BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Viernes 26 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 145896
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19576 Resolución  de  4  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador de la propiedad de Motril n.º 1, por la que se 
deniega la inmatriculación de una finca cuya georreferenciación catastral 
desplazada invade dominio público.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  D.  M.  M.  contra  la  nota  de  calificación  del 
registrador de la Propiedad de Motril número 1, don Pablo de Angulo Rodríguez, por la 
que  se  deniega  la  inmatriculación  de  una  finca  cuya  georreferenciación  catastral 
desplazada invade dominio público.
Hechos
I
Mediante escritura, otorgada el día 3 de marzo de 2020 ante el notario de Motril, don 
Fernando Vicente Gómez-Moreno Calera, con el número 324 de protocolo, don J. B. L. 
vendió a don D. M. M. el pleno dominio de una finca: «Rústica.–Parcela de tierra de 
riego, en el pago de (…), término de Vélez de Benaudalla, de cabida catorce áreas, 
noventa y tres centiáreas y noventa y ocho decímetros cuadrados», identificada como la 
parcela  catastral  número  18188A007001420000RA,  de  la  cual  se  solicitaba  su 
inmatriculación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Motril número 1, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Acuerdo de calificación desfavorable.
Entrada N.º 3123 de: 2021.
Asiento N.º 475 Diario: 111.
Presentado el 22/06/2021 a las 13:51:17
Presentante: Doña M. R. A.
Interesados: Don D. M. M.
Naturaleza: Escritura Pública.
Objeto: Rectificación y Compra.
Protocolo N.º 324/2020.
Fecha: 3 de marzo de 2020.
Notario: Don Fernando Vicente Gómez Moreno Calera.
Pablo de Angulo Rodríguez, Registrador de la Propiedad de Motril Número Uno, 
(Granada), de conformidad con los artículos 18, 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, 
notifico la siguiente calificación negativa acordada hoy:
Hechos. oe.
1.  Doña M. R. A. ha presentado en este Registro por vía ordinaria el día 22 de junio  576ww
odteo r2g0a2d1a  baanjtoe  eell  aNsoietanrtioo  d4e7 5M doetrl ilD, Fiaeriron a1n1d1o,  eVnictreandtea  Gnúómmeerzo- M3o1r2e3n,o l aC easlecrrait,u eral  dpíúab tlriceas 
rdeec tmifiacrazcoió dne D doons  Jm. iBl .v eLi.n vtee,n cdoen a e Dl onnú mDe. rMo .3 M24. /e2l0 2p0le ndoe  dsoum pirnoioto cdoel ola,  pfionrc ala:  Pquaerc eplrae vdiea 
tierra de riego, en el pago (…), término de Vélez de Benaudalla, de cabida catorce áreas,
noventa y tres centiáreas y noventa y ocho decímetros cuadrados, identificada como la 
parcela  catastral  número  18188A007001420000RA,  de  la  cual  se  solicita  su 
inmatriculación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
Acompaña al documento presentado la siguiente documentación:
– Instancia suscrita por su presentante de fecha 4 de Noviembre de 2019, en la que 
solicita la extinción del usufructo de Doña C. L. C.
– Escritura de herencia autorizada por el Notario de Motril Don José Luis Angulo 
Martín, el 29 de julio de 1992, número 835 de su protocolo
– Escritura de rectificación autorizada por el Notario de Motril, Don José Manuel 
Misas Barba, el 1 de junio de 1995 número 1032 de su protocolo
– Escritura complementaria autorizada por el Notario de Motril, Don José Manuel 
Misas Barba, el 7 de diciembre de 2001 número 2545 de su protocolo
– Escritura complementaria autorizada por el Notario de Motril, Don José Manuel 
Misas Barba y el 23 de marzo de 2005 número 795 de su protocolo.
– Oficio de fecha 21 de mayo de 2021, firmado por la Jefa de Servicio de Actuación 
Urbanística de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en el que 
se hace constar que la parcela catastral 18188A007001420000RA no invade terrenos de 
titularidad estatal.
2.  Consultada  la  aplicación  de  bases  gráficas  registrales  disponible  en  este 
Registro, se observa la existencia de un posible desplazamiento de la parcela definida 
por  el  catastro  hacia  el  Suroeste  que  supondría  una  invasión  del  dominio  público, 
concretamente en cuanto a la parcela catastral 9.027 del polígono 7, que se corresponde 
con el cauce del Río (…), de la que figura como titular catastral Junta de Andalucía.
3.  Con ocasión de la anterior presentación del documento, bajo el asiento 95 del 
Diario  108,  fue  solicitado  a  la  Junta  de  Andalucía  informe  acerca  de  esta  posible 
invasión. El día 18 de septiembre de 2020 fue recibido informe firmado electrónicamente 
el 10 de septiembre de 2020, por el Jefe de Servicio de Dominio Público Hidráulico y 
Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Granada de la Junta de Andalucía, 
en el que se hace contar que la parcela 142 del polígono 7 se ubica en la margen 
izquierda de la actual trayectoria del Río (…), lindando con el muro de encauzamiento, 
que  junto  al  muro  y  por  la  misma  parcela  discurre  un  canal  de  riego,  que  la 
representación catastral está ligeramente desplazada hacia el cauce, integrando el muro 
de encauzamiento, y que el tramo afectado del Río (…) está en proceso de deslinde, 
según expediente GR-03D Rules-Los Vados, observándose que, en la propuesta inicial, 
la parcela a inmatricular queda definida entre los hitos I83 y I85, quedando afectada 
parcialmente.
Fundamentos de Derecho.
1.  De acuerdo con los párrafos 3.º y 4.º el Artículo 205 de la Ley Hipotecaria:
“Si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la 
finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público que no estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la  e.e
recepción de la notificación. b
Si la Administración manifestase su oposición a la inmatriculación o, no remitiendo su  576ww
pinofosirbmlee  indveanstrióon d dee lp dlaozmoi,n ieol  pRúebgliicsotr,a ddeonr ecgoanráse larv iansmea dtruicdualasc sióonb rper eltae nedxiidsate.”ncia de una
2.  Con arreglo a la RDGRN de 15 de junio de 2018, si las coordenadas catastrales
de una certificación descriptiva y gráfica invaden dominio público, no pueden admitirse
para la georreferenciación de una finca que se pretende inmatricular, y ello aunque la 
causa de esa invasión sea que la cartografía catastral esté desplazada y por tanto sus 
coordenadas sean erróneas.
