BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 173 Miércoles 21 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 87316
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12226 Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Álora a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por doña M. K. O., abogada, en nombre y representación 
de don P. M., contra la negativa del registrador de la Propiedad de Álora, don Antonio 
Gallardo Piqueras, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 4 de septiembre de 2020 por el notario de San 
Pedro de Alcántara, don Eduardo Hernández Compta, con el número 1.124 de protocolo, 
se formalizó la venta de un inmueble a don P. M., de nacionalidad belga, casado en 
régimen de separación de bienes pactado en escritura autorizada por el notario de 
Bruselas que se reseñaba y cuya copia se exhibía, pendiente de apostillar, por lo que el 
notario formulaba en la escritura calificada la oportuna advertencia.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Álora, fue objeto, el 
día 5 de febrero de 2021, de la siguiente nota de calificación:
«Visto por el Registrador de la Propiedad de Álora y su distrito hipotecario, el 
procedimiento registral identificado con el número de entrada 732/2021, iniciado como 
consecuencia de presentación por mensajería en el mismo Registro, remitida por Doña 
J. N., de los documentos que obran en dicho procedimiento, en virtud de solicitud de 
inscripción.
En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos 
presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes
Hechos.
Primero.  El documento objeto de la presente calificación, escritura otorgada ante el 
notario de Marbella–San Pedro Alcántara, Don Eduardo Hernández Compta, el día 
cuatro de septiembre de dos mil veinte, protocolo 1124, fue presentado por mensajería, 
remitido por Doña J. N., el día 28 de enero de 2021, bajo el asiento 798 del Diario de 
Presentación número 158.
Segundo.  En el título presentado se manifiesta, sin acreditarlo, que Don P. M., de 
nacionalidad belga, se halla casado en régimen de separación de bienes, de posible 
origen convencional, sin que se determine la ley rectora de dicho régimen ni se acredite 
documentalmente  el  otorgamiento  y  contenido  de  las  capitulaciones  matrimoniales 
correspondientes  y,  en  su  caso,  la  inscripción  de  las  mismas  en  el  Registro  Civil  e.
correspondiente. w.b
Tercero.  En  el  título  calificado  se  hace  constar  que  10.000  euros  han  sido  226ww
csoartirsefsepcohnodsi emnetedsia an telo str acnósdfiegroesn cdiea  blaasn ccuaerinat,a ssin d qeu cea crgoon syt eanb eonn oe ly m siisnm qou etí,t udloe l loress dtoa tdoes 
elofse ctidvaatmose ntea proeratalidzoasd,a  cpoumedoa  insidtreunmtieficnators ed el dpea gom o–daol  facltoamr plale troe selañ a tcroamnspfelertean cdiea 
todos los datos relativos a ordenante, beneficiario, fecha, importe y entidades emisora y 
ordenante y receptora o beneficiaria–.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho.
I.  Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a 
calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de 
la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los 
actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II.  La determinación por el adquirente de su régimen matrimonial debe realizarse de 
manera que no surjan dudas acerca de la identificación y contenido del mismo. Una regla 
de plena y perfecta determinación que aparece impuesta por el principio hipotecario de 
especialidad, al exigir la constancia en el título de todos los elementos de los que 
depende la extensión, contenido o régimen del derecho adquirido; lo que, a su vez, exige 
la perfecta identificación del régimen matrimonial de los adquirentes, de manera que no 
surjan dudas acerca de su verdadera identificación y contenido normativo. Y, en este 
sentido,  el  artículo  51,  apartado  9,  letra  a),  del  Reglamento  Hipotecario  exige  la 
constancia registral, “si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de 
ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derecho presentes o futuros 
de la sociedad conyugal”, del “régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y 
domicilio del otro cónyuge”; sin que, en el presente supuesto, resulte aplicable la regla 
del artículo 92 del Reglamento Hipotecario, que exime de la necesidad de manifestar el 
régimen  económico–matrimonial  en  el  título  de  adquisición,  demorando  dicha 
acreditación al momento de la enajenación posterior del bien, mientras no conste o se 
manifieste expresamente, sin posibilidad de duda, que dicho régimen está sometido a 
legislación extranjera.
Así, como afirma la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 5 de marzo de 2007, “si bien el Registro, con carácter general, debe 
expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9.a del 
artículo  51  del  Reglamento  Hipotecario  exige  que  se  haga  constar  el  régimen 
económico–matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el 
artículo 92 del Reglamento Hipotecario desde la reforma de 1982, después, entendieron 
que  lo  más  práctico,  en  el  caso  de  adquirentes  casados  cuyo  régimen  económico 
matrimonial estuviera sometido a una legislación extranjera, era no entender necesario 
expresar el régimen en la inscripción (‘con indicación de este, si constare’, expresa la 
disposición  in  fine  de  ese  precepto  reglamentario),  difiriendo  el  problema  para  el 
momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si 
después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de 
ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa)”; razón 
por la cual, dice el Centro Directivo, “el artículo 92 del Reglamento Hipotecario, se limita 
a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere ‘con 
sujeción a su régimen matrimonial’”.
