BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72854
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10012 Sala Primera. Sentencia 99/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 7436-2019. Promovido por don Jenri Ramírez Rosario en relación 
con las sentencias de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo penal de 
Huesca que le condenaron por varios delitos. Supuesta vulneración de los 
derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones y a la presunción de 
inocencia: captación y grabación de comunicaciones orales mantenidas en el 
interior de sendos vehículos que se prolongó por espacio de tres meses.
ECLI:ES:TC:2021:99
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado por don 
Juan José González Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7436-2019, promovido por don Jenri Ramírez Rosario, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Gema Fernández Blanco San 
Miguel,  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Emilio  Rodríguez  Marqueta,  contra  la 
providencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2019, por el 
que se inadmite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Huesca núm. 91/2019, de 10 de julio, que, a su vez, confirma la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Huesca de 10 de abril de 2019. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los tribunales doña Gema Fernández Blanco San Miguel, en 
nombre y representación de don Jenri Ramírez Rosario, y bajo la dirección del letrado 
don Emilio Rodríguez Marqueta, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito 
registrado en este tribunal el 20 de diciembre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El  grupo  de  delincuencia  organizada  de  la  Unidad  Central  Operativa  de  la 
Guardia Civil remitió el 19 de enero de 2017 al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huesca 
unas diligencias de investigación iniciadas a raíz de un robo cometido en la sucursal  s
bancaria de Gurrea del Gállego (Huesca). Dichas diligencias concluían reconociendo la  e.
existencia de indicios de que estos hechos hubieran sido cometidos por diferentes  w.
personas que viajaban a bordo de los vehículos BMW X5, matrícula 9886HND, y Opel  012ww
ZSaáfnircah, emz aOtrlímcueldaa 6, 1p0e8rDsoVnTa,  scieonnd od iveesrtseo sú ltaimntoe cperdoepnietedsa dp deen allae se sppoor sad edlieto sd ocno nCtraar loesl 
Spaátnricmhoenzi o. ODlme edlaas   iuntdilaizgaarcíaio netsa mpboiélicni alehsa bsiteu aclmonecnltueí a eals imviesmhíocu lqou e Sdeoant   CLaerólons,   BOE-A-cable e
matrícula 6070HCW, para reunirse con otras personas presuntamente implicadas en la 
trama, don Santiago Fernández Durán y don José Muñoz Barbosa. En base a esta 
información,  y  ante  la  existencia  de  indicios  de  un  delito  de  organización  criminal 
destinada a perpetrar robos en sucursales bancarias, se solicitó al juez que autorizase la 
instalación de los medios técnicos adecuados para la observación, grabación, y escucha 
de las conversaciones mantenidas por el investigado don Carlos Sánchez Olmeda con el 
resto de miembros de la presunta organización criminal, en el interior del vehículo de la 
marca  Seat  León,  matrícula  6070HCW,  y  mandamiento  judicial  para  que  la 
representación legal de Seat Motor España, S.A., aportara, a la mayor brevedad posible, 
a los agentes actuantes copia de la llave de apertura del vehículo.
En fecha 20 de enero de 2017 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de 
Huesca, auto acordando la observación, grabación, y escucha de las conversaciones 
mantenidas por el investigado don Carlos Sánchez Olmeda con el resto de miembros de 
la  presunta  organización  criminal,  en  el  interior  del  vehículo  Seat  León, 
matrícula 6070HCW, y por periodo de tres meses a computar desde el dictado de la 
resolución judicial. El auto se fundaba en la existencia de indicios de delito, la idoneidad 
y necesidad, de la medida de investigación solicitada, y la habilitación legal prevista en 
los artículos 588 bis c), 588 quater y siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim).
b)  En fecha 1 de febrero de 2017 fue presentado, por el grupo de delincuencia 
organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, diligencias ampliatorias 
solicitando al juez que autorizase la instalación de los medios técnicos adecuados para 
la  observación,  grabación  y  escucha  de  las  conversaciones  mantenidas  por  el 
investigado don Carlos Sánchez Olmeda con el resto de miembros de la presunta 
organización  criminal,  en  el  interior  del  vehículo  de  la  marca  Fiat  Stylo, 
matrícula 4271CSF. Dicha petición se fundaba en que, de las vigilancias practicadas por 
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se habían obtenido indicios de que el 
señor  Sánchez  Olmeda  habría  utilizado  también  el  vehículo  Fiat  Stylo, 
matrícula 4271CSF, para celebrar reuniones con los también investigados don Juan 
Miguel Perales Baldan y don José Muñoz Barbosa.
En fecha 1 de febrero de 2017 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de 
Huesca, auto acordando la observación, grabación y escucha de las conversaciones 
mantenidas por el investigado don Carlos Sánchez Olmeda con el resto de miembros de 
la  presunta  organización  criminal,  en  el  interior  del  vehículo  Fiat  Stylo, 
matrícula 4271CSF, y por periodo de tres meses a computar desde el dictado de la 
resolución judicial. El auto se fundaba en la existencia de indicios de delito, la idoneidad 
y necesidad de la medida de investigación solicitada, y la habilitación legal prevista en 
los artículos 588 bis c), 588 quater y siguientes LECrim.
c)  El  10  de  marzo  de  2017,  y  como  consecuencia  de  la  detención  de  los 
investigados, fueron finalmente alzadas las medidas de captación y grabación de las 
comunicaciones orales en el interior de los vehículos Seat León y Fiat Stylo.
d)  Por sentencia de fecha 10 de abril de 2019, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de 
Huesca condenó al demandante de amparo: (i) como autor de un delito de integración en 
grupo criminal del art. 570 ter 1 b) del Código penal (CP), a la pena de un año de prisión 
y accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena; (ii) como autor de un delito continuado de robo con fuerza en edificio abierto al 
público de los arts. 237; 238.2, 3 y 4; 241.1 y 74.2 CP, en concurso medial con un delito 
continuado de falsificación en documento oficial de los arts. 392.1, 390.1.2, y 74.1CP, a  s
la pena de cinco años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el sufragio  oe.
pasivo durante el tiempo de la condena; (iii) como autor de un delito de tenencia ilícita de  w.
armas de los arts. 564.1.2, 564.2.1 y 570.1 CP, a la pena de prisión de dos años,  012ww
caocncedseonraia,  yd per ivinahcaióbnil itdaecli ódne reescpheoc aia ll ap taernae necl ias uyf rapgoirote  pdaes iavrom daus radnutrea netel  ctiienmcop oa ñdoes , lay 
(iv) como autor de un delito de conducción sin permiso del art. 384 CP, a la pena de seis
meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena.
Dicha sentencia  declara probado  que el recurrente, junto a otros acusados, se 
concertó para desarrollar una actividad de entradas y forzamientos de las cajas fuertes 
de diferentes entidades bancarias pertenecientes a municipios de escasa población en 
los que no existía cuartel de la Guardia Civil. Esta actividad criminal, que se desarrolló 
desde junio de 2016 hasta marzo de 2017, se caracterizaba por la realización de 
diferentes actividades dedicadas a atentar contra el patrimonio ajeno, con permanencia 
en  el  tiempo,  y  funciones  claramente  divididas,  ejecutadas  por  cada  uno  de  sus 
miembros de manera autónoma, pero con sometimiento a don Juan Miguel Perales 
Baldan, al que informaban y consultaban sobre todas las vicisitudes que surgían durante 
el desarrollo de las tareas encomendadas. La separación de las funciones de cada 
miembro del grupo se mantuvo durante todo el tiempo en los que se desarrollaron las 
actividades  atentatorias  contra  la  propiedad  ajena,  alcanzando  cada  uno  de  los 
condenados niveles de especialización en su materia, de responsabilidad y destreza en 
el uso de medios técnicos tanto para la consecución de su fin delictivo, como para la 
elusión de la acción de los agentes de la autoridad.
La sentencia declara que el recurrente, don Jenri Ramírez Rosario, formaba parte 
estable de esta estructura criminal. Sus funciones, que se centraban en la participación 
en  la  ejecución  material  de  los  robos,  consistía  en  entrar,  junto  a  otros  de  los 
encausados, en las sucursales bancarias, forzar las cajas fuertes, y anular, mediante 
diferente metodología, las medidas de seguridad de las que aquellas dispusiesen. Estas 
actividades eran ejecutadas al mismo tiempo que otros miembros del grupo efectuaban 
tareas de vigilancia en el exterior de las sucursales.
Una vez producida la apropiación de dinero, y conseguida la huida del lugar, la 
sentencia consigna como el señor Ramírez Rosario era el encargado de guardar el 
vehículo utilizado en la perpetración del ilícito, así como dejar a los demás integrantes 
del grupo criminal en sus respectivos automóviles. El botín era repartido posteriormente.
La  sentencia  refiere  que  para  la  ejecución  material  de  los  robos  se  sustraía 
previamente un vehículo de alta gama y se le cambiaban las matriculas con el fin de 
evitar que fuera identificado.
En el marco de este relato fáctico, la resolución declara probado la participación del 
recurrente en los siguientes hechos: (i) intento de sustracción en la sucursal bancaria de 
Bantierra, en la localidad de Gurrea de Gállego (Huesca), el día 12 de octubre de 2016. 
Con ocasión de estos hechos se utilizó el vehículo BMW X5, matrícula 5738HJF, que 
había sido sustraído el 5 de junio de 2016, y cuyas matrículas habrían sido previamente 
alteradas; (ii) sustracción del vehículo Honda Accord, matrícula 8399GXL, en la localidad 
de Getafe (Madrid), los días 10-11 de enero de 2017; (iii) elaboración y colocación de 
matrículas  falsas  en  el  vehículo  Honda  Accord,  matrícula  8399GXL;  (iv)  intento  de 
sustracción del vehículo BMW X6, matrícula 3528GPR, en la localidad de Villaviciosa de 
Odón (Madrid), el día 1 de febrero de 2017; (v) sustracción del vehículo BMW X6, 
matrícula 8389HGN, en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), el día 3 de febrero 
de 2017; (vi) falsificación de las matrículas del vehículo BMW X6, matrícula 8389HGN, 
(vii) intento de sustracción en la sucursal bancaria de Liberbank, en la localidad de 
Ontígola (Toledo), el día 8 de febrero de 2017. En relación a estos hechos no se 
consiguió sustraer cantidad monetaria alguna; (viii) sustracción del vehículo BMW X5, 
matrícula 9311GZN, en Madrid los días 10-11 de febrero de 2017; (ix) elaboración de 
matrícula falsa en el vehículo BMW X5, matrícula 9311GZN; (x) intento de sustracción en  s
la sucursal bancaria de Caja Rural, en la localidad de Cabezamesada (Toledo), el día 17  oe.
de febrero de 2017. Con ocasión de estos hechos no se consiguió sustraer cantidad  w.
monetaria  alguna;  (xi)  sustracción  en  la  sucursal  bancaria  de  Caja  España  de  012ww
dInev e2r0s1io7n. eCso, ne no claa sloiócna ldidea de sdteo sC haebcehzoas  dfeu eVroanld usnucsiteral í(dSoasl a5m2a 3n7c4a,)4, 6e l€ d; í(ax i2i)1 s dues trfeabccreióron 
ednía  l2a4 s duec ufresbarle broa ndcea 2ri0a1 d7e.  CIboenr coacjaas, ióenn  dlae  leosctaolsid haedc dheo sO funetinroanr  sduesl tSraaídlzo s(Z 1a9ra 0g1o9z,a1)1,  €e;l   BOE-A-cable e
(xiii) intento de sustracción en la sucursal bancaria de Caja Rural de Aragón, en la 
localidad de Grisén (Zaragoza), el día 24 de febrero de 2017. Con ocasión de estos 
hechos no se consiguió sustraer cantidad monetaria alguna; (xiv) intento de sustracción 
en la sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura, en la localidad de Mirandilla 
(Badajoz), el día 28 de febrero de 2017. Con ocasión de estos hechos no se consiguió 
sustraer cantidad monetaria alguna; (xv) sustracción en la sucursal bancaria de BBVA, 
en la localidad de Mataporquera (Cantabria), el día 7 de marzo de 2017. Con ocasión de 
estos hechos no se consiguió sustraer cantidad monetaria alguna; (xvi) tenencia de 
armas sin disponer del correspondiente permiso.
La sentencia también declaraba probado que el recurrente, desde junio de 2016 
hasta  febrero  de  2017,  conducía  habitualmente  los  vehículos  con  los  que  fueron 
perpetrados  los  robos  a  pesar  de  que  había  sido  privado  del  derecho  a  conducir 
vehículos a motor y ciclomotores, por sentencia de 23 de abril de 2015, dictada por el 
Juzgado de lo Penal núm. 3 de Madrid, durante un periodo de dos años, y por sentencia 
de 21 de octubre de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, durante un 
periodo de un año y un día, con previsión de fin de cumplimiento el 30 de marzo 
de 2017.
En el fundamento jurídico primero (apartado E) se analiza, y rechaza, la denunciada 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), derecho a la intimidad 
(art.  18.1  CE),  y  derecho  al  secreto  de  las  comunicaciones  (art.  18.3  CE),  como 
consecuencia de la instalación de dispositivos de escuchas ambientales en el interior de 
los vehículos Seat León y Fiat Stylo. En dicho fundamento jurídico se considera que no 
solamente concurrían indicios suficientes para acordar estas medidas de investigación, 
sino que, además, la instalación de los mismos durante un periodo de tres meses era 
plenamente acorde a la regulación legal establecida en la Ley de enjuiciamiento criminal. 
En relación con ello, la sentencia sostiene:
«Pues  bien,  a  la  hora  de  valorar  la  autorización  de  la  medida  de  captación  y 
grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos 
debe tenerse en cuenta que no es lo mismo la grabación de tales comunicaciones según 
el lugar en que se desarrollen. Pues si la captación de las conversaciones en el domicilio 
del  investigado  supone  una  injerencia  de  especial  intensidad  en  el  derecho  a  la 
intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio, la captación 
de aquellas en otros lugares, cuando se ha constatado que es allí donde se llevan a 
cabo las conversaciones relacionadas con el delito que se está investigando, supone una 
injerencia de menor entidad. Porque si en el domicilio es donde la persona desarrolla las 
funciones más elementales de la vida y la medida puede afectar no solo al investigado 
sino a toda la unidad familiar, no puede decirse lo mismo cuando esos dispositivos 
electrónicos se instalan, como es el caso, en un vehículo, donde se ha comprobado 
previamente  por  los  investigadores  que  se  llevan  a  cabo  reuniones  del  sujeto 
inicialmente investigado con los demás integrantes del grupo criminal. Se sostiene por la 
defensa que no existían indicios de que el Sr. Sánchez fuera el usuario habitual de ese 
vehículo, ni de su participación en los hechos delictivos, pero la relación de indicios que 
se acaban de narrar permite desmentir esa afirmación. Existían indicios suficientes y 
sospechas fehacientes de la participación del Sr. Sánchez tanto en el robo de Gurrea 
como en el de Cadreita, localidades a las que se había desplazado utilizando el Opel 
Zafira y se había detectado un nuevo vehículo utilizado por el mismo, Seat León, en cuyo 
interior se había reunido con personas que podían estar también implicadas en esos 
hechos, de modo que la medida aparecía como idónea y necesaria o, con los términos  e.
utilizados en el art. 588 quater b), podía racionalmente preverse que la utilización de los  w.b
dispositivos aportaría datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento  012ww
de loLsa  haelecghaocsi óyn l ad eid neunltiidfiacadc sióen b daes as ufusn aduatmoreenst.almente en el lapso temporal por el que el
aauuttoor idzae  2la0  duetil izeanceióron  cdoen ceedseo sl am medeidoisd a,d ep ueessc ulac hdae feyn sgar asboasctiióenn e pqaurae  lean cleuye nstroolos 
perfectamente individualizados y que deben concretarse en la resolución, mientras que
el auto concede esa medida por un plazo de tres meses de forma indiscriminada. Pero 
ello no es exacto y exige algunas matizaciones: es cierto que el capítulo VI no contiene 
entre  sus  previsiones  un  límite  de  duración  de  la  medida,  como  sucede  en  otros 
capítulos, puesto que vincula la medida a las comunicaciones que puedan tener lugar en 
uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas. Pero tal mención 
no  puede  significar  que  la  concreción  de  los  encuentros  deba  conocerse 
anticipadamente con exactitud de fecha y hora, pues ello haría que la medida fuera 
imposible de adoptar en la mayoría de los casos. Por eso el art. 588 quater b) se refiere 
a uno o varios encuentros concretos del investigado sobre cuya previsibilidad haya 
indicios puestos de manifiesto por la investigación. De modo que, si bien no se trata de 
permitir  la  colocación  indiscriminada  de  micrófonos  para  captar  cualesquiera 
conversaciones  y  seleccionar  posteriormente  las  relevantes,  como  sucede  con  las 
intervenciones telefónicas, la concreción de los encuentros no exige que tengan el 
detalle que pretende la defensa, sino solamente que sean previsibles de acuerdo con los 
resultados de la investigación.
En este sentido, al analizar el grado de concreción que debe darse para que la 
adopción de la medida resulte ajustada a la regulación legal, la circular de la Fiscalía 
General del Estado 3/2019 concluye que son tres los criterios que van a precisar o 
concretar el encuentro, haciendo que el mismo no sea genérico y que, por lo tanto, la 
captación o grabación de sus conversaciones o imágenes no pueda ser considerada 
indiscriminada: la precisión o concreción locativa, la precisión o concreción subjetiva y la 
precisión o concreción temporal. Y respecto de esta última aclara que "la concreción que 
exige el legislador en relación con este elemento temporal va a venir determinada por la 
existencia  de  indicios  que  precisen  la  previsibilidad  de  los  encuentros, 
independientemente del lapso temporal a lo largo del cual vayan a tener lugar. Aunque 
se desconozca el momento exacto del encuentro, será concreto si indiciariamente puede 
preverse  su  existencia",  de  modo  que  tan  concreta  resultaría  la  previsión  de  un 
encuentro en un día y hora determinado, como la previsión de los encuentros que el 
investigado vaya a tener con otra persona en un lugar determinado en los treinta días 
siguientes a la adopción de la medida. Y tiene especial relevancia la mención que se 
hace  a  las  organizaciones  o  grupos  criminales,  en  las  que  es  frecuente  que  sus 
integrantes mantengan reuniones periódicas en lugares concertados previamente con la 
finalidad de preparar y desarrollar su actividad delictiva, evitando de esta forma una 
eventual interceptación de sus comunicaciones, refiriéndose como ejemplo a reuniones 
una vez a la semana en el interior de un vehículo o en un determinado establecimiento 
público. En estos casos, afirma la circular, si conforme a lo anteriormente expuesto 
puede concretarse el lugar y las personas asistentes a la reunión, bastaría con la 
aportación de indicios fundados acerca de la previsibilidad de esos encuentros para 
considerarlos concretos en el lapso temporal al que alcance esa previsibilidad (una o 
varias semanas, por ejemplo).
Se  alega  también  por  la  defensa  que  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley 
Orgánica 13/2015, al referirse a esta medida en concreto, señala que "el dispositivo de 
escucha y, en su caso, las cámaras a él asociadas, deberán desactivarse tan pronto 
finalice  la  conversación  cuya  captación  fue  permitida,  como  se  desprende  del 
artículo  588  quater  c)",  por  lo  que  sostiene  que  el  dispositivo  debía  activarse  y 
desactivarse para cada conversación. Pero sabido es que la exposición de motivos o 
preámbulo de una ley, con ser importante para la interpretación de la norma, carece en sí 
misma  de  valor  normativo,  y  lo  cierto  es  que  el  art.  588  quater  c)  no  establece  s
expresamente esa activación y desactivación del dispositivo en cada conversación cuya  oe.
captación haya sido permitida, ni tampoco lo dice en realidad la exposición de motivos,  w.
que  solo  establece  la  desconexión  una  vez  concluida  la  conversación  objeto  de  012ww
ase rgeuaimliziaern tloo,s  pionrv elos tqiguaed sois s een t rautna ,l anpos od ed uen taie cmopnov eersna ecisóen  cúonniccare, tsoi nlou gdaer , laesl  dqiusep ovsaiytiavno 
pcounetdeen emr aunntae nmeersnec.i óLno  cqounec reetla p arel cluegpator  oe sdteapbelencdee necsi aqsu, ea slaí  croemsool uac ilóons  ejundcicuieanl tdroesb edreál   BOE-A-cable e
investigado que van a ser sometidos a vigilancia. Y en cuanto a esta previsión, hay que 
convenir que las situaciones que pueden plantearse son muy diversas y la norma debe 
interpretarse adaptándola a cada una de esas situaciones. Porque no es lo mismo la 
captación de conversaciones en un lugar fijo concreto (un domicilio, una cafetería, etc.), 
que pueden ser sometidas a una vigilancia estática y comprobar cuándo se llevan a 
cabo, que las conversaciones que se van a producir en un objeto móvil como un coche, 
ya que la vigilancia y el seguimiento de este ofrece mayores dificultades y si, como se ha 
descrito por los testigos en este caso, el conductor realiza maniobras evasivas o de 
contra vigilancia, es posible que haya de suspenderse el seguimiento, sin saber cuál es 
el momento concreto en que se reúnen todas las personas y se inicia una conversación, 
aunque se tengan indicios suficientes y sospechas razonables de que esa conversación 
se va a producir.
Por último, debe destacarse que el art. 588 quater e), al regular el cese de la medida, 
se remite a las causas previstas en el artículo 588 bis j), esto es, "cuando desaparezcan 
las circunstancias que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la 
misma no se están obteniendo los resultados pretendidos, y, en todo caso, cuando haya 
transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada". Debe concluirse, por tanto, 
que cuando al juez de instrucción se le presentan indicios relevantes y solventes sobre 
determinados encuentros previsibles y de interés para la investigación que se van a 
prolongar en el tiempo, puede fijar un plazo de duración de la misma.
Tal es lo que sucede en el presente caso y en esos términos está autorizada la 
medida por el auto de 20 de enero de 2017, por más que se pueda considerar que el 
lapso temporal es excesivamente amplio. Y es que la citada resolución dice literalmente 
lo siguiente en su parte dispositiva: "Se autoriza la instalación de los medios técnicos 
adecuados para la observación, grabación y escucha de las conversaciones mantenidas 
por  el  investigado  Carlos  Sánchez  Olmeda  con  el  resto  de  los  miembros  de  la 
organización criminal investigada en este procedimiento en el interior del vehículo de la 
marca Seat, modelo León, matrícula 6070-HCW, el cual será instalado por personal 
especializado  afecto  a  la  Unidad  Central  Operativa  de  la  Guardia  Civil.  […]  La 
autorización se concede por el plazo inicial de tres meses, que se computará desde la 
fecha de la presente autorización judicial." Existe por tanto una concreción locativa 
(vehículo Seat León), una concreción subjetiva (conversaciones de Sánchez Olmeda con 
el resto de miembros del grupo criminal investigado, pues en ese momento ya están 
identificados José Muñoz Barbosa, Juan Miguel Perales Baldán y Santiago Fernández 
Durán,  habiéndose  constatado  además  que  en  el  robo  perpetrado  en  Cadreita 
intervienen  al  menos  seis  personas)  y  también  una  concreción  temporal  (pues 
habiéndose detectado la existencia de reuniones previas en el interior del vehículo, era 
previsible su continuidad durante el lapso de tiempo en que se concede la autorización).
Por  lo  demás,  sucede  que  no  se  han  aportado  a  las  actuaciones  grabaciones 
procedentes  del  vehículo  Seat  León  ni  se  hace  referencia  alguna  a  ellas  en  los 
posteriores oficios policiales, pese a que Sánchez Olmeda fue visto en numerosas 
vigilancias conduciendo el vehículo, y ello hasta el punto de que cuando se procede a la 
detención  de  los  investigados  y  se  solicita  el  cese  de  las  distintas  medidas  de 
seguimiento o intervención acordadas no se menciona este dispositivo de escucha, lo 
que lleva a pensar que no llegó a instalarse, o que no llegó a funcionar. En este sentido 
fue preguntado en la vista el teniente de la Guardia civil F64494B, quien manifestó que 
creía que sí se activó pero que quizá hubo problemas. Resulta así que la colocación de 
un dispositivo de escucha en el Seat León no ha tenido incidencia alguna en el desarrollo  s
de la investigación ni las conversaciones mantenidas en su interior –si es que existieron–  oe.
sirven para conformar el juicio probatorio, por lo que tampoco procedería analizar la  w.
conexión de antijuridicidad de esas supuestas conversaciones que pudiera conducir a  012ww
od edcillaigraern lcaia nsu. liNdaod h dae  eloxsis atiduoto, se dni cdtaedfionsit ipvoas, tevurilonremraecnitóen a dueto rlioz adnidspou oetsratos  iennte revl eanrct.io 5n8e8s 
quater a), b) y c), por lo que no procede declarar la nulidad del auto de 20 de enero
de 2017, ni existe por tanto la alegada conexión de antijuridicidad con el restante 
material probatorio.
Aunque no haya sido expresamente impugnado, sino por la ya mencionada conexión 
de antijuridicidad con el auto de 20 de enero, otro tanto cabe decir de la instalación del 
mismo tipo de dispositivo en el vehículo Fiat Stilo matrícula 4271CSF, que fue solicitada 
por oficio policial de 1 de febrero de 2017 y autorizada por auto de la misma fecha, junto 
con  la  autorización  para  el  dispositivo  de  seguimiento  que  se  había  instalado  con 
carácter  previo.  Y  es  que  la  parte  dispositiva  del  auto  concede  la  autorización  en 
idénticos términos, por lo que igualmente se cumple con las concreciones locativa, 
subjetiva  y  temporal  ya  mencionadas.  Y  la  previsibilidad  de  la  existencia  de  tales 
reuniones respecto de este segundo vehículo viene explicitada en el oficio policial donde 
se da cuenta de que el día 25 de enero de 2017 a las 09:00 horas se estableció un 
operativo de vigilancia sobre el vehículo Seat León ya mencionado, comprobando cómo 
Sánchez  Olmeda  recogía  a  las  12:25  horas  a  José  Muñoz  Barbosa  y  aparcaba 
posteriormente el vehículo junto al Opel Corsa 7837DJY, relacionado con Juan Miguel 
Perales Baldán. Posteriormente se localizó a Carlos Sánchez Olmeda conduciendo el 
vehículo Fiat Stilo, en compañía de las otras dos personas donde, tras estacionar, 
permanecieron conversando unos minutos, hasta abandonarlo, dirigiéndose a los otros 
dos vehículos ya mencionados. De nuevo el día 27 de enero de 2017, en otro operativo 
de vigilancia, se localiza a Carlos Sánchez Olmeda, quien se dirige andando hasta 
encontrarse con José Muñoz Barbosa, y ambos se trasladan hasta donde está aparcado 
el Fiat Stilo, con el cual se dirigen hasta el tanatorio de la M-30, donde recogen a Juan 
Miguel Perales Baldán y con este vehículo se desplazan hasta la localidad de Lorca 
(Murcia), donde cesa el seguimiento al detectar que están realizando maniobras de 
contra vigilancia, de modo que habiéndose constatado la existencia de encuentros y 
reuniones previas, era previsible que estas continuasen en dicho vehículo, por lo que 
sirve lo anteriormente dicho respecto del otro vehículo. Pero sobre todo ello, hay un 
aspecto de especial relevancia que merece ser destacado y es que, así como en cuanto 
al Seat León se da cuenta en una de las vigilancias (25 de enero de 2017) que Sánchez 
Olmeda lo utiliza para recoger a su pareja, el Fiat Stilo es utilizado por los integrantes del 
grupo investigado única y exclusivamente para sus reuniones y actividades delictivas, 
hasta el punto de que en la mayoría de ocasiones Sánchez Olmeda se dirige con el Seat 
León al lugar donde está aparcado el Fiat Stilo y es con este segundo vehículo con el 
cual se desplaza en compañía de las demás personas investigadas, lo que se va 
confirmando durante el desarrollo de la medida y así se da cuenta en los oficios de 27 de 
febrero y 6 de marzo de 2017, de modo que el fundamento para la instalación de los 
dispositivos  de  geolocalización  y  escucha  en  el  mismo  aparece  especialmente 
reforzado.»