Al tratarse de una inmatriculación conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, este 
precepto no admite utilizar una georreferenciación alternativa a la catastral, por lo que, 
de  acuerdo  con  las  RRDGRN  de  5,  9  y  12  de  mayo  y  7  de  julio  de  2016,  para 
inmatricular  una  delimitación  perimetral  de  suelo  distinta  de  la  que  resulte  de  la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que se aporte, lo procedente será promover y 
obtener previamente conforme a los cauces previstos en la legislación catastral, la 
correspondiente alteración catastral previa que desemboque en una nueva certificación 
catastral descriptiva y gráfica.
3.  En el supuesto del título presentado, se halla cumplidamente acreditado con el 
referido informe de la Administración que la finca que se pretende inmatricular afecta o 
invade parcialmente el dominio público en su actual delimitación, pendiente de deslinde.
Acuerdo.
En  virtud  de  lo  expuesto,  se  deniega  la  inscripción  solicitada  por  defecto 
insubsanable.
Notifíquese éste acuerdo en el plazo máximo de diez días hábiles desde ésta fecha.
Conforme al art. 323 de la Ley Hipotecaria, queda automáticamente prorrogado el 
asiento de presentación por un plazo de 60 días hábiles desde la recepción de la última 
de las dos notificaciones que han de practicarse.
Contra el presente acuerdo de calificación (…)
El Registrador. Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por 
Pablo Angulo Rodríguez registrador/a de Registro Propiedad de Motril 1 a día trece de 
julio del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don D. M. M., interpuso recurso el día 11 de 
agosto de 2021 mediante escrito en los siguientes términos:
«Primera.–Quien expone, mediante Escritura Pública de Rectificación y Compraventa 
otorgada con fecha tres de marzo de dos mil veinte ante el notario de Motril don 
Fernando Vicente Gómez Moreno Calera bajo el número de orden 324 de su Protocolo, 
adquirió de don J. B. L. el pleno dominio de la siguiente finca rústica:
“Parcela de tierra de riego, en el Pago de (…), Término Municipal de Vélez de 
Benaudalla,  de  cabida  catorce  áreas,  noventa  y  tres  centiáreas  y  noventa  y  ocho 
decímetros cuadrados. Se halla ubicada en el Polígono 7 e identificada en el Plano 
Topográfico Parcelario como la parcela número 142. Linda: Norte, con propiedad del 
Estado  -Ministerio  de  Fomento  Aena-  (referencia  catastral 
número 18188A0070020800OORQ); Sur, propiedad de Don M. D. B. (referencia catastral 
número  18188A007001430000RB);  Este,  Carretera  (…)  (referencia  catastral 
número 18188A007090040000RW); y Oeste, Río (…), perteneciente a la Confederación 
Hidrográfica del Sur (referencia catastral número 18188A007090270000RJ).
Referencia catastral: 18188A0070001420000RA.”
Segunda.–Previo a la adquisición de la finca, el vendedor don J. B. L. hubo de llevar  o
hAAae dncrjgaeuubndlocioci  aaMla ca idórreentíc  nyts i cfuiAoc canpec afpieódtcnarhe cad ió ed2n o9 land d  ede AeH j.su eclRriroei.p n dccBeiióa .1 n 9oS d9t.oe,2 r  gs(laPae drgfoiaúnt noca acno Etqelsou c eenrli ú tfnumuoreaet a raorddi oe8q  3udL5ieri)i qd,M uainio dsptartoriclu ri dmóeoneln  nm CJtoioos snmpéyúo ubL glpuiacoiolsr,     2021-19576n https://www.
que fue rectificado mediante la Escritura otorgada ante el notario que fue de Motril don
José Manuel Misas Barba el día 1 de junio de 1995 (Protocolo número 1032), y una vez
fallecida doña C. L. C. (madre del Sr. B. L.) con fecha 10 de agosto de 2004, como 
usufructuaria de la finca, se procedió a consolidar el pleno dominio de la finca descrita en 
la Alegación anterior mediante instancia de fecha 4 de noviembre de 2019, en la que se 
solicitaba  la  extinción  del  usufructo,  toda  cuya  documentación  fue  incorporada  al 
Expediente abierto en el Registro de la Propiedad Número Uno de Motril en unión de la 
primera copia autorizada de la Escritura de Rectificación y Compraventa objeto de este 
Recurso Gubernativo, y cuyos documentos se unirán a este Recurso a los efectos 
legales pertinentes.
Tercera.–Al propio tiempo, se solicitó del Arquitecto Técnico don J. A. B. P. que 
procediera a realizar la medición de dicha finca o parcela catastral número 142 del 
polígono 7 del término municipal de Vélez de Benaudalla, georreferenciando la misma, y 
cuyo Informe obra igualmente incorporado a la Escritura de Compraventa cuya solicitud 
de inmatriculación e inscripción es objeto del presente Recurso.
Tal y como se refleja en el Reportaje Fotográfico realizado por el citado Arquitecto 
Técnico don J. A. B. P. respecto de la parcela adquirida que obra incorporado a la 
Escritura Pública de Rectificación y Compraventa otorgada en Motril con fecha 3 de 
Marzo de 2.020 ante el notario de dicha ciudad don Fernando Vicente Gómez Moreno 
Calera bajo el número de orden 324 de su protocolo, en su lindero Oeste o Poniente 
aparece  reflejado  el  muro  de  obra  de  encauzamiento  que  sirve  de  separación  o 
delimitación de la finca adquirida por el exponente en su colindancia con el Río (…) 
(propiedad  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Sur),  quedando  perfectamente 
determinado y delimitado de forma clara y precisa el lindero Oeste o Poniente de la finca 
o  parcela  catastral  número  142  del  Polígono  7  del  término  municipal  de  Vélez  de 
Benaudalla transmitida a quien expone por parte de su anterior propietario don J. B. L.
Cuarta.–Presentada la Escritura de Propiedad o Título de Dominio del exponente en 
el Registro de la Propiedad Número uno de Motril a los efectos de su inmatriculación e 
inscripción, el Sr. Registrador de la Propiedad Número Uno de Motril con fecha 1 de julio 
de 2020 dicta Acuerdo de Calificación Desfavorable con fundamento en la necesidad de 
aportar Certificación de la Administración General del Estado en la que se acredite que la 
finca que se pretende inmatricular no invade el dominio público viario definido por la Ley 
de Carreteras, así como la existencia de dudas fundadas sobre la posible coincidencia 
del perímetro definido por las coordenadas georreferenciadas que resultan de la Sede 
del Catastro Inmobiliario con el espacio que físicamente ocupa una parcela del dominio 
público hidráulico.
