BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7620
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1110 Sala Segunda. Sentencia 178/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo  6318-2017.  Promovido  por  doña  E.N.C.,  en  relación  con  las 
sentencias  dictadas  por  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo  y  la 
Audiencia Provincial de Madrid en proceso de determinación de paternidad. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  en  relación  con  los 
derechos  a  la  propia  imagen  y  a  la  protección  integral  de  los  hijos: 
resoluciones judiciales que resuelven la pretensión relativa a la determinación 
de los apellidos ignorando que el principio de protección del menor prima 
sobre las normas procesales.
ECLI:ES:TC:2020:178
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6318-2017, promovido por doña E.N.C., representada 
por el procurador de los tribunales don José Álvaro Villasante Almeida y asistida por el 
letrado don José Francisco Barroso Roldán contra la sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2017, recaída en el recurso de casación núm. 
2211-2016, desestimatoria del recurso interpuesto frente a la sentencia de la Sección 
Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha de 3 de junio de 2015, en 
el rollo de apelación núm. 1061-2014, estimatoria del recurso de apelación formulado 
contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Móstoles, de 19 de 
febrero de 2014, en los autos de juicio verbal núm. 335-2013, en que se estimó la 
demanda interpuesta por doña E.N.C., contra don J.C.F.S., declarando a este padre 
biológico de la menor, cuyos apellidos pasaron a ser N.F., y acordando la rectificación de 
sus datos en el registro civil. Han sido parte doña E.N.C. y don J.C.F.S., y ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de junio de 2018, el procurador 
de los tribunales don José Álvaro Villasante Almeida en nombre y representación de 
doña E.N.C. interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el 
encabezamiento de esta sentencia, alegando la vulneración de su derecho a la tutela  e
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente relativa al deber de motivación, en relación  b
con el principio de protección integral de los hijos y del superior interés del menor (art. 39  w
CE) y con el derecho a la propia imagen del mismo (art. 18.1 CE). 2021-1110n https://w
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Doña  E.N.C.,  interpuso  demanda  de  determinación  de  filiación  paterna  no 
matrimonial de su hija, menor de edad, contra don J.C.F.S., solicitando prueba de 
paternidad e interesando en el suplico que se declarase la paternidad del demandado. 
Igualmente solicitaba que los apellidos de la niña fueran F.N. (esto es, como primer 
apellido, el primero del padre y, como segundo, el primero de la madre) y se ordenase la 
rectificación en el registro civil de la inscripción del nacimiento de la menor, en el sentido 
de que se hiciera constar que su padre es don J.C.F.S.
b)  El  fiscal  en  su  contestación  se  remitió  a  lo  que  resultara  de  las  pruebas 
practicadas y a su valoración en el acto de la vista. La parte demandada mostró su 
conformidad a someterse a la prueba pericial solicitada de contrario, suplicando que se 
dictara sentencia por la que, dependiendo del resultado que arrojara, se estimaran las 
peticiones formuladas en la demanda o se desestimaran íntegramente, sin condena en 
costas.
c)  Según se desprende de las actuaciones, en el acto de la vista, celebrada el 
día 18 de febrero de 2014, la demandante interesó, sin embargo, la estimación de la 
demanda y que los apellidos de la menor fueran, primero, el primer apellido de la madre 
y, segundo, el primer apellido del padre, petición a la que se opuso la parte demandada 
por considerarla extemporánea.
d)  Con fecha de 19 de febrero de 2014, el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de 
Móstoles dictó sentencia estimando la demanda. Declaró al demandado padre biológico 
de la menor, fijando como apellidos, en primer lugar, el primero de la madre y, en 
segundo, el primero del padre, y acordando, en consecuencia, la rectificación de los 
datos de la menor en el registro civil.
e)  El demandado solicitó la aclaración de la sentencia, alegando que no debería 
haberse accedido al cambio de orden de los apellidos interesado en el acto de la vista, 
donde  formuló  su  oposición,  entendiendo  que  el  acogimiento  extemporáneo  de  la 
solicitud de permanencia del apellido materno como primero de la hija común, le había 
causado indefensión (art. 24 CE). A ello añadía la falta de motivación de la resolución de 
instancia  y  reiteraba  la  aplicabilidad  del  criterio  alfabético  para  resolver  la  falta  de 
acuerdo de los progenitores en cuanto al orden de los apellidos de la niña. La aclaración 
fue desestimada por providencia de 26 de marzo de 2014.
f)  Don J.C.F.S., interpuso recurso de apelación solicitando la revocación de la 
sentencia del juzgado de primera instancia, reiterando los anteriores argumentos. Así, 
entendía que se había vulnerado el art. 24 CE «ante la indefensión producida a esta 
parte por la petición fuera del momento procesal oportuno» y por la falta de motivación 
de  la  sentencia  al  modificar  el  orden  de  apellidos  tal  y  como  las  partes  habían 
determinado en la demanda y su contestación. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso 
interpuesto en lo relativo al cambio de orden de los apellidos, alegando que tal petición 
no fue debidamente fundamentada, que la sentencia carecía de motivación y que, al no 
existir acuerdo entre los progenitores, debía figurar en primer lugar el apellido del padre 
por cuanto la demandante no había acreditado que el cambio de apellidos pudiere 
afectar a la menor de alguna manera.
La  parte  apelada  mostró  su  oposición  interesando  la  desestimación  íntegra  del 
recurso pues, a su juicio, solo la madre podía solicitar el cambio en el orden de los 
apellidos, careciendo el demandado de esa facultad hasta que no fuera reconocido como 
padre por sentencia firme. Afirmaba, además, que no era necesaria la motivación del  e.
cambio, dado que se trataba de una petición formulada por la única persona legitimada  w.b
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de instancia había incumplido el deber de motivación. En segundo término, que la
petición  de  permanencia  del  apellido  materno  como  el  primero  de  la  menor  fue 
introducida extemporáneamente en el proceso, pues en la demanda se había solicitado 
que los apellidos de la niña fueran F.N., no siendo hasta la vista celebrada el 18 de 
febrero de 2014 cuando se reclama el cambio. Por último, entendía que la decisión sobre 
los apellidos no se ajustaba a la legalidad vigente, con arreglo a lo previsto en los arts. 
