BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22080
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2919 Sala  Primera.  Sentencia  4/2022,  de  24  de  enero  de  2022.  Recurso  de 
amparo 732-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de 15 de diciembre de 2016 de 
la  Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la 
Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de 
estudios  universitarios  durante  el  curso  académico  2016-2017  en  las 
universidades de la Comunitat Valenciana, así como las dictadas por las 
salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de 
aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la 
resolución  administrativa  que  limitan  el  disfrute  de  becas  a  los  alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario 
valenciano). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2022:4
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 732-2020, promovido a instancia de la Universidad 
Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Ana Lázaro Gogorza y asistida por el abogado don Gonzalo Fernández 
de Arévalo, ha sido interpuesto contra la resolución de 15 de diciembre de 2016 de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, 
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el 
curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana («Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana» núm. 7941, de 21 de diciembre); y contra los demás 
actos  o  disposiciones  administrativas  conexas  y/o  concordantes,  especialmente  la 
resolución  de  31  de  agosto  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Universidades, 
Investigación y Ciencia por las que se autorizan y deniegan becas para la realización de 
estudios universitarios. Asimismo, se impugna la sentencia 403/2018, de 18 de octubre, 
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en procedimiento ordinario núm. 49-2017, que 
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la universidad contra los  e.
citados actos y disposiciones administrativas; y las providencias de 30 de abril de 2019 y  w.b
de 4 de julio de 2019, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  19ww
dpeolr  Tlar ibuunnivael rSsiudparde mcoon, tprao rl ala sse qnuteen cfuiae ryo ne li ninacdimdeitnidteo sd ee l nruelciduarsdo d dee a ccatusaacciioónne isn tceorpnutreas tloa 
adnictieermiobr rep,r odveid elnac iSa.e cFciinóanl mPernimtee, rala  duen ivlear sSidaalad  idmep ulog nCa oenlt eanuctioo s2o1-A7/d2m01in9is, trdaeti v2o0  ddeel 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que no admitió a trámite el
recurso de casación autonómica núm. 1/427/19, preparado por la universidad contra la 
sentencia.  Ha  comparecido  y  formulado  alegaciones  la  Generalitat  Valenciana, 
representada por el abogado de la Generalitat. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1. Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  4  de  febrero  de  2020,  la 
procuradora de los tribunales doña Ana Lázaro Gogorza, en nombre y representación de 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, interpuso recurso de amparo 
contra  las  resoluciones  administrativas  y  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes:
a) La demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización 
de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades 
de la Comunidad Valenciana, y contra los demás actos o disposiciones administrativas 
conexas y/o concordantes, especialmente contra la resolución de 31 de agosto de 2017, 
de  la  Dirección  General  de  Universidades,  Investigación  y  Ciencia,  por  las  que  se 
autorizan  y  deniegan  becas  para  la  realización  de  estudios  universitarios.  Estas 
resoluciones traen causa de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Consellería («Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana» núm. 7805), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios universitarios 
en las universidades de la Comunitat Valenciana; la demandante de amparo considera 
que esta orden es nula de pleno derecho al vulnerar los derechos fundamentales de 
igualdad (art. 14 CE), educación (art. 27) y libertad religiosa (art. 16).
b) Por sentencia 403/2018, de 18 de octubre, la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana desestima el recurso. En relación con la legitimación se considera que la 
universidad recurrente se encuentra legitimada para impugnar la orden y resolución 
objeto de recurso, si bien no todos los motivos de impugnación afectan a la esfera del 
citado interés legítimo que sustenta. Con cita de la sentencia 963/2017, de 18 de octubre 
(recurso núm. 427-2016), de la misma sala y sección, se desestima la vulneración del 
derecho de igualdad. En cuanto al derecho a la educación (art. 27 CE), con cita del auto 
de 7 de septiembre de 2016, se constata en la recurrente carece de legitimación activa. 
Por último, se desestima la alegación relativa a la omisión de la debida comunicación a 
la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o 
modificar ayudas públicas (art. 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea).
c) Preparado recurso de casación núm. 91-2019, es inadmitido a trámite por la 
providencia de 30 de abril de 2019, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Supremo  «por  cuanto  que  no  se  ha  fundamentado 
suficientemente que concurran, con singular referencia al caso, alguno o algunos de los 
supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un 
pronunciamiento […], incumpliéndose, de este modo, las exigencias que el art. 89.2 f) de 
la citada ley impone en relación con dicho escrito».
d) Promovido  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  este  es  inadmitido  por  e.e
providencia de 4 de julio de 2019, señalando que «la providencia inadmite el recurso de  b
casación con fundamento en una causa legalmente prevista, aplicada razonadamente,  19ww
sdien  jquusteif iecal creiócnu rore snetea  arecsreudltaited oq duee  uens ae rmroort ipvaatceiónnte r ey,s puolter  eirllroa,z vounlanbelrea,d aorrbai tdraerli aa,r tc. a2r4e ndtee 
la Ceo)n stLitau cuiónniv»e.rsidad demandante preparó recurso de casación autonómica, contra la
referida  sentencia  de  18  de  octubre  de  2018,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana,  por 
vulneración de la normativa autonómica que identificó, como es preceptivo, en el escrito 
de preparación. La Sección Primera de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana dicta el auto 217/2019, de 20 de diciembre (recurso de 
casación autonómica 1/427/2019-G), inadmitiendo el recurso al entender que no cumplía 
el requisito de presentar interés para la formación de jurisprudencia.
3. La demanda de amparo denuncia la infracción de los arts. 14, 16 y 27 CE. 
Además, atribuye a las resoluciones judiciales la infracción del art. 24.1 CE Así lo había 
hecho  ya  la  recurrente  en  relación  con  la  Orden  21/2016,  de  10  de  junio,  de  la 
Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, 
objeto del recurso de amparo núm. 5099-2018.
a) Sobre la vulneración del derecho  de  igualdad  del  art. 14 CE alega que la 
resolución recurrida establece un trato desigual de la recurrente con las universidades 
públicas, introduciendo una diferencia arbitraria al excluir a las universidades privadas 
del régimen de concesión de becas. Pese a unas condiciones idénticas de renta de los 
estudiantes, se les trata de manera diferente en función del tipo de centro en el que 
cursan  sus  estudios.  No  hay  razón  que  justifique  objetiva  y  razonadamente  esa 
discriminación de las universidades de iniciativa social o de sus alumnos, por lo que la 
orden «distingue de forma claramente restrictiva derechos de las universidades y de sus 
alumnos  donde  la  ley  aplicable  no  lo  hace»  [art.  45.4  de  la  Ley  Orgánica  de 
universidades  (LOU)].  Según  la  recurrente,  la  administración  autonómica  no  invoca 
ninguna finalidad constitucionalmente legítima, ni existe proporcionalidad en la medida, y 
no se ha justificado el cambio repentino de criterio. Además, la resolución cuestiona el 
cumplimiento de un tratado internacional, como es el Acuerdo del Estado español con la 
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979. Concluye 
afirmando que «las Administraciones Públicas pueden hacer depender la obtención de la 
beca de criterios objetivos, como el rendimiento académico o la renta personal o familiar, 
pero no de criterios arbitrarios, como el tipo de centro en el que se estudie y su ideario, 
frente a los que la administración debe mantenerse neutral».
