BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48  Martes 25 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 16873
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
2613 Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los 
establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento 
del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito.
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Artículo 3.  Régimen jurídico.
Título I.  Requisitos de actividad.
Capítulo I.  Definición y actividades de los establecimientos financieros de crédito.
Artículo 4.  Definición.
Artículo 5.  Reserva de denominación.
Artículo 6.  Financiación de los establecimientos financieros de crédito.
Capítulo II.  Autorización, registro y actividad de los establecimientos financieros de 
crédito.
Sección 1.ª  Autorización y registro de establecimientos financieros de crédito.
Artículo 7.  Autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.
Artículo 8.  Agentes de los establecimientos financieros de crédito.
Artículo 9.  Autorización de establecimientos financieros de crédito sujetos al control 
de personas extranjeras.
Artículo 10.  Requisitos para ejercer la actividad.
Artículo 11.  Requisitos de idoneidad.
Artículo 12.  Requisitos de la solicitud.
Artículo 13.  Denegación de la autorización.
Artículo 14.  Comienzo de las actividades.
Sección 2.ª  Autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones 
estructurales.
Artículo 15.  Modificación de los estatutos sociales.
Artículo 16.  Ampliación de actividades.
Artículo 17.  Autorización de operaciones de modificación estructural.
Sección 3.ª  Revocación, renuncia y caducidad. oe.
Artículo 18.  Revocación de la autorización. 13ww
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Sección 4.ª  Entidades híbridas.
Artículo 21.  Autorización de entidades de pago o de dinero electrónico híbridas.
Artículo 22.  Revocación, renuncia y caducidad de la autorización de entidades de 
pago o de dinero electrónico híbridas.
Sección 5.ª  Actuación transfronteriza.
Artículo 23.  Apertura de sucursales y prestación de servicios sin establecimiento en 
el extranjero por establecimientos financieros de crédito españoles.
Artículo 24.  Actuación mediante otros establecimientos financieros de crédito, 
entidades de crédito, entidades aseguradoras o empresas de servicios de inversión.
Sección 6.ª  Oficinas, agentes y delegación de funciones.
Artículo 25.  Apertura de oficinas, designación de agentes y delegación de funciones.
Capítulo III.  Participaciones significativas.
Artículo 26.  Régimen en materia de participaciones significativas.
Capítulo IV.  Idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos.
Artículo 27.  Régimen en materia de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos 
cargos.
Capítulo V.  Gobierno corporativo y política de remuneraciones.
Artículo 28.  Régimen en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones.
Título II.  Obligaciones en materia de solvencia y conducta.
Artículo 29.  Obligaciones en materia de solvencia.
Artículo 30.  Colchón de liquidez y estructura de fuentes de financiación y vencimientos 
de los establecimientos financieros de crédito.
Artículo 31.  Obligaciones de información en materia de solvencia y estructura 
accionarial.
Artículo 32.  Obligaciones de información en materia de conducta.
Título III.  Supervisión de los establecimientos financieros de crédito.
Artículo 33.  Ejercicio de la supervisión del cumplimiento de la normativa de 
ordenación y disciplina.
Artículo 34.  Supervisión de los grupos consolidables.
Disposición adicional primera.  Transformación de establecimientos financieros de 
crédito en bancos.
Disposición adicional segunda.  Auditoría de cuentas.
Disposición adicional tercera.  Referencias al Banco Central Europeo en la normativa 
aplicable a las entidades de crédito.
Disposición adicional cuarta.  No incremento de gastos de personal.
Disposición transitoria primera.  Transformación en bancos de establecimientos 
financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015,  e.e
de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. b
Disposición  transitoria  segunda.  Sucursales  y  filiales  en  el  extranjero  de  13ww
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dlime ictaréddoi.to provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento del Registro Mercantil 
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Disposición final tercera.  Título competencial.
Disposición final cuarta.  Habilitación para el desarrollo por el Banco de España.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
I
Los establecimientos financieros de crédito se caracterizan por ser entidades cuyo 
negocio es ofrecer crédito a través de un amplio conjunto de operaciones financieras de 
activo y gran parte de estas entidades están especializadas en la concesión de créditos al 
consumo, por lo que representan un canal muy relevante para la financiación del consumo 
minorista. En efecto, estas entidades a menudo mantienen relaciones contractuales con 
comerciantes de modo que una parte importante de las financiaciones de bienes de 
consumo duradero o de determinados servicios se realizan a través de establecimientos 
financieros de crédito, que en algunas ocasiones son propiedad de entidades de crédito, 
en otras del propio comerciante o fabricante y algunos casos son independientes.
Los establecimientos financieros de crédito nacieron como una nueva categoría de 
entidad financiera en 1994, siendo regulados en la disposición adicional primera de 
la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de 
entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen 
otras modificaciones relativas al sistema financiero. Su régimen jurídico se desarrolló por 
el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito.
En su origen las principales características de los establecimientos financieros de 
crédito aparecieron determinadas por tres elementos. En primer lugar, vinieron a sustituir 
a las denominadas entidades de crédito de ámbito operativo limitado. En segundo lugar, 
realizaban una o varias de las actividades típicas de las entidades de crédito (concesión 
de préstamos y créditos, «factoring», arrendamiento financiero, emisión y gestión de 
tarjetas de crédito y concesión de avales y garantías). En tercer lugar, se les atribuía el 
estatuto de entidad de crédito si bien se les prohibía expresamente la captación de fondos 
reembolsables del público.
Sin embargo, la evolución de la normativa europea y nacional obligó a introducir 
cambios en la regulación de los establecimientos financieros de crédito, principalmente por 
la pérdida del estatuto de entidad de crédito.
Así, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas 
de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, restringía la 
condición de entidad de crédito a aquellas entidades que realizasen la actividad de 
captación de depósitos. Por tanto, desde el 1 de enero de 2014 los establecimientos 
financieros de crédito perdieron su consideración de entidades de crédito.
La normativa española recogió la pérdida de esta condición de entidad de crédito a 
través del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la 
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
supervisión y solvencia de entidades financieras. Además, este Real Decreto-ley, con el fin 
de evitar que se produjesen consecuencias indeseadas, estableció en su disposición  s
transitoria segunda un nuevo régimen específico para los establecimientos financieros de  oe.
crédito con carácter provisional y hasta que se aprobase un nuevo régimen jurídico  w.
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cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
Con este nuevo régimen se moderniza y adapta a las exigencias de los mercados  Bc
financieros esta figura, que se mantiene dentro del perímetro de supervisión y regulación
financiera. Sin embargo, se mantiene lo esencial que siempre ha caracterizado el régimen 
de los establecimientos financieros de crédito: la exigencia de unos niveles de solvencia y 
gobernanza equivalentes a los que se imponen a las entidades de crédito, de modo que 
dicho régimen sigue constituyendo una garantía para la estabilidad del sistema financiero 
y para los usuarios de los servicios que prestan estas entidades: empresas, y, sobre todo, 
dada su orientación al crédito al consumo, consumidores.
Entre otros aspectos relevantes la ley pretende, con carácter general, mantener el 
régimen jurídico previamente aplicable, con las adaptaciones oportunas. Un aspecto a 
destacar es que se extiende la aplicación del régimen en materia de ponderaciones por 
riesgo de exposiciones interbancarias y cómputo de intereses minoritarios de las 
entidades de crédito a los establecimientos financieros de crédito para preservar su 
financiación. Por otro lado, una novedad relevante está en la regulación expresa de la 
figura híbrida, entidad que realiza actividades propias de los establecimientos financieros 
de créditos y servicios de pagos o emisión de dinero electrónico. Algunos establecimientos 
financieros de crédito en el transcurso de sus actividades, en tanto que tenían naturaleza 
de entidad de crédito, asumieron la realización de actividades de servicios de pago o 
emisión de dinero electrónico, actividades reservadas únicamente a entidades de crédito 
y entidades de servicios de pago o de dinero electrónico. Con la pérdida de la condición 
de entidad de crédito ha sido recomendable regular esta figura híbrida, prevista con 
carácter general en la normativa de pagos, para garantizar la seguridad jurídica en la 
actuación de estas entidades.
II
Sin embargo, no ha habido desarrollo reglamentario desde entonces, aun cuando 
la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, lo preveía. Esta 
circunstancia ha generado un problema de falta de seguridad jurídica, al estar los 
establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las 
entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su 
negocio, ocasionando problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.
Este marco de inseguridad jurídica desincentiva la aparición de nuevos operadores en 
el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de 
operadores no regulados (prestamistas al consumo) en un contexto de creciente demanda 
de crédito y de desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la concesión de crédito casi 
inmediata. Debe recordarse a este respecto que la actividad de préstamo al consumo no 
está reservada ni sometida a registro, por lo que los prestamistas pueden realizar su 
actividad sin someterse a ningún requisito, más allá de los previstos por la Ley 16/2011, 
de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
Así pues, el objetivo fundamental de esta norma es el desarrollo de un régimen jurídico 
para los establecimientos financieros de crédito que sea claro, comprensible y adaptado a 
las necesidades del negocio, pero al mismo tiempo equivalente en términos de robustez al 
establecido para entidades de crédito.
