BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47456
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6598 Sala Primera. Sentencia 52/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 5565-2018. Promovido por don Carlos Santiago Contreras respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción de Valdemoro (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión: 
inadmisión, por prematuro, del recurso de amparo.
ECLI:ES:TC:2021:52
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5565-2018, promovido por don Carlos Santiago 
Contreras, representado por la procuradora de los tribunales doña María Teresa Marcos 
Moreno, y asistido por el letrado don Juan Carlos Rois Alonso, contra la providencia de 1 
de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Valdemoro en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 31-2009, que inadmite el 
incidente de nulidad de actuaciones planteado en dicho procedimiento. Ha sido parte en 
el  presente  recurso  la  entidad  BBVA  RMBS  3  Fondo  de  Titulación  de  Activos, 
representada por la procuradora de los tribunales doña Leonor María Guillén Casado y 
asistida por la letrada doña Verónica Alejandra Mércuri Cuesta, y ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  28  de  octubre  de  2018  la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Teresa  Marcos  Moreno,  en  nombre  y 
representación de don Carlos Santiago Contreras, interpuso recurso de amparo contra la 
resolución que se cita en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro se 
tramita el proceso de ejecución hipotecaria núm. 31-2009, seguido frente al recurrente en  s
amparo  a  instancia  de  BBVA,  S.A.  El  21  de  septiembre  de  2009  se  dictó  auto  e.
despachando la ejecución, que no hizo mención alguna al examen de oficio de las  w.
cláusulas contractuales que pudieran resultar abusivas. Tras la asignación al ejecutado  98ww
pdree speronctaudraod eolr a2 7y  daeb osgeapdtioe mdeb reo fidceio ,2 f0o1r0m, ufluón odpáonsdiocsióen  ean  lala  dneomrmanad ean m aeqduiealn tme oemsecnrittoo 
vigente, y sin invocar la abusividad de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario.
b)  El juzgado dictó auto el 21 de enero de 2011 inadmitiendo la oposición, sin hacer 
referencia  alguna  a  las  cláusulas  abusivas  que  pudiera  contener  el  título  traído  a 
ejecución ni ejercer ningún control de oficio de la abusividad. Se razona en el auto que 
«[c]onforme a lo dispuesto en el art. 695.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, en los 
procedimientos de ejecución hipotecaria solo se admitirá la oposición del ejecutado 
cuando se funde en alguna de las causas tasadas que establece dicho precepto. En el 
presente  caso  la  parte  ejecutada  se  opone  reconociendo  no  haber  abonado  el 
vencimiento  del  crédito  hipotecario  que  ha  dado  lugar  a  este  procedimiento,  pero 
alegando que en la demanda no se hace constar la cantidad exacta que se reclama y 
que el banco ha exigido anticipadamente la devolución del capital con intereses y gastos 
por falta de pago de un vencimiento, cuando en la escritura se hace constar que podrá 
ejercitar dicha facultad cuando se produzcan ‘vencimientos’ en plural, así como que 
genera indefensión la pretensión efectuada en la demanda respecto de los intereses. En 
tanto que ninguno de los motivos de oposición esgrimidos por la parte ejecutada se 
corresponde con los establecidos en el apartado primero del art. 695 de la Ley de 
enjuiciamiento  civil,  siendo  tasadas  las  causas  de  oposición  a  la  ejecución,  debe 
inadmitirse la oposición a la ejecución planteada por la parte ejecutada».
c)  El juzgado prosiguió los trámites y mandó subastar la finca hipotecada. Al quedar 
desierta la subasta, se adjudicó la finca al propio banco. Acordado el lanzamiento, fue 
suspendido por la incorrección de las notificaciones personales efectuadas.
d)  El  demandante  de  amparo  planteó  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones, en el que denunció la existencia de cláusulas abusivas de vencimiento 
anticipado e intereses moratorios en el título ejecutado, y señaló la obligación del órgano 
judicial de proceder a su control de oficio, con suspensión del procedimiento, con arreglo 
a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y 
en  aplicación  de  la  reforma  del  art.  695  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC) 
introducida por la Ley 1/2013. Mediante providencia de 1 de octubre de 2018, el juzgado 
inadmitió el incidente al entender que la pretensión de nulidad debía haberse formulado 
por  medio  de  oposición  dentro  del  plazo  otorgado.  Razona  que  la  denunciada 
vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE cabe si no ha 
podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que 
dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. En el presente 
caso, la pretensión debía haberse formulado mediante oposición en plazo. Notificada al 
ejecutado la anterior providencia, interpuso el presente recurso de amparo.
e)  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  20  de  junio  de  2019,  conforme  a  la 
disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario, se 
dio a la parte ejecutada un plazo de diez días para formular un incidente extraordinario de 
oposición basado en las causas previstas en los arts. 557.1.7 y 695.1.4 LEC. El 25 de junio 
de 2019, promovió el actor ante el juzgado incidente extraordinario de oposición a la 
demanda, denunciando el carácter abusivo de las cláusulas de intereses de demora (sexta) 
y de vencimiento anticipado (sexta bis). Por diligencia de ordenación de 6 de septiembre 
de 2019 se tuvo por formulada la oposición a la ejecución únicamente por la presencia de 
cláusulas abusivas, se acordó la suspensión de la ejecución y convocar a las partes a una 
vista el 13 de noviembre de 2019. A dicho acto no compareció el ejecutado, por lo que, por 
auto de 19 de noviembre de 2019, se le tuvo por desistido de la oposición.
f)  Frente a esta última resolución interpuso el actor recurso de nulidad y recurso de 
apelación, denunciando, básicamente, que no procedía haber celebrado la vista, ya que 
el Tribunal Constitucional había suspendido el procedimiento mediante auto, así como el  s
carácter abusivo de determinadas cláusulas, sobre el que se debería haber pronunciado  oe.
el juez incluso de oficio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de  w.
