BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Miércoles 15 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 112378
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
14974 Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para 
mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 
minoristas de gas y electricidad.
I
La electricidad es una variable sistémica de la economía que afecta a familias, 
autónomos,  empresas,  industria  y  a  la  economía  en  su  conjunto.  El  precio  de  la 
electricidad en el mercado mayorista está estrechamente ligado a la evolución de la 
cotización del gas natural en los mercados internacionales.
Desde febrero del año 2021, la cotización del gas natural en los mercados europeos 
se  ha  incrementado  bruscamente  en  más  de  un  250  %,  alcanzando  niveles  sin 
precedentes e impactando directa y negativamente sobre el precio de la electricidad en 
el mercado mayorista.
En este contexto y debido al carácter sistémico que la energía, en general, y la 
electricidad, en particular, tienen para la economía y los graves efectos distorsionadores 
que esta situación está provocando sobre los hogares, las pymes y la industria, resulta 
necesario  adoptar  medidas  regulatorias  urgentes  y  extraordinarias  que,  siendo 
plenamente compatibles con el ordenamiento nacional y comunitario, corrijan dichos 
efectos y protejan a los consumidores ante la llegada de los meses del otoño e invierno, 
correspondientes con los de mayor consumo energético.
Los elevados precios que se vienen produciendo en los últimos meses en el mercado 
mayorista de la electricidad están generando una creciente alarma social y son motivo de 
una evidente preocupación, dado el papel fundamental que la electricidad juega en las 
economías domésticas, con especial incidencia en aquellos colectivos más vulnerables, 
por lo que es necesario corregir esta situación que ponen riesgo la competitividad de 
nuestra economía e impacta negativamente sobre las economías domésticas.
Este incremento sostenido del precio de la electricidad en el mercado mayorista 
viene observándose desde el mes de febrero de 2021, momento en el que la electricidad 
marcó su mínimo anual en términos mensuales (el precio medio aritmético en dicho mes, 
según los datos del Operador del Mercado Ibérico Español –en adelante, OMIE–, se 
situó en 28,49 €/MWh), pero se ha visto claramente agravado en los últimos meses, 
alcanzándose unos niveles nunca antes vistos. Así, el 21 de julio de 2021 se batió el 
anterior precio máximo diario de la electricidad de la serie histórica desde la puesta en 
marcha del mercado ibérico de la electricidad en 2004, alcanzándose un valor de 106,57 
€/MWh y, desde entonces, este precio se ha visto superado en numerosas ocasiones, 
siendo el último de estos precios máximos el correspondiente con el 13 de septiembre 
de 2021, donde el precio medio diario se ha situado en 154,16 €/MWh. De este modo, 
los meses de julio y agosto se han cerrado con unos precios medios aritméticos de 92,42 
€/MWh  y  105,94  €/MWh,  respectivamente,  lo  que  sitúa  el  incremento  del  precio 
mayorista de la electricidad en más de un 250 % desde aquel mínimo anual observado 
en febrero de 2021. s
Así, las medidas contempladas en este real decreto-ley engloban simultáneamente la  e.
dimensión social y económica de la grave y extraordinaria situación que se está viviendo  w.
en  los  mercados  energéticos.  Todas  ellas  van  dirigidas  en  una  misma  dirección:  974ww
Acamsoorst igeuna r luan bar ufsaccat uerasc adlaed ae dleec tprirceidcaiods  ddeif ílcai l eldeec triacisduamd,ir  qupea rsae  tlroasd uccoen esnu mmiduocrheoss, 
especialmente para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad energética.
Las medidas tratan de frenar de manera inmediata el efecto que el incremento del 
precio de la electricidad está teniendo en el resto de sectores de la economía, lo que ya 
se está reflejando en los datos más recientes del índice de precios al consumo (con la 
consecuente  pérdida  de  poder  adquisitivo  de  los  consumidores  y  una  pérdida  de 
competitividad para la industria y el sector servicios). Permitirán contrarrestar la eventual 
prolongación de la actual situación en los próximos meses, coincidentes con la llegada 
del periodo invernal, lo que previsiblemente traerá consigo un incremento de la demanda 
de electricidad en un momento en el que la energía despliega por completo todos sus 
efectos como bien esencial para las economías domésticas.
Esta evolución brusca y sin precedentes del gas natural, con un efecto muy negativo 
sobre la economía, coincide en el tiempo con el inicio de la senda de recuperación 
económica tras la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Ello supone un 
riesgo de ralentización de la recuperación.
