BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 271 Viernes 12 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 139752
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
18538 Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Tomelloso, por la que se suspende la 
inscripción de un testimonio de sentencia judicial acompañado de solicitud de 
inscripción respecto de determinadas fincas.
En  el  recurso  interpuesto  don  J.  M.  M.  M.,  en  nombre  y  representación  de  la 
mercantil  Cuevalosa,  S.A.,  contra  la  nota  de  calificación  de  la  registradora  de  la 
Propiedad de Tomelloso, doña Carmen Maluenda Albert, por la que se suspende la 
inscripción de un testimonio de sentencia judicial acompañado de solicitud de inscripción 
respecto de determinadas fincas.
Hechos
I
El día 12 de abril de 2021 se expidió testimonio por el Juzgado de Primera Instancia 
Número 90 de Madrid, relativo a la sentencia, de fecha 5 de febrero del 2010, dictada en 
el seno del procedimiento número 904/2009, en la que se estimaba íntegramente «las 
pretensiones deducidas en la demanda interpuesta por don A., D. S. y D. V. M. M., como 
parte demandante, contra Cuevalosa, S.A, Cuevalosa La Nueva S.L. y Nueva Grapa 
S.L., como parte demandada», condenando a la parte demandada a:
«1.º  Declarar la nulidad de pleno derecho de las escrituras públicas autorizadas por 
el Notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, el 6 de junio de 2005, n.º  2.019 de 
protocolo, el 21 de junio de 2005, n.º 2264 de protocolo, el 14 de junio de 2005, n.º 2104 
de protocolo, el 10 de marzo de 2006, n.º 945 de protocolo, el 25 de abril de 2006, 
n.º  1397  de  protocolo  y  el  23  de  mayo  de  2006  n.º  1959  de  protocolo,  y  nulas 
radicalmente y sin ningún valor ni efecto las aportaciones de fincas formalizadas en 
dichas  escrituras  públicas  en  ejecución  de  los  acuerdos  de  ampliación  de  capital 
contenidos, así como las escrituras de segregación que dieron lugar a las parcelas 
aportadas.
2.º  Ordenar la cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro de la 
Propiedad y en el Registro Mercantil de las que resulta la segregación y titularidad de las 
fincas aportadas mediante las escrituras públicas de ampliación de capital referidas en el 
apartado anterior a favor, en cada caso, de la sociedad Cuevalosa La Nueva, S.L y 
Nueva Grapa, S.L.»
En virtud de mandamiento judicial, dictado por dicho Juzgado por tramitación del 
proceso de ejecución de títulos judiciales número 913/2014 (sentencia de fecha 5 de 
febrero de 2010, procedimiento ordinario número 904/09), expedido por doña M. C. G. 
S., letrada de la Administración de Justicia del referido Juzgado, dirigido al registrador 
de la Propiedad de Tomelloso, se dictó auto, de fecha 19 de febrero de 2015, en el  s
que  su  parte  dispositiva  establecía  lo  siguiente:  «Se  acuerda  el  despacho  de  la  oe.
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de 2005, n.º 2.019 de protocolo; el 21 de junio de 2005, n.º 2264 de protocolo; el 14
de junio de 2005, n.º 2104 de protocolo; el 10 de marzo de 2006, n.º 945 de protocolo;  Bc
el 25 de abril de 2006, n.º 1397 de protocolo y el 23 de mayo de 2006 n.º 1959 de 
protocolo, de las que resulta la segregación y titularidad de las fincas propiedad de 
Cuevalosa  S.L.,  aportadas  mediante  ampliación  de  capital  a  las  sociedades 
Cuevalosa La Nueva S.L y Nueva Grapa S.L, debiendo librarse los correspondientes 
mandamientos».  La  resolución  judicial,  de  conformidad  con  lo  establecido  en 
sentencia  y  en  el  auto  despachando  ejecución,  ordenaba  se  procediera 
exclusivamente a la cancelación de las inscripciones practicadas por virtud de las 
escrituras públicas autorizadas por el Notario de Madrid, don Manmuel Richi Alberti, el 
día 6 de junio de 2005, con el número 2.019 de protocolo; el día 21 de junio de 2005, 
con el número 2.264 de protocolo; el día 14 de junio de 2005, con el número 2.104 de 
protocolo; el día 10 de marzo de 2006, con el número 945 de protocolo; el día 25 de 
abril de 2006, con el número 1.397 de protocolo, y el día 23 de mayo de 2006, con el 
número 1.959 de protocolo, de las que resulta la segregación y titularidad de las 
fincas propiedad de Cuevalosa, S.L., aportadas mediante ampliación de capital a las 
sociedades Cuevalosa La Nueva, S.L y Nueva Grapa, S.L.»