Justicia de la Unión Europea. El juzgado tuvo por interpuesto el recurso de apelación y  98ww
reelesvoólu claiósn a pcotur ascuio Sneecsc aió nla D Aeucdimieonncoiav ePnrao v(irnecciuarl sdoe d Me aadpreidla, ceiónnc onnútmrá.n 3d1o7s-e2 0p2e0n)d.iente de
3.  La demanda de amparo, planteada contra la providencia que inadmitió a trámite el 
incidente de nulidad de actuaciones, cuya anulación se solicita, se fundamenta en la 
denuncia de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (24.1 CE), 
en sus vertientes de acceso a la jurisdicción y de falta de resolución expresa y motivada 
sobre el fondo, por motivación errónea e insuficiente en la providencia impugnada. Aduce el 
demandante de amparo la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en relación 
con los arts. 10.2 y 96.1 (principio de primacía del derecho comunitario), 47 (derecho a una 
vivienda digna) y 51 (especial protección de los consumidores) CE.
Comienza señalando que el proceso hipotecario hasta su finalización tiene por objeto 
la vivienda del recurrente, de modo que el derecho cuya lesión se denuncia es el de 
acceso  a  la  jurisdicción,  entendido  aquí  como  derecho  en  el  ámbito  del  consumo, 
amparado por la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Es el derecho a 
obtener del juzgador en el curso de un procedimiento hipotecario, aún no finalizado, y en 
el que el usuario no ha sido todavía despojado de la vivienda, un pronunciamiento 
expreso sobre cláusulas de carácter esencial y abusivo contenidas en el título traído a 
ejecución, a tenor de un cambio jurisprudencial que expresamente las declara como 
abusivas. A continuación sistematiza y desarrolla las vulneraciones de acuerdo con el 
siguiente esquema:
(i)  Retrospective overruling y ausencia de motivación, pues el pronunciamiento del 
juzgado genera indefensión al recurrente. Se trata, en suma, de un pronunciamiento 
sobre el valor constitucional, y para el ámbito desplegado por el art. 24.1 CE, de la nueva 
jurisprudencia tanto europea como española acerca de las cláusulas abusivas y de su 
significado retroactivo (retrospective overruling) o prospectivo (prospective overruling) en 
un asunto sometido a un tribunal de justicia que niega el acceso a este análisis a pesar 
de  no  haberse  pronunciado  antes  al  respecto  y  de  no  haber  finalizado  de  forma 
irreversible y procesal el procedimiento (de hecho, no se ha tomado posesión de la 
vivienda por ningún tercero ni el juzgado ha archivado el asunto).
(ii)  Falta de una resolución expresa y motivada sobre el fondo, pues, en el presente 
caso, el juzgador inadmite la pretensión formulada mediante incidente de nulidad porque 
entiende que la abusividad debió oponerse en el plazo de oposición (es decir, en 2009), 
cuando por entonces la ley lo vedaba, lo que asimismo recogía el auto que resolvió 
sobre la oposición planteada al decir que los motivos esgrimidos no se encontraban 
entre los motivos tasados admisibles conforme al art. 695 LEC. Ello equivale a pretender 
que un auto de despacho de ejecución, que no tiene contenido declarativo, imponga la 
preclusión de cualquier pretensión o la cosa juzgada respecto de algo sobre lo que el 
juzgado no se ha pronunciado nunca.
4.  Por providencia de 15 de julio de 2019, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional, en adelante LOTC), ya que el asunto suscitado trasciende el caso concreto 
porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o 
económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado por el 
art. 51 LOTC, se dispuso dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  1  de  Valdemoro,  interesando  la  remisión  de  certificación  o  copia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 31-2009, previo emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento,  e
con excepción de la parte demandante de amparo, al objeto de que, si así lo desearan,  bo
pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente recurso de amparo. 98ww
la o5p.o rtLuan aS epcieczióan  paacroar dlóa,  atrsaimmiitsamcioó ny  mdeeld iiannctidee pnrtoev iddee nscuias pdeen lsai ómn isym, ac ofencfohram, efo ram alor 
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte solicitante
de amparo y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre la
petición de suspensión. A través de escrito presentado el 18 de julio de 2019, la parte 
demandante formuló sus alegaciones, insistiendo en lo dicho en el otrosí de su demanda 
y reseñando la similitud entre este caso y el resuelto por la STC 31/2019, así como que 
el lanzamiento estaba señalado para el 8 de octubre de 2019. Por su parte el Ministerio 
Fiscal,  en  escrito  registrado  el  29  de  julio  de  2019,  interesó  que  se  otorgara  la 
suspensión solicitada, o, alternativamente, que se acordara la anotación preventiva de la 
demanda en el registro de la propiedad.
El  ATC  102/2019,  de  16  de  septiembre,  resolvió  suspender  cautelarmente  el 
lanzamiento acordado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y que se procediera 
a la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6.  A través de escrito registrado en este tribunal el 24 de septiembre de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Leonor María Guillén Casado, actuando en nombre y 
representación de BBVA RMBS 3 Fondo de Titulación de Activos, solicitó que se tuviera 
a esta última entidad por personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora  las  actuaciones  sucesivas  de  este  proceso.  Asimismo,  puso  en 
conocimiento del tribunal que en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 31-2009 se 
encuentra señalada (mediante diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2019, del 
letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 1 de Valdemoro) para el 13 de noviembre de 2019 la comparecencia prevista en el 
art. 695.2 LEC, en el incidente de oposición a la ejecución. Manifiesta que, siendo el 
examen de las cláusulas abusivas del título la petición de contrario en la interposición del 
recurso de amparo, interesa que se dé traslado a la parte recurrente para que realice 
alegaciones sobre la posibilidad de desistir del presente recurso.
