BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23485
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3346 Pleno. Sentencia 21/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
1470-2018.  Promovido  por  don  Carles  Puigdemont  Casamajó  y  otras 
personas en relación con el auto del magistrado instructor de causa especial 
ante el Tribunal Supremo que desestimó la petición de libertad de don Jordi 
Sànchez i Picanyol, así como de concesión de permiso penitenciario para 
asistir  a  la  sesión  de  investidura  en  el  Parlamento  de  Cataluña  como 
candidato a la presidencia de la Generalitat. Alegada vulneración del derecho 
al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de 
amparo promovido desatendiendo su carácter subsidiario (STC 2/2020).
ECLI:ES:TC:2020:21
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1470-2018, promovido por don Carles Puigdemont 
Casamajó y otros, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez 
Sanz y asistidos por el letrado don Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol, contra el auto dictado 
el 9 de marzo de 2018 por el magistrado instructor del Tribunal Supremo en la causa 
especial núm. 20907-2017, por el que se deniega a don Jordi Sànchez i Picanyol, uno de 
los recurrentes, su petición de libertad así como de concesión de permiso penitenciario 
para asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la 
presidencia de la Generalitat. Han sido parte el abogado del Estado, en la representación 
que legalmente ostenta; la asociación para la defensa y progreso de los intereses 
ciudadanos (Politeia), representada por el procurador don Javier Fernández Estrada y 
asistida por el letrado don Víctor Hortal Fernández; el partido político VOX, representado 
por la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López y asistido por el letrado don Pedro 
Fernández Hernández; doña Meritxell Borràs Santacana, representada por el procurador 
don Carlos Estévez Sanz y asistida por el letrado don Javier Melero Merino; doña 
Ramona Barrufet Santacana, representada por el procurador don Ignacio Argós Linares 
y asistida por la letrada doña Judit Gené Creus; don Lluis Guinó Subirós y don Lluis 
María Corominas Díez, representados por el procurador don Ignacio Argós Linares y  e.e
asistidos  por  el  letrado  don  Javier  Melero  Merino;  don  Joaquim  Forn  Chiarello,  b
representado por el procurador don Carlos Estévez Sanz y asistido por el letrado don  46ww
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dAonñíbaa Ol Blgoar dAarldloe rHiuu Ridiopborllo;  dyo ñaas isDtiodlao rsp oBra essl ale it rCadooll,  dreopnr eMseanritaandoa  Bpoerr geél sp rToacruilorandteo;r  ddoonn 
Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, representados por el procurador don
Aníbal  Bordallo  Huidobro.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Por escrito recibido en el registro general de este Tribunal el 19 de marzo 
de 2018, el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, actuando en nombre y 
representación  de  don  Carles  Puigdemont  Casamajó  y  otros,  interpuso  recurso  de 
amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento, que deniega a 
don Jordi Sànchez i Picanyol su petición de libertad así como la concesión de permiso 
penitenciario para asistir a la sesión de investidura como candidato a la presidencia de la 
Generalitat  de  Cataluña,  manteniendo  la  medida  cautelar  de  prisión  provisional 
comunicada y sin fianza decretada contra él en la causa especial núm. 20907-2017.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la pretensión deducida en el presente 
recurso de amparo son los siguientes:
a)  Ante  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  se  siguen  las  diligencias 
previas 82-2017, incoadas en virtud de denuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional 
por delito de sedición, por los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017, 
en relación con las concentraciones llevadas a cabo en la zona de la Rambla-Gran Vía 
de Barcelona en el transcurso de la práctica de una diligencia judicial de entrada y 
registro en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
de la Generalitat de Cataluña. En la causa resultó investigado, entre otros, el recurrente 
en amparo.
b)  Por auto de 16 de octubre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 
decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza de varias personas, entre ellas don 
Jordi Sànchez i Picanyol, resolución que fue confirmada en apelación por auto de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre 
de 2017 (rollo núm. 467-2017).
c)  El 30 de octubre de 2017 el fiscal general del Estado presentó en el registro 
general  del  Tribunal  Supremo  querella  por  los  delitos  de  rebelión,  sedición  y 
malversación  contra  determinadas  personas  en  su  condición  de  miembros  de  la 
diputación permanente del Parlamento de Cataluña, excepto una de ellas, dando lugar, 
tras su admisión, a la causa especial núm. 20907-2017, en la que fue designado un 
magistrado instructor. Por auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017, se 
acordó, en la citada causa especial, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 las actuaciones obrantes en las 
diligencias previas núm. 82-2017, acumulándose este procedimiento a la causa especial.
d)  Convocadas elecciones al Parlamento de Cataluña por Real Decreto 953/2017, 
de 31 de octubre, fue proclamada por la Junta Electoral Provincial de Barcelona la 
candidatura de Junts per Catalunya, de la que formaba parte don Jordi Sànchez i 
Picanyol  («Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  287,  de  25  de  noviembre  de  2017). 
Celebradas las elecciones al Parlamento de Cataluña el 21 de diciembre de 2017, el 
señor Sànchez i Picanyol resultó elegido diputado.
e)  El 5 de marzo de 2018, el presidente del Parlamento de Cataluña, mediante 
resolución publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» de 6 de marzo, 
propuso como candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat al diputado 
don Jordi Sánchez i Picanyol, estando previsto que la sesión de investidura se celebrase  es
el 12 de marzo. bo
f)  Mediante escrito fechado el 6 de marzo de 2018, el señor Sànchez i Picanyol  46ww
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petición principal alternativa, sin esperar a resolver sobre la petición de libertad y en todo 
caso antes del 12 de marzo.
El Ministerio Fiscal se opuso tanto a la concesión de libertad como a la concesión del 
permiso penitenciario solicitado por el señor Sànchez.
g)  Por auto dictado el 9 de marzo de 2018, el magistrado instructor acordó denegar 
la libertad interesada por el señor Sànchez i Picanyol, así como la concesión de permiso 
extraordinario  para  acudir  al  acto  de  investidura  previsto  para  el  día  12  de  marzo 
de 2018.
En el auto se resuelve en primer lugar sobre la petición de libertad. Esta pretensión 
se  funda  en  la  consideración  de  que  han  aparecido  circunstancias  que  hacen 
desaparecer el riesgo de reiteración delictiva que fundamentó la medida cautelar de 
prisión provisional adoptada en su día; en particular que el señor Sànchez ha sido 
propuesto por el presidente del Parlamento de Cataluña como candidato a la investidura 
a la presidencia de la Generalitat (fundamento de derecho primero). El auto descarta que 
haya desaparecido ese riesgo, por lo que desestima la petición de libertad y mantiene la 
medida  cautelar  de  prisión  que  se  decretó  por  el  riesgo  de  que  pudiera  impulsar 
movilizaciones públicas violentas (o gravemente contrarias al orden público y la paz 
social), semejantes a las que en la causa especial se le atribuyen.
El auto razona sobre la persistencia del riesgo de reiteración delictiva, refiriéndose de 
forma extensa a los resultados de la investigación practicada y señalando de forma 
pormenorizada los hitos fundamentales de la participación y protagonismo del señor 
Sànchez como presidente de la «Asamblea Nacional Catalana» (ANC) en las distintas 
actividades del proceso secesionista de Cataluña, con especial referencia a los hechos 
ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017, así como en la jornada del 1 de 
octubre (fundamentos de derecho segundo a séptimo). Todo ello permite constatar la 
existencia de «una actuación que, por su contenido y finalidad, resulta gravemente lesiva 
del orden constitucional que cimienta las principales premisas de nuestra convivencia 
democrática […] Resulta intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la 
secesión  desde  vías  de  hecho  que,  sin  soporte  constitucional  y  legal,  rompen 
inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad […] El violento enfrentamiento colectivo que se utilizó como 
instrumento para obtener la secesión del territorio de Cataluña, introduce en la población 
un riesgo de lesividad física que resulta inasumible en términos individuales y colectivos. 