II
Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Tomelloso, 
fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Visto  por  doña  Carmen  Maluenda  Albert,  Registradora  de  la  Propiedad  de 
Tomelloso,  Provincial  de  Ciudad  Real,  el  procedimiento  registral  identificado  con  el 
número de entrada 4406/2021, iniciado como consecuencia de la presentación en el 
mismo Registro del documento que se dirá en virtud de solicitud de inscripción.
En el ejercicio de calificación registral sobre la legalidad del documento presentado 
resultan los siguientes:
Hechos.
I.  El documento objeto de la presente calificación, expedido el 12/04/2021, por el 
Juzgado  1.ª  Instancia  n.º  90  de  Madrid,  procedimiento  de  ejecución  procedimiento 
ordinario número 904/09, fue presentado el día 26/05/2021 generando el asiento 1174 
del Diario 81, documento presentado con C.S.V. debidamente verificado en la plataforma 
correspondiente y del que se encuentra conforme.
II.  En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias que han 
sido objeto de calificación desfavorable:
– Presentado  testimonio  judicial  de  fecha  12  de  abril  de  2021  del  Juzgado  de 
Primera Instancia n.º 90 de Madrid, de sentencia de 5 de febrero de 2010 por el 
procedimiento ordinario n.º 904/09,
En el fallo de dicha sentencia, se estima íntegramente las pretensiones deducidas en 
la demanda interpuesta por don A., don S. y don V. M. M., como parte demandante, 
contra Cuevalosa, S.A, Cuevalosa La Nueva S.L. y Nueva Grapa S.L., como parte 
demandada, condenando a la parte demandada a (se transcriben solo los dos primeros 
apartados, en lo que ahora nos interesa):
“1.º  Declarar la nulidad de pleno derecho de las escrituras públicas autorizadas por 
el Notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, el 6 de junio de 2005, n.º 2.019 de  s
protocolo; el 21 de junio de 2005, n.º 2264 de protocolo; el 14 de junio de 2005, n.º 2104  o
dnrdai.ecºd  hipca1ras3ol m9to7eec snocdtlroeeit;  u yepr alr sos1i tno0 pc núodibnleolg i cmúaynas   revzelao nl 2o d3ree  jn ed2ic e0ue 0cfme6ióc,a ntony o .dºl  ae9ds 4e l5o a sp2d o0ear0t ca6puc reionort.ndoºe ocsso1  l9odd5;e e9 e  flia dn2mec5 ap psldi raeofco tioraómcbnor aillold iz eda yed  ca2ans0pu 0ileta6ans,l     2021-18538n https://www.
contenidos, así como las escrituras de segregación que dieron lugar a las parcelas
aportadas.
2.º  Ordenar la cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro de la 
Propiedad y en el Registro Mercantil de las que resulta la segregación y titularidad de las 
fincas aportadas mediante las escrituras públicas de ampliación de capital referidas en el 
apartado anterior a favor, en cada caso, de la sociedad Cuevalosa La Nueva, S.L y 
Nueva Grapa, S.L.”
