BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Sábado 29 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 66261
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8993 Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Cámara 
de Comercio de España, para la identificación de cargas administrativas y su 
reducción.
El Ministro de Política Territorial y Función Pública y el Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (Cámara de Comercio 
de  España)  han  suscrito,  con  fecha  21  de  mayo  de  2021,  un  Convenio  para  la 
identificación de cargas administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 24 de mayo de 2021. -El Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, P. D. (Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), el Director General de 
Gobernanza Pública, Valentín Olivier Bayón Céspedes.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública) y la Cámara de Comercio de España para la 
identificación de cargas administrativas y su reducción
De una parte, don Miquel Octavi Iceta Llorens, Ministro de Política Territorial y 
Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 55/2021, de 26 de 
enero,  BOE  del  27  de  enero,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en virtud de la Resolución de 5 de abril de 2021, dictada al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  de  la  citada  Ley  40/2015,  por  la  que  se  avoca  la 
competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra 
delegada  en  la  Dirección  General  de  Gobernanza  Pública  conforme  a  la  Orden 
TFP/747/2020, de 28 de julio.
De otra parte, don José Luis Bonet Ferrer, Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación  de  España  (en  adelante,  Cámara  de 
Comercio de España), cargo desempeñado en virtud del nombramiento efectuado por el 
Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el 12 de diciembre de 2018, en nombre 
y representación del citado Organismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que 
ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para 
celebrar el presente Convenio y en relación con el mismo, s
EXPONEN 93ww
comIp. roQmuiseo  dlae l Greodbuieccrnióon d ed Ee spcaañrgaa, sc oraredsmpionnisdtrieantivdaos a l cMoinnsistitteuryioe  duen P oolíbtijceati vToe rryit oruianl 
lya sF umnecjioórna sP úpbroliccead (iemne andtaelelasn tye  loMsI NpProTcFePso),s l ad es irmepdluifciccaiócnió nd ea dcamrignaisst raadtimvain, ieslt reastitvuadsio q duee   BOE-A-cable e
han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y 
superar  las  dificultades  que  pueden  encontrar  los  ciudadanos  y  empresas  para 
relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, 
entre  otras  medidas,  prestar  una  atención  particular  a  la  mejora  de  la  tramitación 
mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones 
empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así 
como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones un organismo 
consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y 
medianas,  y  de  la  Administración  con  vistas  a  fomentar  la  simplificación  de  los 
procedimientos  administrativos  y  de  la  legislación.  En  este  sentido,  cabe  citar  las 
Conclusiones sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad y un 
crecimiento sostenible e integrador, adoptadas por el Consejo de Competitividad de la 
UE en su sesión del 27 de febrero de 2020.
El  proceso  de  simplificación  de  procedimientos  va  dirigido  a  identificar  posibles 
cargas existentes, así como a la implementación de propuestas de mejora del diseño de 
los  procedimientos  administrativos  para  que  estos,  además  de  adecuarse  a  las 
necesidades actuales, operen con la máxima economía y alcancen el mayor grado 
posible de eficacia y eficiencia.
II.  Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar 
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones 
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un 
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las 
Administraciones en los cambios que estas promueven.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto y los ODS, se 
puede avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios 
abriendo la posibilidad de los destinatarios de los servicios a una experiencia conjunta de 
búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer 
la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, 
experiencia y recursos y los ponga a disposición del sector empresarial o social (que 
aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
III.  La situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de que las Administraciones actúen con la suficiente agilidad como para 
hacer frente a las demandas de la ciudadanía, que ofrezcan una respuesta inmediata a 
sus requerimientos. En ese sentido, se pretende contribuir a la adopción de medidas que 
traten de abordar, con la urgencia requerida, la agilización y simplificación efectiva de los 
procedimientos  administrativos  en  una  situación  de  extremada  complejidad  en  los 
ámbitos sanitario, económico y social como la que está sufriendo nuestro país. Las 
medidas necesarias para aumentar el crecimiento y la competitividad después de la 
pandemia han de incluir mejorar la reglamentación y reducir las cargas administrativas.