Este real decreto mejorará la protección del cliente financiero y la competencia en la 
concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben 
caracterizar tal actividad. En efecto, el refuerzo de la seguridad jurídica resultante de la 
aprobación de este real decreto, favorecerá una mayor competencia en el sector del 
préstamo vía la aparición de nuevos competidores regulados, redundando así en 
financiación más barata y accesible tanto para las empresas como para los consumidores  s
y contribuirá a una asignación eficiente de los recursos financieros del sistema,  oe.
salvaguardando al mismo tiempo, y con las máximas garantías, el adecuado nivel de  w.
protEecscteió rne dael d loesc rceltieon, tqeuse. deroga al Real DIeIIcreto 692/1996, de 26 de abril, desarrolla el  BOE-A-2020-2613cable en https://ww
título II de la Ley 5/2015, de 27 de abril, en esta materia, concretando, por tanto, el
régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o 
subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz 
en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de 
supervisión.
El título preliminar contiene las disposiciones generales del real decreto, objeto, ámbito 
de aplicación y régimen jurídico. El artículo 3 aclara, siguiendo lo ya previsto en el artículo 7 
de la Ley 5/2015, de 27 de abril, que para todo lo no previsto en la normativa específica de 
los establecimientos financieros de crédito serán de aplicación las normas que con carácter 
general regulan la actividad de las entidades de crédito. Esta previsión general ha querido 
reforzarse en materia de participaciones significativas, idoneidad, incompatibilidades y 
registro de altos cargos, gobierno corporativo y política de remuneraciones y solvencia 
previéndolo expresamente en los correspondientes capítulos a fin de garantizar una 
interpretación unívoca.
El título I que se refiere a los requisitos de actividad está dividido en cinco capítulos. 
El primero de ellos recoge la definición de establecimiento financiero de crédito y su 
forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades 
de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público. Se 
establece la aplicación a los establecimientos financieros de crédito del régimen jurídico 
aplicable a las emisiones de valores de las entidades de crédito, en consonancia con el 
principio general de aplicación de las normas que regulan la actividad de las entidades 
de crédito que tiene su sustento en el artículo 119.5 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012. El capítulo II regula la autorización, registro 
y actividad de los establecimientos financieros de crédito, desarrollándose el nuevo 
procedimiento  de  autorización  de  estas  entidades  que  con  la  aprobación  de 
la Ley 5/2015, de 27 de abril, pasó a ser competencia de la persona titular del Ministerio 
de Economía y Competitividad, en la actualidad la persona titular del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Destaca el nuevo régimen de 
autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de 
dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros 
de crédito y para las que se ha diseñado una autorización única. El capítulo se completa 
con la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la 
actuación mediante agentes.
Los capítulos III, IV y V se refieren, respectivamente, al régimen de participaciones 
significativas, a los requisitos de idoneidad y a los principios de gobierno corporativo y 
política de remuneraciones. En este último, se aplica un criterio de proporcionalidad, de 
forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a 
los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil 
millones de euros. En este caso también se les exime de tener consejeros independientes; 
esta exención viene motivada por el pequeño tamaño de las entidades, que les dificulta el 
cumplimiento de los requisitos generales de gobierno corporativo. Por otro lado, se 
exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas 
filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos 
tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales; la razón que justifica esta exención 
es que las funciones de los comités de los que se las exenciona son realizadas por los 
comités que tiene la matriz.
El título II contiene los requisitos en materia de solvencia y conducta exigibles a los  es
establecimientos financieros de crédito y a los grupos o subgrupos consolidables de  o
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se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE,
el colchón de conservación de capital y el colchón anticíclico no serán de aplicación a 
aquellas entidades que tengan la consideración de pyme. El artículo 30 establece como 
novedad un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán 
mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente 
amplio de tensión en los mercados financieros. Dicho colchón se asemeja al ratio de 
cobertura de liquidez exigido a las entidades de crédito. También es novedosa la obligación 
de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de 
activos, pasivos y compromisos, inspirada en la ratio de financiación estable neta prevista 
para las entidades de crédito en la revisión del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. El artículo 31 establece las 
obligaciones de información en materia de solvencia que se inspiran en las obligaciones 
de información de las entidades de crédito aunque la frecuencia con la que las entidades 
deben remitir la información es menor. En conclusión, se somete a los establecimientos 
financieros de crédito a requisitos prudenciales que podrían considerarse comparables a 
los aplicados a las entidades de crédito en términos de solidez, por lo que conforme al 
artículo 119.5 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, las exposiciones de las entidades de crédito frente a los 
establecimientos financieros de crédito se tratarían igual que las exposiciones frente a 
otras entidades de crédito.
Finalmente, el título III, establece el régimen de control e inspección del Banco 
de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos 
consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.
El texto contiene cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
La disposición adicional primera se remite a la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, para regir la 
transformación de establecimientos financieros de crédito en bancos. Para ello, los 
establecimientos financieros de crédito deberán cumplir los requisitos exigidos para la 
creación de un banco.
La disposición adicional segunda establece que los establecimientos financieros de 
crédito deben someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas, así como que será de 
aplicación a los auditores de cuentas de los establecimientos financieros de crédito lo 
dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria 
de Cuentas.
Por su parte, la disposición adicional tercera aclara que, en aquellos casos en los que 
el proyecto se remite a la normativa bancaria y esta menciona al Banco Central Europeo, 
las referencias deben entenderse realizadas al Banco de España, y la disposición adicional 
cuarta recoge el no incremento de los gastos de personal.
En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera aclara que los procedimientos de 
autorización de transformación en banco de establecimientos financieros de crédito 
autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, que se 
hubieran iniciado antes del 31 de diciembre de 2019, se regirán por lo previsto en el 
procedimiento simplificado previsto en la misma.
Por otro lado, la disposición transitoria segunda establece un régimen transitorio para 
las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito 
existentes a la fecha de entrada en vigor del proyecto. Estas sucursales o filiales no 
necesitarán solicitar una nueva autorización al Banco de España para continuar en el  es
ejercicio de su actividad. o
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supuestos de carácter excepcional y residual, que afectan a la competencia en los
mercados financieros, se considera que este marco jurídico debe extinguirse en un plazo 
razonable. Por lo anterior, a estas entidades se les concede un plazo de un año desde la 
entrada en vigor de este real decreto para alcanzar los umbrales de capital y de solvencia 
exigidos por la norma.
La disposición derogatoria elimina el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, así como 
todas las normas de igual o inferior rango que se opongan al proyecto.
Las disposiciones finales primera y segunda realizan ajustes técnicos en la regulación 
relativa al Registro Mercantil en relación con la figura de los establecimientos financieros 
de crédito.
La disposición final primera modifica el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, con objeto de clarificar que la norma 
resulta de aplicación también a los establecimientos financieros de crédito.
La disposición final segunda modifica el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, para 
regular la inscripción de la caducidad en el Registro Mercantil.
Finalmente, las tres últimas disposiciones finales contienen el título competencial, las 
habilitaciones al Banco de España para el desarrollo de diversas disposiciones y la fecha 
de entrada en vigor del real decreto.
IV
Este real decreto responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por lo 
que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, este real decreto es el instrumento 
óptimo para llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la regulación de los 
establecimientos financieros de crédito contenida en el título II de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial.
En cuanto al principio de proporcionalidad, este real decreto mantiene el necesario 
equilibrio entre el establecimiento de un marco legal adecuado, ágil y que favorezca el 
buen funcionamiento de los establecimientos financieros de crédito, de un lado, y 
garantizar que mantienen unos niveles de solvencia y liquidez adecuados, de otro.
El principio de seguridad jurídica queda reforzado con este real decreto, toda vez que 
los establecimientos financieros de crédito han sufrido un importante cambio en su régimen 
legal al perder la condición de entidad de crédito. De esta forma se mejora el conocimiento 
y comprensión de la normas por parte de sus destinatarios, facilitando su interpretación y 
aplicación frente a la alternativa de un texto modificativo.
En aplicación del principio de transparencia, si bien no se realizó consulta pública 
prevista en el vigente artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por 
no estar el mismo en vigor en el momento de iniciarse la tramitación del texto del proyecto, 
este fue sometido a dos fases de audiencia pública debido a que el primer proyecto se 
articulaba como una modificación del vigente desarrollo reglamentario, el Real 
Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito, lo que suponía modificaciones muy profusas en el mismo. Por este 
motivo y a la vista de las observaciones recibidas en la primera audiencia pública se 
replanteó el proyecto, redactándose un nuevo texto que fue sometido a la segunda de las 
audiencias mencionadas. En ambas audiencias públicas se recibieron numerosas 
observaciones que se han tenido en cuenta en la elaboración de este texto.
