BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Miércoles 21 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 90309
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
12635 Decreto-ley 12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen 
transitorio para la percepción de determinadas prestaciones establecidas en 
el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter 
económico de las Illes Balears, se modifica el Decreto-ley 11/2020, de 10 de 
julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer 
frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 
efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la  COVID-19,  y  se  modifican  las 
exigencias de personal en las residencias de personas mayores para atender 
las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El impacto social y económico que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
está generando sobre el conjunto de la sociedad ha obligado a las administraciones 
públicas a reaccionar con el desarrollo, desde diferentes niveles y áreas de competencia, 
de  políticas  de  garantía  de  derechos  sociales,  con  el  objeto  de  salvaguardar  la 
satisfacción de las necesidades básicas de amplios sectores de la población.
En  este  contexto,  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears  ha  adoptado  medidas 
extraordinarias,  que  ponen  al  alcance  de  todas  las  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad económica el acceso a la renta social garantizada y a la renta mínima de 
inserción, mediante el Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen 
medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos  educativos  y 
subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos  administrativos  y 
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, y el 
Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes 
para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la 
investigación sanitaria. Ambos decretos leyes establecen medidas relativas a colectivos 
en situación de vulnerabilidad y medidas extraordinarias en materia de gestión de la 
renta social garantizada.
La renta social garantizada de las Illes Balears, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de 
abril, como prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para 
la cobertura de los gastos básicos de las personas, fue un gran paso en el sentido de 
generar una política de lucha contra la pobreza. Son muchas las familias que se han 
beneficiado de la renta social a lo largo de estos cinco años. Actualmente, y a raíz de las 
medidas extraordinarias puestas en marcha en el estado de alarma, este ingreso ha 
supuesto el empoderamiento de aproximadamente 15.000 familias de las Illes Balears.
Por otro lado, la entrada en vigor, el pasado 1 de junio, del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, como medida de 
seguridad social, obligó a replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas 
sociales y rentas de inserción del conjunto de las comunidades autónomas.
Ante esta nueva situación, el Gobierno de las Illes Balears ha adoptado, mediante el  e.e
Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de  w.b
las  Illes  Balears,  un  nuevo  régimen  de  ayudas  económicas  para  la  población  con  635ww
dificEulnta ddiecsh ae cnoonrmóma icsaes e.stablece un régimen de transitoriedad en la compatibilidad entre
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ayudas no se encuentren con un lapso de tiempo sin ingresos motivado únicamente por 
una tramitación administrativa.
A la vista de la dificultad de la tramitación del ingreso mínimo vital, que no se podía 
prever en el momento de la aprobación del Decreto-ley 10/2020, es necesario ampliar el 
plazo de percepción transitoria de la renta social garantizada por un espacio máximo 
de  30  días  adicionales,  evitando  así  que  nadie  que  se  encuentre  en  situación  de 
necesidad se quede sin cobertura.
II
Por otro lado, el estado actual de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha 
determinado la necesidad de llevar a cabo las correspondientes modificaciones de las 
medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una 
vez  superada  la  fase  3  del  Plan  para  la  Transición  hacia  una  Nueva  Normalidad, 
aprobado per un acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio 
de 2020. Entre estas medidas concretas figura la prohibición de consumir tabaco y 
asimilados en la vía pública o en espacios al aire libre, así como también en espacios 
cerrados y terrazas de los establecimientos y locales abiertos al público. La gravedad del 
incumplimiento de esta medida se ha de asimilar a la del incumplimiento de la obligación 
del  uso  de  mascarillas,  lo  que  hace  necesaria  la  modificación  del  apartado  4  del 
artículo 6 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 
sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para establecer 
la equiparación de la sanción aplicable a ambos incumplimientos.
III
Además, para regular las condiciones de personal, materiales y de equipamientos de 
los servicios residenciales destinados a personas mayores o con discapacidad física y/o 
psíquica, se dictó el Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los 
principios  generales  y  las  directrices  de  coordinación  para  la  autorización  y  la 
acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con 
discapacidad, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios 
residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.
Desde su entrada en vigor, hace 10 años, se han producido cambios significativos en 
la tipología de población que vive en residencias, porque se ha incrementado el número 
de personas con dependencia, además con dependencia severa. Por esta razón, el 
Decreto 86/2010, de 25 de junio, debe ser revisado en profundidad para adaptarlo a la 
nueva realidad.
No obstante, en el contexto actual de aplicaciones de protocolos sanitarios y de 
protección de las personas usuarias y del personal de las residencias ante la COVID-19, 
deben tomarse medidas urgentes de mejora de la situación asistencial, especialmente en 
los centros residenciales de atención a personas mayores.
