BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Sábado 10 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 82584
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11473 Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Esta Ley contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia 
tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, para proceder a la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de 
elusión fiscal. Por otra, para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos 
parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar 
contra el fraude reforzando el control tributario.
En un contexto en el que la globalización de la economía, los nuevos modelos de 
negocios  y  la  aparición  de  avances  tecnológicos  disruptivos  están  suponiendo 
importantes retos, la prevención y lucha contra el fraude fiscal exigen de una estrategia 
integral que además de un marco legal apropiado incluya una Administración Tributaria 
dotada de los medios necesarios para optimizar sus resultados. Ello hará necesario que 
las modificaciones legales aquí contenidas deban de acompañarse de determinadas 
medidas organizativas y operativas que, adecuando a la Administración Tributaria del 
Estado,  esto  es,  Agencia  Tributaria,  Dirección  General  de  Tributos  y  Tribunales 
Económico-Administrativos, al contexto económico, la sitúen al nivel de los países más 
avanzados.
En particular, se deben concentrar esfuerzos en el control de los y las contribuyentes 
con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares, a fin de 
favorecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la creación 
de una unidad central de coordinación de dichas actuaciones de control.
II
Esta  Ley  consta  de  diecinueve  artículos,  seis  disposiciones  adicionales,  dos  s
disposiciones transitorias y siete disposiciones finales. oe.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  3ww.
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Así, se cumple el principio de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la
aprobación de una Ley, dado que los cambios que se introducen en diversas normas del
Ordenamiento, al tener rango legal, precisan de su incorporación a este a través de una 
norma de igual rango.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma  exclusiva  el  modo  de  atender  los  objetivos  estrictamente  exigidos,  antes 
mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea. De 
hecho, una importante parte de aquel responde a la necesidad de trasposición de 
determinadas normas comunitarias al Derecho español.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín 
Oficial del Estado, se ha garantizado mediante la publicación del Anteproyecto, así como 
de su Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio 
de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de 
audiencia e información pública por toda la ciudadanía.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma 
genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía, así como los menores 
costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso 
alguna de las medidas que se incorporan conllevan una reducción de tales cargas. En 
este sentido, las exigencias de información y documentación que se requieren de los y 
las contribuyentes son las estrictamente imprescindibles para garantizar el control de su 
actividad por parte de la Administración Tributaria.
III
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen 
normas  contra  las  prácticas  de  elusión  fiscal  que  inciden  directamente  en  el 
funcionamiento del mercado interior, conocida como Directiva anti elusión fiscal o, por 
sus siglas en inglés, como ATAD, se enmarca dentro de las medidas multilaterales que 
se han venido tomando en los años posteriores a la reciente crisis económica en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades.
En el año 2013, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se iniciaron unos trabajos que tenían por objeto aprobar un Plan de 
acción con el objetivo de evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(Plan BEPS), que se concretó en la aprobación de quince informes que se refieren a 
igual  número  de  «acciones»  diseñadas  para  atajar  esos  problemas  y  formular 
recomendaciones concretas a los países miembros de la organización.
Desde el primer momento, el Consejo Europeo valoró positivamente esta iniciativa y 
la Comisión Europea en su Comunicación de 17 de junio de 2015 estableció un Plan de 
Acción para un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión 
Europea.
Los informes finales sobre los quince puntos de acción de la OCDE se hicieron 
públicos el 5 de octubre de 2015 y también fueron acogidos con satisfacción por el 
Consejo Europeo, que subrayó la necesidad de encontrar soluciones comunes a escala 
de la Unión Europea coordinadas con el Plan BEPS.
En este contexto se aprobó la citada Directiva 2016/1164, que incorpora varias de las 
materias tratadas en los informes de la OCDE.
Tal y como se señala en los considerandos de la Directiva, es necesario garantizar el 
pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor, reforzar el nivel medio  s
de protección contra la planificación fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión  e.
de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del  w.
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Sin embargo, no todos estos aspectos han de ser objeto de inmediata transposición, 
ya que se regulan diferentes plazos para la misma, es más, en el caso de la norma 
general anti abuso no será necesaria una modificación de nuestra normativa en la 
medida en que ya se recoge en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a 
través de las figuras del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación.
Por otra parte, en el caso de la limitación en la deducibilidad de intereses, hay que 
señalar que la propia Directiva prevé la posibilidad de extender el plazo de transposición 
hasta el año 2024 en la hipótesis de que la norma nacional contenga ya un régimen de 
limitación en esta materia que sea homologable o equiparable al regulado en el artículo 4 
de la misma.
Pues bien, el Reino de España, en lo que se refiere al territorio común y también al 
del régimen foral de Navarra, optó por comunicar a la Comisión Europea su intención de 
ejercitar esa opción en el entendido de que tanto la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, como la norma foral navarra cumplían ese requisito de 
efecto homologable al de la normativa contenida en la Directiva, habiendo manifestado 
ya la Comisión su visto bueno a esa opción.
Por  su  parte,  el  régimen  de  asimetrías  híbridas  comprende  un  doble  plazo  de 
transposición, según la materia concreta, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2021, lo que, unido a su complejidad, aconseja abordar aquella en un momento 
posterior.
Teniendo en cuenta lo expuesto, los aspectos que finalmente se incorporan a esta 
Ley son los concernientes al nuevo régimen de transparencia fiscal internacional y a la 
imposición de salida.
En síntesis, la transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa 
residente  en  territorio  español  de  determinadas  rentas  obtenidas  por  una  entidad 
participada mayoritariamente que resida en el extranjero cuando la imposición sobre 
esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en 
territorio  español,  imputación  que  se  produce  aunque  las  rentas  no  hayan  sido 
efectivamente distribuidas.
España ya regula esta figura tanto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
como en la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero en la Directiva se 
introducen algunas novedades que resulta necesario incorporar.
Entre estas, cabe destacar, en primer lugar, el hecho de que la imputación de rentas 
que se produce dentro del régimen de transparencia fiscal afecta no solamente a las 
obtenidas por entidades participadas por el contribuyente sino también a las obtenidas 
por sus establecimientos permanentes en el extranjero.
Por otra parte, se contienen en la Directiva diversos tipos de renta susceptibles de 
ser objeto de imputación en este régimen que no estaban recogidos hasta este momento 
en la ley española tales como las derivadas de operaciones de arrendamiento financiero 
o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.
Por lo demás, es importante señalar que lo dispuesto en la Directiva no es óbice para 
la existencia y aplicación de disposiciones nacionales «dirigidas a salvaguardar un nivel 
de protección más elevado de las bases imponibles nacionales del impuesto sobre 
sociedades».  En  el  caso  de  la  ley  española  existen,  efectivamente,  elementos  del 
régimen de transparencia fiscal que suponen ese nivel de protección más elevado. Es 
decir, que conlleva que, potencialmente, puedan ser objeto de imputación más rentas 
que las que derivan de la transposición estricta de la Directiva o que el régimen resulte 
aplicable en un mayor número de casos. s
A este respecto, se ha optado, con carácter general, por mantener en el precepto  oe.
esos niveles de protección más elevados. Es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre  w.
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las rentas derivadas de la titularidad de bienes inmuebles o las derivadas de actividades 
crediticias,  financieras,  aseguradoras  o  de  prestación  de  servicios  realizadas  con 
personas o entidades vinculadas cuando determinan gastos fiscalmente deducibles en 
entidades residentes en territorio español.
En cuanto al llamado impuesto de salida o «exit tax», tal como se afirma en los 
considerandos  de  la  Directiva,  tiene  como  función  garantizar  que,  cuando  un 
contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del 
Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su 
territorio  aun  cuando  la  plusvalía  en  cuestión  todavía  no  se  haya  realizado  en  el 
momento de la salida.
Nuestra Ley del Impuesto sobre Sociedades regula ya el tratamiento fiscal en caso 
de cambio de residencia, pero también aquí procede realizar modificaciones de cierta 
importancia para transponer la Directiva.
En concreto, para el supuesto de que el cambio de residencia se hubiera producido 
hacia otro Estado miembro de la Unión Europea, se establecía el aplazamiento del pago 
del impuesto de salida, a solicitud del o de la contribuyente, hasta la fecha de la 
transmisión  a  terceros  o  terceras  de  los  elementos  patrimoniales  afectados.  Sin 
embargo, la Directiva lo que prevé es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago 
del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se 
efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio  Económico  Europeo,  estableciendo,  asimismo,  determinadas  normas 
complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.
Por su parte, la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes regula 
actualmente el supuesto del traslado de activos al extranjero desde un establecimiento 
permanente situado en territorio español.
Como consecuencia de la transposición de la Directiva resulta necesario introducir en 
dicha norma, además de lo señalado anteriormente en relación con el fraccionamiento, 
un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de salida para el caso de que 
se produzca un traslado, no de un elemento aislado, sino de «la actividad» realizada por 
el establecimiento permanente.
Por otra parte, en las normas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes es preciso introducir la previsión de la 
Directiva de que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una imposición de 
salida en un Estado miembro de la Unión Europea el valor determinado por ese Estado 
miembro será aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de 
mercado.
Finalmente,  en  relación  con  el  Impuesto  sobre  Sociedades  y  al  margen  de  la 
Directiva, se establecen requisitos adicionales para que las sociedades de inversión de 
capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen del 1 por ciento.
Hasta ahora el número de accionistas requerido para la aplicación del tipo del 1 por 
ciento es, con carácter general, de 100 socios o socias, sin exigirse a cada uno de ellos 
una inversión mínima. Esta situación ha propiciado que sea habitual que las SICAV 
concentren porcentajes muy elevados de su accionariado en una o varias personas 
mientras  que  el  resto  del  accionariado  se  reparte  entre  socios  o  socias  con 
participaciones económicamente insignificantes, lo cual desvirtúa el carácter colectivo 
que cabe predicar de las SICAV y que justifica la aplicación del tipo de gravamen 
reducido.
Con  el  propósito  de  reforzar  dicho  carácter  colectivo,  se  establecen  requisitos  s
objetivos que deben cumplir los socios y socias para que sean computables a efectos de  oe.
la aplicación del tipo de gravamen del 1 por ciento, de forma que se garantice que dichos  w.
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cumplan  los  requisitos  para  mantener  el  tipo  de  gravamen  del  1  por  ciento  en  el 
Impuesto sobre Sociedades.
A su vez, se incorporan en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, los requisitos que deberán cumplir los productores y productoras que se 
encarguen  de  la  ejecución  de  producciones  extranjeras  de  largometrajes 
cinematográficos para poder aplicar la deducción regulada en dicha Ley. Por una parte, 
se exige el certificado emitido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, acreditando 
el carácter cultural de la producción con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y 
otras producciones del sector audiovisual, de 15 de noviembre de 2013 y, por otra, y 
vinculadas al logro de uno de los objetivos perseguidos con esta deducción y señalado 
en el preámbulo de la Ley 27/2014, antes citada, cuál es su contribución al impacto 
económico en el sector turístico español, se solicita la incorporación en los títulos de 
crédito de la obra de los lugares específicos de rodaje en España y la autorización del 
uso del título de la obra y de material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de 
forma expresa lugares específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción 
realizado en España, para la realización de actividades y elaboración de materiales de 
promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que puedan 
llevar  a  cabo  las  entidades  estatales,  autonómicas  o  locales  con  competencias  en 
materia de cultura, turismo y economía.
Por último, se introduce una mejora técnica en la regulación de la baja en el índice de 
entidades del Impuesto sobre Sociedades, ya que, en puridad, el concepto de «fallido» 
no se puede predicar de los créditos, sino de las entidades deudoras.
IV
Se introducen modificaciones en el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que tienen 
por objeto favorecer las libertades de establecimiento y circulación, de acuerdo con el 
Derecho de la Unión.
V
De acuerdo con los nuevos parámetros internacionales, se adecúa el término de 
paraísos fiscales al de jurisdicciones no cooperativas.
Adicionalmente,  la  determinación  de  los  países  y  territorios  que  tienen  la 
consideración  de  jurisdicciones  no  cooperativas  requiere  de  una  actualización 
atendiendo a las revisiones y trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en 
el marco de la Unión Europea como en el de la OCDE, cuyos criterios han permitido 
identificar una serie de jurisdicciones no cooperativas, así como exigir una serie de 
compromisos a efectos de abandonar dicha categoría en el ámbito internacional, dando 
lugar a listas de países que se hallan en constante revisión.
De este modo, con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, 
resulta  necesario  ampliar  el  concepto  de  paraíso  fiscal  y  para  ello  determinar  la 
consideración de jurisdicción no cooperativa, atendiendo a criterios de equidad fiscal y 
transparencia, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la 
existencia  de  sociedades  extraterritoriales  dirigidas  a  la  atracción  de  beneficios  sin 
actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación o bien por su  e.
opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de  w.b
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preferenciales  que  resulten  perjudiciales  establecidos  en  determinados  países  o 
territorios  que  facilitan  el  fraude  fiscal.  En  este  sentido,  una  vez  aprobados  estos 
criterios,  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Hacienda  adoptará  las  disposiciones 
necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como regímenes 
fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, que habrá de ser 
actualizada periódicamente. De esta forma, los incumplimientos de los compromisos 
adoptados pueden desembocar en una vuelta a la lista de jurisdicciones no cooperativas. 
Este enfoque dinámico garantiza una respuesta firme y actualizada frente a la utilización 
de dichos países y territorios con fines defraudatorios.
VI
En  el  ámbito  del  Impuesto  sobre  la  Renta  las  Personas  Físicas  se  introducen 
diversas modificaciones.
En primer lugar, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la 
finalidad de que el o la adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio 
se subrogue en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el o la causante, 
siempre  que  el  mismo  se  transmita  antes  del  transcurso  de  cinco  años  desde  la 
celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento de este último si fuera anterior. Esta 
modificación se introduce junto con un régimen transitorio que solo será aplicable a las 
transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
que hubieran sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de 
contratos o pactos sucesorios con efectos de presente.
De esta forma se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del 
elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido 
transmitido directamente a otra persona o entidad por el o la titular original.
Se clarifica la redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda, de forma que la misma solo se pueda aplicar sobre el rendimiento 
neto  positivo  calculado  por  el  o  la  contribuyente  en  su  declaración-liquidación  o 
autoliquidación,  sin  que  proceda  su  aplicación  sobre  el  rendimiento  neto  positivo 
calculado durante la tramitación de un procedimiento de comprobación.
A su vez, con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles 
relativos  a  monedas  virtuales,  se  establecen  dos  nuevas  obligaciones  informativas 
referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.
Así, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que 
mantienen los y las titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen 
servicios  en  nombre  de  otras  personas  o  entidades  para  salvaguardar  claves 
criptográficas  privadas  que  posibilitan  la  tenencia  y  utilización  de  tales  monedas, 
incluidos los proveedores o las proveedoras de servicios de cambio de las citadas 
monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia.
Igualmente, para estas mismas personas o entidades, se establece la obligación de 
suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, 
transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma 
obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.
Por otra parte, en relación con los seguros de vida en los que el tomador o tomadora 
asuma el riesgo de la inversión, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte  s
de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en  e.
concordancia  con  las  últimas  modificaciones  normativas  aplicables  a  las  entidades  w.
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colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en 
bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.
VII
Tanto  en  el  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la 
base imponible del impuesto, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se 
equipara al valor de mercado. La determinación del valor real ha sido fuente de buena 
parte de litigios de estos impuestos por su inconcreción. A este respecto, el Tribunal 
Supremo ha manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o 
predicado ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, 
cuando exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el 
valor de mercado. Por otra parte, este mismo órgano, en recientes pronunciamientos, 
entre ellos la sentencia 843/2018, de 23 de mayo de 2018, ha determinado que el 
método  de  comprobación  consistente  en  la  estimación  por  referencia  a  valores 
catastrales, multiplicados por índices o coeficientes, que recoge la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el 
bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en 
aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor 
real,  salvo  que  tal  método  se  complemente  con  la  realización  de  una  actividad 
estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se 
someta  a  avalúo,  lo  que  dificulta  en  gran  medida  la  facultad  comprobadora  de  la 
Administración Tributaria. Esta dificultad se añade a la ya existente respecto de otros 
medios de comprobación de valores, como es el caso de la que se realiza mediante 
dictamen de peritos, sobre la que el Tribunal Supremo exige una comprobación «in situ», 
con visita del inmueble en cuestión, requisito exigido en diversas sentencias, entre las 
que cabe citar la sentencia 5306/2015, de 26 de noviembre de 2015. Por ello, se 
conceptúa como base imponible de estos impuestos el valor de mercado del bien o 
derecho que se transmita o adquiera. Además, en aras de la seguridad jurídica, en el 
caso de bienes inmuebles, se establece que la base imponible es el valor de referencia 
previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Esta norma se modifica en consonancia con 
el  cambio,  amparando  un  garantista  procedimiento  administrativo  para  el  general 
conocimiento del valor de referencia de cada inmueble. Para el caso en que no se 
disponga, o no sea posible certificar dicho valor de referencia, se establece la regla 
alternativa para la determinación de la base imponible.
En coherencia con lo anterior, esta misma regla se añade en el Impuesto sobre el 
Patrimonio para los inmuebles cuyo valor haya sido determinado por la Administración 
en un procedimiento. También se modifica, en consonancia con lo anterior, el texto 
refundido  de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, a fin de suprimir las referencias del precepto al 
valor real en la valoración de bienes inmuebles, y sustituirlo en particular a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el 
valor de referencia.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también se modifica la 
regulación de la acumulación de donaciones, para incluir los supuestos de contratos y 
pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del o de la causante. Además,  s
se modifica la Ley del Impuesto, para extender su ámbito a todos los y las no residentes,  e.
ya sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico  w.
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sentencias, entre las que cabe señalar la sentencia 242/18, de 19 de febrero.
Asimismo,  se  modifica  la  Ley  19/1991,  de  6  de  junio,  del  Impuesto  sobre  el 
Patrimonio, para añadir cómo deben valorarse los seguros de vida cuando el tomador o 
la tomadora del seguro no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate, evitando de 
esta forma que se pueda eludir la tributación por los seguros de vida-ahorro cuyo 
contenido  patrimonial  es  indudable.  Asimismo,  se  establece  una  nueva  regla  de 
valoración para aquellos supuestos en que se perciben rentas temporales o vitalicias 
procedentes de un seguro de vida.
Por otra parte, por lo que concierne al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, la existencia de interpretaciones contradictorias entre sí, 
tanto en el ámbito judicial, como en el administrativo, respecto a la sujeción o no a la 
modalidad de transmisiones patrimoniales de este impuesto de las operaciones de las 
compras a particulares de artículos de oro y joyería por parte de comerciantes de este 
sector empresarial, justifica la modificación que se introduce en la normativa de aquel 
con el fin de despejar cualquier duda en la delimitación del hecho imponible del tributo.
VIII
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se incorporan una serie de modificaciones en 
la Ley del Impuesto con el fin de evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar 
a situaciones de abuso o fraude, en especial en materia de responsabilidad tributaria.
En primer lugar, se actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del 
impuesto, definido actualmente para los y las agentes de aduanas, que ahora será de 
aplicación a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. 
De esta forma, se alinea el precepto a las modificaciones establecidas en el ámbito de la 
representación aduanera y a la figura del representante aduanero.
En segundo lugar, se matizan el alcance y naturaleza de los incumplimientos de las 
obligaciones específicas del régimen del grupo de entidades en las que necesariamente 
debe ser sujeta infractora la entidad dominante, por tratarse de la sujeta que ostenta la 
representación  del  grupo  de  entidades  y  queda  obligado  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones materiales y formales específicas derivadas del régimen especial.
Por último, se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la 
deuda tributaria que alcanza a quien ostente la titularidad de los depósitos distintos de 
los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos, 
a los bienes objeto de Impuestos Especiales, excluidos hasta la fecha para evitar que los 
beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la 
salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública.
No obstante, tratándose de productos objeto de los Impuestos sobre el Alcohol y las 
Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, esta responsabilidad no será exigible a quien 
ostente la titularidad del depósito cuando la salida o el abandono de los bienes se haya 
realizado por una persona o entidad autorizada al efecto que conste en el registro de 
extractores de estos productos, registro administrativo donde deben inscribirse dichas 
personas o entidades y que se crea con dichos efectos.
IX
En el Impuesto General Indirecto Canario se incorporan las modificaciones incluidas 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de responsabilidad tributaria en el 
ámbito de las liquidaciones aduaneras. e.
Por otra parte, en la medida que la normativa del Impuesto General Indirecto Canario  w.b
Aehlañe acedtsriótdanobi,cl ealac i dAlloeg,ve danenc zifaoa r mdTerai b sluoitmsa rilliiaabr r oaCs al onr epagrreiiasvt risomtsoe  ddeienal n lartee nf eoerrilmd oas utiIvmmaip nduiseetlsr oItmo  pdaue e trslaotvosé  ssor ebdgreeis  tlearol  sVs eaddloeer    2021-1147n https://w
ofabclitguaraccióiónn y,  ssee  etsiptaifbicleac ec olam soa nicnifóranc tcriibóunt atrriiab uctoarrrieas peol nrdeiternatseo.  o  incumplimiento  de  tal
X
En el ámbito de los impuestos especiales de fabricación, se modifica la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para realizar un ajuste técnico en la 
definición de los depósitos fiscales. Con dicho ajuste se clarifica que para que quien 
ostente la titularidad de un depósito fiscal obtenga la correspondiente autorización que le 
habilita  para  operar  como  tal  es  preciso  que  en  dicho  establecimiento  se  realicen 
operaciones  efectivas  de  almacenamiento  de  productos  objeto  de  los  impuestos 
especiales de fabricación.
Con ello se pretende evitar la indebida aplicación del régimen suspensivo o, lo que 
es lo mismo, el retraso del devengo de los impuestos especiales de fabricación, con el 
consiguiente  riesgo  fiscal  que  ello  comporta,  por  parte  de  establecimientos  que 
realmente no operan como depósitos fiscales.
También  se  tipifica  un  nuevo  supuesto  de  infracción  grave:  la  existencia  de 
diferencias en menos de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, 
que excedan de los porcentajes establecidos reglamentariamente. De esta forma se 
pretende desincentivar la existencia de dichas diferencias.
Por otra parte, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero 
de 2018, se considera preciso tipificar dos supuestos de infracción para sancionar el 
incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y en su normativa 
de desarrollo necesarios para la aplicación de determinados beneficios fiscales.
En concreto, se incluye un supuesto de infracción grave para los casos en que, 
incumpliendo dichos requisitos, no se justifique el uso o destino dado a los productos por 
los que se haya aplicado una exención o un tipo impositivo reducido, y una infracción 
leve en caso de que los productos se hubieran destinado a un fin que justifica la 
exención o la aplicación del tipo impositivo reducido.
Estos dos supuestos de infracción, con sus correspondientes sanciones, también se 
introducen en la normativa reguladora del Impuesto Especial sobre el Carbón y el 
Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Por otro lado, se introduce una modificación del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales.
XI
En la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se introducen diversos 
cambios.
El  deber  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  que  enuncia  el 
artículo 31.1 de la Constitución española, en palabras del máximo intérprete de la 
Constitución,  el  Tribunal  Constitucional,  implica,  de  un  lado,  una  exigencia  directa 
al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre, y, de otra parte, la 
prohibición  en  la  concesión  de  privilegios  tributarios  discriminatorios,  es  decir,  de 
beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional, al constituir una 
quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.
El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional en su sentencia 73/2017, de 8 
de junio, la declaración tributaria especial establecida por la disposición adicional primera 
del  Real  Decreto-ley  12/2012,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  introducen  diversas 
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por 
afectar a la esencia del deber de contribuir del mencionado artículo 31.1 CE, alterando 
sustancialmente  el  modo  de  reparto  de  la  carga  tributaria  que  debe  levantar  la  e.e
generalidad de los y las contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios  b
edset aCcbaolepncafiocdriadm aeedn  c eeolcn ao rlnotíó camunliotce a8r,i6o .ri1g,  usdeae l drleaac dCo noyon cspetrit ouegcnri eólasni .vLiedya dG, eyn ecraoln Ttrraibduetcairr iaa lsaí  plaro hpirboichiióbnic idóenl   2021-11473n https://ww
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vulneración de los principios de ordenación del sistema tributario, plasmando así a nivel 
legal un claro parámetro de constitucionalidad, reconocido ya por el Alto Tribunal.
Se considera que el término «deuda tributaria» incluye todos los conceptos que, 
como los intereses de demora o los recargos, integran dicha deuda tal como queda 
definida por el apartado 2 del artículo 58 de la Ley General Tributaria.
En segundo lugar, se aclara el régimen de devengo de intereses de demora en el 
caso de obtención de una devolución improcedente. En este sentido, el devengo de 
intereses será plenamente compatible, en su caso, con los recargos de extemporaneidad 
conforme a las reglas generales que regulan dichos recargos.
Por  motivos  de  proporcionalidad  y  justicia  tributaria,  se  modifica  el  sistema  de 
recargos por extemporaneidad estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 
por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya 
transcurrido  el  periodo  de  doce  meses  de  retraso.  A  partir  del  día  siguiente  del 
transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por 
ciento, comenzará el devengo de intereses de demora. Asimismo, se excepciona de 
dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente 
por la Administración Tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero 
por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice 
en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación.
Se adapta la regulación de los intereses de demora para reconocer de forma expresa 
que no se devengarán en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y 
de ingresos indebidos durante determinados periodos.
Con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas 
informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se 
establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los 
procesos  contables  o  de  gestión  empresarial  se  ajusten  a  ciertos  requisitos  que 
garanticen  la  integridad,  conservación,  accesibilidad,  legibilidad,  trazabilidad  e 
inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de 
desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlo a certificación.
Asimismo,  en  concordancia  con  dicha  regulación,  se  establece  un  régimen 
sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, 
o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.
Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al 
Derecho de la Unión Europea.
Para  evitar  que  los  procedimientos  de  suspensión  con  otras  garantías,  o  con 
dispensa de ellas, sean utilizados de forma fraudulenta, se incorpora la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos.
También  se  modifica  el  régimen  de  la  lista  de  deudores  tributarios  y  deudoras 
tributarias. Así, se disminuye a 600.000 euros el importe cuya superación conlleva la 
inclusión en dicha lista.
Asimismo,  se  incluye  expresamente  en  el  precitado  listado  a  los  responsables 
solidarios. Por otra parte, se aclara que el periodo en el que se deben satisfacer las 
deudas y sanciones tributarias para que no se consideren a los efectos de la inclusión en 
la lista es el plazo reglamentario de ingreso en periodo voluntario determinado por la 
norma, sin que dicho periodo voluntario originario pueda venir alargado, por ejemplo, por 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas en dicho plazo voluntario 
originario. A estos efectos, se entenderá como período voluntario de pago original de la 
deuda el período voluntario de pago inicial, con independencia de las actuaciones que  s
hubiera podido realizar el deudor o la deudora principal o de las vicisitudes por las que  oe.
pudiera atravesar la deuda tributaria. w.
