BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23466
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3344 Sala Primera. Sentencia 19/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 3997-2019. Promovido por C.C. Las Velas, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas en un procedimiento de juicio verbal de desahucio. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión:  inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:19
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3997-2019, promovido por C.C. Las Velas, S.L., 
representada por el procurador de los tribunales don Carlos Barrado Lanzarote y bajo la 
dirección del letrado don Antonio Fuentes Segura, contra el auto de 13 de mayo de 2019 
del Juzgado de Primera Instancia de San Javier núm. 1, que en el procedimiento de 
juicio verbal de desahucio núm. 187-2018, desestimó el incidente de nulidad promovido 
por  la  demandante.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal  y  Crofton  Invest,  S.L., 
representada por el procurador de los tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, y 
asistida por el letrado don Alejandro Ingram Solís. Ha sido ponente el magistrado don 
Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  En fecha 26 de junio de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Barrado 
Lanzarote, en nombre y representación de la entidad C.C. Las Velas, S.L., y con la 
asistencia del letrado don Antonio Fuentes Segura, interpuso recurso de amparo contra 
las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes:
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier se siguió el juicio 
verbal de desahucio núm. 187-2018, como consecuencia de la demanda formulada el 16 
de abril de 2019 por la mercantil Crofton Invest, S.L., contra la recurrente de amparo, por 
la falta de pago de la cantidad de 174.000 € en concepto de rentas y cantidades  s
vencidas que le eran debidas como arrendadora del centro comercial «Las Velas»  e.
ubicado  en  Los  Alcázares,  acumulando  la  acción  de  reclamación  de  la  cantidad  w.
adeudada, e indicando como domicilio de la demandada a efectos de notificaciones el de  44ww
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celebración de la vista el 17 de octubre de 2018 y si se cumplen los requisitos legales, el 
lanzamiento para el día 13 de noviembre del mismo año. Se indica en el decreto que 
debía procederse a practicar el requerimiento en la forma prevista en el art. 161 de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC), teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el 
apartado tercero del art. 155 y en el último párrafo del art. 164 LEC, con las advertencias 
legales.
c)  El  emplazamiento  como  destinatario  del  C.C.  Las  Velas,  S.L.,  se  remitió 
electrónicamente a través del servicio de notificaciones electrónicas el 2 de julio de 2019, 
constando la recepción en destino al día siguiente, sin que exista fecha de retirada de la 
notificación por el destinatario, ni la fecha de la cancelación automática, ni tan siquiera la 
dirección electrónica del destinatario.
d)  Por diligencia de ordenación de 3 de septiembre de 2019 se indica «recibida 
diligencia  de  requerimiento  y  citación  a  la  eventual  vista,  practicada  con  la  parte 
demandada […] en fecha 2 de julio de 2018, únase, póngase en conocimiento de la parte 
actora […] y estese a la espera de que transcurra el plazo concedido a la demandada en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  440.3  LEC».  Ese  mismo  día  la  letrada  de  la 
administración de justicia dictó decreto en el que tras indicar que había transcurrido el 
plazo  concedido  sin  que  la  parte  demandada  hubiera  comparecido  ni  formulado 
oposición, se daba por terminado el procedimiento de juicio verbal y se procedía a la 
ejecución directa sin necesidad de ningún otro trámite, practicándose la diligencia de 
lanzamiento del demandado de la finca arrendada el 13 de noviembre de 2018.
e)  El 9 de octubre de 2018 la mercantil recurrente en amparo presentó escrito 
solicitando que se le tuviera por personada y parte en el procedimiento. Por diligencia de 
ordenación de 11 de octubre de 2018 se admitió su personación.