En virtud de mandamiento judicial, dictado por dicho Juzgado por tramitación del proceso 
de ejecución de títulos judiciales 913/2014, (sentencia de 5 de febrero de 2010 procedimiento 
ordinario n.º 904/09), expedido por doña M. C. G. S., Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 90 de Madrid, dirigido al Registrador de Tomelloso, se dicta Auto de 19 
de febrero de 2015 de doña S. F. D. en el que su parte dispositiva dice literalmente “Se 
acuerda  el  despacho  de  la  ejecución  en  cuanto  al  título  ejecutivo  expresado  en  los 
antecedentes de hecho –la sentencia de 2010– en el sentido siguiente: 1. Ordenar la 
cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad y en el Registro 
Mercantil por virtud de las escrituras públicas autorizadas por el Notario de Madrid don 
Manuel Richi Alberti el 6 de junio de 2005, n.º 2.019 de protocolo; el 21 de junio de 2005, 
n.º 2264 de protocolo; el 14 de junio de 2005, n.º 2104 de protocolo; el 10 de marzo de 2006, 
n.º 945 de protocolo; el 25 de abril de 2006, n.º 1397 de protocolo y el 23 de mayo de 2006 
n.º 1959 de protocolo de las que resulta la segregación y titularidad de las fincas propiedad de 
Cuevalosa S.L. aportadas mediante ampliación de capital a las sociedades Cuevalosa La 
Nueva S.L y Nueva Grapa S.L, debiendo librarse los correspondientes mandamientos”. La 
resolución judicial es firme. Por diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial antes citada, 
de 7 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en sentencia y en el auto 
despachando ejecución se proceda a la cancelación de las inscripciones practicadas en 
dichos registros por virtud de las escrituras públicas autorizadas por el Notario de Madrid, don 
Manuel Richi Alberti, el 6 de junio de 2005, n.º 2.019 de protocolo; el 21 de junio de 2005, n.º 
2264 de protocolo; el 14 de junio de 2005, n.º 2104 de protocolo; el 10 de marzo de 2006, n.º 
945 de protocolo; el 25 de abril de 2006, n.º 1397 de protocolo y el 23 de mayo de 2006 n.º 
1959 de protocolo, de las que resulta la segregación y titularidad de las fincas propiedad de 
Cuevalosa, S.L aportadas mediante ampliación de capital a las sociedades Cuevalosa La 
Nueva, S.L y Nueva Grapa, S.L.
Y en virtud de dicho mandamiento, presentado en este Registro de la Propiedad de 
Tomelloso el 27/05/2015, asiento 900, Diario 71, se practican las cancelaciones 3.ª de la 
finca  21220;  3.ª  de  la  finca  21.219,  3.ª  de  la  finca  21.221;  3.ª  finca  21.597;  3.ª 
finca 21.598; 3.ª finca 21.599 únicas que una vez consultados los Libros de éste Registro 
se corresponden con los protocolos 2.019 de fecha 6 de junio de 2005 y 1.397, de 
fecha 25 de abril de 2006 del Notario don Manuel Richi Alberca, que causaron las 
inscripciones segundas de las citadas fincas, no resultando otros protocolos identificados 
en el Archivo de este Registro, por lo que no se realiza operación alguna con referencia 
al resto de protocolos que se citan.
Visto el historial de las fincas últimamente citadas y de las que se practicó en su día 
la cancelación de las inscripciones de aportación de fincas previamente segregadas en 
virtud de otras escrituras cuyo protocolo no corresponde a ninguno de cuya escritura se 
declara expresamente la nulidad del título, se observa:
Que quedan inscritas a nombre de la sociedad Cuevalosa S.L, las siguientes fincas 
de  Argamasilla  de  Alba,  una  vez  practicadas  las  cancelaciones  ordenadas  en  el 
mandamiento judicial anterior dictado en proceso de ejecución de títulos judiciales n.º 
913/2014, derivado del procedimiento ordinario 904/09 en el que se dicta la sentencia  e
de 5 de febrero de 2010: bo
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dos segregaciones más -21.598 y 21.599- queda con un resto de 61,8997 Has inscritas a
favor de la misma sociedad.
Registral 21.598 de 168.2040 Has (segregada de la registral 14.053).
Registral 21.599 de 17,7132 Has (segregada de la registral 14.053).
Registral 21.221 de 11.5800 Has (segregada de la registral 17.309, que queda con 
un resto de 30,8550 Has).
Registral 21.597 de 64,7699 Has (segregada de la 3.265, que queda con el resto 
de 140,4960 Has por segregación también de la 21.219).