Esta situación sobrevenida ha impulsado a acelerar el proceso de digitalización en 
España, que se configura como un elemento fundamental para lograr la recuperación de 
la economía. Esta transición ha de garantizar la accesibilidad del conjunto de la sociedad 
e impulsar la digitalización de la empresa, especialmente para pymes, emprendedores y 
autónomos.  La  digitalización  contribuirá  a  que  se  intensifiquen  los  procesos  de  s
simplificación  y  reducción  de  cargas  administrativas  ligados  a  la  mejora  de  la  oe.
reglamentación. w.
IV.  El año 2020 ha demostrado que el sector salud es clave para un país, no solo  93ww
spionro  spuo raqpuoer tsaec ihóan  pao slaic ieocnoandoom cíoam eon  utné rsmeicntoosr  edset raetmégpilceoo ,y  incovemrosi ótanl  dye dbeem dáess arrerocullarsr ossu, 
aecfitcivieidnated.  Sene  turna tae ndteo rnuon  sperocptoicr iod es ignr atnra bimaps oirntanneccieas aernia lsa,  eccoonn oumnaía  reegspualañcoiólan,  qcluaera h ay   BOE-A-cable e
cobrado mayor relevancia con el desarrollo de la pandemia del COVID-19, poniendo de 
manifiesto la necesidad de mejorar y flexibilizar los procedimientos administrativos y la 
normativa, que faciliten la puesta en marcha de medidas urgentes y prioritarias en estos 
momentos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sector salud como «el conjunto 
de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son 
promover la salud de individuos o grupos de población. Las actividades que estas 
instituciones y actores desarrollan están orientadas a prevenir y controlar la enfermedad, 
atender a los enfermos e investigar y capacitar en salud».
Se considera necesario determinar los trámites que generan las mayores cargas 
administrativas en empresas cuya actividad está relacionada con el sector salud en 
sentido  amplio,  incluyendo  aquellas  actividades  vinculadas  con  servicios  sanitarios, 
asistenciales,  residencias,  aseguradoras  (rama  salud)  y  relativas  a  la  industria 
farmacéutica.
V.  El  MINPTFP  ha  venido  formalizando  convenios  con  diversas  entidades 
representativas, entre las que se encuentra la Cámara de Comercio de España, con el 
fin de que estas organizaciones y sus asociados puedan contribuir con su experiencia al 
proceso  de  identificación  de  cargas  administrativas  en  las  áreas  de  actividad  que 
representan, a la formulación de nuevas propuestas de mejora y a la difusión entre el 
tejido empresarial de los resultados alcanzados.
Finalizada la vigencia del anterior Convenio suscrito con la Cámara de Comercio de 
España,  cuyo  objeto  era  identificar  y  plantear  propuestas  de  reducción  de  cargas 
administrativas para el sector energético, en el ámbito de la economía circular y la lucha 
contra el cambio climático, el MINPTFP y dicha organización consideran de interés 
abordar,  mediante  la  formalización  de  un  nuevo  Convenio,  la  identificación  y 
planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas que 
contribuyan a mejorar el entorno regulatorio en el sector salud, eliminando o reduciendo 
trámites administrativos innecesarios u obsoletos, y mejorando los procedimientos en 
aquellos casos donde haya lugar. Todo ello con la finalidad de contribuir a aumentar la 
competitividad de las empresas afectadas y, en general, al conjunto de la economía 
española, así como contribuir al interés general y el bienestar colectivo.
VI.  Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 
de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al 
MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función 
pública, Administración y gobernanza públicas. En particular, el Real Decreto 307/2020, 
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, le atribuye la política de la reducción de cargas 
administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la 
calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
VII.  Que la Cámara de Comercio de España, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 4/2014, de 1 de abril, es una Corporación de Derecho Público que tiene reconocida 
su labor como institución intermedia en la representación, promoción y defensa de los 
intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, y en la 
consolidación del tejido económico del país. Bajo la tutela de las Administraciones 
Públicas, la Cámara de Comercio de España desarrolla las funciones que les son 
encomendadas  por  Ley.  En  particular,  el  artículo  5.1.i)  establece  como  función  de 
carácter  público-administrativo  de  las  Cámaras  de  Comercio:  «Colaborar  con  las  s
Administraciones Públicas en la simplificación administrativa de los procedimientos para  oe.