Con motivo de la notificación de la Calificación Negativa, por el Sr. Registrador de la 
Propiedad Número Uno de Motril se solicita de la Junta de Andalucía el correspondiente 
Informe acerca de esta posible invasión, contestando el Jefe del Servicio de Dominio 
Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Granada de la 
Junta de Andalucía firmado electrónicamente con fecha 10 de septiembre de 2020 
mediante informe en el que hace constar que la parcela catastral número 142 del 
Polígono  7  del  término  municipal  de  Vélez  de  Benaudalla  se  ubica  en  la  margen 
izquierda de la actual trayectoria del Río (...), lindando con el muro de encauzamiento, si 
bien la representación catastral gráfica está ligeramente desplazada hacia el cauce, 
integrando el muro de encauzamiento y se está pendiente de un proceso de deslinde.
Tal y como consta en el Informe Pericial realizado por el Arquitecto Técnico Don J. A. 
B. P., totalmente coincidente con la descripción que obra en el Catastro, la parcela 142 
del Polígono 7 en modo alguno ocupa o invade el muro de encauzamiento aludido, como 
puede apreciarse con el reportaje fotográfico obrante en el Informe Pericial y que ha sido  s
incorporado a la Escritura Pública de Transmisión de Dominio, así como también queda  oe.
acreditado en el informe de fecha 10 de agosto de 2021 que se acompaña emitido por el  w.
Arquitecto Técnico Don J. A. B. P. y que se une a este recurso en el que se hace constar  576ww
qquuee  lsae  praerfcieerlea  loab ejestcor idtuer ain dmea 3tr icduel amciaórnz oe  dines 2c0ri2p0ci óenn  an innogmúnb rme odmee qnutoie nin veaxdpeo neel  cya au clea 
dlinedl eR oíoe s(t.e.. )p, ohra lboisé nlimdoitsees  mcoelidniddaon ltae sp caorcne elal  maduqrou idried ah opromr igeól ne xdpeo sneepnatera ecinó nc ucaonnt oe l aR ísou,   BOE-A-cable e
sin incluir el muro dentro del área de la finca en cuestión, al igual que también se hace 
constar en dicho informe que la representación gráfica georreferenciada de la citada 
finca sobre la planimetría catastral no resultan coincidentes no solo por la realidad física 
de la misma sino también por el ligero desplazamiento que presenta la planimetría del 
Catastro para la zona de Vélez de Benaudalla, y, en consecuencia, y con los debidos 
respetos  al  Sr.  Registrador  de  la  Propiedad  Número  uno  de  Motril,  no  podemos 
considerar  suficiente  ni  fundamental  para  denegar  la  inmatriculación  e  inscripción 
solicitada de la finca adquirida por el exponente el estar en tramitación un expediente de 
deslinde, toda vez que la certificación del Catastro obrante en la escritura de fecha 3 de 
marzo de 2020 y la descripción de la finca son totalmente coincidentes, al igual que 
también el muro de encauzamiento constituye el lindero Oeste o Poniente de la finca que 
se pretende inmatricular e inscribir, y todo ello sin perjuicio de lo que resulte en su día del 
expediente de deslinde si se llevara a cabo, en cuyo expediente, caso de modificarse la 
superficie  de  la  finca  (lo  que  no  creemos,  al  hallarse  perfectamente  delimitada  y 
deslindada la parcela adquirida por quien expone), la Junta de Andalucía llevarla a cabo 
las  modificaciones  pertinentes  con  la  aprobación  del  exponente  como  propietario 
afectado por el deslinde.
Asimismo y en relación con el Informe de la Administración General del Estado, 
quien expone solicitó de la Demarcación de Carreteras la correspondiente Certificación 
Administrativa referida a la no invasión del dominio público viario definido por la Ley de 
Carreteras en relación con la finca o parcela catastral número 142 del Polígono 7 del 
Término  de  Vélez  de  Benaudalla  (Referencia  Catastral 
número 18188A007001420000RA), habiéndose emitido con fecha 21 de mayo de 2021 
la correspondiente Certificación por la Jefa de Servicio de Actuación Administrativa del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Demarcación de Carreteras del 
Estado de Andalucía Oriental, en cuya certificación se deja constancia expresa de que la 
parcela catastral número 142 del polígono 7 no invade terrenos de titularidad estatal, por 
lo que en consecuencia no existe base ni fundamento alguno para la denegación de la 
inmatriculación  e  inscripción  registral  de  la  finca  adquirida  por  el  exponente  en  el 
Registro de la Propiedad Número Uno de Motril.
Quinta.–Pero  es  que  a  mayor  abundamiento,  como  consecuencia  del  Informe 
Técnico elaborado por el Arquitecto Técnico Don J. A. B. P. y con motivo de la Escritura 
Pública  de  Compraventa  otorgada  ante  el  Notario  de  Motril  Don  Fernando  Vicente 
Gómez Moreno Calera de fecha 3 de marzo de 2020 (Protocolo número 324), se ha 
procedido por el Catastro a llevar a cabo la baja de la titularidad catastral de la finca en 
cuestión a nombre de su anterior propietario Don J. B. L., y su alta en dicho Organismo a 
nombre de quien expone, D. M. M., con la descripción que obra en el Catastro, y cuya 
descripción catastral es totalmente coincidente con la realidad física y jurídica hecha 
constar  en  la  Escritura  Notarial  de  Adquisición  del  Dominio  de  la  parcela  catastral 
número 142 del polígono 7 del término municipal de Vélez de Benaudalla por parte del 
exponente.