Esta situación amenaza también la consecución de los objetivos de descarbonización 
de la economía, a los que el Reino de España se ha comprometido en el contexto de la 
Unión Europea, y que se han visto plasmados en el «Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030» y en la «Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española 
Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050». Y esto es así puesto que los 
objetivos  de  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  solo  podrán 
alcanzarse por medio del incremento del grado de electrificación de los usos finales de la 
energía, lo que sumado a la creciente integración de renovables en el «mix» eléctrico, 
permitirán alcanzar la meta de la neutralidad climática en 2050. Por todo ello, una señal 
de precio asequible y razonable de la electricidad resulta crucial para que dicho proceso 
de  electrificación  se  acelere,  incentivando  la  utilización  de  medios  de  transporte 
electrificados y mejorando la competitividad de los procesos industriales que usan como 
fuente primaria de energía la electricidad, de tal forma que se vean desplazados del 
«mix» energético aquellos combustibles más contaminantes y, por ende, coadyuvando a 
la reducción de la huella de carbono a nivel nacional.
II
Uno de los aspectos más preocupantes de la actual escalada de precios de la 
electricidad es su impacto sobre los consumidores más vulnerables. Así, tal y como ya 
recogía la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, se pone de 
manifiesto la necesidad de articular instrumentos complementarios de protección de los 
consumidores  de  energía  eléctrica  en  situación  de  vulnerabilidad,  propuesta  que 
adquiere hoy aún mayor relevancia en el actual contexto de precios de la electricidad y 
tras la situación provocada en 2020 por la pandemia de la COVID-19 que ha provocado, 
en términos generales, una pérdida del poder adquisitivo de las familias.
En  concreto,  la  Estrategia  Nacional  contra  la  Pobreza  Energética  2019-2014, 
señalaba la necesidad de proteger a los hogares de las consecuencias de la pobreza 
energética, garantizando el derecho al suministro eléctrico a todos los consumidores 
vulnerables a través de un Suministro Mínimo Vital (SMV) que evite la desconexión total 
de su suministro.
De esta forma, por medio de este real decreto-ley se introduce un artículo 45 bis y se 
modifica el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico,  estableciéndose  como  medida  de  protección  al  consumidor  un  suministro 
mínimo vital para los consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico.  s
Así,  el  período  de  cuatro  meses  contemplado  en  la  normativa  actual  para  que  el  e.
consumidor vulnerable haga frente al pago de su factura de electricidad sin que su  w.
suministro se vea interrumpido, se extiende seis meses adicionales, durante los cuales  974ww
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suspensión del suministro, y dando por ello respuesta al mandato establecido en la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019–2024.
Dicha  reforma  con  rango  legal  se  complementa  con  la  modificación  del  Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores 
domésticos de energía eléctrica, de tal forma que el desarrollo reglamentario pueda 
adaptarse de manera inmediata a las modificaciones introducidas con rango de ley.
III
Adicionalmente, por medio de este real decreto-ley se introducen un conjunto de 
medidas que contribuyen a la reducción de los costes de la factura final eléctrica.
En primer término, se prorroga un trimestre adicional la suspensión temporal del 
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Por medio del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, se 
estableció la suspensión temporal, para el tercer trimestre de 2021, del impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica, puesto que la evolución de precios de la 
electricidad  ya  observada  en  aquel  momento,  permitía  articular  aquella  medida  sin 
menoscabo de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
Considerando  que  la  situación  en  relación  con  los  precios  mayoristas  de  la 
electricidad no ha hecho sino agravarse, parece conveniente prolongar dicha medida 
durante el último trimestre del año, de tal forma que, en suma, el referido tributo quedará 
suspendido durante el segundo semestre completo del ejercicio 2021.
De esta forma, mediante la exoneración del impuesto, los productores, en tanto que 
sujetos obligados de dicho tributo, podrán volver a ofertar precios más competitivos que 
redunden favorablemente en los consumidores al verse reducido uno de sus costes 
operativos.
Esta suspensión temporal, de acuerdo con las mejores estimaciones de ingresos y 
costes, es compatible con un cierre del ejercicio 2021 del sistema eléctrico en equilibrio, 
respetándose el principio de sostenibilidad económica y financiera consagrado en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Asimismo, para dar respuesta a la situación generada por el incremento de los 
precios de la electricidad, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de 
diciembre de 2021, una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
del 5,11269632 por ciento al 0,5 por ciento.
