BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Miércoles 27 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8132
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
1176 Resolución  de  28  de  diciembre  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 2/2020, de 27 de 
julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de 
vivienda e infraestructuras.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 28 de diciembre de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la 
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de vivienda e infraestructuras
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Primero.
De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo 
constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales 
manifestadas en relación con los artículos 1 (apartados 2 y 5), 2 (apartado 6) y 4 
(apartados 12, 21, 25 y 26) de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, ambas partes 
consideran solventadas las mismas en los siguientes términos:
a)  En relación con el apartado 2 del artículo 1 que modifica la redacción del 
apartado 1 del artículo 6 de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, ambas partes acuerdan que el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá una modificación normativa de 
tal manera que el precepto quede redactado como sigue:
«1.  La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  podrá  otorgar 
concesión  administrativa  para  la  construcción  y  explotación  de  obras  e  e
instalaciones destinadas a la navegación de cualquier tipo, a personas naturales o  b
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usos portuarios y que se desarrollen en zona de dominio público marítimo terrestre 
adscrito a la misma».
b)  Respecto al apartado 5 del artículo 1 que modifica el apartado 2 del artículo 9 de 
la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, ambas partes entienden que la recta interpretación del precepto debe realizarse 
de modo que la evaluación de impacto ambiental se rija de acuerdo con su normativa 
reguladora.
Asimismo, ambas partes sostienen que el plazo previsto en este artículo se entiende 
sin perjuicio de los plazos de emisión de informes previstos en la legislación sectorial que 
sea de aplicación.
c)  En  cuanto  al  apartado  6  del  artículo  2  que  modifica  el  artículo  24  de  la 
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, del Transporte Público de Personas en Vehículos de 
Turismo por medio de Taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ambas 
partes acuerdan que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
promoverá una modificación normativa de tal manera que el precepto quede redactado 
en su párrafo como sigue:
«Los servicios de ámbito municipal que se prestan al amparo de esta Ley 
podrán realizarse mediante la contratación de plazas individualizadas, que tendrá 
como límite de la capacidad total del vehículo, bien en usuarios, bien en equipajes 
de los mismos».
d)  Respecto al artículo 4 apartados 12 y 21 que modifican los artículos 113 y 166 de 
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia,  se  ha  planteado  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  ante  el  Tribunal 
Constitucional respecto de los estudios de detalle y su sujeción a la evaluación ambiental 
y ambas partes entienden que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia actuará 
de acuerdo con los criterios que sobre esta materia determine el Tribunal Constitucional 
promoviendo, si ello fuera necesario, las correspondientes modificaciones normativas.
e)  En relación con el apartado 25 del artículo 4, que modifica los apartados 2 y 4 
del  artículo  264  de  la  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  Ordenación  Territorial  y 
Urbanística de la Región de Murcia, ambas partes entienden que la recta interpretación 
del precepto determina que la misma debe realizarse de conformidad con la normativa 
estatal en materia de costas, en particular con los artículos 24 y 25 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas y el artículo 47 del Reglamento General de Costas aprobado 
por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
f)  Por  último,  en  lo  referente  al  apartado  26  del  artículo  4  que  modifica  la 
disposición  adicional  primera  de  la  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se propone la siguiente redacción de su 
apartado 2, para que el mismo sea conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
«2.  Serán  objeto  de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  los 
siguientes instrumentos, estrategias o planes:
a)  Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes 
incluidos en el apartado anterior.
b)  Los  instrumentos,  estrategias  o  planes  mencionados  en  el  apartado 
anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión. e.e
c)  Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización  b
aepna ertla fduotu arnot edreio rp.»royectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el  2021-1176n https://ww
Segundo.
Ambas  partes  constatan  que  el  presente  Acuerdo  resuelve  las  controversias 
competenciales planteadas tanto en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 23 de abril, 
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de la vivienda e 
infraestructuras como respecto de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del 
impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras que ha 
modificado los preceptos que resultaron controvertidos del Decreto-Ley citado.
Tercero.
En razón al Acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las 
discrepancias manifestadas.
Cuarto.
Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».
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