BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47601
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6612 Sala Segunda. Sentencia 66/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo  980-2020.  Promovido  por  don  Carlos  Carrizosa  Torres  y  otros 
diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña 
en relación con diversas resoluciones y actos de la presidencia de la cámara. 
Supuesta  vulneración  del  derecho  al  ejercicio  del  cargo  público 
representativo: discrepancias jurídicas acerca del titular de la presidencia de 
la Generalitat de Cataluña que no perturban las funciones representativas de 
los parlamentarios.
ECLI:ES:TC:2021:66
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 980-2020, promovido por don Carlos Carrizosa Torres, 
doña Lorena Roldán Suárez, don Joan García González, doña Laura Vílchez Sánchez, 
doña Sonia Sierra Infante, don Ignacio Martín Blasco, doña Marina Bravo Sobrino, doña 
Noemí de la Calle Sifré, don Jorge Soler González, don Matías Alonso Ruiz, don Juan 
María Castel Sucarrat, doña Susana Beltrán García, doña Carmen de Rivera Pla, don 
Francisco Javier Domínguez Serrano, don Antonio Espinosa Cerrato, don David Mejía 
Ayra, don Javier Rivas Escamilla, don Alfonso Sánchez Fisac, don Carlos Sánchez 
Martín,  don  Sergio  Sanz  Jiménez,  doña  Elisabeth  Valencia  Mimbrero,  don  Martín 
Eusebio Barra López, doña Blanca Navarro Pacheco, don José María Cano Navarro, 
doña María Francisca Valle Fuentes, doña Munia Fernández-Jordán Celorio, don Dimas 
Grajera Velaz, don Manuel Rodríguez de L’Hotellerie De Fallois, don Héctor Amelló 
Montiu, doña María del Camino Fernández Riol, don David Bertrán Román y doña 
Maialen Fernández Cabezas, representados por el procurador de los tribunales don José 
Luis García Guardia, contra: (i) los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 14 y de 27 de enero de 2020 que «rechazan implícitamente constatar la incapacidad 
de  don  Joaquim  Torra  i  Pla  para  seguir  ostentando  el  cargo  de  presidente  de  la 
Generalitat  a  raíz  de  la  concurrencia  en  el  mismo  de  la  causa  de  inelegibilidad 
sobrevenida  prevista  en  la  letra  b)  del  apartado  segundo  del  artículo  6  de  la  Ley 
Orgánica del régimen electoral general (LOREG) al haber sido condenado por sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 23 [debe decir 19] de diciembre 
de 2019»; (ii) la «decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de perturbar  e.e
ilegítimamente al grupo parlamentario Ciutadans», en el ejercicio de la función de control  b
e impulso de la acción del Gobierno de la Generalitat, al obligar a dirigir las preguntas de  12ww
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Cataluña de los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020». Han comparecido y formulado
alegaciones el letrado del Parlamento de Cataluña y don José Luis García Guardia, en 
representación de los recurrentes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 14 de 
febrero de 2020, el procurador de los tribunales don José Luis García Guardia, en 
nombre  y  representación  de  las  personas  anteriormente  mencionadas,  todos  ellos 
diputados y diputadas del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  los  actos  citados  en  el  encabezamiento,  por 
vulneración del ius in officium del art. 23.2 CE.
2.  El recurso de amparo, en lo que ahora es de interés, trae causa de los siguientes 
hechos:
a)  En fecha 19 de diciembre de 2019, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia, recaída en el procedimiento abreviado 
núm. 1-2019, por la que condenó a don Joaquim Torra i Pla, diputado en el Parlamento 
de Cataluña y presidente de la Generalitat, como autor responsable de un delito de 
desobediencia cometido por autoridad del art. 410.1 del Código penal, a las penas de 
multa de diez meses, con cuota diaria de 100 €, y de inhabilitación especial para el 
ejercicio de cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así 
como para el desempeño de funciones de gobierno en instituciones locales, autonómicas 
o del Estado por tiempo de un año y seis meses.
Dicha  resolución  fue  confirmada  por  la  sentencia  núm.  477/2020,  de  28  de 
septiembre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la que se desestimó el 
recurso de casación formalizado contra la anterior.
b)  Asimismo, la Junta Electoral Central, revocando un acuerdo previo de la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona, dictó el acuerdo núm. 2/2020, de 3 de enero, por el 
que  decidió  que:  (i)  concurría  en  el  señor  Torra  i  Pla  la  causa  de  inelegibilidad 
sobrevenida establecida en el art. 6.2 b) LOREG; (ii) dejó sin efecto su credencial de 
diputado en el Parlamento de Cataluña, y (iii) ordenó a la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona que, de modo inmediato, declarase la vacante como diputado del señor Torra i 
Pla, expidiendo la oportuna credencial al siguiente candidato de la lista de Junts per 
Catalunya en las elecciones celebradas el día 21 de diciembre de 2017.
Lo decidido por el acuerdo 2/2020 de la Junta Electoral Central se llevó a efecto por 
nuevo acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 10 de enero de 2020, 
notificado al presidente del Parlamento de Cataluña el día 15 de enero siguiente, que 
declaró la vacante como diputado del señor Torra i Pla y expidió la nueva credencial al 
candidato correspondiente.
El citado acuerdo de la Junta Electoral Central fue impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, dando lugar al procedimiento ordinario núm. 8-2020, seguido ante la Sección 
Cuarta de dicha Sala, actualmente pendiente de sentencia.
c)  En el seno del procedimiento ordinario núm. 8-2020, el Tribunal Supremo dictó el 
auto de 10 de enero de 2020 por el que acordó no haber lugar a la adopción de la 
medida cautelarísima de suspensión solicitada por la representación del señor Torra i Pla 
y decidió ordenar que prosiguiera la tramitación del incidente de suspensión, conforme a  es
lo establecido en el art. 131 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa,  bo
dando traslado por plazo de cinco días a la representación de la Junta Electoral Central y  12ww
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Central.
d)  En paralelo a la tramitación de las anteriores diligencias judiciales, el día 13 de 
enero de 2020 el grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña solicitó a 
la mesa de la cámara catalana y al presidente de la misma dar efectividad a la causa de 
inelegibilidad sobrevenida concurrente en el señor Torra i Pla, que había sido apreciada 
por la Junta Electoral Central y, a tal fin, interesaba en su escrito (registro núm. 55221) 
que, haciendo efectiva la pérdida de la condición de diputado del señor Torra i Pla, ya 
acaecida, con la pérdida, también, de la condición de presidente de la Generalitat de 
Cataluña, se dispusiera que: (i) se ordenara la inmediata publicación en el «Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña» de la pérdida de tales condiciones con efectos 
desde el mismo día 3 de enero de 2020; (ii) le fuera retirado el escaño asignado en el 
Parlamento de Cataluña y revocada cualquier delegación de voto, se suspendiera el 
devengo de derechos económicos y se le retirara cualquier credencial que hubiera 
ostentado hasta aquel instante; (iii) se comunicara al Pleno del Parlamento de Cataluña 
la  modificación  de  su  composición,  que  comportaba  la  pérdida  de  la  condición  de 
diputado del señor Torra i Pla; (iv) se organizara la adquisición de la condición de 
diputado y el acto de juramento o promesa y toma de posesión de don Ferrán Mascarell i 
Canalda; (v) se declarase la nulidad de los actos adoptados por el Parlamento de 
Cataluña a instancia de decisiones del señor Torra i Pla o desde el día 3 de enero 
de 2020 (convocatoria de la sesión del Pleno del Parlamento y los acuerdos adoptados 
en la misma); (vi) se comunicase al Consejo de Gobierno de la Generalitat la vacante de 
la presidencia de la Generalitat, a los efectos del art. 6 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre,  de  la  presidencia  y  del  gobierno  de  la  Generalitat  (en  adelante,  la 
Ley 13/2008); (vii) en cumplimiento del art. 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC) y del art. 4 de la Ley 13/2008, se iniciara el procedimiento de proposición al Pleno 
del Parlamento, de un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat; (viii) se 
adoptaran  todas  las  medidas  necesarias  para  que  cesara  «la  usurpación  de  las 
funciones de diputado del Parlamento de Cataluña y de presidente de la Generalitat que 
lleva[ba] realizando el señor Torra i Pla desde, al menos, el día 3 de enero de 2020; y (ix) 
en definitiva, se adoptaran «todas las medidas adecuadas y necesarias en Derecho para 
evitar que se siga cometiendo una ilegalidad, a lo que están debidamente obligados 
tanto la presidencia como la mesa como establece la legalidad parlamentaria».
e)  En su sesión núm. 123, celebrada el día 14 de enero de 2020, la mesa del 
Parlamento  de  Cataluña  analizó  la  anterior  solicitud.  En  primer  lugar,  el  secretario 
general expuso el contenido del informe de 13 de enero de 2020 elaborado por los 
servicios jurídicos de la cámara sobre el contenido y decisión adoptados por el acuerdo 
núm. 2-2020, de 3 de enero, de la Junta Electoral Central. Dicho informe concluía, en 
síntesis,  que:  (i)  fuera  de  un  proceso  electoral,  la  administración  electoral  no  es 
competente para declarar la incompatibilidad de un diputado del Parlamento y (ii) una 
interpretación sistemática, lógica y gramatical del Estatuto de Autonomía permite afirmar 
que la pérdida de la condición de diputado no afecta a la continuidad en el cargo de 
presidente de la Generalitat.
