BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Sábado 11 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 152142
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
20475 Orden  HFP/1381/2021,  de  9  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  la 
organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.
La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial de la política fiscal, y un 
elemento indispensable para fortalecer el crecimiento económico en la medida que 
permite relacionar el nivel del gasto realizado con los resultados obtenidos y evaluar si 
los  recursos  públicos  se  gestionan  de  la  mejor  manera  posible  para  prestar  unos 
servicios públicos de calidad y proporcionados a su coste.
El análisis económico del gasto público exige valorar no sólo cuánto se gasta y si es 
eficaz  porque  logra  el  objetivo  marcado,  sino  que  también  exige  un  análisis  de  la 
eficiencia del gasto en un doble sentido. Por un lado, la eficiencia en la asignación de los 
recursos económicos, analizando en qué se gasta, y por otro, la eficiencia operativa, 
evaluando cómo se gasta, así como su sostenibilidad en el medio y largo plazo.
La inversión pública es una parte muy destacable del gasto público en términos de 
crecimiento económico, pues tiene la capacidad estratégica de impulsar la actividad en 
sectores relevantes para la competitividad de la economía y con un elevado efecto 
arrastre sobre la producción nacional y el empleo.
Consciente de la importancia de la medición de la eficiencia y sostenibilidad del gasto 
público,  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, recoge en su artículo 4 el principio de sostenibilidad financiera, 
entendida como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
Es  en  esta  línea  de  fortalecimiento  y  mejora  de  la  sostenibilidad  financiera  y 
búsqueda de nuevas vías de financiación eficiente en la gestión pública donde los 
proyectos  de  colaboración  público-privada  ocupan  un  lugar  clave.  En  este  sentido, 
España tiene una amplia experiencia desarrollada a través del régimen de concesiones, 
siendo un mercado maduro en el sector, no obstante, es necesario aprender de la 
experiencia y seguir adoptando medidas para lograr un marco regulatorio más eficiente 
que sea más favorable a la actividad económica y garantice mayor seguridad jurídica.
Con este objetivo, se han ido adoptando distintas medidas para evitar la generación 
de sobrecostes y problemas de valoración del reparto de los riesgos de las inversiones, 
como la creación de la Oficina Nacional de Evaluación por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  mediante  la  introducción  de  la 
disposición adicional trigésima sexta en el entonces vigente texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  configura,  en  su 
artículo 333, la Oficina Nacional de Evaluación como órgano colegiado integrado en la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, posibilitando la 
participación en aquella del sector privado y de las Administraciones autonómicas y  s
locales. oe.
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para 2021-2027 y la puesta en marcha de un instrumento europeo para la recuperación
(Next Generation EU), que implicará para España unos 140.000 millones de euros en  Bc
forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26, al objeto de amortiguar el 
impacto de la crisis económica, e impulsar la pronta recuperación económica, sentando 
además las bases del crecimiento de las próximas décadas.
En dicho contexto resulta especialmente importante el apoyo técnico que pueda 
prestar la Oficina Nacional de Evaluación colaborando con el análisis previo de los 
proyectos de inversión que se instrumenten mediante los contratos de concesión a que 
hace referencia el apartado 3 del artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
dentro  de  los  mecanismos  de  colaboración  público-privada,  que  contarán  con  una 
relevancia  fundamental  tras  la  adopción  del  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  expuestos,  esta  Orden  Ministerial,  de 
contenido organizativo, desarrolla el funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación 
de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del apartado 2 del citado artículo 333 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La Orden consta de doce artículos referidos al objeto, estructura, composición de la 
Oficina Nacional de Evaluación, su organización, sus funciones y su funcionamiento, una 
disposición  adicional  y  tres  disposiciones  finales  sobre  títulos  competenciales, 
habilitación normativa y entrada en vigor.
Esta Orden se dicta en cumplimiento del ejercicio de la habilitación legal otorgada al 
Ministro de Hacienda y Función Pública en el artículo 333.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución Española.
En su virtud, a propuesta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 
la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
1.  La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano colegiado integrado en la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), tiene 
como finalidad principal el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de 
concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, así como informar los 
acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico que deban adoptarse en estos 
tipos de contratos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  Su  organización  y  funcionamiento  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  citada 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en la presente Orden Ministerial. Supletoriamente será 
de aplicación lo previsto en las disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 2.  Estructura e independencia de la Oficina Nacional de Evaluación.
