BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47768
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6617 Pleno. Sentencia 71/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6720-2019. Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Turull i Negre respecto de los autos de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin solicitar autorización del 
Congreso de los Diputados y del Senado, la vista oral en causa especial, 
entre otros, por los delitos de rebelión y sedición. Supuesta vulneración de los 
derechos al ejercicio del cargo público representativo y a un proceso con 
todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una adecuada 
comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria; improcedencia 
de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019.
ECLI:ES:TC:2021:71
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 
presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías, los magistrados don Andrés 
Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón,  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6720-2019, promovido por don Jordi Sánchez i 
Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre, representados por el 
procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro y asistidos por el letrado don 
Jordi Pina Massachs, contra el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de 
mayo de 2019, confirmado en súplica por auto de 3 de octubre de 2019, que acuerda no 
haber lugar a solicitar autorización al Congreso de los Diputados para continuar el juicio 
oral contra los demandantes de amparo en la causa especial núm. 20907-2017, ni a 
suspender sus sesiones. Han sido parte don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva 
Rueda, representados por la procuradora de los tribunales doña Celia López Ariza; el 
partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del 
Pilar Hidalgo López; don Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador 
de  los  tribunales  don  Carlos  Ricardo  Estévez  Sanz;  y  el  abogado  del  Estado.  Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 21 de  b
noviembre de 2019, don Aníbal Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en  17ww
Jnoormdib Treu ryu rlle ip Nreesgernet,a icnitóenr pdues od orne cJuorrsdoi  Sdeá nacmhepza rio P cicoanntryao ll,a dso rne sJoolsuecpio nReusll  jiu Adnicdiareleus  ya d loans 
que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El  Ministerio  Fiscal formuló denuncia por delito  de  sedición por los hechos 
ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona contra don Jordi 
Sánchez i Picanyol y otras personas, que fue turnada al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional, que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las 
diligencias  previas  núm.  82-2017  por  delito  de  sedición.  Tras  ser  recibidas  dos 
declaraciones como investigado se acordó, por auto de 16 de octubre de 2017, la prisión 
provisional de don Jordi Sánchez i Picanyol.
b)  El día 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas 
por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de 
rebelión [art. 472 del Código penal (CP)], sedición (art. 544 CP), malversación de caudales 
públicos (art. 432 CP) y/o desobediencia (art. 410 CP)]. La primera se presentó ante el 
Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional y se dirigió contra 
«todos los que fueron miembros del Consell Executiu del Govern de la Generalitat, en la 
actualidad cesados». Esta querella fue acumulada a las antes citadas diligencias previas 
núm. 82-2017 que se seguían ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3.
La segunda querella se formuló ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Iba 
dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la mesa de 
la Cámara que, salvo uno de ellos, conservaban en ese momento la condición de 
aforados por pertenecer a la diputación permanente. Esta querella fue admitida a trámite 
mediante auto de 31 de octubre de 2017, confirmado en súplica por auto de 18 de 
diciembre de 2017, dando lugar a la causa especial núm. 20907-2017.
c)  Por auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017, se acordó en la 
causa especial núm. 20907-2017 ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar  al  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las 
actuaciones obrantes en las diligencias previas núm. 82-2017.
d)  Por auto del magistrado instructor de 21 de marzo de 2018, don Oriol Junqueras 
Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Josep Rull i Andreu y don 
Jordi Sánchez i Picanyol, entre otros, fueron procesados en la causa especial núm. 
20907-2017 por delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos (arts. 472 y 
concordantes y 432 y concordantes, respectivamente, CP).
Por autos del magistrado instructor y de la sala de apelaciones de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, de 9 de mayo y de 26 de junio de 2018, fueron desestimados los 
recursos de reforma y apelación interpuestos contra el anterior auto de 21 de marzo 
de 2018.
e)  Por auto del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018, se acordó la prisión 
provisional de don Jordi Turull i Negre y de don Josep Rull i Andreu, que fue confirmada 
en apelación por auto de la sala de apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 17 de mayo de 2018.
f)  Por auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se acordó declarar la 
conclusión del sumario y remitir los autos y piezas de convicción al tribunal competente 
para conocer del mismo.
Por auto de 25 de octubre de 2018 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se 
acordó confirmar el auto de conclusión de sumario y declarar abierto el juicio oral contra, 
entre otros, don Jordi Sánchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i 
Andreu por los hechos que en el auto de procesamiento se calificaron como delitos de 
rebelión y de malversación de caudales públicos (arts. 472 y concordantes y 432 y  e.
concordantes, respectivamente, CP). w.b
g)  Formulados los escritos de acusación por el Ministerio Fiscal, el abogado del  17ww
JEosrtdaid So áyn clah eazc iu Psaiccaiónny opl,a drtoicnu Jlaorr dyi  Tpurerusell ni taNdeog rpeo yr  dlao nr eJporseespe nRtauclli ói nA npdrorecue,s aels cdreit od odne 
cporunecbluassio yn eas  pcroonvtiisniuoancailóens , seel  dsíeañ a1l ód ee l fedbersearorr odlleo  2d0e1l 9j usieci od icotróa l,a uctuoy adse  asedsmioisnióens  dsee 
celebraron los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero; 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de marzo; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29 y 30 
de abril; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 22, 23, 27, 28 y 29 de mayo, y 4, 11 y 12 de junio de 2019.
h)  Por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, se disolvieron el Congreso de los 
Diputados y el Senado elegidos el día 26 de junio de 2016 y se convocaron elecciones a 
ambas cámaras que se celebraron el día 28 de abril de 2019.
Don Jordi Sánchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu 
concurrieron como candidatos en dichas elecciones al Congreso de los Diputados por las 
circunscripciones  de  Barcelona,  Lleida  y  Tarragona,  respectivamente,  en  las  listas 
presentadas  por  la  coalición  Junts  per  Catalunya-Junts  (JxCAT-Junts).  Fueron 
proclamados diputados electos por acuerdos de las juntas electorales provinciales de 
Barcelona, Lleida y Tarragona, de 3 de mayo, el primero, y de 2 de mayo, el segundo y el 
tercero, de 2019.
i)  La  representación  procesal  de  los  demandantes  de  amparo,  por  escrito  de 
fecha 8 de mayo de 2019, solicitó, entre otras peticiones, que se alzase la situación de 
prisión preventiva de sus representados y se acordarse su libertad, se suspendieran las 
sesiones del juicio oral y se pidiese autorización al Congreso de los Diputados para la 
continuación del proceso penal contra ellos mediante la remisión del correspondiente 
suplicatorio.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 14 de mayo de 2019, desestimó 
dichas solicitudes, si bien autorizó la salida del centro penitenciario de los demandantes 
para  que  pudieran  asistir  a  las  sesión  constitutiva  del  Congreso  de  los  Diputados 
convocada para el 21 de mayo siguiente.
j)  La representación procesal de los demandantes interpuso recurso de súplica 
contra el anterior auto, que fue desestimado por auto de 3 de octubre de 2019.
3.  En  cuanto  a  la  fundamentación  jurídica  de  la  demanda  de  amparo,  los 
recurrentes imputan a las resoluciones judiciales impugnadas la vulneración del derecho 
a la participación y representación política (art. 23 CE), en relación con la prerrogativa de 
la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE), y del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE).
a)  Comienza por referirse a la especial trascendencia constitucional del recurso que 
radica en el hecho de que se ha seguido un procedimiento penal, que se encuentra en la 
fase de juicio oral, contra parlamentarios sin haber solicitado la oportuna autorización a 
la cámara [art. 751 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)]. El recurso, por lo 
tanto, permitirá aclarar si la interpretación restrictiva que se hace en las resoluciones 
judiciales impugnadas del art. 71.2 CE, en el sentido de excluir la necesidad de requerir 
la preceptiva autorización de las cámaras legislativas cuando el proceso penal se halla 
en la fase de juicio oral, esto es, en una fase posterior al procesamiento, es compatible 
con los derechos políticos reconocidos en el art. 23 CE.
b)  Las  decisiones  judiciales  recurridas  al  interpretar  de  forma  restrictiva  la 
prerrogativa  de  la  inmunidad  parlamentaria  (art.  71.2  CE)  vulneran,  a  juicio  de  los 
demandantes, el derecho fundamental a la representación política y al acceso de los 
cargos públicos representativos (art. 23 CE).
El  art.  71.2  CE  viene  a  consagrar  la  inmunidad  parlamentaria  en  tanto  que 
prerrogativa que afecta de manera directa a la esfera personal de los parlamentarios, 
dando así cabida a una institución de largo recorrido histórico, pero con un presente 
debatido y cuestionado hasta su más honda raíz. No se trata de un privilegio personal, 
sino  de  una  medida  de  garantía  de  la  representación  política  que  expresan  las  e
asambleas legislativas después de un proceso electoral. Los reglamentos del Congreso  bo
de los Diputados (RCD) y del Senado (RS) la regulan, respectivamente, en sus arts. 11  17ww
ya n1te2s.  dSeu rctuem epfelirc tloos d reesqdueis iltao sp proacrala amdaqcuióirnir  lcao cmoon ddicipióunta pdloe noa  dsee ndaipduotra deole oct oses,n aedsotor. es,
prerLroag aitnivtear dpere ltaa ciniómnu neidxacde sqivuaem seen mtea nrtieesnteri cetinv ala s dreels oláumcibointoe s djued icaiaplelicsa icmiópnu gndaed asla, 
conforme a la cual la solicitud de suplicatorio únicamente procede a fin de adoptar
decisiones que afecten a un parlamentario en fases del proceso penal anteriores a la del 
juicio oral, no se ajusta a la naturaleza propia de la prerrogativa en tanto que garantía 
material  frente  a  una  actuación  judicial  susceptible  de  afectar  a  la  libertad  del 
representante político. El proceso penal debe ser entendido como un iter que tiene 
diversas fases y que culmina con el dictado de sentencia firme, lo que permite concluir, 
en opinión de los demandantes, que la inmunidad extiende su ámbito de protección 
durante todo el proceso penal, incluyendo así a aquellos diputados o senadores que son 
proclamados  electos  con  posterioridad  a  haber  sido  procesados,  incluso  en  los 
supuestos en los que el proceso se encuentre ya en fase de juicio oral.
El Tribunal Constitucional no ha precisado con claridad el momento procesal en el 
que, según la negada interpretación que realiza la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
precluye la obligación de solicitar autorización a las cámaras.
A lo sumo, deviene palmario que nos hallamos ante la eterna discusión entre la 
procedencia de una interpretación restringida del art. 71.2 CE o, por el contrario, de una 
interpretación más extensiva de la inmunidad parlamentaria, entendida como derecho de 
protección  de  los  integrantes  de  las  cámaras  legislativas  y  no  como  un  privilegio. 
Concepción esta última fundamentada en una óptica más protectora y garantista de las 
instituciones representativas en el plano de la separación de poderes y de los derechos 
tanto  del  representante  político  como  de  sus  electores.  Ante  tal  escenario  de 
discrepancia política, los demandantes entienden que el tribunal debería haber optado 
por inclinarse a favor de la opción más garantista de los derechos fundamentales de los 
acusados electos y, por consiguiente, haber remitido el correspondiente suplicatorio a las 
cámaras.
Lo contrario, esto es, optar por una interpretación excesivamente restrictiva del 
art.  71.2  CE,  excluyendo  de  este  modo  la  necesidad  de  requerir  la  preceptiva 
autorización de las cámaras legislativas cuando el proceso penal se encuentre en la fase 
del juicio oral, limitándola únicamente a aquellos supuestos en los que deban adoptarse 
decisiones propias de la fase de instrucción o de la fase intermedia del proceso penal, 
vulnera el derecho fundamental a la participación directa en los asuntos públicos y el de 
acceso a los cargos públicos representativos de los recurrentes en amparo (art. 23 CE).
c)  La necesidad del suplicatorio –se afirma en la demanda– ha devenido en una 
garantía procesal (art. 24.2 CE), al servicio de la protección de los derechos de los 
representantes políticos (art. 23 CE).
Desde esta perspectiva, la representación procesal de los recurrentes considera que 
el hecho de que la falta de autorización administrativa esté conceptuada como artículo 
de previo pronunciamiento (art. 666.5 LECrim), no impide ni restringe en modo alguno 
que la autorización de las cámaras legislativas pueda ser recabada una vez iniciadas las 
sesiones del juicio oral.
Las resoluciones impugnadas que deniegan la remisión de suplicatorio se amparan 
en una interpretación gramatical y sistemática asociada a la prerrogativa de la inmunidad 
para avalar la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria para 
«procesar» (art. 750 LECrim). Sin embargo, olvidan realizar una interpretación gramatical 
del  art.  751,  párrafo  segundo,  LECrim,  mucho  más  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales en liza. Este artículo establece que la autoridad judicial deberá poner en 
conocimiento de las cámaras legislativas «la causa que existiere pendiente contra el que, 
estando procesado, hubiese sido elegido senador o diputado a Cortes». Así pues, este 
precepto no solo confirma la extensión de la inmunidad a lo largo de todo el proceso 
judicial, sino también la obligación del tribunal de poner en conocimiento de las cámaras  s
la existencia de una causa penal que pueda afectar a un diputado o senador electo ya  oe.
procesado, por lo que parece que no hay lugar a duda alguna respecto a la posible  w.
remisión del suplicatorio en una fase posterior al procesamiento. 17ww
añadAe  lqau ep reelc aerdt.e n7t5e3  cLoEnCsridime rparceióvné,  lala s ursepperensseiónnta dceiól np rporcoecseos ajul didceia l loas l ad eesmpaenrad adnet elas 
creosnoeluxicóiónn c odne l olso sy as ruepfelicriadtoosr ioasrt ícduel oslo ds e elan cLaEuCsaridmo sa.  fiPn rdeec edpetdou cqiur eq udee lbae c opmounneircsaec ióenn   BOE-A-cable e
que se debe realizar al Congreso de los Diputados y al Senado lo es para tramitar el 
correspondiente  suplicatorio,  lo  que  viene  a  confirmar  la  tesis  de  la  interpretación 
sistemática frente a una posible lectura más restrictiva de la inmunidad parlamentaria 
entendida como requisito del debido proceso respecto de diputados y senadores.