Todo ello sin perjuicio de otras fincas de que la sociedad Cuevalosa S.L sea titular 
registral,  no  relacionadas  con  las  escrituras  de  aportación  de  6  de  junio  de  2005, 
número 2.019 de protocolo y de 25 de abril de 2006 número 1.397 de protocolo del 
Notario don Manuel Richi.
Defectos subsanables; no se ha solicitado anotación preventiva de suspensión.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
I.  Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a 
la calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca 
de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de 
los actos contenidos en las mismas, de conformidad de lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II.  En relación a las circunstancias reseñadas en el Hecho II anterior:
Como consecuencia de lo expuesto en los hechos, en el caso aquí contemplado,
Se suspende la inscripción del testimonio judicial ahora presentado de la sentencia 
de 5 de febrero de 2010, procedimiento ordinario n.º 904/09, por cuanto en virtud de Auto 
de ejecución de título judicial (la sentencia de 2010), n.º 913/2014, que dio lugar a la 
correspondiente Diligencia de Ordenación del mismo Juzgado n.º 90 de Madrid, y en 
virtud del mandamiento de cancelación presentado ya se cancelaron los asientos que 
dicho mandamiento ordenaba según consta en la nota de despacho.
La cancelación se basaba en la nulidad declarada de las escrituras del Notario de 
Madrid, don Manuel Richi Alberca, de fechas 6 de junio de 2005, número 2.019 de su 
protocolo y otra de 25 de abril de 2006, número 1.397 de protocolo del mismo Notario, 
únicas que se presentaron en este Registro de la Propiedad de Tomelloso para practicar 
las  aportaciones  por  Cuevalosa  S.L  a  favor  de  las  otras  sociedades  demandadas, 
Cuevalosa La Nueva S.L y Nueva Grapa, S.L, que se cancelaron el 13 de julio de 2015.
Si la cancelación debía afectar también a las inscripciones de segregación de las 
fincas 21.219, 21.220, 21.221, 21.597, 21.598 y 21.599 de Argamasilla de Alba, para 
quedar su superficie integrada de nuevo en las fincas matrices de que proceden, o 
afectaban  a  otras  fincas  regístrales,  se  deberá  presentar  mandamiento  judicial  de 
ejecución de sentencia en el que se aclare o complemente el entonces expedido que, en 
unión del testimonio de la sentencia será el título inscribible. Todo ello dentro de la 
interpretación  que  del  contenido  de  la  sentencia  se  haga  por  el  Letrado  de  la 
Administración de Justicia a la vista de los documentos en su momento expedidos y 
como ejecución de dicha sentencia en el procedimiento 913/2014. Entendiendo que no 
debe ser ahora esta Registradora la que califique la sentencia en cuanto su alcance 
puesto que, en el mandamiento judicial de cancelación por ejecución de la sentencia, ya 
se apreció su contenido por el Letrado de la Administración de Justicia, resultando del 
mismo la cancelación sólo de las inscripciones de aportación y no las de segregación,  e.e
considerando  además  el  efecto  definitivo  de  una  cancelación  en  el  Registro  de  la  b
Propiedad y la necesidad de claridad y determinación necesarios de acuerdo con las  538ww
LeHxi,g 5e1n cdiaes s lue gRaelegsla my erengtola)m. entarias por el principio de especialidad registral (artículos 9
las sEeng troedgoa cciaosnoe,s s, ea úinnf oersmtaan qduoe o dtoerl gcaodnatesn eidno  lad eml Risemgais tfreoc,h laa sy e Nscortiaturiroa sa uqtuoeri zmaonttiev aqruoen 
las de aportación, tienen número de protocolo distinto a las escrituras de aportación a 
otras sociedades de las fincas segregadas.
Por lo anterior, se acuerda suspender la inscripción del testimonio de la sentencia 
presentada (en la que además no consta su firmeza) por falta de presentación de 
mandamiento judicial complementario o aclaratorio, si procede, del expedido en virtud de 
procedimiento de ejecución de esta sentencia que ya fue presentado en este Registro de 
la Propiedad y dio lugar a los asientos de cancelación que se ordenaban en el mismo.
