BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 44907
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6792 Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 20, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato privado de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don L. J. S. A., abogado, en nombre y representación 
de doña R. G. A., contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Madrid 
número 20, doña María Luisa Moreno-Torres Camy, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 18 de julio de 2019 por el notario de Madrid, don 
Ignacio Maldonado Ramos, se otorgó elevación a público de un contrato privado de 
compraventa de una vivienda entre la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid, como vendedora, y doña R. G. A., como causahabiente del comprador del 
documento privado –don F. G. G.–, siendo que la adquisición había sido hecha por él, 
conforme resultaba de la escritura citada, «con carácter privativo, estando casado no 
obstante, en segundas nupcias con doña R. L. S. en régimen de gananciales, como así 
resulta de la escritura de aceptación y partición de herencia que luego se cita» –ante don 
Pablo José López Ibáñez, notario de Madrid, de fecha 11 de enero de enero de 2019–. El 
documento privado es de fecha 29 de abril de 1987, y aparecía exclusivamente suscrito 
por don F. G. G. sin especificación alguna más.
Previamente, mediante escritura ante el notario de Madrid, don Pablo José López 
Ibáñez, de fecha 11 de enero de 2019, se había otorgado la adjudicación y entrega de 
legado de la citada vivienda de la herencia de don F. G. G. a favor de doña R. G. A. 
Intervinieron en el otorgamiento de esta escritura los únicos tres hijos del fallecido don F. 
G. G., y se acreditaba el fallecimiento de la viuda con fecha de 13 de mayo de 2009.
Interesa a los efectos de este expediente lo siguiente: que don F. G. G. y doña R. L. 
S. habían otorgado capitulaciones matrimoniales pactando régimen de separación de 
bienes el día 3 de abril de 1992, ante el notario de Madrid, don Carlos Martell Díaz 
Llanos, sin liquidar bien alguno; que el día 3 de abril de 2000, ante el mismo notario, se 
otorgó por doña R. L. S. escritura de renuncia en la que «reconoce que no aportó 
cantidad alguna a los pagos realizados por la vivienda referida en el presente documento 
público por lo que es un bien privativo de su citado esposo»; que don F. G. G. falleció el 
día 22 de agosto de 2004 en estado de casado en segundas nupcias con doña R. L. S., 
de  cuyo  matrimonio  no  tuvo  hijos.  De  sus  primeras  nupcias  dejó  los  tres  hijos 
intervinientes. En su último testamento ante el notario de Madrid, don Manuel Martell 
Díaz Llanos, de fecha 3 de abril de 2000, instituyó herederos a sus tres hijos, salvo la 
cuota legal usufructuaria de su esposa, mejoró a su hija doña R. G. A. en la vivienda  e.
objeto del expediente, e hizo la siguiente manifestación: «Quiere dejar constancia el  w.b
testador de que todo el pago que se está efectuando por el piso objeto de mejora, lo ha  92ww
aremaolizrtaizdaoc ilóan  hoi jap amgoe jdouraradnat,e  ym luoc hsoesg uaiñráo sr e(…ali)z»a.ndo dado que está en fase de pago y
II
Presentadas el día 18 de julio de 2019 las referidas escrituras en el Registro de la 
Propiedad de Madrid número 20, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º 3533
Asiento n.º 1156 del Diario 81
Presentado el 18/07/2019
Presentante: G. A., R.
Notario: Ignacio Maldonado Ramos de Madrid
Protocolo: 3178/201 de fecha 18/07/2019
Calificación negativa del precedente documento verificada conforma a lo ordenado 
en el artículo 19-bis de la Ley Hipotecaria.
