BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Sábado 13 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 140059
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
18580 Acta  de  la  X  Reunión  de  la  Comisión  Mixta  Hispano-Colombiana  de 
Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-
Colombia 2020-2024, hecha en Bogotá el 26 de febrero de 2021.
ACTA DE LA X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO‐COLOMBIANA 
DE COOPERACIÓN 2020-2024
El día 26 de febrero de 2021 se firmó en Bogotá el Acta de la X Reunión de la Comisión 
Mixta  Hispano-Colombiana  de  Cooperación  prevista,  tanto  en  el  Convenio  Básico  de 
Cooperación Científica y Técnica, suscrito el 27 de junio de 1979, como en el Acuerdo 
Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación, firmado 
el 31 de mayo de 1988, así como en el Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953 y 
en el Tratado General de Cooperación y Amistad firmado el día 29 de octubre de 1992.
Igualmente, esta firma tuvo en cuenta el Acta de la IX reunión de la Comisión Mixta 
Hispano-Colombiana de Cooperación (2015-2019) firmada el 24 de noviembre de 2015 
en Cartagena de Indias y el Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y 
la República de Colombia, ratificado por España en 2015, en proceso de ratificación por 
parte colombiana.
En este contexto, ambas partes acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo de 
un programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2020-2024, que 
se describe en Marco de Asociación País Cooperación Española en Colombia anexo.
La Delegación del Reino de España estuvo presidida por la Ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sra. Arancha González Laya.
La Delegación de la República de Colombia estuvo presidida por la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Sra. Claudia Blum de Barberi.
La relación completa de participantes de ambas Delegaciones figura como anexo I 
de este acta.
Ambas  Delegaciones  manifestaron  su  acuerdo  sobre  los  temas  a  tratar  y  la 
estructura del acta, que contiene dos capítulos principales y cuatro anexos, que forman 
parte integrante de la misma:
– Marco de actuación.
– Consideraciones finales.
– Anexos.
•  Relación de integrantes de las Delegaciones de Colombia y España (anexo I).
•  Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 (anexo II).
1. Marco de actuación
El Marco de Asociación País 2015-2019 (MAP 2015-2019) y el Acta de la Reunión de  s
la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre 2015) son  oe.
los  antecedentes  más  inmediatos  de  planificación  estratégica  de  la  Cooperación  w.
EAsspoFaciñianocalialóiz nea ndP oCa íoesll o Cpmeobrloiioamd.ob iad-eE svpigaeñnac i2a0 d2e0l- 2M0A2P4,  2a0n1e5x-o2 0a1 9la,  sper ehsae netlea baocrtaad, oq ueel  Mdaerfcinoe  dlea   2021-18580n https://ww
nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo a implementarse durante
el periodo mencionado. Bc
La elaboración del nuevo Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha 
sido liderada por dos grupos:
Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la 
siguiente manera: La Embajada de España, ostentando el Embajador de España la 
Presidencia del GEC; la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Colombia, que 
ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; representantes de las 
Comunidades Autónomas con presencia en Colombia; las ONGD españolas con sede en 
Colombia y la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, en representación de las 
empresas españolas presentes en el país.
Por  parte  de  Colombia,  el  proceso  de  diálogo  que  ha  permitido  el  diseño  del 
documento  del  Marco  de  Asociación  País  estuvo  coordinado  en  la  Comisión  de 
Planificación,  seguimiento  y  evaluación,  constituida  por  el  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Departamento 
Nacional de Planeación.
La Delegación Colombiana informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores le 
corresponde,  bajo  la  dirección  del  Presidente  de  la  República,  proponer,  orientar, 
coordinar  y  ejecutar  la  política  exterior  de  Colombia.  La  política  de  cooperación 
internacional responde a lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la 
Estrategia nacional de cooperación internacional (ENCI).
Asimismo,  el  Gobierno  de  Colombia  creó,  en  noviembre  de  2011,  la  Agencia 
Presidencial  de  Cooperación  Internacional  de  Colombia  (APC-Colombia),  como  la 
entidad del Estado encargada de gestionar, orientar y coordinar toda la cooperación 
internacional  pública,  privada,  técnica  y  financiera  que  reciba  y  otorgue  el  país. 
APC-Colombia actúa como interlocutor técnico entre la comunidad internacional y las 
instituciones colombianas en materia de coordinación y gestión de programas, proyectos 
e iniciativas de cooperación técnica internacional. Por su parte, la participación del 
Departamento  Nacional  de  Planeación  garantiza  la  articulación  de  la  cooperación 
internacional que recibe el país con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Por su parte, la Delegación Española informó sobre las prioridades de la política 
española de cooperación internacional al desarrollo, con base en la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, aprobada el 7 de julio de 1998, e indicó que, el 23 de 
marzo de 2018, se aprobó por Consejo de Ministros el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-2021, en un momento de intensa transformación global que afecta todos 
los ámbitos y sitúa a la cooperación para el desarrollo en un contexto de grandes 
cambios, fijando como uno de sus resultados, la focalización de la cooperación española 
en aquellos países donde puede tener mayor incidencia e impacto, dando especial 
énfasis a la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la transparencia.
En el V Plan Director Colombia recibe la consideración de país de asociación de 
renta media. La cooperación con estos países está enfocada, según su demanda y las 
capacidades de la cooperación española, a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y 
al fomento del crecimiento económico. Esto bajo una óptica general de transferencia del 
conocimiento y apoyo a la sociedad civil para promover que los avances en desarrollo 
sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia y respeto a 
los derechos humanos.
Ambas Delegaciones hicieron referencia, a la trascendencia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y a la conveniencia de integrar las actuaciones 
bilaterales en el marco de metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su 
compromiso para avanzar en la calidad de ayuda y eficacia del desarrollo, de acuerdo  e.
con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y el IV Foro de Alto Nivel  w.b
sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011. A este respecto, señalaron la  580ww
eimnpcouretnatnrcaina  redfele jalodso sc oemn perl oMmaisrcoos  dqeu Aes oscei ahciaónn  Paacoísr dCaodloo mebnia -eEsstap añmaa t2e0r2ia0 -y2 0q2u4e y  esne 
la presente acta.
Asimismo, coincidieron en valorar la importante potencialidad de la cooperación 
triangular y sur-sur para transferir y recibir experiencias exitosas en la aplicación de 
políticas públicas y programas de desarrollo.
En este contexto, la Delegación Española ratificó su compromiso con el desarrollo de 
Colombia, sobre la base del potencial de este país socio. Ello supone que la República 
de Colombia seguirá siendo uno de los principales socios de España en materia de 
cooperación para el desarrollo en los próximos años.
El  Marco  de  Asociación  País  Colombia-España  2020-2024  es  una  estrategia 
compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano, 
reducción de desigualdades y construcción de paz. Integra a una multiplicidad de actores 
con  potencial  impacto  sobre  el  desarrollo  a  través  de  un  estrecho  diálogo,  trabajo 
conjunto  y  coordinado  entre  los  Gobiernos,  otros  poderes  del  Estado,  instituciones 
públicas  y  sociedad  civil,  así  como  con  otros  socios  bilaterales  y  multilaterales  de 
desarrollo.
1.1  Valoración del Marco de Asociación País.
Ambas  Delegaciones  revisaron  los  principales  resultados  previstos  del 
MAP 2020-2024. En general se destaca la alineación con las prioridades del Gobierno de 
Colombia, permitiendo la concentración de recursos en los sectores priorizados y, por 
tanto, un mayor impacto en términos de estabilización y consolidación de la paz.
1.1.1  Principales recomendaciones de la revisión del MAP 2015-2019
La revisión del MAP 2015-2019 destacó la pertinencia del Marco, en relación con las 
prioridades de Política Pública, así como su alineamiento con los ODS y el Plan Director 
de la Cooperación Española. En cuanto a la concentración geográfica, se consideró 
igualmente pertinente.
En relación con las recomendaciones derivadas de la revisión del anterior MAP se 
sugirió priorizar temas en los que España tiene ventaja comparativa (descentralización, 
turismo rural, violencias contra las mujeres…), mantener la acción humanitaria, con 
esquemas flexibles de respuesta y movilización rápida de recursos, y apoyar y promover 
la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto.
Entre las recomendaciones sobre enfoque MAP se encuentran el profundizar en el 
concepto de desarrollo territorial, sostener y promover más propuestas integrales de 
intervención como los Proyectos de desarrollo territorial y otras, apoyar la integración de 
la institucionalidad regional/local/Organizaciones de sociedad civil.
También  se  recomienda  reforzar  el  enfoque  de  sostenibilidad,  otorgar  mayor 
responsabilidad al gobierno colombiano en seguimiento y sostenibilidad MAP. Definir 
indicadores, metas y fuentes internas de medición y un sistema global de seguimiento y 
monitoreo. Incluir indicadores de impacto e incorporar de manera explícita el enfoque de 
género en todas las intervenciones.
En relación con los actores, y teniendo en cuenta que Colombia es un país de renta 
media alta, se recomienda reforzar la transferencia de conocimiento técnico, el trabajo 
con el sector privado español, el enfoque de redes con organizaciones de la sociedad 
civil, las estrategias de coordinación y complementariedad entre actores y potenciar el 
papel del Centro de Formación en Cartagena, como activo valioso para el intercambio y 
gestión de conocimiento.
1.1.2  Articulación entre actores de la Cooperación Española. e.e
La Delegación Española resaltó el papel desempeñado por los principales actores  580ww
ddedeele ls C Ccseeoisnnottteprromea rliadaz ecadi dóeFan o, c rioncmooteamprcenoiróa anCcc iooieómnnna u lCe nAsiadpErataCadñgIeoDesl an cA aoe unndt ó elaCn  oIoOnmlodfiamicaisnsb .ayi a  OT,E étdnrceotindssit acaodacre gadsane ndL Cioos ocmaao olplesaes  r,dAa ehcg aieólnann  c cceioaonb o ErBpasoedpgroaao ñcutáionó lanay     OE-A-2021-18able en https://
importancia creciente en su apoyo a la cooperación en Colombia. Así mismo de las
organizaciones  no  gubernamentales  de  desarrollo,  universidades,  empresas  y 
organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación social, asociaciones 
de  derechos  humanos,  de  inmigrantes  y  las  diásporas,  informando  sobre  el  rol 
articulador de estos esfuerzos que se pretende impulsar a través del Grupo Estable de 
Coordinación (GEC) presidido por el Jefe de la Misión Diplomática.
Especial mención se realizó hacia el papel de las organizaciones de la sociedad civil 
españolas y colombianas en la implementación de los MAP Colombia-España y a la Hoja 
de Ruta con Organizaciones de la Sociedad Civil apoyada por la Delegación de la Unión 
Europea, en la que España ha participado activamente.
1.1.3  Relación con Organismos Multilaterales y Agencias Bilaterales de Cooperación.
Ambas delegaciones coincidieron en valorar el papel fundamental de los Organismos 
Multilaterales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y 
revisaron las principales iniciativas que desarrollan y que cuentan con la financiación de la 
Cooperación Española, dedicando una especial atención a las relacionadas con ACNUR, 
OIM y con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA). La Delegación Colombiana 
manifestó  la  necesidad  de  continuar  fortaleciendo  los  mecanismos  de  identificación, 
formulación, seguimiento y evaluación de estas intervenciones.
Igualmente, la Delegación Colombiana destacó la aportación de España a la Unión 
Europea  y  la  complementariedad  de  sus  respectivas  actuaciones.  En  este  sentido, 
valoraron  el  desempeño  del  Fondo  Europeo  para  la  paz  establecido  por  la  Unión 
Europea  para  Colombia.  Asimismo,  conversaron  sobre  el  aprovechamiento  de 
oportunidades para apalancar recursos europeos (Facilidades Regionales de Inversión 
LAIF, cooperación delegada, etc.), en el marco del nuevo instrumento de cooperación 
para el desarrollo de la Comisión Europea y la Programación Conjunta de toda la 
cooperación de la UE en Colombia.
1.1.4  Cooperación Reembolsable, Cooperación Técnica, Innovación y Gestión del 
Conocimiento.
La  Delegación  Española  manifestó  la  potencialidad  que  tiene  el  Fondo  para  la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para atender las necesidades de desarrollo. A 
través  de  este  instrumento  pueden  materializarse  nuevas  operaciones  de  carácter 
reembolsable, concesional y no ligado.
En  el  plano  del  fortalecimiento  institucional,  la  Delegación  Española  destacó  el 
Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (COOTEC), cuyo objetivo es el 
desarrollo de capacidades para el fortalecimiento institucional, la mejora de políticas y de 
servicios priorizando el trabajo con las instituciones públicas, aunque abierto igualmente 
a la participación de instituciones del sector privado o asociativo.
Finalmente, los laboratorios de innovación (LINCE) ejecutados por los Centros de 
Formación de la Cooperación  Española,  especialmente el Centro de Formación de 
Cartagena, proporcionará una herramienta clave para el fortalecimiento de capacidades.
1.2  Marco  de  Asociación  País  Colombia-España  2020-2024  y  Consideraciones 
para su adecuado cumplimiento.
El Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha puesto especial énfasis 
en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas y en el alineamiento 
de la agenda y los ciclos de gestión de la cooperación española con las prioridades  es
identificadas por el Gobierno de la República de Colombia, tanto en su Plan Nacional de  o
Desarrollo 2018-2022, como en la Estrategia Nacional de la Cooperación Internacional de la  580ww
AeresPsfCuuEel tClar zodMoloosAsm P dcb eoihaln a,Ec e rsehntte aoucdsnho  eod Cj ees orducloeiscmstiaoabn rdirtaioevnl altoor a  lenaans  tp grlauaergvseéatnisórc  ndida ee py lso  refreo cnrrttdeoaisrcleeuióscltn.iam  Sdmioueus ntp,ut oraof o pddcóeeas ll ciiztEuoaes nentadtsado sco .o ednl etrt ribaDubeiarr ejoac  hleoons,    OE-A-2021-18able en https://
con  desarrollo  de  políticas  públicas  inclusivas  y  con  equidad  de  género,  para  la
construcción de paz a través de la estabilización y consolidación de los territorios más 
afectados por la violencia y la pobreza.
Ambas  Delegaciones  acordaron  que  la  cooperación  española  debe  focalizar  su 
trabajo, durante la vigencia del Marco de Asociación País en los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: ODS1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo; ODS2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición  y  promover  la  agricultura  sostenible;  ODS5.  Lograr  la  igualdad  entre  los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos/as; ODS16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
Adicionalmente, se desarrollarán actuaciones en el ámbito de la acción humanitaria, 
cuando sea necesario.
Todas  ellas  tienen  su  correspondiente  correlación  con  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo 2018-2022 y con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de APC 
Colombia.  Las  líneas  de  base  se  nutren  de  la  información  estadística  nacional 
colombiana y los indicadores han sido convenientemente pactados.
Las intervenciones en las líneas antes citadas se desarrollarán, fundamentalmente, 
en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte del Santander, 
Valle del Cauca y la Guajira, tratando de dar respuesta a las demandas ciudadanas y 
promoviendo la articulación de actuaciones en el territorio apoyadas por la cooperación 
española entre sí y con las de otros actores de cooperación, así como con las políticas 
públicas de carácter nacional y subnacional. Todo ello, con la finalidad de promover 
adecuadamente el Enfoque Territorial que Colombia desea aplicar.
Se  estima  un  monto  de  nuevos  fondos  AOD  de  120  M€  para  el  periodo 
MAP 2020-2024. Igualmente se estima que se ejecutarán 104 M€ de fondos asignados 
en el MAP anterior y que todavía están vigentes a la firma de este acta. En relación con 
la cooperación reembolsable la cooperación española podría disponer de hasta 50 M€ 
para operaciones en Colombia.
Ambas Delegaciones coincidieron en la necesidad de mejorar el trabajo en los 
siguientes aspectos:
1)  Buscar mecanismos y procesos que faciliten la ejecución en forma y plazo de 
subvenciones españolas dirigidas a instancias públicas colombianas.
2)  Profundizar en la aplicación de protocolos destinados a la transversalización de 
enfoques de género, derechos humanos, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental 
en los resultados de desarrollo.
3)  Mejorar los mecanismos de transparencia y mutua rendición de cuentas, así 
como en la visibilización de las contrapartidas aprobadas por los socios nacionales y 
locales colombianos.
4)  Mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de coordinación de los actores de 
cooperación,  especialmente  con  la  cooperación  descentralizada,  con  las  entidades 
colombianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.
5)  Fortalecer los mecanismos de coordinación España-Colombia para la mejora de 
procesos de identificación, seguimiento, evaluación y elaboración de recomendaciones 
previstas en el MAP Colombia 2020-2024 a través de la Comisión de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación.
6)  Priorizar el Centro de Formación de la cooperación española en Cartagena de 
Indias, para dar respuesta a las demandas de formación identificadas a través de las 
Administraciones Públicas latinoamericanas. e.
7)  Ambas  delegaciones  expresaron  su  interés  en  seguir  avanzando  en  la  w.b
coherencia de políticas de desarrollo de ambos países. 580ww
La  Delegación  Colombiana  resaltó  la  importancia  de  la  contribución  de  la
csouo apgerraadceiócnim cieonntjuon ata E aslp daeñsaa prroorl lsou n caocmiopnraolm yi sao l ay  acoconmsopliadñaacmióine ndteo .la paz, manifestando
2. Consideraciones finales
Ambas  Delegaciones  se  comprometen  a  generar,  de  manera  expedita,  las 
comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Ambas Delegaciones respetando el principio de la rendición mutua de cuentas, se 
comprometieron a realizar una evaluación final de la ejecución del MAP, por parte de un 
organismo  independiente  local  acordado  conjuntamente,  y  cuyos  resultados  serán 
difundidos y publicados tanto en Colombia como en España.
Al término de la reunión, ambas Delegaciones reiteraron la voluntad de continuar 
trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación, acorde con el alto nivel de sus 
relaciones, basadas en profundos lazos históricos, culturales y de amistad, entre los 
Gobiernos y pueblos de España y Colombia.
La Delegación Española agradeció a la República de Colombia su hospitalidad para 
la celebración de la presente Reunión de Comisión Mixta.
Celebrada  y  suscrita  en  la  ciudad  de  Bogotá,  en  dos  ejemplares  originales  en 
español, igualmente válidos, el día 26 del mes de febrero de 2021.
Por el Reino de España, Por la República de Colombia,
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión 
La Ministra de Relaciones Exteriores
Europea y Cooperación
Sra. Arancha González Laya Sra. Claudia Blum de Barberi
ANEXO 1
Composición de las Delegaciones
Delegación española
Acompañarán  a  la  Sra.  Ministra  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y 
Cooperación, Arancha González Laya:
1.  Marcos Gómez Martínez, Embajador de España en Colombia.
2.  Magdy  Martínez  Solimán,  Director  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID.
3.  Rafael Garranzo García, Director General para Iberoamérica y el Caribe, de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
4.  Luis Oscar Moreno García- Cano, Director General de Diplomacia Económica, 
MAUC.
5.  Mónica Prado Rodríguez, Directora General de Comunicación Pública y Redes, 
MAUC.
6.  Alberto de la Calle García, Director Adjunto del Gabinete de la Ministra.
7.  Vicente Ortega Cámara, Coordinador de la Cooperación Española en Colombia.
8.  Sofía Mata, Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Cartagena de indias.
9.  Mercedes Alonso Segoviano, Responsable de Programas AECID en Colombia.
Delegación colombiana s
Acompañarán a la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores, Claudia Blum Capurro: b
Coo123p...e   raAEÁcdmniórgiinlaei,onl aA aA P rMcOChe sCijlpíaaoi,n,l  oCaVm oicnbdesiemae .ijneNirsoitc rPhaor dellessi ,dA esDnucinrietaocl stpo Mararua l tliaGla eEtensretaarlabelis li.zAacgieónnc yia l a PCroenssidoelidnacicaiól n.de  OE-A-2021-18able en https://
4.  Álvaro Calderón Ponce de León, Director de Cooperación Internacional.
5.  Paulo Mina, Coordinador de Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.
6.  Karen Mendoza, Directora de Demanda, Agencia Presidencial de Cooperación, 
APC Colombia.
7.  Natalia  Bargans,  Subdirectora  de  Crédito  del  Departamento  Nacional  de 
Planeación.
8.  Catalina Rojas, Jefe de Gabinete, Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación.
9.  Daniela Ibarra, Asesora Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.
10.  Mariana Londoño, Asesora Departamento Nacional de Planeación.
11.  Carolina Rodríguez, Asesora de la Agencia Presidencial de Cooperación, APC 
Colombia.
12.  Sara Rodríguez, Asesora Consejero Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación.
Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024
Contenido:
1.  Bases para la asociación.
1.1  Colombia: Análisis de Contexto.
1.2  Análisis de la estrategia nacional en base a las 5P para no dejar a nadie atrás.
1.3  La Cooperación Española en Colombia.
1.4  Cooperación Internacional en Colombia.
2.  Resultados de Desarrollo Sostenible.
2.1  Contribución a la Agenda 2030 Nacional.
2.2  Alcance Territorial.
2.3  Marco de Resultados.
3.  Alianzas para la Estrategia.
3.1  Red de Alianzas.
3.2  Modalidades e Instrumentos.
3.3  Recursos.
3.4  Riesgos.
4.  Enfoques Transversales.
5.  Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.