Ambos parámetros perfilan la gravedad de la conducta del encausado, y la relevancia 
que tiene para la comunidad la reiteración del comportamiento que trata de prevenirse» 
(fundamento de Derecho octavo).
Junto a la gravedad de la conducta del señor Sànchez, considera el auto que «no se 
han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado 
persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal. 
De un lado, porque la investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron 
a perseverar en su táctica, por más que llegara la situación en la que ahora nos 
encontramos, esto es, que se produjera la reacción impeditiva que el Senado español se 
vio forzado a impulsar. De otro, porque el señor Sànchez se integró recientemente –
como  candidato  destacado–  en  una  lista  electoral  que  se  ha  opuesto,  expresa  y 
permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la 
república que declararon. Por último, porque la proclama que hizo ante este instructor, 
afirmando que solo perseguirá su aspiración política mediante instrumentos legales, no 
solo no hace desaparecer los objetivos marcadores de riesgo anteriormente expresados,  s
sino que se torna en un compromiso impreciso, arriesgado e incierto, cuando se pone en  oe.
conjunción: a) Con su negativa a reconocer la autoridad judicial del Estado; b) Con las  w.
incompatibles proclamas que el encausado ha venido dirigiendo a su electorado y c) Con  46ww
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prisión provisional comunicada y sin fianza en la que se halla, por cuanto esa restricción: 
«a) Afecta a un candidato en quien, al iniciarse el proceso electoral, ya concurría la 
privación de libertad que condiciona hoy su representación; b) Se trata de un candidato 
que, además de estar privado de libertad al momento de iniciarse los comicios, no 
ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama; c) La candidatura presenta 
otros integrantes, todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores, en los 
que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse; y d) La decisión no 
priva  al  señor  Sànchez  de  que  pueda  participar  en  las  decisiones  parlamentarias 
mediante la delegación de su voto» (fundamento de Derecho décimo).
Por todo ello, el auto desestima la solicitud de libertad del señor Sànchez i Picanyol.
En lo que atañe al permiso de excarcelación solicitado por don Jordi Sànchez i 
Picanyol, de conformidad con lo previsto en los arts. 47.1 y 48 de la Ley Orgánica 
general penitenciaria (LOGP), para poder acudir el día 12 de marzo de 2018 al acto de 
investidura  en  el  Parlamento  de  Cataluña  como  candidato  a  la  presidencia  de  la 
Generalitat de Cataluña, el auto señala lo siguiente.
En cuanto a la alegada afectación del derecho de acceso a las funciones y cargos 
públicos (art. 23.2 CE), advierte el auto que «aunque cualquier ciudadano tiene el 
reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no 
desactiva la obligación judicial de velar por que el ejercicio del derecho por aquel a quien 
se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor 
relevancia y más necesitadas de protección» (fundamento de Derecho duodécimo).
Partiendo de la anterior premisa, el auto rechaza que, frente a lo que sostiene el 
señor Sànchez i Picanyol, su situación sea equiparable a la del caso de don Juan Carlos 
Yoldi. Este que, hallándose en situación de prisión provisional por su pertenencia a la 
organización terrorista ETA, decidió presentar su candidatura a lehendakari tras haber 
sido  elegido  diputado  del  Parlamento  Vasco;  el  Tribunal  decidió  autorizar  su 
excarcelación para posibilitar su presencia en la sesión de investidura. Razona el auto 
que este precedente no es idóneo para acordar el permiso de excarcelación solicitado 
por el señor Sànchez i Picanyol:
«Pese a la similitud de los casos, los delitos que se imputaban a Juan Carlos Yoldi y 
por los que se encontraba en prisión preventiva, era los de pertenencia a banda armada 
y depósito de armas. Se trataba por tanto –como ya expresó el Ministerio Fiscal con 
ocasión de otros permisos que ha interesado anteriormente el señor Sánchez–, de 
delitos cuya comisión no se favorece en el debate parlamentario para el que se otorgó el 
permiso. Es más, se trata de comportamientos delictivos que no verían potenciado el 
riesgo de su reiteración en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario 
apoyo parlamentario a su candidatura. De este modo, la razón por la que el Tribunal 
favoreció el ejercicio del derecho de representación, en la limitada manifestación de 
comparecer ante el parlamento para presentar su candidatura, fue que podían adoptarse 
medidas que permitieran el ejercicio del derecho, sin introducir una potenciación del 
riesgo de fuga que trataba de conjurarse con la medida cautelar de prisión preventiva 
que se había adoptado. Así pues, identificadas las prudencias que eran precisas para 
abordar una conducción segura del preso y asumido el esfuerzo público de implementar 
las cautelas, no se apreció en aquel caso que concurriera ningún conflicto de derechos 
que justificara la ponderación judicial sobre cual había de ser el interés preponderante.» 
(fundamento de Derecho decimotercero).
No ocurre lo mismo, según el auto, en el presente caso, en que la prisión provisional  e
del señor Sànchez i Picanyol «no reside en razones de orden público», sino en el «riesgo  bo
de reiteración delictiva que justificaba la supervisión penitenciaria de su comportamiento.  46ww
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existe una posibilidad razonable de que se reproduzca el ataque al bien jurídico y de que
esa eventualidad pueda confluir de nuevo con la voluntad del encausado de sumarse a 
la  ejecución  delictiva  desde  cualquier  tarea  o  función»  (fundamento  de  Derecho 
decimocuarto).
Teniendo en cuenta lo anterior, razona el auto que el pronóstico de reiteración del 
señor Sànchez queda acreditado en la causa. «De un lado, porque aparecían elementos 
que reflejaban que volvería a reproducirse un ataque al bien jurídico tutelado por el 
delito. Como se ha hecho en la parte inicial de esta resolución con mayor desarrollo, la 
conclusión se extraía de un juicio indiciario que descansaba en: 1.º La existencia de un 
contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que 
debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, sosteniendo que 
debe  lograrse  perseverando  en  el  mecanismo  de  secesión  contrario  a  las  normas 
penales que aquí se enjuicia; 2.º Que estos sectores se ajustan a un plan de secesión 
que contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente; y 3.º Que el concierto 
del que participó el acusado siempre contempló perseverar en la estrategia y en los 
objetivos,  aun  en  el  supuesto  de  que  el  Estado  interviniera  las  instituciones  de  la 
Comunidad Autónoma, como ha acontecido.
De otro, porque los elementos que apuntan un riesgo genérico de reiteración, se 
proyectan  de  manera  específica  sobre  un  investigado  que:  1.º  Ha  revalidado  su 
compromiso  delictivo,  integrándose  en  una  candidatura  que  proclama  precisamente 
continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia; y 2.º Ha reflejado una 
determinación tan obcecada, que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de 
que  pudiera  conducir  a  un  violento  estallido  social,  con  posibles  e  irreparables 
consecuencias  físicas  en  los  sujetos  afectados  y  con  relevante  repercusión  en  la 
convivencia del grupo social» (fundamento de Derecho decimocuarto).
En  consecuencia,  «frente  a  este  riesgo  concreto  de  reiteración  delictiva,  y 
considerando las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los 
principios  y  derechos  constitucionales  de  todos,  debe  contemplarse:  1.º  Que  la 
conducción vigilada que se peticiona no aporta la contención precisa para un traslado 
seguro, menos aún en quien –como reflejan los hechos descritos al principio de esta 
resolución–, ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un 
Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley; y 2.º Que el ejercicio del 
derecho que se peticiona no supone sino favorecer la reiteración que trata de conjurarse, 
visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó –precisamente– desde 
actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera 
flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro 
ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido 
excluida y sigue respaldándose de presente» (fundamento de Derecho decimoquinto).
Por todo ello se deniega el permiso extraordinario solicitado.
h)  Mediante escrito de 12 de marzo de 2018, la representación procesal de don 
Jordi Sànchez i Picanyol presentó recurso de apelación contra el auto de 9 de marzo 
de 2018 solicitando la revocación del mismo y que se otorgara «a la mayor brevedad 
posible al candidato Jordi Sànchez el permiso interesado». En dicho recurso se denuncia 
la  vulneración  de  diversos  derechos  fundamentales,  entre  ellos  «del  art.  23  de  la 
Constitución,  del  art.  3  del  Protocolo  adicional  al  Convenio  europeo  de  derechos 
humanos  y  del  art.  25  del  Pacto  internacional  de  derechos  civiles  y  políticos,  que 
reconocen los derechos a la participación política y al acceso a los cargos públicos».
i)  Por escrito recibido en el registro general de este Tribunal el 19 de marzo 
de 2018, se interpuso el presente recurso de amparo directamente contra el auto de 9 de  s
marzo de 2018, sin que hubiera sido todavía resuelto el recurso de apelación interpuesto  oe.
contra esta última resolución. w.
j)  Mediante auto de 17 de abril de 2018, la Sala de Apelaciones del Tribunal  46ww
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abril de 2018, de la sala de apelaciones. En dicho recurso de amparo (núm. 2228-2018) 
se denuncia que «la denegación a un parlamentario democráticamente elegido de la 
posibilidad de acudir al Pleno de investidura al que ha sido propuesto como candidato a 
presidente comporta graves lesiones de derechos fundamentales y es una decisión que 
socava gravemente algunos de los pilares básicos de cualquier sistema constitucional» y 
que entraña en particular la «vulneración del art. 23 de la Constitución, del art. 3 del 
Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos y del art. 25 del Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  que  reconocen  los  derechos  a  la 
participación política y al acceso a los cargos públicos».
3.  En  su  demanda  de  amparo,  los  recurrentes,  todos  ellos  diputados  del 
Parlamento de Cataluña, afirman que la resolución judicial impugnada ha vulnerado su 
derecho  fundamental  a  ejercer  su  cargo  público  representativo  en  condiciones  de 
igualdad (art. 23.2 CE).
Según  los  recurrentes,  el  auto  impugnado  ha  impedido  arbitrariamente  que  el 
diputado  señor  Sànchez  pudiera  acceder  a  una  de  las  facultades  más  relevantes 
inherentes al cargo representativo, que tiene derecho a ejercer, de acuerdo con el 23.2 
CE, en condiciones de igualdad, sin que pueda ser removido «si no es por causa y de 
acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos» (STC 107/2016, por todas) y a 
llevar a cabo sin perturbaciones su mandato, de acuerdo con el art. 3 del Protocolo 
adicional al Convenio europeo de derechos humanos. Además, se impide el ejercicio del 
cargo representativo al resto de diputados del Parlamento de Cataluña, a los cuales se 
les veda votar libremente al candidato propuesto por el presidente del Parlamento, lo que 
vulnera su ius in officium y supone un trato discriminatorio del Tribunal Supremo hacia 
determinadas opciones políticas por razón de opinión, que no está basado «en una 
apreciación objetiva de circunstancias de hecho esencialmente diferentes» (STEDH 23 
de julio de 1968, Bélgica c. Bélgica), pues no concurriría en el candidato señor Sànchez 
(diputado electo) ningún supuesto de inelegibilidad o imposibilidad, conforme a la Ley 
Orgánica  del  régimen  electoral  general,  para  ser  investido  como  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña.
Se afirma también en la demanda que, más allá de las vulneraciones de derechos 
fundamentales señaladas, el auto impugnado y la consiguiente suspensión del pleno de 
la  sesión  de  investidura,  han  supuesto  la  perturbación  grave  de  un  interés 
constitucionalmente protegido, cual es la elección del presidente de la Generalitat por el 
Parlamento  de  Cataluña,  depositario  de  la  representación  de  sus  ciudadanos,  y  la 
consiguiente formación de un gobierno que ejerza las funciones que le atribuyen el 
Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  la  Ley  13/2008,  de  5  de  noviembre,  de  la 
Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en consonancia con las previsiones del 
art. 152.1 CE.
Expuesta la vulneración que denuncian, los recurrentes dedican un apartado de la 
fundamentación  jurídica  de  la  demanda  a  justificar  su  legitimación  para  recurrir  en 
amparo. Insisten, a estos efectos, en la idea de que el auto de 9 de marzo de 2018 
«conlleva la afectación directa del ius in officium» de los recurrentes en la medida en 
que, como diputados del Parlamento de Cataluña, «se ven privados del normal ejercicio 
del mismo, por cuanto la no celebración de la sesión de investidura en los tiempos y 
plazos establecidos por la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la 
Generalitat y del Gobierno, les ha impedido la asistencia y participación en la misma en 
los términos previstos por dicha Ley 13/2008, cuya finalidad –no lo olvidemos– no es otra 
que dotar a Cataluña de su más alta representación institucional, el presidente de la  e.
Generalitat, a quien corresponde nombrar al Gobierno que debe dirigir la acción política y  w.b
administrativa de la Generalitat, ejercer la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la  46ww
pEostteastutatod  dree gAluatmoneonmtaíraia d ye  Caaqtuaelullañsa  yo tlraass l efyuensc»io.nes que le asignen la Constitución, el
funcAioñnaedse np úlobslic aresc uernre ncotensd iqciuoen eess tdae  vuiglnuearldaacdió,n  sdine l pdeertruercbhaoc io«nae se jeilrecgeírti mloass ,c acrogno slo ys 
requisitos señalados en las leyes […] se ha producido sin que mis representados hayan
tenido la ocasión de ser oídos en el proceso, vulnerando derechos fundamentales con 
total ausencia de contradicción». De ello deducen los ahora actores su legitimación para 
recurrir  en  amparo  pues  «negarles  la  posibilidad  de  defensa  de  su  ius  in  officium 
constituiría, a su vez, una clara vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) del que son asimismo titulares». Consideran que la grave perturbación de un 
interés  constitucionalmente  relevante,  como  es  «la  elección  del  presidente  de  la 
Generalitat por el parlamento», les confería el correspondiente interés legítimo a efectos 
de ser oídos en el procedimiento judicial en el que se acordó la prisión provisional, interés 
que fue desconocido por el órgano judicial y que motiva, por ello, su legitimación para 
recurrir en amparo aun no habiendo intervenido como parte en el procedimiento judicial.
Concluyen los recurrentes interesando que se les otorgue el amparo solicitado, se 
reconozca su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos sin perturbaciones ilegítimas y se declare la nulidad del auto impugnado y, en 
consecuencia, que se conceda al señor Sànchez i Picanyol la libertad o el permiso 
necesario para poder asistir al acto de investidura como presidente de la Generalitat de 
Cataluña.
4.  Mediante providencia de 17 de julio de 2018, el Pleno, a propuesta de los tres 
magistrados integrantes de la Sección Segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del 
recurso de amparo y admitirlo a trámite, por apreciar que concurre en el mismo una especial 
trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional 
(LOTC)], dado que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en plazo no superior 
a  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al auto dictado por el magistrado instructor el 9 de marzo de 2018 en la 
causa especial 20907-2017; interesando al mismo tiempo que se emplazara a quienes 
fueron parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en 
el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal  de  18  de  septiembre  de  2018  se  tuvo  por  recibido  el  testimonio  de  las 
actuaciones solicitadas. Asimismo se tuvo por personados y parte en este proceso 
constitucional al procurador don Javier Fernández Estrada, en representación de la 
asociación  para  la  defensa  y  progreso  de  los  intereses  ciudadanos  (Politeia);  a  la 
procuradora doña María del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político 
VOX; al procurador don Carlos Estévez Sanz, en representación de doña Meritxell 
Borràs  Santacana  y  don  Joaquim  Forn  Chiarello;  al  procurador  don  Ignacio  Argós 
Linares, en representación de don Lluis Guinó Subirós, don Lluis María Corominas Díez 
y doña Ramona Barrufet Santacana; al procurador don Emilio Martínez Benítez, en 
representación  de  doña  Carme  Forcadell  i  Lluis  y  doña  Anna  Simó  i  Castelló;  al 
procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de doña Dolors Bassa i Coll, 
don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu; así como al abogado del Estado, en la 
representación que legalmente ostenta.
En virtud de la misma diligencia de ordenación se dio vista de las actuaciones, por 
plazo común de veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 52.1 LOTC. e
6.  El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 18 de octubre  w.
pdree 2vUi0an1 aq8 u.vee ze l dreeclimuristaod doe  eal mopbajertoo  edse iln pardemseisnibtele r epcour rfsaolt ad ed ea amgpoatarom, ieanletgoa d eco lam voí ac ujuedsitcióianl   2020-3346n https://ww
[arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC], toda vez que, frente al auto dictado por el magistrado
instructor el 9 de marzo de 2018, el señor Sànchez i Picanyol interpuso recurso de
apelación, que estaba pendiente de resolverse por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo cuando se presentó la demanda de amparo contra aquel auto. Por otra parte, 
el  recurso  de  amparo  sería  igualmente  inadmisible  respecto  de  los  demandantes 
distintos del señor Sànchez por falta de legitimación activa, ya que no fueron parte en el 
proceso judicial previo [arts. 46.1 b) y 50.1 a) LOTC], sin que tampoco puedan intervenir 
como coadyuvantes, por no ostentar un interés legítimo en los términos establecidos por 
el art. 47 LOTC.
En cuanto al fondo del asunto, sostiene el abogado del Estado que no concurre la 
pretendida vulneración de los derechos fundamentales de participación política (art. 23 
CE) que aducen los demandantes de amparo. Señala que la doctrina del Tribunal 
Constitucional (ATC 55/2018, de 22 de mayo, FJ 5) tiene declarado que la situación de 
prisión provisional afecta indefectiblemente al ejercicio de los derechos políticos. En el 
mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (así, 
sentencia de 30 de junio de 2009, asunto Etxeberria y otros c. España, § 47-50), cuando 
señala  que  el  derecho  de  participar  en  elecciones  periódicas  [art.  3  del  Protocolo 
adicional al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH)] ya reconoce la existencia 
de límites a su ejercicio, y que estos pueden ser más fuertes en su vertiente pasiva 
(derecho a presentarse a las elecciones), existiendo un amplio margen de apreciación 
por los Estados miembros y limitándose el control de ese Tribunal a verificar si la 
limitación impuesta ha sido arbitraria o desproporcionada.
Recuerda en tal sentido la doctrina constitucional acerca del presupuesto y los fines 
constitucionalmente legítimos para acordar la medida de prisión provisional (por todas, 
STC 14/2000, de 17 de enero, FFJJ 3 y 4), así como la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, según la cual la prisión provisional es conforme al art. 5 CEDH 
siempre que se cumplan los requisitos exigidos por este precepto, en concreto que 
existan una razón plausible para entender que el sujeto ha cometido un delito y una 
justificación pertinente y suficiente para el mantenimiento de la medida restrictiva de 
libertad, como puede serlo el peligro de reiteración delictiva (así, STEDH de 5 de julio 
de 2016, asunto Buzadji c. Moldavia, § 86, 88, 90 y 91).
Del mismo modo, advierte que la Observación núm. 25 del Comité de Derechos 
Humanos sobre el art 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos permite el 
establecimiento de límites al derecho a participar en asuntos públicos, siempre que estén 
previstos en la legislación y sean objetivos y razonables. A su vez, el grupo de trabajo 
sobre detenciones arbitrarias dependiente del Comité de Derechos Humanos considera 
que es legítima la privación de libertad de una persona acusada de graves delitos si esta 
posibilidad está prevista legalmente y no se realiza como represalia por el ejercicio de los 
derechos reconocidos por los tratados internacionales.
Por todo ello ha de concluirse que las limitaciones impuestas por el auto impugnado 
al  derecho  de  participación  del  señor  Sànchez  en  el  debate  de  investidura  como 
candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, a causa de hallarse en prisión 
provisional y debido al riesgo de reiteración delictiva, son motivadas, proporcionadas y 
no arbitrarias, lo que permite descartar las alegadas vulneraciones del derecho de 
participación política. A lo que cabe añadir que los recurrentes alegan que no han podido 
ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad, pero no indican cual es el 
término de comparación que emplean; esto es, no justifican si se ha actuado de forma 
distinta respecto del señor Sànchez en relación con otros candidatos en su misma 
situación (prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva).
En su virtud, el abogado del Estado solicita que se inadmita el recurso de amparo o  s
subsidiariamente que se desestime. oe.
7.  La representación procesal del partido político VOX presentó sus alegaciones  46ww
medIinatnetree seas,c reitno  rpergimisterar dtoé remni neos,t el aT riibnuandaml iesli ó1n8  ddee lo crteucburres od ed 2e0 1a8m. paro  por  falta  de
lpeagritteim eanc ieóln p raocctievsao,  jtuoddiac iavle pzr eqvuioe,  (ys aplovro  neol  hsaebñeorr  sSaàtisnfcehcehzo)  llao se xriegceunrcriean tdees  junsot iffiucaerr olan 
especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, que en cualquier caso no 
existiría.
Subsidiariamente, postula la desestimación del recurso de amparo, por no haber 
incurrido el auto impugnado en la pretendida vulneración del derecho a la participación 
política y al acceso a los cargos públicos (art. 23 CE) que alegan los recurrentes. Los 
derechos políticos de los diputados no tienen carácter absoluto y no hacen desaparecer 
sus posibles responsabilidades penales. La Constitución no reconoce un derecho del reo 
a disfrutar de una salida extraordinaria del centro penitenciario, sea para el ejercicio de 
derechos reconocidos en el art. 23 CE, sea para otros derechos fundamentales; es más, 
incluso  el  art.  25.2  CE  habilita  expresamente  su  restricción.  Es  la  legislación 
penitenciaria la que establece, también para presos en situación de prisión provisional, el 
derecho a solicitar un permiso (art. 48 LOGP y art. 159 del Reglamento penitenciario), 
quedando  al  arbitrio  del  juez  su  concesión,  dependiendo  de  las  circunstancias 
concurrentes. En este caso la fundamentación de la denegación del permiso solicitado 
por el señor Sànchez deriva de su capacidad de reiteración delictiva, como se razona 
cumplidamente en el auto que impugna. Se han respetado, por tanto, los derechos 
políticos  del  recurrente  que  son  compatibles  con  la  medida  de  prisión  provisional, 
quedando restringidos temporalmente los que no lo son. Por otra parte, se concedería al 
señor  Sànchez  un  status  de  preso  superior,  por  encima  del  resto  de  la  población 
carcelaria, mediante el otorgamiento de un fuero especial que incluyese dispensas y 
favores (traslados al gusto, salidas, comunicaciones extraordinarias, contacto con los 
medios, entre otros privilegios) de carácter singular y único. Esto supondría un trato de 
favor evidente de los poderes públicos, que no pueden favorecer ni dispensar un trato 
desigual a los ciudadanos, so pena de infringir el art. 14 CE.
