BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7642
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1112 Sala Segunda. Sentencia 180/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 4194-2018. Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas 
respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de 
instrucción de Madrid decretando prisión provisional. Vulneración del derecho 
a la libertad personal: decisión sobre prisión provisional adoptada sin respetar 
las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de 
las actuaciones ni las garantías de contradicción e igualdad de armas que 
exige el principio de jurisdiccionalidad de la medida.
ECLI:ES:TC:2020:180
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  4194-2018,  promovido  por  don  Nervis  Gerardo 
Villalobos Cárdenas, contra el auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 7 de junio de 2018, por el que se desestima el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido por el demandante frente al auto de la misma Sección Quinta de 
la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de abril de 2018, dictado en el rollo de apelación 
núm. 1244-2018, que desestimó el recurso de apelación contra el auto del Juzgado de 
Instrucción núm. 41 de Madrid de 20 de febrero de 2018, dictado en las diligencias 
previas núm. 1545-2017, que decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza del 
recurrente como presunto responsable de un delito de blanqueo de capitales. Ha sido 
parte don Javier Alvarado Ochoa, representado por el procurador don Federico Gordo 
Romero. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 20 de julio de 2018, el procurador 
de los tribunales don Ernesto García-Lozano Martín, en nombre y representación de don 
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, y bajo la dirección del abogado don Jesús Santos 
Alonso, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el 
encabezamiento.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes: o
lsausp uAdei)l sigtoeE nld cJeiualizstog  apcdroeonv tiCianesu nantdrúaoml  dd. ee5  Ib5nl-as2tnr0qu1uc7ce ioóa n d rena úíczmu a.d t3er  oinl acc ioudóde,a npduoanrnc aoiaus  tovd eednle eM 2zoi2nl aidsneteo jrsuio,n  eioFn idtsreec a 2el 0llp1oo7sr,,    2021-1112n https://w
el recurrente y su esposa, que declaró secretas por auto de la misma fecha.
La denuncia trae como antecedente la investigación de las autoridades portuguesas 
sobre la gestión por el Banco Espíritu Santo de importantes fondos de entidades públicas 
venezolanas que habrían generado intereses por valor superior a los 248 000 000 $, de 
los que más de la mitad no habrían revertido a las cuentas de esas entidades, sino a un 
entramado de sociedades, entre las que se encuentra una sociedad (Canaima Finance, 
Ltd.,)  cuya  beneficiaria  es  la  esposa  del  demandante,  que  recibió  entre  noviembre 
de 2009 y febrero de 2013 más de veinte millones de dólares.
El auto de incoación de diligencias omite tales antecedentes y se circunscribe a los 
hechos relatados en la denuncia realizados en España por el matrimonio, ser beneficiario 
de un ingreso de casi siete millones de dólares en la cuenta bancaria del Banco de 
Madrid a nombre de una sociedad, Kingsway, Lda., radicada en Madeira y controlada por 
el  demandante  y  su  esposa,  efectuado  mediante  siete  transferencias  bancarias 
realizadas entre octubre de 2011 y junio de 2012 por la compañía Miami Equipment & 
Export, C.A., radicada en Miami y dirigida por dos personas que han sido detenidas y 
acusadas por las autoridades de Estados Unidos en diciembre de 2016, entre otros 
delitos, por blanqueo de capitales. Según expone el Ministerio Fiscal, se ha intentado 
justificar esos ingresos con base en un contrato de asesoría que no responde a servicios 
reales, sino a la voluntad de dar apariencia de legalidad al origen de los fondos. Parte de 
ese dinero, transferido a su vez a las cuentas en el Banco de Madrid de otras sociedades 
controladas por  el  matrimonio justificadas con  contratos análogos de prestación de 
servicios,  se  ha  invertido  en  la  adquisición  de  un  inmueble  en  Madrid.  Se  alude 
pormenorizadamente a la documentación (contratos, facturas, extractos bancarios, notas 
registrales o documentos notariales).
Practicadas  algunas  diligencias,  como  la  entrada  y  registro  en  dos  viviendas 
propiedad del recurrente, cuya detención se rechazó por no apreciarse en ese momento 
inicial  de  la  investigación  peligro  evidente  de  fuga  (auto  del  Juzgado  Central  de 
Instrucción núm. 3 de 22 de junio de 2017), el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 
acordó por auto de 29 de junio de 2017 la inhibición en favor de los juzgados de 
instrucción de Madrid y librar los oportunos testimonios, avisándose del carácter secreto 
de las actuaciones.
B)  Recibidas  las  actuaciones  y  asumido  su  conocimiento  por  el  Juzgado  de 
Instrucción núm. 41 de Madrid, ahora como diligencias previas núm. 1545-2017, las 
declaró secretas mediante auto de 7 de julio de 2017, situación que se mantuvo hasta el 
auto de levantamiento de 6 de octubre de 2017. El secreto se volvió a acordar por un 
mes por auto del Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid de 24 de enero de 2018, 
que se prorroga por otro mes por auto de 23 de febrero de 2018.
C)  El Ministerio Fiscal informa por escrito fechado el 15 de febrero de 2018 de la 
existencia  de  identidad  entre  los  hechos  que  han  motivado  las  diligencias  núm. 
1545-2017 ante el Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid y los que han motivado las 
diligencias núm. 38-2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, todos ellos relativos 
al blanqueo de bienes procedentes de prácticas ilícitas relacionadas con sociedades 
públicas venezolanas. Explican que estas diligencias 38-2017, también secretas, se 
incoan en virtud de una querella de la compañía «Petróleos de Venezuela, S.A.» por 
blanqueo  de  capitales  procedentes  de  prácticas  corruptas  (sobornos  y  cobro  de 
comisiones ilícitas por empleados púbicos) desarrolladas con ocasión de operaciones de 
adquisición de bienes y/o equipos en el extranjero por parte de una filial de la misma, 
Bariven, S.A., relacionando esos hechos con el recurrente en tanto que las autoridades 
judiciales de Texas, Estados Unidos, llevan a cabo una investigación tanto sobre su  s
persona como sobre otras identificadas en la querella (en la que él no consta) y, entre los  oe.
documentos ocupados en su ordenador portátil, hay archivos y contratos que le vinculan  w.
ccaoo lhnae  cProeemntrtpeóa lesrooesbc reedn ecs iuaV  eodnreiegl zeaunret.í lcIanu,t leoSr e.5As0.a5, n yd,  e«B elaanr  iLcveoeynn s,d eSec .ueAen.,nj ucdiicaei» al,mo qsieu nqetu ose e c nrciomit eihn aaal l  sd(eaLñdEooCr  rrViemisl)lpa «uloaebnsotteas    2021-1112n https://w
Cloesn ntruael vdoes  Iinnsdtircuiocsc ióqnu en úemxis. t3e.n  Ac oensttrea  eésl»c ryit os es ea cauceormdep alañ ain choibpiicaió dne a l afa rveofer rdideal  Jquuzegraedllao   BOE-A-cable e
de Petróleos de Venezuela, S.A. Este informe no se trasladó al investigado en tanto la 
causa estaba declarada secreta.
D)  La comparecencia del artículo 505 LECrim tiene lugar el 20 de febrero de 2018.
El Ministerio Fiscal solicita la prisión por concurrir los requisitos el artículo 503 
LECrim  en  una  intervención  de  poco  más  de  un  minuto  y  medio  con  el  siguiente 
contenido:
«El fiscal interesa que se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza de 
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas por considerar que concurren todos los requisitos 
que establece el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como consta en la 
causa, se le imputan delitos de naturaleza grave, como es el delito de blanqueo de 
capitales, que lleva aparejada una pena de prisión de hasta seis años. Existen en la 
causa indicios fundados de la comisión por parte del investigado de este delito, que se 
desprenden de todas las diligencias que se han practicado; concurren también en la 
causa  distintos  indicios,  datos,  que  corroborarían  y  vendrían  a  confirmar  el  delito 
antecedente  al  delito  de  blanqueo  que  se  le  atribuye.  Por  otra  parte,  también  es 
necesaria, para la prisión provisional que se solicita en este momento, para asegurar la 
presencia del investigado, para asegurar su sujeción al procedimiento y evitar su riesgo 
de fuga. Debemos tener en cuenta que al efecto consta en la causa indicios suficientes 
de la posible existencia de un patrimonio no localizado, que le permitiría o determinaría 
también este riesgo de fuga. Por último también es necesario, con esta medida se trata 
de evitar en la medida de lo posible que el investigado pudiera cometer más delitos de 
aquellos que se le atribuyen. Por ello, el Ministerio Fiscal, a la vista de la concurrencia de 
todos requisitos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solicita 
se acuerde la medida solicitada, prisión provisional comunicada y sin fianza».
La  defensa  del  recurrente  manifiesta  en  su  intervención  que  la  medida  es 
desmesurada, innecesaria e injustificada, para lo que argumenta en un triple sentido: (i) 
Se han vulnerado los artículos 302, 505.3 y 520 LECrim en su redacción tras la reforma 
del 2015 y no se le ha dado acceso a las actuaciones ni informado de qué ha cambiado 
para solicitar la prisión. (ii) La medida no está justificada ni es necesaria, pues no existe 
riesgo  de  fuga,  sino  que  se  ha  puesto  a  disposición  del  tribunal,  con  el  que  ha 
colaborado en todo momento, tiene arraigo y tiene acordadas medidas cautelares reales 
muy severas, habiendo estado libre en la causa desde que vino a España en julio 
de 2017, aunque en prisión por otro procedimiento desde noviembre de 2017. De otro 
lado, tras ocho meses de instrucción, no se atisba a visualizar que existan siquiera 
sospechas,  menos  aún  indicios  racionales  de  criminalidad,  del  delito  objeto  del 
procedimiento, ya que se alude solo a transferencias del banco portugués al Banco de 
Madrid de dinero procedente de unos pagos en Estados Unidos de unas empresas 
venezolanas a una sociedad del recurrente por servicios prestados, sin que se mencione 
el delito fuente o antecedente del blanqueo.(iii) Existen medidas alternativas.
E)  Por auto del Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid de 20 de febrero 
de 2018 se acordó la prisión provisional del recurrente.
a)  En los antecedentes, el auto explica que las diligencias se incoaron en virtud de 
diligencias previas remitidas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 en auto de 
inhibición de 29 de junio de 2017 por un presunto delito de blanqueo de capitales 
respecto del demandante, su esposa y otros investigados. Y aclara que las diligencias 
remitidas no tenían el carácter de secretas, pero así se acordó por auto de 7 de julio  s
de 2017. Reseña que, tras la práctica de diversas diligencias, siendo sustanciales la  oe.
declaración del recurrente y la de su esposa, la documentación recibida en virtud de los  w.
otEefsiscttaiiogdsoo  sap cUroonrpdiduaoedsso)ts,o   eapl  tofairsl  celaafle  scdoteolfi ceyint ólsa a c,do enec l lfaesrceahñcaioó r1n 5 Kp adreuesf mtfaeadbnaren er ol(  a1db2eo  dg2ea0 d1feo8b  lrdaee rclo e ildneevb er2as0cti1igó8an d podo er  eelnal    2021-1112n https://w
comparecencia del artículo 505 LECrim respecto del demandante.
b)  Luego de tener presente que se atribuye al investigado la participación a título de 
autor en un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 y ss. del Código penal (CP) y 
de realizar unas consideraciones generales sobre la prisión provisional y sus requisitos 
constitucionales y legales, con cita de la normativa y jurisprudencia concernida, el auto 
desestimó en el fundamento jurídico 4 la queja de la defensa por haberse vulnerado el 
derecho del investigado y de su abogado, recogido en los artículos 302, 505.3 y 520 
LECrim, a acceder al expediente de la causa, en este caso, previamente declarada 
secreta. Razona en los siguientes términos:
«[E]n fecha 7-7-17 se acordó el secreto de las presentes actuaciones pero hasta 
dicho momento no tenían esa consideración y le fue facilitada copia de las mismas al 
señor letrado de la defensa; por otra parte es cierto que desde que fue decretado el 
secreto de las actuaciones, algunas de las posteriores no ha tenido conocimiento de 
ellas el señor letrado. Ahora bien, lo que se tiene en cuenta para entender que se han 
modificado las circunstancias para la petición de que sea cambiada la situación personal 
del investigado, sí que ha tenido acceso y conocimiento de ello el señor letrado, pues es 
esencialmente la declaración del testigo señor Kaufmann el pasado día 12-2-2018, 
precisamente esa circunstancia conduce a que no pueda ser considerada la vulneración 
del derecho a la defensa que se regula en los artículos 505.3 párrafo segundo en 
relación con el artículo 520.2 LECrim, teniendo en consideración el carácter de secreto 
de la causa, por cuanto que de lo que tenía que tener conocimiento el letrado y que 
fundamenta la petición de modificación de la situación personal, en conjunto con la 
propia  declaración  del  investigado  así  como  la  documentación  obrante  en  las 
actuaciones que ya conocía con anterioridad a que fueran decretadas secretas, por lo 
que se entiende que no se ha vulnerado ningún derecho de defensa.»
c)  El auto dedicó su fundamento jurídico 5 a examinar la concurrencia de los 
requisitos para decretar la prisión del investigado, concluyendo que se trata de una 
medida necesaria, provisional y proporcionada a la finalidad constitucional de evitar su 
sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva. Al respecto sostiene:
«a)  El  hecho  de  venir  a  España  donde  tiene  su  domicilio  habitual  hasta  este 
momento, importantes intereses económicos, aunque no sea éste el único país en que 
los tiene, así como la imposibilidad, en principio, de regresar a su país de origen, pues 
así lo manifestó en su propia declaración y por último, el elemento que no puede 
olvidarse de estructurar más corruptamente una estrategia defensiva, son las razones 
que pueden considerarse como motivadoras de la decisión de venir a España, aun 
cuando estuviera de vacaciones en las islas Bahamas y no precisamente el ponerse a 
disposición de la Administración de Justicia incondicionalmente.
Lo anterior viene reforzado por el hecho de que, como consta en las actuaciones y 
de lo que tiene conocimiento el señor letrado de la defensa, por las autoridades judiciales 
de los Estados Unidos de América, ha sido solicitada la extradición del señor Villalobos 
Cárdenas  y  por  las  razones  que  sean,  pero  desde  luego  mostrando  su  escasa 
predisposición a estar a disposición de la justicia española, muestra su aquiescencia a 
ser extraditado a los Estado Unidos de América, extradición que ha sido acordada 
aunque  dejada  en  suspenso  por  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  2  de  la 
Audiencia Nacional. Si a ello se añade la indudable capacidad económica demostrada 
por los patrimonios que en su condición de persona física, bien por sí mismo o a través 
de representantes o de las distintas personas jurídicas en la que tiene plena capacidad  s
de disposición en diversos países, se considera suficientemente justificada la necesidad  oe.
de contemplar ese posible riesgo de fuga. w.
qreuqeu,P iecorore mú llaoti  meexosi ,s bteeiennn cc iusaaa dnbetido qo lu oyes   tpianold ryi ce iclo ossum djeoet  osla es  ecro ecmcooinsgoieóz nce and  eqelu lde ae lroltitísoc u bdlioee n 3be0lsa1 nt iqdeuenele onC  ódsdeui  gcooari pgPieteannl eeasnl,,    2021-1112n https://w
una actividad delictiva, lo que es lo mismo, la necesidad de que se pueda adivinar la
existencia de un delito precedente, ya en la documentación inicial así como en la
declaración que prestó con todas las garantías en la sede de este juzgado el señor 
Villalobos  Cárdenas,  unido  a  lo  que  también  manifestó  el  testigo  señor  Kaufmann, 
denotan, apriorísticamente, la existencia de un delito cuando menos de cohecho en su 
condición  de  funcionario  público  como  exviceministro  de  energía  de  Venezuela  y 
expresidente  de  la  empresa  pública  Cadafe,  así  como  las  comisiones  que  por  tal 
concepto venían siendo percibidas en connivencia junto con el banco Espíritu Santo de 
Portugal. No puede olvidarse que en su declaración, el señor Villalobos Cárdenas, hace 
un relato de los hechos que se le atribuían y al amparo de su legítimo derecho de 
defensa, excesivamente abigarrado y prolijo, con claro ánimo de defensa pero con 
contestaciones evasivas, confusas y sin dar explicación suficiente de los fondos que eran 
transferidos al Banco de Madrid, al Banco Popular de Andorra y a entidades bancarias 
de distintos países a través de las sociedades de las que era y sigue siendo partícipe 
mayoritario, sólo con su esposa Milagros Coromoto Torres Morán.