Para anticipar actuaciones ante los posibles rebrotes de la enfermedad, a los que ya 
estamos asistiendo, y que se pueden incrementar hasta que se encuentre un tratamiento 
eficaz, con la presente propuesta de normativa se facilitan las primeras medidas de 
mejora de la atención directa a las personas usuarias y a la prevención ante posibles 
infecciones. Concretamente, se incrementa la ratio de cuidadores de los 28 actuales a 33  e.
por cada 100 residentes. Así, en el personal cuidador el incremento es del 15%, y en el  w.b
conjunto  del  personal  de  las  residencias,  que  pasa  de  52  a  57  trabajadores,  el  635ww
increEmn eenl tcoo pnrjoupnutoe sdteo  leass  d2e.5l 090,6 p%la.zas públicas o concertadas, el incremento de personal
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Asimismo, para un mayor control del cumplimiento de las ratios, se añade una 
obligación a las entidades gestoras de las residencias de comunicar a los servicios 
inspectores de la administración competente una relación nominativa diaria del personal 
del que disponen y de su jornada, en la forma, según el modelo y de acuerdo con la 
periodicidad que cada administración determine.
IV
Asimismo, la actual crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha provocado la 
necesidad  imperiosa  de  reforzar  el  personal  de  limpieza  de  los  centros  educativos 
públicos para permitir el inicio del curso escolar en condiciones de seguridad, lo que ha 
determinado la llamada de la práctica totalidad de aspirantes que cumplen todos los 
requisitos de empleo, de los que forman parte de la bolsa de trabajo de personal laboral 
no  permanente  de  la  categoría  profesional  de  limpieza  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, convocada por la Resolución de 29 de enero 
de 2016 (BOIB n.º 25, de 23 de febrero), aprobada por la Resolución de la consejera de 
Hacienda y Administraciones Públicas de 18 de noviembre de 2016 (BOIB n.º 152, de 3 
de diciembre).
Así, dado que la formación de una nueva bolsa por el sistema de concurso requiere 
una tramitación que no permite dar una respuesta inmediata a la necesidad de suplir de 
manera urgente las bajas laborales que se producen en los centros educativos públicos, 
este decreto-ley contiene una disposición adicional que permite la llamada de la totalidad 
de los aspirantes que forman parte de las listas de dicha bolsa (una para cada isla), 
respetando en primer lugar la disponibilidad de quienes cumplen todos los requisitos de 
empleo, de manera extraordinaria y por el tiempo indispensable para la formación de una 
nueva bolsa actualizada, que debe ser, como máximo, de un año.
V
Por último, se modifica la letra f) del punto 1 del artículo 244 de la Ley 9/2019, de 19 
de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes 
Balears, en aplicación del Acuerdo de 21 de octubre de 2019 de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears 
en relación a la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia 
y la adolescencia de las Illes Balears, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
núm. 169, de 17 de diciembre de 2019, en el cual se acuerda resolver la controversia 
sobre la constitucionalidad de la ley mencionada en relación a su régimen sancionador.
VI
Este decreto-ley se estructura en un único artículo, con tres apartados. El primero 
modifica  el  apartado  primero  de  la  disposición  transitoria  segunda  del  Decreto-
ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 
Balears, para ampliar el periodo de transitoriedad de la solicitud del ingreso mínimo vital, 
de forma que los actuales perceptores de la renta social garantizada regulada en la 
Ley 5/2016, de 13 de abril, puedan mantener la ayuda hasta el 30 de septiembre 
de 2020. El segundo modifica el apartado 4 del artículo 6 del Decreto-ley 11/2020, de 10 
de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a 
los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis  e.
ocasionada por la COVID-19, para equiparar el importe de la sanción máxima aplicable  w.b
al incumplimiento de la prohibición de consumir tabaco y asimilados a la prevista para el  635ww
irnécguimmepnli mdiee nrtaot idoes  ldae  opbeligrsaocnióanl  ddee l lauss or edseid menacsicaasr idllaes .p eErls úolntiamso  maapyaortraedso m meoddiaifnictea  elal 
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y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas
con discapacidad, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los 
servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.
En el decreto-ley también consta una disposición adicional que asegura un sistema 
ágil para la contratación laboral temporal de profesionales de limpieza de los centros 
educativos públicos y, en la parte final, se incluyen tres disposiciones finales, las cuales 
tienen por objeto, en primer lugar, establecer una cláusula de deslegalización de la 
modificación  del  Decreto  86/2010,  de  25  de  junio;  en  segundo  lugar,  modificar  el 
artículo 244.1.f) de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la 
infancia y la adolescencia de las Illes Balears; y, en tercer lugar, disponer la entrada en 
vigor de la norma.
