BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Miércoles 29 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 119390
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
15771 Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los 
programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de 
Empleo.
I
El presente real decreto regula de modo integral y sistematizado los programas 
comunes de activación para el empleo, estableciendo los contenidos esenciales que 
deben formar parte de los mismos. Este real decreto limita su regulación a los programas 
comunes del conjunto del Sistema Nacional de Empleo.
Desde  un  punto  de  vista  formal  esta  norma  es  fundamentalmente  un  texto  de 
sustitución  e  integración  de  los  textos  normativos  enumerados  en  su  disposición 
derogatoria única, a los que otorga un tratamiento conjunto para dar lugar a un texto 
unitario y global. Con esta tarea de sistematización se incrementa la seguridad jurídica y 
la transparencia en la aplicación de una normativa particularmente compleja, como es la 
normativa de programas comunes de activación para el empleo. De este modo se 
asegura un adecuado conocimiento de sus presupuestos, no solo para las entidades 
encargadas de su aplicación, sino también para las personas beneficiarias y para los 
posibles sujetos que pueden intervenir en el desarrollo y aplicación de los programas 
comunes.
Desde un punto de vista material, es el último escalón de una serie de principios que 
configuran nuestro actual sistema de activación para el empleo y que se encuentran 
formulados fundamentalmente en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Este real decreto es una norma de 
efectividad y cercanía, destinada a consolidar estos principios en el momento de su 
ejecución y desarrollo. Desde la perspectiva de la aplicación sirve para reforzar los 
elementos clave de las políticas de empleo y también es punto de referencia para la 
consolidación de un sistema de activación del empleo con presupuestos renovados.
Desde una perspectiva orgánica, el presente texto es una norma de colaboración y 
coordinación con las comunidades autónomas. Su propia redacción ha sido fruto del 
acuerdo con todas las comunidades autónomas, y de hecho muchas de las iniciativas 
adoptadas por los servicios de empleo autonómicos han sido incorporadas al presente 
texto como manifestación de buenas prácticas que merecen ser generalizadas en su 
aplicación. Además, la finalidad primordial de esta norma es ser una herramienta de 
cooperación y trabajo conjunto con las comunidades autónomas, para que la aplicación 
de las políticas activas de empleo en el ámbito de las competencias que a cada sujeto 
público corresponde, se desarrolle con la coordinación más operativa, y con la máxima 
eficiencia.
II
Desde la perspectiva formal, el presente real decreto compila, integra y actualiza la 
normativa, hasta ahora dispersa, sobre programas comunes de políticas activas de  e.
empleo. Se ha operado de este modo la misma dinámica que se produjo cuando la  w.
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo unificó el tratamiento  771ww
dneo rmlaa tLiveoy  ddee l oEs mspelrevoic,i olsa sd ep oelmítipclaeso . aEcfteivcatsiv admee netme,p ldeeo  apcuueedrdeon  caodno eplt atre xltao  froerfmunad iddoe 
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del Sistema Nacional de Empleo, que concreta aquellos que tienen carácter común de 
aplicación al conjunto de los usuarios y del territorio del Sistema Nacional de Empleo, sin 
perjuicio de los servicios complementarios definidos por un servicio público de empleo 
competente para su propio ámbito territorial.
A diferencia de los servicios, los programas comunes para el conjunto del Sistema 
Nacional de Empleo no disponían de un marco normativo integrado y coherente con los 
objetivos generales del texto refundido de la Ley de Empleo, adaptado al marco de 
planificación de la Estrategia de Activación y del Plan Anual de Política de Empleo. De 
hecho, la mayor parte de la regulación de los programas de políticas activas de empleo 
era anterior a la metodología de planificación de objetivos e instrumentos de gestión 
previstos en el texto refundido de la Ley de Empleo vigente y, por tanto, previos a la 
propia existencia de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de los Planes 
Anuales. Además, la regulación de determinados programas vigentes era anterior al 
traspaso  de  funciones  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  a  las  comunidades 
autónomas para la ejecución de las políticas activas de empleo en sus respectivos 
territorios.
Como  consecuencia,  en  el  caso  de  los  programas  comunes  existía  una  clara 
dispersión regulatoria que dificultaba la seguridad jurídica y la gestión por parte de los 
servicios públicos de empleo que ostentan actualmente la competencia de ejecución, 
especialmente en cuanto a las posibilidades de adecuación de dichos programas a las 
circunstancias de los mercados de trabajo territoriales y a los objetivos anuales de 
política de empleo.
Asimismo, determinados programas de políticas activas de empleo precisaban una 
cierta  revisión  para  conseguir  una  mayor  eficiencia,  debido  al  cambio  del  marco 
normativo y competencial, y también a la necesidad de adecuación a las circunstancias 
cambiantes del mercado laboral y de los instrumentos de gestión. En este sentido, la 
experiencia de planificación integrada de los Planes Anuales de Política de Empleo ha 
permitido identificar iniciativas de buena práctica entre los programas propios de los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, que se incorporan al 
catálogo de programas comunes.
III
Desde la perspectiva material, este real decreto configura los contenidos esenciales 
de los programas comunes reproduciendo, en el nivel aplicativo, los presupuestos que 
deben inspirar las políticas activas de empleo de acuerdo con lo establecido en el texto 
refundido de la Ley de Empleo, en la Estrategia Española de Activación para el empleo y 
en los Planes Anuales de Política de Empleo. En el mismo se reflejan no solo los ejes 
materiales de las actuales políticas activas de empleo, sino también los puntos de apoyo 
en los que se sustentará una nueva política de empleo que tiene como principal objetivo 
mantener y generar empleo de calidad.
Esta idea nodal, de mantenimiento y generación de empleo de calidad, se trasluce en 
todo el texto del presente real decreto. La necesidad de establecer los mecanismos 
necesarios  para  que  se  creen  y  consoliden  buenos  trabajos  aparece  en  textos 
estratégicos  de  notable  importancia,  como  la  Agenda  2030,  cuyo  objetivo  octavo 
pretende «promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos». Este es un compromiso que se encuentra firmemente 
arraigado en este real decreto. En efecto, hay una serie de herramientas e instrumentos  s
específicamente diseñados para fortalecer las carreras profesionales estables de las  e.
personas: de un lado, se promueven las medidas dirigidas a incentivar la integración  w.
estable en las empresas; de otro lado, se refuerza que los programas públicos de  771ww
qeumep lelaos- foprrmimaecriaósn  seex paerrtiiecnucleians p loarb moreadleios  dye  lac ofnotrrmataocsi ódne  etrna baaljtoe.r nSaen cpiare tseen dper ocdounz ceallno 
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aprendizaje) así como por medio de contratos realizados conforme a la legislación 
laboral vigente; asimismo, no solo se formulan medidas reactivas frente al desempleo, 
sino también medidas preventivas, dirigidas a fomentar la formación en ciclo vital, tanto 
de personas desempleadas como empleadas, para el mantenimiento del empleo y el 
incremento de la empleabilidad de las personas durante toda su vida activa.
La segunda idea relevante que se consolida en esta norma es el claro reforzamiento 
de  la  orientación  individualizada  por  medio  de  personal  orientador  cualificado.  El 
itinerario individual y personalizado mediante acciones integradas de políticas activas de 
empleo que mejoren la ocupabilidad de las personas viene establecido expresamente 
como objetivo de las políticas activas de empleo en el artículo 2.c) del texto refundido de 
la Ley de Empleo. Para hacerlo efectivo es fundamental la configuración de un sistema 
de orientación profesional, tal y como propugna también el artículo 2.h) texto refundido 
de la Ley de Empleo. Por ello la sección 1.ª, subsección 1.ª, del real decreto establece 
las características esenciales que debe tener el programa de orientación profesional para 
el empleo y el autoempleo. Al efecto se prevé la existencia de un mayor volumen de 
profesionales de la orientación, se promueven medidas específicas para su formación 
permanente y se prevé el desarrollo de un programa de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el empleo con el objetivo de diseñar y evaluar programas de orientación, 
así  como  de  promover  actuaciones  de  desarrollo  y  mejora  de  las  actuaciones  de 
orientación personalizadas.
La tercera idea clave en la que se sustenta el presente real decreto es la especial 
atención que otorga a los colectivos vulnerables. De este modo aplica lo establecido en 
el artículo 2.d) del texto refundido de la Ley de Empleo, que expresamente configura 
como objetivo de la política de empleo: «Asegurar políticas adecuadas de integración 
laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción 
laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y parados de larga 
duración, mayores de 45 años». El real decreto establece los elementos esenciales que 
deben tener los programas comunes para favorecer la integración de estos colectivos.
Con relación a la promoción del empleo de calidad de las mujeres se configura como 
eje de actuación el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tanto 
con carácter transversal como específico. Con carácter específico, la subsección 1.ª y 2.ª 
de la sección 4.ª se dedican, respectivamente, al programa para la igualdad entre 
hombres y mujeres y al programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 
violencia de género. Con carácter transversal, la igualdad de género aparece como 
elemento relevante en el diseño de todos los programas.
Este real decreto establece los instrumentos necesarios para que las políticas de 
empleo actúen como instrumentos contra la segregación laboral. Los poderes públicos 
tienen la obligación de establecer las medidas para conseguir la igualdad real de las 
personas y de los grupos en que se integran (artículo 9.2 de la Constitución Española) y, 
por ello, las normas de empleo deben establecer mecanismos efectivos para que las 
mujeres  tengan  acceso  a  todas  las  ocupaciones  (incluyendo  las  tradicionalmente 
masculinas)  y  también  para  ser  destinatarias  preferentes  de  todas  las  medidas 
destinadas a consolidar carreras profesionales de calidad. Por ello el artículo 71.1 hace 
expresa referencia a los incentivos para la promoción de la presencia femenina en las 
ocupaciones y sectores en los que se encuentran infrarrepresentadas. Asimismo, para 
fomentar el empleo de calidad de las mujeres se establece en el artículo 70 la necesidad 
de que los programas o acciones de orientación o mejora de la empleabilidad estén 
ocupados al menos al 50 por ciento por mujeres. Un aspecto al que se presta especial  s
atención es el de la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, que  oe.
se  constituyen  en  colectivo  prioritario  de  las  acciones  de  políticas  de  empleo  w.
(subsección 2.ª de la sección 4.ª). 771ww
de cEonm mplaetmereian tdaeri eigduaadl dqaude d see o epsotratubnleidcaed eenst ruen  laass pmecetdoi dfuansd daem peonltíatilc eas d eel  deem lpal ereol ayc ilóons 
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en la consecución de la igualdad real en las empresas, promoviendo la implicación de 
éstos e incrementando la eficacia de las medidas contenidas en los planes de igualdad. 
Una vez promulgado el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 
los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, han 
quedado establecidas las pautas para que éstos cumplan una función cada vez más 
relevante en la consecución de la igualdad real en la empresa que las políticas de 
empleo deben ayudar a consolidar. El empleo de calidad, sin diferencias entre hombres y 
mujeres, exige esta implicación pública por medio de las reglas de funcionamiento de los 
programas comunes en conexión con los planes de igualdad. Ello es así porque el 
empleo de calidad exige la acción a nivel de empresa, en ámbitos tales como la lucha 
efectiva contra la brecha retributiva (regulada en el Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres), la segregación vertical (o 
techo de cristal) así como la conciliación y la corresponsabilidad. Precisamente en el 
ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad el presente real decreto sitúa el cuidado 
en el centro de las políticas de empleo, no solo por legitimar que en torno al cuidado se 
configuren medidas específicas para el fomento del empleo, sino también por establecer 
que  deben  establecerse  las  medidas  necesarias  para  que  las  personas  con 
responsabilidades  de  cuidado  puedan  participar  en  las  acciones  de  empleabilidad 
(artículo 29.3).
El artículo 2.d) del texto refundido de la Ley de Empleo menciona específicamente a 
las personas con discapacidad como colectivo con mayores dificultades de inserción 
laboral. De modo consecuente con ello, la subsección 2.ª de la sección 3.ª, dedicada al 
programa de inserción laboral de personas con discapacidad, refuerza las acciones 
específicas  de  orientación,  establece  medidas  de  fomento  del  empleo  indefinido, 
mantiene las ayudas para la adaptación y establece una relación de colaboración y 
complementariedad con los centros especiales de empleo (artículo 47.2.b) así como con 
las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales (artículo 47.3).
La mayor vulnerabilidad por razón de edad tiene dos manifestaciones a las que se 
refiere también el artículo 2.d) del texto refundido de la Ley de Empleo, y de las que 
también se encarga el presente real decreto: las personas jóvenes y las mayores de 45 
años. Con relación a las personas jóvenes, se establecen las herramientas para una 
adecuada  conexión  entre  formación  y  trabajo,  dirigida  fundamentalmente  al  primer 
empleo.  Al  mismo  tiempo,  presta  también  atención  al  retorno  del  talento  emigrado 
(subsección 5.ª de la sección 3.ª). Sus postulados se sitúan en el marco establecido por 
el plan de choque por el empleo joven 2019-2021, aprobado por Resolución de 7 de 
diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Choque por el Empleo Joven 2019-2021, y por el sistema nacional de garantía juvenil, 
que buscan el reforzamiento de la calidad del trabajo y de la formación de las personas 
jóvenes. Con relación a las personas mayores de 45 años, la subsección 3.ª de la 
sección 4.ª establece mecanismos para evitar la discriminación por razón de edad en el 
empleo,  estableciendo  al  efecto  su  configuración  como  colectivo  prioritario  de  las 
medidas y acciones de los programas comunes.
El cuarto aspecto nodal que se desarrolla en este real decreto como elemento 
fundamental en las políticas activas de empleo es el compromiso con la generación y 
mantenimiento del empleo autónomo de calidad, así como con la consolidación de la 
economía social como instrumento fundamental de desarrollo empresarial y social. La  s
presente norma dedica especial atención, en su sección 5.ª, subsección 1.ª, a favorecer  oe.
contextos que permitan crear, mantener y desarrollar proyectos empresariales estables,  w.
susceptibles de generar a su vez empleo. El empleo autónomo y la economía social se  771ww
ceollon sosleid apnr ecsotma o emspeeccainails maotesn pciaórna  laa  gleanse rparcimióenr adse  ccaornretrraatsa cpiroonfeess iodnea lelsa sp lepnearss.o nPaosr 
aauuttóónnoommaass  (ya prtoícru eloll o7 8ta.dm).b iLéons  sper orgerfuaemrazas  clao mimupnoersta ennc iare ldaec ilóan f ocormn aecl iótrna bpaajroa  apuetórsnoonmaos   BOE-A-cable e
se configuran de modo flexible y adaptable a las circunstancias de cada caso, como 
también se hace en la sección 5.ª, subsección 2.ª con relación al programa de apoyo a la 
creación y al empleo en cooperativas y sociedades.
Hay  un  quinto  elemento  característico  del  presente  real  decreto  de  programas 
comunes que resulta fundamental para asegurar la efectividad de las medidas que se 
contemplan: su compromiso con la dimensión local de las políticas de empleo, tal y como 
establece el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Empleo. La dimensión local de las 
políticas de empleo es un elemento fundamental para la generación de empleo de 
calidad, en el que las comunidades autónomas tienen un papel clave. Esta dimensión 
local de las políticas de empleo se refleja también en el artículo 37.1.e) del texto 
refundido de la Ley de Empleo, que establece como principio general de las políticas 
activas de empleo «la adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta 
la realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales». Siguiendo 
estos principios, tanto la subsección 3,ª de la sección 5.ª (que se refiere al programa 
territorial de empleo) como su Disposición Adicional 11 (que regula la participación de las 
entidades de carácter local en los programas de políticas activas de empleo) promueven 
el  establecimiento  de  programas  adaptados  a  las  peculiaridades  territoriales, 
favoreciendo soluciones más eficientes y, sobre todo, permitiendo una mayor implicación 
en los itinerarios individualizados de las personas y en los proyectos empresariales.
La última de las ideas relevantes que se refleja en este real decreto de programas 
comunes es la reafirmación de la evaluación de los programas como elemento clave 
para garantizar su eficacia. La evaluación es fundamental para consolidar un sistema 
dinámico de políticas activas de empleo susceptible de evolucionar para adaptarse a 
circunstancias cambiantes, para incorporar las prácticas más eficientes y para generar y 
regenerar programas, medidas y acciones. La evaluación integrada en el funcionamiento 
ordinario del Sistema Nacional de Empleo se encuentra a lo largo de todo el articulado 
del texto refundido de la Ley de Empleo, particularmente en sus disposiciones generales, 
por ejemplo, en sus artículos 7.2 y 10.5. La evaluación de acciones, programas y 
funcionamiento  general  del  sistema  no  solo  es  una  obligación  sino  una  pauta  de 
actuación de todo el sistema nacional de empleo. Consecuentemente con este principio 
el artículo 14 del real decreto configura un sistema de evaluación que debe formar parte 
del desarrollo de los programas comunes, y que debe referirse no solo a las acciones 
concretas, sino también al propio funcionamiento e impacto de los programas.
Este Real Decreto forma parte de las reformas previstas para impulsar las políticas 
activas de empleo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo», en la Reforma 5 «Modernización de políticas activas de empleo».
Asimismo, este Real Decreto ofrece la cobertura normativa para la puesta en marcha 
de las convocatorias previstas en la Inversión 3 «Adquisición de nuevas competencias 
para la transformación digital, verde y productiva» del referido Componente 23, mediante 
acciones  formativas  que  incluyan  compromisos  de  contratación  para  personas 
trabajadoras  desempleadas  para  apoyar  la  cobertura  de  vacantes  en  sectores 
estratégicos de interés nacional.
Por  ende,  contribuye  al  cumplimiento  del  Objetivo  CID  n.º  344,  establecido 
en 825.000 personas que han completado los correspondientes programas de formación 
establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.  También constituye una 
reforma  necesaria  para  la  puesta  marcha  de  la  red  de  Centros  de  Orientación,  s
Emprendimiento e Innovación para el Empleo, incluida en la Inversión 5 «Gobernanza e  oe.
Impulso  a  las  políticas  de  apoyo  a  la  activación  para  el  empleo»,  del  mismo  w.
Componente 23, cuyo Objetivo CID está establecido como n.º 347, con la creación de al  771ww
menos 20 Centros.
IV
Desde el punto de vista orgánico el presente real decreto surge como manifestación 
de las competencias estatales en materia de política de empleo en relación con las 
competencias que en esta materia corresponden a las comunidades autónomas. En tal 
sentido da cumplimiento a lo establecido en el artículo 36.1 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, que dispone que las políticas activas de empleo deberán desarrollarse en 
todo  el  Estado  teniendo  en  cuenta,  entre  otros  aspectos,  los  contenidos  comunes 
establecidos  en  la  normativa  estatal  de  aplicación.  Esta  norma  establece  estos 
contenidos o requisitos comunes para los programas comunes de políticas de activación 
para el empleo. Constituye, asimismo, el desarrollo reglamentario al que hace referencia 
el artículo 38 del texto refundido de la Ley de Empleo.
Los requisitos o contenidos comunes de los programas comunes de política de 
empleo que se establecen se refieren a sus aspectos esenciales. Ello implica que los 
programas comunes podrán ser aplicados y, en su caso, desarrollados en sus aspectos 
no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo. En este 
sentido, como aspectos esenciales de los programas comunes de activación para el 
empleo se contemplan: el objeto y los contenidos mínimos previstos en cada uno de 
ellos, las personas destinatarias finales, la financiación y los requisitos específicos y 
prioridades, en su caso. Asimismo, se establecen las cuantías de referencia a efectos de 
dicha  financiación,  previéndose  que  éstas  podrán  ser  actualizadas  mediante  orden 
ministerial  y,  en  su  caso,  complementadas  por  las  administraciones  públicas 
competentes, si bien hasta un porcentaje máximo de incremento a fin de evitar posibles 
desequilibrios entre las cuantías que se establezcan en distintos ámbitos territoriales 
para los mismos programas comunes.
Los programas comunes de empleo a los que se refiere la presente norma deben 
distinguirse de los programas propios de activación para el empleo que las comunidades 
autónomas podrán desarrollar en sus respectivos ámbitos de actuación, y que no son 
objeto de regulación en este real decreto, salvo la referencia puntual que se hace a ellos, 
básicamente, en el artículo 1 y en la disposición adicional segunda, sin perjuicio de su 
financiación con los fondos estatales distribuidos cada año según los criterios acordados 
en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
La integración y revisión de los programas comunes que se establecen, persiguen el 
objetivo de alcanzar una mayor eficacia a través de la posibilidad de adaptación a las 
circunstancias propias de los mercados de trabajo territoriales por parte de los servicios 
públicos de empleo de las comunidades autónomas. Asimismo, la nueva regulación de 
los programas comunes tiene en cuenta la necesidad de impulsar la personalización de 
las acciones, a través de la adecuación a las circunstancias de los usuarios y del 
territorio, flexibilizando sus características y sus formas de gestión, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo. No solo cumple, pues, la finalidad de 
referir de modo sistematizado las competencias que al Estado competen en materia de 
configuración de los contenidos esenciales de los programas comunes de empleo, sino 
que sirve también al objetivo de consolidar un marco de trabajo conjunto del Estado y las 
comunidades  autónomas  más  participativo  y  más  eficaz  en  la  consolidación  de  un 
sistema eficaz y adaptable para la activación del empleo.
V
El  presente  real  decreto  se  estructura  en  cinco  capítulos,  quince  disposiciones  e.e
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y diez disposiciones  b
finales. 771ww
reguElal ccióanp ídtuelo l aIs  cpoenrstioennaes  ladse s«tindaistpaorisaisc iodnee lso sg pernoegrraalmesa»s,  ceonmtruen leass  dqeu peo lsíteic aasb oarcdtaiv alas 
dreeg isetmrapdlaeso . coLmaso  pdeermsoannadsa ntdeess tdinea teamriapsle os eyr ádne,  sceornv iccioasr áecnte rlo sg esneervraicl,io sla sp úpbelicrsoosn daes 
empleo, especialmente las que se encuentran en situación de desempleo, pero sin
olvidar el carácter prioritario de los colectivos más vulnerables y la atención a prestar a 
las  personas  beneficiarias  de  prestaciones  por  desempleo  en  el  marco  de  la 
coordinación de las políticas activas de empleo y la protección económica frente al 
desempleo.
El capítulo II aborda la regulación de la financiación, que refleja la flexibilidad que se 
otorga a los servicios públicos de empleo competentes para adoptar las formas de 
gestión y financiación de los programas que mejor se adecúen a sus objetivos, así como 
el margen que tienen para establecer las cuantías destinadas a financiar los distintos 
programas cuando opten por esta forma de gestión.
El  capítulo  III  se  titula  «Gestión  y  coordinación».  Sin  olvidar  los  principios  de 
organización y funcionamiento que rigen el Sistema Nacional de Empleo, este capítulo 
regula las distintas formas que tienen las administraciones públicas competentes para 
gestionar y financiar los programas comunes de políticas activas de empleo. Especial 
atención se presta a la coordinación y cooperación entre el Servicio Público de Empleo 
Estatal  y  los  servicios  públicos  de  empleo  de  las  comunidades  autónomas,  en  los 
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Empleo.
El  capítulo  IV,  titulado  «Evaluación  y  Seguimiento»  contiene  las  previsiones 
necesarias para asegurar, por un lado, la evaluación, seguimiento y gestión de la calidad 
de los programas, y, por otro, la información a aportar por las comunidades autónomas al 
Servicio Público de Empleo Estatal, imprescindible no sólo para garantizar el desarrollo 
eficaz de la función anterior, sino también la transparencia de las distintas medidas de 
políticas activas de empleo implementadas en el conjunto del Sistema Nacional de 
Empleo.
El  capítulo  V  regula  los  distintos  programas  comunes  y  se  estructura  en  seis 
secciones que se corresponden con los seis ejes en que se ordenan las políticas de 
activación para el empleo en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
conforme a lo establecido en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo. De 
este modo, la adscripción de los programas se realiza sobre la base de una tipología 
coherente con el marco legal de referencia que se utiliza no solo en la Estrategia de 
Activación para el Empleo sino también en los Planes Anuales. Coincide también esta 
estructuración en seis ejes con el sistema utilizado para la regulación de la Cartera 
Común de servicios del Sistema Nacional de Empleo en el Real Decreto 7/2015, de 16 
de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo.
La sección 1.ª, dedicada al Eje 1 «Orientación» contiene tres programas comunes: el 
programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo; el de colaboración 
para  las  actividades  de  prospección  empresarial  e  intermediación  laboral;  y  el  de 
proyectos integrales de empleo. La sección 2.ª regula, dentro del Eje 2 «Formación», los 
programas  públicos  mixtos  de  empleo-formación  y,  específicamente,  los  programas 
experienciales de empleo-formación. Lo establecido en esta sección se complementa 
con  los  programas  de  formación  profesional  para  el  empleo  regulados  en  el  Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral. La sección 3.ª se centra en cinco programas del Eje 3 «Oportunidades 
de Empleo»: el programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés 
general y social, el que persigue tanto la inserción como la inclusión laboral de personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario y protegido, respectivamente, el 
programa de integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y  s
el dirigido a apoyar la movilidad geográfica. La sección 4.ª, relativa a los programas del  oe.