Admitida la personación, el 23 de octubre de 2018 presentó escrito por el que 
interponía: (i) recurso de revisión contra el decreto de 3 de septiembre de 2018, por 
infracción de los arts. 155, 166 y 250.1.1 LEC y del art. 24.1 CE, interesando, por una 
parte la nulidad de pleno derecho de dicho decreto así como de todas las actuaciones 
anteriores  al  mismo,  por  haberse  producido  un  defecto  en  la  práctica  de  las 
notificaciones, que impidió a C.C. Las Velas, S.L., tener acceso a las actuaciones con la 
consecuente indefensión, y, por otro lado, expresaba la inadecuación del juicio verbal 
para la tramitación del desahucio al ser el cauce correcto el juicio ordinario por tratarse 
de un contrato de arrendamiento de industria o de explotación; (ii) subsidiariamente, para 
el caso de que el juzgado hubiese considerado inadmisible dicho recurso de revisión por 
cualquier causa, con sustento en el art. 228 LEC interponía incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones, por vulneración del art. 24.1 CE en relación con los citados 
preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil, por haberse causado indefensión al no 
haberle sido notificada en forma la demanda y no haber podido esgrimir sus derechos de 
defensa dentro del procedimiento ordinario que corresponde.
Por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2019 se dio cuenta al magistrado 
para que resolviera sobre la admisión a trámite del recurso de revisión.
f)  Por providencia de 8 de noviembre de 2018 se resolvió que se dictara resolución 
de admisión a trámite del recurso interpuesto y se dispuso además la suspensión del 
lanzamiento.  Aplicando  lo  resuelto,  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  dictó 
diligencia de ordenación admitiendo el recurso de revisión el 15 de enero de 2019, si 
bien, dicha diligencia fue declarada nula por auto de 28 de marzo de 2019 al considerar 
que la interposición del recurso de revisión había sido extemporánea.
Ese mismo día se dictó una providencia por la que, en consonancia con el auto, se  s
dispuso no haber lugar a la tramitación del citado recurso de revisión por extemporáneo.  oe.
Dichas resoluciones fueron notificadas el mismo día, al pie de las mismas se indicaba  w.
que no cabía recurso alguno. 44ww
presge)n taF ruenn tee saclr iatou toe l y5  pdroev iadbernilc idae d i2c0ta1d9o sp oerl  e2l8  qduee :m (ai)r zion sdtae  2la0 1n9u,l ideal dd edmea nadmabnates 
nreosvoielumcbiornee dse,  d2a0d1a8  lqau eco hnatrbaídai cacdiómnit iedno  eqlu ree cinucrsuorr ídaen  rceovnis ilóan ;p r(oii)v isdoelniccitiaa  lfair mreec tdifiec a8c idóen   BOE-A-cable e
del error material del que adolecen tanto el auto como la providencia al no existir el 
obstáculo de extemporaneidad apreciado y se resuelva el recurso sobre el fondo del 
recurso;  (iii)  subsidiariamente  que  se  complete  el  reseñado  auto  de  28  de  marzo 
admitiéndose a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones interpuesto en 
vía subsidiaria en el escrito de 23 de octubre de 2018.
h)  Por auto de fecha 13 de mayo de 2019 se desestiman las peticiones formuladas 
en el escrito de 5 de abril. Dicho auto fue notificado el mismo día. En el mismo se indica 
que no se dan los supuestos que permiten declarar la nulidad, máxime cuando esta 
cuestión fue resuelta por el auto de 28 de marzo de 2018. Añade, tras la cita del art. 228 
LEC que no se dan los requisitos ni las circunstancias que permitirían declarar la nulidad 
conforme al referido precepto habida cuenta que no se ha producido vulneración alguna 
ni infracción de normas procesales, por cuanto la parte demandada ha ido presentando 
los correspondientes recursos que le permite la ley, haciendo además peticiones de 
nulidad prácticamente en cada actuación judicial que se ha llevado a cabo, motivo por el 
que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, sin que por «parte de esta 
juzgadora vaya a declararse de oficio la nulidad de actuación alguna».
i)  La mercantil recurrente en amparo presentó un nuevo escrito el 24 de mayo 
de  2019,  reiterando  las  solicitudes  anteriores,  por  medio  del  cual,  a  la  luz  de  la 
publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  la  STC  47/2019,  de  8  de  abril, 
interesaba:  (i)  que  se  complete  el  auto  de  13  de  mayo  de  2019  con  expreso 
pronunciamiento sobre la aplicación del art. 155 LEC, estimando que el emplazamiento a 
C.C. Las Velas, S.L., es nulo; (ii) se pronuncie sobre la inadecuación del cauce procesal 
del juicio verbal para tramitar este desahucio; (iii) se tramite el recurso de revisión 
decretándose también la nulidad de todas las actuaciones, por proceder los trámites del 
juicio ordinario; (iv) que se pronuncie de oficio sobre la nulidad de las actuaciones por 
defectos en las notificaciones practicadas y la inadecuación del juicio verbal para tramitar 
este desahucio; (v) que se tenga por formulado incidente de nulidad de actuaciones 
frente al auto 13 de mayo de 2019.
El 4 de junio de 2019, la representación de C.C. Las Velas, S.L., presentó escrito en 
el juzgado al que incorporaba, entre otras, la comunicación de 28 de mayo de 2019 del 
Ministerio de Justicia a los secretarios de gobierno, por la que –a raíz de la doctrina 
sentada por el Tribunal Constitucional en sentencia 47/2019, de 8 de abril– se hacía 
saber a los tribunales su deber de citar a las empresas demandadas en su domicilio y no 
telemáticamente.
j)  Mediante providencia de 5 junio de 2019 se inadmiten de plano las ultimas 
peticiones de esta parte, con remisión a lo dispuesto por el auto de 13 de mayo. Por 
diligencia de ordenación de 5 de junio se señala nuevo lanzamiento para el día 19 de 
noviembre de 2019.
3.  En la demanda de amparo, la mercantil recurrente invoca la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido en el artículo 24.1 CE. 
Manifiesta sustancialmente que no fue emplazada para comparecer en el juicio verbal de 
desahucio número 187-2018, continuando el curso de los autos en su ausencia hasta 
que se dictó decreto de terminación del procedimiento de desahucio y se señaló fecha 
de lanzamiento. Dicha ausencia de emplazamiento determinó que no pudiera intervenir 
ni defenderse en el procedimiento. Señala que el primer emplazamiento no se efectuó en 
el domicilio social de la demandada, sino que con incumplimiento de la STC 47/2019, 
de 8 de abril, se realizó de forma telemática. Indica que el emplazamiento no fue retirado 
por la entidad recurrente y que se desconoce la dirección de correo electrónico a la que  e.
se han enviado las notificaciones telemáticas. Refiere que el correo que figura en la  w.b
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) fue habilitado con posterioridad a  44ww
dcuicahlaqsu ienr optrifoicnaucnicoinaemsi.e nFtoin aalcmeercnate d es loas itnieanpeli caqcuieó nl adse l arerts.o 1lu5c5i oLnEeCs.  dictadas  omitieron
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permanecer en el centro comercial y seguir con la explotación del mismo, ordenándose
el lanzamiento de la mercantil demandante con los perjuicios económicos que ello 
conlleva, ocasionando su absoluta indefensión.
Finaliza el recurso solicitando que se declare la nulidad del auto de 13 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier y de todas 
las actuaciones, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) y que se retrotraigan las mismas al momento inicial, con emplazamiento de 
la recurrente para que pueda contestar a la demanda.
Por medio de otrosí solicitó la suspensión de la ejecución del lanzamiento señalado 
para el 19 de noviembre de 2019, toda vez que la ejecución del lanzamiento produciría 
un evidente e irreparable perjuicio a la recurrente que haría perder al recurso de amparo 
su finalidad, dado que sería despojada de la posesión y de la explotación del centro 
comercial, ocasionando una situación sustancialmente irreversible.