b) Sobre la vulneración del derecho a la educación del art. 27 CE alega que las 
becas son un elemento nuclear del sistema educativo, que incide en el derecho a la 
educación. El régimen de las becas es desarrollo del precepto constitucional. En este 
caso se ha privado de la posibilidad de beca a quienes, reuniendo las condiciones 
objetivas  para  obtenerlas,  cursan  estudios  en  universidades  privadas  (salvo  en  los 
estudios de graduado y licenciado en veterinaria). La resolución impide a los alumnos 
elegir libremente la universidad en que quieren realizar sus estudios universitarios, de tal 
manera que quienes por razones puramente pedagógicas, religiosas o morales, deseen 
estudiar en la Universidad Católica de Valencia no puedan elegir esta universidad si 
quieren  obtener  una  beca,  aunque  reúnan  todas  las  condiciones  objetivas  para  su 
obtención;  se  ven  económicamente  forzados  a  no  estudiar  o  a  estudiar  en  una 
universidad pública. La situación se agrava porque hay titulaciones que solo se imparten 
en universidades privadas de la Comunidad Valenciana. Recuerda la demandante de 
amparo que el legislador orgánico no excluye a las universidades privadas del sistema 
de becas. Por último, la orden de que trae causa la resolución impugnada lesiona 
además el principio de confianza legítima, por el cambio repentino que introdujo, sin 
ninguna  medida  transitoria  para  paliar  su  impacto  y  sin  modificación  previa  de  la 
legislación para darle cobertura. e.e
c) Sobre la vulneración de la libertad religiosa (art. 16 CE), se alega que en el  w.b
sistema  universitario  valenciano  las  dos  universidades  privadas  existentes  son  de  19ww
iAnrscphiridaicóicóens icsa tdóeli caV a[leCnacridae)]n, alp oHr erlore rqau-Ce EdUis cyr imSianna r Veicne netel  rMégáirmtire n( prdoem  obveicdaas  pao r lalas 
quuneiv esres idleasdieosn ap rliav aldibaesr teasd  hraecliegriolos aa  ldaes  uqnuiiveenressid aqdueiesr edne  eidsetuadriioa rc aetnó liecsoa.  Aulengivae rtsaimdabdié ny 
necesitan una beca para hacerlo, así como de quienes ya estudian en ella y la necesitan
para continuar. De nuevo se aduce que la actuación administrativa contraviene el art. X.3 
del Acuerdo del Estado español con la Santa Sede.
d) En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 
CE  la  demandante  alega  de  un  lado,  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad Valenciana ha lesionado el derecho fundamental, por no haber entrado en el 
fondo del asunto al inadmitir la casación autonómica, y de otro, que la providencia de 
inadmisión de la casación del Tribunal Supremo, ha impedido la revisión de esa primera 
lesión  denunciada.  Argumenta  la  recurrente  que,  en  este  caso,  existe  una  orden 
manifiestamente ilegal, que en instancia no se entra en el fondo por una pretendida falta 
de afectación y en casación tampoco, por no haberse admitido a trámite ese recurso. Las 
resoluciones judiciales han ocasionado a la demandante una nueva lesión de su derecho 
a la tutela judicial efectiva. Privándola del derecho a que se examine su recurso, se le ha 
impedido obtener una sentencia sobre el fondo y el acceso efectivo a una doble instancia 
judicial, con la consiguiente indefensión; al cabo, se ha llegado a la imposibilidad de que 
se administre justicia. Se invoca la STC 40/2002, sobre la indefensión generada por la 
incorrecta  actuación  de  los  órganos  judiciales,  que  dificultaron  gravemente  las 
posibilidades de la recurrente de alegar en su propio derecho.
e) La demanda justifica expresamente la especial trascendencia constitucional del 
recurso.
4. Por  providencia  de  15  de  marzo  de  2021  la  Sala  Primera  del  Tribunal 
Constitucional  admite  a  trámite  el  recurso  de  amparo  apreciando  como  causa  de 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC)]  que  la  posible  vulneración  del  derecho  fundamental  que  se 
denuncia  pudiera  provenir  de  la  ley  o  de  otra  disposición  de  carácter  general 
[STC 155/2009, FJ 2 c)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta 
comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Supremo  para  que  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 91-2019. E igualmente dirigir 
análoga comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre las actuaciones 
correspondientes  al  recurso  de  casación  autonómica  núm.  427-2019;  debiendo 
previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo 
deseaban, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento.
5. Mediante escrito registrado en este tribunal el 19 de abril de 2021, comparece y 
se persona en el presente procedimiento la Generalitat Valenciana, representada por el 
abogado de la Generalitat.
6. El 27 de abril de 2021 la secretaría de justicia de la Sala Primera dictó diligencia 
de  ordenación  por  la  que,  de  un  lado,  tuvo  por  recibidos  los  testimonios  de  las 
actuaciones  remitidos  por  los  tribunales  y  el  escrito  del  abogado  de  la  Generalitat 
Valenciana, a quien se tuvo por personado y parte; y de otro, conforme a lo dispuesto en 
el art. 52 LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, 
por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, a la recurrente en amparo y a la 
parte  personada,  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  a  su  derecho 
conviniera.
7. Con entrada en el registro de este tribunal el 13 de mayo de 2021, el abogado de  oe.
la Generalitat Valenciana presenta escrito de alegaciones. Pide inadmitir a trámite el  w.
reexcpuorssioc iódne d ea mlopsa aron teyc, eedne ntseus  adleefgeac,t oe,n  dsiícnttaers isse, nlot esnigcuiaie nqtuee:  lo  desestime.  Tras  una  2022-2919n https://ww
Univae)r siEdaxda mCiantaó lipcraim deer oV alale ndceian uSnacnia dVaic evnutlen eMraácritóirn q udee l laa rnt.o  2a4d mCisEi ópno dr ec olonss irdeecruarrs olas 
de casación vulnera «su derecho a la doble instancia y al examen de su recurso» y que
ello supone una nueva lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva. Respecto de la 
queja vinculada a la inadmisión de la casación autonómica (auto 217/2019), esta parte 
sostiene la inadmisibilidad de la pretensión porque no consta que la Universidad Católica 
de Valencia haya promovido incidente de nulidad de actuaciones previo a la interposición 
del  recurso  de  amparo,  no  habiéndose  agotado,  por  tanto,  todos  los  medios  de 
impugnación previstos en las normas procesales (con cita de la STC 176/2013, de 21 de 
octubre). En relación con la inadmisión de la casación esta parte también niega la 
vulneración del derecho a la doble instancia y al examen de su recurso, por ser un 
pronunciamiento derivado de la aplicación razonada de una causa legal que prevé esta 
consecuencia; ello sin que la resolución sea arbitraria, manifiestamente irrazonable, fruto 
de  error  patente  ni  resultado  de  una  interpretación  rigorista,  formalista  o 
desproporcionada (por ejemplo STC 112/2019, de 3 de octubre, con cita textual).
b) Sobre las restantes alegaciones, el abogado de la Generalitat es conocedor de la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre, dictada en el recurso de amparo núm. 5099-2018; en 
ella  se  fija  doctrina  que  se  ha  visto  ratificada  en  pronunciamientos  posteriores 
(SSTC  2/2021  y  6/2021,  ambas  de  25  de  enero,  recaídas  respectivamente  en  los 
recursos de amparo 6379-2018 y 2578-2019). No obstante, considera que los votos 
particulares emitidos, con cita textual de algunos pasajes, avalan la postura sostenida 
por la administración educativa de la Comunidad Valenciana.