Eje 4 «Igualdad en el empleo», prevé tres programas: el programa para la igualdad entre  w.
hombres y mujeres, el de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de  771ww
gtréens eproro gy raeml dairsi gdideol  eaje e 5vi t«aEr mlap dreisncdriimmiiennatcoió»n:  epl odr er afozmóne ndteo  eddeal de.m Lpal esoe cacuitóónn o5m.ª oin; cellu dyee 
appaoray oe la  floam cerenatoc iótenr ryit oarli ael mdpelle oe menp lecoo.o pPeorra túivltaims oy,  sloac iseedcacdióens  l6a.bª orreagleusla;  yu enl  pprrooggrraammaa   BOE-A-cable e
común de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo, que cada servicio 
público de empleo podrá desarrollar en su respectivo ámbito de actuación. En total, 17 
programas comunes.
Las disposiciones adicionales contienen previsiones sobre la gestión traspasada a 
las comunidades autónomas, los programas propios de los servicios públicos de empleo, 
la participación de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en los programas de 
políticas activas de empleo, la difusión y publicidad, la financiación en las comunidades 
autónomas de régimen foral, obras y servicios afectados al programa de fomento del 
empleo  agrario,  compatibilidad  de  las  ayudas  con  el  mercado  interior  europeo  y 
convenios de cooperación interinstitucional con las administraciones locales, así como 
sobre pagos anticipados en los programas de formación en alternancia con el empleo, la 
concesión directa de determinadas subvenciones, la participación de las entidades de 
carácter local en los programas de políticas activas de empleo, formas de gestión y 
proyectos  integrales  de  empleo  de  iniciativa  privada,  así  como  una  referencia  al 
condicionamiento presupuestario y a bases reguladoras comunes.
La disposición transitoria única prevé la normativa aplicable a los procedimientos en 
vigor. Por su parte, la disposición derogatoria única refiere las normas a las que este real 
decreto sustituye, reflejando la elevada dispersión normativa hasta ahora existente en la 
regulación estatal de programas de políticas activas de empleo. Diecisiete de ellas se 
derogan en su totalidad y dos de manera parcial. Por último, en las disposiciones finales 
se  aborda  la  modificación  de  cinco  reales  decretos  para  adaptar  algunas  de  sus 
disposiciones a este nuevo marco común de programas de activación para el empleo; 
asimismo, se prevé un plazo suficiente para que las comunidades autónomas realicen 
las adaptaciones normativas que se requieran y se hace una referencia al nuevo marco 
legal de políticas activas de empleo, entre otros aspectos.
Entre las modificaciones indicadas, en la disposición final segunda se modifica el 
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional 
ocupacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de dicha ley, 
atendiendo a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de integración laboral 
de  los  colectivos  afectados  o  de  sus  peculiares  necesidades  formativas  ante  las 
necesidades  inmediatas  de  formación  y  de  contratación  que  puedan  plantear  las 
empresas en cualquier momento del año, lo que permite apreciar la concurrencia de 
razones de interés público, económico y social que dificultan la convocatoria pública de 
las referidas subvenciones.
VI
En la elaboración de este real decreto se han observado los principios de buena 
regulación  previstos  en  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exigen que 
éstas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
De una parte, los principios de necesidad y eficacia se cumplen en tanto que este 
real decreto persigue un interés general al facilitar la integración y actualización de los 
programas comunes de políticas activas de empleo que tienen, entre sus fines, mejorar 
las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas  s
desempleadas, mantener y mejorar la calidad del empleo de las personas ocupadas y  e.
fomentar el espíritu empresarial y de la economía social, siendo este reglamento el  w.
instrumento más adecuado para ello. 771ww
propDoerc ioontraal idpaadr tey,  seelg urreidaal dd ejucrríedtioc a,d at odcau mvpelzim iqeuneto  neos terixcitsot e a nilnogsu npar inaclitpeironsa tidvae 
jruergíduilcaoto.ria  menos  restrictiva  de  derechos  y  resulta  coherente  con  el  ordenamiento  BOE-A-cable e
Asimismo, este real decreto cumple con el principio de transparencia, puesto que su 
justificación queda expresada en el preámbulo, junto con la referencia a su estructura y 
contenido.  Se  ha  sometido  a  los  trámites  de  consulta  pública  y  de  audiencia  e 
información  pública  previas  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  26  de  la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objeto de dar participación y 
audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  obtener  cuantas  aportaciones  adicionales 
puedan hacerse por otras personas o entidades. Se ha informado a las comunidades 
autónomas, a las Organizaciones Patronales y Sindicales más representativas, así como 
a entidades representativas en el ámbito de atención a las personas con discapacidad y 
las personas en riesgo o situación de exclusión social, en tanto que son colectivos 
especialmente vulnerables.
Por  último,  el  real  decreto  cumple  con  el  principio  de  eficiencia,  dado  que  su 
aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y permite una 
gestión eficiente de los recursos públicos.
VII
El real decreto tiene su fundamento jurídico en el artículo 38 del texto refundido de la 
Ley de Empleo. Asimismo, su elaboración y aprobación corresponde, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.1 del citado texto legal, al Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, y previo informe de este ministerio a la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las organizaciones 
sindicales  y  empresariales  más  representativas,  y  las  comunidades  autónomas  y 
entidades  representativas  del  ámbito  de  la  discapacidad  y  la  Economía  Social.  Ha 
emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y ha sido informada 
la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General de la 
Discapacidad.
Se han sustanciado los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
pública previstos, respectivamente, en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.
Se  han  recabado  informes  de  la  Dirección  General  de  Política  Económica,  la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
Ministerio de Igualdad, la Dirección General de Patrimonio Nacional, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, así como el informe 
competencial sobre el proyecto de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico 
y Local del Ministerio de Política Territorial. Asimismo, ha sido objeto de informe por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por último, el real decreto se dicta al amparo del título competencial previsto en el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos 
de las Comunidades Autónomas, así como en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y  s
coordinación de la planificación general de la actividad económica. e.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, con la  771ww
Capornosbeajoci ódne p Eresvtaiad doe yl  Mpirneisvtiaro  ddeel ibPeorlaítcicióan T edrerilt oCrioanl sye Fjou ndceió nM iPnúisbtrliocsa , edne  sauc ureerudnoi ócno nd eell 
día 28 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  El objeto de este real decreto es determinar los aspectos esenciales de los 
programas comunes de activación para el empleo que podrán ser aplicados y, en su 
caso, desarrollados en sus aspectos no esenciales por todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Empleo.
2.  Son  aspectos  esenciales  de  los  programas  comunes  de  activación  para  el 
empleo las previsiones contenidas en este real decreto sobre:
a)  objeto y contenidos mínimos previstos en cada uno de ellos;
b)  personas destinatarias finales;
c)  financiación; y
d)  requisitos específicos y prioridades, en su caso.
3.  Asimismo, este real decreto tiene por objeto establecer las cuantías de referencia 
de las subvenciones dirigidas a financiar los programas que utilicen esta forma de 
gestión y a regular la gestión y coordinación de los programas comunes de activación 
para  el  empleo  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Empleo,  su  evaluación  y 
seguimiento, así como incorporar un marco dirigido a favorecer la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad.
Artículo 2.  Definición y ámbito de aplicación de los programas comunes de políticas 
activas de empleo.
1.  Los programas comunes de políticas activas de empleo se configuran como un 
conjunto de medidas dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por 
cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a 
la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial 
y de la economía social, desarrolladas y ejecutadas por los servicios públicos de empleo 
como  acciones  concretas  y  puntuales  de  activación  o  reactivación  para  el  empleo 
respecto de personas y colectivos prioritarios, de acuerdo con las circunstancias del 
mercado de trabajo y las disponibilidades presupuestarias para su realización.
2.  Los programas comunes de políticas activas de empleo, a los que se refiere el 
presente real decreto, serán de aplicación en todo el territorio estatal.
3.  Los servicios públicos de empleo, autonómicos o estatal, podrán ejercer sus 
respectivas competencias en políticas activas de empleo bien a través de programas 
comunes o bien a través de programas propios, pudiendo financiarse ambos con fondos 
europeos, estatales o propios de las comunidades autónomas.
Artículo 3.  Personas destinatarias finales de los programas comunes.
1.  Serán personas destinatarias finales de los programas regulados en este real 
decreto, y siempre que cumplan con los requisitos específicos establecidos para cada 
uno de ellos, las personas desempleadas, entendiéndose como tales, a los efectos de  es
esta disposición, las personas demandantes de empleo y servicios en situación laboral  o
de no ocupadas registradas en los servicios públicos de empleo, con independencia de  771ww
secuum anplAqalesucoiiimeo yrni  saosmlteirdoarva,  cidcpo,i oonodsdr riigecáiennón  nls o éeostr  nlcsoiicer colravu,s incs siepotxeasorn sp,c oúeianbd alpaicsedo r,o ssrc oedunliepga aileó domna  sspoo l ecrceoirage lp.iesantrrcaaia dcsao,s n idtcreoibomuloiorg  aída e,la me nmafneedrjoamrnaet eddsae d d laeo    OE-A-2021-15able en https://
calidad y el mantenimiento de su empleo, y las personas jóvenes inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, independientemente de las condiciones o circunstancias 
mencionadas en el párrafo anterior.
2.  Los servicios públicos de empleo determinarán en sus bases reguladoras o 
normas  de  desarrollo  las  personas  destinarias  de  cada  programa  en  particular  de 
conformidad con las prioridades establecidas en el presente real decreto, sin perjuicio de 
las  que  se  establezcan  en  cualquier  plan  adicional  que  apruebe  el  Gobierno  para 
colectivos específicos o en función de los objetivos de empleo que requiera el contexto 
económico y social de cada momento, así como de aquellas que puedan determinarse 
por la administración pública competente en el marco de la colaboración público-privada 
o público-pública.
Artículo 4.  Preselección o selección de los participantes.
1.  En aquellos programas en los que se precise la preselección o selección de las 
personas participantes por los servicios públicos de empleo, ésta se efectuará teniendo 
en  cuenta  los  instrumentos  de  coordinación  y  cooperación  a  los  que  se  refiere  el 
artículo 13 de este real decreto, así como los colectivos prioritarios señalados en el 
artículo 30 del texto refundido de la Ley de Empleo o aquellos otros que específicamente 
se determinen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Española de Activación 
para  el  Empleo  y  el  Plan  Anual  de  Política  de  Empleo,  teniendo  en  cuenta  las 
peculiaridades existentes en las diferentes comunidades autónomas.
A estos efectos, se deberá considerar de manera preferente el enfoque preventivo 
frente al desempleo, especialmente de larga duración, y la atención individualizada a las 
personas demandantes de empleo y servicios mediante acciones integradas de políticas 
activas de empleo, articuladas en su itinerario individual y personalizado de empleo, que 
mejoren su ocupabilidad, así como asegurar políticas adecuadas de integración laboral 
dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, 
especialmente  jóvenes  con  particular  atención  a  aquellos  con  déficit  de  formación, 
mujeres, personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración o en 
riesgo de caer en dicha situación, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de 
género y de trata de seres humanos, personas en situación de exclusión social y, en el 
caso  de  que  el  servicio  público  de  empleo  competente  disponga  de  información, 
personas en desempleo con responsabilidades familiares, así como inmigrantes y otros 
colectivos prioritarios establecidos por la administración pública competente, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 2.c) y d), 10.4.c), y 30 del citado texto refundido de la Ley 
de Empleo.
2.  Los servicios públicos de empleo determinarán, en cada caso, el criterio de 
preferencia de entre los colectivos citados en el apartado anterior. Cuando ello sea 
necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la necesidad de coordinación con 
los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas.
3.  En el marco del Sistema Nacional de Empleo se impulsará la utilización del 
perfilado holístico, de manera que el perfilado del demandante se complemente con la 
información de los perfiles demandados por el mercado de trabajo. Asimismo, se tendrán 
en cuenta los servicios establecidos en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el 
que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, así 
como los contenidos y requisitos comunes de prestación de las actividades definidos en 
sus protocolos específicos.
4.  Cualquiera que sea el sistema utilizado de selección de los participantes, en los 
programas  que  incluyan  su  contratación  se  seguirán  los  criterios  y  procedimientos  e.
establecidos por el servicio público de empleo o, en su caso, por lo establecido en el  w.b
convenio de colaboración entre el mencionado servicio público y la entidad promotora  771ww
epsatraab llae ccidoab erptuarraa  dleo so feprrtoacse ddeim eiemnptoleso , dpeo r sloe leqcuceió nno  dseer áp deers aopnlaicl acdieó n llaas  nodrimstainttivaas 
oardgmainniissmtraoc pioúnbelisc o.p Eúbnl iecsatse,  caausno , eclu paenrdsoo nlaal  ye lnotsid daeds tibneantaerfiiocisa rfiian alseesa s eulencac ioennatiddoasd  nou 
se incluirán en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo, por lo 
que no se precisará oferta de empleo público previa.
Artículo 5.  Definiciones de personas destinatarias.
A efectos del presente real decreto, se entenderá por:
a)  Personas en desempleo con responsabilidades familiares: aquellas que tengan a 
su cargo, o a cargo de su cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de veintiséis años, 
mayores con discapacidad o menores acogidos, así como a personas mayores en 
situación de dependencia o de discapacidad.
b)  Personas  con  discapacidad:  aquellas  que  tengan  reconocido  un  grado  de 
discapacidad  igual  o  superior  al  33  por  ciento.  Estas  personas,  y  en  especial  las 
personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de 
trabajo, tendrán la condición de destinatarias finales de los programas regulados en este 
real  decreto,  con  independencia  de  su  situación  laboral  cuando  no  se  establezcan 
expresamente otros requisitos.
Los Servicios Públicos de Empleo velarán para que en la ejecución de los programas 
comunes  regulados  en  este  real  decreto  se  adopten,  por  parte  de  las  entidades 
colaboradoras o beneficiarias, las medidas adecuadas y necesarias para la adaptación 
del  puesto  de  trabajo  y  la  accesibilidad  universal  física,  sensorial,  cognitiva  y  de 
comunicación de la entidad en función de las necesidades de cada situación concreta, 
salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como los 
medios  de  apoyo  necesarios  y  de  cualquier  índole  regulados  por  el  Estado  y  las 
comunidades autónomas para que las personas con discapacidad participen en igualdad 
de condiciones.
c)  Personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental 
o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del 
autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, así 
como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento.
d)  Personas en riesgo o situación de exclusión social: quienes se hallen incluidas 
en algunos de los colectivos señalados en el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, los señalados 
en el artículo 59 y cualquier otro colectivo que, por sus características y situación socio 
económica, la administración pública competente considere en situación de riesgo o 
exclusión social.
e)  Mujeres  víctimas  de  violencia  de  género:  las  mujeres  que  acrediten  dicha 
situación de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
f)  Mujeres víctimas de trata de seres humanos: las mujeres que acrediten dicha 
situación mediante informe de un servicio público especializado en la intervención con 
mujeres víctimas de trata.
g)  Colectivos  especialmente  vulnerables:  las  personas  con  discapacidad  y  las 
personas en riesgo o situación de exclusión social. La acreditación de la pertenencia de 
las  personas  al  colectivo  especialmente  vulnerable,  cuando  resulte  necesaria,  se 
realizará en los términos que determinen los servicios públicos de empleo competentes.
Artículo 6.  Coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al  bo
desempleo. 771ww
la LeDye  dceo nEfmorpmleidoa yd  ecno nla l od eissptoasbilceicóind oa deinc ieoln caal pteítrucleor aII Id dee el tsítteu lore IaIIl  ddeelc treextoto,  sreef utennddidráo  edne 
cuenta la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al
desempleo, de forma que permita que las personas beneficiarias de prestaciones y  Bc
subsidios  por  desempleo  cumplan  las  exigencias  del  compromiso  de  actividad  y 
participen en las políticas activas de empleo que se determinen por los servicios públicos 
de empleo competentes en su itinerario individual y personalizado de empleo.
CAPÍTULO II
Financiación de los programas comunes de políticas activas de empleo
Artículo 7.  Créditos presupuestarios.
1.  Los programas comunes de políticas activas de empleo regulados en este real 
decreto se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de 
los créditos específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del 
Servicio Público de Empleo Estatal. Estos créditos tienen el carácter de fondos de 
empleo de ámbito nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, y se distribuirán de conformidad con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el citado 
artículo 21 del texto refundido de la Ley de Empleo.
2.  De acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del artículo 86.2 de la Ley 
General Presupuestaria, y en los términos que establezca la orden anual de distribución 
territorial  de  los  créditos  presupuestarios  en  el  ámbito  laboral,  las  comunidades 
autónomas gestionarán y administrarán los correspondientes créditos conforme a la 
normativa estatal que regule cada programa, en particular la que contiene este real 
decreto sobre contenidos o requisitos mínimos, y por la normativa que dicten para su 
ejecución  y,  en  su  caso,  para  la  adaptación  a  cada  realidad  territorial  las  propias 
comunidades autónomas, en especial las normas de procedimiento y bases reguladoras 
o instrumento jurídico correspondiente que dicten aquellas en función de su propia 
organización.
Artículo 8.  Financiación mediante subvenciones. Cuestiones generales.
1.  En el caso de gestión de los programas comunes mediante la concesión de 
subvenciones, los conceptos y las cuantías de referencia, con sus topes máximos si los 
hubiere, serán los establecidos para cada programa común en este real decreto. Dichos 
conceptos y las cuantías de referencia podrán actualizarse mediante orden de la persona 
titular  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  previo  informe  de  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2.  En todo caso, las cuantías de referencia de dichas subvenciones y, en su caso, 
sus topes máximos podrán incrementarse por las administraciones públicas competentes 
hasta en un 30 por ciento, y hasta un 10 por ciento adicional en el caso de los programas 
regulados en la subsección 5.ª de la sección 3.ª, en la subsección 1.ª de la sección 4.ª y 
en las subsecciones 1.ª y 2.ª de la sección 5.ª cuando las personas destinatarias o 
beneficiarias sean mujeres víctimas de violencia de género. Estos incrementos podrán 
financiarse con fondos propios, con fondos cofinanciados por la Unión Europea, o bien 
con cargo a los fondos estatales distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal 
sin que por ello pierdan su carácter de programa común. Asimismo, dichas cuantías de 
referencia podrán reducirse siempre que la presente norma no establezca expresamente 
una  cuantía  mínima.  En  cualquier  caso,  cuando  se  financien  costes  salariales  se 
garantizará que la persona trabajadora percibe un salario igual o superior al salario  es
mínimo interprofesional anual, en proporción a la jornada realizada. o
apccoucretnbivvcr3iaius.dn traor ed Ecen olfn cisni imtaeae spnsct ocoesirn atar edeol aaatdrr.lai  eadEs lee lnascs usr loe byastv o yed puneerdcno ai gSonsrnei anegomgsu ú,asr inusad  byacouvda ed msnaSoecs oids,oc eiinidnareagál,ssr  ed  lacpseoo ú tsnsbau  lloi imcnc arcuaesea c nndqutteiurívsa eoo a qssys u,uea esd  ,ucal aapos ien csrycolea en dsdetaruala mbnctva oeescsnenitótegecn iú do onqen  ue ellenoas      OE-A-2021-15771able en https://www.
públicas  por  estos  conceptos  no  podrá  superar  los  costes  reales  derivados  de  los 
contratos que se suscriban.
4.  No serán compatibles con las subvenciones que se concedan al amparo de este 
real  decreto  las  previstas  para  los  mismos  conceptos  en  el  capítulo  II  del  Real 
Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del 
empleo de trabajadores minusválidos
Artículo 9.  Concesión y justificación a través de módulos.
1.  Las normas o bases reguladoras de las subvenciones podrán prever el régimen 
de concesión y justificación a través de módulos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo  76  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  aprobado  por  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  y  en  las 
respectivas normas autonómicas de subvenciones, así como de acuerdo, en su caso, 
con las regulaciones realizadas por las administraciones públicas competentes sobre 
módulos económicos aplicables para determinar la cuantía de la justificación de las 
subvenciones. Ello sin perjuicio de que, en los programas cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo u otros fondos estructurales, aquéllas se acojan a la opción de costes 
simplificados para la justificación de subvenciones cuya cuantía resulte de aplicación de 
conformidad  con  la  normativa  de  la  Unión  Europea  en  vigor  para  el  periodo  de 
programación.
2.  En el caso de que se opte por la concesión y justificación a través de módulos, 
cuando en una misma modalidad de subvención figuren distintos conceptos de gastos 
subvencionables con sus respectivas cuantías de referencia, el importe del módulo 
económico podrá determinarse por la suma de éstas. Los módulos económicos que así 
resulten podrán coincidir, dentro de los límites previstos en el artículo 8.2, con los 
módulos  establecidos  en  reglamentos  europeos  sobre  baremos  estándar  de  costes 
unitarios o con los derivados de estudios realizados por las administraciones públicas 
competentes.
Artículo 10.  Financiación de costes salariales.
1.  Cuando los programas comunes de activación o alguna de sus medidas prevean 
la financiación de costes salariales, ya sea por la contratación de personas participantes 
en los programas como del personal necesario para su ejecución, las cuantías de 
referencia de las respectivas subvenciones se establecen por contrato a tiempo completo 
y año.
2.  Tomando  como  referencia  dichas  cuantías,  la  subvención  a  conceder  se 
calculará en función del período subvencionable previsto en cada programa o medida, 
sin que pueda superar el salario que corresponda a la persona trabajadora según el 
convenio o la normativa laboral de aplicación, incluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias más las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
3.  Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial, dicha subvención se reducirá 
proporcionalmente en función de la jornada realizada, sin que ésta pueda ser inferior 
al  50  por  ciento  de  la  jornada  a  tiempo  completo  de  una  persona  trabajadora 
comparable. Este límite mínimo de duración de la jornada a tiempo parcial a los efectos 
de la concesión de estas subvenciones, no resultará de aplicación en relación con el 
colectivo de personas con discapacidad, como medida de adecuación del empleo a sus  es
capacidades. bo
4.  A las cuantías de las subvenciones a que se refiere este artículo, incluidas las  771ww
qainupdeliec marebnsliezu alptceainora ne elanss   sCpuoi urcd aarsdeoes isdd eedlne c iCniace rueqtmau eeyn  Mteoes ltsiélelnañ .aclaodnote menp laedl aasr tíceunlo  la8 .2n, osrem astuivmaa rláanb olraasl   OE-A-2021-15able en https://
Artículo 11.  Incentivos a la contratación indefinida.
1.  En los incentivos a la contratación indefinida previstos en este real decreto, 
focalizados  en  los  colectivos  específicos  de  baja  empleabilidad,  sus  cuantías  de 
referencia se establecen por cada contrato suscrito a tiempo completo. En los supuestos 
de contratación a tiempo parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 10.3.
2.  Cada contratación indefinida incentivada deberá suponer un incremento neto de 
la plantilla fija de la empresa o entidad beneficiaria en los términos que establezcan las 
normas o bases reguladoras de la subvención, no computándose para el cálculo de tal 
incremento neto las variaciones que se produzcan entre el colectivo de trabajadores que 
integren la plantilla como consecuencia de la renuncia voluntaria, del reconocimiento de 
la discapacidad o incapacidad laboral permanente total o parcial, de la jubilación, de la 
baja por defunción, de las modificaciones por reducción voluntaria del tiempo de trabajo 
o por el despido disciplinario procedente, así como, en el caso de subrogaciones, por las 
causas legales estipuladas.
3.  Las  normas  o  bases  reguladoras  contemplarán,  asimismo,  las  posibles 
exclusiones en la aplicación de los incentivos a la contratación indefinida, así como la 
obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas, sin 
que  la  duración  de  dicha  obligación  pueda  ser  inferior  a  12  meses,  o  su  posible 
sustitución en cualquiera de los casos anteriores por otra persona que la sustituya con 
un contrato de idénticas características.
4.  En los casos excepcionales en que se incentive la contratación temporal, en 
especial por la contratación de determinados colectivos especialmente vulnerables o de 
jóvenes a través de contratos formativos, se estará a lo dispuesto en el programa o 
medida de activación que lo prevea.
CAPÍTULO III
Gestión y coordinación
Artículo 12.  Procedimiento de gestión y ejecución de los programas de políticas activas 
de empleo.
Los programas regulados en este real decreto podrán ser gestionados y financiados 
por las administraciones competentes mediante la concesión de subvenciones públicas, 
contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra 
figura ajustada a derecho. En todo caso en la ejecución de estos programas se deberán 
tener en cuenta los principios de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Empleo contemplados en el artículo 13 del texto refundido de la Ley de Empleo.
Artículo 13.  Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
1.  La coordinación y cooperación del Servicio Público de Empleo Estatal y los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas se garantizarán a través de 
los instrumentos previstos en los artículos 9 y siguientes del texto refundido de la Ley de 
Empleo.
De acuerdo con ello, los programas de empleo, tanto comunes como los propios que 
establezcan los servicios públicos de empleo, deberán dirigirse al cumplimiento de los 
principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de  s
políticas de activación para el empleo previstos en la Estrategia Española de Activación  e.
para  el  empleo,  así  como  de  los  objetivos  establecidos  en  los  respectivos  Planes  w.
