BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2022 Sec. TC.   Pág. 6175
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
942 Sala Primera. Sentencia 189/2021, de 13 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 696-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:189
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 696-2020, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección  de  la  letrada  doña  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  contra  el  auto  del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, de 15 de noviembre 
de 2018, que inadmitió la oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 369-2018, instado por la entidad Banco de 
Sabadell, S.A.; y contra el auto del mismo juzgado, de 12 de diciembre de 2019, que 
desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company,  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia 
Munteanu y asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, actuando como sucesora 
procesal  del  banco  ejecutante.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 3 de febrero 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en  e
nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., interpuso demanda de amparo  b
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento. w
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43 323 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 180 193,46 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 21 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  la  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  369-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban.
b)  Con fecha 26 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, relativa 
al proceso: EJH/0000369/2018; notificación que estaría disponible entre los días 26 de 
junio y 11 de agosto de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba. 
Como información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  La representación de la recurrente en amparo accedió con fecha 1 de agosto 
de  2018  al  enlace  remitido  a  la  dirección  electrónica  habilitada  y,  con  ello,  a  la 
notificación  enviada  por  el  juzgado  ejecutante  en  relación  con  el  procedimiento 
hipotecario núm. 369-2018. Automáticamente, el servicio de notificaciones de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado electrónico haciendo constar que la 
notificación había sido enviada el 26 de junio de 2018 y aceptada con fecha de 1 de 
agosto de 2018, a las 12:05:40 horas.
d)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó con fecha 29 de agosto de 2018 
escrito de oposición a la ejecución despachada. El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 4 de Lorca dictó auto el 15 de noviembre de 2018, en cuya virtud 
inadmitió, por extemporánea, la oposición planteada.
e)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición alegando, en 
síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento no habían sido realizadas el 
día 26 de junio de 2018, sino en la fecha en que accedió a la web y procedió a su 
descarga, esto es, el 1 de agosto de 2018, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no podía entenderse nada más que como un aviso de 
puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el 
caso, del 26 de junio al 11 de agosto de 2018) y entenderlo de otro modo, además de 
infringir los arts. 135, 152, 160, 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraba el 
art. 24 CE.
f)  El recurso fue desestimado por auto de 12 de diciembre de 2019, señalando que 
«debe tenerse en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de 
acceder a las mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a 
utilizar el sistema electrónico de comunicaciones el cumplimiento de los plazos procesales 
dispuesto en la normativa» y añade que de los documentos que aporta la recurrente y de 
sus  propias  alegaciones  «resulta  la  correcta  recepción  de  la  notificación  en 
fecha 26/06/2018, fecha en la que se materializó la ‘puesta a disposición’ de la notificación  e.
correctamente y del propio documento resulta que pasaron más de tres días desde la  w.b
misma sin que se hubiera accedido al contenido hasta el día 1 de agosto de 2018, por tanto,  2w
esen  haapylicaa jcuisótnif iecastdroic tpao dr ee ll or edcisuprrueensteto  uenna e iml appoasritbaidlidoa sde gduen adcoc eddeel ar rat.l  1s6is2te dmea l ae nL EeCst,e s ipnl aqzuoe. 
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cuando ya había precluido la posibilidad de hacerlo».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la actora se refiere a la falta de notificación personal de la demanda de 
ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo electrónico que 
carece de los requisitos esenciales para considerarlo un acto de notificación procesal, 
habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de ejercitar su derecho 
de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión planteada se cifra en 
determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones electrónicas 
es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos propios de una notificación 
realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en cuyo caso habría que 
determinar si las decisiones adoptadas por el juzgador en la instancia son arbitrarias, 
irracionales o fruto de un error patente, y en consecuencia constituyen una vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24 de la Constitución 
Española.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  dispone  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el juzgado 
correspondiente  en  este  especial  y  concreto  procedimiento»,  la  notificación  ha  de 
practicarse mediante cédula con entrega en papel de la documentación correspondiente, 
conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 135, 152, 162 
y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su punto primero 
prevé que «cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del 
primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes».
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
intérprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
Finalmente, tras invocar la doctrina establecida en la STC 47/2019, de 8 de abril, que 
reproduce en buena parte, solicita la estimación del amparo, instando del tribunal la 
declaración de nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, y que ordene reponer 
las actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de otrosí el escrito de demanda solicitó la suspensión de la continuación 
del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 369-2018 seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca.
4.  Mediante providencia de 6 de julio de 2020, la Sección Segunda de este Tribunal 
Constitucional acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en el 
mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, 
requiere  el  art.  50.1  b)  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional:  LOTC  e.
(STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2). w.b
art. 55.0 .3E Ll OMTinCis tceorinot rFa islac apl rionvteidrepnucsioa  edle 1  6d ed es ejupltioie mdeb r2e0 d2e0 ,2 i0n2te0r erseacnudrsoo  qduee  ssúep ldiceaja erax 
esta sin efecto, dictándose en su lugar otra admitiendo el recurso de amparo.
6.  El recurso de súplica fue estimado por el ATC 129/2020, de 22 de octubre, que 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo y, asimismo, formar la pieza separada para 
la tramitación del incidente de suspensión, concediendo plazo común de tres días a la 
parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen oportuno (art. 56 
LOTC).