Por último, en relación al principio de eficiencia, este real decreto no impone carga  e.e
administrativa alguna adicional que no sea estrictamente necesaria para dar cumplimiento  b
a las obligaciones derivadas de la Ley 5/2015, de 27 de abril. 13ww
artícEuslote  1re4a9l. 1d.e6c.ªr,e t1o1 .sªe  yd i1c3ta.ª  edne u lsao  Cdoenl stíttiutuloc icóonm yp edtee nlaci ahl apbrielivtaacleiónnte  ccoonntteenniiddao  eenn  elal 
disposición final duodécima.1.a) de la Ley 5/2015, de 27 de abril.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa de la Ministra de 
Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2020,
DISPONGO:
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y 
régimen de supervisión, en desarrollo de las disposiciones contenidas en el título II de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Este real decreto será de aplicación a los establecimientos financieros de crédito 
autorizados en España y a los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos 
financieros de crédito con matriz en España.
Artículo 3.  Régimen jurídico.
1.  Los establecimientos financieros de crédito se regirán por:
a)  Los artículos 29 a 31 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del Sistema Financiero, sobre la defensa del cliente de servicios financieros.
b)  La disposición adicional tercera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, sobre el régimen aplicable a 
las operaciones de cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito.
c)  El artículo 5 y los capítulos III, participaciones significativas, IV, idoneidad, 
incompatibilidades y registro de altos cargos, y V, gobierno corporativo y política de 
remuneraciones, salvo los artículos 29.4 y 30 del título I, y los títulos II, solvencia de las 
entidades de crédito, III, supervisión, salvo los artículos 59, 60, 63, 64, 65, 66 y 84, y IV, 
régimen sancionador, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito, y como sus normas de desarrollo, con las 
particularidades que se prevén en este real decreto.
d)  Lo dispuesto en el título II, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito, y la disposición adicional primera, sobre el régimen fiscal de los 
establecimientos financieros de crédito, de la Ley 5/2015, de 27 de abril.
2.  No será de aplicación a los establecimientos financieros de crédito:
a)  El artículo 27.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b)  Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de 
crédito.
c)  La parte sexta del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y  es
del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de  bo
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE)  13ww
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la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito.
e)  La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión, sin perjuicio de lo previsto en su disposición 
adicional novena.
3.  Supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las 
normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito, sin 
perjuicio de las exclusiones incluidas en el apartado anterior.
TÍTULO I
Requisitos de actividad
CAPÍTULO I
Definición y actividades de los establecimientos financieros de crédito
Artículo 4.  Definición.
Podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas 
que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización de la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con 
carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de 
la Ley 5/2015, de 27 de abril.
Artículo 5.  Reserva de denominación.
1.  La denominación de «establecimiento financiero de crédito», así como su 
abreviatura, «EFC», quedará reservada a estas entidades, las cuales estarán obligadas a 
incluirlas en su denominación social.
2.  La denominación de «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago», así 
como su abreviatura, «EFC-EP», quedará reservada a los establecimientos financieros de 
crédito que tengan la consideración de entidad de pago híbrida, quienes, facultativamente, 
podrán incluirla en su denominación social. Los establecimientos financieros de crédito 
que no hicieren uso de esta denominación deberán en todo caso emplear la prevista en el 
apartado 1.
3.  La denominación de «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero 
electrónico»,  así  como  su  abreviatura,  «EFC-EDE»,  quedará  reservada  a  los 
establecimientos financieros de crédito que tengan la consideración de entidad de dinero 
electrónica híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social. 
Los establecimientos financieros de crédito que no hicieren uso de esta denominación 
deberán en todo caso emplear la prevista en el apartado 1.
Artículo 6.  Financiación de los establecimientos financieros de crédito.
1.  Los establecimientos financieros de crédito no podrán captar fondos reembolsables 
del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros 
análogos, cualquiera que sea su destino. En consecuencia, no será aplicable a los 
establecimientos financieros de crédito la legislación sobre garantía de depósitos. e.e
2.  A los efectos del apartado anterior, no tendrán la consideración de fondos  w.b
reembolsables del público: 13ww
acueabr))d  oL Lcaaos ne f nilnata rdenegcfaiian cidcieoió nnfeo dsn edc oogsnru cppeoodr i ddleaa sss  opeconirte ieddnaatddideeassd  epesest radtbeeln ececrciédideain teoten.s e al a srtuíc mulois m42o  dgerlu Cpóod, idgeo   OE-A-2020-26able en https://
de Comercio; o por los accionistas del establecimiento financiero de crédito que ostenten 
en él una participación de, al menos, el 5 por ciento de su capital.
c)  Las emisiones de valores sujetas al texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y sus 
normas de desarrollo, siempre que se emitan por vencimiento superior a un mes.
d)  Fianzas y demás cauciones con objeto de disminuir los riesgos contraídos con 
clientes por operaciones propias de su objeto social.
3.  Los establecimientos financieros de crédito podrán titulizar sus activos con 
sujeción a la normativa general reguladora de los fondos de titulización.
4.  Los establecimientos financieros de crédito tendrán la consideración de entidades 
de crédito a efectos del régimen jurídico aplicable a sus emisiones de valores.
CAPÍTULO II
Autorización, registro y actividad de los establecimientos financieros de crédito
Sección 1.ª  Autorización y registro de establecimientos financieros de crédito
Artículo 7.  Autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.
1.  Corresponderá a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los 
aspectos de su competencia, autorizar la creación de los establecimientos financieros de 
crédito. En la autorización se especificarán las actividades, de entre las previstas en el 
artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, que podrá realizar el establecimiento financiero 
de crédito, de acuerdo con el programa presentado por aquel.
2.  La solicitud de autorización será resuelta dentro de los tres meses siguientes a su 
recepción en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional o al momento 
en que se complete la documentación exigible, y, en todo caso, dentro de los doce meses 
siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente 
previsto, podrá entenderse desestimada.
3.  En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los 
promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de 
constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en 
el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España. En 
otro caso, se declarará la caducidad de la autorización, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 20.
Las inscripciones en este Registro especial, así como las bajas del mismo, se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
4.  El depósito previsto en el artículo 12.1.e) se reintegrará, a solicitud del interesado, 
una vez constituida la sociedad e inscrita en el Registro especial de establecimientos 
financieros de crédito del Banco de España, así como en los supuestos de denegación, 
caducidad y, si no hubiese sido liberado con carácter previo, revocación o renuncia de la 
autorización.
Artículo 8.  Agentes de los establecimientos financieros de crédito.
1.  A los efectos de este real decreto, se consideran agentes de establecimientos  oe.
financieros de crédito las personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento  w.
feoinpnae nnraoccmieiorbonr eed sey   tcíprpéoicdr aictsou  ehdnaety alaa  d oaetoc trliagv aieddnaotd ipd doaeddle  meresastna pdbaalernact ieam,c iteeunnat rol ahs a nfbienitgauonacclmiiaeecronióstne   dforee  fncotrreém daai tlloaiz.  caQlcieiuónentde adlane,    2020-2613n https://ww
excluidos los mandatarios con poderes para una sola operación específica, y las personas
que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de  Bc
su mismo grupo, por una relación laboral.
2.  Los agentes de los establecimientos financieros de crédito deberán inscribirse en 
el Registro de agentes creado y gestionado por el Banco de España.
Artículo 9.  Autorización de establecimientos financieros de crédito sujetos al control de 
personas extranjeras.
1.  La creación de establecimientos financieros de crédito españoles cuyo control, en 
los términos previstos por el artículo 42 del Código de Comercio, vaya a ser ejercido por 
personas extranjeras, queda sujeta a lo establecido en este real decreto.
2.  En el caso de que el control del establecimiento financiero de crédito español vaya 
a ser ejercido por una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión, una 
entidad aseguradora o reaseguradora, una entidad de pago o una entidad de dinero 
electrónico autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea, por la entidad 
dominante de una de esas entidades o por las mismas personas físicas o jurídicas que las 
controlen, el Banco de España, antes de emitir el informe a que se refiere el artículo 7.1, 
deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de las citadas entidades.
3.  En el caso de que el control del establecimiento financiero de crédito español vaya 
a ser ejercido por una o varias personas, sean o no entidades de crédito, domiciliadas o 
autorizadas en un Estado no miembro de la Unión Europea, cabrá exigir la prestación de 
una garantía que alcance a la totalidad de actividades de dicha entidad mediante contrato 
de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para 
operar en España, aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas 
para operar en España, o cualquier otra garantía que determine el Banco de España.
Artículo 10.  Requisitos para ejercer la actividad.
Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un 
establecimiento financiero de crédito:
a)  Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de 
fundación simultánea y con duración indefinida.
b)  Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente 
en efectivo y representado por acciones nominativas.
c)  Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un 
establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades 
híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este 
real decreto.
d)  Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los 
veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores 
previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá 
por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el 
artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo 
establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.
e)  Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.
f)  Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con 
procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente 
de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de 
funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros 
puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que  s
les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los  oe.
establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de  w.
