BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145220
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19510 Sala Primera. Sentencia 181/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo  5872-2020.  Promovido  por  la  entidad  Viviendas  Chimenea  II  de 
Águilas, Sociedad Cooperativa, respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de 
ejecución  hipotecaria.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin haber agotado previamente 
las posibilidades razonables de notificación personal a la entidad demandada 
a través de sus administradores (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:181
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa 
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5872-2020,  promovido  por  la  entidad  Viviendas 
Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, representada por el procurador de los 
tribunales don Pedro Arcas Barnes, y bajo la dirección del letrado don Fernando Bastida 
García, contra el auto de 28 de octubre de 2020 dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 207-2019, que desestimó el incidente de nulidad promovido por la demandante, ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte la mercantil Sociedad de Gestión de 
Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  representada  por  el 
procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida 
del letrado don Francisco Moreno Sabater. Ha sido ponente el magistrado don Santiago 
Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el día 30 de noviembre 
de  2020  el  procurador  de  los  tribunales  don  Pedro  Arcas  Barnes,  en  nombre  y 
representación de la entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, 
asistida por el letrado don Fernando Bastida García, interpuso recurso de amparo contra 
el auto de 28 de octubre de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  3  de  Lorca,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
207-2019, que desestimó el incidente de nulidad promovido por la demandante. e
síntea2s).  is LEloonss  f seiagcnhutaiee cn2et4ed sde:en tejusli or edlee v2a0n1t9e sl a pSaoraci erdeasdo ldvee rG  leas tpiórne tdeen sAiócnti vopsla nPtreoacdead esnotens  edne   2021-19510n https://www.
ldae R lae eesntrtuidcatudr aBcaiónnc oB aMnacraer iaN, oSs.tAru. m(e,n S a.dAe.,l apnrtees SenAtRó EdBe)m, qauned ah adbeí ae ajedcquuciiróidno  hloipso atecctiavroias   BOE-A-cable e
contra  la  entidad  Viviendas  Chimenea  II  de  Águilas,  Sociedad  Cooperativa,  como 
deudora hipotecaria en relación con el préstamo con garantía hipotecaria constituido 
sobre setenta y tres fincas registrales y elevado a escritura pública el 27 de mayo 
de 2008, en reclamación de la cantidad de 24 165 916,75 euros, en concepto de 
principal y 7 249 775,02 euros en concepto de intereses y costas de la ejecución.
b)  Dicha demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
3 de Lorca, que la tramitó con el núm. 207-2019. Por auto de 10 de septiembre de 2019, 
el juzgado despachó ejecución frente al prestatario por el indicado importe, informando 
en  su  parte  dispositiva  que  la  parte  ejecutada  podía  oponerse  al  despacho  de  la 
ejecución en los términos previstos en el art. 695 de la Ley de enjuiciamiento civil (en 
adelante, LEC), en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a su notificación.
c)  Intentada la notificación y el emplazamiento a la ejecutada el 18 de septiembre 
de 2019, se extendió diligencia para «hacer constar que, habiéndome constituido en el 
domicilio facilitado como de la interesada, en c/ Pio XII, núm. 21, 4.º B) resulta ser un 
despacho de abogados y manifiestan que no tienen relación con la empresa que pudiese 
ser que la tuviera con la Asesoría Serveco que se ubicaba antes en este domicilio» (sic).
d)  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  3  de  octubre  de  2019,  se  facultó  al 
procurador de los tribunales que representaba a la ejecutante, para que practicara el 
requerimiento de pago en la persona de don Ricardo José Montoya Morata que era el 
administrador solidario de la entidad Llave Azul 2006, S.L., que a su vez era apoderada 
de la mercantil ejecutada. Ambas sociedades compartían el mismo domicilio.