En ello funda la procedencia de desestimar el amparo, primero en lo referido a la 
supuesta  lesión  del  art.  14  CE,  al  existir  razones  objetivas  que  justifican  el  trato 
diferenciado dispensado a los alumnos solicitantes de las becas, según provengan de 
universidades públicas o privadas:
(i) Las becas ofertadas por la Comunitat Valenciana son complementarias de las 
que integran el sistema general de becas previsto en la normativa básica estatal; es 
«una actuación de fomento propia del Consell, prevista y regulada en su normativa, 
concretamente en el Decreto 40/2002 del Consell». La actuación no se sustenta en los 
reales decretos 1721/2007, 595/2015 y 293/2016; tales disposiciones estatales y tales 
becas estatales «son exigencia del artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades […] en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril».
(ii) Los alumnos y sus familias, en cada caso, «son los que optan por acudir a la 
universidad privada»; estos lo hacen, bien porque pudiendo acceder a la pública, optan 
libremente por otro modelo; bien porque no han alcanzado la nota de corte necesaria; 
bien por otros motivos personales; en todo caso, porque están en disposición de costear 
los gastos que ello supone. Existen pues «razones objetivas que justifican que, al 
alumno que ha superado la nota de corte establecida y ha accedido a la universidad 
pública, se le pueda dar un trato diferenciado, respecto a aquel que no ha alcanzado 
esta nota». Los principios de igualdad, mérito y capacidad justifican el trato diferenciado. 
La universidad pública «es la única que garantiza el acceso a todo tipo de alumnado, 
independientemente de sus condiciones económicas»; el abogado de la Generalitat cita 
textualmente el art. 45.4 LOU, en relación con el art. 81, para señalar que son las 
comunidades autónomas las que fijan los precios públicos de los estudios oficiales 
impartidos por las universidades públicas, frente a las privadas, «en las que el coste […] 
lo establece libremente cada una de ellas, acorde con sus necesidades financieras y la 
oferta-demanda del mercado». Ello determina que, en las universidades privadas, al ser 
los precios libres, las becas estén desvinculadas del objeto y finalidad fijados en el  e.e
art. 45.4 LOU; y esto a su vez conduce a que los términos de la comparación entre  w.b
estudiantes no sean equivalentes y, por tanto, ante la limitación existente de recursos  19ww
públ(iiciio) s Elal  maeludmidnaa addoo pdtea dala  quUendivae jrussidtifaicda dCaa, toóblijceati vad ey  rVaazloennacbiale mtieennete .también  a  su
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becas y ayudas, que regula y concede la propia Universidad Católica de Valencia;
en 2016, según datos de la web de la propia universidad, estaban dotadas con 5,4 
millones de euros; estas becas y ayudas complementan las del Estado y, obviamente, no 
están abiertas a los alumnos de la universidad pública.
(iv) El acceso a la universidad pública supone el abono de unas tasas que fija el 
Gobierno Valenciano, el acceso a la privada supone un coste mucho mayor. Es evidente 
que quien opta por acudir a la universidad privada, por el motivo que sea, dispone de 
recursos económicos para ello. También es evidente que una beca no tiene la misma 
incidencia para el alumno de la pública que para el de la privada; para el primero puede 
ser determinante y decisivo, puede incluso condicionar el acceso o la permanencia en la 
universidad; por el contrario, para el alumno de la privada no parece que el importe de la 
ayuda pueda condicionar la decisión del estudiante o de su familia. La decisión de la 
administración docente autonómica se ajusta a las exigencias del principio de igualdad al 
no afectar al sistema básico de becas que gestiona el Estado y ser respetuosa con la 
doctrina constitucional (SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 117/2011, de 4 de julio; 79/2011, 
de 6 de junio, y 61/2013, de 14 de marzo).
c) Sobre la queja por vulneración del derecho a la educación (art. 27 CE), el 
abogado de la Generalitat considera que los votos particulares a la STC 191/2020, de 17 
de diciembre, también avalan la desestimación del amparo. El derecho a obtener una 
beca no es un elemento nuclear del derecho fundamental; cita en apoyo de su tesis las 
SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, y 95/2016, de 12 de mayo, según las cuales el 
derecho a la beca es de configuración legal cuya materialización, además, requiere la 
aprobación de normas reglamentarias. Menciona también las SSTC 86/1985, de 10 de 
julio, 214/1994, de 14 de julio y reitera la cita de la STC 188/2001. El sistema de becas 
es un elemento nuclear del sistema educativo, dirigido a dotar de la máxima efectividad a 
este derecho constitucional, pero no eso significa que forme parte del contenido esencial 
del derecho a la educación (SSTC 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 de febrero, 
y 95/2016, con cita textual de las dos últimas). En fin, el art. 27 CE no reconoce como 
derecho fundamental el derecho la beca como pretende la Universidad Católica de 
Valencia. Consecuentemente, no puede fundarse en la Constitución la pretensión de 
obtener una beca, ya que el derecho a la educación no implica ninguna obligación estatal 
de  subvencionar  a  las  familias  para  hacerlo  efectivo,  menos  si  quien  plantea  la 
pretensión es una universidad y no el alumno o su familia. Por todo ello no cabe apreciar 
la infracción del art. 27 CE.
d) Sobre la denunciada vulneración del derecho a la libertad ideológica y religiosa 
(art. 16 CE), el abogado de la Generalitat entiende que poco detenimiento requiere, al 
ser evidente que las becas a que se refiere el recurso de ningún modo inciden o afectan 
a esa libertad.
Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto,  y  los  votos  particulares  citados,  existen 
razones para oponerse al recurso de amparo y para que el Tribunal Constitucional revise 
y  se  replantee  la  fundamentación  y  los  pronunciamientos  plasmados  en  la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre.
8. El 31 de mayo de 2021 se registró el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, 
que  concluye  pidiendo  que  se  dicte  sentencia  estimatoria  del  recurso  de  amparo. 