Por lo que se refiere a la presunta reiteración delictiva expuesta por la representante 
del Ministerio Fiscal, no debe contemplarse la misma, como es sostenido por el señor 
letrado de la defensa, como producto de una gran imaginación de dicha representante 
del ministerio público, pues, aun cuando en este momento, se encuentre privado de 
libertad por otro procedimiento seguido en los Estados Unidos de América, que nada 
tiene que ver con el presente, lo que sí se puede desprender de las actuaciones 
practicadas es que tiene representantes en varios países de varios continentes e incluso 
su propia esposa Milagros Coromoto Torres Morán tiene capacidad para, por sí misma o 
realizando visitas en el establecimiento penitenciario donde se pueda encontrar el señor 
Villalobos,  recabar  los  documentos  suscritos  por  éste,  que  podrían  constituir 
comportamientos para seguir llevando a cabo actos constitutivos de ilícitos penales […].»
F)  Al  representante  procesal  del  recurrente  le  fue  notificada  el  22  de  febrero 
de 2018 solamente la parte dispositiva del auto: «se decreta por esta causa la prisión 
provisional  comunicada  y  sin  fianza  de  Nervis  Gerardo  Villalobos  Cárdenas  como 
responsable de un delito de blanqueo de capitales». Por diligencia de constancia de 23 
de febrero de 2018 se recoge que esa notificación parcial se debe a que la causa ha sido 
declarada secreta. No obstante, conforme refiere una diligencia de ordenación de 7 de 
marzo de 2018 y ha reconocido el recurrente, por un «error producido en la notificación 
al investigado a través del servicio de cárcel» se notificó al demandante el auto de 
prisión en su integridad.
G)  Por escrito presentado el 27 de febrero de 2018 en el Juzgado de Instrucción 
núm. 41 de Madrid, la defensa del recurrente, con invocación de los artículos 302, 505.3 
y 520.2 LECrim, advertía de la necesidad de conocer los elementos de las actuaciones 
esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, cuya 
denegación conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva, para lo que solicitaba la 
suspensión del plazo para recurrir hasta la notificación del auto completo y que se 
permita el acceso a los citados elementos esenciales de las actuaciones.
Sin  haber  obtenido  respuesta,  el  28  de  febrero  de  2018  la  representación  del 
recurrente presentó escrito formalizando recurso de apelación contra el auto de 20 de 
febrero.
En el recurso de apelación se pone de manifiesto que se ha denegado el acceso a 
los elementos imprescindibles de las actuaciones para recurrir la medida en contra de lo 
dispuesto  en  los  artículos  302,  505.3  y  520  LECrim,  subrayando  que  no  tuvo 
conocimiento del informe del Ministerio Fiscal en el que solicita la celebración de la 
comparecencia de prisión. Como segundo motivo, y tras poner de relieve la falta de  e.
justificación de la petición de prisión por la fiscal, cuya breve intervención califica de  w.b
glae pnréHisr)ii cóanP,  paormro vdbiiislgiiguoeann aycl .inao d feu nodradmeneanctaiódna , dsee  7c udees timonaar zeol  cduem 2p0li1m8ie sneto  adceo rlodsó  rceoqnutiisnituoasr  dlea   2021-1112n https://w
ptrraemseitanctaiódno  daenlt ere lcau fraslota,  ddaed roe sqpuuee asstaí  lao  lsao rliecfietaribdaa  eslo rleiccituurdre dnete s euns pseun essiócnri,t oa,s pí ocro mhaob qeurleo 
por error se ha notificado al investigado el auto de prisión completo.
En el escrito de oposición al recurso fechado el 13 de marzo de 2018, los fiscales 
interesan que se forme testimonio secreto para elevar a la Audiencia Provincial el escrito 
de 15 de febrero de 2018 y la documentación que le acompaña. Sostienen que la 
investigación en España sobre el recurrente, evidencia datos que confirman los hechos 
denunciados y corroboran el delito antecedente del delito de blanqueo. Se le investiga 
por una operativa de blanqueo consistente en repatriar fondos obtenidos de forma ilegal 
en actos de corrupción en la República de Venezuela, valiéndose de sus contactos en la 
administración pública venezolana y de sus conocimientos profesionales. Añade que 
pende sobre él una petición de extradición formulada por las autoridades de los Estados 
Unidos de la que conoce el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 Madrid, relativa a un 
presunto delito de conspiración para realizar prácticas corruptas en el extranjero y un 
presunto delito de conspiración para cometer el delito de blanqueo.
Posteriormente,  dicha  representación  solicitó  el  2  de  abril  de  2018,  mediante 
comparecencia,  que  se  le  hiciera  entrega  de  los  documentos  señalados  como 
particulares por el fiscal en su escrito de oposición a la apelación por haber transcurrido 
el plazo del secreto señalado en el auto del Juzgado de Instrucción núm. 41 de 23 de 
febrero de 2018. El letrado de la administración de justicia del citado Juzgado dejó 
constancia en el acta de esa fecha de que no se accedía a ello al estar declaradas 
secretas las actuaciones. La solicitud se reiteró, a los efectos de preparar la vista de la 
apelación, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2018, también con resultado 
infructuoso.
I)  Importa también indicar, al margen de la tramitación del recurso de apelación 
mencionado, que en el mismo escrito de 15 de febrero de 2018 por el que solicitó la 
celebración de la comparecencia del artículo 505 LECrim, el fiscal interviniente planteó al 
Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid que se inhibiera en favor del Juzgado Central 
de Instrucción núm. 3 de Madrid ante el que se seguían a su vez las diligencias núm. 
38-2017, por hechos relacionados con un delito de blanqueo de capitales en los que 
podría haber participado el recurrente.
A dicha petición accedió el Juzgado núm. 41 por auto de 23 de febrero de 2018. Sin 
embargo, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 rechazó la inhibición por auto de 6 de 
abril de 2018. Señaló como base de su decisión que los hechos por los que el señor 
Villalobos es investigado por el Juzgado de Instrucción núm. 41 resultaban «totalmente 
independientes y distintos de los que se imputan a los querellados en el presente 
procedimiento (38-2017)» (razonamiento jurídico 4) y que los actos de blanqueo de 
capitales que se le atribuyen a él y a otros investigados se habrían cometido en España, 
lo  que  descarta  su  competencia,  sin  que  sea  motivo  para  conocer  de  ellos  la 
circunstancia de que esas personas estuviesen siendo investigadas en otros países por 
un delito de blanqueo (razonamiento jurídico 5).
J)  De  nuevo  en  relación  con  el  recurso  de  apelación  promovido  por  el  aquí 
recurrente, habiendo recaído su conocimiento en la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Madrid (rollo de apelación núm. 1244-2018), se celebra vista el 9 de abril 
de 2020, donde la defensa del demandante hace una extensa exposición en la que, 
entre otros aspectos, insiste en la falta de acceso a las actuaciones y la indefensión que 
ha generado el proceder del Ministerio Fiscal, que en la comparecencia solicitó la prisión 
por remisión y presenta en apelación los testimonios de sus particulares como secretos, 
a lo que se opone, así como la actuación del juez de instrucción, que suple o integra la 
ausencia  de  justificación  por  la  fiscal.  Discrepa  sobre  la  entidad  de  los  indicios 
incriminatorios, subrayando que no consta el delito antecedente, y niega la concurrencia  s
de los fines de la prisión apreciados. oe.
Tras  esa  intervención,  el  representante  del  Ministerio  Fiscal  aporta  de  forma  w.
prreerecshecearvdzaaed naet en  ddpoers icm odehore ccluuhmgoa ecrn otlmoas o a ecquluesema ceeinóntnot i etdínpedi ceion  ddqeeuflee dn esaliióvtoan l adpneo  rb llaare nmqeuxiseisióoten. n Eacni a ls ousd  iena treguruvnme nedcneiótloitnos,    2021-1112n https://w
dcuaedsotsio neand oesl , aeuxtpoo nime plau gsniatudaoc.i óEnn p rroeclaecsiaóln  decol ns elñoosr  rVeiqllauliosbitooss  edne  Elas pparñisai,ó nco nta mvabriiéons   BOE-A-cable e
procedimientos abiertos conectados con investigaciones en Estados Unidos, explicando 
que  la  petición  de  prisión  se  asienta  en  la  querella  presentada  por  Petróleos  de 
Venezuela, S.A., ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 en tanto pone de relieve 
el delito antecedente. Esa querella, según expone, acompaña a su escrito de oposición 
al recurso de apelación, y hace entrega de copia al tribunal, pero no a la parte por estar 
secreta la causa.
K)  La sección quinta resolvió el recurso de apelación de la defensa frente al auto de 
prisión mediante auto de 13 de abril de 2018, desestimándolo.
La Audiencia considera que la medida resulta «necesaria y proporcionada a las 
circunstancias del caso». No alude a la queja de falta de acceso a las actuaciones ni a la 
solicitud correspondiente. En su razonamiento tercero argumenta como sigue:
«En este sentido, no podemos olvidar que nos encontramos ante la comisión de 
delito ciertamente relevante (blanqueo de capitales) para el que está prevista pena grave 
privativa de libertad, y que, de acuerdo con lo argumentado por el Juez a quo, sí existen 
indicios no desvirtuados de la participación del recurrente en tal delito. Así la detallada 
prueba documental así lo acredita, y la falta de contundencia de la declaración del 
investigado sobre sus operaciones bancarias. Por otro lado, como se destaca en el auto 
de prisión provisional, esta medida se justifica también en la necesidad de evitar la fuga 
del recurrente y que pueda volver a delinquir dada la capacidad económica con que 
cuenta, pues de los antecedentes obrantes en los autos se desprende la existencia de 
otros incidentes del mismo carácter, como lo demuestra la presencia de una orden de 
extradición de Estados Unidos pendiente del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la 
Audiencia Nacional, a la que no se opone el investigado, denotando con ello evitar los 
tribunales españoles».
L)  Por la representación procesal del demandante se promovió incidente de nulidad 
de  actuaciones  contra  el  auto  de  apelación,  que  se  articuló  en  tres  motivos.  (i) 
Vulneración de los derechos fundamentales a la defensa (artículo 24.2 CE) y a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 CE), puestos en relación con el derecho a la libertad 
(artículo 17.1 CE), por haberse denegado el acceso a los elementos de las actuaciones 
esenciales para impugnar en apelación la medida de prisión provisional, incluso en la 
vista, cuando ya no estaba vigente el secreto. Vuelve sobre la falta de concordancia 
entre lo pedido por el Ministerio Fiscal en la comparecencia y lo acordado en el auto de 
prisión, que suple la actuación genérica de la acusación pública, sin que tampoco la 
intervención del fiscal en la vista de la apelación ilustre sobre el sustrato fáctico de la 
acusación, con el añadido de referirse a elementos diversos de los que se contienen en 
el auto impugnado. (ii) Falta de respuesta explícita o implícita a la queja de la indefensión 
padecida, incurriendo en incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 CE). (iii) Vulneración del derecho a la libertad del artículo 17.1 CE 
también por razones materiales, al no justificarse de forma motivada y suficiente la 
sustentación de la prisión provisional.
M)  El incidente de nulidad fue resuelto por la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Madrid en virtud de auto de 7 de junio de 2018, que declaró no haber lugar 
al mismo con la siguiente argumentación:
«Es  necesario,  según  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  para  la 
admisibilidad del incidente que no sea una cuestión jurídica planteada y debatida en la 
anterior fase del recurso. Es decir, que sea una cuestión nueva, que no ha podido  s
plantear y resolver antes ni por otro medio. oe.
Desde estos puntos de vista, y leído el escrito que pretende la iniciación de un  w.
ipnuceiddEeenn  cteeuf emdcept olnir,u  ldolieds a lrade ,qs yuim ilsepiítldoeas l  ealacn trtueerdsaoi cdlhueoc islóo.ns  dmeo ltaiv Aosu daileengcaiad oPsr opvoirn ceila pl rdoifmícoiltmore ndteel  einl cmidiesmntoe   2021-1112n https://w
se observa que se fundamenta en el genérico derecho a una tutela judicial efectiva y al
derecho a la libertad. Y aunque se afirma que se pretende una nueva instancia […], no
hay más que ver el suplico del incidente para saber qué es esto precisamente lo que se 
invoca.
Se habla de indefensión por no permitirle el acceso a unas actuaciones declaradas 
legalmente secretas. Y si a través de la interposición de un simple recurso de apelación y so 
pena de nulidad hubiera que darle traslado de todas y podría ser fácilmente vulnerado […].
Se habla de falta de respuesta sobre las cuestiones planteadas para la libertad y 
basta leer la resolución recurrida para ver que sí se da respuesta en la medida de saber 
los motivos por los que se acordó. Aunque lo que se pretende al parecer es mayor 
información sobre lo que está declarado secreto.»
3.  La demanda de amparo contiene tres motivos:
A)  El  primero  motivo  atribuye  a  las  resoluciones  impugnadas  la  vulneración 
conjunta  de  los  derechos  a  la  libertad  personal  (artículo  17.1  CE),  a  no  padecer 
indefensión (artículo 24.1 CE), a la defensa letrada (artículo 24.2 CE), a ser informado de 
la acusación (artículo 24.2 CE) y a un proceso con todas las garantías en cuanto al 
derecho de contradicción (artículo 24.2 CE), por la negativa del juzgado a dar traslado a 
la defensa del informe del fiscal en el que éste interesaba la prisión provisional del 
recurrente y otras omisiones de información y acceso, debido a que la causa se había 
declarado secreta por el juzgado.
Se argumenta que el derecho de defensa frente a la adopción de la medida de 
prisión  provisional,  que  afecta  a  un  ciudadano  cuya  inocencia  se  presume,  es 
particularmente sensible y exige que la acusación inste la medida, aporte los indicios 
fácticos que la sustentan e informe de ello al investigado y su defensa, a efectos de 
alegar y probar lo que estimen conveniente en pro de su libertad. El desarrollo legal de la 
garantía constitucional de defensa frente a la prisión provisional proclama el derecho de 
información sobre los motivos que fundan su adopción y el derecho de «acceder a los 
elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad» de la 
misma, según recogen los artículos 302 y 520 LECrim, en el segundo de los casos 
[artículo 520.2 d)] fruto de la transposición de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, 
relativa al derecho a la información en los procesos penales. Garantía que también ha 
sido objeto de análisis en la Circular 3/2018 de la fiscalía general del Estado, que 
entiende que debe darse acceso a las pruebas que recojan los indicios de la comisión de 
los delitos, aquellos de los que resulta su atribución indiciaria al investigado y los que 
acrediten alguno de los fines que justifican la medida antes de la comparecencia prevista 
en el artículo 505 LECrim, trámite previsto para garantizar la defensa frente a la prisión 
provisional.
Se advierte por el demandante que no existe dictada todavía doctrina constitucional 
sobre la garantía de acceso al expediente con relación a la prisión provisional, solo sobre 
la detención en la STC 21/2018. Conforme a los parámetros que esta resolución fija, ha 
de  diferenciarse  entre  el  derecho  de  información  y  el  de  acceso  a  los  materiales. 
