BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53672
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8139 Sala Segunda. Sentencia 55/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 5804-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:55
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5804-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 27 de 
junio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha 
mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 112-2018 instado por la 
entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.;  y  contra  el  auto  del  mismo  juzgado,  de  26  de 
septiembre  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal del 
banco ejecutante. Ha sido Ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa del 
letrado don Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 39www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
Py rPopeinerdeai dIn nvúemrs.i o3n edse,  LSo.rLc.a, .e Lna  replraimcieórna  cdoen  lalas  fdinecmaa nredgaidstarsa l e4ra3 .4la0 9d eduedlo Rrae ghiisptorote cdaer iala,   BOE-A-cable e
mientras  que  la  segunda  era  titular  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  dicho 
inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de abril de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  112-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 26 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del citado juzgado relativa al proceso «EJH/0000112/2018». En ese correo 
se le informaba que podía acceder a la notificación entre los días 26 de abril y 11 de junio 
de 2018, a través de un enlace electrónico que también se indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  10  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 11 de junio de 2018.
d)  El día 11 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado 
electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), 
dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
e)  El día 22 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de 
amparo formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
por los motivos que figuran en el mismo.
f)  El día 27 de junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 
de Lorca dictó auto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Antonio  Serrano  Caro  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC., la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto y constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha sido el plazo que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días  b
ante este tribunal». 39ww
Eurogi)n veProsiro neel sre pInremsoebnitlaianrtiaes p rCoocsetsaa l Sduer , laS .dLe.,m asen dainnteter pdues iearmonp arsoe nyd oesl  dree clau resonsti ddaed 
rreeqpuoesircimióine nctoo ndtrea  peal gaou ttou vaon tleurgioarr.  cEuna nlodso  rseec uarscoces dsióe  adle cfeonndteían idqou ed ela  lan ontiofictiaficcaiócnió ny 
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de
diez días del art. 695 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Para los recurrentes, la 
comunicación recibida no podía entenderse como una notificación, sino como el aviso de 
la puesta a disposición de una notificación electrónica que puede descargarse en un 
plazo determinado. En consecuencia, debía entenderse que la notificación se había 
producido en la fecha del acceso, el 11 de junio de 2018, de manera que el escrito de 
oposición formulado el 22 de junio de 2018 habría sido presentado en plazo. En el 
escrito de recurso se invocaron los arts. 135, 152, 160 y 162 LEC, así como el art. 24 CE 
y la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y 
la importancia de los actos de comunicación procesal. Y, en este sentido, se alegó que si 
el juzgado tenía por no formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, 
se  vulneraría  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  sin  indefensión,  quedando 
denunciado a esos efectos.
h)  El día 26 de septiembre de 2018 el juzgado dictó auto por el que se desestima el 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPAAP y art. 273.3 a) de la LEC].
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, yerran en el plazo en el que puede acceder a su 
contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada LPACAP 
(ley 39/2015). Así dice el artículo 43.2 de la citada ley que "Las notificaciones por medios 
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a 
su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido."
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 26 de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 11 de 
junio de 2018 (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a 
la ejecución en fecha 22 de junio de 2018, claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno». Tanto este auto, como el anterior de 27 de junio de 2018, se 
notificó por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a través del sistema 
Lexnet, tal y como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 26 de septiembre de 2018, por la indicada mercantil se 
interpuso el presente recurso. e
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  w.
CcqauEue)s,  yaa,r uodnneq  lfuaoe rvm usalen  ectorraancteaióx and, e da e ulu ndnae  prperoeccrhseoos naoa  lc aoj untru íttdeoicldaaa ,js u edlali cspi agrlia mereafern ctetíiavmsap  (slaairnzt a. inm2d4iee.2nfe tCon sEjiu)ó.dn Ci c(oaianrlts . did2ee4br.ea1    2020-8139n https://ww
hacerse en formato papel y en la sede de su domicilio social (cuyos datos figuraban en la
demanda ejecutiva), de conformidad con lo dispuesto en el art. 273 LEC, en relación con
los arts. 135, 152, 155.1 y 162 LEC. Además, su entidad nunca facilitó una dirección de 
correo electrónico a efectos de notificaciones telemáticas y, a pesar de ello, se le remitió 
un aviso que no permitía conocer realmente el objeto del asunto. Finalmente, cuando se 
accedió a su contenido y se presentó escrito de oposición conforme a lo indicado en la 
comunicación,  se  le  computó  el  plazo  en  la  forma  prevista  para  el  procedimiento 
administrativo  común,  es  decir,  desde  la  fecha  del  envío  del  correo  a  la  dirección 
electrónica habilitada, y no desde el acceso a la notificación, que es el criterio aplicable 
en un procedimiento ante la jurisdicción civil. Con ello se le ha causado un perjuicio en 
su posición procesal al no haberse admitido su oposición a la ejecución, aunque fue 
presentada en tiempo y forma.