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras  13ww
dispgo)s icCioonnetsa qr uceo nse uann  ddee paaprlticaamceiónnto. o servicio de atención al cliente que atienda y
rinetseureelsveas l ay sd qeureecjahso sy  lreegcalalmmeanctieo nreecso qnuoec isduoss .c lLieonst eess tlaebsl epcreimseienntteons,  frienlaanccioienraodsa dse c corné dsuitos   BOE-A-cable e
que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o
servicio de atención al cliente único para todo el grupo. A los efectos de lo establecido en 
esta letra se entenderá que existe grupo cuando se den las condiciones establecidas en el 
artículo 42 del Código de Comercio.
h)  Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en 
territorio nacional.
i)  Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de 
comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el 
blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real 
Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril.
j)  No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.
Artículo 11.  Requisitos de idoneidad.
Deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer 
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones:
a)  Todos los miembros del consejo de administración de la entidad;
b)  las personas físicas que representen en el consejo de administración a los 
consejeros que sean personas jurídicas;
c)  los directores generales o asimilados. A los efectos previstos en este real decreto, se 
entenderán por asimilados quienes cumplan esta condición de acuerdo con el artículo 6.6 de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio;
d)  los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el 
desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España.
Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de 
crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.
Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, y los artículos 29 a 33 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.
Artículo 12.  Requisitos de la solicitud.
1.  La solicitud de autorización para la creación de un establecimiento financiero de 
crédito se dirigirá a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional por 
duplicado y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a)  Proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral negativa 
de la denominación social propuesta.
b)  Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el tipo de 
operaciones que se pretenden realizar, la organización administrativa y contable, los 
procedimientos de control interno, los procedimientos previstos para atender las quejas y 
reclamaciones que presenten sus clientes, así como los procedimientos y órganos de 
control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e impedir la realización 
de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
c)  Relación de socios que han de constituir la sociedad, con indicación de sus 
participaciones en el capital social. Tratándose de socios que tengan la condición de 
personas jurídicas, se indicarán las participaciones en su capital o derechos de voto que 
representen un porcentaje superior al 5 por ciento. e
En el caso de accionistas o socios que vayan a poseer una participación significativa, se  w.
aidpoonretaidraád  lapr edvoisctuoms eennt ealc aiórtníc uplroe c6i.s1a.b )p daeral  Raecarle Ddietacrre etol  8c4u/m20p1li5m, ideen t1o3  ddee  fleobsr ereroq,u juisnittoos c odne:  2020-2613n https://ww
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compromisos asumidos para la creación del establecimiento financiero de crédito.
2.º  Si son personas jurídicas, las cuentas anuales e informe de gestión con los 
informes de auditoría, si los hubiese, de los dos últimos ejercicios o desde su creación, si 
esta se hubiera producido durante este periodo; la composición de sus órganos de 
administración; y la estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezca. En 
caso de socios personas jurídicas que pertenezcan a un grupo consolidado, se aportarán, 
adicionalmente, las cuentas anuales consolidadas, informe de gestión e informes de 
auditoría relativos al grupo.
En defecto de socios que vayan a poseer una participación significativa, la información 
anterior se facilitará respecto de los veinte mayores accionistas.
d)  Relación de los miembros del consejo de administración y directores generales o 
asimilados, con información detallada sobre los requisitos de idoneidad aplicables y 
exigidos por esta normativa.
e)  Justificación de haber constituido en la Caja General de Depósitos, o en alguna de 
sus sucursales, un depósito en efectivo o en Deuda Pública, equivalente al 20 por ciento 
del capital inicial mínimo establecido en el artículo 10, a disposición de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional.
2.  En todo caso, cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes 
se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en este real decreto.
Artículo 13.  Denegación de la autorización.
1.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
denegará, mediante resolución motivada, la autorización de creación de un establecimiento 
financiero de crédito cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 
y 12 y, en especial, cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y 
prudente de la entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los 
accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa o, en ausencia de 
accionistas con participación significativa, de los veinte mayores accionistas.
2.  Contra la denegación de la solicitud podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser 
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3.  Denegada, en su caso, la solicitud, y sin perjuicio de la interposición del recurso de 
reposición o su impugnación directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
previstas en el apartado anterior, se procederá por la Caja General de Depósitos, a 
solicitud del interesado, a la devolución del depósito efectuado. Asimismo procederá la 
devolución en el supuesto de desistimiento de la solicitud.
Artículo 14.  Comienzo de las actividades.
En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un 
establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. 
Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por 
causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar 
como establecimiento financiero de crédito, que será declarada de conformidad con lo  s
previsto en el artículo 20. e.
Sección 2.ª  Autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones 
estructurales
Artículo 15.  Modificación de los estatutos sociales.
1.  La modificación de los estatutos sociales de los establecimientos financieros de 
crédito estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 7, 
si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a 
su recepción en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, transcurridos 
los cuales podrá entenderse estimada.
2.  No requerirán autorización previa, aunque deberán ser comunicadas al Banco 
de España, en un plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a la adopción 
del acuerdo correspondiente, las modificaciones de los estatutos sociales que tengan 
por objeto:
a)  Cambio del domicilio social dentro del territorio nacional.
b)  Aumento de capital social.
c)  Incorporar textualmente a los estatutos preceptos legales o reglamentarios de 
carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas.
d)  Aquellas otras modificaciones respecto de las que la Secretaría General del Tesoro 
y Financiación Internacional, en contestación a la consulta previa formulada al efecto por 
el establecimiento financiero de crédito afectado, haya considerado innecesario, por su 
escasa relevancia, el trámite de la autorización.
3.  En el supuesto de que las modificaciones estatutarias excedan del objeto señalado 
en el apartado anterior, el Banco de España, en el plazo de treinta días a contar desde la 
recepción de la comunicación prevista en el apartado 2, advertirá tal circunstancia a los 
interesados con el fin de que sigan el procedimiento del apartado 1, o bien revisen sus 
estatutos.
Artículo 16.  Ampliación de actividades.
El establecimiento financiero de crédito que pretenda ampliar sus actividades solicitará 
una nueva autorización, que estará sujeta al procedimiento previsto para la modificación de 
los estatutos sociales en el artículo 15.1. Esta autorización podrá ser denegada, en especial, 
si el establecimiento no cumple los requerimientos de solvencia que le correspondan, o no 
cuenta con una organización administrativa, contable y de procedimientos de control 
internos adecuados a las nuevas actividades.
No obstante, cuando tal ampliación de actividades consista en convertirse en entidad 
de pago o de dinero electrónico híbrida, se seguirá el procedimiento de autorización 
previsto en el artículo 21
Artículo 17.  Autorización de operaciones de modificación estructural.
1.  Las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos 
en las que intervenga un establecimiento financiero de crédito, o cualquier acuerdo que 
tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores, deberán ser autorizadas 
por la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 7, si bien deberá resolverse dentro 
de los dos meses siguientes a su recepción en la Secretaría General del Tesoro y  e.e
Financiación Internacional. La entidad resultante de la fusión de dos o más establecimientos  b
financieros de crédito podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizados los  13ww
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de 26 de junio.
2.  A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá por cesión parcial de 
activos y pasivos la transmisión en bloque de una o varias partes del patrimonio de un 
establecimiento financiero de crédito, cada una de las cuales forme una unidad económica, 
a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, cuando la operación no 
tenga la calificación de escisión o cesión global de activo y pasivo de conformidad con 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles.
3.  La solicitud de autorización se dirigirá a la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, acompañada de los siguientes documentos por duplicado:
a)  Certificación del acuerdo del consejo de administración, aprobando el proyecto de 
fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos o del acuerdo con efectos 
económicos o jurídicos análogos a las operaciones anteriores.
b)  Proyecto de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos o del 
acuerdo con efectos económicos o jurídicos análogos a las operaciones anteriores.
c)  En su caso, informe de los administradores, justificativo de la operación.
d)  En su caso, informe de expertos sobre el proyecto de fusión, escisión o cesión global 
o parcial de activos y pasivos y del acuerdo con efectos económicos o jurídicos análogos a 
las operaciones anteriores, en los términos previstos en Ley 3/2009, de 3 de abril.
e)  En su caso, proyecto de estatutos de la sociedad resultante de la operación.
f)  En su caso, proyecto de estatutos de las sociedades intervinientes en el caso de 
que se modifiquen.
g)  Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la operación.
h)  Identificación de los administradores de las sociedades que participan en la 
operación y de aquellos propuestos para ocupar dichos cargos en las entidades resultantes 
o intervinientes.
i)  Cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios de las entidades que 
intervienen en la operación y, en su caso, de los grupos de los que formen parte.
j)  Balance de fusión o de la operación de modificación estructural.
k)  En su caso, certificación de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales de 
las entidades que intervienen en la operación.
l)  Cualquier otro que a juicio del órgano competente sea necesario para el análisis 
de la operación y sea expresamente requerido a los interesados.
Sección 3.ª  Revocación, renuncia y caducidad
Artículo 18.  Revocación de la autorización.