Queda  automáticamente  prorrogado  el  asiento  de  presentación  en  los  términos 
expresados en los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria.
Las calificaciones negativas del Registrador podrán (…)
Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma  electrónica  cualificada  por  Carmen 
Maluenda Albert registrador/a de Registro Propiedad de Tomelloso a día dieciocho de 
junio del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. M. M., en nombre y representación 
de la mercantil «Cuevalosa, S.A.», interpuso recurso el día 23 de julio de 2021 mediante 
escrito en el que indicaba lo siguiente:
«(…) por medio del presente escrito formulo alegaciones anexas al recurso (cuyo 
cuerpo se incluye en el modelo normalizado) presentado ante esto Dirección General. A 
tales efectos debernos exponer los siguientes
Antecedentes.
I.  El documento presentado al Registro al que nos remitimos es el testimonio de la 
sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 90, de 5 de febrero de 2010, autos 
número 904/2009.
II.  Dicha resolución judicial debe, en opinión de esta parte, y en unión con la 
información ya obrante en el Registro de la Propiedad, provocar la cancelación de los 
asientos de apertura de las fincas registrales n.º 21.219, 21.220, 21.221, 21.597, 21.598 
y 21.599 de Argamasilla de Alba.
III.  La  registradora  deniega  la  cancelación  de  las  inscripciones  solicitada,  en 
síntesis, por dos motivos: Falta de legalidad de la resolución judicial aportada, cuya 
firmeza  a  su  juicio  no  consta,  y  ausencia  de  un  nuevo  mandamiento  judicial  que 
complemente el mandamiento que remite al Auto del Juzgado de 1.ª Instancia de Madrid 
n.º 90, de 19 de febrero de 2015 (…)
IV.  Entendemos  que,  atendiendo  a  los  propios  antecedentes  que  obran  en  el 
Registro, junto con la resolución judicial aportada por medio de testimonio debidamente 
legalizado, debería haberse practicado la inscripción consistente en la cancelación de las 
primeras inscripciones, de apertura, de las ya referidas fincas registrales, todas las 
cuales figuran inscritas a nombre de Cuevalosa, S.A. (ahora en liquidación).
Todo ello, de acuerdo con lo que se expone en las siguientes
Alegaciones.
Primera.  Sobre la supuesta falta de legalidad y de acreditación de la firmeza de la 
resolución que se aporta. s
La sentencia de 5/2/2010, posteriormente confirmada en lo que a su fallo respecta  w.
tanto por la Audiencia Provincial como por nuestro Tribunal Supremo, es la que motiva el  538ww
IAnusttoa ndciciata ndúom peorro d nooñvae Sntuas adnea M Faedrnriádn, dceozn  Dfeíachz,a M 1a9g diset rafedbar eJruoe dz ed e2 0J1u5z,g qaudeo  dcoen Ptireimnee real 
cmoanntednaimdoie ennto l ad es eqnuteen sceia ,p qraucet iqseu edne cdleatrear mfirimnaed.as inscripciones registrales por estar así  BOE-A-cable e
El Antecedente de Hecho Único del Auto al que hace referencia la calificación 
registral, y en consecuencia del cual el Registro tiene conocimiento, comienza diciendo: 
«se ha presentado escrito de demanda (...) en el que se solicita que se despache 
ejecución (...) con fundamento en la sentencia de fecha 05/02/2010, dimanante del 
procedimiento ordinario 904/2009» Es decir, la sentencia que se ha aportado ahora. Y en 
su Fundamento de Derecho Primero, dice: «(...) y siendo el título que se acompaña 
susceptible de ejecución, de conformidad con el artículo 517 de la LEC, procede, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 551 y concordantes de la 1.EC, dictar orden general 
de ejecución y despacho de la misma.»
Y, como es sabido, el art. 517 de la LEC establece:
“Artículo 517 Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos.
1.  La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución.
2.  Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:
1.º  La sentencia de condena firme.”