La pretensión de dar traslado al recurrente para alegaciones sobre la posibilidad de 
que desistiera del presente recurso es reiterada por la entidad mediante escrito de su 
procuradora análogo al anterior, registrado en este tribunal el 23 de octubre de 2019, del 
que se dio traslado al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo, a los efectos 
oportunos, por diligencia de ordenación de 7 de noviembre de 2019.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 15 de octubre de 2019, se decidió dar vista 
de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal, al recurrente en amparo y a la parte 
personada, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, 
conforme determina el art. 52.1 LOTC.
8.  El  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  8  de  noviembre 
de 2019, interesando la estimación del recurso de amparo y planteando la posible 
pérdida de su objeto, sobrevenida por la propia actuación del órgano judicial, que señaló 
para el 13 de noviembre de 2019 una vista con el fin de dilucidar la oposición formulada 
por el recurrente en amparo y que el juez examinara las cláusulas denunciadas como 
abusivas. Al efecto, interesa que se oficie al juzgado para que por el letrado de la 
administración de justicia se remita a este tribunal testimonio fehaciente de la decisión y, 
en su caso, del resultado de la comparecencia señalada.
Tras una exposición de los hechos comienza el fiscal con una reflexión sobre los 
pasos dados en el procedimiento de ejecución por el recurrente en amparo, que puede 
resultar esencial para decidir si ha habido o no vulneración y cuál ha sido esta, un paso 
previo,  además,  para  determinar  el  alcance  del  amparo  respecto  de  los  derechos 
fundamentales cuya vulneración es denunciada, referida al derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su manifestación de errónea motivación de la resolución (art. 24.1 CE, en  s
relación con los arts. 10.2 y 96.1 CE sobre primacía del derecho comunitario, y 47 sobre  oe.
derecho a una vivienda digna). Desde la premisa de la existencia en el contrato de  w.
pcporréensssteiadnmeteroa  anmd eep xadcrooes sp ivlacolnást,ue sayu  qlaluase   qeausbetua ssri vecaclásou gs–eul alae slq  udveee nbfciiejiamro inelo nsste ori n aatennruteilcasidpeaas sd dode e d odefe icmlaioo  rcdaoe,n ufdqoaurm–e, e s eeal    2021-6598n https://ww
la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consagrada en nuestro país por
el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional. No es, por tanto, determinante si
el recurrente solicitó o no esa nulidad ya que el órgano judicial viene obligado a un 
examen de oficio del contenido del contrato para expulsar las condiciones que incurran 
en abusividad. Tampoco es determinante el momento en que se planteara la revisión de 
esas cláusulas, pues, contra lo que se desprende de la escueta providencia recurrida, 
que declara precluido el trámite para el ejecutado, la doctrina del tribunal europeo y de 
los  altos  tribunales  españoles  ha  señalado  la  posibilidad  de  revisión  mientras  el 
procedimiento siga vivo, hasta su definitivo archivo. Tras referir el contexto legal para 
dilucidar la cuestión (la defensa de los consumidores: Directiva 93/13/CEE, Ley general 
para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), señala 
que  el  órgano  judicial  se  ha  negado  a  examinar  las  cláusulas  denunciadas  como 
abusivas, por considerar la pretensión extemporánea o improcedente.
Trata el fiscal separadamente la cuestión de la necesidad de que el examen de esas 
cláusulas se haga por el propio juzgador, de oficio o a requerimiento de parte, y la del 
momento en que puede ser declarado el carácter abusivo (STJUE de 26 de enero 
de 2017). Concluye que el órgano judicial ha desoído la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea pues apoya su decisión de inadmitir el incidente de nulidad en el 
carácter preclusivo de la posible oposición y en el carácter inatacable del auto que 
despachó la ejecución. Por tanto, procede el otorgamiento del amparo con retroacción de 
las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración denunciada, por tanto, al 
de dictarse la providencia el 1 de octubre de 2018.
Expuesta su postura, el fiscal señala, además, que, por circunstancias posteriores, 
podemos estar ante una pérdida sobrevenida del objeto del recurso, atendiendo a que se 
ha señalado para el 13 de noviembre de 2019 una vista, con citación de las partes del 
procedimiento de ejecución hipotecaria, para dilucidar la oposición formulada por el 
recurrente  en  amparo,  para  que  el  juez  examine  las  cláusulas  denunciadas  como 
abusivas. Si se constata que, en efecto, se va a producir ese examen judicial, parece 
que se debería considerar cumplido todo lo exigible al órgano judicial, aunque con 
posterioridad a la demanda de amparo, lo que haría innecesario el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional.
9.  El escrito de alegaciones de la representación de la entidad BBVA RMBS 3 
Fondo de Titulación de Activos tuvo entrada en el registro de este tribunal el 15 de 
noviembre de 2019. Como alegación previa se refiere a las solicitudes anteriores, no 
proveídas, de que se dé traslado a la parte recurrente para que realice alegaciones 
sobre la posibilidad de desistir del recurso de amparo planteado. Recuerda que, en el 
seno de la ejecución hipotecaria núm. 31-2009, fue señalada para el 13 de noviembre 
de 2019 la comparecencia prevista en el art. 695.2 LEC, en el incidente de oposición a la 
ejecución, por la posible existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutado. Entiende 
la parte que, siendo ese examen de las cláusulas abusivas la petición de contrario en el 
presente amparo, carece de sentido continuar la tramitación del recurso, puesto que el 
juzgado ha dado trámite a la petición del recurrente en amparo. Asimismo, pone en 
conocimiento del tribunal que, pese a haber sido admitida a trámite la petición de revisión 
de  cláusulas  abusivas  y  señalada  comparecencia  para  ese  fin,  el  recurrente, 
debidamente citado, no compareció en el acto.