1.  La autorización concedida a un establecimiento financiero de crédito solo podrá 
ser revocada en los siguientes supuestos:
a)  Si interrumpe de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un 
período superior a seis meses.
b)  Si la autorización se obtuvo por medio de declaraciones falsas o por otro medio 
irregular.
c)  Si incumple las condiciones que motivaron la autorización, salvo que se prevea 
otra consecuencia en la normativa de ordenación y disciplina.
d)  Si deja de cumplir los requisitos prudenciales que se establecen en las partes 
tercera y cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  e
de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las  bo
empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, o  13ww
iamrtpícuuelsot o3s0 ,e on  nvoir toufdre dzec alo gsa arratníctuíalo dse 4 p2o yd e6r8 .c2u.ma)p dlier  slau sL eoyb l1ig0a/2ci0o1n4e,s d ceo 2n6 a dcere jeudnoior,e os. en el
la Leey)  10S/i2 s0e1 4le,  dime p2o6n dee s ajunncioió.n de revocación en los términos previstos en el título IV de
f)  Si se le impone sanción de revocación en los términos previstos en el capítulo VIII 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
g)  Cuando se hubiera dictado resolución judicial de apertura de la fase de liquidación 
de un proceso concursal.
2.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
será competente para acordar la revocación, en todos los supuestos contemplados en el 
apartado 1, con excepción del regulado en las letras e) y f), cuya competencia 
corresponderá, respectivamente, al Banco de España, en los términos previstos en 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, con excepción de su artículo 8.6, y al Consejo de Ministros 
en los términos previstos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
únicamente podrá iniciar de oficio este procedimiento en los términos previstos en el 
artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por los supuestos previstos en el apartado 1.
3.  La revocación prevista en este artículo podrá ser total, cuando afecte a todas las 
actividades recogidas en el objeto social del establecimiento financiero de crédito, o 
parcial, cuando afecte a alguna de dichas actividades por haberse estas interrumpido de 
hecho en la forma señalada en la letra a) del apartado 1.
4.  Se dará trámite de audiencia a los interesados una vez instruido el procedimiento 
de revocación e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, 
concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
5.  Contra la resolución de revocación de la autorización podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, con excepción del supuesto regulado en la letra e) del 
apartado 1, en cuyo caso podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
6.  La revocación de la autorización se hará constar de oficio en el Registro especial 
de establecimientos financieros de crédito. La sociedad deberá inscribir en el Registro 
Mercantil en el plazo máximo de un mes la revocación de la autorización, así como la 
modificación de sus estatutos sociales, para adaptarlos a su nuevo régimen.
Artículo 19.  Renuncia a la autorización.
1.  El establecimiento financiero de crédito podrá renunciar a la autorización 
concedida mediante comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital que será aceptada expresamente por la personal titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital dentro de los dos meses siguientes a su recepción 
en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, previo informe del 
Banco de España. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa la renuncia se 
entenderá aceptada.
2.  En caso de que el Banco de España informara motivadamente que existen razones 
fundadas para considerar que la cesación de actividad del establecimiento financiero de 
crédito pueda ocasionar graves riesgos a la estabilidad financiera, la persona titular 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá denegar dicha 
renuncia mediante resolución motivada.
3.  El procedimiento de renuncia se regirá por las normas previstas en los apartados 4 a 6  e.e
del artículo 18. b
4.  La aceptación por la personal titular del Ministerio de Asuntos Económicos  13ww
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renuncia a la autorización, así como la modificación de sus estatutos sociales, para 
adaptarlos a su nuevo régimen.
Artículo 20.  Caducidad de la autorización.
1.  Corresponde a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital la declaración expresa de la caducidad de la autorización para 
operar como establecimiento financiero de crédito. El procedimiento para declarar la 
caducidad únicamente podrá iniciarse de oficio en los términos previstos en el artículo 58 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  Una vez acordado el inicio del procedimiento se procederá, en el plazo de diez 
días, a su notificación a los interesados para que puedan formular alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento antes del trámite de 
audiencia a que se refiere el apartado siguiente.
3.  La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
dará trámite de audiencia a los interesados una vez instruido el procedimiento e 
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, concediéndoles un plazo de 
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes.
4.  Contra la resolución declarativa de la caducidad podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
5.  La declaración por la personal titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital de la caducidad de la autorización se hará constar de oficio en 
el Registro especial de establecimientos financieros de crédito. La sociedad deberá 
inscribir en el Registro Mercantil en el plazo máximo de un mes la declaración por la 
personal titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la 
caducidad de la autorización, así como la modificación de sus estatutos sociales, para 
adaptarlos a su nuevo régimen.
Sección 4.ª  Entidades híbridas
Artículo 21.  Autorización de entidades de pago o de dinero electrónico híbridas.
1.  Corresponde al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los 
aspectos de su competencia, la autorización para:
a)  La creación de un establecimiento financiero de crédito híbrido que realice 
simultáneamente las actividades previstas en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril 
y las propias de una entidad de pago o la emisión de dinero electrónico, según el caso.
b)  Que un establecimiento financiero de crédito ya autorizado pueda prestar servicios 
de pago o emitir dinero electrónico.
c)  Que una entidad de pago o de dinero electrónico ya autorizada que así lo solicite 
pueda realizar alguna de las actividades previstas en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, 
de 27 de abril.
2.  El procedimiento de autorización y registro para los supuestos previstos en las  oe.
letras a) y b) del apartado anterior será el correspondiente para las entidades de pago de  w.
csdoeinnrevfriocori moeslied dcaetdr ó pcnaoigcnoo   leoy n oe tlsarat aLsbe mlye ec2id1di/od2 a0es1n 1u ,er gdl eeRn 2et6ae lsd  Deee njuc mlrieoat,ot ed-relei ayd  ifn1ine9ar/no2 c0ei1ele8rca, t,dr óoen  pi2ca3or a,d  yela s snu osev nrieteisdmpabedrceetsi,v  ddaees    2020-2613n https://ww
normativas de desarrollo, con las especificidades establecidas en el título V del Real
Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las  Bc
entidades de pago, o en el capítulo V del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de 
régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, respectivamente. En dicho 
procedimiento, se aplicarán, asimismo, lo previsto en los artículos 10 a 13. En los 
supuestos previstos en la letra c) del apartado anterior, el procedimiento de autorización y 
registro será el establecido en el artículo 7.
3.  Los requerimientos de recursos propios totales que deberán mantener en todo 
momento las entidades híbridas alcanzarán, además del capital social mínimo previsto en 
el artículo 10.b), un volumen suficiente de recursos propios de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 29.
Las entidades híbridas quedarán exentas de acompañar a la solicitud de autorización la 
justificación de haber constituido en el Banco de España, el depósito previsto en el 
artículo 3.1.d) del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, y el artículo 3.1.d) del Real 
Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
4.  Una vez otorgada la autorización, tendrán la consideración de entidades de pago 
híbridas o de entidades de dinero electrónico híbridas conforme a su normativa específica 
por la cual se regirán, sin perjuicio de lo previsto expresamente en este real decreto. Se 
aplicará asimismo a estas entidades la normativa aplicable a los establecimientos 
financieros de crédito.
Una vez obtenida la autorización como entidad híbrida y tras su constitución e 
inscripción en el Registro Mercantil, deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar 
inscritos tanto en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco 
de España, así como en el de entidades de pago o de dinero electrónico, según el caso.
Artículo 22.  Revocación, renuncia y caducidad de la autorización de entidades de pago 
o de dinero electrónico híbridas.
1.  La revocación de la autorización de entidades de pago o de dinero electrónico 
híbridas se regirá por la regulación prevista en el artículo 18 del Real Decreto-ley 19/2018, 
de 23 de noviembre, y en el artículo 5 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, según corresponda.
2.  Cuando las entidades híbridas a que se refiere este artículo quieran renunciar a 
realizar en adelante las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, continúen o no prestando servicios de pago o de dinero electrónico, se seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 19.
Si la entidad híbrida quiere cesar en la realización de actividades de servicios de pago 
o de dinero electrónico, pero continuar realizando alguna de las actividades previstas en el 
artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 18 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, o en el artículo 5 de 
la Ley 21/2011, de 26 de julio, según corresponda, y podrá mantener la condición de 
establecimiento financiero de crédito.
3.  Se producirá la caducidad de la autorización para operar como entidades de pago 
o de dinero electrónico híbridas cuando dentro de los doce meses siguientes a su fecha de 
notificación, no se diere comienzo a las actividades de emisión de dinero electrónico o a la 
prestación de los servicios de pago especificados en su objeto social por causas imputables 
a la entidad. El procedimiento para declarar la caducidad será el recogido en el artículo 20.
4.  En todos los supuestos previstos en este artículo la entidad deberá proceder 
inmediatamente a la modificación de sus estatutos sociales, y en particular, el cambio de 
denominación social, para adaptarlos a su nuevo régimen.
Sección 5.ª  Actuación transfronteriza e.