Comienza reseñando los antecedentes y dice que la impugnación va dirigida, además de 
contra  las  resoluciones  judiciales  ya  indicadas,  contra  «los  apartados  1  y  2  de  la 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana». También resume las quejas formuladas  e.e
en  la  demanda  sobre  las  eventuales  vulneraciones  de  derechos  fundamentales.  A  w.b
continuación alega lo siguiente: 19ww
ddeic iqeaum) eb rlRaees d aevliu z2lan0 e1cr6ua acstieroo nr eecfsoie nqrseuinde e tolraad caaisoc tnaoe rusan  piamr empvuiisatmas  aaa lll  eaaspnióaánrlti,sa lidaso  dd 2ee sl difgeou naldalod r.ae dLs aod leup crtirimóanteo r daee na t1rce5e  rldaceas    OE-A-2022-29able en https://
universidades públicas y las privadas, si bien «de dos maneras distintas»: i) como mera
desigualdad «sobre la base de que la legislación básica del Estado no ampara una 
diferencia  de  trato  entre  unas  y  otras  universidades»,  y  (ii)  «con  un  discurso  de 
discriminación por razones religiosas, al amparo de los arts. 16.1 y 27.1 CE, sobre la 
base de que la universidad recurrente ha sido discriminada, aún más que por su carácter 
de universidad privada, por su naturaleza de universidad privada de ideario católico». A 
estas vulneraciones añade la demanda de amparo otras predicadas de las resoluciones 
jurisdiccionales, bien al amparo del art. 24.1 CE en tanto habrían privado a la recurrente 
de su derecho a una sentencia sobre el fondo, bien del art. 24.2 CE (derecho a un 
proceso con todas las garantías) porque además le habrían impedido el acceso efectivo 
a una doble instancia judicial.
La segunda cuestión previa se refiere al orden de análisis de las quejas, en un 
amparo  que  identifica  como  recurso  mixto,  apuntando  que  debe  comenzarse  por 
examinar la infracción del art. 14 CE, que es además la que supone la apreciación de la 
especial trascendencia constitucional de este recurso, para luego en su caso continuar 
con las denunciadas vulneraciones de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa; 
y solo en último término, si fueran desestimadas, ocuparse de la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva.
La  tercera  consideración  previa  versa  sobre  la  legitimación  ad  causam  de  la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. El fiscal concluye que, aunque el 
recurso de amparo está dirigido fundamentalmente a la defensa de un interés propio y no 
de un derecho ajeno, «eso no implica que carezca de legitimación quien posee un 
interés legítimo [art. 162.1 b) CE], concepto este último que no puede ser confundido con 
la posesión de la titularidad del derecho». En consecuencia, la demandante tiene un 
interés legítimo propio, conectado con los derechos fundamentales que invoca, pues 
además de la imposibilidad de que los alumnos de las universidades privadas puedan 
acceder  al  sistema  de  las  becas  y  el  perjuicio  que  la  actuación  administrativa  les 
suponga,  «puede  constituir  un  elemento  disuasorio  para  la  matriculación  de 
determinados estudiantes […], con el consiguiente perjuicio en el ámbito económico y la 
correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya afectación habría que 
sumar, por no ser en absoluto desdeñable, la correlativa limitación de su libertad de 
enseñanza». Añade el fiscal que una universidad privada puede actuar por sus alumnos 
porque estos, más allá de ser meros receptores de la educación, se integran en los 
organismos universitarios (arts. 15.2 y 16.3 LOU). Por lo tanto, la legitimación ad causam 
de la universidad recurrente ha de ser aquí afirmada.
La cuarta y última cuestión previa está en si una disposición normativa como la 
impugnada  es  susceptible  de  recurso  de  amparo,  pues  el  control  de  legalidad 
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106 CE). Con apoyo en el 
art. 43 LOTC entiende el fiscal que los reglamentos son «disposiciones» del poder 
público y, por tanto, impugnables en amparo si son considerados origen de la vulneración 
de los derechos fundamentales (con cita de las SSTC 141/1985, de 22 de octubre, FJ 2; 
189/1987, de 24 de noviembre, FJ 3; 192/1991, de 14 de octubre, FJ 2, y 57/2004, de 19 
de abril, FJ 2).
b) Sobre el fondo el fiscal destaca que este tribunal ya se ha pronunciado en los 
recursos de amparo números 5099, 6348 y 6379-2018, 1575 y 2578-2019, promovidos 
todos  por  la  Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir,  concluidos 
respectivamente por SSTC 191/2020, de 17 de diciembre; 2/2021, de 25 de enero; 
6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de febrero, y 42/2021, de 31 de marzo. Es 
especialmente importante el primero citado porque se interpuso principalmente contra el  es
art. 2 de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación,  o
tudSCénaTurirmClvstueei nrr1 asop9i sdo1y ar/  2Ddqr0eeue2psep0 r oo,p rrdrtdeeiuves,ca t ridd1dinia7asgs  ped loan(esa   dipcdeoaiióclcr nitteara imdnacoancb  teree2escs ,o etd apdebrae ol nlecatcel eaidrd seena s e obsecloeneulc scicalaioóistrsani a r fa  iumdq neupldo euals agms  neaeaa qnldduuteamoí c,s inlm adojurepser u í ldgalmain c aCaontdsour ianlc4i.dsu  aeDlyadl elde5 bodr iísdeea e n l dedolenoas      OE-A-2022-2919able en https://www.
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana), sin necesidad
de examinar la lesión denunciada de los derechos a la libertad ideológica, a la tutela 
judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas las garantías.
9. Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  2  de  junio  de  2021,  la 
representación de la demandante de amparo formula alegaciones reafirmándose en su 
escrito  de  demanda.  Han  sido  dictadas  ya  sentencias  estimatorias  de  recursos  de 
amparo interpuestos por la universidad en asuntos análogos al presente, las ya citadas 
también por el Ministerio Fiscal, señaladamente la STC 191/2021, de 17 de diciembre, 
que tenía como objeto la Orden 21/2016, disposición en cuya virtud se dictó la resolución 
objeto del presente recurso de amparo, que por lo tanto debe ser igualmente estimado 
con fundamento en la jurisprudencia sentada.
10. Por providencia de 20 de enero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y posición de las partes.
El objeto específico de este recurso está constituido por dos incisos contenidos en 
los números 1 y 3 del apartado Segundo «Beneficiarios y estudios comprendidos» de la 
resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  convocan  becas  para  la  realización  de  estudios 
universitarios  durante  el  curso  académico  2016-2017  en  las  universidades  de  la 
Comunitat Valenciana, y por las resoluciones judiciales sucesivas y desestimatorias de 
las pretensiones anulatorias de la universidad recurrente en amparo.
Esta determinación del objeto del recurso de amparo se deriva de las alegaciones de 
la recurrente en amparo, y en particular de los argumentos de infracción constitucional, 
porque tales incisos son los que limitan la accesibilidad de las becas al alumnado 
matriculado durante el curso académico 2016/2017 en las universidades públicas que 
integran el sistema universitario valenciano y en sus centros públicos adscritos, en 
cualquiera  de  las  enseñanzas  que  quedan  relacionadas  (número  1),  con  inclusión 
(número 3) del alumnado matriculado en universidades privadas y centros privados 
adscritos  a  universidades  públicas  solo  para  las  enseñanzas  de  graduado/a  y 
licenciado/a en veterinaria. Se trata pues de considerar si incurren en vulneración de los 
derechos  fundamentales  recogidos  en  los  arts.  14,  16  y  27  CE,  los  incisos  de  la 
resolución impugnada relativos a las universidades «públicas» que integran el sistema 
universitario  valenciano  y  a  sus  centros  «públicos»  adscritos  (núm.  1  del  apartado 
segundo)  y  relativos  a  que  los  alumnos  y  alumnas  matriculados  en  universidades 
privadas y centros privados adscritos a universidades públicas podrán solicitar la beca 
«en aquellas enseñanzas que, en su caso, se determinen en cada convocatoria» (núm. 3 
del mismo apartado segundo).
