BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32707
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4493 Sala Segunda. Sentencia 18/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 3966-2018. Promovido por don Simón Viñals Pérez respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un 
delito de homicidio imprudente. Supuesta vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción 
de inocencia: condena en casación que no llevó a cabo una modificación del 
relato de hechos probados ni una nueva valoración de la prueba y que hace 
uso de la teoría del incremento del riesgo como modelo de imputación del 
resultado en los casos de imprudencias médicas. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:18
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3966-2018, promovido por don Simón Viñals Pérez, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Rosa María Martínez Virgili y 
asistido por el abogado don José Fernando Crespo Torres, contra la providencia de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2018, por la que se inadmite el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandante frente a la sentencia 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2017, dictada en el 
recurso de casación núm. 2019-2016, que revocó la sentencia absolutoria de la Sección 
Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de septiembre de 2016, dictada en el 
procedimiento abreviado núm. 970-2015, y condenó al recurrente como autor de un 
delito de homicidio imprudente. Han comparecido y formulado alegaciones don José 
Arce San José, doña Isabel de la Fuente Morales y doña Verónica Arce de la Fuente, 
representados por la procuradora de los tribunales doña María Soledad Castañeda 
González y asistidos por la letrada doña María José Siñeriz Terrón. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 11 de julio de 2018, la procuradora 
de los tribunales doña Rosa María Martínez Virgili, en nombre y representación de don 
Simón Viñals Pérez y bajo la dirección del abogado don José Fernando Crespo Torres,  e
interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el  b
encabezamiento. 93ww
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes:
a)  El recurrente fue absuelto de los delitos por los que venía siendo acusado por 
sentencia  de  la  Sección  Séptima  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  de  21  de 
septiembre de 2016, dictada en el procedimiento abreviado núm. 970-2015.
(i)  En lo que al recurrente se refiere y es aquí relevante, los hechos probados 
narran que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se celebraba una fiesta 
en el Pabellón Madrid Arena en la que, por una concurrencia de causas (sobreaforo, 
cierre de cinco de ocho vomitorios que unen la pista central con el pasillo perimetral y 
son vías de evacuación, apertura de portones para la entrada masiva de público e 
incorrecta gestión de flujos de público en las escaleras entre diversos niveles), se 
produjo una avalancha que sepultó a algunos asistentes debajo de hasta ocho personas. 
Entre las víctimas se hallaba doña Cristina Arce de la Fuente, joven de dieciocho años 
que había acudido a la fiesta.
Se explica que, habiéndose producido la avalancha sobre las 3:35 horas, «las tareas 
de rescate de las víctimas que quedaron atrapadas en el vomitorio se realizaron de 
manera absolutamente descoordinada, lenta y poco eficaz, colaborando en las mismas 
parte de los propios asistentes, consiguiendo entre todos evacuar a todas las personas 
atrapadas alrededor de las 3:55 horas, veinte minutos después de que se produjera el 
incidente».  Resultaron  lesionados  de  diversa  entidad  veintinueve  jóvenes  que  se 
encontraron en el interior del vomitorio y de extrema gravedad cinco jóvenes, que 
posteriormente fallecieron.
Dos  de  las  jóvenes  fueron  atendidas  en  el  exterior  del  recinto  por  el  Samur, 
consiguiendo recuperarlas de la parada cardiorrespiratoria, si bien ambas murieron días 
después. Las otras tres jóvenes, entre las que se encontraba doña Cristina Arce, fueron 
trasladadas de manera sucesiva y casi inmediata entre las 3:55 y las 4:00 horas del 
vomitorio en el que habían quedado aplastadas por multitud de gente a la enfermería del 
pabellón. El relato consigna que «[a] la llegada a la enfermería, lejos de actuar con 
rapidez y hacer todo lo que estaba a su alcance, Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals 
Larruga, los cuales eran los médicos del servicio sanitario del evento y el primero el 
responsable del mismo, no realizaron un correcto diagnóstico de que, al menos Cristina 
Arce [y otra víctima] se encontraban en situación de parada cardiorrespiratoria ni le 
practicaron a las tres jóvenes una adecuada reanimación cardiopulmonar para intentar 
que se recuperaran».
Se recoge que a doña Cristina Arce la reconoció en primer lugar un técnico sanitario, 
que constató que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se dirigió 
rápidamente a su ambulancia para llevar a la enfermería un desfibrilador. Mientras tanto, 
el doctor Viñals realizó masaje cardíaco a la herida, y, cuando regresó el técnico con el 
desfibrilador, le aplicó tres descargas, «siguiendo para ello las instrucciones del técnico 
sanitario puesto que Simón Viñals desconocía, pese a ser médico, el funcionamiento del 
desfibrilador».
Tras ello, continúa el relato fáctico, don Simón Viñals dejó de asistir a doña Cristina 
Arce, al entender, erróneamente, que la joven había fallecido, «puesto que, cuando llegó 
el  Samur,  Cristina  Arce  se  encontraba  en  fibrilación  ventricular,  no  pudiendo  ser 
recuperada pese a que los facultativos del Samur, que llegaron sobre las 4:20 horas, le 
practicaron una reanimación cardiorrespiratoria avanzada, falleciendo sobre las 5:00 
horas».
Consta en el factum que ni el ahora demandante de amparo ni el otro médico (su  e
hijo) hicieron transferencia a los facultativos del Samur de las tres pacientes dándoles los  bo
datos de sus estados y asistencia prestada, y que «no colaboró con el primer equipo del  93ww
tcéitcandicoo sse. rNviicniog udneo  edme elrogse ndcoias  edno cetol rceusi dealdaob odreó  lpaoss ptearcioiermnteenst eh ainstfao rmla el lemgéaddiac od ed em sáus 
interSvee nacfiiórmn»a. que doña Cristina Arce y las otras dos jóvenes atendidas en la enfermería
«fallecieron  como  consecuencia  de  las  gravísimas  lesiones  padecidas  en  el
aplastamiento  sufrido  en  el  vomitorio,  sin  que  Simón  Viñals  Pérez  y  Carlos  Viñals 
Larruga  les  prestaran  la  asistencia  médica  que  precisaban  durante  el  tiempo  que 
permanecieron en el botiquín que gestionaban antes de que llegara al mismo el Samur 
aumentando así la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las lesiones sufridas, 
no resultando acreditado, sin embargo, que en el supuesto de que les hubieran prestado 
una asistencia correcta las fallecidas hubieran podido salvar su vida».
(ii)  En el fundamento jurídico tercero la Sala razona la absolución del recurrente y 
del  otro  médico  de  conformidad  con  la  valoración  de  la  prueba  realizada  en  el 
fundamento anterior. De un lado, no considera probado que, salvo por la edad del ahora 
demandante de amparo y del auxiliar sanitario (77 y 80 años al tiempo de los hechos, 
respectivamente), el servicio médico dispuesto en el evento no contara con material 
adecuado para atender a los perjudicados, al menos hasta la llegada del Samur, ni que 
ello haya influido en el resultado producido. De otro lado, sí estima acreditado que «la 
actuación de los dos doctores Viñals, en relación con las tres víctimas que fueron 
trasladadas al botiquín para ser asistidas fue claramente negligente en cuanto que no 
realizaron diagnóstico alguno de Katia Esteban Casielles, a la que parece que ni siquiera 
se acercaron, y el que efectuaron de Cristina Arce y Rocío Oña fue erróneo, entendiendo 
equivocadamente  que  se  encontraban  fallecidas,  siendo  esta  la  razón  por  la  que 
comenzaron una recuperación, aplicándoles el desfibrilador casi por la insistencia del 
técnico de emergencias que fue a buscarlo a la ambulancia, practicando algún intento de 
masaje y ventilación y poco más, abandonando al poco tiempo, y antes de la llegada del 
Samur, la reanimación de ambas jóvenes, reiterándose al respecto todo lo expuesto en 
la valoración de la prueba practicada».
Desde tal constatación, la Audiencia Provincial de Madrid opone que los delitos de 
homicidio por imprudencia profesional del art. 142.1 y 3 del Código penal (en adelante, 
CP) imputados son delitos de resultado y no de peligro, para cuya concurrencia exige la 
jurisprudencia «no solo que resulte acreditada la conducta negligente de los acusados 
sino también el nexo de causalidad entre la misma y el mortal resultado producido, esto 
es, que la asistencia sanitaria que los doctores Viñals hubieran debido de prestar a las 
tres jóvenes y no prestaron, habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, el 
fallecimiento de las mismas», lo que no se ha acreditado a la luz de los informe periciales 
sobre las posibilidades de recuperarse de una parada cardiorrespiratoria cuando no se 
interviene de inmediato. Reconoce que «una parte de la doctrina como Roxin mantiene 
como suficiente para la imputación objetiva del resultado lo que se denomina "teoría del 
incremento del riesgo" conforme a la cual cabría imputar objetivamente el resultado una 
vez que se constata que el autor generó el riesgo desaprobado aunque no sea seguro 
que la conducta ajustada a Derecho hubiera evitado el resultado». Pero contrapone que 
«otros autores como Manuel Cancio concluyen que esta interpretación convierte el delito 
de resultado en una infracción de peligro e infringe el principio in dubio pro reo que 
exigiría el que exista prueba, al menos con la probabilidad fijada por la jurisprudencia, 
rayana en la certeza, de que el resultado es concreción de la conducta omisiva y que sin 
la misma tal resultado no se habría producido», tesis que, si bien implica una evidente 
dificultad probatoria, a su entender, es la «seguida por la jurisprudencia y la que, en 
consecuencia, debe aplicar».
b)  La familia de doña Cristina Arce de la Fuente interpuso recurso de casación en el 
que, entre otros motivos, se denunciaba la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE, por el razonamiento probatorio que conduce a absolver al 
doctor Simón Viñals y la indebida falta de aplicación del art. 142, apartados 1 y 3 del  e.
Código  penal.  El  recurso  fue  impugnado  por  la  representación  procesal  del  ahora  w.b
demandante de amparo por escrito de 5 de enero de 2017. 93ww
en lac )q uTer ainsf ocremleób sraur sleet rvaidsota s eoll i1c4ita dned on olav iceomnbfirrem daec ió2n0 1d7e,  lsain s epnretesnecnicai ar edceul rrreidcau,r rlae nStea lay 
dpea rcloia lPmeennatle  deel l reTcriubrusnoa iln Steurpprueemstoo,  ppoorr  las emnteennccioian addea  1a1c udsea cdiiócnie mpabrrteic udlea r.2 S01e7 c, oensdteimnóó 
al recurrente como autor de un «delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en
la modalidad de imprudencia profesional», tipificado en los apartados 1 y 3 del art. 142 
CP, a las penas de un año y medio de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio 
de la profesión médica por un período de cuatro años.
En el fundamento vigésimo de la sentencia impugnada, la Sala de lo Penal, después 
de repasar los hechos declarados probados y la fundamentación jurídica de la sentencia 
de primera instancia, subraya que «[d]e lo expuesto queda sobradamente constatado 
que la Audiencia declara que con la mala actuación de Simón Viñals se incrementó el 
riesgo  de  muerte,  "aumentando  así  la  posibilidad  de  que  no  pudieran  recuperarse 
[ambas jóvenes] de las lesiones sufridas". En suma, se declara indiscutiblemente que se 
aumentó  el  riesgo  de  perder  la  vida  de  Cristina  por  el  actuar  (o  mejor,  inacción) 
negligente del acusado. Lo que, por otro lado, se traslada también a la fundamentación 
jurídica de la sentencia recurrida, y los juzgadores de instancia no se detienen a la hora 
de  proclamar  que  la  actuación  de  los  doctores  Viñals,  aunque  ahora  analizamos 
exclusivamente el comportamiento de Simón Viñals Pérez, "fue claramente negligente", 
en cuanto que no realizó diagnóstico alguno de Katia Esteban Casielles, a la que parece 
que  ni  siquiera  se  acercó,  y  el  que  efectuó  a  Cristina  fue  erróneo,  entendiendo 
equivocadamente que se encontraba fallecida, por lo que su actuación fue claramente 
insuficiente». Junto a tal constatación, rechaza como criterio decisor que «no se haya 
probado qué hubiera pasado si se hubiese actuado correctamente por parte del médico, 
sino que lo que hubiera importado es que se hubiese acreditado, fuera de toda duda 
razonable, que, aunque hubiera hecho el acusado todo lo que estaba en su mano, la 
joven hubiese lamentablemente fallecido. Solamente así se le podría haber exonerado 
de su responsabilidad».
Sentado lo anterior, la Sala recuerda (i) que es incuestionable la posición de garante 
de la vida y de la salud de la víctima en la que se encontraba el recurrente, (ii) que se 
declara probado en el factum y la fundamentación jurídica que no llevaron a cabo las 
maniobras más elementales de reanimación con omisión de toda diligencia debida, (iii) 
que  se  incrementó  el  riesgo  para  la  vida  de  la  joven  como  consecuencia  de  tal 
comportamiento, pues se declara probado que la falta de prestación de la asistencia 
médica que se precisaba «aumentó la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las 
lesiones sufridas», aclarando que esa conclusión sería imposible si el resultado de 
muerte fuera inevitable, y (iv) que se produjo el resultado de muerte.