e)  El 22 de octubre siguiente, por el procurador de los tribunales de la SAREB se 
comunicó la diligencia de requerimiento de pago con resultado negativo firmada por el 
procurador de los tribunales constando la siguiente observación «no consta nombre en 
los buzones nos manifiesta vecina del 1.º 6, que vivía en el 4.º piso, pero que hace 2 o 3 
años que ya no reside aquí, desconociendo domicilio actual. En Lorca siendo las 12:00 
horas,  a  21  de  octubre  de  2019»  (sic).  Dos  días  después  se  interesó  que  el 
requerimiento se realizara por edictos. Así se acordó por la letrada de la administración 
de  justicia  mediante  diligencia  de  ordenación  dictada  el  5  de  noviembre  de  2019, 
procediendo a la inserción del edicto ese mismo día y siendo retirado el 5 de diciembre 
siguiente.
f)  A instancia de la representación de la SAREB, por decreto de la letrada de la 
administración de justicia de 24 de enero de 2020, aclarado por otro de 11 de febrero 
siguiente, se acordó sacar a la venta en pública subasta los bienes objeto de ejecución.
g)  Mediante escrito de 26 de junio de 2020, el procurador de los tribunales don 
Pedro Arcas Barnes, en representación de la entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, 
Sociedad Cooperativa, solicitó al juzgado que se la tuviera por personada en la aludida 
representación, siendo admitida la personación por diligencia de ordenación de 2 de 
julio.
h)  La recurrente presentó incidente de nulidad actuaciones el 6 de julio de 2020 en 
el que alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber procedido el 
órgano  judicial  al  emplazamiento  mediante  edictos  sin  agotar  previamente  las 
posibilidades de averiguación del domicilio real de la ejecutada, bien a través de la 
localización del domicilio de don Ricardo José Montoya Morata, bien por la consulta 
telemática al registro de cooperativas de la región de Murcia a fin de averiguar la 
identidad de los miembros de su consejo rector. Cita, en su apoyo, la STC 122/2013, 
de 20 de mayo, e indica que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el 
problema constitucional que ha planteado, la redacción dada al artículo 686.3 LEC por la  s
Ley 13/2009 sobre la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria, desde la  oe.
perspectiva del artículo 24.1 CE, en el caso de que sea negativa la notificación y el  w.
requerimiento de pago en el domicilio que consta en el registro de la propiedad y, más  510ww
caovnecrirgeutaamcióenn te,d seol brdeo lma icnielicoe sirdeaadl  dea nqteuse  eld eó rgaancou djuird icaia l angootitfeic alacsió np ospiboilri daeddeisc tdoes 
(oScStuTbCre ;1 3819//22001145,,  ddee  2111  ddee  jmulaioy;o ;1 3175/12/021041,6 ,d ed e8  1d9e  dsee psteiepmtiebmreb; r1e6; 95//22001147,  yd e6 /2220 1d7e,   BOE-A-cable e
de  16  de  enero;  106/2017,  de  18  de  septiembre;  137/2017,  de  27  de  noviembre, 
o 5/2018, de 22 de enero).
En  dicho  escrito  solicitó  además  de  la  nulidad  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria desde la diligencia de ordenación que acordó proceder a notificar y requerir 
de  pago  a  la  ejecutada  mediante  edictos  publicados  en  el  tablón  de  anuncios  del 
juzgado, la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior al de 
efectuar el requerimiento, para poder ejercitar los derechos que a tal efecto le concede el 
artículo 695 LEC, y la suspensión de las actuaciones a fin de evitar que se lleve a cabo 
la subasta impidiendo la eficacia de la estimación del incidente de nulidad.
Junto con el escrito acompañaba entre otros un certificado de empadronamiento en 
el que constaba el domicilio de don Ricardo José Montoya Morata en la Alberca y una 
copia de la escritura de constitución de la sociedad recurrente.
i)  La subasta de las fincas no fue suspendida y se celebró el 13 de julio de 2020. 
Tres meses después, por auto de 28 de octubre de 2020, el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca rechazó la nulidad de actuaciones pretendida por 
la parte recurrente y acordó continuar el procedimiento.