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se  tendrán  en  cuenta  los  pagos  efectuados  hasta  la  finalización  del  periodo  de 
alegaciones posterior a la comunicación de la inclusión en el listado.
Por último, en el ámbito de dicha lista, se actualizan las referencias normativas en 
materia de protección de datos.
A la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se incluyen 
algunas modificaciones de alcance exclusivamente procedimental en la Ley General 
Tributaria y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, que, sin afectar al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad 
del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican el régimen de autorización 
judicial de entrada en el domicilio del obligado tributario o la obligada tributaria que haya 
sido  solicitada  por  la  Administración  Tributaria  en  el  marco  de  una  actuación  o 
procedimiento de aplicación de los tributos.
Se  modifican  las  causas  de  terminación  del  procedimiento  de  gestión  iniciado 
mediante declaración, respecto de aquellos tributos que se liquidan por las importaciones 
de bienes, que podrá finalizar cuando se acuerde posteriormente sobre el mismo objeto 
del  procedimiento  el  inicio  de  un  procedimiento  de  comprobación  limitada  o  de 
inspección.
Se  introduce  un  nuevo  supuesto  de  suspensión  del  cómputo  del  plazo  de  las 
actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a 
facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con 
las forales en el ejercicio de dichas actuaciones.
En la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del 
informe de disconformidad, dado que actualmente el contenido de ese informe en su 
integridad ya se viene recogiendo en el acta y la liquidación.
A efectos de evitar el uso inadecuado de la presentación de reiteradas solicitudes de 
aplazamiento,  fraccionamiento,  compensación,  suspensión  o  pago  en  especie  cuyo 
periodo de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo, se dispone 
que la reiteración de solicitudes, cuando otras previas hayan sido denegadas y no se 
haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del periodo ejecutivo. 
Asimismo, en la medida en que el período voluntario de pago es único, se aclara que 
dicho período no podrá verse afectado por la declaración de concurso.
Con  el  objeto  de  clarificar  la  normativa  vigente,  se  especifica,  a  efectos  del 
procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de 
pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al 
deudor o la deudora principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse 
sobre el procedimiento seguido con el o la responsable.
Se modifica la enumeración de los posibles infractores e infractoras para dar un 
tratamiento homogéneo a los sujetos infractores y las sujetas infractoras tanto en el 
régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen 
especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen varios cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las 
sanciones  tributarias  para  favorecer  la  simplificación  en  su  aplicación,  el  ingreso 
voluntario y la disminución de litigios. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones 
derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento. Asimismo, se eleva la reducción de 
las sanciones en caso de pronto pago al 40 por ciento. La reducción por conformidad se 
mantiene en el 30 por ciento.
Teniendo  en  cuenta  que  la  falta  de  presentación  o  la  presentación  incompleta, 
inexacta o con datos falsos de las declaraciones informativas exigidas por la normativa  s
aduanera dificulta y, en ocasiones, impide la realización por las autoridades aduaneras  oe.
de un análisis adecuado de riesgos y de los controles necesarios para supervisar el  w.
ccaaocrmtuáeactrleecsiro  s piunrfetiecviriesnntaatcesim opneaanrla tel e dgdiíicsthiumaaoss  odinreifo ra,la cs ceUi onenilóeenvs,a   tyrh ibaaustettaan rd6iai0es0n  ddeoeu  raco asqr uáeecl  tielmars pf oosrratmen acdiloe nn aoeq sut imeenllíanesinm,  euanns    2021-1147n https://w
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el 
código aduanero de la Unión.
Se establece que el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador 
incoado  a  partir  de  las  liquidaciones  o  resoluciones  dictadas  en  determinados 
procedimientos de aplicación de los tributos será de seis meses, alineando el mismo con 
el plazo general de resolución de los procedimientos tributarios.
Se otorga cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión 
con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico-Administrativos, 
cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca que no cumplen los 
requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. También, con la finalidad de 
evitar  prácticas  fraudulentas  consistentes  en  el  aprovechamiento  de  la  dificultad 
existente para la tramitación de ciertas solicitudes de suspensión, se otorga rango legal a 
la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos 
en que la deuda se encuentre en período ejecutivo.
Se reconoce en la normativa general tributaria el principio de Deggendorf, confirmado 
en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-355/95 P, 
según el cual no se pueden conceder nuevas ayudas estatales individuales a una 
empresa que tenga pendiente de cumplir una obligación de reintegro derivada de una 
Decisión de la Comisión Europea.
Con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios, se modifica el régimen de 
revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas cuyo 
número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en ningún registro público, 
ni otorgar escrituras ante Notario o Notaria, a excepción de los trámites imprescindibles 
para la cancelación de la correspondiente nota marginal. A estos efectos, en la Ley del 
Notariado se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación 
fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad 
jurídica  y  se  prevé  también  un  sistema  automatizado  mediante  el  cual  el  Consejo 
General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas 
entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar 
un documento público, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar 
situaciones de posible fraude.
Una vez transcurridos más de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude, que introdujo la obligación de información sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero, resulta necesario ajustar su contenido a las 
nuevas circunstancias existentes en el mundo económico. A tal fin, se introduce la 
obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero. Estos 
cambios están en consonancia con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, que ha incluido los citados activos 
en el ámbito objetivo de la misma.
Para asegurar un perfecto alineamiento con las recomendaciones de la OCDE, se 
modifica el período de tiempo de conservación por las instituciones financieras de las 
pruebas documentales, de las declaraciones que resulten exigibles a las personas que  s
ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y de la demás información  oe.
utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida.  w.
DpeicrhíEoodl  oapl eudrduíoirdadono Rt eee neg lln aqimnugeeún lnato  c in(aUssEtoit)u  dnce.iºób n9e 5 fsi2ne/a2r0 ni1nci3fee,r rpaioo err  saet ál cq ionubcelo isg eaa ñdeoass taa c bcoleoncmteau denoli scc aóard  lipgaao irn taifrdo durmaenla efcirnioó  dnde.el   2021-1147n https://w
la Unión, regula los intereses de demora, fijando su fórmula de cálculo, debiendo aclararse en
la normativa nacional que aquellos no son compatibles con la exigencia, respecto de la deuda 
aduanera, de los recargos por declaración extemporánea.
XII
La correspondencia de las descripciones catastrales con la realidad inmobiliaria 
constituye el propósito central de la gestión que desarrolla la Dirección General del 
Catastro; lo que exige la disponibilidad de los procedimientos más eficaces para tal fin, a 
los efectos de que la información catastral responda a los principios de generalidad y 
justicia tributaria.
En esa línea, en primer lugar, se amplían los supuestos de incorporación de nuevas 
construcciones y alteraciones mediante comunicación de Administraciones Locales y 
entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin necesidad de que se 
obliguen  por  ordenanza  fiscal,  en  lo  que  se  refiere  a  actos  sujetos  a  licencia  o 
autorización  administrativa.  Igualmente,  se  habilita  un  régimen  adicional  de 
comunicaciones en virtud del cual la información suministrada por deber de colaboración 
queda amparada por la exención de la obligación de declarar, siempre que se cuente con 
toda la documentación acreditativa de la correspondiente alteración.
En segundo término, se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al 
momento en el que la Administración Tributaria tiene constancia de la discrepancia entre 
descripción  catastral  y  realidad,  y  se  da  eficacia  a  los  actos  dictados  en  los 
procedimientos  de  declaración,  comunicación,  solicitud,  inspección  y  regularización 
catastral desde la fecha de los hechos, actos o negocios originarios facilitando el ajuste a 
la evolución de la realidad inmobiliaria.
Finalmente, se adapta la regulación del valor de referencia de la Dirección General 
del  Catastro,  para  dotarlo  de  mayor  rigor,  precisión  y  seguridad  jurídica  en  su 
determinación.
XIII
Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, al objeto de reforzar las 
medidas antielusión previstas en la norma y evitar que pueda ser inaplicada la regla de 
acumulación  de  los  importes  netos  de  la  cifra  de  negocios  correspondientes  a  los 
miembros  de  un  grupo  mercantil,  que  determina  la  tributación  en  el  impuesto,  se 
actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de sociedades y se 
aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá 
aplicar con independencia de la obligación de consolidación contable. Además, para 
evitar discrepancias con el Derecho comunitario, se establece que la exención en el 
Impuesto para las personas físicas se aplica tanto a los y las residentes como a los y las 
no residentes.
XIV
Los nueve años transcurridos desde la aprobación de la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego, permiten la trayectoria suficiente como para identificar 
determinadas modificaciones de su articulado que podrían coadyuvar a la lucha contra el 
fraude en el entorno de las actividades de juego, en sus diversas manifestaciones.
En primer lugar, varias de las medidas recogidas pretenden habilitar mecanismos 
adecuados para colaborar en la prevención y la lucha contra la manipulación de las  e.
competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas  w.b
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específicos.
En  tercer  lugar,  mediante  otro  grupo  de  medidas  se  introducen  nuevos  tipos 
infractores o se modifica alguno de los actualmente existentes, con la finalidad de 
sancionar prácticas fraudulentas de los y las participantes en los juegos, de los propios 
operadores y las propias operadoras o de proveedores y proveedoras o intermediarios e 
intermediarias,  vulneraciones  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  juego 
responsable y de protección a los jugadores y las jugadoras e incumplimientos de 
requerimientos de información realizados por la autoridad encargada de la regulación del 
juego.
Asimismo, este elenco de medidas concluye con la publicación, en la página web de 
la autoridad encargada de la regulación del juego, de información singularizada asociada 
al juego no autorizado.
Finalmente,  se  reconoce  de  forma  expresa  y  específica  el  especial  deber  de 
colaboración  con  la  Administración  Tributaria  de  la  Sociedad  Estatal  de  Loterías  y 
Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
Dicho  deber  de  colaboración  se  podrá  instrumentalizar  a  través  de  un  convenio  a 
suscribir con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
XV
Como es sabido, la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones 
económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas 
manifestaciones.
Frente a tales comportamientos, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de 
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para 
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en la línea 
también seguida por otros países de nuestro entorno, determinó la limitación al uso de 
efectivo para determinadas operaciones económicas.
Los positivos resultados de dicha norma motivan la modificación que se introduce en 
el régimen sustantivo de los pagos en efectivo, dirigida a profundizar en la lucha contra el 
fraude fiscal, disminuyendo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 
euros.
Asimismo, en concordancia con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan  la  Directiva  2005/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  y  la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión, se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 
euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de 
España.
Se modifica, por último, la regulación del procedimiento sancionador del régimen de 
limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos. En primer lugar, para adecuarlo 
a las vigentes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. En segundo lugar, para agilizar la actividad administrativa, se prevé 
expresamente en la norma que el inicio del procedimiento sancionador, al igual que 
sucede en el ámbito tributario, corresponda al órgano que instruye el procedimiento, para 
que  cuando  este  disponga  de  todos  los  elementos  necesarios  pueda  incorporar  la 
propuesta  de  resolución  al  inicio  del  procedimiento.  También  se  regulan  diferentes  s
consecuencias para el supuesto de pago de la sanción en cualquier momento posterior a  e.
la propuesta de sanción, pero con carácter previo a la notificación de la resolución  w.
rdaeegdfiliuinzciatcirvi óane  pl daecrula 5m r0ep dlpimuocri eircn ieltaon  tcodo indlifgelie clanti tveeid vaeddne tlu reapsla psgeaocn tcodi óedn e lq aluase  i mmsepis oimmsaipcsoió.n ngA ads eíc,  odnsic ech aaersás ctsataebnrle cacionená elousgn oay    2021-1147n https://w
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meses, ante la eventualidad de aplicación del plazo de tres meses que, con carácter 
general, se establece para el procedimiento administrativo ordinario.
XVI
Se introducen modificaciones en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando, con el objeto de que, con independencia del valor de los 
bienes,  géneros  o  efectos  objeto  de  contrabando,  cuando  se  realice  una  de  las 
conductas tipificadas como contrabando y la misma no sea constitutiva de delito, dicha 
conducta  sea  tipificada  como  infracción  administrativa.  Además,  por  motivos  de 
seguridad  jurídica,  se  explicita  que  dichas  infracciones  se  pueden  apreciar  cuando 
concurra una conducta culposa con cualquier grado de negligencia.
XVII
El  tabaco  crudo  no  está  recogido  entre  los  productos  del  tabaco  sometidos  a 
imposición en España. El creciente desvío de tabaco crudo como materia prima para la 
fabricación clandestina de labores del tabaco, incluidas en el ámbito del Impuesto sobre 
las labores del tabaco aplicable en la Península e Islas Baleares o en el de otras figuras 
impositivas análogas que rigen en Canarias, Ceuta y Melilla, por parte de operadores y 
operadoras  irregulares  no  autorizados  o  autorizadas  ni  inscritos  o  inscritas  como 
fabricantes de labores del tabaco, así como la venta directa o indirecta de tabaco crudo a 
consumidores o consumidoras finales, está generando un importante mercado ilegal de 
este producto. Por otra parte, en la actualidad, la adquisición y tenencia de la maquinaria 
diseñada y utilizada para la fabricación de labores de tabaco no está sometida a ningún 
tipo  de  limitación  o  control  administrativo  particular.  La  experiencia  adquirida 
recientemente revela que estas máquinas, en ocasiones, son de un tamaño y peso que 
permiten  que  su  transporte  e  instalación  se  produzca  con  rapidez  y  facilidad,  sin 
necesidad de medios e infraestructura específicos y, por lo tanto, que su movimiento 
pueda  llevarse  a  cabo  en  condiciones  tales  que  hacen  muy  difícil  su  detección, 
circunstancia que es aprovechada por organizaciones criminales para la fabricación de 
tabaco  de  contrabando  en  instalaciones  clandestinas.  Todo  lo  anterior  supone  una 
importante pérdida de efectividad del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de las 
figuras tributarias análogas que se aplican en Canarias, Ceuta y Melilla, no únicamente 
desde  el  punto  de  vista  de  la  recaudación,  sino  también  desde  el  de  su  finalidad 
extrafiscal,  desincentivadora  de  conductas  que,  como  el  tabaquismo,  comportan 
elevados costes sociales y se consideran, por lo tanto, altamente perjudiciales. Este 
mercado ilegal supone, además, un riesgo sanitario añadido para los consumidores y las 
consumidoras puesto que tanto la fabricación ilegal como el suministro a consumidores y 
consumidoras no cumplen con ninguno de los requisitos sanitarios y de comercialización 
que se imponen a los productos legales. Por último, el comercio ilegal de tabaco crudo 
genera un importante perjuicio para los operadores legítimos y las operadoras legítimas 
del sector del tabaco, para los que supone una sustancial reducción de sus ingresos, 
como consecuencia del incremento de la producción y distribución ilegal de productos 
del tabaco.
Por todo lo antes expuesto, se considera necesario adoptar medidas legislativas para 
reforzar las capacidades de los órganos del Estado para la prevención y represión de 
este tipo de conductas. Por un lado, en cuanto al tabaco crudo se fija un régimen de 
control aplicable a los operadores y las operadoras de dicho producto, estableciendo a  e.
cargo de los mismos un conjunto de obligaciones de índole registral, contable y de  w.b
rpinéofgori rmlmae anpc riesósanen, ncrtieoegn Luaeldayon.r d Poeo srpl aeosct ríoffai,c cosu elat apcdlaieclisafi bcdaleen   acllo osimn coóu rmggaépnnlioemsroi e dnpetro o chdoiebn itdlraoosl,   ayo  beelifgsetacactboiolsen cediesen  fldiajoa  dLuaensy    2021-1147n https://w
Omrágqáuninicaas  1d2e/s1t9in9a5d, adse a  1la2  fdaeb ridciaccieiómnb dree,  ladbeo Rreesp drees tióanb adceol  cCuoanntdroa bloasn dyo l,a ds eatedrqmuiirneandtaess 
o  poseedores  y  poseedoras  de  las  mismas  no  tengan  la  condición  de  operadores 
autorizados u operadoras autorizadas para la fabricación de labores de tabaco, incluidas 
las  que  realicen  primera  transformación,  o,  de  otro  modo,  no  sean  operadores 
económicos u operadoras económicas que adquieran o posean las máquinas en el 
ejercicio de una actividad económica legítima.
XVIII
Por razones de seguridad jurídica, se modifica la disposición adicional novena del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que 
establece una medida de suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones 
y derechos previstos en la normativa tributaria, limitando los efectos de esta medida a 
aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen 
antes del día 1 de julio de 2021.
XIX
Se modifica la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas  Cotizadas  de  Inversión  en  el  Mercado  Inmobiliario,  estableciendo  un 
gravamen especial sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas 
que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén en plazo 
legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la 
nueva tributación.
XX
Se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, con el fin de adecuar el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras a las Directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo, 
contenidas en la Comunicación C(2004)43 de la Comisión Europea.
XXI
Se introduce una nueva disposición adicional sobre la evaluación de la economía 
sumergida en el Estado español.
Artículo primero.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado 
y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad 
residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto 
que  dichos  elementos  patrimoniales  queden  afectados  a  un  establecimiento  e.e
permanente situado en territorio español de la mencionada entidad. En caso de  w.b
aefleemcEteannc ietóoln ss  puaap tureiumsnto on eidaselte aesbl leleomc piemrneitevoinsstt oop  aeptnrei mermlo anarintaíeclenustleo t, r 7a8ns esdfreeá r eidsdoteas   Laae pyu.lnic aEcsitóand o am  ideimchboros   2021-11473n https://ww
daecu lear dUon cióonn  EEusrpoapñeaa  oo  cdoenl  Elas pUancióion  EEcuornoópmeaic oso Eburero apseiost eqnuceia h mayuatu cae leenb rmadaote ruian 
de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista
en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la 
asistencia  mutua  en  materia  de  cobro  de  los  créditos  correspondientes  a 
determinados impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar 
por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración 
del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del 
cambio de residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el 
plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales 
restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, 
se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración correspondiente al último período impositivo.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento 
le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de 
demora y a la constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible la 
constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales 
de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de 
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo 
voluntario  de  pago  de  la  primera  fracción,  se  pondrá  en  conocimiento  del 
contribuyente  mediante  el  oportuno  requerimiento  para  que  aporte  garantías 
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación 
del  mismo.  Si  el  requerimiento  no  es  atendido  o,  siéndolo,  no  se  considera 
aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario de la misma, 
se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere el 
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no 
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a)  Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión 
a terceros.
b)  Cuando  los  elementos  patrimoniales  afectados  se  trasladen  con 
posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo 
de este apartado.
c)  Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a 
un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
d)  Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e)  Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el 
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b) 
de este apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los 
elementos  patrimoniales,  el  fraccionamiento  perderá  su  vigencia  únicamente  e
respecto de la parte proporcional de la deuda tributaria correspondiente a la  bo
diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de dichos elementos,  3w
caulgaunndoo  oe al lgcuonnotrsib duey elonste e lpermueebneto sq upea trdimicohnai atrleasn.smisión o traslado afecta solo a  2021-1147n https://w
de  Eesnt elo sa psuaprtuaedsot,o sla dse  cpaénrdtididaad edse  vpigaeran cliaas c ocnutaelmesp lahdao sp eernd liadso  lestura sv igae),n bc)i ay  ce)l 
fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de
que se produzca la pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en 
el referido plazo de un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto 
de las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento, a 
iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en los plazos a que se 
refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
El  importe  que  se  ingrese  será  aplicado  a  los  últimos  vencimientos  del 
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos 
plazos,  se  considerará  vencida,  en  su  caso,  el  resto  de  deuda  fraccionada, 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este 
apartado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda 
pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La 
falta de ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de 
apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los 
plazos a que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 
devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido, y el recargo 
del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo 
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
En el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos 
patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interior, haya sido objeto de una imposición de 
salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el 
Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo 
que no refleje el valor de mercado.
No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se 
integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor 
fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la 
financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de 
capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver 
a  territorio  español  para  afectarse  en  el  plazo  máximo  de  un  año  a  un 
establecimiento permanente situado en España.»
Dos.  Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 29, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«a)  Las  sociedades  de  inversión  de  capital  variable  reguladas  por  la  e
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre  bo
que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su  3w
artículo 9.4. 2021-1147n https://w
A  los  efectos  de  la  aplicación  del  tipo  de  gravamen  establecido  en  este 
apartado, para determinar el número mínimo de accionistas a que se refiere el 
párrafo anterior se seguirán las siguientes reglas:
1.°  Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de 
acciones por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con 
el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.
Además,  tratándose  de  sociedades  de  inversión  de  capital  variable  por 
compartimentos, a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de 
cada compartimento se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean 
titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros, determinado 
conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
2.°  El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en 
el número 1.° anterior deberá concurrir durante el número de días que represente 
al menos las tres cuartas partes del período impositivo.
Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades 
de inversión libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras 
instituciones de inversión colectiva, a que se refiere el apartado 5 del artículo 6 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones 
de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, ni 
a las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere 
el artículo 79 de dicho Reglamento.
El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para 
determinar  el  número  mínimo  de  accionistas  podrá  ser  comprobado  por  la 
Administración Tributaria, a cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener 
y conservar durante el período de prescripción los datos correspondientes a la 
inversión de los socios en la sociedad.»
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2.  Los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un 
soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a la 
deducción  prevista  en  este  apartado  por  los  gastos  realizados  en  territorio 
español.
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados 
en territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º  Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en 
España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite 
de 100.000 euros por persona.
2.°  Los  gastos  derivados  de  la  utilización  de  industrias  técnicas  y  otros 
proveedores.
El importe de deducción será:
a)  Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción y  oe.
del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. w.
epsropdaLuñaco cld iosenedeausnc ,cd ieaó ln a mnsiemen aoacspi,ó lindc aetar ál1e  sms gieilalmósntpo rsed  es qeeuráuenr o,l soa.sl   Nmgoea nsootbosss, t darene t2ae0l,i z0ea.n0d 0oe0sl   eseuunrpo ustee.srrtioto rdioe   2021-1147n https://w
cadaE lp irmodpuocrtcei ódne  reesatlaiz addead.ucción no podrá ser superior a 10 millones de euros, por  BOE-A-cable e
El  importe  de  esta  deducción,  conjuntamente  con  el  resto  de  ayudas 
percibidas por la empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del 
coste de producción.
b)  Del 30 por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se 
encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados 
en territorio español sean inferiores a 1 millón de euros.
El importe de esta deducción no podrá superar el importe que establece el 
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis.
La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se 
refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos del 
cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.
Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a')  que la producción obtenga el correspondiente certificado que acredite el 
carácter cultural en relación con su contenido o su vinculación con la realidad 
cultural española o europea, emitido por el Instituto de Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma 
con competencia en la materia. Este requisito no será exigible para la aplicación 
de la deducción recogida en la letra b) de este apartado.
b')  Que se incorpore en los títulos de crédito finales de la producción una 
referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal; la colaboración, en su 
caso,  del  Gobierno  de  España,  las  Comunidades  Autónomas,  las  Film 
Commissions o las Film Offices que hayan intervenido de forma directa en la 
realización del rodaje u otros procesos de producción desarrollados en España, 
así como, en su caso, los lugares específicos de rodaje en España y, para el caso 
de obras audiovisuales de animación, el lugar donde radique el estudio al que se 
le ha encargado el servicio de producción.
c')  Que los titulares de los derechos autoricen el uso del título de la obra y de 
material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de forma expresa lugares 
específicos del rodaje o de cualquier otro proceso de producción realizado en 
España,  para  la  realización  de  actividades  y  elaboración  de  materiales  de 
promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que 
puedan  llevar  a  cabo  las  entidades  estatales,  autonómicas  o  locales  con 
competencias en materia de cultura, turismo y economía, así como por las Film 
Commissions o Film Offices que hayan intervenido en la realización del rodaje o 
producción.
Reglamentariamente se podrán establecer otros requisitos y obligaciones para 
tener derecho a la práctica de esta deducción.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 100, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo  100.  Imputación  de  rentas  positivas  obtenidas  por  entidades  no 
residentes y establecimientos permanentes.
1.  Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a 
que se refieren los apartados 2 o 3 de este artículo cuando se cumplan las  e.
circunstancias siguientes: w.b
el sae)n tidQou dee pl oar rstííc suololo s1 8o  dceo nejusntata mLeeyn ttee ncgoann p eurnsao npaasr toic iepnatcidióand eigs uvainl cou lsaudpaesr eionr   2021-1147n https://w
vaol t5o0  dpeo ru cniae netnot iedna de ln coa preitsaild, elonste f oennd otesr rpitroorpioio se,s ploasñ roel,s uelnta dlao sfe oc hloas d deel rceicehrroes  ddeel 
ejercicio social de esta última.
b)  Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, 
imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el apartado 2 o 3 de este 
artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, 
sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de acuerdo con las 
normas de aquel.
Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a 
través de un establecimiento permanente si se da la circunstancia prevista en la 
letra b) de este apartado sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención 
prevista en el artículo 22 de esta Ley.
2.  Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no 
residente en territorio español o el establecimiento permanente, cuando estos no 
dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales 
para su obtención incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de 
aplicar  los  criterios  y  principios  establecidos  en  esta  Ley  y  en  las  restantes 
disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes  en  una  entidad  no  residente  en  territorio  español  perteneciente  al 
mismo  grupo,  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas,  o  bien  que  su  constitución  y  operativa  responda  a  motivos 
económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3.  En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a)  Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad económica, o 
cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b)  Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros  de  capitales  propios,  que  tengan  tal  consideración  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. No se entenderá incluida en esta letra la renta 
positiva que proceda de los siguientes activos financieros:
1.º  Los  tenidos  para  dar  cumplimiento  a  obligaciones  legales  y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º  Los  que  incorporen  derechos  de  crédito  nacidos  de  relaciones 
contractuales  establecidas  como  consecuencia  del  desarrollo  de  actividades 
económicas. s
3.º  Los  tenidos  como  consecuencia  del  ejercicio  de  actividades  de  oe.
intermediación en mercados oficiales de valores. 3ww.
del e4j.eº rciLcoios  dtee nsiudso sa cptoivri deandtiedsa,d seisn  dpee rcjuriécdioit od ey  laos eesgtuarbaledcoirdaos  ecno mlao le ctroan si)e.cuencia  2021-1147n https://w
enteLnad erreán tqau ep opsrioticvead ed edreiv alad are adleiz alac iócne sdióen a cat ivteidracedreoss  cdreed ictiacpiaitsa lye sfi nparnocpieiorsa ss ae   BOE-A-cable e
que se refiere la letra i) cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de  sociedades  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por ciento, 
del ejercicio de actividades económicas.
c)  Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la 
propia entidad.
d)  Propiedad  industrial  e  intelectual,  asistencia  técnica,  bienes  muebles, 
derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, 
que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 25 de la Ley 35/2006.
e)  Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) 
anteriores que genere rentas.
f)  Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un 
riesgo  específicamente  identificado  derivado  de  la  realización  de  actividades 
económicas.
g)  Actividades  de  seguros,  crediticias,  operaciones  de  arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h)  Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley, en las que la entidad no 
residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.
i)  Actividades  crediticias,  financieras,  aseguradoras  y  de  prestación  de 
servicios  realizadas,  directa  o  indirectamente,  con  personas  o  entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta 
Ley, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o 
entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos 
tercios  de  los  ingresos  derivados  de  las  actividades  crediticias,  financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente 
procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en 
el sentido del artículo 18 de esta Ley.
