BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 9 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 151313
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
20316 Orden ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el Registro 
de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social 
y económico incorpora a través del apartado catorce de su artículo 3 una disposición 
transitoria octava al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, mediante la que se regula la colaboración de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.
La  complejidad  de  la  realidad  de  las  personas  potenciales  beneficiarias  de  la 
prestación requiere de la participación de los servicios sociales, y transitoriamente, de 
entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente acreditadas -los mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital- para poder certificar la existencia de determinadas 
situaciones particulares.
La  figura  de  los  mediadores  sociales  del  ingreso  mínimo  vital  constituye  un 
mecanismo de cooperación reforzada en la tramitación de la prestación que se hace 
necesaria  de  forma  transitoria  para  agilizar  y  facilitar  a  la  entidad  gestora  de  la 
prestación, la acreditación de determinados requisitos exigidos para el acceso a la 
misma.
Se define a los mediadores sociales del ingreso mínimo vital como las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social, conforme a la definición prevista en el artículo 2 de la 
ley  43/2015,  de  9  de  octubre,  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  debidamente 
registradas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
Así, de forma excepcional y durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir 
certificado para la acreditación de las circunstancias previstas en los apartados 9 y 10 
del artículo 19 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
De  esta  manera,  el  apartado  dos  de  la  disposición  transitoria  octava  del  Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, crea el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital como un registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
Esta orden tiene por objeto el desarrollo del Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital regulado en la disposición transitoria octava del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo.
En  lo  que  respecta  a  la  estructura  de  la  norma,  este  real  decreto  cuenta  con 
diecinueve artículos, divididos en tres capítulos, y tres disposiciones finales.
El capítulo I, de disposiciones generales, describe el objeto de esta orden ministerial, 
que es desarrollar la estructura, funciones y procedimiento de inscripción del Registro de  s
Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, recoge su régimen jurídico, titularidad y  e.
publicidad. w.
El capítulo II regula la inscripción de los mediadores y sus actos, en concreto, los  316ww
rperqouceisditiomsi enptaor ad ela s oinlicsicturidp,c isóunb seann aecli óRn,e ginisatdrom, iseiól nc ao nttreánmiditoe , dines tlrausc ciiónnsc yri prceisoonleusc,i óne,l 
arésgí imcoemn o dlea  dporócrurmogean tadcei ólna  qiunesc driepbcieó na,c olam pmaoñdairf icaa claió mn isdme al.o sA sdimatisoms oi,n sscer itroesc oyg el oesl   BOE-A-cable e
supuestos de suspensión temporal o baja en el Registro. Finalmente, se establecen los 
efectos de la inscripción de los mediadores sociales en el mismo.
El capítulo III relativo a las obligaciones de los mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital, regula los requisitos de los certificados emitidos por los mismos y las 
obligaciones de las entidades inscritas, incluida la remisión periódica de información.
La disposición final primera habilita a la persona titular de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social para, previo cumplimiento de los 
trámites  oportunos,  dictar  cuantas  medidas  sean  necesarias  en  la  ejecución  y  la 
aplicación de lo previsto en esta orden.
La disposición final segunda establece que esta orden ministerial se dicta al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento  de  los  deberes  constitucionales;  y  bases  del  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.
La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la presente orden al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Se ha llevado a cabo el trámite de audiencia e información públicas de acuerdo con 
el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y se ha exceptuado 
el trámite de consulta pública conforme el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, dado que la presente norma regula un aspecto parcial de una materia, el 
desarrollo de la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, relativa a la colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en 
la gestión de la prestación de ingreso mínimo vital.
La norma es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya 
que mediante el desarrollo del Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital 
permite de forma transitoria la acreditación de determinados requisitos exigidos para el 
acceso a la prestación de forma eficaz. Es acorde al principio de proporcionalidad, al ser 
el medio más adecuado para cumplir estos objetivos y con el principio de seguridad 
jurídica, al quedar engarzado con el ordenamiento jurídico. Asimismo, cumple con el 
principio de transparencia dado que recoge el carácter público del Registro y el acceso al 
mismo. Por último, es coherente con el principio de eficiencia siendo una norma que 
procura la reducción de cargas administrativas innecesarias.