Artículo 23.  Apertura de sucursales y prestación de servicios sin establecimiento en el  13ww
extranjero por establecimientos financieros de crédito españoles.
extra1n. jeLroo,s  ceosnta abnletecrimioireidnatods  afi nlaa necvieernotsu adle s corléicditiutod q quuee p arel treensdpaenc taob rdire ubnaan  sruecaulizrsaar l ae nla esl 
autoridades  extranjeras,  deberán  solicitarlo  previamente  al  Banco  de  España,
acompañando, junto a la información del Estado en cuyo territorio pretenden establecer la 
sucursal y el domicilio previsto para la misma, al menos la siguiente documentación:
a)  Un programa de actividades en el que se indiquen, en particular, las operaciones 
que pretenda realizar y la estructura de la organización de la sucursal.
b)  El nombre e historial de los directivos responsables de la sucursal.
2.  El Banco de España resolverá, mediante resolución motivada, en el plazo máximo 
de tres meses a partir de la recepción de toda la información. Cuando la solicitud se refiera 
a la apertura de una sucursal en un Estado no miembro de la Unión Europea y no sea 
resuelta en el plazo anteriormente previsto, se entenderá desestimada. Si la solicitud se 
refiriera a la apertura de una sucursal en un Estado miembro de la Unión Europea y no es 
resuelta en el plazo anteriormente previsto, se entenderá estimada.
El Banco de España podrá denegar la solicitud cuando existan indicios fundados 
para dudar de la adecuación de las estructuras administrativas o de la situación 
financiera del establecimiento financiero de crédito o cuando en el programa de 
actividades presentado se contemplen actividades no autorizadas a la entidad. El Banco 
de España podrá asimismo denegar la solicitud por la existencia de obstáculos legales 
o de otro tipo que impidan o dificulten el control e inspección de la sucursal por el Banco 
de España.
3.  El establecimiento financiero de crédito comunicará al Banco de España al menos 
un mes antes de efectuar cualquier modificación que afecte a la información suministrada al 
Banco de España en virtud de lo establecido en este artículo. No podrá llevarse a cabo una 
modificación relevante en el programa de actividades de la sucursal si el Banco de España, 
dentro del referido plazo de un mes, se opone a ella, mediante resolución motivada fundada 
en alguna de las causas citadas en este precepto que será notificada a la entidad.
4.  Los establecimientos financieros de crédito que pretendan, por primera vez, 
realizar sin establecimiento prestación de servicios en el extranjero, con anterioridad a la 
eventual solicitud que al respecto deban realizar a las autoridades extranjeras, deberán 
comunicarlo al Banco de España, indicando las actividades para las que estén autorizadas 
que se proponen llevar a cabo.
5.  Lo dispuesto en los apartados anteriores resultará de aplicación, en su caso, sin 
perjuicio de lo previsto para las entidades híbridas en la normativa de entidades de pago y 
de dinero electrónico,
Artículo 24.  Actuación mediante otros establecimientos financieros de crédito, entidades 
de crédito, entidades aseguradoras o empresas de servicios de inversión.
1.  Los establecimientos financieros de crédito autorizados en España deberán 
solicitar autorización del Banco de España para la creación en otro Estado de entidades 
análogas a los establecimientos financieros de crédito, entidades de crédito, entidades 
aseguradoras o empresas de servicios de inversión, así como para la adquisición de una 
participación significativa en una de estas entidades constituida en otro Estado, ya sea 
esta adquisición efectuada de forma directa o de forma indirecta a través de entidades 
controladas por el establecimiento financiero de crédito o grupo de establecimientos 
financieros de crédito interesados. Esta solicitud será resuelta en los plazos previstos en 
el artículo 23.2.
Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de las autorizaciones que 
hubiera que solicitar de conformidad con la normativa que sea de aplicación en ese  es
otro Estado con motivo de la creación o adquisición de una participación significativa de  o
otros establecimientos financieros de crédito, entidades de crédito, entidades aseguradoras  13ww
oa ceomm2ap.)p  raeAñIsm aalrasp,   odasrelot em lsi ceeditrneuvo dicls ai,do  leisan   vdaseeuigr tiusoniiróveizennart secyii  óóidnnnef. olq rpmuoear ccsieeón npt:arejes eqnutee  arenptere esle Bntaan clao  pdaer tEicsippaañciaó nd eebne reál   BOE-A-2020-26cable en https://
capital y en los derechos de voto de la entidad que se va a crear.
b)  Indicación, en su caso, de las entidades a través de las cuales se efectuará la 
inversión.
c)  La prevista en el artículo 12.1.a), b) y d). La prevista en el artículo 12.1.c) se 
sustituirá por una relación de los socios que van a tener participaciones significativas.
d)  Descripción completa de la normativa bancaria o aplicable a los establecimientos 
financieros de crédito en el Estado donde se vaya a constituir la nueva entidad y, en 
particular, la posible normativa del régimen supervisor al que esté sometida la entidad y de 
la que pueda apreciarse la inexistencia de obstáculos para el ejercicio de la supervisión 
consolidada, así como de la normativa vigente en materia fiscal y de prevención del 
blanqueo de dinero.
3.  Cuando se vaya a adquirir una participación significativa en una entidad de crédito 
o de una entidad análoga a un establecimiento financiero de crédito de otro Estado, 
entendiendo por tal aquella que cumpla lo previsto en el artículo 16 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, o se pretenda incrementar una participación significativa, alcanzando o 
sobrepasando alguno de los porcentajes señalados en el artículo 17 de dicha Ley, se 
deberá presentar la información señalada en el apartado anterior, si bien la prevista en la 
letra b) se podrá limitar a aquellos datos que tengan un carácter público. También se 
indicará el plazo previsto para la realización de la inversión, las cuentas anuales de los 
dos últimos ejercicios de la entidad participada y, en su caso, los derechos de la entidad 
en orden a designar representantes en los órganos de administración y dirección 
de aquella.
4.  Cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se 
consideren oportunos para que el Banco de España pueda pronunciarse adecuadamente 
y, en particular, los que permitan apreciar la posibilidad de ejercer la supervisión 
consolidada del grupo.
5.  Lo dispuesto en los apartados anteriores resultará de aplicación, en su caso, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan al organismo supervisor de la entidad que 
se pretende crear, adquirir o aumentar la participación, así como de lo previsto para las 
entidades híbridas en la normativa de entidades de pago y de dinero electrónico.
Sección 6.ª  Oficinas, agentes y delegación de funciones
Artículo 25.  Apertura de oficinas, designación de agentes y delegación de funciones.
1.  El régimen de apertura de oficinas, designación de agentes y delegación de 
funciones de los establecimientos financieros de crédito será el previsto para las entidades 
de crédito en el artículo 14 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y el título I, capítulo I, 
sección 5.ª, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, salvo su artículo 21.7, de forma 
que un agente podrá representar a una única entidad de crédito y, simultáneamente, a uno 
o más establecimientos financieros de crédito, y en sus normas de desarrollo.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior resultará también de aplicación a las entidades 
híbridas, sin perjuicio de lo previsto en la normativa de entidades de pago y de dinero 
electrónico, que será de aplicación a las mismas en todo caso.
CAPÍTULO III
Participaciones significativas
Artículo 26.  Régimen en materia de participaciones significativas. bo
rcérégdi1mit.o e neA ne  lenol  stmí teuasltoeta rI,ib acl eadcpeiím tupileaonr IttIioIc,si pd eafi cnlaiao Lnneceyise  1rso0isg/2 n0dif1eic4 ac, rtdiéveda 2ist6o  p dlreee svju isrnetioos, u peltanar reaál   ltadítsue l oea nIp,t licidcaaapdcítieuóslno  d IeeI,l    2020-2613n https://ww
del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo.
2.  Los establecimientos financieros de crédito deberán comunicar al Banco 
de España la información sobre su estructura de capital, de acuerdo con el artículo 31.6.
CAPÍTULO IV
Idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos
Artículo 27.  Régimen en materia de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos.
1.  A los establecimientos financieros de crédito les resultará de aplicación el régimen 
en materia de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos previsto para las 
entidades de crédito en el título I, capítulo IV, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el 
título I, capítulo III, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de 
desarrollo, y en este real decreto.
2.  La valoración de los requisitos de idoneidad a los que se refiere el párrafo primero 
del artículo 29.1 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se realizará en los casos y 
por los sujetos previstos en su apartado 2. No obstante, en el supuesto previsto en la 
letra c).1.º, la evaluación corresponderá a la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital con ocasión de la autorización de la creación de un 
establecimiento financiero de crédito, previo informe del Banco de España, según lo 
previsto en el artículo 7.
3.  Corresponde al Banco de España la inscripción obligatoria en el Registro de altos 
cargos de los consejeros, directores generales y asimilados a estos, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 34 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, respecto 
del que no resultará de aplicación lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 10/2014, de 26 
de junio.
4.  Lo dispuesto en el apartado anterior resultará de aplicación, en su caso, sin 
perjuicio de lo previsto para las entidades híbridas en la normativa de entidades de pago y 
de dinero electrónico.