194 y 196 del Reglamento de la Ley del registro civil y los arts. 109 y 111 del Código civil.
g)  Contra  la  anterior  sentencia  doña  E.N.C.  interpuso  recurso  de  casación 
articulado en tres motivos. Como primer motivo se alega la infracción del art. 39 CE, en 
relación con la Convención de los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y la 
Carta europea de los derechos del niño pues, dado que a la menor se la conoce por el 
apellido de su madre, el cambio de ese apellido por el del padre podría ocasionarle un 
grave perjuicio. Como segundo motivo, se denuncia que la sentencia recurrida habría 
infringido la doctrina jurisprudencial de los actos propios, vista la actitud del padre de la 
menor, quien conociendo el embarazo y el nacimiento de la menor, no la reconoció 
voluntariamente, ni otorgó relevancia a los apellidos de la pequeña hasta ese momento, 
por lo que había de afirmarse que actúa con claro abuso del derecho. Como último 
motivo de casación, se aduce la infracción de la doctrina jurisprudencial establecida en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2015, relativa a la prevalencia del 
interés superior del menor en la decisión sobre el orden de los apellidos en defecto de 
acuerdo de los progenitores.
h)  La Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid inadmitió el 
recurso por auto de 6 de noviembre de 2015, al considerar que no se había acreditado 
debidamente su interés casacional.
i)  Interpuesto recurso de queja, fue estimado por auto de la Sala de lo Civil del 
Tribunal  Supremo  de  30  de  marzo  de  2016,  acordándose  la  continuación  de  la 
tramitación del recurso.
j)  Por auto de 15 de marzo de 2017, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acordó 
admitir el recurso de casación planteado por doña E.N.C., dando traslado del mismo a 
las partes recurridas para que pudieran formalizar su oposición. El Ministerio Fiscal se 
mostró conforme con el recurso, interesando que se casara la sentencia. A tal fin, hace 
hincapié en la doctrina de este tribunal, que ha admitido un menor rigor formal en este 
tipo de procesos, en los que se amplían ex lege las facultades del juez en garantía de los 
intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente el 
interés del menor (STC 58/2008, de 28 de abril, FJ 2), así como en la relativa a la 
exclusión  de  la  preclusión  de  los  actos  procesales  en  aras  de  ese  interés 
(SSTC 75/2005, de 4 de abril, y 58/2008, de 28 de abril). Por el contrario, don J.C.F.S. 
manifestó su oposición, invocando el carácter extemporáneo de la petición relativa al 
orden  de  los  apellidos,  produciéndole  indefensión,  pues  no  había  podido  efectuar 
alegaciones.
k)  La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por sentencia de 23 de noviembre 
de 2017, desestimó el recurso. Para alcanzar este fallo razonó, en primer lugar, que la 
petición de cambio de orden de los apellidos formulada en el acto de la vista del juicio de 
instancia «más que extemporánea fue sorpresiva», pues se formuló en contra de lo ya 
instado en la demanda y sin motivar cuál fuera la circunstancia que aconsejaba el 
cambio. En segundo término, que resultaba directamente aplicable al caso la doctrina del 
tribunal expuesta de la STC 242/2015, de 30 de noviembre, relativa al efecto preclusivo 
de la demanda y su contestación en la configuración de la litis, que no afecta de forma 
exclusiva  a  la  primera  instancia,  sino  que  se  proyecta  sobre  los  demás  grados  s
jurisdiccionales de los que conozca ese proceso, incluido el recurso de casación. A  oe.
continuación  imputaba  a  la  sentencia  de  primera  instancia  un  defecto  de  falta  de  w.
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contestación y que la prevalencia del referido interés de la menor solo se suscitó en el 
recurso de casación, con clara indefensión para la parte recurrida.
3.  Las vulneraciones constitucionales denunciadas por doña E.N.C. en la demanda 
de amparo se articulan en cuatro apartados:
a)  El primero se dedica a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por 
falta de motivación reforzada (arts. 24.1 y 39.4 CE), al limitarse el Tribunal Supremo a 
valorar la extemporaneidad de la solicitud de permanencia del apellido materno como 
primero de la hija común y la indefensión que se aduce por el recurrido, sin valorar el 
interés superior del menor, de conformidad con la STC 16/2016, de 1 de febrero.
b)  El segundo motivo se centra en el quebrantamiento del derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con el derecho a una resolución judicial razonada y fundada 
en Derecho (art. 24.1 CE), abundando en la necesidad de flexibilización del principio de 
preclusión en los procesos de familia en los que está en juego el interés superior del 
menor. En tal sentido, entiende la demandante de amparo que el propio juzgado puede 
adoptar de oficio la medida de no alteración de los apellidos de la menor si con ello se 
protege su interés (SSTC 75/2005, de 4 de abril, y 58/2008, de 28 de abril).
c)  La tercera vulneración se ciñe a la transgresión del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial 
motivada,  no  incursa  en  irrazonabilidad  o  arbitrariedad.  Entiende  la  actora  que  la 
sentencia impugnada adolece de tal defecto, al haber obviado la doctrina avalada por 
este tribunal y por el Tribunal Supremo relativa a la exclusión de la preclusión procesal 
en procedimientos de familia, realizando pues una interpretación incorrecta del derecho 
aplicable.
d)  Finalmente,  en  el  cuarto  apartado  se  invoca  la  infracción  del  derecho 
fundamental a la propia imagen de la menor (art. 18.1 CE), en el que se integra el 
derecho al nombre, subrayando que la menor es conocida con el apellido materno en 
todos los ámbitos de su vida y su alteración injustificada lesiona tal derecho fundamental 
tan íntimamente unido a la dignidad de la persona (art. 10 CE).
4.  La Sección Tercera de este tribunal acordó, mediante providencia de 25 de 
marzo de 2019, la admisión a trámite de la demanda de amparo, toda vez que el recurso 
pudiera dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia 
del surgimiento de nuevas realidades sociales. En cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se interesó a la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, a la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de 
Madrid  y  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  7  de  Móstoles  la  remisión  de  las 
correspondientes certificaciones o copias adveradas de las actuaciones; instando al 
juzgado de primera instancia a que emplazara a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, con excepción de la parte demandante, al objeto de que comparecieran, 
si así lo deseaban, en el presente recurso de amparo.
5.  La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por auto de 3 de junio de 2019, 
desestimó la solicitud de suspensión de la ejecución interesada por la recurrente, toda 
vez que el acto impugnado, la inscripción en el registro del cambio de los apellidos, ya 
había sido ejecutado plenamente con fecha de 12 de enero de 2018 y su suspensión 
supondría un otorgamiento anticipado del amparo, contraria a la doctrina del tribunal.