Por lo tanto, entendemos que sí consta al registro la firmeza de la Sentencia que se 
ha aportado, siendo el testimonio expedido por el propio Juzgado título suficiente para la 
práctica  de  las  inscripciones  solicitadas.  A  estos  efectos,  dispone  el  art.  100  del 
Reglamento Hipotecario, también de aplicación a nuestra alegación Segunda:
“La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad 
judicial  se  limitará  o  la  competencia  del  Juzgado  o  Tribunal,  a  la  congruencia  del 
mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.”
Resultando  patente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  extrínsecos  exigidos  al 
documento  aportado,  procede  a  continuación  revisar  la  necesidad  de  un  nuevo 
mandamiento complementario o aclaratorio del ya emitido en 2015.
Segunda.  Sobre la suficiencia del testimonio de la resolución judicial que se aporta, 
junto con los documentos obrantes en el Registro, para practicar la cancelación de las 
inscripciones solicitada.
De  forma  preliminar,  entendernos  que,  a  efectos  de  solicitar  cualquier  nueva 
actuación por parte del Juzgado n.º 90, debe tenerse en cuenta que en el procedimiento 
ejecutivo del que dimana el Auto de 19/2/2015, esta parte ostentaba la posición de parte 
ejecutada (no ejecutante) y que se trata de un procedimiento concluso tiempo atrás.
Pero, en todo caso, el Auto antedicho (al que se remite el Mandamiento ya obrante 
en el Registro, de cuya copia no disponernos -si del Auto, que se aporta-) ordena la 
ejecución general de la sentencia que se ha aportado, siendo la misma, título suficiente 
para practicar la inscripción de cuanto se solicita y viene expresamente contenido en la 
misma.
Así, primeramente, la inscripción de la aportación a las sociedades Nueva Grapa, S.L 
y Cuevalosa Nueva, S.L., de las fincas que fueron segregadas, se anuló por la sentencia 
que aportarnos, y así ha sido recogida en el Registro en virtud de lo dispuesto en el Auto 
antedicho. De ahí que figuren inscritas a nombre de Cuevalosa, S.A.
Ahora bien, lo que sucede es que la propia sentencia también anulaba las escrituras  e
de segregación de de [sic] finca registral de la que proceden las registrales n.º 21.219,  bo
21.220, 21.221, 21.597, 21.598 y 21.599 de Argamasilla de Alba. Como se ha expuesto,  538ww
nsepeolo nA rn tuleuatneo cpv ciraaeom,sn peetionenrtnte eel o  es uelq n ruaese ofo elrirrecdidsietouan l,t  Aagau elp tnoareo,d rcoqaelule dedce eenn rote e dje,pe cre ounlavc o ioóscpnuói fn dilciaóeie nlc n padtrenoe cn ceeullsanatrccaidii aóapmnda  rideteeenn, t  loaas psuc o oipnrntasatercrtr neilpia ddc opiios repinmnoe essdir itaqciv,hu aaey,     OE-A-2021-18able en https://
pero que en unión de la Sentencia no deja lugar a dudas. Así, en el fallo de la Sentencia 
se dice (los subrayados son nuestros):
“1.º  Declarar la nulidad de pleno derecho de las escrituras (...) y sin ningún valor y 
efecto las aportaciones de fincas formalizadas en dichas escrituras públicas de ejecución 
de  los  acuerdos  de  ampliación  de  capital  contenidos,  así  como  las  escrituras  de 
segregación que dieron lugar a las parcelas aportadas.
2.º  Ordenar la cancelación de las incepciones practicadas en el Registro de la 
Propiedad y en el Registro Mercantil de las que resulta la segregación y titularidad de las 
fincas aportadas mediante las escrituras públicas de ampliación de capital referidas en el 
apartado anterior (…).”
Efectivamente, las escrituras de segregación constan ya aportadas al Registro, pues 
zonas las que causaron la inscripción 1.ª de las fincas n.º 21.219, 21.220, 21.2221, 
21.597, 21.598 y 21.599 de Argamasilla. El Auto de 19 de febrero de 2015, dicta «orden 
general de ejecución (de la sentencia) y despacho de la misma» de modo que, puesto en 
conexión con la sentencia que se aporta, debe producir la cancelación de las referidas 
inscripciones de apertura de las fincas registrales mencionadas.