Por otra parte, se refiere el escrito a la inadmisión del incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones y a la plena motivación de la providencia de 1 de octubre 
de 2018, recurrida en amparo, que inadmite a trámite dicho incidente (art. 228 LEC), y 
que  la  entidad  bancaria  considera  totalmente  ajustada  a  Derecho.  El  incidente  e.
excepcional no se encuentra amparado en la vulneración de un derecho fundamental de  w.b
los referidos en el art. 53.2 CE. Le parece evidente que el mecanismo, utilizado de  98ww
dcoenbtíraa rpior opcaerdae hr aac esr uv ainleard smusis ipórne,t esninsi oqnuees , ensota e rian ceul rarideerac ueand ov yu lqnueera pcoiórn e ldloe  edl ejurzegcahdoos 
fhuan dsiadmo eandtmalietisd,a c ao ntrtráam liote s loas otepnoisdioc ióenn  ae ll are ecjuercsuoc idóen  apmorp calráou. sAu lamsa aybour saibvausn.d Camonie enltloo,  sseí 
deja plena constancia de que el juzgado aplica correctamente las normas procesales en
lo  relativo  a  los  trámites  y  facultades  de  las  partes  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria, admitiendo a trámite las peticiones de las partes siempre que cumplan los 
requisitos legales en cuanto a contenido y plazos tasados en la ley.
Por lo expuesto, la entidad BBVA RMBS 3 Fondo de Titulación de Activos solicita la 
desestimación del recurso de amparo.
10.  A la vista de las alegaciones efectuadas por el fiscal y por las partes, por 
providencia de la Sala Primera de 16 de noviembre de 2020, de conformidad con lo 
previsto en el art. 88 LOTC, se acordó requerir al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  1  de  Valdemoro  para  que,  en  el  plazo  de  diez  días,  remitiera 
testimonio de las actuaciones producidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 31-2009, a partir de la diligencia de ordenación del letrado de la administración 
de justicia de 6 de septiembre de 2009, por la que se convocó a las partes a una 
comparecencia para decidir sobre la oposición a la ejecución fundada en la presencia 
de cláusulas abusivas en el título de ejecución.
11.  Remitido oficio al juzgado interesando remisión de las actuaciones, por este se 
puso en conocimiento de este tribunal que las mismas se encontraban en la Sección 
Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, por haberse interpuesto recurso de 
apelación. Ello motivó que se recabara de esta última el envío de aquellas, que tuvieron 
entrada en este tribunal el 4 de febrero de 2021.
12.  Por diligencia de ordenación de 5 de febrero de 2021 se acordó dar vista de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes para que en el plazo de cinco días 
pudieran alegar sobre la posibilidad de desistir del recurso de amparo.
13.  El fiscal presentó escrito el 12 de febrero de 2021, razonando, en primer lugar, 
que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro dictó auto el 19 
de  noviembre  de  2019  teniendo  por  desistido  al  demandante  de  amparo  por  su 
incomparecencia a la vista que se señaló, pero lo cierto es que, como defendió la fiscalía 
en su anterior escrito, la revisión de las cláusulas de estos contratos se debe realizar de 
oficio, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del 
Tribunal Constitucional, hoy elevada a rango legal, por lo que el desistimiento presunto 
no debería haber impedido que el órgano judicial se pronunciara sobre la validez de la 
cláusulas  cuestionadas.  En  este  sentido,  el  amparo  debería  seguir  adelante, 
ratificándose en su anterior informe.
Pero, por otro lado, pone de relieve el acaecimiento de otro hecho que puede tener 
incidencia en el recurso de amparo, pues, como se desprende de las actuaciones 
remitidas, el pleito pende de un recurso de apelación promovido por el demandante de 
amparo, en el que se solicita expresamente de la Audiencia Provincial que se pronuncie 
sobre la validez de las cláusulas sexta y sexta bis, y en el recurso de amparo se alega 
precisamente la falta de pronunciamiento de los órganos judiciales sobre esa cuestión 
como vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tal razón, entiende el fiscal 
que, antes de entrar a resolver el fondo del asunto, se debería examinar la existencia de 
una causa de inadmisión del recurso, ya que parece obvio, a su juicio, que no se ha 
agotado la vía judicial previa, lo que conlleva, de acuerdo con el art. 44.1 a) LOTC, que 
deba acordarse dicha inadmisión.
14.  Con fecha 15 de febrero de 2021 tuvo entrada en este tribunal el escrito de 
alegaciones de la representación del demandante de amparo, en el cual manifestaba su  e.e
oposición al desistimiento. Tras referirse a los motivos que dieron lugar al planteamiento  b
del presente recurso de amparo, señala que, antes de que este tribunal se pronunciara  98ww
scoaburcee  edl ef oonpdoos idceiól na, suennt oe lo  qsuoeb ree l laasc tomre dreiditaesró c asuut eplaorsetsu,r ae l ajcuezrgcaad od ea blraiós  ucnlá unsuuelavos 
jiumzpguagdnoa dsaesñ ya lsaer ñalaló  cqeulee bardaecmióáns  sdee  hvaibsítaa .i nPstoacdoo  edl ersepcuuérsso,  dees taem ptraibrou,n rael soalvcioernddóo  elal 
suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, mediante resolución que fue
notificada al juzgado, entendiendo la parte que el amparo es previo y suspende el curso 
del proceso, por lo que no tenía sentido la vista señalada. Y dictado por el juzgado auto 
teniéndole por desistido de la oposición en una vista que no debió celebrarse, promovió 
incidente de nulidad de actuaciones, no resuelto por el juzgado, y, subsidiariamente, 
recurso  de  apelación,  alegando  la  pendencia  del  procedimiento  ante  el  Tribunal 
Constitucional para justificar la inasistencia a la vista, así como la obligación del juez de 
resolver sobre el carácter abusivo de las cláusulas a instancia de parte o de oficio, tan 
pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, 
según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, el desistimiento 
acordado  por  el  juzgado  se  encuentra  sub  iudice,  impugnado  ante  la  Audiencia 
Provincial, y, en esta situación, el pronunciamiento en este recurso de amparo se torna, 
aun si cabe, más pertinente. En último término, podría darse el caso de que, si se 
archivara  el  recurso  de  amparo,  promoviera  nuevo  incidente  extraordinario  ante  el 
juzgado, invocando la doctrina de la STC 31/2019 y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, al no haber concluido el procedimiento de ejecución, con la finalidad de obligar 
al  órgano  judicial  a  un  pronunciamiento  expreso  sobre  la  cláusula  de  vencimiento 
anticipado. Por todo ello, interesa la continuación del procedimiento.
