BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72952
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10019 Pleno. Sentencia 106/2021, de 11 de mayo de 2021. Recurso de amparo 
1407-2020. Promovido por don Josep Rull i Andreu respecto de la sentencia 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de 
sedición.  Supuesta  vulneración  de  los  derechos  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley y de defensa, a no padecer discriminación por 
razón de la lengua, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial 
dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías 
procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse 
desproporcionada  o  que  desaliente  el  ejercicio  de  otros  derechos 
fundamentales. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:106
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  don  Ricardo  Enríquez  Sancho  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 1407-2020, promovido por don Josep Rull i 
Andreu, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro y 
asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra la sentencia núm. 459/2019, 
de 14 de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa 
especial núm. 20907-2017, y contra el auto de 29 de enero de 2020, que desestimó los 
incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos frente a aquella. Han comparecido el 
abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta; el partido político Vox, 
representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y 
asistido por la letrada doña Marta Asunción Castro Fuertes; y don Carles Puigdemont i 
Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Por escrito recibido en el registro general de este tribunal el día 4 de marzo  e
de 2020, el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, actuando en  b
nombre y representación de don Josep Rull i Massachs, interpuso recurso de amparo  019ww
contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver el presente recurso, los 
siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y daños en 
bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la zona de la 
Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión de la 
práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como  en  otros  puntos  de  la  ciudad.  En  la  denuncia  se  describían  conductas 
desarrolladas por voluntarios de la entidad Asamblea Nacional Catalana (ANC), entre 
otros,  que  se  valoraban  como  obstruccionistas  de  la  actividad  policial.  Las  únicas 
personas que fueron nominalmente citadas en dicha denuncia eran don Jordi Sànchez i 
Picanyol,  en  su  condición  de  presidente  de  la  ANC,  y  don  Jordi  Cuixart  Navarro, 
presidente de la entidad Òmnium Cultural (OC). Los hechos denunciados se calificaron 
como constitutivos de un delito de sedición, previsto en los arts. 544 y ss. del Código 
penal (en adelante CP). Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia  Nacional  que,  mediante  auto  de  27  de  septiembre  de  2017,  incoó  las 
diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de las cuales se practicaron diversas 
diligencias de investigación y se adoptaron medidas cautelares personales respecto de 
los citados denunciados.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por 
unos mismos hechos que consideraba podían ser constitutivos de delitos de rebelión 
(art. 472 CP), sedición (art. 544 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha Cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la diputación permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
(i)  declarar  la  competencia  de  la  Sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa 
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno,  e
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan  bo
referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los  019ww
quer(eii)ll addoess;i gynar instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala don
mPaabglios trLaldaore ninas tCruocntodre , ahsía clioe ncdoon seidxteernes iovpao rstuu ncoo, mrepsepteencctoia  d«ep aarqau eell lacsa soot raesn  cqauues aesl 
penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos  inescindibles 
respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».
d)  En aplicación de lo establecido en el art. 21 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), el magistrado instructor dictó providencia de fecha 14 de noviembre de 2017 
por la que reclamó del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
informe  sobre  los  antecedentes  fácticos,  procesales  e  investigativos  de  dos 
procedimientos que, según señaló la Fiscalía General del Estado en la querella, se 
tramitaban en dicho juzgado en relación con los hechos también denunciados en la 
causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmniun  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
juzgado central de instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional  «concretada  en  la 
facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad 
del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los 
que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 LECrim».
Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
e)  Por auto de 21 de marzo de 2018 se acordó el procesamiento del demandante  e.
de  amparo,  junto  con  otros  encausados,  por  los  presuntos  delitos  de  rebelión  y  w.b
malversación de caudales públicos. Por auto de 9 de mayo de 2018 se desestimaron los  019ww
rdeec u2r0s1o8s,  dsee  rdeefosremstaim inatreornp uloess toresc cuorsnotrsa  dlae  aanpteelraiocrió rne seonlutacbióland; oys  pcoorn atruat oe ld ea u2to6  ddee  j9u ndioe 
mayfo)  deU n2a0 1v8e.z ratificado el procesamiento, el magistrado instructor declaró concluso el
sumario mediante auto de 9 de julio de 2018, y remitió los autos y las piezas de
convicción  al  tribunal  competente  para  conocer  del  mismo.  El  Ministerio  Fiscal,  el 
abogado  del  Estado  y  la  acusación  popular  instaron  la  confirmación  del  auto  de 
conclusión  y  la  apertura  del  juicio  oral  contra  el  demandante  y  otros  procesados. 
Mediante escrito de 8 de octubre de 2018, el ahora recurrente interesó el sobreseimiento 
de la causa y, subsidiariamente, la revocación de la conclusión del sumario para la 
práctica  de  nuevas  diligencias.  Por  auto  de  25  de  octubre  de  2018,  la  sala  de 
enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario y declaró abierto el juicio oral contra el 
recurrente en amparo por los mismos delitos por los que había sido procesado.
g)  En  sus  conclusiones  provisionales,  el  Ministerio  Fiscal  calificó  los  hechos 
atribuidos al demandante como constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.1, 5 
y 7, 473, inciso segundo, y 2 (distracción ilegal de caudales públicos) y 478 CP, por el 
que interesó la imposición de las penas de dieciséis años de prisión y de dieciséis años 
de inhabilitación absoluta y la condena en costas. En cuanto a la responsabilidad civil, se 
solicitó  la  remisión  de  particulares  y  de  la  sentencia  al  Tribunal  de  Cuentas,  de 
conformidad con lo previsto en los arts. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 12 de mayo, 
del  Tribunal  de  Cuentas  (LOTCu),  y  en  los  arts.  16,  17  y  49.3  de  la  Ley  de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), para el establecimiento y reclamación 
definitiva de las cantidades totales desviadas.
El  abogado  del  Estado  calificó  los  hechos  cometidos  por  el  recurrente  como 
constitutivos de: i) un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; y ii) de un delito de 
malversación  de  caudales  públicos  del  art.  432.1  y  3  CP.  Los  referidos  delitos  se 
hallarían en relación de concurso medial y solicitó la imposición de las penas de once 
años y seis meses de prisión y de once años y seis meses de inhabilitación absoluta, 
condena en costas y la responsabilidad civil en los términos solicitados por el Ministerio 
Fiscal.
La acusación popular consideró que la conducta del recurrente era constitutiva de los 
siguientes delitos: (i) dos delitos de rebelión de los arts. 472.5 y 7, 473.1 y 2 y 478 CP; 
(ii) alternativamente, de dos delitos de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; (iii) un delito 
de organización criminal de los arts. 570 bis 1 y 2 a) y c) y 570 quater 2 CP; y (iv) un 
delito de malversación de caudales públicos del art. 432.1 y 3 a) y b) CP, en relación con 
el art. 252 CP. Por cada delito de rebelión interesó la imposición de las penas de 
veinticinco años de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta; alternativamente, 
por cada delito de sedición solicitó las penas de quince años de prisión y de quince años 
de inhabilitación absoluta; por el delito de organización criminal pidió las penas de doce 
años  de  prisión  y  de  veinte  años  de  inhabilitación  especial  para  todas  aquellas 
actividades  económicas  o  negocios  jurídicos  relacionados  con  la  actividad  de  la 
organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos; y por el 
delito de malversación de caudales públicos interesó la imposición de las penas de doce 
años de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta. También pidió la condena en 
costas y, en concepto de responsabilidad civil, solicitó que el demandante de amparo 
abonara solidariamente con otros acusados 4279985,03 €, importe a que asciende la 
cuantía malversada.
h)  Al amparo de lo previsto en el art. 666.1 y ss. LECrim, tanto el demandante como 
otras personas acusadas presentaron, como artículo de previo pronunciamiento, una 
solicitud de declinatoria de jurisdicción en favor del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Para justificar su pretensión, invocó expresamente la vulneración del derecho 
al juez predeterminado por la ley.
i)  Tomando  en  consideración  dicha  perspectiva,  la  pretensión  fue  desestimada  s
mediante auto de 27 de diciembre de 2018, por el que la sala mantuvo su competencia  oe.
objetiva  para  conocer  y  juzgar  los  delitos  por  los  que  los  procesados  habían  sido  w.
provisionalmente acusados. 019ww
concj)l usEionn efse cphroav is1i6o nadlee s,e cnoenrofo rmdee  a2 0l1o9 d, iseplu edsetom aennd aenl taer t. p6re5s2e nLtEóC  reiml , eesnc rietol  qduee 
interesó la libre absolución. Asimismo, propuso la prueba que consideró pertinente y se
reservó la posibilidad de solicitar más prueba con anterioridad a la celebración del juicio 
oral, pues afirmó no haber podido acceder de forma completa al procedimiento.
k)  Mediante auto de 1 de febrero de 2019 se señalaron las fechas de celebración 
del juicio oral, cuyo inicio se fijó para el día 12 de febrero y su finalización para el 1 de 
junio del 2019, posteriormente ampliado hasta el 12 de junio de 2019. En la misma 
resolución,  el  órgano  de  enjuiciamiento  resolvió  sobre  la  admisión  de  las  pruebas 
propuestas por las partes. En concreto, en el fundamento jurídico séptimo (págs. 105 
a 108) figuran las pruebas interesadas por el recurrente que fueron inadmitidas.
l)  Con fecha 12 de febrero de 2019 y antes del comienzo de la práctica de la prueba 
en el juicio oral, el recurrente y otros dos procesados alegaron diversas cuestiones 
previas  basadas  en  la  denuncia  de  las  siguientes  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales: (i) «Privación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, en 
concreto, del derecho a la doble instancia [art. 2.2 del Protocolo núm. 7 al Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(CEDH)]», derivado del hecho de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo asumiera el 
conocimiento de la presente causa sin tener competencia para ello; (ii) «Vulneración del 
derecho a un juez imparcial» (arts. 6 CEDH y 24 CE) en la fase de instrucción, tanto por 
la intervención del magistrado instructor designado, como por la de la sala de recursos, 
especialmente, el miembro de la misma don Francisco Monterde Ferrer, vicepresidente y 
miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); y en 
la fase de enjuiciamiento, con mención de las recusaciones resueltas por la Sala del 
art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y las manifestaciones de don Carlos 
Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, que no atañe a los magistrados que integran 
la Sala, pero es «ilustrativa del contexto que rodea a la presente causa en términos de 
imparcialidad institucional»; (iii) «Vulneración de los derechos a la defensa, a un proceso 
con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH) y a la no discriminación (arts. 14 CE y 14 
CEDH)» por haberse denegado el sistema de traducción simultánea solicitado por la 
defensa; (iv) «Vulneración del derecho a la defensa y a un proceso con todas las 
garantías por haberse tenido que preparar el juicio en una situación de privación de 
libertad (art. 17 en relación con 24 CE)»; (v) «Vulneración del derecho de defensa y a un 
proceso  con  todas  las  garantías  por  no  garantizarse  un  acceso  completo  a  las 
actuaciones (arts. 24 CE y 6 CEDH)», queja que se desglosa a su vez en estas: «Acceso 
incompleto  a  la  nube  virtual»  para  consultar  las  actuaciones  de  la  instrucción; 
«denegación de traslado de los denominados sobres cerrados»; «falta de traslado del 
resultado de las pruebas documentales requeridas por la Sala en su auto de admisión de 
pruebas de fecha 1 de febrero de 2019»; (vi) «Vulneración del derecho de defensa y a un 
proceso con todas las garantías», por haberse denegado la aportación de testimonio 
íntegro de las diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona 
(arts. 24 CE y 6 CEDH); (vii) «Vulneración del derecho a la presunción de inocencia» por 
las declaraciones a la BBC de la secretaria de Estado doña Irene Lozano Domingo, 
responsable de la campaña gubernamental «España Global» (arts. 6.3 CEDH y 24 CE); 
(viii) «Vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías por 
denegación de medios de prueba pertinentes propuestos en tiempo y forma por esta 
defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH)».
m)  En  sus  conclusiones  definitivas,  las  partes  acusadoras  mantuvieron  sus 
calificaciones jurídicas y peticiones de penas respecto del demandante. Por su parte, 
este último modificó sus conclusiones provisionales, en el sentido de interesar, en la 
conclusión cuarta, la apreciación de la circunstancia eximente del art. 20.7 CP de obrar  s
en el legítimo ejercicio del derecho a la libertad ideológica (arts. 16.1 CE y 9 CEDH), de  oe.
expresión (arts. 20 CE y 10 CEDH), de reunión pacífica (arts. 21 CE y 11 CEDH) o de  w.
asociación (arts. 22 CE y 11 CEDH). 019ww
reitePraorr  loatsro v ulalndeor,a ecnio neel sm yoam aelnetgoa ddea se alel vianric aio  ddeefli njiutiivcaios  osruasl,  clao ndcelufesniosnae ds,e la rdeecmurárse ndtee 
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imposibilidad  de  confrontar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba  documental 
videográfica (art. 24.2 CE); ii) del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la 
restricción injustificada del alcance de los interrogatorios a las defensas; iii) del derecho a 
un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la conculcación del 
principio de igualdad de armas entre acusaciones y defensas y por la asunción de un rol 
acusatorio ejercido por el presidente del tribunal.
n)  En fecha 14 de octubre de 2019 recayó sentencia en la referida causa especial. 
El demandante fue considerado autor de un delito de sedición previsto en los arts. 544 
y 545.1 CP, y se le impusieron las siguientes penas: diez años y seis meses de prisión y 
diez años y seis meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva 
de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera el penado, aunque fueran 
electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, 
o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 
condena. A su vez, fue condenado al pago de una veinticuatroava parte del total de las 
costas procesales (que equivale a tres setentaidosavos,), sin inclusión de las costas de 
la  acusación  popular.  El  demandante  fue  absuelto  de  los  delitos  de  rebelión, 
malversación de caudales públicos y organización criminal.
ñ) En las páginas 24 a 60 de la sentencia condenatoria se consignan los hechos que 
el Tribunal Supremo consideró probados, cuyo tenor literal, es el siguiente:
«1.  Con fecha 8 de septiembre de 2017, el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 
7451-A  publicó  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  20/2017,  8  de  septiembre,  de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
Esta  norma,  integrada  por  89  artículos  y  tres  disposiciones  finales,  incluía 
proclamaciones  unilaterales  de  ruptura  con  el  sistema  constitucional  vigente.  Se 
presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera 
aprobada la Constitución de la nueva República. Proclamaba que Cataluña se constituye 
en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el 
pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los 
poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña 
se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a 
sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su 
lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar 
territorial de Cataluña.
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al 
presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta 
representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el 
Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que 
culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno 
del Poder Judicial inspirado en la actuación coordinada con el Poder Ejecutivo y permitía 
la  continuidad  de  aquellos  jueces  y  magistrados  que  venían  desempeñando  sus 
funciones en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, 
aquellos jueces y magistrados que llevaran menos de tres años de ejercicio en Cataluña, 
se veían despojados de su garantía constitucional de inamovilidad, al referirse la ley a un 
derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a 
un procedimiento a regular en el futuro.
Se atribuía al Parlament, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída 
la  sala  de  gobierno  del  Tribunal  Supremo,  el  nombramiento  del  fiscal  general  de 
Cataluña. e.
Modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña,  w.b
redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y  019ww
dreegl uElasbtaa dlao  seuscpeasñióonl  deenl  ECsatatadlou ñcaa.t aTláanm ebnié lna  tpitruelaveriídaa du nd e rtéogdiomse lno sd bei eninetes gyr adceiórenc hdoesl 
lpaesr saodnmailn diset rlaacsi oandemsi nciesntrtaracli oyn aeust opnúóbmliciacsa ,q suieem hparseta c oenndtoicnicoensa dpore as tlaarsa na dsaupst asceirovniceiso sq ueen 
se  estimaran  indispensables  para  la  realidad  del  nuevo  Estado.  Se  convertía  a  la
Generalidad en la autoridad fiscal llamada a la fijación, recaudación y gestión de todos 
los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de gobierno la 
autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña.
2.  La  Ley  19/2017,  6  de  septiembre,  reguladora  del  llamado  referéndum  de 
autodeterminación, fue publicada en el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 7449A, de 6 
de septiembre de 2017.
En  su  preámbulo  se  expresaba  que  en  la  aprobación  de  esa  Ley  confluían  la 
legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán, con el 
derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos  consagrado  por  la  legislación  y  la 
jurisprudencia internacionales. Calificaba el acto de aprobación de la ley como un "acto 
de soberanía".
En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuento de los votos válidamente 
emitidos llegara a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la 
independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlament de Cataluña, dentro los dos días 
siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, 
debería  celebrar  una  sesión  ordinaria  para  efectuar  la  declaración  formal  de  la 
independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.
3.  Ambos textos, a los que siguieron otras normas reglamentarias de desarrollo, 
formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. De lo que se 
trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de 
la República independiente de Cataluña. Ese acuerdo implicaba un reparto funcional 
entre sus protagonistas. Dña. Carme Forcadell Lluís era la Presidenta del Parlament; D. 
Oriol Junqueras i Vies, era en aquellas fechas Vicepresidente y Consejero de Economía 
y  Hacienda;  D.  Raül  Romeva  i  Rueda,  Consejero  del  Departamento  de  Asuntos  y 
Relaciones  Institucionales  y  Exteriores  y  Transparencia;  D.  Josep  Rull  i  Andreu, 
Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dña. Dolors Bassa i Coll, Consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias; Dña. Meritxell Borràs i Solé, Consejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda; y D. Carles Mundó i Blanch, Consejero de Justicia.
D. Santiago Vila i Vicente, fue inicialmente Consejero de Cultura y asumió con 
posterioridad, en los primeros días del mes de julio de 2017, el Departamento de 
Empresa y Conocimiento. En esas fechas se incorporó al Gobierno, como Consejero de 
Presidencia, el acusado D. Jordi Turull i Negre. La Consejería de Interior fue asumida, en 
la misma remodelación del Gobierno, por D. Joaquim Forn i Chiariello.
Además del papel asumido por la presidenta del órgano parlamentario y por los 
miembros del ejecutivo autonómico, era indispensable conseguir la movilización de miles 
y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado. Con este fin y con el de lograr una participación relevante en la consulta 
presentada como la expresión del "derecho a decidir", se sumaron al concierto los 
acusados  D.  Jordi  Sànchez  Picanyol  y  D.  Jordi  Cuixart  Navarro.  Eran  los  líderes 
respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (en adelante, ANC) y de Òmnium Cultural 
(en  adelante,  OC),  organizaciones  ciudadanas  que  fueron  puestas  por  sus  dos 
principales dirigentes al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada 
de forma concertada con el resto de los acusados.
4.  El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a votar. La 
pregunta  incluida  en  las  papeletas  del  referéndum  fue  la  siguiente:  "¿quiere  que 
Cataluña  sea  un  estado  independiente  en  forma  de  república?".  El  resultado  del  s
referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si  oe.
en el recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos  w.
que negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que  019ww
dineicbiearnídao  seel gpuroirc eusnoa c odnesctliaturyaecniótne . formal  del  Parlament,  concretando  sus  efectos  e
arroSjóe geúl ns iglousie dnateto rse shuelctahdoos:  pdúeb ulicno sto tpaol rd eel  5g5o0b0ie0r0n0o  pdeer sloan Gase nceorna lditaetr,e cehl or eafe rvéontod,u mla   BOE-A-cable e
cifra total de votantes ascendió a 2286217 personas. Se contabilizaron 2044058 votos 
favorables al "Sí", cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco 
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas 
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se 
relacionara  la  identidad  de  los  potenciales  votantes,  se  recurrió  al  llamado  "censo 
universal". En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por 
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar 
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de 
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías de autenticidad y la labor de los agentes 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cumplimiento de resoluciones 
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral, 
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La 
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora 
más temprana acudieron al centro de votación.
El Presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado 
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la 
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la 
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la 
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con 
el  acuerdo  de  las  autoridades  españolas.  Recordaba  también  que  la  Comisión  de 
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se 
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta 
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109-165): "la Junta Electoral 
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y 
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente, 
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas 
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado 
hacer público cuanto sigue:
1.º)  El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún 
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades 
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii) 
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto, 
inconstitucional;  iv)  ni  por  la  notoria  ausencia  de  toda  garantía  de  objetividad  y 
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º)  Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como 
resultados del llamado referéndum de autodeterminación.
5.  El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el 
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de 
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente 
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del 
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. 
Inmediatamente después afirmó "con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo  e
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia  bo
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es  019ww
pdoessiebslec alllaedgaa r dae u lnaas  stoelnusciioónne. sC rseineom, osso fbirrme etmodeon,t el aq uveo leuln mtaodm celanrtao  rdeeq uaievraen,z naor  seonl ol alas 
epsettaicmioonse sd isyp ueens teols  ma aanbdrair"to. del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y 
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella 
acordaban: a) constituir la República Catalana, como estado independiente y soberano; 
b) disponer la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república;  c)  iniciar  un  proceso  constituyente;  d)  declarar  su  voluntad  de  abrir 
negociaciones con el Estado español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad 
internacional y a las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república 
catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados 
y  organizaciones  internacionales  a  reconocer  la  república  catalana  como  estado 
independiente y soberano; f) instar al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas 
necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia 
y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y g) 
llamar a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un Estado que traduzca en 
acción y conducta las aspiraciones colectivas.
La  suscripción  de  este  documento  se  realizó  fuera  del  Salón  de  Plenos  de  la 
Cámara.
6.  El 27 de octubre de 2017 cuatro parlamentarios que no son ahora objeto de 
juicio, pertenecientes a los grupos Junts pel Sí y la CUP presentaron a la Mesa del 
Parlament dos propuestas de resolución para su votación al Pleno. La primera tenía por 
objeto la declaración de independencia de Cataluña con un contenido idéntico a la 
declaración  efectuada  fuera  del  Parlament  a  la  que  hemos  hecho  referencia,  y  la 
segunda, el inicio de un proceso constituyente para la nueva república con la creación de 
un consejo asesor y la culminación mediante convocatoria de referéndum en el que se 
sometería a votación el texto de la Constitución de Cataluña.
Las propuestas se tramitaron y fueron posteriormente votadas por 82 de los 135 
diputados  del  Parlament.  El  resto  de  los  parlamentarios  abandonó  el  hemiciclo 
expresando  la  ilegalidad  de  las  propuestas.  La  votación  se  realizó  en  urna  y  con 
mantenimiento del secreto del voto para los participantes.
La denominada declaración de independencia fue aprobada con setenta votos a 
favor, diez en contra y dos abstenciones –de un total de 135 diputados autonómicos–. No 
llegó a tener concreción práctica alguna dado que el mismo día 27 de octubre el Pleno 
del Senado dictó un acuerdo aprobando las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general 
por parte de la Generalitat de Cataluña ("Boletín Oficial del Estado" –en adelante, 
"BOE"– de 27 de octubre de 2017), y disponiendo el cese inmediato de todos los 
miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat,  la  disolución  de  la  cámara  legislativa 
autonómica  y  la  convocatoria  de  elecciones  para  la  conformación  de  un  nuevo 
Parlament.
7.  Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un 
proceso de tramitación legislativa que se desarrolló en abierta y contumaz oposición a 
todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional que, una y otra vez, 
advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas a los acusados, de la ilegalidad de 
las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos requerimientos fueron desatendidos, 
como también lo fue el efecto suspensivo que, por imperativo legal, se producía respecto 
de los actos de la cámara impugnados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de 
la Nación.
El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos 
informes que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba contraria a  s
las  resoluciones  prohibitivas  del  Tribunal  Constitucional  anteriormente  indicadas  y  oe.
conculcaba  los  requerimientos  expresamente  realizados  para  que  se  impidiera  o  w.
paralizara  cualquier  iniciativa  que  supusiera  ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  las  019ww
rae slao laudcvioenretesn pciaar ladme eilnetgaarliiadsa dq,u ela  emsteassa n iunecvluaysó  pdriocphoassi cpioronpeoss diceio lneey sd edsea lreroy lleanb aenl . oPrdeesen 
pdreol cdeídaim  rieesnptoe ctdiveo , udrgioe nccuiars oy  a relac hainzicói atliav a sloelgiciistuladti vad,e  larse caodnmsiditieór aac iótnrá mdiete  apmorb aesl   BOE-A-cable e
proposiciones de ley. De esta forma, la tramitación legislativa de las leyes de referéndum 
y transitoriedad se desarrolló a partir de una interpretación singularizada del Reglamento 
del  Parlament,  con  el  exclusivo  objeto  de  imprimir  una  inusitada  celeridad  a  la 
aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los grupos 
parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura.
El  pleno  del  Consejo  de  Garantías  Estatutarias  de  Cataluña,  institución  de  la 
Generalitat que vela para que las disposiciones de esta se adecuen al Estatuto y a la 
Constitución, adoptó dos acuerdos fechados los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En 
ellos  se  decidió:  a)  comunicar  al  Parlament  el  carácter  preceptivo,  en  el  seno  del 
procedimiento  legislativo,  de  la  apertura  subsiguiente  a  la  publicación  de  cualquier 
proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consejo, en garantía del 
derecho de los diputados en el ejercicio de su función y que correspondía a la mesa el 
envío  de  tales  solicitudes  de  dictamen  al  Consejo;  y  b)  recordar  que  todas  las 
proposiciones de ley, sin excepción, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña 
y  antes  de  ser  aprobadas  definitivamente,  deben  poder  ser  objeto  de  solicitud  de 
dictamen ante el Consejo, dado su carácter preceptivo, si así lo solicitan los sujetos 
legitimados.
El Pleno del Parlament, después de que una parte de los diputados presentes 
abandonara  la  sesión,  tras  un  debate  en  el  que  expresaron  la  ilegalidad  de  las 
decisiones propuestas, aprobó ambas proposiciones como las ya citadas Leyes 19/2017, 
de  6  de  septiembre,  del  Referéndum  de  Autodeterminación  ("Diario  Oficial  de  la 
Generalitat de Cataluña"–en adelante, "DOGC"– 6 de septiembre de 2017), y 20/2017, 
de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república ("DOGC" de 8 
de septiembre de 2017).
Tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del Pleno, 
que incluyeron el debate y votación de ambas proposiciones en el orden del día de las 
sesiones  del  6  y  del  7  de  septiembre,  suprimiendo  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento  legislativo,  se  declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal 
Constitucional –núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre– En ambas resoluciones 
se declaraba la inmediata ejecutividad desde su publicación –que tuvo lugar en el "BOE" 
núm. 229, de 22 de septiembre de 2017– y se acordaba deducir testimonio al fiscal 
contra la presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carme Forcadell y otros miembros 
de la mesa, por incumplir el mandato legalmente previsto, en relación con los hechos 
objeto del incidente de ejecución, al permitir su admisión a trámite.
Ambas leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el 
Tribunal  Constitucional  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017.  La 
Ley  19/2017  fue  finalmente  declarada  nula  por  STC  114/2017,  de  17  octubre,  e 
igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre. 
Todas  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  volvían  a  contener  las 
correspondientes advertencias sobre la ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad 
de  incurrir  en  responsabilidades  penales.  Las  providencias  de  suspensión  fueron 
notificadas personalmente con dichas advertencias a los miembros de la mesa y del 
Gobierno, y a otras autoridades (en este caso, los miembros de la sindicatura electoral).
7.1  Las impugnaciones que presidieron el devenir parlamentario de las Leyes 19 
y 20 de 2017 estaban en línea con toda una batería de recursos y requerimientos 
promovidos por el Gobierno de la Nación ante el propio Tribunal Constitucional, frente a 
iniciativas parlamentarias anteriores, coetáneas y posteriores, llamadas a preparar el 
camino al referéndum finalmente celebrado el día 1 de octubre. Se perseguía así privar  e.
de  eficacia  a  un  cuerpo  normativo  en  abierta  contradicción  con  las  bases  w.b
constitucionales del sistema. 019ww
DñaL. aC maremsea  Fdoerlc Padaerllal,m tieennte,  ceonmtrpeu seussta f upnocri osnieetse  cmaileifmicabrr olos sy e psrcersitiodsid ya  dpoocr ulma eanctuossa ddae 
ndaetbuierarolenz ah apbaerlra smideon tianraiad,m aistiíd caosm ao  trdáemcliatera yr  spua raadlimzaisdiaósn  too dinaasd mlasis ipórno pau terásmtaiste c. oPnotrra erlilaos, 
al orden constitucional. Su presidenta –respecto de otros integrantes de la mesa se sigue
causa penal en otros órganos jurisdiccionales– desoyó las múltiples advertencias y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad.
7.2  La primera iniciativa admitida a trámite permitió la aprobación por el Pleno del 
Parlament de la resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015, para la creación del Estado catalán independiente. En su apartado sexto 
proclamaba que el Parlament y el proceso de desconexión "no se supeditarán a las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional".
Fue admitida a trámite por la mesa e impugnada ante el Tribunal Constitucional que, 
mediante su sentencia 259/2015, de 2 diciembre, la declaró inconstitucional.
7.3  La segunda iniciativa dio lugar a la aprobación de la resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016 para la creación de una "Comisión de Estudio del Proceso Constituyente". 
La citada comisión fue constituida el 28 de enero de 2016 y alcanzó la conclusión de que 
el objetivo era llegar a la desconexión con las leyes españolas a través de la vía de la 
unilateralidad, es decir, a través de procedimientos ilegales.
El  auto  del  Tribunal  Constitucional  núm.  141/2016,  de  19  julio,  rechazó  la 
constitucionalidad de esa actividad de la Comisión y advirtió a los miembros de la mesa 
sobre  su  deber  de  no  admitir  semejantes  iniciativas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la 
advertencia, las conclusiones de la mencionada Comisión se debatieron en el Parlament 
de Cataluña el 27 de julio de 2016 y se aprobaron mediante la resolución 263/XI, de 27 
de julio de 2016.
El auto del Tribunal Constitucional núm. 170/2016, de 6 de octubre, declaró la 
nulidad de la misma. Además, acordó la notificación personal de la resolución a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, así como al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o 
eludir  la  nulidad  de  dicha  resolución,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
7.4  La tercera iniciativa, admitida por la mesa el 4 de octubre de 2016, contenía las 
propuestas de instar al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referéndum vinculante 
sobre la independencia de Cataluña y abordar un proceso constituyente si esta opción 
era votada mayoritariamente. Dio lugar a la resolución 306/XI, de 4 de octubre, donde se 
volvía a proclamar –contra las decisiones del Tribunal Constitucional– el derecho de 
autodeterminación de Cataluña, instando al Gobierno a iniciar la consulta democrática y 
a aportar para ello todos los recursos necesarios.
Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la 
nulidad de la resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general del Parlament, así como al presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera  s
actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  la  resolución  306/XI  en  los  apartados  oe.
anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que  w.
directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha  019ww
rqeuseo lpuucidóine,r aanp einrcciubriérinr deonle sc adseo  ladse  eivnecnutmuaplleims ireenstpoo dnesa lboi liodraddeensa, dinoc lpuoidra e lla  Tpreibnuanl,a el.n  Plaosr 
último, deducía testimonio para remisión al fiscal.
7.5  La siguiente iniciativa se plasmó en la resolución 807/X1, de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral. Dicha 
resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha del Tribunal Constitucional 
–notificada personalmente a los miembros del Gobierno, de la mesa y de la sindicatura–, 
en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida resolución.
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo  ha  inadmitido  la 
demanda núm. 70219-17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las 
multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en decisión Aumatell 
i Arnau c. España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de 
octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 
de octubre de 2017. La mesa se reunió ese mismo día. El letrado mayor y el secretario 
general advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. La mesa acordó, con el voto favorable de su presidenta –Sra. 
Forcadell–  admitir  a  trámite  la  solicitud  y  posteriormente  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración.
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se admitió el recurso de 
amparo  frente  a  dichos  acuerdos  y  se  suspendió  cautelarmente  la  eficacia  de  los 
mismos. El auto se notificó a los miembros de la mesa, advirtiéndoles nuevamente de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión.
El 6 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat, mediante una carta firmada 
por el Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat D. Oriol Junqueras, su portavoz D. 
Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. Raül Romeva comunicó al Parlament 
el resultado del referéndum, afirmando que había ganado el "Sí" con un 90,18 por 100 de 
los votos emitidos.
7.6  Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una "hoja de ruta" respecto del proceso de independencia entre 
los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña (representada por D. Josep 
Rull  Andreu)  y  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  con  las  entidades  soberanistas 
Ómnium  Cultural  (representada  por  una  persona  ya  fallecida),  Asamblea  Nacional 
Catalana (representada por su entonces presidenta Dña. Carme Forcadell Lluís) y la 
Asociación de Municipios para la Independencia (en anagrama, AMI, representada por 
quien entonces era su vicepresidente).
En el preacuerdo se proclamó que las elecciones que iban a celebrarse el día 27 de 
septiembre  de  2015  tendrían  un  carácter  plebiscitario,  de  modo  que  votar  a  las 
candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia 
de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la 
proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho meses, con la 
creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo Estado y con la 
elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez meses, el cual 
debería ser sometido a un referéndum vinculante que, en caso de ser positivo, permitiría 
proclamar la independencia.
El 12 de abril de 2015 la ANC –un mes antes de que el acusado D. Jordi Sànchez 
asumiera su presidencia– aprobó su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría  s
por el cumplimiento de las resoluciones del Parlament de Cataluña relativas al impulso  oe.
del proceso, con especial atención "a las leyes de desconexión, a la convocatoria y  w.
realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata  019ww
Eprjeocculatmivoa,c ióanfir mdea blaa  qinudee pheanbdíae ndceia  treanb acjaasrsoe  dceo ovridcitnoaridaa mdeeln tSeí ".c oRne sepl eGctoob ideernl oP opdaerar 
cdoenl sreecgouniro ceilm mieánxtiom doe al npuoeyovo i nEtestrandaoc iocnaatal lárens. pTeacmtob idéenl  rdeeflerejacbhao  edxep raeustaomdeetnetrem qinuaec, ióann tey   BOE-A-cable e
la  posibilidad  de  que  la  Generalitat  de  Cataluña  fuera  "intervenida  políticamente  y 
jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado […] la 
ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia".
8.  Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo 
como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo 
que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Los requerimientos personales 
notificados a los acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa 
consulta que era presentada como la legítima expresión del "derecho a decidir".
8.1  En paralelo con la actividad del Parlament descrita más arriba, el 9 de junio 
de 2017, el vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras una 
reunión con todo el Consejo de Gobierno, presentó en el "Pati dels Tarongers" del 
Palacio  de  la  Generalitat  la  pregunta  que  se  iba  a  formular  en  el  referéndum  de 
autodeterminación, estableciendo para su celebración la fecha del 1 de octubre. Fueron 
acompañados por todos los miembros de su Gobierno, por la presidenta del Parlament, 
algunos de los miembros de la mesa y varios parlamentarios de "Junts pel Sí" y de la 
"CUP". El día 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro nacional de Cataluña 
se hizo la proclamación de la voluntad de realizar el referéndum de autodeterminación 
que el coacusado Sr. Junqueras preveía que se celebraría con la "oposición descarnada 
del Estado".
8.2  Para  asegurar  que  la  Policía  autonómica  –dependiente  orgánica  y 
funcionalmente de la Consejería de Interior de la Generalitat–, en caso de cumplir con la 
legalidad constitucional vigente, no frustrase la realización del referéndum proyectado 
por los coacusados, a mediados de julio de 2017 se procedió́ a la sustitución de D. Jordi 
Jané por el acusado D. Joaquín Forn, para que respaldara sin reservas la celebración 
del referéndum. Unos días más tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, 
también dimitió́ el hasta entonces Director General de Policía de la Generalitat, D. Albert 
Batlle.
Por  el  mismo  motivo  y  en  la  misma  época,  fueron  cesadas  las  consejeras  de 
Enseñanza, Dña. Meritxell Ruiz Isem, y de la presidencia, Dña. Neus Munté Fernández, 
pasando a ocupar sus cargos Dña. Clara Ponsatí y el acusado D. Jordi Turull. También 
en ese momento fue cesado el consejero de Industria D. Jordi Baiget, a raíz de haber 
manifestado en una entrevista que consideraba una irresponsabilidad la celebración de 
un referéndum unilateral.
Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó 
los  Decretos  108/17,  de  17  de  julio  y  110/17,  de  18  de  julio  por  los  que  se 
reestructuraban las competencias de los diferentes departamentos o consejerías, de 
modo que la administración de los procesos electorales pasó a depender en su totalidad 
de la vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular era el acusado D. Oriol Junqueras.
8.3  El 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Cataluña la 
Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, la totalidad de los integrantes del 
Gobierno de la Generalitat (presidente, vicepresidente y doce consejeros), firmaron el 
Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación  –con  las 
correspondientes advertencias personales en orden a impedir los incumplimientos y 
sobre posibles responsabilidades penales– y mediante la sentencia núm. 122/2017, 
de 31 de octubre de 2017, fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada 
norma. e
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  Departamento  de  la  bo
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno  019ww
caoumtopnlóemmiecnot araiapsr opbaór a elal  reDaelizcarectioó n 1d4e0l /r2e0fe1r7é,n dudme  d6e  adueto desteeprmtieinmabcrieó,n  ddee  Cantoarlumñaas, 
seinn deicl aqtuuera sse– , ccoonntefencícainó nla dse pl rceevnissioo,n edse ssigonbarec ióand mdien iastproadcieórna deolesc eto rinatle –rvae ntrtaovréess  ddee  llaass 
mesas electorales, campaña institucional y electoral con uso de espacios públicos y
medios de comunicación, procedimiento de votación presencial y en el extranjero, urnas, 
documentación electoral, escrutinio, personal colaborador de la administración electoral, 
observadores internacionales y administración o afectación laboral de los participantes. 
El  decreto  aparecía  firmado  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  así  como  por  el 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol 
Junqueras. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
8.4  En septiembre de 2017, la interventora general de la Generalidad dejó de 
remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  comunicando  que  el  vicepresidente  y 
consejero de Economía y Hacienda, D. Oriol Junqueras, prescindía de la obligación de 
remitir información contable, y como responsable jerárquico, dispensaba de hacerlo a los 
interventores  concernidos.  En  estas  circunstancias,  ante  la  grave  quiebra  de  los 
principios de la Ley Orgánica 2/2002 y el incumplimiento del resto de obligaciones 
económico-financieras  asumidas  por  el  Gobierno  de  la  Generalidad,  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por acuerdo de 15 de septiembre 
de 2017, publicado por Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre ("BOE" de 16 de 
septiembre de 2017), incrementó los controles fijados y ya incumplidos, y estableció un 
mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera 
directa  a  los  acreedores  de  la  Generalidad,  solo  contra  factura  comunicada  por  la 
interventora general. Además de esto, sometió a autorización previa del Consejo de 
Ministros  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  de  la  Comunidad,  incluidas  las 
operaciones a "corto plazo". Entre muchas otras medidas, se disponía que todos los 
órganos de contratación e interventores que fiscalizaran las actuaciones administrativas 
dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña  o  las  entidades  de  su  sector  público,  debían  emitir  una  "declaración 
responsable" en la que constase que dichos bienes o servicios no guardan relación con 
la  financiación  de  actividades  ilegales,  debiendo  entregarse  dicha  declaración 
responsable al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda. También se disponía que la 
Generalitat no podría ordenar la realización material de ningún pago por medio de 
servicios  contratados  con  entidades  de  crédito  sin  acompañar  un  certificado  del 
interventor que permitiera comprobar que el pago no guardara relación de cualquier 
índole con la financiación de actividades ilegales o prohibidas por los tribunales.
Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 –
a propuesta del vicepresidente, D. Oriol Junqueras, y de los consejeros de Presidencia, 
D. Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, D. Raül Romeva– se autorizó a 
los  diferentes  departamentos  para  que  realizaran  las  acciones  y  contrataciones 
necesarias para la realización del referéndum.
El  acuerdo  en  cuestión  establecía  literalmente  lo  siguiente:  "el  Gobierno  como 
administración electoral, para garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, 
asume directamente de manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades 
competentes entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto, y las acciones 
político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum.
En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la confección, 
impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas 
de votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas  s
electorales, acreditaciones, credenciales…); b) la elaboración del censo electoral, su  oe.
comunicación formal y trámite, si hace falta, a los ciudadanos y ciudadanas, y su  w.
impresión para su utilización el día de la votación de acuerdo con la normativa de  019ww
epxrotetericocri ócno nd dee rdeacthoos;  ac v) oltao  cdoeml muneiccaanciisómn oa m loesd iacnattea laenl ecus ayl  pcuaetdaelann aesje rrceesri deel ndteerse cehno  eal 
vdootmo;in dio) sl ay  eslaebrvoicraiocsió nd ed eh ousnpae dpaájeg,i naas íw ceobm inof oerlm uastoiv ad ey  lloas  aydaq ueixsiisctióenn tedse;  ree)s eernvcaasr gdoe,   BOE-A-cable e
contratación y diseño de las campañas de comunicación institucional, así como las 
relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; f) 
definición de las secciones censales y mesas electorales, nombramiento y comunicación 
formal de los miembros de las mesas electorales; g) utilización de los espacios de 
titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña, y organismos y entidades 
dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
administración electoral; i) utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  organización  y  desarrollo  del 
referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se 
dispone".
Añadía  el  último  apartado  que  "las  decisiones  y  actuaciones  nombradas  serán 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y 
asumidas de manera solidaria".
9.  Los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro eran los 
líderes respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (OC). 
Su contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan 
con una amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sànchez y 
Cuixart ejercían una indiscutida capacidad de liderazgo. La ausencia de violencia en 
convocatorias multitudinarias añadía una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su 
capacidad de convocatoria. De ahí que la vanguardia para la movilización ciudadana 
dirigida  a  la  celebración  del  referéndum  fuera  asumida  por  ambos  acusados.  Su 
autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento asambleario no han sido obstáculo, 
en los últimos años, para mantener un estrecho contacto con los dirigentes políticos 
nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas hojas 
de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia.
El día 20 de septiembre de 2017, los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi 
Cuixart Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita 
en los números 19-21 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se 
verificó a través de sus propias cuentas de Twitter y de las organizaciones que lideraban. 
El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de 
Barcelona,  por  orden  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  esa  ciudad,  habían 
practicado una serie de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial 
de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad de encontrar elementos y 
datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del 
referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración.
Las entidades ANC y OC, a través de la página "web www.cridademocracia.cat" –
concretamente  en  la  subpágina  "www.cridademocracia.cat/whatsappi"–  ofrecieron  la 
opción de unirse a grupos de Whatsapp desde donde se invitó a la movilización y a estar 
conectados permanentemente para recibir alertas y poder estar organizados en caso de 
necesidad. De hecho, ese día 20 de septiembre, OC, mediante mensajes de WhatsApp, 
a las 8:55 horas llamó a concentrarse, además de en la sede de Vicepresidencia, 
Economía  y  Hacienda,  en  las  Consejerías  de  Exteriores,  Bienestar  y  Familia,  y 
Gobernación.
Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de 
la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se 
efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones 
catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían  e.
sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo  w.b
que no podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que  019ww
habíLaons  daegcelanrtaedso  dlae  gluae rGrau aar dloias  qCuiev iql uinetreíagnra vnotetasr .de la comisión judicial llegaron a la
pCuoenrstae jesruías  svoebhreíc ulaloss 0. 8E:0n0  lhoosr ams induetl odsí as 2ig0u ideen tesse pltaie mabflruee ndceia 2 0d1e7 , paeprsaorcnaansd os ee nf ulae 
incrementando,  hasta  el  punto  de  que  a  las  10:30  horas  de  esa  mañana  los
manifestantes habían rodeado por completo el edificio impidiendo a la comisión judicial la 
normal realización de sus funciones.
Bajo la sola protección del reducido número de Mossos d´Esquadra que diariamente 
se encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron 
refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los 
acontecimientos se desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 
manifestantes,  que  se  agolpaban  en  un  ambiente  en  el  que  coexistían  los  gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores.
No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó, de 
manera que para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había 
otro acceso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila 
individual, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios 
voluntarios de la entidad convocante –ANC–, que llevaban chalecos identificativos de 
pertenecer  a  esa  organización.  Ese  pasillo  no  posibilitaba  que  la  comisión  judicial 
trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los 
agentes, como resultó con los Mossos de mediación que, confundida su adscripción por 
la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera 
precipitada en el inmueble contiguo.
Las  entidades  sociales  que  animaban  la  convocatoria  montaron  una  tarima  y 
repartieron agua y bocadillos entre los asistentes.
La movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los 
detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes 
procesales.  También  impidió  que  pudiera  ser  atendida  la  orden  judicial  con  plena 
normalidad. Los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol con distintivos oficiales 
y matrículas PGC-5313-N, PGC-2446-N y PGC 5314-C, y cuatro vehículos camuflados 
Renault Megane PGC-8401-C, Ford Focus PGC- 8019-C, Laguna Renault PGC-6504-B 
y Hyundai 120 PGC-8784-C, terminaron con importantes destrozos.
Solo sobre las 00:00 horas se consiguió preparar una salida para que la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pudiera 
abandonar el lugar con seguridad, infiltrándola entre los espectadores que abandonaban 
el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los 
edificios. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir cuando la manifestación 
ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 horas de 
la madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha.
La  efectiva  dispersión  de  los  últimos  manifestantes  tuvo  lugar,  ya  entrada  la 
madrugada, a raíz de unas cargas policiales ejecutadas por la brigada antidisturbios de 
los Mossos.
Durante los disturbios, el acusado D. Jordi Sànchez se erigió en el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo 
desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran 
introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el 
tumulto. Igualmente se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse 
cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de 
indemnidad,  hasta  el  lugar  donde  estaban  estacionados  atravesando  la  masa  de 
personas que los rodeaban. Al ser informado por los agentes de que en el interior de 
esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los vehículos.
Sobre las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios  s
de Mossos (BRIMO) pudo comprobar por sí la ingente multitud que se agolpaba a las  oe.
puertas  de  la  Vicepresidencia  y  Consejería  de  Economía,  hasta  el  punto  de  que  w.
consideró, en términos de seguridad ciudadana, imposible su desalojo. Se entrevistó con  019ww
eple ramcuitisóa dreop Srorc. hSaàr nac hseuz  inqtueer,lo hcaustotar  ltaa l ppreusneton ceiaje rdceía l oesl  ceofenctrtiovlo sso pboreli cliaa lemsa: s"as,a cqau ea  slae 
BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de
aquí". Conforme avanzaban las horas de la noche, sin embargo, cambió hacia una 
actitud más colaboradora con los agentes.
Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sànchez se 
dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. Así, en la tarde 
del día 20, el Sr. Cuixart, dirigiéndose a los congregados exigió la liberación de todos los 
detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el 
referéndum y que tenían escondido en determinados locales.
Tras esta intervención, tomó la palabra el acusado D. Jordi Sànchez, quien agradeció 
a los presentes que hubieran confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas 
entidades habían prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera 
falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de 
salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 
Rajoy,  ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  todas  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado 
podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente de la 
Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. Terminó pidiendo que 
nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una "noche larga e intensa", y que habían 
de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país.
Sobre las 23:41 horas, ambos acusados D. Jordi Sànchez y D. Jordi Cuixart, subidos 
sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los 
presentes. El Sr. Cuixart manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así 
como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, proclamando que "todos estaban alzados" para 
luchar por su libertad y afirmó que "desde ese altar" –en clara referencia al vehículo 
policial– el Sr. Sànchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización 
permanente  en  defensa  de  los  detenidos,  emplazándoles  a  una  concentración  que 
tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sànchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 
Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras 
instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que 
acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior.
Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sànchez 
y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas –momento en el que se 
había  fijado  y  comunicado  previamente  su  finalización–,  llamando  entonces  a  la 
manifestación permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día 
siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9.1  Hechos  similares  orientados  a  impedir  el  funcionamiento  normal  de  la 
administración de justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones 
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado.
Así, en el registro del domicilio de D. José María Jové se concentraron unas 400 
personas que impidieron la salida del vehículo policial durante unos quince minutos. En 
el registro de la sede del Departamento de Exteriores, sita en vía Layetana 14, la 
congregación de 200 personas en actitud hostil determinó a la Guardia Civil a introducir a 
la letrada de la administración de justicia en un coche camuflado. Cuando fue sacado del 
edificio el detenido D. Xavier Puig Farré las personas congregadas intentaron sustraerlo 
del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro 
en las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de 
Bigues i Riells (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas 
concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese 
que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material  e.
intervenido sufrieran algunos daños. Asimismo, se produjeron incidentes en registros  w.b
realizados en la localidad de Berga. 019ww
SrasL.o Bs aascsuas ayd Foso rScaredse.l l,J uenxqpureesraasro, nT uprourl l,l oRsu mll, eRdoioms esvoac, iaFloersn ,m Seànnscahjeesz  dye C suoixliadrat riyd alads, 
aacfeticvtao  ye nc oeml prreofmeriéson dyu me xdperecslaiorandeos  dilee gaagl,r ayd eecismtimienutlaon, daon imlaa npdroe sean claia  pamrtaicsiipvaac idóen 
ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado
habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de impedir su celebración.
Así,  D.  Oriol  Junqueras,  el  mismo  27  de  septiembre  de  2017,  se  dirigió  a  los 
estudiantes  diciéndoles  que  eran  imprescindibles  para  implementar  la  República, 
añadiendo que "se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales" y 
que el país se sentía orgulloso de todos; D. Raül Romeva dispuso que, a través de 
Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional 
del acto ilegal; Dña. Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento 
autonómico y declaró que "los Mossos d´Esquadra no aceptaban el control del Estado 
que ha ordenado la Fiscalía"; D. Joaquim Forn manifestó que "ante el discurso del miedo 
del gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O"; y añadió el día 27 de 
septiembre de 2017 que "la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden 
y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a 
la guerra no iban con ellos"; D. Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que 
había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía 
de Palamós; los Sres. Sànchez y Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos 
medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente; 
D. Jordi Turull comunicó que "el 1-O está en manos de la gente" y que "el 1-O nos 
jugamos la independencia"; D. Jordi Cuixart, el 27 de septiembre de 2017, declaró que 
"si ganaba el sí se tendría que proclamar la república" y el 29 de septiembre de 2017, 
añadió "viva la revolución democrática catalana, movilízate para defender el referéndum, 
a partir de esta tarde todos a las escuelas", iniciando la denominada jornada de Escoles 
Obertes; el 29 de septiembre de 2017, Dña. Dolors Bassa retiró a los funcionarios de 
Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los 
centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros.
9.2  El día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  unas  20000  personas,  convocadas  por  los  Sres. 
Sànchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la 
celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La acusada 
Dña. Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los 
detenidos.
En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos 
estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia 
Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. 
Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con 
marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros.
En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición 
judicial, se concentraron unas 2000 personas, entre las que se hallaban los acusados 
Sra. Forcadell y los Sres. Romeva y Junqueras.
El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, 
ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron 
las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona.
En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi Sànchez y D. 
Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que 
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica,  y  les  exhortaron  a  que  s
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del  oe.
material electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar –pese a  w.
la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de  019ww
aJuctsutiacciaio dnee sC qautael upñuad–ie rya na  dqeusea prrrooltlaerg ileorsa Cn udeersppousé ys  Feul errezcause dneto S deeg ulorsid avodt odse l fEresntated oa. las
10.  Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
como Diligencias Previas 3/2017, se tramitaban las distintas querellas interpuestas por la
Fiscalía contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, por la presunta desatención 
a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, antes reseñados, especialmente en 
cuanto a la advertencia a los miembros del Gobierno de abstenerse de llevar a cabo 
cualquier actuación que permitiese la preparación o celebración del referéndum previsto 
para el próximo 1 de octubre. En estas Diligencias se dictó auto de 27 de septiembre 
de 2017 por el que se acordaba "ordenar a los Mossos d´Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional lo siguiente: a)  impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales 
o edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio 
público– para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá 
su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b)  en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c)  requisar todo el material relacionado con el referéndum que, 
en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d)  asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Mossos d´Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente 
para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo 
necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y en el artículo 2.3 a) Decreto 770/2017 de 28 de julio.
Líbrense los oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d´Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional".
En el fundamento jurídico 2 de esta misma resolución podía leerse lo siguiente: "en 
dicha tesitura se hace del todo previsible que esa actitud renuente al cumplimiento de los 
pronunciamientos constitucionales se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de 
octubre en la que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del 
referéndum, con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional. 
[…] Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 LECrim permite acoger 
cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del 
Estado de Derecho, que se asienta, a su vez, sobre el principio de sometimiento a las 
decisiones judiciales, tanto por los particulares como por las propias Administraciones 
públicas y por las autoridades. […] Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, 
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del 
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el 
resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones 
o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un 
referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional".
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de 
Mossos d´Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el Presidente de la Generalitat 
de Cataluña, su Vicepresidente, el acusado D. Oriol Junqueras y el Consejero de Interior  s
D. Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de  oe.
seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de  w.
colectivos  movilizados  en  aquellas  fechas  –entre  ellos  42  Comités  de  Defensa  del  019ww
sRuesfpeerénnsdióunm  dye p olas ibvloetsa coirógna ndizeal cdioían e1s  cdoen troacrtiausb rael.  aPcetos–e.  Par ocpounsoiecreorn  laesx pirnesstarumcecnioten elas 
cCoantatelunñidaa sy  elons  eml aauntdoa dtoes  2d7e ld eT rsibeupntiaelm Cbornes dtietu 2ci0o1n7a ld qeul eT rhibeumnaols  Svuepneidrioo rc ditea nJduos,t isceia  ldees   BOE-A-cable e
transmitió  la  decisión  de  seguir  adelante  con  el  referéndum.  Ello  dio  lugar  a  la 
advertencia de D. Josep Lluís Trapero –jefe policial de los Mossos– de la posible 
concurrencia a la votación de 2 millones de personas, con el riesgo subsiguiente de 
graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos.
El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando 
como  objetivo  prioritario  de  la  intervención  policial  preservar  la  "convivencia"  en 
referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, 
desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión. Con ello disimulaba –
siquiera de modo inverosímil– su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos 
no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados. Se aparentó así 
que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza 
para cumplir la decisión judicial sino de manera absolutamente exclusiva para defensa 
ante agresiones previas "de los ciudadanos a los policías".
Tras avalar esa estrategia, el Sr. Forn advirtió́ además que las otras Fuerzas de 
Seguridad  del  Estado  solamente  "tendrían  que  actuar  a  requerimiento"  de  las 
autonómicas. Y protestó de forma contumaz por la designación de la coordinación a 
cargo  de  la  persona  designada  de  conformidad  con  lo  ordenado  en  el  auto  de  la 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, con anterioridad, en la 
resolución suscrita por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las autoridades de la Administración central del Estado –Secretario de Estado de 
Seguridad, Delegado de Gobierno en Cataluña y Coordinador Sr Pérez de los Cobos– 
creyeron en la previsión de "normalidad" afirmada por el acusado Sr. Forn y que este 
cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desde luego, en el tiempo que transcurriría hasta el comienzo de la jornada prevista para 
el 1 de octubre. Ello contribuyó a la inhibición de la actuación de las demás Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de 
votación bajo la iniciativa conocida como "Escoles Obertes".
Esa desleal actuación del acusado Sr. Forn tuvo como efecto que los centros no 
fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para 
gestionar y hacer posible la jornada de votación. Con esa actitud se evidenció la firme 
decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr. Forn, no solamente de no 
impedir  la  votación,  sino,  antes  bien,  de  que  los  criterios  policiales  allí́  expuestos 
garantizaran  su  efectiva  realización,  ante  la  fácil  previsión  de  que  los  ciudadanos 
convocados y llamados a ellos desatenderían cualquier requerimiento de los Mossos d
´Esquadra y les impedirían tanto el cierre de los centros como el acceso pacífico a ellos.
11.  Las vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó́ a cabo una intensa 
campaña denominada "Escoles Obertes". En ella se convocaba a los ciudadanos a 
ocupar los locales que se habían designado como centros de votación. En su puesta en 
marcha  y  desarrollo  intervino  la  acusada  Dña.  Dolors  Bassa.  Para  liberar  de 
responsabilidades  a  los  directores  de  los  centros  y  garantizar  que  la  orden  de 
disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los 
directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer 
posible  su  mantenimiento  en  condiciones  de  disponibilidad  para  la  logística  de  la 
votación.  Posibilidad  garantizada  porque  la  fuerza  policial  de  Mossos,  dependiente 
política y administrativamente del acusado Sr. Forn, se limitó a constatar el hecho. El 
pretexto para justificar la movilización era la conjetura simulada, que no verazmente 
creída, de que tales ocupaciones masivas de centros tenían una finalidad puramente 
festiva o lúdica, asumida por quienes allí́ concurrieron. El evidente objetivo, sin embargo,  s
no era otro que permanecer allí hasta las tempranas horas de la mañana del día 1 de  oe.
octubre, en que debían dar comienzo las sesiones de la votación. Se garantizaba así la  w.
total disponibilidad de esos centros, conjurando todo riesgo de cierre que quisieran llevar  019ww
a ca1b2o.  lasE lu dníiad a1d dees  doect uMborses does  2u0 o1t7ra ms uFlutieturdza dse y c Ciuudeardpaonso dse,  aSteegnudrieidnaddo  dae llo Ess rteaidteor.ados
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varios de estos acudieron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el propósito 
de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
acomodado,  a  su  vez,  a  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional.  Este  había 
declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier actuación que trajera causa de las 
leyes de transitoriedad y referéndum, requiriendo a los coacusados para impedir y 
paralizar  esas  actuaciones,  entre  las  que  se  incluía  el  insistente  llamamiento  a  la 
población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum 
legal.
En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de 
voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de 
la que eran portadores los agentes.
Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Sr. 
Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un 
mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo 
y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a 
cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación.
En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los numerosos grupos 
compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a 
acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos comisionados, 
estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante la obvia 
imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas.
Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de 
los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A  primeras  horas  de  la  tarde,  dado  que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial.
13.  Para  hacer  posible  la  celebración  del  referéndum,  previsto  como  requisito 
habilitante para la supuesta declaración de independencia, conforme a lo dispuesto en 
leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlament, se originaron 
obligaciones pecuniarias contra el patrimonio de la Hacienda Pública catalana. Ello, pese 
a que ambas leyes fueron –como se ha expuesto supra– inicialmente suspendidas y 
luego anuladas por el Tribunal Constitucional.
Al  socaire  de  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  4/2017,  de  28  de  marzo,  de 
presupuestos  de  la  Generalitat  de  Cataluña  para  2017,  se  introdujeron  durante  su 
tramitación  sendas  enmiendas,  que  resultarían  aprobadas  como  Disposición 
Adicional 40, bajo el epígrafe "medidas en materia de organización y gestión del proceso 
referendario". Conforme a su contenido, en dos párrafos diferenciados se disponía lo 
siguiente: 1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización 
y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña; 2. 
El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación 
económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se 
deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado 
en  el  apartado  I.1.2  de  la  resolución  306/XI  del  Parlament  de  Cataluña,  con  las 
condiciones  establecidas  en  el  dictamen  2/2017,  de  2  de  marzo,  del  Consejo  de  s
Garantías Estatutarias. oe.
Por providencia del Tribunal Constitucional, dictada el 4 de abril del mismo año, en el  w.
marco  del  recurso  de  inconstitucionalidad  formalizado  por  la  abogacía  del  Estado  019ww
p(reercsuornsaol mnúemnt.e 1 e6s3a8 -r2e0s1o7lu)c, ifóune,  seunstrpee nodtriodsa,  sau c vaidgae nucniao  yd ea plolisc amciióenm yb rsoes  adceol rCdoón nsoetjiofi cdaer 
VGioebsi,e Vrnicoe pdree slaid Genetnee yra Clitoant,s ehjoeyr oa dcues Eacdoonso dmeíla d ye lHitoa cdieen mdaa;l vReorsmaecvióan i,  RSureesd.a J, uCnoqnuseerjaesr oi   BOE-A-cable e
del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; 
Rull i Andreu, Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Mundó i Blanch, Consejero de 
Justicia; Vila i Vicente, entonces Consejero de Cultura; y Sras. Borràs i Solé, Consejera 
de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y Bassa i Coll, Consejera de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Fue también notificada a la Consejera de la 
Presidencia, Dña. Neus Munté i Fernández, predecesora en el cargo del acusado don 
Jordi Turull i Negre; y al Consejero de Interior, D. Jordi Jané i Guasch, predecesor a su 
vez en el cargo, del acusado D. Joaquim Forn i Chiariello.
A todos los personalmente notificados se les advirtió de su deber de impedir o 
paralizar  cualquier  iniciativa  que  pudiera  suponer  ignorar  o  eludir  la  suspensión 
acordada. En particular, de que "se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar 
acuerdo  alguno  de  disposición  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas,  o  de 
cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la 
disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la 
preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se 
refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 
contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación 
del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, 
modificación  o  transferencia  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas  o  de 
cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, así como, en 
general,  cualquier  otra  medida  presupuestaria  acordada  con  el  aludido  fin,  con  la 
cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones de estructuras 
presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos 
a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
13.1  Pese a ello, como ya hemos apuntado con anterioridad, el 9 de junio de 2017, 
desde El Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, su Presidente, acompañado del 
Vicepresidente Junqueras y de todo el Gobierno, anunció la pregunta del referéndum: 
"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?" y el día de 
su celebración: el 1 de octubre.
Y el 4 de julio, fue presentada como acontecimiento social y político, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la futura Ley de Referéndum. Fue el Grupo Parlamentario Junts 
Pel Sí, quien contrató la cesión de uso del espacio del teatro, representado por quien 
entonces era su Presidente, el acusado D. Jordi Turull, quien sería nombrado Consejero 
de Presidencia, solo algunos días después. En el acto de presentación, el frontal del 
escenario lo ocupaban los diputados del grupo Junts Pel Sí. En el lateral derecho –desde 
la posición de los espectadores– se ubicaron todos los miembros del Govern de la 
Generalitat.
Uno de los conductores del acto fue el propio Sr. Turull, quien explicó el carácter 
vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de ganar el 
"sí". También incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para 
eludir  las  resoluciones  y  actuaciones  de  los  diversos  organismos  del  Estado  que 
previsiblemente  dificultarían  su  celebración.  La  factura,  con  cargo  al  referido  grupo 
parlamentario, por importe de 17690,20 € fue abonada por medio de transferencia 
bancaria tramitada por la oficina con el número 5000 de la sucursal de la entidad 
Caixabank, con data del día anterior a la celebración de esa presentación.
13.2  Los  gastos  del  referéndum  relacionados  con  la  publicidad  institucional, 
organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el  e.
exterior,  material  electoral,  pago  de  observadores  internacionales  y  aplicaciones  w.b
informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los  019ww
cfoanredcoise npdúob ldiceo sc.o bSeurptuursaie prorens ugpausetossta arijae.n Fous earo cnu caalqnuaileizr afdino sp úab tlricaov élsíc ditoe  lya  sees torurdcteunraar odne 
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gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y 
que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo:
a)  A través de la Presidencia de la Generalitat y el Departamento de Exteriores se 
hicieron posibles los gastos que a continuación se expresan. Fueron encauzados por 
medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de 
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento. 
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: i) 
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de 
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum: 
43341  €;  ii)  contratación  de  un  equipo  de  investigación  experto  en  elecciones 
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido 
por Dña. Helena Catt: 177 304,90€; iii) contratación con MN2S Managemet Limited de un 
equipo en el estuviera el político holandés D. Willem –Wim– Kok, en los días del 
referéndum: 54 030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se 
realizó.
b)  Además de la referida relación del Departamento de Exteriores con Diplocat, los 
gastos generados a través de sus Delegaciones en el exterior fueron los siguientes: i) 
contratación de una consultora en Estados Unidos en agosto de 2017, durante tres 
meses, para hacer tarea de lobby en defensa de la celebración del referéndum: 60 000 
€; ii) contratación de los servicios de la institución The Hague Center for Strategic 
Studies,  como  observadores  internacionales  para  verificar  el  referéndum  del  1  de 
octubre: 167 065 €, si bien restan 47 635 € por abonar.
c)  A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los 
siguientes gastos: i) encargo a la empresa Unipost para la distribución de las notificaciones 
del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 193 899,98 €.
d)  Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: (i) la puesta en marcha a 
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, 
CTTI), de la "web referendum.cat" y los diversos aplicativos incorporados a la misma, 
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la 
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización 
del "registre.catalans.exteriors.gencat.cat". Estos servicios, pese a la propia normativa 
del CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; (ii) 
campaña de difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero 
y mayo de 2017 que generó una facturación por importe de 220 253,34 €, (266 506,54 € 
con IVA), que no ha sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la 
elaboración de un censo de residentes en el extranjero; (iii) contratación de servicios con 
Dña.  Teresa  Guix,  para  diseño  de  la  web  "pactepelreferendum.cat",  que  luego  fue 
utilizada para la inclusión de vínculos relacionados con el ilegal referéndum. Facturó por 
el servicio prestado 2700 €, pero después emitió una factura negativa por ese importe. 
(iv) difusión de la campaña "Civisme", publicidad directa del referéndum del 1 de octubre, 
que antes había resultado declarada desierta, a través de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (en adelante, CCMA), organismo que facturó por sus servicios, 
227  804,41  €,  pero  cuyo  abono  se  paralizó  por  expediente  administrativo;  (v) 
contratación de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio Molons, 
secretario de Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones se 
realizaron, fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47 151,70 €. Aunque alguna 
imprenta reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no 
persisten  en  sus  reclamaciones;  (vi)  encargo  a  Unipost  para  la  distribución  de  las  e.
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales:  198  w.b
871,8 €. 019ww
emper)e saE lU Dnieppoasrtt apmaeran tola  ddei stTrirbaubcaijóon  pdoes iblailsit ón olotsif icsaigciuoineenste sd egl ansotoms:b ria) meinecnatorg od ea  lolas 
integrantes de las mesas electorales: 197 492,04 €.
f)  El Departamento de Salud también encomendó a Unipost para distribución de las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales:  192 
711,20 €.
g)  El  Departamento  de  Cultura  encargó  a  Unipost  para  distribución  de  las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales:  196 
696,98 €. Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado a favor de Unipost. Su 
administradora concursal decidió no reclamarlo a las Consejerías que habían efectuado 
los respectivos encargos.
14.  Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la 
manifiesta  inviabilidad  jurídica  de  un  referéndum  de  autodeterminación  que  se 
presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la 
simple  aprobación  de  enunciados  jurídicos,  en  abierta  contradicción  con  las  reglas 
democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un 
espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía 
catalana como el ejercicio legítimo del "derecho a decidir", no era sino el señuelo para 
una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo 
el  imaginario  derecho  de  autodeterminación  se  agazapaba  el  deseo  de  los  líderes 
políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una 
consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del 
llamado  referéndum  de  autodeterminación  conduciría  al  ansiado  horizonte  de  una 
república soberana, desconocían que el "derecho a decidir" había mutado y se había 
convertido en un atípico "derecho a presionar". Pese a ello, los acusados propiciaron un 
entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y 
estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. 
Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los Jueces en Cataluña habían 
perdido  su  capacidad  jurisdiccional  y  fueron,  además,  expuestos  a  la  compulsión 
personal  mediante  la  que  el  ordenamiento  jurídico  garantiza  la  ejecución  de  las 
decisiones judiciales.»
o)  En el apartado B) de la fundamentación jurídica de la sentencia se lleva a cabo 
el denominado «juicio de tipicidad». En su punto 3 se descarta que los hechos sean 
constitutivos de un delito de rebelión, si bien en el punto 4 se aprecia la comisión de un 
delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP, otro de malversación de caudales públicos 
de los arts. 432.1 y 3, párrafo último CP (punto 5) y de un delito de desobediencia 
previsto en el art. 410 CP (punto 6), mientras que en el punto 7 se rechaza la comisión 
de un delito de organización criminal. Tras consignar varias consideraciones acerca de la 
delimitación progresiva del objeto del proceso, en las que se afirma que el órgano de 
enjuiciamiento se limitará a valorar las pretensiones acusatorias formuladas en el juicio 
oral, pues es en el plenario «cuando después del esfuerzo probatorio de cargo y de 
descargo ofrecido por las partes puede ya concluirse un juicio de tipicidad definitivo», el 
referido órgano fundamenta la consideración de los hechos como constitutivos de un 
delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545 CP. Pese a reconocer las similitudes 
existentes entre los delitos de rebelión y sedición, se destaca la diferente ubicación de 
esas figuras, pues mientras la primera de ellas se encuadra en título vigésimo primero 
correspondiente a los «delitos contra la Constitución», el delito de sedición se incardina 
dentro del título vigésimo segundo, relativo a los «delitos contra el orden público», 
siendo, por tanto, diferente el bien jurídico protegido, al igual que es distinta finalidad 
perseguida por los partícipes, que en el caso de la sedición atañe «al impedimento u  e
obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional». bo
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye un aliud  019ww
rlae sspaelac teox dpeo noetr laoss  irnefrqaucisciitoonse dse r eegsual afidgausra e pne enla tlí,t ual os avbigeér:simo segundo del Código penal,
(i)  La actividad delictiva no se desarrolla mediante un solo acto, pues requiere de la
sucesión o acumulación de varios, toda vez que se trata de un delito «plurisubjetivo de
convergencia, en la medida que su comisión exige un concierto de voluntades para el 
logro de un fin compartido», si bien los actos convergentes pueden no ser delictivos, 
aisladamente considerados.
(ii)  La  sedición  requiere  que  se  produzca  un  alzamiento  tumultuario.  La  mera 
reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión 
tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la 
descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito 
de rebelión, su expresa caracterización como violento». La sala descarta que el vocablo 
«alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones 
que el diccionario de la Real Academia Española vincula los términos «alzar», «alzarse» 
«tumultuario», de modo exclusivo con el empleo de violencia.
(iii)  El  delito  de  sedición  ha  sido  concebido  como  una  infracción  de  resultado 
cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada 
respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial». Por ello, el resultado 
típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del 
delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con 
que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el 
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima 
actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de 
sus resoluciones administrativas o judiciales».
La  Sala  considera  que  los  hechos  probados  que  acontecieron  los  días  20  de 
septiembre  y  1  de  octubre  de  2017  configuran  el  delito  de  sedición.  La  hostilidad 
desplegada el día 20 de septiembre hizo inviable el cumplimiento normal de lo ordenado 
por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no 
solo  en  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  actuante  en  la  sede  de  la 
vicepresidencia, sino también «en los funcionarios autonómicos bajo investigación que 
habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban 
practicando los registros, cuya presencia fue impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados 
hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes que trataban de 
impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La 
trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación 
del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una 
perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20 aprobadas 
por el Parlamento de Cataluña, se aprecia que las referidas conductas supusieron un 
intento  de  «derogación  de  la  legislación  válida  vigente,  además  de  una  contumaz 
rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Dentro de este apartado cabe destacar que, para el órgano sentenciador, el derecho 
a la protesta «no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes 
de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y hacerlo de una forma 
generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma, en la que por un día 
queda suspendida la ejecución de una orden judicial». Por ello, ante un levantamiento 
proyectado, multitudinario y generalizado no es posible eludir la aplicación del delito de 
sedición, al quedar la autoridad del Poder Judicial en suspenso, sustituida por la propia 
voluntad  impuesta  por  la  fuerza  de  los  convocantes  del  referéndum  y  de  quienes 
secundaron la convocatoria. También afirma el referido órgano que el delito de sedición  e.
consumado no se borra por las actuaciones posteriores de terceros, tales como los  w.b
denunciados  excesos  policiales  que  son  objeto  de  investigación  por  otros  órganos  019ww
judiciales.
p)  El «juicio de autoría» del demandante se expresa, de forma conjunta con otros 
acusados, en el apartado C) de la sentencia condenatoria.
(i)  En el punto 1 se vierten unas consideraciones respecto del delito de sedición 
que atañen al recurrente en amparo, a don Oriol Junqueras, don Raül Romeva, doña 
Carme Forcadell, don Jordi Turull, doña Dolors Bassa, don Joaquim Forn, don Jordi 
Cuixart y don Jordi Sànchez. En síntesis, se reitera que el delito de sedición es una 
infracción  penal  «de  resultado  cortado»  y,  desde  la  perspectiva  del  bien  jurídico 
protegido, se trata de un delito de consumación anticipada y de peligro concreto. Por 
ello, para colegir si el hecho es imputable objetivamente a la conducta realizada debe 
valorarse si el sujeto en cuestión creó o aumentó el riesgo de lesión del bien jurídico 
protegido y si su comportamiento merece la consideración de adecuado, teniendo en 
cuenta  la  previsibilidad  del  riesgo  objetivo  relevante.  Según  se  razona,  el 
comportamiento atribuido al demandante y a los restantes acusados indicados permite 
atribuirles el riesgo de lesión de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, tanto en 
relación con los comportamientos tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos 
y,  en  todo  caso,  realizados  al  margen  de  las  vías  legales,  como  respecto  de  las 
«consecuencias  de  efectivas  derogaciones  de  la  legalidad  y  obstrucciones  al 
cumplimiento  de  órdenes  jurisdiccionales  […]  pues  la  estrategia  de  conductas 
penalmente típicas que cada uno asumió, se enmarcan en una decisión compartida, ab 
initio o de manera sobrevenida».
Se  considera  que  a  los  acusados  miembros  del  Govern,  la  conducta  típica 
consistente en «la derogación de hecho de leyes vigentes y válidas a sustituir por no 
válidas y la movilización de ciudadanos para comportamientos tumultuarios obstativos de 
la ejecución de órdenes jurisdiccionales» les es objetivamente imputable como colectivo, 
en tanto que eran garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de 
sedición, a la vista de las competencias y atribuciones que la normativa autonómica 
asigna al Govern (Ley de Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña y la Ley 
Catalana 10/1994, de 11 de julio, de Policía Autonómica), en orden a la dirección de la 
acción política y de la administración de la Generalitat, la atribución de la iniciativa 
legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y otras funciones, así como el 
mando  supremo  del  cuerpo  de  Mossos  d´Esquadra.  Esas  competencias  no  solo 
confieren un poder, pues también generan un deber del que deriva la obligación de 
vigilancia, a fin de garantizar que las fuerzas de seguridad citadas cumplan las funciones 
de policía judicial y, en general, las de «orden público o mera seguridad ciudadana», lo 
que incluye el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales y, más aun, «conjurar 
todo riesgo de obstrucción a tal cumplimiento».
Finalmente, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos elaborados 
por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden público eran 
«de previsibilidad adecuada a la falta de una estrategia mínimamente prudente para 
evitarlos». También se rechaza que la actuación voluntaria y libre de los ciudadanos 
supusiera una interferencia que priva de transcendencia causal a la actuación de los 
acusados, a los efectos de la imputación de los resultados a estos últimos, con base en 
la teoría de la «prohibición de regreso». Conforme se argumenta en la sentencia, la 
actuación de los ciudadanos no puede ser considerada extraña al comportamiento de los 
acusados, pues estuvo preordenada y fue promovida ex ante por estos últimos, «como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  en  la  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento  de  decisiones  legítimas  de  órganos  jurisdiccionales,  riesgo  luego 
realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados». En  e.
suma, la imputación objetiva a todos los acusados citados se extiende tanto al riesgo  w.b
determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en que  019ww
otacla rsieiosngeos ,s evi ogleennetorsó., esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, en
(ii)  Más  en  concreto,  de  forma  individualizada  para  el  ahora  recurrente,  en  el 
punto 1.5 se recoge su juicio de autoría con el siguiente tenor literal:
«D. Josep Rull es también autor del delito de sedición previsto en los arts. 544 
y 545.1 CP.
El acusado era en la fecha de celebración del referéndum del 1 de octubre consejero 
de Territorio y Sostenibilidad. […] Aparece en las reuniones recogidas en la agenda 
moleskine intervenida en el domicilio del Sr. Jové. […]
Como Consejero del Govern, desde enero de 2017, participó en cuantos anuncios y 
actuaciones se realizaron en defensa de la celebración del referéndum judicialmente 
prohibido. El 9 de junio formó parte del equipo de Gobierno que presentó la fecha del 
referéndum y la pregunta que iba a ser sometida a los ciudadanos. El día 4 de julio 
de 2017 también participó en el acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, 
llamado  a  proclamar  la  voluntad  de  realizar  el  referéndum  presentado  como  de 
autodeterminación.
El  Sr.  Rull  admitió  la  recepción  de  hasta  seis  notificaciones  del  Tribunal 
Constitucional en las que era requerido a no actuar en contra de la legalidad, en los 
términos  que  el  tribunal  había  establecido  respecto  a  las  normas  que  habían  sido 
suspendidas o anuladas por su colisión con la Constitución. Concretamente, es clara y 
precisa, en orden al contenido de lo reprochado, la notificación del 21 de febrero de 2017 
en la que se le comunica personalmente el auto núm. 24/2017, dictado por el Pleno del 
Tribunal Constitucional con fecha 14 de febrero, en el incidente de ejecución de la 
sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  contra  la  resolución  306/XI  del  Parlament  de 
Cataluña, de 6 de octubre de 2016, en la que fue advertido "del deber de abstenerse de 
realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 306/XI en 
los apartados anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar la nulidad de esos apartados de 
dicha resolución, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal". 
Las demás notificaciones eran similares en su contenido.
Obra en la causa testimonio de sus declaraciones a medios de comunicación social –
p.ej. entrevista en el diario digital elnacional.cat el miércoles día 27 de septiembre 
de 2017– en las que valora, en términos de "agresión", la presencia de los barcos-hotel 
en los que se alojaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
desplazados a Barcelona para mantener la legalidad constitucional. Narra también cómo 
evitaron su atraque en el puerto de Palamós, al tiempo que alude a su presencia en el 
puerto  de  Barcelona  como  "presencia  testosterónica",  añadiendo  una  crítica  por  la 
repercusión económica negativa de esa presencia. En esas declaraciones animaba a la 
votación masiva en el referéndum ilegalmente convocado.
El día 6 de septiembre de 2017, después de los sucesos acaecidos en el Parlament 
para la aprobación de las leyes del referéndum para la autodeterminación de Cataluña y 
la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República –Leyes 19 y 20 de 2017–, 
el Sr. Rull firmó, en un acto conjunto de todo el Govern, el decreto de convocatoria del 
referéndum para el 1 de octubre, Decreto 139/2017. Esta firma se desarrolló en la 
madrugada siguiente a la aprobación de la ley, aprovechando la inmediata publicación de 
las leyes y su vigencia, temeroso el Govern de la inmediata suspensión que el Tribunal 
Constitucional realizaría a instancias del Gobierno del Estado. El Tribunal Constitucional 
suspendió el decreto y requirió al acusado a un comportamiento ajustado a la legalidad. 
También participó en el Decreto 140/2017, de la misma fecha que el anterior, por el que  e.
el Gobierno se constituía en administración electoral y asumía la realización de actos y  w.b
en la contratación necesaria para la realización del referéndum. 019ww
lega[l…ida] dE yl  dSer.  loRsu mll, apnodra ttoasn tdoe, l eTrraib upnleanl aCmoennsttietu ccioonnsacl,ie cnuteyo sd er elqau einriombiseenrtvoasn ccoian odceía  lay 
no o[b…s]e r[Nva]ubeas.tra convicción probatoria la extraemos de sus propias declaraciones y del
amplio fondo documental incorporado a la causa, del que destacamos las páginas que
reflejan las peripecias que presidieron la aprobación de las leyes de referéndum y 
transitoriedad, las notificaciones personales al Sr. Rull de los requerimientos del Tribunal 
Constitucional y aquellos documentos –no cuestionados en su autenticidad– que reflejan 
las opiniones del entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, ya en medios de 
comunicación, ya en redes sociales. Junto a otros, participó activamente poniendo las 
bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana. Impidió así el 
normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad, participó en la 
convocatoria de un referéndum ilegal y participó también en su realización. Su actividad 
no se limita a una idea, o a su expresión, sino a la ejecución de actos que supusieron la 
creación de unas condiciones que sitúan al proceso en la ilegalidad, poniendo las 
condiciones que estimó precisas para impedir el funcionamiento de los servicios públicos 
y la actuación de Estado de acuerdo a la legalidad.
Además de lo anterior, dos hechos añaden especial valor probatorio a la convicción 
de la Sala. De una parte, su intervención para impedir el amarre de un barco en el puerto 
de  Palamós,  dependiente  de  la  administración  autonómica,  que  iba  a  servir  de 
alojamiento temporal a los integrantes del despliegue policial destacado para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad. De otra, la puesta a disposición del referéndum prohibido 
de locales gerenciados por el Departament de Territorio y Sostenibilidad del que era 
responsable.
[…] Es preciso reiterar una última consideración sobre la autoría del delito por el que 
formulamos condena. La acción típica no requiere, para colmar la autoría, la realización 
personal de un acto material que suponga el alzamiento público y tumultuario con las 
finalidades previstas en el tipo penal. Se trata de un delito en el que lo relevante es 
situarse  en  las  vías  de  hecho,  promover  desde  la  propia  responsabilidad  el 
incumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales. Se trata, en fin, de optar 
de forma decidida por una derogación fáctica del sistema normativo vigente y de la 
capacidad de ejercicio de la función jurisdiccional en un determinado ámbito territorial. Y 
esto es precisamente lo que hizo el acusado Sr. Rull. El delito de sedición se comete con 
actos de alzamiento, pero también con actos típicos que propicien el alzamiento de otros. 
Dicho con otras palabras, la autoría del delito no viene dada solo por la materialización 
efectiva del alzamiento, sino por la realización de conductas que propicien, posibiliten o 
determinen la realización de actos de alzamiento. El análisis de la autoría se condiciona 
a un "estar", consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga impedir, fuera de las 
vías legales, la aplicación de las leyes o la correcta actuación de las autoridades, 
funcionarios  públicos  o  corporaciones  oficiales  mediante  decisiones  ejecutivas  que 
enmarcan el alzamiento. Desde esta perspectiva, es evidente que la acción de impedir el 
atraque de una embarcación destinada por el Estado a cubrir las necesidades de un 
destacamento dispuesto para asegurar el cumplimiento de la legalidad, la participación 
personal y directa en la convocatoria del referéndum, la presentación de las fechas y de 
la pregunta del referéndum ilegal, la constitución de la autoridad electoral, la prestación 
de locales para su ejecución y, en fin, las manifestaciones encaminadas a alentar la 
celebración de la consulta ilegal, suponen actos de indudable encaje típico en el delito de 
sedición por el que se ha formulado acusación.»
q)  En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia se contiene la 
justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere al 
recurrente, se realiza en los siguientes términos:
«2.  Delito de sedición. e
dpsieédcrodi[s …isdioua]nb  erdLaseoy  srape dogSotlrae.e msSstua.e  dnr[ te…ajsur]pir aiosysnd  sqiRcaucubeioli ll dindeeaartld ead rneme n im nlloaaise r mmojnuob evrlaocile sizc sar decdeaióelc n ióGC tnuao mtvdaeeulur lntuñu.na aa,Sr  isaulee  dg piavrriliogiodti adafgaadoc  apinl aiitdsaremadmlaeo ol apse otynrraa   rllh oalaass     2021-10019n https://www.
respectivos  cargos  que  desempeñaban.  […]  Participaba[n]  […]  del  carácter  de
autoridad.»
r)  En fecha 21 de octubre de 2019 se solicitó el complemento de la sentencia, al 
considerar que se había omitido el pronunciamiento sobre determinadas pretensiones 
formuladas. La sala acordó no haber lugar a ese complemento en auto dictado el 18 de 
noviembre de 2019.
s)  Frente  a  la  referida  sentencia,  en  fecha  8  de  noviembre  de  2019,  el 
representante  procesal  del  ahora  recurrente  interpuso  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones (art. 241 LOPJ) interesando en el suplico que se acordara su nulidad, 
dictando la sala otra en términos que permitiera reparar las vulneraciones de derechos 
cometidas.
A efectos de su fundamentación, se recuerda ante todo que dicha parte procesal ha 
denunciado diversas vulneraciones de sus derechos fundamentales, tanto en el escrito 
de cuestiones previas como en el de conclusiones definitivas, y que esas alegaciones 
obtuvieron respuesta en la sentencia, si bien en términos de los que discrepa por no 
haber reparado los derechos lesionados. Por ello, «para que no quede duda sobre su 
voluntad impugnativa» se reiteran aquellas denuncias, «ofreciendo así a la Sala la 
posibilidad de repararlas sobre la base de los mismos argumentos ya expuestos por esta 
parte en fases procesales previa».
Prosigue después el escrito indicando que la sentencia de condena ha traído consigo 
otras seis vulneraciones constitucionales, «y que, por tanto, esta defensa no ha podido 
denunciar  previamente.  Así  las  cosas,  salvo  algunas  alegaciones  procesales  por 
vulneración del art. 24 CE en ciertos extremos de la sentencia, el presente escrito se 
centrará sobre todo en la alegación de vulneraciones relacionadas con el principio de 
legalidad, que esta defensa no ha podido denunciar hasta el momento en que ha 
conocido los concretos tipos penales aplicados y la fundamentación de su subsunción».
Tales vulneraciones, cada una acompañada de la correspondiente argumentación, 
son las siguientes: (i) «Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(arts. 24 CE y 6 CEDH) por la filtración del contenido de la sentencia cuando su 
redacción no había sido todavía culminada»; (ii) «Vulneración del art. 24 CE (art. 6 
CEDH) en relación con el art. 25.1 (art. 7 CEDH) y 120.3 CE por no motivación de la 
individualización de la pena y vulneración del principio non bis in idem»; (iii) «Vulneración 
del derecho fundamental a la legalidad (arts. 25 CE y 7 CEDH) por abandono ad hoc del 
principio de accesoriedad en la participación»; (iv) «Vulneración del derecho fundamental 
a la legalidad (art. 25 CE) en relación con los derechos fundamentales a la libertad, 
reunión pacífica y libertad de expresión e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE) por la 
insuficiente taxatividad del tipo penal de la sedición»; (v) «Vulneración del derecho 
fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE y 7 CEDH) por aplicación analógica del 
delito de sedición a los hechos enjuiciados, que eran subsumibles en el derogado tipo de 
convocatoria ilegal de referéndum»; (vi) «Vulneración del derecho fundamental a la 
legalidad penal por imposición de una pena desproporcionada (art. 25 CE en relación 
con  el  art.  17  CE  y  el  art.  49  CDFUE)  lesionándose  asimismo  los  derechos 
fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de expresión e ideológica (arts. 
17, 20 y 21 CE)».
Tras el suplico, por medio de otrosí digo primero se dejó sentado «que a los efectos 
de  eventual  recurso  de  amparo  y  posterior  demanda  ante  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos se tenga por denunciada la vulneración de los arts. 17, 20, 21, 24 
y 25 CE y los arts. 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 CEDH, sin perjuicio de las denuncias contenidas 
en el escrito de conclusiones definitivas que han sido ya respondidas en la sentencia 
cuya nulidad se promueve». s
Y por otrosí segundo digo, se solicitó: «que a fin de garantizar la imparcialidad de la  oe.
Sala en la resolución del presente incidente se interesa que la composición personal del  w.
tribunal sea distinta de aquella que celebró el juicio oral». 019ww
autot )p oCr oenl  qfueec hsae  2a9c odrdeó e lnae droe sdees ti2m0a2c0ió, nla d Se alolas  Sinecgiduenndtae sd deel  Tnruibliduanda l pSroumproevmidoo sd ipcotór 
Vlao xre. pDreesl emntiascmióon  mdeo dloo s sper oacceosraddóo sr,e cytaif iccaorn deel neardroors , maasít ecrioaml os opborer  eel l pcaartrigdoo  ppúoblítliiccoo   BOE-A-cable e
ostentado por doña Dolors Bassa, identificada en el apartado 9.1 in fine de los hechos 
probados  como  titular  del  Departamento  de  Enseñanza,  además  del  de  Trabajo, 
manteniendo en su integridad las restantes referencias a la consejería de que era titular.
Los motivos del incidente de nulidad del aquí recurrente en amparo se resuelven por 
la sala en su fundamento de derecho 7, limitándose al examen de las vulneraciones que 
se  denunciaron  como  producidas  por  la  sentencia  o  en  virtud  de  actuaciones 
inmediatamente anteriores a su dictado y notificación (como la filtración a la prensa). 
Todas  ellas  con  resultado  desestimatorio,  con  remisión  en  algunas  a  lo  razonado 
respecto de la misma causa de nulidad para otros acusados.
3.  La demanda de amparo se dirige contra la sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, y contra el auto del mismo tribunal de 29 de 
enero de 2020, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra 
aquella  por  las  «vulneraciones  de  derechos  que  no  pudieron  ser  alegadas  con 
anterioridad» a ser dictada. Más en concreto, se alegan los siguientes motivos:
3.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24 CE 
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le 
correspondía para enjuiciar los hechos, privando adicionalmente a mi mandante de su 
derecho a la doble instancia [art. 2 del Protocolo núm.7 del Convenio europeo de 
derechos humanos (CEDH)].
Se alega que la asunción de esta causa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
supone la privación para dicho recurrente de su derecho «al juez natural», es decir, la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, decisión que 
responde a una interpretación «forzada e irrazonable» de las normas procesales, en 
concreto del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), y que resulta 
además contradictoria con previos pronunciamientos de dicha Sala en casos similares. 
Como resultado de esta lesión se ha producido también la de su derecho a un recurso 
efectivo contra su condena, reconocido en el art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH. El escrito 
discrepa de la desestimación de esta queja dada por la Sala tanto en su auto de 27 de 
diciembre de 2018, resolutorio de los artículos de previo pronunciamiento, como en la 
sentencia de condena. A tal efecto, cita el art. 57.2 EAC, que dispone la competencia del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  «en  las  causas  contra  los  diputados», 
reservando la competencia del Tribunal Supremo cuando los hechos se cometan «fuera 
del  territorio  de  Cataluña».  Del  mismo  modo,  reseña  el  acuerdo  del  Pleno  no 
jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2005, 
por el que se considera que «el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que 
se haya realizado algún elemento del tipo». De esta forma, se niega por el recurrente 
que alguno de los elementos típicos de los delitos de los que se le acusó haya podido 
acaecer fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña: sea el delito de 
«rebelión/sedición», como el de malversación de caudales públicos (art. 432 en relación 
con el art. 252 CP). En cuanto al primero de ellos, se reprocha a la sala que haya 
acuñado conceptos hasta entonces inaplicados, como decir que los actos de la rebelión/
sedición están vinculados al «elemento tendencial del delito».
También se combate la apreciación de la sala de que la fijación de la competencia 
territorial incluye no solo los elementos objetivos sino los subjetivos del delito, siendo que 
estos segundos «son aquellos que acontecen en el fuero interno de los procesados, no 
constando en los hechos objeto de acusación que ninguno de dichos procesados hiciera 
o pensara nada penalmente relevante encontrándose fuera del territorio catalán». Añade  e
que los criterios expuestos por la Sala entran en contradicción con el que esta ha  bo
aplicado respecto del delito de desobediencia, «que sí consideró cometido íntegramente  019ww
etonm aCdaatasl upñoar ,m  pieemseb roas  dqeule G  aombibeornso  tdipeo lsa  Gpeennaelreasli tagtu ya drdeal bPaanr larmeleanctió»n.  con  decisiones
enjuCicriiatimcaie natsoim dies mloos  mquáex imelo sT rriebsupnoanl sSabulperse mpool ít«icliomsi tya raa  lossu  lícdoemrepse dteen lcaisa  aaslo ceixaccliuosniveos 
civiles, estuvieran o no aforados», dando lugar a una «fragmentación del procedimiento
muy difícil de entender y justificar» con base no en la condición de aforado sino en «unas 
reglas de conexidad difícilmente comprensibles y contradictorias con pronunciamientos 
anteriores recientes del propio Tribunal Supremo que, por ejemplo, en la causa seguida 
contra el diputado Francesc Homs por la denominada "consulta del 9-N" (STS 972/2017), 
se  asumió  exclusivamente  la  competencia  para  conocer  de  la  responsabilidad  del 
acusado que tenía la condición de aforado, reservando para el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña el enjuiciamiento de los restantes miembros del Gobierno y de su 
propio presidente M.H. Artur Mas».
Niega validez también al criterio expuesto por la Sala Segunda en la sentencia, en el 
sentido de que, al alcanzar el recurrente la condición de diputado en el Congreso, la 
competencia en todo caso iba a ser de dicha sala, porque: (i) cuando este hecho sucedió 
«el juicio ya se había abierto y se estaba celebrando y porque, según la propia doctrina 
de  la  Sala  Segunda,  una  vez  abierto  el  juicio  oral  la  jurisdicción  es  improrrogable 
(acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2/12/2014)»; y (ii) el posible acceso al cargo 
de diputado no era más que una hipótesis, de hecho dejó de serlo ya antes (por Real 
Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución de las Cortes) de la fecha en que 
se dictó la sentencia (el 14 de octubre de 2019) «y pese a ello, el Tribunal Supremo no 
dejó de dictar sentencia […] ni declinó de su jurisdicción en favor de los tribunales 
radicados en territorio catalán».
La  demanda  invoca  la  STC  183/1999,  en  cuanto  al  control  de  las  reglas  de 
competencia y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE); y dice 
que la aplicación de criterios ad hoc para asumir la competencia es también «síntoma 
claro de arbitrariedad».
Finalmente,  culmina  esta  primera  alegación  aduciendo  el  padecimiento  de  una 
segunda lesión como consecuencia de la ya expuesta: la del derecho a la segunda 
instancia, derecho que obligaba a una interpretación restrictiva de los criterios para 
asumir esta causa por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ello ha supuesto 
sacrificar  la  posibilidad  de  que  los  acusados,  aforados  o  no,  pudieran  recurrir  su 
condena, como así habría sido si esta se dicta en instancia por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, vulnerándose «el art. 24 CE y el art. 2 del Protocolo núm.7 adjunto 
al CEDH».
3.2  Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no haberse 
permitido a los acusados declarar en su lengua materna con un sistema de traducción 
simultánea y por haberse impedido el empleo del catalán a testigos propuestos por la 
defensa. Vulneración asimismo del derecho a la no discriminación por razón de lengua 
(arts. 14 CE y 14 CEDH).
La queja se enuncia tanto respecto de los procesados, entre ellos el aquí recurrente, 
como respecto de los testigos:
a)  Sobre  los  primeros,  se  recuerda  que  varias  defensas,  entre  ellas  la  del 
demandante, solicitaron a la Sala poder declarar en la vista oral en su lengua materna, el 
catalán, con un sistema de traducción simultánea, lo que fue denegado, permitiéndose 
en cambio que se expresaran en catalán, pero con un sistema de traducción sucesiva. 
Según se indica en la demanda, del art. 123.2 LECrim («[e]n el caso de que no pueda 
disponerse del servicio de interpretación simultánea, la interpretación de las actuaciones 
del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado anterior se realizará mediante una 
interpretación consecutiva de modo que se garantice suficientemente la defensa del 
imputado o acusado») se desprende la preferencia por la utilización del sistema de 
traducción simultánea, por lo que solo debe acudirse a la traducción sucesiva cuando no  e.
sea posible habilitar aquella. La traducción sucesiva es menos ágil, pues para que el  w.b
acusado  responda  debe  esperar  a  la  correspondiente  traducción,  «duplicándose  el  019ww
tfioermzapdoo sd,e  ednu raccoinótnra d ed elo ss uin tevorrlougnatatodr ioinsi»c.ia El, stao  ldleevsóis tair  qduee  leoxsp preroscaerssea doesn,  «suse  levinegrauna 
mateErln dae»r.echo fundamental a la defensa debe garantizar en estos casos el uso de la
lengua materna, lo que permite al procesado entender mejor las preguntas que se le
hacen y responderlas con mayor fluidez. El catalán es lengua oficial en el territorio de 
residencia de los procesados, «al que alcanza la jurisdicción del Tribunal Supremo». El 
art. 6.2 EAC «reconoce el derecho de sus ciudadanos a expresarse en catalán y obliga a 
los poderes públicos a garantizar el ejercicio de tal derecho».
Para el recurrente, no es aceptable la desestimación de esta queja efectuada por la 
sentencia, mediante la invocación del principio de publicidad del proceso. Dicho principio, 
con ser importante, no puede considerarse superior al derecho de defensa «de quien es 
acusado por delitos que conllevan penas de más de una década de prisión». Nada 
impedía, para salvaguardar la publicidad, que «la traducción simultánea pudiera ser oída 
también por quienes seguían el juicio a través de la televisión e incluso por los presentes 
en la Sala mediante auriculares».
Además del menoscabo al derecho de defensa (art. 24.1 CE), la negativa a permitir 
la traducción simultánea se considera por el recurrente una discriminación contraria al 
art. 14 CE, desde dos perspectivas: (i) «en comparación con el trato dispensado a 
cualquier ciudadano español cuya lengua materna sea el castellano», ya que a diferencia 
de estos, los catalanohablantes tienen que «soportar la carga (absolutamente evitable) 
de  una  prolongación  del  juicio  oral»,  lo  que  se  traduce  en  «un  claro  efecto 
desincentivador del ejercicio de los derechos lingüísticos»; y (ii) porque «es injustificable 
también  que  un  catalanohablante  pueda  expresarse  en  catalán  ante  los  órganos 
jurisdiccionales  ubicados  en  Cataluña  y,  en  cambio,  no  pueda  hacerlo  cuando  es 
enjuiciado por el Tribunal Supremo por unos hechos cometidos en Cataluña». Conecta 
así la demanda esta queja con la anterior, por haber asumido la competencia de la causa 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b)  En cuanto a los testigos, la decisión de la sala vulneró el derecho de defensa 
durante la práctica de la prueba testifical de quienes deseaban y no pudieron expresarse 
en catalán, ni siquiera con la ayuda de un intérprete, «siendo reprendidos y apercibidos 
con sanciones por parte del señor presidente» de la sala (se pone como ejemplo la 
declaración  del  testigo  señor  Lluís  Matamala).  Esto  trajo  consigo  que  tuvieran  que 
expresarse en una lengua que hablan con menor fluidez (el castellano), afectando «a la 
credibilidad de su testimonio». La Sala basó la prohibición de que declararan en catalán 
mediante una interpretación del art. 231.3 LOPJ («[l]as partes, sus representantes y 
quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea 
también  oficial  en  la  Comunidad  Autónoma  en  cuyo  territorio  tengan  lugar  las 
actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas»), que «resulta 
absolutamente opuesta al art. 3.2 y 14 CE», sin que se desprenda «una prohibición de 
hablar en catalán cuando las actuaciones tengan lugar ante un órgano judicial cuya 
jurisdicción territorial se extiende a toda la geografía española y cuando lo aconseje un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa», así como una «mínima sensibilidad» que 
aquí debió desplegarse.
Finaliza este motivo diciendo que «por todo ello se interesa que se declare la 
vulneración de los arts. 24 y 14 CE y la nulidad de la resolución en este punto».
3.3  Vulneración del derecho a un juez imparcial (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no 
haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento por 
la defensa y por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del 
juicio.
Como indica su enunciado, se formulan aquí varias quejas anudadas a la lesión del 
mismo derecho fundamental:
a)  Recusaciones por falta de imparcialidad en la fase de instrucción: se reprocha tal  bo
circunstancia tanto al magistrado instructor como a la sala de recursos, puesta de  019ww
lma adneiffieensstoa  pdoerl  aeql upír orecceusrardeon ted:on Jordi Sànchez en escritos a los que –afirma– se adhirió
(i)  Se cuestiona en tal sentido que el magistrado instructor se refiriera, en algunas
de sus resoluciones, a los hechos investigados como «la estrategia que sufrimos» (en
concreto, en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, pág. 54, y en el auto 
de 12 de abril de 2018, pág. 54), es decir, «presentándose a sí mismo como víctima de 
tales hechos». Denunciado este hecho ante la sala de recursos por la defensa del 
recurrente, la sala lo desestimó en auto de 18 de junio de 2018. Considera la demanda 
que, como ser humano, es entendible que el juez en su fuero interno pueda compartir la 
«percepción  generalizada  de  la  forma  en  que  se  fueron  desarrollando  los 
acontecimientos en Cataluña», pero no expresar en sus resoluciones «abiertamente 
incomodidad  o  desazón»,  «sensación  de  molestia  o  de  incomodidad»,  «tedio  o 
atosigamiento»  derivados  de  esos  hechos  […],  no  puede  ser  juez  imparcial  en  el 
procedimiento  en  el  que  se  persigue  penalmente  quien  supuestamente  le  ha 
victimizado». La imparcialidad «es una cuestión de fondo, pero también de apariencia» y 
cita al respecto el ATC 226/2002, de 20 de noviembre. Añade que esta cuestión fue 
respondida en la sentencia por remisión íntegra al auto de la sala de recursos de 18 de 
junio de 2018, no reparando por ello la lesión.
(ii)  Falta de imparcialidad de la sala de recursos que conoció de los recursos contra 
el magistrado instructor: se refiere, en particular, a la presencia en ella del magistrado 
don Francisco Monterde Ferrer. Esta lesión se denunció –dice la demanda– de manera 
reiterada por la defensa del procesado don Jordi Sànchez en los recursos que iba 
dirigiendo a dicho órgano, y la defensa del aquí recurrente se adhirió a ella en el escrito 
de cuestiones previas y en el de conclusiones definitivas, recordando que el Tribunal 
Constitucional consideró prematuras las quejas en este sentido «formuladas antes del fin 
del  procedimiento»  (recursos  de  amparo  2633-2018  y  3807-2018).  La  razón  para 
cuestionar  la  imparcialidad  del  magistrado  señor  Monterde  Ferrer  se  basa  en  su 
condición  de  «vicepresidente  y  miembro  del  comité  ejecutivo»  de  la  Asociación 
Profesional de la Magistratura, la cual en los meses anteriores «había emprendido a 
través de sus cuentas oficiales en la red social Twitter una auténtica campaña mediática 
con cientos de mensajes dirigidos contra los líderes políticos independentistas catalanes 
que claramente expresaban prejuicios sobre su culpabilidad por los mismos hechos por 
los que les estaba investigando» (la demanda a continuación transcribe literalmente, o 
con sus propias palabras, el contenido de algunos de esos mensajes).
Señala la demanda que la denuncia de esta circunstancia ante la sala de recursos 
tuvo como resultado su rechazo a limine por esta, mediante providencia de 12 de febrero 
de 2018, de la que formó parte el propio magistrado recusado. Resolución recurrida en 
súplica  y  desestimada  por  providencia  de  «14/12/2018»  (rectius:  14/02/2018)  de  la 
misma sala de recursos, a lo que siguió un incidente de nulidad de actuaciones contra 
esta última resolución, que se desestimó por auto de «15/02/2018» (sic) de la misma 
sala de recursos, con ponencia del magistrado Monterde. Todavía la defensa de don 
Jordi  Sànchez  –prosigue  diciendo  la  demanda–  promovió  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones contra este último auto, alegando vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías, que se desestimó por auto de 19 de abril de 2018. Por parte del aquí 
recurrente de amparo, se denunció esto en sus escritos de cuestiones previas y en el de 
conclusiones definitivas, obteniendo respuesta en la sentencia en los mismos términos 
de las resoluciones anteriores, en el sentido de que los mensajes eran anónimos, de lo 
que discrepa la demanda ya que la autoría debe atribuirse a la Asociación Profesional de 
la Magistratura como persona jurídica.
b)  Falta de imparcialidad en la fase de enjuiciamiento, por los motivos siguientes:
(i)  Por la presencia en la sala de enjuiciamiento, de varios magistrados que habían  e
acordado la admisión a trámite de la querella presentada, habiéndose realizado en el  bo
auto  de  admisión  un  «amplio  juicio  de  tipicidad»,  «inusualmente  extenso  en  sus  019ww
irnavzeosntaigmaire nutnoas  njuortíidtiiac oc-sriumsitnains.t ivo«sP»o, r qtuaen tofu, ed amdaáss  laalslá  cdirecu nusnt apnrcoiansu npcaiarmticiuelnatroe sp adreal 
cparesjou,i ceioss e svoidberen tlea  qcuuee slotisó nm daeg ifsotnraddoo»s. que admitieron la querella tenían necesariamente
(ii)  Por la circunstancia de que: «El señor instructor, la sala de recursos y los 
magistrados de la sala de enjuiciamiento fueran miembros todos ellos de un mismo 
órgano judicial» conforme lo previsto en el art. 57.2 LOPJ, razón por la que se sugirió «el 
planteamiento  de  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  sobre  las  normas  legales 
vigentes» que permiten que causas instruidas por un magistrado sean luego juzgadas 
«por compañeros de la misma Sala», dejando así de garantizarse una «distancia» entre 
instructor  y  tribunal  de  enjuiciamiento  que  sí  se  garantiza  «en  cualquier  otro 
procedimiento, no así a las personas aforadas». Esta queja se desestimó por auto de la 
Sala del art. 61 LOPJ de 13 de septiembre de 2018, por considerarla prematura. La 
demanda  aprovecha  para  volver  a  suscitar,  ahora  como  sugerencia  al  Tribunal 
Constitucional, el «[auto] planteamiento de la citada cuestión de inconstitucionalidad 
respecto del art. 57.2 LOPJ».
