BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Miércoles 22 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 6513
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
1003 Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, 
sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable 
y el Delegado de Protección de Datos.
ÍNDICE
1.  Introducción.
2.  Normativa general de protección de datos.
3.  La protección de datos en el ámbito de la administración de Justicia.
4.  La consideración del Ministerio Fiscal en la normativa de protección de datos.
5.  Consideraciones generales sobre el responsable de protección de datos.
5.1.  El  responsable  del  tratamiento  de  datos  personales  en  la  normativa 
comunitaria.
5.2.  El responsable en la LOPDGDD.
6.  La identificación  del  responsable  del  tratamiento de  datos en el ámbito del 
Ministerio Fiscal.
7.  Las obligaciones del Ministerio Fiscal en materia de protección de datos.
7.1.  Las obligaciones del Ministerio Fiscal como responsable del tratamiento de 
datos personales.
7.2.  Obligaciones de la Fiscalía General del Estado.
7.3.  Obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del MF.
7.4.  Obligaciones de todos/as los/as fiscales.
7.5.  Régimen sancionador.
8.  La figura del Delegado de Protección de Datos.
8.1.  Consideraciones generales.
8.2.  El Delegado de Protección de Datos en el ámbito del Ministerio Fiscal.
8.2.1.  Ámbito de actuación.
8.2.2.  Estructura.
8.2.3.  El DPD del Ministerio Fiscal.
8.2.4.  Adjuntos del DPD del Ministerio Fiscal.
9.  Cláusula de vigencia.
10.  Conclusiones.
1. Introducción
El  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  es  un  derecho  fundamental 
implícitamente reconocido en el art. 18.4 de la Constitución Española y consagrado en el 
art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, UE)  e.
y en el art. 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Parte de su contenido reside  w.b
en la facultad de disposición y control sobre los datos personales, poderes que se  03ww
cao lnocsr edtaatno sju rpíedricsaomnaelnetse,  esnu  «ploas ftaecriuolrta adl mdea cceonnasmenietinr tloa  yre tcroagtaidmai,e lnat oo,b atesní ccióonm yo  eslu a cucseos oo 
musaoyso )p. oAssibimleiss,m poo, rl ousn d taetrocse rhoa, ns deea  teral tEarsstaed doe  om uond op laeratilc, uplaarra»  f(inSeTsC c o7n6c/2re0t1o9s,  yd eso 2b2re d lae 
base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo
previsto por la ley. Este derecho «impone a los poderes públicos la prohibición de que se 
conviertan en fuentes de información sin las debidas garantías, así como el deber de 
prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha 
información» (STC 292/2000, de 30 de noviembre).
La actuación cotidiana del Ministerio Fiscal (en adelante, MF) implica el necesario 
tratamiento de datos personales, ejecutando acciones sobre los mismos que deben 
respetar  la  normativa  aplicable  a  la  materia.  Esta  actuación  se  desarrolla 
fundamentalmente  en  el  contexto  de  la  actividad  jurisdiccional  o  cuasijurisdiccional 
correspondiente al cumplimiento de su misión «de promover la acción de la justicia en 
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado 
por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia 
de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social» (arts. 124 CE 
y  2  EOMF).  Junto  a  ello,  el  MF  efectúa  tratamientos  de  datos  personales  en  los 
expedientes  de  naturaleza  gubernativa,  por  ejemplo,  al  tramitar  y/o  gestionar  las 
situaciones administrativas derivadas de las relaciones funcionariales o laborales de las 
personas destinadas en las fiscalías.
En ambos casos, la actuación del MF está sujeta a la normativa de protección de 
datos, materia de cierta complejidad y que actualmente está en desarrollo, en la que 
confluye la normativa europea y la propia de los Estados miembros. Resulta preciso un 
cuidadoso  análisis  de  la  legislación  aplicable,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  y 
funciones del MF, «órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, 
integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial» (art. 2.1 EOMF).
La regulación vigente se basa en el principio de responsabilidad proactiva, que 
supone la obligación de «aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, acordes 
con la naturaleza, ámbito y fines del tratamiento, a fin de garantizar y poder demostrar 
que el mismo es conforme a la normativa, e implica la necesidad de identificar a los 
responsables del tratamiento». Y, por otro lado, contempla la figura del Delegado de 
Protección de Datos (en adelante, DPD), con funciones de asesoramiento y supervisión 
sobre esta materia, previsión que requiere su concreción en el ámbito específico del MF.
La acomodación de la actuación del MF a la normativa de protección de datos 
plantea  la  necesidad  de  precisar  estos  aspectos,  teniendo  en  cuenta  su  misión, 
estructura, organización y funcionamiento, a la luz de la nueva regulación y sin perjuicio 
de  las  adaptaciones  que  resulten  precisas,  en  su  caso,  derivadas  de  la  ulterior 
trasposición de la Directiva (UE) 2016/680 que se reseñará más adelante.
Esta instrucción se ha elaborado con el asesoramiento del Delegado de Protección 
de Datos del MF (en adelante, DPD del MF) y ha sido sometida a informe del Consejo 
Fiscal, de acuerdo con el art. 14. cuatro EOMF.
2. Normativa general de protección de datos
Desde la UE se ha pretendido proporcionar un enfoque coherente de la protección de 
datos, armonizando, en la medida de lo posible, la normativa sobre la materia aplicable a 
los sectores público y privado de los Estados miembros y el propio tratamiento por las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión.
En  primer  lugar,  y  con  el  fin  de  garantizar  una  protección  eficaz,  completa  y 
homogénea  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos e identificar a los 
sujetos que están obligados a adoptar medidas, se aprobó el Reglamento (UE) 2016/679  s
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, «relativo a la protección  e.
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  w.
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE» (en adelante,  03ww
yR GdiPreDc)t,a ampelinctaeb alep ldiceasbdlee  eeln p caasdaad oE s2t5a ddoe  mmiaeymob droe;  2y0 p1a8r,a d eel  a«lácmanbciteo  gpeennearla»l ,l ao bDliigreactotirvioa 
(laU Ep)r o2t0e1c6c/i6ó8n0  ddee l lPaas rlapmeresnotnoa Es ufríospiceaos  y edne l lCo oqnuseej or edsep 2e7c tdae  aalb rtirla dtaem 2i0e1n6to,  «dreel adtivaato as   BOE-A-cable e
personales  por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y a la libre circulación 
de dichos datos» (en adelante, Directiva 2016/680), norma esta última pendiente aún de 
trasposición a nuestro ordenamiento.
Las anteriores normas contienen disposiciones referidas tanto al sector público como 
al  sector  privado  de  los  Estados  miembros.  Para  el  tratamiento  efectuado  por  las 
instituciones,  órganos  y  organismos  de  la  Unión,  se  aplica  el  Reglamento  (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, «relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  por  las  instituciones,  órganos  y  organismos  de  la  Unión,  y  a  la  libre 
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la 
Decisión n.º 1247/2002/CE».
En nuestro ordenamiento interno, y con carácter general, la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales  (en  adelante,  LOPDGDD)  se  dictó  con  el  objetivo  de  adaptar  nuestro 
ordenamiento  jurídico  al  RGPD,  manteniendo  la  vigencia  de  la  anterior  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante,  LOPD)  exclusivamente  para  los  tratamientos  sometidos  a  la  mencionada 
Directiva 2016/680, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al derecho 
español lo dispuesto en la misma.
La normativa citada presenta una nueva configuración de la protección de datos que, 
superado el concepto de los ficheros, se centra en el tratamiento de datos y en las 
obligaciones  que  corresponden  al  responsable  del  mismo.  Para  ello,  parte  de  la 
definición  del  tratamiento  como  «cualquier  operación  o  conjunto  de  operaciones 
realizadas  sobre  datos  personales  o  conjuntos  de  datos  personales,  ya  sea  por 
procedimientos  automatizados  o  no,  como  la  recogida,  registro,  organización, 
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, 
cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción» (art. 4.2 RGPD). E identifica 
al  responsable  del  tratamiento  o  responsable  como  «la  persona  física  o  jurídica, 
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los 
fines y medios del tratamiento», añadiendo que «si el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del 
tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros» (art. 4.7 RGPD).
3. La protección de datos en el ámbito de la administración de Justicia
Como hemos indicado, la normativa europea mencionada pretende armonizar y 
unificar la protección de datos en los sectores público y privado. Sin embargo, y a pesar 
de este planteamiento común, la especial naturaleza de ciertos tratamientos, efectuados 
con determinados fines, y la necesidad de salvaguardar otros intereses que también 
exigen una especial protección, ha requerido una mención específica en la normativa y la 
previsión de ciertas especialidades.
Este  es  el  caso  del  tratamiento  efectuado  con  ocasión  de  la  actividad  de  los 
tribunales y otras autoridades judiciales (considerandos 20 y 97 del RGPD) a los que se 
aplica el Reglamento –salvo en el ámbito penal citado en el que rige la directiva y en el 
futuro su norma de trasposición (aún no aprobada)–, con ciertas especialidades. Estas  s
peculiaridades, aplicables a las operaciones de tratamiento efectuadas en el ejercicio de  e.
la función judicial, son la admisión del tratamiento de datos especialmente sensibles  w.
(art.  9.2.f  en  relación  al  9.1  RGPD);  exención  del  nombramiento  obligatorio  de  un  03ww
ddeel elagsa aduot odreid pardoetesc dceió cno dnetr odla (taorst.  (5a5rt..3 3 R7G.1P.aD R).GPD) y exclusión del ámbito de actuación
hemEosst e intrdaictaamdoie nstoe  sainpgliucala r atla mtrbaitéanm iseen taod veiefertcetu eand ol a pDoirr epctaivrtae  2d0e1 6/l6a8s 0 a-uqtuoeri dcaodmeos   BOE-A-cable e
competentes  con  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública (art. 1.1)–. La directiva 
incluye en su ámbito el tratamiento efectuado con los fines que enumera por toda 
autoridad competente, incluyendo a «cualquier otro órgano o entidad a quien el Derecho 
del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias 
públicas» con esos fines. Sin embargo, también contiene especialidades cuando las 
operaciones sobre los datos se han efectuado por los tribunales y otras autoridades 
judiciales independientes cuando actúen en ejercicio de sus competencias judiciales 
[posibilidad de exención de la designación del delegado de protección de datos (art. 32.1 
Directiva 2016/680) y delimitación del ámbito de actuación de la autoridad de control 
(art. 45 Directiva 2016/680)].
En  este  sentido,  resulta  igualmente  significativo  que  el  Reglamento  2018/1725 
aplicable a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, prevea una supervisión 
independiente del Tribunal de Justicia cuando actúe en ejercicio de su función judicial, 
manteniéndolo fuera del ámbito de competencia del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos (art. 51.1); que se excluya de la aplicación del Reglamento a la Fiscalía 
Europea  hasta  que  su  Reglamento(1)  se  adapte  (art.  2.3);  que  se  exceptúe  de  la 
prohibición de tratamiento de los datos especialmente sensibles el realizado cuando sea 
necesario «para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando el 
Tribunal de Justicia actúe en ejercicio de su función judicial» (art. 10.1 y 2.f; o que admita 
ciertas  limitaciones  para  la  protección  de  la  independencia  judicial  y  de  los 
procedimientos judiciales (arts. 25.1.e y 83).
(1)  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
A nivel nacional, la LOPDGDD en su ámbito de aplicación excluye las materias propias 
de la directiva –el tratamiento efectuado por parte de autoridades competentes con fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución 
de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su 
prevención– y menciona expresamente el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de 
la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así 
como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, que «se regirán por lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables» (art. 2.4). 
Más adelante, al regular el ámbito de la Agencia Española de Protección de Datos (en 
adelante, AEPD), deja claro que «cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el 
ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del CGPJ» 
(art. 53.3).
Esta remisión se refiere al Capítulo I Bis del Título III del Libro III de la LOPJ (arts. 
