BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 162205
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
21340 Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de 
Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y 
otras actividades humanas forzadas.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de diciembre de 2021 ha adoptado 
un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: 
Relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo,
Esta Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social ha resuelto disponer la 
publicación  de  este  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  como  anexo  a  la  presente 
Resolución.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.–El Secretario de Estado de Empleo y Economía 
Social, Joaquín Pérez Rey.
ANEXO
Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: Relaciones laborales 
obligatorias y otras actividades humanas forzadas. Diciembre 2021
ÍNDICE
1.  Introducción.
2.  Concepto de trabajo forzoso y delimitación de figuras afines.
2.1  Delimitación de figuras afines al trabajo forzoso.
3.  Marco jurídico.
3.1  El trabajo forzoso en el ámbito internacional y europeo.
A.  En el ámbito de las Naciones Unidas.
B.  En el ámbito europeo.
3.2  El trabajo forzoso en el ordenamiento jurídico español.
4.  Diagnóstico de las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas 
forzadas en España.
5.  Por qué un plan de acción.
6.  Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas.
6.1  Finalidad, objeto y metodología del plan de acción. s
7.  Estructura del plan de acción. w.b
8.  Duración, seguimiento y evaluación. 340ww
8.1  Vigencia del Plan.
8.2  Seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan.
9.  Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas.
1. Introducción
La Organización Internacional del Trabajo(1) estima que a nivel mundial hay 24,9 
millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el 
sector privado, entre otros, en el trabajo doméstico, la industria, la construcción o la 
agricultura; 4,8 millones son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones se 
encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. No hay ningún país, 
ni región en el mundo que esté libre de trabajo forzoso.
(1) Estimaciones mundiales del trabajo forzoso OIT, año 2016.
La supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo 
forzoso derivado de la trata de seres humanos, es una de las cuestiones esenciales 
recogidas en la Agenda 2030.  Se encuentra explícitamente desarrollada en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 relativo al trabajo decente, que señala entre sus metas 
la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas; así como poner fin al 
trabajo infantil.
Poco antes de la adopción de la Agenda 2030, en junio de 2014, la Conferencia 
Internacional  del  Trabajo  de  la  OIT,  en  la  que  están  representados  los  gobiernos, 
organizaciones de empleadores y sindicatos de los 187 países miembros de OIT, ya 
había decidido dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluida 
la  trata  de  personas  y  las  prácticas  análogas  a  la  esclavitud,  adoptando  el 
Protocolo 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 (n.º 29) de la OIT 
y la Recomendación 203.  En septiembre de 2017, España ratificó el Protocolo, que 
entró en vigor en nuestro país el 20 de septiembre de 2018.
El Protocolo tras recordar en su preámbulo que los Miembros que han ratificado el 
Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea 
objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean 
realmente eficaces y se apliquen estrictamente, impone a los Estados firmantes la 
adopción de determinadas medidas de distinta naturaleza y extensión –tanto de índole 
legislativo como de buenas prácticas administrativas, de coordinación interorgánica y de 
gestión institucional– que deberían estructurar cada uno de los pilares sobre los que 
debe asentarse la acción contra el trabajo forzoso: La prevención del fenómeno, la 
protección, reparación e indemnización de las víctimas, y la cooperación internacional.
Además, prevé el refuerzo del sistema de Inspección de Trabajo y otros servicios que 
protejan a quienes trabajan en condiciones de explotación y la adopción de medidas 
adicionales para educar e informar a las personas y a las comunidades que permitan 
acabar con estas prácticas abusivas.
El Protocolo, para lograr la efectiva abolición del trabajo forzoso en cada territorio, 
exige a los Estados Miembros que todas las medidas sean adoptadas de modo racional 
y concertado –en consulta– con las organizaciones de empleadores y de trabajadores lo 
cual solo es posible realizarse en ejecución de una política y una planificación nacional 
previamente diseñada.
La definición de trabajo forzoso está consagrada en el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29), cuyo artículo 2 lo define como: «todo trabajo o servicio exigido a  e.
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se  w.b
ofrece voluntariamente». 340ww
ni  tSipiinfi ceamcibóanr gaod, eecsuea cdoan, cenpi tosi qjuuriíedriaco  dpere cuinsaos n op osleít ivcea sa cpoúmbpliacñaas dob iedne  udneaf inreidgausla cqióune 
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junto con otras conductas que sí disponen de regulación específica. En el ámbito laboral, 
el trabajo forzoso se presenta ordinariamente en contextos de precariedad extrema que 
dan lugar a múltiples infracciones administrativas. En el ámbito penal, el trabajo forzoso 
puede concurrir con situaciones de trata en el ámbito laboral o con delitos de explotación 
laboral.
Las amplias zonas de confluencia entre el trabajo forzoso y las conductas citadas 
han reducido la necesidad de adoptar políticas específicas contra el trabajo forzoso, en 
la medida en que ya se atacaba buena parte de este fenómeno desde otros ámbitos 
concretos. Sin embargo, esta situación también ha generado carencias y deficiencias:
– Carencias,  porque  algunos  ámbitos  específicos  han  quedado  sin  cubrir, 
particularmente aquellas conductas de esclavitud moderna o servidumbre laboral, así 
como las determinadas conductas constitutivas del delito de trata de seres humanos en 
el ámbito laboral.
– Deficiencias, porque al no abordarse el trabajo forzoso desde una perspectiva 
integral, sistemática y estratégica, se ha perdido lo que ha de constituir el objetivo 
esencial de las actuaciones de los poderes públicos para combatir el trabajo forzoso: 
identificar  adecuadamente  a  sus  víctimas  y,  consecuentemente,  adoptar  medidas 
efectivas dirigidas a su protección y reparación.
La elaboración de un plan de acción nacional para luchar contra el trabajo forzoso 
viene a cubrir esos espacios y a dar mejor respuesta a las situaciones de trabajo forzoso 
que se producen en el ámbito de las relaciones laborales en España.
Estas medidas se han de adoptar desde un enfoque de derechos humanos, que 
relaciona el trabajo forzoso con una lesión a la dignidad de la persona, y por tanto 
centrado en las víctimas y sus necesidades.
A continuación, se procede a la explicación del proceso de elaboración de este Plan 
de Acción.
2. Concepto de Trabajo Forzoso y delimitación de figuras afines
La primera dificultad con la que nos encontramos a la hora de formular un plan contra 
el trabajo forzoso es la de delimitar su ámbito objetivo de aplicación, pues en España el 
concepto  de  «trabajo»,  tanto  desde  una  perspectiva  legal  como  social,  tiene  un 
significado diferente del que se encuentra recogido en el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, y es interpretado por el Protocolo 2014 y la Recomendación Núm. 203 citada.
El «trabajo forzoso» se define en el artículo 2 del Convenio 29 de la OIT, como «todo 
trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para 
el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente».
El  precepto  se  integra  por  cuatro  elementos  diferenciados  que  necesariamente 
deben concurrir:
1. «(Todo) trabajo o servicio»: Por  trabajo  hay que  entender cualquier servicio, 
empleo,  actividad  o  esfuerzo  humano  de  carácter  productivo  o  de  mera  utilidad, 
desarrollado en cualquier sector económico, esté regulado o no esté regulado, incluso 
cuando constituya una actividad delictiva. Lo decisivo es que sea exigido por un tercero y 
prestado bajo su dependencia.
2. «(Exigido) a un individuo»: Hace referencia tanto a personas adultas como a 
menores, ya sean de género femenino o masculino. También es irrelevante que la  s
persona sea nacional, o no, del país en el que se ha detectado el caso de trabajo  oe.
forzoso,  así  como  por  la  situación  administrativa  regular  o  irregular  del  trabajador  w.
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imposición de sanciones penales como el uso de distintas formas de coacción directa o
indirecta, la violencia física, las amenazas psicológicas, el impago de los salarios, la  Bc
retención de documentación, la limitación deambulatoria, la vigilancia constante, y otras 
de  semejante  entidad.  La  «pena»  también  puede  ser  una  pérdida  de  derechos  o 
privilegios (como la promoción, la transferencia o el acceso a un nuevo empleo).
4.  «(Sin)  voluntariedad»:  Hace  referencia  a  la  ausencia  de  consentimiento  del 
trabajador o trabajadora tanto en el momento inicial de constituirse la relación como en la 
posibilidad de poder abandonarlo en cualquier momento que él decida. El consentimiento 
libre y con conocimiento de causa debe ser la base de la contratación y existir a lo largo 
de la relación laboral. Si quien emplea o recluta ha recurrido al engaño, abuso, violencia 
o coerción, el consentimiento de la persona trabajadora es irrelevante. Sólo desde la 
efectiva  libertad  de  opción  del  prestador  de  servicios  es  admisible  hablar  de 
voluntariedad.
En síntesis, para la OIT, el trabajo forzoso engloba, además del ejercicio de una 
actividad reglada laboralmente, un conjunto de actividades alegales o, incluso, ilícitas, 
abarcando en su definición cualquier servicio prestado en situación de dominación o 
ausencia  de  libertad  de  decisión  del  prestatario  del  servicio  como  ocurre  con  los 
sometidos a esclavitud, servidumbre o son víctimas de trata de seres humanos. Por ello, 
se hace necesario dividir la realidad del trabajo forzoso, a efectos del desarrollo del 
presente Plan, en:
– Relaciones laborales obligatorias: En el que quedaran incluidas todas aquellas 
prácticas  de  trabajo  forzoso,  que  se  den  en  el  ámbito  de  las  relaciones  laborales 
regulares, es decir, con un objeto lícito y reguladas por la legislación socio laboral.
– Actividades humanas forzadas: En el que quedarían incluidas todas las actividades 
humanas alegales o ilícitas que sean impuestas por una tercera persona en beneficio 
propio o de otra que explota.
Ahora  bien,  hay  que  tener  en  cuenta  que  las  actividades  humanas  forzadas 
vinculadas a la explotación sexual y a la trata con fines de explotación sexual son objeto 
de  atención  específica  desde  hace  años,  pues  constituyen  graves  violaciones  de 
derechos humanos que afectan especialmente mujeres y niñas en España.
Las especiales circunstancias que rodean a las víctimas de explotación sexual y de 
trata con fines de explotación sexual, así como su perfil y características particulares muy 
diferentes de otras víctimas de otras actividades humanas forzadas, justifican que sean 
objeto de un ámbito propio de políticas públicas centradas en prevenir y sensibilizar ante 
estas formas de violencia y en atender y proteger a las víctimas desde un enfoque de 
derechos humanos y de género y con especial atención también a las víctimas menores 
de  edad.  Además,  estas  víctimas  requieren  de  medidas  de  prevención,  detección, 
persecución, protección y asistencia específicas.
Por  ello,  la  Administración  General  del  Estado,  los  gobiernos  autonómicos  y 
entidades locales, con la participación de las organizaciones especializadas, a través de 
políticas  públicas  que  vienen  desarrollándose  y  respondiendo  a  las  obligaciones  y 
compromisos  internacionales  de  identificar  a  las  posibles  víctimas,  garantizar  la 
protección  de  sus  derechos,  sean  adultas  o  menores,  y  ofrecerles  una  asistencia 
integral, accesible y apropiada, han consolidado una red de dispositivos y servicios de 
información, detección y atención integral y especializada a mujeres en contextos de 
prostitución y víctimas de trata. En particular, la trata con fines de explotación sexual ha 
dado ya lugar, a dos planes integrales de actuación y será objeto de una Ley Integral 
contra la trata. s
Como ejemplo de esta especial atención cabe destacar las medidas extraordinarias  oe.
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condiciones mínimas de subsistencia.
Las consideraciones anteriores explican que el presente Plan de Acción excluya de 
su ámbito de actuación las actividades humanas forzadas derivadas de la explotación 
sexual y que se centre en aquellos otros ámbitos que hasta el momento han estado 
prácticamente carentes de atención por parte de los poderes públicos: las relaciones 
laborales obligatorias y actividades humanas forzadas no vinculadas a la explotación 
sexual y los contextos de prostitución.
Una vez definido el concepto de trabajo forzoso, así como el ámbito de acción de 
este Plan de Acción Nacional, se hace imprescindible la distinción del concepto de 
trabajo forzoso de otras conductas similares.