Respecto del segundo, el fundamento jurídico 6 c) de esta sentencia indica que abarca 
«las  fuentes  de  prueba  que  permiten  afirmar  la  concurrencia  de  los  indicios  que 
relacionan al sospechoso con el hecho investigado (documentos, informes periciales, 
actas que describan el resultado de un registro, de una inspección ocular o de la 
recogida de vestigios, y, si procede, fotografías, y grabaciones de sonido o video, u otras 
similares)». Por su parte, el artículo 7.1 de la Directiva señala que «cuando una persona 
sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los 
Estados miembros garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado  e
aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de  bo
las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera  w
edfeetcetnivcaió, nc oo nd ea larr epgrilvoa cai ónlo  dees ltibaebrletacdid»o.  en  la  legislación  nacional,  la  legalidad  de  la  2021-1112n https://w
denuCnocnia t:ales presupuestos, la demanda pone de relieve los hitos de la indefensión que
a)  El  recurrente  y  su  abogado  acudieron  a  la  comparecencia  del  artículo  505 
LECrim sin información alguna sobre la conducta concreta que la fiscalía le atribuía, la 
razón por la que se considera delictiva o las fuentes de prueba que fundaban su autoría, 
tampoco sobre del riesgo que justifica la prisión y los datos fácticos y fuentes de prueba 
en que se asienta; ni se le permitió el acceso a la documentación de la causa. Tampoco 
se subsanó esta falta de información durante la comparecencia.
b)  El auto de 20 de febrero de 2018 que acuerda la prisión, del que tiene un 
conocimiento casual, supone un conocimiento tardío, pues ya no se podía instrumentar 
la defensa para evitar una prisión consumada, e insuficiente, porque no satisface la 
garantía de acceso a la documentación de la causa. Los argumentos ofrecidos para 
negarla en el auto, relativos al período en que la causa no fue secreta y la posibilidad de 
suponer la imputación a partir de su declaración y la del testigo de la defensa, no 
convencen. El acceso se tuvo solo entre el 22 de junio de 2017 (apertura de las 
diligencias) y el 7 de julio de ese año, el secreto duró cinco meses y, después de 
levantarse, se volvió a acordar cuatro meses después. Por otro lado, lo declarado por un 
testigo y la declaración del propio recurrente apuntan a diligencias que tienen contenido 
exculpatorio y, como la STC 18/1989 ya indicó, lo importante es el traslado de la 
fundamentación jurídica de la resolución judicial adoptada, por más que el demandante 
pudiera presumir o conocer los hechos. En todo caso, añade, se colige que el juzgado 
fundó la prisión en razones distintas de las esgrimidas por el fiscal en su petición de 
comparecencia  del  artículo  505  LECrim,  con  quiebra  del  principio  acusatorio  e 
indefensión, al suplir el instructor las funciones del Ministerio Fiscal. Se trata de una 
«prisión pedida por la acusación, pero no justificada por la misma».
c)  La falta de acceso a la documentación se prolongó tras ser dictado el auto de 
prisión pese a las peticiones en tal sentido, hasta llegar a la vista de apelación en la que 
no se facilitó ni siquiera el informe del fiscal y la documentación anexa, produciéndose 
así  una  «segunda  defensa  a  ciegas».  El  auto  de  apelación,  además,  omitió  dar 
respuesta al motivo del recurso por indefensión debido a aquella falta de información y 
acceso al expediente, mientras que el posterior auto de nulidad ofreció una respuesta 
que tampoco satisfizo lo que se planteaba.
La demanda descarta luego la justificación para la anterior conducta judicial por el 
secreto de las actuaciones. Con apoyo en la Circular 3/2018 de la Fiscalía General del 
Estado defiende que el acceso a los elementos esenciales de las actuaciones ha de 
permitirse también en el caso de secreto de las actuaciones, sin perjuicio de que, 
respetando su contenido esencial, pueda modularse la extensión de ese derecho. En 
este caso, opone, se negó al investigado toda información y acceso con la invocación del 
secreto, lo que supone una ponderación inconstitucional de los derechos en juego. Con 
el añadido de que el secreto ni siquiera pervivía durante la tramitación de la apelación, 
pues cesó el 23 de marzo de 2018 al no ser prorrogado, lo que no impidió que se 
informara falsamente de su mantenimiento en la comparecencia del 2 de abril para 
interesarse por la solicitud de acceso y que en la vista de apelación celebrada el 9 de 
abril se aportaran reservadamente los particulares designados por el fiscal, asumiendo 
que la causa seguía bajo secreto.
B)  El segundo motivo de la demanda sostiene que hubo vulneración del derecho a 
la libertad personal (artículo 17.1 CE) por «la falta de sustento y de motivación de la 
decisión de prisión provisional».
En  concreto  y  tras  recordar  las  exigencias  legales  y  la  doctrina  constitucional 
concernida (con cita de la STC 128/1995), niega que exista una adecuada motivación  e.
sobre la existencia de indicios de comisión del delito de blanqueo, de riesgo de fuga y de  w.b
riesgao)  deN ore sitee rcaucmiópnl ed elali cetxivigae.ncia de que el auto de prisión haga constar los hechos que  2021-1112n https://w
rdeevliitsota nfu ecanrteá ctdeer l deb ladneqliutoe,o c umyaá sp eqnuae  jussutcifiinqtuaem lean tmee dniid aq,u eén  otapnetroa cnioon eses  dseesrcíarinb el aesl 
blanqueadoras ni qué indicios concurren para señalar que se produjeron y que las
produjo el demandante, basándose la argumentación solo en la ausencia de suficientes 
contraindicios.
b)  El argumento judicial de que vino a España para «estructurar más corruptamente 
una estrategia defensiva» se opone al argumento de pura lógica de que justo prueba lo 
contrario el hecho de que este fuera y acuda presto a la llamada del órgano judicial 
español, sin que, además, esa estrategia sea sustento del riesgo de fuga, en todo caso, 
de destrucción de pruebas. Tampoco es de recibo el argumento de la aquiescencia del 
recurrente a la extradición a los Estados Unidos, que solo muestra su inocencia y su 
buena fe, al margen de que aceptar una jurisdicción no comporta rechazar otra. Por lo 
demás, la capacidad económica no parece suficiente indicio del riesgo de fuga cuando el 
órgano judicial le ha bloqueado el acceso a sus bienes y durante muchos meses estuvo 
en libertad sin que importara. Incluso el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 decretó la 
libertad provisional en el incidente por la extradición y enumera diversas razones que 
desmienten  el  referido  riesgo  de  fuga,  incluida  la  denegación  de  detención  por  el 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 al comienzo de la causa por no haber peligro 
evidente de fuga.
c)  El riesgo de reiteración delictiva se sostiene de forma insuficiente, porque ni 
siquiera se expresa qué delito puede cometer el investigado, e ilógica, pues se alude a la 
posibilidad de delinquir con su cónyuge desde prisión, que supuestamente se decreta 
para que no delinca.
C)  Como tercer motivo del recurso, se alega la «vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y a la libertad (artículo 17.1 CE) por incongruencia 
omisiva, por falta de respuesta a la pretensión de indefensión por denegación de acceso 
a la documentación que sustentaba la petición de prisión».
Se  cita  doctrina  constitucional  sobre  la  lesión  del  derecho  de  congruencia 
(SSTC 52/2005, FJ 2, y 67/2007, FJ 2), y sobre la exigencia de que exista una respuesta 
expresa,  no  tácita,  cuando  se  alega  la  vulneración  de  derechos  fundamentales 
(STC  176/2007,  FJ  2);  respuesta  controlable  en  sede  de  amparo  ordinario  y 
constitucional (SSTC 215/2001, FJ 2, y 192/2003). Sobre esta base, se afirma que no 
hubo respuesta ni expresa ni tácita en el auto que desestima la apelación al primer 
motivo de su recurso, en el que denunciaba la indefensión padecida, afectando al 
derecho a la libertad del recurrente (artículo 17.1 CE). Si bien el auto posterior que 
rechaza la nulidad da una respuesta, es «breve y no fácilmente comprensible: ‘Y si a 
través de la interposición de un simple recurso de apelación y so pena de nulidad 
hubiera que darle traslado de todas y podría ser fácilmente vulnerado’ […]». A juicio del 
demandante, «no se entiende porque falta un verbo. Y si no se entiende, no hay 
respuesta».
El  suplico  de  la  demanda  solicita  que  se  otorgue  el  amparo  contra  las  tres 
resoluciones que se impugnan, declarando vulnerados los derechos del recurrente que 
se han invocado, con nulidad de las resoluciones y que este tribunal «ordene a los 
órganos judiciales afectados que reconsideren otras decisiones adoptadas a partir de las 
anuladas a partir de la doctrina constitucional que se dicte en la sentencia consecuente a 
esta demanda de amparo».
Se solicitó mediante otrosí la suspensión de la ejecución de los autos impugnados.
4.  Por diligencia de ordenación de 19 de octubre de 2018 de la secretaría de 
justicia de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este tribunal se acordó dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid y a la Sección Quinta de la  e
Audiencia Provincial de Madrid a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitieran  bo
actuaciones. El primero, testimonio de la pieza separada de situación personal del  w
ldae mcoamndpaanretec,e cnocnia i ndcelul siaórntí cduel ola  5d0o5c uLmEeCnrtiaml ,y  adseíl  scoopmorot,e  eanu disouv iscuaaslo c, odrree slpoosn deisecnrtieto as   2021-1112n https://w
pprreecsiesnotsa dpoasra  pimorp ulag npaar rltae  psriovlaicciitóann ddoe  leibl eartcacde,s aos ía c olomso  edlee mloesn atousto sd ee n laqsu ea scetu aaccuioenrdees 
y prorrogue el secreto de las actuaciones en las diligencias previas núm. 1545-2017.
La segunda, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes 
al  rollo  de  apelación  núm.  1244-2018,  con  expresa  inclusión  del  acta  y/o  soporte 
audiovisual de la audiencia del artículo 505 LECrim del recurrente y, si los hubiere, de 
posibles escritos presentados por la parte solicitando el acceso a los elementos de las 
actuaciones  precisos  para  impugnar  la  privación  de  libertad.  El  testimonio  de  la 
Audiencia Provincial se recibió el 3 de diciembre de 2018. Reiterada la petición al 
juzgado de instrucción el 15 de enero de 2019, se recibió el testimonio el 24 de enero 
de 2019.
En las actuaciones remitidas a este Tribunal Constitucional aparecen, además de 
aquellas a las que ya se ha hecho referencia, las siguientes:
a)  La representación procesal del recurrente formuló una nueva solicitud de libertad 
provisional al Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid, que fue denegada por auto 
de 28 de mayo de 2018. Interpuesto por dicha parte un recurso de apelación, el cual 
resultó estimado por auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 11 de septiembre de 2018, que acordó su libertad provisional con la medida cautelar 
de retirada del pasaporte y la obligación de presentarse ante el juzgado o tribunal del 
que dependa el primer día hábil de cada mes y siempre que sea citado, además de 
comunicar al tribunal cualquier cambio de domicilio. La decisión se apoya en la falta de 
indicios consistentes del delito precedente del blanqueo investigado.
b)  El Juzgado de Instrucción núm. 51 de Madrid, actuando en funciones de guardia 
(diligencias  previas  núm.  2174-2018),  dictó  auto  de  fecha  18  de  octubre  de  2018 
acordando la prisión provisional de don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Remitidas 
las actuaciones al Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid, en el marco de las ya 
citadas diligencias previas núm. 1545-2017, se dictó auto el 22 de octubre de 2018 
ratificando la medida. Contra ambas resoluciones cautelares se promovió recurso de 
apelación  por  la  defensa,  que  fue  estimado  por  auto  de  la  Sección  Quinta  de  la 
Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2018, que acordó de nuevo la 
libertad provisional del recurrente junto con la medida cautelar de retirada del pasaporte 
y la obligación de presentarse ante el juzgado o tribunal del que depende el primer día 
hábil de cada mes y siempre que sea citado, además de la obligación de comunicar al 
tribunal cualquier cambio de domicilio. Se argumentó de nuevo la ausencia de los 
indicios racionales de criminalidad en relación con el delito precedente del blanqueo 
necesarios para acordar la medida.
5.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 29 de abril de 2019, 
acordó  admitir  a  trámite  la  demanda  de  amparo  tras  apreciar  que  ofrece  especial 
trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, también se acordó dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid a fin de que, en plazo que no 
excediera de diez días, procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer en el presente proceso de amparo.
6.  Por providencia de la misma fecha, 29 de abril de 2019, se acordó la formación 
de la pieza separada de suspensión. Por ATC 37/2019, de 20 de mayo, se denegó la 
suspensión solicitada por pérdida sobrevenida de objeto en tanto la medida cautelar de  s
prisión provisional se dejó sin efecto por los autos de la Sección Quinta de la Audiencia  oe.
Provincial de Madrid de 11 de septiembre de 2018 y de 21 de diciembre de 2018, que  w.
acor7d.a roLna  lsae lcibreetratarida  pdreo vjuissioticniaal  ddee l lare Scuarlare Snteeg.unda de este tribunal, por diligencia de 10  2021-1112n https://w
dReiv ejurnoi,o e dne n o2m01b9re,  tyu vreop preosr epnetarscoiónna ddoes d ao nla D parroíoc uRraadmoirrao  Mdoañriao  MAlaer íIatu Árrnagldeele, sin vGeosntizgáaldeoz   BOE-A-cable e
en las diligencias previas núm. 1545-2017, condicionado a que en el plazo de diez días 
aportase poder para pleitos que acreditara la representación que decía ostentar; y al 
procurador don Federico Gordo Romero, en nombre y representación de don Javier 
Alvarado Ochoa, asimismo investigado en el procedimiento, y acordó dar vista de las 
actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de 
veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad 
con el artículo 52.1 LOTC.
8.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito registrado el 11 de julio 
de 2019, interesó que se denegara el amparo tras descartar que se hubieran vulnerado 
los derechos alegados en cada uno de los motivos de la demanda de amparo.
a)  Por lo que atañe al primer motivo, trae como doctrina constitucional concernida, 
de un lado, la vertida en las SSTC 21/2018, FJ 5, y, sobre todo, 83/2019, FFJJ 5 y 6, 
respecto a los derechos de información y acceso a las actuaciones en orden a impugnar 
la privación de libertad acordada cautelarmente en una causa declarada secreta, y, de 
otro lado, la expuesta en la STC 62/2019, FJ 4 a), respecto a la libertad de la autoridad 
judicial para acordar la prisión provisional por finalidades distintas de las esgrimidas por 
el fiscal o la parte acusadora. Desde tales consideraciones y a la vista de la tramitación 
procesal habida en el proceso subyacente, rechaza que el secreto haya supuesto merma 
defensiva para combatir la decisión de acordar la prisión provisional, al haber tenido el 
demandante acceso a la totalidad de la prueba en que se sustentaba y no solo a la 
esencial.  Recuerda  en  tal  sentido  que  tuvo  conocimiento  y  acceso  pleno  a  las 
actuaciones antes de que las mismas fueran declaradas secretas, por lo que conocía los 
hechos  que  se  le  imputaban  por  el  Ministerio  fiscal,  su  calificación  jurídica  y  la 
documentación en que se sustentaba, en una causa en la que era defendido por letrado 
de su confianza desde su inicio. Junto a esa documentación, subraya, también conocía y 
tuvo pleno acceso con anterioridad a la vista prevista en el artículo 505 LECrim, a su 
declaración, la de su esposa y la de su abogado americano. A ese conocimiento, 
remacha, se añade que el auto que acordó la prisión provisional le fue notificado de 
modo íntegro, con lo que pudo discutirlo en su integridad.
A juicio de la fiscal, se hace radicar la vulneración en elementos que no guardan 
relación con el problema que se examina, ya que, frente a lo sostenido en la demanda, el 
fiscal del caso no sustentó la petición de prisión en la pretensión de que el juzgado se 
inhibiera  a  favor  de  otro  órgano  judicial.  Pidió  la  citación  a  la  comparecencia  del 
artículo  505  LECrim  por  entender  que  existían  nuevos  indicios  sin  hacer  otras 
consideraciones, solicitando, además, la inhibición. El juzgado de instrucción acordó 
luego la prisión provisional, acogiendo en el auto de 20 de febrero de 2018 los motivos 
esgrimidos por el Ministerio Fiscal, que expuso en la comparecencia y a los que se 
opusieron el demandante y su defensa. Concluye que «no hubo ni la indefensión inicial, 
por desconocer los motivos por los que el fiscal solicitó la comparecencia de prisión, ni 
tampoco hubo desvío en la decisión judicial, ni sustitución por el juez de las funciones de 
fiscal con merma de su imparcialidad».