La demanda concluye interesando de este tribunal su admisión y que, tras los 
trámites  pertinentes,  dicte  sentencia  en  la  que  se  otorgue  el  amparo  solicitado, 
declarando la nulidad de cuantas actuaciones judiciales se hayan realizado contra los 
demandantes en la causa especial núm. 20907-2017 seguida ante la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo con posterioridad a la adquisición de la condición de diputados.
Por un otrosí, se insta como medida cautelar, de acuerdo con el art. 56.6 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la suspensión de los efectos de la STS, 
Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, recaída en la citada causa especial.
4.  El Pleno del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el 
art. 10.1 n) LOTC, a propuesta del presidente, acordó, por providencia de 26 de mayo 
de 2020, recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo y admitirlo a trámite, 
apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y 
porque  el  asunto  suscitado  trasciende  el  caso  concreto  al  poder  tener  unas 
consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Asimismo, en aplicación del art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez 
días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los 
autos de 14 de mayo y 3 de octubre de 2019, dictados en la causa especial núm. 
20907-2017,  debiendo  previamente  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, a excepción de los demandantes, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión formulada mediante otrosí, el Pleno no 
apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su 
adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma, acordó formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen las alegaciones que 
tuvieran por conveniente.
Evacuado el trámite de alegaciones conferido, el Pleno, por el ATC 71/2020, de 14 
de julio, denegó la medida cautelar de suspensión interesada.
5.  Por diligencia de la secretaria de justicia del Pleno, de 7 de julio de 2020, se 
acordó tener por personados y parte a los procuradores de los tribunales doña Celia 
López Ariza, en representación de don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda; 
doña María del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político Vox; don 
Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don Carles Puigdemont i Casamajó; 
y al abogado del Estado.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones, 
en la secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las 
partes  personadas  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado  s
en fecha 23 de julio de 2020, que, en lo sustancial, a continuación se resume. oe.
a)  Comienza recordando, con cita de abundante jurisprudencia constitucional, que  17ww
lloass  pmreiermrobgraotsiv adse  plaarsla Cmoerntetasr iaGse, neenrtarlee se,l ladse,  lma ainnmeruan iqduaed , eflo rdmearenc hpoa rtree cdoenl oecsidtaot ueton  deel 
adret . a2q3u.2e lClaEs  ppureerdreo graetsivualtsa.r  dSiroeloc tasmi esnet eh aufbeicetraad op rpoodru pcoidsoib lleas  lceosniósntr icdceio neesste i ledgeírteimchaos   BOE-A-cable e
fundamental podría apreciarse también una vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE).
A continuación, sintetiza las principales líneas de la doctrina constitucional sobre la 
prerrogativa de la inmunidad, poniendo asimismo de manifiesto que la jurisprudencia 
europea tiene declarado –tal como se hace en las resoluciones judiciales recurridas– que 
la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria debe interpretarse restrictivamente en los 
supuestos de hecho en los que, como es el caso, no existe una conexión clara entre los 
hechos en cuestión y la actividad parlamentaria (entre otras, SSTEDH de 20 de enero 
de 2003, asunto Cordova c. Italia; § 63; y de 20 de abril de 2006, asunto Patrono Cascini 
y Stefabelli c.  Italia, § 63). Incluso ha afirmado que la inmunidad es una excepción del 
régimen ordinario de procedibilidad para el enjuiciamiento de presuntos delitos, por lo 
que los Estados deben garantizar que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de 
modo que no puede ser empleada por los representantes políticos como instrumento 
para  eludir  la  acción  de  la  justicia  (STEDH,  de  20  de  diciembre  de  2016,  asunto 
Uspaskich c. Lituania, § 91).
b)  Tras referirse a las circunstancias temporales que concurren en este caso, el 
Ministerio  Fiscal  entiende,  a  partir  del  tenor  literal  del  art.  71.2  CE,  precepto  que 
configura la inmunidad parlamentaria como una condición de procedibilidad «previa» 
para poder inculpar o procesar a un diputado y senador, y –sobre todo– de que esta 
prerrogativa tiene por finalidad impedir que la vía penal sea utilizada con la intención de 
perturbar el funcionamiento de las cámaras o alterar la composición que les ha dado la 
voluntad popular, que carece de todo sentido la petición postrera de autorización a la 
cámara respectiva en pleno desarrollo ya del juicio oral –con la consiguiente suspensión 
del  procedimiento–  si  la  persecución  penal  del  hecho,  la  adopción  de  la  prisión 
provisional, el procesamiento o inculpación formal, la acusación provisional de quienes 
ejercen la acción penal y hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral han tenido 
lugar con bastante anterioridad a la convocatoria del proceso electoral –que se produce 
cincuenta y cuatro días antes del fijado para la votación–, cuya culminación se produjo 
con la jornada electoral del 28 de abril. Resulta del todo punto imposible que el proceso o 
la vía penal fuera emprendida o el procesamiento fuere acordado más de un año antes 
con el alcance, objetivo, móvil o propósito o finalidad de perturbar el funcionamiento o 
composición de unas cámaras cuya conformación se produciría mucho tiempo después 
a partir de un eventual e imprevisible proceso electoral futuro, cuya misma existencia era 
incierta y al que ni se podía saber si concurrían o no los demandantes.
La situación presenta semejanza con el supuesto que dio lugar a la STC 90/1985, 
de 22 de julio, en la que se examinó la denegación de suplicatorio por parte del Pleno del 
Senado respecto a un senador que en el momento de la presentación de la querella no 
ostentaba dicha condición porque ni siquiera se habían convocado elecciones y en la 
que este tribunal estimó vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del querellante 
(FJ 7). Tampoco en este caso cabría apreciar la existencia de móviles o intenciones 
referidos  al  funcionamiento  o  composición  del  Congreso  de  los  Diputados  y/o  del 
Senado, puesto que los recurrentes, cuándo se inicia y desarrolla la persecución penal, 
se decreta su prisión preventiva, se les procesa, se les acusa y dan comienzo la 
celebración  del  juicio  oral,  no  tenían  la  condición  de  diputado  y  senador,  ni  cabía 
aventurar que fueran a serlo toda vez que en ninguno de tales estados de la causa se 
encontraban  ya  convocadas  las  elecciones  generales,  ni,  por  consiguiente,  eran 
conocidas las candidaturas. Es palmariamente obvia la desvinculación de los hechos por 
los que fueron procesados, acusados y sometidos a juicio oral con el ejercicio de  s
funciones parlamentarias en las cámaras resultantes de unas elecciones posteriormente  oe.
convocadas. En definitiva, tales móviles o intenciones no pudieron existir. Ni el auto de  w.
procesamiento de 21 de marzo de 2018, ni las posteriores actuaciones de acusación,  17ww
aalpteerratur rala d ecol mjupicoios icoiróanl  yy  cleal evboralucniótand  ddee s ulass s ecásimonaerass s, et ehnaiebnrídaon  deinc tacduoe nctoan q áunei meon  deel 
rmeosumlteanroton  deele dgiicdtoasrs ceo mnoo  sdeip huatabdíaon y c soennvaodcoard.o las elecciones en las que los recurrentes  BOE-A-cable e
c)  El Ministerio Fiscal añade a las precedentes consideraciones la necesidad de 
entender la prerrogativa no como un privilegio favorecedor de los diputados y senadores 
al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, ni 
tampoco como un ius singularis para eludir u obstaculizar la acción de la justicia o 
generar  zonas  de  impunidad,  sino  como  una  excepción  al  régimen  ordinario  de 
procedibilidad de presuntos delitos y de su enjuiciamiento, así como al régimen general 
de sometimiento al imperio de la ley, por lo que –por ende y por doctrina constitucional y 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos–  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad  parlamentaria  no  puede  ser  objeto  de  una  extensión  legislativa 
constitucionalmente  ilegítima,  ni  de  una  interpretación  analógica,  sino  que  solo  es 
susceptible de una interpretación estricta y vinculada a los supuestos expresamente 
contemplados  en  la  Constitución,  de  lo  cual  se  desprende  que  requiere  una 
interpretación  y  alcance  restrictivos.  Hay  que  convenir,  en  consecuencia,  que  la 
interpretación  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad  que  se  hace  en  las  resoluciones 
judiciales impugnadas, a la vista de que la condición de diputado y senador ha sido 
adquirida por los demandantes después no solo de haber sido procesados, acusados, 
sino incluso de haberse abierto el juicio oral y estar ya celebrándose la oportuna vista por 
unos hechos claramente desconectados de la actividad en las cámaras, no resulta en 
absoluta irrespetuosa con el sentido, alcance y finalidad constitucional de la prerrogativa, 
por lo que no vulnera el derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 
CE), ni, por consiguiente, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
ni el derecho al sufragio activo del cuerpo electoral (SSTC 123/2001 y 124/2001, de 4 de 
junio, FFJJ 5).
Esta conclusión es completamente acorde con la correcta comprensión del sentido 
de la prerrogativa y de los fines que procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los 
límites objetivos que impone la Constitución, como en el teleológico de la razonable 
proporcionalidad al fin al que responde [SSTC 51/1985, de 10 de abril, FJ 6; 243/1988, 
de 9 de diciembre, FJ 3 a), y 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5]. De hecho, tal solución es 
la más natural a la luz de la doctrina constitucional, una vez que la observancia de la 
prerrogativa  cuestionada  ha  de  cohonestarse  con  la  finalidad  a  la  que  sirve 
[SSTC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 7, y 68/2001, de 17 de marzo, FJ 2 b)].
d)  La interpretación judicial de la que discrepan los demandantes no merma la 
finalidad  institucional  cuya  salvaguarda  se  persigue  mediante  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad, que, no es otra, que la de evitar la eventualidad de que la vía penal sea 
utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar 
indebidamente su composición. Mantener temporalmente la inmunidad hasta el extremo 
del dictado de la sentencia firme carece totalmente de sentido y es manifiestamente 
irrazonable  y  desproporcionado  desde  la  perspectiva  de  los  fines  a  los  que  la 
prerrogativa responde, por lo que la solicitud de autorización para continuar con el 
procedimiento resulta improcedente.
En  efecto,  lo  que  no  constituiría  un  ejercicio  razonable  y  proporcionado  de  la 
prerrogativa  parlamentaria  ni  resultaría  ajustado  a  la  literalidad,  ni  al  sentido,  ni  al 
alcance, ni a la finalidad constitucional de la misma, sería predicar de los términos del 
art. 71.2 CE una interpretación extensiva que, como propugnan los recurrentes, amplíe el 
alcance de la necesidad de solicitud de suplicatorio a cualquier estado de una causa 
penal que fuese anterior a la firmeza de la sentencia, puesto que ello implicaría, a juicio 
del Ministerio Fiscal, proceder al margen de la auténtica finalidad constitucional de la 
inmunidad parlamentaria y otorgar a la excepción del sometimiento al imperio de la ley,  s
pilar básico del Estado de Derecho, un tratamiento de regla absoluta que respondería  oe.
más a la conformación de un privilegio en beneficio individual y singular de los diputados  w.
y senadores para impedir el normal desarrollo o desenlace del proceso penal, que al  17ww
sinut ercéosm spuopseircioiórn d en qi ueen la  sreup rfeusnecniotancaiómnie nnatoci,o npaol rn oe svee nvteuaa leaslt erpardoac ensi opse rtpuerbnaadleas,  nqi eune 
iGnjeunsetirfaiclaeds.a E  on  dtoerfitniciteivraam, lean atep licpauceiódna nd ed liari gpirrseerr ofgreantitvea  dae  lloas  inmmiuenmidbarods a  dpee rslaosn aCs oqrutees,   BOE-A-cable e
como en este caso, ya habían sido formal y efectivamente inculpadas, procesadas, 
acusadas y contra las que se había abierto juicio oral en la causa penal –e incluso el 
juicio oral ya se encontraban en avanzado desarrollo– supondría una interpretación 
desproporcionada y desmedidamente extensiva de la inmunidad, con grave puesta en 
peligro de otros intereses, valores y bienes constitucionales de gran trascendencia. Se 
trataría, en suma, de una indebida extensión del ámbito temporal de la prerrogativa, 
convirtiéndola predominantemente en un privilegio personal, que redundaría en una 
desproporcionada e innecesaria alteración del régimen común del proceso penal.
e)  La  perspectiva  constitucional  expuesta  debe  impregnar  la  normativa  de  la 
LECrim y de la Ley de 9 de febrero de 1912, de la cual no cabe extraer consecuencias 
no acordes con la lectura constitucional a que debe ser sometida. Ante la inactividad del 
legislador postconstitucional en su adecuación a la Constitución, la literalidad en cuanto 
al momento de solicitar la autorización a las cámaras por la genérica referencia del 
art. 750 LECrim al juez o tribunal «que encuentre méritos para procesar a un senador o 
diputado a Cortes por causa de delito» y de cualesquiera otras disposiciones del título I 
(«Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a Cortes») del 
libro IV («Procedimientos Especiales») de la Ley de enjuiciamiento criminal –arts. 751 
a  756–,  deben  someterse  a  una  exégesis  filtrada  por  la  perspectiva  y  parámetros 
constitucionales, esto es, acorde y cohonestada con el significado, alcance y contenido 
de la doctrina constitucional sobre la correcta comprensión del sentido de la prerrogativa 
y de los fines que procura.