En la fundamentación del auto, con cita del artículo 686.1 LEC de modo coincidente 
con los argumentos  expuestos  en el escrito de  la  SAREB en el que la solicitó la 
desestimación del incidente de nulidad, se reproduce el fundamento 2.4 del auto de 8 de 
enero de 2018, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, que, con 
referencia a otras resoluciones anteriores de la misma sección, indica:
«[N]o cabe duda que la falta de notificación del saldo deudor no es imputable a la 
entidad  ejecutante  dado  que  la  misma  llevó  a  cabo  con  diligencia  las  actuaciones 
tendentes a la efectiva notificación en el domicilio pactado, sin que pueda ser imputada a 
la  misma  la  falta  de  notificación.  No  podemos  olvidar  que  en  sede  de  ejecución 
hipotecaria rige el artículo 683 que impide al deudor el cambio del domicilio fijado para 
recibir notificaciones derivadas de la hipoteca, establece una serie de normas para que 
se pueda llevar a cabo y exige una expresa y fehaciente notificación al deudor del 
cambio de domicilio, aspectos estos que evidentemente no se han producido por lo que 
habrá que estar al domicilio pactado e inscrito en el Registro de la Propiedad.» (sic).
3.  La demanda de amparo invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) sin indefensión, en su manifestación de derecho de acceso al 
proceso,  reconocido  en  el  artículo  24.1  CE,  al  haber  seguido  el  órgano  judicial  el 
procedimiento de ejecución acudiendo al emplazamiento por edictos sin haber agotado, 
previamente,  los  mecanismos  previstos  en  el  artículo  686.3  LEC,  para  intentar  la 
averiguación y localización del domicilio de la recurrente por otros medios.
Entiende,  que  el  órgano  judicial  ha  decidido  soslayar  de  forma  consciente  e 
intencionada  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  el  artículo  686.3  LEC 
establecida en las SSTC 122/2013, de 20 de mayo; 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, 
de 8 de septiembre; 169/2014, de 22 de octubre; 89/2015, de 11 de mayo; 151/2016, 
de 19 de septiembre; 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero; 106/2017, de 18 de septiembre; 
137/2017, de 27 de noviembre, y 5/2018, de 22 de enero.
Considera,  que  el  órgano  judicial  ha  acudido  al  emplazamiento  por  edictos  sin 
practicar  ninguna  diligencia  de  averiguación  domiciliaria  de  la  ejecutada,  ni  de  su 
apoderada, o del representante legal de esta última, cuando fácilmente se hubiera 
podido  localizar  el  domicilio  de  este  o  consultar  telemáticamente  al  registro  de 
cooperativas de la región de Murcia a fin de identificar a los miembros del consejo rector  e
de la recurrente. bo
Finalmente, solicita que se reconozca la vulneración invocada y que se declare la  510ww
Innusltidruacdc iódne l naúumto.   d3e  d2e8  Ldoer cao ctyu bqreu ed es e2 0r2e0tr otdreali gaJunz glaasd oa cdteu aPciroimneesra  aIln smtaonmciean toe 
inmePdoira toatmroesní tdei gaon,t esoriloicr itaal  rqeuqeu eseri macieunetrod dee l ap asugsop.ensión del procedimiento de ejecución
hipotecaria en el que se ha dictado decreto de fecha 5 de noviembre de 2020, acordando
la adjudicación a la parte ejecutante de las fincas subastadas, pues, de no proceder a la 
suspensión solicitada, la adjudicataria podría vender a terceras personas las fincas 
adjudicadas,  que  resultarían  no  reivindicables  en  virtud  del  artículo  34  de  la  Ley 
hipotecaria y por tanto la continuación del procedimiento ejecutivo haría perder al recurso 
de amparo su finalidad, sin que, por otra parte, concurra perturbación grave de los 
intereses generales, ni de los derechos fundamentales.
4.  Mediante sendas providencias de 10 de mayo de 2021, la Sección Segunda de 
este tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en 
el mismo especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional)  porque  el  órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
f)], y dirigir comunicación al órgano judicial interviniente, a fin de que en el plazo que no 
exceda de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes  al  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  207-2019,  y  que 
procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, para que en 
plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de amparo.