Dicho  impuesto  indirecto,  que  recae  sobre  el  consumo  de  la  electricidad,  está 
armonizado a nivel comunitario según los preceptos de la Directiva 2003/96/CE del 
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Según dicha Directiva, los 
niveles mínimos de imposición no pueden ser inferiores a 0,5 euros por megavatio-hora 
si dicha electricidad se utiliza con fines profesionales, o a 1 euro por megavatio-hora en 
el resto de los casos.
Por consiguiente, si, como resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento 
sobre  la  base  imponible  del  Impuesto  Especial  sobre  la  Electricidad,  la  tributación 
efectiva es inferior a 1 euro por megavatio-hora suministrado o consumido, el importe a  s
satisfacer por dicho Impuesto no podrá ser inferior a esa cuantía. e.
En el supuesto de la electricidad suministrada o consumida en usos industriales,  w.
tienen dicha consideración los efectuados en alta tensión o en plantas e instalaciones  974ww
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la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad no podrá ser inferior a 0,5 
euros por megavatio-hora suministrado o consumido.
La energía eléctrica suministrada o consumida en procesos de reducción química, 
electrolíticos, metalúrgicos, mineralógicos o en actividades industriales cuyo valor de la 
electricidad suministrada o consumida represente más del 50 por ciento del producto 
fabricado, de acuerdo con los preceptos de la Directiva 2003/96/CE, no estará sometida 
a los niveles mínimos de imposición a los que se ha hecho referencia.
También se ha ampliado el importe correspondiente a los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero que se destinarán a la financiación de los costes del 
sistema eléctrico previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, referidos al fomento 
de renovables.
Así, la disposición adicional centésima trigésima segunda de la Ley 11/2020, de 30 
de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  fijó  dicha  cuantía  en  1.100 
millones de euros, pero dados los mayores ingresos obtenidos como consecuencia del 
incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO , se ha considerado 
2
oportuno ampliar dicho importe máximo hasta los 2.000 millones de euros, destinados a 
la reducción automática de los cargos del sistema eléctrico.
IV
Por  otro  lado,  se  fomenta  la  contratación  de  energía  a  plazo  por  medio  de 
instrumentos de mercado de los que puedan verse beneficiados todos los consumidores.
Los efectos de elevados precios de los mercados sostenidos en el tiempo sobre el 
funcionamiento  del  mercado  suponen  un  riesgo  para  la  viabilidad  de  las 
comercializadoras de empresas no verticalmente integradas, por la dificultad que tienen 
para cubrirse en los mercados a plazo dada la reducida liquidez del mercado a plazo 
español frente a otros mercados europeos, no contando con la cobertura natural que les 
proporciona la generación a las empresas verticalmente integradas. Esta dificultad de 
cobertura en un periodo de precios altos mantenido en el tiempo es asimétrica entre 
comercializadores  que  cuentan  o  no  con  la  cobertura  natural  que  proporciona  la 
integración vertical y podría dificultar la competencia en el mercado minorista entre las 
empresas verticalmente integradas y las que no lo son.
La  liquidez  de  los  mercados  a  plazo,  junto  a  la  transparencia,  son  aspectos 
fundamentales  para  el  adecuado  funcionamiento  de  los  mercados  mayoristas  de 
electricidad, por su incidencia sobre la correcta formación de los precios a plazo y sobre 
la atracción a la participación en los mismos de un mayor número de agentes (con 
posiciones  contrarias  y  diferentes  perfiles  de  riesgo),  que  pueden  abrir  y  cerrar 
posiciones con mayor facilidad.
En  un  mercado  a  plazo  líquido  los  participantes  en  el  mercado  disponen  de 
referencias  de  precios  que  les  permiten  formar  sus  expectativas  sobre  los  precios 
futuros. Por lo tanto, los participantes pueden evaluar con mayor precisión el precio del 
mercado y negociar en consecuencia. Por el contrario, cuando el mercado a plazo no 
tiene liquidez, el descubrimiento de precios es más difícil y costoso, y puede dar lugar a 
una prima de riesgo de los contratos a plazo más elevada. A su vez, las primas de riesgo 
más elevadas pueden desincentivar una mayor participación en el mercado, con el 
efecto de una mayor reducción de la liquidez del mismo, generándose de esta forma un 
círculo  vicioso  que  redunda  en  mayores  costes  y  mayor  riesgo  soportado  por  los 
participantes en el mercado. s
A pesar de que la evolución de la liquidez del mercado a plazo español en los dos  oe.