4.  No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo 
cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total 
obtenida por la entidad no residente o el establecimiento permanente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra 
i) del apartado 3 sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
5.  No se imputarán las rentas a que hace referencia el apartado 3 de este 
artículo,  cuando  se  correspondan  con  gastos  fiscalmente  no  deducibles  de 
entidades residentes en territorio español.
6.  Estarán obligadas a la imputación prevista en este artículo las entidades 
residentes en territorio español comprendidas en la letra a) del apartado 1 que 
participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través 
de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta 
positiva será el correspondiente a la participación indirecta.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en  e.
el capital, los fondos propios o los derechos de voto. w.b
seonc iq7au.l  eq uLlaea ,  eiamn etpisdutatoadsc  ienófone  csrteeos sir,de neaonli tzpeao redánr áe  tnee nrertlie topnredioreí oresdseop  daimeñ opdlou srhaiatciyvióaon  qc suouenp cceluoriimodrop  arse 1un2 de amje eercsl iedcsíiao.   2021-1147n https://w
períTordaot áimndpoosseit ivdoe  eens tealb qleuceim seie notbotse npgearnm laanse rnetnetsa,s l.a imputación se realizará en el
8.  El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con 
los principios y criterios establecidos en esta Ley y en las restantes disposiciones 
relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio 
social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad 
no residente o a la obtenida a través del establecimiento permanente.
9.  No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido incluida 
en  la  base  imponible.  A  estos  efectos,  el  importe  de  los  dividendos  o 
participaciones en beneficios se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos 
de  gestión  referidos  a  dichas  participaciones,  salvo  que  concurran  las 
circunstancias establecidas en el apartado 11 del artículo 21 de esta Ley. El mismo 
tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en 
el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a 
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
10.  Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:
a)  Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este 
Impuesto,  efectivamente  satisfechos,  en  la  parte  que  corresponda  a  la  renta 
positiva imputada en la base imponible.
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto 
por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que sobre éstas 
tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo 32.3 de esta 
Ley.
b)  El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por 
razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios, sea 
conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la 
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda 
a la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible.
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de 
otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o gravamen de 
naturaleza  idéntica  o  análoga  a  este  Impuesto  efectivamente  satisfecho  por 
aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con 
anterioridad en la base imponible.
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a 
períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.
La suma de las deducciones de las letras a) y b) de este apartado no podrá 
exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta positiva 
incluida en la base imponible.
11.  Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, 
directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los 
beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que  e
hubiesen  sido  imputadas  a  los  socios  como  rentas  de  sus  acciones  o  bo
participaciones  en  el  período  de  tiempo  comprendido  entre  su  adquisición  y  3w
tersatnes mpáisriróanfo.  As ee srteodsu ecfierác toesn,  uenl  im5 ppoortre  cdieen ltoos  ebne nceofinccioesp tsoo cdiea legsa sat oqsu ed ese g reesfiteiórne   2021-1147n https://w
refeEridno esl  ac adsicoh daes  epnatritdicaidpeasc ioqnuees t.engan la consideración de entidad patrimonial en
los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley, el valor de
transmisión  a  computar  será  como  mínimo,  el  valor  del  patrimonio  neto  que 
corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una 
vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos 
del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor de mercado si éste fuere inferior.
12.  Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente 
artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los 
siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a)  Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b)  Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c)  El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
d)  Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base 
imponible.
e)  Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que 
deba ser objeto de imputación en la base imponible.
En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar 
conjuntamente con la declaración por este Impuesto los datos a los que se refieren 
las letras d) y e) anteriores, así como registros contables de las operaciones que 
realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos.
13.  Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se 
sitúe  en  un  país  o  territorio  calificado  como  jurisdicción  no  cooperativa,  se 
presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.
b)  Las rentas de la entidad participada o del establecimiento permanente 
reúnen las características del apartado 3 de este artículo.
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en 
contrario.
14.  A  los  efectos  del  presente  artículo  se  entenderá  que  el  grupo  de 
sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las 
entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
15.  Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no 
residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado 
miembro  de  la  Unión  Europea  o  que  forme  parte  del  Acuerdo  del  Espacio 
Económico Europeo, siempre que el contribuyente acredite que realiza actividades 
económicas o se trate de una institución de inversión colectiva regulada en la 
Directiva  2009/65/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 54 de esta Ley, constituida y 
domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco.  Se modifica el apartado 1 del artículo 119, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1.  La Agencia Estatal de Administración Tributaria dictará, previa audiencia  es
de los interesados, acuerdo de baja provisional en el Índice de Entidades en los  o
siguientes casos: 3w
entidaa) d Creusapnedcoto s dee p droécbeitdoas  atr iblau tdaericolas rapcairóan  cdoen  flaal liHdoa cpieonrd ian sPoúlvbelniccaia d teol taEls dtaed ola,   2021-1147n https://w
adper ocboandfoor mpoidr aedl  Rceoanl  Dloe cdreistop u9e3s9to/2 0e0n5 , edl eR 2e9g dlaem juelnioto.  General de Recaudación  BOE-A-cable e
b)  Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración por este impuesto 
correspondiente a 3 períodos impositivos consecutivos.»
Seis.  Se añade una nueva disposición transitoria cuadragésima primera, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición  transitoria  cuadragésima  primera.  Disolución  y  liquidación  de 
determinadas sociedades de inversión de capital variable.
1.  Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen 
fiscal  previsto  en  esta  disposición  transitoria,  las  sociedades  de  inversión  de 
capital variable a las que haya resultado aplicable lo previsto en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre 
de 2021, que durante el año 2022 adopten válidamente el acuerdo de disolución 
con liquidación, y realicen con posterioridad al acuerdo, dentro de los seis meses 
posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos necesarios según la 
normativa mercantil hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.
2.  La disolución con liquidación de las sociedades de inversión de capital 
variable que se realice conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior tendrá 
el siguiente régimen fiscal:
a)  Exención  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados, concepto "operaciones societarias", hecho imponible, 
"disolución de sociedades", del artículo 19.1.1.° del texto refundido de la Ley del 
Impuesto, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
b)  Durante  los  períodos  impositivos  que  concluyan  hasta  la  cancelación 
registral continuará siendo de aplicación a la sociedad en liquidación lo previsto en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 
de diciembre de 2021.
c)  A  efectos  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  del 
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los 
socios de la sociedad en liquidación no integrarán en la base imponible las rentas 
derivadas de la liquidación de la entidad, siempre que el total de dinero o bienes 
que les corresponda como cuota de liquidación se reinvierta, en la forma y con las 
condiciones previstas en los párrafos siguientes, en la adquisición o suscripción de 
acciones o participaciones en alguna de las instituciones de inversión colectiva 
previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley, en cuyo 
caso las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas conservarán el 
valor  y  la  fecha  de  adquisición  de  las  acciones  de  la  sociedad  objeto  de 
liquidación.
El  socio  deberá  comunicar  a  la  sociedad  en  liquidación  su  decisión  de 
acogerse a lo previsto en el párrafo anterior de esta letra c), en cuyo caso la 
entidad en liquidación se abstendrá de efectuar cualquier pago de dinero o entrega 
de bienes al socio que le corresponda como cuota de liquidación. Asimismo, el 
socio deberá aportar a la sociedad la documentación acreditativa de la fecha y 
valor de adquisición de las acciones, en el caso de que la sociedad no dispusiera 
de dicha información.
La reinversión deberá tener por objeto la totalidad del dinero o bienes que 
integren la cuota de liquidación del socio, sin que sea posible reinversión parcial,  s
pudiendo realizarse en una o varias instituciones de inversión colectiva. oe.
El socio comunicará a la institución de inversión colectiva en la que vaya a  w.
sceoafecnciteitdudaaadrd  l daee nr e dliiinqnvueeirdroas icoói ónlon ss uy b sai ep nsrouep se ioinnstti eddgaardtao ngste eisdste odnreati  filyca a ectniuvtooidtsaa,  dld oeds e lcpiqooursridietaasrcpiiaoó,nn da aise ín rceteoinsmv eaor  tllaair    2021-1147n https://w
en  la  institución  de  destino.  A  estos  efectos,  el  socio  cumplimentará  la
correspondiente orden de suscripción o adquisición, autorizando a dicha institución 
a tramitar dicha orden ante la sociedad en liquidación.
Recibida  la  orden  por  la  sociedad  en  liquidación,  la  reinversión  deberá 
efectuarse mediante la transferencia ordenada por esta última a su depositario, 
por cuenta y orden del socio, del dinero o de los bienes objeto de la reinversión, 
desde las cuentas de la sociedad en liquidación a las cuentas de la institución de 
inversión colectiva en la que se efectúe la reinversión. Dicha transferencia se 
acompañará de la información relativa a los valores y fechas de adquisición de las 
acciones de la sociedad en liquidación a las que corresponda la reinversión.
Para que resulte de aplicación el tratamiento previsto en el primer párrafo de 
esta letra c), la reinversión habrá de efectuarse antes de haber transcurrido siete 
meses contados desde la finalización del plazo establecido en el apartado 1 
anterior para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación.
d)  Las adquisiciones de valores a los que se refiere la Ley 5/2020, de 15 de 
octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que tuvieran lugar 
como consecuencia de lo previsto en los apartados 1 y 2 de esta disposición 
transitoria, siempre que se realice la reinversión conforme a lo establecido en la 
letra c) de este apartado, estarán exentas del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras.
El derecho a la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior se acreditará 
mediante la orden de suscripción o adquisición a que se refiere el párrafo cuarto 
de la letra c) de este apartado y, de forma provisional hasta la aportación de dicha 
orden, mediante los acuerdos de disolución de la sociedad y de división entre los 
socios del activo resultante, así como mediante la comunicación del socio a que se 
refiere el segundo párrafo de la citada letra c).
3.  No existirá obligación de practicar pagos a cuenta del correspondiente 
impuesto personal del socio sobre las rentas derivadas de las liquidaciones de las 
sociedades de inversión de capital variable a que se refiere esta disposición 
transitoria, cuando los socios se acojan a la aplicación del régimen de reinversión 
regulado en la letra c) del apartado 2 anterior.
4.  Lo previsto en esta disposición transitoria no será de aplicación en los 
supuestos de disolución con liquidación de las sociedades de inversión libre a que 
se refiere el artículo 33 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones 
de Inversión Colectiva, ni de las sociedades de inversión de capital variable índice 
cotizadas a que se refiere el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado 
por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.»
Siete.  Se añade una disposición transitoria cuadragésima segunda con la siguiente 
redacción:
«Disposición  transitoria  cuadragésima  segunda.  Requisitos  para  aplicar  la 
deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos 
y obras audiovisuales.
Los requisitos establecidos en las letras b') y c') del apartado 2 del artículo 36 
de  esta  Ley  no  serán  exigibles  en  el  caso  de  producciones  extranjeras  de 
largometrajes  cinematográficos  y  obras  audiovisuales  respecto  de  las  que  el  s
contrato por el que se encarga la ejecución de la producción hubiera sido firmado  oe.
con  anterioridad  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  medidas  de  w.
2pco0ren1vt6rea/n1 1c6ilóa4ns  d ye pll urCácochtnaics aecsjoo n, tdrdaee   e1l2e f lrudaseui ódjunel  iofif sidsceca al2,l  0d1eq6 u,t erpa onrsin plcaoi dsqeicunieó  nsd edi reee sclttaaa bmDleeircneetcent i vnaeo nr(m UaEes)l    2021-1147n https://w
funcionamiento  del  mercado  interior,  de  modificación  de  diversas  normas
tributarias y en materia de regulación del juego.» Bc
Artículo segundo.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo:
Uno.  Se modifica el apartado 4 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«4.  Responderán  solidariamente  del  ingreso  de  las  deudas  tributarias 
correspondientes a los contribuyentes a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 
de esta Ley, que operen por mediación de un establecimiento permanente o en los 
supuestos  del  artículo  38,  quienes  hayan  sido  designados  como  sus 
representantes.»
Dos.  Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10.  Representantes.
1.  Los contribuyentes por este Impuesto que no sean residentes en otro 
Estado miembro de la Unión Europea estarán obligados a nombrar, antes del fin 
del plazo de declaración de la renta obtenida en España, una persona física o 
jurídica con residencia en España, para que les represente ante la Administración 
Tributaria en relación con sus obligaciones por este Impuesto, cuando operen por 
mediación de un establecimiento permanente, en los supuestos a que se refieren 
los artículos 24.2 y 38 de esta Ley, o cuando, debido a la cuantía y características 
de la renta obtenida o a la posesión de un bien inmueble en territorio español, así 
lo requiera la Administración Tributaria.
En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que 
no sean Estado miembro de la Unión Europea, lo anterior no será de aplicación 
cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de 
información  tributaria  y  de  recaudación  en  los  términos  previstos  en  la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Esta obligación será, asimismo, exigible a las personas o entidades residentes 
en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información 
tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional 
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención 
del fraude fiscal, que sean titulares de bienes situados o de derechos que se 
cumplan o ejerciten en territorio español, excluidos los valores negociados en 
mercados secundarios oficiales.
El  contribuyente,  o  su  representante,  estarán  obligados  a  poner  en 
conocimiento  de  la  Administración  Tributaria  el  nombramiento,  debidamente 
acreditado, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de éste.
La  designación  se  comunicará  a  la  Delegación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria en la que hayan de presentar la declaración por este 
Impuesto.  A  la  comunicación  acompañará  la  expresa  aceptación  del 
representante.
2.  Cuando  se  trate  de  personas  residentes  o  entidades  en  régimen  de  e.e
atribución de rentas constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea,  b
easusctt aurebaplreárecnsi daeannstt eae cnliaó  lnaA  dLdmeey ian 5cis8ut/re2ar0cd0ioó3 nc,  odTneri  bl1au7st a dnreoia rd mpicoaires  mmdbeer derieo, p Gdreeesn leaensrat apl ceTirrósibnou nletaagsrai aql .uye v ooslutenntaterina   2021-11473n https://ww
no sEena ne l Ecasstaod doe  mEisetmadboros  qduee  lfao rUmneinó np aErtuer odpeel aE, slpoa caion teErcioorn ósmericáo  dEeu raoppleicoa cqiuóen 
cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materias de intercambio de
información tributaria y recaudación en los términos previstos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
3.  En  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  nombramiento  que 
establece  el  apartado  1,  la  Administración  Tributaria  podrá  considerar 
representante del establecimiento permanente o del contribuyente a que se refiere 
el artículo 5.c) de esta Ley a quien figure como tal en el Registro Mercantil. Si no 
hubiese representante nombrado o inscrito, o fuera persona distinta de quien esté 
facultado para contratar en nombre de aquéllos, la Administración Tributaria podrá 
considerar como tal a este último.
En  el  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  nombramiento  de 
representante  exigible  a  las  personas  o  entidades  residentes  en  países  o 
territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la 
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
la  Administración  Tributaria  podrá  considerar  que  su  representante  es  el 
depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes.
4.  El incumplimiento de la obligación a que se refiere el apartado 1 se 
considerará infracción tributaria grave, y la sanción consistirá en multa pecuniaria 
fija de 2.000 euros.
Cuando se trate de contribuyentes residentes en países o territorios con los 
que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, dicha multa 
ascenderá a 6.000 euros.
La sanción impuesta, de acuerdo con lo previsto en este apartado, se reducirá 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  188.3  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria.»
Tres.  Se modifica el apartado 5 y se añaden los apartados 6, 7 y 8 en el artículo 18, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«5.  Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado 
y el valor fiscal de los siguientes elementos patrimoniales:
a)  Los  que  estén  afectos  a  un  establecimiento  permanente  situado  en 
territorio español que cesa su actividad.
b)  Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente 
situado en territorio español, son transferidos al extranjero.
c)  Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en el 
territorio español que traslada su actividad al extranjero.
6.  En los casos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, en el 
supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo 
con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro 
de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la 
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia 
mutua  en  materia  de  cobro  de  los  créditos  correspondientes  a  determinados 
impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar 
el pago de la deuda tributaria resultante de lo dispuesto en el apartado anterior por  e.
quintas partes anuales iguales. w.
dtrealn Esimfle eprejuenerccsiitaco i odc edo erra elcast ipvooopnscd ióipenrne tsveei s tarael  apelienzar írloaád  oele xtcirmalu psboiv)s aitdmiveeol n ateepn a erneta l ldaqo u pearo nptteeianr igodare,  clolua greaancr  ióllana    2021-1147n https://w
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apartado anterior, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo 
voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales 
restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, 
se producirá de forma sucesiva, transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración correspondiente al período impositivo previsto en el 
apartado anterior.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento 
le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de 
demora y a la constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible la 
constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales 
de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de 
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo 
voluntario  de  pago  de  la  primera  fracción,  se  pondrá  en  conocimiento  del 
contribuyente  mediante  el  oportuno  requerimiento  para  que  aporte  garantías 
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación 
del  mismo.  Si  el  requerimiento  no  es  atendido  o,  siéndolo,  no  se  considera 
aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario de la misma, 
se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que se refiere el 
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no 
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a)  Cuando  los  elementos  patrimoniales  afectados,  sean  objeto  de 
transmisión a terceros.
b)  Cuando  los  elementos  patrimoniales  afectados  se  trasladen  con 
posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo primero de 
este apartado.
c)  Cuando  la  actividad  realizada  por  el  establecimiento  permanente  se 
traslade con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el 
párrafo primero de este apartado.
d)  Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e)  Cuando  el  contribuyente  no  efectúe  el  ingreso  previsto  en  el 
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado de elementos a los que se refieren las 
letras a) y b) de este apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado 
parcial de los elementos patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia 
únicamente  respecto  de  la  parte  proporcional  de  la  deuda  tributaria 
correspondiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal 
de dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o 
traslado afecta solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c)  e
de  este  apartado,  las  cantidades  para  las  cuales  ha  perdido  su  vigencia  el  bo
fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de  3w
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idneic ilaars  ecla nptriodcaeddeism ipeanrtao  ldaes  cauparelemsi oh, ac opne rdsiud oe xsiug evnigceian ceian  elol sf rapclaczioonsa am ieqnuteo ,s ae 
refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El  importe  que  se  ingrese  será  aplicado  a  los  últimos  vencimientos  del 
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos 
plazos,  se  considerará  vencida,  en  su  caso,  el  resto  de  deuda  fraccionada, 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este 
apartado determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda 
pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La 
falta de ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere la letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de 
apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los 
plazos a que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 
devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido, y el recargo 
del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo 
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
7.  En el caso de transferencia a España de elementos patrimoniales o del 
traslado de actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, haya sido objeto de 
una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor 
determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor 
fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.
8.  No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo, y 
por tanto, no se integrará en la base imponible, la diferencia entre el valor de 
mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén 
relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos 
prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea 
que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un 
año.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2.  Se entenderá concluido el período impositivo cuando el establecimiento 
permanente cese en su actividad o, de otro modo, se realice la desafectación de la 
inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como 
en  los  supuestos  en  que  traslade  su  actividad  al  extranjero,  se  produzca  la 
transmisión  del  establecimiento  permanente  a  otra  persona  física  o  entidad, 
aquéllos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su 
titular.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto  bo
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los  3w
ISmep iunetrsotdous cseonb rlaes S soicgiueideandteess ,m soodbirfeic alac iRoennetsa  edne  lnao L Reye s3id5e/2n0te0s6 ,y d seo b2r8e  deel  Pnaotvriiemmobnrioe.,  2021-1147n https://w
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio:
Uno.  Se modifica la letra h) del apartado 2 del artículo 14, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«h)  Se imputará como rendimiento de capital mobiliario a que se refiere el 
artículo 25.3 de esta Ley, de cada período impositivo, la diferencia entre el valor 
liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período 
impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma 
el riesgo de la inversión. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de 
la percepción de cantidades en estos contratos.
No resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en 
aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
A)  No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a 
la póliza.
B)  Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:
a)  Acciones  o  participaciones  de  instituciones  de  inversión  colectiva, 
predeterminadas  en  los  contratos,  siempre  que  se  trate  de  instituciones  de 
inversión  colectiva  adaptadas  a  la  Ley  35/2003,  de  4  de  noviembre,  de 
instituciones de inversión colectiva, o amparadas por la Directiva 2009/65/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.
b)  Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la 
entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos 
conjuntos de activos separados deberá corresponder, en todo momento, a la 
entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir 
los  activos  con  sujeción,  únicamente,  a  criterios  generales  predeterminados 
relativos  al  perfil  de  riesgo  del  conjunto  de  activos  o  a  otras  circunstancias 
objetivas.
La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse 
en  activos  que  cumplan  las  normas  establecidas  en  el  artículo  89  del  Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse 
de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.
No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de 
activos  que  traten  de  desarrollar  una  política  de  inversión  caracterizada  por 
reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de algunos 
de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea.
El  tomador  únicamente  tendrá  la  facultad  de  elegir,  entre  los  distintos 
conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la entidad aseguradora la 
provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la 
determinación  de  los  activos  concretos  en  los  que,  dentro  de  cada  conjunto 
separado, se invierten tales provisiones.
En estos contratos, el tomador o el asegurado podrán elegir, de acuerdo con 
las especificaciones de la póliza, entre las distintas instituciones de inversión 
colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los  e.e
contratos,  sin  que  puedan  producirse  especificaciones  singulares  para  cada  b
ltao mviaLgdaeosn rcc iooa n addseiecl gicouonrnaetdsra oat.o q.»ue se refiere esta letra h) deberán cumplirse durante toda  2021-11473n https://ww
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2.  En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a 
vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará 
aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el 
contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un 
procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección 
que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.
En ningún caso resultará de aplicación la reducción respecto de la parte de los 
rendimientos  netos  positivos  derivada  de  ingresos  no  incluidos  o  de  gastos 
indebidamente  deducidos  en  la  autoliquidación  del  contribuyente  y  que  se 
regularicen en alguno de los procedimientos citados en el párrafo anterior, incluso 
cuando  esas  circunstancias  hayan  sido  declaradas  o  aceptadas  por  el 
contribuyente durante la tramitación del procedimiento.»
Tres.  Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 36.  Transmisiones a título lucrativo.
Cuando  la  adquisición  o  la  transmisión  hubiera  sido  a  título  lucrativo  se 
aplicarán las reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores 
respectivos aquéllos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado.
No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de 
contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los 
mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde la celebración 
del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes 
adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de 
adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo 
anterior.
En las adquisiciones lucrativas, a que se refiere la letra c) del apartado 3 del 
artículo 33 de esta Ley, el donatario se subrogará en la posición del donante 
respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos bienes.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 91, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo  91.  Imputación  de  rentas  en  el  régimen  de  transparencia  fiscal 
internacional.
1.  Los  contribuyentes  imputarán  las  rentas  positivas  obtenidas  por  una 
entidad no residente en territorio español a que se refieren los apartados 2 o 3 de 
este artículo cuando se cumplan las circunstancias siguientes:
a)  Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas en el sentido 
del  artículo  18  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades  o  con  otros 
contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea 
directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, 
tengan una participación igual o superior al 50 por ciento en el capital, los fondos  s
propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en  o
territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última. 3ww.
aimrtpícubut)al ob lQep ouare   arelagl ziumónnpa o ddretee   lgsarasat ivcsalfaemsceehsno   dpdeoe r r enlana tteaunsrt aipdleraezdva i nsitoda ésren estinicd aee nl otae pa eannrát altoedgrora it2 o aroilo  3I me dspepu aeeñssotteol,    2021-1147n https://w
sobre Sociedades, sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de
acuerdo con las normas de aquel.
2.  Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no 
residente en territorio español, cuando esta no disponga de la correspondiente 
organización de medios materiales y personales para su obtención, incluso si las 
operaciones tienen carácter recurrente.
Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de 
aplicar  los  criterios  y  principios  establecidos  en  la  Ley  del  Impuesto  sobre 
Sociedades  y  en  las  restantes  disposiciones  relativas  al  Impuesto  sobre 
Sociedades para la determinación de aquella.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes  en  una  entidad  no  residente  en  territorio  español  perteneciente  al 
mismo  grupo,  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas,  o  bien  que  su  constitución  y  operativa  responde  a  motivos 
económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3.  En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a)  Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a una actividad económica, o 
cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b)  Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros  de  capitales  propios,  que  tengan  tal  consideración  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley.
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los 
siguientes activos financieros:
1.º  Los  tenidos  para  dar  cumplimiento  a  obligaciones  legales  y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º  Los  que  incorporen  derechos  de  crédito  nacidos  de  relaciones 
contractuales  establecidas  como  consecuencia  del  desarrollo  de  actividades 
económicas.
3.º  Los  tenidos  como  consecuencia  del  ejercicio  de  actividades  de 
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º  Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se 
entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras a 
que se refiere la letra i) cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de  sociedades  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por ciento,  s
del ejercicio de actividades económicas. oe.
c)  Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la  3ww.
dperorepdcia)h  oePsn tridodepa ideim.daadg enin dyu astrrrieanl dea minietenlteoc tou aslu, baasrrisetnednacmiai etnétcon dicea ,n ebgieonceioss  mo umeibnlaess,,   2021-1147n https://w
que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 25 de esta Ley.