La prueba de cargo en la que se sustenta la condena del recurrente (fundamento 
jurídico 2) quedaba constituida por el resultado de las vigilancias efectuadas por el grupo 
de delincuencia organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil donde se 
pudo observar varios encuentros del señor Ramírez Rosario con los demás miembros de 
la trama criminal. En particular la sentencia resalta la presencia del demandante de 
amparo, junto a los demás encausados, en el parque comercial Cuadernillos de Alcalá 
de Henares, el día 3 de febrero de 2017, cuando fue sustraído el vehículo BMW, 
matrícula 8389HGN. También relata la presencia del recurrente el día 8 de febrero 
de 2017 a bordo del vehículo BMW X6, matrícula 4772GLB. Este vehículo había sido 
observado circulando junto al Fiat Stylo, matrícula 4271CSF, el día en que fue perpetrado  e.
el intento de robo cometido en la localidad Ontígola (Toledo). Con ocasión de dicho ilícito  w.b
fue identificado el vehículo Fiat Stylo, matrícula 4271CSF, como el utilizado por las  012ww
speeñrsoor nRaas mpírreeszu Rntoasmaerinot ea  ibmoprdlicoa ddeals v eenh íclouslo h BeMchWos X. 5S,e m reaftireícreu lata 1m3b1ié2nG YlaB p, reel sdeínac 1ia6  ddeel 
fceobmreertoid od ee l2 d0í1a7 .1 7D idcheo f evberheírcou leon f ulae  loocbasleidrvaadd doe p Cora bvaerziaoms etessatdigao s(T coolend oo)c.a Ysi ótanm dbeilé rno bseo 
refiere la presencia del recurrente a bordo de un vehículo BMW X5, matrícula 1312GYB,
el día 20 de febrero de 2017 en la localidad de Móstoles. En dicho encuentro fue 
observada la presencia de los demás encausados a bordo del vehículo Fiat Stylo, 
vehículo  que  posteriormente  sería  geolocalizado  en  la  localidad  de  Cazada  de 
Valdunciel, el día 21 de febrero de 2017, con ocasión del robo cometido en la sucursal 
bancaria de dicha localidad. La sentencia también explicita, en los hechos declarados 
probados, el resultado de la entrada y registro en el domicilio y vehículo del señor Jenri 
Ramírez Rosario donde fueron encontradas armas, dinero, herramientas de diversa 
naturaleza, detector de frecuencias GSM y 3G, así como diferentes llaves de vehículo 
BMW.  La  sentencia  también  hace  referencia  a  los  resultados  derivados  de  las 
intervenciones telefónicas y de la geolocalización de los vehículos.
El resto de los encausados en dicho procedimiento mostró su conformidad con las 
penas solicitadas por el Ministerio Fiscal.
d)  El  demandante  de  amparo  interpuso,  frente  a  dicha  sentencia,  recurso  de 
apelación alegando, entre otros motivos, vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 
CE) y del derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE) por la ilicitud de la prueba 
obtenida por la colocación de micrófonos en los vehículos anteriormente mencionados. 
Dicho motivo estaba, además, vinculado con la alegación relativa a la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) toda vez que la ilicitud de dichas 
pruebas debía extenderse al resto del acervo probatorio, siendo este último, en todo 
caso, insuficiente para el dictado de una sentencia condenatoria.
Estas quejas no fueron aceptadas por la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 
Única) que, por sentencia de 10 de julio de 2019, desestimó el recurso de apelación 
interpuesto  por  el  demandante  de  amparo.  El  análisis  de  las  quejas  relativas  a  la 
vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y secreto de comunicaciones 
(art. 18.3 CE), se realiza en el fundamento jurídico primero donde se explicita que la 
interpretación del art. 588 quater LECrim:
«2.  No puede hacerse de forma aislada del resto de los preceptos en los que se 
articula, puesto que se pierde la vista de conjunto. Así el art. 588 quater a), da una 
perspectiva  general  de  la  medida,  y  dice  que  se  podrá  autorizar  "la  colocación  y 
utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las 
comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado". Aquí se refiere a 
conversaciones en general y con personas que no es preciso identificar a priori, y 
tampoco lo refiere a un contacto en concreto. De ahí que utilice la expresión "las 
conversaciones que se mantengan".
3.  Sobre esta medida novedosa en nuestro ordenamiento, la captación y grabación 
de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrónicos, dice 
el preámbulo, en apartado IV, "solo podrá acordarse para encuentros concretos que vaya 
a mantener el investigado, debiéndose identificar con precisión el lugar o dependencias 
sometidos a vigilancia". Como vemos utiliza el plural, "encuentros concretos" no el 
singular, aunque ciertamente acaba la explicación reduciendo aparentemente la idea con 
el uso del singular, "deberán desactivarse tan pronto finalice la conversación" y que "no 
caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de carácter 
general o indiscriminadas".
4.  No obstante, la regulación contenida en los artículos 588 quater no la configura 
como un único encuentro o una única conversación, sino referida a la injerencia respecto 
de un único investigado por las conversaciones orales directas que mantenga en uno o 
varios encuentros concretos con otras personas, en un lugar o dependencias concretas.
5.  La solicitud y la resolución judicial habilitante –autos de 20 de enero de 2017 y 1  e.
de  febrero  de  2017–  no  adolecen  precisamente  de  laconismo  argumental  que  sea  w.b
susceptible de vulnerar el deber constitucional de motivación, sino todo lo contrario,  012ww
pcoiemzao  speupeadrea dcao mabpierortbaa ras eta lc eofne cetlo  actoennstota  elaxa smoleicni tudde  –lafosl iodsil ig1e an c1i2a–s . dEonn dceo snec rjeutsot,i fiecna  llaa 
apuettoic idóen ,2 i0n cdoer peonrearnod doe,  i2n0c1lu7s oe,x afomtoingara efíxatse ndsea mtreesn tdee – lfoosli oesn 1c5a uas a2d1o–s l oys  dreeql uvieshitíocsu ldoe.  Elal 
medida interesada y de los indicios aportados. Otro tanto cabe decir sobre la segunda
petición, en la que se justifica la ampliación de la medida al segundo vehículo –folios 24 
a 28–, y la autorización extensamente razonada –folios 30 a 36–.
6.  En cuanto a la motivación, la doctrina admite la motivación por remisión a los 
correspondientes  antecedentes  obrantes  en  las  actuaciones  y  concretamente  a  los 
elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, o en su caso del 
Ministerio Fiscal, si "contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de 
proporcionalidad", sentencia de 22 de octubre de 2013 que se apoya en las sentencias del 
Tribunal Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre; 184/2003, de 23 de octubre; 
259/2005, de 24 de octubre; 136/2006, de 8 de mayo, y del Tribunal Supremo de 6 de 
mayo de 1997, 14 de abril y 27 de noviembre de 1998, 19 de mayo del 2000 y 11 de mayo 
de 2001, núm. 807/2001, que cita. Y añade, "los autos de autorización de intervenciones 
telefónicas  [doctrina  aplicable  a  los  de  captación  de  comunicaciones  orales  y  de 
seguimiento] pueden ser integrados con el contenido de los respectivos oficios policiales 
en  los  que  se  solicitan  las  intervenciones  en  cada  caso,  de  forma  que  es  lícita  la 
motivación por referencia a los mismos, ya que el órgano jurisdiccional carece por sí 
mismo de la información pertinente y no sería lógico que abriese una investigación 
paralela al objeto de comprobar los datos suministrados por la Policía Judicial", como 
señalan las sentencias de 26 de junio de 2000, 3 de abril y 11 de mayo de 2001, 17 de 
junio y 25 de octubre de 2002, entre otras muchas. Así pues –concluye–, "la motivación en 
cuanto  a  los  hechos  que  justifican  la  adopción  de  la  medida,  debe  contemplar  la 
individualidad de cada supuesto en particular".
Sobre la aportación o suficiencia de indicios recordaremos la expresión reproducida 
en numerosas sentencias, por todas la STS 12 de enero de 2017 (ROJ: STS 81/2017 - 
ECLI:ES:TS:2017:81) como se recuerda en las SSTC 171/1999; 299/2000 y 14/2001 
"Los indicios son algo más que la simple sospecha, pero también algo menos que los 
indicios racionales que se exigen para procesar". El hecho de que la primera de las 
escuchas no haya proporcionado indicios relevantes, por los motivos que sea, defectos 
técnicos o irrelevancia de las conversaciones, excusa una mención concreta, cuando de 
hecho se acuerda el cese de las dos intervenciones en el auto de 10 de marzo de 2017.»
e)  Interpuesto recurso de casación por infracción de ley (por incorrecta aplicación 
de los art. 235, 241.4, 8.1, 77.3, y 565 CP, y art. 588 quater Lecrim), este fue inadmitido 
por providencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de octubre de 2019.
3.  El demandante de amparo solicita en su recurso la nulidad de las resoluciones 
anteriormente señaladas por haberse vulnerado el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y 
el derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE).
Estas quejas se fundamentan en el argumento de que la medida consistente en la 
instalación de aparatos de escucha en el interior de dos vehículos, a fin de interceptar las 
conversaciones mantenidas por otro de los encausados, debe ser considerada nula pues 
se habría autorizado por un plazo de tres meses, lo que supone una contravención con 
el tenor literal del artículo 588 quater b) LECrim, que establece expresamente que esta 
medida de investigación ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar 
en uno o varios encuentros concretos del investigado. Sostiene el recurrente que la 
intención del legislador era diferenciar con claridad lo que es una escucha telefónica 
convencional, de la escucha de una conversación sin utilización de artificios técnicos. En 
el  caso  de  la  segunda,  la  expectativa  de  privacidad  es  mucho  mayor,  lo  que  se 
corresponde  con  que  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  Orgánica  13/2015  haya 
señalado que «no caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones  e
orales  de  carácter  general  o  indiscriminadas,  y,  en  consecuencia,  el  dispositivo  de  bo
escucha y, en su caso, las cámaras a él asociadas, deberán desactivarse tan pronto  012ww
afinrtaícliucleo  5l8a8  qcounavteerr sca)»c.ión  cuya  captación  fue  permitida,  como  se  desprende  del
interAcdeepmtaádsa,s  lato daausto rliazsa ccióonn vienrdsiasccrioimneinsa dqau ep ofru eerlo nó rgmaannot ejnuiddiacisa l epne reml itiniót eqriuoer  dfuee rlaons 
vehículos, algunas protagonizadas por personas ajenas a la investigación. Por lo tanto,
aquel órgano no  adoptó  ninguna  cautela para que  el  dispositivo de escucha fuera 
desactivado una vez se hubieran interceptado las conversaciones.
Consecuentemente, en el presente caso, la interceptación de las comunicaciones 
orales se había desarrollado de una manera idéntica a como se hubiera desarrollado una 
intervención telefónica, por lo que se ha vulnerado el contenido expreso de la ley. No 
puede considerarse «concreto» todo encuentro que se produzca en un plazo de tres 
meses. La intervención ha sido genérica e indiferenciada. En sus propias palabras, «la 
interpretación  dada  al  precepto  por  los  tribunales  ordinarios  vacía  de  contenido 
completamente  las  garantías  establecidas,  y  consiente  una  interceptación  de  las 
comunicaciones orales sin más límite que la voluntad del juez, lo que es incompatible 
con el respeto a los derechos relacionados en el art. 18.1 y 18.3 CE». Adicionalmente el 
demandante de amparo considera que, con la intervención acordada, no se habrían 
cumplido las garantías señaladas en la ley dada cuenta la insuficiencia de motivos para 
acordar la práctica del citado medio de investigación.
El recurrente solicita que la nulidad sea extendida, además, a todo el material 
probatorio  derivado  del  ilícitamente  obtenido  y  el  dictado,  como  corolario  de  lo 
anteriormente expuesto, de una sentencia absolutoria por la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Para el demandante de amparo, la intervención 
de las comunicaciones orales han sido determinantes para la investigación, pues a 
través de ellas fue como se adquirió la información que permitió las diferentes vigilancias 
de los investigados y el balizamiento de vehículos. Por otro lado, el efecto de la nulidad 
de la instalación de dispositivos de escucha debe extender también sus efectos a la 
intervención de las comunicaciones telefónicas acordadas por auto de 15 de febrero 
de 2017, así como a los autos que acuerdan el registro domiciliario.
4.  La  Sección  Primera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  14  de  diciembre 
del 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, en consecuencia, dirigir atenta comunicación a la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, así como a la Audiencia Provincial de Huesca, y al 
Juzgado de lo Penal núm. 1 de Huesca, a fin de que remitiesen certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de 27 
de enero de 2021, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas, 
y al Ministerio Fiscal, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho 
convenga, por un plazo de veinte días, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 5 de marzo de 2021, interesó que se 
desestimara el recurso por inexistencia de lesión.
a)  Respecto a la posible vulneración del derecho al secreto de comunicaciones, el 
fiscal ante el Tribunal Constitucional señala que los autos que acordaron la captación y 
grabación de las conversaciones mantenidas en los referidos vehículos ya reseñaban 
que los investigados utilizaban los mismos para reunirse y planificar las actividades 
delictivas. Desde esta perspectiva, considera que el derecho concernido por la medida 
de  captación  de  las  comunicaciones  orales  es  el  derecho  al  secreto  de  las 
comunicaciones del art. 18.3 CE, sin perjuicio de que, indirectamente, pueda verse  e.
afectado también el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). w.
Al respecto, comienza el Ministerio Fiscal puntualizando que, según lo contenido en  012ww
lrae fesreenncteiandcaias  edne  loisn sotafinccioias,  polalisc iaglersa bpaocri olnoe qsu ep rsoec esduepnotnees  qdueel  dSicehaot  diLsepóons itivnoo  os onno 
lgleragbóa cai óunt ildizea rlases , coo mnuon ilcleagcóio nae sfu onrcaiolensa,r .e nE ne l ccointasdeoc uveenhcíciau,l od, andoo  fquuee u tliali zcaadpot apcoiór nlo sy   BOE-A-cable e
órganos judiciales como elemento de prueba para formar la convicción sobre el fondo de 
los hechos, el análisis de las quejas sobre la nulidad de las observaciones, captaciones y 
grabaciones de las comunicaciones orales debe centrarse en el auto de 1 de febrero 
de 2017 que acordó esta medida respecto al vehículo Fiat Stylo.
