BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95439
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13444 Sala Segunda. Sentencia 115/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 6052-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020  [inadecuada  utilización  de  la 
dirección  electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:115
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6052-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca de 28 de 
septiembre de 2018, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
el auto de 10 de julio de 2018, por el que se inadmite el escrito de oposición a la 
ejecución hipotecaria en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 106-2018. Ha 
comparecido la entidad Pera Assets Designated Activity Company. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La entidad Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta, y bajo la asistencia del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se 
mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este 
tribunal el 16 de noviembre de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La  entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  promovió  un  procedimiento  de  ejecución  s
hipotecaria frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en calidad  e.
de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular registral de un  w.
derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado, que fue tramitado por el Juzgado de  444ww
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fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 8 de mayo de 2018; fecha en la que se recibió en la dirección electrónica habilitada 
de ambas entidades un mensaje del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre con el aviso de que hasta el 23 de junio siguiente tendrían 
disponible  una  notificación  del  juzgado  de  Lorca  relacionada  con  el  procedimiento 
EHJ 0106-2018, a la que, para que constase como leída, debía acceder a través de un 
enlace adjunto. La ejecutada accedió a dicho enlace el 23 de junio de 2018.
c)  La entidad demandante de amparo presentó el 9 de julio de 2018 escrito de 
oposición a la ejecución despachada. Por auto de 10 de julio de 2018, el órgano judicial 
acordó  la  inadmisión  de  la  oposición  formulada  por  entender  extemporánea  su 
presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 8 de mayo de 2018.
d)  La entidad demandante de amparo interpuso recurso de reposición, alegando 
que la notificación y requerimiento no habían de entenderse realizadas el 8 de mayo 
de 2018, sino el 23 de junio siguiente, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no constituye sino un aviso de puesta a disposición para 
descarga de su contenido durante un plazo determinado; poniendo de manifiesto que, 
entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 y 162 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el art. 24 CE.
e)  El  recurso  fue  desestimado  por  auto  de  28  de  septiembre  de  2018  con 
fundamento en que las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica y, 
por tanto, están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en 
los arts. 14.2 a) de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y 273.3 LEC. Según el auto, el art. 162.2 LEC impone que la 
comunicación electrónica surte efecto trascurridos tres días desde que fue efectuada sin 
que el destinatario acceda a su contenido. Concluye que, al constar que la notificación se 
puso a disposición de las ejecutadas el 8 de mayo de 2018, la presentación del escrito 
de oposición el 9 de julio de 2018 se produjo fuera del plazo legalmente establecido en el 
art. 556.1 LEC, esto es más allá de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución.
3.  La demandante de amparo alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al 
haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada a través de un correo electrónico 
remitido por un servicio de notificaciones electrónicas y no mediante entrega de la 
documentación correspondiente en papel en la sede de su domicilio social; y ello pese a 
que esa comunicación fue el primer emplazamiento en la causa. Además, señala que, en 
todo caso, siguió las indicaciones que le facilitó la comunicación electrónica, de manera 
que accedió al contenido de la notificación el último día fijado; fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 LEC.
La demandante de amparo insiste en que, por ser una persona jurídica, si bien está 
obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, 
según establece el art. 273 LEC; sin embargo, cuando se trata del primer emplazamiento 
y, por tanto, todavía se no ha tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en 
ese  concreto  procedimiento,  la  notificación  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con 
entrega en papel de la documentación correspondiente, conforme establece ese mismo 
artículo, puesto en relación con los arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto  e.
es categórico al respecto, ya que en su punto primero establece que «cuando las partes  w.b
no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación  444ww
alitli gdaenmteasn»d.ado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los
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norma que es «inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas
concretas  al  respecto,  no  se  dan  en  uno  y  otro  ámbito  las  mismas  garantías 
procedimentales». Precisa que en materia de notificación de actos procesales resulta 
aplicable tanto la Ley de enjuiciamiento civil como el art. 24 CE, que reconoce el derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva.  Alega  finalmente  que  se  ha  producido  también  una 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en las 
vertientes del derecho a la defensa contradictoria y del derecho a la asistencia letrada, 
las cuales permiten en todos los órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la 
posición procesal de las partes, sin limitaciones a su defensa que pudieran en caso 
contrario ocasionar indefensión a alguna de ellas. Afirma también que el auto de 28 de 
septiembre de 2018 «huye de este tipo de consideraciones» al aplicar una normativa 
administrativa ajena al ámbito procesal y prescindir, a su vez, de las previsiones del 
art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación en papel de la documentación referida 
al primer emplazamiento en la causa.