5.1  Seguimiento.
5.2  Evaluación.
5.3  Rendición Mutual De Cuentas Y Transparencia.
6.  Anexos.
1. Bases para la Asociación
1.1  Colombia: Análisis de Contexto.
1.1.1  Datos generales geográficos y de población(1): e.
Fund(a1)m  eGnetaolgmraefníate:  DFiAcNhaE -PCaeínss Co odleo mPboibal aMciAóUn E2C01, 8A yn áPliNsiDs  2d0e1 s8i-t2u0a2c0ió)n. en salud Min salud 2018. Población:
El 77C,o1l o%m rbeias idtiee neen  ucnaab epcoebrlaasc idóenp daert a4m8,e2n mtaillelosn, eesl  7d,e1  p%e resno noatrso, ss iceenndtoro es l p5o1b,2la d%o sm, usijeenredso. 
sólo el 15,8 % población rural dispersa. El 9,3 % de la población (4,67 millones de personas)
se considera afrocolombiana, raizal o palenquera, concentrada mayoritariamente en la 
franja pacífica y zona caribe del país. La población indígena representaría el 4,4 % del total 
nacional (1,9 millones de personas), distribuida en 115 pueblos indígenas nativos, dispersos 
por buena parte del país, aunque la mayoría (66,9 %) se concentra en los Departamentos 
de Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba; Sucre y Chocó.
De los 14,243.223 hogares, 59,3 % tienen jefatura masculina y el 40,7 % femenina. 
En las jefaturas de hogar lideradas por mujeres, éstas deben asumir una triple jornada 
de trabajo (actividades productivas, asociadas al trabajo doméstico y al cuidado no 
remunerado).
El Informe de Desarrollo Humano lanzado en 2019 sitúa a Colombia en la posición 
número 79, dentro del grupo de países de Desarrollo Alto. No obstante, Colombia 
presenta el índice de desigualdad más alto de la región, y de la OCDE, con un índice de 
Gini de 0,47.
1.2  Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás 
con base en la Agenda 2030.
1.2.1  Personas:
1.2.1.1  Fin de la Pobreza: Indicadores de Pobreza y su distribución(2).
(2)  (DANE-PND 2018 -2022).
La Gran encuesta Integrada de Hogares 2020 estima que el 2,4 % de la población 
colombiana es clase alta, el 30,8 % media, el 39,8 % vulnerable y el 27 % pobre. 
Para 2019 se determinó que el porcentaje total de pobreza multidimensional a nivel 
nacional fue del 17,5 % que representan 1.6 puntos porcentuales menos que en el 2018 
(19,6  %).  Esta  cifra  se  dúplica  en  departamentos  como:  Guainía  (65  %);  Vaupés 
(59,4 %); Vichada (55 %); La Guajira (51,4 %) y Chocó (45,1 %). Este leve aumento, se 
debe  entre  otros  factores,  al  incremento  de  población  migrante  en  el  territorio 
colombiano. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en el 2019 el número de hogares en condición de pobreza multidimensional con 
presencia de un migrante en el hogar es del 10,7 % comparado con 8,8 % en el 2018. Y 
las regiones con mayor participación de hogares con migrantes extranjeros en condición 
de pobreza multidimensional son Caribe y Oriental.
Para la población indígena, en 2016, el porcentaje de pobreza multidimensional era 
del 45,8 % y del 30.6 % en el 2018 para comunidades negras, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras frente a una media nacional del 17,8 %. A raíz de la pandemia las medidas 
preventivas y las limitaciones de movilidad han afectado la actividad económica y, por lo 
tanto, la capacidad de las personas para asegurar sus ingresos y medios de vida, lo que ha 
agravado la situación de millones de personas en condiciones de pobreza extrema.
En relación con la desigualdad Colombia presenta una de las mayores disparidades 
en la distribución del ingreso en América Latina con una variación en el índice de Gini 
del 0,517 en el 2018 al 0,526 en el 2019 superando el promedio de América Latina. La 
CEPAL estima que, a raíz de la pandemia, esta desigualdad podría aumentar aún más, 
con el coeficiente de Gini aumentando en 1.5-2.5 %.
1.2.1.2  Seguridad alimentaria(3).
(3)  Eminentemente Análisis de situación de Salud 2018 para desnutrición y Plan Nacional de Desarrollo- oe.
DANE 2018-2022 para el resto. w.
comEidna sC loal oúmltibmiaa,  sleam caifnraa  edse  dheol g2a4r,5e6s  deen  juloliso  dqeule 2 0n1o9 s ae  jucloion sdueml 2ió0 2a0l.g Eunl ap odrcee nlatasj et rdees 
pdoisbmlaincuiócnió nc odne ssdueb a1li9m9e0n-1ta9c9ió2n ((41) 4c,6a l%cu)l ahdaos tap ore l la(4 .8F A%O ) eevnid eenl ci2a0 1u8n. a Laim  ptaosrata ndtee 
mortalidad infantil por desnutrición disminuyó de 8,2 en 2016. A 4.6 en el 2017. El 50.2 %
de  hogares  indígenas  y  el  68,9  %  de  los  hogares  afrodescendientes  presentan 
inseguridad alimentaria y nutricional, medida según el Instituto Nacional de Salud en 
el 2018.
(4)  Población que no consume la energía necesaria para llevar una vida saludable y activa.
Solo el 37,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra (DANE, 2011), y de 
éstos el 59 % presenta informalidad en la propiedad. Por cada 5 mujeres beneficiarias de 
los programas de acceso y gestión jurídica de tierras hay 8 hombres y sólo el 38 % de 
los baldíos adjudicados entre septiembre 2016 y agosto 2018 lo fueron a mujeres.
El COVID-19 ha situado a 3,3 millones de personas en Colombia en condiciones de 
inseguridad alimentaria grave y requieren asistencia urgente para salvar vidas. Además, 
1,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia se han encontrado en una posición 
aún  más  vulnerable,  con  una  condición  cada  vez  más  profunda  de  inseguridad 
alimentaria. Se espera que la inseguridad alimentaria general aumente de 3.3 millones 
a 10 millones de personas, incluida la población migrante.
1.2.1.3  Salud y Bienestar(5).
(5)  Fundamentalmente Análisis de situación en salud Minsalud 2018.
El DANE, en sus estimaciones 2019 sobre pobreza multidimensional, determinó un 
porcentaje de población sin aseguramiento de salud del 11.3 % a nivel nacional.
El IDH 2019 sitúa la esperanza de vida para 2018 en 77,1 años, siendo más alta en 
las mujeres. La mortalidad materna permanece relativamente alta en comparación con 
países desarrollados (51,01/ 100.000 nacidos vivos en 2020), aunque se ha reducido a la 
mitad desde el año 2000. En términos relativos y con respecto al promedio nacional, la 
razón de mortalidad materna es cuatro veces mayor en mujeres indígenas y dos veces 
mayor en mujeres afrocolombianas.
Según el DANE, en el 2018 el 19.1 % de las mujeres entre 20 y 24 años se había 
unido en matrimonio antes de los 18 años y el 3.6 % lo hizo antes de los 15. Asimismo, 
el 13,3 %(6) de las mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años ya estaban casadas o 
unidas, (24.6 % en la zona rural), mientras que en hombres es de 2.9 %. El 55 % de las 
madres adolescentes habría sufrido algún tipo de violencia por su pareja antes de 
cumplir el primer año de unión.
(6)  Minsalud-Profamilia 2015.
La infección por VIH describe un comportamiento creciente a través del tiempo 
pasando de 82.856 casos durante el 2017 a 123.490 durante el 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha elaborado un documento: 
«Lineamientos  Generales  para  el  Programa  Ampliado  de  Inmunizaciones-PAI  en  el 
contexto de la pandemia de COVID-19». El objetivo es brindar orientaciones generales 
para  la  gestión  del  Programa  Ampliado  de  Inmunizaciones  (PAI)  y  del  servicio  de 
vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del coronavirus.
1.2.1.4  Educación(7).
(7)  Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Estudio OCDE Revisión de Recursos Escolares COLOMBIA,  e.
otras fuentes. b
el 4,E6n8  %20 e1n8 ,m eulj earensa lyfa dbee t5is,1m5o % e ne nl ah opmobbrleasc.ión de 15 años o más, se estimaba en  2021-18580n https://ww
Cobertura neta por nivel educativo y zona en 2018 en porcentaje
Rural Urbana Total Brecha urbano-rural
Nivel – – – –
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Transición. 47,67 60,98 56,84 13,30
Primaria. 74,77 84,87 81,77 10,10
Secundaria. 61,18 77,13 72,34 15,96
Media. 31,85 47,08 42,55 15,23
Básica. 79,20 88,17 85,44 8,97
  Total. 78,31 87,74 84,88 9,44
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, la tasa de analfabetismo en la 
población étnica de 15 años o más se ubicó en el 13 % duplicando la de la población sin 
pertenencia  étnica.  El  8,3  %  de  esta  población  étnica  no  cuenta  con  ningún  nivel 
educativo y un 27,7 % apenas alcanzó la educación primaria.
Respecto a la deserción escolar, la misma encuesta describe que el 18,5 % de las 
adolescentes de 15 a 19 años no asisten a un establecimiento educativo porque deben 
encargarse de los oficios del hogar, y el 16,5 % no lo hacen por razones de embarazo. El 
COVID-19 ha agravado la situación y se cree que, de cada 100 alumnos que hoy 
adelantan  el  año  lectivo  2020,  doce  dejarían  las  aulas  en  los  planteles  oficiales. 
Especialmente en las zonas rurales, la falta de computadoras para las clases virtuales, 
los problemas económicos, sumados a las dificultades habituales que se presentan en la 
vida académica de los estudiantes, serían las causas de esta deserción.
En lo que respecta a educación superior entre el periodo 2002-2018, la tasa de 
cobertura bruta aumentó del 23,7 % al 52,8 %, pasando el número de matriculados de 1 
millón a 2,4 millones. Si bien esto ubica a Colombia por encima del promedio de los 
países de América Latina (48 %), aún dista mucho de otros países de la región como 
Chile y Argentina (superiores al 80 %) y también del promedio de países miembros de la 
OCDE, cercano al 72 %.
El confinamiento debido a la pandemia ha obligado a cerrar las escuelas y recurrir a 
la enseñanza en línea. Este es todo un reto para los escolares de familias con bajos 
ingresos,  a  diferencia  de  los  que  tienen  facilidades  económicas.  El  62  %  de  los 
estudiantes en Colombia no tienen conexión a internet, y muchos menos tienen un 
computador en casa. A raíz del COVID-19, casi 11 millones de estudiantes no están 
teniendo clases como lo hacen normalmente. La educación remota implica grandes 
desafíos tanto para alumnos como para maestros.
1.2.1.5  Igualdad de Género(8).
(8)  PND 2918.2022 y otros.
En relación con la participación, a nivel nacional y territorial, para 2018, el porcentaje de 
participación de la mujer en cargos decisorios de la Administración Pública era del 44 % en 
cargos del máximo nivel decisorio y del 48 % en otros niveles decisorios(9).  Sin embargo, 
en los cargos de elección popular, a pesar de la Ley 1475/2011(10), los resultados de las  es
últimas elecciones departamentales y municipales de octubre de 2019 siguen evidenciando  o
alleeaalln sec  acb2eclr0deilo1eecn5cshcae)a.iss o S  n(eep1en r3se e 3scme teeánadn  tiene lo2ncris0traee 1 smD5d.) eee. pDn Eatepanr rtn ear1desm.oel1ae n0ecnc1li tóio nansú m  mcdudoeenen ri c omlAi apdutsileoáj e gsnAr,ote ilbccsCoea  orlednyl oía amicVnsic boaylinlua leGes  sooed,  bleidigenlo irvónsCo  aalmuacuic uocijó1naen3e,r e 1s(s  c5q o mluongeug o jriebranerercesorlpsnun eay gecdctanooon mr eaanoasr      OE-A-2021-18580able en https://www.
su organigrama Secretarías de Mujer y/o que promulgan políticas públicas promotoras de la
equidad de género. Sin embargo, son escasas aquéllas que cuentan con personal y 
presupuesto significativo para impulsar actuaciones consistentes.
(9)  La Ley 581/2000, impuso para la Administración Pública una cuota mínima de participación de la mujer 
en cargos decisorios del 30 %.
(10)  Establece una cuota para incrementar el número de mujeres candidatas.
En relación con las violencias basadas en género, el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), contabilizó 630(11) feminicidios en 2020. Si bien 
esta cifra supone una disminución respecto a años anteriores, es necesario tener en 
cuenta  que  2020  ha  sido  un  año  de  confinamiento  debido  a  la  pandemia. 
Adicionalmente, se tuvo registro de 59.095 casos de lesiones en mujeres por violencia 
intrafamiliar (40.760 corresponden a violencia generada por la pareja) y 22.115 casos por 
posibles agresiones sexuales de los cuales 10.245 fueron contra niñas entre los 10 y 
los 14 años. Esta violencia basada en género ha visto incrementada la incidencia de una 
manera lamentable con la pandemia.
(11)  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Boletines estadísticos mensuales en https://
www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales.
Las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más sufren la violencia 
sexual. De los 5.398 casos registrados por el INML-CF de enero a abril de 2020, 
4.560 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 84,47 % del total de mujeres 
agredidas. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más 
afectadas con el 49,08 %, seguidas por las niñas que tienen entre 5 y 9 años, con 
el 25,09 % de los casos.
A fecha de mayo de 2020, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), 
hay  4.971  víctimas  únicas  auto  reconocidas  como  LGBTI.  Históricamente,  el 
desplazamiento forzado ha sido el hecho de victimización más recurrente, seguido de la 
amenaza,  los  delitos  contra  la  libertad  y  la  integridad  sexual,  los  actos  terroristas, 
atentados y combates. Los departamentos en donde han ocurrido el mayor número de 
eventos asociados a afectaciones de población LGBTI han sido en su orden: Antioquia, 
Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó. El pico más alto del número de eventos 
ocurridos  contra  las  personas  con  orientaciones  sexuales  e  identidades  de  género 
diversas se dio en el 2014, con el 8 % del total de víctimas auto reconocidas, seguido 
del 2018 con el 6,7 %.
Otros temas relevantes para la igualdad de género son la existencia de redes de 
trata y prostitución, la persistencia sobre roles y estereotipos de género en el ámbito 
sociocultural, la brecha digital, la brecha pensional o la brecha en los tiempos dedicados 
a los cuidados y lo asistencial. Además de la terrible situación y riesgos diferenciales 
para las mujeres lideresas y defensoras de DDHH.
1.2.1.6  Población  migrante  y  refugiada  venezolana,  colombianos  retornados  y 
comunidades de acogida(12).
(12)  La crisis política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela habría ocasionado un flujo 
de refugiados y migrantes estimado en octubre de 2019 en 4,5 Millones de personas (3,7 en la región). Se 
estima que a final de 2020 la población refugiada y migrante en la región podría ascender a los 5,5 millones de 
personas e incluso llegar a superar el fenómeno sirio.
Desde  el  2015,  más  de  5  millones  de  personas  venezolanas  han  migrado  o
hMciprorurieignnmgr caauivpcnloaaiióctrla manric ineaCiócn,o rntpeel oom dmhlíeeatbin cciatpiaaa e   eyrlsoem tesniamc onporaeamnbníóseacmem iaqsiec  uavne(e4 t eac9la li, n 3liocon isstf%er  ard ri oieedmr se Sudg jumeoed srieagV smreya n ényelrta iezc 5usa0v e,e u,la7hnln. u  ee%yArle  a pn3bhad1iolío isdmd  adeebde rrd a eli dascd)e ie.eg  m rLl1aaba,vs7r e e3m  p sdmeiigteruirs llaa2oocc0nniióó2eann0ss      OE-A-2021-18580able en https://www.
(extorsión, incorporación a grupos armados, a actividades relacionadas con cultivos 
ilícitos y otras economías ilegales, situaciones de trata y abuso sexual, etc.).
A la misma fecha, 762.823 migrantes en Colombia contaban con un estatus regular. 
Por su parte, 966.714 personas se encontraban irregularmente en el país, bien por haber 
superado el tiempo de permanencia, o por haber ingresado sin autorización. A pesar de 
los continuados esfuerzos del Gobierno colombiano por facilitar la regularización a lo 
largo  de  los  últimos  años,  la  migración  irregular  presentaba  una  tendencia  al  alza 
progresiva. No obstante, en febrero de 2021 el Gobierno colombiano tomó la decisión de 
otorgar un estatus de protección temporal por los próximos diez años a toda la población 
migrante venezolana en el país, ofreciéndole una hoja de ruta para la regularización y 
una oportunidad para su integración socioeconómica efectiva en las comunidades de 
acogida colombianas.
La  población  venezolana  se  ha  ido  asentando  a  lo  largo  de  toda  la  geografía 
nacional. En términos absolutos, a 31 de diciembre de 2020, los mayores números se 
encontraban en Bogotá (337.594); Norte de Santander (187.854), Atlántico (160.736), 
Antioquia (156.163), La Guajira (149.575), Santander (111.879), Cundinamarca (95.122), 
Valle del Cauca (88.850) y Magdalena (87.341), pero en términos relativos y en relación 
con la densidad poblacional posiblemente sean los departamentos fronterizos de La 
Guajira, Norte de Santander y Arauca los más afectados.
Desde 2018, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial y su estructura de 
coordinación nacional, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), 
han construido los Planes Regionales de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela  (RMRP)  en  consulta  permanente  con  el  Gobierno  colombiano.  Estos 
documentos, elaborados anualmente, presentan una hoja de ruta sobre las acciones de 
los socios de la cooperación internacional para complementar la respuesta de los países 
de acogida al fenómeno migratorio en sus distintos sectores, incluyendo la respuesta 
humanitaria a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y los esfuerzos para 
la integración socioeconómica de la población migrante en las comunidades de acogida. 
Asimismo, constituyen un llamamiento para la movilización de recursos de cooperación 
que financien este amplio conjunto de acciones y son, en consecuencia, el instrumento 
principal para la orientación de la cooperación frente al fenómeno migratorio en el país.
En el caso del Plan Regional de Respuesta para 2021, el requerimiento de financiación 
definido para Colombia es de USD$641 millones (aproximadamente EUR€530 millones) 
para atender hasta final de año a una población objetivo de aproximadamente 1,8 millones 
de personas entre venezolanos con vocación de permanencia, colombianos retornados, 
venezolanos en dinámicas pendulares en la frontera, venezolanos en tránsito hacia terceros 
países y las comunidades de acogida.
En  septiembre  de  2018,  11  Estados  suscribieron  la  Declaración  de  Quito  para 
promover el consenso y el diálogo entre países receptores sobre políticas nacionales y 
regionales de atención a la crisis. Desde entonces se han celebrado diferentes rondas 
que han dado lugar a un Plan de Acción y una Hoja de Ruta para tratar de armonizar 
mecanismos de respuesta.
1.2.2  Planeta:
1.2.2.1  Agua y Saneamiento(13).
(13)  Fundamentalmente DANE-PND 2018-2022.
Si bien los datos globales de cobertura de estos servicios básicos son elevados  bo
(86,4 % con acueducto; 76,6 % con alcantarillado o 81,6 % con recolección de basuras),  580ww
lpaesr ifdéisripcaorsi,d oatdreoss  cseonnt reonso prombelasd eonst rye l ala zso ngara rnudraels d cisiupdearsdae.s del país, los departamentos
Acceso a Servicios Básicos en centros poblados y zona rural dispersa de Colombia 
(sobre un total de 33 divisiones administrativo-políticas-DANE-Censo 2018)
Número de departamentos y porcentaje sobre el total
Servicio
Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura
<10 % 10,01-20 % 20,01-30 % 30,01-40 % 41 %-50 % 50,01-75 %
Acueducto. 4 (12,12 %) 3 (9,09 %) 2 (6,06 %) 6 (18,18 %) 4 (12,12 %) 12 (36,36 %)
14 
Alcantarillado. 9 (27,27 %) 6 (18,18 %) 2 (6,06 %) 1 (3,03 %) 1 (3,03 %)
(42,42 %)
Recolección 
8 (24,24 %) 10 (30,30 %) 5 (15,15 %) 3 (9,09 %) 1 (13,03 %) 5 (15,15 %)
basuras.