últimos años ha sido positiva, esta es todavía significativamente inferior a la registrada  w.
reoentrp or2se0 sm1e3en rt(cóaa ñedolo  1se5 an0   pe%lla  zqdoue e el uaer lod pveoemlouasmn, decaon m ddeoe   eenll eeacgletormicciiáadncai dóy)n e  yla  flsrcaiagnnuczeéó ss .iuenn dmoá mxiumyo i nhfiesrtióorri cao ,l aq udee   2021-14974n https://ww
La  situación  anterior,  intensificada  por  la  evolución  creciente  de  precios  en  los
mercados mayoristas, tiene efectos negativos para los participantes en el mercado, ya  Bc
que limita las posibilidades de los agentes de cubrir a plazo los riesgos de precio y 
cantidad, dejándolos expuestos a la volatilidad creciente del mercado al contado. Desde 
el punto de vista de la oferta, la insuficiente liquidez del mercado a plazo limita la 
posibilidad de desarrollo de proyectos renovables en mercado, sin régimen retributivo 
regulado, ya que incrementa los costes de financiación de los proyectos, hasta el punto 
de hacerlos inviables, especialmente para los promotores más pequeños. Por tanto, esta 
situación afecta negativamente a la competencia en el mercado al limitar la entrada de 
nuevos operadores, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.
Desde el punto de vista de la demanda, las comercializadoras independientes y los 
grandes  consumidores,  incluidos  los  industriales  electrointensivos,  tienen  menos 
opciones  para  adquirir  un  volumen  de  energía  significativo  a  plazos  superiores  al 
trimestre sin pagar una prima elevada, lo que condiciona negativamente sus decisiones 
de inversión y sus planes de negocio ante el riesgo de que sus costes energéticos se 
vean  incrementados  sin  una  cobertura  adecuada.  Los  pequeños  consumidores, 
especialmente los acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), al 
estar expuestos a la volatilidad del mercado diario al contado, sufren fuertes incrementos 
continuados de precios en escenarios como el que se está registrando en los últimos 
meses, con una fuerte incertidumbre sobre el precio que va a afrontar este tipo de 
consumidores en el futuro.
De acuerdo con los informes de supervisión y seguimiento del mercado mayorista 
elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, uno de los 
factores que más contribuyen a esta insuficiente liquidez de los mercados a plazo 
españoles es la falta de incentivo a la participación en los mercados a plazo de los 
grupos verticalmente integrados, ya que disponen de una cobertura natural sobre el 
riesgo del precio del mercado diario que instrumentalizan mediante contratos bilaterales 
intragrupo.
Esta circunstancia no es un problema en sí mismo si el grupo en cuestión no tiene 
una cuota de mercado significativa. Sin embargo, la existencia de grupos verticalmente 
integrados con cuotas relevantes, con una correlación alta entre las necesidades de sus 
negocios de generación y comercialización y con tecnologías inframarginales con un 
volumen de producción base garantizado estable, puede generar barreras de entrada al 
mercado  minorista  para  otros  comercializadores  no  integrados,  al  no  encontrar 
facilidades para contratar a plazo en el mercado mayorista, menos aún a los costes de 
dichas tecnologías. Si los grupos verticalmente integrados no tienen incentivo a participar 
en los mercados a plazo, la liquidez de dicho mercado a plazo puede verse afectada, 
reduciendo las opciones de los agentes de menor tamaño y consumidores para obtener 
la cobertura que necesitan a través de contratos a plazo a precios competitivos.
En las circunstancias excepcionales actuales y ante esta estructura de mercado, 
junto con la falta de liquidez en los mercados a plazo, se hace necesario introducir un 
instrumento que favorezca la entrada e impulse el desarrollo de empresas con actividad 
de  comercialización,  fomentando  así  la  competencia  en  el  mercado  minorista  para 
asegurar menores precios para el consumidor final.
Como mecanismo para incentivar nuevas entradas en el mercado y/o reforzar la 
posición  de  los  comercializadores  más  pequeños,  los  instrumentos  coercitivos  de 
contratación a plazo, en particular en su formato de subastas de contratos de compra de 
energía a largo plazo, pueden diseñarse con el objetivo de proporcionar un acceso a la 
generación en base que proporcionan las tecnologías de generación inframarginal no 
emisoras de CO2 del mercado español. es
Mediante estas subastas se pone a disposición de agentes con perfil de demanda  oe.
una parte de la generación inframarginal, gestionable y no emisora de CO2 durante un  974www.
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menoscabar en ningún caso los principios rectores de política energética que presiden la 
actual senda de descarbonización de la economía.
Mediante el artículo 3 se dispone que el Gobierno apruebe un calendario de subastas 
de contratos de compra de energía a plazo, se regulan sus aspectos esenciales y se da 
un mandato para que la primera de estas subastas se celebre antes de final de este año. 
Los  sujetos  vendedores  serán  los  operadores  dominantes  en  generación,  y  los 
compradores podrán ser las comercializadoras no pertenecientes a alguno de los grupos 
empresariales cuya matriz haya sido considerada como operador principal en el sector 
eléctrico  y  que  dispongan  de  cartera  de  clientes  de  electricidad,  los  consumidores 
directos en mercado (grandes consumidores) o sus representantes.
Asimismo, podrán concurrir como compradoras las comercializadoras de referencia, 
una vez actualizada la fórmula de cálculo del precio de la energía del PVPC de forma 
que se vincule a este mecanismo.
Esta regulación contribuirá a mejorar la liquidez y la competencia en los mercados a 
plazo, facilitando la realización de coberturas tanto a participantes actuales como a 
nuevos entrantes. La actual coyuntura de precios elevados en el mercado mayorista y 
sus efectos sobre los consumidores domésticos/comerciales e industriales en el actual 
contexto  de  recuperación  económica  tras  la  reciente  pandemia,  justifican  la 
extraordinaria y urgente necesidad y su adopción mediante real decreto-ley.
Se trata de una regulación adecuada y proporcionada al fin que persigue, pues logra 
los objetivos planteados de una manera más eficaz, eficiente que otras alternativas más 
intervencionistas, como podría ser la obligación de venta de activos de generación. 
Asimismo, la configuración del instrumento como un mecanismo de mercado, mediante 
subastas que aseguran la fijación de precios competitivos, contribuye al cumplimiento del 
principio de proporcionalidad.
V
Otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de minoración 
del  exceso  de  retribución  que  determinadas  instalaciones  están  percibiendo  como 
consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado.
La evolución de la cotización de los derechos de emisión en el mercado europeo, 
muestra valores superiores a los 60 €/ton, e incrementos del 120 % respecto al valor de 
hace un año. Por otro lado, el incremento de la cotización alcista sin precedentes del gas 
natural en los distintos «hubs» nacional e internacionales (en el mercado ibérico del gas, 
gestionado por MIBGAS, el precio de cotización de gas spot en el punto virtual de 
balance –PVB– ha superado recientemente los 60 €/MWh, frente a los precios mínimos 
del año registrados en febrero, que se situaban en el entorno de los 15 €/MWh. Por 
tanto, un incremento anual de casi el 300 %).
El precio del gas natural es determinante en la fijación del precio del mercado diario, 
en tanto que su efecto es multiplicador (aproximadamente, un incremento de 1 €/MWh 
del gas supone un incremento de 2 €/MWh de electricidad), frente al precio del CO , 
2
cuya señal se traslada al precio de la electricidad de una forma más atenuada (un 
incremento  de  1  €/tCO   supone  un  incremento  de  0,37  €/WMh  el  precio  de  la 
2
electricidad, dado el factor de emisión específico del ciclo combinado).
Esta  situación  se  conjuga  con  un  modelo  de  mercado  marginalista,  que  viene 
determinado por la regulación europea, y que establece que todas las instalaciones de 
producción  funcionando  en  una  determinada  hora  perciben  el  mismo  precio,  s
correspondiente al ofertado por la última instalación que ha resultado casada para  o
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y, en general, menos competitivas.
Sin embargo, en tanto no se produzca el desplazamiento definitivo de las centrales 
de generación que dependan de variables como la cotización del gas natural, la señal de 
precio seguirá siendo marcada por tecnologías emisoras (directamente o, de manera 
indirecta, por coste de oportunidad de otras tecnologías).
En este contexto, resulta evidente el diferencial entre costes de generación beneficios 
de instalaciones no emisoras e inframarginales. Y si bien esta circunstancia es el resultado 
natural del diseño marginalista del mercado antes expuesto, es imprescindible incorporar 
instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de los mercados de 
materias primas, limiten de manera temporal el exceso de retribución obtenido por dichas 
instalaciones en detrimento de todos los consumidores.
En el caso del CO , actualmente se encuentra en sede parlamentaria el proyecto de 
2
ley por la que se actúa sobre la retribución del CO  no emitido del mercado eléctrico, que 
2
tiene  como  objetivo  minorar  el  exceso  de  retribución  de  aquellas  instalaciones  no 
emisoras que, no pudiendo prever los beneficios extraordinarios asociados a la creación 
del mercado europeo de derechos de emisión (ETS) creado en el año 2003 en el 
momento de la decisión de inversión (que fue anterior a dicha fecha), actualmente son 
destinatarios del denominado dividendo del CO  (exceso de retribución que obtienen 
2
dichas instalaciones no emisoras e inframarginales).
La  situación  del  gas  en  los  mercados  internacionales  tiene  su  origen, 
fundamentalmente, en desajustes entre la oferta y la demanda a consecuencia de una 
recuperación global más rápida de lo esperado que no ha sido acompasada con los 
mismos niveles de producción. Esta valoración viene refrendada por la cotización de los 
futuros de gas en los principales parqués internacionales de negociación del referido 
producto energético, donde se pueden observar unos valores de cotización similares a 
los observados en los últimos años (en promedio) y, por tanto, la medida a adoptar a este 
respecto, desde un punto de vista regulatorio, debe recoger este marcado carácter 
temporal, si bien el instrumento de minoración planteado guarda muchas similitudes en 
su esquema de cálculo a aquel confeccionado para llevar a cabo la minoración del CO .
2
Para ello, se regula la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y 
no emisoras, por un importe proporcional al valor de la cotización del precio del gas 
natural en el mercado ibérico de gas. Además, la minoración de la retribución se aplicará 
únicamente a las centrales no emisoras en el territorio peninsular, quedando excluidas 
las  instalaciones  de  generación  que  perciban  un  régimen  retributivo  específico 
(renovables, cogeneración y residuos).
Asimismo, también se excluyen las instalaciones de reducido tamaño (<10 MW) por 
razones de capacidad económica, teniendo en cuenta sus elevados costes fijos y menor 
rentabilidad inherentes a las instalaciones de menor tamaño.
Por otro lado, este instrumento resultará de aplicación únicamente hasta el 31 de 
marzo de 2022, momento en el cual se espera que la cotización del referido hidrocarburo 
haya  vuelto  a  valores  promedios  observados  en  los  últimos  años.  A  mayor 
abundamiento, el propio instrumento de minoración establece un suelo en el precio del 
gas  a  partir  del  cual  se  aplica  la  medida  de  20  €/MWh,  valor  que  corresponde, 
aproximadamente, con el precio promedio del mercado ibérico del gas, MIBGAS, desde 
su puesta en funcionamiento de 2017, de tal forma que, si el precio del combustible 
resulta inferior a dicho umbral, la minoración de la retribución será nula.
El mecanismo se aplicará a la retribución percibida por la cantidad total de energía 
producida por las instalaciones afectadas en el periodo de liquidación considerado, medida 
en barras de central, y con independencia de la modalidad de contratación utilizada. Es  e.e
decir, también se minorará la energía vendida fuera del mercado diario, a través de  b
contratos bilaterales, ya que toda ella está internalizando el coste de oportunidad de  974ww
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el precio del mercado mayorista. Para ello, se establecen un rendimiento medio del ciclo
combinado de gas natural, que servirá como referencia del grado de internalización del 
precio del gas natural.
En las horas en las que el precio marginal haya sido marcado por otra tecnología 
distinta del ciclo combinado, se asumirá que la oferta ha internalizado el coste de emisión 
de las centrales de ciclo combinado, si hay centrales de esta tecnología que hayan 
ofertado en el entorno (±10 por ciento) del precio de casación. Del ejercicio anterior 
resultará un Factor Medio de Internalización del Gas Natural (en adelante, FMIG).
La  consideración  del  factor  α  tiene  como  objetivo  introducir  un  elemento  de 
proporcionalidad en la medida. Con un valor de α distinto de 1, no se elimina por 
completo la señal de precio que perciben estas tecnologías como consecuencia de la 
internalización del coste del gas natural. Al igual que en el instrumento de minoración del 
CO  este coeficiente se fija con un valor de 0,9.
2
Por fin, para cada central, la minoración de su retribución se calculará multiplicando 
su  producción  mensual  en  barras  de  central  por  dicho  coste  medio  ajustado.  A 
continuación, se notificarán las cantidades a cada central, que deberán ser ingresadas 
en el plazo máximo de un mes tras la notificación de la liquidación.