Bien es cierto, no obstante, que, conforme a aquella doctrina, tal determinación no 
resulta exigible cuando, por las circunstancias concurrentes en la relación jurídica de 
tráfico externo considerada, no puedan existir dudas acerca de cuál sea la ley rectora del 
régimen  matrimonial  de  los  concretos  cónyuges  intervinientes;  lo  que  sucede,  con  s
carácter general, cuando dichos cónyuges ostentan la misma nacionalidad. Y, así, dice  oe.
amenqxaapucyrieooelnrlsa aa aldRicdaleaa, sdroda, lecupi ócueineóx snp e,rs neu“ se iersóélan g c inmadoseero mn l aade ”ecl eo –yntsr óaermte arcirectsofoeier  amrde aed te erildlm  oCroésen gniciamtórlo,ne  aynDu  figmareeltacsatt  ridivemoexo  trpanaa inalcajlte– or n,o “essnce oerd áseni d eealcla der é,sm giataiimns mtedenaes     2021-12226n https://www.
legal correspondiente a su ley nacional común”. En nuestro supuesto, sin embargo, la
coincidencia de las nacionalidades de ambos cónyuges no resuelve el problema de la ley
rectora del régimen económico del matrimonio entre ambos. Dado que, en efecto, el 
sistema de Derecho internacional privado de la ley de la nacionalidad común de los 
cónyuges, a la que remite el criterio de conexión preferente contenido en la regla de 
conflicto del artículo 9, apartado 2, del Código civil –conforme al cual, “los efectos del 
matrimonio  se  regirán  por  la  ley  personal  común  de  los  cónyuges  al  tiempo  de 
contraerlo”–, determina un posible reenvío de primer grado a la ley española, como ley 
rectora de los efectos del matrimonio; una remisión de retorno que resulta admitida por 
artículo 12, apartado 2, del mismo Código –conforme al cual “la remisión al derecho 
extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus 
normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española”–.
Y, así, conforme al artículo 49 § 1.º de la Loi portant le Code de droit international 
privé (Código belga de Derecho Internacional Privado) de 16 de julio de 2004 –Dossier 
numéro 2004–07–16/31–, “le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux” 
–“el régimen matrimonial se rige por la ley elegida por los cónyuges”–; estableciendo el § 
2.º del mismo artículo que “les époux ne peuvent désigner que l’un des droits suivants: 
1.º le droit de l’Etat sur le territoire duquel ils fixeront pour la première fois leur résidence 
habituelle après la célébration du mariage; 2.º le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’un 
d’eux a sa résidence habituelle au moment du choix; 3.º le droit de l’Etat dont l’un d’eux a 
la  nationalité  au  moment  du  choix”  –“los  cónyuges  podrán  designar  alguno  de  los 
siguientes Derechos materiales en conflicto: 1.º La ley de la primera residencia habitual 
común después del matrimonio; 2.º La ley de la residencia habitual de cualquiera de los 
cónyuges al tiempo de la elección; 3.º La ley de la nacionalidad de cualquiera de ellos en 
el momento de la elección”–. Añadiendo, por su parte, el artículo 51 de la misma Ley que 
“a défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi: 1.º 
par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’un et l’autre époux fixent pour la première fois 
leur résidence habituelle après la célébration du mariage; 2.º à défaut de résidence 
habituelle sur le territoire d’un même Etat, par le droit de l’Etat dont l’un et l’autre epoux 
(sic.) ont la nationalité au moment de la célébration du mariage; 3.º dans les autres cas, 
par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré” –“a falta de elección 
de la ley aplicable, hecha por los cónyuges, el régimen matrimonial se regirá: 1.º Por la 
ley del Estado de la primera residencia habitual después del matrimonio; 2.º En defecto 
de residencia habitual común en el territorio de un mismo Estado, por la ley de la 
nacionalidad común de los cónyuges al tiempo de la celebración; 3.º En los demás 
casos, por la ley del lugar de celebración del matrimonio”–. Normas que, de este modo, a 
través de sus distintos criterios de conexión subsidiarios, pueden sin duda conducir a la 
aplicación final del Derecho español, como ley material rectora del régimen matrimonial.
En relación con tales supuestos –esto es, “en el caso de tratarse de dos esposos de 
distinta nacionalidad” (o, debe añadirse, en los casos en que, a pesar de la coincidencia 
de nacionalidades, ello no conduzca de manera indefectible a una única ley rectora de 
los efectos del matrimonio)–, es necesario, dice aquella Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 5 de marzo de 2007, “la determinación por 
manifestación del adquirente o adquirentes, de cuál sea la ley aplicable a su régimen 
económico matrimonial, de acuerdo con los criterios de conexión que determinan las 
normas de conflicto de derecho internacional privado español (cfr. Artículo 9.2 del Código 
Civil), pues de esa manera podrá saberse, si la ley aplicable a su régimen económico 
matrimonial será una ley extranjera, lo que posibilitará que de acuerdo con el artículo 92 
del Reglamento Hipotecario la finca se inscriba con sujeción al régimen matrimonial de 
esa ley nacional, sin necesidad de especificar cuál sea aquél, o por el contrario, el  s
régimen  económico  matrimonial  se  rige  por  la  legislación  española,  por  lo  que  de  oe.
acuerdo con el artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, habría que manifestar y, en su  w.
caso, acreditar (si derivara de un pacto capitular), el régimen económico matrimonial  226ww
ccoonncyruegtaol,  (pcofrr.  aAfertcíctaurl olas  a9d3q au i9si6c iódne l qRueeg slaem inesnctroib He ipao ltoesc adreiore)”c h(voisd .f,u etunr oigsu dael  slae nstoidcoie,d laads 
Resoluciones de 7 de marzo de 2007 y 9 de enero de 2008).
III.  En el título ahora calificado, además, el interviniente manifiesta hallarse casado 
bajo  un  régimen  de  posible  origen  convencional,  pues  el  mismo  (el  régimen  de 
separación) no constituye régimen legal supletorio en las más probables leyes materiales 
aplicables al matrimonio –la española y la belga, conforme a las reglas en conflicto antes 
referidas–; sin que conste el otorgamiento de capítulos o contrato matrimonial alguno. 