236 bis a 236 decies), dedicado a la «protección de datos de carácter personal en el 
ámbito de la Administración de Justicia»(2) que distingue entre el tratamiento de datos con 
fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a 
los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su 
finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 236 
ter). La diferenciación es relevante, pues afecta a ciertos aspectos, como las medidas 
para su supresión y cesión (art. 236 quinquies); su responsable (art. 236 sexies); las 
normas sobre el ejercicio de los derechos de los interesados de acceso, rectificación,  e.
cancelación u oposición (art. 236 octies) o la competencia de la autoridad de control  w.b
(art 236 nonies). 03ww
(2)  En concreto se refiere al «tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los
(Tarribt.u 2n3a6le bsi sd LeO loPsJ )p.rocesos de los que sean competentes, así como realizado dentro de la Oficina judicial»
4. La consideración del Ministerio Fiscal en la normativa de protección de datos
Como hemos visto, el RGPD no se refiere expresamente al tratamiento de datos 
personales  realizados  por  el  MF;  tampoco,  en  el  ámbito  nacional,  la  parcialmente 
derogada LOPD ni la actual LOPDGDD mencionan al MF.
No obstante, resulta evidente que se encuentra sujeto a la normativa de protección 
de datos, ya que el derecho a la protección de datos constituye, sobre la base del 
art. 18.4 CE, un derecho fundamental autónomo y específico, razón por la que vincula al 
MF, al igual que a otros poderes públicos (art 53 CE).
Por otro lado, debe partirse de su condición de «autoridad judicial independiente» 
(considerandos 20 y 97 RGPD) a la vista de la naturaleza del MF y de las funciones que 
constitucional y estatutariamente tiene encomendadas.
Así, en el marco de la UE no ofrece dudas la consideración del MF como «autoridad 
judicial». Como ejemplos pueden citarse la consideración de quienes integran el MF 
como autoridad judicial en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal 
de  1959  o  la  Ley  23/2014,  de  20  de  noviembre,  de  reconocimiento  mutuo  de 
resoluciones penales en la Unión Europea. La propia Directiva 41/2014 del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  de  3  de  abril  de  2014,  relativa  a  la  orden  europea  de 
investigación en materia penal, fija un concepto único de autoridad judicial que se define 
en el art. 2 c.i como: Juez, órgano jurisdiccional, juez de instrucción competente o fiscal 
competente en el asunto de que se trate(3).
(3)  En esta línea la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, 
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de 
Investigación se refiere al fiscal como autoridad de emisión y ejecución (art. 187).
Resulta  también  expresivo  que  la  Directiva  2016/680  identifica  a  esas 
autoridades judiciales con el MF al establecer que los Estados miembros pueden 
disponer que la competencia de la autoridad de control no abarque el tratamiento 
de datos personales realizado por otras autoridades judiciales independientes en 
el ejercicio de su función jurisdiccional, por ejemplo, la fiscalía (considerando 80 y 
art. 45.2).
En el mismo sentido, la LO 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
incluyó  una  disposición  adicional  novena  sobre  la  «aplicación  de  la  Ley  al 
Ministerio  Fiscal»  indicando  que  «las  referencias  contenidas  en  el  texto  y 
articulado de la presente Ley a las oficinas judiciales, actividad judicial, juzgados 
y  tribunales,  sede  judicial  electrónica,  órganos  judiciales,  expediente  judicial 
electrónico,  documento  judicial  electrónico,  registro  judicial  electrónico  y 
procedimiento judicial, serán de aplicación equivalente y se entenderán referidas 
igualmente  a  las  oficinas  fiscales,  actividad  fiscal,  fiscalías,  sedes  fiscales 
electrónicas, expedientes fiscales electrónicos, registros fiscales electrónicos y 
procedimientos  de  cualquier  tipo  que  se  realicen  y  tramiten  por  el  Ministerio 
Fiscal».
Por tanto, al examinar el tratamiento de datos que efectúa el MF debe partirse de una 
diferenciación  entre  el  tratamiento  que  se  realiza  en  el  ejercicio  de  su  función 
jurisdiccional o cuasijurisdiccional y el que se lleva a cabo al margen de la anterior.
El tratamiento de datos con fines jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales por parte del 
MF, previsto en la normativa orgánica y procesal, está orientado al cumplimiento de las  es
funciones que el EOMF asigna al MF y se corresponde con su intervención en los  o
pcdjuorereribsrvDeedissmiectpancoositosnr eo ndnd eie dsiesn,el tt ei EnaslOogs ísuM p ircFrt oor.lacmatesaos m oaesice l tnuientaojcecsori coaicndcooieonss    dfqpienuo eerd s e sltojeeus rr mirseóidnariaglcidazcanaiosonn s a fculoejnunscd i oicfoinin aeeclsesu s a pdsreeoijnu p iiranislsvad esids cetcidlgi oisaMntcianFiólt eansys,     OE-A-2020-1003able en https://www.
detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones
penales,  que  incluyen  la  intervención  del  MF  en  los  procedimientos  judiciales 
penales  incoados,  las  diligencias  de  investigación  o  la  tramitación  del 
procedimiento  previsto  en  la  Ley  5/2000,  de  12  de  enero,  reguladora  de  la 
responsabilidad penal de los menores. Todas estas actuaciones encontrarían su 
marco en la Directiva (UE) 2016/680 y, hasta que no entre en vigor la norma que 
trasponga  al  derecho  español  la  citada  directiva,  continúan  rigiéndose  por  la 
LOPD,  y  en  particular  el  art.  22,  y  sus  disposiciones  de  desarrollo  (D.A.4.ª 
LOPDGDD).
Todas las demás actuaciones de naturaleza jurisdiccional no comprendidas en 
el  párrafo  anterior  como,  por  ejemplo,  la  gestión  procesal  en  los  órdenes 
jurisdiccionales  civil,  social  o  contencioso-administrativo;  las  actuaciones 
preprocesales civiles, así como, en su caso, las actuaciones de naturaleza tuitiva 
(listados de internos en centros y residencias de personas mayores y personas 
con  capacidad  disminuida;  registro  de  menores  extranjeros  no  acompañados, 
control  y  seguimiento  de  solicitudes  de  internamientos  en  CIEs,  etc.),  se 
desarrollan en el marco del RGPD y la LOPDGDD.
El tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales que se efectúa en las 
fiscalías se corresponde con la actuación derivada de expedientes gubernativos, 
la gestión de personal relativa a la situación administrativa, laboral y económica 
de fiscales y funcionarios, la agenda de la fiscalía, el registro y control de visitas, 
etc.  Este  tratamiento  de  datos  se  somete  a  la  regulación  del  RGPD  y  la 
LOPDGDD.
La diferenciación es relevante, pues afecta a cuestiones como la autoridad de 
control(4) o las normas que rigen los derechos de los interesados (por ejemplo, el 
acceso o la cancelación de los datos).
(4)  Cuando el tratamiento se ha efectuado en el ejercicio de funciones no jurisdiccionales, se 
encuentra sometido al control de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para el 
tratamiento  realizado  por  el  MF  en  cumplimiento  de  las  funciones  jurisdiccionales  o  cuasi 
jurisdiccionales, actualmente se contempla la posibilidad de creación de un organismo específico en 
el MF que asuma esta función.
5. Consideraciones generales sobre el responsable de protección de datos
Como hemos mencionado, el responsable del tratamiento es un concepto esencial 
en la actual normativa de protección de datos. Y ello, porque es preciso asignar quién 
debe asumir la responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos  y  cómo  se  debe  facilitar  a  los  interesados  el  ejercicio  de  sus  derechos.  La 
definición  del  responsable  permite  además  en  ocasiones  determinar  el  alcance  del 
tratamiento,  pues  el  art.  6  RGPD  establece  que  este  último  sólo  será  lícito  si  el 
tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al 
responsable del tratamiento o una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c y e RGPD). Desde 
la  perspectiva  de  los  objetivos  de  la  regulación  de  la  protección  de  datos,  resulta 
imprescindible que se defina con claridad la responsabilidad del tratamiento para que la 
normativa se pueda aplicar de forma eficaz y efectiva.
5.1  El  responsable  del  tratamiento  de  datos  personales  en  la  normativa 
comunitaria. s
El RGPD indica que el responsable del tratamiento es la persona física o jurídica,  w.b
autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los  03ww
fdinee lso sy  mEsetdaidooss d mel ietrmatbarmosie ndteot e(armrt.in 4a. 7l oRsG fPinDes).  yY  mañeaddioes q dueel  «tsrai tealm Dieenretoc,h oe ld ree slap oUnnsióanb loe 
Ddeelr etrcahtaom diee nlato U on iólons  oc rditee rloioss  Eesstpaedcoísfi cmoise mpabrrao ss»u.  Rnoemfebreranmciaiesn stoim piloadrerás  sees tcaobnleticeenrelons  eenl 
la Directiva 2016/680 y Reglamento 2018/1725 (art. 3.8 de ambas normas).
El Grupo de Trabajo del art. 29 sobre Protección de Datos(5) (en adelante, 
GT  29),  interpretando(6)  la  definición  similar  que  se  contenía  en  la  derogada 
Directiva 95/46/CE(7), considera que el concepto de responsable del tratamiento es 
un concepto funcional, destinado a asignar responsabilidades en función de la 
capacidad de influencia de hecho y, por tanto, está basado en un análisis de 
hecho más que formal. Para los casos de duda, este GT 29 indica otros elementos 
que pueden ser de utilidad, como el grado de control real ejercido, la imagen dada 
a los interesados o las expectativas razonables de los interesados sobre la base 
de esta visibilidad. En definitiva, indica el GT, lo esencial es que el organismo 
designado tenga el control efectivo sobre las operaciones de tratamiento.
(5)  El  Grupo  del  art.  29  sobre  Protección  de  Datos  se  creó  en  virtud  del  artículo  29  de  la 
Directiva 95/46/CE. Se trataba de un órgano consultivo europeo independiente en materia de protección de 
datos y derecho a la intimidad. Sus cometidos se describían en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el 
artículo 15 de la Directiva 2002/58/CE. Aunque el citado informe fue emitido en relación a la Directiva 95/46/CE, 
sus observaciones siguen siendo plenamente válidas a efectos del RGPD.
(6)  Dictamen  1/2010  sobre  los  conceptos  de  «responsable  del  tratamiento»  y  «encargado»  del 
tratamiento, adoptado el 16 de febrero de 2010 [Doc. 264/10/ES WP 169].
(7)  Directiva 95 /46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.
5.2  El responsable en la LOPDGDD.
La LOPDGDD dispone: «Los responsables y encargados(8), teniendo en cuenta los 
elementos  enumerados  en  los  artículos  24  y  25  del  Reglamento  (UE)  2016/679, 
determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de 
garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la 
presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable» 
(art. 28.1). Además, la LOPDGDD contiene algunas disposiciones que serían aplicables 
al MF como órgano de relevancia constitucional, como la publicación de un inventario de 
sus actividades de tratamiento (art. 31.2) o el régimen sancionador aplicable (art. 77).
(8)  Encargado del tratamiento o encargado es «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u 
otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento» (art. 4.8 RGPD).
6. La identificación del responsable del tratamiento de datos en el ámbito del Ministerio 
Fiscal
La normativa de protección de datos enumera los principios relativos al tratamiento 
de datos personales, disponiendo que los mismos deberán ser tratados de manera lícita, 
leal y transparente con el interesado; recogidos con fines determinados, explícitos y 
legítimos; adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 
para los que son tratados; exactos y, si fuera necesario, actualizados; mantenidos de 
forma que se permita la identificación de los interesados únicamente durante el tiempo 
necesario para los fines del tratamiento de datos personales; y tratados de manera que 
se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección 
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 
accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas –
integridad y confidencialidad de los datos– (art. 5 RGPD). Y añade que el responsable 
del tratamiento será responsable del cumplimiento de los anteriores principios y capaz de  e.
demostrarlo (responsabilidad proactiva). w.b
En el ámbito del MF, resulta preciso identificar al responsable del tratamiento de  03ww
dfoer mdaat ocsla yra e yl  eujneírvcoiccioa ,d ceo dni cehl ofi nd edree cqhuoe  seel  vceuam spulifmiciieennttoe mdee nlates  gnaorramnatisz addeo ;p droetbeicecnidóon 
leas traupclticuarac idóenl  MdeF .dichas  normas,  por  otro  lado,  tener  en  cuenta  la  naturaleza  y
En nuestra legislación, no hay una asignación explícita de la responsabilidad del 
tratamiento al MF; sin embargo, esta puede deducirse siguiendo varios criterios.