Sexta.–Por todo lo anteriormente expuesto, resulta evidente la existencia de error en 
la calificación negativa emitida por el Sr. Registrador de la Propiedad Número uno de 
Motril  para  denegar  la  inmatriculación  e  inscripción  de  la  finca  o  parcela  catastral 
número 142 del polígono 7 del término de Vélez de Benaudalla adquirida por quien 
expone,  D.  M.  M.,  en  los  términos  contenidos  en  la  escritura  de  rectificación  y 
compraventa otorgada en Motril con fecha 3 de marzo de 2020 ante el Notario de dicha 
Ciudad Don Fernando Vicente Gómez Moreno Calera, toda vez que: s
a)  la descripción de la finca que figura en dicho título de transmisión de dominio es  w.b
totalmente coincidente con la descripción que obra en el Catastro; 576ww
lindebr)o s,l an ofi necxais atiednqduoir idinav apsoiór ne ld eex tpeorrneennot ea lsgeu neon ccuoelinndtraan gtee;orreferenciada en todos sus
jurídcic) amcoennsteta c oanc mreodtiitvaod ad e llaa  dneos crinipvcaiósinó nq ued ed e telar rfeinncoa  apdúqbuliicroid aa plgour neol  exnpi ofníseinctae  snei 
lleva a cabo en el instrumento público que constituye la base y fundamento para la
inmatriculación e inscripción de dicha finca o parcela número 142 del Polígono 7 del 
Término Municipal de Vélez de Benaudalla en el Registro de la Propiedad Número Uno 
de Motril con la documental aportada e incorporada al expediente registral, no invasión 
que figura reflejada en la Certificación emitida por la Jefa de Servicio de Actuación 
Administrativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Demarcación 
de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental;
d)  consideramos que no es motivo, base ni fundamento jurídico suficiente para 
denegar  la  inmatriculación  e  inscripción  de  la  finca  adquirida  por  el  exponente  la 
circunstancia  de  hallarse  en  trámite  un  expediente  de  deslinde,  cuando  del  propio 
informe emitido por la Junta de Andalucía se deja evidenciado de forma clara y precisa 
que el muro de encauzamiento que separa la finca del exponente del Río (...) constituye 
la linde o delimitación de la titularidad de la Junta de Andalucía, muro de encauzamiento 
que aparece reflejado en el reportaje fotográfico del Informe del Arquitecto Técnico Sr. B. 
P., siendo dicho muro el lindero oeste o poniente que sirve de separación o delimitación 
de la finca adquirida por el exponente y el Río (...)
Por todo ello, procede dictar Resolución en virtud de la cual se anule y deje sin efecto 
la calificación desfavorable o negativa de la inmatriculación e inscripción registral de la 
parcela número 142 del Polígono 7 del Término Municipal de Vélez de Benaudalla 
descrita en la Escritura de fecha 3 de marzo de 2020, y, con estimación de este Recurso, 
se declare haber lugar a la inmatriculación e inscripción registral de la referida finca en 
los términos contenidos en la Escritura aludida de fecha 3 de marzo de 2020 en el 
Registro de la Propiedad Número Uno de Motril a nombre del exponente D. M. M.
Séptima.–Documentos que se acompañan: (…)
En su virtud,
Suplica: Tenga por presentado este escrito junto con los documentos que al mismo 
se  unen,  y  por  interpuesto,  en  tiempo  y  forma,  recurso  gubernativo  con  carácter 
potestativo y previo a la demanda judicial contra el acuerdo de calificación desfavorable 
efectuado  por  el  Registro  de  la  Propiedad  número  uno  de  Motril  respecto  de  la 
inmatriculación  e  inscripción  registral  de  la  finca  (parcela  catastral  número  142  del 
polígono 7 del término municipal de Vélez de Benaudalla) descrita en la Escritura Pública 
de fecha 3 de marzo de 2020 otorgada ante el Notario de Motril Don Fernando Vicente 
Gómez Moreno Calera (Protocolo número 324), y, en definitiva, dictar resolución en 
virtud de la cual se anule y deje sin efecto dicho Acuerdo, declarando haber lugar a la 
inmatriculación e inscripción registral de la referida finca (parcela catastral número 142 
del  Polígono  7  del  Término  Municipal  de  Vélez  de  Benaudalla)  en  los  términos 
contenidos en la Escritura aludida de fecha 3 de marzo de 2020 en el Registro de la 
Propiedad Número Uno de Motril a nombre del exponente D. M. M., por ser de justicia 
que pide y espera alcanzar.»
IV
Dado trasladado del recurso interpuesto al notario de Motril, don José Luis Mejías 
Gómez, como sucesor del protocolo del notario autorizante del título calificado, presentó 
escrito, de fecha 18 de agosto de 2021 expresando que «si conforme al referido informe 
de  la  Administración,  la  finca  que  se  pretende  inmatricular  invade  parcialmente  el 
dominio público en su actual delimitación, pendiente de deslinde, este Notario no tiene 
nada que alegar frente a la precitada calificación registral». es
V 576ww
califMicaecdiióann,t ee meisticór itinof,o drme ef eyc rheam 2iti4ó  deel e axgpoesdtioe ndtee  a2 e0s2t1e,  Ceel nrterog isDtirraedcotirv os.e ratificó en su  OE-A-2021-19able en https://
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9 de la Constitución Española; 9, 10, 29, 98 y 205 de la Ley 
Hipotecaria; 3, 11 y 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; la Resolución de 26 de 
octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de 
la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el 
intercambio  de  información  entre  el  Catastro  y  los  Registros  de  la  Propiedad;  la 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban 
especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas 
sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre 
el Catastro y el Registro de la Propiedad; la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 22 de septiembre de 2017, y la resolución de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 18 de diciembre de 2020.
1.  Solicitada la inmatriculación de una finca por el procedimiento previsto en el 
artículo 205 de la Ley Hipotecaria, el registrador la deniega porque «consultada la 
aplicación  de  bases  gráficas  registrales  disponible  en  este  Registro,  se  observa  la 
existencia de un posible desplazamiento de la parcela definida por el catastro hacia el 
Suroeste que supondría una invasión del dominio público, concretamente en cuanto a la 
parcela catastral 9.027 del polígono 7, que se corresponde con el cauce del Río (…)», y 
porque con ocasión de la anterior presentación del documento fue solicitado a la Junta 
de Andalucía informe acerca de esta posible invasión y en el informe recibido «se hace 
contar que la parcela 142 del polígono 7 se ubica en la margen izquierda de la actual 
trayectoria  del  Río  (…),  lindando  con  el  muro  de  encauzamiento»  y  «que  la 
representación catastral está ligeramente desplazada hacia el cauce, integrando el muro 
de encauzamiento, y que el tramo afectado del Río (…) está en proceso de deslinde, 
según expediente GR-03D Rules-Los Vados (…)». Y por tanto, dado que el artículo 205 
de la Ley Hipotecaria no admite utilizar una georreferenciación alternativa a la catastral, 
«para inmatricular una delimitación perimetral de suelo distinta de la que resulte de la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que se aporte, lo procedente será promover y 
obtener previamente conforme a los cauces previstos en la legislación catastral, la 
correspondiente alteración catastral previa que desemboque en una nueva certificación 
catastral descriptiva y gráfica».