2.1  Delimitación de figuras afines al trabajo forzoso. Esta conceptualización del 
trabajo forzoso obliga a llamar la atención sobre las carencias de nuestro sistema y la 
necesaria  reestructuración  conceptual  y  terminológica  de  las  medidas  que  deben 
adoptarse.
En este ámbito, hay que partir de una idea inicial: En España no están tipificados 
específicamente  los  delitos  de  esclavitud,  servidumbre  y  trabajos  forzados  en  los 
términos que exige el derecho internacional con relevancia penal y llevado a cabo 
muchos ordenamientos de nuestro entorno jurídico. Esta situación hace necesaria que 
diferenciemos las situaciones de trabajo forzoso de otras figuras afines que sí están 
tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico:
A.  Trabajo  forzoso  y  explotación  laboral.  Desde  la  perspectiva  de  la  OIT,  es 
importante distinguir entre trabajo forzoso, en el que se utilizan formas de coerción y 
amenazas para retener a quien trabaja, y la explotación laboral, entendida como la 
prestación de servicios en condiciones que vulneran la legislación laboral. Las malas 
condiciones de trabajo pueden y suelen estar presentes en la mayoría de los casos de 
trabajo forzoso contemporáneo, pero el trabajo forzoso implica pérdida de libertad de 
forma absoluta o de forma relativa. En ese sentido, constituye una clara violación a los 
derechos humanos.
En la práctica existen casos fronterizos en los que resulta difícil trazar una línea 
diferenciadora entre explotación laboral y el trabajo forzoso, pero se hace necesario 
avanzar en una delimitación para que las consecuencias jurídicas, administrativas y 
penales ante ambas sean proporcionales y consecuentes con el bien jurídico protegido 
en cada caso. Por otra parte, tal y como lo hacen otros Códigos Penales de nuestro 
entorno es altamente conveniente definir o acotar de una forma más clara el concepto de 
explotación laboral.
La respuesta y consecuencias ante los casos de trabajo forzoso deben diferenciarse 
y  agravarse  respecto  de  los  de  explotación  laboral,  al  constituir  no  sólo  un 
incumplimiento  de  los  derechos  de  las  personas  que  trabajan  reconocidos  en  la 
normativa  socio  laboral,  sino  una  violación  coercitiva  de  los  de  los  derechos  más 
elementales de cualquier ser humano (negación de su dignidad y personalidad).
En  el  ordenamiento  jurídico  español,  en  la  actualidad,  encontramos  que  los 
incumplimientos de la normativa sociolaboral, pueden ser constitutivos de:
– Una infracción de carácter administrativo, de conformidad con el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
– Un delito penal, tipificados en libro II del título XV de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, fundamentalmente en los artículos 311.1 y 312.2  s
reservado para aquéllos supuestos, en los que se da un incumplimiento especialmente  oe.
grave de la normativa sociolaboral. 340www.
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como tal en el Código Penal español, lo cual genera serias dificultades a la hora de
perseguir  estas  modalidades  delictivas  y,  sobre  todo,  de  identificar  y  proteger 
correctamente a las víctimas.
Estas dificultades, además, se ven agravadas cuando la actividad realizada por la 
persona sometida a trabajo forzoso no está reglada por la legislación laboral o cuando 
dicha  actividad  está  tipificada  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  como  delito.  Estos 
supuestos, dado el carácter no laboral de la actividad realizada, dan lugar a prestaciones 
de servicios que:
– Quedan  fuera  del  ámbito  de  competencias  de  la  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social y de la acción de las organizaciones sindicales.
– Se sitúan fuera del ámbito del delito de explotación laboral.
B.  Trabajo forzoso y trata de seres humanos. Dada la importancia que ha adquirido 
el fenómeno de la trata de seres humanos en los últimos años y su traducción, en 
muchas ocasiones, en supuestos de trabajo forzoso, debemos clarificar el concepto de 
trata de seres humanos.
La trata de personas implica el sometimiento de una persona, empleando violencia (o 
amenaza de ella), intimidación, engaño, o abusando de su situación de superioridad con 
respecto a la víctima, o de vulnerabilidad de la propia víctima, por lo general implica un 
traslado a través de fronteras (aunque también se puede desarrollar dentro de las 
fronteras de un mismo Estado), con fines de explotación. La trata de personas se define 
en el Protocolo de Palermo(2) como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos»(3).
(2) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
adoptado en 2000.
(3) Esta Definición que ha sido reafirmada por la Convención contra la Trata de Seres Humanos del 
Consejo de Europa (Varsovia 2005) y ratificada por la Directiva 36/2011/UE.
En el ordenamiento jurídico interno español, el delito de trata de seres humanos con 
cualquier finalidad, (incluida la imposición de trabajos forzosos) aparece tipificado en el 
apartado 1 del artículo 177 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código  Penal(4).  A  su  vez,  el  apartado  2  de  este  artículo  establece  un  subtipo 
cualificado para el caso de que las víctimas sean menores de edad, en cuyo caso no se 
exige la concurrencia de medios comisivos (fuerza, engaño, coerción, etc.).
(4) Según el apartado 1 de este artículo 177 bis:
«Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, 
sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación 
o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima 
nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de 
la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, 
incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades 
siguientes: e.e
a)  La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la  bo
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real oeEcd )))ax   icseLLtLepaaa t   uaecenbexxalplteer las,ob icqtrtauacuciaceóiicó ónsinón od n mpde ade esre taume  snrra seeótecrari egmlaizsalo ainadnroba iaosudc ss cto oiofv o.rvi»rpduzoalanrddaeeolresas sb.d.ielildicatdiv acus.ando la persona en cuestión no tiene otra alternativa,  BOE-A-2021-21cable en https://
De conformidad con la definición mencionada, la trata de seres humanos exige la 
concurrencia de los siguientes elementos:
– Acciones: Captación y/o transporte y/o traslado y/o acogida y/o recepción de una 
persona, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esa persona.
– Medios comisivos: Violencia y/o intimidación y/o engaño y/o abuso de poder o 
situación de vulnerabilidad y/o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima.
– Finalidades:  Cualquiera  de  sus  formas  de  explotación,  apartados  a)  a  e)  del 
mencionado artículo 177 bis) del Código Penal. Si bien en el ámbito del trabajo forzoso, 
debemos  entender  excluidos  casos  de  extracción  de  órganos,  o  los  matrimonios 
forzados, a menos que estos casos resulten en trabajo forzoso.
Las  situaciones  de  trabajo  forzoso  se  producen  en  muchas  ocasiones  en 
concurrencia con casos de trata de seres humanos. Ello explica que el Protocolo de 
Trabajo Forzoso, en su artículo 2, punto 3, indique que «las medidas contenidas en el 
presente Protocolo deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de 
personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio».  Ahora bien, también es importante 
comprender que no todo el trabajo forzoso es consecuencia de la trata de personas. 
Siendo ello así, hay que destacar que la imposición de trabajo forzoso como tal, en el 
sentido de relaciones laborales obligatorias o actividades humanas forzadas, no está 
tipificado como tal en el Código Penal.
También es importante tener en cuenta que, desde un punto de vista penal, la trata 
de seres humanos es un delito de consumación anticipada y de mera actividad, mientras 
que  el  trabajo  forzoso,  una  vez  que  sea  tipificado  en  nuestro  Código  Penal,  se 
configuraría  como  un  delito  de  explotación  y  de  resultado,  con  el  que  entrará  en 
concurso real, tal y como prevé el propio apartado 9 del artículo 177 bis) del Código 
Penal,  que  establece  que  «En  todo  caso,  las  penas  previstas  en  este  artículo  se 
impondrán  sin  perjuicio  de  las  que  correspondan,  en  su  caso,  por  el  delito  del 
artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los 
constitutivos de la correspondiente explotación».
C.  Trabajo forzoso y otras figuras afines:
– El  delito  de  mendicidad  coactiva  o  violenta,  únicamente  contemplada  cuando 
afecte a menores de edad, regulado en el artículo 232 CP.
– Por otro lado, es de imposible integración en nuestro ordenamiento penal, al 
margen de su consideración como excusa absolutoria del número 11 del artículo 177 bis, 
los  trabajos  forzosos  consistentes  en  la  imposición  de  actividades  ilícitas,  que  no 
encuentran regulación en nuestro ordenamiento jurídico.
Conclusiones.  Los  trabajos  forzosos  se  producen  en  muchas  ocasiones  en 
concurrencia con otras situaciones: La explotación laboral y la trata de seres humanos. 
No obstante, es preciso distinguir estas figuras:
– El  trabajo  forzoso  es  más  grave  que  la  explotación  laboral,  porque  conlleva 
necesariamente una amenaza o coerción de la víctima. Además, la explotación laboral 
parte de la existencia de relaciones laborales válidas, lo que deja fuera de su ámbito a 
aquellos trabajos forzados y actividades humanas obligatorias que se producen fuera de 
la legislación laboral. es
– No todo el trabajo forzoso se produce en el marco de situaciones de trata de seres  o
humanos. Además, el delito de trata es un delito de consumación anticipada y de mera  340ww
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trabajo forzoso como delito autónomo han impedido:
– Perseguir y combatir estas de conductas e identificar y proteger correctamente a 
las víctimas.
3. Marco jurídico
Una vez analizado el concepto de trabajo forzoso y su diferenciación de otras figuras 
análogas,  es  importante  analizar  el  marco  jurídico,  tanto  desde  un  punto  de  vista 
nacional como internacional, de cara a encuadrar adecuadamente posibles conductas 
constitutivas de trabajo forzoso.
3.1  El trabajo forzoso en el ámbito internacional y europeo.
A.  En el ámbito de las naciones unidas. La lucha contra el trabajo forzoso ha sido 
recogido  en  el  ámbito  de  las  Naciones  Unidas  en  numerosos  instrumentos 
internacionales,  podemos  destacar  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos 
de 1948 que en su artículo 4 establece que «Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas», 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 que en su artículo 8.3.a) 
establece que «Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio», la 
Convención sobre la Esclavitud 1926 y la Convención suplementaria sobre la abolición 
de  la  esclavitud,  la  trata  de  esclavos  y  las  instituciones  y  prácticas  análogas  a  la 
esclavitud 1956, en los que se establece la necesidad de que los Estados adopten las 
medidas  pertinentes  para  evitar  que  el  trabajo  forzoso  u  obligatorio  lleve  consigo 
condiciones análogas a la esclavitud.
Dentro de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, desde su 
fundación en 1919, ha tenido entre sus objetivos esenciales la prohibición del trabajo 
forzoso.  Ello  explica  que  uno  de  los  primeros  instrumentos  internacionales  de  la 
Organización se dedicara a este tema; en efecto, el Convenio núm. 29, sobre el trabajo 
forzoso, adoptado en 1930, obligaba a los Estados que lo ratificaran a suprimir el empleo 
de trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones. Actualmente, 
este Convenio ha sido ratificado por 178 países, con tan sólo 9 Estados miembros fuera 
de la lista de ratificaciones.
En 1957, la OIT adoptó un segundo instrumento, el Convenio 105, sobre la abolición 
del trabajo forzoso, para complementar el Convenio anterior, centrándose en el trabajo 
forzoso  como  un  medio  de  coerción  o  de  educación  política,  como  castigo  por  la 
expresión  de  opiniones  políticas,  por  la  participación  en  huelgas,  como  medida  de 
discriminación racial o de otro tipo, o como medio de disciplina laboral. Este Convenio ha 
sido ratificado por 175 países. Tan sólo 12 Estados miembros no lo han ratificado.
Lo cierto es que, pese a los esfuerzos desplegados durante décadas, el trabajo 
forzoso ha seguido constituyendo una lacra en el mundo del trabajo. La necesidad de 
avanzar  en  la  erradicación  del  trabajo  forzoso  motivó  la  adopción  de  dos  nuevos 
instrumentos jurídicos en el marco de la 103 Conferencia Internacional del Trabajo 
de 2014:
– El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, aprobado 
para complementar al Convenio núm. 29.
– La Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 
(núm. 203), que complementa tanto el Protocolo como el Convenio núm. 29.
En España, el Protocolo fue ratificado el 12 de diciembre de 2017 y ha entrado en  e.
vigor el 20 de septiembre de 2018, a los doce meses de la fecha de registro de su  w.b
ratificación, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8.2. 340ww
jurídAicdoesm eáns,c aemni neald áoms bait ola  deer rlaadsi cNacaicóino ndees  Ulan iTdraasta,  ednec osnetrraems ohsu motarnoos s,I nsatlr usmere nutnoas 
pdreá fcotircmaa q cuoen, cauurnreqnutee .es diferente del trabajo forzoso, aparece, en numerosas ocasiones,
Así, en este ámbito debemos resaltar, la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada transnacional, aprobada en el año 2000, y que ha sido 
completada, por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), cuya entrada 
en vigor en España se produjo el 25 de diciembre de 2003 y por el Protocolo contra el 
Tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire que entró en vigor en enero de 2004.
Por último, no debe dejar de mencionarse que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada en el seno  de la  Asamblea  General de las Naciones Unidas 
por 193 países, entre ellos España, también hace referencia de forma muy relevante al 
trabajo forzoso, así como a la trata de seres humanos. A este respecto, como ya 
señalábamos en apartados anteriores, una de las metas esenciales (8.7) para el logro 
del ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico es la adopción de medidas 
inmediatas  y  eficaces  para  erradicar  el  trabajo  forzoso  y  poner  fin  a  las  formas 
contemporáneas de esclavitud y trata de personas, así como asegurar la prohibición y 
erradicación  de  las  peores  formas  de  trabajo  infantil  (incluidos  el  reclutamiento  y 
utilización de niños soldados) y eliminar el trabajo infantil en todas sus formas antes 
de 2025.
B.  En el ámbito europeo. Algunos instrumentos europeos se han referido de forma 
somera al trabajo forzoso.
a)  Así,  en  el  ámbito  del  Consejo  de  Europa,  debemos  citar  los  siguientes 
instrumentos, todos ellos ratificados por España:
– El Convenio Europeo de Derechos Humanos 1950, que constituye el principal 
tratado europeo sobre los derechos humanos, prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso u 
obligatorio en términos muy similares a aquellos utilizados ulteriormente en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
– La Carta Social Europea 1961 requiere a los Estados que lo ratifiquen proteger de 
manera eficaz el derecho de las personas trabajadoras a ganarse la vida mediante un 
trabajo  libremente  elegido,  prohibiendo,  por  consiguiente,  la  imposición  de  trabajo 
forzoso.
– Y, en relación con la trata de seres humanos, el Convenio para la acción contra la 
trata de seres humanos de 3 de mayo de 2005 y el Convenio para la Protección de los 
Niños Contra la Explotación y el Abuso Sexual de octubre de 2007.
b)  Por su parte, en el ámbito de la Unión Europea, debe citarse la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000, cuyo artículo 5 ha erigido la 
prohibición  de  la  esclavitud  y  del  trabajo  forzoso  en  un  presupuesto  básico  de  la 
convivencia comunitaria.
La trata de seres humanos sí ha sido objeto de numerosos instrumentos:
a)  En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Varsovia para la acción 
contra la trata de seres humanos de 3 de mayo de 2005 y el Convenio para la Protección 
de los Niños Contra la Explotación y el Abuso Sexual de octubre de 2007.
b)  En el ámbito de la Unión Europea:
– La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril 
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la  es
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del  o
Consejo. 340ww
cpsoeeorremp–se i srLhoeau n dm Dceaio rnreneoc slstaii dvsoae  a nh2uca0tioya0ar 4iand/  8ans1daid/eCcosiEo  con obdamjeleelpt soCe  dtodeenen s ttueeenjsroca. e draeoc sc2 i9pó andí esde eas b aqryiulu, edr easl eaaat ivnlaa  v ianíc mtlaimig earaxspc dieóedn i claiilóe tngr aadtl aeq  udueen    OE-A-2021-21able en https://
– La  Estrategia  Europea  para  la  erradicación  de  la  trata  de  seres  humanos 
(2021-2025).
3.2  El trabajo forzoso en el Ordenamiento Jurídico Español. En el marco jurídico 
nacional, las disposiciones que se refieren al trabajo forzoso son ciertamente escasas. 
Tan sólo cabe citar aquellas que consolidan la voluntariedad como elemento constitutivo 
de las relaciones laborales válidas. En este sentido, debemos destacar, en primer lugar, 
la Constitución Española, que en su artículo 35 reconoce la libre elección de profesión u 
oficio. A su vez, en desarrollo del citado artículo, el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre, 
establece tanto en su artículo 1.1 como en el 4.1, la libertad como un elemento inherente 
a la prestación de servicios laborales.
Junto a lo anterior, el fenómeno del trabajo forzoso en España y su necesaria 
erradicación sólo ha sido abordado en los últimos años a través de diversos instrumentos 
jurídicos de lucha contra la trata de seres humanos. Así, en el año 2010 se introdujo en 
el Código Penal un nuevo Título VII bis «De la trata de seres humanos», por el que se 
penaliza en un solo precepto (artículo 177 bis) el delito de trata de seres humanos(5).
(5) Este  precepto  se  modificó  posteriormente  en  2015  para  adaptarlo  a  las  prescripciones  de  la 
Directiva 36/2011.
Además, el artículo 59 bis de la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, reconoce el 
derecho de las víctimas potenciales de trata a acceder a un período de restablecimiento 
y reflexión, cuya duración será al menos de noventa días y, en todo caso, suficiente para 
que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación 
del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período, la víctima 
tendrá autorizada su estancia temporal, y no se incoará un expediente sancionador por 
encontrarse  irregularmente  en  territorio  español  y  se  suspenderá  el  expediente 
administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la 
expulsión  o  devolución  eventualmente  acordadas.  La  Administración  velará  por  su 
subsistencia  y,  de  resultar  necesario,  su  seguridad  y  protección.  El  artículo  59  bis 
únicamente se aplica a las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular que 
hayan  sido  víctimas  de  trata  de  seres  humanos,  si  bien,  de  conformidad  con  la 
disposición adicional única del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, serán de aplicación a las víctimas 
potenciales de trata de seres humanos nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea o incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del régimen comunitario de 
extranjería, en lo referente al deber de la Administración de velar por su subsistencia, 
seguridad y protección. El Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres 
Humanos, suscrito el 28 de octubre de 2011 constituye un mecanismo de cooperación 
entre instituciones, está referido a todas las víctimas de trata de seres humanos, con 
independencia de su origen y situación administrativa (nacionales de un Estado Miembro 
de la Unión Europea o extracomunitarias, en situación regular o irregular) y recoge los 
procedimientos de identificación, protección y asistencia a toda víctima del delito de trata 
con  independencia  del  propósito  de  explotación  (laboral,  sexual  o  extracción  de 
órganos).
Además,  conviene  resaltar  que  hay  víctimas  que,  por  la  peculiar  regulación  y 
características de sus sectores de actividad, son más vulnerables que otras. Entre otras,  e
podemos destacar el sector del trabajo en el hogar, en el que está previsto reforzar la  bo
protección de las personas trabajadoras en el marco de la próxima ratificación del  340ww
gCloaosrn aPvcneoatinrsc ioeoesn llO  ole,Ia Tn r a essslooiubssltrt eeaqn  lucaniesea  c tryeda sicbpaharroaijaat e dscloaictr uiaóaasndc  oyiód plneoc  siót cotnord anadbcseau  jlraamrdaseo  dvrceíiodcstna imd so sanmistou éradmscetiia cottornivaseab,s sa2  j0odo1 e 1fd o e(rtrnz aoúotsmatro o.,  d 1tte8iap 9nos)t oeq reuenes    OE-A-2021-21able en https://
humanos, como en los que no. Y con independencia de la nacionalidad y situación 
administrativa de las víctimas.
Planes  y  programas  relacionados  con  el  trabajo  forzoso.  Además  de  las 
disposiciones mencionadas, hay que indicar que en los últimos años se han aprobado 
algunos planes y programas con objeto de abordar el problema de la trata de seres 
humanos de una manera más integral y sistemática, en concreto:
– Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de Presidencia, por la 
que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas 
actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados. Este Protocolo 
también  se  aplica  a  menores  extranjeros  que  se  hallaren  en  situación  de  patente 
desamparo o desprotección, significadamente por padecer riesgo de sometimiento a 
redes de trata de seres humanos. Las disposiciones en materia de prevención de trata 
de seres humanos de este Protocolo son de aplicación a todos los menores extranjeros 
cualquiera que sea su condición.
– Instrucción 6/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, del Ministerio del 
Interior, sobre actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la lucha 
contra la trata de seres humanos y en la colaboración con las organizaciones y entidades 
con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.
– Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 
y 2023.
– Estrategia  Nacional  contra  el  Crimen  Organizado  y  la  Delincuencia  Grave 
(2019-2023).
Sin embargo, es de destacar que los poderes públicos no han adoptado hasta ahora 
ningún plan o programa de actuación referido a la trata en el ámbito laboral, ni al trabajo 
forzoso propiamente dicho.
Esta carencia debe ser inmediatamente solventada no sólo porque es una exigencia 
impuesta a nuestro Estado tras la firma del Protocolo 2014, sino también porque –en 
congruencia  con  el  Plan  de  Acción  del  Gobierno  para  la  implementación  de  la 
Agenda 2030– el trabajo forzoso no puede tener cabida en España.
Conclusiones. La trata de seres humanos ha sido objeto de atención en numerosos 
instrumentos, tanto internacionales como nacionales.
Por otra parte, las actuaciones relacionadas con la trata de seres humanos se han 
centrado de modo esencial en la trata con fines de explotación sexual.
Lo anterior ha traído como consecuencia que tanto trabajo forzoso, como la trata en 
el ámbito laboral, no ha recibido hasta el momento la atención necesaria, ni desde el 
punto  de  vista  de  su  regulación,  ni  desde  la  perspectiva  de  la  actuación  de  las 
Administraciones Públicas.
4. Diagnóstico de las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas 
forzadas en España
Realizar un diagnóstico de la situación del trabajo forzoso en España, que permita 
conocer el estado de situación y adoptar las medidas más adecuadas, es, sin duda, un 
ejercicio complejo. La ausencia en España de una base de datos centralizada, así como 
la falta de coordinación o transmisión de datos entre Autoridades, hace que sea muy 
difícil la realización de un estudio de la situación. e.
Análisis de los datos del Ministerio del Interior. En su Informe Global de 2020 sobre la  w.b
trata de personas(6), Naciones Unidas situaba la explotación laboral o trabajo forzado  340ww
ceol m38o% l ad es elogsu ncdaas ofsin aa lindiavde l mmáusn dfiraelc tueenníate  edstea  lfain atrliadtaad ,d esi  pbeierns oan ansiv. el Creognicorneatal,m eenn tlae 
uEnuaro ppraim oecrcaid aepnrtoaxl iemsatac iócinfr aa ls fee nreódmuecneo h daeslt atr aebl a3j2o% fo. rEzons nou, edsetrboe  pteaníse, rys ed ee nc acruae nat ah aqcueer 
las cifras estadísticas de las que se dispone se centran en gran medida en la trata de 
seres humanos con fines de trabajo forzoso y en casos de explotación laboral.
(6) Informe global sobre la trata de personas. Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el 
Delito 2020.
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico no recoge el 
trabajo forzoso como un delito autónomo, y lo vincula a una de las finalidades de la trata 
de personas recogidas en el artículo 177 bis del vigente Código Penal. Por ello, las cifras 
que facilita el Ministerio del Interior procedentes del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (en adelante CITCO), se circunscriben este ámbito.
Además, y pese a que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil vienen llevando 
a cabo desde hace muchos años un enorme esfuerzo para la persecución de estos 
delitos y la identificación y protección de sus víctimas, los datos del Ministerio del Interior 
comenzaron a facilitarse en el año 2015, una vez llevado a cabo un trabajo de mejora de 
la información contenida en la base de datos BDTRATA que gestiona el CITCO. Esta 
mejora se consolidó en el año 2016, integrando datos sobre el resto de finalidades de la 
trata de seres humanos reconocidas en el artículo 177 bis del Código Penal, entre ellas 
la mendicidad o la comisión de actividades delictivas.