No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de derechos de 
imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de esta Ley.
e)  Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) 
anteriores que genere rentas.
f)  Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un 
riesgo  específicamente  identificado  derivado  de  la  realización  de  actividades 
económicas.
g)  Actividades  de  seguros,  crediticias,  operaciones  de  arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h)  Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico 
escaso o nulo.
i)  Actividades  crediticias,  financieras,  aseguradoras  y  de  prestación  de 
servicios  realizadas,  directa  o  indirectamente,  con  personas  o  entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 18 de la Ley 
del  Impuesto  sobre  Sociedades,  en  cuanto  determinen  gastos  fiscalmente 
deducibles en dichas personas o entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva prevista en esta letra cuando al menos dos 
tercios  de  los  ingresos  derivados  de  las  actividades  crediticias,  financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente 
procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en 
el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4.  No se imputarán las rentas previstas en el apartado 3 de este artículo 
cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento de la renta total 
obtenida por la entidad no residente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere la letra 
i) del apartado 3 sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
No  se  imputará  en  la  base  imponible  del  contribuyente  el  impuesto  o 
impuestos  de  naturaleza  idéntica  o  similar  al  Impuesto  sobre  Sociedades 
efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de renta a 
incluir.
5.  Estarán  obligados  a  la  imputación  prevista  en  este  artículo  los 
contribuyentes  comprendidos  en  la  letra  a)  del  apartado  1,  que  participen 
directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u 
otras entidades no residentes. En este último caso, el importe de la renta positiva 
será el correspondiente a la participación indirecta.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en 
el capital, los fondos propios o los derechos de voto.
Las rentas positivas a que se refieren los apartados 2 y 3 se imputarán en la 
base imponible general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de esta Ley.
6.  La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio 
social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a 12 meses.
7.  El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con  e.
los principios y criterios establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y  w.b
deent elAarm se insreatoscstiaó nentf eedsce t oldasi s bpsaeos seui citmiioliznpaeorsná i breelell a.ttiipvoa sd ea l cIammpbuieos tvoig esonbter ea lS coiceirerdea ddeels  epjearrcai cliao   2021-1147n https://w
sociEaln d nei nlag úenn tcidaasdo  nsoe  rimespiduetanrtáe  uenna t ecrarnitotidriaod e ssuppaeñroiol.r a la renta total de la entidad
no residente.
8.  No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido imputada. 
El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en 
el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a 
dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
9.  Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente 
satisfecho  en  el  extranjero  por  razón  de  la  distribución  de  los  dividendos  o 
participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble 
imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se 
trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en 
la base imponible.
Esta  deducción  se  practicará  aun  cuando  los  impuestos  correspondan  a 
períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.
Esta  deducción  no  podrá  exceder  de  la  cuota  íntegra  que  en  España 
corresponda pagar por la renta positiva incluida en la base imponible.
10.  Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, 
directa o indirecta, se emplearán las reglas contenidas en la letra a) del apartado 2 
de la disposición transitoria décima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 
relación a la renta positiva imputada en la base imponible. Los beneficios sociales 
a que se refiere el citado precepto serán los correspondientes a la renta positiva 
imputada.
11.  Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente 
artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los 
siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a)  Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b)  Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c)  El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
d)  Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base 
imponible.
e)  Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que 
deba ser objeto de imputación.
12.  Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado 
como jurisdicción no cooperativa, se presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.
b)  Las  rentas  de  la  entidad  participada  reúnen  las  características  del 
apartado 3 de este artículo.
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en 
contrario.
13.  A  los  efectos  del  presente  artículo  se  entenderá  que  el  grupo  de  e.
sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las  w.
erenstiidd1ea4nd. teesL  emon u ptlrteeigrvrriiutsoptrooio  ey e nas seposactñeiao dla asrtseíc aeu nlroe l sonisdo et ésnretmerá ine odnse o  dtarepo l liaEc aslectagiódisnol a cmcuióiaennm dmbore olra cd aeenn tltiali.d aUdn inóon   2021-1147n https://w
Equuero eple cao not rqibuuey feonrmtee a pcraerdteit ed eqlu Aec rueearldizoa  daeclt iEvisdpaadceios  Eeccoonnóómmiiccaos E ou sroep teraot,e s dieem upnrae   BOE-A-cable e
institución  de  inversión  colectiva  regulada  en  la  Directiva  2009/65/CE  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  julio  de  2009,  por  la  que  se 
coordinan  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  sobre 
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas 
de las previstas en el artículo 95 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún 
Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco.  Se modifican la letra a) del apartado 1 y la letra a) del apartado 2 del 
artículo 94, que quedan redactadas, respectivamente, de la siguiente forma:
«''a)  Las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas como consecuencia 
de la transmisión de las acciones o participaciones o del reembolso de estas 
últimas. Cuando existan valores homogéneos, se considerará que los transmitidos 
o reembolsados por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.
Cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión 
de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva se destine, de 
acuerdo  con  el  procedimiento  que  reglamentariamente  se  establezca,  a  la 
adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de 
inversión colectiva, no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las 
nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de 
adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, en los 
siguientes casos:
1.º  En  los  reembolsos  de  participaciones  en  instituciones  de  inversión 
colectiva que tengan la consideración de fondos de inversión.
2.º  En las transmisiones de acciones de instituciones de inversión colectiva 
con forma societaria, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
Que  el  número  de  socios  de  la  institución  de  inversión  colectiva  cuyas 
acciones se transmitan sea superior a 500.
Que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los 12 
meses anteriores a la fecha de la transmisión, en más del 5 por ciento del capital 
de la institución de inversión colectiva.
El régimen de diferimiento previsto en el segundo párrafo de esta letra a) no 
resultará de aplicación cuando, por cualquier medio, se ponga a disposición del 
contribuyente el importe derivado del reembolso o transmisión de las acciones o 
participaciones  de  instituciones  de  inversión  colectiva.  Tampoco  resultará  de 
aplicación el citado régimen de diferimiento cuando la transmisión o reembolso o, 
en  su  caso,  la  suscripción  o  adquisición  tenga  por  objeto  participaciones 
representativas del patrimonio de instituciones de inversión colectiva a que se 
refiere este artículo que tengan la consideración de fondos de inversión cotizados 
o  acciones  de  las  sociedades  del  mismo  tipo  conforme  a  lo  previsto  en  el 
artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, 
de 13 de julio.''
''a)  El régimen previsto en el apartado 1 de este artículo será de aplicación a 
los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas por la 
Directiva  2009/65/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  julio  es
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y  o
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores  3w
rdmceooogmmbiseiitclirraiocliria iaeodlssiazp,as ed ccieisóiantnil n  dpataeolgs rúl  aedn ne Ct Eioldasmastad ispdeiróose n rv meiNssitaeiadcmseio nbentrneoa s le  ddel eena l  rElMtaísc epuUralconña iaód9.no5   ddEeeu  rVeoaspltoeara eL see,y  a,i n cesofcenrcsitttaoitssu  iddeaens  s euyl    OE-A-2021-1147able en https://w
Para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1.a) se 
exigirán los siguientes requisitos:
1.º  La  adquisición,  suscripción,  transmisión  y  reembolso  de  acciones  y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva se realizará a través de 
entidades comercializadoras inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.
2.º  En el caso de que la institución de inversión colectiva se estructure en 
compartimentos o subfondos, el número de socios y el porcentaje máximo de 
participación previstos en el apartado 1.a). 2.º anterior se entenderá referido a 
cada compartimento o subfondo comercializado.
3.º  Que  el  reembolso  o  transmisión  o,  en  su  caso,  la  suscripción  o 
adquisición, no tenga por objeto participaciones o acciones en instituciones de 
inversión colectiva análogas a los fondos de inversión cotizados o sociedades del 
mismo  tipo  previstos  en  el  artículo  79  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la 
Ley 35/2003, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema multilateral de 
negociación  en  el  que  coticen  y  la  composición  del  índice  que  reproduzcan, 
repliquen o tomen como referencia.''»
Seis.  Se añaden los apartados 6 y 7 a la disposición adicional decimotercera, que 
quedan redactados de la siguiente forma:
«6.  Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes  en  territorio  español  de  personas  o  entidades  residentes  en  el 
extranjero,  que  proporcionen  servicios  para  salvaguardar  claves  criptográficas 
privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra 
actividad, vendrán obligadas a suministrar a la Administración Tributaria, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, información sobre la totalidad 
de  las  monedas  virtuales  que  mantengan  custodiadas.  Este  suministro 
comprenderá información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su 
caso,  en  dinero  de  curso  legal,  así  como  la  identificación  de  los  titulares, 
autorizados o beneficiarios de dichos saldos.
7.  Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes  en  territorio  español  de  personas  o  entidades  residentes  en  el 
extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero 
de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier 
forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, 
almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, a comunicar a la Administración Tributaria las 
operaciones  de  adquisición,  transmisión,  permuta  y  transferencia,  relativas  a 
monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en 
las  que  intervengan  o  medien,  presentando  relación  nominal  de  sujetos 
intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase 
y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.
La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en 
España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o 
entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas  s
monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras  oe.
monedas virtuales o de dinero de curso legal.» 3ww.
2021-1147n https://w
Siete.  Se añade una disposición transitoria trigésima sexta, que queda redactada 
de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima sexta.  Aplicación del régimen de diferimiento a 
determinadas participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva 
adquiridas con anterioridad a 1 de enero de 2022.
El requisito establecido en el número 3.º de la letra a) del apartado 2 del 
artículo 94 de esta Ley no será de aplicación a las participaciones o acciones en 
instituciones de inversión colectiva a que se refiere dicho número 3.º adquiridas 
por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa 
de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se 
destine a la adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión 
colectiva previstas en el citado número 3.º»
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
Uno.  Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9.  Base imponible.
1.  Constituye la base imponible del impuesto:
a)  En  las  transmisiones  «mortis  causa»,  el  valor  neto  de  la  adquisición 
individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor de los bienes y 
derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.
b)  En  las  donaciones  y  demás  transmisiones  lucrativas  ''inter  vivos'' 
equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose 
como tal el valor de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que 
fueren deducibles.
c)  En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. 
Las  cantidades  percibidas  por  razón  de  seguros  sobre  la  vida  se  liquidarán 
acumulando su importe al del resto de los bienes y derechos que integran la 
porción  hereditaria  del  beneficiario  cuando  el  causante  sea,  a  su  vez,  el 
contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo.
2.  A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las 
reglas contenidas en los siguientes apartados de este artículo o en los artículos 
siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No 
obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, 
esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría 
venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.
3.  En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia 
previsto  en  la  normativa  reguladora  del  catastro  inmobiliario,  a  la  fecha  de 
devengo del impuesto. s
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es  oe.
superior a su valor de referencia, se tomará aquel como base imponible. w.
cDoirmeCcpcuroiaóbnnad coiGó nneo na edermxailsi ntaisd tevrala tliovCra a,d tseae srrteráof e,la r emlnaca iyabo aro s deee s tlaeims n psooig npuibuieleend,t ae sss imenr a gcpenerirttujiufdiciceaisod: o e dlp evo ar lollaar    2021-1147n https://w
declarado por los interesados o el valor de mercado.
4.  El  valor  de  referencia  solo  se  podrá  impugnar  cuando  se  recurra  la 
liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión de la 
solicitud  de  rectificación  de  la  autoliquidación,  conforme  a  los  procedimientos 
regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de 
referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación 
de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia.
5.  Cuando  los  obligados  tributarios  soliciten  una  rectificación  de 
autoliquidación por estimar que la determinación del valor de referencia perjudica 
a sus intereses legítimos o cuando interpongan un recurso de reposición contra la 
liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de referencia, 
la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la 
Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de 
la documentación aportada.
La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique 
o  corrija  el  valor  de  referencia  cuando  lo  solicite  la  Administración  Tributaria 
encargada de la aplicación de los tributos como consecuencia de las alegaciones 
y pruebas aportadas por los obligados tributarios.
Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de 
referencia,  cuando  lo  solicite  la  Administración  Tributaria  encargada  de  la 
aplicación de los tributos, como consecuencia de la interposición de reclamaciones 
económico-administrativas.
En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de 
referencia  ratificado  o  corregido  será  motivado  mediante  la  expresión  de  la 
resolución de la que traiga causa, así como de los módulos de valor medio, 
factores  de  minoración  y  demás  elementos  precisos  para  su  determinación 
aprobados en dicha resolución.»
Dos.  Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 12.  Cargas deducibles.
Del valor de los bienes, únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes 
de  naturaleza  perpetua,  temporal  o  redimibles  que  aparezcan  directamente 
establecidos sobre los mismos y disminuyan realmente su capital o valor, como los 
censos  y  las  pensiones,  sin  que  merezcan  tal  consideración  las  cargas  que 
constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las 
prendas, no suponen disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio, en su 
caso, de que las deudas que garanticen puedan ser deducidas si concurren los 
requisitos establecidos en el artículo siguiente.»
Tres.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 16.  Cargas deducibles.
En las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos" equiparables, 
del valor de los bienes y derechos adquiridos se deducirán las cargas que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 12 de esta Ley.»
Cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18, que quedan redactados de  e
la siguiente forma: bo
Ltreayn «sGm1e.i ntideLoraas l  ApTodrirmb uliontasis rmitara,e csdiaóiolnvs o pd qoeud ceráo,  mecnpo rmeolbp caraocsbióoan rd  eees l itnavmablluoeerc biddleoess , l oelasn   bbeaile sanere tiísmc upyloo d n5eib7rle edc esh eolaas    2021-1147n https://w
su valor de referencia o el valor declarado por ser superior, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.
2.  Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados 
a presentar según el artículo 31 el valor que atribuyen a cada uno de los bienes y 
derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el 
comprobado si fuese superior.
Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido comunicado, se 
les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.»
Cinco.  Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 30.  Acumulación de donaciones y contratos y pactos sucesorios.
1.  Las donaciones y demás transmisiones ''inter vivos'' equiparables que se 
otorguen por un mismo donante a un mismo donatario, así como las adquisiciones 
producidas  en  vida  del  causante  como  consecuencia  de  contratos  y  pactos 
sucesorios formalizados entre las mismas personas, todas ellas dentro del plazo 
de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola 
transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota 
tributaria se aplicará, a la base liquidable de la actual adquisición, el tipo medio 
correspondiente  a  la  base  liquidable  teórica  del  total  de  las  adquisiciones 
acumuladas.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la 
cuota tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones 
''inter vivos'' equiparables y a las adquisiciones producidas en vida del causante 
como consecuencia de contratos y pactos sucesorios acumulables a la sucesión 
que se cause por el donante o causante a favor del donatario o sucesor «mortis 
causa», siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de cuatro 
años.
3.  A estos efectos se entenderá por base liquidable teórica del total de las 
adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y 
demás  transmisiones  ''inter  vivos''  equiparables  anteriores,  de  las  herencias, 
legados o cualesquier otros títulos sucesorios y la de la adquisición actual.»
Seis.  Se modifica el apartado uno de la disposición adicional segunda, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Uno.  Adecuación  de  la  normativa  del  Impuesto  a  lo  dispuesto  en  la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre 
de 2014.
1.  La liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos 
por cualquier título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se 
ajustará a las siguientes reglas:
a)  En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 
cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido no residente en España, 
los  contribuyentes  tendrán  derecho  a  la  aplicación  de  la  normativa  propia 
aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de 
los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún 
bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa 
de la Comunidad Autónoma en que resida. es
b)  En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o  o
cualquier  otro  título  sucesorio,  si  el  causante  hubiera  sido  residente  en  una  3ww.
adCoponlmicacauc) cinóiióndE nan do de  elAc  lcuauaa tnóslqonouro midemera a t,lioav t alroao psd  rqnocuepoigsinaioct rcaiióibponur  oydjbueearn íddtbeaiices op n oenasro    dinritcíemthusauliode  Cebngoletrmeass tuus niitttioeud naaddedro  áAs'n' uin ettónden er Eoremsvcpivahao.oñs a'' a p loolasr    OE-A-2021-1147able en https://w
contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia 
aprobada por la Comunidad Autónoma donde radiquen los referidos bienes inmuebles.
d)  En  el  caso  de  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  situados  fuera  de 
España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter 
vivos'', los contribuyentes residentes en España tendrán derecho a la aplicación de 
la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan.
e)  En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter vivos'', los 
contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa 
propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde hayan estado situados los 
referidos bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años 
inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de 
devengo del impuesto.
2.  A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que las personas 
físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad 
Autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del 
período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que 
finalice el día anterior al de devengo.
3.  Cuando en un solo documento se donen por un mismo donante a favor de 
un mismo donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de las reglas 
expuestas en el apartado 1 anterior resulte aplicable la normativa de distintas 
Comunidades  Autónomas,  la  cuota  tributaria  a  ingresar  se  determinará  del 
siguiente modo:
1.°  Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los 
bienes y derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las 
Comunidades Autónomas en las que radiquen o estén situados parte de tales 
bienes y derechos.
2.°  Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén 
situados en cada Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de 
su  normativa  propia,  de  lo  cual  se  obtendrá  una  cuota  tributaria  a  ingresar, 
correspondiente a dichos bienes y derechos.»
Artículo quinto.  Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno.  Se modifica el apartado uno del artículo 10, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Uno.  Por  el  mayor  valor  de  los  tres  siguientes:  El  valor  catastral,  el 
determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el 
precio, contraprestación o valor de la adquisición.»
Dos.  Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 17.  Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias. s
Uno.  Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el  w.
emjeormcNeeorn  toeobl  ddsteealr nedtceehv, oee ndnge ol or sed sesclu aIpmteup etuosettaoslst o e.enn l alo fse cqhuae  deel  dtoemveandgoor  ndoe l tiemnpguae lsat of,a ceul lstaedg udroe   2021-1147n https://w
simep coonmibpleu tdaerál  tpoomr aedl ovra.lor de la provisión matemática en la citada fecha en la base  BOE-A-cable e
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los contratos de seguro 
temporales  que  únicamente  incluyan  prestaciones  en  caso  de  fallecimiento  o 
invalidez u otras garantías complementarias de riesgo.
Dos.  Las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de 
la  entrega  de  un  capital  en  dinero,  bienes  muebles  o  inmuebles,  deberán 
computarse por su valor de capitalización en la fecha del devengo del Impuesto, 
aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establecen 
en  el  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados.
No obstante, cuando se perciban rentas, temporales o vitalicias, procedentes 
de un seguro de vida, estas se computarán por el valor establecido en el apartado 
Uno de este artículo.»
Tres.  Se modifica la disposición adicional cuarta, que quedará redactada como 
sigue:
«Disposición  adicional  cuarta.  Especialidades  de  la  tributación  de  los 
contribuyentes no residentes.
Los  contribuyentes  no  residentes  tendrán  derecho  a  la  aplicación  de  la 
normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor 
valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el 
impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en 
territorio español.»
Artículo  sexto.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre:
Uno.  Se modifica el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«5.  No estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» 
regulado en el presente Título las operaciones enumeradas anteriormente cuando, 
con  independencia  de  la  condición  del  adquirente,  los  transmitentes  sean 
empresarios  o  profesionales  en  el  ejercicio  de  su  actividad  económica  y,  en 
cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetos a dicho 
concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como 
la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan 
sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén 
incluidos en la transmisión de un patrimonio empresarial o profesional, cuando por 
las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta 
al Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Dos.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  10  y  se  añaden  tres  nuevos  o
apartados, 2, 3 y 4, que quedan redactados de la siguiente forma, pasando el actual  3ww.
apartado 2« 1a.  nuLma ebraasrsee i mcopmonoi b5le: está constituida por el valor del bien transmitido o del  2021-1147n https://w
derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que
disminuyan el valor de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas 
con prenda o hipoteca.
A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las 
reglas contenidas en los apartados siguientes de este artículo o en los artículos 
siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No 
obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación 
pactada  o  ambos  son  superiores  al  valor  de  mercado,  la  mayor  de  esas 
magnitudes se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría 
venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.
2.  En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia 
previsto  en  la  normativa  reguladora  del  catastro  inmobiliario,  a  la  fecha  de 
devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el 
precio  o  contraprestación  pactada,  o  ambos  son  superiores  a  su  valor  de 
referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la 
Dirección  General  del  Catastro,  la  base  imponible,  sin  perjuicio  de  la 
comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor 
declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de 
mercado.
3.  El  valor  de  referencia  solo  se  podrá  impugnar  cuando  se  recurra  la 
liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión de la 
solicitud  de  rectificación  de  la  autoliquidación,  conforme  a  los  procedimientos 
regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de 
referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación 
de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia.
4.  Cuando  los  obligados  tributarios  soliciten  una  rectificación  de 
autoliquidación por estimar que la determinación del valor de referencia perjudica 
a sus intereses legítimos o cuando interpongan un recurso de reposición contra la 
liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de referencia, 
la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la 
Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de 
la documentación aportada.
La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique 
o  corrija  el  valor  de  referencia  cuando  lo  solicite  la  Administración  Tributaria 
encargada de la aplicación de los tributos como consecuencia de las alegaciones 
y pruebas aportadas por los obligados tributarios.
Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de 
referencia,  cuando  lo  solicite  la  Administración  Tributaria  encargada  de  la 
aplicación de los tributos, como consecuencia de la interposición de reclamaciones 
económico-administrativas.
En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de 
referencia  ratificado  o  corregido  será  motivado  mediante  la  expresión  de  la 
resolución de la que traiga causa, así como de los módulos de valor medio, 
factores  de  minoración  y  demás  elementos  precisos  para  su  determinación 
aprobados en dicha resolución.» s
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente  w.b
forma: «3.  Como norma general, para determinar la base imponible, el valor del  2021-1147n https://w
derecho originado por la concesión se fijará por la aplicación de la regla o reglas
que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, 
resulten aplicables de las que se indican a continuación:
a)  Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o 
canon que deba satisfacer el concesionario, por el importe de la misma.
b)  Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio 
mínimo que deba satisfacer el concesionario periódicamente y la duración de la 
concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones 
periódicas. Si la duración de la concesión fuese superior al año, capitalizando, 
según el plazo de la concesión, al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el 
concesionario.
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad 
anual que fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicación de 
cláusulas de revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos de 
su evolución, se capitalizará la correspondiente al primer año. Si la variación 
dependiese de otras circunstancias, cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media 
anual  de  las  que  el  concesionario  deba  de  satisfacer  durante  la  vida  de  la 
concesión.
c)  Cuando  el  concesionario  esté  obligado  a  revertir  a  la  Administración 
bienes determinados, se computará el valor neto contable estimado de dichos 
bienes a la fecha de reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el 
cálculo  del  valor  neto  contable  de  los  bienes  se  aplicarán  las  tablas  de 
amortización  aprobadas  a  los  efectos  del  Impuesto  sobre  Sociedades  en  el 
porcentaje medio resultante de las mismas.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1.  En la transmisión de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan 
de obtenerse bienes determinados y de posible estimación se exigirá el impuesto 
por iguales conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y 
derechos.  Sin  embargo,  en  el  caso  de  inmuebles  en  construcción,  la  base 
imponible estará constituida por el valor del bien en el momento de la transmisión 
del crédito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestación 
satisfecha por la cesión.»
Cinco.  Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 25, que quedan redactados de 
la siguiente forma:
«''2.  Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de 
las anteriores y en las aportaciones de los socios que no supongan un aumento 
del capital social, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, 
entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos aportados minorado por 
las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden 
a cargo de la sociedad con motivo de la aportación, determinado de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido.''
''4.  En  la  disminución  de  capital  y  en  la  disolución,  la  base  imponible 
coincidirá con el valor de los bienes y derechos entregados a los socios, sin  es
deducción de gastos y deudas, determinado de acuerdo con lo dispuesto en el  o
artículo 10 de este texto refundido.''» 3w
formSae:is.  Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado de la siguiente  2021-1147n https://w
«1.  En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto
directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de
la comprobación administrativa. La base imponible en los derechos reales de 
garantía  y  en  las  escrituras  que  documenten  préstamos  con  garantía  estará 
constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo 
las  sumas  que  se  aseguren  por  intereses,  indemnizaciones,  penas  por 
incumplimiento  u  otros  conceptos  análogos.  Si  no  constare  expresamente  el 
importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y tres años de 
intereses.
En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cualquier otro 
derecho  de  garantía,  la  base  imponible  estará  constituida  por  la  total 
responsabilidad asignada al derecho que empeore de rango. En la igualación de 
rango, la base imponible se determinará por el total importe de la responsabilidad 
correspondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar.
Cuando  la  base  imponible  se  determine  en  función  del  valor  de  bienes 
inmuebles, el valor de estos no podrá ser inferior al determinado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido.»
Siete.  Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 46, que quedan redactados 
de la siguiente forma:
«''1.  La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos 
transmitidos  o,  en  su  caso,  de  la  operación  societaria  o  del  acto  jurídico 
documentado, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea su valor 
de referencia o magnitud superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de 
este texto refundido.
2.  La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el 
artículo 57 de la Ley General Tributaria.
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los 
interesados,  éstos  podrán  impugnarlos  en  los  plazos  de  reclamación  de  las 
liquidaciones  que  hayan  de  tener  en  cuenta  los  nuevos  valores.  Cuando  los 
nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se 
notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en 
reposición o en vía económico-administrativa o solicitar su corrección mediante 
tasación  pericial  contradictoria  y,  si  la  reclamación  o  la  corrección  fuesen 
estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.''
''5.  Se  considerará  que  el  valor  fijado  en  las  resoluciones  del  juez  del 
concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde a su valor, no 
procediendo en consecuencia comprobación de valores, en las transmisiones de 
bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo 
las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las 
enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de liquidación.''»
Artículo séptimo.  Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Se modifica el artículo 314 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que queda redactado 
de la siguiente forma: e.
«Artsícoublroe  3Tr1a4n. smEisxieonnceisó nP adterilm Iomnpiauleesst oy  Ascotborse  Jeulr ídViacolosr  DAoñcaudmideon tya ddoesl. Impuesto  2021-1147n https://w
secu1n. daLraio  troafnicsimal,is ieósnt adreá  veaxloernetas,  daedlm  Iitmidpouse ost on os oab nree geolc iaVcailóonr  eAnñ audni dmo eryc addeol 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.  Quedan  exceptuadas  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  las 
transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario 
oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que 
estén  sujetas  como  transmisiones  onerosas  de  bienes  inmuebles,  cuando 
mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de 
los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las 
entidades a las que representen dichos valores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba 
en  contrario,  que  se  actúa  con  ánimo  de  elusión  del  pago  del  impuesto 
correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:
a)  Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en 
al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén 
afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido 
dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
b)  Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan 
valores  que  le  permitan  ejercer  el  control  en  otra  entidad  cuyo  activo  esté 
integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que 
no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez 
obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
c)  Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones 
de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de 
la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a 
actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la 
de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.
3.  En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los 
impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se 
aplicarán las siguientes reglas:
1.ª  Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos 
los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores de mercado 
determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos 
efectos, el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha 
fecha y a facilitarlo a la Administración Tributaria a requerimiento de esta.
En el caso de bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por 
los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, 
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
2.ª  Tratándose  de  sociedades  mercantiles,  se  entenderá  obtenido  dicho 
control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital 
social superior al 50 por ciento. A estos efectos se computarán también como 
participación del adquirente los valores de las demás entidades pertenecientes al 
mismo grupo de sociedades.