El  presidente  del  Parlamento,  a  continuación,  señaló  que  las  consideraciones 
jurídicas  del  citado  informe  constituían  la  base  del  futuro  recurso  contencioso-
administrativo contra el citado acuerdo de la Junta Electoral Central y propuso tratar de 
forma conjunta las solicitudes recogidas en los escritos que figuraban en el orden del día 
(el subgrupo Partit Popular de Catalunya había presentado otros dos escritos sobre el 
mismo asunto que el de Ciutadans).
Al respecto, se sucedieron las intervenciones de los distintos miembros de la mesa,  s
en unos casos para expresar su desacuerdo con el informe de los servicios jurídicos y  oe.
manifestar  que  el  acuerdo  de  la  Junta  Electoral  Provincial  debía  llevarse  a  efecto  w.
mediante la pérdida de la condición de diputado del señor Torra i Pla, lo que para tales  12ww
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se decidió: (i) interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 3 de enero de 2020, y (ii) encargar a los servicios jurídicos de la 
cámara catalana la elaboración del recurso.
f)  A la vista del anterior acuerdo de la mesa y del auto de 23 de enero de 2020 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que denegó la suspensión 
del acuerdo de la Junta Electoral Central, el grupo parlamentario Ciutadans presentó, en 
la misma fecha del 23 de enero, un nuevo escrito dirigido a la mesa del Parlamento 
(registro  núm.  56419)  en  el  que,  reiterando  «la  petición  de  dar  íntegro  y  pleno 
cumplimiento a las mencionadas resoluciones de la administración electoral», interesaba 
que se procediera de inmediato a: (i) «hacer efectiva la pérdida de la condición de 
diputado del señor Torra i Pla ya acaecida y la consiguiente pérdida de la condición de 
presidente de la Generalitat»; (ii) «retirar el escaño asignado hasta el momento al señor 
Torra i Pla» y (iii) «organizar el acto de toma de posesión del nuevo diputado de la lista 
electoral Junts per Catalunya que sustituyera al exdiputado señor Torra i Pla».
g)  El día 27 de enero de 2020, el secretario general del Parlamento de Cataluña 
informó por escrito a la mesa de que, en cumplimiento de lo que un nuevo acuerdo de la 
Junta Electoral Central le había requerido, procedía a dar instrucciones a los servicios de 
la cámara para hacer efectiva la pérdida de la condición de diputado del señor Torra i Pla.
h)  En la misma fecha del 27 de enero de 2020, en su sesión núm. 125, la mesa del 
Parlamento trató de forma conjunta los tres puntos del orden del días referidos a: (i) la 
solicitud de los grupos parlamentarios Ciutadans (registro núm. 56419, antes citada) y 
Partit  Popular  de  Catalunya  (registro  núm.  56520)  sobre  el  cumplimiento  de  las 
resoluciones de la administración electoral, y (ii) un escrito del secretario general del 
Parlamento por el que informaba de que había dado instrucciones a los servicios de la 
cámara para hacer efectiva la pérdida de la condición de diputado del señor Torra i Pla.
En el desarrollo de la sesión, el presidente del Parlamento manifestó que los escritos 
de los dos grupos parlamentarios citados, aunque dirigidos formalmente a la mesa, en la 
práctica instaban al presidente a realizar ciertas actuaciones, por lo que no requerían la 
intervención de aquella. Propuso tomar nota de ambos escritos, así como del presentado 
por el secretario general, sin perjuicio de que la presidencia tendría que actuar de la 
forma que considerara oportuna.
El  vicepresidente  segundo,  del  grupo  parlamentario  de  Ciutadans,  expresó  su 
acuerdo con lo anterior, pero subrayó que la mesa puede conminar al presidente a actuar 
como le reclamaba la Junta Electoral Central.
Por su parte, el vicepresidente primero, del grupo Junts per Catalunya, recordó que 
el secretario general debía actuar bajo la dirección del presidente de la cámara y que 
tanto el Pleno como la mesa se habían pronunciado en sentido contrario al escrito del 
secretario general, por lo que propuso acordar que este se dejara sin efecto. Ante esto, 
el presidente del Parlamento respondió que la decisión del secretario general era de 
carácter  técnico  y  que  la  mesa  no  debía  pronunciarse  sobre  ella,  ni  trasladar  la 
responsabilidad política a los funcionarios. Por ello, propuso que se tomara nota del 
escrito y de las solicitudes de los grupos, a todos los cuales el presidente daría la debida 
respuesta.
Otros miembros de la mesa intervinieron para respaldar el informe de los servicios 
jurídicos en punto a que el señor Torra i Pla mantiene su condición de diputado y de 
presidente de la Generalitat, criterio que, a su juicio, era el que debía seguir defendiendo 
la cámara.
Ante  la  propuesta  del  vicepresidente  primero  de  que  se  votara  el  escrito  del  s
secretario general, el presidente del Parlamento contestó que no consideraba pertinente  oe.
el debate político sobre tal escrito, pues únicamente tendría repercusión en la esfera  w.
administrativa;  a  lo  que  aquel  replicó  que  la  cuestión  no  era  administrativa  sino  12ww
apuatrolaomrgeanntaizraiac ióyn  qduee  las eG  eenstearbaalit apt royd udcei enlad oa uutonnao mvuíaln edrea cilóan  cádme alraa , ppouteesst aeds  deel 
reglaLma esenstoió dne f iensatlaiz óe l sqinu em eásst ainbtleercvíean laciso ncaeus sya ssi nd ea dcoepseta dr ed elocsis dióipnu atalgduonsa.. BOE-A-cable e
i)  En la sesión núm. 49 del Pleno del Parlamento de Cataluña, celebrada el día 12 
de febrero de 2020 para el ejercicio de las funciones de control al gobierno de la 
Generalitat, el presidente del Parlamento concedió la palabra al señor Torra i Pla, como 
presidente de la Generalitat, para que respondiera a las preguntas formuladas por el 
grupo parlamentario Ciutadans.
3.  La demanda de amparo alega que el ius in officium de los diputados recurrentes 
ha sido vulnerado por los acuerdos de 14 y de 27 de enero de 2020 de la mesa del 
Parlamento de Cataluña, así como por la concreta decisión del presidente de la cámara 
legislativa catalana de permitir que, en la sesión de control al Gobierno celebrada por el 
Pleno el día 12 de febrero de 2020, el grupo parlamentario ahora demandante tuviera 
que formular las preguntas de control, en cuanto dirigidas al presidente de la Generalitat, 
al señor Torra i Pla. En el parecer de los ahora demandantes, esta persona carecía de 
capacidad jurídica para ostentar dicho cargo de presidente de la Generalitat, por haber 
perdido la condición de diputado del Parlamento, al haber incurrido sobrevenidamente en 
la causa de inelegibilidad del art.6.2 b) LOREG.
A juicio de los recurrentes, tanto los acuerdos de la mesa que se han citado, como la 
decisión del presidente del Parlamento de obligarles a formular las preguntas de control 
a quien ya no sigue ostentando el cargo de presidente de la Generalitat, por haber 
perdido la condición de diputado del Parlamento, afecta al núcleo esencial de sus 
derechos de participación política, lo que fundamentan en las siguientes razones:
a)  La doctrina constitucional ha delimitado el contenido del derecho fundamental del 
art. 23 CE en los siguientes términos: (i) deben ponerse en conexión sus dos apartados, 
que quedarían vacíos de contenido si el representante político se viera perturbado en el 
ejercicio de sus funciones; (ii) es un derecho de configuración legal; (iii) no cualquier acto 
de  los  órganos  parlamentarios  que  infrinja  la  legalidad  es  lesivo  del  derecho 
fundamental, sino tan solo aquellos que afectan al núcleo de la función representativa 
parlamentaria; (iv) la mesa y la presidencia del Parlamento deben respetar el ius in 
officium  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tienen  reglamentariamente  atribuidas, 
motivando de manera expresa, suficiente y adecuada de toda resolución restrictiva del 
mismo;  (v)  el  control  constitucional  sobre  la  función  de  calificación  de  los  órganos 
parlamentarios es de carácter negativo, por respeto a la autonomía de las cámaras; (vi) 
lo cual no impide la posibilidad excepcional del control del contenido material de las 
iniciativas parlamentarias cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean 
«palmarias y evidentes» (cita la STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4) y (vii) la facultad de 
formular  preguntas  al  Gobierno  pertenece  al  núcleo  de  la  función  representativa 
parlamentaria (cita la STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 8, entre otras).
b)  A diferencia de lo que sucede con el presidente del Gobierno de la Nación, para 
ser presidente de la Generalitat se debe adquirir y mantener la condición de diputado del 
Parlamento. Así se deriva de una interpretación conjunta de los arts. 152 CE, 67.2 del 
estatuto y 4.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y 
del Gobierno. Con ello se pretende garantizar la vinculación permanente del presidente 
con el Parlamento a efectos de cumplir con las funciones de máximo representante del 
sistema  institucional  catalán,  cabeza  del  Gobierno  y  de  la  administración  de  la 
Generalitat y representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Prueba de 
lo  anterior  es  que  entre  las  incompatibilidades  del  presidente  de  la  Generalitat  se 
exceptúa expresamente la condición de diputado.
En el recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020  e
los propios servicios jurídicos del Parlamento defendieron que cabía interpretar que la  bo
pérdida  de  la  condición  de  diputado  también  acarreaba  la  de  presidente  de  la  12ww
GenLeara aliftiarmt.ación formulada de contrario de que la pérdida de la condición de diputado
sniom epslitsáta e ex pinlícciltuasmo ecnatbee p creavlifisictaar lean d lea  «Ldeiys p1a3r/a2t0e0 j8u rícdoicmoo» ,c pauuessa  edne  dciecshea  sleoyb rtaemvepnoidcao  sees 
prevén otras causas de cese como la pérdida de la nacionalidad española, la declaración
no firme de incapacidad o el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo a que se 
refiere el art. 155 CE.
c)  El efecto conjunto de los acuerdos de la mesa y del presidente del Parlamento 
que se cuestionan ha sido quebrantar el deber de constatar que el señor Torra i Pla 
incumple los requisitos para ostentar legítimamente la presidencia de la Generalitat, 
permitiendo la violación del derecho de representación política. Ante la petición de los 
recurrentes, la mesa se ha limitado a acordar que se impugnen las resoluciones de la 
administración  electoral.  Carece  de  sentido  jurídico  e  implica  una  injustificada 
desconsideración al efecto legal previsto en la LOREG que la mesa y el presidente 
rechacen anudar efecto alguno a la concurrencia de una incapacidad absoluta para el 
ejercicio de funciones representativas del señor Torra i Pla.
A través de los acuerdos impugnados, no solo se excluye dar efectividad a la 
incapacidad jurídica del señor Torra i Pla para ostentar función representativa alguna; 
sino que se le «rehabilita taumatúrgicamente» para detentar con apariencia de legalidad 
la  función  de  presidente  de  la  Generalitat;  y  se  construye  el  fundamento  de  la 
perturbación continuada al ejercicio de la función representativa de los recurrentes.
d)  Lo anterior ha dado lugar a la «imposición de un ineficaz o ilusorio control al 
Gobierno» al imponérsele la obligación de dirigir sus iniciativas de control a una persona 
carente de la capacidad jurídica para ostentar la presidencia de la Generalitat.
La formulación de preguntas es una facultad y, a su vez, una responsabilidad de los 
miembros  de  cualquier  cámara  de  representación,  que  debe  ejercerse  con  plena 
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la misma. Se trascriben, al respecto, los 
arts. 162 y 164 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Es evidente que se perturba 
ilegítimamente el ius in officium si se impone a los diputados que las preguntas sean 
respondidas por personas que no pueden ser miembros del Gobierno o presidente de la 
Generalitat, convirtiendo en «ineficaz» o «quimérica» la propia finalidad del control, 
equivalente  al  pretendido  por  conducto  de  un  simple  ciudadano  que  no  ostenta  la 
representación legal del Gobierno.
e)  Las decisiones impugnadas perturban ilegítimamente y de forma indefinida en el 
tiempo el ejercicio del control de la acción del Gobierno, de cualquier iniciativa de 
responsabilidad contra el presidente de la Generalitat (moción de censura y cuestión de 
confianza) y la participación en una nueva investidura. Esto es resultado, no de una 
interpretación razonable del estatuto sino de la anteposición de los intereses particulares 
de los grupos parlamentarios en que se integran el presidente del Parlamento y la 
mayoría de la mesa. Al rehabilitar la capacidad jurídica del señor. Torra i Pla al margen 
de  toda  legalidad,  se  quiebra,  además,  el  principio  de  igualdad  ínsito  al  derecho 
fundamental a la representación política.
Por todo ello, solicitan la estimación del recurso de amparo y la anulación de la 
decisión y de los acuerdos impugnados. Asimismo, por otrosí, solicitan la suspensión 
cautelar de los mismos.
4.  La  Sala  Segunda,  Sección  Cuarta,  de  este  Tribunal  Constitucional,  dictó 
providencia el día 24 de febrero de 2020 por la que acordó la admisión a trámite del 
recurso  de  amparo  y,  al  mismo  tiempo,  apreció  que  el  mismo  ofrece  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)]. En la providencia se indicaba, también, que, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 LOTC, se dirigía atenta comunicación a la mesa del Parlamento de Cataluña para 
que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o copia adverada de 
las actuaciones correspondientes a las decisiones del presidente del Parlamento de  e.
Cataluña y a los acuerdos de la mesa de 14 y 27 de enero de 2020, con emplazamiento  w.b
a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  la  parte  recurrente  en  12ww
ealm rpeacruor,s op adrea  aqmuep apruod. ieFrinaanl mcoemntpea, rseec eorr deenn ealb pal,a zdoe  dceo ndfoierzm didíaasd,  csoi na sloí  lsoo dliceistaedaob apno,r  elna 
parte actora, la formación de la pieza separada de suspensión.
5.  Una  vez  evacuado  el  trámite  de  alegaciones  en  la  pieza  separada  de 
suspensión, mediante ATC 52/2020, de 15 de junio, la Sala Segunda de este tribunal 
denegó la solicitud de suspensión cautelar.
6.  El día 13 de julio de 2020 ingresó en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones del letrado del Parlamento de Cataluña, en el que solicita la desestimación 
de la demanda, con base en los argumentos siguientes:
a)  Subraya, en primer lugar, las numerosas dudas jurídicas que se suscitan en el 
caso objeto de recurso, entre otras, las que se proyectan sobre la competencia de la 
administración electoral para acordar la pérdida de la condición parlamentaria de un 
diputado electo y que ha tomado posesión de su cargo; las relativas al alcance y 
aplicabilidad de los artículos 6.2 y 6.4 LOREG y la consideración de la administración 
electoral como administración pública a estos efectos; las que se proyectan sobre la 
competencia del Parlamento de Cataluña en materia del estatuto de los diputados en 
aplicación del principio de autonomía parlamentaria; las relativas a la interpretación 
extensiva de las causas de cese de un cargo público o, finalmente, las que se derivan 
del ejercicio de un derecho fundamental como causa excluyente de la antijuridicidad de 
esa conducta. Dichas dudas se han evidenciado durante los diversos procedimientos y 
actos jurídicos conexos con el que es objeto de este recurso. Cita, en apoyo de lo 
anterior, el voto particular discrepante al acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de 
enero de 2020, firmado por seis de sus trece miembros.
Se refiere, a continuación, a la posición mantenida por el Parlamento de Cataluña en 
contra  del  criterio  del  acuerdo  de  24  de  diciembre  de  2019  de  la  Junta  Electoral 
Provincial de Barcelona, por el que esta se declaraba competente para resolver las 
solicitudes planteadas por los recurrentes. Invoca el criterio que se mantiene en el 
recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 
de enero de 2020, según el cual, cuando se producen al margen de un proceso electoral, 
las  decisiones  de  aplicación  de  las  resoluciones  judiciales  a  los  parlamentarios 
corresponden a la cámara y no a la administración electoral.
b)  El letrado del Parlamento defiende que el vínculo jurídico que se establece entre 
la condición de diputado y de presidente de la Generalitat, derivado de los arts. 152 CE, 
67 EAC y 4 de la Ley 13/2008 es, exclusivamente, a los efectos de la elección del 
presidente y no de mantenimiento en su puesto.
