BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21468
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
2830 Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación de 20 de diciembre de 2021, sobre la distribución del crédito 
adicional para el año 2021, correspondiente a los Presupuestos Generales 
del Estado para 2021, del Programa de Cooperación Territorial «Plan de 
Modernización  de  la  Formación  Profesional»  destinado  al 
Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional, en el marco del 
Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», 
del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 20 de diciembre de 2021, 
ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de 
carácter adicional y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional 
(petición adicional de ampliación de plazas), en el ejercicio presupuestario 2021, en el 
marco del Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por importe de 6.159.371,00 de 
euros.
Para  general  conocimiento,  esta  Secretaría  General  de  Formación  Profesional 
dispone la publicación del citado Acuerdo como anexo a la presente resolución.
Madrid, 11 de febrero de 2022.–La Secretaria General de Formación Profesional, 
Clara Sanz López.
ANEXO
Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de carácter 
adicional y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas destinados al redimensionamiento de la oferta de formación 
profesional (petición adicional de ampliación de plazas), en el ejercicio 
presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial 
de Educación en el marco del componente 20 «Plan Estratégico de Impulso 
de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación Transformación 
y Resiliencia, por importe de 6.159.371,00 euros
En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día ocho de junio de dos mil 
veintiuno, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, se ha 
aprobó el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el marco del 
componente  20  «Plan  estratégico  de  impulso  de  la  Formación  Profesional»,  del 
Mecanismo  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (MRR),  en  el  ejercicio 
presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por  e.e
importe  de  301.065.389,26  euros.  Dentro  de  este  acuerdo,  figura  Actuación  4:  b
redimensionamiento  de  la  oferta  de  Formación  Profesional  Componente:  20  Plan  30ww
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Conferencia  Sectorial  de  Educación,  incluyeron  la  capacidad  manifestada  por  las
Administraciones Educativas, en su evaluación de necesidades, de ejecución de estos 
fondos  y  creación  de  plazas.  No  obstante,  y  con  posterioridad  al  inicio  del 
curso 2021/2022, algunas Comunidades Autónomas han comunicado que, la evaluación 
inicial  de  plazas  a  crear,  podría  verse  incrementada  para  este  ejercicio.  Como 
consecuencia de ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestaria, solicitó a aquellas Comunidades Autónomas que 
tuvieran interés, que comunicaran el número de plazas adicionales que estarían en 
condiciones  de  crear.  Como  resultas  de  ello,  y  con  el  consenso  de  todas  las 
Comunidades Autónomas expresado en la Comisión de Formación Profesional de la 
Conferencia  Sectorial  de  Educación  de  5  de  noviembre,  procede  ampliar  el  citado 
acuerdo con el presente, en los términos que se exponen:
El Plan de Modernización de la Formación Profesional, derivado de la Agenda 2030 y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para desarrollar un proyecto moderno de país en 
el marco de un nuevo contrato social global, tiene como objetivo dar respuesta a las 
necesidades  de  cualificación  y  recualificación  de  jóvenes  y  trabajadores  futuros  y 
actuales,  a  nivel  individual  y  colectivo  de  cada  empresa,  en  estos  momentos  de 
reconstrucción y creación de un nuevo modelo de crecimiento económico.
Asimismo, el Plan incorpora los planteamientos de Comunicaciones de la Comisión 
Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, tales como una nueva agenda de capacidades para Europa: 
Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad, y de 
las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en 
materia  de  Formación  Profesional  y  de  competencias  clave  para  el  aprendizaje 
permanente.
El nuevo instrumento financiero Next  Generation EU,  aprobado en 2020 por el 
Consejo Europeo, incluye, como elemento central, un Mecanismo para la Recuperación 
y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados 
Miembros  para  lograr  una  recuperación  sostenible  y  resiliente,  al  tiempo  que  se 
promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se convierte en uno de los 
referentes básicos para la planificación y desarrollo de las actuaciones que acometerá el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en los próximos años; el plan permitirá 
implementar un conjunto de acciones que contribuirán de forma eficaz a promover el 
impulso  de  la  educación  y  conocimiento,  formación  continua  y  desarrollo  de 
capacidades.
En este sentido, desde el Ministerio se han diseñado proyectos de reformas e 
inversiones dirigidas al refuerzo del capital humano que es fundamental para que el Plan 
de inversiones y reformas tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad 
a corto plazo, como en el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades 
laborales a medio y largo plazo.