15.  La representación de la entidad BBVA RMBS 3 Fondo de Titulación de Activos 
presentó sus alegaciones el 16 de febrero de 2021, interesando que se acuerde la 
desestimación del recurso de amparo. Señala que ha solicitado en varias ocasiones que 
se diera traslado a la parte actora para que alegara sobre la posibilidad de desistir, dado 
que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro señaló la 
comparecencia  prevista  en  el  artículo  695.2  LEC  en  el  incidente  de  oposición  a  la 
ejecución  por  la  posible  existencia  de  cláusulas  abusivas  en  el  título  ejecutado, 
destacando que el recurrente no ha comparecido, pese a estar citado en forma. Recuerda, 
asimismo, que el amparo se promovió contra la providencia de 1 de octubre de 2018, que 
inadmitió el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente, 
incidente que, a su juicio, no era el cauce adecuado para obtener lo interesado, por lo cual 
fue correctamente inadmitido. En todo caso, el juzgado ha admitido a trámite la petición de 
contrario de oposición a la ejecución por cláusulas abusivas, lo que pone de relieve la 
correcta aplicación de las normas procesales, y, además, priva de sentido al presente 
procedimiento, al ser la obtención del examen de las cláusulas abusivas del título el objeto 
de la pretensión de amparo que aquí se articula.
16.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 1 de octubre 
de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro, dictada 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 31-2009, y por la que inadmite a 
trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteado frente el auto de 21 de enero 
de 2011, que inadmitió la oposición a la ejecución despachada mediante auto de 21 de 
septiembre de 2009.
El demandante de amparo denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial  s
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en sus vertientes de acceso a la jurisdicción y del  oe.
derecho a obtener una resolución expresa y motivada sobre el fondo de la cuestión  w.
paplnraotninctuiepnaacddiaaom,.  ipeRonerts op hasaolbdbearr e l aien la pdceamtriciátiicódtnoe  r deaelb  ujuaszmivgopa,ad roeo n teerell   ioMntcrinaidisse,t nedtreeio   leaFn i cslceáalu ls,q uuslaei   dbseiee  nv iensnsectañimbaaliae  nstlaou    2021-6598n https://ww
posibilidad de que el recurso haya perdido su objeto e, incluso, que resulte inadmisible.
Por su parte, la entidad BBVA RMBS 3 Fondo de Titulación de Activos solicita la  Bc
desestimación del amparo por ser la resolución impugnada plenamente conforme a 
Derecho, habiendo puesto de relieve en reiteradas ocasiones, además, que se han 
producido  actuaciones  en  el  seno  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  que 
determinarían que la parte actora debiera desistir del presente recurso, al haber quedado 
satisfechas sus pretensiones en vía judicial.
2.  Óbices procesales que afectan a la pervivencia o a la admisibilidad del amparo.
Antes  de  entrar  en  el  análisis  del  fondo  del  asunto,  es  preciso  examinar  las 
cuestiones de índole procesal planteadas por la parte recurrida y por el Ministerio Fiscal. 
La primera entiende que, a consecuencia de las actuaciones producidas posteriormente 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la parte actora debería desistir del presente 
procedimiento. Por su parte, el fiscal, que, inicialmente, en su escrito de alegaciones del 
art. 52 LOTC, se refirió a la posible pérdida de objeto del presente recurso de amparo en 
virtud  de  tales  actuaciones,  posteriormente,  tras  haberse  requerido  el  envío  de 
testimonio de nuevas actuaciones judiciales  producidas en el procedimiento  a quo, 
sostuvo que existía causa de inadmisión del recurso de amparo.