Esta es la interpretación que considera más adecuada, por distintas razones: (i) hay 
más supuestos en el que el presidente deja de ser diputado y continúa como presidente, 
por ejemplo, cuando se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones [arts. 7 de la 
Ley 13/2008 y 24 d) del Reglamento del Parlamento]; (ii) ni la Constitución, ni el Estatuto 
ni la Ley 13/2008 establecen expresamente que la condición de diputado se tenga que 
mantener necesariamente una vez producida la investidura o durante todo el ejercicio del 
cargo; (iii) aunque el derecho fundamental del art. 23 CE puede limitarse por la ley, la 
causa  alegada  por  los  demandantes  no  está  expresamente  prevista,  e  interpretar 
extensivamente las causas de cese sería contrario a dicho precepto constitucional y a los 
convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España; (iv) el art. 67.7 
EAC solo prevé el cese del presidente de la Generalitat por condena penal firme que 
comporte  la  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  cargos  públicos;  (v)  la  doctrina 
constitucional ha sentado que las normas limitativas de los derechos y atribuciones de 
los representantes públicos deben interpretarse restrictivamente (cita, entre otras, la 
STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 3) y (vi) la propia Junta Electoral Central ha limitado la  e
competencia de la administración electoral exclusivamente a examinar si la condena  bo
impuesta al señor Torra i Pla integraba un supuesto de inelegibilidad, sin extenderla a la  12ww
condci)c ióSno dber ep rleossi dreenptreo dchee las  Gqeunee drairliigtaet .la demanda de amparo contra la mesa y el
parqeuseidllae natec odredló P, adrlea mceonntfoo,r mpoidnaed  dceo mn alnaisfi edsitsop oqsuiec ieonn elas  sreesgilóanm deen t1a4ri adse  reenlaetriova dse  a2 0l2a0s 
funciones de la mesa (art. 37 del Reglamento) y con el procedimiento de adopción de
decisiones (art. 42), interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo 
de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, por el que se declaraba que 
concurría  en  el  señor  Torra  la  causa  de  inelegibilidad  sobrevenida  prevista  en  el 
artículo 6.2 b) LOREG. En consecuencia, nada cabe reprochar a tal decisión de la mesa 
desde la perspectiva del procedimiento reglamentario.
En segundo lugar, en la sesión de 27 de enero de 2020 la mesa tomó nota de la 
comunicación del secretario general por la que informaba de que, en cumplimiento del 
requerimiento realizado por la Junta Electoral Central el 23 de enero de 2020, procedía a 
dar instrucciones a los servicios de la cámara para hacer efectivo el acuerdo de 3 de 
enero anterior, sin que se adoptara decisión alguna.
Asimismo, como se desprende del acta de dicha sesión, el presidente del Parlamento 
entendió que las solicitudes de los grupos parlamentarios de Ciutadans y del Partit 
Popular de Catalunya, aun cuando iban dirigidos formalmente a la mesa, no requerían la 
intervención de esta última en tanto en cuanto le instaban a él realizar unas actuaciones. 
El propio 27 de enero de 2020 por la tarde el presidente informó al Pleno de que no 
contabilizaría el voto del señor Torra i Pla.
El  letrado  aduce  que  las  anteriores  actuaciones  no  incurrieron  en  ningún 
incumplimiento  del  ordenamiento  jurídico.  La  mesa  no  adoptó  acuerdo  ni  decisión 
alguna, sino que tomó nota de una comunicación del secretario general. Asimismo, el 
presidente informó al Pleno, en la sesión de esa misma tarde, de que el voto del señor 
Torra no sería computado.
Prosigue  afirmando  que  es  lícito  que  un  grupo  parlamentario  discrepe  de  una 
comunicación  de  un  órgano  parlamentario,  pero  ello  no  le  faculta  para  impugnar 
actuaciones que tienen un mero contenido informativo solo porque no se adecuen a las 
consecuencias  jurídicas  que,  a  su  juicio,  se  extraen  de  una  decisión  judicial  o 
administrativa. Entiende que tales consecuencias deben ser valoradas por las más altas 
instancias judiciales.
d)  No  se  pueden  acoger  las  argumentaciones  de  los  recurrentes  sobre  las 
perturbaciones  al  ius  in  officium.  Las  pretensiones  del  recurso  de  amparo  se 
fundamentan más en una interpretación de las consecuencias jurídicas de la decisión y 
de los acuerdos objeto del recurso que en una afectación concreta y efectiva de un 
derecho o facultad propia de los recurrentes. Estos se inclinan por una determinada 
interpretación de una controversia compleja, cuya última decisión corresponde a las más 
altas jurisdicciones. No existe una sentencia firme relativa al caso, pese a lo cual los 
recurrentes  deducen  que  toda  actuación  de  los  órganos  parlamentarios  que  no  se 
adecue a sus peticiones debe ser considerada contraria al artículo 23 CE.
Parece evidente que de unos actos con un mero contenido informativo, plenamente 
respetuoso con la literalidad de las sentencias judiciales y los acuerdos administrativos 
mencionados, no puede derivarse ninguna afectación concreta y efectiva al derecho de 
las recurrentes. Y, por lo que concierne a la decisión de recurrir el acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 3 de enero de 2020, se adoptó de conformidad con el procedimiento 
reglamentario  y  no  produce  ninguna  afectación  a  los  derechos  de  los  recurrentes, 
aunque los demandantes discrepen.
Además, la argumentación de los recurrentes se torna en teórica e hipotética cuando 
afirman  que  la  perturbación  de  su  derecho  se  extendería  al  ejercicio  de  cualquier 
iniciativa tendente a exigir la responsabilidad política del presidente como sería la moción 
de censura, la cuestión de confianza, un eventual uso de la facultad de disolución 
anticipada o un nuevo procedimiento de investidura. Dicho razonamiento es contrario a  s
la naturaleza y finalidad del recurso de amparo, que no entra a revisar una simple  oe.
vulneración de la legalidad aplicable, sino solo en cuanto esta entraña la lesión de un  w.
derecho subjetivo de la parte actora, tal y como se deriva del art. 41.3 LOTC y la doctrina  12ww
conset)i tucEiol ngarul.po parlamentario recurrente no ha visto afectado el núcleo esencial de su
ldimerietacrh eol  an úlac lreeop reesseennctaiacl iódne  puonlaít ifcaac.u Lltoasd  aincthoesr eimntpeu agln daedroesc,h poo rd esu r ecpornetseennidtaoc, inóon  ppuoelídtiecna   BOE-A-cable e
que, en el caso objeto de recurso, sería la función de impulso y control de la acción de 
gobierno en su vertiente de formular preguntas al presidente.
Prueba de lo anterior es que el grupo parlamentario recurrente ha venido ejerciendo 
regularmente la función de impulso y control al Gobierno, tanto en el Pleno como en las 
comisiones parlamentarias. Así, los diputados recurrentes han venido presentando en el 
registro del Parlamento escritos, bajo la fórmula habitual de preguntas al presidente, y, 
por otra parte, han dirigido preguntas al señor Torra en todas las sesiones del Pleno 
desde la sesión plenaria núm. 48. En una perspectiva más global, tal y como consta en 
el registro del Parlamento, el grupo de Ciutadans ha presentado, en el periodo de 27 de 
enero a 7 de julio de 2020, un total de 403 preguntas al Gobierno a responder por 
escrito; 162 preguntas al Gobierno a responder oralmente en comisión; 15 preguntas al 
Gobierno a responder oralmente en el Pleno y, finalmente, 7 preguntas al presidente 
para su respuesta oral en Pleno. Esto demuestra que no ha habido ningún perjuicio 
efectivo y real al ejercicio de la función de impulso y control al Gobierno.
En razón de lo expuesto, solicita la desestimación del recurso de amparo.
7.  El  Ministerio  Fiscal  presentó  en  el  registro  de  este  tribunal  su  escrito  de 
alegaciones el día 30 de julio de 2020, con el contenido siguiente:
a)  Comienza con unas precisiones previas: en la sesión de la mesa de 14 de enero 
de 2020 se decidió interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo 
de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, pero no se pronunció sobre la 
solicitud formulada el 13 de enero por el grupo de Ciutadans para dar efectividad a la 
causa de inelegibilidad sobrevenida concurrente en el señor Torra y para hacer efectiva 
la pérdida de la condición de diputado. Por su parte, el segundo acuerdo impugnado, 
de 27 de enero de 2020, se limitó a tomar nota de la decisión del secretario general de 
instruir a los servicios de la cámara para hacer efectiva la pérdida de la condición de 
diputado, pero sin resolver sobre el resto de peticiones planteadas el día 23 de enero 
de 2020 por el grupo parlamentario, referidas a la pérdida de la condición de presidente 
de la Generalitat, la retirada del escaño y la organización de la toma de posesión del 
diputado sustituto.