7.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este tribunal, de fecha 26 de octubre de 2020, se acordó oficiar al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, para que en el plazo de diez días remitiera 
testimonio  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  369-2018,  y  que  se 
emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente 
en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de 
amparo. También se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
8.  Una vez presentadas sus alegaciones por la demandante de amparo con fecha 4 
de noviembre de 2020, y por el Ministerio Fiscal el 10 de noviembre de 2020, la Sala, por 
ATC 167/2020, de 14 de diciembre, acordó denegar la suspensión cautelar solicitada, y 
ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, 
de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
9.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 1 de febrero de 2021, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y 
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  sucesora 
procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, 
solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y parte, 
entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
10.  Tras reiterar la secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal la 
solicitud de actuaciones en diversas ocasiones, se recibieron finalmente en este Tribunal 
Constitucional el 22 de junio de 2021. Por diligencia de ordenación de 23 de junio 
de 2021 se acordó tener por personada y parte a la procuradora de los tribunales doña 
María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets 
Designated Activity Company y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se resolvió 
dar vista de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal, al recurrente en amparo y a la 
parte personada, por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término 
pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
11.  En fecha 15 de julio de 2021 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En 
ellas solicita la estimación del recurso de amparo y, en consecuencia, que se declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que despachó la 
ejecución solicitada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación para que se emplace de nuevo a la recurrente por el juzgado 
ejecutor de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas en la 
demanda de amparo, considera que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). 
Realiza un exhaustivo recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos 
de comunicación procesal con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 
32/2019, de 28 de febrero; 47/2019, de 8 de abril, y 40/2020, de 28 de febrero, de las  e.e
que transcribe parte de su contenido. Para justificar la propuesta estimatoria, se remite a  b
la doctrina fijada en las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, y 43/2020, de 9 de marzo, que  w
rlae seun1et2livd. eandE  sdl u2ep7mu adenesd tjouaslni oqte ud ede e p2 ra0em2s1ep natutraovno.   Ciedonemtnrtaoidd apadr ie mfnáe certasict eac  utyre ijbsuturióíndnaic l yae  lac e ofsinnc  erdilt eop  redevesi teaanlret egre.apceiotinceiosn dees   OE-A-2022-94able en https://
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de
amparo. No obstante, destaca la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, que resuelve el recurso de amparo núm. 5377-2018, promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al del 
presente recurso de amparo, en el que el tribunal sostiene que, tratándose del primer 
emplazamiento o citación al demandado, este ha de efectuarse en el domicilio del 
litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de lo contrario se estaría vulnerando 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la indicada sentencia, y 
mencionar también la STC 43/2020, de 9 de marzo, que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5379-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., solicita un pronunciamiento 
estimatorio, en los términos interesados en el escrito de interposición del recurso.
13.  No ha formulado alegaciones la representación de Pera Assets Designated 
Activity Company.
14.  Por providencia de 9 de diciembre de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 15 de noviembre 
de 2018 y 12 de diciembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  4  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
369-2018. El primero de ellos inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución 
hipotecaria  formulada  por  la  actora,  mientras  que  el  segundo  confirmó  la  anterior 
decisión al desestimar el recurso de reposición interpuesto frente a ella. Para el órgano 
judicial, el plazo que la demandada tenía para formular oposición a la ejecución ya 
despachada  ha  de  computarse  desde  la  fecha  en  la  que  recibió  en  su  dirección 
electrónica habilitada una comunicación del servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole de que hasta el 11 de agosto de 2018 
tendría  disponible  una  notificación  del  citado  juzgado  de  Lorca  relacionada  con  el 
procedimiento EHJ 369-2018 a la que, para que constase como leída, debía acceder a 
través de un enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La mercantil recurrente no 
accedió al enlace remitido hasta el 1 de agosto de 2018 y, por ser procesalmente inhábil 
el mes de agosto, presentó su escrito de oposición el día 29 de agosto, por lo que estima 
que lo hizo antes de que transcurriera el plazo de diez días hábiles legalmente previsto, 
computado desde la fecha límite expuesta en la comunicación.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución. Por su parte, el Ministerio Fiscal, con sustento en las razones que se han 
expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar 
que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
El presente recurso de amparo se integra en la serie de recursos interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos de ejecución  s
hipotecaria seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca,  oe.
los cuales, tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones  w.
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2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de contenido coincidente en 
lo sustancial con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos 
argumentos  que  defienden  aquí  las  partes,  con  fallo  estimatorio  de  la  demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado diferentes a lo declarado entonces, procede, por tanto, que 
hagamos aplicación de la citada STC 40/2020.
En tal sentido, después de despejar en su fundamento jurídico 2 cualquier posible 
óbice procesal, se abordó en el fundamento jurídico 3 el examen de la queja de fondo 
por lesión del art. 24.1 CE derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la 
ejecución, advirtiéndose que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal 
plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a) (iii), que resuelve una cuestión 
de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que hicimos en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a 
quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición 
a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Todo lo cual determina la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 
CE,  en  sus  vertientes  de  acceso  al  proceso,  a  no  padecer  indefensión,  y  a  una 
resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al 
emplazamiento  de  la  actora  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con 
retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los 
términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  la  demanda  de  amparo  promovida  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 15 de 
noviembre de 2018 y 12 de diciembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
369-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se lleve a cabo de nuevo 
este último de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.