BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63102
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8622 Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Torrent n.º 3, por la que se suspende la 
inscripción  de  la  adjudicación  de  determinado  bien  inmueble  mediante 
convenio regulador de los efectos de un divorcio.
En el recurso interpuesto por doña M. R. A. F. contra la calificación de la registradora 
de la Propiedad de Torrent número 3, doña María del Consuelo Ribera Pont, por la que 
se suspende la inscripción de la adjudicación de determinado bien inmueble mediante 
convenio regulador de los efectos de un divorcio.
Hechos
I
Por sentencia firme, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Torrent, el día 21 de abril de 2020, se aprobó el convenio regulador de los efectos del 
divorcio suscrito el día 28 de enero de 2020 por doña M. R. A. F. y don J. L. H., que 
estaban casados, desde el día 6 de septiembre de 2008 en régimen legal supletorio de 
separación de bienes. En dicho convenio se atribuía el uso y el disfrute de la vivienda 
familiar a la esposa y los dos hijos comunes, y se incluía, entre otros, el pacto por el que 
acordaban liquidar el referido régimen económico-matrimonial de separación de bienes 
mediante la adjudicación a la esposa –por disolución de condominio– del pleno dominio 
de la referida vivienda que constituía el domicilio familiar (adquirida por mitad pro indiviso 
constante matrimonio, el día 20 de enero de 2016), asumiendo la deuda por el préstamo 
garantizado  con  hipoteca  sobre  dicha  finca,  y  al  esposo  el  pleno  dominio  de  otro 
inmueble (adquirido por mitad pro indiviso antes de contraer matrimonio, el día 6 de 
septiembre  de  2005),  con  asunción  igualmente  de  otra  deuda  por  un  préstamo 
garantizado con hipoteca sobre dicha finca.
II
Presentado el día 18 de diciembre de 2020 testimonio de la referida sentencia en el 
Registro de la Propiedad de Torrent número 3, fue objeto de la siguiente nota de 
calificación:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, le notifico 
que  el  precedente  documento,  testimonio  de  la  sentencia  de  divorcio,  autos 
procedimiento Divorcio mutuo acuerdo número 173/2020, seguidos por el Juzgado de 
Primera Instancia número Cuatro de Torrent, que se expide con fecha dieciséis de 
septiembre de dos mil veinte, por Doña M. J. L. A., Letrada de la Administración de 
Justicia  del  citado  Juzgado,  presentado  en  este  registro  bajo  el  Asiento  2.189  del 
Diario 95, ha sido calificado negativamente por los siguientes: es
Hechos: En dicha sentencia se declara el divorcio de Don J. L. H. y Doña M. R. A. F.,  w.
y  se  aprueba  el  convenio  regulador  en  el  que  se  liquida  el  régimen  económico  22ww
fminactari m3o0n.5ia9l9 ,c oqnu e apdejurtdeicnaeccieó ns eyg úpna glao  indsec ripscuisó n re6s.ªp eac tidviocsh osh asbeeñreosre, s,r epsourl tamnidtaod elas 
icnodnivdiosmasin iyo .con carácter privativo, adjudicada a Doña M. R. A. F., por disolución de  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho: Habiendo sido adquirida la finca con carácter privativo y 
por mitad entre los cónyuges, no procede su adjudicación a uno de ellos por “liquidación 
de  régimen  económico  matrimonial”,  aprobado  en  Convenio  Regulador,  sino  por 
“disolución de condominio”, como también se dice en dicho Convenio. No siendo en este 
supuesto el propio Convenio el título formal hábil para dicha disolución de condominio, 
que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. La 
diferente  causa  negocial,  ajena  a  la  liquidación  del  patrimonio  común  adquirido  en 
atención al matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, 
unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, según 
doctrina  reiterada  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  –
Resoluciones de 22 de marzo de 2010, 11 de abril de 2012, y 8 de enero de 2020–, 
deben resolverse en favor de la exigencia de escritura para la formalización de un 
negocio de esta naturaleza.
No pudiendo servir el Convenio Regulador de cauce formal para otros actos que 
tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados 
en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que 
imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida. Artículo 3 y 18 de la Ley 
Hipotecaria. Artículos 1.397 y 1.404 del Código Civil y 18 de la Ley Hipotecaria.