Según la información contenida en el último Informe de situación sobre la trata de 
seres humanos en España, en nuestro país la trata con fines de trabajo forzoso y la 
explotación laboral supusieron en 2020 el 41 % de los atestados instruidos por la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, así como el 53 % de las víctimas identificadas o el 40 
% de las personas detenidas.  Más concretamente, en el año 2020 las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado lograron identificar a un total de 647 víctimas; de ellas 
noventa y nueve lo fueron por trata de seres humanos en el ámbito laboral y 548 por 
explotación laboral. Cinco de las víctimas eran menores de edad: Una de trata y cuatro 
de explotación.
Por nacionalidades, en 2020 predominan entre las víctimas de trata la hondureña, 
rumana  y  nicaragüense;  y  entre  las  de  explotación  predominan  la  marroquí, 
nicaragüense  y  española.  Por  lo  que  respecta  a  la  incidencia  por  sexo,  ha  ido 
evolucionando a lo largo del tiempo, con una tendencia al alza del número de mujeres 
víctimas de trata laboral. Así hasta el año 2018 predominaba notablemente los hombres 
víctimas de trata laboral con una relación 80 %-20 %, para en 2019 aproximándose a la 
paridad con un 57 %-43 %, hasta que este último año las mujeres sobrepasen a los 
hombres llegando en 2020 a que dos de cada tres víctimas de trata laboral fueron 
mujeres. Por el contrario, en cuanto a la explotación laboral han sido los hombres los que 
han ido aumentando con el tiempo, llegando en 2020 a una relación de tres hombres por 
cada mujer explotada laboralmente.
Respecto al rango de edad de las víctimas, si tomamos en su conjunto las de trata y 
explotación laboral, se observa que en 2020 la franja de edad más característica es la 
comprendida entre los 23 a 27 años (25 %), destacando que el 73 % de las víctimas 
tenían menos de 38 años.
El engaño (73 %) y el abuso por su situación de necesidad o por su vulnerabilidad 
(72 %) han supuesto los medios más empleados a la hora de captar a las víctimas de 
trata con fines de trabajo forzoso.
La incidencia de los grupos y organizaciones criminales en la trata con fines de 
trabajo forzoso y explotación laboral es más bien escasa si atendemos al número de los 
mismos. En 2020 únicamente se detectaron 24 grupos u organizaciones criminales. De  e.
igual modo, el 55 % de las víctimas identificadas y el 51 % de las personas detenidas no  w.b
tenían relación alguna con estructuras criminales organizadas. 340ww
comPisoiór nl o dqeu ea crteivsipdeacdteas  a dleal ictrtiavtaas ,d eh asye reqsu eh urmemanaorcsa cr oqnu fein enso sd ee nmceonndtriacimdaods  oa ndtee 
hsietucahcoiso nseosb rdee  luonsa  qgurea ne cxoismtep lepjoidcaad  inaf olarm haocriaó nd,e  csoum ion veess tiegla cciaósno y  dpee rlsae cmuceinódni.c iSdaodn 
forzada, o que se ocultan detrás de otras actividades delictivas como los robos, los
hurtos, el tráfico de drogas o el cultivo de las mismas, en el ámbito de la trata con fines 
de comisión de delitos. Todo ello, además, redunda en una notable invisibilización de las 
víctimas y una difícil detección e identificación de las mismas.
Pese a todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido realizando 
un notable esfuerzo en los últimos años para implementar investigaciones sobre estas 
otras finalidades menos conocidas de la trata de personas. Fruto de ello, durante el 
año  2020,  en  el  marco  de  dos  investigaciones  policiales,  fueron  identificadas  siete 
víctimas por trata de seres humanos con fines de comisión de actividades delictivas. 
Datos que se pueden considerar como poco significativos ya que suponen en torno al 4 
% del total de víctimas de trata identificadas así como de las investigaciones finalizadas.
Respecto a las víctimas, el 70 % fueron mujeres, de nacionalidad la china, todas 
mayores de edad, pero con rangos de edad muy repartidos sin destacar ningún sobre 
otro.
Análisis de datos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(OEITSS).  El  ámbito  competencial  del  Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social es el administrativo conforme a lo previsto en la Ley 23/2015, de 21 de 
julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La función 
inspectora, de acuerdo con el art. 12 de dicha norma, comprende los cometidos de 
vigilancia y exigencia del cumplimiento de normas legales, reglamentarias y contenido de 
acuerdos  y  convenios  colectivos  en  los  siguientes  ámbitos:  sistema  de  relaciones 
laborales, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, empleo y migraciones; así 
como  labores  de  asistencia  técnica  a  empresas,  trabajadores  y  Administraciones 
Públicas en los términos previstos; y de conciliación, mediación y arbitraje; por lo que la 
función propia de la Inspección en materia de trabajo forzoso se enmarca en la fase de 
detección de posibles delitos (artículos 177 bis y 311 y siguientes del Código Penal).
En este sentido, si en el curso de las actuaciones inspectoras se apreciase la posible 
comisión de un delito, la Inspección de trabajo remitirá al Ministerio Fiscal relación 
circunstanciada de los hechos que haya conocido y de los sujetos que pudieran resultar 
afectados;  suspendiéndose  el  procedimiento  administrativo  sancionador  en  tanto  no 
recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal conforme al principio non 
bis in idem.
Por ello, los datos que puedan extraerse de la base de datos del OEITSS, serán los 
que correspondan a actuaciones en las que los funcionarios hayan constatado una 
situación potencialmente delictiva y remitido informe al Ministerio Fiscal por los cauces 
legalmente establecidos al respecto.
En cualquier caso, en el momento actual el OEITSS no puede desagregar datos 
sobre actuaciones inspectoras relacionadas con estos tipos delictivos, si bien se están 
estudiando los desarrollos y modificaciones necesarios para poder analizar los datos 
correspondientes próximamente.
Análisis de datos del Ministerio Fiscal. Al no estar tipificado en España el delito de 
trabajo  forzoso  en  el  sentido  que  exige  el  Protocolo  OIT  de  2014  no  es  posible 
determinar cuantitativamente el número de procesos judiciales incoados que tuvieran por 
objeto  la  investigación,  persecución  y  castigo  de  esas  conductas,  porque  estarían 
subsumidas en una pluralidad de delitos de imposible delimitación (delitos contra los 
derechos de los trabajadores, delitos de coacciones, delitos de amenazas, delitos de 
detenciones ilegales, etc.).
Los únicos datos específicamente vinculados con el trabajo forzoso y sometidos a 
riguroso  seguimiento  individualizado  son  los  referentes  al  delito  de  trata  de  seres  s
humanos en el ámbito laboral, mendicidad, esclavitud, servidumbre, explotación sexual,  oe.
actividades ilícitas y matrimonios forzados(7). w.
smfueeexdruoia(on7)l   )ip.nE aAcnrod arae pilmmogrúápansod ,n achesaar sa yoal  , qa lurasteeí cv gutíúeclonnti  me1lra7a  7p e drbexeispsteee CrnrmitPeein n pcqaoiuadre  ol acsl ra rismsee fiomrnvraomicld iaoae sludi dre(oa slpdaigee Lnasei, f idyce eaOl  dmrmagamaáttnreriiimncmatoeo n1,n i/ieo2oms0  f1pofo5lrer,z zoada deddo o3o s0ms  edéy  eshat imacct oaivu rityzdil oaize.daxedpsolo  itlcaícocimitóaons    OE-A-2021-21able en https://
DSTSH incoadas durante los años 2013 a 2020
Años Laboral Mendicidad Sexual Act. ilícitas Matrimonios Órganos Total
2013 11 6 129 = = 0 146
2014 10 4 154 = = 0 168
2015 15 4 74 0 3 0 96
2016 8 2 69 3 2 0 84
2017 10 4 107 2 5 1 128
2018 13 1 91 3 6 1 115
2019 27 0 148 7 1 0 183
2020 21 2 89 8 0 0 120
Total 115 23 861 23 17 2 1.039
Las 115 Diligencias de Seguimiento del Delito de Trata de Seres Humanos (DTSH) 
en el ámbito laboral tramitadas en el periodo 2013 a 2020 representan un 11,06 % del 
total de DSTSH incoadas.
El número de víctimas efectivamente reseñadas en ese periodo comprende a 269 
mujeres y 488 hombres adultos procedentes de cuatro continentes(8).  Además, se han 
localizado nueve menores de edad y dos personas con severa discapacidad psíquica. 
Según su nacionalidad, hay que reconocer que los grupos humanos más castigados por 
la trata laboral son los provenientes de Rumanía, Pakistán, Portugal y Bulgaria (tanto 
cuantitativamente como por detectarse cada año). De tiempo en tiempo se producen 
episodios notables de trata en relación con nicaragüenses, rusos y marroquíes, mientras 
que, en relación con otras nacionalidades, la trata es de carácter ocasional.
(8) De África (Angola, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Marruecos y Senegal), de América (Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela), de 
Asia (China, India, Pakistán y Vietnam) y de Europa (Bosnia, Bulgaria, España, Francia, Lituania, Moldavia, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia).
Prácticamente su totalidad han sido captados mediante engaño (falsas promesas de un 
trabajo digno y bien retribuido) y abusando de su situación de patente necesidad. Han sido 
trasladados a España para ser explotados en una variedad de trabajos: Significadamente 
en el sector agrícola de temporada (cincuenta y cinco DSTSH = 47,82 %) y empleo 
doméstico o cuidado de niños y ancianos (veinte DSTSH = 17,39 %), hostelería y 
restauración (ocho DSTSH = 6,95 %) y venta ambulante (cinco DSTH). El resto se han 
localizado  en  multitud  de  actividades  (chofer,  jardinería,  industria  textil,  limpieza, 
agroturismo, recogida cartones y chatarra, construcción, granja porcina y salones de 
estética).  Antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la  reforma  del  Código  Penal  de  2015 
(Ley 1/2015) en tres DSTH se apreciaron episodios de trata dirigidos a lograr que la 
víctima cometiera determinados delitos (hurto y carterismo).
Las condiciones de explotación son gravemente atentatorias contra sus derechos más 
elementales (privación de documentación, alojamiento indigno, ausencia de salario o 
salario ínfimo, aislamiento del entorno, jornadas extenuantes, vigilancia constante, etc.).
En esas DSTSH se ha estado investigando a ochenta y siete mujeres y trescientos  e.e
noventa  hombres  procedentes  de  África  (Marruecos  y  Senegal),  América  (Brasil,  b
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela),  340ww
PAasiías e(sC hBianjao,s I,n Pdioal,o nPiaak, isPtoárntu, gya Vl,i eRtnuamma)n íya  Eyu Urocpraa n(iBau).l gPaarirate,  Edsep laoñsa i,n Lvietusatingiaad, oMs oflodramvaian, 
peaxprtleo tdaec iógnru lpaobso rcarli mpoinr aolergsa (nsieza hcaionn iensc ocaridmoin uanle tso)t.al de cuarenta y dos DSTSH con fines
Desde 2015 hasta la actualidad se han dictado catorce sentencias en procesos 
instruidos por delitos de trata y explotación laboral. De ellos solo tres son condenatorias 
y una parcialmente condenatoria. Como ocurre en la generalidad de delitos de trata, 
cuando los medios comisivos son extremadamente violentos con huellas –físicas y/
psíquicas– apreciables en las víctimas es factible lograr una sentencia de condena; 
cuando se producen abusando de la necesidad o vulnerabilidad del tratado o por medios 
amenazantes, es una quimera imposible de alcanzar. La víctima, por miedo, necesidad u 
otro  imponderable,  rara  vez  se  enfrenta  a  los  tratantes.  Siempre  ha  prestado  su 
consentimiento hipotéticamente libre; para los juzgadores siempre ha tenido una opción 
real o aceptable de someterse al abuso.