Desde  tales  consideraciones,  el  órgano  judicial  sostiene  que,  para  imputar 
responsabilidad penal por la muerte, es preciso determinar el nexo entre el actuar 
negligente y el resultado mortal producido, aspecto que juzga complejo en el supuesto, 
«al tratarse de un comportamiento negligente sucesivo a una imprudencia previa; y 
además de carácter omisivo» y en el ámbito médico. A su entender, para fijar el criterio 
de imputación en las infracciones imprudentes omisivas, se ha de acudir a la doctrina de 
la  imputación  objetiva,  que  conoce  distintos  criterios  de  imputación,  entre  los  que 
destaca la teoría del incremento del riesgo, la teoría del ámbito de protección de la 
norma y la teoría de la evitabilidad; supliéndose en estos casos de comportamiento 
omisivo la imposibilidad de una causación en términos naturalísticos por el concepto de 
cursos causales hipotéticos, que atienden a la virtualidad causal de la acción exigida por 
la norma.
En este contexto, rechaza la teoría de la evitabilidad que sigue la sentencia de 
instancia, que pone el acento en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una 
probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la  s
norma. Si bien reconoce que tal criterio se enuncia en la jurisprudencia del Tribunal  oe.
Supremo,  también  precisa  que  raramente  como  criterio  decisor  aplicado  a  casos  w.
específicos, y no en casos de negligencia médica subsiguiente a una imprudencia previa,  93ww
r«ecaolniz ainr dlae pceonnddeuncctaia o dbelig qaudea , ssi es een aticerneddait aló gqiucea meel nretes uqlutaed ola  noom isseió nh unboie hraa  geevintaedraod, od eo 
iánmcrbeimtoe ndtea dloa  rpiersegsota cailógnu nmo»é.d Licaa ,S  aqluae  ensgor imese  ulan afa lctaie dneci au tielidxaacdt ad ey  edsae pfeónrmdeu lad ee nl aesl   BOE-A-cable e
circunstancias individuales, como ha destacado también el Tribunal Supremo Federal 
alemán. De seguirse, advierte, conduciría a la impunidad, dado que casi nunca resulta 
descartable el riesgo de resultado lesivo –muerte o lesiones– a pesar de realizarse la 
conducta que indica la lex artis médica, con el efecto indeseado de fomentar conductas 
pasivas de los profesionales ante la imposibilidad de condenar.
A juicio del Tribunal Supremo, lo que se debe constatar para exonerar al médico es lo 
contrario, que aun en caso de haber dispensado el tratamiento médico correctamente, no 
se  hubiera  evitado  el  resultado.  «Pero  si  no  se  hace  nada,  o  lo  que  se  hace  es 
patentemente  negligente,  como  por  otra  parte  asegura  la  Audiencia,  no  puede 
fundamentarse su absolución en el hecho de que, de todos modos, no se sabe cuál 
hubiera  sido  el  desenlace».  Por  el  contrario,  «la  responsabilidad  del  médico  surge 
porque  ha  incrementado  el  riesgo  permitido,  y  lo  ha  hecho  al  haber  actuado 
negligentemente,  y  con  tal  comportamiento  ha  contribuido  al  resultado,  siéndole 
reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva», sin que ello 
suponga exonerar de culpabilidad a título de imprudencia a los demás coacusados, 
pues, conforme a lo sostenido por la Audiencia, todos ellos contribuyeron mediante el 
concurso causal múltiple al resultado producido.
Puntualiza finalmente que su conclusión resulta acorde con la mantenida en la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  que  repasa,  y  conforme  con  la  posibilidad 
reconocida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de convertir en condenatoria una sentencia absolutoria en la instancia casacional cuando 
no se modifican los hechos probados, máxime en este caso, en que tratándose de 
imprudencia no hay que declarar ningún ánimo tendencial.
d)  La  sentencia  del  Tribunal  Supremo  cuenta  con  el  voto  particular  de  un 
magistrado, quien, si bien coincide en que «los datos fácticos que se destacan en la 
sentencia  mayoritaria  de  Sala  se  ajustan  a  las  pericias  practicadas  y  al  resultado 
probatorio acogido por la Audiencia», considera que se ha minusvalorado el estado de 
extrema gravedad y crítico con que entró la víctima en la enfermería. Ese dato cobra 
importancia en el marco de la tesis que prefiere para dirimir la imputación del resultado 
en un delito imprudente, equidistante de las tesis de la evitabilidad y del incremento del 
riesgo adoptadas en la sentencia de instancia y en la de casación, respectivamente, que 
juzga extremas. A su entender, debe examinarse que la grave negligencia del acusado, 
consistente  en  no  neutralizar  ni  disminuir  debidamente  el  grave  riesgo  de  muerte, 
desencadenado por la acción imprudente de otros (organizadores y gestores del evento) 
que afectaba a doña Cristina Arce, impidió una disminución de cierta entidad de ese 
riesgo y no de mínimos fehacientemente acreditada desde una perspectiva ex post, de lo 
que no hay prueba ni consta en el factum.  A juicio del magistrado discrepante, la tesis 
de la mayoría convierte un delito de resultado en un delito de mero riesgo, desbordando 
los límites del tipo penal en una interpretación que entra en conflicto con las exigencias 
del principio de legalidad penal y con los criterios dogmáticos aplicables a un delito de 
resultado cuando se trata de infracciones omisivas.
e)  Por providencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2018 se acordó la no 
admisión a trámite del incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el 
demandante de amparo, donde se denunciaba una doble vulneración de su derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE): (i) por la falta de una instancia posterior a la condena y la 
modificación de la base fáctica de la sentencia de instancia con revaloración de pruebas 
personales sin audiencia del acusado ni respeto al principio de inmediación para revisar  s
una sentencia absolutoria y condenar; (ii) por la inversión de la carga de la prueba y  oe.
correlativa infracción del principio in dubio pro reo, que supone, además, la lesión del  w.
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). 93ww
ConEstnit uscuio rneaslp yu elas tad,e ll aT rSibaulan aal dEuucreo pqeuoe ,d ceo Dnfeorremceh oas  sHuu mjuarinsopsru, deesn pcioas, iblale  dreele Tmrpiblauznaarl 
iunncaó lusmenet eyn ecli ad eabbasteo luseto rciiañ ee anl  juloicsi os duep useusbtosus nceinó nq, uceo meol  fuhee cehl oc apsroo bdaed aou tpoesr, msiann qeucee   BOE-A-cable e
el  incidente  de  nulidad  sea  un  cauce  para  que  se  puedan  plantear  de  nuevo  las 
cuestiones ya resueltas.
3.  El recurrente formula dos motivos en su demanda de amparo y solicita que se 
reconozcan  los  derechos  fundamentales  invocados  y  se  declare  la  nulidad  de  las 
resoluciones recurridas.
a)  El primer motivo denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva en su concreción de no 
sufrir indefensión (art. 24.1 CE) por la falta de una instancia penal posterior a la condena 
y la modificación de la base fáctica de la sentencia de instancia con revaloración de 
pruebas personales (testificales y periciales) sin audiencia del acusado ni respeto al 
principio de inmediación.
Tras exponerse la doctrina de este tribunal sobre la posibilidad de condenar en 
segunda instancia de la mano de la STC 146/2017, de 14 de diciembre, FFJJ 6 y 7, y su 
acogimiento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de la STS 582/2017, 
de 19 de julio, se denuncia que el Tribunal Supremo se aparta de dicha doctrina. Según 
el criterio del demandante, si bien la resolución justifica la revisión condenatoria como 
una corrección de un error de subsunción jurídica, las pretendidas consideraciones 
jurídicas sobre la aplicación del tipo penal evidencian una alteración de la declaración de 
hechos  probados,  revalorando  pruebas  personales  que  no  se  han  practicado  a  su 
presencia y sustituyendo la preceptiva audiencia del acusado por la defensa técnica de 
su letrado. Además de dar por reproducidos los argumentos del voto particular de la 
sentencia  impugnada,  en  apoyo  de  la  plural  lesión,  defiende  que  se  modifica 
indebidamente la declaración de hechos probados para aplicar la teoría del incremento 
del riesgo en su versión más radical en tres direcciones. A saber:
(i)  Se revalora la existencia de una duda absolutoria por no haberse acreditado que 
una actuación correcta hubiera evitado el resultado de muerte, en tanto el Tribunal 
Supremo opone que lo que debió constatarse es que, a pesar del tratamiento médico 
correcto,  no  se  hubiera  salvado.  Ese  cambio  supone  apartarse  de  un  resultado 
probatorio fruto de las testificales y periciales médicas, la probabilidad muy alta de 
fallecimiento aunque se actuara de forma correcta, dado el estado crítico o de extrema 
gravedad de la víctima, mientras que la posibilidad de disminución del riesgo era muy 
escasa o más bien de mínimos; dato que no se compadece con la decisión de atribuirle 
el resultado homicida. Con el añadido de que el hecho de que otras dos víctimas de la 
avalancha murieron a pesar de recibir una correcta atención médica, choca con el criterio 
manejado por la Sala de que se debe exonerar si se acredita que la conducta diligente 
no hubiera impedido el resultado de muerte.
(ii)  Se revalora el hecho probado de quién o quiénes crearon el riesgo determinante 
del resultado de muerte cuando se sostiene que la actuación del recurrente es una de las 
causas múltiples determinantes del riesgo que confluyen a un mismo resultado, pues la 
conducta generadora del riesgo determinante de las muertes (avalancha) es imputable al 
resto de los acusados, no a él. Su grave negligencia consistió en no neutralizar ni 
disminuir el grave riesgo de muerte, pero no en incrementarlo.
(iii) Se revalora su conducta desde la perspectiva del grado de omisión cuando se 
viene a afirmar por el Tribunal Supremo que «no hizo nada», como se sigue de varias 
expresiones: «Sin embargo, quien no actúa y puede hacerlo» (pág. 104), «y nada hizo el 
acusado por reanimarla» (págs. 105 y 108), o «[p]ero si no se hace nada» (pág. 108), ya  s
que los hechos probados recogen que realizó masaje cardíaco a doña Cristina Arce y le  oe.
aplicó tres descargas con el desfibrilador. w.
un pbr)o ceCsoom coo ns etogduansd ola sm goatirvaon stíea sa l(eagrta.  2la4 .v2u ClnEe)r,a cai ólan  pdree slousn cdióenre dceh oins ofcuenndcaima e(anrtta. le2s4 .a2 
CdeE )la y p aru leab tau tye lcao rjuredliactiiavla e ifnefcraticvcai ósnin d ienld perfienncsipióion  in(a drtu. b2io4 .p1r oC Ere)o p.or inversión de la carga  BOE-A-cable e
El demandante subraya la posición reforzada del acusado conforme a la doctrina 
constitucional (SSTC 141/2006, de 8 de mayo; 575/2008, de 7 de octubre, y 116/2011 
de 1 de febrero), que se manifiesta en un abanico de derechos de los que destaca el 
derecho a la presunción de inocencia, que obliga a que sea la acusación quien deba 
probar la participación en el delito del acusado, y el principio in dubio pro reo, que, a su 
entender, obliga al juez, en su dimensión normativa, a adoptar el sentido o alcance de la 
norma más beneficioso para el reo y, en su dimensión procesal, a absolver si no alcanza 
la  certeza  judicial  de  la  participación  en  el  hecho  del  acusado.  Frente  a  ello,  la 
argumentación de la sentencia condenatoria de que solo podrá exonerarse al médico 
omitente  si  se  constata  que  el  tratamiento  debido  no  hubiera  evitado  el  resultado, 
«retuerce la teoría de la imputación objetiva para considerar probada la relación de 
causalidad,  hasta  el  punto  de  reprochar  al  reo  no  haber  probado  la  ausencia  de 
causalidad, invirtiendo la carga de la prueba».
Según el criterio del recurrente, en la sentencia de la audiencia «se considera 
probado que el resultado de muerte podría ser inevitable (aunque no se diga con estas 
palabras)». Sin embargo, la sentencia condenatoria sostiene que el acusado tendría que 
haber probado, fuera de toda duda razonable, que, aun habiendo actuado bien, la 
víctima habría fallecido (inevitabilidad), en lugar de que sea la acusación la que pruebe, 
en  términos  razonables,  que,  si  el  médico  hubiera  actuado  bien,  la  víctima  habría 
sobrevivido (evitabilidad), cuestión sobre la que existen dudas razonables y opera el 
principio in dubio pro reo.  Además, añade, la inevitabilidad del resultado es imposible 
de probar conforme al criterio de la Sala de lo Penal de que la probabilidad rayana en la 
certeza no resulta de aplicación a los casos médicos, por ser la medicina una ciencia de 
medios no exacta y no de resultados, de modo que en ningún caso es posible absolver al 
médico que incurre en negligencia.
El  demandante  finaliza  sus  alegaciones  reiterando  las  consideraciones  del  voto 
particular respecto a «la inexistencia de relación causalidad de acuerdo con la teoría de 
la imputación objetiva, ya se siga la teoría de la evitabilidad del resultado o la teoría del 
incremento del riesgo, dado que la extrema gravedad de la víctima a su llegada a la 
enfermería, los tiempos transcurridos desde la avalancha hasta la primera asistencia y 
consiguiente parada cardiorrespiratoria de origen traumático y extrahospitalario, no han 
acreditado desde una perspectiva ex post una posibilidad significativa de disminución del 
riesgo, sino, más al contrario, una posibilidad de mínimos».
La especial trascendencia constitucional de la demanda se cifra en la concurrencia 
de dos de los supuestos enunciados en el fundamento segundo de la STC 155/2009, 
de 25 de junio. De un lado, el designado con la letra e), es decir, por la existencia de 
resoluciones  judiciales  contradictorias  sobre  el  derecho  fundamental,  ya  sea 
interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos 
casos y desconociéndola en otros, que razona remitiéndose la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las garantías de la 
condena en segunda instancia. De otro lado, el supuesto g), referente al planteamiento 
de una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que identifica con la 
afectación del principio in dubio pro reo y, por ende, de la presunción de inocencia que 
genera la interpretación extremista de la teoría del incremento del riesgo sostenida en la 
sentencia  impugnada,  que  valora  como  un  precedente  peligroso  para  la  profesión 
médica.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 18 de junio de 2019, 
acordó admitir a trámite la demanda de amparo, tras apreciar que ofrece especial  e.
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  w.b
(LOTC)], porque la doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental que se alega  93ww
ppuoddireíara ens teaxr issiteirn dreos ionlcuucmiopnleidsa  jdued icmiaoldeos  gceonnetrraadl yic troeriitaesra dsoo bproer  leal  judreisredcichcoió nfu onrddainmaerinat aol 
[STCE n1 5a5p/l2ic0a0c9ió, nF Jd 2e  elo)] .dispuesto en el art. 51 LOTC, también se acordó dirigir atenta
comunicación a los órganos judiciales a fin de que en plazo que no exceda de diez días
remitieran testimonio de las actuaciones, debiendo emplazar previamente la Sección 
Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudieran comparecer en el plazo de 
diez días en el proceso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia 
de 18 de septiembre de 2019, tuvo por personados a los procuradores doña María 
Soledad Castañeda González, en nombre y representación de los familiares de doña 
Cristina Arce (don José Arce San José, doña Isabel de la Fuente Morales y doña 
Verónica Arce de la Fuente); doña Adela Cano Lantero, en nombre y representación del 
responsable civil directo Zurich Insurance, P.L.C.; don Ignacio Melchor Oruña, en nombre 
y  representación  del  responsable  civil  subsidiario  Seguriber,  S.L.U.;  don  Alejandro 
González Salinas, en nombre y representación de los familiares de otra víctima mortal 
(don Nicolás Langdon Ruiz y doña Yolanda del Real Puyuelo), y doña Patricia Martín 
López, en nombre y representación del condenado don Miguel Angel Flórez Gómez. 
Igualmente acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
por plazo común de veinte días, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
Acordó, asimismo, conceder a los procuradores don Ignacio Melchor Oruña, don 
Alejandro González Salinas y doña Patricia Martín López el plazo de diez días para 
aportar escritura de poder o apoderamiento apud acta que acredite la representación que 
dicen  ostentar,  con  el  apercibimiento  de  que,  de  no  efectuarlo,  se  les  tendría  por 
decaídos en su derecho.
6.  La representación procesal de los familiares de doña Cristina Arce formuló sus 
alegaciones mediante escrito registrado en este tribunal el 17 de octubre de 2019, en el 
que solicita la desestimación de la demanda de amparo.
Con carácter preliminar, no obstante, señala como óbice de admisibilidad la falta de 
una justificación suficiente de la especial trascendencia constitucional, ya que considera 
que los apartados e) y g) esgrimidos no concurren, pues no se indica en la demanda 
sobre qué derecho fundamental existen resoluciones contradictorias ni cuáles son esas 
resoluciones, sin que pueda estimarse que el derecho es el principio in dubio pro reo en 
tanto  que  no  se  plantea  una  duda  en  la  valoración  de  la  prueba  que  permita  su 
invocación.
Como alegaciones sobre el fondo del asunto y respecto al primer motivo, opone, 
frente al derecho a la segunda instancia penal, el derecho a los recursos reconocido a 
las víctimas de los delitos y el dato de que el recurso de casación se estimó por 
infracción de ley, sin que se aprecie lesión de las garantías del proceso debido, que se 
han observado, ni indefensión, ya que no existe la alteración de la base fáctica de la 
sentencia de instancia que se aduce en la demanda. Por el contrario, advierte que sí se 
aprecia ese cambio en el voto particular y en las alegaciones del demandante, donde se 
revalora la prueba testifical y pericial. Tampoco tiene sostén, a juicio de la parte, el 
segundo motivo, que afirma la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la 
correlativa del principio in dubio pro reo con el argumento de que en la sentencia 
absolutoria  «se  considera  hecho  probado  que  el  resultado  de  muerte  podría  ser 
inevitable (aunque no se diga con estas palabras)», inciso final que precisamente revela 
que ese dato no se contiene en la sentencia de instancia y supone una alteración de los 
hechos  probados.  A  la  postre,  termina  diciendo,  el  recurso  se  limita  a  mostrar  la 
discrepancia con el criterio de imputación objetiva manejado en la sentencia de casación. e
7.  El recurrente, en escrito registrado el 23 de octubre de 2019, se ratificó en todas  w.
las a8l.e gaEcl ioMnineiss tceorniot eFniisdcaasl,  eenn s eus dcerimtoa rnedgais.trado el 30 de octubre de 2019, interesó que  2021-4493n https://ww
se denegara el amparo solicitado en todos sus términos, tras una amplia exposición de
los antecedentes y las alegaciones del recurrente y rechazar los dos motivos de la 
demanda.
a)  Aborda el primer motivo con la exposición de la doctrina constitucional sobre las 
garantías procedimentales exigibles para la condena agravatoria en segunda instancia 
recogida en la STC 78/2019, de 3 de junio, FJ 6, con base en la STC 146/2017. A la luz 
de tal doctrina, fija como cuestión determinante si ha habido realmente alteraciones 
fácticas de los hechos declarados probados en la sentencia de primera instancia, lo que 
niega en los tres aspectos subrayados en la demanda.
(i)  En  lo  que  respecta  a  la  primera  denuncia,  apunta  que  la  afirmación  de  la 
sentencia de casación de que lo que debe constatarse en un caso de imprudencia 
médica como el planteado para exonerar la responsabilidad del doctor actuante es que, 
pese a dispensarse el tratamiento médico de modo correcto, no se hubiera salvado la 
vida de la sometida a la asistencia, responde a la plasmación de un postulado en el 
marco  de  examen  de  una  cuestión  estrictamente  jurídica,  vinculada  a  la  posición 
jurisprudencial que opta por una de las construcciones dogmáticas sobre la controvertida 
cuestión  del  criterio  de  imputación  objetiva  aplicable  en  un  tipo  de  casos,  la  del 
incremento del riesgo. Algo que, destaca el fiscal, más allá del acierto o no, pertenece al 
propio  ámbito  competencial  del  Tribunal  Supremo  como  unificador  de  doctrina 
jurisprudencial y máximo intérprete –ex art. 123 CE– de la legalidad ordinaria, en este 
caso penal, y que se asienta en la existencia de un concurso causal múltiple y el 
aumento de las posibilidades de falta de recuperación de las lesiones sufridas que 
consta en el relato fáctico, que no se ve alterado como tampoco se ve revalorada prueba 
alguna.
(ii)  En consonancia con lo anterior, el fiscal insiste en que no hay una afirmación 
novedosa en casación cuando se señala la actuación del recurrente como una las 
causas  múltiples  determinantes  del  riesgo  que  confluyeron  al  resultado  de  muerte, 
porque los hechos declarados probados recogen que no prestó la asistencia médica 
precisa «aumentando así la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las lesiones 
sufridas», lo que permite apreciar el nexo entre el obrar del agente y el resultado.
(iii)  Por lo que atañe a la denuncia de alteración fáctica por emplearse referencias a 
la inacción del recurrente del tenor «[s]in embargo, quien no actúa y puede hacerlo» 
(pág. 104), «y nada hizo el acusado por reanimarla" (pág. 105), o «[p]ero si no se hace 
nada» (pág. 108), considera que «su aparente enfrentamiento con el hecho afirmado de 
realización por el recurrente de masaje cardiaco y tres descargas del desfibrilador no se 
sostiene más que si se descontextualizan y se contemplan de manera aislada». Pone de 
relieve que la falta de actuación no va referida a una total inacción, sino a una acción 
adecuada a todo lo que se podía hacer, dato probado y reiterado en la sentencia de 
instancia. En este contexto, «las afirmaciones reprochadas en la demanda se efectúan 
en el marco de reflexiones incididas por un componente intensamente omisivo –tanto 
desde  la  perspectiva  cualitativa  como  cuantitativa–  y  realizadas  con  vocación  de 
aplicación general a situaciones de negligencia médica profesional para los supuestos 
tanto de inacción total como de acción parcial deficiente –en alguna de sus expresiones 
más intensivas de tan nulo efecto reparador de la salud como la absoluta inacción– en la 
prestación sanitaria de un médico ante una urgencia vital sometida a su intervención que 
requiere de un máximo esfuerzo profesional».
b)  Frente a la plural lesión que el recurrente atribuye al modo de entender la teoría  s
de  la  imputación  objetiva  por  el  Tribunal  Supremo  para  atribuirle  el  resultado,  el  oe.
Ministerio Fiscal reitera que ese tribunal actúa dentro de sus atribuciones como máximo  w.
uipnnatéarar p dirmee tpleau std aeor  palcali  oalenggeeasnl itddeao edgl m oráerdtsiicunalatsar idaqo.u  Fed iajsañe ou shnoa ,cn r sibtienargriaouj laaadrpmoli ceeannttie vl,ao   eddnoe cls tutripipnuoae  psyet olnasa  ljd uceroi spnpr rebusadtsaeecn icóeinna    2021-4493n https://ww
sanitaria  médica  subsiguiente  a  una  situación  de  urgencia  vital  ocasionada  por  un
acontecimiento lesivo previo; y lo hace, precisamente, en atención a las características 
de la ciencia médica.
El fiscal añade que los hechos probados fueron fijados conforme a la actividad 
probatoria de carácter personal, pericial y documental desplegada en sede de la propia 
Audiencia Provincial, sin que, en el aspecto concernido, el relato sufriera modificación 
sustancial ni revaloración alguna en el análisis habido en sede de casación, de modo 
que la razonabilidad que une la actividad probatoria y el relato fáctico no puede resultar 
ahora objeto de cuestionamiento. Aclara que la duda sobre la salvación de la vida de 
aplicarse una correcta actuación médica es irrelevante desde la perspectiva de la teoría 
del incremento del riesgo una vez que se acredita la contribución al resultado por el 
incremento del riesgo fruto de la omisión de la prestación médica sanitaria que se 
precisaba, aumento que está recogido en el relato de hechos probados como resultado 
de la prueba practicada.
9.  Por providencia de la Sección Tercera de este tribunal de 25 de noviembre 
de 2019, se acordó no tener por personados a los procuradores don Ignacio Melchor 
Oruña, don Alejandro González Salinas y doña Patricia Martín López, al no haber 
procedido a la subsanación del defecto que se les puso de manifiesto de no acreditar la 
representación que dicen ostentar (arts. 49.4 y 50.4 LOTC).
10.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Se impugna en el recurso de amparo la sentencia de 11 de diciembre de 2017, 
dictada  por  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Supremo  en  el  recurso  de  casación  núm. 
2019-2016, que revocó la sentencia absolutoria respecto al demandante de la Sección 
Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de septiembre de 2016, dictada en 
el procedimiento abreviado núm. 970-2015, condenando al recurrente como autor de un 
delito de homicidio imprudente en la modalidad de imprudencia profesional (art. 142.1 y 3 
CP). La impugnación se extiende a la providencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 29 de mayo de 2018, por la que se inadmite el incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones promovido por el demandante frente a la citada sentencia de la 
Sala Penal.
El demandante de amparo considera vulnerados (i) sus derechos a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 
CE),  en  tanto  la  condena  se  asienta  en  una  modificación  implícita  de  los  hechos 
probados fruto de una revaloración de la prueba personal sin las debidas garantías y sin 
haberle dado trámite de audiencia; y (ii) sus derechos a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en tanto la sentencia impugnada adopta una 
interpretación típica que supone una inversión de la carga de la prueba y la infracción del 
principio in dubio pro reo, cuyos requisitos tampoco se han probado.
El fiscal y la acusación particular interesan que se desestime la demanda de amparo, 
pues la condena no lesiona el derecho a un proceso con todas las garantías, ya que 
obedece a estrictas consideraciones jurídicas. No existe alteración alguna en el relato de  s
hechos probados formulado en la instancia, sino una subsunción distinta fruto de una  oe.
concepción dogmática diversa, que, por lo demás, no vulnera el derecho a la presunción  w.
dpdereef iivcniiooe,cn etenqmcuiaee n atdenu ojuc isdtcaifoi.c nEacdnua rs.rues  allae gaecsiopneecisa,l  la tpraasrtcee ncodmenpcaiare cicdoan mstaitnuicfiieosntaal,  caolne gcaadráac teyr   2021-4493n https://ww
2.  Óbice de admisibilidad.