(iii)  Se formuló asimismo la recusación del presidente de la Sala de lo Penal, don 
Manuel Marchena Gómez, a raíz del mensaje enviado por la aplicación Whatsapp a 
numerosas personas por el senador del Partido Popular don Ignacio Cosidó, afirmando 
que aquel «había accedido a ser nombrado presidente del Tribunal Supremo a cambio 
de servir desde dicho puesto a los intereses de dicho partido político que, como era 
público y notorio, había reclamado reiterada y públicamente severísimas condenas para 
mi mandante», lo que incluía controlar «desde detrás» el «funcionamiento de la Sala 
Segunda  pese  a  no  formar  parte  de  ella  si  era  nombrado  presidente  del  Tribunal 
Supremo». Esta queja fue desestimada por la Sala del art. 61 LOPJ, así como el 
posterior incidente de nulidad de actuaciones (la demanda no precisa la fecha de estas 
resoluciones), rechazando incluso tomar declaración como testigo al señor Cosidó, por lo 
que la defensa no pudo demostrar la concurrencia de esta causa de recusación.
(iv)  Porque  «exactamente  los  mismos  magistrados  que  dictaron  la  sentencia 
condenatoria de 14/10/2019 resolvieron el incidente de nulidad promovido contra ella, 
obviando por completo la petición expresa de esta defensa, formulada por otrosí en su 
escrito  promoviendo  dicho  incidente,  de  que,  al  menos,  se  variase  la  composición 
personal de la Sala para garantizar la máxima imparcialidad del órgano revisor», lo que 
en este caso era posible pero no se hizo. Y «como era de esperar, no advirtieron 
absolutamente ninguna vulneración de derechos fundamentales en la resolución que 
ellos mismos habían dictado unas semanas antes».
c)  «En cuanto al rol inquisitivo asumido por el magistrado presidente».
Menciona la demanda que esta cuestión fue denunciada por la defensa del aquí 
recurrente en su escrito de conclusiones definitivas, en concreto, lo sucedido en la 
sesión de la vista oral del día 14 de marzo de 2019, en el interrogatorio como testigo del 
mayor del cuerpo de Mossos d´Esquadra, don Josep Lluís Trapero. Dado que este 
testigo fue propuesto por la representación de la acusación popular ejercida por el 
partido político Vox, el presidente del tribunal rechazó que el fiscal actuante le dirigiera 
una pregunta en relación con la reunión de la junta de seguridad que tuvo lugar el 28 de 
septiembre de 2017, siguiendo el criterio adoptado por la sala de permitir el interrogatorio 
solo de los hechos establecidos por la parte que hubiera propuesto al respectivo testigo. 
Sin embargo, prosigue, «de modo sorprendente, al amparo del art. 708 LECrim (cuyo 
apartado segundo dice que: «El presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los 
miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes 
para depurar los hechos sobre los que declaren»), el Excmo. Sr. presidente formuló 
personalmente al testigo la pregunta que anteriormente había impedido formular a la  e
fiscalía». bo
A criterio de la demanda, ese precepto no ampara que el tribunal «supla la función  019ww
adceul sMacinióisnt enrioo  hFais cparle gfournmtaudlaon»d, os ipernedgou nintacso hseorbernete  mqautee riraesc haacceer cap redgeu nlatass  c«upaoler ss elar 
aqjueen acso na le ollob jeetl ot ridbeu nlaa lt easstuifmicíaal  yu nlu reogl oin eqlu itsriibtiuvon ael sp qreugeu, ntrtea ss ofobrrme uelallra sla» .p Yre glau nptrau,e sbea  ddieo 
traslado  a  las  defensas  para  poder  repreguntar,  trámite  que  no  prevé  la  Ley  de
enjuiciamiento criminal, «y que supone aceptar una insólita situación de contradicción 
entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas». La demanda discrepa de la 
respuesta  dada  a  este  punto  en  la  sentencia  de  condena  e  insiste  en  que  la 
imparcialidad es también una cuestión de fondo, pero también de apariencias, con cita 
de la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. España, 
apartado 57. Finalmente, se critica la respuesta de la sentencia a las quejas de falta de 
imparcialidad,  al  aludir  que  en  numerosos  procedimientos  previos  relacionados  con 
casos acontecidos en Cataluña no se había recusado a ningún magistrado de dicha sala, 
argumento que la demanda considera «inasumible, pues lo que sucediera en otros casos 
anteriores que afectan a otros procesados asistidos por otros letrados en nada prejuzga 
ni remedia lo acontecido en el presente». Termina expresando que: «Todo ello determina 
la vulneración de lo previsto en los arts. 24 CE y 6 CEDH y debe conllevar la declaración 
de dicha vulneración y la nulidad de la resolución cuestionada».
3.4  Vulneración  del  principio  de  igualdad  de  armas  por  el  trato  desfavorable 
dispensado a las defensas por el tribunal en el acto del juicio oral (arts. 24 CE y 6 
CEDH).
Invocando  el  principio  de  igualdad  de  armas  con  cita  de  la  STC  122/2013,  la 
demanda  alega  como  reveladores  de  esta  vulneración  los  siguientes  episodios 
procesales:
a)  Se permitió a las acusaciones «desbordar el objeto de pertinencia» de la parte 
que había propuesto a un testigo, pudiendo interrogarle sobre otros extremos, lo que sin 
embargo  no  se  admitió  a  las  defensas.  Se  pone  como  ejemplo  la  declaración  del 
presidente  del  Parlamento  de  Cataluña,  a  quien  se  propuso  para  que  esclareciera 
hechos de octubre de 2017 cuando solo era diputado, extendiendo las preguntas de la 
acusación popular a su etapa como presidente de la cámara; negando en cambio a la 
defensa el poder preguntarle sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017. Se discrepa 
de la explicación dada en ese momento por la Sala a una queja del letrado del aquí 
recurrente, diciendo que era el tribunal el que fijaba las razones de pertinencia y el objeto 
de las preguntas. En el caso del testigo ya mencionado, como no había declarado en la 
instrucción las defensas no podían saber su grado de conocimiento de los hechos objeto 
de la acusación, por lo que «difícilmente podían haberle propuesto». La sentencia de 
condena  tampoco  repara  esta  lesión  con  su  respuesta  a  esta  queja,  que  el  aquí 
recurrente había hecho constar en su escrito de conclusiones definitivas, porque se 
presenta como voluntad de proteger a los procesados lo que es una desigualdad de 
trato.
También critica que la sentencia haya reprochado a la defensa no haberlo propuesto 
«si tan importante era», impidiendo este cambiante criterio de la Sala saber antes «sobre 
qué concretas materias se permitiría a las acusaciones interrogar a los testigos citados 
con voluntad incriminadora. Esta arbitraria, injustificada y desigual limitación de los 
interrogatorios supone una violación del derecho de defensa (art. 24. CE), así como del 
art. 6 CEDH, que reconoce a las defensas el derecho a interrogar en igualdad de 
condiciones a los testigos que declaren en contra de sus mandantes».
b)  El «permitir hacer a las acusaciones preguntas a los acusados o testigos sobre 
su afiliación política e ideológica y, por el contrario, no permitir a las defensas preguntar 
sobre dichos particulares a testigos que depusieron en el acto de plenario».
Ejemplo de lo primero, las preguntas de las acusaciones a testigos de las defensas, 
sobre  su  pertenencia  a  la  ANC  o  a  la  entidad  Òmnium  Cultural.  En  cambio,  «la  e
presidencia impidió preguntar a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de  bo
Instrucción núm. 13 de Barcelona –una testigo crucial, como se desprende de la propia  019ww
esellon tepnocdiaía c osnedr eignuaatolmriae–n tsei  etrraa ssceegnudiednotrea  dael  peáfegcintoa sd we ecbo dneo clae re xptoresmibale ds esreecshgao,s c udaen dsuo 
testiSmeo ndiois»c.repa  de  la  respuesta  dada  a  esta  queja  en  la  sentencia  de  condena,
aludiendo a la notoriedad pública de la militancia política del testigo señor Gabriel Rufián,
confundiendo la Sala su militancia en el partido ERC con «algo estrictamente privado 
como era su condición de afiliado a la ANC».
c)  A los testigos de las acusaciones se les permitió «con total libertad exponer 
abiertamente sus valoraciones personales», en concreto, a los policías que declararon a 
propuesta de las acusaciones, sobre las «caras de odio» de los votantes, el «clima 
hostil» que tuvieron que vivir el primero de octubre o comparar incluso lo sucedido con la 
situación que vivieron hace unos años en el País Vasco», o en la declaración del teniente 
coronel  Baena,  que  habló  de  un  «clima  insurreccional».  En  cambio,  «todas  las 
valoraciones similares fueron cortadas de raíz por la presidencia», poniendo el caso de 
la declaración de doña Marina Garcés, que fue interrumpida por el presidente.
Se añade que a los testigos de la acusación se les permitió consultar sus notas, lo 
que sin embargo se censuró a testigos de las defensas, «como la citada señora Garcés 
o el señor Lluís Matamala».
d)  La diferencia de trato dispensada por la Sala, en casos de «desmemoria» o 
«renuencia» de los testigos, según que esto sucediera al responder a preguntas de las 
acusaciones  o  de  las  defensas.  En  el  primer  caso  se  ponen  como  ejemplos  las 
declaraciones de doña Soraya Sáenz de Santamaría, don Mariano Rajoy y don Ignacio 
Zoido, sin que «en ningún momento procedió la Sala a apercibirles con las penas 
previstas para los testigos renuentes». Sí lo hizo, sin embargo, con la testigo doña 
Teresa Guix en la sesión del 6 de marzo, o con el testigo don Jaume Mestre en la sesión 
de 13 de marzo. Se discrepa de la respuesta dada a esta cuestión en la sentencia, 
considerando normal y explicables los olvidos de testigos «como el señor Rajoy».
e)  «La tarde del día 11/04/2019 se le impidió al letrado del señor Rull interrogar a 
un testigo (inspector de policía núm. 087576, minuto 2h 5" del vídeo) sobre lo que 
percibió respecto de un incidente en un colegio electoral (un aparente infarto padecido 
por  un  votante)  cuando  tal  circunstancia  formaba  parte  del  escrito  de  acusación  y 
previamente se había permitido al fiscal interrogar al respecto». Se discrepa de la 
respuesta de la sentencia, en el sentido de que lo dicho por ese testigo sobre ese 
concreto  hecho  era  intrascendente,  cuando  la  propia  sentencia  recoge  los 
«enfrentamientos» entre ciudadanos y policías de los que se derivaron lesiones.
f)  El «hecho de que la presidencia interrumpiera con mucha mayor frecuencia y 
predisposición  los  interrogatorios  de  las  defensas  y  que  adoptara  respecto  de  sus 
letrados una actitud mucho más proactiva a la hora de censurar su manera de preguntar 
o  de  expresarse  ante  la  Sala».  Se  pone  como  ejemplo  el  reproche  que  dirigió  el 
presidente de la Sala al letrado del aquí recurrente en la sesión de 27 de abril de 2019, 
cuando este utilizó la expresión «ley de ritos» para referirse a la Ley de enjuiciamiento 
criminal, lo que aquel consideró un «insulto a los procesalistas», censurando en público 
al letrado. Defiende la demanda que dicha expresión ha sido utilizada por el propio 
Tribunal Supremo «en no menos de 1292 resoluciones», y la expresión «ley rituaria» 
en 2520. Y, específicamente, la Sala Segunda ha utilizado la primera (ley de ritos) en 789 
ocasiones, y la segunda (ley rituaria) en otras 863. «Tal actitud de la presidencia tuvo un 
efecto evidentemente negativo en el derecho de defensa, actuando como cortapisa a la 
hora de interrogar o de protestar, pues a ningún letrado le complace que le reprochen en 
público y en un juicio visto por miles de personas y escrutado permanentemente por los 
medios de comunicación supuestas faltas de solvencia en su desempeño profesional». 
Se remite al material aportado como vídeo-documento V17 con la demanda de amparo, 
para su examen por el Tribunal Constitucional.
3.5  Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no haber  e.
tenido la defensa acceso a la instrucción del Juzgado de Instrucción núm. 13, por la  w.b
imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba  documental  019ww
videSoeg riámfipcau gyn pao er nd eenseteg amcoiótinv od ela p dreuneebgaas cpióenrt idnee nvtaersio sso lmiceitdaidoass d een p trieumebpao  ay  pforarmctaic.ar en
plar evvisiatas  oyra le, np ueesl tap oysat edreio rm adnei fiecsotnoc, luresciouneerdsa  dlae fdineitmivaansd, ap, reond uecl ieesncdroit o cdoen  cueestsoti ounneas 
«cortapisa  en  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa».  Se  mencionan  al  efecto  tres 
situaciones:
a)  «Denegación  de  la  aportación  de  testimonio  íntegro  de  las  diligencias 
practicadas  en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  (arts.  24  CE  y  6 
CEDH)».
Dice la demanda que, en este proceso, «la mayor parte de la instrucción como fuente 
de  obtención  de  material  incriminatorio  no  tuvo  realmente  lugar  ante  el  Tribunal 
Supremo, sino en las diligencias previas núm. 118-2017 seguidas ante el Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, que es donde se practicaron la inmensa mayoría de 
las  actuaciones  policiales  de  las  que  dimanó  buena  parte  del  material  probatorio 
posteriormente aportado al presente procedimiento por el ministerio público». De esta 
forma, este aprovechó la circunstancia de ser parte personada en dichas diligencias del 
Juzgado núm. 13, lo que no concurría en el caso de la defensa del recurrente. Esto 
supuso una «instrucción paralela» en la que se generaron «gran parte de los informes 
policiales y numerosos documentos que las acusaciones hicieron valer como prueba en 
el acto del juicio oral ante el Tribunal Supremo», destacando «en especial» en relación 
con el delito de malversación, y en tanto el Ministerio Fiscal pidió selectivamente el 
testimonio íntegro de algunas resoluciones dictadas en ese procedimiento, que sí se 
admitieron.
Discrepa la demanda de la denegación de la prueba documental solicitada por el 
recurrente, primero en el trámite del art. 627 LECrim de conclusión del sumario, pidiendo 
que este se reabriera para obtener testimonio íntegro de aquellas actuaciones, lo que se 
rechazó por auto de 25 de octubre de 2018 que confirmó la conclusión del sumario si 
bien advirtiendo entonces que podía volver a solicitarse con posterioridad, como así se 
hizo, pero sin éxito, «en los escritos de conclusiones provisionales». El derecho de 
defensa, añade, no debe materializarse solo en la fase de juicio oral sino también en la 
instructora. La vulneración no quedó remediada porque la Sala dijera que la única 
prueba a la que atribuyó valor incriminatorio fue la practicada en la vista oral, pues la 
fase previa de proposición de prueba es «igualmente crucial», y esta no se puede ejercer 
si no ha estado presente en la instrucción desconociendo las diligencias ahí practicadas.
b)  «Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba 
documental videográfica»: Alega la demanda que tras haber permitido ese contraste con 
algunos testigos iniciales (señores Rajoy y Artur Mas), la Sala de manera sobrevenida 
cambió de criterio impidiendo mostrar a los testigos las imágenes grabadas en los 
vídeos, imposibilitando así poder «contrastar la veracidad de sus manifestaciones con 
las imágenes». En cambio, se les permitió mostrarles documentos en soporte papel, lo 
que se considera una «decisión contradictoria» pues, «tan "prueba documental" es un 
papel  como  una  grabación  de  vídeo».  Esta  confrontación  entre  testigo  y  prueba 
videográfica está habilitada por el art. 729.3 LECrim, y es «práctica absolutamente 
habitual  en  los  tribunales  españoles»,  «forma  parte  de  la  garantía  básica  de 
contradicción propia del juicio oral» y hubiera permitido evitar que «algunos testigos 
mintieran a la Sala o exageraran ostensiblemente en su declaración». Se discrepa de la 
solución articulada por la Sala, de poder reproducir todos los vídeos en la fase de prueba 
documental, no permitiéndose a los letrados razonar las conclusiones que extraían 
«respecto de la credibilidad de los testigos que habían depuesto semanas o meses 
antes». Se insiste en que, de haberse permitido esa confrontación directa, el testigo que 
hubiera declarado de manera mendaz o exagerada hubiera sido obligado, «a la vista de 
las imágenes, a rectificar». e.
c)  «Denegación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma». w.b
Se considera también vulneración del derecho de defensa que el auto de la Sala  019ww
pSreugeubnad pae drteinl eTnrtiebsu npaalr aS luap dreefmenos ad ed e1l  rdeec ufrerebnretero.  Edne c 2o0n1cr9e thoa:ya denegado medios de
(i)  Que se «requiriese a la Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos d
´Esquadra a fin de que facilitaran los datos del titular de la cuenta de la red social Twitter
"@maquiavelo1984" y "@JDanielBaena"». Se discrepa de la respuesta del auto para 
denegarlo, en la que se afirmaba que la investigación de los comentarios vertidos por el 
testigo teniente coronel Daniel Baena desbordaba los límites objetivos y subjetivos del 
proceso, defendiendo la demanda que esto permitía probar su «abierta animadversión 
hacia los procesados y su ideología política».
(ii)  La testifical de «Su Majestad el Rey de España don Felipe VI». Se muestra el 
desacuerdo con la respuesta dada en el auto de 1 de febrero de 2019 sobre que el 
art. 411 LECrim exceptúa al Rey del deber de declarar como testigo. Dice la demanda 
que «dicho precepto garantiza la posibilidad de alegar dicha exención o dispensa de 
declarar en caso de que Su Majestad así lo estime oportuno, pero es absolutamente 
evidente  que  no  estamos  ante  una  prohibición  de  declarar,  como  interpretó 
erróneamente la Sala de lo Penal», por lo que se vulneró el derecho de defensa del 
recurrente al negar su citación «antes de saber si el testigo propuesto decidía o no 
acogerse a la dispensa». Considera la demanda que su declaración sí era pertinente, «a 
la  vista  del  relevante  papel  que  las  acusaciones  atribuían  en  sus  escritos  de 
conclusiones al jefe del Estado en los hechos que nos ocupan», en especial el escrito del 
Ministerio Fiscal.
(iii)  La del «jefe de la Casa de Su Majestad, don. Jaime Alfonsín Alfonso». Se 
discrepa de la respuesta de inadmisión dada por el auto de 1 de febrero de 2019, de que 
en el proceso penal no se admite el testigo por sustitución. Dicha prueba se «proponía 
con carácter alternativo a la anterior», por si Su Majestad el Rey se acogía a la dispensa. 
De nuevo esto produjo una vulneración del derecho de defensa del recurrente, siendo 
prueba pertinente «a la vista de los hechos que motivan la acusación y del relevante 
papel que en ellos desempeña la Casa Real».
(iv)  La del «M.H. Sr. Carles Puigdemont». Se discrepa de la razón de inadmisión, 
por encontrarse este en situación procesal de rebelde y todavía no enjuiciado. En primer 
lugar, porque su declaración era pertinente al ser «el máximo responsable del Gobierno 
catalán cuando sucedieron los hechos enjuiciados y conocer su versión de tales hechos 
era crucial»; y en segundo lugar, porque «si el señor Puigdemont no estaba presente en 
el acto del juicio, era sencillamente porque en aquellas fechas el señor instructor había 
decidido rechazar su extradición por razones puramente estratégicas, ya que Alemania 
estaba dispuesta a entregarlo para ser juzgado por malversación». Se añade que la 
responsabilidad de dicho procesado obraba en una pieza separada del proceso, «lo que 
mutatis  mutandis  no  impedía  que  pudiera  declarar  con  las  mismas  garantías  que 
aquellos otros testigos que, al mismo tiempo, estaban siendo investigados en otros 
procedimientos» (se cita a los «señores Trapero o Jové»), siendo además contradictorio 
que la Sala haya aceptado el testimonio de la doña Anna Simó, miembro de la mesa del 
Parlament, quien había estado procesada en la misma causa hasta el trámite de las 
cuestiones previas.
3.6  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE) por las manifestaciones públicas de miembros del Gobierno español 
sobre  los  hechos  enjuiciados  y  por  la  reiterada  omisión  del  tribunal  enjuiciador  de 
amparar a los procesados ante dichas vulneraciones.
Alega  la  demanda:  «Mientras  se  desarrollaba  el  procedimiento  penal  contra  mi 
mandante ante el Tribunal Supremo, el Gobierno español, a través de la Secretaría 
General para la España Global dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, decidió 
emprender una campaña propagandística supuestamente pensada para informar en el 
extranjero de los hechos que se estaban enjuiciando. En el contexto de dicha campaña  e.
se  emitieron  diversas  declaraciones  y  documentos  en  los  que  abiertamente  ya  se  w.b
consideraba a los procesados culpables de los hechos enjuiciados antes de dictarse  019ww
asemnpteanroc iap»o.r  Persotsoigs uhee dcihcoiesn dao  laq uSe alala  dSeefegnusnad ad edl erel cTurrirbeunntea l yS outprores mporo, ceens apdroims eprid ileurgoanr 
dmee dvuialnneter aecsiócnri tdoe dl ed e4r edceh ofe ab rlear por edseu 2n0c1ió9n  adnet einso dcee ninciiaci,a lros eq ueel  fjuuiec iroe sopraoln, dciodno  mdeenduiannctiea 
auto de 7 de febrero de 2019, remitiendo a su alegación en el plenario, «motivo por el
que esta defensa planteó la presente cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio y 
en su escrito de conclusiones definitivas», así como en un escrito de 5 de septiembre 
de  2019.  Se  indican,  como  datos  demostrativos  de  esta  campaña,  determinadas 
declaraciones vertidas a medios de comunicación por la secretaria de Estado doña Irene 
Lozano y la difusión en redes sociales de un documento titulado «La realidad sobre el 
proceso independentista», que vulneraba «de modo flagrante el derecho del demandante 
a la presunción de inocencia», citando al efecto varios pasajes del documento, así como 
vídeos posteriores a la sentencia donde «se caricaturizaba a los acusados como si 
fueran ladrones» (se aporta el vídeo como prueba documento V20).
Añade el recurrente que ha habido una vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia del art. 24 CE, «interpretado a la luz de los arts. 10 y 96 CE», e invoca la 
Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, «por 
la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y el derecho a estar presente en el juicio». Reconoce la demanda que el 
Gobierno ha manifestado que no precisa trasponer esta directiva porque España ya 
cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar aquel derecho, pero recuerda 
que esa directiva en su art. 4.1 impone a los Estados miembros el que adopten las 
medidas  necesarias  para  que,  entre  otras  cosas,  no  se  produzcan  declaraciones 
públicas por las autoridades públicas o resoluciones judiciales que se refieren a una 
persona como culpable sin haber condena, y que el art. 4.2 impone a los Estados la 
adopción de medidas adecuadas en caso de incumplimiento.
Finaliza esta queja diciendo que hay una clara muestra del «nulo respeto por los 
derechos de los procesados que, en general, mostró el Ejecutivo español en el desarrollo 
de esta campaña propagandística» y que: «Por todos estos motivos se solicita al tribunal 
que proceda a declarar la vulneración del art. 24 CE y la nulidad de la sentencia judicial 
en la que se materializa dicha vulneración por la negativa del Tribunal Supremo a 
amparar a los procesados frente a la campaña gubernamental descrita».
3.7  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 
CEDH) por la filtración del contenido de la sentencia cuando su redacción no había sido 
todavía culminada.
La demanda se refiere en este apartado a una cuestión ya planteada en el incidente 
de nulidad contra la sentencia, pues días antes de que se firmara y notificara, «diversos 
medios de comunicación publicaron noticias anticipando ya cuál iba a ser el sentido del 
veredicto  de  la  Sala»  (se  citan  algunos  enlaces  de  internet  de  medios  de  prensa 
digitales), y en varios de ellos se habla de «fuentes judiciales». Esa filtración se produjo 
«cuando su contenido era susceptible todavía de experimentar cambios» y generaron un 
«encendido debate ciudadano y mediático», «amplificado por el contexto de precampaña 
electoral». Se recuerda la importancia del secreto de las deliberaciones de un tribunal, 
que debe mantenerse hasta que la sentencia haya sido firmada por todos sus miembros. 
Reconoce que la Ley de enjuiciamiento criminal no contiene una regla expresa sobre la 
incomunicación de estos mientras duran las deliberaciones, como sí se contempla para 
los miembros de un jurado antes de comunicar su veredicto (art. 56 de la Ley Orgánica 
del tribunal del jurado), lo que demuestra la importancia de evitar posibles «influencias 
externas». «No sería muy coherente que en el caso del jurado se adopten medidas tan 
estrictas  y  que,  en  cambio,  en  el  caso  de  tribunales  profesionales  pueda  filtrarse 
anticipadamente el fallo sin que suceda absolutamente nada en términos procesales ni 
de afectación a las garantías del procedimiento».
Y cita la STC 69/2001, de 17 de marzo, donde se declara que la filtración de una  s
sentencia en principio es una circunstancia inocua para los derechos fundamentales,  oe.
«salvo que el denunciante de tal vulneración pueda acreditar –cabría preguntarse de qué  w.
manera– «que la opinión de alguno o de algunos de los integrantes del tribunal haya  019ww
op oqduideo  lav ecristaed cao n"fdilitcraiocnióand"a  ibpao r ehneccahmosin aod cair cau nosbttaennceira su neax tmerondaisfi caa lcaió pnr oinptiear deesalibdear adcei ólno 
pporepvuialamr ean tefa vdoerc iddeid ola» (FcoJ n1d2e)n»a.  Oo  dbeie nla,  qaubes ohluacyiaó np rdoep icloiasd oe nlcaa ufisltaradcoisó np o«nuine ncdlaom eonr   BOE-A-cable e
entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía en el 
comportamiento neutral de los juzgadores» (FJ 6). Según la demanda, «dicho clamor se 
produjo  en  el  presente  caso»,  a  través  de  diversas  «informaciones,  artículos  y 
comentarios en medios de comunicación», y en manifestaciones de los responsables 
políticos. Como sucede cuando se quiebran garantías vinculadas con la imparcialidad 
judicial –prosigue diciendo la demanda–, «[l]a mera vulneración de las garantías, aun no 
pudiéndose determinar cuáles han sido sus concretos efectos, supone la invalidez del 
acto procesal, sin someter a quien denuncia tales vulneraciones a lo que supone una 
auténtica probatio diabolica». Considera el recurrente que el compromiso adquirido por el 
presidente  de  la  Sala  de  que  haría  todo  lo  posible  para  que  no  se  repitieran  las 
filtraciones, pasaba por haber anulado la sentencia como se pidió, por vulneración de los 
arts. 24 CE y 6 CEDH, limitándose sin embargo el auto resolutorio a despachar esta 
queja diciendo que no constaba que la filtración hubiera condicionado el sentido de la 
decisión, «es decir, sometiendo a la defensa a la probatio diabolica a la que antes se 
aludía».
3.8  Vulneración del art. 24 CE (art. 6 CEDH) en relación con los arts. 25.1 (art. 7 
CEDH) y 120.3 CE por no motivación de la individualización de la pena y vulneración del 
principio non bis in idem.
Con cita también del art. 66.6 CP, la demanda asevera que la sentencia condenatoria 
no dedica en las páginas relativas a individualizar las penas «una sola línea a explicar 
las concretas razones por las que, pudiéndose imponer una pena de solamente diez 
años a Josep Rull, se ha decantado finalmente el tribunal por imponer una pena seis 
meses superior», es decir, que «permita justificar este apartamiento de la pena mínima 
legalmente imponible». Discrepa del razonamiento que aparece en la sentencia, pues: 
«el único factor personal al que se alude en las páginas 480 y 481 es la condición de 
miembro del Govern del señor Rull y la circunstancia de que dicho cargo le facilitó la 
actuación que ha motivado su condena, si bien dicho elemento ya justifica el salto 
penológico al subtipo agravado aplicable a las autoridades, por lo que tal factor no debió 
volver a tenerse en cuenta en sentido agravatorio en la individualización final de la pena, 
por ser ello claramente incompatible con el principio non bis in idem». En caso de no 
prosperar ninguno de los motivos anteriores, la demanda pide que se declare vulnerado 
«el art. 24 CE en relación con los arts. 25.1 y 120.3, así como los arts. 6 y 7 CEDH. Y 
que, para reparar dicha vulneración […] se declare nulo el fallo en lo que respecta a la 
pena impuesta».
3.9  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad (arts. 25 CE y 7 CEDH) por 
abandono ad hoc del principio de accesoriedad (limitada) en la participación.
Afirma la demanda que la sentencia de condena ha dejado de aplicar un principio 
elemental de la teoría de la imputación penal, reconocido por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo –por ejemplo– en sentencias 214/2018, de 8 de mayo, y 704/2018, 
de 15 de enero, como es el principio de accesoriedad limitada en la participación, 
conforme al cual, precisa, «una persona solo puede responder como partícipe en un 
delito  ajeno  si  el  hecho  cometido  por  el  autor  directo  o  ejecutor  material  tiene  la 
consideración de antijurídico».
En  el  delito  de  sedición  –explica  la  demanda–  hay  dos  clases  de  sujetos 
intervinientes: los ejecutores materiales o autores directos, quienes se alzan pública o 
tumultuariamente (art. 544 CP), «y quienes hubieren inducido, sostenido o dirigido la 
sedición, o aparecieren en ella como sus principales autores (art. 545 CP). En el caso de 
Josep Rull la sentencia (págs. 341 y siguientes) le atribuye un claro papel de inductor,  s
concretamente por propiciar, posibilitar o determinar "el alzamiento de otros" (pág. 348)».  oe.
Por tanto, de acuerdo con el principio de accesoriedad limitada si no ha existido hecho  w.
antijurídico atribuible a uno o varios ejecutores directos, no puede existir tampoco una  019ww
«conYd uecsttao  dseu pcaerdtiec ippaocriqóune p e«nloaslm  ceinutdea rdealenvoasn tqeu»e.  intervinieron  como  manifestantes  o
vreoptaronctehse  epne nlaols  aalgcutonso »d,e yl  2a0sí  dloe  asfeirpmtiae mlab sree nyte 1n cdiae  doec tcuobnrdee dnea , 2s0e1a7 q nuoie nheasn  amcuedreiecridoon   BOE-A-cable e
a las puertas de la Vicepresidencia y Consejería de Economía en la primera de esas 
fechas, o se presentaron a los centros de votación el 1 de octubre. Ninguno ha sido 
procesado por sedición por esos hechos, la Audiencia Provincial de Barcelona archivó 
unas  diligencias  por  «considerar  que  los  votantes  actuaban  en  el  ejercicio  de  sus 
derechos fundamentales», mientras que «en la localidad de El Vendrell la propia fiscalía 
desistió de acusar por delito alguno a los responsables de los locales de votación», 
produciéndose solo imputaciones por «resistencia y/o desobediencia», o lesiones leves. 
Añade que: «Algunos de los presuntos máximos responsables de la organización del 
referéndum,  como  los  señores  Lluís  Salvadó  y  Josep  María  Jové,  no  han  sido 
procesados  tampoco  por  sedición»,  sino  por  otro  tipo  de  delitos  (prevaricación, 
desobediencia o malversación, cita la demanda) ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.
Teniendo esto en cuenta, la demanda se pregunta «cómo se puede condenar a 
alguien  por  promover  un  alzamiento  sedicioso  si  incluso  los  comportamientos  más 
graves de los manifestantes se califican solo como atentado y si los organizadores desde 
la administración (excepto los máximos dirigentes procesados por el Tribunal Supremo) 
tampoco han sido siquiera procesados por ningún alzamiento». Para el recurrente eso se 
explica «desde la voluntad de escarmentar a los máximos líderes políticos y sociales del 
movimiento independentista con castigos que nada tienen que ver con la gravedad real 
de los hechos a cuya comisión indujeron a los ciudadanos. Se trataba […] de construir 
un "traje punitivo a medida" para los líderes políticos del movimiento independentista».
Descarta igualmente la demanda que se haya aplicado un supuesto de autoría 
mediata, «posibilidad que, por lo demás, no se menciona siquiera en la sentencia», no 
está prevista en los arts. 544 y 545 CP y supondría sostener «que los ciudadanos que se 
manifestaron o votaron los días de autos actuaron como meros instrumentos totalmente 
"abducidos" por los acusados en una situación de error invencible que se mantuvo 
incluso frente a la actuación de agentes uniformados».
Considera, así, que el cambio ad hoc de la doctrina de la Sala sobre el principio de 
accesoriedad «no puede resultar conforme con el principio de legalidad tal como se 
define en el art. 7 CEDH», con cita de la sentencia Del Río Prada c. España, de 2013, ya 
que «no solo incluye el hecho de que no se apliquen a posteriori y en perjuicio del reo 
cambios en el texto de la ley, sino también aquellas modificaciones sobrevenidas de la 
jurisprudencia que perjudiquen al acusado». Cita también la STEDH de 11 de abril 
de 2013, asunto Vyerentsov c. Ucrania.
Se recuerda que esta denuncia se formuló en el escrito de conclusiones definitivas, y 
a ella «no se dio absolutamente ninguna respuesta en la sentencia condenatoria», 
mientras que el auto resolutorio de los incidentes de nulidad sí lo hace, en concreto al 
responder  a  una  queja  idéntica  del  procesado  señor  Forn,  pero  de  manera 
«absolutamente  sorprendente»,  al  decir  la  Sala  que  «las  reglas  generales  de  la 
participación quiebran en el caso del delito de sedición, donde todos los intervinientes 
son coautores […]. El auto confirma que estamos ante el primer alzamiento sin alzados 
de la historia». Finaliza diciendo que esta quiebra del principio de legalidad «únicamente 
podrá repararse declarando la nulidad de la sentencia en este punto por vulneración del 
art. 25.1 CE».
3.10  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad (art. 25.1 CE) en relación 
con los derechos fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de expresión e 
ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE) por la insuficiente taxatividad del tipo penal de la 
sedición. s
Alega el recurrente que el art. 544 CP, que define el delito de sedición, adolece de la  oe.
falta de taxatividad que resulta exigible atendiendo las penas «tan sumamente graves»  w.
que contempla, como así lo considera Amnistía Internacional en un informe sobre la  019ww
claasu svaía se slepgeacilaels "2 0re9s0u7l-t2a0n1 e7x. tr«aToérrdminianroias mceonmteo  v"aalgzoasrs, eh"a, s"ttau meul lptousn"t,o " fduee rqzuae" , oa  "fpuaerrtair  ddee 
peollor se,l  elesg misluayd odrif»íc.il conocer exactamente qué conductas se están prohibiendo realmente  BOE-A-cable e
Se formulan a continuación una serie de interrogantes, incluyendo algunos que 
parecen aludir a la sentencia de condena, como si «quedan abarcados por el tipo los 
casos de simple "resistencia pasiva" (pág. 390) o "interposición física" en supuestos de 
"superioridad numérica" (pág. 400)». Se cita de nuevo la STEDH de 11 de abril de 2013, 
asunto Vyerentsov c. Ucrania, y la STEDH de la Gran Sala, de 22 de marzo de 2001, 
asunto  Streletz,  Kessler  y  Krenz  c.  Alemania,  resoluciones  que  «admiten  que  la 
indeterminación de un enunciado legal pueda ser corregida por la jurisprudencia sobre 
dicho precepto. Sin embargo, esto no ha sucedido en el tipo penal de la sedición en 
España, al no existir prácticamente ningún precedente relevante y reciente sobre este 
delito por parte del Tribunal Supremo». La demanda únicamente identifica como caso 
precedente, y lo considera insuficiente, el conocido por la STS de 12 de julio de 2005, 
donde «se absolvió por sedición y se condenó por un delito de atentado a una pena de 
un año de prisión» por la toma de la Asamblea de Ceuta durante nueve horas por unas 
sesenta personas.
Ante  tal  falta  de  precedentes,  «para  los  acusados  resultaba  sencillamente 
imprevisible que su actuación pudiera calificarse como constitutiva de un delito tan 
extraordinariamente grave como la sedición, máxime teniendo en cuenta que el delito de 
convocatoria ilegal de referéndum –que abarcaba de modo concreto los hechos que se 
proponían emprender el día 01/10/2017– había sido expresamente derogado por el 
legislador  español  el  año  2005  y  que  la  convocatoria  previa  de  consulta  sobre  la 
autodeterminación el 09/11/2014 se saldó con una leve condena por desobediencia 
confirmada por el propio Tribunal Supremo a los señores Mas, Ortega, Rigau y Homs». 
Añade que «la vaguedad del art. 544 CP resulta especialmente preocupante teniendo en 
cuenta que su mera vigencia puede restringir de modo patente el ejercicio de derechos 
fundamentales,  en  este  caso  de  reunión  pacífica,  libertad  de  expresión  o  libertad 
ideológica»,  teniendo  «un  efecto  claramente  restrictivo  y  desincentivador  de  tales 
derechos».
El auto de 29 de enero de 2020, que resuelve los incidentes de nulidad, niega este 
defecto (al responder a la misma queja del procesado don Jordi Cuixart) diciendo que el 
tipo no alcanza «una inconcreción o imprecisión que impida conocer de antemano el 
ámbito de lo proscrito. Pero de ningún modo se alude a algunos extremos que esta 
defensa también alegó, como la suma amplitud del precepto, que en modo alguno 
justifica la pena mínima prevista o el efecto restrictivo en el ejercicio de derechos que su 
aplicación puede llevar aparejada debido a los amplios términos de su redacción. Por 
todo ello, y para reparar esta vulneración de los arts. 25.1 y 7 CEDH [sic] se solicita la 
nulidad de la sentencia en lo que respecta a la condena por sedición, sin perjuicio de que 
adicionalmente  el  Excmo.  Tribunal  se  autocuestione  de  modo  general  la 
constitucionalidad de dicho tipo delictivo».
3.11  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 
CEDH) por aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados.
Empieza esta alegación de la demanda recordando la prohibición de la analogía en 
materia penal, con cita del art. 4.1 CP y su importancia para el principio de legalidad y 
para la seguridad jurídica. No solo el precepto que castiga la sedición adolece de falta de 
previsibilidad, como ya expuso, sino que, en su subsunción a los hechos del caso, se ha 
desbordado también su tenor literal en estos aspectos: (i) «De entrada es difícil entender 
qué hechos se subsumen en el tipo penal de sedición», si los acaecidos estrictamente 
los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 o también otros; (ii) la sentencia narra 
lo sucedido el 20 de septiembre, y lo que se describe «es claramente una manifestación  s
ciudadana de 40000 personas en la que solo unos muy pocos asistentes incurrieron en  oe.
excesos que a lo sumo derivaron en daños materiales», si ese número de personas  w.
hubieran querido impedir la diligencia judicial en la sede del Departamento de Economía,  019ww
deisfitcau «lthóu pbeierora e snid mo osdeon cailllgaumneon stee  aimrrapsidaiód,a »co. m«Eol  ecuximgep lieml iaernt.t o5 4d4e  lCaP r,e lsoo lquuceió hna jcued icqiuael  slae 
appaltiecnatceió»n;  (aiiin) aalól dgeicsac rdibei re lsat es epnretecnecpitao  lao su hne ccahsoos  naoc oanbtaercciaddoos  eplo 1r  sdue  toecntourb lriete drael  2se0a1 7a,q eusí   BOE-A-cable e
«tan sumamente parco el relato en este punto que ni tan siquiera se explica en qué 
consistieron dichos enfrentamientos, quién llevó en cada lugar la iniciativa en ellos o 
cuáles fueron sus concretas consecuencias, más allá de la necesidad en algunos casos 
de "asistencia facultativa" (pág. 54)». «En todo caso parece claro que quien se alza debe 
llevar claramente la iniciativa insurreccional, por lo que dicho verbo no puede abarcar –
sin incurrir en una extensión analógica– los meros actos de "interposición física" (pág. 
246), el "impedimento físico" (pág. 283) o los consistentes en "obstaculizar" el ejercicio 
de la función jurisdiccional (págs. 247 o 363) a los que se alude en varios pasajes de la 
fundamentación  jurídica  de  la  sentencia.  En  todo  caso  es  evidente  que  un  mero 
"enfrentamiento" con la policía no es un "alzamiento" pues de ser así carecerían de 
sentido los delitos de desórdenes públicos o el atentado aplicados, como ya se ha 
expuesto,  en  el  caso  de  aquellos  pocos  manifestantes  concretos  que  realizaron 
activamente conductas de fuerza». Señala además la demanda que esta «irrelevancia 
típica de los hechos probados no puede subsanarse apelando a los móviles políticos que 
perseguían en última instancia los procesados o atribuyéndoles otras actuaciones ajenas 
por completo al tipo del art. 544 CP, como "haber pulverizado el pacto constitucional" 
(pág.  243)  o  querer  "alumbrar  una  legalidad  paralela"  (pág.  347)»;  (iv)  en  el  caso 
concreto del recurrente, «no se desprende de la sentencia qué concreta intervención 
habría tenido este acusado en el supuesto "alzamiento tumultuario" acontecido el día 20 
de septiembre. En las páginas 341 a 349 en las que se individualiza su intervención se le 
atribuyen, en primer término, una serie de actuaciones en su condición de conseller y de 
diputado  que  en  modo  alguno  están  vinculadas  con  tales  hechos  y  que  consisten 
básicamente en desatenciones de resoluciones del Tribunal Constitucional». Además, 
«no se advierte tampoco qué vinculo existiría entre la atribución de Josep Rull de la 
negativa a dejar atracar un barco de la policía en el puerto de Palamós –del que jamás 
hubo una petición formal de atraque– y el favorecimiento de los hechos del 20 de 
septiembre o del 1 de octubre. […] En cuanto a la cesión de locales de su departamento, 
en la sentencia se reconoce la cesión de un único local (pág. 348), lo que difícilmente 
puede  convertirle  en  uno  de  los  máximos  cabecillas  de  la  supuesta  insurrección 
sediciosa». Y a su parecer «llama poderosamente la atención que no se le dispensara el 
mismo tratamiento que otros consellers como los señores Santiago Vila, Carles Mundó o 
Meritxell Borrás, que también formaban parte en las mismas fechas del ejecutivo catalán 
y  que  han  sido  castigados  únicamente  por  desobediencia  […],  la  única  diferencia 
relevante  entre  los  tres  acusados  citados  y  Josep  Rull  [es]  que  los  tres  primeros 
abandonaron la política tras los hechos que nos ocupan y mi mandante decidió volver a 
presentarse a las elecciones catalanas en diciembre de 2017 resultando elegido como 
diputado […], hasta mayo de 2019, fecha en la que obtuvo el acta de diputado a Cortes 
Generales del Estado. Pero esta no es, obviamente, una razón legítima alguna para 
someterle a un tratamiento punitivo tan severo y desproporcionado en relación con los 
citados compañeros de ejecutivo»; y (v) por último, «los hechos enjuiciados podrían 
haberse subsumido en el antiguo tipo penal de convocatoria de referéndum (506 bis CP), 
derogado en 2005. Según la Sala (pág. 225) este precepto no resultaría en todo caso 
aplicable a los hechos por cuanto en él se tipificaba solamente "un conflicto competencial 
entre autoridades estatales"». Respuesta que no convence al recurrente porque si fuera 
solo tal conflicto competencial, «no puede nunca considerarse un delito merecedor –
como era el caso del antiguo precepto– de hasta cinco años de prisión». «Por todo ello 
se solicita al Tribunal que declare vulnerado el derecho fundamental a la legalidad y que, 
para subsanar dicha vulneración, se anule el fallo condenatorio por delito de sedición». s
3.12  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal por imposición de  oe.
una pena desproporcionada [art. 25.1 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 de la  w.
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)] lesionándose  019ww
aesxipmreissmióon  elo isd edoelórgeicchao (sa rtfsu.n 1d7a,m 2e0n yta 2le1s C  aE ).la  libertad,  reunión  pacífica  y  libertad  de
de 2E0l  údleti mjuoli om, oetniv ola d qeu lea  edle mtriabnudnaa l dien calumypóa droe nctorom ideenlz par ipnocrip iinov odcea rle lgaa SlidTaCd  1p3e6n/a1l9 9«9la,   BOE-A-cable e
proscripción constitucional de penas desproporcionadas». Añade que así se recoge 
también en el art. 49.3 CDFUE, precepto que reviste un «criterio hermenéutico de primer 
orden»  con  base  en  el  art.  10.2  CE.  A  partir  de  este  principio,  se  afirma  que  la 
indeterminación del tipo penal aplicado –sedición– también «propicia la imposición de 
penas desproporcionadas respecto de la gravedad del hecho, como las que se han 
impuesto a mi mandante, generándose un evidente efecto restrictivo desalentador en el 
ejercicio de derechos fundamentales, en especial de reunión y de libertad de expresión e 
ideológica.  En  adelante,  cualquier  persona  que  convoque  una  manifestación 
multitudinaria  de  protesta  en  la  que  –de  modo  más  o  menos  previsible–  algunos 
presentes incurran en excesos será candidato a ser considerado inductor a una sedición 
y  castigado  con  penas  mínimas  de  ocho  años  de  prisión».  Tras  citas  de  doctrina 
científica,  se  vuelve  a  la  STC  136/1999  donde  el  Tribunal  Constitucional,  ante 
«situaciones limítrofes con el ejercicio de derechos con penas de prisión sumamente 
elevadas fue considerado incompatible con el art. 25.1 en relación con el art. 17 CE» (se 
reproducen pasajes de sus fundamentos jurídicos 30 y 20, en ese orden).
La  demanda  dice  no  cuestionar  que  se  sancionen  penalmente  conductas  que 
amenacen seriamente el orden público pero, en este caso, desde la perspectiva de la 
proporcionalidad,  «una  perturbación  del  orden  público  que  no  ha  supuesto  daños 
personales relevantes y en las que no se esgrimieron armas, se han impuesto a los 
acusados penas gravísimas de prisión que rayan o superan los diez años de privación de 
libertad», similar a las previstas para «el homicidio, los delitos más graves de agresión 
sexual o las formas más graves de privación de libertad ajena», y que «desbordan con 
mucho las máximas previstas para el tipo penal de los desórdenes públicos, un tipo 
delictivo que abarca casos de actuaciones en grupo violentas pero los castiga con una 
pena máxima de tres años de prisión (art. 558 CP) o de seis años solo cuando se 
esgrimen armas (art. 557 bis CP)».
Se  reprocha  asimismo  a  la  sala  de  enjuiciamiento  no  haber  tenido  en  cuenta, 
respecto de los hechos del 20 de septiembre de 2017, que «la diligencia judicial pudo 
culminarse  sin  que  nadie  resultara  lesionado  (en  pág.  361  se  reconoce  que  la 
"obstrucción" fue solo "parcial"), por lo que, en puridad, en el caso de este episodio, 
debió apreciarse una forma de imperfecta realización o de menor gravedad (art. 547 CP). 
Y lo mismo puede afirmarse respecto de los numerosos colegios electorales donde los 
efectivos  policiales  lograron  de  modo  efectivo  impedir  las  votaciones,  dando  así 
cumplimiento al mandato judicial. El impedimento del cumplimiento de las resoluciones 
judiciales solo fue en este caso parcial».
Tampoco tuvo en cuenta la sentencia, prosigue diciendo la demanda, al individualizar 
la pena aplicada al recurrente, que el delito por el que fue condenado «se produjo en un 
contexto de ejercicio de derechos fundamentales, pese a que la Sala ha reconocido 
implícitamente que los ciudadanos que se "alzaron" sí se encontraban ejerciendo tales 
derechos en la medida en que nadie ha sido acusado por su movilización, como reitera 
varias  veces  la  sentencia.  Tal  constatación  debió  traducirse,  cuando  menos,  en  la 
aplicación  de  una  muy  importante  atenuación  punitiva,  que  pudo  vehicularse 
perfectamente a través del art. 20.7 CP, alegado por la defensa como eximente en el 
acto del juicio y cuya apreciación como eximente incompleta habría permitido imponer 
penas  muy  alejadas  de  los  castigos  absolutamente  desproporcionados  que  se  han 
acabado imponiendo».
Luego  de  aludir  de  nuevo  al  informe  de  Amnistía  Internacional  y  el  efecto 
desalentador de una condena por sedición en cuanto a participar en manifestaciones y  s
protestas pacíficas, se refiere la demanda al auto de 29 de enero de 2020 que rechazó  oe.
este motivo en los incidentes de nulidad, para lo cual, critica que se haya valido de  w.
«valoraciones sobre la ideología política de los procesados que son completamente  019ww
iadjeeonlaósg iacla t ipoo  pdeen arel udnei ólan  sye dmiciaónni»fe. sCtaocnió enl lop, a«seal  eaje rccoicniov edretir sdee reecnh ousn cao mciorc luan lsibtaenrtcaiad 
a(sgiqrauviearnat ep adrec ialal)  rdees plao rnessapboilnidsaadb ilpideanda lc reimn inluagl»a.r de actuar como causa de justificación  BOE-A-cable e
Finaliza esta queja diciendo que «se solicita de nuevo que se anule la resolución 
cuestionada en lo que respecta a la condena por el delito de sedición y a la pena 
impuesta al ser tales extremos incompatibles con los arts. 25.1 CE y 7 CEDH, en relación 
con los restantes derechos fundamentales citados (reunión pacífica, libertad ideológica y 
de expresión y libertad)».
Concluye el recurrente interesando la admisión a trámite de la demanda y que se 
dicte sentencia otorgando el amparo solicitado, acordando este tribunal: «1) Otorgar el 
amparo y reconocer al demandante sus derechos fundamentales a la no discriminación 
por razones lingüísticas (art. 14 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), a la libertad 
(art. 17 CE), a los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE), a la defensa, la 
tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE) y a la legalidad 
penal (art. 25.1 CE); 2) Reparar dicha vulneración declarando la nulidad de la sentencia 
de 14/10/2019 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial 
núm. 20907-2017 y del posterior auto de 29/01/2020 por el que se desestimó el incidente 
de nulidad de actuaciones promovido contra dicha resolución».
Finalmente, por otrosí primero interesó que, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordara la suspensión cautelar 
de los efectos de la sentencia condenatoria. A fin de reducir al máximo la afectación de 
su libertad y sus derechos políticos, dado que cada día de privación de libertad y de 
inhabilitación le ocasionan un daño irreversible e irreparable, solicitó que la petición de 
suspensión se tramitara y resolviera conforme a lo previsto en el art. 56.6 LOTC.
4.  Por providencia de 6 de mayo de 2020, el Pleno de este tribunal, a propuesta de 
su presidente [art. 10.1 n) LOTC], acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo y admitirlo a trámite, por apreciar que concurre en el mismo una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), dado que plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)], y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al auto de 29 de enero de 2020 y a la sentencia de 14 de octubre 
de 2019, dictados en la causa especial núm. 20907-2017; interesando al mismo tiempo 
que  se  emplazara  a  quienes  fueron  parte  en  el  procedimiento,  a  excepción  de  la 
demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si lo 
desean, en este proceso constitucional.
En relación con la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo 
mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el 
art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo 
que, a fin de resolver sobre la misma, se acordó formar la oportuna pieza separada y, en 
ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para 
que efectúen alegaciones respecto a dicha petición.
Mediante providencia de igual fecha se formó la correspondiente pieza separada de 
suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un plazo 
común de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que pudieran 
alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. 
Por ATC 59/2020, de 17 de junio, se acordó denegar la medida cautelar solicitada.
5.  Mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2020, la procuradora de los tribunales  bo
doña Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox y asistida  019ww
pdaer tlea. letrada doña Marta Castro Fuertes, interesó que se la tuviera por personada y
6.  Por  escrito  de  fecha  5  de  junio  del  2020,  la  abogacía  del  Estado,  en  la
representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7.  El 18 de junio siguiente, el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo 
Estévez  Sanz  interesó  que  se  le  tuviera  por  personado  y  parte,  en  nombre  y 
representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, con la asistencia del letrado don 
Gonzalo Boye Tuset.
8.  Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaria del 
Pleno de este tribunal acordó tener por personados al partido político Vox, al abogado 
del Estado y a don Carles Puigdemont i Casamajó. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 
LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un 
plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que 
dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
9.  En fecha 27 de octubre de 2020, la abogacía del Estado presentó su escrito de 
alegaciones, cuya sistemática se adecúa al orden y esquema de las vulneraciones 
invocadas por el recurrente.
9.1  En primer lugar analiza la denuncia de vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Tras extractar la doctrina constitucional que 
consideró aplicable al caso, con transcripción parcial de la STC 159/2014, de 6 de 
octubre, FJ 3, así como de la STEDH de 5 de octubre de 2010, asunto DMD Group A.S. 
c.  Eslovaquia,  apunta  que  los  órganos  judiciales  no  han  llevado  a  cabo  una 
interpretación que suponga una manipulación manifiesta de las reglas legales sobre 
atribución de competencias ni que hayan incurrido en error evidente, irrazonabilidad 
manifiesta o arbitrariedad. Afirma que el demandante no ha cumplido con la carga de 
criticar fundadamente los argumentos dados por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la 
competencia se fija a partir «del relato que fluye de las acusaciones y de su cristalización 
progresiva a lo largo de la instrucción, para atender al elemento territorial o geográfico 
que el art. 57.2 EAC utiliza para determinar la competencia objetiva». Por ello, el referido 
tribunal ha determinado la competencia en los términos reflejados en la pág. 256 de la 
sentencia,  esto  es  en  función  de  un  juicio  ex  ante  que  versa  sobre  la  pretensión 
acusatoria, que no se puede ver revertida ni afectada por la decisión final. Trae a 
colación,  como  ejemplo  de  doctrina  consolidada,  el  argumento  que  figura  en  la 
STS 484/2010, de 26 de mayo: en, síntesis, «que son los hechos y la calificación jurídica 
de  la  acusación  los  que  deben  de  servir  de  base  para  la  determinación  de  la 
competencia objetiva a los efectos del art. 14.3 y 14.4 LECrim».
Añade  que  la  demanda  se  centra  en  formular  una  crítica  aislada  y 
descontextualizada de frases y párrafos concretos de las resoluciones que se pronuncian 
sobre la competencia y de los argumentos obiter dicta de la sentencia. En suma, afirma 
que no se ofrece un alegato que ponga de manifiesto la irrazonabilidad y arbitrariedad 
del criterio judicial. A fin de desvirtuar los argumentos dados por el recurrente, que 
minimizan los hechos acaecidos fuera de Cataluña, la abogacía del Estado también trae 
a colación el razonamiento expuesto en el ATS de 18 de enero de 2019, que pone en 
valor  la  particular  naturaleza  de  los  delitos  de  rebelión  y  sedición;  esto  es,  como 
infracciones de »resultado cortado», cuyo aspecto diferencial, respecto de los delitos de 
lesión, reside en que para su consumación solo se requiere que se materialice el riesgo 
o peligro que se trata de precaver. Y añade que, a partir de ese entendimiento, queda 
esclarecido cuál es el lugar de comisión del delito de rebelión cuando la finalidad es 
declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
En relación con el delito de malversación se refutan las objeciones planteadas en la  s
demanda respecto del criterio de «unidad patrimonial de todas las administraciones  oe.
dpHoeúbasbvcailiaiect enaendslc»a i, ór appnzaa, oruapnt aoao rma fr lieoleacsn e qtopru  reiidnn eafcoldi prTomar ilabeecusnin ó apnelr l o SacAuceTepsSrrace damdo eosd  ,es 2led 7 ega  acdlsooetgso  i dórii.nec jSqiueuosmestibtrfiiiercmeani deedo nqe tou dse2e  0 ed1fnoe8 nll, a dM oadislenu.mi ssTitaveaonrm dioaab   idésleena     2021-10019n https://www.
aduce  que  el  alegato  referido  a  que,  durante  la  celebración  del  juicio,  algunos
procesados ya ostentaban la condición de diputados no es más que un argumento obiter
dictum y que respecto de la denunciada contradicción con pronunciamientos anteriores 
del Tribunal Supremo, se remite a lo manifestado en los fundamentos jurídicos 4.1.2. 3 
y 4 de la sentencia.
9.2  Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, 
derivada de la anterior lesión, el abogado del Estado también rechaza esa vulneración, 
pues el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH prevé, en su apartado 2, que el derecho 
a que la declaración de culpabilidad o de condena sea examinado por una jurisdicción 
superior  «podrá  ser  objeto  de  excepciones  para  infracciones  penales  de  menor 
gravedad, según los defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera 
instancia por el más alto órgano jurisdiccional». Esta segunda excepción es la que ha 
concurrido en el presente caso por razón de aforamiento, cuya constitucionalidad ha sido 
reconocida por este tribunal, amén de que tampoco resulta contraria a lo establecido en 
el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
9.3  También se rechaza la denuncia de vulneración asociada al art. 24.2 CE, por la 
negativa a utilizar el sistema de traducción simultánea respecto de aquellos procesados 
que solicitaron expresamente declarar en el idioma catalán. Tras transcribir lo alegado 
por el órgano de enjuiciamiento en el fundamento jurídico 3.2, la abogacía del Estado 
colige que la configuración del bloque de constitucionalidad del régimen de cooficialidad 
lingüística impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un 
mecanismo de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las 
alegaciones en un idioma distinto del oficial. No obstante, señala que, en el presente 
caso, se pusieron traductores oficiales a disposición de la defensa y se concedió a los 
procesados la posibilidad de utilizar este idioma en sus respuestas.
Tampoco se acepta la lesión del derecho a defensa, fundada en que no se permitió a 
los testigos declarar en catalán, so pretexto de verse afectada la credibilidad de su 
testimonio por no poder expresarse «con toda naturalidad». Sobre este particular, se 
remite  al  contundente  argumento  de  la  sentencia:  los  tres  testigos  no  solo  tenían 
obligación  de  conocer  el  castellano,  sino  que  por  razón  de  sus  cargos  eran 
perfectamente conocedores de esa lengua; a lo que se añade que esos testimonios 
fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no incidieron en el derecho 
de defensa.
9.4  La vulneración del derecho al juez imparcial debe ser analizada, según se 
indica en las alegaciones, como parte de una estrategia procesal tendente a construir 
una causa general contra la justicia española y, en particular, contra el Tribunal Supremo, 
al prefabricar de modo abusivo una apariencia de parcialidad. Ello determina que la 
posición del recurrente, en tanto que emisor de la queja, pierda su virtualidad y peso en 
la ponderación, pues si bien el punto de vista de quien emite la queja ha de tenerse en 
cuenta «el canon debe ser estricto cuando el sentimiento se invoca por quien ha seguido 
una conducta procesal abusiva que denuncia la STS de continua referencia».
a)  Se niega que la frase que obra en el auto de procesamiento «la estrategia que 
sufrimos»  tenga  virtualidad  alguna,  pues  lo  que  hace  el  magistrado  instructor  es 
reproducir la misma frase referida al Libro Blanco, de manera que la misma únicamente 
guarda relación con la exposición del desarrollo de la estrategia secesionista que se 
recogía en el referido Libro Blanco, referida en el auto de procesamiento y en el auto 
de 12 de abril. También trae a colación lo razonado en el auto de la sala de recursos, 
de 18 de junio de 2018, a fin de descartar el reproche de la pérdida de imparcialidad por 
este motivo.
b)  También  se  rechaza  la  queja  asociada  a  la  pérdida  de  imparcialidad  del  e.
magistrado  señor  Monterde,  miembro  de  la  sala  de  recursos,  sustentada  en  los  w.b
mensajes difundidos por la asociación judicial de la que era vicepresidente. El abogado  019ww
ddee l eEsseta ódrog aansuom see  lap uabplirceóc iaedna f eecxhteam dpeo r2a1n edidea dd idciee mlab qreu edjae,  2d0a1d6o,  qpuoer  laac cuoemrdpoo sdicei ólan 
cmoemnissaiójens  pefurmeraonne netem ditiedlo Cs onpsoer jop Geresnoenraasl  d«enl oP odideern Jtiufidcaicdiaals (»C GyP  Jn)o,  apmoérn  edle  rqeufeer ildoos 
magistrado.
c)  El hecho de que el órgano de enjuiciamiento estuviera constituido por algunos 
magistrados que formaron parte de la sala que admitió la querella tampoco conculca el 
derecho al juez imparcial. En el auto de fecha 31 de octubre de 2017, por el que se 
admite a trámite la querella interpuesta por el fiscal, no figura ni una sola frase o 
razonamiento que conlleve una valoración de la tipicidad de los hechos relatados, pues 
la decisión de admitir se funda en los extremos que se relatan en el escrito de querella, 
cuya realidad sería confirmada o desmentida en función del resultado de las diligencias 
practicadas por el instructor. Por otro lado, tampoco el demandante cumple con la carga 
argumental de proyectar sobre el auto de admisión el efecto que le atribuye, por lo que 
en este punto el amparo es genérico.
d)  Tampoco comparte la queja relativa a que el magistrado instructor designado 
formara  parte  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo;  es  decir,  del  órgano  de 
enjuiciamiento.  Esa  circunstancia  no  figura  recogida  en  el  elenco  de  causas  de 
abstención  y  recusación,  sujetas  a  interpretación  restrictiva,  sin  que  tampoco  el 
recurrente haya acreditado la existencia de los contactos y comunicaciones que en la 
demanda se indican.
e)  En relación con el contenido del mensaje telemático atribuido al señor Cosidó, el 
abogado  del  Estado  se  remite  al  contenido  del  fundamento  jurídico  5.5  y  6  del 
auto 7/2018, de la Sala especial del art. 61 LOPJ, a fin de descartar la merma de la 
imparcialidad que se atribuye al presidente del tribunal enjuiciador, pues la imparcialidad 
de un magistrado solo puede valorarse a partir de lo que este dice o hace o, incluso, de 
lo que aparente, pero no con base en la opinión de un tercero.
f)  El hecho de que el incidente de nulidad de actuaciones fuera resuelto por los 
mismos  magistrados  que  dictaron  la  sentencia  tampoco  vulnera  el  derecho  al  juez 
imparcial, toda vez que, conforme a la doctrina establecida en la STC 152/2015, FJ 9, si 
hubieran intervenido otros magistrados, como solicitó el recurrente, se habría conculcado 
el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
g)  También se rechaza el motivo asociado a la pretendida asunción de un «papel 
inquisitivo» por parte del presidente del tribunal enjuiciador. La abogacía del Estado 
detalla el contexto de la pregunta formulada por el fiscal al señor Trapero, que fue 
objetada por la defensa del señor Forn; y al ser acogida la queja por la sala, tras finalizar 
las defensas el turno de interrogatorios, la presidencia formuló la pregunta al amparo de 
lo  dispuesto  en  el  art.  708  LECrim,  cuya  justificación  se  detalla  en  el  fundamento 
jurídico 16.3.5.3 de la sentencia. En cualquier caso, tanto la pregunta como la respuesta 
resultó inane para la defensa del demandante de amparo, pues ni este estaba presente 
en la reunión de 28 de septiembre de 2017 ni en el juicio de autoría que respecto de 
aquel se formula sale a colación la referida reunión.
9.5  En el apartado relativo a las quejas atinentes a la quiebra del principio de 
igualdad de armas, las consideraciones que se formulan son las siguientes:
a)  En relación con el trato peyorativo dado a las defensas al valorar la pertinencia 
de sus preguntas, el abogado del Estado también rechaza que ese trato hubiera tenido 
lugar, remitiéndose a las razones dadas en el fundamento jurídico 16.2.2 y 4 de la 
sentencia.
b)  También rechaza que se produjera una desigualdad de trato por el hecho de que 
a las acusaciones se les permitiera formular preguntas sobre la afiliación política e 
ideológica de los testigos, pero se impidiera hacerlo a las defensas. Sobre este punto se 
remite a lo razonado en el fundamento jurídico 16.3.1 y 2 de la sentencia. e
c)  Respecto  del  alegato  relativo  a  que  los  testigos  propuestos  por  las  partes  bo
acusadoras pudieron exponer abiertamente sus valoraciones personales, mientras que  019ww
sloes  addeu clae  dqeufee nesl are ncou,r rseinnt eq ureep traomdupcoec oín steeg lreasm peenrtme itloie raale ag aedsoto esn ú eltli mjuoicsi oc oonraslu, lstainr  anñoatadsir, 
caalerggaac iaórng uemn eenl ftuanl dqaume encrtoiti qjuureíd ilcao  1re6s.3p.u3e ys t4a.  dada  en  sentencia,  que  desestima  esa
d)  Tampoco la censura que la presidencia dirigió al letrado de la demandante, por el 
empleo del término «ley de ritos», pone de manifiesto el trato desfavorable que se 
denuncia. Añade que la sentencia ya explica las razones que hicieron oportuna la 
corrección, sin que, dado el contexto de la misma, de nada sirva invocar el repertorio de 
casos en que el Tribunal Supremo utilizó esa expresión en otros asuntos pretéritos.
9.6  A continuación, el abogado del Estado analiza otro bloque de quejas que, 
según la demanda, guardan relación con vulneraciones del derecho de defensa.
a)  En primer lugar, se analiza la denuncia referida a la negativa a incorporar el 
testimonio íntegro del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona. Al respecto, se exponen las razones dadas en la sentencia sobre esa queja; 
en síntesis, que «[e]l bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación del 
tribunal se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí 
se razona para respaldar el juicio de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las 
partes y, por tanto, al ejercicio legítimo del derecho de defensa».
b)  En cuanto a la «atomización procesal» y la ruptura de la continencia de la causa 
que se denuncia, se aduce que tal circunstancia es fruto de los aforamientos y del 
mandato legal restrictivo acerca del enjuiciamiento de delitos conexos, tras la reforma 
operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Se trae a colación el criterio seguido por el 
instructor, en el auto de 15 de febrero de 2018, y de la Sala, en el auto de 27 de 
diciembre de 2018, que rechazaron por exorbitante el criterio de incluir, dentro de la 
causa especial, a todos aquellos que prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el 
plan estratégico ideado e impulsado por los representantes políticos y sociales; y sobre 
ese argumento, señala que en el recurso de amparo nada se opone, por lo que sus 
alegaciones en este punto vuelven a ser valoradas como genéricas.
c)  También  niega  que  se  haya  impedido  a  las  defensas  conocer  con  tiempo 
suficiente, los elementos incorporados de otras causas durante la instrucción, amén de 
interesar la incorporación de lo que estimaran pertinente, sin perjuicio de la ulterior 
decisión del instructor y de la sala. Matiza la abogacía del Estado que existe un derecho 
de acceso a todos los documentos que van a ser valorados, pero no un derecho de 
acceso en calidad de «imputado preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si incide 
en  el  derecho  de  defensa,  pues  ello  supondría  convertir  la  causa  especial  en  un 
continente formal para incorporar, por aluvión, todos los procedimientos seguidos por 
hechos diferentes.
d)  Señala  también  que  las  defensas  reiteraron  ad  nauseam  la  petición  de 
reproducción  de  la  prueba  documental  videográfica  mientras  los  testigos  prestaban 
declaración, a fin de poder contrastar su veracidad y poder exponer y razonar sobre las 
posibles contradicciones en que incurriesen. Tras remitirse a la argumentación expuesta 
en el fundamento jurídico 16.1.2 de la sentencia, se colige que el órgano judicial ha 
guardado un estricto respeto a la garantía de contradicción para que el acusado tenga la 
posibilidad de interrogar a quien declara en su contra para, de este modo, controvertir su 
credibilidad conforme a lo establecido en los arts. 6.3 d) y 6.1 CEDH.
e)  En  cuanto  a  la  denegación  de  pruebas  propuestas  por  el  demandante,  la 
abogacía del Estado se remite al contenido del fundamento jurídico 10.1 de la sentencia, 
en el que se descarta que la denegación de pruebas a que se alude en la demanda de 
amparo, tuviera incidencia material en el derecho de defensa.
9.7  La queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia,  s
derivada de las manifestaciones públicas efectuadas sobre los hechos enjuiciados, por  oe.
dpheaa rbltaí9ea . a 8dsb eiod Eagolan gac uríúneanol ad scce uimló lEmnies icmtnaoabdndro oal,as ,r   efedimllet rlaia tibgcéooinógbdnaioe ddsronee o  lad ae e lsosl pe Eranasñtzteoaonldn,c oaina dor,o a p mzaroloe nrdreeausc cpqeideu faceat ,voc o duereaan nb cldlaoeo n s asfeocunro tmregeniidddcaaaiad,c .c aci óojunni c nlioao    2021-10019n https://www.
doctrina establecida en la STC 69/2001, solo si se acreditara que la opinión de alguno de
los miembros del tribunal hubiera podido verse condicionada o afectada por hechos
externos a la propia deliberación o, en su caso, la filtración fuera encaminada a obtener 
una  modificación  interesada  de  lo  ya  decidido,  podría  verse  afectada  la  vertiente 
subjetiva  de  la  garantía  de  imparcialidad.  Sin  embargo,  en  el  presente  caso  las 
circunstancias indicadas no concurrieron, toda vez que cuando se produjo la filtración ya 
había concluido el juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, 
había finalizado la deliberación sobre el contenido del fallo condenatorio.
9.9  También se rechaza la denuncia sobre la falta de motivación y proporcionalidad 
de  la  pena  impuesta.  Tras  invocar  la  doctrina  jurisprudencial  reflejada  en  las 
SSTS 1007/2019, de 26 de marzo, FJ 4, y 172/2018, de 11 de abril, afirma que la 
justificación  de  la  individualización  de  las  penas  se  encuentra  en  el  apartado 
correspondiente de la sentencia, que se da por reproducido, al igual que el fundamento 
jurídico 7.2.2 del auto de 29 de enero de 2020, en el que se rechaza la queja de falta de 
motivación e individualización de la pena impuesta y de vulneración del principio non bis 
in idem.  Por último, invoca la STS de 1 de julio de 2002 para negar la lesión de este 
último principio.
9.10  Seguidamente, la abogacía del Estado se pronuncia sobre el bloque de quejas 
relativas a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
a)  En primer lugar, aborda el motivo asociado al abandono ad hoc del principio de 
accesoriedad  limitada  en  la  participación,  que  el  demandante  atribuye  a  la  sala 
sentenciadora. Tras resumir los argumentos expuestos en la demanda, colige que esa 
queja no puede prosperar porque supone ignorar la especialidad del art. 545 CP.
Frente a la premisa de la que parte el recurrente, que en todo caso considera que su 
conducta se subsumiría en la figura del inductor del alzamiento tumultuario y, por tanto, 
está sujeta al régimen del principio de accesoriedad aplicable a los partícipes a que se 
refiere el art. 28.2 CP, la abogacía del Estado opone que el delito de sedición se 
caracteriza por la intervención de una pluralidad de sujetos para su comisión; y esta 
pluralidad subjetiva se diferencia de la participación porque los partícipes coadyuvan a la 
producción del resultado, pero no ostentan el dominio funcional del hecho, lo que sí es 
predicable  del  autor  en  sentido  estricto.  Como  así  se  recoge  en  la  sentencia,  el 
demandante y otros condenados son considerados autores del delito de sedición, puesto 
que la «acción típica del delito de sedición que se imputa a los condenados no requiere, 
para colmar la autoría, la realización personal de un acto material que suponga el 
alzamiento público y tumultuario, con las finalidades previstas en el tipo penal», pues 
también se consideran típicas las conductas de quien posibilita el alzamiento de otros, 
que «no ha de reputarse inductor o cooperador necesario sino que tiene la cualidad de 
autor en sentido estricto en los términos del art. 28.1 del Código penal».
Así pues, de lo anterior se deduce que concurre el supuesto de pluralidad subjetiva o 
coautoría y, por tanto, el demandante ha sido condenado en concepto de autor en 
sentido estricto, al evidenciarse una estrategia de conductas típicas que cada uno de los 
condenados asumió, con ostentación del dominio funcional del hecho. Siendo así, no 
resulta aplicable el principio de accesoriedad limitada que invoca el recurrente, dándose 
por reproducidos los argumentos recogidos al respecto en el auto que resuelve el 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  tanto  al  resolver  las  alegaciones  de  otros 
demandantes como las del propio recurrente, en el fundamento jurídico 6.2.3 de la 
referida resolución.
b)  Respecto de la pretendía aplicación analógica del delito de sedición a los hechos 
probados, el abogado del Estado trae a colación la doctrina constitucional que concierne 
a la subsunción de los hechos en la norma penal desde la perspectiva del derecho a la  e.
legalidad en materia penal (SSTC 13/2003, FJ 3; 137/1997, FJ 6, y 129/2008, FJ 3), para  w.b
concluir que, en el presente supuesto, la sentencia lleva a cabo la aludida subsunción de  019ww
eml asneenrtaid oló glitiecara yl  daecl oprrdeec ecpotno  parpinliccaipdioos. interpretativos válidos y previsibles, sin contrariar
de foArfmirma ae sqturaet éegxiicsatió;  quune  lelav aanuttaomridieandt od eml uPlotitduedri nJaurdioic iya lg feunee sraulsiztiatudiod aq upeo rf ulae  vporlouynetacdta ddeo 
los convocantes y de quienes los secundaron; que esta fue impuesta por la fuerza,
impermeable a cualquier requerimiento para desistir del intento de incumplir la orden 
judicial, pues en todos los centros de votación se «repitió la negativa verbalizada de 
forma vehemente en un escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de 
personas  que  bloqueaban  la  entrada  y  se  mostraban  decididos  y  firmemente 
determinados a no franquearla, pese al requerimiento judicial. Y en todos esos hechos 
se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable de la 
movilización  masiva  de  resistencia  activa».  Luego,  tras  transcribir  los  fundamentos 
jurídicos 6.2.3 y 6.2.4 del auto que resolvió el incidente de nulidad, concluye que el 
demandante no ha sido condenado por apoyar dos concentraciones multitudinarias de 
protesta  y  votación,  ni  tampoco  cabe  apreciar  que  la  reacción  penal  haya  sido 
imprevisible o desproporcionada. Es más, carece de fundamento cualquier intento de 
comparación de los hechos con la consulta «del 9-N», pues entonces no se aprobaron 
leyes manifiestamente inconstitucionales, para dotar de una pretendida cobertura legal 
que confundiera a los ciudadanos; no hubo un despliegue policial a fin de impedir la 
votación; ni se alentó a la población para que «resistiera a toda esa actividad».
c)  El abogado del Estado niega que se haya conculcado el derecho a la libertad de 
expresión de los condenados, pues ninguno de los actos que se les imputan en la 
sentencia queda abarcado por el contenido material de ese derecho. Tras resumir la 
doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de ese 
derecho, alega que los recurrentes de amparo asocian la lesión «a la criminalización del 
discurso político, que ellos en su momento expresaron», y ahora sostienen que el 
ejercicio  de  ese  derecho  fundamental  constituye  una  causa  de  exclusión  de  la 
antijuridicidad, conforme a lo dispuesto en el art. 20.7 CP.
Sin embargo, como así se recoge en la sentencia, la responsabilidad penal no trae 
causa  de  difundir  opiniones  y  doctrinas  contrarias  al  estatus  constitucional  ni  por 
propugnar la superación del marco político actual. Lo que es objeto de reproche penal es 
haber pulverizado el pacto constitucional mediante la aprobación de leyes «en abierta y 
contumaz desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional […] y definir una 
legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para 
oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando 
un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña». También menciona el contenido del apartado 2 del art. 10 CEDH, 
que considera legítimas las restricciones a la libertad de expresión que sean «medidas 
necesarias, en una sociedad democrática […] para la integridad territorial o la seguridad 
pública,  la  defensa  del  orden  y  la  prevención  del  delito»;  y  reitera  que  en  ningún 
momento la sanción se ha fundado en la manifestación de opiniones políticas por parte 
del demandante.
d)  Respecto de la vulneración de los derechos de reunión y manifestación, pone de 
relieve que el art 21 CE establece, como requisitos necesarios y acumulativos, que las 
concentraciones sean pacíficas y sin armas. Descendiendo al caso, resulta evidente que 
ninguno de los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones que se detallan en el 
relato histórico ha resultado condenado; y ninguno de los demandantes, que reforzaron 
con su presencia o desarrollaron un especial protagonismo en las protestas ante la sede 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía fueron acusados de un delito de reunión 
o manifestación ilícita.
Así pues, conforme se detalla en la sentencia impugnada en esta sede, la reacción 
penal no estaría justificada por la exhibición de discrepancia frente a las leyes, las 
críticas agrias subidas de tono o descalificadoras, incluso cuando sus destinatarios sean  s
el poder central o la máxima autoridad del Estado o la misma Constitución, pues las  oe.
proclamas independentistas, la reivindicación del derecho de autodeterminación y las  w.
movilizaciones encaminadas a promocionar y difundir esas ideas son legítimas. Sin  019ww
fermenbtaer gao ,l acso saac btuieanc idoinsetisn tad ee sl olas  easgtreantetegsia  ddee slpal eaguatdoari ddaed o peonsciacmiónin aadctoivsa  ay  ccounmcpelrirta duan 
epsopdeecr ídficeo m yo cvoilinzcarceióton  mpoarn dloasto a jcuudsicaidaol,s q, uae f ifnu ed ee sqtuime ulala dvao tay caiólenn ptardoah ibciodna  etunvtuiesriaa slmugoa ry.   BOE-A-cable e
Y esa actuación desborda totalmente las lindes del legítimo ejercicio del derecho de 
reunión, por lo que no puede quedar amparada por el art. 20.7 CP.
e)  El mismo rechazo merece la invocación del derecho a la libertad ideológica, que 
la abogacía del Estado considera inoponible ante los hechos probados, pues «ningún 
principio  de  autodeterminación  de  la  voluntad  libre  ante  cada  circunstancia  puede 
justificar  la  comisión  probada,  en  el  seno  del  proceso,  de  conductas  legalmente 
tipificadas».
Seguidamente,  tras  incluir  la  doctrina  constitucional  sobre  las  conductas  con 
relevancia  penal  en  el  contexto  del  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales 
(SSTC 88/2003, FJ 8; 104/2011, FJ 6, y 62/2019, FJ 7), se reitera que la condena penal 
nada tiene que ver con los postulados políticos de los condenados; de hecho, pudieron 
participar en la campaña electoral durante la prisión preventiva a que estuvieron sujetos 
y pudieron difundir las ideas que «hoy por hoy, sostienen la acción de Gobierno de la 
Generalitat».
En conclusión, no cabe afirmar un ejercicio de derechos al margen de la ley; y se 
añade que lo que se llevó a cabo fueron levantamientos hostiles contra las resoluciones 
judiciales. Y «con ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma 
estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición», remitiéndose en lo demás a 
lo argumentado en el fundamento jurídico 2.5 y siguientes de la sentencia.
10.  En fecha de 29 de octubre de 2020 presentó sus alegaciones el partido político 
Vox.
En primer lugar, cuestiona que la especial trascendencia constitucional del recurso 
de amparo haya sido debidamente justificada. Tras resumir las razones dadas sobre este 
particular por el demandante, señala que este se ha limitado a plantear unas líneas 
genéricas para cumplimentar este trámite, pero «ni se explica la supuesta falta de 
compatibilidad del delito de sedición y su aplicación al presente caso con los derechos 
fundamentales alegados, ni tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la 
jurisprudencia constitucional previa».
Seguidamente, lleva a cabo un análisis de las diferentes lesiones denunciadas en la 
demanda, que rechaza en su totalidad.
10.1  Respecto de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, 
sostiene que, de lo alegado por el demandante no se desprende que la atribución de la 
competencia  al  Tribunal  Supremo  sea  fruto  de  una  interpretación  manifiestamente 
errónea,  irrazonable  o  arbitraria,  sin  que  tampoco  se  ofrezca  una  interpretación 
alternativa «que desnude de forma clara y palmaria los razonamientos del Tribunal 
Supremo, dejándolos sin base jurídica alguna».
Añade que, en el presente caso, resulta discutible fijar el ámbito geográfico en el que 
se produce el delito, pues es este matiz el que haría recaer la competencia en uno u otro 
órgano; por eso, cuando se duda del lugar de comisión debe acudirse a la teoría de la 
ubicuidad que, conforme en el acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, determina que «el delito se comete en 
todas  las  jurisdicciones  en  las  que  se  haya  realizado  algún  elemento  del  tipo.  En 
consecuencia, el juez de cualquiera de ellos que primero haya iniciado las actuaciones 
procesales será en principio competente para la instrucción de la causa».
A continuación, invoca el contenido del ATS de 31 de octubre de 2017, para poner de 
relieve que, en el presente caso, no puede identificarse el resultado del delito con sus  s
efectos, afirmación que resulta obligada porque alguno de los delitos por los que se  oe.
dfrroeeerbssmuetalultióaclóand   olata ad pmqqauubreiaieér ernsel lu eau l  ncscaooa nnrvás oduccetmae cra« ictópeinlónu ndrtei.es runrInibctodijaeric»itaiav ly  oq,q  udpueeoe lr s  ddedei ecplfhirtinoaoi  ycderieóecsn trao,e  lnubsooce iblóieórnexn i ,ger eeql nfucie oeqrn euhju eaqn csuteoee   e dpxeerpllo  lEdidcuseaztlbaictlodae o  udu; neny     2021-10019n https://www.
reparto de cometidos «en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la
declaración  de  independencia  de  Cataluña–,  tolera  contribuciones  fácticas  de  muy 
distinto signo y, precisamente por ello, ejecutados en diferentes puntos geográficos».
10.2  Descarta la vulneración del derecho a la doble instancia penal, con base en 
las excepciones señaladas en el art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH, para las infracciones 
de menor gravedad o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el 
más alto tribunal del Estado.
10.3  Respecto de las quejas relacionadas con la utilización del idioma catalán, trae 
a colación la STC 74/1987, en la que se recoge que, conforme se establece en el art. 3.1 
CE, todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, que es la lengua 
española oficial del Estado; y ese deber genera una presunción de conocimiento, que 
puede ser desvirtuada cuando de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento 
insuficiente. Entiende que, en el presente caso, ha quedado acreditado en el proceso 
que el demandante, cargo público de la Generalitat de Cataluña, conocía perfectamente 
el castellano, por lo que el argumento que expone, por no habérsele permitido declarar 
en catalán con un sistema de traducción simultánea, no es más que una argucia para 
salvar sus responsabilidades penales.
En relación con el alegato referido a los testigos a quienes se impidió declarar en 
catalán, afirma que estos no acreditaron desconocer el castellano, de manera que el 
hecho  de  tener  que  expresarse  en  esta  lengua  no  les  supuso  impedimento  o 
discriminación alguna.
10.4  En referencia a la vulneración del derecho a un juez imparcial, por un lado 
señala que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
no bastan las meras sospechas de quien aduce la vulneración de la imparcialidad, si 
esos temores no resultan objetivamente justificados. A la vista de ello, apunta que si el 
recurrente  no  ha  sido  capaz  «de  hacer  veraz  sus  temores  de  parcialidad  como 
objetivamente justificados no puede pretender que el Tribunal Constitucional subsane 
esta insuficiencia relevante, que impide la estimación del motivo».
Tampoco el supuesto rol inquisitivo del presidente de la sala merece acogida, toda 
vez que la pregunta formulada por la presidencia al testigo señor Trapero está amparada 
legalmente por el art. 708 LECrim. Además, afirma que se dio traslado a las defensas 
para que pudieran repreguntar, de manera que quedó amparado el derecho de defensa. 
Por tanto, no se ha justificado que ese supuesto rol inquisitivo haya vulnerado el derecho 
al juez imparcial.
10.5  Tras  sintetizar  la  queja  del  demandante  sobre  la  lesión  del  principio  de 
igualdad de armas, Vox trae a colación la STC 33/2003, de 13 de febrero, para a 
continuación concluir que los extremos manifestados por el recurrente no son más que 
«minucias procesales cuando no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato 
desfavorable, pero que al final no han supuesto anular al condenado la posibilidad de 
proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco 
afectan al sentido del fallo» y añade que el demandante no ha argumentado nada sobre 
esta relevante cuestión.
10.6  En cuanto a los diferentes motivos en los que el demandante sustenta la 
lesión del derecho de defensa, Vox argumenta del siguiente modo:
a)  Niega que la instrucción realmente se llevara a cabo en las diligencias previas 
núm. 118-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pues, como así se 
afirma por la sala, en la causa que ahora ocupa solo se tuvieron en cuenta las pruebas 
practicadas en el juicio oral; de manera que, incluso, la aportación de actuaciones 
procedentes del juzgado indicado no sería causa de indefensión, al no haberse tenido en  e.
cuenta en la sentencia. w.b
b)  Respecto de la falta de confrontación simultánea entre la prueba videográfica y  019ww
ldoe  ddeecfleanrasad,o  ppuoers  lonso  tsees taiglcoasn, zeas taim cao mqpuree nedsear  ceirnc uqnusét aanscpieac ntoo  phoad rvíual nhearbaedro m eel jodreardeoch loa 
veal lroercaucriróenn tdee. la prueba por parte de la sala, si se hubiera procedido del modo que indica
c)  Tampoco aprecia la vulneración de ese derecho, por la circunstancia de que 
algunas  pruebas  fueran  denegadas.  Y  ello,  porque  el  órgano  judicial  permitió  «la 
razonable presentación de la causa y de sus pruebas por parte del condenado, con la 
admisión y práctica de buena práctica [sic] de las pruebas propuestas por el mismo».
10.7  Sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que es objeto 
de denuncia, Vox manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, puesto que 
la actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con las 
lesiones de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido. En 
suma, considera que nada tiene que ver el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
10.8  Para Vox, tampoco merece acogida la lesión del derecho a un proceso con 
todas las garantías, sustentada en la filtración de la sentencia antes de su culminación. 
Tras evocar el contenido de la STC 64/2001, concluye que, en el caso que ahora ocupa, 
no se desprende que las coincidencias entre lo publicado previamente y el sentido de la 
propia sentencia dictada posteriormente en la causa penal fueran consecuencia de 
filtraciones procedentes de miembros del Tribunal Supremo. Y en todo caso indica que, 
de haberse producido la filtración tampoco habría condicionado, desde el punto de vista 
de  la  imparcialidad  subjetiva  u  objetiva,  la  deliberación  que  llevó  a  la  sentencia 
condenatoria dictada, sin que elucubraciones o juicios de valor sin base fáctica alguna 
puedan desvirtuar estas conclusiones.
10.9  Niega  la  falta  de  motivación  respecto  de  la  individualización  de  la  pena 
impuesta al demandante, al igual que rechaza que haya vulnerado el principio ne bis in 
idem.  Señala que el recurrente invoca la STS 310/2019, de 13 de junio, para fundar la 
lesión, pero finaliza justo en el momento que más le interesa para tergiversar el sentido 
de la misma. Por ello, el partido político Vox transcribe parte de la fundamentación 
jurídica de esa resolución y, al respecto, afirma que el órgano judicial ha obrado dentro 
«del poder de discrecionalidad que ostenta para la imposición de la pena».
10.10  En lo que concierne al derecho a la legalidad penal, (art. 25.1 CE), Vox alega 
lo siguiente:
a)  En cuanto a la inaplicación ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la 
participación, reproduce los argumentos de la sentencia para justificar la condición de 
coautor del demandante. Por tanto, sostiene que su participación en el alzamiento 
sedicioso está perfectamente acreditada, no en calidad de partícipe accesorio sino como 
autor de los hechos.
b)  Según  afirma,  tampoco  cabe  apreciar  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales objeto de cita en la demanda, por la alegada falta de taxatividad del tipo 
penal de la sedición y por la deficiente subsunción de los hechos probados en la norma. 
A este respecto, aduce que no es dable apreciar imprevisibilidad en la resolución judicial 
porque la conducta del recurrente fuera valorada como un delito de sedición. Tampoco 
es viable afirmar, vistos los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, que la 
subsunción realizada fuera ilógica o irrazonable; y añade que la conducta sancionada 
«estuvo trufada de comportamientos añadidos que elevaban la relevancia y efectos 
penales para el condenado, más allá de lo que supondría un mero ejercicio de los 
derechos de libertad de  expresión y  reunión que  alega el condenado, siendo este 
consciente de ello en su condición de consejero de la Generalidad de Cataluña».
c)  A juicio de Vox, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación analógica in 
malam partem del delito de sedición. Reitera que no se alcanzó un resultado imprevisible 
al valorar los hechos atribuidos al recurrente como un delito de sedición, de acuerdo a lo  e
expresado en la sentencia. bo
d)  Finalmente, analiza el último de los motivos planteados en la demanda, relativo a  019ww
lqau eim speo smiceiónnc iodnea unn ean p lean dae dmeasnpdroap. oCrcailoifnicaad eas qteu em cootinvcou clcoam loo su dne «recachjóons  dfuen sdaasmtreen etanl eesl 
SquTeC  s1e3 6/in1c9o9r9p,o eran  luan q upeo csoe  dreec otgoed ola» . doTcratrsin ar essoubmreir  plaro pqourceijoan, atlirdaaed  ad e cloalsa cpióenn asla. 
Seguidamente,  afirma  que  no  cabe  ignorar  el  orden  público  alterado  se  pretendió
preservar con la sentencia condenatoria; y la alteración de ese orden afectaba a la 
unidad política y territorial de la Nación española, por lo que una pena inferior a la 
impuesta no hubiera sido lo suficientemente desmotivadora para evitar que se reiteren 
las mismas conductas (señala que no puede obviarse que los condenados, aún hoy 
mantienen públicamente que volverían a repetir los hechos delictivos). Además, refiere 
que  los  hechos  atribuidos  al  demandante  fueron  realizados  cuando  ocupaba  cargo 
público «representando al Gobierno de España en el territorio de Cataluña», por lo que el 
desvalor de su acción es mayor.
La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  concluye  su  escrito  de 
alegaciones interesando la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación, del recurso 
de amparo.
11.  El  12  de  noviembre  de  2020  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal.
Tras una detallada exposición de los antecedentes de hecho que consideró más 
relevantes,  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  analiza  los  motivos  de  amparo 
planteados en la demanda, comenzando por los de carácter estrictamente procesal, y 
siguiendo por los que presentan un contenido material.
11.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, como 
consecuencia, del derecho a la doble instancia penal (art. 24.2 CE).
La demanda considera que la vulneración de estos derechos viene motivada por la 
decisión del Tribunal Supremo de asumir la competencia para el conocimiento de esta 
causa. Más en concreto, se achaca la creación de una doctrina ad hoc para este caso, 
apartándose de los precedentes, además de fragmentar el procedimiento y, al mismo 
tiempo, enjuiciar conjuntamente a personas aforadas y no aforadas. La competencia del 
Tribunal Supremo habría determinado, como consecuencia necesaria, la imposibilidad de 
acudir a un órgano superior para que revisara la condena.
En relación con el supuesto apartamiento de la doctrina establecida en la causa 
seguida contra don Francesc Homs por la consulta del 9-N, el fiscal entiende que el 
Tribunal Supremo ha dado una respuesta razonable y en Derecho a esta cuestión, para 
negar que se haya apartado del precedente citado. A tal efecto, la sala explicita las 
diferencias que existen entre ambos supuestos. Así, al señor Homs se le imputaba un 
delito  de  desobediencia  por  incumplimiento  reiterado  a  los  mandatos  del  Tribunal 
Constitucional, lo que permitía escindir la causa para los otros acusados no aforados, 
porque  su  responsabilidad  estaba  individualizada  y  permitía  un  enjuiciamiento  por 
separado.  Sin  embargo,  en  esta  causa  se  imputan  delitos  de  rebelión,  sedición, 
malversación  y  desobediencia.  Por  tanto,  estamos  ante  delitos  plurisubjetivos  de 
convergencia y de ejecución plural. Eso permite que, conforme a lo dispuesto en el 
art. 17.1 LECrim, se puedan enjuiciar conjuntamente aquellos hechos que no pueden ser 
escindidos, por su conexidad y complejidad, evitando dilaciones indebidas, mientras que 
se remitan al Tribunal Superior de Justicia las conductas de quienes han incurrido en 
responsabilidades  ya  individualizadas  y  con  sustantividad  propia,  más  en  concreto, 
conductas constitutivas de delito de desobediencia, sin participación alguna en las otras 
figuras delictivas enjuiciadas en esta causa.
En relación con los pronunciamientos anteriores del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña para asumir su competencia, el fiscal considera que el Tribunal Supremo ha 
expuesto  una  interpretación  que  no  puede  tacharse  de  ilógica  o  irrazonable.  Los  e.
precedentes invocados no guardan analogía con el presente caso, y las reglas de los  w.
arts. 18 y 21 LECrim no pueden ser de aplicación porque se refieren a cuestiones de  019ww
csoumpepreioter necni ato dqouse  lonso  óprudeedneens  jsuerirs dpiclacniotenaadleass  (aarnt.t e1 2e3l  CTrEib).u Enanl  dSeufipnriteivmao, ,e lc Aomltoo  Tórirbguannaol 
soordloin pauriead.e verse obligado por su propia doctrina, como máximo intérprete de la legalidad  BOE-A-cable e
En lo referente a la adquisición de la condición de diputado del recurrente y de otros 
procesados una vez acordada la apertura del juicio oral, que el Tribunal Supremo utiliza 
como argumento para sostener su competencia –supuestamente en contra del acuerdo 
del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014–, el fiscal entiende que se trata de 
una motivación que no puede considerarse como irrazonable o arbitraria y que, en 
consecuencia, como mera cuestión de legalidad ordinaria su interpretación corresponde, 
precisamente, al Tribunal Supremo.
Otro tanto ocurre con la denuncia de la excepcionalidad del enjuiciamiento conjunto 
de personas aforadas y no aforadas, mediante la creación ad hoc de una nueva doctrina 
que se habría apartado de los precedentes vigentes hasta ese momento. Tras hacer una 
reseña parcial de los hechos imputados a los procesados en la causa, el fiscal recoge los 
principales argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en las diversas resoluciones 
emitidas sobre esta cuestión, desde el auto de admisión a trámite de la querella de 31 de 
octubre de 2017, pasando por el auto de 18 de diciembre de 2017 que desestimó el 
recurso de súplica contra el anterior, así como el auto de la sala de recursos de 26 de 
junio de 2018, para detenerse especialmente en el auto de 27 de diciembre de 2018, por 
el  que  se  resuelve  la  declinatoria  de  jurisdicción,  con  una  argumentación  que  es 
reiterada en el auto por el que se da respuesta a las cuestiones previas y en la propia 
sentencia de 14 de octubre de 2019.
A partir de este análisis, y con cita de la STC 220/2009, de 21 de diciembre, FJ 3, 
sobre  la  doctrina  de  este  tribunal  en  relación  con  el  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley, el fiscal considera que, en realidad, la demanda no discute el 
contenido esencial de este derecho. Es decir, no se impugna que el «órgano judicial 
haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido de 
jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso 
judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o 
excepcional». Lo que se recurre es la interpretación del Tribunal Supremo sobre la 
norma procesal recogida en el art. 57.2 EAC, en relación con el art. 71.3 LOPJ.
Se trata de una regla de competencia objetiva que atribuye al Tribunal Supremo el 
conocimiento de la causa sobre la base de un doble criterio: i) la condición personal del 
procesado, como diputado del Parlamento de Cataluña; y ii) el ámbito geográfico de los 
hechos imputados, si son realizados fuera del territorio de esta comunidad autónoma.
En el presente caso, el Tribunal Supremo aplica la vigente teoría de la ubicuidad, 
consistente en que el delito se entiende cometido en cualquiera de los territorios donde 
se  realizan  algunos  de  los  elementos  del  tipo.  Bajo  esa  premisa,  se  analizan  los 
elementos fácticos atribuidos sobre la acción exterior de la Generalitat tendentes a 
preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, a reforzar la imagen de 
Cataluña en el exterior y procurar la participación de ciudadanos catalanes residentes en 
el extranjero. Por otro lado, la competencia sobre el delito de malversación se apoya en 
la concepción integral del patrimonio del Estado que se deduce de la Ley 33/2003, de 3 
de  noviembre.  Se  trataba,  en  todo  caso,  de  una  actuación  coordinada  entre 
responsables del Parlamento de Cataluña, miembros del Gobierno de la Generalitat y los 
máximos  dirigentes  de  asociaciones  ciudadanas.  Por  lo  tanto,  la  participación  se 
imputaba a personas aforadas y no aforadas, que intervenían en la comisión de unos 
hechos que no podían escindirse, sino que requerían una unidad de investigación y 
enjuiciamiento, para evitar pronunciamientos contradictorios y facilitar la tramitación de 
una causa tan compleja sin dilaciones indebidas.
En consecuencia, finaliza el fiscal, «el Tribunal Supremo ha dado respuesta a cada  s
una de las quejas que en este motivo de amparo se esgrime por el recurrente, y la  oe.
interpretación que ha hecho del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no  w.
puede ser tachada de falta de razonabilidad y lógica ni considerada como arbitraria, no  019ww
hcoam spueptueensctioa  dlae lc Treriabcuinóanl  aSdu phroecm od,e n nou seev oasp acrrtiate drieo sn ijnugriúsnd ipccreiocneadleenst ep aarlae gdaedtoe,r mdaindaar  slua 
ifnaeltsac idned ibidileidnatdid adde,  lonsi  haeltcehroas  leans  arteegnlacisó nd ae  locos mdepleittoesn cpioar  ldoes  qlouse  nseo  aacfuosraód aols r,e cduardrean tlae   BOE-A-cable e
y los demás condenados. El Tribunal Supremo, en aplicación de la teoría de la ubicuidad 
y por las razones que expone ha declarado su propia competencia conforme al art. 57.2 
EAC,  respetándose  así  el  contenido  de  la  regla  procesal  que  contiene  la  norma 
estatutaria,  que  con  anterioridad  a  los  hechos  enjuiciados  había  predeterminado  el 
órgano  competente  para  la  instrucción  y  enjuiciamiento  de  los  hechos,  por  lo  que 
ninguna vulneración se habría producido del derecho al juez predeterminado por la ley 
del art. 24.2 CE».
En  cuanto  a  la  vulneración  del  derecho  al  recurso  como  consecuencia  de  la 
infracción  de  las  normas  determinantes  de  la  competencia  que  habrían  privado  al 
procesado del derecho a la doble instancia, el fiscal se muestra contrario igualmente a la 
estimación de esta pretensión.
Tras analizar la respuesta del Tribunal Supremo a esta alegación, y con cita de las 
SSTC 22/1997, de 11 de febrero, FFJJ 5 y 6; 133/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 66/2001, 
de 17 de marzo, FJ 4 a), y 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 2, que se reseñan 
parcialmente, el fiscal entiende que, una vez determinada la competencia del Tribunal 
Supremo, el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH admite la excepción al derecho a la 
doble instancia cuando el «interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más 
alto órgano jurisdiccional», lo que ocurre en el presente caso (ex art. 123 CE). Es el 
propio legislador el que ha realizado previamente la ponderación entre la prerrogativa 
que supone el aforamiento y la restricción del derecho a la segunda instancia penal.
Concluye el fiscal señalando que «en el presente caso, el Tribunal Supremo ha 
asumido la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos por los que se 
ha condenado al recurrente por entender que los delitos que se imputaron se cometieron 
no solo en el territorio de Cataluña y, como se ha indicado precedentemente, no ha 
existido una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley. El recurrente goza 
en virtud de la disposición del estatuto de autonomía y por razón de su cargo de una 
especial protección que contrarresta la imposibilidad de acudir a una instancia superior, 
pudiendo afirmarse que esas particulares garantías que acompañan a los diputados del 
Parlamento de Cataluña, de manera similar a senadores y diputados del Congreso de 
Diputados,  cuando  los  hechos  se  producen  fuera  del  territorio  de  la  comunidad 
autónoma, "disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional, por ellas mismas y 
porque  el  órgano  encargado  de  conocer  en  las  causas  en  que  puedan  hallarse 
implicados es el superior en la vía judicial ordinaria" (STC 51/1985, FJ 3)».
Por todo ello, considera que procede desestimar el presente motivo de amparo al no 
existir vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
11.2  Vulneración del derecho a un juez imparcial (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por no 
haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del juicio oral.
El fiscal comienza su análisis con la cita y reseña parcial de la STC 5/2004, de 16 de 
enero, FJ 2, sobre el derecho al juez imparcial, para centrarse luego en las concretas 
vulneraciones alegadas.
a)  Sobre la actuación del magistrado instructor: la alegación se centra en el hecho 
de la utilización de la expresión «la estrategia que sufrimos», incluida en el auto de 
procesamiento dictado por el magistrado instructor.
Esta alegación fue desestimada por la sala de recursos del Tribunal Supremo en su 
auto de 18 de junio de 2018, así como en la propia sentencia ahora impugnada. s
A pesar de lo anterior, a juicio del fiscal, este motivo debe ser inadmitido, conforme a  oe.
vmlsoae olndemtirsid epeonun,te  olsqa tpu ofrea oe scneee l se dalre ela  cojrutup.i rco5rireo0tnu .1otne roaa ,)ln ,  eLomsO  ápTdsueC sce,o inre ,  ncdc oeurne aclnmardceaiotóno ni,lfe  ieec nfsout noela   e nefl aosasttriaefti. c  d4ace4da .ouc1 su ecael)  s aLdtiuOoetn oTer,C essc.  ipunArsoleea vqgciuaaióes,n   e ylan ee  nehn si zteeoell     2021-10019n https://www.
escrito de calificación definitiva. Con ello se infringió lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ,
que exige que la recusación se proponga «tan pronto como se tenga conocimiento de la 
causa».
No obstante, el propio fiscal entra en el fondo de la cuestión, tras admitir que la sala 
de recursos y el tribunal de enjuiciamiento ofrecieron una respuesta al motivo planteado, 
que se reseña parcialmente en su informe. Así, con cita de la STC 69/2001, de 17 de 
marzo, y del ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 7, sobre la causa de recusación prevista 
en el art. 219.10 LOPJ, el fiscal considera que esta alegación debe ser desestimada.