Además, como afirma la Fiscal General en la Memoria de 2019 (vide pág. 1263) «de 
la misma manera que el modo de regular la prostitución y el proxenetismo condiciona la 
prevención, persecución y protección de las víctimas del delito de trata con fines de 
explotación  sexual,  la  manera  en  que  el  legislador  tipifique  las  otras  formas  de 
explotación, significadamente la mal denominada «explotación laboral», condicionará el 
éxito de la acción mundial contra todas las manifestaciones de trata». En efecto dada la 
ausencia de tipificación de los delitos finales del artículo 177.1.a) bis CP y la redacción –
repleta  de  conceptos  jurídicos  indeterminados–  de  los  delitos  recogidos  en  los 
artículos 311.1 y 312.2 CP es imposible lograr la efectiva persecución de esos ilícitos 
penales.
La trata con fines de mendicidad representa el 2,21 % del total de DSTSH. Afecta 
fundamentalmente a cuarenta y cuatro víctimas rumanas en veintitrés DSTSH (entre 
ellas doce niñas y dos niños, así como dos personas de la tercera edad), aunque 
también se han investigado episodios de trata en relación a búlgaros (cuatro víctimas 
varones) y nigerianos (tres mujeres).
En la captación se ha utilizado el engaño generalmente con falsas promesas de 
trabajo. La imposición de la mendicidad suele ir acompañada del empleo de violencia 
física  y  psicológica.  Se  ha  detectado  un  caso  en  que  la  víctima  fue  privada  de 
alimentación durante días y otro relativo a un anciano que debido a las condiciones 
infrahumanas en las que le mantenían, dándole solo tabaco y escasa comida, sufrió un 
agravamiento de una patología previa que le condujo a la amputación de una de sus 
piernas.  Las  víctimas  son  sometidas  a  estrecha  vigilancia,  se  les  impone  horarios 
abusivos, son alojadas en condiciones insalubres y hacinamiento, y por supuesto se les 
retira el dinero recaudado. En algún caso se les prohíbe asearse, son obligados a hurgar 
en los contenedores de basura, y en ocasiones a cometer hurtos y carterismo.
Por este delito se ha investigado a treinta y seis individuos –normalmente integrados 
en clanes familiares (veintiocho hombres y ocho mujeres, de nacionalidad rumana y 
búlgara, todos de etnia gitana).
La utilización de esclavos para la realización de actividades delictivas es una realidad 
detectada en España desde las primeras DSTSH en cualquiera de sus modalidades. 
Mujeres explotadas en la prostitución o víctimas de mendicidad han sido obligadas a 
trapichear con drogas, hurtar o cometer otra variedad de delitos. Sin embargo, tras la 
reforma del Código Penal de 2015, se relaciona como modalidad específica.
Desde entonces se han incoado veintitrés DSTSH con fines de distintas actividades 
delictivas (8 DSTSH con fines de atentados contra la propiedad, dos DSTSH para la 
realización de estafas, tres DSTSH para distribución y transporte de droga, una DSTSH 
usurpación  de  estado  civil,  ocho  DSTSH  para  el  cuidado  y  plantación  indoor  de 
marihuana y una cultivo ilegal de tabaco). s
Se investigan veinte organizaciones criminales, entre ellos un grupo criminal bosnio,  oe.
dos clanes rumanos y uno búlgaro especialmente violentos, una organización criminal  w.
china dedicada al tráfico de drogas, otra ucraniana dedicada al cultivo ilegal de tabaco en  340ww
instaLlaa ciinoenxeiss tseunbctiear rdáen euans , taipsoí  cpoemnoa lu ndae  oimrgpaonsizicaicóinó nd tea iwacatniveisdaa.des ilícitas priva a las
víctimas de la suficiente protección integral.
Datos sobre respuesta judicial. El CGPJ no hace recogida, tratamiento y análisis 
sistemáticos de datos sobre respuesta judicial en relación con los delitos contra los 
derechos de los trabajadores (explotación laboral) ni tampoco en relación con la trata de 
seres  humanos.  De  este  modo,  los  únicos  datos  que  pueden  extraerse  acerca  de 
respuesta judicial a estas materias son los procedentes del análisis de las sentencias 
incorporadas al Fondo Documental que publica en Centro de Documentación Judicial 
(CENDOJ),  entre  las  que  no  se  incluyen  las  sentencias  dictadas  por  órganos 
unipersonales  (Juzgados  de  lo  Penal  o  Juzgados  de  Instrucción  en  casos  de 
conformidad). Estas circunstancias hacen que no resulte posible realizar un análisis 
cuantitativo exacto acerca de la respuesta judicial en relación con el delito de trata de 
seres humanos en el ámbito laboral (artículo 177 bis CP) y el delito de explotación 
laboral (artículo 311.1 CP).
Partiendo de las limitaciones expresadas, encontramos que hasta el año 2016 sólo 
consta la existencia de tres casos de condena por trata laboral, dos de ellos por la 
imposición de prácticas análogas a la esclavitud y una por explotación de la mendicidad 
ajena. Desde enero de 2016 hasta enero de 2021 se han registrado en la base de datos 
de jurisprudencia ciento sesenta y dos sentencias dictadas en causas por delito trata de 
seres humanos, de las cuales tan solo dieciocho sentencias contemplaban supuestos de 
trata  con  fines  de  esclavitud,  servidumbre,  prácticas  análogas  a  la  servidumbre  o 
mendicidad, y dos sentencias que examinaban supuestos de trata dirigida a la comisión 
de  actividades  delictivas.  De  estas  veinte  sentencias,  tan  solo  ocho  fueron 
condenatorias, cuatro de ellas referidas a los dos mismos casos que se examinan en 
primera y segunda instancia. En definitiva, en las bases de datos de jurisprudencia del 
CGPJ solo se registran seis casos de condena por delito de trata de seres humanos 
preordenada  a  la  imposición  de  trabajo  o  servicios  forzados,  esclavitud,  prácticas 
similares a la esclavitud o servidumbre (tres casos), a la mendicidad (dos casos), o a la 
explotación para realizar actividades delictivas (un caso). Las restantes doce sentencias 
son absolutorias por falta de acreditación suficiente de los elementos del tipo.
Entre las causas de absolución debe destacarse, por estimarse particularmente 
relevante, que la propia redacción del tipo penal, en concreto de la finalidad primera de 
cuantas enumera el artículo 177 bis, apartado 1, no incluye la «explotación laboral» 
como tal, refiriéndose tan solo al trabajo forzado, a la esclavitud y la servidumbre, lo que 
lleva a los Tribunales a rechazar la apreciación del delito de trata de seres humanos 
desde el momento mismo en que la víctima afirma que realizaba el trabajo de que se 
tratase de manera voluntaria, con independencia de las condiciones en que dicho trabajo 
se llevara a cabo (en ocasiones incluso sin que conste que por el mismo se haya 
percibido remuneración o retribución alguna).
En cualquier caso, está claro que la respuesta judicial a la trata de seres humanos en 
el ámbito laboral o explotación en otras actividades humanas forzadas diferentes de la 
estrictamente sexual se encuentra muy lejana a las cifras que facilitan tanto el Ministerio 
del Interior como la Fiscalía General del Estado. El número de condenas dictadas por 
este delito es prácticamente anecdótico.
Durante  el  año  2018,  sólo  se  encuentran  en  la  base  de  datos  de  sentencias 
publicada por el CENDOJ 4 sentencias de condena por delito de explotación laboral 
propiamente dicho (artículo 311.1 CP), y en los cuatro casos las penas impuestas han 
sido  desproporcionadamente  bajas  (dos  condenas  de  un  año  de  prisión,  otra  de 
dieciocho  meses  y  una  tercera  de  tres  años  y  dos  meses)  teniendo  en  cuenta  la 
gravedad de las conductas enjuiciadas (todas ellas por casos de semiesclavitud de los  s
trabajadores  y  mantenimiento  de  los  mismos  en  condiciones  infrahumanas).  Esta  oe.
tendencia  se  mantiene  durante  los  años  2019  y  2020,  periodo  en  que  sólo  w.
encontramos 7 sentencias publicadas por el CENDOJ en las que se condene por el  340ww
dPeelnitaol .d Ee ne xepsltootsa cciaósno lsa blaosra pl epnreavsi sitmo pyu epsetnaasd (om eunc heal sa rdtíec uelolla 3s1 1p,o ra pcaorntafodrom 1id adde)l  Cosócdiilgaon 
jeunztgrea duon oe raañ ou ny  ctaresso  mdee stersa tad el apbroisriaóln, , esna levlo  quune  csaes od ipcatart iacublsaorlmuceinótne  pgorar veel  edne liqtou ed leol   BOE-A-cable e
artículo 177 bis por la causa anteriormente expresada, y se condena por delito de 
explotación laboral a penas de entre cinco y siete años de prisión.
Esta disparidad entre las investigaciones iniciadas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las diligencias de seguimiento de la Fiscalía General del Estado, 
por un lado, y los casos que se traducen efectivamente en una sentencia de condena por 
otro lado, pone de relieve la existencia de notables deficiencias en la persecución y 
castigo penal de estas conductas, que deberían analizarse y abordarse.
Se detecta que en gran parte de los casos la investigación del delito contra los 
derechos de los trabajadores se ha limitado a constatar que las víctimas se encuentran 
trabajando  sin  dar  de  alta  en  la  Seguridad  Social,  pero  no  se  profundiza  en  la 
investigación de las condiciones en que se presta ese trabajo no declarado.
Es evidente que la finalidad de persecución de estas conductas sólo se cumple con 
el dictado y ejecución de sentencias de condena contra aquéllos que cometan las 
conductas definidas como delito en las Leyes penales. No basta con reformar los tipos 
penales, es también necesario mejorar su aplicación (tanto de los tipos existentes como 
de los nuevos tipos que se quieren introducir).
Por otra parte, la falta de recopilación sistemática de datos sobre respuesta judicial 
frente a la trata de seres humanos y frente a la explotación laboral hace muy complicado 
llevar a cabo un análisis riguroso del cumplimiento de esa finalidad de persecución de las 
conductas relacionadas con el trabajo forzoso o las actividades humanas forzosas.
Conclusiones. Realizar un diagnóstico de la situación del trabajo forzoso en España, 
que permita conocer el estado de situación y adoptar las medidas más adecuadas, es, 
sin  duda,  un  ejercicio  complejo.  La  ausencia  en  España  de  una  base  de  datos 
centralizada y la falta de coordinación o transmisión de datos entre Autoridades dificulta 
el conocimiento de la realidad.
En todo caso, el trabajo forzoso no es un fenómeno extendido en España, ni siquiera 
en aquellos sectores que tradicionalmente asocian un mayor riesgo de este tipo de 
prácticas.
Aun  así,  se  aprecian  importantes  deficiencias  en  la  respuesta  penal  a  estas 
conductas, que hacen necesario el desarrollo de mecanismos adecuados de intervención 
y coordinación entre las instituciones y organismos implicados.
5. ¿Por qué un plan de acción?
Porque debemos cumplir nuestros compromisos internacionales. El Protocolo relativo 
al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, requiere que los Estados adopten medidas 
relativas a la prevención, protección e indemnización para dar efecto a la obligación de 
suprimir el trabajo forzoso establecida por el Convenio núm. 29.
En España, el Protocolo fue ratificado el 12 de diciembre de 2017 y ha entrado en 
vigor el 20 de septiembre de 2018.  El artículo 1.2 del Protocolo exige que los Estados 
desarrollen, «en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, una 
política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida 
del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por las 
autoridades competentes».
En consecuencia, con este Plan de Acción para la erradicación del trabajo forzoso, 
se da cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país al ratificar el Protocolo 
de 2014.
Igualmente, este Plan de Acción permite dar un paso más en el cumplimiento de la  s
Agenda 2030, que constituye una prioridad para el conjunto de nuestro país. Abordar el  e.
trabajo  forzoso  y  establecer  los  mecanismos  para  su  erradicación  supone  un  eje  w.
fundamental para varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el trabajo  340ww
gdéenceenrote, ,p loar  cloo nqsuteru ecsctieó nP ldaen  spoecrmieditea dceosm jeunsztaasr,  ap caocnífsictarusi r ela isn chleursriavmasie on talas  icgouna lldaasd q udee 
avanzar hacia el logro de estos objetivos.