En este sentido, la interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza 
de la prerrogativa, que efectúa la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el auto de 14 
de mayo de 2019, no resulta en absoluto desacorde con el art. 71.2 CE, ni con la 
doctrina constitucional. Otro tanto cabe decir de la interpretación sistemática sostenida 
en el mismo auto en relación con el art. 753 LECrim, que conecta la suspensión del 
procedimiento lógicamente, de forma exclusiva, a aquellos supuestos en los que la 
petición de suplicatorio resulta procedente conforme a la Constitución y las pautas de la 
doctrina constitucional. En tanto que «sustracciones al Derecho común conectadas con 
la función» (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 6), no es constitucionalmente legítima una 
extensión legislativa (STC 186/1989, de 13 de noviembre) o una interpretación analógica 
de  las  prerrogativas  parlamentarias  (STC  51/1985).  Como  garantías  jurídicamente 
vinculadas a la satisfacción de un interés institucional y permanente del ordenamiento, 
son  solo  susceptibles  de  una  interpretación  estricta  y  vinculada  a  los  supuestos 
expresamente contemplados en la Constitución (STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5).
En cualquier caso, siendo la suspensión una consecuencia conectada al prius de la 
procedencia constitucional misma de la solicitud de suplicatorio, una vez descartada 
desde la perspectiva constitucional la necesidad de pedir autorización a las cámaras 
respectivas, huelga efectuar mayores razonamientos sobre la suspensión, puesto que lo 
que se desprende como derivación natural es la ausencia de fundamento o presupuesto 
para  acordarla,  sean  cualesquiera  que  sean  los  términos  preconstitucionales  de 
legalidad ordinaria, que en el mejor de los casos deben ser siempre objeto de revisión a 
la luz de la Constitución y de la doctrina constitucional.
f)  En relación con las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en el asunto C-502/19, en el que recayó la STJUE de 19 de diciembre 
de 2019, relativa a la inmunidad que, conforme al artículo 9 del protocolo (núm. 7) sobre 
los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, goza cualquier persona que ha 
sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, el Ministerio Fiscal rechaza  s
su posible incidencia en el caso ahora considerado, puesto que, por más que aborde  oe.
aspectos de la inmunidad de un miembro electo de una cámara representativa, se trata  w.
de  una  resolución  que  da  respuesta,  desde  una  perspectiva  puramente  formal,  al  17ww
pplraencteepatmo iennotrom adteiv ou neau rcoupeesot iórne feprrideoju daic iealle crecsiopneecsto  eduero pceóamso,  qdueeb es ei ntreigrepnre tpaorsre  uunna 
ncuoarmlqautiievra  ápmrobpitioa , neascpioencíafilc ad ey  lodsis tiEnstata ddoes  la– sreeagnu lagceiónne raaplelisc,a bfeled eara llaess , ealeuctocinoónmesic odse,   BOE-A-cable e
regionales  o  locales  los  correspondientes  procesos  electorales–,  de  modo  que  sus 
conclusiones se ciñen exclusivamente a la situación de un electo al Parlamento Europeo 
y, por consiguiente, no son extrapolables a quienes, como ocurre en este caso, resultan 
electos al Congreso de los Diputados tras un proceso nacional de elecciones generales.
El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando se dicte sentencia 
denegado el amparo solicitado.
7.  La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  presentó  su  escrito  de 
alegaciones en fecha 14 de agosto de 2020, que, en lo sustancial, a continuación se 
extracta.
a)  Aduce,  en  primer  término,  que  no  se  han  agotado  todos  los  medios  de 
impugnación en la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC]. El objetivo principal del recurso 
es dejar sin efecto la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, recaída en la 
causa especial núm. 20907-2017. Dada la relación directa que existe entre los autos 
ahora impugnados y esta sentencia, los recurrentes debieron promover incidente de 
nulidad de actuaciones contra esta última antes de interponer el recurso de amparo.
b)  Considera,  asimismo,  que  tampoco  se  cumple  el  requisito  de  la  especial 
trascendencia  constitucional,  ya  que  la  interpretación  retroactiva  que  pretenden  los 
demandantes del art. 71.2 CE, extendiendo la prerrogativa de la inmunidad a quienes 
adquieren la condición de procesado o inculpado con carácter previo a la de diputado, 
privilegia  a  quienes  pueden  acceder  a  esta  última  condición,  otorgándoles  una 
herramienta procesal que atenta contra los arts. 1 y 24.1 CE y que contradice la propia 
jurisprudencia constitucional, que ha dejado claro que la inmunidad que proclama el 
art. 71 CE es un privilegio personal.
c)  En cuanto a la cuestión de fondo suscitada, la representación procesal del 
partido político Vox hace suyos los argumentos de los autos recurridos, cuyo contenido 
parcialmente reproduce.
Los recurrentes pretenden extender la literalidad del art. 751 LECrim, obviando el 
propio  sentido  de  su  art.  750,  que  circunscribe  la  autorización  de  las  cámaras  al 
momento previo del procesamiento, en línea con lo dispuesto en el art. 71.2 CE. Es 
esencial reiterar el carácter excepcional que se otorga a la inmunidad en el citado 
precepto  constitucional,  que  no  deja  lugar  a  duda  que  se  pretende  proteger  al 
parlamentario frente a procesos iniciados por su condición y no en los que ya tiene la 
condición de acusado.
El Tribunal Supremo lleva a cabo una interpretación correcta del art. 71.2 CE, dado 
que la finalidad de la inmunidad es impedir que el inicio del procedimiento penal tenga 
como  intención  alterar  el  correcto  funcionamiento  de  la  cámara.  Extender  esta 
interpretación a la fase de juicio oral propiciaría precisamente el efecto contrario, en este 
caso  respecto  al  poder  judicial,  ya  que  sería  la  condición  de  diputado  o  senador 
adquirida después de finalizada la instrucción la que alteraría el correcto funcionamiento 
de un procedimiento penal que se encuentra en la fase final. La excepcionalidad del 
art. 71.2 CE consigue la perfecta fusión de los intereses de ambos poderes, con una 
prerrogativa que tiene como objetivo impedir la instrumentalización de la justicia para 
corromper el correcto funcionamiento de la cámara, de la misma forma que no es 
aceptable que el legislativo, y la elección de diputados y senadores, se convierta en otra 
instrumentalización para impedir la correcta resolución de procedimientos ya instruidos y 
en fase de juicio oral.
La prerrogativa del art. 71.2 CE no tiene como objetivo garantizar el ejercicio de la  e
representación legislativa, sino la de impedir que las cámaras se vean afectadas por una  bo
asumida presunción del uso de la herramienta judicial como objetivo corruptivo del poder  17ww
lseug islitlaetriavloid. aEds ,s poobrr ee lleol,  qinuieci oe l daertl.  p7r1o.2ce CdEim, iye natsoí,  loto rdeafl evjae ze l qaurte.  7lo5 0q LuEeC sriem ,p aredtveinedrtee  eens 
iámnpimedoisr  qeuspeu lraios sc aquusea tse sneg ainni ccieonm oa  sfianbaileidnadda sto drpee ldae caorn edli ccioórnr edceto d ifpuuntcaidoon aom sieenntaod odre  cloans 
cámaras. Pero en ningún caso se puede interpretar como un privilegio para impedir la
resolución de un procedimiento que ya se encuentra en la fase de juicio oral, pues la 
prerrogativa  pretende  proteger  al  poder  legislativo  y  no  la  condición  personal  del 
acusado.
Los recurrentes hacen una interpretación extensiva del art. 71.2 CE, encubriendo un 
privilegio personal a través de la protección de la labor de las cámaras. Desde el 
momento en que adquirir la condición de diputado condiciona un procedimiento instruido 
y en fase de juicio oral, la presunción de socavar la legítima y necesaria actividad 
legislativa desparece. Este es el único objeto a proteger por el art. 72.1 CE y no la 
adquisición de privilegios que vulneraría el principio de igualdad ante la ley.
En definitiva, no se ha vulnerado el derecho reconocido a los demandantes en el 
art. 23.2 CE, ya que el inicio y la instrucción del proceso son anteriores a su elección 
como diputados.
La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  concluye  su  escrito  de 
alegaciones  interesando  la  inadmisión  de  la  demanda  y,  subsidiariamente,  su 
desestimación.
8.  El abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante 
escrito  registrado  en  fecha  2  de  septiembre  de  2020,  que  en  lo  sustancial,  a 
continuación, se resume.
a)  Tras delimitar como cuestión objeto de debate en este proceso la necesidad o no 
de solicitar el suplicatorio a ambas cámaras de las Cortes Generales para continuar el 
juicio oral contra los demandantes y la incidencia de su denegación en el derecho 
garantizado en el art. 23.2 CE, opone a la admisión del recurso de amparo su carácter 
prematuro, ya que según resulta de la STS 459/2019, de 14 de octubre, y del ATS de 29 
de enero de 2020, recaídos en la causa especial núm. 20907-2017, la vulneración 
denunciada se hizo valer en el trámite de cuestiones previas y en el incidente de nulidad 
de  actuaciones.  Así  pues,  cuando  la  demanda  de  amparo  fue  presentada  aún 
permanecía abierto un cauce procesal legalmente pertinente en la vía judicial para 
dilucidar la cuestión debatida. De modo que, de conformidad con la doctrina recogida en 
las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 1, y 10/2020, de 28 de enero, FJ 3, las 
lesiones de derechos fundamentales alegadas han sido planteadas de forma prematura 
en el proceso de amparo, lo que ha de determinar su inadmisión a trámite.
b)  En cuanto a la cuestión de fondo suscitada, sostiene, con reproducción de la 
doctrina de las SSTC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B), y 124/2001, de 4 de junio, que la 
inmunidad protege al parlamentario mientras lo sea, tanto frente a actuaciones penales 
motivadas por hechos sucedidos antes de la elección, si su inculpación o procesamiento 
son posteriores a su elección, como a las incoadas por hechos sucedidos después de 
obtener el escaño, ya que en ambos casos cabe la instrumentalización del proceso para 
los fines que esta garantía quiere evitar. Por eso mismo, no tiene sentido respecto de 
procedimientos penales iniciados antes de adquirir la condición de parlamentario en los 
que se hubiera producido ya la inculpación o el procesamiento. En tales supuestos no se 
puede hablar de propósitos de alterar la composición de la cámara o de obstaculizar su 
funcionamiento.
Esta doctrina constitucional y una recta interpretación del art. 71.2 CE, que se refiere 
a  la  imposibilidad  de  que  puedan  ser  «inculpados  ni  procesados»  los  diputados  o 
senadores, ha de conducir a la conclusión contraria a la sostenida por los recurrentes, 
pues ya habían sido procesados cuando no ostentaban aún la condición de diputados, 
habiendo  resultado  electos  de  forma  sobrevenida  durante  el  juicio  oral  que  venía  e
celebrándose desde hacía tres meses. Desde octubre de 2017 estaba vigente la medida  bo
personal  de  prisión  provisional  acordada  respecto  de  los  mismos  y  en  esas  17ww
csiirdcou nesletagnidcoiass  pya rcao ne npclaebneoz caor nsoucsim reiesnpteoc dtieva lsa sli slitmasit aecleiocntoersa qleuse,  ye llvoo tcaodnollse vcaobna i dhéanbtíiacon 
conoIgcuimali ecnotnoc.lusión se alcanza en relación con la interpretación, que debe realizarse a la
luz  del  citado  precepto  constitucional,  de  los  artículos  de  la  Ley  de  enjuiciamiento
criminal que regulan la prerrogativa. En efecto, solo en el caso de los diputados o 
senadores que ostenten tal condición, su art. 750 impide su «procesamiento» y que «se 
dirija un procedimiento» sin obtener la previa autorización de la cámara respectiva. Por 
su parte, los arts. 751 y 752 LECrim, al referirse a diputados o senadores que sean 
elegidos una vez procesados o que sean procesados en su interregno parlamentario, 
solo prevén la comunicación a la cámara, omitiendo cualquier referencia a la autorización 
prevista en el art. 750, que, en cualquier caso, tampoco sería aplicable a quienes, como 
los recurrentes, fueron procesados mucho antes de resultar elegidos y han comenzado a 
ser  enjuiciados  mediante  la  celebración  del  plenario,  incluso  antes  de  haber  sido 
proclamados candidatos. Asimismo, interpretado el art. 753 LECrim también a la luz del 
art. 71.2 CE, debe concluirse que la suspensión hasta tanto se resuelva lo procedente, 
debe  producirse  exclusivamente  en  aquellos  casos  en  los  que  es  preceptiva  esa 
autorización, por lo que quedaría extramuros de dicha exigencia el supuesto de los 
demandantes que, por las razones expuestas, no están sujetos a autorización de las 
cámaras por haber sido procesados con anterioridad a haber sido elegidos y haber 
adquirido la condición de diputado o senador.
En definitiva, el abogado del Estado entiende que no pueden alegar que se cumple el 
fin de la prerrogativa, que es evitar «la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con 
la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar la composición 
que a la mismas ha dado la voluntad popular». En su planteamiento el suplicatorio no 
sería  una  condición  de  procedibilidad  sino  que  se  convertiría  en  un  privilegio  de 
impunidad.
Tras invocar en apoyo de sus alegaciones la doctrina de la STC 123/2001, de 4 de 
junio, y del ATS de 9 de julio de 2013, recaído en la causa especial núm. 20284-2012, 
estima que la prerrogativa del art. 71.2 CE se contempla en relación con supuestos de 
detención,  inculpación  o  procesamiento,  pero  no  puede  extenderse  más  allá  del 
correspondiente juicio de inculpación. En este caso, el auto de procesamiento se dictó 
con fecha 21 de marzo de 2018, siendo confirmado por auto de la sala de recursos de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018. Además, por auto de 19 de 
julio de 2018 se acordó la conclusión del sumario, confirmada por auto de 25 de octubre 
de 2018. Y, por auto de 25 de octubre de 2018, se declaró abierto el juicio oral.
En consecuencia, no solo el juicio de acusación (auto de procesamiento) ya se había 
producido en el momento de la elección y era firme, sino que también había concluido la 
fase  intermedia  con  la  valoración  realizada  por  el  tribunal  de  que  los  hechos 
indiciariamente fijados revisten caracteres de delito (arts. 642 a 645 LECrim). En ninguno 
de esos dos momentos previos era necesario el cumplimiento de ese requisito de 
procedibilidad, ya que los procesados o acusados no tenían la condición de diputado o 
senador, ni se había procedido siquiera a la convocatoria de elecciones generales.
