BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 32213
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4398 Decreto-ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa 
de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata 
como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros 
no acompañados.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la 
infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia 
para  el  acogimiento  de  menores  extranjeros  no  acompañados,  ordenando  a  la 
ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
I
El incremento constante de las llegadas de menores extranjeros no acompañados a 
territorio español, especialmente durante el año en curso, ha tenido una incidencia 
importante sobre los medios y recursos disponibles por parte de las entidades públicas 
de  protección  de  menores  de  las  comunidades  autónomas,  especialmente  en  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por ser frontera exterior sur de la Unión Europea y 
por su cercanía a las costas del continente africano.
El respeto al principio del interés superior del menor, incorporado en los tratados 
internacionales, en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la 
normativa interna, exige la atención de estos menores en el territorio español por parte 
de las entidades públicas de protección de menores. Así, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, respecto a las personas menores de edad extranjeras que se 
encuentran en España, reconoce sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y 
a los servicios sociales, estableciendo como objetivo de los poderes públicos lograr la 
plena integración de estos menores en la sociedad española.
El Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a las personas menores de edad «el 
derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su 
bienestar en el contexto familiar y social», conforme dispone el artículo 13.1 del mismo. 
Además, el artículo 37.21, de los Principios rectores, reconoce que los poderes públicos 
canarios asumen como principios rectores de su política, entre otros, la protección 
jurídica, económica y social de la familia y de las personas menores garantizando los 
cuidados necesarios para su bienestar.
Las comunidades autónomas, al haber asumido las competencias previstas en el 
artículo 148.1 de la Constitución Española, son las responsables de la protección de 
menores  en  sus  respectivos  territorios.  Así,  cuando  se  constata  que  un  menor  se 
encuentra en situación de desamparo, la entidad pública de protección de menores 
competente territorialmente tiene que adoptar la tutela del mismo y las medidas de  s
protección necesarias para su guarda. oe.
De acuerdo con el artículo 35.3 y 4 relativo a las personas menores de edad no  w.
acompañadas de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades  98ww
dCeu elropso se xyt raFnujeerrzoass  edne  ESsepgauñriad ayd  sdue l inEtsetgardaoc iólonc asloicceianl ,a  eunn  loesx trsaunpjeureos tionsd oecnu mqeunet aldoos 
csueyrvaic imosin cooríma pdeete netdeasd d en op rpouteecdcaió nse dr ee msteanbolerceisd,a l ac aotne nsceiógnu riindmade,d siaet al eq udea práre, cpisoer , ldoes   BOE-A-cable e
acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose 
el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación 
de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con 
carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. Determinada la edad, si se tratase 
de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle.
Por otra parte, nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, 
de 5 de noviembre, señala en su artículo 144 relativo a las competencias en materia de 
inmigración señala que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en esta 
materia, sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado:
«a)  La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los 
inmigrantes no comunitarios.
b)  El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco 
de sus competencias.
c)  La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica 
de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes.
d)  El  establecimiento,  de  acuerdo  con  la  normativa  estatal,  de  un  marco  de 
referencia  para  la  acogida  e  integración  de  las  personas  inmigrantes,  incluidos  los 
menores extranjeros no acompañados.»
Además,  en  materia  de  infancia  y  familia,  la  misma  norma  estatutaria  en  su 
artículo 147.2 reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias exclusivas 
en materia de «protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del 
régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los 
menores  desamparados,  en  situación  de  riesgo  y  de  los  menores  infractores,  sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.»
Por su parte, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su 
artículo 9 que regula los derechos de las personas con acceso al sistema público de 
servicios sociales, indica que «1.  Son titulares del derecho a acceder a los servicios y 
prestaciones del sistema público de servicios sociales establecidos en esta ley y en la 
legislación específica que corresponda: [...]
d)  Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Canarias, con 
independencia de su situación administrativa.
Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los requisitos 
adicionales respecto de un periodo de empadronamiento previo o de otra naturaleza que 
se establezcan para el acceso a los diferentes servicios y prestaciones del sistema 
público de servicios sociales, en esta ley o en otras disposiciones que resulten de 
aplicación».
En el ámbito de la normativa sectorial, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 
Integral a los Menores, el artículo 23 se refiere a la «Integración social de los menores», 
indicando  su  apartado  2,  que  «Los  menores  extranjeros  que  se  encuentren  en  el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán recibir ayudas públicas que 
faciliten su integración social, especialmente para salvar las dificultades de idioma y el 
conocimiento de los usos sociales».
