BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 7 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 108309
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
14662 Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Dirección General de Consumo, 
por la que se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el 
Ayuntamiento de Lleida, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo 
del Ayuntamiento de Lleida.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de 
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, en fecha 28 de agosto de 2021, 
Convenio  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del  Ayuntamiento 
de  Lleida,  que  figura  como  anexo  a  esta  resolución,  procede  su  publicación  en 
el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid,  30  de  agosto  de  2021.–La  Directora  General  de  Consumo,  Bibiana 
Medialdea García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo 
de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, para la constitución 
de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Lleida
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De  otra  parte,  don  Francesc  Sutrias  i  Grau,  Director  de  la  Agencia  Catalana 
del  Consumo  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  por  el  nombramiento  efectuado  por 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia 
Catalana del Consumo. La suscripción de este Convenio se ha autorizado por acuerdo 
del Gobierno, de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, 
de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 
del Estatuto de Cataluña.
Y de otra, don Miquel Pueyo París, Alcalde de Lleida, en virtud del acuerdo 4 de la 
sesión plenaria núm. 7/2019, de carácter extraordinario, de fecha 15 de junio de 2019. 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  tiene  entre  otras  atribuciones,  la  de 
representar al ayuntamiento de la ciudad, dirigir el gobierno y la administración municipal 
y todas aquellas otras atribuciones ejecutivas que vienen otorgadas por dicha ley y por el 
resto de normativa reguladora de las corporaciones locales. Con carácter específico se  s
le otorgan atribuciones para la firma del presente Convenio aprobadas por el Pleno  oe.
municipal en sesión de 30 de abril de 2021. 662www.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del Ayuntamiento de Lleida.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2013/11/UE,  del  Parlamento  Europeo  y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia  de  consumo,  completa  el  marco  legal  del  Arbitraje  de  Consumo, 
correspondiendo la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio 
de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la 
letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 5 de mayo de 1995, se constituyó la Junta Arbitral 
de Consumo del Ayuntamiento de Lleida (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Catalana  del  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, conscientes de la 
necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del  bo
Ayuntamiento de Lleida, con sede en Lleida, cuyo ámbito territorial viene determinado  662ww
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regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El  Ayuntamiento  de  Lleida  impulsará,  en  su  ámbito  territorial,  la  gestión  y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de 
resolución  alternativa  de  litigios  de  consumo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en 
la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento 
de  Lleida,  un  sistema  de  información  recíproco  para  el  buen  funcionamiento  del 
Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Agencia Catalana del Consumo.
3.  El  Ayuntamiento  de  Lleida  facilitará  información  sobre  la  designación  de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial del municipio de Lleida.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante,  correspondiendo  la  Secretaría  a  un  funcionario  de  la  Dirección  General 
de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la comisión de seguimiento, en lo no 
previsto  en  este  Convenio,  será  el  dispuesto  para  los  órganos  colegiados  en  la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. es
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde  bo
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  662ww
ddeía sC hoáobpielerasc dióens ddee ls use fcotromr apliúzbalcicióon e esnta etal l«. BAosliemtíinsm Oofi,c siaelr dáe pl uEbslticaaddoo» .en el plazo de diez
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo  los  compromisos adquiridos  en el  presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la comisión de seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
comisión de seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La comisión de seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la comisión de seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento  e
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la  bo
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales  662ww
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El Director de la Agencia Catalana del Consumo, Francesc Sutrias i Grau.–El 
Alcalde de Lleida, Miquel Pueyo París.