Por  último,  rebate  que  la  ignorancia  que  alega  el  recurrente  sobre  la  falta  de 
notificación del levantamiento del secreto en fase de apelación le impidiera la actuación 
procesal pertinente para recabar la información al respecto, sin que ese dato aporte 
elementos  que  refuercen  la  argumentación,  pues  de  ahí  no  fluye  que  se  le  haya 
impedido acceder a ningún elemento de prueba que se haya tenido en cuenta por la 
Audiencia Provincial para resolver el recurso de apelación y decidir mantener la medida  e
privativa de libertad. bo
b)  Tampoco estima concurrente la fiscal la vulneración del derecho a la libertad  w
d(aer tíccounlof o1r7m CidEa)d  pocor nfa ltlaa  ddeo scutrsintean tcoo yn sdteit umciootnivaal cipóenr tdinee lnat ed,e cqisuieó n edneu pnrciisaió nm perdoiavinstieo nlaal   2021-1112n https://w
areuptoro dduec pcrióisnió dne i munp uagmnapdlioo , eqxutrea catlou ddee  ala l aS TdCoc 5u0m/2e0n1ta9c,i óFnF JinJi c3ia yl  ys sa.  lAa ss ud eecnlaterancdieorn, eesl 
del investigado y del testigo de la defensa como base de la existencia de un delito de
cohecho del recurrente en su condición de funcionario público como delito fuente, puesto 
en relación con los precedentes autos judiciales de incoación de diligencias previas y de 
inhibición,  donde  se  especificaban  con  claridad  los  hechos  que  eran  objeto  de 
investigación,  el  origen  del  dinero  y  las  distintas  operaciones  bancarias,  narra  con 
suficiente claridad los hechos que eran objeto de investigación, que eran imputables al 
ahora demandante de modo claro, pues eran sus sociedades las que habían realizado 
las  diversas  operaciones  bancarias,  cuya  acreditación  documental  obraba  en  las 
actuaciones.
Tampoco estima la fiscal que exista un déficit de motivación en lo que a los fines 
legitimadores de la prisión preventiva toca. Entiende que «el riesgo de fuga se hace 
radicar en la indudable capacidad económica del demandante, no controvertida, en la 
red de sociedades y representantes de que dispone en diversos países de distintos 
continentes, tampoco cuestionado y, en su aquietamiento en ser extraditado a Estados 
Unidos,  que  es  interpretado  como  muestra  de  escasa  predisposición  de  estar  a 
disposición  de  la  justicia  española,  lo  que  podrá  compartirse  o  no,  pero  pone  de 
manifiesto el interés en que no se paralice ni se dividiese la investigación en marcha 
entre distintas jurisdicciones territoriales, máxime si ello iba acompañado del intento de 
acumulación de todos los procesos seguidos en los distintos juzgados de España. El 
órgano judicial descartó como elemento disuasorio del riesgo de fuga el dato de que 
hubiera regresado a España en el inicio de la investigación, al conocer que se estaba 
registrando su domicilio pues interpretó que ello se había realizado en el propio interés y 
no para ponerse a disposición de la justicia».
En  lo  referido  al  riesgo  de  reiteración  delictiva,  considera  que,  si  bien  el  auto 
impugnado contiene una redacción confusa, «su atenta lectura pone de manifiesto, que 
se  estima  concurrente  el  mismo,  a  pesar  de  que  ya  tuviese  decretada  la  prisión 
provisional por otra causa, por la facilidad que el entramado de representantes que tenía 
en  diversos  países  y  continentes,  e  incluso  con  la  ayuda  de  su  esposa,  también 
investigada,  le  podría  permitir  seguir  llevando  las  mismas  ilícitas  actividades», 
respondiéndose así al argumento de la defensa de que no había tal riesgo por estar ya 
preso a disposición de otro juzgado.
c)  Por último, el Ministerio Fiscal niega que exista una vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (artículo  24.1  CE)  y  a  la  libertad  (artículo  17.1  CE)  por 
incongruencia omisiva. Con cita de la doctrina constitucional pertinente de la mano de la 
STC 61/2019, FJ 5, sostiene que el auto de prisión da respuesta a la protesta de 
indefensión por falta de información y acceso a las actuaciones, remitiendo a los datos 
ya conocidos por el demandante como base de su decisión cautelar, sin que, por lo 
demás, haya indicado en la demanda datos desconocidos de los que hubiera tenido 
conocimiento tras levantarse el secreto. Si bien es cierto que el auto de 13 de abril 
de 2018 resolutorio del recurso de apelación no dio respuesta a la correspondiente 
alegación, opone que el posterior auto desestimatorio del incidente, como el propio 
recurrente reconoce, sí descartó la indefensión en su razonamiento jurídico único, que, 
aunque poco preciso, apela al secreto como razón para denegar el acceso a la causa.
9.  El recurrente, en escrito registrado el 11 de julio de 2019, reiteró la denuncia de 
vulneración de los derechos fundamentales formulada en la demanda de amparo así 
como las alegaciones entonces vertidas, añadiendo algunos argumentos en relación con 
el primer motivo. Subraya que el acceso a la documentación que sustentaba la petición 
de prisión provisional le habría permitido tener conocimiento de que no concurría la 
razón por la que se había solicitado, dado el rechazo de la inhibición por el juzgado  e.
central de instrucción, y haber enfrentado esa petición, como posteriormente hizo en una  w.b
denesut ee1v 1atr  idbveuis ntsaae lp edtniee  am1p7be rdleae c djiuóenn 2i oc0 o1dn8et. r 2aT0 al1am9 b p(irSéisTni óCrne 8 sq3pu/e2ec0 t1coo9 an),ld  qumujooe t iasv eol a pp rproiumneuesnrtoca i ater anse ol biblaree r steeal nddt eeprnoecrc iaha oud teoa    2021-1112n https://w
creacuibteirla rc odneo lcibimeriteandt oc udaen dloo  lae sceanucsiaa l esdteá  dlaesc laarcatduaa csioencreest ap, acruay ai mdopcutgrinnaar  elnat iepnridvea cqióune 
confirma la existencia de lesión en el caso, pues no se dio acceso a pesar de haberse
mostrado  repetidas  veces  la  voluntad  de  hacer  uso  del  derecho  reconocido  en  el 
artículo 520.2 d) LECrim. Respecto al segundo motivo, vulneración del derecho a la 
libertad (artículo 17.1 CE) por la falta de sustento y de motivación de la decisión de 
prisión provisional, añade al resumen de lo ya sostenido en la demanda sobre la falta de 
aportación de datos fácticos que sustenten la existencia de indicios de delito y de riesgo 
de fuga o de reiteración delictiva, que esa falta de indicios se corrobora en el citado auto 
de la Audiencia Provincial de 11 de septiembre de 2018 que revocó la prisión.
10.  El procurador don Federico Gordo Romero, en representación de don Javier 
Alvarado Ochoa, no formuló alegaciones.
11.  Por providencia de la Sección Cuarta de este tribunal de 17 de julio de 2019 se 
acordó  no  haber  lugar  a  la  personación  pretendida  de  la  procuradora  doña  María 
Ángeles González Rivero, en la representación que decía ostentar de don Darío Ramiro 
Mario Ale Iturralde, al haber transcurrido el plazo que le fue concedido por resolución 
de 10 de junio de 2019 para que aportara poder para pleitos que acreditara dicha 
representación sin haberlo verificado, continuando la tramitación de las actuaciones 
respecto a las demás partes debidamente personadas.
12.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Se impugna en el recurso de amparo el auto del Juzgado de Instrucción núm. 41 de 
Madrid de 20 de febrero de 2018, que acordó la prisión provisional del recurrente en las 
diligencias previas núm. 1545-2017 por estimar que existen indicios de comisión por el 
demandante de un delito de blanqueo de capitales, así como riesgo de fuga y de 
reiteración delictiva por su parte. La impugnación se extiende a los posteriores autos de 
la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de abril de 2018, que 
confirmó en apelación la medida cautelar privativa de libertad, y de 7 de junio de 2018, 
que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a dicho auto 
desestimatorio de la apelación.
El demandante de amparo considera vulnerados sus derechos en un triple aspecto: 
(i) la omisión de información y acceso a las actuaciones, conforme a lo previsto en los 
artículos 520.2 d) y 505.3 LECrim, lesiona los derechos a la libertad (artículo 17.1 CE), a 
no  padecer  indefensión  (artículo  24.1  CE)  y  a  la  defensa,  a  ser  informado  de  la 
acusación y a la garantía de contradicción (artículo 24.2 CE); (ii) la falta de sustento y de 
motivación  de  la  decisión  de  prisión  provisional  viola  el  derecho  a  la  libertad 
(artículo 17.1 CE) y (iii) la falta de respuesta a la pretensión de indefensión por haberse 
denegado el acceso a la documentación que sustentaba la petición de prisión infringe los 
derechos a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y a la libertad (artículo 17.1 CE).
La  fiscal  interesa  que  se  deniegue  el  amparo  solicitado  al  no  apreciar  ni  la 
indefensión  denunciada  por  falta  de  acceso  a  las  actuaciones,  queja  que  estaría 
respondida en las resoluciones del proceso subyacente que ponen de relieve que la 
causa no permaneció siempre secreta y que el demandante conocía las bases fácticas y 
jurídicas de la medida cautelar decretada, ni la falta de motivación de la decisión cautelar 
de privar de libertad, al haberse razonado por el juez tanto sobre el presupuesto como  e.
sobre las finalidades de la prisión provisional acordada. w.b
daeqtueeErlmll aisan nadáreíla isínnis du ondlaee   rperltaorsoc eadcacilmeiógenan cataio lu,n nec usm yoadm ee evnelatno t udpaerlom ecaesntsidmaal a acnciótoenmr iloeimrn ziytaa, rrcáíoa m ecolo  npe rsoa nhquaunbeciltiluaaamsl ,i eqcnuoteno    2021-1112n https://w
asoubtores  ilmasp udgen acdaorásc (tSerS mTCa t3e0ri/a2l,0 1re9l,a FtivJa 4s) .a la motivación de la prisión provisional en los
2.  Derecho de información y derecho de acceso a las actuaciones del privado 
cautelarmente de libertad [artículos 302, 505.3 y 520.2 d) LECrim] como garantías 
legales (artículo 17.1 CE).
El recurrente plantea en el primer motivo dos tipos de quejas en relación con los 
déficits de información y acceso que denuncia como vulneradores de los derechos a la 
libertad (artículo 17.1 CE), a no padecer indefensión (artículo 24.1 CE) y a la defensa, a 
ser informado de la acusación y a la garantía de contradicción (artículo 24.2 CE). En ese 
plural planteamiento se manejan, como ha ocurrido en otras ocasiones respecto al 
procedimiento para privar cautelarmente de libertad, un doble plano (STC 30/2019, de 28 
de  febrero,  FJ  4).  De  un  lado,  se  aduce  la  inobservancia  de  las  garantías  de 
procedimiento legalmente previstas como desarrollo del artículo 17.1 CE en los artículos 
520.2 d) y 505.3 LECrim en conexión con las previsiones de la Directiva 2012/13/UE. De 
otro lado, los efectos lesivos que esa omisión tiene en la exigencia de contradicción y el 
principio acusatorio imprescindibles, a juicio del demandante, para asegurar la defensa 
frente a la prisión provisional, argumentos que apuntan a las garantías procedimentales 
impuestas directamente por el artículo 17 CE. En particular, a «la exigencia de un acto 
de control efectivo de la privación cautelar de libertad verificado por una autoridad 
imparcial de un modo que no produzca una situación de indefensión (artículo 17.2 CE)» 
(STC 30/2019, FJ 4 b)]. Ambas perspectivas, que convergen en gran medida, han sido 
tratadas en nuestra jurisprudencia reciente. Su exposición comenzará por el primero de 
los aspectos, la infracción de las actuales garantías legales de la privación cautelar de 
libertad.
Sobre el alcance de los derechos de información y acceso a las actuaciones en el 
marco de los incidentes de prisión se ha pronunciado este tribunal en la STC 83/2019, 
de 17 de junio, que entronca, a su vez, con las previas SSTC 13/2017, de 30 de enero, 
y 21/2018, de 5 de marzo. Estas resoluciones abordan desde la lente constitucional 
aspectos de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la 
información en los procesos penales, y su traslación al ordenamiento jurídico español. 
Las SSTC 13/2017 y 21/2018 perfilan el espacio constitucional de los derechos a ser 
informado y a acceder a aquellos elementos de las actuaciones que resulten esenciales 
para impugnar la legalidad de la privación de libertad en el marco de una causa no 
declarada secreta con ocasión de detenciones policiales sometidas a control judicial por 
medio de un habeas corpus.  La STC 83/2019, cuya doctrina reproducen las posteriores 
SSTC 94/2019, de 15 de julio, y 95/2019, de 15 de julio, se ocupa del alcance de los 
indicados derechos cuando, «encontrándose la causa bajo secreto sumarial (artículo 302 
LECrim), el detenido ha pasado a disposición judicial y corresponde decidir sobre su 
situación personal, convocándose a tal fin la comparecencia del artículo 505 LECrim» 
(FJ 5). El contexto procesal del asunto que nos ocupa, donde se solicita la medida 
cautelar  de  prisión  transcurridos  más  de  siete  meses  desde  el  comienzo  de  la 
instrucción, en unas actuaciones declaradas secretas a intervalos y para un investigado 
que ha prestado declaración y hasta el momento ha permanecido en libertad en la 
causa, permite avanzar en la tarea de definir los citados derechos de información y 
acceso en conexión con el derecho de defensa cuando se trata de la libertad.
Punto de partida de la doctrina constitucional es la constatación de que, junto al 
derecho de información y acceso que, con carácter general, corresponde a toda persona 
investigada o acusada (artículo 118.1 LECrim), se contemplan específicas exigencias 
cuando se trata de un detenido o preso (artículo 520.2 LECrim). Dicotomía que atiende a 
la afectación en este caso no solo del derecho de defensa, sino del derecho a la libertad,  e.
y que entronca con las previsiones de los artículos 5 y 6 del Convenio europeo de  w.b
dDEeuerrreoecpchheooass  ( haHurutmímcauanlnoooss s 6,( C,o Er4ig7De Hyn) ,  4yju8 ln)a,t  ocd oecr orlnea s lpraeo fCneadriridetaan  tdeDe ijr ueDrciestripveracu hd2oe0sn1 cF2iua/1n 3dd/eaUlm ETe,r inbytuaan letarsal  nEdseup rlouape Uestona i ódanel    2021-1112n https://w
coordnetennaimdoie dneto  lopsro dceerseacl heossp aañ loal  i(nSfoSrTmCa c2i1ó/n2 0y1 a8l,  aFcJc e5s yo  8a3 l/o2s0 1m9a, tFeJri a5l)e.s E dne lp aerxtpiceudlaier,n teel 
reconocido a los sospechosos o acusados detenidos o privados de libertad (artículo 4 de
la Directiva), que se desarrolla en el artículo 6.2 y en el artículo 7.1 y 4 de la Directiva, ha 
sido incorporado a nuestra legislación a través de la modificación de los artículos 302, 
505,  520  y  527  LECrim  operada  por  las  Leyes  Orgánicas  5/2015,  de  27  de  abril, 
y 13/2015, de 5 de octubre. En la medida en que esas garantías se exigen por la ley para 
privar cautelarmente de libertad, su inobservancia determina la lesión del derecho a la 
libertad personal del artículo 17.1 CE, al no haberse producido esa privación «con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en 
la ley» (SSTC 13/2017, FJ 4, y 21/2018, FJ 5). Nuestra jurisprudencia ha considerado 
«que  la  exigencia  general  de  habilitación  legal  supone  que  la  decisión  judicial  de 
decretar, mantener o prorrogar la prisión provisional ha de estar prevista en uno de los 
supuestos legales (uno de los ‘casos’ a que se refiere el artículo 17.1 CE) y que ha de 
adoptarse mediante el procedimiento legalmente regulado (en la ‘forma’ mencionada en 
el mismo precepto constitucional)» [por todas, SSTC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 a) 
(i), y 30/2019, de 28 de febrero, FJ 3 a) (i)].