Porque el trabajo forzoso no puede tener cabida en España. Este Plan de Acción no 
es  simplemente  el  cumplimiento  de  un  compromiso  internacional.  De  hecho,  otros 
Estados miembros que han ratificado el Protocolo no han elaborado un plan como el 
presente.
La elaboración de un plan de acción responde a la voluntad decidida de erradicar 
definitivamente las relaciones laborales obligatorias y las actividades humanas forzadas 
de nuestro país, lo que supone erradicar el trabajo forzoso en cuanto ataque directo a los 
derechos humanos y la dignidad de las personas y combatirlo como obligación moral y la 
necesidad de prevenir y fomentar una cultura respetuosa. El hecho de que el trabajo 
forzoso no sea un fenómeno extendido en España no quiere decir que no sea necesario 
luchar contra los casos existentes con todos los medios a nuestro alcance. Los casos 
existentes, aun reducidos en número, deben ser objeto del mayor reproche y, por tanto, 
la sociedad debe realizar el máximo esfuerzo posible por acabar con el trabajo forzoso 
en España. Para ello se necesita mejorar la educación, información y la sensibilización 
de la sociedad respecto de este tipo de conductas, reforzar las labores de detección, 
persecución de las mismas, aumentar las sanciones, administrativas y penales contra 
quienes son culpables de las mismas, proteger y asistir mejor a las víctimas.
Además, hay que tener en cuenta que la lucha contra este tipo de prácticas implica a 
un número significativo de organismos y departamentos de la Administración. La mejora 
de la coordinación de todos ellos debe constituir uno de los requisitos indispensables 
para reforzar la eficacia en la lucha contra el trabajo forzoso y por ello supone uno de los 
objetivos esenciales de este plan. Así como la esencial implicación de los agentes 
sociales y de las entidades especializadas, que permite aportar visión práctica sobre la 
realidad existente en nuestro país en el ámbito del Trabajo Forzoso.
Asimismo, no puede dejar de mencionarse que el objetivo debe ser la erradicación 
del trabajo forzoso dentro y fuera de nuestras fronteras. Ello implica que nuestro país 
debe seguir trabajando para eliminar cualquier posibilidad de estas actividades tanto en 
su interior como en el exterior, incluyendo el avance de mecanismos que aseguren que 
las actividades llevadas a cabo por entidades ubicadas o relacionadas con España estén 
exentas de cualquier existencia de trabajo forzoso y el fomento de relaciones basadas en 
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Teniéndose en 
cuenta en todo caso esta lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, 
supuestos de subcontratación o intermediación laboral.
Ejes básicos del Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso:
Primero.  El Plan debe diferenciar, a la hora de desarrollar las medidas procedentes, 
entre  relaciones  laborales  obligatorias  en  sentido  estricto  y  actividades  humanas 
forzadas comprensivas tanto de servicios constitutivos de actividades alegales como 
ilícitas, con exclusión de los supuestos de explotación sexual (en los que concurran o no 
trata de seres humanos) que, tal y como se ha expuesto anteriormente son objeto de una 
planificación nacional diferenciada.
Segundo.  Entre las medidas a adoptar se debe incluir la tipificación específica y 
diferenciada de los delitos finales de esclavitud, servidumbre y trabajos forzados en el 
sentido que proclama el Protocolo de 2014.
Tercero.  Las medidas que se recogen estarán dirigidas a transponer con rigor 
sistemático todas las recomendaciones de la OIT adelantadas en el Protocolo de 2014 y 
matizadas o desarrolladas por la Recomendación núm. 203 en materia de prevención del 
trabajo forzoso, protección de las víctimas de trabajo forzoso, de asistencia jurídica,  e
reparación e indemnización de las víctimas de trabajo forzoso, de control de aplicación y  bo
de cooperación internacional. 340ww
es laC uparortteoc. cióUnn ao  dlaes  lovsíc teimjeas sy,  plarsin cdiipfeiores nfutensd aamcceionntaelse sy  qpuoelí thicaans i nqsupeir acdoon foerl mplaann  edle p Alacnc iósen 
thraanb afjoor mfourzlaodsoo , yq udiiesneeñsa dhoa nc osind oe le onb tjoedtiov om úolmtimenot od ee l mejeej ocreanr trlaa l pdreol tpercecsióenn tae  Plalsa nv ídceti mAcacsi ódne.
En el ámbito de la protección del trabajador-víctima debe distinguirse entre los 
supuestos de trabajos forzados cuya persecución se encuentra sometida al régimen 
jurídico de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de aquellos otros supuestos 
en que, no estando comprendidos en su ámbito de aplicación, no obstante, concurran 
suficientes indicadores de la existencia de una situación de dominación encuadrada en el 
ámbito de la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso que exijan estructurar un sistema 
de protección administrativa de la víctima potencial.
6. Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas
6.1  Finalidad, objeto y metodología del Plan de Acción. El Plan de Acción Nacional 
contra las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas tiene 
como finalidad combatir de forma efectiva y sostenida el trabajo forzoso u obligatorio en 
todas sus formas y manifestaciones.
En suma, el Plan de Acción constituye un instrumento para aunar los esfuerzos de quienes 
están implicados en la lucha contra el Trabajo Forzoso en España; propone el establecimiento 
de nuevos métodos y cauces de actuación, haciendo una muy especial referencia a la 
necesidad de fortalecer la colaboración y la coordinación entre las Administraciones Públicas, 
las Instituciones y la Sociedad civil; destaca el importante papel que deben jugar en ello los 
sindicatos,  las  asociaciones  empresariales  y  las  organizaciones  no  gubernamentales, 
principalmente las que trabajan con personas inmigrantes; prevé el refuerzo de la cooperación 
en el ámbito internacional, para mejorar la detección de los casos de explotación, acotar y 
conocer mejor el problema y avanzar decididamente en su prevención.
Metodología. La Mesa de Diálogo Social, en su reunión de 26 de julio de 2018, 
acordó la elaboración de un Plan de Acción nacional contra el trabajo forzoso (PTF): 
relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas, encomendando 
su impulso y coordinación, al entonces, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.
Para la elaboración de este Plan de Acción, el entonces Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, creó un grupo de trabajo con representantes de los 
Ministerios  de  Interior,  Justicia,  Presidencia  Relaciones  con  las  Cortes  e  Igualdad, 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Educación y Formación Profesional y 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como con representantes de la Fiscalía 
General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Posteriormente ante los cambios sufridos en los Ministerios participantes, los trabajos 
de elaboración se retomaron en junio de 2020 por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social,  y  más  concretamente,  por  el  Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social. En dicho momento se incluyó, además en el grupo de trabajo al 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El  resultado  de  este  grupo  de  trabajo  se  ha  presentado  posteriormente  a  los 
interlocutores sociales, en el marco de la mesa de diálogo social, con el objeto de que 
éstos pudieran efectuar las aportaciones oportunas al texto, con carácter previo a que el 
Plan fuera aprobado.
Posteriormente,  se  ha  procedido  a  trasladar  el  Plan  a  organizaciones  no 
gubernamentales especialistas en esta materia, con el objeto de que éstos tuvieran 
también la oportunidad de realizar comentarios y aportaciones al mismo.
7. Estructura del Plan de Acción oe.
El Plan de Acción contiene cuarenta y una acciones, estructuradas en trece objetivos  340ww
laag Rruepcaodmoes nedna cciiónnco d áer leaa Os IdTe.  Paacrtau accaiódna,  usnigau dieen ldaos  ealc ecisoqnueesm dae lp Prelavnis, tsoe e hna enl  dPerfointoidcoo:lo y
– Las  unidades  responsables  de  su  cumplimiento,  que  serán  las  unidades 
responsables del cumplimiento de cada una de las acciones, independientemente de la 
tipología de las mismas.
– La tipología de las medidas, dado que no todas las acciones son susceptibles de 
ser implementadas de forma inmediata, sino que algunas de ellas requieren de un 
trabajo de estudio previo o de colaboración entre los diferentes Organismos, las hemos 
dividido en tres tipos de acciones:
• Medidas individuales: Medidas que pueden ser directamente puestas en marcha 
por las diferentes unidades responsables.
• Medidas colaborativas que dan lugar a la creación de un grupo de trabajo: En el 
seno de dicho grupo de trabajo se deberán desarrollar los trabajos previos, que permitan 
realizar un estudio de la situación y un desarrollo y proyección de las diferentes medidas 
que deban ser implementadas.
• Medidas colaborativas, pero de cumplimiento individual: Medidas que pueden ser 
puestas en marcha por cada unidad responsable, pero que requieren de una cierta 
coordinación y colaboración entre todas las unidades implicadas.
– Unidad responsable del impulso: En el caso de las medidas colaborativas que dan 
lugar a un grupo de trabajo, se especifica cuál es el organismo responsable en cada 
caso de impulsar y liderar el grupo de trabajo.
I.  Medidas de análisis y estudio del fenómeno
Tal y como ha quedado patente del estudio y diagnóstico de la situación del trabajo 
forzoso en España, no existe en nuestro país una única vía de obtención de datos fiable 
sobre los casos de trabajo forzoso. Por ello, resulta fundamental mejorar el conocimiento 
de la realidad del trabajo forzoso en España. Con tal fin se incluyen acciones dirigidas a 
cumplir tres objetivos:
– Objetivo 1. Profundizar en el conocimiento del fenómeno del trabajo forzoso y sus 
dimensiones
– Objetivo  2.  Creación  de  herramientas  estadísticas  específicas  en  materia  de 
trabajo forzoso, armonizadas en el contexto europeo
– Objetivo 3. Creación de un indicador de trabajo forzoso
II.  Medidas de prevención, concienciación y formación
Comprenden un conjunto de medidas que tratan de anticiparse al riesgo de que el 
trabajo forzoso pueda llegar a producirse. Incluye medidas de educación, formación, 
información y sensibilización dirigidas tanto a la sociedad en general, especialmente las 
personas  consideradas  más  vulnerables,  para  evitar  que  sean  víctimas  de  trabajo 
forzoso; como de quienes las emplean; así como al funcionariado encargado de luchar 
contra este tipo de prácticas.
Por tanto, comprenden una pluralidad de acciones dirigidas al cumplimiento de los 
siguientes objetivos:
– Objetivo 4. Acciones dirigidas a informar y sensibilizar a la sociedad sobre el 
fenómeno
– Objetivo 5. Acciones de formación especializada del funcionariado y otros agentes  e.e
clave w.b
– Objetivo 6. Acciones preventivas y de apoyo para la educación más inclusiva 340ww
III.  Medidas de detección, investigación y enjuiciamiento
Comprenden las medidas de naturaleza reactiva adoptadas para combatir de manera
eficaz los supuestos de trabajo forzoso. Incluye acciones relativas a todas las partes
implicadas  en  la  lucha  contra  el  trabajo  forzoso,  incluidas  las  organizaciones 
empresariales y sindicales, así como las ONG. Los objetivos incluidos en este apartado 
son:
– Objetivo  7.  Acciones  para  mejorar  la  capacidad  del  Organismo  Autónomo 
Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra las 
situaciones de trabajo forzoso
– Objetivo 8. Acciones para mejorar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para la detección, la investigación y la lucha contra este delito
– Objetivo  9.  Acciones  para  mejorar  la  capacidad  del  Ministerio  Fiscal  y  de  la 
judicatura para perseguir estas prácticas delictivas
– Objetivo  10.  Establecimiento  de  procedimientos  y  protocolos  de  coordinación, 
colaboración  y  cooperación  dirigidos  a  potenciar  la  detección  temprana,  mejorar  la 
investigación y el enjuiciamiento del delito
IV.  Medidas de protección y atención y asistencia a las víctimas
Incluye medidas de protección de las víctimas, así como acciones para garantizar el 
acceso  a  acciones  jurídicas  y  de  reparación,  con  el  fin  de  cumplir  los  siguientes 
objetivos:
– Objetivo 11. Acciones dirigidas a mejorar la protección y la atención de las víctimas
– Objetivo 12. Acciones para fortalecer la coordinación, colaboración y cooperación 
con los interlocutores sociales y ONG especializadas
V.  Medidas de coordinación y cooperación internacional
– Objetivo 13. Acciones dirigidas al fortalecimiento de la cooperación internacional 
en los supuestos de trabajo forzoso
A continuación, se pasa a detallar las medidas, objetivos y acciones en el siguiente 
cuadro, detallando para cada una de las acciones el plazo y el Organismo responsable 
de  su  implantación  y  desarrollo,  tal  y  como  prevé  el  artículo  1.a)  de  la 
Recomendación 203 de la OIT.
