BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Jueves 29 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 51081
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7010 Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que se suspende 
la inscripción de un testimonio de decreto de adjudicación dictado en autos 
de ejecución de títulos judiciales, con la finalidad de proceder a la división de 
cosa común.
En el recurso interpuesto por don F. B. H., abogado, contra la nota de calificación de 
la registradora de la Propiedad de Valencia número 17, doña Rosa María del Pilar 
Romero Paya, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de decreto de 
adjudicación dictado en autos de ejecución de títulos judiciales, con la finalidad de 
proceder a la división de cosa común.
Hechos
I
La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia 4 de 
Torrent dictó edicto de subasta de bien inmueble en virtud de lo acordado en resolución 
dictada en el procedimiento ejecución de títulos judiciales número 546/2016-CR, seguido 
ante ese Juzgado a instancia de don V. P. B. contra doña M. A. y doña C. P. V., con la 
finalidad de proceder a la división de cosa común, cuyo contenido, en lo que aquí, 
interesa era el siguiente: «(…) teniendo por allanadas a Dña. C. P. V. y a Dña. M. A. P. V. 
debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por (…) D. V. P. B. y en su 
consecuencia declaro la extinción de la comunidad ordinaria existente sobre el inmueble 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia n.º 5, (…) finca 4.518, procediéndose 
a la venta en pública subasta, de no haber acuerdo de adjudicación entre los condueños, 
con reparto del precio entre las partes en proporción a su cuota de participación (…)». 
Con fecha 15 de julio de 2019, se dictó por el citado Juzgado decreto de aprobación de 
remate en el que se disponía que, celebrada la subasta electrónica, y publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», en fecha 14 de junio de 2019, se cerró, en fecha 4 de julio 
de 2019, adjudicándose al mejor postor, don F. B. H. Con fecha 4 de octubre de 2019, se 
dictó decreto de adjudicación número 491/2019. Con fecha 20 de noviembre de 2019, se 
expidió testimonio del decreto de adjudicación de fecha 4 de octubre de 2019, que fue 
presentado en el Registro de la Propiedad de Valencia número 17, siendo objeto de una 
primera calificación negativa de fecha 19 de febrero de 2019.
En orden a subsanar los defectos, el referido Juzgado dictó, con fecha 7 de julio 
de 2020, diligencia de adición al decreto de adjudicación. En la misma, entre otros 
puntos, se señalaba que en la demanda de procedimiento ordinario número 1480/2014 
«se expone que D. V. P. B. es dueño de la mitad intelectual y proindivisa (50%) de la (…) 
finca registral 4518, siendo dueñas del otro 50% las demandadas M. A. y C. P. V. (…) La 
demanda de ejecución 546/16 procede de un procedimiento ordinario de división de cosa 
común (…) en el que se dictó sentencia de allanamiento de fecha 2 de Febrero de 2016,  e.
en el que se acordó la extinción de la comunidad ordinaria existente sobre el inmueble  w.b
inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia n.º 5 (…) procediéndose a la venta en  10ww
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asiento solicitado, indicando, en lo que interesa a este recurso, que se trataba de un
procedimiento  de  extinción  de  la  comunidad  existente  sobre  la  finca  registral 
número 4.518 entre don V. P. B. y doña M.A. y doña C. P. V., y que la referida finca, 
según los asientos del Registro, estaba inscrita a nombre de don V. P. B y doña C. V. P. 
para su sociedad conyugal.
Con fecha 19 de octubre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Torrent dictó diligencia de ordenación mediante la cual se acordaba entregar testimonio 
del «certificado de últimas voluntades» y testamento de la madre de las demandadas, 
doña C. V. R. Asimismo, constaba que, conforme a lo manifestado por las demandadas 
en  el  procedimiento  ordinario  número1480/2014  tramitado  para  la  división  de  cosa 
común,  no  se  había  realizado  trámite  alguno  para  la  adjudicación  y  reparto  de  la 
herencia de los bienes de la citada doña C. V. R.
II
Presentada  dicha  documentación  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Valencia 
número 17, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Título: ejecución de títulos judiciales.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Torrent.
Autos: 546/2016.
Fecha: 20/11/2019.