La presente orden se dicta en virtud de la habilitación normativa otorgada por la 
disposición final segunda del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, al Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el desarrollo por orden ministerial del 
Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital regulado en la disposición 
transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
En su virtud, y con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública 
y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Esta orden tiene por objeto desarrollar la estructura, funciones y procedimiento de  b
inscripción del Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital (en adelante, el  316ww
Rdee g2i9s tdroe)  mpareyvoi,s ptoo r eenl  qluae  dsiesp eosstiacbiólenc etr aenl isnitgorreias oo mctíanvima od veitl aRl.eal Decreto-ley 20/2020,
Artículo 2.  Régimen jurídico.
El  procedimiento  de  la  inscripción,  la  prórroga  de  la  inscripción,  la  suspensión 
temporal y la baja en el presente Registro se regirá por lo establecido en esta orden. En 
todo aquello no previsto en la propia orden, el procedimiento se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Artículo 3.  Titularidad.
El Registro, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
será  gestionado  por  la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y 
Previsión Social, a través de su titular.
Artículo 4.  Publicidad del Registro.
1.  El Registro tiene carácter público. El acceso al mismo se ajusta a lo dispuesto 
por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, para garantizar la transparencia de su actividad.
2.  El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificados emitidos en formato 
electrónico  y  garantizando  su  accesibilidad  universal  por  la  Secretaría  General  de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del contenido de los asientos y los 
datos depositados detallados a continuación:
a)  Denominación de la entidad inscrita en el Registro.
b)  Número nacional de inscripción.
3.  En la gestión del Registro, el responsable velará por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  respecto  de 
aquellas gestiones que impliquen tratamiento de datos personales.
En especial, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios del artículo 5 y el 
establecimiento  de  las  medidas  de  seguridad  adecuadas  según  lo  dispuesto  en  el 
artículo 32 del citado Reglamento.
CAPÍTULO II
Inscripción de los mediadores y sus actos
Artículo 5.  Requisitos para la inscripción en el Registro.
1.  Podrán inscribirse en el Registro todas las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función 
de su naturaleza jurídica, cuando estén obligadas a ello, con una anterioridad de al 
menos tres años a la solicitud de inscripción en el Registro.
b)  Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos. e.
c)  Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus Estatutos. w.b
d)  Tener  fines  institucionales  adecuados  para  la  realización  de  las  actividades  316ww
consei)d erDaedsaasr, rcoollnafro armcteiv iad alod eess tsaobcleiacliedso  deen  isnutesr Eéss tgaetunteorsa.l, conforme a lo establecido en
sus fE) staHtaultloasrs.e al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
g)  No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus 
representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio 
de su actividad.
h)  Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para 
garantizar el cumplimiento de sus fines, de tal modo que acredite contar con el personal 
y la estructura suficiente para llevar a cabo las labores de mediación.
i)  Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas 
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
j)  Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la 
entidad cuando estén obligadas a presentarlas.
k)  Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia 
a personas en riesgo de exclusión social.
l)  No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación 
de la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en el 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
2.  Adicionalmente, podrán ser inscritas en el Registro aquellas entidades de ámbito 
estatal que, reuniendo todos los requisitos del apartado anterior excepto el de la letra i), 
cumplan con las siguientes exigencias:
1.º  Pertenecer a una plataforma de entidades del Tercer Sector de Acción Social de 
ámbito estatal cuyo fin sea la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
2.º  Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en al 
menos ocho comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
3.º  Suscribir un convenio de colaboración bajo el marco de la citada plataforma con 
una o varias entidades pertenecientes a la misma, mediante el cual se acredite disponer 
de puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla. A excepción de la plataforma, todas las entidades que 
formen parte del convenio serán inscritas en el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso  Mínimo  Vital,  y  responderán  por  sus  propias  actuaciones  realizadas  como 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital. El convenio solo tendrá validez a efectos 
del  Registro,  siendo  la  finalidad  de  la  firma  de  dicho  convenio  que  las  entidades 
firmantes del mismo puedan ser acreditadas como mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital.