Hechos
I.  Situación Registral: En el Registro de la Propiedad número Veinte de Madrid, de 
mi cargo, aparece inscrita la finca registral número 10.771 a favor del Instituto de la 
Vivienda de Madrid, hoy Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
II.  Documento  presentado  a  inscripción:  Se  hace  necesaria  una  calificación 
conjunta de los asientos 1156/81 y 485/82 por los motivos que se expondrán:
1.º)  Escritura de elevación a público de documento privado de venta, otorgada el 
día 18 de julio de 2019 ante el notario de Madrid, Don Ignacio Maldonado Ramos.
a)  En dicha escritura se eleva a público un contrato privado suscrito el día 29 de 
abril de 1987 entre F. G. G. y el Instituto de la Vivienda de Madrid.
b)  En dicha fecha F. G. G. estaba casado en segundas nupcias con Doña R. L. S.
c)  Dicha señora manifestó ser privativo dicho inmueble en escritura de renuncia de 
fecha 3 de abril de 2000 que se acompaña.
d)  Comparece, como causahabiente de Don F. G. G., doña R. G. A. (como luego se 
explicará).
e)  Se pretende la inscripción del bien con carácter privativo a favor de don F. G. G. 
La inscripción se puede practicar con el carácter de privativo por confesión.
2.º)  Escritura de partición de herencia otorgada el once de Enero del año dos mil 
diecinueve, ante el Notario Pablo José López Ibáñez al fallecimiento de Don F. G. G. en 
la que comparecen los 3 hijos del causante y se adjudica la finca 10.771 a la hija Doña 
R.  G.  A.  por  título  de  legado,  apoderándola  para  comparecer  por  sí  sola  en  el 
otorgamiento de la escritura señalada con el número 1.
En dicha escritura se incorpora el certificado de defunción de Doña R. L. S., cónyuge 
en segundas nupcias y confesante del carácter privativo del bien.
III.  La documentación aportada adolece del siguiente defecto de los siguientes 
defectos:
Fallecido el confesante Doña R. L. S., es necesaria la intervención de sus herederos 
forzosos o que se acredite su inexistencia.
Fundamentos de Derecho
Para destruir la presunción de ganancialidad del art 1361 del Código Civil: "Se  e.
presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que  w.
pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges" no es suficiente la confesión de  92ww
urens pcoenctsoo rate t esrocberreo se,l  ccaormáoct esro nd el olas  aadcqreueisdiociróens;  yp uloess  heestrae doepreorsa  feonrztroes ocós ndyeulg ceosn, fpeesraon nteo, 
tdael tye rcmoimnaod does tebriemnineas  eslo An rptírcouploio 1s 3d2e4  udneol  Cdóed ieglolo sC,i vsiel: r"áP baaras tparnotbea lra e cnotrnef ecsóiónny udgeels o qtruoe,   BOE-A-cable e
pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante, ni a 
los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges".
Y en este sentido se ha pronunciado la DGRN en resolución de 13 de junio de 2003 
de la DGRN:
– La ley concede a la confesión de privaticidad diferentes efectos según sean éstos 
entre partes o frente a terceros. Frente a los cónyuges los efectos son plenos. Respecto 
a terceros los efectos de la confesión son limitados, y la norma establece distinto 
régimen según se trate de los herederos forzosos del confesante o de los acreedores del 
mismo. Que la norma reglamentaria es clara. Mientras para los acreedores se establece 
una protección limitada (artículo 144.2 del Reglamento Hipotecario) para los legitimarios 
del cónyuge confesante la protección es mayor.
– Resulta  claro  que  una  vez  fallecido  el  cónyuge  confesante  los  efectos  de  la 
confesión  dependen  de  la  partición  de  su  herencia,  por  lo  que  previamente  a  la 
realización de cualquier acto dispositivo (inter vivos o mortis causa) debe constar el 
carácter privativo reconocido por los herederos forzosos del confesante.
En este sentido dispone el Artículo 95 párrafo 4 del Reglamento hipotecario: "Si la 
privatividad resultare sólo de la confesión del consorte, se expresará dicha circunstancia 
en la inscripción y ésta se practicará a nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. 