Las resoluciones judiciales subsiguientes no habrían subsanado estas vulneraciones 
y, además, habrían incurrido de manera autónoma en la infracción del derecho de la 
universidad recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en los términos descritos 
en los antecedentes. El abogado de la Generalitat Valenciana se opone al recurso de 
amparo  y  solicita  su  desestimación,  mientras  que  el  Ministerio  Fiscal  interesa  la 
estimación de la demanda de amparo al entender que se ha vulnerado el derecho de la 
recurrente a la igualdad (art. 14 CE). A su entender, ello se proyecta sobre el art. 27 CE  es
porque afecta al derecho de las universidades privadas a crear instituciones educativas  o
(art. 27.6) y al derecho de los estudiantes a la educación (art. 27.1). 19www.
asimolupbmurEengl  onpsaar edsdsuaeens n tloaptesso   rru eanlcaniuv áremlsoroisgs iomddsaea,d   aeumrsne pilpvaaretriivrvosao ivddsia aesdna ,e d  aeadl   ilssaqup umCoesoadimcrasiroue nn eaeixt saco tltu rVdoidaesol  esqn luadce ie aelGn ssaetie.ns  Eteterrsimabtoluaitsna  adtr ele hc Vubaare lsreceonasscsu i haelanlotnoas     OE-A-2022-29able en https://
sido resueltos principalmente, en lo que ahora interesa, por las SSTC 191/2020, de 17
de diciembre; 2/2021, de 25 de enero; 6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de 
febrero, y 138/2021, de 29 de junio). Dado que son muy similares tanto los términos 
empleados en la orden administrativa recurrida, las alegaciones en que se basó la 
impugnación y los fundamentos aducidos por los órganos judiciales para no acogerla; 
como los términos de la demanda de amparo, de la contestación por la Generalitat y de 
lo alegado por el Ministerio Fiscal, es consecuencia obligada tomar en consideración lo 
que hemos argumentado ya en esas sentencias para resolver el presente recurso, de 
forma señalada en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, a la cual hemos de remitirnos 
en términos generales.
2. Orden de las quejas y óbices de procedibilidad.
a) El que ahora nos ocupa es un recurso de amparo «mixto», que imputa a la 
administración  vulneraciones  de  derechos  fundamentales  de  carácter  sustantivo  y 
atribuye al mismo tiempo lesiones procesales a los tribunales que intervinieron después 
(entre otras, STC 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2). Procede, pues, examinar en primer 
lugar  las  quejas  relativas  a  los  arts.  14,  16  y  27  CE  y,  solo  después,  si  fueran 
desestimadas,  la  denunciada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE). Basta ahora remitirse a lo sentado en el fundamento jurídico 3 de la 
STC 191/2020, donde es tratada esta cuestión pormenorizadamente.
b) El abogado de la Generalitat opone a la admisión del recurso que la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir no ha agotado todos los medios previstos en las 
normas procesales para denunciar la vulneración del art. 24 CE, por considerar que la no 
admisión de los recursos de casación vulnera «su derecho a la doble instancia y al 
examen de su recurso» y que ello supone una nueva lesión de su derecho a la tutela 
judicial efectiva. El óbice no es opuesto por la Generalitat Valenciana respecto de las 
demás vulneraciones denunciadas.
Efectivamente, examinado el actual recurso, se advierte la falta de interposición del 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones  contra  el  auto  217/2019,  de  20  de  diciembre 
(recurso de casación autonómica 1/427/2019-G), de la Sección Primera de la Sala 
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia, que inadmite el recurso de casación autonómica 
interpuesto por la recurrente en amparo, al entender el órgano judicial de la instancia que 
no cumplía el requisito de presentar interés para la formación de jurisprudencia.
Esta pretensión está incursa en el óbice procesal de falta de adecuado agotamiento 
de la vía judicial previa, de conformidad con lo dispuesto el artículo 44.1 a) LOTC. Tal y 
como se deriva de la doctrina contenida en la STC 101/2018, de 1 de octubre, este óbice 
no se proyecta sobre el resto de vulneraciones denunciadas. La falta de interposición de 
incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial solo afecta a las quejas relativas al auto 217/2019, de 20 de diciembre, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
c) Sobre la legitimación ad causam de la Universidad Católica de Valencia, es 
directamente  aplicable  aquí  lo  sentado  en  el  fundamento  jurídico  2  a)  de  la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre. Conforme a los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC, 
respectivamente, se reconoce legitimación para interponer el recurso de amparo a toda 
persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, y se establece que están 
legitimados  para  interponer  recurso  de  amparo  contra  resoluciones  de  los  órganos 
judiciales quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente. De acuerdo 
con estos preceptos la legitimación activa no se otorga exclusivamente a la víctima o al 
titular del derecho infringido, sino también a quien ostente un interés legítimo, categoría  e.e
más amplia que la de derecho subjetivo e incluso interés directo (SSTC 60/1982, de 11  w.b
de octubre; 97/1991, de 9 de mayo, y 214/1991, de 11 de noviembre). En este caso, tal y  19ww
acommpoa ros eo shtae nrteac oenl oicnidteor éesn  lelag ítSimToC  p1r9e1c/is2o0 2p0a, rdae  q1u7e  dsee  daipcrieemcieb res,u  lale greitcimurarecinótne  aedn 
causda) m.La última cuestión previa versa acerca de si es susceptible de recurso de amparo
una resolución como la aquí impugnada (los indicados incisos del apartado segundo de la
resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte). También esta cuestión fue examinada y decidida en la STC 191/2020, 
de  17  de  diciembre,  FJ  2  b).  Afirma  el  Ministerio  Fiscal  que  los  reglamentos  son 
‘disposiciones’ del poder público y, por tanto, impugnables en amparo si son considerados 
origen de la vulneración de los derechos fundamentales. Este tribunal ha admitido la 
impugnación  directa  (ya  en  la  STC  9/1986,  de  21  de  enero,  FJ  1;  criterio  reiterado 
posteriormente, por ejemplo en las SSTC 121/1997, de 1 de julio, FJ 5, y 57/2004, de 19 de 
abril, FJ 2) cuando la lesión de un derecho fundamental pueda tener su origen «directo e 
inmediato en las normas». En el presente caso la exclusión general de la posibilidad de 
obtener una beca por los estudiantes de universidades privadas deriva directamente de la 
resolución dispositiva impugnada, su eficacia puede considerase inmediata sin necesidad 
de un acto posterior aplicativo y, por ello, debe considerarse que no hay impedimento para 
que este tribunal se pronuncie sobre la impugnación.
3. Aplicación al caso de la jurisprudencia establecida en la STC 191/2020, de 17 de 
diciembre.
La resolución administrativa impugnada –resolución de 15 de diciembre de 2016, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana–, 
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana, fue dictada bajo la 
cobertura de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la misma Consellería, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de 
estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana.
