BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Miércoles 28 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 50351
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6929 Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
emitida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por 
la que se resuelve no practicar la inscripción de una reducción de capital 
social por amortización de acciones por falta de desembolso de dividendos 
pasivos tras la celebración infructuosa de subasta notarial de los títulos.
En el recurso interpuesto por don F. C. G., administrador único de «Aglomancha 
Empresa Constructora, S.A.», contra la nota de calificación emitida por la registradora 
Mercantil y de Bienes Muebles de Ciudad Real, doña María de la Montaña Zorita 
Carrero, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una reducción de capital 
social por amortización de acciones por falta de desembolso de dividendos pasivos tras 
la celebración infructuosa de subasta notarial de los títulos.
Hechos
I
Por acuerdo de junta general de fecha 16 de mayo de 2018, la compañía mercantil 
«Aglomancha  Empresa  Constructora,  S.A.»  decidió  aumentar  su  capital  social 
en 424.914,07 euros, mediante la emisión de 707 nuevas acciones de 601,01 euros de 
valor  nominal  cada  una  de  ellas,  con  aportación  inicial  del  25%  de  su  nominal  y 
desembolso aplazado del resto mediante aportación dineraria en un plazo máximo de 15 
años. La totalidad de la ampliación fue suscrita por «Jugonfer Energy, S.L.».
El acuerdo de aumento de capital fue elevado a público en escritura autorizada el 
día 21 de diciembre de 2018 por la notaria de Ciudad Real, doña María Luisa García de 
Blas Valentín-Fernández, con el número 2.459 de protocolo.
II
El día 15 de junio de 2020, el administrador único de la sociedad procedió a reclamar 
el desembolso de la porción de capital pendiente, notificándolo al accionista obligado 
(«Jugonfer  Energy,  S.L.»)  a  través  de  carta  remitida  por  burofax,  recibida  por  el 
destinatario el día 17 de junio de 2020, requerimiento que también fue publicado en el 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» el día 18 de junio de 2020.
III
Comprobada la falta de desembolso por parte del socio obligado, el administrador 
único  de  la  compañía,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  84  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, decidió proceder a la enajenación de las acciones afectadas por 
cuenta y riesgo del socio moroso.
A tal efecto, mediante acta autorizada por la notaria de Ciudad Real, doña María  e
Luisa García de Blas Valentín-Fernández, el día 29 de julio de 2020, con el número 1.162  b
de protocolo, promovió la celebración de subasta notarial de las acciones con arreglo al  29ww
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acta autorizada por la misma notaria el día 2 de septiembre de 2020 con el número 1.446 
de protocolo.
IV
Tras la celebración infructuosa de la subasta notarial, el administrador único de la 
sociedad convocó junta general extraordinaria de accionistas para celebrar, en primera 
convocatoria,  el  día  29  de  septiembre  de  2020,  y  el  día  siguiente  en  segunda 
convocatoria, con objeto de deliberar y decidir, a los efectos que aquí interesan, sobre el 
siguiente punto: «Reducción del capital social por amortización de las acciones suscritas 
y no desembolsadas, relativas a la ampliación de capital aprobada por la Junta General 
en  fecha  16  de  mayo  de  2018.  Acuerdos,  en  su  caso,  relativos  a  la  subsiguiente 
modificación del art. 7.º de los Estatutos Sociales (referente al capital social)».
La  junta  se  constituyó  válidamente  en  segunda  convocatoria  con  asistencia 
del 11,22% del capital social, adoptándose por unanimidad de los asistentes la siguiente 
decisión: «Se acuerda reducir el capital social en la cantidad de 424.914,07 euros, 
mediante la amortización de las acciones 203 a 909, ambas inclusive, pertenecientes a 
la compañía mercantil «Jugonfer Energy, SL», en base a lo dispuesto en el art. 84 de la 
LSC,  y  después  de  haberse  declarado  desierta  la  subasta  de  las  acciones 
correspondientes  al  accionista  moroso».  Complementariamente,  se  dotó  de  nueva 
redacción al artículo estatutario donde se halla consignada la cifra de capital social para 
adecuarlo a la cuantía resultante tras la reducción.
Los extremos concernientes a la convocatoria de la junta general y a su celebración 
constaban reflejados en el acta autorizada por la notaria de Ciudad Real, doña María 
Luisa García de Blas Valentín-Fernández, el día 29 de septiembre de 2020, con el 
número 1.626 de protocolo.