El comprador de la finca recurre alegando, en esencia:
– Que como consta en el informe pericial incorporado a la escritura, conteniendo la 
lista de coordenadas medidas por el técnico, la finca en modo alguno ocupa o invade el 
muro de encauzamiento aludido, sino que linda con él sin incluir el muro dentro del área 
de la finca en cuestión, todo ello como se hace constar en dicho informe «por el ligero 
desplazamiento que presenta la planimetría del Catastro para la zona de Vélez de 
Benaudalla».
– Que «se ha procedido por el Catastro a llevar a cabo la baja de la titularidad 
catastral de la finca en cuestión a nombre de su anterior propietario Don J. B. L., y su 
alta en dicho Organismo a nombre de quien expone, D. M. M., con la descripción que 
obra en el Catastro».
2.  La cuestión principal que se plantea en el presente recurso radica en determinar 
si, en los casos en que la georreferenciación catastral de una parcela contiene un error  e.
de  desplazamiento  y  por  ello  invade  dominio  público,  resulta  o  no  posible  la  w.
inmatriculación de la finca, y en qué modo o a través de qué medios es posible dicha  576ww
inmaEtnri cpurlaimcieórn ,lu cgoanrf,o hrma ed ael  ocrodmepnraombiaernsteo  vsiig eefnetcet.ivamente existe tal desplazamiento e
iinnvvaassiióónn . dLeal  edvoimdeinnicoi ap dúeb litcaol  dheidsrpálualzicaom ireenstuol tad ec olam cparrotboagbralefí,a  ncoa tsaósltora le ny  llaa  caoprlriecalactiióvan   BOE-A-cable e
gráfica registral regulada en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria y a la que se remite el 
registrador en su calificación, sino incluso en la propia sede electrónica del Catastro, 
donde  al  superponer  la  georreferenciación  catastral  del 
inmueble  18188A007001420000RA  con  la  capa  de  ortofoto  PNOA  se  observa  lo 
siguiente:
En dicha imagen se aprecia claramente que, aunque el recurrente afirma que su 
finca realmente linda por el oeste con el muro de encauzamiento del río sin invadirlo, la 
georreferenciación  catastral,  por  estar  desplazada  hacia  el  oeste,  sí  que  invade 
sobradamente dicho muro e incluso una parte del cauce del río.
Así lo confirma también el informe del jefe de Servicio de Dominio Público Hidráulico 
y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Granada de la Junta de Andalucía, 
en  el  que  se  hace  contar  que  «(…)  la  representación  catastral  está  ligeramente 
desplazada hacia el cauce, integrando el muro de encauzamiento», y que «la parcela a 
inmatricular (…) queda afectada parcialmente por el deslinde del cauce, que está en 
proceso, según expediente GR-03D Rules-Los Vados».
3.  Constatado lo anterior, procede analizar cuál es la solución jurídica que ofrece el 
Derecho vigente en situaciones similares.
Como punto de partida, el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, tras exigir «identidad en 
la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y 
gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto» señala que «si el Registrador 
tuviera  dudas  fundadas  sobre  la  coincidencia  total  o  parcial  de  la  finca  cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción  de  la  notificación».  Y  añade  que  «si  la  Administración  manifestase  su 
oposición a la inmatriculación o, no remitiendo su informe dentro de plazo, el Registrador 
conservase dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, 
denegará la inmatriculación pretendida».
En cuanto a la protección registral del dominio público, tal y como ha reiterado esta 
Dirección General (cfr. «Vistos»), esta protección que la Ley otorga al mismo no se limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con 
el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Sobre los fundamentos y alcance de esta protección registral, basta remitirse, para 
evitar reiteraciones, a la doctrina contenida en la Resolución de 28 de junio de 2021 y las 
en ella referidas.
En el presente caso, constan acreditadas tanto la existencia de dudas fundadas del 
registrador sobre que las coordenadas resultantes de la certificación catastral descriptiva 
y gráfica aportada implican una invasión parcial del dominio público, como la oposición 
expresa por parte de la administración titular de dicho dominio público invadido a la 
inmatriculación  de  la  nueva  finca  con  dichas  coordenadas  catastrales  porque  «la 
representación catastral está ligeramente desplazada hacia el cauce, integrando el muro 
de encauzamiento».
Además, el comprador interesado en inmatricular afirma que el lindero oeste de su  e
finca lo constituye «el muro de hormigón de separación con el Río, sin incluir el muro  bo
dentro del área de la finca en cuestión», y que, como consta en el informe técnico con  576ww
gcoeoorrdreefnearednacsi aqduae d es ela  icnitcaodrap ofirnac aa  sosub retí tlau lop lainnmimaettrricíau lcaadtoars tr«alal  nore rperseusletannta ccoióinnc igdreánfticeas 
pnroe sseonlot ap loar  plala rneimaleidtarída  fdíseilc Ca adtaes ltaro m piasmraa l as iznoon ata dmeb Viéénl epzo dr ee lB liegnearou ddaellsap»l.azamiento que
Es decir: se solicita inmatricular una finca afirmando que linda por el oeste, sin 
invadirlo, con el muro de separación con un río, pero aportando unas coordenadas 
catastrales  de  georreferenciación  de  las  que  resulta  que  la  finca  no  sólo  invade 
completamente dicho muro sino una porción adicional de terreno del río de dominio 
público al otro lado del muro. Y a la vez, a la propia escritura se incorpora un informe 
técnico en papel con unas coordenadas alternativas que dicen haber sido medidas 
respetando el dominio público que sí resulta en cambio invadido por las coordenadas 
catastrales.
4.  Sobre  la  necesidad  de  aportar  certificación  catastral  coincidente  para  la 
inmatriculación, cabe recordar que la resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 22 de septiembre de 2017 señaló que «(…) el nuevo artículo 205 de 
la Ley Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley 13/2015, exige para inmatriculación 
de  fincas  en  virtud  de  títulos  públicos  que  exista  identidad  en  todo  caso,  entre  la 
descripción del título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica (…) y 
ello responde (…) a (la siguiente finalidad): que la finca que se inmatricule por vía del 
artículo 205 nazca ya a su vida registral plenamente coordinada desde el punto de vista 
geográfico, con el inmueble catastral. Coincidencia total que también se deduce del 
artículo  9.b)  de  la  Ley  Hipotecaria,  ya  que  la  inmatriculación  es  un  supuesto  de 
incorporación-coordinación  obligatorio  en  relación  a  la  representación  gráfica 
georreferenciada».