1.  La ONE está constituida por el órgano colegiado de decisión o Pleno, que  es
contará con la asistencia y el apoyo administrativo de la División con competencia en  bo
evaluación de los contratos de concesión de la OIReScon y con una Unidad Técnica de  475ww
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aprobación por parte de dicho Pleno.
3.  La Unidad Técnica de Evaluación de Proyectos elaborará las propuestas de 
informes preceptivos que deben ser emitidos por la ONE.
4.  Los miembros de la ONE y el personal a su servicio no podrán, en el ejercicio de 
sus funciones, solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
Artículo 3.  El Pleno de la Oficina Nacional de Evaluación.
1.  El Pleno de la ONE se compone por los siguientes miembros:
a)  La persona titular de la Presidencia de la OIReScon, que ostentará también la 
Presidencia del Pleno de la ONE.
b)  El vocal de la OIReScon con competencia en evaluación de los contratos de 
concesión, que desempeñará la vicepresidencia del Pleno.
c)  Tres representantes que sean titulares de un órgano con rango administrativo de 
Subdirección General o equivalente, cada uno de ellos designados respectivamente por 
las  personas  titulares  de  los  siguientes  órganos:  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, la Secretaría General de Fondos Europeos y la Dirección 
General del Patrimonio del Estado.
d)  Un vocal designado por la persona titular de la Presidencia del Pleno de la ONE 
a  propuesta  de  las  organizaciones  empresariales  representativas  de  los  sectores 
afectados por la contratación administrativa, que actuará con voz pero sin voto.
e)  Un vocal designado por la persona titular de la Presidencia del Pleno de la ONE 
entre académicos, profesionales y técnicos, de reconocido conocimiento y competencia 
en la materia de la contratación pública, sin relación directa o indirecta con las empresas 
contratistas a las que se refiere la letra d), que actuará con voz pero sin voto.
f)  Cuando se traten informes referidos a una Comunidad Autónoma que se hubiera 
adherido a la ONE conforme a lo previsto en el artículo 333.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, asistirá un representante de la misma, que actuará con voz y voto.
g)  En el caso de reuniones en que se traten informes de las Corporaciones Locales, 
asistirá a las mismas un representante de la Federación de Entidades Locales con mayor 
implantación  en  el  territorio  nacional,  junto  con  un  representante  de  la  propia 
Corporación en el caso de que se tratara de Municipios de gran población a los que se 
refiere el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, ambos actuarán con voz y voto.
Corresponde a las Administraciones y a la Federación mencionadas en las letras f) 
y g) designar a sus vocales representantes permanentes en la ONE de acuerdo con sus 
normas de funcionamiento.
2.  Las funciones de la secretaría del Pleno de la ONE serán desempeñadas, con 
voz  pero  sin  voto,  por  una  persona  destinada  en  la  División  con  competencia  en 
evaluación de los contratos de concesión, que será designada, al igual que su suplente, 
por la persona titular de la Presidencia a propuesta del vocal de dicha División.
3.  En casos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que 
haya sido declarada su abstención o recusación, el régimen de sustituciones de los 
miembros del Pleno de la Oficina será el siguiente:
a)  La persona titular de la Presidencia será sustituida por la persona titular de la 
vicepresidencia.
b)  La persona titular de la vicepresidencia será sustituida por otro vocal de la 
OIReScon que será designado por la persona titular de la Presidencia. e.
c)  El resto de miembros serán sustituidos por los suplentes que designen los  w.b
mismos órganos que nombraron a cada uno de ellos. 475ww
4.  Corresponde  al  Pleno  de  la  ONE,  como  órgano  colegiado,  las  siguientes 
competencias:
a)  Adoptar las normas de funcionamiento interno de la ONE.
b)  Delimitar la estructura, elementos, criterios, contenido y alcance necesarios para 
la elaboración material de los informes preceptivos a la ONE.
c)  Aprobar los Informes que deban ser evacuados por la Oficina. Entre ellos debe 
considerarse incluido el informe sobre las modificaciones del instrumento de deuda que 
deba servir de base al cálculo de la rentabilidad razonable y del diferencial, a que se 
refiere el artículo 282.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
d)  Proponer  la  modificación  normativa  y  la  adopción  de  cuantas  medidas  y 
actuaciones  sean  oportunas  para  el  adecuado  funcionamiento  de  la  ONE  y  el 
cumplimiento de sus fines.