Anuales de Política de Empleo. A estos efectos, los Planes Anuales de Política de  771ww
cEambpol etaon ctoo nlatesn cdormánu nlaid apdreevsi saióuntó ndoem loass  perno gerl aemjearcsi cdioe  deem spuleso c oqmuep estee npcrioapso dnee ne jellceuvcairó na 
eEnm epll eáom Ebsittoa tadle e lna ss up oálmítibciatos  cdoem apcettiveancciióanl. para el empleo, como el Servicio Público de  BOE-A-cable e
2.  En aplicación del artículo 14.b) del citado texto refundido de la Ley de Empleo, 
corresponderá a los órganos del Sistema Nacional de Empleo garantizar la coordinación 
y cooperación del Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo 
de las comunidades autónomas, prestando especial atención a la coordinación entre las 
políticas  activas  de  empleo  y  las  prestaciones  por  desempleo,  y  procurando  su 
vinculación de forma que posibiliten alcanzar objetivos tanto de protección social como 
de reincorporación laboral.
CAPÍTULO IV
Evaluación y seguimiento
Artículo 14.  Evaluación, seguimiento y gestión de la calidad de los programas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.c) del texto refundido de la Ley de 
Empleo,  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Empleo  se  establecerán  objetivos 
concretos y coordinados a través de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
y los Planes Anuales de Política de Empleo que permitan evaluar los resultados y 
eficacia de las políticas de empleo y definir indicadores comparables de los programas 
comunes contemplados en este real decreto. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11.1 del citado texto refundido de la Ley de Empleo, la mencionada evaluación 
se realizará cada año en el marco del correspondiente Plan Anual de Política de Empleo.
2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.b).1.º y 2.º del citado texto 
refundido de la Ley de Empleo, en el desarrollo de los programas de políticas activas de 
empleo  regulados  en  este  real  decreto  los  servicios  públicos  de  empleo  aplicarán 
criterios objetivos de eficacia, especialización y calidad en la prestación del servicio, de 
acuerdo en todo caso con lo establecido en la normativa correspondiente. En este 
sentido,  en  el  desarrollo  de  los  programas  regulados  en  esta  norma,  los  servicios 
públicos de empleo establecerán procedimientos de seguimiento y evaluación tanto de 
las acciones concretas que se realicen como del funcionamiento e impacto de dichos 
programas.
3.  Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 del citado texto 
refundido  de  la  Ley  de  Empleo,  el  desarrollo  y  resultados  de  los  programas 
contemplados  en  este  real  decreto  se  evaluarán  a  la  finalización  de  la  Estrategia 
Española de Activación para el Empleo en que los Planes Anuales de Política de Empleo 
se establezcan. En todo caso, se llevarán a cabo las evaluaciones establecidas en la 
normativa comunitaria o que se insten por las Instituciones Comunitarias.
Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la coordinación de las citadas 
evaluaciones en el seno del Sistema Nacional de Empleo.
4.  La información obtenida del seguimiento y evaluación de las acciones, incluida la 
relativa al coste medio por persona beneficiaria en cada una de ellas, permitirá evaluar 
los resultados y eficacia de los programas de políticas activas de empleo, considerando 
la integración de los programas, tanto comunes como los propios establecidos por las 
comunidades autónomas, con vistas a conseguir la mejora permanente de los mismos y, 
en su caso, su revisión o actualización.
Artículo 15.  Información a aportar por las comunidades autónomas.
1.  Las comunidades autónomas aportarán al Servicio Público de Empleo Estatal la  es
información necesaria para la elaboración de la estadística tanto de los programas  o
epiicnnonoftoem r lrgalumar nadsaec icscisóipoó normne s ugcsiconuoiónilbdan radee doa ll esdor sisece  siarnoetu onset aóusdlnl tteesao e dmrlgaoeau sasni lnc  defduoanear, c lmiedtraelae ttec iovfijoóe,o rnrscmc  oioeacmbsi oqtotea u dnddeeiíed s q ostiluuscoe.assd   cepdo regom agáprrmaaenmtbetiaintzosca  idaepassr,o t sapsutieao gcls,úo  neao ssrldtíoa i ncbpaolrecmecivóiodins o tleoas     OE-A-2021-15771able en https://www.
Asimismo, proporcionarán al Servicio Público de Empleo Estatal toda la información y 
documentación necesarias para el seguimiento de la ejecución de los fondos recibidos y 
de los planes de ejecución de la Estrategia Europea de Empleo, así como las que 
precise el citado organismo para atender los requerimientos que se le hagan desde otros 
organismos o entidades nacionales o internacionales.
2.  La  información  a  proporcionar  por  las  comunidades  autónomas  incluirá  la 
referida al seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas, teniendo en cuenta 
los objetivos estratégicos y estructurales, prioridades y colectivos de atención preferente 
que se reflejen en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y en los Planes 
Anuales de Política de Empleo y que se determinen, en su caso, en la distribución de 
fondos a las comunidades autónomas.
La información deberá permitir una mayor transparencia sobre las distintas medidas 
de políticas activas de empleo implementadas por los servicios públicos de empleo, 
considerando los programas comunes contemplados en este real decreto y los propios 
establecidos por las comunidades autónomas, así como evaluar los resultados y eficacia 
de los programas de políticas activas de empleo con vistas a conseguir la mejora 
permanente de los mismos y su efectividad.
3.  El intercambio de información se efectuará a través del Sistema de Información 
de los Servicios Públicos de Empleo a que se refiere el artículo 12 del texto refundido de 
la Ley de Empleo. En todo caso, se tendrá en cuenta la necesaria cooperación entre 
administraciones para el impulso de la administración electrónica.
CAPÍTULO V
Programas comunes de políticas activas de empleo
Artículo 16.  Ejes de los programas comunes de políticas activas de empleo.
Los programas comunes de empleo objeto de este real decreto se ordenan en 
función  de  los  seis  ejes  específicos  de  las  políticas  de  activación  para  el  empleo 
previstos en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo:
a)  Eje 1. Orientación.
b)  Eje 2. Formación.
c)  Eje 3. Oportunidades de empleo.
d)  Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
e)  Eje 5. Emprendimiento.
f)  Eje 6. Mejora del marco institucional.
Sección 1.ª Programas del eje 1 «orientación»
Subsección 1.ª  Programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo
Artículo 17.  Objeto.
Serán objeto del programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo 
las iniciativas para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
asistencia  para  el  autoempleo,  articuladas  en  itinerarios  de  inserción  ocupacional 
personalizados y dirigidas a mejorar las posibilidades de ocupación de las personas  es
demandantes de empleo y servicios inscritas en los servicios públicos de empleo. Estas  o
acciones podrán ser específicamente de alguno de los siguientes tipos o de alguno que  771ww
resualt)e  dAec lcai ocnoemsb idnea ciiónnfo drme aecnitóren ,e lloorsie:ntación  y  acompañamiento,  incluidas  las  de
prospección y tutorización, por medio de las técnicas y métodos que se consideren más
adecuados para situar a las personas demandantes de empleo y servicios en una mejor 
posición para la búsqueda de empleo por cuenta ajena.
b)  Acciones de información, orientación y acompañamiento a grupos de personas 
demandantes  de  empleo  y  servicios  para  promover  el  apoyo  colectivo  bien  en  la 
búsqueda de empleo  por cuenta ajena,  bien para  el impulso de nuevos proyectos 
productivos en cualquiera de las formas jurídicas empresariales disponibles, pudiendo en 
este caso acompañarse de procesos de formación básica para la creación y gestión de 
empresas.
c)  Acciones  de  información,  orientación  y  acompañamiento,  por  medio  de  las 
técnicas  y  métodos  que  se  consideren  adecuados,  para  la  identificación  de 
oportunidades de autoempleo y puesta en marcha de iniciativas empresariales.
Artículo 18.  Desarrollo.
1.  El desarrollo de las acciones indicadas en el artículo anterior, individuales o 
colectivas, se realizará preferentemente de acuerdo con los Protocolos del Servicio de 
Orientación  Profesional  y  del  Servicio  de  Asesoramiento  para  el  Autoempleo  y  el 
Emprendimiento previstos en el Anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la 
que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
2.  Independientemente de la forma de gestión que se adopte según lo previsto en 
el artículo 12, el servicio público de empleo competente dará prioridad a las acciones 
teniendo en cuenta los objetivos y prioridades establecidos en la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo y en el Plan Anual de Política de Empleo vigentes en cada 
momento. Asimismo, valorará las siguientes circunstancias para su puesta en marcha:
a)  Que  se  trate  de  acciones  desarrolladas  en  el  marco  de  convenios  de 
colaboración con otras entidades que tengan un enfoque integrador de políticas activas 
de empleo.
b)  Que  se  establezca  la  coordinación  e  integración  de  estas  acciones  de 
orientación profesional y autoempleo con otras iniciativas de formación para el empleo, 
programas  públicos  de  empleo-formación,  fomento  de  la  contratación  o  apoyo  al 
emprendimiento o al autoempleo que faciliten a la persona demandante de empleo y 
servicios la realización de un itinerario personal de inserción laboral.
c)  Que se alcance la mejor cobertura de las necesidades tanto desde el punto de 
vista del perfil de las personas destinatarias como desde el punto de vista territorial, 
independientemente de la forma de gestión, teniendo en cuenta los medios propios de 
los que dispone el servicio público de empleo competente.
Artículo 19.  Gestión mediante la concesión de subvenciones.
En el caso de gestión del programa de orientación profesional para el empleo y el 
autoempleo mediante la concesión de subvenciones, los conceptos y las cuantías de 
referencia de las mismas serán los siguientes:
a)  Financiación  de  los  costes  salariales  y  de  Seguridad  Social  por  todos  los 
conceptos derivados de la contratación del personal necesario para la ejecución de las 
acciones de orientación profesional para el empleo y el autoempleo, incluyendo el coste 
del personal que presta servicios en la entidad beneficiaria, en cuyo caso se imputarán al 
programa las partes proporcionales del tiempo efectivamente dedicado al proyecto, y  e.
aquellos otros que pudieran contratarse para tal fin, en cuyo caso las cuantías por  w.b
contrato y año serán las siguientes: 771ww
1.º  Para el personal coordinador: 39.900 euros.
32..ºº   PPaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  dtéec naipcooy: o3:3 2.265.600 e0u erousro.s.
b)  Financiación, en su caso, de otros costes en un importe equivalente, como 
máximo, al 25 por ciento de las cuantías mencionadas en la letra a) anterior, que podrán 
incluir los siguientes conceptos:
1.º  Gastos generales, materiales y técnicos que se generen en la ejecución de las 
acciones.
2.º  Gastos  que  se  originen  por  dietas  y  desplazamientos  necesarios  para  el 
desarrollo de las acciones.
3.º  Formación de las personas técnicas orientadoras.
4.º  Diseño, desarrollo, y elaboración de medios e instrumentos necesarios para la 
realización  de  las  acciones  siguiendo  las  pautas  establecidas  y  aprobadas  por  los 
servicios públicos de empleo competentes.
5.º  Gastos derivados de la accesibilidad a la información y a la comunicación en la 
formación,  acompañamiento  y  orientación  de  las  personas  participantes  con 
discapacidad.
6.º  Seguros de accidentes para el alumnado.
7.º  Otros gastos necesarios para la ejecución de las acciones que determinen los 
servicios públicos de empleo.
Artículo 20.  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones señaladas en el artículo anterior:
a)  Las  entidades  locales,  incluidas  sus  corporaciones  locales,  los  consejos 
comarcales,  supra-comarcales  o  entidades  territoriales,  así  como  sus  organismos 
autónomos y entidades con competencias en materia de políticas activas de empleo, 
desarrollo local y de promoción de la ocupación, dependientes o asimiladas a aquéllas, 
cuya  titularidad  corresponda  íntegramente  a  dichas  entidades  locales  o  sus 
corporaciones.
b)  Las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica 
propia,  u  otros  que  puedan  determinar  los  servicios  públicos  de  empleo,  con  los 
requisitos  que,  en  su  caso,  establezcan  las  normas  o  bases  reguladoras  de  la 
subvención.
Subsección 2.ª  Programa de colaboración para las actividades de prospección 
empresarial e intermediación laboral
Artículo 21.  Objeto.
El programa de colaboración público-privada y público-pública para las actividades 
de prospección empresarial e intermediación laboral tiene por objeto mejorar y potenciar 
los procesos de prospección empresarial, captación de ofertas e intermediación laboral 
en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, mediante la realización de los siguientes 
tipos de acciones o, al menos, de alguno que resulte de la combinación de entre ellos:
a)  Prospección e identificación de las necesidades del tejido empresarial sobre 
cobertura de puestos de trabajo, y de capacitación y competencias de las personas 
trabajadoras.
b)  Información  y  asesoramiento  sobre  contratos  y  medidas  de  apoyo  a  la 
activación, la contratación y la inserción en las empresas. e.e
c)  Captación de ofertas de empleo. w.b
d)  Preselección de candidatos idóneos entre las personas demandantes inscritas  771ww
en laes)  ofEicnin acsa sdoe  edmep ledoé.ficit  de  perfiles  en  dichas  oficinas,  formación  a  personas
dpeumesatonsd aonfetertsa ddoes e.mpleo y servicios en las competencias específicas requeridas para los
f)  Casación entre ofertas de trabajo y demandas de empleo.
Artículo 22.  Desarrollo.
1.  El desarrollo de las acciones señaladas en el apartado anterior se realizará, 
preferentemente,  de  acuerdo  con  los  Protocolos  del  Servicio  de  Colocación  y 
Asesoramiento a Empresas y del Servicio de Formación y Cualificación para el Empleo 
previstos en el Anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba 
la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
2.  Los servicios públicos de empleo competentes podrán desarrollar las acciones 
de prospección empresarial e intermediación laboral mediante gestión directa con sus 
medios propios, para lo cual contarán con el refuerzo de la red de 3.000 personas 
técnicas responsables de la orientación y la prospección en el ámbito del Sistema 
Nacional de Empleo, creada con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, así 
como con cualquier otro refuerzo que pudiera establecerse en el citado ámbito.
3.  En los supuestos en que estos programas se gestionen por alguna de las formas 
de gestión indirecta mencionadas en el artículo 12, dicha gestión se realizará con la 
colaboración de agencias de colocación, públicas o privadas, previstas en el artículo 33 
del citado texto refundido de la Ley de Empleo y que cumplan los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1796/2010, de 20 de diciembre, por el que se regulan las agencias de 
colocación,  así  como  aquellos  otros  que  puedan  determinar  las  administraciones 
públicas competentes. Además, los servicios públicos de empleo podrán contar con 
entidades  colaboradoras  especializadas  cuando  los  programas  estén  dirigidos  a 
colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
Artículo 23.  Colaboración público-privada o público-pública.
1.  Cuando el servicio público de empleo competente recurra a la colaboración 
público-privada o público-pública para la gestión de acciones de prospección empresarial 
e intermediación laboral, su instrumentación tenderá a satisfacer, de manera ágil y con 
una perspectiva integral, las necesidades de cobertura de puestos de trabajo y de 
nuevos perfiles planteadas por las empresas y/o o determinados sectores de actividad.
2.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Servicio Público de Empleo 
Estatal diseñará con la participación de las comunidades autónomas un modelo de 
colaboración que tenga en cuenta los siguientes criterios:
a)  Abono de un incentivo por cada inserción laboral conseguida por las agencias o 
entidades colaboradoras de hasta 2.500 euros, graduándose en función de la edad, del 
tiempo de inscripción como demandantes de empleo y servicios y del colectivo al que 
pertenezcan las personas atendidas. Se considerará que la inserción laboral se ha 
conseguido cuando éstas sean contratadas por una duración igual o superior a 6 meses. 
Esta duración se podrá alcanzar con la suma de varios contratos sucesivos cuando las 
personas insertadas pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables, conforme se 
establece en el artículo 5.g).
La cuantía del incentivo indicada se reducirá proporcionalmente cuando el contrato 
sea a tiempo parcial, aplicándose para ello el coeficiente de parcialidad señalado por la 
empresa al dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, sin que pueda tener una 
jornada inferior al 50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona 
trabajadora comparable. Este límite mínimo de duración de la jornada a tiempo parcial a 
los efectos de la concesión de estos incentivos, no resultará de aplicación en relación  s
con el colectivo de personas con discapacidad como medida de adecuación del empleo  oe.
eaam dsmupbslien)  coisa,t Arpeasalc icmmióidiónsad mdupeolúos,b  .ecliccuoaan nócdomom icepol e paterponlgitceraa bmcloean  psinoidtre epgraararntldi coiinp callonustye a m ya óhcdocuiroalon sse eser ácd oeen l ófqomurmeic aoecssi tóagnbe lpneaézcrraiac  oelasl    2021-15771n https://www.
máximos previstos en la normativa vigente de formación profesional para el empleo,
excepto para aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas cuyos  Bc
programas formativos recojan módulos diferentes. La actividad formativa se financiará 
hasta un importe máximo de 960 euros por persona. Esta cuantía se elevará hasta 1.200 
euros cuando el programa incluya otras acciones de mejora de la ocupabilidad de entre 
las previstas en el artículo 24.1.
c)  Este programa será compatible con cualquier otra medida de incentivos a la 
contratación a empresas que contraten a personas desempleadas.
d)  Cada inserción laboral conseguida en el marco de este programa se considerará 
colocación gestionada por el servicio público de empleo competente, sin perjuicio de que 
el éxito en la inserción compute también para la agencia o entidad colaboradora.
Subsección 3.ª  Programa de proyectos integrales de empleo
Artículo 24.  Objeto.
1.  Serán objeto de los proyectos integrales de empleo las acciones de mejora de la 
ocupabilidad de las personas destinatarias de los mismos, según lo previsto en el 
artículo 3.1, para lograr su inserción laboral mediante itinerarios personalizados que 
comprendan acciones de información, orientación, asistencia, asesoramiento, formación, 
práctica laboral y, en su caso, movilidad geográfica para la búsqueda de empleo y 
fortalecimiento de las habilidades sociales.
2.  Asimismo,  dichos  itinerarios  podrán  incluir  acciones  de  prospección  e 
intermediación laboral para colectivos con especiales dificultades de inserción laboral 
que, de no gestionarse directamente por los servicios públicos de empleo o en el marco 
del programa regulado en la subsección 2.ª de esta sección, se podrán realizar con la 
colaboración  de  entidades  especializadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 34.2, segundo párrafo, del texto refundido de la Ley de Empleo.
Se  entenderá  por  acciones  de  prospección  e  intermediación  susceptibles  de 
financiación en el marco de los proyectos integrales de empleo aquellas actuaciones de 
captación, registro y gestión de la oferta correspondiente que deriven en contrato de 
trabajo de las personas participantes en el proyecto.
Artículo 25.  Personas destinarias.
1.  El programa de proyectos integrales de empleo se dirigirá preferentemente a 
personas desempleadas perceptoras de prestaciones, de manera que, con carácter 
general, al menos el 40 por ciento de las personas participantes en las acciones que 
configuren  estos  programas  serán  perceptoras  de  prestaciones  o  subsidios  por 
desempleo, así como de la Renta Activa de Inserción, del ingreso mínimo vital o de otras 
ayudas similares que se establezcan por la Administración General del Estado o por las 
comunidades  autónomas.  Dicho  porcentaje  será  menor  si  el  número  de  personas 
beneficiarias de prestaciones, subsidios o ayudas similares, inscritas como demandantes 
de empleo y servicios en el ámbito de actuación en el que se desarrolle el programa, no 
alcanzase el citado porcentaje respecto del total de personas desempleadas del mismo 
ámbito de actuación.
2.  Para la preselección o selección de las personas participantes en los programas 
de  proyectos  integrales  de  empleo  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  la  previsión 
contenida en el apartado 1 de este artículo, el criterio de adecuación a las características 
del programa y la pertenencia a los colectivos prioritarios previstos en el artículo 4.1, sin 
perjuicio de aquellos otros que pudiera establecer la administración pública competente  e.e
en función de sus objetivos de empleo b
ArtícEul lod e2s6a. rroDlloe sdaerr olallso .acciones, individuales o colectivas, se realizará preferentemente
de acuerdo con los Protocolos previstos en el Anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10
de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los 
protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Artículo 27.  Gestión mediante la concesión de subvenciones.
1.  En el caso de gestión de este programa mediante la concesión de subvenciones, 
sus cuantías se determinarán para cada proyecto integral de empleo en función del 
número de personas a atender, hasta un importe máximo de referencia de 1.200 euros 
por persona atendida.
Estas subvenciones se destinarán a cubrir los siguientes gastos:
a)  Los costes salariales por todos los conceptos del personal necesario para la 
ejecución de las acciones, incluyendo el coste del personal que presta servicios en la 
entidad beneficiaria, en cuyo caso se imputarán al programa las partes proporcionales 
del tiempo efectivamente dedicado al proyecto, y aquellos otros que pudieran contratarse 
para tal fin, en cuyo caso las cuantías de referencia por contrato y año serán las 
establecidas en el artículo 19.a).
b)  En su caso, otros gastos derivados del desarrollo de las acciones en un importe 
equivalente, como máximo, al 25 por ciento de las cuantías mencionadas en la letra a) 
anterior, que podrán incluir los conceptos señalados en el artículo 19.b).
c)  El coste de las acciones de formación para el empleo que se incluyan en el 
programa integral, en cuyo caso el módulo económico aplicable por participante y hora 
será el que establezca la administración pública competente considerando los módulos 
económicos  genéricos  máximos  previstos  en  la  normativa  vigente  de  formación 
profesional  para  el  empleo,  excepto  para  aquellas  especialidades  del  Catálogo  de 
Especialidades Formativas cuyos programas formativos recojan módulos diferentes. La 
actividad formativa que se financie con cargo a la cuantía señalada en el primer párrafo 
de este apartado no podrá superar un importe por persona de 960 euros.
2.  Asimismo, para el caso de que el programa incluya acciones de prospección e 
intermediación laboral, según lo dispuesto en el artículo 24.2, se podrá abonar a las 
entidades colaboradoras un incentivo por cada inserción conseguida de hasta 2.500 
euros, según la graduación que establezcan los servicios públicos de empleo en función 
de la edad, del tiempo de inscripción como demandantes de empleo y servicios y del 
colectivo al que pertenezcan las personas atendidas. Se considerará que la inserción 
laboral se ha conseguido cuando éstas sean contratadas por una duración igual o 
superior a 6 meses. Esta duración se podrá alcanzar con la suma de varios contratos 
sucesivos  cuando  las  personas  insertadas  pertenezcan  a  colectivos  especialmente 
vulnerables, conforme se establece en el artículo 5.g).
La cuantía del incentivo indicada se reducirá proporcionalmente cuando el contrato 
sea a tiempo parcial, aplicándose para ello el coeficiente de parcialidad señalado por la 
empresa al dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, sin que pueda tener una 
jornada inferior al 50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona 
trabajadora comparable. Este límite mínimo de duración de la jornada a tiempo parcial a 
los efectos de la concesión de estas subvenciones, no se aplicará en relación con el 
colectivo de personas con discapacidad como medida de adecuación del empleo a sus 
capacidades.
3.  El incentivo por inserción previsto en el apartado anterior será compatible con 
cualquier otra medida de incentivos a la contratación de personas desempleadas. En  s
particular, en el marco de este programa podrá incentivarse la contratación indefinida de  oe.
lspianursgeb rsvpeteeasnorcsci ooimónnneían sspi m oopr oa s rcutvaibcidtsiapaidla  cinooots en dstpr eaoe trna o dctpreiaórsosney  meiancpydtuloeedsfoia n,i sinda tasesí gi rmcreaoiallmaelirzsoea  sddd eaep   ertleeamnv Rpidslreetáano st ua qn euAane c  ctseiuvelaa an andtrí etapí c eIdunreclso ee rpre2ctfo5ieór.ra1nes.,n   dcdLieaeal     2021-15771n https://www.
de 5.500 euros (6.000 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el
caso de personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable  Bc
que determine el servicio público de empleo). Esta subvención podrá incrementarse 
hasta  en  2.000  euros  cuando  la  contratación  se  realice  por  persona  trabajadora 
autónoma o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer empleado o 
empleada.
Serán de aplicación a este incentivo las previsiones contenidas en el artículo 11.
Artículo 28.  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en este artículo:
a)  Los  previstos  en  el  artículo  20  del  presente  real  decreto,  respecto  de  las 
subvenciones indicadas en el artículo 27.1.
b)  Las entidades especializadas a que hace referencia el artículo 34.2, segundo 
párrafo, del texto refundido de la Ley de Empleo, respecto de las subvenciones previstas 
en el artículo 27.2.
c)  Las empresas, las personas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin 
ánimo de lucro, en relación con las subvenciones señaladas en el artículo 27.3.
Sección 2.ª Programas del eje 2 «formación»
Artículo 29.  Programas públicos mixtos de empleo-formación.
1.  Los programas públicos mixtos de empleo-formación regulados en esta sección 
son  los  que  corresponden  al  ámbito  de  competencia  del  Ministerio  de  Trabajo  y 
Economía  Social  en  Formación  Profesional  para  el  Empleo  del  ámbito  laboral,  sin 
perjuicio de las competencias en esta misma materia del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
2.  Será objeto de estos programas la cualificación de las personas participantes en 
los mismos mediante iniciativas públicas mixtas de empleo-formación que respondan a 
las necesidades del mercado, preferentemente en ocupaciones relacionadas con la 
recuperación  o  promoción  del  patrimonio  artístico,  histórico,  cultural  o  natural,  la 
rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías 
renovables, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y 
social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el 
puesto  de  trabajo.  Asimismo,  los  servicios  públicos  de  empleo,  en  sus  respectivos 
ámbitos  de  actuación,  podrán  identificar  como  preferentes  otras  ocupaciones  con 
posibilidades de inserción.