Pero añadió que «en los supuestos en los que exista una inconsistencia de la base 
gráfica  catastral  que  impida  la  obtención  de  la  completa  representación  gráfica 
georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una 
cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo 
que,  con  carácter  excepcional,  podrá  admitirse  que  el  interesado  aporte  la 
representación gráfica alternativa (…)».
El mismo criterio fue asumido y refrendado por la actual Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública en su Resolución de 18 de diciembre de 2020, en la que 
recordó que «esta Dirección General, para un supuesto de inmatriculación, ya señaló, en 
resolución de 22 de septiembre de 2017 que «en los supuestos en los que exista una 
inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la completa 
representación gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación 
de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la 
institución registral» siendo admisible la aportación por el interesado de la representación 
gráfica alternativa».
5.  Se da la circunstancia de que esta resolución de 18 de diciembre de 2020 se 
dictó estando ya en vigor la Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del 
Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la 
representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para 
el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.
Conforme a dicha Resolución conjunta, «es un principio básico la protección del 
dominio público, de modo que tanto el Catastro como el Registro de la Propiedad han de 
velar por su preservación, evitando cualquier tipo de invasión o menoscabo del mismo».
Pero igualmente se reconoce y proclama que «el objetivo de la coordinación entre el 
Catastro y el Registro de la Propiedad se acomete con pleno respeto a la autonomía 
funcional y operativa de ambas instituciones, sujetas a sus propios procedimientos y 
dinámicas de gestión internos». s
Y así, dentro de esa diversidad de procedimientos y dinámicas de gestión, se prevé,  oe.
que a efectos catastrales, «las situaciones de desplazamiento y/o giro de la cartografía  w.
catastral (…) no suponen, por sí mismas, invasión real de parcelas colindantes ni del  576ww
cdoonm liansio p paúrcbeliclaos,  ayfae cqtuaed alas  gpeeormmaentreíace, ns uinpvearfriicaibel,e rse»la.ciones topológicas y de colindancia
despDlaezbaem  iteennteor sdee  elans  ccuoeonrdtae nqaudea,s  ad e lossu  ceaxrctolugsriavfoías  neofe cstuopso ncea tpaosrtr aslíe sm, iseml om uenroa   BOE-A-cable e
invasión  real  de  parcelas  colindantes,  porque  si  solo  se  toma  en  consideración  la 
representación gráfica de los inmuebles no habría invasiones entre unos objetos y otros 
dibujados en una misma representación gráfica.
En  cambio,  si  se  toman  en  consideración  las  coordenadas  de  posicionamiento 
absoluto (desplazadas y por tanto erróneas) de un objeto de esa representación gráfica 
con las de otro objeto sobre el terreno sí que puede haber esa invasión.
Y nadie puede dudar de que, lo que se inscribe formalmente en el Registro de la 
Propiedad, lo que se incorpora a la aplicación gráfica registral homologada, lo que se 
publica en el geoportal registral, y lo que es objeto de interoperabilidad y trasvase de 
información  con  el  Catastro  y  demás  instituciones  públicas,  no  son  simples 
representaciones gráficas o dibujos de la posición relativa de los límites de unas fincas 
respectos de otras, sino las coordenadas UTM de posicionamiento absoluto de los 
vértices de tales límites o linderos, aportadas en el formato GML que exige tal resolución 
conjunta para hacer posible la interoperabilidad exigida por la ley y el trasvase de 
información y coordinación con Catastro.
Por ello, cuando las coordenadas UTM aportadas para georreferenciar una finca 
(como ha de hacerse preceptivamente en el caso de las inmatriculaciones) invadan en 
posicionamiento absoluto la delimitación jurídica de fincas previamente inmatriculadas o 
del dominio público, el registrador, para evitar dobles inmatriculaciones o invasiones de 
domino público, ha de rechazar la inscripción de esas coordenadas aportadas.
Y  tal  conclusión  resulta  aplicable  cualquiera  que  sea  la  causa  técnica  o  error 
determinante de tal invasión, incluyendo los supuestos de georreferenciación errónea por 
giros o desplazamientos patológicos de la cartografía de origen o del levantamiento 
topográfico del que hayan sido tomadas tales coordenadas.
6.  En consecuencia, debe confirmarse el criterio del registrador, compartido por el 
notario autorizante en su informe, conforme al cual procede desestimar la pretensión, 
contraria  a  la  letra  y  al  espíritu  de  la  Ley,  de  inmatriculación  de  una  finca  con 
coordenadas  de  posicionamiento  absoluto  que,  por  la  razón  que  sea,  incluida  la 
existencia  de  un  desplazamiento  posicional  patológico  en  la  cartografía  catastral 
aportada, invaden dominio público u otras fincas ya inmatriculadas.
Tampoco sería conforme ni a la letra ni al espíritu de la Ley, que en tales casos se 
efectuara una especia de inscripción parcial, de modo que se inscribiera tan sólo la 
representación gráfica en papel (en la que no hay invasiones relativas entre los objetos 
dibujados  en  la  misma),  pero  denegando  la  inscripción  de  las  coordenadas  de 
posicionamiento absoluto de la delimitación de la finca.
Si  así  se  hiciera,  no  sería  posible  efectuar  ni  la  incorporación  de  la  finca 
inmatriculada a la aplicación gráfica registral homologada conforme exige el artículo 9 de 
la Ley Hipotecaria, ni publicar las alertas en el geoportal registral que se exigen en el 
Título VI de la misma ley, todos ellos requerimientos no meramente accesorios sino 
esenciales  para  hacer  efectivos  los  principios  legales  de  claridad,  interoperabilidad, 
prioridad registral, protección del dominio público, y proscripción de la indefensión de 
colindantes y terceros.
Y menos procedente aún sería inscribir a sabiendas las coordenadas erróneas por 
estar desplazadas haciendo mención o salvedad de que, por ejemplo, tales coordenadas 
son erróneas por estar desplazadas aproximadamente x metros al Oeste, insinuando con 
ello  que  las  coordenadas  correctas  serían  otras  distintas,  que  no  se  inscriben 
formalmente, ni se incorporan a la aplicación gráfica registral homologada, ni se publican 
en el geoportal registral, sino que simplemente se mencionara en el asiento registral la  s
forma aproximada de calcularlas por remisión a determinados criterios o parámetros. oe.