Antes de entrar al fondo, debe resolverse la doble objeción a la admisión de la 
demanda  planteada  por  la  parte  comparecida,  que  alega  falta  de  una  justificación 
suficiente  de  la  especial  trascendencia  constitucional,  que,  además,  no  estima 
concurrente [arts. 49.1 y 50.1 b) LOTC]. Frente a tales aseveraciones, se aprecia un 
razonamiento específico en el apartado III del recurso que apela a dos de los supuestos 
de  especial  trascendencia  constitucional  enunciados  sin  ánimo  agotador  en  el 
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio. De una parte, al enunciado 
con  la  letra  e),  identificando  como  doctrina  constitucional  sobre  la  que  existen 
resoluciones  contradictorias,  la  relativa  a  las  garantías  procesales  de  la  reforma 
peyorativa en segunda instancia y como tales resoluciones conflictivas las del propio 
Tribunal Supremo. De otra, al supuesto g), con el argumento de que se plantea una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, por cuanto la interpretación 
defendida por el Tribunal Supremo en la sentencia impugnada es un precedente que se 
proyecta a la profesión médica. A tenor de tal desarrollo, no puede compartirse el óbice 
en lo que atañe a la justificación insuficiente de la especial trascendencia constitucional, 
ya que se identifican dos de las causas de relevancia constitucional expuestas en la 
STC 155/2009 y se razona sobre su concurrencia. Se aprecia un esfuerzo argumental de 
la parte recurrente destinado a cumplir la carga impuesta en el art. 49.1 LOTC, al 
haberse disociado suficientemente en la demanda de amparo los argumentos destinados 
a probar la existencia de las lesiones de los derechos fundamentales de aquellos otros 
encaminados a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso en términos 
que  coinciden  con  los  criterios  establecidos  en  la  jurisprudencia  constitucional 
(SSTC 89/2016, de 9 de mayo, FJ 2, y 172/2016, de 17 de octubre, FJ 2).
Por lo que se refiere a la apreciación de especial trascendencia constitucional, 
cuya concurrencia también cuestiona la parte, es doctrina reiterada que «es a este 
tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que encuentra su 
momento procesal idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 
LOTC» [últimamente, entre otras, SSTC 46/2019, de 8 de abril, FJ 3 c); 54/2019, de 6 
de mayo, FJ 3 c); 3/2020, de 15 de enero, FJ 4, y 143/2020, de 19 de octubre, FJ 2]. 
En  la  providencia  de  admisión  a  trámite  consta  que  hemos  considerado  que  el 
presente recurso tiene especial trascendencia constitucional, porque la doctrina de 
este  tribunal  sobre  el  derecho  fundamental  que  se  alega  podría  estar  siendo 
incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir 
resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 e)]. En concreto, y desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) y las exigencias para poder condenar o agravar la pena en 
vía de recurso, la dificultad de su traslación al ámbito de la casación, donde no se 
prevé  ni  se  ha  admitido  la  celebración  de  vista  con  audiencia  del  acusado,  ha 
provocado  que  hayamos  tenido  que  pronunciarnos  en  diversas  ocasiones  sobre 
resoluciones peyorativas del Tribunal Supremo en las que se aplicaba la doctrina 
referida  con  desigual  tino.  En  particular,  en  supuestos  en  los  que,  sin  modificar 
formalmente los hechos probados, sin embargo, no siempre se está decidiendo sobre 
cuestiones estrictamente jurídicas, lo que es conforme con las exigencias del art. 24.2 
CE, sino fácticas, incumpliendo las exigencias constitucionales. Como muestra de esa 
aplicación  contradictoria  de  la  doctrina  constitucional  cabe  traer,  entre  otras,  las 
SSTC 172/2016, de 17 de octubre; 146/2017, de 14 de diciembre, o 36 y 37/2018,  e.
ambas de 23 de abril. O más recientemente, las SSTC 1/2020, de 14 de enero,  w.b
o  35/2020,  de  25  de  febrero,  donde  hemos  apreciado  como  razón  de  especial  93ww
gtreanseceranld eyn crieai tceorandsoti tupcoior nalal  qjuueri ssdui cdcoiócntr inoar dpinoadrriíaa  eos tapru dsiieenradno  ienxciusmtirp lirdeas odluec mioondeos 
judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)].
3.  Doctrina constitucional sobre las garantías procedimentales de la condena o 
agravación en segunda instancia.
El primer motivo del recurso denuncia la vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), si bien en el desarrollo del motivo se aprecia que la queja se circunscribe 
al primero de los derechos. Así, tras exponerse la doctrina constitucional sobre las 
garantías procesales que el art. 24.2 CE exige a los órganos judiciales para revisar una 
sentencia penal absolutoria o agravar una condenatoria, se concluye que el Tribunal 
Supremo altera la literalidad de los hechos probados en tanto se añaden unos (el 
acusado «no hizo nada») y se prescinde de otros (las periciales que acreditan el estado 
crítico  o  de  extrema  gravedad  de  la  víctima  y  las  escasísimas  posibilidades  de 
recuperación), de modo que las consideraciones jurídicas determinantes de la condena 
(versión extrema de la teoría del incremento del riesgo) no son respetuosas con aquellos 
hechos probados ni congruentes con el resultado de la prueba, que se revalora sin 
inmediación.
Este tribunal cuenta con una consolidada jurisprudencia sobre las exigencias que 
debe reunir una condena penal o agravación en segunda o ulteriores instancias para 
respetar el derecho a un proceso con todas las garantías. En la reciente STC 35/2020, 
de 25 de febrero, FJ 2, el Pleno de este tribunal recuerda haberla resumido en las 
SSTC 88/2013, de 11 de abril, FFJJ 7 a 9; 146/2017, de 14 de diciembre, FFJJ 6 y 7, 
y 1/2020, de 14 de enero, FJ 4. En todas ellas se pone de relieve que la cuestión ha sido 
objeto de un detenido y extenso análisis en numerosas resoluciones –inspiradas en los 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos– que arrancan de la 
STC 167/2002, de 18 de diciembre, FFJJ 9 a 11. Entonces, este tribunal en pleno declaró 
que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman 
parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se 
fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y 
personalmente en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. 
Esta doctrina fue complementada con la STC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, en la 
que señalamos que también en estos casos se debe igualmente atender a la exigencia 
de la audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de 
defensa (art. 24.2 CE).
Desde tales hitos, se ha afianzado una doctrina constitucional que, en síntesis, fija 
los siguientes márgenes de revisión: (i) Vulnera el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene 
a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva 
valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados 
probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia 
pública en la que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de 
publicidad,  inmediación  y  contradicción  que  le  son  propias  y  se  dé  al  acusado  la 
posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal. (ii) No cabe efectuar este 
reproche constitucional cuando la condena o la agravación de la situación, a pesar de no 
haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica 
entre  los  órganos  judiciales  de  primera  y  segunda  instancia  en  la  que  no  estén 
implicadas  las  garantías  de  publicidad,  inmediación  y  contradicción  y  para  cuya 
resolución  no  resulte  necesario  oír  al  acusado.  Ninguna  incidencia  podría  tener  la 
audiencia  en  la  decisión  que  pudiera  adoptarse  y  la  posición  de  la  parte  puede  e.
entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado. w.b
Estos criterios han tenido una particular proyección en supuestos en los que la  93ww
ceolenmtreonvetor siatí poic doi,s cerel paenlecmiae sneto  prsoudbujceeti veon  rneelacceisóanr icoo np alar ac onecsutarbrelencceiar  doe  uang rcaovnacrr etloa 
rpersepsoennscaiab diliedbaedr áp evneanli.r  Aplr erseisdpideoc tpoo, rh leam porse vsiau baruadyiaednoc iqau ael  aecl uesnajudioci,a ymai eqnuteo  fsoormbrae  pdaicrhtea, 
a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos
judiciales (ya en STC 88/2013, FJ 8, con cita de la STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4). 
Este criterio, reiterado, entre otras, en las SSTC 157/2013, de 23 de septiembre, FJ 7; 
205/2013, de 5 de diciembre, FJ 5; 125/2017, de 13 de noviembre, FJ 6; 146/2017, de 14 
de diciembre, FJ 7; 59/2018, de 4 de junio, FJ 3, 73/2019, de 20 de mayo, FJ 2; 
149/2019, de 25 de noviembre, FJ 2; 1/2020, de 14 de enero, FJ 4, o 35/2020, de 25 de 
febrero, FJ 2, traduce la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
que, con carácter general, la revisión de los elementos subjetivos del delito es también 
una cuestión de hecho y no una estricta cuestión de calificación jurídica y, por ello, 
precisa, cuando menos, la audiencia del acusado (SSTEDH de 10 de marzo de 2009, 
caso Igual Coll c. España; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España; 
13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España; 20 de marzo de 2012, 
caso Serrano Contreras c. España; 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y 
Llop García c. España; 8 de octubre de 2013, caso Nieto Macero c. España; 8 de octubre 
de 2013, caso Román Zurdo c. España; 12 de noviembre de 2013, caso Sainz Casla c. 
España; 8 de marzo de 2016, caso Porcel Terribas y otros c. España; 29 de marzo 
de 2016, caso Gómez Olmeda c. España; 13 de junio de 2017, caso Atutxa Mendiola y 
otros c. España; 13 de marzo de 2018, caso Vilches Coronado y otros c. España, o 24 de 
septiembre  de  2019,  caso  Camacho  Camacho  c.  España).  No  obstante,  debe 
distinguirse el enjuiciamiento relativo a la concurrencia del hecho subjetivo de la estricta 
calificación jurídica que deba asignarse a ese hecho una vez acreditada su existencia. 
No cabe objeción constitucional a la condena o la agravación en vía de recurso, a pesar 
de  no  haberse  celebrado  vista  pública,  en  tanto  traiga  causa  de  erróneas 
consideraciones jurídicas sobre su necesaria concurrencia, es decir, si se trata de la 
corrección de errores de subsunción jurídica a partir de los elementos fácticos reflejados 
en la resolución impugnada (SSTC 125/2017, FJ 6, 35/2020, FJ 2). En tal caso, el debate 
desarrollado en la jurisdicción revisora no atañe a cuestiones de hecho y de Derecho, 
donde sería precisa la celebración de audiencia pública con participación del acusado, 
sino a aspectos puramente jurídicos, objeto de la contradicción imprescindible para el 
derecho de defensa a través de la intervención de su abogado (SSTEDH de 22 de 
octubre de 2013, caso Naranjo Acevedo c. España, § 17 a 19, y de 23 de febrero 
de 2016, caso Pérez Martínez c. España, § 37, 39 y 40).
4.  Aplicación de la doctrina al caso: distinta comprensión de un elemento típico y 
ausencia de modificación de los hechos o de revaloración de la prueba.
La proyección de los criterios expuestos al asunto que nos ocupa conduce a negar la 
lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) aducida, ya que la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo ha revocado la absolución y condena con base en 
consideraciones puramente jurídicas tras un examen respetuoso de sus exigencias.
a)  Distinta comprensión de un elemento típico.  Se debate en casación sobre el 
criterio de imputación objetiva del resultado a una omisión imprudente que conduce a 
responder  por  ese  resultado  en  comisión  por  omisión  u  omisión  impropia.  En  esa 
discusión, la sentencia de la Audiencia Provincial, la del Tribunal Supremo y el voto 
particular manejan las principales teorías propuestas, la teoría de la evitabilidad y la 
teoría del incremento/disminución del riesgo, que, además, siguen en versiones diversas. 
Sin descender a los matices con que pueden formularse esas posturas básicas, resulta 
claro que la teoría de la evitabilidad, por la que se inclina el tribunal a quo, para imputar 
el resultado exige que se acredite ex post que la conducta debida ex ante habría logrado  s
evitar el resultado con una posibilidad rayana en la certeza o, en versiones menos  oe.
rigurosas, con una elevada probabilidad. En cambio, la teoría del incremento del riesgo  w.
qcdouenel d rdiueecsftgiaeo n qdeuene   eerlle  Tásrumibltbauibtnoaa  ld dSei luilgape roenmmteio sa,i ólq ntui,ee im mspupoeu lteda e ee nla ucrentuscauiarltsrasede o hc asobim rsíoae   tdceoiosnrmísaitna dutaeid  eolax  e dpli osrmsiet isnqguuoce i dólena    2021-4493n https://ww
acaecimiento del resultado, admitiendo a su vez diversos grados de disminución del
peligro –del mínimo al sustancial– como umbral para atribuir el resultado a la omisión y 
condenar por el delito de resultado de que se trate.
Se entiende así que, ante unos mismos hechos y, en particular, ante un determinado 
nivel de incertidumbre sobre la producción o evitación del resultado con la conducta 
correcta, la opción por una u otra posición dote de significado típico o no a la conducta 
omisiva de un garante. Ciertamente podrá preferirse una concepción u otra, podrá 
discutirse sobre su corrección dogmática y político-criminal e, incluso, sobre su respeto al 
derecho a la presunción de inocencia o su compatibilidad con las previsiones legales 
desde la perspectiva del derecho a la legalidad penal. Pero, en lo que cumple al análisis 
de este motivo, lo determinante es que se trata de una cuestión estrictamente jurídica, en 
la que los elementos fácticos objetivos y subjetivos fijados en la sentencia de primera 
instancia,  fruto  de  una  práctica  válida  de  la  prueba  y  sobre  los  que  ha  podido 
pronunciarse el acusado, se subsumen o no en el tipo correspondiente en función del 
entendimiento de ese tipo.