Todos los actos inscribibles relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el 
cónyuge a cuyo favor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los 
actos de disposición realizados después del fallecimiento del cónyuge confesante el 
consentimiento de los herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter 
privativo del bien resultare de la partición de la herencia".
A la vista de lo expuesto he resuelto suspender la inscripción solicitada.
El defecto se califica de subsanable. No se toma anotación de suspensión por no 
haberse  solicitado.  El  asiento  de  presentación  queda  prorrogado  por  sesenta  días 
contados desde la recepción de la notificación de la calificación que precede. Contra esta 
calificación, los interesados podrán: (…)
Madrid, treinta de septiembre del año dos mil diecinueve. La registrador María Luisa 
Moreno-Torres Camy.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don L. J. S. A., abogado, en nombre y 
representación de doña R. G. A., interpuso recurso el día 19 de noviembre de 2019 en el 
que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
Primero.  Previamente, hay que considerar que en la calificación recurrida, lo que se 
pretende es la inscripción con carácter privativo a favor de don F. G. G., padre de mi 
mandante, cuando verdaderamente es a ésta, doña R. G. A., a favor de quien se 
pretende inscribir el inmueble, por así constar como titular de la referida finca en virtud 
de la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de fecha 27 de 
junio de 2019.
Segundo.  Que debemos traer a colación una serie de hechos o circunstancias 
acaecidos en el propio expediente de vivienda, cuya información pudiera haber sido 
desconocida para la Registradora a la hora de su calificación. Y es que don F. G. G.  e
contrajo matrimonio en primeras nupcias con doña C. A. C. el día 14 de abril de 1963,  bo
del que nacieron tres hijos, don J., doña R. y doña M. G. A. Que doña C. A. C. falleció el  92ww
ddíea  d2ic7i edme bnreo vdieem 1b9r8e1 d, ed o1n9 8F0.  Gen.  Ge.s traedaoli zdae u cnaas aadpao rctaocnió dno inn iFc.i aGl .d eG .9 6Q.u3e1 3c opne sfeetcahsa  p2o2r 
lbaa jaad, jluad cicuaacl iófune  deel  duonma icviilvioie cnodnay, ulgaa cl udael  dsoen  leF . aGd.j uGd.i cya bdao ñcao mC.o A p. eCrm. yu tdao nddee u nnaac icearosan 
los  tres  hijos  habidos  en  dicho  matrimonio.  Posteriormente,  don  F.  G.  G.  contrajo
matrimonio en segundas nupcias con doña R. L. S. el día 10 de noviembre de 1983, con 
quien no tuvo descendencia. Con fecha 29 de abril de 1987 es cuando se firma por parte 
de don F. G. G. el contrato de compraventa de la referida finca, si bien figurando en dicho 
contrato  que  su  estado  civil  es  el  de  casado,  pero  como  hemos  expresado  con 
anterioridad, siendo la vivienda privativa, por cuanto se le adjudicó con antelación a 
contraer matrimonio en segundas nupcias, comenzando el pago de la vivienda también 
con antelación a la celebración de dicho matrimonio, siendo dicha adjudicación, como 
hemos indicado, una permuta de la vivienda baja, la cual fue el domicilio conyugal de su 
anterior matrimonio y donde nacieron los tres hijos habidos en el mismo. Todo ello fue 
debidamente puesto de manifiesto por don F. G. G. al Instituto de la Vivienda de Madrid 
mediante escrito de fecha 22 de junio de 1999.