El indicador de acceso a fuente mejorada de agua utilizado por el DANE para 
ponderar la pobreza multidimensional en 2018 alude a privaciones mayores al 50 % 
en 5 departamentos del país: Putumayo (50,3 %); Chocó (67 %); Guainía (68 %); Vaupés 
(68,7 %) y Amazonas (73,1 %). Resalta a este respecto la gran brecha urbano-rural en la 
medida en que la media de hogares sin acceso a nivel nacional sería del 11,7 % pero 
con gran variabilidad entre cabeceras (2,8 %) y otros centros poblados y población rural 
dispersa (44,3 %). La brecha se evidencia igualmente en relación con los hogares 
étnicos, que en un 21,04 % de los casos no contarían con acceso a agua mejorada 
frente al 7,82 % de los hogares no étnicos (Encuesta de Calidad de Vida 2016).
El índice de riesgo para el consumo de agua potable en Colombia para 2018 se 
consideraba alto en 4 Departamentos y medio en 14. Alrededor de 3.800.000 personas 
aún reciben agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual representa 
el 11,56 % de la población total con servicio en el país (Min Vivienda, 2018). Por otro 
lado, entre 2012-2017 se pasó de tratar 33,1 % de aguas residuales urbanas al 42,6 %.
La sostenibilidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento es un claro 
reto en pequeñas cabeceras municipales y en áreas rurales por la debilidad de los 
esquemas de prestación y de la cultura de pago, En las cuales la prestación sostenible, 
depende en gran medida del giro de subsidios por parte de las autoridades municipales.
1.2.2.2  Biodiversidad, deforestación y Potencial de aprovechamiento de espacios 
naturales(14).
(14)  PND 2018-2022.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM), en el año 2019, la reducción de la deforestación fue del 19,2 %, 
mientras que en el año 2018 fue del 10 %, confirmando la tendencia de reducción de 
este flagelo en el país. La Amazonía pasó de representar el 70 % de la deforestación en 
el país a un 62 % en el 2019. Sin embargo, se deforestaron 158 mil hectáreas en 
el 2019. Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones ha de bosque y en los dos años 
posteriores  se  deforestaron  178  mil  y  219  mil  ha  respectivamente.  En  2017,  más 
del 15 % de la deforestación nacional tuvo lugar en territorios étnicos. Los territorios 
colectivos de comunidades negras están asistiendo, igualmente, a un incremento de la 
deforestación (29.000 ha en 2016 y 11.852 en 2017). Las motivaciones en estos casos 
son  la  extracción  ilícita  y  de  empresas  multinacionales  de  minerales  y  madera,  e.e
colonización y expansión de la frontera agropecuaria. Adicionalmente al problema de la  b
deforestación, el problema de la contaminación es un problema grave especialmente de  580ww
las fLuae ngteess thióínd ridcea sla psr oávroecaasd qau peo rc olan afocrtmivaidna de lm SinINerAaP.(15) (31 millones ha) constituye un
erent o1 7p apraar qeule ps anísa.c iEonna 2le0s1 n7a stuer aildeesn. tCifiecracrao nd e8 .2355.90 0h0e fcatmárieliaass  hdaeb ictaubltiavno se nd elo su smoi simlícoitso, 
muchas en condiciones de vulnerabilidad. A 2018, el 33 % de las 55 áreas entonces 
protegidas presentaba traslapes con territorios étnicos(16).
(15)  Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
(16)  Cortes (2018). Resguardos Indígenas en la conservación: territorios en traslape. Recuperado de 
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/682/1/DHA-spa-2018-
Resguardos_indigenas_en_la_conservacion_territorios_en_traslape.pdf.
1.2.2.3  Susceptibilidad  a  desastres  naturales  y  cambio  climático.  Adaptación  y 
mitigación(17).
(17)  PND 2018-2020.
La crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, así como la temporada de 
huracanes de 2020, que ha roto los récords por ser prolífica en número de tormentas, 
demuestran  la  importancia  de  garantizar  que  la  agenda  del  cambio  climático  esté 
integrada en los procesos de recuperación económica en el corto plazo, y en el proceso 
de desarrollo en el mediano y largo plazo.
Asumiendo  el  cambio  climático  como  una  prioridad  nacional,  Colombia  aprobó 
en 2017 la Política Nacional de Cambio Climático y en 2018 la Ley de Cambio Climático, 
las cuales establecen las directrices para la gestión del cambio climático en el país. 
Tanto  la  ley  como  la  política,  buscan  aprovechar  sinergias  y  apalancar  el  marco 
regulatorio y los sistemas existentes, y estructuran el Sistema Nacional de Cambio 
Climático (SISCLIMA) como eje primario de institucionalización e internalización del 
cambio climático entre actores e instrumentos.
En los últimos años, los instrumentos de planificación de Colombia para la acción 
climática se han consolidado y puesto en marcha. Esto se ha visto reflejado en la 
incorporación del cambio climático en los instrumentos formales de planificación sectorial 
y territorial, a través de la formulación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio 
Climático a nivel sectorial (PIGCCS) y territorial (PIGCCT)(18).
(18)  Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia. Gobierno de Colombia. 
NDC)  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada
%20de%20Colombia.pdf.
Las  condiciones  geológicas  y  climáticas  de  Colombia  han  hecho  que  en  los 
últimos 19 años el 88 % de los desastres que ocurren en el territorio sean de origen 
hidrometeorológico  (inundaciones,  deslaves,  sequías),  lo  cual  se  acentúa  por  las 
intervenciones antrópicas, como el uso del suelo en actividades agrícolas, ganaderas y 
la deforestación. El 29,0 % del territorio nacional tiene condiciones críticas de amenaza 
por fenómenos hidrometeorológicos que afectan anualmente a miles de personas. Así 
mismo  el  país  es  susceptible  a  afectaciones  sísmicas.  Cinco  Departamentos  con 
importante presencia de comunidades étnicas (San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía 
y Chocó) fueron identificados como los de mayor vulnerabilidad al cambio climático. 
Adicionalmente, los departamentos de Guainía, Amazonas, Cauca, Vaupés, Vichada, 
Guajira, Chocó y Nariño presentan una alta vulnerabilidad al riesgo de desastres.
En términos de avances, se logró la formulación y adopción del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), con una ejecución a nivel sectorial del 74 % 
entre 2015 y 2018. A nivel territorial, el 85 % de los municipios y el 100 % de los 
departamentos disponen de instrumentos de gestión del riesgo; y entre 2016-2018, la  e.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) brindó asistencia  w.b
técnica al 16 % de los municipios del país (UNGRD, 2017). 580ww
de 2F0re1n8t ey  alla c afomrmbiuol accliimóná,t icpoo, rl opsa lroteg rodse  soec hcoon mceinnitsratenr ieons  lya  e2x0p eddeipcaiórnta dmee nlat oLse yd e1 9l3o1s 
P(PlaIGneCsC ITn)t,e rgersapleesc tdivea mGeensttieó.n del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales
La  debilidad  institucional,  la  desarticulación  interinstitucional,  los  sistemas  de 
información débiles y la falta de presencia del Estado en áreas ambientales estratégicas, 
han incrementado los conflictos socioambientales que se desarrollan principalmente en 
zonas rurales, relacionados con el uso, ocupación, tenencia y acceso a los recursos 
naturales. Los sectores que más eventos conflictivos presentan son: la minería (33 %), los 
combustibles fósiles (25 %), la extracción de biomasa (16 %) y la gestión del agua (12 %).
1.2.3  Prosperidad:
1.2.3.1  Información macroeconómica(19).
(19)  Informe Oficina Comercial Embajada de España y Banco Mundial.
El  Banco  Mundial  proyecta  que  producto  de  la  pandemia  el  PIB  se  contraiga 
un 7,2 % en el 2020 y estima un repunte en el crecimiento del para el 2021-2022. Para el 
tercer trimestre del 2020 el PIB fue de 55.966 millones de EUR. Según el Fondo 
Monetario  Internacional  PIB  per  cápita  iba  a  caer  desde  los  US$6.423  reportados 
para 2019 a los U$5.207 presupuestados para 2020 y, en consecuencia, un PIB per 
cápita  para  ese  mismo  año  del  aporte  departamental  al  PIB  es,  sin  embargo, 
enormemente desigual. Información preliminar del DANE relativa a 2019 revela que los 
aportes al PIB de Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB 
nacional; si se le suman las siguientes tres economías en participación (Santander, 
Cundinamarca y Atlántico), juntas representaron el 67 % del PIB de Colombia. l. El 
año 2019 cerró con un crecimiento económico estimado del 3,2-3,3 %, por encima del 
dato de 2018 (2,7 %).
El gobierno prevé un déficit fiscal de 8,9 % del PIB para 2020 y de 7,6 % para 2021 
por la pandemia. Por su parte y según el Banco de la República, la deuda pública 
colombiana en 2020 llegó a USD $180.507 millones, cifra que representa 61 % del total 
del PIB nacional.
Debido a la pandemia y según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia 
espera el peor descenso del PIB en la historia del país con una disminución del -5,5 % 
en 2020 y según la OCDE, el PIB de caerá entre el 6,1 % y el 7,9 %. El PNUD en 
Colombia estima que 1.7 millones adicionales de personas podrían descender a la 
pobreza extrema en un escenario moderado, 5.7 millones adicionales en un escenario 
pesimista y más de 15 millones de personas si la fuente de ingresos se reduce en 
un 75 % debido a las implicaciones directas e indirectas de la pandemia. La Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe estima que ya gran 
desigualdad  para  aumentar  aún  más  (con  el  coeficiente  de  Gini  aumentando 
en 1.5-2.5 %).
1.2.3.2  Comercio Exterior e inversión en Colombia.
Las exportaciones FOB colombianas entre los meses de enero a noviembre de 2019 
ascendieron  a  36.103  millones  de  dólares.  De  esta  cantidad,  casi  21.000  millones 
correspondieron al rubro de combustibles y productos de extractivas; 7.599 millones en 
manufacturas y 6.736 en productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Los principales 
destinos de esas exportaciones fueron USA (28,5 %); China (11 %); Panamá (6,9 %); 
Ecuador (5 %); Brasil (3,7 %); México (3,6 %) y Países Bajos (3,2 %). Sin embargo, De 
acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 
diciembre de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.029,0 millones FOB y  e.
presentaron una disminución de 9,0 % en relación con diciembre de 2019; este resultado  w.b
se explicó principalmente por la caída de 36,1 % en las ventas externas del grupo de  580ww
ComEbnu setsibel emsi sym poro pdeurciotodso ,d lea sla ism ipnodrutasctrioianse se xCtrIaFc taivsacesn.dieron a 48.624 millones de US $,
Mcoénxciceon tr(a7d,4o s% e);n  Blorass iml (i5sm,9o %s )3;  Arulebmroasn iya  p(4ro,2c e%de);n Ftersa ndceia  U(2S,A8  %(2)5 ,y3  J%ap);ó nC h(2in,3a  %(2)0. ,6D e% l)a; 
misma manera, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en
noviembre de 2020, las importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y presentaron una 
disminución de 12,0 % con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció 
principalmente a la disminución de 60,3 % en el grupo de Combustibles.
Las cifras de inversión extranjera directa anual en Colombia presentan relevantes 
oscilaciones según los años, ascendiendo a más de 13.800 millones de USD $ en 2017 y 
a 11.010 millones en 2018. En el periodo 2000-2016, los principales países inversores en 
Colombia han sido USA (21,1 %); Reino Unido (12,2 %); España (8,8 %) y Suiza (6,1 %). 
España es un importante socio comercial de Colombia. Ocupa el puesto 7 como país de 
origen  de  las  importaciones  colombianas,  con  un  2  %  del  total  (nov-2019).  Las 
exportaciones españolas a Colombia están muy diversificadas. España se sitúa como 
el 14.º país de destino de las exportaciones colombianas, recibiendo el 1,3 % del total. 
Por  su  parte,  en  2018  Colombia  ha  invertido  307,9  M$  en  España,  mejorando 
ampliamente la cifra de 2017, (18,7 millones) que supuso el dato más bajo la serie 
histórica.
1.2.3.3  Energía.
Durante 2017, la cobertura eléctrica en viviendas fue, a nivel nacional, del 97,02 %. 
La cobertura de gas combustible fue de 9,294 millones de usuarios conectados por redes 
de gas natural, 2,125 millones de usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cilindro 
y 90.000 usuarios conectados a GLP por red. Cabe destacar que actualmente cerca 
de 982.000 hogares cocinan con leña o carbón (CONPES 3934, 2018). Aunque la 
cobertura del servicio de electricidad es hoy superior al 97 % en el país, hay más 
de 400 000 viviendas sin servicio de energía eléctrica (431 137 en 2017, según el Plan 
Indicativo de Expansión de la Cobertura, PIEC (UPME, 2018).
1.2.3.4  Economía y desarrollo rural.
Las subregiones rurales remotas y cercanas a ciudades tienen altos niveles de 
pobreza  multidimensional,  con  carencias  asociadas  a  distintas  variables:  bajo  logro 
educativo, rezago escolar, analfabetismo, informalidad del empleo, acceso a salud y 
servicios públicos domiciliarios, conectividad a internet (8,7 % a banda ancha), falta de 
infraestructuras,  escasa  y  débil  presencial  estatal,  insuficiente  tecnificación  de  los 
procesos, falta de relevo generacional, etc.
En  julio  de  2018  existían,  según  la  Agencia  Nacional  de  Tierras  (ANT), 
772  resguardos  indígenas  legalizados  (más  de  32  millones  de  Has)  así 
como 207 consejos comunitarios (5,7 millones de Has). La superficie total adjudicada 
equivale al 33 % de la continental del país.
En relación con el mercado laboral, apenas el 38,2 % de los ocupados en los 
municipios rurales y rurales dispersos desarrollan actividades no agropecuarias, pese a 
que estas generan el 85,3 % del valor agregado total (DANE, 2014).
Además de los problemas comentados, la actividad armada y la producción y tráfico 
de ilícitos desestructuran la asociatividad rural, laminan los liderazgos comunitarios, 
desplazan población a cabeceras municipales que no tienen capacidad de absorber esa 
mano de obra y generan despoblación en el campo y marginalidad e inseguridad en 
centros urbanos.
En la pandemia, los gobiernos locales se han visto obligados en primera instancia a 
la reorientación de recursos para atender la emergencia. De otra parte, han tenido una 
afectación en las finanzas públicas de que han visto reducidos en un 40 % sus ingresos 
propios  al  igual  que  han  visto  una  disminución  en  recursos  provenientes  de  e.
transferencias o regalías. Muchos gobiernos locales están orientando sus estrategias  w.
hacia  la  recuperación  económica  local,  con  énfasis  en  estrategias  orientadas  a  580ww
loorcgaaln dizea acliiomneenst odse. productores para facilitar su acceso a mercados y el abastecimiento
1.2.3.5  Industria y Servicios.
La actividad industrial mantiene una tendencia histórica ligeramente descendente en 
cuanto a su aporte al PIB nacional (entorno del 27 %). La industria colombiana se ubica 
mayoritariamente en torno a las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga). Sobresalen las industrias de alimentos y bebidas, las 
textiles, de productos químicos y de fabricación de papel, cartón y sus productos.
El sector servicios continúa su tendencia de aportación creciente al PIB nacional 
(54,50 % en 2017) destacando los sectores financieros y el comercio. El turismo registra 
igualmente un incremento progresivo de visitantes que afecta favorablemente a toda la 
industria  conexa:  hospedaje,  restauración,  transporte,  etc.,  representando  en  torno 
al 2 % del PIB nacional. A pesar del enorme potencial de Colombia para el turismo 
interior, la situación de inseguridad en numerosas zonas del país y las deficiencias en 
materia de comunicación vial y las limitaciones en la oferta de hotelería y restauración 
lastran las posibilidades de un mayor crecimiento. El impacto de la pandemia y las 
medidas  de  confinamiento,  restricciones  a  la  movilidad  aérea  y  otras  medidas  de 
bioseguridad  asociadas,  está  siendo  gravísimo,  por  ejemplo,  en  ciudades  como 
Cartagena el 30 % de los empleos están asociados al turismo el cual se vio literalmente 
paralizado durante siete meses.
1.2.3.6  Empleo.
En abril de 2020, con el inicio de las medidas de prevención frente a la pandemia, la 
tasa de desempleo en Colombia llegó a 19,8 %. Por su parte, en diciembre de 2020 la 
tasa registró 13,4 % y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 15,6 %. Se 
registró una clara diferencia por sexo (10,1 % hombres versus 17,9 % en mujeres). La 
población ocupada fue de 21,4 millones de personas (12,9 hombres y 8,5 mujeres). De 
esta cantidad total, 8,7 millones serían trabajadores por cuenta propia. La informalidad 
en diciembre de 2020 sería del 49,5 %. (Datos DANE). En el 2019, la brecha salarial 
general  entre  hombres  y  mujeres  fue  de  12,9  %.  Las  mujeres  rurales  tienden  a 
desarrollar  una  actividad  laboral  más  heterogénea  que  las  de  los  hombres  (éstos 
eminentemente vinculada al sector agropecuario). Así mismo las mujeres rurales dedican 
más  tiempo  que  las  urbanas  a  actividades  de  trabajo  doméstico  y  cuidado  no 
remunerado, lo que podría explicar en parte la menor tasa de participación femenina 
rural (42 %) en relación con la masculina (76 %) (DANE 2017).
Según el DANE, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,5 %, 
registrando un aumento de 6,0 p.p frente al trimestre móvil agosto-octubre 2019 (17,5 %).
Según DANE 2018, el trabajo no remunerado podría representar el 20,5 % del PIB 
colombiano y la provisión de servicios de cuidado representan una buena proporción de 
ese trabajo. En el caso de personas cuidadoras, el 22,6 % no reporta afiliación a la 
seguridad  social,  porcentaje  que  se  eleva  hasta  el  81  %  para  las  trabajadoras 
domésticas de los hogares. El 82 % de los hogares étnicos tiene al menos un miembro 
en  la  economía  informal,  mientras  que  ese  porcentaje  en  hogares  no  étnicos  es 
del  72  %.  Los  que  logran  acceder  a  empleo  formal  ocupan  posiciones  de  menor 
cualificación y remuneración(20).
(20)  Fundación Corono, Fundación ANDI, ACDIVOCA 2016).
Según ONU Mujeres-DANE 2020, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado  s
representa el 20 % del PIB colombiano. En caso de personas cuidadoras, solo el 22 %  oe.
de las mujeres cuentan con seguridad social, mientras que ese porcentaje en hombres  w.
aefse dcEteall  d74o00s   %%p. odre  elassta m curjeisriess:  econm Ceorlcoimo,b itau reissmtáon,  ehmopteleleardíaa sy e ns esrevcictoiorse.s  Emsatiymoarictaiorinaemse ndteel   2021-18580n https://ww
Banco Mundial han identificado que de los 9.2 millones de mujeres ocupadas en el país,
alrededor de 6 millones están en riesgo de perder sus empleos en el marco de la 
pandemia.
1.2.3.7  Economías Ilícitas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimaba 
a 31 de diciembre de 2017 que el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos 
era de 171.000. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevaba esta cifra 
hasta  las  209.000  Has.  Según  informe  UNODC  2018,  Nariño  sigue  siendo  el 
departamento con mayor afectación (41.903 ha), a pesar de presentar una reducción 
del 8 % en el área sembrada con coca. Por su parte, Putumayo, Meta y Chocó también 
redujeron los cultivos de coca. Los mayores incrementos se presentaron en Norte de 
Santander (19 %), Bolívar (39 %) y Cauca (7 %).
La minería ilegal es otro de los componentes relevantes de las economías ilegales. 
En informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), 
la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se 
identifica que las áreas afectadas en el país por la extracción ilícita de oro pasaron 
de 92.046 en 2018 a 98.028 en 2019 y que el 48 % de estas áreas se encuentran dentro 
de zonas de áreas naturales protegidas.
Asimismo, cabe destacar el contrabando, la falsificación y adulteración de productos, 
el lavado de activos o la trata de personas. Según DIAN y ANDI (2018), el contrabando 
en Colombia representó el 2 % del PIB nacional. El país se encuentra dentro del grupo 
de 10 en los que más se producen y comercializan medicamentos falsos. En cuanto a 
lavado de activos, según estimaciones del Banco Mundial (2017), «las bandas criminales 
reciben cada año por lavado de activos y financiación del terrorismo el equivalente 
al 1,3 % del PIB de Colombia, algo así como 7,3 billones de pesos(21).
(21)  Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/economia/lavado-de-activos-mueve-13-del-pib-unos-73-
billones-136465#OP.
1.2.3.8  Principales problemas que afectan a instituciones y poderes públicos en 
Colombia.
Los resultados del Índice de percepción de la corrupción ubicaban a Colombia en el 
puesto  96  de  180  países.  El  índice  de  competitividad  global  (Foro  Económico 
Mundial 2018) ubica a Colombia en el puesto 86 de 137 países en relación con su 
capacidad para garantizar condiciones para una política pública transparente.