Por su parte, la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 35.11 
señala que «El régimen de la tutela [de las personas menores de edad extranjeras no  e
acompañadas] será el previsto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  bo
Además, serán aplicables a los menores extranjeros no acompañados las restantes  98ww
pvirgeevnistieo neens l as ombarete rpiaro»t.ección de menores recogidas en el Código Civil y en la legislación
tutelYa  edne  clau aAndtmo ian islatr aacteionnceiósn p iúnbmliecdaisa,t ae l daer tílacus lop e5r3s odnea sla  mLeeny odree sA dteen ecidóand I nstoemgreatild aa slo as 
Menores indica que «1.  Asumida la tutela, los menores recibirán atención inmediata en
los centros o unidades de primera acogida habilitados al efecto. 2. La estancia en estos 
centros o unidades se limitará al tiempo imprescindible para determinar las medidas de 
amparo más adecuadas a sus necesidades».
En esta misma Ley, su Título VII trata del régimen de los centros de menores. En su 
artículo 83, relativo al régimen de los centros de atención a los menores, se señala lo 
siguiente:
«1.  Los centros de atención a los menores pueden ser públicos, cuando su titular 
sea  una  Administración  Pública,  o  privados,  cuando  su  titular  sea  una  entidad 
colaboradora reconocida conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2.  Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los 
centros públicos de atención a los menores y su tipología, determinando los medios 
materiales  y  capacidad  máxima  de  cada  uno  de  ellos,  los  órganos  de  gobierno  y 
administración, así como los medios personales multidisciplinares de los que deban 
disponer.
3.  Los centros privados de atención a los menores deberán reunir los mismos 
requisitos y condiciones que se establezcan para los centros públicos.»
En desarrollo de la previsión contenida en el citado artículo 83.2 de la Ley, el 
Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a 
menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.
En dicho Reglamento se regula la organización y funcionamiento de los centros de 
atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto, 
en el Capítulo II relativo a los centros de protección del Título I, se recoge en su 
Sección 1.ª, la regulación de «los centros de acogida inmediata». El artículo 13 trata del 
concepto y objeto; el artículo 14 sobre la capacidad; el artículo 15, de los servicios; y el 
artículo 16, del personal de estos centros.
Sin embargo, dicha regulación no responde a la problemática planteada con los 
centros de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados existentes en 
Canarias, tanto de titularidad pública como privada, porque no solo dicho Reglamento no 
contempla esta modalidad específica para este colectivo de personas, sino que por sus 
características tampoco se adecúan a las necesidades actuales de acogida derivadas de 
una sobresaturación de los recursos de atención inmediata de menores ante la llegada 
masiva de menores extranjeros no acompañados a Canarias y de la situación sanitaria 
actual derivada de la pandemia por la COVID-19, de manera que resulta imposible 
cumplir con el actual requisito de capacidad máxima de veinte personas que se puedan 
acoger en este tipo de centros, salvo que se trate de grupos de hermanos, en los 
términos que señala el artículo 14 del citado Decreto 40/2000, de 15 de marzo.
En atención a lo anterior, con la finalidad de contribuir a la adecuada protección de 
las personas menores de edad no acompañadas que llegan a Canarias, a través de la 
presente norma se regula con carácter extraordinario y urgente las condiciones que 
deben reunir los Centros de Acogida Inmediata para atender a menores extranjeros no 
acompañados, dado que se ha incrementado el número de estos menores sin que la 
actual regulación de estos centros sea la adecuada para atender esta demanda de 
acogida  y  para  habilitar  de  forma  urgente  el  funcionamiento  de  los  mismos.  Estas 
medidas que se aprueban con el presente Decreto-ley tienen por objeto, por tanto, 
actualizar y poner al día la normativa reguladora de estos centros de atención y acogida 
de  menores  extranjeros  no  acompañados  por  parte  de  las  entidades  públicas  e
competentes y de las entidades integrantes del Tercer Sector de Acción Social, de forma  bo
que se encuentren en mejores condiciones para prestar las funciones que les son  98ww
propSiaes h.ace preciso, por tanto, proceder a la modificación puntual de la Ley de Atención
mInatengerraal  aq uloes,  Mceonno rceasr áyc dteerl  ceitxacdeop cRioengalal,m  ceunaton ddoe  Cele nstrisotse mdea  Astee ncvieóan  ap uMnetunaolrmese ndtee 
desbordado  por  afluencia  masiva  de  menores  migrantes,  se  puedan  utilizar  como
Centros de Acogida Inmediata otros espacios residenciales, sin mayor limitación en su 
capacidad que la que determinen sus instalaciones y el personal vinculado a los mismos, 
para el correcto desarrollo de los servicios propios de este tipo de Centros. Para ello, en 
este caso se acude a la modificación simultánea de la Ley y del Reglamento, lo cual se 
hace posible por la íntima conexión entre la regulación de la «acogida inmediata» 
recogida en el texto legal para el caso de la tutela de menores por la Administración y la 
regulación  específica  de  la  infraestructura  física  que  atiende  a  esa  necesidad 
actualmente apremiante de «acogida inmediata» de las personas menores de edad 
tuteladas  por  la  Entidad  pública,  especialmente  de  menores  extranjeros  no 
acompañados, de manera que se hace necesario y pertinente proceder a dar nueva 
redacción a los dos preceptos afectados de ambas disposiciones.