Falta de aportación al procedimiento registral del contenido del contrato matrimonial en 
su  caso  celebrado  –por  referencia,  al  menos,  a  la  ley  rectora  de  los  efectos  del 
matrimonio, si la misma regula específicamente el régimen de separación convenido– 
que, de este modo, impide la perfecta identificación del régimen matrimonial aplicable, 
haciendo  imposible,  en  consecuencia,  la  plena  determinación  del  contenido  y 
limitaciones del derecho que se pretende inscribir, dados los efectos que sobre el mismo 
pueden  derivar  del  régimen  económico  matrimonial  de  su  titular  o  titulares.  Una 
indeterminación  que,  como  vimos,  resulta  contraria  al  principio  hipotecario  de 
especialidad, consagrado en los artículos 9 y 12 de la Ley Hipotecaria y 51 de su 
Reglamento, que exige la plena determinación, con perfecta claridad (vid., artículos 170 
y siguientes del Reglamento Notarial, antes referido), del objeto y contenido del derecho 
real que ha de ser objeto de inscripción, de tal modo que no surja duda acerca del 
alcance y extensión del mismo derecho o de la finca sobre que el mismo ha de recaer.
IV.  En todo caso, para el caso de que estemos ante un régimen matrimonial de 
carácter  convencional,  será  necesaria,  con  toda  probabilidad,  la  inscripción  de  las 
capitulaciones  matrimoniales  otorgadas  en  el  correspondiente  Registro  público  del 
estado civil.
Así, si el régimen matrimonial del adquirente aparece sujeto a la ley española, la 
inscripción  de  la  adquisición  en  el  Registro  de  la  Propiedad  aparece  legalmente 
condicionada a la previa indicación de las capitulaciones en el Registro civil. En este 
sentido,  el  artículo  1333  del  Código  civil  establece  que  “en  toda  inscripción  de 
matrimonio en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones 
matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales 
y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio”. Estableciendo 
por su parte el artículo 266 del Reglamento del Registro Civil que “en las inscripciones 
que, en cualquier otro Registro, produzcan las capitulaciones y demás hechos que 
afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en que consta 
inscrito o indicado el hecho”; añadiendo el precepto que los datos exigidos se acreditarán 
“por certificación, por el Libro de Familia o por la nota a que se refiere el párrafo anterior, 
y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto subsanable”. Una exigencia 
de previa inscripción en el Registro civil que se deduce, además, de los propios efectos 
protectores del mismo, recogidos en el artículo 2 de la Ley de 8 de junio de 1957, del 
Registro Civil, conforme al cual “el Registro Civil constituye la prueba de los hechos 
inscritos”, de modo que “sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuere 
posible certificar del asiento”, añade el precepto, “se admitirán otros medios de prueba; 
pero en el primer supuesto será requisito indispensable para su admisión que, previa o 
simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento” (y 
en  un  sentido  prácticamente  idéntico  el  artículo  17  –”eficacia  probatoria  de  la 
inscripción”– de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil). Preceptos que, de este 
modo, hacen que la previa inscripción en el Registro Civil de cualesquiera circunstancias 
y hechos relativos al estado civil de las personas que afecten a la titularidad de derechos 
inscritos o a la legitimación de los otorgantes constituya requisito imprescindible para 
lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad de cualquier título fundado en aquel  s
mismo estado (cfr. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado  oe.
de 18 de enero de 2003, 28 de abril de 2005, 5 de marzo de 2007, 11 de abril de 2012,  w.
30 de noviembre de 2013 y 10 de marzo y 28 de octubre de 2014). 226ww
últimPao rin csotanntrcaia,  eenl  Deel rceacshoo  dmea qteureia, l cboemlgoa ,p ealr eacrteíc tualom b1i3é9n2  pdreelv Cisóibdleig,o r ecsivuill tdee a Bpléiclgaibclae,  eenn 
ldae  r1e9d7a6cc, ieóxni gdea, dbaa jaol  pmeinsma od ep onru leidl aadr tí(c“pueloin 2e. ºd ed en ulall itLée”)y,  ldae  caoqnusetal npcaiaís  ddeel  c1o4n tdraet oju dlioe   BOE-A-cable e
matrimonio  en  escritura  pública  (“acte  notarié”),  al  afirmar  que  “toutes  conventions 
matrimoniales  reçues  avant  la  célébration  du  mariage  et  toutes  modifications 
conventionnelles du régime matrimonial sont constatées par acte devant notaire” –“todos 
los contratos matrimoniales otorgados antes de la celebración del matrimonio y todas las 
modificaciones convencionales del régimen matrimonial habrán de otorgarse en escritura 
pública”–. Ordenando el artículo 1391 del mismo Código que “le notaire qui a reçu le 
contrat de mariage procède à l’inscription prescrite par l’article 4, § 2, 1.º, de la loi du 13 
janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système 
d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un 
registre central des contrats de mariage, sous peine d’une amende de vingt–six euros à 
cent euros, sous peine de destitution et sous peine d’engager sa responsabilité envers 
les créanciers s’il est prouvé que l’omission résulte d’une collusion” –“el notario que haya 
autorizado el contrato matrimonial deberá registrar el mismo en la forma establecida por 
el artículo 4, § 2, 1.º de la Ley de 13 de enero 1977, de aprobación del Convenio 
(número 077 del Consejo de Europa) relativo al establecimiento de un sistema de 
inscripción de testamentos, hecho en Basilea el 16 de mayo de 1972, y estableciendo el 
Registro  Central  de  contratos  de  matrimonio,  bajo  sanción  de  multa  de  dos  mil 
seiscientos euros, destitución y responsabilidad frente a los acreedores, si se demuestra 
que la omisión es colusoria”–; “faute d’une telle inscription, les clauses dérogatoires au 
régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans 
l’ignorance de leurs conventions matrimoniales” –“en defecto de dicha inscripción, las 
cláusulas  derogatorias  del  régimen  legal  no  podrán  ser  opuestas  a  terceros  que 
contraten  con  los  cónyuges  sin  conocimiento  de  sus  pactos  matrimoniales”–. 
Estableciendo, en el mismo sentido, el artículo 76, apartado 10, del mismo Código civil 
belga –en la redacción dada al mismo por la misma Ley de 14 de julio de 1976 (art. IV) y 
por la también anteriormente citada Loi portant le Code de droit international privé de 16 
de julio de 2004 (art. 130, 020)–, la necesidad de indicación de los capítulos en el acta 
de matrimonio por el oficial del estado civil, al afirmar que “on énoncera, dans l’acte de 
mariage: (···) 10.º La date du contrat de mariage, le nom et la résidence du notaire qui l’a 
reçu  et  l’indication  du  régime  matrimonial  des  époux  (et,  dans  une  situation 
internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime 
matrimonial)” –“se hará mención en el acta de matrimonio de: (…) 10.º La fecha del 
contrato matrimonial, el nombre y residencia del notario que lo autorizó y la indicación del 
régimen matrimonial establecido entre los cónyuges (y, en el caso de relaciones de 
tráfico externo, la elección de la ley nacional aplicable a su régimen matrimonial)”–; 
añadiendo, en fin, el mismo precepto que “faute de quoi, les clauses dérogatoires au 
régime légal ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans 
l’ignorance de leurs conventions matrimoniales” –“en caso contrario, las cláusulas de 
modificación del régimen legal no podrán oponerse a terceros que contraten con los 
esposos con desconocimiento de sus acuerdos matrimoniales”–.
En  este  mismo  sentido,  dice  el  artículo  1395  del  mismo  Código  civil  belga 
(modificado por la misma Ley de 16 de julio de 2004), que (§ 1.º) “le notaire qui a reçu le 
contrat de mariage ou l’acte modifiant le régime matrimonial procède à l’inscription 
prescrite par l’article 4, § 2, 1.º, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la 
Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à 
Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, 
sous peine d’une amende de vingt–six euros à cent euros, sous peine de destitution et 
sous  peine  d’engager  sa  responsabilité  envers  les  créanciers  s’il  est  prouvé  que  s
l’omission  résulte  d’une  collusion”  –“el  notario  que  haya  autorizado  el  contrato  oe.
matrimonial o la escritura de cambio de régimen matrimonial deberá registrar los mismos  w.
en la forma establecida por el artículo 4, § 2, 1.º de la Ley de 13 de enero 1977, de  226ww
adper uonb ascisiótenm dae ld Ceo innvsecrnipioc i(ónnú mdee rtoe s0t7a7m deenlt oCso, nhseecjhoo d een E Buarospileaa)  reell a1t6iv od ea lm easytaob dleec 1im97ie2n,t oy 
edsotsa bmleilc iseenisdcoi eenl tRose geisutrroos ,C deenstrtaitlu dcieó nc oyn trreastopso ndsea bmilaidtraimd ofrneion,t eb aaj ol ossa nacciróene ddoer emsu, ltsai  dsee   BOE-A-cable e
demuestra que la omisión es colusoria”–; estableciendo el § 2 que “les modifications 
conventionnelles ont effet entre époux à dater de l’acte modificatif”, y además “elles n’ont 
effet à l’égard des tiers que du jour de l’inscription visée à l’article 4, § 2, 1.º, de la loi 
du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un 
système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction 
d’un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues 
avec des tiers, les époux ont informé ceux–ci de la modification” –“las modificaciones 
convencionales producirán efecto entre los cónyuges desde la fecha de autorización del 
acto”, pero “no producirán efectos frente a terceros sino a partir de la fecha de su 
inscripción, en la forma establecida en el artículo 4, § 2, 1.º de la de la Ley de 13 de 
enero 1977, de aprobación del Convenio (número 077 del Consejo de Europa) relativo al 
establecimiento de un sistema de inscripción de testamentos, hecho en Basilea el 16 de 
mayo de 1972, y estableciendo el Registro Central de contratos de matrimonio, a menos 
que, en sus acuerdos con terceros, los cónyuges hayan informados a estos de la 
modificación realizada”–; y añadiendo el § 3.º que “un acte étranger portant modification 
du régime matrimonial peut, s’il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance 
en Belgique, être mentionné en marge d’un acte établi par un notaire belge et être joint à 
cet acte”; “cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n’a pas 
pour effet de rendre celle–ci opposable aux tiers” –“el documento extranjero por el que se 
modifique el régimen matrimonial, si reúne los requisitos para su reconocimiento en 
Bélgica, deberá mencionarse igualmente al margen de la escritura otorgada ante notario 
belga  que  modifique”;  “formalidad  necesaria  para  dar  publicidad  a  la  modificación, 
haciéndola oponible frente a terceros”–.
Un régimen que se extiende, igualmente, a los capítulos otorgados con anterioridad a 
la celebración del matrimonio, al establecer el artículo 1393 del mismo Código belga, que 
“avant  la  célébration  du  mariage,  nulle  modification  ne  peut  être  apportée  aux 
conventions matrimoniales sans la présence et le consentement simultané de toutes les 
personnes qui y ont été parties” –“antes de la celebración del matrimonio, no podrán 
modificarse los acuerdos matrimoniales adoptados sin la presencia y consentimiento 
simultáneo  de  todas  las  personas  que  los  suscribieron”–;  afirmando  a  su  vez  que 
“l’article 1395, § 1er, est applicable à ces modifications” –“el artículo 1395 § 1.º es 
aplicable a dichas modificaciones”–, de modo que “a défaut de l’inscription prévue à 
l’article 1395, § 1er, les modifications sont sans effet à l’égard des tiers, sauf si les époux 
les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux” –“en ausencia de 
inscripción  practicada  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  sección  1395  §  1.º  las 
modificaciones no tendrán efectos frente a terceros, a menos que, en sus acuerdos con 
terceros, los cónyuges hayan informados a estos de la modificación realizada”–.
Un régimen legal extranjero que, contra ciertas opiniones poco meditadas, debe ser 
observado en España siempre que el régimen matrimonial se halle sujeto al Derecho 
belga; exigiendo a tal fin, en el propio foro, la inscripción de los capítulos matrimoniales 
en el Registro del Estado cuya norma material resulta aplicable (Bélgica), como requisito 
de eficacia de los capítulos frente a terceros. Entender lo contrario, afirmando que 
aquellas “normas son de aplicación territorial y no deben ser aplicadas respecto a la 
publicidad y efectos frente a terceros de dichas capitulaciones” fuera del país de origen, 
supondría cercenar el Derecho material extranjero reclamado por la norma de conflicto, 
excluyendo del mismo normas de carácter esencial, dirigidas a la protección de la 
seguridad del tráfico y, por ello mismo, fundadas en un principio de orden público. 
Provocando además –cuando los capítulos hayan sido otorgados en el propio foro de la  s
ley material aplicable (Bélgica), como sucederá en la mayoría de los supuestos– el  oe.
reconocimiento, en España, del documento público extranjero con efectos más intensos  w.
que los atribuidos al mismo por la propia lex auctor, contra las exigencias derivadas del  226ww
“deejencoumciinóand doe p drionccuipmioe ndteo se qpuúibvlaicleonsc eiax,t rcaonnjesraogsr”a–d, oa peanr talad oa c1tu, adleid alad  Leeny  e2l9 a/2r0tí1cu5l,o d 5e6 3 0–
ddoec ujumlioe,n tdoes  cpoúobpleicroasc ióenx pjuerdídidicoas  inote ranuatcoiorinzaadl oesn  mpoart eraiau tocriivdila d–ecso nfeoxrtmraen jaelr acsu asl e“rláons   BOE-A-cable e
ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden 
público”–. Un erróneo criterio “territorialista” que, a la manera de la técnica estatutaria, 
parte de un mal entendimiento del carácter excluyente de las normas registrales, dentro 
del propio foro, en virtud del principio lex auctor regit actum; principio que tan solo 
determina la aplicación exclusiva, dentro del propio foro, de las normas registrales 
establecidas por la ley del mismo –con exclusión, por tanto, cuando en el otorgamiento 
de  esos  mismos  actos  exista  presencia  de  elemento  extranjero,  de  las  normas 
contenidas en cualquier otra ley en conflicto distinta de la lex fori–; un principio que, de 
esta forma, en modo alguno puede limitar la eficacia que la lex auctor atribuye a la 
observancia o falta de cumplimiento de los requisitos formales –registrales o de otra 
índole– impuestos por la misma.
V.  Conforme al artículo 177 del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por 
Decreto de 2 de junio de 1944, “el precio o valor de los derechos se determinará en 
efectivo,  con  arreglo  al  sistema  monetario  oficial  de  España,  pudiendo  también 
expresarse  las  cantidades  en  moneda  o  valores  extranjeros,  pero  reduciéndolos 
simultáneamente a moneda española. De igual modo, los valores públicos o industriales 
se estimarán en efectivo metálico, con arreglo a los tipos oficiales o contractuales. En las 
escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, 
transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la contraprestación 
consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago 
empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del 
Notariado,  de  acuerdo  con  las  siguientes  reglas:  1.ª  Se  expresarán  por  los 
comparecientes  los  importes  satisfechos  en  metálico,  quedando  constancia  en  la 
escritura de dichas manifestaciones. 2.ª El Notario incorporará testimonio de los cheques 
y demás instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la 
escritura. Los comparecientes deberán, asimismo, manifestar los datos a que se refiere 
el  artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado,  correspondientes  a  los  cheques  y  demás 
instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del 
otorgamiento, expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En 
caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de 
crédito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el 
compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con cargo a 
la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que 
se libraron contra la entrega del importe en metálico. De todas estas manifestaciones 
quedará  constancia  en  la  escritura.  3.ª  En  caso  de  pago  por  transferencia  o 
domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los 
códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas 
manifestaciones. En caso de que los comparecientes se negasen a aportar alguno de los 
datos o documentos citados anteriormente, el Notario hará constar en la escritura esta 
circunstancia, y advertirá verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo  254  de  la  Ley  Hipotecaria,  de  8  de  febrero  de  1946,  dejando  constancia, 
asimismo, de dicha advertencia. Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá 
incorporar la declaración previa del movimiento de los medios de pago aportada por los 
comparecientes cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la normativa 
de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaración por el 
obligado  a  ello,  el  Notario  hará  constar  dicha  circunstancia  en  la  escritura  y  lo  s
comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado”. oe.
Como afirma la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado  w.
de 8 de noviembre de 2016, “el artículo 177 del Reglamento Notarial, con el precedente  226ww
ddiev elars Ianss trmucocdiiófinc adceio ensetse  Cpoern tloros  DRireeaclteivso D deec 2re8t odse  4n5o/v2i0e0m7b rdee d 1e9 2 0d0e6 e, nhear osi,d 1o8 o0b4je/2to0 0d8e, 
dDee c3r edteo  nvoievnieem ebxrper eys, afidnaa lmene nstue ,E 1x/p2o0s1ic0i,ó dne d 8e  dMeo etinvoesro c”;u “alan dfion amliadnaidfi edset ae sqtuee ú ‘letilm aort íRcuelaol   BOE-A-cable e
primero modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado 
por  Decreto  de  2  de  junio  de  1944,  a  los  efectos  de  concretar,  en  relación  con 
determinados medios de pago, qué datos concretos deberán quedar incorporados en el 
documento  público,  ya  sea  a  través  de  acreditación  documental,  ya  sea  vía 
manifestación ante el Notario, constancia que implicará que dicho medio de pago se 
deba entender suficientemente identificado, permitiendo el acceso al Registro de la 
Propiedad del instrumento público”.
“En el párrafo segundo de dicho precepto reglamentario –continúa la Resolución– se 
impone  al  notario  una  obligación  de  identificación  de  los  medios  de  pago  cuando 
concurran  tres  requisitos:  a)  que  impliquen  declaración,  constitución,  transmisión, 
modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; b) que sean a título 
oneroso, y c) que concurriendo estos tres requisitos, el régimen de la obligación de 
identificación de los medios de pago se puede sistematizar en los siguientes términos: 
(…) 3.º En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el 
caso de que los pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las escrituras: 
los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las 
cuentas  de  cargo  y  abono,  quedando  constancia  en  la  escritura  de  dichas 
manifestaciones.”
“Sin embargo –añade el Centro Directivo–, en relación con la calificación registral y el 
cierre del Registro de la Propiedad, en los términos expresados en el artículo 254.3 de la 
Ley  Hipotecaria,  el  artículo  177,  párrafo  quinto,  del  Reglamento  Notarial,  según 
redacción  dada  por  el  Real  Decreto  1/2010,  determina  que  ‘…se  entenderán 
identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o 
manifestación, los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de 
pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es 
nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente 
identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre 
que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y 
receptora o beneficiaria’” –cfr., en igual sentido, las Resoluciones de la misma Dirección 
General de 5 de marzo de 2010, 2 y 6 de julio de 2011, 22 de noviembre de 2013, 16 de 
octubre y 9 de diciembre de 2014, 22 de julio de 2016, 4 de septiembre de 2017, 12 de 
abril y 19 de noviembre de 2018 y 16 de octubre de 2019–.
Por lo que, en definitiva, el título no podrá acceder al Registro en tanto no se 
identifiquen, de manera suficiente, los datos que permitan la completa identificación de la 
transferencia efectuada como medio de pago, con reseña de los datos mínimos exigidos 
reglamentariamente,  esto  es:  las  cuentas  de  cargo  y  abono  o,  en  su  defecto,  el 
ordenante, el beneficiario, la fecha, su importe y las entidades emisora y ordenante y 
receptora o beneficiaria.
En su virtud,
Resuelvo suspender la inscripción solicitada, por la concurrencia de los defectos 
mencionados, y sin que proceda la extensión de anotación preventiva de suspensión (…)
La presente nota de calificación podrá (…).»
El día 23 de marzo de 2021, se aportó escritura de capitulaciones matrimoniales, 
debidamente apostillada, otorgada en el año 1990, ante el notario de Bruselas, don 
Jacques Neyrinck, Y el título presentado fue objeto, el día 5 de abril de 2021, de la 
siguiente nota de calificación: s
«Visto por el Registrador de la Propiedad de Álora y su distrito hipotecario, el  w.
procedimiento registral identificado con el número de entrada 732/2021, iniciado como  226ww
cJo. nNs.e, cduee nlocsia  ddoec upmreesnetnotsa cqióune  poobrr amne enns adjeicrhíao  epnr oecl emdiimsmieon tRo,e geins trvoir,t uredm diteid sao plicoirt uDdo dñea 
inscripción.
El documento objeto de la presente calificación, escritura otorgada ante el notario de 
Marbella–San  Pedro  Alcántara,  Don  Eduardo  Hernández  Compta,  el  día  cuatro  de 
septiembre de dos mil veinte, protocolo 1124, fue presentado por mensajería, remitido 
por  Doña  J.  N.,  el  día  28  de  enero  de  2021,  bajo  el  asiento  798  del  Diario  de 
Presentación número 158, habiendo obtenido calificación desfavorable con fecha 5 de 
febrero de 2021. Con fecha 23 de marzo de 2021 se aportó escritura de capitulaciones 
matrimoniales, debidamente apostillada, otorgada en el año 1990, ante el notario de 
Bruselas,  Don  Jacques  Neyrink.  Con  fecha  26  de  marzo  de  2021  se  aportó, 
telemáticamente, diligencia extendida por el notario de Marbella–San Pedro Alcántara, 
Don Eduardo Hernández Compta, el día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin 
subsanar los defectos señalados en la citada nota de calificación; puesto que no se 
acredita la inscripción de las citadas capitulaciones en el Registro Civil correspondiente.
Por lo cual, acuerdo mantener los efectos de la misma nota de calificación de fecha 
cinco de febrero de dos mil veintiuno.
Notifíquese al presentante y al funcionario autorizante del título calificado en el plazo 
máximo de diez días.
El presente acuerdo de mantenimiento de la nota de calificación anterior podrá (…).»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  doña  M.  K.  O.,  abogada,  en  nombre  y 
representación de don P. M., interpuso recurso el día 21 de abril de 2021 mediante 
escrito en el que expresaba los motivos que, a continuación, se transcriben:
«Primero.  La inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro civil 
correspondiente  no  es  un  requisito  para  su  validez,  es  suficiente  que  hayan  sido 
otorgadas en forma auténtica.
Establece el art. Artículo 159 del Reglamento de la Organización y Régimen del 
Notariado:
Las circunstancias relativas al estado de cada compareciente se expresarán diciendo 
si es soltero, casado, separado judicialmente, viudo o divorciado.
También podrá hacerse constar a instancia de los interesados su situación de unión o 
separación de hecho.
Si  el  otorgante  fuere  casado,  separado  judicialmente  o  divorciado,  y  el  acto  o 
contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su 
matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del 
cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen  económico 
matrimonial.
Las circunstancias a que se refiere este artículo se harán constar por el Notario por lo 
que resulte de las manifestaciones de los comparecientes.