Debe  tenerse  en  cuenta,  para  concluir,  que  sin  perjuicio  de  que  se  ordena 
expresamente en la Sentencia la cancelación de las inscripciones de las que resulta la 
segregación de las fincas, el pronunciamiento que se declara su nulidad es de carácter 
constitutivo, por lo que, siendo firme la sentencia que tal cosa declara, sólo cabe atender 
a la misma.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación, 
ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  18,  38,  80  y  103  de  la  Ley  Hipotecaria;  51,  98  y  100  del 
Reglamento Hipotecario; 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de noviembre de 1990, 11 de 
febrero de 1991, 3 de junio de 1992, 28 de febrero de 1997, 28 de septiembre de 2017 
y 25 de abril de 2018.
1.  Se discute en el presente expediente si cabe practicar la cancelación registral de 
una serie de fincas en virtud de una sentencia firme.
Son circunstancias a tener en cuenta en la resolución del presente expediente, las 
siguientes:
– Del mandamiento judicial, dictado por el mismo Juzgado en ejecución de la misma, 
no se ordenaba tal cancelación.
– Tal extremo resulta no controvertido en el presente expediente, al ser reconocido 
tanto por la funcionaria calificadora como por el propio recurrente en su escrito de 
recurso, si bien entiende el recurrente que «la propia sentencia también anulaba las 
escrituras de segregación de de [sic] finca registral de la que proceden las registrales n.º 
21.219, 21.220, 21.221, 21.597, 21.598 y 21.599 de Argamasilla de Alba. Como se ha 
expuesto,  el  Auto  contiene  una  orden  general  de  ejecución  del  pronunciamiento  e.e
contenido en dicha sentencia, por lo que resulta procedente, en opinión de esta parte,  w.b
aportar la primera, y no nuevamente el referido Auto, que no provocó la cancelación de  538ww
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solicitando tal cancelación.
2.  Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 98 y 100 del Reglamento Hipotecario, la calificación 
registral  de  los  documentos  expedidos  por  la  autoridad  judicial  se  limitará  a  la 
competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o 
juicio  en  el  que  se  hubiere  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.
En este sentido, es también reiterada la doctrina de este Centro Directivo que, si bien 
es cierto el deber de cumplir de los Registradores de cumplir las resoluciones judiciales 
firmes,  también  es  su  deber  y  potestad  calificadora  la  de  verificar  que  todos  los 
documentos inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, entre las 
que está la debida determinación del asiento, en nuestro caso, a cancelar, de acuerdo al 
ámbito de calificación reconocido, en cuanto a documentos judiciales en el artículo 100 
del Reglamento Hipotecario.
En el mismo sentido, la Resolución de 3 de junio de 1992 al expresar que la 
calificación  registral  de  los  documentos  judiciales  se  extiende  necesariamente  a  la 
congruencia de los mismos con la situación registral vigente en el momento en que se 
pretende su inscripción, siendo doctrina de este Centro Directivo que ha de exigirse la 
identificación suficiente de los asientos a los que se refieren los mandamientos judiciales 
cancelatorios.