Como hemos indicado, el RGPD indica que el responsable del tratamiento es el que 
determina los fines y medios del tratamiento.
En el caso del MF, los fines del tratamiento, es decir, por qué se realiza el mismo, 
vienen determinados por las misiones constitucional y legalmente asignadas (definidas 
en el art. 124 CE y en el EOMF) o por las obligaciones que debe cumplimentar por el 
ejercicio de su actuación (por ejemplo, mantener un registro de los miembros del MF). 
Precisamente, de esta realidad se deriva que el fundamento del tratamiento que realiza 
el MF es «el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de 
potestades  públicas  conferidas  a  las  instituciones  y  organismos  de  la  Unión»  o  el 
«cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento» (arts. 6 
RGPD y 8.1 LOPDGDD).
La determinación de los medios supone, siguiendo las consideraciones del GT 29, 
decidir cómo se realizan las actividades de tratamiento. Los medios «no sólo se refieren 
a los medios técnicos para tratar los datos personales, sino también al «cómo» del 
tratamiento, que incluye preguntas como ¿qué datos deben tratarse?, ¿qué terceros 
deben tener acceso a estos datos? ¿cuándo deben borrarse los datos?, etc.». En la 
determinación de los medios se incluyen, por tanto, preguntas técnicas y organizativas.
Sin embargo, la determinación de los medios no exige que el responsable asuma la 
definición de todos los aspectos relativos a los mismos. Es posible que varios agentes 
participen en ciertos aspectos, manteniendo el responsable su capacidad de organizar e 
influir en la forma en la que se tratan los datos personales. Ciertas cuestiones pueden 
delegarse  por  ejemplo  en  los  encargados  del  tratamiento,  reservándose  a  la 
determinación del responsable los aspectos esenciales.
Estas circunstancias están presentes en la actividad del MF, pues la determinación 
de  sus  medios  está  condicionada  al  corresponder  al  Ministerio  de  Justicia  o 
comunidades autónomas (en adelante, CCAA) el suministro de los medios materiales 
necesarios para su actividad. Además, aunque en la definición de las aplicaciones 
informáticas  y  en  el  diseño  y  configuración  de  las  mismas  (y,  por  tanto,  en  la 
determinación de ciertos aspectos sobre el tratamiento que a través de ellas se realiza) 
participa la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Apoyo, también 
interviene en la actualidad el Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica 
(CTEAJE)(9) y está supeditado al mencionado desarrollo y suministro de medios que 
deben efectuar el Ministerio de Justicia o las CCAA con competencias asumidas en 
materia de la administración de Justicia. Actualmente, doce CCAA han asumido las 
competencias en este ámbito.
(9)  El CTEAJE está integrado por una representación del Ministerio de Justicia y de cada una de las 
CCAA con competencias en la materia y por dos representantes designados por el CGPJ y la FGE (art. 44 de 
la Ley 18/2011).
Como criterio adicional para la identificación del responsable, ya se ha mencionado 
que el RGPD dispone que «si el Derecho de los Estados miembros determina los fines y 
medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su 
nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros».
Conviene por ello examinar la normativa actual y los antecedentes en materia de 
determinación de los responsables de protección de datos en el ámbito del MF para 
identificar quién tiene capacidad de organizar el tratamiento que se efectúa en el ámbito  e.e
del MF, examinando si la actual normativa indica las personas y/u organismos que deben  b
asumir las responsabilidades, enfocando la cuestión desde el concepto funcional del  03ww
reel sEpOonMsFa.ble elaborado por el GT 29. Y en este punto es imprescindible partir de la CE y
baseC odmel oa ryt.a 1 s8e.4  hCaE i,n udnic daedroe, cehlo d feurnedcahmo ean talal  apurotótencocmióon y  dees pdeactoífsic oc,o qnuseti tvuiynec,u lsao ablr eM lFa, 
al igual que a otros poderes públicos (art 53 CE), al tratarse de un órgano de relevancia
constitucional con personalidad jurídica propia y que es único para todo el Estado, 
correspondiendo a la/el Fiscal General del Estado la jefatura superior, «impartiendo las 
órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en 
general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal» (art. 22.2 EOMF).
Esta capacidad organizativa incide tanto en las operaciones de tratamiento que se 
efectúan en las fiscalías mediante la confección de carpetillas o expedientes en papel, 
como en aquellas que se llevan a cabo utilizando determinadas aplicaciones informáticas 
y el soporte de las nuevas tecnologías.
En  sus  funciones  de  dirección  y  organización,  la  Fiscalía  General  imparte 
instrucciones  y  circulares  indicando  pautas  de  obligado  cumplimiento  sobre  el 
tratamiento de datos personales necesario para el ejercicio de determinadas funciones 
del MF. Basta citar como ejemplos la Instrucción 1/2012, de 29 de marzo, sobre la 
coordinación del registro de menores extranjeros no acompañados, que se refiere a los 
datos  imprescindibles  para  poder  dar  de  alta  a  un  menor  en  el  registro;  la 
Circular  9/2011,  de  16  de  noviembre,  sobre  criterios  para  la  unidad  de  actuación 
especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores, que se refiere a la 
necesidad de consignar con claridad los datos relativos al menor o menores imputados 
en el parte de incoación del expediente que el fiscal remite al juzgado de menores; al 
deber de incorporar al expedir requisitorias los datos previstos en los modelos utilizados 
al efecto o a la prohibición de proporcionar a los medios ningún dato que permita 
reconocer al menor; la Instrucción 4/2008, de 30 de julio, sobre el control y vigilancia por 
el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces, que para cumplimentar los 
deberes específicos de vigilancia y comprobación del estado personal y patrimonial de 
los  tutelados  recordaba  la  necesidad  de  creación  de  un  sistema  informático  de 
almacenamiento de datos, y disponía los datos que se debían registrar en el sistema 
informático de cada fiscalía al incoar las diligencias preprocesales, observándose lo 
dispuesto  en  la  legislación  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal;  la 
Instrucción 4/2005, de 15 de abril, sobre motivación por el Ministerio Fiscal de las 
peticiones solicitando la medida cautelar de prisión provisional o su modificación, que 
recordaba el deber de los fiscales de llevar en todo momento un registro personal de las 
causas con preso preventivo que les corresponda, así como de mantener las fiscalías un 
actualizado sistema de control de estas causas, al que se incorporan los datos de presos 
preventivos; la Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las relaciones del Ministerio Fiscal 
con los medios de comunicación que incide sobre el especial deber de vigilancia en la 
protección de los datos que permitan la identificación de menores; la Instrucción 1/2003, 
de 7 de abril, sobre aspectos organizativos de las Fiscalías y sus adscripciones con 
motivo de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge los datos 
que deben registrarse; o la Instrucción 2/2000, de 27 de diciembre, sobre aspectos 
organizativos de las secciones de menores de las Fiscalías ante la entrada en vigor de la 
LO 5/2000, de 12 de enero de Responsabilidad Penal de los Menores que indica los 
datos que deben constar en la carátula de las diligencias preliminares o del expediente.
Por otro lado, y en el ámbito del tratamiento que se realiza a través de las nuevas 
tecnologías, el art. 230.1 LOPJ, después de disponer la obligación de las fiscalías de 
utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a 
su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones (…), añade 
que las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que (…) 
la Fiscalía General del Estado dirijan a (…) los fiscales, respectivamente, determinando 
su utilización, serán de obligado cumplimiento. Una disposición similar se recoge en la  s
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la  oe.
comunicación en la Administración de Justicia.  Esta Ley dispone en su art. 8 que: «Los  w.
sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso  03ww
ionbteliggaratonrtieos  edne  elal sd mesisamrroalslo,  cdoen floar maect iav idloasd c rditee r(i…os)  ela ins sFtriuscccailoíanse sp odre  puasrote q udee  dtoicdteons , leons 
el ámbito de sus competencias, (…) la Fiscalía General del Estado (…)».
Los antecedentes en el sector de las nuevas tecnologías también conducen a la 
identificación del MF como responsable. Referida únicamente a ficheros automatizados, 
la  Instrucción  6/2001,  de  21  de  diciembre,  sobre  ficheros  automatizados  de  datos 
personales  gestionados  por  el  Ministerio  Fiscal,  estableció  los  ficheros  de  datos 
personales  de  los  que  se  servirían  los  correspondientes  órganos  y  fiscalías  que 
constituyen el MF para el cumplimiento de sus funciones, y respecto al responsable 
indicaba «el MF, a través de las Fiscalías mencionadas en el Anexo II». El Anexo II 
indicaba los ficheros que gestionaban cada una de las fiscalías, mencionando la Fiscalía 
General del Estado (en la que se incluía la Fiscalía del Tribunal Supremo); Fiscalía ante 
el  Tribunal  Constitucional;  Fiscalía  Especial  contra  la  Corrupción  y  la  Criminalidad 
Organizada; Fiscalía Especial Antidroga; Fiscalía de la AN; Fiscalías Territoriales.
De nuevo para el sector concreto de las nuevas tecnologías, la DA 2.ª EOMF, según 
redacción de la Ley Orgánica 19/2003(10), dispone que el sistema de información y la red 
integrada de comunicaciones electrónicas, plenamente integrados con el fin de asegurar 
su  unidad  de  actuación,  del  MF  «serán  definidos  y  gestionados  por  los  órganos 
competentes de la Fiscalía General del Estado» que «a estos efectos contarán con el 
soporte administrativo y tecnológico del Ministerio de Justicia».
(10)  LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. En desarrollo de esta previsión legal se dictó el Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se 
regula el sistema de información del Ministerio Fiscal.
Y el Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de 
información del Ministerio Fiscal, indica como responsable de aquel a la/el Fiscal General 
del Estado y a cada fiscalía respecto del sistema de gestión procesal.
Se identificaba así en esta normativa sectorial al MF como responsable de los 
ficheros, identificando a los órganos a través de los cuales actúa («a través de las 
fiscalías»), de acuerdo con el art. 2 EOMF.
Se desprende así de los preceptos citados y estos antecedentes, que corresponde al 
MF, como órgano con relevancia constitucional, la organización del tratamiento que se 
efectúa, siempre dentro de su ámbito de actuación y competencias, y sin perjuicio de que 
otros agentes intervengan en algunos aspectos. Esta asignación de la responsabilidad al 
organismo, que resulta del análisis de las competencias que al mismo corresponden, es 
además conforme con los criterios del Dictamen del GT 29, que parte de que en principio 
un organismo público es responsable de las actividades de tratamiento que tengan lugar 
dentro de sus actividades y riesgos. Esta determinación proporciona además a los 
interesados un ente de referencia estable para el ejercicio de sus derechos. Y es 
además  coherente  con  el  EOMF,  que  dispone  que  los  miembros  del  MF  actuarán 
siempre en representación de la Institución (art. 23 EOMF).
Por otro lado, la identificación del responsable de tratamiento está interrelacionado 
con las normas que establecen la atribución de responsabilidades o sanciones a que 
pueden estar sujetas las personas físicas o jurídicas.
Quien debe responder de la infracción de la protección de datos es siempre el 
responsable del tratamiento, y en este punto es ilustrativo que el MF está sujeto al 
régimen sancionatorio especial previsto en el art. 77 LOPDGDD, aplicable a los órganos 
constitucionales  o  con  relevancia  constitucional,  que  prevé  que  cuando  estos 
responsables cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 
a 74 LOPDGDD, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará 
resolución sancionando a las mismas con apercibimiento, diferenciando así entre el  e.e
responsable del tratamiento (en nuestro caso, el MF) que podría recibir el apercibimiento,  b
el infractor de la normativa de protección de datos, y el cargo responsable, que podría  03ww
ser amonestado, como más adelante se indica.