V
Por escritura autorizada el día 22 de octubre de 2020 por la notaria de Ciudad Real, 
doña María Luisa García de Blas Valentín-Fernández, con el número 1.790 de protocolo, 
se procedió a elevar a público el acuerdo de reducción de capital por amortización de 
acciones. Presentada a inscripción en el Registro Mercantil de Ciudad Real, junto con el 
acta de subasta (protocolo número 1.162/2020 de la misma notaria), el acta de resultado 
de subasta (protocolo número 1.446/2020 de la misma notaria) y el acta de la junta 
general que acordó la reducción de capital (protocolo número 1.626/2020 de la misma 
notaria), fue calificada negativamente mediante nota de fecha 11 de noviembre de 2020, 
en los siguientes términos:
«Doña María Montaña Zorita Carrero, Registradora Mercantil de Ciudad Real Merc., 
previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del 
Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar 
la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 58/2126.
F. presentación: 05/11/2020.
Entrada: 1/2020/3017,0. s
Sociedad: Aglomancha Empresa Constructora, Sociedad Anónima. e.
Hoja: CR-6576. w.
Autorizante: García de Blas Valentín-Fernández, María Luisa. 29ww
Protocolo: 2020/1790 de 22/10/20201.
y en–  uNno  cpoenrisótdai cqou ed ese g hraayna  cpirucbulliacacidóon  eel na cluae rpdroo vdien criead uecnc iqóune d ela c aspoictaiel deand e lt eBnOgRa MsEu 
domicilio. –Art. 319 LSC.–
– También  deberá  constar  la  declaración  de  inexistencia  de  oposición  de  los 
acreedores una vez transcurrido un mes desde la publicación o bien la prestación de 
garantías suficientes por parte de la sociedad. –Art. 337 LSC.–
– Observaciones: (…)
En relación con la presente calificación: (…)».
VI
Con posterioridad, la notaria autorizante extendió una diligencia complementaria en 
la de reducción de capital para hacer constar que el día 11 de diciembre de 2020, el 
representante de «Aglomancha Empresa Constructora, S.A.» le hizo entrega, para su 
incorporación a la escritura, de copia de los anuncios del acuerdo de reducción de capital 
en el periódico «La Tribuna de Ciudad Real» y en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», publicados los días 2 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente. Por lo 
demás, ni en esta diligencia, ni en ninguna otra posterior, se incluía mención alguna 
relativa a la falta de ejercicio del derecho de oposición por parte de los acreedores, ni 
sobre la prestación de garantías en caso de haberlo ejercitado.
Presentada nuevamente la escritura en el Registro Mercantil el día 14 de diciembre 
de 2020, volvió a ser calificada negativamente mediante nota datada el día 28 de 
diciembre de 2020 con el siguiente fundamento:
«1.  Presentada junto con diligencia complementaria, autorizada por la notario de 
Ciudad Real, doña María Luisa García de Blas Valentín-Fernández, el día once de 
diciembre de dos mil veinte, junto con las publicaciones del acuerdo de reducción de 
capital en el BORME y en un periódico, tal y como exige el artículo 319 LSC, se modifica 
la nota de calificación de once de noviembre de 2020 por entender que se trata del 
supuesto recogido en el artículo 335.c LSC, amortización de acciones adquiridas por la 
sociedad a título gratuito y, por tanto, deberá constituirse una reserva por igual importe 
de las acciones amortizadas de la que solo podrá disponerse con los mismos requisitos 
exigidos para la reducción de capital.»
VII
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  F.  C.  G.,  administrador  único  de 
«Aglomancha Empresa Constructora, S.A.», interpuso recurso el día 5 de enero de 2021 
mediante escrito y en los términos que, a continuación, se reproducen:
«La reducción de capital acordada en escritura autorizada por la notaria de Ciudad 
Real, con el número 179/2020 de protocolo constituye el único medio legal obligatorio de 
excluir (es el único socio que tiene todas sus acciones parcialmente desembolsadas) a 
un socio incumplidor. después de haber agotado todos los medios establecidos en la 
LSC para encontrar una solución distinta.
a.  medio  legal  (Art.  84  LSC).  Se  ha  seguido  el  mecanismo  legal  establecido 
establecido en este precepto para ingresar en la Sociedad cantidad en metálico, que se 
considera imprescindible para el ejercicio de su objeto en estos momentos.
b.  socio incumplidor. La conducta del socio moroso frustra la finalidad del aumento 
de capital de modo patente:
– No atiende la reclamación del órgano de administración de la sociedad por burofax  bo
de fecha 17/6/2020 y BORME de fecha 18/6/2020, nueva reclamación con ocasión de la  29ww
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sociedad.