Se expresará, en todo caso, el régimen económico de los casados no separados 
judicialmente.  Si  fuere  el  legal  bastará  la  declaración  del  otorgante.  Si  fuese  el 
establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente, a todos los efectos bales, 
que se le acredite al Notario su otorgamiento en forma auténtica. El Notario identificará la 
escritura  de  capitulaciones  y  en  su  caso,  su  constancia  registral,  y  testimoniará, 
brevemente, el régimen acreditado, salvo que fuere alguno de los regulados en la ley, en 
que bastará con hacer constar cuál de ellos es. s
En las escrituras de capitulaciones matrimoniales el Notario hará constar que las  oe.
modificaciones del régimen económico matrimonial realizadas durante el matrimonio no  w.
peel rRjuCedgoiincsa ttrrooád nco ie venill  lnocoi,n rqgrueúesnpd coaan csdloaie rlnoots eq  duteieer nelaec h icnoassrc áyrciapt ecairdó pqnou dtireeids tolaasst i vpcooa,r p ptieteurrcloae crniooosn .seosn m, eantr imninognúianle csa esno   2021-12226n https://ww
un requisito para otorgarles validez y eficacia jurídica.
En el primer caso que nos ocupa, el propio Notario autorizante de la escritura de 
compraventa con número de protocolo 1.124, D. Eduardo Hernández Compta, otorgada 
el día 4 de septiembre de 2020, hace constar que la parte adquirente, D. P. M., se halla 
“casado en régimen de separación de bienes con Doña F. G., pactado en escritura 
autorizada por el Notario de Bruselas (Bélgica), Don Jacques Neyrinck, el 27 de Abril 
de 1990, redactado en lengua francesa, que yo el Notario conozco, copia de la cual me 
exhibe, estando pendiente de apostillar, advirtiendo yo el Notario de la necesidad de 
aportar dicha copia debidamente apostillada”. Posteriormente, a raíz de la primera nota 
de defectos del Registro de la Propiedad de Abra, esta parte subsanó dicho defecto y 
aportó  copia  auténtica  de  las  capitulaciones  debidamente  apostilladas  que  fueron 
remitidas directamente a dicho Registro.
En la segunda escritura de compraventa otorgada el día 6 de Noviembre de 2020, 
por el mismo adquirente D. P. M., ante el Notario D. José Andrés Navas Hidalgo, bajo el 
número 1.735 de su protocolo, igualmente se hace constar dicha circunstancia, es decir, 
su estado civil de casado en régimen de separación de bienes con Da. F. G., pero en 
este caso, sin acreditarlo documentalmente.
Habiéndose  presentado  ante  el  Registro  de  la  Propiedad  la  escritura  de 
capitulaciones matrimoniales, debidamente traducidas y apostilladas, esta parte entiende 
que el Registrador de la Propiedad tiene que practicar las inscripciones de sendas 
adquisiciones “con carácter privativo” a favor del adquirente D. P. M., puesto que el 
citado artículo del Reglamento notarial no exige en ningún caso acreditar la inscripción 
de dichas capitulaciones en el Registro civil correspondiente, para que surtan validez a 
los  efectos  del  otorgamiento  del  documento  público–notarial  que  se  trate,  siendo 
necesario, sin embargo y en todo caso, que revistan “forma auténtica”, es decir, que se 
hayan otorgado en documento público (y tratándose de un documento extranjero, que se 
haya provisto de la legalización y traducción correspondientes).
Segundo.  La actuación “limitada” del Registrador a efectos de su comprobación, 
aun siendo los otorgantes extranjeros:
Por su parte, respecto del Registrador, recuerdan las más recientes Resoluciones 
de 31 de agosto de 2017 y 2 de abril de 2018, entre otras, que “la aplicación del 
artículo 92 del Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente respecto del 
conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera”, añadiendo la 
Resolución  de  7  de  septiembre  de  2018  que,  “una  vez  realizada  por  el  Notario 
autorizante  dicha  labor  de  precisión  del  carácter  legal  del  régimen  económico–
matrimonial  (derivado  de  la  aplicación  de  las  normas  que  disciplinan  los  posibles 
conflictos de Derecho interregional –o, como en este caso, de Derecho internacional 
privado–, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional de 
dicho régimen), no puede el Registrador exigir más especificaciones sobre las razones 
en que se funda su aplicación, pues según el artículo 159 del Reglamento Notarial, 
‘bastará  la  declaración  del  otorgante’,  entendiendo  este  Centro  Directivo,  como  ha 
quedado  expuesto,  que  dicha  manifestación  se  recogerá  por  el  Notario,  bajo  su 
responsabilidad, tras haber informado y asesorado en Derecho a dicho otorgante (de 
suerte que –bajo su responsabilidad y empleando a tal efecto la fórmula que estime 
oportuna– deberá desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado 
cuál es el régimen económico–matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no 
tratarse de una ley española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma 
de conflicto que debe conocer y observar, atendiendo a las manifestaciones de los 
otorgantes sobre circunstancias como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio,  e.
su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr.  w.b
artículos 9.2 y 12.1 del Código Civil–)”. Para ello, el Notario no tiene obligación de  226ww
mesaptericmifoicnaiar lc dueá lecsa rsáocnte lra sle rgaazl oense sa pol icaavbelreig, usaincioo nqeuse  pboar sltaas  cqoune  qeul eré hgaimgae ne excporensóimónic doe–
esta circunstancia.
Tercero.  Caso auténtico parecido, donde el Registro de la Propiedad n.º 3 de 
Marbella ha practicado la inscripción:
Se adjunta una escritura de compraventa igualmente otorgada por un ciudadano 
belga casado en régimen de separación de bienes, donde el Notario autorizante acepta 
la mención de su estado civil de casado en “régimen de separación de bienes” sin más 
requisitos que hayan sido otorgadas en documento público y provistas con la legalización 
de la Apostilla, así como traducción jurada de las mismas. El Registrador de la Propiedad 
de Marbella practicó la inscripción de la compraventa con “carácter privativo”, sin más 
requisitos que los mencionados anteriormente».
