo, solicitando la cesión temporal 
de  trabajadores  portuarios  para  las  actividades  del  servicio  portuario  de 
manipulación  de  mercancías,  definidas  en  el  artículo  130  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, no realizadas por 
personal propio de la empresa socia, en los términos que se establezca en el 
contrato marco de prestación de servicios.
La  negociación  colectiva  podrá  establecer  las  especificaciones  necesarias 
para el desarrollo de esta obligación, particularmente mediante orientaciones en el 
ámbito  de  la  organización  y  distribución  del  trabajo,  incluida  la  fijación 
nombramientos  y  turnos,  sistemas  de  rotación  y  otros  que  contribuyan  a  la 
estabilidad y calidad en el empleo y a una mayor eficiencia en la prestación del 
servicio.
b) En  régimen  de  no  exclusividad,  colaborarán  en  la  formación, 
perfeccionamiento y promoción profesional del personal del centro portuario de 
empleo. Para ello, las empresas pondrán a disposición de los centros portuarios 
de empleo de los que sean socias los nuevos medios y sistemas de trabajo para la 
impartición de la formación necesaria y simultánea del personal contratado por las 
empresas y del puesto a disposición por el centro portuario de empleo.
c) Participarán en la puesta en práctica de las medidas dirigidas a evitar o 
reducir los despidos colectivos y en las medidas sociales de acompañamiento, 
como las de recolocación que, conforme a lo previsto en el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores, pudieran acordarse en el Centro Portuario de Empleo.
5. Los  socios  de  un  centro  portuario  de  empleo  podrán  transmitir  su 
participación en el capital social a otra empresa titular de licencia del servicio de 
manipulación  de  mercancías  o  ejercitar  el  derecho  de  separación  en  los 
supuestos, formas y condiciones establecidas en la ley reguladora de la forma 
societaria bajo la cual se haya constituido el centro portuario de empleo y, en su 
caso, en sus estatutos, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la letra c) del 
apartado anterior y de aquellos mecanismos e instrumentos de estabilidad en el 
empleo  que  resulten  de  aplicación  de  conformidad  con  el  Estatuto  de  los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo.
6. La  garantía  financiera  que  los  centros  portuarios  de  empleo  deberán 
constituir y mantener actualizada, en los términos y a los fines previstos en el 
artículo 3 de esta ley y en sus normas de desarrollo, deberá alcanzar el diez por 
ciento  de  la  masa  salarial  del  ejercicio  económico  inmediato  anterior 
correspondiente al personal de estiba portuaria que haya sido empleado bajo una 
modalidad de contratación temporal para ser puesto a disposición de las empresas 
a que se refiere el apartado 1, sin que en ningún caso dicho importe pueda ser 
inferior a veinticinco veces el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, 
vigente en cada momento.
7. La obligación de remitir a la autoridad laboral la relación de contratos de 
puesta a disposición celebrados a que se refiere el artículo 5.1, así como la  e.e
obligación de entrega de documentación a los representantes de los trabajadores,  w.b
establecida en el artículo 9, se entenderán referidas únicamente a los trabajadores  98ww
port8u.a rioLsa sc onfatrcautaltaddoes st emdep ordailrmececnitóen.  y  organización  del  personal  puesto  a
deils aplocasinccióen p preovri sutno sc eenn tlraos p leoyrteusa ryio c odnev eemniopsle doe s aep elijcearccieórná.n» en los términos y con
Dos. Se  modifica  la  disposición  adicional  séptima,  que  tendrá  la  siguiente 
redacción:
«A las empresas de trabajo temporal que realicen la actividad de puesta a 
disposición de personal de estiba portuaria les serán de aplicación las normas 
previstas para los centros portuarios de empleo en el artículo 18.3.b) y 7, respecto 
de esos trabajadores.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario.
Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  vigésima  segunda  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigésima segunda. Regularización registral y catastral de 
los bienes del sector ferroviario.
1. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de 
fincas de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), ADIF-Alta Velocidad o RENFE-Operadora, así como de las 
fincas  procedentes  de  la  extinta  entidad  pública  empresarial  Ferrocarriles 
Españoles de Vía Estrecha FEVE que hayan pasado a ser de titularidad de alguna 
de esas entidades públicas, podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad 
mediante la certificación prevista en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria sin 
necesidad de acreditar o contar con la conformidad, aprobación o autorización 
administrativa prevista en la legislación de ordenación territorial y urbanística.
La  misma  regla  se  aplicará  a  las  operaciones  de  agrupación,  división, 
agregación y segregación de fincas siguientes:
a) Las  derivadas  de  las  transmisiones  o  traspasos  de  bienes  entre  las 
entidades  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  y  ADIF-Alta 
Velocidad.
b) Las derivadas de la delimitación o reordenación de las zonas de servicio 
ferroviario.
c) Las derivadas de la necesaria delimitación o constancia en el Registro de 
la Propiedad entre las zonas de dominio público y de bienes patrimoniales de las 
mencionadas  entidades  públicas  empresariales  como  consecuencia  de  la 
desafectación total o parcial de bienes de dominio público.
Por el contrario, no se aplicará esta regla a las operaciones de agrupación, 
división, agregación y segregación de bienes patrimoniales de las mencionadas 
entidades  públicas  empresariales  que  no  se  deriven  de  la  delimitación  o 
reordenación de las zonas de servicio ferroviario o de la desafectación total o 
parcial de bienes de dominio público.
2. La certificación expedida conforme al apartado anterior será título válido y 
suficiente para hacer constar todas esas operaciones en el Catastro Inmobiliario, 
siempre que vaya acompañada en su caso de la documentación gráfica prevista 
en la normativa catastral.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al 
COVID-19, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 1 bis, que quedan redactados 
de la siguiente manera:
«Artículo 1 bis. Suspensión hasta el 28 de febrero de 2022 del procedimiento 
de  desahucio  y  de  los  lanzamientos  para  personas  económicamente 
vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 
4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil,  y  en  aquellos  otros  en  los  que  el  desahucio  traiga  causa  de  un 
procedimiento penal.
1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 28 de 
febrero de 2022, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las 
demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros 
procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual 
de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para 
ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 28 de 
febrero de 2022.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 28 de febrero de 2022.»
Dos. Se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del artículo 1 bis, que quedan 
redactadas del modo siguiente:
«b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 
persona  física  que  tuviere  en  él  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente acreditada.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido 
mediando intimidación o violencia sobre las personas.»
Disposición  final  cuarta. Modificación  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Con efectos desde el 1 de enero de 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, queda modificada del siguiente 
modo:
Uno. Se deroga la disposición adicional sexta.
Dos. Se modifica el anexo XII. Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el siguiente 
sentido: s
1. En la Autoridad Portuaria de Barcelona, en las bonificaciones 245.3 bis, se  w.b
incluye una última frase: «Las liquidaciones de estas tasas con fecha de devengo a  98ww
peastrati rl edye,l  tdeínad 1rá dne l an ocovinesmidberrea cdieó n2 0d2e0 p, rporvaiscitoicnaadleass  ya nptoeds rdáen  lrae veisnatrrasdea,  mene dviiagnotre  dlea 
aplicación de la presente bonificación, a solicitud del sujeto pasivo formulada antes
de que transcurra el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de 
esta ley».
2. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en las bonificaciones del artículo 182, 
se incluye la frase: «(c) C= Toneladas movidas/metros cuadrados de superficie otorgada 
en concesión. Se aplicará sobre la tasa de ocupación de la superficie otorgada en 
concesión o autorización».
3. En la Autoridad Portuaria de Motril, en las bonificaciones 245.3 bis, se incluye 
una última frase: «Estas bonificaciones serán de aplicación a las tasas devengadas a 
partir del 1 de marzo de 2020».
4. En la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, en la bonificación 245.3 bis, se incluye 
una última frase: «El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles con las del 
artículo  245.3  no  podrá  superar  el  40%  de  bonificación  a  la  cuota  de  la  tasa 
correspondiente».
5. En la Autoridad Portuaria de Santander, en las bonificaciones 245.3, se incluye 
un primer cuadro completo, el cual figura en el anexo de esta ley.
Disposición final quinta. Habilitación para modificaciones de determinados preceptos 
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII 
del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Las modificaciones del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
preliminar, I, IV, V, VI y VII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobadas mediante la disposición 
final quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado  para  el  año  2021,  que  afectan  al  último  párrafo  del  apartado  a)  del 
artículo 300, al primer párrafo del artículo 303, al último párrafo del apartado a) del 
artículo  307  y  al  primer  párrafo  del  artículo  310,  podrán  efectuarse  mediante 
disposición con rango de real decreto.
Disposición final sexta. Modificación de los precios básicos del canon de control de 
vertidos  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01751 euros para el agua 
residual urbana y en 0,04377 euros para el agua residual industrial. Estos precios 
básicos podrán revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado.»
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a excepción del apartado diez del artículo primero, de modificación 
de la letra b) del artículo 80 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que entrará en vigor en el 
plazo de tres meses desde su publicación.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 25 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Autoridad Portuaria de Santander
Bonificaciones 2021 (art. 245.3) para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social
Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Tráficos y servicios marítimos,  Códigos
Condiciones de aplicación específicas
prioritarios o estratégicos arancelarios
Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Se aplica en su caso por igual desde la 
1.ª escala. 10% 1.ª escala. 10%
primera escala operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley de 
Cruceros turísticos   De 2 a 6 escalas. 25 %     De 2 a 6 escalas. 25%
buques de la misma CIA. Naviera, si 
supera el tráfico mínimo indicado en el 
Más de 6 escalas. 40 % Más de 6 escalas. 40 %
tramo.
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
De 10 a 20 escalas. 20% De 1.000 a 2.500 TEU’s. 20 %
entrada en vigor de la presente ley, si el 
servicio marítimo supera el tráfico mínimo 
indicado en el tramo.
Contenedores entrada/salida marítima en 
TEU (Twenty Equivalent Unit). Unidad de 
servicio marítimo regular. Carga y 
  De 21 a 40 escalas. 30 % De 2.501 a 5.000 TEU’s 30 %     contenedor equivalente a 20 pies.
descarga por elevación («lift on-lift off» o 
Para nuevos servicios, en el caso de 
«lo-lo»)
comenzar las operaciones durante el 
año, los intervalos se harán 
proporcionales al tiempo transcurrido 
Más de 40 escalas. 40 % Más de 5.000 TEU’s 40 %
desde la primera operación hasta final de 
año.
Se aplica por igual desde el primer TEU  e.
Contenedores vacios, entrada /salida  bo
operado a partir de la entrada en vigor de  w.
mClifata rorgíftfai»m  yoa  d «eelnos -cslaoer»rgv)aic ipoo mr ealreítvimacoió rne g(«ulliaftr .o n-       Desde el primer TEU 40 %     lcsaoe pnrvrtieecnsioee ndmtoear erlíestiy ms, esoai ernem gtrpuarlneas rq.puoert alodso s en un  2022-3198n https://ww
Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Tráficos y servicios marítimos,  Códigos
Condiciones de aplicación específicas
prioritarios o estratégicos arancelarios
Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Se aplica en su caso por igual desde el 
primer TEU operado a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley, si el servicio 
marítimo regular supera el tráfico mínimo 
indicado Para nuevos servicios, en el 
Contenedores ro-ro en servicio marítimo  caso de comenzar las operaciones 
      Más de 500 TEU’s 40 %    
regular durante el año, los intervalos se harán 
proporcionales al tiempo transcurrido 
desde la primera operación hasta final de 
año.
Esta bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Se aplica en su caso por igual desde la 
Mercancía general en elementos de  Entre 80-95 escalas. 25 % De 50.000 a 100.000 ton. 10 % primera escala operada a partir de la 
transporte no acompañado, en servicio  entrada en vigor de la presente ley, si el 
marítimo regular de transporte marítimo        servicio marítimo supera el tráfico mínimo 
de corta distancia, en buques «con-ro» o  indicado en el tramo. Esta bonificación es 
«ro-ro» Más de 95 escalas. 30 % Más de 100.000 ton. 20 % incompatible con la establecida en el 
artículo 245.3 bis.
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
De 150 a 190 escalas. 30 % De 400.000 a 500.000 ton. 20 % Entre 160.000 y 200.000 pax. 30 %
Pasajeros y vehículos en régimen de  entrada en vigor de la presente ley, si el 
pasaje y Mercancía general en elementos  servicio marítimo supera el tráfico mínimo 
de transporte, en servicio marítimo    indicado en el tramo. Se aplicará tanto a 
regular de transporte marítimo de corta  los pasajeros como a los vehículos en 
distancia, en buques «ro-pax» o «ferry» Más de 190 escalas. 40 % Más de 500.000 ton. 30 % Más de 200.000 pax. 40 % régimen de pasaje. Esta bonificación es  oe.
incompatible con la establecida en el  b
artículo 245.3 bis. 98ww
Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Tráficos y servicios marítimos,  Códigos
Condiciones de aplicación específicas
prioritarios o estratégicos arancelarios
Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, si el 
Vehículos en régimen de mercancía en  8703E-8703F-8703G-8703H-8703I-8703J
Más de 80 escalas. 10 %         servicio marítimo supera el tráfico mínimo 
servicio marítimo «ro-ro» -8703K-8703L
indicado en el tramo. Esta bonificación es 
incompatible con la establecida en el 
artículo 245.3 bis.
Se aplica en su caso por igual desde la 
Entre 50.000 ud. y 100.000 ud. 5 %
primera unidad operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, de 
8703E-8703F-8703G-8703H-8703I-8703J una misma marca o de distintas marcas 
Vehículos en régimen de mercancía     Entre 100.001 ud. y 150.000 ud. 10 %    
-8703K-8703L que pertenezcan a un mismo grupo 
destinado a la fabricación de vehículos, si 
se supera el tráfico mínimo indicado en el 
Más de 150.000 ud. 15 %
tramo.
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
De 10 a 20 escalas. 20 %
entrada en vigor de la presente ley, si el 
servicio marítimo supera el tráfico mínimo 
indicado en el tramo, y solamente para 
Servicio marítimo «ro-ro» de mercancía  buques de más de 40.000 GT. Tanto para 
  De 21 a 40 escalas. 25%        
general el cómputo de escalas, como para la 
bonificación, solamente se tendrán en 
cuenta las escalas que superen los 
40.000 GT. Esta bonificación es 
Más de 40 escalas. 30 % e
incompatible con la establecida en el  e.
artículo 245.3 bis. b
Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Tráficos y servicios marítimos,  Códigos
Condiciones de aplicación específicas
prioritarios o estratégicos arancelarios
Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Se aplica a todas aquellas escalas de 
servicios marítimos regulares de 
transporte marítimo de corta distancia, de 
Desde el primer remolque/
buques ro-ro/con-ro, creados en el año 
Conectividad marítima I: Servicios ro-ro  semirremolque/camión/contenedor 
en curso o en el año anterior.
de transporte marítimo de corta distancia,  que cumpla las condiciones 
Se considera que se crea un nuevo 
con buques roro/conro. Creación de        específicas. No es aplicable a  40 %    
servicio marítimo regular si se genera un 
nuevos servicios marítimos regulares  MAFIs ni Cassetes, ni a vehículos o 
nuevo servicio de estas características 
roro/conro. (*) elementos de transporte en 
como mínimo dos frecuencias 
régimen de mercancía.
semanales.
Esta bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Se aplica a todas aquellas escalas de 
servicios marítimos regulares de 
Desde el primer remolque/
transporte marítimo de corta distancia, de 
Conectividad marítima II: Servicios ro-ro  semirremolque/camión/contenedor 
buques ro-ro/con-ro, que mantengan o 
de transporte marítimo de corta distancia  que cumpla las condiciones 
incrementen el tráfico, medido en 
con buques roro/conro. Incremento o        específicas. No es aplicable a  40 %    
toneladas, con respecto a la media de los 
mantenimiento de tráfico en servicios  MAFIs ni Cassetes, ni a vehículos o 
dos años anteriores Servicios marítimos 
marítimos regulares roro/conro elementos de transporte en 
de al menos dos frecuencias semanales. 
régimen de mercancía.
Esta bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
De 15 a 25 escalas. 5 % entrada en vigor de la presente ley, si el 
servicio marítimo supera el tráfico mínimo  e.
indicado en el tramo, y solamente para  b
Servicio marítimo de graneles sólidos           w.
buques de más de 25.000 GT Tanto para  98ww
Más de 25 escalas. 10 % ebculo cenónifmitcaap lcuaitsóo ne d,s esc oaellasacmsa eqlanustee,   scsuoepm teeorn epdnar ráloans  l ae n
25.000 GT.