Pues bien, la disposición de cobertura fue declarada inconstitucional y nula por la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre, de modo que se aplica en la presente sentencia lo 
razonado en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de aquella, en relación con la doctrina 
constitucional aplicable (derecho a la igualdad en relación con el derecho a la educación) 
y en relación con el análisis de la vulneración alegada de los arts. 14 y 27 CE. Esa 
doctrina es, en síntesis, la siguiente:
A) Sobre el derecho a la igualdad (art. 14 CE) en relación con el derecho a la 
educación (art. 27 CE), se invoca la STC 22/1981, de 2 de julio, según la cual el principio 
de igualdad no exige en todos los casos un tratamiento legal igual, con abstracción de 
cualquier  elemento  diferenciador  de  relevancia  jurídica,  de  manera  que  no  toda 
desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia 
supone una infracción del art. 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia 
entre  situaciones  que  puedan  considerarse  iguales,  sin  que  exista  una  justificación 
objetiva  y  razonable  para  ello.  Sería  además  necesario,  para  que  fuera 
constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se 
deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida; de suerte que se 
eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (por todas y entre las últimas, 
STC 111/2018, de 17 de octubre, FJ 4).
Al examinarse en el amparo antecedente la Orden 21/2016, de 10 de junio, se 
verificó si la exclusión de las universidades privadas del régimen de becas y ayudas 
previsto  en  la  orden  tenía  una  justificación  objetiva,  razonable  y  proporcionada 
[SSTC 111/2018, FJ 4, y 138/2018, de 17 de diciembre, FJ 2 b)]; y se hizo una breve 
referencia a los aspectos del derecho a la educación concernidos, ya que la vulneración 
alegada del art. 14 se refería a una concreta regulación del sistema de becas y ayudas  es
para la realización de estudios universitarios. Para concluir: bo
‘dceoln aater)t n. id2Eo7l ’  dCdeEere  yc‘d hdeoer esdcaehr rooto llddaeod sol  ibaee nlra tla oedsd’  auypc aa‘pcrtriaóednso ta«sc resioicgnouagile’i»dn ot(e SssiT,n Cttiée tn5ice/a1 mu9n8ea1n ,t dedo eeb nle1  3e‘d l idamepe anfrestabiódrenor’  oo1,    2022-2919n https://ww
FJ 7). El primer contenido se identifica con la libertad de enseñanza [STC 74/2018, de 5
de  julio,  FJ  4  a),  entre  otras],  concretada  entre  otras  vías  en  el  derecho  a  crear  Bc
instituciones educativas [STC 74/2018, de 5 de julio, FJ 4 a)], previsto en el art. 27.6 CE, 
derecho fundamental que «no distingue en función del nivel educativo y, por tanto, 
ampara también, como tenemos dicho, la creación de universidades tanto públicas como 
privadas (SSTC 223/2012, de 29 de noviembre, FFJJ 6 y 8; 131/2013, de 5 de junio, 
FJ 10; 141/2013, de 11 de julio, FJ 5; 159/2013, de 26 de septiembre, FJ 5, y 160/2013, 
de 26 de septiembre, FJ 5)» (STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2). Además, el derecho 
fundamental del art. 27.6 CE «no se agota en el momento inicial del establecimiento del 
centro educativo, sino que se prolonga en el ejercicio de las facultades de dirección del 
mismo» [STC 74/2018, de 5 de julio, FJ 4 a)], o se «proyecta en el tiempo» y «se traduce 
en la potestad de dirección del titular» (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20); desde una 
perspectiva negativa, «exige la ausencia de limitaciones absolutas o insalvables, o que lo 
despojen de la necesaria protección» (SSTC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20; 176/2015, 
de 22 de julio, FJ 2; 31/2018, de 10 de abril, FJ 5, y 51/2019, de 11 de abril, FJ 8).
En fin, la STC 191/2020 ha precisado que el art. 27.6 CE reconoce un derecho de 
fundación de un centro educativo y también un derecho al ejercicio de las facultades y 
derechos ínsitos a la actividad de una institución educativa, en las condiciones previstas 
por el legislador; y que no es un derecho absoluto, sino que el legislador puede actuar 
regulando  las  condiciones  de  su  ejercicio,  siempre  y  cuando  respete  su  contenido 
esencial (STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2).
b) Por  otra  parte,  el  derecho  de  todos  a  la  educación  incorpora  «junto  a  su 
contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los 
poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho» y «al servicio de tal 
acción prestacional de los poderes públicos se hallan los instrumentos de planificación y 
promoción mencionados en el núm. 5 del mismo precepto, así como el mandato, en su 
apartado 9 de las correspondientes ayudas públicas a los centros docentes que reúnan 
los requisitos que la ley establezca» (SSTC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3; 188/2001, 
de 20 de septiembre, FJ 5, y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8). En su dimensión 
prestacional, el contenido constitucionalmente garantizado de ese derecho no se limita a 
la  enseñanza  básica,  sino  que  se  extiende  también  a  los  niveles  superiores 
(SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8, y 155/2015, de 9 de julio, FJ 5). El art. 27.9 
CE y el art. 27.5 CE son manifestaciones de la dimensión prestacional del derecho a la 
educación; y si bien este último precepto no exige que se establezca un sistema de 
becas y ayudas, el sistema ha sido dispuesto por el legislador orgánico para garantizar el 
derecho de todos a la educación (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FFJJ 4 y 5).
B) En el análisis de la alegada vulneración por la Orden 21/2016, de 10 de junio, de 
los arts. 14 y 27 CE, la STC 191/2020, de 17 de diciembre, FJ 5, examinó si la 
disposición  administrativa  introdujo  una  diferencia  de  trato  entre  las  universidades 
públicas y privadas; si las situaciones traídas a comparación podían considerarse iguales 
y, caso de ser así, las razones alegadas por la administración para justificar la diferencia 
de trato y para determinar si impedían apreciar la vulneración del art. 14 CE. Además, 
para  atender  a  la  justificación  de  la  diferenciación,  hubo  de  tenerse  en  cuenta  su 
proyección en el derecho a la educación.
El análisis resultó desfavorable para la Orden 21/2016, porque:
a) Los únicos beneficiarios del sistema de becas implantado eran los alumnos 
matriculados en las universidades públicas; sensu contrario, quedaban excluidos de la 
posibilidad de solicitar las becas los alumnos matriculados en las universidades privadas 
y solo se daba la posibilidad de incluir determinadas enseñanzas de las universidades  e.e
privadas a lo que se decidiera en cada convocatoria, dándose la circunstancia de que la  w.b
diferencia de trato no era negada por la administración educativa autonómica. 19ww
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determina que está formado por las universidades de titularidad pública y privada, entre
ellas la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir [art. 2.1 b) de la Ley], 
entonces y ahora recurrente en amparo. Después de reseñar la función y las condiciones 
de implantación de las universidades, iguales para las públicas y privadas (arts. 1, 3 y 4 
LOU  y  reglamentación  de  desarrollo),  junto  con  otras  consideraciones  ahora  no 
relevantes, el fundamento jurídico 5 b) de la STC 191/2020 señalaba que al configurar 
las becas y ayudas al estudio la legislación orgánica no distingue entre los alumnos 
matriculados en las universidades públicas y privadas, tampoco en relación con las 
enseñanzas que unas y otras imparten.