8. Duración, seguimiento y evaluación
8.1  Vigencia del Plan. El Plan tendrá una duración de tres años, período que se 
estima necesario para poner en marcha de forma eficiente las medidas y suficiente para 
valorar la eficacia de las mismas.
8.2  Seguimiento  y  evaluación  de  cumplimiento  del  Plan.  Para  la  eficaz 
implementación del Plan se creará un Grupo de trabajo Interministerial de seguimiento, 
que se reunirá anualmente y tendrá las siguientes funciones:
– Coordinación de las actuaciones de la Administración que impliquen a distintos 
departamentos ministeriales
– Seguimiento y evaluación del desarrollo de las acciones incluidas en el Plan
– Identificación de elementos críticos y fortalezas
Este Grupo de Trabajo Interministerial será el encargado de elaborar informes de  es
seguimiento y de evaluación final del Plan, que recoja toda la información sobre el  o
trabajo realizado durante los tres años de vigencia del mismo. Dicho informe tendrá  340www.
mpcooismlímtDoicoi aco,hs bs opjee ú itnbibvfalooics raamssreeá re  vednirne  m d meeav eteabtorlauidasao edcl oiepóg antírr aaafsbi n alyaaj ol h p sefloearrrrnzaáiofm icrseiaoeac nyliitó zatnarsa,d  ttodaa i nseutenonñ  aeco lu  váoaem nzimt biftiiaptnotlaei vllmaiazbseao ndcrtaoaa mlc.laioó  nvc iugdaeeln itfcauitatiuv rdaaess.l    OE-A-2021-21able en https://
El objetivo fundamental del mismo será determinar el grado de cumplimiento de los
diferentes  objetivos  y  acciones  incluidas  en  este  Plan  y  su  grado  de  eficacia  e 
implementación en la erradicación del trabajo forzoso. Dichos niveles evaluativos serán 
definidos en el momento de evaluar el Plan en base a criterios como, el nivel de 
implementación, los resultados obtenidos, la eficiencia, la relevancia, el impacto o el 
enfoque de género.
Todo ello, sin perjuicio, de que, para determinadas acciones concretas, en base a su 
naturaleza o importancia en el conjunto del Plan de Acción, el grupo de trabajo pueda 
acordar  fijar  indicadores  de  seguimiento  específicos  que  permitan  establecer  un 
seguimiento más estrecho del grado de cumplimiento de dichas acciones.
El  Grupo  Interministerial  estará  presidido  por  el  OEITSS,  en  concreto,  por  el 
Delegado  Nacional  contra  el  Trabajo  Forzoso,  puesto  que  ocupará  el  Director  del 
OEITSS. El citado grupo interministerial estará constituido por representantes de los 
siguientes Departamentos:
– Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).
– Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM).
– Ministerio del Interior (MINT).
– Ministerio de Justicia (MJU).
– Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
– Fiscalía General del Estado (FGE).
– Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC).
– Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
– Ministerio de Igualdad (MIGUALDAD).
– Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).
– Ministerio de Hacienda (MH).
Una vez que se constituya este grupo interministerial, se definirán, en el seno del 
mismo, sus normas de constitución y funcionamiento. El grupo se reunirá, al menos una 
vez al año.
Además, el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Acción Nacional deberá 
permitir  la  participación  de  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más 
representativas, así como de las entidades especializadas en la lucha contra el trabajo 
forzoso, en la forma que se determine.
Al finalizar la vigencia de este Plan de Acción, el Gobierno presentará un informe 
dirigido a verificar el grado de ejecución de las medidas previstas en este Plan, así como 
a valorar su eficacia. Para el desarrollo de esta evaluación, se partirá de la recopilación y 
análisis de datos estadísticos fiables, imparciales y detallados sobre el trabajo forzoso.
Dotación económica. Para el cumplimiento de los objetivos recogidos en este Plan y 
la consecución de los resultados perseguidos, cada Organismo destinará la dotación 
económica que resulte necesaria, conforme a las medidas previstas en las líneas de 
acción que se enmarquen dentro de su ámbito de competencias.
Todos los compromisos que se derivan de la aplicación de este Plan de Acción 
quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio 
en curso y en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal 
fijada por el Gobierno. En caso de actuaciones para las que resulten competentes las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, lo recogido en este plan tendrá carácter 
potestativo.
9. Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas
Área I.  Medidas de análisis y estudio del fenómeno
Objetivo 1.  Profundizar en el conocimiento del fenómeno del trabajo forzoso y sus dimensiones
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
FGE.
Realización de análisis y estudios conjuntos, teniendo en cuenta la perspectiva  MITES.
de género así como una perspectiva específica en relación a los menores de  MISSM.
edad y, cuando sean procedentes, otras perspectivas complementarias  MJU.
Medida 
(diversidad sexual, de género, nacionalidad, etnia), por los órganos afectados en  CGPJ.
colaborativa: 
1 la persecución de este tipo de conductas que permitan establecer patrones de  MINT. MITES.
creación grupo 
comportamiento sobre los «modus operandi» de las organizaciones criminales  Ministerio de 
de trabajo.
dedicadas al trabajo forzoso, proporcionando una fuente importante de  Derechos 
conocimiento, tanto para el desarrollo de posteriores investigaciones, como para  Sociales y 
la detección de estos supuestos mediante el cruce masivo de datos. Agenda 2030.
Igualdad.
Objetivo 2.  Creación de herramientas estadísticas específicas en materia de trabajo forzoso, armonizadas en el 
contexto europeo(1)
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Integración de la información estadística y estratégica del Ministerio del Interior 
sobre actuaciones contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas y creación de datos de inteligencia específicos,  Medida 
2 MINT. MINT.
incluyendo aquellas vinculadas a la trata de seres humanos, en el Centro de  individual.
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y fomento 
de la integración de los datos con las Policías Autonómicas
Mejora del Sistema de información del OEITSS en los casos de detección de  Medida 
3 MITES. MITES.
supuestos de trabajo forzoso. individual.
Medida 
4 Instaurar un sistema de seguimiento sobre el trabajo forzoso en la FGE. FGE. FGE.
individual.
Mejora del servicio de documentación judicial en orden a la información y  Medida 
5 CGPJ. CGPJ.
estadística sobre respuesta judicial frente el trabajo forzoso. individual.
Mejora de los sistemas de información de otros centros Directivos 
competentes, que, en cualquier caso, deberán recabar datos teniendo en  Medida a 
cuenta la perspectiva de género y, cuando sea procedente, otras perspectivas  cumplir de forma 
6 (diversidad sexual y de género, diversidad nacional o étnica), de forma que  Todos. individual por  Todos.
permitan determinar cómo las formas de relaciones laborales obligatorias y  cada uno de los 
actividades humanas forzadas afectan a mujeres y hombres, así como a las  Departamentos.
personas LGTBI y a los distintos grupos poblacionales existentes en España.
(1) En tanto no se apruebe una reforma del código penal que incluya el delito de trabajo forzoso, deberá entenderse que todas las actuaciones en este sentido se  e.
circunscriben al artículo 177bis (trata con fines de imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la  b
mendicidad, así como a la trata con fines de explotación para realizar actividades delictivas) y a los delitos de explotación laboral contemplados en el artículo 311 y ss. 340ww
Objetivo 3.  Creación de un indicador/indicadores de trabajo forzoso
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Medida 
Establecer un sistema estructurado de indicadores de las relaciones laborales  FGE.
colaborativa: 
7 obligatorias y otras actividades humanas forzadas. Análisis de una posible  MINT. MITES.
creación grupo 
diferenciación sectorial. MITES.
de trabajo.
Área II.  Medidas de prevención, concienciación y formación
Objetivo 4.  Acciones dirigidas a informar y sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Elaboración de campañas de información dirigidas a quienes emplean, así 
como a las trabajadoras y trabajadores, incidiendo en los sectores o ámbitos, 
en los que por sus características, tiene una mayor incidencia el trabajo 
forzoso o donde existe un riesgo potencial de su presencia, así como 
colaboración con los interlocutores sociales, organizaciones no  Medida 
MITES.
gubernamentales, etc., en la difusión de dicha información y en la divulgación  colaborativa: 
MISSM.
8 de los derechos básicos de las personas inmigrantes que trabajen en España  creación de  MITES.
MINT.
y también en el caso de emigrantes españoles a través de Misiones  Grupo de 
MAEUEC.
Diplomáticas o Consulares y/o Consejerías de Trabajo. Trabajo.
Estudio de la posible incorporación de dichas actividades en la convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de divulgación, promoción 
y defensa de los derechos humanos y de Cooperación Internacional al 
Desarrollo.
Medida a 
Realización de campaña de divulgación y sensibilización con materiales  cumplir de forma 
9 elaborados, así como, Conmemoración del día 2 de diciembre como Día  Todos. individual por  Todos.
internacional de abolición de la esclavitud. cada uno de los 
Departamentos.
Objetivo 5.  Acciones de formación especializada del funcionariado y otros agentes clave
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Impartición de cursos de especialización para todo el personal de la 
Administración, incluido el personal destinado en el exterior, implicado en el 
proceso de lucha contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
Medida a 
actividades humanas forzadas, que permita obtener una visión completa y 
cumplir de forma 
general de todo el proceso, mejorando la eficacia en la actuación desarrollada, 
10 Todos. individual por  Todos.
así como la revisión y actualización de todos los contenidos de los planes y 
cada uno de los 
programas formativos. es
Departamentos. e.
Se fomentará la colaboración entre los diferentes Departamentos en la  o
impartición de dichos cursos de especialización, contándose también con  w.
entidades especializadas. 340ww
11 Ooebnrgltiigdaaantdiozearisac iseó snyp  doeetcr iaaJsoli zranacadtidavasids.a ddee sa nháulmisaisn caosn fjournztaod daes ,l acso nretalancdioo ntaems lbaibéonr caolens   Todos. Mcoeladbidoar ativa. MITES. OE-A-2021-21able en https://
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Promoción de la formación de agentes clave de los interlocutores sociales y de  MITES.
Medida 
12 la sociedad civil en relación con las relaciones laborales obligatorias y las  MINT. MITES.
colaborativa.
actividades humanas forzadas. FGE.
Objetivo 6.  Acciones preventivas y de apoyo para la educación más inclusiva
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Con el objeto de lograr una educación más inclusiva, se realizarán las 
siguientes medidas:
– Ofrecer más oportunidades educativas al alumnado con dificultades 
personales o sociales mediante el desarrollo e implementación de la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por el que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La reforma, su desarrollo normativo, así 
como las actuaciones que se deriven del mismo estarán orientados a 
conseguir una educación más inclusiva.
– Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros 
de especial complejidad educativa (Programa #PROA+). Este Programa de 
cooperación territorial, tiene como eje fundamental la reducción y prevención 
del fracaso escolar y del abandono escolar temprano mediante el apoyo a 
centros educativos de entornos socioeconómicos vulnerables, intervenciones 
Medida 
13 específicas dirigidas a alumnas y alumnos que están en situación de especial  MEFP. MEFP.
individual.
vulnerabilidad (tales como el alumnado inmigrante, con necesidades 
especiales de apoyo educativo u otros), así como el fortalecimiento formativo 
del profesorado para capacitarles en la respuesta educativa a la diversidad de 
necesidades educativas.
– Medidas de educación más inclusiva en el ámbito de la formación 
profesional para la mejora de oportunidades educativas, formativas y de 
empleo. Entre otras el desarrollo de la Formación Profesional Dual, la 
promoción de la modalidad en línea de la formación profesional, el acceso a la 
oferta modular de la formación profesional y el impulso de los procedimientos 
de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia laboral que permitan aumentar la empleabilidad y 
oportunidades de mejora de las condiciones sociolaborales de las personas 
con menos cualificación profesional.