El fiscal subraya que el auto de 1 de febrero de 2017 explicitaba los hechos delictivos 
que presuntamente eran atribuidos al investigado, por lo que dicha resolución debía ser 
considerada suficientemente motivada con arreglo a los cánones establecidos por este 
tribunal  en  la  STC  49/1999,  de  5  de  abril,  FJ  8.  Asimismo,  la  citada  resolución 
concretaba también la unidad investigadora de la policía judicial que se iba a hacer cargo 
de la investigación, la duración de la medida (tres meses), la forma y la periodicidad con 
la que se debía informar al juez sobre el resultado de la medida, y la finalidad de la 
misma, que no era otra que «el esclarecimiento de los hechos, centrar la investigación 
en torno a los investigados, y avanzar en la localización y, en su caso, detención de los 
supuestos  integrantes  del  grupo  criminal,  conocer  los  inmuebles  de  seguridad  que 
pudieran utilizar para su ocultación o esconder los útiles usados para los robos u otros 
efectos sustraídos». Por lo tanto, y habida cuenta de lo anteriormente reseñado, se 
cumplían los requisitos legales establecidos en el art. 588 quater b) LECrim.
En referencia a la necesidad de que la medida fuera solo acordada para encuentros 
«concretos y determinados», el fiscal ante el Tribunal Constitucional mantiene que la 
propia redacción del precepto [art. 588 quater b) LECrim] excluye cualquier tipo de 
captación indiscriminada y general de las conversaciones orales. En su opinión, la 
concreción de los encuentros vendría determinada tanto por los indicios que permitan 
prever con anticipación la celebración de los mismos, como por la identificación locativa 
(lugar en el que se va a captar las grabaciones), subjetiva (identidad del investigado) y 
temporal. En relación con este último elemento, sostiene que el tenor literal del art. 588 
quater b) LECrim no debe suponer que sea exigible la determinación de un momento 
concreto, sino que «aquella concreción existirá también cuando se trate no ya de un 
único, sino también de una pluralidad de encuentros que tendrán lugar en un lapso de 
tiempo determinado, lapso de tiempo que vendrá determinado por la existencia de 
indicios  que  precisen  la  previsibilidad  de  los  encuentros,  de  modo  que  aunque  se 
desconozca el momento concreto del encuentro o si se producirá un único, o varios 
encuentros,  será  concreto  si  indiciariamente  puede  preverse  su  existencia,  y  esta 
previsibilidad esté acreditada por los indicios puestos de manifiesto en la investigación 
[art. 588 quater b) 1], por lo que la concreción de los encuentros no se determinan por su 
número y el momento exacto en que se producirán, sino por la previsibilidad de que los 
mismo se produzcan en un lapso temporal en atención a los indicios que de ellos 
existan».  Por  todo  ello,  y  dada  cuenta  de  que  el  instructor  había  explicitado 
suficientemente los indicios de la celebración de dichos encuentros, y había especificado 
el lugar, personas, y ámbito temporal en el que los mismos serían celebrados, no 
estamos, como sostiene el demandante de amparo, ante una captación y grabación 
indiscriminada de las conversaciones orales.
Tras explicitar que la medida cumpliría, además, con los principios de especialidad, 
idoneidad,  excepcionalidad,  necesidad,  y  proporcionalidad  (art.  588  bis  LECrim),  el 
Ministerio Fiscal acaba concluyendo que la misma no habría vulnerado el derecho a la 
intimidad, y al secreto de las comunicaciones de los investigados.
b)  Por lo que atañe a la alegada lesión del derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE), el fiscal se opone a los argumentos dados por el demandante de amparo 
en base a las siguientes consideraciones: (i) descartada la vulneración del derecho al  s
secreto  de  comunicaciones  de  las  medidas  de  captación  y  grabación  de  las  oe.
comunicaciones orales, no estamos ante una prueba nula y, en consecuencia, no es  w.
posible aplicar la conexión de antijuridicidad propuesta por el demandante de amparo; (ii)  012ww
leax cpluruseivbaam eenn teq ueen  esle r efsuunldtaadmoe dneta l alsa  gcraobnadceinoan edse al ndteermioarmndeanntete s edñea laamdapsa.r oA l ncoo nrterasridioe, 
e(txeissttiegno sn, umseegruoismoise netolesm epnotolicsi adlees ,p rugeeboalo craelfiezarecniócnia deotsc …en)  lqau see natepnocyiaar íadne  inlas tatnecsiias   BOE-A-cable e
incriminatoria; (iii) Lo anterior se vería refrendado por el reconocimiento de los hechos 
realizados por los demás acusados y condenados.
7.  El recurrente, mediante escrito registrado el 1 de marzo de 2021, se ratificó en 
todas las alegaciones contenidas en su demanda. En dicho escrito el demandante 
sostiene que la medida consistente en la captación y grabación de las comunicaciones 
orales presenta notables diferencias con la medida de intervención telefónica. Dichas 
diferencias estarían constituidas por: (i) los presupuestos para la intervención de las 
comunicaciones orales son más rigurosos que los establecidos para las intervenciones 
telefónicas; (ii) la medida de intervención de comunicaciones orales no tiene un plazo de 
duración determinada, por cuanto la medida se agota con el propio encuentro, y su 
renovación  exigiría  una  nueva  resolución  judicial;  (iii)  la  intervención  de  las 
comunicaciones orales, siempre, y en todo caso, debe ser autorizada por el juez. No 
existe  previsión  de  que  puedan  ser  acordadas  por  el  Ministerio  del  Interior,  o  la 
Secretaría de Estado de Seguridad, en casos de urgencia o de bandas terroristas, 
circunstancia que si se da en relación con las intervenciones telefónicas.
Sostiene también el recurrente que existe una afectación superior de los derechos 
fundamentales  cuando,  precisamente,  se  hace  uso  de  dispositivo  de  captación  y 
grabación de las comunicaciones orales. Esta afirmación se fundamentaría en que, en 
supuestos de conversaciones mantenidas en persona, existiría una mayor perspectiva 
de intimidad que en las conversaciones mantenidas a través de medios telemáticos. Por 
lo tanto, en estos casos, la expectativa mayor de privacidad se fundamentaría en el 
modo en que se mantiene la conversación y no en el lugar.
Para el demandante de amparo, los distintos espacios donde pueden ser instalados 
los dispositivos de captación y grabación de las comunicaciones orales tampoco pueden 
constituir, además, un elemento de diferenciación. No existe, aparentemente, diferencia 
alguna  entre  las  conversaciones  que  pueden  ser  mantenidas  en  el  interior  de  un 
domicilio de las mantenidas a bordo de un vehículo o en un restaurante. El legislador no 
ha querido establecer diferencias.
Finaliza el recurrente señalando que la interpretación del concepto «encuentros 
concretos» ha de realizarse de una manera literal. Dicha interpretación, que además se 
corresponde con lo manifestado en la propia exposición de motivos, ha de traducirse en 
que  el  término  no  se  refiere  a  periodos  temporales  sino  a  encuentros  precisos  y 
delimitados en el tiempo. En este sentido, sostiene que «en el espíritu de la ley está la 
idea de que esta medida supone una severa intrusión en la intimidad del ciudadano 
investigado, que además puede afectar muy fácilmente a terceros, y que, por tanto, su 
utilización debe reducirse a los momentos que se prevén cenitales para la investigación. 
Un exceso temporal rebasa los márgenes de la ley y, en consecuencia, la injerencia no 
resulta  proporcionada».  Esta  habría  sido,  además,  la  interpretación  dada  por  las 
recientes SSTS 665/2020 y 718/2020.
8.  Por providencia de 6 de mayo de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si las resoluciones  s
impugnadas, que han condenado al demandante de amparo como autor responsable de  oe.
un delito de integración en grupo criminal [art. 570 ter 1.  b) CP], un delito continuado de  w.
c3roo9bn2oc.1 uc,r os3no9  f0um.e1er.z2da iay le  7nc4 oe.n1d  ifCuicnPi o)d,  aeublniiteo dr teoclo iatnolt  ipndúueba ltdiecono e d(naecr itasfa . il2lsíc3ifii7tca;a  2cd3ieó8 n.a2 re,m n3a  ysd  o4(ca; ur2tms4.1e 5.n16t o4y  .71o4.f2ic.2,i a 5Cl 6P(4a). r2et.sn1.    2021-10012n https://ww
y 570.1 CP), y un delito de conducción sin permiso (art. 384 CP), han vulnerado su
derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE), y a la  Bc
presunción de inocencia (art. 24.2 CE). El recurrente fundamenta estas quejas en el 
argumento de que la medida consistente en la instalación de aparatos de escucha en el 
interior de dos vehículos, a fin de interceptar las conversaciones mantenidas por otro de 
los encausados, debe ser considerada nula pues se habría autorizado por un plazo de 
tres meses, lo que supone una contravención con el tenor literal del artículo 588 quater 
b) LECrim, que establece expresamente que esta medida de investigación ha de estar 
vinculada  a  comunicaciones  que  puedan  tener  lugar  en  uno  o  varios  encuentros 
concretos del investigado. El recurrente solicita que la nulidad sea extendida, además, a 
todo el material probatorio derivado del ilícitamente obtenido y el dictado, como corolario 
de  lo  anteriormente  expuesto,  de  una  sentencia  absolutoria  por  la  vulneración  del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso por inexistencia de lesión 
respecto a los dos motivos alegados.
2.  Especial trascendencia constitucional del recurso.
La  cuestión  planteada  en  este  recurso  de  amparo  tiene  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque da ocasión al tribunal para dictar doctrina sobre 
un problema o faceta de derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 a)] relacionado con 
la posible vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y el derecho al secreto de 
comunicaciones (art. 18.3 CE) como consecuencia de la utilización de dispositivos de 
captación,  escucha  y  grabación  de  las  comunicaciones  orales  mantenidas  entre 
diferentes personas en el curso de una investigación penal. Así, aunque esta faceta del 
derecho fundamental ya fue tangencialmente tratada con ocasión de la STC 145/2014, 
de 22 de septiembre, lo cierto es que el tiempo transcurrido desde la misma, unido a la 
regulación de esta medida de investigación mediante la reforma operada en la Ley de 
enjuiciamiento criminal por Ley Orgánica 13/2015, 5 de octubre, hacen necesario el 
dictado de esta sentencia.
3.  Doctrina jurisprudencial de este tribunal sobre el secreto de comunicaciones 
(art. 18.3 CE) y derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).
Hemos tenido la oportunidad de afirmar (STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 5), que los 
derechos fundamentales de los que gozan todos los ciudadanos ostentan un doble 
carácter.  «En  primer  lugar,  los  derechos  fundamentales  son  derechos  subjetivos, 
derechos de los individuos no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido 
estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de la 
existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo 
de la comunidad nacional, en cuanto esta se configura como marco de una convivencia 
humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, 
en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la 
fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1)».
Entre  los  derechos  fundamentales  que  la  norma  constitucional  reconoce  se 
encuentra la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), y el derecho al secreto de las 
comunicaciones  y,  en  especial,  de  las  postales,  telegráficas  y  telefónicas,  salvo 
resolución judicial (arts. 18.3 CE). Este último derecho, en su vertiente positiva pero 
implícita –señalaba la STC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 4– consagra la libertad de las 
comunicaciones y explícitamente su reserva. Por lo tanto, el concepto jurídico de lo 
secreto,  visto  desde  tal  perspectiva,  tiene  un  carácter  formal  y  abstracto  en 
consecuencia, ya que «se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y  e.
pertenezca  o  no  la  comunicación  misma  al  ámbito  de  lo  personal,  lo  íntimo  o  lo  w.
reservado».  En  definitiva,  se  pretende  garantizar  la  «impenetrabilidad  de  la  012ww
c(loom  quuneic alac iódno»c tproinra t earcleemroasn cao nd eenfiocmaciniaa  erDgrait towmirknuensg, )ta ncotom poa rpaa lroas  cloiusd aadgaennotess d ed ea  ploies 
poderes públicos.
Este tribunal, en la STC 114/1984, de 29 de noviembre, haciéndose eco de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 2 de agosto 
de 1984, Malone c. Reino Unido), afirmó que el concepto de secreto de la comunicación 
cubría no solo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los 
interlocutores.  Así,  declaramos  en  aquella  ocasión  que  «rectamente  entendido»,  el 
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE «consagra la 
libertad  de  las  comunicaciones,  implícitamente,  y,  de  modo  expreso,  su  secreto, 
estableciendo  en  este  último  sentido  la  interdicción  de  la  interceptación  o  del 
conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente 
protegido es así –a través de la imposición a todos del "secreto"– la libertad de las 
comunicaciones,  siendo  cierto  que  el  derecho  puede  conculcarse  tanto  por  la 
interceptación  en  sentido  estricto  (que  suponga  aprehensión  física  del  soporte  del 
mensaje –con conocimiento o no del mismo– o captación, de otra forma, del proceso de 
comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura 
de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo) [...] Y puede 
también decirse que el concepto de "secreto", que aparece en el artículo 18.3, no cubre 
solo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la 
misma,  como,  por  ejemplo,  la  identidad  subjetiva  de  los  interlocutores  o  de  los 
corresponsales. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2 de agosto de 1984 –caso 
Malone– reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda 
resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, 
permite  registrar  cuáles  hayan  sido  los  números  telefónicos  marcados  sobre  un 
determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma». «Sea cual 
sea  el  ámbito  objetivo  del  concepto  de  "comunicación"»,  añadimos,  «la  norma 
constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros 
(públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación 
misma. La presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que media el proceso de 
comunicación, es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado». Y 
concluimos: «el concepto de "secreto" en el art. 18.3 tiene un carácter "formal", en el 
sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o 
no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado» 
(FJ 11).
Esta doctrina fue reiterada también en la STC 70/2002, de 3 de abril, en la que 
precisamos  que  «el  art.  18.3  CE  contiene  una  especial  protección  de  las 
comunicaciones,  cualquiera  que  sea  el  sistema  empleado  para  realizarlas,  que  se 
declara indemne frente a cualquier interferencia no autorizada judicialmente».