Finca: 4518 Paiporta.
Calificado el documento al que se hace referencia en el encabezado de la presente, 
que fue presentado por M. B. –M. A.–, L., a las 11:35 horas, del 29/01/2020, motivando el 
asiento 1192, del Diario 29, calificado negativamente y aportado de nuevo en unión de 
diligencia de adición de fecha 7 de julio de 2020, calificado en fecha 4 de agosto de 2019 
y aportada documentación complementaria el 29 de octubre de 2020 la Registradora que 
suscribe, ha resuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria  suspender  la  práctica  del  asiento  solicitado  de  conformidad  con  los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos.
Se indica en la diligencia que se trata de un procedimiento de extinción de la 
comunidad existente sobre la registral 4518 del término municipal de Paiporta y que la 
demanda se ha interpuesto por don V. P. B. como titular de un 50% de la finca contra 
doña M. A. y doña M. C. P. V., como titulares del otro 50%
La referida finca según los asientos del Registro está inscrita a nombre de don 
V. P. B. y doña C. V. P. para su sociedad conyugal.
Existe de este modo una contradicción en cuanto a la titularidad que resulta del 
registro con la que resulta del título presentado.
En relación a este punto de la nota de calificación entiendo que el mismo continua 
pendiente de subsanación pues la finca sigue estando inscrita a nombre de persona 
distinta de los que intervienen como demandante y demandados en el procedimiento.
Para que la acción de división de cosa común pueda interponerse por don V. P. B. 
como titular de un 50% de la finca contra doña M. A. y doña M. C. P. V., como titulares 
del otro 50% es necesaria la previa inscripción a favor de las mismas.
De la diligencia de ordenación de 19 de octubre de 2020 resulta que no se ha 
realizado ningún trámite para la adjudicación y reparto de la herencia de bienes de doña  e.
C. V. R. w.b
Sin  embargo,  si  las  fincas  les  corresponden  por  liquidación  de  gananciales  y  10ww
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últimas voluntades del causante, teniendo además en cuenta que deberán aportarse los 
documentos auténticos.
Fundamentos de Derecho.
1.º  Principio de tracto sucesivo, artículo 20 de la Ley Hipotecaria, artículo 24 de la 
CE que se refiere al principio de tutela judicial efectiva.
2.º  Artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria y 76 y siguientes de su Reglamento.
Contra la precedente Nota, (…)
Dichos defectos se consideran subsanables (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Rosa María del 
Pilar Romero Paya registrador/a de Registro Propiedad de Valencia 17 a día diecinueve 
de Noviembre del año dos mil veinte.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don F. B. H., abogado, interpuso recurso el 
día 7 de enero de 2021 en base a las siguientes alegaciones:
«Fundamentos de Derecho.
Primero.–En  cuanto  a  la  exigencia  de  aportar  la  escritura  de  liquidación  de 
gananciales y adjudicación hereditaria, vengo a manifestar una serie de circunstancias 
que necesariamente debieron de ser tenidas en cuenta en el procedimiento de división 
judicial de cosa común –Autos 1480/14–, en orden al cumplimiento del principio de 
legalidad y de oportunidad. Dichas circunstancias, que a continuación se desarrollan, 
determinaron la no exigencia de dichas escrituras de liquidación de gananciales y la de 
aceptación, partición y adjudicación de la herencia de D.ª C. V. R. A saber:
1.  En relación con la exigencia de la escritura de liquidación de gananciales.
El  matrimonio  estaba  divorciado  según  el  testimonio  del  certificado  de  últimas 
voluntades de la Sra. C. V. R. y, que conste, el único bien ganancial en común era la 
vivienda objeto del procedimiento de división judicial de cosa común –Autos 1480/14–.
Cuando el único bien de una sociedad de gananciales disuelta sea una vivienda, no 
existe obstáculo alguno para que se ejercite la acción de división aunque la sociedad de 
gananciales  no  se  haya  liquidado  previamente  (Sentencia  del  Tribunal  Supremo 
de 2011), sin que sea necesario liquidar la sociedad mediante el procedimiento del 
artículo 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal en diferentes resoluciones, así como 
las  Audiencias  Provinciales,  en  las  que  se  establece  que,  en  aquellos  casos  en 
«patrimonio» proveniente de la sociedad legal gananciales disuelta se integra por un 
único bien indivisible, sería dable (y recomendable) división de la cosa común para poner 
fin a la situación de indivisión.