La  Sala  acordó  formar  la  oportuna  pieza  para  la  tramitación  del  incidente  de 
suspensión y por ATC 66/2021, de 21 de junio, se denegó la suspensión cautelar 
solicitada. Posteriormente, por ATC 78/2021, de 13 de septiembre, se acordó ordenar la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, sobre los 
inmuebles adjudicados a la SAREB.
5.  Por escrito remitido al registro electrónico de este tribunal el día 14 de julio 
de 2021, el procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal 
actuando  en  nombre  y  representación  de  la  SAREB  solicitó  que  se  le  tuviera  por 
personado como parte, entendiéndose con el mismo las actuaciones sucesivas de este 
proceso.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia de la Sección Segunda 
de  este  tribunal  de  fecha  15  de  julio  de  2021  se  acordó  tener  por  recibido  el 
emplazamiento de la parte personada en la vía judicial previa, y el escrito del procurador 
de  los  tribunales  don  Manuel  Sánchez-Puelles  González-Carvajal  teniéndole  por 
personado y parte en la representación indicada. También se resolvió, con arreglo al 
art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder a las partes personadas 
y  al  Ministerio  Fiscal  el  plazo  común  de  veinte  días  para  que,  con  vista  de  las 
actuaciones, formulasen alegaciones.
7.  En fecha 28 de septiembre de 2021, la representación de la SAREB presentó su 
escrito de alegaciones en el que solicitaba que se desestimara el recurso de amparo 
interpuesto.
Argumenta  que  la  mercantil  recurrente  incurrió  en  negligencia  al  incumplir  su 
obligación de mantener activo y real su domicilio social y de notificar el cambio de 
domicilio  registral  (art.  683  LEC).  Refiere  que  el  domicilio  social  de  la  sociedad 
cooperativa coincide con el que se pactó en la escritura de hipoteca a efectos de 
notificaciones y requerimientos, sin que el mismo haya sido modificado. Entiende que la 
notificación  intentada  en  dicho  domicilio,  sin  que  se  haya  notificado  el  cambio  de 
domicilio al acreedor, fue conforme con lo dispuesto en los arts. 682, 683 y 686 LEC, 
máxime cuando debe presumirse que la recurrente conocía que tarde o temprano se 
reclamaría la deuda mediante el emplazamiento en el domicilio social y que al no  e.
comunicar el cambio del mismo, no podría tener conocimiento del procedimiento seguido  w.
contra  ella.  Refiere  que  es  llamativo  que  la  demandante  de  amparo  no  tuviera  510ww
sceoñnaolcaimbaie lnat os udbeals etad idceto l apso fri necl aqsu.e se le requería de pago y sí del edicto por el que se
averDigeutaalrl ao ltoros  idnotemnitcoilsio  ddee n odtoifnic aRciicóanr dqou eJ osseé  pMroodnutjoeyroan M, yo rsaetañ,a luan qau vee nzo i nfuteen tpaodsaib llea   BOE-A-cable e
comunicación en el que constaba en la escritura de novación, pues al ser tercero ajeno 
al procedimiento –era administrador de la sociedad apoderada de la recurrente–, no era 
posible consultar su actual domicilio.
A  continuación,  reproduce  el  art.  3  de  la  Ley  8/2006,  de  16  de  noviembre  de 
sociedades cooperativas de la Región de Murcia, y destaca que el domicilio de la 
sociedad está ligado a la actividad social y a la gestión empresarial y que sin domicilio 
social no puede existir actividad, debiendo las sociedades mantener un domicilio real y 
cierto. Con cita de las SSTC 38/2006 y 43/2006, de 13 de febrero, entiende que está 
acreditado  que  sabiendo  la  sociedad  cooperativa  que  el  préstamo  había  quedado 
incumplido desde el año 2012, y que el inicio de su reclamación judicial sería un hecho 
inevitable, abandonó su domicilio social, sin haber realizado ni cambio de domicilio 
social, ni tampoco cambio del domicilio registral a efectos de notificación, poniéndose en 
una situación consciente y voluntaria de ilocalización, aislamiento y desconocimiento de 
todo cuanto tuviera con la actividad que, como cooperativa constructora y prestataria 
deudora, había venido realizando e impidiendo a la entidad acreedora y al juzgado poder 
comunicarse formalmente con ella.