Tercero.  El  día  3  de  abril  de  1992  se  otorgó  escritura  de  capitulaciones 
matrimoniales ante el mismo notario de Madrid, don Manuel Martel Díaz-Llanos, ante el 
cual ambos habían otorgado testamento apenas unos años antes, sin que tuvieran nada 
que liquidar respecto a la sociedad de gananciales que había estado rigiendo hasta 
aquella fecha. Y así es como se llega a la escritura de renuncia otorgada ante el mismo 
notario, de fecha 3 de abril de 2000, por la cual se refiere a la titularidad exclusiva por 
parte de don F. G. G. de la vivienda, que le fue adjudicada por el Instituto de la Vivienda 
de Madrid tras haberle sido expropiada otra vivienda que fuera domicilio conyugal de 
aquél y de su por entonces esposa doña, C. A. C., y, por tanto, sin que nada tuviera que 
reclamar al respecto doña R. L. S., reconociendo, además, no haber aportado cantidad 
alguna a los pagos realizados al Instituto de la Vivienda de Madrid para la referida 
vivienda.
Cuarto.  Por otro lado, también debemos traer a colación el hecho de que don F. G. 
G. hubiera otorgado testamento constante su segundo matrimonio con doña R. L. S., 
ante el notario de Madrid, don Manuel Martel Díaz-Llanos, y en fecha 1 de junio de 1988, 
por el cual legaba a su por entonces esposa el usufructo vitalicio de «los bienes de 
carácter ganancial adquiridos con la propia legataria», para después, en fecha 3 de abril 
de 2000 y coincidiendo con aquella escritura de renuncia, otorgar nuevo testamento 
reduciendo las disposiciones anteriores realizadas a doña R. L. S., a su «cuota legal 
usufructuaria» y mejorando, por otro lado, a su hija doña R. G. A. con la adjudicación de 
la referida finca, por haber sido ésta quien ha estado abonando los pagos al Instituto de 
la Vivienda de Madrid. Lo que traemos a colación para indicar, a su vez, que de 
entenderse que doña R. L. S. o los únicos descendientes de ésta tuvieran algo que 
manifestar en cuanto a la herencia de don F. G. G., con el fallecimiento de aquélla, el 
usufructo dispuesto por testamento de éste quedaría extinguido, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 513 del Código Civil, razón por la cual el notario de Madrid, don 
Pablo José López Ibáñez, hizo constar en la escritura de adjudicación y entrega de 
legado de la herencia de don F. G. G., otorgada el día 11 de enero de 2019, que los 
únicos interesados en la herencia resultan ser sus tres citados hijos, don J., doña R. y 
doña M. G. A.
Quinto.  Por último, conviene señalar que, a la fecha de fallecimiento de don F. G. 
G., y desde hacía aproximadamente 4 años, éste se encontraba separado de hecho de 
su segunda esposa, doña R. L. S., por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  834  del  Código  Civil,  ningún  derecho  hereditario  puede  corresponderle  al 
cónyuge que, al morir su consorte, se hallase separado de éste legalmente o de hecho.  s
En este sentido, si bien correspondería acreditar fehacientemente este hecho, baste para  oe.
ello señalar que, a fecha de fallecimiento, éste se encontraba viviendo con su hija, doña  w.
Rha. cGía.  eAn.,  eel nd oeml dicoilmioi cqiulioe  fquueer ay cao oncyuupgaabl ad ey a pmabgoasb.a ésta, mientras que doña R. L. S. lo  2020-6792n https://ww
IV
Mediante escrito, de fecha 4 de diciembre de 2019, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.  Notificada  la  interposición  del  recurso  al  notario  de  Madrid,  don  Ignacio 
Maldonado Ramos, no se ha producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1324, 1361, 1389 y 1441 del Código Civil; 18, 19 bis, 20 y 326 de 
la Ley Hipotecaria; 93 y 95 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 2 de febrero de 1951 y 28 de octubre de 1965, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de febrero de 1999, 16 de 
octubre de 2003, 4 de octubre de 2010, 13 de abril de 2011, 29 de febrero y 4 y 8 de 
junio de 2012 y 2 de febrero de 2017.