Estas iniciativas podrán adoptar, a su vez, las siguientes modalidades:
a)  Programas  experienciales  de  empleo  y  formación,  que  se  regulan  en  la 
subsección 1.ª
b)  Otros  programas  públicos  de  empleo-formación,  que  se  regulan  en  la 
subsección 2.ª
3.  Las  entidades  beneficiarias  de  estos  programas  adoptarán  las  medidas 
necesarias para permitir a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares y 
de  cuidado  conciliar  su  participación  en  estos  programas  con  el  cuidado  de  hijos 
menores de 12 años o de familiares dependientes hasta el segundo grado, salvo cuando 
justificadamente no sea viable con la adecuada gestión del proyecto. A estos efectos, los 
servicios  públicos  de  empleo  podrán  establecer  en  sus  normas  de  desarrollo  las  e.e
previsiones que consideren necesarias para garantizar dicha conciliación. w.b
Subsección 1.ª  Programas experienciales de empleo y formación
Artículo 30.  Finalidad.
1.  Dentro  de  las  iniciativas  públicas  de  empleo-formación,  los  programas 
experienciales de empleo y formación son proyectos de carácter temporal dirigidos a 
mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas que participen en 
ellos a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional.
2.  Colaboran en la preparación, acompañamiento y evaluación de estos proyectos 
las Unidades de Promoción y Desarrollo reguladas en el artículo 86.1.b).
Artículo 31.  Duración.
1.  Los proyectos y unidades señalados en el artículo anterior tendrán la siguiente 
duración:
a)  Con carácter general, la duración de los proyectos no será inferior a 6 meses ni 
superior a 12 meses, divididos en fases de 3 o 6 meses a efectos de programación y 
evaluación. En el caso de que la resolución inicial fuera por un periodo inferior a un año 
se podrá prorrogar el proyecto, hasta agotar la duración máxima de un año, mediante 
nueva o nuevas resoluciones.
Podrán existir proyectos específicos para personas emprendedoras cuyo objetivo sea 
el desarrollo de un proyecto empresarial, con la finalidad de favorecer el autoempleo de 
las  personas  participantes  o  la  constitución  de  una  cooperativa,  sociedad  laboral, 
sociedad agraria de transformación o empresa de inserción.
Asimismo, los servicios públicos de empleo podrán desarrollar proyectos específicos 
para personas desempleadas menores de 30 años, en cuyo caso la duración de los 
proyectos no será inferior a 12 meses ni superior a 24 meses, divididos en fases de 3 o 6 
meses a efectos de programación y evaluación. La fase inicial de los proyectos, cuya 
duración será de 3 meses, tendrá un carácter principalmente o exclusivamente formativo, 
según determine el servicio público de empleo. En el caso de que la resolución inicial 
fuera por un periodo inferior a 2 años se podrá prorrogar el proyecto, hasta agotar la 
duración máxima de 2 años, mediante nueva o nuevas resoluciones.
b)  En las Unidades de Promoción y Desarrollo la duración de los proyectos no será 
inferior a 6 meses ni superior a 24 meses, divididos en fases de 3 o 6 meses. En el caso 
de que la resolución inicial fuera por un periodo inferior a 2 años se podrá prorrogar la 
duración de la Unidad de Promoción y Desarrollo, hasta agotar la duración máxima de 2 
años, mediante nueva o nuevas resoluciones.
2.  Los motivos que determinen las prórrogas a que se refiere el apartado anterior 
serán los que, en su caso, establezcan los servicios públicos de empleo competentes.
Artículo 32.  Entidades promotoras.
1.  Los  programas  experienciales  de  empleo-formación  serán  promovidos  por 
entidades públicas, incluidas las entidades y corporaciones locales, o entidades privadas 
sin ánimo de lucro. En todo caso, el servicio público de empleo competente determinará 
los requisitos técnicos y administrativos, así como la documentación acreditativa, de los 
interesados  en  promover  un  proyecto  experiencial  o  una  Unidad  de  Promoción  y 
Desarrollo, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable en materia de  e
subvenciones y en la propia convocatoria. bo
2.  Previa  comunicación  al  servicio  público  de  empleo  competente,  y  en  las  771ww
cpdgoreeinvsnadaedirrcraaoiols llyn o ep sdsoa ectr qioapuclr,eoi nc yaoeédncso ttporeaos ss de ibenqitl ueiadercam tdifivaenicsdei a,ld itdeeee nnisn, , s dcpeoirrcecnhfi óeosnrseu  ln aptaberpoomograeyralon.m teaa  dsle a psuo tidelirndátaindd a cpdoúeobspl iceparrao orm  doeetno triindatase,dr éeessl    OE-A-2021-15able en https://
Artículo 33.  Selección de los alumnos trabajadores y su participación en los programas 
experienciales.
1.  Según el procedimiento que determine el servicio público de empleo, y con la 
participación de éste y de la entidad promotora, se realizará la selección de las alumnas 
y alumnos trabajadores de los programas experienciales, en la cual se tendrán en cuenta 
los  colectivos  prioritarios  a  nivel  de  programa  siempre  que  se  articulen  proyectos 
específicos para dichos colectivos que se adapten a sus necesidades particulares y sus 
condiciones especiales de impartición. Esta selección irá precedida de la tramitación de 
oferta de actividad formativa o de empleo por la correspondiente oficina de empleo.
2.  Durante la formación en alternancia con la práctica profesional, las alumnas y 
alumnos trabajadores serán contratados por las entidades promotoras del programa en 
la  modalidad  del  contrato  para  la  formación  y  el  aprendizaje,  percibiendo  las 
retribuciones salariales que les correspondan de conformidad con lo previsto en la 
normativa aplicable.
De  conformidad  con  la  disposición  adicional  primera,  apartado  3,  del  Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, la 
actividad formativa en estos contratos, en los supuestos en que no exista título de 
formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo 
a realizar, podrá estar constituida por los contenidos formativos autorizados por los 
servicios públicos de empleo competentes.
3.  Asimismo, se impartirán acciones de orientación, asesoramiento, información 
profesional, formación empresarial y asistencia técnica a los participantes, tanto para la 
búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia. 
Para  el  desarrollo  de  estas  actividades  la  entidad  promotora  deberá  contar  con  el 
personal y métodos adecuados.
4.  Al término de su participación en el proyecto, las personas participantes recibirán 
un certificado expedido por la entidad promotora en el que se hará constar la duración en 
horas de su participación en el proyecto, el nivel de formación teórico-práctica adquirida 
y los módulos formativos cursados. La cualificación o competencia profesional adquirida 
será objeto de acreditación de acuerdo con la normativa reguladora de los certificados de 
profesionalidad establecida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Artículo 34.  Personal formador, directivo y de apoyo.
1.  El personal formador cumplirá con el perfil y los requerimientos previstos en la 
normativa reguladora de las especialidades formativas, en particular en el caso de 
certificados de profesionalidad, que se impartan en cada caso.
2.  La selección de este personal, al igual que la del personal directivo y de apoyo 
de los proyectos experienciales y Unidades de Promoción y Desarrollo, se efectuará 
según el procedimiento que determine el servicio público de empleo competente, o en su 
caso, por lo establecido en el convenio de colaboración entre el mencionado servicio 
público y la entidad promotora, considerándose la mayor adecuación de la cualificación 
al puesto de trabajo ofertado como un criterio estratégico y, por tanto, prioritario.
Por  tal  motivo,  cuando  así  se  determine  en  el  procedimiento  o  el  convenio 
referenciados en el párrafo anterior, o así se propusiera por la entidad promotora, se 
aprobará  la  continuidad  de  personal  contratado  anteriormente  en  otros  proyectos 
gestionados por aquélla, incluidos los que hayan adquirido la condición de fijos de  e
plantilla o contratados indefinidos de las entidades beneficiarias. bo
En los supuestos de aprobación de nuevos proyectos o que se hubieran producido  771ww
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empleo y de la entidad promotora.
Artículo 35.  Costes financiables y módulos económicos.
1.  La  aportación  económica  del  servicio  público  de  empleo  competente  podrá 
establecerse en forma de módulos económicos de acuerdo con las condiciones previstas 
en la normativa vigente en materia de subvenciones. En todo caso, la subvención se 
podrá aplicar a la compensación de los siguientes gastos:
a)  Costes  del  personal  formador,  de  dirección  y  de  apoyo,  medios  didácticos, 
material  escolar  y  de  consumo,  medios  y  recursos  de  apoyo  para  garantizar  la 
accesibilidad  (física,  a  la  información  y  comunicación,  cognitiva…)  a  las  personas 
participantes  con  discapacidad  y  otros  gastos  de  funcionamiento  que  se  considere 
justificados. Además, durante la primera etapa, si fuese exclusivamente formativa, se 
compensará  el  coste  del  seguro  de  accidentes  del  alumnado.  La  cuantía  de  la 
subvención destinada a financiar estos costes se calculará por hora/alumno de formación 
y por módulos y fases, en los siguientes términos:
1.º  Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal directivo, 
formador  y  de  apoyo  que  hayan  sido  seleccionados  y  contratados  para  el 
correspondiente proyecto, incluidos los originados por las cuotas del empleador a la 
Seguridad Social por todos los conceptos, incluyendo desempleo, Fondo de Garantía 
Salarial y formación profesional. Cuando proceda, se incluirán también los costes del 
personal de la plantilla que haya adquirido la condición de fijo o contratado indefinido de 
las entidades beneficiarias. No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones 
por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o 
finalizaciones de contrato, así como las que, en su caso, se puedan establecer en la 
normativa europea correspondiente.
Con el módulo B se compensarán los demás gastos de formación y funcionamiento.
2.º  Los módulos de subvención tendrán las siguientes cuantías de referencia:
Módulo A: 3,91 euros/hora/alumno o alumna.
Módulo B: 1,10 euros/hora/alumno o alumna.
Estos mismos módulos serán de aplicación a los programas específicos que se 
desarrollen  para  personas  desempleadas  menores  de  30  años,  con  excepción  del 
módulo B indicado, que será de 2,17 euros/hora/alumno o alumna durante la primera 
fase o etapa de formación inicial.
3.º  Se considerarán horas formativas las correspondientes a la totalidad de la 
jornada del proyecto.
Para el cálculo del importe del módulo A se tiene en cuenta una relación de una 
persona formadora a jornada completa para cada diez alumnas o alumnos trabajadores.
4.º Respecto de la aportación económica del servicio público de empleo competente 
para cada Unidad de Promoción y Desarrollo se determinará en la resolución aprobatoria 
de  las  subvenciones  correspondientes,  destinándose  exclusivamente  a  sufragar  los 
costes señalados en el artículo 86.1.b) y por las cuantías indicadas en el citado artículo.
b)  En su caso, becas de las alumnas y alumnos desempleados durante la fase de 
formación  sin  alternancia  con  el  empleo,  previstas  en  la  normativa  reguladora  del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
c)  Costes salariales derivados de los contratos para la formación y el aprendizaje 
que se suscriban con las personas participantes. Asimismo, se subvencionarán las  es
cuotas  a  cargo  del  empleador  correspondientes  a  contingencias  comunes  y  o
profesionales, Fondo de Garantía Salarial y desempleo. La cuantía de referencia de la  771ww
smpuaíbngviamesno ec xiinótrtnea rodprerdosinfteiansraiioadnsa.a al  afinnuaanlcmiaern etes teosst acbolsetceisd os,e irnác, lcuoidmao la m páaxritme op,r oepqourivcaiolennatl ed ea l lasas ladroios   OE-A-2021-15able en https://
2.  Las  entidades  promotoras  deberán  aportar,  directamente  o  mediante 
aportaciones de otras entidades u organismos, la parte del coste del proyecto que no 
subvencione el servicio público de empleo. Los gastos subvencionados y, en su caso, 
becas de los alumnos podrán estar cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Subsección 2.ª  Otros programas públicos de empleo-formación
Artículo 36.  Finalidad.
Estos otros programas públicos de empleo-formación estarán dirigidos a la mejora de 
la ocupabilidad de las personas que determinen los servicios públicos de empleo como 
destinarias de los mismos, según lo previsto en el artículo 3.1.
Con esta finalidad, se ofrecerá a las personas participantes la realización de un 
período de práctica profesional mediante la suscripción de un contrato de trabajo con la 
entidad beneficiaria del programa u otras entidades que participen en él, así como 
formación profesional para el empleo en competencias transversales con incidencia en el 
empleo o de certificados de profesionalidad, según sus niveles de cualificación.
Artículo 37.  Desarrollo.
1.  A  efectos  de  su  desarrollo,  los  programas  públicos  de  empleo-formación, 
previstos en este artículo, se ajustarán a los siguientes criterios:
a)  La modalidad de contrato de trabajo será la que resulte más acorde con la 
actividad laboral a realizar y, en su caso, con la finalidad del tipo de programa a ejecutar 
que establezca la respectiva norma de desarrollo o bases reguladoras del programa, de 
acuerdo con la normativa laboral vigente.
b)  La subvención del contrato de trabajo se concederá por un período máximo de 
doce meses. No obstante, el servicio público de empleo competente podrá prever hasta 
un máximo de dos prórrogas, con la duración que aquél establezca, siempre y cuando el 
programa  esté  dirigido  tanto  a  colectivos  de  personas  especialmente  vulnerables, 
conforme se definen en el artículo 5.g), así como a otros colectivos prioritarios previstos 
en el Plan Anual de Política de Empleo.
c)  Cuando la formación profesional para el empleo esté dirigida a la obtención de 
un certificado de profesionalidad completo, su duración será la prevista para éste, y 
cuando sea formación en competencias transversales, su duración será la que determine 
el servicio público de empleo hasta un máximo de 150 horas, salvo que el programa 
formativo de la correspondiente especialidad formativa requiera una duración mayor para 
su impartición y ésta sea compatible con la duración del contrato de trabajo suscrito.
En  el  caso  de  que  la  actividad  formativa  contemple,  además  de  la  formación 
señalada en el párrafo anterior, la impartición de algún módulo formativo de certificado 
de  profesionalidad,  a  la  duración  máxima  indicada  se  añadirá  la  prevista  para  el 
correspondiente módulo.
2.  En  los  términos  y  condiciones  que  establezca  cada  administración  pública 
competente, estos programas podrán incluir un servicio de orientación al objeto de 
activar a los participantes en la búsqueda de empleo y facilitarles su acceso laboral una 
vez finalizado el correspondiente programa, en cuyo caso la duración de éste podrá ser 
superior a la prevista para los contratos de trabajo en el apartado 1.b). Asimismo, podrán  s
incluir  un  servicio  de  tutorización  del  aprendizaje  cuando  la  modalidad  contractual  e.
utilizada sea el contrato para la formación y el aprendizaje, y, en su caso, un servicio de  w.
gestión del proyecto cuando resulte necesario. 771ww
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despoblación  rural  y  su  participación  en  el  programa  requiera  desplazarse  a  otro
municipio. Los criterios para identificar los municipios con riesgo de despoblación rural 
serán los que determinen las respectivas comunidades autónomas.
Artículo 38.  Preselección o selección de los participantes.
Para la preselección o selección de las personas participantes en estos programas, 
se tendrán en cuenta tanto el criterio de adecuación al puesto de trabajo como la 
pertenencia a los colectivos prioritarios señalados en el artículo 4.1, sin perjuicio de 
aquellos otros que pudiera establecer la administración pública competente en función 
de sus objetivos de empleo.
Artículo 39.  Gestión mediante la concesión de subvenciones.
En  el  supuesto  de  que  los  programas  se  gestionen  mediante  la  concesión  de 
subvenciones, los conceptos y las cuantías de referencia de las mismas serán los 
siguientes:
a)  Financiación  de  los  costes  salariales  y  de  Seguridad  Social  por  todos  los 
conceptos derivados de los contratos que se suscriban con las personas trabajadoras 
participantes, con las siguientes cuantías:
1.º  Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la 
Seguridad Social 1 y 2, ambos inclusive: 33.250 euros/año.
2.º  Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la 
Seguridad Social 3 al 7, ambos inclusive: 26.600 euros/año.
3.º  Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la 
Seguridad Social 8 al 11, ambos inclusive: 19.950 euros/año.
b)  Financiación de las acciones de formación para el empleo mediante un módulo 
económico por participante y hora de formación, de acuerdo con los importes previstos 
en los módulos aprobados por los diferentes servicios públicos de empleo considerando 
los  módulos  económicos  genéricos  máximos  previstos  en  la  normativa  vigente  de 
formación profesional para el empleo, excepto para aquellas especialidades del Catálogo 
de Especialidades Formativas cuyos programas formativos recojan módulos máximos 
diferentes.
c)  En caso de que los programas incluyan un servicio de orientación profesional, de 
tutorización  del  aprendizaje  o  de  gestión  del  proyecto,  la  subvención  a  conceder 
contemplará la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los 
conceptos derivados de la contratación del personal necesario para la prestación de 
tales servicios, con una cuantía de 39.900 euros/año.
d)  Cuando la subvención contemple la financiación del plus de transporte previsto 
en el artículo 37.3, su cuantía será la que determinen los servicios públicos de empleo en 
función de la realidad y las circunstancias particulares de cada territorio.
Artículo 40.  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones señaladas en el artículo anterior, los 
previstos en el artículo 20.
Sección 3.ª Programas del eje 3 «Oportunidades de empleo»
Subsección 1.ª  Programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés 
general y social
Artículo 41.  Objeto.
Serán objeto del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de 
interés general y social las subvenciones dirigidas a facilitar la colocación y la adquisición 
de competencias profesionales a las personas que determinen los servicios públicos de 
empleo como destinatarias del mismo, según lo previsto en el artículo 3.1, mediante su 
contratación para la realización de obras o servicios de interés general y social.
Artículo 42.  Desarrollo.
Los servicios públicos de empleo podrán realizar este programa en cualquiera de las 
siguientes modalidades:
a)  En colaboración con las entidades locales, incluidas sus corporaciones locales, 
los consejos comarcales, supra-comarcales o entidades territoriales, sus organismos 
autónomos, o las entidades con competencia en materia de políticas activas de empleo, 
desarrollo local y de promoción de la ocupación, dependientes o vinculadas a aquéllas, 
cuya titularidad corresponda integra o mayoritariamente a las mismas.
b)  En colaboración con la Administración General del Estado o de las comunidades 
autónomas, de sus organismos autónomos u otros entes, vinculados o dependientes.
c)  En colaboración con entidades públicas o privadas con personalidad jurídica 
propia sin ánimo de lucro, con los requisitos que, en su caso, establezcan las normas o 
bases reguladoras.
Artículo 43.  Requisitos de las obras y servicios.
Las obras y servicios a realizar deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Que se trate de obras y servicios de interés general y social, de acuerdo con los 
criterios que para dicha calificación determine la administración pública competente.
b)  Que la ejecución de las obras o de los servicios las realicen las entidades 
solicitantes en régimen de administración directa, o bien por las empresas a las que se 
adjudique  su  ejecución  cuando  se  prevea  esta  posibilidad  en  la  norma  o  bases 
reguladoras de la subvención.
c)  Que  en  su  ejecución  o  prestación  se  favorezca  la  formación  y  práctica 
profesionales de las personas desempleadas.
d)  Que  el  porcentaje  mínimo  de  trabajadores  y  trabajadoras  desempleadas  a 
ocupar en la realización de la obra o servicio sea del 50 por ciento. Los servicios públicos 
de  empleo  podrán  incrementar  el  citado  porcentaje  en  función  de  la  población 
desempleada y sus objetivos de empleo.
e)  Que las obras y servicios se ejecuten en su totalidad, como máximo, dentro del 
ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se conceda la subvención, salvo que 
en la norma o bases reguladoras de la subvención se establezca un plazo inferior. En 
todo caso, las obras y servicios se iniciarán en el ejercicio presupuestario de concesión, 
salvo que, por razones excepcionales debidamente motivadas, se inicien dentro del  e.e
primer trimestre del ejercicio siguiente al de la convocatoria. b
f)  Que  la  entidad  solicitante  de  la  subvención  disponga  de  asignación  771ww
pcaressou, pnuoe setsatréian  ssuufbicvieenncteio pnaardaa sh apcoerr seel  scearrvgioci od ep úlabsli cpoa rdtied aesm pprleesou ppaureas tlaar iraesa lqizuaec, ióenn  dsue 
clae rotibfircaa coió ns edrev iclaio e ndteid aqdu.e se trate, lo que se acreditará mediante la correspondiente
g)  Que, en caso de que las obras o servicios sean ejecutadas en una zona o 
localidad con ciclos de empleo estacional, se realicen preferentemente en períodos de 
bajo nivel de contratación.
h)  Asegurar  que  las  personas  con  discapacidad  disponen  de  las  medidas 
adecuadas y necesarias para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad 
universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación de la entidad, en función de las 
necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga 
excesiva para la entidad, así como para su seguimiento y soporte.
Artículo 44.  Criterios de selección de las obras y servicios.
1.  Cuando  el  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  sea  el  de 
concurrencia competitiva, de entre las obras y servicios que cumplan los requisitos 
anteriores  se  dará  preferencia  a  las  siguientes,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a)  Los servicios que siendo de interés general y social se realicen en alguna de las 
siguientes actividades o cualquier otra que determine el servicio público de empleo 
competente:
1.º  Servicios de utilidad colectiva, tales como mejora de la vivienda, vigilancia y 
seguridad,  revalorización  de  espacios  públicos  urbanos,  transportes  colectivos, 
comercios de proximidad, así como actividades que afecten a la gestión de residuos, 
gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, así como aquellas 
que incidan directa o indirectamente en control de la energía.
2.º  Servicios de ocio y culturales, tales como promoción del turismo, desarrollo 
cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual.
3.º  Servicios personalizados de carácter cotidiano, tales como cuidado de niños o 
niñas, prestación de servicios a domicilio a personas con discapacidad y mayores, ayuda 
a jóvenes en dificultad y con desarraigo social.
b)  Los proyectos que en su realización permitan y apoyen la creación de puestos 
de trabajo, así como proyectos que faciliten la accesibilidad universal.
c)  Los  que  acrediten  un  mayor  nivel  de  inserción  laboral,  bien  mediante  la 
incorporación directa de las personas trabajadoras a la entidad solicitante o empresa 
adjudicataria a la finalización del proyecto o en el plazo que se acuerde entre el servicio 
público de empleo competente y la entidad solicitante, o cualquier otra fórmula de 
previsión de inserción laboral que siendo objetivable se considere suficiente por el 
servicio público de empleo competente.
d)  Los proyectos que cuenten, en su caso, con la financiación de las entidades 
solicitantes para incorporar mejoras en la realización de este programa. A tal efecto se 
tendrá en cuenta el esfuerzo inversor para cada supuesto.
e)  Cualquier  otra  obra  o  servicio  que  pudieran  considerarse  prioritarios  por  el 
servicio público de empleo en atención a su realidad territorial y objetivos de empleo.
2.  Los criterios previstos anteriormente se aplicarán a los proyectos solicitados por 
entidades de naturaleza privada. En los procedimientos en que concurran entidades de 
naturaleza pública, dichos criterios se sustituirán por el de la población destinataria del 
programa en el ámbito a que se extiende cada proyecto o la ratio de las personas 
participantes con respecto a dicha población, o bien por ambos, sin perjuicio de que el  e.e
servicio público de empleo competente pueda determinar cualquier otro criterio o dejar a  b
la iniciativa de cada municipio el diseño y la planificación sobre cuáles de las actuaciones  771ww
pueden encajar mejor en su propio proyecto.
Artículo 45.  Preselección o selección de las personas participantes.
Para la preselección o selección de las personas participantes se tendrán en cuenta, 
al menos, los siguientes criterios de prioridad:
a)  Adecuación de la cualificación al puesto ofertado, favoreciendo en su caso la 
primera experiencia profesional.
b)  Personas pertenecientes a los colectivos prioritarios previstos en el artículo 4.1, 
sin  perjuicio  de  aquellos  otros  que  pudiera  establecer  la  administración  pública 
competente en función de sus objetivos de empleo.
Artículo 46.  Subvenciones.
1.  Las subvenciones a otorgar por los servicios públicos de empleo se podrán 
calcular en función del número de meses de duración de los contratos de acuerdo con 
las cuantías de referencia establecidas en el artículo 39.a) o mediante la aplicación de 
módulos mensuales que permitan un cálculo justo, equitativo y verificable basado en 
datos estadísticos. En todo caso, y respecto de las cuantías de referencia indicadas, los 
módulos que se apliquen deberán respetar los límites previstos en el artículo 8.2 y 
garantizar por cada contrato subvencionado un importe mensual equivalente al Salario 
Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, considerando 14 pagas anuales y en 
proporción a la jornada realizada.
2.  No obstante, cuando las obras o servicios objeto de los contratos sean afectados 
al programa de fomento del empleo agrario, según lo previsto en la disposición adicional 
sexta, la retribución de los trabajadores será la establecida en el artículo 14 del Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al citado programa 
de  créditos  para  inversiones  de  las  administraciones  públicas  en  las  Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
Subsección 2.ª  Programa de inserción laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo
Artículo 47.  Objeto y desarrollo.
1.  El programa de inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario  de  trabajo  tiene  por  objeto  facilitar  la  inserción  laboral  de  personas  con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, mediante la concesión de las ayudas o 
subvenciones públicas previstas en los artículos siguientes.