El  índice  de  Transparencia  de  Entidades  Públicas(22)  identificó  13  de  las  32 
gobernaciones del país en riesgo alto o muy alto de corrupción, así como a 16 de las 32 
contralorías departamentales (encargadas de la vigilancia de la gestión fiscal) en esta 
misma situación. Las administraciones departamentales con riesgo alto o muy alto de 
corrupción administrativa tienden a presentar un índice de pobreza multidimensional 
superior al 60 % (DANE 2005). El PND 2018-2020 identifica como problemas de las 
Administraciones  Públicas  los  relacionados  con  duplicidad  y  traslape  de  funciones; 
insuficiente  integración  e  interoperabilidad  de  sistemas  de  información,  así  como 
carencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación.
(22)  Índice de Transparencia de Entidades Públicas - Transparencia por Colombia 2016.
A pesar de los esfuerzos frente a la planeación e inversión de proyectos del Gobierno  e.
nacional, se identifica la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la coordinación  w.b
y el diálogo a nivel territorial. Obstáculos operativos dificultan la concurrencia de fuentes  580ww
dOerd iennvaemrsiieónnt oe nT eprrriotoyreiaclt oas  ndivee ilm mpuancitcoi praelg, isounsa ld. eLfaic iednecsiaacst udaeli ziancfoiórmn adceió nlo sy  Plal afnaeltsa  ddee 
iennctorerp oortraacsió ncu eens tlioosn emsi,s mcoons  dlae  ceosrtruedsiopso nbdáiesinctoes  dseosbarec turiaelsizgaoc dióen d dees alsat recas rstoeg rrealfaíac ioyn ae,l 
catastro, que no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de
información territorial. El rezago en la actualización catastral está relacionado, entre otros 
factores, con la falta de recursos para su financiación. Las debilidades de planeación y 
gestión  a  nivel  territorial  podrían  mejorar  si  existieran  mayores  incentivos  a  la 
asociatividad.
1.2.4  Paz.
1.2.4.1  Conflictividad y violencia, en Colombia: fenómenos y contexto.
Colombia ha fortalecido su institucionalidad y marco normativo para garantizar los 
derechos de las personas y prevenir su vulneración. En la Encuesta de Cultura Política 
del DANE 2019 sólo un 33.8 % considera que en Colombia se garantizan los derechos a 
la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Según el Barómetro de las Américas 
(2016)  el  76,6  %  de  los  encuestados  considera  que  el  nivel  de  protección  de  los 
derechos humanos es muy bajo. Son los territorios más aislados y rurales de Colombia 
los que han aportado el volumen principal de muertos (más de 260.000) y desaparecidos 
(más de 80.000). Del total de cerca de 9 millones de víctimas, más de 7,8 lo han sido por 
desplazamiento  forzado  desde  1985  (ACNUR).  De  ellos,  el  21  %  sería  población 
afrodescendiente y el 25,4 % población indígena, lo que manifiesta la especial afectación 
de estos grupos étnicos considerando su peso proporcional en la población total del país.
Las afectaciones humanitarias continúan en Colombia, dado que el Acuerdo Final con 
las FARC permitió la desmovilización de un grupo ilegal, pero persisten en los territorios 
otros tipos de violencia y grupos al margen de la ley. El PND 2018-2022 a pesar de señalar 
que las cifras de nuevos hechos victimizantes registrados en los años 2017 y 2018 han sido 
las más bajas de los últimos 23 años, no deja de reconocer que, entre septiembre de 2016 y 
septiembre  de  2018,  se  registraron  160  desplazamientos  masivos.  ACNUR,  a  agosto 
de  2019,  informa  un  total  de  30.830  personas  afectadas  por  desplazamiento  masivo 
en 2018 y de 13.445 en la primera mitad de 2019 (43 eventos; 4.459 familias). De acuerdo 
con la oficina del Defensor del Pueblo, 3.333 víctimas de desplazamiento en 2019 serían 
indígenas y 2.929 afrocolombianos/as. Según OCHA, entre enero y julio de 2020, más 
de 18,600 personas fueron desplazadas en desplazamientos masivos. El 71 % fueron 
desplazadas en departamentos a lo largo de la costa del Pacífico. Solo en Nariño, NN. UU. 
ha contabilizado más de 8.000 personas desplazadas y/o confinadas.
Particularmente sensible es la conflictividad que afecta a grupos étnicos. Según el 
PND  2018-2022,  el  Ministerio  del  Interior  reportaba  un  total  de  191  conflictos 
en 59 municipios, de 22 departamentos del país. Algunas de las causas se relacionan 
con aspectos de gobernabilidad, representatividad, acceso a tierra y territorio, control de 
bienes naturales, gobiernos propios y justicia propia.
Uno de los fenómenos de violencia más graves, son las amenazas, atentados y 
asesinatos de líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as de la 
implementación del Acuerdo, de la restitución de tierras, de la sustitución de cultivos, de la 
naturaleza, LGTBIQ y desmovilizados/as de las FARC-EP. La OACNUDH informó en su 
último informe de febrero 2020, del asesinato de 108 líderes en 2019, y 56 denuncias de 
asesinatos en lo que va de 2020. El informe del Relator Especial de NN. UU., tras su visita a 
Colombia, a finales de 2018, identificaba los mayores riesgos en regiones más afectadas 
por el conflicto y zonas con presencia histórica de las FARC-EP en las que diversos grupos 
armados se disputaban el control del territorio y de las economías ilegales generando 
violencia y desplazamiento forzado (Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, 
Chocó, Nariño y Putumayo, Córdoba, Meta y Caquetá). s
El  último  informe  trimestral  2020  del  Secretario  General  de  NN.  UU.  sobre  los  oe.
hoye apx3ilenla9rtaze cgigniorótaesnn n dtteoedss el  a d dgMeer u ishpliaóoosnms   dicFieliAed VgiRoeaC. rlei Afsicds aiemecsniidós enm t edolrae,r   itsNofeiarrñimcoaisoala n  éedltasen slUi c nocAoisdc:na ussere,er cdcsuoleue,  tniancmmfioaáiresms n adto1 e1s3v9, a 4sdr teehacsodlamuoptriaacamirsdi ciioediosnen t doeleass     2021-18580n https://www.
forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual y
ataques  y  amenazas  contra  autoridades  y  líderes  y  lideresas  indígenas  y
afrocolombianos especialmente en el Pacífico colombiano (Chocó, Cauca y Nariño), con 
una respuesta institucional limitada a pesar de las repetidas alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo. Asimismo, tanto el Relator como la ACNUDH refieren un grave 
aumento  de  asesinatos  en  contra  de  las  mujeres  defensoras,  con  un  incremento 
del 50 % de asesinatos en 2019, comparado con 2018. Además, la violencia contra las 
lideresas y mujeres activistas de derechos humanos tiene efectos diferenciados sobre 
éstas, manifestándose en mayores índices de violencia sexual previa al asesinato, que 
incluyen actos de tortura y enseñamiento, así como amenazas y homicidios a familiares 
como forma de castigo e intimidación.
Es importante mencionar que el Gobierno de Colombia ha procurado la articulación 
de más de 15 entidades estatales para lograr que la totalidad de la población en proceso 
de reincorporación estuviese cubierta por la política de seguridad, que incluye más 
de  52  medidas  específicas  de  refuerzo  a  la  seguridad  en  materia  de  prevención, 
protección, reacción frente a situaciones de inminencia, investigación y judicialización, y 
seguridad humana integral. Con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización el 15 de agosto del 2017, se dio inicio con los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR), en estos espacios algunas de las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Colombia han sido 24 Unidades Básicas de Carabineros 
UBICAR, de la Policía Nacional-UNIPEP (Más de 800 efectivos de policía.), 72 Pelotones 
del Ejército Nacional y Armada Nacional, CCOET. (Más de 2200 efectivos de ejército) 
y 24 esquemas de protección colectivos-Unidad Nacional de Protección-MTSP.
1.2.4.2  Víctimas.
Con  corte  a  31  de  diciembre  de  2020,  el  Registro  Único  de  Víctimas  tiene 
reconocidas  9.057.952  personas  que  individualmente  han  sido  afectadas  por  algún 
hecho victimizante. De este número de víctimas, aproximadamente 2.428.990 de ellas 
están ubicadas en los 170 municipios PDET priorizados para la intervención de la 
implementación de la Política de Paz con Legalidad, casi la tercera parte de todas las 
víctimas  registradas.  De  un  universo  total  de  765  sujetos  de  reparación  colectiva 
incluidos en el Registro Único de Víctimas, 398 sujetos se ubican en los municipios 
PDET. Es decir, el 52 % de los sujetos del Programa de Reparación Colectiva están en 
los 170 municipios priorizados. Frente a los planes de retornos y reubicaciones se cuenta 
con 101 planes aprobados en municipios PDET(23).
(23)  https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
Las medidas de los planes de reparación colectiva y las de los planes de retornos y 
reubicaciones que contribuyan al desarrollo territorial quedan incorporadas dentro de la 
hoja  de  ruta  de  implementación  de  los  170  municipios  PDET,  lo  que  permitirá  su 
implementación gradual y progresiva y coherente con el desarrollo de las regiones PDET. 
Así se ha previsto en el PND 2018-2022 y en la Política de Paz con Legalidad, sin 
embargo, el coste de estas medidas es demasiado elevado y los recursos del Estado 
resultan ser insuficientes, Por esta razón, para el Gobierno nacional es fundamental la 
convergencia de distintos apoyos financieros y técnicos como los de la cooperación 
internacional.
Con respecto a la restitución de tierras despojadas y a 30 de abril de 2020, la Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), encargada del proceso de tramitación administrativa de 
las  reclamaciones  habría  recibido  un  total  de  125.581  de  las  cuales,  104.724  son  es
solicitudes habilitadas para la etapa administrativa, de ellas, 81.810 casos han finalizado  bo
esa etapa De las 22.914 solicitudes restantes, 19.986 están en trámite y 2.929 están  580ww
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1.2.4.3  Afectación por Minas-Desminado Humanitario.
Se reportan a 31 de enero de 2021, 11.994 víctimas por minas antipersonales en 
Colombia.  El  grupo  demográfico  más  afectado  son  los  mayores  de  edad  de  sexo 
masculino (65 %); seguido de los menores de edad del sexo masculino (20 %) y luego 
las personas menores de edad del sexo femenino (8 %) y las menores de edad del sexo 
femenino (6 %). Los Departamentos con más víctimas fueron: Antioquia (1189), Nariño 
(661), Meta (421), Norte de Santander (285) y Cauca (276). En el periodo reciente, 2016 
fue el año con más víctimas. En lo corrido del año 2021, se han presentado 8 víctimas. 
Los avances registrados a 31 de enero de 2021 incluyen 8.05 millones de metros 
cuadrados de área liberada; 7698 artefactos destruidos o neutralizados. 6 departamentos 
y 407 municipios habrían sido liberados de sospecha de minas mientras se estaría en 
intervención en otros 159 municipios(24).
1.2.5  Cultivos Ilícitos y Programas de Sustitución Voluntaria.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 
creado en 2017, se encontraba en 2018 en implementación en 53 municipios, integrando 
a 87.431 familias beneficiarias y habiéndose erradicado 30.265 Has, tanto de forma 
voluntaria como asistida por la Fuerza Pública. Se habría atendido a 29.552 familias con 
asistencia  técnica  integral.  El  86  %  de  estas  acciones  se  habría  desarrollado  en 
municipios PDET, en los que se concentra el 94 % de los cultivos de coca.
El último informe trimestral 2019 del Secretario General de NN. UU. a raíz de los 
hallazgos de la Misión de verificación, alude cifras de erradicación voluntaria brindadas 
por UNDOC que ascenderían a 40.506 has desde agosto de 2017. Según esa misma 
fuente, 38.525 familias habrían recibido un año completo de pagos provisionales, 60.842 
habrían recibido asistencia técnica y 34.492 apoyo para proyectos relacionados con la 
seguridad  alimentaria.  95  %  de  las  familias  estarían  cumpliendo  los  compromisos 
voluntarios de erradicación. Alerta sobre el hecho de que personas y organizaciones 
sociales que participan en el Programa estén siendo objeto de amenazas, ataques y 
asesinatos y alude a la preocupación de algunas familias involucradas por las demoras 
en la implementación de proyectos productivos alternativos e inversiones en desarrollo 
local fundamentales para apoyar la transición hacia el abandono de las economías 
ilícitas. 46.687 personas víctimas están vinculadas al PNIS.
De  acuerdo  con  el  informe  septiembre-diciembre  2020,  el  PNIS  continúa 
implementándose en 56 municipios de 14 departamentos, que concentran el 65 % de los 
cultivos de coca del país. Participan 99.097 familias, el 36,5 % de las cuales están 
encabezadas por mujeres. Según UNODC, la tasa de cumplimiento de las familias 
participantes se sitúa en el 97 % y la tasa de resiembra es solo del 0,2 %, lo cual 
demuestra la eficacia de la erradicación voluntaria y su potencial para que las familias 
dejen  de  depender  de  los  cultivos  ilícitos,  siempre  y  cuando  esas  comunidades 
dispongan más rápidamente de oportunidades de desarrollo sostenible.
El Gobierno de Colombia con corte al 31 de diciembre del 2020, informó que desde 
agosto de 2018 ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS)  $923.406.621.687,18  (USD  $243  M)  a  través  del  Fondo  Colombia  en  Paz, 
beneficiando a 99.097 familias, de estas 35.353 son mujeres titulares de su núcleo 
familiar, adicionalmente el acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del 
Programa es de 43.067.
1.2.5.1  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). e.
Los PDET, previstos en el Acuerdo Final, son ejercicios ampliamente participativos  580ww
dae 6 ,5p rmioirllioznaecisó nd e dpee rsonneaces s(i2d,a5d emsi llodnee s ddees vaírcrtoimlloa s)c, uayla 2 4i m%p ldeem lean ptaocbiólanc ióinm rpuarcatla dríeal 
Epaxíisst eyn  1a6l  P5D7E T% q ued ea glrau papno b1la7c0i ómnu nriucripailo sa, feescptaedcaia lmpoern tep oabferecztaad oms uplotird ilma evnioslieonncaial. 
y condiciones de pobreza. En estos municipios se encuentra el 94 % de los cultivos de
coca; la tasa de homicidios está 12 puntos por encima de la media nacional y la de 
secuestros es el doble de dicha media. La proporción de víctimas es 2,5 veces mayor y 
cerca  del  50  %  de  las  acciones  armadas  en  2017  ocurrieron  en  esos  territorios. 
El 25,6 % del territorio que ocupan tiene conflictos por uso de suelo y su tasa de 
deforestación es el doble de la nacional, pese a contar una mayor proporción de territorio 
con áreas protegidas y concentrar el 40 % del área boscosa del país. Se trata de 
municipios con baja densidad poblacional y alto porcentaje de población residiendo fuera 
de las cabeceras.
Los PDET implican la ejecución de miles de proyectos estructurados en 8 pilares: 
1)  Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo. 2)  Infraestructura y 
Adecuación de Tierras. 3)  Salud. 4)  Educación rural y primera infancia. 5)  Vivienda 
rural,  agua  potable  y  saneamiento  básico  rural.  6)  Reactivación  económica  y 
producción agropecuaria.  7)  Sistema para la garantía progresiva del derecho  a la 
alimentación, y 8)  Reconciliación, convivencia y construcción de paz.
La implementación del enfoque de género depende de la participación de las mujeres 
en  los  procesos  de  construcción  y  seguimiento  de  los  PDET,  por  lo  que  resulta 
fundamental  la  formación  y  empoderamiento  de  las  mujeres  rurales  en  temas  de 
participación.  El  enfoque  de  género  se  ha  aplicado  teniendo  en  cuenta  a  las 
organizaciones LGBTI visibilizadas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de 
Paz, como un grupo de población especialmente vulnerada.
1.2.5.2  Reincorporación de excombatientes.
En  Colombia,  según  el  PND  2018-2022,  a  31  de  agosto  de  2018,  se  habrían 
desmovilizado 60.193 personas de forma individual o colectiva. 22.278 personas habrían 
culminado el proceso de reincorporación a esa fecha y 8.763 seguirían involucradas en 
el  mismo.  Los  procesos  de  reincorporación  habrían  facilitado  la  alfabetización 
de 41.773 personas, de las cuales 16.211 serían ahora bachilleres y 2.846 habrían 
adelantado estudios de educación superior. Por su parte, 29.297 personas se habrían 
vinculado a diferentes actos de reconciliación con sus comunidades.
Actualmente, la ARN adelanta la estrategia de transformación de los ETCR con la 
que se pretende facilitar y adquirir predios para excombatientes de las FARC-EP, con el 
fin de promover el acceso a la vivienda y a proyectos productivos como mecanismo de 
arraigo social y compromiso con la legalidad. Esto, a través de la coordinación con otras 
agencias  del  nivel  nacional  y  gobiernos  locales,  para  orientar  los  procesos  de 
organización del territorio a través de acompañamientos en planeación y ordenamiento 
territorial que faciliten la adhesión y administración de los territorios de asentamiento de 
excombatientes y sus proyectos productivos.
De los 24 ETCR actuales 13 tendrían vocación de consolidación y 11 presentan 
barreras de distinta índole para la estabilización, lo que podría llevar a cambiarlos de 
ubicación. Los 13 primeros tendrían que transformarse en centros poblados integrándose 
a  la  estructura  administrativo-territorial  de  las  alcaldías  en  las  que  se  encuentran 
ubicados. En lo que se aclara la situación de los ETCR, el gobierno compromete la 
continuidad de los apoyos en materia de renta básica, alimentos, proyectos productivos o 
atención en salud. El informe de la Comisión multipartidista del Legislativo de noviembre 
de 2019 alude con preocupación al Decreto 1629 de 2019, que dejaría en cabeza del 
Gobierno Nacional la definición de los lugares y términos para la continuidad de estos 
espacios.
El área de mayor preocupación sería la del acceso a proyectos productivos. Al 31 de  e
diciembre del 2020 existían 86 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional  bo
de  Reincorporación  (CNR),  los  cuales  vinculan  a  3.353  personas  en  proceso  de  580ww
dreeinsecomrbpoolrsaacdióons  pvoinrc uunla nv aalo 2r .s6u8p3e prieorrs ao n$a3s9 .e1n7 6p.r1o5c5e.s3o6 2d e(U rSeiDnc 1o0rp,3oMra)c. ióDne,  epsotro su,n  6v3a lyoar 
dcoer re$s2p9o.9n9d7e.n0 2a3 a.6p7o3r te(sU dSeDl  G7o,b8i9eMrn)o  dNea ciloonsa l.c uDaelessd e $e2l 1p.4u6n4to.0 d0e0 .v0i0s0ta  t(eUrSritDo ria5l,,6 s4oMlo) 
el 50 % de los ETCR contaría con algún proyecto productivo desembolsado. Lo anterior
es especialmente grave si se tiene en cuenta la reducción de presupuestos de la 
Agencia para la Reincorporación y Normalización para 2020.
Sólo  un  5,6  %  de  los  excombatientes  habría  accedido  a  la  reincorporación 
institucional, principalmente como funcionarios de la UNP, la ARN y el Ministerio del 
Deporte.
A 30 de abril de 2020, de las 13.510 personas acreditadas por la OACP, la ARN ha 
atendido a 12.767 personas en proceso de reincorporación y ha otorgado beneficios 
económicos (Asignación Única de Normalización, Renta Básica y Asignación Mensual) 
por valor de $180.308 millones (USD 45,08 M).
1.2.5.3  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).
Elemento  sustantivo  del  Acuerdo  Final  con  las  FARC,  engloba  un  conjunto  de 
instancias y mecanismos judiciales y extrajudiciales destinados a satisfacer en lo posible 
los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar 
la seguridad jurídica de quienes participen en el mismo y contribuir a garantizar la 
convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Es el componente de justicia del Sistema 
Integral. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos 
cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de 
diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a veinte años. Podrá conocer de 
los delitos los cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza 
Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, aunque sobre estos dos últimos, la 
Corte Constitucional aclaró que su participación sería voluntaria.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: 
Su mandato es el de esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos 
que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) y que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. Igualmente, debe 
esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas por estas 
prácticas y hechos; el impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las 
diferentes poblaciones y grupos, el impacto de la violencia armada en el ejercicio de la 
política y el funcionamiento de la democracia; el contexto histórico, los orígenes y 
causas; los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia de la 
violencia armada; el fenómeno del paramilitarismo o la relación entre la violencia armada 
y el narcotráfico, entre otros.
La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el 
contexto y debido a la violencia armada: Tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir 
a  la  implementación  de  las  acciones  humanitarias  de  búsqueda  y  localización  de 
personas  dadas  por  desaparecidas  en  el  contexto  y  debido  a  la  violencia.  Son 
competencia de la UBPD las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, 
con la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y los exintegrantes FARC, 
sucedidas  en  el  contexto  y  debido  a  la  violencia  armada,  y  que  corresponden  a 
cualquiera  de  las  siguientes  circunstancias:  Desaparición  forzada,  Secuestro, 
Reclutamiento ilícito y Hostilidades, tanto para regulares (miembros de la Fuerza Pública) 
como irregulares (miembros de grupos armados al margen de la ley). Su mandato es de 
veinte años.