Como ponen de relieve las actuaciones remitidas por la Sección Decimonovena de la 
Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 20 de junio de 2019, el juzgado, conforme a la 
disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, concedió al demandante de amparo un plazo de diez 
días para formular un incidente extraordinario de oposición, lo que aquel materializó en 
escrito presentado el 25 de junio de 2019, en el que denunció el carácter abusivo de las 
cláusulas  de  intereses  moratorios  y  de  vencimiento  anticipado.  Por  diligencia  de 
ordenación de 6 de septiembre de 2019 (habiendo sido ya admitido a trámite el presente 
recurso de amparo), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro 
acordó tener por formulada oposición a la ejecución por la parte ejecutada, únicamente 
por la presencia de cláusulas abusivas en el título de ejecución, y, para decidir sobre 
dicho motivo de oposición, se acordó suspender la ejecución y, conforme a lo previsto en 
el apartado 2 del art. 695 LEC, convocar a las partes a una comparecencia para el día 13 
de noviembre de 2019. Las actuaciones remitidas por la Sección Decimonovena de la 
Audiencia Provincial de Madrid muestran que el demandante de amparo no compareció 
en dicha vista, por lo que el juzgado, mediante auto de 19 de noviembre de 2019, le tuvo 
por  desistido  de  la  oposición  por  su  incomparecencia.  Frente  a  dicha  resolución 
promovió el actor, en un mismo escrito, recurso de nulidad de actuaciones por el cauce 
del art. 227 LEC y recurso de apelación, con fecha 18 de diciembre de 2019. El incidente 
se basaba en la previa suspensión del proceso acordada por auto de este tribunal 
(concretamente, el ATC 102/2019, de 16 de septiembre), y en la infracción del derecho a 
la  tutela  judicial  efectiva  en  relación  con  las  exigencias  derivadas  del  art.  6  de  la 
Directiva 93/13/CEE, en cuanto a la necesidad de un pronunciamiento expreso del 
juzgador sobre la eventual existencia de cláusulas abusivas. Por su parte, el recurso de 
apelación se fundó en la infracción de garantías procesales, no solo por incumplimiento 
de la exigencia de pronunciarse sobre las cláusulas abusivas, de acuerdo con las 
normas de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea,  sino  por  las  consecuencias  extraídas  de  una  incomparecencia  justificada 
porque la vista no debió celebrarse, a tenor de un auto previo del Tribunal Constitucional 
que suspendió el curso del proceso. Y, asimismo, solicita del órgano ad quem que se 
pronuncie sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado inserta en 
el título ejecutivo (sexta bis), pronunciamiento que debía haber efectuado el juzgado,  e
incluso de oficio. El juzgado tuvo por interpuesto recurso de apelación y remitió los autos  bo
a la Audiencia Provincial de Madrid, encontrándose pendiente de resolución por la  98ww
Sección Decimonovena (recurso de apelación 317-2020).
Pues bien, a la vista de estos antecedentes, podemos ya dilucidar si concurren o no 
los óbices aducidos en sus distintos escritos por la entidad BBVA RMBS 3 Fondo de 
Titulación de Activos y por el Ministerio Fiscal.
a)  En primer lugar, defiende la entidad recurrida, y ejecutante en el procedimiento a 
quo, que a la luz de las actuaciones relatadas, el actor tendría que desistir del recurso de 
amparo. Tal planteamiento no puede ser aceptado, pues, aunque el desistimiento sea, 
conforme a reiterada doctrina de este tribunal (por todos, ATC 31/2016, de 15 de febrero, 
FJ 1), una forma de terminación del procedimiento prevista en los artículos 80 y 86 LOTC 
(que  se  remite  en  el  primero  de  dichos  preceptos,  en  cuanto  a  requisitos  y 
procedimiento, a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de 
enjuiciamiento civil), se configura técnicamente como un acto que expresa la voluntad 
del demandante de abandonar el proceso y que por ello ha de tener su causa en una 
voluntad expresa del actor del proceso de apartarse de él (SSTC 21/1989, de 21 de 
enero, FJ 3, y 9/1993, de 18 de enero, FJ 3), a salvo aquellos casos en que la ley 
procesal configura, respecto del desistimiento tácito, «una presunción, cuya base es el 
hecho cierto de la incomparecencia sin aviso previo, a partir del cual se deduce una 
voluntad de abandono de la acción o pretensión, voluntad no expresa, sino presunta o 
tácita» (STC 304/1994, de 14 de noviembre, FJ 3). En todo caso, no cabe presumir el 
desistimiento cuando el demandante manifiesta claramente su decisión de continuar el 
proceso o su oposición a la conclusión del mismo (STC 21/1989, de 31 de enero, FJ 3), 
como ocurre en el presente supuesto, en el que no solo no existe una voluntad expresa 
del recurrente en amparo de desistir, sino que, además, se ha opuesto explícitamente al 
desistimiento interesado por la parte recurrida, por lo que en ningún caso cabe imponerle 
la decisión de desistir.
b)  Por otra parte, ha señalado el fiscal en sus alegaciones que podría haberse 
producido pérdida de objeto del recurso de amparo ante las actuaciones subsiguientes a 
su interposición y admisión a trámite, que han tenido lugar en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria del que trae causa la demanda de amparo, en concreto por el 
señalamiento de la vista para dilucidar el incidente extraordinario de oposición.
La desaparición sobrevenida del objeto es una de las formas de terminación del proceso 
constitucional iniciado por el recurso de amparo cuando las circunstancias posteriores a la 
presentación  de  la  demanda  hacen  innecesario  un  pronunciamiento  del  Tribunal 
Constitucional al haberse modificado de manera sustancial la controversia (por todos, 
ATC 32/2014, de 10 de febrero, FJ 1, con los autos ahí citados). Son numerosos los 
pronunciamientos en que la desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun sin estar 
expresamente contemplada en el art. 86.1 LOTC, ha sido admitida por este tribunal como 
una de las formas de terminación de los distintos procesos constitucionales (entre otras, la 
STC  52/2019,  de  11  de  abril),  pues  el  recurso  de  amparo  constituye  un  remedio 
jurisdiccional idóneo solo para la reparación de lesiones singulares y efectivas de los 
derechos fundamentales, sin que puedan hacerse valer por esta vía otras pretensiones que 
las dirigidas al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos (art. 41.3 LOTC), de 
modo que cuando la pretensión se ha visto satisfecha fuera del propio proceso de amparo 
«no cabe sino concluir, en principio, que este carece desde ese momento de objeto sobre el 
que deba pronunciarse este tribunal» (STC 73/2018, FJ 2).
En el presente caso la circunstancia aducida por el fiscal es el señalamiento efectuado 
el 6 de septiembre de 2019 por el órgano judicial para una vista del art. 695.2 LEC. Viene 
entonces a alegarse que el propio órgano judicial habría reparado las lesiones del derecho 
invocado en sede constitucional, uno de los casos en que hemos apreciado la pérdida  e.
sobrevenida del objeto (STC 13/2005, de 31 de enero, FJ 2). No obstante, para llegar a una  w.b
conclusión sobre este extremo hemos de partir del objeto del presente recurso de amparo,  98ww
epno rqeul eq ueel  j–urzegcaodrod einmaodsm–i tsióe  edl einncuindceinat ela d veu nlnuelirdaacdió dne d aecl tduearceiocnheos a e lna  etul qteulae  sjued iscoialilc ietafebcat,iv aal 
ajumdipcaiarlo s dee p rlao njuunricsiparruad seonbcriae  edle cl aTrráibcutenra al bdues iJvuos dtiec iad edteer mlai nUandiaósn  cEláuursoupleaas,  dqeul ec oenl tróartgoa ndoe 
préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria que sirvió de fundamento al procedimiento
de ejecución de títulos no judiciales. En último término, y no pudiendo constituir propiamente 
el objeto del presente recurso de amparo decidir si las cláusulas denunciadas son o no 
abusivas, la pretensión del recurrente es que, con anulación de la resolución impugnada, se 
retrotraigan las actuaciones para que el juzgado se pronuncie necesariamente sobre el 
carácter abusivo de esas cláusulas del contrato.
El señalamiento de una vista (art. 695.2 LEC) en la que dilucidar la oposición 
formulada por el recurrente no es una decisión que presuponga el examen judicial de las 
cláusulas denunciadas como abusivas, ya que lo que se impugna en amparo no es la 
imposibilidad del recurrente de haber sido oído, sino el rechazo judicial a examinar el 
clausulado. Y el hecho de que el juez haya omitido pronunciarse sobre dicha oposición 
so pretexto de la incomparecencia del ejecutado en la vista, aleja más la posibilidad de 
entender  que  ha  quedado  satisfecha  la  pretensión  del  demandante  de  amparo, 
olvidando, además, con dicha decisión que, como se señalara de manera insistente en la 
STC 31/2019, de 28 de febrero, FFJJ 5 y 6, de acuerdo con la doctrina establecida por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el juez nacional deberá apreciar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13/CEE tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello.
Por tanto, en la medida en que no se ha dictado una resolución en la que se 
examinaran las cláusulas del contrato y se determinara motivada y fundadamente si 
alguna de ellas podía ser considerada abusiva o si no lo eran, no puede entenderse que 
haya habido desaparición sobrevenida del objeto como consecuencia de la actuación 
judicial desplegada a raíz del incidente extraordinario de oposición promovido por el 
recurrente. Esa actuación no modifica de manera sustancial la controversia, de forma 
que el presente recurso seguiría siendo en este momento un remedio jurisdiccional 
idóneo para, en su caso, reparar la lesión singular y efectiva del derecho del recurrente a 
la tutela judicial efectiva, sin perjuicio de lo que se expondrá a continuación.
c)  Una vez excluida la posible pérdida de objeto del recurso de amparo, hemos de 
examinar la otra alegación, formulada también por el Ministerio Fiscal, a raíz de las 
actuaciones producidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria con posterioridad a 
la  interposición  del  recurso  de  amparo.  En  concreto,  el  fiscal  aduce  la  falta  de 
agotamiento de la vía judicial previa, de acuerdo con lo exigido por el art. 44.1 a) LOTC, 
lo que debería determinar la inadmisión del recurso.
En cuanto a este planteamiento, es preciso recordar aquí la doctrina reiterada de 
este tribunal según la cual «los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el 
recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente 
admitida a trámite y así lo declaramos, entre otras, en la STC 69/2011, de 16 de mayo, 
cuyo fundamento jurídico 2 afirma que ''la comprobación de los presupuestos procesales 
para  la  viabilidad  de  la  acción  puede  volverse  a  abordar  o  reconsiderarse  en  la 
sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar,  en  su  caso,  a  un 
pronunciamiento  de  inadmisión  por  falta  de  tales  presupuestos  (por  todas, 
SSTC 32/2002, de 11 de febrero, FJ 2; 204/2005, de 18 de julio, FJ 2; 237/2006, de 17 
de julio, FJ 4; 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3; y 29/2011 
de 14 de marzo, FJ 3)''» (STC 200/2012, de 12 de noviembre, FJ 2).
Pues bien, este tribunal no puede sino compartir el planteamiento del fiscal, pues el 
devenir del procedimiento en la vía judicial ordinaria con posterioridad a la interposición 
del presente recurso de amparo ha convertido la queja objeto del mismo en prematura. 
En efecto, la actuación judicial, que ha abierto la posibilidad de plantear un incidente  s
extraordinario de oposición para suscitar la cuestión relativa al carácter abusivo de  oe.
determinadas cláusulas del contrato de préstamo que sirvió de título a la ejecución, ha  w.
creado una situación en la que cabe que un órgano judicial adopte una decisión sobre el  98ww
ccaarsáoc dteer  qaubeu seivsote  otr inbou ndael  olatos rcglaáruas eull aasm dpeal rcoo yn taraptroe,c iqaurae  leas v au lnloe rqauceió nh adberlí ad eluregcahr oe na  elal 
tjuuzteglaad jou deicl iainl ceifdeecntitvea  ddee l naucltiodra dp odr eh aabcétrusaecleio nneesg apdroo mesoev ipdroo ncuonnc itaaml ifeinn:t or eatlr oinaacdcmióniti rd eel   BOE-A-cable e
actuaciones  para  que  el  órgano  judicial  se  pronuncie  motivadamente  acerca  de  la 
abusividad de las cláusulas del contrato. Bien es cierto que el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 1 de Valdemoro ha dictado auto teniendo por desistido al 
demandante  de  amparo  del  incidente  extraordinario  de  oposición,  por  su 
incomparecencia en la vista que a tal efecto se había señalado, y que no ha procedido a 
examinar el posible carácter abusivo de las cláusulas. Pero no lo es menos que, como 
advierte el fiscal, el actor ha interpuesto recurso de apelación contra dicha resolución, en 
el que, aparte de otras cuestiones, ha planteado la relativa al carácter abusivo de 
determinadas cláusulas, particularmente de la de vencimiento anticipado, con exposición 
de la doctrina que sobre el particular tienen establecido el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y este tribunal, solicitando de la Audiencia Provincial de Madrid que se 
pronuncie sobre esa cuestión. Es decir, que puede producirse aún de manera efectiva el 
examen judicial de las cláusulas del contrato de préstamo en la vía ordinaria, por lo que 
no procede que este tribunal se pronuncie sobre la queja que se le ha planteado, en 
tanto que se encuentra pendiente de resolver ante la Sección Decimonovena de la 
Audiencia Provincial de Madrid la pretensión objeto del recurso de apelación, que podría 
dar lugar a la reparación en el propio procedimiento a quo del derecho fundamental 
invocado ante nosotros.
Esta consecuencia, como nos indica la STC 13/2005, de 31 de enero, FJ 3, «es la 
que impone la lógica para que pueda quedar salvaguardado el carácter subsidiario del 
amparo,  que  solo  procede  cuando  no  hayan  tenido  éxito  las  demás  vías  que  el 
ordenamiento ofrece para la reparación del derecho fundamental ante los jueces y 
tribunales ordinarios (STC 147/1994, de 12 de mayo, FJ 2), con lo cual se evita ''que este 
tribunal se pronuncie sobre eventuales lesiones de derechos fundamentales o libertades 
públicas y proceda, de acuerdo con el objeto del recurso de amparo previsto en el 
art. 41.3 de su Ley Orgánica, a restablecerlos o preservarlos, cuando ello pueda aún 
tener lugar a través de las vías procesales que se hallen establecidas, por los órganos 
judiciales (en este sentido, por todas, SSTC 71/2000, FJ 3, y 72/2000, FJ 3, ambas de 13 
de marzo)'' (STC 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 3). De tal suerte que, en principio, 
solo cuando el proceso haya finalizado, por haber recaído una resolución definitiva, 
puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante 
este tribunal en demanda de amparo (STC 174/1994, de 7 de junio, FJ 2). En suma, 
resulta improcedente la coexistencia temporal de un proceso de amparo con la vía 
judicial (por todas, STC 97/2004, de 24 de mayo, FJ 3), anomalía que acontece de forma 
evidente cuando se inicia el proceso de amparo antes de que se resuelvan los recursos 
interpuestos en la vía judicial ordinaria contra la resolución jurisdiccional que se recurre 
en amparo (STC 72/2004, de 19 de abril, FJ 3), pero que puede producirse también, 
como es el caso, cuando, con posterioridad a presentarse la demanda de amparo, se ha 
procedido en la vía judicial ordinaria, bien de oficio, bien a instancia del recurrente, al 
examen y resolución de la queja constitutiva del amparo impetrado ante este tribunal».
No altera la anterior conclusión el hecho de que el juzgado ante el que se sigue la 
ejecución ya haya resuelto, según se ha reseñado, teniendo por desistido al demandante 
de amparo del incidente extraordinario de oposición, sin entrar a examinar las cláusulas 
del contrato y su posible carácter abusivo, pues, aparte de que esa decisión no es firme 
y  se  encuentra  pendiente  de  recurso  de  apelación  en  el  que  aún  no  ha  recaído 
resolución, no podemos convertirla en objeto de nuestro enjuiciamiento en el presente 
recurso, ya que ello supondría una ampliación de la demanda de amparo que no resulta 
admisible. En efecto, según reiterada jurisprudencia de este tribunal, el objeto procesal  s
queda  fijado  en  la  demanda  de  amparo,  definiendo  y  delimitando  la  pretensión  oe.
(SSTC 235/1994, de 20 de julio, FJ 1; 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, de 28 de  w.
junio, FJ 1, y 205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4), pues en ella ha de individualizarse el  98ww
acactuos ao  lpae dteisnpdoi s(iSciTóCn  c1u8y5a/ 1n9u9li6d,a dd es e2 p5r edtee nndoav, iecomnb rined, icFaJc i1ó)n,  dsein  laq uraez ósne apna rvai apbeledsir lala os 
aFlJte 1ra, cyi o3n9e/s1 9i9n9tr,o dduec 2id2a sd ec omna rpzoos, teFrJio 2re),s c aulyeag araczioónne sd e( SsSerT Ces  1c0o9m/1p9le9t7a,r  dye,  e2n  dseu  jcuansioo,,   BOE-A-cable e
reforzar la fundamentación del recurso, mas no ampliarlo o variarlo sustancialmente 
(STC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 2).
En definitiva, las actuaciones procesales acaecidas en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria  con  posterioridad  a  la  interposición  del  presente  recurso  de  amparo  lo 
convierten en prematuro, con la consiguiente declaración de inadmisibilidad del mismo. 
En todo caso, quedaría abierta al recurrente la posibilidad de venir nuevamente en 
amparo contra la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Madrid, así como contra 
la del juzgado de instancia, en el caso de que considere que no han llevado a cabo la 
reparación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva impetrado en el incidente 
de nulidad de actuaciones, y reiterado, posteriormente, en el incidente extraordinario de 
oposición a la ejecución y en el escrito en el que planteó su recurso de apelación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Santiago Contreras.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.