2.  Las citadas ayudas o subvenciones estarán dirigidas a financiar alguna de las 
siguientes medidas o la combinación de varias de ellas:
a)  El fomento de la contratación indefinida mediante la concesión de subvenciones 
a las empresas, las personas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin ánimo 
de lucro del mercado de trabajo ordinario que contraten por tiempo indefinido a personas 
con discapacidad que sean demandantes de empleo y servicios en situación de no 
ocupadas  y  que  se  encuentren  inscritas  en  el  servicio  público  de  empleo.  Esta 
inscripción en el servicio público de empleo no será exigible en los supuestos de tránsito 
desde el mercado de trabajo protegido a la empresa ordinaria. Asimismo, podrá ser 
objeto  de  subvención  la  transformación  en  indefinido  de  contratos  de  duración 
determinada,  temporales  y  formativos  suscritos  con  personas  trabajadoras  con  e.e
discapacidad. w.b
b)  El tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde el empleo en  771ww
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contratación con carácter indefinido.
c)  La adaptación de puestos de trabajo, incluidas las medidas de accesibilidad 
universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las medidas adecuadas en 
función  de  las  necesidades  de  cada  situación  concreta,  salvo  que  esas  medidas 
supongan  una  carga  excesiva  para  la  entidad,  así  como  dotación  de  equipos  de 
protección  personal  para  evitar  riesgos  laborales  a  las  personas  trabajadoras  con 
discapacidad contratadas y eliminación de barreras u obstáculos que impidan o dificulten 
su trabajo.
d)  La realización de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en 
el puesto de trabajo, prestadas por personas preparadoras laborales especializadas en 
el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula 
el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Serán destinatarias finales de dichas 
acciones las personas trabajadoras con discapacidad que se encuentren en alguno de 
los supuestos que se describen en el artículo 3 del citado Real Decreto 870/2007, de 2 
de julio.
3.  Las  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado  y  las  Sociedades  laborales  que 
incorporen  a  trabajadores  y  trabajadoras  con  discapacidad  como  socios  y  socias, 
tendrán derecho a los beneficios establecidos en este programa, entendiéndose que las 
referencias a la contratación indefinida se extienden a la incorporación de personas 
socias trabajadoras.
Artículo 48.  Incentivos a la contratación indefinida de personas con discapacidad.
1.  Las cuantías de referencia de las subvenciones destinadas a la financiación de 
las medidas previstas en el artículo 47.2.a) y b) serán las siguientes:
a)  Subvención por cada contratación indefinida inicial o transformación de contrato 
temporal en indefinido, a tiempo completo, de 5.500 euros con carácter general (6.000 
euros si la persona a la que se realiza la contratación indefinida inicial es mujer, mayor 
de 45 años o perteneciente  a cualquier otro  colectivo vulnerable que determine el 
servicio público de empleo competente).
Cuando la contratación indefinida inicial, a tiempo completo, se celebre con personas 
con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, 
según lo previsto en el artículo 5.c), la subvención será de 7.000 euros (7.500 euros si la 
persona contratada es mujer o mayor de 45 años, o perteneciente a cualquier otro 
colectivo vulnerable que determine el servicio público de empleo competente).
b)  Las cuantías de las subvenciones a la contratación indefinida, indicadas en la 
letra a) anterior, se podrán incrementar hasta en 2.000 euros cuando la contratación se 
realice por personas trabajadoras autónomas o por una cooperativa o sociedad laboral 
que contraten a su primer empleado, o bien cuando las personas trabajadoras con 
discapacidad procedan de un enclave laboral. En este último supuesto, se requerirá que 
la  empresa  colaboradora  realice  la  contratación  sin  solución  de  continuidad  y 
transcurrido, al menos, un plazo de tres meses desde la incorporación del trabajador o 
trabajadora al enclave.
Asimismo, se aplicarán las cuantías indicadas en la letra a) anterior cuando las 
personas trabajadoras con discapacidad procedan directamente de centros especiales 
de empleo, sin pasar por un enclave laboral, siempre y cuando acrediten una antigüedad 
en los mismos de, al menos, seis meses y no haya transcurrido más de tres meses  s
desde que causara baja como trabajador del centro especial de empleo, cualquiera que  oe.
fuera la causa de la misma. 771www.
prev2is. ionSeesr ácno ndteen aidpalisc aecni óenl  aart íclouslo i n1c1e.ntivos establecidos en el apartado anterior las
Artículo 49.  Subvención por adaptación de puestos de trabajo.
La subvención por adaptación de puestos de trabajo estará destinada a financiar las 
medidas de accesibilidad universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las 
medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo 
que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación 
de  medios  de  protección  personal  para  evitar  riesgos  laborales  a  las  personas 
trabajadoras con discapacidad contratadas y/o y eliminación de barreras arquitectónicas 
u obstáculos que impidan o dificulten su trabajo.
La cuantía de referencia de la citada subvención será de 1.800 euros por persona 
trabajadora contratada durante el período mínimo que establezca cada servicio público 
de empleo, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la 
referida adaptación, dotación o eliminación.
Artículo 50.  Subvenciones al empleo con apoyo.
Las subvenciones de las acciones de orientación y acompañamiento individualizado 
en el puesto de trabajo, prestadas por personas preparadoras laborales especializadas a 
fin de facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad, 
se destinarán a financiar los costes salariales y de seguridad social derivados de la 
contratación de dicha personas preparadoras por las entidades promotoras de empleo 
con apoyo.
La cuantía de referencia de estas subvenciones se determinará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula 
el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Subsección 3.ª  Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo protegido
Artículo 51.  Objeto.
El programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo protegido tiene por objeto la integración de las personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo protegido, mediante la concesión de subvenciones públicas dirigidas 
a fomentar la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en los centros especiales 
de empleo que hubieran recibido su calificación como tal en los términos legalmente 
establecidos.
Artículo 52.  Desarrollo.
1.  Estas subvenciones se destinarán a financiar, en los términos y con las cuantías 
de  referencia  señaladas  en  los  artículos  siguientes,  alguna  de  las  medidas  o  la 
combinación de varias de las señaladas a continuación:
a)  Subvención a la inversión fija vinculada a la creación de empleo indefinido en el 
mercado  de  trabajo  protegido,  tanto  por  las  nuevas  contrataciones  con  carácter 
indefinido  como  por  la  transformación  de  contratos  de  duración  determinada  en 
indefinidos que se realicen con personas con discapacidad.
b)  Subvención del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en  e.e
centros  especiales  de  empleo,  sin  perjuicio  de  las  bonificaciones  a  la  aportación  b
empresarial a la Seguridad Social previstas en la normativa vigente. 771ww
consce) cuSeunbcviae ndceió nl,a  paodr apputaecsitóon  ddee  trapbuaejsot,o sp adrae  ftinraabnacjioa,r  ignacslutoidsa so claassi onmaeddoisd acso mdeo 
aadcceecsuiabdiliadsa de nu fnuivnecriósna l dfeís ilcaas,  nseecnessoidriaadl,e sc odgen ictiavdaa  ys itduea ccióonm uconniccarceitóan,  sya lvlaos  qmuee deidsaass 
medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de equipos
de protección personal para evitar riesgos laborales a las personas trabajadoras con 
discapacidad  contratadas  y  la  eliminación  de  barreras  u  obstáculos  que  impidan  o 
dificulten su trabajo.
d)  Ayuda a los centros especiales de empleo por la prestación, a través de las 
unidades de apoyo a la actividad profesional reguladas en el Real Decreto 469/2006, 
de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en 
el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de 
empleo,  de  los  servicios  de  ajuste  personal  y  social  que  requieran  las  personas 
trabajadoras con discapacidad que se encuentren en alguno de los supuestos que se 
describen en el artículo 3 del citado real decreto.
2.  Entre las subvenciones que se concedan en el marco de este programa, los 
servicios públicos de empleo incluirán, en todo caso, las destinadas a financiar el coste 
salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo, 
previstas en la letra b) del apartado anterior.
Artículo 53.  Subvención por inversión fija generadora de empleo.
1.  La  subvención  a  la  inversión  fija  a  que  se  refiere  este  artículo  será  de 
hasta 12.000 euros por cada nueva contratación con carácter indefinido o por cada 
transformación en indefinido de contratos temporales o de duración determinada que se 
realicen con personas con discapacidad, sin que en ningún caso rebase el coste real 
que, al efecto, se justifique por la referida inversión.
El servicio público de empleo podrá limitar la cuantía a recibir por cada entidad 
solicitante en el marco de la correspondiente convocatoria
Las cuantías a subvencionar se calcularán proporcionalmente a la inversión realizada 
si en las normas o bases reguladoras de la subvención se establece una financiación 
parcial de las inversiones en activo fijo que conlleve la creación de los nuevos puestos 
de trabajo indefinidos. Asimismo, estas cuantías se reducirán proporcionalmente a la 
jornada cuando las contrataciones indefinidas se realicen a tiempo parcial.
2.  El importe de esta subvención, que será compatible con las subvenciones de 
coste  salarial  previstas  en  el  artículo  54,  podrá  graduarse  en  función  de  estos 
parámetros o de cualquier otro que determine el servicio público de empleo competente: 
ratio de trabajadores con discapacidad en el centro especial de empleo solicitante con 
respecto al total de su plantilla, excluyendo del cómputo a los profesionales de las 
unidades de apoyo salvo las personas con discapacidad integrantes de las mismas, tipos 
y grados de discapacidad de las personas que accedan a la contratación indefinida o su 
pertenencia a determinados colectivos (mujeres, mayores de 45 años o cualquier otro 
que se determine por aquél).
Asimismo, en la citada graduación podrá tenerse en cuenta si la inversión contempla 
la necesidad de adaptación de los procesos productivos a la evolución de la tecnología y 
la economía en general, con el fin de anticiparse a los cambios que pueda requerir la 
transformación digital; la promoción de nuevas vías de actividad ligadas al desarrollo 
social sostenible; la promoción de la adaptación a la economía 4.0; o cualquier otro 
criterio  que  contribuya  a  la  reconversión  productiva  o  innovación  de  los  centros 
especiales de empleo.
3.  Cada contratación indefinida incentivada deberá suponer un incremento neto de 
la plantilla fija de las personas trabajadoras con discapacidad de la empresa o entidad 
beneficiaria en los términos que establezcan las normas o bases reguladoras de la  e
subvención, no computándose para el cálculo de tal incremento neto las variaciones que  bo
se produzcan entre el colectivo de personas trabajadoras con discapacidad que integren  771ww
lioban a cpjaapop lrap aenocltr iid dlldaaee dsfp culioandmbcoio óodrn ais,cl  codpinpeesl rilnmeaacsaur nimeoen opncdrtieoaif ci cteodadtecae ilon lonate e a,sr bea psnsooíu rlncu ocrteaimad  oouv, c goecrlinuaó nnnet  lai vncroviaalaus,l onid tdadeerezli a ,s  rduedebce roll oantgi oejaucmcibmipoiloaine cednisóeto,n   tp,r doaderbe  al aljlaoas     OE-A-2021-15able en https://
causas legales estipuladas. También quedarán excluidas del cómputo aquellas personas 
trabajadoras con discapacidad que hayan transitado a la empresa ordinaria.
Las  normas  o  bases  reguladoras  contemplarán,  asimismo,  la  obligación  de 
mantenimiento del empleo estable alcanzado, sin que la duración de dicha obligación 
pueda ser inferior a 12 meses, o su posible sustitución en cualquiera de los casos 
anteriores  por  otra  persona  con  discapacidad  que  la  sustituya  con  un  contrato  de 
idénticas características.
Artículo 54.  Subvención del coste salarial.
1.  Las subvenciones de coste salarial se graduarán teniendo en cuenta el tipo y 
grado de discapacidad de las personas destinatarias últimas de este programa, así como 
la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, en los siguientes términos:
a)  En el caso de personas trabajadoras con discapacidad que presentan mayores 
dificultades de acceso al mercado de trabajo, según lo previsto en el artículo 5.c), la 
cuantía mínima de la subvención por cada persona trabajadora será equivalente al 55 
por ciento del salario mínimo interprofesional vigente (60 por ciento si es mujer o mayor 
de 45 años) cuando tenga un contrato indefinido, y al 50 por ciento cuando tenga un 
contrato temporal con la duración mínima que establezca, en su caso, el servicio público 
de empleo.
b)  En el caso de personas trabajadoras con discapacidad física o sensorial con un 
grado reconocido inferior al 65 por ciento, la cuantía mínima de la subvención por cada 
persona trabajadora será equivalente al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional 
vigente cuando tenga un contrato indefinido, y al 40 por ciento cuando tenga un contrato 
temporal con la duración mínima que establezca, en su caso, el servicio público de 
empleo.
2.  El cómputo de la subvención se realizará por los días efectivamente trabajados, 
considerándose el mes equivalente a 30 días para el cálculo diario de la subvención. 
Será subvencionable la parte correspondiente de las pagas extraordinarias, así como los 
días de vacaciones y de descanso retribuidos y cotizados. En el supuesto de contratos 
de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la 
jornada laboral realizada.
Artículo 55.  Subvención por adaptación de puestos de trabajo.
La subvención por adaptación de puestos de trabajo, incluidas las medidas de 
accesibilidad  universal  física,  sensorial,  cognitiva  y  de  comunicación  y  las  medidas 
adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas 
medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de medios 
de protección personal y eliminación de barreras arquitectónicas, tendrá una cuantía 
máxima de 1.800 euros por persona trabajadora con discapacidad contratada durante el 
período mínimo que establezca cada servicio público de empleo, sin que en ningún caso 
rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida adaptación, dotación o 
eliminación.
Artículo 56.  Subvención por los servicios de ajuste personal y social.
La subvención por los servicios de ajuste personal y social que prestan las unidades  e
de apoyo a la actividad profesional tendrá la cuantía señalada en el artículo 4.2 del Real  bo
Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la  771ww
caecntivtriodsa de sppreocfeiaslieosn adle  eenm pelle om.arco de los servicios de ajuste personal y social de los
Artículo 57.  Beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones señaladas en este artículo serán los centros 
especiales de empleo cuando tengan personalidad jurídica propia y figuren inscritos 
como tales en el Registro correspondiente, o bien las entidades titulares de dichos 
centros, siempre que, de conformidad con el artículo 43.2 del Texto Refundido de la Ley 
General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, el número de 
personas trabajadoras con discapacidad del centro especial de empleo sea igual o 
superior al 70 por ciento del total de la plantilla. A estos efectos, no se contemplará el 
personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y 
social.
Todo ello, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplir los beneficiarios de 
conformidad con las normas o bases reguladoras que aprueben los servicios públicos de 
empleo.
Subsección 4.ª  Programa de inclusión laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social
Artículo 58.  Objeto.
El programa de inclusión laboral de personas en riesgo o situación de exclusión 
social tiene por objeto favorecer la inclusión laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios personalizados de inserción, en colaboración con:
a)  Empresas de inserción que cumplan con lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de Inserción, y que se 
encuentren inscritas en el correspondiente Registro.
b)  Entidades promotoras de empresas de inserción, de acuerdo con la definición 
dada a las mismas por el artículo 6 de la citada Ley 44/2007, de 13 de diciembre.
c)  Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de 
integración laboral de colectivos vulnerables y acrediten la experiencia requerida en este 
tipo de actuaciones por las administraciones públicas competentes, así como agencias 
de colocación especializadas en la atención de estos colectivos.
d)  Empresas, personas trabajadoras autónomas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro que contraten a participantes en itinerarios de inserción desarrollados en el marco 
de este programa.
Artículo 59.  Personas destinatarias.
1.  Las personas destinatarias del programa de inclusión laboral de personas en 
riesgo o situación de exclusión social serán desempleadas u ocupadas en empresas de 
inserción con especiales dificultades para su inclusión en el mercado de trabajo ordinario 
y hallarse incluidas en algunos de los siguientes colectivos:
a)  Personas perceptoras de rentas mínimas de inserción o del ingreso mínimo vital, 
a excepción de aquellas que simultáneamente estén participando en itinerarios laborales 
promovidos  por  las  Administraciones  u  organismos  públicos  competentes  en  la 
concesión de dichas rentas o ingreso.
b)  Personas en desempleo de muy larga duración. e.e
c)  Jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y se  w.b
encuentren en situación de desempleo. 771ww
reinsde) rciPóenr ssoonciaasl. drogodependientes que se encuentren en proceso de rehabilitación y
de dee)s emPeprlseoon.as internas de centros penitenciarios y personas exreclusas en situación
f)  Minorías étnicas, inmigrantes o personas con responsabilidades familiares no 
compartidas y en situación o riesgo de exclusión.
g)  Cualquier otro colectivo que, por sus características y situación socio-económica, 
la administración pública competente considere en situación de riesgo o exclusión social.
2.  Asimismo, podrán ser personas destinatarias de este programa las personas con 
discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, las 
mujeres víctimas de violencia de género y las víctimas de trata de seres humanos, según 
lo previsto en el artículo 5, apartados c), e) y f), respectivamente. De igual modo, podrán 
ser destinatarias de este programa las personas trans que así lo acrediten con arreglo a 
la normativa vigente.
Artículo 60.  Desarrollo.
Las medidas a desarrollar en el marco del programa de integración laboral de 
personas en riesgo o situación de exclusión social podrán adoptar cualquiera de las 
siguientes modalidades:
a)  Elaboración y desarrollo de itinerarios personalizados por entidades promotoras 
de empresas de inserción o asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con experiencia 
en  programas  de  integración  laboral  de  colectivos  vulnerables,  a  fin  de  mejorar  la 
empleabilidad de personas en riesgo o situación de exclusión social a través de acciones 
de orientación, prospección y formación.
b)  Fomento de la creación o mantenimiento de puestos de trabajo en empresas de 
inserción que sean ocupados por personas en riesgo o situación de exclusión social, 
mediante subvenciones por costes salariales y para inversiones.
c)  Ayudas de asistencia técnica por la contratación o mantenimiento de personal 
directivo y técnico en empresas de inserción.
d)  Incentivos por la contratación en el mercado ordinario de trabajo de participantes 
en itinerarios de inserción.
e)  Cualquier otra que adicionen los servicios públicos de empleo en sus respectivos 
ámbitos de actuación.
Artículo 61.  Subvención por participante en itinerario.
Se establece una subvención, con una cuantía de referencia de 1.000 euros, por 
participante en itinerario con una duración tipo de seis meses y con un número máximo 
de participantes por itinerario de 15 personas. La cuantía de la subvención se reducirá o 
incrementará proporcionalmente si la duración del itinerario es menor o mayor a la 
indicada, sin que pueda ser inferior a tres meses ni superior a doce meses.
Artículo 62.  Subvenciones por creación o mantenimiento de puestos de trabajo en 
empresas de inserción.
1.  Se establece una subvención, con una cuantía de referencia de 12.120 euros, 
por puesto de inserción creado o mantenido para un período subvencionable de doce 
meses, destinada a sufragar parte del salario de la persona trabajadora y la cuota 
empresarial  a  la  Seguridad  Social  por  todos  los  conceptos.  Esta  cuantía  podrá 
incrementarse proporcionalmente para períodos superiores a doce meses o disminuir si 
el período subvencionable fuera inferior, dentro del rango temporal que cada servicio  e
público de empleo determine. bo
2.  Serán compatibles con la subvención establecida en el apartado anterior las  771ww
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esta ayuda será de 13.300 euros por puesto de trabajo creado, sin que en ningún caso
rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida inversión. Este importe se 
reducirá proporcionalmente si en las normas o bases reguladoras de la subvención se 
establece un porcentaje máximo de financiación inferior al señalado.
Artículo 63.  Subvenciones por asistencia técnica en empresas de inserción.
Las  cuantías  de  referencia  de  las  subvenciones  de  asistencia  técnica  por  la 
contratación o mantenimiento de personal directivo y técnico en empresas de inserción 
serán las siguientes:
a)  Incentivo de 10.000 euros por la contratación, a jornada completa y durante un 
período subvencionable de doce meses, de la persona que ostente la gerencia de 
empresas de inserción que cuenten con cinco o más puestos de trabajo de personas en 
proceso de inserción, con el fin de facilitar su viabilidad técnica, económica o financiera. 
Esta cuantía podrá incrementarse proporcionalmente para períodos subvencionables 
superiores a doce meses o disminuir si el período subvencionable fuera inferior, dentro 
del rango temporal que cada servicio público de empleo determine.
Cuando la contratación se realice a tiempo parcial, la cuantía del incentivo indicado 
se reducirá proporcionalmente, sin que dicha jornada pueda ser inferior al 50 por ciento 
de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable.
b)  Asimismo, se podrá otorgar una ayuda de hasta 33.250 euros por contrato y año 
destinada a financiar los costes salariales, incluidas las pagas extraordinarias y la cuota 
empresarial  a  la  Seguridad  Social  por  todos  los  conceptos,  del  personal  técnico, 
cualesquiera que sea su denominación o denominaciones, contratado o mantenido por 
empresas  de  inserción,  cuya  misión  será  la  de  tutelar  la  actividad  productiva  y 
proporcionar  el  adiestramiento  laboral  en  la  ocupación  u  ocupaciones  en  las  que 
desempeñan su actividad las personas en proceso de inserción. Asimismo, este personal 
técnico elaborará y desarrollará itinerarios que incluyan la prestación de servicios de 
orientación y preparación para la inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo de 
las personas en proceso de inserción.
La cuantía indicada en el párrafo anterior podrá incrementarse proporcionalmente 
para  períodos  subvencionables  superiores  a  doce  meses  o  disminuir  si  el  período 
subvencionable fuera inferior, dentro del rango temporal que cada servicio público de 
empleo determine. Asimismo, cuando los puestos de inserción fueran a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá en proporción al porcentaje sobre la jornada establecida, 
sin que ésta pueda ser inferior al 50 por ciento de la jornada habitual a tiempo completo 
de una persona trabajadora comparable.
El número de personas en procesos de inserción a atender por cada persona técnica 
no podrá ser superior a doce, salvo que el servicio público de empleo competente 
determine un número mayor.
Artículo 64.  Incentivos por contratación de personas participantes en itinerarios de 
inserción.
Las cuantías de referencia de los incentivos que podrán otorgarse por la contratación 
en el mercado ordinario de trabajo de participantes en itinerarios de inserción serán las 
siguientes:
a)  Incentivo a las empresas de inserción, así como a las entidades señaladas en el 
artículo 58.b) y c), de 2.000 euros por participante en itinerario, ya sea en itinerario de  e.
empresa de inserción o de los previstos en el artículo 60.a), cuando consigan que éste  w.b
sea contratado en el mercado ordinario de trabajo o se incorpore como persona socia  771ww
trabLaaja dcouraan dtíea  udneal  ccoitoapdeor aintivcae ndteiv otr asbea jion carseomcieandtoa.rá en 500 euros cuando la persona
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una jornada inferior al 50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona
trabajadora comparable. Los servicios públicos de empleo podrán establecer que la 
duración mínima indicada de 6 meses se alcance con la suma de varios contratos 
sucesivos dentro de un período determinado.
b)  Asimismo, podrá otorgarse a las empresas, personas trabajadoras autónomas y 
entidades  del  mercado  ordinario  de  trabajo  una  subvención  de  7.000  euros  por 
participante en itinerario que contraten (7.500 euros si es mujer, mayor de 45 años en el 
caso de personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable 
que determine el servicio público de empleo).
Esta subvención podrá incrementarse hasta en 2.000 euros cuando la contratación 
se realice por persona trabajadora autónoma o por una cooperativa o sociedad laboral 
que contrate a su primer empleado, y se reducirá proporcionalmente cuando el contrato 
tenga una duración inferior a 12 meses o se suscriba a tiempo parcial, sin que pueda 
tener una duración inferior a 6 meses y una jornada inferior al 50 por ciento de la jornada 
a tiempo completo de una persona trabajadora comparable.
Serán  de  aplicación  a  este  incentivo  las  demás  previsiones  contenidas  en  el 
artículo 11.
Subsección 5.ª  Programa para el apoyo a la movilidad geográfica
Artículo 65.  Objeto y desarrollo.
Serán objeto del programa para el apoyo a la movilidad geográfica las medidas de 
apoyo a la movilidad geográfica vinculada al empleo, que podrán adoptar cualquiera de 
las siguientes modalidades:
a)  Retorno de talento mediante la subvención de los gastos de desplazamiento de 
personas que hubieran obtenido cualquier titulación oficial en España y que se hubieran 
desplazado a un país extranjero por motivos laborales, en el supuesto de que regresen 
para  ser  contratadas  con  carácter  indefinido  o  para  el  inicio  de  una  actividad 
emprendedora por cuenta propia.
Con el fin de fomentar la contratación de las personas a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán incentivarse los contratos indefinidos que se realicen en España por 
empresas, personas trabajadoras autónomas y entidades privadas sin ánimo de lucro. 