Así, nos encontramos con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Noviembre 
de 2007 que permite instar la acción de división de cosa común y añade que «En 
cualquier caso, en el supuesto de ser el único bien, el resultado que se llega es el tanto 
vía del trámite del artículo 806 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como por el de división  es
de  cosa  común;  en  ambos  se  respeta  el  principio  de  defensa,  sólo  que  este  o
procedimiento es más rápido y menos costoso tal vez». 10ww
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estima procedente el procedimiento de división instado por el demandante.
Además, el Supremo, en su ya citada Sentencia de 27 de noviembre 2007 indica que 
«debe señalarse que es reiterada doctrina de esta Sala caso de que el procedimiento 
utilizado hubiera sido inadecuado, esta es inviable cuando el seguido, aunque no sea el 
previsto por la ley, reúne mayores (SSTS de diciembre 1998, 18 octubre 2001, 17 
febrero 2005 y 7 septiembre 2007), ello siempre y cuando se respeten los principios de 
competencia objetiva y funcional».
Por tanto, siendo competente el Juzgado de Primera Instancia para conocer del 
procedimiento, ambas partes pudieron alegar y probar lo que consideraron conveniente 
dada  la  naturaleza  contradictoria  del  mismo  y,  en  este  sentido,  las  demandadas 
(herederas universales de la Sra. C. V. P.), se allanaron en el procedimiento judicial de 
división de cosa común (Autos 1480/2014).
2.  En relación con la exigencia de escritura de adjudicación hereditaria.
En  el  procedimiento  de  división  judicial  de  cosa  común  –Autos  1480/14–,  las 
demandadas,  herederas  universales  de  D.ª  C.  V.  R.,  se  allanaron  a  la  demanda 
presentada  por  su  padre,  siendo  estimada  íntegramente  la  misma  y  declarando  la 
extinción de la comunidad ordinaria existente sobre el inmueble, procediéndose a la 
venta en pública subasta y repartiendo el precio entre las partes en proporción a su 
cuota de participación (Autos 546/2016, Ejecución títulos judiciales).
En el sentido de no exigirse escritura aceptación, partición y adjudicación hereditaria 
previa, en casos como el presente, la Sentencia 596/2008, de 25/06/2008, del Tribunal 
Sala Primera, Sección: Primera (Recurso 1111/2011), viene a establecer que:
Cuando la herencia ha sido tácitamente aceptada por todos los contendientes, y se 
tiene por acreditada la indivisibilidad del inmueble de referencia, resulta factible dotar de 
validez o efecto a los actos de disposición realizados por los coherederos, en estado de 
comunidad hereditaria, es decir, antes de la partición, sobre bienes del caudal relicto.
En este sentido dice el alto Tribunal, que el artículo 1068 CC, dispone que la 
partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los 
bienes que le hayan sido adjudicados, pero no hay que entender que en caso de no 
haberse producido la partición los herederos no tienen la propiedad, o al menos no en 
todos los casos, pues, como antes se ha dicho, tal no sucede en los casos de heredero 
único o en los supuestos de un único bien en el caudal (supuesto al que se aproxima el 
de autos), además de que cabe una actuación de todos los coherederos respecto del 
bien como es el caso de autos (luego, en cierto modo, se les reconoce el poder de 
disposición propio de un derecho concreto).
En  otros  términos,  es  posible  desde  el  punto  de  vista  procesal  que  las 
codemandadas (herederas universales de su madre), pudieran instar o ser parte en la 
extinción judicial del proindiviso antes incluso de haber realizado partición de la herencia. 
Debiendo acreditarse:
– La existencia de actos de los herederos que permitan afirmar su aceptación tácita 
de la herencia (en el presente caso el allanamiento a la demanda de división judicial 
presentada por su padre, así como la venta en pública subasta y el reparto del precio 
entre las partes en proporción a su cuota de participación).
– Y es requisito sine qua non, que haya un inmueble indivisible en la herencia 
yacente.