Así, razona el Ministerio Fiscal, el «derecho al juez imparcial no queda afectado 
porque el magistrado instructor haya incluido en el auto de procesamiento como una 
reflexión "la estrategia que sufrimos", más cuando la reflexión se proyecta en plural, 
como un sentimiento colectivo de la sociedad, no como algo individual y exclusivo del 
mismo, como expresión de una situación real. No se trata, por tanto, de un interés 
singularizado  en  relación  con  la  persona  del  recurrente  y  demás  procesados,  sino 
manifestación de un sentimiento que sentía un importante sector de la sociedad en 
relación con los acontecimientos derivados del denominado "procés". […] No existe 
"prueba alguna que ponga de manifiesto que el instructor en su labor de indagación de 
los hechos no haya consignado y apreciado las circunstancias tanto adversas como 
favorables al presunto reo (art. 2 LECrim)"». Para finalizar señalando que «se trata de 
una expresión aislada que no se ha visto reiterada o reflejada en ninguna otra resolución 
del  magistrado  instructor  o  por  manifestaciones  realizadas  por  el  mismo  sobre  los 
hechos objeto del proceso, por lo que por sí sola no sería suficiente para poner en duda 
la imparcialidad del mismo».
b)  Sobre la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y más en 
concreto, sobre el magistrado don Francisco Monterde Ferrer: se trata de una alegación 
inicialmente promovida por otro de los procesados, a la que se adhirió el recurrente. El 
motivo de esta queja es que el citado magistrado es «miembro y vicepresidente del 
Comité Ejecutivo de la asociación de jueces Asociación Profesional de la Magistratura, 
que en meses anteriores había emprendido, a través de sus cuentas oficiales en la red 
social Twitter, una auténtica "campaña mediática con cientos de mensajes dirigidos 
contra  los  líderes  políticos  independentistas  catalanes  que  claramente  expresaban 
prejuicios  sobre  su  culpabilidad  por  los  mismos  hechos  por  los  que  les  estaba 
investigando el Tribunal Supremo y mostraba una evidente animadversión hacia su 
ideología política"». Dado el cargo que ocupaba ese magistrado en la estructura de la 
asociación, «parece razonable pensar que el señor magistrado conozca y comparta la 
línea editorial que desde hace meses esta asociación sostiene desde dichas cuentas 
oficiales». En la demanda se reproducen los mensajes controvertidos. La recusación del 
magistrado fue rechazada a limine, y posteriormente ratificada en otras decisiones, 
incluida la sentencia ahora impugnada. Tras reproducir la argumentación contenida en 
estas resoluciones, el fiscal señala, en primer lugar, que el motivo debe ser inadmitido a 
trámite [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC], dado que «el recurrente 
no da ninguna argumentación ni aporta prueba alguna sobre la causa de inadmisión de 
la recusación por extemporánea». En consecuencia, considera que la extemporaneidad 
de la recusación no ofrece dudas, tal y como señalaron las resoluciones de inadmisión. 
Por lo tanto, siguiendo la doctrina de este tribunal (STC 140/2014, de 13 de septiembre, 
FJ 4), «no puede alegarse en amparo la vulneración del derecho al juez imparcial sin 
haber planteado en tiempo ante los órganos de la jurisdicción ordinaria la recusación del 
juez o magistrado cuya imparcialidad se cuestiona».
No obstante, dado que la sentencia impugnada se pronunció sobre el fondo de la  s
cuestión, el fiscal se adentra en la prosperabilidad del motivo para solicitar igualmente la  oe.
desestimación  de  esta  queja.  Argumenta,  a  tal  efecto,  que  «no  estamos  ante  un  w.
supuesto de manifestaciones públicas realizadas por el magistrado en cuestión sino ante  019ww
cmueanlqsuaijeers  vparloorcaecdióenn tesos brdee  spue crsoonnteansi don,o  taidleesn tmifiecnasdaajse,s  dneo  pmuoeddoe nq cuoen, saidl emraarsrgee cno mdeo 
perleomceesnot.o acreditativo del interés del referido magistrado en un resultado concreto del  BOE-A-cable e
Por  tanto,  no  existen  elementos  de  mínima  consistencia  para  afirmar  que  las 
sospechas o dudas de parcialidad se hallen objetiva y legítimamente justificadas, de 
manera  que  permanece  indemne  la  presunción  de  imparcialidad  del  magistrado 
cuestionado y del órgano jurisdiccional en que se integra. Además, no se aporta un 
principio de prueba sobre el supuesto interés del magistrado recusado en la condena del 
recurrente».
c)  Sobre los magistrados de la sala de enjuiciamiento. Este motivo se concreta, a 
su vez, en los siguientes hechos:
(i)  Los magistrados don Manuel Marchena Gómez, don Andrés Martínez Arrieta, 
don Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y don Luciano Varela Castro, formaron 
parte de la sala de admisión.
En  este  punto,  el  fiscal  hace  una  reseña  del  pronunciamiento  contenido  en  la 
sentencia impugnada que, a su vez, se remite parcialmente al auto de 13 de septiembre 
de 2018 dictado por la sala del art. 61 LOPJ, por el que se desestima el incidente de 
recusación planteado, así como a la STC 39/2019, de 26 de marzo, por la que se 
desestima el recurso de amparo interpuesto contra el auto anterior por considerarlo 
prematuro. Tras extractar el auto de 31 de octubre de 2017, por el que se admite a 
trámite la querella interpuesta contra el recurrente, el fiscal expone la doctrina de este 
tribunal que se recoge, entre otras, en las SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 6, 
y 45/2006, de 13 de febrero, FJ 4.
Concluye  el  fiscal  señalando  que  «no  se  advierte  que  la  participación  de  los 
magistrados que admitieron la querella llevaran a cabo un razonamiento jurídico sobre la 
existencia de los hechos, de sus responsables y de la entidad jurídica de los hechos 
relatados en la querella, esto es, no formularon ninguna valoración jurídica sobre el 
contenido material de la querella», sino que la «sala de admisión de la querella se limitó 
a cumplir con su obligación de incoar el procedimiento una vez presentada la querella, 
comprobando que se cumplían los requisitos de admisión y sin que la reflexión que 
contiene sobre su competencia suponga tampoco un juicio de tipicidad y de culpabilidad 
sobre el recurrente pues de forma provisional valoró que los imputados eran personas 
aforadas y que los hechos se habían producido no solo en territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, sin que esta apreciación haya supuesto una valoración jurídica 
sobre  el  autor  de  los  hechos  y  su  culpabilidad.  No  realiza  ningún  juicio  sobre  la 
existencia de los hechos y su atribuibilidad a persona concreta.
En consecuencia, no puede afirmarse que los magistrados han quedado por ello 
contaminados de forma que han perdido la imparcialidad».
(ii)  Sobre  la  recusación  del  presidente  de  la  Sala  Segunda,  por  haber  sido 
mencionado en un WhatsApp remitido por un senador del Partido Popular, en el que se 
jactaba de tener controlado el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo 
«por la puerta de atrás», en el caso de que se llegara al pacto que convirtiera al 
magistrado en la primera autoridad judicial del Estado.
Esta queja fue desestimada por el auto de 5 de diciembre de 2018 dictado por la 
Sala  del  art.  61  LOPJ,  con  una  argumentación  que  fue  reiterada  en  la  sentencia 
impugnada.
Sobre este punto, el fiscal considera que, aunque no se diga nada en la demanda, se 
entiende que se está alegando la concurrencia de la causa de recusación prevista en el 
art. 219.10 LOPJ. Centrada la cuestión, el ministerio público entiende que se trata de una 
recusación fundada «en el hecho de otro, no en una manifestación realizada por el 
recusado». Para el fiscal, debe tenerse en cuenta «el contexto en que el tercero envía el  e.
mensaje», que «responde a una negociación de partidos políticos para el nombramiento  w.b
del candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, el Tribunal  019ww
sSuupporenmero ,p aerna  ella  qufoer meal ctrióann spmoitlíetinctae,  eexnp relas aq useu  psaer tiincutelagrr ao, pdinicióhno  snoobmreb rloa mqiueen top.u eSdine 
peomrb ealr ghoe,c lhao o dpein iqóune m eal nriefecsutsaaddao  psoer  heal  tearucteordoe, secna rstaud mo epnasraa jee,l  scea rhgao ,v lios toq uceo nvtaracdíaic hdae 
contenido el del mensaje. La recusación se tiene que basar en hechos propios del
magistrado recusado no en los que le atribuye un tercero, lo que no sucede aquí. Pero, 
junto al contenido del mensaje, no existe una prueba que avale el mismo, en concreto, 
que el recusado haría lo que el partido político le indique. El recurrente no aporta prueba 
alguna que avale esa aseveración y en ningún momento por el recusado se ha hecho 
manifestación alguna que avale el contenido del mensaje».
El  Ministerio  Fiscal  concluye  su  alegación  sobre  este  motivo  señalando  que  el 
«hecho  en  que  se  apoya  la  causa  de  recusación  no  destruye  la  apariencia  de 
imparcialidad  del  recusado  aludido  pues  bastaría  que  cualquier  tercero  enviara  un 
mensaje  similar  respecto  de  cualquier  magistrado  para  sembrar  dudas  sobre  la 
imparcialidad  judicial  y  apartarle  del  conocimiento  de  un  asunto  y  más  cuando  el 
magistrado  recusado,  como  se  ha  dicho,  se  autodescartó  para  el  mencionado 
nombramiento.
Resulta  patente  la  inconsistencia  que  supone  atribuir  al  presidente  de  la  Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  un  "interés  directo  o  indirecto"  en  el  proceso 
exclusivamente  por  el  hecho  de  que  por  un  tercero  en  un  mensaje  de  WhatsApp 
manifieste su opinión personal sobre el posible significado del nombramiento de la 
máxima autoridad del Tribunal Supremo sin aportar otros elementos que sustenten la 
elucubración que se desprende del contenido del mensaje».
Descartada  así  la  causa  de  recusación  del  magistrado,  no  tendría  objeto  la 
recusación del resto de los magistrados de la Sala.
(iii)  Sobre el hecho de que los magistrados de la sala de enjuiciamiento son los 
mismos que han revisado la sentencia a través del incidente de nulidad de actuaciones: 
según el fiscal, este motivo aparece huérfano de argumentación alguna, se propone la 
desestimación con la expresa reseña parcial de la STC 170/2002, de 30 de septiembre, 
FJ 11.
(iv)  Sobre el indebido rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal durante la 
celebración de la vista oral: considera que esta queja se circunscribe a la pregunta 
formulada a un testigo por el presidente de la Sala, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 708 LECrim. Más en concreto, se trataría de la pregunta formulada al testigo señor 
Trapero, sobre el motivo y la finalidad de la reunión de la junta de seguridad celebrada 
el 28 de septiembre de 2017. Una pregunta que, sin embargo, se habría impedido 
realizar al Ministerio Fiscal, por desbordar las razones que determinaron la pertinencia 
de la citación de ese testigo.
Tras hacer una reseña de la respuesta ofrecida sobre esta cuestión en la sentencia 
impugnada, y con cita y reseña parcial de la STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3, el fiscal 
considera procedente la desestimación de esta alegación.
Señala, en tal sentido, que la «pregunta del presidente, amparada por el art. 708 
LECrim, solo buscó lo que el precepto autoriza, esto es, depurar los hechos sobre los 
que el testigo había declarado […] el contenido de la pregunta […] se referían a hechos 
ya introducidos en el debate con anterioridad y no se buscó con la pregunta acreditar 
hechos diferentes, sino depurar el concreto extremo sobre la motivación de la reunión 
de  28  de  septiembre  de  2017  entre  el  Govern  de  la  Generalitat  y  los  mandos 
responsables de los Mossos d´Esquadra. Es más, la razón que da la Sala y que motivó 
la pregunta es que el hecho había sido introducido por un testigo anterior en términos 
que, a priori, podía reputarse no favorables para algunos acusados […]. Ello, unido a que 
después se permitió a las defensas hacer preguntas al testigo, por lo que ninguna 
indefensión se le causó, no supone la asunción de un rol inquisitivo por el presidente del 
tribunal y por tanto una quiebra de imparcialidad del tribunal. Por último, esta actuación,  s
llevada a cabo para alcanzar un grado preciso de convicción sobre la cuestión objeto de  oe.
interrogatorio,  no  puede  considerarse  una  actividad  inquisitiva  que  sustituya  a  la  w.
acusación y afecte a la imparcialidad del juzgador, y más, cuando el propio tribunal  019ww
ddeecslcaarratra  qquuee  "hlaa ypar etegnuindtoa  eens  ctuoetanltma elan tree sppreusecsitnad dibelle t eas teigfeoc ato sla  dpere cgounnstatr uciur eesl tiroenlaatdoa d ael 
phreucehboas  epnro tbéarmdoinso se nig tuaanletos "q (uFeJ  l1a6 r.3e.u5n)i.ón ha quedado acreditada por varias fuentes de  BOE-A-cable e
Además, la pregunta formulada por el presidente del tribunal, es respetuosa con el 
principio acusatorio, que exige que sea el acusador por imperativo constitucional el que 
aporte las pruebas, y con el derecho de defensa pues se le permitió después de 
preguntar el presidente al testigo formular preguntas».
11.3  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE y 
art. 6 CEDH), por la filtración del contenido de la sentencia cuando su redacción no 
había sido culminada, vinculando esta denuncia a la imparcialidad del juzgador.
Esta alegación fue planteada en el incidente de nulidad de actuaciones y resuelta por 
la Sala en el auto de 29 de enero de 2020, también impugnado, por remisión a lo 
resuelto en los incidentes planteados por este mismo motivo por los procesados señores 
Sànchez y Turull.
A juicio del fiscal, lo primero que se debe señalar es que el recurrente «no identifica 
la causa de recusación», de entre las contempladas en el art. 219 LOPJ. Al margen de lo 
anterior, y con cita de la STC 136/1999, de 20 de julio, el Ministerio Fiscal considera que 
«la  parte  […]  no  aporta  elemento  que  acredite  que  las  filtraciones  y  su  efecto 
desencadenante […] han supuesto un menoscabo de la imparcialidad de los magistrados 
[…] ha influido en [su] ánimo o se han visto condicionados […] o que la filtración 
persiguiese obtener una modificación de lo decidido en la deliberación […]». A juicio del 
fiscal, «no basta el "clamor social"», sino que es necesario algún «indicio que avale que 
el  sentido  final  de  la  tipificación  penal  de  los  hechos  fue  modificado  porque  los 
magistrados de la Sala se vieron influidos y presionados por los estados de opinión de 
los medios de comunicación».
Finalmente, con cita y reseña parcial de la STC 66/2001, de 17 de marzo, FJ 2 b, 
concluye  que  «no  cabe  apreciar  que  se  haya  producido  una  acción  capaz  de 
menoscabar la imparcialidad, o la apariencia de imparcialidad de la Sala sentenciadora 
(compuesta por magistrados independientes por razón de su estatuto), ni tan siquiera 
capaz de propiciar un clamor popular a favor de la condena o de la absolución de los 
encausados poniendo en entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de 
la ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores».
11.4  Vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE y art. 6 CEDH), por la indebida denegación de medios de prueba.
En este apartado, el fiscal expone las diversas diligencias de prueba que, según la 
demanda, habrían sido indebidamente denegadas, resaltando que estas quejas fueron 
resueltas en el auto de 1 de febrero de 2019 sobre admisión de pruebas, así como en el 
incidente de las cuestiones previas y en la propia sentencia impugnada.
Tras exponer parcialmente la STC 107/2019, de 30 de septiembre, FJ 5, sobre el 
derecho a la prueba, el fiscal descarta, de inicio, la queja in genere en la que se 
denuncia que «prácticamente todas las pruebas propuestas por las acusaciones» fueron 
admitidas,  mientras  que  «en  cambio,  se  han  rechazado  muchas  de  las  pruebas 
propuestas  por  las  defensas».  Para  el  fiscal,  «esta  denuncia  no  es  más  que  una 
apreciación subjetiva del recurrente, que como indica la Sala parece apoyarse en un 
criterio  numérico  de  cuantificación  de  las  pruebas  admitidas  y  denegadas».  Por  el 
contrario, lo relevante es si las pruebas fueron propuestas en tiempo y forma, así como 
su pertinencia.
Desglosando las diversas diligencias solicitadas, el fiscal analiza cada una de ellas, 
con el siguiente resultado: e.
a)  Sobre la aportación del testimonio íntegro de las diligencias practicadas en el  019ww
rJeuszpguaedsot ad oef rIencsidtrau cpcoiórn l an úsmala.  1d3e  deen juBicairacmelioennato:  etrna se lh aaucetor  duen a1  rdees efñeab repraor cdiael  2d0e1 9la, 
scoobmroe  «aidnmdicisaió enl  Tdreib purnuael bSausp, rey meon  clao np aroppoiyao  seenn tlae nDciirae cimtivpau g1n3a/2d0a1, 2e, ln fois scea lr esceoñnaolac eq uune 
derecho preventivo frente a aquellos procesos que se gestionan ante otros órganos
jurisdiccionales para permitir si en alguno de ellos existe algo que pueda afectar al 
derecho de defensa pues la causa no puede convertirse en "un contenedor formal" que 
reciba todo lo investigado sobre los hechos acaecidos en Cataluña con ocasión del 
denominado "procés". Debe reprocharse la afirmación de "instrucciones paralelas", el 
procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona tiene un 
objeto propio y distinto del proceso del que trae causa el recurso de amparo y si hubiere 
existido algún elemento indiciario de participación del recurrente por los hechos objeto 
del procedimiento habría sido citado a tal efecto (art. 486 LECrim), en todo caso, el 
recurrente ha tenido la posibilidad de desplegar sin cortapisa alguna su derechos de 
defensa en el procedimiento en que se le ha condenado como autor de un delito de 
sedición. Esta afirmación de existencia de una "instrucción paralela", sobre hechos 
idénticos a los enjuiciados no es más que una presunción pues, como indica, no era 
parte  en  el  proceso,  lo  que  hace  suponer  que  ignore  cual  es  el  objeto  de  dicho 
procedimiento, y, por lo tanto, la afirmación que hace carece de un soporte fáctico y 
probatorio, sin que se pueda aceptar la descalificación que realiza, frente a la razón dada 
por el Tribunal Supremo, de que solo valorará la prueba practicada en el juicio oral, lo 
que no puede ser de otro modo, art. 741 LECrim».
b)  Respecto de la declaración de Su Majestad el rey Felipe VI y, subsidiariamente, 
del jefe de la Casa Real, don Jaime Alfonsín Alfonso: el fiscal considera que, tal y como 
se expone en el auto de 1 de febrero de 2019 como en la sentencia impugnada, la 
ponderación conjunta de los arts. 56.3 CE y 411 LECrim impide la citación del rey como 
testigo. Así, con cita y reseña parcial de la STC 98/2019, de 17 de julio, FJ 3 a) y c), 
sobre la inviolabilidad del rey, el fiscal expone que el recurrente pretendía interrogar al 
rey sobre cuestiones amparadas por su inviolabilidad, lo que «constituye en sí […] más 
un fraude procesal que un instrumento de defensa», porque «se pretende un control 
político, utilizando la vía procesal». Este criterio debe ser aplicado igualmente respecto 
del jefe de la Casa Real, «no solo porque, como indica la Sala, no existe la figura del 
testigo por sustitución, ya que esta prueba aparece como subsidiaria de la anterior, sino 
porque a través de este testigo se pretende burlar la exención que se reconoce de la 
obligación de declarar al monarca y se aspira a través del testimonio de un tercero a 
realizar lo que la ley veda y la posición constitucional de la figura del monarca impide, 
exigir al rey, a través de un tercero, explicaciones sobre su conducta en relación con los 
acontecimientos que se enjuiciaban en el proceso que, como se ha indicado, goza del 
privilegio de inviolabilidad por sus actos».
c)  Sobre la declaración del señor Puigdemont: en este aspecto, el ministerio público 
extracta parcialmente el auto de 1 de febrero de 2019, la sentencia impugnada, así como 
el criterio expuesto por la sala en el trámite de cuestiones previas, para reiterar los 
argumentos expuestos en esas decisiones judiciales.
Para el fiscal, el «señor Puigdemont ha sido procesado en el presente procedimiento, 
lo que le otorga, en relación con el objeto del proceso, de una serie de derechos que son 
incompatibles con la posición jurídica del testigo en el proceso que está obligado a 
comparecer y a decir verdad sobre lo que se le pregunte, al margen de prometer o jurar 
decir verdad (arts. 410 y 433 LECrim), mientras que en su posición jurídica de parte 
pasiva del proceso no le son exigibles estos deberes so pretexto de desconocerse sus 
derechos del art. 24.2 CE, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable que 
se ve completado por el derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no 
contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, como indica el 
art. 520.l c) LECrim y, como señala el Tribunal Supremo, "la condición de parte pasiva  s
del  proceso,  declarada  en  rebeldía  y  todavía  no  enjuiciada,  es  manifiestamente  oe.
incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo  w.
testigo"». 019ww
detePrmori nlaod otasn htoe,c h«oess tee n elsotsa t[uqsu eju] riínddicicoi adriea maelgnuteie nh a qpuaer tiecsiptáa dpor olec ehsaacdeo  inscoobmrep autniboles 
con las obligaciones de la figura del testigo.
Cuestión distinta es que la declaración de quien está sometido a un proceso penal 
por unos determinados hechos pueda declarar en otro proceso con objeto distinto en que 
los derechos que se reconocen al investigado o encausado o acusado no están en 
cuestión, por ello esta comparación que hace el recurrente carece de soporte jurídico y 
así lo pone de manifiesto la sentencia y el auto de denegación de pruebas».
d)  Sobre la denegación de prueba documental sobre los testigos señor Baena 
(Guardia Civil) y la señora letrada de la administración de justicia adscrita al Juzgado de 
Instrucción  núm.  13  de  Barcelona:  una  vez  más,  tras  exponer  la  argumentación 
contenida en el auto de 1 de febrero de 2019 y en la sentencia impugnada, el fiscal 
razona que es «evidente que es una circunstancia ajena al objeto del proceso, pero que 
el recurrente fundamenta por razones de credibilidad del testigo ya que les atribuye, 
supuestamente, tener una ideología de extrema derecha, pero como dice la Sala, para 
denegar la pertinencia de la prueba, se trataría de una afectación al derecho a la 
intimidad y a la libertad ideológica de los testigos por lo que el rechazo de dicha prueba 
no afecta a los derechos que dice vulnerados y aparece justificada en la salvaguarda de 
derechos de terceros y sin que el recurrente alegue nada, dado que se le permitió 
interrogar a los mismos, sobre la posible respuesta a la pregunta sobre la ideología de 
ambos testigos o como puede haber influido, esa supuesta ideología que atribuye a los 
testigos, en sus respuestas y, en esencia, han influido en el desenlace final del proceso».
e)  Sobre la denegación de la confrontación del testimonio de algunos testigos con 
el material documental videográfico obrante en la causa, con vulneración del principio de 
contradicción y la consiguiente indefensión: tras exponer los razonamientos contenidos 
en la sentencia sobre esta cuestión, el fiscal se apoya en las SSTC 95/2020, de 20 de 
julio, sobre la indefensión y el principio de contradicción; 80/2003, de 28 de abril, sobre el 
principio de contradicción, y 28/2017, de 16 de febrero, sobre el derecho a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para la defensa. Conforme a la doctrina expuesta en estos 
pronunciamientos, el fiscal interesa la desestimación de este motivo señalando que el 
«recurrente tuvo la oportunidad de discutir el testimonio de los testigos, a los que 
supuestamente se debieron mostrar los vídeos, para contrastar su testimonio, testigos 
que  no  identifica,  mediante  el  turno  de  preguntas  a  los  mismos,  a  través  de  su 
interrogatorio o contrainterrogatorio.
Pero, además, el recurrente no argumenta en qué medida el hecho de que no se 
mostraran a los testigos los vídeos, ha afectado a su derecho de defensa y cómo afecta 
al resultado final del proceso. Se observa, así, un déficit argumental sobre la necesidad y 
pertinencia de llevar a cabo el contraste que reivindicaba en la forma que propuso el 
mismo […]. [L]o cierto es que la ley procesal autoriza el contraste de la prueba testifical 
cuando se den las condiciones del art. 714 LECrim, lo que no es el caso», por lo que 
«[n]inguna situación de indefensión se ha provocado al recurrente, ni desconocimiento 
del principio de contradicción, [ni] vulneración del derecho de defensa […] pues ninguna 
aplicación irrazonable o arbitraria de la legalidad procesal se ha producido con ocasión 
del desarrollo de la prueba durante los debates del juicio oral».
Para el fiscal, nada impidió al recurrente «en el momento de la fase de informes del 
art. 734 LECrim hacer las observaciones oportunas sobre los testimonios de los testigos 
en relación con la prueba videográfica practicada y poner de manifiesto ante el tribunal 
las posibles contradicciones en las que hubieran incurrido los testigos y cuestionar, así 
su credibilidad».
En definitiva, el fiscal considera que no corresponde a este tribunal sustituir la 
«valoración exteriorizada en la sentencia, al ser esta una cuestión de legalidad ordinaria  s
que corresponde valorar al órgano judicial, el cual ha motivado suficientemente, y de  oe.
conformidad con el derecho a la prueba y la normativa procesal sobre la misma, las  w.
causas por las que las pruebas han sido inadmitidas». 019ww
con Ye l lop rmincisipmioo  dcea bceo ndteracdiri cdceiól nd eys ealr rdoellroe cdheo l ad ep rdueefebnas qau.e considera ha sido respetuosa
11.5  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un 
proceso contra todas las garantías (art. 24, 1 y 2 CE), por impedir que los acusados y 
testigos se expresaran en su lengua vernácula; en este caso, el catalán.
Esta alegación es analizada por el Ministerio Fiscal acudiendo, en primer lugar, a la 
respuesta  ofrecida  por  la  sentencia  impugnada,  que  extracta  en  sus  argumentos 
esenciales, para continuar con una nueva exposición de los razonamientos esgrimidos 
por  el  recurrente.  Sentado  lo  anterior,  el  fiscal  cita  y  reseña  parcialmente  la 
Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, 
relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales; la 
Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los 
procesos penales; el art. 6 CEDH; y las SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 21, y 56/2016, 
de 17 de marzo, FJ 2. Conforme a todo ello, el fiscal considera que no se ha producido 
ninguna merma del derecho de defensa.
Para el ministerio público, de la doctrina expuesta «resulta que el castellano es la 
lengua oficial del Estado y existe un deber de conocimiento individualizado por todos los 
españoles del mismo, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen. […] 
En aquellas comunidades autónomas, como la catalana, con lengua cooficial, le asiste al 
ciudadano el derecho al uso de cualquier lengua oficial en las relaciones que mantenga 
con cualquier poder público radicado en dichas comunidades. […] El uso de una lengua 
oficial que no sea el castellano, viene condicionado por un criterio de territorialidad de 
manera  que,  fuera  del  territorio  donde  la  lengua  es  cooficial,  no  tiene  cabida  la 
cooficialidad lingüística, por lo que el derecho atribuido a los ciudadanos de Cataluña lo 
es  estrictamente  "de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  por  la  legislación 
correspondiente" que, como es indiscutible, tratándose de los órganos constitucionales o 
jurisdiccionales de naturaleza y significación exclusivamente estatales, como lo es el 
Tribunal Supremo, la legislación correspondiente es la del Estado.
Nos encontramos ante un supuesto en que el órgano jurisdiccional actuante es el 
Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, órgano jurisdiccional superior en todos 
los  órdenes,  salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  y  cuya 
jurisdicción se extiende a toda España (arts. 123 CE y 53 LOPJ) y el enjuiciamiento del 
recurrente y demás acusados se sigue en la sede de dicho tribunal, no ante un tribunal 
ubicado en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Cataluña.
Conforme  a  la  doctrina  expuesta,  el  criterio  de  territorialidad  relevante  para 
determinar la vinculación de un poder público a las consecuencias de la cooficialidad de 
una lengua autonómica es la sede del órgano, no el alcance territorial de su competencia 
[…].
Así, al recurrente no le asistía un derecho a exigir el uso del idioma catalán en sus 
declaraciones en el acto del juicio oral […] [ya que] el derecho de los ciudadanos a usar 
cualquiera  de  las  lenguas  cooficiales  […]  no  les  corresponde  fuera»  del  ámbito 
geográfico de la comunidad autónoma correspondiente, «salvo que desconozcan o no 
dominen suficientemente el castellano, en cuyo caso les asiste el derecho a un intérprete 
que realice las funciones de traducción del idioma catalán al idioma del tribunal, pero no 
el derecho a declarar en catalán si conocen el idioma castellano, lengua oficial de las 
actuaciones ante el Tribunal Supremo.
Es más, ciertamente, el deber de los españoles de conocer el castellano, antes 
aludido, hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción 
puede quedar desvirtuada cuando el acusado alega verosímilmente su ignorancia o 
conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de  e.
las actuaciones judiciales, lo que no es el caso pues el recurrente puso de manifiesto en  w.b
su interrogatorio el dominio del idioma castellano tanto de su comprensión como de su  019ww
utilizDaucrióann teen e lla dse psraergroulnlota dse y l are vsipsutae s«tnaos  sdee  esxup irnetesórr opgoar tloarsio p»a.rtes dificultad alguna en el
eflunitdeenzd,i mlaie nptroe cdisei ólon  qyu ee l sdeo emsitnaiboa  dper elgau nletanngduoa» c ya s«tdeella lnaa g rqaubea ceióvnid ednecl ijauriocnio  troedsouslt al olas 
procesados».
En cuanto a la alegación de que el recurrente se habría visto obligado a renunciar a 
su derecho a declarar en catalán, entiende el fiscal que «ninguna tacha se puede poner 
a la renuncia efectuada, pues el recurrente la efectuó con asistencia del letrado que 
dirigía su defensa en el acto del juicio oral, de modo que debe entenderse realizada de 
manera libre y con un asesoramiento suficiente del alcance de la renuncia, que además 
se materializó expresamente y se cumplieron, así, los requisitos procesales exigidos por 
el art. 126 LECrim para [su] validez».
En definitiva, para el fiscal «se ha pretendido instrumentalizar el derecho a usar la 
lengua catalana, como se reconoce en un procedimiento judicial seguido en Cataluña, 
según establece el artículo 231.3 LOPJ y 142.3 LEC, para cuestionar una vez más la 
competencia del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento del recurrente y 
demás acusados».
En lo relativo al juicio de ponderación realizado por la sala de enjuiciamiento entre el 
sistema  de  traducción  simultánea  y  el  principio  de  publicidad,  el  Ministerio  Fiscal 
considera que «el Tribunal Supremo explica y razona por qué rechazó el sistema de 
traducción  simultánea  y  optó  por  el  sistema  de  traducción  sucesiva,  la  traducción 
simultánea habría imposibilitado el carácter público que se otorgó al proceso desde el 
inicio, pues haría necesario el uso de auriculares por las partes, impidiendo que la 
retransmisión  del  procedimiento  fuera  cien  por  cien  efectiva  para  los  fines  de 
transparencia perseguidos. En esencia, el Tribunal Supremo no ha rechazado el derecho 
de los acusados a utilizar el idioma catalán en sus declaraciones, simplemente ha 
condicionado su uso a que la traducción fuera sucesiva y no simultánea como interesaba 
el recurrente y otros acusados y, aunque el art. 123.2 LECrim, establece como sistema 
de  traducción  principal  el  de  traducción  simultánea  y  de  manera  subsidiaria  el  de 
traducción sucesiva, siempre que se garantice suficientemente la defensa del imputado o 
acusado, lo cierto es que el Tribunal Supremo establece las razones de optar por dicho 
método de traducción como eran la preservación del principio de publicidad de los 
debates del juicio oral, los que se retransmitían por streaming, de manera que permitía a 
los  espectadores  su  seguimiento,  y  así  se  daba  cumplimiento  a  los  mandatos 
constitucionales y legales de la publicidad de los debates del juicio oral, como exige el 
art. 120.1 CE, garantizándose el control público de la justicia y la confianza en los 
tribunales,  más  allá  de  los  presentes  en  la  sala  de  sesiones  de  manera  que  la 
observancia y audiencia del contenido del juicio oral se veía perjudicada por el uso de 
dicho método de traducción simultánea. El derecho a un proceso público en materia 
penal (art. 24.2 CE), en consonancia con el art. 11 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es garantía del justiciable frente a 
una justicia secreta que escape a la fiscalización del público. Constituye también un 
medio para preservar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, de forma que, al 
dotar a la administración de justicia de transparencia, contribuye a realizar los fines del 
derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre de 1983, asunto Axen y otros c. 
Alemania, § 25)».
Por otro lado, el «sistema de traducción no comporta ni se integra en ningún derecho 
fundamental por lo que no puede hablarse de un conflicto entre derechos fundamentales 
y el principio de publicidad de los debates del juicio oral».
Otro tanto puede decirse respecto de los testigos. A juicio del fiscal, la «queja debe 
igualmente ser desechada pues no solo es que el recurrente no argumente en qué 
medida […] afecta a la credibilidad del testigo por declarar en una lengua que habla con  s
menor fluidez, esto es, en qué medida dicha circunstancia afectó a que el testimonio del  oe.
testigo  fuera  creíble,  sino  también  porque  la  propia  Sala  declara  su  irrelevancia  w.
probatoria  por  lo  que  ninguna  repercusión  tuvieron  sus  testimonios  para  formar  la  019ww
clao nsevinctceinócni ad edle jculzagróa dporro bsoabdroes ,l ae sa umtoársía n yi  icduelnptaifbicilóid eald r edceul rrreecnuterr eennt es up oqru leojsa  hloesc hteosst iqguoes 
gae lnoésr iqcuae s isne c ohnacbríeat adre»n.egado usar su lengua vernácula, efectuando así una denuncia  BOE-A-cable e
Finalmente,  en  relación  con  la  alegada  discriminación  respecto  de  los 
castellanohablantes,  entiende  el  fiscal  que  «no  cabe  imputar  un  comportamiento 
discriminatorio a la Sala del Tribunal Supremo porque los testigos o acusados declararan 
en castellano y no en catalán, dado, por una parte, porque el castellano es el idioma de 
los órganos estatales de manera que el uso de las lenguas españolas ante los órganos 
estatales viene señalado por la legislación sobre el uso de las mismas y, en el caso, 
porque, dada la sede del Tribunal Supremo, el idioma oficial de los debates del juicio oral 
era  el  castellano,  al  margen  que  el  recurrente  no  aporta  ningún  elemento  de 
comparación que ponga de manifiesto un trato desigual o que aporte, en su caso, un 
principio  de  prueba  de  la  discriminación  por  razón  de  la  lengua  que  no  sea  su 
discrepancia con el método de traducción elegido por el tribunal».
11.6  Vulneración del principio de igualdad de armas (art. 24.2 CE y art. 6 CEDH), 
por el trato desfavorable dispensado a las defensas por el tribunal en el acto del juicio 
oral.
Comienza la exposición del fiscal en este apartado señalando que, a su juicio, las 
numerosas quejas que se engloban bajo este epígrafe «no son más que cuestiones 
puntuales teñidas de valoraciones subjetivas del recurrente y carentes de efectos sobre 
los derechos que se alegan como vulnerados».
A continuación, va desglosando las diversas alegaciones formuladas, así como las 
respuestas  ofrecidas  por  la  sentencia  impugnada.  En  concreto,  sobre  la  restricción 
injustificada del alcance de los interrogatorios a las defensas, que no se le permitiera 
hacer un interrogatorio más exhaustivo al señor Torrent, que no se hubiera permitido a 
las defensas hacer preguntas sobre la ideología a determinados testigos (señor Rufián o 
la letrada de la administración de justicia), que se hubiera permitido a las acusaciones 
preguntar por la condición de socio de las entidades ANC u Òmnium Cultural, que 
algunos testigos pudieron exponer sus vivencias personales (teniente coronel Baena) 
pero otros no (señora Garcés), que algunos testigos pudieron consultar notas (don David 
Pérez) mientras que otros no (señora Garcés), que se dispensó distinto trato a la 
desmemoria  o  renuencia  de  algunos  testigos  (señora  Sáenz  de  Santamaría  o  los 
señores Rajoy y Zoido) a los que no se hizo apercibimiento alguno frente a otros a 
quienes sí se le hizo (señora Guix o señor Mestre), que se impidió al letrado interrogar a 
un agente policial sobre un determinado incidente, o que la presidencia del tribunal 
interrumpiera con mayor frecuencia y predisposición los interrogatorios de las defensas 
mediante una actitud más pro activa a la hora de censurar su manera de preguntar.
Todas estas alegaciones reciben una respuesta unitaria del Ministerio Fiscal, que se 
apoya en las SSTC 140/1994, de 9 mayo, FJ 4, sobre el principio de igualdad de armas, 
la indefensión y la ejecución de la prueba; 61/2002, de 11 de marzo, FJ 5, sobre el 
principio de igualdad de armas en la ejecución o administración de la prueba; 5/2004, 
de 16 de enero, FJ 6, sobre indefensión, y 48/2008, de 11 de marzo, FJ 3, sobre el 
principio de contradicción.
Conforme a toda esta doctrina, el fiscal considera que «las respuestas dadas por la 
Sala en su sentencia […] tienen de común la razonabilidad de la misma y responde a la 
aplicación de la normativa procesal sobre el desarrollo de la prueba testifical y se hace 
en  cumplimiento  de  las  facultades  de  dirección  de  los  debates  del  juicio  oral  que 
corresponde al presidente del tribunal», según el art. 683 LECrim. Para el fiscal, «el 
presidente del tribunal se ha limitado a la dirección de los debates, siendo respetuoso 
con las reglas que rigen el juicio oral, sin que la actitud que se denuncia […] tenga  e
consistencia  jurídica,  pero,  además,  resulta  que  el  recurrente  no  indica  qué  reglas  bo
procesales se han vulnerado o cómo su vulneración ha afectado a las garantías de  019ww
ddiefeferennsaci,a mdoá se natlrleá  ldaes  avcaulosraacciioonneess  yp lear sdoenfeanlessa ,s poabrrae  lloo  cquuael  ssee  treanet iean cdoela ccoiómno u nuan  streartioe 
dtreib uenjeaml yp ldoesn, uqnuceia ra dlaic viounlnae real crióencu drreel nptrein, cpipairoa  dree pigroucahldaar dl ad ea catrimtuads  deenl  rperleasciidóenn cteo nd eell 
derecho de defensa y el derecho a un proceso justo. A lo anterior debe añadirse,
conforme a la doctrina señalada por la parte demandante, que no se ha argumentado en 
qué  medida  estas  presuntas  irregularidades  y  desigualdad  de  trato  le  ha  causado 
indefensión y ha podido influir sobre el resultado final de la sentencia condenatoria, de 
modo que el fallo pudo haber sido otro».
En todo caso, según el fiscal, estos testimonios «se integran con el conjunto de otras 
pruebas que, apreciadas en su conjunto, por el tribunal de enjuiciamiento (art. 741 
LECrim), determina el factum de la sentencia y el juicio de culpabilidad del recurrente 
cuya valoración incumbe el tribunal de enjuiciamiento», y la parte demandante «ha 
tenido la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos, respetándose por el 
tribunal el principio de contradicción».
11.7  Vulneración de la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), como consecuencia de las manifestaciones realizadas por 
cargos públicos.
En este apartado, la demanda hace referencia a una serie de declaraciones y 
documentos de la entonces secretaria de Estado de la España Global, señora Lozano, 
de las que, a juicio del recurrente, se consideraba a los procesados como culpables de 
los delitos por los que estaban siendo enjuiciados, lo que supondría una vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con lo dispuesto en el 
art. 4.1 de la Directiva 2016/343/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Tras señalar que esta invocación fue planteada en el escrito de cuestiones previas, 
en el de calificación definitiva y en el incidente de nulidad de actuaciones planteado 
contra la sentencia, el fiscal reseña parcialmente la respuesta dada a esta cuestión por la 
resolución impugnada.
Seguidamente,  se  expone  la  doctrina  de  este  tribunal  sobre  el  derecho  a  la 
presunción de inocencia [STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 A)], y sobre su dimensión 
extraprocesal (SSTC 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, y 28/2020, de 24 de febrero, 
FJ  3).  Conforme  a  estos  pronunciamientos,  el  fiscal  considera  que  la  «campaña 
informativa  y  las  declaraciones  no  proyectan  duda  alguna  sobre  la  inocencia  o 
culpabilidad  de  los  afectados,  el  recurrente  entre  ellos,  en  lo  que  aquí  interesa, 
limitándose las declaraciones y documentos de la secretaria de Estado de la España 
Global a realizar una valoración política de los sucesos que se habían producido en el 
denominado "procés" y que responde a una finalidad legítima, la defensa del Estado 
frente a ataques tan graves como los que pudieran afectar a la integridad territorial en 
orden a informar a la opinión pública internacional sobre la verdadera significación y 
dimensión de los acontecimientos acaecidos en Cataluña en torno al referéndum ilegal 
de 1 de octubre de 2017».
Para el fiscal, no se trataba de «informar sobre el proceso judicial que se siguió al 
recurrente y otros y su objeto, aunque obviamente los hechos, en parte, son coincidentes 
con la información que la campaña daba, sino de informar sobre el ilegal proceso 
independentista  que  llevaban  a  cabo  sectores  políticos,  económicos  y  sociales  de 
Cataluña de modo que las apreciaciones que en la misma se realizaban tenían un sesgo 
eminentemente de carácter político, era la versión del Gobierno no solo sobre los hechos 
acaecidos,  sino  también  sobre  la  situación  política  de  la  comunidad  autónoma  de 
Cataluña y su pretensión independentista y el referéndum de autodeterminación». De 
manera  que  los  «comentarios  contenidos  en  la  campaña  no  reflejan  un  juicio  de 
culpabilidad del recurrente», sino que «son una interpretación política de los hechos».
«Además, la existencia del proceso no conlleva que el objeto del mismo no pueda  e
dar lugar a debates destinados a la opinión pública, […] más cuando al público le asiste  bo
el derecho a recibir una información veraz sobre los mismos, en este caso, de las  019ww
earuatonr liodsa dinevse dsteigl aEdsotas deon  aefle pcrtoacdeos oy  juqduiec,i aal.d»emás, concierne a personas públicas como
lesióEnl  dfisecl adle dreecshtaoc aa,l  hfionnaolmr e(anrtte. , 1q8u.le C «Ela)  cqoumejoa ,h ean i nsdui ccaadsoo ,e sstee  rAelfteor iTríraib au nuanl,a  pporre tsoudnatas 
en su STC 12/2019, que se hace eco de la STC 133/2018, FJ 4»; así como resalta el
hecho de que «el recurrente no aporta elemento de prueba alguno que ponga de 
manifiesto que la campaña que denuncia hay[a] podido influir en el ánimo del juzgador 
de manera que haya condicionado el desenlace final del proceso a salvo la valoración 
que hace sobre la campaña del Gobierno español», por lo que concluye señalando que 
«ninguna  vulneración  del  principio  de  presunción  de  inocencia,  como  regla  de 
tratamiento, se ha producido».
11.8  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), por la inconcreción 
e indeterminación del tipo penal de sedición (art. 544 CP), con la consiguiente infracción 
de la garantía material de predeterminación legal de las conductas delictivas.
Bajo  este  apartado  se  comienza  el  análisis  de  las  vulneraciones  relativas  a 
cuestiones de carácter material. Para el recurrente, el tipo delictivo de sedición descrito 
en el art. 544 CP contiene expresiones indeterminadas, inconcretas o imprecisas como 
«alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales», que impiden conocer de 
antemano el ámbito de lo prohibido; es decir, la conducta típica susceptible de ser 
sancionada, con infracción de la garantía del principio de legalidad penal reconocida en 
el art. 25.1 CE.
El fiscal señala que esta alegación fue desestimada en el auto de 29 de enero 
de 2020, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones planteado 
contra  la  sentencia  condenatoria.  La  desestimación  se  produjo  por  remisión  a  la 
respuesta  ofrecida  frente  a  las  alegaciones  formuladas  por  las  defensas  de  los 
procesados señores Sànchez, Cuixart y Forn.
Sobre el principio de legalidad, el fiscal hace una reseña parcial de la STC 24/2004, 
de 24 de febrero, FJ 2 b) y d), para acudir seguidamente a la redacción vigente del 
art. 544 CP y a la argumentación contenida en la sentencia impugnada, en la que se 
hace el juicio de tipicidad de forma muy similar a la recogida en el único precedente 
existente, la STS de 10 de octubre de 1980, por lo que no habría existido apartamiento 
de la doctrina jurisprudencial.
Para el fiscal, el «texto legal no puede presentar una precisión absoluta sobre los 
términos y conceptos utilizados por el legislador para definir la conducta prohibida de 
manera que, como el propio recurrente reconoce, la interpretación de los tribunales 
ayuda a determinar los actos u omisiones prohibidos. […] No parece que las locuciones 
"alzarse", "tumulto", "impedir", "fuerza" o "fuera de las vías legales" puedan tacharse de 
ser  imprecisos  y  vagos,  antes  bien  pueden  ser  comprendidos  y  entendidos 
razonablemente  y  sin  dificultad  por  cualquier  ciudadano».  A  su  juicio,  «el  Tribunal 
Supremo ha precisado el significado y alcance de los elementos del tipo penal, como qué 
debemos entender por alzamiento, por tumultuario, cómo debe entenderse el empleo de 
la  fuerza,  que  no  necesariamente  ha  de  ser  violenta,  y  cuáles  son  las  finalidades 
perseguidas por el sujeto activo que configura como un delito plurisubjetivo y que se 
concretan  en  una  insurrección  o  una  actitud  de  abierta  oposición  al  normal 
funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la normal aplicación de las leyes y no 
obstrucción a la efectiva aplicación de las decisiones de las instituciones, así como su 
naturaleza, de resultado cortado, lo que supone que la finalidad perseguida no tiene por 
qué  ser  conseguida,  pero  exige  al  menos  una  funcionalidad  objetiva,  además  de 
subjetivamente procurada».
Por ello, «no puede afirmarse que se vulnere el principio de legalidad por falta de 
taxatividad pues el tipo penal permite predecir con suficiente grado de certeza las 
conductas que constituyen el delito de sedición requisito exigido por el art. 25.1 CE. En  e
suma, se respeta la garantía material de lex certa», sin perjuicio de que «como admite el  bo
Tribunal Constitucional nada excluye que los términos utilizados por las normas penales,  019ww
póargraa ndoesf ijnuidr icloiasl etsip aols a pdleicliacrt iveo isn,t eprpureedtaa r slaesr  ncoornmcraest.ado y precisado su alcance por los
art. E54n4 c ConPs, eqcuueednac icao, nejul rdaédfoic ipt odre l ata pxraotpiviaid aindt eqrpuree tiamcpióunta q aule  tidpeo  lopse ntaélr mdien osse dai clioósn  qdueel 
atribuye la indeterminación han sido precisados por el propio Tribunal Supremo».
Finalmente, en cuanto a la solicitud del recurrente para que este tribunal formule un 
«autoplanteamiento de cuestión de inconstitucionalidad», el fiscal se remite a la doctrina 
expuesta en la STC 283/2006, de 9 de octubre, FJ 6, considerando que como estamos 
«ante un recurso de amparo y no un procedimiento de inconstitucionalidad no procede 
confrontar la norma penal con el principio de legalidad, pero ello no impide que se pueda 
analizar si el contenido de la sentencia vulnera el principio de legalidad del art. 25.1 CE», 
lo que se analiza en el apartado correspondiente.
11.9  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), por la incorrecta 
subsunción  de  los  hechos  en  el  tipo  penal  de  sedición  e  incurrir  la  sentencia  en 
aplicación analógica de la ley penal in malam partem.
El demandante considera que los hechos declarados como probados son atípicos, o 
no son suficientes como para ser subsumidos en el delito de sedición sino, en su caso, 
en el de desobediencia o en el del derogado delito de referéndum ilegal (art. 506 bis CP); 
y en última instancia, se ha incurrido en una analogía in malam partem que supone una 
irracional subsunción de los hechos en el tipo penal de sedición (art. 544 CP).
Sobre el principio de legalidad, el fiscal extracta parcialmente las SSTC 163/2004, 
de 4 de octubre, FJ 7; 34/2009, de 9 de febrero, FJ 6, y 37/2018, de 23 de abril, FJ 4, 
para continuar exponiendo las alegaciones del recurrente y el juicio de tipicidad recogido 
en la sentencia impugnada, puesto en relación con el apartado de hechos probados, que 
también se extracta.
El fiscal considera que los hechos declarados probados sí integran la tipicidad del 
delito de sedición. Acudiendo a la sentencia impugnada, se considera que concurren los 
elementos típicos, ya que se describen actos de colectivos indeterminados de personas, 
que de forma exteriorizada y abierta realizan conductas de enfrentamiento, hostilidad y 
resistencia  a  la  actuación  de  las  fuerzas  policiales,  con  la  finalidad  de  impedir  u 
obstaculizar el cumplimiento de resoluciones judiciales como los registros ordenados por 
un  juzgado  o  la  propia  celebración  del  referéndum  prohibido  por  el  Tribunal 
Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Del mismo modo, el Ministerio Fiscal acude al apartado del juicio de autoría recogido 
en la sentencia para afirmar que su responsabilidad «descansa sobre su concertado 
papel  con  otros  responsables  públicos  para  organizar  un  referéndum,  que  fue 
suspendido por el Tribunal Constitucional, con la finalidad de presionar al Gobierno de 
España  a  unas  negociaciones  sobre  un  referéndum  de  autodeterminación  para  la 
independencia de Cataluña, para lo cual movilizaron a parte de los ciudadanos de 
Cataluña, siendo consciente de que dichas movilizaciones podían dar lugar a actos de 
resistencia, hostigamiento, hostilidad y violencia frente a los cuerpos policiales, que 
actuaban en cumplimiento de órdenes judiciales, movilizaciones destinadas a neutralizar 
por la fuerza la acción del Estado frente al plan secesionista, guiados por la finalidad de 
impedir el cumplimiento de la legalidad constitucional vigente, para lo que crearon, fuera 
de las vías legales, una legalidad paralela representada por las leyes de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la república y del referéndum de autodeterminación, siendo 
consciente de que, con dichos actos, no era posible que el resultado referendario fuese 
reconocido y, aunque no participara en las concentraciones ciudadanas de los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, con su conducta propicio y promovió los actos en 
que consistió el alzamiento público y tumultuario, siéndole previsible dicha situación, 
animado por la voluntad de impedir el ejercicio.de la función jurisdiccional y la vigencia 
de  las  leyes,  sin  que  su  conducta  pueda  encontrar  justificación  en  el  "principio  e
democrático", que alega, pues como ha indicado este Alto Tribunal, este principio "se  bo
expresa a través de los cauces constitucionales" (STC 115/2019), a los que ha sido  019ww
apjaernao  imelp reedciur rlrae nvteig ecnocni as ud ea nltaij ulreíyd icoa  eclo cnudmucptlaim, qieunieton  dhea  laacsu dreidsoo lau cliaosn evsía sju ddiec iahleecsh oy 
pErloepcticoiraarl  uCne nrterafel,r ésnitduuámnd osusesp eennd liadso  vyí aqsu ed ep ohsetcehrioo rmpaernat ep rfoume oavneur,l addeos dpeo rs ula  pJruonptiaa 
responsabilidad, el incumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales o 
propiciar el alzamiento tumultuario».
Tampoco acoge el fiscal la alegación del recurrente sobre el ejercicio del «derecho a 
votar», ya que este solo puede ejercerse «en los términos que establece el ordenamiento 
jurídico».
En lo relativo a la supuesta aplicación analógica del art. 544 CP, el fiscal considera 
que la «sentencia da una respuesta motivada sobre la subsunción jurídica de los hechos 
conforme  al  principio  de  legalidad».  De  esta  manera,  «no  puede  hablarse  de  una 
subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma 
aplicada; sin que pueda hablarse de una aplicación de la norma que por su soporte 
metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico 
–una  base  valorativa  ajena  a  los  criterios  que  informan  nuestro  ordenamiento 
constitucional– conduzca a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material 
de la norma, que no es otra que la protección del orden público entendido como el 
normal funcionamiento de las instituciones, los servicios públicos y el cumplimiento de 
las leyes y de las resoluciones judiciales y administrativas. Encuadra la conducta del 
recurrente en el supuesto de hecho previsto en la norma punitiva por lo que no cabe 
admitir que ha existido una aplicación extensiva o analógica de la norma sancionadora, 
sino respetuosa con su tenor literal y, por tanto, respetuosa con el principio de legalidad 
del  art.  25.l  CE».  Más  en  concreto,  y  aunque  el  recurrente  «no  haya  realizado 
materialmente los hechos típicos del alzamiento tumultuario, le es atribuible promover, 
desde  su  propia  responsabilidad,  los  actos  en  que  consistió  el  alzamiento,  el 
incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas a la vez que contribuyó a la 
pérdida de efectividad de facto de las leyes vigentes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña».
La misma suerte corre la alegación relativa a la inconcreción de los hechos a los que 
se atribuye la calificación de delito de sedición. Para el fiscal, la sentencia «precisa y 
delimita  el  relato  histórico»,  del  que  «trascienden,  por  su  importancia,  los  hechos 
acaecidos alrededor del 1 de octubre de 2017 […], con una concreción específica de los 
hechos acaecidos durante los meses de septiembre y octubre de 2017, que aparecen 
complementados por otros hechos que preceden a aquellos, como causa remota, o son 
subsiguientes […], y permiten una mejor comprensión de los hechos».
Y  otro  tanto  sucede  con  la  queja  de  la  indebida  inaplicación  del  delito  de 
desobediencia.  En  este  punto,  el  fiscal  considera  que,  a  la  vista  de  lo  expuesto 
anteriormente,  el  recurrente  «no  se  limitó  a  ignorar  los  mandatos  del  Tribunal 
Constitucional y sus resoluciones».
Finalmente,  sobre  el  encaje  de  la  conducta  en  el  tipo  penal  derogado  de  la 
convocatoria ilegal de un referéndum, el ministerio público se remite tanto a lo razonado 
en la sentencia como en el auto de 29 de enero de 2020, con cita de la STC 114/2017, 
de 17 de octubre, FJ 2 b). Como ya se ha expuesto, no estamos «ante una mera 
desatención de los mandatos del Tribunal Constitucional» ni «ante una mera cuestión 
competencial»  sobre  qué  órgano  estatal  o  autonómico  es  competente  para  la 
convocatoria de un referéndum, sino ante una conducta que va más allá, para integrarse 
en un delito de sedición. Por lo demás, el concreto referéndum convocado no podía 
quedar englobado en la conducta típica del derogado art. 506 bis CP, ya que este 
precepto solo se refería a las «modalidades previstas en la Constitución», lo que no era 
el caso.
11.10  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el  e.
art. 17.1 CE y el art. 49.1 CDFUE, por lesión de los derechos fundamentales a la libertad,  w.b
reunión pacífica, libertad de expresión e ideológica y derecho de representación política  019ww
(arts. 17, 18, 20, 21 y 23 CE), y por desproporción de la pena impuesta.
fundEanm eensttael esa pqaureta dsoe,  deicl enfis vcualln ereraadliozas,  umne daiannátleis ius n inredsivuidmueanli zdaed ola sd ea lelogsa cidoenreesc hdoesl 
recurrente y de la respuesta contenida en las resoluciones impugnadas.
A continuación, se expone la doctrina de este tribunal sobre cada uno de ellos, con 
cita y reseña parcial de algunas resoluciones. Así, respecto del derecho a la libertad de 
expresión, las SSTC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4; 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que 
se remite a su vez a la 177/2015, de 22 de julio, FJ 2. En cuanto al derecho de reunión, 
las SSTC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3, y 24/2015, de 16 de febrero, FJ 4. Sobre 
el  derecho  de  representación  política,  las  SSTC  136/1999,  de  20  de  julio,  FJ  14, 
y 37/2020, de 25 de febrero, FJ 6. Finalmente, en cuanto a la libertad ideológica, se 
recogen las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4 c); 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 6 
b), y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 5 c).
Concluye el fiscal señalando que, a su juicio, no se han producido las vulneraciones 
alegadas. La sentencia recurrida «ha procedido a una valoración de los derechos que se 
invocan en relación con la posible conexión que el contenido de dichos derechos y 
libertades tienen con los comportamientos penalmente reprochables del recurrente pues 
"la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización 
sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los 
derechos  fundamentales  y  de  las  libertades  públicas  no  es  constitucionalmente 
admisible" (STC 29/2009, de 26 enero, FJ 3)». Para el fiscal, «es claro que, de los 
hechos declarados probados, se sigue que se desbordó claramente el derecho de 
reunión y los actos imputados al recurrente no quedaban amparados por su libertad 
ideológica o pensamiento y de expresión o su derecho de representación política pues 
con su conducta, junto con la de los demás condenados, se puso en cuestión el Estado 
democrático de Derecho en la forma que se ha descrito de manera que la condena por 
sedición  no  ha  supuesto  un  efecto  desalentador  o  disuasorio  del  ejercicio  de  los 
derechos que se alegan». El fiscal entiende que la conducta sancionada «no parece que 
se  compadezca  con  el  respeto  a  los  principios  democráticos,  los  derechos 
fundamentales  o  el  resto  de  los  mandatos  constitucionales,  que  el  intento  de 
consecución efectiva de las finalidades procuradas por el recurrente no se realice en el 
marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos 
procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable, pues el recurso a una actividad 
delictiva no es amparable por estos derechos y libertades». De esta forma, finaliza, 
«estamos ante un aparente ejercicio de derechos fundamentales y que, por la finalidad 
hacia la que se orientan, desnaturalizan el ejercicio de esos derechos».
Este razonamiento justifica igualmente la solicitud de desestimación de la queja 
relativa a la falta de apreciación de la eximente incompleta del ejercicio legítimo de un 
derecho, invocada en la demanda. Además, se trataría de «una cuestión de legalidad 
ordinaria» que corresponde determinar a los tribunales de justicia, «siendo que, como se 
indica, el rechazo a la misma está suficientemente razonada por el Tribunal Supremo».
El fiscal también se opone a la estimación de la alegación sobre la no apreciación de 
una forma imperfecta de ejecución del delito de sedición o de una modalidad menos 
grave como es la prevista en el art. 547 CP. Por un lado, porque el tipo penal de sedición 
no requiere la producción de un resultado concreto; y por otro, porque la conducta 
sancionada en el art. 547 CP «exige un entorpecimiento no grave del ejercicio de la 
autoridad pública», que se habría desbordado en el presente caso, al condenarse por 
«unos hechos que trascienden el orden público pues se castiga también la finalidad a 
que se refiere el tipo del delito de sedición y el propio Tribunal Supremo señala, que los 
hechos suponían un desplazamiento formal del orden constitucional».
En cuanto a la queja sobre la desproporción de la pena, el fiscal se remite al 
apartado relativo a la falta de motivación de la individualización de la condena impuesta. s
11.11  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), por la indebida  w.b
aplicación de la participación delictiva al recurrente, por abandono ad hoc del principio de  019ww
accesoriedad limitada.
recuSrreegnúten  slao lod heambarníad ap,o dyi dpoo sr era pcloicnadceiónna dod,e le np rsinuc icpaios o,d es i ealc caeustoorr ieddiraedc toli mo iteajdeacu, toerl 
material  hubiera  cometido  un  hecho  antijurídico.  En  este  supuesto,  como  los
manifestantes o votantes no han merecido reproche penal alguno, tampoco puede ser 
condenado el demandante.
Esta alegación fue resuelta en el auto de 29 de enero de 2020, que se extracta, 
reiterando el fiscal los argumentos expuestos en la citada resolución, ahora también 
impugnada. El ministerio público señala que el recurrente «ha sido condenado como 
coautor de un delito de sedición y no como partícipe por lo que no sería de aplicación el 
principio de accesoriedad en la participación y la propia sentencia explica el juicio de 
autoría». Insiste el fiscal en que el demandante «ha colmado el elemento objetivo y 
subjetivo del tipo penal de sedición pues con su comportamiento creó las condiciones de 
la movilización ciudadana, impidió el normal funcionamiento del Estado, participó en la 
convocatoria y realización de un referéndum ilegal y conocía la antijuridicidad de su 
conducta,  puesto  que  el  delito  de  sedición  se  comete  también  por  conductas  que 
propicien, posibiliten o determinen la realización de actos de alzamiento y, de los hechos 
probados,  se  sigue  que  precisamente  ese  comportamiento  es  el  que  se  imputa  al 
recurrente, crear las condiciones para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de 
las  leyes  o  la  correcta  actuación  de  las  autoridades,  funcionarios  públicos  o 
corporaciones oficiales mediante decisiones ejecutivas que enmarcan el alzamiento». En 
definitiva, la sala de enjuiciamiento no ha modificado su doctrina sobre el principio de 
accesoriedad, porque esta doctrina no era aplicable en el presente caso.
11.12  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), por infracción del 
principio non bis in idem; y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE 
y art. 6 CEDH), por falta de motivación de la individualización de la pena impuesta.
En coherencia con el esquema seguido en anteriores apartados, el fiscal comienza 
sus alegaciones haciendo una reseña de la respuesta contenida en las resoluciones 
impugnadas, para luego exponer la doctrina de este tribunal. Así, respecto del principio 
non bis in idem, se citan y extractan parcialmente las SSTC 126/2011, de 18 de julio, 
FJ 16, y 189/2013, de 7 de noviembre, FJ 2; mientras que, sobre el alcance del control 
de constitucionalidad sobre la individualización y motivación de las penas, se hace una 
remisión a la doctrina expuesta en las SSTC 28/2007, de 12 de febrero, y 196/2007, 
de 11 de septiembre, FJ 7.
Para el fiscal, no ha existido «una doble punición por ser miembro del Gobierno de 
Cataluña a la que va aparejada la condición de autoridad». Lo que señala la sentencia es 
que «esta condición de miembro de un gobierno fue usada por el recurrente para facilitar 
los actos que se le imputan y convertirse así en promotor de la sedición con vulneración 
del orden público, mientras que la punición impuesta por su condición de autoridad 
responde a un reproche penal diferente a la lesión del bien jurídico que se protege con el 
delito de sedición, y que […] responde a un reproche por el incumplimiento de especiales 
deberes de lealtad constitucional y de cumplir y hacer cumplir la legalidad».
Finalmente, en cuanto al reproche de falta de motivación de la individualización de la 
pena impuesta, el Ministerio Fiscal considera, en primer lugar, que «siendo el presente 
procedimiento un recurso de amparo no cabe hacer un juicio de constitucionalidad de la 
norma penal, sino confrontar la sentencia con el principio de legalidad con el que ha sido 
respetuosa al tipificar la conducta del recurrente e imponer la pena que asigna el 
precepto penal del delito de sedición y dentro de los límites legales y de conformidad con 
el principio acusatorio». A tal efecto, el fiscal analiza los criterios tenidos en cuenta en la 
sentencia, y concluye que no cabe apreciar una «falta de motivación a la hora de fijar el 
quantum penológico dada la condición personal que concurría en el recurrente, ser  e
miembro del Govern de la Generalitat y su condición de autoridad y atendiendo a la  bo
gravedad del ataque al bien jurídico del orden público que supone la sedición, que en el  019ww
cdaesl oE sstuapduos od eumn occureástitcioon daem iDenetroe,c chuoa, nadl oc rneoa ru nuan ain lteegrraulpidcaiódn p daeral lneolarm aa ll afu cnocniosntiatumciieonntaol 
mel eedjiearnctieci ola sy  deefencotmiviindaadda dse le lyae sfu dnec iódne sjcuorinsedxiciócnio ny asl ud deel sEasrtraodlloo  raelg olabmsteanctualrizioa re  yim hpaecdeirr 
inefectivos los mandatos del Tribunal Constitucional y de los órganos judiciales y celebrar
un  referéndum  de  autodeterminación  suspendido  por  el  tribunal  constitucional». 
Conforme a estos parámetros, el «desvalor de la conducta que describe el juzgador 
avalan la entidad de las penas impuestas al recurrente». A juicio del fiscal, la motivación 
«no  resulta  manifiestamente  irrazonable  o  arbitraria»,  siendo  «respetuosa  con  las 
acusaciones formuladas contra el mismo», sin que se imponga una pena superior a la 
«más grave de las pedidas en concreto» por las partes acusadoras.
En consecuencia, y por todo lo anterior, el fiscal informa en el sentido de interesar la 
desestimación del recurso de amparo interpuesto frente a la sentencia de 14 de octubre 
de  2019  y  el  auto  de  29  de  enero  de  2020  dictados  en  la  causa  especial  núm. 
20907-2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
12.  A fin de tramitar y resolver la petición de recusación del magistrado de este 
Tribunal Constitucional señor Narváez Rodríguez, planteada por los demandantes en 
este proceso de amparo mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2020, el Pleno, 
mediante  providencia  de  fecha  20  de  octubre  de  2020,  con  suspensión  de  las 
actuaciones correspondientes al presente recurso, acordó formar pieza separada.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el magistrado señor Narváez Rodríguez formuló su 
abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo; abstención 
que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en resolución de la misma 
fecha, lo que dio lugar a su aceptación y a acordar el archivo de la pieza separada de 
recusación formada en el presente recurso de amparo.
13.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de marzo de 2021, don Aníbal 
Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en representación de don Josep Rull i 
Andreu, promovió la recusación del magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Con fecha 7 de abril de 2021, el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en auto de 20 
de abril de 2021, lo que dio lugar a apartarle definitivamente del presente recurso y de 
todas sus incidencias.
14.  Por providencia de 11 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 11 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone: i) contra la sentencia núm. 459-2019, 
de 14 de octubre, que condenó al demandante como autor de un delito de sedición 
previsto en los arts. 544 y 545.1 CP a las penas de diez años y seis meses de prisión y 
diez años y seis meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva 
de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean 
electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o 
empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena; 
ii) y contra el auto de fecha 29 de enero de 2020, que desestimó los incidentes de 
nulidad interpuestos contra la sentencia antes indicada, resoluciones que fueron dictadas 
en la causa especial núm. 20907-2017, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En  la  demanda,  el  recurrente  alega  las  siguientes  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales: i) del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE  e.
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo la competencia para enjuiciar los  w.b
hechos, privando adicionalmente al recurrente de su derecho a la doble instancia (art. 2  019ww
ddeelr ePcrhooto ac olalo  nnoú mdi.s c7r iCmEinDaHci)ó; nii )p doer l rdaezórenc hdoe  dlae  lednegfeunas a(a (ratsr.t s1. 42 4C.E2  Cy E1 4y  C6 ECDEHD)H, p) oyr  dneol 
hsiasbteemrsae  dpee trrmadituidcoc ióan  lsoims ualtcáunseaad;o ys  pdoer chlaarbaerr  iemnp esdui dloe negl ueam pvleeron ádceul lcaa teamlápnl eaa tnedsoti guons 
propuestos por la defensa; iii) del derecho a un juez imparcial (arts. 24.2 y 6 CEDH), por
no haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del juicio; iv) del 
principio de igualdad de armas (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por el trato desfavorable 
dispensado a las defensas en el acto del juicio oral; v) del derecho de defensa (arts. 24 
CE y 6 CEDH), por no haber tenido acceso a las actuaciones seguidas en el Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, por la imposibilidad de contrastar las declaraciones 
testificales con la prueba documental videográfica y por la denegación de pruebas 
pertinentes solicitadas en tiempo y forma; vi) del derecho a la presunción de inocencia y 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 y 2 CE), por las manifestaciones públicas de 
miembros del Gobierno español sobre los hechos enjuiciados y la reiterada omisión del 
tribunal de amparar a los procesados ante dichas manifestaciones; vii) del derecho a un 
proceso con todas las garantías (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la filtración del contenido 
de la sentencia cuando su redacción no había culminado; viii) del derecho fundamental a 
la legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), por abandono ad hoc del principio de 
accesoriedad limitada en la participación; ix) del derecho fundamental a la legalidad 
penal (art. 25.1 CE) en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión 
pacífica y a las libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la 
insuficiente taxatividad del tipo penal de la sedición; x) del derecho fundamental a la 
legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), por aplicación analógica del delito de sedición 
a los hechos enjuiciados; xi) del derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25.1 CE 
y 49 CDFUE), en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión y a 
las libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la imposición de 
una pena desproporcionada.
La abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso de amparo. Por su 
parte, el partido político Vox alegó como óbice procesal la insuficiente justificación de la 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso;  y  en  cuanto  al  fondo,  interesó 
igualmente  su  desestimación.  Finalmente,  el  Ministerio  Fiscal  solicitó  también  la 
desestimación del recurso de amparo.
Las alegaciones de las partes intervinientes han sido ampliamente resumidas en los 
antecedentes  de  esta  resolución.  Sin  perjuicio  de  ello,  una  síntesis  de  estas  será 
expuesta de nuevo al analizar cada una de las quejas.
2.  Requisitos de admisibilidad: especial transcendencia constitucional del recurso.
Antes de llevar a cabo el análisis de las lesiones que se invocan en el escrito de 
demanda, procede resolver el óbice alegado por el partido político Vox, referido a la 
insuficiente  justificación  de  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  de 
amparo. No obstante, cabe adelantar que, de no ser estimado este primer motivo de 
inadmisión, los óbices procesales que se asocian a cada uno de los motivos de amparo 
serán resueltos al enjuiciar cada uno de dichos motivos.
Dicho partido político señala que el demandante no hace en la demanda el más 
mínimo  esfuerzo  para  cumplimentar  aquel  requisito,  pues  se  limita  a  formular  una 
argumentación genérica que «ni explica la supuesta falta de compatibilidad del delito de 
sedición y su aplicación al presente caso con los derechos fundamentales alegados, ni 
tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la jurisprudencia constitucional 
previa [...] y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En suma, 
incurre en excesiva brevedad y demasiadas generalidades.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la especial  e
trascendencia constitucional del recurso»– se configura como una carga procesal de la  bo
parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida  019ww
ceusepnetcaia ld etr aqsuceen deel nlecgiais lcaodnosrt ithuac ioqnuael riddeo  cqaudea  lrae cvuarlsoora vceiónng ad esli eTmripbruen aplr eacceedricdaa  ddee  llaa 
i(nSicTiCat i1va7 8/2y0 1a2p, rdeeci a1c5io dnee so ctdueb rel,a  FJp a3r)t.e A,  lrae cpoagrtidea rse cuernre nsteu,  peusecsr,it ole  edse  exdiegmiblaen duan 
«esfuerzo  argumental»  (ATC  154/2010,  de  15  de  noviembre,  FJ  4)  que  ponga  en
conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el 
artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos 
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. 
De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho 
fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 
143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también 
AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, 
de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de 
noviembre, FJ único); es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la 
argumentación  tendente  a  evidenciar  la  existencia  de  la  lesión  de  un  derecho 
fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier 
demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el 
recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2).
El planteamiento del referido óbice obliga a retomar las razones dadas en el escrito 
de demanda para justificar la especial trascendencia constitucional del presente recurso. 
En  dicho  escrito,  tras  enumerar  los  diferentes  motivos  de  especial  trascendencia 
constitucional recogidos en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, se afirma que el 
«especial interés constitucional del presente recurso» radica en el hecho de que el 
Tribunal Constitucional podrá pronunciarse sobre cuestiones respecto de las cuales no 
existen precedentes, entre ellas la compatibilidad del delito de sedición con el ejercicio 
de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, de reunión y manifestación y con 
el derecho de legalidad penal. Por otro lado, señala que ciertas decisiones adoptadas 
por el Tribunal Supremo contravienen la jurisprudencia constitucional previa y la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Comenzando por el final, la referencia que en la demanda se formula respecto del 
incumplimiento de la doctrina de los tribunales indicados no constituye un motivo de 
especial trascendencia constitucional, pues esa alegación, en los términos que ha sido 
formulada,  solo  resulta  relevante  para  justificar  las  lesiones  asociadas  a  esos 
incumplimientos, pero carece de entidad para entender cumplido el requisito impuesto 
por el art. 49.1 LOTC.
Distinta consideración merece la referencia a la compatibilidad del delito de sedición 
con los derechos fundamentales indicados. Este argumento se vincula con las quejas 
dirigidas contra el tipo de sedición (art. 544 CP), tanto por el insuficiente grado de 
taxatividad y determinación que presenta como porque su mera vigencia puede restringir 
los  derechos  fundamentales  antes  indicados.  Y  sobre  este  aspecto,  remarca  el 
recurrente, no existen pronunciamientos de este tribunal.
Sin embargo, este razonamiento, cuya brevedad resulta incuestionable, se anuda a 
la  inexistencia  de  doctrina  constitucional  sobre  un  aspecto  novedoso,  cual  es  la 
compatibilidad del delito de sedición con los derechos fundamentales objeto de cita. Así 
pues, debe considerarse cumplido el requisito que el partido político Vox objeta, pues, 
aunque  sucintamente,  el  demandante  ha  ofrecido  una  argumentación  que  pone  de 
relieve la singular relevancia del recurso de amparo, la cual, además, coincide con el 
motivo apreciado por este tribunal en la providencia de admisión: que el recurso plantea 
un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En consecuencia, el óbice debe ser desestimado.
3.  Los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al doble grado de  e.
jurisdicción penal (art. 24.2 CE). w.b
3L.a1  priPmoesriac ioqnueesja d feo rlmasu lpaadrate esn. la demanda de amparo nos obliga a determinar si han
vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones por las
que  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  asumió,  extendió  y  mantuvo  la
competencia objetiva para la averiguación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos 
como delictivos en las querellas presentadas por el Ministerio Fiscal ante la propia Sala, 
y ante la Audiencia Nacional.
El recurrente sostiene que, atendido el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC), es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta 
comunidad autónoma la competente para enjuiciar los hechos que le han sido atribuidos, 
pues ni uno solo de los elementos típicos de los delitos por los que ha sido acusado 
aconteció fuera del territorio de Cataluña. Afirma que la supuesta rebelión o sedición que 
le han sido imputadas se materializaron íntegramente en territorio catalán, sin que 
tampoco pueda razonadamente afirmarse que ninguno de los elementos del tipo penal 
de malversación de caudales públicos, del que también ha sido acusado, se desarrollara 
fuera  de  Cataluña  pues,  aunque  el  beneficiario  de  la  malversación  no  resida  en 
Cataluña, tanto el exceso en el ejercicio de facultades de disposición como el perjuicio 
patrimonial –que son los únicos elementos objetivos del tipo penal– se habrían producido 
de modo inequívoco en territorio catalán. De esta manera, afirma que se han creado 
nuevas reglas competenciales ad hoc y se ha recurrido a nuevos criterios jurídicos 
acuñados para este caso por primera vez en la jurisprudencia. Cuestiona también los 
argumentos judiciales que han llevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a 
afirmar su propia competencia objetiva, tanto los que se refieren a la relevancia de la 
realización fuera de Cataluña de actos ejecutivos no necesariamente violentos pero 
vinculados al elemento tendencial del delito de rebelión (proclamar la independencia), 
como a los relativos a la supuesta malversación. Considera que se apoyan en una 
interpretación  forzada  e  irrazonable  de  las  normas  procesales  que,  además,  es 
contradictoria  con  anteriores  precedentes  de  la  propia  Sala,  que  cita,  y  con  la 
interpretación de la competencia sostenida por el propio Tribunal Superior de Justicia en 
anteriores resoluciones dictadas en otras causas.
El  abogado  del  Estado  propugna  la  desestimación  de  la  queja.  Aduce  que  los 
órganos  judiciales  no  han  llevado  a  cabo  una  interpretación  que  suponga  una 
manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias, ni han 
incurrido  en  error  patente,  irrazonabilidad  manifiesta  o  arbitrariedad.  Afirma  que  el 
demandante no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los argumentos 
dados por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato 
que fluye de las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo de la instrucción, 
para  atender  al  elemento  territorial  o  geográfico  que  el  art.  57.2  EAC  utiliza  para 
determinar la competencia objetiva». Por ello, la competencia ha sido judicialmente 
determinada mediante un juicio ex ante que versa sobre el contenido de la pretensión 
acusatoria, que no puede verse revertido ni afectado por la decisión final de condena.
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal propone también la desestimación de la 
queja. Con apoyo en la previsión establecida en el art. 57.2 EAC, el relato de hechos y 
los  delitos  atribuidos  al  demandante,  considera  que  la  competencia  se  determinó 
fundadamente atendiendo a dos criterios: la condición de diputados del Parlamento de 
Cataluña de buena parte de los investigados y el elemento geográfico basado en el lugar 
de  comisión  del  hecho.  El  Tribunal  Supremo  afirma  en  ese  momento  su  propia 
competencia  para  la  investigación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  con  base  en  la 
constatación de que la querella contenía un relato fáctico en el que se describe una 
estrategia concertada, dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada una de las cuales habría contribuido a ese objetivo desde  s
el  espacio  funcional  propio,  y  en  el  que  se  destaca  una  pluralidad  de  acciones  oe.
desarrolladas fuera del territorio estatal que contribuyeron al objetivo perseguido. Tras  w.
considerar  fundada  la  aplicación,  en  este  caso,  de  la  denominada  «doctrina  de  la  019ww
ruebaicliuzaidna da»lg, usneogsú nd ela l ocsu aell,e eml ednetloitso  dseel  ctiopmo,e cteo necnl ucyuea laqfuirimeraan ddoe  qlouse t e«rlrait oarrigousm deonntdaec iósne 
dseensptelengcaiad, ah ata snitdoo  efune rltaesm ednivteer smaost ivreasdoal uyc iroenseuslt aa mntáesri oqruees  saul ficjuieicniote moreanl,t ec roamzoon aedna  lay   BOE-A-cable e
razonable, amén de no contradictoria con sus precedentes». En la causa se habría 
hecho  patente  «la  existencia  de  componentes  de  internacionalización  y 
extraterritorialidad respecto de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la necesidad de 
instruir  y  enjuiciar  conjuntamente  a  aforados  y  no  aforados  para  evitar  decisiones 
contradictorias y la ruptura del relato histórico que podría derivarse de una eventual 
fragmentación del hecho justiciable», evitando con ello –también– dilaciones indebidas.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación  del  motivo  de  amparo.  Considera  que  no  se  desprende  de  la 
argumentación  desarrollada  por  el  demandante  una  interpretación  «manifiestamente 
errónea, irrazonable o arbitraria en el modo así considerado por este tribunal respecto a 
la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos de la que trae causa el 
presente recurso de amparo (STC 183/1999, de 11 de octubre)». Admite que, aunque en 
este caso pueda ser considerado discutible el ámbito geográfico «cuando no se puede 
decidir la competencia exactamente porque no se conoce el lugar o porque se duda –
como es el caso– debemos acudir a la teoría de la ubicuidad», conforme a la cual, «[e]l 
delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento 
del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las 
actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa» 
(acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de 
febrero de 2005).
Dado que lo que se cuestiona en la demanda es la interpretación que la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo ha hecho de las normas que establecen la competencia para 
la  averiguación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  y  delitos  atribuidos  al  recurrente, 
iniciaremos nuestro análisis exponiendo el razonamiento judicial que justificó la asunción, 
extensión y mantenimiento de su competencia objetiva.
3.2  Respuesta del órgano judicial.
3.2.1  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia 
objetiva para la averiguación y el enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, 
y  al  resto  de  personas  acusadas  en  la  causa,  en  aplicación  de  la  siguiente  base 
normativa:
(i)  El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al cual:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.º  De  la  instrucción  y  enjuiciamiento  […]  de  las  causas  que,  en  su  caso, 
determinen los Estatutos de Autonomía.»
(ii)  El  art.  57.1  y  2  EAC,  que  establece  el  aforamiento  parlamentario  de  los 
diputados autonómicos:
«1.  Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos 
concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito
2.  En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible 
en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.» e.
(iii)  El artículo 17.1 y 2 LECrim, que, al regular el enjuiciamiento de delitos conexos,  019ww
seña«l1a.:  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes  Bc
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes 
salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la 
competencia se consideran delitos conexos:
1.º  Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º  Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello.
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
[…]»
(iv)  El artículo 272, párrafos segundo y tercero LECrim, según el cual:
«Si el querellado estuviere sometido, por disposición especial de la ley a determinado 
tribunal, ante este se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por 
dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un 
tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.»
3.2.2  De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido 
tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i)  La prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: desde su inicio y durante 
todo el desarrollo de la causa, una o varias de las personas a las que se refería la 
querella,  después  sometidas  a  investigación,  procesadas  o  finalmente  acusadas, 
mantenían la condición de diputados del Parlamento de Cataluña.
En  el  momento  de  ejercer  la  acción  penal,  todos  los  querellados,  menos  uno, 
formaban parte de la diputación permanente del Parlamento de Cataluña –una vez fue 
disuelto por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al 
Parlamento de Cataluña y de su disolución–. Como se desprende de los antecedentes 
que se recogen en las SSTC 4/2020, 9/2020, 11/2020, 23/2020, 36/2020, 38/2020, 
97/2020, 193/2020 y 194/2020, poco después, una vez acumuladas ya las causas por 
conexidad, otras personas coencausadas –entre ellas, el recurrente– fueron elegidas 
para integrar el parlamento constituido tras las elecciones autonómicas celebradas el 21 
de diciembre de 2017. E iniciado ya el juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en febrero de 2019, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril 
de 2019, el recurrente y otros acusados pasaron a integrarse en las Cortes Generales 
como diputados y, en el caso del señor Romeva, como senador (art. 57.2 EAC). Otros, 
en  fin,  concurrieron  y  fueron  elegidos  diputados  del  Parlamento  Europeo  tras  las 
elecciones  desarrolladas  con  tal  fin  el  26  de  mayo  de  2019,  adquiriendo  así  las 
prerrogativas que les reconoce el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea.
(ii)  La  ubicación  geográfica  de  los  hechos  imputados:  como  veremos  a 
continuación, el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de 
acusación formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos 
fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC).
(iii)  La apreciación de conexidad procesal entre los delitos investigados en las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos investigados en las actuaciones penales dirigidas contra varios acusados no  e.e
aforados eran plenamente coincidentes con los de aquellas otras causas que se seguían  b
contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa parlamentaria de aforamiento ante la  019ww
dSealliato sP ean qaul ed seel  rTerfibeurínaanl  eSraunp rpermocoe s(aarlmts.e n1t7e. 1c oyn e2x,o ys .272 LECrim), de manera que los
sidoA dsiíc tsaed adse secnri beel  deens laarsr odlliov edrsea lsa  rceasuosluac. ioSnoens  pqaurea,d isgombáreti clao sp reonp ieas cteo msepnettiednoc eial , ahuatno 
de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica) por el que la querella fue admitida a
trámite, y el auto de 27 de diciembre de 2018 por el que la sala de enjuiciamiento 
desestimó las peticiones de declinatoria de jurisdicción planteadas como artículo de 
previo pronunciamiento por los acusados (art. 666.1 LECrim).
3.2.2.1  La decisión inicial de admisión a trámite de la querella, formulada por los 
delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos (auto de Sala de 31 de 
octubre de 2017), justifica la asunción de competencia para la averiguación de los 
hechos imputados identificando en primer lugar la ya citada norma delimitadora del 
aforamiento (art. 57.2 EAC) y aquella otra que permite afirmar que todos los querellados, 
menos uno, mantenían en ese momento su condición parlamentaria por formar parte de 
la diputación permanente de la entonces disuelta asamblea legislativa catalana [art. 24 d) 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña].
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a 
la condición parlamentaria de los inicialmente investigados (condición que nunca ha sido 
cuestionada), sino que, para determinar el juez competente, la norma obliga también a 
tomar  en  consideración  un  elemento  geográfico  –el  lugar  de  comisión  del  hecho 
presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los 
hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él.
Para determinar esta última circunstancia, sin afirmar su realidad o la existencia de 
indicios que la avalen, la sala atiende al relato de hechos supuestamente delictivos que 
se afirman en la querella. Y en su examen constata que, en el apartado 29 de los 
hechos, descritos bajo el enunciado «Aspectos internacionales de la declaración de 
independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los 
hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella afirma el fiscal que, en su fase preparatoria, el Gobierno de la 
Generalitat, decidido a promover y celebrar unilateralmente una consulta a modo de 
referéndum, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida a justificar la 
necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito secesionista. 
Con este fin, en enero de 2016, constituyó un departamento de asuntos exteriores, 
relaciones internacionales y transparencia, atribuyendo en él un papel relevante a las 
delegaciones  en  el  exterior,  cuya  partida  presupuestaria  fue  incrementada  en  más 
del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república catalana. 
Centra  también  su  imputación  en  el  Consejo  de  Diplomacia  Pública  de  Cataluña 
(Diplocat), a quien correspondía la labor de lobby internacional realizando actividades de 
difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, información en 
Internet, formación de activistas como observadores en procesos electorales o diversos 
contratos con organizaciones de los países donde radican las sedes en el exterior para 
promover y favorecer la pretensión de independencia). Entre los hechos realizados en el 
exterior, se incluyen en la querella las páginas web internacionales creadas desde el 
Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la participación en la consulta ilegal 
promovida y los sitios web que, tras ser clausurados judicialmente algunos radicados en 
España, se localizaron en terceros países para eludir el control de las autoridades 
españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en la querella un papel 
trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia que se intentó 
celebrar  el  1  de  octubre  de  2017:  facilitaron  el  voto  de  los  ciudadanos  catalanes 
residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y custodiaban 
las papeletas de los ciudadanos que decidieron votar y realizaron también su escrutinio. 
Se  refiere  también  a  la  participación  de  diversos  voluntarios  observadores  en  el  e.
desarrollo de la consulta del 1 de octubre; asistencia que considera fruto de la actuación  w.b
de Diplocat. A los expuestos se añaden en el relato de la querella otros aspectos  019ww
ddee noamdminiasidóons,  caol maos u«mefire cltao sc oinmteprentaecniocniaa, leysa»  ddeet elar maicntóu accoiómn oim ppruetmadisaa,  aquuneq u«en ola  cSaablae 
cimopnlfiucnadr,i rp oerl  sreus purlotapdiao  ndaetlu rdaelelitzoa ,c loan d elosstr uecfecciótons d edle El sdtealditoo ,d peo Dr emreácsh oq»u.e estos puedan
Considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de referéndum, 
constituía el elemento central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas. 
A partir de esta constatación, la Sala aclara que, conforme a criterios ya establecidos por 
el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los hechos imputados se 
ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende cometido en todas las jurisdicciones 
en las que se haya realizado algún elemento del tipo (Acuerdo de 3 de febrero de 2005 
del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal), por lo que la competencia objetiva se 
atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones territoriales que primero haya iniciado 
las actuaciones procesales dirigidas a la instrucción de la causa.
Concluye la resolución señalando que «el relato que sirve de soporte fáctico a la 
querella  entablada  por  el  Ministerio  Fiscal  […]  parte  de  la  base  de  una  estrategia 
concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a 
autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de  movimientos  sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de 
España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite 
tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la 
referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia 
la  competencia  de  esta  Sala.  El  carácter  plurisubjetivo  del  delito  de  rebelión  hace 
perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las 
aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la 
finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera 
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
Respecto de la decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de 
los hechos objeto de querella indica, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de 
manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el 
Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros 
órganos jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los 
que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
3.2.2.2  Siguiendo  este  último  criterio  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos 
investigados,  el  magistrado  instructor  acordó  la  extensión  subjetiva  del  ámbito  de 
investigación a otras personas, entonces no aforadas. Concretamente, a los presidentes 
de las asociaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. También lo hizo a 
quienes  habían  sido  miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña  en  la 
legislatura anterior, ya disuelta; entre ellos al demandante que, en enero de 2016, fue 
designado consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de la Generalitat (auto 
de 24 de noviembre de 2017). Poco tiempo después, por medio de auto de 22 de 
diciembre de 2017, la investigación se amplió «a los presidentes y portavoces de los 
grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña».
La extensión de la competencia del Tribunal Supremo a los nuevos investigados no 
aforados  se  justificó  valorando  que  existía  plena  coincidencia  entre  los  hechos 
denunciados en las diversas actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la 
eventual existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, 
que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y 
de  movimientos  sociales  ideológicamente  afines,  cada  uno  de  los  cuales  habría 
contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». Valoró también 
que los hechos atribuidos a las personas no aforadas mantenían una conexión material  s
inescindible con la conducta imputada a las personas cuyo estatus parlamentario les  oe.
reconocía  aforamiento  (art.  57.2  EAC).  Añadió  asimismo  que  la  unificación  de  las  w.
actuaciones  en  una  sola  causa,  ante  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Supremo,  venía  019ww
rjuesstoiflivceard alo pso rp ruonbale fminaaslid daedr ifvuandcoiosn adle « clao nicnreestacidnad iebnili dlaa dfa cdileitla ceinójnu icdiea mlai etrnatmo,i taloc ióqnu ey  esen 
manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el objeto del proceso se
configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de partícipes, supuestos estos, 
específicamente contemplados en los números 1 y 2 del artículo 17 de la LECrim».
Concluyó su razonamiento señalando que «aunque es evidente que la intervención 
de los distintos actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la 
necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento 
sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas 
por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que 
afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
3.2.2.3  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018, una vez ratificada la 
conclusión del sumario, declarada la apertura del juicio oral y formulados los escritos de 
acusación,  al  desestimar  las  diversas  peticiones  de  declinatoria  de  jurisdicción 
planteadas por las defensas, la sala de enjuiciamiento se remitió a los criterios expuestos 
en los anteriores pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora 
a los hechos imputados en los escritos de calificación provisional.
De nuevo, como presupuesto metodológico, destacó la sala que aquellas decisiones 
se adoptaron a partir de los elementos fácticos que sirvieron de soporte al Ministerio 
Fiscal para justificar el ejercicio de la acción penal. Añadió que en nuestro sistema 
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de 
una forma incipiente con la denuncia o querella y se va perfilando conforme avanzan las 
investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor 
proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de 
apoyarse la competencia del tribunal». Para la Sala, «ese objeto queda provisionalmente 
fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio 
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, la Sala constata en su resolución que tanto la acusación del Ministerio 
Fiscal y de la acción popular por delito de rebelión, como el relato fáctico sobre el que se 
construye la acusación por el delito de malversación de caudales públicos (que también 
se imputó al demandante), incorpora hechos que desbordan el límite territorial de la 
comunidad autónoma catalana (apartado 3.1 del fundamento de Derecho tercero), sin 
que sea relevante que el auto de procesamiento no se refiriera provisionalmente a 
hechos realizados fuera de España, pues el relato fáctico del auto de procesamiento no 
cierra  la  posibilidad  de  acusación  por  hechos  que,  sin  ser  extravagantes  a  él,  se 
encuentren en estrecha conexión con dicho relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recogen en los escritos de calificación, los 
hechos objeto de acusación realizados fuera de Cataluña fueron los siguientes: las 
concretas iniciativas de búsqueda de la legitimación internacional mediante la creación 
de estructuras de Estado, incluidas las de acción exterior, dirigidas a preparar, financiar y  s
legitimar la celebración del referéndum, con financiación de actuaciones realizadas fuera  oe.
de  España,  incluido  un  contrato  dirigido  a  «internacionalizar»  la  consulta,  para  la  w.
inserción  publicitaria  de  una  conferencia  sobre  la  consulta  en  diversos  medios  019ww
pinrteetrennascióionn ainledse pdeen dpernetnisstaa ; essec rhitaac;e  toddea nsu eevsota rse faecretunacciaio an elas  cersetaacbiaónn  dael l sdeerpvaicritoa mdeen tlao 
pdaeí saessu netousro epxetoesr,io erens  lad eU lnai óGne Eneurraolpiteaat,  ya l einnc Eresmtaednotso  Uden ildaoss d, eyl eag alac iorenaelsiz aecxitóenri odree su enna   BOE-A-cable e
campaña internacional de imagen, protagonizada por Diplocat, consorcio público-privado 
que  actuaría  en  completa  vinculación  con  el  Gobierno  catalán,  a  modo  de  cuerpo 
diplomático, que firmó contratos fuera de España con mediadores y consultores que 
facilitarían encuentros que se consideraban útiles para promover la aceptación de la 
realización del referéndum; en tales actividades también habría coadyuvado Òmnium 
Cultural;  se  añade  asimismo  la  referencia  a  la  creación  y  mantenimiento  de  webs 
internacionales dirigidas a la internacionalización del proceso independentista; en el 
conjunto de actividades dirigidas a ese mismo fin se incluyen por las acusaciones la 
contratación y financiación de expertos y observadores internacionales para dar una 
apariencia  de  normalidad  a  la  pretendida  votación.  Según  estas  acusaciones,  las 
conductas descritas, además de cooperar en el ilegal designio independentista unilateral 
(que calificaron como delito de rebelión), serían constitutivas de otro de malversación de 
caudales públicos.
La Sala concluyó señalando que «la competencia de esta Sala para el enjuiciamiento 
de los hechos que son objeto de acusación fluye del propio relato que ofrecen el fiscal, la 
abogacía del Estado y la acción popular para justificar la imputación de sendos delitos de 
rebelión y malversación de caudales públicos. Los arts. 57.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, y 73.3 a) LOPJ, no admiten otro desenlace cuando los hechos se sitúan por 
las acusaciones fuera del ámbito de la comunidad autónoma catalana». La conclusión 
toma en consideración la denominada «doctrina de la ubicuidad», según la cual el delito 
se comete en cualquiera de los territorios donde se realizan algunos de los elementos 
del tipo objetivo y subjetivo del delito, por lo que «la atribución por el fiscal a algunos de 
los procesados de actos ejecutivos, no necesariamente violentos pero vinculados al 
elemento tendencial del delito por el que se formula acusación (cfr. art. 472.5 [CP]), 
justifica la aplicación del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía que señala a esta Sala 
como el órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de hechos ejecutados 
fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para  la  Sala  no  obsta  a  lo  expuesto  que,  al  igual  que  la  de  Cataluña,  otras 
comunidades autónomas cuenten con delegaciones en el exterior, pues lo relevante no 
es  su  existencia,  sino  la  acusación  de  que  fueron  puestas  al  servicio  de  fines 
secesionistas. Rechaza también que se pueda cuestionar que el resultado de los delitos 
de malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio  de  las  administraciones  públicas.  Y  al  analizar  específicamente  la 
jurisprudencia previa que le fue alegada como término de comparación, concluye que, 
debido  a  los  delitos  investigados  en  aquellos  precedentes,  se  trata  de  supuestos 
objetivamente  distintos,  por  lo  que  la  asunción  de  competencia  cuestionada  no 
contradice las resoluciones a que se refieren las defensas de los acusados (autos de la 
Sala de lo Penal de 12 de noviembre de 2014 y 26 de abril de 2006). Tampoco considera 
término de comparación suficiente el contenido de los pronunciamientos previos de otros 
tribunales –singularmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– pues su criterio 
razonado de decisión no queda vinculado por los que hayan utilizado otros órganos 
judiciales al abordar las causas que a ellos se les han planteado.
Por último, atendiendo objetivamente a la naturaleza y estructura de algunos de los 
delitos imputados, la Sala argumenta en favor de la inescindibilidad de los hechos 
sometidos  a  valoración  judicial,  circunstancia  que  aconseja  y  justifica  que  sean 
enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros que no disponen de dicha 
prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «[…] la estructura de los tipos  s
por los que se formula acusación es incompatible con un enjuiciamiento separado por  oe.
órganos jurisdiccionales diferentes. La inescindibilidad del hecho –tal y como se describe  w.
por el fiscal– sugiere evitar la artificial fragmentación del objeto del proceso, dificultando  019ww
sdoeblitroesm daen ererab eeliló ne nyju micaialvmeiresnatcoi ódne q uloes,  ehne cshuo cso nqfuigeu rsaec icóanl ilfeicgaanl,  csoem pore sceonntsatnitu ctiovmoso  duen 
único tipo agravado (cfr. arts. 472 y 473.2 CP)».
3.2.2.4  Estos mismos criterios fueron expuestos en la sentencia condenatoria al 
justificar la desestimación de las cuestiones previas planteadas por los acusados [FJ A) 
4]. En ellas, alegando de nuevo la vulneración del derecho al juez predeterminado por la 
ley, discutieron la competencia de la sala de enjuiciamiento. Con remisión a los autos ya 
reseñados, la Sala complementó la decisión de mantenimiento de su competencia de 
enjuiciamiento argumentando de forma más extensa sobre la vigencia y fundamento de 
la doctrina de la ubicuidad; sobre la naturaleza colectiva de los delitos de rebelión y 
sedición, que constituye un elemento diferenciador de la acusación formulada en esta 
causa frente a los precedentes alegados por las defensas como término de comparación; 
acerca de la inescindibilidad de la causa en relación con la acusación por delito de 
rebelión  y  de  malversación  de  caudales  públicos,  dada  la  conexión  material  o 
instrumental  de  los  hechos  y  delitos  imputados;  y  en  relación  con  el  carácter  no 
vinculante que la jurisprudencia de un tribunal superior de justicia tiene para el Tribunal 
Supremo.
3.3  Doctrina jurisprudencial.
La cuestión planteada es sustancialmente idéntica a la analizada por el Pleno en la 
reciente STC 34/2021, de 17 de febrero, relativa a otra acusada que ha sido condenada 
en la misma causa penal; en tal medida, la doctrina constitucional, que a continuación se 
resume es en todo coincidente con la expuesta al fundamentar dicha resolución.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial,  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar tanto 
el fundamento como el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, 
que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente 
por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen 
orgánico  y  procesal  no  permita  calificarle  de  órgano  especial  o  excepcional.  La 
generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza 
así la inexistencia de jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar 
garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la 
aplicación  de  las  reglas  competenciales  establecidas  en  las  leyes,  no  podrá  ser 
desposeído  de  su  conocimiento  en  virtud  de  decisiones  tomadas  por  órganos 
gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, 
FJ 8).
En  segundo  término,  en  relación  con  quienes  lo  integran,  el  derecho  alegado 
garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, 
además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 
para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente 
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no 
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de 
adoptarse. s
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función  oe.
ldjeouex dprqiecrueciaehsl,a,o  cm soeem antrlota e t,aa jn uadaeuelzni z gqaaurreeoa mrndctoioinzsnaa  rmrdi oliáas s tii nnlaetdadge eapdllaemicnncetdeinóe,t nnec,c  oieann pse tr ieetimuld yepaetare tr.erc ml1i aii4nnli.dta1ead rdéod s,ed  l edP iplroaeroscc cttóoolar  gmipnartaonedtoreonsg a jicudidotoai ncmpaiaobl lrie déesen,l     2021-10019n https://www.
derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona 
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la 
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos, entre otros, al demandante, 
resulta oportuno recordar que aunque la determinación del órgano judicial competente 
para conocer de un asunto exige siempre una operación de subsunción en la norma 
general  previa  que  atribuye  la  competencia,  la  jurisprudencia  de  este  tribunal  ha 
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el 
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de 
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8). No le 
corresponde a este tribunal decidir en amparo simples cuestiones de competencia entre 
órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la manera en que se 
apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre ellos no es materia 
que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por el art. 24.2 CE 
(SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes citada).
En tal medida, hemos reiterado que «no cabe confundir el contenido del derecho al 
juez  ordinario  predeterminado  por  la  ley  con  el  derecho  a  que  las  normas  sobre 
distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un 
determinado sentido». La atribución que el art. 117.3 CE lleva a cabo en favor de 
juzgados y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, supone 
que «la interpretación de las normas que regulan la competencia, y, por consiguiente, la 
determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que corresponde en 
exclusiva a los propios tribunales de la jurisdicción ordinaria y los criterios de aplicación 
de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos  jurisdiccionales  no 
constituyen  por  sí  solos  materia  que  sea  objeto  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de otras 
anteriores).
En este aspecto, hemos reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley 
puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente 
de aquel al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las 
reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar 
tan indeseado efecto, aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto 
o desacierto del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma 
aplicable, sí le compete revisar en su análisis que la interpretación y aplicación de las 
normas de competencia realizadas por el órgano jurisdiccional ordinario sean fundadas 
en  Derecho;  esto  es,  no  resulten  arbitrarias,  manifiestamente  irrazonables  o 
consecuencia de un error patente de hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, y 
STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto de tan improcedente 
aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la determinación previa 
del órgano judicial que ha de conocer del caso.
b)  Dado que forman parte de una cultura europea común, los criterios que definen 
la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de predeterminación legal de los órganos 
judiciales, de quienes han de integrarlos y de la competencia que les corresponde, son 
semejantes  a  los  que,  desde  sus  primeras  resoluciones,  se  desprenden  de  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  La  semejanza  no  se 
extiende solo a la definición del contenido del Derecho y a su fundamento, sino también 
al criterio de análisis utilizado para abordar las quejas que en esta materia le han sido 
presentadas. s
De acuerdo con lo previsto en el art. 6.1 CEDH, «toda persona tiene derecho a que  oe.
su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un  w.
tribunal independiente e imparcial, establecido por ley». El tribunal europeo ha señalado  019ww
qóurgea neos taj uúdltiicmiaal  enxop redseiótenr meisn aredfole joc odnefol rpmrien cipai o lad elv oElsutnatdaod  ddee Dl eleregcishloa,d odra dcoa qreucee ruían 
ncaeucesasa dreia mune nptaer tidceu lalar.  Lleag eitximigiednacdi ar edqeu perreidvais ieónn  luengaa l ssoec eiexdtiaedn ddee tmanotcor áatli cóarg paanroa m oisírm loa   BOE-A-cable e
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las 
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los 
magistrados (SSTEDH de 22 de febrero de 1996, asunto Bulut c. Austria, § 29; de 22 de 
junio de 2000, asunto Coëme y otros c. Bélgica, y de 28 de noviembre de 2002, asunto 
Lavents c. Letonia).
En  otros  pronunciamientos  (sentencia  de  5  de  octubre  de  2010,  asunto  DMD 
GROUP, A.S. c. Eslovaquia), el tribunal ha destacado que la expresión «establecido por 
la  ley»  tiene  por  objeto  asegurar  «que  la  organización  judicial  en  una  sociedad 
democrática  no  dependa  de  la  discrecionalidad  del  poder  ejecutivo,  sino  que  esté 
regulada por la ley emanada del Parlamento» (informe de la Comisión de 12 de octubre 
de 1978, asunto Zand c. Austria). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, la 
organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las 
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad 
para interpretar la legislación nacional relevante (SSTEDH de 22 de junio de 2000, 
asunto Coëme y otros c. Bélgica, antes citada, § 98, y de 28 de abril de 2009, asunto 
Savino y otros c. Italia). Aunque corresponde en primer lugar a los tribunales nacionales 
la interpretación de las normas reguladoras, su incumplimiento conlleva, en principio, la 
violación del artículo 6.1 CEDH cuando se constate una violación flagrante de dichas 
previsiones, no con razón de una mera discrepancia de interpretación de las normas 
sobre competencia (sentencia de 28 de noviembre de 2002, asunto Lavents c. Letonia).
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declarasen competentes para conocer del asunto (sentencia 
de 12 de julio de 2007, asunto Jorgic c. Alemania, § 64 a 72; referida al enjuiciamiento 
por actos de genocidio cometidos fuera de Alemania).
3.4  Resolución de la queja.
3.4.1  El análisis de la queja planteada por el demandante, que fue acusado por 
delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y organización criminal, 
pero condenado exclusivamente por un delito de sedición en concurso medial con otro 
de  malversación  de  caudales  públicos,  exige  poner  de  relieve  dos  momentos 
diferenciados en el desarrollo de la causa, ambos relacionados con la adquisición por el 
demandante de la condición de diputado autonómico catalán en las elecciones del 21 de 
diciembre de 2017:
(i)  En un primer momento procesal, el señor Rull i Andreu no tenía la condición de 
aforado. No la tenía cuando, el 30 de octubre de 2017, fue incluido en la querella 
presentada por el fiscal general del Estado como supuesto autor de un delito de rebelión 
y, alternativamente, de sedición, ante la Audiencia Nacional (querella que fue acumulada 
a las diligencias previas núm. 82-2017, que ya se seguían contra otros denunciados ante 
el Juzgado Central de Instrucción núm. 3). Tampoco cuando, mediante auto de 24 de 
noviembre de 2017, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
reclamó a dicho juzgado la remisión de aquellas actuaciones, para su acumulación 
procesal a la causa especial núm. 20907-2017, por apreciar identidad en los hechos 
denunciados.
(ii)  Sin embargo, pocas semanas después, desde que en el mes de enero de 2018  s
adquirió  la  condición  de  diputado  autonómico  del  Parlamento  de  Cataluña  como  oe.
dcminoipiacnunisatteaudcdvauoose   yndreacec i aloal ansdso e sc eCliadsosoior  tenetalesels  c Gcfduieoeennlr oeeju rsiae clcsieoeps le,eo cbrtairraaal ls dd (aearsser dtse.e ul  5l2fte7a1b r  ErdeeeArle oCdg )idic deiheo am 2se0btn1ar 9e l, qa dausede  eq,2 lu0eei1crni7có ,i mo leanal e ycdsooe  nmgddeaeicnn ieód2rna0a n1ldet9ees,     2021-10019n https://www.
celebradas el 21 de abril de 2019. Esta última condición lleva también aparejada, ex
art. 71.3 CE, la condición de aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Aunque en la sentencia condenatoria se alude adicionalmente a esta última circunstancia 
para rechazar la alegada vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, sin 
embargo, no fue tomada en consideración por la Sala al rechazar la declinatoria de 
jurisdicción pues en aquella fecha, 27 de diciembre de 2018, el demandante mantenía la 
condición de diputado autonómico de Cataluña.
La secuencia temporal expuesta permite distinguir dos motivos nucleares en la queja 
que denuncia la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. De 
una  parte,  el  demandante  cuestiona  como  arbitraria,  forzada  e  irrazonable  la 
interpretación de las normas procesales que llevaron al magistrado instructor a acordar 
la acumulación de causas por considerar coincidentes los hechos investigados en ellas y 
conexos los delitos que se denunciaban como cometidos. En segundo término, califica 
también como arbitraria la apreciación de que parte de los hechos imputados como 
delictivos, también incluidos en el sustrato fáctico de los escritos de acusación, hubieran 
tenido lugar fuera de Cataluña. En tal medida, el demandante entiende que, conforme al 
art. 57.2 EAC, las actuaciones penales que han dado lugar a su condena debieron 
seguirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo.
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado por el demandante 
y la doctrina jurisprudencial que sobre su contenido ha sido expuesta en el anterior 
subepígrafe,  la  cuestión  que  hemos  de  resolver  se  concreta  en  determinar  si  las 
resoluciones judiciales por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la 
competencia para la investigación de los hechos atribuidos en la querella, la extendió a 
los no aforados por razones de conexidad procesal e inescindibilidad de la causa, y 
después, la mantuvo para el enjuiciamiento de los hechos que dieron sustento a la 
pretensión acusatoria, se apoyan en razonamientos arbitrarios, irrazonables o basados 
en un error fáctico patente que deriva de las actuaciones. Solo en este caso presentará 
relieve  constitucional  la  discrepancia  expresada  por  el  demandante,  más  allá  de 
exteriorizar una diferencia razonada de criterio con la interpretación judicial de la ley 
procesal aplicable.
3.4.2  Dada  la  delimitación  progresiva  de  su  objeto,  debemos  hacer  una 
consideración previa sobre las peculiaridades que, en torno a la determinación de la 
competencia, presenta el desarrollo del proceso penal. En nuestro ordenamiento, la 
exigencia de responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en 
una inicial atribución fáctica y delictiva que se expresa por referencia a dos parámetros: 
hechos supuestamente cometidos y su calificación jurídica provisional como delito. Sobre 
este presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y en su 
caso, declarados probados. Por otra parte, la calificación jurídica es provisional durante 
la fase de investigación e intermedia (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, 
de 15 de noviembre, FJ 4). Solo después de practicar contradictoriamente la prueba en 
un  juicio  público,  si  se  mantiene  la  acusación,  pueden  los  hechos  imputados  ser 
afirmados como delictivos por el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en el tipo 
penal que le haya sido alegado.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, resulta indiscutible que 
la evaluación inicial de la competencia objetiva para la investigación de la causa solo 
puede tener como referencia los hechos atribuidos en la querella y su calificación jurídica 
provisional. En aquel momento procesal (auto de admisión a trámite de la querella de 31 
de octubre de 2017), salvo que se hubiese considerado que los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 y 313  e.
LECrim), la Sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la relación  w.b
que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el querellante  019ww
d(deetelitromsi ndaer  reebl eólirógna,n soe djuicdióicnia, ly  cmoamlvpeertseancteió np daera  casuud acloenso pcúimbileicnotso),.  Edand eas tela  cacoson,d ipcaióran 
peasprleacmiaeln yta reial  ludgea r vdaer iacso mpiseirósno ndaes  loqsu ehreecllhaodsa si,m preustaudltoasb,a an  lad evteisrtma indaen tlae sd icscui ónfu edreol 
art. 57.2 del Estatuto catalán.
A partir de estas consideraciones, no podemos compartir con el demandante que la 
asunción inicial de la competencia de investigación, en aplicación de los parámetros 
expuestos,  se  haya  apoyado  en  valoraciones  o  razonamientos  que  puedan  ser 
calificados como arbitrarios, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente que 
derive de las actuaciones.
Los criterios jurídicos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –
extensamente  descritos  en  anteriores  epígrafes–  dan  cuenta  de  la  toma  en 
consideración de los elementos nucleares de la regla de atribución de competencia: 
aforamiento especial parlamentario, lugar atribuido de la comisión del delito y conexidad 
procesal.
Por  una  parte,  la  Sala  tuvo  en  cuenta  los  pasajes  fácticos  de  la  querella  que 
describen  los  que  denomina  «aspectos  internacionales  de  la  declaración  de 
independencia», donde se relatan como típicos hechos acaecidos fuera del territorio de 
Cataluña. En segundo término, se destaca en la resolución el carácter complejo del 
hecho  atribuido  –plurisubjetivo  y  colectivo–,  expuesto  por  el  Ministerio  Fiscal  en  la 
querella como fruto de una estrategia concertada que presenta un elemento tendencial 
notorio: declarar la independencia de una parte del territorio español.
Es  precisamente  la  afirmación  de  que  una  pluralidad  de  sujetos  intervino 
concertadamente  en  el  hecho  atribuido  lo  que  justificó  también  la  decisión  de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del 
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de 
un reparto de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción denunciada. Se 
trataba de hechos diversos que no podían ser escindidos en diversos procesos sin 
desvirtuar la perspectiva global desde la que habían de ser contemplados, tanto en fase 
de averiguación, como de enjuiciamiento.
Se trata, por tanto, de razonamientos que tienen que ver con los hechos atribuidos, 
con el lugar donde supuestamente se produjeron, con la calificación jurídica provisional 
expresada  en  la  querella  y  con  la  condición  parlamentaria  de  varios  querellados 
aforados. No parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas. Y su desarrollo 
argumental no incurre en quiebras lógicas ni se aleja del tenor de la norma aplicada, sino 
que, descartando la identidad objetiva de los precedentes jurisprudenciales alegados por 
el demandante, se apoyan en otros, con expresa referencia a un acuerdo del pleno no 
jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, ya en 2005, acogió la 
denominada «doctrina de la ubicuidad», antes descrita, aplicable a los casos en que un 
mismo  delito  se  hubiere  cometido  en  diversas  jurisdicciones  territoriales.  Que  se 
utilizaran criterios jurisprudenciales nuevos para un caso complejo como el que era 
objeto de investigación, no permite afirmar, sin más, su arbitrariedad. El demandante 
difiere de los criterios utilizados para extender la autoría por colaboración a quienes 
realizaran tareas dirigidas al mismo fin que los denunciados, pero, dada la naturaleza y 
características de los delitos de rebelión y sedición imputados (que, como se verá, son 
delitos colectivos, plurisubjetivos y de resultado cortado), tal discrepancia en Derecho no 
constituye parámetro suficiente para justificar la vulneración que denuncia, ni permite 
apreciar la arbitrariedad que alega.
Tampoco  resulta  fundada  la  queja  que  se  expresa  utilizando  como  término  de 
comparación la solución dada a anteriores acciones penales ya enjuiciadas pues, como 
extensamente ha argumentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al rechazar la 
declinatoria de jurisdicción, se trata de casos distintos, referidos a hechos diferentes, que 
no pueden ser utilizados como término de comparación válido para cuestionar la decisión  s
adoptada en la presente causa. En aquellos supuestos la acusación tuvo un presupuesto  oe.
fáctico distinto, y tampoco se extendió a los tipos penales que han sido enjuiciados en la  w.
presente causa penal. En todo caso, más allá de expresar su disentimiento, el recurrente  019ww
ensot ah accuee setli ómní,n hima ore ecsibfuideor zdoe la Trgriubmuneanlt aSlu epnr ermeloa.ción con la respuesta expresa que, sobre
delitEon  ddeenfuinnitciviaad, oe, nl ac ucaonntocl uas ilóan  aasulcnacniózand dae  elas  ccoomnspeecteunecnicai ap alórag iclaa  advee rilgaus acraiózno ndeesl   BOE-A-cable e
jurídicas expuestas y no supone una manipulación arbitraria de la regla de distribución 
de competencias, por lo que la vulneración alegada ha de ser desestimada.
3.4.3  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia al 
demandante y a otras personas no aforadas sometidas a investigación, fue acordada por 
auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017. Aunque el demandante 
carecía en aquel momento de la condición de aforado, la investigación y enjuiciamiento 
de los hechos que se le atribuían por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estaban 
explícita y específicamente previstos por las normas de la Ley de enjuiciamiento criminal 
que establecen el enjuiciamiento conjunto en un solo proceso de los delitos conexos 
cuya inescindibilidad sea apreciada (art. 17.1 y 2 y art. 272 LECrim). No cabe compartir 
la afirmación que se hace en la demanda según la cual tales reglas de conexidad son 
«difícilmente comprensibles y contradictorias con pronunciamientos anteriores recientes 
del Tribunal Supremo». Se trata de normas procesales aplicadas diaria y ordinariamente 
en nuestra realidad jurídica cuando un solo hecho es cometido por dos o más personas 
reunidas, o un delito es medio para la comisión de otro o para facilitar su ejecución, o, en 
fin, cuando se aprecia la existencia de un concierto previo para la comisión de un delito 
plurisubjetivo en distintos lugares o tiempos (art. 17.1 a 3 LECrim).
3.4.4  Igual suerte desestimatoria ha de correr la vulneración que se asocia al auto 
de 27 de diciembre de 2018 que desestimó las diversas declinatorias de jurisdicción 
planteadas por los acusados. Sus razonamientos son semejantes y abundan en los que 
ya han sido expuestos. El único elemento diferencial de su análisis radica ahora en que 
la competencia de enjuiciamiento se ratificó en atención al relato fáctico que sustentaba 
las pretensiones acusatorias provisionales entonces formuladas. De forma razonada, la 
Sala mantuvo su criterio anterior al constatar que tanto la acusación por los delitos de 
rebelión y sedición, como el relato fáctico sobre el que se construye la acusación por 
malversación de caudales públicos (delito del que el demandante fue también acusado), 
incorporaban  hechos  que  desbordan  el  límite  territorial  de  la  comunidad  autónoma 
catalana.
El  mantenimiento  de  la  competencia  para  enjuiciamiento  vino  apoyado  en  todo 
momento en los elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, definen la 
regla estatutaria de atribución competencial. Por tanto, la consideración de que, a las 
personas  investigadas  y  luego  acusadas,  se  atribuían  hechos  relevantes  para  la 
calificación  jurídica  como  rebelión,  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos, 
cometidos  dentro  y  fuera  del  territorio  de  Cataluña,  se  apoyó  en  datos  objetivos 
confirmados por la instrucción. Esta valoración, que constituye el elemento nuclear del 
disentimiento expresado en el recurso de amparo, no vino apoyada en un razonamiento 
arbitrario,  ajeno  al  sentido  de  la  norma,  irrazonable  por  su  incoherencia  lógica,  o 
apoyado en un error patente pues, en este último sentido, no se evaluaron hechos 
cometidos, sino hechos atribuidos por los acusadores.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento pudiera dejar de 
tomar  en  consideración  los  hechos  atribuidos  por  la  acusación  para  determinar  su 
competencia objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de 
justificación o sea inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser 
determinada la competencia.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito a 
los diputados autonómicos, cuando los hechos atribuidos tienen lugar fuera del territorio  s
catalán, no es irrazonable que lo sea respecto a las acciones penales que contra ellos se  oe.
dirijan en esos casos; lo que permite concluir que las resoluciones impugnadas en  w.
amparo no vulneraron el derecho del recurrente al juez ordinario predeterminado por la  019ww
ley.
por 3co.5n exLióan d, edseensutnimciaac liaó nin ddeelb ipdrae cliemdietancteió nm doetilv doe dreec haom apla droo blllee vgar acdoon sjuigrios dliac cdioenl aql ueen, 
materia penal. El demandante ha visto cómo la investigación y el enjuiciamiento de las
imputaciones que pesaban sobre él se trasladaron ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo debido a que algunas otras personas acusadas en la misma causa tenían la 
condición necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC, y a 
que  se  apreció  identidad  fáctica  y  conexidad  procesal  entre  los  hechos  y  delitos 
atribuidos inicialmente a los aforados y al demandante. Posteriormente fue mantenida 
tras adquirir la condición de diputado autonómico.
Tal  y  como  expresa  la  sentencia  impugnada,  este  tribunal  ya  ha  abordado  en 
anteriores pronunciamientos dicha cuestión (por todas, SSTC 51/1985, de 10 de abril, 
FJ 3; y 64/2001, de 17 de marzo, FJ 5). En ellos hemos señalado que el derecho a 
someter el fallo condenatorio y la pena ante un tribunal superior integra el derecho al 
proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo 
expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante el Tribunal Supremo, incluso 
cuando, en atención a las reglas procesales de conexión, el enjuiciamiento en única 
instancia se extiende a personas no aforadas, la restricción de su derecho a someter la 
declaración de la pena y la culpabilidad ante un tribunal superior encuentra justificación 
suficiente.
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales (STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 6). Y en segundo lugar, se 
apoya en la inescindibilidad de la causa: se atiende así a las exigencias de una buena 
administración de justicia en materia penal, entre las que se encuentra la necesidad de 
coordinar la apreciación de los hechos y de las responsabilidades de los intervinientes 
cuando la realización del delito se atribuye al concurso de una pluralidad de personas.
Como este tribunal observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que 
la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un tribunal superior puede 
ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo. 
En la citada resolución se estimó que «no había vulneración del derecho a la revisión de 
la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». El 
propio art. 6 CEDH no enuncia expresamente el derecho fundamental aquí considerado, 
aunque sí viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de noviembre 
de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de ratificación 
de 28 de agosto de 2009, fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de 
octubre  siguiente).  Dicha  adición  recoge  el  contenido  del  derecho  plasmado  en  el 
art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), cuyo influjo ha 
sido decisivo en esta materia (STC 42/1982). Pero, al mismo tiempo que lo reconoce, el 
Protocolo establece una excepción en este caso significativa, ya que su enunciado 
admite  que  las  legislaciones  de  los  Estados  contratantes  lo  excluyan,  entre  otros 
supuestos «cuando el culpable haya sido juzgado en primera instancia por el más alto 
tribunal». Dicha circunstancia es la que aquí concurre, dado que el demandante ha sido 
juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes (art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario 
alguno. Tal circunstancia justifica en este caso que no se pueda apreciar como indebida 
la denunciada limitación del derecho a la doble instancia penal. s
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo. oe.
4.  Los derechos de defensa y a no ser discriminado por razón de la lengua. 019ww
4.1  Posiciones de las partes.
La parte recurrente denuncia la vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6
CEDH) por no haber permitido el tribunal sentenciador a los acusados y a los testigos
declarar en el juicio oral en su lengua materna, habilitando al efecto un sistema de 
traducción  simultánea.  Considera  también  que  este  hecho  supuso  la  infracción  del 
derecho a la no discriminación por razón de lengua (arts. 14 CE y 14 CEDH).
En concreto, como se indica pormenorizadamente en los antecedentes de esta 
sentencia, la demanda recuerda que varias defensas solicitaron a la Sala poder utilizar 
en el interrogatorio de sus defendidos en la vista oral el catalán, a fin de poder declarar 
con mayor fluidez, así como la utilización del sistema de traducción simultánea, que el 
art. 123.2 LECrim considera preferente al sistema de traducción sucesiva. El tribunal, sin 
embargo, pese a reconocer expresamente que los procesados tenían derecho a declarar 
en catalán (página 69 de la sentencia), acordó que habría de utilizarse un sistema de 
traducción sucesiva, mucho menos ágil, lo que forzó a aquellos a desistir de expresarse 
en su lengua vernácula. Según la defensa, su uso permite al procesado entender mejor 
las preguntas que se le hacen y responderlas con mayor fluidez, pero la fórmula de 
traducción  consecutiva,  cuyo  empleo  se  justificó  por  la  Sala  como  garantía  de  la 
publicidad del proceso, y que según el art. 123.2 LECrim solo procede cuando no es 
posible habilitar un sistema de traducción simultánea, ralentiza y prolonga en exceso el 
acto, que deviene agotador para todos los intervinientes y para la propia Sala, en un 
juicio ya de por sí extenso. Se añade que, además del menoscabo al derecho de 
defensa (art. 24.1 CE), la negativa a permitir la traducción simultánea constituye una 
discriminación contraria al art. 14 CE, pues, en comparación con el trato dispensado a 
cualquier  ciudadano  español  cuya  lengua  propia  sea  el  castellano,  los  ciudadanos 
catalanohablantes  tienen  que  «soportar  la  carga  (absolutamente  evitable)  de  una 
prolongación del juicio oral», lo que se traduce en «un claro efecto desincentivador del 
ejercicio de los derechos lingüísticos».
En relación con los testigos, a quienes se impidió la posibilidad de expresarse en 
catalán, según la parte recurrente, la Sala basó su decisión en una interpretación del 
art. 231.3 LOPJ opuesta a los arts. 3.2 y 14 CE, lo que les condujo a expresarse en una 
lengua que hablan con menor fluidez, incidiendo en la credibilidad de su testimonio y 
vulnerando, por tanto, el derecho de defensa de los procesados.
El abogado del Estado rechaza el fundamento de esta queja señalando que la 
configuración, en el bloque de constitucionalidad, del régimen de cooficialidad lingüística 
impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un mecanismo 
de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las alegaciones 
en un idioma distinto del oficial. Y en relación con los tres testigos que pidieron declarar 
en catalán, señala que no solo tenían obligación de conocer el castellano, sino que por 
razón de sus cargos eran perfectamente conocedores de esa lengua, a lo que se suma 
que esos testimonios fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no 
incidieron en el derecho de defensa.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación de este motivo de amparo. A su juicio, de la STC 74/1987, de 25 de 
mayo, se desprende que el deber de conocer el castellano, conforme se establece en el 
art. 3.1 CE, genera una presunción de conocimiento que puede ser desvirtuada cuando 
de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento insuficiente, lo que no se ha 
producido en este caso, siendo esto predicable tanto respecto del demandante como en 
relación con los testigos.
Por  último,  el  Ministerio  Fiscal,  que  lleva  a  cabo  un  importante  esfuerzo  de 
compilación  de  la  normativa  y  de  la  doctrina  constitucional,  interesa  también  la 
desestimación de la queja. A su entender, el criterio de territorialidad relevante para  s
determinar la vinculación de un poder público a las consecuencias de la cooficialidad de  oe.
una  lengua  autonómica  es  la  sede  del  órgano,  no  el  alcance  territorial  de  su  w.
competencia, por lo que al recurrente no le asistía un derecho a exigir el uso del idioma  019ww
acañtaadláen q eune  sluass  dpeacrltaersa cnioo nmeso setnra erol na cdtoif idcuellt ajudic iaol gournaal  eenn l ae sl eednete dnedli mTriiebnutnoa dl eS ulop reqmueo .s Ye 
deest atbraad purcecgióunn tasnudceos, iqvuae,  clao mSaol ae srae nltae npcrieasdeorrvaa ecixópnr edseól  lap rrianzcóipnio d ed eo pptaurb lpicoidr aedl  mdéet oldoos   BOE-A-cable e
debates del juicio oral, y que, en el caso de los testigos, la irrelevancia probatoria de sus 
declaraciones descarta la afectación del derecho de defensa.
4.2  Respuesta del órgano judicial.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia, que fue planteada por las 
defensas  de  varios  procesados  (concretamente  los  señores  Junqueras,  Romeva, 
Sànchez, Rull, Turull, Cuixart y la señora Forcadell) en el Fundamento de Derecho A), 
apartado 3.
Tras  un  capítulo  introductorio,  el  tribunal  sentenciador  condensa  su  respuesta 
señalando que «como ya anticipó in voce al resolver la audiencia preliminar, reconoció el 
derecho de los acusados a valerse del idioma catalán, pero rechazó la posibilidad de que 
el interrogatorio se practicara mediante traducción simultánea, que habría exigido a los 
miembros del tribunal la utilización de auriculares». La razón –señala– es doble: «la 
afectación que esa práctica podría conllevar respecto del principio de publicidad» y «el 
verdadero significado constitucional del plurilingüismo en nuestro sistema, construido 
normativamente  a  partir  de  una  delimitación  espacial  o  territorial  de  su  respectiva 
vigencia».
A partir de este enunciado general, la sentencia aborda estos puntos en varios 
subapartados.
a)  El epígrafe 3.2.1 desarrolla la perspectiva del principio de publicidad procesal. 
Comienza declarando lo que sigue:
«Admitir la exigencia de auriculares como única forma de garantizar el derecho a 
expresarse en la propia lengua, habría implicado el sacrificio del principio de publicidad. 
Si entender las preguntas de los letrados y las respuestas de los acusados hubiera 
exigido  disponer  de  auriculares,  habríamos  excluido  de  forma  injustificada  a  todas 
aquellas personas que, hallándose en la sala de juicios o siguiendo la retransmisión 
televisada del proceso, no tuvieran a su alcance esos dispositivos. Habríamos también 
excluido  a  quienes  siguieran  el  juicio  a  través  de  una  señal  de  transmisión  cuyos 
responsables  no  consideraran  oportuno  o  rentable  incorporar  una  voz  en  off  que 
efectuara la traducción.»
A  juicio  de  la  Sala,  «se  trataría  de  un  sacrificio  innecesario  e  injustificado». 
Argumenta asimismo que ofreció, «incluso a quienes no lo habían solicitado de forma 
expresa, la posibilidad de practicar en lengua catalana los actos procesales en los que 
debieran  tener  algún  tipo  de  intervención»,  a  cuyo  fin  el  tribunal  dispuso  de  dos 
intérpretes jurados de catalán. «Sin embargo [se reseña], ninguno de los acusados quiso 
valerse  de  intérprete  para  sus  respuestas,  renunciando  expresamente  a  lo  que 
reivindicaba como su derecho y contestando el interrogatorio en castellano. El juicio, por 
tanto, se desarrolló con absoluta normalidad, sin que durante los interrogatorios se 
expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo que se estaba 
preguntando y sin que se quisiera hacer algún matiz impuesto o aconsejado por el 
empleo del idioma oficial del Estado».
«[M]uestra  de  la  fluidez,  la  precisión  y  el  dominio  de  la  lengua  castellana  que 
evidenciaron todos los procesados», sigue diciéndose, es el soporte digital en el que 
consta la grabación del juicio. «Su capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en 
algunos casos, la brillantez de sus exposiciones, disipan cualquier duda acerca de la 
alegada indefensión». e.e
Tras insistir en que «se puso al alcance de todos los acusados que quisieran hablar  b
en el idioma catalán» la posibilidad de hacerlo, sin sacrificio de la publicidad, mediante la  019ww
raeltcehranzaatidvao  pdoerl  loesm apcleuos addeo st,r saed uncietograe sla  jiunrdaedfoesn seiónn .interpretación sucesiva, lo que fue
«EnS eel  rceafiseor ed dee qsupeu énso a p luae idnate drpisreptoanceiórsne y d aepl liscearcviiócnio  ddeel  ainrtt.e 1rp2r3e tLaEciCónri msi m[auplatártnaedao,  2la: 
interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado
anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de modo que se garantice 
suficientemente la defensa del imputado o acusado»]. Señala al respecto, que «[l]a 
primera conclusión que autoriza la lectura de este precepto es que el respeto al derecho 
fundamental de los imputados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial 
en la que se desarrolle el plenario, no se asocia a la utilización de un método de 
traducción  simultánea.  Su  empleo  no  actúa  como  presupuesto  de  validez  de  la 
declaración de los procesados. Tan idónea, a efectos de su validez procesal, es la 
utilización  de  un  mecanismo  de  traducción  simultánea  como  el  que  se  vale  de  la 
traducción sucesiva». Y añade que, si bien es cierto que el precepto «condiciona la 
decisión  por  uno  u  otro  sistema  a  que  "[…]  no  pueda  disponerse  del  servicio  de 
interpretación simultánea" […] no fue esta la razón que llevó a la Sala a optar por la 
segunda  alternativa.  No  han  sido  razones  económicas  […].  Tampoco  dificultades 
técnicas […]. La circunstancia que ha condicionado nuestra decisión está vinculada a la 
singularidad de este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado 
durante cuatro meses y televisado mediante streaming en su integridad. Constatada, por 
tanto, la ausencia de cualquier indefensión derivada del sistema de traducción sucesiva, 
hemos  considerado  necesario  preservar  todas  las  ventajas  y  garantías  propias  del 
principio de publicidad. Todo ciudadano que haya querido seguir el desarrollo de las 
sesiones del juicio oral ha podido hacerlo sin que la ausencia de auriculares a su alcance 
haya mermado su capacidad para formarse opinión de lo que estaba aconteciendo en la 
Sala».
b)  En los apartados 3.2.2 y 3.2.3 de la sentencia se trata del aspecto relativo al 
plurilingüismo en España y su dimensión procesal.
Comienza por reproducir el artículo 3 CE «1. El castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección» y señala que la Sala rechazó la petición de la defensa de los 
señores Junqueras y Romeva relativa a que los letrados pudieran formular sus preguntas 
en  lengua  catalana  en  aplicación  del  artículo  231.1  LOPJ  que  «proclama  que  el 
castellano, en su condición de lengua oficial del Estado, será el idioma usado en todas 
las actuaciones judiciales». Añade que «el apartado 3 de ese mismo precepto, en 
consonancia  con  la  previsión  del  art.  3  de  la  CE,  autoriza  a  las  partes,  a  sus 
representantes, a los peritos, a los testigos y a los letrados, a valerse de una lengua 
cooficial  cuando  se  trate  de  actos  procesales  practicados  en  el  territorio  de  una 
comunidad autónoma. La sede del Tribunal Supremo, fuera de ese ámbito territorial 
explica y justifica la exclusión de esa posibilidad».
En relación con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en 
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (instrumento de ratificación publicado en el 
«BOE» núm. 222, de 15 de septiembre de 2001), invocada por las defensas, tras hacer 
una  exhaustiva  exposición  en  torno  a  su  artículo  9  y  al  quinto  informe  sobre  su 
cumplimiento  en  España,  elaborado  por  el  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las 
Administraciones Territoriales, el tribunal sentenciador declara que «la limitación territorial 
al ámbito de las comunidades autónomas vuelve a hacer acto de presencia, en la misma 
línea que ya proclamara el precepto constitucional y su desarrollo orgánico (arts. 3 CE 
y 231.3 LOPJ)». Esta misma restricción –añade– «está también definida, por ejemplo, en 
el informe sobre la aplicación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias  e.
en Cataluña, correspondiente a los años 2006-2008», así como en los apartados 2 y 5  w.b
del art. 33 EAC. Y concluye señalando: 019ww
«Todo apunta, en consecuencia, a que ni la Constitución Española, ni el Estatuto de
iAnuctoonndoicmioían adl eal l Cuastoa ludñea l,a  nlie nlag uleag pisrloapciiaó nd eo rguánnai ccao mdeu ndideasda raroultloó,n oomtoarg eann  aucnt udaecrieocnheos 
procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio. El territorio, por tanto, 
opera como verdadero criterio delimitador de la oficialidad.»
A continuación, se refiere a la jurisprudencia constitucional (con cita y reproducción 
de parte de las SSTC 82/1986, 26 de junio, y 31/2010, 28 de junio), de donde extrae que 
«[n]o existe […] el derecho a la utilización de un mecanismo de traducción simultánea 
que obligue al Tribunal Supremo a presenciar el desarrollo de la práctica de la prueba y 
las alegaciones de las partes en un idioma distinto del idioma oficial». Agrega que «[e]se 
derecho  tampoco  lo  reconocen  los  instrumentos  jurídicos  de  ámbito  internacional 
suscritos por España para la protección de las lenguas regionales», con referencia al 
«informe explicativo del Consejo de Europa sobre su alcance (Explanatory Report to the 
European Charter for Regional or Minority Languages)», que, «en su apartado 11, bajo el 
título  "consideraciones  generales",  proclama  que  "la  Carta  no  otorga  derechos 
individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria", solo concede el 
derecho a reclamar la aplicación de los principios de la Carta, lo que conllevará un 
saludable efecto en la situación de esas comunidades y de sus miembros».
Pese a la «claridad del cuadro normativo», insiste, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo «puso a disposición de las defensas […] dos traductores oficiales de la lengua 
catalana y concedió a los procesados la posibilidad de hacer uso de la lengua vernácula 
en sus respuestas». Se optó, señala, «por una interpretación extensiva del derecho de 
opción lingüística que otorga el art. 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, más 
allá incluso de los límites territoriales que enmarcan su ejercicio».
Finalmente reitera que «[n]o ha habido indefensión». No existió ni en la fase de 
investigación ni en el acto del juicio oral, en que «los acusados optaron por expresarse 
en castellano, renunciando de forma explícita al uso de la lengua vernácula» y a «valerse 
de los dos intérpretes de lengua catalana puestos a su disposición por el tribunal».
c)  El apartado 3.2.4 se refiere al argumento, que ya fue respondido en el auto de 27 
de  diciembre  de  2018  (que  desestimó  la  declinatoria  de  jurisdicción),  relativo  a  la 
conveniencia  del  desplazamiento  de  la  sala  de  enjuiciamiento  a  Barcelona  para  el 
desarrollo de las sesiones del juicio oral en esa ciudad, como única forma garantizar los 
derechos  lingüísticos  de  los  acusados.  Dice  al  respecto  que  «nuestro  sistema 
constitucional  no  concede  a  los  procesados  el  derecho  a  ser  enjuiciados  en  las 
proximidades  del  domicilio  familiar.  Ningún  sistema  procesal  contempla  la  cercanía 
domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal (cfr. arts. 14 
y concordantes de la LECrim)».
d)  Finalmente,  en  el  subepígrafe  3.2.5  se  da  respuesta  a  la  queja  planteada 
respecto de los testigos. Señala literalmente la Sala lo que sigue:
«A lo largo del juicio oral la utilización del idioma catalán por algunos de los testigos 
fue también objeto de alegación. Del ingente número de personas que prestaron su 
testimonio en las sesiones del plenario, solo tres anunciaron, en calidad de testigos, su 
deseo de expresarse en catalán. Dos de ellas lo hicieron mediante la presentación 
anticipada de un escrito en el registro general de la Sala, con el fin de hacer llegar al 
tribunal su determinación de responder a las preguntas de las acusaciones y defensas 
en catalán.
Las razones legales y jurisprudenciales apuntadas supra, interpretadas a la luz de los 
tratados internacionales de los que España forma parte, fueron determinantes para 
rechazar esa posibilidad. Se daba la circunstancia añadida de que esos tres testigos –un 
diputado nacional, un agente de policía autonómica y un abogado en ejercicio– no solo  e
estaban directamente afectados por el mandato constitucional impuesto por el art. 3 de la  bo
CE,  sino  que,  precisamente  por  razón  de  sus  respectivos  cargos,  eran  perfectos  019ww
csoen coecleebdroerne se nd ee ll aT rleibnugnuaal  Sofuicpirael meno .la que han de desarrollarse los actos procesales que
prueLbaa  irtereslteifvicaanlc, iaañ pardoeb aratozroian edse p easrao sd etrsecsa rtteasrt icmuoanlqiousie, ru enfae cvtoe zn evaglaotrivaod ae np oerl  claír cSualola  dlea 
derechos, no ya de los procesados, sino de los propios declarantes.»
Dentro del apartado 16 del mismo fundamento de Derecho A), en concreto en el 
apartado 16.3.6.7, a propósito de la denunciada vulneración del principio de igualdad de 
armas por el trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral, la 
sentencia se remite a lo trascrito con anterioridad para rechazar que la negativa a que 
los testigos declarasen en catalán menoscabara tal derecho.
4.3  Encuadramiento de la queja.
La demanda, de la que se ha dejado constancia más arriba, alude, como fundamento 
de  esta  queja,  a  varios  derechos  fundamentales.  Su  correcto  encuadramiento,  sin 
embargo, supone situar el motivo de amparo en el marco de los derechos reconocidos 
en el art. 24 CE y, específicamente, en el derecho de defensa.
La invocación del derecho a no sufrir discriminación (art. 14 CE) por razón de la 
lengua  y  la  mención  de  los  «derechos  lingüísticos»  de  los  procesados  exige,  sin 
embargo, algunas aclaraciones, antes de examinar el fundamento de esta queja.
a)  En nuestro sistema procesal no existe un genuino derecho de los intervinientes 
en juicio a utilizar la lengua cooficial en actuaciones judiciales desarrolladas fuera del 
territorio  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente.  A  pesar  de  reconocer  esa 
posibilidad a los procesados, justificada explícitamente en la propia sentencia recurrida 
por haber optado por una interpretación extensiva del derecho de opción lingüística que 
otorga el art. 33.1 EAC, el Tribunal Supremo subraya que «ni la Constitución Española, 
ni el Estatuto de Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan 
un derecho incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en 
actuaciones procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio».
Así es. La delimitación de la cooficialidad lingüística sobre la base del territorio en 
que tiene su sede el órgano del poder público de que se trate ha sido constante en la 
doctrina constitucional.
La STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, declaró al respecto: «según el núm. 1 del 
art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y 
entendiéndose  obviamente  aquí  por  "Estado"  el  conjunto  de  los  poderes  públicos 
españoles, con inclusión de los autónomos y locales, resulta que el castellano es lengua 
oficial  de  todos  los  poderes  públicos  y  en  todo  el  territorio  español.  Aunque  la 
Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la 
regulación  que  hace  de  la  materia  permite  afirmar  que  es  oficial  una  lengua, 
independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida 
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su 
relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de 
que en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la 
indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de 
lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano 
es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del 
Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, 
se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los 
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la administración central y de otras instituciones estatales en sentido 
estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la 
cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter  s
estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos». oe.
FacodJm mE1oin0s ict,sa ot r«mamacpbiiesóotmnred nadóc e isa yejsaun  setetxeinccl iclauita esc,mi vocaanos cm lddueoey  el nnElaods sotar  edrqgeouuc elulaa ee carindód anmta  ilnndatie oslS t reTaunCcs io óc 2un5da d3ene/ t2o lj0 aul0 sa5t liec,C niaodg neu(sa at1r itt1.ud  c1edi4nóe9tn r. o1or .ce5tdsu)ee by rr vellaaa,     2021-10019n https://www.
legislación procesal (art. 149.1.6) debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas
dentro de la administración de justicia, sin perjuicio de que las comunidades autónomas
puedan regular el alcance inherente al concepto de cooficialidad, tal y como viene 
establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en los artículos correspondientes de los 
estatutos  de  autonomía  (STC  56/1990,  de  29  de  marzo,  FJ  40,  con  cita  de  las 
SSTC 82/1986, 83/1986 y 84/1986, todas de 26 de junio, y 123/1988, de 23 de junio)».
El uso de las lenguas en el seno de la administración de justicia se reguló en el 
art. 231 LOPJ. Respecto de este precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya 
tuvimos ocasión de manifestar que «el carácter de lengua oficial de ámbito general del 
castellano y la obligación que todos los españoles tienen de conocerlo y el derecho de 
usarlo (art. 3.1 de la Constitución) hace que esta sea la lengua generalmente usada en el 
ámbito de la administración de justicia, lo que viene a ser reconocido por el art. 231.1 
LOPJ.  Ahora  bien,  frente  a  esa  generalidad,  existen  comunidades  autónomas  con 
estatuto de cooficialidad lingüística, estatuto que se traduce, entre otras cosas, en el 
derecho de usar la lengua propia en el seno y ante las administraciones públicas, lo que 
para la administración de justicia se reconoce en los apartados 2 y 3 del art. 231 LOPJ» 
(STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 41).
En  relación  con  los  órganos  jurisdiccionales  de  ámbito  estatal,  condición  que 
reconoce al Tribunal Supremo el artículo 123.1 CE, y respecto de la lengua catalana, la 
STC  31/2010,  de  28  de  junio,  FJ  21,  tomando  como  punto  de  partida  la  doctrina 
constitucional antes reseñada, declaró que «el criterio territorial relevante a los efectos 
de  la  delimitación  del  poder  público  vinculado  a  las  consecuencias  de  principio 
inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la autoridad, 
no el del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último implicaría la 
sujeción de todos los órganos de ámbito estatal a los efectos de la cooficialidad de todas 
las lenguas autonómicas en cualesquiera puntos del territorio nacional; esto es, una 
vinculación por principio reservada a la única lengua española común». Subrayó también 
que la actividad de estos órganos «se ejerce con referencia no a una determinada 
comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que no puede tener cabida 
en ellos la cooficialidad idiomática»; y reiteró el criterio de delimitación competencial, de 
modo que, en este ámbito, corresponde al legislador estatal con entera libertad, dentro 
de los límites constitucionales (art. 3.1 CE), el reconocimiento o no de eficacia jurídica a 
las actuaciones desarrolladas en la lengua cooficial.
De ahí que, de acuerdo con el régimen legal vigente, contenido en el citado art. 231 
LOPJ, la posición expresada en la sentencia impugnada, según la cual los procesados 
no disponían de un derecho autónomo a declarar en lengua catalana ante el Tribunal 
Supremo, con sede en la villa de Madrid (art. 53 LOPJ), debe ser avalada por este 
tribunal.
b)  A pesar de lo anterior y como se ha adelantado, hay que destacar que la Sala 
sentenciadora  del  Tribunal  Supremo  reconoció  expresamente  el  derecho  de  los 
procesados a emplear la lengua catalana en sus declaraciones, si bien, como explica la 
propia sentencia impugnada, acordó que, para el caso de que se hiciera uso de esta 
posibilidad, habría de emplearse un sistema de traducción consecutiva –y no simultánea, 
como pretendían las defensas–, en aras de la garantía de publicidad del proceso. No fue 
siquiera controvertido, por tanto, el pretendido derecho a usar la lengua catalana, que fue 
reconocido, sino exclusivamente el sistema que habría de habilitarse para su traducción 
al castellano, lo que, pudiendo incidir en el ámbito protegido por el derecho de defensa 
(art. 24 CE), como examinaremos después, descarta el presupuesto de la denuncia de 
discriminación por razón de la lengua (art. 14 CE).
La argumentación contenida en la demanda, que sustenta la diferencia de trato en la  s
superior duración de las sesiones del juicio oral derivada del empleo del sistema de  oe.
traducción consecutiva en los interrogatorios, para el caso de que se hubiera optado por  w.
la utilización de la lengua catalana, llevaría a calificar de discriminatoria no ya la decisión  019ww
tdieenl etr ibcuonmaol  spernetesunpciuaedsotro  suonbare  mlae lrean ghuipaó steinsois  soqburee,  eal umn étaocdeop tdaed atr aad ulcocsi óenf.e Lcato sq udeejal 
jduirsícduicrasom, enrtees ureltale vamnaten.i fiEesnt atmodeon teca sion,s uefsicaie envtee ntpuaarla p roinlotenggraacr iónu nt emtraptoor al pdeeylo rjauticivioo   BOE-A-cable e
representaría  un  gravamen  leve,  un  perjuicio  mínimo  consustancial  al  empleo  de 
cualquier mecanismo de traducción y que habría de soportar el justiciable en el ejercicio 
del derecho de defensa en las condiciones de diligencia que exige el art. 24 CE, como 
veremos a continuación.
4.4  Doctrina constitucional.
El derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes en todo proceso 
judicial constituye una de las manifestaciones del derecho fundamental a obtener la 
tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 CE y comprende el 
deber de los órganos judiciales de asegurar a las partes contendientes la oportunidad de 
alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses (SSTC 25/1997, de 11 de 
febrero, FJ 2; 102/1998, de 18 de mayo, FJ 2; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 3, 
y 143/2001, de 18 de junio, FJ 3), así como de replicar dialécticamente las posiciones 
contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción en igualdad de 
condiciones con las demás partes procesales (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2, 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
a)  En la STC 57/2012, de 29 de marzo, el Pleno de este tribunal ha sintetizado su 
doctrina en los siguientes términos: «"[e]n el contexto del art. 24 de la Constitución la 
indefensión se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de 
defensa,  que  […]  si  se  produce  en  virtud  de  concretos  actos  de  los  órganos 
jurisdiccionales entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se 
ventilan intereses concernientes al sujeto, […], así como del derecho de realizar los 
alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el Juez la situación que se cree 
preferible" (STC 48/1984, de 4 de abril, FJ 1). Este tribunal también ha reiterado que 
para  que  "una  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento 
alcance  relevancia  constitucional  debe  producir  un  perjuicio  real  y  efectivo  en  las 
posibilidades de defensa de quien las denuncie" (por todas, SSTC 233/2005, de 26 de 
septiembre,  FJ  10,  o  130/2002,  de  3  de  junio,  FJ  4)  y  que  "es  necesario  que  la 
indefensión alegada sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que 
tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada 
por  la  incorrecta  actuación  del  órgano  jurisdiccional,  estando  excluida  del  ámbito 
protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, 
error  técnico  o  impericia  de  la  parte  o  de  los  profesionales  que  la  representen  o 
defiendan" (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18 de 
diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5; 5/2004, 
de 16 de enero, FJ 6; 141/2005, de 6 de junio, FJ 2;160/2009, de 29 de junio, FJ 4, 
y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 5)». «No hay vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  que  garantiza  el  art.  24.1  CE  cuando  el  propio  interesado,  ignorando  o 
despreciando las posibilidades de subsanación a su alcance, no hizo lo necesario para 
defender sus derechos e intereses, "cooperando con ello, al menoscabo de su posición 
procesal" (STC 287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2)» (SSTC 14/2008, de 31 de enero, 
FJ 3, y 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4).
La  doctrina  constitucional  ha  venido  insistiendo  de  esta  suerte  en  la  exclusiva 
relevancia  de  la  indefensión  material:  «la  indefensión,  que  se  concibe 
constitucionalmente como una negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya 
prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 
CE, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su  s
víctima  en  una  situación  concreta  que  le  produzca  un  perjuicio,  sin  que  le  sea  oe.
siesnuiqeefumixcicpipeuarnserata edbb elleela   u lcnamua ea fiarlnqaldtu aeit erfader nenes sgeixóprsnetea sc",imtó acnatui tveadarne iad dlol"oe  sy s  uenrn eop q frpuooeirsdmliiutgoacrselo   p cdaooer na rf hiilegaesu ccgrhuaooad.  lo yPrs e ocscrou omlemtalolo o n  cegohcaneersmaseanocrtsíuiaa e ,h npascebiireaolan  ndddoooe     2021-10019n https://www.
aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o
limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con
todas las garantías "en relación con algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» 
(STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). «Para que pueda estimarse una indefensión con 
relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar 
y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, 
sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de 
indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio 
real y efectivo para los intereses del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 
164/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
b)  Este tribunal se ha pronunciado también sobre la proyección en el derecho de 
defensa del desconocimiento de la lengua utilizada en juicio. En esta materia, que es la 
aquí concernida, hemos reconocido que el derecho a ser asistido de interprete, más allá 
de su reconocimiento legal expreso –en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de 
enjuiciamiento  criminal–  deriva  directamente  de  la  Constitución;  debe  entenderse 
comprendido en el art. 24.1 CE en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse 
indefensión;  y  se  extiende  a  los  españoles  que  no  conozcan  suficientemente  el 
castellano –los que no lo comprendan o no lo hablen– y no solo a los extranjeros que se 
encuentren en ese caso (SSTC 74/1987, de 25 de mayo, FFJJ 3 y 4; 71/1988, de 19 de 
abril, FJ 2; 30/1989, de 7 de febrero, FJ 3, y 188/1991, de 3 de octubre, FJ 3).
En la STC 74/1987, a propósito de la constitucionalidad del art. 520.2 e) LECrim 
redactado por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la 
asistencia de intérprete por detenidos y presos, este tribunal declaró que «la atribución 
de este derecho [a ser asistido de un intérprete que deriva del desconocimiento del 
idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y 
formular  las  manifestaciones  que  considere  pertinentes],  a  los  españoles  que  no 
conozcan suficientemente el castellano y no solo a los extranjeros que se encuentren en 
ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación 
prohibida por el art. 14 de la Constitución. No cabe objetar que el castellano es la lengua 
española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla 
(art. 3.1 de la Constitución), ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o 
conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho 
fundamental,  cual  es  el  de  defensa».  Añadió  que  «ciertamente,  el  deber  de  los 
españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace suponer que ese conocimiento 
existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o 
preso  alega  verosímilmente  su  ignorancia  o  conocimiento  insuficiente  o  esta 
circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales» 
(STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con esta doctrina, íntegramente trasladable a la posición del procesado 
en juicio oral (la temprana STC 5/1984, de 24 de enero, FJ 2, ya reconoció que el 
derecho a la defensa incluye el derecho de toda persona acusada a ser asistida por un 
intérprete  cuando  no  comprenda  o  no  pueda  expresarse  fluidamente  en  el  idioma 
utilizado en el tribunal), la procedencia, en cada caso, de la asistencia de intérprete, 
exige valorar no solo el derecho y deber de conocer el castellano (art. 3 CE), sino el 
hecho concreto de la ignorancia o conocimiento precario de nuestra lengua común, en 
cuanto  afecte  al  ejercicio  de  un  derecho  fundamental,  cual  es  el  de  defensa 
(STC 71/1988, de 19 de abril, FJ 2).
4.5  Resolución de la queja.
La aplicación de la doctrina que acabamos de sintetizar nos lleva a descartar el  e
fundamento de la queja. bo
Eprsetesau )ep su Eeesl lt ord eaectsuotr ardebenletteceri dmocion pnaoonrct een  upeya sratdr aor medcionhcaat rzianlara   laele nnq gquuueaeja  .s cuLasast teepnlrltaoanpr aial,a   spaeolnertg ealnodc aia q iunimed epffueagnltnsaai ódnea.l    2021-10019n https://ww
constata  que  «el  juicio  se  desarrolló  con  absoluta  normalidad,  sin  que  durante  los
interrogatorios se expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo
que  se  estaba  preguntando  y  sin  que  se  quisiera  hacer  algún  matiz  impuesto  o 
aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado». El tribunal sentenciador, que 
cuenta con la inestimable ventaja de la inmediación, apreció «la fluidez, la precisión y el 
dominio de la lengua castellana que evidenciaron todos los procesados» así como «su 
capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en algunos casos, la brillantez de sus 
exposiciones». Muestra de ello, dice, es el soporte digital en el que consta la grabación 
del juicio.
El discurso argumental de la demanda cae enteramente en cuanto se constata que 
toma como punto de partida un presupuesto inexistente. Como ha quedado expuesto, el 
empleo en el interrogatorio de la lengua catalana, con la asistencia de intérprete, solo 
resultaría exigible ex art. 24.1 CE en caso de ignorancia o conocimiento precario del 
castellano, lo que ha sido negado.
b)  Si bien lo anterior descarta la indefensión invocada, cabe agregar que todos los 
procesados, entre los que se encuentra el ahora recurrente, rehusaron la posibilidad 
conferida por el órgano de enjuiciamiento de declarar en catalán, siendo asistidos por un 
intérprete. La indefensión que se alega –que ya hemos descartado y que si seguimos 
tomando es únicamente por razones argumentativas– solo habría de imputarse a la 
conducta de la propia parte, debidamente asistida de abogado, lo que, como también 
veíamos, la excluye del ámbito protector del art. 24 CE.
El tribunal sentenciador expresa profusamente las razones por las que no acogió el 
sistema de traducción simultánea solicitado por las defensas y que habría exigido a los 
miembros del órgano judicial la utilización de auriculares, y, en su lugar, puso a su 
disposición dos traductores jurados en interpretación sucesiva. Interesa ahora destacar 
que no fueron «razones económicas ligadas a los costes del proceso» ni «tampoco 
dificultades técnicas que hicieran inviable la traducción simultánea», sino la garantía del 
principio de publicidad, que aquí cobra una especial significación por «la singularidad de 
este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado durante cuatro 
meses y televisado mediante streaming en su integridad». Debemos subrayar que el 
tribunal de enjuiciamiento trató así de tutelar un valor esencial, que tiene en nuestra 
Constitución  la  doble  naturaleza  de  principio  procesal  (art.  120.1  CE)  y  derecho 
fundamental del justiciable en materia penal (art. 24.2 CE, art. 11 de la Declaración 
universal de derechos humanos, art. 14 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos y art. 6 CEDH). Según la doctrina de este tribunal, es el juicio oral, en el que se 
producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y 
peticiones definitivas de la acusación y la defensa, el acto procesal en que cobra todo su 
sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control 
de la Justicia por la comunidad (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2, con cita de la 
STC 62/1982, de 15 de octubre, haciendo suya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos expresada en las SSTEDH de 22 de febrero de 1984, asunto Sutter 
c. Suiza, y de 8 de diciembre de 1983, asuntos Pretto y otros c. Italia, y Axen c. 
Alemania, y STC 174/2001, de 26 de julio, FJ 3). Hemos de recordar que la publicidad es 
garantía del justiciable frente a una Justicia secreta que escape a la fiscalización del 
público, y constituye también un medio para preservar la confianza de los ciudadanos en 
los tribunales, de forma que, al dotar de transparencia a la administración de justicia, 
contribuye a realizar los fines del derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre 
de 1983, asunto Axen c. Alemania, § 25; y STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 3).
No  procede  dirigir  reproche  en  este  aspecto  al  Tribunal  Supremo,  pues,  no 
hallándose siguiera compelido por el art. 24.1 CE a ofrecer ningún sistema de traducción  s
a los procesados, como hemos dejado sentado más arriba, atendió a tan esencial bien  oe.
jurídico al habilitar un sistema de traducción como el citado, ponderando las superiores  w.
ventajas que ofrecía el mismo para la publicidad del proceso frente al inconveniente de la  019ww
edvee lnat udaol cstruinpae ricoorn dsutirtaucciióonn adl es olobsr ein ltae rirnodgeafteonrisoisó.n C coomndou hceem ao sa fairdmealar nqtaudeo e, slaa  ahpiplioctaéctiiócan 
ipnrcoolonnvgeancieiónnte  tqeumep oarsaulm  dióe  lalo ss alian tedrer oegnajtuoicriioasm iye ndtoe ld eplr oTpriiob unjuaicl iSo ucporenmstoit uyir íqau eu nh albervíea   BOE-A-cable e
de  soportar  el  recurrente  en  el  ejercicio  diligente  del  derecho  de  defensa,  exigible 
conforme al art. 24 CE.
c)  Respecto de las declaraciones testificales, vale lo dicho ut supra en cuanto a la 
procedencia del empleo de la lengua castellana en el juicio desarrollado en la sede del 
Tribunal Supremo.
Tampoco cabe poner en cuestión, respecto de los tres testigos que manifestaron su 
deseo de expresarse en catalán, que su grado de conocimiento de la lengua castellana 
les impidiera declarar, incidiera en el correcto entendimiento de las preguntas o en la 
emisión de las respuestas durante el interrogatorio, afectando así al ámbito protegido por 
el derecho de defensa (art. 24.1 CE), el derecho a la prueba y a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE) de la parte recurrente en amparo, que es la única perspectiva 
que importa a este recurso.
No comparte este tribunal la afirmación efectuada en la demanda según la cual la 
menor  fluidez  en  el  uso  de  la  lengua  incide  negativamente  en  la  credibilidad  del 
testimonio.  Tan  apodíctica  declaración  no  se  cohonesta  con  la  experiencia  y 
profesionalidad que atesoran los magistrados que integran el tribunal de justicia que tuvo 
encomendada la valoración de la prueba, órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). En 
todo caso, como hemos visto, el tribunal de enjuiciamiento, con inmediación, valora que 
estos tres testigos eran perfectos conocedores de la lengua castellana, hecho que, 
además, estimó que venía avalado por los cargos que ostentaban o la profesión que 
ejercían (se trataba de un diputado nacional, un agente de policía autonómica y un 
abogado en ejercicio). Y en cualquier caso, los testigos no mostraron dificultad alguna 
para comprender las preguntas que las partes les dirigieron, hasta el punto de que 
ninguno de ellos hizo indicación alguna al respecto.
Finalmente,  no  nos  dice  la  parte  recurrente  en  qué  aspecto  del  relato  fáctico, 
determinante de su condena, pudieron incidir estas tres declaraciones. El órgano judicial 
que valoró la prueba y, a partir de ella, confeccionó la relación de hechos probados, 
calificó esos testimonios de «irrelevantes». Descartada la utilidad de la prueba en sí 
misma, decae también el argumento que liga la supuesta merma de credibilidad de los 
testigos con el derecho de defensa, pues, en todo caso, de tal supuesto no derivó ningún 
resultado relevante. Rechazamos, por tanto, que la denunciada defectuosidad en estas 
declaraciones  testificales,  que  no  es  tal,  haya  podido  causar  a  la  parte  recurrente 
indefensión material proscrita por el artículo 24 de la Constitución.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
5.  El derecho a un juez imparcial.
El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, con 
invocación expresa del art. 24 CE y del art. 6 CEDH. El planteamiento de este motivo de 
amparo se desarrolla, a su vez, en varias quejas concretas que, sin perjuicio de su 
relación  con  el  derecho  fundamental  alegado,  presentan  una  distinta  naturaleza  y 
significación, por lo que deben ser resueltas de manera individualizada.
En efecto, la vulneración alegada se basa, por un lado, en la desestimación de las 
diversas recusaciones formuladas a lo largo de todo el procedimiento y, por otro, en el 
denominado  como  «rol  inquisitivo»  asumido  por  el  presidente  de  la  sala  de 
enjuiciamiento, en uno de los interrogatorios llevados a cabo en el acto del juicio oral.
La pluralidad y heterogeneidad de las vulneraciones alegadas aconsejan, en este 
caso,  iniciar  su  análisis  mediante  la  reseña  de  la  doctrina  jurisprudencial  sobre  el  e
derecho invocado. bo
55..11. 1 DoDcotrcintrain aju rdisepl rTurdibeunncaial lC soonbsrteit uecl idoenraelc.ho al juez imparcial. 2021-10019n https://ww
El derecho al juez imparcial aparece expresamente reconocido en el art. 6.1 CEDH.
Este precepto, bajo el epígrafe «Derecho a un proceso equitativo», garantiza a toda
persona el «derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley […]».
Como es conocido, nuestro texto constitucional no recoge este derecho de forma 
singularizada. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, inicialmente, se considerara 
englobado en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (STC 47/1983, de 31 
de mayo, FJ 2). A partir de la STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 2, y, sobre todo, de la 
STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, el derecho al juez imparcial se reconoce integrado 
en el derecho a un juicio con todas las garantías, «aunque no se cite en forma expresa» 
en el art. 24.2 CE. Se continuaba así con la progresiva confluencia (art. 10.2 CE) entre 
nuestra doctrina y la desarrollada por el tribunal europeo en la interpretación del art. 6.1 
CEDH, representada en aquel momento por las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, 
asunto Piersack c. Bélgica, y de 26 de octubre de 1984, asunto De Cubber c. Bélgica, y 
plasmada posteriormente –entre otras muchas– en las SSTEDH de 24 de mayo de 1989, 
asunto Hauschildt c. Dinamarca, de 25 de noviembre de 1993, asunto Holm c. Suecia, 
de 28 de octubre de 1998, asunto Castillo Algar c. España, de 22 de junio de 1989, 
asunto Langborger c. Suecia, o más recientemente, en las SSTEDH de 6 de enero 
de 2010, asunto Vera Fernández-Huidobro c. España, o de 6 de noviembre de 2018, 
asunto Otegi Mondragón y otros c. España.
Este tribunal ha conformado un cuerpo doctrinal sobre el derecho al juez imparcial 
que, de forma sistematizada y en lo que ahora interesa para la resolución de este 
recurso, puede exponerse de la siguiente manera:
a)  El derecho al juez imparcial es una garantía fundamental del sistema de justicia.
Este tribunal ha afirmado que el derecho a un juez imparcial «constituye una garantía 
fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho que condiciona su 
existencia misma, ya que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. 
Por ello, la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales  (CEDH),  está  implícita  en  el  derecho  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías  (art.  24.2  CE),  con  una  especial  trascendencia  en  el  ámbito  penal.  El 
reconocimiento de este derecho exige, por estar en juego la confianza que los tribunales 
deben inspirar en una sociedad democrática,  que  se garantice al acusado que no 
concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el 
órgano judicial» (SSTC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, 
FJ 2).
En efecto, «ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y 
someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas 
esenciales  que  caracterizan  la  función  jurisdiccional  desempeñada  por  jueces  y 
magistrados» (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley 
supone  que  la  libertad  de  criterio  en  que  estriba  la  independencia  judicial  no  sea 
orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del 
Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que 
no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de 
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición 
anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 
de mayo, FJ 3). e
b)  La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva. 019www.
que Egna rlaínnetiaz ac qoune l oe l ajunetezr inoor,  h«as em avnietneen iddois rtienlgauciioennedso  ienndterbei duansa c iomnp laarsc ipaalirdteasd,  seunb ljae tqivuae, 
simep ianrtecigarlaidna dto odbajse tliavsa ;d eusd adse cqiru, ere dfeerriidvae na ld oeb jleatso  rdeelal cpioronceess od,e pl ojure lza  qcoune  saeq uaeslelagsu, rya  quunea   BOE-A-cable e
el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él (así, 
SSTC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de 
febrero, FJ 4)» (STC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la 
imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con 
las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive 
su vertiente objetiva, […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que 
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni 
prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
c)  La imparcialidad objetiva debe ser ponderada en cada caso concreto.
Como  «causas  significativas  de  tal  posible  inclinación  previa  objetiva»  se  han 
considerado la «realización de actos de instrucción, que pueden suponer un contacto 
con el litigio que dificulte su correcto enjuiciamiento posterior; la adopción de decisiones 
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; o la intervención previa en 
una  instancia  anterior  del  mismo  proceso  (SSTC  157/1993,  de  6  de  mayo,  FJ  3; 
299/1994, de 14 de noviembre, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 151/2000, 
de 12 de junio, FJ 3; STEDH de 23 de mayo de 1991, caso Oberschlick, § 48 a 52) o, 
más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior 
(SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4; y SSTEDH de 7 de 
agosto de 1996, caso Ferrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, caso De 
Haan).  Debemos  subrayar  en  cualquier  caso  que  ni  esta  relación  de  causas  de 
parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos 
comporta necesariamente tal tacha, cuestión que habrá de analizarse en cada caso a la 
luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
«La  concreción  de  esta  doctrina  constitucional  [se  continúa  apuntando]  se  ha 
producido principalmente al estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y 
de enjuiciamiento, pero sin perder de vista que lo decisivo es el criterio material que 
anima  la  apreciación  de  la  pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de 
actuación judicial del que pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] 
"la determinación de cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada 
caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial 
no está vinculada tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas 
que queden vedadas al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada 
supuesto en particular, de si la intervención previa en la que el interesado centra sus 
dudas  ha  sido  realizada  por  el  órgano  judicial  teniendo  que  adoptar  una  decisión 
valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben 
ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello 
porque la imparcialidad trata de garantizar también que el juzgador se mantenga ajeno, 
específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta 
sea solo indiciaria y provisional" […] deben considerarse objetivamente justificadas las 
dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, 
cuando  la  decisión  a  la  que  se  pretende  vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se 
fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían 
propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este 
modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3). e
d)  La imparcialidad judicial se presume. 019www.
son Smeguúyn  ilma pmoirstamnate dso c[…trin],a ,n «oa ubna sctuaa ncdoon  eqsu ceie rttaole qsu ed uedna ess toe  ásmosbpiteoc lhaass a psaorbieren c[ialas] 
cimapsoa rcsiia llaidsa dm sisumrjaans  eanlc alan mzaenn tuen dae c qouniseins treenccuias at,a sl inqou eq upee rems itparne caisfiorm daert eqrmuein aser  chaaslola an   BOE-A-cable e
objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 
140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por ello la imparcialidad del juez ha de presumirse 
y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de 
mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas 
e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas» 
(STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e)  El  derecho  al  juez  imparcial  debe  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de 
recusación.
El  instrumento  primordial  para  preservar  el  derecho  al  juez  imparcial  es  la 
recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante 
un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho 
al juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del 
derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE 
(STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por tanto, la privación de la posibilidad de 
ejercer  la  recusación  «implica  la  restricción  de  una  garantía  esencial  que  aparece 
establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador 
protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, 
de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre, 
FJ 10)» (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2).
f)  El incidente de recusación puede ser rechazado a limine, incluso por el órgano 
recusado.
Aunque la «regla general es […] que el órgano recusado ha de dar curso a la 
recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha 
la parcialidad» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2), eso «no significa […] que en casos 
muy excepcionales la recusación no pueda rechazarse de plano por el propio órgano 
recusado, lo que resulta constitucionalmente admisible, a decir de la STC 47/1982, de 12 
de julio, cuando se propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los 
presupuestos de admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que 
afectan a la esencia del procedimiento (entre ellos, la extemporaneidad), cuando no se 
alega la causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se 
establecen los hechos que le sirven de fundamento (FJ 3). […] En el mismo sentido 
dijimos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, que "la inadmisión liminar de la 
recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de 
abstención como en su invocación arbitraria" [mientras que] en la ya citada STC 47/1982, 
de 12 de julio, analizando un supuesto de rechazo a limine de la recusación por los 
propios recusados, ya admitimos que tal rechazo "puede producirse por incumplimiento 
de los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento" (FJ 3), entre los 
que, a tenor de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, ha de incluirse la formulación de la 
recusación en plazo» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 3). En esta misma resolución se 
añadía  que  el  rechazo  liminar  de  la  recusación  puede  acordarse  cuando  «la 
improcedencia de la recusación […] pueda apreciarse prima facie de modo manifiesto, 
claro y terminante y, además, que la tramitación ordinaria del incidente pueda causar 
perjuicios relevantes al proceso principal» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 6).
Finalmente, la STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a 
plantear la recusación, inserto, a su vez, en el derecho a la imparcialidad del juzgador, 
está sujeto a configuración legal (SSTC 32/1994, de 31 de enero, FJ 4; y 137/1994, de 9  e.
de mayo, FJ único) en las normas orgánicas y procesales […]. Pues bien, [esa] exigencia  w.
legal  de  que  la  recusación  se  proponga  tan  luego  o  tan  pronto  como  se  tenga  019ww
ccoonnostcitimucieionntaol .d [e… la]  Peoxris etellnoc eias  dlíec iltao  cqauues ae l qleugei slala fduonrd iem npoo ncgaar elace c daerg tao ddae  tirmapscuegnndaer necsiaa 
iddeo nleai diandvo scuabcjieótniv ata crodnía  pdreem  luar ac ay uqsuae ,d een  rceocnusseaccuióenn.c i[a…, l]i mRitees uol teax, celuny ac olan speocsuibeinlidcaiad,   BOE-A-cable e
constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto 
si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la 
sentencia,  como  la  realidad  de  la  concurrencia  de  la  causa  de  recusación  que 
eventualmente se invoque».
5.1.2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la 
que, desde sus primeras resoluciones, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, como expresión de una cultura jurídica común a nivel 
europeo.  En  efecto,  aunque  se  observa  alguna  diferencia  en  los  criterios  de 
sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son 
esencialmente coincidentes.
Así, en la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. 
España, § 52 a 57, con cita de otras anteriores, se realiza una exposición de los 
principios generales en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de 
la siguiente manera.
a)  La imparcialidad judicial comprende dos perspectivas: subjetiva y objetiva. El 
tribunal europeo expone que «la existencia de imparcialidad a los efectos del artículo 6.1 
[CEDH] debe ser analizada de acuerdo con un criterio subjetivo, teniendo en cuenta las 
convicciones  personales  y  el  comportamiento  de  un  juez  en  particular;  es  decir, 
analizando  si  el  juez  se  encontraba  afectado  por  cualquier  prejuicio  personal  o 
predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio 
objetivo; es decir, analizando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su 
composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a 
su imparcialidad (véase, por ejemplo, SSTEDH de 15 de diciembre de 2005, asunto 
Kyprianou c. Chipre [GC], § 118, y de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef c. Malta 
[GC], § 93)».
b)  Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas. El tribunal 
reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, 
pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre 
su imparcialidad por parte del observador externo (criterio objetivo) sino también entrañar 
el  análisis  de  sus  convicciones  personales  (criterio  subjetivo)  (véase  Kyprianou, 
anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil 
encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva 
de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 
adicional (véase, de 10 de junio de 1996, Pullar c. Reino Unido, § 32, Informes 1996-
III)».
c)  La imparcialidad judicial se presume. En relación con el criterio subjetivo, el 
«principio  según  el  cual  a  un  tribunal  se  le  debe  presumir  carente  de  prejuicios 
personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este tribunal 
(véase Kyprianou, anteriormente citado, § 119, y Micallef, anteriormente citado, § 94). La 
imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario 
(véase, de 24 de mayo de 1989, Hauschildt c. Dinamarca, § 47, Serie A núm. 154). 
Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, 
requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones 
personales (véase De Cubber v. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A 
núm. 86)». s
d)  La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso  oe.
codpo eron dtccaeerl e dntoiomat.rti uaeEr nantnl oera ezt(ualiabr ciaedil ó.ei nnzt ae§c no 9sqn7iu de)ea.l   dPc erocixtorei smlrotieoo tn  apo nabetrjoena,tt  irisvmeeo p , delsiecle ab jredu  eueebnzx eaan ymf a «illntaoaans rda  eeloiz ntiarm ocr psal oadsrapc  rvicoaíatnlaisdcgoauo dlcon ospisn otjcear rrspeá atrodqrt eues i ic duoeenssl     2021-10019n https://www.
tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38)».
e)  La importancia de la apariencia de imparcialidad. Como es conocido, el tribunal 
europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, 
en otras palabras, "la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser 
aparente que se administra" (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está 
en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una 
sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un 
motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo 
Algar  v.  España,  de  28  de  octubre  de  1998,  §  45,  Informes  1998-VIII;  y  Micallef, 
anteriormente citado, § 98)».
f)  Las  dudas  sobre  la  imparcialidad  han  de  estar  objetivamente  justificadas. 
Finalmente, y en todo caso, «se debe analizar si, con independencia del comportamiento 
del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. 
Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón 
justificada para temer que un juez o un tribunal carecen de imparcialidad, el punto de 
vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo es 
determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente justificado (véase Micallef, 
anteriormente citado, § 96)».
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas, siguiendo el 
orden propuesto en el escrito de demanda.
5.2  La recusación del magistrado instructor.
5.2.1  Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona la imparcialidad del magistrado instructor, que se concreta en 
la pérdida de la necesaria equidistancia con los hechos investigados. Se basa para ello, 
esencialmente, en la expresión «la estrategia que sufrimos», que se contiene en la 
página 54 del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018. Con esa expresión, el 
magistrado se estaría colocando a sí mismo como víctima de la infracción delictiva 
investigada, lo que determinaría la concurrencia de la causa de abstención y/o de 
recusación prevista en el art. 219.10 LOPJ; es decir, «[t]ener interés directo o indirecto 
en el pleito o causa». La misma expresión se contiene en el auto de 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por uno de los procesados.
El recurrente puso de manifiesto esta cuestión, por adhesión a los argumentos 
expuestos por otra de las partes, en el trámite del recurso de apelación interpuesto 
contra el auto de 9 de mayo de 2018 por el que se desestimaron los recursos de reforma 
planteados, a su vez, contra el auto de procesamiento. Esta pretensión fue reiterada en 
fecha 12 de febrero de 2019, en el trámite de cuestiones previas.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal plantea inicialmente un óbice 
procesal de inadmisión, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con 
el art. 44.1 c) LOTC. No obstante, se pronuncia también sobre el fondo para descartar la 
vulneración denunciada. A juicio del fiscal, la expresión controvertida debe interpretarse 
como un sentimiento colectivo, no como un interés singularizado del magistrado, además 
de tratarse de una expresión aislada, sin relevancia para las actuaciones de instrucción. 
El abogado del Estado señala que la expresión guarda directa relación con la descripción 
que se hace en el auto de procesamiento sobre el contenido del Libro Blanco; mientras 
que el partido político Vox argumenta que las alegaciones del recurrente son «meras 
sospechas» que no resultan objetivamente justificadas. e.
5.2.2  Respuesta del órgano judicial. 019ww
iennte srLpuau  aecusattuoos  apd oedr e 1 o8rte rodc ueps jrauocncióieons  adadeloe 2 gc0ao1dn8at, r faup eoe rli  neaiclu iqatoulm ede esn et1e 2 dr eedsceeh saatzibmardiól a de pel o r2re 0cla1u 8rss,a olp ado der e ea lrp eqeculuaercs ióosnes    OE-A-2021-10able en https://
denegó la libertad interesada. Decisión que fue reiterada, por remisión, en el auto de 26
de junio de 2018, por el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos 
contra el auto de 9 de mayo de 2018. La decisión de la sala de recursos fue avalada y 
confirmada por la sala de enjuiciamiento en la sentencia ahora impugnada.
En su fundamento de Derecho A), apartado 5.5.2, la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo se remite a los argumentos ofrecidos por la sala de recursos. Más en concreto, 
señala que la «queja […] desenfoca y descontextualiza el sentido de las expresiones 
utilizadas por el magistrado instructor, tiñendo así de falta de imparcialidad lo que ha de 
ser  entendido  como  una  percepción  generalizada  de  la  forma  en  que  se  fueron 
desarrollando los acontecimientos en Cataluña, con ocasión de exponer el instructor el 
desarrollo de la estrategia secesionista que se recogía en el Libro Blanco que era objeto 
de explicación y comentario en la resolución recurrida». La expresión controvertida «ha 
de  entenderse  como  la  expresión  de  la  incomodidad  o  desazón  que  generaba  la 
repetición de noticias e imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes 
horas del día relacionadas con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en 
el día a día se iban produciendo. […] Sin embargo, una referencia incidental de esa 
índole en la redacción de una resolución judicial nada tiene que ver con una posible 
pérdida de imparcialidad a la hora de adoptar una decisión sobre el caso. Atribuir a una 
expresión de esa naturaleza las connotaciones propias de un signo revelador de pérdida 
de imparcialidad nos llevaría a unas consecuencias tan desmesuradas y distorsionadas 
que haría muy difícil celebrar un juicio o realizar una investigación en el ámbito judicial. 
Pues, de aplicarse los baremos que postula la defensa para valorar que existe una 
pérdida de imparcialidad, habría que anular todos aquellos procedimientos en los que la 
actitud poco comedida o desabrida de un acusado, o simplemente la pesadez o el 
incordio de uno de los protagonistas de un juicio, generara un estado de desazón o una 
sensación de molestia o de incomodidad en el juzgador que pudiera afectar a su grado 
de imparcialidad a la hora de enjuiciar un caso». Para el Tribunal Supremo, estos 
razonamientos permiten descartar la vulneración del derecho al juez imparcial por parte 
del magistrado instructor.
5.2.3  Resolución de la queja.
a)  La expresión controvertida («la estrategia que sufrimos») se contiene en el auto 
de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018. Se inserta en el marco de una 
detallada  exposición  de  los  elementos  fácticos  que  sustentaban  la  fundamentación 
jurídica del auto. Más en concreto, dentro del apartado 38 del antecedente de hecho 
único, bajo el epígrafe «una posible actividad delictiva en desarrollo, con un relevo en los 
partícipes», en la página 54. Se trataba de una descripción de la estrategia contenida en 
el denominado Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña, en el que se 
planteaban los distintos escenarios frente a la respuesta del Estado ante la actuación 
planificada por las distintas autoridades y organizaciones sociales de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña que promovieron las actuaciones objeto de enjuiciamiento. Entre 
esos escenarios se abordaba una posible sucesión o relevo de los autores de esa 
actuación, lo que da título al apartado 38. En una frase introductoria de la parte final de 
esa estrategia se reseña la expresión controvertida: «Y termina el relato de la estrategia 
que sufrimos diciendo, inmediatamente después […]», extractando a continuación un 
párrafo  del  Libro  Blanco.  Como  ya  se  expuso,  esta  misma  expresión  se  recoge 
igualmente en el auto dictado por el magistrado instructor en fecha 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por uno de los procesados.
b)  Con carácter previo al análisis de este motivo de amparo, se hace necesario  e
abordar  el  óbice  procesal  planteado  por  el  Ministerio  Fiscal  en  relación  con  esta  bo
alegación. Para el fiscal, esta causa de recusación no fue planteada en el momento  019ww
cporonctreasraiol , oepsotart uanleog; aecsió nd efucier,  incvuoacnaddoa  fpuoer  neol trifeiccaudrroe netel  apuotro a ddeh epsrióonc eas alom eiexnptuoe. sPtoo rp oerl 
doetrsae sptiamrtaec, ióenn d eell  retrcáumrsiote  ded erel forermcuar scoo ndtrea  eal paeulatoc idóen  pirnotceerpsuaemsiteon toc.o Untlrtae rioerlm  aeunttoe , dsee 
volvió  a  plantear  en  el  trámite  de  cuestiones  previas,  al  inicio  del  juicio  oral.  En
consecuencia, entiende el fiscal que concurre la causa de inadmisión prevista en el 
art. 50.1 a) LOTC, en relación con lo dispuesto en el art. 44.1 c) LOTC. Lo que ha de 
ponerse en relación, a su vez, con la infracción de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, 
cuando  señala  que  la  recusación  «deberá  proponerse  tan  pronto  como  se  tenga 
conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite».
Efectivamente,  el  examen  de  los  motivos  que  integran  la  demanda  de  amparo 
requiere, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el 
proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, 
una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». La finalidad de esta norma es la 
de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo (por todas, SSTC 42/2010, 
de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2). Este elemento teleológico ha guiado la interpretación de este requisito y el 
contenido  mínimo  de  la  invocación  para  que  pueda  considerarse  cumplido.  En  tal 
sentido, «el tribunal ha rechazado una interpretación literal o excesivamente rigorista de 
este requisito, aunque [no hasta el punto de] un vaciamiento absoluto de un precepto 
legal cuya ordenación responde a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo que se 
desprende claramente del art. 53.2 CE, y el titular del derecho fundamental debe facilitar 
su protección y hacer posible, con su invocación, que el órgano judicial remedie la 
presunta violación del correspondiente derecho» (STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 5). 
Por ello, este tribunal ha exigido que, al menos, la invocación formal se haga «de manera 
que se cumpla la finalidad perseguida con aquel requisito, lo que significa que se ha de 
ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, pueda entrarse a conocer de las 
concretas vulneraciones después aducidas en el recurso de amparo, lo que requiere, al 
menos,  una  delimitación  del  contenido  del  derecho  que  se  dice  vulnerado» 
(STC 11/2020, FJ 5).
En el presente caso, tiene razón el Ministerio Fiscal. Un análisis de las actuaciones 
pone de manifiesto que el motivo alegado no fue articulado en el momento procesal 
oportuno, ni a través del cauce procesal indicado por la ley.
Como se ha señalado, las dudas sobre la imparcialidad judicial han de hacerse valer 
a través del incidente de recusación correspondiente, hasta el punto de que la posibilidad 
de recusar se integra en el derecho a un proceso con todas las garantías (STC 116/2008, 
de 13 de octubre, FJ 2). El incidente de recusación se convierte, por tanto, en el 
instrumento idóneo para invocar una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no 
hacerse así, no solo se renuncia al ejercicio del derecho a recusar en tiempo y forma, 
como expresión del derecho al juez imparcial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). También se impide la práctica de la prueba que se 
estime pertinente (art. 225 LOPJ), así como la instrucción y resolución del incidente por 
los órganos legalmente competentes (arts. 224 y 227 LOPJ). Del mismo modo, se 
imposibilita que el magistrado recusado pueda ofrecer las explicaciones que entienda 
procedentes sobre la cuestión sometida a controversia. El incidente de recusación es 
una  garantía  para  quien  recusa,  porque  permite  una  eventual  reparación  de  la 
vulneración alegada mediante el apartamiento del magistrado, pero también para el 
recusado, porque impide –en su caso– una indebida exclusión del conocimiento del 
asunto que legalmente le está encomendado.
El recurrente tenía que haber planteado el incidente de recusación cuando le fue 
notificado el auto de 21 de marzo de 2018 en el que se contenía la expresión discutida. 
Sin embargo, además de no plantear el incidente, ni siquiera recurrió en reforma ese 
auto por el motivo que ahora alega. En realidad, no invocó formalmente la vulneración  s
del  derecho  a  un  juez  imparcial.  En  lugar  de  eso,  lo  que  hizo  fue  adherirse  oe.
genéricamente al recurso de apelación interpuesto por otra parte contra el auto de 9 de  w.
mayo de 2018 que resolvía el recurso de reforma frente al auto de 21 de marzo de 2018.  019ww
Eadnh uensi óens cgreitnoé freiccah aadl ore ecul r2s4o  dinete mrpauyeos tdoe p o2r0 1la8 ,r eepl reresceunrtraecnióten  sdiem dpoleñmae Cnater mfoer mFourlóca udneall 
edne  uenl qau inev soíc saec iaólne ggaebnae rlaal ,v iunlcnoenraccreiótan  ed einl ddiererecctah oq uael ,j uaedze mimápsa, rsceia lp. laEnst edaebcair , csoen ttrraa tuanbaa   BOE-A-cable e
resolución distinta de la que motivaba la causa de recusación. En esos términos, el 
órgano judicial no podía entrar a valorar la concreta cuestión ahora invocada por el 
recurrente. De hecho, el auto de 26 de junio de 2018 se limitaba a señalar, en respuesta 
a la vulneración alegada por otra de las partes recurrentes, que «el mecanismo procesal 
para hacer valer las dudas sobre la imparcialidad o las afirmaciones sobre la ausencia de 
la misma es la recusación, que tiene su propia regulación legal» (FJ 3.2); mientras que 
en el fundamento de Derecho séptimo, apartado 5, destacaba que la «cuestión relativa a 
la imparcialidad del instructor ya ha sido examinada». No parece que pudiera hacer otra 
cosa ante la manifiesta insuficiencia argumentativa de los recurrentes.
Como es conocido (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2, y más recientemente 
en STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos insubsanables de que 
pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan reparados porque haya sido 
inicialmente  admitido  a  trámite  (por  todas,  SSTC  18/2002,  de  28  de  enero,  FJ  3, 
y  158/2002,  de  16  de  septiembre,  FJ  2),  de  forma  que  la  comprobación  de  los 
presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o 
reconsiderar  en  la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar  a  un 
pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello 
constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 
LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, 
y 174/2011, de 7 de noviembre, FJ 2).
En este caso, la invocación fue extemporánea, ya que se formuló en el mes de mayo 
frente a una resolución del mes de marzo, y formalmente indebida, por no haberse 
planteado a través de un incidente de recusación, pudiendo hacerlo. En consecuencia, la 
pretensión  incurre  en  causa  de  inadmisión  del  recurso  de  amparo  en  este  punto, 
conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a), en relación con su art. 44.1 c).
c)  No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la 
sala  de  recursos  como  el  tribunal  sentenciador  entraron  a  valorar  el  fondo  de  la 
pretensión ahora formulada, a instancia de otras partes o en momentos procesales 
ulteriores. Esto permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, el motivo no 
podría haber prosperado en los términos en que ha sido planteado.
(i)  Como se ha expuesto, este tribunal tiene declarado que la imparcialidad judicial 
se presume, y que las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo 
que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda 
derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada. Aunque en 
esta materia son importantes las apariencias, la imparcialidad del órgano jurisdiccional 
no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente, o de 
sus convicciones personales.
La causa de recusación invocada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». Como se deduce de lo expuesto en el 
ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 7, esta causa de abstención y/o recusación hace 
referencia a la relación del magistrado con el objeto del procedimiento, de manera que le 
pueda «afectar directa y especialmente», o pueda derivarse del mismo algún «beneficio 
o perjuicio». En esa resolución también se señalaba que, partiendo de la acepción de la 
palabra  «interés»  recogida  en  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  como 
«inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración», se ha afirmado 
que «las manifestaciones o expresiones de opiniones e ideas relacionadas con el objeto 
del proceso […] pueden ser exponente en algunos casos del "interés" a que se refiere el 
art. 219.10 LOPJ, y determinar por tanto la recusación del magistrado de que se trate». e.
El  análisis  de  la  expresión  impugnada  permite  descartar  cualquier  indicio  de  w.b
parcialidad, sin alterar su literalidad ni el sentido o contexto en que fue utilizada. Se  019ww
ppeordtrináe ndcisiac untoir  hlaa  pmoadyidoor  soe r mexepnloicra dfoar tpuonra e le mn algai setrlaedcoc ióinns trdueclt ovr,e prbreoc iesmampleenatdeo p, ocrquuyae 
oseb sthaan teo,m eitsideo  vseurb oin fnoorm peu eadle  nsoe rh anbeecerssea ripalmanetnetaed oid eunnt ifiincaciddoe nctoen  duen are pcéursdaicdiaó nd. eN loa 
imparcialidad del magistrado instructor. Es decir, la propia dimensión objetiva de la 
expresión no puede transmitir una imagen o una apariencia de parcialidad.
(ii)  El recurrente afirma que la palabra «sufrimos» implica la asunción de la posición 
de víctima del magistrado instructor. Lo cierto es que el recurso parte de una premisa 
errónea.  Los  hechos  objeto  de  investigación  estaban  siendo  calificados  como 
constitutivos de unos delitos que, en el caso de la rebelión (arts. 472 y ss. CP) afecta al 
orden constitucional (título vigesimoprimero del libro segundo), mientras que en el caso 
de la sedición (arts. 544 y ss. CP) atenta contra el orden público (título vigesimosegundo 
del  libro  segundo).  En  ambos  supuestos,  se  estaba  en  presencia  de  infracciones 
delictivas que afectaban a bienes jurídicos colectivos: ya sea a todo el régimen de 
ejercicio  de  derechos  y  libertades  ciudadanas,  o  al  funcionamiento  regular  de  las 
instituciones.  Por  eso,  la  expresión  discutida  no  puede  implicar  la  asunción  de  la 
condición de víctima del delito, porque las figuras delictivas investigadas carecen de 
sujeto pasivo concreto y determinado.
Del mismo modo, la expresión impugnada no suponía una toma de partido por 
alguna  de  las  partes  con  la  consiguiente  animadversión  hacia  las  otras,  ni  la 
manifestación de un ánimo o interés personal sobre el sentido que debía tomar la 
resolución  final  del  procedimiento.  Lo  cual  es  compatible  con  el  hecho  de  que  el 
magistrado  instructor  vaya  asumiendo  una  progresiva  convicción  jurídica  sobre  la 
existencia de indicios delictivos y de su autoría, lo que es consustancial con su posición 
funcional  en  el  proceso,  que  no  puede  determinar,  por  sí  sola,  una  pérdida  de 
imparcialidad.
Precisamente en esta línea, también debe señalarse que se trata de una expresión 
cuya contextualización no puede analizarse al margen de la naturaleza de la extensa 
resolución judicial en que fue empleada.
(iii)  En efecto, «[e]n la STC 27/2019, de 26 de febrero, hemos recordado «la 
naturaleza  provisional  de  la  imputación  precisa  y  formal  en  que  el  procesamiento 
consiste (SSTC 41/1982, de 2 de julio, FJ 2; 104/1985, de 4 de octubre, FJ 2; 70/1986, 
de 31 de mayo, FJ 2; o 37/1989, de 15 de febrero, FJ 3), dado que no se dirige sino a 
delimitar objetiva y subjetivamente el objeto de la investigación desde que el instructor 
aprecie en la causa la existencia de indicios racionales de criminalidad». […] «[…] 
Añadíamos entonces que "el procesamiento no implica, evidentemente, la imposición de 
una pena. Constituye solo una resolución judicial de imputación formal y provisional que 
ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no 
implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación del propio instructor, 
que puede revocar el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su 
adopción"»» [STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 9 A)].
Lo anterior supone que no todas las expresiones fácticas recogidas en un auto de 
procesamiento tienen un grado de vinculación absoluta para la delimitación del objeto del 
proceso ni para su resolución final. Lo relevante, desde la perspectiva del principio 
acusatorio y del derecho de defensa, es que se respete el núcleo esencial de los hechos 
atribuidos a la persona investigada a los efectos de formular, en su caso, la acusación; y 
que exista una correlación o coherencia, a su vez, entre el núcleo esencial de los hechos 
objeto de acusación y la sentencia que ponga fin al procedimiento (ver, por todas, 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 4).
d)  En  el  caso  concreto,  el  recurrente  pretende  que  la  frase  cuestionada  lleve 
aparejada la nulidad de todo el procedimiento y, señaladamente, de una resolución 
completamente desconectada jurídicamente; es decir, distinta y autónoma como es la  e.
sentencia  condenatoria.  Ese  hipotético  grado  de  conexión  entre  la  vulneración  w.b
denunciada y el devenir final del proceso ha de ser objeto de una valoración de las  019ww
csiercñuanlasbtaan claia sS TdCel  c2a3s/2o0 c1o6n, cdreet o1 q5u ed,e n efecbersearori,a mFeJ n3te, , nnoo  peus epdoes sibelre  adperisocríasrttiacra . qCuoem loa 
rreetpraoraaccciióónn  ddee  uancat ueavceionntueasl,  le«seinótnre d ee nu nc odnefrliecctoh oc ofunn doatrmose ndtaelr emcehdoisa,n bteie lnae ns uyli dvaadl ocroens 
también constitucionales y dignos de tutela. En tales supuestos, por exigencia derivada
de  la  eficacia  propia  de  tales  derechos  y  valores,  así  como  del  valor  "justicia" 
(SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7; 173/1995, 
de 21 de noviembre, FJ 2), del principio del Estado de Derecho (STC 160/1987, de 27 de 
octubre, FJ 6) […], la solución habrá de adoptarse previa ponderación de los derechos y 
valores  constitucionales  en  conflicto,  con  respeto  a  su  contenido,  observancia  del 
principio de proporcionalidad, y motivación del juicio de ponderación (SSTC 85/1992, 
de 8 de junio, FJ 4, y 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 2)».
Para  este  tribunal,  la  expresión  analizada  puede  considerarse  inocua  desde  la 
perspectiva de la afectación material del derecho fundamental invocado y, por lo tanto, el 
ejercicio ponderativo no puede resolverse mediante la estimación de la pretensión del 
recurrente. El verbo empleado no fue determinante para la decisión adoptada en el auto 
de procesamiento, ni tuvo relevancia alguna para la formulación de los escritos de 
calificación provisional ni para la sentencia condenatoria. De esa expresión no se dedujo 
una desventaja para el procesado, ni una falta de equidad o una discriminación en el 
trato  dispensado  por  el  magistrado  instructor,  de  las  que  pudiera  deducirse  un 
posicionamiento en su perjuicio, indicativo de una falta de imparcialidad. Esto no significa 
que el derecho fundamental al juez imparcial requiera un resultado material para apreciar 
la lesión alegada. Pero, tal y como ha sido formulado el recurso, no basta con una mera 
interpretación de una expresión si no va acompañada de algún otro elemento fáctico del 
que, racionalmente, pueda deducirse una objetiva falta de imparcialidad.
El planteamiento del recurso es asimismo manifiestamente desproporcionado. Una 
sola frase incluida en una amplia resolución judicial en la que se exponen elementos 
indiciarios no puede suponer una quiebra del principio de imparcialidad determinante de 
la nulidad de todo el procedimiento.
Por otro lado, la demanda se refiere no solo a la actuación del magistrado instructor, 
sino que, por extensión, se dirige también contra la sala de recursos y contra el tribunal 
sentenciador,  al  desestimar  las  alegaciones  sobre  esta  cuestión.  En  la  sentencia 
impugnada [fundamento jurídico A), apartado 5.5.2] se deslizan expresiones que, de 
nuevo, son impugnadas por el recurrente. Se trata de palabras como «desazón», «tedio» 
o «atosigamiento» que el demandante considera impropias de una resolución judicial, 
porque denotan una pérdida de la debida imparcialidad.
Sin embargo, esas expresiones no suponen para este tribunal la evocación de un 
interés indebido en el objeto del proceso. La sala de enjuiciamiento se remite a las 
palabras contenidas en el auto de 18 de junio de 2018 dictado por la sala de recursos. El 
tribunal sentenciador tampoco hace suyas las palabras del magistrado instructor, sino 
que utiliza esas otras palabras con la pretensión de explicar o interpretar la locución 
impugnada. Unas expresiones que no son, en sí mismas, indicativas de una determinada 
posición procesal y que, en definitiva, no pueden suponer una pérdida de la debida 
imparcialidad.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
5.3  La recusación del magistrado de la sala de recursos, señor Monterde Ferrer.
5.3.1  Posiciones de las partes.
El  recurrente  impugna  en  su  demanda  la  desestimación  de  las  recusaciones 
formuladas contra el magistrado señor Monterde Ferrer, uno de los integrantes de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma sucinta, se considera 
que el magistrado no reunía las condiciones de imparcialidad, debido a que ocupaba el  s
cargo de vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Esta  oe.
asociación judicial desarrolló una campaña a través de la red social Twitter en la que  019www.
tomó partido en contra de los procesados en esta causa. En concreto, los mensajes de 
los que se derivaría esa pérdida de imparcialidad serían los siguientes:
a)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la delegación en Cataluña de la APM, con 
expresión de su fecha y contenido:
– 29 de enero de 2018. Se muestra «preocupada» por los hechos sucedidos en 
Barcelona el día 20 de septiembre de 2017.
– 27  de  enero  de  2018.  Se  critica  a  los  ciudadanos,  a  los  que  se  califica  de 
«amarillistas», que piden la libertad del procesado don Jordi Sánchez, y se reenvía la 
información remitida por un tercero en la que se hace referencia a un «piquete golpista».
– 24  de  enero  de  2018.  Se  califican  como  «dinámica  anticonstitucional» 
determinadas expresiones contenidas en una carta elaborada por el procesado don 
Joaquín  Forn,  como  integrante  de  Junts  per  Catalunya,  del  que  formaba  parte  el 
procesado don Jordi Sànchez.
– A finales de noviembre de 2017. Se difunde un texto en inglés, cuya autoría 
pertenece a un tercero, que incluye una fotografía del procesado don Jordi Sànchez, 
altavoz  en  mano,  atribuyéndole  haber  incitado  a  miles  de  personas  a  rodear  una 
comisión judicial y destruir coches policiales.
– 24 de noviembre de 2017. Se critica a la alcaldesa de Barcelona por pedir la 
libertad de los procesados en la causa.
– 22 de noviembre de 2017. Se califica a la ANC como «brazo civil de la trama 
secesionista».
– 22 de noviembre de 2017. Se hace una referencia directa a los procesados don 
Josep Rull y don Jordi Turull, sobre su acatamiento a la Constitución, mediante la 
expresión irónica: «cómo han cambiado las cosas».
– 5 de noviembre de 2017. Se califica a la ANC como «movilizador de masas contra 
el Estado de Derecho».
– 27 de septiembre de 2017. Se reenvía un artículo de un tercero, en el que se alude 
a actuar «sin medias tintas» ante el «desafío separatista».
b)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la Asociación Profesional de la Magistratura.
– 3 de noviembre de 2017. Se hace una referencia a la entonces magistrada de la 
Audiencia Nacional, señora Lamela, de la que se dice irónicamente que se levantó «con 
el pie izquierdo» y decidió enviar a todos los encausados a prisión.
– 27 de octubre de 2017. Se hace un comentario sobre unas declaraciones públicas 
del exmagistrado señor Martín-Pallín, en el que se pregunta si «¿dejamos impunes a los 
delincuentes?».
Según la demanda, estos mensajes ponen de manifiesto un claro prejuicio sobre la 
culpabilidad de los procesados en la causa, de la que el magistrado recusado no podía 
ser  ajeno  por  la  relevancia  del  cargo  que  ostentaba  en  la  asociación  profesional 
promotora de esta campaña mediática.
Señala el recurrente que esta lesión se denunció de manera reiterada por la defensa 
del procesado don Jordi Sánchez en los recursos que iba dirigiendo a dicho órgano, y la 
defensa del aquí demandante se adhirió a ella en el escrito de cuestiones previas y en el 
de conclusiones definitivas.
La queja del demandante se desarrolla en el sentido de denunciar el reiterado 
rechazo  indebido  de  esta  alegación.  A  tal  efecto,  expone  que  la  pretensión  fue  e.e
rechazada a limine por la propia sala de recursos, de la que formaba parte el recusado,  b
en su providencia de 12 de febrero de 2018, así como en la posterior de 14 de febrero  019ww
Jpoorrd lia S qàunec hseez  icnoandtmrai tlíaa  aenl terericour rrseos odleu csióúnp.l icTaa minbtieérnp ufuees tuol tpeoriro rlma erenpter edseesnetastcimióna ddae e dno enl 
taruátmo itdee s 1e5 p dlaen tfeeób relar or edceu s2a0c1ió8n, ,p aosr í ecl oqmuoe  esen  reel spoolvsítae reiol rr eacuutors doe d 1e9 a dpee laacbiróiln d een 2 c0u1y8o, 
resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la representación de
don Jordi Sánchez contra la anterior resolución. Por parte del aquí recurrente de amparo, 
la queja fue invocada en sus escritos de cuestiones previas y en el de conclusiones 
definitivas, obteniendo respuesta en la sentencia.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal plantea de nuevo un óbice procesal 
de inadmisión, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el 
art. 44.1 c) LOTC. No obstante, se pronuncia también sobre el fondo para descartar la 
vulneración denunciada. A juicio del fiscal, ninguno de los mensajes fue emitido por el 
magistrado recusado, por lo que no pueden considerarse como elemento acreditado de 
interés alguno en un resultado concreto del proceso. El abogado del Estado asume 
también  la  extemporaneidad  apreciada  por  el  tribunal,  además  de  resaltar  que  los 
mensajes fueron emitidos por personas no identificadas; mientras que el partido político 
Vox reitera que las alegaciones del recurrente son «meras sospechas», que no resultan 
objetivamente justificadas.
5.3.2  Respuesta del órgano judicial.
En el fundamento de Derecho A), apartado 5.5.7, la resolución ahora impugnada 
desestima este motivo de nulidad señalando que «las defensas pretendieron alterar la 
composición de un órgano jurisdiccional –en este caso, la sala de recursos– mediante la 
invocación  de  una  causa  de  recusación  que  se  basaba,  no  en  los  mensajes  del 
magistrado afectado, no en sus opiniones, no en sus actos, sino en los mensajes 
anónimos que la defensa atribuía a magistrados no identificados, pero miembros de la 
Asociación Profesional de la Magistratura, de la que el recusado era vicepresidente. El 
rechazo a limine de ese incidente era obligado, no solo por su extemporaneidad –la 
composición de la sala de recursos se había publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 
desde el mes de diciembre de 2016–, sino porque los mensajes habían sido emitidos por 
personas no identificadas cuya vinculación con el señor Monterde exigía, al menos, 
aportar un principio de prueba».
5.3.3  Resolución de la queja.
La demanda plantea toda una serie de alegaciones que, desde el punto de vista 
metodológico, se pueden clasificar en dos grupos; procesales y materiales. Así, por un 
lado, se denuncia que el incidente de recusación nunca fue tramitado, sino que fue 
inadmitido por la misma sala de la que formaba parte el magistrado recusado, con una 
interpretación excesivamente rigorista de los requisitos para su admisión, ya que el 
incidente  fue  planteado  tan  pronto  como  se  tuvo  conocimiento  de  la  campaña 
emprendida por la asociación de jueces, con independencia de la publicación en el 
«BOE» de la composición de la sala de recursos. Y, por otro, la cuestión de fondo 
invocada pone de manifiesto que la lesión denunciada por el recurrente presenta un 
fuerte componente fáctico. Se trata de dilucidar si la condición del magistrado recusado, 
como  directivo  de  una  asociación  profesional  de  jueces,  determina  su  falta  de 
imparcialidad como consecuencia de los mensajes emitidos desde las cuentas de esa 
asociación en una concreta red social (Twitter).
a)  En relación con este motivo debemos señalar que, como en el caso anterior, 
procede la estimación del óbice procesal planteado por el Ministerio Fiscal, conforme a lo 
dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC.
En efecto, el recurrente no planteó el incidente de recusación contra este magistrado 
integrante de la sala de recursos, sino que, como la propia demanda reconoce, esta  e.e
lesión se denunció de manera reiterada por la defensa del procesado don Jordi Sànchez  b
en los recursos que iba dirigiendo a dicho órgano, y la defensa del aquí demandante se  019ww
adhiPrioór  al oe lltaa netno ,e ll ae saclerigtoa cdieó nc uaehsotiroan epsla pnrteevaidaas  yn oe nf ueel  d«ed ceonnucnlcuisaidoan efso rdmeafinlmitievnatse. en el
pprreovciesstoo »p aproar  eellol  rleegcuarlmreenntete, , ecno mtioe mesp oe l yin cfoidrmenat.e  Ndoe  rleoc uhsizaoc ióan ,t rnaiv téasm pdoecl oin lsot rhuimzoe tnatno 
pronto como tuvo conocimiento de una eventual causa (art. 223.1 LOPJ).
En este punto, y con remisión a la argumentación ya expuesta en el caso anterior, la 
demanda incurre en motivo de inadmisión.
b)  No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la 
sala de recursos como la de enjuiciamiento ofrecieron una respuesta a la pretensión 
ahora formulada, a instancia de otras partes o en momentos procesales ulteriores. Esto 
permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, el motivo no hubiera prosperado 
en los términos en que ha sido planteado.
Como se ha expuesto, la demanda alega dos tipos de vulneraciones, que hemos 
sistematizado en procesales y materiales.
(i)  Empezando con las cuestiones de carácter procesal, ya hemos señalado que el 
rechazo a limine de un incidente de recusación ha sido admitido por este tribunal en sus 
SSTC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, entre otras. 
Los requisitos exigidos para adoptar una resolución de ese tipo se han visto colmados 
por las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En  efecto,  las  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  entroncan  con  el  canon  de 
enjuiciamiento propio del derecho a una resolución motivada, tal y como ha sido descrito, 
entre otras muchas, en la STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3. Las decisiones exponen 
con claridad los motivos de la inadmisión del incidente de recusación que, insistimos, no 
fue interpuesto por el recurrente, sino por la representación de don Jordi Sànchez.
En la providencia de 12 de febrero de 2018, la sala de recursos de la que formaba 
parte el magistrado recusado rechazó la recusación por extemporánea. Tras reseñar lo 
dispuesto en el art. 223 LOPJ, la sala expone que «la condición del magistrado recusado 
como vicepresidente de la referida asociación data de varios años antes de la presente 
fecha, y es de dominio público. Por otro lado, la composición de la sala competente para 
la resolución de los recursos de apelación contra los autos dictados por el juez instructor 
en la causa de referencia es conocida desde su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado" con fecha 30 de diciembre de 2016. Por otro lado, esta sala de apelaciones ya 
ha resuelto otro recurso en esta misma causa mediante auto de 5 de enero de 2018, 
formando parte del tribunal el magistrado recusado, en rollo de apelación 1-2017, en 
virtud de recurso interpuesto por [otro procesado] contra el auto del instructor de 4 de 
diciembre de 2017, dato que es igualmente conocido por el recusante, que compareció 
en el mismo como parte adherida al recurso». Este razonamiento es reiterado en el auto 
de 19 de abril de 2018, por el que se desestima el incidente de nulidad planteado contra 
el auto de 15 de febrero de 2018, por el que, a su vez, se desestimaba el recurso de 
apelación  interpuesto  contra  el  auto  del  magistrado  instructor  de  14  de  diciembre 
de 2017. En el incidente de nulidad se alegaba la vulneración del derecho al juez 
imparcial, por negativa injustificada a tramitar el incidente de recusación planteado contra 
el magistrado.
Por lo tanto, el incidente fue rechazado a limine por su manifiesta extemporaneidad, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, lo que es conforme a la doctrina de 
este tribunal.
(ii)  No obstante, la inclusión del régimen de abstenciones y recusaciones en el 
ámbito propio de la configuración legal del derecho al juez imparcial, obliga a examinar 
las resoluciones del Tribunal Supremo no solo desde la perspectiva del mero control 
externo propio del canon de enjuiciamiento de una cuestión de legalidad ordinaria, sino 
desde  el  plano  de  la  efectiva  apreciación  de  los  elementos  que  sustentan  las 
pretensiones alegadas y la consiguiente protección del derecho fundamental invocado, 
que  no  puede  verse  afectado  por  interpretaciones  excesivamente  rigoristas  de  las  e.
normas aplicables. w.b
En  ese  examen  se  constata  que  los  mensajes  aportados  abarcan  una  notoria  019ww
deext e2n0s1i8ó)n;  qteume plao rraelc u(sdaecsidóen  feule  mpleasn tedaed as eepnt iefemcbhrae  8 ddee  2fe0b1r7e roh adset a2 0e1l 8 mpeosrq udee,  seengeúron 
eml isremcou rmreangteis,t real ddoía y aa nhtaebriíoar  ilnet efurvee nnoidtiofi ceand laa  lrae scoolnuccrieótna  dceolm repcousriscoió nd ed ea plae lascailóan;  q1u-2e0 e1s7e, 
mediante auto dictado en fecha 5 de enero de 2018; y que la integración de ese
magistrado en la sala de recursos había sido publicada en el «BOE» núm. 315, de 30 de 
diciembre de 2016 (vigente hasta el 31 de enero de 2018), y reiterada en el «BOE» núm. 
300, de 11 de diciembre de 2017 (vigente a partir del 1 de febrero de 2018), fechas en 
las que se hicieron públicos los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de 21 
de diciembre de 2016 y 23 de noviembre de 2017, respectivamente, por los que se 
publicaban  los  acuerdos  de  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Supremo,  sobre 
composición y funcionamiento de las salas y secciones y asignación de ponencias que 
deben turnar los magistrados para los periodos 2017 y 2018. En relación con este último 
aspecto, conviene recordar que, como se afirmó en nuestra STC 116/2008, de 13 de 
octubre, FJ 3, la predeterminación de la competencia y composición de un determinado 
órgano judicial no presupone el conocimiento de los magistrados que en cada momento 
vayan  a  intervenir  en  la  resolución  de  cada  asunto,  porque  pueden  influir  factores 
diversos como traslados, permisos, licencias o situaciones administrativas. No obstante, 
una valoración conjunta de los datos obrantes en la causa permite asumir sin dificultad 
alguna la conclusión sobre la extemporaneidad del incidente de recusación y, por lo 
tanto,  la  adecuación  del  rechazo  a  limine  de  esta  pretensión  con  la  consiguiente 
ausencia de vulneración del derecho al juez imparcial.
Los datos fácticos reseñados ponen de manifiesto que el incidente de recusación no 
fue planteado «tan pronto como» se tuvo conocimiento de la eventual existencia de 
causa legal para ello, lo que justifica su inadmisión a trámite (art. 223.1 LOPJ). Existe 
una notoria distancia temporal, de al menos hasta cuatro meses, entre la fecha de 
emisión y/o reenvío de los primeros mensajes controvertidos y la fecha de interposición 
del incidente; los mensajes fueron difundidos en redes sociales y, por lo tanto, eran de 
acceso público desde el primer momento; y, finalmente, lo que es muy significativo, no se 
planteó tacha alguna de parcialidad cuando ese magistrado participó en la resolución de 
un recurso anterior en fecha 5 de enero de 2018, en el que había intervenido la misma 
representación del recurrente, como se expuso en la providencia de 12 de febrero 
de  2018,  y  concurriendo  semejantes  circunstancias  a  las  que  motivaron  el  ulterior 
planteamiento del incidente. Con estos elementos, la decisión del tribunal no puede 
considerarse  como  rigorista,  sino  como  ajustada  al  necesario  examen  de  los 
presupuestos fácticos en los que pretendía fundarse la causa de recusación invocada. 