6.  Por escrito registrado el día 9 de septiembre de 2019, don J.C.F.S, se personó  e.e
en  el  proceso  de  amparo,  solicitando  que  se  entendieran  con  él  las  actuaciones  b
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y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
8.  La  representación  de  doña  E.N.C.  formuló  sus  alegaciones  por  escrito 
presentado el 4 de noviembre de 2019, remitiéndose a lo expresado en la demanda de 
amparo y reiterando la necesidad de que este tribunal aclare o cambie su doctrina a la 
vista del surgimiento de nuevas realidades sociales, así como que se tenga en cuenta la 
negativa de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de acatar la doctrina constitucional 
respecto del principio de preclusión de los actos procesales en aquellos procesos en los 
que están concernidos los derechos e intereses de los menores.
9.  Por escrito de 5 de noviembre de 2019, don J.C.F.S. expuso sus alegaciones 
solicitando la desestimación del recurso de amparo, por considerar que no se habían 
producido las vulneraciones de los derechos fundamentales aducidas en la demanda.
Como alegación previa, don J.C.F.S. destaca la falta de mención por el recurrente de 
determinadas  circunstancias  acaecidas  en  esta  causa,  como  el  hecho  de  que  la 
rectificación de la petición relativa al orden de los apellidos fuera llevada a cabo de modo 
extemporáneo  y  sin  ofrecer  ninguna  explicación  al  respecto,  causando  con  ello 
indefensión a esta parte. También pone de relieve la falta de motivación de la sentencia 
dictada por el juzgado de primera instancia acerca de este extremo.
A continuación responde a los motivos esgrimidos por doña E.N.C. en su demanda 
de amparo negando, en primer lugar, la vulneración del art. 24.1 CE en relación con el 
art. 39.4 CE, dado que no existió denuncia ni debate alguno acerca de los derechos cuya 
violación se invoca. Por esta razón es obvio que el Tribunal Supremo no podía valorar la 
situación  de  la  hija  común,  como  tampoco  se  dio  a  lo  largo  del  procedimiento 
circunstancia sobrevenida alguna que requiriera contestación. En segundo término, se 
aduce que no concurre ningún motivo para que el tribunal actúe de oficio, siendo el 
orden de los apellidos existente en la actualidad el previsto legalmente, además de ser 
totalmente incierto que la menor sea conocida en su entorno con el apellido de la madre. 
Por último, se alega que algunos argumentos del Ministerio Fiscal son erróneos, pues 
don J.C.F.S. no se ha opuesto a la demanda de paternidad, participa activamente en la 
vida de su hija, amén de que en su círculo más estrecho se la conoce por el apellido 
paterno.
10.  El fiscal formuló sus alegaciones por escrito presentado ante este tribunal en 
fecha de 12 de noviembre de 2019. Se manifiesta favorable al otorgamiento del amparo 
solicitado al entender vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión del art. 24.1 CE, en relación con los arts. 18.1 y 39.4 CE.
En  su  escrito,  el  fiscal  delimita  el  objeto  del  amparo  solicitado,  enuncia  los 
fundamentos legales y doctrinales del principio de preclusión, del concepto de interés 
superior del menor y del derecho al nombre como contenido del derecho fundamental a 
la  propia  imagen  (art.  18.1  CE),  así  como  del  orden  de  los  apellidos  en  caso  de 
determinación de la filiación paterna y materna, fijando su posición respecto a las quejas 
formuladas por la demandante.
El ministerio público considera que tanto la sentencia de la Audiencia Provincial, 
como la dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo deben considerarse lesivas 
desde la perspectiva constitucional, dada su absoluta ausencia de ponderación del 
interés superior de la menor respecto al orden de sus apellidos, apartándose, por lo 
demás, de la doctrina relativa a la exclusión de la preclusión de los actos procesales  s
cuando está afectado ese interés, así como de doctrina aplicable a la interpretación de la  oe.
Ley del registro civil, su reglamento y el Código civil en esta materia. w.
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su vida privada, amparado por el art. 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea y el art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, y forma parte del derecho fundamental a la 
propia imagen (art. 18.1 CE), siendo, por lo demás, el interés superior del menor un 
principio de orden público que debe presidir cualquier decisión que le afecte.
En cuanto a la interpretación de las normas reguladoras de esta materia, afirma que 
los órganos judiciales que han intervenido en la causa se han alejado de la doctrina 
constitucional, según la cual en los supuestos de determinación judicial de la paternidad 
está concernido el derecho del menor a su nombre, especialmente en aquellos casos en 
los que ha transcurrido un prolongado periodo durante el que ha portado el apellido 
materno (STC 167/2013, de 7 de octubre, FJ 7). Para el fiscal, en la resolución recurrida 
también se ha incumplido la doctrina emanada del propio Tribunal Supremo relativa a la 
necesidad de favorecer una interpretación integradora de la normativa, subrayando, 
finalmente, que el deber de motivar los beneficios que para el menor se producen con la 
adopción de una determinada medida solo opera en el supuesto de cambio de apellidos, 
pero en ningún caso cuando lo que se pretende es el mantenimiento de los que ostenta, 
de modo que si no se acredita un beneficio para el menor con el cambio de apellidos, no 
existe razón para alterar aquellos con los que viene siendo identificado (SSTC 659/2016 
de 10 de noviembre FJ 3; 299/2017 de 16 de mayo, FJ 3; 20/2018 de 17 de enero, FJ 3; 
130/2018 de 7 de marzo, FJ 3, y 266/2018 de 9 de mayo, FJ 3).
Por todo lo anterior, interesa el otorgamiento del amparo, reconociéndose vulnerado 
el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en 
relación con los arts. 18.1 y 39 CE y declarándose, en consecuencia, la nulidad de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 y de la sentencia de 3 de 
junio de 2015, de la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, 
dejando subsistente la del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Móstoles, de 9 de 
febrero de 2014.
11.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
La demanda de amparo se dirige contra la resolución judicial que aparece reflejada 
en el encabezamiento de la presente sentencia, por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente relativa al deber de motivación, en relación 
con el principio de protección integral de los hijos (art. 39.4 CE) y con el derecho 
fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE). Se alega que la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo se ha limitado a valorar la extemporaneidad de la solicitud del cambio 
de apellidos de la menor cuya filiación paterna fue declarada judicialmente, sin prestar 
atención alguna a su mayor interés y a la doctrina constitucional relativa a la exclusión de 
la preclusión de los actos procesales en aras de ese interés y en el marco de esta clase 
de procedimientos.