Dentro de las políticas palanca del Plan de Recuperación, concretamente en la 
palanca VII, referida a la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades, se incluye el Componente 20: Plan Estratégico de Impulso de la Formación 
Profesional, en cuyo marco, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) 
va a desarrollar la actuación correspondiente al redimensionamiento de la oferta de 
Formación Profesional (petición adicional de ampliación de plazas).
La  ejecución  y  desarrollo  de  este  programa  y  las  actuaciones  que  lo  definen  s
corresponden, en función a las competencias asumidas, a las Comunidades Autónomas.  e.
Este protagonismo de dichas administraciones territoriales es además coherente con el  w.
espíritu de cogobernanza que inspira la ejecución de los fondos de la UE; sin perjuicio de  30ww
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Presupuestaria, que regula los créditos gestionados por las comunidades autónomas.
El artículo 86.2 regla segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria,  establece  que  «Los  criterios  objetivos  que  sirvan  de  base  para  la 
distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución, se fijarán 
por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico».
Igualmente, el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, dispone que, en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educación,  se  fijarán  los  criterios  de  reparto  y  la  distribución  resultante  entre  las 
Comunidades Autónomas.
Por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, se 
aprobaron los criterios de distribución de un total de 72.729.375,00 euros destinados al 
redimensionamiento de plazas de Formación Profesional (Componente 20 –Inversión 3– 
proyecto 02). La cuantía asignada a cada Comunidad Autónoma quedó determinada por 
los propios criterios en ella aprobados, así como por la posibilidad de absorción de los 
fondos destinados al redimensionamiento de plazas. A la vista del grado de ejecución 
que las Comunidades Autónomas han realizado de los fondos a lo largo del año, algunas 
de ellas han manifestado la posibilidad de ampliar la ejecución inicial prevista. En este 
sentido se han manifestado un total de 8 Comunidades Autónomas, con un incremento 
total  adicional  previsto  de  3.285  plazas  nuevas  solicitadas,  añadidas  a  las  38.789 
comprometidas  en  acuerdo  de  la  Conferencia  Sectorial  de  21  de  julio  de  2021. 
Consultadas las Comunidades Autónomas que no han solicitado aumento de plazas, no 
han manifestado inconveniente a que se efectúe la presente distribución.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
cumplimiento del presente Acuerdo deben respetar el principio de no causar un perjuicio 
significativo  al  medioambiente  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant  Harm»).  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas 
asignadas en la Componente 20, así como en la medida I3 en la que se enmarcan 
dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y 
digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del 
Componente del Plan y en el Anexo a la CID.
De  acuerdo  con  lo  previsto  el  apartado  6  del  documento  correspondiente  al 
Componente 20 del PTRT, no hay contribución a la transición ecológica, de acuerdo con 
los  criterios  de  distribución  recogidos  en  el  Anexo  I,  artículo  15,  apartado  5,  del 
Reglamento UE, dimensiones y códigos relativos a los tipos de intervención de acuerdo 
con la etiqueta 01 «Contribución a las competencias y empleos verdes.»
Con  la  finalidad  de  cumplir  con  el  objetivo  del  Plan  de  Modernización  para  la 
Formación Profesional, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha definido 
actuaciones de carácter estratégico, recogidas en el componente 20, entre las que se 
encuentra la relativa a este Acuerdo:
Actuación  4:  redimensionamiento  de  la  oferta  de  Formación  Profesional 
Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. Inversión: I.3  s
Innovación e internacionalización de la Formación Profesional Hito: Para el presente  e.
ejercicio económico se crearán 3.285 nuevas plazas adicionales a las 38.789 plazas. El  w.
objetivo final es crear, en un plazo de tres años, 135.000 plazas. 30ww
Primero.
De conformidad con lo previsto en el citado artículo 86, apartado 2, regla segunda,
letra a), y en los términos que se establecen en los siguientes apartados, se aprueba la
propuesta de distribución territorial adicional, por un importe total de seis millones ciento 
cincuenta y nueve mil trescientos setenta y un euros (6.159.371,00 euros), destinados a 
la  actuación  correspondiente  al  redimensionamiento  de  la  oferta  de  Formación 
Profesional dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
que se relaciona a continuación en el Anexo I adjunto.
Segundo.
La  gestión  de  estos  créditos  por  las  comunidades  autónomas  se  ajustará  al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la LGP.