Afirma,  que  de  las  actuaciones  resulta  que  aún  efectuando  la  consulta  en  los 
registros oficiales del domicilio de la sociedad el resultado habría sido el mismo, pues la 
recurrente y la entidad que intervino como apoderada –Llave Azul 2006, S.L.– tienen el 
mismo domicilio social que no ha sido modificado. Finalmente añade que no era exigible 
oficiar al registro de cooperativas para conocer la identidad de los otros miembros del 
consejo rector, para posteriormente consultar el domicilio personal de sus miembros e 
intentar la notificación con ellos, pues si la sociedad tiene personalidad jurídica propia, la 
notificación intentada en el domicilio social es válida a todos los efectos, sin que sea 
exigible ir más allá, pues no se puede «exigir al órgano judicial una desmedida labor 
investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación» (STC 131/2014, de 21 de 
julio, FJ 2).
8.  En  fecha  28  de  septiembre  de  2021  la  mercantil  recurrente  presentó  sus 
alegaciones reiterando los argumentos que expuso en su recurso de amparo.
9.  En fecha 8 de octubre de 2021, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de 
alegaciones en el que solicita que se estime el recurso, se declare vulnerado el derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE), y se declare 
la nulidad de todo lo actuado desde que se dictó el auto despachando ejecución, 
retrotrayendo  las  actuaciones  para  que  se  lleve  a  cabo  la  notificación  a  la  parte 
ejecutada de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal expone los antecedentes procesales que 
considera relevantes y examina la concurrencia de los presupuestos procesales para la 
admisión de la demanda de amparo. A continuación, tras delimitar el objeto del recurso 
de  amparo,  reproduce  los  arts.  155.1,  156,  556,  553  y  686  LEC,  y  cita  las 
SSTC  109/2009,  de  10  de  mayo;  122/2013,  de  20  de  mayo;  136/2014,  de  8  de 
septiembre, y 125/2020, de 21 de septiembre, relativas al contenido y alcance del 
derecho a la tutela judicial efectiva y a la proyección de la doctrina constitucional sobre 
los actos de comunicación. Tras ello concluye que en el presente caso debe entenderse 
acreditada la vulneración del derecho fundamental por falta de emplazamiento personal 
de la demandante de amparo. Entiende que la ejecutada se encuentra perfectamente 
identificada y el órgano judicial no ha agotado las posibilidades de notificación personal 
previstas en la ley antes de acudir al emplazamiento edictal. Por último, considera que la  e
recurrente ha sufrido como consecuencia de la omisión del emplazamiento una situación  bo
de indefensión real y efectiva, ya que no ha tenido la posibilidad de intervenir en el  510ww
proc1e0d.i mPieonrt op, rsoevri doeídnac iya  edjeer c2e1r  lad ed eofecntusbar ed ed seu s2 d0e2r1e,c hsoes  see iñnatelór epseasra l edgeítliimbeorsa.ción y
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de la diligencia de 
ordenación de la letrada de la administración de justicia de 5 de noviembre de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca por la que se acordó 
efectuar el emplazamiento a la recurrente de amparo a través de edictos, y del auto 28 
de octubre de 2020 del mismo juzgado que confirmó dicha diligencia al rechazar la 
nulidad de actuaciones pretendida por la demandante de amparo.
La recurrente considera que ha resultado vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues se acudió 
al emplazamiento por edictos sin haber agotado otros mecanismos de averiguación y 
localización de la recurrente, incumpliendo la doctrina del Tribunal Constitucional recaída 
en relación con el art. 686.3 LEC. El Ministerio Fiscal solicita el otorgamiento del amparo 
con base, en esencia, en la doctrina constitucional expuesta en las SSTC 109/2009, 
de 10 de mayo; 122/2013, de 20 de mayo; 136/2014, de 8 de septiembre, y 125/2020, 
de 21 de septiembre.