1.3  La Cooperación Española en Colombia.
1.3.1  Antecedentes. e.
Colombia se sitúa entre los países de desarrollo humano alto, con un IDH de 0,761,  580ww
oncivuepleasn ddoe  ldae psoigsuicailódna d7.9 E dl eID 1H8 9a jupsatíasdeos.  pSoirn  lae mDbeasrigguoa, lsdiagdu ebna jsai ean d0o,5 8p5re, oscieunpdaon teels  psauíss 
mdeássd ed ehsaigcuea cl indceo  Adméécraicdaa sL, ahtain as.i dEol  eclo npfrliincctoip ainl teprrnoob leqmuea  hpaa rav esnuid od essuafrrrioelnlod oy  elol  pqauíes 
justifica la importante presencia de la Cooperación Española en un país de Renta Media
Alta. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de  una  Paz  Estable  y  Duradera,  entre  el  gobierno  y  las  FARC,  en  2016,  se  han 
intensificado los esfuerzos para apoyar la implementación de su contenido. El alto nivel 
de desigualdad en el país es igualmente uno de los motivos para el trabajo de la 
Cooperación Española en el país.
Las relaciones de cooperación entre Colombia y España se sustentan en:
– Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953.
– Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito el 27 de junio 
de 1979.
– Convenio  Marco  de  Cooperación  entre  Colombia  y  España,  que  sustituye  al 
Convenio básico de 1979. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron en 2018 su 
autorización para que el Estado español pueda obligarse al Convenio. Pendiente de 
aprobación por la parte colombiana.
– Acuerdo  Complementario  General  de  Cooperación  del  Convenio  Básico  de 
Cooperación Científica y Técnica, firmado el 31 de mayo de 1988.
– Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el 
Reino de España, firmado el día 29 de octubre de 1992.
En la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre de 
2015) se aprobó el Marco de Asociación País (MAP) 2015-2019, que tuvo como objetivo 
contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz 
estable y duradera y la prevención de conflictos en Colombia, focalizando el trabajo en las 
siguientes orientaciones estratégicas: a)  Consolidar los procesos democráticos y el Estado 
de Derecho, b)  Promover oportunidades económicas para los más pobres, c)  Cohesión 
social (agua y saneamiento), d)  Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género  y  e)  Acción  Humanitaria.  Las  intervenciones  se  han  desarrollado  en  los 
Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, la Guajira, y 
en Bogotá D.C.
1.3.2  AOD española a Colombia 2015-2019.
Según  datos  OCDE,  España  representó  en  2017  –  2018  el  octavo  donante  a 
Colombia, siendo los primeros Alemania, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. 
La AOD española bruta total a Colombia entre 2008 y 2018 ascendió a 472,9MUSD. 
Siendo esta AOD no reembolsable en el periodo del MAP 2015-2019 de 78 M€, superior 
a los 50 M€ previstos en el MAP (Documento adicional 1).
Tanto  para  la  Administración  General  del  Estado  como  para  la  cooperación 
descentralizada el 90 % de la AOD 2016-2019 se ha dirigido en el periodo a los cinco 
ODS siguientes: ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas 54 %, ODS5 Igualdad de 
género 20 %, ODS4 Educación 6 %, ODS1 Fin de la pobreza 5 %, y ODS2 Hambre 
cero  4  %.  En  Colombia  hay  una  gran  presencia  de  cooperación  descentralizada, 
llegando en el periodo 2015-2019 al 49 % de la AOD española a Colombia.
Colombia es un país prioritario para la cooperación no gubernamental española. 
36  organizaciones  mantienen  un  trabajo  permanente  en  el  país  con  una  alta 
representación  permanente.  El  ámbito  de  actuación  prioritario  de  las  ONGD  es  la 
construcción de paz, los derechos humanos y derechos de las mujeres, seguidos por el 
desarrollo productivo.
La actuación a través de organismos multilaterales ha estado centrada en el periodo 
del MAP anterior en: Acción humanitaria (OCHA, ACNUR, CICR), Construcción de paz  e.
(PNUD, MAP-OEA, SNU con el Fondo Multidonante), desarrollo productivo (FIDA(25),  w.
PNUD) y género (ONUMUJERES). 580ww
perio(d25o) . Las aportaciones a FIDA han sido anteriores a 2015, sin embargo, se están ejecutando durante el  OE-A-2021-18able en https://
1.3.3  Gobernanza del MAP.
La  Comisión  de  Planificación,  Seguimiento  y  Evaluación  del  MAP,  fue  creada 
en 2015 como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y 
la Cooperación Española. Dicha Comisión está conformada, por parte colombiana, por la 
Cancillería(26),  la  Agencia  Presidencial  de  Cooperación  (APC-Colombia)  y  el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, por parte española, por la Embajada y 
su  OTC.  La  Comisión  se  reúne  periódicamente  para  realizar  el  seguimiento  de  la 
cooperación conjunta y tomar decisiones sobre la programación en el marco del MAP. En 
el seno de la Comisión se ha participado en la revisión final del MAP 2015-2019 y se ha 
lanzado la negociación de este MAP 2020-2024.
(26)  Departamento correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores en España
El  Grupo  Estable  de  Coordinación,  funciona  desde  2010  y  tiene  un  carácter 
representativo dado que aglutina a todos los actores de la Cooperación Española en 
Colombia(27). Presidido por la Embajada, cuenta con la presencia de las Consejerías 
implicadas, la OTC, el Centro de Formación en Cartagena de Indias, las ONG, las 
empresas representadas por la Cámara de empresarios españoles en Colombia, la 
Cooperación Descentralizada y las Universidades representadas por el Agregado de 
Educación.
(27)  Documento adicional 1: Resumen de AOD y trabajo de los actores de la Cooperación Española en 
Colombia 2015-2019.
En Sede, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) 
del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  UE  y  Cooperación  convoca  al  Equipo  País 
Ampliado, incluyendo a los Ministerios con competencias dentro de la Administración 
general  del  Estado,  a  la  AECID  con  sus  distintas  unidades  y  a  la  Cooperación 
Descentralizada con mayor presencia en Colombia (País Vasco, Andalucía, Cataluña, 
Extremadura,  Valencia,  ayuntamientos  de  Madrid,  Vizcaya,  Guipúzcoa,  Barcelona), 
Fundación Carolina, FIIAPP, sector privado y ONGS.
1.4  Cooperación Internacional en Colombia.
En Colombia, la Cooperación Internacional para el Desarrollo vive un momento de 
transición, de nuevos escenarios y retos, donde la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el eje central, y frente al 
cual se debe buscar mejorar la eficacia de la cooperación.
Colombia es un país de Renta Media Alta, miembro de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que lo sitúa en un contexto de posible 
disminución de flujos de Cooperación Internacional no-reembolsable a futuro y obliga a 
toda  la  institucionalidad  a  trabajar  de  manera  coordinada  para  lograr  una  efectiva 
articulación y optimización de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo que contribuyan 
a avanzar en los actuales desafíos de desarrollo que tiene el país, promoviendo la 
consolidación de capacidades instaladas y sostenibles.
Colombia cuenta con varios instrumentos de referencia para orientar la cooperación 
que recibe el país, para que responda a sus prioridades de desarrollo y cree capacidad 
instalada, manteniendo el principio de apropiación y alineación de la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo (GPEDC): s
– El Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 es la hoja de ruta que permite  w.b
conocer los retos en desarrollo y las metas del gobierno;  580ww
espe–c íLfiocsa s pal anniveesl  lodcea l;desarrollo  territorial  que  permiten  identificar  las  necesidades
cuál–e sL as oEns taraqtueeglilaa sN adceimonaanld daes  Cporioopriezraadcaiósn p Ianrtae rnlaasc iocnuaall eEsN sCeI  2re0q1u9i-e2r0e2 2a,p qouyeo  idned iclaa 
cooperación internacional y que a su vez responde a las prioridades del Gobierno 
Nacional, enunciadas en el marco de los del PND.
Orientar la cooperación internacional a estos marcos institucionales, contribuye a que 
los recursos que reciba el país apoyen los esfuerzos del Estado en materia de desarrollo, 
al mismo tiempo que promueve la focalización, lo que conlleva a mayor eficiencia en el 
uso de estos recursos y sostenibilidad de las intervenciones a mediano y largo plazo.
En este contexto, el Grupo de Cooperantes (GRUC) es una instancia que fue creada 
por  la  comunidad  internacional  con  presencia  en  Colombia  desde  2010,  para  dar 
continuidad y profundizar la coordinación de la cooperación internacional, en el que 
tienen presencia los principales donantes del país. Al ser una instancia exclusivamente 
coordinada por donantes internacionales, el GRUC invita a sus sesiones de trabajo a 
distintas  entidades  del  Gobierno  para  fortalecer  la  coordinación  de  las  acciones  y 
conocer las prioridades de desarrollo que tiene el país. Adicionalmente, existen espacios 
de coordinación en el GRUC en materia de DD. HH. Otros espacios de coordinación a 
nivel europeo abordan temas de Género y trabajo con Organizaciones de la Sociedad 
Civil. España asumió el liderazgo de dicho Grupo de Cooperantes en enero de 2012, 
durante un año. En 2020 Noruega lo preside.
Además, España participa en los principales espacios de coordinación en Acción 
Humanitaria: equipo humanitario país (liderado por NN. UU.) y Grupo de Donantes 
Humanitarios (liderado por ECHO). Con la situación derivada de la crisis en Venezuela, 
se  abren  espacios  adicionales  o  se  aprovechan  los  existentes  para  tratar  esta 
problemática.
Cuadro 3.  Espacios de coordinación de donantes en Colombia
Espacios de coordinación de  Características o subgrupos de donantes en los que AECID 
donantes participa
A.  Grupo de Jefes de 
Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE + DUE.
Cooperación de los Estados 
Miembros (EEMM) de la Unión 
Grupo DDHH de la Unión Europea.
Europea.
B.   Fondo Europeo para la Paz. DUE, Países miembros de la UE y Gobierno de Colombia.
Espacio de coordinación de los/as jefes/as de Cooperación.
1.  Construcción de Paz y Justicia Transicional.
2.  Derechos Humanos y Gobernabilidad.
3.  Mesa de género.
C.  Grupo de Donantes en 
Colombia GRUC.
4.  Desarrollo rural y económico.
5.  Medio Ambiente.
6.  Grupo de donantes humanitarios.
7.  Subgrupo temas administrativos.
D.  Mesa de Garantías.
E.  Fondo Canasta MAPP-OEA. OEA y países donantes al Fondo Canasta.
F.  Equipo Humanitario País y  oe.
Equipos Humanitarios Locales. w.
USDD e$ 35a8cu,0e2r dmo illcoonne sc difera cso ocpoenrsaocliidóand ianste rpnoarc ioAnPaCl -pCaoralo mapboiay,a re dni fe2r0e1n9te ss ein irceiagtiisvtarasr eonn 
todo el territorio colombiano, priorizando 3 de los 5 ejes temáticos de la ENCI: Paz y
estabilización territorial (28 %), Fenómeno migratorio (26 %) y Desarrollo rural (21 %).
Aunque la cooperación internacional tiene presencia en todo el territorio nacional, 
existe priorización en departamentos como Caquetá, Meta, Norte de Santander, Chocó, 
Nariño, Antioquia y La Guajira que coinciden en un alto porcentaje, con la priorización 
territorial definida en el MAP 2015-2019, especialmente en la Costa Pacífica.
Para  el  caso  específico  de  los  territorios  priorizados  por  el  MAP  2015-2019,  a 
diciembre de 2019 y específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Chocó, Norte de Santander y la Guajira, se encontraban en ejecución más 
de 1.200 proyectos apoyados por la cooperación internacional con aportes superiores a 
los USD $700 millones.
La principal fuente de financiación de estos 1.200 proyectos proviene de cooperantes
como USAID, que aporta el 50 % de los recursos de cooperación presentes en estos
territorios, seguido de Canadá con un 14 %, Alemania con un 7 %, Bélgica con un 6 %, 
España y Fondos para la paz con un 4 % y Países Bajos y Suiza 3 %.
En cuanto a alineación con ODS, un 40 % de los recursos en ejecución contribuyen 
al cumplimiento del ODS 16. Paz justicia e instituciones sólidas, seguido del ODS 8. 
Trabajo decente y crecimiento económico con un 20 % de los recursos en ejecución.
En relación con los Marcos de financiación nacionales integrados (INFF por sus 
siglas en inglés), Colombia presentó al fondo de ODS de NN. UU. una propuesta dirigida 
a una mejor cuantificación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los ODS, 
se adjudicó en junio de este año por valor de un millón euros. En esta iniciativa que 
ejecutará NN. UU., participan varias de las agencias del Sistema, como el PNUD, 
ONUMUJERES, PNUMA, y por parte del Gobierno, el DNP y Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. La única propuesta aprobada para América Latina es la de Colombia.
En el seno de la Unión Europea (UE) existe un espacio de coordinación entre la 
Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es este un espacio de 
intercambio de información y reflexión sobre posicionamientos comunes en relación con 
las  actuaciones  de  cooperación.  Los  temas  de  Derechos  Humanos  y  Género  son 
especialmente  importantes  en  este  ámbito.  El  Fondo  Europeo  para  la  Paz  ha 
congregado  el  interés  y  esfuerzos  de  coordinación  de  los  Estados  miembros,  la 
Delegación de la UE y el Gobierno de Colombia en los últimos años.
De cara a la programación a futuro 2021–2027, la UE está trabajando activamente 
con los Estados Miembros bajo el enfoque TEAM EUROPE en la formulación de una 
propuesta conjunta en dos ámbitos, la construcción de paz y la economía verde.
2. Resultados de Desarrollo Sostenible
2.1  Contribución a la Agenda 2030 Nacional.
Para la elaboración de este Marco de Asociación País, la Cooperación Española se 
alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la 
Equidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional (ENCI) 2019-2022, así como los planes sectoriales, departamentales y 
municipales.
Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional, están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia 
con los ODS. Han adoptado un conjunto de objetivos estratégicos para el país que toma 
en consideración las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo 
sostenible, con el objetivo de lograr la estabilización territorial, así como el desarrollo 
económico e inclusivo.
Los ODS y los objetivos de la Agenda 2030 se han incorporado en gran medida en la 
estrategia  de  desarrollo  de  Colombia.  El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  agrupa  sus 
compromisos  en  tres  pactos  principales:  Pacto  por  la  legalidad,  Pacto  por  el 
emprendimiento y Pacto por la equidad, en los cuales los indicadores y metas están 
directamente relacionados con los correspondientes ODS. Adicionalmente, se presentan 
pactos transversales con énfasis en: Descentralización, Construcción de Paz, Equidad 
para las mujeres, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, 
Protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, Equidad 
de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom y 
Participación ciudadana. En relación con las 5P (por sus iniciales en inglés) de la 
Agenda 2030: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas. e.e
Siguiendo estos pilares y objetivos de la estrategia de desarrollo de Colombia, la  b
Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades  580ww
dCeo lolomsb iqau, e psaera  daisppooynaer,  ean  lassu sd ifreerfeonrmteas s meestatrsu cytu rlaínleesa,s  edne  eAlc cmióanr cdoe  dleo s laOsD  cSi necon 
dimeEnns iroenlaecsi ódne  clao nA glaesn dpae r2s0o3n0a:s P, elar spoannadse, mPriao sdpee rCidOadV,I DP-la1n9e htaa,  sPiatuza, dyo A alila npzaaíss .en una
situación crítica en la que ha redoblado esfuerzos para la respuesta inmediata en el
plano sanitario a las personas afectadas y para la respuesta a medio plazo a las 
personas  en  situación  de  vulnerabilidad  así  como  para  reforzar  los  apoyos  a  las 
iniciativas productivas. A nivel territorial las prioridades van dirigidas hacia la atención a 
los municipios más afectados por el conflicto (Municipios PDET) y en mayor situación de 
vulnerabilidad. Adicionalmente, la situación de la migración venezolana ha exigido un 
esfuerzo extraordinario para el Gobierno de Colombia en la respuesta inmediata a esta 
población así como en la búsqueda de oportunidades económicas para la población 
migrante con vocación de permanencia.
En relación con la prosperidad, el énfasis del Plan Nacional de Desarrollo, en su 
pacto por la equidad, va dirigido a la promoción del emprendimiento y a la incorporación 
de las regiones (Pactos regionales) en el desarrollo económico del país. Se prioriza la 
promoción del empleo y el apoyo a los pequeños y medianos productores.
 
Sobre el Planeta el PND 2018-2022 contiene un Pacto por la Sostenibilidad que apunta 
a producir conservando y conservar produciendo, armonizando la producción agropecuaria 
con  la  conservación  y  el  uso  eficiente  de  los  recursos  naturales.  El  Pacto  por  la 
Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del 
ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Entre las metas que recoge el Pacto se encuentra la reducción de la 
deforestación en un 30 % y duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles.
El Pacto por la paz, parte del hecho de que los municipios más afectados por la 
violencia y economías ilícitas fueron dos veces más pobres que el resto del país (2017). 
Las  metas  se  centran  en  la  estabilización  de  los  territorios  más  afectados  por  la 
violencia,  en  el  apoyo  a  las  víctimas  y  en  la  reincorporación  de  la  población 
excombatiente.
Durante 2019, APC-Colombia lideró junto con Cancillería y DNP, la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional-ENCI 2019-2022(28). 58 entidades del 
nivel  nacional  y  51  autoridades  locales  (Gobernaciones  y  Alcaldías  de  ciudades 
capitales) participaron en este ejercicio, brindando insumos sobre sus prioridades de 
demanda y oferta de cooperación internacional para el cuatrienio.
(28)  https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/ENCI-2019-2022-FINAL.pdf.
Teniendo como ejes orientadores la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
PND 2018-2022, y los lineamientos de Política Exterior del país, la ENCI 2019-2022 tiene 
por objetivo general, dirigir la gestión de la cooperación internacional que otorga y recibe 
Colombia, hacia sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades 
del país en el escenario internacional. Para lograrlo, se propone un trabajo conjunto y 
articulado con todos los actores de la cooperación (entidades nacionales, autoridades 
locales, cooperantes, sociedad civil y sector privado), buscando fortalecer el Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) y la focalización de esfuerzos en cinco 
ejes de acción que hacen parte del PND 2018-2022 y contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:
a)  Estabilización territorial.
b)  Desarrollo Rural.
c)  Conservación y sostenibilidad ambiental.
d)  Emprendimiento y Economía Naranja.
e)  Fenómeno migratorio.
2.2  Alcance territorial.
La Cooperación Española centrará sus actuaciones en el periodo 2020–2024 en la 
Zona del Pacífico. Con una actuación enfatizada en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Chocó, Antioquia, Bolívar, Guajira y Norte de Santander. En estos Departamentos se 
centrará la actuación en los municipios PDET. En concreto, se prevé continuar con 
Programas de Desarrollo Territorial en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca.
En los MAP anteriores, se realizó una importante focalización geográfica en esta 
zona  pacífica,  avanzando  en  el  MAP  2015-2019  hacia  un  enfoque  territorial 
especialmente en los departamentos de Chocó y Nariño.
En relación con las actuaciones de los actores de la Cooperación Española se ha 
logrado  una  buena  complementariedad  en  estas  zonas  prioritarias  que  recogen  s
actualmente  el  80  %  de  las  actuaciones  concentradas  en  estos  departamentos  oe.
priorizados del MAP. w.
2.3  Marco de Resultados.
Se recogen a continuación los resultados intermedios priorizados por la Cooperación 
Española para el periodo, que contribuyen directamente a los resultados de desarrollo 
marcados por Colombia, y en última instancia a los ODS priorizados (anexo I. Marco de 
resultados).
ODS 1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Debido al alto número de población migrante venezolana residente en Colombia de 
forma regular e irregular, el Gobierno Colombiano aprobó en 2018 la «Estrategia para la 
Atención  de  la  Migración  desde  Venezuela»  (CONPES  3950).  Desde  entonces  la 
atención  a  la  población  migrante  ha  sido  activa  y  en  distintos  frentes,  atención  a 
necesidades básicas, regularización, inserción productiva.
Por otra parte, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado, cuatro 
años después de la firma del Acuerdo de Paz, es necesario continuar con el esfuerzo de  e
atención a las necesidades básicas de poblaciones especialmente vulnerables y más  bo
afectadas por la violencia, que, además, están actuando como comunidades de acogida  580ww
daCetOe nlVacI Dipó-on1b 9ela shcpaieóncn i aamgl.rigarvaandtoe  evsetnaesz corlaisnisa .h Aumsimanisitmaroia, sl assu pceornpsueecsuteansc yia qsu dee r elaq upiaenredne mdeia  udneal   OE-A-2021-18able en https://
En este MAP la Cooperación Española contribuirá a las siguientes Metas del ODS 1:
Meta 1.3.  Implementar sistemas y medidas apropiadas de protección social.
Línea de Acción 1.3.A.  Reforzar redes de contingencia para reducir la inseguridad 
frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la pobreza.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.1.  Población  migrante  venezolana,  población  colombiana  retornada  y 
comunidades de acogida en mayor situación de vulnerabilidad, acceden a servicios de 
calidad  de  salud,  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  así  como  habitabilidad  y 
transferencias monetarias para sus necesidades, en municipios y localidades priorizados 
por el Gobierno nacional.
La  CE  establece  este  Resultado  Intermedio  enfocando  su  actuación  para  los 
próximos años en la colaboración con el Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de 
Bienestar  Familiar,  gobiernos  departamentales  y  alcaldías,  así  como  instituciones 
públicas  competentes  para  garantizar  la  cobertura  de  necesidades  básicas  y 
especialmente centrados en la garantía del derecho a una protección efectiva, con un 
enfoque integral y multisectorial. Este enfoque permitirá impulsar la cobertura de toda la 
ruta  de  protección  necesaria  para  colectivos  especialmente  vulnerables, 
complementando los esfuerzos de las instituciones públicas colombianas, para cubrir las 
necesidades  básicas  de  atención  a  estos  colectivos:  inmigrantes  venezolanos, 
comunidades de acogida, víctimas de conflicto interno, con una atención especial a 
mujeres, niñas/niños y adolescentes. Asimismo, se espera la complementariedad del 
trabajo con la sociedad civil, ONGD especializadas y agencias de Naciones Unidas con 
competencia en estos ámbitos.
Así, en esta línea quedarán enmarcadas las acciones en materia de cohesión y 
protección social, con especial atención a población vulnerable, como forma de habilitar 
la adecuada transición entre la acción humanitaria, centrada en el fenómeno migratorio y 
víctimas de conflicto interno, y la adecuada implementación de políticas públicas de 
desarrollo, ampliando el alcance de su cobertura en cuanto a personas beneficiarias que 
están desbordando el sistema de protección de población vulnerable (en ámbitos como 
el de salud o registro público), como en la necesidad de ampliar la capacitación y 
fortalecimiento institucional en la respuesta de diseño e implementación de rutas de 
protección para colectivos especialmente vulnerables. Se trata, por tanto, de apoyar al 
Estado colombiano en la construcción del nexo humanitario-desarrollo, para ofrecer 
sostenibilidad al sistema público de respuesta a la vulnerabilidad.
El alcance de este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID, con 
instituciones  competentes  en  la  garantía  de  los  servicios  básicos  referidos,  en 
colaboración con las alcaldías, así como desde convocatorias de proyectos de la AECID 
y  de  cooperación  descentralizada.  También  se  trabajará  por  medio  de  cooperación 
multilateral en aquellos casos en que se estime aportan un valor añadido, dado su 
mandato en el país de atención a población migrante o especialmente vulnerable.
ODS 2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.
El sector rural colombiano, eminentemente agrícola, ha carecido de políticas de  s
Estado de largo plazo por lo que en él se concentran los mayores índices de pobreza,  oe.
inseguridad alimentaria, informalidad laboral, etc., y que conviven con dinámicas de  w.
violencia y economía ilícita. 580ww
ColoEml bPiala (nE NNCaIc)i oanpauln tdaen  aDl eDseasrraorlrloo lloy  rluar aEl dstersattaecgaian ddoe l aC mooepjoerraa dcieó nla  Ipnrtoedrnuactcivioidnaadl  ddee 
la Colombia rural, el aprovechamiento de mercados internacionales y la aceleración de la
inclusión productiva (Pactos estructurales), todo ello de forma sostenible e incorporando 
tecnología e innovación para el desarrollo productivo (Pactos transversales).
Como se indica en el V Plan Director de la Cooperación Española, para abordar la 
lucha  contra  el  hambre  y  la  malnutrición  es  necesario  trabajar  desde  múltiples 
dimensiones entre las que se encuentran la falta de acceso a recursos productivos de los 
pequeños productores y las carencias en las condiciones del empleo rural o el acceso a 
los alimentos, abordándolas a través de la producción inclusiva y el refuerzo de los 
sistemas agroalimentarios sostenibles.
Por eso, se prioriza el trabajo en:
Meta 2.3.  Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos a pequeña escala, a través de dos líneas de acción:
L.A. 2.3.A.  Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos para su 
autoconsumo de manera sostenible y
L.A. 2.3.B.  Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la 
producción y productividad de sus explotaciones agrarias.
Hay que destacar que el apoyo al desarrollo económico territorial es uno de los 
ámbitos de especialización de la Cooperación Española en Colombia en su propósito por 
aportar a la generación de condiciones de paz, especialmente en aquellos territorios y 
poblaciones más afectados por el conflicto. Por lo que, en el periodo de este MAP, la 
Cooperación  Española  en  Colombia  contribuirá  al  ODS  2  apuntando  al  siguiente 
resultado:
RI.2.  La población rural estructura e implementa proyectos productivos sostenibles 
con enfoque de cadena y énfasis en actividades de agregación de valor (acopio y 
transformación) y comercialización en mercados internos y externos, que dinamicen la 
reactivación económica y la seguridad alimentaria, beneficiando sus emprendimientos y 
MiPymes rurales, en los territorios priorizados por el Gobierno Nacional y orientados 
especial y diferencialmente a mujeres, víctimas, personas en proceso de reincorporación 
y población étnica de los consejos comunitarios y resguardos indígenas con énfasis en 
las subregiones PDET.
A  través  de  cooperación  técnica  y  financiera  se  apoyarán  proyectos  de 
fortalecimiento de cadenas productivas agropecuarias, para hacerlas más inclusivas y 
competitivas,  orientados  a  la  mejora  de  la  productividad  y  agregación  de  valor,  al 
fortalecimiento organizativo y de gobernanza, así como a la mejora de la financiación 
pertinente y la conexión a mercados locales e internacionales.
Para ello, se tendrán en cuenta estrategias de cualificación de los recursos humanos 
y de investigación aplicada e innovación, partiendo del valor agregado que España tiene 
en este ámbito, y se promoverán alianzas con y entre el sector público, privado y 
productivo, así como con actores claves territoriales, en aras de garantizar la eficacia y 
sostenibilidad de las acciones. Partiendo de las políticas públicas sectoriales, se buscará 
apoyar la implementación de éstas en el ámbito territorial, con el necesario enfoque 
diferenciado  de  acuerdo  a  las  particularidades  de  cada  territorio  y  de  los  grupos 
poblacionales de focalización.
Tendrán una especial atención iniciativas en zonas PDET, donde se concentra un 
porcentaje importante de población víctima del conflicto, y de apoyo a la reincorporación 
socioeconómica de excombatientes de las FARC-EP. Estas últimas, con énfasis en 
propuestas colectivas, así como las orientadas a la inclusión y el empoderamiento  e.
económico de las mujeres y de la población étnica, a través de estrategias que parten  w.
del análisis de sus condiciones y necesidades particulares. Se tendrá en cuenta así  580ww
fmaivsomreoc ieenndmoa recla ra cecsetsaos  ain icmiaetdivioass  deen  persotdrautcecgióians  yd ec ircreuaitcotsiv accoiórtno s edceo nósummician isltoroc aly, 
comercialización.
Para  estos  propósitos,  se  articularán  diversas  modalidades  e  instrumentos  de 
cooperación, teniendo en cuenta los más pertinentes y eficaces en cada caso. Se 
pondrán a disposición las herramientas de cooperación no reembolsable, canalizadas a 
través de socios colombianos (institucionales y de sociedad civil) así como de actores 
españoles en alianzas conjuntas de ambos países, fundamentalmente de sociedad civil y 
sector  privado.  Excepcionalmente,  se  considerará  la  cooperación  multilateral  para 
sumarse a propuestas en las que se identifique un claro valor agregado y se pondrán a 
disposición instrumentos de cooperación reembolsable que, en todo caso, buscarán 
apalancar y ser complementarios al resto de modalidades.
ODS 5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.
Colombia  ha  logrado  avances  importantes  hacia  la  igualdad  de  género, 
principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de 
los derechos de las mujeres y las niñas en las décadas recientes. No obstante, los 
cambios, visibles en distintos ámbitos, han sido lentos, desiguales e insuficientes y 
persisten importantes brechas de desigualdad. El Pacto de Equidad para las Mujeres 
(Pacto transversal del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022) establece como Hoja de 
ruta al 2030 «Colombia será un país donde mujeres y hombres tengan las mismas 
oportunidades y puedan desarrollar sus derechos en un ambiente libre de violencias y 
estereotipos».  Reduciremos  las  inequidades  entre  mujeres  y  hombres  asociadas  al 
trabajo, al ingreso y a la participación. Para ello, se concretaron cinco objetivos y 10 
estrategias de intervención.
Hay que destacar que la igualdad de género ha sido y sigue siendo, una seña de 
identidad de la Cooperación Española en Colombia. En este MAP, se continuará con el 
desarrollo de capacidades y empoderamiento de las mujeres como eje central de las 
intervenciones, así como con el impulso del enfoque de transversalización de equidad de 
género en relación a los otros ODS priorizados.
El Centro de Formación en Colombia colabora e impulsa procesos de diálogo de 
políticas y fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales y locales en las 
áreas priorizadas y de interés mutuo. A través de los Proyectos de Conocimiento para el 
Desarrollo (PCD) desarrolla acciones de cooperación técnica de ámbito regional con un 
planteamiento de cooperación sur-sur y triangular. Así mismo, se articulan Laboratorios 
de Innovación Pública especializados en áreas temáticas prioritarias, entre las que se 
encuentra  la  igualdad  de  género,  población  afrodescendiente,  gobernabilidad 
democrática  y  se  impulsará  alianzas  con  el  fin  de  fortalecer  las  capacidades 
institucionales y el dialogo de políticas entre homólogos creando un espacio de dialogo 
iberoamericano compartido.
En el periodo 2020-2024, la Cooperación Española en Colombia contribuirá al ODS 5 
mediante el acompañamiento a programas de protección, prevención y atención de 
mujeres víctimas de las Violencias Basadas en Género, el empoderamiento económico 
de las mujeres y el acceso a servicios y/o programas de salud sexual y reproductiva, 
destacando las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 5.5.  Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades.
L.A.5.5.C.  Potenciar  el  acceso  de  las  mujeres  a  recursos  económicos  (tierra, 
crédito, etc.). e.
Resultado Intermedio del MAP: 580ww
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Los actores de la Cooperación Española contribuirán con este resultado mediante el 
incremento de la autonomía económica de las mujeres, el empoderamiento y la inserción 
laboral para reducir las brechas de género en Colombia. De acuerdo con las estrategias 
de reactivación económica para las mujeres urbanas y rurales, continuaremos apoyando 
con formación especializada, asistencia técnica en territorio, mejora de sus fuentes de 
ingresos y perfeccionamiento de sus conocimientos y prácticas de planificación, gestión, 
administración, agregación de valor y comercialización.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID y desde las 
convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD 
españolas, tanto con instituciones públicas colombianas, como con organizaciones de 
mujeres y organizaciones feministas en el país.
Meta 5.2.  Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
L.5.2.a.  Trabajar  para  que  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  están 
amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.4.  Las mujeres víctimas de violencia de género acceden a servicios integrales de 
calidad, permitiéndoles disfrutar de entornos Libres de Violencia Basada en Género 
(VbG).
La prevención y atención de todas las formas de violencia contra las mujeres se 
encuentra incluida en las agendas del gobierno colombiano, tanto a nivel central como a 
nivel descentralizado. Asimismo, se cuenta con un Plan Integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencias, aprobado en 2012, así como con la voluntad política 
expresada  en  las  metas  de  los  planes  de  desarrollo  departamental,  municipales  y 
nacional.
La  Cooperación  Española  continuará  acompañando  al  Gobierno  y  a  las 
organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en intervenciones orientadas a 
promover respuestas integrarles para contribuir a una vida libre de violencias, a impulsar 
la  coordinación  interinstitucional,  el  intercambio  de  las  lecciones  aprendidas  y  el 
fortalecimiento de los servicios y medidas puestos en marcha para la protección de las 
mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género.
Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como a 
través de las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos 
de ONGD españolas. Se  colaborará  tanto con  instituciones colombianas como con 
organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país, así como desde los 
programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU.
Meta 5.6.  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.5.  Las mujeres acceden a servicios de salud sexual y reproductiva tales como 
planificación familiar, control del embarazo, parto seguro, apoyo en lactancia y atención 
postparto, con especial atención a mujeres migrantes y población de las comunidades de  e.
acogida. w.b
pdloaesr  agsE éelin mrtverpiarcuobiol asysaj o drd  eedu  ends aialv alepu rodCsl íiEdsti ecasaxdeu   pcacuúl elbytnul itcrrraeaalp r, áirnqo tudpeeurgi cnrcatciolvi pnadat,er lim abspueaoynlayutea da n  esddenoix s aumecal ionli mmuyi pprr uaelalñpssaro or b ddaauerlc  rietsnivriisacatsie,a  mctdioveaan  as de cepnc aefsorsaaqol uu leaad     OE-A-2021-18able en https://
reducción de la mortalidad materna, el uso de anticonceptivos, eliminación de violencias,
eliminación de prácticas nocivas, mediante la asistencia técnica especializada a las 
institucionales,  dotación  de  insumos  y  el  fortalecimiento  de  las  comunidades,  con 
asistencia técnica y acciones de incidencia.
Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como con las 
convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD 
españolas. Se contribuirá al trabajo de las instituciones colombianas, además del de las 
organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país. Asimismo, se apoyará 
a los programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU. y se articulará 
tanto  con  instituciones  colombianas  como  con  organizaciones  de  mujeres  y 
organizaciones feministas en el país.
ODS 8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.
La falta de oportunidades de empleo e inserción laboral de la población del territorio 
constituye uno de los mayores riesgos de conflictividad y vinculación a economías 
ilícitas, por lo que, estimular la generación de empleo y fortalecer su capacidad de 
emprendimiento, innovación y diversificación productiva constituyen factores estratégicos 
de desarrollo y paz, como lo recoge el Plan Nacional de Desarrollo.
Siguiendo los establecido en el V Pan Director de la Cooperación Española, se 
prioriza lograr empleo digno y de calidad (Meta 8.5), además del fomento de políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 
la cultura y los productos locales (Meta 8.9). Por otra parte, se especifica la importancia 
de  la  capacitación  de  las  personas  más  vulnerables,  en  su  formación  técnica  y 
profesional,  para  favorecer  su  empleabilidad.  Asimismo,  la  Cooperación  Española 
apuesta por la promoción de las competencias emprendedoras y el emprendimiento 
como estrategia de desarrollo y diversificación económica territorial en Colombia. Así, se 
apunta a las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 8.5.  Lograr empleo digno y de calidad.
L.8.5.a.  Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones 
laborales formalizadas y estables.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.6.  Las  personas  en  condición  de  vulnerabilidad  (con  énfasis  en  jóvenes, 
mujeres,  víctimas,  personas  en  proceso  de  reincorporación  y  población  rural  en 
territorios PDET, incluyendo liderazgos de modelos de sustitución) acceden a formación 
ocupacional, servicios de empleabilidad e inserción laboral, con apoyo al desarrollo de 
iniciativas.
La formación ocupacional en oficios es una prioridad del gobierno colombiano para la 
inserción laboral. Una de las principales herramientas disponibles es la Estrategia de 
salvaguardia de los oficios tradicionales para la construcción de paz, siendo las Escuelas 
Taller una parte fundamental. Las Escuelas Taller son espacios para la inserción laboral, 
pero también para fomentar la tolerancia, la convivencia pacífica y la reconciliación, 
contribuyendo  así  a  la  construcción  de  una  paz  con  justicia  social,  basada  en  la 
eliminación de la violencia estructural y en la construcción de la armonía social.
La Cooperación Española seguirá apoyando el Programa Nacional de Escuelas 
Taller, para generar mecanismos de desarrollo social que impulsen a las comunidades a  es
mejorar su calidad de vida, al tiempo que se fortalecen el ecosistema de los oficios y  o
saberes tradicionales en los territorios. En líneas generales se procurará la preservación  580ww
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La formación tendrá una dimensión integral aportando competencias para el desarrollo
humano. En este sentido, se continuará apoyando la implementación de la caja de 
herramientas Cultura de Paz, como elemento fundamental del currículum formativo. 
Además, se contribuirá a la reducción de la brecha de género promoviendo la autonomía 
y la inserción laboral de las mujeres. Para una mayor incidencia en el ámbito rural, se 
apoyará la formación en talleres productivos, de manera coordinada con las escuelas 
taller. El fenómeno de la migración venezolana agudiza la crisis del desempleo por lo que 
se incluirá este sector entre la población beneficiaria.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española y 
se coordinará, fundamentalmente, con el Ministerio de Cultura, también se incluirán 
acciones de cooperación triangular que permitan compartir las lecciones aprendidas con 
otros países de la región.
Meta  8.9.  Políticas  encaminadas  a  promover  un  turismo  sostenible  que  cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
L.8.9.a.  Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo 
en las zonas rurales.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.7.  Las iniciativas de emprendimiento (turismo rural, vivencial y de naturaleza e 
industrias culturales y creativas, negocios verdes y otros sectores no agropecuarios) se 
impulsan como fuente de ingresos alternativos para inclusión económica y laboral en las 
zonas rurales, en alianza con el sector privado y aprovechando el uso de mecanismos 
innovadores de cooperación definidos en la ENCI.
Uno  de  los  ámbitos  del  desarrollo  económico  con  mayor  impulso  del  gobierno 
colombiano  se  relaciona  con  las  industrias  creativas  al  fomentar  el  tejido  social  y 
humano, así como la identidad y equidad, siendo al tiempo generador de empleo de 
calidad y motor de desarrollo - Ley de Economía Naranja de 2017. Por otro lado, uno de 
los mayores sectores de potencial crecimiento en Colombia es el turismo, por lo que el 
Plan Nacional de desarrollo lo incorpora como una prioridad fundamental, siendo un 
ámbito en el que la Cooperación Española tiene un claro valor agregado.
Así,  se  continuará  promoviendo  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  las 
comunidades rurales apoyando la diversificación productiva desde el emprendimiento en 
sectores  alternativos  al  agropecuario  relacionados  con  las  industrias  creativas  y 
culturales,  especialmente  el  turismo  sostenible,  turismo  comunitario  y  subsectores 
vinculados  al  mismo,  así  como  otros  sectores  de  acuerdo  con  las  potencialidades 
endógenas  territoriales  (negocios  verdes,  etc.).  El  desarrollo  turístico  ordenado  con 
criterios de sostenibilidad e inclusión puede favorecer las estrategias alternativas a las 
economías  ilícitas,  apoyar  fuentes  complementarias  de  ingresos  a  comunidades 
campesinas y étnicas, y favorecer la preservación de espacios naturales y territorios 
culturales. También se seguirá fortaleciendo las capacidades emprendedoras y de las 
entidades que constituyen el ecosistema de apoyo al emprendedor, con énfasis en el 
nivel territorial.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, 
además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se 
coordinará  especialmente  con  el  Ministerio  de  Cultura,  el  Ministerio  de  Comercio, 
Industria  y  Turismo  y  sus  entidades  adscritas,  como  FONTUR,  ProColombia,  y  el 
Ministerio de Agricultura, así como con las entidades territoriales y otros actores que 
constituyen  los  ecosistemas  regionales  de  apoyo  al  emprendimiento  (cámaras  de  e.
comercio, universidades, etc.). w.
Debe hacerse especial referencia a la experiencia española en materia de desarrollo  580ww
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turísticos, definición de estrategias de promoción y posicionamiento en los mercados, etc.
ODS 16.  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
En el marco de este ODS, el PND 2018-2022 recoge como prioridades los pactos 
transversales de Paz, Descentralización, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de 
servicios públicos, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, 
Raizales, Palenqueros y Rrom. Es en dichas prioridades que se centrará el trabajo de la 
Cooperación Española.
Conforme  a  este  contexto  y  a  la  experiencia  previa,  la  Cooperación  Española 
contribuirá a este ODS en las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 16.1  Reducir significativamente todas las formas de violencia.
Línea de Acción 16.1.A  Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de 
paz.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.8.  Se impulsa la implementación de las acciones del pilar de Reconciliación, 
Convivencia y Paz de los municipios PDET (Pilar 8), incluyendo las acciones priorizadas 
en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que respondan a medidas 
incluidas en Planes de Reparación Colectiva de víctimas-PIRC y/o de los Planes de 
Retorno y Reubicación, para garantizar que las víctimas obtengan una respuesta integral 
y eficaz por parte de las instituciones responsables.
La actuación de Cooperación Española en esta línea va dirigida a apoyar al Estado 
colombiano en las medidas necesarias para la consolidación de la paz efectiva en 
Colombia, tanto en los municipios PDET (donde el gobierno prioriza su intervención), 
como  en  aquellos  otros  con  población  más  vulnerable  y  una  mayor  incidencia  de 
violencia.  La  aceleración  del  ritmo  de  implementación  del  Acuerdo  de  Paz  es  una 
prioridad  absoluta,  buscando  que  se  asegure  que  las  principales  medidas  tengan 
concreción  en  las  regiones,  garantizando  los  enfoques  transversales  de  Derechos 
Humanos, género, étnico, territorial, y se asegure la centralidad de las víctimas en la 
construcción de paz.