La separación del ámbito de protección de los derechos fundamentales a la intimidad 
personal (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) efectuada en 
dicha sentencia se proyecta sobre el régimen de protección constitucional de ambos 
derechos. Pues si en el art. 18.3 CE la intervención de las comunicaciones requiere 
siempre resolución judicial, «no existe en la Constitución reserva absoluta de previa 
resolución judicial» respecto del derecho a la intimidad personal. Ahora bien, también 
respecto del derecho a la intimidad personal hemos dicho que rige como regla general la 
exigencia  constitucional  de  monopolio  jurisdiccional  en  la  limitación  de  derechos 
fundamentales, si bien hemos admitido de forma excepcional que en determinados 
casos y con la suficiente y precisa habilitación legal sea posible que la policía judicial 
realice determinadas prácticas que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las 
personas (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3,  s
y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10). La legitimidad constitucional de dichas prácticas,  oe.
aceptada excepcionalmente, requiere también el respeto de las exigencias dimanantes  w.
del principio de proporcionalidad, de modo que mediante la medida adoptada sea posible  012ww
alelcsaivnaz apra eral  olbaj ectiovnos perceutceinódni ddoe –l idoobnjeetoid apdr–o;p quueest on o– enxeicsetas iudnaad –m; eyd iqduae m eeln ossa cgrrifaicvioos ad eol 
bdieerneecsh oo  rdeeproerctheo ms áaste bnednideofsic iloas g aral viendteardé sd eg elan einrajel reqnucei ad ey slvaesn ctiarcjausn sot apnecrijausic pioesr sao noatrleoss   BOE-A-cable e
de quien la sufre –proporcionalidad estricta– (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3, 
y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10).
En relación con las comunicaciones interpersonales mantenidas sin la intervención de 
medios  o  artificios  técnicos  destinados  a  hacer  posible  el  proceso  comunicativo 
(comunicaciones orales), nuestra jurisprudencia ha ido evolucionando desde una posición 
en la que inicialmente se afirmaba que el derecho del art. 18.3 CE solo operaba respecto a 
comunicaciones realizadas a través de canales o bandas cerradas –quedando fuera del 
mismo, consecuentemente, las que no precisaban de la intervención de ningún tercero 
ajeno como prestador del servicio de telecomunicación (SSTC 98/2000, de 10 de abril, 
FJ 9; 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5, y 170/2012, de 7 de octubre, FJ 4)– hasta una 
postura tendente a equiparar las comunicaciones orales con las realizadas a través de 
medios telemáticos.
Es el caso de la STC 145/2014, de 22 de septiembre, donde se planteó la posible 
vulneración del derecho al secreto de comunicaciones respecto a la grabación de las 
conversaciones orales mantenidas por un detenido en dependencias policiales. En este 
supuesto acabamos afirmando (FJ 7) que «es verdad que el art. 18.3 CE no dispone una 
distinta  protección  de  las  conversaciones  telefónicas  –una  tutela  inferior  por 
eventualmente incidida por un órgano judicial– que de otras comunicaciones como las 
verbales, sino solo una garantía común y genérica frente a la impenetrabilidad por 
terceros ajenos a la comunicación misma. Mas tal conclusión no obsta la respuesta 
constitucional elaborada, sustentada en la necesaria concurrencia de ley que evite el 
abuso y la arbitrariedad en cualquiera de las hipótesis. Un régimen legal que –pese a la 
insuficiencia que ha declarado este tribunal en sentencias previas ya citadas en esta 
resolución–  el  art.  579.2  LECrim  únicamente  contempla  para  las  conversaciones 
telefónicas,  y  que  las  normas  penitenciarias  aludidas  contienen  para  otros  fines  y 
ámbitos. Queda en manos del legislador una precisión normativa que evite, en su caso, 
ese resultado (quizá paradójico) del contraste entre los supuestos regulados y los de 
anomia. De todo lo expuesto se deduce que las grabaciones en dependencias policiales 
resultaron contrarias al art. 18.3 CE, deviniendo nula la prueba obtenida por ese cauce 
para todos aquellos que resultaron perjudicados penalmente por ella».
En la STC 145/2014 otorgamos el amparo al considerar que la medida de instalación 
de micrófonos en el interior de un calabozo carecía de cobertura legal. Así, en dicho 
supuesto, ya señalamos que la medida de investigación acordada era completamente 
extraña  al  ámbito  de  aplicación  de  la  regulación  legal  vigente  en  dicho  momento, 
regulación que en el art. 579.2 LECrim se refería, exclusivamente, a las intervención de 
conversaciones telefónicas, y en los art. 46 y 47 del Reglamento penitenciario (RP) a la 
intervención de las comunicaciones orales en el ámbito penitenciario.
En  aquel  caso,  acabamos  afirmando  –fundamento  jurídico  7–  que  «bajo  esas 
circunstancias, concluimos que las personas afectadas no podían prever la situación que 
ahora  se  denuncia,  lo  que  excluye  otros  debates  (suficiencia  de  la  norma  legal  o 
proporcionalidad de la medida judicial) que solo proceden una vez cumplida esa primera 
garantía o premisa de la secuencia (existencia de disposición jurídica que cumpla el 
cometido de precisar la vaguedad e indeterminación del art. 18.3 CE en este punto, 
conforme declaró la jurisprudencia constitucional anteriormente reseñada). Y es que los 
avales mínimos que se han venido reclamando cuando de calidad de la ley hablamos (en 
concreto de su previsibilidad), quiebran en mayor medida si ni siquiera se ha procedido a 
la  intervención  del  legislador.  No  olvidemos  que  el  propio  Tribunal  Supremo  en  la 
sentencia recurrida recuerda como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró,  s
en los casos Kruslin c. Francia, y Huvig c. Francia, sentencias de 24 de abril de 1990,  oe.
que la puesta en práctica de medidas de vigilancia secreta de las comunicaciones no  w.
está abierta al control de las personas afectadas o del público en general, de modo que,  012ww
pcoonr ceesdaid ara azló enj,e csuetriívao  coo an turanr ijou eaz  slae  neoxrpmreas adrea  eDne rtéercmhoin oqsu ed el ap oddiescr rseicni olínmailtiedsa.d L ale gleayl 
dlae bmea innedricaa rd eel  asluc aenjceerc diceio l,a  cdoisnc rleac iosnuaficlidieandte c ocnlaferirdidaad  ac loams oa uptoarriad apdreosp ocorcmiopneatre nate sla ys   BOE-A-cable e
personas la protección adecuada contra una injerencia arbitraria. De esas sentencias se 
desprende, en suma, que la medida controvertida de intervención por las autoridades 
debe estar basada en la legislación aplicable del Estado en cuestión, que ha de poseer 
las  cualidades  de  disponibilidad  y  previsibilidad  para  las  personas  destinatarias,  y 
también que no son de recibo interpretaciones analógicas. En consecuencia de todo ello, 
añadimos nosotros ahora, si la ley existente queda condicionada en su validez a la 
satisfacción de dichos términos, en ausencia plena de regulación normativa es de todo 
punto inviable el más lejano aseguramiento de esas garantías básicas».
Esta postura era, además, acorde con la jurisprudencia de este tribunal que ya 
inicialmente  había  afirmado  que  «sea  cual  sea  el  ámbito  objetivo  del  concepto  de 
"comunicación",  la  norma  constitucional  se  dirige  inequívocamente  a  garantizar  su 
impenetrabilidad  por  terceros  (públicos  o  privados:  el  derecho  posee  eficacia  erga 
omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquellos 
entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el 
ilícito constitucional aquí perfilado» (STC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ 7), o que «el 
art. 18.3 CE contiene una especial protección de las comunicaciones, cualquiera que sea 
el  sistema  empleado  para  realizarlas,  que  se  declara  indemne  frente  a  cualquier 
interferencia no autorizada judicialmente» (STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 9).
También  hemos  declarado  reiteradamente  que  el  ejercicio  de  un  derecho 
fundamental no puede considerarse ilimitado.
Ha de destacarse en primer término que, por mandato expreso de la Constitución, 
toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione 
su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con 
carácter  general,  somete  la  Constitución  Española  la  regulación  de  los  derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble 
función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a 
los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por 
sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los 
jueces y magistrados se hallan sometidos «únicamente al imperio de la Ley» y no existe, 
en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) 
constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad 
jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, 
en lo que a nuestro ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica 
como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, FJ 10).
Esa doble función de la reserva de ley constituye, en el caso del derecho al secreto 
de las comunicaciones, una doble perspectiva de análisis. Desde el primer punto de 
vista, es decir, desde la exigencia de que una norma legal habilite la injerencia, parece 
difícil negar que la propia Constitución contiene tal habilitación: desde esta perspectiva, 
los jueces y tribunales pueden, pues, acordarla, cuando concurran los presupuestos 
materiales pertinentes (STC 22/1984, FJ 3).
Sin  embargo,  desde  las  exigencias  de  certeza  que  han  de  presidir  cualquier 
injerencia en un derecho fundamental, en diversas ocasiones, y ya desde nuestras 
primeras sentencias (vid., v.g., SSTC 61/1981, 86/1982, 183/1984, entre otras), hemos 
afirmado que la reserva de ley no es una mera forma; sino que implica exigencias 
respecto al contenido de la ley que, naturalmente, son distintas según el ámbito material 
de que se trate. Y, así, si bien es cierto que las exigencias de certeza no son las mismas 
cuando se trata de imponer limitaciones a la licitud de la conducta individual que cuando  s
se establecen las condiciones bajo las cuales pueden interceptarse legítimamente las  oe.
comunicaciones telefónicas (STEDH de 2 de agosto de 1984, Malone c. Reino Unido)  w.
también lo es que en todo caso el legislador ha de hacer el «máximo esfuerzo posible»  012ww
optarroa  mgaordaon, ti«zlaar  elax pseecgtuartiidvaa dr ajuzroídniacbal e[SmTeCnt e6 2f/u1n9d8a2d, af udnedl acmiuednatdoa jnuorí deicno c 7u ácl) ]h oa,  ddeic hseor  dlea 
actuación del poder en aplicación del Derecho" (STC 36/1991, FJ 5)».
Desde este mismo punto de vista, es decir, desde las exigencias de seguridad 
jurídica y certeza del Derecho, hemos proclamado el principio de legalidad en el marco 
de la injerencia en el derecho a la intimidad. Así, en la STC 37/1989, afirmamos que lo 
que la protección de la intimidad reclama es una decisión judicial motivada en una 
inexcusable previsión legislativa (fundamento jurídico 7). Con ello, afirmábamos, no solo 
que la existencia de una previsión legal es inexcusable; sino que la resolución judicial 
que autorice la injerencia en la intimidad ha de hallarse fundamentada en la ley, de lo 
cual se infiere que la ley ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y 
condiciones de la intervención. Y en términos semejantes nos expresamos en el ámbito 
específico del derecho al secreto de las comunicaciones, afirmando que la injerencia 
estatal en dicho secreto ha de estar presidida por el principio de legalidad (ATC 344/1990 
–que invoca la doctrina sentada en la STC 150/1989–, y SSTC 85/1994, FJ 3; 34/1996, 
FJ 5; 49/1996, FJ 3; 54/1996, FJ 7,y 123/1997, FJ 4), especificando que el respeto a 
dicho principio requiere, en este caso, «una ley de singular precisión» (STC 49/1996, 
FJ 3).
4.  Doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En favor de la equiparación de las comunicaciones orales a las telefónicas se ha 
pronunciado también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, 
el Tribunal de Estrasburgo ha venido constatando que la captación de conversaciones o 
imágenes por medios de aparatos de grabación de audio y vídeo entra en la aplicación 
del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), tanto en lo referente al 
respeto a la vida privada como desde la perspectiva del derecho al secreto de la 
correspondencia. Es el caso, por ejemplo, de la STEDH de 10 de marzo de 2009, Bykov 
c. Rusia, §78, que, en relación con una captación subrepticia de las conversaciones 
orales  mantenidas  por  el  investigado  con  un  agente  infiltrado,  afirmó  que  «según 
constante  jurisprudencia  del  tribunal,  cuando  se  trata  de  interceptación  de 
comunicaciones con fines de una investigación policial, la ley debe utilizar términos lo 
suficientemente claros para que cualquiera comprenda en qué circunstancias y bajo qué 
condiciones  habilita  a  los  poderes  públicos  a  realizar  dicho  atentado  secreto  y 
virtualmente peligroso para el derecho al respeto de la vida privada y la correspondencia 
[…] En opinión de este tribunal, estos principios se aplican igualmente al empleo de un 
aparato de radiotransmisión que, desde el punto de vista de la naturaleza y el grado de 
intrusión,  se  asemeja  a  las  escuchas  telefónicas»,  o  la  STEDH  de  27  de  octubre 
de 2015, R.E c. Reino Unido, que, refiriéndose a un caso de interceptación de las 
comunicaciones  orales  entre  abogado  y  cliente,  realizó  una  asimilación  de  dichas 
conversaciones con las mantenidas telefónicamente (§131) bajo las siguientes premisas: 
«el presente caso se refiere a la vigilancia de consultas jurídicas que tienen lugar en 
sede policial, y que el tribunal considera análogas a la intervención de una llamada entre 
abogado y cliente. El tribunal ha reconocido que, mientras el art. 8 CEDH protege la 
confidencialidad de la correspondencia entre individuos, debe procurarse una protección 
reforzada a los intercambios entre abogados y sus clientes, ya que los abogados no 
podrían  defender  a  sus  clientes  si  no  pudieran  garantizar  que  sus  entrevistas  son 
confidenciales (STEDH de 6 de febrero de 2012, Michaud c. Francia). Por lo tanto, el 
tribunal  considera  que  la  vigilancia  de  una  entrevista  constituye  un  grado 
extremadamente alto de intrusión en el derecho de la persona a respetar su vida privada 
y correspondencia; mayor que el grado de intrusión en Uzun c. Alemania e, incluso, 
Bykov c. Rusia. En consecuencia, en tales casos esperará que se establezcan las  e
mismas salvaguardas para proteger a las personas de la interferencia arbitraria con sus  bo
derechos  del  art.  8  CEDH  como  lo  ha  requerido  en  casos  relacionados  con  la  012ww
pinuteerdceenp taapcliiócna rsdee  ala lsa  fcoormmuan dicea vciigoinlaensc, iae ne,n a cl umesetnióons», .la medida en que estos principios
§ 26T aam 2b7i)é nd ocnodnev iseen ea friermsaól taqru ela  «SeTnE laD Hju rdisep 2ru0d deen cdiaic ideeml bTrreib udnea 2l 0E0u5r,o Wpeioss dee c D. Ferreacnhcoias, 
Humanos se ha constatado a menudo que la captación secreta de conversaciones o
imágenes por medio de aparatos de grabación de audio y vídeo entraba en el campo de 
aplicación del artículo 8 del Convenio, tanto en lo referente al derecho al respeto de la 
vida privada como de la correspondencia. Lo ha hecho, por ejemplo, en la grabación 
secreta  de  conversaciones  mediante  apartados  de  escucha  por  la  policía  en  el 
apartamento de una persona sospechosa de tráfico de drogas (STEDH Khan c. Reino 
Unido,  núm.  35394/97,  §  25,  ECHR  2000-V),  sobre  el  sistema  de  sonido  en  el 
apartamento de un individuo donde la policía sabía que otro tenía que ir como parte de 
una investigación judicial por homicidio (STEDH de 31 de mayo de 2005, Vetter c. 