c) Y  no  era  posible  encontrar  una  finalidad  que  justificara  establecer  el  trato 
diferenciado entre universidades públicas y privadas, en el tenor de la orden ni en su 
exposición de motivos [STC 191/2020, de 17 de diciembre, FJ 3 b)]. Tampoco las 
alegaciones de la comunidad autónoma permitían justificar la diferencia de trato, pues 
aunque se pudiera considerar que a las comunidades autónomas les cabe establecer 
otras  modalidades  de  ayudas  con  cargo  a  su  presupuesto,  no  pueden  hacerlo 
distinguiendo entre universidades públicas y privadas, sin justificación y al margen de la 
legislación vigente, que no admite la diferencia (el poder de gastar no es un título 
atributivo de competencias, STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5; sino que va unido a la 
competencia de la materia sobre la que se incide; la subvención no es concepto que 
delimite competencias, STC 38/1992, de 30 de junio, FJ 5). Conforme a la doctrina que 
la sentencia citaba, la Orden 21/2016 no podía contener una diferencia entre los estudios 
de  las  universidades  públicas  y  privadas  donde  el  legislador  estatal  no  la  hace  al 
establecer el derecho a la becas; es más, la orden no se acomodaba a la Ley de las 
Cortes Valencianas 4/2007, de 9 de febrero, que no establece diferencias entre unas y 
otras universidades, todas forman parte del sistema universitario autonómico (tampoco el 
propio Decreto 40/2002; STC 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3). El resto de las 
razones aducidas tampoco podían sustentar la diferencia de trato.
La conclusión (fundamento jurídico 6 de la STC 191/2020) fue que, excluir a los 
alumnos matriculados en las universidades privadas y a las enseñanzas que en ellas se 
imparten del régimen de becas de la Comunitat Valenciana, introdujo una diferencia entre 
las universidades del sistema universitario autonómico que carecía de la justificación 
objetiva  y  razonable  que  toda  diferenciación  normativa  debe  poseer  para  ser 
considerada legítima, por imperativo del art. 14 CE. La exclusión se proyectaba además 
sobre el art. 27 CE, por afectar tanto al derecho de las universidades privadas a crear 
instituciones educativas (art. 27.6 CE) como al derecho de los estudiantes a la educación 
(art. 27.1 CE) (en un sentido similar, STC 74/2018, de 5 de julio, FJ 5). En fin, la 
universidad recurrente sufría las consecuencias de un trato desigual que vulneraba el 
art. 14 CE, por estar sus alumnos y sus enseñanzas excluidos del sistema de becas y 
ayudas  al  estudio  previstos  en  la  Orden  21/2016.  El  fallo  declaró  que  el  término 
«públicas» del apartado 1 y el apartado 3 del art. 2 de la Orden 21/2016 vulnera el 
derecho de la universidad solicitante de amparo recogido en el art. 14 CE en relación con 
el art. 27 CE, al establecer una diferencia de trato entre las universidades públicas y 
privadas en relación con la posibilidad de solicitar las becas reguladas en la orden para 
cursar estudios universitarios.
C) Los razonamientos contenidos en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, son 
directamente aplicables aquí para resolver el presente recurso de amparo, porque la 
resolución  administrativa  impugnada  ha  sido  dictada  bajo  la  cobertura  de  la 
Orden 21/2016, de 10 de junio, anulada en aquella sentencia. s
a) Prescindiendo  de  la  inclusión,  solo  para  las  enseñanzas  de  graduado/a  y  w.b
licenciado/a  en  Veterinaria,  del  alumnado  matriculado  en  universidades  privadas  y  19ww
lcae nrterosso lupcriivóand odse a d1s5c ridtoes  dai cuienmivebrrsei daddee s2 0p1ú6b)l,i caloss ( núúnmiceorso  3b edneel faicpiaarritoasd oe sne geuln dcou rdsoe 
uancaivdeérsmidicaod e2s0 1p6ú-b2li0c1a7s ; dseeln ssuis cteomntara rdioe,  bqeuceadsa ns eoxnc lluoisd oas ludme nlao sp omsaibtirliicdualda ddoes  seonli ciltaasr 
las becas los alumnos matriculados en las universidades privadas.
b) Hay un término de comparación válido. Como ocurrió en el supuesto resuelto por 
la STC 191/2020, en el presente ha de resolverse atendiendo a lo establecido por el 
legislador  orgánico  (arts.  1.1,  3,  4  y  45  LOU),  por  el  legislador  de  la  Comunitat 
Valenciana (art. 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema 
universitario valenciano, sistema del que forma parte la Universidad Católica de Valencia 
San  Vicente  Mártir,  recurrente  en  amparo)  y  en  la  reglamentación  autonómica 
(Decretos 88/2006 y 180/2016, que modifican el Decreto 40/2002). No se encuentra en 
esas disposiciones la diferenciación entre las universidades públicas y las privadas.
c) No es posible encontrar una finalidad que justifique establecer el trato diferenciado 
entre universidades públicas y privadas, en el tenor de la resolución impugnada, ni podría 
portarla dada su dependencia jerárquica de la Orden 21/2016, que fue declarada nula por 
tal causa. Es decir, la conclusión ha de ser análoga a la alcanzada en la STC 191/2020: 
excluir a los alumnos matriculados en las universidades privadas y a las enseñanzas que en 
ellas se imparten de la convocatoria becas para el curso académico 2016-2017 constituye 
una diferencia entre las universidades del sistema universitario autonómico que carece de la 
justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa debe poseer para ser 
considerada legítima, por imperativo del art. 14 CE.
d) La exclusión se proyecta también sobre el art. 27 CE, en cuanto afecta al 
derecho de las universidades privadas a crear instituciones educativas (art. 27.6 CE) y al 
derecho de los estudiantes a la educación (art. 27.1 CE). La conclusión es también, a la 
vista de la STC 191/2020, análoga a la alcanzada entonces.
4. Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de amparo, por 
haber vulnerado la resolución impugnada el derecho de la universidad solicitante de 
amparo recogido en el art. 14 CE en relación con el art. 27 CE, al establecer una 
diferencia  de  trato  entre  las  universidades  públicas  y  privadas  en  relación  con  la 
posibilidad de solicitar las becas convocada para el curso académico 2016-2017.
En consecuencia, procede declarar la nulidad de los dos incisos, contenidos en los 
números 1 y 3 del apartado segundo de la resolución de 15 de diciembre de 2016, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 
becas  para  la  realización  de  estudios  universitarios  durante  el  curso 
académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana, que afectan a la 
exclusión de las universidades privadas de la posibilidad de acceder a las ayudas. Así se 
determinará en el fallo. A su vez, ha de considerarse que son nulas las resoluciones 
conexas y especialmente las que, aplicando la resolución declarada nula, autorizan y 
deniegan becas para la realización de estudios universitarios.