3.  En  el  caso  de  entidades  de  ámbito  estatal  cuyo  régimen  jurídico  sea 
Confederación de asociaciones, será esta última la que resulte inscrita en el Registro 
respondiendo por las actuaciones de certificación que en el ámbito de la presente orden 
lleven a cabo sus entidades federadas y las entidades asociadas de estas.
Artículo 6.  Contenido de las inscripciones.
1.  El Registro practicará las inscripciones mediante procedimientos informáticos en 
hojas registrales apropiadas.
2.  En la inscripción se harán constar los siguientes datos:
a)  Denominación.
b)  Número de identificación fiscal.
c)  Ámbito territorial de actuación.
d)  Domicilio de la sede y de sus delegaciones. e.e
e)  Datos identificativos de los representantes legales. b
f)  Fecha de aprobación y, en su caso, modificación de los Estatutos. 316ww
en fugn) cióNnú mdee rsou  yn afetucrhaale dzea .inscripción en el registro de ámbito estatal que corresponda
ih) )  FFeincheas  yd ea cintivsicdraipdceiósn r eelanc eiol nRaedgoiss tcroo nd leo sM perdiniacidpoioress y  Soobcjeiatilveoss d deel  aIncgcrieósno s oMcíinailm. o
Vital y número nacional de inscripción en el mismo.
Artículo 7.  Solicitud de inscripción.
1.  La  solicitud  de  inscripción  se  realizará  mediante  la  cumplimentación  de  los 
formularios alojados en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y se presentará a través de medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro Electrónico 
General de la Administración General del Estado, acompañada de la documentación que 
se enumera en el artículo siguiente.
2.  Podrán presentar la solicitud de inscripción en el Registro las personas físicas 
que actúen en nombre de las personas jurídicas a inscribir y que, de acuerdo con las 
escrituras de constitución, los estatutos o las leyes, ostenten la representación de estas. 
En este caso, deberá aportarse copia del documento público del nombramiento para el 
cargo. También se podrá acreditar la representación por cualquier medio válido en 
Derecho  que  deje  constancia  fidedigna  de  su  existencia,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de que la solicitud la presente un o una representante que no es el o la 
representante legal de la sociedad, deberá aportarse una autorización específica para 
esta representación a favor de una persona física.
Artículo 8.  Documentación que debe acompañar a la solicitud de primera inscripción.
1.  A  la  solicitud  de  primera  inscripción  deberá  acompañarse  la  siguiente 
documentación:
a)  Documento nacional de identidad de las personas representantes de la entidad y 
documentación acreditativa de su representación.
b)  Documentación acreditativa de estar legalmente constituida la entidad y de haber 
adquirido personalidad jurídica por medio de copia del acuerdo de creación o acta 
fundacional y de sus Estatutos.
c)  Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
d)  Certificado  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias  y  de  la  Seguridad  Social,  salvo  autorización  a  la  Secretaría  General  de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social a comprobar que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento.
e)  Certificado acreditativo y memoria firmada por los representantes legales de la 
entidad en la que se acredite disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica 
suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines. Dichos certificado y memoria se 
ajustarán al modelo normalizado recogido en los anexos I y II de la presente orden.
f)  Certificado  acreditativo  de  experiencia  de,  al  menos,  tres  años  en  el 
acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social, firmado por la 
persona responsable de la entidad. Dicho certificado se ajustará al modelo normalizado 
recogido en el anexo III de la presente orden.
g)  Certificado acreditativo firmado por los representantes legales de la entidad de la 
disposición de puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades 
autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla.  Dicho  certificado  se  ajustará  al  modelo 
normalizado recogido en el anexo IV de la presente orden.
h)  Auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la entidad 
cuando estén obligadas a presentarlas. s
i)  Declaración responsable de no haber sido condenadas, tanto la propia entidad  oe.
crdceouelmaa lctqorieou scnie uaradaalo ñqdsoue sice  olracanso   nedintle afe rdajseoucr cschi iocarnieosept asdre  ecsl aoes nunt pteaarmncettspievelsiand dtalaeadcgs ia yóe lnedn se d,e  nelm o R elhaeda aiabls neoDtrleie cs ciitsrdueeodtn o ts-edalenenyc c iail2oa 0n f/iai2rnmd0sa2ec,0r  iep,p nocd rieeó  lnd 2p,e 9llai ptdozooesr     2021-20316n https://www.
mayo. Dicha declaración responsable se ajustará al modelo normalizado recogido en el
anexo V de la presente orden. Bc
2.  Para la valoración de la memoria de la letra e) del apartado anterior, se tomará 
en consideración:
1.º  La cantidad, cualificación y experiencia de los medios profesionales implicados 
en las labores de mediación.