– El 25% desembolsado por obligación legal constituye indemnización de los gastos 
y daños producidos por la sociedad por su conducta, y así lo reconoce la ley (art. 84, p3 
LSC: Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la consiguiente 
reducción  del  capital,  quedando  en  beneficio  de  la  sociedad  las  cantidades  ya 
desembolsadas).
c.  Obligatorio para la sociedad:
– El  órgano  de  administración  puede  elegir  el  procedimiento  para  reclamar  el 
desembolso de dividendos pasivos, y opta por la venta en pública subasta, ante el 
retraso de los juzgados y el perjuicio para la sociedad, una vez constatada la voluntad 
rebelde del deudor.
– La venta se realizó por pública subasta que quedó desierta; no fueron adquiridas ni 
por la sociedad, ni por tercero.
– Acreditado este hecho, la única opción que tiene la sociedad es reducir capital por 
el importe total de las acciones del único socio moroso.
Por  los  fundamentos  expuestos,  solicito  la  rectificación  total  de  la  calificación 
registral.»
VIII
Al escrito de recurso se acompañó informe emitido por la notaria de Ciudad Real, 
autorizante de la escritura controvertida, doña María Luisa García de Blas Valentín-
Fernández, en los términos que, a continuación, se reproducen:
«Hechos:
1.  Aumento de capital social, acordado en junta general, con desembolso parcial de 
dividendos pasivos de fecha 21/12/2018, número 2459 de mi protocolo.
2.  Reclamación  del  órgano  de  administración  al  socio  moroso.  El  órgano  de 
administración exigió el desembolso de dividendos pasivos al socio moroso, por buró-fax 
de  fecha  17/6/2020,  y  por  publicación  en  el  BORME  de  fecha  18/6/2020.  Nuevo 
requerimiento notarial, con fecha anterior a la conclusión de la subasta, formalizado en 
acta número 1302/2020 de mi protocolo.
3.  Subasta pública de acciones, con resultado desierta, en acta iniciada con el 
número 1162/2020 de mi protocolo.
4.  Reducción de capital social y amortización de acciones del accionista moroso, 
acordada en junta general y elevado a escritura pública con el número 1790 de mi 
protocolo.
5.  Publicación del acuerdo de reducción de capital. En el BORME y en un diario 
el 11 de diciembre de 2020.
6.  Calificación  de  la  Registradora  Mercantil  de  Ciudad  Real:  primera 
calificación  11/11/2020:  Califica  negativamente  por  no  acompañarse  publicaciones  y 
existir un derecho de oposición de acreedores.
Segunda  calificación  28/12/2020:  califica  negativamente  por  tratarse  de  una 
adquisición a título gratuito de acciones y no constituir reserva indisponible por igual 
importe de las acciones amortizadas.
Fundamentos de Derecho: e.
La reducción de capital se rodea por ley de especiales garantías, por el evidente  29ww
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cifraC doem roe teyan caiópnu.ntó la Resolución de la Dirección General de 11 de mayo de 2017, en
último término, la causa de la reducción puede deberse a restitución de aportaciones
sociales o a pérdidas. Para el primer supuesto se han de cumplir las garantías que 
protegen a los socios y a los acreedores, y en el segundo se excluyen.
La LSC no aclara en cuál de los dos supuestos se incluye el art. 84 de la ley 
mercantil, pero es evidente que no constituye restitución de aportaciones que no se 
hicieron, ni condonación de dividendos pasivos, que no existe, sino más bien todo lo 
contrario,  ni  amortización  de  acciones  propias  de  la  sociedad,  que  nunca  fueron 
adquiridas ni a título oneroso ni gratuito, porque la subasta quedó desierta.
Estamos más bien ante un procedimiento especial previsto en la ley para excluir a un 
socio incumplidor que ha causado un evidente perjuicio a la sociedad por faltar a su 
compromiso, que más bien debe asimilarse a un supuesto de reducción por pérdidas. 
Más que reducción de capital habría que hablar de anulación de acciones emitidas. Cabe 
preguntarse: ¿qué garantías va a exigir un socio que incumple?, ¿cómo puede existir un 
derecho de oposición de acreedores que nunca vieron aumentado el patrimonio social 
como  consecuencia  del  aumento?,  ¿pueden  situarse  sus  intereses  por  encima  del 
cumplimiento de una obligación legal?
En este caso, se han observado exactamente los requisitos exigidos por el art. 84 de 
LSC.
1.  Requerimiento del órgano de administración al socio moroso para desembolso 
de dividendos pasivos.
2.  La  sociedad  elige  el  medio  para  ejecutar  su  derecho:  pública  subasta  con 
resultado «desierta», reducción de capital y amortización de las acciones del accionista 
moroso,  publicación  del  acuerdo,  y  se  resarce  de  los  daños  causados  con  el 
procedimiento previsto. Cfr. Artículo 84 LSC. Reintegración de la sociedad.