Con base en lo anterior, el fiscal distingue dos niveles de reclamación: (i) uno, formal, 
mediante el que impugna dos acuerdos concretos de la mesa del Parlamento (de los 
días 14 y 27 de enero de 2020), y (ii) otro, material, por el que impugna un supuesto 
rechazo implícito por parte de la mesa de las peticiones planteadas por el grupo de 
Ciutadans en los días 13 y 23 de enero de dicho mes y año.
Según  el  fiscal,  el  recurso  de  amparo  no  puede  versar  sobre  lo  acordado 
formalmente por la mesa en las fechas indicadas, en primer lugar, porque los recurrentes 
no han esgrimido ninguna argumentación en su demanda contra esa dimensión formal 
de los acuerdos considerados, lo que revela que esa dimensión del problema carece 
para ellos de interés. Y, en segundo lugar, porque desde ese punto de vista formal el 
recurso de amparo carecería de cualquier trascendencia constitucional.
Así pues, entiende que en el presente recurso de amparo solo podrá analizarse la 
pretensión material deducida por el grupo recurrente, que no es sino el presunto rechazo 
implícito de las peticiones efectuadas a la mesa para que diera efectividad a la causa de 
inelegibilidad sobrevenida concurrente en el señor Torra i Pla e hiciera efectiva la pérdida 
de la condición tanto de diputado como de presidente de la Generalitat.
Aun así, tampoco habrán de analizarse las dos pretensiones de los recurrentes, ya 
que la primera de ellas encontró satisfacción extraprocesal, habida cuenta que el 27 de  e
enero de 2020 el presidente del Parlamento comunicó al Pleno la pérdida de la condición  bo
de  diputado  del  señor  Torra  i  Pla,  aunque  fuera  bajo  la  fórmula  de  reconocer  la  12ww
impoPsoibr itlaidnatod,  deel  úconmicop uotbajre stou  pvoostoib.le del recurso de amparo son los acuerdos de la mesa
smeeñnocri oTnoarrdao si  P«lean p cauraan stoe ghuairb roíastne nretacnhdaoz aedlo c aimrgpolí cditea mpreenstied ecnotnes dtaet alra  laG einncearpaalitcaidt aad  rdaeízl 
de la concurrencia en el mismo de la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el
art. 6.2 b) LOREG, una vez condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de fecha 23 [debe decir 19] de diciembre de 2019».
b)  Definido  el  núcleo  central  del  recurso,  el  fiscal  aborda  el  cumplimiento  del 
requisito de agotamiento de la vía parlamentaria interna, como exige el art. 42 in fine 
LOTC. Al respecto, lo que hicieron los recurrentes fue reiterar mediante el escrito de 23 
de enero de 2020 su petición de 13 de enero anterior, lo que pone de manifiesto su 
voluntad de someter de nuevo la cuestión a la consideración del órgano parlamentario. 
Por ello, concluye que se agotó debidamente la vía parlamentaria.
Respecto  de  la  decisión  del  presidente  del  Parlamento,  adoptada  en  la  sesión 
número 49 del Pleno, de que las preguntas de control se dirigieran al señor Torra, no es 
tanto una impugnación autónoma, sino el momento en que las decisiones presuntivas de 
la mesa de los días 14 y 27 de enero de 2020 ganaron firmeza. Ahora bien, en el caso 
de que quisiera dársele sustantividad propia, resultaría que no ha sido sometida a 
ninguna clase de reconsideración, por lo que sería inadmisible, con arreglo al art. 50.1 a) 
LOTC.
c)  Tras recordar la doctrina constitucional sobre el art. 23.2 CE, el fiscal destaca 
que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium 
lesiona el derecho fundamental. Centrándose en el caso aquí planteado, considera que, 
desde un punto de vista político, que no es el que aquí interesa, el silencio de la mesa 
sobre  las  peticiones  del  grupo  recurrente  puede  entenderse  como  una  denegación 
presunta. Pero la realidad de los hechos –añade– «no parece compadecerse bien con 
esta conclusión». Al contrario, sobre la capacidad o incapacidad del señor Torra i Pla 
para continuar ostentando el cargo de presidente de la Generalitat, la mesa «no adoptó 
decisión alguna mínimamente congruente con lo solicitado».
A continuación, el Ministerio Fiscal recuerda que son funciones de dicho órgano, 
conforme al art. 37.3 del Reglamento, las de: (i) calificar los escritos y documentos de 
índole parlamentaria y declarar su admisión o inadmisión a trámite [letra d)]; (ii) decidir su 
tramitación de conformidad con el Reglamento [letra e)], y (iii) adoptar las decisiones que 
requirieran las tramitaciones parlamentarias en caso de duda o laguna reglamentaria 
[letra a)].
Por tanto, ante los escritos presentados, la principal obligación de la mesa era 
calificarlos, declarar su admisión o inadmisión y decidir sobre su tramitación. Y esto es 
precisamente lo que no hizo. Pero –añade–, de tal inacción no puede desprenderse que 
rechazara implícitamente constatar la incapacidad del señor Torra i Pla para ostentar el 
cargo de presidente, habida cuenta que entre las funciones de la mesa no se encuentra 
la  de  adoptar  decisiones  de  fondo  sobre  las  cuestiones  que  le  hagan  llegar  para 
calificación, admisión o inadmisión y, en su caso, tramitación. De modo que si la mesa no 
podía  adoptar  una  decisión  expresa  sobre  lo  solicitado  por  el  grupo  parlamentario 
recurrente,  tampoco  podía  dar  lugar,  con  su  inactividad,  a  un  acto  presunto 
desestimatorio de esas pretensiones. Lo que no ha de impedir afirmar que la mesa 
«incurrió en una completa dejación de funciones, al prescindir de su esencial misión 
jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de la cámara para mayor 
eficiencia,  verificando  la  regularidad  jurídica  y  la  viabilidad  procedimental  de  las 
iniciativas  del  grupo  parlamentario  Ciutadans  […]  disponiendo  acto  seguido  lo  que 
entendiera  procedente,  todo  lo  cual  debería  además  haber  motivado  de  modo 
suficiente».
A partir de la doctrina constitucional sobre el ius in officium, el fiscal considera que 
todo parlamentario tiene derecho a que sus iniciativas sean consideradas, calificadas y  s
admitidas o inadmitidas a trámite por la mesa, todo ello, de forma motivada (cita la  oe.
STC 64/2002, de 11 de marzo). Así pues, resulta indiscutible que, al no haber obrado así,  w.
ocasionó la vulneración del art. 23.2 CE e, indirectamente, también la del art. 23.1 CE. 12ww
otordg)a mPieonrt oú ldtieml oa, mapbaorrod as oelilc pitarodbol.e mEna  pdrein scii pliao  a–natfeirrmioar –c, opnucdluiesrióan p aprueecdeer  ceovniddeunctier  laal 
nreos phuaens tap laanfirtemaadtoiv ae. l Spinro ebmlebmaarg oe,n  nloo slo  teésrm. Linao sd ifdiceusltcardit oess, trsibinao e nq uqeu eh alons  orepctaudrroe npteosr   BOE-A-cable e
entender que los acuerdos impugnados constituyeron por sí mismos una «denegación 
presunta» o un «rechazo implícito» de su pretensión de que se constatara la incapacidad 
del señorTorra i Pla para seguir ostentando la condición de presidente de la Generalitat, 
centrando toda su argumentación en que la pérdida de la condición de diputado lleva 
consigo la de aquella.
Por lo anterior –prosigue– «si ahora se informara a favor de la estimación del 
presente recurso de amparo en los precisos términos que resultan de este dictamen, se 
estaría informando favorablemente una pretensión de amparo (entendida como relación 
de congruencia entre el petitum y la causa petendi) completamente distinta de la que, en 
realidad, ha sido planteada en esta vía constitucional». Así pues, considera que la 
pretensión realmente deducida en la vía de amparo no puede prosperar, ya que parte de 
que la inacción de la mesa puede interpretarse como una resolución presunta, lo que no 
puede ser asumido. Interesa, en consecuencia, la íntegra desestimación de la demanda 
de amparo.