Gracias a este planteamiento procesal, que nuestro Tribunal Supremo autoriza, es  e.e
posible ahorrarse uno de los dos procedimientos judiciales habitualmente necesarios en  b
el  reparto  de  los  inmuebles  que  forman  una  herencia.  En  lugar  de  tramitar  un  10ww
bparosctae dtrimamieintator  ddiree cdtiavmisieónnt ej uedsitceia úl ltdime oh.erencia y luego uno de división de cosa común,
3.  En relación con la exigencia de aportar originales del testamento, certificado de 
Defunción y Últimas Voluntades de la causante.
En este sentido, significar que esta parte solicitó y el Juzgado le hizo entrega de 
testimonio de certificado de últimas voluntades y testamento de la causante, como se 
hace constar en la Diligencia de Ordenación de fecha 19 de octubre de 2020 (…). Lo 
anterior, implica que la exigencia de aportar originales del testamento, certificado de 
defunción y últimas voluntades de la causante, dicho sea, con el debido respeto, resulte 
del todo innecesaria, dilatando aún más la resolución de un expediente que viene siendo 
objeto de continuas subsanaciones desde hace un año.
No obstante lo anterior y ad cautelam, esta parte está tramitando la obtención de los 
originales del certificado de defunción y últimas voluntades, así como del testamento de 
D.ª C. V. R. (en este sentido, la Notaria autorizante me confirma que acredito interés 
legítimo y va a poner a mi disposición el testamento de la causante –[…]–).»
IV
La registradora emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que 
elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 397, 400, 401, 404, 406 y 1062 del Código Civil; 1, 3, 18, 20, 34, 
38 y 40 de la Ley Hipotecaria; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
de 10 de julio de 2005, 21 de marzo de 2006, 28 de junio y 21 de octubre de 2013 y 10 
de noviembre de 2017; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 21 de junio de 2003, 17 y 18 de enero, 20 y 23 de junio, 1 de octubre y 19 
de noviembre de 2007, 2 de junio y 4 de julio de 2009, 10 de diciembre de 2012, 11, 12, 
16 y 28 de junio, 4 de julio y 15 de septiembre de 2014, 25 de mayo de 2015, 19 de 
febrero, 10 de marzo, 20 de abril, 30 de mayo y 2 de agosto de 2016, 10 de abril 
de 2017, 25 de abril y 4 y 31 de octubre de 2018 y 14 de febrero, 22 de abril y 22 de julio 
de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 15 de junio y 12 de noviembre de 2020.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:
– La finca registral 4.518 consta inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de 
don V. P. B. y doña C. V. P. para su sociedad conyugal.
– En el procedimiento ordinario número 1480/2014, seguido por don V. P. B. como 
dueño de la mitad intelectual y proindivisa (50%) de la finca registral 4.518, contra las 
dueñas del otro 50%, doña M. A. y doña C. P. V., se insta la división de la comunidad 
existente. Dictándose sentencia el día 2 de febrero de 2016, cuyo contenido, en lo que 
aquí interesa, es el siguiente «(…) teniendo por allanadas a Dña. C. P. V. y a Dña. M. A. 
P. V. debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por (…) D. V. P. B. y en 
su  consecuencia  declaro  la  extinción  de  la  comunidad  ordinaria  existente  sobre  el 
inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia n.º 5, (…) finca 4.518, 
procediéndose a la venta en pública subasta, de no haber acuerdo de adjudicación entre 
los condueños, con reparto del precio entre las partes en proporción a su cuota de 
participación (…)». s
– No habiendo acuerdo entre las partes, en procedimiento de ejecución de títulos  e.
judiciales número 546/2016, con fecha 4 de octubre de 2019, se dictó decreto de  w.
adjudicación número 491/2019, adjudicándose la finca al mejor postor, don F. B. H. 10ww
obje–to  Tedset imunoan iop driem edricah oc adleificcraectoió nfu en epgreastievnat.a dEon  eno redle Rn eag isstruob sdaen laar  Plroosp ieddeafedc tsoies,n deol 
aJudzjugdaicdaoc idóinc.t óE, nc olna   fmecishmaa ,7  ednetr ej uloiotr odse  p2u0n2to0s,,  dsielig esnecñiaal ad eq uaed iecnió nl a ald edmecarnedtoa   ddee   BOE-A-cable e
procedimiento ordinario número 1480/2014, se expone que don V. P. B. es dueño de la 
mitad intelectual y proindivisa (50%) de la finca registral 4.518, siendo dueñas del 
otro 50% las demandadas doña M. A. y doña C. P. V. por fallecimiento de doña C. V. P.