En particular, el Pleno podrá proponer la ampliación del ámbito de los contratos de 
concesión  que  deben  contar  con  informe  preceptivo  de  la  ONE  en  atención  a  los 
resultados  obtenidos  de  las  actuaciones  previstas  en  la  Estrategia  Nacional  de 
Contratación Pública, tal y como señala el artículo 7.2 de esta orden.
e)  Aprobar la memoria anual de actividades de la Oficina.
f)  Cualesquiera otras que le otorguen las disposiciones vigentes.
5.  Los miembros del Pleno de la Oficina no percibirán retribución alguna por el 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados por los gastos 
de  desplazamiento,  alojamiento  y  manutención  que  cada  asistencia  a  este  órgano 
colegiado les ocasione, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo  4.  Funciones  de  apoyo  y  asistencia  al  Pleno  de  la  Oficina  Nacional  de 
Evaluación.
1.  Las funciones de apoyo administrativo a la ONE para toda la tramitación de las 
solicitudes  de  informe  serán  desempeñadas  por  la  División  con  competencia  en 
evaluación de los contratos de concesión de la OIReScon.
2.  Además, serán responsabilidad de esa misma División las funciones que se 
señalan a continuación:
a)  Impulsar, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de informes 
que deben ser realizadas por la Unidad Técnica de Evaluación de Proyectos conforme a 
lo establecido en el artículo siguiente.
b)  Someter las propuestas de informe que hayan sido elaboradas al debate y 
aprobación del Pleno de la ONE.
c)  Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Pleno de la ONE o por el 
titular de la Presidencia del órgano.
d)  Comunicar y publicar los informes y acuerdos aprobados por el Pleno de la ONE.
e)  Elaborar la memoria anual de actividades a que se refiere el artículo 333.7 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que deberá publicarse previa aprobación del Pleno de 
la ONE.
Artículo 5.  Unidad Técnica de Evaluación de Proyectos.
1.  La Unidad Técnica de Evaluación de Proyectos de la ONE dispondrá de los  e
medios materiales necesarios y de una dotación de personal propio, con la cualificación  bo
suficiente, que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo que  475ww
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públicos con conocimiento especializado en la materia a que se refiera el objeto de los 
contratos de concesión analizados.
2.  Eventualmente, el desarrollo de las tareas necesarias para la elaboración de los 
informes  podrá  efectuarse  con  la  colaboración  de  entidades  públicas  o  privadas 
mediante la celebración de convenios, encargos o contratos que podrán tener como 
objeto la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios.
Artículo 6.  Funcionamiento del Pleno de la Oficina Nacional de Evaluación.
1.  El Pleno de la Oficina se reunirá cuantas veces sean necesarias para aprobar los 
informes preceptivos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Las sesiones serán 
convocadas por la secretaría del Pleno, mediante orden del titular de la Presidencia.
2.  Los miembros serán convocados por escrito, a través de medios electrónicos, 
para cada reunión, con una antelación mínima de setenta y dos horas. La convocatoria 
deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse 
asuntos que no figuren en el mismo, salvo que asistan todos los miembros del Pleno y 
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
3.  El  Pleno  quedará  válidamente  constituido  para  la  celebración  de  sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, cuando asistan al menos las tres quintas partes de 
sus miembros con derecho a voto, entre los que debe encontrarse la persona titular de la 
Presidencia o quien le sustituya. También será necesaria la asistencia de la persona 
designada para desempeñar las funciones de secretaría del Pleno o su suplente.
4.  En las reuniones que celebre el Pleno, sus miembros podrán encontrarse en 
distintos lugares, siempre y cuando se asegure por medios telefónicos, electrónicos o 
audiovisuales la interactividad e intercomunicación entre ellos y, por tanto, la unidad de 
acto.  En  particular,  se  considerarán  medios  válidos,  el  correo  electrónico  y  las 
videoconferencias.
5.  Se hará constar en la convocatoria las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los 
medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
6.  La constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse de forma presencial o 
por medios electrónicos, entendiendo éstos adoptados en el lugar donde tenga la sede el 
órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. En este caso, los 
miembros del Pleno podrán remitir sus votos y las consideraciones que deseen hacer 
constar en el acta por correo electrónico u otros medios telemáticos, telefónicos o 
audiovisuales adecuados a tal fin, siempre que permitan dejar constancia.
