BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 71048
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9678 Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora mercantil II de Valencia, por la que se deniega 
la práctica de anotación preventiva de nombramiento de mediador concursal.
En el recurso interpuesto por doña M. C. T., secretaria de la Corte de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, 
contra la nota de calificación extendida por la registradora Mercantil II de Valencia, doña 
Laura María de la Cruz Cano Zamorano, por la que se deniega la práctica de anotación 
preventiva de nombramiento de mediador concursal.
Hechos
I
Por doña M. C. T., secretaria de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, se aportó al Registro Mercantil 
de Valencia certificación, de fecha 21 de enero de 2021, de la que resultaba: que, en 
fecha 7 de septiembre de 2020, la mercantil «Panadería Viena Ramos, S.L.» solicitó de 
la Cámara de Comercio de Valencia la apertura de procedimiento para alcanzar acuerdo 
extrajudicial de pagos al amparo de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, y 
que, encontrándose inscrita dicha sociedad en el Registro Mercantil de Valencia y tras la 
designación de don F. M. M. como mediador concursal, que aceptó la designación, y 
habiéndose tramitado el procedimiento al amparo del artículo 638 del Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal, se solicitó del Registro Mercantil la práctica de la anotación del nombramiento 
del mediador concursal así designado de conformidad con el artículo 649 del citado texto 
refundido.
II
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil de Valencia, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Exp 9/2021.
Panadería Viena Ramos, SRL.
Que  con  relación  a  la  solicitud  de  anotación  del  nombramiento  del  mediador 
concursal en la hoja registral de la mercantil Panadería Viena Ramos, SRL con CIF (…) 
realizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia y 
presentada en esta oficina el veintisiete de enero de 2021 pongo en su conocimiento que 
adolece de los siguientes defectos:
1.º  Siendo el deudor persona jurídica inscrita en este Registro Mercantil, la solicitud  oe.
de nombramiento de mediador a efectos de la apertura del correspondiente expediente  w.
debe  presentarse  en  este  Registro  Mercantil  de  Valencia  como  así  dispone  el  78ww
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Jurídica y Fe Pública en el plazo de quince días, a contar desde la fecha de recepción de 
la presente notificación presentándose dicho recurso ante este Registro Mercantil de 
Valencia.
Valencia, 2 de febrero de 2021. La registradora Mercantil de Valencia n.º 2 (firma 
ilegible) Fdo: Laura M.ª de la Cruz Cano Zamorano.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. C. T., secretaria de la Corte de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Valencia, interpuso recurso en virtud de escrito de fecha 11 de febrero de 2021, en el que 
alegaba lo siguiente: Que se formula recurso de reposición contra la resolución de 
fecha 2 de febrero de 2021, notificada el día 5 posterior, y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 354.3 del Reglamento del Registro Mercantil; Que el recurso se fundamenta 
en que, si bien es cierto que el artículo 638.2 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Concursal,  atribuye 
competencia al registrador Mercantil, no lo es menos que el artículo 638.3 del mismo 
texto  refundido  establece  que  si  el  deudor  fuere  persona  jurídica  la  solicitud  de 
designación  de  mediador  concursal  puede  presentarse  ante  Cámara  de  Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, y Que la mercantil «Panadería Viena Ramos, S.L.» ha 
optado por presentar su solicitud ante este organismo, por lo que procede la práctica de 
la anotación a que se refiere el artículo 649 del texto refundido de la Ley Concursal.
IV
Tras la práctica de una diligencia de mejor proveer, la registradora Mercantil emitió 
informe el día 3 de marzo de 2021, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente 
a este Centro Directivo. Del mismo resultaba que el escrito de recurso, subsanado, tuvo 
entrada en el Registro Mercantil el día 1 de marzo de 2021.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 16.2 del Código de Comercio; 635, 638, 640, 641, 644, 649 y 654 
del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal; 112, 114, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 338 y siguientes 
del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en materia de designación de mediadores en procedimientos 
para alcanzar un acuerdo extrajudicial, de 4 y 9 de marzo, 9 de septiembre y 18 de 
octubre de 2016 y 1 de junio de 2018, y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 19 de febrero (1.ª, 2.ª y 3.ª), 12 de marzo y 30 de septiembre, de 2020.