Como se expuso en los antecedentes, la Sala Segunda del Tribunal Supremo parte 
de la posición de garante del demandante como médico que atendió a la joven herida en 
la  avalancha,  de  la  grosera  omisión  de  la  diligencia  debida  por  no  realizarse  las 
maniobras más elementales de reanimación, del incremento del riesgo para la vida de la 
joven y de su muerte. Todos ellos, datos fácticos y valoraciones que constan en la 
sentencia de primera instancia y se ajustan a las pericias practicadas y al resultado 
probatorio acogido por la Audiencia Provincial, como reconoce el voto particular. La 
diferente  calificación  jurídica  de  los  hechos  se  explica  porque  el  Tribunal  Supremo 
sostiene  que  esos  datos  son  suficientes  para  imputar  el  resultado  de  muerte  a  la 
negligente conducta omisiva del médico. El aumento de las posibilidades de que la joven 
herida no pudiera recuperarse de las lesiones sufridas que desencadenó su actuación, 
afirmado textualmente por el tribunal a quo, supone un incremento del riesgo de muerte, 
que, en la opción interpretativa del órgano de casación, es el criterio determinante de la 
imputación  del  resultado,  sin  que  sea  exigible  la  práctica  certeza  sobre  la  eficacia 
salvadora  de  la  conducta  debida  y  omitida  por  el  médico  que,  por  el  contrario, 
demandaba la sentencia absolutoria revocada.
Con  base  en  los  elementos  de  hecho  declarados  probados  por  la  Audiencia 
Provincial, la sentencia impugnada se limita a modificar su calificación jurídica, supuesto 
de  revisión  peyorativa  en  vía  de  recurso  que,  conforme  a  la  doctrina  más  arriba 
expuesta, no precisa la celebración de vista pública con audiencia al acusado y, en su 
caso, práctica de prueba para resultar conforme con las exigencias del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Se maneja una tesis distinta sobre un 
elemento  objetivo,  la  imputación  del  resultado  a  la  omisión.  Como  ocurría  en  los 
supuestos  de  distinta  concepción  sobre  el  elemento  subjetivo  del  tipo  más  arriba 
referidos, el cambio de calificación jurídica obedece exclusivamente a la interpretación 
de los requisitos del delito y no a una nueva fijación de los hechos probados que 
encuentre su origen en la reconsideración de pruebas o una revisión de las inferencias a 
partir de los mismos.
b)  Ausencia de modificación de los hechos o de revaloración de la prueba.  Aduce 
el recurrente que, a pesar de mantenerse formalmente el factum, se altera en tanto (i) se 
obvia la «duda absolutoria» fruto de no haberse acreditado que una actuación correcta 
hubiera evitado el resultado, (ii) se revalora el hecho de quién creo el riesgo, que solo es 
imputable a las conductas generadoras de la avalancha, y (iii) se afirma que «no hizo 
nada», a pesar de que consta que practicó masaje cardíaco y tres descargas con el  s
desfibrilador.  Sin  embargo,  ninguno  de  los  tres  extremos  señalados  constituyen  tal  oe.
modificación prohibida, sino una crítica a la aplicación de la versión de la teoría del  w.
incremento del riesgo manejada por el órgano judicial, esto es, una discrepancia sobre  93ww
cuestiones jurídicas y no fácticas.
mod(iif)i caLcaió np driem elorsa  hoebcjheocsió. nE nn on inpglúann temao mreenatlmo ehnat en eqguaed o seel  Thraibyuan apl rSoudpurceidmoo  uqnuae 
falte la certeza de que la actuación debida hubiera impedido el resultado, de modo que
tampoco ha revisado la prueba en que se apoya tal conclusión. Lo que ha negado es que 
ese  dato  determine  una  duda  absolutoria  en  tanto  que,  conforme  al  criterio  del 
incremento  del  riesgo,  como  criterio  elegido  de  imputación  del  resultado,  esa 
incertidumbre no es relevante, lo relevante es que efectivamente hubiera un incremento 
del peligro (o una no disminución). Se trata de un hecho probado en la resolución casada 
(«aumentando  así  la  posibilidad  de  que  no  pudieran  recuperarse  de  las  lesiones 
sufridas») que ahora se valora como suficiente para condenar. En el mismo sentido, 
tampoco existe una desatención a las mínimas posibilidades de supervivencia apuntadas 
por  las  periciales  practicadas,  que  no  se  revaloran,  en  tanto  que  para  el  Tribunal 
Supremo lo relevante es la existencia de una posibilidad de aminoración del riesgo de 
muerte, por mínima que fuera, sin exigir una posibilidad sustancial de disminución del 
riesgo.
(ii)  La segunda objeción del demandante olvida que su responsabilidad penal no 
deriva del riesgo desencadenado por la conducta de otros acusados, determinante de la 
avalancha, sino del incremento del riesgo de desenlace fatal fruto de la omisión de la 
conducta debida a que estaba obligado en su condición de garante. La resolución 
impugnada no revalora el origen del riesgo inicial desencadenado por la avalancha, que 
ni se cuestiona ni se le atribuye en absoluto, sino que califica el peligro de su conducta 
omisiva, incremento del riesgo frente al permitido que, como hemos repetido, se afirma 
ya en la sentencia de primera instancia.
(iii)  Por último, alega una genuina alteración fáctica en relación con la descripción 
de su conducta en diversas expresiones de la sentencia impugnada como un «no hacer 
nada», cuya oposición al hecho probado de que practicó maniobras de reanimación es, a 
lo sumo, aparente y viene desmentida por su contextualización, como ha manifestado el 
fiscal en sus alegaciones. Las frases de la sentencia impugnada «[s]in embargo, quien 
no actúa y puede hacerlo» (página 104) o «[p]ero si no se hace nada» (página 108) se 
formulan con vocación general al exponerse la posición dogmática adoptada por el 
Tribunal Supremo y no como descripción de la conducta del acusado. Además, esas 
expresiones generales se conectan en las páginas citadas, al igual que la locución «nada 
hizo el acusado por reanimarla» en las páginas 105 y 108, con la valoración de su 
conducta como omisiva de la prestación sanitaria adecuada, refiriéndose esa «nada» a 
la no realización del comportamiento debido, hecho fijado tanto en el relato de hechos 
probados como en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, que califica la 
actuación del médico como «claramente negligente». El Tribunal Supremo no pone en 
duda  que  el  demandante  hiciera  un  masaje  cardíaco  a  la  víctima  y  aplicara  tres 
descargas con el desfibrilador, sino que acoge la valoración en la sentencia de primera 
instancia de esa exigua atención como gravemente imprudente.
En suma, a diferencia de otros asuntos, los aspectos analizados por el Tribunal 
Supremo  para  pronunciarse  sobre  la  culpabilidad  del  demandante  no  atañen  a 
cuestiones de hecho y de Derecho entrelazadas, sino puramente jurídicas, relativas al 
criterio para afirmar la existencia del nexo objetivo típicamente exigible entre el resultado 
desvalorado y la conducta del agente. Se parte del mismo sustrato fáctico, como el 
propio voto particular admite, pero se opta por una interpretación del delito de homicidio 
imprudente en comisión por omisión (art. 142 CP en relación con el art. 11 CP), del 
concreto elemento objetivo del tipo de la imputación objetiva, que torna la atipicidad en 
tipicidad y, por ello, la absolución en condena. Las tres alteraciones fácticas que, según 
criterio del demandante, desmentirían la conclusión anterior, no son tales, sino una 
crítica a la concepción del elemento típico de la imputación objetiva acogida por el  e.
Tribunal Supremo. En la medida en que se trata de una nueva definición jurídica del  w.b
delito enjuiciado y, por ello, de un estricto cambio de calificación jurídica a partir de los  93ww
hcoemchoo sg rparvoebmadeonste y  idmep lrau dveanlotera, cnióon  erreaa lpizraedcais ap olra  lac ealuedbireanccióian  ddee l au ncao nvdiustcata p dúebll imcaé dciocon 
rleetpraroddou ctcuivóine rdae  oppruoertbuansid apde rsdoen alperse sye natuadr iepnocira  edsecl raitocu sloasd o,a rsgieunmdeon tboass taqnutee  qeuseti msuó 
oportunos en su defensa, habiendo incluso informado al respecto en la vista celebrada
en casación (SSTC 35/2020, FJ 3, y SSTEDH de 16 de diciembre de 2008, caso Bazo 
González c. España, § 36; de 22 de octubre de 2013, caso Naranjo Acevedo c. España, 
§ 17-19, y de 23 de febrero de 2016, caso Pérez Martínez c. España, § 37, 39 y 40).
El motivo debe decaer, pues no se ha vulnerado el derecho del recurrente a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
5.  Presunción de inocencia, in dubio pro reo e interpretación penal.
En el segundo motivo, se alega la lesión del derecho a un proceso con todas las 
garantías en general, del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión. En su desarrollo, no obstante, se pone en duda, con carácter 
principal, la compatibilidad con las exigencias del derecho a la presunción de inocencia 
de la interpretación manejada en la sentencia del Tribunal Supremo sobre los requisitos 
para imputar objetivamente el resultado de muerte a la omisión de la conducta médica 
debida, a la que se atribuye una inversión de la carga de la prueba y la vulneración del 
principio in dubio pro reo.  A esa crítica absoluta se suma (ya en los parámetros de la 
concepción criticada), que la prueba que se exige al acusado para ser absuelto –que el 
resultado  se  hubiera  producido  aun  desplegando  la  conducta  debida–  precisa  una 
certeza imposible de acreditar conforme a lo defendido por el propio Tribunal Supremo 
sobre  la  incertidumbre  en  el  ámbito  médico.  También  se  reprocha  que  no  se  ha 
acreditado ex post la posibilidad de una disminución relevante del riesgo por la acción 
médica diligente.
El Pleno del tribunal recordó en la STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3, que la 
«doctrina de este tribunal ha reconocido que el derecho a la presunción de inocencia es 
"uno de los principios cardinales del Derecho penal contemporáneo, en sus facetas 
sustantiva y formal" (por todas, SSTC 138/1992, de 13 de octubre, y 133/1995, de 25 de 
septiembre) y es consciente de la importancia garantista del derecho a la presunción de 
inocencia,  al  que  considera  quizás  "la  principal  manifestación  constitucional  de  la 
especial necesidad de proteger a la persona frente a una reacción estatal sancionadora 
injustificada" (SSTC 141/2006, de 8 de mayo, FJ 3, y 201/2012, de 12 de noviembre, 
FJ 4). Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a 
quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, 
de 25 de junio, FJ 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se 
configura  como  derecho  del  acusado  a  no  sufrir  una  condena,  a  menos  que  la 
culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, 
últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril, FJ 2). El art. 24.2 CE significa que se presume 
que los ciudadanos no son autores de hechos o conductas tipificadas como delito y que 
la prueba de la autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos del tipo delictivo, 
corresponden a quienes, en el correspondiente proceso penal, asumen la condición de 
parte acusadora (STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3). Como regla presuntiva supone que 
"el acusado llega al juicio como inocente y solo puede salir de él como culpable si su 
primitiva condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por las 
acusaciones" (SSTC 124/2001, de 4 de junio, FJ 9, y 145/2005, FJ 5). La presunción de 
inocencia es, por tanto, una presunción iuris tantum de ausencia de culpabilidad "que 
determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier 
persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que 
así se declare en sentencia condenatoria" (STC 107/1983, de 29 de noviembre, FJ 2)».
Destacábamos, asimismo, que la eficacia garantista de la presunción de inocencia se 
despliega ante el juez y frente al legislador, en tanto que el derecho a ser presumido  e
inocente es un derecho subjetivo público con una «obvia proyección como límite de  bo
potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas  93ww
vinigcelunidteos »e n(S  TlaC  c1o0n9fi/g1u9r8a6c,i ódne  c2o4n sdtietu csieopntaiel mdber e,e sFtJe  1d)e. reEcnh oc onlac reintote, rd«ieclc itórnib udnea l lhaas 
pFrJe 3su; n8c7i/o2n0e0s1 ,d dee l o2s d eel eambreiln, tFoJs  9c;o 2n6s7ti/t2u0tiv0o5s,  ddee l2 d4e dlieto o (cStuSbTrCe,  1F1J1 4/1, 9y9 992, /d2e0 0164,  ddee  2ju7n dioe, 
marzo, FJ 2). Con independencia de la modalidad delictiva de que se trate, no es
tolerable que alguno de los elementos típicos se presuma en contra del acusado, sea 
con una presunción iuris tantum, que supone una traslación o inversión de la carga de la 
prueba irreconciliable con el art. 24.2 CE (ya en STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3), sea 
con una presunción iuris et de iure, ilícita en el ámbito penal desde la perspectiva 
constitucional, por cuanto prohíbe la prueba en contrario de lo presumido, con los efectos 
vulneradores de la presunción de inocencia de descargar de la prueba a quien acusa y 
de impedir probar la tesis opuesta a quien se defiende» (STC 185/2014, FJ 3).