Las acciones que se establezcan van a privilegiar las medidas centradas en la 
prevención, la protección y el acceso a la justicia en los territorios; asimismo, deben 
mitigar la vulnerabilidad específica que sufren tanto los líderes/esas sociales y los grupos 
étnicos  indígenas  y  afrocolombianos  por  el  conflicto  armado,  la  violencia  y  el 
desplazamiento forzado, así como el apoyo a las medidas necesarias para garantizar su 
derecho al autogobierno. Estos líderes son los principales aliados en territorio para 
avanzar en materia de construcción de paz y democracia y su protección es clave para el 
avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos territorios.
Para todo ello se trabajará junto a instituciones públicas competentes en estos 
ámbitos de protección y promoción de derechos, con un enfoque territorial. Se hará de 
forma bilateral, con el refuerzo de sus capacidades y garantizando la extensión de su 
misión en los territorios de forma efectiva. También es importante fortalecer los diversos 
mecanismos  preventivos  de  protección  y  seguridad,  como  el  Sistema  de  Alerta  y 
Reacción  Temprana  de  la  Defensoría  del  Pueblo  o  los  mecanismos  de  protección 
colectiva comunitaria y étnico.
Por otra parte, también se facilitará y fortalecerá la participación política y ciudadana 
en la implementación del Acuerdo de Paz y en la construcción de una paz justa, con  es
medidas especiales de protección o autoprotección. Para ello, es necesario fortalecer y  o
consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para  580ww
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en los departamentos priorizados por la Cooperación Española, que puede contribuir a
poner en marcha acciones de prevención de la violencia y la consolidación de paz a 
través de los esfuerzos públicos y privados. Asimismo, la cooperación descentralizada 
española tiene una fuerte presencia en el ámbito de protección, y experiencia de años de 
trabajo consolidados en las regiones. Se prevé también la continuidad del trabajo con 
organizaciones internacionales cuya misión en el país es apoyar a las autoridades en su 
responsabilidad de protección de Derechos Humanos de manera efectiva; así como 
apoyar, en particular, la implementación de la política de Paz con Legalidad, en el marco 
del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.
Reconociendo  la  importancia  de  transformar  los  territorios  más  vulnerables  y 
afectados por la violencia y la pobreza, se prevé seguir acompañando al sector privado a 
través de apoyos técnicos orientados a estrategias de impulso de su implementación y 
apropiación  a  nivel  sectorial  y  territorial,  el  robustecimiento  de  su  gobernanza,  el 
fortalecimiento de capacidades para su gestión en entidades públicas y empresas, la 
facilitación  de  escenarios  de  diálogo  o  la  generación  de  estudios,  orientaciones  y 
herramientas  prácticas  o  la  articulación  de  las  agendas  de  empresas  y  derechos 
humanos.
Meta 16.3  Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la Justicia.
Línea de Acción 16.3.A  Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes 
para la protección integral de los Derechos Humanos.
Resultado Intermedio del MAP:
I.9.  Se promueve la implementación y fortalecimiento de estrategias de acceso y 
goce efectivo de derechos por medio del acceso a y la presencia de las entidades del 
Sistema  de  Verdad,  Justicia,  Reparación  y  No  Repetición,  contribuyendo  a  la 
implementación  de  medidas  de  justicia  transicional,  la  resolución  de  conflictos  y  al 
conocimiento integral de los derechos de los ciudadanos, impulsando a su vez el trabajo 
de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones étnicas de gobierno propio y el 
trabajo de líderes sociales para la protección y defensa de los derechos fundamentales, 
con especial atención a la población más vulnerable.
La firma del Acuerdo de Paz recoge en su punto 5 «Acuerdo sobre las víctimas del 
conflicto», el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición (SIVJRNR), constituido por tres instituciones: Comisión de la Verdad (CV), 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad de búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas (UBPD). Pese a que las tres instituciones están en funcionamiento y 
debe reconocerse como un paso importante hacia la garantía de una paz estable el 
establecimiento  en  Colombia  de  un  sistema  de  justicia  transicional,  sigue  siendo 
necesario protegerlo política y financieramente, su integralidad, y la centralidad de las 
víctimas en el proceso de construcción de paz en Colombia.
La Cooperación Española va a trabajar en el fortalecimiento de las garantías de las 
víctimas para que puedan participar en los procesos judiciales, avanzar de forma más 
robusta en los programas de reparación individual y colectiva y en la articulación y 
trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia transicional. Se pretende, a 
su vez, fortalecer los mecanismos de defensa jurídica para los diversos actores que se 
han sometido a la JEP, y contribuir de forma decidida a la existencia del relato de la 
verdad, como garantía de no repetición, consensuado por las víctimas del conflicto 
especialmente y la sociedad colombiana en su conjunto. e.e
Gran parte del éxito de actual proceso de paz reside además en que se generen  b
garantías de no repetición. Esto sólo será posible si este sistema se respeta y se hace  580ww
egfueecrtriivllaa  ldae i mlapsl eFmAeRnCta ceiónn 2 d0e1l6 r eys dtoe  doetlr aAsc upeorlídtioc afisr mdaedl oE setnatdreo  eolr iGenotbaidearnso  ay  glaa raannttiigzuaar, 
promSoev etrr ayb parjaorteág, epr olor s tDaenrtoe,c hdoes  Hfourmmaan obsi.lateral  con  las  instituciones  del  sistema,
contribuyendo al cumplimiento de su mandato, y se apoyará también a organizaciones
de sociedad civil especializadas que aporten valor añadido a facilitar estos mandatos y 
garanticen de forma efectiva la participación tanto de las víctimas directamente como 
centro  de  estos  procesos,  como  de  la  sociedad  en  su  conjunto  con  medidas  de 
incidencia  y  creación  de  redes  o  alianzas  de  apoyo.  El  apoyo  de  la  Cooperación 
Española a la sociedad civil colombiana seguirá siendo uno de los valores añadidos de 
este MAP, contribuyendo a apoyar las iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de 
los Derechos Humanos.
Meta 16.6.  Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
LA.16.6.A.  Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.10.  Las instituciones públicas locales priorizadas fortalecen sus capacidades de 
planeación  territorial,  sectorial  para  el  cumplimiento  de  metas  de  desarrollo  y  uso 
eficiente de los recursos.
El esfuerzo de descentralización y democratización de la vida pública local ofrece un 
marco adecuado para el desarrollo de la gobernanza en municipios y departamentos, a 
pesar de la debilidad de los gobiernos locales frente a la territorialización de la paz.
La gobernanza local será, por tanto, uno de los grandes ejes del presente MAP. 
Específicamente se trabajará en las siguientes sublíneas de acción:
Se  apoyará  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  las  instituciones  públicas 
locales, para lograr modelos eficaces y eficientes de desarrollo territorial, buscando la 
articulación entre actores. Se apoyará la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía 
y la aplicación de políticas públicas participativas y que respondan a las demandas de la 
sociedad; así como los espacios formales y mecanismos habilitados por los gobiernos 
locales y entes étnicos territoriales mediante el acompañamiento a los procesos de 
descentralización,  reforzamiento  de  entes  étnico-territoriales  como  espacios  para  el 
pleno ejercicio de la participación ciudadana.
Se apoyará la implementación de los Planes de desarrollo territoriales, así como los 
Planes  de  desarrollo  con  enfoque  territorial  (PDET).  Se  apoyarán  las  instancias 
institucionales claves en su implementación, así como los espacios de participación e 
impulso del desarrollo local (Consejos Ciudadanos, Consejos de desarrollo rural, etc.). 
Con población étnica, es especialmente pertinente el apoyo a los planes de vida y planes 
de etnodesarrollo.
Se apoyará la implementación de políticas públicas, alineadas con los compromisos 
internacionales  de  derechos  humanos,  así  como  en  la  gestión  institucional,  con 
entidades  nacionales,  territoriales  y  autoridades  tradicionales  que  implementan 
mecanismos de planificación, inversión y gestión pública más participativos, inclusivos 
y/o transparentes. La formación especializada al personal funcionario y personal técnico 
de las instituciones públicas será una de las estrategias priorizadas.
En relación con la gestión del acceso universal y equitativo al agua potable por las 
autoridades  locales,  la  Cooperación  Española  está  contribuyendo,  con  cargo  a  la 
financiación de FONPRODE, diversos proyectos ligados al derecho humano al agua y 
saneamiento, cuya finalización se prevé durante el periodo de vigencia de este MAP. 
Como resultado de los mismos más de 1.000.000 de habitantes de las zonas más 
vulnerables  del  país  tendrán  garantizado  un  suministro  de  agua  potable  suficiente,  es
saludable,  aceptable,  físicamente  accesible  y  asequible  para  su  uso  personal  y  o
doméstico, así como opciones de saneamiento seguros, higiénicos, aceptables social y  580ww
dcdueel  tCluCarhsoao mlpmcóroeo,  nppNtiaaears.tre iñG dooe yb  leoCrsna aupccroiaog,n rseaesm  ca(ocsno dtneecmr eaptplaaomny oea ncatce li aoa ng esosub sed repn lafaonnrzteaasl e ldocecimaplia eerntnato ml oiensn sdttaietlupecasi rotdnaeam l aetganuntoatos,    OE-A-2021-18able en https://
PDA) como de algunas alcaldías y sus entidades prestadoras de servicios de agua
potable y saneamiento. Dicho apoyo consistirá en asegurar que las oficinas rectoras en 
esta temática posean las capacidades y recursos (humanos, logísticos y monetarios) 
necesarios para la realización de sus funciones, atendiendo a las necesidades de la 
ciudadanía y con un enfoque social y participativo.
En este resultado se trabajará a través de la cooperación no reembolsable, con el 
programa bilateral de AECID, la financiación de la cooperación descentralizada y a 
través de ONGD españolas, incluyendo también la cooperación técnica, la formación 
especializada y la cooperación triangular para intercambio de conocimientos con otros 
países.  En  cuanto  a  la  cooperación  reembolsable,  se  identificarán  programas  que 
puedan utilizar fondos de FONPRODE para este resultado.
3. Alianzas para la Estrategia
3.1  Red de alianzas.
La Cooperación Española promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o 
asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en 
Colombia. El Marco de Asociación País será el marco de referencia para impulsar las 
relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Colombia, así como 
para  el  establecimiento  de  alianzas  a  diferentes  niveles,  especialmente  con  la 
cooperación descentralizada. Estas alianzas entre diferentes actores de la CE con las 
instituciones  públicas  y  organismos  de  sociedad  civil  es  un  proceso  continuo,  que 
refuerza la democracia por medio del fortalecimiento de las diferentes instituciones.
Después de analizar los ámbitos de desarrollo de las intervenciones, se han identificado 
las alianzas para cada resultado intermedio, que podrán ser ampliadas o modificadas 
durante el transcurso del MAP. Los actores de la CE identificados para la participación de 
una alianza en un resultado intermedio informarán sobre su grado de compromiso en la 
medición de indicadores para el seguimiento (Anexo II.  Matriz de Alianzas).
En el desarrollo del presente marco de asociación los siguientes actores implicados 
en las diferentes Alianzas tendrán una participación activa:
Cooperación Española. Colombia cuenta con la presencia de un amplio número de 
actores de la Cooperación Española. La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, 
adscrita a la Embajada de España en Colombia, lleva más de 30 años con presencia 
permanente en el país. El Centro de la Cooperación Española en Cartagena desarrolla 
actividades desde 1993, en 2000 comenzaron las obras de restauración de su actual sede, 
el convento de Santo Domingo, que se inauguró en 2004. La Cooperación Descentralizada 
mantiene un activo trabajo a través de las ONG españolas y sus socios locales, 207 OSC 
y 40 Universidades colombianas han trabajado activamente en los últimos cuatro años. 
32 universidades españolas tienen una representación permanente en Colombia. Hay una 
multiplicidad de actores de la Cooperación Española en Colombia, desde Ministerios, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, ONGD y Empresas. Existe 
una buena relación entre los actores de la CE en Colombia. A continuación, se detallan los 
mecanismos de coordinación existentes:
– Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público 
institucional estatal. La Administración General del Estado (AGE) está representada a 
través de la Embajada de España en Colombia, la Oficina Económica y Comercial 
adscrita a la Embajada, la Agregaduría de Cooperación con el colegio oficial Reyes  s
católicos, la Consejería Cultural y la AECID representada por su Oficina Técnica de  oe.
Cooperación y el Centro de Formación en Cartagena de indias, como Unidades de  w.
CCooooLppaee rraaFccuiióónnnd  a(eMcnióA nUe Cl In)E tyex rtleanr aFiocuiro nnddaaelcl  ióyM ni npCiasartraeo rliioInb aed.reo aAmséurnictao s dEe xtAedrimoriensis, trUacniióónn  yE uProoplíetiac ays   2021-18580n https://ww
Públicas (FIIAPP) es una fundación perteneciente al sector público estatal español y una
institución integrante de la Cooperación Española que trabaja en Colombia en la mejora  Bc
de sistemas públicos. La actuación de la FIIAPP se enmarca en la política exterior 
española, apoyando la actividad internacional de la Administración española en las áreas 
geográficas y los ámbitos de actuación prioritarios.
El MAUC a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el 
órgano responsable de la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de 
la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Adscrita a esta 
Secretaría de Estado, está la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible 
(DGPOLDES),  encargada  de  la  planificación  estratégica,  formulación,  dirección  y 
seguimiento de las políticas para el desarrollo sostenible en la cooperación española de 
dicha política, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) encargada del fomento, gestión y ejecución de esta política a través de distintas 
modalidades e instrumentos.
Entre  los  Ministerios  y  entidades  públicas  que  trabaja  activamente  destacan  el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  el  Ministerio  de  Justicia,  el  Ministerio  de 
Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, y el Ministerio de Igualdad podrán de igual manera aportar su experiencia al 
trabajo en los ODS priorizados.
– Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales.  En  el  sistema  español  de 
Cooperación al Desarrollo, las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y Entidades Locales 
aportan  buena  parte  de  la  AOD  española  a  los  países  socios.  En  Colombia,  esta 
participación es muy activa y permanente, habiéndose reforzado en los últimos años. Las 
agencias de cooperación descentralizada con una mayor presencia en Colombia son 
entre las Comunidades Autónomas el País Vasco, Andalucía, Catalunya, Extremadura. 
Entre las entidades locales están el Ajuntament de Barcelona, las Diputaciones de 
Bizkaia y Guipuzkoa, quienes canalizan su apoyo fundamentalmente a través de las 
ONGD. Sectorialmente hay una gran sintonía entre las prioridades de los distintos planes 
de cooperación descentralizados y los propuestos en el presente MAP.
– Organizaciones no Gubernamentales. En Colombia trabajan activamente y de 
forma permanente 32 ONGD españolas.
La presencia de las ONG españolas en los territorios, le permite un conocimiento y 
un acompañamiento directo a la población. Durante el último MAP se ha avanzado en la 
complementariedad entre las acciones de las ONG y del programa bilateral.
– Sector privado y otros actores. Tal y como establece el ODS 17, el desarrollo 
transformador y las metas de la agenda 2030 se alcanzarán en el marco de alianzas 
multiactor, donde el papel del sector privado y otros actores relevantes es fundamental.
En Colombia hay un número muy significativo de empresas españolas operando, 
algunas de las cuales implementan programas de acción social y están avanzando en la 
incorporación de la debida diligencia en derechos humanos en su gestión. Se busca que 
el MAP sea un marco de referencia que permita mayores avances en el alineamiento de 
dichos programas con éste y esto permita a su vez aumentar la articulación entre 
empresas y AECID así como con otros actores de la cooperación española, en aras de 
lograr mayores y mejores impactos en desarrollo.
– Universidades. Cabe hacer una mención también al sector académico español, 
que tiene una presencia en Colombia importante y cuya potencial contribución a la 
gestión  del  conocimiento,  el  fortalecimiento  de  capacidades  y  otras  metas  ODS 
prioritarias en el MAP es clave.
Espacio de coordinación 
de actores de la  Objetivo Integrantes Retos
cooperación española
Embajada, Consejería 
cultural, Oficina Económica  Impulsar y dar mayor dinamismo al 
y comercial, Consejería  GEC estableciendo una hoja de 
política. Centro de  ruta clara y una distribución de 
Espacio de coordinación de los actores de la CE en 
Formación de la  roles y responsabilidades.
Colombia. Órgano consultivo no vinculante y de 
Cooperación Española en  Establecer relaciones de 
participación, para intercambio de información, la 
Grupo Estable de  Colombia, Agregaduría de  corresponsabilidad al interior del 
coordinación de actuaciones, el análisis conjunto de la 
Coordinación (GEC). Educación OTC, (secretaría  grupo. Puede jugar un rol muy 
realidad del país, la concertación de objetivos y 
técnica) Cámara de  interesante en la estructuración de 
resultados compartidos y la búsqueda de 
comercio hispano  las iniciativas, en los ejercicios de 
complementariedad.
colombiana. Cooperación  incidencia política y en los 
Oficial Descentralizada  procesos de monitoreo y 
ONGD españolas en  evaluación.
Colombia.
Intercambio de información y análisis de coyuntura. Representantes de ONGD 
Encuentros OTC-ONGD 
Coyunturalmente se ha trabajado en grupos de trabajo  españolas en Colombia, 
españolas en Colombia.
sectoriales como construcción de paz y género. equipo técnico OTC.
– Favorecer el conocimiento por parte de la empresa 
española de los ODS, los Principios Rectores de 
NN. UU. sobre Empresas y Derechos Humano, las  Revitalizar el Comité: tras su 
estipulaciones del Convenio 169 de la OIT y de la  Embajador de España en  convocatoria inicial y el interés 
OCDE sobre conducta empresarial responsable. Colombia que lo preside e  mostrado por parte de las 
– Generar espacios de análisis, reflexión y diálogo  integra a las Oficinas  empresas participantes, lleva 
sobre el contexto político y social colombiano,  Comercial y de  tiempo sin ser convocado por la 
desarrollo sostenible, inversión responsable y posible  Cooperación de la  coyuntura de pandemia y los 
Comité de empresas y 
atención del sector privado español a prioridades  Embajada de España, a la  cambios en las cabezas de OTC y 
desarrollo.
nacionales de desarrollo. Cámara de Comercio  OFCOMER.
– Promover la articulación de actores de diferentes  Hispano-colombiana y a las  Concertar una agenda de trabajo 
entidades españolas y colombianas (sector público,  empresas españolas que  ambiciosa y realista en sus 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y  deseen formar parte del  objetivos de impacto que logre 
academia) para promoción de iniciativas conjuntas. mismo. mantener el interés y compromiso 
– Favorecer el conocimiento y la difusión de  de las empresas.
información sobre la contribución española al 
desarrollo de Colombia, así como de buenas prácticas.
Unión  Europea.  En  el  seno  de  la  Unión  Europea  (UE)  existe  un  espacio  de 
coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es 
este  un  espacio  de  intercambio  de  información  y  reflexión  sobre  posicionamientos 
comunes en relación con las actuaciones de cooperación. Los temas de Derechos 
Humanos y Género son especialmente importantes en este ámbito. El Fondo Europeo 
para la Paz ha congregado el interés y esfuerzos de coordinación de los EE. MM., la 
DUE y el Gobierno de Colombia en los últimos años.
De cara a la programación a futuro 2021-2027 la UE está trabajando activamente con 
los  Estados  Miembros  bajo  el  enfoque  TEAMEUROPE  en  la  formulación  de  una 
propuesta conjunta en dos ámbitos, la construcción de paz y la economía verde.
Grupo de Cooperantes (GRUC). El GRUC, presidido en 2021 por Noruega, es una 
instancia donde convergen los principales agencias de cooperación internacional con  e
presencia  en  el  país,  que  da  continuidad  a  la  coordinación  de  la  cooperación  bo
internacional. España continuará con una participación activa en los subgrupos de DDHH  580ww
(yl idGeorabdeorn apboirl idUaEd- U(lSidAeIrDa)d;o s upbogr rOupAoC dNeU DGHén);e srou b(glidruepraod doe p Dore sNaorrruoellog ar-uOraNlU y  mecuojenróems)i;c oy 
subgCroumpois dióen C doen Pstlrauncicfiicóanc idóen ,P Saez gyu Jimusietinctioa  Ty rEanvsailcuiaocniaóln ( ldideel rMadAoP .p oCro Emsop amñeac ya nSisumecoia d).e
coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española, se
refuerza el trabajo de seguimiento de la cooperación conjunta y de toma de decisiones 
sobre la programación en el marco del MAP.
3.2  Modalidades e instrumentos.
En cuanto a las vías de canalización, se prevé utilizar la ayuda bilateral directa, tanto 
a través de organismos públicos colombianos como de sociedad civil, la ayuda bilateral 
indirecta,  a  través  de  ONGD  españolas,  universidades  y  otras  instituciones 
especializadas, así como organismos internacionales. Se trabajará, de manera intensa, 
mediante el instrumento de Cooperación Delegada de la UE. Por último, la modalidad de 
Cooperación Triangular con países de la región queda abierta en el presente MAP.