Por lo tanto, no procede el cumplimiento de un requisito sobre aquellas fases que ya 
han concluido, cuando el juicio de inculpación ya se ha producido, está cercano a 
concluir el juicio oral, cuya suspensión iría más allá de la paralización temporal de la 
acción de la justicia ante la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba 
practicada hasta ese momento (art. 749 LECrim), lo que sería un efecto altamente 
pernicioso  ante  la  cantidad  de  declaraciones  ya  practicadas  (ATS  de  14  de  mayo 
de 2019, FJ 3.3). El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación 
histórica  no  permiten  igualar  la  autorización  para  procesar  con  la  homologación 
parlamentaria del ya procesado. Carece de justificación constitucional que el normal 
desarrollo de un proceso terminado en su investigación y en fase de enjuiciamiento exija  s
para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario. oe.
El abogado del Estado concluye su escrito de alegaciones interesando la inadmisión  w.
por prematura de la demanda de amparo y, subsidiariamente, su desestimación. 17ww
9.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 26 de
orecctuubsarec iódne  c2o0n2t0ra,  elal  mreapgriesstreandtoa cdióonn  Aprnotocensioa lN daerv áloesz  rReocudrrrígeunetezs,  pporor mesotvimióa rin qcuidee ensteta dbea 
incurso en la causa de recusación prevista en el art. 219.10 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), en relación con el art. 80 LOTC.
El  Pleno,  por  providencia  de  17  de  noviembre  de  2020,  acordó  abrir  la 
correspondiente pieza separada, con suspensión de las actuaciones del recurso de 
amparo; designar instructor del incidente al magistrado don Alfredo Montoya Melgar; dar 
traslado del escrito de recusación y de lo actuado en relación con el mismo al Ministerio 
Fiscal y a las demás partes personadas, para que, en el plazo de tres días, manifestasen 
si se adherían o se oponían a la causa de recusación propuesta o si, en este momento, 
conocieran alguna otra causa de recusación; y, verificado dicho traslado, entregar copia 
al  magistrado  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  para  que  alegase  lo  que  estimase 
conveniente.
Por providencia del magistrado instructor de 9 de diciembre de 2020, se unieron a la 
pieza los escritos de alegaciones del abogado del Estado, de la representación procesal 
del partido político Vox y del Ministerio Fiscal; se tuvo por evacuado el trámite de 
audiencia al magistrado don Antonio Narváez Rodríguez; y se remitió lo actuado al Pleno 
para la resolución del incidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225.3, 
párrafo segundo, LOPJ, en relación con el artículo 80 LOTC.
Por providencia del Pleno de 15 de diciembre de 2020, se dio trámite de alegaciones 
al Ministerio Fiscal por plazo de tres días (art. 225.3, párrafo tercero, LOPJ, en relación 
con el art. 80 LOTC); y se designó ponente al magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
10.  Por auto de 16 de febrero de 2021, se aceptó la abstención de don Antonio 
Narváez Rodríguez, en consideración a su comunicación de la misma fecha relativa a 
varios recursos de amparo, entre ellos, el núm. 6720-2019. En la misma resolución se 
acuerda archivar la pieza separada de recusación abierta en el presente procedimiento.
11.  Por providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posición de las partes.
Los demandantes de amparo, que fueron proclamados diputados electos por las 
juntas electorales provinciales de Lleida, Tarragona y Barcelona los días 2 y 3 de mayo 
de 2019 en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado celebradas el 28 de 
abril de 2019, impugnan el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de 
mayo de 2019, confirmado en súplica por auto de 3 de octubre de 2019, únicamente en 
cuanto, desestimando las peticiones formuladas por los recurrentes, acuerda que no ha 
lugar  a  solicitar  autorización  a  la  cámara  legislativa  mediante  la  remisión  del 
correspondiente suplicatorio para continuar con el juicio oral en la causa especial núm. 
20907-2017, ni a suspender sus sesiones.
Los demandantes imputan a las citadas resoluciones judiciales la vulneración del 
derecho  de  participación  y  representación  política  (art.  23  CE),  en  relación  con  la 
prerrogativa de la inmunidad (art. 71.2 CE), y del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE). Sostienen que la Sala Segunda del Tribunal Supremo lleva a 
cabo  en  dichas  resoluciones  una  interpretación  restrictiva  de  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad parlamentaria, según la cual solo procede solicitar autorización a la cámara 
para continuar un proceso penal contra alguno de sus miembros cuando se encuentre en  s
la fase de instrucción o en la fase intermedia, que no se ajusta a la naturaleza propia de  oe.
la prerrogativa, en tanto que garantía material frente a una actuación judicial susceptible  w.
dcqoeum ea ofpe eucrtnma rii tteear   clacoo nlnicb leduriivtra,e ders nda esol  pfraienspieórsne  sqdeuene tal ocnsut elmr epicnoualír triceconont.e  Ees,ll   pdqriucoetca edesol o á dmpee bnuitanola  dd seeeb naetp eslnieccari acei ónfintrem ndede,i  dllaoo    2021-6617n https://ww
prerrogativa de la inmunidad se extiende durante todo el proceso penal, protegiendo así
a  aquellos  diputados  y  senadores  proclamados  electos  con  posterioridad  a  su  Bc
procesamiento, incluso en los supuestos en los que el proceso se encuentre ya en la 
fase de juicio oral.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de la demanda. Entiende, a partir del 
tenor literal del art. 71.2 CE, precepto que configura la inmunidad parlamentaria como 
una condición de procedibilidad para poder inculpar o procesar a un diputado o senador, 
y, sobre todo, de la finalidad de esta prerrogativa, que carecía de todo sentido la solicitud 
de autorización a la cámara respectiva en pleno desarrollo del juicio oral. Y es que la 
iniciación del proceso penal, la adopción de la prisión provisional, el procesamiento o la 
inculpación formal, la acusación provisional de quienes ejercían la acción penal y hasta 
el comienzo de las sesiones del juicio oral habían tenido lugar con bastante anterioridad 
a la convocatoria de elecciones. Así pues, es imposible que el proceso penal fuera 
emprendido  o  que  el  procesamiento  fuera  acordado  más  de  un  año  antes  de  la 
proclamación como electos de los recurrentes con el alcance, objetivo, móvil, propósito o 
finalidad de perturbar el funcionamiento o composición de la cámara, cuya conformación 
se produciría mucho tiempo después a partir de un eventual e imprevisible proceso 
electoral futuro, de existencia, además, incierta y al que no se podía saber si los 
demandantes  concurrirían.  En  consecuencia,  el  Ministerio  Fiscal  considera  que  la 
interpretación de la prerrogativa de la inmunidad que se efectúa en las resoluciones 
judiciales impugnadas no resulta en absoluto desacorde con el art. 71.2 CE, ni con la 
doctrina constitucional sobre la misma, ni, en fin, irrespetuosa con su sentido, alcance y 
finalidad, a la vista de que los recurrentes habían adquirido la condición de diputados 
electos no solo después de haber sido procesados, sino también de haberse abierto el 
juicio oral e iniciada ya la oportuna vista por unos hechos claramente desconectados de 
la actividad de las cámaras. Por lo tanto, no cabe apreciar la denunciada vulneración del 
derecho de los demandantes al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE) 
ni, por consiguiente, de su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox aduce como óbice 
procesal a la admisión de la demanda que no se satisface el requisito del agotamiento de 
la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que cuando se interpuso no había concluido 
el procedimiento en el que se han dictado las resoluciones judiciales impugnadas, pues 
los recurrentes no habían promovido aún incidente de nulidad de actuaciones contra la 
STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre. Además, como segundo obstáculo a su 
admisión,  alega  que  tampoco  se  cumple  el  requisito  de  la  especial  trascendencia 
constitucional,  dado  que  la  interpretación  que  los  recurrentes  pretenden  de  la 
prerrogativa  de  la  inmunidad  parlamentaria  ex  art.  71.2  CE  es  contraria  a  la 
jurisprudencia  constitucional,  que  ha  venido  excluyendo  su  consideración  como  un 
privilegio personal. Subsidiariamente, en cuanto a la pretensión de fondo deducida, no 
aprecia  la  lesión  de  los  derechos  fundamentales  denunciada,  puesto  que  la  Sala 
Segunda del Tribunal Supremo ha interpretado correctamente el alcance constitucional 
de la prerrogativa de la inmunidad, cuya finalidad es la de impedir que el inicio de un 
procedimiento  penal  tenga  como  intención  alterar  el  correcto  funcionamiento  de  la 
cámara. Extender su ámbito a la fase de juicio oral propiciaría precisamente un efecto 
contrario a dicha finalidad, ya que entonces la condición de diputado adquirida después 
de finalizada la fase de instrucción alteraría el correcto desarrollo de un procedimiento 
penal que se encuentre en su fase final.
El abogado del Estado opone a la admisión del recurso su carácter prematuro, pues 
afirma que, según resulta de la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de diciembre, y del 
ATS, Sala Segunda, de 29 de enero de 2020, recaídos en la causa especial núm.  s
20907-2017, la vulneración constitucional ahora denunciada se hizo valer en el trámite  oe.
de cuestiones previas y en el incidente de nulidad de actuaciones, de modo que cuando  w.
la demanda de amparo fue presentada aún permanecía abierto un cauce procesal  17ww
lae glaa lmcueensteti ópne rdtinee fnotned eon  clao nvtírao vjuedrticidiaal  esons etile qnuee  qpulaen tleaa dr oacqturienlala  cvounlnsetirtaucciióonn.a El ns ocburaen tlao 
pprreercreopgtaot iqvuae d see  lare fiinemreu an idlaa dim ppaorslaibmiliednatda rdiae  yq uuen pau reedcatan  sinetre r«pinrectualcpiaódno ds enl i aprrto. c7e1s.a2d CosE»,   BOE-A-cable e
los diputados o senadores «sin la previa autorización de la cámara respectiva», han de 
conducir a una conclusión contraria a la defendida por los recurrentes, pues ya habían 
sido  procesados  cuando  no  ostentaban  todavía  la  condición  de  diputados,  que 
adquirieron de forma sobrevenida durante la celebración del juicio oral, cuyas sesiones 
se habían iniciado tres meses antes. El juicio de inculpación no solo se había efectuado 
en el momento de su elección y era firme, sino que también había concluido la fase 
intermedia con la valoración realizada por el tribunal de que los hechos indiciariamente 
fijados revestían caracteres de delito (arts. 462 a 465 LECrim). En ninguno de esos dos 
momentos procesales previos era necesario el cumplimiento del requisito de solicitar 
autorización a la cámara para la continuación del proceso penal, ya que los procesados 
o acusados no tenían la condición de diputados, ni se había procedido siquiera a la 
convocatoria de elecciones generales.
2.  Requisitos de admisibilidad: agotamiento de la vía judicial previa y trascendencia 
constitucional del recurso.
Con carácter previo al examen de la pretensión deducida en la demanda, debemos 
pronunciarnos sobre la concurrencia de los requisitos que para su admisibilidad se 
establecen en la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), pues el incumplimiento de 
alguno de ellos ha sido denunciado por el abogado del Estado y la representación 
procesal  del  partido  político  Vox.  De  conformidad  con  una  reiterada  doctrina 
constitucional, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de 
amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite, de 
forma que la comprobación de los presupuestos para la viabilidad de la acción se 
pueden volver a abordar o reconsiderar en sentencia, de oficio o a instancia de parte, 
dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, sin que 
para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el 
art.  53  LOTC  (por  todas,  STC  130/2018,  de  12  de  diciembre,  FJ  2,  y  doctrina 
constitucional allí citada).
A)  Entre los requisitos establecidos para la admisión a trámite de una demanda de 
amparo  se  encuentra,  como  expresión  del  carácter  subsidiario  de  este  proceso 
constitucional, que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las 
normas procesales en la vía judicial antes de acudir a este tribunal [art. 44.1 a) LOTC]. 
En este sentido, tanto el abogado del Estado como la representación procesal del partido 
político Vox denuncian el carácter prematuro del recurso al no haber concluido aún la vía 
judicial previa en el momento de su interposición.
a)  Con carácter previo al enjuiciamiento de este óbice procesal, las alegaciones 
que el abogado del Estado efectúa al respecto han de ser objeto de algunas precisiones. 
Afirma en su escrito que «según resulta de la sentencia 459/2019, de 14 de octubre 
dictada en la referida causa especial y del auto del Tribunal Supremo de 29 de enero 
de 2020, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto 
contra la sentencia anterior, FJ 10.1 B), la vulneración denunciada en el presente amparo 
se hizo valer así en el trámite de cuestiones previas como en el incidente de nulidad 
interpuesto contra la sentencia condenatoria, lo que, a juicio de esta representación, 
debería  determinar  la  inadmisibilidad  del  presente  amparo  […]  dado  el  momento 
procesal que se ha presentado la demanda, cuando aún permanecía abierto un cauce 
procesal legalmente pertinente para dilucidar las cuestiones de referencia en la vía 
judicial». s
Pues bien, ha de señalarse, en primer lugar, que, no «resulta» de la citada sentencia  oe.
que los demandantes de amparo hubieran planteado en el trámite de cuestiones previas  w.
dlSaea lvl adu elSnreeercgahuconió dana  u ddnee lpl  rdToercribeeusconh aocl o aSnl u etpojerderacmsic oliao as d ugetaol rrcaizanartcgíaioós n p( aúdrbet.lli  c2Co4 o.r2ne gpCrreEes)s,oe  andlt ean toilvo hosa  (bDaeriptr. u s2toa3ldi.c2oit saC dpEoa)  rlaay    2021-6617n https://ww
continuar el proceso penal contra ellos una vez proclamados diputados electos. De una
parte, porque en la sentencia nada se dice sobre la inmunidad parlamentaria de los
recurrentes como miembros del Congreso de los Diputados, de modo que no puede 
«resultar» de la evocada sentencia lo que el abogado del Estado afirma en su escrito de 
alegaciones.  De  otra  parte,  porque  el  trámite  de  cuestiones  previas  en  el  que  se 
denunciaron supuestas vulneraciones de derechos fundamentales se desarrolló durante 
las sesiones del juicio oral celebradas los días 12, 13 y 14 de febrero de 2019. En esas 
fechas ni habían sido convocadas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado 
–Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo–, ni, por lo tanto, los demandantes de amparo 
habían sido proclamados diputados electos –2 y 3 de mayo de 2019–. Así pues, no es 
posible que se hubiera planteado el tema litigioso controvertido en este recurso de 
amparo en el trámite de cuestiones previas, como confirma el visionado de las sesiones 
en las que se sustanció.