7. Las obligaciones del Ministerio Fiscal en materia de protección de datos
7.1  Las obligaciones del Ministerio Fiscal como responsable del tratamiento de 
datos personales.
Tal  y  como  antes  se  ha  apuntado,  el  art.  18.4  CE  reconoce,  como  derecho 
fundamental autónomo y específico, el derecho a la protección de datos personales lo 
que, al igual que a otros poderes públicos, vincula al MF como órgano de relevancia 
constitucional con personalidad jurídica propia. El principio de responsabilidad proactiva 
implica que el MF, como responsable del tratamiento de datos, debe aplicar las medidas 
técnicas  y  organizativas  apropiadas  a  fin  de  garantizar  y  poder  demostrar  que  el 
tratamiento es conforme con el RGPD (arts. 5.2 y 24 RGPD).
En consecuencia, el MF, en el estricto ámbito de sus competencias y actuación, 
estará obligado a tratar los datos personales de las personas físicas de acuerdo con los 
principios  que  a  continuación  se  exponen  (art.  5,  apartados  1  y  2  RGPD)  y  en 
condiciones de poder demostrar que se actúa conforme a ellos:
– Licitud, lealtad y transparencia en relación con el interesado.
– Limitación de la finalidad, lo que supone que deberán ser tratados con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y que no podrán ser objeto de un tratamiento 
ulterior que sea incompatible con dichos fines.
– Minimización de datos, lo que supone que serán tratados de manera adecuada, 
pertinente y limitada a lo necesario en relación con los fines del tratamiento.
– Exactitud, lo que supone que, exclusivamente en el marco de las competencias 
propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten las medidas razonables para 
que  los  datos  personales  tratados  se  mantengan  actualizados,  suprimiendo  o 
rectificando aquellos datos que sean inexactos con respecto a los fines para los que se 
tratan.
– Limitación del plazo de conservación, lo que supone que, exclusivamente en el 
marco de las competencias propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten 
medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se 
permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario 
para los fines del tratamiento.
– Integridad y confidencialidad, lo que supone, exclusivamente en el marco de las 
competencias  propias  del  MF,  la  adopción  de  medidas  técnicas  y  organizativas 
apropiadas para garantizar una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la 
protección contra el tratamiento y acceso no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental.
7.2  Obligaciones de la Fiscalía General del Estado.
Para el cumplimiento de las obligaciones que dichos principios imponen al MF, la/el 
Fiscal General del Estado, al ostentar su jefatura superior y la máxima representación del 
MF (art. 13.1 y 22.2 EOMF), a través de los órganos y unidades competentes de la 
Fiscalía General del Estado, esencialmente deberá:
a)  Adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y 
poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD; dichas medidas deberán 
ser revisadas y actualizadas cuando sea necesario (art 24.1 RGPD).
b)  Adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de proteger los  es
derechos de los interesados (art. 25.1 RGPD). o
c)  Establecer  los  mecanismos  y  procedimientos  necesarios  para  facilitar  a  los  03ww
cicrneootsnerrtcroeei sssdpaaeo,d  nóotdrrsgai eanennsltop esaes r jyeem rnucotniedcid,ie oali odnsdete esol  ig dsgieubulsl íeM a sdFy e  q(raedurceeth.   so1fáes2c   Rpipl oGraonPcpdDcoráer)cn.si ooa,n  adpniasdrpaoo  salioc  ilóocnus  admle  issleam so efslias bcinaoflroíaarrmsá nay c idlóoensl    OE-A-2020-10able en https://
d)  Promover, en el marco de las competencias del MF y en el ámbito de las TIC, la 
implementación de las medidas técnicas precisas para la protección de datos personales 
desde el diseño y por defecto, tanto en el momento de determinar los medios de 
tratamiento como durante el propio tratamiento (art. 25.1 RGPD).
e)  Designar y cesar en los supuestos previstos al DPD del MF (art. 37.1 RGPD) así 
como comunicar su nombramiento y cese a la autoridad de control (art. 37.7 RGPD).
f)  Adoptar las medidas precisas para que el DPD pueda ejercer sus funciones, y en 
concreto, facilitar y garantizar (art. 38 RGPD):
– Su participación de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones 
relativas a la protección de datos personales.
– Los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los 
datos personales y a las operaciones de tratamiento, no pudiendo oponerse la existencia 
de deber de confidencialidad o secreto.
– Los recursos precisos para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.
– La ausencia de conflicto de intereses en el supuesto de realizar otras funciones.
– Que no reciba ninguna instrucción de las fiscalías u órganos fiscales en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones.
– Que no sea destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo en caso 
de dolo o negligencia grave.
– La rendición de cuentas ante la/el Fiscal General del Estado, a cuyo fin el DPD del 
MF deberá presentar un plan anual de supervisión de fiscalías y órganos fiscales, de 
cuyo resultado el DPD habrá de darle oportuna cuenta.
g)  Identificar las actividades de tratamiento, así como su finalidad y base jurídica 
(art. 30 RGPD y art. 31.1 LOPDGDD) para lo cual se elaborarán los correspondientes 
modelos o guías que se pondrán a disposición de la fiscalías y órganos fiscales.
h)  Mantener el registro de actividades de tratamiento del MF; remitirlo al DPD del 
MF (art. 31.1 LOPDGDD); ponerlo a disposición de la autoridad de control cuando esta lo 
solicite (art. 30.4 RGPD); y hacer público un inventario de estas actividades accesible por 
medios electrónicos (art. 31.2 LOPDGDD).
i)  Aplicar una política de protección de datos cuando resulte proporcionada en 
relación con las actividades de tratamiento (art. 24.2 RGPD).
j)  En relación al tratamiento que se efectúa a través de las nuevas tecnologías, 
encomendar  al  encargado  o  encargados  en  el  ámbito  de  sus  competencias  del 
tratamiento la realización del correspondiente análisis de riesgo de las actividades de 
tratamiento  del  MF  y  cooperar  con  los  mismos  con  la  finalidad  de  establecer  e 
implementar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (art. 32.1 RGPD).
k)  Proceder, antes de realizar un nuevo tratamiento de datos, en particular si utiliza 
nuevas tecnologías, que, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, sea probable que 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, a realizar 
una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos 
personales o encomendar su realización (art. 35.1 RGPD).
l)  Reclamar al encargado o encargados de tratamiento, cuando lo estime oportuno, 
la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que les 
impone el RGPD, así como, a esos efectos, realizar auditorías, incluidas inspecciones 
(art. 28 h) RGPD).
m)  Recibir la información sobre presuntos incidentes de violación de seguridad, 
valorar y, en su caso, proceder a comunicar el incidente a la autoridad de control y al  e
interesado (arts. 33.1 y 34.3 RGPD). bo
n)  Cooperar con la autoridad de control en el desempeño de sus funciones (art. 31  03ww
RGPoD) ).Documentar en el correspondiente o correspondientes expedientes gubernativos
daect uloasc ióorngeasn oresa oliz uandiadsa d(2e4s .1co RmGpPeDte)n.tes de la Fiscalía General del Estado las medidas y
p)  Promover la concienciación y formación de funcionarios y fiscales en materia de 
protección de datos personales.
Corresponde a cada una de las unidades y órganos de la Fiscalía General del Estado 
el cumplimiento de estas obligaciones, de acuerdo con sus propias competencias.
Como consecuencia de las especificas funciones que, en virtud del art. 13.4 EOMF, 
tiene asignada la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, de entre las 
anteriormente mencionadas, particularmente le corresponderá:
a)  Promover y participar, en el marco de las competencias del MF, a través de su 
participación en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica 
(CTEAJE)  y  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  Ley  18/2011  y  la  normativa 
correspondiente en el ámbito de las TIC, en la implementación de las medidas técnicas 
precisas para la protección de datos personales desde el diseño y por defecto, tanto en 
el momento de determinar los medios como en el momento del propio tratamiento 
(art. 25.1 RGPD).
b)  Participar en la adopción de las medidas técnicas apropiadas a fin de proteger 
los derechos de los interesados (art. 25.1 RGPD).
c)  Convenir  con  el  encargado  o  encargados  del  tratamiento  la  adopción  de 
mecanismos visibles accesibles y sencillos, incluidos los electrónicos, para facilitar a los 
interesados el ejercicio de sus derechos (art. 12 RGPD).
d)  Proporcionar a las fiscalías y órganos fiscales los correspondientes modelos o 
guías de información de derechos a los interesados.
e)  Recabar  las  actividades  de  tratamiento  realizadas  por  distintas  fiscalías  y 
órganos fiscales con el fin de identificar las actividades de tratamiento del MF, facilitando 
previamente, y a esos efectos, los correspondientes modelos o guías que hayan sido 
establecidos por la Fiscalía General del Estado.
f)  Elaborar  e  identificar,  con  asesoramiento  del  DPD  del  MF,  el  registro  de 
actividades de tratamiento del MF, así como su finalidad y base jurídica y remitir al mismo 
cualquier adición, modificación o exclusión (art. 31.1 LOPDGDD).
g)  Mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento del MF y ponerlo 
a disposición de la autoridad de control cuando esta lo solicite (art. 30.4 RGPD).
h)  Hacer público por medios electrónicos el inventario de actividades de tratamiento 
(art. 31.2 LOPDGDD).
i)  En el ámbito de las nuevas tecnologías, encomendar al encargado o encargados 
del tratamiento la realización del correspondiente análisis de riesgo de las actividades de 
tratamiento  del  MF  y  cooperar  con  los  mismos  con  la  finalidad  de  establecer  e 
implementar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (art. 32.1 RGPD).
Para dicha actuación se deberá contar con la participación de la jefatura de la fiscalía 
u órgano fiscal o un representante del mismo y, en su caso y de afectar a una fiscalía 
territorial, con la participación de los fiscales responsables del Servicio de Información 
del Ministerio Fiscal (SIMF) y del fiscal superior de la respectiva comunidad autónoma, 
comunicando todas las actuaciones al DPD o al adjunto territorialmente competente.
j)  Proceder, antes de realizar un nuevo tratamiento de datos, en particular si utiliza 
nuevas tecnologías, que, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, sea probable que 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, a realizar 
una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos 
personales o encomendar su realización (art. 35.1 RGPD).
k)  Reclamar al encargado o encargados de tratamiento, cuando lo estime oportuno,  e
la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que les  bo
impone el RGPD respecto de los responsables, así como, a esos efectos, realizar  03ww
uanuad itfoisrcíaaslí a(a tret.r r2it8o.r3ia.hl,  lRaG cPoDla)b opraarcai ólon  cduea llo sse f idsecableersá  dreecl aSbIMarF,  eyn d seul  fcisacsaol  ys udpee raiofer cdtaer  laa 
respl)e ctRiveac ciboimr ulan idinafdo ramuatócnióonm sao.bre presuntos incidentes de violación de seguridad y
comunicar los mismos a la autoridad de control, así como al interesado, en el supuesto
de que por la/el Fiscal General del Estado así haya sido decidido (arts. 33.1 y 34.3 
RGPD).
m)  Comunicar a la autoridad de control el nombramiento y cese del DPD del MF 
(art. 37.7 RGPD y 34.3 LOPDGDD).
n)  Cooperar, en el ámbito de sus funciones, con la autoridad de control (art. 31 
RGPD).
o)  Adoptar las medidas precisas para que el DPD pueda ejercer sus funciones, y en 
concreto, facilitar y garantizar (art. 38 RGPD):
– Su participación de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones 
relativas a la protección de datos personales.
– Los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los 
datos personales y a las operaciones de tratamiento no pudiendo oponerse la existencia 
de deber de confidencialidad o secreto.
– Divulgar en el ámbito del MF el conocimiento de la figura del DPD del MF, posición 
y funciones.