Por medio de otrosí solicita la celebración de vista, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 52.2 LOTC. Solicita también por otrosí que no se acuerde la suspensión de los 
efectos del auto impugnado.
8.  El Ministerio Fiscal presentó  su  escrito  de  alegaciones el 15 de noviembre 
de 2018, en el que solicita la inadmisión del recurso amparo y subsidiariamente su 
desestimación.
Tras exponer los antecedentes del asunto, relata los fundamentos que se articulan 
en la demanda de amparo para sustentar la pretendida vulneración de los derechos de 
los recurrentes a la participación en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos en 
condiciones de igualdad (art. 23 CE).
El  Ministerio  Fiscal  sostiene  en  primer  lugar  que  la  demanda  de  amparo  es 
inadmisible por falta de legitimación activa de los recurrentes [arts. 46.1 b) y 50.1 a) 
LOTC]. Razona que el presente supuesto es diferente de los contemplados en las 
SSTC 147/2002 y 298/2006, que invocan en su demanda de amparo los recurrentes 
para defender su legitimación. El auto que se recurre en amparo ha sido dictado en un 
proceso penal y acuerda mantener la medida cautelar de prisión provisional decretada 
contra el señor Sànchez i Picanyol –uno de los recurrentes– al tiempo que deniega 
concederle un permiso carcelario para asistir a la sesión de investidura como candidato a 
la presidencia de la Generalitat de Cataluña. No consta intento alguno por parte del resto 
de diputados recurrentes de ser oídos en la causa penal antes, al tiempo o después de 
adoptarse la decisión de mantener la medida cautelar y denegar el permiso carcelario 
solicitado, como tampoco de personarse en la causa, seguida, entre otros, contra su 
compañero diputado don Jordi Sànchez i Picanyol. No han sido por tanto parte (salvo el 
señor Sànchez i Picanyol) en el proceso judicial correspondiente, como exige el art. 46.1  e.
b) LOTC; tampoco podían ni debían serlo, porque no tenían derecho específico ni  w.b
cualificado a ello en virtud de disposición legal alguna. 46ww
premSaetñuarola  y apsoirm tiasnmtoo  ineal dmMiisniibsltee rpioo r Ffaisltcaa dl eq augeo tealm  ipernetsoe dnete l ar veícau rjusdoi cidael  [aarmtsp. a4r4o. 1 eas) 
ym a5r0z.o1  ad)e  L2O0T1C8],.  iFnrteernpteu saol  aeul tsoe iñmopr uSgànnacdhoe, zd ici tPadicoa npyoor l erle mcuargsios trdaed oa pineslatrcuicótno,r  qeul e9  dsee 
encontraba pendiente de resolver por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando
se presentó la demanda de amparo el 19 de marzo de 2018. No se ha respetado pues la 
subsidiariedad del recurso de amparo, por lo que debe declararse la inadmisión de la 
demanda de amparo de los recurrentes.
Para el caso de que este Tribunal no entendiese que concurren los óbices de 
admisibilidad señalados, el Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso de 
amparo, por no existir la vulneración del derecho a la participación en asuntos públicos y 
al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23 CE) que denuncian los 
diputados recurrentes, que se proyectaría en este caso en el derecho de ejercer su cargo 
representativo en el acto de la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat 
de Cataluña.
Advierte como cuestión preliminar de la concurrencia de circunstancias sobrevenidas 
que inciden sobre el objeto del recurso de amparo. De una parte, en cuanto a la cuestión 
principal, referida a la pretensión del señor Sànchez de asistir a la sesión de investidura 
como candidato a la presidencia de la Generalitat, porque es notorio (así consta ya en el 
ATC 55/2018, de 22 de mayo) que tras la presentación de este recurso de amparo tuvo 
lugar la investidura por el Parlamento de Cataluña, el 14 de mayo de 2018, del diputado 
don Joaquim Torra i Pla. De otra, porque en lo que atañe a la situación personal del 
señor  Sànchez  en  la  causa  penal  subyacente,  se  ha  dictado  ya  auto  firme  de 
procesamiento, con los efectos previstos en el art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (LECrim), hallándose la causa en su fase intermedia. Pese a todo ello, considera 
el fiscal que no puede concluirse que el presente recurso de amparo haya perdido 
objeto,  pues  el  interés  público  y  constitucional  de  la  cuestión  suscitada  trasciende 
notablemente  del  caso  concreto  y  ostenta  una  proyección  objetiva  indudable, 
especialmente en lo que se refiere a la afectación de los derechos del art. 23.2 CE.
En cuanto al fondo del asunto, niega en primer lugar el fiscal que el auto impugnado 
constituya –como sostienen los recurrentes– una intromisión ilegítima de la jurisdicción 
penal en el funcionamiento de una cámara parlamentaria, que supondría un «trato 
discriminatorio» del Tribunal Supremo hacia las opciones políticas independentistas.
Por otra parte, en cuanto a la pretendida lesión del ius in officium de los diputados 
recurrentes, recuerda que los derechos de participación política que garantiza el art. 23 
CE no son absolutos o ilimitados. Como enseña la doctrina constitucional, se trata de 
derechos  de  configuración  legal  y  el  legislador  democrático  puede  establecer 
limitaciones o restricciones, que deben responder a un fin legítimo y producirse en 
términos proporcionados a dicha finalidad.
A la vista de los razonamientos contenidos en el auto del magistrado instructor de 9 
de marzo de 2018 ha de concluirse, a juicio del fiscal, que la medida limitativa de los 
derechos de participación política de los recurrentes que se discute está suficientemente 
motivada  y  resulta  idónea,  necesaria  y  proporcionada  en  relación  con  un  fin 
constitucionalmente legítimo.
En el caso presente, el examen del presupuesto de ajuste a legalidad de la adopción 
de la medida restrictiva de los derechos fundamentales concernidos permite comprobar 
que la situación jurídica procesal a la que los recurrentes atribuyen la restricción de parte 
de sus derechos políticos deriva de la legítima adopción respecto del señor Sànchez de 
una medida cautelar de naturaleza personal, cual es su prisión provisional en un proceso 
penal. Una medida de prisión provisional que se ajusta plenamente a las exigencias y 
garantías derivadas de los arts. 17 CE y 5 CEDH, conforme a la interpretación de estos 
preceptos que se desprende de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Por lo demás, la previsión legal que en términos  s
generales habilita la adopción de decisiones restrictivas de otros derechos distintos de la  oe.
libertad ambulatoria (como pueden ser los derechos políticos) para los internos en  w.
centros penitenciarios por razón de prisión provisional que se contiene en el art. 3.1  46ww
LOGAPs.imismo, la medida restrictiva de los derechos de participación política obedece a
udnea r efiintearlaidcaiódn l edgeíltiicmtivaa,  pqeurefe jcutsatmifiecón tlea  rmazeodnidaad ad ee np reisl iaóunt op riomvpisuiognnaald, op:o cr oenl jurireasrg eol  dpee lqigureo   BOE-A-cable e
el  señor  Sànchez  pudiera  impulsar  movilizaciones  políticas  violentas  o  gravemente 
contrarias al orden público y la paz social.
El auto cumple también la exigencia de motivación reforzada, dada la afección de los 
derechos fundamentales garantizados por el art. 23 CE, en un contexto vinculado a la 
privación del derecho a la libertad del art. 17 CE.
Satisface el auto, en fin, las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad. 
Así, en cuanto al juicio de idoneidad o adecuación, porque no ofrece duda que la no 
concesión del permiso solicitado para que el señor Sànchez pudiera acudir al acto de 
investidura como presidente de la Generalitat resulta útil y eficaz para preservar la 
finalidad  legítima  perseguida.  Se  impide  absolutamente  que  durante  el  disfrute  del 
permiso  penitenciario  solicitado  el  investigado,  preso  que  ha  mostrado  una 
inquebrantable determinación y persistencia en su acción y objetivos, pueda utilizar su 
liderazgo  y  ascendente  sobre  el  movimiento  ciudadano  afecto  al  independentismo 
catalán en la estrategia de incitar o impulsar a la ciudadanía a movilizaciones violentas o 
tumultuarias. Esta adecuación puede predicarse de la medida objetivamente como tal, 
tanto en su dimensión cualitativa (por la propia naturaleza de la misma y su contenido), 
como cuantitativa (por cuanto ni su intensidad ni su duración exceden de lo razonable 
atendidas las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes).
Por lo que atañe al juicio de necesidad, el fiscal estima que un pronóstico razonable 
ad casum permite descartar que la concesión del permiso penitenciario disponiendo e 
implementando medidas de acompañamiento, cautela y de conducción segura (de ida y 
de vuelta) del preso a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiera 
preservar con suficiente y mínima garantía la salvaguarda del fin legítimo en las mismas, 
semejantes, próximas o aceptables condiciones de aptitud y eficacia que la decisión 
enjuiciada, atendiendo a los precedentes del asunto. Si desplegados 10.000 agentes 
policiales el 1 de octubre de 2017, los mismos fueron insuficientes para detener el 
desafío a la legalidad constitucional, difícilmente podrían valorarse alternativas como la 
reseñada. A ello habría que sumar la creciente actividad de resistencia y oposición activa 
de los denominados «comités de defensa de la república», elemento a valorar que 
definitivamente  descarta  la  posibilidad  de  alternativas  eficaces  en  relación  con  la 
finalidad  legítima  perseguida.  Por  tanto,  la  medida  discutida  satisface  el  juicio  de 
necesidad. Por otra parte, el auto impugnado descarta también de forma razonada que el 
presente caso pueda ser equiparado al de don Juan Carlos Yoldi, sobre la base de la 
diferencia de delitos imputados a este, cuya reiteración no se favorecía en el debate 
parlamentario para el caso en que se otorgó el permiso, ni se facilitaría por el eventual 
apoyo parlamentario a su candidatura.
Tampoco cabría valorar como medida alternativa menos gravosa la posibilidad de 
una intervención telemática o por videoconferencia del señor Sànchez en el Parlamento 
de Cataluña para presentar el programa y solicitar la confianza de la cámara, atendidos 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la investidura no presencial.
También se cumple el juicio de proporcionalidad estricta, pues el sacrificio de los 
intereses individuales que comporta la injerencia discutida guarda una relación razonable 
y proporcionada con la importancia del interés público que se trata de salvaguardar. Ello 
es así porque las circunstancias del autor y de los hechos que concurren en el caso 
respaldan que el temor a una reiteración delictiva al tiempo de la adopción de la medida 
restrictiva era fundado y razonable, en un contexto de «desafío mismo a la esencia del 
Estado democrático» (SSTC 89/1993, FJ 3, y 71/1994, FJ 5). Cabe añadir los efectos 
colaterales provocados sobre la población residente en Cataluña que se cifran en la  s
fragmentación y el estallido social, la aplicación de criterios nacionalistas identitarios que  oe.
atentan contra valores de tan alto relieve como la dignidad y la igualdad de las personas,  w.
así  como  los  derechos  e  intereses  de  los  restantes  ciudadanos  catalanes  no  46ww
pseopsiabrialidtisatda sn. o Nsoo lod edbee s uoslpviednadrseer  (eqxu ea rtl.a  38d4o cbtriisn aL EcCornimst)i,t usciinoon atla mhbai énre cdoen olimciditaor  elal 
dfuenrdeachmoe ndtea lpeasr tdicei plaa cmióany poorílaít icdae  sloi se sctieu deandtraan oesn  cpoung naac ccioonne lsa  qdueefe nlimsait edne  olo ism dpeidreacnh does   BOE-A-cable e
hecho su ejercicio, o si se pone en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad 
nacional, es decir, el Estado democrático (STC 71/1994, FJ 3); lo que objetivamente ha 
sido apreciado tanto en la resolución judicial impugnada como en otras dictadas en la 
misma causa.
En este contexto, precisamente lo exigible conforme al interés general es el sacrificio 
del interés individual del encausado, puesto que de la medida restrictiva se derivan, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre los bienes o valores en conflicto correspondientes al encausado y a 
quienes votaron opciones cercanas a la aspiración independentista.
Por consiguiente, la restricción judicial al derecho de participación política ha de 
considerarse idónea, necesaria y proporcionada, amén de haberse motivado suficiente y 
reforzadamente, estar dotada de justificación teleológica legítima y tener cobertura legal, 
todo lo cual debe llevar a desestimar el motivo de amparo esgrimido por los recurrentes 
en relación con los derechos fundamentales del art. 23 CE.
9.  Las restantes partes comparecidas no formularon alegaciones.
10.  Mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  con  fecha  28  de  noviembre 
de 2018, la representación de los recurrentes solicitó que se diese el máximo impulso 
procesal a la resolución del presente recurso de amparo. Esa solicitud fue reiterada 
mediante escrito presentado en este Tribunal el 28 de enero de 2019.
Por sendas diligencias de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de 28 de 
noviembre de 2018 y 29 de enero de 2019 se acordó unir los anteriores escritos a las 
actuaciones y, dada cuenta, entregar copia de los mismos a las partes personadas.
11.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2020  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el mismo día.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto dictado el 9 de marzo de 2018 
por el magistrado instructor del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017, 
por el que se deniega a don Jordi Sànchez i Picanyol, uno de los recurrentes, su petición de 
libertad  así  como  de  concesión  de  permiso  penitenciario  para  asistir  a  la  sesión  de 
investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. 
Los demandantes de amparo alegan, en síntesis, que la referida resolución judicial impidió 
arbitrariamente la celebración de un acto parlamentario de la máxima importancia, tendente 
a  «dotar  a  Cataluña  de  su  más  alta  representación  institucional,  el  presidente  de  la 
Generalitat, a quien corresponde nombrar al Gobierno que debe dirigir la acción política y 
administrativa de la Generalitat, ejercer la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la 
potestad reglamentaria y aquellas otras funciones que le asignen la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña y las leyes». Dada la relevancia del acto parlamentario frustrado, 
los actores consideran que la decisión del magistrado instructor conllevó la vulneración de 
su derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), pues, 
como diputados del Parlamento, tenían derecho a debatir y pronunciarse con su voto sobre 
la investidura del candidato propuesto.
El partido político VOX solicita que el recurso de amparo sea inadmitido por falta de 
legitimación activa, toda vez que (salvo el señor Sànchez) los recurrentes no fueron  e.
parte en el proceso judicial previo; así como por no haber justificado debidamente la  w.b
especial trascendencia constitucional del recurso, que en cualquier caso considera que  46ww
nraoz ocnoensc uqruree.  hSaunb qsuideiadraiadmo ecnotnes,i ginntaedreassa e nla  lodse saensteticmeadceiónnte sd edle r elac uprrseos.e nTtoed soe enltleon pcoiar. las
interEels aa blao ginaaddom diesiló En sdtaedl ore, cpuorsr ol adse  raamzopnaerso  preosru fmalitdaa dse t aamgobtiaémn ieennt olo dse a lnat evcíae djuednitceias,l 
[arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC], toda vez que frente al auto impugnado interpuso recurso
de apelación el señor Sànchez i Picanyol, que estaba pendiente de resolverse por la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando se presentó la demanda de amparo 
contra aquel auto. Por otra parte, sostiene que el recurso de amparo sería igualmente 
inadmisible  respecto  de  los  demandantes  distintos  del  señor  Sànchez  por  falta  de 
legitimación activa, ya que no fueron parte en el proceso judicial previo [arts. 46.1 b) 
y 50.1 a) LOTC]. En cuanto al fondo del asunto, considera que no se ha producido la 
pretendida vulneración de los derechos fundamentales de participación política (art. 23 
CE) que aducen los recurrentes, por lo que interesa subsidiariamente la desestimación 
del recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal viene a coincidir con el abogado del Estado tanto en lo que se 
refiere a los óbices de admisibilidad como en lo que atañe al fondo del asunto, conforme 
a los argumentos que han quedado reseñados en los antecedentes de la presente 
sentencia.  Interesa  por  ello  que  se  inadmita  el  presente  recurso  de  amparo  y 
subsidiariamente que se desestime.