7.  Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría de todos los miembros con 
capacidad de voto que asistan, de manera presencial o a distancia, teniendo la persona 
titular de la Presidencia voto dirimente en caso de empate. Podrán incorporarse al 
acuerdo  a  instancia  de  los  miembros  discrepantes,  a  modo  de  voto  particular,  las 
razones de su discrepancia.
8.  La secretaría del Pleno elaborará y remitirá a los miembros del Pleno las actas 
de cada sesión a través de medios electrónicos, quienes podrán manifestar por los 
mismos medios su conformidad o reparos al texto. Dicha secretaría deberá velar por el 
archivo y ordenación de los acuerdos adoptados y los expedientes o asuntos a los que 
se refieran. Así mismo, ejercerá todas aquellas funciones atribuidas a las personas 
titulares de las secretarías de los órganos colegiados de acuerdo con la normativa 
general de aplicación.
Artículo 7.  Informes preceptivos. b
1a.)   LCao nO NcaEr áecvtaecr uparreáv iion foar mlae l ipcriteacceiópnti vdoe e lno slo cso snigtruaiteonst edse c caosnocse:sión de obras y de
concesión  de  servicios  a  celebrar  por  los  poderes  adjudicadores  y  entidades
adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y entidades dependientes de la  Bc
Administración General del Estado, de las Corporaciones Locales y de las Comunidades 
Autónomas que se adhieran a la ONE, según lo previsto en el artículo 333.3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en artículo 12 de esta orden, en los casos siguientes:
1.º  Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación 
de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
2.º  Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea 
asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de 
las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
b)  Con anterioridad a la adopción de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio 
del contrato, en los casos previstos en los artículos 270.2 y 290.4 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, respecto de las concesiones de obras y concesiones de servicios que 
hayan sido informadas previamente de conformidad con los subapartados 1.º y 2.º 
anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de 
alguno de los elementos previstos en estas.
2.  La  ONE  podrá  proponer,  en  atención  a  los  resultados  obtenidos  de  las 
actuaciones previstas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública, la ampliación 
del ámbito de aplicación de este artículo a contratos distintos de los recogidos en los 
párrafos anteriores. La ampliación del ámbito, se aprobará mediante modificación de la 
presente Orden, a propuesta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de 
la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.
3.  Los informes previstos en los apartados anteriores evaluarán si la rentabilidad 
del proyecto, obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los 
flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al 
riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en 
cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos 
distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores 
económicos.
En los contratos de concesión de obras en los que el abono de la tarifa concesional 
se realice por el poder adjudicador, la Oficina evaluará previamente la transferencia del 
riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume completamente dicho riesgo, el 
informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos previstos en el 
párrafo anterior.
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si 
las  compensaciones  financieras  establecidas  mantienen  una  rentabilidad  razonable 
según lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado.
Artículo 8.  De las solicitudes de informe preceptivo.
1.  Las solicitudes de informe, acompañadas de la documentación establecida en el 
apartado  siguiente,  serán  suscritas  por  el  poder  adjudicador  o  entidad  contratante, 
debiendo ser remitidas a la ONE del siguiente modo:
a)  En el caso de órganos, organismos o entidades de la Administración General del 
Estado  a  través  de  la  Subsecretaría  del  Ministerio  del  que  dependa  el  órgano  de 
contratación del correspondiente contrato o al que estuviera adscrito el ente, organismo 
o entidad contratante. e.e
b)  En el caso de órganos, organismos o entidades de las Corporaciones Locales, a  b
través del Alcalde o Presidente de la Corporación Local del que dependa el órgano de  475ww
oco enntrtaidtaadci ócno ndtreal taconrtere.spondiente contrato o al que estuviera adscrito el ente, organismo
que cs)e  aEdnh eiel rcaans ao  dlae  OóNrgEa nsoesg,ú onr gloa npisremvoisst oo  eenn teidl aadretísc udloe  3la3s3 C.3o dmeu nlaid Laedye s9 /A2u0t1ó7n,o dmea 8s 
de  noviembre,  la  petición  de  informe  será  suscrita  por  quien  se  determine  en  el 
instrumento de adhesión previsto en el artículo 12 de esta orden.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, la solicitud de informe 
preceptivo deberá acompañarse con cuanta documentación se estime conveniente para 
evaluar la sostenibilidad financiera de la concesión y en todo caso:
a)  En el supuesto de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a 
licitar:
1.º  Memoria explicativa del objeto del proyecto de contratación en la que se incluya:
– Análisis de los costes y beneficios socioeconómicos del proyecto y de las ventajas 
cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión frente a 
otros tipos contractuales.