Por último, al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el 
art. 14 en relación con el art. 27 CE, no procede examinar la lesión denunciada del 
derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido e.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia  19ww
San1 V.ºi ceDnteec Mlaráarrti rq yu, ee nh as us ivdirot uvdu:lnerado su derecho fundamental a la igualdad (art. 14
CE),  en  relación  con  su  derecho  fundamental  a  la  creación  de  centros  docentes
(apartado 6 del art. 27 CE). Bc
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
incisos relativos a las universidades «públicas» que integran el sistema universitario 
valenciano y a sus centros «públicos» adscritos (apartado 1) y relativos a que los 
alumnos y alumnas matriculados en universidades privadas y centros privados adscritos 
a universidades públicas podrán solicitar la beca «en aquellas enseñanzas que, en su 
caso, se determinen en cada convocatoria» (apartado 3) del art. 2 de la resolución de 15 
de diciembre de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el 
curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana, en cuanto 
tales incisos vienen a excluir a las universidades privadas de la posibilidad de acceder a 
las ayudas.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 732-2020
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional manifiesto mi discrepancia con la argumentación y el fallo de la 
sentencia aprobada por la Sala. La argumentación de la resolución a la que se opone 
este voto es plenamente coincidente con la de la STC 191/2020, de 17 de diciembre, y 
habiendo manifestado mi discrepancia respecto de aquella, en el voto particular conjunto 
firmado con el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, me remito ahora, en su totalidad, 
a dicho voto particular.
Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas respecto 
de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo núm. 732-2020
Con el máximo respeto a mis compañeros de Sala, en ejercicio de la facultad que me 
confiere  el  art.  90.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  manifiesto  mi 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
considero que debería haber sido desestimatorio. A mi juicio, ni el recurso de amparo 
reúne  los  requisitos  procesales  para  poder  ser  admitido  a  trámite,  ni  concurre  la 
vulneración del derecho a la igualdad aducida.
Una parte importante de mi discrepancia coincide con la ya manifestada por el 
magistrado  don  Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón y el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón en sus votos particulares a 
la STC 191/2020, de 17 de diciembre. A los argumentos presentados en aquellos votos 
me adhiero, por remisión a ellos, sin que eso me impida profundizar en algún aspecto, 
con el contenido que se expone a continuación.
Sobre el fondo: no existe vulneración del art. 14 CE
Se alega que la medida incorpora una diferencia de trato en la norma entre las  s
universidades públicas y la universidad recurrente por ser privada. Estaríamos, pues,  oe.
ante una vulneración del derecho a la igualdad recogido en el primer inciso del art. 14  w.
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jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente
justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable,  Bc
de  acuerdo  con  criterios  y  juicios  de  valor  generalmente  aceptados,  y  cuyas 
consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas» (STC 200/2001, FJ 4). De 
acuerdo con doctrina consolidada de este tribunal, debe examinarse si concurre la 
igualdad de situaciones exigida para que pueda, en su caso, considerarse aplicable el 
art. 14 CE. A este respecto, la recurrente alega que a igual nivel de renta, a los 
estudiantes de la privada se les niega el derecho de acceso a una beca que sí se 
reconoce a los estudiantes de la pública. Se observa como la falta de interés legítimo 
que ya se ha puesto de manifiesto dificulta a la recurrente justificar la igualdad de 
situaciones, porque, como se ha dicho, no existe de partida.
En todo caso, lo cierto es que las universidades públicas y privadas coexisten en 
nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, son las universidades públicas las 
que están pensadas para recibir y formar a todas aquellas personas que superen unos 
requisitos académicos y que sufraguen unos precios públicos, muchas veces por debajo 
del coste real. Precisamente para garantizar que la universidad pública sea lo más 
universal posible, las administraciones crean programas de becas y ayudas para que las 
personas con dificultades económicas puedan acceder en igualdad de condiciones que 
el resto de alumnado a los centros públicos. Se trata, pues, de medidas que persiguen 
dar cumplimiento al art. 9.2 CE cuando establece que los poderes públicos removerán 
los obstáculos para que la igualdad sea efectiva, como instrumento privilegiado de 
actuación en un estado de derecho democrático que se define, también, como social. La 
universidad privada persigue otras finalidades, legítimas, pero diferentes, dependiendo 
de  la  voluntad  de  los  titulares  de  dichos  centros.  En  esta  línea,  las  universidades 
privadas son libres para fijar sus precios que podrán amoldar al coste real de los 
estudios y, como suele ocurrir en toda actividad con ánimo de lucro, a la producción de 
beneficios. Públicas y privadas prestan, así lo establece el art. 1 de la LOU, un servicio 
público. Sin embargo, las universidades privadas, más allá de ofrecer los currículos 
oficiales, prestan un servicio complementario, que las diferencia de las universidades 
públicas. Además de lo señalado, el magistrado Xiol Ríos y la magistrada Balaguer 
Callejón  han  puesto  de  manifiesto  en  sus  votos  algunas  de  las  diferencias  más 
destacables en el régimen jurídico de las universidades públicas y las universidades 
privadas.
Llegados a este punto, si se niega la igualdad de situaciones no cabe hablar de trato 
diferente y, por tanto, no debería entrarse en el segundo de los elementos del test de 
igualdad: su justificación objetiva y razonable en el diferente trato. En todo caso, ya se ha 
dicho que la finalidad perseguida por las becas pensadas por las Generalitat Valenciana 
para el estudiantado de las universidades públicas es la tender hacia la igualdad de 
acceso a los estudios universitarios de todas aquellas personas que cuenten con los 
requisitos académicos requeridos. Si, como se ha dicho, son las universidades públicas 
los centros llamados, en todo caso, a ofrecer un acceso a los estudios superiores 
tendente a lo universal, pagando unas tasas, inferiores por lo general al coste real y, en 
todo caso, muy inferiores a los costes de las universidades privadas, la consecuencia 
lógica es pensar que las personas con menores ingresos y que, por tanto, pueden 
necesitar aquellas becas o ayudas públicas serán personas que optarán por el acceso a 
la universidad pública, que son los entes llamados favorecer, siempre y en todo caso, el 
ejercicio de la educación superior en su vertiente prestacional. En las universidades 
públicas los costes de matrícula, tasas públicas, son fijados sin tener en cuenta un 
criterio empresarial o lucrativo, sino el de cubrir un mínimo del coste total de los estudios 
que se sufraga, de forma solidaria, a través de los presupuestos generales del estado o  es
de las comunidades autónomas. Las universidades públicas en España son centros de  o
qrteeéuxngceeiem,D rl aeeeednsnnecd  iomejaut  rárauyísds n,i c aclaaao clt piiudteeudacrdidsroe p nasdeó ,ecu ms tniidivn ccoaooec ,  neemetnunrácortosri aep pb  úeeilebaa nls iinc, c voulaoe nb nsicrvotíoiae gnt raistearciandñióreaaino ddn,.ei rin,ss ge ipnúgúcnúlb nuel sisctootai dgsqom usyae   l lonalseas  gsip anrdtdiivviifcaoead,r deaconsorc,me iaspos,e   prpmeoondirt  reíelonal     OE-A-2022-2919able en https://www.
catalogar a las primeras como prestadoras de una actividad no económica, que persigue
una función educativa de interés general. La primera parte de esta afirmación no sería 
aplicable, en cambio, respecto de las universidades privadas.
En definitiva, la opción normativa elegida de destinar las becas y ayudas solo a los 
estudiantes  de  las  universidades  públicas  resulta  una  medida  constitucionalmente 
legítima, objetiva y razonable.
Madrid,  a  veinticuatro  de  enero  de  dos  mil  veintidós.–Inmaculada  Montalbán 
Huertas.–Firmado y rubricado.