Dos son los aspectos de esas garantías específicas que ahora interesa destacar con 
carácter general.
a)  Tras la reforma legal de 2015, el catálogo de derechos del detenido o preso 
comprende un especial rigor informativo, pues, conforme al artículo 520.2 LECrim, «toda 
persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, 
en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y 
las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le 
asisten». Entre esos derechos se encuentra el derecho a acceder a los elementos de las 
actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación 
de libertad [artículo 520.2 d) LECrim] que actúa como garantía instrumental del derecho 
a la información (SSTC 21/2018, FJ 4, y 83/2019, FJ 5). En términos lógicos, sin 
información no puede precisarse el objeto idóneo del acceso y sin acceso no hay 
posibilidad de contrastar objetivamente la veracidad y consistencia de la información 
recibida a efectos de valorar la legalidad de la medida (SSTC 21/2018, FJ 7, y 83/2019, 
FJ  5).  En  términos  funcionales,  ambos  aspectos,  información  y  acceso,  funcionan 
entrelazados como garantías del derecho de defensa frente a las privaciones cautelares 
de libertad y sirven a la finalidad última de proteger contra privaciones de libertad 
arbitrarias, donde resulta capital el control judicial de la medida.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se asienta la 
Directiva de la que trae causa la regulación actual, y que en todo caso debe orientar la 
interpretación  de  los  derechos  fundamentales  concernidos  de  conformidad  con  el 
artículo 10.2 CE, subraya la conexión entre el derecho de información del artículo 5.2 
CEDH y el derecho a cuestionar la legalidad de la privación de libertad del artículo 5.4 
CEDH (STEDH de 5 de noviembre de 1981, asunto X. c. Reino Unido, § 66). Para que 
el detenido o preso pueda cuestionar su legalidad debe estar pronta y adecuadamente 
informado de los motivos fácticos y jurídicos en que se asienta, de modo que, si no se le 
facilita la información, el derecho a impugnar la legalidad de la medida está desprovisto 
de sustancia efectiva (SSTEDH de 12 de abril de 2005, asunto Shamayev y otros c. 
Georgia y Rusia, § 413 y 432; 13 de julio de 2010, asunto Dbouba c. Turquía, § 54). En 
buena lógica, como luego insistiremos, la ausencia del debido conocimiento de los 
elementos del expediente esenciales para impugnar la legalidad de la privación de 
libertad supone una violación del derecho al control judicial de la regularidad de la 
medida privativa de libertad del artículo 5.4 CEDH.
b)  El  pleno  disfrute  de  los  derechos  de  información  y  acceso  puede  verse  e.
comprometido temporalmente, como reconoce el artículo 7.4 de la Directiva 2012/13/UE  w.b
vyde epn 2ried6vo é da ede mlj ualiitroite,í cnFudJloo  3 d3;e 01 2f0o 0rLm/E2a0C 0rri2em,it  edirnea  df6ian d e[eS o Sm TeaCl ya o1r,t 8íFc/1Ju9 lo49 ,9 5y,2  d78e.31 /2 22d0 )1d 9Le,E  fFCeFbriJrmeJr  o3y,   ceF)sJ,t  e44  ;t yr1 ib67u 4cn/2)a]0.l  0Eh1na,    2021-1112n https://w
eenst oasr caass odse,  epl rpelseenrov adris forutrtoes p oinr teelr ejussetisc iadbiglen odse  sdues  dperroetechccoisó ny,  gacroamnotí ase ls eé xvieto l imdieta dloa 
investigación o el proceso o, incluso, la vida, libertad o integridad física de otra persona.
Sin embargo, hemos constatado que, cuando se trata de un investigado o encausado 
en situación efectiva o potencial de privación de libertad, tanto la Directiva (artículo 7.4) 
como el legislador nacional [último párrafo del artículo 302 LECrim en relación con el 
párrafo segundo del artículo 505.3 y el artículo 527.1 d) LECrim] excluyen de esa 
posibilidad de restricción temporal de derechos el específico conocimiento sobre los 
hechos que se imputan al investigado y las razones motivadoras de la privación de 
libertad,  así  como  el  acceso  a  los  elementos  de  las  actuaciones  esenciales  para 
cuestionar e impugnar la legalidad de la privación de libertad [SSTC 21/2018, FJ 8, 
y 83/2019, FJ 6 c)]. En particular, «el secreto sumarial habrá de convivir en estos casos 
con  una  accesibilidad  al  sumario  que  constriña  el  nivel  de  conocimiento  por  el 
investigado del resultado de la investigación a aquello que resulte esencial –en el sentido 
de sustancial, fundamental o elemental– para un adecuado ejercicio de su defensa frente 
a la privación de libertad» [STC 83/2019, FJ 6 c)]. El legislador resuelve así el conflicto 
entre el derecho de defensa vinculado a la libertad (artículo 17 CE) y los fines con 
relevancia constitucional a los que sirve el secreto a favor de la garantía procesal de 
información y acceso a lo esencial para ejercer la defensa frente a la privación de 
libertad en consonancia, de nuevo, con la doctrina de Estrasburgo (STEDH de 9 de 
marzo de 2006, asunto Svipsta c. Letonia, § 137, con más referencias). Excluye la 
prevalencia de la eficiencia de la investigación que sí puede justificar frente al derecho 
de defensa (artículo 24.2 CE) la privación temporal del conocimiento y el acceso a otros 
elementos de las actuaciones en otros contextos procesales. Más allá de esa decisión 
principal,  la  determinación  de  cuáles  sean  dichos  elementos  será  necesariamente 
casuística, en función de las circunstancias particulares que hayan justificado la situación 
de privación de libertad (SSTC 21/2018, FJ 7, y 83/2019, FJ 5).
En suma, se han ampliado las garantías procesales legales del detenido o preso 
preventivo, reforzando el derecho de información y reconociendo un derecho de acceso 
complementario, con la finalidad inmediata de poder impugnar de forma efectiva la 
legalidad de la detención o prisión, cuyo respeto opera como condición de legitimidad de 
la privación cautelar de libertad. Esa finalidad de impugnación a la que sirven de forma 
directa las garantías determina el contenido de la información y la extensión del acceso 
que no puede ser limitado temporalmente, circunscrito a lo esencial para cuestionar la 
legalidad,  a  diferencia  del  conocimiento  y  acceso  global  que  corresponde  a  todo 
encausado, cuya finalidad es el ejercicio efectivo del derecho de defensa frente a la 
acusación penal, que puede ser objeto de restricciones transitorias. Conviene exponer el 
entendimiento del tribunal de esas garantías específicas establecidas en la ley a efectos 
de analizar las quejas del demandante desde las peculiares circunstancias del proceso 
subyacente.
3.  Configuración  del  derecho  de  información  y  del  derecho  de  acceso  a  las 
actuaciones. Derecho de información como presupuesto.
El derecho de información comprende la comunicación a la persona detenida o presa 
«por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de 
forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su 
privación de libertad, así como de los derechos que le asisten» (artículo 520.2 LECrim), 
entre los que se cuenta el derecho «a acceder a los elementos de las actuaciones que 
sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad» 
[artículo  520.2  d)  LECrim].  Los  pronunciamientos  ya  citados  sobre  el  derecho  de 
información cuando está en juego (siquiera potencialmente) la libertad (SSTC 21/2018  e
y 83/2019) arrojan la siguiente configuración: bo
ifnafvoorArme) acecLi óeanl   cvionenfrobtrraomll, a dfcoeiró msnua   qdcouenebs eei svtipetarno cdpieaob ryca itosenusaf iscrsoieebn rec(i aie)  l [mSpSoorTm Cee ns2tco1r /iy2to 0c,1 o8ns,t ienFn Ji dq6ou  ead )e,  blyaa  8sm3tei/s2 m0u1an9 ay,    2021-1112n https://w
FJ 6 a)]; (ii) de forma inmediata, lo que, más allá del dato temporal, significa que se debe
facilitar  con  anterioridad  a  alguno  de  los  momentos  en  los  que  pueda  verse
comprometida la efectividad del derecho de defensa del privado de libertad, donde 
destacan el momento de recibirle declaración cuando se trata de una detención y, en 
todo caso, el de decidir sobre la situación personal [SSTC 21/2018, FJ 6 b), y 83/2019, 
FJ 6 a)], y (iii) de oficio [STC 83/219, FJ 6 a)].
B)  La información que debe ser facilitada a la persona detenida o presa solo es 
suficiente si tiene un triple contenido: se ha de extender a los hechos atribuidos, a las 
razones motivadoras de la privación de libertad y a los derechos que le asisten. La 
concreción de ese contenido atiende a la finalidad tuitiva de permitir la defensa frente a 
la medida cautelar y asegurar la legalidad de la privación de libertad, esto es, que se ha 
producido conforme a los casos y modos fijados en la previsión legislativa que habilite la 
privación en cuestión. Solo si el investigado, debidamente asesorado, recibe información 
suficiente sobre los motivos por los que ha sido privado o puede ser privado de libertad, 
estará en condiciones de contrastar su veracidad y suficiencia mediante el acceso a las 
actuaciones  que  sostengan  las  razones  aducidas  y,  si  así  lo  estima,  impugnar  la 
legalidad de la medida cautelar (SSTC 21/2018, FJ 6, y 83/2019, FJ 5). Hay que insistir 
en que ambos aspectos del derecho de información en sentido amplio, comunicación y 
acceso, resultan funcionalmente indisolubles.
a)  Si se trata de un detenido por su supuesta participación en la comisión de un 
delito, la causa legal que justifica la detención se recoge en el artículo 492.4 LECrim y «el 
control de la adecuación a la ley de la detención gubernativa permite cuestionar tanto la 
existencia y suficiencia de los indicios en que se ha apoyado (los motivos de la detención), 
como su necesidad en el caso concreto» (STC 21/2018, FJ 5). En buena lógica, «[l]a 
información que la policía debe facilitar al detenido se extiende, por tanto, a los motivos 
jurídicos  y  fácticos  de  la  detención;  es  decir,  no  sólo  debe  identificar  y  calificar 
provisionalmente la infracción penal que se sospecha ha cometido la persona detenida, 
sino también los datos objetivos que permiten establecer una conexión lógica entre la 
conducta del sospechoso y el hecho investigado. No es suficiente, por tanto, con hacer 
referencia al hecho investigado, su lugar y fecha de comisión y su calificación jurídica 
provisional,  sino  que  la  información  policial  ha  de  poner  también  de  manifiesto  el 
fundamento de la conexión subjetiva y objetiva del detenido con el hecho ilícito que 
justifica  la  detención  [con]  obligada  referencia  policial  a  las  fuentes  de  prueba  que 
permiten afirmar la concurrencia de los indicios que relacionan al sospechoso con el hecho 
investigado (documentos, informes periciales, actas que describan el resultado de un 
registro, de una inspección ocular o de la recogida de vestigios, y, si procede, fotografías, 
y grabaciones de sonido o vídeo, u otras similares)» [SSTC 21/2018, FJ 6 c)].
b)  En el caso de la prisión provisional, la información será asimismo la precisa para 
el ejercicio efectivo del derecho de defensa, la que permita un «conocimiento de lo 
necesario para cuestionar las razones que habrían de justificar la medida cautelar» 
(STC  83/2019,  FJ  7),  pudiendo  rebatirse  los  fundamentos  de  la  medida  cautelar 
solicitada por la acusación pública en la comparecencia (FJ 8). La prisión provisional solo 
puede ser decretada cuando concurran los requisitos fijados en el artículo 503.1 LECrim, 
que a su vez recoge las exigencias constitucionales al respecto: la existencia de indicios 
racionales de la comisión de una acción delictiva como presupuesto y la consecución de 
fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida como 
objetivo (por todas, STC 128/1995, de 26 de julio, FJ 3). El control de su cumplimiento y, 
con ello, de la legalidad de la medida cautelar personal, presupone el conocimiento de 
qué  hechos  con  apariencia  de  qué  delito  se  investigan  y  cuál  es  la  conexión  del 
investigado con esos hechos que permite creerle responsable de los mismos, además de  e.
los elementos de los que quepa inferir los fines constitucionales de aseguramiento que la  w.b
ijrnuefsiotteirfmricaaacrnió ,sn o sdbeerael i celtoivvsiat ai nr[ SdeiScli TorCsie  ds2ge9o  cy o d3me0 is/f2iuó0gn1a 9,d , eeFl lJ d de3el i tboo)  bpyso trcr u)p]c.a cSritóeen r áde epnl r ienlcavi esisont,si gteranud cobc uióceannp aao c lóeegsl i cddaee,    2021-1112n https://w
osubsjetetivnata dr ela t aplreissi óinnd picrioovsi,s lioo nqaule e inm epll icmao umnean rteof eprreoncceisaa al  dlaes q fuuee nstee st rdaete p yru leab par.ocedencia
4.  Configuración  del  derecho  de  información  y  del  derecho  de  acceso  a  las 
actuaciones. Derecho de acceso como garantía instrumental.
El derecho de acceso a los materiales de las actuaciones esenciales para impugnar 
la legalidad de la detención o privación de libertad que se reconoce en los artículos 520.2 
d) y 505.3 LECrim es el complemento inescindible del derecho a la información al que 
sirve como garantía instrumental. «Con carácter general, su finalidad consiste en otorgar 
la posibilidad de contrastar objetivamente la veracidad y consistencia de la información 
recibida para, en caso de desacuerdo, cuestionarla fundadamente ante la autoridad 
judicial […], solicitando para ello acceder a aquella parte del expediente que recoja o 
documente las razones aducidas.» (STC 83/2019, FJ 5, con remisión a la STC 21/2018, 
FJ 7). Desde ese punto de partida, el fundamento jurídico 7 de la STC 21/2018 esboza 
un primer diseño constitucional de este específico derecho de acceso, que identifica el 
momento y forma de ejercerlo y su contenido, en el que se avanza en el fundamento 
jurídico 6 de la STC 83/2019 respecto a la prisión provisional:
a)  Habida cuenta de su carácter instrumental respecto al derecho de información, el 
momento  lógico  del  acceso  será  posterior  a  su  suministro  o  disponibilidad,  para 
proporcionar aquello que recoja o documente las razones fácticas y jurídicas de la 
privación de libertad sin perjuicio de que el investigado o encausado pueda instar su 
derecho con anterioridad o al margen de esa información en aras del fin último de estar 
en posición de evaluar la legalidad de la medida privativa de libertad. Sí es inescindible 
de la funcionalidad del derecho, dada la finalidad de hacer posible una defensa efectiva 
frente a la privación de libertad, que el acceso sea previo a los momentos decisivos para 
ese derecho.
En  el  caso  de  la  detención  ese  momento  se  sitúa  «antes  de  ser  interrogado 
policialmente por primera vez», de modo que el detenido pueda «decidir fundadamente 
su conducta procesal durante el interrogatorio, así como tomar la decisión de impugnar 
la legalidad de su privación de libertad cuando no comparta la causa que la motivó o la 
forma en que se está desarrollando». [STC 21/2018, FJ 7 b)]. Algo diferente se plantea la 
cuestión  en  supuestos  de  prisión  provisional,  donde  la  finalidad  de  garantizar  la 
efectividad de la defensa lleva a anticipar el acceso a un punto temporal previo a la 
privación cierta de libertad. El acceso se localiza en el intervalo entre el conocimiento de 
que  se  va  a  celebrar  la  comparecencia  para  decidir  sobre  la  situación  personal 
(artículo 505 LECrim) y el turno para alegar en la comparecencia convocada, para lograr 
así «tomar conocimiento de lo necesario para rebatir la procedencia de las medidas 
cautelares privativas de libertad que puedan interesar las acusaciones» antes de que el 
órgano judicial adopte una decisión. De este modo se da oportunidad al investigado 
potencialmente afectado de tener «acceso al expediente que le permita disponer de 
aquellos datos que, como consecuencia de las diligencias practicadas, puedan atraer 
una valoración judicial última de pertinencia de la medida cautelar privativa de libertad 
que se solicite, conforme a los fines que la justifican» [STC 83/2019, FJ 6 b)].
b)  A diferencia del derecho de información, la garantía de acceso no opera de 
oficio, sino que requiere la rogación por el interesado. Una vez mostrada la voluntad de 
hacer uso del derecho, el acceso debe producirse de la forma más efectiva e inmediata 
posible, interrumpiéndose incluso la comparecencia del artículo 505 LECrim ya iniciada, 
mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la 
integridad de las actuaciones, permita al detenido o investigado un adecuado uso en 
términos defensa [SSTC 21/2018, FJ 7 b), y 83/2019, FJ 6 b) y d)]. e
c)  En  lo  que  atañe  al  objeto  del  acceso,  la  conexión  entre  del  derecho  a  la  bo
información y el derecho al acceso determina una influencia recíproca en la fijación de su  w
cinocnidteennitdeos,  csaieumteplarere sa taetnintoe nate ss ua  plaa plieble rdtea d.g aErla nmtíaatse ridael l ddee qreuceh os ed dei sdpeofnegnas ae ne nc aldoas   2021-1112n https://w
lcibaesrot ahda.  Sdoel os ueml iinnfiosrtrmaar dloos s foubnrdea lmase nratozso npeasr ad ea clao r(deavre nutnuaa lm) perdividaac iócanu dteel alirb eprrtiavda tpivuae ddee 
conocer qué actuaciones son relevantes e instar justificadamente el acceso al material
que sustenta esas razones y que, por ello, es esencial para impugnarla. Esta garantía 
integrada de la libertad personal de información-acceso no otorga un derecho de acceso 
pleno al contenido de las actuaciones, policiales o judiciales, sino que, como expresan 
los artículos 505.3, 520.2 d), y 527 LECrim, se circunscribe a los elementos esenciales 
para impugnar la legalidad de la privación de libertad [SSTC 21/2018, FJ 8, y 83/2019, 
FJ 6 c)]. Esto es, las fundamentales o necesarias para cuestionar si la privación cautelar 
penal de libertad se ha producido en uno de los casos previstos en la ley y en la forma 
prevista en la ley.