Por  el  contrario,  don  J.C.F.S.  interesa  la  denegación  del  amparo,  alegando  el 
carácter extemporáneo de la pretensión de permanencia del apellido materno como 
primero de los de la hija común, así como la falta de motivación de la sentencia dictada 
por el juzgado de primera instancia que en tal orden fijó los apellidos. Añade que a lo 
largo del procedimiento no ha existido denuncia ni debate alguno acerca de los derechos 
fundamentales cuya vulneración ahora se invoca y que el actual orden de los apellidos  es
de la menor es acorde con la legalidad, siendo, por otro lado, totalmente incierto que se  bo
opusiera a la demanda de paternidad o que la menor sea conocida en su entorno  w
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(art. 24.1 CE), en relación con el derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE) y 
al principio constitucional de protección integral de los menores (art. 39.4 CE).
Entiende la fiscalía que, desde la perspectiva constitucional, tanto la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, como la dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo son lesivas por la absoluta falta de ponderación del interés superior del menor 
sobre el orden de sus apellidos, apartándose de la doctrina relativa a la exclusión de la 
preclusión de los actos procesales cuando está afectado ese interés, así como de la 
doctrina aplicable a la interpretación de las normas sobre el orden de los apellidos de la 
Ley del registro civil, de su reglamento y del Código civil.
Llegados a este punto, antes de proseguir con el análisis de las cuestiones formales 
y sustantivas que se plantean en el presente recurso, conviene realizar una observación 
respecto de su objeto, pues si bien la demandante formalmente imputa la lesión de los 
señalados derechos fundamentales a la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 23 de noviembre de 2017, de acuerdo con la doctrina de este tribunal 
«cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han 
sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquella, han de entenderse también 
recurridas  las  precedentes  resoluciones  confirmadas».  Por  consiguiente,  el  análisis 
acerca de una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
en relación con los arts. 18.1 CE (derecho al nombre) y 39 CE (protección integral de los 
hijos y de los menores) debe extenderse en este caso a la sentencia de 3 de junio 
de 2015 dictada por la sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.
2.  Control de los requisitos de admisión de la demanda de amparo.
Por ello, con carácter previo, pasamos a enjuiciar el óbice de admisibilidad aducido 
por  don  J.C.F.S.,  para  después  examinar,  si  procede,  las  quejas  planteadas  en  la 
demanda de amparo. Este análisis es factible en el momento procesal en que nos 
encontramos,  pues  este  tribunal  ha  declarado  repetidamente  que  los  defectos 
insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados 
porque la demanda haya sido inicialmente admitida, de modo que la comprobación de 
los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siempre abordarse en 
la sentencia, de oficio o a instancia de parte, pudiendo dar lugar a la inadmisión por falta 
de tales presupuestos, sin que sea obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos 
previstos en el art. 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (SSTC 7/2007, 
de 15 de enero, FJ 2; 242/2007, de 10 de diciembre, FJ 2; 43/2008, de 10 de marzo; 
FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3, y 168/2012, de 1 de octubre, FJ 3, entre otras).
Se alega que la demandante de amparo inicialmente solicitó que la menor portara 
primero el apellido del padre y, sin embargo, en la vista oral alteró su pretensión, 
solicitando que permaneciera en primer lugar el de la madre, lo que es un planteamiento 
extemporáneo que ocasionó indefensión a don J.C.F.S., ya que no tuvo oportunidad de 
realizar las alegaciones oportunas sobre este extremo.
En este punto, debemos comenzar constatando que, efectivamente, en el suplico de 
la  demanda  de  reclamación  de  la  filiación  paterna  interpuesta  por  doña  E.N.C.  se 
solicitaba, además de la declaración de paternidad de don J.C.F.S., que los apellidos de 
la menor fueran F.N., esto es, que figurara primero el apellido del padre y después el de 
la  madre.  El  demandado  en  su  escrito  de  contestación  mostró  su  conformidad  a 
someterse a la prueba biológica, interesando que de acuerdo con el resultado que 
arrojara, se dictara sentencia, bien estimatoria, bien desestimatoria de las pretensiones 
de la actora. e
Fue en la vista oral, cuando doña E.N.C. propuso que no se alterase el orden de los  bo
apellidos de la hija común, de modo que su primer apellido siguiera siendo el de la  w
mEla dJurez,g oapdoon idéen dPosriem lear ap aIrntes tadnecmiaa nndúamda. , 7a l deen teMnódsetro qleuse,  ltara sso lirceictuodn oecrae re xlate mpaptoerránnideaad.   2021-1110n https://w
bcoiomlóog ipcraim deerlo  ddeem eallnods aedl od,e  fliajó  mloasd raep.ellidos de la menor, y decidió que permaneciera
La extemporaneidad de la pretensión fue, entre otros aspectos, la base del recurso 
de apelación interpuesto por don J.C.F.S., así como el fundamento de la sentencia 
dictada por la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 3 de 
junio de 2015, que revocó la dictada en primera instancia y accedió a la solicitud del 
apelante de que fuera su apellido el que constara en primer lugar. La razón para apoyar 
dicha solicitud fue la necesidad de aplicar lo dispuesto en el Reglamento del registro civil 
para el caso de discrepancia de los progenitores en cuanto al orden de los apellidos de 
los hijos comunes. Contra esta última resolución, la actora planteó recurso de casación, 
al que se adhirió el Ministerio Fiscal quien, con cita de la doctrina de la Sala de lo Civil 
del  Tribunal  Supremo  (STS  de  17  de  febrero  de  2015),  entendió  que  el  momento 
procesal en el que se hubiera realizado la petición no es relevante si propicia el interés 
superior de la menor. Sin embargo, el alto órgano judicial, en su sentencia de 23 de 
noviembre de 2017, entendió que la petición de permanencia del orden de los apellidos 
formulada en el acto de la vista del juicio de instancia «más que extemporánea fue 
sorpresiva», pues se realizó en contra de lo ya instado en la demanda y sin motivar la 
circunstancia que aconsejaba el cambio.