IV
Mediante escrito, de fecha 30 de abril de 2021, el registrador de la Propiedad elevó el 
expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 12, 1218, 1255, 1323 y 1333 del Código Civil; 9 de la Ley 
Hipotecaria; 2 y siguientes de la Ley del Registro Civil; 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 76.10.ª, 1391 y 1392 del Código Civil de Bélgica; 34 y 35 y la disposición adicional 
primera de la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil; los artículos 69 y 70 del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de 
junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales; 266 del Decreto de 14 de noviembre 
de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil; 159 del 
Reglamento Notarial; la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2019; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de febrero 
y 28 de abril de 2005, 22 de marzo de 2010, 14 de diciembre de 2017 y 6 de noviembre 
de 2019; las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 13 de febrero, 15 de septiembre y 9 de octubre de 2020, y, respecto de la calificación 
registral, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 
de marzo y 8 de mayo de 2012, 5 y 11 de marzo y 10 de julio de 2014, 25 de marzo, 1 de 
abril, 5 y 16 de junio y 7 y 17 de septiembre de 2015 y 2 de noviembre de 2016, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio 
de 2020 y 25 de mayo de 2021.
1.  En  la  escritura  cuya  calificación  es  objeto  de  este  recurso  consta  que  el 
comprador, de nacionalidad belga, está casado en régimen de separación de bienes 
pactado en escritura otorgada ante un notario de Bruselas en el año 1990, antes de 
contraer matrimonio; escritura que se reseña y cuya copia se exhibe, pendiente de 
apostillar, por lo que el notario formula en la escritura calificada la oportuna advertencia 
sobre este último extremo. Posteriormente se aportó dicha escritura de capitulaciones 
matrimoniales prenupciales, debidamente apostillada.
El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, según las normas 
del  Código  Civil  de  Bélgica  que  transcribe,  debe  acreditarse  la  inscripción  de  las 
capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil de dicho Estado.
2.  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo en Resoluciones de 13 de  es
febrero, 15 de septiembre y 9 de octubre de 2020, en Derecho español, en caso de que  o
sdnceaee p cloeiEhtussal  alyacaraócriot inío cpynuuaaelgccostre  ae2msdd6 apoi6ttu a reridem del oalla rn Ré siaegeplrigemr elisanev mspniaca er rinetaiotcno  oqdc nuidocóeenam l c ucRiiaóncern oábg –ciiemsetentnarr o  tapr dieCrmqilv iouvaRinitlr iiiveadeoglox  ii asgdmt eerseo  ued  snifaCae nvpsivtouaeir lr  .apccádoiremór anpf loraad  vseeee nsxbcttioaeri, nt puqeorusare ,  u dneeeons     OE-A-2021-12226able en https://www.
las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad–
produzcan los hechos que afecten al régimen económico–matrimonial han de expresarse 
los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado 
el hecho), que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie 
del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por 
defecto subsanable.
La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación 
(artículo 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros 
(artículo 1218 del Código Civil, en combinación con el artículo 222.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última que conduce al rechazo de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad sin la previa indicación del régimen económico–matrimonial en 
el Registro Civil, pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se 
produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el 
Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad 
(artículo 32 de la Ley Hipotecaria), al publicar cada Registro una realidad distinta.
3.  En Derecho belga las convenciones sobre el régimen económico–matrimonial 
deben constar en escritura pública notarial (artículo 1392 del Código Civil de Bélgica). 
Según el artículo 1391 de dicho Código el notario que haya autorizado el contrato 
matrimonial deberá proceder a la inscripción prescrita por el artículo 4, § 2, 1.º de la Ley 
de 13 de enero 1977, de aprobación del Convenio relativo al establecimiento de un 
sistema de inscripción de testamentos, hecho en Basilea el 16 de mayo de 1972, y 
estableciendo el Registro Central de contratos de matrimonio; de modo que, a falta de tal 
inscripción,  las  cláusulas  derogatorias  del  régimen  legal  no  podrán  ser  opuestas  a 
terceros que contraten con los cónyuges sin conocimiento de sus pactos matrimoniales. 
Asimismo, según el artículo 76.10.ª de dicho Código Civil, en el acta de matrimonio debe 
hacerse mención de la fecha del contrato matrimonial, el nombre y residencia del notario 
autorizante  así  como  la  indicación  del  régimen  matrimonial  establecido  entre  los 
cónyuges, y a falta de ello tampoco pueden oponerse las cláusulas derogatorias del 
régimen legal a terceros que contraten con los cónyuges sin conocimiento de tales 
pactos matrimoniales.
En el presente caso se han aportado las capitulaciones autorizadas por notario 
belga, pero no se acredita la inscripción de las mismas en el referido Registro Central de 
contratos de matrimonio, ni la mención de las mismas en el acta de matrimonio. Por ello, 
el defecto debe ser confirmado.
4.  Por último, respecto de las alegaciones de la recurrente sobre el hecho de que 
se hayan inscrito escrituras semejantes en el Registro de la Propiedad de Marbella, debe 
recordar que, como ha reiterado este Centro Directivo, el registrador, al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción, no 
está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las 
propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la 
anterior presentación de otros títulos, y ello por aplicación del principio de independencia 
en ese ejercicio de su función, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en 
la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (vid., por todas, 
Resoluciones de 13 de marzo y 8 de mayo de 2012, 5 y 11 de marzo y 10 de julio 
de 2014, 25 de marzo, 1 de abril, 5 y 16 de junio y 7 y 17 de septiembre de 2015, 2 de 
noviembre de 2016, 4 de junio de 2020 y 25 de mayo de 2021, entre muchas otras).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el  bo
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de  226ww
cdoons fomrmesee as  lod eessdtaeb sleuc indoot iefinc alocsió anr,t ísciuelnods o3 2d5e  ya 3p2li8ca dceió lna  Llaesy  nHoiprmotaesc adrieal. juicio verbal, todo ello
Madrid, 30 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.