En palabras de este tribunal, la improcedencia de la recusación podía «apreciarse prima 
facie de modo manifiesto claro y terminante» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2).
En cualquier caso, la extemporaneidad de la pretensión debe ponerse en relación, a 
su vez, con el otro motivo indicado en la sentencia ahora impugnada; es decir, la 
constatación de que el magistrado recusado no había sido el autor o el difusor de los 
mensajes denunciados. Este hecho enlaza con el examen de la cuestión de fondo, que 
ha de conducir al mismo destino desestimatorio, ya que la causa de recusación fue 
invocada  de  forma  «arbitraria»  (STC  155/2002,  de  22  de  julio,  FJ  3),  esto  es, 
manifiestamente injustificada.
(iii)  La causa de recusación alegada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». La demanda reconoce que no se puede 
determinar  la  autoría  de  los  mensajes  controvertidos,  pero  considera  que  el  cargo 
asociativo del magistrado permite afirmar que conocía y compartía la «línea editorial» de 
la cuenta de la APM en la red social Twitter. La demanda también admite la libertad de 
expresión asociativa, pero dice que esos mensajes expresan «claros prejuicios respecto 
de  la  responsabilidad»  del  recurrente  y  una  «evidente  animadversión»  hacia  los 
procesados y «su ideología política». s
En todo caso, la falta de imparcialidad solo puede derivarse de actos propios o  oe.
expresiones proferidas por aquel a quien se imputa la causa de recusación. No cabe  w.
cuestionar la imparcialidad por manifestaciones ajenas, al margen de la conducta del  019ww
upnroap icou erenctau sdaed ou.n  Tcaomlepcoticvoo  apsuoecdiea ticvoon psuideedraa rsaetr ibquuiers ec uaaulqtoumieár timcaemnseanjtee  ean cvaiaddao  udneos ddee 
sdues u inn tecagrrgaon teass.o Icniactluivsoo ,n uon pau peodsei bcloen ofu hnidpiorstéet iccao nr elasp roensspaobnisliadbaidli daandu dinaddiavi dau laal  adseurinvcaidóan   BOE-A-cable e
del ejercicio profesional de la función jurisdiccional, que solo puede exigirse por las 
propias acciones.
Aun desde la perspectiva de la mera apariencia de imparcialidad, lo verdaderamente 
relevante son las conductas o expresiones del magistrado recusado. Lo cierto es que, en 
este caso, no se ha aportado elemento probatorio que permita tener por acreditado o del 
que pudiera deducirse que alguno de los mensajes referidos hubiera sido elaborado, 
difundido o asumido por aquel, o del que pudiera derivarse su posicionamiento previo 
sobre las cuestiones sometidas a su consideración y, en consecuencia, un interés por 
una determinada resolución del asunto que ponga en duda su imparcialidad.
c)  Finalmente, como ocurriera en el caso anterior, la pretensión del recurrente se 
muestra  manifiestamente  desproporcionada.  El  magistrado  recusado  actuaba  como 
integrante de una sala de recursos en la que se abordaban cuestiones procesales 
incidentales.  El  magistrado  no  tuvo  intervención  alguna  en  la  sentencia  ahora 
impugnada. En consecuencia, la actuación previa del magistrado no ofrece conexión 
alguna de antijuridicidad con la resolución cuya nulidad se pretende.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
5.4  La recusación de los magistrados de la sala de enjuiciamiento que formaron 
parte de la sala de admisión.
5.4.1  Posiciones de las partes.
El recurrente denuncia la indebida inadmisión de la recusación planteada contra los 
magistrados que formaron parte de la sala de admisión (señores Marchena Gómez, 
Martínez Arrieta, Berdugo y Gómez de la Torre y Varela Castro).
En la demanda se queja de la pérdida de imparcialidad de aquellos magistrados de la 
sala de enjuiciamiento que habían acordado la admisión a trámite de la querella que dio 
origen al procedimiento. Para el recurrente, la parcialidad de estos magistrados no se 
deriva exclusivamente de su rol funcional en la iniciación del proceso, sino de la forma en 
que realizaron esta labor. Considera el demandante que el auto de admisión contiene un 
«amplio juicio de tipicidad» y fue «inusualmente extenso en sus razonamientos jurídico-
sustantivos». Se trataba, por tanto, de una resolución que fue más allá de un mero 
pronunciamiento sobre la procedencia de una investigación ante una notitia criminis. 
Según la demanda, estos magistrados debían tener «necesariamente prejuicios sobre la 
cuestión  de  fondo»,  cuando  ejercieron  su  labor  como  integrantes  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.
En  relación  con  este  motivo  de  amparo,  el  Ministerio  Fiscal  propone  su 
desestimación, en esencia, porque en el auto de admisión a trámite de la querella no se 
contiene ninguna valoración jurídica sobre su contenido material, ni juicio alguno sobre la 
existencia  de  los  hechos  y  la  posibilidad  de  ser  atribuidos  a  persona  concreta.  El 
abogado del Estado se pronuncia en el mismo sentido. Por su parte, la representación 
del partido político Vox responde con el mismo argumento con el que rechaza todas las 
alegaciones sobre la vulneración del derecho al juez imparcial.
5.4.2  Respuesta del órgano judicial.
Esta queja fue extensamente respondida en la sentencia impugnada [fundamento 
jurídico A), apartado 5.5.3], como antes lo había sido por el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre, dictado por la Sala del art. 61 LOPJ en su rollo núm. 5-2018, por el que se  es
desestimó el incidente de recusación planteado, por este mismo motivo, mediante escrito  o
de 23 de julio de 2018. 019ww
HSjueuri mscPpiataranurnoad,s e ,an la act ciaaelS, r ecayfale a cld,a teosl  ,al dal ae nslle  eSsTcirSeóibsnTua Cnr iiaan1l v6 do2Cuc/oa1anl9dids9aat9 itd,u e cdfsuieotná nc2 ai7oel  ndnyae  l  daedebnicli teireTermtr aiqbb uurioenep,an olF  isJnEi vcu6eiór;so n6tpi 9ge/aco2 o 0ynd0  qe1u ,s iDued ener  pje1urc7ozh gpdoaiaes.     OE-A-2021-10able en https://
marzo, FJ 14 a); 155/2002, de 22 de julio, FJ 2; 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3;
39/2004, de 29 de marzo; 45/2006, de 13 de febrero, y 143/2006, de 8 de mayo, y la 
STS 36/2006, de 19 de enero. También se citan las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, 
caso Piersack c. Bélgica, § 30; de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber c. Bélgica, § 
24; de 25 de julio de 2002, caso Perote Pellón c. España, § 43; y de 17 de junio de 2003, 
caso Pescador Valero c. España, § 21.
Conforme a esta doctrina, el Tribunal Supremo entiende que lo determinante es que 
no concurra «ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones 
en el órgano judicial, incluidas aquellas que, desde una perspectiva objetiva, pueden 
producirse, entre otras consideraciones, por haber tenido el juzgador una relación o 
contacto previo con el thema decidendi». Para ello es necesario comprobar «en cada 
supuesto  en  particular,  […]  si  la  intervención  previa  en  la  que  el  interesado  hace 
residenciar sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una 
decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que 
deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo». 
Así ha ocurrido, por ejemplo, «en los autos de inculpación y procesamiento, ya se 
efectúe de forma preventiva, como acaece al acordar la adopción de medidas cautelares 
(STC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 4)». Por el contrario, se ha descartado en los 
supuestos de admisión a trámite de una denuncia o querella (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). Lo relevante, según el Tribunal Supremo, es si la «participación implica 
un  pronunciamiento  sobre  los  hechos,  sobre  el  autor  de  los  mismos  y  sobre  su 
culpabilidad que no deja margen para una nueva decisión sin prejuicios sobre el fondo 
de la causa. Por lo tanto, es necesario comprobar la intensidad del juicio emitido sobre el 
objeto del proceso».
A continuación, la sentencia impugnada se remite a la decisión adoptada por la sala 
a que se refiere el artículo 61 LOPJ que, al resolver en el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre,  el  incidente  de  recusación  planteado  por  este  motivo,  apreció  que  no 
concurría la causa de recusación alegada (art. 219.11 LOPJ) porque «es claro que 
admitir a trámite la querella, acto inicial del proceso penal, no es instruir, ni mucho menos 
resolver la causa en una instancia o grado anterior del proceso». Del mismo modo, 
afirmó que los magistrados no hicieron «otra cosa que recibir la querella, constatar que 
reunía las […] condiciones requeridas y pasar el asunto al instructor a quien por turno 
correspondía. No puede decirse, así, que hayan entrado en el examen de los hechos 
reprochados en esta causa, ni efectuado valoraciones jurídicas sobre los mismos, ni 
tomado decisiones que puedan afectar a la marcha del proceso».
5.4.3  Resolución de la queja.
a)  Un análisis de este motivo de amparo remite, necesariamente, al momento de la 
incoación de la causa especial núm. 20907-2017. Este procedimiento tuvo su origen en 
una querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, don José Manual 
Maza Martín. Tras el análisis y estudio de la querella, la sala de admisión de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto en fecha 31 de octubre de 2017, por el que 
se  declaraba  la  competencia  de  ese  tribunal  para  la  instrucción  y,  en  su  caso, 
enjuiciamiento de los hechos objeto de la querella, procediéndose a la designación de 
magistrado  instructor.  La  sala  de  admisión  estaba  compuesta  por  los  magistrados 
recusados y por el magistrado don Julián Sánchez Melgar, que no formó parte de la sala 
de enjuiciamiento.
Lo primero que conviene señalar es que, como se ha razonado anteriormente, la falta 
de  imparcialidad  judicial  ha  de  ponerse  de  manifiesto  a  través  de  las  causas  de  e
abstención y/o recusación previstas en la norma correspondiente. En este caso, la parte  bo
invoca el motivo recogido en el art. 219.11 LOPJ; es decir, «[h]aber participado en la  019ww
Pinasrteruccec icólanr od,e e lna  lícnaeuas ac opne lnoa al rog uhmabeenrt ardeos ueenl toe l ealu ptole nitúom o.  3ca-2u0s1a8 e, nd ea 1n3te drieo rs ienpsttiaenmcbiare»,. 
deeq uliap aSraarlsae  dae lal  acrotm. p6l1e jaL OacPtJiv,i dqaude i nlsat ruacdtmorisai ódne  uan atr ácmauitsea  dpee nuanl aq uqeu, eardeellma ánso,  hpau seiddeo 
ejercida en este caso por un magistrado distinto a los recusados. La instrucción requiere
actos de imputación formal, decisiones sobre situación personal o medidas cautelares de 
carácter real, sobre la búsqueda de fuentes de prueba, así como sobre la declaración de 
la  existencia  de  indicios  de  la  comisión  de  un  hecho  delictivo  y  de  su  autor 
suficientemente sólidos como para permitir la continuación del procedimiento en fases 
ulteriores, hasta llegar al juicio oral. Nada de esto se resuelve en el auto de admisión a 
trámite de la querella. Como tampoco se puede considerar que ese auto implica la 
resolución  del  pleito  o  causa  en  anterior  instancia,  porque  no  contiene  un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
No obstante, la doctrina de este tribunal sobre la vertiente objetiva de la imparcialidad 
judicial determina un análisis ad casum de la concreta actuación jurisdiccional que es 
objeto  de  controversia.  Por  ello,  aunque  hemos  declarado  que  la  «admisión  de  la 
querella […] no vulnera el derecho al juez imparcial» (STC 45/2006, de 13 de febrero, 
FJ  5),  en  el  necesario  examen  de  las  condiciones  formales  o  extrínsecas  que 
corresponde realizar en este tipo de resoluciones pueden deslizarse expresiones de las 
que pueda deducirse una previa toma de partido de los magistrados. Es decir, aunque no 
sea propio de su naturaleza, en pura hipótesis cabría considerar que los magistrados 
hubieran podido introducir en el auto de admisión a trámite de la querella algunas 
manifestaciones de las que deducirse su falta de imparcialidad en el momento del 
enjuiciamiento, derivadas de una toma de postura sobre la realidad del hecho delictivo o 
de su autoría. Eso obliga a una casuística labor ponderativa que pasa por el estudio 
detallado  del  auto  controvertido.  Una  vez  más,  nos  encontramos  ante  alegaciones 
ancladas en elementos fácticos que es preciso apreciar o descartar para determinar, 
eventualmente, su relevancia a fin de valorar la vulneración del derecho fundamental 
objeto de la impugnación.
b)  El demandante señala que el auto de admisión a trámite de la querella contiene 
un amplio juicio de tipicidad y es inusualmente extenso para su finalidad. Considera que 
ese pronunciamiento implica una valoración de la relevancia jurídico penal de unos 
hechos que, sustancialmente, fueron los mismos que se sometieron al enjuiciamiento por 
estos mismos magistrados que, en tal sentido, ya habían adquirido un prejuicio que 
afectaba a su apariencia de imparcialidad.
Sin embargo, la premisa de la que parte la demanda no puede ser compartida por 
este tribunal. Como es conocido, el auto de admisión a trámite de una querella «es un 
acto  jurisdiccional  que  no  expresa  ni  exterioriza  toma  de  posición  anímica  y  está 
configurado legalmente como un juicio claramente distinto del razonamiento fáctico y 
jurídico que permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que unos hechos previstos 
en la ley como delito han sido cometidos por un acusado» (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). A través de ese auto se trata de comprobar, en los términos dispuestos 
en los arts. 269, 313 y 270 y ss. LECrim, si los hechos descritos en la querella son 
constitutivos de delito y pueden ser atribuidos a una persona concreta y determinada, 
procediendo, en consecuencia, su investigación. En ese momento procesal, la sala 
únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a su calificación jurídica, de 
manera que su admisión a trámite solo podría ser obviada si los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito. No obstante, una 
admisión a trámite de una querella no prejuzga la existencia de delito ni su autoría. No 
condiciona el devenir futuro del procedimiento. No declara culpabilidad o inocencia.
El auto de la sala de admisión se mueve en ese plano funcional, y es especialmente 
riguroso en su análisis prospectivo sobre los hechos. Varias expresiones abonan esta 
tesis. s
Así, en el fundamento jurídico 3 (páginas 4 y 5), se dice que: oe.
«Las dificultades ya puestas de manifiesto se intensifican cuando la determinación de  019ww
loab jceotom dpee tqeunecriae llao bqjeuteiv nau necxaig peu deed ee isr tma ássa alall áu dnea  uanpar ovxaimloraaccióiónn  ap ulroasm heencteh ocso nqjeuteu rasol no 
hdiep optréotciclaam daer  snuu evsetrrdaa cdoemrap eetxeisntceian coiab.j eDtievasd, ela  essatala  pceornsspteactati vqau, ea e llo Ms ienxisctleursioiv oFsis ecafel c[t…os] 
sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la comunidad
autónoma catalana […]. [E]l relato que sirve de soporte fáctico a la querella entablada 
por el Ministerio Fiscal –cuya hipotética existencia solo se valora a los efectos de 
resolver sobre la competencia de esta sala– […]»
En el fundamento jurídico 4 (páginas 5 y 6), se recoge expresamente lo siguiente:
«En la incipiente fase del proceso en el que se inserta la presente resolución, 
constatamos que el fiscal alude a la existencia de un delito […]. Hemos dicho en 
numerosas resoluciones que el proceso penal es de cristalización progresiva. Será a lo 
largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de 
investigación acordadas por el instructor, confirmen o desmientan su realidad.»
Finalmente, el fundamento jurídico 5 (página 6) insiste en estas ideas cuando señala:
«La decisión que ahora acordamos se basa, con carácter exclusivo, en lo que la 
querella afirma. Así lo impone nuestro ámbito valorativo como sala de admisión. La 
presente resolución no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y 
jurídicas que se deslizan en la acción penal entablada. Será el instructor llamado a 
asumir la investigación quien deberá acordar la práctica de las diligencias indispensables 
para el exacto conocimiento de los hechos y su inicial subsunción. Y será la instrucción 
la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta sala, 
como  sugiere  el  Ministerio  Fiscal,  el  conocimiento  de  aquellos  hechos  inicialmente 
tramitados  en  otros  órganos  jurisdiccionales,  pero  que  presenten  una  naturaleza 
inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados.»
Como se puede comprobar, el auto de admisión no contiene un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, no afirma la existencia de delito ni la culpabilidad de sus 
presuntos autores. Ni siquiera introduce matiz alguno del que se pudiera derivar un 
avance  sobre  estos  extremos.  Su  ámbito  valorativo  se  circunscribe  a  una  estricta 
comprobación de la apariencia delictiva de los hechos expuestos en la querella inicial. 
Por lo tanto, de sus términos no se deduce una toma de posición de los magistrados 
sobre los hechos objeto de su enjuiciamiento, por lo que no puede imputárseles tacha de 
parcialidad alguna.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
5.5  La recusación de todos los magistrados que integran la sala de enjuiciamiento.
5.5.1  Posiciones de las partes.
Este motivo se concreta, a su vez, en dos alegaciones. Por un parte, se denuncia 
que el magistrado instructor y los integrantes de la sala de recursos forman parte de la 
propia Sala Segunda del Tribunal Supremo; es decir, del mismo órgano encargado del 
enjuiciamiento.  Para  el  recurrente,  el  hecho  de  que  las  causas  instruidas  por  un 
magistrado sean luego revisadas o juzgadas «por compañeros de la misma Sala», no 
garantiza la necesaria «distancia» entre el instructor y el tribunal de apelación o de 
enjuiciamiento,  que  sí  se  garantiza  «en  cualquier  otro  procedimiento,  no  así  a  las 
personas aforadas». Esta circunstancia deriva de lo dispuesto en el art. 57.2 LOPJ, por 
lo  que  se  sugiere  de  este  tribunal  el  planteamiento  de  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad.
Por otro lado, se impugna la composición de la sala encargada de resolver el 
incidente de nulidad de actuaciones, que fue la misma sala de enjuiciamiento que dictó la  e.
sentencia recurrida. Para el demandante, obviando esta petición expresa formulada por  w.b
otrosí  en  su  escrito  promoviendo  dicho  incidente,  no  se  garantizó  la  máxima  019ww
niminpgaurnciaa livdualdn edrealc ióórng adneo  rdeevriescohr oqsu ef,u n«dcoammoe netarale dse  eens plae rarer,s noolu caidóvni rtqi[óu]e  aeblslooslu tmamisemnotes 
habíEann  driecltaacdioó nu ncaosn s eemsatansa sd aonst esa»le.gaciones,  el  Ministerio  Fiscal  no  se  pronuncia
expresamente sobre la primera, mientras que propugna la desestimación de la segunda,
al entender que aparece huérfana de argumentación alguna. El abogado del Estado 
considera  que  el  primer  motivo  no  aparece  recogido  en  el  listado  de  causas  de 
abstención y recusación, mientras que si se estimara la alegación planteada en segundo 
lugar  se  estaría  produciendo  la  conculcación  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley. En cuanto a la posición del partido político Vox, no cabe sino 
reiterar lo expuesto en apartados anteriores.
5.5.2  Respuesta del órgano judicial.
En  su  respuesta  a  la  primera  alegación,  invocada  en  el  mismo  trámite  que  la 
expuesta  en  el  apartado  anterior,  la  sentencia  impugnada  [fundamento  jurídico  A), 
apartado 5.5.4] señala que es difícil entender la exigencia de cierta «distancia» entre los 
magistrados. Una distancia que el recurrente no exige entre los miembros de la sala de 
enjuiciamiento, que en la lógica de su razonamiento obligaría a «no contrariar jamás al 
ponente», rindiendo así «culto a la amistad en el proceso de deliberación», de forma que 
«nunca quedaría erosionada la relación personal entre los magistrados de un órgano 
colegiado».
En  este  punto,  la  Sala  vuelve  a  remitirse  a  lo  expuesto  en  el  auto  de  13  de 
septiembre de 2018 por la Sala del art. 61 LOPJ: «ser compañeros en un mismo órgano 
jurisdiccional no conduce necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni menos aún 
a quebrantar los propios deberes legales y deontológicos. Para que una alegación como 
la hecha por los recusantes mereciera algún crédito, sería necesario que aportasen 
algún elemento fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho».
En el apartado anterior de la sentencia (5.5.3), ya se había hecho referencia a las 
normas de reparto que distribuyen el conocimiento de los asuntos en esa sala, que 
«parten de una diferencia muy marcada entre la sala de admisión que, como su propio 
nombre sugiere, limita su papel a la admisión a trámite de la denuncia o querella, la sala 
de recursos, integrada por magistrados que no han participado en la decisión sobre 
admisión  y  que  está  llamada  a  resolver  los  recursos  contra  las  resoluciones 
interlocutorias del magistrado instructor y la sala de enjuiciamiento, integrada por los 
magistrados que, hasta ese momento, se limitaron a dar trámite a la querella y se 
apartaron de todo contacto con el objeto del proceso». Esta delimitación funcional es 
suficiente, según la Sala, para garantizar la debida imparcialidad de sus integrantes.
En cuanto a la segunda alegación, la sala de enjuiciamiento da una respuesta –que 
puede considerarse implícita– en el auto de 29 de enero de 2020, por el que resolvió el 
incidente de nulidad de actuaciones. Así, en su fundamento jurídico 1 hace referencia a 
la doctrina expuesta en su auto de 1 de marzo de 2012, en el que se razonaba que «la 
filosofía  del  nuevo  incidente  de  nulidad  de  actuaciones»  permite  que  «la  propia 
jurisdicción ordinaria pueda subsanar cualquier violación de los derechos fundamentales 
del art. 53.2 de la Constitución», con lo que «se evita, en su caso, el acceso a la 
jurisdicción constitucional cuando la ordinaria, como primer garante de tales derechos 
fundamentales, puede evitar y subsanar cualquier denuncia al respecto». Igualmente, se 
añade en el auto de 29 de enero de 2020 que, «de acuerdo con el apartado primero del 
artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será competente para conocer de 
este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido 
firmeza». En definitiva, de lo expuesto se deduce que el Tribunal Supremo considera que 
la queja carece de virtualidad alguna, porque la propia naturaleza del incidente determina 
que sea, precisamente, el órgano que dictó la resolución el que haga una revisión de 
esta. e
5.5.3  Resolución de la queja. 019www.
planate) amEine nrteol acdieóln  rceocnu rreel npteri mseurp omnoet,i voe ne nr eeall idqaude,  suen cao ncciererttaa  ecostnaf uismiópnu gennatcrieó nd, oesl 
(dreerceocnhoocsid fou nedxapmreesnatmaleens ted isetnin etol sa:r te. l 2d4e.r2e cChEo) ,a yl  jeule dze orerdcihnoa raiol  jpureezd iemtepramrciniaald (ore pcoorn olac ildeoy   BOE-A-cable e
implícitamente como integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías en el 
mismo art. 24.2 CE). La demanda hace depender un derecho del otro, de tal manera que 
la propia competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo (que afecta, en su caso, 
al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley) es la que determina la falta de 
imparcialidad de los integrantes de ese órgano. Es decir, la vulneración del derecho al 
juez imparcial vendría motivada, de forma automática, por la competencia del Tribunal 
Supremo para el conocimiento del asunto. En este esquema argumental, el recurrente 
sugiere a este tribunal el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad 
sobre el art. 57.2 LOPJ. Este precepto dispone lo siguiente: «En las causas a que se 
refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los 
miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará 
parte de la misma para enjuiciarlas».
El motivo carece de fundamento. Empezando por la última alegación formulada, la 
doctrina jurisprudencial citada no impone un determinado diseño competencial para 
garantizar el derecho a un juez imparcial. En consecuencia, este derecho puede ser 
protegido con independencia de que los jueces y tribunales que intervienen en un asunto 
formen parte o no de un mismo órgano judicial. Lo relevante es el adecuado deslinde 
funcional entre ellos. De esta manera, el juez que instruye no puede fallar, mientras que 
los jueces que revisan las decisiones de la fase de instrucción no pueden intervenir en la 
fase de enjuiciamiento si en su labor de revisión han anticipado algún posicionamiento 
sobre la cuestión de fondo. Por su parte, los jueces que enjuician y dictan sentencia no 
han  debido  tener  participación  alguna  en  la  fase  de  investigación  previa.  Si  esos 
parámetros se cumplen, la imparcialidad judicial derivada estrictamente del rol funcional 
está garantizada. Al margen, claro está, de la posible concurrencia de otras causas de 
parcialidad de carácter subjetivo u objetivo.
La actual organización de la Sala Segunda del Tribunal Supremo permite garantizar 
el derecho al juez imparcial, porque diferencia de forma adecuada las funciones del 
magistrado  instructor,  de  la  sala  de  recursos  y  de  la  sala  de  enjuiciamiento, 
estableciendo  los  turnos  necesarios  para  evitar  cualquier  solapamiento  entre 
magistrados del que pudiera deducirse una tacha de parcialidad derivada de su relación 
funcional con el proceso. En el caso que nos ocupa, estos criterios estaban fijados y eran 
públicos con suficiente antelación a la incoación del procedimiento (ver, en tal sentido, el 
ya citado «BOE» núm. 315, de 30 de diciembre de 2016).
En realidad, lo que hace el art. 57.2 LOPJ es plasmar normativamente la regla básica 
de la imparcialidad funcional en el proceso penal, que consiste en que «el juez que 
instruye no puede fallar», derivada de nuestra STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, por 
aplicación de la doctrina expuesta en la STEDH de 26 de octubre de 1984, asunto De 
Cubber c. Bélgica.  Por lo tanto, ninguna queja de inconstitucionalidad puede plantearse 
respecto de una norma que se ajusta a la doctrina sentada por este tribunal.
Descartada la procedencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad 
del art. 57.2 LOPJ, el resto del motivo tampoco puede prosperar.
El respeto a las normas aplicables en materia de abstenciones y recusaciones 
(art. 219 LOPJ) constituye el presupuesto normativo básico para la debida observancia 
del  derecho  al  juez  imparcial.  Cualquier  objeción  de  parcialidad  distinta  del  mero 
incumplimiento de esta norma requiere la aportación de un principio de prueba sobre la 
vulneración real y efectiva de este derecho fundamental. Las causas de abstención y/o 
recusación fijan normativamente aquellos supuestos en los que debe presumirse la 
parcialidad  del  juzgador,  pero  eso  no  significa  que  la  imparcialidad  no  pueda  ser  s
desvirtuada por otros hechos o circunstancias, sobre todo cuando, como ocurre en este  oe.
punto, se trata de analizar la vertiente objetiva de la imparcialidad judicial. No obstante,  w.
esos  hechos  o  circunstancias  deben  ser  de  la  misma  entidad  que  las  causas  de  019ww
paubestdeannc iójuns tyif/ioca rre ceul sparciniócnip ipoa drae  qpureu,e bsain  scoaberre e lna  lpaa irnctiearlpidraedta cqiuóen,  eexnt ecnusaivlqau oie ra ncaalsóog,i ceas, 
exigible. Nada de esto se ha aportado por el recurrente, que no ha reconducido el motivo
alegado a una concreta causa de las previstas en el art. 219 LOPJ, ni siquiera a un 
motivo de similar significación.
En  realidad,  la  demanda  centra  su  impugnación  en  su  disconformidad  con  las 
normas que regulan la competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo. Unas 
normas que, en este caso, se han aplicado conforme a parámetros de constitucionalidad, 
y cuya falta de compatibilidad con la Constitución ya ha sido descartada en otro apartado 
de  esta  resolución.  Para  que  el  recurso  pudiera  prosperar  hubiera  sido  necesario 
establecer, al menos, una conexión lógica entre lo dispuesto en la norma y la ausencia 
de imparcialidad derivada de su estricto cumplimiento. Una vez más, el recurso omite la 
aportación  de  algún  dato  mínimamente  objetivo.  La  única  referencia  en  tal  sentido 
consiste en la alegación de un concepto difuso como es el de la ausencia de «distancia» 
entre los magistrados. Un concepto que, llevado a sus últimas consecuencias, implicaría 
la tacha de parcialidad de cualquier magistrado integrante de un órgano colegiado. No es 
razonable pretender que la mera relación profesional, o incluso personal, entre los 
magistrados de una sala impide a cualquiera de estos ejercer su labor conforme a 
Derecho, asumiendo acríticamente las posturas del resto de sus colegas sobre la base 
de una distorsionada concepción de un compañerismo mal entendido. La tesis del 
recurrente supondría, en definitiva, una presunción de falta de profesionalidad basada en 
percepciones  subjetivas  o  impresiones  personales  incompatibles  con  el  rigor  y 
objetividad exigibles en el planteamiento de una recusación.
b)  La segunda alegación postula que el incidente de nulidad de actuaciones no 
puede ser resuelto por el mismo órgano que dictó la sentencia que se revisa.
Los  argumentos  expuestos  en  el  apartado  anterior  pueden  ser  igualmente 
trasladables a este motivo. El recurrente hace depender una falta de imparcialidad del 
cumplimiento estricto de la normativa vigente, en este caso, sobre el incidente de nulidad 
de actuaciones. El art. 241 LOPJ no deja lugar a dudas: «Será competente para conocer 
de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere 
adquirido firmeza». Este esquema funcional responde a la coherencia del sistema de 
protección  de  derechos  fundamentales,  atribuida  en  primer  lugar  a  la  jurisdicción 
ordinaria para que pueda reparar, en su caso, la vulneración denunciada y, solo de 
manera subsidiaria, a la jurisdicción constitucional. Precisamente, la finalidad de este 
incidente es que «el juez o tribunal que dictó la sentencia o resolución firme a la que se 
imputan [determinadas vulneraciones de derechos] pueda reconsiderar lo actuado y 
subsanar, en su caso, los vicios o defectos producidos, por lo que necesariamente ha de 
ser tal órgano el que actúe, sin que el hecho de haber pronunciado una resolución previa 
suponga en tal caso –como ya dijimos en la STC 157/1993, FJ 3– un impedimento frente 
a la imparcialidad constitucionalmente exigida al juzgador» (STC 170/2002, de 30 de 
diciembre, FJ 11). Esta doctrina es coherente con la mantenida por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para el caso de anulaciones de decisiones en vía de recurso y 
que, mutatis mutandi, puede ser aplicada al supuesto que nos ocupa. En efecto, ya 
desde su sentencia de 16 de julio de 1971, caso Ringeisen c. Austria, el tribunal declaró 
que «no podría elevarse a principio general, derivado del deber de imparcialidad, que 
una jurisdicción de recurso que anule una decisión administrativa o judicial tenga la 
obligación de remitir el asunto a otra autoridad jurisdiccional o a un órgano de esta 
autoridad compuesta de forma distinta». De lo que se deduce que no atenta al principio 
de  imparcialidad  que  el  mismo  órgano  que  cometió  una  eventual  infracción  pueda 
revisarla en un momento ulterior.
Según la tesis de la demanda, ningún magistrado sería capaz de revisar sus propias  s
decisiones para apreciar una posible vulneración de derechos fundamentales, con grave  oe.
quebranto de su deber profesional de actuar en todo momento conforme a Derecho. La  w.
parcialidad generalizada que se deriva de los argumentos del recurrente es incompatible  019ww
ceol nm noutievost rsao ldoo cptoridnraía.  Lpor oqsupee rsaer  psri esseu mhueb eiesr ala  aimpopratarcdioa liadlagdú,n n eol elam peanrtcoi afláidcatidco.  Pdoerl  eqluloe, 
pudiera deducirse, al menos, una apariencia de parcialidad. Pero el recurso aparece
huérfano de toda propuesta argumental diferente a la mera afirmación de la vulneración 
alegada; en consecuencia, este motivo de amparo ha de ser desestimado.
5.6  La recusación del presidente de la sala de enjuiciamiento.
5.6.1  Posiciones de las partes.
La demanda impugna la indebida desestimación de la recusación formulada contra el 
presidente de la sala de enjuiciamiento y, por extensión, del resto de sus integrantes, a 
raíz del mensaje enviado por el senador del Partido Popular, don Ignacio Cosidó, a 
numerosas personas, afirmando que aquel «había accedido a ser nombrado presidente 
del Tribunal Supremo a cambio de servir desde dicho puesto a los intereses de dicho 
partido  político  que,  como  era  público  y  notorio,  había  reclamado  reiterada  y 
públicamente severísimas condenas para mi mandante», lo que incluía controlar «desde 
detrás» el «funcionamiento de la Sala Segunda pese a no formar parte de ella si era 
nombrado presidente del Tribunal Supremo».
La queja se formula no solo en cuanto al fondo, sino también por haberse rechazado 
la prueba propuesta en el incidente de recusación, consistente en la toma de declaración 
como testigo del señor Cosidó, por lo que se impidió acreditar la efectiva concurrencia de 
la causa de recusación.
En relación con esta pretensión, el Ministerio Fiscal interesa su desestimación, al 
entender que se trata de una recusación por un acto de un tercero, no del propio 
magistrado, cuya conducta permite descartar cualquier duda sobre su imparcialidad. El 
abogado del Estado se posiciona en el mismo sentido, señalando que la imparcialidad de 
un magistrado solo puede valorarse a partir de lo que este dice o hace o, incluso, de lo 
que aparente, pero no con base en la opinión de un tercero. En cuanto a la postura 
procesal  del  partido  político  Vox,  no  cabe  sino  reiterar  lo  expuesto  en  apartados 
anteriores.
5.6.2  Respuesta del órgano judicial.
Este motivo de amparo fue rechazado en el fundamento jurídico A), apartado 5.5.6 
de la sentencia ahora impugnada, con un extenso razonamiento en el que también se 
hacía una remisión expresa al auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, de la Sala del art. 61 
LOPJ por la que se desestimó esta pretensión en el incidente de recusación en su día 
planteado. De forma resumida, estas resoluciones argumentan, en primer lugar, que la 
tacha  de  parcialidad  «solo  puede  valorarse  a  partir  de  los  actos  propios  de  ese 
magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que aparenta», pero no por 
la «opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de mensajería instantánea»; 
en segundo lugar, que el mensaje no deja de ser un «argumentario que un político utiliza 
para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones […] en su propia 
defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario 
porque consideraban que era un mal acuerdo. El político se justifica a sí mismo y usa en 
su  defensa  cualquier  argumento  que  le  parece  adecuado.  Pero  algo  que  debe 
interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada en el ámbito político, no es 
trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional»; en tercer lugar, que en el planteamiento de 
la recusación se omiten dos hechos relevantes: por un lado, que el pacto se alcanzaba 
«por los dos principales partidos políticos (PP y PSOE), cuyas diferencias ideológicas 
son evidentes», por lo que, en teoría, la designación podría derivar de su valía personal y 
profesional y su adecuación para el cargo, no de la cercanía con un partido político; y,  e.e
por  otro,  que  el  propio  magistrado  recusado  se  había  «auto  descartado»  de  ese  b
supuesto pacto, lo que no se compadece con una presunta «coincidencia de intereses». 019ww
5.6.3  Resolución de la queja.
contara)  eLl ap redseimdeanntdea d eim lap usganlaa  dlea  einndjueibciiadma iednetsoe sy,t impoarc eióxnte ndsei ólna,  rceocnutrsaa ceiló rne sftoor mdeu lasduas   BOE-A-cable e
integrantes,  a  raíz  del  mensaje  enviado  a  través  de  una  aplicación  de  mensajería 
instantánea  (Whatsapp)  por  el  entonces  senador  del  Partido  Popular,  don  Ignacio 
Cosidó, a numerosas personas.
El texto del mensaje, recogido en el auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, por el que 
la sala especial del art. 61 LOPJ resolvió el incidente, presentaba el siguiente tenor 
literal:
«El  pacto  previo  suponía  (10  PSOE  +  10  PP  +  el  Presidente  (Magistrado  del 
Supremo) PSOE = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. = 
(12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 = ((3 jueces 
PP Congreso + 3 jueces PSOE Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces PSOE 
Senado) + (2 JRP PP Congreso + 2 JRP PSOE Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP 
PSOE Senado) + 1 Presidente = 21 Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 
vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. Con la negociación, el PP tiene 9 
vocales  +  el  Presidente  =  10,  y  el  PSOE  tiene  11  vocales.  Con  otras  palabras, 
obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue 
vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima 
experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le 
hace,  y  con  una  capacidad  de  liderazgo  y  auctoritas  para  que  las  votaciones  no 
sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y 
presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera 
línea.  Nos  jugábamos  las  renovaciones  futuras  de  2/3  del  TS  y  centenares  de 
nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Lo 
único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero 
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que 
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la 
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Otra 
consideración importante, es que este reparto 50% para los próximos años, supone más 
de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras 
fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una 
ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo 
fuerte.»
b)  En cuanto al rechazo de la prueba propuesta en el incidente de recusación, la 
doctrina de este tribunal sobre el derecho a la prueba es suficientemente conocida, y se 
expone con detalle en otro apartado de esta resolución. Basta ahora recordar que el 
derecho a la prueba es un derecho de configuración legal, que no confiere una facultad 
ilimitada a que se practiquen cualesquiera pruebas propuestas, sino únicamente las que 
sean pertinentes y relevantes para la resolución de la concreta pretensión planteada. De 
esta forma, la negativa a practicar una prueba no implica necesariamente la vulneración 
del derecho, salvo que vaya acompañada de una concreta indefensión que el recurrente 
debe invocar y motivar (ver, por todas, STC 165/2001, de 16 de julio, FJ 2).
En este caso, en el marco del incidente de recusación planteado contra el presidente 
de la sala de enjuiciamiento se solicitaron las siguientes pruebas: la declaración del 
remitente  del  mensaje,  señor  Cosidó;  el  cotejo  de  los  enlaces  periodísticos  que 
acreditaran la veracidad de los hechos expuestos; y la unión de un escrito planteando un 
artículo  de  previo  pronunciamiento,  con  su  documentación  adjunta.  El  magistrado 
instructor del expediente dictó un auto en fecha 3 de diciembre de 2018, por el que 
denegó la práctica de las pruebas solicitadas, razonando que «no [eran] necesarias para  e
la resolución del incidente». bo
La función de este tribunal es realizar un control externo sobre la razonabilidad de la  019ww
adregcuismióenn toa,d oupnt aadnaá lipsiosr  deel  laó rgcaaunsoa  juindviocicaal.d aE ny  dtael  losse netildeom, enat opse dsea r judicei o snue ceesscaureiotos 
pmaargai sstura vdaolo inrasctrióunct ocor nddeul cinec iad eenstteim daer  rceocmuosa rcaizóonn.able, lógico o no arbitrario el criterio del
En  efecto,  la  remisión  del  mensaje  y  la  autoría  del  remitente  nunca  fueron 
cuestionadas, de manera que la resolución del expediente solo requería una valoración 
del contenido del mensaje y su repercusión para la apariencia de imparcialidad del 
magistrado recusado. Para realizar ese análisis no era necesario citar a testigo alguno.
El recurrente señala que la declaración del señor Cosidó hubiera permitido verificar la 
realidad o no del supuesto acuerdo. Sin embargo, la cuestión a resolver no era tanto la 
realidad  o  no  del  acuerdo  como  la  afectación  del  mensaje  para  la  apariencia  de 
imparcialidad del magistrado. Y para eso, insistimos, la testifical no era necesaria. Bajo 
estas premisas, era razonable prescindir de las pruebas propuestas.
Por otro lado, el recurrente no ha justificado la eventual indefensión material que le 
produjo  esta  decisión  judicial.  Es  decir,  no  se  ha  motivado  de  forma  suficiente  la 
repercusión concreta que la denegación de la prueba tuvo para la adecuada resolución 
del incidente de recusación, o de qué forma esta resolución podría haber sido distinta en 
el caso de que se hubieran practicado las pruebas propuestas, por lo que el motivo debe 
ser desestimado.
c)  Entrando en el fondo de la queja alegada, se hace necesario insistir en algunos 
principios que conforman los contornos de nuestra doctrina sobre el derecho al juez 
imparcial, y que el recurso parece haber obviado.
La  regla  general  es  que  la  imparcialidad  judicial  se  presume.  Quien  alega  la 
parcialidad debe invocar una causa de recusación prevista legalmente, o un hecho o 
circunstancia de semejante entidad y significación como para presumir una falta de 
imparcialidad. Además, en cualquiera de los casos, se habrá de ofrecer un principio de 
prueba objetivo que permita entrar en el análisis de la cuestión planteada.
La imparcialidad judicial se configura de este modo como una garantía esencial del 
funcionamiento del sistema de derechos y libertades. El ciudadano debe tener la certeza 
de que su asunto será resuelto por un tribunal que no haya tenido contacto previo con 
las partes o con el objeto del proceso. Por eso, en esta materia son también importantes 
las apariencias. Sin embargo, la duda sobre la imparcialidad, o incluso sobre la mera 
apariencia de imparcialidad, ha de estar basada en datos objetivos, de forma que se 
pueda entender como legítimamente justificada. Un sistema en que cualquier alegación 
sobre la parcialidad de un magistrado determinara su exclusión de un tribunal supondría 
un  grave  quebranto  de  las  garantías  para  el  resto  de  las  partes  implicadas  en  la 
resolución de la controversia. Eso es lo que explica que las causas de abstención y/o 
recusación hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por lo tanto, alegadas 
mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y 
ponderación. En estas coordenadas se enmarca la exigencia de que la imparcialidad de 
un magistrado solo pueda ponerse en cuestión por la conducta o las expresiones u 
opiniones del propio magistrado, no de un tercero.
En este caso, ese tercero es un miembro de un partido político que remite un 
argumentario  a  través  de  una  plataforma  de  mensajería  instantánea  que,  por  su 
contenido y su contexto temporal –de conocimiento público–, aparece inserto en una 
controversia provocada dentro de ese partido, frente a quienes no parecían satisfechos 
con un determinado pacto supuestamente alcanzado para promover la renovación de los 
vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial.  El  mensaje,  por  tanto,  tenía  una 
inequívoca  naturaleza  política  y  estaba  dirigido  –aparentemente–  a  describir  las 
hipotéticas bondades de un acuerdo alcanzado con un partido político rival. En ese afán 
se deslizaba una inaceptable imagen de seguidismo incondicional de los intereses de 
una fuerza política por hacerse con el «control» de una sala de Justicia que, por otra  s
parte,  es  absolutamente  incompatible  con  la  independencia  judicial  garantizada  en  oe.
nuestro texto constitucional (arts. 117 y ss. CE). No obstante, analizado en su conjunto,  w.
algunos  de  los  términos  del  mensaje  podrían  entenderse,  incluso,  en  un  sentido  019ww
uconm inpsletrtuammeennttoe  dcoen utrna rpioa ratild por eptoelnítdicidoo,  spionro e ul nre ccaunrrdeindtaet.o E dl em caognissterandsoo  reenctures addoos  nfou esrezraías 
políticas antagónicas. Un magistrado –se dice en el mensaje– «excepcional», «gran
jurista», con «muchísima experiencia en el Supremo», que «prestigiará» el Tribunal 
Supremo y el CGPJ, y con «capacidad de liderazgo y auctoritas».
En cualquier caso, no corresponde a este tribunal hacer una valoración política sobre 
ese  mensaje.  En  este  apartado  de  la  demanda  solo  se  trata  de  determinar  si  su 
contenido permite descartar, por sí mismo, la imparcialidad de un magistrado. Y la 
respuesta solo puede ser negativa.
El  demandante  no  ha  aportado  ningún  dato  objetivo  sobre  la  conducta  o  las 
opiniones o expresiones del magistrado recusado de las que se deduzca una toma de 
posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba 
resolverse la controversia sometida a su consideración, que es la causa de recusación 
alegada (art. 219.10 LOPJ). Es más, los hechos subsiguientes a la publicación de ese 
mensaje –notoriamente conocidos– indican justamente lo contrario. El magistrado emitió 
un comunicado público, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación 
como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me 
obligan a hacer las siguientes precisiones:
1.  Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento 
al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.
2.  Mi  trayectoria  como  magistrado  ha  estado  siempre  presidida  por  la 
independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.
3.  El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del 
Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la sala de admisión de las 
causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la 
aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado.
4.  Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para 
el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.»
Como se puede ver, en ese comunicado no solo se negaba toda participación en 
aquella supuesta estrategia de control de una sala de Justicia al servicio de un partido 
político, sino que se descartaba de manera firme y decidida de cualquier postulación 
para el cargo al que se aludía (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial).
Sin embargo, el recurrente solo parece haber tenido en cuenta el mensaje de un 
tercero frente al comportamiento inequívoco del magistrado recusado, que contradice 
abiertamente las expresiones vertidas por un cargo público en un ámbito estrictamente 
político. Esa lectura parcial de lo acontecido no puede recibir amparo de este tribunal. 
Las  consecuencias  de  una  eventual  estimación  del  recurso  por  este  motivo  son 
fácilmente previsibles, al mismo tiempo que inasumibles. Cualquier mensaje emitido por 
un  tercero  podría  doblegar  la  aplicación  estricta  de  las  normas  sobre  competencia 
objetiva o funcional, o sobre el régimen de abstenciones y recusaciones. Aunque solo 
nos moviéramos en el plano de las apariencias, las dudas sobre la imparcialidad solo 
pueden provenir de los actos o conductas del magistrado, objetivamente constatables. 
Cualquier duda basada en convicciones personales o criterios subjetivos, o en hechos u 
opiniones de terceros, no puede implicar la tacha de parcialidad de un magistrado, al 
margen de su comportamiento, porque entonces se estaría reconociendo un inexistente 
derecho del ciudadano a conformar el tribunal a su conveniencia. s
Por lo expuesto, el motivo no puede prosperar. oe.
5.7  Sobre el rol inquisitivo que se atribuye al presidente de la sala de enjuiciamiento 
(señor Marchena Gómez).
5.7.1  Posiciones de las partes.
La última alegación sobre la vulneración del derecho a un juez imparcial se refiere a 
lo sucedido en la sesión de la vista oral celebrada el día 14 de marzo de 2019, en el 
interrogatorio como testigo del mayor del cuerpo de los Mossos d´Esquadra, don Josep 
Lluis Trapero. Según se recoge en la demanda, este testigo había sido propuesto por la 
representación  de  la  acusación  popular  ejercida  por  el  partido  político  Vox.  Esta 
acusación  no  había  formulado  pregunta  alguna  sobre  una  reunión  de  la  junta  de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Cuando el Ministerio Fiscal, en su 
turno de interrogatorio, formuló una pregunta sobre el motivo y la finalidad de esa 
reunión, el presidente de la sala de enjuiciamiento, a instancias de las defensas, rechazó 
la pregunta siguiendo el criterio de que el testigo solo podía ser interrogado sobre los 
hechos establecidos por la parte que lo hubiera propuesto. Sin embargo, terminado el 
interrogatorio  del  testigo,  la  sala  formuló  la  pregunta  que  había  sido  denegada 
previamente, al amparo de lo dispuesto en el art. 708 LECrim.
Según la demanda, el tribunal no solo incurrió en una incoherencia, sino que asumió 
una función acusatoria, mediante la introducción de un hecho nuevo en el juicio, con la 
consiguiente merma de su apariencia de imparcialidad. Prueba de ello es que la sala dio 
traslado a las defensas para poder repreguntar al testigo, en un trámite no previsto en la 
LECrim para estos casos, «y que supone aceptar una insólita situación de contradicción 
entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas».
Esta cuestión fue denunciada por la defensa del aquí recurrente en su escrito de 
conclusiones definitivas, desde la perspectiva invocada del principio de igualdad de 
armas,  aunque  con  el  consiguiente  menoscabo  de  la  imparcialidad  del  tribunal, 
obteniendo una amplia respuesta en la sentencia ahora impugnada.
La posición del Ministerio Fiscal sobre este motivo de amparo es coincidente con las 
anteriores, interesando su desestimación, ya que la pregunta se ajustaba a la finalidad 
del precepto empleado (art. 708 LECrim), que no es otra que «depurar» los hechos ya 
introducidos en el debate, sin añadir ningún hecho nuevo. Además, se permitió a las 
defensas volver a preguntar al testigo, por lo que no se causó indefensión alguna, al 
margen de la nula influencia de la pregunta en orden a la acreditación de un hecho –
como era la propia reunión– que ya había sido acreditada por otras fuentes de prueba. 
En el mismo sentido se pronuncia el abogado del Estado, que añade el dato de que ni la 
pregunta ni la respuesta pudo tener relevancia alguna para el recurrente, pues este no 
estaba presente en la citada reunión ni se trae a colación en su juicio de autoría. Por su 
parte, el partido político Vox argumenta en este punto en el mismo sentido que el 
Ministerio Fiscal.
5.7.2  Respuesta del órgano judicial.
La sala de enjuiciamiento rechaza esta pretensión en el fundamento de Derecho A), 
apartado 16.3.5. Tras hacer una reseña del art. 708 LECrim, y de las circunstancias en 
que se desarrolló el interrogatorio, se exponen algunos pronunciamientos de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo sobre la interpretación que debe darse al citado precepto, 
a fin de conjugar su aplicación con el respeto a los derechos de las partes. Se citan y 
extractan parcialmente, a tal efecto, la STS 28/2011, de 26 de enero, y otras anteriores 
de 31 de mayo de 1999 y 28 de septiembre de 1994. Para el Tribunal Supremo, «se  e.
impone […] la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del juez que con su actuación  w.
busca suplir las deficiencias de la acusación –lo que implicaría una visible quiebra de su  019ww
easstpaetucttoos  dseo birmep laorsc iqaulied ahda–  vye rslaa ddoe l aa pqruueel bqau [e… s] oyl oq upee rlasisg upere gaucnlatraasr  dael gluans opsa rdtees  lnoos 
hdaensc rloitgarsa dimop elicsacrlaíare ucnear  sinuaficceiepntatebmlee vnuteln. eArascí,i ómn ideenlt rparsin qcuipeio l aa cpursimateorraio ,d een l alos  qauceti ttuiednees   BOE-A-cable e
de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, 
la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna». También 
se reseña parcialmente la STS 1084/2006, de 24 de octubre, en la que se destacó la 
existencia  de  facultades  similares  en  los  sistemas  procesales  de  nuestro  entorno 
(Alemania, Italia, Francia y Portugal). Y en la más reciente STS 205/2015, de 10 de 
marzo,  se  distinguía  entre  imparcialidad  y  absoluta  pasividad,  y  se  contemplaba 
expresamente el supuesto de «juicios largos con algunas dosis de lógica tensión», en las 
que las facultades de dirección del acto obligan a sostener una posición pro activa en la 
que pueden cometerse errores, a los que «nadie está sustraído», pero que no son 
«necesariamente signo de parcialidad, ni han de interpretarse como tales, ni bastan para 
anular un juicio. Pueden ser fruto de un determinado estilo o forma de dirigir el debate. 
Para afirmar que se ha producido un desbordamiento tal de la función de la presidencia 
que ha degenerado en parcialidad, no basta cualquier presunto exceso o desacierto».
Para la sala de enjuiciamiento, la doctrina del Tribunal Supremo está en línea con los 
pronunciamientos de este tribunal, entre los que se destacan y extractan parcialmente 
las SSTC 229/2003, de 18 de diciembre y 334/2005, de 20 de diciembre. Lo relevante es 
que  las  preguntas  del  órgano  enjuiciador  versen  sobre  los  hechos  objeto  de  la 
acusación, a los efectos de alcanzar el grado preciso de convicción para la adopción de 
una  decisión.  No  pueden  ser  manifestación  de  una  actividad  inquisitiva  encubierta, 
sustituyendo a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta. Tampoco 
generan indefensión si la parte pudo formular alegaciones al respecto en el acto de la 
vista.
Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, según la sentencia impugnada. Un 
«juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica 
sobre la que ha de aplicar el Derecho. No parece jurídicamente admisible privar al 
órgano jurisdiccional de esa cuestionada iniciativa probatoria –que en nuestro Derecho 
cuenta con suficiente base legal–, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto 
de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la 
propia  causa,  y  que,  en  todo  caso,  se  respeten  convenientemente  el  principio  de 
contradicción y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en el proceso. Con 
estas limitaciones, la actuación judicial no atenta contra el principio acusatorio ni el juez 
pierde por ello su necesaria imparcialidad».
5.7.3  Resolución de la queja.
a)  La última invocación de la vulneración del derecho al juez imparcial no se refiere 
a una circunstancia personal u orgánica, sino a una lesión de carácter funcional, es decir, 
causada  en  el  ejercicio  estrictamente  jurisdiccional.  El  recurrente  considera  que  el 
presidente  de  la  sala  de  enjuiciamiento  asumió  un  «rol  inquisitivo»  durante  el 
interrogatorio del señor Trapero, prestado en la sesión del juicio oral celebrada el 14 de 
marzo de 2019, al formularle una pregunta que versaba sobre el motivo, la finalidad y el 
contenido de una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017.
La  sentencia  describe  brevemente  las  circunstancias  en  que  se  desarrolló  ese 
interrogatorio. El «testigo señor Trapero había sido propuesto por la acusación popular y 
por las defensas de los señores Sànchez, Cuixart y Forn. Tras finalizar el interrogatorio 
de la acusación popular y después de preguntar aquello que estimó conveniente, el 
Ministerio Fiscal formuló al testigo una pregunta relativa a la reunión de la junta de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Como quiera que la única 
acusación no había traído a colación ese encuentro durante su interrogatorio, la defensa  e
del señor Forn intervino para advertir a la sala que, de conformidad con el criterio  bo
suscrito por la sala en la interpretación del primero de los párrafos del art. 708 de la  019ww
LpEorC lraim S, aelal ,f isscea la bnroió p otudrínao i nptaerraro egla rin atel rtreosgtiagtoo rsioo bdree  leasse d eexfetrnesmaos.  yL, aa ql uteerjma ifnuaer  aecsoteg,i deal 
pLrEeCsirdimen, tseo bforrem lausló r auznoan úensi cqau ep rmegoutivnataro, na le asme peanrcou deenlt rpoá»r.rafo segundo del art. 708 de la
Expuesto lo anterior, la sentencia ahora impugnada desarrolla su argumentación para 
denegar esta pretensión. Y señala, a tal efecto, lo siguiente:
«[L]a pregunta formulada por el presidente al testigo –señor Trapero– no introdujo 
elemento alguno que no hubiera sido objeto de debate cruzado entre las partes. El 
testigo había sido ampliamente interrogado sobre la reunión de la junta de seguridad 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017. Al término del interrogatorio de las partes, 
conforme consta en el soporte digital en el que fue grabada la declaración del señor 
Trapero, el presidente procedió a dar lectura al párrafo segundo del art. 708 de la LECrim 
y formuló –previa deliberación del Tribunal que así lo había acordado– la siguiente 
pregunta:
"[…]  usted  ha  declarado  sobre  una  reunión  que  promueve,  en  la  que  están 
responsables políticos […] y de la fuerza que usted dirigía. Se habló de la presencia del 
señor Castellví […] La pregunta, buscando lo que el precepto establece, […] es una 
pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta […] a 
instancia de su letrado. Es exactamente: ¿qué preocupación motivó la iniciativa que 
provoca que convoque o exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué 
mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? 
Exclusivamente es eso".
Una vez obtenida la respuesta del señor Trapero, la presidencia del tribunal ofreció a 
los  letrados  de  las  defensas  la  oportunidad  de  repreguntar  lo  que  a  su  derecho 
conviniera. La defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez pidió en ese momento una 
aclaración acerca de la autoría de unas declaraciones públicas de uno de los acusados. 
Esa pregunta, por cierto, no fue precedida ni seguida de ninguna protesta por el mismo 
letrado  que  ahora  ve  en  la  iniciativa  del  tribunal  una  gravísima  quiebra  de  la 
imparcialidad. La defensa de los señores Junqueras y Romeva tampoco formuló protesta 
y renunció a su derecho a hacer alguna pregunta. Y el letrado del señor Forn –que 
tampoco hizo constar ninguna protesta– dijo textualmente: "[…] creo que ya se lo había 
preguntado, pero sin todo este antecedente. Una vez que ha explicado todo esto, la 
pregunta sería […]".
A juicio de la sala, esta explicación –"creo que ya se lo había preguntado"– es la 
mejor muestra de que la pregunta del presidente, amparada en el art. 708 de la LECrim, 
solo buscó lo que el precepto autoriza; esto es, depurar los hechos sobre los que el 
testigo ha declarado. La propia  defensa  reconoció que, sin la minuciosidad de las 
aclaraciones sobrevenidas, la pregunta ya había sido hecha.
Concluir  que  esa  pregunta  implicaba  la  prueba  de  un  cognitivo  pre-juicio  del 
presidente  –y  con  él,  de  toda  la  sala–  sobre  la  culpabilidad  de  cualquiera  de  los 
acusados, carece del más mínimo sentido. Cuando en un juicio oral en el que se ha 
recibido declaración a un número próximo a los cuatrocientos testigos, el origen de la 
quiebra de la imparcialidad se construye a partir de una única pregunta, el discurso 
argumental ha de ser, desde luego, más consistente. El hecho sobre el que se preguntó 
había sido introducido por un testigo anterior, en términos que podrían reputarse a priori 
no favorables para algunos de los acusados. Preguntar a otro de los asistentes a ese 
encuentro sobre el decurso de la reunión, no era tanto para acreditarla –que ya lo 
estaba, por esa y por otras declaraciones posteriores– como para esclarecer la forma en 
que se desenvolvió lo que ex ante podría, según la respuesta, beneficiar también a las 
defensas.  No  necesariamente  habría  de  ser  un  testimonio  más  incriminatorio.  Y  s
podemos decir, en todo caso, que la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es  oe.
teeossteaan lmcrieeaunlmnteieó pnnrt ees hicgaiu nadqlieubsele.d» aad eof ecatcorse ddeita cdoan sptrourir  evla rreialast o fduee nhteesc hodse  prporbuaedboas , eenn  taténrtmo iqnuoes   2021-10019n https://www.
b)  El  análisis  y  resolución  de  este  motivo  de  amparo  requiere  algunas 
consideraciones previas:
(i)  La primera se refiere al objeto de la pregunta controvertida formulada por el 
presidente de la sala de enjuiciamiento.
Los  términos  de  la  demanda,  e  incluso  de  la  propia  sentencia,  parecen  dar  a 
entender que la pregunta venía referida a una reunión de la junta de seguridad de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Sin embargo, esa reunión tuvo lugar el día 27 de 
septiembre de 2017, mientras que el visionado completo de la declaración del señor 
Trapero pone de manifiesto que la pregunta estaba referida a otra reunión que se 
mantuvo el día 28 de septiembre de 2017 entre los mandos del cuerpo de Mossos d
´Esquadra y los procesados señores Puigdemont, Junqueras y Forn.
(ii)  Sobre la interpretación que la sala de enjuiciamiento mantuvo en relación con 
uno de los preceptos que regulan el interrogatorio de los testigos.
En el fundamento jurídico A), apartado 16.2.2, el Tribunal Supremo expone su criterio 
sobre el alcance del interrogatorio de las partes, desde su entendimiento del tenor literal 
del  párrafo  primero  del  art.  708  LECrim.  Este  precepto  dispone  lo  siguiente:  «El 
presidente [del tribunal] preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en 
el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado 
podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán 
dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de 
sus contestaciones». La sala de enjuiciamiento describe su criterio interpretativo de la 
siguiente forma:
«La redacción originaria de la LECrim lleva a sus últimas consecuencias el verdadero 
significado del principio de contradicción. Tras las preguntas predefinidas por el art. 436 
–generales de la ley–, […] el presidente ha de dar oportunidad a quien lo haya propuesto 
para formular las preguntas que tenga por conveniente. Terminado su interrogatorio, es 
el  turno  de  las  demás  partes.  Pero  las  preguntas  susceptibles  de  formulación 
condicionan el juicio de pertinencia a que se formulen "a la vista de sus contestaciones". 
Solo entonces se está haciendo realidad el interrogatorio cruzado que anima y da vida al 
principio de contradicción y, con él, al derecho de defensa.
Cuando, como en este caso, la defensa propugna una interpretación en la que el 
turno de repreguntas no conozca límites, se está arriesgando a que sus testigos se 
conviertan en testigos de cargo. Para ello solo es necesario contar con la habilidad del 
Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones. Si después del interrogatorio de la 
defensa el presidente de la sala permitiera que las repreguntas del fiscal no fueran tales, 
sino  que  abordaran  aspectos  que  no  han  aflorado  en  el  examen  verificado  por  la 
defensa, se produciría una mutación de la prueba de descargo. El letrado que la hubiera 
propuesto tendría que observar con resignación y paciencia, cómo su testigo sería 
implacablemente interrogado sobre aspectos que interesaran al fiscal y que no tuvieran 
la más mínima conexión con las razones que justificaron la llamada de ese testigo como 
testigo de descargo. Bien es cierto que ese defecto podría aliviarse si se abriera un 
nuevo turno de repreguntas que diera a la defensa oportunidad para contradecir las 
respuestas ofrecidas por el declarante. Pero bastaría que cualquiera de esas preguntas 
en turno de réplica desbordara los términos del contrainterrogatorio del fiscal para tener 
que abrir un nuevo debate. Se estaría alentando así un encadenamiento dialéctico de la 
prueba  testifical  que  implicaría,  además  de  una  permanente  confrontación  ajena  al 
principio contradictorio, una vulneración del derecho de defensa.» e
f«aocrrtom. nCu7toel0ams8dt aoaLc ssEi oeCna er pismuu»e n dqy e,u t eemos beátislgs et oer evsnatei rgn,c o lo aehn lacs ryae«alatt ou r,err neadoalei lzilza dadjeu o uic narioea  lp adirnsee tge purprpenergtreatutisnan»ect,ain óscnq ifa uod erems lo usbpelarr eidm adlesear rs pi vpoapár rr erlaadg feuop n adtlraateessl     2021-10019n https://www.
que lo propuso. Conforme a la literalidad del precepto, el criterio expuesto por la sala
determina que, si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto
de las partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido 
una previa «contestación» del testigo. Con ello se pretende preservar la vigencia estricta 
del principio de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
La  interpretación  ofrecida  por  el  tribunal  sentenciador  no  ha  sido  objeto  de 
impugnación en este recurso, por lo que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre 
la misma. En todo caso, se trataría de una cuestión de aplicación de la legalidad 
ordinaria, sobre la que este tribunal solo podría hacer un control meramente externo o de 
razonabilidad (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3), sin ignorar que caben también otras 
interpretaciones alternativas, que son usuales en la práctica judicial.
No obstante, se ha considerado necesario exponer el criterio mantenido por la sala 
en  este  punto,  porque  permite  contextualizar  debidamente  las  alegaciones  del 
recurrente.
(iii)  La  demanda  invoca  la  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial.  Debe 
señalarse que la respuesta contenida en la sentencia impugnada es tributaria de la 
alegación formulada por el recurrente en su escrito de conclusiones definitivas, en el que 
se invocaba la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su 
vertiente del principio de igualdad de armas (art. 24.2 CE).
En  este  recurso,  por  tanto,  se  ha  introducido  una  modificación  del  derecho 
fundamental alegado (derecho al juez  imparcial)  en comparación con la invocación 
formal  realizada  previamente  en  la  instancia  (igualdad  de  armas).  No  obstante,  la 
identidad de los «términos en que se ha planteado el debate en vía procesal», o de la 
«descripción  fáctica  de  los  datos  o  circunstancias  de  hecho»,  permiten  un 
pronunciamiento de este tribunal (STC 67/2020, de 29 de junio, FJ 2).
(iv)  Otro tanto puede decirse respecto de la ausencia de protesta alguna frente a la 
pregunta formulada por el tribunal.
El visionado de la sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 pone de manifiesto que 
la sala (16:12 horas) denegó la pregunta del Ministerio Fiscal sobre la reunión ya 
descrita. Conforme al criterio mantenido durante todo el desarrollo del juicio oral, que ya 
ha sido expuesto, el testigo no había sido propuesto por la fiscalía, y la acusación 
popular proponente no había formulado pregunta alguna sobre esa reunión. Por lo tanto, 
no se podía preguntar sobre algo que no hubiera sido objeto de una contestación previa 
del  testigo.  El  representante  del  ministerio  público  hizo  constar  su  protesta  por  la 
denegación de la pregunta. No obstante, a lo largo de ese interrogatorio (16:24 horas), el 
testigo deslizó una mención a la «reunión de la que no estamos hablando», en clara 
referencia a la reunión sobre la que no se había podido preguntar. Ninguna parte formuló 
objeción alguna sobre esta mención. En su turno de intervención, el letrado del señor 
Forn sí formuló una pregunta sobre esa reunión, alegando que podía hacerlo porque el 
testigo también había sido propuesto por esa parte (17:38 horas). La sala así lo admitió y 
el resto de los intervinientes en el proceso no formuló protesta alguna. Al término del 
interrogatorio de las partes (18:53 horas), la sala hizo uso de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. 708 LECrim, y formuló la pregunta ahora impugnada. Nadie elevó 
protesta alguna.
Un entendimiento garantista de los presupuestos procesales del recurso de amparo 
conducirá a un pronunciamiento sobre el fondo de la vulneración alegada, prescindiendo 
de objeciones formalistas sobre la falta de invocación previa de la queja [art. 44.1 c) 
LOTC], derivada de la ausencia de protesta en el acto de la vista, toda vez que la lesión 
fue planteada en el escrito de conclusiones definitivas; es decir, al final del acto del juicio 
oral y, como hemos visto, obtuvo una respuesta en la sentencia impugnada. s
(v)  La demanda se plantea en términos que permiten advertir cierto solapamiento  oe.
entre los derechos fundamentales invocados. w.
La expresión «rol inquisitivo» no puede entenderse referida al principio inquisitivo que  019ww
iemvpoucata deol  «veierajo  pcrooncseidseor apdeon alc [o…m]o r egoibdjoe top ord eell  sipsrteomceas od e ppernuaelb, a [tnaos adcao meno ] els quujeet oe»l 
(pSreTtCen 1d4e2 /i2n0v0o9c,a dr eu 1n5a  dpeo jsuinbiloe,  FvJu l3n)e.r aEcni órne aldideal dp, rlian ceixppior esaicóuns aetmorpiole.a dEas teen  plari ndceimpiaon dsea   BOE-A-cable e
encuentra integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías y se conecta 
con el derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación y el derecho al 
juez imparcial, todos ellos amparados en el art. 24.2 CE.
En efecto, el principio acusatorio se manifiesta, entre otros aspectos, en la necesaria 
correlación entre la acusación y la resolución del procedimiento. De esta forma, por un 
lado, la persona a la que se imputa un delito debe tener conocimiento de los hechos 
objeto de la acusación, a fin de poder ejercer su derecho de defensa; y por otro, el 
órgano  de  enjuiciamiento  no  puede  introducir  hechos  nuevos  que  no  hayan  sido 
aportados por la acusación; es decir, no puede adoptar la doble función de juez y parte o 
llevar a cabo una «actividad inquisitiva encubierta» (en palabras de la STC 130/2002, 
de 3 de junio, FJ 3), porque entonces se estaría vulnerando también el derecho al juez 
imparcial (por todas, STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7). Sin embargo, para la resolución 
de  este  motivo  de  amparo  debe  tenerse  igualmente  muy  presente  el  principio  de 
inmediación judicial.
Como es conocido, la inmediación judicial deriva del derecho a un proceso justo o 
equitativo (art. 6.1 CEDH) que implica la «facultad del acusado de estar presente y ser 
oído personalmente» (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10, con cita de las 
SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani c. Suecia, § 24 y 27; de 29 de 
octubre de 1991, asunto Helmers c. Suecia, § 31 y 32; de 27 de junio de 2000, asunto 
Constantinescu  c.  Rumanía,  §  53,  doctrina  que  se  consolida,  con  matices,  en  la 
STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15).
A su vez, la inmediación judicial también aparece conectada, de forma indisoluble, 
con el principio de libre valoración de la prueba que, en el ámbito del proceso penal, 
figura descrito en el art. 741 LECrim, cuando establece que el tribunal, «apreciando 
según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la 
acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia». 
Para la plena vigencia de este principio es necesario que la prueba se desarrolle en el 
acto del juicio bajo las garantías procesales de «publicidad, oralidad, inmediación y 
contradicción» que, junto con el principio de igualdad de armas, se configuran como 
elementos estructurales del derecho a un juicio justo (STC 94/2004, de 24 de mayo, 
FJ 2, y la jurisprudencia allí citada).
La publicidad del proceso –con sus inescindibles principios de oralidad, inmediación 
y contradicción–, es una garantía de profundas raíces democráticas, porque no solo 
permite que la persona sometida a juicio pueda tener acceso a todo aquello que va a ser 
utilizado  por  el  tribunal  para  la  resolución  de  su  caso,  sino  que  contribuye  a  la 
transparencia del sistema de Justicia generando con ello la máxima confianza de los 
ciudadanos en el funcionamiento del Poder Judicial, que es fuente de su legitimidad 
constitucional (art. 117.1 CE).
De todo lo anterior se deduce la relevancia que tiene el cumplimiento de las normas 
procesales sobre la práctica de la prueba, como instrumento de garantía del derecho a 
un proceso justo. Así, este tribunal ha afirmado que la «estricta sujeción del juez a la ley 
penal sustantiva y procesal que rige sus actos y decisiones constituye la primera y más 
importante garantía del juicio justo», que «otorga […] el derecho a exigir del juez penal la 
observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes 
en el proceso, lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta 
sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto 
en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las 
partes en el proceso» (STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3). s
Sin embargo, «según doctrina reiterada de este tribunal, no toda infracción de una  oe.
norma procesal genera necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional  w.
de indefensión (art. 24.1 CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías  019ww
p(arortc. e2d4im.2i eCntEo) a. lcPaanrcae  qreulee veasnac iair rceognusltaitruidcaiodn apl rdoecbeesa pl rood uincfirra ucnc iópne rjudiec iola rse anl oyr mefaesc tidvoe 
teunte lalas  pjuodsiicbiailild aedfeecst idvae  dseinfe npsaad deece qr uiiennd elafesn dseiónnu n(cairet,.  le2s4i.o1n aCnEd)o.  aEcna sod esfuin ditievrae,c hhoa  ad lae   BOE-A-cable e
comportar una indefensión material y no meramente formal o, aun no causando esa 
indefensión  material,  la  irregularidad  o  infracción  de  las  normas  procesales  ha  de 
suponer una quiebra de las garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 
de mayo). Así ocurriría de haber provocado esa irregularidad o infracción de normas 
procesales  la  pérdida  de  neutralidad  del  juez  penal,  traspasando  los  límites 
constitucionales que a su obrar le imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el 
principio  acusatorio,  ocasionando  una  objetiva  ruptura  de  la  igualdad  y  equilibrio 
procesales de las partes en litigio, que el juez debe preservar aplicando con corrección 
las normas procesales que sirven justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de 
junio, FJ 4). De no hacerlo así, el juez habrá vulnerado el derecho a un proceso judicial 
con todas las garantías (art. 24.2 CE; STC 188/2000, FJ 2)». (STC 130/2002, de 3 de 
junio, FJ 4).
c)  La contextualización de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes permiten 
abordar, ahora sí, la cuestión de fondo planteada.
El art. 708 LECrim, en su párrafo segundo, señala expresamente lo siguiente: «El 
presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir 
a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren».
Esta facultad del tribunal debe ser considerada como una herramienta necesaria 
para el ejercicio de la inmediación judicial que, como se ha expuesto, se configura como 
un presupuesto del principio de libre valoración de la prueba, integrándose en el derecho 
a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE.
La inmediación judicial implica la práctica de la prueba a presencia del tribunal, a fin 
de que este pueda percibir y valorar por sí mismo todo el acervo probatorio propuesto 
por las partes. Eso requiere que los magistrados no alberguen duda alguna sobre el 
contenido de lo que se practica, sin perjuicio de su validez y suficiencia como fuente 
probatoria. En el caso de un testigo, el tribunal no puede tener incertidumbre alguna 
sobre lo que el testigo dice, desde el punto de vista de un mero entendimiento lógico. 
Pero también es necesario tener clara la conexión o relación entre lo que el testigo dice y 
los aspectos esenciales de los hechos enjuiciados. Por tanto, forma parte de la propia 
naturaleza de la inmediación judicial que el tribunal pueda formular preguntas a un 
testigo sobre aquellos aspectos fácticos que no le hayan quedado claros como resultado 
del interrogatorio de las partes. Ese es el sentido de la expresión «depurar los hechos» 
contenida en el art. 708, párrafo segundo LECrim. Se trata de desbrozar, limpiar o 
aclarar los hechos que, en definitiva, son el objeto del juicio oral, para su adecuado 
discernimiento.
Esta facultad no puede confundirse con la función estricta de valoración de la prueba. 
La valoración es una actividad jurisdiccional posterior, que presupone necesariamente 
que el tribunal haya percibido con claridad lo ocurrido en el juicio oral. Nótese que el 
art.  708  LECrim,  en  su  párrafo  segundo,  permite  depurar  «los  hechos»,  no  el 
«testimonio». El testimonio será luego objeto de valoración (o depuración, en cuanto a su 
validez, credibilidad y suficiencia para acreditar o no los hechos enjuiciados) conforme a 
lo dispuesto en el art. 741 LECrim.
En todo caso, la potestad del tribunal recogida en el precepto citado encuentra como 
límite infranqueable la vigencia del principio acusatorio. El órgano de enjuiciamiento no 
puede introducir hechos que no hayan sido objeto de acusación y sobre los que, por lo 
tanto, el procesado no haya podido ejercer su derecho de defensa en condiciones de 
igualdad con el resto de las partes. El uso de esta prerrogativa no puede suponer, en  e.
modo alguno, que el tribunal se convierta en acusación, en juez y parte al mismo tiempo,  w.b
con la consiguiente pérdida de su debida imparcialidad. En consecuencia, lo relevante  019ww
esol onb ljoesto h deeclh porso, cye seos tpoesn vaile yn,e pno rd leof itnaidnotos,  pdoerl  alocse revsoc prirtoobs adtoer iaoc pursoapcuióens,t oq upeo r claosn sptaiturtyeesn.
manEdno se ld perle csueenrtpeo s duep uMeostsos,o lsa  dre´Eunsqióuna dcerale yb raaldgau neol s2 8d ed elo sse pprtoiecmesbared odse e 2s0ta1b7a e inntcrelu ildoas 
en los escritos de calificación provisional de todas las partes acusadoras, formando parte
del objeto de la prueba a desplegar durante la vista oral. Así, la referencia a esta reunión 
figuraba en las páginas 40 y 41 del escrito del Ministerio Fiscal, en las páginas 20 y 21 
del escrito del abogado del Estado, y en la página 20 del escrito de la acusación popular 
ejercida por el partido político Vox.
Además, la existencia y contenido de esta reunión había sido puesta de manifiesto 
en una declaración anterior del testigo señor Castellví, y la defensa del procesado señor 
Forn también había formulado una pregunta sobre el contenido de esa reunión, antes de 
que la sala hiciera uso del párrafo segundo del art. 708 LECrim.
Una vez que la reunión estaba incluida en los escritos de acusación, y que su 
celebración y contenido habían sido introducidos en el juicio oral, la iniciativa de la sala 
no puede considerarse como impropiamente inquisitiva o desconocedora del principio 
acusatorio. La sala de enjuiciamiento no introdujo un hecho nuevo. La pregunta no pudo 
conformar  una  nueva  acusación,  sino  que  esta  venía  determinada  por  los  hechos 
contenidos en los escritos de calificación provisional, en los que se hacía una referencia 
expresa a la iniciativa para celebrar la reunión, así como a su contenido y finalidad. Y, 
precisamente, la pregunta pretendía aclarar el motivo, la finalidad y el contenido de la 
reunión. No otra cosa significa preguntar acerca de la «preocupación que motivó la 
iniciativa», el «mensaje» que se quería «transmitir» y la «respuesta» obtenida. Planteada 
la pregunta en esos términos, su objetivo y finalidad quedaba englobada sin dificultad en 
los estrictos límites exigidos por el art. 708 LECrim, párrafo segundo, («depurar los 
hechos»), sin infracción del principio acusatorio. Ninguna tacha de parcialidad se puede 
derivar del cumplimiento estricto de las normas procesales.
Ni siquiera puede achacarse a la sala una mera incoherencia en su actuación. Según 
el recurrente, es incongruente denegar la pregunta al Ministerio Fiscal y, sin embargo, 
formular la misma pregunta unos minutos después.
Al margen de que la mera contradicción de criterio, o incluso un hipotético error en el 
desarrollo de una vista oral (sobre todo, en un juicio de estas dimensiones y duración), 
no implica, por sí misma, una vulneración de un derecho fundamental ni ha de conllevar, 
necesariamente, la pretendida –y desproporcionada– consecuencia de la nulidad de la 
sentencia, parece claro que la actuación de la sala encuentra amparo en dos preceptos 
legales diferentes. Los criterios valorativos para la consideración de una pregunta como 
pertinente pueden ser diferentes en función de que el interrogatorio sea formulado por 
una parte o por el tribunal. En el primer caso, la apreciación exige una ponderación sobre 
el principio de contradicción e igualdad de armas, como presupuestos del derecho a la 
defensa.  En  el  segundo,  entra  en  juego  la  inmediación  judicial  como  condición 
imprescindible para la libre valoración de la prueba, con el límite del respeto al principio 
acusatorio. Por todo ello, y conforme a la concreta interpretación del primer párrafo del 
art. 708 LECrim acogida por la sala, la pregunta podía ser denegada; mientras que el 
segundo párrafo del mismo precepto amparaba la pregunta formulada por el tribunal, 
según hemos expuesto. La diferencia de presupuestos normativos para adoptar ambas 
decisiones impide apreciar la incongruencia o incoherencia alegada y, por lo tanto, la 
vulneración invocada.
Con independencia de todo lo anterior, el carácter meramente aclaratorio de la 
pregunta formulada por la sala se pone de manifiesto cuando la sentencia señala su nula 
trascendencia desde el punto de vista del acervo probatorio utilizado para la condena. 
Efectivamente, una lectura de la resolución impugnada permite apreciar que, en el marco 
del principio de libre valoración de la prueba, valorada en su conjunto, la sentencia no 
aparece apoyada en la contestación del señor Trapero a la pregunta formulada por la  s
sala; es decir, que fue inocua desde la perspectiva de la afectación material de los  oe.
derechos del recurrente. w.
Mención aparte merece el hecho de que, en todo caso, la pregunta formulada por la  019ww
sqaulea  ffuuee  suetiglizuaiddao  dpeo rla l ac odnecfeesniósan  ddee l usne ñnoure vFoo rtunr npoa rpaa rvao levle irn tae rproreggautonrtiaor  dpeo rla lsa  pcaitratedsa, 
reunión, sin protesta alguna del resto de los intervinientes.
Ese  nuevo  turno,  no  previsto  expresamente  en  la  normativa  procesal,  permite 
descartar cualquier indefensión material para las partes derivada de la pregunta hecha 
por la sala. Con su actuación, el tribunal sentenciador no incurrió en una «insólita 
situación de contradicción entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas», como 
se alega en el recurso. Lo que puso de manifiesto fue un escrupuloso respeto al derecho 
de defensa, a la vigencia de los principios de contradicción e igualdad de armas y, en 
definitiva, al derecho a la imparcialidad judicial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). Lo que conduce a la desestimación del motivo 
analizado.
6.  Derecho a la igualdad de armas en el proceso.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia en el apartado 16 del 
fundamento jurídico A).
Para  la  mejor  comprensión  del  examen  de  esta  queja,  teniendo  en  cuenta  la 
extensión de este apartado, así como que abarca aspectos ajenos a los planteados en 
esta sede por la parte recurrente, hemos optado por no reproducir íntegramente este 
fragmento de la sentencia recurrida. Tomaremos así las consideraciones efectuadas en 
él por el Tribunal Supremo a medida que vayamos descendiendo a los detalles que 
incluye el análisis del motivo de amparo.
6.1  Posiciones de las partes.
La parte recurrente denuncia la vulneración del principio de igualdad de armas por el 
trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral (arts. 24 CE y 6 
CEDH), con base en que se limitó su actividad procesal en el momento de interrogar de 
manera mucho más estricta de lo que se hizo con las acusaciones. La demanda, de la 
que se ha dejado detallada constancia en los antecedentes de esta sentencia, se refiere 
a varios episodios acaecidos durante el desarrollo del juicio oral que serían reveladores 
de  la  denunciada  desigualdad:  (i)  en  el  interrogatorio  del  testigo  señor  Torrent,  se 
permitió a las acusaciones formular preguntas que desbordaron las razones por las que 
había sido propuesto, lo que se impidió a las defensas; (ii) se permitió a las acusaciones 
efectuar preguntas a los acusados o testigos sobre su afiliación política e ideología, pero 
no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos aspectos a algunos testigos, como 
a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona; (iii) a los testigos de las acusaciones, como fueron los policías, se les autorizó 
a exponer valoraciones al aludir a aspectos tales como «caras de odio» –en referencia a 
los votantes– «clima hostil» o «clima insurreccional» (señor Baena), lo que se impidió a 
otros como a la señora Garcés; (iv) a algunos testigos propuestos por la acusación se les 
autorizó a consultar notas escritas, lo que fue impedido a la señora Garcés y al señor 
Matamala; (v) la reacción del tribunal frente a las manifestaciones de «desmemoria» o 
«renuencia» de algunos testigos, como la señora Sáenz de Santamaría, el señor Rajoy y 
el señor Zoido, frente a la dispensada a la señora Guix y al señor Mestre; (vi) el 
impedimento para preguntar a un inspector de policía respecto del «aparente infarto» 
sufrido por un ciudadano cuando se disponía a votar, pese a que esa circunstancia se 
mencionaba en el escrito de acusación y, previamente, se había permitido al fiscal 
interrogar al respecto; (vii) el reproche que dirigió el presidente del tribunal al letrado del 
aquí recurrente, en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley 
de ritos» para referirse a la LECrim, porque esa expresión constituía un «insulto a los 
procesalistas». e.
El abogado del Estado considera que el denunciado trato peyorativo dado a las  w.
defensas  frente  a  las  acusaciones  no  se  ha  producido,  remitiéndose  de  modo  019ww
pormPeonr osruiz apdaor tae ,l alas  rreespprueessetnatsa ccioónnt epnriodcaess eanl  dlae ls epnatretindcoi ap roelcítuicrori dVao.x sostiene que los
enxot rienmteorpsr emtaacniiofensetsa dinotse rpeosra deal sre rceusrpreenctteo  naol  asloeng amdáos t rqautoe  d«emsifnauvcoiraasb lper,o pceesroa lqeus,e  caula fnindaol   BOE-A-cable e
no  han  supuesto  anular  al  condenado  la  posibilidad  de  proponer  y  practicar  los 
elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco afectan al sentido del fallo», 
amén de que el demandante no ha argumentado nada sobre esta relevante cuestión.
Por último, el Ministerio Fiscal aduce que las respuestas dadas por la Sala en la 
sentencia tienen de común su razonabilidad, pues responden a la aplicación de la 
normativa procesal sobre el desarrollo de la prueba testifical en cumplimiento de las 
facultades de dirección de los debates del juicio oral que corresponde al presidente del 
tribunal (art. 683 LECrim). A su juicio, más allá de valoraciones personales, el recurrente 
no indica qué reglas procesales se han desconocido o cómo su vulneración ha afectado 
a las garantías de defensa. No se ha argumentado en qué medida estas presuntas 
irregularidades y desigualdad de trato le han causado indefensión y han podido influir 
sobre el resultado final de la sentencia condenatoria, de modo que el fallo pudiera haber 
sido otro.
6.2  Doctrina constitucional.
Podemos sistematizar la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad de 
armas en el proceso penal, siguiendo la ya citada STC 130/2002, de 3 de junio, y a 
riesgo de incurrir en reiteraciones, en los siguientes términos:
a)  «La primera y más importante garantía debida del proceso penal, a los efectos 
de que este pueda tenerse por un juicio justo, es indudablemente aquella que impone al 
juez (hasta el punto de constituir parte de su estatuto constitucional, art. 117.1 CE), y en 
lo que ahora interesa, al juez penal, la inquebrantable obligación de someterse de forma 
exclusiva y sin desfallecimiento o excepciones al ordenamiento jurídico. Especialmente, 
a las normas procesales que establecen la forma en la que debe ejercer su función 
jurisdiccional en los procesos penales. Pues su estricta sujeción a la Ley, en este caso, a 
la  Ley  procesal,  garantiza  la  objetividad  e  imparcialidad  del  resultado  de  su 
enjuiciamiento del asunto que se someta a su examen».
Esto es, «la estricta sujeción del juez a la ley penal sustantiva y procesal que rige sus 
actos y decisiones constituye la primera y más importante garantía del juicio justo en la 
medida en que dicha sujeción asegura a las partes en el proceso que el juez penal es un 
tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que 
desempeñen  en  el  proceso.  Alejamiento  que  le  permite  decidir  justamente  la 
controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. Por esta 
razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte 
(STC 18/1989, de 30 de enero, FJ 1, con cita de la STC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 
y 2), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de 
manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas, lo 
que es aún más relevante cuando se trata del imputado en el proceso penal (por todas 
STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3 y, con posterioridad, 
SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3).
«De ahí que la imparcialidad objetiva del juez penal resulta sin duda una garantía 
esencial y debida del proceso penal justo. El juez debe garantizar que el órgano judicial 
ha actuado de forma que se excluya toda duda legítima sobre su neutralidad. Hemos 
tenido ocasión de afirmar que en esta materia "las apariencias son muy importantes 
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los 
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos" (STC 162/1999, FJ 5)» 
(STC 130/2002, FJ 3). Muy expresivamente, «la justicia no solo debe realizarse, también  s
debe verse que se realiza» [En palabras de la STEDH de 26 de octubre de 1984, De  oe.
eCSexnSupebTrrbeEoes Dri1ó H9cn .7 d r0Bee,é  it1l[eg…5ri ac]dad e,"a j u §ops co2ttiur6c be,e r «le msT edruigebsú tu2 nnn0 aou0ltn 9 E ,o aucndraloaysp goebi ooeM   iniddcgeoal nléDleesef:   crceiit.t c aMmhdooaus lste atH n, au §llmas 9 oas8 neb,o neyst  e,ds n(eece ein2ant2 r De too eoc lcttburoaebus rrd,et  o ed2nne0e  1l"1a9»7s,;     2021-10019n https://www.
caso Deli c. Moldavia, § 36)].
«También hemos sostenido que aquel puede traspasar el límite que le impone el 
principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha 
llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad 
procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en 
clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede 
deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)».
De este modo, «el derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 
CE), por lo tanto, otorga al acusado y procesado el derecho a exigir del juez penal la 
observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes 
en el proceso, lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta 
sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto 
en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las 
partes en el proceso. Pues esa igualdad, que constituye un principio constitucional de 
todo proceso integrado en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente 
obligados a aplicar la ley procesal de manera igualitaria, de modo que se garantice a 
todas las partes, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de 
acuerdo con la organización que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de 
defensa,  sin  conceder  trato  favorable  a  ninguna  de  ellas  en  las  condiciones  de 
otorgamiento y utilización de los trámites comunes, a no ser que existan circunstancias 
singulares determinantes de que ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda 
mantenerse con un tratamiento procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado 
con el fin precisamente de restablecer dichos equilibrio e igualdad (STC 101/1989, de 5 
de junio, FJ 4)» (STC 130/2002, FJ 3).
b)  Como ya hemos expuesto, no toda infracción de una norma procesal genera 
necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional de indefensión (art. 24.1 
CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE). «Para que 
esa  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento  alcance 
relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de 
defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin padecer indefensión (art. 24.1 CE). En definitiva, ha de comportar una indefensión 
material  y  no  meramente  formal  o,  aun  no  causando  esa  indefensión  material,  la 
irregularidad o infracción de las normas procesales ha de suponer una quiebra de las 
garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 de mayo). Así ocurriría de 
haber provocado esa irregularidad o infracción de normas procesales la pérdida de 
neutralidad del juez penal, traspasando los límites constitucionales que a su obrar le 
imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el principio acusatorio, ocasionando 
una objetiva ruptura de la igualdad y equilibrio procesales de las partes en litigio, que el 
juez  debe  preservar  aplicando  con  corrección  las  normas  procesales  que  sirven 
justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4). De no hacerlo así, el 
juez  habrá  vulnerado  el  derecho  a  un  proceso  judicial  con  todas  las  garantías 
(STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)» (STC 130/2002, FJ 4).
c)  «El régimen procesal de la prueba en el proceso penal posee una indudable 
relevancia  constitucional  habida  cuenta  de  su  estrecha  conexión  con  las  garantías 
constitucionales del acusado, y muy en particular con los derechos fundamentales a 
utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE). La estricta sujeción del juez penal al régimen procesal de la prueba en sus 
distintas fases, y muy en especial la relativa a su admisión y práctica, constituye una  s
garantía  más  del  proceso  justo  (art.  24.2  CE)  en  los  términos  señalados  con  oe.
anterioridad» (STC 130/2002, FJ 5). w.
La facultad de intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica y  019ww
caocnutsraaddoe ci(rplao r etso dtaasm, bSiéSnT Cun a1 7e6s/1p9e8c8íf,ic ad em  4a ndifee stoacctiuóbnr ed; e1l 2d2e/1re9c9h5o,  ddee   1d8e fednes aj udlioe,l 
dy e7c6la/1re9n9 9c,o ndtera 2 é6l »d, ed aanbdroil)  ael  minicslmuyoe u «nian toecrraosgióanr  aod heacuceard ain yte srruofgicaier nate l opsa rtae sdtiisgcoust irq uuen   BOE-A-cable e
testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un 
momento posterior del proceso (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 57/2002, de 11 de 
marzo, FJ 3, con cita de las SSTEDH de 24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger 
c. Austria, § 31; de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski c. Holanda, § 41; de 27 de 
septiembre de 1990, caso Windisch c. Austria, § 26; de 19 de febrero de 1991, caso 
Isgrò c. Italia, § 34; de 20 de septiembre de 1993, caso Saïdi c. Francia, § 43, y de 27 de 
febrero de 2001, caso Lucà c. Italia, § 40).
d)  Si bien no todas las irregularidades e infracciones del régimen legal de prueba 
poseen relevancia constitucional a los efectos de las garantías del art. 24.1 y 2 CE, «no 
es menos cierto que el impulso probatorio del órgano judicial (tanto de oficio como a 
petición de parte) puede, en ocasiones y a la vista de las circunstancias del caso, 
traspasar los límites que le imponen el debido respeto al principio acusatorio, en el 
sentido de que quien debe formular la acusación y sobrellevar la carga de la prueba 
inculpatoria  es  la  acusación  y  no  quien  ha  de  dictar  sentencia  en  el  proceso, 
menoscabando  reflejamente  aquella  apariencia  de  imparcialidad  objetiva  que  debe 
preservarse en todo momento (STC 186/1990, de 5 de noviembre, FJ 5). Por ello debe 
indagarse –a la vista de los datos objetivos que quepa extraer del modo de proceder que 
en  cada  caso  haya  observado  el  órgano  judicial–  si  tras  un  impulso  probatorio 
aparentemente neutral, incluso al abrigo de lo dispuesto en el art. 729.2 LECrim, el juez 
no ha emprendido en realidad sino una actividad inquisitiva encubierta» (STC 130/2002, 
FJ 5, con cita de la STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2). La observancia de tales 
principios se impone también en el interrogatorio de los testigos en el acto del juicio oral, 
como se refleja, entre otras, en la STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14. En todo 
caso, para determinar si se ha producido la quiebra de esta esencial igualdad de armas 
es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso.
6.3  Resolución de la queja.
La respuesta de este tribunal al motivo de amparo es consecuencia de las siguientes 
consideraciones:
A)  Para dar una contestación a esta queja es preciso efectuar una valoración global 
sobre el desarrollo del juicio oral y, dentro del mismo, sobre el interrogatorio de los 
testigos de cargo y de descargo.
Es fácil comprender que no resulta exigible infalibilidad ni al presidente, encargado 
de dirigir el debate (art. 683 LECrim), ni a los restantes miembros de un tribunal de 
enjuiciamiento. Las circunstancias particulares del juicio que sometemos a examen, 
desarrollado en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que fueron 
interrogados más de quinientos testigos, hace aún más asequible la comprensión de lo 
anterior. El desacierto, por tanto, en el ejercicio de las funciones procesales propias de la 
dirección del examen de los testigos a que se refieren los artículos arts. 701 y siguientes 
de la Ley de enjuiciamiento criminal, es una posibilidad real. Con ello no queremos dar a 
entender –debemos aclarar esto de entrada– que la exigencia de sometimiento a la ley 
procesal  sea  menor  que  en  otros  casos.  Lo  que  queremos  expresar  es  que  no 
corresponde  a  este  Tribunal  Constitucional  otorgar  el  amparo  frente  a  simples 
irregularidades procesales. Hemos de insistir en esta idea. El control que compete a este 
tribunal  pasa  por  efectuar  una  valoración  externa  del  conjunto  de  la  actividad 
jurisdiccional desarrollada en el juicio para determinar si efectivamente se respetaron los 
principios de neutralidad judicial e igualdad de armas, sin olvidar que las infracciones  s
procesales solo tienen relevancia constitucional cuando se produce una disminución real  oe.
pseyu osepanfu deeecdstriiaftveocarsie ó dnnaec g iragcao avnrdiao ensa t írqatrreusage,t ol yol a  q jauup reaídc rptrieciat aerpmarui oeeasndl ctaeac  nullzaeraelgirltaea urvt inavaano  tisnec.v o onLecvosai  crc dp(ieórdecneci  sisosivootorb o r eenm foelao c dteeuosxa,  irsb etaelu snntnca iúarjímu aoi ec qrinoouo  e  dddleeea     2021-10019n https://www.
parte  contraria  citara  igual  número  de  afrentas  para  enervar  el  motivo),  sino  su
importancia, puesta en relación con el comportamiento del órgano jurisdiccional respecto 
a las demás partes y en el conjunto del debate procesal.
La argumentación de la queja en la demanda, como hemos visto, está basada sobre 
determinados  episodios  del  juicio  (siete,  en  concreto)  en  los  que,  según  la  parte 
recurrente, el tribunal de enjuiciamiento se desvió de la correcta aplicación de la ley 
procesal en contra de las defensas.
Este tribunal, sin embargo, constata que no existió ese trato peyorativo hacia la 
defensa. Más allá de que todas y cada una de las valoraciones efectuadas sobre tales 
eventualidades han recibido una respuesta explícita en la sentencia recurrida, como 
veremos a continuación, del acierto de tales respuestas (en términos de ajuste a la 
norma procesal), y de que, como también constatamos, esas incidencias carecen de 
relevancia para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, podemos ya 
adelantar que estimamos que tales acontecimientos, valorados en su conjunto y en el 
contexto de todo el juicio oral, resultan manifiestamente insuficientes para fundar la 
existencia del trato desfavorable del que se queja el recurrente.
Para alcanzar esa conclusión tomamos en consideración el desarrollo del juicio en su 
integridad, el relato de hechos probados y las razones de la condena del recurrente, de 
todo lo cual se ha dado cuenta en los antecedentes de esta resolución, así como los 
acontecimientos en que la parte demandante funda su queja y las respuestas ofrecidas 
por el Tribunal Supremo, que examinamos seguidamente. De esto se desprende que se 
trata de acontecimientos menores, incidencias o irregularidades procesales leves, a lo 
sumo, que no permiten afirmar ni quiebra de la igualdad de armas ni merma del derecho 
de defensa.
B)  El Tribunal Supremo ofrece en la sentencia recurrida una respuesta explícita 
frente a cada una de las protestas realizadas.
a)  La queja relativa al interrogatorio del testigo señor Torrent, según la cual se 
permitió a las acusaciones formular preguntas desvinculadas de las razones por las que 
había sido propuesto, lo que se impidió a las defensas, recibe en la sentencia una 
contestación expresa, razonada y razonable.
La respuesta parte de la interpretación que la sala efectúa del art. 708.1 LECrim, 
primer  párrafo,  según  el  cual  «el  presidente  preguntará  al  testigo  acerca  de  las 
circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la 
parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. 
Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y 
fueren  pertinentes  en  vista  de  sus  contestaciones».  De  ella  se  ha  dejado  literal 
constancia en el fundamento precedente de esta misma sentencia, al que ahora nos 
remitimos. Cabe reiterar que con el criterio interpretativo que se maneja –conforme al 
cual si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto de las 
partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido una 
previa «contestación» del testigo– se pretendió preservar la vigencia estricta del principio 
de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
Se refiere después a la valoración concreta de la relevancia del interrogatorio del 
testigo: «si el testimonio del señor Torrent sobre lo que sucedió el día 1 de octubre era 
tan importante, no se entiende bien la razón por la que no fue propuesto como testigo 
por  las  defensas.  Con  independencia  de  ello,  mal  puede  hablarse  de  un  testigo 
indispensable para el esclarecimiento de los hechos cuando su aportación –que hasta 
ese momento había pasado desapercibida para las defensas– se limitaba a contar su 
experiencia el día 1 de octubre. Sobre el desarrollo de esa jornada, sus vicisitudes, la  e.
actitud de la ciudadanía y el papel de los agentes antidisturbios, han declarado más de  w.b
un centenar de testigos. Todos ellos han contado su personal vivencia durante ese día.  019ww
Ndeo  epxupeldicea rh saub laprasreti,c upluaer se, xdpee riinednecfiean ssoióbnr ed ehreivcahdoas  qduee l af uimerpoons dibeilsidcaridto sd edl esteañllaodr aTmorerenntet 
por bo)tr osE ml suecghuonsd toe sdteigfeocst op reens elan cciaolnedsu»c.ción de las pruebas testificales denuncia que se
permitió  a  las  acusaciones  efectuar  preguntas  a  los  acusados  o  testigos  sobre  su
afiliación política e ideología, pero no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos 
aspectos a algunos testigos, como a la letrada de la administración de justicia del 
Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona.  Esta  cuestión  recibió  también 
contestación en la sentencia.
Comienza valorando el Tribunal Supremo la declaración del señor Rufián. Dice así 
que «la militancia política del señor Rufián es un hecho notorio»; que «durante su 
declaración como testigo hubo de ser interrumpido por el presidente de la sala al tratar 
de adentrarse en valoraciones políticas prescindibles para el tratamiento jurídico de los 
hechos» y que «quiso formular un discurso político en el momento de su declaración 
como testigo», razones por las que constituye «un despropósito» estimar que se vulneró 
el derecho del diputado a no declarar sobre sus propias convicciones ideológicas. En 
cambio, se justifica el impedimento a las defensas de los señores Junqueras y Romeva y 
de los señores Rull, Turull y Sànchez, de preguntar a la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona acerca de si era «seguidora de 
páginas web de extrema derecha» en los siguientes términos:
«De lo que se trata es de preservar el derecho de todo testigo a no declarar 
públicamente acerca de su ideología, religión o creencias (art. 16.2 de la CE). Doña 
Monserrat es una funcionaria de la administración de justicia que fue llamada a juicio 
para que narrara las circunstancias que presidieron su huida de madrugada, por los 
tejados de la Consejería de Economía de la Generalitat, con ocasión de la entrada y 
registro  judicialmente  acordada  el  día  20  de  septiembre  de  2017.  Fuera  de  esos 
extremos vividos en primera persona, interrogarla, no ya acerca de la autoría de un 
mensaje o de un tuit, sino sobre su condición de "seguidora de páginas web de la 
extrema derecha", resulta manifiestamente impertinente.»
Según el Tribunal Supremo «[s]ometer a los más de quinientos testigos inicialmente 
propuestos por las partes a un test ideológico del que dependería su compromiso con la 
verdad, además de su anticipada inutilidad, habría supuesto una flagrante vulneración de 
la prohibición constitucional que proclama el art. 16.2 de la CE».
Se dan las razones por las que, sin embargo, se permitió al fiscal o al resto de las 
acusaciones preguntar a determinadas personas por su condición de miembro de la 
Asamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural:
«[L]a condición de militante de alguna de esas asociaciones era presentada por las 
propias defensas como elemento de identificación en las respectivas listas de testigos 
ofrecidas para su citación por la Sala. Es el caso, por ejemplo, de la defensa del señor 
Cuixart. Los testigos enumerados en los apartados 3 a 7 de la lista propuesta, son 
precisamente señalados por su adscripción ideológico-asociativa a esos movimientos 
sociales. Don Joan Vallvé i Ribera es presentado como vicepresidente de la entidad 
Òmnium Cultural; don Joan Ignasi Elena García es identificado como "portavoz del Pacte 
Nacional pel Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural"; doña ltziar 
González  Virós,  es  también  presentada  como  "miembro  del  Pacte  Nacional  pel 
Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural".»
Asimismo, los testigos núms. 23 y 24 –doña Silvia Prats Cortés y doña María Luisa 
Martínez  Olivera–  fueron  descritos  en  la  lista  presentada  como  «voluntarias  que 
ayudaron a mantener el cordón de voluntarios de la ANC el 20 de septiembre de 2017 en 
la Consejería de Economía».
Tras referir las explicaciones dadas en su declaración por el señor Cuixart sobre la  e.
fundación y los fines la entidad Òmnium Cultural, que preside, agrega el órgano de  w.
enjuiciamiento que «es difícil entender que la pregunta de las acusaciones a algunos  019ww
teel sptiegrofisl  paocleítriccoa  ddeel  sini teerrarong saodcoio»s. de Òmnium pueda interpretarse como una injerencia en
valocra) cioSnoebsr e efleac tdueanduansc ipaodra  lomsa yteosr tigpoesrm  diseiv ildaasd  acdues alac iopnreess idceunacniad o ressep etrcatota baa  ldaes   BOE-A-cable e
policías, la sentencia recurrida explica que «un testigo que durante su examen no ofrece 
hechos, sino valoraciones personales, está dando la espalda a la razón de su llamada al 
proceso. El testigo no opina, no valora. El testigo narra. Ha de limitar su relato a aquello 
que vio y percibió por los sentidos. El razonamiento sobre el que la defensa construye el 
menoscabo del principio de igualdad de armas gira, paradójicamente, sobre aquello que 
no interesa al órgano de enjuiciamiento. Las valoraciones personales de los testigos no 
tienen cabida en la descripción de los hechos probados». No cabe invocar indefensión 
cuando «lo que se pretende explicar es absolutamente irrelevante en términos jurídicos».
Lo anterior excusa, según continúa diciendo el Tribunal Supremo, de la necesidad de 
argumentar acerca de si los ejemplos que ofrece la defensa son o no equiparables o «si 
algunas de las frases que selecciona como expresivas de un juicio de valor lo son 
realmente, o si tienen un contenido fáctico íntimamente ligado a lo que percibieron los 
testigos por sus sentidos cuando accedieron a los centros de votación o cuando uno de 
ellos coordinaba algunas de las investigaciones policiales».
Se refiere después a la declaración de la señora Garcés. Reproduce reiteradas 
alusiones a sus percepciones personales o sentimientos («teníamos la sensación de una 
curiosidad compartida […] que entrábamos en una nueva situación política»; «en ningún 
momento tuve la sensación de inquietud […] o de alarma»; «estupefacción y sorpresa 
generalizada», «deshacer la inquietud y el miedo»; y «prohibición incomprensible y 
triste», en relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional) en respuesta a 
preguntas que «en ningún caso, fueron declaradas impertinentes, pese a su manifiesta 
irrelevancia». Acto seguido explica la interrupción del presidente «en el momento en el 
que el testimonio llega a un punto en el que la declarante pretende explicar su grado de 
alucinación sobre lo que aconteció el 1 de octubre ("yo aluciné")», por entender que la 
declaración  no  versaba  sobre  hechos  sino  sobre  valoraciones  personales,  que  no 
interesan al enjuiciamiento.