8.  Por escrito que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 31 de julio 
de 2020, don José Luis García Guardia, en su condición de recurrente en amparo, 
presentó alegaciones con el contenido que se expone a continuación:
a)  Al soslayar la incapacidad jurídica absoluta del señor Torra i Pla en el ámbito del 
Parlamento de Cataluña se permite que siga detentando ilegítimamente la condición de 
presidente de la Generalitat. Reproduce un extracto del auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (Sala Civil y Penal) de 24 de febrero de 2020, según el cual «no 
existe el automatismo ex lege entre la pérdida sobrevenida de la condición de diputado y 
el cese del presidente de la Generalitat sino que tal cuestión debe ser analizada según 
afirma la Junta Electoral Central en la resolución de 3/1/2020 (FJ 5, punto sexto) por el 
propio Parlamento de Cataluña, cuyas decisiones o inactividad al respecto pueden ser, 
en su caso, recurridas ante la jurisdicción constitucional competente. No existe, pues, 
ningún acto jurídico ni del Parlamento de Cataluña ni de ningún tribunal por el que se 
haya dispuesto el cese del querellado del cargo de presidente de la Generalitat».
b)  Teniendo en cuenta la vocación de permanencia indefinida en el tiempo de los 
acuerdos y decisiones impugnadas mediante el recurso, se está vulnerando el derecho 
fundamental  de  representación  política  de  los  recurrentes,  por  la  imposibilidad  que 
padecen los diputados de dar simultáneo cumplimiento a su deber de participar en la 
actividad  parlamentaria  sin  perturbaciones  y  ejercer  su  función  representativa  con 
respeto a la Constitución (cita la STC 46/2018, de 26 de abril).
c)  Las vulneraciones del derecho fundamental que han provocado los acuerdos y 
las decisiones de los órganos parlamentarios son especialmente graves porque se han 
adoptado con pleno conocimiento de su antijuridicidad. De hecho, la mesa desconsideró 
intencionadamente las advertencias de algunos de sus miembros y de la asistencia 
letrada, con lo que defraudó el derecho de los parlamentarios recurrentes a que los 
órganos  rectores  de  la  cámara  resolvieran  sus  facultades  de  revisión  conforme  a 
Derecho y no a criterios políticos (cita la STC 136/2018, de 13 de diciembre). Esa 
reiterada, conocida y palmaria inconstitucionalidad implicaba, por tanto, que el propio 
estatuto de los miembros del Parlamento de Cataluña quedase desligado de las normas 
que los reconocen y anclan en nuestro ordenamiento democrático. Desvinculado el 
Parlamento de la Constitución, se producía una injustificada perturbación del ius in 
officium de los parlamentarios recurrentes.
Por lo anterior, solicita la estimación del recurso de amparo y que se declare la  oe.
vulneración  del  derecho  de  los  recurrentes  a  la  participación  en  asuntos  públicos  w.
reco9n.o cPidoor  epnr oevl idaertn. c2i3a  CdeE .11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación  2021-6612n https://ww
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y pretensiones de las partes.
El presente proceso tiene por objeto resolver el recurso que plantean treinta y dos 
diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña 
contra: (i) los acuerdos de la mesa de 14 y de 27 de enero de 2020 que «rechazan 
implícitamente  constatar  la  incapacidad  de  don  Joaquim  Torra  i  Pla  para  seguir 
ostentando el cargo de presidente de la Generalitat a raíz de la concurrencia en el mismo 
de la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en la letra b) del apartado segundo del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) al haber sido 
condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 23 
[debe decir 19] de diciembre de 2019»; (ii) la «decisión del presidente del Parlamento de 
Cataluña de perturbar ilegítimamente al grupo parlamentario Ciutadans», en el ejercicio 
de la función de control e impulso de la acción del Gobierno de la Generalitat, al obligar a 
dirigir las preguntas de control «a una persona carente de capacidad jurídica para 
ostentar dicho cargo de presidente de la Generalitat y, por tanto, de ser representante del 
Gobierno de la Generalitat en las sesiones plenarias del Parlamento de Cataluña», y (iii) 
la «concreta aplicación de dicha decisión durante la sesión número 49 del Pleno del 
Parlamento de Cataluña de los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020».
En los términos detallados en los antecedentes, los recurrentes alegan que «el efecto 
conjunto de los acuerdos de la mesa y la decisión del presidente del Parlamento [ha 
sido] quebrantar su deber estatutario y legal de constatar el incumplimiento por el señor 
Torra  del  requisito  para  ostentar  legítimamente  la  condición  de  presidente  de  la 
Generalitat», a raíz de su inhabilitación por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 19 de diciembre de 2019 que, en el momento de adoptarse los actos 
citados, no era firme.
Los diputados demandantes de amparo consideran que, con lo anterior, se vulneró 
su  derecho  de  participación  política  del  art.  23.2  CE,  lo  que  se  habría  puesto  de 
manifiesto, en concreto, durante la sesión número 49 del Pleno, en la que se les obligó a 
dirigir sus preguntas de control a quien, a su juicio, había perdido la capacidad jurídica 
para ser presidente de la Generalitat.
El letrado del Parlamento solicita la desestimación del recurso con los argumentos 
siguientes: (i) la pérdida de la condición de diputado no lleva consigo la de presidente de 
la Generalitat; (ii) la decisión de la mesa de 14 de enero de 2020 de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero 
de 2020 se adoptó conforme al Reglamento; (iii) en la sesión de 27 de enero siguiente, la 
mesa se limitó a tomar nota de la comunicación del secretario general de que los 
servicios de la cámara harían efectiva la pérdida de la condición de diputado del señor 
Torra i Pla y (iv) los diputados recurrentes han venido ejerciendo regularmente la función 
de control al Gobierno y a su presidente.
El Ministerio Fiscal precisa que el recurso no debe centrarse en la impugnación 
formal de los dos acuerdos de la mesa que se mencionan, sino en la queja material que 
se plantea, que es la negativa a considerar que el señor Torra i Pla incurre en causa de 
incapacidad sobrevenida para ser presidente de la Generalitat. A su juicio, el que las 
preguntas de control se dirijan a dicha persona no es más que una consecuencia de lo 
anterior, por lo que no debe tratarse de forma autónoma. Aunque considera que la mesa 
debería haber dado una respuesta motivada a las solicitudes del grupo parlamentario de 
Ciutadans, concluye que esta no es la queja realmente deducida y que, dado que la  e
demanda no puede reconstruirse, el recurso debe desestimarse. bo
Por último, don José Luis García Guardia, en representación de los recurrentes,  12ww
reitera los argumentos de la demanda y solicita su estimación.
2.  Precisiones sobre el objeto del recurso.
Antes de examinar la queja planteada por los diputados recurrentes es necesario 
realizar algunas precisiones sobre su objeto.
Según consta literalmente en el suplico, el recurso de amparo se dirige contra:
«1.  Decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de perturbar ilegítimamente 
al Grupo Parlamentario de Ciutadans el ejercicio de la esencial función de control e 
impulso de la acción del Govern de la Generalitat al obligar a dirigir las preguntas de 
control al presidente de la Generalitat a una persona carente de la capacidad jurídica 
para  ostentar  dicho  cargo  de  presidente  de  la  Generalitat  y,  por  tanto,  de  ser  el 
representante del Govern de la Generalitat en las sesiones plenarias del Parlamento de 
Cataluña.
2.  Asimismo, la concreta aplicación de dicha decisión durante la sesión número 49 
del Pleno del Parlamento de Cataluña de los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020.
3.  Acuerdos de la mesa de 14 de enero de 2020 y 27 de enero de 2020 que 
rechazan  implícitamente  constatar  la  incapacidad  del  señor  Torra  i  Pla  para  seguir 
ostentando el cargo de presidente de la Generalitat a raíz de la concurrencia en el mismo 
de la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 6 LOREG, al haber sido condenado por sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 23 [debe decir 19] de diciembre de 2019.»
a)  Como observa el Ministerio Fiscal, aunque la demanda impugna formalmente los 
actos citados, la denuncia material es que no se acogiera la solicitud de los recurrentes 
de considerar que el señor Torra i Pla había cesado en el cargo de presidente de la 
Generalitat.
Los diputados de Ciutadans habían pedido que se constatara su cese tanto en la 
condición de diputado como de presidente. La primera pretensión encontró satisfacción 
extraprocesal (STC 40/1982, de 30 de junio, FJ 1), una vez que el Parlamento, en 
cumplimiento del acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, y pese a 
impugnarlo en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo (recurso núm. 
8-2020, pendiente de resolución al tiempo de dictarse la presente sentencia), accedió a 
retirar la condición de diputado al señor. Torra i Pla. Por consiguiente, el objeto de 
nuestro  examen  debe  centrarse  en  el  aspecto  de  la  solicitud  de  los  diputados  de 
Ciutadans  que  no  fue  atendido  por  los  órganos  de  la  cámara,  es  decir,  que  se 
considerara  que  el  señor  Torra  i  Pla  había  incurrido  en  una  causa  de  cese  como 
presidente de la Generalitat y se iniciara el procedimiento de investidura de un nuevo 
candidato a la presidencia.
También debemos coincidir con el fiscal en que el hecho de dirigir las preguntas de 
control al señor Torra i Pla es consecuencia de que continúe en el cargo de presidente 
de la Generalitat, queja a la que aquella va ligada.
En tercer lugar, se observa que lo denunciado no es tanto la falta de respuesta a la 
solicitud planteada como que los órganos de la cámara mantuvieran un criterio contrario 
al de los diputados de Ciutadans acerca de si concurría o no una causa de cese en la 
presidencia de la Generalitat.
Efectivamente, de la demanda se colige que los diputados conocen las razones de 
los  órganos  parlamentarios  cuando  afirman  que  es  «manifiestamente  infundada  la 
simplista afirmación empleada por el presidente del Parlamento de Cataluña y la mesa 
del  Parlamento  de  Cataluña  para  no  dar  efectividad  a  la  necesaria  pérdida  de  la  s
condición de presidente de la Generalitat del señor Torra i Pla a consecuencia de la  oe.
pérdida  de  la  condición  de  diputado  del  Parlamento  consistente  en  que  no  está  w.
ejduxerpí dllaíicc idotae»mm), ealnont deca ie)p.rr teMov áiessts a a qleluáne  d laec o Lqneuoyec  eddneis  plcarr eerpsaiezdnóe nnd cediale  a yrq gugueom bneieonr tnosoe  ( dqineui ecl aiec a Gllaief incineavrnae ldsitteaid t»«u dr(aips ápdgae.r  au1tne9    2021-6612n https://ww
nuevo presidente. Además, en las sesiones de la mesa de 14 y 27 de enero de 2020,
con la asistencia de dos miembros del grupo parlamentario Ciutadans, se analizó el
informe  emitido  por  los  servicios  jurídicos  de  la  cámara  sobre  los  requisitos  para 
continuar como diputado y como presidente del gobierno autonómico, con intervenciones 
a favor y en contra del criterio de dicho informe.
Así  las  cosas,  una  vez  depurada  de  las  imprecisiones  con  que  se  formula 
(STC 81/1991, de 22 de abril, FJ 3), la queja realmente deducida es que la mesa y el 
presidente del Parlamento no han dado debida observancia a lo que los demandantes 
consideran el «deber de constatar que el señor Torra i Pla incumple los requisitos para 
ostentar legítimamente la presidencia de la Generalitat, permitiendo la violación del 
derecho de representación política» (pág. 20 de la demanda).
b)  Resulta obligado hacer una precisión adicional acerca de cuál es el órgano 
parlamentario  que  habría  incurrido  en  la  falta  de  actuación  denunciada  por  los 
recurrentes, puesto que estos dirigen su queja contra el presidente y la mesa de manera 
indiferenciada.
Tal y como se ha expuesto en los antecedentes, la solicitud del grupo parlamentario 
de Ciutadans de 13 de enero de 2020 para que se declarase que el señor Torra i Pla 
había perdido la condición de diputado y, por entenderla unida a esta, también la de 
presidente del gobierno autonómico, fue dirigida a la mesa, que la incluyó en el orden del 
día de su sesión núm. 123, celebrada el día 14 siguiente. En esta sesión la mesa decidió 
impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el acuerdo 
de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, que declaró que el señor Torra i Pla 
había incurrido en la causa de inelegibilidad sobrevenida del art. 6.2 b) LOREG, a raíz de 
la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 19 de diciembre de 2019.
El 23 de enero siguiente, el grupo parlamentario reiteró la solicitud anterior mediante 
un segundo escrito, también dirigido a la mesa, que fue incluido en el orden del día de la 
sesión núm. 125, celebrada el día 27 siguiente. Al comienzo de la sesión, el presidente 
aclaró  que,  tanto  esa  solicitud  como  otra  análoga  presentada  por  el  subgrupo 
parlamentario del Partit Popular de Catalunya, «pese a ir dirigidas formalmente a la 
mesa, en la práctica instan al presidente a hacer determinadas actuaciones y, por tanto, 
no requieren la intervención de la mesa». Por ello, propuso tomar nota «sin perjuicio de 
que la presidencia tenga que actuar de la manera que estime más oportuna» (pág. 2 del 
acta de la sesión).
El vicepresidente segundo de la mesa, del Grupo Parlamentario de Ciutadans, se 
mostró conforme con que se tomara nota, aunque matizó que «la mesa puede conminar 
al presidente a actuar en el sentido que demanda la Junta Electoral Central» y preguntó 
al presidente del Parlamento «si hará efectivo el acuerdo de la Junta Electoral Central en 
el Pleno de la tarde». En efecto, en la misma sesión, el secretario general comunicó que 
los servicios de la cámara harían efectiva la pérdida de la condición de diputado del 
señor Torra i Pla y en el Pleno celebrado ese mismo día 27 de enero por la tarde el 
presidente anunció que su voto no sería computado.
c)  A la vista de lo anterior, cabe avanzar ya que la competencia para iniciar una 
nueva investidura, por concurrir una causa de cese del actual presidente, correspondía al 
presidente del Parlamento y no a la mesa, según establece el art. 4.2 de la Ley 13/2008, 
conforme al cual: «[e]n el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la 
legislatura, o en el plazo de los diez días siguientes al hecho causante de otro de los 
supuestos en los que corresponda proceder a la elección, el presidente o presidenta del 
Parlamento, previa consulta a los representantes de los partidos y grupos políticos con 
representación parlamentaria, debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la  s
presidencia de la Generalidad». oe.
Dado que incumbía al presidente del Parlamento valorar si se había producido el  w.
«hecho causante» del cese y proponer un candidato a la investidura como presidente de  12ww
loaf fGicieunme rqaulieta at,n au déal ns ear íeas itmo ploust arbelceu rerle nnote hsa.berlo hecho y, en su caso, la lesión del ius in
3.  Doctrina constitucional aplicable.
a)  Una  vez  efectuadas  las  precisiones  anteriores,  conviene  recordar  que  este 
tribunal tiene una consolidada doctrina sobre el contenido y alcance del ius in officium de 
los parlamentarios, cualquiera que sea el órgano legislativo al que pertenezcan. Esta 
doctrina puede resumirse en la declaración de que el art. 23.2 CE es un derecho de 
configuración legal, cuyo contenido se extiende al acceso y permanencia en el ejercicio 
del  cargo  representativo,  así  como  a  desempeñarlo  de  acuerdo  con  la  ley,  sin 
constricciones o perturbaciones ilegítimas, correspondiendo establecer su delimitación, 
sentido y alcance a los reglamentos parlamentarios. Ahora bien, «‘no cualquier acto del 
órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho 
fundamental, pues solo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o 
facultades  atribuidos  al  representante  que  pertenezcan  al  núcleo  de  su  función 
representativa parlamentaria, siendo vulnerado el artículo 23.2 CE si los propios órganos 
de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la 
naturaleza  de  la  representación  o  la  igualdad  de  representantes’  [por  todas, 
STC 47/2018, FJ 3 b)]» (STC 96/2019, de 15 de julio, FJ 3).