La recurrente de amparo reiteró la solicitud de admisión a trámite del recurso de 
amparo y de suspensión del lanzamiento del centro comercial «Las Velas», mediante 
escrito registrado el 26 de octubre de 2019.
4.  Mediante providencia de 31 de octubre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al Tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)], y dirigir comunicación al órgano judicial interviniente, a fin de que en el plazo 
que no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al procedimiento del juicio verbal de desahucio número 187-2018, y 
que proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa 
el presente recurso, excepto la parte recurrente en amparo, para que en plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo deseaban.
Asimismo, la Sección dispuso formar pieza separada para la tramitación del incidente 
de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común 
de  tres  días  a  la  parte  recurrente  y  al  ministerio  fiscal,  para  que  alegaran  lo  que 
estimasen pertinente sobre dicha suspensión. Por ATC 140/2019, de 11 de noviembre, 
se acordó la suspensión cautelar del lanzamiento.
5.  El día 30 de diciembre de 2019, el procurador de los tribunales don Ramón 
Rodríguez  Nogueira,  en  representación  de  Crofton  Invest,  S.L.,  presentó  sus 
alegaciones. En el escrito firmado por el letrado don Alejandro Ingram Solís solicitaba 
que se desestimara el recurso de amparo al considerar que no se había producido 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Considera  que  no  es  hecho  controvertido  que  los  decretos  de  admisión  de  la 
demanda  y  de  terminación  del  procedimiento  se  notificaron  telemáticamente  en  la 
dirección electrónica que le constaba al órgano judicial, constando que las mismas 
fueron «recepcionadas» en destino y no retiradas. Refiere que antes de la STC 47/2019, 
de 8 de abril, y de la circular que sobre notificación a personas jurídicas se elaboró como 
consecuencia de la misma, era habitual notificar a las personas jurídicas mercantiles en 
la dirección electrónica. Reproduce como sustento de esta forma de notificación los arts. 
152.2, 162 y 273.3 a) LEC, tras la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.
Descarta que se haya producido indefensión al haberse practicado el emplazamiento 
conforme al art. 162 LEC en la dirección electrónica asociada al código de identificación  e
fiscal de la recurrente en amparo, al ser imputable a esta la conducta de no retirar la  bo
notificación. Descarta que el art. 155 LEC sea preferente a los arts. 152 y 162 LEC  44ww
aqluueddieen dvaoc íao  rdaez ocnoenst esniisdtoe maál tsicear sd, eh iasptólircicaacsió ny  ate llaeso lópgeircsaosn, aass jíu rcíodmicaos  qquuee  enl om eisstméno 
obligInasdiastse a el ns isqtueem alo sd ed ceocmreutonsic saec iónno tpifoicra mroend ieons  elale dcitrreócncicióons .que estaba en vigor en la
AEAT en ese momento por lo que la falta de notificación se debe a la falta de diligencia
de la mercantil recurrente por lo que no existe indefensión. Pone de manifiesto los 
graves perjuicios que la retroacción de las actuaciones le ocasionarían al llevar tres años 
sin abonar renta alguna a Crofton Invest, S.L., que desde el año 2015 es la legitima 
propietaria del centro comercial. Indica que existe jurisprudencia menor que da validez al 
emplazamiento en la dirección electrónica habilitada al entender que el art. 155 LEC está 
reservado al emplazamiento de las personas físicas.
Finalmente añade que la incorrecta tramitación de la pretensión mediante el juicio 
verbal  en  lugar  de  por  el  procedimiento  ordinario  es  discutible  jurídicamente,  pero 
únicamente  procedería  la  nulidad  si  se  acreditara  que  la  indebida  tramitación  ha 
ocasionado indefensión.
6.  El 27 de diciembre de 2019 presentó escrito de alegaciones la recurrente de 
amparo en las que se ratifica y remite a lo expuesto en el recurso de amparo, y 
transcribe parcialmente el fundamento jurídico tercero de la STC 122/2019, de 28 de 
octubre, que reitera la doctrina expuesta en la STC 47/2019, de 8 de abril.