2.  Cuestión preliminar: referencia a la STC 2/2020, de 15 de enero.
Como cuestión preliminar, ha de advertirse que el presente recurso de amparo 
guarda una evidente similitud con el que ha sido recientemente inadmitido por este 
Tribunal en la STC 2/2020, de 15 de enero. Las circunstancias en las que se manifiesta 
esa semejanza son las siguientes:
a)  En lo que se refiere al objeto del proceso, se plantea ante este Tribunal la misma 
queja que fue ya deducida en el recurso de amparo (núm. 2115-2018) que dio lugar a la 
citada  STC  2/2020.  Como  en  aquel  supuesto,  y  con  idénticos  argumentos,  los 
demandantes reprochan a la resolución judicial impugnada (en este caso, el auto de 9 de 
marzo de 2018), igualmente recaída en el seno de la causa especial 20907-2017, haber 
impedido la celebración del debate de investidura del candidato a la presidencia de la 
Generalitat, con consiguiente violación del ius in officium de los recurrentes, en cuanto 
diputados del Parlamento de Cataluña. La única diferencia reseñable, en este punto, 
estriba en la resolución que se considera lesiva del derecho fundamental al ejercicio del 
cargo público representativo (art. 23.2 CE), que no es, en el supuesto que ahora nos 
incumbe, la que decreta la prisión provisional del candidato (entonces don Jordi Turull i 
Negre), sino la que desestima la petición de libertad o, subsidiariamente, de permiso 
penitenciario efectuada por don Jordi Sànchez i Picanyol para que se le permitiera asistir 
al debate de investidura relativo a su propia candidatura. Esta diferencia se explica en el 
hecho de que el señor Sànchez, a diferencia del señor Turull, ya se encontraba en 
situación  de  prisión  preventiva  cuando  fue  designado  candidato,  tal  y  como  se  ha 
consignado en los antecedentes.
b)  De otro lado, la viabilidad de la investidura quedaba sujeta, también en el caso 
ahora planteado, al cumplimiento de lo previsto en el art. 4.3 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, que impide el desarrollo del referido acto en ausencia del candidato. Por ello, 
es la resolución judicial la que, nuevamente, «por su margen y contenido decisorio, 
incurre [desde el planteamiento argumental de los recurrentes] en la vulneración de su 
derecho al ejercicio de la función pública representativa (art. 23.2 CE)» y la que ha de 
considerarse  «a  efectos  del  art.  44.1  LOTC,  el  origen  inmediato  y  directo  de  la 
vulneración de derechos fundamentales que se denuncia en el presente recurso de 
amparo, ya que causó por sí misma la imposibilidad fáctica» de celebrar el debate de 
investidura (STC 2/2020, FJ 3). s
c)  También se da en el presente caso la circunstancia de que los ahora actores han  oe.
acudido directamente al Tribunal Constitucional sin haber tratado de personarse como  w.
pdvíaear  tdjeue dn[aiucrinta.c l 4ioa6rr.d 1lian a al)er isLaiO ólanT  rCde]es,  ossliuuncs i hódaneb rqeeurc ehp orcosoc n[usariradt.de o4ra 4sn.e1 lr e cso)ií vdLaoO sdT epC os]u,r   seiuiln só  hringa abonefforic  iijmuumdpicu yiga, nlp aaod r eoúf leeticnmt oolas,    2020-3346n https://ww
sin haber tampoco esperado a que esta ganara firmeza [art. 44.1 a) LOTC]. Por ello, los
diversos óbices opuestos a la admisibilidad de la demanda pivotan, también en este
supuesto, sobre la misma idea rectora: se considera que estamos ante un recurso de 
amparo que, pese a dirigirse contra una resolución judicial, se ha interpuesto de forma 
completamente ajena a los requisitos procesales propios del amparo judicial, sin colmar 
en  particular  las  exigencias  de  diligencia  que  permiten  respetar  la  necesaria 
subsidiariedad del recurso de amparo.
d)  Finalmente,  los  planteamientos  jurídicos  de  los  ahora  actores  relativos  a  la 
admisibilidad de su recurso coinciden también con los vertidos en el recurso de amparo 
(núm. 2115-2018) que dio lugar a la referida STC 2/2020. Como entonces, la tesis de los 
demandantes de amparo no es que no pudieron tener intervención alguna en el proceso 
penal  –en  concreto  en  el  incidente  cautelar  relativo  a  la  petición  de  libertad  o  de 
concesión subsidiaria de permiso penitenciario– por no ser esto legalmente posible sino 
que, según se consigna en la demanda, debieron tenerla y que esta fue, no obstante, 
omitida por el órgano judicial. Sostienen, en particular, que el magistrado instructor de la 
causa especial 20907-2017 debió oírles a pesar de que no eran parte en el proceso.
3.  Inadmisibilidad del recurso.
Las circunstancias expuestas determinan que el presente recurso de amparo deba 
ser inadmitido por remisión a las mismas razones que fueron apreciadas en la citada 
STC  2/2020,  de  15  de  enero.  En  ella  invocamos,  como  fundamento  de  nuestra 
inadmisión, la reiterada doctrina de este Tribunal según la cual:
«[Q]uien invoca válidamente un derecho o interés legítimo, como situación jurídica 
activa,  ha  debido  actuar  previamente  en  el  proceso  judicial  para  poder  interponer 
válidamente el recurso previsto en el art. 44 LOTC, evaluación esta (de la llamada 
legitimación ad procesum) que viene determinada por lo preceptuado en el art. 46.1 b) 
LOTC, según el cual están legitimados “quienes hayan sido parte en el proceso judicial 
correspondiente”,  dicción  legal  que  la  doctrina  de  este  Tribunal  viene  interpretando 
inequívocamente,  ya  desde  la  temprana  STC  4/1982,  de  8  de  febrero,  FJ  1,  que 
comprende también a quienes, habiendo debido ser parte en el proceso judicial, no han 
llegado a serlo por causa que no les sea imputable (ex multis, SSTC 46/1982, de 12 de 
julio, FJ 4; 60/1982, de 11 de octubre, FJ 3; 86/1984, de 27 de julio, FJ 1; 83/1985, de 8 
de julio, FJ 2; 67/1986, de 27 de mayo, FJ 3; 38/1987, de 1 de abril, FJ 1, y 235/1997, 
de 19 de diciembre, FJ 2). Esto supone, más concretamente, que la falta de intervención 
previa  en  el  proceso  judicial  antecedente  no  puede  resultar  de  la  inactividad  o 
negligencia de los propios recurrentes (por todos, ATC 53/1981, de 3 de junio).