Tras analizar la fundamentación de los dos autos impugnados, y con cita expresa de 
la doctrina de este Tribunal sobre la relevancia de los actos de comunicación procesal 
desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, SSTC 115/1988, 
195/1990 y 326/1993), alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto al derecho a una defensa contradictoria y a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso.
Finaliza solicitando la estimación del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos 
y la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado del primero de ellos, a 
fin de que el juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución 
formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», en el escrito de demanda se argumentó 
«que la continuación de la ejecución derivadas de los pronunciamientos judiciales que 
han sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación 
a terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad», por lo que se solicitó 
«la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 112-2018 
seguido ante el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial» (sic).
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]; y porque puede dar ocasión para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]»; (ii) 
recabar del juzgado a quo la «certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 112-2018»; (iii) que el juzgado emplazara 
previamente a «quienes hubieran sido parte en el procedimiento» de origen, excepto a la 
«recurrente en amparo», para poder comparecer en el presente proceso constitucional 
en  el  plazo  de  diez  días;  y  (iv)  formar  la  «correspondiente  pieza  separada  de 
suspensión».
5.  Mediante providencia de 24 de junio de 2019, dictada por la Sección Cuarta de 
este Tribunal, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad posible, certificación acreditativa «de la 
interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas en 
las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el procedimiento de ejecución  e
hipotecaria seguido en ese juzgado con el número 112/2018, y si ha recaído resolución  bo
se certifique sobre el contenido de la misma». 39ww
corrCesopno nfdeicehnate  8c odmeu njuicliaoc iódne  d2e0l 1ju9z, gsaed or eac iqbuióo , epno r ella  rqeugeis tsroe  ddaeb ae strtaes lTardibou dnea l lalas 
daect u2a6c iodnee sju jnuidoi cdiaele s2 0e1n9 f osrem aetmo pClaDz.ó C ao nslatas  upnairdteos a  aensttee  reescteu rsTor ibquunea pl,o ra spír ocvoidmeon cliaa 
certificación expedida por la letrada de la administración de justicia, fechada el 1 de julio
de  2019,  en  la  que  se  hizo  constar  que  «en  el  presente  procedimiento  no  se  ha 
interpuesto recurso de apelación por ninguna de las partes personadas en el mismo».
6.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 15 de julio de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Banco Sabadell, S.A., solicitó que se tuviera a esta última 
como  personada  en  su  condición  de  parte  recurrida,  entendiéndose  con  dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un 
lado, tener por personado y parte al Banco de Sabadell, S.A., a través de la procuradora 
mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  14  de  octubre  de  2019,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda, 
y haciendo mención expresa a la STC 47/2019, de 8 de abril, que a su parecer respalda 
los razonamientos que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su domicilio, como impone 
el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  Con fecha 17 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 30 
de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 3 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 112/2018», y 
la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus  es
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte  o
de la recurrente [art. 44.1.a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad  39ww
oeddrseeipgm aeeacrnant urdl aaaac   idlloeaens  feiiaónsmna –lcpi,zoa annrcotir i óaren ese s dlup ealrtleau pmrto roap ctdrueeervssaioes  psiebotijlmeer cmianutettoeinvrrtiopoe,o   danúetetei lr nsladde ei rdt erahap asolab s eeidclr oissóceent rg ip–nureanel ds docee un daeteals  dtneeoos .T  opTrsirab oamudunputaooclsíc ap,o  as erliaann     OE-A-2020-81able en https://
situaciones similares (ver, por todas, la STC 4/2010, de 17 de marzo, FJ 4).