A  la  ejecución  de  los  créditos  consignados  en  el  servicio  50,  «Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia» del Ministerio de Educación y Formación Profesional, le 
será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia:
a) A los efectos dispuestos en la regla quinta del artículo 86.2 de la LGP, una vez 
aprobada la distribución definitiva de los créditos en la correspondiente Conferencia 
Sectorial podrán librarse en su totalidad a cada Comunidad Autónoma de una sola vez.
b) A efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la LGP, de la 
cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma no se descontarán los 
remanentes de fondos no comprometidos resultantes al término de cada ejercicio para 
esos  créditos,  que  estén  poder  de  las  Comunidades  Autónomas,  que  seguirán 
manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos.
Si el gasto o actuación al que corresponde el remanente resultase suprimido en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas 
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el 
sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
Tercero.
De acuerdo con lo previsto en el apartado a), de la regla segunda, del artículo 86.2 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los criterios objetivos 
que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así 
como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo 
del ejercicio económico.
Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá 
recabarse  con  carácter  previo  a  la  convocatoria  de  la  Conferencia  Sectorial,  la 
autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación 
del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A su vez, el apartado 
b) de esta regla señala que en los casos en que el Consejo de Ministros haya autorizado 
la propuesta de distribución de los créditos, cualquier propuesta de distribución de una 
cuantía adicional que afecte a dichos créditos, requerirá la autorización del Consejo de 
Ministros, con independencia del importe de la cuantía adicional objeto de distribución.
A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter 
a la Conferencia Sectorial.
Cuarto. e.
Respecto a la tramitación de este acuerdo, cabe señalar que, según lo dispuesto en  30ww
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comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda el 17 de noviembre de 2021,
a  través  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  a  la  que  se  ha 
incorporado la información relativa a la actuación a realizar.
Quinto.
Según lo previsto en el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que, en el seno de la Conferencia Sectorial 
de Educación, se fijarán los criterios de reparto y la distribución resultante entre las 
Comunidades Autónomas.
Sexto.
Con posterioridad al Acuerdo de distribución de los créditos por la Conferencia 
Sectorial de Educación, el órgano competente del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional aprobará los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán los 
compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 
de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional realizará el seguimiento y control 
de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el 
que fueron transferidos y su adecuada ejecución según los mecanismos que, a tal 
efecto, se incluyen en el presente Acuerdo de la Conferencia Sectorial por el que se fijan 
los criterios objetivos que sirven de base para la distribución territorial de los créditos 
presupuestarios, así como la distribución resultante.
De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria,  quedan  autorizados,  en  los  términos  que  figuran  en  el  anexo,  la 
propuesta de distribución a las Comunidades Autónomas, que serán sometidos a la 
Conferencia Sectorial de Educación para su aprobación:
Solicitud incremento 
Comunidades Autónomas Crédito asociado Aplicación presupuestaria
nuevas plazas
Baleares. 300 562.500,00
Castilla-La Mancha. 240 450.000,00
Cataluña. 285 534.375,00
Comunitat Valenciana. 800 1.500.000,00
Extremadura. 330 618.746,00 18.50.05.320B.45550
Galicia. 630 1.181.250,00
Madrid. 450 843.750,00
País Vasco. 250 468.750,00
   Total de plazas: 3.285 6.159.371,00
Esta autorización queda sometida a disponibilidades presupuestarias. es
De acuerdo con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30  o
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proyectos  o  líneas  de  acción  que  se  integren  dentro  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia, con el grado de detalle especificado en el mismo. En caso
de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos,  las  citadas  entidades  deberán  reintegrar  los  fondos  recibidos  al  Tesoro 
Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la 
persona titular del Ministerio de Hacienda.
Le serán asimismo de aplicación a los fondos transferidos lo previsto en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, dado que ambas constituyen el núcleo de la regulación sobre la gestión del 
PRTR. El contenido de ambas deberá tenerse en cuenta, especialmente en lo que 
respecta al sistema de gestión y al respeto de los principios horizontales que inspiran el 
MRR, cuya norma reguladora (Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  12  de  febrero  de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia).»
ANEXO I
Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación 
del redimensionamiento de la oferta de formación profesional (Petición adicional 
de ampliación de plazas)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) aporta los fondos en 
función de los siguientes criterios:
Petición por parte de las comunidades autónomas indicadas para asumir un número 
de plazas superior al inicialmente indicado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
ocho de junio de dos mil veintiuno, aplicando un módulo de 1.875 euros /nueva plaza 
creada, en base a la evaluación de necesidades y capacidad de absorción de fondos.
Acuerdo para la transferencia de fondos por el número de plazas solicitadas para 
aquellas Comunidades Autónomas que lo han solicitado sin que se haya manifestado 
impedimento por parte de las que no han solicitado fondos adicionales.
Las  Administraciones  de  las  comunidades  autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias,  gestionarán  los  fondos  que  le  correspondan  para  implementar  las 
actuaciones de este programa, de acuerdo con la siguiente distribución:
Comunidades Autónomas Solicitud incremento nuevas plazas Crédito asociado
Baleares. 300 562.500,00
Castilla-La Mancha. 240 450.000,00
Cataluña. 285 534.375,00
Comunitat Valenciana. 800 1.500.000,00
Extremadura. 330 618.746,00
Galicia. 630 1.181.250,00 s
Madrid. 450 843.750,00 o
País Vasco. 250 468.750,00 30ww
   Total de plazas: 3.285 6.159.371,00
Las Comunidades Autónomas garantizarán el respeto al principio de DNSH y el
etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como a lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España. Para ello, las Comunidades Autónomas preverán 
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras 
para  asegurar  su  implementación.  Asimismo,  las  Comunidades  Autónomas  se 
asegurarán  del  reintegro  de  las  cuantías  percibidas  por  las  personas  o  entidades 
beneficiarias  en  el  caso  de  incumplimiento  del  principio  de  DNSH  y  el  etiquetado 
climático». Cabe indicar que el porcentaje de contribución de esta medida en relación al 
etiquetado climático, es cero.
Compromisos de colaboración
El plazo de ejecución para este PCT será desde, desde el 1 de septiembre de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2022:
Este PCT se engloba dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional, 
con objetivos más ambiciosos y que contemplará actuaciones de diferente índole cuyo 
desarrollo irá más allá del plazo de tiempo al que se circunscribe el MRR, que finaliza 
en 2024, en lo que refiere a los hitos y objetivos del Componente 20. Las Comunidades 
Autónomas se comprometen a desarrollar la siguiente acción, desde el 1 de septiembre 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022:
Redimensionamiento de la Formación Profesional: Toda nueva plaza creada en el 
curso académico 2021-22, de 1.º o 2.º curso, no incluida en el reparto de crédito del 
ACM  2020.  Toda  nueva  plaza  creada  en  el  primer  cuatrimestre  del  curso 
académico 2022-23 de 1.º o 2.º curso (hasta un 30%).
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2023, las 
comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria 
del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito.
Las comunidades autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos 
recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los 
perceptores finales.
Las  CCAA  quedarán  sometidas  a  la  totalidad  de  la  normativa  reguladora  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en particular, en lo relativo a:
Obligación  de  seguimiento  por  parte  de  la  CA  del  cumplimiento  de  los  hitos  y 
objetivos mediante el adecuado seguimiento de los indicadores y obligación de reportar 
la correspondiente información.
Obligación de mantener una adecuada pista de auditoría, incluida la correspondiente 
documentación, sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos.
Obligación de seguimiento contable de los gastos y de reporte de la correspondiente 
información.
Obligación de obtención y reporte de datos sobre cada uno de los perceptores finales  s
de los fondos. e.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a: 30ww
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Poner a disposición de las comunidades autónomas el portal TodoFP como medio de 
difusión de las convocatorias y actuaciones que se realicen.
Las normas de justificación de los créditos recibidos por las comunidades autónomas 
vendrán  recogidas  y  especificadas  en  los  instrumentos  jurídicos,  convenios  o 
resoluciones, tal como establece la regla Cuarta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 
General Presupuestaria.
La financiación aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciación por 
otros fondos estructurales de la Unión Europea.
El PCT para el Redimensionamiento de la oferta de formación profesional (petición 
adicional de ampliación de plazas) es una medida de inversión, referida a la Inversión 3 
Innovación e internacionalización de la Formación Profesional, que se enmarca en el 
Componente  20  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  denominado  Plan 
estratégico de impulso de la Formación Profesional, uno de cuyos objetivos generales es 
el Redimensionamiento de la oferta de FP.
Los hitos CID establecidos en dicho Componente 20 son los siguientes:
N.º 300 T4 de 2022: Dotación de 50 000 nuevas plazas de FP, frente a las existentes 
a finales de 2020. La distribución territorial de las nuevas plazas de FP debe basarse en 
una evaluación de las necesidades y se llevará a cabo previo debate con las partes 
interesadas pertinentes a fin de garantizar que la oferta responda eficazmente a las 
carencias  autonómicas  o  locales.  Fecha  del  valor  de  referencia:  31  de  diciembre 
de 2020.
N.º 302 T4 2024: Dotación de 135 000 nuevas plazas de FP, frente a las existentes a 
finales de 2020.
El indicador de seguimiento será el número de nuevas plazas creadas certificado por 
las  comunidades  autónomas,  mediante  un  documento  resumen  que  justifique 
debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo incluidos los elementos 
relevantes  del  objetivo,  enumerados  en  su  descripción  y  en  la  de  la  medida 
correspondiente en el anexo CID).
Asimismo, se incluirá como anexo las pruebas documentales recogidas en el Anexo I 
del  documento  Operational  arrangements  que  contendrá:  a)  un  extracto  de  las 
estadísticas de educación de la educación no universitaria (EDUCAbase) referidas en la 
línea de base indicando el número de plazas de FP en cada Comunidad Autónoma; b) 
certificado de la autoridad competente de las nuevas plazas creadas y comparación con 
la línea de base; y c) copia de la evaluación de necesidades y copia del acta de la 
reunión de la Conferencia Sectorial en la que se acordó la distribución territorial de las 
plazas de FP.
La información que se señala en el párrafo anterior, de carácter general, se desglosa 
por comunidades autónomas para el período 2021-2024, indicando que las comunidades 
autónomas quedan obligadas al cumplimiento de los objetivos e hitos, así como a fijar el 
coste y el calendario previsto, en tanto que su cumplimiento satisfactorio será lo que 
determine  el  pago  por  parte  de  la  Comisión  de  la  correspondiente  ayuda  y  cuyo 
cumplimiento  es  obligatorio  para  que  las  comunidades  autónomas  puedan  retener 
finalmente los fondos transferidos.
Dado que el PCT para el Redimensionamiento de la oferta de formación profesional 
(petición  adicional  de  ampliación  de  plazas)  está  incluido  dentro  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (PRR)  está  sujeto,  en  todo  caso,  al  es
cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en dicho Plan, y a la plena  bo
aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el Plan de  30ww
RERinueeforccoruumpppeaeeacrraa ióaccnpiióó liynnc ,,a  pbTTulerrbaa liannc ssildffaooa rrgdmme, aasvtcceióiiróóinfnni,c   sayyec  giRRóuneeim ssyiilil ieieednnnetccomii aaáy , s dc aoeimsn ítlp arouc oleU msqEtuao es y  ls apeaso   rel easlsa tap nbneolocreímrzfmiccaaaatit svipv aaar er dadlae eet i lvll aaaP  slUUa nnan i iódólnean     OE-A-2022-28able en https://
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Se han considerado en la redacción del presente Acuerdo las «Orientaciones para la 
transferencia de fondos a las comunidades autónomas para financiar medidas con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de Conferencia Sectorial o mediante 
ayudas  convocadas  por  el  Estado  y  gestionadas  por  aquellas  como  entidades 
colaboradoras» del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021.
Asimismo, de conformidad con el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (BOE del 3), la ejecución del crédito queda sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con las 
especialidades en él recogidas.
La comunidad autónoma asume la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la 
ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los 
gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRR (artículo 46 RD-L36/2020).
Tanto  el  artículo  7  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  como  el 
artículo  37  del  Real  Decreto  Ley  36/2020  prevén  la  obligación  que  tienen  las 
comunidades autónomas de reembolsar de forma total o parcial los fondos transferidos 
en el caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos a través del 
procedimiento de reintegro que se determine por Orden de la Ministra de Hacienda.
Si procede, los hitos y objetivos deberán ajustarse en función de la revisión del coste 
estimado, antes mencionada.
Si  la  comunidad  autónoma  necesitara  realizar  reprogramaciones  de  hitos  y/u 
objetivos, se habría de valorar si tal reprogramación afectaría al coste estimado de la 
medida. Si el coste se viera afectado, el ajuste habría de realizarse consecuentemente. 
En todo caso, se seguirá el procedimiento que para la posible modificación del PRTR se 
determine por parte de la AGE, estando previsto el procedimiento de modificación en la 
formulación de los componentes en el artículo 10 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con el alcance previsto en el apartado 3 del referido 
artículo.
Evaluación y seguimiento
Las actuaciones estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para 
el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
será de obligado cumplimiento, cuestiones reguladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades  del  Sector  Publico  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del 
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las 
medidas de los componentes del PRTR.
Es responsabilidad de la comunidad autónoma en relación con la fiabilidad y el 
seguimiento de tales indicadores, el permitir conocer en todo momento el nivel de 
consecución de los hitos y de los objetivos, única herramienta para poder detectar las  s
desviaciones producidas y adoptar las medidas necesarias en caso de situaciones que  oe.
puedan comprometer el retorno de fondos por insuficiente cumplimiento de tales hitos y  w.
oinbtejegStiriva oldasos.s  coemn uenli dPadReRs  aduetbóenno moatosr,g eanr  lfain aenjecciaucciióónn  dae  dleínsetiansa rdioes  mfiendaildeas , op púrboliyceocst oos   2022-2830n https://ww
privados, deberán establecer mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar
por  estos  últimos  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  previstos  y  que  aportan  la  Bc
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores. 
La financiación a terceros debe vincularse al logro de los objetivos que se persiguen.
Las  comunidades  autónomas  velarán  porque  los  proyectos  adjudicados  sean 
ejecutados conforme a los requisitos exigibles. Para ello, en el caso de ejecución directa, 
por  convenios  o  por  ayudas,  solicitarán  a  los  adjudicatarios  la  documentación  e 
información necesaria, a efectos de realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de 
los proyectos, lo cual deberá estar contemplado en los pliegos, convenios o bases.
En  todo  caso,  aprobado  el  programa  y  una  vez  recibidos  los  fondos  para  la 
financiación del mismo, las comunidades autónomas enviarán al MEFP tres informes de 
seguimiento de la actuación, de conformidad con el modelo disponible en ULISES, en el 
que se detallen los datos cuantitativos de la ejecución de la actuación.
Los informes solicitados, se cargarán en ULISES, en el apartado habilitado al efecto, 
en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2022; 30 de junio de 2022 y 30 de noviembre 
de 2022.
Los contenidos y las fechas de presentación de dichos informes se han establecido 
de manera que permitan el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa 
interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
UE, así como la verificación de los hitos de ejecución establecidos
Justificación y verificación
A  los  efectos  de  la  justificación  del  libramiento,  las  comunidades  autónomas 
custodiarán y, a su vez, remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional el 
estado de ejecución y certificación de control de fondos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 86.2, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así 
como la documentación justificativa establecida en la normativa nacional aplicable a los 
créditos transferidos.
Asimismo, las comunidades autónomas se comprometen a custodiar y a facilitar al 
MEFP, en los plazos establecidos, la documentación e información necesaria para la 
justificación  de  los  fondos  recibidos  en  el  marco  del  Mecanismo  Europeo  de 
Recuperación y Resiliencia para la financiación de las actuaciones de este programa, en 
los términos establecidos en el apartado 15 de este acuerdo.
Esta justificación de las acciones del PCT deberá ser presentada en los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo para la realización de las actuaciones, es decir, 
antes de 31 de marzo de 2023.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a recoger la 
documentación aportada por las comunidades autónomas para la justificación de las 
inversiones realizadas que permitan su posterior justificación al Mecanismo Europeo de 
Recuperación y Resiliencia.
La no presentación de los informes justificativos conllevará la devolución total o 
parcial de la ayuda adjudicada. Serán las comunidades autónomas las responsables de 
la recopilación y valoración de los informes presentados por los beneficiarios, para 
comprobar la adecuación de los proyectos a las condiciones de financiación, así como 
de la elaboración y del envío de los informes justificativos parciales y finales al MEFP.
Obligación de información y de rendición de cuentas de la utilización de las cantidades 
recibidas por conferencia sectorial y condiciones para su rendición.
Corresponderá  a  cada  comunidad  autónoma  asegurar  el  cumplimiento  de  oe.
conformidad con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la  w.
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y  30ww
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Publico Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del PRTR:
1. Las condiciones de suministro y publicación periódica de información relativa a 
indicadores, en los términos en los que se establezca por el Ministerio de Hacienda de 
conformidad con la normativa nacional y comunitaria.
2. Las condiciones de suministro y publicación periódica de información en cuanto a 
ejecución del gasto en proyectos y medidas en relación al coste estimado, en los 
términos en los que se establezca por el Ministerio de Hacienda de conformidad con la 
normativa nacional y comunitaria.
3. El mantenimiento de la adecuada pista de auditoría relativa a la medición de los 
indicadores y de conservación de la documentación soporte conforme a lo estipulado en 
el artículo 132 del Reglamento Financiero.
4. La obligación de presentar al final de la ejecución de la medida una cuenta 
justificativa sobre la utilización de los fondos recibidos para la misma, incluyendo:
a) Grado de cumplimiento de hitos y objetivos respecto de los fijados inicialmente o, 
en su caso, revisados.
b) Descripción  de  la  medida  y  la  manera  de  implementación,  mecanismos  de 
control aplicados en su ejecución.
5. La  obligación  de  presentar  una  cuenta  justificativa  final  a  la  Conferencia 
Sectorial, tanto en lo que respecta a los importes utilizados como a los hitos y objetivos 
conseguidos,  tras  el  cierre  del  MRR,  es  decir,  tras  todos  los  posibles  controles 
nacionales y comunitarios que sobre las medidas financiadas con él puedan recaer.
Ni la realización de las correspondientes reformas e inversiones por parte de las 
comunidades autónomas ni el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, 
incluso si se han verificado por la Autoridad de Control nacional, aseguran que se vayan 
a obtener los retornos previstos, puesto que las distintas medidas estarían sujetas a los 
eventuales controles que con posterioridad a la finalización de la medida puedan realizar 
sobre ellas los órganos de control comunitarios (Comisión Europea, Tribunal de Cuentas 
Europeo, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fiscalía Europea).
Cualquier ajuste a la baja en la financiación europea derivado de correcciones sobre 
el  coste  estimado  o  sobre  la  contribución  financiera  deberá  ser  asumido  por  las 
comunidades autónomas, mediante la devolución de los créditos implicados.
A estos efectos, en caso de cualquier incumplimiento de la comunidad autónoma, 
puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad 
nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de 
Fondos, este se trasladará a la comunidad autónoma en aplicación de lo señalado en el 
artículo 7 de la Ley General de Subvenciones.
Obligación de sometimiento a las disposiciones nacionales y comunitarias sobre el MRR
En tanto que las comunidades autónomas son responsables de la ejecución de las 
actuaciones, quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y, en particular, en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las  es
Entidades  del  Sector  Publico  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  o
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas  30www.
de loOsb cliogmacpioónne ndtees  adseel gPuRrTaRm,i eennt olo  rdeela tilvao  rae (geunlaumrideardac idóne l nog aesxthoa ussutibvyaa):cente  y  de  la
acodrorpucpicóinó nd, ep rmeveednidira esl  cdoirnigfliidcatos  dae  pinretevreénsi ry,  dlae dteocbtaler ,f icnoamncuiancicióanr .y corregir el fraude y la  BOE-A-cable e
En cuanto a la regularidad del gasto, se llama la atención sobre el cumplimiento de la 
normativa sobre Ayudas de Estado en general y, en particular, respecto a los controles 
que  se  han  de  aplicar  para  garantizar  que  el  diseño  de  inversiones  cumple  dicha 
normativa en las medidas que se ejecuten por las comunidades autónomas, con especial 
referencia  a  los  supuestos  en  los  que  vayan  a  participar  varias  administraciones 
públicas, en los que se debe tener especial cuidado con las reglas de acumulación de 
ayudas  y  las  de  incompatibilidad  entre  ayudas  comunitarias,  así  como  con  las 
intensidades máximas, procurando que las categorías de ayudas, en la medida de lo 
posible, no sean concurrentes sino complementarias y que los gastos elegibles no sean 
los mismos.
Tanto para el propósito de control del cumplimiento de lo anterior como en relación 
con la prevención de la doble financiación, la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) se configura como una herramienta fundamental, por lo que se deberá instar a 
las  comunidades  autónomas  a  su  utilización  como  herramienta  de  consulta  en  el 
procedimiento  de  concesión  de  ayudas  e  insistir  en  la  necesidad  de  cumplir 
adecuadamente, por su parte, con las obligaciones de suministro de información a la 
misma (Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo).
Contribución a la fiabilidad del sistema en general y del sistema de seguimiento de 
indicadores del cumplimiento de hitos y objetivos y de seguimiento del coste estimado en 
particular.
Requisitos de pista de auditoría. Es fundamental que se establezca la obligación de 
guardar la trazabilidad de cada una de las medidas y cada uno de los perceptores finales 
de los fondos, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir los 
objetivos cuyo nivel de consecución cada comunidad autónoma tiene que reportar. Esta 
obligación de pista de auditoría alcanza a la relativa al cumplimiento de hitos y objetivos 
y medición de indicadores.
Obligaciones de comunicación sobre la financiación comunitaria de las medidas 
incluidas en el PRR.
Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias.
Sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que 
actúen bajo su coordinación o responsabilidad.
Consecuencias de los posibles incumplimientos por parte de las CC. AA
1. Posibles incumplimientos por parte de las CCAA en el marco de la distribucion 
aprobada en el presente acuerdo.
El artículo 42 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece que, a los 
efectos  previstos  en  el  apartado  a)  del  artículo  58  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de 
noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio los 
remanentes de los créditos, que amparen compromisos de gastos contraídos dotados en 
el servicio «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
El artículo 44 del citado Real Decreto establece que la ejecución de los créditos 
consignados en el servicio específicamente creada en los Presupuestos Generales del 
Estado para la financiación del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
la  Unión  Europea»,  que  hayan  de  distribuirse  territorialmente  a  favor  de  las 
Comunidades  Autónomas  queda  sujeta  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  86  de  la  e.
Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria,  con  las  siguientes  w.
especialidades: a) A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del artículo 86.2 de la  30ww
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corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma no se descontarán los remanentes
de fondos no comprometidos resultantes al término de cada ejercicio para esos créditos, 
que estén poder de las Comunidades Autónomas, que seguirán manteniendo el destino 
específico para el que fueron transferidos.
2. Posibles inclumplimientos por parte de las CCAA en el marco del MRR.
Los créditos trasferidos quedan legalmente afectados a financiar las actuaciones del 
programa integrado en el PRR, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en 
caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2021 y artículo 37.4 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia).
Conllevará la devolución total o parcial de la ayuda adjudicada:
No lograr, en todo o en parte, los objetivos previstos: reintegro al menos cuando el 
incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del 
retorno no percibido en relación con las medidas responsabilidad de la comunidad 
autónoma.
No poder acreditar el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores 
reportados: reintegro al menos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos 
europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas 
de la responsabilidad de la comunidad autónoma.
Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada en 
cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga 
sobre aquellas y que impida el retorno de fondos al Tesoro: reintegro del importe del 
retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la comunidad 
autónoma.
No  utilización  de  las  cantidades  recibidas  para  las  medidas  para  las  que  se 
transfirieron: reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.
Medidas de información, comunicación y visibilidad
Las  actuaciones  recogidas  en  este  acuerdo,  que  se  desarrollen  en  todas  las 
comunidades autónomas, serán financiadas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, se establece que serán subvencionables, a partir del 1 de 
febrero de 2020, las medidas de los planes de recuperación y resiliencia, que deben ser 
compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada país, determinados en el 
marco del Semestre Europeo.
Asimismo,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que regula las actuaciones de 
comunicación relacionadas con la ejecución del PRTR.
Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación 
derivadas de la aportación del Estado a este programa cumplirán los requisitos de 
publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos  es
contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública  o
o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de  30www.
AiDEndsespmtciatriuenñctiaosio  tr1nay4ac 6li ó5layn/ 1  G9ds9eee9n n,eo rdremaegli  un1dlaa7ec  li dóElaens   tsapeddrpeootld  ieyu,mMc ecbinnirói esnl,at  e pRrdoiooer, cs euoltml auqlceu inóectn aos lmed  eoye   2ste8sal e bd leme ecafseettenbar rbiecalrrelio tce eidrm ieop se2r ne0d s2eo0e  i,lm  dpaeRog re ellaaanl     OE-A-2022-28able en https://
que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de 
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
El  artículo  34  del  citado  reglamento  establece  las  medidas  de  información, 
comunicación y publicidad, en particular, indica que los perceptores de fondos de la 
Unión  harán  mención  del  origen  de  la  financiación  y  velarán  por  darle  visibilidad, 
incluyendo el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que 
indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU». En todas las medidas de 
información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, se deberá reconocer el 
apoyo del fondo en la operación mostrando el emblema de la Unión Europea.
En  consecuencia,  en  la  actuación,  «Plan  de  Modernización  de  la  Formación 
Profesional (MRR)» financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
con cargo a los PGE 2021, se incluirá el logo de la Unión Europea y del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, y se establecerá un mecanismo de identificación de 
las facturas o documentos originales del gasto (mediante sello, troquel u otro medio 
similar) de forma que figure su condición de «gasto financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU».
Este  Acuerdo  de  Consejo  de  Ministros  tiene  por  objeto,  exclusivamente,  la 
distribución entre las comunidades autónomas de las habilitaciones de gasto en que 
consisten los créditos presupuestarios, así como su formalización, sin que en ningún 
caso pueda entenderse que implica la ejecución de los citados créditos presupuestarios, 
el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la 
existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la 
Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.