1.  Para la resolución de este expediente son relevantes los hechos y documentos 
siguientes:
– Escritura de elevación a público de documento privado de venta de un inmueble, 
otorgada el día 18 de julio de 2019. En dicha escritura se eleva a público un contrato 
privado suscrito el día 29 de abril de 1987 en la que interviene la causahabiente del 
comprador.  En  la  escritura  se  expresa  que  pertenecía  al  comprador  «con  carácter 
privativo, estando casado no obstante, en segundas nupcias con doña R. L. S. en 
régimen de gananciales, como así resulta de la escritura de aceptación y partición de 
herencia que luego se cita». El documento privado de fecha 29 de abril de 1987, aparece 
exclusivamente suscrito por el comprador sin especificación alguna más.
– El día 29 de abril de 1987 el comprador estaba casado en segundas nupcias.
– Capitulaciones matrimoniales pactando régimen de separación de bienes el día 3 
de abril de 1992, sin liquidar bien alguno.
– Escritura de renuncia de fecha 3 de abril de 2000, en la que la esposa del 
comprador manifestó ser privativo dicho inmueble que «reconoce que no aportó cantidad 
alguna a los pagos realizados por la vivienda referida en el presente documento público 
por lo que es un bien privativo de su citado esposo».
– Escritura de entrega del legado de la vivienda, otorgada el día 11 de enero 
de 2019, al fallecimiento del comprador en la que comparecen los tres hijos del causante 
y se adjudica la vivienda a la causahabiente por título de legado. Había fallecido el día 22 
de agosto de 2004, en estado de casado en segundas nupcias, de cuyo matrimonio no 
tuvo hijos. De sus primeras nupcias dejó los tres hijos intervinientes. En su último 
testamento, de fecha 3 de abril de 2000, instituyó herederos a sus tres hijos salvo la 
cuota legal usufructuaria de su esposa, mejoró a su hija –la causahabiente– en la 
vivienda  objeto  del  expediente,  e  hizo  la  siguiente  manifestación:  «Quiere  dejar 
constancia el testador de que todo el pago que se está efectuando por el piso objeto de 
mejora, lo ha realizado la hija mejorada, y lo seguirá realizando dado que está en fase de 
pago y amortización o pago durante muchos años (…)».
La  registradora  señala  como  defecto  que  fallecido  el  cónyuge  confesante,  es 
necesaria la intervención de sus herederos forzosos o que se acredite su inexistencia.
El recurrente hace un relato de unos hechos conocidos por la documentación y de 
otros por nueva documentación que aporta ahora junto con el escrito de interposición. De  e.
éstos se extraen las alegaciones siguientes: que lo que se pretende es la inscripción a  w.b
favor de la causahabiente y no del causante de la misma; que la adjudicación de la  92ww
veixvpieronpdiaa cpiróonc eddee s due  aunntear aiopro vrtivaiceinódna h edceh sau esn p 1ri9m8e1r,a esn  neusptacdiaos ;d qeu veiu edno , 1y9 a8 3c acmonbtiroa ed el alas 
bseiegnuensd eans  1n9u9p2ci ays n, op elirqou iqduae n caodnat rpaotarq luae c noom hparabvíae nctoan e qnu 1é9 h8a7c; eqruloe;  pqaucet am seejopraór aac sióun h dijea 
en la vivienda por haber esta realizado los pagos de amortización del precio; que el
causante, a su fallecimiento vivía con su hija en la vivienda referida, por estar separado 
de hecho de su segunda esposa desde hacía cuatro años.
2.  Como cuestión previa, hay que hacer constar que en el escrito de interposición 
de recurso se hacen manifestaciones y aportan numerosos documentos que no habían 
sido presentados a la calificación, por lo que, de conformidad con el artículo 326 de la 
Ley Hipotecaria, no pueden ser tenidos en cuenta en la extensión de la nota negativa. No 
obstante, como no afectan al fondo del asunto, se entrará en la resolución, esto es, si 
fallecido el cónyuge confesante, es necesaria la concurrencia de sus herederos forzosos 
o que se acredite su inexistencia.