el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como en la mejora  w.
de la regulación económico-empresarial.» 93ww
interVnIaIIc. ionQaul ed ela  laC ármeda rad ed eC áCmoamraesrc idoe  dCe oEmsepracñioa,,  erse perel sienntetarlnotceu tao r nviváelild on aacniotnea ll oes 
óformgaennotas  ldae r ellaa cAiódnm einnitsretr aeclliaósn  yd eella Ebosrtaad lao . pCosoiocriódnin dae l alass  aCcátumaacriaosn edse  dCeo mlaesr cCioá manatrea lsa,   BOE-A-cable e
Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las 
empresas. En particular, el artículo 20.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, establece 
expresamente que «La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines que se configura como 
órgano consultivo y de colaboración con la Administración General del Estado […]».
IX.  Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos 
administrativos,  en  cuanto  propicia  la  reducción  de  trámites  y  cargas  burocráticas, 
además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a 
reducir  los  costes  administrativos  de  explotación  de  las  actividades  mercantiles, 
ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo.
X.  Que la Cámara de Comercio de España por su representatividad empresarial y 
por su objeto y fines sociales, es el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar 
los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan 
sobre la creación de empresas o el desarrollo de su actividad, y para determinar o 
sugerir cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, así como para 
realizar acciones divulgativas al respecto entre el colectivo empresarial, motivos por los 
que  dicha  Cámara  y  el  propio  MINPTFP  tienen  interés  en  establecer  un  marco 
permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
XI.  Que, teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite 
mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades sociales, resulta 
pertinente  establecer  nuevas  vías  de  colaboración  que  fomenten  la  participación 
empresarial en esta iniciativa pública.
En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  partes  consideran  oportuno  suscribir  el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la colaboración entre 
la Administración General del Estado, a través del MINPTFP, y la Cámara de Comercio 
de España para la identificación y planteamiento de propuestas concretas de reducción 
de cargas administrativas vinculadas al sector salud.
Además es objeto del presente Convenio difundir entre el tejido empresarial español 
las actuaciones emprendidas por las Administraciones Públicas para la reducción de las 
trabas  existentes  en  dicho  ámbito,  y  consolidar  los  canales  de  intercambio  de 
información entre las empresas y la Administración a través de la red de Cámaras de 
Comercio, de forma que se identifiquen los trámites que generan mayores cargas sobre 
las empresas y dificultan el desarrollo fluido de su actividad, y se propongan medidas 
para simplificar la tramitación de dicha actividad y faciliten la relación entre las empresas 
y la Administración.
Segunda.  Actuaciones a realizar por la Cámara de Comercio de España.
La Cámara de Comercio de España, para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, realizará las siguientes actuaciones:
1.  Propuestas para la reducción de cargas administrativas en el área seleccionada: e.
La Cámara de Comercio de España asume el compromiso de analizar e identificar  w.
las cargas administrativas existentes en el ámbito objeto de este Convenio que sean  93ww
psurospcueepstitbales sd ed esi mspelrif icealicmióinna addams inyis trreadtivuac idqause,  reassuí lteconm poe rtdinee nltae s.f oDrmicuhlaasc ipórno pduee stlaass 
irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarían aplicando
el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, normativa a modificar y 
órgano competente, y se acompañarán de la memoria explicativa procedente.
En caso que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma 
identidad  sustancial  en  cuanto  al  objeto,  finalidad  o  tipo  de  medida  adoptada,  se 
agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por 
parte del Centro Gestor.
Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, la Cámara de 
Comercio de España desarrollará las siguientes actuaciones:
1.  Jornadas y foros de discusión con empresas que permitan un contacto directo 
para  conocer  sus  necesidades,  impresiones  y  valoraciones  y  en  las  que  dichos 
representantes empresariales puedan manifestar directamente a la Cámara de Comercio 
de España y a la propia Administración sus propuestas de simplificación.