La determinación de cuáles sean dichos elementos es necesariamente casuística, 
pues  depende  de  las  circunstancias  que  han  justificado  la  privación  de  libertad 
(SSTC 21/2018, FJ 7, y 83/2019, FJ 5). A modo de ejemplo hemos señalado como 
posibles elementos esenciales en el caso de la detención policial, «la propia denuncia de 
los hechos, cuando incorpora imputaciones de parte que incriminan al detenido; o la 
documentación de testimonios incriminatorios, así como el contenido de los informes 
periciales científicos que establezcan un vínculo de conexión entre el hecho investigado 
y el detenido; asimismo lo pueden ser los documentos, fotografías y grabaciones de 
sonido o vídeo que objetivamente relacionen al sospechoso con la infracción penal, e 
igualmente las actas que recojan el resultado del registro de un inmueble u otro tipo de 
bienes (STC 13/2017, de 30 de enero, FJ 7), las de una inspección ocular, las que 
constatan la recogida de vestigios o las que describan el resultado de un reconocimiento 
practicado a prevención por la policía para la averiguación del delito. Lo son también, en 
definitiva, todas aquellas actuaciones documentadas que guarden identidad de razón 
con las ya expuestas» [STC 21/2018, FJ 7 c)].
La decisión sobre el carácter fundamental de un determinado elemento en clave de 
privación de libertad o sobre la forma de acceso corresponderá a los agentes policiales en 
supuestos de detención y al juez de instrucción si se trata de prisión provisional. En caso de 
discrepancia, el detenido puede activar la garantía del habeas corpus para que la autoridad 
judicial dirima la controversia [STC 21/2018, FJ 7 b)]. Asimismo, la idoneidad de la decisión 
judicial del instructor de entrega de datos y materiales es susceptible de supervisión a través 
del régimen de recursos legalmente establecido [STC 83/2019, FJ 6 d)].
5.  Garantías estructurales de procedimiento en los incidentes relativos a prisión 
provisional: contradicción e igualdad de armas.
El recurrente sostiene que las exigencias procedimentales que impone el derecho de 
defensa cuando se trata de la libertad se han visto asimismo desconocidas. Se queja, al 
hilo del déficit de información y acceso, de la imposibilidad de efectiva contradicción que 
ha acarreado, pues no conoce las razones que avalan la petición de prisión provisional 
por parte del Ministerio Fiscal, dado que no se le dio traslado del informe en que pedía la 
convocatoria  de  la  comparecencia  del  artículo  505  LECrim  después  de  haber 
permanecido en libertad durante meses y que su intervención en la misma fue genérica. 
Y añade que el órgano judicial ha asentado la medida en razones no aducidas o no 
explicitadas por la parte acusadora, infringiendo el principio acusatorio, desviándose de 
los motivos esgrimidos por el Ministerio Fiscal. Una situación análoga se produce a su 
parecer con ocasión de la revisión en apelación de la prisión provisional.
El Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones relativas a la 
congruencia  entre  lo  esgrimido  por  las  acusaciones  y  lo  apreciado  por  el  juez  de 
instrucción, tanto en lo referido a las exigencias de contradicción como en lo atinente al  s
papel del órgano judicial (SSTC 29/2019, FJ 4, y 30/2019, FJ 4). oe.
Desde el plano argumental de las garantías legales del procedimiento para privar de  w.
clLiboeeryrr etdalaedc  eicóonnmju eiocn idatremes iaeerln rtofoull nocd rdaimemli neaanrtltí ocim uolpo mo 1no7et.i 1v« oCq udEee,   hhlaea mypaoe stdi cceióo ennx ccilsuatiiudr toeu lqnauar e fe onsritmnrigcuútlaan d cpaor enpcgoerru pletaon  pcdiaear  tleao    2021-1112n https://w
acusadora y el de la decisión finalmente adoptada por la autoridad judicial. La regulación
de la Ley de enjuiciamiento criminal se limita a fijar una estructura general rogatoria
exigiendo únicamente que la decisión de prisión provisional no sea acordada de oficio 
por la autoridad judicial» [STC 30/2019, de 28 de febrero, FJ 4 a)].
A su vez, desde la perspectiva de las garantías procedimentales que impone el 
artículo  17  CE,  en  particular,  desde  el  principio  de  jurisdiccionalidad  de  la  medida 
cautelar de prisión provisional que dimana del artículo 17.2 CE, hemos puntualizado, no 
obstante, el alcance de la correlación entre los motivos aducidos por las acusaciones y 
los valorados por la autoridad judicial a la luz de las exigencias procedimentales mínimas 
para privar de libertad que impone el artículo 5 CEDH conforme a la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tanto desde el punto de vista de la necesaria 
imparcialidad  de  la  autoridad  judicial  que  interviene  como  desde  la  óptica  de  la 
contradicción exigible en dicho trámite para evitar situaciones de indefensión.
Hemos descartado, en primer lugar, que para preservar la imparcialidad objetiva del 
juez de instrucción, sea constitucionalmente exigible, «en abstracto y teniendo en cuenta 
los condicionantes dados por el modelo de investigación penal existente en España, la 
existencia de plena identidad o correlación entre la totalidad de los argumentos por los 
que los acusadores consideran que procede la prisión provisional y los que conducen al 
juez a acordarla. Esta correlación sería exigible en lo que hace al presupuesto necesario 
para que la adopción de la medida cautelar sea constitucionalmente admisible, esto es, a 
la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, pero no en 
relación con la concurrencia exacta de uno o más fines constitucionales llamados a ser 
preservados por la medida cautelar». Por tanto, «si el juez de instrucción se ajusta a la 
petición formulada por las partes en lo relativo a la sustancia de los cargos provisionales 
(hechos  y  calificación  jurídica  provisionales),  sin  agravar  estos  para  justificar  la 
procedencia de la privación de libertad, la realización de valoraciones adicionales sobre 
el cumplimiento de las finalidades constitucionales de la privación de libertad, no resulta 
necesariamente  contraria  al  estatuto  de  imparcialidad  de  la  ‘autoridad  judicial’ 
constitucionalmente llamada a ejercer el control inmediato de la privación cautelar de 
libertad, sin perjuicio de que deba formularse en cada caso un análisis contextualizado 
de la argumentación complementaria, en aras a descartar concretamente la presencia de 
parcialidad objetiva» [SSTC 29/2019, FJ 4 i), y 30/2019, FJ 4 b) (i)].
En particular en los incidentes relativos a la privación cautelar de libertad en un 
proceso penal, resulta fundamental la celebración de una audiencia contradictoria y la 
igualdad de armas entre la parte acusadora y el privado de libertad [entre muchas, 
SSTEDH de 31 de enero de 2002, asunto Lanz c. Austria, § 40 y 41; de 9 de marzo 
de 2006, asunto Svipsta c. Letonia, § 129 (g) y (h), o, de 22 de octubre de 2019, asunto 
Venet c. Bélgica, § 32]. La legislación nacional puede cumplir este requisito de diversas 
formas, pero el método que adopte debe garantizar que las partes tengan la oportunidad 
de conocer las alegaciones y las pruebas de la parte acusadora y una oportunidad real 
de rebatirlas habida cuenta del impacto dramático de la medida en los derechos de la 
persona privada de libertad (SSTEDH de 13 de febrero de 2001, asunto Lietzow c. 
Alemania, § 44; 31 de enero de 2002, asunto Lanz c. Austria, § 41, y de 25 de junio 
de 2002, asunto Migon c. Polonia, § 79).
La  contradicción  e  igualdad  de  armas  implican  de  forma  necesaria  la  previa 
información sobre los motivos de la privación de libertad y, muy especialmente, el acceso 
a las actuaciones esenciales para valorar la legalidad de la privación de libertad. Es 
doctrina reiterada que no hay igualdad de armas cuando a un abogado se le niega el 
acceso  a  los  documentos  del  expediente  de  la  investigación  cuyo  examen  es 
indispensable para impugnar eficazmente la legalidad de la detención de su cliente  s
[SSTEDH de 9 de julio de 2009, asunto Mooren c. Alemania (Gran Sala), § 124; de 12 de  oe.
enero de 2010, asunto Boloş c. Rumanía, § 33; de 20 de febrero de 2014, asunto  w.
LOlaavs s imjpaepnronsrioktanonavcs ci a.s  odEsep sdetoiccnhhioaass, a §gs a7 r2da,e n othí adaseb  ec2or3 m cdooe m mmeeaticydaoon  diusemn 2 o0d 1ed7leit, o pM rhouatse tcajucfaisó tAnifi vcdcaei d col.o  sTq uudreeq rueliaac ,h Uo§s n9 i0dó]en.    2021-1112n https://w
(ESuTroCp e2a1 /2h0a1y8a,  FdJic t5a)d. oL anso rgmaarasn típarse cliesgaas,le sm eínsipmeacsíf icya s cdoem uinnfeosr msaocbiórne  yla as ccmesisom ases   BOE-A-cable e
explican así finalmente como proyección de las exigencias procedimentales directamente 
emanadas del artículo 17 CE en su entendimiento conforme al artículo 5 CEDH.
6.  Aplicación de la doctrina al caso: presupuestos fácticos.
La demanda defiende que la falta de información y acceso denunciada resulta lesiva 
en el doble aspecto conectado que venimos examinando. Vulnera las garantías legales 
de forma que se integran como derechos del privado de libertad conforme al artículo 17.1 
CE e impide la contradicción e igualdad de armas como exigencias procedimentales 
constitucionales  de  los  incidentes  de  prisión  provisional  vinculadas  al  principio  de 
jurisdiccionalidad de la medida (artículo 17.2 CE).
El asunto que nos concierne presenta circunstancias en su devenir procesal que 
deben ser puestas de relieve a los efectos de proyectar y ahondar en la doctrina 
constitucional sobre las garantías procedimentales de la privación cautelar de libertad y 
el debido control judicial eficaz de su legalidad:
a)  El procedimiento penal se inició casi ocho meses antes de acordarse la prisión, 
habiéndose declarado secreto prácticamente desde el principio (7 de julio de 2017), si 
bien el secreto se levantó el 6 de octubre de 2017, tiempo en el que la causa estuvo a 
disposición del recurrente, habiendo accedido a ella su defensa, acordándose de nuevo 
el secreto por auto de 24 de enero de 2018 y prorrogándose por otro mes por auto de 23 
de febrero de 2018.
b)  El recurrente ha estado asistido en todo momento de su letrado de confianza.
c)  El  demandante  declaró  extensamente  en  relación  con  los  hechos  el  3  de 
noviembre de 2017, transcurridos ya unos meses desde el inicio del procedimiento y 
cuando la causa no estaba bajo secreto.
d)  Ya de nuevo secreta la causa, el 12 de febrero de 2018 declaró el señor 
Kaufmann, su abogado en Estados Unidos, con presencia del letrado del demandante en 
tanto era un testigo propuesto por esa defensa.
e)  La petición de que se convoque la comparecencia del artículo 505 LECrim se 
efectúa por el Ministerio Fiscal el 15 de febrero de 2018 en un escrito en que solicita la 
inhibición por la identidad de los hechos con los que conoce el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3 en virtud de querella de Petróleos de Venezuela, S.A., (corrupción en 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios), con los que parece conectado a 
tenor de la investigación en Estados Unidos (Texas) y algunos documentos hallados en 
el ordenador portátil del investigado y, en consecuencia, la prisión provisional ante los 
nuevos indicios contra él. No se da traslado al letrado del recurrente del escrito y 
documentos relacionados aunque los pide.
f)  La  comparecencia  se  celebra  el  20  de  febrero  de  2018  y  comprende  una 
intervención genérica del Ministerio Fiscal, en la que solicita la prisión por tratarse de un 
delito grave –blanqueo– y existir riesgo de fuga y de reiteración delictiva y efectúa una 
remisión genérica a todas las actuaciones como base fáctica justificativa de la medida 
cautelar. La defensa aduce su falta de información y acceso y argumenta frente a la 
petición de prisión.
g)  La prisión se acuerda por un auto del que se notifica al representante procesal 
del demandante solo la parte dispositiva, si bien por error se notifica íntegramente al 
recurrente. El auto descarta la indefensión, a pesar de que ha existido un acceso parcial 
a las actuaciones, porque entiende que el investigado conoce lo que fundamenta la 
petición de modificación de la situación personal, que identifica con la declaración del  s
testigo de la defensa en conjunto con su declaración y la documentación obrante que  oe.
conocía. Como presupuesto de la prisión se apunta a la existencia de un posible delito  w.
drdeeef sebcriladarontasq  uloeesole  amernge unrmteolesan ctidóoens   dclaaosdn o usan cp todurea lcsitiuoo  nddeeesf ,e cnodshoaec cfurhemone tepn rtaeacvl iiróoien cs ugyyo o ddsee i cnfludagircaaioc yiso  ndneeas cr.ee niEte ldr aeac uilóotnos    2021-1112n https://w
delictiva, que aprecia como fines constitucionales de la medida e infiere de la gravedad
de los hechos y la capacidad económica y contactos del investigado.
h)  Después  de  un  intento  infructuoso  de  acceder  a  las  actuaciones  (escrito 
presentado el 27 de febrero de 2018), se formuló recurso de apelación por la defensa del 
demandante,  que  se  tramita  sin  permitir  al  letrado  de  la  defensa  acceder  a  las 
actuaciones, como expresamente solicita de forma reiterada, en particular, en relación 
con los documentos aportados por el Ministerio Fiscal (diligencia de constancia de 2 de 
abril de 2018, escrito de 5 de abril de 2018), dándose la circunstancia de que el secreto 
deja de estar vigente en el ínterin, al no prorrogarse el acordado por un mes en auto 
de 23 de febrero de 2018. En el recurso se pone en cuestión la existencia de indicios 
incriminatorios, singularmente, en lo que atañe a la exigencia del tipo de blanqueo de un 
delito antecedente, y de riesgo de fuga o de reiteración delictiva, además de denunciar la 
falta de acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la prisión.
i)  El fiscal interesa en su escrito de oposición al recurso con fecha de entrada de 19 
de marzo de 2018 que se forme testimonio secreto para elevar a la Audiencia Provincial 
el escrito de solicitud de la comparecencia de 15 de febrero de 2018 y la documentación 
que le acompaña. Argumenta la relación con el procedimiento que se sigue en el 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 a raíz de una querella de Petróleos de Venezuela, 
S.A., que entiende por los mismos hechos de los que conoce el Juzgado de Instrucción 
núm. 41 y con la petición de extradición formulada por las autoridades de los Estados 
Unidos de la que conoce el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de Madrid, relativa a 
la investigación en Texas por un presunto delito de conspiración para realizar prácticas 
corruptas en el extranjero y un presunto delito de conspiración para cometer el delito de 
blanqueo.
j)  En la vista de apelación, interviene el letrado del apelante para quejarse de la 
falta de información y acceso en todo el incidente de prisión y oponerse a que en 
apelación  se  acepten  los  particulares  del  fiscal  de  los  que  no  se  le  da  traslado, 
cuestionando después las razones dadas en el auto de prisión para privar de libertad al 
demandante. El fiscal aporta de forma reservada dos documentos que entiende que 
avalan la existencia de un delito precedente de cohecho como elemento típico del delito 
de blanqueo, aspecto cuestionado reiteradamente por la defensa y, en concreto, en el 
recurso y vista de apelación, donde también insistió en la indefensión por la falta de 
información y acceso. Esos documentos, según explica, se refieren al procedimiento de 
extradición a Estados Unidos que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción núm. 2, 
cuyo contenido pone en relación al recurrente con los hechos denunciados en la querella 
de la que conoce el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 relativos al blanqueo de las 
ganancias fruto de prácticas corruptas relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A., 
aun cuando el recurrente no figure entre los querellados. Afirma expresamente que esa 
querella  fundamentó  la  petición  de  acumulación  y  de  prisión  y  responde  a  las 
alegaciones de la defensa sobre la falta de identificación y acreditación indiciaria de la 
existencia de un delito precedente.
k)  El auto desestimatorio del recurso de apelación de 13 de abril de 2018 se limita a 
manifestar su coincidencia con la valoración del juez de instrucción sobre la apariencia 
de delito grave a partir de las declaraciones del investigado, su abogado en Estados 
Unidos y la documentación recabada así como la concurrencia de riesgo de huida y de 
reiteración delictiva, sin pronunciarse sobre los concretos argumentos dados por las 
partes sobre tales extremos ni sobre la queja del demandante de indefensión por la falta 
de información y de acceso a lo largo del incidente de prisión.
l)  La nulidad de actuaciones solicitada por la defensa del recurrente, entre otras 
razones, por la indefensión en la tramitación de la apelación y por la falta de respuesta a  s
la  queja  de  indefensión,  se  descarta  por  entender  que  el  secreto  no  puede  verse  oe.
comprometido. w.