7.3  Obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio 
Fiscal.
La  determinación  del  MF  como  responsable  del  tratamiento  supone  que  las 
obligaciones que le impone la normativa de protección de datos se ejercen también a 
través de las jefaturas de los órganos fiscales, unidades y fiscalías que llevan a cabo 
actividades  de  tratamiento  (ya  sean  comunes  a  todos  los  órganos  y  fiscalías  o 
especificas  por  la  especial  función  que  desarrollan)  puesto  que  su  dirección  y 
organización se ejerce en representación del MF (arts. 2.1 y 22 EOMF).
Por tanto, estas obligaciones incumben a las unidades que integran la Fiscalía 
General del Estado (Unidad de Apoyo, Secretaría Técnica, Inspección Fiscal y Unidades 
Especializadas),  a  la  Fiscalía  del  Tribunal  Supremo,  a  la  Fiscalía  ante  el  Tribunal 
Constitucional, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a las Fiscalías Especiales (Fiscalía 
Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), a la Fiscalía del 
Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Jurídico Militar, a las Fiscalías de las CCAA, a las 
Fiscalías Provinciales y a las Fiscalías de Área.
En virtud de ello, corresponde a las jefaturas de las referidas unidades, órganos y 
fiscalías, dentro del exclusivo ámbito de sus competencias organizativas y de dirección, 
adoptar las medidas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento 
es conforme con el RGPD, así como la adecuada protección de los derechos de los 
interesados y de su ejercicio por parte de los mismos, para lo cual podrán contar con el 
asesoramiento del DPD del MF o el adjunto del DPD que corresponda, debiendo:
a)  Documentar en el correspondiente expediente gubernativo todas las actuaciones 
que se realicen para la implementación de la normativa de protección de datos.
Dicho expediente se iniciará con el correspondiente decreto y al mismo se habrán de 
incorporar las instrucciones y comunicaciones remitidas por la Fiscalía General del 
Estado  en  materia  de  protección  de  datos;  la  descripción  de  las  actividades  de 
tratamiento realizadas por el correspondiente órgano fiscal o fiscalía, así como sus 
sucesivas  modificaciones;  las  actuaciones  acordadas;  notas  de  servicio  dirigidas  a 
fiscales y plantilla de funcionarios; comunicaciones al Ministerio de Justicia o a los 
órganos de las CCAA con competencias transferidas en materia de justicia sobre medios 
materiales o tecnológicos para salvaguardar la protección de datos; comunicaciones  e.
dirigidas  a  la  Fiscalía  General  del  Estado;  incidencias  y  la  constancia  de  las  w.
reclamaciones de los interesados, que serán tramitadas en expedientes individualizados  03ww
y sebp)a raCdoolsa;b eotrca.r en la elaboración del registro de actividades de tratamiento del MF de
Fcoisncfaolríma iGdaedn ecraoln d elol  Edsistapduoe.sto en el RGPD y siguiendo las pautas marcadas por la  BOE-A-cable e
c)  Mantener actualizado la descripción del registro de actividades de tratamiento 
propio del correspondiente órgano fiscal o fiscalía y ponerlo a disposición de la autoridad 
de control cuando esta lo solicite.
d)  Identificar los medios materiales y/o tecnológicos que, en su caso, resulten 
necesarios  para  salvaguardar  el  derecho  a  la  protección  de  datos  (necesidad  de 
armarios con llave, solicitud de memorias USB encriptadas, etc.) y solicitarlos, bien 
directamente en el caso de las jefaturas territoriales, bien a través de la Unidad de Apoyo 
de la Fiscalía General del Estado en el caso del resto de unidades y órganos.
e)  Comunicar a la plantilla de fiscales y funcionarios las pautas de seguridad que 
los correspondientes encargados de tratamiento, como proveedores de los medios y 
aplicaciones informáticas, hayan establecido para su utilización.
f)  Dictar instrucciones dirigidas a los fiscales y a la plantilla de funcionarios con el 
fin de concienciar en la cultura de protección de datos y de instar a su cumplimiento, así 
como promover medidas básicas a ese fin, entre las que se encuentran las siguientes:
– Utilización en los equipos informáticos de usuario y contraseña de uso personal y 
no compartido.
– Cerciorarse del bloqueo o cierre de sesión en el equipo informático antes de 
abandonar el puesto de trabajo.
– Encriptación de los dispositivos de memoria USB que se utilicen.
– No  abrir  archivos  o  enlaces  adjuntos  que  puedan  acompañar  a  correos 
electrónicos remitidos por fuentes desconocidas.
– Cumplimiento de las indicaciones establecidas para el teletrabajo por medio de 
VPN (Red Privada Virtual).
– Exigencia de la debida custodia de documentos, carpetillas, procedimientos y 
expedientes.
– Implantación  de  actuaciones  y  adopción  de  medidas  dirigidas  a  impedir  que 
queden a la vista o a disposición de personal no autorizado documentos que contengan 
datos personales.
– Destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, 
para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados 
previstos al efecto.
–  Obligación  de  comunicar  a  sus  superiores  jerárquicos  cualquier  incidente  de 
seguridad con riesgo para datos personales del que hayan tenido conocimiento o hayan 
sido protagonistas (pérdida de documentación, móviles, memorias USB, ordenador, etc.).
g)  Cuando los datos personales hayan sido obtenidos del propio interesado se 
deberá facilitar el ejercicio de sus derechos proporcionando a los mismos información 
concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, utilizando el correspondiente impreso 
que haya sido proporcionado por la Fiscalía General del Estado en el que además de los 
generales se incluyan los datos singulares de la fiscalía u órgano del MF. Ese impreso 
podría ser colocado en un lugar visible o, de realizarse en la página web de atención al 
ciudadano de la Fiscalía General del Estado, mediante un enlace que dé acceso al 
mismo o, en caso de recibirse por correo electrónico, mediante un pie de firma en el 
acuse de recibo.
h)  Cuando el interesado presente una solicitud para el ejercicio de sus derechos en 
virtud de la normativa de protección de datos, deberán informar al interesado sobre las 
actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud  (en  el  caso  de  solicitudes  especialmente  complejas,  este  plazo  puede  e
extenderse dos meses más, notificando esta ampliación dentro del primer mes). Cuando  bo
el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por  03ww
fmaecidliitoes d eel eoctrtoró mniocdoos .cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se le
dereEcnh oess ter eassupletac toin rdeissupletan srealbelvea nqtuee s eeñla lasro, lipcoitra unnte l aadcor,e qduitee  pasrua  eidl eenjetirdcaicdio,  dpeu ddiiecnhdoos 
utilizarse todas las medidas razonables para verificar la misma, en particular en el 
contexto de los servicios en línea (considerando 64 RGPD).
Por otro lado, en el supuesto de que se trate de solicitudes de derechos relativos a 
datos derivados de procedimientos judiciales, estas solicitudes se tramitarán conforme a 
las normas que resulten de aplicación al correspondiente proceso judicial en el que 
fueron recabados, razón por la que habrá de indicarse a los interesados que se carece 
de competencia para ello e informar a los mismos que podrán efectuar la solicitud ante 
los correspondientes órganos judiciales (art. 236 octies 1 LOPJ). La normativa sobre los 
procedimientos judiciales se aplicará, por analogía, en el caso de que los datos sean 
tratados en expedientes o diligencias preprocesales tramitadas por el MF en cuyo seno 
deberán ejercerse los correspondientes derechos relativos a la protección de datos 
personales.
Las resoluciones relativas a las solicitudes que se formulen deberán estar siempre 
debidamente motivadas, debiendo indicarse al interesado, en caso de no dar curso a la 
misma,  que  podrá  dirigirse  al  DPD  del  MF,  antes  de  formular  reclamación  ante  la 
autoridad de control o de ejercitar acciones judiciales.
i)  En caso de que se produzca, en el estricto ámbito de competencias de la jefatura 
del órgano fiscal o fiscalía, cualquier incidente que ocasione la destrucción, pérdida o 
alteración  accidental  o  ilícita  de  los  datos  personales  transmitidos,  conservados  o 
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos, debe 
notificarlo sin dilación al DPD del MF o adjunto del DPD y a la Fiscalía General del 
Estado.
j)  Respetar las funciones del DPD del MF y de los adjuntos del DPD del MF 
garantizando su participación de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las 
cuestiones  relativas  a  la  protección  de  datos  personales;  facilitando  los  medios 
necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y 
a las operaciones de tratamiento no pudiendo oponerse la existencia de deber de 
confidencialidad o secreto, y absteniéndose de dar instrucciones al DPD del MF y a los 
adjuntos del DPD del MF en el ejercicio de sus funciones.
k)  Cooperar con la autoridad de control en el desempeño de sus funciones.
7.4  Obligaciones de todos/as los/las fiscales.
Las exigencias que impone la normativa de protección de datos se extienden tanto a 
quienes integran el MF como a la plantilla de funcionarios que prestan servicio en las 
distintas fiscalías y órganos fiscales. En consecuencia, para evitar posibles riesgos y 
brechas que puedan generar incidentes de seguridad, todos ellos están obligados a 
conocer y cumplir las normas, procedimientos, e instrucciones impartidas en materia de 
protección de datos.
Entre estas obligaciones destacan, además de las medidas básicas ya indicadas en 
la letra f) del apartado anterior, el deber de respetar la confidencialidad de los datos 
personales tratados, el cumplimiento de la normativa e instrucciones sobre protección de 
datos recibidas (art. 29 RGPD) y su participación en actividades formativas.
7.5  Régimen sancionador.
Como hemos indicado, el MF, como órgano responsable del tratamiento de datos 
personales,  está  sujeto  al  régimen  sancionador  especial  previsto  en  el  art.  77 
LOPDGDD, aplicable a los órganos constitucionales o con relevancia constitucional.
Según dispone este artículo, cuando estos responsables cometiesen alguna de  e.
las infracciones a las que se refieren los arts. 72 a 74 LOPDGDD, la autoridad de  w.
protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las  03ww
mpriostmecacsi ónc odne  adpaetorsc ibpirmopieonntdor. á Yta mebllioé,n  slain  inpiceiarjcuiiócnio  ded ea cqtuuaec io«nlae s aduistocripidlianda ridaes 
cimupauntdaob leexsi sata na uintodriicdiaods essu fyic ideinretecsti vpoasr,a  ye lsloe  (a…c)r eyd icteu alnad oe xliasste inncfriaa cdcieo niensfo rsmeaens   BOE-A-cable e
técnicos  o  recomendaciones  para  el  tratamiento  que  no  hubieran  sido 
debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se 
incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará 
la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” o autonómico que corresponda».
Se  parte  así  de  una  diferenciación  importante  entre  el  responsable  del 
tratamiento (en nuestro caso, el MF) que podría recibir la sanción prevista en la 
LOPDGDD (el apercibimiento); el infractor de la normativa de protección de datos, 
sobre el que se podrían iniciar actuaciones disciplinarias; y la autoridad y directivo 
que, como cargo responsable, cuando las infracciones le sean imputables por la 
desatención  de  los  informes  técnicos  o  recomendaciones  para  el  tratamiento, 
podría recibir una amonestación que se publicaría en el BOE o autonómico que 
corresponda.
Ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa general de responsabilidad civil, 
penal y disciplinaria, prevista en el Capítulo VII del Título III del EOMF.
8. La figura del Delegado de Protección de Datos
8.1  Consideraciones generales.
La actual normativa de protección de datos dedica una especial atención al Delegado 
de Protección de Datos (DPD)(11), figura que articula con la función de supervisar y 
asesorar al responsable y empleados; supervisar el cumplimiento del RGPD; actuar 
como punto de contacto de la autoridad de control y cooperar con ella.
(11)  RGPD: arts. 37 a 39; LOPDPGDD: arts. 34 a 37; Directiva 2016/680: arts. 32 a 34.
En relación a su designación, el RGPD dispone la obligación del responsable de 
designar un DPD, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal lo lleve a 
cabo una autoridad u organismo público, «excepto los tribunales que actúen en el 
ejercicio de su función judicial» (art. 37.1). En este último caso, se puede designar un 
DPD o se deberá designar si lo exige el derecho de la Unión o de los Estados miembros. 