1.  Una sociedad mercantil solicita de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia la designación de mediador concursal la cual, apreciando su 
propia competencia, acepta la solicitud, desarrolla el procedimiento y designa a una 
persona  como  mediador  concursal.  Con  posterioridad,  la  secretaria  de  la  Corte  de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación emite 
certificación que se presenta en el Registro Mercantil a fin de que se practique la  s
anotación preventiva a que se refiere el artículo 649 del Real Decreto Legislativo 1/2020,  oe.
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, provocando  w.
laal  Rca2el.gi fiiscTtaracoli  óMyn e cnroceamgnaotti li vslaae   torhabamjne titoda ecdiseóa nrr redocellual rpdsrooo  cploeosdr  imheeniectenhntoods.e ry  lap arerag islatr acdoorrreac qtau es oclourcrieósnp odned ílaa   2021-9678n https://ww
situación que provoca la presente resulta imprescindible, con carácter previo al análisis
del fondo del asunto, determinar ante qué tipo de solicitud estamos, así como determinar  Bc
cuál es el tipo de actuación pretendida de la registradora Mercantil. Es necesaria actuar 
de  este  modo  porque  ante  la  solicitud  de  práctica  de  anotación  preventiva  de 
designación de mediador concursal, la registradora emite resolución encabezada con 
número  de  expediente  y  en  la  que  se  contiene  un  pie  de  recursos  referido  al 
artículo 354.3 del Reglamento del Registro Mercantil. Sin embargo, y cuando se aporta 
escrito de recurso, se produce su presentación en el libro diario.
Esta Dirección General ha puesto de manifiesto en sus primeras Resoluciones sobre 
designación de mediador concursal (vid. Resoluciones de 4 y 9 de marzo de 2016), la 
importancia de deslindar adecuadamente la actuación del registrador Mercantil cuando lo 
que se le solicita no es la práctica de un asiento en los libros a su cargo, sino el 
desarrollo del procedimiento de designación de mediador concursal:
«La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la 
reforma que de la Ley Concursal llevo a cabo la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, no 
debe confundirse con la de calificación que le atribuye el artículo 18 del Código de 
Comercio, que constituye el núcleo de su función y que se rige por las reglas generales 
contenidas en el propio Código y en sus normas de desarrollo. La competencia de 
tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre 
aquellas a las que se refiere el artículo 16.2 del Código de Comercio y que vienen 
desarrolladas  en  el  Título  Tercero  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  que 
expresivamente se denomina "De otras funciones del Registro Mercantil".
Esta Dirección General ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en 
materia de nombramiento de auditores a instancia de la minoría (vid. Resoluciones de 26 
de junio y 28 de julio de 2014, por todas), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (vid. Resolución de 16 de julio 
de  2015),  que  determinadas  funciones  encomendadas  legalmente  al  registrador  se 
encuadran en esas "otras funciones del Registro", a que se refiere el artículo 16.2 del 
Código de Comercio, funciones que son distintas de las relativas a la inscripción de los 
empresarios y sus actos (artículo 16.1 del Código de Comercio). A diferencia de ésta, 
presidida por la función calificadora como control de legalidad que en aras del interés 
público a que responde la publicidad registral es llevado a cabo por el registrador 
Mercantil de forma unilateral y objetiva, en los expedientes sobre nombramiento de 
auditores existe un foro de contraposición de intereses que ha de resolver el registrador 
como órgano de la Administración (Resolución de 15 de julio de 2005).
Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da 
respuesta a la solicitud prevista en el artículo 232.1 de la Ley Concursal, aunque no 
exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que como ocurre con 
la  competencia  de  nombramiento  de  expertos  independientes  y  auditores  o  la  de 
gestionar el denominado código identificador de entidades jurídicas, la de designación de 
mediador concursal no es una función de calificación.