En efecto, existen ciertamente tanto razones de congruencia normativa como de 
eficacia en la obtención del fin pretendido con la modificación de ambas normas, a fin de 
obtener la finalidad pretendida de posibilitar la puesta a disposición de estos dispositivos 
de  emergencia  para  el  acogimiento  de  menores  extranjeros  no  acompañados,  sin 
esperar  al  desarrollo  reglamentario  del  precepto  legal  que  se  modifica,  dada  la 
extraordinaria y urgente necesidad igualmente reconocida de acometer la modificación 
de la norma reglamentaria para ampliar los supuestos de ampliación de la capacidad de 
los  mismos.  En  este  caso,  pues,  queda  justificado  el  empleo  de  este  instrumento 
normativo del decreto-ley para modificar si quiera puntualmente la regulación de estos 
centros  de  acogida  inmediata  sin  necesidad  de  elevar  el  rango  de  la  norma 
reglamentaria, en los términos que se señalan en la Disposición final primera de este 
Decreto-ley.
Por lo expuesto, se justifica la necesidad de acudir a un decreto-ley para la adopción 
de una medida que afecta a una disposición reglamentaria, es decir para modificar una 
norma vigente que fue aprobada por el Gobierno y que por tanto no tiene rango de ley.
Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 [y tampoco en nuestro Estatuto 
de Autonomía] reservas de reglamento, como el Tribunal Constitucional ha reiterado, lo 
cual  implica  que  a  la  ley  no  le  está  vedada  la  regulación  de  materias  atribuidas 
anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3). Ello 
ha llevado a reconocer a dicho Tribunal «la aptitud del decreto-ley para abordar una 
regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la 
exigencia  de  sistematicidad  en  la  regulación  de  la  materia  haga  aconsejable  su 
regulación conjunta a través del decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado 
inconstitucional,  por  contrario  al  artículo  86.1,  son  las  remisiones  reglamentarias 
exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones 
reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 13 de febrero, 
FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata 
de los preceptos del decreto-ley» (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5). Profundizando 
en esta doctrina, el citado Tribunal ha considerado, pues, que la utilización del decreto-
ley solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar 
la respuesta urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver.
En consecuencia, con la modificación pretendida, dado el carácter eventual y de 
primera acogida de estas instalaciones, en la medida que la intensidad temporal y 
numérica  es  fluctuante,  se  podrán  utilizar  para  este  fin  instalaciones  residenciales 
existentes, principalmente públicas, para lo cual, además de la planta alojativa turística, 
se podrán utilizar residencias de estudiantes, albergues juveniles o instalaciones de uso  s
colectivo similar, de manera que sean aptos para este uso compatible, siempre y cuando  oe.
se respeten las medidas de aforo y ocupación, de cada una de ellas. Para ello se hace  w.
necesario suprimir el límite de capacidad establecido en la actualidad en la regulación de  98ww
Alodsm ciennistrtroasc idóen .acogida inmediata a fin de posibilitar su habilitación o autorización por la
II
El Decreto-ley se estructura en una parte expositiva, dos artículos, una disposición 
adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo 1 trata de la modificación del artículo 53 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, 
de Atención Integral a los Menores, para dar nueva redacción a la regulación de la 
atención inmediata, a fin de contemplar no solo a las personas menores de edad 
sometidas a tutela de la Administración, sino igualmente a los menores extranjeros no 
acompañados derivados por la Policía o por el Ministerio Fiscal a los servicios de 
atención a la infancia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El artículo 2 trata de la modificación del artículo 14 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Canaria, aprobado por el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, a fin de actualizar 
la redacción de este precepto en cuanto a la capacidad de los centros de atención 
inmediata, posibilitando que en caso que de manera coyuntural la demanda de acogida 
lo requiriese, la Administración competente pueda autorizar o habilitar otros recintos ya 
en  funcionamiento  de  mayor  capacidad,  como  albergues  juveniles,  residencias  de 
estudiantes u otros establecimientos de uso colectivo similar, de manera que sean aptos 
para este uso de acogida inmediata, siempre y cuando se respeten las medidas de aforo 
y ocupación autorizadas de cada uno de ellos.