Asimismo, cuando las personas retornadas del extranjero quieran iniciar una actividad 
emprendedora por cuenta propia podrán acceder a los beneficios de los programas del 
Eje  5  «Emprendimiento»,  regulado  en  la  Sección  5.ª  En  ambos  supuestos  no  se 
requerirá  que  las  personas  trabajadoras  retornadas  del  extranjero  hayan  estado 
previamente inscritas como desempleadas en el servicio público de empleo, siempre y 
cuando el retorno se haya producido en el mes inmediatamente anterior a la fecha de la 
contratación o al inicio de los trámites para la constitución como personas trabajadoras 
por cuenta propia.
b)  Apoyo al desplazamiento para la cobertura de un puesto de trabajo con carácter 
indefinido o para el inicio de una actividad emprendedora por cuenta propia en una zona 
rural despoblada o en riesgo de despoblación.
c)  Apoyo  al  desplazamiento  por  motivos  laborales,  o  para  hacer  efectivos  su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, de personas víctimas de violencia 
de género.
d)  Cualquier otra que adicionen los servicios públicos de empleo en función de la 
especial  atención  que  requieran  determinados  colectivos  o  de  las  circunstancias  e.e
territoriales de sus respectivos ámbitos de actuación. b
sAert ípcEoundlo rlá o6ns6  .ss uubpSvuueebnsvctoeiosnn cdaioern  laeopsso  dgyeao s aatopl sod yedose pa ltlar adzneassmppiolearnztetao mq, usieeenñ ataosl.audmoasn e lna se lp aerrtsícounlaos 6 b5e.an)e, fibc)i ayr ica)s,   OE-A-2021-15able en https://
desde el municipio de su última residencia hasta el municipio de su nueva residencia, 
según las siguientes cuantías de referencia:
a)  Subvención del 100 por ciento de los gastos de transporte público (en clase 
turista) que se justifiquen mediante factura o documento equivalente.
b)  En caso de transporte privado, la cantidad a subvencionar será la que resulte de 
computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje que se justifiquen.
Artículo 67.  Subvenciones por retorno del talento.
1.  Cuando  las  personas  retornadas  del  extranjero  regresen  a  España  para  la 
realización de un contrato de trabajo por cuenta ajena, se podrá subvencionar con una 
cuantía de referencia de 5.500 euros cada contratación indefinida a tiempo completo 
(6.000 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de 
personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que 
determine  el  servicio  público  de  empleo),  o  bien  7.000  euros  o  7.500  euros, 
respectivamente, si el servicio público de empleo competente incluye este supuesto 
entre los que requieren una mayor atención.
Estas  subvenciones  podrán  incrementarse  hasta  en  2.000  euros  cuando  la 
contratación se realice por trabajadora o trabajador autónomo, o por una cooperativa o 
sociedad laboral, que contrate a su primer empleado o empleada.
Serán de aplicación a este incentivo las previsiones contenidas en el artículo 11.
2.  Asimismo, cuando las personas retornadas del extranjero quieran iniciar una 
actividad  emprendedora  por  cuenta  propia  podrán  acceder  a  las  subvenciones  del 
programa de fomento del empleo autónomo, por los conceptos y las cuantías previstos 
en la subsección 1.ª de la sección 5.ª
Sección 4.ª Programas del eje 4 «Igualdad en el empleo»
Subsección 1.ª  Programa para la igualdad entre hombres y mujeres
Artículo 68.  Objeto y desarrollo.
1.  Serán  objeto  del  programa  para  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  las 
medidas  que  promuevan  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  el  acceso  y 
mantenimiento  del  empleo,  en  las  condiciones  laborales  y  en  la  conciliación  y 
corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral.
2.  Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán adoptar cualquiera de las 
siguientes modalidades:
a)  Impulso a la implantación de los planes de igualdad en empresas.
b)  Garantía  de  una  participación  mayoritaria  de  las  mujeres  en  programas  o 
acciones de orientación o mejora de la empleabilidad.
c)  Incentivo a la contratación indefinida de mujeres.
d)  Ayudas a la conciliación y corresponsabilidad en la vida personal, familiar y 
laboral, tanto en el empleo por cuenta ajena como en el empleo por cuenta propia.
Artículo 69.  Impulso de los planes de igualdad en las empresas.
En  el  ámbito  del  Sistema  Nacional  de  Empleo,  los  planes  de  igualdad  en  las  e.
empresas se impulsarán, al menos, a través de las siguientes actuaciones: w.b
estaan)d o Lao beligxiagdeansc iaa  dseu  laim rpelaalniztaacciióónn,  dseoll icPitlaenn  dseu bIvgeunacldioande sp aura  oltaros s embepnreesfiaciso sq ueen, 
progDraem caosn fdoerm eimdapdle coo fnin ealn acriatídcuolso  p4o5r. 2lo ds es elar vLiceiyo sO prgúábnlicicoas  3d/e2 0e0m7p, ldeeo  2c2o mdep emteanrzteos, .para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, están obligadas a tener planes de igualdad
las empresas de 50 o más trabajadores, una vez transcurridos los plazos de adaptación 
señalados en la disposición transitoria décima incorporada a la citada ley por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  empleo  y  la  ocupación. 
Asimismo, están obligadas las empresas de menos de 50 trabajadores cuando así esté 
establecido por convenio colectivo o sea acordado por la autoridad laboral en el marco 
de un procedimiento sancionador, según lo dispuesto en el artículo 45.3 y 4 de la citada 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
b)  El apoyo y asesoramiento a PYMES para la implantación y aplicación de planes 
de igualdad. Esta función se podrá realizar por empresas o entidades especializadas 
contratadas por las administraciones públicas competentes, así como a través de las 
Unidades de Promoción y Desarrollo que reciban subvenciones de los servicios públicos 
de empleo y se les encomiende dicha función, según lo previsto en el artículo 86.1.b).
Artículo 70.  Participación mayoritaria de las  mujeres  en programas o acciones de 
orientación o mejora de la empleabilidad.
Para la ejecución de la medida contemplada en el artículo 68.2.b), se garantizará que 
la  participación  de  las  mujeres  en  programas  de  orientación  y  de  mejora  de  la 
empleabilidad financiados por los servicios públicos de empleo sea, al menos, del 50 por 
ciento, salvo que por las características o circunstancias que concurran en la acción a 
desarrollar no sea posible una participación de la mujer en la proporción indicada.
Esta proporción se aplicará, con la salvedad señalada en el párrafo anterior, a las 
personas participantes en los programas regulados en las secciones 1.ª y 2.ª y en la 
subsección 1.ª de la sección 3.ª
Artículo 71.  Incentivos a la contratación indefinida de mujeres.
1.  Los servicios públicos de empleo promoverán el acceso al mercado laboral de 
mujeres desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y servicios, mediante 
los siguientes incentivos a su contratación indefinida y con las cuantías de referencia que 
se indican:
a)  Subvención  de  6.000  euros  cuando  se  contrate  a  mujeres,  con  carácter 
indefinido, en ocupaciones o sectores con presencia mayoritariamente de hombres, así 
como a mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas por maternidad, adopción, 
guarda  con  fines  de  adopción,  acogimiento  y  tutela  en  los  términos  legalmente 
establecidos.
b)  Subvención de 7.500 euros cuando la contratación indefinida se realice con 
mujeres  consideradas  especialmente  vulnerables  por  la  Administración  pública 
competente.
2.  En el caso de primera contratación por una persona trabajadora autónoma, los 
Servicios Públicos de Empleo podrán conceder una cuantía adicional de hasta 2.000 
euros sobre las previstas en el apartado anterior.
3.  Serán de aplicación a los incentivos establecidos en este artículo las previsiones 
contenidas en el artículo 11.
Artículo 72.  Ayudas a la conciliación y corresponsabilidad en la vida personal, familiar y 
laboral. e.
La medida señalada en el artículo 68.2.d) tiene como finalidad promover la efectiva  771ww
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Conferencia  Sectorial,  conceder  las  siguientes  subvenciones  con  las  cuantías  de 
referencia que se indican:
a)  Subvenciones a empresas, personas trabajadoras autónomas con empleados y 
entidades privadas sin ánimo de lucro cuando:
1.º  Adopten, en el marco de sus planes de igualdad, medidas de conciliación y 
corresponsabilidad acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras 
o, de no existir ésta, con el personal afectado por las mismas. Podrá concederse una 
subvención de 2.250 euros/año por cada persona trabajadora que se beneficie de dichas 
medidas, hasta un máximo de 9.000 euros por empresa y año. La ayuda por cada 
persona trabajadora será proporcional al período de disfrute de la conciliación en caso 
de que dicho período sea inferior al año.
2.º  Sustituyan a personas trabajadoras que se hayan acogido a una excedencia o 
reducción de jornada para el cuidado de hijos menores, de hasta 3 años en el primer 
caso y de 12 años en el segundo, o de familiares en situación de dependencia o 
enfermedad grave. Las personas que sean contratadas para la citada sustitución serán 
personas inscritas como desempleadas en los servicios públicos de empleo.
Por cada mes de trabajo efectivo, y a jornada completa, que realice la persona 
contratada para la sustitución podrá subvencionarse, durante el período que determine el 
servicio público de empleo competente, parte de los costes salariales derivados del 
contrato hasta una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional mensual. Esta 
cuantía se reducirá proporcionalmente si la jornada es a tiempo parcial o en los períodos 
en que la sustitución sea inferior al mes.
b)  Subvenciones a personas trabajadoras, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, que contraten a personas desempleadas, inscritas como demandantes en los 
servicios públicos de empleo, para el cuidado de hijos menores de hasta 3 años o de 
familiares en situación de dependencia o de enfermedad muy grave. En este caso, se 
podrá subvencionar hasta el 100 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social que 
se deriven de los contratos suscritos, sin perjuicio de la modulación de dicho porcentaje 
en función de la capacidad económica de la persona empleadora.
c)  Asimismo,  en  el  caso  de  las  personas  trabajadoras  autónomas  se  podrá 
subvencionar la contratación de personas inscritas como desempleadas para sustituir a 
aquéllas en los supuestos de maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento y tutela en los términos legalmente establecidos, o bien por 
motivos de riesgo durante el embarazo o la lactancia. En este caso, por cada mes de 
trabajo  efectivo,  y  a  jornada  completa,  que  realice  la  persona  contratada  para  la 
sustitución podrá subvencionarse parte de los costes salariales derivados del contrato 
hasta una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional mensual. Esta cuantía 
se reducirá proporcionalmente si la jornada es a tiempo parcial o en los períodos en que 
la sustitución sea inferior al mes.
Los servicios públicos de empleo podrán extender la subvención a la contratación 
prevista en el párrafo anterior a las personas trabajadoras autónomas embarazadas o en 
proceso  de  adopción,  a  fin  de  que  puedan  transferir  a  la  persona  desempleada 
contratada el conocimiento necesario que posibilite el mantenimiento de la actividad 
durante la correspondiente baja. Si a la finalización del período subvencionado por esta 
contratación, que será de 6 meses como máximo, la persona trabajadora autónoma 
decidiese renovar el contrato a la misma persona para poder dedicarse al cuidado de su  s
hijo, se podrá subvencionar a aquélla, por un plazo máximo de doce meses, hasta el 100  oe.
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de la pertenencia de la persona desempleada contratada a determinados colectivos,
priorizándose en dicha modulación, al menos, a las mujeres.
d)  Subvenciones o ayudas a personas desempleadas que, teniendo a su cargo 
hijos o hijas menores de hasta 12 años o familiares en situación de dependencia o de 
enfermedad muy grave, participen en programas o acciones de orientación o mejora de 
la empleabilidad financiados por los servicios públicos de empleo.
La cuantía de esta ayuda será del 75 por ciento del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) diario por día de participación en el correspondiente programa 
de empleo. En el caso de participación en acciones de formación profesional para el 
empleo, está ayuda se regirá por su normativa específica.
Subsección 2.ª  Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia 
de género
Artículo 73.  Objeto.
Serán  objeto  del  programa  de  inserción  sociolaboral  para  mujeres  víctimas  de 
violencia de género, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1917/2008, de 21 
de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres 
víctimas de violencia de género, las acciones de políticas activas de empleo consistentes 
en itinerarios de inserción, programas formativos, incentivos para la actividad por cuenta 
propia,  para  fomentar  la  contratación,  para  fomentar  la  movilidad,  para  compensar 
diferencias  salariales  y  convenios  de  empresa  para  favorecer  la  contratación  y  su 
movilidad geográfica, con el fin de facilitar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas 
de violencia de género.
Artículo 74.  Desarrollo y financiación.
1.  Con  carácter  general,  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  serán 
colectivo prioritario en las acciones de políticas activas de empleo que desarrollen los 
servicios  públicos  de  empleo.  En  particular,  se  priorizará  su  participación  en  los 
siguientes programas:
a)  Programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo, regulado 
en la subsección 1.ª de la sección 1.ª
b)  Programa de colaboración para las actividades de prospección empresarial e 
intermediación laboral, regulado en la subsección 2.ª de la sección 1.ª
c)  Programa de proyectos integrales de empleo, regulado en la subsección 3.ª de la 
sección 1.ª
d)  Programas experienciales de empleo y formación, regulado en la subsección 1.ª 
de la sección 2.ª
e)  Otros programas públicos de empleo-formación, regulado en la subsección 2.ª 
de la sección 2.ª
f)  Programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y 
social, regulado en la subsección 1.ª de la sección 3.ª
g)  Programas de integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión 
social, regulado en la subsección 4.ª de la sección 3.ª
2.  Además del carácter prioritario de su participación en los programas señalados 
en el apartado anterior, las mujeres víctimas de violencia de género podrán beneficiarse 
de las acciones y ayudas previstas en los programas regulados en la subsección 5.ª de  s
la sección 3.ª, en la subsección 1.ª de la sección 4.ª y en las subsecciones 1.ª y 2.ª de la  e.
sección 5.ª w.
Las administraciones públicas competentes podrán incrementar hasta un 10 por  771ww
cpieernstoon alass d ecsutainnatítaasri adse o  lbaesn esfuicbivaerinacsi odnee lsa sp mreivsimstaass  seena ne mstuojse repsro vgírcatimmaass  dceu avniodloe nclaias 
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incremento, los servicios públicos de empleo podrán prever en sus bases reguladoras 
que esa mayor financiación se haga efectiva en la fase de justificación o mediante 
cualquier otra fórmula ajustada a derecho.
3.  En los supuestos en que las medidas de políticas activas de empleo consistan en 
incentivos a la contratación indefinida de personas inscritas como desempleadas en los 
servicios públicos de empleo, su cuantía de referencia será de 7.500 euros si la persona 
contratada es mujer víctima de violencia de género.
En el caso de primera contratación por una persona autónoma, los servicios públicos 
de empleo podrán conceder una cuantía adicional de hasta 2.000 euros sobre la prevista 
en el párrafo anterior.
Serán de aplicación a este incentivo las previsiones contenidas en el artículo 11.
4.  Los servicios públicos de empleo y, en su caso, las entidades que colaboren con 
los mismos en materia de orientación e intermediación laboral informarán a las mujeres 
víctimas de violencia de género de las medidas de políticas activas de empleo de las que 
pueden beneficiarse y difundirán entre las empresas los incentivos a los que pueden 
acceder por su contratación, a fin de favorecer la casación de la oferta y demanda de 
empleo para este colectivo de personas.
Asimismo, los servicios públicos de empleo proporcionarán formación específica a 
las personas empleadas en sus respectivas organizaciones que realicen funciones de 
orientación e información laboral a mujeres víctimas de violencia de género.
Subsección 3.ª  Programa para evitar la discriminación por razón de edad
Artículo 75.  Objeto.
Serán objeto del programa para evitar la discriminación por razón de edad las 
medidas  o  acciones  de  políticas  activas  de  empleo  que  faciliten  la  reactivación  e 
inserción laboral de personas demandantes de empleo y servicios que sean mayores 
de 45 años, preferentemente desempleadas de larga duración, así como las ayudas o 
subvenciones  públicas  que  incentiven  su  contratación  y  el  emprendimiento  de  una 
actividad por cuenta propia.
Artículo 76.  Desarrollo y financiación.
1.  A efectos de su participación en las acciones y programas señalados en el 
artículo 74.1, se considerará colectivo prioritario a las personas demandantes de empleo 
y servicios mayores de 45 años, a excepción de los programas experienciales de empleo 
y formación que se dirijan específicamente a personas desempleadas menores de 30 
años.
Asimismo, este colectivo de personas podrá beneficiarse de la especial atención que 
se les presta en las acciones y ayudas previstas en los programas regulados en las 
subsecciones 1.ª y 2.ª de la sección 5.ª, así como en las subsecciones 2.ª y 3.ª de la 
sección 3.ª cuando sean personas con discapacidad.
2.  Cuando la medida de activación para el empleo consista en incentivos a la 
contratación indefinida, la cuantía de referencia de la subvención será de 5.500 euros 
cuando la persona contratada sea mayor de 45 años (6.000 euros si además es mujer, 
persona con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que 
determine  el  servicio  público  de  empleo),  y  de  7.000  euros  cuando  aquella  sea 
desempleada  de  larga  duración  (7.500  euros  si  además  es  mujer,  persona  con  e.e
discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el  b
servicio público de empleo). 771ww
servEicnio se l pcúabslioc odse d ep riemmeprale oc opnotrdartáanc iócno npcoerd eurn uan ap ecrsuoannatí at raabdaicjiaodnoarla  daeu thóansotam a2,. 0l0o0s 
euroSse sráonb rdee l aasp plicreavciisótna sa  eens teols p iánrcreanfoti vaonste lariso rp.revisiones contenidas en el artículo 11.
Sección 5.ª Programas del eje 5 «Emprendimiento»
Subsección 1.ª  Programa de fomento del empleo autónomo
Artículo 77.  Objeto.
Serán objeto del programa de fomento del empleo autónomo las medidas destinadas 
a facilitar la constitución de personas desempleadas en trabajadoras o trabajadores 
autónomos  o  por  cuenta  propia  y,  en  su  caso,  la  consolidación  del  proyecto 
emprendedor,  incluyendo  la  constitución  y  consolidación  de  los  proyectos 
emprendedores  que  tengan  su  origen  en  un  proyecto  anterior  que  sea  objeto  de 
transformación, relevo o sucesión por parte de la persona ocupada o desempleada, por 
sí sola o en asociación con otras.
Artículo 78.  Desarrollo y financiación.
La financiación de las medidas a desarrollar en el marco de este programa podrá 
adoptar cualquiera de las siguientes modalidades de subvención o alguna que resulte de 
la combinación de entre ellas.
a)  Subvención para el establecimiento como persona trabajadora autónoma o por 
cuenta propia. Su cuantía de referencia será de hasta 7.500 euros, graduándose en 
función de las dificultades para el acceso al empleo de la persona que se constituya 
como trabajadora autónoma o por cuenta propia, de acuerdo a su inclusión en los 
colectivos que determinen los servicios públicos de empleo, que contemplarán, entre 
otros, el colectivo de personas con discapacidad, las personas en desempleo de larga 
duración,  las  personas  desempleadas  mayores  de  45  años,  las  personas  jóvenes 
desempleadas menores de 30 años y las personas perceptoras del ingreso mínimo vital 
o renta mínima de inserción o figura análoga regulada por las comunidades autónomas, 
así  como  las  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social  no  previstas 
anteriormente.
La subvención que resulte de aplicar la graduación anterior podrá incrementarse 
en 500 euros si la persona beneficiaria es una mujer, sin perjuicio de cualquier otra 
prioridad que determine, a estos mismos efectos, la administración pública competente.
b)  Subvención destinada a financiar las inversiones para la creación y puesta en 
marcha de la empresa. En este caso, la persona que se constituya como persona 
trabajadora autónoma o por cuenta propia podrá optar por alguna de estas ayudas:
1.º  Ayuda  financiera  sobre  préstamo  destinado  a  financiar  dichas  inversiones, 
equivalente a una reducción de hasta 4 puntos del interés fijado por la entidad de crédito 
que conceda el préstamo, con una cuantía máxima de referencia de 9.000 euros. La 
subvención se abonará según la fórmula que establezcan las correspondientes bases 
reguladoras que dicten las administraciones públicas competentes.
2.º  Ayuda directa destinada a inversiones para la creación y puesta en marcha de la 
empresa, con un límite del 50 por ciento del coste de adquisición y hasta una cuantía 
máxima de referencia de 9.000 euros.
c)  Subvención para asistencia técnica, destinada a la financiación parcial de la 
contratación, durante la puesta en marcha de la empresa, de los servicios externos 
necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial, así como para la  s
realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros  e.
de naturaleza análoga. La cuantía de esta subvención será de hasta el 75 por ciento del  w.
coste de los servicios prestados, con una cuantía máxima de referencia de 2.000 euros. 771ww
nuevda) s tSeucbnvoelongcíiaósn  dpea rlaa  fionrfomramcaiócnió nre yla claio cnoamdau nciocanc liaó nd,i rae cficnió dne y c guebsritri ólans e nmepcreessiadraiadle sy 
de formación del trabajador o trabajadora autónoma durante la puesta en marcha de la
empresa. La cuantía de esta ayuda será de hasta el 75 por ciento del coste de dicha 
formación, con una cuantía máxima de referencia de 2.400 euros.
e)  Subvención  por  adaptación  del  puesto  de  trabajo  cuando  la  persona 
desempleada que se constituya como trabajadora o trabajador autónomo sea persona 
con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. Dicha adaptación 
incluye medidas de accesibilidad universal, cognitiva y de comunicación, dotación de 
medios  de  protección  para  evitar  riesgos  laborales  y  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas u obstáculos que impidan o dificulten su trabajo. La cuantía de esta 
ayuda será de 1.800 euros, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se 
justifique por la referida adaptación, dotación o eliminación.
Artículo 79.  Concesión y justificación de subvenciones por módulos.
Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la concesión y justificación de 
subvenciones  por  módulo  o,  en  el  caso  de  actuaciones  cofinanciadas  con  fondos 
europeos, las opciones de costes simplificados, según lo previsto en el artículo 9, los 
servicios públicos de empleo podrán prever en sus normas o bases reguladoras ayudas 
que puedan ser utilizadas por la persona emprendedora tanto en cuotas de Seguridad 
Social  como  en  cualquier  otro  gasto  de  la  actividad,  sin  necesidad  de  justificar 
documentalmente dicho gasto. Estas ayudas se desdoblan en dos modalidades:
a)  Subvención  base,  aplicable  a  todos  los  proyectos  emprendedores,  con 
independencia de la actividad económica, hasta una cuantía de referencia de 4.000 
euros, que podrá ser graduada de acuerdo con los criterios que establezca el servicio 
público de empleo competente.
b)  Subvención adicional, aplicable exclusivamente a proyectos emprendedores que 
cumplan los siguientes requisitos:
1.º  Que la actividad a emprender se corresponda con una actividad económica que, 
por su carácter estratégico o innovador, así se determine por la administración pública 
competente.
2.º  Que  la  persona  solicitante  acredite  tener  formación  profesional  oficial  (del 
sistema  educativo  o  formación  profesional  para  el  empleo  del  ámbito  laboral)  o 
educación universitaria (grado, máster o curso de experto universitario) sobre materias 
que tengan relación directa con el negocio a emprender y así se justifique; así como 
formación no inferior a 70 horas de duración en materia gerencial, de gestión comercial o 
financiera o de marketing digital.
La cuantía de referencia de la subvención adicional será de 5.000 euros (6.000 euros 
en el caso de mujeres).
Artículo 80.  Consolidación del proyecto emprendedor.
En el marco de este programa común, las administraciones públicas competentes 
podrán contemplar en sus normas o bases reguladoras una línea de consolidación del 
proyecto emprendedor durante los tres primeros años de su puesta en marcha.
Artículo 81.  Beneficiarios.
1.  Podrán  ser  beneficiarios  y  personas  destinatarias  finales  de  las  medidas  s
contempladas  en  este  programa  las  personas  desempleadas,  inscritas  como  oe.
edaserttmíac2bau.lnl eodz Na7cna8otn. eco s)cb  oysdm teado n) ,ett ermda,e bplboaleesjaor ád snyoe  rrpasvrseice riosvo tistcar iraodsbseea   jepaanosd iros lortaeessns o cscaieaiuar tvcótiéicnociononmesics oa psr úe yobp  lrlpiaceo osrfse oc nrudmtaeeatn icvteaiaóm spnp r dlodeepeo if,tai rn.acibduaoajsna ddeoon r eseesl    2021-15771n https://www.
autónomos  de  carácter  intersectorial  y  con  implantación  en  el  ámbito  territorial
correspondiente, o por otras personas jurídicas o personas físicas especializadas, como  Bc
las inscritas en el Registro de Entidades de Formación habilitado por la administración 
pública competente, en lo términos y con los requisitos que determinen las normas o 
bases reguladoras de las subvenciones.
Subsección 2.ª  Programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y 
sociedades laborales
Artículo 82.  Objeto.
Serán objeto del programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y 
sociedades laborales las medidas destinadas a:
a)  Fomentar  la  incorporación,  con  carácter  indefinido,  como  personas  socias 
trabajadoras  o  de  trabajo  en  cooperativas  y  sociedades  laborales  a  personas 
trabajadoras desempleadas y personas trabajadoras con contrato de trabajo de carácter 
temporal o de carácter indefinido que no tengan todavía la condición de persona socia 
trabajadora,  así  como  personas  vinculadas  con  contratos  societarios  de  duración 
determinada en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como 
socios o socias.
b)  Apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de 
empresas de la economía social mediante una mejora de su competitividad, facilitando 
así su consolidación, incluida la constitución y desarrollo de cooperativas y sociedades 
laborales que tengan su origen en un proyecto empresarial previo que sea objeto de 
transformación, relevo o sucesión por parte de las personas ocupadas o personas 
desempleadas, de forma asociada.
Artículo 83.  Desarrollo y financiación.
La financiación de las medidas a desarrollar en el marco de este programa podrá 
adoptar cualquiera de las siguientes modalidades de subvención o alguna que resulte de 
la combinación de entre ellas:
a)  Subvención para la incorporación, con carácter indefinido, de personas socias 
trabajadoras o socias de trabajo a cooperativas y sociedades laborales. Su cuantía de 
referencia será de 7.000 euros (500 euros más si es mujer, sin perjuicio de cualquier otra 
prioridad que determine, a estos mismos efectos, la administración pública competente), 
graduándose en función de las dificultades para el acceso al empleo de la persona que 
se incorpora como socia trabajadora o socia de trabajo a una cooperativa o sociedad 
laboral, de acuerdo a su inclusión en los colectivos que determinen los servicios públicos 
de empleo, que contemplarán, entre otros, el colectivo de personas con discapacidad, 
las personas en desempleo de larga duración, personas desempleadas mayores de 45 
años,  las  personas  jóvenes  desempleadas  menores  de  30  años  y  las  personas 
perceptoras del ingreso mínimo vital o renta mínima de inserción o figura análoga 
regulada por las comunidades autónomas, así como las personas en situación o riesgo 
de exclusión social no previstas anteriormente.
Asimismo,  el  servicio  público  de  empleo  competente  podrá  contemplar  en  sus 
normas o bases reguladoras la subvención por la incorporación, con carácter indefinido, 
como socio trabajador o socio de trabajo de una persona trabajadora con contrato 
temporal o indefinido en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se incorpore  s
como socia, con una cuantía de referencia de 5.500 euros. e.
b)  Subvención para la realización de inversiones que contribuyan a la creación, así  w.
como a la consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades  771ww
laborales ya constituidas. En este caso, se podrá optar por alguna de estas ayudas:
equi1v.aº lenAtyeu ad au nfain raendcuieccraió ns odber eh asptraé s4t apmunot odse dsetiln iandteor éas  ffijiandaon cpiaorr  lad icehnatisd aidn vdeer sciroéndeitso, 
que conceda el préstamo, con una cuantía máxima de referencia de 18.000 euros. La
subvención se abonará según la fórmula que establezcan las correspondientes normas o 
bases reguladoras que dicten las administraciones públicas competentes.
2.º  Ayuda directa destinada a inversiones para la creación y puesta en marcha de la 
cooperativa o sociedad laboral, con un límite del 50 por ciento del coste de adquisición y 
hasta una cuantía de referencia de 18.000 euros.
c)  Subvención para la prestación de asistencia técnica, destinada a la financiación 
parcial de la contratación de los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo 
de la actividad empresarial, así como para la realización de estudios de viabilidad, 
organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. La cuantía de 
referencia de esta ayuda será de hasta el 75 por ciento del coste de los servicios 
prestados, con una cuantía máxima de 18.000 euros.
d)  Subvención para la realización de actividades de formación, difusión y fomento 
de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo, en los siguientes 
términos:
1.º  Actividades de formación, destinadas a iniciar, perfeccionar y cualificar en el 
conocimiento  del  cooperativismo  y  de  la  economía  social  a  personas  socias  o 
trabajadoras de dichas entidades, cooperativas y sociedades laborales, así como a 
personas que puedan estar interesadas en la creación o funcionamiento de las empresas 
de economía social.
2.º  Actividades de difusión. Actuaciones cuyo objeto sea dar a conocer o a divulgar, 
entre la población en general o a colectivos específicos, la organización y funcionamiento 
de  las  cooperativas  y  sociedades  laborales  y  otras  formas  de  la  economía  social, 
mediante  campañas  de  difusión  en  medios  de  comunicación  social,  edición  de 
publicaciones u cualquier otra actividad que contribuya a esta finalidad.
3.º  Actividades  de  fomento.  Realización  de  congresos,  simposios,  jornadas, 
seminarios y otras actividades cuyo objeto sea el estudio de aspectos relacionados con 
la economía social que tengan incidencia en su capacidad de generación de empleo.
El importe de estas subvenciones será de hasta el 100 por ciento del coste de la 
actividad con una cuantía máxima de referencia por actividad de 90.000 euros.
Artículo 84.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarios de las modalidades de subvención contempladas en la 
letra a) del artículo anterior, las cooperativas y sociedades laborales con personas socias 
trabajadoras o de trabajo, y de las contempladas en las letras b) y c) del citado artículo, 
cualesquiera cooperativas o sociedades laborales.
2.  Asimismo, en los términos que establezca la administración pública competente, 
podrán ser beneficiarios de la modalidad de subvención contemplada en la letra d) del 
artículo anterior, entre otros que pudieran determinar los servicios públicos de empleo en 
función de sus necesidades, las entidades asociativas de cooperativas, de sociedades 
laborales, otros entes representativos de la economía social que integren a dichas 
entidades, las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, las universidades y, en el 
caso de las actividades formativas, las entidades de formación inscritas en el Registro de 
Entidades de Formación habilitado por la administración pública competente.
Subsección 3.ª  Programa para el fomento territorial del empleo s
Artículo 85.  Objeto. w.
dirigSidearsá na  olab jpertoo mdoecli ópnr odgerla emmap lpeaor aa  neilv efol mteerrnittoor iatel,r rpitaorraia lc udyeal  feinmaplidleaod  llaoss  smeervdiicdioass 
ppúrebvliicsotass  edne  eel marptílceuol o psoigduráienn tea pol iacalgru ncau aqluqeu ireersau ldtee  dela lsa  cmoomdbailnidaacdióens  ded ee nstrueb evellansc.ión
Artículo 86.  Desarrollo y financiación.
1.  Las modalidades de subvención financiadas en el marco de este programa son 
las siguientes:
a)  Subvenciones para la contratación de personal técnico en gestión de desarrollo 
local  para  impulsar  las  potencialidades  de  desarrollo  y  empleo,  la  planificación 
estratégica en el ámbito del empleo y el desarrollo económico local, así como fomentar la 
inserción laboral de las personas participantes en los servicios y programas de activación 
para el empleo que se desarrollen en un ámbito territorial concreto.
Esta subvención se destinará a financiar los costes salariales y de Seguridad Social 
por todos los conceptos derivados de la contratación de la persona técnica en gestión de 
desarrollo local. Su cuantía de referencia será de 33.250 euros por contrato y año. Sin 
perjuicio de esta cuantía, las subvenciones a otorgar por este concepto se podrán 
calcular en los términos previstos en el artículo 46.1.
b)  Subvenciones para el funcionamiento de Unidades de Promoción y Desarrollo 
que tengan por objeto colaborar en la preparación, acompañamiento y evaluación de los 
proyectos de activación que se desarrollen en un ámbito territorial concreto, en especial 
en los proyectos que se ejecuten en el marco de los programas experienciales de 
empleo y formación previstos  en la subsección 1.ª de la sección 2.ª, así como la 
implementación de proyectos de desarrollo en un ámbito territorial concreto previamente 
identificados en el marco de un plan de acción, descubriendo las potencialidades de 
desarrollo y empleo en ese mismo ámbito y fomentando la inserción laboral de los 
participantes en dichos proyectos.
Asimismo, los servicios públicos de empleo podrán encomendar a estas Unidades la 
realización de acciones de apoyo y asesoramiento a PYMES para la elaboración y 
aplicación de planes de igualdad, según lo previsto en el artículo 69.b). Para todo ello, 
las entidades promotoras de las Unidades de Promoción y Desarrollo deberán contratar 
al personal directivo, técnico y de apoyo preciso. La selección de este personal se 
efectuará según el procedimiento establecido en el artículo 34 para el personal formador, 
personal directivo y de apoyo de los programas experienciales de empleo y formación.
Las subvenciones que concedan los servicios públicos de empleo a las entidades 
promotoras de unidades de promoción y desarrollo se destinarán a sufragar los costes 
que se indican a continuación:
1.º  Los costes salariales, incluidos los originados por las cuotas a la Seguridad 
Social por todos los conceptos, derivados de los contratos que se suscriban con el 
personal directivo, técnico y de apoyo, con las siguientes cuantías de referencia por 
contrato y año:
Para la directora o director: 39.900 euros.
Para el personal técnico: 33.250 euros.
Para el personal de apoyo: 26.600 euros.
Las  cantidades  indicadas  se  estiman  como  subvenciones  medias  por  costes 
salariales  del  personal  de  las  Unidades  de  Promoción  y  Desarrollo,  sin  que  ello 
condicione  necesariamente  los  salarios  efectivamente  establecidos  por  la  entidad 
promotora.
2.º  En su caso, otros gastos derivados del funcionamiento de las unidades de  es
promoción y desarrollo, en un importe equivalente, como máximo, al 25 por ciento del  o
importe subvencionado por los costes de personal a que se refiere el punto 1.º anterior,  771ww
que cp)o dSráunb vinecnluciiro nloess c poanrcae plato esl asbeoñraalacidóons  deen  pella anretísc utelorr 1ito9r.bia)l.es de empleo y desarrollo
local,  así  como  de  estudios  territoriales  sobre  las  oportunidades  de  empleo,  que
favorezcan, al menos, el impulso de proyectos integrados de reequilibrio territorial y 
económico.
La cuantía de esta subvención se graduará por cada servicio público de empleo en 
función del número de habitantes que integre cada entidad local, sin que pueda ser 
superior a una cuantía de referencia de 18.000 euros ni al 70 por ciento del coste de la 
elaboración de los citados planes o estudios territoriales.
2.  Tanto el personal técnico como la Unidad de Promoción y Desarrollo, a que se 
refieren  las  letras  a)  y  b)  del  apartado  anterior,  podrán  impulsar  pactos  locales  o 
comarcales de empleo, que persigan la implicación y participación de los principales 
agentes sociales económicos de la localidad o territorio, para convertirse en la base de 
una política activa de desarrollo local o comarcal y de creación de empleo, con los 
objetivos generales de adoptar medidas que favorezcan la creación de empleo estable y 
de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible de territorio afectado, favorecer la 
igualdad de género y de oportunidades, luchar contra la discriminación en el mercado 
laboral  y  fomentar  las  redes  de  intercambio  de  conocimientos  que  promuevan  el 
desarrollo integral de territorios socialmente responsables. En el seno del pacto local o 
comarcal se podrán constituir mesas de empleo joven u otras centradas en determinados 
colectivos que requieran especial atención y protección
Artículo 87.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarios de las modalidades de subvención contempladas en el 
artículo 86.1.a) y c), las entidades locales, incluidas sus corporaciones locales, los 
consejos  comarcales,  supra-comarcales  o  entidades  territoriales,  sus  organismos 
autónomos y entidades con competencias en promoción de empleo, dependientes o 
asimiladas a las mismas cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades o 
corporaciones  locales,  así  como  los  Consorcios,  cuya  finalidad  principal  sea  la 
promoción del empleo y desarrollo local.
2.  Asimismo,  podrán  ser  entidades  promotoras  de  unidades  de  promoción  y 
desarrollo y, por tanto, beneficiarse de la modalidad de subvención contemplada en el 
artículo 86.1.b), las siguientes entidades:
a)  Órganos, organismos autónomos y otros entes públicos de la Administración 
General del Estado, de las comunidades autónomas y de la administración local.
b)  Consorcios.
c)  Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
d)  Cámaras de comercio, universidades públicas y fundaciones públicas.
Sección 6.ª Programas del eje 6 «Mejora del marco institucional»
Artículo 88.  Orientación, emprendimiento e innovación para el empleo.
1.  En el marco del Sistema Nacional de Empleo, y en sus respectivos ámbitos de 
actuación,  los  servicios  públicos  de  empleo  podrán  desarrollar  un  programa  de 
Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo que tendrá por objeto la 
realización de las siguientes funciones:
a)  Evaluación  de  programas  de  orientación,  de  prospección  e  intermediación 
laboral y de emprendimiento que puedan calificarse de buenas prácticas, tanto respecto  e.e
de programas propios para transferir su conocimiento al resto de servicios públicos de  w.b
empleo, como de programas externos para su aplicación, si procede, en su respectivo  771ww
terribto)r ioD. iseño de acciones innovadoras y desarrollo de proyectos experimentales en
matec)r ia Ddee soarrieronltlaoc yió enj eyc duec iópnro dsep eucnc iPónla ne  einstpeermcíefidcioa cdieó nfo larmboarcaiól.n permanente dirigido al
personal del propio servicio público de empleo que realiza funciones de orientación
profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, así como de prospección 
empresarial e intermediación laboral, y que incluya formación específica en materia de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
d)  Diseño de modelos de emprendimiento y aplicación de proyectos piloto.
e)  Apoyo a la coordinación de los proyectos de emprendimiento asociados a la 
capitalización de la prestación por desempleo (pago único).
f)  Seguimiento, con una visión integradora, de todas las actuaciones realizadas por 
los diferentes organismos competentes en materia de fomento del empleo autónomo, así 
como en materia de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades 
laborales, dentro del mismo ámbito de actuación.
g)  Interlocución con las asociaciones representativas, en el correspondiente ámbito 
territorial, de trabajadores autónomos y de la economía social, sin perjuicio de la que 
pudiera  mantener  con  otros  agentes  económicos  y  sociales  en  el  ámbito  de  la 
orientación e innovación para el empleo.
El servicio público de empleo competente podrá adicionar cualquier otra función 
tendente a la mejora de la eficiencia o refuerzo de sus acciones de orientación, de 
prospección e intermediación laboral y de fomento del emprendimiento, si bien dicha 
función deberá quedar recogida en el correspondiente programa anual de trabajo, a que 
hace referencia el apartado 2, para que pueda tener la cobertura financiera prevista en el 
apartado 3.
En el desarrollo de las funciones señaladas en este apartado, los servicios públicos 
de empleo integrarán de modo efectivo la perspectiva de género.
2.  Para  la  realización  de  las  funciones  señaladas  en  el  apartado  anterior,  los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas podrán poner en marcha y 
funcionamiento un Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo, 
en cuyo caso será necesario:
a)  La propuesta de su creación por parte del servicio público de empleo competente 
o de su correspondiente administración pública, que ostentará la titularidad del mismo.
b)  Cumplir con los requisitos básicos de medios e infraestructura que se recojan en 
el Protocolo acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales e 
informado por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
c)  La  calificación  del  centro  mediante  Resolución  de  la  Dirección  General  del 
Servicio Público de Empleo Estatal, previo informe de los órganos de coordinación y 
participación señalados en la letra b) anterior.
d)  La elaboración de un programa anual de trabajo por el servicio público de 
empleo competente que, previo a su aprobación por éste, requerirá del informe favorable 
de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal a efectos de verificar si 
se mantienen los requisitos básicos para la calificación del Centro, que garanticen la 
adecuada ejecución del citado programa.
3.  Los gastos de funcionamiento e inversión que se deriven de la ejecución del 
programa anual de trabajo aprobado y, en su caso, del proyecto de creación y puesta en 
marcha del Centro, se financiarán con los fondos de modernización distribuidos según 
los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y con 
las cuantías y condiciones que se determinen en la correspondiente orden ministerial de 
distribución de fondos.
Disposición adicional primera.  Gestión traspasada a las comunidades autónomas. oe.
1.  Las comunidades autónomas que asuman el traspaso de la gestión realizada por  771ww
aesl íS ceorvmicoi od eP úlobsli cpor odger aEmmapsl edoe  Easptoaytaol  aeln e eml pálmeob,i teoj edrecle trráanb alajos,  feuln ecimonpeleso q yu ela e flo prmreasceinótne, 
rseeaglú dne clor edtois pautreibsutoy ee na l lsoesr vriecaiole ps údbeliccroe tdoes  edme ptlreaos pcaosmop. eDteicnhtea  yg eqsuteió nle ss ec orerraelsizpaornád aenn 
virtud de la distribución territorial de los créditos y de acuerdo con la normativa estatal y 
autonómica de aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.
2.  Lo  establecido  en  el  apartado  anterior  no  se  aplicará  en  los  supuestos  de 
programas cuya gestión esté reservada al Servicio Público de Empleo Estatal y le 
corresponda en el ejercicio de sus competencias, según lo dispuesto en el artículo 18.h) 
del texto refundido de la Ley de Empleo.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del 
mencionado texto refundido de la Ley de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal 
gestionará estos programas en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla, mientras su 
gestión no se transfiera a estas ciudades autónomas.
En este caso, y de conformidad con lo previsto en los capítulos III y IV de este real 
decreto, el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las 
comunidades autónomas establecerán los criterios y los mecanismos de coordinación y 
colaboración para la realización, seguimiento y evaluación de estos programas.
Disposición adicional segunda.  Programas propios de los servicios públicos de empleo.
1.  Además  de  los  programas  comunes  regulados  en  este  real  decreto,  las 
comunidades autónomas podrán desarrollar programas propios adaptados a la realidad 
de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial. En todo 
caso, estos programas deberán dirigirse al cumplimiento de los objetivos establecidos en 
los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo e integrarse en los distintos ejes 
de las políticas de activación para el empleo establecidos en el artículo 10.4 del texto 
refundido de la Ley de Empleo.
2.  Los  programas  propios  de  las  comunidades  autónomas  podrán  financiarse, 
además de con los fondos propios y con los fondos cofinanciados por la Unión Europea 
que las mismas dispongan, con cargo a los fondos estatales consignados cada año en el 
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal a que se refiere el 
artículo 7 de este real decreto. Para ello deberán incluirse en los respectivos Planes 
Anuales de Política de Empleo cumpliendo los criterios de idoneidad establecidos en los 
mismos, dirigirse al cumplimiento de los objetivos establecidos en dichos Planes e 
integrarse en los distintos ejes de las políticas de activación para el empleo señalados en 
el artículo 10.4 del citado texto refundido de la Ley de Empleo.
En el supuesto de que los programas propios financiados con fondos estatales se 
gestionen mediante la concesión de subvenciones, las comunidades autónomas podrán 
aplicar lo dispuesto en el artículo 9 sobre régimen de concesión y justificación de 
subvenciones por módulos.
3.  Se  aplicarán  a  los  programas  propios  de  las  comunidades  autónomas  las 
disposiciones contenidas en los capítulos III y IV de este real decreto, en especial las 
referidas a la evaluación, seguimiento y gestión de la calidad de los programas, así como 
los apartados 1 y 2 de la disposición adicional séptima, relativa a la compatibilidad de las 
ayudas con el mercado interior europeo.
Disposición  adicional  tercera.  Participación  de  las  personas  beneficiarias  de 
prestaciones por desempleo en los programas de políticas activas de empleo.
1.  El Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de los servicios 
públicos  de  empleo  la  información  necesaria  sobre  las  personas  solicitantes  y 
beneficiarias de prestaciones por desempleo para facilitar su selección e inclusión en los  es
distintos programas de políticas activas de empleo, de acuerdo con lo establecido en el  bo
artículo 41 del texto refundido de la Ley de Empleo y los objetivos específicos que con tal  771ww
sfdienerabvle2iidcr. áiaondsP   esapesrút aabe rlsai cticanocbsselc eddrzieetcar a esan mc  eloponmlse  looop ,sr dol aePgsmlra apanmenerdassas oAn ndntaeeuss a  pldbeoeeslí n tediecmefai cpsPil aoearloicíat tiysicv  asad esder e vdp iEecre imoesstpma.l ecpLiolooe.sno e sosef rrpveoiccrii dodoses sp epúmobrlpi clleoooss    OE-A-2021-15able en https://
de  empleo  posibilitarán  que  la  citada  inscripción  se  realice  dentro  de  los  plazos 
establecidos para la solicitud de las prestaciones.
La inscripción implica la suscripción del compromiso de actividad, cuyas exigencias 
deberán cumplirse y quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda.
3.  Corresponde al servicio público de empleo competente para la gestión de los 
programas  el  seguimiento  de  la  participación  en  los  mismos  de  las  personas 
beneficiarias de prestaciones por desempleo y la evaluación de los resultados obtenidos. 
Estos resultados, junto con las incidencias que se detecten en el citado seguimiento, se 
comunicarán a través del Sistema de Información de los Servicios públicos de empleo 
(SISPE).  De  igual  forma,  el  servicio  público  de  empleo  competente  trasladará  las 
incidencias que le hayan sido comunicadas por las agencias de colocación u otras 
entidades que actúen como entidades colaboradoras en la gestión de los programas.
En particular, comunicarán al Servicio Público de Empleo Estatal las sanciones 
impuestas, en su caso, en el ejercicio de su competencia a las personas beneficiarias a 
raíz de las infracciones constatadas en el seguimiento. Así mismo, comunicarán, en el 
momento  en  que  se  produzcan,  las  infracciones  detectadas  cuya  sanción  pudiera 
corresponder al citado organismo.
Disposición adicional cuarta.  Difusión y publicidad.
1.  Sin  perjuicio  de  las  obligaciones  específicas  que  para  cada  programa 
establezcan  las  administraciones  públicas  competentes  a  los  beneficiarios  de  los 
programas previstos en este real decreto, cuando aquéllas se tramiten como subvención 
deberán cumplir también las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 31.4 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y especialmente, la de adoptar 
las medidas de difusión y adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
los  programas.  Para  ello  se  identificarán  convenientemente,  considerando  las 
características de cada programa, las actividades, obras o servicios que se realicen al 
amparo de los programas previstos en este real decreto, teniendo en cuenta la normativa 
establecida al efecto, especialmente en el supuesto de acciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad activa establecidas 
en las leyes de transparencia de las comunidades autónomas.
2.  En  los  contratos  y  demás  documentación  necesaria  para  la  realización  de 
acciones incluidas en los programas de políticas activas de empleo contemplados en 
este real decreto, así como en la señalización exterior existente en los lugares en los que 
se realicen estas acciones, y en todo caso, en las actividades de difusión que cada 
comunidad autónoma pueda desarrollar en relación con las mismas, cuando dichos 
programas se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de 
los créditos específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  y  cuyos  fondos  se  hayan  distribuido  a  las 
comunidades autónomas de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el artículo 21 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo 
a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, incorporando junto a los 
elementos identificativos de la comunidad autónoma respectiva los elementos que se 
establezcan en las órdenes ministeriales por las que se distribuyan territorialmente en 
cada ejercicio dichos fondos. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones que en este  e.
ámbito se establecen en la normativa comunitaria, en caso de cofinanciación de los  w.b
gastos por el Fondo Social Europeo. 771ww
Disposición adicional quinta.  Financiación en las comunidades autónomas de régimen 
foral.
No obstante lo dispuesto en el artículo 7, la financiación de los programas que 
contempla  este  real  decreto  en  las  comunidades  autónomas  de  régimen  foral  se 
efectuará en los términos establecidos en los correspondientes reales decretos sobre 
traspaso a las comunidades autónomas de la gestión realizada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y sobre traspaso de 
funciones  y  servicios  de  la  Administración  del  Estado  en  materia  de  cooperativas, 
calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales y programas de 
apoyo al empleo, así como de la normativa específica que resulte de aplicación.
Disposición adicional sexta.  Obras y servicios afectados al programa de fomento del 
empleo agrario para las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en 
las zonas rurales deprimidas..
Las obras y servicios promovidos en el ámbito local por las entidades beneficiarias 
del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y 
social, contemplado en la subsección 1.ª de la sección 3.ª de este real decreto, y 
normativa que se dicte para su desarrollo y ejecución, podrán ser afectadas al programa 
de fomento del empleo agrario cuando aquéllas estén dentro de su ámbito territorial de 
aplicación, en el marco de lo previsto en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el 
que se regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para 
inversiones  de  las  administraciones  públicas  en  las  Comunidades  Autónomas  de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
Estas  obras  y  servicios  estarán  supeditadas  a  lo  establecido  en  dicho  Real 
Decreto 939/1997, de 20 de junio, en lo relativo a determinación, localización y selección 
de obras y servicios, porcentaje de trabajadores desempleados a contratar, selección de 
los trabajadores, duración de los contratos y cualquier otro aspecto contenido en la 
citada norma que afecten al desarrollo de los proyectos.
Disposición adicional séptima.  Compatibilidad de las ayudas con el mercado interior 
europeo.
Las ayudas que se concedan por las administraciones públicas competentes en el 
marco de los programas comunes y propios de activación del Sistema Nacional de 
Empleo se considerarán compatibles con el mercado interior cuando tengan cabida en 
alguno de los siguientes supuestos:
a)  Ayudas  en  las  que  no  concurran  todos  los  criterios  establecidos  en  el 
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que no se 
considerarán ayudas estatales incompatibles con el mercado interior europeo las que se 
otorguen a entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro que no ejerzan una 
actividad económica ni ofrezcan bienes y servicios en un mercado.
b)  Ayudas  a  la  formación  y  ayudas  a  la  contratación  y  empleo  de  personas 
trabajadoras desfavorecidas y personas trabajadoras con discapacidad, que estarán 
exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108.3 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea cuando se cumplan las condiciones establecidas 
en el Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior  e.
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, o bien en el Reglamento que lo  w.b
suceda tras finalizar su vigencia. 771ww
del mEle pnlcaizoon addeo  vRigeegnlacmia edneto e (shtea srtéag eiml 3e1n  ddee  deixceienmcibórne  edse  e2l0 e2s3t)a, bslienc pideor jueinc ioe l daerlt ípceurloío d5o9 
de acd)a pAtaycuiódna sp oas teermioprr deesa sse iqs umee sceosm ppreenvsisetno  elan  eplr easrttíaccuiólon 5 d8e d esle mrviiscmioos. destinados a
facilitar la empleabilidad y el acceso a la reintegración en el mercado laboral o que
fomenten la inclusión social de personas vulnerables, que, asimismo, serán compatibles 
con el mercado interior y estarán exentas de la obligación de notificación establecida en 
el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2011 
relativa  a  la  aplicación  de  las  disposiciones  del  artículo  106.2  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación 
por  servicio  público  concedidas  a  algunas  empresas  encargadas  de  la  gestión  de 
servicios de interés económico general (Decisión 2012/21/UE de la Comisión). A este 
respecto, el artículo 5.4 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social declara 
entidades  prestadoras  de  Servicios  de  Interés  Económico  General  a  los  centros 
especiales de empleo y las empresas de inserción, constituidas y calificadas como tales 
según su normativa reguladora.
d)  Ayudas que, según se determine en cada caso por la administración pública 
competente, se sometan al régimen de minimis en los términos establecidos en alguno 
de los siguientes Reglamentos comunitarios:
1.º  Reglamento  (UE)  número  1407/2013  de  la  Comisión,  de  18  de  diciembre 
de  2013,  relativo  a  la  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, o bien en el Reglamento 
que lo suceda tras finalizar su vigencia. El plazo de vigencia de este régimen de minimis 
aplicable a estas ayudas será el establecido en el artículo 8 del mencionado Reglamento 
(hasta 31 de diciembre de 2023), sin perjuicio del período suplementario de seis meses 
establecido en su artículo 7.4.
2.º  Reglamentos (UE) números 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, y 717/2014 de la Comisión, de 27 de julio de 2014, relativos a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de  minimis  en  el  sector  agrícola  y  el  sector  de  la  pesca  y  de  la  acuicultura, 
respectivamente.
Disposición  adicional  octava.  Convenios  de  cooperación  interinstitucional  con  las 
administraciones locales.
Los servicios públicos de empleo podrán, de acuerdo con el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, ajustar las previsiones de los programas aquí regulados 
y adaptarlos a los contextos de las necesidades ocupacionales en los diversos ámbitos 
territoriales-locales y podrán llegar a acuerdos en su ejecución para permitir atender a 
las operaciones necesarias previstas en los itinerarios personalizados de empleo de las 
personas  desocupadas.  A  tal  efecto  los  Servicios  de  Empleo  podrán  establecer 
convenios  de  cooperación  interinstitucional  con  las  administraciones  locales  que 
permitan su ejecución contextualizada y el seguimiento y control efectivo conforme a lo 
previsto en los arts. 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Disposición adicional novena.  Pagos anticipados en los programas de formación en 
alternancia con el empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.5.b) y la disposición adicional 
décima de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como en su normativa de  s
desarrollo,  en  la  formación  en  alternancia  con  el  empleo,  incluyendo  la  formación  oe.
vinculada  a  los  contratos  para  la  formación  y  el  aprendizaje  no  financiada  con  w.
csbouombnvipfeicenatcecinoiotnenased so,p so daprsoáí rn  lcaposrm eavode mr loinesin s trpsarucosigo rnanemosr ampsa úsbp liúcoba lsibc, aolssoe ss m serixertvgoiucsli aodsdo erp aúsbe lmiqcpoulsee  od-loefos r empmaapcglieóoons    2021-15771n https://ww
anticipados de la subvención puedan ser de hasta el 100 por ciento.
Disposición adicional décima.  Concesión directa de determinadas subvenciones.
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 357/2006, 
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones 
en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, las disposiciones 
del citado real decreto serán de aplicación a las medidas o programas comunes que a 
continuación se relacionan:
a)  Medidas  previstas  en  el  artículo  47.2.a),  b)  y  c),  relativas  al  programa  de 
inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
b)  Medidas del artículo 52.1.a), b) y c), relativas al programa de inclusión laboral de 
las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido.
c)  Medidas previstas en el artículo 78, referidas al programa de fomento del empleo 
autónomo.
d)  Becas para los alumnos de los programas experienciales de empleo y formación 
a que hace referencia el artículo 35.1.b).
e)  Programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y 
social, regulado en la subsección 1.ª de la sección 3.ª, cuando se afecten al programa de 
fomento del empleo agrario, según lo previsto en la disposición adicional sexta de este 
real decreto.
f)  Las prórrogas de las subvenciones para la contratación del personal técnico en 
gestión de desarrollo local, reguladas en el artículo 86.1.a), cuando dichas prórrogas se 
prevean en la correspondiente norma o bases reguladoras de la subvención.
2.  Asimismo, de conformidad con la modificación realizada por la disposición final 
segunda, el citado Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, será de aplicación a los 
incentivos a la contratación previstos en este real decreto.
Disposición adicional duodécima.  Participación de las entidades de carácter local en los 
programas de políticas activas de empleo.
1.  Las entidades locales podrán participar en los programas comunes o propios de 
políticas  activas  de  empleo,  en  el  marco  de  las  convocatorias  de  subvenciones  o 
instrumentos análogos realizados por los servicios públicos de empleo, autonómicos o 
estatal.
2.  Para que desarrollen sus propios programas de políticas activas de empleo se 
requerirá,  en  todo  caso,  informe  previo  y  favorable  del  servicio  público  de  empleo 
correspondiente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Disposición adicional duodécima.  Formas de gestión.
Cuando las administraciones públicas competentes adopten otras formas de gestión 
distinta a la subvencional, según lo previsto en el artículo 12, podrán aplicar a las 
mismas,  siempre  que  resulte  posible,  los  conceptos  y  cuantías  de  referencia 
establecidos en este real decreto para los supuestos de gestión mediante la concesión 
de subvenciones, incluida la posibilidad de su incremento o reducción prevista en el 
artículo  8.2,  así  como  el  régimen  de  concesión  y  justificación  por  módulos.  La 
administración pública competente podrá extender dicha aplicación, además de a los 
programas comunes, a los programas propios financiados con fondos estatales. e
Disposición  adicional  decimotercera.  Proyectos  integrales  de  empleo  de  iniciativa  771ww
p1r. ivaLdaas. entidades privadas sin ánimo de lucro podrán financiar con fondos propios
proyectos integrales de empleo regulados en la subsección 3.ª de la sección 1.ª Para
ello, tendrán que solicitar la aprobación del proyecto al Servicio Público de Empleo  Bc
competente de la Comunidad Autónoma en la que se vaya a desarrollar. En el caso en el 
que el desarrollo se efectúe en más de una Comunidad Autónoma, la aprobación la 
realizará el Servicio Público de Empleo Estatal.
2.  El  procedimiento  de  aprobación  que  se  regule  al  efecto,  asegurará  el 
cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 24, 25 y 26 y el seguimiento 
del proyecto.
3.  Podrá incentivarse la contratación indefinida de las personas participantes en 
estos proyectos integrales de empleo, en los términos previstos en el artículo 27.3.
Disposición  adicional  decimocuarta.  Condicionamiento  presupuestario  y  gastos  de 
personal.
1.  La financiación de los programas comunes previstos en este real decreto, y en 
su  caso  la  de  los  programas  propios  de  las  comunidades  autónomas,  estará 
condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias para dicho fin que 
anualmente se consignen en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
2.  Este real decreto no supone, por sí mismo, aumento neto de los gastos de 
personal, sin perjuicio de la incidencia que las actuaciones derivadas de su desarrollo y 
aplicación pudiera tener en el personal de los servicios públicos de empleo competentes, 
en cuyo caso estos deberán ajustarse a las normas básicas sobre gastos de personal 
que sean de aplicación.
Disposición adicional decimoquinta.  Bases reguladoras comunes.
Sin perjuicio de la facultad de las Administraciones públicas competentes para aplicar 
y desarrollar el presente real decreto a partir de su entrada en vigor, y de conformidad 
con los criterios que se adopten en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales, a través de las correspondientes órdenes ministeriales se establecerán, en su 
caso, bases reguladoras que sirvan de marco a las convocatorias de subvenciones de 
los  servicios  públicos  de  empleo  para  la  financiación  de  programas  comunes  de 
activación para el empleo.
Disposición transitoria única.  Procedimientos en vigor.
A los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto, o bien de cada una de las normas que resulten necesarias adaptar para la 
aplicación  de  los  programas  comunes  de  activación  para  el  empleo,  les  será  de 
aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones siguientes, así como, en su caso, las normas 
que las desarrollan o las modifican:
a)  Capítulo VII del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los centros especiales de empleo, definidos en el artículo 42 
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
b)  Artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. es
c)  Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas  bo
de fomento del empleo. 771ww
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Decreto 3887/1982, de 29 de diciembre, por el que se regulan diversas medidas de 
fomento del empleo.
f)  Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las 
normas  reguladoras  de  subvenciones  que  se  concedan  por  el  Servicio  Público  de 
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional.
g)  Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto 
Nacional  de  Empleo  para  la  realización  de  acciones  de  comprobación  de  la 
profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de 
empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro.
h)  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo.
i)  Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para 
la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales 
en materia de empleo.
j)  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  ayudas  y 
subvenciones  públicas  destinadas  al  fomento  de  la  integración  laboral  de  los 
minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.
k)  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, 
por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones 
públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos 
de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
l)  Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por la que se excepcionan determinados 
programas públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la utilización del 
contrato de inserción y se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales 
de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de 
la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, 
que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social.
m)  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, 
por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social.
n)  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la 
que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del 
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E)
ñ) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de abril de 1994, de 
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones consistente en el abono, a los 
trabajadores  que  hicieren  uso  del  derecho  previsto  en  el  artículo  1  del  Real  s
Decreto 1044/1985. oe.
o)  Orden  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  de  14  de  noviembre  w.
de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las  771ww
Uconnidcaedseiósn  ddee  sPurbovmenocciioónne sy  pDúebslicaarrso lalo d iyc hsoes  persotgarbalmecaesn.  las  bases  reguladoras  de  la
de 2p0)0 1O, prdoer nla  dqeule  Msein disetseariroro ldlae  eTl Rraebaalj oD eyc reAtsou 2n8to2s/1 9S9o9c,i adlee s2, 2 ddee  f1e4b redreo , npoovr ieeml qburee   BOE-A-cable e
se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa.
q)  Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
r)  Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por las que se regula la concesión de 
subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los centros especiales de empleo, definidos 
en  el  artículo  42  de  la  Ley  13/1982,  de  7  de  abril,  de  Integración  Social  del 
Minusválido.
Se modifica el artículo 11 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Centros  Especiales  de  Empleo,  definidos  en  el 
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, que 
queda redactado de la manera siguiente:
«Las Administraciones Públicas podrán conceder subvenciones destinadas a 
equilibrar el presupuesto de los centros especiales de empleo, cuando dichos 
Centros  carezcan  de  ánimo  de  lucro,  sean  declarados  de  utilidad  pública  e 
imprescindibilidad y la función social de los mismos justifique la necesidad de ser 
financiados con medios complementarios a los señalados en el artículo anterior.
A estos efectos, se estimará la concurrencia de utilidad pública en el centro 
especial  de  empleo,  cuando  el  objetivo  y  la  finalidad  del  mismo  sea 
exclusivamente la inclusión laboral y social de personas con discapacidad.
La  imprescindibilidad  social  ha  de  entenderse  como  la  verificación  de  la 
dificultad de que las personas trabajadoras con discapacidad puedan por sus 
características de la tipología y grado de discapacidad, su edad, su formación y 
cualificación profesional y por la necesidad permanente de ser usuarios de los 
servicios de ajuste personal y social, encontrar un nuevo empleo en otro centro 
especial de empleo o en la empresa ordinaria. Dicha verificación será realizada en 
función de estos parámetros o cualquier otro que determine el servicio público de 
empleo competente:
a)  Ratio de los trabajadores con discapacidad y con especiales dificultades 
que integran la plantilla de personas con discapacidad.
b)  Ratio de personas trabajadoras con discapacidad que integran la plantilla 
contratadas con una modalidad indefinida.
c)  Servicios de ajuste personal y social prestados por el centro especial de 
empleo.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los 
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.
Se añaden nuevas letras m) y n) al artículo 2.1 del Real Decreto 357/2006, de 24 de 
marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los 
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, que queda redactada en 
los siguientes términos: e.
«m)  Subvenciones a empresas y entidades para la impartición de acciones  771ww
addeq fuoiremraanc ipóanr ap rsoíf emsiiosmnaal sp ealr ac oeml permompliesoo  ecxuparnedsoo  ddiec hcaosn teramtaprr eusna sp oor ceennttiadjaed dees 
aDleucmrentoos  69fo4r/m20a1d7o,s ,d ed 3e  daec ujuelirod,o p ocro enl  qlou e psree vdisetsoa reronl lae lla  aLretíyc u3l0o/ 22081 5,d edle  R9 edael 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral.
n)  Subvenciones  destinadas  a  financiar  los  incentivos  a  la  contratación 
previstos en los programas comunes de activación para el empleo del Sistema 
Nacional de Empleo.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el 
que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo.
Se modifica el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las 
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros Especiales de Empleo, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 3.1, se redacta en los siguientes términos:
«1.  Los destinatarios finales de este programa serán los trabajadores con 
discapacidad de los Centros Especiales de Empleo que se encuentren en alguno 
de los supuestos que se describen a continuación:
a)  Personas con parálisis cerebral, personas con trastorno de la salud mental 
o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del 
espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33%.
b)  Personas  con  discapacidad  física  o  sensorial  con  un  grado  de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.»
Dos.  El artículo 4.2 queda redactado como sigue:
«2.  La cuantía de referencia de dichas subvenciones se establece en 1.440 
euros anuales por cada persona trabajadora con el tipo y grado de discapacidad 
indicados en el artículo 3.1 contratado por tiempo indefinido o mediante contrato 
temporal de duración igual o superior a seis meses. La subvención de 1.440 euros 
se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los contratos de los 
trabajadores con discapacidad a los que se refiere el apartado anterior, así como 
en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a 
tiempo parcial.
La cuantía indicada en el párrafo anterior podrá ser actualizada mediante 
orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.»
Tres.  El artículo 7.1 queda redactado como sigue:
«1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en este 
real decreto se ajustará a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por lo establecido en este real decreto y por las normas 
de procedimiento y bases o normas reguladoras dictadas por las administraciones 
competentes, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de 
esta norma.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el 
que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de 
empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Se modifica el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa 
de  empleo  con  apoyo  como  medida  de  fomento  de  empleo  de  personas  con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 3.1 se redacta de la siguiente manera:
«1.  Los  destinatarios  finales  del  programa  de  empleo  con  apoyo  serán 
trabajadores con discapacidad inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como 
demandantes de empleo no ocupados, así como trabajadores con discapacidad 
contratados por centros especiales de empleo, siempre que, en ambos casos, se 
encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación:
a)  Personas con parálisis cerebral, personas con trastorno de la salud mental 
o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del 
espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33%.
b)  Personas  con  discapacidad  física  o  sensorial  con  un  grado  de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como personas sordas y con 
discapacidad auditiva con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33%.»
Dos.  El artículo 4.1, primer párrafo, queda redactado como sigue:
«1.  Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que 
se comprometan a suscribir el correspondiente convenio de colaboración con la 
empresa que va a contratar a las personas trabajadoras con discapacidad a los 
que se les va a prestar el empleo con apoyo y que cumplan los siguientes 
requisitos:»
Tres.  El artículo 4.2, primer párrafo, queda redactado como sigue:
«2.  Los centros especiales de empleo, calificados e inscritos como tales en el 
Registro  correspondiente,  que  se  comprometan  a  suscribir  un  convenio  de 
colaboración con la empresa que va a contratar a personas trabajadoras con 
discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros 
especiales  de  empleo.  Estos  centros  especiales  de  empleo  deberán  cumplir, 
además, los siguientes requisitos:»
Cuatro.  El artículo 5.2 queda redactado como sigue:
«2.  Las acciones de empleo con apoyo se desarrollarán en el marco de 
proyectos de empleo con apoyo que, a los efectos de este real decreto, tendrán 
una duración entre seis meses y un año, prorrogable hasta dos años más.
No obstante, en el caso de trabajadores con el tipo y grado de discapacidad 
establecido en el artículo 3.1.a), el plazo máximo de tres años podrá ampliarse por 
el tiempo indispensable cuando se detecten situaciones de especial dificultad que 
exijan necesidades específicas de apoyo.» s
Cinco.  El artículo 7.2 se redacta de la siguiente manera:
«2.  El tiempo de atención a cada trabajador con discapacidad no podrá ser 
inferior al porcentaje de la jornada de trabajo de dicho trabajador que se relaciona 
a continuación:
a)  Un tercio en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, con trastorno 
de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con 
trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65 %.
b)  Un quinto en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, con trastorno 
de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con 
trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33 % e inferior al 65 %.
c)  Un octavo en el caso de trabajadores con discapacidad física o sensorial 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 % y en el caso de 
personas  trabajadoras  sordas  y  con  discapacidad  auditiva  con  un  grado  de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Cuando un mismo preparador laboral preste atención a más de un trabajador 
con discapacidad, el tiempo de atención conjunto será la suma de los tiempos de 
atención de cada uno de dichos trabajadores. En ningún caso un preparador 
laboral  podrá  atender  simultáneamente  a  más  de  3,  5  u  8  trabajadores  con 
discapacidad de los grupos a), b) y c) antes señalados, respectivamente, o los 
equivalentes cuando los trabajadores atendidos pertenezcan a distintos grupos.»
Seis.  El artículo 8.2 queda redactado como sigue:
«2.  La cuantía de dichas subvenciones se establece, por un lado, tomando 
como referencia una retribución anual de 33.250 euros, incluidas las dos pagas 
extraordinarias  y  la  cuota  empresarial  a  la  Seguridad  Social  por  todos  los 
conceptos; y, por otro lado, en función del número de personas trabajadoras con el 
tipo y grado de discapacidad indicados en el artículo 7.2 destinatarios de las 
acciones de empleo con apoyo, correspondiendo respecto de la citada retribución 
anual de referencia:
a)  Un  tercio  de  su  importe  por  cada  persona  trabajadora  incluida  en  el 
apartado a),
b)  Un quinto de su importe por cada persona trabajadora incluida en el 
apartado b), y
c)  Un octavo de su importe por cada persona trabajadora incluida en el 
apartado c).
Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente en función de la duración 
del contrato de cada persona trabajadora con discapacidad, así como en función 
de su jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial. Asimismo, la 
cuantía de la subvención no podrá superar el salario que corresponda a la persona 
trabajadora  según  la  normativa  laboral  que  le  resulte  de  aplicación  más  la 
correspondiente  cotización  empresarial  a  la  Seguridad  Social  por  todos  los 
conceptos.
Las  cuantías  de  las  subvenciones  previstas  en  este  apartado  podrán  ser  es
actualizadas mediante orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y  o
Economía Social, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para  771ww
SieAtes.u ntEols a Ertcícounlóom 8i.c4o qs.u»eda redactado como sigue:
«4.  No podrán otorgarse subvenciones conforme a lo previsto en este real
decreto referidas a una misma persona trabajadora con discapacidad, aunque
correspondan a distintos proyectos de empleo con apoyo, por tiempo superior al 
señalado en el artículo 5.2.»
Ocho.  La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Personas con capacidad intelectual límite.
Serán también destinatarias finales del programa de empleo con apoyo las 
personas con capacidad intelectual límite según se definen en el artículo 2 del 
Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para 
promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, que 
sean contratadas por los empleadores a que se refiere el artículo 3 del citado Real 
Decreto 368/2021, de 25 de mayo, conforme a lo establecido en el presente real 
decreto, con las siguientes particularidades:
a)  El tiempo mínimo de atención exigido en el artículo 7.2, será una doceava 
parte de la jornada de trabajo del trabajador con capacidad intelectual límite.
b)  La cuantía de las subvenciones establecidas en el artículo 8 será de 1.625 
euros anuales por cada trabajador.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
El artículo 28.1, cuarto párrafo, y 2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, queda modificado en los 
siguientes términos:
«Artículo 28.  Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.
1.  Podrán ser objeto de financiación al amparo de este real decreto las 
acciones  formativas  dirigidas  a  trabajadores  desempleados  que  incluyan 
compromisos de contratación, mediante subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva por la Administración Pública competente a las empresas 
o entidades que adquieran para sí mismas el citado compromiso de contratación. 
Asimismo,  podrán  ser  beneficiarias  de  estas  subvenciones  las  entidades  de 
formación  acreditadas  y/o  inscritas,  en  los  términos  del  artículo  15  de  la 
Ley  30/2015,  en  cuyo  caso  podrán  asumir  el  compromiso  de  contratación 
mediante  acuerdos  o  convenios  con  otras  empresas  que  efectuarán  la 
contratación.  En  todo  caso,  será  la  entidad  de  formación  beneficiaria  quien 
asumirá  la  responsabilidad  de  la  ejecución  de  la  actividad  formativa 
subvencionada y del cumplimiento del compromiso de contratación.
Los beneficiarios únicamente podrán subcontratar por una sola vez la actividad 
formativa, salvo cuando el beneficiario sea una entidad de formación acreditada 
y/o inscrita, en cuyo caso esta no podrá subcontratar con terceros la ejecución de 
la actividad formativa. La contratación de personal docente para la impartición de 
la  formación  subvencionada  por  parte  del  beneficiario  no  se  considerará 
subcontratación.  Por  contratación  de  personal  docente  se  entiende 
exclusivamente la contratación de personas físicas. e
El  beneficiario  deberá  contar  con  medios  propios  para  las  funciones  de  bo
planificación  y  coordinación  del  proyecto,  asumiendo,  en  todo  caso,  la  771ww
rsoAeurdsgbmpaconionninsisstmrtaraobatsiiclsi idtódaane,d   s ePendúg ebus liimucla aie c naectsjooeom c,y u pceceoli tónedntnre otsedla.,e r rdolelalbo i easncadttiovisi dfaaacsdteo grsiuour badvr,ee  ntlacainsot nofa udanaqc iuofenrlee nsct oedm eao   loleasl    OE-A-2021-15able en https://
La  competencia  para  la  concesión  de  los  programas  de  formación  con 
compromiso de contratación corresponderá al órgano o entidad competente de la 
respectiva comunidad autónoma, si bien requerirán de una coordinación unificada 
por parte del Servicio Público de Empleo Estatal por concurrir la totalidad de las 
siguientes circunstancias:
a)  Que afecten a un ámbito superior al de una comunidad autónoma porque 
los compromisos de contratación se adquieran por entidades de ámbito estatal o 
empresas con centros de trabajo situados en dos o más comunidades autónomas, 
y que dichos compromisos de contratación respondan a un plan formativo y de 
empleo de dichas entidades o empresas.
b)  Que, con carácter general, los participantes en los programas que sean 
contratados  se  incorporen  a  centros  de  trabajo  situados  en  sus  respectivas 
comunidades autónomas.
c)  Que la empresa o entidad beneficiaria precise centralizar la impartición de 
la formación en una sola comunidad autónoma, y ello requiera, por tanto, la 
movilidad geográfica de los alumnos.
En  este  supuesto,  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  procederá  a  la 
coordinación de los programas y a la concesión de las subvenciones para la 
financiación de las acciones formativas. Por su parte, los servicios públicos de 
empleo  de  las  comunidades  autónomas  realizarán  la  preselección  de  los 
participantes de acuerdo con las normas específicas que estas dicten al efecto. En 
su caso, realizarán también la gestión de las prácticas no laborales, si las hubiere, 
y  el  seguimiento  de  los  contratos  realizados  según  los  compromisos  de 
contratación adquiridos.
2.  Sin perjuicio del régimen de concurrencia competitiva de concesión de 
subvenciones  antes  señalado,  los  programas  formativos  que  incluyan 
compromisos de contratación podrán financiarse asimismo de acuerdo con las 
formas previstas en el artículo 6.5.c) de la Ley 30/2015, de 9 de octubre, así como 
con el régimen previsto en el artículo 6.5.d) de la citada ley cuando se prevea por 
real decreto la concesión directa de subvenciones al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en relación con el artículo 28.2 y 3 de dicha Ley.»
Disposición final sexta.  Título competencial.
Este  real  decreto  se  dicta  al  amparo  del  título  competencial  previsto  en  el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos 
de las Comunidades Autónomas, así como en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final séptima.  Nuevo marco legal de políticas activas de empleo.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, realizará las 
adaptaciones que resulten necesarias para adecuar el contenido de este real decreto al 
nuevo marco legal que se derive de la reforma 5 «Modernización de las políticas activas 
de empleo» prevista en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y  e.
Resiliencia, ya sea mediante la modificación del mismo o bien a través del desarrollo  w.b
reglamentario del citado nuevo marco normativo. 771ww
Disposición final octava.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1.  Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social a 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real 
decreto.
2.  Las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en sus 
respectivos ámbitos de gestión, en desarrollo y ejecución de este real decreto dictarán 
las correspondientes normas de procedimiento y bases reguladoras, o el instrumento 
jurídico correspondiente, en las que se establecerán los contenidos específicos que se 
consideren adecuados y necesarios para la ejecución territorializada de cada uno de los 
programas  comunes  y  cuantos  otros  aspectos  sean  necesarios  para  la  correcta 
ejecución de los programas.
3.  La persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social podrá actualizar 
mediante orden las cuantías de las ayudas establecidas en este real decreto, previo 
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
4.  Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para la aplicación de este real decreto.
Disposición final novena.  Adaptación normativa.
Las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, para realizar las adaptaciones 
que resulten necesarias de cada uno de los programas comunes de activación para el 
empleo previstos en el mismo.
Disposición final décima.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno
y Ministra de Trabajo y Economía Social,
YOLANDA DÍAZ PÉREZ