En  consecuencia,  de  conformidad  con  el  artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y 
concordantes del Reglamento Hipotecario, resuelvo suspender la inscripción solicitada. 
Dicho defecto tiene el carácter de subsanable.
La  vigencia  del  asiento  de  presentación  del  documento  presentado,  queda 
automáticamente prorrogada por plazo de sesenta días (…). Contra la precedente nota 
cabe (…).
Torrent a 13 de enero de 2021.–La registradora (firma ilegible), María Consuelo 
Ribera Pont.»
La notificación de la calificación fue recibida por la interesada el día 18 de enero 
de 2021.
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. R. A. F. interpuso recurso el día 18 de 
febrero de 2021 mediante escrito con las siguientes alegaciones:
«Primera.–(…) Desde este momento se rechazan y se impugnan las Resoluciones 
que se citan por existir resoluciones posteriores contradictorias y por lo tanto favorables 
a la pretensión de esta parte y, por cuanto que la Resolución de 8 de enero de 2020 que 
se cita como más reciente no es coincidente con el presente caso que se somete a 
consideración y, por lo tanto no sería de aplicación.
La invocada Resolución de 8 de enero de 2020 de la Dirección General de los 
Registros  y  del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  calificación  de  la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 20, por la que se suspende la inscripción de 
un testimonio de decreto de divorcio con liquidación de bienes comunes en convenio 
regulador. Textualmente dice:
En el recurso interpuesto por don M. A. G. G. y doña C. F. A. contra la calificación de 
la registradora de la Propiedad de Madrid número 20, doña Maria Luisa Moreno-Torres 
Camy, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de decreto de divorcio con  e.
liquidación de bienes comunes en convenio regulador. Hechos I Mediante decreto, de  w.b
fecha 26 de marzo de 2019, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  22ww
mnúamtreimroo n8i od ep oCr odllaivdoorc-Vioil lldaelb am, uetnu oe l apcruoecreddoi meienntrteo  dnoúnm eMro.  A67. 3G12. 0G1.8 ,y l ad odñisao luCc.i óFn.  dAe.,l 
approrocebdáinmdioesneto l,a  “perno pcuueasntato  dael  ccoonnvteenniiod or egleuglaadlmoer nat elo se xeigfeibclteo”s,  ddeel  dfeivcohrac io1 0a pdoert amdoa yaol 
de 2018. En el citado convenio regulador se inventariaban dos fincas registrales, una de
ellas en Alpedrete, y que se adjudicaba en la liquidación a dona C. F. A.; y la otra finca, 
situada en Madrid, perteneciente a la demarcación del Registro de la Propiedad de 
Madrid número 20, finca que aparecía inscrita en el Registro por mitad y proindiviso de 
ambos ex cónyuges con carácter privativo y que se adjudicaba a don M. A. G. G. La 
segunda, que es el objeto de este expediente, constaba inscrita con carácter privativo a 
nombre de ambos ex cónyuges, y del convenio regulador no resultaba qué parte fue 
satisfecha con fondos privativos y qué parte con gananciales. En el convenio regulador, 
respecto  del  domicilio  familiar  resultaba  lo  siguiente:  “Uso  y  disfrute  del  domicilio 
conyugal. Al haber cesado efectivamente su convivencia conyugal desde hace varios 
meses, no existe ya domicilio conyugal, por lo que ambos cónyuges viven de forma 
separada en los domicilios fijados en el encabezamiento” –que eran las fincas que se 
adjudicaban a cada uno de los ex cónyuges–. Tampoco resultaba del decreto ni del 
convenio, ni de forma expresa ni tácita, cual fue el domicilio familiar del matrimonio, con 
lo que siendo dos las fincas del inventario y adjudicándose una a cada uno de ellos, no 
puede determinarse. I.
III.  La documentación aportada adolece del siguiente defecto: La finca 27.837 se 
inventaría como de naturaleza ganancial; sin embargo, del Registro resulta ser privativa, 
por mitad y proindiviso de don M. A. G. G. y dona C. F. A. que adquirieron en estado de 
solteros.
A la vista del testimonio de la sentencia de divorcio y del convenio regulador de sus 
efectos y medidas cuya inscripción se ha solicitado, con motivo de la adjudicación de la 
vivienda familiar a la Sra. A., es obvio que no estamos ante el mismo caso, ni parecido 
por lo que dicha Resolución no se puede invocar.