En  la  parte  final  del  Decreto-ley,  la  disposición  adicional  única  regula  las 
autorizaciones o habilitaciones de funcionamiento por razones de emergencia social, 
para posibilitar, cuando concurran razones de emergencia social por alta demanda de 
acogimientos de menores extranjeros no acompañados, el que se pueda conceder la 
autorización o habilitación de funcionamiento de un centro de atención inmediata en 
establecimientos  residenciales  existentes  cuando  ello  sea  legalmente  admisible, 
respetando los estándares de alojamiento previamente autorizados, siempre que la falta 
de algún requisito no afecte a la seguridad y protección de las personas menores de 
edad y sea considerado como dispensable para su funcionamiento, y sin más limitación 
que  las  que  determinen  por  las  características  de  sus  instalaciones  y  el  personal 
vinculado a los mismos.
Por último, se inserta una disposición derogatoria general y dos disposiciones finales, 
la primera de garantía de la salvaguardia del rango de la disposición reglamentaria 
modificada, y la segunda, fijando la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
III
En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente 
necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada.
La  adopción  de  medidas  mediante  Decreto-ley  ha  sido  avalada  por  el  Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida 
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario  podría  generar  algún  perjuicio–.  El  Decreto-ley  constituye  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 
y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos  e.e
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa  b
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el  98ww
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ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y
aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato. 
Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria 
y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se 
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 28 de enero de 2020, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas 
en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de 
la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, 
en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al 
contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). Debe señalarse también que este Decreto-ley no 
afecta al ámbito de aplicación delimitado por el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.
Por  otra  parte,  dada  la  finalidad  de  este  Decreto-ley  y  el  ámbito  material  de 
competencias donde se inserta, la presente disposición forma parte del bloque normativo 
sobre  servicios  sociales  derivado  de  las  competencias  exclusivas  en  esa  materia 
reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En efecto, el artículo 142.1, letra 
a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, establece en su artículo 142, referido a los «Servicios sociales», que «1. 
Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  exclusiva  en 
materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso:
a)  La regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión 
pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. (…)».
Igualmente, como ya se ha señalado, se enmarca en relación con su artículo 144 
relativo a las competencias en materia de inmigración, y asimismo en conexión con el 
artículo  147.2  que  reconoce  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competencias 
exclusivas en materia de protección de menores.
En este ámbito competencial, la citada Ley de Atención integral a los Menores, 
establece en su artículo 9, que compete al Gobierno lo siguiente:
«1.  El Gobierno de Canarias dirige las funciones de atención integral a los menores 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y coordina el ejercicio de las 
competencias que corresponden a la misma con las que se atribuyen a las entidades 
locales canarias.
2.  Específicamente,  corresponden  al  Gobierno  de  Canarias  las  siguientes 
competencias:
a)  La aprobación de las disposiciones generales de desarrollo y ejecución de las 
normas legales en materia de atención integral a los menores. [...]
d)  La aprobación del régimen general de organización, funcionamiento y régimen 
disciplinario de los centros públicos de atención y acogida de menores.» e.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren,  98ww
qpuoer  seux ingaet ueral leazrtaíc yu lofi n8a6lid adde,  llaa sC coirncsutnitustcaiónnc iaEss dpea ñeoxlatr ayo radrintíacruialo  y4 u6r gdeenl teE snteactuetsoi ddaed 
ADuetcorneotom-líeay .de  Canarias  como  presupuestos  habilitantes  para  la  aprobación  de  un
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación 
delimitado  por  el  artículo  46.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias.  Además, 
responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, este 
Decreto-ley se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  en  particular  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, este Decreto-ley 
persigue un interés general al pretender una mejor atención de las personas menores de 
edad extranjeras no acompañadas, resulta el instrumento más adecuado para garantizar 
la consecución de sus objetivos y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 
Igualmente, contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que 
pretende cubrir y evita cargas administrativas innecesarias.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y  eficacia  dado  el  interés  general  en  el  que  se  fundamentan  las  medidas  que  se 
establecen,  siendo  el  Decreto-ley  el  instrumento  más  adecuado  para  garantizar  su 
consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la 
regulación  imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente 
mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, cumple también con el principio de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación, sin 
que se hayan realizado los trámites de participación pública que se establecen en el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la 
excepción que, para los Decretos leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto. Por 
último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone cargas 
administrativas adicionales a las existentes con anterioridad, salvo las informativas a la 
Administración ya señaladas.