La Cámara de Comercio de España organizará un mínimo de dos actividades, que 
se celebrarán preferiblemente antes del 30 de octubre de 2021. Dichas actividades se 
podrán realizar tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso para ello de 
medios electrónicos.
2.  Trabajo en la red de Cámaras de Comercio, con 350 puntos de asistencia directa 
al  empresario  y  emprendedor,  atendidos  por  técnicos  cualificados,  que  permitirá 
canalizar las inquietudes y propuestas de los empresarios en el área de estudio objeto 
de este Convenio.
3.  Colaboración con expertos y especialistas en las áreas de actuación acordadas, 
para conocer sus análisis, así como perfilar y contrastar determinadas medidas.
4.  Trabajo  de  gabinete  de  la  Cámara  de  Comercio  de  España,  con  revisión 
documental, legislativa y bibliográfica sobre la materia.
La  Cámara  de  Comercio  de  España  hará  entrega  al  MINPTFP,  a  través  de  la 
Dirección General de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los 
trámites  identificados  y  las  propuestas  de  reducción  de  cargas.  El  documento  se 
entregará, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2021.
Asimismo, la Cámara de Comercio de España aportará la información en el formato 
que la Administración le indique.
2.  Difusión y comunicación:
a)  Con el fin de que los distintos agentes económicos y sociales conozcan las 
actuaciones de las Administraciones Públicas y amplíen su colaboración al respecto, la 
Cámara de Comercio de España asume el compromiso de participar en acciones de 
sensibilización, difusión y comunicación sobre las medidas que se están implantando 
desde la Administración para la simplificación administrativa, mediante los canales de 
divulgación de la red de Cámaras de Comercio, la participación en actos y foros, o la 
celebración  de  eventos  sobre  la  materia,  entre  otras  iniciativas  complementarias, 
informando en todo caso al MINPTFP de las acciones que se lleven a cabo.
b)  La Cámara de Comercio de España dará difusión, a petición del MINPTFP, de 
cualquier tipo de información o material sobre la reducción de cargas y simplificación 
administrativa que se considere de interés, a través de la red de Cámaras de Comercio.
c)  En  cualquier  tipo  de  actividad  de  difusión  y  comunicación,  la  Cámara  de 
Comercio de España dará publicidad de la participación del MINPTFP en la financiación 
de este Convenio con inclusión del logo de los firmantes del mismo.
3.  Estructura de apoyo en Cámaras: e.
Durante la vigencia del Convenio, y con el fin de dar cumplimiento a su objeto, la red  93ww
dsiem pClifáicmaacrióans  addem inCisotmraetirvcaio  y dmisepjoornad rdáe  dlae  reugnu laecqióunip, oq udee a ptéocyneinc olass  yta reexapse srtoobsr e elna 
mpraimteerriaa  coinosrtdainncaidaa sl adse sdsoel ilcai tuCdáemsa rdae d ei nCfoormmearcciióon d ey E  scpoanñsau.l tEass ted ger uplaos  ateemndpererás aesn, 
colaborando en la concreción de propuestas y en las actividades divulgativas planteadas.
El personal indicado en el párrafo anterior podrá ser propio de la red de Cámaras de 
Comercio o subcontratado a tal fin.
4.  Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para 
el buen desarrollo del Convenio, en particular la realización de iniciativas de difusión 
sobre las actividades realizadas en este ámbito.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas 
para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el 
MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores 
y expertos de los sectores afectados. En este contexto, la Cámara de Comercio de 
España podría participar, directamente o a través de la designación de representantes 
entre profesionales con experiencia en la materia de que se trate.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP.
1.  Asesoramiento:
Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas 
administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de 
medición de cargas administrativas.
2.  Seguimiento:
Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante la vigencia del 
Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3.  Comisión de seguimiento:
Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la 
cláusula sexta de este Convenio.
4.  Análisis de las propuestas presentadas:
Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos 
ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará 
un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido a Cámara de 
Comercio de España.
5.  Difusión y comunicación:
El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la firma del Convenio y los 
resultados obtenidos.