Existe  sin  embargo  doctrina  consolidada  de  este  Centro  Directivo  relativa  a  la 
inscribibilidad en el Registro de la Propiedad de las sentencias por las que se aprueban 
los convenios reguladores en los procedimientos de separación y divorcio sin necesidad 
del otorgamiento de una ulterior escritura pública, pues lo que procede analizar en primer 
lugar es si la vivienda perteneciente a ambos cónyuges pro indiviso según el Registro, 
puede inscribirse mediante la adjudicación realizada en el convenio regulador o si es 
necesaria la escritura pública por disolución de condominio.
La Resolución recurrida no ha tenido en consideración los siguientes antecedentes 
que,  considera  esta  parte,  son  absolutamente  imprescindibles  y,  que  de  haberlos 
considerado  el  resultado  indudablemente  hubiera  sido  el  solicitado  por  la  ahora 
recurrente, hechos que no se aportan o introducen a propósito del recurso interpuesto 
sino que se contienen en el propio convenio regulador del divorcio:
1.  Que doña R. A. F. y don J. L. H. contrajeron matrimonio en Torrent (Valencia), el 
día seis de septiembre de 2008 y, por lo tanto, bajo la vigencia de la Ley 10/2007, de 20 
de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, en cuyo artículo 6 establece 
que el régimen de separación de bienes será el régimen económico legal supletorio 
aplicable, a falta de carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales, que no realizaron 
en ningún momento los esposos.
La  Resolución  recurrida  no  cuestiona  que  fuera  ese  el  régimen  económico 
matrimonial,  aunque  tampoco  lo  menciona  ni  en  los  hechos,  ni  por  toda  su 
fundamentación.
2.  Se manifestó en los antecedentes del convenio regulador del divorcio:
Segundo:–“El domicilio familiar se encuentra en la ciudad de Torrent, calle (…), les  s
pertenece en proindiviso y por mitades iguales a ambos cónyuges”. oe.
Dicha vivienda se corresponde con la finca registral adjudicada a mi representada en  w.
dmicahtroim  ocnoinavl.enio  regulador,  con  motivo  de  la  liquidación  del  régimen  económico  2021-8622n https://ww
3.  En la estipulación segunda del convenio regulador, relativo a la atribución del uso 
de la vivienda y ajuar familiar, se convino y así se aprobó judicialmente por sentencia 
que:
“... se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar sita en la calle (…) de Torrent, a 
la progenitora doña M. R. A. y, a los dos hijos que quedan en su compañía C. y J., así 
como el ajuar familiar existente en la misma.”
4.  En la estipulación sexta del convenio regulador, bajo la rúbrica “liquidación del 
régimen económico matrimonial”, se inventarió al número dos del activo:
Urbana.–Cuarenta y siete.–Vivienda del tipo B, en (…) Torrent, con fachada principal 
a la calle (…).
Título.–Les pertenece por compra en estado de casados bajo el régimen de absoluta 
separación  de  bienes,  por  mitades  indivisas  y  con  carácter  privativo,  en  virtud  de 
escritura pública autorizada por el Notario de Valencia don José Luis Pavía Sanz, el día 
veinte de enero de 2.016, al número 118 de su protocolo.
Inscripción.–Registro de la Propiedad de Torrent-Tres (…), finca número 30.599 (…).
La citada vivienda tenía y tiene una hipoteca que fue inventariada al número dos del 
pasivo, que también se adjudicó en su totalidad la Sra. A.
Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que no nos encontramos ante una 
extinción de comunidad ordinaria entre dos copropietarios, ajena a una liquidación de la 
sociedad conyugal, que no tiene que ser necesariamente ganancial. Merece añadir en 
este punto que, en el presente caso el régimen de separación de bienes era de primer 
grado cuando contrajeron matrimonio los esposos y, que los convenios de separación y 
divorcio en estos casos son tan ordinarios como aquellos que se refieren a cónyuges 
casados  en  régimen  de  gananciales.  En  consonancia  con  este  carácter,  convenios 
relativos al régimen de separación de bienes son pactados y aprobados judicialmente 
todos los días sin que se cuestione si son contenido normal del convenio regulador, 
como en el presente caso en el que, los cónyuges procedieron al inventario de dos 
bienes  inmuebles  y  dos  deudas  hipotecarias  que  gravan  cada  uno  de  ellos, 
adjudicándose cada cónyuge el pleno dominio de sólo uno de ellos, con la adjudicación 
total  de  sus  respectivas  cargas  hipotecarias,  operaciones  de  evidente  contenido 
liquidacional  que  alteran  la  titularidad  y  que  deben  tener  su  reflejo  en  los  libros 
registrales.