– Presentada la diligencia de adición en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número  17,  la  registradora  acordó  suspender,  nuevamente,  la  práctica  del  asiento 
solicitado, indicando en lo que interesa a este recurso, que se trata de un procedimiento 
de extinción de la comunidad existente sobre la registral 4.518 entre don V. P. B. y doña 
M. A. y doña C. P. V. y que la referida finca según los asientos del Registro está inscrita a 
nombre de don V. P. B. y doña C. V. P. para su sociedad conyugal.
– Posteriormente, habiéndose reiterado la calificación negativa, con fecha 19 de 
octubre de 2020 el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrent dictó diligencia de 
ordenación, mediante la cual se acuerda entregar testimonio del certificado de últimas 
voluntades y testamento de la madre de las demandadas, doña C. V. R. Asimismo, 
consta que conforme a lo manifestado por las demandadas en el procedimiento ordinario 
número 1480/2014 tramitado para la división de cosa común, no se ha realizado trámite 
alguno para la adjudicación y reparto de la herencia de los bienes de la citada doña 
C. V. R.
La  registradora  acordó  suspender  la  práctica  del  asiento  solicitado,  puesto  la 
registral 4.518 está inscrita a nombre de don V. P. B y doña C. V. P. para su sociedad 
conyugal,  por  lo  que  debe  aportarse  la  escritura  de  liquidación  de  gananciales  y 
adjudicación hereditaria de esta última, junto con el título sucesorio para proceder a la 
previa inscripción a favor de don V. P. B. y doña M. A. y doña C. P. V.
El recurrente, básicamente alega que cuando hay un único bien en una sociedad de 
gananciales disuelta, no existe obstáculo alguno para que se ejercite la acción de 
división, aunque la sociedad de gananciales no se haya liquidado previamente.
2.  Se trata de dilucidar en este expediente si, constando determinada finca registral 
inscrita con carácter ganancial, estando los cónyuges divorciados sin que se produjese la 
liquidación de gananciales y habiendo fallecido uno de ellos, es necesario que, para 
inscribir la adjudicación derivada de un procedimiento de ejecución que dimana de otro 
procedimiento  ordinario  de  extinción  de  comunidad  promovido  por  el  excónyuge 
supérstite  contra  las  hijas  y  herederas  de  ambos,  previamente  se  proceda  a  la 
inscripción a favor de los condueños mediante presentación de la escritura de liquidación 
de gananciales y adjudicación hereditaria, junto con el título sucesorio en cumplimiento 
del principio de tracto sucesivo consagrado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
Como  ha  afirmado  con  reiteración  esta  Dirección  General  (vid.,  por  todas,  la 
Resolución de 10 de abril de 2017) es principio básico de nuestro Derecho hipotecario, 
íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el 
de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, el de tracto 
sucesivo, en virtud del cual, para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se 
exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria). En consecuencia, estando las fincas transmitidas, inscritas en el Registro 
de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, 
no podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del titular 
registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada (cfr. 
artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria).
Solo  con  las  mencionadas  cautelas  puede  garantizarse  el  adecuado 
desenvolvimiento  del  principio  constitucional  de  la  protección  jurisdiccional  de  los 
derechos e intereses legítimos y de la interdicción de la indefensión, con base en el  e.
artículo 24 de la Constitución, una de cuyas manifestaciones tiene lugar en el ámbito  w.b
hipotecario a través de los reseñados principios de salvaguardia judicial de los asientos  10ww
regisEtsratale ds,o tcrtaricntao  shuac essidivoo r ye flreegnidtimadaac iópno.r la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo
d(See n2t0e1n3c)i aasl  daef irlam aSra lqau Pe ri«meel rare dgeis t2ra1d doer  mpuaerdzoe  dye  d2e0b0e6  cya 2lif8ic adre  sjui nsioe  yh a2 1c duem polcidtuob rlea 
exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente
el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento 
judicial  «los  obstáculos  que  surjan  del  Registro»,  y  entre  ellos  se  encuentra  la 
imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular 
registral  en  el  correspondiente  procedimiento  judicial»  (cfr.  Resolución  de  17  de 
septiembre de 2014).