En segundo lugar, es pertinente traer a colación que en uno de los incidentes de 
nulidad de actuaciones interpuestos contra la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 4 de 
octubre, se denunció por parte de sus promotores, que habían adquirido, al igual que los 
demandantes, la condición de diputado y senador tras las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado celebradas el 28 de abril de 2019, que los autos de 14 de mayo 
y 3 de octubre de 2019 –ahora impugnados en amparo–, al denegar su petición de que 
se  solicitase  autorización  a  las  cámaras  para  continuar  el  proceso  penal,  habían 
vulnerado el derecho fundamental a la participación y representación política (art. 23 
CE), en relación con la garantía de la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE), y el 
derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE).  Pues  bien,  la  Sala 
expresamente rechaza pronunciarse en el auto que resuelve los incidentes, entre otras, 
sobre dichas vulneraciones, al considerar «que la finalidad de este incidente no es que 
esta  Sala  se  pronuncie  de  nuevo  sobre  aspectos  ya  valorados  en  resoluciones 
anteriores», a cuyo contenido se remite (fundamento de Derecho 10.2.2). De modo que 
la Sala no vuelve a examinar en dicho auto, pese a que le habían sido planteadas, las 
vulneraciones de derechos fundamentales que los recurrentes suscitan ahora en sede 
constitucional contra los autos de 14 de mayo y 3 de octubre de 2019.
b)  Las precisiones anteriores no permiten obviar que los demandantes, sin haber 
finalizado el proceso a quo, han acudido en amparo ante este tribunal por una supuesta 
vulneración de derechos fundamentales producida en el seno de un proceso penal que 
se hallaba aún en curso en el momento de interposición de la demanda y que hoy ya se 
encuentra  finalizado  de  forma  definitiva.  Esta  circunstancia  hace  necesario  un 
pronunciamiento sobre si, en tales condiciones procesales, se puede estimar respetado 
el  principio  de  subsidiariedad  que  caracteriza  el  proceso  constitucional  de  amparo 
(STC 9/1992, de 16 de enero, FJ 1) y, más concretamente, si cabe entender satisfecho, 
como afirman los demandantes, o no, como sostienen, por el contrario, el abogado del 
Estado y la representación procesal del partido político Vox, el requisito establecido en el 
art. 44.1 a) LOTC para la admisión de la demanda, esto es, el agotamiento de la vía 
judicial  previa  mediante  la  interposición  de  los  recursos  pertinentes  contra  las 
resoluciones judiciales impugnadas.
En relación con el proceso penal, este tribunal, desde la STC 147/1994, de 12 de 
mayo (FJ 1), cuya doctrina sintetizan más recientemente las SSTC 129/2018, 130/2018 
y 131/2018 (FFJJ, 6, 5 y 5, respectivamente), ha venido manteniendo como regla general 
que, «en aquellos casos en los que el proceso aún no ha concluido por decisión que se 
pronuncie sobre la condena o absolución, e incluso en los que la celebración del juicio 
oral no ha tenido lugar, resulta prematura la invocación de lesiones que podrían ser 
examinadas ulteriormente en el curso del proceso». Así pues, «el marco natural en el  s
que ha de intentarse la reparación del derecho constitucional vulnerado por la actuación  oe.
del órgano jurisdiccional es el mismo proceso judicial previo, de tal modo que, en  w.
principio, solo cuando este haya finalizado por haber recaído una resolución firme y  17ww
adceufidniirti vaan tep ueesdtee  treibnutennadl eerns ed eamgaontaddaa d ela a mvípaa rjuod»i.cial y, consecuentemente, es posible
Ahora bien, para preservar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, hemos 
establecido –como se recuerda en las citadas SSTC 129/2018, 130/2018 y 131/2018– 
las siguientes excepciones a esa regla general:
«i)  Cuando  las  resoluciones  judiciales  afectan  a  derechos  fundamentales  de 
carácter sustantivo, esto es, distintos de los contenidos en el artículo 24 CE, tanto si se 
ha  ocasionado  a  los  mismos  un  perjuicio  irreparable,  como  cuando  el  seguimiento 
exhaustivo del itinerario procesal previo, con todas sus fases y etapas o instancias, 
implique un gravamen adicional, una extensión o mayor intensidad de la lesión del 
derecho por su mantenimiento en el tiempo: hipótesis que, hasta la fecha, este tribunal 
ha acogido en relación con el derecho a la libertad personal y a la libertad sindical 
(SSTC 128/1995, de 26 de julio, y 27/1997, de 11 de febrero).
ii)  Cuando  se  denuncia  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  procesales, 
siempre que la alegada, además de tratarse de una lesión actual –en tanto hace sentir 
sus efectos de inmediato en todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el juez– 
hubiera sido analizada y resuelta de forma firme y definitiva en la vía judicial a través de 
los cauces legalmente establecidos, de forma que ya no podría ser reparada en el 
proceso judicial en el que se ha producido. Así se ha reconocido tanto en relación con 
algunas manifestaciones del derecho de defensa y asistencia letrada en los procesos 
penales  (SSTC  71/1988,  de  19  de  abril,  sobre  denegación  de  nombramiento  de 
intérprete, y 24/2018, de 5 de marzo, sobre denegación de personación en causa penal 
tras orden de busca y captura del declarado rebelde), como con el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley, aunque solo en casos en los que se reclamaba la 
actuación de la jurisdicción ordinaria frente a la jurisdicción militar (SSTC 161/1995, de 7 
de noviembre, FJ 4, y 18/2000, de 31 de enero, FJ 2).
iii)  Por último, cabe incluir entre estas excepciones los supuestos de revocación de 
sentencias penales absolutorias que habilitan la posibilidad de nuevo enjuiciamiento 
(STC 23/2008, de 11 de febrero, FJ 2), pues el tribunal ha apreciado que en tales casos 
lo que está en juego es la prohibición de doble enjuiciamiento (ne bis in idem procesal), 
con independencia del resultado favorable o desfavorable del mismo, lo que constituye 
un gravamen suficiente para acudir directamente al amparo. Bien es cierto que, en estos 
casos, la flexibilidad se ha llevado al límite admitiendo que «en casos de anulación de 
sentencias absolutorias con retroacción de actuaciones se puede o bien impugnar en 
amparo directamente dicha decisión, sin incurrir en falta de agotamiento, o bien esperar 
a que se dicte la nueva decisión por si la misma fuera absolutoria, sin incurrir en 
extemporaneidad (STC 149/2001, de 27 de julio)» (STC 130/2018, FJ 5).
c)  A  la  vista  de  la  doctrina  constitucional  expuesta,  hemos  de  analizar  si  las 
vulneraciones  de  derechos  fundamentales  alegadas  por  los  demandantes  pueden 
subsumirse  en  alguno  de  aquellos  supuestos  que  han  sido  excepcionados  como 
admisibles para poder acudir en amparo ante este tribunal sin haber finalizado la causa 
penal en las que se han producido.
Los demandantes, como pone de manifiesto la argumentación en la que se sustenta 
su pretensión, lo que persiguen con el recurso de amparo es preservar la prerrogativa de 
la inmunidad parlamentaria prevista en el art. 71.2 CE, la cual, junto con las de la 
inviolabilidad y el aforamiento, como ya hemos tenido ocasión de declarar, «se incorpora 
y encuentra su acomodo natural […] en el contenido del derecho fundamental reconocido 
en el art. 23.2 CE […], que garantiza no solo el acceso o permanencia en el cargo 
público representativo, sino también los derechos y prerrogativas propios del status del  e
cargo» (SSTC 123/2001 y 124/2001, de 4 de junio, FFJJ 3; con cita de la STC 22/1997,  bo
de 11 de febrero, FJ 2). De modo que el derecho fundamental al ejercicio del cargo  17ww
pleúybelsic o(a rrte. p2r3e.s2e nCtEat)i veos  eenl  dceornedchicoio vneersd addee rigaumaeldnated  nyu ccloena rl oys v reerqteubisraitodso rq duee  esseteñ arleecnu rlasos 
ldaes  agmapraanrotí.a As un(aqrut.e  2e4n. 2la  CdeEm), asnud ai nsveo icnavcoicóan  taems bmiéenr aeml deenrteec htroib au tuanri ap rodcee slao  cdoen  taoqduaesl 
derecho, en cuanto la prerrogativa de la inmunidad, esto es, la necesidad de obtener la
autorización de la respectiva cámara constituye un presupuesto de procedibilidad para, 
en  palabras  del  art.  71.2  CE,  poder  «inculpar»  o  «procesar»  a  cualquiera  de  sus 
miembros, por lo que solo si se apreciara la lesión del derecho al ejercicio del cargo 
público representativo (art. 23.2 CE) podría entenderse vulnerado, como resultado de 
dicha lesión, el art. 24.2 CE, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las 
garantías (STC 123/2001, FJ 3). Por lo tanto, al afectar directamente las resoluciones 
impugnadas a un derecho fundamental de carácter sustantivo, como es el reconocido en 
el art. 23.2 CE, el recurso de amparo es susceptible de ser incardinado en el primer 
supuesto de las excepciones señaladas a la regla general que requiere la finalización del 
proceso penal para entender correctamente agotada la vía judicial. De modo que en este 
caso no constituye una exigencia ineludible que los demandantes tengan que recorrer 
todo el itinerario previo hasta la conclusión definitiva del proceso para poder acudir en 
amparo ante este tribunal en defensa de aquel derecho fundamental.
Además, imponerles el seguimiento exhaustivo del proceso penal en todas sus fases 
o  etapas  hasta  su  conclusión  definitiva  supondría  una  rigorista  exigencia  del 
cumplimiento del requisito del agotamiento de la vía judicial, que implicaría, de estimarse 
la pretensión de amparo, quizás no un perjuicio irreparable, pero sí, al menos, un 
gravamen adicional o una mayor intensidad en la lesión del derecho fundamental por su 
mantenimiento en el tiempo, dado el efecto perturbador que la tramitación del proceso 
penal hasta su conclusión podría conllevar no solo para los demandantes en el ejercicio 
de las funciones parlamentarias, sino también para el funcionamiento y la composición 
de la propia cámara.
La resolución judicial a la que es imputable en su origen la lesión del derecho 
fundamental  al  ejercicio  del  cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE)  ha  sido 
impugnada en amparo una vez que los demandantes han interpuesto contra ella el 
recurso ordinario legalmente procedente (recurso de súplica), que ha dado ocasión a la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce en única instancia de la causa especial 
núm. 20907-2017, de restablecer aquel derecho fundamental sustantivo presuntamente 
vulnerado. En definitiva, atendiendo a las concretas circunstancias que concurren en 
este caso, ha de entenderse agotada la vía judicial previa, sin que para ello fuera 
imprescindible que los demandantes hubieran esperado a la conclusión del proceso 
penal  antes  de  acudir  a  este  tribunal.  Por  consiguiente,  debe  ser  desestimado  el 
supuesto carácter prematuro del recurso de amparo.
Sin desconocer la distinta naturaleza de una y otra prerrogativa parlamentaria –
sustantiva  la  de  la  inviolabilidad,  que  garantiza  la  irresponsabilidad  jurídica  de  los 
parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y formal 
la de la inmunidad, que protege a los diputados y senadores de ser detenidos salvo en 
caso de flagrante delito y de que puedan ser inculpados o procesados sin la previa 
autorización de la cámara respectiva–, la conclusión a la que hemos llegado respecto del 
agotamiento de la vía judicial previa se corresponde con el criterio implícitamente ya 
mantenido por este tribunal en la STC 30/1997, de 24 de febrero, al conocer en cuanto al 
fondo, sin necesidad de que se hubieran agotado todas las fases del proceso judicial, el 
recurso  de  amparo  interpuesto,  por  vulneración  del  derecho  al  ejercicio  del  cargo 
representativo (art. 23.2 CE), frente a resoluciones judiciales que habían infringido la 
prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria al admitir a trámite una demanda contra un 
diputado por las expresiones vertidas con ocasión de una intervención en la cámara.
A mayor abundamiento, sin perjuicio de lo dicho sobre el derecho fundamental 
nuclear y vertebrador de este recurso de amparo, el resultado de nuestro análisis sobre  s
el  requisito  del  agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  no  sería  distinto  en  una  oe.
consideración autónoma del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).  w.
En efecto, en la hipótesis de que fuera estimada su vulneración, se trataría de una lesión  17ww
aaccttuuaacl,i ocnueyso jsu riesfdeicctcoiosn aslee s pyr oqyueec,t aernía ne stdee c amsoa,n ehraa  siidnom eadniaaltizaa dsao byr ere slause ltpao dsete rmioordeos 
ddeefriencithivoo f uennd almose natault,o esl  raehcourras oi mdep uagmnpaadroos .s eArísaí  spuusecse,p tdibeles ddee  slae r pinecrsaprdeicntaivdao  dtaem  ebsiéten   BOE-A-cable e
en la segunda de las excepciones a la regla general que impone la conclusión del 
proceso penal antes a acudir en amparo a este tribunal.
B)  El  segundo  motivo  de  inadmisión  de  la  demanda  de  amparo  que  alega  la 
representación procesal del partido político Vox es la falta de especial trascendencia 
constitucional del recurso.
