BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 121378
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
17125 Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio de la Zona 
Franca de Santander.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Delegado  Especial  del  Estado  en  la  Zona  Franca  de  Santander,  han  suscrito  un 
Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y el Consorcio de la Zona Franca de Santander
24 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.º 158; en virtud de Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De otra parte, el Sr. don Francisco Javier Fernández Mañanes, actuando en nombre 
y representación del Consorcio de la Zona Franca de Santander, con domicilio social en 
Prolongación Antonio López, s/n, 39009 Santander, y NIF Q3900824H, en su condición 
de Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Santander, cargo para el que fue 
nombrado en virtud de Orden HAC/978/2020, de 15 de octubre, y de acuerdo con la 
resolución del Pleno del Consorcio de fecha 13 de noviembre de 2020.
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Primero. 125www.
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que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un convenio.
Segundo.
Que el Consorcio de la Zona Franca de Santander, es un consorcio del sector público 
estatal de las previstos en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico, que tiene por objeto principal el establecimiento y explotación de la Zona 
Franca de Santander con el fin de promover e impulsar en la misma el desarrollo de 
actividades  de  carácter  industrial,  comercial  y  mercantil  satisfaciendo  intereses 
generales; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que 
ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones 
Públicas.
Tercero.
Que el Consorcio de la Zona Franca de Santander de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de 
Asistencia Jurídica, de fecha 21 de diciembre de 2018, con la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
al Consorcio de la Zona Franca de Santander, ambas partes consideran conveniente la 
designación por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en 
activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, este podrá prestar asistencia jurídica al Consorcio de la Zona Franca 
de Santander por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia  s
jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa  oe.
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artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas. Bc
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre el Consorcio Zona Franca de Santander y los Abogados del Estado que le presten 
esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el Consorcio de la Zona Franca 
de Santander se reserva la facultad de ser asesorado, representado y defendido por 
Abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las 
normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en este, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses del Consorcio de 
la Zona Franca de Santander, y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, 
el Consorcio de la Zona Franca de Santander será asesorado, representado y defendido 
por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a 
las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre el Consorcio de la Zona Franca de 
Santander y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado 
se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u 
otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán 
consulta a la Abogacía General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el  o
Convenio, el Consorcio de la Zona Franca de Santander satisfará a la Abogacía General  125ww
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enviará  junto  con  la  factura  debidamente  cumplimentado.  El  Consorcio  de  la  Zona
Franca de Santander deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 
de la Ley 58/2003, de  17 de diciembre,  General  Tributaria, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad 
colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la 
Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando  la  condenada  en  costas  sea  el  Consorcio  de  la  Zona  Franca  de 
Santander corresponderá a este el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor del 
Consorcio de la Zona Franca de Santander.
Octava.  Modificación.
El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  s
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se  oe.
podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá  w.
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e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. Bc
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del convenio anterior.
Una vez el presente convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito 
entre las partes en fecha 21 de diciembre de 2018, por transcurso de su plazo de 
vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 
presente convenio sustituirá en su totalidad al extinto convenio firmado por las partes en 
fecha 21 de diciembre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Santander, 
Francisco Javier Fernández Mañanes.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
– La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por el Consorcio de la Zona Franca de Santander:
– El Delegado Especial del Estado. En la actualidad, don Francisco Javier Fernández 
Mañanes.
– El Director. En la actualidad, don Fernando Cámara del Castillo.