Por último, debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, que establece en su artículo 4 los principios generales de 
actuación  de  los  poderes  públicos  de  Canarias,  entre  ellos,  el  de  transversalidad, 
principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, 
ejecución  y  evaluación  de  todas  las  políticas  con  la  finalidad  de  eliminar  las 
desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, 
el presente Decreto-ley, aunque se trata de una norma modificativa de otras vigentes de 
igual e inferior rango relativa a la regulación de los centros de atención inmediata de 
personas menores de edad, la norma se destina a atender situaciones de vulnerabilidad 
social de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas, sin establecer 
ningún  tipo  de  discriminación  con  otras  personas  menores  de  edad  de  otras 
nacionalidades, por lo que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en su análisis 
previo y haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 23 de diciembre de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Modificación de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los 
Menores. s
Se modifica el artículo 53 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a  w.b
los Menores, que queda redactado como sigue: 98ww
«Artículo 53.  Atención inmediata.
1.  Asumida  la  tutela  de  una  persona  menor  de  edad  por  el  órgano
competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así  como  en  el  caso  de  las  personas  menores  de  edad  extranjeras  no 
acompañadas, una vez determinada la edad y el Ministerio Fiscal las haya puesto 
a  disposición  de  los  servicios  competentes  de  protección  de  menores  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, dichas personas recibirán un acogimiento en 
los centros de acogida inmediata habilitados al efecto.
2.  Dichos centros de acogida inmediata atenderán en la forma que se precise 
a personas menores de edad en grave riesgo o cuya tutela o guarda, por cualquier 
otra causa, haya sido asumida por la entidad pública. Igualmente acogerán de 
urgencia a menores de edad extranjeros no acompañados o indocumentados 
puestos a disposición por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuya 
minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad y se halle pendiente de 
determinación.
3.  La atención en estos centros de acogida inmediata se limitará al tiempo 
imprescindible para determinar las medidas de amparo más adecuadas a sus 
necesidades.»
Artículo  2.  Modificación  del  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  los 
centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, 
aprobado por el Decreto 40/2000, de 15 de marzo.
Se modifica el artículo 14 del Reglamento de organización y funcionamiento de los 
centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, 
aprobado por el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14.  Capacidad.
1.  El número máximo de menores que se pueden acoger en este tipo de 
centros será el de veinte, salvo que se trate de grupos de hermanos o hermanas, 
en cuyo caso la Dirección General competente en materia de infancia y familia 
podrá acordar sobrepasar dicha capacidad.
2.  Además de por la circunstancia señalada en el apartado anterior, dicho 
límite de capacidad podrá ser sobrepasado, en caso que de manera coyuntural 
una razón de emergencia social por alta demanda de acogida lo requiriese, en 
cuyo caso la citada Dirección General podrá autorizar o habilitar otros recintos o 
espacios habitacionales ya en funcionamiento de mayor capacidad, de manera 
que  sean  aptos  para  este  uso  de  acogida  inmediata,  siempre  y  cuando  se 
respeten las medidas de aforo y ocupación autorizadas en cada uno de ellos.»
Disposición  adicional  única.  Autorizaciones  o  habilitaciones  de  funcionamiento  de 
centros de acogida inmediata por razones de emergencia social por alta demanda.
En caso que de manera coyuntural motivado por razones de emergencia social de 
alta demanda de acogida de personas menores de edad lo requiriese, la Administración 
competente podrá excepcionalmente autorizar o habilitar a las entidades colaboradoras 
reconocidas, a que se refiere el Capítulo I del Título VIII de la Ley 1/1997, de 7 de 
febrero, de Atención Integral a los Menores, como centros de acogida inmediata, a 
aquellos espacios habitacionales que gestionen, que aun no cumpliendo alguno de los 
requisitos reglamentariamente establecidos, se hallaren abiertos y en funcionamiento, 
tales como albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos  s
alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar, de manera que  oe.
los mismos sean aptos para este uso de acogida inmediata, siempre y cuando se  w.
respeten las medidas de aforo y ocupación autorizadas de cada uno de ellos. 98ww
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siéndoles  de  aplicación  el  régimen  de  autorización  provisional  que  prevé  la
reglamentación de organización y funcionamiento de los centros de atención a la infancia 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-ley.
Disposición final primera.  Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Se  mantiene  el  rango  reglamentario  del  Reglamento  de  organización  y 
funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Canaria, aprobado por el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, modificado por 
este Decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 23 de diciembre de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí 
Santana Perera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 267, de 28 de diciembre de 2020. Convalidado por 
Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias número 26, de 8 de febrero 
de 2021)