2021-1112n https://w
7.  La solicitud de prisión y su soporte como elementos esenciales para impugnar la 
legalidad de la prisión y la inidoneidad de una petición de prisión por remisión genérica a 
la causa para permitir la debida información.
A la luz del iter procesal descrito ha habido un comportamiento procesal diligente del 
demandante y su defensa, que reiterada y oportunamente se quejó de la falta de 
información sobre las razones para pedir la prisión y solicitó acceder a las actuaciones 
bajo secreto esenciales para, en un primer momento, oponerse a la petición de prisión 
[circunstancia (f)] y, después, para recurrir la medida en apelación [circunstancias (h) y 
(j)]. Petición que se ve concretada en la repetida solicitud de, al menos, conocimiento y 
acceso  a  los  informes  y  documentos  aportados  por  el  Ministerio  Fiscal.  Se  ven 
satisfechas las exigencias de rogación y oportunidad temporal sentadas por este tribunal 
que hemos recordado en los fundamentos 3 y 4, en tanto las solicitudes se producen de 
forma expresa y con carácter previo a la intervención del letrado en la comparecencia del 
artículo  505  LECrim,  del  planteamiento  del  recurso  de  apelación  e,  incluso,  de  la 
intervención del letrado del preso en la vista de la apelación.
El devenir procesal pone de relieve asimismo que no se puede decir, como se 
sostiene en la demanda, que el investigado y su defensa se enfrentaron a la petición de 
prisión provisional «a ciegas», sin información alguna fáctica y jurídica acerca de la 
causa. Como pone de relieve la fiscal ante este tribunal, la causa ha estado a disposición 
del recurrente y su letrado de confianza, que le asiste desde el principio, durante meses, 
que han tenido acceso pleno a ella [circunstancias (a) y (b)]. De hecho, el demandante 
declara en el intervalo en que la causa no está declarada secreta, por tanto, desde tal 
conocimiento íntegro de las actuaciones [circunstancia (c)]. Hasta el momento en que 
vuelve a acordarse el secreto el 24 de enero de 2018, cuenta con toda la información 
sobre los hechos que fueron objeto de denuncia por el Ministerio Fiscal y determinaron la 
incoación de actuaciones, que son explicitados en los autos del Juzgado Central de 
Instrucción de apertura de diligencias y de inhibición, sobre su calificación jurídica como 
modalidad agravada de delito de blanqueo y sobre el contenido y resultado de las 
distintas diligencias de investigación practicadas en la instrucción. Incluso entonces, con 
las actuaciones de nuevo bajo secreto, tiene conocimiento de la declaración de su 
abogado en Estados Unidos el 12 de febrero de 2018, ya que era un testigo propuesto 
por su defensa [circunstancia (d)]. No hay un desconocimiento del sustento fáctico y 
jurídico de la petición en términos absolutos, pues se conoce en gran medida la causa.
Descartada la existencia de una ausencia total de conocimiento y acceso, es cierto 
que en el momento de decidirse sobre la prisión la causa se encuentra de nuevo bajo 
secreto, por lo que, debe analizarse si, a pesar de ese amplio conocimiento, que ya no 
es íntegro, el investigado tiene la información y acceso precisos para valorar e impugnar 
eficazmente la solicitud y posterior adopción de la prisión preventiva, para defenderse en 
el incidente de prisión, cuestionando tanto la forma como las razones de la medida. 
Aspecto en el que incide la demanda cuando centra sus reproches en la falta de traslado 
de los escritos del Ministerio Fiscal.
Resulta  determinante  que  durante  casi  ocho  meses  la  situación  personal  del 
recurrente en el proceso ha sido la ordinaria de libertad. Uno de los principios que rigen 
la adopción de la medida cautelar de prisión es el principio de modificabilidad, que parte 
del hecho de que las medidas cautelares personales se adoptan y desenvuelven en un 
contexto de provisionalidad, y por tanto mutable [SSTC 29 y 30/2019, FJ 3 a) (iv)]. Ni la 
situación de prisión preventiva, ni la de libertad provisional, ni la cuantía de la fianza que 
permite acceder a la misma constituyen situaciones jurídicas intangibles o consolidadas  e.
y por ello inmodificables, de modo tal que los autos de prisión y libertad provisionales son  w.b
(rapedofvorer mtrotiaddbaols eq,s uS, eSt aTel Csya  6 cm5o/mo2d0oi0 fip8cr aeyb v6iéli6d /la2ad0  l0en8go,i  sdplaeroc 2ipó9on r dcveioig nmeana tyceoo, ,b daeumrrtuabrnaatse  a Ft oJcd a3om) .be Nilo ocs u oarbsrsobt iatdrnaetr eiloa, s h cedameu oslaas    2021-1112n https://w
sniutueavcaisó nc iprceursnosntaanl cdiaesl  inevne setilg acduors, os indoe lq upero cdeesboe,  teenne ra lseugsatecinotnoe esn  neol  afocarmecuilmadieanst oc doen 
anterioridad o, incluso, en una reconsideración de las circunstancias ya concurrentes.
Esa novedad de hechos, indicios o valoración que puede justificar la medida debe 
centrar la discusión previa a su adopción.
En el asunto estudiado, transcurridos casi ocho meses de instrucción y estando de 
nuevo bajo secreto las actuaciones, los fiscales anticorrupción presentan un escrito 
fechado el 15 de febrero de 2018 en el que exponen la identidad, a su juicio, entre el 
objeto  de  la  investigación  por  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  41  (diligencias 
previas  1545-2017)  y  los  hechos  que  han  motivado  la  incoación  de  diligencias 
(diligencias previas 38-2017) por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 [circunstancia 
(e)]. No se discute que este escrito y la documentación anexa no llegaron a conocimiento 
del recurrente o su letrado antes de intervenir en la comparecencia, a pesar de que se 
solicitó tal información y acceso. Tal omisión no resulta en sí misma decisiva a efectos de 
decidir sobre el respeto a las exigencias de contradicción e igualdad de armas que debe 
garantizar la información y el acceso a los elementos esenciales del expediente. La 
comparecencia del artículo 505 LECrim, como momento procesal para solicitar la medida 
y  ámbito  genuino  de  la  contradicción,  ofrece  todavía  y  de  forma  principal  ocasión 
procesal para garantizar que las partes conozcan las alegaciones y las pruebas de las 
contrarias  y  tenga  una  oportunidad  real  de  rebatirlas,  incluso  suspendiéndose  su 
celebración [STC 83/2019, FJ 6 b)]. La falta de conocimiento de las razones de la 
petición de la fiscalía de citar a la comparecencia no indica un déficit de las garantías 
procedimentales de la libertad cuando va seguida, en la comparecencia, de una petición 
justificada de la prisión que ponga de relieve las razones por las que se solicita la medida 
y su soporte documental, dando oportunidad a la parte de rebatirlas, en su caso, previo 
acceso a la documentación de la que todavía no hubiera dispuesto. No hay indefensión 
ni siquiera en caso de variación de la petición del fiscal sobre la situación personal en el 
acto de comparecencia si hay oportunidad de ser oído y ocasión de defenderse, con 
plenas posibilidades para alegar, contradecir y oponerse a lo solicitado (SSTC 65/2008 
y 66/2008, FJ 3).
Sin embargo, en el procedimiento cuestionado la fiscal se limitó a recordar en su 
intervención, en lo relativo al presupuesto de la medida, que se investiga un posible 
delito grave de blanqueo, remitiéndose a todas las diligencias practicadas como fuente 
de los indicios de tal delito y de su atribución al investigado, fundando la medida en el 
riesgo de fuga y de reiteración delictiva vinculado a la existencia de patrimonio no 
localizado. Esa petición de prisión por remisión a la causa en bloque resulta tan genérica 
que impide al recurrente y su letrado conocer con un mínimo de precisión las razones 
por las que se insta la medida y, por ende, defenderse frente a ellas eficazmente, en su 
caso, tras acceder a los elementos de las actuaciones en que se apoye materialmente la 
petición. En especial, no se describen en esa intervención los concretos hechos que se 
le atribuyen al investigado y que se califican como blanqueo ni, sobre todo, los indicios 
que avalan esa imputación tras algunos meses de instrucción que explican la petición de 
cambio  de  situación  personal  y  su  sustento  en  los  resultados  acumulados  de  las 
concretas  diligencias  practicadas.  Y  así  lo  manifiesta  el  letrado  del  recurrente  al 
denunciar en la comparecencia la falta de información y acceso respecto a lo que ha 
cambiado para que se solicite la prisión. Con el añadido de que una remisión a toda la 
causa como la efectuada, que apunta a todas las diligencias practicadas como base de 
la pretensión, tiene el riesgo de conducir, en términos lógicos, a que debiera darse 
información y acceso global al investigado y su letrado, pues todo ese material es 
esencial a priori para fundar la medida y, por tanto, objeto de contradicción en posición 
de igualdad. Una conclusión de imposible compatibilidad con el secreto y, por ende, con  s
los fines legítimos que lo justifican. oe.
Debe insistirse en que, en el presente caso, el recurrente se encontraba en situación  w.
ddsieutu ralaibncediórotna  dlpa e erinsn oslantr auclc.a cEuisól anfi,,s  cssaitiuln, a pcqoiuór ent a qsnuetoe , h snueob  hiseaerba hí aap bmeídaai dnmotea nnaiidnfeotes drtaiuodrramon eptenre telvo iasu mmne encstaeems a bql ioure es dpveee ncstíuoa    2021-1112n https://w
psuo nbieansdeo  pdreo braetloierviae.  lNasi,  ceirnc uonbslitgaandcaia sló qguicea ,a choanbsíae jahsaebnid aoc oprrdoanru nlac iparmisiieónnt op raolvgiusinoon adl eyl   BOE-A-cable e
instructor sobre la concurrencia del presupuesto y los fines de la medida cautelar. Ocho 
meses después, sin embargo, cuando ya no hay un conocimiento actualizado de la 
causa,  se  solicita  la  convocatoria  de  la  comparecencia  de  prisión,  sin  informar  al 
investigado  sobre  las  razones  dadas  por  el  fiscal  para  ello  ni  dar  traslado  de  la 
documentación que acompaña a esa solicitud dado el secreto. Y en la comparecencia, la 
parte acusadora se limita a una intervención genérica. En tal contexto, donde no hay 
pronunciamientos previos sobre la necesidad o no de la prisión provisional que pudieran 
servir de contraste con la petición actual y existe una total ausencia de información 
mínimamente precisa sobre las razones concretas por las que se solicita la medida 
cautelar en lo relativo a su presupuesto no puede decirse que el recurrente conozca las 
razones de la petición –hechos nuevos, pruebas nuevas o valoración distinta de las 
circunstancias existentes– y pueda defenderse eficazmente al respecto por mucho que 
tenga un amplio conocimiento de la causa. El asunto de fondo atañe a una investigación 
por blanqueo de cierta complejidad en la que ni están perfectamente acotados los 
hechos, sobre todo en lo que atañe al delito antecedente, ni resulta obvio o evidente el 
significado incriminatorio de las diligencias que van practicándose, de modo que pueda 
inferirse fácilmente las razones que motivan la solicitud de prisión por un cambio de 
circunstancias.  De  cualquier  manera,  el  recurrente  no  cuenta  con  una  información 
actualizada  de  la  causa  y  el  hecho  de  haberla  tenido  en  el  pasado,  mientras  la 
instrucción  no  estuvo  bajo  secreto,  no  puede  justificar  el  rechazo  a  la  petición  de 
conocimiento  y  acceso  a  los  elementos  en  que  se  asienta  la  solicitud  de  prisión 
provisional como datos esenciales para valorar su legalidad e impugnarla.
8.  Las alegaciones del Ministerio Fiscal y su soporte como elementos esenciales 
para impugnar la legalidad de la prisión en apelación.
Una vez conocido el auto de prisión en su integridad, se cuestiona por medio del 
recurso de apelación lo referido en él, sin que tampoco en tal fase se permita al 
investigado ya preso conocer los argumentos en su momento ofrecidos por el Ministerio 
Fiscal ni los que ahora plasma en su escrito de oposición al recurso ni acceder al soporte 
documental en que se asientan todos ellos. Hemos destacado en consonancia con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos más arriba expuesta que lo 
esencial, a efectos de la contradicción exigible en apelación, «es el desarrollo de un 
debate revisor, entre los acusadores y las defensas, acerca de la legalidad, tanto en el 
fondo como en la forma, de la decisión cautelar inicialmente adoptada, de modo que, 
como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier nueva alegación o 
elemento de convicción que sea aportado por las acusaciones ha de ser puntualmente 
introducido en el debate a través del oportuno traslado a la defensa del investigado 
(STEDH de 7 de septiembre de 2017, asunto Stollenwerk c. Alemania, § 40), a los 
efectos  oportunos  de  asegurar  la  interdicción  de  indefensión  de  este  último» 
[STC 29/2019, FJ 4 ii), y 30/2019, FJ 4 b) (ii)].
Esto es, resulta preciso sumar al conocimiento y acceso inicial a los elementos 
esenciales para impugnar la legalidad de la prisión, cualquier otro elemento aducido para 
sostener la medida privativa de libertad por la acusación. Conocimiento y acceso que no 
solo  resultan  relevantes  para  garantizar  la  contradicción  en  la  discusión  sobre  la 
legalidad de la medida ya acordada desde la perspectiva material de sus requisitos, sino 
también para cuestionar desde la perspectiva de las garantías procedimentales la forma 
en que se adoptó la medida y, en particular, la congruencia de la decisión de prisión 
desde la perspectiva de la contradicción como exigencia procedimental. En el proceso  e
subyacente, sin embargo, sigue denegándose ese conocimiento y acceso con el solo  bo
argumento del secreto de actuaciones, con una respuesta de la Audiencia Provincial  w
iennc oeml apuattoib ldee csoenst ilmasa teoxriigoe dnec ilaas  adpeel ladceiróenc,h oo  sae l ali mlibitear taa de,s gpruimesir  oe sneo  seexcisrteet,o ,c osmin oa toecnudrerer   2021-1112n https://w
alib qeurtea,d  cpoenrfsoornmael  dae ll aa rntíuceuvloa  1re7g CuEla,c hióany  yu ne ná mabteitnoc idóen  cao nlao caimfeicetnatcoió yn  adcecle dsoe riencmhuon ae  laal 
secreto. Es más, dado que el secreto no se prorrogó después del mes acordado por auto
de 23 de febrero de 2018, durante la tramitación de la apelación y, singularmente en la 
vista, debió permitirse el acceso sin cortapisas.
Es cierto que el Ministerio Fiscal en la vista de apelación explicita las razones que le 
han llevado a pedir la prisión, esto es, las actuaciones incoadas a raíz de la querella por 
el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Sin embargo, se trata de la primera vez que se 
ponen de manifiesto al demandante y su defensa, sin ofrecerse al investigado, que no 
está presente, la oportunidad de alegar al respecto, ni tampoco de intervenir a su letrado, 
cuyo turno ya había terminado y que había insistido en sus alegaciones en la necesidad 
de conocer el escrito inicial de solicitud y el escrito de oposición y la documentación 
elevada como particulares sin respuesta por parte de la sala. La falta de acceso en este 
momento  procesal  es  especialmente  incomprensible,  ya  que  la  causa  no  estaba 
declarada  secreta  al  tiempo  de  la  vista  de  apelación,  generándose  una  lesión  del 
derecho a una audiencia contradictoria y en igualdad de armas.