Ello sería, además, contrario al principio y norma legal (artículos 29 y 98 de la Ley  w.
Hipotecaria) que prohíbe y declara nulas «las menciones de derechos susceptibles de  576ww
iinnssccrriippcciióónn  dsee plaasra cdoao ryd eenspaedcaisa ld»e p leorso l ínmoi teinss dcreit ousn afo frinmcaal mreegnistetr,a pl onroq usoen,  ruenc osridmepmleo ds,a tlao 
pdreo cehdeicmhioe,n tossin, otr amunit esp, rgoanruannctiíaams,i eanletog acjuiornídeicso y  cfaolrimficaal cióyn  rseogleismtranle q, ueq uper octeradsa n leons   BOE-A-cable e
cada caso, proclama y define con plenos efectos jurídicos y bajo la salvaguardia de los 
tribunales cuál es la delimitación del objeto jurídico sobre el que recae el derecho de 
propiedad inscrito.
7.  Sentado  lo  expuesto,  cabe  analizar  si  la  única  alternativa  que  le  queda  al 
interesado en supuestos como el presente, en los que la georreferenciación catastral 
aportada para inmatricular una finca, por estar desplazada, invade dominio público u 
otras fincas previamente inmatriculadas, es tan sólo la que se le indica en la nota de 
calificación recurrida, es decir «obtener previamente conforme a los cauces previstos en 
la legislación catastral, la correspondiente alteración catastral previa que desemboque en 
una nueva certificación catastral descriptiva y gráfica».
Esa opción que expresa la nota de calificación supone dar aplicación a lo dispuesto 
en el apartado séptimo de la segunda Resolución conjunta con la Dirección General del 
Catastro,  la  cual  concreta  que  «cuando  la  cartografía  catastral  presente  giros  o 
desplazamientos, en los términos en los que se definen en el anexo II de la presente 
Resolución, estos se corregirán por el correspondiente procedimiento de rectificación 
previsto en la normativa catastral, procediéndose al ajuste masivo de todo el área o 
sector afectado».
A este respecto, el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley del Catastro, al que 
implícitamente remite el párrafo que se acaba de transcribir, prevé que «cuando la 
operación  de  carácter  general  consista  en  la  rectificación  de  la  descripción  de  los 
inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la cartografía básica oficial o a 
las ortofotografías inscritas en el Registro Central de Cartografía, se anunciará en la 
sede electrónica de la Dirección General del Catastro el inicio del procedimiento de 
rectificación  por  ajustes  cartográficos  en  los  municipios  afectados  y  calendario  de 
actuaciones.  Tras  dicho  anuncio  se  abrirá  un  periodo  de  exposición  pública  en  el 
Ayuntamiento donde se ubiquen los inmuebles durante un mínimo de quince días y la 
subsiguiente apertura del plazo de alegaciones durante el mes siguiente».
Tal procedimiento, como todos los demás procedimientos catastrales contemplados 
en el artículo 11 de su ley reguladora, «tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo 
dispuesto  en  esta  ley,  siendo  de  aplicación  supletoria  las  disposiciones  de  la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  (hoy  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre)  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como sus 
disposiciones de desarrollo» y los actos a que den lugar «son susceptibles de ser 
revisados en los términos establecidos en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria» mediante «la interposición de la reclamación económico-
administrativa».
La experiencia demuestra que tales procedimientos de rectificación catastral, para la 
corrección global de errores de desplazamiento en su cartografía, incurren en dilaciones 
que pueden ser asumibles para la institución catastral dados los fines principalmente 
tributarios a los que sirve (pues un simple error de desplazamiento en las coordenadas 
de  la  cartografía  catastral  no  merma  en  absoluto  la  efectividad  de  la  recaudación 
tributaria), pero que resultan inasumibles para la celeridad y seguridad jurídica que exige 
el tráfico inmobiliario.
En efecto, asumido que «el objetivo de la coordinación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad se acomete con pleno respeto a la autonomía funcional y operativa de 
ambas  instituciones,  sujetas  a  sus  propios  procedimientos  y  dinámicas  de  gestión 
internos», resulta evidente que los procedimientos registrales tienen una regulación legal  s
diferente, presididos por principios y dinámicas clara y justificadamente distintos, pues la  oe.
inmatriculación de fincas, ordinariamente, no es un «ajuste masivo de todo el área o  w.
sector afectado» sino una actuación que se solicita y ha de resolverse finca a finca. 576ww
pracYti qluaesn ,c qauliefic taiecnioenne usn  rpelgaizsotr alelegsa l npeagraa tsivua asd oop claiósn  imnsuccrhipoc mionáes sb rqeuvee  yf ipnoarlm ceonmtep lestoe 
dtriifbeuretanrtiae» a, l ndie s olans  sreussocelupctiiobnleess  dcea traesctlraamleasc, inóon  deecroivnaónm diceo -pardomceindiismtrieantivtoas,  sdien  «qnuaet,u eranl efizna,   BOE-A-cable e
sea necesario aquí hacer una exposición más extensa ni detallada de esas diferencias 
funcionales,  operativas  y  procedimentales  entre  la  institución  del  Catastro  y  la  del 
Registro de la Propiedad, ni sobre la diversidad de los efectos jurídicos aplicables a sus 
respectivos pronunciamientos o sobre a cuáles se atribuye prevalencia legal en caso de 
discrepancia entre ellos, conforme al artículo 3 del texto refundido de la Ley del Catastro.
8.  Por todo ello, como ha señalado esta Dirección General, ha de confirmarse el 
criterio conforme al cual «en los supuestos en los que exista una inconsistencia de la 
base gráfica catastral (…) no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una 
cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, siendo 
admisible la aportación por el interesado de la representación gráfica alternativa».
Por tanto, ha de concluirse que cuando la certificación catastral está desplazada, de 
modo que su georreferenciación presenta la «inconsistencia» de que sus coordenadas 
son erróneas por estar desplazadas, resulta admisible que se pueda inmatricular la finca 
aportando una georreferenciación alternativa que corrija esa inconsistencia catastral y 
contenga la georreferenciación correcta de los vértices de ese mismo recinto geométrico 
catastral. Es decir, que, manteniendo la forma, dimensiones y superficie del inmueble, y 
su posicionamiento relativo con respecto a los de su entorno, se corrijan los errores de 
posicionamiento absoluto de las coordenadas de sus vértices respecto de la superficie 
de la Tierra.