Inclusión de información/formación referida al trabajo forzoso y trata de seres 
Medida 
14 humanos en el marco del respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y  MEFP MEFP
individual.
a la igualdad entre hombres y mujeres.
Área III.  Medidas de detección, investigación y enjuiciamiento
Objetivo 7.  Acciones para mejorar la eficacia del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
la lucha contra las situaciones de trabajo forzoso
Unidad  e.
Número Acción resUpnoidnasdaebsle s Tipomloegdíiad ade la  respiomnpsualbsloe del  340www.bo
15 Piddeuio ermestlaaasc a ido deni eslasp  oclasiubicdoiaóradnla ednseí ao m bqoliugdeae tclooorsnia d sme u ad yoeotnrra ufsrne caciacut eiavnnidcteiaa d eeel ssO  vhEíucITmtimSaSna  aedsne f  oasirqtzuuaaedcllaioossn. es  MITES. Mindeidviiddau al. MITES. OE-A-2021-21able en https://
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Designación del funcionariado especializado en la lucha contra el trabajo 
forzoso en cada una de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad  Medida 
16 MITES. MITES.
Social y elaboración de una guía operativa del OEITSS para mejorar los  individual.
procedimientos de inspección en la lucha contra el trabajo forzoso.
Refuerzo de la actividad inspectora en aquellas zonas geográficas o sectores, 
en las que por las características de la actividad productiva pueda darse una  MITES. Medida  MITES.
17
mayor presencia de trabajo forzoso, incluyendo el trabajo doméstico, con  MINT. colaborativa. MINT.
salvaguarda del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.
Objetivo 8.  Acciones para mejorar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la 
detección, la investigación y la lucha contra este delito
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Planificación e intensificación de las inspecciones administrativas en lugares y 
MINT. Medida  MINT.
18 sectores en los que exista un mayor riesgo potencial de la existencia de 
MITES. colaborativa. MITES.
trabajo forzoso.
Elaboración de códigos de buenas prácticas en materia de detección e  Medida 
19 MINT. MINT.
investigación de los supuestos de trabajo forzoso. individual.
MINT.
Fomento de la investigación financiera y patrimonial en los delitos 
MJUS. Medida 
20 relacionados con el trabajo forzoso, con la debida coordinación, cuando  MINT.
FGE. colaborativa.
proceda, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
MH.
Impulso de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y las policías autonómicas encargadas de la investigación de las  MINT. Medida 
21 MINT.
relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas y de la  CC.AA. colaborativa.
identificación de posibles víctimas.
Objetivo 9.  Acciones para mejorar la capacidad del Ministerio Fiscal y los Jueces y Tribunales para perseguir 
estas prácticas delictivas
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Tipificación en el Código Penal como delitos diferenciados, la esclavitud, la 
FGE.
servidumbre, el delito de trabajo forzoso.
MJU. Medida 
22 Estudio de la posible inclusión de la «explotación laboral» entre las finalidades  MJU.
CGPJ. colaborativa.
previstas en el apartado 1 del artículo 177 bis del Código Penal para el delito 
MITES.
de trata de seres humanos.
Actualización de la redacción de los delitos contra los derechos de los 
trabajadores en el Código Penal. Incluyendo el estudio del establecimiento de 
un régimen de subtipos cualificados o agravados en base a: FGE. es
MJU. Medida  e.
23 a)  La explotación fundada en la discriminación de las mujeres y, MJU. o
b(c«)) m  iLLgaara  senixtteupsalo cstiaióncn ip ódanep  deeelse pisne»mc).iiaglr avunltneesr eanb ilsiditauda cdióen l aa dpmerisnoisntarativa irregular  CMGITPEJS.. colaborativa. 2021-21340n https://www.b
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
FGE.
Introducción de un tratamiento específico de la responsabilidad de las 
MJU. Medida 
24 personas jurídicas en la contratación y en la subcontratación de personas  MJU.
CGPJ. colaborativa.
sometidas a trabajos forzados, en el Código Penal.
MITES.
Elaboración de una Circular por la FGE de unificación de criterios, 
especialmente en relación con las personas jurídicas o físicas que actúen 
como intermediarias y agencias clandestinas de colocación, que incluya un  Medida 
25 FGE. FGE.
análisis de la responsabilidad penal de las empresas receptoras de servicios  individual.
que se desatiendan de cualquier comprobación de las condiciones que tales 
intermediarias imponen a las y los trabajadores.
Elaboración de guías de buenas prácticas o criterios de actuación judicial en 
materia de explotación laboral, trabajo forzoso y actividades humanas 
Medida 
26 forzadas, que incluya el análisis de la jurisprudencia relativa al uso de  CGPJ. CGPJ.
individual.
herramientas procesales tales como la prueba preconstituida que puedan 
contribuir a mejorar la investigación judicial de estos fenómenos delictivos.
Objetivo 10.  Establecimiento de procedimientos y protocolos de coordinación dirigidos a potenciar la detección 
temprana, mejorar la investigación y su enjuiciamiento
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Elaboración de Protocolos de Coordinación de la Fiscalía General del Estado  FGE. Medida  FGE.
27
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. MINT. colaborativa. MINT.
Elaboración de un nuevo convenio de colaboración entre los Ministerios de 
Interior y de Trabajo y Economía Social con el objetivo de reforzar la 
coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 
MINT. Medida  MINT.
28 lucha contra el Trabajo Forzoso, que permita la mejora de la coordinación 
MITES. colaborativa. MITES.
entre las FCSE y el OEITSS para detectar y combatir las relaciones laborales 
obligatorias y otras Actividades Humanas Forzadas, incluyendo la 
potenciación de grupos operativos mixtos Policía Judicial-Inspección de 
Trabajo.
Mejora de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la mejora y eficacia en  FGE. Medida  FGE.
29
el desarrollo de los procedimientos que pueden dar lugar a un procedimiento  MITES. colaborativa. MITES.
penal por este tipo de conductas, mediante la suscripción de un Convenio.
Mejora de la coordinación entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y los Juzgados y Tribunales, en los casos en los que sea  CGPJ. Medida  CGPJ.
30
requerida dicha colaboración para la optimización de la investigación penal de  MITES. colaborativa. MITES.
este tipo de conductas
Medida 
Potenciar la interoperatividad de las bases con los Ministerios y  MITES.
colaborativa: 
Departamentos competentes, que permitan obtener mayor información e  FGE.
31 creación de un  MITES. s
indicios sobre la posible existencia de redes organizadas en el ámbito del  MINT. e
grupo de  e.
trabajo forzoso. MH. trabajo. w.bo
32 Mocobenlijgo laaratso  dorierag slaa yn d iozetatrecacisoc naióecnsti  vdeieds appdeoecsisaib lhilzeuasmd saaunspa eusne f solatroszs ac ddoean sdr,ei cmlaioecnidoeinasen estes l talaabb ocleroaclaildebaso sr aecnió lan   MFGINET.. Medida  MINT. 2021-21340n https://ww
Iinntsetrrulocccuiótonr e6s/2 s0o1c6ia dlees l.a Secretaría de Estado de Seguridad y con los  MITES. colaborativa.
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Mantenimiento de los criterios de identificación biométricos en la expedición y  Medida 
33 MAEUEC. MAEUEC.
verificación de visados y permisos de residencia, ya existentes. individual.
Estudio de posibles vías de colaboración entre la Administración General del 
Estado y las organizaciones empresariales y sindicales con el fin de adoptar  Medida 
34 MITES. MITES.
medidas conjuntas de erradicación de las relaciones laborales obligatorias y  individual.
otras actividades humanas forzadas.
Área IV.  Medidas de protección y apoyo a las víctimas
Objetivo 11.  Acciones dirigidas a mejorar la protección y atención de las víctimas
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Realización de un diagnóstico de la situación sobre el sistema de protección y 
atención a las víctimas de relaciones laborales obligatorias y otras actividades 
humanas forzadas, así como las víctimas de explotación laboral, teniendo 
especialmente en cuenta la diferenciación entre víctimas de trata y de 
explotación en el ámbito del proceso penal y potenciales víctimas de trata y 
Medida 
explotación identificadas en el ámbito administrativo, así como introduciendo  Ministerio de 
colaborativa: 
una perspectiva de género y edad, y teniendo también en cuenta la diversidad  derechos 
35 Todos. Creación de una 
de perfiles de las víctimas. sociales y 
grupo de 
– Creación de los dispositivos y organización necesarios para configurar una  agenda 2030.
trabajo.
red de protección y asistencia a todas las víctimas.
– Introducción en la normativa de un sistema de protección para las víctimas 
en situación administrativa irregular.
– Definición de las acciones y medidas a implantar, en materia de atención a 
las víctimas.
Objetivo 12.  Acciones para fortalecer la coordinación con los interlocutores sociales y ONG especializadas
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Definición y estudio del sistema de participación y posibles vías de 
colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones sin ánimo de 
lucro, en materia de lucha contra las relaciones laborales obligatorias y otras 
Actividades Humanas Forzadas con organizaciones especializadas. MITES.
Medida 
36 Con especial énfasis en la mejora de la detección de posibles supuestos de  MISSM. MITES.
colaborativa.
relaciones laborales obligatorias y otras Actividades Humanas Forzadas,  MINT.
mediante la colaboración de las organizaciones especializadas en las 
condiciones establecidas en la Instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado 
de Seguridad y con los interlocutores sociales.
Área V.  Medidas de coordinación y cooperación internacional
Objetivo 13.  Acciones dirigidas al fortalecimiento de la cooperación internacional en los supuestos de trabajo 
forzoso
Unidad 
Unidades  Tipología de la 
Número Acción responsable del 
responsables medida
impulso
Intensificar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Medida 
37 en materia de cooperación internacional, en especial, con países de origen de  MINT. MINT.
individual.
las víctimas.
MITES. MITES.
Fomento de la coordinación internacional a través de las Representaciones  MISSM. MISSM.
Medida 
38 Permanentes de España, la red de Consejerías, Agregadurías y oficialías de  MINT. MINT.
colaborativa.
enlace en el extranjero. MAEUEC. MAEUEC.
MJU. MJU.
Refuerzo de la cooperación internacional a través de INTERPOL, EUROPOL, 
EUROJUST, FRONTEX, IBER-RED, EUROMED y Asociación Iberoamericana 
FGE. FGE.
de Ministerios públicos y la Autoridad Laboral Europea con el fin de dar una 
MINT. Media  MINT.
39 respuesta operativa coordinada en las acciones contra las redes 
MJU. colaborativa. MJU.
internacionales y perseguir eficazmente las conductas dirigidas a reclutar 
CGPJ. CGPJ.
personas en España con el objetivo de someterlas a relaciones laborales 
obligatorias y otras actividades humanas forzadas en el exterior.
Agilización de la cooperación entre la Inspección de Trabajo, las FCSE y la 
FGE por un lado y las autoridades análogas encargadas de la persecución de 
estas conductas en países extracomunitarios por otro, facilitando la prestación  MJU.
Medida 
40 de ayuda judicial mutua y la ejecución de peticiones de extradición. MITES. MJU.
colaborativa.
Todo ello sin perjuicio de los mecanismos de auxilio judicial directo entre los  MINT.
países de la UE y de las campañas informativas de carácter preventivo a 
realizar en origen.
Identificación de los países con mayores tasas de inmigrantes en España y de 
origen prioritarios de personas víctimas de trabajo forzoso, con el objetivo de:
– Por un lado, impulso de la firma de convenios y proyectos por los actores de 
la cooperación española, que incluyan programas de retorno asistido con la 
participación de las instituciones nacionales e internacionales y de ONG para 
impedir que la víctima pueda volver a serlo.
– Por otro lado, realización de campañas informativas en colaboración con los  MAEUEC. Medida 
41 MISSM.
Consulados y Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,  MISSM. colaborativa.
especialmente en los procedimientos de contratación en origen dirigidas a 
prevenir situaciones de trabajo forzoso y prácticas abusivas.
– Así como, la inclusión de un apartado específico dirigido a prevenir 
situaciones de relaciones laborales obligatorias y otras Actividades Humanas 
Forzadas, en las entrevistas que se realicen en los Consulados a personas 
contratadas en origen para realizar cualquier trabajo en España