2.º  La calidad y adecuación de los demás recursos de los que disponga.
3.º  La  experiencia  en  proyectos  de  inserción  sociolaboral  o  actividades  de 
acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social realizados en los 
últimos  tres  años,  en  especial,  aquellos  que  hayan  tenido  como  objetivo  el 
acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social y, en concreto, a 
potenciales personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.
3.  Las entidades del Tercer Sector de Acción Social que soliciten su inscripción en 
el Registro a través del supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 5, deberán 
presentar, además de la documentación que se establece en el apartado primero de este 
artículo,  con  excepción  del  certificado  acreditativo  previsto  en  la  letra  g)  de  dicho 
apartado:
a)  Documentación acreditativa de su pertenencia a una plataforma de entidades del 
Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal cuyo fin sea la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social.
b)  Certificado acreditativo firmado por los representantes legales de la entidad de la 
disposición  de  puntos  de  atención  directos  a  las  personas  en  al  menos  ocho 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
c)  Convenio de colaboración al que se refiere el punto tercero del artículo 5.2 
firmado por los representantes legales de las entidades solicitantes y por la plataforma 
de entidades bajo cuyo marco se agrupan.
Artículo 9.  Subsanación de la solicitud de inscripción.
Si la solicitud de inscripción no reuniese la acreditación de todos los requisitos 
establecidos en la presente orden o, en su defecto, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
se instará a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la 
falta  o  acompañe  los  documentos  preceptivos.  De  no  hacerlo,  se  producirá  el 
desistimiento de su pretensión, previa resolución dictada de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10.  Inadmisión a trámite de la solicitud de inscripción.
1.  Una vez recibida la solicitud de inscripción, el órgano instructor procederá a 
comprobar los requisitos previstos en el artículo 5. En concreto, en caso de no cumplirse 
los requisitos de las letras c) e i), o no estar incurso en la excepción prevista en el 
apartado 2 de dicho artículo 5, la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social inadmitirá la solicitud.
2.  La resolución de inadmisión será dictada por la persona titular de la Secretaría 
General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social,  previo  plazo  de 
subsanación de 10 días hábiles, en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada de la 
solicitud en el Registro Electrónico. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabrá recurso potestativo de reposición ante la persona titular del 
órgano  que  la  dictó  o  bien  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  órgano  e
jurisdiccional competente. bo
3.  La admisión de la solicitud no obstará a su denegación si, durante la instrucción  316ww
ddeelt erpmrioncaerdainm ieeln tion,c umelp limórigeanntoo  dien sltorusc troerq uiesfietocstu adrea  lansu elevtarass  cco) mep ri)o bdaecli oanretísc ulqou 5e 
apartado 1.
Artículo 11.  Instrucción del procedimiento de inscripción.
1.  La instrucción de los expedientes de inscripción corresponderá a la Subdirección 
General de Políticas de Inclusión, que comprobará el cumplimiento de los requisitos 
determinantes para la inscripción en el Registro, elevando propuesta de resolución a la 
persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social.
2.  El  órgano  competente  podrá  recabar  los  informes  técnicos  que  considere 
necesarios acerca de la solicitud de inscripción.
Artículo 12.  Resolución del procedimiento de inscripción.
1.  Vista la propuesta de resolución, la persona titular de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social resolverá motivadamente ordenando 
o denegando la inscripción.
2.  El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses contados 
desde la entrada de la solicitud en el Registro Electrónico. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.
3.  La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá recurso 
potestativo de reposición ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social o bien recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente.
Artículo 13.  Prórroga de la inscripción.