Nos encontramos pues, ante la liquidación de los bienes adquiridos por los cónyuges 
constante su matrimonio y, constante el régimen económico de separación de bienes, y 
por último y no menos importante, el bien objeto de adjudicación a favor de la Sra. A. 
tiene  la  especial  característica  de  tratarse  de  la  vivienda  familiar,  lo  que  permite 
considerar la existencia de una causa familiar propia de la solución de la crisis objeto del 
convenio. Lo cual nos lleva al examen de la segunda cuestión alegada por la Sra. 
Registradora, relativa a si el convenio regulador es el cauce formal para otros actos que 
tienen su significación propia, alegando la Sra. Registradora que el convenio regulador 
no es título formal hábil para dicha disolución de condominio, que exige acogerse a la 
regla general de la escritura pública para su formalización, unida a la limitación de 
contenido que puede abarcar el convenio regulador, según doctrina de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado que cita.
La calificación de la Registradora considera que la disolución que cotitularizaban los 
cónyuges  excede  del  contenido  ordinario  de  un  convenio  regulador  aprobado  e.
judicialmente  y,  que  lleva  a  la  necesidad  del  otorgamiento  de  escritura  pública,  w.
razonamiento contra el que se alza nuestra segunda alegación impugnatoria. 22ww
Segunda.–Razona la Sra. Registradora a que en el propio convenio se utiliza la
efoxrpmreaslizióanr  e“dsicsroitluurcaió pnú bdleicla c, ocnadlifoicmainndioo” ,n eqguaet ivaabmunednate m laá isn secnri pqcuióen  laso slicoiltuacdióan. pasa por
En justicia no puede tomar una parte, una expresión del convenio, a los intereses del 
Registro, obviando datos y antecedentes de ese mismo convenio que ni tan siquiera se 
mencionan  y,  que  obviamente  tampoco  se  han  considerado  con  la  consiguiente 
valoración en la nota calificadora (régimen económico matrimonial, fecha de adquisición 
de la vivienda; destino de la vivienda, etc.). Debemos presumir que el Registro ni 
cuestiona la existencia del régimen de separación de bienes ni la titularidad por mitades.
Por todos es sabido que, el régimen de separación de bienes está basado en la 
comunidad  romana  pero  ello  no  autoriza  a  identificar  ambas  regulaciones.  Esta 
diferenciación resulta, en nuestro ordenamiento, del hecho de que el régimen económico 
matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre cónyuges, así como de la 
afectación  de  los  bienes  al  sostenimiento  de  las  cargas  del  matrimonio,  de  las 
especialidades en la gestión de los bienes de un cónyuge por el otro, de la presunción de 
donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones que para disponer se 
derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble. Nada de esto sucede en una 
comunidad romana en la que en ningún momento existen consecuencias patrimoniales 
derivadas de las circunstancias personales de los titulares, pues ni los bienes integrantes 
de  esta  comunidad  se  sujetan  a  afectación  especial  alguna  ni  sufren  especiales 
limitaciones a su disposición.
Por otra parte, la regulación legal del convenio de separación y divorcio no limita su 
contenido a la liquidación del régimen de gananciales sino que se refiere, sin más, a la 
liquidación  del  régimen  económico  matrimonial.  Ciertamente,  en  el  régimen  de 
separación es posible que dicha liquidación sea innecesaria (por no existir deudas 
pendientes o por su conversión en una comunidad ordinaria), pero puede ocurrir lo 
contrario  cuando  existe  un  patrimonio  activo  común  que  no  se  desea  seguir 
compartiendo o deudas de las que no se desea seguir respondiendo.
En el presente caso, en la estipulación sexta del convenio, que lleva la rúbrica de 
“liquidación del régimen económico matrimonial” se incluyen dos bienes en copropiedad 
respecto de los cuales no debe plantear ningún problema la inscripción del convenio, por 
lo tanto, al existir un bien común que dividir, la adjudicación de dicho inmueble que 
además es la vivienda familiar, no representa un negocio adicional, con su propia causa 
que requiera escritura pública, contrariamente a lo que sostiene la Registradora.