3.  Por un lado, el artículo 1361 del Código Civil plasma, para el caso de la sociedad 
de gananciales, el principio general de la presunción de ganancialidad de los bienes: «Se 
presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que 
pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges».
El artículo 1324 del Código Civil, recoge uno de los medios de prueba que desvirtúan 
esa presunción de ganancialidad: la confesión de privatividad; y establece lo siguiente: 
«Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será 
bastante  la  confesión  del  otro,  pero  tal  confesión  por  sí  sola  no  perjudicará  a  los 
herederos forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada 
uno de los cónyuges».
En primer lugar, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha afirmado, 
en un supuesto de confesión de privatividad (vid. Resolución de 4 de junio de 2012), que 
procede distinguir entre inscripciones practicadas con carácter ganancial y con carácter 
presuntivamente ganancial. Cuando el cónyuge adquirente a título oneroso manifiesta 
que la adquisición se ha hecho con carácter ganancial, expresada en el título de compra, 
el bien se inscribe con carácter ganancial, lo que significa que el Registro publica la 
titularidad del bien a nombre de ambos cónyuges como bien integrante del patrimonio 
ganancial. En cambio, cuando en la adquisición realizada por uno de los cónyuges no se 
hace ninguna manifestación sobre el carácter de la adquisición, pero consta que está 
casado  en  régimen  de  gananciales,  la  inscripción  del  bien  se  practicará  como 
presuntivamente ganancial. La presunción de ganancialidad deriva de la Ley cuando no 
hay ninguna prueba acerca del carácter ganancial, pero la inscripción registral no publica 
en este caso una presunción de ganancialidad, sino la titularidad ganancial misma del 
bien cuya exactitud se presume y está bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no 
se declare su inexactitud por los procedimientos establecidos en la Ley Hipotecaria. Por 
tanto, no es que se trate de una adquisición cuyo carácter no figure acreditado en el 
Registro y pueda ser objeto de modificaciones sucesivas, sino que el carácter ganancial 
ha quedado acreditado por la declaración del adquirente en su día.
El artículo 1324 del Código Civil fue introducido por la reforma llevada a cabo por Ley 
de 13 de mayo de 1981, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, 
principalmente en sus Sentencias de 2 de febrero de 1951 y 28 de octubre de 1965, que 
se dictaron cuando el Código Civil prohibía las donaciones entre cónyuges, prohibición 
suprimida en la actualidad. De la doctrina sentada por las sentencias citadas y recogida 
en el indicado artículo 1324 del Código Civil, se deduce que este precepto reconoce 
valor probatorio entre los cónyuges a las manifestaciones que éstos hagan para fijar que 
determinados bienes son propios de uno de ellos, pero con la salvedad de que tales 
manifestaciones por sí solas no perjudicarán, en lo que interesa en este expediente, a 
los herederos forzosos del confesante. Por tanto, el fallecimiento del confesante tiene 
como consecuencia que la confesión no vincula a los legitimarios, salvo que éstos la  s
corroboren.  En  otro  caso,  los  legitimarios  sólo  se  verán  afectados  si  además  son  oe.
herederos y sólo en la parte de herencia que excediera del importe de su legítima, si bien  w.
no bastaría con invocar su condición de herederos forzosos para impugnar el carácter  92ww
qpurivea tteivnod rqíaune  qsuue p aacdrreed yit acra quusea nctoen a ttarilb cuoynóf eas ilóons  sbeie pneersju addicqaunir isduoss  dpeorre cshuo cso lnesgoitritme,a rsioinso. 
Pcoamrap uetlaloc,i osneersía  en eicmepsuatraioc iopnraecst,i caarl  loab jpeatort icdióen  dheeterermditinaarira , sci onla  lacso ncfoersrieósnp ornedaileiznatdeas   BOE-A-cable e
perjudica  efectivamente  la  legítima,  debiéndose  recordar  que  la  reducción  de  una 
donación inoficiosa no es un efecto producido «ope legis» sino que se produce a petición 
de quien resulte legitimado por su cualidad de heredero forzoso y por el concurso del 
dato de hecho de la comprobada inoficiosidad de la disposición.