Concluye este apartado el Tribunal Supremo con la justificación de la expresión 
«correcto. Mucho mejor», empleada por la presidencia cuando el letrado puso fin al 
interrogatorio de la señora Garcés. Y señala que su testimonio fue «manifiestamente 
prescindible. Nada de lo que dijo, nada de lo que valoró, nada de lo que respondió […] 
ha tenido influencia en la proclamación de los hechos probados».
d)  En relación con el reproche relativo a que a algunos testigos propuestos por la 
acusación se les permitió consultar notas escritas, lo que le fue impedido a la señora 
Garcés y al señor Matamala, la sentencia recurrida en amparo, una vez trascrito el 
art. 437 LECrim («los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer la 
declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. […] Podrán, sin embargo, consultar 
algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar») expone la diferencia 
entre estos casos:
Don David Pérez, diputado del PSOE en la mesa del Parlament, fue preguntado 
inicialmente por el fiscal, quien, junto con la abogacía del Estado, había propuesto su 
declaración, sobre cuestiones referidas al contenido de los apartados d) y e) de los arts. 
37 y 11 del Reglamento del Parlament. El fiscal «indagaba acerca del alcance de las 
facultades  jurídicas  de  la  mesa  para  examinar  el  contenido  de  cualquier  iniciativa 
legislativa». En estas circunstancias, según el Tribunal Supremo, «apoyar las respuestas 
del testigo con el texto legal sobre el que se está preguntando, no puede ser, en ningún 
caso, censurable». Añade que, además, el presidente de la sala intervino para recordar 
«al  testigo  que  puede  consultar  notas,  pero  no  ofrecer  "respuestas  que  estén 
predefinidas". Se le invita a que mantenga esas notas, pero se le impone que "[…] no  e.
haga una lectura microliteral de lo que quiere contestar"». w.b
En el caso de la señora Garcés, según la sentencia, no se trata del empleo de «unas  019ww
sniontoa sd eq uqeu ele s es irvvaalinó  pdaer a« urne fgreusiocna re lna  eml eqmueo rsiea  trreasnpseccritboe d hea sdtaat oesl  tdieem dpiofí cqilu eev hoaccaícai óqnu»e, 
"a[l…uc]i nnaoc iósne  qtuoem lea bpar oduunj oc laaf ép"r ochoibni cieóln  sjuerñisodr icCcuioixnaarl td, esl ur efeesrtéanddou mfe bdreill  1o  deel  ogctruabdroe »d.e
e)  La  censura  que  la  parte  recurrente  dirige  a  la  reacción  del  tribunal  de 
enjuiciamiento frente a las manifestaciones de «desmemoria» o «renuencia» de algunos 
testigos frente a la dispensada a otros, también mereció una respuesta pormenorizada.
Una vez sentado que no se indica por quien protesta «qué influencia ha podido tener 
ese hecho en la valoración probatoria», el Tribunal Supremo señala que la defensa de 
los señores Rull, Turull y Sànchez no formuló ninguna pregunta a la señora Sáenz de 
Santamaría, a la que atribuye la desmemoria. Tras ello se remite al visionado del vídeo 
«para observar la actitud de la presidencia encaminada a reforzar la claridad de las 
respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  la  defensa  del  señor  Forn  (cfr. 
minuto 13:24)».
En relación con el testimonio de don Ignacio Zoido, se señala que el interrogatorio –
en el que intervino la defensa del señor Forn, el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado, 
el letrado de la acusación popular y las defensas del señor Cuixart, de la señora Borràs y 
los señores Turull, Rull y Sànchez– se prolongó durante más de dos horas, la defensa 
del  recurrente  no  formuló  protesta  y,  «como  puede  observarse  a  partir  del 
minuto 2:06:36, la presidencia de la Sala intervino para exigir del señor Zoido mayor 
concreción, recordando al testigo que la pregunta era muy concreta y se "[…] podía 
contestar con un monosílabo"».
Respecto del interrogatorio del señor Rajoy, se explica que este testigo admitió que 
tuvo contactos políticos con el señor Urkullu, pero no pudo precisar si fueron contactos 
personales o mediante comunicación telefónica o telemática, lo que justificó el declarante 
por «la existencia de una pluralidad de personas con las que llegó a contactar con el 
mismo objetivo, entre ellas, el señor Ortuzar». En otros puntos de esta declaración, la 
presidencia exigió al testigo «una respuesta más precisa y detallada», como por ejemplo, 
ante «la pregunta acerca de si el declarante se había comunicado con los testigos o 
había visto el desarrollo del juicio en streaming», tras lo que el señor Rajoy «admitió que 
había  seguido  el  desarrollo  de  la  sesión  anterior  "por  la  lectura  de  los  periódicos 
digitales"».
Examina a continuación en detalle la testifical de la señora Guix, propuesta por las 
acusaciones en su calidad de diseñadora de la página web «Pacte pel Referendum»; 
persona que, según el Tribunal Supremo, por su cualificación profesional, hizo posible 
técnicamente los contenidos de la web ideada por el Gobierno de la Generalitat. Y así, 
se dice de ella: «desde el primer momento rechazó dar respuesta a lo que le preguntaba 
el Ministerio Fiscal con un reiterativo "[…] no me acuerdo […] porque ha pasado mucho 
tiempo". La siguiente secuencia pregunta-respuesta, es especialmente ilustrativa: fiscal: 
"¿permitía  inscribirse  como  voluntario?"  señora  Guix:  "pues  no  lo  recuerdo";  fiscal: 
"¿permitía publicidad?" señora Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿permitía firmar a favor del 
referéndum?" señora Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿había alguna forma de recopilar 
información?" señora Guix: "ahora mismo no lo recuerdo"; fiscal: "¿la web la diseñó 
usted?" señora Guix: "la diseñé yo, sí, sí […]"; fiscal: "¿permitía hacer donativos para el 
referéndum?" señora Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿permitía un registro o una pestaña 
que contuviera registro de votos?" señora Guix: "no lo recuerdo […] a veces el diseño 
gráfico es como un pre- proyecto de una casa. Luego, si tiene veinte ventanas o tiene 
diez… hasta que se realiza no se sabe"; fiscal: "¿tampoco recuerda su diseño?" señora 
Guix: "yo no lo recuerdo"». En ese momento, el presidente del órgano de enjuiciamiento 
pidió a la testigo «que tratara de recordar, al menos, los contenidos webs que ella 
diseñó, al margen de que no coincidieran con lo que luego pudo ser el resultado final la 
web en la que se publicitó el Pacte pel Referendum». s
Los  supuestos,  según  la  sentencia  impugnada  en  amparo,  no  son,  pues,  oe.
comparables. w.
La declaración de don Jaume Mestre –prosigue el Tribunal Supremo–, «responsable  019ww
sdée  ndaifduasi,ó nno i nmseti tuacciuoenradlo d".e U lan aG veenze raadlivtaetr teidno  lap ofre clah ap rdees idloesn chieac dheo sq, uees  eul nd ecloitnot idneu ofa "lnsoo 
ttaemstibmiéonn iaol tseerá cnodmoleat ec,o sne ginúenx apcretitcuisdae se ly a rret.t i4c6e1n cdiaesl  CoP s, inleon csioalnod foa lthaencdhoo sa  rlae levevardnateds,  sqiuneo   BOE-A-cable e
fueren conocidos por el testigo, volvió a aferrarse a su desmemoria. Hasta tal punto fue 
visible su deseo de eludir las preguntas que le eran formuladas, que la defensa del señor 
Junqueras  sugirió  la  necesidad  de  que  se  tuviera  en  cuenta  que  algunas  de  las 
respuestas podían perjudicarle en un hipotético estatus de imputado por los hechos 
sobre los que estaba declarando».
Al tiempo del dictado de la sentencia impugnada en amparo, tal y como la misma 
indica, la Sala tenía pendiente decidir sobre la deducción de testimonio reclamada en 
relación con este testigo por la posible comisión de un delito contra la administración de 
justicia, lo que se haría en resolución aparte. Por providencia de 25 de junio de 2020 se 
acordó deducir el mencionado testimonio.
f)  El siguiente episodio que se tacha consiste en el impedimento de preguntar a un 
inspector de policía respecto del «aparente infarto» sufrido por un ciudadano cuando se 
disponía a votar, pese a que esa circunstancia se mencionaba en el escrito de acusación 
y, previamente, se había permitido al fiscal interrogar al respecto.
Según dice la sentencia, la intervención de la presidencia obedeció a la formulación 
por  el  letrado  de  la  defensa,  después  de  la  intervención  del  fiscal,  de  «preguntas 
encaminadas a indagar posibles responsabilidades penales del declarante». Y agrega 
que la cita de este acontecimiento en el escrito de acusación del ministerio público «está 
relacionada con la descripción del número de heridos que se produjo el día 1 de 
octubre»,  como  se  desprende  de  su  atenta  lectura  y  «no  para  indagar  las 
responsabilidades individuales que fueran exigibles por uno u otro incidente», lo que 
estaba dirimiéndose en diligencias judiciales seguidas en Barcelona.
Concluye  la  Sala  el  razonamiento  atinente  a  esta  protesta  señalando  que  «el 
principio de igualdad de armas […] no se ve resentido cuando las armas que han de 
hacerse valer en un determinado proceso se trasladan a otro, cuyo objeto no es dilucidar 
las  circunstancias  de  un  incidente  sobre  las  que,  de  forma  insistente,  se  pretende 
interrogar».
g)  Finalmente, el reparo que dirigió el presidente de la sala al letrado del recurrente, 
en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley de ritos» para 
referirse a la Ley de enjuiciamiento criminal, también cuenta con una explicación en la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Tras restar importancia al «reproche terminológico» de que se trata a fin de fundar la 
infracción del principio de igualdad de armas, subraya que la razón de este «no fue otra 
que  el  deseo  de  hacer  compatible  [la]  permanente  reivindicación  de  derechos 
fundamentales [por la defensa] con una visión del proceso que no estuviera anclada en 
la rancia concepción del proceso penal como una sucesión ordenada de ritos. El proceso 
penal es algo más que una mera ordenación formal de trámites. El proceso penal no se 
entiende si no se contempla como el conjunto de derechos y garantías que limitan el 
poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi.  El distanciamiento tan marcado entre 
la legítima reivindicación de derechos y la identificación de la Ley de enjuiciamiento 
criminal  como  "ley  rituaria",  es  lo  que  llevó  al  presidente  a  sugerir  un  cambio 
terminológico».  Al  tiempo,  pone  al  otro  lado  de  la  balanza  el  hecho  de  que  «la 
"presidencia calificó como […] un abogado serio" a quien hoy se queja y llegó a referirse 
a un letrado como "extraordinario procesalista"», como pudieron comprobar los miles de 
personas que siguieron el desarrollo del juicio.
A  juicio  de  este  tribunal,  ninguno  de  estos  acontecimientos,  considerados 
aisladamente, tiene por tanto la entidad suficiente como para deducir una quiebra de la 
neutralidad judicial. Tomados conjuntamente y en el contexto del juicio, la tacha se  s
desvanece por completo. oe.
No corresponde valorar a esta jurisdicción constitucional el acierto o no de las  w.
anteriores consideraciones, como venimos repitiendo. Nuestro enjuiciamiento, mucho  019ww
mreácsib idlimo iptaodr op,a rstee  dceirlc turnibsucnriable e nac acrognasdtoa tdaer l qeuneju ilcaisa mqiueenjtaos – idnes islati mpoasr tee nr eqcuuer,r ceonntefo rhmane 
saa nlvuoe sltora  dCisopnusetistutoc ióenn,  sme attreartiaa  ddeel  ógrgaarannot íjausri scdoicncsiotitnuacli osnuapleersio r( aernt.  to1d2o3s.1 l oCs Eó)r–d,e nuensa,   BOE-A-cable e
respuesta explícita, completa, razonada y razonable. La motivación expuesta, que cubre 
la totalidad de las protestas relativas a incidencias producidas en el debate y la dirección 
de este por el presidente, cumple así con el canon constitucional de razonabilidad que 
resulta aplicable, y elimina la sospecha de arbitrariedad y de trato desfavorable que 
suscita  la  parte  recurrente.  Todas  y  cada  una  de  las  decisiones  adoptadas  por  el 
presidente en la dirección del juicio que han merecido reproche por parte de las defensas 
tienen una explicación razonada, siquiera no sea del agrado del demandante de amparo.
C)  Finalmente, las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han 
causado a la parte indefensión material.
Esta conclusión, que es reiterada por el Tribunal Supremo a lo largo del citado 
apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, se 
alcanza observando la relación de hechos probados, de la que se ha dejado literal 
constancia en los antecedentes de esta sentencia, y en los términos en que ha sido 
planteada la queja en la demanda, de lo que también se ha dado cuenta anteriormente. 
La parte recurrente no liga ninguna de las concretas vicisitudes en las que funda este 
motivo con algún hecho que se estimó probado o con la preterición por la sentencia de 
algún otro que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico. Esto es lo que 
hubiera sido constitucionalmente relevante y justamente es lo que no consta: la mínima 
incidencia de las supuestas infracciones procesales en el resultado probatorio y, en 
definitiva, en las razones que llevaron a la condena de quien ahora recaba el amparo de 
esta jurisdicción constitucional.
En definitiva, este tribunal entiende que la igualdad de las partes en el proceso ha 
sido respetada y no se han menoscabado sus facultades de participación en la práctica 
de la prueba testifical.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
7.  Derecho a la prueba.
La demanda de amparo comprende, bajo la rúbrica de derecho de defensa, varias 
quejas que abarcan aspectos relativos a la admisión y práctica de la prueba. Se trata del 
acceso a las actuaciones de la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona, de la imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con 
la prueba documental videográfica y de la denegación de determinadas pruebas que, 
propuestas en tiempo y forma, la parte considera pertinentes. De todo ello se ha dejado 
detallado resumen en los antecedentes de esta resolución.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a estas materias en los apartados 8 
y 16.1 y 10 del fundamento de Derecho A), respectivamente.
En  el  examen  de  este  motivo  del  recurso  de  amparo  comenzaremos  por  la 
exposición  de  la  doctrina  constitucional  aplicable  para  después  considerar 
separadamente  cada  uno  de  los  tres  puntos  cuestionados;  análisis  en  el  que 
valoraremos las posiciones de las partes y la respuesta dada por el Tribunal Supremo.
7.1  Doctrina constitucional.
En íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el 
derecho de defensa (art. 24.2), del que es inseparable, el derecho a la prueba «se 
integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un 
proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano 
judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del  e.e
conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre  b
otras,  en  SSTC  19/2001,  de  29  de  enero,  FJ  4;  133/2003,  de  30  de  junio,  FJ  3, 
y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba 
pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de 
julio, en los siguientes puntos:
«a)  Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el 
ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una 
actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir 
cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la 
recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 
211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de 
noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de 
junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de 
octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la 
pertinencia  como  la  relación  entre  los  hechos  probados  y  el  thema  decidendi 
(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b)  Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la 
prueba  se  haya  solicitado  en  la  forma  y  momento  legalmente  establecidos 
(SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de 
junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, 
FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento 
(SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 
131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 
de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c)  Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia 
de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad 
desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el 
contrario,  este  tribunal  solo  es  competente  para  controlar  las  decisiones  judiciales 
dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes 
para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de 
la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea 
imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 
de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, 
FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, 
de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, 
FJ 3).
d)  Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en 
una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en 
términos  de  defensa"  (SSTC  1/1996,  de  15  de  enero,  FJ  2;  219/1998,  de  17  de 
diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito 
material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes 
no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una 
real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, 
de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la 
prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, 
lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las 
circunstancias  concurrentes  en  cada  caso  concreto,  exige  que  el  recurrente  haya 
alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda,  e.
habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los  w.b
solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre;  019ww
218/e1)9 9L7a,  daen 4te drieo rd eicxiiegmenbcreia;  ys e4 5p/r2o0y0e0c,t aF Je n2 )u.n doble plano: de una parte, el recurrente
hpau ddieer orna zporonbaar r eyn  laess tpar useebdaes  ilnaa rdemlaitcidióans  e(SnStrTe Clo 1s4 9h/e1c9h8o7s,  dqeu e3 0s ed eq sueispiteieromnb rye ,n FoJ  s3e; 
131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, 
argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría 
haberle  sido  favorable,  de  haberse  aceptado  y  practicado  la  prueba  objeto  de 
controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, 
FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en 
tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera 
admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este 
motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, 
FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 
69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, FJ 2).
La misma doctrina es extensible respecto de la regularidad en la práctica de una 
prueba admitida (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4). En estos casos, cuando la 
queja  verse  sobre  el  modo  en  que  se  ha  desarrollado  una  determinada  diligencia 
probatoria, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la 
prueba  se  exige  que  el  recurrente  demuestre  la  relación  entre  los  hechos  que  se 
quisieron y no se pudieron probar y las pruebas indebidamente practicadas; y, por otro, 
que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado correctamente la 
prueba  admitida,  la  resolución  final  del  proceso  hubiera  podido  ser  distinta 
(STC 101/1999, de 31 de mayo; FJ 5, con cita de las SSTC 147/1987; 357/1993, de 29 
de noviembre; 1/1996; 217/1998 y 219/1998, de 16 de noviembre).
7.2  Resolución de la queja.
A fin de aplicar al caso la doctrina constitucional expuesta procedemos a efectuar un 
examen por separado de los puntos controvertidos. Son los siguientes:
7.2.1  Acceso  a  las  actuaciones  e  incorporación  de  testimonio  íntegro  de  las 
diligencias previas núm. 118-2017 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona.
Según la parte recurrente, la inmensa mayoría de las actuaciones policiales de las 
que dimanó buena parte del material probatorio que, posteriormente, fue aportado al 
presente procedimiento por el fiscal, se llevaron a cabo con ocasión de las citadas 
diligencias previas, en las que el demandante no fue parte. Si bien reiteró su solicitud de 
incorporación íntegra de las actuaciones de lo que considera una «instrucción paralela», 
recibió una respuesta negativa de la sala. A su juicio, la procedencia de esta prueba 
radica en que habría permitido a las partes y al tribunal analizar todas estas actuaciones, 
integradas por informes técnicos, documentos y atestados, en cuya elaboración no 
habría intervenido el recurrente al no ser parte en dicho proceso, a fin de interrogar a 
procesados y testigos sobre todo ello, en su mayoría desconocido por demandante de 
amparo. Agrega que se ha producido una anómala situación al impedirle intervenir en 
esta «instrucción paralela», pues al no haber podido conocer y participar en actuaciones 
instructoras que pudieran beneficiarle, difícilmente pudo «proponer la práctica de medios 
de prueba, favorables a sus tesis, dimanantes de diligencias practicadas en instrucción».
El abogado del Estado considera que esta queja debe desestimarse dado que el 
bloque  probatorio  sobre  el  que  se  ha  construido  la  apreciación  del  tribunal  se  ha 
generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Sobre la llamada «instrucción 
paralela», trae a colación el criterio seguido por el instructor, en el auto de 15 de febrero 
de 2018, y por la Sala, en el auto de 27 de diciembre de 2018, para rechazar por  e.e
exorbitante el criterio de incluir, dentro de la causa especial, a todos aquellos que  b
prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el plan estratégico ideado e impulsado  019ww
pcoonr olocse rr ecporne steienmtapnote ssu pfiocliíetinctoes  lyo ss oecleiamleesn, tyo sn ieingcao rqpuoera sdeo sh adyea  oimtrpaesd cidaou saa lsa sd udreafenntes alas 
iqnusetr uvcacnió na.  Fseinra lvmaelonrtaed aofsir, mpae rqou en oe xuisnte  duenr edcehroe cdheo  daec caecscoe seon a  ctaoldidoasd l odse d o«cimumpuetnatdoos 
preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si alguna actuación obrante en las 
mismas incide en el derecho de defensa.
El partido político Vox se opone al motivo de amparo negando que la instrucción 
realmente  se  llevara  a  cabo  en  las  citadas  diligencias  previas  núm.  118-2017  del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, y asumiendo, de acuerdo con la sala 
sentenciadora, que en la causa solo se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas en el 
juicio oral.
El ministerio público entiende que debe rechazarse la existencia de una «instrucción 
paralela», pues ese procedimiento tiene un objeto propio y distinto del proceso del que 
trae causa el recurso de amparo y, en todo caso, que tal afirmación carece de soporte 
fáctico y probatorio. A su juicio, no se puede «aceptar la descalificación que realiza, 
frente a la razón dada por el Tribunal Supremo, de que solo valorará la prueba practicada 
en el juicio oral, lo que no puede ser de otro modo, art. 741 LECrim».
La respuesta de la sentencia impugnada a la protesta de que se trata está contenida 
en  el  apartado  8  del  fundamento  de  Derecho  A).  Tras  un  texto  introductorio  cuya 
reproducción omitimos, por ser sustancialmente coincidente con el contenido de la queja 
que  figura  en  la  argumentación  esgrimida  en  este  recurso  de  amparo,  el  Tribunal 
Supremo  comienza  por  refutar  el  punto  de  partida  del  planteamiento  de  la  parte 
recurrente. Razona lo que sigue:
«Parte de un equívoco. De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar 
en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al 
que se califica de «instrucción paralela». Da la impresión de que lo que se reivindica es 
el derecho a ser imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso 
a fuentes de prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que 
se está reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a 
los acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer 
una defensa ad cautelam por si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí.
Es evidente que los acusados «[…] nunca han sido llamados a prestar declaración 
en ninguna condición procesal». Y no lo han sido porque el objeto de las diligencias de 
investigación  seguidas  en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  no  es 
coincidente con el que aquí ha sido objeto de investigación y enjuiciamiento.
[…], nuestro sistema procesal no conoce la figura de la imputación paralela, solo 
encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo 
que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento 
de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido 
denegado por esta Sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino 
el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las 
demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la 
presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio 
sobre el que se ha construido la apreciación de esta Sala se ha generado, de forma 
única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio 
de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que 
se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se 
seguían en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el 
Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, razonábamos en los siguientes términos:  e.
«carece de sentido y es contrario a las más elementales reglas de competencia y  w.b
conexión en el proceso penal acordar la incorporación íntegra de un sumario que se  019ww
sinigsutreu cetonr  uyn l aJ uszaglaa ddoe  Creecnutrraslo ds en oIn shtarunc ccoiónns idpeorra hdeoc hcoons eqcutaed eols E, xecnm téor.m sienñoosr  pmroacgeisstaraledso, 
am islam apsre rsaeznotnee sc,a au slaa .p r[…ue]b aL ad odceucmlaernatcailó pnr odpeu eimstap eerntin eel nacpiaa rttaadmob 3ié, nc oanlsciasnteznat,e  peonr  qluaes 
"[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las
diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su 
incorporación  a  las  actuaciones"».  Añadíamos  que  «[…]  en  la  misma  justificación 
expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas 
diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra 
denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: "[…] en dicho procedimiento 
se  investigan  los  hechos  sucedidos  durante  la  jornada  del  referéndum  de 
autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por 
el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a 
ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con 
el objeto del proceso".
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión 
procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración 
del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco 
procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión 
informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de 
unas u otras conductas.»
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar 
el  testimonio  íntegro  de  otros  procedimientos,  seguidos  ante  distintos  órganos 
jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la 
presente  causa,  fue  proclamada  como  una  regla  general  para  filtrar  la  propuesta 
probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de 
las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de 
defensa.
En el fundamento de Derecho 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero 
de 2019, señalábamos lo siguiente: «[…] la lectura de la prueba documental propuesta 
por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de 
manifiesto  que  en  su  descripción,  en  no  pocos  casos,  se  mezclan  documentos, 
diligencias que no tienen ese carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de 
convicción. La Sala no admite la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra 
causa, con la pretensión de que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. 
Por esta misma razón, tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de 
testimonio de todas las actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en 
sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la 
reclamación  para  su  unión  a  la  presente  causa  de  atestados  policiales,  diligencias 
preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan 
generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos 
jurisdiccionales,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  al  alcance  de  las  acusaciones  y  las 
defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las 
piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán 
integrar  la  apreciación  probatoria.  De  ahí  que  solo  estos  documentos  y  aquellos 
susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la 
LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al 
derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, 
conforme previene el art. 726 de la LECrim, el tribunal examinará por sí mismo y 
someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción 
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos». s
En definitiva, las razones que fueron apuntadas en el auto de pertinencia de las  oe.
pruebas propuestas para el plenario han desplegado una función saneadora que ha  w.
beneficiado de modo especial a las defensas. Con esa finalidad fueron filtradas las  019ww
pvurolnpeureasctiaósn  pdreol bdaetroerciahso  dae u lna sp raoccuessaoc jiuosnteos.  [y… d]»e las defensas. No ha habido, por tanto,
Frente a estas respuestas dadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la
argumentación contenida en la demanda, que ha quedado reseñada más arriba, no
contiene crítica alguna, hasta el punto de que ni siquiera toma en consideración la 
contestación judicial trascrita ni, por consiguiente, desarrolla discurso alguno tendente a 
refutarla. Su posición, según hemos dicho, consiste, básicamente, en: (i) mantener la 
premisa de que en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona figuran gran parte de las actuaciones policiales que posteriormente 
fueron aportadas como prueba al plenario; (ii) lamentar que, puesto que no fue parte en 
ese procedimiento, no tuvo conocimiento de ellas; (iii) y afirmar que la incorporación del 
testimonio íntegro de tales diligencias habría permitido a las partes y al tribunal analizar 
la totalidad de las actuaciones e interrogar a procesados y testigos sobre todo ello. A lo 
largo de su argumentación no se justifica la realidad de la «instrucción paralela», cuya 
existencia afirma de modo apodíctico y que la sala enjuiciadora niega; tampoco se 
atiende  a  la  distinción  efectuada  por  el  tribunal  sentenciador  entre  documentos  en 
sentido estricto, piezas de convicción y actuaciones procesales documentadas; ni se 
alude a la introducción en el plenario, bajo la vigencia del principio de contradicción, de 
dichos  documentos  y  piezas  de  convicción,  así  como  de  las  informaciones  que, 
documentadas en diligencias policiales y judiciales, habrían de introducirse por medio de 
las declaraciones de las personas que las hubieran suministrado. Tampoco se razona, 
más  allá  de  referencias  genéricas,  sobre  el  concreto  objeto  de  las  actuaciones 
preprocesales y procesales documentadas que no se incorporaron como consecuencia 
de  la  denegación  de  lo  pretendido,  y  su  pertinencia  por  su  relación  con  el  thema 
decidendi.  No nos dice el recurrente siquiera qué hecho pretendió probar con la prueba 
que propuso y que fue inadmitida.
Cabe añadir que, en el caso de don Josep Rull, no puede atenderse tampoco al 
argumento según el cual la práctica totalidad de los informes y documentos referentes al 
delito de malversación provenían de las diligencias previas seguidas por el Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, pues no fue condenado por ese delito.
En definitiva, no se da en la demanda razón alguna que nos conduzca a calificar la 
respuesta dada por el Tribunal Supremo como arbitraria o irrazonable, ni que determine 
que la ausencia de la incorporación del testimonio íntegro que se solicitó hubiera sido 
decisiva  en  términos  de  defensa.  Esto  nos  lleva,  en  aplicación  de  la  doctrina 
constitucional expuesta, a desestimar el alegato de vulneración del derecho a la prueba.
7.2.2  Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba 
documental videográfica.
La parte recurrente considera que, tras haber permitido ese contraste con algunos 
testigos iniciales (señores Rajoy y Mas), de manera sobrevenida el tribunal adoptó la 
decisión de impedir la exhibición de la referida prueba a los testigos declarantes, a fin de 
contrastar la veracidad de sus manifestaciones orales con el contenido de las imágenes 
grabadas, si bien se permitió que a numerosos testigos se les mostraran documentos en 
soporte de papel. Tacha esta decisión de contradictoria y añade que la confrontación 
entre lo declarado por un testigo y la prueba videográfica está prevista en el art. 729.3 
LECrim y constituye una práctica absolutamente habitual en los tribunales españoles. A 
su juicio, de haberse permitido su práctica, se habría evitado que «algunos testigos 
mintieran  a  la  sala  o  exageraran  ostensiblemente  en  su  declaración»  y  se  habría 
posibilitado  que  «los  testigos  pudieran  rectificar  el  sentido  de  sus  declaraciones 
mendaces o exageradas».
Para el abogado del Estado el órgano judicial ha guardado un estricto respeto a la 
garantía de contradicción para que el acusado tenga la posibilidad de interrogar a quien  e
declara  en  su  contra  y,  de  este  modo,  controvertir  su  credibilidad  conforme  a  lo  bo
establecido en los arts. 6.3 d) y 6.1 CEDH. Por su parte, el partido político Vox señala  019ww
qlau ep rnuoe bsae  aplocra npzaart ea  cdoem lap resnadlae, r sei ns qeu héu absiepreacnto p praocdtriícaa dhoa blear  pmrueejobraa dvoi dlae ovgarláofriaccai óyn  ldaes 
testiEficl amleinsi satle urinoí spoúnbol.ico considera que el recurrente tuvo la oportunidad de discutir el
testimonio de los testigos a través de su interrogatorio o contrainterrogatorio, y no
argumenta en qué medida el hecho de que no se mostraran a tales testigos los vídeos 
ha afectado a su derecho de defensa y al resultado final del proceso. Para el fiscal, nada 
impidió al recurrente, en el momento de la fase de informes (art. 734 LECrim), hacer las 
observaciones oportunas sobre las declaraciones de los testigos en relación con la 
prueba videográfica practicada, poniendo de manifiesto las contradicciones en las que 
hubieran incurrido y cuestionando de este modo su credibilidad.
La sentencia impugnada se refiere a este punto en el apartado 16.1 del fundamento 
de Derecho A). Tras una amplia referencia al significado del principio de contradicción 
con cita de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
el Tribunal Supremo argumenta lo que sigue:
«El  compartido  error  de  las  defensas  consiste  en  identificar  el  principio  de 
contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y 
Rull–, "[…] de contrastar la veracidad de los testigos declarantes". Y, sobre todo, con la 
posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara.
Y no es ese el contenido material del principio de contradicción.
Contradecir supone tener la oportunidad de interrogar a todos y cada uno de los 
testigos  del  fiscal  y  de  las  acusaciones  para  neutralizar  su  testimonio.  Contradecir 
implica la posibilidad de aportar pruebas personales y documentales que debiliten el 
valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los 
documentos  presentados  como  prueba  de  cargo.  Y,  desde  luego,  las  defensas  no 
tuvieron limitación al respecto. La presentación de centenares de testigos de descargo y 
de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una evidencia que ha 
quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del juicio oral.
Contradecir  no  significa  valorar  la  credibilidad  del  testigo  mientras  este  presta 
declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe 
no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. 
De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será 
incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. 
Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe 
final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de 
prueba el valor jurídico que quieran atribuirle.
Ese contraste es, sin embargo, obligado cuando lo que se está cuestionando no es la 
virtualidad probatoria de una declaración testifical o de un documento, sino cuando lo 
que se pone en duda es su integridad o su autenticidad. En tales casos, la sala no tuvo 
inconveniente en acordar la inicial exhibición de documentos que, por una u otra razón, 
llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por 
alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar 
el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su 
propia versión de lo que ese vídeo expresaba: "[…] es que lo estoy viendo yo", llegó a 
afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito 
careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del 
derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades 
de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la 
Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las 
acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El tribunal ha tomado en 
consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de  e.
votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la  w.b
oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado  019ww
dtaemscbaiérgno l aa pdoerctaladroasc iópno r dlaes  lodse fceinusdaasd apnaoras  dqeume ossutrfarire rloan v ieoslean ciniate prvoelincciaiól ny  l–at eesxtiigstoesn cdiea 
dinefe ruennac iaasc atu paacirótinr  dlee gloítsim vaíd edoes  gdreasboabdeodsi epnocri alo sc aivgile–n. teYs,  aecntu afinnt,e sh, ac opmrooc rleafmleajod od e sluass 
dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que 
consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y 
defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que "[…] la 
pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su 
utilidad de cara a la formación de la convicción del tribunal, que se vincula con la 
necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba 
testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente 
útil".
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión 
excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los 
centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como 
testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de 
testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda 
carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las 
órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que 
presidió su actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria 
selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la 
potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede 
decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el 
día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara 
luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se 
usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. 
Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera 
marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo 
exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del 
principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero 
interpretan  la  declaración  de  los  testigos  de  las  defensas  como  el  testimonio  de 
ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere Font, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y 
Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y 
se le acercaron dos policías, "[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas". 
Al cabo de un momento, sin decir nada, "[…] le cogieron de los testículos y le levantaron 
hasta dejarlo caer". Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los 
hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina 
Garcés, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los 
incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía "[…] el ambiente fue 
distendido" y que "[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna 
agresividad, sino todo lo contrario […]. Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o 
alerta". Don Lluis Matamala, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de 
votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les 
agredió, "[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio 
ninguna patada". El testigo don Jaume Pich, abogado mediador, declaró que él estaba 
sentado en el suelo y los antidisturbios "arrancaban a la gente del suelo". Pero "nadie 
ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún 
escupitajo". Doña Silvia Carmona Belmonte, también abogada mediadora, declaró, en  s
relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa,  oe.
que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos:  w.
alguien dijo en catalán "hijos de puta". Y sobre la inflamación testicular sufrida por un  019ww
pcaoulicsíaa  n–ose pguúdno s us evre rusnióan ,p caotamdoa ,c onnasdeiec udeinoc iuan dae  puantaa dpaa.t aLdaa –v,e ardfiarmdeór ad ocñaau Ssailv ihaa qyu qeu lae 
abguescnaterlsa  e–sstáeng ú"nc upeurpnotu caoliznó c–u eernp oe l yh leocsh eos cdued qouse y,  leans  eplo rmraosm eesntáton  dmeu lya  pinrótexrimveonsc"i.ón, los  BOE-A-cable e
Son  solo  cinco  cualificados  ejemplos  del  tono  general  de  las  declaraciones 
testificales  presentadas  por  las  defensas.  El  verdadero  principio  de  contradicción 
consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al 
tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al 
órgano  decisorio.  Una  verdad  enriquecida  por  la  exhibición  –ya  en  la  prueba 
documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos 
procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del 
procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre 
vulneración  de  derechos  fundamentales,  dio  paso  a  la  práctica  ordenada  del 
interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La 
confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente 
y  ofrecida  a  todas  las  partes  siempre  que  estuviera  en  juego  la  autenticidad  del 
documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era 
ofrecer a la sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos.»
Como puede observarse, la queja, que tiene que ver con el modo de practicar el 
interrogatorio de testigos y no con la denegación de una determinada prueba, toma 
también un punto de partida desviado de la realidad. No se impidió contrastar las 
declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. El contraste existió, 
pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de los testigos y se 
reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga de aclarar desde 
un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba documental 
videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy 
distinto.
Al igual que en el caso anterior, tampoco en este se desarrolla una argumentación 
crítica frente a las respuestas dadas en la sentencia. Se insiste en que la decisión de 
impedir  la  exhibición  de  vídeos  a  los  testigos  se  adoptó  de  modo  sobrevenido,  a 
consecuencia de un cambio de criterio de la sala, porque a los primeros testigos sí se 
mostraron vídeos para contrastar la veracidad de sus manifestaciones con las imágenes, 
y también se les permitió mostrar documentos «en soporte papel». Y se reitera la razón 
de la utilidad de la práctica solicitada, que, a juicio de la parte recurrente, reside en la 
posibilidad de conminar al testigo, «a la vista de las imágenes, a rectificar el sentido de 
su declaración mendaz o exagerada». Tales extremos cuentan, como hemos visto, con 
una contestación razonada del Tribunal Supremo que considera, principalmente, las 
siguientes razones:
a)  Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos 
cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con 
ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La valoración sobre la 
credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un 
momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el 
juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción 
exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en 
el momento de las conclusiones definitivas y el informe final cuando la defensa pudo y 
debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar 
el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad 
de lo declarado por los testigos de descargo.
b)  La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada  e
declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo  bo
que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es  019ww
jcuozngsaerc uael npcriao piniod etseesatigbole,  sceu yporo drauscgiroía  ceanr aecl tecaríssoti cdoe  easd msiuti r aujne n«idinasdó liatol  cparorecoe seon. trEe seal 
c«isuud apdraonpoia  qvueers dióenc»la drae ly c eoln tleentriaddoo  dqeu eu nl od eintteerrmroingaad»o c ovíndferoon, tacnodmoo  taalp udnetcala eral cTiórinb ucnoanl 
Supremo. Por otra parte, la posibilidad de que, a la vista de imágenes, un testigo se
retracte o rectifique su declaración, además de remota, no redunda en una mayor utilidad 
de  esta  práctica,  pues  el  mismo  resultado  puede  alcanzarse  sin  tal  esfuerzo, 
comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y 
cualesquiera otras llevadas al plenario.
c)  Ninguna declaración testifical fue determinante. El Tribunal Supremo, que adorna 
lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el contenido de 
muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos; lo que, por 
otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, presididos por la 
«profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo caso, la convicción 
del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos 
puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros de votación del 
día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración excluyente de una 
u otra declaración testifical, sino, como se expresa en la sentencia recurrida, el relato 
fáctico deriva de la valoración del conjunto de pruebas practicadas, y concretamente, 
sobre lo acaecido el 1 de octubre, las declaraciones de los agentes antidisturbios que 
acudieron a los centros de votación, «testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las 
acusaciones  para  demostrar  la  oposición  de  la  ciudadanía  al  cumplimiento  de  las 
resoluciones  judiciales»,  de  los  ciudadanos  que  sufrieron  la  intervención  de  tales 
agentes, «testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia 
policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil», así como las 
inferencias  extraídas  de  los  vídeos  grabados  por  los  agentes  actuantes  y  por  los 
ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales».
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación 
empleada por el Tribunal Supremo para denegar lo pretendido es suficiente y no puede 
calificarse de arbitraria o irrazonable. En todo caso, no se aprecia que el modo en que 
finalmente se practicó la prueba testifical en el juicio causara indefensión alguna a la 
parte recurrente.
7.2.3  La denegación de algunas pruebas propuestas por la defensa.
De acuerdo con la demanda de amparo, la queja se concreta en la negativa a librar 
oficio con el fin identificar a los titulares de dos cuentas de la red social Twitter, y la 
denegación de las testificales del rey de España don Felipe VI o, en su defecto, del jefe 
de la Casa de Su Majestad el Rey, don Jaime Alfonsín Alfonso, y del expresidente de la 
Generalitat de Cataluña don Carles Puigdemont.
De todo ello, y de las razones por las que la parte recurrente considera pertinentes y 
útiles dichas pruebas, así como de las posiciones de las demás partes, se ha dejado 
constancia detallada en el apartado de antecedentes de esta sentencia, al que nos 
remitimos.
También aquí el Tribunal Supremo ha expresado a lo largo de la causa las razones 
por las que acordó no admitir dichas pruebas.
a)  El apartado 10.2 d) del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida se 
refiere a la solitud de las defensas para que «se requiriera a la Unidad Central de Delitos 
Informáticos de los Mossos a fin de que facilitara […] los datos del titular de la cuenta de 
la red social Facebook "Montse del Toro" y de la red social Twitter "@maquiavelo1984" y 
"@JDanielBaena"». Dice al respecto lo siguiente:
«Se pretendía así demostrar la falta de imparcialidad de algunos de los funcionarios 
que intervinieron en la fase de investigación de la presente causa. El perfil ideológico que  e.
se deriva de sus tuits y de los comentarios expresados en Facebook sería suficiente para  w.
concluir la animadversión de sus titulares respecto de los procesados. 019ww
probEanto erila a ault oe dnete n1d deer  fqeuber elrao  idnev e2s0ti1g9a cyiaó nj udsetif iccoámbaemntoasr iolas  evxecrltuidsoiósn  edne  reesdae sp rsoopcuieasletas 
pEasrtaa ddoe ofin dire  eul npae rlefitl raiddeao ldóeg ilcao  addem uinnis mtraacnidóon  ddee  jluasst ifcuiae,r zdaess byo crduae rlpooss l ídmei tesse goubrjiedtaivdo sd eyl   BOE-A-cable e
subjetivos del proceso, tal y como estos han sido delimitados. También es ajeno al objeto 
de  esta  causa  indagar  mediante  qué  procedimiento  han  obtenido  las  defensas  la 
información que permite asociar que unos datos y un nickname están vinculados a una 
determinada persona.
Sea como fuere, dos razones descartan cualquier clase de indefensión. De un lado, 
conviene recordar que don Daniel Baena y doña Monserrat del Toro acudieron a declarar 
como testigos y fueron interrogados sobre esos extremos. De otra parte, nada de lo que 
se vertió en esas redes sociales ha servido para integrar la apreciación probatoria de 
esta Sala.»
Previamente, en el auto de 1 de febrero de 2019 que resolvió sobre la proposición de 
prueba, la sala de enjuiciamiento, en respuesta a solicitud similar efectuada por otra de 
las defensas, declaró lo siguiente:
«No es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina "indebida 
actuación" de un teniente coronel de la Guardia Civil. Además, un previo filtro telemático 
acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad –estatales y autonómicos– no puede operar como presupuesto 
de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, 
lleven a cabo. Todo ello, claro es, sin perjuicio de la facultad que asiste a todo ofendido 
por  esos  comentarios  a  ejercer  las  acciones  legales  que  procedan  ante  el  órgano 
jurisdiccional competente.»
b)  A las testificales indicadas se refieren los apartados 10.3 a) y b) del fundamento 
de Derecho A) de la sentencia de 14 de octubre de 2019.
(i)  En relación con la testifical de «Su Majestad el Rey y, con carácter alternativo, 
para el caso en que el monarca no aceptara declarar y se acogiera a la exención legal, el 
jefe de la Casa Real don Jaime Alfonsín», argumenta el Tribunal Supremo:
«El art. 411 de la LECrim excluye al rey del deber de declarar. Y la propuesta de un 
testigo por sustitución, formulada solo para el caso en que opere la exención prevista 
legalmente para el testigo principal, no conoce cobertura legal en nuestro sistema. Todo 
ello, con independencia de que la pretendida justificación de esa propuesta, basada en la 
necesidad de "[…] conocer el papel de la Casa Real en los hechos enjuiciados" (sic), es 
manifiestamente impertinente.»
Este tribunal debe aclarar, en relación con esta prueba testifical propuesta por la 
defensa, que la razón para su rechazo por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no 
fue una errónea interpretación del art. 411 LECrim, en lo que insiste la parte recurrente 
cuando afirma que dicho precepto no prohíbe la declaración del rey. La causa de su 
inadmisión  fue  su  impertinencia;  calificación  que  no  puede  reputarse  irrazonable  o 
arbitraria. El recurrente se refiere genéricamente al «relevante papel […] [atribuido] al 
jefe del Estado en los hechos que nos ocupan» y, en particular, al «discurso emitido por 
Su Majestad el Rey» en fecha 3 de octubre de 2017. Entendemos, sin embargo, que a la 
vista del relato de hechos probados, no resulta evidente la pertinencia y utilidad de la 
testifical propuesta para abundar en unos hechos que carecen de relevancia para el 
enjuiciamiento penal –así lo estimó el tribunal sentenciador que no incluyó ninguna 
referencia en el relato histórico– y que, además, por su notoriedad, no precisan de 
prueba alguna. es
(ii)  Respecto del señor Puigdemont, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  o
razona: 019ww
auto«rL dae  purno pdueelistota d ceo rmeboe tleiósnti gyo o tdroe  dqeu imena,l veenr slaa cmióins,m reas cualtuas eax, thraav asgidaon tper.o Lcae sLaEdCo ricmo mnoo 
ainvéadlait oe sdae essdqoubilzaomfrieennitao  pdroecl ecsoanl,c ceopntofo remne  eal  laq ucuea la flogrumieanr íae sp alrltaem daed loa  naol rmpraolcideasdo .e sEel   BOE-A-cable e
argumento de que la sala ha admitido la pertinencia de la declaración de testigos que se 
hallan  imputados  en  otras  causas  penales,  es  confuso.  Esos  testigos,  que  tan 
impropiamente  quiere  identificar  la  defensa  con  la  situación  procesal  del  señor 
Puigdemont, han sido advertidos de la singularidad de su estatuto jurídico, hasta el punto 
de que algunos de ellos tuvieron a bien comparecer asistidos de letrado. Pero, en todo 
caso, son testigos/acusados en distintos procedimientos. No es este el supuesto de 
hecho que identifica la situación del señor Puigdemont, quien se halla en rebeldía y no 
ha querido comparecer voluntariamente para la investigación y conocimiento de los 
hechos que le atribuyen las acusaciones.»
En el auto previo, de 1 de febrero de 2019, se rechazó esta prueba testifical por 
cuanto «la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no 
enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de 
decir verdad que asume todo testigo» (razonamiento jurídico 3.3).
Sobre  este  punto,  ratificamos  la  posición  expresada  por  la  sala  juzgadora.  El 
interrogatorio del señor Puigdemont en calidad de testigo resulta incompatible con su 
posición procesal, hasta el punto de que la práctica de esta prueba pugnaría con las 
garantías del art. 24.2 CE.
A la vista de todo ello, concluimos que el órgano de enjuiciamiento ha dado una 
respuesta  expresa,  razonable  y  suficiente  para  fundar  su  decisión  de  inadmitir  las 
mencionadas pruebas propuestas por la defensa del ahora recurrente, cumpliendo así 
con el canon constitucionalmente exigible.
7.2.4  Inexistencia de indefensión.
A lo largo de este mismo fundamento jurídico se ha venido apuntando la misma idea. 
Este tribunal considera necesario insistir en que el recurrente no ha justificado que las 
decisiones judiciales frente a las que dirige su recurso de amparo le hayan causado 
efectiva indefensión. Esta razón sería suficiente para rechazar la queja.
La parte recurrente no razona en su demanda la relación entre los hechos que se 
quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas, ni refiere episodio alguno 
del relato fáctico contenido en la sentencia condenatoria que tales pruebas, de haber 
sido adecuadamente practicadas, hubieran conducido a refutar. No expresa tampoco 
ningún argumento que nos lleve a considerar que la resolución final del proceso judicial 
podría haberle sido favorable de haberse admitido y practicado las pruebas interesadas, 
de modo que el fallo pudo haber sido otro, lo que también requiere este tribunal para 
otorgar  el  amparo  a  quien  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  utilizar  los  medios 
pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
En definitiva, no ha acreditado que alguna de las pruebas de que se trata (lo que 
incluye el modo que propuso para la práctica de la prueba testifical con exhibición 
simultánea del material videográfico) fuera relevante o decisiva en términos de defensa, 
de forma tal que su inadmisión o su irregular práctica haya generado una real y efectiva 
indefensión. Reiteramos que la demanda no vincula ninguna de las concretas pruebas 
que fueron inadmitidas o irregularmente practicadas (caso de la prueba testifical, según 
hemos visto) con algún hecho que se estimó probado o con la omisión por la sentencia 
de algún otro que le resultara favorable y que, a juicio de la parte recurrente en amparo, 
debiera haber integrado el relato histórico.
El tribunal concluye, pues, que no se ha lesionado el derecho del recurrente a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). s
8.  Derecho a la presunción de inocencia (dimensión extraprocesal). w.
(art.8E .s21t4 a. 2Pq uoCesEijca)i, o ynq euase   dilena v laotusct aep laanr otejmusdi.nicailaml eenfteec tliovsa  d(earret.c h2o4s.1 a  ClaE )p, retrsauen cciaóuns ad e dien occieenrtcaias   OE-A-2021-10able en https://
manifestaciones públicas de miembros del ejecutivo español y líderes políticos sobre los
hechos enjuiciados. Concretamente, el demandante refiere que, mientras se desarrollaba 
el procedimiento penal ante el Tribunal Supremo, la Secretaría de Estado de la España 
Global,  órgano  dependiente  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  emprendió  una 
campaña  propagandística  para  informar  en  el  extranjero  sobre  los  hechos  que  se 
estaban enjuiciando, en cuyo contexto se efectuaron declaraciones y se elaboraron 
documentos en los que abiertamente se consideraba a los procesados culpables de los 
hechos  enjuiciados.  Se  refiere  también  a  otros  episodios  similares  acaecidos  con 
posterioridad,  incluso  después  de  la  publicación  de  la  sentencia,  como  cuando  se 
caricaturizó  a  los  acusados  como  si  fueran  ladrones.  Lo  que  reprocha  al  Tribunal 
Supremo  es  la  negativa  a  amparar  a  los  procesados  frente  a  dicha  campaña 
gubernamental vulneradora de su derecho a la presunción de inocencia. De todo ello se 
ha dejado detallada constancia en los antecedentes de esta sentencia.
Según  el  abogado  del  Estado,  que  se  remite  a  lo  razonado  al  respecto  en  la 
sentencia, la queja debe desestimarse.
El partido político Vox manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, 
puesto que la actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con 
las lesiones de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido.
Finalmente, el Ministerio Fiscal considera que este motivo también debe rechazarse. 
A su juicio, la queja, en su caso, se referiría a una presunta lesión del derecho al honor 
(art. 18.l CE), como ha indicado este tribunal. En todo caso, a su juicio, el recurrente no 
aporta  elemento  de  prueba  alguno  que  ponga  de  manifiesto  que  la  campaña  que 
denuncia haya podido influir en el ánimo del juzgador de manera que haya condicionado 
el desenlace del proceso.
8.2  Respuesta del órgano judicial.
Con anterioridad al inicio del juicio, mediante auto de 7 de febrero de 2019, la sala de 
enjuiciamiento, en respuesta al escrito en que formuló por primera vez esa queja, señaló 
que podría ser objeto de alegación en las sesiones del plenario. Culminado el mismo, la 
sentencia recurrida en amparo dedica a esta materia el apartado 9 del fundamento de 
Derecho A).
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia y la 
propia jurisprudencia sobre esta misma materia, declara que es preciso «estar al alcance 
y al contenido concreto de esas declaraciones que se consideran vulneradoras del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia».  Y  prosigue  el  discurso  con  las  siguientes 
palabras, que trascribimos literalmente:
«En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  más  allá  del  acierto  o  desacierto  de  esas 
manifestaciones, mal puede entenderse que menoscaba la repetida regla de tratamiento 
quien condiciona la existencia del delito al desarrollo del juicio ("[…] delitos penales que 
están siendo juzgados"). Esas palabras, torpes en su enunciado y en su expresión, lo 
que reflejan es el deseo de subrayar el desafío que para el poder judicial iba a tener el 
enjuiciamiento de unos líderes políticos. La opinión de quien así se expresa carece, 
como es evidente, de toda capacidad para influir en la valoración probatoria que ha 
asumido esta Sala.
El  debate  sobre  la  procedencia  de  un  indulto,  cuando  todavía  ninguno  de  los 
acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y 
responsabilidad institucional. Pero está fuera de dudas que no es incompatible creer en  s
la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para  oe.
pepolr ocr caSnesoeso aop e  ocdncoe oqm svuo aer le foeuprsearaerce siió,ne neon sctpaaern noatcbeniasatti  copniropoiala íft duiqcaeuo resea ,  h ijnnuaoad  lcilhceeiaavp alttmaedbneolin edat oe ac  –fdairnebmocoa l paecurisaóetdnada  edS. etae lcanu.e lrCp–ao nbniivnliidgeaúndne,   rmceofalmercjpoaa re runtidn eaal    2021-10019n https://www.
nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que
pueden originarse en el seno del proceso y aquellas otras vulneraciones sociales de la
presunción de inocencia, entendida ahora como regla de tratamiento. En el primer caso, 
las  consecuencias  han  de  fijarse  atendiendo  a  la  gravedad  que  encierra  un 
desbordamiento  de  los  límites  del  Estado  en  la  actuación  del  ius  puniendi.  En  el 
segundo, la reparación en nada interfiere la legitimidad de la actuación jurisdiccional 
dirigida a la proclamación del juicio de autoría. El razonamiento de las defensas parece 
equiparar esas dos formas de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
Unas  declaraciones  políticas  que  implicaran,  por  ejemplo,  la  torpe  y  anticipada 
afirmación de culpabilidad de quienes están siendo enjuiciados, nunca pueden acarrear 
como ineludible consecuencia la obligación del tribunal de interrumpir el enjuiciamiento y 
dictar sentencia absolutoria. Lo verdaderamente determinante es que la culpabilidad de 
los acusados sea el desenlace de una práctica probatoria desarrollada conforme a los 
principios constitucionales que enmarcan el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto 
es lo realmente acontecido en el presente juicio.»
8.3  Encuadramiento  de  la  queja:  la  dimensión  extraprocesal  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia.
Como hemos visto, el recurrente sitúa la actividad lesiva de su derecho fundamental 
en la conducta de terceras personas (en concreto, la titular de la Secretaría de Estado de 
la España Global) ajenas al tribunal sentenciador. Reprocha a la Sala no haberle dado 
amparo frente a tales conductas, una vez que fueron denunciadas por su parte. La queja 
cae, por tanto, en el ámbito de la denominada dimensión extraprocesal de la presunción 
de inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra 
Constitución dispone de una vertiente o dimensión extraprocesal que constituye «el 
derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de 
carácter delictivo o análogo a estos, sin previa resolución dictada por el poder público u 
órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se 
apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza 
en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, 
seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, 
FJ 3, 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y STC 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado 
que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, 
de 10 de febrero de 1995, asunto Allenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo 
de  2002,  asunto  Butkevicius  c.  Lituania;  de  28  de  junio  de  2011,  asunto  Lizaso 
Azconobieta  c.  España),  encuentra  específica  protección  en  nuestro  sistema  de 
derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando 
dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión 
del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] "[E]sta dimensión extraprocesal de la 
presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o 
autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha 
de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva 
de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de 
inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental 
susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha 
de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin 
que  las  pruebas,  obtenidas  y  practicadas  con  todas  las  garantías  legal  y  e
constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos  bo
relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una  019ww
acurtaícliudlaod 1 8co CnsEu lsotsa nqcuiael,  ipnohre lrae nvtíea  ad ella r emcuisrmsoa ,d es earámnp aloros,  dhearbercáhno ds ec soenrs apgrerasdeorvsa deons  eol 
r[SesTtCab 1le3c3i/d2o0s1"8 ,( SFTJ C4  a1)6].6/1995, FJ 3; doctrina que reitera la STC 244/2007, FJ 2)»
8.4  Resolución de la queja.
A la vista del planteamiento efectuado por el recurrente, que ni tan siquiera insinúa 
que las declaraciones que tacha de lesivas de su derecho a la presunción de inocencia 
hayan  podido  incidir  en  el  ánimo  de  algún  miembro  de  la  sala  sentenciadora,  la 
contestación que ofrece el tribunal es muy simple. Se trata de una materia ajena al 
proceso  y,  por  esto  mismo,  ni  puede  ser  enjuiciada  en  esta  sede  ni  merece  más 
respuesta que el rechazo de su toma en consideración.
La  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  en  su  dimensión 
extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida 
en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia ni al tribunal que la 
dictó no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no 
constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia ni era función del tribunal 
penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la 
tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que 
dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo.
El  juicio  que  se  nos  pide  en  la  demanda  desborda  la  noción  del  principio  de 
subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts. 
43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y 
suficientes  para  la  protección  de  su  derecho  fundamental.  De  no  obtener  la  tutela 
pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este 
Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
9.  Derecho a un proceso con todas las garantías por la supuesta filtración del 
contenido de la sentencia.
9.1  Posiciones de las partes.
En la demanda de amparo, de la que se ha dejado un extenso resumen en los 
antecedentes de esta resolución, la parte recurrente se queja de que días antes de que 
se firmara y notificara la sentencia, diversos medios de comunicación anticiparon cuál iba 
a ser el sentido del fallo. La demanda se remite a las informaciones dadas por ciertos 
medios  de  comunicación  (revista  «Contexto»,  diario  «Ara»,  «La  Vanguardia»,  «El 
Mundo» y «El Español») fechadas en los días 22 de septiembre, la primera, y en los 
días 10 y 12 de octubre de 2019, en los restantes casos. Básicamente, el contenido de 
tales noticias se ciñe a publicar que previsiblemente se produciría la condena por un 
delito de sedición y a referir ciertos rasgos típicos de esta figura delictiva y del delito de 
rebelión, de mayor gravedad, por el que se había, también, formulado acusación. En 
relación con ellas, trae a colación la doctrina contenida en la STC 69/2001, de 17 de 
marzo, para poner de manifiesto que, en su opinión, tales filtraciones provocaron un 
clamor popular a favor de la condena, lo que, a su juicio, debe conducir a la invalidez del 
fallo, sin que sea exigible al denunciante una cumplida demostración de que tal hecho 
hubiera condicionado el sentido de la decisión, lo que supondría una auténtica probatio 
diabolica.
El abogado del Estado entiende que procede desestimar el motivo de amparo. 
Considera  que,  ni  la  opinión  de  los  miembros  del  tribunal  pudo  haberse  visto 
condicionada  por  la  filtración,  ni  esta  iba  encaminada  a  obtener  una  modificación 
interesada de lo ya decidido, pues cuando tal filtración se produjo ya había concluido el 
juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, había finalizado la  e.
deliberación. w.
A juicio del partido político Vox, las coincidencias entre lo publicado previamente y el  019ww
pseronctieddoe ndtees  dlae  mseienmtebnrcoisa  dneol  Treibvuidneanl cSiaunp reqmueo . Yfu eerna nto dcoo cnasseoc,u ednec hiaa bedres ef ipltrroadcuiocnideos 
la filtración, tampoco habría condicionado la deliberación que llevó a la sentencia, sin
que elucubraciones o juicios de valor, sin base fáctica alguna, puedan desvirtuar estas 
conclusiones.
El  Ministerio  Fiscal,  siguiendo  la  doctrina  de  este  tribunal,  aduce  que  no  cabe 
apreciar que se haya producido una acción capaz de menoscabar la imparcialidad o la 
apariencia  de  imparcialidad  de  la  sala  sentenciadora  (compuesta  por  magistrados 
independientes por razón de su estatuto), ni tan siquiera capaz de propiciar un clamor 
popular a favor de la condena o de la absolución de los encausados, poniendo en 
entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía en el 
comportamiento neutral de los juzgadores.
9.2  Respuesta del órgano judicial.
El auto de 29 de enero de 2020, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido contra la sentencia, contesta a esta queja en el apartado 4.2.1., al dar 
respuesta  a  lo  alegado  en  dicho  incidente  por  otro  de  los  condenados,  don  Jordi 
Sànchez. Dice así:
«En cuanto a la vulneración derivada de la filtración del contenido de parte de la 
sentencia, su estimación exigiría, según la doctrina del Tribunal Constitucional que el 
propio escrito cita (cfr. STC 69/2001, de 17 de marzo), que se acreditase que la opinión 
de alguno o de algunos de los integrantes de esta Sala ha podido verse condicionada 
por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación, o que la citada "filtración" 
fue encaminada a obtener una modificación interesada de lo previamente decidido; lo 
que no consta en modo alguno.»
Al resolver los incidentes de nulidad promovidos por el recurrente y por don Jordi 
Turull, la sala sentenciadora se limita a remitirse a lo anterior en los apartados 6.2.1 
y 7.2.1, respectivamente.
9.3  Doctrina constitucional.
En las SSTC 64/2001, 65/2001 y 66/2001, todas de 17 de marzo, FFJJ 2, así como 
en la STC 69/2001, de la misma fecha, FJ 14, con remisión a lo expuesto en la 
STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 8, el Pleno de este tribunal abordó específicamente la 
cuestión relativa a si el derecho a un proceso con todas las garantías, desde la vertiente 
de derecho a la imparcialidad judicial (art. 24.2 CE), podría verse menoscabado como 
consecuencia  de  la  «filtración»  y  publicación  en  los  medios  de  comunicación  del 
contenido de la deliberación y del fallo de una sentencia antes de su notificación a las 
partes. Podemos sistematizar la doctrina sentada entonces del siguiente modo:
a)  La Constitución brinda un cierto grado de protección frente a los denominados 
«juicios paralelos» en los medios de comunicación, dado que tanto las declaraciones en 
los citados medios acerca de procesos en curso como las opiniones sobre el sentido que 
haya de tener la decisión que los resuelva pueden influir no solo en el prestigio de los 
tribunales, sino, muy especialmente, «según sea su tenor, finalidad y contexto», «pueden 
llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de aquellos, ya que la 
publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre ºel proceso y el fallo 
pueden influir en la decisión que deben adoptar los jueces». «Es más, a nadie puede 
ocultársele  que  la  capacidad  de  presión  e  influencia  es  mucho  mayor  cuando  las 
declaraciones  vertidas  en  los  medios  de  comunicación  sobre  procesos  en  curso  s
corresponden a miembros destacados de los otros poderes públicos del Estado. Por ello,  oe.
cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un proceso  w.
con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida ha  019ww
vteanloidreos u inm pelfieccatdoo sc,o nbcarsetato  lae np rloab adbeicliidsaiódn  fudned laad ac adues aq, upeu teasl , inpfolur elnac inaa htuar atleenziad od elu gloasr 
(FSJT 8E)D. H, de 29 de agosto de 1997, caso Worm, § 54)» (STC 136/1999, de 20 de julio,  BOE-A-cable e
Paralelamente,  hemos  destacado  también  en  numerosas  sentencias  que  «el 
postulado que subraya la extraordinaria importancia de la opinión pública libre, dado el 
carácter esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática, se aplica 
también en el ámbito de la administración de justicia, que sirve a los intereses de toda la 
colectividad y exige la cooperación de un público instruido». Dado que los tribunales no 
actúan en el vacío, su competencia para pronunciarse sobre las causas penales que 
deban enjuiciar «no significa que, con anterioridad o al mismo tiempo, los asuntos de que 
conoce  la  jurisdicción  penal  no  puedan  dar  lugar  a  debates,  bien  sea  en  revistas 
especializadas, en la prensa o entre el público en general. A condición de no franquear 
los límites que marca la recta administración y dación de justicia, las informaciones sobre 
procesos  judiciales,  incluidos  los  comentarios  al  respecto,  contribuyen  a  darles 
conocimiento y son perfectamente compatibles con las exigencias de publicidad procesal 
(arts. 24.2 CE y art. 6.1 CEDH). A esta función de los medios se añade el derecho, para 
el público, de recibirlas, y muy especialmente cuando el proceso concierne a personas 
públicas  [por  todas,  STC  46/1998  y  sentencias  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 26 de abril de 1979 (caso Sunday Times, § 65), de 24 de febrero de 1997 
(caso De Haes y Gijsels, § 37) y de 29 de agosto de 1997 (caso Worm, § 50)]».
b)  Hemos señalado también que, desde la expresada garantía de imparcialidad 
judicial, el solo dato de que desde el entorno de la sala sentenciadora se hubiera filtrado 
hipotéticamente a los medios de comunicación el sentido general del fallo de la sentencia 
antes de que la resolución fuese notificada a las partes, no repercute negativamente por 
sí sola, menoscabándola, en la imparcialidad del tribunal.
Como venimos reiterando, «para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda 
ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan 
sospechas  objetivamente  justificadas;  es  decir,  exteriorizadas  y  apoyadas  en  datos 
objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el juez no es ajeno a la causa, o que 
permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio 
de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. 
Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, 
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los 
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar 
a un determinado juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre 
su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, 
caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas 
(SSTC 145/1988, de 12 de julio; 11/1989, de 24 de enero; 151/1991, de 8 de julio; 
113/1992, de 14 de septiembre; 119/1993, de 19 de abril; 299/1994, de 14 de noviembre; 
60/1995,  de  16  de  marzo;  142/1997,  de  15  de  septiembre;  y  162/1999,  de  27  de 
septiembre, FJ 5; y SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack, de 26 de octubre 
de 1984, caso De Cubber; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt; 16 de diciembre 
de 1992, caso Saint-Marie; de 24 de febrero de 1993, caso Fey; de 26 de febrero 
de 1993, caso Padovani; de 22 de abril de 1994, caso Saraiva de Carvalho; de 22 de 
febrero de 1996, caso Bulut; de 20 de mayo de 1998, caso Gautrin y otros, y de 28 de 
octubre de 1998, caso Castillo Algar)» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 a), y 
STC 69/2001, FJ 14 a)].
c)  La imparcialidad subjetiva y objetiva del tribunal deben ser presumidas mientras 
no medie prueba en contrario. La dificultad que pueda comportar esta demostración no 
hace quebrar tal regla. «En palabras muy ilustrativas de la sentencia del TEDH de 10 de  s
junio de 1996, dictada en el caso Pullar (§ 32): "El principio según el cual se debe  oe.
presumir que un tribunal está exento de prejuicio o de parcialidad refleja un elemento  w.
importante de la preeminencia del Derecho, a saber: que el veredicto de un tribunal es  019ww
dsuepfineirtiiovro  pyo r cvoinc iofsu edrzea  porobcliegdaitmoriiean, toa  on od es efor nqduoe.  Essetae  rpervinocciapdioo  dpeobre  uanpali cjaurrsised idccei ólan 
mpuisemdea  rfeosrmulata ra  dtiofídcail sa lpaosr tcalra sperus edbea st riqbuuen apleesrm. Iitnacnlu sdoe ssvii rteuna rd elat eprmreisnuandcoisó nc,a psouse s[ ..e.]l   BOE-A-cable e
requisito  de  la  imparcialidad  objetiva  supone,  conviene  recordarlo,  una  importante 
garantía adicional"» [STC 136/1999, FJ 9, citada en SSTC 64/2001, 65/2001 y 66/2001, 
FFJJ 2 c), y 69/2001, FJ 14 c)].
Por tanto, «[s]olo en la medida en que se acreditase que la opinión de alguno o de 
algunos de los integrantes del tribunal haya podido verse condicionada por hechos o 
circunstancias  externas  a  la  propia  deliberación,  o  que  la  citada  "filtración"  iba 
encaminada  a  obtener  una  modificación  interesada  de  lo  previamente  decidido,  la 
garantía de imparcialidad, reconocida por el art. 24.2 CE, podría haberse visto afectada 
en su vertiente subjetiva».
A fin de efectuar esta valoración han de tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  (i)  que  no  puede  cuestionarse  el  desinterés  objetivo  en  el  asunto  de  los 
miembros del tribunal sentenciador cuando «nada avala una relación previa de estos con 
las partes del proceso o con sus intereses»; (ii) el secreto en las deliberaciones y en el 
voto de los magistrados llamados a pronunciar un fallo de absolución o de condena 
representa también una garantía para el propio tribunal, que permite evitar que sus 
miembros se vean presionados externamente en el momento de tomar su decisión, que 
les posibilita expresar libremente sus opiniones o valoraciones sobre los hechos y que 
impide consecuencias o juicios externos sobre lo manifestado individualmente por cada 
magistrado durante los debates; (iii) el contenido de la información y el tiempo en que se 
produjo su aparición en los medios de comunicación; y, en concreto, si «ya había 
concluido el juicio oral, se había desarrollado toda la prueba e, incluso, había finalizado 
la deliberación» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 b), y STC 69/2001, FJ 14 b)].
9.4  Resolución de la queja.
No podemos tener por justificada la premisa de la que parte el motivo del recurso de 
amparo. Si por «filtración» entendemos, conforme a nuestra doctrina antes reseñada, la 
transmisión de información a terceros acerca del contenido o sentido de la deliberación y 
resolución de un caso, procedente de alguno de los magistrados integrantes del tribunal, 
seguida de la publicación en los medios de comunicación, con anterioridad a la definitiva 
conformación del fallo y de su notificación a las partes, no consta acreditado en las 
actuaciones que tales circunstancias hubieran tenido lugar.
Atendida la relevancia pública de la causa penal que había sido enjuiciada, afirmar 
en  el  presente  caso  la  existencia  de  una  «filtración»,  en  el  sentido  jurídicamente 
relevante antes definido, es una inferencia no debidamente justificada, pues es notorio 
que en semanas anteriores a la publicación del fallo de la sentencia, el debate social y 
mediático giraba alrededor de una alternativa muy sencilla: si, en caso de producirse, la 
condena acogería la calificación del Ministerio Fiscal y la acusación popular (delito de 
rebelión) o la de la abogacía del Estado (delito de sedición). En tales circunstancias, 
resulta lógicamente presumible que una parte de quienes hubiesen seguido atentamente 
el juicio oral, fuesen juristas, periodistas o simples observadores, anticipasen su criterio 
de que la sentencia asumiría finalmente la acusación por sedición, llegando así a la 
misma conclusión que unánimemente alcanzaron los magistrados miembros del tribunal 
sentenciador. Este contexto permite explicar, como alternativa probable, que en los 
medios de comunicación se publicasen opiniones, previsiones o simples pronósticos 
inevitables, acertados o no, que no tenían en absoluto su origen en filtración alguna.
A  lo  expuesto  ha  de  añadirse,  a  fin  de  descartar  cualquiera  afectación  de  la 
imparcialidad judicial, la constatación de los siguientes elementos de juicio: (i) según 
hemos visto, el contenido de las noticias reseñadas en la demanda de amparo, datadas  e
escasos días antes de la publicación de la sentencia, se ciñe a que previsiblemente se  bo
produciría la condena por un delito de sedición y a referir ciertos rasgos típicos de esta  019ww
ffoigrumrau laddeolic aticvuas ya cdieóln d; e(ilii)t ola dse d reelbibeeliróanc,i odnee sm saey oinr igciraarvoend aald t,é prmori neol  qdueel  jsueic ihoa obríaa,l,  tealm 1b2i édne, 
sjuenniote dneci a2 0re1c9u, ryr idsae,  psrioelnodnog afirromna hdaas ltaa  meli s1m1 ad ee no cfetucbhrae  1d4e  dees eo cmtuisbmreo  daeñ o2,0 s1e9g, úmno dmiceen tloa 
a partir del cual se llevó a cabo su notificación a las partes; (iii) el contenido de la
sentencia,  que  cuenta  con  493  folios,  ha  quedado  reseñado  en  el  apartado  de 
antecedentes de esta resolución. A él nos remitimos para destacar aquí su complejidad, 
con  una  pluralidad  de  sujetos  condenados  por  diversos  delitos,  de  hechos  y  de 
cuestiones jurídicas; (iv) las incontables noticias y artículos de opinión (jurídica o no) 
aparecidas en los medios de comunicación, en foros y en revistas especializadas, antes, 
durante y después del juicio, retrasmitido en directo, y de la publicación de la sentencia, 
dan cuenta del contexto social y jurídico en que se enmarca este proceso.
En tales circunstancias, no podemos tener por probado que las noticias aparecidas 
en los medios de comunicación procedieran de miembros de la sala enjuiciadora, ni 
mucho  menos  consideramos  justificado  que,  atendiendo  al  contenido  de  tales 
informaciones, al contexto y al tiempo en que se produjeron (terminado el juicio oral y a 
escasos días de la finalización de una deliberación que se había prolongado durante 
meses), hayan menoscabado la imparcialidad o apariencia de imparcialidad del tribunal 
sentenciador.  Tampoco  deducimos  que  dichas  noticias,  en  el  escenario  en  que 
irrumpieron, fueran detonante de un clamor popular a favor de un determinado contenido 
del fallo, «poniendo en entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la 
ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores» (STC 136/1999, FJ 9), cuya 
experiencia y profesionalidad, en cuanto miembros del órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 
CE), ha sido ya subrayada.
En  conclusión,  los  argumentos  empleados  por  la  parte  demandante  resultan 
insuficientes para cuestionar eficazmente la imparcialidad de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que tuvo encomendado el enjuiciamiento del caso, manteniéndose 
incólume la presunción que rige en esta materia en la medida en que no existe prueba 
alguna que permita ponerla en duda.
Por lo que procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
10.  El derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de legalidad: 
individualización de la pena impuesta.
10.1  Posiciones de las partes.
Aduce  el  recurrente  que  la  sentencia  condenatoria  impugnada  ha  vulnerado  su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, en cuanto garantiza una respuesta 
fundada en Derecho a la pretensión ejercitada); lesión que el demandante pone en 
relación con el principio de legalidad de las infracciones y sanciones (art. 25.1 CE, en 
cuanto establece la prohibición constitucional de incurrir en bis in idem). Afirma que la 
determinación de la duración de las concretas penas que le han sido impuestas carece 
de  toda  motivación.  Sostiene  que  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  ha 
desatendido su propia jurisprudencia, que exige un deber reforzado de motivación del 
concreto quantum de la pena, puesto que, al justificar su condena, no se ha dedicado 
una sola línea a explicar las concretas razones por las que, pudiéndose imponer una 
pena de diez años de duración (la mínima del marco legal abstracto previsto para la 
conducta por la que ha sido condenado, que se extiende de diez a quince años), el 
tribunal se ha decantado por imponerle una pena de diez años y seis meses de duración.
Añade que la decisión de condena no respeta la previsión legal establecida en el 
art. 66.6 CP, conforme a la cual, cuando no concurran circunstancias atenuantes ni 
agravantes, la pena impuesta solo ha de atender «a las circunstancias personales del 
delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho» y, en segundo término, considera  s
que  los  únicos  factores  personales  a  los  que  se  alude  en  la  motivación  de  la  oe.
Peiyn lo dlasri va ctiladtironuc taupolne,iz sndatoaacldnóióocgni iac qd oude eea  l las qs uupu eecb ontdinpaicdo hsi coaoing óc rnasa urvdg aecod o aolneu d atfoiapcrcliiiócdilniaat óbdd l eleca  o amcm oliaeonsm d muabciureottamo d rbqiedruloa eG d dheoeasbl   i[meG…roon]tbo itvi aeadlr denfao olca  st« ouGyr a ecn onjoune sddrateeilfnbiitcaaióat.     2021-10019n https://www.
volver a tenerse en cuenta en sentido agravatorio en la individualización final de la
pena», lo que considera incompatible con el principio non bis in idem. En tal sentido 
solicita que se declare nulo el fallo condenatorio en lo que respecta a la pena impuesta.
Por su parte, el abogado del Estado solicita la desestimación de la queja al entender 
que la pena impuesta ha sido suficientemente motivada. Señala que, a partir del marco 
penal abstracto establecido por el legislador para la conducta imputada (de diez a quince 
años), el criterio de graduación relativo a «la mayor o menor gravedad del hecho», 
recogido en el art. 66.6 CP para individualizar la pena en cada caso, depende de la 
intensidad del dolo, de las circunstancias concurrentes, de la mayor o menor culpabilidad 
del sujeto, del mal efectivamente causado y de la conducta del reo posterior a la 
realización del delito. Tras reproducir la fundamentación de la sentencia expuesta en el 
ámbito  al  que  se  refiere  la  queja,  concluye  señalando  que  no  se  ha  vulnerado  la 
prohibición de bis in idem dado que la pena aplicable ha sido determinada atendiendo a 
la condición de autoridad del señor Rull, sin desbordar la horquilla penológica legalmente 
prevista.
La representación procesal del partido político Vox se opone a la estimación de la 
queja. Destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite que la motivación 
exigida es suficiente «si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia 
fáctica  de  la  sentencia  existen  elementos  de  donde  se  pueda  deducir  tal 
individualización,  siquiera  sea  implícitamente».  Concluye  señalando  que  la  decisión 
cuestionada es simple ejercicio del poder discrecional que ostentan los tribunales para la 
individualización de la pena, por lo que rechaza la alegada vulneración del principio de 
legalidad por falta de individualización de la pena impuesta.
También el Ministerio Fiscal apoya la desestimación de la queja. Comienza sus 
alegaciones  haciendo  una  reseña  de  la  respuesta  contenida  en  las  resoluciones 
impugnadas, para luego exponer la doctrina de este tribunal. Así, respecto del principio 
non bis in idem, cita y extracta parcialmente las SSTC 126/2011, de 18 de julio, FJ 16, 
y 189/2013, de 7 de noviembre, FJ 2; mientras que, sobre el alcance del control de 
constitucionalidad  sobre  la  individualización  y  motivación  de  las  penas,  hace  una 
remisión a la doctrina expuesta en las SSTC 28/2007, de 12 de febrero, y 196/2007, 
de 11 de septiembre, FJ 7.
Para el fiscal, no ha existido «una doble punición por ser miembro del Gobierno de 
Cataluña a la que va aparejada la condición de autoridad». Lo que señala la sentencia es 
que «esta condición de miembro de un gobierno fue usada por el recurrente para facilitar 
los actos que se le imputan y convertirse así en promotor de la sedición con vulneración 
del orden público, mientras que la punición impuesta por su condición de autoridad 
responde a un reproche penal diferente a la lesión del bien jurídico que se protege con el 
delito de sedición, y que […] responde a un reproche por el incumplimiento de especiales 
deberes de lealtad constitucional y de cumplir y hacer cumplir la legalidad».
Finalmente, en cuanto al reproche de falta de motivación de la individualización de la 
pena  impuesta,  el  fiscal  considera,  en  primer  lugar,  que  «siendo  el  presente 
procedimiento un recurso de amparo no cabe hacer un juicio de constitucionalidad de la 
norma penal, sino confrontar la sentencia con el principio de legalidad con el que ha sido 
respetuosa al tipificar la conducta del recurrente e imponer la pena que asigna el 
precepto penal del delito de sedición y dentro de los límites legales y de conformidad con 
el principio acusatorio». A tal efecto, el fiscal analiza los criterios tenidos en cuenta en la 
sentencia, y concluye que no cabe apreciar una «falta de motivación a la hora de fijar el 
quantum penológico, dada la condición personal que concurría en el recurrente, ser 
miembro del Govern de la Generalitat y su condición de autoridad y atendiendo a la  s
gravedad del ataque al bien jurídico del orden público que supone la sedición, que en el  oe.
caso supuso un cuestionamiento, cuando no una interrupción del normal funcionamiento  w.
del Estado democrático de Derecho, al crear una legalidad paralela a la constitucional  019ww
eml eedjiearnctieci ola sy  deefencotmiviindaadda dse le lyae sfu dnec iódne sjcuorinsedxiciócnio ny asl ud deel sEasrtraodlloo  raelg olabmsteanctualrizioa re  yim hpaecdeirr 
uinne freecfetirvéonsd luoms  mdea naduatotodse tdeerlm Tirnibaucinóanl  sCuosnpsetintudcidioon paol ry  edl eT rloibsu ónragl aCnoonss jtuitduicciioanleasl» y. celebrar  BOE-A-cable e
Conforme a estos parámetros, concluye señalando que el «desvalor de la conducta 
que describe el juzgador avala la entidad de las penas impuestas al recurrente». A juicio 
del fiscal, la motivación «no resulta manifiestamente irrazonable o arbitraria», siendo 
«respetuosa con las acusaciones formuladas contra el mismo», sin que se imponga una 
pena superior a la «más grave de las pedidas en concreto» por las partes acusadoras.
10.2  Respuesta del órgano judicial.
El recurrente ha sido condenado exclusivamente conforme a lo establecido en los 
arts. 544 y 545.1 CP. Se le imputa, como autor principal constituido en autoridad, haber 
inducido, sostenido o dirigido la sedición a que se refiere el relato fáctico de la sentencia 
impugnada. Según prevé el art. 544 CP, son reos de sedición «los que, sin estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier 
autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones 
o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». 
Su previsión punitiva abstracta establece un trato diferenciado en función de que sus 
protagonistas fueren, o no, personas constituidas en autoridad.
Las penas imponibles a sus autores principales aparecen establecidas en el art. 545 
CP, a cuyo tenor: «1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o 
aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de 
prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas 
constituidas  en  autoridad.  En  ambos  casos  se  impondrá,  además,  la  inhabilitación 
absoluta por el mismo tiempo».
Al justificar la concreta condena del señor Rull i Andreu, tras diferenciarle de aquellos 
otros  acusados  que  no  ostentaban  la  condición  de  autoridad,  señala:  «[…]  Su 
protagonismo en las decisiones reglamentarias que determinaron la creación de una 
legalidad  paralela  ya  ha  sido  subrayado.  Su  responsabilidad  en  la  movilización 
tumultuaria dirigida a demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los jueces de 
Cataluña se vio facilitada por los respectivos cargos que desempeñaban» [fundamento 
de Derecho D) 2].
Al rechazar la solicitud de nulidad, instada por el demandante con el mismo motivo 
que ahora se analiza, la sala de enjuiciamiento reiteró la fundamentación expuesta 
señalando: «La pena impuesta al señor Rull está suficientemente motivada y no vulnera 
el principio non bis in idem.  La sentencia expone las razones que conducen a la 
individualización de la pena impuesta […], que se mantiene dentro de su mitad inferior, 
muy próxima al mínimo legal: su protagonismo en las decisiones reglamentarias que 
determinaron  la  creación  de  una  legalidad  paralela  y  su  responsabilidad  en  la 
movilización tumultuaria, dirigida a demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los 
jueces de Cataluña, se vio facilitada por el cargo que desempeñaba. No se advierte en 
qué medida la valoración de estas circunstancias concurrentes en el condenado ha 
podido vulnerar el principio non bis in idem al que se alude en el escrito» (auto de 29 de 
enero de 2020).
10.3  Doctrina constitucional.
En una doctrina muy consolidada, a la que se refiere la STC 108/2001, de 23 de 
abril, este tribunal ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva 
incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada 
y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto  e.
la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3  w.
CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE. Esta exigencia constitucional entronca  019ww
duen af ocromnac edpirceiócnta  dceo nla  elle gpirtiinmciidpaiod  ddeel  Elas tfaudnoc iódne mjuorcisrdáitciccoio ndael  Dsuesretecnhtoa d(aar te. s1e nCcEia)l my ecnoten 
en  el  carácter  vinculante  que  para  todo  órgano  jurisdiccional  tienen  la  ley  y  la 
Constitución.
Si  bien  la  razón  última  que  sustenta  este  deber  de  motivación,  en  tanto  que 
obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la 
arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no 
es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en 
términos de Derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: 
de  un  lado,  exteriorizar  las  reflexiones  que  han  conducido  al  fallo  como  factor  de 
racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el 
valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las 
partes  en  el  proceso  respecto  de  la  corrección  y  justicia  de  la  decisión;  de  otro, 
garantizar  la  posibilidad  de  control  de  la  resolución  por  los  tribunales  superiores 
mediante los recursos que procedan, incluido este tribunal a través del recurso de 
amparo.
En este último concreto ámbito, el control que ejerce el Tribunal Constitucional se 
circunscribe a la mera comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la 
norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la 
argumentación jurídica de la misma. Y dado que no existe un derecho fundamental del 
justiciable a una determinada extensión de la motivación, nuestra función debe limitarse 
a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que 
contiene  constituye,  lógica  y  jurídicamente,  suficiente  motivación  de  la  decisión 
adoptada,  cualquiera  que  sea  su  brevedad  y  concisión,  incluso  en  supuestos  de 
motivación por remisión.
En precedentes resoluciones hemos exigido un canon más riguroso en la motivación 
cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho 
fundamental. En particular, este deber reforzado de motivación se impone en el caso de 
las sentencias penales condenatorias cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se 
conecta,  directa  o  indirectamente,  con  el  derecho  a  la  libertad  personal.  En  una 
sentencia penal, el deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos 
y la calificación jurídica, así como la pena finalmente impuesta, obligación esta última a 
la que se refiere también el art. 72 CP (SSTC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 3; 
43/1997, de 25 de enero, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio, 
FJ 3; 170/2004, de 18 de octubre, FJ 2; 98/2005, de 18 de abril, FJ 2, o 91/2009, de 20 
de abril, FJ 7).
Al  enjuiciar  quejas  anteriores  relativas  a  la  suficiencia  de  la  motivación  de  la 
determinación concreta de la pena, hemos reiterado que los «datos básicos del proceso 
de individualización de la pena han de inferirse de los hechos probados, sin que sea 
constitucionalmente  exigible  ningún  ulterior  razonamiento  que  los  traduzca  en  una 
cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo 
que, de suyo, no es susceptible de medición». Nuestro control ha de ceñirse, pues, a 
determinar si, en el caso concreto, atendidas la previsión legal y los datos que los 
hechos probados relatan, la motivación acerca del quantum de la pena impuesta resulta 
o no manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 47/1998, de 31 de marzo, FJ6, o, más 
recientemente, SSTC 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 7; 40/2008, de 10 de marzo, 
FJ 4, y 205/2009, de 23 de noviembre, FJ 5). En definitiva, nuestro control en el proceso 
de amparo se ciñe a examinar si la concreta extensión de la pena impuesta es coherente 
con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales 
relativos a la individualización de la pena (arts. 61 a 72 CP). s
En nuestro ordenamiento jurídico, el sistema legal de determinación de la pena se  oe.
caracteriza por la estrecha vinculación del juez a la ley; el margen de arbitrio judicial se  w.
encuentra estrechamente limitado y queda poco espacio para la motivación judicial, en la  019ww
emxecdluidyae netne  qduee l ae satrab istrea reieridgaed e jnu deicxiparle. sAiósní  pduee lsa,  reanc iporninacliidpaiod,  dsee rláa  edle mcisairógne ny,  dpeo ra trabnittroio, 
djuedliitcoia cl odmele tqiduoe,,  lean m ceaddidaa c daeso l,a  gmocoeti vealc ijóune zc opnasratit uimcipoonnaelmr elan tpee enxaig qibulee . cPoorrre ostprao npdaar tea,l   BOE-A-cable e
la decisión judicial sobre la pena concreta que haya de ser impuesta se adopta siempre 
en  sentencia,  tras  la  celebración  de  un  juicio  contradictorio  con  la  consiguiente 
inmediación, y en la que ha debido argumentarse adecuadamente sobre la prueba del 
hecho delictivo, la participación que en él haya tenido el que resulte condenado y las 
diversas vicisitudes que hayan podido concurrir en el delito y en la persona a la que este 
se le imputa, características estas que son determinantes para el juicio de determinación 
de la pena, en virtud de las reglas establecidas en el art. 66 CP. Así pues, la pena se 
impone siempre en una resolución en la que la existencia del delito, su gravedad, y la 
participación en él de quien resulte condenado han debido describirse y motivarse 
adecuadamente.
10.4  Resolución de la queja.
En el caso presente, a partir de la previsión legal, nos corresponde determinar si la 
imposición al demandante de una pena privativa de libertad y de derechos cuya duración 
es superior en seis meses al mínimo legal, viene apoyada en una aplicación razonada de 
los criterios de graduación establecidos por las normas penales aplicables al caso.
El Código penal configura un sistema de penas relativamente determinadas con 
criterios judiciales de graduación. Su objetivo es conjugar la necesidad de imponer 
límites a la discrecionalidad judicial con la necesidad de personalizar o individualizar la 
respuesta penal concreta. La determinación de la pena en los delitos dolosos se produce 
a partir del marco penal abstracto señalado por la ley para el tipo de delito consumado. 
Dicho marco penal se individualiza en atención al grado de ejecución de la conducta 
delictiva, al grado de participación del acusado y a la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal, agravante o atenuante, genérica o específica.
En la conducta del recurrente, calificada como delito doloso consumado en grado de 
autoría,  el  tribunal  sentenciador  no  ha  apreciado  la  concurrencia  de  ninguna 
circunstancia modificativa de la responsabilidad. Para estos supuestos, el art. 66.6 CP 
prevé específicamente dos criterios de graduación, pues establece que «cuando no 
concurran  atenuantes  ni  agravantes  [los  jueces  y  tribunales]  aplicarán  la  pena 
establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en 
atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad 
del hecho». Por tanto, a partir de la previsión legal, nos corresponde determinar si la 
imposición de una pena de duración superior en seis meses al mínimo legal viene 
apoyada en los criterios de graduación establecidos por el Código penal, y si así ha sido 
exteriorizado en la fundamentación.
Cabe  ya  anticipar  que  la  aplicación  de  los  criterios  jurisprudenciales  expuestos 
justifica la desestimación de la presente queja.
Hemos de destacar que, dentro del marco penal abstracto que establece el art. 545.1 
CP para los autores principales del delito de sedición constituidos en autoridad (entre 
diez y quince años de duración), al justificar expresamente la decisión de imponer al 
demandante la pena de diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta, el 
tribunal sentenciador ha tomado en consideración y exteriorizado dos elementos básicos: 
(i) su protagonismo en las decisiones reglamentarias que determinaron la creación de 
una legalidad paralela; y (ii) su responsabilidad en la movilización tumultuaria dirigida a 
demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los jueces en Cataluña; que se vio 
facilitada por el cargo que desempeñaba.
Por tanto, no cabe hablar de ausencia de motivación, sino de discrepancia del 
demandante con la motivación expresada. La sentencia justifica la imposición de una  e
pena superior en seis meses a la mínima legal haciendo referencia a las características  bo
de su intervención personal en el conjunto de actos realizados por los coacusados, que  019ww
stuem duirltiguiaerrioan  paa rcare ahra cuenr- ap aopsaibrliee nscuia  edfee cletigvaidliadda,d  ipmapriadlieelnad yo  aa psrío mlao vdeer  luansa  rmesoovliulicziaocnióens 
juundiilcaitaelreasl  yd ed ea uetsotdee tterirbmuninaal ciqóune.  hAaubníqaune  delac lamraodtoiv alac ióilne girteimseidñaadd ad ee su n ersecfueerétan,d usmu 
contenido remite implícitamente tanto al relato de hechos probados como al concreto
juicio de autoría del demandante, cuyo protagonismo y responsabilidad personal, se 
añade,  «ya  ha  sido  subrayado».  No  parece  necesario  destacar  que  la  sentencia 
condenatoria impugnada es extensa. A lo largo de centenares de páginas se refiere a 
conductas desarrolladas a durante varios meses, con múltiples protagonistas, a los que 
adjudica  distintos  cometidos  y  responsabilidades.  De  la  misma  forma  que  hemos 
realizado en anteriores resoluciones, nuestro análisis ha de tomar en consideración el 
conjunto  de  la  decisión  para  identificar  el  reproche  de  antijuridicidad  que  justifica 
judicialmente la pena.
La referencia explícita al protagonismo y responsabilidad del demandante obliga a 
destacar aquellos aspectos del juicio de autoría que identifican la concreta conducta 
imputada al recurrente. En la decisión de condena se imputa al demandante, consejero 
de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de la Generalitat desde enero de 2016 hasta 
octubre de 2017, haber participado en diversas reuniones políticas dirigidas a definir la 
estrategia que desembocaría en la convocatoria de un referéndum ilegal; se afirma que 
«participó en cuantos anuncios y actuaciones se realizaron en defensa de la celebración 
del  referéndum  judicialmente  prohibido»;  así,  «presentó  públicamente  la  fecha  del 
referéndum y la pregunta que iba a ser sometida a los ciudadanos», haciéndolo también 
«en el acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, llamado a proclamar la voluntad 
de realizar el referéndum presentado como de autodeterminación». Todo ello después de 
haber sido previamente advertido de la ilegitimidad constitucional de tal iniciativa –en 
febrero  de  2017–;  además,  calificó  públicamente  como  agresión  la  presencia  en 
Cataluña de los barcos-hotel en los que se alojaron los contingentes de policía que 
fueron desplazados a Cataluña para reforzar los ya presentes y mantener la legalidad 
constitucional;  y  dificultó  su  atraque  en  el  Puerto  de  Palamós,  dependiente  de  la 
administración  autonómica,  aduciendo  razones  técnicas,  después  no  confirmadas; 
conducta de la que se vanaglorió públicamente como un logro político. Por lo demás, en 
un acto conjunto, firmó el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre y 
aprobó también las normas complementarias precisas para su desarrollo. En definitiva, 
su  condena  vino  justificada  en  que,  concertado  con  otros  «participó  activamente 
poniendo  las  bases  que  propiciaron  las  condiciones  de  la  movilización  ciudadana. 
Impidió así el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad, 
participó  en  la  convocatoria  de  un  referéndum  ilegal  y  participó  también  en  su 
realización».
A partir de dicha fundamentación, consideramos que el tribunal sentenciador no se 
ha  apartado  de  los  criterios  legales  que,  en  el  Código  penal,  disciplinan  la 
individualización judicial de la pena cuando no concurren atenuantes ni agravantes. Son 
criterios que tienen que ver con las circunstancias y el rol que ha protagonizado el 
demandante y ha sido declarado delictivo; con el papel que, según el relato factico, 
desempeñó en los hechos que han dado lugar a su condena; y, también, con la objetiva 
gravedad del delito por el que ha sido condenado, la cual aparece justificada a lo largo 
de la sentencia impugnada en cuanto, a través de esta «se puso efectivamente en 
cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
Se trata de criterios explícitos y ajustados a la previsión legal, que no pueden ser 
cuestionados desde la perspectiva de su insuficiencia, pero tampoco en relación con su 
contenido razonado y no arbitrario. Frente a lo afirmado en la demanda de amparo, tal 
como dispone el art. 66 CP, a la hora de individualizar la pena, el tribunal ha tenido en 
cuenta  su  concreta  conducta  individual,  su  protagonismo  y  la  gravedad  del  delito 
imputado, de la que también es expresiva la apreciación de una actuación concertada y  s
coordinada con diversas autoridades públicas autonómicas, también condenadas, que se  oe.
dirigía a dificultar o hacer ineficaces resoluciones judiciales ya adoptadas, a aprobar y  w.
hacer efectiva una normativa autonómica que incluía el decreto de convocatoria de un  019ww
rceafuetreélnadrmumen, teq useu spneon dsiodlao.  había  sido  constitucionalmente  cuestionada,  sino  también
deciAsifoirnmeasd cau elas tiionneaxidsatesn, cnioa  edse  laabrboirt rdaeri eedsated  troib uirnraazl osnuasbtiitluidira adl  jeunz glaa dmoro etinva scuió cno mdee tildaos   BOE-A-cable e
de determinar la pena a imponer en el caso concreto, ni reducir el margen de arbitrio que 
en dicho cometido le concede la ley. Así pues, en el presente supuesto la sala de 
enjuiciamiento ha motivado y explicitado las circunstancias legalmente previstas que ha 
tenido  en  cuenta  para  la  individualización  de  la  pena  impuesta  al  demandante  de 
amparo, habiendo tenido este la posibilidad de cuestionarlas al solicitar su nulidad y a 
través de este proceso de amparo, por lo que hemos de concluir que ninguna lesión 
cabe apreciar del derecho a la tutela judicial efectiva invocado en la demanda de 
amparo.
La anterior conclusión desestimatoria se extiende a la alegada vulneración de la 
prohibición de bis in idem material. Como expusimos en la STC 154/1990, de 15 de 
octubre, FJ 3, dicha garantía es consecuencia del «principio de proporcionalidad entre la 
infracción y la sanción, que exige mantener una adecuación entre la gravedad de la 
infracción y la sanción».
La  condición  de  autoridad  del  recurrente  no  ha  sido  tomada  dos  veces  en 
consideración para sancionarle imponiéndole una pena desproporcionada o ajena a la 
prevista  en  la  ley.  Parece  oportuno  destacar  ahora  que,  en  tal  sentido,  la  sala 
enjuiciadora  desestimó  la  pretensión  acusatoria  de  la  acción  popular  que  adujo  la 
agravante genérica de «prevalerse del carácter público que tenga el culpable» (art. 22.7 
CP), precisamente para evitar una doble punición con el mismo fundamento.
La definición del tipo penal que sanciona la sedición admite variadas formas de 
comisión, con mayor o menor antijuridicidad. La condición de autoridad es objetiva: se 
adquiere al acceder u ocupar el cargo público que permite el ejercicio de funciones 
públicas. Tal condición, como hemos expuesto antes, determina una pena con un marco 
abstracto que abarca desde diez hasta quince años (art. 545.1 CP); pero no es esa 
condición sino la conducta personal del demandante y su protagonismo en los actos que 
facilitaron el desarrollo en el tiempo de la conducta sediciosa, así como en la paralela 
movilización de los ciudadanos en apoyo de tal iniciativa ilegal, lo que ha justificado la 
individualización de la pena impuesta asignándole una antijuridicidad, una gravedad 
relevante, que justifica razonadamente la imposición de la pena prevista en la ley con 
una duración superior en seis meses al límite legal mínimo establecido por el Código 
penal. No cabe apreciar, por tanto, que se haya desconocido la prohibición constitucional 
de bis in idem que, «en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el 
mismo  hecho  con  el  mismo  fundamento  (por  todas,  SSTC  159/1985,  de  27  de 
noviembre, FJ 3; 94/1986, de 8 de julio, FJ 4; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 
204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2, o 2/2003, de 16 de enero, FJ 3)» (STC 189/2013, 
de 7 de noviembre, FJ 2); ni, con ella, el juicio de proporcionalidad establecido por el 
legislador al establecer la intensidad de la reacción penal asociada a la conducta descrita 
como delito.
11.  Derecho  a  la  legalidad  sancionatoria,  en  relación  con  otros  derechos 
fundamentales sustantivos.
A continuación, se procederá a dar respuesta al bloque de quejas que se agrupan 
bajo el común denominador de aducir la vulneración del derecho a la legalidad penal 
reconocido en el art. 25.1 CE. No obstante, antes de pronunciarnos sobre las diferentes 
denuncias formuladas en relación con el derecho indicado, hemos de advertir que su 
orden de análisis no coincide exactamente con el seguido en el recurso.
En el apartado décimo de la demanda de amparo se censura la falta de taxatividad 
del delito de sedición, deficiencia esta que se atribuye específicamente al tipo penal  e
descrito en el art. 544 CP. Siendo así, entendemos procedente abordar la resolución de  bo
esta denuncia en primer lugar pues, de ser estimada, excusaría del ulterior análisis de  019ww
ilnotse rrpersettaanctieósn  yre approlicchaecsió nq udee  lsae  ndoirrmigae np esnoablr ere flear iddeac. iPsiaórna  jeuld cicaisaol  edne  nloo  asteinr eenstteim aa dlaa 
eesscar ivtou ldnee rdaecmióna,n dcao.ntinuaríamos nuestro análisis conforme al esquema propuesto en el
11.1  Doctrina constitucional.
Hecha  la  anterior  precisión,  procede  compendiar  a  continuación  la  doctrina 
constitucional relativa al derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE; en especial 
la concerniente a las diferentes facetas que se anudan a las quejas formuladas en el 
recurso de amparo. El indicado artículo establece que «[n]adie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento del producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
A)  Según doctrina de este tribunal, el mandato enunciado contiene un derecho 
fundamental subjetivo que comprende una garantía formal, anudada al rango exigible a 
la norma sancionadora, y otra de carácter material, vinculada a la exigencia de certeza y 
concreción del precepto penal. Esta doctrina aparece sistematizada en la STC 24/2004, 
de 24 de febrero, FJ 2:
«a)  El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos, 
incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria 
existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del 
Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden. Esta 
garantía formal, como recordábamos en la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, implica 
que solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias 
jurídicas  y  vincula  el  principio  de  legalidad  al  Estado  de  Derecho,  "esto  es,  a  la 
autolimitación que se impone el propio Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y 
el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva a través del instrumento 
de la ley y solo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley".
También hemos señalado desde nuestras primeras resoluciones –STC 15/1981, de 7 
de mayo, FJ 7– que del art. 25.1 CE se deriva una "reserva absoluta" de ley en el ámbito 
penal. Y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 CE en relación con el 
art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales que 
establezcan penas privativas de libertad. En palabras de la STC 118/1992, de 16 de 
septiembre, FJ 2, "la remisión a la ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la CE ha de 
entenderse como remisión a la ley orgánica, de manera que la imposición de una pena 
de  privación  de  libertad  prevista  en  una  norma  sin  ese  carácter  constituye  una 
vulneración de las garantías del derecho a la libertad y, por ello, una violación de ese 
derecho fundamental (SSTC 140/1986, 160/1986 y 127/1990)".
b)  Junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de 
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la 
exigencia  de  predeterminación  normativa  de  las  conductas  y  sus  correspondientes 
sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la 
descripción  que  incorpora.  En  este  sentido  hemos  declarado  –como  recuerda  la 
STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3– "que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo 
posible  en  la  definición  de  los  tipos  penales  (SSTC  62/1982,  89/1993,  53/1994 
y  151/1997),  promulgando  normas  concretas,  precisas,  claras  e  inteligibles 
(SSTC  69/1989,  34/1996  y  137/1997).  También  hemos  señalado  que  la  ley  ha  de 
describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa 
(SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998). Expresado con otras palabras, el legislador ha de 
operar  con  tipos;  es  decir,  con  una  descripción  estereotipada  de  las  acciones  y 
omisiones  incriminadas,  con  indicación  de  las  simétricas  penas  o  sanciones 
(SSTC 120/1994 y 34/1996), lo que exige una concreción y precisión de los elementos  s
básicos de la correspondiente figura delictiva; resultando desconocida esta exigencia  oe.
(cdcSuieuTaddCnuadc d3oira0  ns6oes/1s ieq 9sup9tiu4aee)br"adl.e  aTcnoeq d ucuooén n e sollcucolpe aours reeides ento tdaa ednd etoe  hcmaeo agcnnahdoroua  ctnetaatl nizsá a emrx pbtlaeuit neossd eadegmenu  reliodnl alteepdg r doajuehrr liiíbmdiaidict oaa d,s yode  erpq  rumeesvoa endnroo,c   iapoqsenuírae,m d lloaaitesss     2021-10019n https://www.
consecuencias de sus acciones (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).
c)  Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente 
el derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE. Por tanto, aunque la garantía 
formal se colmaría con la existencia de una norma con rango de ley (ley orgánica cuando 
se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que fuera su contenido (aunque 
fuera absolutamente indeterminado o se limitara a remitirse a instancias normativas 
inferiores, de forma que fueran estas quienes definieran de facto lo prohibido bajo 
amenaza penal), esa cobertura meramente formal resulta insuficiente para garantizar 
materialmente que sea el Parlamento –a través de mayorías cualificadas, en su caso– 
quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o certeza para que 
los ciudadanos puedan adecuar sus comportamientos a tales previsiones.»
B)  Este tribunal ha resaltado la importancia del mandato de taxatividad que el 
precepto constitucional objeto de cita contiene. Ejemplo de ello son los argumentos que 
figuran en la STC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2, que a continuación se transcriben:
«El  principio  de  legalidad  penal,  en  su  vertiente  material,  refleja  la  especial 
trascendencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y comporta el mandato de 
taxatividad o de certeza que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa 
de las conductas y de sus correspondientes sanciones (lex certa), en virtud del cual el 
legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 8). De esta 
manera,  ese  principio,  no  solo  fija  el  límite  interpretativo  de  los  preceptos  en  la 
subsunción irrazonable en el tipo que resulta aplicado, bien por la interpretación que se 
realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí, de manera, que de 
sobrepasarse tal límite, la sanción impuesta resultaría sorpresiva para su destinatario 
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; y 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5), sino que 
"impone,  por  razones  de  seguridad  jurídica  y  de  legitimidad  democrática  de  la 
intervención punitiva, no solo la sujeción de la jurisdicción sancionadora a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6).»