Pues bien, conviene comenzar el análisis de esta alegación impeditiva de acceso a la 
jurisdicción  constitucional  recordando  que,  respecto  del  deber  de  congruencia  y  la 
prohibición de alterar el objeto del proceso o, lo que lo que es lo mismo, incurrir en 
mutatio libelli, este tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones (SSTC 255/1994, 
de 26 de septiembre, FJ 3; 5/1995, de 10 de enero, FJ 2; 101/2002, de 6 de mayo, FJ 3; 
142/2005, de 6 de junio, FJ 3, y 126/2011, de 18 de julio, FJ 7, entre otras), siendo cierto 
como pone de manifiesto la resolución de la Sala Primera del Tribunal Supremo ahora 
impugnada, que hemos advertido que «dicha preclusión no afecta de forma exclusiva y 
autónoma  a  la  primera  instancia,  sino  que  se  proyecta  sobre  los  demás  grados 
jurisdiccionales de los que conozca ese proceso, lo que se hace patente en el recurso de 
apelación, que se configura como una revisio prioris instantiae y no como un novum 
iudicium.  También  en  el  recurso  de  casación,  como  ha  insistido  reiteradamente  el 
Tribunal  Supremo,  al  prohibir  el  planteamiento  en  el  escrito  de  interposición,  de 
“cuestiones  nuevas”  no  tratadas  en  la  instancia  (últimamente,  entre  otras, 
SSTS 170/2015, de 26 de marzo, y 198/2015, de 17 de abril, de la Sala Primera)» 
(STC 242/2015, de 30 de noviembre, FJ 3).
En la sentencia de la Sala de lo Civil de 23 de noviembre de 2017, que ahora 
analizamos, se cita en varias ocasiones la STC 242/2015, de 30 de noviembre, en apoyo 
de la decisión de desestimación del recurso de casación, por cuanto la demandante de 
amparo incurrió en una extemporaneidad prohibida por las reglas procesales. Ahora 
bien,  rectamente  entendido,  lo  que  este  tribunal  declaró  fue  que  pese  a  la 
extemporaneidad en la petición del cambio de apellidos (que en aquel caso fue solicitado 
por el padre demandado), los órganos judiciales habían entrado a valorar la cuestión de 
fondo y, por consiguiente, había sido salvada la naturaleza subsidiaria del recurso de 
amparo (FJ 4). Por el contrario, no ocurría lo mismo con la invocación del derecho a la 
igualdad  (art.  14  CE),  derivada  de  la  prevalencia  del  apellido  paterno  respecto  al 
materno, pues se había planteado la queja por primera vez en el recurso de casación, no 
habiéndose puesto de manifiesto ni en la instancia, ni en la apelación. En consecuencia, 
entendimos que esta falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental no 
solo constituía efectivamente una causa de inadmisión del recurso de casación, sino un 
obstáculo insubsanable que vedaba a este tribunal entrar a conocer del recurso de 
amparo [art. 44.1 c) LOTC], so pena de impedir que los jueces y tribunales pudieran  s
cumplir  su  función  tuitiva  de  los  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas,  y  oe.
remediar por sí mismos su posible violación (FJ 6). En el supuesto que ahora se analiza,  w.
ecol ndsEeirgse ucinehenoct eea,sl  qanuroieomd abs ruseab dlrvaeay dalaar   lmaa ehsnouorbars  ihdqaiau resie iddeoas dtine dv eot crniabudueons atdrlo e sdpderoesn dluean  cpsirauimms eierinani tcoini.osst anycai a sye,  phoar   2021-1110n https://w
lporso npuroncceiasdoos  sdoeb fraem laili ain. fAluseí,n ecnia  lad eSl TeCfe 1ct2o0 /p1r9e8c4lu, sdiveo 1 d0e d ela sd icaicetmuabcreio,n sees  dpercolcaerós aqleuse  eenn   BOE-A-cable e
este tipo de litigios y aunque la parte demandante no haya suscitado alguno de los 
problemas relacionados con el asunto principal, no por ello el juez debe verse obligado a 
silenciarlo  en  su  sentencia  o  a  considerar  como  una  reconversión  de  la  petición 
formulada. A tal propósito se subrayó que «[n]o es ocioso traer a colación aquí alguna 
somera reflexión en orden al carácter de todo proceso matrimonial, en el que se dan 
elementos  no  dispositivos,  sino  de  ius  cogens,  precisamente  por  derivar  y  ser  un 
instrumento al servicio del Derecho de familia. No se puede transitar por él y ampararse 
en sus peculiaridades para olvidarse de ellas a la hora de los efectos de la sentencia que 
ponga  fin  a  la  relación  conyugal,  apelando  entonces  a  los  principios  dispositivo  y 
rogatorio del proceso civil español. No podemos menos de compartir, o por lo menos de 
considerar como jurídicamente fundadas, las razones contenidas en el considerando 
tercero  de  la  sentencia  de  primera  instancia  a  propósito  de  la  importancia  de  las 
consecuencias económicas ‘de toda acción de divorcio’, y en los considerandos tercero, 
cuarto y quinto de la sentencia de apelación ahora impugnada, donde en particular se 
afirma que ‘la incongruencia no significa conformidad rígida y literal con los pedimentos 
expresados en los suplicos de los escritos’, y también que ‘tales derechos (los regulados 
en los arts. 97 y 98 del Código civil) son conjuntos y simultáneos a la declaración judicial 
de la disolución del vínculo’».
Con base en esta doctrina, y teniendo en cuenta que los apellidos que debe ostentar 
la menor es una cuestión que, como ha podido comprobarse, ha estado presente a lo 
largo del debate trabado entre las partes, tratándose por lo demás de una materia de 
orden público necesariamente conectada a cualquier acción de filiación respecto de la 
cual no pueden disponer las partes, carece de todo fundamento la supuesta mutatio 
libelli,  pues  en  modo  alguno  puede  entenderse  constitutivo  de  una  nueva  y 
extemporánea pretensión que formuló la demandante de amparo en el proceso, sino 
todo lo más, como bien ha expresado la Sala Primera del Tribunal Supremo «una 
pretensión sorpresiva, pero no extemporánea». Así, siguiendo la doctrina constitucional 
antes citada, se debe afirmar, como se hizo en aquellas sentencias, que nada autoriza a 
pensar que en la sentencia de primera instancia se ha dado la «desviación» necesaria 
para concluir que estamos en un supuesto indiscutible de alteración de la causa de pedir 
que haya generado indefensión al demandado, pues en la vista del juicio oral manifestó 
su oposición a la pretensión de la madre y en fase de apelación introdujo la denuncia de 
la incongruencia y bajo esta perspectiva se analizó la sentencia apelada y razonó la 
audiencia su fallo. Fallo que, al anular la resolución de la primera sentencia, benefició al 
apelante en lo relativo al cambio de apellidos de la hija menor común, y fallo, por tanto, 
que no ha resuelto nada que no hubiera sido planteado en una y otra instancia. El 
demandado tuvo acceso a la jurisdicción en todas las vías que el ordenamiento le ofrece; 
defendió en ellas sus derechos e intereses, y obtuvo sentencias ajustadas a lo pedido y 
debatido.