– Estudio  de  la  transferencia  del  riesgo  operacional  al  concesionario  y  las 
condiciones en que se produce.
– Detalle de las aportaciones públicas previstas a la construcción o explotación de la 
concesión y de las medidas de apoyo a la financiación.
– Si  el  poder  adjudicador  concedente  asume  total  o  parcialmente  la  tarifa 
concesional, cuantificación de la misma y del importe de las obras o gastos de primer 
establecimiento del proyecto.
– Impacto presupuestario del proyecto con un cuadro que recoja la estimación de los 
compromisos de gasto público distribuidos a lo largo de toda la vida del proyecto.
2.º  Estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico-financiera 
incorporado al expediente de conformidad con los artículos 247 y 285 de la LCSP, que 
incluirá un cuadro que refleje todos los flujos de caja esperados, incluyendo los ingresos, 
ayudas, inversiones y gastos previstos a lo largo del período de duración del contrato, y 
con ello el valor actual neto calculado en base a la tasa de descuento establecida, 
definiendo la rentabilidad esperada del proyecto. En dicho estudio se incluirá el análisis 
de la demanda y demás elementos de sostenibilidad del proyecto.
3.º  Propuesta de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
4.º  Informe  del  servicio  jurídico  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares.
5.º  Caso de no contenerse en los documentos anteriores, documentación referida a 
los siguientes aspectos:
– Análisis de sensibilidad y de Riesgos.
– Viabilidad comercial y financiera del proyecto.
6.º  Informes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Comité Técnico de 
Cuentas Nacionales, en los supuestos establecidos en el artículo 324.6 de la LCSP, 
cuando sea preceptivo.
7.º  En el supuesto de ser necesario para celebrar el contrato, también deberá 
incluirse el informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado u órgano 
autonómico  equivalente,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  9  del  Real 
Decreto 55/2017.
8.º  Proyecto o anteproyecto objeto del contrato de concesión, en su caso.
b)  Respecto a los expedientes de restablecimiento del equilibrio económico del  e.
contrato: w.b
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prescripciones técnicas e informe del servicio jurídico.
3.º  Plan económico-financiero de la concesión.
4.º  Propuesta  de  modificación  del  contrato,  acompañada  de  una  memoria 
explicativa de las causas que la motivan de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre y el informe del servicio jurídico correspondiente.
5.º  Propuesta de restablecimiento del equilibrio económico, en la que se analicen 
las repercusiones en el contrato en vigor en lo que respecta a la distribución de riesgos, 
su viabilidad comercial y financiera, y su impacto fiscal.
3.  Si la información remitida no es suficiente, no es completa o requiriere alguna 
aclaración,  la  ONE  solicitará  del  órgano  peticionario  del  informe,  que  remita  la 
documentación requerida en el plazo de 10 días.
4.  La solicitud y los documentos de cualquier clase dirigidos a la ONE deberán 
estar redactados en castellano. Si lo estuvieran en alguna de las lenguas cooficiales 
deberán presentarse acompañados de la traducción al castellano.
5.  La  solicitud  de  informe  deberá  estar  firmada  electrónicamente  mediante 
cualquiera de los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Así 
mismo, la documentación que la acompañe deberá remitirse en formato electrónico 
reutilizable, que facilite el análisis y comprobación de los datos de forma operativa. La 
Oficina  podrá  publicar  en  su  página  web  modelos  específicos  para  realizar  la 
presentación de los datos.
6.  La información que reciba la Oficina deberá ser tratada respetando los límites 
que rigen el acceso a la información confidencial.
Artículo 9.  Informe preceptivo de evaluación básica.
1.  Cuando el valor estimado de los contratos de concesión de obras y de concesión 
de servicios, calculado conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no 
supere doce millones de euros, el contenido del informe preceptivo que debe emitir la 
ONE  tendrá  carácter  de  evaluación  básica,  con  los  mismos  objetivos  de  análisis 
señalados en el apartado 3 del artículo 7 de esta orden, pero con los elementos de 
simplificación que se indican a continuación.
2.  La documentación necesaria para realizar la solicitud del informe preceptivo de 
evaluación básica no será necesario que incluya los documentos relacionados en los 
ordinales 5.º y 6.º del apartado 2.a) del artículo anterior.