Tal garantía de certeza a que se ha hecho mención, no solo opera respecto de las 
normas penales o sancionadoras (ámbito normativo), pues también se proyecta a la 
interpretación y aplicación de estas por los órganos judiciales a los concretos supuestos 
de hecho (ámbito aplicativo), como así se refleja en la reciente STC 14/2021, de 28 de 
enero, FJ 2:
«La garantía constitucional de lex certa, como faceta específica del derecho a la 
legalidad  sancionadora,  se  desenvuelve,  en  nuestra  doctrina  (vid,  por  todas,  las 
SSTC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2; 219/2016, de 19 de diciembre, FJ 5, y 220/2016, 
de 19 de diciembre, FJ 5), en dos ámbitos distintos:
a)  Ámbito normativo. De un lado, la garantía de certeza puede resultar vulnerada 
por la insuficiente determinación ex ante de la conducta sancionable, como defecto 
inmanente  a  la  redacción  legal  del  precepto  sancionador  objeto  de  escrutinio; 
vulneración que afectaría a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad 
del alcance de la norma en el ámbito penal o sancionador (SSTC 184/2003, de 23 de 
octubre, FJ 3, y 261/2015, de 14 de diciembre, FJ 5). e.e
b)  Ámbito  aplicativo.  En  cambio,  aun  cuando  la  redacción  de  la  norma  b
sancionadora  resulta  suficientemente  precisa,  la  garantía  de  lex  certa  puede  verse  019ww
avefezc, taedna d poos rp llaa naopsli,c (ai)c ieóln d ierr alaz oinndaebbleid dae i ndteicrhpare ntaocrimóna , avde rctaiesnutme  qdueel  aslec adnecsed osebmla,á nat iscuo 
dlae ls purbescuenpctioó,n m iárrsa zaollnáa dbele s, ue sne enlt idpore lciteepratol  pyoas ibinlete (rapnreatlaodgoía,  idne m laa lacmon pdaurctteam q),u ey  (hiia)  esl iddoe 
considerada  probada.  En  estos  casos,  pese  a  la  "calidad"  de  la  ley,  su  aplicación
irrazonable se proyecta sobre la exigencia de previsibilidad del alcance de su aplicación 
(STC 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 5). Así, en efecto, una vez que el autor de la 
norma, el legislador, ha cumplido suficientemente con el mandato al dar una redacción 
precisa al precepto sancionador, la garantía de certeza exige igualmente de los órganos 
sancionadores que están llamados a aplicarlo "no solo la sujeción […] a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, y 146/2015, de 25 de 
junio, FJ 2). Por tanto, tal y como hemos señalado en nuestra doctrina, el derecho 
fundamental  a  la  legalidad  penal,  reconocido  en  el  art.  25.1  CE,  ha  de  reputarse 
vulnerado cuando la conducta que ha sido declarada probada en la sentencia "es 
subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal" (SSTC 91/2009, de 20 de abril, FJ 6; 
153/2011, de 17 de octubre, FJ 8, y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5).»
No obstante, el principio de taxatividad no es incompatible, como hemos apuntado, 
con el empleo de conceptos jurídicos indeterminados o la utilización de una terminología 
con cierto grado de ambigüedad por parte del legislador, como así queda expuesto, entre 
otras, en la STC 37/2018, de 23 de abril, FJ 3 a):
«A esa exigencia de lex certa, a la que debe responder el legislador al definir los 
tipos penales, no se opone la utilización en los tipos penales de los llamados conceptos 
jurídicos indeterminados, máxime en aquellos supuestos en que los mismos responden a 
la protección de bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra Constitución de acuerdo con su art. 10.2 (STC 62/1982, de 15 de 
octubre, FJ 7), como tampoco la utilización de un lenguaje relativamente vago y versátil, 
pues las "normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad" (STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3), que en 
ocasiones presenta aspectos difíciles de prever.»
C)  La aplicación de la analogía in malam partem y las interpretaciones extensivas 
de  la  norma  penal,  por  parte  de  los  órganos  judiciales,  han  sido  expresamente 
reprobadas por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta 
censura queda reflejada, entre otras, en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4.
«A  este  respecto,  hemos  destacado  que  "la  garantía  material  del  principio  de 
legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia 
de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes 
sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino 
también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las 
leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el 
sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley 
penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 
septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la 
interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, 
FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de 
septiembre,  FJ  12);  es  decir,  la  exégesis  y  aplicación  de  las  normas  fuera  de  los 
supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. El que estas técnicas jurídicas,  e.
que tan fértiles resultados producen en otros sectores del ordenamiento jurídico, estén  w.
prohibidas en el ámbito penal y sancionador obedece a que en caso contrario las  019ww
dmeis lma ansu esvea c noonrvmerat iraísaín o ebnte fnuiednat ein cvraedairdíoar eal  dáem dbeitloit oqsu ye  psoelnoa as l yl,e pgoisrl asduo pr acroterr,e eslp aopnldicea,d eonr 
contra de los postulados del principio de división de poderes (SSTC 133/1987, de 21 de
julio, FJ 4; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 142/1999, de 22 de julio, FJ 3; 127/2001, de 4 
de junio, FJ 4)" (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 8).»
D)  A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los 
órganos judiciales, al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal. 
Nuestra doctrina sobre ese particular queda recogida con detalle en la STC 129/2008, 
de 27 de octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  supone  que  nadie  puede  ser 
condenado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito  o  falta  según  la 
legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando 
la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena 
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al 
valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio 
legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 
de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma 
penal el primero de los criterios está constituido así por el respeto al tenor literal de la 
norma, "pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y 
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el 
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez 
constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio 
de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en 
todo  caso  una  zona  indudable  de  exclusión  de  comportamientos,  como  en  su 
razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas 
que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde 
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica […] Dicho de otro 
modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada.  Son  también  constitucionalmente  rechazables  aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras,  e
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004,  bo
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero,  019ww
FJ 4E; )2 62L/a2 0p0r6o,p doerc 1io1n daelid saedp tdieem lbarse ,p FenJ a4s) »t.ambién ha sido objeto de análisis desde el
prisma del derecho reconocido en el art. 25.1 CE. Concretamente, en la STC 136/1999,
de 20 de julio, FJ 23, este tribunal delimitó, en los términos que a continuación se
exponen,  cuál  es  alcance  de  la  referida  cualidad  en  relación  con  los  derechos 
fundamentales tutelados en amparo:
«El juicio de proporcionalidad respecto al tratamiento legislativo de los derechos 
fundamentales y, en concreto, en materia penal, respecto a la cantidad y calidad de la 
pena en relación con el tipo de comportamiento incriminado, debe partir en esta sede de 
"la potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, 
los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones 
penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que 
intenta conseguirlo. En el ejercicio de dicha potestad el legislador goza, dentro de los 
límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su 
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática 
[...].  De  ahí  que,  en  concreto,  la  relación  de  proporción  que  deba  guardar  un 
comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna será el fruto de un 
complejo juicio de oportunidad que no supone una mera ejecución o aplicación de la 
Constitución, y para el que ha de atender no solo al fin esencial y directo de protección al 
que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que pueda perseguir con la 
pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus 
funciones o fines inmediatos a las diversas formas en que la conminación abstracta de la 
pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma –
intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones 
éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, 
etc.– y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general 
y de prevención especial. Estos efectos de la pena dependen a su vez de factores tales 
como  la  gravedad  del  comportamiento  que  se  pretende  disuadir,  las  posibilidades 
fácticas de su detección y sanción y las percepciones sociales relativas a la adecuación 
entre delito y pena (STC 55/1996, fundamento jurídico 6)" (STC 161/1997, fundamento 
jurídico 9).»
En este contexto, «[e]l juicio que procede en esta sede de amparo, en protección de 
los derechos fundamentales, debe ser por ello muy cauteloso. Se limita a verificar que la 
norma penal no produzca "un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma 
en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad 
de la persona y al Estado de Derecho" (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una 
"actividad  pública  arbitraria  y  no  respetuosa  con  la  dignidad  de  la  persona" 
(STC  55/1996,  fundamento  jurídico  9)  y,  con  ello,  de  los  derechos  y  libertades 
fundamentales  de  la  misma.  "Lejos  [pues]  de  proceder  a  la  evaluación  de  su 
conveniencia, de sus efectos, de su calidad o perfectibilidad, o de su relación con otras 
alternativas posibles, hemos de reparar únicamente, cuando así se nos demande, en su 
encuadramiento constitucional. De ahí que una hipotética solución desestimatoria ante 
una norma penal cuestionada no afirme nada más ni nada menos que su sujeción a la 
Constitución, sin implicar, por lo tanto, en absoluto, ningún otro tipo de valoración positiva 
en torno a la misma" (SSTC 55/1996, fundamento jurídico 6 y 161/1997, fundamento 
jurídico 9)».
De esta manera, «cabe afirmar la proporcionalidad de una reacción penal cuando la 
norma persiga la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente 
proscritos ni sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente 
apta para dicha persecución. La pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un  s
sentido estricto, proporcionada. En suma, según hemos reiterado en otras resoluciones,  oe.
elsjeuasgrpcíidsreiilfccaicoidai oolpm rr ioenhtnnaete geicni deecosuna r prrliiaood r o Sol aeT  dnCne o us6rnpm6 r/oea1px 9cco9uer5ces,ioso t fniumoanndadaonad,imf aide eesontb,o teom msee nojj ouserr ,líi  dnsriidicg aoloogsrs a  d4rf,ei  n yeel ans5s  ,p i nprpimemanereaadr s iad luateoglt seain rrym,t r osminid aeuerdcl  iisbar iit euoennsl     2021-10019n https://www.
de protección de la misma, son suficientemente relevantes, puesto que la vulneración de
la  proporcionalidad  podría  declararse  ya  en  un  primer  momento  del  análisis  "si  el
sacrificio  de  la  libertad  que  impone  la  norma  persigue  la  prevención  de  bienes  o 
intereses  no  solo,  por  supuesto,  constitucionalmente  proscritos,  sino  ya,  también, 
socialmente irrelevantes" (STC 55/1996, fundamento jurídico 7; en el mismo sentido, 
STC 111/1993, fundamento jurídico 9). En segundo lugar, deberá indagarse si la medida 
era idónea y necesaria para alcanzar los fines de protección que constituyen el objetivo 
del precepto en cuestión. Y, finalmente, si el precepto es desproporcionado desde la 
perspectiva de la comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena».
Así, pues, «desde la perspectiva constitucional solo cabrá calificar la norma penal o 
la sanción penal como innecesarias cuando, "a la luz del razonamiento lógico, de datos 
empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha 
estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la 
manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la 
consecución  igualmente  eficaz  de  las  finalidades  deseadas  por  el  legislador" 
(STC 55/1996, fundamento jurídico 8). Y solo cabrá catalogar la norma penal o la 
sanción penal que incluye como estrictamente desproporcionada "cuando concurra un 
desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma 
a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en 
la propia actividad legislativa" (STC 161/1997, fundamento jurídico 12; en el mismo 
sentido STC 55/1996, fundamento jurídico 9)».
F)  Finalmente, procede reflejar el parámetro al que se debe sujetar este tribunal 
para fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y 
tribunales, que aparece recogido, entre otras resoluciones, en la STC 38/2003, de 27 de 
febrero, FJ 8:
«[S]egún reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la 
legislación  vigente,  subsumiendo  en  las  normas  los  hechos  que  llevan  a  su 
conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 CE, 
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, sin que este tribunal pueda 
sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 2; 89/1983, 
de 2 de noviembre, FJ 2; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 1; 111/1993, de 25 de 
marzo, FJ 5; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 185/2000, de 10 de julio, FJ 4; 167/2001, 
de 16 de julio, FJ 3 y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 3, entre otras muchas). Ahora 
bien,  una  aplicación  defectuosa  de  la  ley  penal  puede  implicar,  eventualmente,  la 
vulneración  de  un  derecho  constitucionalmente  garantizado,  protegido  mediante  el 
recurso de amparo. Cuando se alega tal cosa, como en el presente caso ocurre, este 
tribunal  ha  de  analizar,  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  constitucionalmente 
garantizado, la interpretación y aplicación que el juez ordinario ha hecho de la norma 
penal (SSTC 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), sin olvidar 
que el principio de legalidad, ni puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la 
libertad del juez, cuando en uso de esta no se crean nuevas figuras delictivas o se 
aplican penas no previstas en el ordenamiento (SSTC 89/1983, de 2 de noviembre, FJ 3; 
75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), ni tampoco pasar por 
alto que toda norma penal admite varias interpretaciones como consecuencia natural de 
la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un 
sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 
42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; 228/2002, de 9 de 
diciembre, FJ 3).»
De este modo, «[p]recisando nuestro canon de control de constitucionalidad, cabe  oe.
dphperaainsbutcltiaaniprsa i otvda aerli oodarseap,  tlsiivcleeaaagsc a ipóeloinxdrt  araaadpnv, aaargltócaaugmnaictineaeds n ooteo  n ed drxeeictlle hatneacsni óiovnara  pc lilotiiencnr a aemcli ló daonelar ld mper rneepascamuerltpiteeetn omt,o ,is m ecvpoaurn lenpsveotiirrsta uilbdaclo ieour natila ipzlda,a ersca eió aanq sp uduoeesrl     2021-10019n https://www.
el  empleo  de  modelos  de  interpretación  no  aceptados  por  la  comunidad  jurídica,
comprobado todo ello a partir de la motivación expresada en las resoluciones recurridas
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 236/1997, de 22 de diciembre, FJ 4; 56/1998, 
de 16 de marzo, FJ 8; 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 25/1999, de 8 de marzo, 
FJ 3; 142/1999, de 22 de julio, FJ 4; 174/2000, de 26 de junio, FJ 2; 195/2000, de 24 de 
julio, FJ 4; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 11; 127/2001, de 4 de junio, FJ 4; 
123/2002, de 20 de mayo, FJ 8; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12; y 13/2003, de 28 
de enero, FJ 3)».
Y, a tal efecto, en la ya citada STC 129/2008, FJ 3, se acota la fiscalización que 
corresponde llevar a cabo a este tribunal, en los siguientes términos:
«No compete pues a este tribunal la determinación de la interpretación última, en 
cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que 
delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación 
de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y 
desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso 
penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta 
interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. Tal sostenibilidad se refiere, 
como se señalaba en el fundamento anterior, al respeto a los valores de la seguridad 
jurídica y de la autoría parlamentaria de la definición de los delitos y las penas, y se 
traduce en la razonabilidad semántica, metodológica y axiológica de la interpretación 
judicial de la norma y de la subsunción legal de los hechos en la misma. Por ello forma 
parte  del  objeto  de  nuestro  análisis  la  motivación  judicial  de  tales  interpretación  y 
subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación 
alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y solo podrá ser 
tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación 
judicial impugnada.»
11.2  Sobre la insuficiente taxatividad del tipo penal de sedición.
11.2.1  Posiciones de las partes.
El motivo de la demanda referido a la vulneración del derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, concierne principalmente al contenido del art. 544 CP que tipifica el delito 
de  sedición;  norma  a  la  que  se  achaca  tal  grado  de  indeterminación  que  resulta 
incompatible con el principio de taxatividad. Señala el demandante que el empleo de 
términos tales como «alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales» 
resultan extraordinariamente vagos, hasta el punto de que es muy difícil conocer con 
exactitud  qué  conductas  prohíbe  realmente  el  legislador.  También  afirma  que  esa 
inconcreción no ha podido ser remediada por la labor jurisprudencial, puesto que, en 
relación con el vigente tipo de sedición, el Tribunal Supremo solo se ha pronunciado en 
una  ocasión  (STS  de  12  de  julio  de  2005),  al  conocer  de  un  suceso  violento 
protagonizado por unas sesenta personas, que acaeció en la Asamblea de Ceuta, y que 
acabó condenando por un delito de atentado. Por último, destaca que esa inconcreción 
restringe gravemente el ejercicio del derecho de reunión y las libertades de expresión e 
ideológica, por el efecto desincentivador que provoca.
El partido político Vox rechaza que el tipo penal carezca del grado de taxatividad 
exigido y que la condena impuesta pueda resultar imprevisible para el demandante.
Por su parte, el fiscal sostiene que no se vulnera el principio de legalidad por esta 
causa, pues el tipo penal permite predecir con suficiente grado de certeza las conductas 
que constituyen el delito de sedición. Por tanto, el tipo penal respeta la garantía material 
de lex certa, sin perjuicio de que los términos utilizados por las normas penales para  e.
definir los tipos delictivos puedan ser concretados y precisados por los órganos judiciales  w.
al aplicar e interpretar las normas. En todo caso, añade que el déficit de taxatividad que  019ww
ienlt edrpermetaancdióann teq ueim dpeu talo sa lt étrimpoin opse naa ll osd eq usee dsicei óant ribquuyeed al a cionndjeutreardmoi npaociró nla  hap rospidiao 
precisada por el Tribunal Supremo.
11.2.2  Respuesta del órgano judicial.
El tribunal sentenciador, al referirse a la queja que planteó el demandante sobre esta 
cuestión, afirmó que «[l]as vulneraciones descritas en las letras a) y d) coinciden con las 
formuladas  en  otros  incidentes  y  han  sido  ya  resueltas  en  esta  resolución» 
(apartado 7.2.1). Por ello, procede traer a colación la argumentación que fue dada en 
relación con la denuncia del señor Turull, concretamente en el apartado 6.2.3 del auto 
que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, señalando que «las alegaciones 
sobre la vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos 
fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de expresión e ideológica, por la 
insuficiente taxatividad del tipo penal de la sedición, se desestiman con apoyo en los 
mismos argumentos expuestos respecto al señor Sànchez y los demás condenados que 
han planteado idéntica pretensión».
No obstante, en el apartado 2.4 del referido auto se ofrece una respuesta más 
exhaustiva:
«El  tipo  penal  de  sedición  de  los  artículos  544  y  545  CP  no  adolece  de  una 
inconcreción o imprecisión que impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito, 
que sería el primer nivel de análisis. Como se deriva del examen que la propia sentencia 
realiza del delito –punto primero del apartado C) de los fundamentos de Derecho–, su 
estructura típica cumple las exigencias a estos efectos. Define el comportamiento punible 
a  través  de  términos  que  son  comprensibles  y  pertenecen  al  lenguaje  común, 
concretando qué acciones son punibles y qué finalidad han de perseguir: impedir por la 
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. La 
conducta típica está, pues, definida y el precepto cumple así las exigencias materiales de 
taxatividad derivadas del artículo 25.1 CE.
Esta conclusión es, por otro lado, perfectamente compatible con la necesidad de su 
interpretación jurisprudencial, como la que hace la sentencia que ahora se cuestiona. El 
TEDH ha señalado de forma reiterada que, en cualquier sistema jurídico, por muy clara 
que  sea  la  redacción  de  una  disposición  legal,  incluso  en  materia  penal,  existe 
inevitablemente un elemento de interpretación. De hecho, el papel de los tribunales es 
precisamente disipar las dudas que la norma puede plantear (entre otras muchas, cfr. 
sentencia de 12 de febrero de 2008, caso Kafkaris c. Cyprus, § 141).»
A su vez, en el apartado 4 del fundamento jurídico B) de la sentencia, el órgano 
enjuiciador llevó a cabo una detallada exégesis del art. 544 CP, de cuyo contenido se 
infiere  que  el  indicado  órgano  no  asume  el  criterio  del  recurrente  respecto  de  la 
ambigüedad e imprecisión del tipo penal.
11.2.3  Resolución de la queja.
Llegados a este punto, resulta oportuno recordar que, si bien con carácter general el 
recurso de amparo no ha sido concebido para el enjuiciamiento de las disposiciones de 
carácter general, sin embargo, nuestra doctrina autoriza en ocasiones tal eventualidad; 
entre otras, cuando se reprocha al propio precepto la lesión de un derecho fundamental:
«Como  hemos  recordado  en  multitud  de  ocasiones,  el  recurso  de  amparo  no 
persigue la depuración del ordenamiento jurídico, pues su objeto se circunscribe a la  es
reparación de los derechos fundamentales lesionados por actuaciones procedentes de  o
los poderes públicos y en consecuencia, tal recurso no es la vía idónea para impugnar  019ww
dFmdeiJsa rpr3ezo;co shy,i o cFpi ooJfun s1nete)ds.r a iSnomiornmer menemtanattblie va( acersgon om sl,ai o tsna  vomSe SbenisTiémtCnáo n h5s e4v dmi/n2icco0ius0el 6nad,ddi cdoahe sod  2 aeq7 sul aded e ec«  ol"faenc obcSrnreeTctrCuaor  ,ry 4iFe 0eJn/f 1de39oc y8 tei 2v3sa,4 a d/ l2evei0s ni13óc10un, l  adddceeei   ó2ajnu8l,gn  núdioone,     OE-A-2021-10able en https://
le está vedado a este tribunal entrar a examinar en un proceso de amparo el contenido
de cualquier disposición general, ya sea para enjuiciar la interpretación que de la misma 
hayan realizado los órganos judiciales, ya lo sea para valorar si la concreta vulneración 
de  los  derechos  y  libertades  fundamentales  proviene  de  la  propia  disposición" 
(STC 34/2011, de 28 de marzo, FJ 1)» (STC 167/2013, de 7 de octubre, FJ 2).
Vistos los términos de la queja formulada, procede dilucidar si, en efecto, el art. 544 
CP  se  acomoda  o  no  a  las  exigencias  de  taxatividad  y  certeza  que  la  doctrina 
constitucional exige, no sin antes reiterar que la función de interpretar y aplicar los tipos 
penales corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, sin perder de 
vista el parámetro en que se sitúa este tribunal, para dar adecuada respuesta a la 
pretensión del recurrente procede efectuar una delimitación de la conducta típica que el 
art. 544 CP describe del siguiente modo:«[s]on reos de sedición los que, sin estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de la vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Este precepto asume de esta suerte una posición subsidiaria, pues solo prevé su 
aplicación cuando los hechos no sean constitutivos de rebelión. Su contenido positivo 
requiere que los sujetos activos «se alcen»; término este que, teniendo en cuenta el 
contexto en que se inserta, de entre las diferentes acepciones gramaticales posibles, 
debe ser considerado sinónimo del vocablo «se subleven». La acción descrita en el tipo 
debe  trascender  al  exterior  (públicamente),  materializarse  mediante  la  actuación 
alborotada de una muchedumbre (tumultuariamente), que emplea fuerza o se sirve de 
vías extralegales, siendo necesario, además, que concurra la finalidad neutralizadora 
que describe el tipo transcrito.
A vista de lo expuesto, este tribunal coincide con el criterio del órgano enjuiciador, al 
no apreciar que la norma penal adolezca de un grado de vaguedad tal que infrinja el 
mandato de taxatividad que impone el art. 25.1 CE. La infracción que el art. 544 CP 
describe resulta reconocible con un razonable grado de claridad y, por tanto, debemos 
descartar  que  su  redacción  impida  conocer  de  antemano  qué  conductas  son 
susceptibles de ser castigadas bajo su ámbito, quedando debidamente preservado el 
principio de seguridad jurídica. El hecho de que el mencionado artículo se sirva de 
conceptos jurídicos indeterminados o emplee vocablos que admiten varios significados 
no empece la conclusión alcanzada, pues como ha quedado reflejado en un apartado 
anterior, nuestra doctrina admite la utilización de esos recursos, sin que por ello se 
resienta la garantía de taxatividad que forma parte del derecho reconocido en el art. 25.1 
CE. Estas consideraciones, por sí solas, descartan la pertinencia de plantear la cuestión 
interna de inconstitucionalidad que suscita el recurrente.
Queda un último punto que abordar, relativo al alegato de que la mera vigencia del 
art. 544 CP restringe el ejercicio de las libertades de expresión e ideológica, así como el 
derecho de reunión pacífica. La respuesta dada anteriormente sobre la inconcreción del 
precepto determina de por sí que esta queja decaiga, al estar vinculada a la vulneración 
del  principio  de  taxatividad.  No  obstante,  resulta  pertinente  exponer  varias 
consideraciones adicionales.
Así, en relación con el art. 544 CP, se afirma en la demanda que «su mera vigencia 
puede restringir de modo patente el ejercicio de los derechos fundamentales». En los 
términos en que se ha formulado la denuncia, únicamente se advierte de la eventual 
causación de un perjuicio hipotético, lo cual determina que la misma deba ser rechazada. 
Para ello, basta recordar nuestra doctrina compendiada, entre otras resoluciones, en la  e.
STC 177/2005, de 4 de julio, FJ único, en cuya virtud no cabe considerar el recurso de  w.b
amparo como un mecanismo ad cautelam para la tutela de los derechos fundamentales: 019ww
«[C]onstituye reiterada doctrina constitucional que el recurso de amparo no tiene
ScaTrCác 1te6r5 /c1a9u9te9l,a dr,e n 2i 7a ldcea nszeap taie mprbortee,g FerJ  e8v),e netxuigaileensd loe seiol nineesx cnuos apbroled upcreidsausp u(peosrto t oddea sla, 
violación de los derechos o libertades públicas mencionadas en el art. 41.1 LOTC. Este
tribunal, desde su más temprana jurisprudencia (ATC 98/1981, de 30 de septiembre, 
FJ 4; y STC 77/1982, de 20 de diciembre, FJ 1), ha requerido como presupuesto 
inexcusable de la petición de amparo que esta se formule en razón de la existencia de 
una lesión efectiva, real y concreta a un derecho fundamental, lo que no sucede cuando 
lo  que  se  contiene  en  la  demanda  es  la  mera  invocación  de  un  hipotético  daño 
potencial.»
Al margen de lo expuesto, también se constata que el precepto penal no castiga la 
movilización masiva de personas cuyo propósito consista en exteriorizar de manera 
pacífica una protesta. El tipo penal exige que la actuación multitudinaria se conduzca, al 
menos, por vías extralegales y que, con ello, se persigan algunas de las finalidades 
netamente contrarias al funcionamiento medular del Estado de Derecho que el precepto 
detalla; medios y fines estos que no encuentran amparo o justificación en el ejercicio 
legítimo de ningún derecho fundamental reconocido por la Carta Magna. Por tanto, si la 
conducta descrita en el precepto no cercena ninguno de los derechos que la demanda 
cita, tampoco cabe deducir, del tenor del precepto, un «efecto desincentivador» para el 
ejercicio de estos; aspecto este sobre el que se abundará con mayor detalle en otro 
aparado posterior.
11.3  Abandono ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la participación.
11.3.1 Posiciones de las partes.
La primera de las denuncias de este apartado se identifica como el abandono ad hoc 
del principio de accesoriedad limitada en la participación. En síntesis, la queja se articula 
del  siguiente  modo:  (i)  según  el  relato  de  hechos  probados,  la  intervención  del 
demandante sería la propia de un inductor, por propiciar, posibilitar o determinar el 
alzamiento de otros; (ii) la práctica totalidad de las personas que intervinieron como 
manifestantes y como votantes en los actos de 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, 
respectivamente, no han merecido reproche penal alguno y, en los casos aislados en que 
se ha exigido responsabilidad penal «por ejercer activamente resistencia contra las 
fuerzas del orden, la propia fiscalía y la abogacía del Estado han admitido y aceptado 
condenas por un delito de atentado y lesiones leves»; (iii) se ha producido una quiebra 
manifiesta de las reglas generales sobre la participación, al considerar que en el delito de 
sedición todos los acusados fueron coautores; (iv) en el presente caso, el abandono del 
principio de «accesoriedad limitada» en la participación determina que el demandante 
haya sido condenado por dirigir el primer alzamiento sin alzados de la historia; y ello 
porque  el  tribunal  sentenciador  ha  pretendido  «escarmentar  a  los  máximos  líderes 
políticos y sociales del movimiento independentista».
Para la abogacía del Estado, el motivo no puede prosperar porque ello supondría 
ignorar  la  especialidad  del  art.  545  CP.  Refiere  que  el  demandante  no  ha  sido 
considerado partícipe sino autor, al evidenciarse una estrategia de conductas que cada 
uno de los acusados asumió, con dominio funcional del hecho. El partido político Vox 
sostiene en sus alegaciones que la participación del demandante en el alzamiento 
sedicioso está perfectamente acreditada, no como partícipe accesorio sino como autor 
de los hechos. Para el fiscal, el demandante ha sido condenado como coautor de un 
delito de sedición y no como partícipe, por lo que no sería de aplicación el principio de 
accesoriedad  en  la  participación.  Su  conducta  ha  colmado  el  elemento  objetivo  y 
subjetivo del tipo penal de sedición, por lo que, en definitiva, la sala de enjuiciamiento no 
ha modificado su doctrina sobre el principio de accesoriedad, ya que consideró que esta  e.
doctrina no era aplicable en el presente caso. w.
sust1Ea1nn. c3si.a2el dmeeR njeutesdp iccuoiaeinls tcsaied d eednlit oeó srcg opanontroe v sjautardicoicisóia ncl .oan deesntaa dqouse. jSa,e  qeuxep rfeusea  pelna nlotesa fduan deanm eténrtmosin does   OE-A-2021-10able en https://
Derecho 3.2.2.3 B) (respecto del señor Forn), 4.2.3 (respecto del señor Sànchez), 6.2.3
(respecto del señor Turull), 7.2.3 (respecto del señor Rull) y 9.4 (respecto de la señora 
Forcadell), del auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. En relación con 
el demandante, la argumentación dada fue la siguiente:
«La vulneración relacionada con la infracción de la propia jurisprudencia de esta Sala 
sobre el principio de accesoriedad limitada ha de ser desestimada por las razones 
reiteradas a lo largo de esta resolución.
El señor Rull ha sido condenado como autor de un delito de sedición y no como 
partícipe en el delito cometido por otros. De conformidad con la sentencia, con su 
comportamiento, junto al de otros condenados, puso las bases que propiciaron las 
condiciones de la movilización ciudadana, impidió el normal funcionamiento del Estado 
que actúa en defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum 
ilegal y participó también en su realización. Su actividad no se limita a una idea, o a su 
expresión, sino a la ejecución de actos que supusieron la creación de unas condiciones 
que sitúan al proceso en la ilegalidad, poniendo las condiciones que estimó precisas 
para impedir el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación de Estado de 
acuerdo a la legalidad.»
No  obstante,  el  grueso  de  la  argumentación  judicial  figura  en  la  letra  B)  del 
apartado 3.2.2.3 del indicado auto, cuyo tenor es el siguiente:
«Niega el incidente que pueda hablarse de dirigentes o autores principales, si antes 
no  se  declara  que  existen  sediciosos  alzados  tumultuariamente.  Y,  mucho  menos, 
inductores a la sedición, sin hecho principal, por razón de la vigencia del principio de 
accesoriedad de la participación. Y, estimando que el comportamiento observado por los 
miles de ciudadanos catalanes involucrados en los hechos no cumple, cuanto menos, el 
tipo  de  un  delito  tan  grave  como  el  de  sedición,  no  existiría  base  para  aplicar  a 
continuación el art. 545 del CP a quienes induzcan o lideren tal situación. Lo contrario 
acarrearía –según el incidente– la vulneración del principio de legalidad en los términos 
indicados.
Conviene recordar, no obstante ser lugar común en la doctrina, que la sedición se 
construye en el tipo como de naturaleza plurisubjetiva y, dentro de tal categoría, como 
unilateral o de convergencia. Los plurales autores materiales no son "partícipes" en delito 
ajeno. Todos convergen con su aportación, incluso con diversidad de funciones, a la 
consecución de la finalidad típica. Si bien eso no es incompatible con la figura del 
partícipe por inducción, los especificados en el artículo 545 como los que han "inducido, 
sostenido o dirigido" no puede equiparase a la figura del partícipe por inducción de la 
sedición que otros llevan a cabo. "Inductores" significa ahí lo que el antiguo artículo 219 
de anteriores Códigos penales tildaba de "promotores". Se refiere solamente a los que, 
concurriendo en ellos aquellas notas, también ejecutan la sedición desempeñando su 
particular papel.
En tales específicos casos de colectividad delincuente no rigen principios solamente 
predicables en caso de participación de unos en delitos de otros, como lo exigiría el 
principio de accesoriedad. Muy al contrario, en aquellos supuestos el principio rector de 
imputación es el de imputación recíproca. A todos se imputa lo que haga cualquiera de 
los coautores que actúa bajo acuerdo común.
Y ello aunque esa contribución, por parte de los que en tumulto ejecutan el elemento 
objetivo del tipo, no origine la misma responsabilidad penal o incluso no dé lugar a 
ninguna. Ya porque estos no actuaran compartiendo voluntariamente en su totalidad el  s
sedicente programa de los otros autores, ya porque no concurra el elemento subjetivo  oe.
ppnerruxoeilgictdeiebandldesi mi.o sYinee e nesptno r tsetao tle dqcnouod ecmea  ospy ouah,e  andsnoea   sneie sdx eoaps llfgtiocaoarr m  qsquuiulegae udn iaéonsnsu  decposoostrrrer ae la scsfpuo onanncctdriuóaesn  ad ocistliureooc nsiced isaña,re .c s uEiansn a  idldnaeot ecssrie dfneeirtrn eir sn oecdbniiasr  etoicn turtlaoyoasss     2021-10019n https://www.
juzgados  o  tribunales.  No  tenemos  que  valorar  esas  actuaciones,  tampoco  para
bendecirlas o declararlas atípicas. No es superfluo recordar que la sentencia declara
probado que los acusados concertaron como estrategia "crear una aparente cobertura 
jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría 
contribuyendo al acto fundacional de la República Independiente de Cataluña". Si eso se 
hace aprovechando la ventaja y la auctoritas de quien desempeña responsabilidades 
institucionales, tampoco podría excluirse la concurrencia de un error exonerante en 
buena parte de la ciudadanía que acudió a sendas convocatorias de los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre, en la creencia de una pretendida cobertura jurídica del acto al 
que se les invitaba con insistencia desde sedes institucionales de Cataluña.
Por ello el similar alegato de la defensa recibió la respuesta recogida en la sentencia 
al glosar el juicio de autoría [cfr. juicio de autoría; 1.–delito de sedición; c) página 301]. 
Considerando a los ciudadanos concurrentes el 20 de septiembre y el 1 de octubre 
ajenos a todo error e imputables, se nos alegaba por la defensa que ello implicaría un 
punto desde el que operaría la "prohibición de regreso" en la sucesión causal, en la que 
ya  no  incidiría  el  señor  Forn  con  posterioridad.  Como  allí  dijimos  esa  actuación 
ciudadana está lejos de ser "extraña" a los actos del señor Forn, que la preordenó y 
promovió con el acuerdo de los otros acusados. De ahí que le hayamos imputado tanto 
el riesgo y lesión del bien jurídico como la realización de los funcionales hechos-medio 
que lo causaron.»
Frente al esquema argumental del recurrente, que en base al contenido del relato 
fáctico  considera  que,  todo  lo  más,  podría  ser  reputado  partícipe  en  unos  hechos 
realizados por terceros innominados, el tribunal enjuiciador refuta ese alegato bajo una 
doble consideración: (i) que el demandante no ha sido condenado como partícipe sino 
como  coautor  principal  de  un  delito  de  sedición;  (ii)  que  los  ciudadanos  que  se 
manifestaron el día 20 de septiembre y los que participaron en la votación el día 1 de 
octubre de 2017 son ajenos al presente enjuiciamiento, por lo que de su eventual 
responsabilidad penal nada cabe decir.
11.3.3  Resolución de la queja.
Antes  de  proceder  a  resolver  el  motivo  resulta  pertinente  dejar  constancia 
nuevamente sobre cuál debe ser el alcance de nuestra respuesta. A este respecto, 
debemos indicar que no procede que nos pronunciemos de manera global sobre la 
constitucionalidad del grado de participación atribuido al demandante, pues únicamente 
nos compete resolver, en congruencia con el motivo alegado, si el tribunal sentenciador 
ha omitido la aplicación del principio de accesoriedad limitada al valorar ese aspecto y, 
con ello, ha generado una lesión susceptible de tutela en esta sede; pero no por 
contravenir el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), puesto que ni 
expresamente se invoca esta lesión en la demanda, ni tampoco se ofrece un elemento 
de contraste (tertium comparationis), que permita cotejar el abandono selectivo de esa 
doctrina jurisprudencial consolidada, sino desde la perspectiva propia de la eventual 
vulneración del derecho reconocido en el art. 25.1 CE.
Seguidamente, a fin de abordar la denuncia en toda su dimensión procede reflejar, 
siquiera sucintamente, el contenido de la denominada teoría de la accesoriedad limitada 
en materia de participación que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Aun cuando es 
de fecha posterior a las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso, la 
STS  623/2020,  de  la  Sala  de  lo  Penal,  de  19  de  noviembre,  FJ  3,  sistematiza 
detalladamente el contenido y alcance del consolidado principio de accesoriedad limitada 
en la participación: s
«La importancia que el principio de accesoriedad tiene en la dogmática mayoritaria y  w.
en  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  no  necesita  ser  argumentada.  De  hecho,  aquel  019ww
opbrinstcáipciuol oh, a slleing adeom baa sregro ,c onpsairdae raredcoo cnoomceor  unqau en ecneos idfaadlt acno ncperpotpuuael.s tEalslo  ndoo gdmebáeti csaesr 
amcinceosriotarireiadsa dq, uaer geuxmpelicnatann dlao  qcoupea ertli cpipaartcícióipne  sriena lnizeac essui dpardo pdioe  inrejucsutorr.i rP aels ep rain ctoipdioo,  dees   BOE-A-cable e
cierto que esta Sala –en sintonía con la doctrina dominante–, ha convertido el principio 
de accesoriedad en uno de los fundamentos del castigo del partícipe y de este dato 
incuestionable hemos de partir para concluir la ausencia de la infracción legal que 
denuncia el recurrente. El principio de accesoriedad, pese a la sutil propuesta de la 
defensa del recurrente, no se explica por la relación entre el partícipe y el autor material, 
sino por la acción que uno y otro protagonizan. Para que pueda haber accesoriedad es 
indispensable que exista un hecho principal típicamente antijurídico. El que ese hecho de 
relevancia jurídico-penal pueda ser atribuido a una persona concreta o que aquella a la 
que  inicialmente  se  imputaba  resulte  absuelta,  en  nada  afecta  a  la  afirmación  de 
accesoriedad. Llevado el razonamiento de la defensa a sus últimas consecuencias, 
habríamos de aceptar que, en un supuesto, por ejemplo, de asesinato en el que hubieran 
resultado procesados el autor material y varios cooperadores necesarios, el fallecimiento 
del primero obligaría al sobreseimiento de la causa respecto de los restantes [...].
El artículo 28 del Código penal lo que exige, es que los intervinientes, ya sean los 
"considerados"  autores,  como  inductores  o  cooperadores  necesarios,  ya  sean  los 
cómplices, participen en la ejecución de un hecho. El que realiza el autor principal. Tal 
precepto  concibe  la  participación  conforme  a  la  denominada  accesoriedad  limitada. 
Basta la comisión de un hecho antijurídico, aunque su autor no sea culpable. Pero, 
doctrina  y  jurisprudencia  convienen  en  que  se  excluye  si  el  hecho  del  autor  está 
justificado. Es decir, no se admite que la participación esté condicionada, solo por una 
accesoriedad mínima [...].»
El órgano sentenciador concluyó que el recurrente no se limitó a participar en un 
delito de sedición ejecutado por un tropel de ciudadanos, pues estimó que su actuación 
encaja plenamente en la figura del coautor principal. En el juicio de autoría, que figura en 
el apartado C) 1 de la sentencia (ya sintetizado en los antecedentes de esta resolución), 
dicho órgano explicita las razones que le llevaron a colegir que el demandante es autor 
del delito de sedición, junto a otros condenados, amén del juicio singularizado que figura 
en el apartado C) 1.5. En esos apartados, se puso de relieve la creación o el incremento 
del riesgo que su conducta supuso para el bien jurídico protegido y la incidencia que tuvo 
en  relación  con  los  comportamientos  tumultuarios,  con  episodios  ocasionalmente 
violentos, que se produjeron. Esa actuación dio lugar a que fuera condenado al amparo 
de lo dispuesto en el art. 545.1 CP, precepto este que castiga a quienes «hubieren 
inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales 
autores»; siéndole apreciado, además, el subtipo agravado que en la norma citada se 
recoge, por tratarse de una «persona constituida en autoridad».
Por su parte, en el auto resolutorio del incidente de nulidad se detallan los motivos 
por los que el demandante no fue considerado un mero partícipe por inducción de un 
delito cometido por otros autores; principalmente, porque su comportamiento se valora 
como el de un verdadero «promotor» del delito de sedición, al que se refería el art. 219 
del anterior CP, lo que determinó que su obrar fuera catalogado como propio de un 
coautor principal que, conforme a ese rol, desempeñó su particular papel y, por ello, fue 
acreedor de la imputación recíproca de todo lo que hubieran realizado cualquiera de los 
coautores que actuaron bajo acuerdo común.
Por otro lado, la Sala defendió la inaplicación del referido principio de accesoriedad 
limitada en base a las consideraciones que le mereció la conducta de los ciudadanos 
que  participaron  en  la  votación,  el  día  1  de  octubre  de  2017,  y  concurrieron  a  la 
manifestación acaecida el 20 de septiembre anterior, en los términos que han sido 
reflejados. Ciertamente, no todos los intervinientes tuvieron un mismo comportamiento;  e.
pero, como así se indica en la sentencia, las conductas de los individuos que participaron  w.b
en esos eventos son ajenas al juzgamiento del tribunal sentenciador, habida cuenta de  019ww
qpuaert eesl  oabcjuestoa ddoerla psr. esPeonrt ee plloro, celas oa qcutueadcóió cni rcmunusltcitruitdoi naa rlioas  deex treemsooss  atecrocteardooss  npoo r fluaes 
dinimdivaindau aelml pernetsee vnatelo rreacduar seon  dsee daem jupdaircoia, ln, ip cuoenss ntai  ftuaemropno caoc uqsuaed olos  heany ealn p sroidcoe,s poo dr edl eqluiteo 
de sedición, en otros procedimientos.
A la vista de lo expuesto, debemos convenir que el órgano de enjuiciamiento no ha 
vulnerado el derecho reconocido en el art. 25.1 CE por el motivo que le imputa el 
recurrente. El hecho de que la participación del demandante se considere como la propia 
de un autor en sentido estricto, con base en argumentos tales como que el delito de 
sedición  es  de  naturaleza  «plurisubjetiva»  y  de  «consumación  anticipada»;  que  el 
comportamiento de los condenados supuso un incremento del riesgo para el bien jurídico 
protegido; y que el demandante realizó, conforme a lo ideado de consuno, la aportación 
individual para la consecución de la finalidad delictiva, de manera que a todos los 
autores les es imputable lo realizado por los otros, no son razones que quepa tildar de 
aberrantes,  irrazonables  o  arbitrarias,  sin  que  tampoco  se  aprecie  contrariedad  al 
parámetro de razonabilidad metodológica y axiológica asentado por nuestra doctrina.
Por otro lado, que los terceros que participaron en los actos multitudinarios no hayan 
sido enjuiciados por los hechos que han dado lugar a la condena del demandante, no 
autoriza  a  colegir  que  actuaran  amparados  por  una  causa  de  justificación,  en  su 
acepción jurídico-penal; circunstancia esta que, de haberse apreciado respecto de los 
autores permitiría excluir la responsabilidad criminal de los partícipes, con fundamento 
en la teoría de la accesoriedad limitada. Sin embargo, como aquellos terceros no han 
estado sujetos a un procedimiento penal, cualquier valoración sobre la relevancia de su 
conducta en ese ámbito resulta improcedente, más aún en esta sede constitucional.
El hecho de que la actuación de la multitud de personas que, según se describe en el 
relato  fáctico  de  la  sentencia,  intervino  en  los  hechos  acaecidos  los  días  20  de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, sí se haya valorado en su dimensión colectiva para 
apreciar  del  delito  de  sedición,  no  obsta  la  anterior  conclusión.  Como  ya  hemos 
advertido, el objeto de nuestro pronunciamiento respecto de este motivo no se proyecta 
sobre la problemática que, en toda su extensión, pueda suscitar el concreto grado de 
participación que se atribuye al demandante. El alcance de nuestra respuesta es más 
limitado,  pues  se  circunscribe  a  dirimir  si  el  órgano  enjuiciador  ha  efectuado  una 
exclusión ad casum del principio de accesoriedad que resulte contraria al mandato del 
art. 25 CE. Y como ya se ha indicado, sobre ese concreto aspecto no se vislumbra que 
se haya producido la vulneración denunciada.
Finalmente, hemos de añadir que no le corresponde a este tribunal pronunciarse 
sobre si las respuestas dadas por el órgano judicial son las únicas que se ajustan a 
Derecho, pues ello supondría adentrarse en una labor que queda extramuros de nuestro 
cometido. Ahora bien, de acuerdo con la función de control que nos compete, reiteramos 
que  el  tribunal  sentenciador  ofrece  una  argumentación  que,  de  manera  razonable, 
descarta  que  haya  existido  un  abandono  selectivo  e  interesado  del  principio  de 
accesoriedad limitada en la participación, en el entendimiento de que no concurrieron los 
presupuestos para la aplicación de ese principio, al entender que el demandante, junto a 
otros encausados, fue coautor de los hechos.
11.4  Aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados.
11.4.1  Posiciones de las partes.
La  tercera  de  las  quejas  asociadas  al  principio  de  legalidad  en  materia  penal 
(art. 25.1 CE) concierne expresamente a la interpretación y aplicación judicial del tipo de 
sedición (art. 544 CP), en el entendimiento de que el órgano judicial ha sobrepasado los 
límites del referido artículo y ha hecho uso del instituto de la analogía in malam partem. 
El reproche que se dirige a la labor de subsunción se refiere tanto a los acontecimientos  s
que tuvieron lugar el día 20 de septiembre del 2017 como a los que se produjeron el  oe.
cscdoeoíanpn stfii1iegd muedrrbeaar nceo i ócsenteul   bloadre des uluidtcoceee l: d di(indei)do  il caslao edfsdao ilcd taiíaóa ñnsdo, e .2  a0cRl o ednsencp orsee eccqptióoutin eed dmdeaeb r  rloelacs  ly as hre1oen  cdtheseoni  sco sicaaot uclsabaomreebce riendd toeels o 2 s0se e1lh  7ed ctíooah,m o 2psó0 o q r dueeeenl     2021-10019n https://www.
contrario, se trata de un «alzamiento prolongado en el tiempo»; (ii) conforme al relato
histórico  de  la  sentencia,  lo  que  realmente  se  desarrolló  fue  una  manifestación
ciudadana de unas 40000 personas, en la que unos pocos participantes incurrieron en 
excesos, cuyo resultado se circunscribió a la causación de daños materiales; (iii) la 
resolución judicial que debía ejecutarse en la sede del Departamento de Economía solo 
se vio dificultada por la actuación de los terceros, pero no se impidió que llegara a 
materializarse, que es lo que exige el tipo penal; (iv) no se expresa en la sentencia qué 
concreta  intervención  tuvo  el  demandante  en  el  supuesto  «alzamiento  tumultuario» 
acaecido el 20 de septiembre del 2017. Alega también que no existe vinculación alguna 
entre este acontecimiento o los hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2017, y su 
supuesta negativa a que un barco policial atracara en el puerto de Palamós, maniobra 
que no fue formalmente solicitada. Finalmente, muestra su extrañeza por no haber sido 
condenado por un delito de desobediencia, como otros consejeros, al considerar que su 
conducta debe ser considerada equivalente.
En relación con los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017, la censura se 
contrae a los siguientes extremos: (i) la cesión de un único local gestionado por el 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad del que era responsable no puede convertirle 
en uno de los máximos cabecillas de la supuesta insurrección sediciosa; (ii) el relato 
histórico no recoge los elementos necesarios para la apreciación del delito de sedición, 
toda vez que omite aspectos relativos a las características de los enfrentamientos y sus 
concretas consecuencias y, sobre todo, no indica quién llevó la iniciativa insurreccional, 
pues para colmar las exigencias del delito de sedición no basta la mera obstaculización, 
interposición física o los enfrentamientos con la policía; (iii) no cabe subsanar esas 
deficiencias apelando a los móviles perseguidos mediante la atribución de conductas 
ajenas al tipo penal; (iv) a la vista del relato de hechos probados, cabe afirmar que se ha 
aplicado analógicamente el antiguo tipo penal de convocatoria de referéndum regulado 
en el art. 506 bis CP, que fue derogado en el año 2005.
Para la abogacía del Estado no ha tenido lugar la aplicación analógica que se 
denuncia, toda vez que la subsunción de los hechos realizada por el órgano judicial se 
ha  verificado  de  manera  lógica  y  acorde  con  principios  interpretativos  válidos  y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado. Afirma que existió un 
levantamiento multitudinario y generalizado, que fue proyectado de forma estratégica; 
que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de los convocantes y de 
quienes los secundaron; y que esa voluntad fue impuesta por la fuerza. Y en todos esos 
hechos, se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable 
de la movilización de resistencia activa.
Para el partido político Vox, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación 
analógica in malam partem del delito de sedición, pues la subsunción realizada no fue 
ilógica ni irrazonable ni, por ende, pudo resultar imprevisible.
El fiscal considera que los hechos declarados probados sí integran la tipicidad del 
delito de sedición, ya que describen actos de colectivos indeterminados de personas 
que, de forma exteriorizada y abierta, realizan conductas de enfrentamiento, hostilidad y 
resistencia  a  la  actuación  de  las  fuerzas  policiales,  con  la  finalidad  de  impedir  u 
obstaculizar el cumplimiento de resoluciones judiciales como los registros ordenados por 
un  juzgado  o  la  propia  celebración  del  referéndum  prohibido  por  el  Tribunal 
Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
También  se  detalla  el  concertado  papel  que  desempeñaron  los  acusados  y  la 
finalidad perseguida. Reitera que la conducta del recurrente se encuadra en el supuesto 
de hecho previsto en la norma punitiva; por ello no ha existido una aplicación extensiva o 
analógica de la norma sancionadora, pues esta ha sido respetuosa con su tenor literal y,  s
además,  no  cabe  apreciar  que,  por  su  soporte  metodológico  o  axiológico,  la  oe.
interpretación conduzca a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material  w.
de la norma. 019ww
típicNoso  odbesl taa laz alom dieicnhtoo  qtuume uellt ureacriuor,r epnutee sn os uh ubreiesrpao nresaalbizilaiddaod m  daeterirviaal mdeen tep rlooms ohveecrh oesl 
incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas, a la vez que contribuyó a la
pérdida de efectividad de facto de las leyes vigentes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.
Finalmente, el fiscal refuta que la conducta que se atribuye al demandante tenga 
exclusivo encaje en el derogado delito de referéndum ilegal del art. 506 bis CP, pues no 
estamos ante una mera desatención de los mandatos del Tribunal Constitucional ni ante 
una mera cuestión competencial sobre qué órgano estatal o comunitario es competente, 
sino ante una conducta que integra el delito de sedición.
11.4.2  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 7.2.4 del auto resolutorio del incidente de nulidad, el tribunal ofrece la 
siguiente respuesta a la queja de la recurrente, relativa a la aplicación analógica del 
delito de sedición:
«La subsunción jurídica en el delito de sedición de los hechos declarados probados 
con respecto al señor Rull no ha supuesto una aplicación analógica de esta infracción 
penal, sino que, como se deriva de los argumentos expuestos en la sentencia dictada 
[véase el punto 1.5 del apartado C) de los fundamentos de derecho de la sentencia], es 
lógica y acorde a criterios interpretativos válidos, que respetan los principios inspiradores 
del orden constitucional. Es preciso reiterar aquí alguna de las consideraciones de la 
sentencia sobre la autoría del señor Rull:
"La acción típica no requiere, para colmar la autoría, la realización personal de un 
acto  material  que  suponga  el  alzamiento  público  y  tumultuario  con  las  finalidades 
previstas en el tipo penal. Se trata de un delito en el que lo relevante es situarse en las 
vías  de  hecho,  promover  desde  la  propia  responsabilidad  el  incumplimiento  de  las 
resoluciones administrativas y judiciales. Se trata, en fin, de optar de forma decidida por 
una derogación fáctica del sistema normativo vigente y de la capacidad de ejercicio de la 
función jurisdiccional en un determinado ámbito territorial. Y esto es precisamente lo que 
hizo el acusado señor Rull. El delito de sedición se comete con actos de alzamiento, 
pero también con actos típicos que propicien el alzamiento de otros. Dicho con otras 
palabras, la autoría del delito no viene dada solo por la materialización efectiva del 
alzamiento, sino por la realización de conductas que propicien, posibiliten o determinen 
la realización de actos de alzamiento. El análisis de la autoría se condiciona a un "estar", 
consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga impedir, fuera de las vías legales, 
la  aplicación  de  las  leyes  o  la  correcta  actuación  de  las  autoridades,  funcionarios 
públicos  o  corporaciones  oficiales  mediante  decisiones  ejecutivas  que  enmarcan  el 
alzamiento."
En cuanto a la alegación de que los hechos eran subsumibles en el derogado tipo de 
convocatoria ilegal de referéndum, nos remitimos a lo dicho en relación con el incidente 
promovido por el señor Turull.»
En relación con el alegato del señor Turull sobre esta temática, en el apartado 6.2.4 
del referido auto figura la siguiente argumentación:
«Tampoco se ha producido una aplicación analógica del delito de sedición.
Como hemos destacado con anterioridad, la autoría del señor Turull "no se contrae a 
quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal, 
también se colma cuando se ponen las condiciones precisas para ese alzamiento. Lo 
verdaderamente relevante es oponerse de forma contumaz frente a la actuación de las  es
autoridades o corporaciones que actúan en aplicación las leyes, para hacer posible la  o
vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales" […].» 019ww
postNeori oroebss staen rtee,f ledjaardáa lsa  claosn tepsatartcicióunla qriudea deel só rdgea noe sjutad icqiaule djaio,  ae nla sd difiesrteinnttaess  cepnassuarjaess 
dirigidas contra su proceder.
11.4.3  Resolución de la queja.
Al  exponer  resumidamente  los  términos  del  motivo  que  ahora  nos  corresponde 
elucidar, siguiendo el propio esquema de la demanda, hemos disociado en la medida de 
lo posible las consideraciones que se relacionan con los hechos que tuvieron lugar el 20 
de septiembre de 2017, de aquellas otras atinentes a las circunstancias acontecidas el 
día 1 de octubre.
11.4.3.1  Todas las descalificaciones que el demandante dirige contra la sentencia, 
por  la  consideración  de  los  hechos  acaecidos  el  día  20  de  septiembre  como 
configuradores de un delito de sedición, quedan condicionadas por la respuesta que 
quepa dar a la alegación relativa a que del contenido de la citada resolución no se 
desprende qué vinculación tuvo la conducta del recurrente con el favorecimiento de los 
incidentes del 20 de septiembre de 2017. Hemos de convenir con el demandante en que, 
en el juicio singularizado de autoría que figura en el apartado C) 1.5 de la sentencia, no 
se formula ningún razonamiento que expresamente le vincule con los incidentes habidos 
el día 20 de septiembre de 2017. Ahora bien, como a continuación se explica, esa 
circunstancia no determina que la queja deba ser estimada.
El alegato del recurrente se asienta en la siguiente premisa: que la responsabilidad 
que pudiera serle exigida por esos acontecimientos se debe anudar, necesariamente, a 
su intervención personal y directa en los mismos. Sin embargo, el tribunal sentenciador 
no ha fundado su decisión en este postulado, pues como a continuación se expone tuvo 
en  cuenta  otros  factores  que  se  desarrollaron  previamente.  Concretamente,  en  el 
apartado C) 1 de la sentencia se formula el juicio de autoría general sobre el delito de 
sedición y se razona sobre la imputación colectiva que recae sobre algunos acusados, 
entre ellos el demandante:
«[E]l comportamiento atribuido a [algunos de los acusados] permite atribuirle los 
riesgos de lesión de tales bienes jurídicos e incluso de su material concreción, tanto del 
recurso a comportamientos tumultuarios, como episodios en ocasiones violentos y en 
todo  caso  fuera  de  las  vía  legales,  cuanto  de  las  consecuencias  de  efectivas 
derogaciones  de  la  legalidad  y  obstrucciones  al  cumplimiento  de  órdenes 
jurisdiccionales. [...]
En cuanto a los acusados miembros del Govern la actividad penalmente típica –
derogación  de  hecho  de  leyes  vigentes  y  válidas  a  sustituir  por  no  válidas  y  la 
movilización  de  ciudadanos  para  comportamientos  tumultuarios  obstativos  de  la 
ejecución de órdenes jurisdiccionales– les es objetivamente imputable como colectivo, 
en cuanto garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición: 
a) tal como concreta la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña, 
el Govern es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la administración 
de la Generalidad; b) el Govern ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la 
potestad reglamentaria y las demás funciones que le asignan la Constitución, el Estatuto 
y las leyes; c) de manera específica, además, la Ley catalana de la policía autonómica 
(Ley 10/1994, de 11 de julio) establece en su artículo 2 que corresponde al Govern de la 
Generalitat, por medio del presidente, el mando supremo del cuerpo de Mossos d
´Esquadra. Este mando lo ejerce la persona titular del Departamento de Gobernación, en 
los  términos  que  establece  el  artículo  16.  Y  este  atribuye  al  departamento 
correspondiente de la administración (artículo 16.2) el mando y la dirección superior del 
cuerpo de Mossos d´Esquadra. Pese al carácter genérico de tales competencias, estas  s
confieren normativamente, y no solo como poder sino también como deber, un efectivo  oe.
acfinuo engnfcaticriróoaanlnc  detdizesea.l   rArp eqoqauluilce ecí lalluaa m sjur pedfulsiicmepiroaizenla nsysta,o  bde iednli ed sg aeleodgn  udoerirrirddaeealc,n dtdia vdedae o,o p irmeednnped onsine upen úe teubjesnlir accgo iaoc ribooal .inmg tDaieccerei aóno n tser eadl g ecsu uuvrmiiedgrpaitlleadim n dccieeiiuanvd etdoani drddiagreíniad alnaa.     2021-10019n https://www.
Es decir, el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales. Mucho más, si cabe, a
conjurar todo riesgo de obstrucción a tal cumplimiento.»
Por otro lado, al responder a una alegación de la defensa del señor Forn, relativa a la 
«prohibición de regreso» por la actuación voluntaria y libre de los terceros no acusados, 
en el referido apartado se pone de manifiesto la importancia de la actuación concertada 
entre los acusados:
«Lejos  de  ser  extraña  la  actuación  de  los  ciudadanos  descrita  en  los  hechos 
probados,  fue  preordenada  y  promovida  ex  ante  por  los  acusados  como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  en  la  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento  de  decisiones  legítimas  de  órganos  jurisdiccionales,  riesgo  luego 
realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados.
Por ello, la imputación objetiva a todos los citados acusados lo es tanto del resultado 
típico de riesgo e incluso lesión del bien jurídico protegido cuanto del medio en que tal 
riego se generó, es decir del tumulto en el que se enmarcaron los actos hostiles, y, en 
caso, violentos.»
Por último, procede destacar la argumentación que el apartado D) 1 de la sentencia, 
al dilucidar sobre las penas que procedía imponer al demandante y al señor Forn:
«Los  señores  Forn  y  Rull  eran  miembros  del  Govern.  Su  protagonismo  en  las 
decisiones reglamentarias que determinaron la creación de una legalidad paralela ya ha 
sido subrayado. Su responsabilidad en la movilización tumultuaria dirigida a demostrar la 
pérdida de potestad jurisdiccional de los jueces de Cataluña, se vio facilitada por los 
respectivos cargos que desempeñaban. Los tres acusados anteriores participaban, como 
ha quedado expuesto, del carácter de autoridad [...]»
Los fragmentos transcritos ponen de relieve que la citada resolución sí expresa las 
razones por las que considera al recurrente responsable del «alzamiento tumultuario» 
acaecido el 20 de septiembre de 2017. Esa vinculación no se establece de manera 
individualizada ni tampoco se sustenta en que hubiera tenido una intervención personal 
en los incidentes. Como así se refleja en los párrafos reproducidos de la sentencia, su 
responsabilidad se anuda a una actuación realizada de consuno por varios acusados 
que, con su proceder respectivo, generaron o incrementaron el riesgo de inaplicación de 
las leyes y el incumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, de suerte 
que  a  todos  los  acusados  mencionados  les  son  imputables  los  actos  hostiles  y 
episódicamente violentos que se desencadenaron, dada la relación existente entre estos 
incidentes  y  la  actuación  precedente  de  aquellos.  En  suma,  la  vinculación  del 
demandante con esos eventos se funda en la existencia de una acción concertada en la 
que este último participó, conforme a una estrategia de favorecimiento de la movilización 
de los ciudadanos, que fue diseñada a modo de instrumento efectivo de oposición a la 
vigencia de las leyes y al cumplimiento de los mandatos judiciales, con la finalidad de 
organizar un referéndum que fue declarado contrario a la Constitución por este tribunal.
A lo dicho debemos añadir los argumentos dados en la sentencia para justificar la 
coautoría del recurrente –y no la mera condición de partícipe en el delito ejecutado por 
otros–, que ya se han tenido en consideración al analizar un motivo anterior. Y en 
cualquier caso, debe advertirse que en el individualizado «juicio de autoría» relativo al 
demandante [apartado C) 1.5], se detallan las circunstancias por las que al recurrente se 
le considera autor del delito de sedición [que aparecen compendiadas en el punto (ii) del 
antecedente 2 p) de esta sentencia], que reflejan la activa promoción que llevó a cabo 
del  «referéndum»  y  su  contumaz  oposición,  como  miembro  del  Govern,  a  que  la 
normativa vigente fuera efectivamente aplicada. e.
11.4.3.1.1  Aduce el demandante la falta de concreción de la sentencia sobre los  019ww
choencshiodse rqauceió cno lnof igsuurcaend iedlo d leolsit od díaes  s2e0d idcieó ns,e aplt ineom qburee dya 1r  cdlaer oo cstiu sborela mdee n2te0 1s7e  oto, mpoór  eenl 
contrario, se trata de un «alzamiento prolongado en el tiempo». Al resolver sobre la
alegada insuficiencia del relato histórico, en el apartado 3.2.2.3 A) del auto resolutorio del 
incidente de nulidad, el tribunal sentenciador razonó del siguiente modo:
«A)  La  defensa  del  señor  Forn  minimiza  lo  que  reconoce  que  ocurrió, 
considerándolo un mero enfrentamiento aislado y no significativo, dadas las dimensiones 
de la movilización, pero sin que se constaten agresiones o acometimientos masivos 
activos.
No habría habido así "alzamiento" en la simple interposición física de grupos de 
personas, que disuadían por su número a los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y que, a lo sumo, obstaculizaban y retrasaban la actuación de 
dichos agentes, sin impedirla definitivamente, cuando estos empleaban la fuerza. El 20 
de septiembre –se arguye– el objetivo de "impedir" la actuación judicial no sería lo 
perseguido por los concentrados, si por impedir se entiende realmente "imposibilitar" y no 
meramente "interferir o entorpecer" la cumplimentación de aquella resolución. Se valora 
que  el  tumulto  imputado  a  los  autores  no  pone  efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del estado democrático de Derecho. Califica de "sedición postmoderna", 
pero no típica, la movilización multitudinaria dirigida a demostrar la neutralización de la 
función constitucional atribuida a los jueces, la cual, llega a decir el penado en su 
incidente, haría del Estado una "víctima comunicativa" de su propia violencia.
No reiteraremos ahora el relato íntegro de hechos probados de la sentencia, sino 
solamente las líneas que resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la 
artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de 
este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los 
coacusados y penados señores Sánchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando 
diversas  detenciones  dispuestas  para  garantizar  la  presencia  de  los  detenidos  en 
registros inmediatos por orden del juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron 
y  lograron  concentrar  una  gran  multitud  de  ciudadanos  para  lo  que  denominaban 
eufemísticamente  "defensa"  de  las  instituciones  catalanas  y  se  motivaba  a  los 
convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los 
que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial "no podrían con todos 
ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho 
probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer 
inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción 
desde dicho edifico de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la 
administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del 
lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo 
simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con 
ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del 
ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante 
minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche 
camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial.
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo 
de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal 
Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había 
ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y 
ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho  e.
probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a  w.b
colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos  019ww
Tenri bquunea la Scuudpieerrioonr  dpea rJau sdtaicri ac udme pClimatiaelnutñoa .a  Alog ernetseuse lqtou ep oern  enl uTmriebruonsaols C coanssotsit udceiosnisatile yr oenl 
drees ihsatecnecri ac udme pelisro asq gureulplaoss  ódred epneerss ojnuadsic"i.a Dleesl  aenntfere lnat a"mobievniato  imy preossiisbtielidnacdia  dsee  vdeenricvearr olan 
lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da
por  probado  es  incompatible  con  la  repetida  descripción  de  una  actitud  ciudadana 
limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los 
agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, 
evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales 
hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora 
ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la 
sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la 
finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el 
relato de lo probado.
El programa delictivo de los penados preveía –como se proclama en el hecho 
probado  3–  la  estrategia  de  utilizar  a  multitudes  de  ciudadanos  para  "neutralizar 
cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas 
del Estado". En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el 
extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del 
ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes 
de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para 
esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los 
juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron 
a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento. A esa actuación extraviada o fuera 
de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de "fuerza", entendiendo por tal 
el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el 
que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se 
estimaron necesarias. Criterio este el único que determinó los momentos y lugares de su 
empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como "abierta 
hostilidad", descrita en el hecho probado 9, y "enfrentamientos", de que da cuenta el 
hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o 
no violencia activa.
Ello no diluiría la tipicidad de los comportamientos. Y no solamente por la diferencia 
entre los supuestos de abierta tiranía o injusto colonialismo que han estado presentes en 
los contextos históricos que legitimaron aquellos movimientos. Basta para esa conclusión 
reparar en el contenido de las leyes antidemocráticas y sedicentes aprobadas los días 6 
y 7 de septiembre de 2017, conforme al plan de los acusados como punto de partida. 
Puede ser suficiente considerar el estatuto político, social o económico que ha definido el 
entorno en que se han ejecutado los hechos o pensar, en fin, en la posición y los medios 
que a los autores del hecho concedía su integración en la estructura del Estado, cuyas 
leyes fueron derogadas y sus jueces abiertamente desobedecidos.
En  cualquier  caso,  para  satisfacer  las  exigencias  del  tipo  penal  de  sedición, 
acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío –actuar fuera de las 
vías legales–, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos.
Tampoco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para 
tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la 
interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos 
colectivos  de  ciudadanos  intentando  el  incumplimiento  de  órdenes  judiciales,  cuya 
acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe 
ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el 
ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se 
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se  s
integran los movilizados. oe.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos  w.
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos  019ww
qdueel J luozggraardoon  noúbmst.r u1i3r  dlae e Bfeacrctievildoanda  yd ed elal sT róibrduennael sS eumpearnioard daes  Jduesl tTicriiab udnea Cl Catoanlusñtiatu.»cional,
A la vista de lo relatado en los párrafos transcritos, constatamos que la respuesta
judicial destaca de modo elocuente los aspectos en que se sustenta la apreciación del
delito  de  sedición.  En  los  apartados  9  y  12  del  relato  de  hechos  probados  de  la 
sentencia,  se  pone  de  manifiesto  lo  que  el  tribunal  sentenciador  considera  actos 
configuradores del «alzamiento tumultuario» que exige el tipo penal, mientras que en 
apartados anteriores se detalla el desarrollo de la estrategia ideada por los acusados. 
Por tanto, la censura ahora analizada debe decaer pues, con un razonable grado de 
concreción, el órgano sentenciador ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar 
la existencia de la infracción penal y, ante la denuncia planteada en sede judicial, ha 
dispensado una respuesta acorde con las exigencias de motivación que nuestra doctrina 
requiere.
11.4.3.1.2  Se  alega  también  que  los  hechos  que  tuvieron  lugar  el  día  20  de 
septiembre de 2017 no conforman el delito de sedición tipificado en el art. 544 CP. 
Básicamente dos son las razones en las que se sustenta este aserto: i) por un lado, que 
fueron muy pocos los congregados que incurrieron en excesos que, a lo sumo, derivaron 
en daños materiales ocasionados; ii) y, por otra parte, que la actuación de estos últimos 
dificultó la práctica de la diligencia judicial pero no impidió su cumplimiento, que es lo que 
exige el tipo para su consumación.
Coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las 
inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
(unas 40000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente 
acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato 
fáctico  no  se  afirma  que  la  totalidad  de  los  allí  reunidos  tratara  de  impedir  el 
cumplimiento de la resolución judicial (se relata que «coexistían gritos reivindicativos, 
contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, 
otros promovidos por los organizadores»). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja 
con nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia 
judicial que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los 
detenidos en el edificio a registrar, y de que la letrada de la administración de justicia 
solo pudo abandonar el lugar del registro «infiltrándola entre los espectadores que 
abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la 
azotea de los edificios», mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) 
«solo  pudieron  salir  cuando  la  manifestación  ya  se  hubo  disuelto,  haciéndolo 
concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre 
y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha».
También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la 
convocatoria, así como el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el 
señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que 
perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección. 
Asimismo, en el relato histórico se describen los incidentes que se produjeron con 
ocasión  de  los  registros  en  el  domicilio  de  don  José  María  Jové,  en  la  sede  del 
Departamento de Exteriores y en las naves sitas en la urbanización Can Barris, que 
también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra 
de lo sostenido por el demandante, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una 
manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente 
posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a 
participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros 
individuos  realizaron  actos  idóneos  para  impedir  el  normal  desenvolvimiento  de  la 
diligencia judicial, a los que el demandante denomina como «los muy pocos asistentes  s
que incurrieron en excesos que a lo sumo derivaron en daños materiales»; aunque,  oe.
como se explica en la sentencia, su comportamiento no solo produjo esos desperfectos.  w.
El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, ni  019ww
qmuaen ifeesstatocsio neúslt imo oresu niaocnteúse nc uyeon p roupnó sitcoo sneteax rteoi vinadbiscoaltuivtoa moe dnete p rodteesstvain. cPuolar deoll o, dees 
ipneterfrevcintaiemnetenste l lepveonsi bal ec abqou ea cteons  cuonnas titcuotinvogsre dgealc iróenfe rimdou ldtiteulidtoin, aqriuae  easlg luon qous e dlae  Salolas   BOE-A-cable e
pone  de  manifiesto,  aunque  no  se  pueda  discriminar  quiénes  o  cuántos  de  los 
participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta 
las circunstancias acontecidas.
El demandante también opone, respecto de la apreciación del delito de sedición, que 
aun cuando los excesos dificultaron la ejecución de la resolución judicial, sin embargo, 
no impidieron su cumplimiento, que es lo que requiere el art. 544 CP. Y ello, porque si 
bien  no  se  pudo  trasladar  a  los  detenidos  al  lugar  del  registro,  estos  renunciaron 
voluntariamente a estar presentes y, además, este requisito no es esencial para la 
validez de la diligencia (STS 463/2019). En el apartado 4.5 del fundamento jurídico B) de 
la sentencia, el órgano judicial concluye que la sedición ha sido concebida como un 
delito de «resultado cortado»:
«La consumación debe establecerse atendiendo a la naturaleza del tipo penal como 
de resultado cortado, en similares términos a los expuestos en relación con la rebelión. 
Lo que exige una funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, respecto 
de  la  obstaculización  del  cumplimiento  de  las  leyes  o  de  la  efectividad  de  las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial.
El  impedimento  tipificado  no  tiene  pues  que  ser  logrado  efectivamente  por  los 
autores. Eso entraría ya en la fase de agotamiento, más allá de la consumación. Pero ni 
siquiera en cuanto a finalidad de los autores tiene que ser pretendido por todos ellos de 
manera absoluta. Basta que se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte 
funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en 
la  legítima  actuación  de  la  autoridad,  corporación  pública  o  funcionarios  para  el 
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales. Porque esa pretensión 
disuasoria  implica  en  sí  misma  una  voluntad  de  impedir  definitivamente,  siquiera 
aplazada en el tiempo.»
Por su parte, en el apartado A) 3.2.2.3 del auto resolutorio del incidente de nulidad, 
que ha sido transcrito en un apartado anterior, se pone de relieve que los detenidos no 
pudieron presenciar los registros, por hacerse inviable su acceso al edificio en el que esa 
diligencia iba a realizarse. Asimismo, en el párrafo final del citado apartado se argumenta 
que: «Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Aun cuando el demandante alegue que los hechos acreditados no expresan que a la 
comisión judicial se le impidió desempeñar su cometido, ello no impide apreciar la 
consumación  del  delito  de  sedición,  pues  como  refiere  el  órgano  sentenciador,  la 
naturaleza  jurídica  de  esta  infracción  penal  –de  resultado  cortado–  no  exige  que 
efectivamente se logren las finalidades que refiere el art. 544 CP. Ciertamente, el tenor 
del precepto aplicado exige la concurrencia de ciertos elementos, tales como que se 
produzca un alzamiento público y tumultuario y que se proceda mediante fuerza o fuera 
de las vías legales; sin embargo, no se requiere la culminación de las finalidades que en 
el mismo se indican, entre ellas la de impedir el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales. Nótese que el tipo penal no emplea el vocablo «impidan» o «se impida» sino 
que utiliza el término «para impedir», al referirse a los fines que se deben perseguir. Por 
ello,  la  intelección  del  precepto  que  lleva  a  cabo  el  tribunal  sentenciador  no  debe 
considerarse contraria al derecho que garantiza el art. 25.1 CE.
11.4.3.2  El segundo bloque argumental concierne a los hechos ocurridos el día 1 de  oe.
octubre de 2017. 019www.
no e1x1p.4lic.3a.r2 .e1n  qEuné  pcroimnseisr tliuegroanr,  lsoes  reenpfrreonchtaam laie netxocse syi vcau ácloensc fiusieórno nd eslu rse lcaoton sfeáccutiecon,c ipaosr, 
más allá de aludir a que algunos individuos precisaron asistencia facultativa.
Los extremos a que se refiere el recurrente figuran en el apartado 12 de los hechos 
declarados probados y, respecto del relato que allí se consigna cabe decir que, en 
efecto, los acontecimientos habidos se describen sucintamente y sin descender al detalle 
de ciertos aspectos, tales como la identificación de las personas y de los concretos 
lugares en que se produjeron los incidentes, así como las características particulares de 
cada uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar y las consecuencias que de ellos 
derivaron. Sin embargo, esa parquedad descriptiva no implica que se haya omitido la 
consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito 
de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso contempla la activa 
promoción  del  referéndum,  por  parte  del  demandante  y  otros  acusados,  y  del 
consiguiente llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También 
refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a 
las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la 
votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar. Asimismo, detalla el 
comportamiento desplegado por parte del señor Forn y de la señora Bassa, en relación 
con lo ordenado por la referida resolución judicial.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En 
la  mayoría  de  los  casos,  «la  actuación  de  grupos  compactados  de  personas  que 
protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la 
que eran informados por los binomios de los Mossos comisionados», dio lugar a que 
estos  desistieran  de  cumplir  la  referida  orden,  ante  la  imposibilidad  de  vencer  la 
resistencia  de  esas  personas  agrupadas.  En  relación  con  la  intervención  de  los 
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se describe otra secuencia distinta: 
«[a]nte la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a la entrada de los 
centros, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa». 
Finalmente, se afirma que «a primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza 
podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil 
recibieron  órdenes  y  se  vieron  irremediablemente  forzados  a  declinar  su  propósito 
inicial».
Los acontecimientos que se narran en el indicado apartado de los hechos probados 
reflejan que, desde el poder público autonómico se había promovido la celebración del 
referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse a cabo, con una participación, 
estimada por el entonces jefe policial de los Mossos d´Esquadra, de unos dos millones 
de  personas.  Así  pues,  teniendo  en  cuenta  los  acontecimientos  precedentes  y  la 
naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, pese a la brevedad de detalles que el 
relato  ofrece  respecto  de  los  enfrentamientos  producidos,  no  debe  apreciarse  la 
insuficiencia de los hechos probados que proclama el demandante. Y ello, porque el 
relato histórico consignado en la sentencia alcanza el umbral exigido para considerar 
adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la 
norma penal de aplicación.
Además de la parquedad a que se refiere el demandante, este también reprocha que 
la sentencia no tome en consideración un factor de capital importancia; a saber, que 
quien «se alza debe llevar claramente la iniciativa insurreccional». Conforme a este 
postulado, lo que el recurrente califica como un mero enfrentamiento con la policía no 
puede  configurar  un  «alzamiento».  Este  alegato  debe  decaer,  pues  ignora  que  el  s
escenario descrito en los hechos probados, dista de ser un simple enfrentamiento. La  oe.
sentencia impugnada refleja que la multitud de personas a la que alude asumió un  w.
protagonismo  activo  para  que  la  votación  pudiera  llevarse  a  cabo  en  los  centros  019ww
hhaabciielitnaddoo so spteanrasi belell ola;  iyn uetislied apdr odtea geomnpislemaor  las efu eexrztear ipoarirzaó c udme pdliomse nmtaarn lear aosrd ednif ejurednicteiasl:, 
manetdei aenl ted eecl ideindfore netmampeieñnot od ed irpeecrtsoi sctoirn  elons  epl odliecísaigsn nioa cdioen anloe sa yc agtuaar rldoi aosr dcievnilaeds.o; o bien  BOE-A-cable e
Se indica en la demanda que la movilización ciudadana no tuvo el propósito de 
impedir la acción policial sino el de votar, cuyo llamamiento, a tal fin, data de la activación 
del mecanismo jurídico previsto en el art. 4.4 de la Ley catalana 19/2017. Por ello, el 
recurrente refiere que hay una evidente falta de conexión teleológica entre la conducta 
objetiva y la finalidad perseguida, porque ir a votar no encaja en el sentido literal del 
término «alzarse». En suma, el Tribunal Supremo contempla un alzamiento que «impide» 
cuando el tipo penal castiga alzarse para «impedir».
No se pone en cuestión lo afirmado por el demandante, cuando refiere que el 
propósito de los que participaron en la movilización ciudadana fue el de ejercer el 
sufragio, máxime si se tiene en cuenta que un número elevado de ciudadanos consiguió 
su objetivo. Sin embargo, vistos los factores concurrentes que el relato de hechos 
probados recoge, ese propósito se antoja perfectamente compatible con los fines del 
delito de sedición. Debe advertirse que para el tribunal sentenciador ese dato no ha sido 
el único elemento determinante de la apreciación de ese delito. Para dicho órgano, las 
decisiones del Tribunal Constitucional que privaron de soporte jurídico al desarrollo del 
denominado «referéndum», lo ordenado en la resolución dictada por el tribunal superior 
de justicia ya mencionado y el despliegue de las fuerzas policiales para garantizar el 
cumplimiento  del  mandato  judicial,  datos  estos  conocidos  por  el  demandante, 
constituyen un cúmulo de factores que convergen con la efectiva movilización ciudadana 
para votar, de manera que los enfrentamientos y actos de oposición a que se refiere la 
sentencia no resultan ajenos al «alzamiento público y tumultuario» y al empleo de fuerza 
o utilización de vías extralegales para, precisamente, impedir la eficacia de lo acordado 
por el Tribunal Constitucional y lo resuelto por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña.
Lo expuesto en este punto conduce a rechazar la queja del recurrente, referida a que 
la atipicidad de los hechos no puede remediarse con apelaciones a la ideología de los 
procesados o al intento de alumbrar una legalidad paralela. Esta alegación se sustenta 
en una premisa rechazada por el órgano sentenciador, puesto que este estimó que los 
incidentes surgidos con motivo de la votación son relevantes penalmente; y este tribunal 
entiende que esa consideración es acorde con el mandato del art. 25.1 CE.
11.4.3.2.2  El recurrente critica que el hecho de haber impedido, supuestamente, el 
atraque del barco policial en el puerto de Palamós se haya tenido en cuenta para fundar 
su responsabilidad por el delito de sedición, pues no consta que los policías no pudieran 
alojarse en la referida nave ni «intervenir profesionalmente el día de autos». También 
reprueba que la cesión de un único local dependiente del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad le haya convertido en uno de los máximos cabecillas «de la supuesta 
insurrección sediciosa».
Ciertamente, en el apartado C) 1.5 de la sentencia combatida en esta sede toma en 
consideración sendas circunstancias, a fin de establecer la autoría del demandante 
respecto del delito de sedición; y en relación con el amarre del barco, el razonamiento 
que figura en el apartado de la sentencia citado pone de relieve la falta de credibilidad 
del pretexto dado por el recurrente, pues según el tribunal sentenciador no existió 
impedimento para el atraque por condicionamientos técnicos:
«Además de lo anterior, dos hechos añaden especial valor probatorio a la convicción 
de la Sala. De una parte, su intervención para impedir el amarre de un barco en el Puerto 
de  Palamós,  dependiente  de  la  administración  autonómica,  que  iba  a  servir  de 
alojamiento temporal a los integrantes del despliegue policial destacado para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad. De otra, la puesta a disposición del referéndum prohibido  e.
de locales gerenciados por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad del que era  w.b
responsable. 019ww
un bRaerscpoe actteon adli epnridmoe ra  hceucehsot,i oenl easc utéscandioc aasfi.r mAóle gqóu es suu d deespcaorntaomcimenieton tnoe gdóe  elal  aatrcatiqvuidea da 
Preeadl rqou eB usiel  iAbram ae ndgeosla ryr odllaorn  enA lbeel rbtoa rcCoa. rSboinn eelml bnaor gaob, olan atens teifsicaa l mdaen liofess staecñióonre. s Edsoten 
segundo, como director del puerto de Barcelona, narró las vicisitudes del atraque de los
dos barcos y los distintos momentos, desde el aviso de llegada, su inicial denegación, 
hasta que fueron catalogados de "buques de Estado" y la autorización final bajo esa 
cobertura.  El  primero  testificó  sobre  las  vicisitudes  que  sucedieron  en  el  atraque 
interesado  al  puerto  de  Palamós,  dependiente  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  que 
finalmente  fue  denegado,  pese  a  que  era  viable  su  atraque  ya  que,  una  vez 
comprobadas  sus  dimensiones  y  las  circunstancias  del  puerto,  "no  había  ningún 
impedimento  para  ese  atraque".  En  su  declaración  el  acusado  señor  Rull  invocó 
condicionamientos técnicos que aconsejaban denegarlo, argumento que se desvanece 
con el testimonio anteriormente referenciado y por el mensaje, emitido en una red social, 
en el que el acusado se jactaba de haber denegado el atraque: "en efecto, no lo hemos 
dejado atracar", de fecha 21 de septiembre (pieza separada 5, folio 179). Tampoco avala 
su argumento justificativo la existencia de otros mensajes en los que, conocedor de su 
atraque en el puerto de Barcelona, dependiente de Puertos del Estado y por la condición 
de "buques de Estado", criticó ese gasto en los siguientes términos: "[…] para reprimir no 
hay  congelación  de  cuentas  ni  dificultades  al  déficit  público".  Igualmente  sus 
declaraciones a un medio de prensa ratificó esa negativa al atraque de los barcos y el 
cuestionamiento a su presencia en puertos de Cataluña.
Respecto al segundo hecho, sin perjuicio de lo que luego afirmamos infra al valorar 
su irrelevancia a los efectos de integrar el delito de malversación de caudales públicos, el 
propio recurrente admitió en su declaración en el plenario que había puesto "[…] a 
disposición del referéndum un local de su departamento".»
Sin  embargo,  como  así  se  refleja  en  el  apartado  C)  1.5  de  la  sentencia,  la 
responsabilidad  que  se  le  atribuye  por  la  comisión  de  esa  infracción  no  se  funda 
exclusivamente en esos dos extremos, pues en un párrafo anterior el referido tribunal 
resume las razones por las que colige la participación del recurrente en el delito de 
sedición:
«Solventada la justificación ofrecida por el acusado, nuestra convicción probatoria la 
extraemos de sus propias declaraciones y del amplio fondo documental incorporado a la 
causa, del que destacamos las páginas que reflejan las peripecias que presidieron la 
aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad, las notificaciones personales al 
señor Rull de los requerimientos del Tribunal Constitucional y aquellos documentos –no 
cuestionados en su autenticidad– que reflejan las opiniones del entonces consejero de 
Territorio y Sostenibilidad, ya en medios de comunicación, ya en redes sociales. Junto a 
otros, participó activamente poniendo las bases que propiciaron las condiciones de la 
movilización ciudadana. Impidió así el normal funcionamiento del Estado que actúa en 
defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum ilegal y participó 
también en su realización. Su actividad no se limita a una idea, o a su expresión, sino a 
la ejecución de actos que supusieron la creación de unas condiciones que sitúan al 
proceso en la ilegalidad, poniendo las condiciones que estimó precisas para impedir el 
funcionamiento de los servicios públicos y la actuación de Estado de acuerdo a la 
legalidad.»
Y  finalmente,  en  ese  apartado  de  la  sentencia  se  contienen  unas  últimas 
consideraciones sobre la autoría del recurrente, del siguiente tenor:
«Es preciso reiterar una última consideración sobre la autoría del delito por el que 
formulamos condena. La acción típica no requiere, para colmar la autoría, la realización 
personal de un acto material que suponga el alzamiento público y tumultuario con las  e.
finalidades previstas en el tipo penal. Se trata de un delito en el que lo relevante es  w.
situarse  en  las  vías  de  hecho,  promover  desde  la  propia  responsabilidad  el  019ww
idnec ufmorpmliam ideenctoid didea  lapso rr eusnoalu cdioenroegsa acdiómn infáisctrtiactaiv adse ly  sjuisdteicmiaale sn.o Srme atrtiavtoa , veigne fninte,  dye  doep talar 
ecastpoa ceisd apdre dceis aemjerecnicteio l od eq ulae  fhuinzcoi óenl  ajucruissdaidccoi osneañlo er nR uunll . dEelt edremlitinoa ddeo  sáemdbiciitóon t esreri tcoorimale. tYe   BOE-A-cable e
con actos de alzamiento, pero también con actos típicos que propicien el alzamiento de 
otros.  Dicho  con  otras  palabras,  la  autoría  del  delito  no  viene  dada  solo  por  la 
materialización  efectiva  del  alzamiento,  sino  por  la  realización  de  conductas  que 
propicien, posibiliten o determinen la realización de actos de alzamiento. El análisis de la 
autoría se condiciona a un "estar", consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga 
impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o la correcta actuación de las 
autoridades,  funcionarios  públicos  o  corporaciones  oficiales  mediante  decisiones 
ejecutivas que enmarcan el alzamiento.
Desde esta perspectiva, es evidente que la acción de impedir el atraque de una 
embarcación destinada por el Estado a cubrir las necesidades de un destacamento 
dispuesto para asegurar el cumplimiento de la legalidad, la participación personal y 
directa en la convocatoria del referéndum, la presentación de las fechas y de la pregunta 
del referéndum ilegal, la constitución de la autoridad electoral, la prestación de locales 
para su ejecución y, en fin, las manifestaciones encaminadas a alentar la celebración de 
la consulta ilegal, suponen actos de indudable encaje típico en el delito de sedición por el 
que se ha formulado acusación.»
Como se desprende de los párrafos transcritos, con ser relevante la importancia que 
se confiere al impedimento del atraque del barco y a la puesta a disposición del local, sin 
embargo,  la  participación  del  recurrente  en  el  delito  de  sedición  no  se  funda 
exclusivamente  en  esos  datos,  pues  se  arraiga  en  un  cúmulo  de  factores  que  se 
mencionan en el referido apartado de la sentencia –ya sintetizados en los antecedentes 
de esta resolución–, a cuyo través el órgano judicial focaliza la autoría del demandante, 
siendo destacada la prominente intervención que, desde el cargo público que ostentaba, 
desarrolló para favorecer las condiciones que propiciaron el alzamiento que sustenta la 
citada infracción penal. En suma, para el órgano de enjuiciamiento, las razones tenidas 
en cuenta para afirmar la autoría del recurrente quedan resumidas en el último párrafo 
transcrito, en el que estas dos circunstancias convergen junto con otros factores.
11.4.3.2.3  Resta  por  abordar  un  último  aspecto  dentro  de  este  apartado, 
concretamente, referido a que los hechos considerados como constitutivos del delito de 
sedición, en realidad, tendrían encaje en el derogado art. 506 bis del Código penal que 
sancionaba la convocatoria ilegal de referéndum. Según se sostiene en la demanda, este 
precepto fue configurado, como avala su génesis histórica, para sancionar casos como el 
presente; y su derogación, como se desprende de la exposición de motivos de la norma 
derogatoria, se produjo para evitar que tales hechos fueran criminalizados.
En el apartado 17.2 A) de la sentencia se aborda la temática relativa al «supuesto 
efecto exoneratorio de la derogación del delito de convocatoria de referéndum ilegal», 
que el tribunal sentenciador desechó:
«[L]o cierto es que el art. 506 bis del CP no preservaba otra cosa que el principio de 
competencia en el reparto de la potestad político/administrativa de convocatoria de un 
referéndum o consulta popular. Desde esa perspectiva, castigar la invasión competencial 
con una pena privativa de libertad de entre tres y seis años de prisión, puede resultar 
contrario  al  significado  mismo  de  un  derecho  penal  respetuoso  con  los  límites 
constitucionales.
Refuerza esta idea la referencia que el art. 506 bis hacía a "[…] consultas populares 
por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución". El 
precepto derogado, por tanto, no alteraba las reglas de solución del más que previsible 
concurso normativo cuando la vulneración de las modalidades de referéndum tuviera por  e
objeto la derogación de la Constitución de 1978 y consiguiente abolición de la monarquía  bo
parlamentaria como forma de Estado. 019ww
entrEe na udteofriindiatidvae,s  leosst ahteaclehso s– ceennjturaiclieasd oys  asuotonn óamlgioc ams–á sq uqeu ep uugnn acno npfloicr tola  ccoommppeetteenncciiaal 
epraar ad oer ghaancizear r poo spirbolhei buirn u rneaf ecroénnsduulmta  pqoupeu lcaor.n Edunj eerla p, recsoenn ltae  caaysuod,a d ed elo  laq ume osvei ltizraatcaibóan 
ciudadana, a destruir las bases fijadas por el poder constituyente.
Encierra un auténtico sofisma la afirmación repetida por los procesados acerca de 
que la derogación del delito de referéndum ilegal, operada por la reforma penal de 2005, 
creaba  un  vacío  incriminatorio  que  convertía  en  lícita  la  destrucción  del  pacto 
constitucional, la derogación de la forma de Estado, la proclamación de una república y, 
entre  otros  efectos,  la  eliminación  de  la  garantía  de  inamovilidad  de  jueces  y 
magistrados. Y eso lo sabían quienes ahora alegan la licitud de su conducta, pues no 
hacía mucho esta Sala había condenado a un relevante político por no atender los 
mandatos del Tribunal Constitucional, jurista que luego asumió con rigor técnico la 
dirección letrada de varios acusados. La convocatoria de un referéndum, sin atender los 
requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional advirtiendo de la ilegalidad de 
esa iniciativa, trascenderá siempre al derecho penal. Ya sea por la vía del castigo del 
delito de desobediencia (cfr. SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 177/2017, 22 de 
marzo),  ya  sea  por  títulos  jurídicos  más  graves,  en  función  del  medio  ejecutivo 
empleado, rebelión (art. 472 CP) o sedición (art. 544 CP).»
Al analizar las consecuencias de la despenalización del delito de convocatoria ilegal 
de referéndum, el órgano judicial respondió lo que a continuación se transcribe, tanto en 
el juicio singularizado de autoría que se formula respecto del señor Rull como en el 
apartado  6.2.4  del  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  (que 
transcribe lo expuesto en el indicado juicio de autoría), en respuesta a la queja del 
recurrente sobre la aplicación analógica del delito de sedición:
«La  derogación  de  un  delito  no  implica  –no  puede  implicar–  la  voluntarista 
despenalización de conductas con claro encaje en otros tipos penales, siempre que 
concurran los elementos objetivos y subjetivos que dan vida al juicio de subsunción. La 
relación entre normas penales, de modo especial, el principio de subsidiariedad, impide 
lo que las defensas presentan como el efecto asociado a una despenalización muy 
concreta y de ámbito bien restringido, ceñida a los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis del 
Código penal (cfr. LO 2/2005, de 22 de junio). Su eficacia derogatoria solo conlleva la no 
aplicación de un tipo penal previgente que imponía una pena de tres a cinco años de 
prisión a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum ilegal. Los 
hechos que esta Sala da por probados encierran algo más que el reproche por la 
convocatoria  de  un  referéndum  ilegal.  Se  trata,  como  venimos  reiterando,  de  una 
concertada voluntad de los miembros del Govern de la Generalitat para alumbrar una 
legalidad  paralela  que  sirviera  como  excusa  para  una  movilización  ciudadana  que 
exteriorizara la voluntad de promover la inobservancia de las leyes y obstaculizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales.»
Como se desprende de esta argumentación, la Sala descarta que, tras la derogación 
del referido precepto penal, los comportamientos enjuiciados no sean susceptibles de ser 
incardinados en norma alguna del texto punitivo. El argumento del demandante reitera 
una vez más una idea ya expuesta a lo largo del recurso de amparo: que los hechos 
acaecidos no son constitutivos de delito de sedición. Ahora bien, a mayor abundamiento 
sostiene que, de haber estado vigente el precepto anteriormente transcrito, sí habrían 
tenido encaje en la conducta allí descrita.
La  alegación  dada  por  el  recurrente  debe  rechazarse,  pues  ignora  importantes 
aspectos que se consignan en el relato histórico, a cuyo través el órgano enjuiciador ha 
apuntalado el delito de sedición. Pero, en cualquier caso, debemos proclamar que las 
explicaciones dadas por el referido órgano para descartar la queja del demandante se  s
ajustan plenamente al canon de razonabilidad asentado por la doctrina constitucional.  oe.
Dfprueaenfrebcarei éoe nnalldadourv,i moec ro tpinerúsvnbeo l cciqcauuorae elqq  eouul ie eao,ru tartcoo ardrarieze av cirilgeaeens l ndamto ec o ompdnraaevlncoidiecfaipaedttsooet rassi amep  e[rl.ien.m.vt]e iitsd atedab esac   oaceno nssm uallpantae csitCoe onpnnaocsripa tu«istlau a corleia ós ana t»prui.obt oruS rcviid iíoaabn didee eons     2021-10019n https://www.
parece  razonable  colegir  que  la  actuación  llevada  a  cabo  desde  el  poder  público
autonómico para convocar la consulta del día 1 de octubre de 2017 tendría acomodo en
el referido precepto, lo cierto es que el órgano de enjuiciamiento consideró acreditada la 
concurrencia de factores adicionales que exceden del ámbito del derogado art. 506 bis 
CP y que, sin embargo, se acomodan a la descripción típica que ofrece el art. 544 CP: el 
alumbramiento de una legalidad paralela y la promoción de una movilización ciudadana 
para  provocar  la  inobservancia  de  las  leyes  y  obstaculizar  el  cumplimiento  de  los 
mandatos judiciales.
11.5  Sobre la proporcionalidad de la pena y la afectación a los derechos a las 
libertades de expresión e ideológica y al derecho de reunión.
Resta por resolver un último motivo que, en relación con el derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, se formula en la demanda de amparo. Aunque la queja se articula bajo el 
enunciado  de  una  única  vulneración,  lo  cierto  es  que  presenta  dos  aspectos 
diferenciados que, pese a estar relacionados entre sí, justifican un tratamiento separado.
11.5.1  Proporcionalidad de la pena privativa de libertad.
11.5.1.1  Posiciones de las partes.
La primera vertiente se asocia a la afectación del principio de legalidad en materia 
penal, dado lo desproporcionado de la pena privativa de libertad. Según se señala en la 
demanda, la pena impuesta al recurrente contraviene la doctrina de este tribunal sobre la 
exigencia de proporcionalidad (STC 136/1999) y también resulta contraria al mandato del 
art. 49 CDFUE. No cuestiona el recurrente la necesidad de tutelar el orden público a 
través del Derecho penal, pero siempre que dicho orden se vea gravemente perturbado. 
Según indica, en el presente caso «cabe observar cómo por una perturbación del orden 
público que no ha supuesto daños personales relevantes y en la que no se esgrimieron 
armas, se han impuesto a los acusados penas gravísimas de prisión que rayan o 
superan los diez años de privación de libertad», penas que se prevén para infracciones 
sumamente graves como el homicidio, delitos agravados de agresión sexual o las formas 
más graves de privación de la libertad ajena. Y añade que la pena impuesta excede con 
creces de la prevista para el delito de desórdenes públicos, incluso para el supuesto en 
que se esgriman armas (art. 557 bis). También aduce que el órgano enjuiciador no tuvo 
en cuenta que la diligencia judicial pudo culminarse, finalmente, sin que nadie resultara 
lesionado (en referencia a los hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017); y a su 
vez, pone de relieve que el día 1 de octubre de 2017, los efectivos policiales lograron 
impedir que se realizaran las votaciones en numerosos centros. Estas circunstancias, 
según afirma, al menos deberían haber dado lugar a la aplicación de la forma imperfecta 
o de menor gravedad prevista en el art. 547 CP.
Para el partido político Vox, no cabe apreciar la desproporción que se invoca, pues el 
orden  público  alterado  se  pretendió  preservar  con  la  sentencia  condenatoria;  y  la 
alteración de ese orden afecta a la unidad política y territorial de la Nación española, por 
lo que una pena inferior a la impuesta no hubiera sido lo suficientemente desmotivadora 
para evitar que se reiteren las mismas conductas.
El fiscal, respecto de la queja de desproporción de la pena se remite a lo alegado en 
el  apartado  relativo  a  la  falta  de  motivación  de  la  individualización  de  la  condena 
impuesta. En relación con la inaplicación al caso de una forma imperfecta de ejecución o 
de la modalidad del art. 547 CP, el fiscal descarta que ello haya vulnerado el 25.1 CE, 
pues el delito de sedición no requiere la producción de un resultado concreto; y el tipo 
previsto en el art. 547 exige que el entorpecimiento del ejercicio de la autoridad pública  e.e
no sea grave, lo que se habría desbordado en el presente caso, pues la finalidad  b
perseguida, aspecto que es relevante para el tipo delictivo, suponía un desplazamiento  019ww
formal del orden constitucional.
11.5.1.2  Respuesta del órgano judicial.
En  el  segundo  párrafo  del  apartado  7.2.5  del  auto  resolutorio  del  incidente  de 
nulidad, la Sala respondió de este modo a la queja de desproporcionalidad de las penas 
impuestas: «[p]or razones ya expuestas reiteradamente en esta resolución, la pena 
impuesta al señor Rull no es desproporcionada. Se reitera que su actuación desbordó 
ampliamente los derechos constitucionales mencionados».
En el apartado 2.6 de la referida resolución se argumenta más extensamente sobre 
este aspecto, al resolver el incidente de nulidad planteado por el señor Cuixart:
«La resolución dictada por esta Sala no vulnera el principio de proporcionalidad de 
las penas.
Decíamos en la sentencia cuya nulidad se insta que la concreta gravedad del delito 
de sedición "radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica". 
Esta especificidad implica que los autores han de poner efectivamente en cuestión el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Nuestra sentencia no sanciona el mero hecho de la manifestación o de la protesta 
expresada. Lo que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es 
que, a través de las convocatorias enjuiciadas, se propició un levantamiento, en plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  anticonstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar 
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al 
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la 
antidemocrática norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el president del 
Govern,  tras  el  apoyo  del  Parlament,  declarara  formalmente  la  independencia  de 
Cataluña, si bien suspendida segundos después. Tal fue la ostensible gravedad del ilícito 
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d´Esquadra  llegó  a 
manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible 
detención del president que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al 
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal.
El ejercicio de ponderación para establecer el canon de proporcionalidad entre los 
hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los derechos de reunión y 
expresión ha de partir de esa premisa. Y pasa por los particulares que a continuación se 
expresan.
La finalidad de las convocatorias que dieron lugar a la masiva concurrencia del 20 de 
septiembre era obstaculizar una resolución judicial, la realización de un registro dirigido a 
conjurar las actividades preparatorias de un referéndum declarado ilegal. La actuación 
fue tan intensa y amedrentadora durante el registro y en actuaciones policiales previas 
de  conducción  de  detenidos  para  su  presencia  en  el  mismo,  que  se  impidió 
efectivamente  su  normal  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  los  efectos  intervenidos, 
causando pánico en la letrada de la administración de justicia, hasta el punto de que 
hubo de llevarse a cabo una forzada evacuación de la misma.
El dominio de los convocantes sobre los miles de manifestantes allí reunidos era de 
tal naturaleza que, pese a su ilícita finalidad, los responsables de orden público, al 
tiempo  que  renunciaron  a  cualquier  intervención  que  posibilitara  el  normal 
desenvolvimiento del registro (como que pudieran acceder a los despachos registrados 
los titulares de los mismos), renunciaron al control del orden público y lo delegaron en 
uno de los convocantes, por indicación expresa del consejero señor Forn. e
La  otra  convocatoria  para  la  fecha  del  1  de  octubre  por  parte  de  diversas  bo
organizaciones,  de  muy  diferente  impronta  e  implicación,  originó  un  levantamiento  019ww
lpleovr afidnoa laid acadb ooc uepna mr olodso e tduimficuioltus a–reion,  sdue sgprlaeng amdaoy pooríra t opdúob lieclo tse–r rpitorerivois dtoes C caotmalou ñcao.l eTguiovos 
ehlaebcítao rsaildeos , juedviictaianldmoe nqtuee  oprduednieardao ,f reenna crsoen slao ncaenlceibar accoinó nl adse lm iúleltgipalle sre freerséonludcuimon, ecso mdeol 
Tribunal Constitucional. La celebración del referéndum fue acordada por el Govern, en el
que se integraban los coacusados, como paso previo a la declaración de una república 
catalana independiente, reforzando el llamamiento con propaganda del mismo, cuyo 
gasto,  así  como  del  resto  de  los  preparativos  ocultaron.  Y  de  forma  individual 
parlamentarios e integrantes del mismo, lo apoyaron.
Por ende, se trataba de una conducta de máxima gravedad contra el orden público, 
pero que también afectaba al orden constitucional. Aunque la intención exclusivamente 
fuera, por este medio coactivo, lograr forzadas concesiones del Gobierno y autoridades 
estatales,  en  ese  camino  continuamente  explicitado  hacia  la  independencia.  La 
efectividad de la convocatoria de la población, y correlativo incremento de la gravedad 
del plan de los acusados, se garantizaba por parte de las asociaciones civiles Òmnium 
Cultural  y  ANC  a  cuyos  llamamientos  acudían  decenas  o  centenares  de  miles  de 
personas, según la ocasión. Y por la sintonía concordada con el Parlament y el propio 
Govern que, con absoluta deslealtad democrática, abandonó la tutela del orden público y 
contravino  la  legalidad  constitucional.  La  entidad  antijurídica  de  la  conducta  de  los 
penados, que desbordó el cauce de los derechos de reunión y manifestación, se realza 
por la deslealtad institucional entre entidades autonómicas y el Estado, con hostilidad 
frente a las instituciones del Estado, especialmente frente al Tribunal Constitucional.
Cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su 
propia preservación. Los supuestos de traición en España, a diferencia de múltiples 
ejemplos de Derecho comparado, solo contemplan penas de muy grave entidad en 
conductas  relacionadas  con  la  guerra.  Pero  deviene  especialmente  sensible  a  las 
asonadas  y  alzamientos  que  han  quebrado  su  orden  constitucional,  de  rara 
contemplación en otros países. De ahí las penas del delito de sedición que, como hemos 
indicado,  implica  un  efectivo  cuestionamiento  de  la  primacía  de  la  ley  y  del 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. De ahí también que en un país 
vecino se castigue aún de forma más severa el intento de secesión mediante el abuso o 
la usurpación de soberanía, sin más aditamentos.
Es cierto que los hechos no alcanzaron la funcionalidad requerida para hacer efectiva 
la independencia de Cataluña y constituirla en un emergente nuevo Estado separado de 
España. Pero ello no resta gravedad a los hechos probados que dan fundamento a la 
condena  impuesta  en  la  sentencia  cuya  nulidad  se  postula.  Fue  necesario,  tras  la 
iniciativa del Gobierno y aprobación del Senado, aplicar una singular medida de muy 
especial trascendencia política y social. Una medida prevista en el artículo 155 de la 
Constitución  Española,  cuya  redacción  presenta  semejanzas  con  el  art.  37  de  la 
Constitución Alemana. De la excepcionalidad de aquella medida habla el hecho de que 
implique una fórmula inédita en treinta y nueve años de vigencia de nuestro sistema 
democrático. Y que ese instrumento en nada haya impedido que los acusados persistan 
en sostener la legitimidad de su conducta, justificada por un abstracto "mandato del 
pueblo", que habrían obtenido a través del resultado del ilícito referéndum. Se invocan 
así las antidemocráticas normas de transitoriedad y referéndum, que se exponen en la 
declaración de hechos probados de nuestra sentencia. La invalidez de tales normas y su 
lastrada eficacia no han impedido una, cuando menos, aparente implementación de las 
mismas. Hasta el punto de haber sido determinante de que no se condenara ni se 
siguiera juicio contra los reunidos manifestantes a quienes por los acusados se les 
presentaba el levantamiento como consecuencia de la "legalidad" que derivaba de sus 
instituciones autonómicas.»