A lo anterior, por lo demás, hemos de añadir otra observación. En los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores, con arreglo a lo establecido en los arts. 748 y 
ss.  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  el  órgano  judicial  tiene  que  adoptar, 
imperativamente, a falta de acuerdo entre las partes, las medidas concernientes a los 
hijos (art. 39 CE). Por ello, es obvio que el principio de tutela del interés de los menores 
e integral de los hijos que ha inspirar cualquier decisión al respecto resulta incompatible 
con la rigidez procesal que impone la perpetuatio iurisdictionis (art. 412 LEC). De ahí 
que, como adecuadamente viene reconociendo la jurisdicción ordinaria, el legislador 
procesal establezca que estos procesos se resuelvan con arreglo a los hechos que  s
hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en  oe.
que hayan sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento. Y si bien  w.
peersnet etne upnmrseieocrneoepsstao si ns ierce iarseloeflisue,cr eieo nna e ehsle  ácjumhdobiscit ioay l eensso,p  aea cbpioarecl taderení asla ioasn  muense,ad c idionamústo ils  sopema rheaatdi dopajuase  saptlro oi ucdsee sc amolg aqenunifesie , slnatoos    2021-1110n https://w
plau sduiesstaennc aiaccoimóno ddaerl sper oac eladsi mneiecnetsoi ddaed feilsia dcieóln m, deen osru qeurtee  sqeu ep oenng alons  dpero mceasnoifsie dseto f admurialinat eo   BOE-A-cable e
en los que hayan de adoptarse medidas en beneficio de menores de edad, el juez puede 
apartarse de las peticiones de las partes o acordar de oficio las que estime adecuadas, 
lo cual debe permitir, a su vez, que las partes reformulen sus peticiones buscando ese 
mismo interés, respetando las exigencias del derecho de defensa y la posibilidad de 
contradicción.
Y este es, a juicio de este tribunal, coincidente con el de la demandante de amparo y 
con el del Ministerio Fiscal, el único criterio que ciertamente responde a una efectiva e 
integral tutela de los hijos menores de edad, a la que están llamados todos los poderes 
públicos en virtud de lo dispuesto en el art. 39 CE. Dicha protección debe regirse en todo 
caso por la prevalencia del interés del menor que debe inspirar cuanta actuación pueda 
concernirle, por tratarse de una materia de orden público sustraída al principio dispositivo 
y rogatorio que preside la legislación procesal. Dicho de otro modo, dada la importancia 
de los intereses de orden personal y familiar de los menores, de los padres biológicos y 
de los restantes afectados, se debe aplicar un menor rigor formal en este tipo de 
procesos, que no se configuran como un simple conflicto entre pretensiones privadas, 
sino que amplían ex lege las facultades del juez en garantía del interés de los menores 
que han de ser tutelados (STC 58/2008, de 28 de abril, FJ 2). Por tales motivos este 
tribunal ha venido aceptando la legitimidad constitucional de la exclusión del principio de 
la preclusión de los actos procesales según el cual la clausura de una fase o plazo 
procesal impide replantear lo ya decidido en ella (SSTC 75/2005, de 4 de abril; 58/2008, 
de 28 de abril, y 65/2016, de 11 de abril).
En síntesis, se debe señalar que en cualquier procedimiento de familia en el que se 
examinen cuestiones que afecten a bienes o derechos de los menores, sometidos a la 
tutela del orden público, ha de considerarse tempestivo u oportuno que el juez o el 
tribunal de oficio pueda adoptar las decisiones y medidas que estime ajustadas a los 
intereses  tutelados,  aunque  no  formen  parte  de  las  pretensiones  deducidas  en  los 
escritos rectores del procedimiento o sean contrarias a las mismas y sin sujeción al 
principio de perpetuación de la jurisdicción. Porque al tratarse de una cuestión de orden 
público, no deben prevalecer las pretensiones de los progenitores, sino exclusivamente 
el real beneficio del hijo menor. También guiados por este principio, los órganos judiciales 
deben pronunciarse razonadamente sobre todos aquellos aspectos que puedan afectar 
al desarrollo de su personalidad (art. 10 CE) y al ejercicio de sus derechos. En efecto, 
debe repararse en que en el presente asunto, el objeto del debate debió ser en realidad 
el relativo al derecho al nombre (que se integra ex art. 18.1 CE en el más amplio derecho 
fundamental a la propia imagen) y el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales (art. 24.1 CE), pues al fin y al cabo mediante la solicitud de la imposición de los 
apellidos, los progenitores no están ejerciendo un derecho propio, sino un derecho del 
propio menor y, por consiguiente, deben ser los órganos judiciales los que se pronuncien 
ponderadamente  sobre  el  orden  de  los  mismos  cuando  hay  conflicto, 
independientemente de cuáles sean los deseos de las partes enfrentadas y del momento 
procesal en los que los hayan manifestado. Sobre este particular, basta ahora con 
remitirse a nuestras SSTC 117/1994, de 25 de abril, y 167/2013, de 7 de octubre, en las 
que expusimos con detalle la perspectiva constitucional relativa al derecho al nombre y 
su necesidad de especial protección tratándose de los menores de edad, dado que es un 
elemento constitutivo de su dignidad y personalidad (art. 10 CE).