Por otra parte, y al margen de la existencia de determinadas resoluciones judiciales 
que reconocen determinada eficacia a la confesión frente a los herederos forzosos tras el 
fallecimiento  del  confesante,  creando  una  prueba  de  privatividad  que  les  afecta  y 
recayendo sobre dichos legitimarios la carga de la prueba necesaria para desvirtuar 
dicha presunción, lo cierto es que, en el ámbito registral, respecto del artículo 95.4 del 
Reglamento Hipotecario, la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. 
Resolución de 16 de octubre de 2003) ha puesto de relieve que, aunque no establece 
distinción cuando exige, en tales casos, el consentimiento de los herederos forzosos del 
cónyuge confesante para la inscripción de la enajenación realizada por el supérstite, 
dicha regla no es aplicable cuando los derechos legitimarios aparecen configurados 
como un mero derecho a un valor patrimonial atribuible por cualquier título (como ocurre 
con la legítima en Derecho catalán conforme al artículo 451-1 del Código Civil de 
Cataluña). Indudablemente, esa misma solución –la no aplicabilidad del citado precepto 
reglamentario–  sería  la  procedente  en  el  Derecho  civil  gallego  a  la  vista  de  las 
disposiciones de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, que atribuye a 
la legítima una naturaleza claramente distinta a la establecida para el Derecho común en 
el Código Civil, pues según el artículo 249 de dicha ley «el legitimario no tiene acción 
real  para  reclamar  su  legítima  y  será  considerado,  a  todos  los  efectos,  como  un 
acreedor».  Por  ello,  en  el  caso  de  aforados  gallegos,  para  inscribir  los  actos  de 
disposición referidos, haría innecesario el consentimiento de los herederos forzosos del 
confesante.
4.  En segundo lugar, el Reglamento Hipotecario establece determinadas exigencias 
para la posterior disposición de los bienes confesados. Así, el artículo 95.4 de este 
Reglamento establece lo siguiente «si la privatividad resultare sólo de la confesión del 
consorte, se expresará dicha circunstancia en la inscripción y ésta se practicará a 
nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. Todos los actos inscribibles relativos a 
estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo favor se haya hecho la 
confesión,  quien  no  obstante  necesitará  para  los  actos  de  disposición  realizados 
después del fallecimiento del cónyuge confesante el consentimiento de los herederos 
forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de la 
partición de la herencia».
Respecto de la aplicación al caso de los artículos 1324 del Código Civil y 95.4 del 
Reglamento Hipotecario, debe tenerse en cuenta que, según la reiterada doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. las Resoluciones de 13 de 
febrero de 1999, 4 de octubre de 2010, 13 de abril de 2011 y 29 de febrero y 8 de junio 
de 2012, entre otras), la confesión de privatividad no aparece configurada en nuestro 
ordenamiento como una declaración de voluntad que fije frente a todos el carácter 
privativo del bien al que se refiere (sin perjuicio de su posible impugnación si se efectúa 
en fraude o perjuicio de terceros o no se corresponde con la realidad), sino como un 
simple medio de prueba de esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y 
que carece de virtualidad para desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad 
recogida en el artículo 1361 del Código Civil (cfr. artículo 1324 del Código Civil). Aunque 
también  es  cierto  que  esta  presunción  de  ganancialidad  tampoco  es  un  título  de 
atribución legal de esa cualidad a los bienes del matrimonio en tanto no conste que  s
pertenecen privativamente a uno u otro cónyuge –o a ambos pro indiviso–, sino uno más  oe.
de los medios de prueba (cfr. artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Según la  w.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de junio  92ww
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que  la  adquisición  del  bien  se  realizó  por  el  patrimonio  privativo  de  cónyuge  del 
confesante. En definitiva, destruye el juego de las presunciones de los artículos 1361 
y 1441 del Código Civil, creando otra presunción de privatividad que puede ser destruida, 
a su vez por una prueba fehaciente y suficiente de la ganancialidad o privatividad del 
cónyuge confesante (…) una vez disuelto el matrimonio tendrá los efectos propios que le 
otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil, un efecto limitado ya que dispone que tendrá 
eficacia probatoria si no lo contradice el resultado de las demás pruebas».
