BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 204 Martes 28 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 58804
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8633 Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
Si bien establecer sin más un límite máximo a la duración de la instrucción se ha 
evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de 
delitos complejos, no es menos cierto que establecer ciertos límites a la duración de la 
instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables.
Como es sabido, el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y 
costes para el imputado. Por identidad de razón por la que en otros ámbitos (por ejemplo, 
en materia tributaria o sancionatoria) se establecen límites a la duración de las actividades 
inspectoras  o  instructoras,  debe  articularse  un  sistema  que  cohoneste  la  eficacia  del 
proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de 
defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable.
Artículo único.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real 
Decreto de 14 de septiembre de 1882.
Se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real 
Decreto de 14 de septiembre de 1882, que quedará con la siguiente redacción:
«1.  La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce 
meses desde la incoación de la causa.
Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible 
finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes 
podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
Las  prórrogas  se  adoptarán  mediante  auto  donde  se  expondrán 
razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, 
así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para 
la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará 
mediante resolución motivada.
2.  Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso 
del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración 
del mismo.
3.  Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el  e.
instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o  w.
bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias  33ww
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Disposición transitoria.  Procesos en tramitación.
La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el 
artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la 
presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial 
para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 27 de julio de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN