BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Miércoles 16 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 73496
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
10068 Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad interina de Alicante n.º 7, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por doña M. P. G. T. contra la calificación de la registradora 
de la Propiedad interina de Alicante número 7, doña María Teresa Sáez Sanz, por la que 
se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 20 de enero de 2012 por la notaria de Alicante, 
doña Ligia María Portolés Reparaz, se otorgaron las operaciones de adjudicación de la 
herencia causada por el fallecimiento de doña M. E. T. S., ocurrido el día 26 de julio 
de 1997. Ocurrió su óbito en estado de divorciada de don P. G. M., que había premuerto 
a la causante el día 10 de abril de 1997. En el último testamento de la causante, 
otorgado el día 21 de febrero de 1994 ante el notario de Alicante, don Alberto Ortiz Vera, 
desheredó totalmente a su esposo, don P. G. M. por las causas primera y tercera del 
artículo 855 del Código Civil, e instituyó herederas a sus hijas doña M. P., doña M. y 
doña M. V. G. T., con sustitución por sus descendientes. Intervinieron en el otorgamiento 
doña M. y doña M. V. G. T., advirtiéndose por la notaria la necesidad de ratificación de la 
escritura por parte de la otra hija, doña M. P. G. T.
En la citada escritura, la única finca que constituía el inventario se adjudicaba a las 
tres herederas por partes iguales, y tenía como título el de compra por la causante en 
estado de casada en sociedad de gananciales con el que era entonces su esposo, don P. 
G. M., mediante escritura otorgada el día 29 de enero de 1985 ante el notario de 
Alicante, don Eduardo Llagaría Vidal, rectificada por otra ante el mismo notario, de 
fecha 30 de mayo de 1985, en la que se hizo constar que doña M. E. T. S. la había 
comprado  con  carácter  privativo,  confesándose  la  privatividad  por  su  cónyuge.  Se 
manifestaba estar arrendada en virtud de contrato de fecha 19 de septiembre de 2011. 
En el Registro de la Propiedad, por medio de esta rectificación, constaba la finca inscrita 
a nombre de doña M. E. T. S. con el carácter privativo por confesión de privatividad 
hecha por su cónyuge, don P. G. M.
Mediante escritura, de fecha 3 de diciembre de 2020, ante el notario de Úbeda, don 
Pedro  Femenia  Gost,  se  otorgó  por  doña  M.  P.  G.  T.  escritura  de  «rectificación, 
justificación, aclaración y ratificación» de la escritura anteriormente citada de fecha 20 de 
enero de 2012. En ésta, se realizaban las siguientes manifestaciones: a) Que rectifica la 
escritura de fecha 20 de enero de 2012 en el apartado del título, que es el de «compra 
por Doña E. T. S. con carácter privativo, por confesión, mediante escritura otorgada el 30 
de Mayo de 1.985, ante el notario de Alicante Don Eduardo Llagaría Vidal, número 934 
de  su  protocolo,  quedando  inscrita  el  12  de  noviembre  de  1.985  al  amparo  de  lo  e.
dispuesto en el art. 95 párrafo 4.º del Reglamento Hipotecario al folio (…)»; b) Se  w.b
justifica, al amparo del artículo 95.6 del Reglamento Hipotecario, el carácter privativo del  068ww
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ventas realizadas, así como documentos privados, de fecha 29 de agosto de 1983 y 8 de
septiembre  de  1988,  en  virtud  de  los  cuales  la  causante  vendió  otras  fincas  y  se 
manifestaba  que  esas  cantidades  sirvieron  para  pagar  en  su  totalidad  la  finca 
inventariada, permitiendo a la causante cancelar las hipotecas suscritas; c) Se aclara la 
escritura de fecha 20 de enero de 2012 en el sentido de que la finca inventariada no 
constaba  arrendada  como  allí  se  describía,  sino  que  estaba  libre  de  cargas, 
arrendamientos y gravámenes, ya que la arrendataria que se mencionaba había fallecido 
a  los  seis  meses  de  firmado  el  contrato  sin  que  los  causahabientes  se  hubieran 
subrogado en los derechos y obligaciones de esta última; d) Que la compareciente 
ratificaba la escritura de fecha 20 de enero de 2012 «en todo aquello que no contradiga 
la presente escritura, excepto la descripción del título por el que Doña M. E. T. S. 
adquirió la finca registral 31.047 citada, que debe quedar autorizado como viene en el 
párrafo primero de la presente escritura que rectifica (…)», y e) Que la causante nunca 
reanudó convivencia con su ex esposo, y que permanecieron separados desde el día 
que otorgaron separación de bienes mediante escritura otorgada el día 14 de junio 
de 1985 ante el notario de Alicante, don Antonio Manteca López, y que, desde entonces, 
su madre se hizo cargo de sus hijas y de su propia madre, fallecida en el año 2002 y, por 
tanto,  las  herederas  llevaban  en  posesión  de  la  citada  finca  registral,  de  forma 
ininterrumpida, desde hace más de treinta años, contados desde el día 12 de noviembre 
de 1985, lo que se manifestaba al amparo de la prescripción de dominio, solicitando se 
inscriba en virtud de ella, «con independencia de la adquisición por título hereditario 
efectuada».
II
Presentadas el día 14 de enero de 2021 las referidas escrituras en el Registro de la 
Propiedad de Alicante número 7, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º: 82 del año: 2021.
Asiento n.º: 365 Diario: 40.
Presentado el 14/01/2021 a las 16:21.
Presentante: G. T., M.
Interesados: Doña M. E. T. S., doña M. V. G. T., doña M. G. T.
Naturaleza: Escritura pública Objeto: herencia.
Protocolo n.º: 50/2012 de 20/01/2012.
Notario: Ligia María Portolés Reparaz, Alicante/Alacant.
Resolución de calificación desfavorable del Registro de la Propiedad de Alicante 
número siete.
Calificada la Escritura de adjudicación de herencia otorgada el 20 de enero del 2012 
ante la Notario de Alicante doña Ligia María Portolés Reparaz, protocolo 50. Por la que 
se adjudica la herencia de doña M. E. T. S., fallecida el 26 de julio de 1997, en estado de 
divorciada de don P. G. M. fallecido el 10 de abril de 1997, que le premurió. Siendo el 
único bien inmueble que comprende la herencia la finca 31.047, inscrita, según su 
inscripción 4.ª rectificada por la 5.ª, a favor de doña M. E. T. S. por título de compra 
conforme al artículo 95 apartado 4 del reglamento hipotecario (es decir con carácter 
privativo por confesión).
Escritura presentada el día 14 de enero de 2021, bajo el asiento número 365, del 
Diario 40 y número de entrada 82.
Junto con la Escritura de rectificación justificación aclaración y ratificación otorgada  es
el  3  de  diciembre  del  2020  ante  el  Notario  de  Úbeda  don  Pedro  Femenía  Gost,  bo
protocolo 1507. Y tras examinar los antecedentes de este Registro, la Registradora que  068ww
suscribe, ha suspendido la práctica de las operaciones solicitadas por los siguientes 
Hechos y Fundamentos de Derecho:
Hechos
En la citada Escritura de adjudicación de herencia comparecen doña M. y doña M. V. 
G.  T.;  dos  de  las  tres  hijas  herederas;  advirtiéndose  expresamente  por  la  Notario 
autorizante en la escritura a las comparecientes que: para la plena eficacia jurídica de la 
presente escritura es necesaria la ratificación por la hija y heredera doña M. P. G. T.; 
procediéndose por las comparecientes a practicar la liquidación de la herencia de doña 
M. E., que comprende como único bien inmueble la finca de este número que se 
adjudicarán por terceras partes las tres citadas hijas.
Por la antes citada Escritura de rectificación Doña M. P. G. T., ratifica la anterior 
escritura de adjudicación de herencia, pero al mismo tiempo, rectifica, ella sola, el título 
de la adquisición que consta en la Escritura de adjudicación de herencia y trata de 
justificar,  conforme  al  art.  95.6  RH,  el  carácter  privativo  del  dinero  utilizado  por  la 
causante, adjuntando a la escritura de rectificación copia del documento público de 19 de 
mayo de 1980, ante el Notario de Alicante Don Juan Ruiz Olmos, de herencia de su 
padre don I. T. A., en cuyos márgenes a mano constarían las ventas realizadas, así 
como de los privados de 29 de agosto de 1983 y 8 de septiembre de 1988 (por los que la 
causante vendía otras fincas) indicando que las cantidades sirvieron para pagar en su 
totalidad la finca registral 31.047, permitiéndole a doña M. E. T. S. cancelar las hipotecas 
suscritas.
Igualmente aclara la escritura de herencia en cuanto al apartado de arrendamientos; 
y hace constar que los herederos llevan en la posesión de la finca más de 30 años 
solicitando del registrador efectúe la calificación favorable en tal sentido a favor de las 
herederas por título de prescripción adquisitiva de la propiedad con independencia de la 
adquisición por título hereditario efectuada.
1.º  En cuanto a la ratificación:
Que ratificando Doña M. P. G. T. la escritura de herencia inicial, pero al mismo tiempo 
rectificando  su  contenido,  y  supeditándose  la  rectificación  a  la  propia  rectificación 
operada, sin la intervención de Doña M. y doña M. V. G. T., otorgantes de la escritura de 
herencia inicial, será preciso que estas consientan, que ratifiquen, por su parte la nueva 
redacción que se pretende de la escritura de herencia de 2012.
2.º  En cuanto al carácter privativo del bien por confesión:
Se advierte según resulta de las escrituras presentadas que con anterioridad al 
divorcio de la causante se había otorgado el 14 de junio de 1985 escritura de liquidación, 
escritura de separación de bienes autorizada por el Notario de Alicante, don Antonio 
Manteca López, protocolo 763, que no se aporta, y que tampoco se aporta la herencia 
del cónyuge confesante premuerto, ni se acredita en forma alguna quienes son los 
legitimarios del confesante; y dando por supuesto que en dicha documentación no se 
hace referencia a la finca 31.047, objeto de la escritura de herencia, con su rectificación, 
cabe señalar que:
El Artículo 95.4 Reglamento Hipotecario dispone: ... 4. Si la privatividad resultare sólo 
de la confesión del consorte, se expresará dicha circunstancia en la inscripción y ésta se 
practicará  a  nombre  del  cónyuge  a  cuyo  favor  se  haga  aquélla.  Todos  los  actos  es
inscribibles relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo  o
favor se haya hecho la confesión, quien, no obstante, necesitará para los actos de  068ww
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entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la
confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos 
del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los 
cónyuges.
La  Resolución  de  la  Dirección  General  de  13  de  junio  de  2003  entiende  que 
constando  inscrita  la  finca  como  privativa  por  confesión  del  consorte,  no  puede  la 
heredera del titular registral adjudicarse el bien como privativo, sino que deben consentir 
los legitimarios del marido que hizo la confesión o bien acreditar la inexistencia de tales 
legitimarios.
Es decir que para que las tres hijas de Doña M. E. T. S., se adjudiquen la finca como 
privativa de su madre, es preciso que consientan todos los legitimarios del confesante 
premuerto –en principio las tres mismas hijas, pero será necesario acreditar que no 
existen más legitimarios– salvo que el carácter privativo del bien resultare de la partición 
de la herencia del confesante don P. G. M.
3.º  En cuanto a la rectificación del título de adquisición de su madre que consta en 
la escritura de adjudicación de herencia de 2012:
Título  de  adquisición  que,  recordemos,  rectifica,  ella  sola,  tratando  de  justificar, 
conforme al art. 95.6 RH, el carácter privativo del dinero utilizado por la causante. 
Documentación aportada, de la que parte se trataría de documentos privados, que no 
probaría de forma indubitada la privaticidad.
Siendo constante y reiterada la doctrina de la Dirección General de que no basta al 
efecto la simple manifestación de que se empleó dinero privativo, dado el carácter 
fungible del dinero –no se prueba que ese mismo dinero se empleara para pagar la 
compra–, como señalaba la Resolución del 18-10-1999. El hecho de que el adquirente 
haya enajenado con anterioridad el bien privativo, prueba que un día existió en su 
patrimonio privativo una cierta cantidad de dinero, pero no que sea ese dinero el que se 
emplea para la adquisición de otro bien.
Sin que se desvirtué por el hecho de haberse hecho la manifestación en escritura 
pública, pues la fe pública del Notario no se extiende a la veracidad intrínseca de la 
declaración  de  los  otorgantes  (por  ejemplo,  Resoluciones  7-12-2000,  10-06-2006, 
13-10-2013,10-10-2015).
Por lo que no se puede rectificar la inscripción del dominio privativo por confesión 
para hacer constar el carácter del bien como privativo, por no haberse acreditado que el 
dinero empleado en su adquisición era privativo de la causante.
4.º  En cuanto a las rectificaciones relativas a los arrendamientos y a la prescripción 
adquisitiva:
Nuevamente nos encontramos con afirmaciones realizadas solamente por doña M. P. 
G. T., la cual por sí sola no puede rectificar la inicial escritura de herencia, sin contar con 
la aceptación/ratificación de las otras otorgantes.
Por otra parte, cabe añadir en cuanto a la prescripción adquisitiva o usucapión, que 
para que pueda acreditarse una adquisición por usucapión (prescripción adquisitiva) ha 
de existir pronunciamiento judicial al efecto, dado que no es una materia que pueda ser 
calificada por el registrador, y que sólo puede ser efectuada judicialmente (artículos 36, 
38, 40 LH; 1930, 1959 C. Civil; Resoluciones DGRN, por ejemplo, 24-04-2014, 03, 12-20 
15, 08-09-2016).
Por todo lo expuesto se suspende la práctica de los asientos solicitados en la 
documentación calificada. e.
Fundamentos de Derecho 068ww
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General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: … 25-04-1989, 18-10-1999, 07-12-2000,
13-06-2003, 10-06-2006, 26-04-2006, 01-03-2013, 13-10-2013, 24-04-2014, 05-12-2014, 
10-10-2015, 03-2-2 015, 08-09-2016.
Se practicarán las notificaciones prevenidas en el art. 322 de la Ley Hipotecaría, 
prorrogándose el asiento de presentación por plazo de 60 días, contados desde la última 
notificación de conformidad con el art. 323 de la Ley Hipotecaria.
Alicante, a veintidós de febrero del año dos mil veintiuno La registradora interina 
(firma ilegible) Fdo.: María Teresa Sáez Sanz
Contra la presente calificación podrá (…).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. P. G. T. interpuso recurso el día 6 de 
abril de 2021 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
«Antecedentes de hecho:
Primero: (…)
Quinto: que el confesante D. P. G. M. a su fallecimiento no dejó bienes, derechos u 
obligaciones  pendientes  de  pago  conocidos,  que  generaran  un  llamamiento  a  su 
aceptación, aceptación a beneficio de inventario o repudiación. Tampoco dejó otros 
legitimarios conocidos distintos de las tres hijas que cita el testamento de Dña. M. E. T. 
S., obrante en la escritura pública núm. 50 de 2012 Protocolo de Dña. Ligia María 
Portolés Reparaz. Habiendo transcurrido más de veinte años desde el fallecimiento del 
confesante, sin que se haya requerido notarialmente a las legitimarlas de Dña. M. E. T. 
S., para que acepten herencia alguna del confesante por cualquier presunto acreedor del 
confesante interesado en ello, ni por ningún otro presunto legitimario a tenor de lo 
dispuesto en el art. 1005 del Código Civil.
Sexto: Que han transcurrido más de treinta y cinco años desde la adquisición de la 
finca registral 31.047 citada con carácter privativo por confesión, y ello computado desde 
el día 12-11-1985 fecha de la inscripción en el registro de la propiedad, así como desde 
la disolución de la sociedad de gananciales, computado desde el día 11-11-1.985 fecha 
de la inscripción en el registro civil de Burgos, sin que se haya interpuesto y anotado 
preventivamente, demanda alguna, contra la causante y el confesante de rescisión o 
nulidad en reclamación de cantidad alguna contra la adquisición con carácter privativo, ni 
contra la disolución de la sociedad de gananciales, por ningún presunto acreedor o 
presunto legitimario distinto de las hermanas G. T., cuyos documentos públicos fueron 
publicados fehacientemente en lo que se refiere a su contenido mediante inscripción en 
los registros de la propiedad y civil con fechas 12-11-1985 y 11-11-1985 respectivamente 
como se ha indicado.
Séptimo: Que la causante no es heredera legal del confesante al haberse divorciado 
del  mismo,  constando  publicado  el  divorcio  en  el  registro  civil  de  Burgos  con 
fecha 25-5-1994.
Octavo: Que se solicitó en virtud de escritura pública de 3-12-2020 número 1507 de 
protocolo de D. Pedro Femenia Gost, la inscripción marginal prevenida en el art. 95.6 
R.H. aportando documento público de fecha 19-5-1.980 y dos privados relacionados con 
el documento público de 29-08-1.983 y de 8-9-1988, que prueban la trazabilidad del 
origen del dinero empleado en la adquisición de la finca registral 31.047 citada, indicando 
en su calificación la Registradora textualmente "(por los que la causante vendía otras  e.
fincas)" cuando en realidad lo cierto es que los documentos privados indican y recogen  w.b
textualmente la venta en documento privado de las fincas referidas en el documento  068ww
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coincide con el número de registral del documento público; –y no otras fincas (faltando la
registradora presuntamente a la verdad en la narración de los hechos)–, siendo estos 
documentos privados suscritos con carácter previo a la elevación a público de los 
mismos que se reflejó por nota marginal escrita en el margen de cada finca por el notario 
autorizante de cada una de las transmisiones; siendo en estos documentos privados 
donde se refiere la realidad de las cantidades obtenidas por la venta de las fincas 
registrales sitas en la calle (…) que sirvieron para pagar la finca registral 31.047 y 
cancelar las hipotecas que gravaban la misma. Documentos público y privados que no 
fueron  aportados  en  su  día  por  la  causante  al  no  habérselos  requerido  el  notario 
autorizante de la compraventa, tampoco se los requirió el registrador que calificó el bien 
como privativo por confesión, ni los requirió la notario autorizante de la adjudicación de 
herencia a las herederas de la causante Dña. M. y Dña. M. V. G. T., que cometió un error 
de concepto en la escritura a la hora de identificar el título de adquisición por la causante 
de la citada finca, error de concepto que convirtió el documento público en privado en 
aplicación del art. 1.223 del Código Civil, y que fue subsanado por Dña. M. P. G. T. al 
otorgar la escritura de ratificación de la anterior ante el notario D. Pedro Femenia Gost 
de Úbeda núm. 1507 de 2020 el día 3 de diciembre pasado.
Noveno:  Las  herederas  legitimarias  testamentarias  de  Dña.  M.  E.  T.  S.,  llevan 
poseyendo en concepto de dueñas la finca registral 31.047 más de 23 años desde el 
día 26-7-1.997 fecha del hecho causante de la herencia, que sumados al tiempo de 
posesión  de  la  misma  finca  por  la  causante  de  la  herencia,  contados  desde  el 
día 12-11-1.985 fecha de la inscripción a su nombre, hacen un total de 35 años, deviniendo 
la prescripción adquisitiva de la propiedad de la citada finca al amparo de lo dispuesto en el 
código civil a favor de las herederas testamentarias de la causante citada.
Décimo: La recurrente reconoce la firma de su madre como puesta al pie del primer 
documento privado aportado de fecha 29-8-1983 como se desprende de la lectura del 
folio correspondiente a las firmas «in fine» ángulo derecho, recogido en la escritura 
pública  núm.  1507  de  2020  protocolo  de  D.  Pedro  Femenia  Gost,  en  el  que  la 
descripción de la finca registral coincide con la descripción que consta en el documento 
público de fecha 19-5-1980 al margen de la finca registral núm. 13.116. Respecto al 
segundo documento privado de fecha 8-9-1988, el notario que lo elevó a público indicó 
en la nota al margen de la finca registral 13.114 –que consta en el documento público de 
fecha 19-5-1980–, el nombre del comprador de la misma textualmente: "vendida a Don 
G. A. P. el día 8 de octubre de 1988" que coincide plenamente con el nombre del 
comprador indicado en el documento privado. La registradora de la propiedad pudo 
elevar consulta por medio de correo electrónico al registro de la propiedad de Burgos a 
quien correspondiera por el domicilio de las fincas registrales 13.116 y 13.114 calle de 
(…), al objeto de comprobar la coincidencia entre las partes y fincas de los documentos 
privados que están relacionados  con el documento  público aportado, y ello con lo 
obrante en la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad de Burgos, 
respecto de la identidad de los compradores y fincas aludidas, con cargo a su minuta 
registral de honorarios al amparo del art. 222.8.parrafo 2.º L.H. en cumplimiento de la 
diligencia debida que le viene impuesta por la Ley 10/2010 de 28 de abril BOE 103 
de 29-4-2010 art. 2.1.n), 12.1.párrafo 2.º, 25, 29, y 52.1.L), así como en cumplimiento de 
la  que  le  impone  el  R.D.  304/2014  de  5  de  mayo  BOE  110  de  6-5-2014  arts.  3 
apartado 2.º1 20.1.c), d), l), h). y 28. Ya que la documentación aportada pública y privada 
relacionada con la misma es la que quedó en poder de la causante tras la venta de las 
fincas citadas en Burgos, siendo esta última la que prueba la trazabilidad real de los 
fondos obtenidos por las ventas indicadas que fueron empleadas en la adquisición de la  s
registral 31.047 y cancelación de hipotecas. Lo que conoce la recurrente por ser testigo  oe.
de ello. w.
Undécimo: la finca registral 31.047 objeto del presente no consta en la escritura de  068ww
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ppruivnatoti v2i.dºa dde  dseu  lcaa laifdicqaucisióicni órenn yg lpóang qou idneto l.a misma como reconoce la Registradora en el  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho:
Primero: La recurrente está legitimada para interponer el presente recurso al amparo 
de lo dispuesto en el art. 325 de la L.H.
Segundo: La Registradora está legitimada para rectificar su calificación al amparo de 
lo dispuesto en el art. 327 de la L.H. y proceder a la inscripción que le viene solicitada de 
la finca 31.047 a nombre de las herederas legales testamentarias de Dña. M. E. T. S.
Tercero:  A  la  presente  adjudicación  de  herencia  no  le  es  de  aplicación  el 
art. 90.1.párrado [sic] segundo, que es de aplicación a los bienes que con arreglo al 
Derecho Foral o especial correspondan a una comunidad hereditaria, siendo la ley 
personal que regla el matrimonio de la causante y su ex marido el Código Civil, como se 
indicó en el antecedente de hecho segundo.
Cuarto: Conforme a lo establecido en el art. 15.último párrafo de la L.H. los bienes 
hereditarios  se  inscribirán  sin  mención  alguna  de  derechos  legitimarios,  cuando  la 
herencia  tenga  ingreso  en  el  registro  después  de  transcurridos  20  años  desde  el 
fallecimiento del causante, en este caso han transcurrido más de 23 años. Por lo que 
habiendo transcurrido en exceso el citado plazo no es necesario acreditar que no existen 
otros legitimarios, ya que han tenido 23 años para dar señales de vida y no lo han hecho 
desde  el  fallecimiento  del  confesante,  más  doce  años  más,  computados  desde  la 
separación de hecho de los cónyuges. No constando que el confesante contrajere nuevo 
matrimonio y tuviera más descendencia matrimonial, ni consta reconocimiento alguno de 
presunta filiación no matrimonial de persona alguna por los medios indicados en el 
art. 120 del Código Civil por parte del confesante o por sentencia judicial firme. No 
habiéndose  requerido  notarialmente  a  las  legitimarias  de  la  causante  por  parte  de 
presunto legitimario o su progenitora para aceptar o repudiar ninguna presunta herencia 
del confesante con arreglo a lo dispuesto en el art. 1005 del código civil. Tampoco consta 
demanda judicial o extrajudicial en rescisión o nulidad del asiento de inscripción de la 
registral 31.047 que aquí nos ocupa interpuesta por presunto legitimario del confesante o 
su progenitora, ni consta se haya presentado demanda judicial o extrajudicial contra las 
legitimarias  de  la  causante,  en  reclamación  de  alimentos  por  parte  de  presunto 
legitimario del confesante o su progenitora en estos últimos 35 años.
Quinto: A los efectos del art. 1.324 del Código Civil, indicar que las legitimarias de la 
causante, son las herederas legales también del confesante según se desprende de la 
lectura del testamento de la causante, y que no consta en estos últimos 35 años, se haya 
dirigido demanda judicial o extrajudicial en reclamación de cantidad contra la titular de la 
finca o su excónyuge de las que dan derecho a anotación preventiva, ni que se hubiese 
demandado la rescisión o nulidad de la inscripción registral de la finca 31.047 por 
perjuicio  a  acreedor  alguno,  ni  tampoco  consta  que  en  el  mismo  periodo  se  haya 
interpuesto demanda de rescisión o nulidad de la escritura de disolución de la sociedad 
de gananciales de las que dan derecho a anotación preventiva por perjuicio a acreedor 
alguno. Habiendo transcurrido con exceso los plazos para la prescripción de las acciones 
establecidos en los arts. 1961 a 1.974 del Código Civil ambos inclusive, de más de 35 
años desde la [sic] fechas de inscripción de la finca registral 31.047, 12-11-1985 y de la 
separación de bienes 11-11-1985 en los registros de la propiedad y civil respectivamente.
El artículo 1.324 habla de que la confesión por sí sola no perjudica, por lo que si 
existe  documental  pública  junto  con  dos  documentos  privados  relacionados  con  el 
público, como es en el caso que nos ocupa que acreditan el origen privativo del dinero 
pagado para la adquisición del bien se produce la subrogación real del art. 1.346.3 del 
Código Civil así como la accesión económica del art. 1.356 "in fine" también del Código  e.
Civil, destruyéndose el principio de presunción de ganancialidad del art. 1.361 del mismo  w.b
cuerpo legal. La prueba para desvirtuar esta última presunción se puede hacer por  068ww
cduoasl qduoiecuram deen tlooss  mpreivdaiodso sa dremlaitcidioonsa edno sn uceosntr oe lo rpdúebnliacmo ieqnuteo  sJeu ríhdaicno  hye eclhloo  invacllueyr,e  cao mloos 
hinedcichao  ldae D qGueR Nen e lna  seus crreitsuoralu cdieó nd idseo lu1c3i-ó6n- 2d0e0l 3r éBgOimEe nd ed e2 9g-a7n-2a0n0c3ia.l eQsu ye  esset asbulemcaimríaienn taol 
de separación absoluta de bienes citada en el cuerpo de la presente, no conste la finca
registral 31.047, lo que implica un nuevo reconocimiento de la privatividad de la misma, 
por parte de los excónyuges.
Ya  que  la  exigencia  de  acreditación  de  prueba  documental  publica  del  origen 
privativo de los fondos cuando hay acuerdo entre los cónyuges (confesión al respecto) 
no sólo restringe de forma discriminatoria e inconstitucional la libertad de contratación de 
los cónyuges, sino que sobre no resultar de ningún precepto con rango legal ni ninguna 
razón  objetiva,  carece  de  proporcionalidad  y  nos  lleva  al  campo  de  la  "probatio 
diabolica", según indica la Resolución DGRN de 12-6 2020 BOE núm., 207 de 31-7-2020 
págs. 61216 a 61234, en su Pág. 61227. Sigue diciendo esta misma resolución en su 
página  61229  que  en  la  sentencia  del  Pleno  de  la  Sala  1.ª  del  Tribunal  Supremo 
de 27-5-2019 se indica que se trata de la atribución de privatividad en el momento de la 
adquisición.  Que  el  efecto  del  art.1.355Cc.  (a  contrario)  es  que  el  bien  ingresa 
directamente en el patrimonio privativo. Si los fondos utilizados fueran privativos el bien 
adquirido sería privativo por aplicación del art. 1.346.3Cc. No haría falta la voluntad de 
las  partes  para  atribuir  al  bien  adquirido  carácter  privativo.  Puesto  que  los  bienes 
adquiridos  a  costa  de  bienes  privativos  son  privativos  (1.346.3Cc.)  En  la  misma 
resolución en la página 61.233 se indica que en la Resolución de 25-9-1990 dice que las 
normas jurídicas no pueden ser interpretadas desde la perspectiva de evitar el fraude de 
acreedores, el cual, además tiene suficiente remedio en las correspondientes acciones 
de nulidad y rescisión o en la aplicación de las normas que se hubiere tratado de eludir. 
Y  en  la  página  61234  sigue  diciendo  que  la  confesión  del  art.  1324  Cc.  Queda 
subordinada a la realidad o inexactitud del hecho confesado (art. 1234Cc. Derogado por 
Ley 1/2000 que indicaba que la confesión sólo pierde su eficacia probando que al 
hacerla se incurrió en error de hecho). En el caso que nos ocupa se ha acreditado la 
realidad de lo confesado por el exmarido, que indicaba que "en realidad el importe de la 
adquisición  procede  del  metálico  de  su  esposa",  "que  la  adquisición  se  hizo  con 
patrimonio propio de la señora adquirente" y de la realidad del hecho, manifestado que 
"el Señor B. A. (constructor) le vendió la finca exclusivamente a Dña. M. E. T. S." según 
se desprende de la lectura del documento público otorgado en su día, suscribiendo todo 
ello el citado constructor que también compareció en la escritura de fecha 30-5-1985 
número 834 de Protocolo de D. Eduardo Llagaría Vidal; otorgando la misma, según se 
desprende de la lectura de la misma que viene incluida en la escritura núm. 1507 
de  2020  Protocolo  de  D.  Pedro  Femenia  Gost.  Indicando  la  misma  Resolución 
de  12-6-2020  BOE  31-7-2020  págs.  61216  a  61234  en  su  página  61218  que  la 
autonomía de la voluntad prevalece sobre la presunción de ganancialidad, que sólo 
opera a falta de acuerdo en contrario entre los cónyuges.
La Resolución de la DGRN de 8-6-2012 citada en la Resolución de 7-11-2018 
BOE 29-11-2018 págs. 116578 a 116584 se indica que la confesión de privatividad se 
configura como un negocio de fijación de la verdadera naturaleza del bien, es un medio 
de prueba especialmente hábil para acreditar que la adquisición del bien se realizó por el 
patrimonio privativo del cónyuge del confesante. Este hecho de la confesión sumado al 
hecho de acreditación documental por todos los medios admitidos por el ordenamiento 
jurídico documento público y privados citados relacionados con el público, acreditan 
suficientemente que el dinero y patrimonio empleado en la adquisición era privativo de la 
causante.
Con la solicitud de aplicación del art. 95.6 RH no se pretende la rectificación de la 
calificación inicial del bien, tan sólo la ampliación de la misma a la inscripción por nota 
marginal de la trazabilidad de los fondos empleados en la adquisición de la finca registral  s
y ello posibilitado por la aplicación del art. 95.6 RH citado, además de por la aplicación  oe.
del art. 81 LH debiendo emplear esa oficina registral la diligencia debida en cumplimiento  w.
de lo dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de abril BOE 29-4-2010 arts. 2.1.n), 25.1, 29,  068ww
5220..11..Lc))  yd )R  ei)a l hD) eyc re2to8 .;3 0Q4u/2e0 1p4e rdmei te5  dae  lma ayreog iBstOraEd o6r-a5 -2a0c1tu4a nadrtos . a3l .aapmarptaadroo  2d.eº,l 
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de Burgos (…), números 13116 y 13114 respectivamente, para acreditar que fueron 
compradas por las personas indicadas en los documentos privados aportados y que la 
fecha que consta en el documento público al margen de la descripción de las mismas y 
de su número de finca registral como vendidas puesta por el notario autorizante de la 
citada venta, es cierta y el nombre del notario coincide con el puesto en la nota marginal 
obrante en el documento público, ello, si los documentos privados no fueren suficientes a 
su juicio, a pesar de lo establecido en el artículo 1.225 C.c. en relación con el art. 1.280 
párrafo 2.º y art. 1.227 ambos del Código Civil que los amparan.
Por último, indicar que la confesión de privatividad a efectos de calificación del bien 
queda subordinada a la realidad o inexactitud del hecho confesado según Resolución 
de 15-1-2021 de la DGSJ y FP BOE 28-1-2021 Núm. 24 págs. 8461 a 8467. En el caso 
que nos ocupa ha quedado suficiente y fehacientemente acreditado por las pruebas 
aportadas: confesión del cónyuge constante el matrimonio, documental pública y dos 
documentales privadas relacionadas con la pública, manifestación de la adquirente, 
manifestación del constructor; que la adquirente lo hizo a título privativo por subrogación 
real y por accesión económica según ha quedado indicado, además de por confesión. 
Además de no constar la registral 31.047 en la escritura de disolución de la sociedad de 
gananciales, por estar considerada como un bien privativo de la esposa por ambos 
cónyuges constante su matrimonio.
Sexto; No procede la aplicación del art. 95.4 RH in fine (refiriéndose al cónyuge 
supérstite)  "quien,  no  obstante  necesitará  para  los  actos  de  disposición  realizados 
después del fallecimiento del cónyuge confesante el consentimiento de los herederos 
forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de la 
partición de la herencia".
Ello debido a que el titular del bien falleció el 26-7-1997 y no puede disponer del bien 
en modo alguno, así como que tampoco hereda legalmente al confesante según dispone 
el art. 834 C.c., y 945 C.c. habida cuenta de la disolución del matrimonio por divorcio 
acaecido el 21-4-1994, inscrita el 25-5-1994 y de que en la liquidación de la sociedad de 
gananciales acaecida en su día 14-6-1985 en virtud de escritura núm. 763 del protocolo 
de D. Antonio Manteca López de Alicante no consta la tinca registral 31.047 que aquí 
nos ocupa, lo que indica también la privatividad de la misma. Habiéndose corroborado en 
la partición de la herencia de la causante la privatividad de los fondos empleados en la 
adquisición que no hacen otra cosa sino acreditar el hecho de la confesión vertida por su 
excónyuge en su día, junto con las declaraciones de la causante y del constructor que le 
vendió la finca.
En el caso que nos ocupa no hay declaración de herederos judicial o notarial del 
confesante,  al  no  proceder,  como  tampoco  procede  la  partición  de  herencia  del 
confesante, al no constar en ambos casos que dejara bienes, derechos, ni obligaciones 
pendientes de pago conocidas, que hayan motivado un llamamiento a aceptar o repudiar 
los mismos, ni se ha requerido notarialmente como establece el Código Civil en su 
art. 1.005 a las legitimarias de la causante por interesado alguno para aceptar o repudiar 
la presunta herencia inexistente del confesante.
Séptimo: Respecto a la legitimidad que ostenta M. P. G. T. para rectificar, justificar, 
aclarar la escritura de adjudicación de herencia otorgada por sus hermanas M. y M. V. G. 
T.,  la  establece  la  DGRN  en  Resolución  de  fecha  30-7-2018  BOE  14-8-2018 
páginas 89354 a 89362 que reproduce la tesis sostenida por el Tribunal supremo en 
Sentencia de 28-5-1.986 que indica textualmente «cada comunero tiene la propiedad 
total sobre la cosa, limitada por el concurso de las otras propiedades totales de los  s
demás» como también lo refirió la resolución de la DGRN de 29-1-2013 citada en  oe.
aquella. En base a ello se efectuó la citada rectificación, justificación y aclaración, en  w.
beneficio de la comunidad hereditaria al amparo de lo dispuesto en el art. 6 a) y c) LH. 068ww
SupSreiemnod oq udee  ianptelicrparceiótan  eald eamrt.á s3 9la4  rdeeitle Craóddai gjou riCspivriul deenn ceial  sdeen tlaid oS adlae  1q.uª ed e«lc Turaiblquuniearl 
csoemntuenneciraos  pduee1d 1e5 -e1j-e1r9c8e8r  Racj.c 1io9n8e8s,  1e2n0 ; b2e1n-e6f-i8ci9o  yd 1e8 -l1a2 -c1o9m89u nRidj.a 1d9»8, 9i,n d4i7c6á9n dyo l8o8 4e1n;   BOE-A-cable e
28-10-1991 y 13-12-1991 Rj. 1991, 7242 y 9005; 8-4-1992 y 6-11-1992 Rj. 1992, 3023 
y 9229; 6-4-1993 y 22-5-1993 Rj. 1993, 2792 y 323; 14-3-1994 y 8-2-1994 Rj. 1994, 1779 
y 833 por citar algunas. Por lo que no procede la ratificación de la escritura otorgada ante 
D. Pedro Femenia Gost núm. 1507 de 2020 por parte de Dña. M. y Dña. M. V. G. T., por 
ser innecesario.
Octavo: En cuanto a la prescripción adquisitiva procede su declaración en aplicación del 
art. 36 párrafo 3.º y 38 de la LH ya que la Resolución de la DGRN de 5-12-2014 que cita la 
Resolución de 24-4-2014 indica la vía judicial para la prescripción adquisitiva en caso de 
que no se acredite la posesión cualificada exigida por el art. 1.959 del Código Civil. En el 
caso que nos ocupa se ha acreditado la citada posesión en concepto de dueñas de las tres 
legitimarias de la causante durante más de 35 años, en virtud del título testamentario unido 
a las escrituras que se acompañan, cuyo tiempo de posesión se suma al tiempo de 
posesión en concepto de dueña con carácter privativo de la causante a computar desde la 
fecha de la inscripción a su nombre de la citada finca registral 31.047 es decir desde 
el 12-11-1985 y ello en base a lo dispuesto en el art. 1960 Cc.
Noveno: A pesar de todo lo indicado en el cuerpo del presente, la Registradora en el 
punto tercero de su calificación, duda de la privatividad del dinero empleado en la 
adquisición de la finca registral 31.047, emitiendo juicios de valor como el de "carácter 
fungible  del  dinero"  y  "que  el  adquirente  haya  enajenado  con  anterioridad  un  bien 
privativo prueba que un día existió en su patrimonio privativo una cierta cantidad de 
dinero pero no que sea ese dinero privativo el que se emplea para la adquisición de otro 
bien". Del todo presuntamente injuriantes o calumniantes al presumir la prodigalidad o 
inveracidad de lo puesto de manifiesto en documento público tendentes presuntamente a 
vejar  a  los  interesados  injustamente  con  el  fin  de  justificar  la  no  admisión  de  las 
posiciones fácticas puestas de manifiesto por los mismos. Juicios de valor que no están 
amparados por el ordenamiento jurídico positivo vigente en nuestro país sino todo lo 
contrario, ya que vienen siendo sancionados en los arts. 208, 209, 214, y 620.2 del C.p. 
y ello lo indica la recurrente con el debido respeto que le merece esa autoridad registral, 
así como la autoridad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antes 
Dirección General de Registros y del Notariado.
Decir al respecto que esos dos juicios de valor contenidos en las resoluciones 
citadas de la DGRN, lesionan presuntamente la dignidad de las personas de mis padres, 
a  quienes  vengo  obligada  a  honrar  (4.º  mandamiento),  ya  que  presuntamente 
menoscaban su fama o atentan contra su propia estima, y la de la recurrente, al presumir 
presuntamente incierto lo que ambos han manifestado ante notario, y que corrobora el 
constructor, además de lo que consta en los documentos privados relacionados con el 
público aludidos, lo que viene proscrito por nuestro ordenamiento en el art. 7.7 de la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
personal, y familiar y a la propia imagen BOE 14-5-1.982 núm. 115. Decir además que la 
buena fe se presume entre cónyuges como indica el art. 79 11 "in fine" del Código Civil. 
Y ello lo dice con el debido respeto que le merece esa autoridad registral, así como el 
respeto que le tiene a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública.
Estudiadas de cerca las resoluciones en que la DGRN hace tales afirmaciones o 
juicios de valor, citados por la registradora en su calificación punto 3.º, se puede concluir 
que la DGRN los emplea en los casos en que los cónyuges casados en régimen de 
gananciales se atribuyen la privatividad de un bien, lo justifican, pero no cuentan con la 
confesión del otro cónyuge que lo corrobore, o viceversa, cuentan con la confesión del 
cónyuge  pero  no  lo  justifican,  aportando  cualquier  tipo  de  prueba  admitida  por  el  s
ordenamiento jurídico, como se ha indicado. En el caso que nos ocupa se dan los dos  oe.
requisitos que exige la DGRN existe confesión del cónyuge y además se prueba por los  w.
medios  existentes  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  documental  pública  y  privada,  068ww
idnedciclaarna cqióune  deell ol af uaed qcuieirreton,t ed eys vdiertlu caonndsot rulac tporre; squunec iósunm daed agsa nya nvcailaolridaadda,s  ceonm coo nsjeu nhtao 
expresado sobradamente en el cuerpo del presente.»
IV
Mediante escrito, de fecha 21 de abril de 2021, la registradora de la Propiedad titular 
de Alicante número 7, doña Cristina Eugenia Sánchez López-Muelas, emitió informe, 
manteniendo la nota de calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. 
Notificado el recurso interpuesto al notario de Úbeda, don Pedro Femenia Gost, no se ha 
producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1324, 1361, 1389 y 1441 del Código Civil; 18, 19 bis, 20 y 326 de 
la Ley Hipotecaria; 93 y 95 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 2 de febrero de 1951 y 28 de octubre de 1965, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de febrero y 18 de octubre 
de 1999, 16 de octubre de 2003, 26 de abril de 2006, 4 de octubre de 2010, 13 de abril 
de 2011, 29 de febrero y 4 y 8 de junio de 2012, 1 de marzo y 13 de octubre de 2013, 24 
de abril de 2014, 3 de febrero y 10 de octubre de 2015, 8 de septiembre de 2016 y 2 de 
febrero de 2017.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
adjudicación de herencia, de la que se hace posteriormente rectificación, justificación, 
aclaración y ratificación por parte de una de las herederas y en las que concurren las 
circunstancias siguientes:
– La escritura de adjudicación de herencia es de fecha 20 de enero de 2012; se 
formalizan las operaciones de adjudicación de la herencia de la causante fallecida el 
día 26 de julio de 1997; estaba divorciada; su ex esposo había premuerto el día 10 de 
abril de 1997; en el testamento de la causante, de fecha 21 de febrero de 1994, 
desheredó a su esposo por las causas primera y tercera del artículo 855 del Código Civil, 
e instituyó herederas a sus tres hijas; intervienen en el otorgamiento dos de las hijas, 
advirtiéndose por la notaria la necesidad de ratificación de la escritura por parte de la 
otra hija y heredera.
– En la citada escritura, la única finca que constituye el inventario, se adjudica por 
partes iguales a las tres hijas y tiene como título el de compra por la causante en estado 
de casada en sociedad de gananciales con el que era entonces su esposo, mediante 
escritura de fecha 29 de enero de 1985, rectificada por otra de fecha 30 de mayo 
de 1985, en la que se hizo constar que doña M. E. T. S. la había comprado con carácter 
privativo, confesándose la privatividad por su cónyuge. Se manifiesta que está arrendada 
en virtud de contrato de fecha 19 de septiembre de 2011.
– En el Registro de la Propiedad, por medio de esta rectificación, consta la finca 
inscrita a nombre de la causante con el carácter privativo por confesión de privatividad 
hecha por su entonces cónyuge.
– El  3  día  de  diciembre  de  2020,  se  otorga  por  la  tercera  hija  escritura  de 
«rectificación, justificación, aclaración y ratificación» de la escritura anteriormente citada; 
en esta, realiza las siguientes manifestaciones: a) Rectifica la escritura de fecha 20 de 
enero de 2012 en el apartado del título, que es el de «compra por Doña E. T. S. con 
carácter privativo, por confesión, mediante escritura otorgada el 30 de Mayo de 1.985, 
ante el notario de Alicante Don Eduardo Llagaría Vidal, número 934 de su protocolo, 
quedando inscrita el 12 de noviembre de 1.985 al amparo de lo dispuesto en el art. 95  s
párrafo  4.º  del  Reglamento  Hipotecario  al  folio  (…)»;  b)  Justifica,  al  amparo  del  oe.
artículo 95.6 del Reglamento Hipotecario, el carácter privativo del dinero utilizado por la  w.
cheaesucrersintaucnritaae  ,dd eepl r ropecacedtidrfeiec nadtceei ó land  ecu anvuaes nactnoatp eida, e ed neb  ciueunnyaeo sse  mspcrárivritgauetrianv oedsse  a df eemc ahlana o 1m c9ios ndmseat a,m naa lydaojsu  ndnteoa tna1ds9o 8d 0ea,   ldalaes    2021-10068n https://ww
ventas realizadas, así como documentos privados, de fecha 29 de agosto de 1983 y 8 de
septiembre  de  1988,  en  virtud  de  los  cuales  la  causante  vendió  otras  fincas  y  se  Bc
manifiesta que esas cantidades sirvieron para pagar en su totalidad la finca inventariada, 
permitiendo a la causante cancelar las hipotecas suscritas; c) Aclara la escritura de 
fecha  20  de  enero  de  2012  en  el  sentido  de  que  la  finca  inventariada  no  consta 
arrendada como allí se describe, sino que estaba libre de cargas, arrendamientos y 
gravámenes, ya que la arrendataria que se menciona había fallecido a los seis meses de 
firmado el contrato sin que los causahabientes se hubieran subrogado en los derechos y 
obligaciones de esta última; d) La compareciente ratifica la escritura de fecha 20 de 
enero de 2012 «en todo aquello que no contradiga la presente escritura, excepto la 
descripción del título por el que Doña M. E. T. S. adquirió la finca registral 31.047 citada, 
que debe quedar autorizado como viene en el párrafo primero de la presente escritura 
que rectifica (…)», y e) Manifiesta que la causante nunca reanudó convivencia con su ex 
esposo, y que permanecieron separados desde el día que otorgaron separación de 
bienes mediante escritura de fecha 14 de junio de 1985, y que, desde entonces, su 
madre se hizo cargo de sus hijas y de su propia madre, fallecida en el año 2002 y, por 
tanto,  las  herederas  llevan  en  posesión  de  la  citada  finca  registral,  de  forma 
ininterrumpida, desde hace más de treinta años, contados desde el día 12 de noviembre 
de 1985, lo que se manifiesta al amparo de la prescripción de dominio, solicitando se 
inscriba en virtud de ella, «con independencia de la adquisición por título hereditario 
efectuada».
La registradora señala como defectos los siguientes: a) se ratifica la escritura de 
herencia inicial, pero al mismo tiempo rectificando su contenido, y supeditándose la 
rectificación a la propia rectificación operada, sin la intervención de las otorgantes de la 
escritura de herencia inicial, por lo que será preciso que éstas consientan, que ratifiquen, 
por su parte la nueva redacción que se pretende de la escritura de herencia; b) en 
cuanto al carácter privativo del bien por confesión, se advierte según resulta de las 
escrituras presentadas que con anterioridad al divorcio de la causante se había otorgado 
el día 14 de junio de 1985 escritura de liquidación y separación de bienes, que no se 
aporta, y que tampoco se aporta la herencia del cónyuge confesante premuerto, ni se 
acredita en forma alguna quiénes son los legitimarios del confesante; por tanto, para que 
las tres hijas de la causante se adjudiquen la finca como privativa de su madre, es 
preciso que consientan todos los legitimarios del confesante premuerto –en principio las 
tres mismas hijas, pero será necesario acreditar que no existen más legitimarios– salvo 
que el carácter privativo del bien resultare de la partición de la herencia del confesante 
premuerto; c) en cuanto a la rectificación del título de adquisición de su madre que 
consta en la escritura de adjudicación de herencia, lo rectifica ella sola, tratando de 
justificar el carácter privativo del dinero utilizado por la causante, de la que parte se trata 
de documentos privados, que no prueban de forma indubitada la privatividad, y por tanto, 
no basta al efecto la simple manifestación de que se empleó dinero privativo, dado el 
carácter fungible del dinero, y el hecho de que el adquirente haya enajenado con 
anterioridad el bien privativo prueba que un día existió en su patrimonio privativo una 
cierta  cantidad  de  dinero  pero  no  que  sea  ese  dinero  el  que  se  emplea  para  la 
adquisición de otro bien, por lo que no se puede rectificar la inscripción del dominio 
privativo por confesión para hacer constar el carácter del bien como privativo, por no 
haberse  acreditado  que  el  dinero  empleado  en  su  adquisición  era  privativo  de  la 
causante, y d) en cuanto a las rectificaciones relativas a los arrendamientos y a la 
prescripción adquisitiva, son afirmaciones realizadas solamente por una de las hijas, la 
cual por sí sola no puede rectificar la inicial escritura de herencia, sin contar con la 
aceptación/ratificación de las otras otorgantes; y cabe añadir en cuanto a la prescripción  e.
adquisitiva o usucapión, que para que pueda acreditarse una adquisición por usucapión  w.b
(prescripción adquisitiva) ha de existir pronunciamiento judicial al efecto. 068ww
hereLnac iare caulrgruennate  daelel gac olnof essiagnutieen tpeo: rq uceu anlqou ihear n psreidsou nrteoq uaecrirdeaesd opr ardae lq uceo nafceespatnetne 
icnateurseasnated,o  seonn  lealslo ,h enrie dpeorra ns inleggúanl eost rtoa mpbreiésnu ndteol  lceognitfiemsaarniote;  sqeugeú nla ss el edgeitsimpraerniadse  ddee  llaa 
lectura  del  testamento  de  la  causante;  que  no  se  ha  interpuesto  y  anotado
preventivamente, demanda alguna, contra la causante y el confesante, de rescisión o 
nulidad en reclamación de cantidad alguna contra la adquisición con carácter privativo, ni 
contra la disolución de la sociedad de gananciales, por ningún presunto acreedor o 
presunto legitimario distinto de las hermanas; que se prueba la trazabilidad del origen del 
dinero empleado en la adquisición de la finca inventariada, y los documentos privados 
indican y recogen textualmente la venta en documento privado de las fincas referidas en 
el documento público; que la finca registral inventariada no consta en la escritura de 
disolución  del  régimen  de  gananciales  de  lo  que  se  infiere  la  privatividad  de  la 
adquisición;  que  habiendo  transcurrido  en  exceso  el  plazo  de  veinte  años,  no  es 
necesario acreditar que no existen otros legitimarios, ya que han tenido veintitrés años 
para dar señales de vida y no lo han hecho desde el fallecimiento del confesante, más 
doce años más, computados desde la separación de hecho de los cónyuges; que no 
consta  en  estos  últimos  treinta  y  cinco  años,  se  haya  dirigido  demanda  judicial  o 
extrajudicial en reclamación de cantidad contra la titular de la finca o su ex cónyuge de 
las que dan derecho a anotación preventiva, ni que se hubiese demandado la rescisión o 
nulidad de la inscripción registral; que se ha acreditado la realidad de lo confesado por el 
exmarido, que indicaba que en realidad el importe de la adquisición procede del metálico 
de su esposa.
2.  Antes de entrar en el análisis pormenorizado de los defectos señalados, hay que 
recordar previamente la doctrina reiterada de este Centro Directivo en esta materia de la 
confesión de privatividad. Por un lado, el artículo 1361 del Código Civil plasma, para el 
caso  de  la  sociedad  de  gananciales,  el  principio  general  de  la  presunción  de 
ganancialidad de los bienes: «Se presumen gananciales los bienes existentes en el 
matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos 
cónyuges».
El artículo 1324 del Código Civil, recoge uno de los medios de prueba que desvirtúan 
esta presunción, como es la confesión de privatividad, y establece lo siguiente: «Para 
probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será 
bastante  la  confesión  del  otro,  pero  tal  confesión  por  sí  sola  no  perjudicará  a  los 
herederos forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada 
uno de los cónyuges».
En primer lugar, este Centro Directivo ha afirmado, en un supuesto de confesión de 
privatividad  (Resolución  de  4  de  junio  de  2012),  que  procede  distinguir  entre 
inscripciones  practicadas  con  carácter  ganancial  y  con  carácter  presuntivamente 
ganancial. Cuando el cónyuge adquirente a título oneroso manifiesta que la adquisición 
se ha hecho con carácter ganancial, expresada en el título de compra, el bien se inscribe 
con carácter ganancial, lo que significa que el Registro publica la titularidad del bien a 
nombre de ambos cónyuges como bien integrante del patrimonio ganancial. En cambio, 
cuando  en  la  adquisición  realizada  por  uno  de  los  cónyuges  no  se  hace  ninguna 
manifestación sobre el carácter de la adquisición, pero consta que está casado en 
régimen de gananciales, la inscripción del bien se practicará como presuntivamente 
ganancial. La presunción de ganancialidad deriva de la Ley cuando no hay ninguna 
prueba acerca del carácter ganancial, pero la inscripción registral no publica en este 
caso una presunción de ganancialidad, sino la titularidad ganancial misma del bien cuya 
exactitud se presume y está bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se declare 
su inexactitud por los procedimientos establecidos en la Ley Hipotecaria. Por tanto, no es 
que se trate de una adquisición cuyo carácter no figure acreditado en el Registro y pueda 
ser objeto de modificaciones sucesivas, sino que el carácter ganancial ha quedado  s
acreditado por la declaración del adquirente en su día. oe.
El artículo 1324 del Código Civil fue introducido por la reforma llevada a cabo por Ley  w.
de 13 de mayo de 1981, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo,  068ww
pseri ndciicptaalrmone nctuea ennd os uesl  SCeóndtiegnoc iCaisv idl ep r2o hdieb ífae blaresr od odnea c1i9o5n1e sy  e2n8t rdee  coócntuyubgree sd,e p 1ro9h6i5b,i cqióune 
dsuep r1im3 iddae  mpoasytoe.r ioDrme elan ted oecntr inlaa  mseondtiaficdaac ipóonr  dlaes  dsicehnote nccuiearsp oc itlaedgaasl  pyo rr eLceoyg id1a1 /1e9n8 1e,l   BOE-A-cable e
indicado artículo 1324 del Código Civil, se deduce que este precepto reconoce valor 
probatorio entre los cónyuges a las manifestaciones que éstos hagan para fijar que 
determinados bienes son propios de uno de ellos, pero con la salvedad de que tales 
manifestaciones por sí solas no perjudicarán, en lo que interesa en este expediente, a 
los herederos forzosos del confesante. Por tanto, el fallecimiento del confesante tiene 
como consecuencia que la confesión no vincula a los legitimarios, salvo que éstos la 
corroboren.  En  otro  caso,  los  legitimarios  sólo  se  verán  afectados  si  además  son 
herederos y sólo en la parte de herencia que excediera del importe de su legítima, si bien 
no bastaría con invocar su condición de herederos forzosos para impugnar el carácter 
privativo que su padre y causante atribuyó a los bienes adquiridos por su consorte, sino 
que tendrían que acreditar que con tal confesión se perjudican sus derechos legitimarios. 
Para ello, sería necesario practicar la partición hereditaria, con las correspondientes 
computaciones  e  imputaciones,  al  objeto  de  determinar  si  la  confesión  realizada 
perjudica  efectivamente  la  legítima,  debiéndose  recordar  que  la  reducción  de  una 
donación inoficiosa no es un efecto producido «ope legis» sino que se produce a petición 
de quien resulte legitimado por su cualidad de heredero forzoso y por el concurso del 
dato de hecho de la comprobada inoficiosidad de la disposición.
Por otra parte, y al margen de la existencia de determinadas resoluciones judiciales 
que reconocen determinada eficacia a la confesión frente a los herederos forzosos tras el 
fallecimiento  del  confesante,  creando  una  prueba  de  privatividad  que  les  afecta  y 
recayendo sobre dichos legitimarios la carga de la prueba necesaria para desvirtuar 
dicha presunción, lo cierto es que, en el ámbito registral, respecto del artículo 95.4 del 
Reglamento Hipotecario, esta Dirección General (Resolución de 16 de octubre de 2003) 
ha puesto de relieve que, aunque no establece distinción cuando exige, en tales casos, 
el consentimiento de los herederos forzosos del cónyuge confesante para la inscripción 
de la enajenación realizada por el supérstite, dicha regla no es aplicable cuando los 
derechos  legitimarios  aparecen  configurados  como  un  mero  derecho  a  un  valor 
patrimonial atribuible por cualquier título (como ocurre con la legítima en Derecho catalán 
conforme al artículo 451-1 del Código Civil de Cataluña). Indudablemente, esa misma 
solución –la no aplicabilidad del citado precepto reglamentario– sería la procedente en el 
Derecho civil gallego a la vista de las disposiciones de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
derecho civil de Galicia, que atribuye a la legítima una naturaleza claramente distinta a la 
establecida para el Derecho común en el Código Civil, pues según el artículo 249 de 
dicha  ley  «el  legitimario  no  tiene  acción  real  para  reclamar  su  legítima  y  será 
considerado, a todos los efectos, como un acreedor». Por ello, en el caso de aforados 
gallegos,  para  inscribir  los  actos  de  disposición  referidos,  haría  innecesario  el 
consentimiento de los herederos forzosos del confesante.
3.  En  segundo  lugar,  el  Reglamento  Hipotecario  se  refiere  a  determinadas 
exigencias para la posterior disposición de los bienes confesados. Así, el artículo 95.4 de 
este Reglamento establece lo siguiente: «Si la privatividad resultare sólo de la confesión 
del consorte, se expresará dicha circunstancia en la inscripción y ésta se practicará a 
nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. Todos los actos inscribibles relativos a 
estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo favor se haya hecho la 
confesión,  quién  no  obstante  necesitará  para  los  actos  de  disposición  realizados 
después del fallecimiento del cónyuge confesante el consentimiento de los herederos 
forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de la 
partición de la herencia».
Respecto de la aplicación al caso de los artículos 1324 del Código Civil y 95.4 del  s
Reglamento Hipotecario, debe tenerse en cuenta que, según la reiterada doctrina de  oe.
esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 13 de febrero de 1999, 4 de octubre  w.
de 2010, 13 de abril de 2011 y 29 de febrero y 8 de junio de 2012, entre otras), la  068ww
cdoencflaersaiócnió nd ed ep rvivoalutinvtidaadd q uneo  faijpea frreecnet ec oan tfoigduorsa deal  ceanr áncuteers tprori voartdiveon admeli ebnieton  caol mqou eu nsea 
rteerficeerreo s(s oin n poe sreju iccoiorr edsep osun dpeo csoibnle l ai mrepauligdnaadc)i,ó snin soi  csoem eof eucntú saim epnl ef rmaueddeio  od ep eprrjuueicbioa  ddee   BOE-A-cable e
esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y que carece de eficacia para 
desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad recogida en el artículo 1361 del 
Código Civil (cfr. artículo 1324 del mismo Código). Aunque también es cierto que esta 
presunción de ganancialidad tampoco es un título de atribución legal de esa cualidad a 
los bienes del matrimonio en tanto no conste que pertenecen privativamente a uno u otro 
cónyuge  –o  a  ambos  pro  indiviso–,  sino  uno  más  de  los  medios  de  prueba  (cfr. 
artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Según la Resolución de este Centro 
Directivo de 8 de junio de 2012 «(…) la confesión de privatividad se configura como un 
negocio de fijación de la verdadera naturaleza del bien, cuando existe incertidumbre 
sobre  su  partencia  a  una  u  otra  masa  patrimonial.  En  resumen,  respecto  de  los 
cónyuges,  la  confesión  de  privatividad  se  configura  como  un  medio  de  prueba 
especialmente hábil para acreditar que la adquisición del bien se realizó por el patrimonio 
privativo de cónyuge del confesante. En definitiva, destruye el juego de las presunciones 
de los artículos 1361 y 1441 del Código Civil, creando otra presunción de privatividad 
que  puede  ser  destruida,  a  su  vez  por  una  prueba  fehaciente  y  suficiente  de  la 
ganancialidad o privatividad del cónyuge confesante (…) una vez disuelto el matrimonio 
tendrá los efectos propios que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil, un efecto limitado 
ya que dispone que tendrá eficacia probatoria si no lo contradice el resultado de las 
demás pruebas».
Por tales consideraciones se plantea el problema de determinar el régimen jurídico 
aplicable a estos bienes confesadamente privativos, pues si no pueden ser tratados 
como privativos a todos los efectos, «inter partes» y frente a terceros, tampoco pueden 
ser reputados inequívocamente como gananciales, de manera que los actos dispositivos 
realizados sobre ellos con sujeción al régimen de tales bienes sean definitivamente 
inatacables, al margen de la posibilidad de impugnar esos actos si «a posteriori» se 
demuestra que los bienes eran realmente privativos del cónyuge del confesante y éste 
no prestó su consentimiento a la enajenación, como sucede en el supuesto regulado por 
el artículo 1389 del Código Civil.
Adviértase en este mismo sentido cómo el propio Reglamento Hipotecario, a la hora 
de fijar los términos de la inscripción de tales bienes, y a diferencia del criterio seguido 
en otros casos –cfr. sus artículos 93.1 y 95.1–, se abstiene de exigir su calificación en el 
asiento como privativos o gananciales, limitándose a ordenar que se inscriban a favor del 
cónyuge  favorecido  por  la  confesión,  con  expresión  de  esta  circunstancia  (cfr. 
artículo  95.4),  produciéndose  una  cierta  indeterminación  registral  en  lo  relativo  al 
carácter de la titularidad de ese bien. Y es precisamente por esta indeterminación por lo 
que el Reglamento Hipotecario, ante la necesidad de evitar en todo caso el acceso al 
Registro  de  negocios  eventualmente  claudicantes,  impone  el  consentimiento  de  los 
herederos forzosos del confesante para la realización de actos dispositivos por parte del 
cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el carácter privativo del bien resulte de 
la partición hereditaria del confesante. En este sentido se afirma que el artículo 95, 
número  4,  del  Reglamento  Hipotecario  configura  una  auténtica  limitación  de  las 
facultades que corresponden al favorecido por la confesión.
4.  Centrados en el supuesto de este expediente, la finca se adquirió por compra 
constante el matrimonio de la causante y su entonces esposo, quienes estaban casados 
en régimen de sociedad de gananciales; posteriormente, para desvirtuar el carácter 
ganancial  de  la  adquisición,  el  esposo  confesó  el  carácter  privativo  de  la 
contraprestación hecha por la causante, pero no se acreditó el carácter privativo de la 
adquisición. Por tanto, se trata de un bien privativo por confesión. Una vez fallecido el  s
cónyuge del confesante, y abierta su sucesión, se hace necesaria la concurrencia del  oe.
cónyuge confesante y, por su fallecimiento, el de sus herederos forzosos, que son en  w.
principio las tres hijas, si no hay otros legitimarios distintos de las que concurren. Se  068ww
elexgpitriemsaar ieons  dlae lc caolinficfeascaiónnte r; eyg iesstr aúln qicuaem neon tese e na cerle edsitcar ieton  dfoer mintae raplogsuincaió nq udieenl reesc usorsno  lsoes 
perxepsreensata dqau ea  innos clroips chióany ,e nsi ne l qRueeg icsotrnos.te nada sobre tal extremo en la documentación  BOE-A-cable e
5.  El primero de los defectos señala que, en cuanto a la ratificación, se está 
rectificando el contenido de lo que se ratifica y se supedita la ratificación a la propia 
rectificación operada sin intervención de las otorgantes de la escritura de herencia inicial. 
La rectificación del contenido de la escritura de adjudicación de herencia precisa el 
consentimiento de todos los herederos. Por tanto, no puede más que confirmarse este 
defecto señalado, y será preciso que consientan y ratifiquen las otras herederas la nueva 
redacción que se pretende de la escritura de herencia.
6.  Respecto del segundo de los defectos señalados, relativo al carácter privativo del 
bien  por  confesión,  advierte  la  registradora  que,  según  resulta  de  las  escrituras 
presentadas, con anterioridad al divorcio de la causante se había otorgado el 14 de junio 
de 1985 escritura de liquidación y de separación de bienes, que no se aporta; y que 
tampoco se aporta la herencia del cónyuge confesante premuerto, ni se acredita en 
forma alguna quienes son los legitimarios del confesante. En consecuencia, para que las 
tres hijas de la causante se adjudiquen la finca como privativa de su madre, es preciso 
que consientan todos los legitimarios del confesante premuerto (para cuya determinación 
deberá estarse al título sucesorio) salvo que el carácter privativo del bien resultare de la 
partición de la herencia del confesante premuerto, lo que no se ha acreditado. Por tanto, 
debe confirmarse el defecto señalado.
7.  El tercer defecto señala que la rectificación del título de adquisición que consta 
en la escritura de adjudicación de herencia lo otorga por sí sola una de las hijas 
herederas, tratando de justificar el carácter privativo del dinero utilizado por la causante, 
pero, como bien ha señalado la registradora, la acreditación, en parte, se trata de 
documentos privados, que no prueban de forma indubitada la privatividad, y por tanto, no 
basta al efecto la simple manifestación de que se empleó dinero privativo, dado el 
carácter fungible del dinero; y el hecho de que el adquirente haya enajenado con 
anterioridad el bien privativo prueba que un día existió en su patrimonio privativo una 
cierta  cantidad  de  dinero  pero  no  que  sea  ese  dinero  el  que  se  emplea  para  la 
adquisición de otro bien, por lo que no se puede rectificar la inscripción del dominio 
privativo por confesión para hacer constar el carácter del bien como privativo, por no 
haberse  acreditado  que  el  dinero  empleado  en  su  adquisición  era  privativo  de  la 
causante. Efectivamente, es reiterada la doctrina de este Centro Directivo que no basta 
al efecto, la simple manifestación de que se empleó dinero privativo, dado el carácter 
fungible del dinero –no se prueba que ese mismo dinero se empleara para pagar la 
compra–  (cfr.  la  Resolución  de  18  de  octubre  de  1999).  Así,  el  hecho  de  que  el 
adquirente haya enajenado con anterioridad el bien privativo prueba que un día existió 
en su patrimonio privativo una cierta cantidad de dinero, pero no que sea ese dinero 
precisamente  el  que  se  empleó  para  la  adquisición  de  otro  bien.  Por  tanto,  debe 
confirmarse este defecto.
8.  El cuarto de los defectos señalados se refiere a las rectificaciones relativas a los 
arrendamientos  y  a  la  prescripción  adquisitiva,  que  son  afirmaciones  realizadas 
solamente por una de las hijas, la cual por sí sola no puede rectificar la inicial escritura 
de herencia, sin contar con la aceptación o ratificación de las otras otorgantes; y que en 
cuanto  a  la  prescripción  adquisitiva  o  usucapión,  para  que  pueda  acreditarse  una 
adquisición por usucapión (prescripción adquisitiva) ha de existir pronunciamiento judicial 
al efecto.
En primer lugar, se hace alusión a la aclaración de la escritura de herencia en lo que 
se refiere a la situación arrendaticia. Se aclara la escritura de fecha 20 de enero de 2012, 
en el sentido de que la finca inventariada no consta arrendada como allí se describe,  s
sino que está libre de cargas, arrendamientos y gravámenes, ya que la arrendataria que  oe.
se  menciona  había  fallecido  a  los  seis  meses  de  firmado  el  contrato  sin  que  los  w.
causahabientes se hubieran subrogado en los derechos y obligaciones de esta última.  068ww
Cesiecrrtiatumrae ndtee,  aedl jufadlliecacicmióienn tsoe  doet olrag ac aeuls adníate  2s0e  dpero deunjeor oe l ddeí a2 02162 d, ey  julali or adteif ic1a9c9ió7n,  lay 
rreecstuiflitcaancteiósn  deel  dlaías  3m daen idfeicsiteamcibornee ds eh 2e0c2h0a,s  los oqburee  cloai nsciitduea ccióonn  laorsr eensdpaatcicioias  dteem lpao rfainlecas   BOE-A-cable e
inventariada:  estaba  arrendada  al  tiempo  del  otorgamiento  de  la  escritura  de 
adjudicación en virtud de contrato de fecha 19 de septiembre de 2011, lo que así se hace 
constar.  Ahora,  en  el  otorgamiento  de  la  escritura  de  ratificación  y  rectificación  –
año 2020–, se manifiesta que se ha extinguido el arrendamiento, ya que la arrendataria 
que se menciona, había fallecido «a los seis meses de firmado el contrato, sin que los 
causahabientes de la arrendataria se hubieran subrogado en los derechos y obligaciones 
de ésta última» –marzo de 2012–. Pues bien, aparte de la poca trascendencia de esta 
situación arrendaticia, dado que de un acto a título gratuito se trata, como bien señala la 
registradora, son afirmaciones realizadas solamente por una de las hijas, la cual por sí 
sola no puede rectificar la inicial escritura de herencia.
En segundo lugar, el hecho de la prescripción no es una cuestión que pueda ser 
apreciada  directamente  por  el  registrador;  cuestión  distinta  es  que  se  establezcan 
legalmente procedimientos especiales para facilitar, mediante la figura de la prescripción, 
la liberación de cargas, como el prevenido en el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley 
Hipotecaria,  introducido  mediante  la  disposición  adicional  vigésimo  séptima  de  la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, referida exclusivamente a la cancelación de hipotecas 
y de las condiciones resolutorias establecidas en garantía del precio aplazado a que se 
refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, como bien señala la 
registradora, para que pueda acreditarse la adquisición por usucapión o prescripción 
adquisitiva, ha de existir una resolución judicial al efecto (cfr. Resolución de 26 de abril 
de 2006). Por tanto, debe confirmarse este defecto señalado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  3  de  junio  de  2021.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.