3.ª  En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de 
los inmuebles para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos 
fiscales que tiene lugar el supuesto de elusión definido en las letras a) o b) del 
apartado  anterior.  En  este  caso  será  sujeto  pasivo  el  accionista  que,  como  s
consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los  oe.
términos antes indicados. 3ww.
csounjes4tia.dªse  raaEcln ió Inmla psd ueet rsaetnnost rmesgiosabio rdene e seb l ideVena elvsoa ral o Areeñfsea cdqtiodusoe  ,d yec lo nnmofoi srmmexoee,  naltaal  sba, apsaqerut eaim dotpe on2nd,i rbáelens  téslena    2021-1147n https://w
determinará  en  proporción  al  valor  de  mercado  de  los  bienes  que  deban
computarse como inmuebles. A este respecto, en los supuestos recogidos en el
apartado 2.c), la base imponible del impuesto será la parte proporcional del valor 
de mercado de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a 
las acciones o participaciones transmitidas.
5.ª  En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el 
apartado  2,  deban  tributar  por  la  modalidad  de  transmisiones  patrimoniales 
onerosas  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados, para la práctica de la liquidación, se aplicarán los elementos de 
dicho impuesto a la parte proporcional del valor de los inmuebles, calculado de 
acuerdo con las reglas contenidas en su normativa. A tal fin se tomará como base 
imponible:
– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.a), la parte proporcional 
sobre el valor de la totalidad de las partidas del activo que, a los efectos de la 
aplicación de este precepto, deban computarse como inmuebles, que corresponda 
al porcentaje total de participación que se pase a tener en el momento de la 
obtención del control o, una vez obtenido, onerosa o lucrativamente, dicho control, 
al porcentaje en el que aumente la cuota de participación.
– En los supuestos a los que se refiere el apartado 2.b), para determinar la 
base imponible solo se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo 
esté  integrado  al  menos  en  un  50  por  ciento  por  inmuebles  no  afectos  a 
actividades empresariales o profesionales.
– En los supuestos a que se refiere el apartado 2.c), la parte proporcional del 
valor de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las 
acciones o participaciones transmitidas.»
Artículo octavo.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno.  Se modifica el apartado tres del artículo 87, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Tres.  Serán responsables subsidiarios del pago del impuesto las personas o 
entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador.»
Dos.  Se modifica el apartado siete del artículo 163 nonies, que queda redactado de 
la siguiente forma:
«Siete.  La no llevanza o conservación del sistema de información a que se 
refiere la obligación 3.ª del apartado cuatro será considerada como infracción 
tributaria grave de la entidad dominante. La sanción consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 2 por ciento del volumen de operaciones del grupo.
Las inexactitudes u omisiones en el sistema de información a que se refiere la 
obligación 3.ª del apartado cuatro serán consideradas como infracción tributaria 
grave  de  la  entidad  dominante.  La  sanción  consistirá  en  multa  pecuniaria 
proporcional del 10 por ciento del importe de los bienes y servicios adquiridos a 
terceros a los que se refiera la información inexacta u omitida.
De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  3  del  artículo  180  de  la  es
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las sanciones previstas en  o
los  dos  párrafos  anteriores  serán  compatibles  con  las  que  procedan  por  la  3ww.
lgaianrpsfarl iavcsecaacscni ioópcnnoioe rnds le eats i pl onifesoic s aaltlardetbíavclaseu ncleozindsa a ,l1 osl9s le 1eav,nar t1 níc9ezu3sal,to  ei1sn 9 ca14op9 ra1yre r 1ytca 9t1da59o  3o d  eidmn edop i deccihdcoaihnr áasLn eeL ryevl.aay L  ccacióosanm lii mfodic epgalorc assióviicsneito sen dmoee as m  lddaueesy     OE-A-2021-1147able en https://w
información a que se refiere la obligación 3.ª del apartado cuatro.
La entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las 
obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades, incluidas las 
obligaciones  derivadas  del  ingreso  de  la  deuda  tributaria,  de  la  solicitud  de 
compensación  o  de  la  devolución  resultante  de  la  declaración-liquidación 
agregada  correspondiente  al  grupo  de  entidades,  siendo  responsable  de  la 
veracidad  y  exactitud  de  los  importes  y  calificaciones  consignadas  por  las 
entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada. 
Las demás entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades 
responderán solidariamente del pago de estas sanciones.
Las  entidades  que  apliquen  el  régimen  especial  del  grupo  de  entidades 
responderán de las infracciones derivadas de los incumplimientos de sus propias 
obligaciones tributarias.»
Tres.  Se modifica el último párrafo y se añaden tres párrafos al apartado Quinto del 
Anexo, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Los  titulares  de  los  depósitos  a  que  se  refiere  este  precepto  serán 
responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria que corresponda a la 
salida o abandono de los bienes de estos depósitos, independientemente de que 
puedan actuar como representantes fiscales de los empresarios o profesionales 
no establecidos en el ámbito espacial del impuesto.
No obstante, los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en 
los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y 
sobre  Hidrocarburos  serán  responsables  subsidiarios  del  pago  de  la  deuda 
tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los 
sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes 
devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de 
depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible 
cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el 
Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no 
podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19.5.º de 
esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de 
depósito distinto de los aduaneros.
A los efectos de esta Ley se consideran extractores las personas o entidades 
que sean los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de 
bienes, devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los productos 
comprendidos  en  los  ámbitos  objetivos  de  los  Impuestos  sobre  el  Alcohol  y 
Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos del régimen de depósito distinto de los 
aduaneros, las que realicen el envío de los bienes en régimen suspensivo con 
destino  a  otro  depósito  fiscal,  así  como  las  autorizadas  para  realizar  dichas 
operaciones.
Las personas o entidades extractoras deberán hallarse inscritas en el Registro 
de extractores. Los titulares de los depósitos fiscales deberán verificar que las 
personas o entidades que realizan las operaciones que determinan su inclusión 
están incluidas en el Registro de extractores de depósitos fiscales de productos 
comprendidos  en  los  ámbitos  objetivos  de  los  Impuestos  sobre  el  Alcohol  y 
Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos.»
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Artículo noveno.  Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:
Uno.  Se modifican el apartado 3.º del número 2, se añade un número 3 y se 
modifica el número 4 del artículo 21 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''3.º  Las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de 
los importadores.''
''3.  Serán responsables subsidiarios del pago del Impuesto las personas o 
entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador.
4.  Las responsabilidades establecidas en los números 2 y 3 no alcanzarán a 
las  deudas  tributarias  que  se  pongan  de  manifiesto  como  consecuencia  de 
actuaciones practicadas fuera de los recintos aduaneros.''»
Dos.  Se añade un apartado 11 al artículo 63 con la siguiente redacción:
«11.  Constituye infracción tributaria el retraso en la obligación de llevar los 
libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria 
mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos 
reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.
La infracción prevista en este número será grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del 
importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y 
un máximo de 6.000 euros.»
Artículo décimo.  Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales:
Uno.  Se modifica el apartado 10 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«10.  "Depósito  fiscal".  El  establecimiento  o  la  red  de  oleoductos  o 
gaseoductos donde, en virtud de la autorización concedida y con cumplimiento de 
las  condiciones  y  requisitos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  se 
almacenen, reciban, expidan y, en su caso, se transformen en régimen suspensivo 
productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.»
Dos.  Se añaden las letras d) y e) al apartado 2, se modifican los apartados 3 y 6, y 
se añade un apartado 8 al artículo 19, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''d)  La existencia de diferencias en menos de materias primas, productos en 
curso de fabricación o productos terminados en fábricas y depósitos fiscales que 
excedan  de  los  porcentajes  autorizados  reglamentariamente,  puestas  de 
manifiesto en recuentos de existencias practicados por la Administración.
e)  El  incumplimiento  por  los  obligados  tributarios  de  los  requisitos  y  e.
condiciones establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo necesarios  w.b
bpcueaanrane dfilcoai  onaso.p' 'lsicea cjuiósnti fidqeu e laesl  uesxoe noc idoensetsin oo  dtaipdoos  ar elodsu cpidroodsu cptroesv isotbojse toe nd ea qduicéhlolas,   2021-1147n https://w
''3.  Las infracciones a las que se refieren las letras a), b) y c) del número
anterior se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de
las cuotas que corresponderían a las cantidades de los productos, calculadas 
aplicando el tipo vigente en la fecha de descubrimiento de la infracción, con un 
mínimo de 1.200 euros.
La infracción a la que se refiere la letra d) del número anterior se sancionará 
con multa pecuniaria del 50 por ciento de las cuotas del impuesto especial que 
corresponderían a los productos terminados sobre los que se haya comprobado la 
diferencia o a los productos terminados que se hubieran podido obtener a partir de 
los productos en curso o las materias primas respecto de los cuales se haya 
comprobado la diferencia, calculadas aplicando el tipo impositivo vigente en la 
fecha de descubrimiento de la infracción, con un mínimo de 300 euros.
La infracción a que se refiere la letra e) del número anterior se sancionará con 
multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del beneficio fiscal aplicado a los 
productos respecto de los cuales se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción que corresponda conforme a lo señalado en las letras a), b), c) y e) 
se incrementará en el 25 por ciento cuando se produzca comisión repetida de 
infracciones tributarias. Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor, dentro 
de los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracción, hubiese sido 
sancionado por resolución firme en vía administrativa por infringir cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el número 2 anterior.''
''6.  Tendrá la calificación de infracción tributaria leve la tenencia, con fines 
comerciales, de bebidas alcohólicas o de labores del tabaco que no ostenten 
marcas  fiscales  o  las  ostenten  sin  cumplir  los  requisitos  establecidos 
reglamentariamente al efecto, salvo cuando respecto de la misma conducta sea de 
aplicación lo establecido en el apartado 2. Esta infracción se sancionará:
a)  Con multa de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos, con un importe mínimo 
de 600 euros por cada infracción.
b)  Con multa de 90 euros por cada kilogramo de picadura para liar, con un 
importe mínimo de 600 euros por cada infracción.
c)  Con multa de 10 euros por cada litro de bebidas, con un importe mínimo 
de 600 euros por cada infracción.
Las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) anteriores se graduarán 
incrementando el importe de la multa en un 25 por ciento en caso de comisión 
repetida de estas infracciones. La comisión repetida se apreciará cuando el sujeto 
infractor, dentro de los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracción, 
hubiese sido sancionado en virtud de resolución firme en vía administrativa por la 
comisión de las infracciones contempladas en este número.''
''8.  Constituye infracción tributaria leve el incumplimiento por los obligados 
tributarios  de  los  requisitos  y  condiciones  establecidos  en  esta  Ley  y  en  su 
normativa de desarrollo para la aplicación de un supuesto de exención o un tipo 
impositivo reducido en razón del destino de los productos objeto de los impuestos 
especiales, cuando no constituya infracción tributaria grave.
La infracción tipificada en este apartado se sancionará con multa pecuniaria 
del 10 por ciento del beneficio fiscal aplicado a los productos respecto de los 
cuales  se  hayan  incumplido  los  requisitos  y  condiciones  establecidas  legal  o 
reglamentariamente.''» e.
quedTarenps ar. seid«vSa2oec.s t  amdCdeoolo dsinmi fsdicpteiatu u leaeys les ta oigip nduafeirrea tnlacotdcseoi  órf eon2qr  myutr iiassbe:iut otaasñr iyaa d cegonrna dlvoicesi  oaenple aisnr tceausdmtoaspb ll3iem cyiied 4no tsao le  apnro teírc sultoalos L  8es7yu, j yeq tueoens    OE-A-2021-11473able en https://ww
su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las exenciones o tipos
reducidos previstos en aquélla, cuando no se justifique el uso o destino dado al 
carbón objeto de dichos beneficios.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado al carbón 
respecto del cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
3.  Constituye  infracción  tributaria  leve  el  incumplimiento  por  los  sujetos 
pasivos del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y en 
su normativa de desarrollo necesarios para la aplicación de las exenciones o tipos 
reducidos previstos en aquélla, cuando no constituya infracción tributaria grave.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado al carbón 
respecto del cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento.
4.  El  resto  de  infracciones  tributarias  en  este  impuesto  se  calificarán  y 
sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 3 y se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 103, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«3.  Constituye  infracción  tributaria  grave  el  incumplimiento  por  los 
contribuyentes del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ley  y  en  su  normativa  de  desarrollo  necesarios  para  la  aplicación  de  las 
exenciones o reducciones en la base imponible previstas en aquélla, cuando no se 
justifique el uso o destino dado a la electricidad objeto de dichos beneficios.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado a la energía 
eléctrica respecto de la cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
4.  Constituye  infracción  tributaria  leve  el  incumplimiento  por  los 
contribuyentes del impuesto de los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ley  y  en  su  normativa  de  desarrollo  necesarios  para  la  aplicación  de  las 
exenciones o reducciones en la base imponible previstas en aquélla, cuando no 
constituya infracción tributaria grave.
La base de la sanción será el importe del beneficio fiscal aplicado a la energía 
eléctrica respecto de la cual se hayan incumplido los requisitos y condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento.
5.  Las  demás  infracciones  tributarias  relativas  a  este  impuesto  serán 
calificadas y sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior.»
Artículo undécimo.  Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando.
Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de Represión del Contrabando, que queda redactado de la siguiente forma: s
«1.  Incurrirán  en  infracción  administrativa  de  contrabando  las  personas  w.b
faLísceicyci ao5sn8 e/so2  0u0 juo3rm,í didsicieoa ns1e 7sy   pdrleae sv disietcaniestmi deabndr eleo,ss   Gampeanerentracaidol onsTa rd1iba yus t 2a rediane, l  aeqrlu tíeca urtlllíoec vu2el odn e 3 ala5  .cp4ar ebdsoee  nlatlaes    2021-1147n https://w
Ley, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el
valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas no 
constituyan delito.
En el supuesto previsto en el artículo 2.1.c) de esta Ley, se presumirá que las 
mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presenten las 
mercancías intactas en la oficina de aduanas de destino o no se hayan respetado 
las medidas de identificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, 
salvo prueba en contrario.»
Artículo duodécimo.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Se modifica el apartado 6 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  que  queda  redactado  de  la  siguiente 
forma:
«6.  Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso 
requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución 
forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de 
medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente 
en la materia.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación  sanitaria  que  las  autoridades  sanitarias  consideren  urgentes  y 
necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos 
fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos 
singulares  que  afecten  únicamente  a  uno  o  varios  particulares  concretos  e 
identificados de manera individualizada.
Además,  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-administrativo  conocerán  de  las 
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y 
medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el 
consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Los  Juzgados  de  lo  Contencioso-administrativo  conocerán  también  de  las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente 
protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco 
de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter 
previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su 
titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»
Artículo decimotercero.  Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica  e
de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia,  bo
gneon ceAor nafeliisdsctaoadst,o  irgeieufedacaldtdoa.sd, , psreo gpreroshivíbidea de, le qeusittaabtilveac idmisietrnibtou cdióen  dceu alalq ucaierrg ai ntsritbruumtaerinat oy   2021-11473n https://ww
edxeturadoar tdriinbaurtaior iad ed erveegnuglaardizaa dceió na cfuisecradlo  qcuoen  lpau neodram sautipvao nveigr eunntea. »minoración de la
Dos.  Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 26, que queda redactada de 
la siguiente forma:
«f)  Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, 
salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de 
declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.»
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2.  El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento 
adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación 
o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e 
ingreso.
Dicho  recargo  se  calculará  sobre  el  importe  a  ingresar  resultante  de  las 
autoliquidaciones  o  sobre  el  importe  de  la  liquidación  derivado  de  las 
declaraciones  extemporáneas  y  excluirá  las  sanciones  que  hubieran  podido 
exigirse  y  los  intereses  de  demora  devengados  hasta  la  presentación  de  la 
autoliquidación o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez 
transcurridos  12  meses  desde  el  término  del  plazo  establecido  para  la 
presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que 
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por 
el  período  transcurrido  desde  el  día  siguiente  al  término  de  los  12  meses 
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el 
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo 
sin  requerimiento  previo  no  se  exigirán  intereses  de  demora  por  el  tiempo 
transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo 
de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, 
sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación 
extemporánea.
No obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el 
obligado  tributario  regulariza,  mediante  la  presentación  de  una  declaración  o 
autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, 
unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y 
concurren las siguientes circunstancias:
a)  Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o 
se entienda notificada.
b)  Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades 
resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el 
apartado 5 de este artículo.
c)  Que  no  se  presente  solicitud  de  rectificación  de  la  declaración  o 
autoliquidación,  ni  se  interponga  recurso  o  reclamación  contra  la  liquidación 
dictada por la Administración.
d)  Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la 
imposición de una sanción. e.
einxtiegrEeelns caiindaco u.dmelp lrimecieanrgtoo  cdoer recsupaolqnudiieernat e dsei n emstáass  rceiqrcuuisnitsota nqcuiea sl a dneotetirfmiciancaiórán  laal   2021-11473n https://ww
procLeod imdiiesnptuoe sdteo  coemn plroosb acpiáórnr aofo isn veasnttiegraiocrióens  enno  reilmacpióend ircáo ne lla si noicbiloig adceio nuens 
tributarias regularizadas mediante las declaraciones o autoliquidaciones a que los 
mismos se refieren.»
Cuatro.  Se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29, que queda 
redactada de la siguiente forma:
«j)  La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, 
de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los 
procesos  contables,  de  facturación  o  de  gestión  de  quienes  desarrollen 
actividades  económicas,  garanticen  la  integridad,  conservación,  accesibilidad, 
legibilidad,  trazabilidad  e  inalterabilidad  de  los  registros,  sin  interpolaciones, 
omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas 
mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que 
deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los 
mismos  estén  debidamente  certificados  y  utilicen  formatos  estándar  para  su 
legibilidad.»
Cinco.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  31,  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«2.  Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, 
en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la 
devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el 
interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el 
obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la 
finalización  de  dicho  plazo  hasta  la  fecha  en  que  se  ordene  el  pago  de  la 
devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se 
computarán  las  dilaciones  en  el  procedimiento  por  causa  no  imputable  a  la 
Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento 
de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los 
que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de 
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.»
Seis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«2.  Con  la  devolución  de  ingresos  indebidos  la  Administración  Tributaria 
abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad 
de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se 
devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la 
fecha en que se ordene el pago de la devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se 
computarán  las  dilaciones  en  el  procedimiento  por  causa  no  imputable  a  la 
Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento 
de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a 
los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de 
extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.»
Siete.  Se modifica el artículo 47, que queda redactado de la siguiente forma: s
«Artículo 47.  Representación de personas o entidades no residentes. w.
tribuAta lroioss e qfeucet onso d ree ssiudsa nre elanc iEosnpeasñ cao nd elab eArádnm idneisstirgancaiór nu nT rribeuptraersiae,n ltoasn toeb cliugaanddoos   2021-1147n https://w
lo esLtaa bdleezscigan eaxcpiórne saanmteernioter  dlae bneorrám actoivmau tnriibcuatrasreia a. la Administración Tributaria en
los términos que la normativa señale.»
Ocho.  Se  añade  un  apartado  6  en  el  artículo  81,  numerándose  los  actuales 
apartados 6, 7 y 8 como apartados 7, 8 y 9, respectivamente, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«6.  Cuando  en  la  tramitación  de  una  solicitud  de  suspensión  con  otras 
garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con 
dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, 
material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de 
las  deudas  cuya  ejecutividad  pretende  suspenderse  pueda  verse  frustrado  o 
gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el 
cobro de las mismas.
Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la 
solicitud de suspensión.»
Nueve.  Se  modifican  los  apartados  1,  4  y  6  del  artículo  95  bis,  que  quedan 
redactados de la siguiente forma:
«''1.  La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 
comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la 
condición  de  deudores  al  haber  sido  declarados  responsables  solidarios,  por 
deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de 
ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de 
responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.
b)  Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas 
transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.
En  el  supuesto  de  deudas  incluidas  en  acuerdos  de  declaración  de 
responsabilidad  será  necesario  que  haya  transcurrido  el  plazo  de  pago  del 
artículo  62.2  de  esta  Ley  tras  la  notificación  del  acuerdo  de  declaración  de 
responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.
A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y 
sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.''
''4.  La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la 
inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año 
anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de 
ingreso a la fecha de dicho acuerdo.
La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, 
que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para 
entender  realizada  dicha  comunicación  la  acreditación  por  parte  de  la 
Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma 
que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.
En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a 
la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, 
no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública 
por deudas o sanciones tributarias.
Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores  e.e
materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el  b
aanptaerCrtiaoodmr,o od  1e bcooié nnasd eolocsuse e pnaacpgioaor tsad ree elf enct retáusmatedit oecsa  sdpoeo  jru aselteli fgidcaeacucioidónoner  sfea, h qalauc eieA nsdteem  dirneeifs idetriracehc ioeósln   ppaápgrorodasrfáo.   2021-11473n https://ww
caocnocrduarrre nla  loresc trieficqaucisióitno sd leelg laisletasd od ecteuramnidnoa dsoes  aecnr eedli tea pfaerhtaadcoie n1t eom ecnutaen dqou ea  nlao 
conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad 
de las deudas o sanciones tributarias.
Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.
La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del 
listado.
Mediante  Orden  Ministerial  se  establecerán  la  fecha  de  publicación,  que 
deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los 
correspondientes ficheros y registros.
La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo 
adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a 
través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles 
una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.
El  tratamiento  de  datos  necesarios  para  la  publicación  se  sujetará  a  lo 
dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  por  su 
normativa de desarrollo.''
''6.  En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo 
reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin 
que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el 
deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el 
pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.
Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de 
impugnación  establecido  en  esta  Ley  en  relación  con  las  actuaciones  y 
procedimientos  de  los  que  se  deriven  las  deudas  y  sanciones  tributarias  ni 
tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados 
o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo 
en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen 
causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.''»
Diez.  Se modifica el artículo 113, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo  113.  Autorización  judicial  para  la  entrada  en  el  domicilio  de  los 
obligados tributarios.
Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los 
tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un 
obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria 
deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.
La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada 
en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la 
finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.
Tanto  la  solicitud  como  la  concesión  de  la  autorización  judicial  podrán 
practicarse,  aun  con  carácter  previo  al  inicio  formal  del  correspondiente  e
procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del  bo
obligado  tributario,  los  conceptos  y  períodos  que  van  a  ser  objeto  de  3w
comprobación y se aporten al órgano judicial.» 2021-1147n https://w
Once.  Se introduce una letra c) en el artículo 130, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«c)  Por  el  inicio  de  un  procedimiento  de  comprobación  limitada  o  de 
inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o 
algún  elemento  de  dicho  objeto,  en  los  tributos  que  se  liquiden  por  las 
importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los 
derechos de importación.»
Doce.  Se modifica el apartado 2 del artículo 142, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2.  Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que 
desarrollen  funciones  de  inspección  de  los  tributos  podrán  entrar,  en  las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de 
negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o 
explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se 
produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 
o exista alguna prueba de los mismos.
Para  el  acceso  a  los  lugares  mencionados  en  el  párrafo  anterior  de  los 
funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará de un acuerdo de 
entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo 
que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen 
su consentimiento para ello.
Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar 
en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 113 de esta Ley. La solicitud de autorización judicial 
requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, 
suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.»
Trece.  Se modifica el apartado 3 del artículo 150, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«3.  El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el 
momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  La  remisión  del  expediente  al  Ministerio  Fiscal  o  a  la  jurisdicción 
competente  sin  practicar  la  liquidación  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el 
artículo 251 de esta Ley.
b)  La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que 
se ordene la suspensión o paralización respecto de determinadas obligaciones 
tributarias o elementos de las mismas de un procedimiento inspector en curso.
c)  El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el 
procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en 
la normativa relativa a las Comunidades Autónomas, en la Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, y en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, o la recepción de la comunicación del 
mismo.
d)  La notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto en  es
la aplicación de la norma tributaria a la Comisión consultiva. o
e)  El  intento  de  notificación  al  obligado  tributario  de  la  propuesta  de  3w
rahecestcuohfal)uo cc iyoiLó nalnoe  ssco  oaf um dqnueudn eai cmlsiaqeecu niriódetonafis ce airdóe en lae  dslo  ea Arretddíccemhul oilnoa i dcs1eut5r ea6lrac.d3i oor.ben )gep udsol eara  refieezslact atcaq iLóduenaey s .e snde e lo oslor dsse uenplaue emscetoonmsto pasle  ltdoaesr    OE-A-2021-1147able en https://w
que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y 
aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, 
de 26 de diciembre.
g)  La concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender 
las actuaciones.
Salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra e) de este apartado, la 
inspección no podrá realizar ninguna actuación en relación con el procedimiento 
suspendido  por  las  causas  anteriores,  sin  perjuicio  de  que  las  solicitudes 
previamente efectuadas al obligado tributario o a terceros deban ser contestadas. 
No obstante, si la Administración Tributaria aprecia que algún periodo, obligación 
tributaria o elemento de esta no se encuentran afectados por las causas de 
suspensión,  continuará  el  procedimiento  inspector  respecto  de  los  mismos, 
pudiendo, en su caso, practicarse por ellos la correspondiente liquidación. A los 
solos efectos del cómputo del periodo máximo de duración, en estos casos, desde 
el momento en el que concurre la circunstancia de la suspensión, se desagregarán 
los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento que continúa y la que 
queda suspendida. A partir de dicha desagregación, cada parte del procedimiento 
se regirá por sus propios motivos de suspensión y extensión del plazo.
La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos desde que concurran las 
circunstancias  anteriormente  señaladas,  lo  que  se  comunicará  al  obligado 
tributario  a  efectos  informativos,  salvo  que  con  esta  comunicación  pudiera 
perjudicarse la realización de investigaciones judiciales, circunstancia que deberá 
quedar suficientemente motivada en el expediente. En esta comunicación, se 
detallarán los periodos, obligaciones tributarias o elementos de estas que se 
encuentran suspendidos y aquellos otros respecto de los que se continúa el 
procedimiento por no verse afectados por dichas causas de suspensión.
La  suspensión  finalizará  cuando  tenga  entrada  en  el  registro  de  la 
correspondiente Administración Tributaria el documento del que se derive que ha 
cesado la causa de suspensión, se consiga efectuar la notificación, o se constate 
la  desaparición  de  las  circunstancias  determinantes  de  la  fuerza  mayor.  No 
obstante, en el caso contemplado en la letra d), el plazo de suspensión no podrá 
exceder del plazo máximo para la emisión del informe.