El incumplimiento de este presupuesto se anuda a las razones de fondo que la 
referida representación procesal opone a la estimación del recurso, al considerar que la 
interpretación  que  los  demandantes  pretenden  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad, 
extendiéndola  a  quienes  adquieren  la  condición  de  procesado  o  inculpado  con 
anterioridad a la de diputado, constituye un privilegio procesal lesivo de los arts. 1 y 24.1 
CE  y  contrario  a  la  jurisprudencia  constitucional.  Sin  embargo,  con  base  en  esta 
argumentación en modo alguno puede sustentarse la inexistencia de las causas de 
especial trascendencia constitucional apreciadas por este tribunal en la fase de admisión 
del recurso, pues va dirigida a contrarrestar las lesiones de derechos fundamentales 
denunciadas en la demanda, pero nada dice respecto a que el recurso plantea un 
problema o afecte a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] o a que el asunto suscitado trasciende el caso 
concreto al poder tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)], 
que  fueron  los  motivos  de  especial  trascendencia  constitucional  apreciados  en  la 
providencia de admisión. En cualquier caso, no resulta ocioso recordar que «es a este 
tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que encuentra su 
momento procesal idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC» 
(SSTC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 2, y 3/2020, de 15 de enero, FJ 4).
3.  Doctrina jurisprudencial sobre la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Desestimados  los  motivos  de  inadmisión  de  la  demanda,  la  cuestión  de  fondo 
controvertida estriba en determinar si la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
de no solicitar la autorización del Congreso de los Diputados mediante la remisión del 
correspondiente suplicatorio para la continuación de las sesiones del juicio oral en la 
causa  especial  núm.  20907-2017,  seguida,  entre  otros,  contra  los  recurrentes,  ha 
vulnerado, como estos sostienen, o no, como, por el contrario, mantienen el abogado del 
Estado, la representación procesal del partido político Vox y el Ministerio Fiscal, sus 
derechos fundamentales al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), en 
relación con el art. 71.2 CE, y a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE).
A)  Este tribunal ya ha tenido ocasión de abordar la prerrogativa de la inmunidad 
parlamentaria  desde  la  perspectiva  del  derecho  fundamental  al  ejercicio  del  cargo 
público representativo (art. 23.2 CE), sentando al respecto una doctrina que conviene 
traer a colación, puesto que puede aportar la fundamentación precisa para la resolución 
de la cuestión ahora en disputa.
a)  La inmunidad de la que son titulares los diputados y senadores durante el 
periodo de su mandato ex art. 71.2 CE se encuentra conectada con la proclamación del 
art. 66.3 CE de que «[l]as Cortes Generales son inviolables» y se concreta, en su 
dimensión material, en la excepción de cualquier posible detención, si no es «en caso de 
flagrante delito», con la que concluye el inciso primero de aquel precepto constitucional, 
y en la especificación, en su segundo inciso, de que «[n]o podrán ser inculpados ni 
procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva». En estos términos y con  s
este alcance «nuestra Constitución ha venido a incorporar un instituto que, en la medida  oe.
en que pueda suponer una paralización, siquiera temporal, de la acción de la justicia y,  w.
cesoonmm soeu t iumcnaieasn opt,o o dsdeibel l edt oeedrexoccseh poac l fióu‘innm dpaae mruieonn odt aedl  eal a l olaLs e tpyui ltaceorlaem sdo be á elsxoipscr oejsus eiódcnee ls dE, esa tplaaad roveo cdleue,n  tpDardeim repaco hpfaouc,l aieer,l’    2021-6617n https://ww
(preámbulo de la Constitución, párrafo tercero)» (STC 206/1992, de 27 de noviembre,
FJ 3; doctrina reiterada en las SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4).
b)  La inmunidad como prerrogativa de los miembros de las Cortes Generales, que 
goza de idéntica legitimidad a la del resto de las instituciones constitucionales, no es, al 
igual que las demás prerrogativas parlamentarias, «un privilegio, es decir un derecho 
particular de determinados ciudadanos, que se verían, así, favorecidos respecto del 
resto» (STC 206/1992, FJ 3; doctrina que reitera la STC 124/2001, FJ 4), ni tampoco 
puede considerarse como expresión de un pretendido ius singulare (STC 22/1997, FJ 5). 
Las prerrogativas del art. 71 CE, entre ellas, la inmunidad, «se atribuyen a los miembros 
de las Cortes Generales no en atención a un interés privado de sus titulares, sino a 
causa de un interés general, cual es el de asegurar su libertad e independencia en tanto 
que  reflejo  de  la  que  se  garantiza  al  órgano  constitucional  al  que  pertenecen» 
(STC 22/1997, FJ 5). Así, este tribunal tiene declarado que «la inmunidad parlamentaria 
no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que 
únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados o Senadores al 
objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de Jueces y Tribunales, 
[pues] la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores 
de ‘justicia’ e ‘igualdad’ que el art. 1.1 CE reconoce como ‘superiores’ de nuestro 
ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; doctrina que reiteran las 
SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4).
c)  En estrecha conexión con la observación que se acaba de efectuar, conviene 
resaltar que el carácter objetivo de las prerrogativas parlamentarias «se refuerza […] en 
el  caso  de  la  inmunidad,  de  tal  modo  que  la  misma  adquiere  el  sentido  de  una 
prerrogativa institucional» (STC 206/1992, FJ 3). En cuanto expresión más característica 
de la inviolabilidad de las Cortes Generales, «la inmunidad […] se justifica en atención al 
conjunto  de  funciones  parlamentarias  respecto  de  las  que  tiene,  como  finalidad 
primordial, su protección […], de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la 
inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva 
adopta». Y «esta protección a la que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, 
frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales 
dirigidas contra los diputados y senadores», sino frente a la amenaza de tipo político 
consistente  en  la  eventualidad  de  que  la  vía  penal  sea  utilizada,  injustificada  o 
torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de 
alterar la composición que a las mismas le ha dado el cuerpo electoral en el ejercicio del 
derecho de sufragio activo (art. 23.1 CE; STC 90/1985, FJ 6; doctrina que reiteran las 
SSTC 206/1992, FJ 3; 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4).
En esta misma línea, hemos declarado en la STC 243/1988, de 19 de diciembre, que 
la inmunidad «es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal 
de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden 
desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se 
impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y, a consecuencia de ello, 
se altere indebidamente su composición y funcionamiento» [FJ 3 b); doctrina reiterada en 
las SSTC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B); 206/1992, FJ 3, y 123/2001 y 124/2001, 
FFJJ 4)]. En palabras de la STC 22/1997, la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria 
está orientada a «proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales 
con las que se pretenda […] impedir indebida y fraudulentamente su participación en la 
formación de la voluntad de la Cámara, poniéndolos al abrigo de querellas insidiosas o 
políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de 
los  procesos  judiciales,  los  planos  de  la  responsabilidad  política  y  la  penal,  cuya 
delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de  s
organización libre y plural de la vida colectiva» (FJ 6). oe.
En el sentido institucional de la prerrogativa, «único susceptible de preservar su  w.
legitimidad» (STC 124/2001, FJ 4), ha insistido la STC 206/1992, al señalar que no ha  17ww
saisdío c eosmtaob lqeuceid aq upeodra eríl ac odnesstnitautyuernatleiz a«dpaa rcao gmeon eprraerr rzoognaatsiv ian minusntietusc aiol nimal,p e«rsioi  qduee ldaa lseey »a, 
merced del puro juego del respectivo peso de las fracciones parlamentarias» (FJ 3).
Dijimos en la STC 124/2001, compendiando pronunciamientos anteriores, que «es en 
este contexto donde se sitúa la necesidad de obtener la autorización de las cámaras 
respectivas como condición de procedibilidad para inculpar o procesar a cualquiera de 
sus miembros. Lo que la Constitución ha querido es que sean las propias cámaras las 
que  aprecien  y  eviten  por  sí  mismas,  en  cada  caso  concreto  y  atendiendo  a  sus 
circunstancias, la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de 
perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que les ha dado 
la  voluntad  popular,  es  decir,  si  la  inculpación  o  procesamiento  puede  producir  el 
resultado objetivo de alterar indebidamente su composición o funcionamiento, realizando 
algo que no pueden llevar a cabo los órganos jurisdiccionales, como es una valoración 
del significado político de tales acciones (SSTC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; 206/1992, 
de 27 de noviembre, FJ 3)» [FJ 4].
d)  En fin, hemos venido declarando desde la STC 51/1985, de 10 de abril, que las 
prerrogativas parlamentarias, también la de la inmunidad, «han de ser interpretadas 
estrictamente  para  no  devenir  en  privilegios  que  puedan  lesionar  derechos 
fundamentales  de  terceros,  […]  a  partir  de  una  comprensión  del  sentido  de  la 
prerrogativa misma y de los fines que esta procura» (FJ 6), esto es, «tanto en el sentido 
lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el 
teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responde, debiendo rechazarse, 
en consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de 
los privilegios» [STC 243/1988; FJ 3 a)], de modo que «no es constitucionalmente 
legítima una extensión legislativa (STC 186/1989) o una interpretación analógica de las 
mismas (STC 51/1985)» (STC 22/1997, FJ 5).
B)  Los criterios reseñados de la doctrina de este tribunal sobre las prerrogativas 
parlamentarias,  y,  en  particular,  sobre  la  inmunidad,  se  asemejan  a  los  que  se 
desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que constituyen ex art. 10.2 CE un relevante 
elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance de los derechos 
fundamentales que la Constitución proclama [por todas, SSTC 155/2019, de 28 de 
noviembre, FJ 5 B), y 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D)].
a)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el hecho de que 
los  Estados  concedan  generalmente  una  inmunidad  más  o  menos  extensa  a  los 
miembros del parlamento constituye una antigua práctica, que tiene como finalidad la 
protección  de  la  libre  expresión  de  la  cámara  legislativa  y  el  mantenimiento  de  la 
separación de los poderes legislativo y judicial. Bajo sus diferentes formas, la inmunidad 
parlamentaria  puede  servir  para  proteger  un  régimen  jurídico  verdaderamente 
democrático, que constituye la piedra angular del sistema del convenio, en la medida en 
que tiende a proteger la autonomía del legislador y la oposición parlamentaria. A este 
respecto, el Tribunal de Estrasburgo lleva a cabo un control especialmente estricto 
cuando se trata de minorías parlamentarias. Reconoce que siempre deben protegerse 
las opiniones contrarias al sistema político de que se trate, incluso cuando persiguen su 
transformación total, pero, advierte, siempre desde la lealtad democrática: «Un aspecto 
fundamental  de  la  democracia  es  que  debe  permitir  que  se  propongan  y  debatan 
diversos programas políticos, incluso cuando ponen en tela de juicio la organización 
actual de un Estado, siempre que no perjudiquen a la propia democracia", (STEDH de 8 
de diciembre de 1999, de Gran Sala, asunto Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) c. 
Turquía). e
Las  garantías  ofrecidas  por  la  inmunidad  parlamentaria  en  sus  dos  aspectos  bo
(irresponsabilidad e inviolabilidad) –señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–  17ww
vLiae ninemn uan aidsaedg ujurarirs dlaic icnidoenpael n–dinevniocliaab dileidl apda relanm lae ntetorm einn oello cguíam dpelim siue njutori sdper usduesn fcuinac–i otineense. 
cporomcoe soosb jpeeton aalesse gquurea ro beesdae zpclaenn aa  minódveipleesn dpeonlítciciao sp (rfeuvminuies npdeor setocduati oneivse),n tpuraoltiedgaide nddeo 
así a la oposición de presiones o abusos de la mayoría. Por su parte, la protección
otorgada a la libertad de expresión en el parlamento tiene por objeto proteger el interés 
de este último, no debiendo asumirse que solo beneficia a sus miembros (STEDH de 17 
de mayo de 2016, asunto Karácsony y otros c. Hungría, § 138; con referencia a las 
SSTEDH de 17 de diciembre de 2002, asunto A. c. Reino Unido, § 85; de 3 de diciembre 
de 2009, asunto Kart c. Turquía, § 81; de 11 de febrero de 2010, asunto Syngelidis c. 
Grecia, § 42; también SSTEDH de 20 de diciembre de 2016, asunto Uspaskich c. 
Lituania, § 98, y de 22 de diciembre de 2020, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, § 
256).
b)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido en el diseño de las 
inmunidades parlamentarias, que entra dentro del campo del derecho parlamentario, un 
amplio margen de apreciación a los Estados miembros, si bien considera que, desde el 
punto de vista de su compatibilidad con el convenio, cuando más amplia sea una 
inmunidad, más imperiosas deben ser las razones que puedan justificar dicha amplitud. 
En este sentido, postula que las inmunidades han de ser objeto de un estricto juicio de 
proporcionalidad cuando las conductas o hechos en cuestión no tengan conexión con la 
actividad parlamentaria (SSTEDH, de 20 de abril de 2006, asunto Patrono, Cascini y 
Stefanelli c. Italia, § 63, y asunto Kart c. Turquía, § 82 y 83).
c)  En  fin,  por  lo  que  se  refiere  en  particular  a  la  inmunidad  jurisdiccional  ha 
considerado que constituye una excepción al régimen ordinario de procedibilidad de 
presuntos delitos y de su enjuiciamiento, razón por la cual los Estados deben garantizar 
que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de modo que no pueda ser utilizada por 
los representantes políticos como instrumento para eludir la acción de la justicia (STEDH 
asunto Uspaskich c. Lituania, § 91).
d)  Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que los 
objetivo del protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión 
Europea  se  concretan  en  garantizar  a  sus  instituciones  una  protección  completa  y 
efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su 
buen  funcionamiento  y  a  su  independencia.  Objetivos  que  proyectados  sobre  el 
Parlamento Europeo no solo implican que su composición refleje de forma fiel y completa 
la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, sino 
también que el Parlamento Europeo quede protegido en el ejercicio de sus actividades 
contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen 
funcionamiento.