De este modo, la decisión del registrador Mercantil en relación a la procedencia del 
nombramiento de un mediador concursal no tiene el carácter de calificación registral, 
sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento regulado en los 
artículos 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil es la autoridad pública 
competente para resolver la solicitud (Resoluciones de 13 de enero de 2011 y 10 de julio 
de 2013, entre otras). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el 
escaso  rigorismo  formal  del  procedimiento  (por  todas,  Resolución  de  21  de  julio 
de 2010), la existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación  e
registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  bo
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en  78ww
lo noL apsr eavnistteor ipoorer su ncao nnsoirdmeara ecsiopneecsíf icsao.n» de trascendencia en el expediente a que se
rperfeievreen tilvaa  perne sleonst eli brpoosr qau es ua nctaer gloa,  lsao lriceigtuisdt raddeo rap rancot ichaar  aucntu aadsoie netno  cdoen saencuoetanccióian, 
presentando el documento en el libro diario de operaciones y emitiendo una calificación
al amparo del artículo 18 del Código de Comercio con el pie de recursos a que se refiere 
el artículo 19 bis en relación con los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
En consecuencia y dado que la actuación solicitada por parte de la registradora 
Mercantil era la práctica de una anotación preventiva en la hoja abierta a determinada 
sociedad mercantil, esta Dirección General entiende que la resolución emitida por la 
registradora es la propia de una actuación de calificación por lo que el régimen de 
recursos es el establecido en los citados artículos de la Ley Hipotecaria a los que se 
remite la legislación mercantil (disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, 
de  27  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas  y  del  Orden  Social  que 
establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para 
los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a 
los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles».
No es preciso, por tanto, entrar en otras cuestiones como la de determinar si la 
denominación que el escrito de recurso hace a que se trata de un recurso de reposición 
es o no correcta o las consecuencias que de ello se pudieran derivar, así como si es o no 
correcta la determinación del plazo para recurrir que resulta del pie de la resolución de la 
registradora.
Es necesario precisar, por último, que la solicitud de práctica del asiento de anotación 
preventiva a que se refiere el artículo 649 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. puede llevarse a 
cabo mediante la presentación de un documento de origen notarial (cuando a dicho 
funcionario le corresponda la competencia de designación de mediador concursal), o de 
origen administrativo (cuando la competencia recaiga en Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación). Cuando la competencia recaiga en el registrador mercantil 
(bien en exclusiva, bien de forma alternativa con la anterior), y el registrador haya 
procedido a la designación, no existe propiamente solicitud específica de anotación por 
aplicación de lo previsto en el artículo 358.2 del Reglamento del Registro Mercantil (en 
relación con la previsión del artículo 641.3 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo que aprueba el texto Refundido de la Ley Concursal), por lo que el registrador 
debe proceder a la práctica de la anotación en virtud de su propia resolución estimatoria 
de la solicitud.
3.  Establecido lo anterior y por lo que se refiere al fondo del asunto, la cuestión a 
dilucidar consiste en determinar si es competente la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, en este supuesto la de Valencia, para conocer del procedimiento 
de designación de mediador concursal cuando el solicitante es una sociedad mercantil, 
específicamente una sociedad de responsabilidad limitada.
La respuesta debe ser rotundamente afirmativa a tenor del contenido de la previsión 
legal contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal.
Con anterioridad, el artículo 232.3 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal establecía 
lo siguiente: «En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se 
solicitará  la  designación  del  mediador  al  Registrador  Mercantil  correspondiente  al 
domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual 
procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito. En los 
demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. En el caso 
de  personas  jurídicas  o  de  persona  natural  empresario,  la  solicitud  también  podrá 
dirigirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando 
hayan asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica y a  s
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España». oe.