En  el  caso  contemplado  en  la  letra  f),  la  suspensión  finalizará  cuando 
transcurra el plazo previsto en el párrafo segundo del apartado tres del artículo 47 
ter del Concierto Económico sin que se hubiesen formulado observaciones por las 
Administraciones afectadas, cuando se hubiese llegado a un acuerdo sobre las 
observaciones  planteadas  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Coordinación  y 
Evaluación Normativa o cuando se puedan continuar las actuaciones de acuerdo 
con  lo  previsto  en  el  apartado  cuatro  del  citado  artículo.  Las  referencias  al 
artículo 47 ter del Concierto Económico deberán entenderse también realizadas al 
artículo equivalente del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra.
Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que 
reste.»
Catorce.  Se modifica el apartado 2 del artículo 157, que queda redactado de la 
siguiente forma: e
«2.  Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o  3ww.
amincsatpane.if ciSecesiót epn o sdduer á dl oaisscc otorminbfpuoatromñsai,dr  sauedn  h cianorfnáo  rlmcao enp srdoteaplr u aeecxstptuarae rdsioea  mcrueeagnnutedla oer iszstaeaca ic ópirnrc euqcnuisseot a fncoocrmima upelleen t alearl    2021-1147n https://w
la información recogida en el acta.»
Quince.  Se modifica el apartado 2 del artículo 161, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2.  La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o 
compensación  en  período  voluntario  impedirá  el  inicio  del  período  ejecutivo 
durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior 
así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio 
del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la 
misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, 
compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose 
abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una 
sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en 
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las 
deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido 
de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo 
dispuesto en dicho texto refundido.»
Dieciséis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 175, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1.  El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, 
será el siguiente:
a)  Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable 
en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago 
original  de  la  deuda  que  se  deriva,  bastará  con  requerirle  el  pago  una  vez 
transcurrido dicho período.
b)  En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago 
original  de  la  deuda  que  se  deriva,  el  órgano  competente  dictará  acto  de 
declaración de responsabilidad que se notificará al responsable.»
Diecisiete.  Se añade una letra h) en el apartado 1 del artículo 181, con la siguiente 
redacción:
«h)  La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Dieciocho.  Se  modifican  los  apartados  1  y  3  del  artículo  188,  que  quedan 
redactados de la siguiente forma:
«''1.  La  cuantía  de  las  sanciones  pecuniarias  impuestas  según  los 
artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:
a)  Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el 
artículo 155 de esta Ley.
b)  Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.''
''3.  El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier  oe.
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se  w.
creofniecruer rlean l elatrsa  sbig) udieeln atepsa crtiarcduon 1st adnec eiasste: artículo, se reducirá en el 40 por ciento si  2021-1147n https://w
plazao)  deQl aupea srtea dreoa 2lic dee el al rintígcruelos o6 2to dtael  edsetla i mLepyo rote e rne setla pnltaez od eo  dpilcahzao ss afinjacdióons  eenn  eell   BOE-A-cable e
acuerdo  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  que  la  Administración  Tributaria 
hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el 
obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del 
apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.
b)  Que  no  se  interponga  recurso  o  reclamación  contra  la  liquidación  o 
sanción.
El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en este apartado 
se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya 
interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que 
procedan en los supuestos de actas con acuerdo.''»
Diecinueve.  Se modifica el apartado 4 del artículo 198, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, la 
sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con 
las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda 
aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor 
de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un 
mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
El importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se 
elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la 
declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por 
el que se establece el código aduanero de la Unión.»
Veinte.  Se modifica el apartado 7 del artículo 199, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«7.  Tratándose  de  declaraciones  y  documentos  relacionados  con  las 
formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos 
falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las 
mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo 
de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.
No obstante, el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo 
anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con 
datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el 
artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de 
la Unión.
Si  las  declaraciones  y  documentos  relacionados  con  las  formalidades 
aduaneras se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 250 euros.»
Veintiuno.  Se añade un nuevo artículo 201 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo  201  bis.  Infracción  tributaria  por  fabricación,  producción,  o
comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las  3ww.
e1s. peCcoifnicsatcitiuoynee s eixnifgriadcacsió pno r lat rnibourmtaaritaiv a alap licafbaleb.ricación,  producción  y  2021-1147n https://w
csoompoerrtceina lilzoasc ipórno cedseo ss icsotenmtaabsle sy,  dper ofgarcatmuraasc ióinn foor mdáet icgoess tióon  eploerc tpróanrticeo sd e qluaes   BOE-A-cable e
personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)  permitan  llevar  contabilidades  distintas  en  los  términos  del 
artículo 200.1.d) de esta Ley;
b)  permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones 
realizadas;
c)  permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d)  permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa 
aplicable;
e)  no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, 
conservación,  accesibilidad,  legibilidad,  trazabilidad  e  inalterabilidad  de  los 
registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la 
Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
f)  no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los 
sistemas fabricados, producidos o comercializados.
2.  Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas 
informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) 
de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que 
estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los 
dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado 
anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado.
3.  Las infracciones previstas en este artículo serán graves.
4.  La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa 
pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan 
producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o 
electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra 
f) del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 
euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta 
del certificado.
La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa 
pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción 
por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén 
debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se 
hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.»
Veintidós.  Se modifica el apartado 2 del artículo 209, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«2.  Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de 
un  procedimiento  iniciado  mediante  declaración  o  de  un  procedimiento  de 
verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la 
persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido 
el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada 
la correspondiente liquidación o resolución.
Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las 
sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo 
de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la  e.
sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.» w.
2021-1147n https://w
Veintitrés.  Se añaden dos apartados, 6 y 9, en el artículo 233, numerándose los 
actuales apartados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 como 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 
respectivamente, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''6.  El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite 
de  la  solicitud  de  suspensión  en  los  supuestos  a  los  que  se  refieren  los 
apartados 4 y 5 de este artículo, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la 
documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente 
administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible 
reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.''
''9.  Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la 
solicitud  de  suspensión  con  otras  garantías  distintas  de  las  necesarias  para 
obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o 
basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la 
continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda 
la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la 
suspensión fuese concedida finalmente.''»
Veinticuatro.  Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 260, con la siguiente 
redacción:
«4.  No  podrán  disfrutar  de  beneficios  fiscales  que  constituyan  ayudas 
estatales según el ordenamiento comunitario quienes hubieran percibido ayudas 
de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, con una 
orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, hasta 
que tales ayudas no se hayan reembolsado.»
Veinticinco.  Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«4.  La  publicación  de  la  revocación  del  número  de  identificación  fiscal 
asignado en el "Boletín Oficial del Estado", determinará la pérdida de validez a 
efectos identificativos de dicho número en el ámbito fiscal.
Asimismo, la publicación anterior determinará que las entidades de crédito no 
realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten 
como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados, salvo que 
se rehabilite el número de identificación fiscal,
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una 
entidad, su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" implicará la abstención del 
notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de 
voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y 
negocios  jurídicos  de  cualquier  clase,  así  como  la  prohibición  de  acceso  a 
cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se 
rehabilite el número de identificación fiscal. El registro público en el que esté 
inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de entidad de 
que se trate, procederá a extender en la hoja abierta a dicha entidad una nota 
marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de 
identificación fiscal. es
Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles  o
para la cancelación de la nota marginal a la que se refiere el párrafo anterior. 3w
enlú mcLDeuoerm o dip grisleuimpvauoile ecmnsattodoodo  eo ddn, ee eeb nsel at tecos o danapossabt arllitagra saqd cuocie eon rneoteil f iismcm aipstcremiiobdonuir etáeas sra itraá elsa gr  eiAspvtdeoramncladeindiseio snd.ttreea scla.i ó enNn oTti rdiboaubdts attiratiuanl taeerx,  idgleiarl    OE-A-2021-1147able en https://w
admisión de las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en
los que conste un número de identificación fiscal revocado quedará condicionada, 
en los términos reglamentariamente establecidos, a la rehabilitación del citado 
número de identificación fiscal.»
Veintiséis.  Se  modifican  los  apartados  1  y  2  de  la  disposición  adicional 
decimoctava, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1.  Los  obligados  tributarios  deberán  suministrar  a  la  Administración 
Tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:
a)  Información  sobre  las  cuentas  situadas  en  el  extranjero  abiertas  en 
entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares 
o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma 
ostenten poder de disposición.
b)  Información  de  cualesquiera  títulos,  activos,  valores  o  derechos 
representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de 
entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares 
y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los 
seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o 
temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital  en  dinero,  bienes  muebles  o  inmuebles,  contratados  con  entidades 
establecidas en el extranjero.
c)  Información  sobre  los  bienes  inmuebles  y  derechos  sobre  bienes 
inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.
d)  Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las 
que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas 
por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas  privadas  en  nombre  de  terceros,  para  mantener,  almacenar  y 
transferir monedas virtuales.
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se extenderán a quienes 
tengan  la  consideración  de  titulares  reales  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2.  Régimen de infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se 
refiere esta disposición adicional.
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por 
medios  distintos  a  los  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  en  aquellos 
supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las 
siguientes reglas:
a)  En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas 
en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una  es
misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido  o
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 3w
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medios  distintos  a  los  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  cuando  exista 
obligación de hacerlo por dichos medios.
b)  En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, 
activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas 
en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por 
cada  dato  o  conjunto  de  datos  referidos  a  cada  elemento  patrimonial 
individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con 
un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se 
sancionará  la  presentación  de  la  declaración  por  medios  distintos  a  los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
c)  En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes 
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien 
inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados 
de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un 
mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se 
sancionará  la  presentación  de  la  declaración  por  medios  distintos  a  los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
d)  En  el  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  informar  sobre  las 
monedas  virtuales  situadas  en  el  extranjero,  la  sanción  consistirá  en  multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido 
incluirse  en  la  declaración  o  hubieran  sido  aportados  de  forma  incompleta, 
inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo 
de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento  previo  de  la  Administración  Tributaria.  Del  mismo  modo  se 
sancionará  la  presentación  de  la  declaración  por  medios  distintos  a  los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por 
dichos medios.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán 
incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley.»
Veintisiete.  Se añade una letra d) en el apartado 1 de la disposición adicional 
vigésima, con la siguiente redacción:
«d)  No será de aplicación a las declaraciones aduaneras lo previsto en el  e
artículo 27 de esta Ley.» bo
que Vqeuiendtioac rheod.a ctSaed om doed ilfaic sai geul iaepnater tfaodrom a6: de la disposición adicional vigésima segunda,  2021-1147n https://w
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demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y 
de diligencia debida a que se refiere esta disposición adicional deberán estar a 
disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del quinto año 
siguiente a aquel en el que se deba suministrar la información respecto de las 
citadas cuentas.»
Artículo  decimocuarto.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  La  descripción  catastral  de  los  bienes  inmuebles  comprenderá  sus 
características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 
localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de 
cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación 
gráfica, el valor de referencia, el valor catastral y el titular catastral, con su número 
de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando 
los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará 
dicha circunstancia junto con su código registral.»
Dos.  Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 14.  Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.
1.  Son comunicaciones:
a)  La información que los notarios y registradores de la propiedad deben 
remitir  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  36,  en  cuanto  se  refiera  a 
documentos  por  ellos  autorizados  o  inscritos  cuyo  contenido  suponga  la 
adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los 
derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran 
a  la  totalidad  del  inmueble  o  a  una  cuota  indivisa  del  mismo  previamente 
incorporada  en  el  Catastro,  siempre  que  los  interesados  hayan  aportado  la 
referencia catastral en los términos a que se refiere el Título V y se formalice en 
escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Asimismo  constituirá  comunicación  la  información  que  deben  remitir  los 
notarios referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes 
inmuebles, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el apartado 2 del 
artículo  47,  conste  la  referencia  catastral  de  los  inmuebles  afectados,  exista 
correspondencia entre los inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción 
que  figura  en  el  Catastro  y  que  se  aporte  el  plano,  representado  sobre  la 
cartografía catastral, que permita la identificación de esas alteraciones.
b)  Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se 
obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o 
negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados 
de  actuaciones  para  las  que  se  haya  otorgado  la  correspondiente  licencia  o  s
autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen  o
por la Dirección General del Catastro. 3ww.
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gestión  urbanísticos  que  se  determinen  reglamentariamente.  La  comunicación
comprenderá  la  correspondiente  certificación  administrativa  expedida  por  el 
órgano actuante.
Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la 
Propiedad, la información será igualmente objeto de comunicación al Catastro por 
el registrador, siempre que, realizadas las actuaciones que prevé el artículo 48.5, 
conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el plano que 
permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía catastral.
También constituirá comunicación la información que los registradores de la 
propiedad deben remitir, referida a los actos de parcelación que consistan en la 
segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre 
que se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior y que se solicite 
su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el 
hecho, acto o negocio de que se trate.
d)  La información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, de la que tenga conocimiento a través de 
los  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos,  que  permita  completar  la 
titularidad de los inmuebles inscritos en el Catastro con las cuotas de participación 
no  inscritas  del  cónyuge  y  de  los  comuneros,  miembros  o  partícipes  de  las 
comunidades  o  entidades  sin  personalidad,  así  como  la  referida  a  los  datos 
identificativos, domicilio fiscal y lugar declarado de residencia habitual de los 
titulares catastrales, con independencia de la fecha de realización de los actos, 
hechos o negocios jurídicos correspondientes.
e)  La información con trascendencia catastral que debe remitir el Ministerio 
competente en materia de agricultura, alimentación y medio ambiente, relativa a 
los cambios de los cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos, 
de la que tenga conocimiento con motivo de las solicitudes de ayudas de la 
Política Agrícola Común.
f)  Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que 
ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pongan en 
conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles 
de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para 
las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, 
siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la 
Dirección General del Catastro.
g)  Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General 
del Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, siempre que incorporen la 
totalidad  de  la  documentación  necesaria  para  acreditar  la  correspondiente 
alteración catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por 
aquella.
2.  Las comunicaciones previstas en las letras f) y g) anteriores no eximirán 
de  la  obligación  de  declarar  salvo  que  se  produzcan  con  anterioridad  a  la 
finalización del plazo máximo para cumplir con dicha obligación, en cuyo caso la 
Dirección  General  del  Catastro  advertirá  de  esta  circunstancia  en  el 
correspondiente acuerdo.
3.  El procedimiento de comunicación podrá iniciarse directamente con la 
notificación de la propuesta de resolución en aquellos supuestos en que no existan 
terceros afectados. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la  e.
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido  w.b
areecssuteoe lurpdcloiaó zqnou ,e s leoc so cnoitninetevnereer tseiralá dd oíesan  s niogd uehifeinaniyttiaevn aa ,l f oderenm tleuanl adfdiniéoan lidazolaescgeiaó cndi oidcneteal sdm,o e lany c pionrnooaptidfuicoea spdtaloa  zdoee,l    2021-1147n https://w
procediéndose al cierre y archivo del expediente.»
Tres.  Se modifica el apartado 6 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«6.  Los  actos  dictados  en  los  procedimientos  de  incorporación  mediante 
declaración, comunicación y solicitud tendrán eficacia desde la fecha en que se 
produjo el hecho, acto o negocio que originó la incorporación o modificación 
catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1.  El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará de oficio 
por acuerdo del órgano competente, cuando la Administración tenga conocimiento, 
por cualquier medio, de la falta de concordancia entre la descripción catastral de 
los  bienes  inmuebles  y  la  realidad  inmobiliaria  y  su  origen  no  se  deba  al 
incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar a que se refieren los 
artículos 13 y 14. La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, 
concediéndoles  un  plazo  de  15  días  para  que  formulen  las  alegaciones  que 
estimen convenientes.
La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha 
en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia y se 
notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe notificarse la 
resolución  expresa  será  de  seis  meses  desde  la  notificación  del  acuerdo  de 
iniciación  a  los  interesados.  El  vencimiento  del  plazo  máximo  de  resolución 
determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
No obstante, en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por 
el  procedimiento,  éste  podrá  iniciarse  directamente  con  la  notificación  de  la 
propuesta de resolución. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para 
la presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido 
este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de 
resolución  se  convertirá  en  definitiva  y  se  procederá  al  cierre  y  archivo  del 
expediente.»
Cinco.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  20,  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«2.  La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la 
modificación  de  su  descripción  por  virtud  de  actuaciones  inspectoras  tendrán 
eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se 
refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el 
correspondiente procedimiento sancionador dentro del plazo de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se hubiese notificado o se entendiese notificado el 
correspondiente acto de alteración catastral.»
Seis.  Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional tercera, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«4.  La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la modificación 
de su descripción resultante de la regularización, tendrá eficacia desde la fecha en 
que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o  es
modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen, sin  o
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta  3w
cgpoaannrasa tdraueqcraucseio lolno esfos  rbeinisedtnaiselepsse .ni»nsmabuleebsl epsa rqau ee l tdeensgaarnro lnloa tduera lleazsa e xrúpslotitcaac ioyn ecsu eangterínc oclaosn,   OE-A-2021-1147able en https://w
Siete.  Se modifica la disposición transitoria novena, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición transitoria novena.  Régimen transitorio para la determinación del 
valor de referencia de cada inmueble.
En  tanto  no  se  apruebe  el  desarrollo  reglamentario,  la  aplicación  de  los 
módulos  de  valor  medio  previstos  en  la  disposición  final  tercera  para  la 
determinación del valor de referencia de cada inmueble se realizará de acuerdo 
con las siguientes directrices:
a)  Para los bienes inmuebles urbanos, los criterios y reglas de cálculo se 
ajustarán a lo previsto en las normas técnicas de valoración y cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Serán de aplicación los módulos básicos de suelo y construcción de cada 
municipio,  que  se  aprueben  de  acuerdo  con  las  directrices  dictadas  para  la 
coordinación de valores.
Los valores de suelo de zona permitirán la reproducción de los módulos de 
valor  medio  de  los  productos  inmobiliarios  representativos  en  cada  ámbito 
territorial homogéneo de valoración.
La resolución a aprobar por la Dirección General del Catastro definirá su 
ámbito de aplicación y concretará criterios y reglas de cálculo, módulos básicos de 
suelo y construcción, valores de suelo de zona y costes de construcción, así 
como, en su caso, campos de aplicación de coeficientes correctores.
b)  Para los inmuebles rústicos sin construcciones, la resolución a aprobar por 
la Dirección General del Catastro definirá su ámbito de aplicación, y concretará 
criterios  y  reglas  de  cálculo,  así  como,  en  su  caso,  importes  y  campos  de 
aplicación  de  coeficientes  correctores  de  localización,  agronómicos  y 
socioeconómicos.
El informe anual del mercado inmobiliario al que hace referencia la disposición 
final tercera determinará los coeficientes correctores aplicables, así como sus 
importes.»
Ocho.  Se modifica la disposición final tercera, que queda redactada de la siguiente 
forma:
«Disposición final tercera.  Valor de referencia.
La Dirección General del Catastro determinará de forma objetiva y con el límite 
del valor de mercado, a partir de los datos obrantes en el Catastro, el valor de 
referencia, resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios 
públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas.
A este efecto, incluirá las conclusiones del análisis de los citados precios en un 
informe anual del mercado inmobiliario, y en un mapa de valores que contendrá la 
delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará 
módulos de valor medio de los productos inmobiliarios representativos. El citado 
mapa se publicará en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.
Con el fin de que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de 
mercado  se  fijará,  mediante  orden  de  la  Ministra  de  Hacienda,  un  factor  de  e.
minoración al mercado para los bienes de una misma clase. w.b
rceasdoaClu oicnnióm pnue, erlioboslde ie cpliedomar dea naptnolicusaa pcl,ri eólacn i sDdoierse  pcloacsiró anc li atGa ddeeontsee rramml óidndeaulc loiCósna  tdadese tlr vvoaa allooprrr  odmbeea rdreáifo,e  rmye enddceiiaa  nldotees    2021-1147n https://w
rfaecgtloarmees ntadriea memnitneo srea cdióente rmcinoerr.espondientes,  en  la  forma  en  la  que
Esta resolución se publicará por edicto en la Sede Electrónica de la Dirección 
General del Catastro antes del 30 de octubre del año anterior a aquel en que deba 
surtir efecto, previo trámite de audiencia colectiva. A este efecto, se publicará un 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» en el que se anunciará la apertura del 
mencionado trámite por un periodo de diez días, durante el cual los interesados 
podrán presentar las alegaciones y pruebas que estimen convenientes.
La  citada  resolución  será  recurrible  en  vía  económico-administrativa,  o 
potestativamente mediante recurso de reposición, por los interesados y en el plazo 
de  un  mes  desde  su  publicación,  sin  que  la  interposición  de  la  reclamación 
suspenda su ejecución.
En  los  20  primeros  días  del  mes  de  diciembre,  la  Dirección  General  del 
Catastro publicará en el ''Boletín Oficial del Estado'' anuncio informativo para 
general conocimiento de los valores de referencia de cada inmueble, que, al no 
tener condición de datos de carácter personal, podrán ser consultados de forma 
permanente a través de la Sede Electrónica del Catastro.»
Artículo decimoquinto.  Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 82 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«c)  Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y 
las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 
de euros.
En  cuanto  a  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no 
Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante 
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas:
1.ª  El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.
2.ª  El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto 
sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  el  del  período  impositivo  cuyo  plazo  de 
presentación  de  declaraciones  por  dichos  tributos  hubiese  finalizado  el  año 
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho 
período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe 
neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª  Para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo,  e.
se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él. w.b
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control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe
neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a 
dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del 
artículo 42  del  Código de  Comercio son  los recogidos en la sección 1.ª del 
Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, 
aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
4.ª  En el supuesto de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al 
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.»
Artículo  decimosexto.  Modificación  de  la  Ley  36/2006,  de  29  de  noviembre,  de 
medidas para la prevención del fraude fiscal.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, 
de medidas para la prevención del fraude fiscal:
Uno.  Se  modifica  la  disposición  adicional  primera,  que  queda  redactada  de  la 
siguiente forma:
«Disposición adicional primera.  Definición de jurisdicción no cooperativa.
1.  Tendrán la consideración de jurisdicciones no cooperativas los países y 
territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que se determinen por la 
Ministra de Hacienda mediante Orden Ministerial conforme a los criterios que se 
establecen en los apartados siguientes de este artículo.
2.  La  relación  de  países  y  territorios  que  tienen  la  consideración  de 
jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a los siguientes 
criterios:
a)  En materia de transparencia fiscal:
1.º)  La existencia con dicho país o territorio de normativa sobre asistencia 
mutua  en  materia  de  intercambio  de  información  tributaria  en  los  términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de 
aplicación.
2.º)  El cumplimiento de un efectivo intercambio de información tributaria con 
España.
3.º)  El resultado de las evaluaciones ''inter pares'' realizadas por el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.
4.º)  El efectivo intercambio de información relativa al titular real, definido en 
los términos de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.
A  los  efectos  de  esta  letra  a)  se  entiende  por  efectivo  intercambio  de 
información, la aplicación de la normativa sobre asistencia mutua en materia de 
intercambio  de  información  tributaria  atendiendo  a  los  términos  de  referencia 
aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con 
Fines Fiscales.
b)  Que faciliten la celebración o existencia de instrumentos o de sociedades 
extraterritoriales,  dirigidos  a  la  atracción  de  beneficios  que  no  reflejen  una  s
actividad económica real en dichos países o territorios. o
c)  La existencia de baja o nula tributación. 3ww.
un nEixvieslt ei mbpaojas ittriivbou taecfeiócnti vcou acnodnos iedne realb pleamíse not ete rirnitfoerriioo rd, ein qculuei dsoe  etrla tteip ose  caeproliq, uael   2021-1147n https://w
exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes.
Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se 
aplique  un  impuesto  idéntico  o  análogo  al  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, según corresponda.
Tendrán la consideración de impuesto idéntico o análogo los tributos que 
tengan  como  finalidad  la  imposición  de  la  renta,  siquiera  parcialmente,  con 
independencia  de  que  el  objeto  del  mismo  lo  constituya  la  propia  renta,  los 
ingresos o cualquier otro elemento indiciario de esta.
3.  La relación de regímenes fiscales perjudiciales que tienen la consideración 
de jurisdicciones no cooperativas se podrá actualizar atendiendo a los criterios del 
Código de Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial de la Unión Europea o 
del Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales de la OCDE.
4.  Las  normas  de  cada  tributo  podrán  establecer  especialidades  en  la 
aplicación de las normas contenidas en esta disposición.
5.  Respecto de aquellos países o territorios que tengan la consideración de 
jurisdicciones  no  cooperativas,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  esta 
disposición, con los que el Reino de España tenga suscrito un convenio para evitar 
la doble imposición que se encuentre vigente, la normativa tributaria relacionada 
con  las  jurisdicciones  no  cooperativas  resultará  también  de  aplicación,  en  la 
medida en que no sea contraria a las disposiciones del citado convenio.»
Dos.  Se añade una disposición adicional décima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima.  Referencias normativas.
1.  Las referencias efectuadas en la normativa a paraísos fiscales, a países o 
territorios con los que no exista efectivo intercambio de información, o de nula o 
baja  tributación  se  entenderán  efectuadas  a  la  definición  de  jurisdicción  no 
cooperativa de la disposición adicional primera de esta Ley.
2.  Se entenderán suprimidas las referencias efectuadas a los apartados 2, 3 
y 4 de la disposición adicional primera de esta Ley, en su redacción anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 11/2021, de  medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal y de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 
de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
3.  Las referencias normativas efectuadas a Estados con los que exista un 
efectivo  intercambio  de  información  tributaria  o  en  materia  tributaria,  se 
entenderán efectuadas a Estados con los que exista normativa sobre asistencia 
mutua  en  materia  de  intercambio  de  información  tributaria  en  los  términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de 
aplicación.»
Tres.  Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición transitoria segunda.  Aplicación transitoria de la consideración de  s
jurisdicción no cooperativa. oe.
ltoiesn peEanní  slatea scn otoon  tsenidrore itrsoaerci oidósen pt edrreemv jiiusnrteiosnsd  iepcnoc iróe nOl  Rrndeoea cnl o DMoepicneriresattoetiv r1iaa0,l  8tle0on/s1d 9prá9an1ís ,d edisce h o5a   dtceeor nrjiustoliidroieo, rspa ocqrióu enel    2021-1147n https://w
qaupea rtsaed od 3e,t enrúmminearno  4lo, sd ep alaís eLse yo 1 7te/1rr9it9o1ri,o sd ea 2 7q udee  smea yreof,i edree nM  leodsi daarst ícFuislocsa le2s, 
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991.»
Artículo  decimoséptimo.  Modificación  de  la  Ley  13/2011,  de  27  de  mayo,  de 
regulación del juego.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego:
Uno.  Se añaden una letra f) al apartado 4 y las letras f) y g) al apartado 5 del 
artículo 10, con la siguiente redacción:
«''f)  No  utilizar  denominaciones  comerciales  o  web,  marcas,  imágenes  o 
cualquier otro elemento relevante para la identificación comercial de su actividad 
que guarde identidad o semejanza con los vinculados a entidades que ofrezcan 
actividades de juego sin título habilitante constitutivas de la infracción prevista en 
la letra a) del artículo 39, salvo que cuenten para ello con la autorización expresa 
de la autoridad encargada de la regulación del juego.''
''f)  Colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración y aplicación 
de un manual de prevención de lucha contra el fraude que incluya una descripción 
de los procedimientos y medidas implementados para la identificación de los 
diferentes escenarios de fraude y su tratamiento. A estos efectos, los operadores 
deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las 
operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores 
que participen en ellas.
No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos 
que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones 
previstas en este párrafo esta letra.
g)  Asegurar la debida diligencia en el seguimiento de la actividad de los 
participantes, con arreglo a elementos tales como los patrones de consumo, el 
nivel de depósito y gasto, los medios de pago utilizados o la capacidad económica 
de aquéllos, de cara a evitar prácticas fraudulentas y de riesgo.''»
Dos.  Se modifica la letra c) y se añade una letra k) al apartado 2 y se añade un 
apartado 4 al artículo 13, que quedan redactados de la siguiente forma:
«''c)  Haber  sido  sancionada  la  persona  física,  la  persona  jurídica  o  sus 
socios, directivos o administradores, o cualquier otra entidad que forme parte del 
grupo empresarial al que pertenezca mediante resolución administrativa firme por 
dos o más infracciones muy graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento 
de la normativa de juego del Estado o de las Comunidades Autónomas.''
''k)  No haber satisfecho el solicitante o cualquier empresa perteneciente a su 
grupo empresarial el pago de cualesquiera sanciones pecuniarias consecuencia 
de resoluciones firmes por infracciones de la presente Ley.''
''4.  Cualquier variación en la titularidad del capital social de los licenciatarios 
implicará una nueva acreditación de los requisitos previstos en el apartado 1 en 
los términos previstos reglamentariamente.''»
Tres.  Se modifica el apartado 8 y se añade un apartado 15 al artículo 21, que  bo
quedan redactados de la siguiente forma: 3w
espa«ñ''8o.l ,  yPae rsdeegsudier  eflu ejureag od en oE asuptaoñriaz ayd oq, uyea  ssee  redairliijcae  aeln  teerl ráitmorbioit od deel l EEsstataddoo,   2021-1147n https://w
pudiendo  requerir  a  cualquier  proveedor  de  juegos  o  de  servicios  de  juego,
servicios  de  pago,  entidades  de  prestación  de  servicios  de  comunicación  Bc
audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o 
de  comunicaciones  electrónicas,  agencias  de  publicidad,  redes  publicitarias  y 
entidades patrocinadas, información relativa a las operaciones realizadas por los 
distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el 
cese de los servicios que estuvieran prestando.''
''15.  Combatir el fraude en el entorno de las actividades del juego, incluyendo 
el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades competentes 
en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones 
deportivas.''»
Cuatro.  Se añade un apartado 6 al artículo 24, con la siguiente redacción:
«6.  La autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso a 
los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas y que 
sean necesarios para controlar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas 
previstas en las letras d), e) y f) del artículo 6.2.»
Cinco.  Se modifican las letras e) y n) y se añaden las letras ñ) y o) al artículo 40, 
que quedan redactados de la siguiente forma:
«''e)  El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de 
prestación de servicios previstos en esta Ley.''
''n)  El incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de juego 
responsable  y  de  protección  de  los  jugadores  fijados  en  las  normas  y 
disposiciones vigentes.''
''ñ)  Promover o facilitar la participación desde España en las actividades de 
juego a las que se refiere el artículo 2.1 a través de páginas web distintas a las 
legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en España.
o)  La comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años, con 
sanción definitiva en vía administrativa.''»
Seis.  Se añade una letra f) al artículo 41 con la siguiente redacción:
«f)  Participar  desde  España,  a  través  del  uso  de  técnicas  de 
enmascaramiento de direcciones IP territoriales españolas, en las actividades 
de juego a las que se refiere el artículo 2.1 ofrecidas a través de páginas distintas 
de las legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en 
España.»
Siete.  Se añade un artículo 47 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 47 bis.  Publicación de información relativa a infracciones.
1.  La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página 
web,  publicará  las  resoluciones  sancionadoras  firmes  en  vía  administrativa 
impuestas con arreglo a los tipos infractores de los artículos 39 y 40, una vez 
notificados a los interesados.
2.  La autoridad encargada de la regulación del juego, a través de su página 
web, publicará información actualizada sobre dominios web a través de los cuales  e.
se haya acreditado el ofrecimiento de las actividades incluidas en el ámbito de  w.b
aplicación de esta Ley careciendo del correspondiente título habilitante.» 2021-1147n https://w
Ocho.  Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Suministro de información de la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., y de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles.
1.  La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, como operadores designados para 
la comercialización de juegos de loterías de ámbito estatal regulados en esta Ley, 
colaborarán  con  la  Administración  Tributaria  del  Estado  suministrando 
determinados datos con trascendencia tributaria en el ámbito de las loterías y 
apuestas que organicen.
En particular, sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar 
procedentes, el operador informará mensualmente por medios electrónicos sobre 
los premios pagados sujetos o no a retención, con identificación del perceptor y de 
su representante legal, fecha de celebración del sorteo o apuesta, fecha de pago 
del premio y forma de pago, y, en su caso, importe de la retención o ingreso a 
cuenta.
2.  El  convenio  que  suscriba  el  operador  con  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria establecerá la forma y el plazo de presentación de la 
información y contendrá la información a que se refiere el apartado anterior, así 
como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información. 
A dicho convenio le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.5 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
Artículo  decimoctavo.  Modificación  de  la  Ley  7/2012,  de  29  de  octubre,  de 
modificación  de  la  normativa  tributaria  y  presupuestaria  y  de  adecuación  de  la 
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude.
Se modifican el número 1 del apartado Uno, los números 4 y 5 del apartado Dos, el 
número 1 del apartado Tres y se añade un número 5 al citado apartado Tres, del 
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que quedan redactados de la 
siguiente forma:
«''1.  No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 
igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no 
tiene  su  domicilio  fiscal  en  España  y  no  actúe  en  calidad  de  empresario  o 
profesional.''
''4.  La  base  de  la  sanción  será  la  cuantía  pagada  en  efectivo  en  las 
operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o su 
contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a 
que se refiere el número 1 del apartado Uno, respectivamente.
5.  La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de  e.
la base de la sanción prevista en el número anterior salvo que concurra un  w.b
Tsurepsu edset oe sdtee  arertdícuuclcoi.ó''n de la sanción al que se refiere el número 5 del apartado  2021-1147n https://w
en e''1s.t e Ealr tpícruolcoe, dpimorie nlot od sisapnuceiosntoa deonr  seel  rTeígtuirloá , IcVo nd ela sla e sLpeeyc i3a9li/d2a0d1e5s,  pdree v1is tdaes 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como las disposiciones reglamentarias 
que desarrollen las anteriores leyes.
No  obstante  lo  anterior,  el  régimen  de  las  notificaciones  en  dichos 
procedimientos será el previsto en la sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.''
''5.  En  la  tramitación  del  referido  procedimiento  sancionador  regirán  las 
siguientes especialidades:
a)  El titular del órgano competente para resolver designará al instructor, que 
procederá al inicio del procedimiento sancionador y a formular la propuesta de 
resolución.
b)  Cuando  al  tiempo  de  iniciarse  el  procedimiento  sancionador  se 
encontrasen en poder del órgano competente los elementos que permitan formular 
una propuesta de resolución, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación.
c)  Se prescindirá del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución 
a  que  se  refiere  el  artículo  82  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d)  Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el 
presunto  responsable  en  cualquier  momento  anterior  a  la  notificación  de  la 
resolución  implicará  la  terminación  del  procedimiento  con  las  siguientes 
consecuencias:
1.º  La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción, sin que resulten 
aplicables las reducciones previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
2.º  La  renuncia  a  formular  alegaciones.  En  el  caso  de  que  fuesen 
formuladas, se tendrán por no presentadas.
3.º  La  terminación  del  procedimiento,  sin  necesidad  de  dictar  resolución 
expresa, el día en que se realice el pago.
4.º  El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición de recurso contencioso-administrativo supondrá la pérdida de 
la  reducción  aplicada,  que  se  exigirá  sin  más  trámite  que  la  notificación  al 
interesado.
5.º  El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
e)  El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa será 
de seis meses contado desde la fecha del acuerdo de iniciación.
f)  El procedimiento podrá iniciarse a pesar de que concurra la circunstancia a 
que  se  refiere  el  artículo  63.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.''»
Artículo decimonoveno.  Modificación de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley del Notariado de 28 de mayo 
de 1862: e.e
Uno.  Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma: 3ww.
«Artículo 23. 2021-1147n https://w
índoLleo se snpoetacriiaols l od areráqnu ifeer aenn  dlaes q eusec rcitounroacse pnú bal ilcaass p ya retne sa oq udeell ahsa baecrtases  qausee gpuorra dsuo   BOE-A-cable e
de  su  identidad  por  los  medios  supletorios  establecidos  en  las  leyes  y 
reglamentos.
Serán  medios  supletorios  de  identificación,  en  defecto  del  conocimiento 
personal del Notario, los siguientes:
a)  La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al 
otorgante  y  sean  conocidas  del  Notario,  siendo  aquéllos  responsables  de  la 
identificación.
b)  La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que 
de esta última dé fe de conocimiento el Notario.
c)  La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma 
expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas.
El  Notario  en  este  caso  responderá  de  la  concordancia  de  los  datos 
personales, fotografía y firma estampados en el documento de identidad exhibido, 
con las del compareciente.
d)  El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público anterior en 
que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante.
El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido 
a error sobre la personalidad de estos por la actuación maliciosa de ellos mismos 
o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad criminal, la cual será exigida 
únicamente cuando proceda con dolo.  En tal supuesto el Notario, sin perjuicio de 
lo anterior, será inmediatamente sometido a expediente de corrección disciplinaria 
con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se hayan producido por 
tal error a terceros interesados.
Si se trata de escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se 
adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el Notario 
autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades 
en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura.
Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad 
con o sin personalidad jurídica el Notario incluirá obligatoriamente en aquellas el 
número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención 
de  cualquier  escritura  pública,  acta  o  póliza,  el  notario  consultará  la  lista  de 
números  de  identificación  fiscal  revocados.  El  Notario  deberá  abstenerse  de 
autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por 
una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad 
con lo previsto en la normativa tributaria.»
Dos.  Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 24.
En todo instrumento público consignará el Notario su nombre y vecindad, los 
nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y día del otorgamiento.
Los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la 
regularidad no solo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que 
autorice  o  intervenga,  por  lo  que  están  sujetos  a  un  deber  especial  de 
colaboración con las autoridades judiciales y administrativas. s
En consecuencia, este deber especial exige del Notario el cumplimiento de  oe.
aquellas obligaciones que en el ámbito de su competencia establezcan dichas  w.
taruatnoEsrmind iatladanes,s  .gersacvreitnu,r ams odreifliaqtuiveans  o ae xaticntgoasn  oa  tcíotunlotr aotnoes ropsoor  ello dso mquinei os ye  lodse cdleamreáns,   2021-1147n https://w
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  se  identificarán,  cuando  la
contraprestación  consistiere  en  todo  o  en  parte  en  dinero  o  signo  que  lo  Bc
represente, los medios de pago empleados por las partes.  A tal fin, y sin perjuicio 
de su ulterior desarrollo reglamentario, deberá identificarse si el precio se recibió 
con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así 
como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o 
al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria.
Igualmente, en las escrituras públicas citadas el Notario deberá incorporar la 
declaración  previa  del  movimiento  de  los  medios  de  pago  aportadas  por  los 
comparecientes cuando proceda presentar esta en los términos previstos en la 
legislación de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha 
declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar esta circunstancia en la 
escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del 
Notariado.
En las escrituras públicas a las que se refieren este artículo y el artículo 23 de 
esta  Ley,  el  Consejo  General  del  Notariado  suministrará  a  la  Administración 
Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, la información 
relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de 
comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la 
escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a 
identificar  los  medios  de  pago.  Estos  datos  deberán  constar  en  los  índices 
informatizados.
El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para 
que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la 
identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal 
revocado  y  no  rehabilitado  que  hubieran  pretendido  otorgar  un  documento 
público.»
Disposición adicional primera.  Normas de control sobre el tabaco crudo y régimen 
sancionador.
Uno.  Ámbito de aplicación.
1.  La presente disposición será aplicable a los operadores de tabaco crudo y a los 
transportistas por cuenta ajena de este producto.
2.  A los efectos de esta disposición son operadores de tabaco crudo las personas 
físicas  o  jurídicas  o  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  realicen  actividades 
comerciales que tengan por objeto el tabaco crudo que se encuentre o circule por 
territorio español.
No  obstante,  a  los  efectos  previstos  en  esta  disposición  no  se  considerarán 
operadores de tabaco crudo los transportistas que actúen por cuenta ajena, sin perjuicio 
de las obligaciones específicas que a los mismos se imponen en el apartado Seis de la 
presente disposición.
Los operadores de tabaco crudo que no estén establecidos en territorio español 
deberán designar un representante con domicilio en dicho territorio para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta disposición.
3.  A los efectos de esta disposición, el concepto de tabaco crudo comprende las 
hojas y otras partes naturales de la planta del tabaco una vez curadas o secadas, 
cuando las mismas no tengan la consideración de labores del tabaco con arreglo a lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. Dicho concepto no incluye en ningún caso la planta viva ni la planta cortada  e
que no esté curada o secada. bo
D1.o s.S eP prroohhiíbbicei óenl  cdoem ceormcieor mcioin moriinsotar isdtea  tdaeb atacboa ccrou dcoru.do. 2021-1147n https://w
activ2i.d adA,  dloess aerfreoclltaodsa  dceo nla  ápnrimesoe ndtee  luLceryo, , sceo nesnitsietenndtee  epno ro cfeormtaer rclaio v emnitnao rois stau maiqnuisetlrloa 
de  tabaco  crudo  a  los  consumidores  finales  de  la  misma,  utilizando  o  no  un 
establecimiento y realizada por cualquier medio, incluida tanto la venta directa, como 
venta a distancia, a través de internet o de cualesquiera otras formas de oferta mediante 
sistemas de comunicación.
Tres.  Registro de Operadores de Tabaco Crudo y obligación de inscripción.
1.  Se crea el Registro de Operadores de Tabaco Crudo, que será único para todo el 
territorio español, y se ubicará en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la 
que corresponderá la gestión y mantenimiento del mismo.
2.  Todos los operadores de tabaco crudo deberán inscribirse, con carácter previo al 
inicio de su actividad, en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo. A tal efecto, el 
operador, junto con sus datos identificativos, deberá describir detalladamente la actividad 
comercial que pretende desarrollar y el uso y destino que vaya a dar al tabaco crudo, 
haciendo  constar  los  establecimientos  y  locales  de  almacenamiento  donde  vaya  a 
desarrollar  su  actividad.  En  el  caso  de  operadores  sujetos  al  cumplimiento  de 
obligaciones  de  habilitación  o  registro  establecidas  por  la  normativa  reguladora  del 
Mercado de Tabacos, el cumplimiento de dichas obligaciones será requisito para la 
inscripción en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo.
3.  Cualquier  modificación  de  los  datos  declarados  deberá  ser  previamente 
comunicada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4.  La inscripción en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo llevará aparejada 
la asignación de un Número de Operador de Tabaco Crudo.
Cuatro.  Obligaciones contables.
1.  Los operadores de tabaco crudo deberán llevar un sistema de contabilidad en 
soporte informático en la que se anotarán todas las operaciones de compra, venta, 
movimientos de entrada o salida del territorio español o de los depósitos o almacenes de 
tabaco crudo.
2.  En  todo  caso,  la  contabilidad  deberá  especificar  la  fecha  del  movimiento, 
cantidad de producto en kilogramos, identificación del proveedor o del cliente, así como 
del propietario del producto cuando se encuentre en un almacén o depósito, y, en las 
expediciones, del destinatario, medio de transporte, lugar de entrega y el número del 
documento de circulación al que se refiere el apartado siguiente.
3.  Los operadores de tabaco crudo deberán conservar la contabilidad a la que se 
refiere este apartado y los documentos de soporte de la misma durante el periodo de 
prescripción establecido en el apartado Dieciséis.
Cinco.  Obligaciones relativas a la circulación de tabaco crudo.
1.  Toda circulación de tabaco crudo por territorio español, incluso si comienza o 
termina fuera del mismo, deberá ir amparada por un documento de circulación, que 
deberá acompañar en todo momento al medio de transporte.
2.  Con carácter previo a la circulación y, en todo caso, con una antelación mínima 
de veinticuatro horas, los operadores que sean propietarios de tabaco crudo que vaya a 
ser objeto de un envío de un establecimiento a otro, deberán comunicarlo a la Agencia 
Estatal  de  Administración  Tributaria,  la  cual  llevará  a  cabo  un  procedimiento  de 
validación de los datos comunicados.
3.  Los datos que, en todo caso, deberá contener la comunicación son: es
a)  Nombre o razón social, número de identificación fiscal, o Número IVA y domicilio  w.
dmeel debiox) p deeDd iitrdreaocnrc,s idpóeonlr  tddeee. sltoinsa etasrtiaob yle dceiml tieranntossp odretis etax.pedición y destino, y ruta que seguirá el  2021-1147n https://w
c)  Cantidad de producto, en kilogramos, y número de bultos o envases del mismo.
4.  Cualquier variación de los datos indicados deberá ser comunicada a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por el operador que haya realizado la comunicación 
prevista el apartado 2 anterior, en las veinticuatro horas siguientes al momento de 
detectarse dicha variación.
5.  El documento de circulación consistirá en un ejemplar impreso, o en cualquier 
soporte  digital,  del  documento  en  el  que  aparezcan  todos  los  datos  relativos  a  la 
expedición comunicada previamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
una vez que hayan sido validados y en el que conste de forma legible un código seguro 
de verificación (CSV).
Seis.  Obligaciones de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1.  Los  transportistas  de  mercancías,  cuando  actúen  por  cuenta  ajena  en 
operaciones relacionadas con tabaco crudo, deberán comunicar a la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria,  en  el  momento  que  les  sean  solicitados  los  servicios  de 
transporte y, en todo caso, con carácter previo a su inicio, la identificación del documento 
de circulación.
2.  Los transportistas de tabaco crudo por cuenta de terceras personas, deberán 
informar de cualquier cambio de ruta, destino o destinatario que le sea ordenado por el 
operador  o  por  un  tercero  por  cuenta  de  éste,  que  difiera  del  consignado  en  el 
documento de circulación, identificando la dirección del nuevo destino y, en su caso, del 
nuevo destinatario. La Agencia Estatal de Administración Tributaria dispondrá de un 
plazo de cuatro horas para dar instrucciones al transportista, transcurrido el cual, salvo 
otra indicación por parte de aquélla, éste podrá proceder a la entrega del tabaco crudo 
conforme a las nuevas instrucciones del operador.
3.  El  destinatario  de  la  expedición  de  tabaco  crudo  y  el  titular  de  cualquier 
almacenamiento  intermedio,  que  se  encuentren  establecidos  en  territorio  nacional, 
deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sus respectivas 
recepciones,  en  las  veinticuatro  horas  siguientes  a  la  misma,  haciendo  constar 
expresamente la cantidad recibida y cualquier anomalía o discrepancia, respecto de los 
datos declarados en el documento de circulación. En el caso de que el lugar de entrega 
no se encuentre en el territorio nacional, la comunicación de la recepción definitiva por el 
destinatario la realizará el operador propietario al que se refiere el apartado Cinco.2.
Siete.  Facultades de los órganos de control.
1.  Son órganos de control a los efectos previstos en esta disposición los de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a los que su normativa de organización 
atribuya la competencia en materia de control de tabaco crudo.
2.  Los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria integrados en 
los órganos de control ostentarán para el ejercicio de sus funciones las siguientes 
facultades:
a)  Acceso a los establecimientos y locales en que se realicen las operaciones 
sujetas a control o existan pruebas de las mismas.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control sea necesario entrar en el 
domicilio constitucionalmente protegido del obligado, deberá obtener el consentimiento 
de aquél o la oportuna autorización judicial.
b)  Examen de la documentación, contabilidad y registros, incluidos los informáticos, 
de los sujetos obligados por esta disposición. e.e
c)  Requerir información relativa a operaciones con tabaco crudo, al propio operador  b
ocr uad tdoe).r ceRroesc orenloacciimonieandtoos  dceo nlo éss tme epdoiro rsa zdóen  tdraen lsapso mrteis mqause. pudieran transportar tabaco  2021-11473n https://ww
de foet)o gRraefícaosn yo creimgiiestnrtoo  vfiídseicoog dráefli cporo ddeu clatos ,i npsetsaalajec,i orenaelsiz ya cdieóln p droed curcotqou.is y planos, toma
f)  Obtención de muestras para su posterior análisis por el laboratorio competente.
3.  El sujeto obligado que hubiera sido requerido por el órgano de control deberá 
personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para 
la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de dicho órgano la 
documentación y demás elementos solicitados.
4.  Los operadores, transportistas y los titulares o responsables de los almacenes y 
otros  lugares  donde  se  almacene  tabaco  crudo  estarán  obligados  a  facilitar  a  los 
funcionarios responsables del control regulado en esta disposición, el ejercicio de las 
facultades anteriormente relacionadas, y les prestarán la debida colaboración para el 
desarrollo de sus funciones.
5.  Las actuaciones de control se documentarán en diligencias, las cuales tienen 
naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su 
formalización,  salvo  que  se  acredite  lo  contrario.  Los  hechos  contenidos  en  las 
diligencias y aceptados por la persona que atienda a los funcionarios que lleven a cabo 
las actuaciones de control, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo 
podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.
6.  Los funcionarios que desempeñen las funciones de control previstas en este 
apartado serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, 
si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas. Las autoridades públicas les 
prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de sus funciones de 
control.
Ocho.  Régimen sancionador.
1.  Son infracciones las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier 
grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta disposición.
2.  Las infracciones administrativas previstas en esta disposición se clasificarán en 
muy graves, graves y leves.
3.  La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones 
llevará aparejada la imposición de las sanciones que procedan por cada una de ellas.
Nueve.  Sujetos infractores y responsables.
1.  Serán  sujetos  infractores  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las  entidades 
mencionadas  en  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, que realicen las conductas tipificadas en los apartados siguientes.
2.  El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, 
así como las personas físicas o jurídicas que integren las entidades mencionadas en el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, responderán 
solidariamente de las infracciones de que sean responsables los sujetos infractores.
Diez.  Tipos de infracciones.
1.  Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a)  El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro de Operadores 
de Tabaco Crudo previsto en el apartado Tres.
b)  El  incumplimiento  absoluto  en  la  llevanza  de  la  contabilidad  de  existencias 
prevista en el apartado Cuatro.
c)  La llevanza, prevista en el apartado Cuatro, de contabilidades distintas que no 
permitan conocer la verdadera situación del operador de tabaco crudo. s
d)  El incumplimiento de la obligación de comunicación previa establecida en el  oe.
apartado Cinco.2. w.
ecisrctauebn)l setcaLidnaoc isae  naetr nel ag aeA l gdedeno cctaiuabm aEecsnott aotc arlud dedo e  cAeirndc mulluiangcisiaótrrnea sc isóoinn   aTq ruidbeeu statsirneiaa  taheranioy lsao  sd cipofelmarzeuonnstiec say  dfaoo  rmlotaasl    2021-1147n https://w
prevista en los apartados Cinco y Seis.
f)  La  desatención  a  las  instrucciones  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria en el caso previsto en el apartado Seis.2 cuando éstas fueran facilitadas al 
transportista dentro del plazo previsto en el mismo.
g)  La falta de la comunicación previa a la que se refiere el apartado Cinco.2 cuando 
afecte a los establecimientos y al uso del tabaco crudo.
2.  Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a)  La  circulación  de  tabaco  crudo  relacionada  con  la  infracción  que  no  vaya 
acompañada del documento de circulación previsto en el apartado Cinco, o amparada 
con  documentos  de  circulación  en  los  que  se  hayan  falseado  o  cumplimentado 
incorrectamente los datos previstos en el apartado Cinco. No obstante, la existencia de 
diferencias en la cantidad de producto transportado que no excedan de un 10 por 100 de 
la cantidad que conste en el documento de circulación no tendrá la consideración de 
infracción grave.
b)  El incumplimiento de las obligaciones de información previstas en el apartado 
Seis cuando no constituyan infracciones muy graves.
c)  El comercio minorista de tabaco crudo.
d)  La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la acción investigadora de los 
órganos competentes para el control de las obligaciones previstas en esta disposición.
A estos efectos, constituye resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes 
conductas de la persona investigada, del presunto infractor o de la persona sancionada:
1.°  No facilitar el examen de la documentación justificativa de los bienes, medios o 
instrumentos  y  las  actividades  objeto  de  la  investigación  o  de  la  documentación 
necesaria para la tramitación del expediente sancionador.
2.°  No atender algún requerimiento debidamente notificado.
3.°  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.
4.°  Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a 
las autoridades, funcionarios o fuerzas o el reconocimiento de medios de transporte, 
locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con la investigación, la 
tramitación del expediente o la ejecución de la sanción.
5.º  Las coacciones a las autoridades, funcionarios y fuerzas en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas por la ley.
6.°  Cualquier otra actuación del presunto infractor o de la persona objeto de la 
investigación tendente a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones.
3.  Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a)  La circulación de tabaco crudo amparada por documentos de circulación en los 
que se aprecien diferencias en la cantidad de producto transportado que excedan del 5 
por 100 de la cantidad que conste en aquél y no superen el 10 por 100.
b)  La  emisión  de  documentos  de  circulación  en  los  que  se  hayan  falseado  o 
cumplimentado incorrectamente datos cuando no constituya infracción grave.
c)  Cualesquiera  otras  irregularidades  o  incumplimientos  de  las  obligaciones  y 
medidas establecidos en la presente disposición cuando no constituyan infracciones muy 
graves o graves.
Once.  Sanciones. es
1.  Por  la  comisión  de  infracciones  muy  graves  se  impondrán  las  siguientes  w.
sancai)o neLsa:s infracciones a las que se refieren las letras b), c), d), e) o f) del apartado  2021-1147n https://w
tDaibeazc.1o  scerurádno  sqaunec ieosntaéd aasfe cctoand om ou ltrae lapceiocunnaidaori ac odne  ta4l0e se uinrforas cpcioorn ecsa,d ac okni lougnr ammíon imdeo 
de 10.000 euros.