Por tales consideraciones se plantea el problema de determinar el régimen jurídico 
aplicable a estos bienes confesadamente privativos, pues si no pueden ser tratados 
como privativos a todos los efectos, «inter partes» y frente a terceros, tampoco pueden 
ser reputados inequívocamente como gananciales, de manera que los actos dispositivos 
realizados sobre ellos con sujeción al régimen de tales bienes sean definitivamente 
inatacables, al margen de la posibilidad de impugnar esos actos si «a posteriori» se 
demuestra que los bienes eran realmente privativos del cónyuge del confesante y éste 
no prestó su consentimiento a la enajenación, como sucede en el supuesto regulado por 
el artículo 1389 del Código Civil.
Adviértase en este mismo sentido cómo el propio Reglamento Hipotecario, a la hora 
de fijar los términos de la inscripción de tales bienes, y a diferencia del criterio seguido 
en otros casos –cfr. sus artículos 93.1 y 95.1–, se abstiene de exigir su calificación en el 
asiento como privativos o gananciales, limitándose a ordenar que se inscriban a favor del 
cónyuge  favorecido  por  la  confesión,  con  expresión  de  esta  circunstancia  (cfr. 
artículo  95.4),  produciéndose  una  cierta  indeterminación  registral  en  lo  relativo  al 
carácter de la titularidad de ese bien. Y es precisamente por esta indeterminación por lo 
que el Reglamento Hipotecario, ante la necesidad de evitar en todo caso el acceso al 
Registro  de  negocios  eventualmente  claudicantes,  impone  el  consentimiento  de  los 
herederos forzosos del confesante para la realización de actos dispositivos por parte del 
cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el carácter privativo del bien resulte de 
la partición hereditaria del confesante. En este sentido se afirma que el artículo 95, 
número  4,  del  Reglamento  Hipotecario  configura  una  auténtica  limitación  de  las 
facultades que corresponden al favorecido por la confesión.
5.  Centrados en el supuesto de este expediente, la finca se adquirió por compra 
constante el matrimonio del causante y su segunda esposa, quienes estaban casados en 
régimen de sociedad de gananciales; posteriormente, para desvirtuar la presunción de 
carácter  ganancial  de  la  adquisición,  la  esposa  confesó  el  carácter  privativo  de  la 
contraprestación hecha por el causante, pero no se acreditó el carácter privativo de la 
adquisición. Por tanto, se trata de un bien privativo por confesión. Una vez fallecido el 
cónyuge del confesante, y abierta su sucesión, se hace necesaria la concurrencia del 
cónyuge confesante y por su fallecimiento la de sus herederos forzosos.
De esta forma, la finca ha de inscribirse primero a nombre del causante por título de 
compra, y luego a nombre de su hija recurrente por título de herencia, sin que quepa 
inscribir directamente a nombre de ella. Y ello por aplicación del principio de tracto 
sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y con independencia de que se haga en una 
inscripción (tracto abreviado) o en dos. Como se anuncia en la calificación, cabe la 
posibilidad de inscribir la compra a nombre del causante con carácter privativo por 
confesión, ya que el defecto señalado se refiere a la inscripción posterior de la herencia 
a favor de la recurrente. Pero para la inscripción a favor de la adjudicataria recurrente por 
su título de herencia es precisa la intervención de los herederos forzosos, y, al no haber 
intervenido éstos ni haberse acreditado que no los hubiera, no puede accederse a la  s
inscripción. oe.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la  92ww
calificación.
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inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 7 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.