VII
La regulación del decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears se incluye en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que 
establece que, en caso de necesidad extraordinaria y urgente, el Consejo de Gobierno 
puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, que no 
pueden afectar los derechos establecidos en el Estatuto, las materias objeto de leyes de 
desarrollo  básico  del  Estatuto  de  Autonomía,  los  presupuestos  generales  de  la 
Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento 
de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Además, el 
artículo 45 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, establece 
que, en los casos y con las limitaciones que prevé  el artículo 49 del Estatuto de 
Autonomía, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas en forma de 
decretos leyes, que quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los 30 días 
subsiguientes a su promulgación no son validados expresamente por el Parlamento 
después de un debate y de una votación de totalidad.
Los efectos de la crisis social provocada por la crisis sanitaria desde que se declaró 
como emergencia de salud pública de importancia internacional exigen una respuesta 
inmediata de los poderes públicos para paliar las consecuencias en la medida de lo 
posible. A su vez, fundamentan la necesidad urgente de adoptar medidas extraordinarias 
para hacer frente a esta crisis. Mediante este decreto-ley, las prestaciones existentes se 
adecúan  a  las  necesidades  sociales  detectadas  a  raíz  de  la  crisis  actual  y  a  la 
aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, así como a los cambiantes protocolos sociosanitarios para la 
población ingresada en residencias destinadas a personas mayores.
Así pues, en virtud del artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y 
de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el decreto-ley constituye un 
instrumento constitucionalmente lícito, siempre que la finalidad que justifica la legislación 
de  urgencia  sea  la  de  subvenir  a  una  situación  concreta  dentro  de  los  objetivos 
gubernamentales, la cual, por razones difíciles de prever, requiera una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve de lo que requieren la vía normal o el procedimiento de 
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
En este caso, el objeto de este decreto-ley encaja perfectamente en la regulación de 
esta figura, dado que hay que dar una respuesta inmediata a los efectos sociales y 
económicos para las familias y la ciudadanía de las Illes Balears ocasionados por la 
crisis sanitaria de la COVID-19. Por lo tanto, se observa una conexión directa entre la 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta  s
las medidas que ya se han adoptado previamente y que requieren ser complementadas  e.
de manera urgente. La adopción de estas medidas no puede esperar a una tramitación  w.
parlamentaria, porque hay que dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades  635ww
psoocdiearleess  pyú belcicoonsó menic amsa tdeeri al ad es osceirevdicaido s bsaoleciaarl.e sE np eerssitgeu es,e enntidtroe,  oltar oas cotubajectiióvno sd, ee l ldoes 
sdoecteiaclteasr  yta nattoe nddee rl alass  pseirtusoanciaosn ecso mdeo  cdaer elonsc iag rduep orse cyu rlsao sc obmáusniciodsa dy  elans  gneenceerasild, ayd, easl   BOE-A-cable e
mismo  tiempo,  sus  actuaciones  deben  orientarse  para  evitar  el  riesgo  de  que  se 
produzcan situaciones de mayor necesidad social.
La actuación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se sustenta en el 
artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía, por el que esta comunidad autónoma tiene la 
competencia exclusiva en materia de acción y bienestar social, en complementos de la 
seguridad social no contributiva y en políticas de atención a las personas y a los 
colectivos en situación de pobreza o necesidad social, así como, según el artículo 30.16, 
en la protección social de la familia, entre otras.
Por otro lado, las mismas razones que justifican la aprobación de este decreto-ley 
fundamentan el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como de los principios de calidad y simplificación, introducidos por la Ley 1/2019, de 31 
de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia en el interés general en que se fundamentan las medidas que se 
establecen, y el decreto-ley no es solo el instrumento más adecuado, sino el único que 
puede garantizar su consecución y su eficacia.
Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad, puesto que la norma regula los 
aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo y se ajusta al principio de seguridad 
jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
En cuanto al principio de transparencia, a pesar de que la norma está exenta de los 
trámites de participación ciudadana, que no resultan aplicables a la tramitación y la 
aprobación de decretos leyes, se publicará en los boletines oficiales y en el Portal de 
Transparencia.
En relación con el principio de eficiencia y simplificación, la nueva regulación mejora 
la  prestación  de  los  servicios  sociales  garantizados  legalmente  sin  introducir 
modificaciones  en  el  procedimiento  administrativo  común  ni  añadir  nuevas  cargas 
administrativas a la población a la que va destinado.
Finalmente, de acuerdo con el principio de calidad, el procedimiento de aprobación 
de esta norma se ha ajustado a los procesos definidos legalmente para dar respuesta a 
las necesidades ciudadanas.