3.  El alcance del análisis o evaluación efectuado por la ONE para la elaboración y 
aprobación  del  informe  preceptivo  de  evaluación  básica  quedará  limitado  por  la 
información contenida en la documentación delimitada en el apartado anterior.
4.  No obstante, conforme a las características que concurran en el proyecto de 
licitación  presentado,  la  ONE  podrá  solicitar  la  documentación  complementaria  que 
considere necesaria para completar el informe preceptivo de evaluación básica, e incluso 
acordar motivadamente la elaboración del informe preceptivo ordinario al que se refiere 
el artículo 7 de esta orden.
5.  En el caso de los expedientes de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato no cabrá la solicitud del informe preceptivo de evaluación básica.
Artículo 10.  Plazo de emisión y publicación de informes.
1.  Los informes preceptivos serán evacuados en el plazo de treinta días desde la 
solicitud del poder adjudicador u otra entidad contratante o desde que se complete la  s
documentación que haya sido requerida por la ONE para la adecuada elaboración de su  oe.
informe preceptivo. w.
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concesión, requerirán una nueva solicitud de informe.
La ONE tendrá la facultad de solicitar a cualquier organismo u órgano especializado 
las  consultas  o  informes  que  sean  necesarios  para  realizar  adecuadamente  sus 
funciones de evaluación.
El plazo de treinta días para la emisión del informe podrá reducirse a la mitad 
siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia, y así haya sido 
declarada la tramitación del expediente. La reducción de plazos para la emisión del 
informe deberá ser acordada por el vocal de la División con competencia en evaluación 
de  los  contratos  de  concesión  de  la  OIReScon,  tomando  en  consideración  las 
posibilidades que permitan la complejidad del expediente.
2.  Una vez aprobados, los informes serán notificados al peticionario, que deberá 
comunicar a la ONE el resultado final del procedimiento de que se trate y, en su caso, el 
informe al que se refiere el apartado 4 de este artículo.
3.  Los informes serán publicados a través de la Central de Información económico-
financiera de las Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública y estarán también disponibles para su consulta pública en la página web 
de la ONE.
4.  Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las 
recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en 
un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será 
objeto de publicación en su perfil de contratante. En el caso de la Administración General 
del Estado esta publicación se hará, además, a través de la Central de Información 
económico-financiera de las Administraciones Públicas y en la página web de la ONE.
Artículo 11.  Memoria anual de actividad.
1.  La ONE publicará anualmente una memoria de actividad en la que se detallen 
los  proyectos  de  concesiones  y  de  expedientes  de  restablecimiento  económico 
informados y demás informes que se hayan evacuado. Dicha publicación se efectuará en 
la página web de la ONE.
2.  La ONE podrá proponer cuantas medidas estime convenientes en relación con el 
régimen jurídico y las prácticas detectadas en los contratos de concesiones de obras y 
contratos de concesión de servicios a incorporar en los informes y recomendaciones de 
la OIReScon.
Artículo 12.  Adhesión de las Comunidades Autónomas.
Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la ONE para que realice los informes 
preceptivos a que se refiere esta Orden, que afecten a los contratos de concesión de su 
competencia, mediante la suscripción del correspondiente instrumento de adhesión, en 
el que se hará constar la compensación económica que se establezca, el plazo de 
duración y las demás condiciones que sean necesarias para su aplicación.
Disposición adicional única.  Recursos y medios de la ONE.
La puesta en funcionamiento de la ONE requerirá la previa aprobación de la relación 
de puestos de trabajo correspondiente al personal de la Unidad Técnica de Evaluación 
de Proyectos, que resulta necesario para la emisión de los informes, sin perjuicio de que 
para la elaboración de los informes se pueda contar con los medios de colaboración a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 5 de esta Orden. s
Disposición final primera.  Títulos competenciales. w.
en  Eell  caorntítceunliod o 1d4e9 e.1s.t1a8 O.ª rddeen  tliae neC ocanrsátictutecri óbná sEicsop ya ñsoel ad icqtau ea l aamtripbauryoe  dea ll oE dsistapduoe stlao 
caodmmpineistetrnactiivaa esx.clusiva en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
El Pleno de la ONE podrá adoptar las normas internas de funcionamiento de este 
órgano.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 9 de diciembre de 2021.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María 
Jesús Montero Cuadrado.