De la misma manera, ya la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 28 de febrero de 1997, a la que se remiten posteriormente, entre otras, las 
de 7 de noviembre de 1990 y 11 de abril de 1991, determina la necesidad de que toda 
resolución judicial ha de señalar los datos de los asientos que se han de cancelar, de 
acuerdo con el principio de especialidad registral, lo cual determina, además, en los 
supuestos de cancelación parcial, la necesidad de determinar la extensión del derecho 
que  se  cancela  y  del  que  subsiste,  conforme  a  los  artículos  80  y  103  de  la  Ley 
Hipotecaria y 98 y 193 del Reglamento Hipotecario, dado que el registrador carece por sí 
de la facultad de decidir la extensión de dicha cancelación ordenada judicialmente. En un 
sistema registral de inscripción, como es el nuestro, en que los asientos registrales no 
son transcripción del acto o contrato que provoca la modificación jurídico real que accede 
al  Registro,  sino  un  extracto  de  los  mismos  («expresión  circunstanciada»,  dice  el 
artículo  51.6.ª  del  Reglamento  Hipotecario  que  refleje  la  naturaleza,  extensión  y 
condiciones suspensivas o resolutorias, si las hubiere, del derecho que se inscriba, sin 
más concesión a la reproducción de su contenido que la necesidad de copiar literalmente 
las citadas condiciones), es evidente que la claridad en la redacción de aquellos es 
presupuesto de su fiel reflejo registral, con los importantes efectos que de la inscripción 
se derivan, entre ellos la presunción de existencia y pertenencia de los derechos reales 
inscritos «en la forma determinada por el asiento respectivo», (artículo 38 de la Ley 
Hipotecaria). El cuidar que esa claridad se logre, para lo que se impone la debida 
separación de los pactos y convenios de las partes que intervienen en el otorgamiento 
de una escritura pública en relación con cada uno de los derechos creados, modificados, 
transmitidos o extinguidos, es tarea que el artículo 176 del Reglamento Notarial impone 
al  notario  autorizante,  necesidad  de  cuidar  dicha  claridad  que,  igualmente,  debe 
reputarse de los documentos judiciales de acuerdo con el artículo 218 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si bien el apreciar si se ha conseguido, a los exclusivos efectos 
registrales  de  proceder  o  no  a  su  inscripción  compete  a  la  calificación  registral 
(artículo 101 del Reglamento Hipotecario) que ha de comprobar si se expresan, con la 
claridad suficiente, todas las circunstancias que según la Ley y el propio Reglamento  s
deba contener la inscripción bajo pena de nulidad (artículo 98 del mismo Reglamento).  oe.
Como  consecuencia  de  esta  necesidad  de  claridad  suficiente  de  los  documentos  w.
inscribibles y de la exigencia de contener todas las circunstancias que la Ley y el  538ww
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exigencias legales y reglamentarias, ya que no permite conocer exactamente el ámbito, 
extensión y alcance de la cancelación ordenada, no siendo suficiente, a estos efectos, 
expresiones genéricas o indeterminadas, sin poder ser completadas o concretadas por 
una de las partes del proceso.
Esta conclusión es, además, reconocida implícitamente por el propio recurrente al 
presentar  una  instancia  privada  junto  con  los  referidos  documentos  judiciales 
concretando las fincas respecto de las que se solicita la cancelación.
En el mismo sentido se ha pronunciado este Centro Directivo en Resolución de 25 de 
abril de 2018 al disponer que «como ya ha señalado esta Dirección General, la sentencia 
debe contener todos los requisitos exigidos por las normas registrales para producir la 
inscripción y, por lo que ahora se discute, la referencia al asiento concreto a cancelar, de 
manera que del conjunto del documento se infiera indubitadamente cuál es el asiento a 
que se refiere (cfr. resolución de 28 de febrero de 1977 y muchas otras posteriores) (…) 
y ello de conformidad con el principio de especialidad o determinación, por el cual sólo 
deben acceder al Registro de la Propiedad situaciones jurídicas que estén perfectamente 
determinadas, porque sólo de ese modo se producirá una plena claridad en los asientos, 
que es la base de la publicidad registral y del fomento del crédito territorial y, además, de 
conformidad con el principio registral de rogación que no sólo condiciona la actuación del 
registrador en el sentido de que debe limitarse a inscribir cuando se le solicita, sino que 
también ha de ceñirse a lo interesado (cfr. Resolución de 28 de septiembre de 2017)».
3.  Por tanto, el presente recurso debe ser desestimado puesto que el documento 
presentado  ya  causó  las  oportunas  operaciones  registrales,  sin  poder  ser 
complementado  o  aclarado  mediante  una  instancia  privada  que  determine  nuevas 
cancelaciones.
El sometimiento al mandato judicial por parte del registrador de la Propiedad, unido a 
la  imposibilidad  del  mismo  de  complementar  o  interpretar  el  mandato  judicial,  y  la 
transcendencia cancelatoria de los asientos registrales, determinan la confirmación de la 
calificación recurrida, hasta en tanto por el Juzgado se determinen las cancelaciones que 
deben practicarse.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.