En esta doble vertiente –afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con 
referencia expresa a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos– las 
inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo tienen por objeto 
garantizar la independencia de esta institución en el cumplimiento de su misión (SSTJUE 
de 19 de marzo de 2010, asunto Bruno Gollnisch c. Parlamento Europeo, § 94, y de 19 
de diciembre de 2019, asunto Oriol Junqueras, § 82 a 84; con cita de las SSTJUE de 10 
de julio de 1986, asunto Wybot, § 12 y 22; de 22 de marzo de 2007, asunto Comisión de 
las Comunidades Europeas c. Bélgica, § 56, y ATJUE de 13 de junio de 1990, asunto 
Zwartveld y otros, § 19).
4.  La  negativa  a  solicitar  la  autorización  del  Congreso  de  los  Diputados  para 
continuar el proceso penal contra los demandantes de amparo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo funda en cuatro bloques argumentales su 
negativa a solicitar del Congreso de los Diputados autorización para continuar el proceso 
penal contra los demandantes por haber sido proclamados diputados electos ya iniciada  e
la fase de juicio oral y, en concreto, sus sesiones. bo
Desde la perspectiva constitucional –primer bloque argumental–, entiende que los  17ww
etésrtme iúnlotism «oi nncou llep apclaiónnt eoa  pnrioncgeusnaam diiefinctuol»ta dd,e pl uaerts.  7«1[l.]2o  qCuEe  «esl ocno ncslatirtousy»e.n tEel  qsuigisnoif icsaodmoe tdeer 
ap roacuetdoirmiziaecnióton  oprdairnlaamrioe nptoarr idae leitso sl a(a rrte. s3o8lu4c LióEnC rjuimd)ic, icaol nmfieorteiv ajuddaic iqaulme,e netne  eell  ‘ssteantuos ’ ddeel 
imputado, determinando, aun de forma interina o provisoria, la legitimación pasiva [que] 
constituye, al propio tiempo, presupuesto previo e indispensable de la acusación».
Aunque admite que no resulta «tan clara la respuesta para determinar lo que por 
inculpación debe entenderse», dada la variedad y ambigüedad de términos que emplea 
la LECrim, considera que, «[c]on independencia del sentido que se le quiera dar» a aquel 
vocablo, «el precepto constitucional contempla que la autorización de la cámara es 
precisa para la adopción de decisiones judiciales propias de la fase de instrucción o de la 
fase intermedia del proceso penal, ya que en tales fases es cuando se ‘inculpa o 
procesa’. Es decir, la necesidad de recabar la autorización parlamentaria opera en las 
fases procesales anteriores a la de juicio oral».
La Sala llega a idéntico resultado a partir del análisis de los arts. 11 RCD y 22.1 RS, 
dada  la  evidente  similitud  de  los  términos  que  utilizan  con  los  del  art.  71.2  CE, 
precisando, en relación con el inciso final del párrafo segundo del art. 22.1 RS, que «en 
el caso de que la persona que estando ya incursa en un proceso penal adquiera la 
condición de senador se precisa la autorización de la cámara, si el proceso ‘estuviere 
instruyéndose’, lo que supone una nueva referencia a una fase procesal anterior a la que 
se  encuentra  la  presente  causa».  En  definitiva,  «desde  el  análisis  del  bloque  de 
constitucionalidad» llega a la conclusión de que «la autorización de la cámara y el 
libramiento del correspondiente suplicatorio se requiere para tomar decisiones judiciales 
que afecten a un parlamentario en las fases del proceso penal anteriores a la del juicio 
oral».
Desde el ámbito de la legalidad ordinaria –segundo bloque argumental– la Sala parte 
de la necesidad, que ya ha puesto de manifiesto en anteriores resoluciones, de llevar a 
cabo una interpretación conforme al art. 71.2 CE y al principio de igualdad (art. 14 CE) 
de los preceptos legales que regulan la prerrogativa de la inmunidad (arts. 750 a 756 
LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912 de jurisdicción y procedimiento especiales en 
causas contra senadores y diputados), dado su carácter preconstitucional, así como de 
la  indispensabilidad  de  que  esta  prerrogativa,  «de  innegable  y  legítima 
constitucionalidad», sea «objeto de una interpretación restrictiva». Pues bien, desde esta 
perspectiva, la Sala estima que una interpretación gramatical y sistemática de aquella 
normativa (arts. 750 y 751 LECrim, y art. 5 Ley de 9 de febrero de 1912), asociada a la 
naturaleza de la prerrogativa, «avala la idea de que la autorización del órgano legislativo 
es necesaria "para procesar",  esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la 
condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al 
normal funcionamiento de las tareas legislativas». A su juicio, «[c]arecería de justificación 
constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del 
juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario», 
dado que «[n]o forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o 
senador –si su incorporación a las listas y su elección ha tenido lugar cuando ya se 
había iniciado el juicio oral– imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese 
proceso penal puede tener en la normal actividad de las cámaras». En otras palabras, en 
el caso de que la condición de diputado o senador se adquiera con posterioridad al auto 
de procesamiento, la mención en el art. 751, párrafo segundo, LECrim, «a un estatuto 
procesal muy concreto (‘procesado’) limita la necesidad de recabar autorización a una 
fase procesal anterior a la del juicio oral». En definitiva, considera que en el ámbito del 
procedimiento penal ordinario, por el que se tramita precisamente la causa seguida 
contra  los  ahora  demandantes  de  amparo,  «la  necesidad  de  recabar  la  previa 
autorización de la cámara legislativa solo rige para dictar auto de procesamiento». s
La Sala reconoce la novedad del supuesto que se le somete a consideración, lo que,  oe.
sin embargo, no es impedimento –tercer bloque argumental– para que en refuerzo de «la  w.
legitimidad  y  corrección  del  criterio  que  ahora  proclamados»  invoque  precedentes  17ww
erens oulunc imonoemse pnrtoop iparso cdees alal sd qisutein t«os ey  caonligteer ioqru e[a lla]  aduet o[rlaiz]a ccieólne bpraarcaió pnr odcee[dl]e jru eicsio p roercails»a. 
cAodnesmeácus eennteti ecnodne l aq upero plaia  inntaetruprraeletazcaió yn  fiqnuaelid saods dtiee nlae  p–rceurarortgoa tbivloaq duee  laa rignummuennidtaald–,  q«uees   BOE-A-cable e
no es otra que evitar que se utilice el proceso penal para alterar la composición y el 
funcionamiento de una cámara legislativa». En relación con esta última argumentación 
reproduce pasajes de las SSTC 98/1985, de 22 de julio, 206/1992, de 27 de noviembre, 
y 123/2001 y 124/2001, de 4 de junio.
Con base en las precedentes consideraciones, la Sala concluye que «[e]ste proceso 
penal se inicia antes de la elección como miembro de las Cortes Generales de alguno de 
sus  acusados»,  de  modo  que  «difícilmente  podría  sostenerse  que  su  iniciación  –y 
continuación– pretenden alterar la composición y el funcionamiento de la representación 
nacional que encarnan las Cortes Generales». Así pues, «no cabe entender que el 
presente proceso penal menoscabe el normal funcionamiento del Congreso o el Senado, 
cuando las elecciones legislativas de las que se deriva su actual composición ni siquiera 
estaban convocadas cuando se incoó, se finalizó la instrucción, se procesó y se acusó a 
los hoy diputado y senador y se iniciaron las sesiones del juicio oral». La exigencia de 
suplicatorio en la fase en la que se encuentra el proceso –afirma– «no constituiría un 
ejercicio razonable y proporcional de las prerrogativas parlamentarias, proporcionalidad 
que,  de  conformidad  con  la  doctrina  reiterada  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos […], debe evaluarse restrictivamente en los supuestos de hecho en los que, 
como es el caso, no existe una conexión clara entre los hechos en cuestión y la actividad 
parlamentaria».  En  fin,  aquella  exigencia  supondría,  a  su  juicio,  «una  interferencia 
irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional pues permitiría una ‘revisión’ o 
‘control’ del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a 
determinadas personas por el hecho de haber sido elegidos parlamentarios durante la 
celebración  del  juicio  oral  […],  convirtiendo  así  la  inmunidad  parlamentaria  en  un 
‘privilegio’ o ‘derecho particular’ de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no 
preservaría  la  composición  y  funcionamiento  de  las  Cortes  sino  que  vulneraría  el 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  en  su  vertiente  de  acceso  a  los  tribunales» 
(fundamento de Derecho segundo).
La Sala, al estimar, por las razones expuestas, que no era preciso en este caso 
solicitar autorización al Congreso de los Diputados para la continuación del proceso 
penal contra los demandantes de amparo, deniega la solicitud de suspensión de las 
sesiones del juicio oral, ya que «la suspensión opera solo en aquellos supuestos en los 
que la petición de suplicatorio resulta procedente» (art. 753 LECrim) [fundamento de 
Derecho tercero].
5.  La  regulación  constitucional  y  legal  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria.
Llegados aquí, hemos de afrontar la cuestión de si la interpretación que la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  ha  efectuado  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria, con base en la cual ha decidido no solicitar la autorización del Congreso 
de los Diputados para continuar el proceso penal contra los demandantes de amparo 
porque habían sido proclamados diputados electos ya iniciada la fase de juicio oral, y, en 
concreto, sus sesiones, vulnera el derecho fundamental de los recurrentes al ejercicio del 
cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE),  por  contravenir  el  art.  71.2  CE,  y,  en 
consecuencia, su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Nuestra labor de enjuiciamiento ha de ceñirse a dilucidar, sin que proceda concebir 
hipótesis distintas de las que trae causa el recurso de amparo, si aquella interpretación 
se cohonesta o no con el alcance, sentido y finalidad con los que la prerrogativa de la 
inmunidad se reconoce en el texto constitucional (art. 71.2 CE) y, por consiguiente,  e
resulta lesiva de aquellos derechos fundamentales. Hemos de reiterar, en orden a un  bo
adecuado encuadramiento de la queja de los recurrentes, que esta prerrogativa se  17ww
finutnedgaram eennta l edl ireescttaatmuse ntper oapfieoc tdaedlo  cfraerngtoe  paa rplaomsiebnletsa ricoo, ndster iccmioondeos  qilueeg ítieml ads erdeec hloa 
imguisamldaa de sy  ceol nd leorse crehqou aisli toesje qrcuicei os edñeall ecna rlagso  lepyúebsli c(oa rtr.e 2p3re.2s eCnEta).t ivSoo loe ns i ccoonndcilcuiyoénreasm does 
que se hubiera lesionado este derecho fundamental, podría entenderse vulnerado, como
resultado de esta lesión, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE; 
SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 3).
a)  El concreto aspecto de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ahora 
controvertido es el relativo a la necesaria autorización de las cámaras de las Cortes 
Generales para dirigir un proceso penal contra sus miembros. El art. 71.2 CE dispone al 
respecto que éstos «[n]o podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización 
de  la  cámara  respectiva».  Así  pues,  la  autorización  de  las  cámaras  ha  de  ser  ex 
Constitutione previa y para «inculpar» o «procesar» a cualquiera de sus miembros. Su 
solicitud, por lo tanto, ha de preceder a la «inculpación» o «procesamiento» de los 
diputados y senadores. Ese carácter previo y la apuntada finalidad de la autorización han 
quedado  además  reflejados,  como  no  podía  ser  de  otro  modo,  en  diversos 
pronunciamientos de este tribunal, al declarar, con unas u otras palabras, que aquella 
autorización  se  requiere  «para  inculpar  o  procesar»  (STC  9/1990,  FJ  4);  o  que  la 
inmunidad  protege  a  los  parlamentarios  «frente  a  inculpaciones  o  procesamientos» 
(STC 186/1989, FJ 2); o, en fin, que «la autorización a la cámara respectiva ha de ser 
solicitada en todo caso antes de que los diputados y senadores sean inculpados o 
procesados» (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5).
El precepto constitucional nada dice, ni ofrece pauta alguna para determinar el 
significado  de  las  expresiones  «inculpados»  y  «procesados»  (en  este  sentido, 
STC 123/2001, FJ 5). Tampoco de los trabajos parlamentarios de elaboración de la 
Constitución  –que,  conforme  a  una  reiterada  jurisprudencia  constitucional,  son  un 
elemento importante de interpretación, aunque no determinante, para desentrañar el 
sentido y alcance de las normas (por todas, STC 137/2020, de 6 de octubre)– cabe 
inferir ningún criterio hermenéutico, ya que, con la salvedad de incorporar la dimensión 
temporal de la inmunidad al texto del informe de la ponencia constitucional, la redacción 
del  precepto  permaneció  sustancialmente  inalterada  desde  el  anteproyecto  de 
Constitución,  de  modo  que  su  contenido  inicial  solo  fue  modificado  por  razones 
gramaticales.
De otra parte, en tanto que el término «inculpados» no aparece en nuestros textos 
constitucionales  anteriores,  no  ocurre  lo  mismo,  sin  embargo,  con  el  vocablo 
«procesados», que desde la Constitución de 1837 constituye la referencia al previo 
«permiso» o autorización» que los órganos judiciales debían solicitar de las cámaras 
para proceder contra su miembros, sin hacer mención a un acto procesal concreto, salvo 
en la Constitución de 1931, que requería aquella autorización «[si] algún juez o tribunal 
estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado» (art. 55).
En fin, también es necesario constatar que el constituyente ha limitado el ámbito de 
protección de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados y senadores ex art. 71.2 
CE a la prohibición de detención, salvo en caso de flagrante delito, y a la previa 
autorización de la cámara respectiva para que puedan ser «inculpados» o «procesados». 
De modo que no ha incluido en su ámbito constitucional otras facultades reconocidas a 
las cámaras en otros textos constitucionales, entre ellas, por ejemplo, la de dejar sin 
efecto la detención o el procesamiento de sus miembros o la de poder suspender la 
persecución o el procedimiento penal dirigido contra ellos (art. 56 de la Constitución 
española de 1931; art. 68 de la Constitución de la República Italiana de 1947; art. 46 de 
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, y art. 26 de la 
Constitución de la República Francesa de 1958).