Además, «[e]sta garantía adquiere especial relevancia cuando se trata, como sucede 
aquí, de representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que 
ello comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través 
de la institución de la representación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 
CE» (STC 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 5, y las que se citan en ella).
b)  Asimismo,  es  doctrina  constitucional  consolidada  que  «resulta 
constitucionalmente improcedente que el derecho del art. 23.2 CE pretenda ser ejercido 
por sus titulares frente a actuaciones de las cámaras que no inciden negativamente en el 
núcleo de su función representativa, ya sea obstaculizándola directa o indirectamente, ya 
sea  discriminándoles  respecto  de  otros  supuestos»,  puesto  que  «el  ius  in  officium 
tutelado por el art. 23.2 CE no implica un derecho fundamental genérico al respeto de la 
legalidad parlamentaria» y debe reconocerse que «los órganos rectores de las cámaras 
disponen de un margen en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este 
tribunal no puede desconocer» (ATC 262/2007, de 25 de mayo, FJ 2). En conexión con 
lo anterior, «[s]i bien la ausencia de una vía judicial previa disminuye las posibilidades de 
control jurisdiccional de las decisiones parlamentarias sin fuerza de ley, no es posible 
ampliar el recurso de amparo del art. 42 LOTC para dar cabida en el mismo a decisiones 
parlamentarias  no  susceptibles  de  vulnerar  derechos  fundamentales.  Ello  no  solo 
implicaría una desnaturalización de nuestra jurisdicción de amparo, sino también una 
inevitable intromisión en la autonomía parlamentaria constitucionalmente garantizada 
que este tribunal también debe garantizar» (ATC 262/2007, FJ 6).
c)  Por último, se debe recordar nuestra doctrina, aplicable con independencia de la 
modalidad de recurso de amparo de que se trate, de que «el recurso de amparo no es 
una vía procesal adecuada para solicitar y obtener un pronunciamiento abstracto y 
genérico  sobre  pretensiones  declarativas  respecto  de  supuestas  interpretaciones 
erróneas  o  indebidas  aplicaciones  de  preceptos  constitucionales,  sino  solo  y 
exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restablecer o preservar los derechos 
fundamentales  cuando  se  ha  alegado  una  vulneración  concreta  y  efectiva  de  los 
mismos» (STC 114/1995, FJ 2). Específicamente, en relación con una denuncia de 
vulneración del art. 23.2 CE por un acto parlamentario, recientemente hemos exigido que 
«los demandantes deberán demostrar, de manera singularizada y no abstracta, que ha 
habido una relación causal entre las lesiones concretas que se denuncian y el acto u  e.
omisión impugnado» (STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3). w.b
4C.o mAop lhiceamcioósn  parl eccaissoa:d doe esens teiml faucniódna.mento jurídico segundo, el enjuiciamiento del
presente recurso de amparo se contrae a valorar si, al entender el presidente del
Parlamento que el señor Torra i Pla no había cesado como presidente de la Generalitat y,
en consecuencia, no iniciar los trámites para una nueva investidura –como solicitaban los 
recurrentes–, se lesionó el núcleo de sus derechos y facultades como parlamentarios.
a)  Tal y como hemos indicado, corresponde al presidente del Parlamento iniciar los 
trámites para la investidura del presidente de la Generalitat «[e]n el plazo de los diez días 
siguientes a la constitución de la legislatura, o en el plazo de los diez días siguientes al 
hecho causante de otro de los supuestos en los que corresponda proceder a la elección» 
(art. 4.2 de la Ley 13/2008). Esto debe ponerse en conexión con el art. 67.7 del Estatuto 
de  Autonomía  de  Cataluña  conforme  al  cual  «[e]l  presidente  o  presidenta  de  la 
Generalitat cesa por renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, por 
aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por 
defunción, por dimisión, por incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el 
Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, y por condena penal firme que 
comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos». En términos similares se 
pronuncia el art. 7 de la Ley 13/2008.
Los  demandantes  argumentan  que  el  apartado  7  del  art.  67  del  estatuto  debe 
relacionarse con el apartado 2, según el cual el presidente de la Generalitat «es elegido 
por el Parlamento de entre sus miembros», de donde deducen que no es posible 
continuar presidiendo el ejecutivo autonómico una vez perdida la condición de diputado.
Por el contrario, el presidente del Parlamento, de acuerdo con un informe de los 
servicios jurídicos de la cámara, interpretó que dejar de ser diputado no era impedimento 
para  continuar  como  presidente  de  la  Generalitat,  por  lo  que  no  consideró  que  la 
presidencia hubiera quedado vacante ni, por tanto, inició las consultas con los partidos y 
grupos políticos con representación parlamentaria para una nueva investidura.
El acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020 diferenciaba también 
ambos efectos, cuando afirmó que la administración electoral debía circunscribirse a 
decidir «si la condena impuesta al señor Torra i Pla integraba o no un supuesto de 
inelegibilidad sobrevenida y si ello determinaba la pérdida de la condición de diputado 
electo del Parlamento de Cataluña» pero no si con ello se producía la pérdida de la 
condición de presidente de la Generalitat a tenor del art. 67.2 EAC, «efecto que deberá 
ser analizado por los órganos competentes del Parlamento de Cataluña cuando se le 
comuni[que]  la  pérdida  de  la  condición  de  diputado  electo»  (fundamento  quinto, 
consideración sexta).
b)  Pues bien, cualquiera que sea la interpretación más ajustada, en abstracto, de 
tales preceptos del Estatuto, en un proceso de amparo nos debemos limitar a valorar 
única y exclusivamente si, al mantener un criterio diferente al de los recurrentes, el 
presidente de la cámara vulneró el núcleo de las facultades parlamentarias de aquellos. 
La respuesta debe ser negativa, puesto que el mismo no incluye el derecho a que los 
órganos de la cámara –en este caso el presidente– ejerzan sus competencias conforme 
a una determinada interpretación, entre varias posibles, de los preceptos en liza. En 
concreto, no comprende el derecho a que el presidente del Parlamento, en el ejercicio de 
la competencia que le atribuye el art. 4.2 de la Ley 13/2008, opte por la interpretación del 
art.  67.2  del  estatuto  que  proponen  los  demandantes,  frente  a  la  que  realizan  los 
servicios jurídicos de la cámara.
La demanda, centrada en argumentar por qué debe mantenerse la condición de 
diputado para continuar ejerciendo el cargo de presidente de la Generalitat, presenta 
como lesión del art. 23.2 CE, lo que no pasa de ser una mera discrepancia jurídica, que 
no perturba los derechos parlamentarios de los recurrentes. Estos han ejercido sin 
restricciones la función de control sobre quién era el presidente de la Generalitat, prueba  e.
de lo cual –como subraya el letrado del Parlamento– es que, en el periodo de 27 de  w.b
enero a 7 de julio de 2020, el grupo parlamentario de Ciutadans presentó –y fueron  12ww
ptrraemgiutandtaass –a l uGno btioetranlo  dae  re4s0p3o npdreerg ournatalms enatle  Geonb cieormnois ióan ; r1e5sp pornedgeurn tpaos r ale Gscorbitoie;r n1o6 2a 
rreessppounedstear  oorraal lmene nPtele neon.  Peol r Ptalenntoo , yfr,e nfintea lam elon tqeu, e7 a lpergeag ulan tdaes maal ndpare, seidl ecnotnet ropla srae  hsua 
realizado de manera efectiva y no «ilusoria», «quimérica» ni «ineficaz».
En suma, conforme a la doctrina constitucional antes sintetizada, el recurso de 
amparo del artículo 42 LOTC no puede convertirse en un cauce para discutir sobre 
infracciones de la legalidad parlamentaria que no produzcan «lesiones reales y efectivas 
de los derechos fundamentales» (SSTC 129/2006, de 24 de abril, FJ 4; 78/2016, de 25 
de abril, FJ 6, y 110/2019, de 2 de octubre, FJ 2).
En línea con lo anterior, la STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 5, recuerda que no cabe 
que a través del derecho del art. 23.2 CE, «el Tribunal Constitucional pueda hacer valer 
su criterio frente al adoptado por los órganos competentes de la cámara en el ejercicio 
de las facultades que tienen constitucional y reglamentariamente encomendadas».
Este  tribunal  ha  desestimado  recientemente  un  recurso  de  amparo  planteado 
también por los diputados de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra omisiones 
de la entonces presidenta de dicha cámara (no convocatoria de determinados plenos y 
exclusión en otros de ciertos puntos del orden del día) porque no afectó en concreto a 
ningún derecho, sin que sea suficiente invocar «una genérica e inconcreta denuncia de 
la vulneración de facultades parlamentarias vinculadas al núcleo del ius in officium 
protegido constitucionalmente a través del art. 23.2 CE» (STC 173/2020, de 19 de 
diciembre, FJ 4).
En consecuencia, debemos descartar la lesión del art. 23.2 CE y, toda vez que la 
demanda la presenta como una consecuencia de ella, la misma suerte debe correr la 
denunciada vulneración del principio de igualdad.
Por todo lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por treinta y dos diputados y diputadas 
del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra: (i) los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 14 y de 27 de enero de 2020; (ii) la decisión 
del presidente del Parlamento de Cataluña de obligar a dirigir las preguntas de control a 
una persona carente de capacidad jurídica para ostentar el cargo de presidente de la 
Generalitat, y (iii) la concreta aplicación de dicha decisión durante la sesión número 49 
del Pleno del Parlamento de Cataluña de los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.