1.  Cuando el accionista se halle en mora, la sociedad podrá, según los casos y 
atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, reclamar el cumplimiento de la 
obligación de desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios 
causados por la morosidad o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio 
moroso.
2.  Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se 
verificará por medio de un miembro del mercado secundario oficial en el que estuvieran 
admitidas a negociación, o por medio de fedatario público en otro caso, y llevará consigo, 
si procede, la sustitución del título originario por un duplicado.
Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la consiguiente 
reducción  de  capital,  quedando  en  beneficio  de  la  sociedad  las  cantidades  ya 
desembolsadas.
3.  Se constata fehacientemente la voluntad rebelde del socio moroso o, al menos, 
su total inacción.»
IX
La registradora Mercantil emitió informe el 12 de enero de 2021, ratificándose en su 
calificación,  y  elevó  el  expediente  a  este  Centro  Directivo.  Conforme  al  criterio 
reiteradamente  mantenido  por  este  Centro  Directivo,  es  necesario  recordar  a  la 
registradora que el citado informe, contemplado en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, 
no es el trámite procesal oportuno para formular alegaciones en defensa de la nota de 
calificación.
Fundamentos de Derecho b
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de 2004, 5 de marzo de 2014, 14 de julio y 4 de octubre de 2017 y 13 y 22 de febrero
de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 19 de febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 de enero y 11 de febrero de 2021.
1.  El examen de este recurso debe comenzar por la existencia de dos calificaciones 
sucesivas e incompatibles. Como se refleja en los Hechos, en la primera nota de 
calificación, el día 11 de noviembre de 2020, la registradora estimó dos defectos: el 
silencio sobre la publicación de los anuncios relativos al acuerdo de reducción de capital 
(artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital), y la omisión de la referencia al 
eventual ejercicio del derecho de oposición por los acreedores y, en su caso, a la 
prestación de garantías por la sociedad (artículo 337 de la Ley de Sociedades de 
Capital); en la segunda, emitida el día 28 de diciembre de 2020, tras la subsanación del 
defecto atinente a la falta de publicación de los anuncios, cambia de criterio respecto de 
la concurrencia en este supuesto del derecho de oposición por parte de los acreedores y, 
apreciando que se trata de un supuesto de adquisición de acciones a título gratuito por la 
propia sociedad, requiere que se constituya la reserva prevista en el epígrafe c) del 
artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital para la amortización de acciones 
obtenidas por tal causa.
Esta forma de proceder no se corresponde con lo prescrito en el artículo 258.5 de la 
Ley Hipotecaria, conforme al que «la calificación del Registrador, en orden a la práctica 
de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos 
registrales,  deberá  ser  global  y  unitaria».  Este  Centro  Directivo  ha  indicado 
reiteradamente  que  los  registradores  deben  extremar  su  celo  para  evitar  que  una 
sucesión  de  calificaciones  relativas  al  mismo  documento  generen  una  inseguridad 
jurídica  incompatible  con  la  propia  finalidad  de  la  institución;  no  obstante,  tiene 
igualmente declarado que tales consideraciones no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral, como es el de legalidad, lo que justifica la 
necesidad  de  poner  de  manifiesto  los  defectos  que  se  observen  aun  cuando  sea 
extemporáneamente, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que pueda 
incurrir el registrador que lo hiciere (Resoluciones de este Centro Directivo de 12 de 
noviembre de 2001, 28 de diciembre de 2004, 5 de marzo de 2014, 4 de octubre de 2017 
y 13 y 22 de febrero de 2019, entre otras).
2.  Como cuestión previa debe recordarse que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria 
establece lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones 
que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma».
Es reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, la Resolución de 14 de 
julio de 2017 o las más recientes de 19 de febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 de enero 
y 11 de febrero de 2021), basada en el contenido del citado precepto legal y en la 
doctrina del Tribunal Supremo (vid. Sentencia, Sala Tercera, de 22 de mayo de 2000), 
que el objeto del recurso contra la calificación negativa del registrador no es el asiento 
registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera que se trata 
de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho de que sea el acto 
de calificación el que constituye el objeto del recurso tiene importantes consecuencias, 
entre ellas que, por imperativo legal, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
pues, de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos en la misma supondría 
indefensión  para  el  recurrente.  Por  ello,  debe  rechazarse  cualquier  otra  pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Esto es, el  e.
recurso debe resolverse atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas en la nota  w.b
recurrida y a la documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación. 29ww
comHoe hchaa ssi dlaos  faonrmteuriloardeas  epnre ceils iporneesse nstoeb rcea seol  olbaj eqtou ed edle rbeec usresor , oebsje ltao  cdaeli fiacancáilóisnis t,a el ny 
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propia sociedad a título gratuito.