Cuando,  por  causas  imputables  al  sujeto  infractor,  no  pudiera  determinarse  la 
cantidad de tabaco crudo afectado o relacionado con la infracción, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija de 100.000 euros.
b)  En los supuestos de infracción muy grave, las letras a) o g) del apartado Diez.1, 
se impondrá una sanción pecuniaria fija de 50.000 euros.
2.  Por la comisión de infracciones graves se impondrán las siguientes sanciones:
a)  Las infracciones a las que se refieren las letras a), b) o c) del apartado Diez.2 
serán sancionadas con multa pecuniaria de 20 euros por cada kilogramo de tabaco 
crudo que esté afectado o relacionado con tales infracciones, con un mínimo de 5.000 
euros.
Cuando,  por  causas  imputables  al  sujeto  infractor,  no  pudiera  determinarse  la 
cantidad de tabaco crudo afectado o relacionado con la infracción, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija 50.000 euros.
b)  La resistencia, obstrucción, excusa o negativa prevista en el apartado Diez.2 d) 
de esta Ley, se sancionará con multa pecuniaria de:
1.°  En  los  supuestos  previstos  en  el  apartado  diez.2.  d)  4.º  y  5°  con  multa 
pecuniaria  fija  de  50.000  euros,  siempre  que,  en  este  último  caso,  no  tenga  la 
consideración de delito.
2.º  En los demás casos del apartado Diez.2.d), con multa pecuniaria fija de 25.000 
euros.
3.  Por la comisión de infracciones leves se impondrán las siguientes sanciones:
a)  Las infracciones a las que se refieren las letras a) y b) del apartado Diez.3 serán 
sancionadas con multa pecuniaria de 10 euros por cada kilogramo de tabaco crudo que 
esté afectado o relacionado con tales infracciones, con un mínimo de 2.500 euros.
Cuando,  por  causas  imputables  al  sujeto  infractor,  no  pudiera  determinarse  la 
cantidad de tabaco crudo objeto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá una 
sanción pecuniaria fija 5.000 euros.
b)  Las  infracciones  a  las  que  se  refiere  la  letra  c)  del  apartado  Diez.3  serán 
sancionadas con una multa pecuniaria fija de 5.000 euros.
Doce.  Graduación de las sanciones.
1.  El importe final de la sanción se incrementará en un 20% en caso de comisión 
repetida de infracciones.
Se apreciará comisión repetida de infracciones cuando el sujeto infractor haya sido 
sancionado por cualquier infracción administrativa prevista en esta disposición mediante 
resolución administrativa firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la 
comisión de la infracción.
2.  En el supuesto de concurso de infracciones, cuando alguna de ellas haya tenido 
como resultado el descubrimiento de tabaco crudo, se sancionará únicamente por la 
infracción más grave.
Trece.  Comiso.
1.  Toda multa que se impusiere por la comisión de las infracciones tipificadas en la 
presente  disposición  como  muy  graves  o  graves,  llevará  consigo,  como  sanción  e
accesoria, el comiso del tabaco crudo que constituya el objeto de la infracción y de los  bo
bienes, medios e instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y,  3w
eafunne tser2aur.i  o pcroa,S sssiioe,b , lp eado cereo  llcr odcusaoa remláqfe iusecioelt  ocrd soce mip rclriosousocn  esbpdtioaeernnn uceteinsas ,,v   edainfeleoc célru tseoidtqsaau . oilva ai nlsesetnrñtueam ladedena ot otersno  ssee blñ iaeapnlaaedrstoa qsd uoee n sp iegelur taieepnnaeterzt,ac dnaoon    OE-A-2021-1147able en https://w
a los infractores.
3.  No se procederá al comiso de los bienes distintos del tabaco crudo, medios e 
instrumentos de la infracción:
a)  Cuando  pertenezcan  a  un  tercero  de  buena  fe  no  responsable  de  dicha 
infracción que los haya adquirido legalmente.
b)  Cuando sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con la naturaleza o 
gravedad de la infracción, el órgano competente para imponer la sanción que proceda 
podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.
4.  Los bienes, medios e instrumentos definitivamente decomisados por resolución 
firme se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Catorce.  Aprehensión y destino de los bienes.
1.  Las  autoridades,  los  funcionarios  y  las  fuerzas  que,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir una 
infracción  administrativa  prevista  en  esta  disposición,  procederán  a  la  aprehensión 
cautelar de los bienes, medios e instrumentos que, de acuerdo con el apartado Trece de 
esta disposición puedan resultar decomisados.
2.  Las  autoridades,  funcionarios  y  las  fuerzas  a  las  que  se  refiere  el  número 
anterior,  deberán  levantar  diligencia  de  las  actuaciones,  que  entregarán  al  órgano 
competente para la instrucción del procedimiento sancionador, poniendo a su disposición 
los bienes, medios e instrumentos aprehendidos, salvo el tabaco crudo, en relación con 
el cual se actuará en la forma prevista en el apartado siguiente.
Quince.  Destrucción del tabaco crudo aprehendido.
Las autoridades, funcionarios y fuerzas a las que se refiere el apartado anterior 
pondrán a disposición del Comisionado para el Mercado de Tabacos el tabaco crudo 
aprehendido, a fin de que se proceda a su destrucción. La destrucción será ordenada por 
el  órgano  competente  para  resolver  el  procedimiento  en  el  plazo  de  tres  meses, 
transcurrido  el  cual,  el  Comisionado  para  el  Mercado  de  Tabacos  procederá  a  su 
destrucción,  comunicando  la  misma  al  órgano  competente  para  la  resolución  del 
procedimiento.
Dieciséis.  Prescripción.
Las infracciones previstas en esta disposición prescribirán a los cuatro años desde 
su realización. La recaudación de las sanciones impuestas prescribirá a los cuatro años 
de su firmeza.
Diecisiete.  Procedimiento sancionador.
1.  La  competencia  para  la  tramitación  y  resolución  del  referido  procedimiento 
sancionador  corresponderá  en  todo  el  territorio  español  a  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, atribuyéndose al órgano que se determine en sus normas de 
organización.
2.  Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguna 
actuación o procedimiento penal o administrativo, incluido el de aplicación de los tributos, 
y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse  s
formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución. oe.
3.  La recaudación de las sanciones impuestas de conformidad con lo establecido  w.
Tenri bulata rpiare, staennttoe  end isppeorisoidcoió nvo lcuonrtraersiop ocnodmeor áe na p elari odAog eenjecciau tivEos.tatal  de  Administración  2021-1147n https://w
Dieciocho.  Comunicaciones.
Todas  las  comunicaciones  que,  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  presente 
disposición, se deban realizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
realizarán por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.
Diecinueve.  Normativa supletoria.
En todo aquello que no hubiera sido previsto en la presente disposición será de 
aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. No obstante, respecto de las notificaciones que tengan lugar 
con motivo del procedimiento regulado en esta disposición, el régimen supletorio será el 
previsto en la sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Veinte.  Desarrollo reglamentario.
1.  El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en esta disposición, las cuales podrán establecer simplificaciones a favor de 
determinados operadores de tabaco crudo por razón de la reducida dimensión de su 
actividad  u  otras  de  tipo  objetivo  que  así  lo  aconsejen.  Igualmente  podrán  prever 
fórmulas de colaboración social para el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta disposición.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el titular del Ministerio de 
Hacienda podrá dictar las disposiciones necesarias para la regulación del contenido, 
datos y formularios relativos a las comunicaciones que se prevén en esta disposición y 
de los procedimientos y requisitos para su realización.
3.  El Ministerio de Hacienda podrá establecer las fórmulas de coordinación que 
sean pertinentes con otras Administraciones y Organismos Públicos con competencias 
en la materia.
Veintiuno.  Tratamiento de datos personales.
Los datos personales aportados en cumplimiento de la presente disposición serán 
tratados con la finalidad de la aplicación efectiva de la tributación sobre las labores de 
tabaco por medio del control administrativo de las actividades económicas realizadas con 
tabaco.  Este  tratamiento  se  ajustará  al  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la 
Sede  Electrónica  de  la  Agencia  Tributaria  se  facilitará  la  información  que  exige  el 
artículo 13 del Reglamento relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los 
derechos sobre los mismos.
Veintidós.  Intercambio de información.
Las autoridades competentes nacionales podrán intercambiar con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea toda la información que 
pueda permitir a aquellas prevenir, investigar y reprimir el fraude tributario y aduanero.
Disposición adicional segunda.  Prohibición de determinadas máquinas aptas para la  bo
fabricación de labores del tabaco. 3w
Uno.  Consideración de género prohibido. 2021-1147n https://w
OrgáTennicdar á1n2 /l1a9 c9o5n, sdidee r1a2c iódne  ddeic igeémnberreo,s  dper oRhiebpidreossi,ó an  edfeelc Ctoosn dtrea bloa npdroe,v ilsatso  mená qlau inLaesy 
clasificadas  en  el  código  8478  de  la  Nomenclatura  Combinada  establecida  por  el
Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, aptas para la 
fabricación de labores del tabaco.
El  carácter  de  género  prohibido  alcanzará  a  la  adquisición  o  tenencia  de  las 
máquinas cuando las mismas no se realicen por un fabricante de labores del tabaco, 
incluidas las que realicen primera transformación, o no tengan lugar en el ejercicio de 
una actividad que las justifique. Se consideran actividades que justifican la adquisición o 
tenencia  de  las  máquinas  a  las  que  se  refiere  este  apartado,  la  fabricación, 
comercialización y transporte de las mismas, siempre que quienes las lleven a cabo se 
encuentren, en su caso, debidamente habilitados o registrados de acuerdo con los 
establecido por la normativa reguladora del Mercado de Tabacos y puedan acreditar que 
el destino de estas operaciones es la venta o entrega a comercializadores de las citadas 
máquinas, a fabricantes de labores del tabaco, o su expedición con destino a un territorio 
situado fuera del territorio español.
Dos.  Definiciones.
A los efectos de este precepto, se entenderá por:
1.  Labores del tabaco. Las definidas como tales en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales.
2.  Fabricantes de labores del tabaco. Tendrán dicha condición:
a)  En la Península e Illes Balears, los titulares de fábricas de labores de tabaco, 
incluidas las que realicen primera transformación, habilitados por el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos con arreglo a lo previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria y su normativa de desarrollo 
y autorizados con arreglo a lo establecido en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales y su normativa de desarrollo.
b)  En las Islas Canarias, los titulares de fábricas de labores de tabaco, incluidas las 
que realicen primera transformación, autorizados con arreglo a lo establecido en la 
Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas 
tributarias y su normativa de desarrollo.
c)  En Ceuta y Melilla, los titulares de fábricas de tabaco, incluidas las que realicen 
primera transformación, habilitados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos con 
arreglo a lo previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de 
Tabacos y Normativa Tributaria y su normativa de desarrollo.
Disposición adicional tercera.  Aplicación del régimen fiscal del ICO al ICF.
El régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas será el aplicable al Instituto de 
Crédito Oficial. Cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico, 
para establecer un régimen tributario específico para el Instituto de Crédito Oficial, 
resultará también de aplicación al Instituto Catalán de Finanzas.
Disposición adicional cuarta.  Evaluación de la economía sumergida en el Estado 
español.
Uno.  Se encomienda al Gobierno para que encargue a expertos independientes la 
elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado 
español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios,  s
sectores económicos e impuestos. o
Dos.  El informe a que se refiere el número anterior será presentado y debatido por  3ww.
locaopsro rreCtcuotnrotorea,s s  eGonep nolerotrusan leaPss a. yrD,la idcmehenantsrt oom sd eeda idusatuos ná ócmombmiictpoor seg,n edoqegurráeán f icplaoos d yrm áconod mifpipcreoatmceiononcvieearsl ,  oslarig sal on miezesatdtiimivdaaasns,    2021-1147n https://w
los  medios  humanos  y  materiales  necesarios,  y  las  fórmulas  de  coordinación  y
colaboración entre administraciones tributarias precisas para conseguir los objetivos
anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida. Los resultados 
de las medidas adoptadas serán fiscalizados periódicamente por las Cortes Generales a 
través de un modelo estándar que deberá contener información homogénea de los 
resultados para observar su evolución con el siguiente estudio oficial.
Disposición  adicional  quinta.  Impuesto  Especial  sobre  Determinados  Medios  de 
Transporte.
Se modifica el artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales en los siguientes términos:
«Artículo 70.  Tipo impositivo.
Con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021 se modifican los epígrafes 1.º, 
2.º, 3.º y 4.º del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales que quedan redactados en los siguientes términos:
Epígrafe 1.º
a)  Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO  no sean superiores a 144 
2
g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los vehículos comprendidos 
en los epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º
b)  Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna, 
con excepción de los vehículos tipo ''quad''.
Epígrafe 2.º
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO  sean superiores a 144 g/km y 
2
sean inferiores a 192 g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los 
vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 3.º
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO  no sean inferiores a 192 g/km y 
2
sean inferiores a 240 g/km, con excepción de los vehículos tipo ''quad'' y de los 
vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º
Epígrafe 4.º
a)  Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO  sean iguales o superiores 
2
a  240  g/km,  con  excepción  de  los  vehículos  tipo  ''quad''  y  de  los  vehículos 
comprendidos en el epígrafe 9.º
b)  Vehículos respecto de los que sea exigible la medición de sus emisiones 
de CO , cuando estas no se acrediten.
2
c)  Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3 acondicionados como 
vivienda.
d)  Vehículos tipo ''quad''. Se entiende por vehículo tipo ''quad'' el vehículo de 
cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción 
adecuado a un uso fuera de carretera.
e)  Motos  náuticas.  Se  entiende  por  ''moto  náutica''  la  embarcación  e.e
propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una o más personas  b
sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él.» 2021-11473n https://ww
Disposición adicional sexta.  Ofertas de Empleo Público en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General del Estado, Tribunales Económico 
Administrativos y en la Dirección General del Catastro.
El Gobierno dictará la normativa necesaria, en el plazo de seis meses, para que en 
un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en 
relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  en  materia  de  recargos, 
reducción  de  sanciones,  limitación  de  pagos  en  efectivo  y  transmisiones  de 
determinados bienes.
1.  Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado 
tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se 
realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las 
reclamaciones y recursos.
2.  Régimen transitorio de la reducción de las sanciones.
La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido 
firmeza.  A  estos  efectos,  la  Administración  Tributaria  competente  rectificará  dichas 
sanciones.
También  se  aplicará  la  nueva  redacción  del  apartado  3  del  artículo  188  de  la 
Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  si  concurren  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado 
acredite ante la Administración Tributaria competente el desistimiento del recurso o 
reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación 
interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se 
efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano 
competente para conocer del recurso o reclamación.
b)  Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la 
Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso 
del importe restante de la sanción.
3.  Régimen transitorio de la modificación de las limitaciones de pagos en efectivo.
La nueva redacción del apartado Uno del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude, se aplicará a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor 
de  la  norma,  aunque  se  refieran  a  operaciones  concertadas  con  anterioridad  al  e.e
establecimiento de la limitación. w.b
eanptlircLaaodb alde ei snap  vulieogssot ro pd reeo ncla e ldpoirsme siaeepnnattorets aL dseoays.n cDioonsa dyo rTerse sq udee l saer tíicnuicloie n7  ad ep alart irL edye  7la/2 0fe1c2h as edráe   2021-11473n https://ww
se rNefoie oreb setla nnútem leor aon 5te drieolr ,a lpaa nrtuaedvoa T rreedsu dcceiló anr tdíceu llao  s7a dneci ólan  Lpeoyr  7p/a2g0o1 2vo sluen ataprliioca ar ála a q luaes 
sanciones exigidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido
recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración competente 
rectificará dichas sanciones.
También se aplicará la citada reducción a la que se refiere el número 5 del apartado 
Tres del artículo 7 de la Ley 7/2012, si concurren las siguientes circunstancias:
a)  Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado 
acredite  ante  la  Administración  competente  el  desistimiento  del  recurso  interpuesto 
contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento 
que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
b)  Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la 
Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del 
importe restante de la sanción.
4.  Transmisión  de  bienes  previamente  adquiridos  por  determinados  pactos 
sucesorios.
La nueva redacción del párrafo segundo del artículo 36 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no 
Residentes y sobre el Patrimonio, solamente será de aplicación a las transmisiones de 
bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que hubieran sido 
adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos 
sucesorios con efectos de presente.
Disposición  transitoria  segunda.  Publicidad  de  situaciones  de  incumplimiento 
relevante de las obligaciones tributarias en el año 2021.
En relación con la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias regulada en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a efectos del listado que se publicará en el año 2021 se 
tomará, como la fecha de referencia establecida en su apartado 4, no la de 31 de 
diciembre de 2020, sino el último día del mes inmediato posterior a aquel en el que se 
produzca la entrada en vigor de esta Ley conforme a lo señalado en su disposición final 
cuarta,  resultando  de  aplicación  a  efectos  de  dicha  publicidad  las  modificaciones 
contenidas en el apartado Nueve de su artículo decimotercero.
La publicación del listado resultante se producirá en el plazo de seis meses desde 
dicha fecha de referencia.
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  19/1994,  de  6  de  julio,  de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley, se modifica la 
Ley  19/1994,  de  6  de  julio,  de  modificación  del  Régimen  Económico  y  Fiscal  de 
Canarias, en los siguientes términos:
Uno.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 73 con la siguiente redacción:
«3.  Los buques de empresas navieras inscritas en el Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras que estuvieran registrados en otro Estado miembro  e.
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán, a los efectos  w.
dpEirsseppveoiscstiioacsli,ó  nes niea mldoipscr ioecn aqapulí teud leoccsui mmsiopgsluaeinex ntcatoe nds, e lllo ast e cxmotonis smrideoefusra nrcdeiióqdnuo i sddieteo  sinl asy c Lrceitooyn sdd ieecn io Pneuel esRr teqogusi esd trleoal    2021-1147n https://w
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre, exige a los buques para su inscripción en dicho Registro 
Especial.»
Dos.  Se añade un nuevo artículo 73.bis con la siguiente redacción:
«Artículo 73 bis.  Requisitos y límites.
1.  Para la aplicación de los incentivos previstos en los capítulos siguientes 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)  La entidad deberá disponer de los registros contables necesarios para 
poder determinar los ingresos y gastos, directos o indirectos, correspondientes a 
las actividades acogidas al régimen, así como los activos afectos a las mismas.
b)  Los  buques  deberán  ser  aptos  para  la  navegación  marítima  y  estar 
destinados a actividades de transporte de mercancías, pasajeros, salvamento y 
otros  servicios  prestados  necesariamente  en  el  mar,  en  los  términos  que  se 
establezcan  por  orden  de  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Hacienda,  sin 
perjuicio de lo establecido en la letra c) siguiente.
c)  Tratándose  de  buques  destinados  a  la  actividad  de  remolque  será 
necesario que más del 50 por ciento de la actividad efectivamente realizada 
durante el período impositivo constituya actividad de transporte marítimo. En el 
caso de buques con actividad de dragado será necesario que más del 50 por 
ciento  de  la  actividad  efectivamente  realizada  durante  el  período  impositivo 
constituya actividad de transporte y depósito en el fondo del mar de materiales 
extraídos, alcanzando este régimen exclusivamente a esta parte de su actividad.
2.  El  importe  de  los  incentivos  fiscales  establecidos  en  este  título 
conjuntamente con el resto de ayudas al transporte marítimo recibidas por la 
entidad no podrán superar el límite previsto en las Directrices comunitarias sobre 
ayudas de Estado al transporte marítimo.
3.  Este  régimen  se  podrá  aplicar  a  los  buques  tomados  en  fletamento, 
siempre que la suma de su tonelaje neto no supere el 75 por ciento del total de la 
flota de la entidad o, en su caso, del grupo de sociedades según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
4.  Cuando  el  régimen  fuera  aplicable  a  contribuyentes  con  buques  no 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, el incremento del porcentaje del tonelaje neto de 
dichos buques respecto del total de la flota de la entidad acogida al régimen 
especial,  cualquiera  que  fuese  su  causa,  no  impedirá  la  aplicación  de  dicho 
régimen a condición de que el porcentaje medio del tonelaje neto de buques 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio  Económico  Europeo  respecto  del  tonelaje  neto  total  referido  al  año 
anterior al momento en que se produce dicho incremento se mantenga durante el 
período de los 3 años posteriores.
Esta condición no se aplicará cuando el porcentaje del tonelaje neto de buques 
registrados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo sea al menos del 60 por ciento.»
Tres.  Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente forma: e.e
«reAsrut1ílct.a unloSte e7 d 6be. osnp iufiécImsa rpdáue e epsnrt aouc nstio c9ba0rre,  p eSonor  cs1iue0 dc0aa dlsaoe ,sp .loarsc idóend duecc liao nceuso ptao rd deo ebslete i mImpopsuiecsióton   2021-11473n https://ww
a que se refiere el Capítulo II del Título VI de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, que corresponda a la parte de la base imponible
que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras relativa a 
los servicios regulares a que se refiere el artículo 73.2, con el límite establecido en 
el  apartado  3  de  este  artículo  respecto  de  las  actividades  estrechamente 
relacionadas con el transporte marítimo.
2.  Se bonificará en un 90 por 100 la porción de la cuota de este impuesto 
resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición 
a que se refiere el Capítulo II del Título VI de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, que corresponda a la parte de la base imponible 
que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras de sus 
buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras o en un 
registro de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, con el límite establecido en el apartado 3 siguiente respecto de las 
actividades estrechamente relacionadas con el transporte marítimo.
3.  No obstante, cuando la parte de la base imponible que proceda de la 
realización de actividades estrechamente relacionadas con el transporte marítimo 
supere a la parte de base imponible resultante de las actividades que generan el 
derecho a la aplicación del régimen especial, la cuota correspondiente a dicho 
exceso no podrá ser objeto de bonificación. Esta limitación se aplica respecto de 
cada uno de los buques cuya explotación genere el derecho a la bonificación.
4.  Las bases imponibles negativas derivadas de las actividades que generan 
el derecho a la aplicación de este régimen no podrán ser compensadas con bases 
imponibles positivas derivadas del resto de las actividades de la entidad, ni del 
ejercicio en curso ni en los posteriores.
5.  Reglamentariamente se establecerá la forma de aplicar lo dispuesto en los 
apartados anteriores.»
Cuatro.  Se modifica la disposición adicional decimocuarta, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional decimocuarta.  Límites de las deducciones por inversiones 
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.
El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes  y  cortometrajes  cinematográficos  y  de  series  audiovisuales  de 
ficción, animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 
superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en 
Canarias.
El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones  extranjeras  de  largometrajes  cinematográficos  o  de  obras 
audiovisuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no 
podrá ser superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados 
en Canarias.
Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de 
una producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación 
con la ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014. e
El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición  bo
de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el  3w
aepuarortsa cduoa n3d doe sl ea trrtaícteu ldoe 3 g6a sdteo sl are Laelizya d2o7s/2 e0n1 4C annoa rpiaosd.r»á ser superior a 900.000  2021-1147n https://w
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la 
que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2021, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario.
Uno.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9, pasando el actual apartado 4 a 
numerarse como apartado 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«4.  La entidad estará sometida a un gravamen especial del 15 por ciento 
sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de 
distribución, en la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo 
general  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Sociedades  ni  se  trate  de  rentas 
acogidas al período de reinversión regulado en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 6 de esta Ley. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del 
Impuesto sobre Sociedades.
El  gravamen  especial se  devengará  el día  del  acuerdo de aplicación del 
resultado del ejercicio por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, y 
deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la 
fecha  de  devengo.  El  modelo  de  declaración  de  este  gravamen  especial  se 
aprobará  por  orden  de  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Hacienda,  que 
establecerá la forma y el lugar para su presentación.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  En la memoria de las cuentas anuales, las sociedades que hayan optado 
por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, crearán un 
apartado con la denominación "Exigencias informativas derivadas de la condición 
de SOCIMI, Ley 11/2009", en la que se incluirá la siguiente información:
a)  Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen 
fiscal establecido en esta Ley.
b)  Reservas  procedentes  de  ejercicios  en  los  que  se  haya  aplicado  el 
régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de 
rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por ciento, o del 19 
por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general 
de gravamen.
c)  Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha 
resultado aplicable el régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte 
que procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por 
ciento, o del 19 por ciento, respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado 
al tipo general de gravamen.
d)  En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación 
del ejercicio del que procede la reserva aplicada y si las mismas han estado 
gravadas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 15 por ciento, del 19 por 
ciento o al tipo general. es
e)  Fecha de acuerdo de distribución de los dividendos a que se refieren las  o
letras c) y d) anteriores. 3w
laarstí cfgpu))a l ort Fi2Icde ipdecaehnc ateiif oisdcntaeaec  sLaió edenyqn .ud ieeslil c caióacnpti ivtdaoel   qdlouese   eicnnomtimduapedubetlaes s da de eqnsutrteoin  sadede olr se8 f0aie l rpeao rrre elc niaedpnaatmort iaeadn otqo u 1ey   ddseeel    OE-A-2021-1147able en https://w
refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley.
h)  Reservas  procedentes  de  ejercicios  en  que  ha  resultado  aplicable  el 
régimen fiscal especial establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto en el 
periodo impositivo, que no sea para su distribución o para compensar pérdidas, 
identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado de 
la siguiente forma:
«2.  Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan 
suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos contemplados en la normativa tributaria.
En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo 
resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen 
antes del día 1 de julio de 2021.»
Disposición final cuarta.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el 
artículo 149.1.10.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado 
las competencias en materia de «régimen aduanero y arancelario; comercio exterior», 
«bases de la ordenación de crédito, banca y seguros», «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda general», respectivamente.
Disposición final quinta.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/1164 del 
Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
Disposición final sexta.  Habilitación normativa.
El  Gobierno  dictará  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
aplicación de esta Ley.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». No obstante:
a)  Los apartados cuatro y veintiuno del artículo decimotercero y la disposición 
adicional segunda entrarán en vigor transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley.
b)  Los apartados uno, tres, cuatro, cinco y siete del artículo primero y el artículo  e.
segundo tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de  w.b
etennedrcro)á  dne Le o2fes0c 2ato1ps.a rdteasddoes  1c indceo e yn esrioe tdee d 2e0l 2a2rt.ículo tercero y la disposición adicional primera  2021-1147n https://w
desdde)  laL eonst raapdaar teand ovsig ourn doe,  deossta,  tLreeys., cuatro y seis del artículo tercero tendrán efectos
e)  Los apartados dos y seis del artículo primero tendrán efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 9 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2021-1147n https://w