Ello  es,  y  ha  de  ser  así,  no  sólo  por  exigencia  del  principio  constitucional  de 
seguridad jurídica, que impide interpretaciones legales que hicieran imposible el acceso 
de los particulares adquirentes de fincas no inmatriculadas a la seguridad jurídica que 
sólo  proporciona  la  inscripción  registral,  sino  también  por  exigencia  del  principio 
constitucional de protección y primacía del dominio público sobre el privado.
Téngase  en  cuenta,  además,  que  privar  a  un  interesado  de  la  posibilidad  de 
inmatricular su finca por el mero hecho de que su correspondiente georreferenciación 
catastral tenga un error de desplazamiento hacia un determinado lugar (en nuestro caso 
hacia  el  Oeste,  con  la  correlativa  invasión  posicional  del  dominio  público  por  este 
lindero), implicaría dejarle peligrosa e indefinidamente expuesto al riesgo de que otro 
interesado distinto, propietario de otra finca situada al lado contrario (en nuestro caso, al 
Este) pudiera georreferenciar su propia finca «invadiendo» por este lado la finca no 
inmatriculada del primer interesado, el cual habría quedado privado de la protección que 
le debió proporcionar la previa y correcta inmatriculación de su propia finca, conforme a 
los principios registrales de prioridad y legitimación, y todo ello, con la posible generación 
de responsabilidad patrimonial del Estado y los poderes públicos implicados por el 
deficiente  funcionamiento  de  los  servicios  públicos,  conforme  al  principio  de 
responsabilidad de los poderes públicos, proclamado también en el artículo 9 de la 
Constitución Española.
9.  Conforme a la solución técnica ofrecida por la citada Resolución conjunta, en 
tales casos de inconsistencias por desplazamientos de la georreferenciación catastral, 
habrán de aportarse «dos ficheros en formato GML, uno referido a las coordenadas 
derivadas  del  levantamiento  técnico  y  el  otro  a  las  coordenadas  catastrales 
correspondientes, adjuntando, además, los parámetros de transformación utilizados».
De ellos, el fichero GML con las coordenadas correctas derivadas del levantamiento 
técnico sería objeto de inscripción formal, incorporación expresa a la aplicación gráfica 
registral homologada, y publicación en el geoportal registral, y el otro fichero GML, con 
las coordenadas catastrales desplazadas correspondientes, debería ser incorporado a 
una capa específica en tales aplicaciones, y utilizado especialmente en el proceso de  s
coordinación gráfica con Catastro y seguimiento de sus vicisitudes, en los términos que  oe.
se detallan en la resolución conjunta de 23 de septiembre de 2020. w.
Y en tal caso, aunque sea un supuesto excepcional tratándose de inmatriculaciones,  576ww
p«olar  dinesscprilpacziaómn iednet ola»s. fincas reflejara el estado de «pre-coordinada pendiente de ajuste
deni1e0g.a  lEan i neml actorinccurleatcoió nsu spouleicsittoa doab ejento u dne tl ítpurloe sqeunete  croenctuiersnoe,  ulan an ogteao rdreef ecraelnifciciaacciióónn   BOE-A-cable e
catastral desplazada que invade dominio público, pero incorpora un informe técnico con 
una lista de coordenadas de georreferenciación alternativa que dice ser correcta y no 
invadirlo.
La  nota  de  calificación  señala  la  concurrencia  de  un  defecto  que  dice  ser 
insubsanable,  y  señala  que  «lo  procedente  será  promover  y  obtener  previamente 
conforme a los cauces previstos en la legislación catastral, la correspondiente alteración 
catastral  previa  que  desemboque  en  una  nueva  certificación  catastral  descriptiva  y 
gráfica».
Por ello, dado que conforme a lo razonado más arriba no resultaría imprescindible 
esa previa alteración catastral, sino que el defecto podría ser subsanado mediante la 
aportación del referido doble GML que metadate y corrija el error de desplazamiento 
catastral, en el presente caso, procede confirmar la negativa registral a la inmatriculación 
con coordenadas catastrales que invaden dominio público, pero revocar la consideración 
de  tal  defecto  como  insubsanable,  ya  que  sería  subsanable  si  las  coordenadas 
alternativas del levantamiento técnico que se ya constaban incorporadas al título en 
soporte papel se aportaran en el formato GML antes referido.
Por  ello,  atendiendo  como  es  preceptivo  a  los  estrictos  términos  en  que  está 
redactada la nota de calificación recurrida, esta Dirección General ha de revocarla 
parcialmente y estimar parcialmente el recurso interpuesto, sin que ello signifique, pues 
legalmente no es ese el objeto ni alcance de la resolución de un recurso contra una 
concreta  nota  de  calificación  registral,  proclamar  la  inscribibilidad  del  documento 
calificado.
Como tampoco procedería declarar su inscripción o inmatriculación directa de la finca 
por la simple aportación del citado doble archivo GML, pues ese segundo archivo GML 
con la georreferenciación ya corregida y libre de errores de desplazamiento habrá de ser 
aún objeto de calificación registral, y si el registrador así lo estima preciso, de nuevo 
informe por parte de la administración titular del dominio público colindante, conforme a 
lo previsto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
11.  En cambio, el segundo argumento esencial del recurrente relativo a que en el 
Catastro sí que se ha producido sin problema alguno el alta de su titularidad respecto del 
inmueble catastral en cuestión, ha de ser completamente desestimado, pues tal alta o 
incorporación catastral no es sino un ejemplo más, como se ha dicho más arriba, de la 
«autonomía funcional y operativa de ambas instituciones (Registro y Catastro), sujetas a 
sus propios procedimientos y dinámicas de gestión internos», sin que conforme a la 
normativa vigente ostentar la titularidad catastral de un inmueble catastral sea requisito, 
ni necesario (véase doctrina de este Centro directivo, por ejemplo en su Resolución de 7 
de abril de 2017, sobre derogación tácita del artículo 298 y demás del Título VI del 
Reglamento  Hipotecario),  ni  suficiente,  para  la  inmatriculación  registral  de  la  finca 
correspondiente con dicho inmueble.
En consecuencia, esta Dirección General acuerda estimar parcialmente el recurso y 
revocar la nota de calificación recurrida en los términos que resultan de los anteriores 
fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria. e
PúbMlicaad, rSido, fí4a  dPeu ennotvei eSmabnrtiea gdoe. 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2021-19576n https://www.