3.  Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que la segunda nota de calificación 
revoca y sustituye a la primera en la cuestión controvertida, el análisis debe centrarse en 
la eventual aplicación del régimen de amortización de las acciones propias adquiridas a 
título gratuito, recogido en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, al de la 
que procede realizar de las acciones parcialmente desembolsadas cuando, por haber 
sido  desatendida  la  reclamación  de  los  dividendos  pasivos,  se  hubiera  intentado 
infructuosamente su venta por cuenta y riesgo del socio moroso, tal como ordena el 
artículo 84 de la Ley de Sociedades de Capital.
El proceso intelectual para analizar la pertinencia de esa aplicación analógica debe 
comenzar por el examen de los supuestos de hecho contemplados en cada una de las 
normas  en  orden  a  apreciar  su  potencial  semejanza,  para  después  comprobar  la 
existencia de una laguna en la regulación establecida para uno de ellos, y finalmente 
propugnar, en su caso, el sometimiento de ambos a un mismo régimen.
Con arreglo a la línea argumental con que la segunda nota de calificación invoca el 
artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, la premisa de partida vendría dada 
por la previa adquisición por la sociedad, a título gratuito, de las acciones objeto de 
amortización posterior. Esa adquisición deberá haber tenido lugar con observancia de las 
prescripciones  establecidas  para  este  tipo  de  operaciones.  La  cuestión  se  halla 
disciplinada, para los supuestos de libre adquisición, en el artículo 144.c) de la Ley de 
Sociedades de Capital, y en el artículo 146 del mismo cuerpo legal para las derivativas 
condicionadas. En el sistema establecido, la compañía podrá adquirir libremente a título 
lucrativo las acciones propias «que estén íntegramente liberadas»; y las que lo estén 
parcialmente  sólo  podrán  ser  adquiridas  cuando  se  cumplan  los  requerimientos 
recogidos en el citado artículo 146 y, además, «la adquisición sea a título gratuito», es 
decir, que no comporte para la sociedad la pérdida económica que supone la extinción 
del  crédito  al  desembolso  futuro  por  confusión,  lo  que  la  convertiría  en  onerosa 
(artículo 1192 del Código Civil). En todo caso, interesa resaltar que, en el momento 
inmediatamente anterior a la reducción de capital, la compañía es propietaria de unas 
acciones propias adquiridas a título gratuito en relación con las que se ha cumplido el 
principio de aportación; su amortización no comporta ninguna disposición de activos 
sociales, sino un asiento contable de desafectación de fondos adscritos al capital social y 
su asignación por el mismo importe a una reserva de la que sólo será posible disponer 
con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital.
Por  el  contrario,  a  los  efectos  que  aquí  interesan,  el  supuesto  de  hecho  del 
artículo 84 de la Ley de Sociedades de Capital se identifica por el fracaso en el intento 
de cobro de un desembolso pendiente a través del ejercicio del peculiar «ius distrahendi» 
que la norma establece, derecho que, como es propio en los de este género, recae sobre 
un  objeto,  las  acciones,  que  no  es  propiedad  de  la  compañía  y  que,  por  tanto, 
difícilmente ha podido adquirir a título gratuito. En el trance en que ha procederse a la 
amortización de las acciones, la formación del capital por aportación sucesiva se ha visto 
frustrada, y el desembolso inicial, por virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
apartado 2 de este pasaje legal, ha quedado en beneficio de la sociedad sin adscripción 
a un fondo especial de reserva sometido a algún género de inmovilización; en definitiva, 
la ley se limita a establecer la obligatoriedad de la reducción de capital ante el intento 
fallido de venta.
La disparidad de los supuestos de hecho descritos impide apreciar la concurrencia 
de una identidad de razón que conmine a someterlos a un mismo régimen (artículo 4.1 
del Código Civil), como confirman las diferencias que separan a ambas regulaciones y su  s
problemática compatibilidad. oe.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y  29ww
revoCcoanr tlraa n eosttaa  dree scoalulifcicióanc ilóons  ilmegpaulgmneandtae. legitimados pueden recurrir mediante demanda
adnotse  mele Jsuezsg addeos ddee  slou  Mneorticfiacnatcili ódne,  lsai epnrodvoi ndceia  adpolnicdaec iróand iclaas  enl oRremgaisst rdoe, le nju iecli op lavzeorb dael, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 30 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.