Francia, § 26). Aplicó también esta jurisprudencia en la colocación, y utilización, de 
aparatos  de  escucha  en  una  celda  de  un  detenido  en  prisión  (STEDH  de  25  de 
septiembre de 2001, P.G y J.H. c. Reino Unido); en el establecimiento de un dispositivo 
de vigilancia de audio y vídeo colocado en la celda de un detenido en prisión y en la 
zona de visita de esta (Allan c. Reino Unido, anteriormente citada); a la grabación de 
conversaciones telefónicas de un preso por las autoridades penitenciarias, utilizadas 
posteriormente como elemento de prueba para condenarle por otro delito (STEDH de 27 
de abril de 2004, Doerga c. Holanda) y la colocación de un detenido bajo vigilancia 
permanente durante un periodo de dos semanas (STEDH de 1 de junio de 2004, Van der 
Graaf c. Países Bajos) […] Por tanto, las conversaciones mantenidas en la sala de 
visitas  de  una  prisión  pueden  incluirse  en  los  conceptos  de  vida  privada  y 
correspondencia».
Dejando sentado que es necesaria la intervención de la ley y que la norma legal de 
que se trate ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de 
la seguridad jurídica, para precisarlas con mayor exactitud, siquiera sea con carácter 
mínimo, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 CE, en relación con el art. 8 del 
Convenio  europeo  para  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades 
fundamentales, habremos de tener en cuenta en este momento la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como hicimos en resoluciones anteriores (por todas, 
STC 85/1994, FJ 3).
En lo que respecta a la «accesibilidad» o «previsibilidad», cuando se trata de la 
intervención de las comunicaciones por las autoridades públicas, el Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  ha  declarado  que  "implica  que  el  Derecho  interno  debe  usar 
términos  suficientemente  claros  para  indicar  a  todos  de  manera  suficiente  en  qué 
circunstancias y bajo qué condiciones se habilita a los poderes públicos a tomar tales 
medidas" (STEDH de 30 de julio de 1998, Caso Valenzuela, con cita de las resoluciones 
dictadas en los casos Malone, Kruslin y Huvig (STEDH de 24 de abril de 1990), Halford 
(STEDH de 25 de junio 1997) y Kopp (STEDH de 25 de marzo de 1998). Esto era 
afirmado, también, en la anteriormente mencionada STEDH de 10 de marzo de 2009, 
Bykov  c.  Rusia,  §78,  donde  se  consignaba  que  «la  ley  debe  utilizar  términos  lo 
suficientemente claros para que cualquiera comprenda en qué circunstancias, y bajo qué 
condiciones  habilita  a  los  poderes  públicos  a  realizar  dicho  atentado  secreto  y 
virtualmente peligroso para el respeto de la vida privada y la correspondencia».
La expresión «prevista por la ley» –que aparece expresamente contemplada en el 
art. 8.2 CEDH– exige tanto que la medida impugnada tenga alguna base en la legislación 
interna, como que dicha base sea accesible para el ciudadano. Esta accesibilidad ha de 
traducirse, precisamente, en que la norma que habilita la medida impugnada tenga la 
suficiente precisión como para permitir a la persona afectada, si es necesario con el 
consejo adecuado, regular su conducta, sin que ello pueda llevar, en modo alguno, a que 
«el investigado sea capaz de prever cuando las autoridades podrán interceptar sus  s
comunicaciones para que puedan adaptar su conducta a ello» (SSTEDH de 24 de abril  oe.
de 1990, Kruslin c. Francia y Huving c. Francia). Sin embargo, la legislación debe ser tan  w.
clara como para dar a los ciudadanos una información adecuada sobre los requisitos, y  012ww
peont eqnucéi aclmirceunntes tpaenlcigiarso,s as ep apruae edle d eerjeecchuota ar  ulan avi dmae pdriidvaa ddae y  ilnav ceosrtirgeascpioónnd qeuneci ap.ueda ser
5.  Delimitación del ámbito aplicativo del art. 588 quater b) LECrim.
La determinación del alcance y de la duración concreta de la citada medida de 
investigación, compete en exclusiva a los órganos destinatarios de la norma y que tienen 
encomendada su aplicación, lo que es ajeno, en principio, a los cometidos de este 
tribunal.
Desde esta perspectiva, la función de este tribunal queda limitada a examinar la 
razonabilidad de interpretación sostenida por el órgano judicial así como el respeto al 
tenor literal de la norma. Este respeto, no obstante, no garantiza siempre que la decisión 
sometida  revisión  se  acomode  estrictamente  al  tenor  literal  pues,  en  ocasiones,  el 
lenguaje es relativamente vago y versátil, las normas son necesariamente abstractas y, a 
su vez, se remiten implícitamente a una realidad normativa subyacente.
Por ello debe utilizarse algún criterio añadido que, a la vista de los valores en 
juego –seguridad jurídica y legitimidad de actuación del poder judicial, de una parte, pero 
también libertad y competencia exclusiva del juez en la aplicación de la legalidad–, 
distinga entre las resoluciones que forman parte del campo de decisión legítima de este 
y  las  que  suponen  una  ruptura  de  su  sujeción  a  la  ley.  Dichos  criterios  han  sido 
conformados en nuestra jurisprudencia haciendo referencia al respeto de «las pautas 
axiológicas  que  informan  nuestro  texto  constitucional  (SSTC  159/1986,  59/1990 
y 111/1993)» y la utilización de los «modelos de argumentación aceptados por la propia 
comunidad jurídica». Así –hemos dicho–, «no solo vulneran el principio de legalidad las 
resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al 
significado  posible  de  los  términos  de  la  norma  aplicada.  Son  también 
constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico 
–una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base 
valorativa  ajena  a  los  criterios  que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional– 
conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, 
por ello, imprevisibles para sus destinatarios» (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 
también, entre otras, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de 
enero, FJ 3; 138/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4, 
y 9/2006, de 16 de enero, FJ 4).
Además, con carácter general, debe tenerse en cuenta que este tribunal también ha 
venido señalando que la aplicación de medidas legales que implican la restricción de un 
derecho fundamental sustantivo exige un deber reforzado de motivación que incluya, 
además de una fundamentación razonable, no arbitraria ni incursa en error patente, un 
juicio de adecuación al fin (por todas SSTC 62/1996, de 15 de abril, FJ 2; 34/1997, de 25 
de febrero, FJ 2; 175/1997, de 27 de octubre, FJ 4; 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 4; 
83/1998, de 20 de abril, FJ 3; 116/1998, de 2 de junio, FJ 4, y 2/1999, de 25 de enero, 
FJ 2, entre otras). De ahí que se haya venido exigiendo que las resoluciones judiciales 
que autorizan la intervención de las comunicaciones o su prórroga deban explicitar, en el 
momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar 
el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto 
del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida, pues, por la propia finalidad de 
esta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción (SSTC 299/2000, 
de 11 de diciembre, FJ 4, y 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2). De forma que la 
resolución  judicial  debe  exteriorizar  los  datos  o  hechos  objetivos  que  pueden 
considerarse  indicios  de  la  existencia  del  delito  y  de  la  conexión  de  la  persona  o 
personas investigadas con el mismo, indicios que han de ser algo más que simples 
sospechas,  pues  han  de  estar  fundados  en  alguna  clase  de  datos  objetivos  e.
(SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2, y 184/2003, de 23 de octubre, FJ 9). w.b
A  este  respecto  no  se  trata  de  satisfacer  los  intereses  de  una  investigación  012ww
pmaerraa msaetnistefa cperor slpae cnteivcae,s piduaeds  geel nséercicreat od dee p lraesv ecnoimr uon idceascciounberisr  ndoe lpitouse doe  psearr ad edsevseplaedjaor 
sseoasp eecshtaa sa ssipni rbaacsióen o, bpjeuteivsa  ddee  lootsr oe nmcaordgoa dsoes  ddee slava innveecsetriígaa claió ng,a proarn tmíaá sc olengsíttiitmucai oqnuael 
(SSTC 184/2003, de 23 de octubre, FJ 11, y 261/2005, de 24 de octubre, FJ 2). No
obstante, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen 
la intervención se exteriorice directamente en la resolución judicial, esta, según una 
consolidada doctrina de este tribunal, puede considerarse suficientemente motivada si, 
integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos 
necesarios  para  considerar  satisfechas  las  exigencias  de  llevar  a  cabo,  con 
posterioridad, la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la 
proporcionalidad de la medida conlleva (SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 
184/2003, de 23 de octubre, FFJJ 9 y 11, y 261/2005, de 24 de octubre, FJ 2).
6.  Aplicación de la citada doctrina al presente caso.
Expuestas las características de la presente demanda de amparo, adelantamos que 
no  nos  encontramos  ante  un  supuesto  idéntico  al  analizado  en  la  anteriormente 
mencionada STC 145/2014, de 22 de septiembre. En ese caso ya señalamos que la 
medida de interceptación de las comunicaciones orales era completamente extraña al 
ámbito de aplicación de la regulación vigente (art. 579 LECrim y arts. 46 y 47 RP) por lo 
que la inexistencia de previsión legal permitía considerar no tener por cumplidos los 
estándares constitucionales de «calidad y previsibilidad de la ley» establecidos en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En base a ello, acabamos 
estimando  el  amparo  bajo  la  afirmación  de  que  «en  ausencia  plena  de  regulación 
normativa es de todo punto inviable el más lejano aseguramiento de esas garantías 
básicas» (FJ 7).
Esta lógica, sin embargo, no puede proyectarse al presente recurso de amparo. Así, 
en este supuesto nos encontramos ante una situación distinta, en la que el objeto de 
debate no estriba sobre la inexistencia de regulación legal, sino, al contrario, sobre su 
interpretación y aplicación. Esta circunstancia, sin duda, otorga a este tribunal una 
perspectiva jurídica diferente a la hora de analizar el fondo de las cuestiones planteadas.
Como ya se ha expuesto, es doctrina reiterada de este tribunal que, aun respetando 
el tenor literal posible, «son constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones de la 
ley que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente 
extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que informan 
nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones esencialmente opuestas 
de la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios» 
(SSTC 328/2006, de 20 de noviembre, FJ 6, y 199/2013, de 5 de diciembre, FJ 13). Por 
lo tanto, y a los efectos de tener por cumplidos los estándares de previsibilidad y calidad 
de la ley, la función de este tribunal se limita directamente a controlar la interpretación 
desarrollada  por  el  órgano  judicial,  asegurando  que  la  misma  no  es  ilógica,  o 
indiscutiblemente extravagante, de tal manera que se garantice su cognoscibilidad y 
previsibilidad. Esta función de control, como ya se ha señalado, ha de abordarse desde 
dos perspectivas: la primera, atender a si la interpretación acogida por los órganos 
jurisdiccionales  es  congruente  con  el  tenor  literal  de  la  disposición  discutida,  y,  la 
segunda, determinar si esta interpretación es respetuosa con los valores constitucionales 
en  juego  y  con  las  pautas  axiológicas  que  informan  nuestro  texto  constitucional 
(SSTC 159/1986, 59/1990 y 111/1993).
Para aplicar este canon debe partirse, en principio, de la motivación contenida en las 
resoluciones recurridas. Esta constatación, como veremos, cobra especial relieve en el 
caso aquí enjuiciado por lo que antes de proceder a su aplicación conviene recordar en 
este extremo la ratio decidendi aquí expuesta.
El núcleo esencial de la queja del recurrente –como ya se anticipó– radica en la  e
impugnación de la legitimidad y regularidad de la intervención de las comunicaciones  bo
orales practicada en la fase de investigación del delito, al entender carente de cobertura  012ww
lceugeasl tiloan ian,t eardperemtaácsi,ó nla  efofercmtuaa edna  qpuoer  lsae r lelesvoólu aci ócna bjuod liac iianlt eqruvee nlac iaóunt oyr iezló h iencichioa lmdee nqtuee.  Snoe 
usen od edsec loonse ecntacruaenn tloross d oisbpjeotsoi tidveo sm doen ietosrcizuacchiaó ne. nA l ojusi ciinot edrevla dloesm caonndcaunrrteen dtees a emnptraer oc aedlloa 
habría producido una vulneración no solo del derecho al secreto de comunicaciones
(art. 18.3 CE) sino también del derecho a la intimidad en sus aspectos más profundos 
(art. 18.1 CE).
Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  encontraron,  para  la  adopción  de  la 
controvertida medida, cobertura legal en el propio tenor literal del art. 588 quater b) 
LECrim.  Así,  la  sentencia  de  instancia  mantenía  que  la  utilización,  por  parte  del 
legislador, del término «previsibilidad» implicaba una imposibilidad fáctica de determinar 
el momento, o momentos, en que los diferentes encuentros tendrían lugar, por lo que las 
garantías procesales quedaban suficientemente satisfechas con la determinación del 
lugar, sujetos, y lapso de tiempo en que los mismos serán celebrados. En definitiva, 
señalaba el órgano judicial que la propia circunstancia de que el objeto de la intervención 
pudiera quedar constituido por un conjunto de encuentros supone que la extensión de la 
medida puede dilatarse hasta que finalicen los mismos, no existiendo, por lo tanto, una 
obligación  de  conectar  y  desconectar  los  micrófonos  entre  estos,  ni  de  dictar 
resoluciones judiciales adicionales para prorrogar la citada intervención.