La exigencia de legitimación procesal prevista en el art. 46.1 b) LOTC, según la cual 
solo pueden acceder al recurso de amparo quienes hayan sido “parte” en el proceso 
judicial previo, se solapa, en el caso que nos ocupa, con el deber que pesa sobre los 
recurrentes de cumplir con ciertas cargas que aseguran la subsidiariedad del recurso de 
amparo. La regla especial de legitimación procesal prevista en el art. 46.1 b) LOTC 
conecta, en efecto, con las letras a) y c) del art. 44.1 LOTC, que expresan el principio 
general de subsidiariedad del recurso de amparo, pues, si no se ha intervenido o no se 
ha intentado intervenir en el proceso judicial previo, va de suyo que la vulneración del 
derecho fundamental no ha sido denunciada, ni se ha combatido esta a través de los 
medios de impugnación pertinentes.
Hay que tener en cuenta que la letra c) del art. 44.1 LOTC exige, en particular, la 
denuncia temporánea de la vulneración del derecho fundamental. Y a ella se suma la 
exigencia  del  art.  44.1  a)  LOTC  de  que  “se  hayan  agotado  todos  los  medios  de  s
impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía  oe.
judicial”, requisito este que se desdobla, a su vez, en dos cargas procesales: (i) la de  w.
ufcuotinlmidzbaaamr tielra nstl aadl ,i vrdeeers sosaluusec riitmóen p tuajglu nqdauicceiia onln oea sb  aplsart eav qciusoetna  sds eeen nu anlatcr iibaleurg y[ieas rlat.lc a4i ó4nv. 1up lncro)e]cr adecisciaóhlna  a vpdioleicllaa cbdióleenr  epscaihnroao    2020-3346n https://ww
que  esta  debe,  además,  combatirse  siguiendo  el  iter  procedimental  (la  cadena  de
recursos idóneos) previsto en el ordenamiento; (ii) la de acudir al recurso de amparo solo
cuando dichas impugnaciones ya han sido resueltas por el órgano judicial competente, 
de modo que la vía de amparo no sea utilizada prematuramente, cuando la tutela del 
derecho  fundamental  aún  puede  ser  obtenida  de  los  órganos  del  Poder  Judicial, 
guardianes naturales de los derechos de los ciudadanos (por todas, STC 129/2018, 
de 12 de diciembre, FFJJ 4 y 5).
El recurso de amparo cumple, con ello, un rol subsidiario: solo opera cuando la lesión 
del  derecho  fundamental  ha  sido  oportunamente  denunciada,  poniéndose  en 
conocimiento del órgano judicial competente, y cuando se han utilizado para combatirla 
los diversos medios de impugnación disponibles, que han resultado desestimados por 
los órganos del Poder Judicial» (FJ 4).
Esta misma doctrina ha de ser aplicada al caso que ahora nos ocupa, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones:
(a)  Se observa, en primer lugar, que los demandantes de amparo permanecieron 
pasivos ante la lesión de sus derechos, que han denunciado por primera vez ante el 
Tribunal Constitucional. Han incurrido, así, en una manifiesta contradicción: estiman en 
su demanda que el órgano judicial tenía imperativamente que oírles en el proceso a quo 
pero  omitieron  en  este  cualquier  actuación  tendente  a  facilitar  esa  audiencia  y  a 
remediar, por tanto, dentro de la vía judicial ordinaria, la posible lesión de sus derechos 
fundamentales.
(b)  Puede constatarse, asimismo, que una vez dictado el auto de 9 de marzo 
de 2018 los ahora demandantes no articularon ningún medio de impugnación ni tampoco 
dirigieron al magistrado instructor ni a la Sala de Recursos del Tribunal Supremo ningún 
escrito tendente a denunciar la vulneración de sus derechos. Al contrario, formalizaron 
demanda de amparo de forma inmediata, sin tratar de interponer el correspondiente 
recurso de apelación o, al menos, adherirse al formalizado por la representación del 
señor Sànchez i Pincanyol; tampoco articularon ninguna actuación tendente a facilitar su 
audiencia en el trámite del recurso efectivamente interpuesto por don Jordi Sànchez i 
Picanyol.
(c)  Finalmente, los recurrentes ni siquiera esperaron a que se resolviera este último 
recurso. Hay que tener presente, en este punto, que la apelación interpuesta el 12 de marzo 
de 2018 por don Jordi Sànchez i Picanyol contra el auto de 9 de marzo de 2018 planteaba 
de manera específica la violación del derecho de participación política (art. 23.2 CE) por la 
incidencia de la resolución judicial en su investidura como candidato a la presidencia de la 
Generalitat. Su eventual estimación habría conllevado, por ello, bien la libertad del candidato 
a  la  presidencia,  bien  el  reconocimiento  de  la  procedencia  del  permiso  penitenciario 
interesado,  circunstancias  ambas  que  podían  desbloquear  la  investidura  al  hacer 
desaparecer  la  imposibilidad  material  de  cumplir  con  lo  prevenido  en  el  art.  4  de  la 
Ley 13/2008. La existencia de este recurso de apelación no pudo pasar desapercibida a los 
parlamentarios ahora actores, pues don Jordi Sànchez es uno de los firmantes de la 
demanda de amparo. A pesar de ello, el 19 de marzo de 2018 interpusieron el presente 
recurso de amparo, cuando la resolución (que se produjo finalmente el 17 de abril) del 
recurso de apelación del señor Sànchez aún estaba pendiente.
Resulta de todo lo expuesto que los recurrentes no intentaron comparecer o ser 
oídos  ante  el  órgano  judicial  al  que  imputan  la  vulneración  de  sus  derechos,  no 
combatieron la resolución judicial controvertida (auto de 9 de marzo de 2018) y ni tan 
siquiera esperaron a que esta ganara firmeza, aun a sabiendas de que se habían  s
utilizado medios de impugnación idóneos para hacer desaparecer el gravamen en sus  oe.
facultades como parlamentarios. A la vista de este proceder de los actores, la admisión  w.
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Una mínima voluntad de preservar la subsidiariedad del recurso de amparo habría
debido llevar a los recurrentes a intentar comparecer ante el órgano judicial, sobre todo si
entendían (como se argumenta en la demanda) que este tenía el deber legal de oírles, a 
utilizar contra la decisión de prisión el medio de impugnación legalmente previsto, o, en todo 
caso, a esperar a la confirmación judicial del gravamen tras la resolución del recurso 
interpuesto por el propio afectado. Los demandantes han prescindido de todas estas 
posibilidades de actuación. La opción de los recurrentes ha sido presentar directamente una 
demanda  de  amparo,  comportamiento  este  que,  al  apartarse  de  todo  parámetro  de 
diligencia, hace que la admisión del recurso de amparo resulte completamente inviable, 
pues se ha prescindido enteramente de los mínimos requisitos de admisibilidad ligados, en 
la regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a una violación de derechos 
imputable a una resolución judicial [arts. 44.1 a) y c) y 46.1 b) LOTC].
Tal circunstancia impide a este Tribunal examinar el fondo del recurso interpuesto, 
que  coincide,  en  todo  caso,  en  sus  planteamientos  con  la  demanda  interpuesta 
personalmente por don Jordi Sànchez i Picanyol contra los autos de 9 marzo y 17 de 
abril de 2018 (recurso de amparo 2228-2018), que ha sido ya desestimada en nuestra 
STC 4/2020, de 15 de enero. En lo que al propio señor Sànchez se refiere, es obvio que 
el presente recurso de amparo resulta prematuro, pues lo interpuso junto al resto de 
diputados recurrentes cuando aún no se había resuelto su propio recurso de apelación.
No puede admitirse que los recurrentes accedan al recurso de amparo per saltum, 
prescindiendo de modo absoluto del principio de subsidiariedad, sin tratar de comparecer 
ante el órgano judicial y sin esperar siquiera a que el recurso interpuesto por quien sí ha 
sido parte en el proceso (y que podía dar lugar a la desaparición del gravamen) sea resuelto 
por el órgano judicial competente. Por todo ello, procede inadmitir la demanda de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el presente recurso de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a once de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.