De otro lado, desde la STC 44/1989, de 20 de febrero, FJ 2, hemos distinguido entre 
el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, situando a este 
último en el momento de la valoración o apreciación probatoria, de modo que «solo entra 
en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos 
objetivos y subjetivos que integran el tipo penal, aunque se haya practicado una prueba 
válida» (STC 16/2000, de 31 de enero, FJ 4). Y mantiene que, «con la perspectiva 
constitucional,  el  principio  in  dubio  pro  reo,  "en  tanto  que  perteneciente  al 
convencimiento íntimo o subjetivo del órgano judicial", ni está dotado de la protección del 
recurso de amparo, "ni puede en modo alguno ser objeto de valoración por este tribunal 
cuando el órgano judicial no ha albergado duda alguna acerca del carácter incriminatorio 
de las pruebas practicadas"» (así últimamente, STC 147/2009, de 15 de junio, FJ 2, con 
cita de las SSTC 63/1993, de 1 de marzo, FJ 4; 103/1995, de 3 de julio, FJ 4; 16/2000, 
de 16 de enero, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 5; 61/2005, de 14 de marzo, FJ 4, 
y 137/2005, de 23 de mayo, FJ 3).
No obstante, conforme a nuestra doctrina, la regla de juicio que impone el derecho a la 
presunción de inocencia es muy clara: «se configura como derecho del acusado a no sufrir 
una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda 
duda razonable» (entre muchas, las ya citadas SSTC 78/2013, FJ 2, y 185/2014, FJ 3). 
Exige, como presupuesto de una condena penal conforme con el art. 24.2 CE, la certeza 
sobre la culpabilidad del imputado, entendida como ausencia de duda razonable respecto 
a la concurrencia de todos aquellos extremos relevantes para la condena. En tal medida, 
la razonabilidad de las conclusiones del juzgador sobre el resultado de los medios de 
prueba, justificadas a través de la debida motivación, y su suficiencia para condenar son 
exigencias entrelazadas del derecho a la presunción de inocencia (SSTC 268/2000, de 27 
de noviembre, FJ 9, y 78/2013, FJ 2). La existencia de una duda razonable en términos 
objetivos  (o  mejor,  intersubjetivos)  implica  una  valoración  probatoria  deficiente  y  la 
ausencia de prueba de cargo suficiente y, en definitiva, la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia. Así ocurrirá, como hemos repetido, si se presentan por el 
acusado  hipótesis  fácticas  alternativas  razonables  frente  a  la  hipótesis  acusatoria 
(SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7; 145/2005, de 6 de 
junio, FJ 5, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 10). Sin que, por lo demás, pueda haber 
diferencia cualitativa desde la perspectiva del art. 24.2 CE entre una absolución resultante 
de  una  constatación  incontestable  de  la  inocencia  del  acusado  y  una  absolución 
fundamentada en la ausencia de pruebas suficientes para enervar la presunción de 
inocencia –por existir una duda razonable– (SSTC 8/2017, de 19 de enero, FFJJ 7 y 8; 
10/2017, de 30 de enero, FJ 4; 85/2019, de 19 de junio, FJ 10, y STEDH de 16 de febrero 
de 2016 asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, § 40).
Sin embargo, no puede vincularse al derecho a la presunción de inocencia un 
principio favor rei en la interpretación de las normas penales, de forma que hayan de 
dirimirse  las  posibles  comprensiones  de  los  preceptos  o  solventarse  las  dudas  de 
subsunción con un criterio pro reo.  Las opciones interpretativas deben decantarse con  s
el instrumental hermenéutico al uso, siempre, por supuesto, con respeto a las exigencias  oe.
de razonabilidad gramatical, metodológica y axiológica que impone el derecho a la  w.
legalidad penal del art. 25.1 CE (STC 137/1997, FJ 7; seguida, entre muchas, por  93ww
SdeS T1C3  d1e8 9s/e1p9t9ie8m, dbere 2, 8F Jd e3 ;s 2e4p2ti/e2m00b5re, , dFeJ  170;  d1e3 /2o0ct0u3b,r ed,e  F2J8  4d; e9 /e2n0e0r6o,,  dFeJ  136;  1d3e8 e/2n0e0ro4,, 
FdeJ  41;7 2 6d2e/ 2o0c0t6u,b dree,  1F1 Jd e8 ;s e1p9t6ie/m20b1r3e,,  FdJe  42;  1d2e9 /2d0ic0i8e,m dber e2,7  FdJe  5o;c tu1b4r6e/2, 0F1J7 3, ; d1e5 31/240 1d1e,   BOE-A-cable e
diciembre, FJ 4, o 1/2020, de 14 de enero, FJ 8). Nuestra doctrina parte de que «toda 
norma penal admite diversas interpretaciones, como consecuencia natural, entre otros 
factores, de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción 
en un sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, 
FJ 7; 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3), y de que la función 
de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos que 
llevan a su conocimiento, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 117.3 CE, sin que pueda este tribunal sustituirlos en dichas 
tareas, ni determinar cuál de entre todas las interpretaciones posibles de la norma es la 
más correcta, ni qué política criminal concreta debe orientar esa selección (por todas, 
SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 142/1999, 
de 22 de julio, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3)» (SSTC 13/2003, de 28 de enero, 
FJ 3; 163/2004, de 4 de octubre, FJ 7; 151/2005, de 6 de junio, FJ 9, y 34/2009, de 9 de 
febrero, FJ 6). Es ajena al contenido de nuestra jurisdicción la interpretación última del 
contenido de los tipos penales y el control de la corrección del proceso de subsunción 
(por todas, STC 137/1997, FJ 7). Por tanto, el examen que nos corresponde atañe a la 
razonabilidad de la comprensión de la norma penal y de la subsunción de los hechos 
probados en ella, y se limita al control de que se respeta el tenor literal de la norma, no 
se  incurre  en  quiebras  lógicas  y  resulta  acorde  con  modelos  de  argumentación 
aceptados por la propia comunidad jurídica y es conforme con las pautas valorativas que 
informan nuestro texto constitucional (SSTC 129/2008, 27 de octubre, FJ 3; 34/2009, 
de 9 de febrero, FJ 6; 91/2009, de 20 de abril, FJ 6; 153/2011, de 17 de octubre, FJ 8, 
y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5).
6.  Criterio  de  imputación  objetiva  del  resultado  conforme  con  el  derecho  a  la 
presunción de inocencia.
El argumento central y reiterado del demandante en apoyo del reproche de inversión 
de la carga de la prueba y vulneración del principio in dubio pro reo es que la opción 
interpretativa manejada por el Tribunal Supremo conduce a que la defensa deba probar 
que la conducta correcta hubiera producido el mismo resultado para ser absuelto, y no a 
que la acusación pruebe que la conducta debida lo hubiera evitado, para condenar. En 
tales términos, se trata de la objeción clásica a la variante de la tesis de la evitabilidad 
sostenida por el Reichsgericht en el conocido caso de la dogmática penal llamado «los 
pelos de cabra», en tanto que el tribunal alemán partía de que la conducta imprudente es 
«causal» respecto al resultado, salvo que se pruebe que la actuación ajustada a Derecho 
lo hubiera desencadenado igualmente. No puede olvidarse, sin embargo, que el Tribunal 
Supremo expresamente advierte que no maneja en la resolución impugnada una teoría 
de la evitabilidad, sino que opta por la teoría del incremento del riesgo como modelo de 
imputación del resultado en los casos de imprudencias médicas.
Como ya hemos explicado más arriba, con ambas propuestas se busca ofrecer 
criterios  para  determinar  la  relación  normativamente  adecuada  entre  conducta 
imprudente y resultado que permite atribuir este a la actuación del sujeto, singularmente 
cuando  no  resulta  claro  que  el  comportamiento  diligente  hubiera  podido  evitar  el 
resultado. Y en tanto no se fije la opción interpretativa, no puede hablarse de una 
inversión de la carga de la prueba o de la lesión del principio in dubio pro reo.  La teoría 
de la evitabilidad exige como elemento típico para imputar un resultado que se acredite 
que la conducta correcta hubiera impedido el resultado con práctica certeza o de forma 
muy probable. Esto es, opera con criterios de causalidad hipotética, de modo que es  e
relevante con carácter principal la posible eficacia de la conducta diligente. Sin embargo,  bo
la teoría del aumento del riesgo, desde la premisa de que el sistema penal pretende  93ww
eelv ilteagr isalcacdioorn, enso q auteie nsudpeo dneg apnri nucni pmioa ayo er sraie shgipoo tpéatircaa e cl obniednu cjutar ídcoicrore qcutae,  esli npoe rqmuieti dsoe  pfiojar 
eenn  sei l lac acsoon dduec tala i mopmruisdióenn,t es huap oinncer eqmueen thaad od eislm riiensugidoo p olar se npcoimsibai ldideal dpeesr mdietid soa, llvoa qcuióen, 
respecto  a  las  que  incorpora  la  acción  debida.  El  Tribunal  Supremo  justifica  su
preferencia por la teoría del aumento del riesgo con argumentos relativos al deber de 
tutela de los bienes jurídicos y de eficacia preventiva de las norma penales. Atiende, en 
concreto y en línea con pronunciamientos del Tribunal Supremo Federal alemán, a las 
peculiaridades que la actividad médica presenta, donde raramente puede acreditarse la 
posibilidad  segura  de  salvación  con  la  conducta  correcta,  con  el  negativo  efecto 
preventivo de tal criterio de imputación, que conduce a la impunidad de las omisiones de 
la prestación médica debida, dada esa duda sobre la eficacia salvadora de la acción 
conforme a la lex artis médica.
En tal medida, cuando el recurrente reprocha a la tesis del aumento del riesgo que 
opera con una inversión de la carga de la prueba y que vulnera el principio in dubio pro 
reo, ya que, ante la duda sobre la eficacia salvadora de la acción diligente, se imputa el 
resultado  a  la  omisión  imprudente  y  se  castiga  por  el  delito  de  resultado,  parte 
implícitamente de un modelo de imputación distinto, anclado en la idea de evitabilidad y 
que exige como elemento típico que, con práctica seguridad o alta probabilidad, el 
comportamiento correcto hubiera evitado el resultado. Pero la teoría del incremento del 
riesgo  no  confiere  relevancia  a  efectos  de  responder  por  el  resultado  a  la  mera 
posibilidad de que la acción correcta tampoco hubiera impedido el resultado, solo a que 
no  exista  el  aumento  del  peligro  –genuino  elemento  típico  que  debe  probar  la 
acusación–,  pues,  en  tal  caso,  no  hay  un  riesgo  por  encima  del  permitido  que 
desincentivar. Así sucede, y aquí es cuando indirectamente converge con la teoría de la 
evitabilidad respecto a la atención al curso alternativo correcto, cuando la conducta 
debida, con certeza, hubiera tenido el mismo resultado dañoso, dado que no existe un 
incremento (o no disminución) del riesgo que los bienes jurídicos deben soportar con 
carácter permitido. Y así lo pone de relieve la sentencia impugnada, que advierte que «si 
se acredita que el resultado no se hubiera evitado, de realizar la conducta obligada, se 
entiende lógicamente que la omisión no ha generado o incrementado riesgo alguno», 
corolario que hay que poner en conexión con su concepción de la imputación objetiva y 
la necesidad de que exista un aumento del peligro acreditado.
A  la  vista  de  las  consideraciones  anteriores,  no  puede  estimarse  la  queja  de 
vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  imputable  a  la  teoría  de  la 
imputación objetiva por la que opta la Sala Segunda. La denuncia se apoya en la 
atribución  de  una  exigencia  típica  propia  de  otros  modelos  de  imputación, 
señaladamente, la posibilidad de evitar el resultado con la conducta ajustada a derecho 
con alta o segura probabilidad, pero no demandada por la teoría del incremento del 
riesgo,  que  requiere  la  prueba  de  ese  incremento  y,  en  buena  lógica,  no  solo  no 
presupone la concurrencia de dicha segura evitabilidad, sino que ni siquiera se pregunta 
por ella.
7.  Prueba de cargo suficiente de la conexión entre omisión y resultado.
Descartada la incompatibilidad de la teoría del incremento del riesgo con el derecho 
a la presunción de inocencia, hay que abordar, por último, las quejas relativas a la lesión 
de ese derecho fundamental en la concreta decisión sobre la responsabilidad penal del 
demandante.
En el asunto que nos ocupa, la concreta pregunta a la que se enfrentan los órganos 
judiciales es si es posible atribuir responsabilidad al recurrente por el resultado de 
muerte de la víctima en un contexto de incertidumbre sobre la posibilidad evitar el 
fallecimiento si se hubiera practicado la conducta debida, esto es, una reanimación 
cardiopulmonar durante el tiempo estipulado por el protocolo médico que recoge la lex  e
artis (un mínimo de treinta minutos). Para pronunciarse, el Tribunal Supremo parte de la  bo
existencia de una omisión por parte del demandante, a quien atribuye la condición de  93ww
glaasr apnotesi bdielid laad veisd ad dee r elac ujopveerna,r sger advee mlaesn tlee slieosniveas »d. eSl ed etbraetra d dee c uhiedcahdoos q yu ev a«ldoirsamciionnueyós 
pjurrimídeicraas i ncsotnasnicginaa yd naos  deins cluotsid hoesc ehno sla  pdreombaadnodsa .y E lna  pfuanrtdicaumlaern, tcaocniósnid edrea rl aa csreendtietandcoia q udee 
la omisión de la asistencia médica correcta disminuyó las posibilidades de recuperarse,
dato afirmado en el factum y no contradicho por el recurrente, supone afirmar, en 
términos hipotéticos, que el tratamiento debido hubiera disminuido el riesgo de muerte, 
aun cuando no haya certeza sobre su posible éxito salvífico o, incluso, se acepte que las 
posibilidades de evitar el resultado eran mínimas. Se sostiene con ello que está probado 
que la omisión de la conducta debida incrementa el peligro en el sentido de que no se 
produce la disminución que busca el mandato de actuar dirigido al agente, tal y como 
requiere el criterio de imputación del aumento del riesgo que prefiere el órgano de 
casación.
En realidad, la demanda no defiende la falta de prueba de aquellos elementos que se 
han estimado precisos para afirmar la existencia del delito en cuestión, que no se 
presumen en la sentencia condenatoria, sino que, desde la tesis implícita de que han de 
ser otros los elementos que deben probarse, sostiene las quejas de inversión de la carga 
de la prueba y de lesión del criterio in dubio pro reo.  En tal medida, hay que rechazar 
las alegaciones de falta de prueba de la conexión entre la omisión y el resultado. En 
particular:
(i)  El reproche de que se produce una inversión de la carga de la prueba cuando la 
sentencia condenatoria afirma que solo cabe absolver si se prueba que la actuación 
correcta tampoco habría impedido el resultado, no puede prosperar por su parcialidad. 
Valga insistir en que, conforme a la tesis por la que opta el Tribunal Supremo, lo que 
debe probarse para imputar la muerte a la omisión del recurrente es que la actuación 
correcta hubiera disminuido el riesgo vital, esto es, que la omisión supuso un incremento 
del riesgo respecto al permitido. Hecho que se afirma en la sentencia absolutoria tras 
valorar la prueba, singularmente la pericial, y que, como es lógico, es lo habitual cuando 
no se realiza la actuación diligente fijada por el legislador para mantener el riesgo dentro 
de lo permitido. El Tribunal Supremo no presume la posible eficacia de la conducta 
correcta omitida, una reanimación cardiorrespiratoria de treinta minutos, sino que toma 
esa afirmación de los hechos probados, de modo que, cuando arguye que solo se podría 
absolver en caso de probarse la absoluta ineficacia de la conducta debida –que la 
persona  herida  hubiera  muerto  igualmente  en  caso  de  haber  actuado  de  forma 
diligente–, está reiterando, quizá con una fórmula poco afortunada, que esa posibilidad 
está descartada al haberse acreditado precisamente el incremento del riesgo.
(ii)  No es cierto tampoco, como ya hemos dicho en el fundamento jurídico cuarto, 
que se vulnere el principio in dubio pro reo por obviar una duda absolutoria, porque la 
necesidad de certeza sobre la evitación del resultado con la conducta exigida por la lex 
artis corresponde a una comprensión del tipo distinta de la seguida en la resolución 
impugnada. El recurrente, como la Audiencia Provincial, apuesta por una teoría de la 
evitabilidad,  por  lo  que  no  basta  para  condenar  el  hecho  probado  de  que  la  no 
realización de la reanimación disminuyera las posibilidades de superar el riesgo vital. Es 
preciso un elemento adicional más que no está probado, que la actuación médica 
diligente hubiera salvado a la persona herida, al menos muy probablemente. Pero, en las 
coordenadas interpretativas que adopta el Tribunal Supremo, lo que debía demostrarse 
es que la omisión supone un riesgo mayor que la actuación debida, y que se había 
considerado como probado en la sentencia de la Audiencia Provincial, que no duda al 
respecto, solo duda sobre la segura eficacia salvífica de la conducta correcta. No puede 
aceptarse, por ello, la afirmación del recurrente de que «se considera hecho probado que 
el resultado de muerte podría ser inevitable (aunque no se diga con estas palabras)», 
pues, no solo es que no se diga expresamente en la resolución de instancia, como 
reconoce, sino que se descarta como hipótesis desde el momento en que se vincula a la  e.
omisión imprudente que disminuyera las posibilidades de recuperación. w.b
(iii)  El  demandante  concluye  su  recurso  recriminando  a  la  resolución  que  lo  93ww
sciognndifeicnaat ivqau ed en od ishmaiynau ciaócnr eddeitla drioe sdgeos, dsein ou nuan ap eprsopseibciltiidvaad  edxe  pmosínt imunoas.  pDoes ibniulideavod 
yd isrcerseupltaa daoq uyí  dneol  eenstterincdtaimmieenntteo  dseo blares  elax igeexniscteiansc itaíp idcea sp srouberbea  lad ere lcaacrigóon.  eSnit reb ioemn isdiiócne 
situarse  en  las  coordenadas  de  la  teoría  del  incremento  (disminución)  del  riesgo,
introduce un criterio corrector de tipo estadístico o probabilístico, cual es que la posible 
disminución del riesgo con la acción debida sea significativa. Pero lo cierto es que no es 
esa la tesis que acoge el Tribunal Supremo, que se conforma para conectar la omisión y 
el resultado con la posibilidad de tal disminución, aunque sea de mínimos, que el propio 
recurrente  reconoce  acreditada.  Tampoco  en  este  punto  pone  en  tela  de  juicio  la 
existencia de prueba de los elementos del delito en la interpretación del órgano judicial, 
pues reconocer que las posibilidades de evitar la muerte eran escasas implica reconocer 
que había tal posibilidad.
En definitiva, el Tribunal Supremo acoge el criterio del incremento del riesgo como 
criterio  de  imputación  objetiva  del  resultado  frente  al  criterio  de  la  probabilidad  de 
evitación rayana en la certeza que sostuvo la Audiencia Provincial. Lo hace en el ámbito 
de sus atribuciones, como máximo intérprete de la legalidad ordinaria, en atención a las 
peculiaridades fenomenológicas de las prestaciones médicas, el fin de tutela de bienes 
jurídicos y la finalidad preventiva a la que sirven las disposiciones penales. Desde tal 
comprensión y definición de los elementos típicos, examina los hechos probados fijados 
por el tribunal de primera instancia tras una valoración de la prueba cuya razonabilidad 
no se ha cuestionado, como tampoco lo ha sido la suficiencia del material incriminador al 
respecto. Concluye a partir de esas premisas fácticas que el resultado de muerte es 
imputable a la conducta del recurrente, que era garante de la vida de la persona 
lesionada, por cuanto omitió palmariamente la actuación profesional correcta y, con su 
conducta manifiestamente negligente, contribuyó a que el riesgo vital culminara en la 
muerte de la joven herida en la avalancha. Ni la concepción manejada por el órgano 
judicial sobre los requisitos para imputar el resultado a la previa omisión imprudente ni su 
aplicación en el caso concreto vulneran el derecho a la presunción de inocencia, por lo 
que también el segundo motivo de la demanda de amparo debe ser desestimado y, con 
ello, el recurso en su integridad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Simón Viñals Pérez.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 3966-2018
Con respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que se 
sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo 
de esta. Considero que hubiera debido ser estimatoria por vulneración de los derechos a 
un proceso con todas las garantías y a la defensa (art. 24.2 CE) por haberse condenado  e.
al demandante de amparo en una segunda instancia, revocando su absolución en la  w.
primera, sin haberle dado la oportunidad de ser escuchado por el órgano judicial que le  93ww
ha condenado.
DereI.c hoPsre Hciusmionaenso s ssoobbrere  lala  jcuorinsdperundae on caiag racovancsitóitnu cdioen alal  yre sdpeol nTsaribbiulindaald  Epuernoaple eon  dlea 
segunda instancia.
1.  Comparto la extensa exposición de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre la condena o agravación de la responsabilidad 
penal en la segunda instancia contenida en la sentencia. Mi discrepancia con la opinión 
mayoritaria radica en la aplicación de esta jurisprudencia en el caso enjuiciado.
La cuestión controvertida es determinar si las discrepancias que se suscitaban en el 
recurso de casación –que en este caso cumplía, a la vez, la función de una segunda 
instancia revisora–, suponían (tomando prestada la expresión de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos) «conocer de un asunto de hecho y de Derecho 
y estudiar la cuestión de la culpabilidad o de la inocencia en su conjunto» (STEDH de 20 
de septiembre de 2016, asunto Hernández Royo c. España, § 11), en cuyo caso hubiera 
sido preciso otorgar un trámite de audiencia al acusado en respeto a sus derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la defensa (art. 24.2 CE).
2.  En mi apreciación, las cuestiones planteadas en el recurso de casación en este 
caso son semejantes a las que se suscitaban en los asuntos resueltos en las SSTEDH 
de 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, y de 13 de junio 
de 2017, asunto Atutxa Mendiola y otros c. España, en que también se estimaron 
recursos de casación. En estos casos se condenó en la segunda instancia a quienes 
habían sido absueltos en la primera. En ambos casos no se produjo alteración de la 
declaración de hechos probados.
En todos los casos, el Tribunal Supremo (i) resolvía primero cuestiones estrictamente 
jurídicas  de  interpretación  de  un  precepto  sustantivo  en  divergencia  con  las 
apreciaciones del órgano judicial de instancia. Inmediatamente después, (ii) aplicaba 
esta  interpretación  al  supuesto  de  hecho  declarado  probado  en  la  instancia  para, 
finalmente, efectuar un juicio en su conjunto de la culpabilidad o agravación de la 
responsabilidad penal del acusado a partir de la concurrencia de todos los presupuestos 
necesarios para ello.
La primera labor de interpretación de un precepto penal de carácter sustantivo es 
estrictamente jurídica. No resulta, pues, preciso un específico trámite de audiencia. La 
segunda labor, sin embargo, en la medida en que suponga entrar en contacto con los 
hechos para hacer una labor de subsunción que comprenda no solo los elementos 
objetivos, sino también otros subjetivos del tipo penal, implica inevitablemente –con 
independencia de que no se alteren los hechos probados–, por un lado, entrar en 
contacto con estos hechos, cosa que no excluye la necesidad de su reinterpretación. Por 
otro,  supone  estudiar  la  culpabilidad  o  inocencia  en  conjunto  sobre  estos  hechos, 
frecuentemente  acreditados  a  partir  de  prueba  personal  que  el  órgano  judicial  que 
finalmente condena no ha tenido la oportunidad de presenciar con la debida inmediación. 
Esta segunda labor, en respeto a los derechos a un proceso con todas las garantías y a 
la defensa (art. 24.2 CE), exige, al menos, dar la posibilidad al acusado de dirigirse al 
órgano judicial que va a declarar la agravación de su responsabilidad.
II.  La aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso concreto.
3.  En el presente caso, la controversia que se planteaba en el recurso de casación 
se centra en que el demandante de amparo había sido absuelto en la primera instancia 
del delito de homicidio imprudente del que venía siendo acusado por la conducta que 
desarrolló en la atención a una de las víctimas de los tristes hechos acaecidos en el 
pabellón Madrid Arena en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012.
La  opinión  mayoritaria  en  la  que  se  sustenta  la  sentencia  considera  que  la  s
controversia desarrollada en la casación era meramente jurídica. Se funda en que, una  oe.
vez declarado en la sentencia de primera instancia el carácter negligente de la conducta  w.
ldiame pnl raduteudmreanaletnezd ada ennlto ear,mr tc a1ot4niv2da.e1 nd aCer Pllao,   creeunlaa nscdeióogn u hqnaudbeaía  di nessibdteao n macbieasd uicaeorlm teoon e trrnee  ollaa  d icneos ntuadnnu cdciatea,li  tisomo pldore ua dhfeeocnmttaeicb yiad  eioal    2021-4493n https://ww
resultado lesivo de muerte. Por tanto –concluye– no era constitucionalmente necesario
que el acusado hubiera tenido la oportunidad de dirigirse al tribunal que le condenó.
Discrepo de esa apreciación.
Comparto con el voto particular formulado a la sentencia de casación impugnada las 
consideraciones sobre el alcance de la jurisprudencia sobre la condena en segunda 
instancia y que el supuesto planteado no es uno de aquellos en que la naturaleza de la 
controversia  excluye  la  necesidad  de  una  audiencia  ante  el  órgano  judicial  que 
finalmente condenó.
4.  Ninguna objeción cabe, desde la perspectiva constitucional, a que la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo, en tanto que órgano jurisdiccional superior en el orden 
penal (art. 123.1 CE), declare cuál es la relación normativa entre una conducta y el 
resultado lesivo en un concreto tipo penal. Está dentro de las potestades constitucionales 
de la sala de casación interpretar que, a los efectos de la aplicación del delito de 
homicidio imprudente, no es necesario que se acredite que la conducta debida hubiera 
evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de la víctima, sino 
que basta con que la conducta haya incrementado el riesgo de producción del resultado.
Sin embargo, los razonamientos de las sentencias de casación ponen de manifiesto 
que la labor desarrollada por el órgano judicial de casación no se limitó a cumplir esa 
función interpretativa del tipo penal sustantivo del art. 142.1 CP, sino que, a continuación, 
llevó a cabo dos labores sucesivas sobre las que no se pronunció el órgano de instancia: 
(i) el análisis de los hechos probados de la sentencia de instancia y de las valoraciones 
probatorias  realizadas  por  el  órgano  judicial  de  instancia  en  relación  con  pruebas 
personales realizadas con la debida inmediación a su presencia para poder concluir que 
sí concurría esa relación normativa de incremento del riesgo; y (ii) la valoración de que la 
conducta general del demandante de amparo fue una imprudencia de carácter grave 
para concluir la culpabilidad del recurrente por infracción del art. 142.1 CP.