Este Centro Directivo ha considerado (vide Resolución de 7 de julio de 2012) que en 
el supuesto de vivienda familiar de la que son titulares los cónyuges por mitad y pro 
indiviso, es suficiente el convenio regulador por tratarse principalmente de un convenio 
con causa familiar que deriva directamente de la nueva situación del matrimonio. De la 
misma manera, en la Resolución de 22 de diciembre de 2010 ha concluido que sería 
distinto el supuesto, como ocurre en el presente caso, de un bien adquirido pro indiviso 
por estar convenido entre los cónyuges el régimen de separación de bienes. En este 
supuesto, hay que tener en cuenta que, además de ser éste un régimen matrimonial, el 
régimen de proindivisión está sujeto a la exclusiva voluntad de cada uno de los partícipes 
(cfr. artículo 400 del Código Civil) que, con su voluntad unilateral, puede hacerlo cesar. 
Además de todo ello es lógico que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que, 
por su propia naturaleza, impone tal proindivisión, por lo que la cesación de tal relación y, 
por tanto, la extinción de la proindivisión, puede ser objeto del convenio regulador.
Por nuestra parte y, en apoyo de nuestro recurso se citan las Resoluciones de 29 
de octubre de 2008, de 22 de diciembre de 2010, de 5 de agosto de 2011, de 7 de julio 
de 2012, de 5 de diciembre de 2012, de 10 de diciembre de 2012 entre otras muchas 
en las que este Centro Directivo ha mantenido la doctrina relativa a la inscribibilidad en  s
el Registro de la Propiedad de las sentencias por las que se aprueban los convenios  oe.
reguladores  en  los  procedimientos  de  separación  y  divorcio  sobre  liquidación  del  w.
régimen  económico  matrimonial  sin  necesidad  del  otorgamiento  de  una  ulterior  22ww
escritura pública.»
IV
La registradora de la Propiedad elevó el expediente a este Centro Directivo, con su 
informe, mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2021. En dicho informe manifestaba 
que dio traslado del recurso interpuesto, por carta certificada, con aviso de recibo de 
fecha 11 de marzo de 2021, al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrent, para 
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, realizara 
las alegaciones que estimara conveniente, sin que se haya recibido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 95, 96, 97, 103, 400, 609, 1205, 1216, 1218, 1255, 1262, 
1279, 1280, 1323, 1344, 1387 y 1404 del Código Civil; 2, 3, 9, 18, 19, 19 bis, 20, 21 
y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 33, 34, 51 
y 100 del Reglamento Hipotecario; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, Sala de lo Contencioso, de 11 de noviembre de 2004; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de febrero, 9 y 10 de marzo 
y 31 de octubre de 1988; 6 de marzo de 1997; 16 de octubre y 18 de noviembre de 1998, 
21 de diciembre de 1999, 6 de marzo y 8 de octubre de 2001, 5 de diciembre de 2002, 
20 de febrero de 2004, 21 de marzo y 25 de octubre de 2005, 21 de enero, 30 y 31 de 
mayo y 3 de junio de 2006, 22 de febrero y 13 de noviembre de 2007, 31 de marzo, 5 de 
junio y 29 de octubre de 2008, 14 de mayo y 18 de noviembre de 2009, 22 de marzo, 16 
de junio y 22 de diciembre de 2010, 5 de agosto de 2011, 9 y 11 de abril, 7 de julio, 15 de 
octubre y 5 de diciembre de 2012, 9 de marzo, 11 de mayo, 26 de junio y 19 de 
diciembre de 2013, 8 de mayo, 2, 4 y 26 de junio, 1 y 26 de julio, 4, 6 y 29 de septiembre, 
16 de octubre y 12 de noviembre de 2014, 27 de febrero y 19 y 30 de junio de 2015, 4 de 
mayo, 19 y 24 de octubre de 2016, 11 de enero y 11 de octubre de 2017, 16 de mayo 
de 2018 y 8 de enero de 2020, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 15 de septiembre y 3 de diciembre de 2020.