9.  Inidoneidad del auto de prisión para satisfacer las garantías procedimentales de 
la privación cautelar de libertad.
El auto de prisión niega que se haya vulnerado el derecho de información en los 
procesos penales en tanto se ha tenido acceso y conocimiento a «lo que se tiene en 
cuenta para entender que se han modificado las circunstancias para la petición de que 
sea cambiada la situación personal del investigado», esencialmente, la declaración del 
abogado del investigado en Estados Unidos. A su juicio, dado el secreto y conforme a los 
artículos 302, 505.3 y 520.2 LECrim, «de lo que tenía que tener conocimiento el letrado y 
que fundamenta la petición de modificación de la situación personal» es esa declaración 
en conjunto con la propia declaración del investigado y la documentación obrante en las 
actuaciones  antes  de  acordarse  el  secreto,  elementos  todos  ellos  que  conoce.  Al 
respecto hay que hacer dos tipos de consideraciones en contrario.
A)  A la vista de las actuaciones no se aprecia que el Ministerio Fiscal designara, 
explícita o implícitamente, como razón esencial para la petición de prisión lo referido en 
la declaración del testigo de la defensa en tanto que reveladora de circunstancias nuevas 
determinantes de la petición de cambio en la situación personal. No lo hace en el informe 
en que solicita la comparecencia por entender que hay nuevos indicios tras explicar la 
conexión con las causas que se siguen en otros juzgados, ni en la comparecencia, 
donde hizo una intervención genérica alusiva a que constan indicios fundados de la 
comisión del delito de blanqueo por el investigado que se desprenden de todas las 
diligencias practicadas.
Sostiene la fiscal ante el Tribunal Constitucional que la petición de citar para la 
comparecencia no tiene como causa la existencia de otro procedimiento en el Juzgado 
Central  de  Instrucción  núm.  3,  sino  la  existencia  de  nuevos  indicios  sin  más 
consideraciones, y que la decisión de acordar la medida en el auto de 20 de febrero 
de 2018 acoge las razones ofrecidas por el Ministerio Fiscal en la comparecencia, por lo 
que no hay déficit de contradicción ni de imparcialidad. Ninguna de esas afirmaciones 
resulta convincente:
a)  Empezando por la última, es evidente que la decisión del juez de instrucción 
apela a elementos de la causa, como no podía ser menos, y, en la medida en que la 
fiscal se refiere en la comparecencia al delito de blanqueo de capitales y se remite a toda 
la causa como continente de los indicios no existe una discrepancia o desvío formal 
entre la petición de  la  fiscalía y  la decisión del juez. Sin embargo, además de la  e.
imposibilidad  de  evaluar  la  legalidad  de  la  prisión  y  de  articular  una  audiencia  w.
ccaaoslniimftirciasadmciicoot noaeripsar  edqceuiasedr  esm oeanst eem ripaaulnmnitfeoen stdteae d uponasa rt eid«nac  olqahu eerae uhndecimeiano cssia ue sstdateinmlc aiaadrlo tí,ec uneltlor ei t e5lro0 sp5 r ohLceEecCsharoilms i m ypp aildaraes    2021-1112n https://w
fundamentar la prisión y la posterior decisión cautelar del juez» que es precisa para
hablar de un auténtico procedimiento judicial de adopción de la medida [SSTC 29/2019, 
FJ 4 i), y 30/2019, FJ 4 b) (i)].
Como ya se expuso en el fundamento jurídico 5, para garantizar la imparcialidad 
objetiva del juez como condición del debido control judicial de la prisión (artículo 17.2 
CE), incompatible con la asunción de funciones de acusación, no es exigible la plena 
identidad entre los argumentos de quien solicita la medida y los que conducen al juez a 
adoptar la medida. Sí es precisa una correlación en lo que hace al presupuesto de la 
medida, la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, pero no 
en relación con la concurrencia exacta de uno o más fines constitucionales, que implica 
una «coherencia sustancial entre los hechos y las calificaciones que son manifestados, 
en la audiencia del artículo 505 LECrim, por las partes acusadoras para fundamentar la 
prisión y la posterior decisión cautelar», que no se da cuando se quiere fundar la prisión 
«en  hechos  o  en  calificaciones  jurídicas  diversas  y  más  graves  que  las  que  los 
acusadores  personados  en  el  procedimiento  consideran  viables  en  ese  momento 
procesal, convirtiéndose de ese modo en acusador potencial» [SSTC 29/2019, FJ 4 i), 
y 30/2019, FJ 4 b) (i)]. Ninguna coherencia puede haber entre los hechos y los indicios 
de su comisión referidos en la comparecencia y los que recoge el auto de prisión como 
fundamento de la medida, dado que, tras varios meses de instrucción, no se explicita en 
dicha  comparecencia  ninguno.  El  sistema  legal  fija  una  estructura  rogatoria  que 
formalmente se ha respetado, pues la prisión responde a una petición de parte de la 
prisión, que no se ha acordado de oficio. Pero esa exigencia de rogación en conexión 
con la posición del juez garante de la libertad no puede desnaturalizarse convirtiendo la 
solicitud del fiscal en un mero trámite que le permite bucear libremente en la causa para 
determinar de forma absoluta los indicios racionales de comisión del hecho delictivo 
imputado. Entre la correlación plena que no se exige y la libertad absoluta del juez se 
sitúa la exigencia de coherencia sustancial que precisa una mínima precisión en la 
petición de la parte acusadora incompatible con una remisión genérica a toda la causa.
b)  Tanto  el  escrito  de  solicitud  de  la  celebración  de  la  comparecencia  del 
artículo 505 LECrim como el escrito de oposición del Ministerio Fiscal al recurso de 
apelación del demandante y la propia intervención del fiscal en la vista de apelación 
desmienten la primera consideración, pues en todas estas ocasiones se ha identificado 
como razón para pedir la prisión la existencia de nuevos indicios de la comisión del delito 
de blanqueo fruto de la querella ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y lo 
investigado en Estados Unidos, que permiten identificar y sostener la existencia de un 
delito  precedente  relacionado  con  la  corrupción  de  funcionarios  venezolanos  en 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios. El carácter genérico y, por ello, 
nada expresivo de lo alegado en la comparecencia del artículo 505 LECrim y el principio 
de unidad de actuación conduce a considerar como razón de la petición esos nuevos 
indicios que perfilan el delito antecedente del delito de blanqueo, elemento típico al que 
ha de extenderse, como es lógico, la exigencia de cierta verosimilitud de cara a adoptar 
la medida privativa de libertad.
Desde la perspectiva de la imparcialidad objetiva como rasgo del control judicial 
efectivo de la privación cautelar de libertad, los nuevos indicios aducidos por el Ministerio 
Fiscal no suponen más pruebas sobre hechos ya existentes, como podría haber sido el 
caso de apuntar al contenido de su declaración o de su abogado, sino que se refieren a 
nuevos hechos, los que dibujan el delito precedente del blanqueo, apariencias delictivas 
nuevas que no son cognoscibles y que explican, a juicio de la parte acusadora, la 
solicitud de cambio en la situación personal del investigado que había permanecido en  s
libertad hasta ese momento a pesar de llevarse meses de instrucción. oe.
daectfueBan)cs iao Cndeaesbl  ecr oeinncotuecrrripedrnoetste a prp oqor ureqelu  eree lc laua rurpteorni stdeióe n y p ssriues  iólaenstr eadndetoós,c  arfierntsaatl amlnaed noat feere celteanvc aieónlnce imaa el and tleoors ea cldehego a lddaoes    2021-1112n https://w
paoprr eecli afirs claa l lye sai ólan  fdaelt al adse  gaacrcaenstoía as  sleug easlecsri tod ey  iannfoerxmoas.c iTóanm yp oaccoc eessote  ya, rcgounm eenlloto,  idmep ildoes 
principios estructurales de contradicción e igualdad de armas.
De principio, resulta paradójico invocar el secreto como razón justificativa de la omisa 
información y acceso, pero dar a conocer las razones de esa prisión en el auto de prisión e 
identificar  como  sustento  de  estas,  elementos  de  las  actuaciones  conocidos  por  el 
investigado. Si el auto de prisión se apoya en unos elementos de las actuaciones conocidos 
por la parte, carece de toda explicación que no se advirtiera desde un principio que esos 
elementos sustentaban la petición de prisión, información más precisa que la remisión in toto 
a la causa, que impide una defensa contradictoria eficaz. Carece de eficacia tuitiva pero 
también de lógica ocultar las razones que se aducen para fundar la prisión en el momento de 
someter a contradicción tal pretensión y, acto seguido, hacerlas públicas en el auto de prisión, 
cuando ya ha pasado el momento crucial para la defensa del derecho a la libertad.
Ya desde la perspectiva del sentido protector de las garantías, hay que recordar que la 
exigencia de información y acceso previos al debate sobre la pertinencia de la medida tiene 
por objeto facilitar la eficacia de la defensa y no corresponde al órgano judicial determinar ex 
post su incidencia y utilidad para defender la libertad del sujeto en función de aquello que 
resultó relevante a su entender para privar de libertad (SSTEDH de 31 de enero de 2002, 
asunto Lanz c. Austria, § 44, y de 7 de septiembre de 2017, asunto Stollenwerk c. Alemania, 
§41). Lo decisivo es si en el momento crucial de decidir al respecto, ex ante, las razones que 
aduce el Ministerio Fiscal y el soporte documental de las mismas son esenciales para valorar 
y, en su caso, cuestionar la privación (potencial todavía) de libertad. Por supuesto, el 
cumplimiento de la garantía de información y acceso a los elementos esenciales debe 
evaluarse a la luz de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta respecto al acceso la 
naturaleza de los documentos de que dispone el investigado, su número y su importancia 
para la valoración de la licitud de la detención y el tiempo que duró la falta de acceso (STEDH 
de 25 de junio de 2002, asunto Migon c. Polonia, § 81,y STC 83/2019, FJ a d)]. Pero resulta 
innegable que una exigencia mínima del derecho de defensa en este ámbito viene dada por 
el conocimiento de las razones alegadas por el fiscal o la parte acusadora, sin cuya solicitud 
no puede acordarse la prisión, y su anclaje en la causa. Y que la posibilidad de refutar sus 
alegaciones presupone que la defensa pueda tener acceso a los elementos del expediente 
en cuestión (SSTEDH de 22 de junio de 2004, asunto Wesolowski c. Polonia, § 62, y de 12 
de enero de 2010, asunto Boloş c. Rumanía, § 33). Solo así se garantiza la contradicción e 
igualdad de armas, máxime cuando se trata de la primera vez que se solicita la medida y se 
examina  judicialmente  la  privación  de  libertad  y  no  es  posible  vislumbrar  sin  ulterior 
información las razones para esa petición y eventual adopción.
De otro modo, el auto de prisión tendría la posibilidad de modificar la decisión de qué es 
lo esencial, identificando como tal aquellos datos que ha tenido en cuenta para decretar la 
prisión, cuando la omisión previa de conocimiento y acceso a los elementos que se decían 
esenciales podría justamente haber llevado al investigado o a su letrado a introducir otros 
datos o consideraciones a tener en cuenta con un significado relevante. En el presente 
supuesto alega el recurrente que, si se hubieran revelado las razones por las que se solicitó 
la convocatoria de la comparecencia y dado acceso a la documentación vinculada o si en la 
comparecencia se hubieran especificado suficientemente los motivos para pedir la prisión, 
podría haber discutido el significado incriminatorio de los nuevos y antiguos indicios del delito 
de blanqueo y, sobre todo, del requisito típico de un delito antecedente y de los fines de la 
medida, como hizo una vez tuvo acceso a las actuaciones solicitando la puesta en libertad, 
con el resultado de que la audiencia revocó en apelación la prisión provisional por no apreciar 
indicios  suficientes  del  delito  antecedente  del  delito  de  blanqueo.  Ese  dato  no  resulta 
determinante en el concreto incidente que nos ocupa, relativo a la previa decisión inicial de 
acordar la prisión provisional del investigado y no a su mantenimiento algunos meses  s
después, que fue lo que rechazó la audiencia. Pero sirve para visibilizar que no puede  oe.
valorarse  la  importancia  de  la  información  o  el  acceso  omitidos  al  tiempo  de  la  w.
epcolrlioms,ió psnain,r  eqhcuaeebn ecrrei atse,u naeindlvtoee s es ndin ec  uhdeaenbcteraer  tladora q ldauo em  olaep dodirdetuafen, nisdsoaalod p  pudodero  al oale dqguuaceri r la.ule rgeos pdeecctiod ea ly  inravzeosntiag aedl oa uyt,o p doer   2021-1112n https://w
10.  Conclusión y efectos.
Los razonamientos precedentes conducen a apreciar que el procedimiento seguido para 
acordar la prisión provisional del demandante no ha respetado las garantías legales de 
información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones ni las garantías de 
contradicción e igualdad de armas que exige el principio de jurisdiccionalidad de la medida. 
Ni el recurrente ni su letrado han tenido oportunidad de conocer con un mínimo de precisión 
los términos de la petición de prisión del Ministerio Fiscal y no han podido acceder a las 
actuaciones en que se asienta para alegar eficazmente sobre la legalidad de la medida ante 
el juez instructor que por primera vez decide sobre su situación personal. Tampoco han 
tenido conocimiento y acceso idóneos a las observaciones y base documental esgrimidas 
por la parte acusadora al oponerse al recurso de apelación, necesarios para cuestionar la 
legalidad de la prisión acordada ante el tribunal de apelación. Se ha vulnerado el derecho a 
la libertad personal por haberse adoptado la prisión sin observancia de la forma prevista en 
el ordenamiento (artículo 17.1 CE) y sin respetar las garantías procedimentales mínimas 
que exige la jurisdiccionalidad de la medida (artículo 17.2 CE).
Procede por tanto el otorgamiento del amparo solicitado, con nulidad de los autos 
impugnados, lo que nos releva del examen del resto de motivos. El auto del juez 
instructor debe ser anulado por la lesión de las garantías inherentes al proceso que le 
precede y asimismo debe anularse al auto por el que la Audiencia Provincial desestimó 
el recurso de apelación y confirmó el anterior auto sin reparar la lesión ni respetar las 
exigencias procedimentales de los incidentes de prisión provisional y el auto de la 
audiencia que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente al auto 
de apelación que tampoco reparó esas lesiones.
Dado que el recurrente fue puesto en libertad con posterioridad a la presentación de 
la demanda ante este tribunal, el amparo que aquí se otorga queda constreñido al 
reconocimiento  de  la  vulneración  de  los  indicados  derechos  fundamentales  en  la 
comparecencia del artículo 505 LECrim y la tramitación del recurso de apelación frente al 
auto de prisión. Este pronunciamiento declarativo constituye en sí misma la reparación 
del derecho fundamental invocado (STC 83/2019, FJ 8).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Nervis  Gerardo  Villalobos 
Cárdenas y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante a la 
libertad personal (artículos 17.1 y 17.2 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado 
de Instrucción núm. 41 de Madrid de 20 de febrero de 2018 por el que decretó la prisión 
provisional del recurrente en las diligencias previas núm. 1545-2017, así como del auto 
de 13 de abril de 2018 por el que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Quinta) 
confirmó, en apelación (rollo núm. 1244-2018), la medida cautelar privativa de libertad y 
su posterior auto de 7 de junio de 2018 que desestimó el incidente de nulidad de  es
actuaciones promovido frente al anterior. o
PDuabdlaíq eune sMea edsrtida,  sae ncatetonrcciae  edne  edli c«ieBmolberteín d Oef idcoiasl  mdeill  vEesintated.o–»E.ncarnación Roca Trías.– 2021-1112n https://w
RJuoadnrí gAunetzo.n–iRoi cXariodlo  REínorsíq.–uPeez dSroa ncJhoosé.– FGiromnazdáole yz -rTurbervicijaadnoo.  Sánchez.–Antonio  Narváez