Finalmente, y teniendo en cuenta los ingresos adicionales con los que cuenta el 
sistema eléctrico como consecuencia de las medidas aprobadas en este real decreto-ley 
(principalmente, el instrumento de minoración del exceso de retribución del gas natural, 
así como los ingresos adicionales correspondientes con los derechos de emisión de CO
2 
subastados), en la disposición adicional tercera se ha incorporado una actualización 
extraordinaria  de  los  cargos  del  sistema  eléctrico  que  resultarán  de  aplicación 
exclusivamente desde la entrada en vigor del presente texto normativo hasta el 31 de 
diciembre de 2021.
La  actualización  de  los  cargos  se  ha  llevado  a  cabo  de  conformidad  con  la 
metodología establecida en el Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se 
establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.
VI
La realidad del cambio climático, el aumento de las temperaturas, la alteración de los 
patrones de lluvia y, en suma, la menor disponibilidad de agua que auguran todos los 
escenarios a medio y largo plazo, afectará a los usos del agua en las distintas cuencas 
hidrográficas y, lógicamente, debe repercutir sobre las condiciones que delimitan el 
ejercicio de los derechos de explotación y de aprovechamiento de un recurso cada vez 
más escaso, derechos que tienen un régimen jurídico propio y específico derivado de su 
naturaleza demanial.
Por ello, esta reforma que se recoge en el título IV introduce la concreción de los 
criterios de utilización racional de los recursos hídricos en el apartado 2 del artículo 55 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, como garantía para atender a la realidad de la explotación bajo los 
condicionantes  actuales,  entre  los  que  destacan  las  previsiones  de  los  efectos  del 
cambio climático y los escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España, 
superiores al 15 % a medio plazo y entre el 35 y el 40 % en un horizonte de largo plazo.
La  introducción  de  criterios  de  utilización  racional  de  los  recursos  hídricos  es 
necesaria para la protección de las masas de agua superficial mediante su correcta 
planificación y gestión, máxime cuando dichas masas de agua se asocian a tramos 
fluviales en los que conviven un elevado nivel de aprovechamiento de las aguas y  s
cauces  con  múltiples  valores  y  servicios  ecosistémicos.  La  incidencia  social  y  o
pnrmeleaeccnudeirifossicaaoarm icpabirsóei enpvn iahstariidabl r leoldamleó m geienacstyaeto,a  rmq  ucráeeesfr o dtierdemsubcamea  sbagorpae rre oadnbne at uiruzsnase u m eauonrnim oa2sse0  n2ypt2 oca. iuudtdeaa std raadnneso isec,ij óesncou bacrlie ót nela rc dgeeer  scltaiióc lnom  didseem  ualan,    2021-14974n https://www.
Estos nuevos planes hidrológicos deberán contener las medidas y herramientas que
permitan alcanzar en 2027 los objetivos ambientales fijados por la Directiva 2000/60/CE,
del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, conocida como 
Directiva Marco del Agua, y se harán eco de la reforma contenida en este real decreto-ley.
Además, la Directiva Marco del Agua pone el acento en el carácter del agua como 
recurso natural, como elemento del medio ambiente y se presenta como una herramienta 
adecuada  para  mejorar  la  protección  de  las  aguas  comunitarias  en  sus  aspectos 
cualitativos y cuantitativos procurando fomentar el uso sostenible del recurso al que la 
Directiva caracteriza de escaso y vulnerable.
Asimismo, se trata de que los usuarios del dominio público hidráulico, en particular 
en  régimen  de  concesión,  cuyos  aprovechamientos  están  subordinados  al  interés 
general,  sigan  desarrollando  sus  actividades,  aunque  temporalmente  se  hayan  de 
adoptar medidas que también tienen incidencia medioambiental y social. La reforma se 
efectúa desde el principio de certidumbre y seguridad jurídica en el ejercicio de sus 
derechos, que se constituyen como un «haz de facultades individuales», pero también 
como «un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, 
en atención a valores o intereses de la comunidad» (STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
FJ 5 y STC 154/2015, FJ 4).