1.  Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible un testimonio de 
sentencia dictada en procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, que declara disuelto 
el matrimonio de los cónyuges demandantes y aprueba el convenio regulador aportado a 
los autos. En dicho convenio, y además de atribuirse el uso y el disfrute de la vivienda 
que constituía el domicilio familiar a la esposa y los dos hijos comunes, se acuerda 
liquidar  el  régimen  económico-matrimonial,  de  separación  de  bienes,  mediante  la 
adjudicación a la esposa de dicha vivienda (adquirida por mitad pro indiviso constante 
matrimonio),  asumiendo  la  adjudicataria  la  deuda  por  el  préstamo  garantizado  con 
hipoteca sobre dicha finca, y al esposo el pleno dominio de otro inmueble (adquirido por 
mitad pro indiviso antes de contraer matrimonio, el 6 de septiembre de 2005), con 
asunción por él de una deuda derivada de otro préstamo garantizado con hipoteca sobre 
este inmueble.
La registradora suspende la inscripción de la adjudicación en favor de la esposa 
porque, a su juicio, al haberse adquirido la finca con carácter privativo y por mitad entre 
los cónyuges, no procede su adjudicación a uno de ellos por liquidación de régimen 
económico-matrimonial en convenio regulador, sino por disolución de condominio, no 
siendo en este supuesto el propio convenio el título formal hábil para dicha extinción de 
comunidad,  que  exige  acogerse  a  la  regla  general  de  escritura  pública  para  su 
formalización,  dado  que  tiene  diferente  causa  negocial,  ajena  a  la  liquidación  del  es
patrimonio común adquirido en atención al matrimonio. bo
La recurrente alega que no se trata de una extinción de comunidad ordinaria entre  22ww
dcasooodnlsjuu scdtciaióco nape drdxoapep r aileea stl aaac rrmeiiossesipsn,  otmess aiane,to rnai m ddeoqel nu ciiarloiiqldn uqaviu edcenao irhno as;e tclap eno rqtére uge eidmll iodce,hi cnoeh  xadrié seagt deimsj ueuedpnniaca,r a aecccsiaói óulnans   anv odivf eaiee mxnbcdiileeiaadn rafe a spem rlo iyclpi aoilarna,  t ecdfonienmi dcloaao     OE-A-2021-86able en https://
ordinario del convenio regulador.
2.  Debe recordarse, aunque sea de manera somera, cuál es la línea doctrinal 
seguida por este Centro Directivo a la hora de analizar el valor formal y material del 
convenio regulador como título inscribible en el Registro de la Propiedad. A modo de 
resumen de dicha doctrina, la Resolución de 11 de octubre de 2017 puso de relieve que 
«el convenio regulador como negocio jurídico –tanto en su vertiente material como 
formal– propio y específico, goza de una aptitud privilegiada a los efectos de permitir su 
acceso a los libros del Registro. Si bien no deja de ser un acuerdo privado, la preceptiva 
aprobación judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y 
siguientes del Código Civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales 
definitivos, siempre que las cláusulas del mismo no excedan de su contenido típico y 
normal, como pudiera predicarse de la liquidación del régimen económico-matrimonial». 
Por ello, la liquidación del régimen económico-matrimonial y en general del haber común 
del matrimonio es materia típica y propia del convenio, al igual que aquellos actos 
relativos a la vivienda familiar. Y es que el convenio regulador, otorgado directamente por 
los interesados sin intervención en su redacción de un funcionario competente, al no 
constituir  un  documento  público  propiamente,  no  puede  exceder  de  ese  contenido 
tasado, por lo que en caso de extralimitarse (y sin influir en la validez y eficacia del acto 
de que se trate, naturalmente, siempre y cuando concurran los requisitos previstos en el 
artículo  1261  del  Código  Civil)  deberán  los  interesados  otorgar  la  escritura  pública 
correspondiente.
Tal y como se ha indicado en pronunciamientos previos, dicha liquidación ha de 
referirse al haber conyugal generado durante el vínculo matrimonial –o a otros pactos 
relativos a la vivienda habitual–, siendo indiferente si se trata de una comunidad romana 
o en mano común, es decir, con independencia del tipo y características del régimen 
económico matrimonial bajo cuya vigencia se generó la masa patrimonial objeto de 
liquidación.