CAPÍTULO V
Gobierno corporativo y política de remuneraciones
Artículo 28.  Régimen en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones.
1.  A los establecimientos financieros de crédito les resultará de aplicación el régimen 
en materia de Gobierno corporativo y política de remuneraciones previsto para las 
entidades de crédito en el título I, capítulo V, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, con 
excepción de sus artículos 29.4, que prohíbe que el presidente del consejo de 
administración ejerza simultáneamente el cargo de consejero delegado, salvo que la 
entidad lo justifique y el Banco de España lo autorice, y 30, de forma que no será preciso 
que elaboren y mantengan actualizado un Plan General de Viabilidad, y en el título I, 
capítulo IV, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y sus normas de desarrollo.
2.  Los establecimientos financieros de crédito podrán constituir el comité de 
remuneraciones de manera conjunta con el comité de nombramientos, y comisiones 
mixtas de auditoría que asumirán las funciones correspondientes del comité de riesgos, 
salvo que el Banco de España determine lo contrario en razón a su tamaño, su organización 
interna, la naturaleza, el alcance o la complejidad de sus actividades. s
3.  De conformidad con el artículo 29.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, el Banco  oe.
de España podrá tener por cumplida la obligación de constituir los comités de  w.
nlaeopyml,i ccbaurcaaiómnndie odn esto elso  tsyr a rdteeeq  udreiesm iteoussnt aepbrraluecdcieoimnnceieisan ltaeo ssq  udfieen  asfonerc mrieeafrio eisnre dqnivu iledo usha aal,yr taeícnnu  slvoiidrst ou3 d1e  xdyce e3 lp6ot sud aaedr tloaícs uc dlioteas d la7a    2020-2613n https://ww
o 10 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, y sus entidades de crédito matrices constituyan tales comités y ejerzan tales  Bc
funciones también para sus filiales.
4.  Los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales 
inferiores a mil millones de euros a la fecha de cierre del ejercicio inmediatamente anterior 
quedarán exceptuados de la obligación de constituir los comités de nombramientos y de 
remuneraciones a que se refieren los artículos 31 y 36 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
y no estarán sujetos a la exigencia de contar con consejeros independientes prevista en 
los artículos 28 a 38 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
A estos efectos, en el caso de establecimientos financieros de crédito para los que, por 
ser entidades de nueva creación, no se disponga de datos sobre el volumen total de 
activos, se considerarán los datos de cierre del último trimestre.
5.  La información sobre política de remuneraciones que recabe el Banco de España, 
de acuerdo con el artículo 40 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, no tendrá que 
ser transmitida a la Autoridad Bancaria Europea.
TÍTULO II
Obligaciones en materia de solvencia y conducta
Artículo 29.  Obligaciones en materia de solvencia.
1.  A los establecimientos financieros de crédito y a los grupos consolidables de 
establecimientos financieros de crédito les resultará de aplicación el régimen en materia 
de solvencia previsto para las entidades de crédito en el título II de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, y en el título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de 
desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, y en este real decreto.
El informe anual de autoevaluación del capital interno previsto en el artículo 45.2 y la 
revisión y evaluación supervisoras a la que se refiere el artículo 76.2 del Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se realizarán en aquellos supuestos específicos en los 
que el Banco de España lo considere necesario para el ejercicio de su función supervisora.
2.  El Banco de España podrá exceptuar a los establecimientos financieros de crédito 
integrados en un grupo consolidable de entidades de crédito de las obligaciones 
individuales de solvencia establecidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, de acuerdo con los mismos criterios que 
aplique para la exención de filiales que sean entidades de crédito.
Asimismo, podrá eximir de las referidas obligaciones individuales a los establecimientos 
financieros de crédito integrados en un grupo consolidable de establecimientos financieros 
de crédito, en los mismos términos establecidos en el apartado anterior.
3.  Respecto de aquellos establecimientos financieros de crédito que tengan la 
condición de PYME, de conformidad con lo previsto en la Recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, no resultará de aplicación lo previsto en relación con los colchones 
de conservación de capital y de capital anticíclico específico regulados en los artículos 44 
y 45 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y su normativa de desarrollo.
4.  Lo dispuesto en este artículo resultará de aplicación, en su caso, sin perjuicio de 
lo previsto para las entidades híbridas de acuerdo con la normativa de entidades de pago 
y de dinero electrónico. Para determinar los requerimientos de recursos propios que como 
mínimo deben cumplir las entidades híbridas se tomará el mayor de estos dos importes:
a)  El capital mínimo exigible previsto en el artículo 10.b), o e
b)  la suma de los requerimientos por las actividades distintas de las de pago o dinero  bo
electrónico, calculadas de acuerdo con las normas aplicables a las entidades de crédito, y  13ww
lnao rdmearitvivaad eas pdeec líaficsa a.ctividades de pago o dinero electrónico determinada según su
En caso de que los requerimientos de recursos propios derivados de las operaciones
de pago o de emisión de dinero electrónico calculados resultaran inferiores al capital
mínimo exigible correspondiente, se tomará como recursos propios mínimos relativos a 
dichas actividades el referido capital mínimo.
Artículo 30.  Colchón de liquidez y estructura de fuentes de financiación y vencimientos 
de los establecimientos financieros de crédito.
1.  Los establecimientos financieros de crédito y a los grupos consolidables de 
establecimientos financieros de crédito deberán contar en todo momento con un colchón 
de liquidez de alta calidad crediticia que les permita hacer frente a sus salidas netas de 
caja durante un periodo de grave inestabilidad financiera, así como mantener una 
estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos 
y compromisos, con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que 
puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad, en los términos que 
determine el Banco de España.
2.  El volumen del colchón previsto en el apartado anterior deberá ser mayor o igual 
a las salidas netas de caja previstas para un periodo de tiempo determinado por el Banco 
de España.
No obstante lo anterior, el colchón de liquidez nunca podrá ser inferior a un porcentaje 
de las salidas brutas de caja previstas para el periodo, que determinará el Banco 
de España, incluso en situaciones en las que durante el periodo de referencia el 
establecimiento financiero de crédito experimente entradas netas de caja o salidas netas 
de caja reducidas.
3.  El colchón de liquidez deberá estar constituido por:
a)  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
b)  Depósitos en entidades de crédito.
c)  El importe disponible y no utilizado de líneas de crédito siempre que:
1.º  La entidad que concede la línea de crédito no tenga capacidad para rescindir 
unilateralmente la línea de crédito.
2.º  La entidad que concede la línea de crédito no haya sido declarada en concurso.
3.º  El contrato de crédito tenga vigencia durante un periodo de tiempo igual o superior 
al establecido por el Banco de España en virtud del apartado anterior.
d)  Valores negociables que cumplan las siguientes condiciones:
1.º  Estar admitidos a cotización en un mercado regulado.
2.º  No haber sido emitidos por el propio establecimiento financiero de crédito ni por 
otras entidades de su grupo. Tampoco se admitirán bonos de titulización respaldados por 
préstamos o créditos concedidos por el propio establecimiento financiero de crédito o por 
entidades de su grupo.
3.º  Recibir una ponderación de riesgo, como máximo, del 50 por ciento a efectos de 
los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.
4.º  Estar libres de cargas.
4.  Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los establecimientos 
financieros de crédito integrados en un grupo consolidable de entidades de crédito, 
siempre que las entradas y salidas de caja del establecimiento financiero de crédito hayan  s
sido incluidas por el grupo o subgrupo a efectos del cálculo del ratio de cobertura de  oe.
liquidez establecido en el Reglamento 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014,  w.
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Artículo 31.  Obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial.
1.  Los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de 
establecimientos financieros de crédito deberán remitir la información con fines de 
supervisión recogida en los artículos 5, 6 y 12 a 14 del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de 
supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Banco de España:
a)  Podrá fijar una frecuencia de remisión de la información menor a la prevista en 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014. En 
todo caso, la periodicidad no podrá ser superior a la semestral para aquella información 
para la cual el citado Reglamento prevea una frecuencia trimestral.
El Banco de España podrá requerir a un establecimiento financiero de crédito, incluidos 
los híbridos, o a un grupo consolidable la remisión de información con mayor frecuencia 
atendiendo, entre otros factores, al tamaño, perfil de riesgo, utilización de métodos 
basados en calificaciones internas para el riesgo de crédito o avanzados para el riesgo 
operacional, la magnitud del superávit o déficit de recursos propios o las circunstancias 
particulares del establecimiento financiero de crédito o grupo consolidable.
b)  Podrá fijar umbrales, en función de aquellas variables que considere relevantes, 
para la remisión de la información establecida en el apartado anterior.
c)  Podrá determinar que no se remitan aquellas plantillas previstas en el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, que se refieran a 
métodos y modelos que las entidades declarantes no apliquen para el cálculo de sus 
exposiciones ponderadas por riesgo; o para el cálculo de sus requerimientos de recursos 
propios para la cobertura del riesgo de precio y de tipo de cambio, o cualquier otra que se 
considere poco relevante atendiendo al tipo de actividad que realizan estas entidades.
d)  Podrá establecer requerimientos de información sobre riesgo de tipo de interés en 
el balance y sobre remuneraciones, adaptados o simplificados, respecto a los que exige a 
las entidades de crédito.
e)  Determinará la información que deben facilitar los establecimientos financieros de 
crédito para evaluar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 30.