7.  El Ministerio Fiscal presentó escrito de alegaciones el 9 de enero de 2020, en el 
que solicitaba el otorgamiento del amparo solicitado y que se reconociera la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, acordándose la 
nulidad  de  todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  de  la 
demanda y del decreto de 29 de junio de 2018 por el que se admitió a trámite la misma.
Tras referirse a la tramitación del procedimiento y a las alegaciones de la mercantil 
recurrente, expone que la STC 47/2019 al interpretar el art. 155 LEC, entiende que el 
mismo contempla una especialidad, pues cuando se trate del primer emplazamiento o 
citación del demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de 
los litigantes, es decir, regula una excepción al régimen general de las notificaciones 
telemáticas, sin distinguir entre obligados y optantes de las mismas. Interpretación que 
se corresponde con el apartado segundo del art. 273.4 LEC cuando especifica que 
«únicamente los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica 
que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o 
ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias 
literales cuantas sean las otras partes», pues como indica la STC 47/2019, FJ 4, la 
finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al 
referido demandado las copias presentadas en papel. De tales preceptos y de la referida 
STC 47/2019, concluye que el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier no 
debió prescindir de la notificación personal.
A continuación examina la respuesta dada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
1 de San Javier a la solicitud de nulidad formulada por la recurrente, considerándola 
insuficiente. Refiere que el auto de 13 de mayo de 2019 con remisión al auto de 28 de 
marzo del mismo año, basa su decisión en los arts. 152.2, 173 y 162.2 LEC. Dicha 
resolución considera correctamente notificado el decreto de 3 de septiembre de 2018 a 
la mercantil, pues conforme a la Ley 18/2011, de 5 de julio, arts. 4 y 9.2 y la disposición 
final cuarta del Real Decreto 1065/2015, la notificación constaba como recibida el día 10 
de septiembre de 2018. Sin embargo, ninguna de esas normas exceptúa la aplicación 
del régimen jurídico específico de la primera citación o emplazamiento del demandado 
del art. 155.1 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están obligados a relacionarse 
con la administración de justicia por vía electrónica o telemática. Por lo que concluye que 
el proceder del juzgado provocó en la demandante de amparo una indefensión prohibida 
en el art. 24.1 CE (STC 47/2019, FJ 3). e
8.  Por providencia de fecha de 6 de febrero de 2020 se señaló para votación y fallo  w.
del presente recurso el día 10 del mismo mes y año. 2020-3344n https://ww
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación del auto del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 1 de San Javier, de fecha 13 de mayo de 2019, que, con 
remisión al auto de 28 de marzo del mismo juzgado, desestimó la solicitud de nulidad 
formulada por la recurrente en el juicio verbal de desahucio núm. 187-2018. La mercantil 
recurrente considera que ha resultado vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, según afirma, no 
fue emplazada en la forma prescrita en la normativa procesal aplicable para el primer 
emplazamiento o citación a juicio, razón por la cual sufrió una situación de indefensión 
lesiva de aquel derecho fundamental, vulneración que el órgano judicial no reparó con la 
desestimación de la solicitud de nulidad de actuaciones.
Se opone a ello la representación de Crofton Invest, S.L., que intervino en la vía 
judicial previa, puesto que, a su criterio, la falta de recepción de los actos de citación y 
notificación es imputable a una falta de diligencia de la recurrente. El Ministerio Fiscal, 
por su parte, solicita la estimación de la demanda de amparo con base, en esencia, en la 
doctrina sentada en la STC 47/2019, de 8 de abril, reiterada en las SSTC 122/2019, de 8 
de octubre; 129/2019, de 11 de noviembre, y 150/2019, de 25 de noviembre.