Así pues, además de los condicionamientos materiales y hermenéuticos comunes e 
inherentes  a  la  naturaleza  jurídica  de  todas  las  prerrogativas  parlamentarias,  el  e.
constituyente ha acotado expresamente y con carácter individualizado cada prerrogativa,  w.b
singularizando su alcance y contenido en particular (en este sentido, STC 22/1997, FJ 7).  17ww
nEune lsot rqou oer daehnoaram iinetnetroe sdae,  uenl are dcoobnloec idmeileimntitoa ccioónns: tsituu cáiomnbailt od em laat einrimalu, nqiudea dc oems porbejentdoe  elna 
lpar ocháibmicairóan  rdees plae cdteivtae npcaióran , qsuaelv olo es nd cipaustoa ddoes f lya gsreannated odreelisto p, uye ldaa pnr esveiar  «aiuntcourilzpaacdioósn» d eo 
«procesados»; y, su ámbito temporal, que se extiende a todo el periodo del mandato 
parlamentario.
b)  Como hemos declarado en la STC 206/1992, la tarea de concretar y actualizar la 
prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, instituto característicamente vinculado a las 
condiciones  históricas  de  afirmación  y  de  consolidación  del  Estado  de  Derecho,  la 
encomienda la Constitución a sus destinatarios con un distinto nivel de responsabilidad. 
Aunque en dicha tarea está implicado en último término este tribunal, lo está antes que 
él, y sin poder sustituirlo, «el legislador, a quien le corresponde comprobar en qué 
medida  las  leyes  procesales  continúan  adecuándose  en  su  regulación  a  la  norma 
constitucional vigente. Y muy particularmente están implicadas las propias cámaras 
integrantes  de  las  Cortes  Generales,  no  ya  solo  a  través  de  su  potestad  de 
establecimiento de sus propios reglamentos (art. 72.1 CE), sino sobre todo a través de 
su tarea constante de formación de unos usos parlamentarios que siempre han sido 
consustanciales al régimen parlamentario y, por ende, al Estado de Derecho» (FJ 3).
Pues bien, los reglamentos de cada una de las cámaras de las Cortes Generales 
(arts. 11 RCD y 21.1 RS) regulan la prerrogativa de la inmunidad y, en particular, la 
exigencia de autorización para poder inculpar o procesar a los diputados y senadores en 
términos sustancialmente idénticos a los del art. 71.2 CE, con la adición en el caso 
del 21.1 RS de un inciso final, según el cual «[e]sta autorización será también necesaria 
en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose 
procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador». Esta última referencia procesal 
a las causas penales «que estuvieren instruyéndose», según ha sido interpretada por la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo a la luz del art. 71.2 CE en las resoluciones 
judiciales impugnadas, sitúa temporalmente la obligación de pedir suplicatorio en un 
momento  anterior  a  aquel  en  el  que  la  fase  de  instrucción  ha  sido  judicialmente 
declarada conclusa.
La Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las 
causas  contra  senadores  y  diputados,  y  los  arts.  750  a  756  LECrim  completan  la 
regulación de la prerrogativa. La pervivencia de esta normativa preconstitucional solo se 
explica por el olvido del legislador a los llamamientos efectuados por este tribunal para 
su actualización y acomodo al texto constitucional (STC 123/2001, FJ 5). En todo caso, 
la supremacía de la Constitución impone la interpretación conforme a la misma de 
aquella legislación.
6.  El  derecho  al  ejercicio  del  cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE)  y  el 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
En este marco normativo ha tenido que desenvolverse la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, cuya interpretación sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad que 
efectúa en los autos impugnados, en los que, con base en los razonamientos que se 
recogen  con  detalle  en  el  fundamento  jurídico  4  de  esta  sentencia,  determina  el 
significado de los términos «inculpación» y «procesamiento» a partir de la legislación 
procesal  penal  vigente,  no  puede  estimarse  vulneradora  del  derecho  de  los 
demandantes al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por no devenir 
contraria a las previsiones del art. 71.2 CE, ni, en consecuencia, de su derecho a un 
proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE).
La interpretación sostenida por la Sala, en primer lugar, es conforme a la letra o al 
sentido exacto y propio del art. 71.2 CE (STC 9/1990, FJ 4), que configura la previa 
autorización de la respectiva cámara como condición de procedibilidad expresamente  e
para inculpar o procesar a sus miembros (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5), no para  bo
el desarrollo de una fase posterior a las fases de instrucción o intermedia del proceso  17ww
Epenn oatl,r aesn  plaasla qburaes t,i eenne  sluug taern loar ,i neclu alprat.c 7ió1n.2 o  CeEl p nrooc eresqaumieieren tola,  cporemvoia e as ulato driezal jcuióicnio d oer alal. 
scoábmraervae nirdeasmpeecnttoe  ldae  coqnudieicnió, ne dneco dnitpráuntaddoos eo  ysae napdroocr eesna dloa  foa sein cduellp ajudioci,o  aodraqlu. ieEran 
definitiva, la interpretación que la Sala efectúa de la prerrogativa de la inmunidad en las
resoluciones judiciales recurridas es respetuosa con la redacción del citado precepto 
constitucional.
De  otra  parte,  dicho  criterio  hermenéutico  se  compadece  asimismo  con  la 
interpretación  necesariamente  estricta  que  ha  de  hacerse  de  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad, al no extenderla a un supuesto que no aparece contemplado explícitamente 
en el texto constitucional, como es la exigencia de autorización a las cámaras para 
continuar el proceso penal contra quien, habiendo sido ya procesado o inculpado, es 
proclamado miembro electo de una de ellas durante el juicio oral. La indispensabilidad de 
una interpretación estricta de la prerrogativa se impone, de acuerdo con la doctrina 
constitucional de la que se ha dejado constancia, en la medida en que, al poder suponer 
«una paralización, siquiera temporal, de la acción de la justicia y, en su caso, del derecho 
fundamental a la tutela de los Jueces, aparece prima facie, como una posible excepción 
a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el sometimiento de todos ‘al imperio 
de la ley como expresión de la voluntad popular’» (STC 206/1992, FJ 3). O, lo que es lo 
mismo, la necesidad de una interpretación estricta del alcance de la prerrogativa resulta 
de la prohibición de su entendimiento como «un privilegio» personal o como expresión 
«de  un  pretendido  ius  singulare»  establecido  a  fin  de  pretender  sustraer  los 
comportamientos de los diputados o senadores «del conocimiento o decisión de jueces y 
tribunales, [pues], la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con 
los valores de ‘justicia’ e ‘igualdad’ que el art. 1.1. CE reconoce como ‘superiores’ de 
nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, FJ 6). En esta misma línea, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, como ya se ha puesto de relieve, 
sobre la necesidad de dotar de un alcance restrictivo a la prerrogativa de la inmunidad, 
en cuanto excepción al régimen ordinario de enjuiciamiento de los delitos, a fin de evitar 
que sea utilizada por los representantes políticos como instrumento para eludir la acción 
de la justicia (STEDH asunto Uspaskich c. Lituania, § 91).
Por último, la interpretación judicial de la que discrepan los recurrentes en amparo se 
cohonesta  con  la  finalidad  institucional  que  se  persigue  con  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad y que permite «preservar su legitimidad» (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de 
evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el 
funcionamiento de las cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el 
ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE). En principio, parece evidente, como el 
abogado del Estado y el Ministerio Fiscal señalan en su escrito de alegaciones, que esa 
perturbación o alteración difícilmente se puede producir cuando el inicio del proceso 
penal y la conclusión de las fases de instrucción e intermedia, en las que se formaliza la 
inculpación o el procesamiento, tengan lugar con antelación a la adquisición de la 
condición de miembro de una de las cámaras legislativas. En este sentido, este tribunal 
ha declarado, ante la negativa a la concesión de un suplicatorio con ocasión de la 
presentación de una querella contra quien adquirió con posterioridad la condición de 
senador, que «no concurren elementos que permitan apreciar, en la interposición de la 
querella,  la  existencia  de  móviles  o  intenciones  referidos  al  funcionamiento  o 
composición del Senado. Al contrario, todo contribuye a poner de relieve que tales 
móviles o intenciones no pudieron existir, pues en el momento de formularse la querella, 
ni la persona frente a la que se dirigía tenía la condición de Senador, ni siquiera cabía 
aventurar que iba a serlo, ya que todavía no se habían convocado las correspondientes 
elecciones,  ni,  en  consecuencia,  eran  conocidas  las  candidaturas  a  estas» 
(STC 90/1985, FJ 7).
Desde la perspectiva de control que a este tribunal corresponde, hemos de concluir,  s
por lo tanto, que la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo efectúa de  oe.
la prerrogativa de la inmunidad en las resoluciones judiciales impugnadas es acorde con  w.
una correcta comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta  17ww
Cprooncsutritau,c tióann,t oc oemn oe l esne netli dtoe lelóoglóicgoi cdoe  dseu jleac ióranz oan alobsle l ímpriotepso rocbiojentaivliodsa dq uael  fiimn paoln eq ulea 
responde [SSTC 51/1985, FJ 6; 243/1988, FJ 3 A), y 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4].
Por consiguiente, la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en aplicación 
del enjuiciado criterio hermenéutico, de no solicitar la autorización al Congreso de los 
Diputados para continuar el proceso penal contra los demandantes de amparo no ha 
vulnerado su derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 
CE), ni, en consecuencia, su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 
CE). En efecto, aquellos aún no tenían la condición de diputados al formalizase su 
procesamiento –auto de 21 de marzo de 2018–, habiendo sido proclamados electos –2 
y 3 de mayo de 2019– iniciada ya la fase de juicio oral –auto de 25 de octubre de 2018–, 
formuladas las acusaciones y muy avanzado el desarrollo de sus sesiones –12 de 
febrero  de  2019–.  Las  elecciones  al  Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado,  por 
disolución  anticipada  de  las  cámaras  (art.  115  CE),  fueron  convocadas  por  Real 
Decreto 129/2019, de 4 de marzo; de modo que al inicio de la fase del juicio oral, incluso 
al comienzo de sus sesiones, la convocatoria electoral era cuando menos un hecho 
incierto, desconociéndose, por lo tanto, si los demandantes de amparo iban a formar 
parte  de  alguna  de  las  candidaturas  que  pudieran  presentarse.  Cuando  fueron 
proclamados electos, habían transcurrido ya tres meses desde que las sesiones del 
juicio dieron comienzo.
En  definitiva,  el  entendimiento  judicial  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria que los demandantes cuestionan es conforme al tenor del art. 71.2 CE, se 
adecua a la finalidad institucional de la prerrogativa y responde a una interpretación 
restrictiva de la misma, de modo que la decisión de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo recurrida en amparo no merece tacha alguna de constitucionalidad.
Por el contrario, la extensión de la prerrogativa de la inmunidad hasta el momento del 
dictado de la sentencia, como sostienen los recurrentes, ni se ajusta al tenor del art. 71.2 
CE,  ni  se  cohonesta  con  su  finalidad  institucional,  ni  es  congruente  con  una 
interpretación restrictiva de la misma. Tal extensión desborda un ejercicio razonable y 
proporcional de la prerrogativa en detrimento de derechos fundamentales y de otros 
valores constitucionalmente protegidos.
Tampoco resulta lesiva de los derechos fundamentales invocados en la demanda la 
decisión de la Sala de no suspender las sesiones del juicio oral, pues, como se razona 
en el auto de 14 de mayo de 2019, tal suspensión ex art. 753 LECrim solo procede en 
los supuestos en los que sea preceptivo solicitar el suplicatorio a las cámaras.
7.  La extrapolación de la STJUE de 19 de diciembre 2019 (asunto C-502/19) al 
recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones trae a colación la STJUE de 19 de 
diciembre de 2019, recaída en el asunto C-502/19, para rechazar su posible incidencia 
sobre el presente recurso.
La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo en una pieza separa de la causa especial núm. 20907-2017, con 
motivo  del  recurso  de  súplica  interpuesto  por  don  Oriol  Junqueras  Vies  contra  la 
denegación de un permiso penitenciario para acudir a la Junta Electoral Central para 
acatar la Constitución (art. 224 de la Ley Orgánica del régimen electoral general) tras ser 
proclamado diputado electo del Parlamento Europeo en las elecciones de 26 de mayo 
de 2019. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en dicha sentencia 
sobre el alcance de la inmunidad de la que gozan los miembros del citado Parlamento 
cuando se dirijan al lugar de reunión de la cámara o regresen de este (inmunidad de 
desplazamiento), en particular, cuando se dirijan a la primera reunión para la celebración  e
de la sesión constitutiva de la nueva legislatura y la verificación de las credenciales al  bo
objeto de tomar posesión del mandato (art. 9, párrafo segundo, del protocolo núm. 7,  17ww
sleovbarnet alomsi epnritvoi ledgei olas  my eladsid ian mdeu npirdisaidóens p droev lias ioUnnaiól nim),p yu essotbar ea  suin e dsitpau itnamdou neidleacdto i malp olibcaje teol 
de pLoad epra dteenstpel aazuasrseen cai ae sdae p ridimenetriad aredu dneió nla. materia objeto de dicha sentencia con el
asunto controvertido en este proceso –la necesidad o no de solicitar autorización de la
cámara legislativa para continuar las sesiones del juicio oral contra los demandantes de 
amparo– y la singularidad de los estatutos de los miembros de las asambleas concernidas 
en aquella –Parlamento Europeo– y en este –Congreso de los Diputados– ponen por sí 
mismos en evidencia, como sostiene el Ministerio Fiscal, la improcedencia de una posible 
extrapolación de los pronunciamientos contenidos en aquella sentencia a este recurso. Al 
respecto, resulta pertinente recordar que «ni existe, ni es concebible hoy, Derecho de la 
Unión Europea que discipline el concreto estatus de los representes elegidos para integrar 
los parlamentos de los estados miembros» [STC 97/2020, FJ 6 B) e)].
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Sánchez i Picanyol, don 
Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer  Callejón.–
Firmado y rubricado.