Cuarta.  Titularidad de los trabajos realizados.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como 
cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerá al MINPTFP y 
a la Cámara de Comercio de España y no podrán ser explotados por ningún tercero sin 
el consentimiento expreso de las partes.
No obstante, la Cámara de Comercio de España podrá hacer difusión de su papel  s
activo en los trabajos desarrollados con relación a este Convenio. oe.
Quin1t.a . ElR céogsitme etno teacl odneó lam ifcinoa.nciación de las actividades derivadas de la suscripción del  2021-8993n https://ww
presente Convenio es de noventa y cinco mil quinientos euros (95.500 €).
2.  El MINPTFP se compromete a aportar para la financiación del coste establecido 
en el apartado anterior, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos euros (75.500 €). La 
Cámara de Comercio de España aportará a dicha financiación la cantidad de veinte mil 
euros (20.000 €).
El  crédito  presupuestario  al  que  se  imputará  la  obligación  correspondiente  al 
MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06.
3.  A partir del inicio de efectos de este Convenio, el MINPTFP abonará a la Cámara 
de Comercio de España los pagos correspondientes a su aportación, previa justificación 
de los servicios realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto 
de 2021, del Proyecto de inversión 200922002000100.
Para realizar dicho abono, la Cámara de Comercio de España remitirá al MINPTFP, 
documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la 
reducción  de  cargas  administrativas  del  presente  Convenio.  Se  considera 
documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita la 
Cámara de Comercio de España, la certificación acreditativa del órgano competente de 
la Cámara en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por esta 
Corporación en el marco del Convenio. Complementariamente, y para la justificación de 
los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados emitidos por 
representante de la organización en los que figuren los gastos imputables al convenio o 
documentos probatorios equivalentes.
4.  A partir del inicio de efectos del presente Convenio, y antes de su finalización, la 
Cámara de Comercio de España se compromete a abonar la totalidad de su aportación 
para  financiar  las  actividades  previstas  en  el  presente  Convenio,  presentando 
certificación acreditativa.
Sexta.  Comisión de seguimiento.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos 
representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos 
representantes de la Cámara de Comercio de España, designados por las autoridades 
firmantes  del  Convenio.  Estará  presidida  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de 
Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los  artículos  51.2.c)  y  52.3  de  la  citada  Ley.  Resolverá  todas  las  incidencias  o 
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este 
Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las 
reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del 
Estado y de la Cámara de Comercio de España, cuando deban tratarse temas que 
hagan conveniente su presencia o requieran su asesoramiento.
Séptima.  Validez, eficacia y vigencia. b
EpreasfrtieatEerteasl   l plyadr  eeads diÓesqpnrugotiearsi nricCáoi óosenn fe vica eaIdnncisciioatior  unsdmeae les psdneéetorp fsetlai mcd cfeaeio  cCdnheaoa  o lappd oeeLrr e aslycau i  4ópi0nnr/ se2dcs0ert1ialp 5csc,iei óódcnnte o  der1 en pdl  úeecbl o loiRnccosetue gebnissrteittmra,o tida eEeln  lateRolc  éqtdrguóeiemn  ilecasones     OE-A-2021-89able en https://
Jurídico del Sector Público. El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre 
de 2021.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de 
cargas administrativas de la Cláusula Segunda, recopilación, análisis y presentación de 
propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido 
entre el inicio de efectos y el 20 de noviembre de 2021.
Octava.  Modificación del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  la  modificación  del  contenido  del 
Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante 
adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el 
artículo 50.2.c) de dicha Ley.
Novena.  Extinción del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el presente Convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. Serán causas de resolución:
El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
El acuerdo unánime de todos los firmantes.
Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma 
fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 
resolución.
Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  la  parte  que  lo  dirigió  notificará  al  otro 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas 
en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
Décima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento. e.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este  93ww
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resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Undécima.  Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  considera  de  los 
establecidos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan 
surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para  cuestiones  litigiosas  que  puedan  suscitarse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de 
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e 
Instituciones  Públicas,  y  se  someterán  a  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.