11.5.1.3  Resolución de la queja.
Al exponer los aspectos más relevantes de nuestra doctrina en relación con el  bo
derecho reconocido en el art. 25.1 CE, reprodujimos en su literalidad los fragmentos del  019ww
pfuanrdaa vmaelonrtaor  jularí dpircoop 2o3rc idoen alali dSaTdC d 1e3 6la/s1 9p9e9n, adse.  2D0e  dseu ejurltieo , qeune e, lp qaurae  scea lirfeicflaerj au enla c paennoan 
cmoamnoif iedsetsop yro npoo rjcuisotnifaicdaab ldee esdnetr ee ll ap rsisamncaió cno nimstpituuecsiotan ayl  ldae fbinea alipdraedc idaers lea  unno rdmeas epquuniliitbivraio, 
desequilibrio que deberá ponderarse a partir de «pautas axiológicas constitucionalmente
indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa». Ahora bien, tal y como 
se reconoce en la sentencia objeto de cita, el juicio que en esta sede de amparo cabe 
formular ha de ser necesariamente prudente, sin adentrarse en apartados ajenos a 
nuestra jurisdicción, tales como la oportunidad, conveniencia o las posibles alternativas 
de mayor calidad, pues no cabe perder de vista «el amplio margen de libertad de 
configuración de delitos y penas que corresponde al legislador democrático a la hora de 
la plasmación normativa de la política criminal» (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 3).
Para responder adecuadamente a la queja suscitada por el demandante debemos 
tener en consideración que fue condenado como autor de un delito de sedición de los 
arts. 544 y 545.1 CP, segundo inciso, (persona constituida en autoridad) y le fueron 
impuestas las penas de diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta, las 
cuales  están  comprendidas  dentro  de  la  horquilla  que  el  indicado  art.  545.1  CP 
establece, concretamente de diez a quince años.
En un apartado anterior resolvimos sobre la reprobación que el recurrente formuló 
respecto de la motivación de la individualización de la pena y la vulneración del principio 
ne bis in idem, motivo que incluye el reproche por la imposición inmotivada de una 
superior en seis meses al mínimo legalmente previsto. Respecto de esta censura, nos 
remitimos a lo ya argumentado al resolver la referida denuncia, por lo que en este 
apartado nos limitaremos a abordar la temática de la proporcionalidad en función de las 
quejas a las que resumidamente se ha hecho mención.
El demandante cuestiona la proporcionalidad de la respuesta penal con base en el 
principal parámetro que este emplea para calibrar ese factor: que no se produjo una 
grave afectación del orden público, porque el día 20 de septiembre de 2017 nadie resultó 
lesionado, tampoco se esgrimieron armas y, finalmente, la diligencia judicial se llevó a 
cabo; mientras que el día 1 de octubre de 2017, en numerosos colegios electorales los 
efectivos  policiales  impidieron  que  se  efectuaran  las  votaciones,  dando  efectivo 
cumplimiento a lo ordenado judicialmente.
Ninguna de las circunstancias referidas justifica la desproporción punitiva que se 
denuncia, pues no se aprecia el desequilibrio manifiesto y no justificable entre la sanción 
impuesta y la finalidad de la norma punitiva a que anteriormente se ha hecho referencia. 
El  delito  de  sedición  no  prevé,  en  el  tipo  básico  o  en  su  modalidad  agravada,  la 
causación de lesiones o el empleo de armas; de manera que la ausencia de estas 
circunstancias no impide apreciar la comisión del referido delito. Por otro lado, no cabe 
desconocer que esa infracción penal ha sido catalogada por el órgano enjuiciador como 
un delito de «resultado cortado» o «de consumación anticipada», por lo que el alegato 
referido a que la diligencia judicial finalmente se llevó a cabo o que se llegó a impedir la 
votación en muchos centros, carece de relevancia a los efectos que ahora interesan.
También refutamos que la entidad de la perturbación del orden público deba de ser el 
único factor a tener en cuenta. Sin perjuicio de la gravedad contra el orden público 
apreciada por el tribunal sentenciador, la alegación del demandante ignora que, aun 
cuando el tipo se incardina dentro del apartado «de los delitos contra el orden público», 
de hecho, es la infracción más gravemente penada dentro de esa categoría, y que el 
empleo de términos tales como se «alcen», «tumultuariamente» y «para impedir, por la 
fuerza» revelan la alteración de ese orden en su concepción tradicional. El propósito 
perseguido por los autores resulta de capital importancia para la apreciación de la 
sedición, de suerte que una grave alteración del orden público que no persiga ninguna 
de las finalidades descritas en el art. 544 CP no podría engendrar esa modalidad 
delictiva. Así pues, siendo un aspecto determinante del delito de sedición el designio  s
perseguido por los autores, identificar el grado de afectación del orden público como  oe.
único factor a tener en cuenta para calibrar la proporcionalidad de la respuesta penal,  w.
supone desconocer la estructura típica de esa infracción penal. 019ww
dispEune sctou aennt oe la a lrat.  e5v4e7n tCuPal  aal pcliacsaoc,ió dne bdeem uonsa  affoirrmmaar  iqmupee refesact ac udees tieójne cturacsiócnie nod dee d leol 
áinmdebbitoid ad es udbesbuantceió ne nd ee l loqsu eh encohso sh eanlla lma onso,r mpuae pse nloa lq. uSein  eenm rbeaarlgidoa, dc osme or eyiate rpau seims olas   BOE-A-cable e
de relieve al compendiar nuestra doctrina sobre esta cuestión, no compete a este tribunal 
sustituir a los órganos judiciales en el ejercicio de la función de subsumir los hechos en 
las normas, pues ese cometido corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales 
ordinarios, conforme a lo establecido en el art. 117.3 CE. Ello implica que, en esta sede, 
no  procede  auspiciar  alternativas  interpretativas  a  la  sustentada  por  el  tribunal 
sentenciador, incluso si se considerasen más adecuadas o de mayor fuste. Hemos de 
limitarnos, pues, a verificar un juicio externo sobre la compatibilidad de la interpretación 
realizada con el tenor literal de la norma y sobre su razonabilidad metodológica y 
axiológica. Y este tribunal considera que la labor de subsunción de los hechos en la 
norma penal aplicada se ajusta al canon expuesto.
11.5.2  La afectación de otros derechos fundamentales por falta de proporcionalidad 
de las penas.
11.5.2.1  Posiciones de las partes.
La segunda vertiente de la denuncia se centra en la individualización de las penas, al 
afirmar el demandante que no se tuvo en cuenta «que el delito por el que el recurrente 
ha sido condenado se produjo en un contexto de ejercicio de derechos fundamentales», 
ya  que  incluso  el  tribunal  sentenciador  ha  reconocido,  implícitamente,  que  los 
ciudadanos que se alzaron se encontraban ejerciendo tales derechos, en la medida en 
que ninguno de ellos ha sido acusado por movilizarse, como reitera varias veces la 
sentencia. Esta circunstancia debió dar lugar, cuando menos, a una «muy importante 
atenuación  punitiva  que  pudo  vehicularse  perfectamente  a  través  del  art.  20.7  CP, 
alegado por la defensa como eximente en el acto del juicio y cuya apreciación como 
eximente  incompleta  habría  permitido  imponer  penas  muy  alejadas  de  los  castigos 
absolutamente desproporcionados que se han acabado imponiendo». Sin embargo, al 
imponerse  penas  tan  severas,  la  desproporción  punitiva  ha  originado  un  efecto 
desalentador del ejercicio de derechos fundamentales, sin que los posibles móviles 
políticos del demandante deban ser tenidos en cuenta, por ser completamente ajenos a 
la sedición, que es un delito contra el orden público.
Añade  que  el  auto  resolutorio  del  incidente  agrava  con  su  fundamentación  la 
vulneración denunciada, por sus constantes valoraciones sobre la ideología política de 
los  procesados,  dato  este  completamente  ajeno  al  delito  de  sedición,  y  porque  el 
ejercicio de derechos como la libertad ideológica, de reunión y manifestación «pasa a 
convertirse en una circunstancia agravante de la responsabilidad penal». Finalmente, 
insiste en que las penas impuestas son manifiestamente desproporcionadas, pues como 
sostiene algún autor imponen a «los organizadores de reuniones pacíficas -aun cuando 
ilegales- para la expresión de votos, opiniones o sentimientos políticos, sanciones de una 
severidad equivalente a las que el Código penal prevé para graves delitos contra la vida 
y la integridad física».
Niega la abogacía del Estado que se hayan conculcado los derechos fundamentales 
que alude el demandante. Su responsabilidad penal no trae causa de difundir opiniones 
y doctrinas contrarias a la Constitución ni por propugnar la superación del marco político 
actual. Lo que es objeto de reproche penal es haber participado en la elaboración de 
leyes  en  abierta  y  contumaz  desatención  de  los  requerimientos  del  Tribunal 
Constitucional, definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una 
multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la 
autoridad  judicial,  celebrando  un  referéndum  declarado  ilegal  por  el  Tribunal  s
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esta conducta no se ve  oe.
admamemol pvpeiaaljierrzaaracddciaació  ionpp  oolaerrl g enínetiitlnm agadoura tnd,.  oea2 l  0fddin.ee7  dr leoeCcs Pqh .uod e eFd risenee acr hlepmouroesnd nióuqtenjue,,e  rpa cos olrean   clvoclou itqtyaauence  ió qeenuns e pa lr aolco oh dnibqediumdueaca  tndasdee nas o.bp  orAporñuddaeaudd jloeeo   sqfq uluuienee dd uealnasr     2021-10019n https://www.
levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, por lo que
no es posible eludir la tipicidad de la sedición.
El  partido  político  Vox  sostiene  que  la  injerencia  en  los  supuestos  derechos 
fundamentales que se alega se debe a la comisión de unos hechos por el demandante 
cuando ocupaba un cargo público representando al Gobierno de España en el territorio 
de Cataluña, por lo que el desvalor de su acción es mayor.
Para el fiscal, de los hechos probados se desprende que se desbordó claramente el 
derecho de reunión; y los actos imputados al recurrente no quedan amparados por su 
libertad ideológica o de pensamiento o por su libertad de expresión, puesto que estos 
derechos no justifican las conductas por las que ha sido condenado el recurrente. El 
comportamiento  del  demandante  y  otros  condenados  puso  en  cuestión  el  Estado 
democrático de Derecho, en la forma que se ha descrito. Añade que la condena por 
sedición  no  ha  supuesto  un  efecto  desalentador  o  disuasorio  del  ejercicio  de  los 
derechos  que  se  alegan,  pues  al  demandante  no  se  le  sanciona  por  defender  la 
independencia de Cataluña o propugnar un referéndum de autodeterminación. Ha sido 
condenado por haber definido una legislación paralela al orden constitucional a través de 
las denominadas leyes de desconexión, ley del referéndum de autodeterminación y ley 
de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, con desconocimiento de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional; y por haber movilizado a parte de la ciudadanía 
de  Cataluña,  propiciando  un  levantamiento  público  acompañado  de  actos  de 
hostigamiento, amedrentamiento, hostilidad y violencia frente a los cuerpos policiales con 
la finalidad de obstaculizar, cuando no impedir, el cumplimiento de la legalidad vigente y 
de las resoluciones judiciales.
Niega que el demandante estuviera amparado por el derecho de reunión, pues las 
concentraciones  de  ciudadanos  han  estado  dirigidas  y  ordenadas  a  impedir  el 
cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, así como a facilitar la realización 
de un referéndum de autodeterminación no contemplado en la legislación española y 
suspendido  por  el  Tribunal  Constitucional,  recurriéndose  así  a  unas  vías  de  hecho 
incompatibles con el legítimo ejercicio del derecho de reunión. Por todo lo expuesto, 
concluye que estamos ante un aparente ejercicio de los derechos fundamentales que, 
por la finalidad a la que se orientan, «desnaturalizan el ejercicio de esos derechos», 
razón por la cual también descarta la aplicación de la eximente incompleta.
11.5.2.2  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 4.6 del fundamento jurídico B) de la sentencia impugnada, el órgano 
judicial descarta que los hechos ocurridos los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
constituyeran una pacífica manifestación de protesta:
«En los hechos probados de esta nuestra resolución se pone de manifiesto que las 
actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de una 
pacífica y legítima manifestación de protesta.
La hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los funcionarios 
dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de Instrucción 
de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban 
legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la Letrada de la administración de 
justicia actuante en la sede de la vicepresidencia–, sino en los funcionarios autonómicos 
bajo investigación, que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles 
en los que se estaban practicando los registros. Se trataba de los mismos funcionarios a 
los  que  los  sediciosos  decían  querer  defender,  cuya  presencia  fue  efectiva  y 
definitivamente impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria movilización. s
Y los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de fuerza suficiente  oe.
Cevpolaa trctaaauc lmuinóñpenalu,i  mtsyrea iedglinezútlan oTr   vrdiaebe nu línloaaasns l   oaCóbgroldeingensanttedietsous sc  ddipoeeon  ralp ale.o  xlYmipc raíteaogs disoqot u rmaeedla loanle  dcgdaoíettnoilm   uTjuanrdmiabic eutinnraatale.sl   cSSeternua pdptaeeebrnrsiacoenirag   uddqíeeau   eJai musrseíp tbaiecabdisaoira r tbdalaaer     2021-10019n https://www.
con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para
incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional. Basta, en
efecto, la lectura del hecho probado, donde se recoge el contenido esencial de las 
leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas iniciales de septiembre de 2017, 
para comprender que, aun prescindiendo de su irrelevante funcionalidad a los fines de 
tipo de rebelión, suponían un intento de derogación de la legislación válida vigente, 
además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Y tales resultados se procuraban totalmente fuera de las vías legales. En el hecho 
probado  se  ha  expuesto  la  forzada  interpretación  del  reglamento  de  la  cámara 
autonómica para proclamar esas disposiciones legales. La efectividad –que no validez– 
de  las  nuevas  disposiciones  se  reflejó  en  la  acomodación  de  los  acusados  a  sus 
preceptos  pese  a  los  reiterados  requerimientos  del  Tribunal  Constitucional  para  no 
ponerlas en práctica.»
El apartado 17.5 del fundamento A) de la sentencia da respuesta al alegato de actuar 
en  ejercicio  legítimo  de  derechos  constitucionales,  como  causa  excluyente  de  la 
antijuridicidad. Así, señala:
«17.5.1  Derecho a la libertad de expresión.
La infracción del derecho a la libertad de expresión –a juicio de las defensas– se 
habría generado desde la perspectiva asumida por las acusaciones de criminalización 
del discurso político para fundamentar una condena penal. Esa restricción no puede 
incardinarse –se aduce– en ninguna de las habilitaciones previstas por el Convenio y por 
lo tanto supone una vulneración y un grave atentado al derecho fundamental a la libertad 
de expresión del art. 10 CEDH y concordantes.
La Sala discrepa de esta afirmación.
No se ha producido en este caso un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 
expresión ni existe, desde luego, vulneración de ese derecho. Ninguno de los actos 
imputados y que ahora han sido declarados probados queda comprendido –y, por tanto, 
justificado– en el contenido material del derecho a la libertad de expresión.
[…]
A la vista de este desarrollo jurisprudencial del derecho a la libertad de expresión, 
recogido en los arts. 20.1 de la CE y 10 del CEDH, está fuera de dudas que los hechos 
que se declaran probados no implican la negación de la capacidad de los acusados para 
expresar libremente sus ideas. No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias 
al  actual  estatus  constitucional.  Tampoco  por  propugnar  una  superación  del  marco 
político  vigente.  La  libertad  de  los  acusados,  en  este  punto,  permanece  incólume. 
Nuestro sistema no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante 
una de sus señas de identidad (cfr. SSTC 48/2003, 136/1999, 159/1986). Las mismas 
ideas  que  han  defendido  los  acusados  les  han  permitido  concurrir  a  elecciones 
legislativas.  Esas  ideas  secesionistas  son  las  que  siguen  dando  vida  al  Gobierno 
autonómico de Cataluña. Su legitimidad no se cuestiona. Lo que es objeto de reproche 
penal –y así lo hemos declarado probado– es haber pulverizado el pacto constitucional, y 
hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los 
requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o 
defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente 
y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones 
legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era 
la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la  s
definitiva ruptura con la estructura del Estado. oe.
epdxaeprl ardEe ellsa laii ótpionna"t .era tLgqaarudi deosal ilm2ad s pdt elqeerul r leiaeto rcstr.tei ua1arl 0ano   " dd[leea… l  es]C esmEtgeeDu drpHiidrd eacacdose n ppnstúeiodbc eeylircasaaa  p,rr ioealanss te,dr  ieecdncfeei  ounrnneseaalies  sd vloeeecl g iloeaítrd imdvaaeadlnis dd  yeae z mlla ado  peclirmbreáeovtriecctaranád c[t i…iódcnea]     2021-10019n https://www.
de restricciones encaminadas a preservar otros fines constitucionalmente legítimos. Y si
bien insistimos en la no afectación del contenido material del derecho a la libertad de
expresión de los acusados, conviene recordar que la defensa de la integridad territorial y 
la prevención del delito son, según el precepto invocado, legítimas limitaciones a la 
libertad de expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
17.5.2  Derecho de reunión.
El  derecho  de  reunión  pacífica  habría  sido  también  infringido.  Los  escritos  de 
acusación contienen, a juicio de las defensas, la conversión en actos delictivos de meros 
actos  de  protesta  que  se  hallan  plenamente  incluidos  en  el  ejercicio  del  derecho 
fundamental de reunión (art. 21 CE, 21 PIDCP y 11 CEDH).
Tampoco ahora la Sala puede identificarse con esta línea de razonamiento. La 
legitimidad del derecho de reunión está fuera de controversia. Pero también lo está la 
existencia de límites al ejercicio de este derecho. Basta una lectura de los arts. 513 y 514 
del CP para constatar que el legislador español considera delictivas algunas de las 
acciones que desbordan el ejercicio legítimo de los derechos de reunión o manifestación. 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido esta idea de 
limitación, si bien conecta su legitimidad a la vigencia del principio de proporcionalidad 
(cfr. STEDH de 26 abril 1991, Ezelin c. Francia) y a la necesidad de que no suponga un 
control  ideológico  sobre  la  finalidad  de  las  manifestaciones  (cfr.  STEDH  de  20 
octubre 2005, Ivanov c. Bulgaria y de 14 febrero 2006, Partido Demócrata Cristiano 
Popular c. Moldavia).
En el caso presente, no se trata de calibrar si esas limitaciones se acomodaron al 
canon  constitucional  que  les  confiere  legitimidad.  Ninguno  de  los  ciudadanos  que 
asistieron a las manifestaciones que se describen en el juicio histórico ha resultado 
acusado por ese hecho. Tampoco los acusados señor Junqueras y señora Forcadell –
que reforzaron con su presencia la reivindicación que animaba la protestas ante la sede 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y el Tribunal Superior de Justicia–, ni 
los señores Cuixart y Sànchez –que desarrollaron un especial protagonismo en esos 
encuentros–, han sido acusados de un delito de reunión o manifestación ilícita.
No se han criminalizado, por tanto, actos de protesta.
Todo lo que sea mostrar la discrepancia frente a las leyes, incluso del máximo rango 
jurídico, frente a decisiones judiciales, sea cual sea el nivel del órgano del que emanan 
esas órdenes o mandatos, propugnar su modificación, denunciar sus puntos débiles, 
incluso, con críticas descarnadas o subidas de tono, agrias y descalificadoras, está al 
abrigo del derecho a la protesta o a la disidencia. Y la legitimidad de esas protestas no 
se debilita cuando tienen como destinatarios al poder central, a la máxima autoridad del 
Estado o a la misma Constitución. La Carta Magna de 1978 proporciona un sólido 
anclaje incluso a quienes la denostan. Proclamas independentistas; críticas ácidas al 
Gobierno central; discursos que tratan de convencer de que un territorio tiene derecho a 
romper amarras con el Estado español; argumentarios defendiendo para los habitantes 
de  una  determinada  comunidad  un  supuesto  derecho  de  autodeterminación; 
movilizaciones encaminadas a apoyar y promocionar esas ideas; difusión de las mismas 
en el tejido social; apoyo y colaboración con los políticos que defienden y propugnan 
idénticas ideas; protestas y manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos 
que se interpretan como lesivas de esos derechos que se quieren defender, son todas 
legítimas.  Es  una  obviedad  que  esa  legitimidad  no  se  cuestiona  en  este  proceso. 
Ninguna de esas actuaciones es apta para desencadenar una reacción de tipo penal. La 
misma Constitución se estaría poniendo en entredicho si entendiésemos que alguna de 
esas conductas puede ser sancionada penalmente. e
Pero la misma obviedad puede proclamarse de la idea de que nadie puede arrogarse  bo
el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, arrojando al ámbito de lo ilegítimo al que  019ww
naorg ucmoemnptoasrt aq useu sse  ihdaegaasn  svoablerer  yl aq uea uetosdtáente, rnmoi npaacriaó nv.e nYc ere lalol ,q upee sneo  pai enlossa  imguuaclh, onsi 
pleagriati msiudpaedr pforennetrelo sa  ao ltara ,l egsianloid apda rbaa sháancdeorsloes  evna llear  veonlu nltaa rissotac iesduapde ridoerimdaodc rdáetic au nay 
convencer traspasándolos, en su caso, a la legalidad. También aquellos ciudadanos que
profesan otras concepciones sobre el llamado problema territorial gozan de iguales 
derechos. Y con iguales métodos –tanto en el plano del tejido social como en el ámbito 
de la política institucional– ha de respetarse su capacidad y derecho de oponer a esas 
ideas otras que, para ellos, son las que encarnan la legitimidad.
Pero una cosa bien distinta a la disidencia, canalizada a través de múltiples formas 
de participación política –ontológicamente distinta, pues la diferencia no es solo de grado 
o  de  intensidad,  sino  cualitativa–,  es  la  oposición  activa  y  concertada,  frente  a 
actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas 
pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. 
La  estrategia  desplegada  que,  en  buena  medida,  fue  estimulada  y  alentada  con 
entusiasmo y un innegable poder convictivo y movilizador por los acusados –cada uno 
de ellos en su propio ámbito de actuación– fue desplegada para lograr que la votación 
prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la 
actuación de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda 
totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la 
exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos.
En  definitiva,  no  puede  quedar  amparado  en  una  causa  de  exclusión  de  la 
antijuridicidad el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose 
para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la 
función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada 
ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17.5.3  Libertad ideológica.
El mismo rechazo hemos de suscribir al pretendido efecto exoneratorio derivado del 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica. Su contenido, tal y como ha sido 
configurado  por  la  jurisprudencia  constitucional  (cfr.  SSTC  120/1990,  137/1990, 
214/1991, 177/2015) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cfr. sentencia de 13 
marzo 2018, Stern Taulats y Roura Capellera c. España), no puede abarcar los hechos 
que sustentan las imputaciones que se formulan para cada uno de los acusados.
También ahora hemos de insistir en que la libertad ideológica de los acusados ha 
permanecido incólume a lo largo del proceso. Su condición de parte pasiva nada tiene 
que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, han 
podido participar incluso en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva. 
Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que, hoy por hoy, sostienen la acción 
de gobierno de la Generalitat.»
Como  ha  quedado  reflejado  al  transcribir  el  apartado  7.2.5  del  reiterado  auto 
resolutorio del incidente de nulidad, el tribunal sentenciador considera que la actuación 
del demandante «desbordó ampliamente los derechos constitucionales mencionados». 
Sin embargo, es en el apartado 2.5.2 del citado auto donde se ofrece una detallada y 
exhaustiva respuesta sobre esta cuestión, al resolver el incidente interpuesto por el 
señor Cuixart:
«Las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de octubre 
de 2017, no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje político. 
Tampoco eran la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen indudable 
encaje constitucional. Antes al contrario, eran acciones ejecutadas en un indisimulado 
lenguaje performativo. Simultáneamente a su desarrollo se implementaban apartados del 
Decreto dictado por el Govern en desarrollo de la inconstitucional normativa de secesión  e.
aprobada por el Parlament. Se trataba así de conferir una efectividad a esa ilegal norma  w.
de  cobertura,  con  desprecio  de  su  invalidez,  posibilitando  la  celebración  de  un  019ww
rSeefe lroégnrdaubma  dqeu ee estluad fíoar mlaa e lfaic arceiaal izdaec icóuna lsqiumieurl tárenseoal upcoiórn l ojusd cicoianlv otecnadnetenste d ae  ilma paecdciriólon. 
eevsotactaudaari,a c.elebración del ilegal referéndum, en cuanto contrario a la normativa electoral y  BOE-A-cable e
No se trataba, pues, de la promoción de meras manifestaciones cuya ilicitud se 
asociara al incumplimiento de un requisito administrativo –como se contempla en las 
SSTEDH de 12 de junio de 2014, Primov y otros c. Rusia, o 27 de enero de 2009, 
Karabulut c. Turquía–. Lo que sucedió y como tal fue objeto de enjuiciamiento eran 
graves comisiones delictivas en las que, a través de una conducta coactiva, se facilitaba 
e imponía una normativa antidemocrática, adoptada con menosprecio y conculcación de 
los  derechos  de  un  relevante  número  de  parlamentarios  autonómicos  y  de  los 
ciudadanos a los que representaban, que superaban a la mitad de los votantes.
No es posible, por tanto, afirmar que la sentencia cuya nulidad se insta condena por 
convocar manifestaciones pacíficas. Menos aún, que esa condena se limita a los hechos 
acaecidos el día 20 de septiembre. Quien así argumenta trocea de forma inadmisible lo 
verdaderamente acaecido. El día 20 de septiembre el registro judicial se desarrolló en 
una  atmósfera  de  coacción,  hasta  el  punto  que  impidió  el  desplazamiento  de  los 
investigados  al  registro  de  sus  despachos,  dadas  las  concertadas  intervenciones 
intimidatorias de los convocados, ese mismo día, en diversos lugares. La propia brigada 
móvil de los Mossos (BRIMO) encontró fundados obstáculos para el desarrollo de su 
función. Ningún responsable de seguridad se comprometía a que los objetos incautados 
y la documentación intervenida durante el registro pudieran mantenerse en poder de los 
funcionarios  que  los  custodiaban,  si  estos  llegaran  a  abandonar  la  sede  de  la 
vicepresidencia con la multitud en la puerta utilizaran o no para ello el pasillo habilitado 
por los voluntarios de una de las asociaciones civiles convocantes. La letrada de la 
administración  de  justicia  tuvo  que  salir  del  edificio  de  forma  subrepticia,  bajo 
indicaciones policiales, ante el riesgo serio que corría su integridad física y la de los 
funcionarios que practicaban el registro. Los "matan", llegó a decir un responsable de 
seguridad. Tal era el ambiente coactivo en el que se desarrolló la diligencia judicial que 
cuando algunos agentes de los Mossos d´Esquadra fueron confundidos con practicantes 
del registro tuvieron que huir corriendo para refugiarse en un edificio próximo.
La actuación de los convocados iba más allá del simple y legítimo ejercicio del 
derecho de reunión. La multitud, no solo se manifestaba, sino que cumplimentaba la 
expresiva llamada por parte del recurrente "en defensa de les nostres institucions". Unas 
instituciones sobre las que, dicho sea de paso, ningún peligro se cernía, más allá del 
demoledor efecto que para su vigencia y desarrollo habría tenido, en su caso, la efectiva 
vigencia de las ilícitas leyes de transitoriedad y referéndum. Las manifestaciones objeto 
de la concurrencia pública, en modo alguno resultaban amparadas por el derecho a la 
libertad  de  expresión,  en  cuanto  conllevaban  un  levantamiento  con  el  objetivo  de 
implementar  una  normativa  antidemocrática  y  afectaban  potencialmente  y  de  forma 
mediata  a  la  integridad  territorial.  (vid.  decisión  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 28 de mayo de 2019, María Carmen Forcadell i Lluis y otros c. España, 
demanda núm. 75147-17)
También  por  la  vía  coactiva  se  procuró  la  realización  del  referéndum  como 
desautorizado instrumento jurídico que obligaba, de forma automática, a la consecutiva 
proclamación de la república catalana. Y por más formal y simbólica que fuese, esa 
declaración asentaba un hito más en las vías de hecho hacia una independencia cuyo 
itinerario había sido diseñado por los autores o, al menos, asumido por estos.
Cuando se afirma en defensa de la nulidad de nuestra sentencia el hecho de que se 
han condenado ideas, se prescinde de una realidad incontrovertida, a saber, que la 
independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No 
lo fue cuando, como cada anualidad, el 11 de septiembre se celebró la diada, con  s
asistencia –según las fuentes que se consulten– de entre trescientas cincuenta mil y un  oe.
millón de personas. Una reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de  w.
que "votaremos, quieran o no quieran", en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la  019ww
hpurobhoib piceiórsne dceu claió nce lpeebnraacl iócuna dnedl or,e fuenréan dyu mot rqau eve tzu,v os elu gparor culnaomsa dbíaa sl ad einsspuumésis. iTóanm ap olocos 
tribunales y gobiernos "[…] que solo quieren preservar la indivisible unidad de la patria".
En definitiva, la respuesta jurisdiccional a los hechos enjuiciados ha estado inspirada 
en la lógica observancia de nuestros principios constitucionales y de la propia doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, manifestada en Stankov y Organización 
Macedonia Unida Ilinden c. Bulgaria de 2 de octubre de 2001, § 97, asuntos 29221/95 
y 29225/95. Tampoco es posible proclamar que este proceso tuviera como fin un efecto 
disuasorio de la libertad de expresión. Conviene insistir en que los hechos por los que se 
ha dictado condena fueron, desde luego, algo más que una reunión de ciudadanos que 
con  libertad  expresan  sus  reivindicaciones  ideológicas.  No  hemos  criminalizado 
opiniones y protestas. Los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
buscaban  implementar,  en  connivencia  las  autoridades  autonómicas  y  los  líderes 
asociativos  que  han  resultado  condenados,  una  normativa  antidemocrática  e 
inconstitucional. Un bloque jurídico –hay que insistir en ello– aprobado con desprecio de 
la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y 
advertencias del Tribunal Constitucional y de la Constitución y el Estatuto, norma rectora 
de la convivencia en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña.
De la ilicitud del referéndum es bien elocuente el hecho de que la presidencia de la 
Comisión de Venecia había comunicado, tras haberle sido notificada su celebración, que 
no puede presentarse como un referéndum democrático aquel que no se ajusta a la ley. 
Menos aún, si su finalidad es coactiva frente al Estado o su resultado se esgrime como 
una decisión suscrita por una sola parte de la población, relevante, pero solo de una 
parte que, por si fuera poco, está muy lejana a la mayoría. Una decisión, en fin, que 
incide sobre cuestiones como la integridad territorial, que es expresión del concepto 
mismo de soberanía nacional. En definitiva, la mera idea de votar, si el ejercicio de ese 
derecho se construye al margen de las previsiones legales, no resulta democráticamente 
amparable.
El  propio  preámbulo  del  Convenio  Europeo  de  Derecho  Humanos,  destaca  la 
preeminencia  del  Derecho.  Y  la  Unión  Parlamentaria  –organización  mundial  de 
parlamentos nacionales, integrada por 179 miembros–, en su Declaración Universal 
sobre la Democracia, realizada en El Cairo, precisó que la democracia está fundada en 
la primacía del Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre (cfr. 
punto 7). En un Estado democrático, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y nadie 
está por encima de la ley.
En conclusión, aunque se redujera la imputación a los levantamientos tumultuarios 
acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre, la aplicación coactiva de las 
leyes  19  y  20  de  2017,  legítimamente  suspendidas,  en  modo  alguno  podía  estar 
amparada por el derecho de manifestación, sobre todo, tratándose de normas jurídicas 
aprobadas –insistimos– con desprecio de la legalidad democráticamente establecida y 
de una minoría parlamentaria que representaba a la mitad de los electores catalanes.»
11.5.2.3  Resolución de la queja.
El demandante persiste en la idea de que, al no haber sido acusados los ciudadanos 
que  se  alzaron,  el  órgano  sentenciador  ha  estimado,  implícitamente,  que  aquellos 
ejercieron  legítimamente  los  derechos  fundamentales  antes  mencionados.  Este 
argumento ya se sustentó, en términos similares, en el planteamiento de la queja relativa 
al abandono selectivo del principio de la «accesoriedad limitada» en la participación. Y al 
resolver la referida queja, este tribunal consideró que esa circunstancia en absoluto 
autoriza a entender que aquellos ciudadanos hubieran actuado amparados por una 
causa de justificación pues, al no haber sido sometidos a un proceso penal, no cabe  e
formular ninguna consideración de esta índole y, menos aún, en esta sede. Replanteada  bo
en  lo  sustancial  esa  pretensión,  la  respuesta  que  ahora  ofrecemos  coincide  en  lo  019ww
etrsibeunncaial l llceovne  laa  ycaa bdoa dvaa.lo Rraecsiópne cjtuor íddiec oe-psoesn atle raclegruonsa  naoc erercsau ltdae lp rcoocmedpeonrttaem qieunet oe sdtee 
eexsitmose nútelti mqouse,  ac ofninte mdep laa seulm  airr to.  2re0c.7h aCzaPr,  qpuoer  soeb rahra lleanb aenj ebrcaijcoi ol ad eco bloesr tudrae redceh olas 
fundamentales que se citan en la demanda. La sentencia recurrida no resuelve sobre
este  particular,  ni  siquiera  implícitamente,  por  lo  que  este  tribunal  tampoco  debe 
pronunciarse al respecto, no solo por imperativo del principio de subsidiariedad al que 
nos vemos sujetos, sino porque al no haber sido enjuiciados esos terceros, cualquier 
valoración que se formule sobre esa temática sería manifiestamente inapropiada.
Sentado lo anterior, procede abordar otro aspecto de la queja, concretamente el 
denominado «efecto desalentador» que se atribuye a la desproporción en que, por su 
severidad, incurren las penas impuestas al demandante. En la STC 62/2019, de 7 de 
mayo, FJ 7, aparece recogida la doctrina sobre la incidencia en el ámbito penal del 
ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el análisis del denominado «efecto 
desaliento».
Hemos señalado que «[e]ste tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 
vinculación de las conductas con relevancia penal en el contexto del ejercicio de los 
derechos fundamentales. Concretamente, en la STC 104/2011, de 20 de junio FJ 6, 
distinguimos los supuestos en que la conducta penal constituye un ejercicio regular del 
derecho fundamental, de aquellos otros en que se produce una extralimitación en su 
ejercicio. En relación con el primero de los supuestos, sostuvimos que: Reiteradamente 
hemos afirmado que "los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma 
contraria a los derechos fundamentales" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, 
de 5 de mayo, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 299/2006, de 23 de octubre, 
FJ 6, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). O desde el enfoque acogido, por ejemplo, 
en la STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2, o más recientemente en la STC 29/2009, de 26 
de enero, FJ 3, que "los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados 
como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de 
un delito". Desde la perspectiva constitucional, entonces, la legitimidad de la intervención 
penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en colisión con el ejercicio de 
derechos fundamentales no viene determinada por los límites del ejercicio del derecho, 
sino por la delimitación de su contenido (según hemos señalado, por ejemplo, en las 
SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; o 185/2003, de 27 
de octubre, FJ 5). De forma que cuando una conducta constituya, inequívocamente, un 
acto  ajustado  al  ejercicio  regular  del  derecho  fundamental,  respondiendo  por  su 
contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia 
que el derecho otorga, no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una 
sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su 
tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 
de septiembre, FJ 3 […])».
Respecto de la segunda situación enunciada, en el referido fundamento jurídico 
figura el siguiente argumento:
«Nuestra doctrina no se detiene en esta primera conclusión básica y previsible, 
aunque imprescindible, sino que cuestiona asimismo la aplicación de los tipos penales 
en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio 
del derecho fundamental, estos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello 
no nos referimos, como es obvio, a los supuestos en los que la invocación del derecho 
fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido 
amparo, cometer actos antijurídicos, sino a aquellos casos en los que, a pesar de que el 
comportamiento  no  resulte  plena  y  escrupulosamente  ajustado  a  las  condiciones  y 
límites del derecho fundamental, se aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en 
su  contenido  y  finalidad  y,  por  tanto,  en  la  razón  de  ser  de  su  consagración 
constitucional. En este último escenario, sin perjuicio de otras consecuencias que el  e.
exceso en que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa  w.b
la  sanción  penal  supondría  una  vulneración  del  derecho,  al  implicar  un  sacrificio  019ww
dteenseprr oupno ercfeiocntoa ddois uea sinonrieoc eos daerisoa ldeen talodso rd deere scuh oesje frucnicdioa m(SeTnCta l8e8s/ 2e0n0 3ju, edgeo 1 9q udee  pmoadyríoa, 
FsoJl o8 )d. oDse  toetrrroe nmoosd, oe,l  cdoem loo  acfoirnmsátirtaumcioonsa elmn eenl tAeT pCr o3t7e7g/i2d0o0 y4 , edl ed 7e  dloe  pouctnuibblree,,  l"oe xqisuteir íanno 
puede admitirse". Así lo hemos declarado en la STC 110/2000, de 5 de mayo, respecto
del  ejercicio  de  las  libertades  de  expresión  e  información  [arts.  20.1  a)  y  d)  CE], 
resolución en la que señalamos que el juez al aplicar la norma penal, como el legislador 
al definirla, no pueden "reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni 
siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en 
cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal" 
(fundamento jurídico 5). O, en el mismo sentido, en un asunto relativo a la libertad 
sindical  (art.  28.1  CE):  "La  dimensión  objetiva  de  los  derechos  fundamentales,  su 
carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta 
con  la  constatación  de  que  la  conducta  sancionada  sobrepasa  las  fronteras  de  la 
protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente 
a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto [...] disuasor o desalentador 
del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada" 
(STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8 y las en ella citadas sobre el "efecto desaliento")».
De la doctrina transcrita cabe extraer las siguientes consideraciones: i) cuando una 
conducta  queda  plenamente  amparada  por  el  ejercicio  legítimo  de  un  derecho 
fundamental no puede ser reputada antijurídica, aunque tal conducta sea subsumible en 
determinado tipo penal y ii) en supuestos de exceso o extralimitación en el ejercicio de 
un  derecho  fundamental  puede  llegar  a  plantearse  la  necesidad  de  ponderar  si  la 
sanción  penal  supone  un  sacrificio  innecesario  o  desproporcionado  del  derecho  o 
libertad del que se trate y, por ello, provoca un efecto desalentador.»
Con independencia de lo ya manifestado respecto de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que se movilizaron los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, 
debemos añadir que, en el contexto propio de un recurso de amparo que trae causa de 
un  procedimiento  penal  seguido  contra  el  demandante  y  otros  acusados,  no  cabe 
dilucidar sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales de terceros a 
quienes el procedimiento penal no les ha afectado. Y ello, porque las resoluciones 
impugnadas en el presente recurso no han podido ocasionarles lesión alguna, al no 
haberse establecido ningún tipo de responsabilidad penal respecto de ellos.
Tampoco la queja resultaría de recibo, en el entendimiento de que son los derechos 
fundamentales  del  demandante  los  afectados  por  la  sentencia,  con  motivo  de  su 
participación  personal  y  directa  en  esos  acontecimientos.  Debe  advertirse  que  del 
examen de las resoluciones impugnadas no se desprende que su condena derive de su 
participación  en  los  actos  multitudinarios  a  los  que  repetidamente  se  ha  hecho 
referencia, pues no consta dato alguno que refleje esa intervención. Y en cuanto el 
ejercicio del derecho a la libertad ideológica, es cierto que la sentencia detalla que el 
demandante, al igual que otros acusados, actuó con una finalidad cuya naturaleza 
política es notoria; pero como se indica en diferentes apartados de la citada resolución, 
la ideología del recurrente no fue un factor determinante de su condena, pues fue su 
intervención como miembro del Govern lo que propició que participara en la aprobación 
de las normas ulteriormente declaradas inconstitucionales por este tribunal y, pese a la 
nitidez de los requerimientos que en su día formulamos para el restablecimiento del 
orden constitucional, finalmente el «referéndum» del día 1 de octubre de 2017 llegó a 
celebrarse, con los incidentes y enfrentamientos ya relatados, siendo destacable la 
activa promoción de ese evento por parte del recurrente, como así lo recoge la sentencia 
combatida en este recurso, amén de las valoraciones que se llevan a cabo en relación 
con el atraque del barco policial en el puerto de Palamós y la cesión de un local 
gestionado por la Consellería de la que era titular el demandante. e.
En suma, según se detalla en la sentencia, el comportamiento del recurrente no  w.b
consistió en el ejercicio de los derechos de reunión, expresión o manifestación. Como  019ww
pciruodmaodtaonr osd ep arlaa  qsueed iecli ódní,a  sjuenñtaol adcoo np aoratr oesl  reafceurésanddousm  acocundvoiecróa n ma avsoivtaarm eenn tceu aalq ulioesr 
ctroalnesgiitoo,r iecdoand l aju rfíindaiclaid ay df udned aacciotinvaalr  dlae  lcal áreupsuúlbal icdae  caautatolamnaat ipcaidraa dd eptreervmisintaa re lna  slae cleesyi ódne; 
es decir, la sustitución del legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, por el diseñado en la citada ley de transitoriedad.
En apoyo de la falta de proporcionalidad de las penas impuestas, también se esgrime 
que  los  organizadores  de  la  convocatoria  del  día  1  de  octubre  propiciaron 
concentraciones masivas de personas para que votaran, pero no incitaron a ejercer la 
violencia;  y  no  obstante  ello,  las  penas  que  les  han  sido  impuestas  alcanzan  una 
extraordinaria severidad, equiparables a las que se prevén para delitos graves contra la 
vida o la integridad física. En esencia, lo que el recurrente asevera es que el abierto 
reclamo de los ciudadanos para que participaran en la votación orquestada no fue más 
que una promoción del derecho de reunión, con la finalidad de llevar a cabo un acto de 
participación política que, en algunos casos, dio lugar enfrentamientos con las fuerzas 
policiales, que no empecen el legítimo favorecimiento de ese derecho.
Esta  argumentación  parte  de  una  premisa  que  no  se  compadece  con  los 
fundamentos de su condena. Ciertamente, en la sentencia impugnada no se afirma que 
el recurrente exhortara a los ciudadanos a comportarse de manera violenta, de modo 
que la responsabilidad penal que se le atribuye, como autor de un delito de sedición, 
tampoco dimana del hecho de haber inducido a los convocados a comportarse de modo 
agresivo, sino de la valoración que de su comportamiento se lleva a cabo, especialmente 
en el juicio de autoría singularizado que figura en el apartado C) 1.5 de la sentencia.
Para refutar esta queja, procede retomar la respuesta dada por el órgano judicial al 
pronunciarse sobre el ejercicio del derecho de reunión [apartado 17.5.2 del fundamento 
A)  de  la  sentencia],  lo  que  permite  comprobar  que  la  apreciada  antijuridicidad  del 
comportamiento del demandante y otros acusados no se basó en que fomentaran la 
exteriorización  de  una  disidencia  política  o  que  promovieran  protestas  de  carácter 
multitudinario. Por el contrario, para el órgano judicial la movilización de los ciudadanos 
tuvo por objeto implementar la estrategia previamente diseñada por los acusados, a fin 
de que aquellos llevaran a cabo una actividad que trasciende netamente del contorno del 
derecho de reunión; concretamente, participar en la votación declarada ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, aun 
cuando los acusados no alentaran el acometimiento violento de los movilizados contra 
las fuerzas policiales, sin embargo, los enfrentamientos que se describen en el relato 
histórico de la sentencia recurrida han servido para configurar el delito de sedición que la 
referida  resolución  aprecia,  al  ser  una  consecuencia  derivada  del  desarrollo  de  la 
estrategia a que se ha hecho mención.
Con  independencia  de  lo  expuesto,  no  debe  quedar  inadvertido  un  dato 
especialmente relevante. A la sazón, el demandante de amparo ostentaba el cargo de 
conseller de Territorio y Sostenibilidad con anterioridad a la fecha de celebración del 
referéndum de fecha 1 de octubre de 2017. Según establece el art. 2.4 EAC: «[l]os 
poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo 
establecido en el presente Estatuto y la Constitución».
A su vez, el art. 3 EAC dispone, en su apartado uno, que «[l]as relaciones de la 
Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y 
se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de 
autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad», mientras que, en su 
apartado segundo, se estatuye que «Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión 
Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los 
principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos».
Conforme a la normativa expuesta, se colige sin dificultad que el demandante venía  s
obligado a ejercer el cargo de conseller conforme al marco normativo enunciado. Ello  oe.
implica  que  debía  cumplir  las  obligaciones  inherentes,  de  manera  principal,  el  w.
acatamiento de la Constitución y de las decisiones de su supremo intérprete. Ese deber  019ww
AesTpCe c2i4a/l2 0d1e7 a, cFaJt a8m: iento ha sido reconocido por este tribunal, como así lo refleja el
«El deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos "constituye 
un  soporte  esencial  del  funcionamiento  del  Estado  autonómico  y  cuya  observancia 
resulta obligada" (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4).»
Recae  así  «sobre  los  titulares  de  cargos  públicos  un  cualificado  deber  de 
acatamiento a dicha norma fundamental, que no se cifra en una necesaria adhesión 
ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de 
acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico […]. [Q]ue esto sea 
así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado 
como  constitucional  y  de  Derecho».  Por  tanto,  «el  ordenamiento  jurídico,  con  la 
Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la 
democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FFJJ 4 y 5).
Como advertimos también en la STC 259/2015, «[e]n el Estado social y democrático 
de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad 
democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda» pues la legitimidad 
de cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, 
que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE). De 
modo que «la primacía incondicional de la Constitución es garantía de la democracia 
tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la previsión misma de 
procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5).
Así pues, conforme a la doctrina transcrita no cabe pretextar el ejercicio de los 
derechos fundamentales para objetar la antijuridicidad de la conducta del demandante, 
puesto que ningún derecho de esa naturaleza legitima que el titular de un poder público 
autonómico incumpla las obligaciones que la propia Constitución le impone, entre ellas, 
el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal (art. 87.1 LOTC), al igual que las 
dictadas por los jueces y tribunales (art. 118 CE).
El argumento que se acaba de exponer también resulta de aplicación respecto del 
favorecimiento del ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos que 
acudieron a votar el día 1 de octubre de 2017, algunos de los cuales participaron en los 
enfrentamientos con las fuerzas policiales que se detallan. El demandante era titular de 
un  poder  público  autonómico;  y  en  ejercicio  de  ese  poder  realizó  una  actividad 
frontalmente contraria a Derecho, puesto que se sirvió de los ciudadanos que acudieron 
a votar para desbordar «tumultuariamente» las defensas de la legalidad establecidas por 
el Estado de Derecho. Por tanto, debemos rechazar que, so pretexto de facilitar el 
ejercicio  de  esos  derechos,  estuviera  legitimado  para  incumplir  las  obligaciones 
inherentes al cargo que desempeñaba.
Si  lo  ya  expuesto  sirve  para  rechazar  que  la  actuación  del  recurrente  pudiera 
acogerse a la exención de responsabilidad penal que proclama el art. 20.7 CP, tampoco 
cabe apreciar el denominado «efecto desaliento», bajo el alegato de que las penas 
impuestas desincentivan el ejercicio de esos derechos. La conducta del recurrente no 
constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de derechos fundamentales 
pues, como así se recoge en la sentencia, lo que aquel pretendía era neutralizar las 
decisiones  adoptadas  por  este  tribunal  y  los  órganos  judiciales  sirviéndose  de  la 
movilización ciudadana para ese propósito. Por ello, tal conducta queda al margen del 
ejercicio de los mencionados derechos, de manera que no puede ampararse en un 
eventual «efecto desaliento» para tildar de desproporcionadas las penas impuestas.
Por  todo  lo  razonado,  se  desestiman  las  quejas  de  vulneración  del  derecho 
reconocido en el art. 25.1 CE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Josep Rull i Andreu.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a once de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso 
de amparo avocado núm. 1407-2020
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a la 
legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal 
(art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), y de reunión (art. 21 CE), por haberse 
impuesto una pena desproporcionada. Ello no obstante, entendemos que la sentencia 
posee una indudable calidad técnica y pone de relieve el esfuerzo del Tribunal para 
responder a las muchas cuestiones planteadas, en relación con un asunto de una 
complejidad  técnica  muy  por  encima  de  la  media.  Este  voto  particular  en  nada 
desmerece ese trabajo ni la argumentación con la que muestra su acuerdo la mayoría 
del Pleno, pero sí se expresa con la intención de poner de manifiesto la posibilidad, 
técnica también, de formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas 
impuestas, más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad y en 
sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países 
de la Unión Europea. Una visión del principio de legalidad que encuentra su articulación 
óptima en la preservación del Estado de Derecho.
1.  Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por el recurrente 
respecto del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que ha culminado con su condena a diez años y seis meses de prisión y otros 
tantos de inhabilitación absoluta por la comisión de un delito de sedición de los arts. 544 
y 545.1 CP en concurso medial del art. 73.2 CP con un delito de malversación de 
caudales públicos del art. 432.1 y 3 CP. Nuestro principal desacuerdo con la posición 
mayoritaria en la que se sustenta la sentencia radica en lo que consideramos un análisis 
de constitucionalidad y una resolución final de la invocación del derecho a la legalidad 
sancionadora, especialmente en la proyección del principio de proporcionalidad penal a 
la cuantificación de la pena realizada por el órgano judicial sentenciador, alejado de la  e.
que consideramos una visión más flexible del principio de legalidad penal. Flexibilidad  w.
que, a su vez, asociamos a una perspectiva en la que la defensa del Estado de Derecho  019ww
cyo dneju lgoasr speri nccoipni ousn aas opcroiatedcocsi óan e ys tag anroacnitóían  bdáes ilcoas  ddee rlaesc hdoesm foucnrdaacmiaes nmtaoledse rninacslu dseob edne 
quienes no comparten la misma visión del respeto al Estado de Derecho.
Un  análisis  alternativo,  que  nosotros  consideramos  de  mayor  corrección 
constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional y europeo 
de los derechos humanos, hubiera debido desembocar, tal como sostuvimos en la 
deliberación,  en  una  sentencia  estimatoria.  Esta  sentencia,  sin  negar  la  eventual 
relevancia penal de la conducta enjuiciada, hubiera debido acordar la necesidad de una 
cuantificación de la pena acorde con el principio de proporcionalidad penal en atención a 
la gravedad de la conducta enjuiciada y a su vinculación con el contexto del ejercicio de 
derechos fundamentales sustantivos.
2.  El proceso argumental que nos ha llevado a defender esta posición durante la 
deliberación exige, por la interrelación que hay entre muchos de los aspectos alegados 
bajo la invocación del derecho a la legalidad penal y su conexión con otros derechos 
sustantivos, que se aborden, a pesar de que no se discrepe con la fundamentación ni la 
solución aportada a todos ellos, las siguientes garantías del principio de legalidad penal: 
(i) el principio de taxatividad en la configuración legal del delito de sedición; (ii) el 
principio de prohibición de interpretación extensiva o analógica en la aplicación judicial 
del delito de sedición; (iii) el principio de proporcionalidad penal en la configuración legal 
del delito de sedición; y (iv) el principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de 
la pena en el momento judicial de su aplicación.
I. Sobre el cumplimiento del principio de taxatividad en la configuración legal del 
delito de sedición.
3.  El recurrente fundamentó una de las invocaciones del derecho a la legalidad 
penal (art. 25.1 CE) en la eventual vulneración del principio de taxatividad o certeza en la 
configuración del delito de sedición, con el argumento de que los elementos que delinean 
este tipo penal resultan indeterminados y de difícil aprehensión para el ciudadano, quien 
no podría, en consecuencia, ordenar su comportamiento con la previsibilidad necesaria 
para no incurrir en una conducta delictiva. Esta invocación ha sido rechazada por la 
posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia argumentando que la conducta 
sancionada resulta reconocible con un razonable grado de claridad.
4.  En términos generales estamos de acuerdo con esta conclusión. Pero, tal y 
como pone de manifiesto parte de la doctrina penalista, la solución no era clara ni 
inequívoca desde el principio. Esta falta de certeza, sobre la que reflexiona y resuelve en 
extenso la sentencia de la mayoría, con una argumentación sumamente lógica, es un 
punto determinante para la posterior aplicación del principio de proporcionalidad. Es 
decir, sin discrepar de la subsunción ni los argumentos de la mayoría a este respecto, se 
puede admitir la existencia de dudas notables, y ello posee relevancia para el posterior 
análisis de la garantía de proporcionalidad penal. Por estas razones exclusivamente, los 
párrafos que siguen hacen patente la relativa indeterminación de la descripción de la 
conducta  sancionada  en  el  delito  de  sedición.  El  delito  de  sedición  se  configura 
legalmente a partir de elementos de un fuerte carácter normativo que, frente a aquellos 
de carácter descriptivo, tienen una más difícil aprehensión por parte del ciudadano. Los 
elementos  de  carácter  normativo  aparecen  de  manera  muy  señalada  en  todos  los 
aspectos esenciales delimitadores de la conducta sancionada, ya que están presentes 
tanto para describir la acción típica –alzamiento público y tumultuario–, como el medio 
comisivo –fuerza o fuera de las vías legales– o la finalidad perseguida –impedir la 
aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el 
legítimo  ejercicio  de  sus  funciones  o  el  cumplimiento  de  sus  acuerdos  o  de  las  e.
resoluciones administrativas o judiciales–. Estos elementos, al deber ser interpretados  w.
por parte de los aplicadores del derecho no a partir de su directa comprensión en el  019ww
lcernitegruioasje  qcuoem túrna,s csiiennod mene ddiea nltoes  umn eprraomceesnote i ngtrearmpraettiactaivleos ,m iámsp clicoamnp luenjo  meany qour eg rinafdluoy deen 
imprevisibilidad en su aplicación para el ciudadano.
Tampoco  cabe  ignorar  en  este  sesgo  de  relativa  indeterminación  del  delito  de 
sedición algunos aspectos sistemáticos como son: (i) La referencia expresa que se hace 
en la tipificación de este delito en el art. 544 CP a «sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión», la cual pone de manifiesto una voluntad legislativa de que, en última instancia, 
el delito de sedición se configure como un escalón inmediato inferior de responsabilidad 
o residual en relación con el delito de rebelión o, como lo describe la posición mayoritaria 
en la que se sustenta la sentencia, una posición subsidiaria. (ii) La íntima conexión que 
guarda el delito de sedición con otros tipos penales que se sancionan dentro del título 
relativo a los delitos contra el orden público, como se refleja en que (a) la acción pública 
y tumultuaria con fines de alteración de la paz pública es también parte de la descripción 
típica del delito de desórdenes públicos del art. 557 CP y (b) la finalidad de impedir el 
cumplimiento  de  acuerdos  o  resoluciones  administrativas  o  judiciales  es  también 
elemento constitutivo de los delitos de desobediencia de los arts. 410 y 556.1 CP.
Esta relativa indeterminación del delito de sedición parece que resulta difícilmente 
rebatible.  A  esos  efectos,  cabe  destacar  que  el  Ministerio  Fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional, al afirmar que «el déficit de taxatividad que imputa al tipo penal de 
sedición del art. 544 CP, queda conjurado por la propia interpretación que de los términos 
a  los  que  atribuye  la  indeterminación  han  sido  precisados  por  el  propio  Tribunal 
Supremo»,  viene  a  reconocer  implícitamente  que  la  selección  legislativa  de  los 
elementos configuradores a través de los cuales se ha descrito la conducta sancionada 
en  el  delito  de  sedición  implica  una  situación  deficitaria  en  términos  de  certeza  o 
previsibilidad de la reacción penal necesitada del complemento de la jurisprudencia. Lo 
mismo cabe decir respecto de la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia 
y las propias resoluciones judiciales impugnadas en que también se afirma que las 
objeciones  de  taxatividad,  en  línea  con  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos  Humanos  en  la  materia,  quedan  enervadas  a  partir  de  la  labor  de 
interpretación jurisprudencial.
La  labor  interpretativa  complementaria  de  la  jurisprudencia  para  dar  el  debido 
cumplimiento de la garantía de certeza se ve limitada en este caso dado el escaso 
número de ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de 
analizar este delito. Así se acredita en la propia sentencia impugnada que cita como 
único precedente en su labor exegética del art. 544 CP la STS de 10 de octubre de 1980, 
que, en análisis de la regulación del art. 218 del Código Penal de 1973 vigente en aquel 
momento, confirmó la condena por un delito de sedición, pero de la que reconoce que su 
«valor hermenéutico es más que limitado, al referirse a un artículo previgente» [FJ B) 
4.4]. La misma consideración podría hacerse de las SSTS de 3 de julio de 1991 y 11 de 
marzo de 1994, que también en aplicación de dicho precepto ya derogado confirmaron la 
absolución por el delito de sedición.
5.  En conclusión, si bien la configuración legal del delito de sedición supera a 
nuestro  juicio  el  estándar  constitucional  establecido  por  el  principio  de  taxatividad, 
interesa resaltar, por su trascendencia respecto de la aplicación de otras garantías del 
derecho a la legalidad penal, la presencia de rasgos de relativa incertidumbre para el 
ciudadano potencial autor de este delito derivados de (i) la alta presencia de elementos 
normativos en su configuración legal, (ii) la muy limitada posibilidad de que se pudieran 
aprehender  dichos  elementos  a  partir  de  una  previa  labor  complementaria  de  la 
jurisprudencia y (iii) la íntima conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad 
con el delito de rebelión y en su umbral inferior con otros delitos contra el orden público.
II.  Sobre el cumplimiento del principio de prohibición de interpretación extensiva o  bo
analógica en la aplicación judicial del delito de sedición. 019ww
pena6l.   (aErlt .r e2c5u.r1re nCteE )f unedna mlae netóv eonttruaa ld ev ulalnse rinavcoiócna cdioenl esp rdinecl ipdioe redceh o paro lhai bliecgióanli ddaed 
interpretación y aplicación analógica o extensiva del delito de sedición, con el argumento
de que la labor de subsunción del órgano judicial había resultado constitucionalmente
defectuosa en relación con diversos aspectos como eran (i) su relación de autoría con 
los hechos considerados sediciosos –los producidos el 20 de septiembre de 2017 en la 
Consejería  de  Economía,  con  ocasión  de  la  diligencia  judicial  que  se  estaba 
desarrollando  allí,  y  el  1  de  octubre  de  2017,  con  ocasión  de  la  celebración  del 
denominado referéndum– y (ii) la propia consideración como sediciosos de los hechos 
que tuvieron lugar ambos días.
Esta invocación ha sido rechazada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia argumentando que, con carácter general, la sentencia impugnada, con un 
razonable grado de concreción, ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar la 
existencia  de  la  infracción  penal  tanto  en  relación  con  los  actos  constitutivos  del 
«alzamiento tumultuario», que exige el tipo penal, como respecto del desarrollo de la 
estrategia ideada por los acusados que sustentan su autoría.
En concreto, respecto de la consideración del recurrente como autor de un delito de 
sedición, se afirma que, si bien no existe un juicio singularizado de autoría que le vincule 
con los incidentes del 20 de septiembre de 2017, en la resolución judicial impugnada se 
establece que su responsabilidad se deriva de que, en su condición de miembro del 
Govern, su conducta de propiciar la derogación de hecho de leyes vigentes y válidas 
para  sustituirlas  por  otras  no  válidas  y  la  movilización  de  ciudadanos  para 
comportamientos tumultuarios obstativos de la ejecución de órdenes jurisdiccionales, le 
resulta objetivamente imputable como miembro del colectivo, en cuanto garante de la 
indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición.
Por  su  parte,  respecto  de  la  consideración  como  sediciosos  de  los  hechos 
acontecidos, se reproducen los argumentos utilizados en el auto impugnado del Tribunal 
Supremo desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, entre los que se puede 
destacar que (i) para satisfacer las exigencias del tipo penal de sedición es suficiente el 
«extravío –actuar fuera de las vías legales–, del procedimiento ordenado a los ilícitos e 
inconstitucionales objetivos»; y (ii) la interpretación del tipo no criminaliza como sedición 
supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes 
judiciales,  cuya  acotada  dimensión  en  modo  alguno  pone  en  cuestión  el  Estado 
democrático, sino que lo juzgado era «que al extravío del procedimiento seguido se une 
el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se 
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se 
integran los movilizados».
7.  La argumentación desarrollada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia, no siendo irrazonable, podría haber sido diversa al valorar la aplicación del 
principio de prohibición de la analogía del tipo penal de sedición, porque también aquí 
cabían dudas lógicas.
Son  fundamentadas  las  dudas  sobre  la  construcción  de  la  responsabilidad  por 
autoría que se ha desarrollado en la sentencia impugnada con el argumento de una 
supuesta posición de garantía solidaria de todos los miembros del Govern por su mera 
condición de tales, especialmente en relación con los hechos del 20 de septiembre 
de 2017, por tratarse de una manifestación convocada por diversas organizaciones de la 
sociedad civil, en principio ajena a la labor de decisión política o administrativa del 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
También son aceptables las dudas relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 
de  octubre  de  2017  representen  actos  típicos  de  alzamiento  público  y  tumultuario 
desarrollados a partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Es laxa la interpretación 
de estos medios comisivos realizada por las resoluciones judiciales impugnadas como  e.
sinónimos de «extravío procedimental». Admite dudas proyectar la idea de alzamiento  w.b
tumultuario  sobre  dichas  movilizaciones.  Los  acontecimientos  del  20  de  septiembre  019ww
deen c2u0e1n7tr asne  admespaarrraodlloasn  eenn  eell  ceujresroc icdieo  udneal  dcoenreccehnotr adceió nre puonrió lno,  qsuine , peenr jupircinioc ipdieo , lsoes 
eexsctee sdoesr eecnh olo. sE qnu ere alalgciuónno sc omn alnai femsutaltnittuedsi npaurdiaie rmaonv hiliazbaecrió inn ccuirurdidaod aenna  edl eelj edrícaic i1o  ddee 
octubre de 2017, los incidentes que se produjeron, aunque importantes, tuvieron carácter
aislado, por lo que no resulta fácil atribuir a esa movilización ciudadana que tuvo lugar 
ese día con el fin de ejercer un supuesto derecho de voto elementos tumultuarios.
Por otra parte, si en los términos exigidos por el órgano judicial, el delito de sedición 
no criminaliza meros actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de 
órdenes  judiciales,  sino  «el  ataque  y  consiguiente  efectivo  riesgo  para  el  modo 
democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles», 
tampoco cabría prescindir de otras consideraciones, reconocidas en las resoluciones 
impugnadas, que (i) ponen de manifiesto el muy alto control institucional que el propio 
sistema democrático tenía sobre los riesgos pretendidos o generados con estos actos 
colectivos, singularmente la suspensión de cualquier tipo de eficacia de la normativa que 
pretendía dar legitimidad al denominado referéndum del 1 de octubre de 2017 y de los 
resultados  de  dicho  referéndum;  y  (ii)  reconocen  que  la  pretensión  real  de  los 
condenados «era presionar al Gobierno de la Nación para negociar un referéndum, este 
sí, susceptible de homologación». Ambos aspectos son relevantes en lo relativo a la 
subsunción del delito de sedición en tanto que servirían para proyectar serias dudas de 
tipicidad de la conducta respecto de la exigencia, reconocida por el propio órgano 
judicial, de la existencia de un efectivo riesgo para el sistema democrático, cuando (i) la 
pretensión real no era la declaración unilateral de independencia sino la presión política 
para poder conseguir, en su caso, dicha pretensión por procedimientos homologados por 
el actual régimen constitucional, y (ii) cuando, en su caso, dichos riesgos estaban 
controlados  mediante  los  instrumentos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  del 
propio sistema democrático.
8.  Estas valoraciones no permiten descartar a priori la invocación del principio de 
prohibición de la analogía en la aplicación de los tipos penales. La conducta enjuiciada 
podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes 
públicos o la desobediencia. No obstante, aun pudiendo concluirse que las labores 
interpretativa y subsuntiva del delito de sedición en este caso se han conducido con un 
grado de previsibilidad suficiente para colmar el estándar del principio de prohibición de 
la analogía, sin embargo, por su trascendencia respecto de la aplicación del principio de 
proporcionalidad  penal,  deben  destacarse  determinados  aspectos  esenciales  en  el 
proceso argumental para la desestimación de esta vulneración.
Así,  es  relevante  que,  (i)  desde  la  perspectiva  de  la  acción  típica,  se  haya 
interpretado y considerado concurrente un alzamiento público y tumultuario, a partir de la 
idea  de  actos  públicos  cívicos  multitudinarios  con  incidentes  aislados;  (ii)  desde  la 
perspectiva de los medios comisivos, se haya interpretado y considerado concurrente el 
uso de fuerza o fuera de las vías legales, a partir de la idea de «extravío procedimental»; 
(iii)  desde  la  perspectiva  del  resultado  típico,  se  haya  considerado  concurrente  la 
existencia de un efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia a partir de 
situaciones que estaban controladas mediante instrumentos legales y cuyo objetivo era 
ejercer  presión  política  para  posibilitar  la  búsqueda  de  vías  legales  de 
autodeterminación, y (iv) desde la perspectiva de la autoría, se haya interpretado y 
considerado  concurrente  la  responsabilidad  penal  del  recurrente  a  partir  no  de  su 
participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos, sino a partir de una 
genérica  posición  de  garante  por  formar  parte  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Generalidad.
Todos  estos  aspectos  son  de  interés  para  el  ulterior  análisis  del  principio  de 
proporcionalidad penal, pues, aunque la interpretación y aplicación judicial del delito de 
sedición  pudiera  superar  el  estándar  constitucional  establecido  por  el  principio  de  e.
prohibición de la analogía, no puede obviarse que el órgano judicial optó en esta labor de  w.b
interpretación y subsunción por entender responsable penal al recurrente en virtud de  019ww
uunmobsr ahl emchínoism oy  dpea rttiicpiipcaidcaiódn  deenl  deellloitso  qduee  sseed icsiiótúna ne ne na telon cqióune  as el opso dmreíad icoosn csoidmeirsaivr oesl 
puatilritzicaidpoasc,i ólna.s E cno únldtiumcata isn sdtaenscairar,o lslai deassta, sl ac oanfseicdtearcaicóino naels  onrod ehna np útebnliicdoo  uyn eal  trgardaudcoc iódne 
en términos de su subsunción en delitos de una inferior gravedad –desórdenes públicos
o desobediencia, por ejemplo– sí resulta exigible constitucionalmente en términos de 
proporcionalidad penal, que deban tener un reflejo en la cuantificación de la pena dentro 
de su calificación como delito de sedición.
III.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
configuración penal del delito de sedición.
9.  El recurrente, de manera conjunta con la invocación del principio de taxatividad 
por la falta de certeza de los elementos del delito de sedición, incluyó una directa 
referencia  a  la  eventual  vulneración  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
configuración legal de este delito, al alegar que el delito de sedición (i) se sanciona con 
unas penas privativas de libertad elevadas y (ii) la conducta tipificada puede implicar una 
restricción  de  los  derechos  de  reunión  pacífica,  libertad  de  expresión  y  libertad 
ideológica, provocando con ello un efecto desincentivador de tales derechos.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, en respuesta a esta 
invocación, incluye una transcripción del FJ 23 de la STC 136/1999, de 20 de julio 
(asunto mesa de Herri Batasuna), en que se destacan los dos aspectos siguientes: (i) El 
amplio margen de libertad del legislador penal para la configuración de los tipos y la 
cuantificación  de  las  penas  producto  de  un  complejo  juicio  de  oportunidad.  (ii)  La 
limitación del control de constitucionalidad en esta materia a la verificación de que no se 
produzca un patente derroche inútil de coacción que convierta la norma en arbitraria y 
que socave los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y 
al Estado de Derecho. A estos efectos, se debe indagar sobre (a) si los fines de 
protección de la norma penal son relevantes; (b) si la medida era idónea y necesaria 
para alcanzar esos fines de protección, por no ser manifiestamente suficientes medios 
alternativos;  y  (c)  si  el  precepto  es  desproporcionado  desde  la  perspectiva  de  la 
comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena.
A partir de ello se aborda la resolución de esta invocación concentrando toda la 
argumentación en destacar que el delito de sedición no supone una restricción de los 
derechos fundamentales de reunión y libertades de expresión e ideológica, puesto que 
no castiga la movilización masiva de personas, cuyo propósito consista en exteriorizar de 
manera  pacífica  una  protesta,  ya  que  exige  que  se  conduzca,  al  menos,  por  vías 
extralegales y que, con ello, se persiga algunas de las finalidades netamente contrarias 
al funcionamiento medular del Estado de derecho que el precepto detalla, por lo que se 
delimitan medios y fines cuya sanción no afecta al ejercicio legítimo de ningún derecho 
fundamental reconocido por la Carta Magna, lo que excluye su lesión o un eventual 
efecto desaliento en su ejercicio.
Al margen de la ausencia de una respuesta expresa a la concreta invocación de la 
ausencia de proporcionalidad de la pena prevista en el delito de sedición –que solo 
podría entenderse implícita en el resumen jurisprudencial que se hace de la citada 
STC 136/1999–, existen tres aspectos que a nuestro juicio deberían haber sido objeto de 
un  tratamiento  más  detenido  por  su  relevancia  para  dar  una  respuesta  más 
fundamentada a esta invocación. Estos aspectos son: (i) un análisis más en profundidad 
del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la  jurisprudencia  constitucional;  (ii)  una 
exposición más detallada de la jurisprudencia establecida en la STC 136/1997 como 
precedente más relevante para la resolución de la invocación, y (iii) el tratamiento del 
principio  de  proporcionalidad  penal  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
10.  La resolución de la invocación del principio de proporcionalidad penal en la  oe.
cuteronxanpatafo imvgsiuisiceriióanónctnoi  ój –unqpr uiasderpec rlil uaaddl ,eje uelnirtnoics i rpaderle luap dcsreeieóntdneci ncicadióo idncnoa  lhnmous eqbtinuiteuteerc a idou eennsxaitpilag urihdéiaaos    odsu eenmd  doaicinnraáoád–lloíi std iicsaea    mleaqsá utSseeT   enpCnor i 1 nps3crei6op /fai1uod9n. e9dLc9idau a raemd f aleed rjelaaal     2021-10019n https://www.
realidad de una jurisprudencia constitucional más matizada y en la que cabe apreciar
hasta dos corrientes o posiciones en convivencia simultánea, que se pueden concretar 
del siguiente modo:
(i)  La inicial posición del tribunal respecto de la eventual existencia de un principio 
de proporcionalidad penal estaba presidida por dos ideas fundamentales: (a) negar su 
conformación como una garantía reconocida en alguno de los derechos fundamentales 
alegables en amparo, especialmente en el art. 25.1 CE; y (b) ubicar de manera residual 
los supuestos de desproporción penal evidente en la configuración de los tipos penales 
como actuaciones legislativas contrarias a los principios de justicia (art. 1.1 CE) y de 
respeto  a  la  dignidad  humana  (art.  10.1  CE)  con  una  posibilidad  de  control  de 
constitucionalidad muy debilitada y excepcional.
En ese sentido, la STC 65/1986, de 22 de mayo, es categórica al afirmar que «en 
principio, el juicio sobre proporcionalidad de la pena, prevista por la ley con carácter 
general, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la misma, es de 
competencia del legislador. […] Consecuentemente, no cabe deducir del artículo 25.1 de 
la Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la 
pena con la gravedad del delito» (FJ 3). En relación con ello, en el fundamento jurídico 2, 
se hacía una consideración general sobre que «el principio de proporcionalidad de la 
pena  pueda  considerarse  consagrado  por  otros  preceptos  constitucionales. 
Especialmente los que constituyen a España como Estado de Derecho y proclaman la 
justicia como valor superior de su ordenamiento jurídico (art. 1) y el que establece que la 
dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes son fundamento del 
orden político y de la paz social (art. 10)». En consolidación de esta posición acudieron 
las SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6 y 150/1991, de 4 de julio, FJ 4.
Esta corriente es la que se ha asentado en relación con las invocaciones del principio 
de proporcionalidad sancionadora en el ámbito del derecho administrativo sancionador 
[así, por ejemplo, ATC 145/2015, de 10 de septiembre, FJ 4, o STC 13/2021, de 28 de 
enero,  FJ  5  b)],  sin  duda  por  la  imposibilidad  de  que  en  estos  casos  exista  una 
vinculación de la proporcionalidad penal con una eventual limitación del derecho a la 
privación de libertad.
(ii)  La  anterior  posición  jurisprudencial  sufrió  un  importante  giro  con  la 
STC 55/1996, de 28 de marzo, que aborda el principio de proporcionalidad penal, aun 
pretendiendo  mantener  una  cierta  línea  continuista,  desde  una  perspectiva 
completamente diferente caracterizada por los tres criterios siguientes: (a) el principio de 
proporcionalidad no es un canon autónomo; (b) el principio de proporcionalidad penal 
está conectado con el principio general de proporcionalidad vinculado a los derechos 
fundamentales; y (c) la fundamentación del principio de proporcionalidad penal se integra 
por la relación con la eventual restricción de derechos fundamentales en que pueda 
consistir la conducta sancionada o, más claramente, con la consecuencia jurídica de 
privación de libertad que implica, pero con un reconocimiento natural en el art. 25.1 CE, 
lo que permite hacer operativo y normalizado un control de constitucionalidad también en 
vía de amparo de este principio.
Así, cabe destacar, respecto del criterio (a), la afirmación de que «el principio de 
proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de 
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto 
de otros preceptos constitucionales. […] Dicho con otras palabras, desde la perspectiva 
del  control  de  constitucionalidad  que  nos  es  propio,  no  puede  invocarse  de  forma 
autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una 
actuación de un poder público resulta desproporcionada o no. Si se aduce la existencia  e.
de desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida esta  w.b
afecta  al  contenido  de  los  preceptos  constitucionales  invocados:  solo  cuando  la  019ww
idnecsopnrsotpitourccioiónna lidsaudp»o (nFgJa 3 ).vulneración  de  estos  preceptos  cabrá  declarar  la
el  qRuees pneocrtmo adlem leonst ec ritye ridoes  (bfo) rym (ac ),m lau ya firpmaartcicióunla mr árse sdueltsat acaapdliac aebsl eq ueel  «perl inácmipbiioto  edne 
proporcionalidad es el de los derechos fundamentales […]. Esta es, pues, la perspectiva
de enjuiciamiento que debemos adoptar aquí, analizando si la sanción establecida por el 
legislador entraña un sacrificio desproporcionado de los derechos de libertad ideológica y 
de libertad personal, derecho este último que invocado en el contexto de penas de 
privación de libertad remite naturalmente al art. 25.1 CE» (FJ 3). De ese modo, en esta 
resolución se analiza el cuestionamiento del entonces delito de insumisión –negativa a 
cumplir el servicio social sustitutorio al servicio militar– por falta de proporcionalidad 
penal, abordando tanto la restricción que podía suponer de la libertad ideológica (FJ 5), 
como especialmente y de manera muy extensa el derecho a la libertad aplicando el test 
general de proporcionalidad en su dimensión de finalidad perseguida por la sanción 
(FJ 7), necesidad de la sanción penal (FJ 8) y adecuación cuantitativa de la pena (FJ 9).
Esta posición jurisprudencial tuvo una inmediata proyección en la STC 136/1999, 
de 20 de julio, que es el único supuesto en que hasta ahora se ha estimado un recurso 
de amparo por vulneración del principio de proporcionalidad penal en la configuración 
legislativa  de  un  tipo  penal,  y  fue  seguida  posteriormente  en  el  análisis  de 
constitucionalidad de las invocaciones de falta de proporcionalidad penal en relación con 
los diversos delitos de violencia de género (así, por ejemplo, AATC 233/2004, de 7 de 
junio, y 332/2005, de 13 de septiembre; o SSTC 99/2008, de 24 de julio; 45/2009, de 19 
de febrero; 127/2009, de 26 de mayo, o 60/2010, de 7 de octubre).
11.  En los términos ya mencionados, el análisis que se hace por parte de la 
posición mayoritaria de la STC 136/1999 a nuestro juicio no desarrolla con la debida 
atención dos criterios centrales que conforman parte de la posición del tribunal respecto 
del principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa de los tipos penales 
y que son de interés para la resolución del presente recurso de amparo:
(i)  La STC 136/1999, como planteamiento central y a los efectos de establecer el 
encaje constitucional del principio de proporcionalidad penal –en aquel caso en relación 
con el delito de colaboración con banda armada–, asume los planteamientos de la 
STC 55/1996 y subraya que dicho principio está vinculado tanto a la restricción que 
puede suponer el tipo penal de determinados derechos fundamentales por la conducta 
sancionada como a la restricción que supone la imposición de una pena privativa de 
libertad y, por tanto, que ambos aspectos pueden ser objeto de análisis en vía de amparo 
bajo  la  invocación  del  art.  25.1  CE  en  relación  con  los  derechos  fundamentales 
sustantivos concernidos.
Así, en esta resolución se afirma que «en materia penal, ese sacrificio innecesario o 
excesivo de los derechos puede producirse bien por resultar innecesaria una reacción de 
tipo penal o bien por ser excesiva la cuantía o extensión de la pena en relación con la 
entidad del delito (desproporción en sentido estricto). En esta materia, en la que la 
previsión y aplicación de las normas supone la prohibición de cierto tipo de conductas a 
través de la amenaza de la privación de ciertos bienes –y, singularmente, en lo que es la 
pena más tradicional y paradigmática, a través de la amenaza de privación de la libertad 
personal–, la desproporción afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio queda 
privado o restringido con la sanción. El contexto sancionador nos va a conducir con 
naturalidad del ámbito de la libertad personal (art. 17 CE) –cuando, como es ahora el 
caso, la pena sea privativa de libertad– al ámbito del principio de legalidad en materia 
sancionadora (art. 25.1 CE) (SSTC 55/1996, 161/1997, 61/1998), sin que, en conexión 
también con él, quepa descartar que quede también lesionado el derecho cuyo ejercicio 
quedaba  implicado  en  la  conducta  prohibida.  En  el  presente  caso  la  pretendida 
desproporción afectaría, pues, como hemos avanzado, al art. 25.1 CE en su relación con  e
la libertad personal (art. 17 CE) y con las libertades de expresión y de información del  bo
art. 20 C.E. y la de participación en los asuntos públicos del art. 23 CE» (FJ 22). 019ww
legis(ilia) tivLaa  deSl TdCe li1to3 6d/1e9 c9o9l ahbiozroa ciróand iccaorn  lab anindcao nasrtmituacdiao ndaelidsadde  ldae  pelar spceocntfiivgau rdaeci ólan 
ctíupaicnat,if iscia bciieónn  ndoe  sluap opneínaa  ucnoan lsimidietaracniódno  dleossp rtroepso racsiopneacdtoas d esi glousie dneterse:c h(oas)  laa  lac olinbdeurtcatda 
de información, expresión o participación política, sí se mueve en la órbita de dichos
derechos por lo que establecer una penas elevadas puede implicar un efecto desaliento 
respecto de su ejercicio; (b) ese efecto desaliento puede verse potenciado en los casos 
en que, aunque el tipo penal no infrinja la taxatividad, sí use conceptos indeterminados 
que generen más incertidumbre; y (c) es precisa algún tipo de previsión legal que 
permita  atemperar  la  sanción  penal  para  adecuar  su  cuantificación  a  este  tipo  de 
supuestos.
Respecto del aspecto (a), la STC 136/1999 afirma que «hemos reiterado que la 
difusión de estas ideas e informaciones y este modo de participación en la actividad 
política no constituye un ejercicio lícito de las libertades de expresión, de información y 
de participación política y, por ello, no están tuteladas por esos derechos constitucionales 
y por ello pueden ser objeto de sanción penal; sin embargo, también hemos señalado 
que es indudable que las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas 
e informaciones y constituyen una forma de participación política y, en consecuencia, una 
sanción  penal  desproporcionada  puede  producir  efectos  de  desaliento  respecto  del 
ejercicio lícito de esos derechos. En suma, aun admitiendo la legitimidad del recurso a la 
vía penal, la pena no puede proyectarse con la dureza que el tipo previene sobre la 
universalidad de los componentes del órgano dirigente de una asociación política que, si 
bien extralimitándose, han actuado en un ámbito en el que las formaciones políticas 
deben operar con la mayor libertad sin más limitaciones que las estrictamente necesarias 
para preservar la libertad de los ciudadanos» [FJ 29.c)].
Respecto del aspecto (b), la STC 136/1999 afirma que «finalmente debe tenerse en 
cuenta que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el presente en el que la 
relativa indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el punto de 
vista de la taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de 
unas ideas, la comunicación de una información o la participación en una determinada 
actividad pública es lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada. Esta 
incertidumbre puede inhibir de modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias 
para  el  funcionamiento  democrático  de  la  sociedad  y  radicalmente  imprescindibles 
cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y al momento en el que se dirigen a 
recabar la voluntad de los ciudadanos» [FJ 29 d)].
Respecto del aspecto (c), la STC 136/1999 afirma que «el precepto resulta, en 
efecto, inconstitucional únicamente en la medida en que no incorpora previsión alguna 
que hubiera permitido atemperar la sanción penal a la entidad de actos de colaboración 
con banda armada que, si bien pueden en ocasiones ser de escasa trascendencia en 
atención al bien jurídico protegido, no por ello deben quedar impunes. Expresado en 
otros términos, no es la apertura de la conducta típica de colaboración con banda 
armada la que resulta constitucionalmente objetable, sino la ausencia en el precepto de 
la  correspondiente  previsión  que  hubiera  permitido  al  juzgador,  en  casos  como  el 
presente, imponer una pena inferior a la de prisión mayor en su grado mínimo. A partir, 
por tanto, de la apreciación por parte de la Sala sentenciadora de que nos encontramos 
ante uno de los mencionados 'actos de colaboración' con banda armada, el precepto 
legal en cuestión hubiera debido permitir la imposición de una pena proporcionada a las 
circunstancias  del  caso:  no  habiéndolo  hecho  así,  el  reiterado  precepto  incurre  en 
inconstitucionalidad en el sentido que se acaba de indicar» (FJ 30).
12.  Un último aspecto de la mayor utilidad en la resolución de la invocación del 
principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa del delito de sedición 
hubiera  sido  profundizar  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. e.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este principio  w.b
está  fundamentada  en  los  tres  aspectos  esenciales  siguientes:  (i)  El  principio  de  019ww
ppreonpao rvciinocnuallaiddaod  ap elan aal feenc tcaucaiónnto d ae ll ad deeretecrhmo inaa claió nli bleegrtiaslda tinvoa  dtieen lae  cuuna nretifcicoancoicóinm dieen tloa 
eCxEpDreHs)o  ye nqturee dlaas  dgeanrtarnot ídaesl  dmeal CrgEeDn Hd,e s ianpgruelcairamceiónnt en ealc dioenraelc h(aos lía,  lSeTgEalDidHa dd pee 9n adl e(a jrut.l i7o 
de 2013, asunto Vinter y otros c. Reino Unido, apartado 105). (ii) Solo cuando la sanción
fuera  extremadamente  desproporcionada,  podría  entrar  en  juego,  en  su  caso,  la 
prohibición de penas inhumanas del art. 3 CEDH (así, STEDH de 9 de julio de 2013, 
asunto Vinter y otros c. Reino Unido, apartado 102). (iii) El principio de proporcionalidad 
penal en cuanto al recurso al derecho penal vinculado a la sanción de conductas que 
supongan una injerencia en el ejercicio de derechos fundamentales sustantivos queda 
incluido dentro de la protección dispensada a dichos derechos sustantivos en el CEDH.
Respecto  de  esto  último,  lo  más  significativo  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  es  que,  con  carácter  general,  posibilita  un  control 
incluso abstracto y no solo aplicativo, cuando la configuración legislativa del tipo penal se 
hace de tal modo que no existe un ámbito de aplicación autónomo que no sea lesivo de 
dicho derecho. Ese control se ha realizado, por ejemplo, respecto del derecho a la vida 
privada (art. 8 CEDH) en relación con la sanción penal de determinadas relaciones 
íntimas entre personas del mismo sexo (así, SSTEDH de 22 de octubre de 1981, asunto 
Dudgeon c. Reino Unido, o 26 de octubre de 1988, asunto Norris c. Irlanda); o de 
carácter incestuoso (así, STEDH 12 de abril de 2012, asunto Stübing c. Alemania); o, 
respecto del derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH) en relación con la sanción 
de injurias a determinadas instituciones (así, STEDH de 25 de junio de 2002, asunto 
Colombani y otros c. Francia). Más allá de ello, si la conclusión es que dicha tipificación 
no vulnera en sí misma el derecho sustantivo concernido, la cuantificación abstracta de 
la pena no es controlable desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se remitiría 
a cada acto concreto de aplicación el análisis de si en las circunstancias del caso, por 
estar afectado el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo, la sanción penal es 
desproporcionada en el sentido de que es innecesaria en una sociedad democrática, en 
cuyo caso se habría vulnerado dicho derecho sustantivo (así, por ejemplo, respecto de 
pronunciamientos que conciernen a España, SSTEDH de 15 de marzo de 2011, asunto 
Otegi Mondragón c. España, o de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura 
Capellera c. España).
13.  La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio 
de proporcionalidad penal resulta de especial interés tomando en consideración que el 
art. 49.3 CDFUE reconoce el principio de proporcionalidad penal como una garantía 
autónoma dentro del derecho a la legalidad penal, al establecer que «la intensidad de las 
penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción» y que, además, 
dicho precepto ha sido expresamente invocado por el recurrente en su demanda. A esos 
efectos, los aspectos centrales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre el particular son las siguientes:
(i)  Se trata de un principio penal autónomo e independiente con sustantividad 
propia (STJUE de 4 de octubre de 2018, asunto C-384/17, apartado 40-45), conforme al 
cual las sanciones previstas en una normativa no deben exceder de lo que resulta 
necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa y la 
gravedad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que 
castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio (SSTJUE de 16 de julio de 2015, 
asunto  C.255/14,  apartado  22-23;  y  de  11  de  febrero  de  2021,  asunto  C-77/20, 
apartado 37-38).
(ii)  La proporcionalidad de una sanción debe valorarse tanto desde la perspectiva 
del sacrificio que supone la conducta tipificada para los derechos del potencial autor 
(STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y acumulados, apartado 42) como 
desde la perspectiva de la repercusión de la sanción en el ejercicio de derechos (STJUE  e
de 11 de febrero de 2021, asunto C-77/20, apartado 54). bo
(iii)  La determinación de que una sanción es desproporcionada se vincula también  019ww
csounst itluai bpiloidsaibdi liddea dl aos tosragnacdioan epso r( SlaT JnUoErm 1a2ti vdae  dsee patimeminborrea cdioen 2e0s 1d9e,  arseusnptoonss aCb-6ili4d/a1d8  oy 
acum(ivu)l adLoas , appraorptaodrcoio 4n2a-l4id7a).d  penal  exige  que  se  individualice  el  grado  de
responsabilidad  del  sujeto  cuando  actúa  en  conjunción  con  otros  responsables  en
atención a su contribución al hecho (STGUE de 15 de julio de 2015, asunto T-418/10, 
apartado 411-413).
14.  Los criterios operativos establecidos en la STC 136/1999 y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
determinan que no consideremos que en la configuración legal del delito de sedición se 
haya  vulnerado  el  principio  de  proporcionalidad  penal  ni  desde  el  potencial  efecto 
desaliento que podría generarse en el ejercicio de derechos fundamentales ni desde la 
perspectiva de la gravedad de la sanción privativa de libertad que comporta por las 
razones siguientes:
(i)  El delito de sedición establece en su configuración legislativa la sanción de 
conductas que pueden desarrollarse en la órbita del ejercicio de derechos fundamentales 
sustantivos,  singularmente  los  derechos  a  la  libertad  ideológica,  de  reunión  y  de 
participación política, que son los también alegados por el recurrente. Esto no determina, 
sin  embargo,  que  este  tipo  penal  sea  inconstitucional  en  su  actual  configuración 
legislativa, opinión que compartimos con la posición mayoritaria en la que se sustenta la 
sentencia. No cabe apreciar que, en sí misma considerada, la acción tipificada en el 
delito de sedición sea siempre y en todo caso una restricción ilegítima de derechos 
sustantivos sin espacio para la sanción de conducta por completo ajenas ya no solo al 
núcleo esencial de estos derechos sustantivos sino también a un ejercicio extralimitado 
que se mueva en su contexto.
No obstante, sí hay que dejar constancia de esa potencial conexión del delito de 
sedición  con  el  contexto  del  ejercicio  de  determinados  derechos  fundamentales 
sustantivos. Ese es un aspecto relevante que debe analizarse en el momento aplicativo 
por parte del órgano judicial penal en una doble dimensión: (a) en la verificación general 
–y previa a la propia labor de subsunción penal– de que en el caso concreto cualquier 
respuesta penal pueda resultar una injerencia desproporcionada por tratarse de una 
conducta que se desenvuelve dentro del ejercicio de un derecho fundamental o en su 
contexto, en cuyo caso dicha respuesta penal sería lesiva del derecho fundamental 
sustantivo concernido (así, por ejemplo, STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 5); y (b) en la 
verificación consecuente a la labor de subsunción penal de que –una vez acreditado que 
en el caso concreto la respuesta penal puede resultar una injerencia proporcionada por 
tratarse  de  una  conducta  que,  aun  desenvolviéndose  en  la  órbita  de  un  derecho 
fundamental, suponía el ejercicio ilegítimo de este– la respuesta penal no se imponga de 
una manera tan particularmente severa que pueda generarse un efecto desaliento en 
estos derechos, en cuyo caso esa cuantificación de la pena sería lesiva del principio de 
proporcionalidad penal como garantía del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1), 
en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) y al derecho fundamental 
sustantivo concernido.
Por otra parte, el delito de sedición, como ya se ha expuesto, se configura con el uso 
de conceptos relativamente indeterminados y a partir de una relación sistemática con 
otros delitos tanto en su umbral superior de responsabilidad como inferior que, si bien no 
implican un nivel de vaguedad tal que permita concluir la vulneración del principio de 
taxatividad, sí le dota de un ámbito de incertidumbre que al ubicarse en el contexto del 
ejercicio de derechos fundamentales puede coadyuvar a un efecto desaliento en el caso 
de  que  se  haga  una  aplicación  sin  tomar  en  consideración  estos  aspectos  en  la 
cuantificación concreta de la pena por parte del órgano judicial.
(ii)  Las consecuencias jurídicas previstas para el delito de sedición, en principio,  e
tampoco pueden ser consideradas como groseramente desproporcionadas en la medida  bo
en  que  el  legislador  ha  configurado  este  delito  incluyendo  previsiones  legales  que  019ww
pcaedrma icteonn dautecmtap eenrajuri claia dsaan.ción penal para adecuar su cuantificación a la singularidad de
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años para los principales autores y de diez a quince años si los autores estuvieran
constituidos en autoridad (art. 545.1 CP). No obstante, se ha configurado legalmente que 
este marco penal puede verse reducido en uno o dos grados escala en el caso de que 
no se haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública ni 
ocasionado la perpetración de otro delito grave (art. 547 CP), lo que determina que (a) 
para el tipo básico se pueda modular la pena con marcos penales de uno a dos años –si 
se rebaja en dos grados– o de dos a cuatro años –si se rebaja en un grado–; (b) para la 
responsabilidad  de  los  principales  autores  se  pueda  modular  la  pena  con  marcos 
penales de dos a cuatro años –si se rebaja en dos grados– o de cuatro a ocho años –si 
se rebaja en un grado–, y (c) para la responsabilidad de quienes estuviesen constituidos 
en autoridad la modulación se puede hacer a partir de marcos penales de dos años y 
seis meses a cinco años –si se rebaja en dos grados– o de cinco a diez años –si se 
rebaja en un grado–.
Igualmente, es constatable la posibilidad de atemperación de la cuantificación de la 
pena por la comisión de este delito a través del juego de las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal como pueden ser la eximente incompleta del ejercicio de un 
derecho  (art.  21.1,  en  relación  con  el  art.  20.7  CP),  o  la  atenuante  de  analógica 
significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en relación 
con los arts. 21.1 y 20.7 CP). En ambos casos, los arts. 68 y 66.1.2 CP posibilitan por la 
concurrencia de estas circunstancias modulaciones de la respuesta penal inferiores en 
uno o dos grados escala.
Llegado el caso, el propio Código penal admite otras formas, atípicas y diferidas, de 
posible atemperación que se ponen a disposición del órgano judicial como son las 
previstas en el art. 4.3 CP relativas a la posibilidad de que, cuando considere que una 
pena sea notablemente excesiva, acuda al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la 
modificación del precepto o la concesión de indulto.
15.  En conclusión, la configuración legislativa del delito de sedición penal tanto 
desde la perspectiva del potencial efectos desaliento que podría generarse en el ejercicio 
de derechos fundamentales como de la posibilidad efectiva que aporta para adecuar la 
cuantificación  de  la  pena  a  la  gravedad  de  la  conducta  no  permite  concluir  una 
vulneración  del  principio  de  proporcionalidad  penal,  sin  perjuicio  de  la  eventual 
vulneración que podría producirse de este principio en el momento aplicativo por parte 
del órgano judicial penal.
IV.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
cuantificación judicial de la pena.
16.  El recurrente hace una última invocación del derecho a la legalidad penal, 
alegando  que  el  órgano  judicial  le  ha  impuesto  una  pena  desproporcionada  a  la 
gravedad de la conducta (arts. 25.1 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 CDFUE) 
y que se lesionan además los derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y 
a  las  libertades  de  expresión  e  ideológica  (arts.  16,  20  y  21  CE)  por  el  efecto 
desincentivador  que  genera  esa  severa  pena  en  el  ejercicio  de  esos  derechos 
fundamentales. A estos efectos, destaca aspectos como que la pena de diez años y seis 
meses impuesta es similar a la aplicada por los delitos de homicidio o los más graves 
contra la libertad sexual o la libertad ambulatoria y que el órgano judicial no ha utilizado 
ninguna de las previsiones legales para adecuar la pena a la gravedad del hecho como 
eran las relativas a las formas imperfecta de ejecución, el tipo atenuado de sedición del 
art. 547 CP, o las circunstancias genéricas atenuadoras de la responsabilidad penal por  s
la vinculación de los hechos al contexto del ejercicio de derechos fundamentales. oe.
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gravedad de la conducta se acredita a partir de la concurrencia de los elementos del tipo
de sedición; y (b) las posibilidades de atemperación de la respuesta penal vinculadas a
las formas imperfectas de ejecución o menos grave de este delito son cuestiones de 
legalidad  penal.  Respecto  de  la  posible  afectación  a  derechos  fundamentales 
sustantivos, se insiste en que la conducta del recurrente no constituye un mero exceso o 
extralimitación  en  el  ejercicio  de  derechos  fundamentales,  ya  que  su  finalidad  era 
neutralizar  las  decisiones  adoptadas  por  el  Tribunal  Constitucional  y  los  órganos 
judiciales mediante la movilización ciudadana, por lo que no puede alegarse un eventual 
efecto desaliento para considerar desproporcionadas las penas impuestas.
17.  Discrepamos  del  análisis  que  realiza  la  posición  mayoritaria  en  la  que  se 
sustenta la sentencia de esta invocación y de su conclusión de que no concurre una 
vulneración del principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de la pena.
A los órganos judiciales penales les corresponde la aplicación de la normativa penal. 
Su sujeción a la Constitución también les impone una función principal de respeto a los 
derechos fundamentales en la aplicación de esa normativa penal. A esa exigencia 
responde,  por  ejemplo,  la  obligación  impuesta  desde  antiguo  por  la  jurisprudencia 
constitucional a los jueces penales de que, con carácter previo a su genuina labor de 
interpretar y aplicar la normativa penal, asuman, en su función de garantes de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, la valoración de si la conducta enjuiciada 
supone el ejercicio de derechos fundamentales, de modo tal que en ausencia de esa 
valoración se considera vulnerado el derecho fundamental concernido. En esa misma 
línea  y  también  desde  una  estricta  perspectiva  constitucional,  el  más  completo 
cumplimiento de las exigencias del art. 25.1 CE por parte del juez penal no se agota en 
la prohibición de la analogía en la interpretación y aplicación de los tipos penales, sino 
que se proyecta también sobre la verificación de que la respuesta penal en la aplicación 
de esos tipos y en la individualización de la sanción no resulte desproporcionada.
El principio de proporcionalidad penal, de ese modo, impone un estándar de control, 
como ya se desarrolló de manera más elaborada en las SSTC 55/1996 y 136/1999 y se 
ha expuesto anteriormente, para determinar si la respuesta penal en las concretas 
circunstancias del caso, tomando en consideración el sacrificio que supone la pena en 
términos de privación de libertad y el efecto desaliento que puede generar en el ejercicio 
de derechos fundamentales sustantivos vinculados a la conducta sancionada, resulta por 
su  severidad  innecesaria  para  la  consecución  de  la  finalidad  perseguida  con  la 
tipificación del delito por ser alcanzable con una menor intensidad penal –o lo que es lo 
mismo, con un menor sacrificio de derechos fundamentales–. Este parámetro de control 
implica  una  visión  de  conjunto  en  que  han  de  ponderarse,  (a)  debido  al  carácter 
relacional  del  principio  general  de  proporcionalidad,  la  incidencia  que  la  concreta 
respuesta penal supone en todos los derechos fundamentales que puedan resultar 
concernidos y los costes tanto en términos de sacrificio real como en el potencial efecto 
desincentivador que puede tener sobre ellos; y (b) las posibilidades normativas con las 
que cuenta el órgano judicial penal para adecuar la cuantificación de esa respuesta 
penal para aportar una respuesta proporcionada; ya que es competencia de ese órgano 
judicial apreciar cuál de ellas resulta de aplicación.
18.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha hecho una 
especial incidencia en la desestimación de la invocación del principio de proporcionalidad 
penal argumentando que la pena impuesta –diez años y seis meses de prisión y de 
inhabilitación– está comprendidas dentro de la horquilla que establece del delito de 
sedición, concretamente de diez a quince años. Nuestra discrepancia, sin embargo, va 
más allá de la posibilidad de que se hubiera impuesto la pena mínima del marco penal  e
abstracto. Consideramos que en el caso concurrían circunstancias suficientes que, en  bo
aplicación  del  principio  de  proporcionalidad  penal,  hubieran  determinado  una  019ww
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calificación de sedición relativas a su inferior gravedad típica (art. 547 CP) o a la
concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  penal.  Estas 
circunstancias son las siguientes:
(i)  La  configuración  legal  del  delito  de  sedición  se  ha  realizado  mediante  la 
presencia de rasgos de incertidumbre para el ciudadano potencial autor de este delito 
derivado de (a) la alta presencia de elementos normativos, (b) la nula posibilidad de que 
se pudieran aprehender dichos elementos a partir de una previa labor complementaria 
de la jurisprudencia que era inexistencia hasta el momento presente, y (c) la íntima 
conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad con el delito de rebelión y en 
su umbral inferior con otros delitos contra el orden público.
(ii)  Estos  rasgos  de  incertidumbre,  ante  la  eventualidad  de  que  la  conducta 
sancionable pudiera desenvolverse en el contexto o la órbita de ejercicio de derechos 
fundamentales sustantivos como los derechos a la libertad ideológica, de expresión, de 
reunión o de participación política, son susceptibles de generar un efecto desaliento 
especialmente derivado de las altas penas previstas por su comisión.
(iii)  En  ese  contexto  de  incertidumbre  estructural  del  delito  de  sedición,  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  han  optado  en  la  labor  de  interpretación  y 
subsunción para entender responsable penal al recurrente de ese delito por sancionar 
unos hechos que se sitúan en el umbral mínimo de tipicidad de este delito: (a) La acción 
típica  de  alzamiento  público  y  tumultuario  se  ha  proyectado  sobre  actos  públicos 
multitudinarios con incidentes aislados. (b) Los medios comisivos típicos se han reducido 
a supuestos de «extravío procedimental». (c) El resultado típico de un efectivo riesgo 
para el modo democrático de convivencia se ha predicado de situaciones controlables y 
controladas mediante instrumentos legales, cuyo objetivo era ejercer presión política 
para posibilitar la búsqueda de vías legales de autodeterminación y que se desarrollaron 
con reiterados llamamientos a que tuvieran carácter pacífico.
(iv)  La aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al 
margen de que pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se 
desenvolvían en el contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo 
puntuales incidentes. En estas circunstancias debía evitarse que la sanción, derivada del 
exclusivo carácter negatorio de la autoridad de las decisiones que se incumplían por 
parte  de  las  conductas  objeto  de  la  acusación  y  de  que  para  ello  se  hiciera  un 
llamamiento general a manifestar pública y cívicamente ese desacuerdo, no implicara 
una sanción excesivamente severa de un ejercicio que, aunque extralimitado e ilegítimo, 
se desarrollaba en la órbita de protección de este derecho y, por tanto, debía evitarse 
que se generara un efecto desaliento.
(v)  La autoría de recurrente se ha construido sobre consideraciones normativas 
ajenas a su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos como es 
una genérica posición de garante por formar parte del Consejo de Gobierno de la 
Generalidad. Tampoco existe una concreta individualización de su contribución al hecho 
más allá de esa pertenencia a este órgano y la consecutiva imputación recíproca y 
solidaria de responsabilidad.
(vi)  La  normativa  penal  hace  una  previsión  expresa  de  la  posibilidad  de 
atemperación de la cuantificación de la pena por la comisión de este delito tanto a través 
del tipo atenuado o impropio de la sedición del art. 547 CP como del juego de las 
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  penal  –eximente  incompleta  del 
ejercicio de un derecho (art. 21.1, en relación con el art. 20.7 CP), o la atenuante de 
analógica significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en 
relación con los arts. 21.1 y 20.7 CP)– que posibilitaban una modulación de la respuesta  e.
penal inferiores en uno o dos grados escala. A pesar de ello, el órgano judicial no ha  w.b
considerado adecuado hacer uso de ninguna de esas previsiones. Tampoco, se acudió,  019ww
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adecuara la respuesta penal a la gravedad de la conducta minimizando con ello la 
desproporcionada severidad de la pena.
19.  En  definitiva,  todas  estas  son  las  razones  por  las  que  defendimos  en  la 
deliberación que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, nos 
parecía  que  el  rigor  de  la  respuesta  penal,  pudiendo  haber  sido  ajustado 
cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal, resultaba contrario a 
las exigencias del principio de proporcionalidad penal.
Esta posición tiene un sustento constitucional básico: la consideración de que el 
principio de proporcionalidad, tal y como se formula en el art. 49.3 de la Carta de 
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea,  está  indefectiblemente  vinculado  al 
principio de legalidad que recoge el art. 25 CE. La exigencia de que «la intensidad de las 
penas  no  deberá  ser  desproporcionada  en  relación  con  la  infracción»,  traduce  un 
principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas que se deriva de las 
tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa comprensión europea 
común, asociada a una cultura jurídica también común, debe inspirar una interpretación 
evolutiva  del  art.  25  CE  y  del  principio  de  legalidad  penal,  máxime  cuando  de  la 
imposición de las penas se deriva la privación del derecho a la libertad y cuando la 
aplicación del tipo penal suscita dudas como las que ponemos de manifiesto en este 
voto.
Debemos insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben 
exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos 
por esa normativa, debiendo adecuarse la gravedad de las sanciones a la gravedad de 
las infracciones que castigan. La gravedad de los hechos enjuiciados en la instancia no 
se cuestiona en ningún momento. Pero hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas 
técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso. Y ello para evitar 
cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan de lo necesario para 
alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. Porque sin 
garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. Pero sin 
una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es.
Madrid, a once de mayo de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María Luisa 
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.