Por otro lado, en cuanto a la figura del decreto-ley, es necesario indicar que no se 
traspasan los límites que dispone el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears. En cualquier caso, este decreto-ley reafirma el compromiso de los poderes 
públicos de las Illes Balears con los derechos sociales que reconoce el artículo 16 del 
Estatuto de Autonomía, puesto que tiene por objetivo la promoción de las condiciones 
necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de las Illes 
Balears sean objeto de una aplicación real y efectiva.
Por todo ello, a propuesta de las consejeras de Asuntos Sociales y Deportes y de 
Administraciones Públicas y Modernización, y del consejero de Educación, Universidad e 
Investigación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión del 28 de 
agosto de 2020, se aprueba el siguiente Decreto-ley:
Artículo único.
1.  El apartado 1 de la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 10/2020, 
de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, 
queda modificado de la siguiente manera: e.
«1.  Los perceptores actuales de la renta social garantizada, regulada en la  635ww
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2.  El apartado 4 del artículo 6 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se 
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 
las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
COVID-19, queda modificado de la siguiente manera:
«4.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el incumplimiento de la 
obligación de uso de mascarillas y el incumplimiento de la prohibición de consumir 
tabaco y asimilados solo se puede sancionar, como máximo, con una multa de 100 
euros.»
3.  El apartado 1 del artículo 25 del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se 
establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización 
y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los 
servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población, queda 
modificado de la siguiente manera:
«1.  Las residencias deben cumplir las siguientes ratios de personal sobre un 
total de cien personas usuarias:
Personas con  Personas con 
Personas 
  discapacidad  discapacidad 
mayores
física psíquica
Personal cuidador. 33 44 44
Servicios generales y hostelería. 14 7 9,5
Servicios técnicos. 10 13 9,5
Total. 57 64 63
Para  asegurar  el  cumplimiento  de  estas  ratios,  los  titulares,  directores  o 
responsables de las residencias están obligados a comunicar a los servicios de 
inspección  de  la  administración  competente  la  relación  nominativa  diaria  del 
personal del que disponen y de su jornada, en la forma, según el modelo y de 
acuerdo con la periodicidad que cada administración determine.»
Disposición adicional única.  Contratación laboral temporal de profesionales de limpieza 
de los centros educativos públicos.
1.  A partir de la vigencia de este decreto-ley, las personas que forman parte de 
alguna de las listas de la bolsa de trabajo de personal laboral no permanente de la 
categoría profesional de limpieza de la Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Illes  Balears,  aprobada  por  la  Resolución  de  la  consejera  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas  de  18  de  noviembre  de  2016,  puede  ser  objeto  de 
contratación  laboral  para  la  limpieza  de  los  centros  educativos  públicos  de  la 
Administración educativa autonómica, aunque no cumplan la totalidad de los requisitos 
de empleo, para sustituir las bajas laborales que se produzcan o subvenir a necesidades 
urgentes y extraordinarias.
2.  Los aspirantes pueden ser llamados de acuerdo con el orden establecido en 
cada una de las listas, siempre que no haya en situación de disponibilidad un aspirante 
que cumpla todos los requisitos de empleo. e.
3.  En ningún caso las personas que no cumplan la totalidad de los requisitos de  w.
empleo pueden ser llamadas para cubrir vacantes de manera indefinida. 635ww
año,4 t.i emEpsote e sni setel qmuae  edxetbraeorárd fionramriaor sye u urgnean nteu eevsat abroál sean a vcitguoarl izcaodmao. máximo durante un
Disposición final primera.  Deslegalización.
La modificación del apartado 1 del artículo 25 del Decreto 86/2010, de 25 de junio, 
tiene rango reglamentario.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la 
atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.
Se modifica la letra f) del punto 1 del artículo 244 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, 
de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, que 
queda con la siguiente redacción:
«244.  Sanciones accesorias
1.  En  las  infracciones  muy  graves  también  se  pueden  acumular  las 
sanciones siguientes:
[...]
f)  La inhabilitación para formalizar contratos y acuerdos de acción concertada 
con las administraciones públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
En el caso de los contratos, la inhabilitación deberá respetar los supuestos 
expresamente  previstos  en  la  normativa  estatal  de  carácter  básico  o  en  la 
normativa europea en materia de contratación.»
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears, excepto en lo que respecta a la disposición final primera, que 
entrará en vigor el 15 de septiembre de 2020.
Palma, 28 de agosto de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–
La Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago i Rodríguez.–La Consejera 
de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro Fernández.–El Consejero 
de Educación, Universidad e Investigación, Martí X. March i Cerdà.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 150, de 29 de agosto de 2020; convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 169, 
de 1 de octubre de 2020)