Instrumentos:
– Proyectos y programas, de desarrollo y humanitarios.
– Cooperación Técnica.
– Cooperación multilateral.
– Cooperación financiera.
– Becas (Fundación Carolina y MAUC).
– Intercoonecta, Gestión del Conocimiento y Laboratorios de Innovación Pública.
– Contribuciones a Organismos Multilaterales.
– Fondo de Cooperación para agua y saneamiento (FCAS).
Modalidades:
– Ayuda no reembolsable y reembolsable (FONPRODE).
– Subvenciones bilaterales AECID.
– Subvenciones a ONG (proyectos y convenios).
– Subvenciones a acciones de innovación.
– Subvenciones a acciones humanitarias.
– Alianzas público-privadas.
– Cooperación Sur-Sur (Intercambios Col-Col) y Cooperación triangular.
– Cooperación Delegada.
3.3  Recursos.
En el periodo 2015-2019, la AOD española media anual a Colombia fue 15,6 M€, de 
los cual el 53 % procedió de la Administración General del Estado (principalmente a 
través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional) y el 47 % restante a la 
Cooperación Descentralizada, llegando esta última al 58 % en 2019.
El MAP Colombia cuenta con  una estimación  presupuestaria inicial de 120 M€ 
nuevos,  para  ser  desembolsados  en  el  periodo  (ANEXO  III.  Recursos  financieros). 
Asimismo, se continuará con la ejecución de 104 M€ de presupuesto ya desembolsado y 
que se encuentran incluidos en los proyectos vigentes en el momento de la firma del 
MAP. De ese montante en vigor, 74 M€ corresponden a donaciones y 30 a cooperación 
reembolsable FONPRODE (Documento adicional 2).
Esta  previsión  presupuestaria  incluye  la  cooperación  bilateral  de  la  AECID,  los 
proyectos con ONGD, con una nueva convocatoria de Convenios ONGD durante el 
periodo, y las previsiones de los proyectos en ejecución. Igualmente, la inversión prevista 
contempla las convocatorias anuales de proyectos y de acciones de innovación. Las 
estimaciones  también  prevén  el  monto  asignado  al  CCE/Dirección  de  Relaciones  s
Culturales  y  Científicas  (DRCC).  Además,  contempla  las  intervenciones  de  la  oe.
cooperación  que  realizan  otras  administraciones  del  Estado,  CCAA,  EELL  y  w.
universidades.  El  montante  no  contabiliza  la  cooperación  delegada  de  la  UE,  que  580ww
smuigproanndtreá i rureng umlaínr.imo de 10 M€, para el proyecto de atención en salud a población
Los  actores  de  la  Cooperación  Española  involucrados  en  este  MAP  dedicarán 
esfuerzos para que sus presupuestos destinados a Colombia estén alineados con los 
objetivos acordados con el país y se centren en los resultados intermedios definidos.
Los recursos citados son estimativos, no entrañan compromiso legal y su asignación 
estará  sujeta  a  la  disponibilidad  presupuestaria.  De  igual  modo,  quedan  sujetos  a 
disponibilidad y a acuerdos con el socio local los fondos de cooperación reembolsable. 
Estas  previsiones  indicativas  se  irán  acordando  anualmente  con  las  contrapartes 
tomando  en  cuenta  los  niveles  de  ejecución  anual,  estando  sujeta  a  disponibilidad 
presupuestaria y con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.
3.4  Riesgos.
Se  mencionan  a  continuación  los  riesgos  generales  a  tener  en  cuenta  en  la 
implementación del presente MAP. En la matriz de riesgos (Anexo IV. Riesgos), se 
asocian estos riesgos a cada resultado intermedio.
Riesgos  Institucionales.  Entre  los  principales  riesgos  institucionales  que  podría 
afectar a la ejecución del MAP se encuentran la situación creada por la pandemia, que al 
reorientar la inversión a prioridades sectoriales inmediatas (salud, educación digital) 
afectan la capacidad institucional en los territorios para hacer frente a los retos del 
desarrollo. El conflicto territorial y el aumento de la inseguridad puede restringir el acceso 
de la institucionalidad a los territorios. La continuación de la situación actual puede 
derivar en mayor desestabilización, junto con una perpetuación del conflicto armado. En 
relación  con  la  población  venezolana,  existe  un  riesgo  de  desbordamiento  de  la 
capacidad institucional por la continua llegada de refugiados y migrantes venezolanos. A 
nivel territorial, adicionalmente, la centralización o la escasa implicación, apropiación, 
liderazgo  y  articulación  interinstitucional  de  instituciones  y  actores  clave  dificulta  la 
ejecución, su pertinencia y su alineamiento con la política pública.
Riesgos Naturales. Colombia está sometido como muchos de los países de la región 
a una vulnerabilidad causada por fenómenos naturales, como inundaciones o sequías. 
Igualmente  se  encuentra  en  una  zona  de  afectación  sísmica.  En  la  zona  pacífica 
priorizada por el presente MAP, la deforestación y la contaminación por la minería son 
adicionalmente problemas acuciantes.
Riesgos Sociopolíticos. Dentro de los riesgos sociopolíticos de nuevo es necesario 
tener en cuenta los efectos de la pandemia en la reorientación de las prioridades 
políticas e inversión. Igualmente el conflicto territorial o la emergencia sanitaria por 
COVID escalan dificultando el trabajo en territorio. Los retrocesos en los compromisos 
del Gobierno Colombiano en materia de Derechos Humanos y del Acuerdo de Paz. Las 
presiones  políticas  con  enfoques  diferentes  sobre  legitimidad  de  mandato  de 
instituciones SIJVRNR retrasan o entorpecen cumplimiento de su misión. El aumento de 
la inseguridad de las mujeres defensoras de Derechos Humanos. La continua llegada de 
refugiados  y  migrantes  venezolanos  a  Colombia.  La  centralización  o  la  escasa 
implicación,  apropiación,  liderazgo  y  articulación  interinstitucional  de  instituciones  y 
actores clave a nivel territorial dificulta la ejecución, su pertinencia y su alineamiento con 
la política pública.
Riesgos Económicos. La reorientación del gasto público debido a la pandemia puede 
suponer una disminución de los medios de vida y posibilidades de acceso a servicios 
esenciales  para  la  población  más  vulnerable,  afectando  de  forma  dramática  la 
competitividad del territorio y sus unidades productivas e. Esto podría aumentar las 
necesidades de protección en la medida que las personas no tengan posibilidad de  e
movilizarse dentro del territorio nacional, incluyendo a población migrante y desplazada  bo
por conflicto interno. En relación con la capacidad de las mujeres para conseguir sus  580ww
pmaerdai olas  adtee nvciidóan  aal  laig suaallu qdu see xlau adl isym reinpurocdióunc tdivea  ldoes  lraesc umrsuojesr eesc, osneó vmeinco a fye clotasd ases rpviocri olas 
peamnpdreemsaias . yD DebDidHoH  ap elard iceonyduon tfuurear ad ee l lae npfoaqnudee mdeia  dpeureedcheo sre ofrreiennteta rasl ed ela  reaagcetnivdaac iódne 
económica. Los factores de mercado, como variabilidad en los precios en insumos y
productos,  aumentan  significativamente  la  Competitividad/viabilidad  productiva  al 
aumentar los costos o dificultar nuevas alianzas comerciales.
4. Enfoques Transversales
Dentro  de  los  énfasis  transversales  que  recoge  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo 
PND  2018-2022  Pacto  por  Colombia.  Pacto  por  la  Equidad,  los  siguientes  pactos 
transversales son prioritarios para el presente MAP: Descentralización, Construcción de 
Paz, Equidad para las mujeres, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios 
públicos,  Protección  y  promoción  de  nuestra  cultura  y  desarrollo  de  la  Economía 
Naranja, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, 
Palenqueros y Rrom y Participación ciudadana.
El marco estratégico del V Plan Director de la Cooperación española está basado en 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y en la 
contribución a la provisión de bienes públicos globales, e integra coherentemente los 
siguientes principios transversales de la cooperación española: el enfoque basado en los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la 
diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental (Documento adicional 3).
En el presente MAP, se promoverá especialmente la transversalización efectiva del 
enfoque de derechos humanos, género en Desarrollo, de respeto a la diversidad cultural 
y de sostenibilidad ambiental, se hará énfasis adicionalmente en el enfoque territorial.
5. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas
5.1  Seguimiento.
La revisión final del MAP 2015-2019 afirmaba, en su capítulo de recomendaciones, 
que el desarrollo de un sistema global e integrado de monitoreo podría ser una estrategia 
muy  valiosa  para  promover  una  mayor  rigurosidad  en  los  procesos  de  medición, 
fomentar la reflexión y el análisis conjunto y fortalecer los ejercicios de visibilización y 
difusión de resultados. Esta conclusión se sustentaba en que, a pesar de que existía un 
marco de resultados común y que éste establecía una serie de objetivos y líneas 
estratégicas de intervención, no iba acompañado de un conjunto de procedimientos, 
roles y herramientas que permitiesen analizar de forma progresiva el estado de avance 
de cada uno de los indicadores y metas (Documento adicional 4). Por ello, en este nuevo 
MAP se realizan esfuerzos en tres áreas claves de trabajo:
– Una mayor precisión en el diseño de indicadores, teniendo en cuenta que estos 
deben  tener  un  carácter  integrador,  deben  estar  plenamente  alineados  con  los 
indicadores de desarrollo de Colombia y deben ser realistas y medibles por parte de los 
socios implementadores.
– Una estrategia global que establece los lineamientos generales de monitoreo y la 
forma en la que se va a articular la recolección de información con el análisis y la difusión 
de resultados.
– Un conjunto de herramientas, de manejo sencillo y accesible, que permita llevar a 
cabo, sin grandes complejidades y de manera regular, el proceso de consolidación y 
agregación de resultados.
En términos generales, el objetivo es contar con un sistema independiente, pero  s
interconectado  a  los  actores  participantes,  que  permita,  de  una  manera  funcional,  e.
recolectar información sintética, concreta y útil sobre el proceso de implementación del  w.
MAP y su marco de resultados. El proceso estará liderado desde la AECID, pero será  580ww
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objetivos: (i)  Contar con información estratégica, regular y precisa sobre los principales 
indicadores del marco de resultados y el avance cuantitativo de cada uno de ellos; 
(ii)  Caracterizar los potenciales cambios y transformaciones que se están produciendo 
en las diversas líneas de acción del MAP; (iii)  Brindar información periódica sobre los 
avances del MAP, tomando como referencia su marco de resultados, a través de reportes 
anuales y/o informes ejecutivos, y; (iv)  Generar y consolidar insumos claves que sirvan 
para enriquecer y fortalecer otras dos estrategias claves del MAP: difusión de resultados 
y gestión del conocimiento. En última instancia, esto permitirá generar además una 
mayor  apropiación  e  identidad  en  torno  al  MAP  como  instrumento  colectivo  y  una 
plataforma común de trabajo para visibilizar, posicionar y difundir las acciones de la CE 
en el país.
En resumen, el enfoque metodológico propuesto asume los siguientes principios de 
actuación:
Respetar la lógica de 
Aunque es importante promover la alineación entre los proyectos y 
intervención de los 
el marco de resultados del MAP desde la fase de diseño, esto no 
proyectos y minimizar el 
es una condición sine qua non para poder reportar al sistema más 
tiempo de reporte para el 
adelante. Los proyectos mantendrán su seguimiento contractual, 
envío y actualización de 
pero, a su vez, harán reportes puntuales que permitan conocer su 
información por parte de los 
contribución a la implementación del Marco Asociación País.
socios implementadores.
Promover un enfoque 
El objetivo es desarrollar un conjunto de instrumentos y procesos 
inclusivo y participativo, que 
que sean accesibles para todos los socios y que permitan una 
fomente y se sustente en el 
recolección fluida de información. En este sentido, el sistema será 
compromiso y el 
comprensivo, representativo y plural en función del nivel de 
involucramiento de los 
participación de los socios.
diversos actores.
Desarrollar herramientas 
El sistema de monitoreo del MAP tiene un carácter autónomo, lo 
estandarizadas para todos 
que permitirá unificar fechas de corte y procesos de análisis y 
los socios implementadores 
consolidación de información. Todos los socios reportarán sobre el 
y establecer una fecha 
mismo formato, cuantitativo y cualitativo, y de forma simultánea en 
anual de reporte, común a 
el periodo establecido.
todos ellos.
La recolección de información debe tener un propósito específico y, 
Orientar el proceso de  en ningún caso, se trata de sobrecargar a los socios o de acumular 
recolección, análisis y  cifras por el simple hecho de almacenarlas. El proceso de 
consolidación de  monitoreo se materializa finalmente en una serie de productos 
información al desarrollo de  concretos. A nivel técnico, esto se expresa en informes regulares o 
productos de monitoreo  reportes temáticos y, a nivel comunicativo, puede dar cabida para 
concretos. otro tipo de materiales, como infografías, brochures, piezas para 
RR. SS., entre otros.
Incorporar una visión de 
El sistema de seguimiento no es una herramienta aislada, sino un 
proceso, que pretende 
elemento conector que permita integrar e involucrar de manera más 
insertarse en el ecosistema 
activa a los diversos actores. Es un proceso más que una actividad, 
del MAP e impulsar 
que tiene un carácter progresivo, y que puede fomentar una cultura 
progresivamente nuevas 
más firme sobre la importancia del seguimiento y la rendición de 
dinámicas 
cuentas en torno al MAP.
interinstitucionales.
El monitoreo contará con dos dimensiones de análisis. Por un lado, una medición  oe.
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posteriormente con otras dos estrategias: comunicación y gestión del conocimiento. Esto
permitirá capitalizar, incorporar y difundir los aprendizajes y buenas prácticas. Bc
5.2  Evaluación.
El monitoreo del MAP es, en gran medida, una mirada macro, es decir, un recorrido 
panorámico sobre el marco de resultados y su nivel de avance. Sin embargo, en muchos 
temas será necesario tener una visión más específica sobre qué cambios se están 
produciendo en el terreno, qué aprendizajes y buenas prácticas se han identificado y qué 
estrategias pueden contribuir al aprendizaje institucional o ser compartidas con otros 
actores nacionales y territoriales. Las evaluaciones pueden tener un rol central en este 
sentido y se pueden desarrollar a dos niveles diferenciados, pero complementarios:
– Las revisiones del MAP (generalmente intermedias y/o finales) pueden tomar como 
insumo  los  datos  cuantitativos  y  los  reportes  cualitativos,  así  como  los  informes 
consolidados, y profundizar en algunas áreas en las que se visualizan potencialidades o 
dificultades. El ejercicio de monitoreo es el marco de referencia, pero las evaluaciones, 
con recursos y objetivos concretos, podrán poner el foco en ámbitos estratégicos y de 
especial  interés.  En  ese  sentido,  las  evaluaciones  representan  oportunidades  muy 
valiosas y pueden dar lugar a revisiones temáticas más exhaustivas, así como a la 
identificación de buenas prácticas y casos con potencial de réplica.
– Las evaluaciones de los proyectos también pueden ser un insumo de gran interés. 
Teniendo en cuenta que estas pueden ser diseñadas en articulación con la OTC y que 
algunos  proyectos  serán  emblemáticos  o  centrales  para  algunos  ODS  y  Resultados 
Intermedios, el despliegue técnico de los evaluadores puede ayudar a responder algunas 
preguntas claves, a profundizar la caracterización de impactos tempranos y a completar las 
narrativas de una manera más sectorial o temática. A nivel de proyecto, las evaluaciones 
pueden ir ligadas también a ejercicios de gestión del conocimiento, de manera que se 
puedan  ir  acumulando  casos  de  estudio,  historias  de  cambio,  metodologías  o 
sistematizaciones que sean útiles para capitalizar los aprendizajes del MAP.
Los  ejercicios  de  evaluación,  sobre  todo  aquellos  que  se  dan  en  etapas  más 
avanzadas de la implementación, serán una oportunidad muy valiosa para nutrir los 
análisis en torno a los ODS priorizados y a la contribución del Marco Asociación País. 
Esto  permitirá  complementar  las  reflexiones  más  globales  con  las  revisiones  más 
temáticas, identificando y difundiendo los valores agregados de la CE en el país y 
fomentando estrategias de relevo y sostenibilidad en torno a estos.
5.3  Rendición Mutual de Cuentas y Transparencia.
El sistema de seguimiento no es un simple instrumento para la rendición de cuentas 
sino un proceso participativo que pretende incentivar la reflexión colectiva, fomentar la 
toma de decisiones basada de evidencias y dar mayor cohesión y difusión a las acciones 
conjuntas que emprende la CE en Colombia. A pesar de ello, representa un valor 
agregado en términos de transparencia, ya supone un mayor acceso y una mayor 
apertura a las inversiones y apoyos que promueve el MAP, y un insumo muy valioso para 
la rendición de cuentas, ya que permite la elaboración y difusión de informes y reportes 
de manera regular. Esta estrategia puede ser funcional para diversos tipos de público:
Por un lado, para los integrantes de la Cooperación Española y para los representantes 
del Gobierno Nacional, principalmente, entidades como DNP, APC-Colombia y Cancillería, 
quienes están directamente involucrados en la definición y el seguimiento al MAP. Las 
conclusiones serían un insumo determinante para los diálogos y decisiones que se toman al  es
interior del Grupo Estable de Coordinación y la Comisión de Planificación, Seguimiento y  o
Evaluación. Las conclusiones de estos informes y los debates que se generen en torno a  580ww
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que están vinculados en ellas. En este último grupo, se incluye a las Gobernaciones y las
Alcaldías, como entidades territoriales competentes, y a las organizaciones sociales y 
comunitarias  que  son  protagonistas  de  las  intervenciones.  Esto  permitirá  irradiar  la 
discusión hacia otro tipo de actores y aumentar el conocimiento de estos en torno a la 
integralidad y el alcance de las acciones de la CE.
Por último, para la sociedad española y colombiana  en general, quienes están 
interesados en conocer el destino de las inversiones y los resultados y transformaciones 
que se obtienen a través de estas. Mejores procesos de monitoreo en torno al MAP, 
brindarían una mayor información a la opinión pública, contribuirían a legitimar el trabajo 
que realiza la cooperación internacional y permitirían poner en práctica los lineamientos y 
principios que diferentes entidades, como DGPOLDES, UE, OCDE, entre otros, están 
poniendo  en  marcha  para  asegurar  una  mejor  calidad  de  la  ayuda  y  una  mayor 
integralidad y coherencia entre agendas e inversiones que promueven el desarrollo 
sostenible.
6. Anexos
I.  Marco de Resultados.
II.  Red de Alianzas.
III.  Recursos Financieros.
IV.  Riesgos.
Otros documentos adicionales mencionados en el MAP:
1.  Resumen AOD e Intervenciones Cooperación Española 2015 a 2019.
2.  Intervenciones vivas a febrero 2021.
3.  Enfoques Transversales.
4.  Sistema de seguimiento MAP.
Glosario:
ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ALC: América Latina y el Caribe.
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.
APC: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional-Colombia.
ANT: Agencia Nacional de Tierras.
ART: Agencia de Renovación del territorio.
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE).
CEPAL: Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe.
CICR: Cruz Roja Internacional.
COD: Cooperación Descentralizada.
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional.
DANE: Departamento de Estadística.
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales.
DiT: Desarrollo en Transición.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
ENCI: Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.
EPA: Equipo País Ampliado. e.
ETCR: Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. w.b
FAO: Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. 580ww
FFAIDRAC: :O Frugearnziazas cAiormneasd adse  RNeavcoiolunceiso nUanriidaas sd pea Crao leolm Dbeias.arrollo Agrario.
FGBIFRM: MFi:n Ganrucpiaoc iIónnte Br aasgaednac ieanl d Ree Fsluuljtoasd omsi.gratorios mixtos.
GLP: Gas Licuado de petróleo.
NDC o CDN: Contribución Nacional Determinada al Acuerdo de París.
JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.
MAUC: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
MAP: Marco de Asociación País.
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
NN. UU.: Naciones Unidas.
OACNUDH: Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OCHA: Oficina de Coordinación de la Acción humanitaria, NN. UU.
OEA: Organización de Estados Americanos.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OIM: Organización Internacional de Migraciones.
ONG: Organización No Gubernamental.
OPS: Organización panamericana de la Salud.
PDET: Planes de desarrollo con enfoque territorial.
PIB: Producto Interno Bruto.
PIGCCS: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales.
PIGCCT: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
PNGRD: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
SEGIB: Secretaría General Iberoamericana.
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
UBPD: Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
UNP: Unidad Nacional de Protección.
UNESCO: Organización de Naciones Unidas para la Cultura.
* * *
El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 26 de febrero 
de 2021, fecha de su firma.
Madrid, 8 de noviembre de 2021.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez 
Álvarez.