1.  La  inscripción  en  el  Registro  de  mediadores  sociales  tendrá  validez  anual, 
pudiendo  ser  objeto  de  prórroga.  Dicha  prórroga  será  automática  salvo  que  se 
comunique la baja en el registro, debiendo acreditar el mantenimiento de los requisitos 
en los tres primeros meses de la prórroga. Transcurrido dicho plazo sin la presentación 
de la documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos se tramitará baja de 
oficio, previo trámite de audiencia.
2.  Para  la  acreditación  del  mantenimiento  de  los  requisitos,  la  entidad  inscrita 
deberá presentar un certificado justificativo firmado por sus representantes legales en el 
que se acredite que las circunstancias que justificaron su inscripción no han variado con 
respecto a la fecha de su primera solicitud.
Deberá a su vez presentar el certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, salvo que la entidad haya 
autorizado a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social su consulta.
Dicha documentación se presentará por medios electrónicos en la sede electrónica 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Artículo 14.  Modificación de los datos inscritos.
1.  Cualquier modificación de las circunstancias que dieron lugar a la inscripción 
deberá ser comunicada al Registro en el plazo de tres meses desde el momento en que 
se produzca por acuerdo del órgano de gobierno y representación de la entidad. La 
comunicación  se  acompañará  de  la  documentación  necesaria  para  acreditar  la 
modificación.
2.  La modificación de los requisitos exigidos para acceder al Registro o de los datos  e.
que  figuren  en  la  inscripción  deberá  ser  comunicada  al  Registro  en  los  términos  w.b
legalmente exigidos. 316ww
Artículo 15.  Suspensión temporal o baja en el Registro.
1.  Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción en el Registro cuando
se esté tramitando un expediente sancionador.
La suspensión temporal podrá acordarse como medida cautelar y de forma motivada 
desde  el  momento  en  el  que  se  haya  notificado  el  acuerdo  de  iniciación  del 
procedimiento  sancionador  y  podrá  levantarse  en  cualquier  momento  anterior  a  la 
resolución firme de dicho procedimiento.
En  todo  caso,  la  suspensión  temporal  se  levantará  tras  resolución  firme  del 
procedimiento sancionador. En el caso de sanción firme se producirá la baja de la 
inscripción  en  el  registro  y  en  el  supuesto  en  el  que  la  resolución  no  conlleve  la 
determinación de la responsabilidad sancionadora se levantará la suspensión.
2.  La inscripción en el Registro podrá ser dada de baja:
a)  Por voluntad de la entidad manifestada por su órgano de gobierno.
b)  De oficio, en los siguientes casos:
1.º  Por extinción o disolución de la entidad debidamente acreditada, previo trámite 
de audiencia.
2.º  Cuando conste fehacientemente que ha dejado de cumplir con los requisitos 
establecidos en el apartado tercero de la disposición transitoria octava del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, previo trámite de audiencia.
3.º  En el caso de que se haya producido una sanción firme por infracción muy 
grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar.
4.º  Si transcurrido el plazo establecido en el artículo 13.1 no se ha presentado por 
parte de la entidad la documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos 
para la prórroga de su inscripción, previo trámite de audiencia
3.  La baja del Registro será acordada por la persona titular de la Secretaría de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social en el plazo de tres meses contados 
desde la entrada de la solicitud en el Registro Electrónico en el supuesto establecido en 
el apartado a). Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, 
se podrá entender estimada la baja de la inscripción por silencio positivo.
Si el procedimiento de baja se hubiera iniciado de oficio, se producirá la caducidad 
de este una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya notificado resolución 
expresa.
4.  La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá recurso 
potestativo de reposición ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social o bien recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente.
Artículo 16.  Efectos de la inscripción en el Registro.
1.  De acuerdo con el apartado primero de la disposición transitoria octava del Real 
Decreto-ley  20/2020,  de  29  de  mayo,  la  inscripción  en  el  Registro  será  condición 
indispensable para la emisión de certificados para la acreditación de las circunstancias 
previstas en los apartados 9 y 10 del artículo 19 de la citada norma.
2.  Las entidades inscritas en el Registro podrán solicitar tanto certificación del 
contenido de los asientos emitida a solicitud de su representante legal, como nota simple 
informativa o listados.
Las  certificaciones  podrán  solicitarse  por  medios  electrónicos  que  permitan  la 
constancia de la solicitud realizada, su recepción y la identidad del solicitante y se 
expedirán en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha en que se  e.
presente la misma. w.b
CAPÍTULO III
Obligaciones de los mediadores sociales del Ingreso Mínimo Vital
Artículo 17.  Requisitos de los certificados emitidos por las entidades inscritas en el 
Registro.
Los  certificados  emitidos  por  los  mediadores  sociales  del  Ingreso  Mínimo  Vital 
inscritos en el Registro se ajustarán al modelo normalizado aprobado por resolución de 
la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
disponibles  en  la  página  web  del  Ministerio  y  deberán  ser  firmados  por  una  o  un 
trabajador social perteneciente a la entidad, debidamente colegiado. En dicho certificado 
se hará constar su número de colegiado.
A estos efectos en el caso de entidades de ámbito estatal cuyo régimen jurídico sea 
Confederación  de  asociaciones,  se  entenderá  cumplido  este  requisito  cuando  los 
certificados  sean  firmados  por  una  o  un  trabajador  social  debidamente  colegiado 
perteneciente a sus entidades federadas o las entidades asociadas de estas.
Artículo 18.  Obligaciones de las entidades inscritas.
1.  Las entidades inscritas en el Registro, durante el tiempo de su inscripción, 
deberán comunicar con carácter anual a la entidad gestora del ingreso mínimo vital el 
mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del 
artículo 19.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 19.10 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
2.  La  información  requerida  en  el  apartado  anterior  se  remitirá  siguiendo  los 
modelos normalizados aprobados al efecto por resolución de la persona titular de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad Social.
3.  Las entidades inscritas en el Registro deberán cumplir asimismo las normas 
previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se 
deroga la Directiva 95/46 CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  respecto  de 
aquellas gestiones que impliquen tratamiento de datos personales.
Artículo 19.  Remisión periódica de información.
Las  entidades  inscritas  en  el  Registro  deberán  remitir  información  periódica 
acreditativa de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo con carácter 
anual, que incluirá al menos el número y tipología de certificados emitidos en función del 
artículo 19.9 y 19.10 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, de acuerdo con el 
modelo normalizado aprobado por resolución de la persona titular de la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social que estará disponible en 
la página web del Ministerio.
Disposición final primera.  Facultades de ejecución y aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social para, previo cumplimiento de los trámites oportunos, dictar  es
cuantas medidas sean necesarias en la ejecución y la aplicación de lo previsto en esta  bo
orden. En concreto, se aprobará modelo normalizado disponible en la página web del  316ww
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Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª 
y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes 
constitucionales; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  3  de  diciembre  del  2021.–El  Ministro  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte.
ANEXO I
Certificado acreditativo de estructura, capacidad administrativa y técnica 
suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines
Don/doña  ..................................................................................................................., 
con DNI o documento que lo sustituya número ................................., representante legal 
de  la  entidad  .....................................................................................................,  con 
NIF .................................
De acuerdo con el artículo 8.1.e) de la Orden Ministerial por la que se desarrolla el 
Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital:
Certifica que la entidad ................................................................................, dispone 
de  la  estructura,  capacidad  administrativa  y  técnica  suficiente  para  garantizar  el 
cumplimiento de sus fines, como se expone en la memoria adjunta.
Lugar y fecha Firma representante/s legal/es de la entidad
ANEXO II
Memoria de estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente 
para garantizar el cumplimiento de sus fines
Requisitos: La memoria tendrá una amplitud máxima de 20 páginas –en fuente Times 
New Roman tamaño 12 e interlineado sencillo– en la que se abordarán los siguientes 
puntos:
1.  Estructura, capacidad administrativa y técnica.
En este apartado se presentará brevemente la entidad, describiendo su estructura y 
organización  y  detallando  la  cantidad,  cualificación  y  experiencia  de  los  medios 
profesionales implicados en las labores de mediación, así como los demás recursos (por 
ejemplo: materiales, técnicos…) de los que disponga. e.