Sobre su nombramiento, el art. 37.3 indica que cuando el responsable es una autoridad 
u organismo público, se puede designar un único DPD para varias autoridades, teniendo 
en cuenta su organización y tamaño.
Según  el  art.  32  de  la  Directiva  2016/680  (aún  no  transpuesta):  «Los  Estados 
miembros  dispondrán  que  el  responsable  del  tratamiento  designe  un  delegado  de 
protección de datos. Los Estados miembros podrán eximir de esa obligación a los 
tribunales y demás autoridades judiciales independientes cuando actúen en ejercicio de 
sus competencias judiciales. 2. El delegado de protección de datos será designado 
atendiendo  a  sus  cualidades  profesionales  y,  en  particular,  a  sus  conocimientos 
especializados de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos, y a su 
capacidad para desempeñar las funciones contempladas en el artículo 34. 3. Podrá 
designarse  a  un  único  delegado  de  protección  de  datos  para  varias  autoridades 
competentes teniendo en cuenta la estructura organizativa y tamaño de estas. (…)».
La LOPDGDD permite que el DPD sea tanto una persona física como una persona 
jurídica (art. 35 LOPDGDD) y dispone que los responsables deben designar un DPD en 
los supuestos previstos en el art. 37.1 RGPD, sin incluir al MF ni a los Tribunales cuando 
actúan en el ejercicio de su función judicial entre las entidades que, en todo caso, deben 
designar  un  DPD  (art.  34.1  LOPDGDD);  y  dispone  que  el  resto  de  entidades  no  e.e
mencionadas podrá designar de manera voluntaria un DPD (art. 34.2 LOPDGDD). b
El  nombramiento  del  DPD  debe  efectuarse  en  atención  a  sus  conocimientos  03ww
p(auret.d 3e7 o.5c uRpGarP Dun).  cEal rDgoP Den p ulae doerg faonrimzaacr iópna rqteu ed ele l al lepvlaen atil ldae dteerl mreinsapro nlossa bfilnee, sa uyn mqueed inoos 
daesel gturaratadma iseun tion.d eLpoe nqdueen criae sruelstap ecfuton ddaeml reenstpaol nessa blqeu.e  en  todo  caso  el  DPD  tenga
A propósito de este artículo, las Directrices sobre los delegados de protección de 
datos (DPD) del GT 29(12) indican que se podrá designar un único DPD para varias 
autoridades y organismos públicos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y 
tamaño y con la ayuda de un equipo si fuera necesario, bajo la responsabilidad de un 
contacto principal y siempre que se distribuyan de manera clara las tareas dentro del 
equipo del DPD externo y se asigne una única persona como contacto principal. Por otro 
lado, y comentando las posibilidades de destitución o sanción por el desempeño de las 
funciones del DPD, las Directrices valoran positivamente que «cuanto más estable sea el 
contrato  del  DPD  y  más  garantías  existan  contra  el  despido  improcedente,  más 
probabilidades habrá de que el DPD pueda actuar con independencia».
(12)  Directrices del GT 29 sobre los delegados de protección de datos (DPD), adoptadas el 13 de 
diciembre de 2016 y revisadas por última vez y adoptadas el 5 de abril de 2017 [doc. WP 243 rev.01], 
ratificadas por el European Data Protection Board (EDPB) en su primera sesión plenaria.
8.2  El Delegado de Protección de Datos en el ámbito del Ministerio Fiscal.
Las anteriores previsiones deben ser examinadas a la luz de las funciones del MF, su 
organización,  su  estructura  jerarquizada,  y  los  distintos  ámbitos  en  los  que  se 
desenvuelve su actividad. En este contexto se plantea la necesidad de una reflexión 
detenida sobre la mejor forma de articulación de la figura del DPD en el ámbito del MF.
8.2.1  Ámbito de actuación.
La primera cuestión que se plantea es la definición de su ámbito de actuación. De 
acuerdo con la legislación, únicamente resultaría obligatorio el nombramiento del DPD 
para el tratamiento de datos efectuado en el ámbito del MF con fines no jurisdiccionales.
Sin  embargo,  la  mayor  parte  de  la  actuación  del  MF  se  efectúa  en  el  ámbito 
jurisdiccional o cuasijurisdiccional, por lo que los principios de unidad de actuación y 
dependencia jerárquica que rigen la actuación del MF, apuntan a la conveniencia de que 
el DPD en el ámbito del MF incluya en su actuación sus funciones de asesoramiento y 
supervisión en el ámbito de las funciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales. Ello 
permitirá asegurar el mejor asesoramiento en materia de protección de datos en la 
actividad cotidiana del MF y en las cuestiones que surjan sobre la materia, lo que sin 
duda redundará en el mejor cumplimiento por el MF de sus obligaciones.
Este planteamiento permitirá, por otro lado, que los afectados puedan, con carácter 
previo a presentar una reclamación ante la autoridad de control, dirigirse al DPD del MF 
en relación a todos los tratamientos que efectúa el MF (art. 37.1 LOPDGDD). Y en el 
caso de que un afectado presente una reclamación ante la autoridad de control, el DPD 
del  MF  podrá  formular  alegaciones  si  se  le  da  traslado  de  la  misma  (art.  37.2 
LOPDGDD).
8.2.2  Estructura.
En segundo lugar, conviene analizar las distintas opciones sobre su articulación, 
cuestión que debe abordarse desde la perspectiva de las funciones asignadas, que han 
de  ser  ejercidas  garantizando  su  independencia:  supervisar  y  asesorar  sobre  el 
cumplimiento de la normativa de protección de datos y actuar como punto de contacto de 
la autoridad de control y cooperar con ella, entre otras competencias.
En este contexto se plantea si resultaría conveniente el nombramiento de un solo  s
DPD para todo el MF, una estructura de varios delegados de protección de datos con  oe.
ámbitos de actuación específicos y diferenciados, o un único DPD para todo el MF  w.
raigsiesnEti dslotaa  d aúecl tutimunaaac  rioóepndc  didóeen la  rdMejusFun, lttouasn  lidade amld D ádPse Dc .oancvtueancieiónnte  ya  dfeinp edned eansecigau rjaerr álroqsu ipcrain, caipl iomsi sqmuoe   2020-1003n https://ww
tiempo que permite atender con mayor facilidad las singularidades y necesidades de las
distintas fiscalías. Bc
Esta configuración resulta además necesaria, porque la unidad de actuación del MF 
y la debida articulación de sus relaciones con otras entidades exige la definición de una 
estructura que permita el ejercicio de las funciones del DPD en el ámbito del MF, 
salvaguardando en todo caso su debida independencia y de acuerdo con la normativa.
Debe  tenerse  en  cuenta  que  en  otras  administraciones  puede  plantearse  una 
distribución del ámbito de actuación entre distintos DPD nombrados, de forma que cada 
uno de ellos asesore y supervise a distintos responsables que llevan a cabo distintos 
tratamientos  de  datos.  Sin  embargo,  en  el  ámbito  del  MF,  las  fiscalías  territoriales 
realizan diversas operaciones que forman parte del tratamiento de datos del MF, por lo 
que carecería de sentido que distintos DPD pudiesen informar de manera distinta un 
mismo tratamiento de datos personales.
A ello se une que si el DPD «rinde cuentas directamente al más alto nivel jerárquico 
del  responsable»  (art.  38.3  RGPD),  tiene  entre  sus  funciones  «supervisar  el 
cumplimiento de la normativa de protección de datos y políticas del responsable en 
materia de protección de datos» (art. 39.1.b) RGPD), y «cuando aprecie la existencia de 
una  vulneración  relevante  en  materia  de  protección  de  datos  lo  documentará  y  lo 
comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable 
del tratamiento» (art. 36.1 LOPDGDD), resulta razonable una configuración que sitúe un 
DPD del MF «general» para toda la actuación del MF y que rinda cuentas ante el/la 
Fiscal General del Estado, quien ostenta la jefatura del MF, y ello sin perjuicio de 
configurar un equipo de apoyo al mismo.
Por otro lado, el DPD actúa como interlocutor del responsable ante la autoridad de 
control (art. 39.1.e RGPD), por lo que resulta conveniente mantener un único punto de 
contacto ante la misma.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la estructura del MF, su organización, la 
necesidad de una actuación uniforme (adaptada a las circunstancias de cada fiscalía) 
y  la  movilidad  entre  fiscalías  de  los  miembros  de  la  carrera  fiscal,  se  estima 
conveniente la designación de un DPD del MF, que ejercerá sus funciones en relación 
a la actuación del MF.
No obstante, el DPD del MF deberá estar asistido por una red de adjuntos del DPD 
del MF que, bajo el principio de jerarquía, colaboren con las funciones asignadas al DPD 
del MF en su correspondiente ámbito. Con el fin de facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, se designará un adjunto territorial del DPD en el ámbito de cada una de las 
CCAA.
8.2.3  El Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
8.2.3.1  Ámbito de actuación.
Las funciones del DPD del MF se extenderán a todo el ámbito de actuación del MF 
que  implique  tratamiento  de  datos  personales,  tanto  en  el  ejercicio  de  funciones 
jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, como gubernativas.
8.2.3.2  Requisitos.
De acuerdo con el RGPD, el DPD debe ser designado atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la 
práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las 
funciones previstas en el RGPD (art. 37.5 RGPD).
En relación al nivel de conocimientos requerido, el GT 29 subraya que el mismo no  e.e
está definido estrictamente, pero debe ser acorde con la sensibilidad, complejidad y  b
cantidad de los datos que una organización trata. Seguidamente añade que, aunque el  03ww
acurteícnutalo  a3 7la.5  hRoGraP dDe  ndoe seisgpneacr ifaicl aD lPasD ,c uhaalyid acideertso sp rfoafcetsoiroensa liemsp qourtea nstee sd ae bveanl otreanre: rq ueen 
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organización del responsable del tratamiento; buen conocimiento de las operaciones de
tratamiento que se llevan a cabo, así como de los sistemas de información y de las 
necesidades de seguridad y protección de datos del responsable del tratamiento; y, en el 
caso de autoridades u organismos públicos, un conocimiento sólido de las normas y 
procedimientos administrativos de la organización.
El DPD puede formar parte de la plantilla del responsable (art. 37.5 RGPD), pero no 
puede ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios 
del tratamiento y debe evitarse el conflicto de intereses (art. 36.2 LOPDGDD).
Es preciso determinar qué cargos en la organización del MF podrían presentar un 
conflicto de intereses, al participar, en el ámbito de sus competencias, en la organización 
del tratamiento de datos que se realiza en cada fiscalía, siempre por cuenta del MF como 
institución. Resulta sobre este aspecto ilustrativo que el documento elaborado por la 
AEPD  sobre  el  «DPD  en  las  Administraciones  Públicas»  indica  que,  si  el  DPD 
compagina sus funciones con otras, «debe tenerse en cuenta la necesidad de evitar 
conflictos de intereses entre las diversas ocupaciones. El DPD actúa como asesor y 
supervisor interno, por lo que ese puesto no puede ser ocupado por personas que, a la 
vez, tengan tareas que impliquen decisiones sobre la existencia de tratamientos de datos 
o sobre el modo en que van a ser tratados los datos (p.ej.: responsables de ITC, o 
responsables de seguridad de la información)».
Teniendo  en  cuenta  sus  funciones  de  dirección,  no  podrán  presentarse  a  la 
convocatoria  los/as  fiscales  jefes.  Tampoco  podrán  ser  candidatos  los/as  tenientes 
fiscales, a quienes corresponde «asumir las funciones de dirección o coordinación que le 
delegue el Fiscal Jefe, y sustituir a éste en caso de ausencia, vacante o imposibilidad» 
(art. 22.6 EOMF). En el caso de otros fiscales que desempeñen funciones organizativas 
por delegación de la jefatura, deberá examinarse el contenido concreto de la delegación 
para  determinar  si  podría  existir  un  conflicto  de  intereses  que  impediría  su 
nombramiento.
Tampoco  podrán  presentarse  a  la  convocatoria  los  fiscales  destinados  en  la 
Secretaría Técnica o en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, teniendo 
en cuenta respectivamente las funciones de estas unidades en el asesoramiento a la/al 
Fiscal General del Estado y en la organización del tratamiento de datos, especialmente 
en el que se efectúa a través de las nuevas tecnologías.
Resultará asimismo incompatible el ejercicio de las funciones de DPD del MF por los 
miembros  del  Consejo  Fiscal,  ante  la  posibilidad  de  conflicto  de  intereses  con  el 
desempeño de las funciones previstas en el art. 14.cuatro EOMF.
Tampoco resulta compatible el desempeño de las funciones del DPD del MF por los 
fiscales responsables SIMF dadas sus atribuciones de control y fomento del buen uso y 
aprovechamiento de las aplicaciones de gestión procesal y los sistemas de información y 
comunicaciones electrónicas, impulsando su utilización, transmitiendo a la Unidad de 
Apoyo las necesidades de formación y posibles deficiencias que detecten o incidencias 
que se produzcan(13).  Por ello, con el fin de salvaguardar la independencia requerida al 
DPD, y en el caso de que un fiscal SIMF sea designado para desempeñar las funciones 
del DPD del MF, deberá, con carácter previo a su nombramiento por el/la Fiscal General 
del Estado, ser relevado de sus funciones SIMF.
(13)  También puede resultar de orientación la consulta de la AEPD 170/2018 que examina la posible 
compatibilidad de la figura del DPD del RGPD y el responsable de seguridad de la información del Esquema 
Nacional de Seguridad (RSEG), y concluye que hay una diferenciación sustantiva y competencial entre los dos 
ámbitos: el RSEG actúa con el fin de garantizar la seguridad de la información con relación a los riesgos de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y las funciones del DPD deben encaminarse a garantizar  e.e
los derechos y libertades de las personas en los tratamientos que lleva a cabo el responsable. Este paralelismo  bo
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En todo caso y con carácter general, con carácter previo al nombramiento del DPD 
del  MF  deberán  examinarse  qué  concretas  funciones  desempeña  como  fiscal  el 
candidato, las cuales, en su caso, deberá compatibilizar con el cumplimiento de sus 
atribuciones, a fin de evitar todo posible conflicto de intereses.
8.2.3.3  Convocatoria, procedimiento de selección y nombramiento.
Para la cobertura del DPD del MF, el/la Fiscal General del Estado dirigirá una 
convocatoria a todos los fiscales de la plantilla, mencionando las incompatibilidades 
descritas en el apartado anterior.
Los aspirantes deberán presentar en el plazo fijado en la convocatoria su currículum 
vitae, indicando sus conocimientos y experiencia en protección de datos y acreditando la 
relación de méritos alegados.
La respectiva jefatura de cada uno de los candidatos emitirá un informe con la 
relación de funciones asignadas al aspirante, indicando la relevación de las mismas que 
procedería en caso de que fuese nombrado DPD del MF, a fin de asegurar su dedicación 
y evitar los posibles conflictos de intereses.
El DPD del MF será nombrado y, en su caso, relevado mediante decreto de la/el 
Fiscal  General  del  Estado,  oído  el  Consejo  Fiscal  (art.  14.cuatro  EOMF).  El 
nombramiento deberá ser comunicado a la autoridad de control.
El nombramiento del DPD del MF se efectuará por el/la Fiscal General del Estado, 
que  ostenta  la  jefatura  del  MF  (art.  22.2  EOMF);  designación  que  además  resulta 
coherente con la rendición de cuentas directa del DPD al más alto nivel jerárquico 
(art. 38.3 RGPD).
8.2.3.4  Funciones del Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
Son funciones del DPD del MF las previstas en el RGPD y en el resto de normativa 
que resulte de aplicación, entre las que cabe destacar en particular:
– Informar y asesorar a los órganos y unidades del MF y a los fiscales que realicen 
operaciones de tratamiento de datos personales de las obligaciones que les incumben 
en materia de protección de datos. En concreto, corresponde al DPD para el MF el 
asesoramiento y supervisión directos de las unidades de la Fiscalía General del Estado 
(Inspección Fiscal, Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo y Unidades Especializadas), la 
Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la 
Audiencia  Nacional,  las  Fiscalías  especiales  (Fiscalía  contra  la  Corrupción  y  la 
Criminalidad Organizada y Fiscalía Antidroga), la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la 
Fiscalía  Jurídico  Militar.  Ello  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  su  asesoramiento  y 
supervisión a las fiscalías territoriales, si resulta necesario.
– Supervisar  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos  y  de  las 
políticas  del  MF,  incluida  la  asignación  de  responsabilidades,  la  concienciación  y 
formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes.
– Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos y supervisar su aplicación.
– Cooperar con la autoridad de control (art. 39.1.d) RGPD).
– Supervisar los procedimientos o expedientes relacionados con la protección de 
datos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
– Rendir cuentas ante la/el Fiscal General del Estado (art. 38.3 RGPD). e.e
Además, cuando el DPD del MF aprecie la existencia de una vulneración relevante  b
en materia de protección de datos lo documentará y comunicará inmediatamente a la/al  03ww
Fisc–a l IGnteenrveeranli rd eenl  Ecsatsaod od e(a rret.c l3a6m.4a cLiOónP D(aGrtD. 3D7) .LOPDGDD).
dato–s  pCeornssotnitaulier se cl opnu nretos pdeec toc oan ltoasc tion tdeerel sMadFo se ny  tceurecsetrioosn.es relativas al tratamiento de
– Actuar  como  interlocutor  del  MF  ante  la  autoridad  de  control,  tanto  para  las 
reclamaciones como para la posible formulación de consultas por terceros.
– Coordinar la actuación de los adjuntos del DPD del MF, estableciendo los criterios 
e instrucciones que considere necesarios para la actuación homogénea y coordinada de 
los distintos adjuntos del DPD, asegurando la unidad de criterio y dando cuenta a la/al 
Fiscal General del Estado.
– El DPD podrá dictar las recomendaciones sobre la actuación del MF en sus 
distintos ámbitos que considere precisas para el debido cumplimiento de las funciones 
que tiene encomendadas por la normativa de protección de datos.
– Mantener una relación actualizada de los adjuntos del DPD del MF.
– Realizar consultas a la autoridad de control (art. 39.1.e RGPD).
– Informar las candidaturas de los adjuntos del DPD y, en su caso, el cese de los 
mismos (salvo cuando el cese se produzca por el transcurso del plazo de duración del 
nombramiento o el cambio de destino).
– Acordar las sustituciones en el ejercicio de las funciones de los adjuntos del DPD, 
cuando resulte necesario por razones de ausencia, vacante o enfermedad.
– Informar el inventario de actividades antes de su publicación.
Asimismo,  el  DPD  del  MF  podrá  llevar  a  cabo  aquellas  otras  actividades  de 
información,  coordinación,  supervisión,  formación  o  consulta  que,  en  materia  de 
protección  de  datos,  considere  procedentes  para  el  debido  cumplimiento  de  esta 
normativa en el ámbito del MF.
En  todas  sus  actuaciones,  el  DPD  está  obligado  a  mantener  el  secreto  o  la 
confidencialidad (art. 38.5 RGPD).
8.2.3.5  Desempeño de sus funciones.
El MF, como responsable del tratamiento de datos personales debe garantizar que el 
DPD  «participe  de  forma  adecuada  y  en  tiempo  oportuno  en  todas  las  cuestiones 
relativas  a  la  protección  de  datos»  (artículo  38.1  RGPD),  pudiendo  establecer  la 
dedicación completa o a tiempo parcial del delegado en función del volumen de los 
tratamientos, entre otros criterios (art. 34.5 LOPDGDD).
Por ello, el nombramiento del DPD del MF no supone necesariamente exclusividad. 
En  todo  caso,  deberá  garantizarse  la  posibilidad  efectiva  de  dedicación  para  el 
cumplimiento de sus funciones y contará con los recursos necesarios para el desarrollo 
de las mismas, el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento y el 
mantenimiento de sus conocimientos especializados.
A  fin  de  garantizar  la  independencia  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  la 
designación del DPD del MF será por un periodo de 5 años. Transcurrido el plazo de 
duración, o en el caso de cese anticipado por alguna de las causas previstas, se 
efectuará  una  nueva  convocatoria.  El  fiscal  previamente  designado  podrá  optar  a 
sucesivos nombramientos sin límite de convocatorias.
8.2.3.6  Causas de cese.
De acuerdo con la LOPDGDD, cuando se trate de una persona física integrada en la 
organización del responsable del tratamiento, el delegado de protección de datos no 
podrá ser removido ni sancionado por el responsable por desempeñar sus funciones, 
salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio (art. 36.2 LOPDGDD).
La introducción de causas objetivas de cese constituye la garantía de independencia  e.e
de los DPD. Son causas de cese del DPD del MF: b
del D–––   PLELDaal    dnareoeplmnr eMubcnFriaac, imcpaioó iervn nol adtlou ep n podtaasorirlbiaoal  e ou p ncnro eecnsgacelriunggrteoraen dincnacica ioap gm odrrape va euetli n bei nlcento  eecnrloef leniscja eteodrlc o did ceeyi o sin aedtcmeeer pespeustañesdo sfa .ud nepc oilora nsee lfs/ul.an cFioisnceasl   OE-A-2020-10able en https://
General del Estado.
– El transcurso del plazo de nombramiento, salvo que sea designado para un nuevo 
periodo.  En  todo  caso,  deberá  permanecer  en  funciones  hasta  la  renovación  o 
designación de un nuevo DPD del MF.
En el caso de que concurra una causa de cese, el DPD del MF será relevado 
mediante resolución de la/el Fiscal General del Estado. En todo caso, se garantizará la 
audiencia del interesado cuyo relevo vaya a ser propuesto.
8.2.3.7  Régimen transitorio.
En el plazo de 3 meses desde la aprobación de esta instrucción deberá procederse a 
la convocatoria y designación del DPD del MF.
Hasta el nombramiento del DPD del MF por el/la Fiscal General del Estado de 
acuerdo  con  la  presente  instrucción,  el  actual  DPD  del  MF  seguirá  ejerciendo  sus 
funciones.
8.2.4  Adjuntos del Delegado de Protección de Datos del MF.
Los adjuntos del DPD del MF actuarán bajo la dirección y coordinación del DPD del 
MF, dentro del ámbito de competencias que a este último atribuye el RGPD.
8.2.4.1  Ámbito de actuación.
Los adjuntos del DPD desempeñarán sus funciones en relación a la actuación del MF 
que  implique  tratamiento  de  datos  personales,  tanto  en  el  ejercicio  de  funciones 
jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, como gubernativas, en el ámbito de la comunidad 
autónoma en la que estén destinados, sin perjuicio de la posibilidad de sustituirse entre 
ellos  en  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  y  de  acuerdo  con  las 
instrucciones del DPD del MF.
8.2.4.2  Requisitos.
De forma similar al DPD del MF, los adjuntos del DPD del MF (art. 37.5 RGPD) serán 
designados  atendiendo  a  sus  cualidades  profesionales  y,  en  particular,  a  sus 
conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de 
datos y a su capacidad para desempeñar las funciones (art. 37.5 RGPD). Resultan 
lógicamente aquí aplicables las consideraciones del GT29 sobre los conocimientos a 
valorar mencionados en el apartado correspondiente al DPD del MF.
Para evitar la posibilidad de conflicto de intereses (art. 36.2 LOPDGDD), los adjuntos 
del DPD del MF no pueden ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar 
los fines y medios del tratamiento.
Por ello, no podrán presentarse a las convocatorias quienes ostenten una jefatura, ni 
los/las tenientes fiscales, ni los miembros del Consejo Fiscal. En el caso de otros fiscales 
que  desempeñen  funciones  por  delegación  de  quien  ostente  la  jefatura  deberá 
examinarse el contenido concreto de la delegación para determinar si podría existir un 
conflicto de intereses que impediría su nombramiento.