Asimismo, el Banco de España podrá determinar que no se completen aquellos 
elementos que no sean de aplicación a los establecimientos financieros declarantes, 
incluidos los híbridos, ni se remitan plantillas sin contenido alguno.
3.  El Banco de España determinará el modo en que las entidades híbridas deberán 
integrar la información sobre el cumplimiento de los requerimientos de recursos propios 
derivados de la operativa de servicio de pagos o de la emisión de dinero electrónico con la 
información prevista en el apartado anterior. A tales efectos, el Banco de España podrá 
elaborar las plantillas que deberán ser utilizadas por estas entidades híbridas.
4.  En el ejercicio de las habilitaciones previstas en este artículo, el Banco de España 
podrá establecer motivadamente distintas categorías de establecimientos financieros de 
crédito que podrán recibir tratamientos diferenciados, sin más restricciones que la 
exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de 
una misma categoría y análogos para las diversas categorías de entidades.
5.  La información periódica general sobre el cumplimiento de las normas de solvencia  e
de los establecimientos financieros de crédito, incluidos los híbridos, y sus grupos  bo
consolidables a que se refiere este artículo deberá entenderse sin perjuicio de la potestad  13ww
dlBaeasln  fB6cua.on n cdciLoeoon  sdeE eses  spEqtausañpebaa lle,eñ c aeeim nds tieeála nne t xfoeoigsnri mcrf ioncamua qaneulcnqiedeu arieeodsrsa to esdt. erea cs irntéafodbriltemoz,a cicnaicó, lnud iuqdruoaesn  ptloerse e chli ísbmer ieedsno  sse,il g cduoeimesenumtneip caea ñrcáoan dd aeal    OE-A-2020-26able en https://
trimestre natural, la composición de su capital social, relacionando todos los accionistas
que al final de dicho período tengan la consideración de entidades financieras y los que, 
no siéndolo, tengan inscritas a su nombre acciones o aportaciones que representen un 
porcentaje del capital social del establecimiento igual o superior al 1 por ciento.
Artículo 32.  Obligaciones de información en materia de conducta.
1.  Los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de 
establecimientos financieros de crédito deberán remitir al Banco de España, con la forma 
y periodicidad que este requiera, que será al menos anual, los estados financieros e 
información que considere necesarios para cumplir con la función de supervisión de las 
normas de conducta que son aplicables a los establecimientos financieros de crédito.
2.  Estos estados financieros e información podrán ser, según establezca el Banco 
de España:
a)  De carácter público, como información a terceros de la situación patrimonial, 
económica y financiera del respectivo establecimiento financiero de crédito.
b)  De carácter reservado, como información al Banco de España, con objeto de que 
este pueda cumplir sus funciones de control e inspección y de elaboración de las 
estadísticas de carácter monetario, financiero o económico.
TÍTULO III
Supervisión de los establecimientos financieros de crédito
Artículo 33.  Ejercicio de la supervisión del cumplimiento de la normativa de ordenación y 
disciplina.
1.  El control e inspección ejercido por el Banco de España sobre los establecimientos 
financieros de crédito se realizará de conformidad con lo establecido en el título III de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, salvo los artículos 59, 60, 63, 64, 65, 66 y 84, y en el 
título III del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de la normativa de ordenación y disciplina. Ello, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto 
para las entidades híbridas en su normativa específica.
2.  Cuando el Banco de España, conforme al artículo 54 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, elabore guías o haga suyas guías emitidas por organismos o comités internacionales 
dirigidas a las entidades y grupos supervisados, decidirá si resultan también de aplicación 
a los establecimientos financieros de crédito, en cuyo caso, se dará publicidad a esta 
circunstancia.
Artículo 34.  Supervisión de los grupos consolidables.
De conformidad con el artículo 57 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, corresponderá 
al Banco de España la supervisión en base consolidada de:
a)  Los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito en los que la 
matriz sea un establecimiento financiero de crédito autorizado en España.
b)  Los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito en los que la 
matriz sea una sociedad financiera de cartera que cuente al menos con un establecimiento 
financiero de crédito autorizado en España entre sus filiales, cuando así lo requiera 
el Banco de España atendiendo a las circunstancias específicas del establecimiento  s
financiero de crédito o grupo, en particular a la estructura financiera del mismo o a las  e.
relaciones financieras intragrupo. Dicho requerimiento deberá cumplirse en el plazo  w.
comunicado por el Banco de España, que en ningún caso podrá ser inferior a seis meses. 13ww
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crédito, empresa de servicios de inversión o entidad aseguradora.
c)  Los grupos determinados como consolidables en aplicación del 18.6 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, 
cuando así lo requiera el Banco de España.
Disposición adicional primera.  Transformación de establecimientos financieros de crédito 
en bancos.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera la transformación de 
establecimientos financieros de crédito en bancos se regirá por lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.
Disposición adicional segunda.  Auditoría de cuentas.
A los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas, los establecimientos financieros de crédito tendrán la consideración 
de entidades de interés público, debiendo someter sus cuentas anuales a la auditoría de 
cuentas prevista en el artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Será de aplicación a los auditores de cuentas de los establecimientos financieros de 
crédito lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio. 
La obligación de informar que allí se establece se entenderá referida al Banco de España.
Disposición adicional tercera.  Referencias al Banco Central Europeo en la normativa 
aplicable a las entidades de crédito.
Las competencias que se atribuyan al Banco Central Europeo en la normativa aplicable 
a las entidades de crédito que resulte de aplicación a los establecimientos financieros de 
crédito, de acuerdo con la Ley 5/2015, de 27 de abril, y este real decreto, deberán 
entenderse atribuidas al Banco de España con la excepción de las competencias de 
autorización que corresponden a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital en virtud de la citada Ley.
Disposición adicional cuarta.  No incremento de gastos de personal.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria primera.  Transformación en bancos de establecimientos financieros 
de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial.
1.  El  procedimiento  de  autorización  de  transformación  en  banco  de  los 
establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que se hubiera 
iniciado antes del 31 de diciembre de 2019, se regirá por lo previsto en la disposición 
adicional primera y por las especialidades establecidas en esta disposición.
2.  La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes 
a su recepción en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, o al 
momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los 
doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo 
anterior, se entenderá desestimada. e
Disposición transitoria segunda.  Sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos  13ww
fSinina npceirejuroicsio d dee cl rréédgiitmo eenx iastpelinctaebsl ea,  lean f escuh caa dsoe,  ean ltarasd ean teidna vdigeos rh.íbridas, las sucursales
de establecimientos financieros de crédito españolas y las filiales de estos que a la fecha
de entrada en vigor de este real decreto se encuentren establecidas en el extranjero no
necesitarán solicitar una nueva autorización al Banco de España para continuar en el 
ejercicio de su actividad. Cualquier modificación de la situación que pudiera producirse a 
partir de dicha fecha, se regirá por lo dispuesto en los artículos 23 y 24.
Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio para establecimientos financieros de 
crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo 
limitado.
Aquellos establecimientos financieros de crédito que por aplicación del apartado 2 de 
la disposición transitoria segunda del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, a la entrada 
en vigor de este real decreto tuvieran un capital social inferior a 5 millones de euros 
deberán cumplir el requisito previsto en el artículo 10.b) en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de este real decreto.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este 
real decreto y, en particular, el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen 
jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado 
por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
El artículo 326.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, pasa a tener la siguiente redacción:
«A efectos de lo dispuesto en esta sección, serán consideradas entidades 
financieras las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito, las 
de seguro, las entidades gestoras de fondos de pensiones, los planes y fondos de 
pensiones y las que ejerzan en el ámbito del mercado de valores que se hallen 
inscritas en los correspondientes Registros especiales a cargo del Banco de 
España, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13 del Real Decreto 84/2015, de 13 de 
febrero, con la siguiente redacción:
«5.  En el caso de que la entidad ya se hubiese inscrito en el Registro Mercantil, 
deberá hacerse constar en el mismo la declaración de caducidad de la autorización.»
Disposición final tercera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 6.ª, 
11.ª y 13.ª, de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias sobre 
legislación mercantil, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros y sobre las 
bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica,  s
respectivamente. e.
Disposición final cuarta.  Habilitación para el desarrollo por el Banco de España. 13ww
Se habilita al Banco de España para concretar y desarrollar mediante circular, en el
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asociados a las actividades de emisión de dinero electrónico y servicios de pago en el caso
de las entidades híbridas, y los artículos 31 y 32. Asimismo se habilita al Banco de España 
para dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución de este real decreto.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30, que entrará 
en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que 
desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda, que entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de febrero de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
 y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA