BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53627
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8133 Sala  Primera.  Sentencia  49/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 4744-2018. Promovido por doña Vicenta Sousa Rodríguez respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción  de  Amposta  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de 
ordenación emitida por el letrado de la administración de justicia que resuelve 
cuestiones de la exclusiva competencia del juez (STC 208/2015).
ECLI:ES:TC:2020:49
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  4744-2018,  promovido  por  doña  Vicenta  Sousa 
Rodríguez, representada por el procurador de los tribunales don Omar Carlos Castro 
Muñoz, y asistida por el letrado don José María Benito Gómez, contra la diligencia de 
ordenación de 10 de octubre de 2017, que inadmitió incidente de nulidad de actuaciones, 
y tres decretos de fecha 28 de junio de 2018, desestimatorios de otros tantos recursos 
de reposición, del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Amposta (Tarragona), en la 
ejecución hipotecaria núm. 273-2013, posteriormente ejecución núm. 4882-2016. Ha sido 
parte el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), representado por la procuradora 
de los tribunales doña Ana Espinosa Troyano y bajo la dirección del letrado don Miguel 
Ángel  Gallego  Camuñas,  y  ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de septiembre de 2018, el 
procurador  de  los  tribunales  don  Omar  Carlos  Castro  Muñoz,  en  nombre  y 
representación de doña Vicenta Sousa Rodríguez, interpuso recurso de amparo contra 
las resoluciones que se citan en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
A)  Por la entidad de crédito Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante,  e.
BBVA), se presentó demanda de ejecución hipotecaria contra don Pablo Mario Javierre  w.
Sousa, menor de edad, representado por su madre, doña Vicenta Sousa Rodríguez,  33ww
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cfaolmlecoi dhoi péostetec,a hnateb íasu a dpqaudirreid, od poonr  Áhnegreenl cRiaa msuósn  dJearevicehrores  My aoebllcighaocr,io pneerso.  Eqnu ela,  acll áhuasbuelar   BOE-A-cable e
sexta del contrato se pactó un interés de demora del 19 por 100, y en la cláusula sexta 
bis se acuerda el vencimiento anticipado del crédito.
B)  Con fecha de 26 de abril de 2013, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
Amposta dictó auto despachando ejecución y requiriendo de pago al ejecutado por la 
cantidad de 69 888,60 € de principal, más 20 966,58 € de intereses y gastos. En dicha 
resolución se hacía constar que «la demanda reúne los requisitos y presupuestos que el 
artículo 549 Ley de enjuiciamiento civil (LEC) exige para la demanda ejecutiva, se 
acompañan los documentos relacionados en los arts. 550 y 685, concurriendo asimismo 
los  presupuestos  procesales  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  551  y  681  y 
siguientes de la LEC, al no adolecer el titulo ejecutivo aportado de ninguna irregularidad 
formal y ser los actos de ejecución que se solicitan conforme con la naturaleza y 
contenido de aquel, por lo que resulta procedente despachar ejecución interesada, 
requiriendo  de  pago  a  los  demandados  al  no  haberse  practicado  el  requerimiento 
extrajudicial que prevé el artículo 686.2 LEC y librando mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad en los términos del artículo 686 LEC».
C)  Mediante diligencia de ordenación de 26 de abril de 2013, se dirigió solicitud de 
cooperación judicial al juzgado de Alcover al objeto de que se notificara al ejecutado el 
auto precedente, con entrega de copia de la demanda ejecutiva, amén de informarle de 
los derechos que le asistían si la finca ejecutada fuera su vivienda habitual, requiriéndole 
para que en el plazo de diez días hiciera efectiva la cantidad de 69 888,60 €, importe del 
principal reclamado, y para que manifestara si la finca hipotecada estaba ocupada por 
otras personas, en cuyo caso, debería identificarlas, indicando el título que justificara la 
ocupación, notificándoles también la existencia de la ejecución a los efectos oportunos. 
Según consta en autos, esa comunicación se llevó a cabo con fecha de 8 de mayo 
de 2013.
D)  Habiéndose denegado el beneficio de asistencia jurídica gratuita, por diligencia 
de ordenación de 3 de enero de 2014 se requirió a la parte ejecutada para que en el 
plazo  de  ocho  días  se  personara  en  autos  con  abogado  y  procurador  de  su  libre 
elección, apercibiéndola de que, en caso contrario, se tendría por precluido el trámite de 
oposición a la ejecución.
E)  Transcurrido el plazo otorgado por el juzgado para la personación, por diligencia 
de 24 de enero de 2014 se declaró precluido el mismo. Hasta el 15 de abril de 2014 no 
se tuvo al ejecutado por personado en la causa.
F)  Por diligencia de ordenación de 7 de marzo de 2014, se acordó el señalamiento 
de subasta pública del bien hipotecado para el siguiente día 14 de mayo de 2014. 
Habiendo comparecido únicamente la parte ejecutante, la subasta se declaró desierta, 
por lo que, de conformidad con el art. 671 LEC, el ejecutante solicitó la adjudicación de 
los bienes subastados por la cantidad de 97 156,63 €, cantidad igual a la debida por el 
ejecutado por todos los conceptos.
G)  Por decreto de 24 de marzo de 2015, se adjudicó la finca registral a favor del 
BBVA por una cantidad igual al crédito reclamado por la ejecutante en concepto de 
principal, intereses y costas, por lo que no existió sobrante.
H)  La  anterior  resolución  fue  recurrida  en  revisión  por  el  ejecutado  al  estar 
disconforme con el valor de adjudicación, siendo desestimado el recurso por auto del 
juzgado de 15 de mayo de 2015. El órgano judicial entendió que el recurso incumplía lo 
dispuesto en el art. 454 bis.2.  LEC, ya que no se alegaba por la recurrente infracción 
alguna, y, además, se reiteraban peticiones ya deducidas y resueltas en resoluciones 
anteriores. s
I)  Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación, que fue desestimado  oe.
por auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona de 19 de abril  w.
de 2016. 33ww
interJe)s aCndoon  lfae crehvai sdióen 2 d1e d lea  jculnáiuos udlea  2d0e1 v7e, nlac imdeiemnaton daanntitceip daed oa,m repcaorog idpare esenn ltaó  leetsrcar iato) 
dpere jluad iccliáaulidsualda  esxe axrtta.  4b3is L EdeCl,  caol nhtarbaetor,  palasní tecaodmoo e ll aT rsibuusnpaeln Ssuiópnr edmeol  apnrotec eedl iTmriiebnutnoa lp doer   BOE-A-cable e
Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial respecto la eficacia de la cláusula de 
vencimiento anticipado (auto de 8 de febrero de 2017).
K)  El 31 de julio de 2017 se dictó diligencia de ordenación acordando no haber 
lugar a la suspensión interesada por haber finalizado el procedimiento por decreto de 
adjudicación firme de 24 de marzo de 2015. Contra esa diligencia se formuló recurso de 
reposición, en el que se recordaba que es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea la obligación judicial de controlar la abusividad de las cláusulas del contrato 
(con cita de las SSTJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/2010, y 14 de marzo 
de 2013, asunto C-415/2011), por lo que debía anularse el auto de 26 de abril de 2013 y 
procederse a la revisión de oficio de tal cláusula. Para la demandante, puesto que la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo había planteado cuestión prejudicial en relación a 
la  cláusula  de  vencimiento  anticipado,  resultaba  procedente  la  suspensión  del 
procedimiento en tanto se resolvía. El recurso fue admitido a trámite por diligencia de 
ordenación de 20 de septiembre de 2017.
L)  Por escrito de 25 de septiembre de 2017, la recurrente indicó al juzgado que en 
el precedente recurso de reposición se solicitaba la nulidad del auto de fecha 26 de abril 
de 2013, y que a tenor de esta circunstancia resultaba conveniente la suspensión de las 
actuaciones por el tiempo estrictamente necesario para que el órgano jurisdiccional 
respondiera al respecto. Por diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2017, se 
denegó la suspensión de la tramitación del procedimiento, declarando que «no es el 
recurso  de  reposición  contra  una  diligencia  de  ordenación  el  cauce  procedimental 
adecuado para interesar la nulidad de autos y, de plantearse el incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones, que dice presentado, deberá articularse y tramitarse por los 
cauces procedimentales adecuados ex arts. 228 y ss. LEC».
M)  Mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2017, se volvió a solicitar la 
nulidad de actuaciones, que fue inadmitida por diligencia de ordenación de 10 de octubre 
de 2017, «al no reunir los requisitos del art. 228.1, al haber recaído resolución definitiva y 
firme,  en  virtud  del  auto  de  la  Sección  Tercera  Ilustrisima.  Audiencia  Provincial  de 
Tarragona de fecha 19 de marzo de 2017, con los efectos que predica el art. 207 y 222 
LEC».
N)  Contra la anterior diligencia se interpuso recurso de reposición en el que, con 
cita de la STJUE de 26 de enero de 2017, se alegaba que la revisión de las cláusulas 
abusivas se puede efectuar en cualquier momento hasta la conclusión del procedimiento 
hipotecario, lo que no se produce hasta que «el inmueble sea puesto en posesión del 
adquirente».
Ñ)    Mientras  tanto,  se  siguió  adelante  con  la  tramitación  de  la  ejecución,  y, 
mediante diligencia de ordenación de 31 de mayo de 2017, se señaló el siguiente 27 de 
septiembre de 2017 como fecha para hacer efectiva la entrega de la posesión del 
inmueble y, en su caso, para la práctica del lanzamiento.
O)  Tras sucesivos aplazamientos, la entrega de la posesión se produjo el 16 de 
noviembre de 2017, siendo confirmada por diligencia de ordenación de 22 de febrero 
de 2018. Esta última fue recurrida en reposición con fecha de 5 de marzo de 2018. En 
este recurso la demandante insistía en la indefensión causada a raíz de la falta de 
pronunciamiento  sobre  su  petición  de  control  de  la  abusividad  de  la  cláusula  de 
vencimiento  anticipado,  destacando  además  su  diligencia  en  la  denuncia  de  tal 
vulneración, pues ya por escrito presentado el 22 de junio de 2017, y en escritos 
posteriores, había solicitado el examen de la citada cláusula contractual.
P)  Con fecha 28 de junio de 2018, se dictaron tres decretos inadmitiendo sendos  s
recursos de reposición: oe.
a)  Respecto del interpuesto contra la diligencia de 31 de julio de 2017, por entender  33ww
qduee m eal rpzroo cdeed 2im01ie5n. tDo ihcihpoo tdeeccarreioto y ya  lhaa tbitíual afirnidaalidza ddeol  pcolenn oe l ddoemcrientioo  ddee  laad fjuindciaca fcuieó nin dsec r2ita4 
ase n ommabterreia dliezla arad jfuindaiclmateanritoe  ehl a1s5ta d ee l ju1l6io  ddee  n2o0v1ie6m, sbinre p deerj u2ic0i1o7 d. eE nq utea l esl elanntizdaom aifeirnmtoa  neol 
letrado de la administración de justicia que «en fecha de 21 de junio de 2017, cuando la
recurrente presentó su escrito solicitando la nueva revisión de cláusulas abusivas, no 
había ya ningún procedimiento que suspender, pues el procedimiento se hallaba ya 
concluido,  no  solo  conforme  a  los  criterios  estadísticos  fijados  por  el  CGPJ  y  al 
artículo 570 LEC sino que además había culminado también formalmente con el acuerdo 
de entrega de la posesión del inmueble al ejecutante (art. 675 LEC)».
b)  En cuanto al formulado contra la diligencia de ordenación de 10 de octubre 
de 2017, por la que se acuerda inadmitir incidente de nulidad de actuaciones, se razona 
que la petición de nulidad de la cláusula excede del ámbito propio del recurso de 
reposición.  Así,  se  afirma  que  «resulta  totalmente  extraño  al  fundamento  de  una 
diligencia de ordenación, que no acuerda la suspensión del procedimiento de ejecución 
hipotecaria  (diligencia  de  31  de  julio  de  2017,  y  26  de  septiembre  de  2017)  la 
introducción por la vía de recurso de nuevas diligencias de naturaleza no procesal sino 
de derechos material o sustantivo, como ahora sucede en la que se alega, no ya la falta 
de control de oficio de las cláusulas abusivas en el titulo ejecutivo, sino también de la 
nulidad de actuaciones ex art. 240 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del auto de 
fecha 26 de abril de 2013 cuando además el mismo se produjo aunque no con el 
resultado ahora pretendido, y la parte disponía de un iter procesal específico para 
hacerlo valer».
c)  Finalmente, el presentado contra la diligencia de ordenación de fecha 22 de 
febrero de 2018, que también se inadmite argumentando que «no se refiere en el mismo 
la infracción ni el precepto vulnerado en la diligencia recurrida, que es de mero trámite ya 
que únicamente se procede a unir a los autos el exhorto cumplimentado por el juzgado 
de paz de Alcanar […]. No siendo el recurso de reposición frente a una diligencia de 
ordenación  […]  el  cauce  procedimental  adecuado  para  interesar  la  nulidad  de 
actuaciones».
Q)  Frente  a  estas  últimas  resoluciones  acude  la  actora  ante  este  Tribunal 
promoviendo el presente recurso de amparo.
3.  Las vulneraciones constitucionales denunciadas consisten en el quebrantamiento 
del derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, por incorrecta motivación de las 
resoluciones judiciales impugnadas y por la errónea selección de la norma aplicable 
(art. 24.1 CE), en relación con el principio de primacía del Derecho europeo (arts. 10.2 
y 93 CE), «de la interpretación de la Directiva 93/13/CEE, impuesta y señalada por el 
órgano competente para hacerlo con carácter vinculante (STC 145/2012, de 2 de julio, 
FJ 5), por virtud de la cual, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales 
cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado, la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha 
formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado 
a apreciar el eventual carácter abusivo de esas cláusulas –apartado segundo del fallo de 
la tan citada STJUE de 26 de enero de 2017–. Tribunal Constitucional, Sala Primera, 
Sentencia 75/2017 de 19 junio 2017, recurso 1582-2016». Además, la demandante 
considera que la inadmisión por parte del letrado de la administración de justicia de su 
solicitud de revisión de las cláusulas abusivas y de los incidentes de nulidad supuso una 
extralimitación en su competencia, lo que impidió que el juez pudiera desarrollar su 
función  jurisdiccional  respecto  de  lo  planteado  en  sus  escritos,  justificando  que  el 
Tribunal Constitucional intervenga para reparar la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, en su variante de acceso a la jurisdicción.
4.  La Sección Segunda de este tribunal acordó, mediante providencia de 17 de  oe.
junio de 2019, la admisión a trámite de la demanda de amparo, al entender que el asunto  w.
gsloue snpceriretaacdle orpe ttpureaarsdccoui espnióodnre   sdeoelc li aacrlat .os  o5e 1cc ooLnneócyrme itOcoa rp g[oáSrnT ipCclaa 1 n5dte5ea/l 2r 0Tu0rni9ba,u  cnFuaJel  2sC tigóo)nn]; s jytui,tr uíedcniico canu admle p (rLliemOleiTevCnat)no,t  eds eey    2020-8133n https://ww
interesó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Amposta la remisión de las correspondientes
certificaciones o copias adveradas de las actuaciones; instando al Juzgado de Primera 
Instancia a que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con 
excepción de la parte demandante en amparo, al objeto de que comparecieran, si así lo 
desearan, en el presente recurso de amparo.
5.  Por escrito registrado el día 22 de julio de 2019, la procuradora de los tribunales 
doña Ana Espinosa Troyano, en nombre y representación de BBVA, S.A., se personó en 
el proceso de amparo, bajo la dirección del letrado don Miguel Ángel Gallego Camuñas, 
solicitando que se entendieran con ella las actuaciones sucesivas.
6.  Mediante diligencia de ordenación de 3 de septiembre de 2019, se acordó tener 
por personada y parte en el procedimiento a la procuradora doña Ana Espinosa Troyano, 
en nombre y representación de BBVA, S.A., y que se entendieran con ella las sucesivas 
actuaciones. Asimismo, se decidió dar vista de las actuaciones recibidas a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por el plazo común de veinte días, para que pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 
LOTC.
7.  Por  escrito  de  2  de  octubre  de  2019,  el  BBVA  expuso  sus  alegaciones, 
solicitando la desestimación del recurso de amparo, por considerar que no se había 
producido la vulneración de los derechos aducida en la demanda, así como la condena 
en costas de la recurrente.
La entidad financiera atribuye a la parte recurrente la omisión de determinados hitos 
relevantes acontecidos en esta causa, entre los que destacan los siguientes: en primer 
lugar, que no se opuso a la ejecución en el plazo conferido para ello a pesar de estar 
comparecida en el procedimiento de ejecución; y, en segundo, que paralelamente al 
proceso  de  ejecución  interpuso  una  demanda  contra  la  mercantil  solicitando  la 
declaración de nulidad por abusivas de las cláusulas suelo, de la del interés moratorio y 
la de vencimiento anticipado del contrato, aunque sobre esta última la petición fue 
retirada, renunciando con ello a obtener una respuesta judicial sobre su naturaleza. Esto 
es, la recurrente dispuso de varias oportunidades de defenderse frente a la cláusula 
abusiva  cuestionada  y  si  no  lo  hizo  entonces  fue  por  razones  estratégicas.  Por 
consiguiente, ninguna vulneración constitucional se le ha ocasionado, pues nada le ha 
impedido o dificultado llevar a cabo aquello que considerara más conveniente a sus 
intereses.
8.  Doña  Vicenta  Sousa  Rodríguez  formuló  alegaciones  a  través  de  escrito 
presentado el 4 de octubre de 2019. En él se remite a lo expresado en la demanda de 
amparo, reiterando los argumentos relativos al incumplimiento del deber de control sobre 
la abusividad de las cláusulas contractuales y al límite temporal para llevarlo a cabo, de 
conformidad con la doctrina de este Tribunal (STC 232/2015, de 5 de noviembre).
9.  El fiscal presentó su escrito de alegaciones el 10 de octubre de 2019, en el que 
se  manifestó  favorablemente  al  otorgamiento  del  amparo,  al  entender  vulnerado  el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE de la actora.
Inicia sus alegaciones delimitando los hechos y el objeto del amparo solicitado, 
destacando que las decisiones recurridas no son resoluciones jurisdiccionales, sino 
disposiciones del letrado de la administración de justicia, lo que suscita una primera 
cuestión acerca de si las mismas no incurren en alguna vulneración constitucional, no ya 
por su contenido y motivación, sino por no proceder del órgano judicial. El problema  e.e
radica en que, mientras las vulneraciones relativas al contenido y la motivación aparecen  b
claramente identificadas en la demanda de amparo, «no hay una expresa y directa  33ww
rhealabcéirósne led epl rdivearedcoh od ea  ulan atu tdeelac isjuiódnic iajul deicfeiaclt ivpao rs ipna irnted edfeenl spióronp, idoe ll eatrrat.d 2o4, .1e sC Ede, ccior nd eell 
raecccuersreon ate l ai mjupriustdai cac iólans» ,d seinci spieornjueisc iod edl el elotr acduoa l tsaol nd enfuemcteor.o Psaosr  leasst eo cúaltsimionoe ms oetniv qou ye  laal 
objeto  de  no  incurrir  en  un  excesivo  formalismo,  debe  considerarse  también  tal 
vulneración.
Respecto de esta primera vulneración, el Ministerio Fiscal considera que el letrado de 
la administración de justicia se atribuyó competencias que no le conciernen, al inadmitir 
por diligencia de ordenación la petición de revisión de oficio de la posible abusividad de 
las cláusulas pactadas, así como después resolviendo otro tanto respecto del incidente 
de nulidad de actuaciones planteado. Decisiones que -a su juicio- corresponden efectuar 
al juez. De este modo se vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la 
recurrente y, para restaurarlo, debe anularse todo lo actuado desde el escrito de 21 de 
junio de 2017, para que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Amposta resuelva las peticiones que le fueron formuladas.
En cuanto a la segunda de las infracciones del derecho a la tutela judicial efectiva, es 
decir,  la  errónea  motivación  de  los  decretos  e  inadecuada  selección  de  la  norma 
aplicable, al no dar primacía al Derecho europeo, en opinión del Ministerio Fiscal, esta 
operaría con carácter subsidiario, pues deben prevalecer los efectos de la primera 
vulneración de la tutela judicial analizada. La cuestión respecto de esta vulneración es 
que el letrado de la administración de justicia se negó a examinar la abusividad de la 
cláusula  de  vencimiento  anticipado  «por  considerar  la  pretensión  extemporánea  o 
improcedente». En esa tesitura se comprueba que el letrado interpretó incorrectamente 
la norma aplicable en lo que respecta al límite temporal, pues apoya su decisión en que 
el proceso había concluido, cuando este requisito temporal no se aplica actualmente. En 
este sentido, una vez constatada la inexistencia de un control judicial previo de la posible 
abusividad de las cláusulas, el letrado de la administración de justicia debió haber 
tramitado la solicitud «desde el momento en que dispuso de los elementos de hecho y de 
Derecho necesarios para ello». Para el fiscal deben retrotraerse las actuaciones al 
momento en que se dictaron los decretos de 28 de junio de 2018 para que el letrado de 
la administración de justicia dicte otros que accedan al examen judicial del carácter 
abusivo de la cláusula sexta bis relativa al vencimiento anticipado del contrato.
10.  Por providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año..
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El  recurso  de  amparo  tiene  por  objeto  varias  resoluciones  del  letrado  de  la 
administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Amposta  en  el  procedimiento  de  ejecución  núm.  4882-2016,  más  en  concreto,  la 
diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2017, por la que se inadmitió el incidente 
de nulidad de actuaciones presentado contra el auto de 26 de abril de 2013, así como los 
tres  decretos  de  28  de  junio  de  2018,  en  los  que,  por  este  orden:  se  ratificó  la 
extemporaneidad de la solicitud de revisión de las cláusulas abusivas, razonando que el 
procedimiento de ejecución hipotecaria había finalizado con el decreto de adjudicación 
de 24 de marzo de 2015; y se confirmaron las diligencias de ordenación de 10 de 
octubre de 2017 y de 22 de febrero de 2018, rechazando en ambos casos la nulidad de 
actuaciones interesada.
Según se sostiene por la recurrente, tales decisiones vulneraron su derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho de acceso a la  es
jurisdicción, derecho a la motivación de las resoluciones y a la correcta selección de la  bo
norma aplicable, en relación con el principio de primacía del Derecho europeo (arts. 10.2  33ww
yrfue 9nc3ucP iroCraenErnea)ts .e e arl el lfiaimstcipvaeal,ds  irae llq  culeoetn rtaerdol olj u dzedg eala d loaa  bduaisdeimrvaiid nraiesdpt rudaeecs ióltaan   cadlá elua ssjuu lpsatesict iiccaoi onnsterea sc etfuxotarrmlaelusim layidt ólaa s en npu olidrs aulads    OE-A-2020-81able en https://
de actuaciones; y, subsidiariamente, interpretó incorrectamente la normativa aplicable en
lo que respecta al límite temporal para valorar el carácter abusivo de tales cláusulas, 
manifestándose favorable al otorgamiento del amparo, al entender vulnerado el derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE.
2.  Consideraciones previas sobre el objeto del recurso de amparo.
Antes de entrar a valorar el fondo del asunto, debemos pronunciarnos sobre las 
alegaciones del Ministerio Fiscal relativas al objeto del presente recurso de amparo, en 
atención a la aparente extralimitación de funciones en que habría incurrido el letrado de 
la administración de justicia al resolver cuestiones que exceden de su competencia, 
como son el control de oficio de las cláusulas contractuales abusivas o el incidente de 
nulidad  de  actuaciones,  privando  a  la  recurrente  de  su  derecho  de  acceso  a  la 
jurisdicción.
En efecto, coincidimos con el fiscal cuando expone que, a pesar de no contenerse 
esa directa alegación en la demanda, son numerosas las ocasiones en que la recurrente 
imputa a las decisiones del letrado tal defecto, ya fuera en el propio encabezamiento del 
escrito de demanda, ya en los sucesivos fundamentos de derecho, particularmente, 
cuando en el fundamento de derecho séptimo se dice: «la actuación material del letrado 
de la administración de justicia –la inadmisión de los incidentes excepcionales de nulida– 
extralimitándose en su competencia, impidió que el juez pudiera desarrollar su función 
jurisdiccional, lo cual justifica que este Tribunal deba intervenir para reparar la lesión del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su variante de acceso a la 
jurisdicción»; o cuando en el suplico de la demanda se afirma que «la estimación del 
primero de los motivos de amparo conduce a la declaración de nulidad, en primer lugar, 
de la diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2017 y la de los decretos de 28 de 
junio de 2018, al no remediar la situación creada tras la diligencia de ordenación de 10 
de octubre de 2017, por vulnerar el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva 
en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción». Para este Tribunal, como para el 
fiscal, tales referencias sustentan que se deba dar entrada a esta posible vulneración 
como objeto indiscutible del presente recurso de amparo.
Compartimos igualmente la idea de que, de entre las infracciones denunciadas, debe 
abordarse en primer lugar aquella vulneración que provoque mayor retroacción en el 
proceso,  pues  ese  es  el  criterio  que  viene  manteniendo  de  manera  reiterada  este 
Tribunal,  y  que  implica  conceder  prioridad  al  examen  de  aquellas  causas  que,  de 
prosperar, determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, lo que haría 
innecesario un pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 25/2012, de 27 de febrero, 
FJ 2; 83/2018, de 16 de julio, FJ 2, y 124/2019, de 28 de octubre, FJ 2). En este caso, 
hemos de dar preferencia al examen de la vulneración del derecho de acceso a la 
jurisdicción, ya que, como sostiene el fiscal, «al impedir a la parte obtener una resolución 
judicial, debemos retrotraernos al mismo momento de la presentación del primer escrito, 
para que retome la competencia el órgano judicial, en detrimento del letrado, mientras 
que si se cuestionara sólo la motivación de las decisiones, la retroacción sería al propio 
órgano  que  las  dictó  para  que  las  adecuara  a  la  tutela  judicial  efectiva».  Por 
consiguiente, de estimarse dicha queja no será necesario proceder con el análisis del 
segundo  de  los  motivos  invocados  por  la  recurrente,  pues  el  órgano  jurisdiccional 
dispondrá de la oportunidad para revertir la situación creada.
3.  Extralimitación de funciones por el letrado de la administración de justicia: lesión 
del derecho de acceso a la jurisdicción de la actora. s
En el seno del proceso pueden descubrirse dos categorías de resoluciones, según  w.
tengan un carácter meramente procesal, susceptibles de ser acordadas por el letrado de  33ww
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STC 58/2016, de 17 de marzo, respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, la 
STC  72/2018,  de  21  de  junio,  aplicable  a  la  jurisdicción  laboral,  y,  la  más  reciente, 
STC 34/2019, de 19 de marzo, relativa al proceso civil.
A semejante distribución de funciones nos hemos referido en la última de las 
sentencias mencionadas, con cita de las precedentes, destacando que «como 
recuerdan las SSTC 58/2016, FJ 2, y 72/2018, FJ 2, la regulación actual trae 
causa de la reforma de la oficina judicial iniciada con la Ley Orgánica 19/2003, 
que  obedece  al  objetivo  de  asegurar  la  prestación  del  servicio  público  que 
constituye la administración de justicia de forma acorde con los nuevos retos que 
plantea  la  sociedad  actual,  a  fin  de  dispensar  a  los  ciudadanos  un  servicio 
próximo y de calidad, más ágil, eficiente y transparente, lo que implica conseguir 
una optimización y racionalización de los medios que se destinan a la justicia. A 
tal efecto, una de las claves fundamentales de la reforma consiste precisamente, 
en potenciar la intervención de los secretarios judiciales, actuales letrados de la 
administración  de  justicia,  llamados  a  responsabilizarse,  por  su  capacitación 
profesional como técnicos en Derecho, ‘de determinadas materias que si bien 
quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con exclusividad a jueces y 
tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha del servicio 
público que constituye la administración de justicia’, como señala la exposición de 
motivos de la Ley 13/2009. De acuerdo con este nuevo modelo de oficina judicial, 
configurada como organización instrumental que sirve de soporte y apoyo a la 
actividad  jurisdiccional  de  jueces  y  tribunales  (art.  435.1  LOPJ),  la  toma  de 
decisiones dentro del proceso se distribuye ahora entre jueces y magistrados, por 
un lado, y letrados de la administración de justicia, por otro. Se reservan a los 
primeros las resoluciones que se integran en lo que la exposición de motivos de la 
Ley 13/2009 denomina ‘función estrictamente jurisdiccional’, en consonancia con 
lo establecido en los arts. 24.1 y 117 CE. Se trata, en definitiva ‘de que los jueces 
y  magistrados  dediquen  todos  sus  esfuerzos  a  las  funciones  que  les  vienen 
encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello 
es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a 
las funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo 
modelo de la oficina judicial. En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas 
responsabilidades  y  funciones  que  no  tienen  carácter  jurisdiccional’.  Por  ello, 
‘salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la 
función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del 
trámite de que se trate al Secretario judicial’».
Y se añade más adelante: «dejando a salvo el principio de exclusividad de jueces y 
magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), derivado a su vez 
del principio de independencia judicial (art. 117.1 CE), la STC 58/2016, FJ 4, afirmó que 
no puede merecer en principio reproche de inconstitucionalidad la opción tomada por el 
legislador, en el marco del modelo de oficina judicial que diseñó la Ley Orgánica 19/2003 
y desarrolló la Ley 13/2009 y que reafirma la reciente Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio. De acuerdo con esta opción legislativa, como ya hemos señalado, la toma de 
decisiones en el proceso se distribuye entre jueces y magistrados, por un lado, y letrados 
de la administración de justicia, por otro. Se reserva a los primeros, como es obligado, 
las decisiones procesales que puedan afectar a la función o potestad estrictamente 
jurisdiccional, que les viene constitucionalmente reservada en exclusiva (art. 117.3 CE); y 
se atribuye a los segundos, que asumen la dirección de la oficina judicial, aquellas  s
funciones que no tienen carácter jurisdiccional, lo que incluye el dictado de resoluciones  oe.
procesales que no tengan este carácter» (FJ 3). w.
En la presente demanda, a diferencia de lo que sucedía en las sentencias citadas, a  33ww
alaq ureí cusrer enctuee sntoio nsae  lees h aq udee neelg aldeotr aedlo r edceu rsloa  aandtem ilnai satruatociróidna dd eju rijsudsitcicciiao nasel.  Laor rqougeó 
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rechazó, en primer lugar, la petición de revisión de oficio de la existencia de cláusulas 
abusivas en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria; y, en segundo lugar, el 
incidente de nulidad de actuaciones planteado por la actora. De nuevo conviene recordar 
que  la  decisión  relativa  al  carácter  abusivo  de  una  cláusula  contractual  es  de 
competencia exclusiva del juez y no comparte la naturaleza procesal o de mero trámite 
que tienen las decisiones del letrado de la administración de justicia. Igualmente claro 
resulta el carácter jurisdiccional de la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, 
que se desprende sin reserva alguna de su reglamentación legal (arts. 228 LEC y 241 
LOPJ),  que  somete  la  tramitación  y  resolución  a  un  estricto  control  judicial.  Como 
señalamos en la STC 208/2015, de 5 de octubre, FJ 5, «[d]e manera diáfana, los 
apartados uno y dos del art. 241 LOPJ atribuyen la competencia para conocer del 
incidente de nulidad de actuaciones al juez o tribunal que dictó la resolución que hubiera 
adquirido firmeza, incluso cuando proceda la inadmisión a trámite del incidente, pues la 
resolución que así lo acuerde debe ser una providencia sucintamente motivada».
En definitiva, lo relevante en este supuesto, desde el prisma en que se sitúa este 
tribunal, no es la nulidad que comporta resolver mediante diligencia de ordenación 
cuestiones que, conforme a la ley, han de ser resueltas por medio de providencia o auto, 
sino al hecho de que la actuación desarrollada por el letrado de la administración de 
justicia ha supuesto una manifiesta denegación de la tutela judicial efectiva, ya que 
impidió que el juez pudiera entrar a conocer sobre unas pretensiones –carácter abusivo 
de  determinada  cláusula  y  solicitud  de  nulidad  de  actuaciones–  cuya  resolución  le 
compete con carácter exclusivo. Es innegable que nuestro enjuiciamiento no recae 
propiamente  sobre  una  actuación  jurisdiccional,  pero  lo  cierto  es  que  la  actuación 
material del letrado de la administración de justicia –la inadmisión de las pretensiones 
que la actora dirigió al juez– extralimitándose en su competencia, impidió que el titular 
del órgano judicial pudiera desarrollar su función jurisdiccional, lo cual justifica que este 
Tribunal deba intervenir para reparar la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, al igual que hizo en 
recurso resuelto por la STC 208/2015.
Comprobada la vulneración denunciada del derecho a la tutela judicial efectiva, en la 
manifestación del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), procede, en orden a 
restaurar el derecho de la recurrente, anular lo actuado desde la diligencia de ordenación 
de 31 de julio de 2017, con la que el letrado de la administración de justicia dio respuesta 
al escrito de la recurrente de fecha 21 de julio de 2017, para que el titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Amposta resuelva las peticiones formuladas 
por la actora.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Vicenta Sousa Rodríguez y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). e.e
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por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Amposta se
resuelva sobre las peticiones formuladas en el escrito presentado en fecha 21 de julio 
de 2017 por la demandante de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.