De acuerdo con las consideraciones expuestas en relación al DPD del MF, tampoco 
resultan  compatibles  el  desempeño  de  funciones  de  un  responsable  SIMF  y  las 
correspondientes  al  adjunto  del  DPD.  Por  ello,  con  el  fin  de  salvaguardar  la 
independencia requerida a los adjuntos del DPD, y en el caso de que un fiscal SIMF sea 
designado para desempeñar las funciones de adjunto del DPD del MF, deberá, con 
carácter previo a su nombramiento por el/la Fiscal General del Estado, ser relevado de  e.
sus funciones SIMF. w.b
En todo caso, con carácter previo al nombramiento de los adjuntos del DPD del MF  03ww
cdoenb ereál nc uemxapmliminiaernsteo  ladse  csounsc reattarisb ufcuinocnieosn,e sa  dfeinl  cdaen deidviatator  qtoudeo  dpeobseirbál ec ocmonpfalitcibtoil izdaer 
intereses.
8.2.4.3  Convocatoria, procedimiento de selección y nombramiento.
Teniendo en cuenta su ámbito de actuación en las CCAA, y con el fin de facilitar el 
cumplimiento de sus funciones y la compatibilidad con el desempeño de otras tareas, 
para el nombramiento del adjunto del DPD del MF correspondiente a cada comunidad 
autónoma, el/la Fiscal General del Estado dirigirá una convocatoria a los fiscales de la 
plantilla destinados en la comunidad autónoma correspondiente (en la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma, Provincial, o de Área). Debido a la vocación de estabilidad en el 
desempeño de las funciones, no podrán presentarse los fiscales que estén en comisión 
de servicio, salvo que su plaza en propiedad se corresponda con la misma comunidad 
autónoma.
Los aspirantes deberán presentar en el plazo fijado en la convocatoria su currículum 
vitae, indicando sus conocimientos y experiencia en protección de datos y acreditando la 
relación de méritos alegados.
La respectiva jefatura de cada uno de los candidatos emitirá un informe con la 
relación de funciones asignadas al aspirante, indicando la relevación de las mismas que 
procedería en caso de que fuese nombrado Adjunto del DPD del MF, a fin de asegurar 
su dedicación y evitar los posibles conflictos de intereses.
Cada Fiscal Superior emitirá un informe sobre las candidaturas que remitirá a la 
Fiscalía General del Estado junto con todas las solicitudes y la relación de méritos 
presentadas en su ámbito territorial.
Los adjuntos del DPD del MF serán nombrados y, en su caso, relevados mediante 
decreto  de  la/del  Fiscal  General  del  Estado,  previo  informe  del  DPD  sobre  las 
candidaturas presentadas y oído el Consejo Fiscal (art. 14.cuatro EOMF).
El nombramiento de los adjuntos del DPD del MF, que forman parte de su equipo, se 
efectuará por el Fiscal General del Estado (art. 22.2 EOMF).
8.2.4.4  Funciones de los Adjuntos del DPD del MF.
Los  adjuntos  del  DPD  del  MF  ejercerán,  en  su  ámbito,  bajo  la  dirección  y  en 
coordinación con el DPD del MF, las siguientes funciones de información, asesoramiento 
y supervisión:
– Informar y asesorar a los órganos del MF y a los fiscales que realicen operaciones 
de tratamiento de datos personales de las obligaciones que les incumben en materia de 
protección de datos. Los adjuntos del DPD del MF desempeñarán sus funciones en 
relación a las fiscalías territoriales de su ámbito de actuación.
– Supervisar  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos  y  de  las 
políticas del MF en materia de protección de datos personales, la concienciación y 
formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes.
– Seguir los criterios e instrucciones impartidos por el DPD para una actuación 
homogénea y coordinada.
– Comunicar al DPD del MF las vulneraciones en materia de protección de datos 
que aprecien (art. 36.4 LOPDGDD).
– Comunicar  al  DPD  del  MF  las  incidencias  que  se  produzcan  en  su  ámbito 
territorial.
– Dar cuenta al DPD del MF de las actuaciones que lleven a cabo en relación con el 
cumplimiento de sus funciones, remitiendo al DPD del MF, con carácter previo a su 
emisión, las recomendaciones que elaboren. e.
En caso de que el DPD del MF estuviese disconforme con la recomendación del  w.
adjunto del DPD, aquél emitirá las instrucciones o indicaciones que resulten precisas  03ww
apsaerag ugraarra lnat iuznaird laad a dcetu carcitióenri oh.omogénea y coordinada de los distintos adjuntos del DPD y
acor–d aSduos ptitouri re la/lla  DFPisDca dl eGl eMneFr ael nd ecla Essot addeo .ausencia, vacante o enfermedad, si así es  BOE-A-cable e
– Sustituirse  entre  los  adjuntos  en  caso  de  ausencia,  vacante  o  enfermedad, 
siguiendo instrucciones del DPD del MF.
En todas sus actuaciones, los adjuntos del DPD del MF están obligados a mantener 
el secreto o la confidencialidad (art. 38.5 RGPD).
8.2.4.5  Desempeño de sus funciones.
El MF, como responsable del tratamiento de datos personales, debe garantizar que el 
DPD «participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a 
la protección de datos» (artículo 38.1 RGPD), pudiendo establecer la dedicación completa o 
a tiempo parcial del delegado en función del volumen de los tratamientos, entre otros 
criterios (art. 34.5 LOPDGDD).
Esta previsión normativa es aplicable a los adjuntos del DPD del MF. Por lo tanto, el 
ejercicio de sus funciones deberá compatibilizarse con el desempeño de los cometidos 
correspondientes al puesto de destino. En todo caso, deberá garantizarse la posibilidad 
del desarrollo de sus funciones.
La designación de los adjuntos del DPD del MF será por un periodo de 5 años. 
Transcurrido este plazo, o en el caso de cese anticipado por alguna de las causas de 
cese previstas, se efectuará una nueva convocatoria, sin perjuicio de la posibilidad de 
concurrir de los previamente designados, sin límite de convocatorias.
8.2.4.6  Causas de cese.
De acuerdo con la LOPDGDD, cuando se trate de una persona física integrada en la 
organización del responsable, el delegado de protección de datos no podrá ser removido 
ni sancionado por el responsable por desempeñar sus funciones, salvo que incurriera en 
dolo o negligencia grave en su ejercicio (art. 36.2 LOPDGDD).
La introducción de causas objetivas de cese constituye la garantía de independencia 
de los adjuntos del DPD. Constituyen causas de cese de los adjuntos del DPD del MF:
– La apreciación de dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.
– El nombramiento para un cargo incompatible con el desempeño de las funciones 
de adjunto del DPD del MF o para un destino en otra comunidad autónoma.
– La renuncia voluntaria presentada por el interesado y aceptada por el/la FGE.
– El transcurso del plazo de nombramiento, salvo que sea nuevamente nombrado.
En el caso de que concurra una causa de cese, los adjuntos del DPD del MF serán 
relevados mediante resolución de la/el Fiscal General del Estado. En todo caso, se 
garantizará la audiencia del interesado cuyo relevo vaya a ser propuesto.
8.2.4.7  Régimen transitorio.
Una vez nombrado el DPD del MF de acuerdo con lo previsto en esta instrucción, en 
el plazo de 2 meses deberá procederse a la convocatoria y designación de los adjuntos 
del DPD del MF.
Hasta el nombramiento por el FGE de los adjuntos del DPD del MF con arreglo a 
esta instrucción, los fiscales hasta ahora designados para ejercer funciones en materia 
de protección de datos en el ámbito de las CCAA seguirán desempeñando las mismas.
9. Cláusula de vigencia
La presente instrucción deroga la Instrucción 6/2001, de 21 de diciembre, sobre  b
Ficheros automatizados de Datos Personales Gestionados por el Ministerio Fiscal. 03ww
10. Conclusiones
Primera.  El  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  es  un  derecho
fundamental implícitamente reconocido en el art. 18.4 CE y consagrado en el art. 8 de la
Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  UE  y  en  el  art.  16.1  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la UE.
Segunda.  La actuación cotidiana del MF implica el tratamiento de datos personales. 
Este  tratamiento  se  efectúa  en  el  contexto  de  la  actividad  jurisdiccional  o 
cuasijurisdiccional –correspondiente al cumplimiento de su misión de promover la acción 
de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la 
independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social 
(arts. 124 CE y art. 2 EOMF)– y en la tramitación de los expedientes de naturaleza 
administrativa o gubernativa.
Tercera.  Toda la actuación del MF se encuentra sujeta a la normativa de protección de 
datos, pues el derecho a la protección de datos vincula al MF al igual que a todos los poderes 
públicos (art 53 CE).
Cuarta.  El  responsable  del  tratamiento  es  un  concepto  esencial  en  la  actual 
normativa de protección de datos que identifica quién debe asumir la responsabilidad del 
cumplimiento de las normas sobre protección de datos y cómo se debe facilitar a los 
interesados el ejercicio de sus derechos. La definición del responsable permite además 
en ocasiones determinar el alcance del tratamiento (art. 6 RGPD).
Quinta. En nuestra legislación, no hay una asignación explícita de la responsabilidad 
del tratamiento al MF; sin embargo, puede deducirse que corresponde al Ministerio 
Fiscal, como órgano con relevancia constitucional, la organización del tratamiento que se 
efectúa, siempre dentro de su ámbito de actuación y competencias, y sin perjuicio de que 
otros agentes intervengan en algunos aspectos.
Sexta.  El principio de responsabilidad proactiva supone que se deben aplicar las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el 
tratamiento es conforme con el RGPD (arts. 5.2 y 24 RGPD).
La  determinación  del  MF  como  responsable  del  tratamiento  implica  que  las 
obligaciones que le incumben deben ser asumidas necesariamente por las fiscalías, las 
unidades y los órganos a través de los cuales ejerce su misión (art. 2.1 EOMF). En todas 
las fiscalías y unidades organizativas fiscales debe adecuarse el trabajo implementando 
la normativa de protección de datos. Además, corresponde a todos los fiscales, de 
acuerdo  con  sus  respectivas  competencias,  el  cumplimiento  de  determinadas 
obligaciones  en  materia  de  protección  de  datos  en  las  concretas  operaciones  de 
tratamiento que efectúan en nombre del MF. Entre estas obligaciones destacan el deber 
de respetar la confidencialidad de los datos personales tratados y el cumplimiento de las 
instrucciones sobre protección de datos recibidas (art. 29 RGPD).
Séptima.  El MF, como órgano responsable del tratamiento de datos personales, 
está sujeto al régimen sancionatorio especial previsto en el art. 77 LOPDGDD, aplicable 
a los órganos constitucionales o con relevancia constitucional. Ello sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa general de responsabilidad civil, penal y disciplinaria, prevista 
en el Capítulo VII del Título III del EOMF.
Octava.  El DPD del MF estará asistido en sus funciones por una red de adjuntos 
del DPD del MF que, bajo el principio de jerarquía, colaborarán con las funciones 
asignadas  al  DPD  del  MF  en  su  correspondiente  ámbito.  Con  el  fin  de  facilitar  el 
cumplimiento de sus funciones, se designará un adjunto del DPD del MF en el ámbito de 
cada una de las CCAA.
Novena.  Las funciones del DPD del MF y su equipo de adjuntos del DPD se 
extenderán a todo el ámbito de actuación del MF que implique tratamiento de datos  s
personales, tanto en el ejercicio de funciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales,  oe.
como gubernativas. w.
Décima.  El nombramiento y régimen de actuación del DPD del MF y los adjuntos 
del DPD del MF se ajustarán a lo dispuesto en la presente instrucción.
En razón de todo lo expuesto, los/las Sres./Sras. Fiscales se atendrán en lo sucesivo 
a las prescripciones de la presente instrucción.
Madrid, 20 de diciembre de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra 
Crespo.