En consecuencia, solicita que se estime el recurso del amparo, acordando la nulidad 
de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  y  se  ordene  reponer  las  actuaciones  al 
momento previo al dictado de la primera de las resoluciones judiciales impugnadas, a fin 
de que el juzgado admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
4.  La secretaria de justicia de la Sección Tercera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 5 de septiembre de 2019, acordó requerir al órgano judicial para que 
remitiera certificación acreditativa sobre la interposición de algún recurso de apelación en 
dicho procedimiento. El 6 de septiembre de 2019 se recibió certificación indicativa de que 
no fue presentado recurso alguno.
5.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 28 de octubre de 2019, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC)]  porque  plantea  «un  problema  o  afecta  a  una  faceta  de  un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2, 
a)], y porque puede dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia 
de  cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]»; dirigir atenta comunicación al órgano judicial 
para que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento 
para que puedan comparecen en los recursos de amparo quienes hubieran sido parte en 
el procedimiento; y la formación de la pieza separada de suspensión, que fue resuelta 
por ATC 153/2019, de 25 de noviembre.
6.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y bajo la asistencia 
del letrado don Alejandro Ingram Solís, por escrito registrado el 3 de diciembre de 2019, 
manifestó ser cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los 
que era titular Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la finca hipotecada que 
es objeto del proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por 
lo que solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 4 de febrero de 2020, tuvo 
por personada y parte a la procuradora doña Blanca María Grande Pesquero en la 
representación acreditada y acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas  s
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo  oe.
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públicas y 162.2 LEC, que no se ha causado indefensión a la recurrente, pues consta 
que el auto despachando ejecución se puso a su disposición el 8 de mayo de 2018, 
presentando el escrito de oposición a la ejecución el 9 de julio siguiente, «claramente 
fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución)».
8.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 9 de marzo de 2020, presentó 
sus alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo y, en consecuencia, 
que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la 
demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que 
despachó  la  ejecución  solicitada,  con  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad 
de formular oposición a la ejecución».
El Ministerio Fiscal, tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre 
los actos de comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de 
enero y 47/2019, de 8 de abril, concluye que tanto por haber optado el órgano judicial por 
la notificación telemática en vez de la personal en el domicilio de la demandada, como 
por la forma de computar el plazo para formular oposición frente a la ejecución ya 
despachada, ha resultado infringido el derecho a la tutela judicial sin indefensión de la 
demandante,  ya  que,  aunque  en  la  regulación  procesal  conviven  las  notificaciones 
personales con las telemáticas, éstas últimas mantienen una excepción general cuando 
se trata del primer emplazamiento. De ese modo, la aplicación conjunta de lo establecido 
en los arts. 135, 152.2 y 155 LEC debió llevar al órgano judicial a aplicar la última de 
estas previsiones legales, conforme a la cual «cuando se trata del primer emplazamiento 
o citación del demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio 
de los litigantes».
9.  La  entidad  recurrente  presentó  sus  alegaciones  el  9  de  marzo  de  2020, 
remitiéndose  a  lo  expuesto  en  su  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  los 
pronunciamientos de la STC 47/2019, de 8 de abril, a propósito del uso indebido de la 
dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado.
10.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  las 
SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, ha abordado el examen de la misma queja 
de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del 
art. 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de 
oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la 
doctrina de este tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), (iii), 
dictada al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el 
último inciso del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso 
de amparo, en relación con la garantía de emplazamiento personal inicial del demandado 
o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil 
(directa o supletoriamente). En ellas se ha concluido que no procede efectuar por medios  e.
electrónicos  la  citación  o  emplazamiento  del  demandado  aún  no  personado  en  el  w.b
procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio, sin que  444ww
deilc chaas ofo drme ala d eef eccotumaudnaic aa ctrióanvé psu deed ala s deirr escucsiótintu eidleac ptroórn oictara h ealbeiclittraódnaic. aT,a cl oemmop lapzuaemdeie nsetor 
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escritos y documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de este deber del
órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y 
como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que se hizo en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su emplazamiento personal 
en el proceso a efectos de requerirla de pago o, alternativamente, permitirle presentar su 
oposición a la ejecución. Por el contrario, el órgano judicial optó por un emplazamiento 
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por lo demás, el plazo para 
presentar el escrito de oposición fue computado invocando normas del procedimiento 
administrativo común que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos.
Por tanto, el presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la 
doctrina fijada en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y declararse la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 CE). De 
conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de los 
autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, así 
como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se 
proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, retrotrayendo 
las actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a efectuar dicho 
emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de la demandante de 
amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 10 de 
julio y 28 de septiembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 106-2018, así 
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a 
través de la dirección electrónica habilitada en lo que respecta exclusivamente a la 
demandante de amparo.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandante de amparo, debiendo llevarse a cabo de 
nuevo  este  último  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca  e.
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.– w.
Firmado y rubricado. 444ww