b)  En cuanto al fondo, la fiscal considera que la vulneración alegada se centra en 
dos aspectos bien diferenciados. Por un lado, haber optado el juzgado por la notificación 
electrónica a través de la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación 
personal en el domicilio en la sociedad, de conformidad con el art. 155.1 LEC; y por otro, 
por la errónea aplicación del art. 173.3 a LEC y de los arts. 14.2 y 43.2 segundo párrafo 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. La fiscal considera que en este caso es procedente hacer 
aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un supuesto 
similar referido a un proceso laboral, pero donde resultan de aplicación subsidiaria las 
normas de la LEC, en especial los arts. 155 y 273.4, segundo párrafo, de los que se 
deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación. El resultado es que ambas resoluciones del 
juzgado sumieron a la recurrente en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, pero 
además conculcaron el canon exigible de razonabilidad, ante tal errónea selección de las 
normas.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, la Sección Cuarta de este Tribunal 
dictó providencia el 20 de enero de 2020, acordando «tener por personada como parte 
comparecida  en  el  presente  recurso  a  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company, en virtud de sucesión procesal». Esta decisión se adoptó, previa audiencia de 
las partes, una vez recibida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo el 19 de diciembre de 2019, por el 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la entidad Penrei Inversiones, 
S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., contra el auto de 18 de noviembre 
de 2019, en el que se acepta la sucesión procesal solicitada.
12.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 5 de febrero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este Tribunal 
núm. 92/2019, de 18 de julio, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar solicitada 
[…]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la 
propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento oportuno, 
para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se refieren las 
presentes actuaciones».
14.  Mediante providencia de fecha 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos.
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos  e.
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de  w.b
Lorca,  los  cuales,  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de  39ww
Mnootnifiecdaac ioyn eTsim eblerect,r óhnainca sin ay ddme itdidiroe cac iótrná emleitcet rlóonsi ceas hcaribtoilsit addea  doep olas icFiáóbnr icaa  lNa aecjieocnuacl iódne 
pprlaezsoe nretaadliozsa dpoo cr oanq aurérellgalso,  aa nl ocromnassid deeral rplorosc eedxitmemiepnotorá andemosin ismtreadtiivaon tceo munú nc.ómputo de
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 27 de junio 
de 2018 y 26 de septiembre de 2018, recaídos en el proceso hipotecario núm. 112-2018.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la LEC. Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria y de asistencia 
letrada (art. 24.2 CE). Sin embargo, ambas carecen de soporte argumental propio.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer 
motivo, mientras que la entidad comparecida se opone a la demanda en cuanto al fondo, 
interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede 
por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En primer lugar, en el fundamento jurídico 2 se descarta cualquier posible óbice 
procesal, tanto por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) 
LOTC] como por ser prematuro el amparo. En el primer caso, porque no cabe recurso 
contra el auto desestimatorio de la reposición, como se indica en el pie de recurso de 
éste. En el segundo supuesto, porque no es exigible esperar a la finalización del proceso 
ejecutivo  hipotecario  a quo, ya que  condicionar la  interposición de  la demanda de 
amparo a este hecho genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia, como ya se 
expuso en las SSTC 39/2015, de 2 de marzo y 49/2016, de 14 de marzo.
En segundo lugar, en el fundamento jurídico 3 se aborda el examen de la queja de 
fondo por la lesión del art. 24.1 CE derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la 
ejecución. A tal efecto se advierte que resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal 
plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril FJ 4 a), recaída en proceso de amparo. En 
ambos supuestos se afirma la «garantía del emplazamiento personal del demandado o 
ejecutado  en  los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  LEC  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación  electrónica»,  tal  y  como  ocurre  con  la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. El emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial «acarrea por tanto la 
conculcación de aquel derecho fundamental», como ya ha declarado este Tribunal en 
varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se 
especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina 
de referencia.
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como  s
ha de hacerse también en el presente supuesto, que las dos resoluciones judiciales  oe.
impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no  w.
proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos de requerirla de  39ww
peal gjuoz goa adlote ornpatóti vpaomr eunnt ee mpeprlmazitairmlei epnretos eenletacrt rsóun iocop oas itcriaóvné as  ldae el jseecruvcicióion .d Peo nr oetli ficcoanctiroanreios, 
eTliemcbtrróen, iqcause  nyo  deirsetácc piórne vieslteoc ternó nliac an ohrmabailtiitvaad ap rodcee slaa l Fpáabrari ceas toNsa cciaosnoasl , dye q uMeo naepdean ays   BOE-A-cable e
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, para el cómputo del plazo de presentación del escrito de 
oposición se invocaron normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas 
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del 
art. 556 LEC. Todo ello produjo una indebida denegación de su escrito de oposición a la 
ejecución, lo que determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 27 de junio de 2018 y 26 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  112-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  citado  juzgado,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.