En consecuencia, estando inscrito el dominio a nombre de persona distinta del 
transmitente, no cabe acceder a la inscripción mientras no se presenten los títulos 
oportunos que acrediten las distintas transmisiones efectuadas, o se acuda a alguno de 
los medios que permite la Ley Hipotecaria para reanudar el tracto sucesivo interrumpido 
(cfr. artículo 208).
3.  Sentando lo anterior, procede examinar su aplicación al supuesto de hecho de 
este expediente en el que nos encontramos ante una sociedad postganancial. El Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 10 de noviembre de 2017, ha manifestado: «2.–La llamada 
«comunidad postganancial», existente desde que se disuelve la sociedad de gananciales 
hasta que se produce la liquidación, carece de regulación en el Código Civil, pero esta 
sala ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre el régimen aplicable a 
este patrimonio del que son titulares, según los casos, los cónyuges o excónyuges o el 
viudo y los herederos del premuerto. Se trata de una comunidad en la que los partícipes 
no tienen una cuota sobre cada uno de los bienes sino sobre la totalidad del patrimonio y 
a  la  que  no  resultan  de  aplicación  las  reglas  de  la  sociedad  de  gananciales 
(Sentencias 754/1987, de 21 de noviembre, 547/1990, de 8 de octubre, 127/1992, de 17 
de febrero, sentencia 1213/1992, de 23 de diciembre, 875/1993, de 28 de septiembre, 
1258/1993, de 23 de diciembre, 965/1997, de 7 de noviembre, 50/2005, de 14 de 
febrero, 436/2005, de 10 de junio). Estas sentencias se ocupan de resolver una variedad 
de problemas que plantea la comunidad postganancial, tales como su composición 
(bienes y deudas comunes), el régimen de responsabilidad (tanto por deudas comunes 
como por deudas privativas) o el régimen de disposición de los bienes comunes».
En esta situación no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa 
de  todos  y  cada  uno  de  los  bienes  que  la  integran  y  de  la  que  pueda  disponer 
separadamente,  sino  que  por  el  contrario  la  participación  de  aquellos  se  predica 
globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo, en 
tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un régimen 
específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación conjunta de 
ambos cónyuges o de sus respectivos herederos y solamente cuando concluyan las 
operaciones liquidatorias, esa cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades 
singulares y concretas que a cada uno de ellos le correspondan en esas operaciones 
liquidatorias.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2005 ya determinó que disuelta 
y no liquidada la sociedad ganancial, ya no son aplicables las normas del Código Civil 
sobre gestión y disposición de bienes gananciales, pero, en cualquier caso, no puede 
uno solo de los cónyuges vender un bien perteneciente a esa comunidad postganancial 
sin el consentimiento del otro o en su caso el de sus herederos o causahabientes.
Por lo tanto, como ha determinado este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas 
en los «Vistos») mientras que no se realice liquidación de la sociedad de gananciales y la 
partición de la herencia y se adjudiquen bienes concretos a herederos determinados 
existe una comunidad postganancial y hereditaria de la que forman parte el cónyuge 
sobreviviente  y  los  herederos  del  titular  registral,  y,  en  su  caso,  los  legitimarios  y 
legatarios de parte alícuota. s
Entretanto son aplicables las normas generales de la comunidad de bienes (ex  oe.
artículo 406 del Código Civil) por lo que no pueden realizarse actos dispositivos sobre  w.
bienes  de  la  herencia  sin  el  consentimiento  unánime  de  todos  los  partícipes  (ex  10ww
artíc4u.l o E39n7 c doenls Cecóudeignoc iCa,iv cilo).n lo anterior, cualquier comunero es titular de la acción de
cdoivnis icóanr ádcete lro sp rbeiveinoe lsa  csoomciuendeasd  yd ee llgoa cnoann ciniadleeps,e npdoerqnuceia  ddee  aqcuuee rsdeo  hcaoyna  eol  naort ílciquuloid a4d0o0   BOE-A-cable e
del Código Civil, ningún copropietario estará obligado a permanecer en la indivisión, 
regla que no tiene excepciones y a la que no puede oponerse el hecho de que las cuotas 
sean o no gananciales o no se haya liquidado aun la sociedad (Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de febrero de 2011). Para ello deben seguirse las reglas 
normales  de  la  acción  de  división,  es  decir,  que  o  bien  actúan  conjuntamente  los 
copropietarios, o bien debe demandarse al otro cónyuge, aquí a sus herederos, en su 
cualidad de copropietaria como parte de la sociedad de gananciales.
El problema que se plantea además cuando se da la circunstancia, como en este 
supuesto, del fallecimiento de uno de los cónyuges, es si la partición hereditaria, sea de 
forma voluntaria sea a través de la correspondiente acción, habría de ser un presupuesto 
necesario para la acción de división de la cosa común.
En este sentido la Sala Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 25 de junio 
de  2008,  ha  señalado  que  es  principio  indiscutido  que,  no  obstante  el  estado  de 
comunidad peculiar que significa la comunidad hereditaria, no solo se permite a los 
coherederos la venta de los bienes con validez y eficacia antes de la partición si están 
todos de acuerdo (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1958, en una línea 
que se remonta al menos a la Sentencia de 4 de abril de 1905), sino que en supuestos 
en los que, como el que dio lugar a la Sentencia de 27 de diciembre de 1957, existe un 
único bien en la masa hereditaria, deben ser considerados condueños del mismo todos y 
cada uno de los herederos, aún antes de la partición. En referencia al artículo 1068 del 
Código  Civil,  señala  la  citada  Sentencia,  que  la  norma  dispone  que  la  partición 
legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le 
hayan sido adjudicados, pero no hay que entender que en caso de no haberse producido 
la partición los herederos no tienen la propiedad, o al menos no en todos los casos, 
pues, como antes se ha dicho, tal no sucede en los casos de heredero único o en los 
supuestos de un único bien en el caudal (supuesto al que se aproxima el de autos), 
además de que cabe una actuación de todos los coherederos respecto del bien (luego, 
en cierto modo, se les reconoce el poder de disposición propio de un derecho concreto).
5.  En el supuesto de este expediente, no consta la existencia de más bienes que 
integren  la  disuelta  sociedad  de  gananciales,  con  lo  que  la  determinación  de  los 
derechos correspondientes a cada condueño es la correspondiente a sus derechos, 
siendo así que corresponderá al excónyuge el 50% de la finca y a las herederas el 50% 
por mitades partes indivisas ya que no concurre derecho hereditario en el cónyuge al 
estar  divorciado,  más  exactamente,  según  consta  en  el  certificado  de  defunción, 
separado  legalmente,  en  el  momento  del  fallecimiento  de  la  esposa.  Los 
correspondientes  certificados  de  defunción,  últimas  voluntades  y  testamento  de  la 
causante obran en autos tal y como consta en la diligencia de 19 de octubre de 2020.
El excónyuge titular de la finca ganancial ejerce la acción de división frente a las dos 
hijas del matrimonio y únicas herederas nombradas en el testamento de la exesposa 
fallecida. Las citadas herederas se allanan a su pretensión, dicho allanamiento en cuanto 
acto claudicante de sus derechos implica la aceptación tácita de la herencia, ya que no 
consta  su  renuncia,  antes,  al  contrario,  en  la  sentencia  que  puso  fin  al  citado 
procedimiento se impone la obligación de «con reparto del precio entre las partes en 
proporción  a  su  cuota  de  participación  (…)».  El  procedimiento  de  ejecución  de  la 
sentencia se dirige así mismo frente a las dos herederas y comuneras que han podido 
tener la correspondiente intervención.
Por todo lo anterior debe concluirse que no es necesaria ni puede exigirse la previa 
partición hereditaria, ni por lo tanto la aportación de la escritura de partición, para  s
proceder a la disolución de la comunidad postganancial, en consecuencia, procede  oe.
estimar el defecto observado. w.
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consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.