Ciertamente,  la  interpretación  alcanzada  por  el  órgano  judicial  no  puede  ser 
considerada contraria al tenor literal de la norma. La utilización por el legislador –para 
referirse al objeto de intervención– de una forma gramatical plural (el art. 588 quater b) 
señala que «La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de 
estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros 
concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios 
puestos de manifiesto por la investigación» implica que la citada medida de investigación 
no tiene por qué limitarse inexorablemente a un solo encuentro. Por el contrario, la 
inclusión en la norma de la posibilidad que la intervención abarque varios encuentros, 
permite una interpretación según la cual la medida, excepcionalmente, puede quedar 
definida con un alcance temporal determinado; esto es, mediante un plazo durante el 
cual es previsible que tales encuentros se produzcan. En tal caso, el cese definitivo de la 
medida de investigación no vendrá determinado por la clausura de cada uno de los 
encuentros objeto de la intervención sino por la terminación de los que tengan lugar en 
ese periodo. En definitiva, la duración del o de los encuentros concretos así como los 
lapsos temporales que se produzcan entre ellos, condicionarán el límite temporal de la 
medida de investigación contemplada en el art. 588 quater b) LECrim.
Apoyan, además, la tesis sostenida por los órganos judiciales tres elementos que 
deben ser destacados:
a)  En primer lugar, el art. 588 quater c) LECrim, al regular el contenido de la 
resolución judicial habilitante, vuelve a utilizar una formula gramatical plural para referirse 
a los encuentros objetos de investigación, siendo que, por el contrario, emplea una 
formula gramatical singular, junto al adjetivo «concreto», para referirse al «lugar» donde 
los  dispositivos  serán  colocados.  De  esta  redacción  se  infiere  que  las  exigencias 
derivadas de la utilización del adjetivo «concreto» han de referirse exclusivamente al 
lugar –o dependencias– donde los dispositivos serán colocados, y no, por el contrario, a 
los encuentros objeto de monitorización toda vez que, respecto a estos, la utilización –en 
el art. 588 quater b)– del término «previsibilidad» implica la aceptación de la dificultad 
fáctica de determinarlos con la misma precisión. Tal exigencia resulta inexcusable en la 
identificación del lugar en que se aplicará la intervención.
b)  En segundo lugar, el mismo art. 588 quater c) LECrim realiza una remisión al 
art. 588 bis c) LECrim prescribiendo que, entre los extremos que deberá contener la 
resolución judicial que autorice la medida, se encuentra el hecho punible objeto de 
investigación, la identidad de los investigados, la extensión de la medida de injerencia  e.
especificando su alcance, la unidad investigadora de la policía judicial que se hará cargo  w.b
de la intervención, así como «e) la duración de la medida». La remisión a este apartado  012ww
ruena lfairpmsao  ltae mtepsoisr adl ed eq udeu rlaa cvióonlu ndtea dla  dmeel dleidgais.lador era otorgar al juez la posibilidad de fijar
–quec)  regEunl at eercl ecre slueg adre,  nlao  mhaeyd idqau–e,  oslevi dreamr, ittaem apl oacrot. , 5q8u8e  beils  ajr)t .L 5E8C8r iqmu aqtueer , ea)  LsEu Cvreimz, 
prescribe  «el  juez  acordará  el  cese  de  la  medida  cuando  desaparezcan  las
circunstancias que justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma 
no  se  están  obteniendo  los  resultados  pretendidos  y,  en  todo  caso,  cuando  haya 
transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada».
La confluencia de todos estos elementos no lleva a otra conclusión que estimar 
razonable la interpretación sostenida por el juzgado de instrucción. Efectivamente, al fijar 
un plazo –tres meses en este caso– durante el cual debían surtir sus efectos los 
dispositivos de escucha y grabación, el instructor ponderó no solamente –y como se 
explicitará más adelante– los derechos y valores constitucionales en juego, sino que 
también tuvo en cuenta la interpretación sistemática de la norma objeto de debate, así 
como  las  garantías  mínimas  establecidas  por  la  ley  para  la  protección  de  otras 
comunicaciones análogas.
Por lo tanto, resulta razonable afirmar que, en las circunstancias del caso sometido a 
examen, las garantías establecidas por la ley vendrán plenamente satisfechas por la 
determinación en la resolución judicial del lugar (concreción locativa), de los sujetos 
(concreción  subjetiva),  y  de  varios  encuentros  concretos  entre  dichos  sujetos  que 
previsiblemente  tendrán  lugar  en  un  lapso  de  tiempo  (concreción  temporal).  La 
posibilidad  de  delimitar  la  medida  mediante  la  fijación  de  un  plazo,  que  debe 
considerarse excepcional y no general, estará condicionada por los indicios sobre la 
previsibilidad del encuentro o encuentros concretos, a los que está vinculado. Solo 
cuando indiciariamente no sea posible prever con exactitud el momento en que tendrán 
lugar tales encuentros podrá delimitarse el alcance de la intervención mediante la fijación 
de  un  plazo.  En  todo  caso,  como  consecuencia  del  estándar  mínimo  de  garantía 
señalado en el art. 588 ter g) LECrim, el máximo de duración de la intervención será el 
establecido en dicho precepto para la intervención de las comunicaciones telefónicas. El 
cumplimiento de estas exigencias determina que la intervención de las comunicaciones 
orales no pueda ser calificada de «general o indiscriminada».
Sostiene también el demandante de amparo que, con independencia del plazo que 
se pueda fijar para la medida de intervención, la exposición de motivos de la Ley 
Orgánica  13/2015  establece  la  obligación  de  desconectar  los  micrófonos  cuando 
materialmente cesa cada uno de los encuentros cuya intervención se pretende. En este 
caso, el hecho de que los mismos no hubieran sido desconectados abocaría a la nulidad 
la intervención acordada.
Pues bien, en relación con ello resulta necesario afirmar que aunque la exposición de 
motivos de la Ley Orgánica 13/2015 señala que «no caben autorizaciones de captación y 
grabación  de  conversaciones  orales  de  carácter  general  o  indiscriminadas,  y,  en 
consecuencia, el dispositivo de escucha y, en su caso, las cámaras a él asociadas, deberán 
desactivarse tan pronto finalice la conversación cuya captación fue permitida, como se 
desprende del artículo 588 quater c)», lo cierto es que el concepto «conversación» al que 
se refiere el último inciso no debe necesariamente interpretarse –como pretende el 
recurrente– de una manera estrictamente literal sino que ha de ser entendido en el 
marco de lo finalmente regulado.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la permanente referencia en el articulado a los 
«encuentros» objeto de intervención, resulta razonable la interpretación según la cual el 
deber de desconexión contenido en el preámbulo no se refiere a cada uno de los 
encuentros objeto de la medida sino al conjunto de ellos, cuya previsibilidad ha sido 
apuntada indiciariamente. En otras palabras, la obligación de desactivar los dispositivos 
de escucha no será exigible al terminar cada conversación sino al finalizar la serie de 
encuentros a los que se dirigía la medida de investigación. Esta es, en definitiva, la tesis  e.
acogida por la sentencia de instancia cuando señalaba: «sabido es que la exposición de  w.b
motivos o preámbulo de una ley, con ser importante para la interpretación de la norma,  012ww
ecastraebcele ceen  esxí pmreissmama ednete  vaelsoar  naocrmtivaatcivióon,  yy  lod ecisearctoti veasc ióqnu e deell  adrti.s p5o8s8it ivqou ateenr  cc)a dnao 
ecoxpnovesircsiaócni ónd ec umyao ticvaopst,a cqiuóen  hsaoyloa  seisdtoa bpleecrem itliad ad, ensi cotanmexpioócno  ulon ad icvee ze nc ornecalluididaad  llaa 
conversación objeto de seguimiento, por lo que si se trata, no de una conversación
única, sino de las que vayan a realizar los investigados en un lapso de tiempo en ese 
concreto lugar, el dispositivo puede mantenerse».
7.  Análisis de la proporcionalidad.
La interpretación sostenida por el órgano judicial es, además, plenamente respetuosa 
con los valores constitucionales en juego y las pautas axiológicas que informan nuestro 
ordenamiento jurídico, superando el juicio de proporcionalidad.
a)  En primer término, constatamos que las resoluciones judiciales que acordaron la 
medida  de  investigación  combatida  cumplían  con  los  estándares  de  motivación 
establecidos por este tribunal. Las exigencias de motivación impuestas por nuestra 
jurisprudencia  (SSTC;  299/2000,  de  11  de  diciembre,  FJ  4;  167/2002,  de  18  de 
septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 11; 261/2005, de 24 de octubre, FJ 2, 
y 197/2009, de 28 de septiembre, FJ 4) conllevan la necesidad de esclarecer si en el 
momento de solicitar y autorizar la medida de colocación de dispositivos de escucha y 
grabación de las comunicaciones orales se pusieron de manifiesto ante el juez, y se 
tomaron en consideración por este, elementos de convicción que constituyan algo más 
que meras suposiciones o conjeturas de la existencia del delito o de su posible comisión, 
así como datos objetivos que permitieran precisar que los vehículos que se trataban de 
intervenir eran utilizados habitualmente por personas sospechosas de haber cometido 
los delitos objeto de investigación (SSTC 14/2001, de 29 de enero, FJ 5, y 202/2001, 
de 15 de octubre, FJ 4).
Resulta procedente exponer las particulares circunstancias fácticas del caso, tal y 
como se desprenden de las actuaciones judiciales:
En la pieza separada de intervención de comunicaciones orales consta, a los folios 1 
a  12,  solicitud  policial  de  observación,  y  grabación  de  comunicaciones  orales,  de 
fecha 19 de enero de 2017. Dicho informe policial señalaba que existían indicios de que 
en el intento de sustracción en la sucursal bancaria de Gurrea del Gallego (12 de octubre 
de 2016) pudiera estar implicado don Carlos Sánchez Olmeda, el cual tenía diversos 
antecedentes penales por delitos contra el patrimonio. Ulteriores diligencias policiales 
habrían demostrado, además, que el señor Sánchez Olmeda utilizaría habitualmente el 
vehículo Seat León, matrícula 6070HCW, para reunirse con otras personas que pudieran 
estar implicadas en la trama, como don Jose Miguel Perales Baldán. En base a esta 
información,  y  ante  la  existencia  de  indicios  de  un  delito  de  organización  criminal 
destinada a perpetrar robos en sucursales bancarias, se solicitó al juez que autorizase la 
instalación de los medios técnicos adecuados para la observación, grabación, y escucha 
de las conversaciones mantenidas por el investigado señor Sánchez Olmeda con el resto 
de miembros de la presunta organización criminal, en el interior del vehículo de la marca 
Seat León, matrícula 6070HCW.
Dicha solicitud policial dio lugar a que al día siguiente (20 de enero de 2017) se 
autorizara, por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huesca, la medida interesada por el 
grupo de delincuencia organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 
Esta resolución, que explicitaba no solo los motivos, y fundamentos fácticos y jurídicos 
de la medida de intervención, sino también la adecuación de la misma a los principios de 
idoneidad y necesidad, decretaba que la intervención se produciría exclusivamente en el 
interior del vehículo Seat León (concreción locativa), para captar las conversaciones 
mantenidas  por  el  investigado  señor  Sánchez  Olmeda  con  otros  miembros  de  la 
organización criminal (concreción subjetiva), y durante un periodo de tiempo de tres  e.
meses (concreción temporal). w.
A los folios 24 a 28, de la pieza separada de intervención de comunicaciones orales,  012ww
dcoen fsetbar eurnoa d neu 2e0v1a7 s. oElinci tduidc hpoo loicfiicailo d see  inetxeprlviceintacbióan q duee  ceol mseuñnoicra Scáionncehse zo rOallemse ddea  fneoc hsao lo1 
duetilliizcativboas e, l vseinhoíc ulqou See atta Lmebóiné np arear ac eluesbaradro l asc orenu neiosntee s dfine  plealn ifviceahcíicóunlo d e Floiast  heScthyolos,   BOE-A-cable e
matrícula 4271CSF por lo que se solicitaba la ampliación de la medida acordada el 20 de 
enero de 2017 a este último vehículo. El citado oficio ahondaba en un aspecto de 
especial relevancia que merece ser destacado y es que, así como en cuanto al Seat 
León consta en una de las vigilancias (25 de enero de 2017) que Sánchez Olmeda lo 
utilizó  para  realizar  un  trayecto  con  su  pareja,  el  Fiat  Stylo  era  utilizado  por  los 
integrantes del grupo investigado única y exclusivamente para sus reuniones y, en 
algunos  casos,  para  la  ejecución  de  sus  actividades  delictivas.  Las  observaciones 
policiales habían llegado hasta el punto de que, en la mayoría de ocasiones, el vehículo 
Seat León era utilizado para desplazarse al lugar donde se encontraba estacionado el 
Fiat Stylo, utilizándose posteriormente este para la ejecución de los hechos delictivos 
(labores de contravigilancia).
Ese mismo día, el juzgado dictó auto autorizando la intervención solicitada, en una 
decisión  idéntica  a  la  del  auto  de  20  de  enero  de  2017,  modificando  tan  solo  la 
fundamentación fáctica y la especificación del vehículo objeto de intervención.
Finalmente, el día 10 de marzo de 2017, y como consecuencia de la detención de los 
investigados,  fueron  alzadas  las  medidas  de  captación,  y  grabación,  de  las 
comunicaciones orales mantenidas a bordo de los vehículos Seat León y Fiat Stylo.
En relación con los derechos fundamentales puestos en juego con estas medidas, la 
sentencia  dictada  por  el  juzgado  de  lo  penal  afirmaba  «si  la  captación  de  las 
conversaciones  en  el  domicilio  del  investigado  supone  una  injerencia  de  especial 
intensidad  en  el  derecho  a  la  intimidad,  al  secreto  de  las  comunicaciones  y  a  la 
inviolabilidad del domicilio, la captación de aquellas en otros lugares, cuando se ha 
constatado que es allí donde se llevan a cabo las conversaciones relacionadas con el 
delito que se está investigando, supone una injerencia de menor entidad. Porque si en el 
domicilio es donde la persona desarrolla las funciones más elementales de la vida y la 
medida puede afectar no solo al investigado sino a toda la unidad familiar, no puede 
decirse lo mismo cuando esos dispositivos electrónicos se instalan, como es el caso, en 
un vehículo, donde se ha comprobado previamente por los investigadores que se llevan 
a cabo reuniones del sujeto inicialmente investigado con los demás integrantes del grupo 
criminal».
b)  Las circunstancias puestas de manifiesto en la causa penal determinan que el 
juicio de proporcionalidad constitucional deba considerarse superado.