En consecuencia, no puede prosperar el óbice de extemporaneidad alegado por don 
J.C.F.S., debiendo este tribunal consecuentemente examinar la invocada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), respecto a la carencia de motivación  s
reforzada de las sentencias impugnadas sobre el cambio en el orden de los apellidos de  oe.
la menor. w.
de la3s.  reEslo ilnutceiroénse ssu jpuedricioiar ldees.l menor como principio constitucional y canon de motivación  2021-1110n https://w
Son muy numerosos ya los pronunciamientos en los que este tribunal ha insistido en
la necesidad de que todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos en el
art. 39 CE y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, observando 
y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público (STC 141/2000, 
FJ 5). Deben procurarlo, incluso si ello significa atemperar la rigidez de algunas normas 
procesales  o  sacrificar  los  legítimos  intereses  y  perspectivas  de  terceros 
(SSTC187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2, y 77/2018, de 5 de julio, FJ 2). Hemos 
advertido en todas aquellas ocasiones en las que se nos ha planteado una posible lesión 
del derecho fundamental de un menor, que su interés superior «inherente a algunas de 
las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional 
suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan 
derechos y principios constitucionales» (STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7). En la 
STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, se subraya que «[e]l interés superior del menor es la 
consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los 
menores  ‘que  tomen  las  instituciones  públicas  o  privadas  de  bienestar  social,  los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’, según el art. 3.1 de 
la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento 
de 30 de noviembre de 1990. Como detalla la observación general núm. 14, de 29 de 
mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, el citado precepto 
enuncia uno de los cuatro principios generales de la Convención en lo que respecta a la 
interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar como un concepto 
dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es uno de sus valores 
fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 
los derechos reconocidos por la Convención. Añade que no hay jerarquía de derechos 
en la Convención: todos responden al ‘interés superior del niño’ y ningún derecho 
debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del menor. 
[...] En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, 
deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir (FJ 4)».
Pues bien, para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor, ha de 
atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos 
supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor 
beneficio. Por lo demás, casi huelga advertir que no es este tribunal «un cauce destinado 
para asegurar el acierto judicial en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, 
o en la valoración de los hechos que las partes en litigio someten a su conocimiento y 
examen, pues, a salvo la manifiesta y grosera irrazonabilidad, arbitrariedad o yerro de la 
resolución judicial impugnada, esa interpretación y valoración es competencia de la 
jurisdicción ordinaria, a la que la Ley ha atribuido también en exclusiva la ponderación de 
cuál  sea  el  interés  superior  del  menor  en  cada  caso,  [...].  Una  interpretación  y 
ponderación de intereses que este tribunal difícilmente podrá revisar, no solo por su 
lejanía y falta de inmediatez respecto de las circunstancias del caso, que le vienen dadas 
como hechos que no puede revisar, sino también por no ser su función la propia de una 
tercera instancia llamada a revisar lo decidido por los órganos judiciales ordinarios 
(SSTC  198/2000,  203/2000,  y  256/2000;  AATC  141/2000,  234/2000,  237/2000, 
y 28/2001, de 1 de febrero, FJ 4, entre otras)».
La decisión de cuál sea en cada caso el interés superior del menor corresponde 
tomarla a los jueces y tribunales ordinarios, aunque es de nuestra incumbencia examinar 
si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas medidas conciernen a los 
menores,  está  sustentada  en  su  mayor  beneficio  y  así  comprobar  que  no  se  han 
lesionado sus derechos fundamentales (STC 221/2002, FJ 4, y ATC 28/2001, de 1 de  s
febrero). Porque, una vez más hemos de subrayar que «el canon de razonabilidad  oe.
constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran implicados valores y  w.
paermnin pecali paroirot .es  3l d9pe rCi nEicni dpyui oqd uadebe llse ie n rtdeeelreéfivsna esn uccpoiaem rciooo rrn edscettiolt umrc eieo ninnoasrlp ,q iraualed  oitnirev dnoeec  atsorusd eap srpo loyares c eaclci ótdunea mccoiaonnnsdetiastun dcteeio  nldoaesl    2021-1110n https://w
poderes públicos, tanto administrativas como judiciales» (SSTC 141/2000, de 21 de
mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, 
y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras).
En aplicación de esta doctrina, en estos momentos, nuestra función debe limitarse 
únicamente a verificar si tanto la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de 
revocar la sentencia que dictó el juzgado de primera instancia como consecuencia de la 
apreciación de una pretendida extemporaneidad, como la resolución de la Sala Civil del 
Tribunal Supremo que confirma la anterior, están debidamente justificadas en orden a 
salvaguardar  dicho  interés  prevalente.  En  relación  con  ello,  debemos  señalar  que 
justificar debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y 
derechos de los menores (art. 39 CE), significa explicitar el juicio de ponderación entre 
los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la exigencia de proporcionalidad 
inherente a la justicia, como es también jurisprudencia constitucional (STC 71/2004, 
de 19 de abril, FJ 5), pues no olvidemos que cuando el derecho a la tutela judicial 
efectiva afecta a la esfera personal y familiar de un menor, como sucede en el caso que 
se nos presenta, el canon de motivación es un canon especialmente reforzado.
En el supuesto enjuiciado, como ya se ha expuesto, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo imputó a la resolución del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Móstoles la 
ausencia  de  motivación  respecto  a  la  fijación  de  los  apellidos  de  la  menor. 
Concretamente afirma que «[l]a sentencia de primera instancia estimó la demanda y, sin 
motivación alguna decidió en la parte dispositiva de aquella que los apellidos de la 
misma fuesen N.F.» y que «[l]a sentencia de primera instancia, con patente vulneración 
de la obligación de motivar las decisiones judiciales, ordenó en la parte expositiva que el 
primer apellido de la menor fuese el de la madre, sin expresar los fundamentos de su 
decisión en el cuerpo de la sentencia». Más adelante se afirma que el desacuerdo fue 
extemporáneo, al cambiar la actora su pretensión en la vista del juicio, y que, por tanto, 
el interés del menor no ha podido ser vulnerado, por cuanto solo cabría su examen por el 
encargado  del  Registro  Civil  o  por  la  sentencia  en  defecto  de  acuerdo  de  los 
progenitores. «Sin embargo [añade la sentencia de la Sala Primera del alto Tribunal], se 
ha de tener en cuenta que ni en la primera instancia, ni en el recurso de apelación se ha 
sometido  a  debate  y  contradicción  ni  la  violación  del  principio  de  igualdad,  ni  las 
circunstancias que justificasen en interés del menor el mantenimiento del primer apellido 
con el que fue inscrito, con lo que tal interés se encontraría implícito en el acuerdo de los 
escritos rectores del procedimiento. Se plantean tales cuestiones por primera vez en el 
recurso de casación, con evidente indefensión para la parte recurrida, indefensión que ya 
alegó al interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Podría 
plantearse, pero no se hace, la posibilidad de revocar el acuerdo inicial por sobrevenir 
una circunstancia que, en interés del menor, lo justificase. Por tanto, tampoco cabe 
examinar el interés del menor a tal fin».