Ambas actividades se desarrollaron sin alterar la declaración de hechos probados, 
pero  implicaron  entrar  en  contacto  con  estos  y  con  las  valoraciones  probatorias 
realizadas sobre pruebas personales no practicadas en su presencia y, además, estudiar 
la culpabilidad o inocencia en conjunto sobre estos hechos. En efecto, se califica la 
conducta imprudente como grave optando por una de las posibilidades frente a la 
alternativa  de  considerarla  como  menos  grave,  cosa  que  hubiera  supuesto  una 
responsabilidad  más  atenuada,  o  leve,  lo  que  hubiera  supuesto  la  absolución  por 
atipicidad de ese tipo de imprudencias desde el año 2015. Ambas actividades, en los 
términos  exigidos  por  la  jurisprudencia  constitucional  y  la  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos hubieran exigido dar la posibilidad al demandante de dirigirse al 
tribunal que le condenó.
5.  La sentencia de instancia, en lo que se refiere a la absolución del demandante 
de amparo, declaró en la relación de hechos probados que las tres jóvenes fallecidas 
que  estuvieron  en  la  enfermería  lo  fueron  «como  consecuencia  de  las  gravísimas 
lesiones padecidas en el aplastamiento sufrido en el vomitorio, sin que Simón Viñals 
Pérez y [….] les prestaran la asistencia médica que precisaban durante el tiempo que 
permanecieron en el botiquín que gestionaban antes de que llegara al mismo el Samur 
aumentando así la posibilidad de que no pudieran recuperarse de las lesiones sufridas, 
no resultando acreditado, sin embargo, que en el supuesto de que les hubieran prestado 
una asistencia correcta las fallecidas hubieran podido salvar su vida». A partir de tal 
constatación, la sentencia de instancia argumenta que los delitos de homicidio por 
imprudencia profesional del art. 142.1 y 3 CP son delitos de resultado y no de peligro, 
para cuya concurrencia se exige «no solo que resulte acreditada la conducta negligente  e
de los acusados sino también el nexo de causalidad entre la misma y el mortal resultado  bo
producido, esto es, que la asistencia sanitaria que los doctores Viñals hubieran debido de  93ww
plar ecsetartre zaa l,a se lt rfeasll ejócvimenieenst oy  dneo  plarse smtaisromna, sh»a,b lroía q euveit andoo ,s ec ohna u ancar epdroitbaadboi liad alad  rluazy adnea  leons 
icnafordrmiorer esppieraritcoiarilae sc uasnodbor en o slaes i nteprovsieibnielid daed einsm eddiea to.recuperarse  de  una  parada
Me parece relevante destacar que, como se pone de manifiesto en la sentencia de 
instancia, la valoración sobre las posibilidades de recuperarse de las víctimas mortales 
en caso de haberse observado la conducta debida por parte del demandante de amparo 
se realiza atendiendo al hecho de que, junto a la declaración de este realizada ante el 
órgano  judicial,  que  defendió  la  corrección  asistencial  de  su  conducta  en  las 
circunstancias del caso, los peritos informantes también comparecieron personalmente 
ante el órgano judicial de instancia, donde fueron sometidos al debido interrogatorio por 
todas las partes personadas en relación, precisamente, sobre la relevancia que respecto 
del fallecimiento de las víctimas hubiera tenido la conducta debida por, entre otros, el 
demandante de amparo.
También es determinante que la conclusión de la sentencia de instancia formulada en 
el sentido de que no quedaba acreditado que la conducta debida hubiera evitado el 
resultado del fallecimiento de las tres menores se vincula, como se expone ampliamente 
en  el  apartado  2.5  de  manera  separada  para  cada  una  de  las  víctimas,  con  la 
circunstancia de que, a partir de las declaraciones de los peritos y de otros testigos 
efectuadas a presencia del órgano judicial, no podía concluirse cuál era la situación vital 
de  las  víctimas  cuando  llegaron  a  la  enfermería  del  pabellón  ni,  en  su  caso,  las 
posibilidades reales de reanimación.
Es cierto que la sentencia de instancia afirma la existencia de negligencia en la 
conducta del recurrente al negar la necesaria relación de causalidad a partir de la teoría 
de la evitabilidad, pero nada dice sobre la eventual valoración de la conducta imprudente 
como grave, menos grave o leve.
Esto es, la conclusión de la sentencia absolutoria de instancia se fundamentó, –
partiendo de la doctrina de que la causalidad en este tipo de delitos solo concurre 
cuando queda acreditado que la conducta debida habría evitado, con una probabilidad 
rayana  en  la  certeza,  el  resultado  lesivo–,  en  que,  de  conformidad  con  la  prueba 
personal realizada con inmediación en su presencia, incluyendo la propia declaración del 
demandante de amparo, de diversos testigos y de los peritos médicos, no quedaba 
acreditado ese concreto extremo, lo que impidió que hiciera una valoración conjunta de 
la culpabilidad de la conducta desarrollada por el recurrente y su eventual calificación 
como un homicidio por imprudencia grave, menos grave o leve, lo que sí se produjo 
respecto de otros acusados condenados en esa primera instancia.
6.  La sentencia de casación debió resolver respecto del demandante de amparo el 
recurso interpuesto por las familias de dos de las víctimas que habían sido llevadas a la 
enfermería  del  pabellón,  ya  que  ni  la  familia  ni  el  Ministerio  Fiscal  recurrieron  la 
absolución por el fallecimiento de la tercera. El resultado fue que, respecto de una de 
ellas, se confirmó la absolución del demandante al constatarse que no había quedado 
acreditado si cuando llegó a la enfermería estaba en parada cardiorrespiratoria o había 
ya fallecido (fundamento de Derecho vigésimo quinto). Por el contrario, respecto de la 
otra víctima, se estimó el recurso de casación (fundamentos de Derecho décimo noveno 
y vigésimo de la primera sentencia de casación) y se condenó al demandante de amparo 
como autor de un delito de homicidio imprudente grave profesional (fundamento de 
Derecho único de la segunda sentencia de casación).
La sentencia de casación comienza haciendo un amplio resumen de los hechos 
declarados probados en lo que se refiere a la atención recibida por esta víctima mortal e, 
igualmente, lo complementa con amplias referencias a algunas de las afirmaciones 
contenidas  en  el  apartado  2.5  de  la  sentencia  de  instancia  en  que  se  exponía  la 
valoración de la actividad probatoria desarrollada en la vista oral referida a las propias  e.
declaraciones del acusado, de diversos testigos y de los peritos forenses. w.b
Es especialmente destacable, por lo que se refiere al debate que a continuación se  93ww
rdeefsearerrnoclliaa  eqnu er eslaec hióanc ec oan  qlause  elax icgoennccliuassi ódne  dreel aqcuióen l ae nvtírceti mlaa c lolengdóu cvtiav ay  ae ll ar eesnufletarmdoe,r ílaa 
r«eefse ruidnoa  ac olnac laussiisótne nqcuiae  sae  loabs tievínceti mdea sl,a  dvoanlodrea csióen  cpornotbieantoer iau nc omntiennuicdioas eon  ye ld eeptaígllraadfeo 
análisis de toda la prueba practicada». Tampoco cabe desconocer que la sentencia de
casación, ante la afirmación contenida en la parte de la valoración probatoria de la 
sentencia de instancia respecto de esta víctima, de que «parece que no falleció en la 
propia avalancha», señala que «alude no a una mera apariencia sino a la acepción que 
conlleva la asertividad de ser cierto», para lo que acude de nuevo a otras afirmaciones 
contenidas en la parte de la valoración probatoria de la sentencia absolutoria. A partir de 
ello, en la sentencia de casación se señala que «de lo expuesto queda sobradamente 
constatado que la audiencia declara que con la mala actuación de Simón Viñals se 
incrementó el riesgo de muerte […]».
A continuación de esta exposición, la sentencia de casación aborda la cuestión 
jurídica de la relación entre conducta y resultado en los delitos de homicidio omisivo 
imprudente  para  sustentar,  con  un  amplio  razonamiento  sobre  el  particular,  que  lo 
relevante no es la posibilidad de deducir la evitabilidad del resultado, sino concluir que la 
conducta  ha  incrementado  el  riesgo  convirtiéndose  en  un  factor  coadyuvante  del 
resultado  final.  De  todo  ello  concluye  que  en  el  caso  concurría  tanto  la  conducta 
negligente  del  acusado  como  la  necesaria  relación  entre  dicha  conducta  y  el 
fallecimiento de la víctima, por lo que el demandante de amparo debía ser condenado 
como autor criminalmente responsable de un delito de imprudencia grave con resultado 
de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional.
Ninguna consideración se hace en la sentencia de casación sobre las razones por 
las que se califica la conducta imprudente del demandante de amparo como grave y no, 
en su caso, como menos grave o leve para configurar otros títulos de responsabilidad 
penal alternativos o su absolución por atipicidad de la conducta.
7.  Toda esta descripción del iter discursivo de la sentencia de casación acredita, en 
los términos enunciados, que la conclusión condenatoria se conformó, en primer lugar, 
afirmando que la conducta del recurrente incrementó el riesgo del resultado lesivo.
Esta  primera  afirmación,  en  la  medida  en  que  sobre  ella  no  había  incidido  la 
sentencia de instancia, se fundamenta, a pesar de mantenerse formalmente inalterada la 
declaración de hechos probados, no solo a partir de lo establecido en esa declaración, 
sino, especialmente, entrando a analizar –e incluso interpretar– la propia valoración 
probatoria realizada por el órgano judicial de instancia sobre la situación vital en que 
llegó esta víctima a la enfermería del pabellón y las posibilidades de recuperación a partir 
de una extensa y también compleja prueba personal desarrollada a su presencia, que 
incluía la propia declaración del recurrente, la de varios testigos y la de peritos. Esta 
labor trasciende los aspectos estrictamente jurídicos al implicar un estrecho contacto con 
valoraciones  probatorias  basadas  en  pruebas  personales  que  solo  resultan 
constitucionalmente admisibles para revocar una absolución y pronunciar una condena si 
se hacen con respecto a la garantía de inmediación exigida en el art. 24.2 CE, lo que en 
este caso no se verificó.
Del  mismo  modo,  este  iter  también  pone  de  manifiesto  que  la  conclusión 
condenatoria se conformó, en segundo lugar, afirmando que la conducta del recurrente 
era de carácter grave y no menos grave o leve.
Esta segunda valoración, en la medida en que sobre ella no había incidido tampoco 
la sentencia de instancia, aparece como una conclusión autónoma de la sentencia de 
casación  respecto  de  la  concurrencia  de  un  elemento  conformador  de  aspectos 
subjetivos  o  anímicos  de  la  responsabilidad  penal  –la  eventual  gravedad  de  la 
imprudencia– que forman parte del estudio de la culpabilidad o inocencia en conjunto 
sobre los hechos. La sentencia de instancia, respecto de diversos acusados, calificó su 
conducta como imprudencia grave, menos grave o leve para determinar la gravedad de  e.
su responsabilidad penal o incluso la absolución por falta de tipicidad. Esa circunstancia  w.b
pone  de  manifiesto  que  esta  cuestión  resultaba  también  muy  relevante  como  93ww
cmoanrszeoc, uqeunec mia oddeif iclaó  rlae froergmuala lceiógnis ldaeti vloas  oilpíceirtaods ad ep ohro mlai cLideiyo  Oimrgpárundicean t1e/ 2e0n1 e5l , sdeen ti3d0o  ddee 
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también trasciende los aspectos estrictamente jurídicos en la medida en que afecta al
estudio en conjunto de la culpabilidad y de la gravedad de la responsabilidad penal del 
acusado y que redunda en la afirmación de la concurrencia de aspectos subjetivos, de tal 
suerte que solo resulta constitucionalmente admisible para revocar una absolución y 
pronunciar una condena si se hace con respeto a la garantía de audiencia del acusado 
exigida en el art. 24.2 CE, lo que en este caso tampoco se verificó.
En conclusión, considero que, en las circunstancias del caso, el debate que se 
desarrolló  en  el  recurso  de  casación  respecto  de  la  responsabilidad  penal  del 
demandante de amparo superaba los límites de las cuestiones estrictamente jurídicas 
que permiten excepcionar el principio constitucional de que la condena en segunda 
instancia con la revocación de una previa sentencia absolutoria solo puede hacerse 
dando la posibilidad efectiva al acusado de dirigirse personalmente al órgano judicial que 
finalmente le condena. No desconozco que la tradicional regulación del recurso de 
casación  dificulta  en  la  práctica  el  cumplimiento  –en  todo  caso  inexorable–  de  las 
exigencias propias de la doble instancia penal y que la nueva regulación del recurso de 
apelación penal viene a solventar en parte estas dificultades, atendida la competencia 
que ahora se reconoce a la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y a las 
salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia para conocer de los 
recursos de apelación contra sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
y  de  las  audiencias  provinciales.  Sin  embargo,  creo  que  la  cuestión  tiene  gran 
importancia, pues la aplicación del criterio seguido en la sentencia de casación no solo 
implica, a mi juicio, una quiebra relevante en el sistema de garantías, sino que cabe 
predecir su extensión a los recursos de apelación penales como criterio jurisprudencial.
Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.