Es  necesario  aclarar,  en  primer  término,  que  los  sólidos  indicios  de  los  delitos 
investigados, la gravedad de los mismos, la idoneidad y la necesidad de la medida no 
son extremos cuestionados en la demanda de amparo. Sobre estos presupuestos, el 
juicio de proporcionalidad ofrece un resultado positivo a partir de la gravedad de los 
delitos perseguidos –muestra de la que son las penas que han merecido y que han sido 
reseñadas en los antecedentes de esta sentencia– y la ponderación de los siguientes 
elementos: (i) el lugar de la intervención, consistente en el interior un vehículo destinado 
exclusivamente, según apuntaban los indicios considerados por el órgano judicial, a la 
comisión de los delitos de que se trata por parte de una organización criminal, y sin que 
conste su utilización para otros fines relacionados con el desarrollo de la vida privada, 
profesional y familiar; (ii) la identificación de las personas concretas que habrían de 
mantener, precisamente en el interior de dicho vehículo, las conversaciones de interés 
para  la  causa,  personas  respecto  de  las  que  existían  fundados  indicios  de  su 
participación  en  aquellos  delitos;  (iii)  el  alcance  temporal  de  la  medida,  fijado, 
excepcionalmente, en un plazo de tres meses, ante la imposibilidad de efectuar, a partir 
de tales indicios, un pronóstico sobre el momento concreto en que las conversaciones  e.
habrían de tener lugar. w.b
Bajo este soporte fáctico no puede afirmarse –como acertadamente se señala en las  012ww
reens oalsupceiocntoess  pimropfuungdnoasd adse–  lqau per isvea chidaayda  dpero ldousc iidnove usntiag aindjoesr.e nLcoi aq uees pmecairaclam eenl tceo nintteennidsao 
ceol ndsetmituacniodnaanlt ep rodtee gaidmop daerol ,d eerl emchéoto rdeoc oan otcraidvoé se nd eell  acrut.a l1 8s.e3  rCeEm inteo  eusn,  cmoemnos apjere, teon dsee 
efectúa una comunicación, sino la existencia misma del proceso comunicativo entre dos
o más personas, y la voluntad de excluir del mismo a terceros no intervinientes. Así era, 
en definitiva, sostenido por la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 9, que señalaba que «el 
art. 18.3 CE contiene una especial protección de las comunicaciones, cualquiera que sea 
el sistema empleado para realizarlas».
Hemos de precisar que, como ha sido destacado por el Tribunal Supremo, en el 
ámbito del art. 588 LECrim, no todas las medidas implican el mismo grado de injerencia 
del Estado en la privacidad del investigado. Así, no son asimilables la colocación de 
aparatos de escucha en el interior de un domicilio, en el que se desarrolla la vida de una 
familia y que conlleva la intervención en todas las conversaciones de los convivientes, la 
instalación de dispositivos de grabación en un lugar público en el que va a producirse un 
encuentro entre investigados, la fijación de micrófonos en el interior de un vehículo que 
es habitual lugar de encuentro con otros sospechosos o que se viene empleando en la 
ejecución de actos delictivos, o la grabación en una oficina en la que se prevé que va a 
concertarse la estrategia delictiva.
No ignoramos que para el caso de instalación de dispositivos de grabación del 
sonido en el interior de un domicilio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha 
considerado que, solo en los casos en que la previsibilidad del encuentro no pueda 
fijarse con exactitud, será posible la fijación de un breve período de tiempo en el que el 
encuentro pueda llegar a tener lugar, habiendo reprobado, aún en estos supuestos, el 
establecimiento del plazo de un mes, así como la posibilidad de prórrogas de la medida 
por periodos iguales con carácter general.
Sin embargo, frente al supuesto anterior, aquellas otras medidas de investigación 
referenciadas, aun excepcionales, como medidas que son limitativas de un derecho 
fundamental, admiten un mayor margen de apreciación judicial en su delimitación a fin 
de superar el test constitucional de proporcionalidad. Por lo que al caso se refiere, la 
menor intensidad de la injerencia justifica, excepcionalmente, el alcance temporal de la 
intervención que fue fijado por el órgano judicial.
Tal y como se consigna en las resoluciones impugnadas, el método a través del cual 
se efectúa una comunicación no otorga una protección constitucional diferenciada. La 
exigencia de esta protección constitucional reforzada –que se traduzca ex ante en un 
examen más estricto de los requisitos necesarios para su intervención, y ex post en un 
mayor rigor en su ejecución– solo se producirá cuando, por razón de las especiales 
circunstancias concurrentes en el desarrollo del proceso comunicativo, exista el riesgo 
de rebasar el contenido propio del derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE) y 
entrar en aspectos pertenecientes al núcleo esencial de la privacidad (art. 18.1 CE). Sera 
en estos casos cuando la probable afectación de aspectos profundos de la intimidad 
harán  necesario  que  el  juez  deba  ser  especialmente  estricto,  debiendo  valorar,  no 
solamente la gravedad de la conducta a los efectos de estimar cumplido el principio de 
proporcionalidad, sino también la necesidad de sujetar la medida a un régimen más 
limitado en su ejecución, circunscribiéndola a una concreta conversación, imponiendo la 
obligación de conectar y desconectar los dispositivos de escucha en los intervalos 
existentes entre los encuentros investigados o, a lo sumo, fijando un brevísimo plazo 
acompañado del deber de dación de cuenta inmediata en cuanto se produzcan hallazgos 
relevantes para la investigación.
Así, por ejemplo, no pueden ser considerados igualmente invasivos –y, por lo tanto, 
recibir el mismo tratamiento– supuestos de intervención de comunicaciones telefónicas, 
o colocación de micrófonos en un vehículo destinado a cometer actividades delictivas, 
que medidas consistentes en la instalación de dispositivos de escucha en el interior de  s
un domicilio, o en el habitáculo destinado a celebrar una consulta médica entre un  oe.
facultativo y su paciente. La expectativa de privacidad que en estos últimos casos  w.
pueden llegar a tener los intervinientes en el proceso comunicativo no solamente es  012ww
mmaanyoter nipdoor,  srainzoó nq udee lt almugbaiér,n  oe xdisetel  ceol nriteesxgtoo,  adporniodreís tieclo  pdreo cqeuseo  lad ei ntceormveunncicióanc ipóune deas 
caufeacntdaor  a eclu emsatiyoonre sg rrealdaoti vainst rauls nivúoc lejuos mtifáicsa  prqoufeu ndeol  dtrea tsaum iinetnimtoid adde.  Eloss e np reinsctoipsi ocsa sdoes   BOE-A-cable e
proporcionalidad, necesidad, excepcionalidad, idoneidad, y especialidad [art. 588 bis a) 
LECrim],  así  como  la  probable  duración  de  la  medida,  deban  ser  objeto  de  una 
interpretación más estricta.
De todos los factores que delimitan la medida enjuiciada, la fijación de un plazo de 
tres  meses  por  las  resoluciones  judiciales,  constituye,  sin  duda,  el  elemento  más 
perturbador a fin de valorar su proporcionalidad. Sin embargo, no puede perderse de 
vista que la intervención estuvo operativa poco más de un mes, al alzarse la misma una 
vez fueron detenidas las personas investigadas con anterioridad al vencimiento del plazo 
inicial señalado. Ese dato, junto con las circunstancias antes referidas determinantes de 
la menor intensidad de la injerencia, señaladamente las relativas al lugar y personas 
investigadas, nos lleva a avalar, excepcionalmente, la proporcionalidad de la misma.
8.  Conclusión de los razonamientos precedentes.
a)  Consecuentemente, en atención a lo anteriormente expuesto, cabe afirmar que 
las  personas  afectadas  podían  prever  razonablemente  la  situación  que  ahora  se 
denuncia. En definitiva, existía una disposición jurídica que cumplía con el cometido de 
clarificar en qué casos, y bajo qué presupuestos, la intervención de comunicaciones 
orales que afectaba al derecho del art. 18.3 CE podría ser acordada, siendo que la 
interpretación sostenida por el órgano judicial era congruente con el tenor literal la 
misma, así como respetuosa con los valores constitucionales en juego y con las pautas 
axiológicas  que  informan  nuestro  texto  constitucional  (SSTC  159/1986,  59/1990 
y 111/1993).
b)  Además, la mera lectura de las resoluciones judiciales del 20 de enero y 1 de 
febrero de 2017, permite afirmar que no solamente se explicitaron las razones por las 
cuales se acordaba un plazo de duración de tres meses, sino que también se cumplieron 
con las garantías legalmente establecidas para la adecuada protección del derecho 
fundamental al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE). Los citados autos dictados por 
el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huesca explicitan de manera detallada los datos 
objetivos  que  justifican  la  adopción  de  la  medida  de  investigación,  así  como  la 
circunstancia –puesta de manifiesto en los oficios policiales de fecha 19 de enero y 1 de 
febrero de 2017– de las dificultades que los propios agentes pertenecientes al grupo de 
delincuencia organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tenían para la 
investigación de los hechos delictivos. Por otro lado, se cumplen también las exigencias 
de motivación impuestas por los estándares constitucionales, así como el respeto a los 
principios  de  especialidad  (investigación  de  hechos  delictivos  especificados  en  las 
resoluciones autorizantes), idoneidad (utilidad de la medida acordada para proseguir la 
investigación), proporcionalidad (los hechos que se trataban de investigar consistían en 
varios delitos de robo con fuerza en sucursales bancarias así como existencia de un 
grupo criminal previamente constituido para estos fines), excepcionalidad y necesidad 
(derivada de las dificultades de investigación puestas de manifiesto por los agentes 
investigadores).
Bajo estas circunstancias, la intervención no puede ser calificada, en modo alguno, 
como «general», «indiscriminada», o «prospectiva». Por el contrario, se trató de una 
medida proporcionada.
Se rechaza, por lo tanto, el primer motivo de amparo.
9.  Examen de la invocación del derecho a la presunción de inocencia.
Íntimamente  ligado  con  el  anterior  motivo  se  encuentra  la  lesión  relativa  a  la  b
vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En el desarrollo de esta queja,  012ww
osoraslteiesn eilí ceilt admemenatned iannteterv deen iadmasp ateron dqruíae  lqau dee celxatreancdióenr  dseu sn uelfiedcatdo sd ea lla rse csotom duenli cmacaiotenreiasl 
icnocrroimlairnioa tdoeri oto deox islote anntete reionr mlae nctea uesxap u(ecsotnoe, xeiól nd icdtaed oa ndteiju urindaic isdeandt)e npcrioav aobcsaonlduoto, ricao pmoor 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Conforme a la doctrina de este tribunal, el derecho a la presunción de inocencia se 
configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, 
«solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no 
haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado 
una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, 
o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico 
o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho 
probado» (STC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2 y, citándola, entre otras muchas, 
SSTC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2; 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2, y 26/2010, de 27 
de abril, FJ 6). Hemos afirmado también reiteradamente «la radical falta de competencia 
de esta jurisdicción de amparo para la valoración de la actividad probatoria practicada en 
el proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad 
o de oportunidad, limitándose nuestra misión a supervisar externamente la razonabilidad 
del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante» (STC 52/2010, 
de 4 de octubre, FJ 5), ya que «ni la Constitución nos atribuye tales tareas, que no están 
incluidas en las de amparo del derecho a la presunción de inocencia, ni el proceso 
constitucional permite el conocimiento preciso y completo de la actividad probatoria, ni 
prevé las garantías necesarias de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción que 
deben rodear dicho conocimiento para la adecuada valoración de las pruebas (por todas, 
SSTC 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 117/2007, de 21 de mayo, FJ 3; 111/2008, de 22 
de septiembre, FJ 3; 109/2009, de 11 de mayo, FJ 3, y 26/2010, de 27 de abril, FJ 6)» 
(STC 52/2010, de 4 de octubre, FJ 5).
En relación con supuestos de prueba declarada ilícita, la doctrina de este tribunal ha 
señalado también (STC 53/2013, de 28 de febrero, FJ 5), que se produce la vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia siempre que la eliminación de la prueba 
irregularmente valorada deje sin sustento el relato de hechos probados que soporta la 
declaración de culpabilidad del acusado. Esto sucederá, por supuesto, cuando la prueba 
eliminada sea la única tomada en cuenta por la resolución impugnada, pero asimismo 
cuando, a partir de su propia motivación, se constate que dicha prueba era esencial para 
llegar a la conclusión fáctica incriminatoria, de modo que con su exclusión, la inferencia 
de  dicha  conclusión  devenga  ilógica  o  no  concluyente  (SSTC  207/2007,  de  24  de 
septiembre, FJ 2, y 144/2012, de 2 de julio, FJ 6). Por el contrario, de existir otras 
pruebas de cargo válidas e independientes, la presunción de inocencia no resultara 
infringida (SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ3, o 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 6).
En el presente supuesto, y conforme a lo expuesto anteriormente observamos que 
los órganos judiciales han contado con otros elementos de prueba que fundamentan 
autónomamente la condena impuesta.
Así, la sentencia de instancia desgrana detalladamente los fundamentos fácticos del 
pronunciamiento condenatorio, narrando no solo el resultado de las intervenciones de las 
comunicaciones  orales,  sino  también  los  hechos  plasmados  por  los  diferentes 
seguimientos,  y  vigilancias,  policiales,  los  datos  arrojados  por  los  dispositivos  de 
geolocalización  instalados,  y  lo  encontrado  como  consecuencia  de  las  entradas  y 
registros domiciliarios.
En definitiva, los hechos han quedado acreditados, como revela la inferencia judicial 
que dio lugar a una conclusión motivada y racional, a tenor de aquellos elementos de 
prueba. Por ello, se concluye que la presunción de inocencia no ha resultado infringida.
10.  Conclusión final.
Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de amparo  bo
en su integridad. 012ww
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar el amparo solicitado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  diez  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno.–Juan  José  González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.