2.  Experiencia  en  el  acompañamiento  y  asistencia  a  personas  en  riesgo  de  316ww
exclEusni óens tseo acpiaal.rtado se detallará la experiencia en proyectos de inserción sociolaboral o
actividades de acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social
realizados en los últimos tres años, en especial, aquellos que hayan tenido como objetivo
el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social y, en concreto, 
a potenciales personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.
Lugar y fecha Firma representante/s legal/es de la entidad
ANEXO III
Certificado acreditativo de experiencia de, al menos, tres años 
en el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social
Don/doña  ......................................................................................................................, 
con DNI o documento que lo sustituya número ................................., representante legal 
de  la  entidad  ...............................................................................................,  con 
NIF .................................
De acuerdo con el artículo 8.1.f) de la Orden Ministerial por la que se desarrolla el 
Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital:
Certifica que la entidad ................................................................................, dispone 
de una experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a 
personas en riesgo de exclusión social, como se expone en la memoria adjunta.
Lugar y fecha Firma representante/s legal/es de la entidad
ANEXO IV
Certificado acreditativo de la disposición de puntos de Atención Directos 
a las Personas en Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía
Don/doña  ..................................................................................................................., 
con DNI o documento que lo sustituya número ................................., representante legal 
de  la  entidad  ...............................................................................................,  con 
NIF .................................
☐ Certifica que la entidad ................................................................................, cuenta 
con puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades autónomas y 
ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  señala  a  continuación  sus  domicilios 
correspondientes:
☐ Certifica que la entidad ................................................................................, cuenta 
con puntos de atención directos a las personas en al menos 8 comunidades autónomas 
o  las  ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  señala  a  continuación  sus  domicilios 
correspondientes:
Comunidad Autónoma/
Ciudad con Estatuto de  Domicilio(1)
Autonomía
Calle/Plaza:
Número:
Andalucía. Código postal: e.e
Municipio: bo
Provincia: 316ww
cada( 1c) omSuenráid asudf iacuietónnteo mcoan o i ncdiuicdaard u cno dno Emsitcailtiuot od ed eu nAou tdoen olomsí ap.untos de atención directos a las personas por
Comunidad Autónoma/
Ciudad con Estatuto de  Domicilio(1)
Autonomía
Calle/Plaza:
Número:
Aragón. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Asturias, Principado de. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Balears, Illes. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Canarias. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Cantabria. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Castilla y León. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Castilla-La Mancha. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Cataluña. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Comunitat Valenciana. Código postal:
Municipio:
Provincia: s
Calle/Plaza: b
Número: 316ww
Extremadura. CMPróuodnviigicnoicp iipaoo::stal:
(1)  Será suficiente con indicar un domicilio de uno de los puntos de atención directos a las personas por
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía.
Comunidad Autónoma/
Ciudad con Estatuto de  Domicilio(1)
Autonomía
Calle/Plaza:
Número:
Galicia. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Madrid, Comunidad de. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Murcia, Región de. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Navarra, Comunidad Foral 
Código postal:
de.
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
País Vasco. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Rioja, La. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Ceuta. Código postal:
Municipio:
Provincia:
Calle/Plaza:
Número:
Melilla. Código postal:
Municipio:
Provincia:
(1)  Será suficiente con indicar un domicilio de uno de los puntos de atención directos a las personas por 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía.
Lugar y fecha Firma representante/s legal/es de la entidad s
ANEXO V
Declaración responsable de no haber sido condenadas, tanto la propia entidad 
como cualquiera de sus representantes legales, mediante sentencia firme 
por delitos relacionados con el ejercicio de su actividad y de no haber sido 
sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de la solicitud 
de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en el Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo
Don/doña  ..........................................................................................,  con  DNI  o 
documento  que  lo  sustituya  número  ........................,  representante  legal  de  la 
entidad ........................................................, con NIF .............................
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.i) de la Orden Ministerial por la que 
se desarrolla el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, declara que:
☐ Ni la entidad ........................................., ni ninguno de sus representes legales han 
sido condenados mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio de su 
actividad.
☐ La entidad .............................................. no ha sido sancionada, en el plazo de tres 
años contado hasta la presentación de la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las 
infracciones contempladas en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Lugar y fecha ....................................................................................
Lugar y fecha Firma representante/s legal/es de la entidad