Este  Centro  Directivo  ha  manifestado  reiteradamente  que  resulta  admisible  la 
inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se realice respecto de 
los bienes adquiridos vigente el régimen de separación de bienes, pues, aunque dicho 
régimen está basado en la comunidad romana, esto no autoriza a identificar ambas 
regulaciones. Esta diferenciación resulta, en nuestro ordenamiento jurídico, del hecho de 
que el régimen económico-matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre 
cónyuges, así como de la afectación de los bienes al sostenimiento de las cargas del 
matrimonio, de las especialidades en la gestión de los bienes de un cónyuge por el otro, 
de la presunción de donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones 
que para disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble (cfr. las 
Resoluciones de 21 de enero de 2006, 29 de octubre de 2008 y 22 de marzo, 16 de junio 
y 22 de diciembre de 2010). En el régimen de separación es posible que la liquidación 
sea innecesaria (por no existir deudas pendientes o por su conversión en una comunidad 
ordinaria), pero puede ocurrir lo contrario cuando existe un patrimonio activo común que 
no se desea seguir compartiendo o deudas de las que no se desea seguir respondiendo. 
Como señaló este Centro Directivo en Resolución de 5 de diciembre de 2012, es lógico 
que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que, por su propia naturaleza, 
impone tal proindivisión, por lo que la cesación de tal relación y, por tanto, la extinción de 
la proindivisión, puede ser objeto del convenio regulador (vid., asimismo, la Resolución 
de 27 de febrero de 2015 y las más recientes de 15 de septiembre y 3 de diciembre 
de 2020).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –Sala de lo Contencioso–,  s
de 11 de noviembre de 2004, expresa en este sentido lo siguiente: «(…) si bien en el  oe.
régimen de separación de bienes no hay propiamente una puesta en común de bienes,  w.
es obvio que se entremezclan las relaciones personales y económicas del matrimonio.  22ww
dPeorre cehlloos  ppureodpeions  exdies tirl,a  y real acmióenn udmoa treimxisotnei,a l.u nIan ccluosmou neicl alceigóins laednotrr,e  alal s ecsatarbglaesc eyr 
apvreesriugnucaior nlae st itiuulraisr idtaandt umma, tevireianle d ae  rloesc obnioecneers  qaudeq, ueirnid aolsg ucnoonss tcaansteo se, l pmueadtreim noon isoe. rY f áecnil   BOE-A-cable e
orden  a  la  delimitación  de  los  derechos,  sin  duda,  harán  prueba  en  contrario  las 
manifestaciones de los cónyuges (dejando a salvo que puedan constituir falsedad o 
fraude y que permitirían a los terceros perjudicados –entre ellos la Hacienda Pública– el 
ejercicio  de  las  acciones  procedentes  en  defensa  de  los  intereses  legítimos).  La 
especialidad de esta comunicación entre las relaciones personales y económicas viene a 
afectar incluso a algún bien privativo. Respecto a ellos existen limitaciones legales bien 
de disposición, de uso o de afección y responsabilidad (arts. 1320; 90; 96; 1319 1438 
y 1.440 del Código Civil). No podemos pues asimilar la relación matrimonial y sus 
relaciones económicas –asentadas siempre sobre las relaciones personales– a una 
comunidad de bienes ordinaria ya que el matrimonio, como una de las instituciones 
básicas del derecho de familia debe estar asegurada de protección social, económica y 
jurídica por los poderes públicos (art. 39 de la C.E.), incluso cuando se disuelve por unas 
causas específicas y legalmente previstas, disolución que comportará la extinción del 
régimen económico matrimonial. Y también en el régimen de separación de bienes, la 
disolución  exige  una  liquidación  siquiera  más  restringida  y  menos  nítida  que  la 
liquidación de aquellos regímenes económico-matrimoniales cuyo rasgo fundamental es 
la puesta en común de bienes, pero que por el hecho de ser más restringida, no deja de 
ser una verdadera liquidación».
3.  En el caso de este expediente, los cónyuges dentro de las cláusulas del convenio 
regulador  incluyen  la  liquidación  del  régimen  de  separación  de  bienes  mediante  la 
extinción de la comunidad existente sobre los bienes que se adjudican a cada uno –entre 
ellos, la vivienda familiar–, por lo que es indudable que el convenio regulador es cauce 
hábil para la inscripción de la adjudicación de la vivienda que constituía el domicilio 
familiar.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.