En opinión de este tribunal, la cuestión que debía resolverse en este supuesto, y 
repetimos que debió analizarse como cuestión de fondo porque en este caso no regía el 
principio preclusivo, no era tanto si el cambio de apellidos era perjudicial para la hija 
común, como si, partiendo de que ostentaba como primero desde su nacimiento el 
apellido  de  la  madre,  le  era  beneficiosa  una  alteración  de  este  orden.  Sobre  este 
particular,  hemos  de  señalar  que  la  sentencia  de  apelación  no  motivó  su  decisión 
conforme a los cánones establecidos para estos casos, pues se limitó a aplicar el 
art. 194 del Reglamento de la Ley del registro civil que dispone que cuando existe 
desacuerdo entre los progenitores, debe imponerse el apellido paterno como primero y el 
materno como segundo, sin ponderar las circunstancias concretas del caso sometido a  s
su enjuiciamiento, ni explicar cuál fuera el beneficio que la alteración de los apellidos le  oe.
otorgaba a la menor. w.
coocntucAbu rrejrue,i cnFi,oJ d  de7eb,  iedenesdbteoía  tnjrui bshtuiafnibcaeal,rr s erean z tooenmsataedd acoma seeonn, t eca ole nli gsóiudragelar anqcoui eóju ned nitco idalaal  sdS eTl aCasp  e1cl6iar7ccu/i2ón0ns1 tea3ln,  bcdeiaens e 7fq icudieoe    2021-1110n https://w
qduee h epcahrao  ldae m lae nqoure s yuap ognoízaa lbaa a.lteración de sus apellidos respecto a la situación jurídica y  BOE-A-cable e
Por lo que concierne a la resolución dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, de fecha de 23 de noviembre de 2017, impugnada en este recurso, debe 
reiterarse lo expresado en el fundamento jurídico anterior. Es decir, que el principio del 
interés superior del menor debe inspirar y regir toda la actuación jurisdiccional que se 
desarrolla  en  los  procesos  de  familia  y  que,  por  la  prevalencia  de  este  principio 
constitucional de tuición sobre las normas procesales, la tramitación de dichos procesos 
debe estar presidida por un criterio de flexibilidad procedimental (STC 65/2016, de 11 de 
abril), quedando ampliadas la facultades del juez en garantía del interés que ha de ser 
tutelado (STC 4/2001, de 15 de enero, FJ 4). Ello significa que, dada la extraordinaria 
importancia que reviste la materia, se debe ofrecer una amplia ocasión para realizar 
alegaciones a quienes ostentan intereses legítimos en la decisión a tomar, así como para 
aportar documentos y todo tipo de justificaciones atendiendo a un menor rigor formal y a 
la  exclusión  de  la  preclusión,  porque  lo  trascendental  en  ellos  es  su  resultado 
(STC 187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2). En las SSTC 217/2009, de 14 de diciembre, 
FJ 5, y 65/2016, de 11 de abril, FJ 7, ya tuvimos ocasión de señalar que,en el contexto 
de los procesos de familia, «resultaría de aplicación el canon reforzado de la tutela 
judicial efectiva que este tribunal utiliza cuando la cuestión de fondo sobre la que se 
proyecta la tutela se conecta con otros derechos fundamentales del recurrente (por todas 
STC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 3, dictada por el Pleno de este tribunal, y 
STC 93/2006, de 27 de marzo, FJ 3) […] En consecuencia, en el caso de autos la 
decisión sobre la admisión o no del incidente no puede soslayar el interés superior del 
menor, que reclama, en la medida en que sea legalmente posible, y tan pronto como sea 
legalmente posible, pues el paso del tiempo es pernicioso, preservar la seguridad jurídica 
y estabilidad de la menor, esto es, proporcionar una resolución judicial motivada que 
permita  saber  con  certeza  su  situación  de  acogimiento».  Dicho  de  otro  modo,  en 
atención al papel que tiene encomendado el principio constitucionalmente impuesto a 
todos los poderes públicos de proveer a la protección del menor, no cabe duda de que su 
aplicación prima sobre la de cualquier norma procesal relativa a una posible preclusión o 
extemporaneidad de las pretensiones. Por ello, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
debió prescindir del óbice procesal observado y conocer del fondo del asunto planteado 
para determinar si la resolución que había sido recurrida había observado dicho principio 
y razonado conforme al mismo los motivos de la decisión de alterar los apellidos de la 
menor. En atención a ello, hemos de concluir que la ausencia de un análisis razonado ex 
art. 39.4 CE sobre el fondo de la cuestión suscitada en torno a los apellidos que debía 
ostentar la menor tras la determinación de su filiación paterna, lesionó el derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  de  la  recurrente  en  amparo,  que  actúa  en 
representación de su hija menor.
Por  las  razones  expuestas,  hemos  de  afirmar  que  desde  la  perspectiva 
constitucional,  en  las  resoluciones  impugnadas  en  este  recurso  de  amparo  debió 
resolverse la cuestión de fondo planteada relativa al orden de los apellidos de la menor y 
ponderarse especialmente su mayor beneficio, teniendo en cuenta que el derecho al 
nombre integra su personalidad. Por todo ello, este tribunal no puede más que concluir 
reconociendo la vulneración del contenido constitucional del art. 18.1 CE, invocado por la 
parte recurrente, debiendo otorgar el amparo con los efectos prevenidos en el art. 55 
LOTC, anulando las sentencias impugnadas.
Por lo demás, visto el tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento de 
determinación de la filiación paterna, puede que resulte necesaria la práctica de alguna 
diligencia  complementaria  para  valorar  adecuadamente  cuál  sea  la  decisión  más  s
beneficiosa para la menor en orden a la fijación de sus apellidos. En consecuencia, este  oe.
tribunal  entiende  necesario  retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  w.
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precisa para asegurarse de que la decisión que acuerde respecto al mantenimiento o
alteración  de  los  apellidos  resulte  beneficiosa  para  la  menor,  cuyos  intereses  son 
prevalentes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo promovido por doña E.N.C. y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en relación con el derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) y a la protección integral de 
los hijos (art. 39.4 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia anular la sentencia de la 
Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 3 de junio de 2015 
(rollo de apelación núm.1061-2014) y la sentencia de 23 de noviembre de 2017, dictada 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el recurso de casación núm. 2211-2016.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial 
dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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