En relación a esta regulación anterior al texto refundido, esta Dirección General se  w.
había referido a la cuestión de la competencia del registrador, en relación a las personas  78ww
jurídicas, en los términos contenidos en su Resolución de 18 de octubre de 2016:
su  «pEronptirae  locos mrepqeuteisnitcoias ,q uqeu ed evbiee naen adlizeater reml irneagdisat rapdoor r lMase rccaanratilc etesrtíás tliaca asp rdeecila cdieóund doer 
solicitante tal y como resulta del artículo 232.3 de la Ley Concursal que, en lo que ahora
interesa  dice  así:  "En  caso  de  que  los  deudores  sean  empresarios  o  entidades 
inscribibles,  se  solicitará  la  designación  del  mediador  al  Registrador  Mercantil 
correspondiente  al  domicilio  del  deudor  mediante  instancia  que  podrá  ser  cursada 
telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de 
no figurar inscrito".
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es 
empresario o entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la 
hoja que corresponda, siempre que proceda el nombramiento de mediador y que el 
solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.»
Este Centro Directivo entendía que el régimen de atribución competencial previsto en 
la ley obedecía a un criterio de distinción basado en el carácter de empresario (o 
asimilado), o no empresario del solicitante, de modo que la competencia cuando no se 
ostentaba dicha condición correspondía al notario, y cuando si concurría, al registrador 
mercantil o a la cámara de comercio (vid. Resoluciones de 4 y 9 de septiembre y 18 de 
octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2020).
Este esquema de cosas se reproduce en el texto vigente que, por la fecha de 
presentación de la solicitud en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Valencia, día 7 de septiembre de 2020, se encontraba plenamente en vigor.
Dice así el artículo 638 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal: «1. Si el deudor persona natural no fuera 
empresario o el deudor persona jurídica no fuera entidad inscribible en el Registro 
mercantil, la solicitud se presentará ante notario del domicilio del deudor. 2. Si el deudor 
persona natural fuera empresario o el deudor persona jurídica fuera entidad inscribible 
en el Registro mercantil, aunque no estén inscritos, la solicitud se presentará o se 
remitirá telemáticamente al registrador mercantil correspondiente al domicilio del deudor. 
3. Si el deudor persona natural fuera empresario o si tuviera la condición de persona 
jurídica, la solicitud también podrá presentarse ante la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria,  Servicios  y  Navegación  de  España  o  ante  cualquier  Cámara  Oficial  de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación que, de conformidad con la normativa por la 
que se rija, haya asumido funciones de mediación».
El  texto  vigente,  siguiendo  al  anterior,  sistematiza  el  régimen  de  competencia 
distinguiendo en su primer apartado cuando la solicitud proviene de persona natural no 
empresario o jurídica no inscribible atribuyéndola al notario del domicilio del deudor. Por 
el contrario, tratándose de persona natural empresario o persona jurídica inscribible 
corresponde al registrador Mercantil de ese mismo domicilio.
Por lo que se refiere a las cámaras oficiales, el texto incurre en cierta indeterminación 
tal y como hacia el texto anterior al referirse a las personas jurídicas junto a las personas 
naturales que fueran empresarios. Sin embargo, tanto en el texto anterior como en el 
actual, la interpretación de que las personas jurídicas a las que se refiere son las 
inscribibles en el Registro Mercantil es la más lógica por simetría con la competencia 
sobre personas naturales. Además, y dada la finalidad de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación (vid. artículo 3 de la Ley 4/2014, de 1 de 
abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación), 
carecería de toda justificación considerar su competencia respecto de aquellas personas 
jurídicas cuya actividad no empresarial queda por completo fuera del ámbito de su 
actuación conforme a su ley reguladora. Para terminar, en el texto actual, su artículo 644, 
referido exclusivamente a los supuestos en que es competente una Cámara Oficial, su 
apartado segundo se refiere a entidades aseguradoras o reaseguradoras, entidades de  e.
inscripción obligatoria en el Registro Mercantil. w.b
Sea como fuere, en el supuesto de hecho es patente que la solicitud ha sido llevada  78ww
laa  ccaabliofi cpaocri óunn ad epbeer sdoencaa ejurr cídoinca e, slatim maecricóann dtiel l« rPeacnuarsdoe rpílaa nVtieeandao R. amos, S.L.», por lo que
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 31 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.