La representación de la SAREB entiende que el emplazamiento por edictos fue 
conforme a los arts. 682, 683 y 686 LEC y atribuye el mismo a la negligente actuación de 
la mercantil recurrente, quien incumplió con su obligación de notificar el cambio de 
domicilio a la entidad financiera, colocándose en una situación consciente y voluntaria de 
ilocalización,  sin  que  fuera  posible  y/o  exigible  el  intento  de  notificación  en  otros 
domicilios.
2.  Doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la  correcta  constitución  jurídico-
procesal y los actos de comunicación.
Este tribunal tiene que pronunciarse una vez más acerca de la corrección –desde el 
prisma de la prohibición de sufrir indefensión (art. 24.1 CE)–, del emplazamiento por 
edictos en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que hayan sido 
infructuosos los intentos de notificación y requerimiento de pago al deudor en el domicilio 
que  consta  en  las  actuaciones  o  en  los  registros,  y,  más  concretamente,  sobre  la 
necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio 
real antes de acudir a la notificación por edictos.
Desde la STC 122/2013, de 20 de mayo, hasta la más reciente STC 145/2021, de 12 
de julio, hemos venido analizando el problema constitucional que desde la perspectiva 
del artículo 24.1 CE ha planteado la previsión del emplazamiento por edictos introducida 
mediante el añadido del apartado tercero al artículo 686 LEC, por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 
oficina judicial. Más concretamente hemos venido afirmando la necesidad de que el 
órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir 
a la notificación por edictos (por todas, STC 145/2021, FJ 2).
Ni el dictado de más de un centenar de resoluciones sobre la subsidiariedad del 
emplazamiento  por  edictos  en  cualquier  tipo  de  procedimiento,  ni  la  modificación 
realizada en el apartado tercero al artículo 686 LEC por el art. 1.25 de la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de 
justicia  y  del  registro  civil  (que  ha  introducido  –a  modo  de  cautela  legal  previa  al 
emplazamiento  por  edictos–  el  inciso  «y  realizadas  por  la  oficina  judicial  las 
averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor»), han servido para  e.
apaciguar  la  problemática  constitucional  que  en  la  práctica  se  produce  con  los  w.
emplazamientos por edictos en los procedimientos de ejecución hipotecaria. 510ww
autoDse,  oa cduee rlad od coocnu meesntata ccoiónns oalipdoardtaad dao pctorrin laa sc opnasrttietusc, isoen adl ecduuazncdao  lad eel xeisxtaemnceina  ddee  luons 
pdroomceicsilaiol  cqoune e lh daegma afnadcatidbole,  dperbaec tiinctaern tdaers efo ermstaa  fpoermrsao ndael  nlootsif icaacctoiósn  daen tecso mdeu naiccuadciiró an   BOE-A-cable e
la notificación por edictos (entre otras muchas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 
293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de julio, FJ 2; 131/2014, FJ 2; 
89/2015, FJ 3; 151/2016, FJ 3; 106/2017, FJ 4; 5/2018, FJ 3; 29/2020, de 24 de febrero, 
FJ 3; 41/2020, de 9 de marzo, FJ 3, y 43/2021, de 3 de marzo, FJ 2). Incluso cuando no 
conste ese domicilio en las actuaciones habría que realizar otras gestiones en orden a la 
averiguación del domicilio real (por todas, SSTC 19/2004, de 23 de febrero, FJ 4, 
y 126/2006 de 24 de abril, FJ 4), siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial 
una  desmedida  labor  investigadora  sobre  la  efectividad  del  acto  de  comunicación 
(SSTC 126/1999, de 28 de junio, FJ 4; 82/2000, de 27 de marzo, FJ 6; 113/2001, de 7 de 
mayo, FJ 5; 131/2014, FJ 2; 83/2018, de 16 de julio, FJ 4; 187/2020, de 14 de diciembre, 
FJ 3; 43/2021, FJ 2, y 118/2021, de 31 de mayo, FJ 2, entre otras).
Un  correcto  entendimiento  de  dicha  doctrina  por  los  órganos  judiciales  debe 
comprender que el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a 
las  partes  de  los  distintos  actos  procesales  que  tienen  lugar  en  el  seno  de  un 
procedimiento judicial, es instrumento capital para la correcta constitución de la relación 
jurídico procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE).  De  tal  manera  que  la  falta  o  deficiente  realización  del 
emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado 
en  una  situación  de  indefensión,  lo  que  vulnera  el  referido  derecho  fundamental 
(STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3). De este modo, debe insistirse en que una 
precipitada constitución de la relación jurídico-procesal consecuencia de un erróneo 
entendimiento de la finalidad y naturaleza del emplazamiento por edictos, termina por 
resultar contraproducente para la buena marcha del proceso, el eficaz funcionamiento de 
la administración de justicia y los derechos fundamentales de todas las partes que 
intervienen en el mismo.
3.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso planteado.
En el presente caso, como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, han 
quedado acreditados los siguientes extremos: (i) el órgano judicial realizó un primer 
intento de notificación del auto despachando ejecución hipotecaria a la entidad Viviendas 
Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, para que pudiera oponerse en el plazo 
de diez días (art. 695 LEC). La notificación se intentó en el que constaba como domicilio 
social de la entidad recurrente en amparo, pero dicha dirección resultó corresponder a un 
despacho de abogados que según consta en la diligencia de emplazamiento carecía de 
relación  con  la  sociedad  cooperativa  ejecutada;  (ii)  el  segundo  y  último  intento  de 
notificación  y  emplazamiento  personal  se  llevó  a  efecto  por  el  procurador  de  los 
tribunales de la entidad ejecutante en la persona de don Ricardo José Montoya que era 
administrador solidario de la entidad Llave Azul 2006, S.L., que a su vez era apoderada 
de la entidad ejecutada y compartían formalmente el mismo domicilio. En la diligencia 
negativa de requerimiento extendida por el procurador se hizo constar la manifestación 
de una vecina del inmueble que informaba que dejó de residir allí desde hacía dos o tres 
años; (iii) dos días después de la comunicación de dicha diligencia la ejecutante solicitó 
el emplazamiento por edictos y la letrada de la administración de justicia sin más trámite, 
acordó el emplazamiento edictal mediante diligencia de ordenación dictada el 5 de 
noviembre de 2019, para posteriormente acordar la venta en pública subasta de las 
setenta y tres fincas registrales de la ejecutada.
La aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente caso determina que deba 
apreciarse la vulneración del artículo 24.1 CE, tal y como pone de manifiesto el Ministerio  e
Fiscal en su escrito de alegaciones. bo
En tal sentido, de las actuaciones resulta que la letrada de la administración de  510ww
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personal. En efecto, el órgano judicial tuvo a su alcance, la posibilidad de averiguar otro
u  otros  domicilios  donde  emplazar  a  cualquiera  de  los  representantes  y/o 
administradores de la entidad recurrente, que, por ello mismo no se encontraba en una 
situación de ilocalizable.
Como afirma el Ministerio Fiscal el juzgado podía haber intentado indagar el domicilio 
real de don Ricardo José Montoya administrador solidario de la entidad Llave Azul 2006, 
S.L., que actuó como apoderada de la entidad ejecutada en los instrumentos públicos 
que  obran  en  las  actuaciones  a  través  de  medios  fácilmente  accesibles  como  la 
averiguación domiciliaria integral disponible en el «punto neutro judicial» (STC 50/2017, 
de 8 de mayo, FJ 4), sin que ello le hubiera supuesto una desmedida labor investigadora. 
Dicho domicilio fue incluso facilitado por la mercantil recurrente al interponer el incidente 
de nulidad, pero la resolución que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones no lo 
tuvo en cuenta a los efectos de ponderar el correcto agotamiento de las posibilidades de 
averiguar el domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos.
Por otra parte, al constar como administrador solidario de la entidad Llave Azul 2006, 
S.L., el señor Montoya, también era posible que a través del mismo mecanismo, el 
órgano  judicial  hubiera  verificado  si  la  entidad  Llave  Azul  2006,  S.L.,  tenía  otros 
administradores  y  en  su  caso,  localizar  el  domicilio  de  los  mismos,  sin  que  dicha 
actuación pudiera ser calificada de exagerada o desmedida.
Tampoco  podía  considerarse  excesivo,  consultar  al  registro  de  sociedades 
cooperativas  de  Murcia  a  los  efectos  de  obtener  información  acerca  de  si  la 
representación de la sociedad cooperativa le correspondía al consejo rector o a un 
administrador único, e identificar al representante o los representantes actuales de la 
sociedad cooperativa y del mismo modo intentar, en su caso, el emplazamiento personal 
antes de acudir a los edictos.
Dicha inacción de la letrada de la administración de justicia, lejos de ser corregida, 
vino avalada por el auto de 28 de octubre de 2020 dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, que al desestimar el incidente de nulidad 
interpuesto por la mercantil recurrente, efectuó una lectura literal de los artículos 686.1 
y 683 LEC, en la que no solo desconoció la doctrina constitucional, que sobre el carácter 
subsidiario del emplazamiento edictal le fue alegada por la entidad recurrente, sino que 
incluso omitió la cita del artículo 686.3 LEC que, como se ha puesto de manifiesto, había 
sido modificado por la Ley 19/2015 a los efectos de acompasar su literalidad a la doctrina 
de este tribunal.
En suma, el órgano judicial acudió a la comunicación edictal sin haber agotado 
previamente las posibilidades razonables de notificación personal a la recurrente a través 
de sus administradores. La vulneración del derecho garantizado por el artículo 24.1 CE 
se  colige  también  sin  dificultad  de  la  respuesta  ofrecida  en  el  auto  resolutorio  del 
incidente de nulidad, resolución en la que, según se ha visto más arriba, se elude 
abordar la cuestión planteada cuando el demandante de amparo dio oportunidad al 
órgano judicial para reparar la indefensión sufrida.
Finalmente, en el presente caso resulta que de las actuaciones no puede deducirse 
que  el  recurrente  tuviera  conocimiento  extraprocesal  del  proceso  de  ejecución 
hipotecaria  más  que  en  el  momento  inmediatamente  anterior  a  su  primera 
comparecencia o que hubiera realizado u omitido actos con la finalidad de eludir el 
emplazamiento. Fue a raíz de la comparecencia y no antes cuando la recurrente pudo 
tomar  conocimiento  de  la  existencia  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria, 
procediendo inmediatamente a denunciar la lesión de su derecho fundamental.
4.  Alcance de la vulneración declarada. e.
Las  consideraciones  precedentes  permiten  concluir  que  se  ha  producido  la  510ww
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por edictos. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55.1 de la Ley
Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  procede  otorgar  el  amparo  que  se  solicita, 
declarando la nulidad del auto impugnado y retrotrayendo las actuaciones para que se 
proceda por el juzgado a la notificación de la demanda de ejecución hipotecaria y del 
requerimiento  de  pago  a  la  recurrente  en  términos  respetuosos  con  su  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Viviendas Chimenea II de 
Águilas, Sociedad Cooperativa, y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la recurrente de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho, y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 28 de octubre 
de 2020, dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 207-2019, así como 
la nulidad de las actuaciones realizadas a partir de la diligencia de ordenación de 5 de 
noviembre de 2019 por la que se acordó que el requerimiento de pago a la parte deudora 
se efectuara por edictos.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  a  dicho 
requerimiento  de  pago,  debiendo  llevarse  a  cabo  el  mismo  de  forma  que  resulte 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.