2.  Doctrina constitucional y aplicación al presente recurso.
En la STC 47/2019, de 8 de abril, FFJJ 3 y 4, este Tribunal ha considerado, en línea con 
lo anticipado en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, dictada por el Pleno de este Tribunal, 
que, si bien la Ley de enjuiciamiento civil impone a las personas jurídicas la obligación 
general de comunicarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos 
[art. 273.3 a) LEC], el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento 
es el del art. 155.1, 2 y 3 LEC y del art. 273.4, párrafo 2, LEC, que exigen la «remisión al 
domicilio de los litigantes» (art. 155.1 LEC), estableciendo de forma específica tanto la 
obligación de hacer constar en la demanda o en la petición o solicitud con la que se inicie el 
proceso «el domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de 
este» (art. 155.2 LEC), como la de presentar en papel «los escritos y documentos que se 
presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o 
requerimiento del demandado» (art. 273.4, párrafo 2, LEC).
A la vista de esta regulación, este Tribunal ha concluido en la citada STC 47/2019 –y 
así  lo  ha  reiterado  en  otras  referidas  a  procedimientos  de  despido,  como  las 
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, 
o 7/2020, de 27 de enero, FJ 3, pero también en las SSTC 122/2019, de 28 de octubre, 
FJ 3, en un proceso monitorio, o 129/2019, de 11 de noviembre, FJ 4, en un incidente 
concursal– que no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al 
demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto a los actos de citación o 
emplazamiento, conforme a lo previsto en el art. 155.1 LEC, los cuales se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes.
El hecho de que, por imperativo legal (los sujetos mencionados en el art. 273.3 LEC) 
tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y que, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación 
también  se  deban  practicar  por  medios  electrónicos,  no  autoriza  a  entender,  con 
fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos o telemáticos, que esas personas y entidades queden constreñidos, en  e.
cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de esos  w.
medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente  44ww
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la secretaría general de la administración de justicia del Ministerio de Justicia dirigió una 
comunicación  el  21  de  mayo  de  2019  a  las  secretarías  de  gobierno  del  Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades 
autónomas, citando la STC 47/2019, en su fundamento jurídico 4, para que cuiden «que 
la  doctrina  interpretativa  de  las  normas  procesales  reguladoras  del  primer 
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio».
La doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto que analizamos, de 
manera que el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier debería haber 
efectuado la primera citación o emplazamiento de la empresa, aún no personada en el 
juicio verbal de desahucio núm. 187-2018, por correo certificado con acuse de recibo en 
el domicilio designado por la demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos 
a través de la dirección electrónica habilitada.
La doctrina de la STC 47/2019, de 8 de abril, debe aplicarse al presente recurso de 
amparo y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la demandante y estimar el presente recurso de 
amparo. Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar 
la nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier, de fecha 13 de 
mayo de 2019, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido 
en el juicio verbal de desahucio núm. 187-2018, así como de la diligencia de ordenación y 
el decreto de la letrada de la administración de justicia de 3 de septiembre de 2019, por los 
que se tiene efectuado el emplazamiento y por terminado el procedimiento de juicio verbal, 
acordando la retroacción de las actuaciones hasta el momento procesal oportuno, a fin de 
que se proceda de nuevo al emplazamiento de la mercantil recurrente, por cualquiera de 
los medios previstos en la Ley de enjuiciamiento civil.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil C.C. Las Velas, S.L., y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que han sido vulnerados los derechos fundamentales de la recurrente 
en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
de 13 de mayo de 2019 desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, y de la 
diligencia de ordenación y el decreto de la letrada de la administración de justicia de 3 de 
septiembre de 2019, dictados en el juicio verbal de desahucio núm. 187-2018 por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Javier.
3.º  Retrotraer las actuaciones del juicio verbal de desahucio núm. 187-2018 hasta 
el momento pertinente, a fin de que el juzgado pueda proveer de modo respetuoso con el 
derecho fundamental vulnerado. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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