El artículo 45.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a velar «por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad  de  la  vida  y  defender  y  restaurar  el  medio  ambiente,  apoyándose  en  la 
indispensable solidaridad colectiva». Y como ha señalado el Tribunal Constitucional 
respecto de los derechos individuales de aprovechamiento sobre el agua, «su regulación 
general no sólo puede tener en cuenta el interés individual de los usuarios o titulares de 
aquellos derechos, sino que debe también tomar en consideración el interés general 
inherente al carácter público del bien sobre el que recaen», por lo que tomando la 
doctrina de la STC 37/1987, de 26 de marzo, «la fijación del contenido esencial «no 
puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses 
individuales» que en cada derecho patrimonial subyace, sino que debe incluir igualmente 
la dimensión supraindividual o social integrante del derecho mismo» (STC 227/1988, 
de 29 de noviembre, FJ 11). Por consiguiente, el principio rector de esta reforma es la 
consideración del agua como un bien ambiental, con una incidencia social muy notable y 
como un bien digno de protección en sí mismo.
En  relación  con  las  tendencias  detalladas  anteriormente  derivadas  del  cambio 
climático y de reducción de la disponibilidad hídrica, se suscita otro asunto que también 
ha generado enorme preocupación social, respecto del uso del agua para la producción 
de  energía  eléctrica.  Se  trata  de  garantizar  la  compatibilidad  de  las  cláusulas 
concesionales que rigen la relación entre la administración hidráulica y el concesionario, 
con el criterio rector de la ordenación del agua, no solamente como un recurso de 
contenido económico para la producción energética, sino también como un recurso 
ambiental de primer orden, con una incidencia social prioritaria.
En  consecuencia,  esta  reforma  precisa  los  criterios  de  aplicación  del  régimen 
establecido  en  el  artículo  55.2  del  vigente  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas, 
procedente del artículo 53 de la Ley 29/1985, a fin de permitir su adaptación a las 
consecuencias del cambio climático y, en definitiva, en beneficio del medio ambiente y 
del conjunto de los usuarios del agua.
En este contexto, la reforma prevé que para aquellos embalses mayores de 50 hm3 
de capacidad total, cuyos usos principales no sean el abastecimiento, el regadío y otros 
usos agropecuarios, en los casos en que proceda en atención a la reserva de agua  s
embalsada y a la predicción estacional, el organismo de cuenca fijará al inicio de cada  oe.
año hidrológico, una serie de variables hidrológicas. w.
hmidárxoEimlnó ogc icodane c ycre adtuoed,  apsleaesrqa um íaaes depigroouslr oamnrg eeansdstuaaa,  elaexsspí l aoc toadmceisóoen mu rnba acrliésoganiram lp esanera  df isejai truváao culúinom nreeénsge imdse em nn íonmrimmínaoimlsid oad dey    2021-14974n https://ww
reservas embalsadas para cada mes.
Asimismo, se fijará una reserva mensual mínima que debe permanecer almacenada 
en el embalse para evitar indeseados efectos ambientales sobre la fauna y la flora del 
embalse y de las masas de agua con él asociadas.
Cabe destacar como innovación que se procurará que la explotación racional resulte 
compatible con el desarrollo de las actividades económicas sostenibles ligadas a la 
dinamización de los municipios ribereños, siempre en el marco del orden de preferencia 
de usos que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente.
Por  otra  parte,  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  esta  medida  en  el  año 
hidrológico 2021-2022, se prevé que antes de 31 de diciembre de 2021, los organismos 
de cuenca remitan a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado que recoja la relación de los 
embalses que han sido objeto de las medidas de explotación racional que se introducen 
en esta reforma.
Para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de esta reforma mediante real 
decreto-ley, hay que señalar que desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, los 
datos evidencian una reducción de las aportaciones producidas en la serie hidrológica 
posterior a 1980 (1980/81-2017/18), respecto a la serie de los cuarenta años previos 
(1940/41-1979/80), del orden del 11 % como valor medio para el conjunto de España, 
aunque esta cifra alcanza el 22 % en cuencas como el Tajo o el Guadiana.
Por otra parte, las previsiones a las que apuntan los modelos climáticos para los distintos 
escenarios futuros, confirman estas tendencias decrecientes. Los trabajos desarrollados por 
el CEDEX y la Oficina Española de Cambio Climático estiman unas reducciones medias de la 
disponibilidad de agua en el conjunto de España en torno al 6 % en 2030 y cerca del 12 % 
en 2050, aunque estas cifras se incrementan hasta el 9 % y el 16 % respectivamente en 
varias cuencas peninsulares, y hasta el 13 % y 20 % en el caso de Illes Balears.
Respecto  del  actual  año  hidrológico  2020-2021,  los  últimos  datos  publicados  a 
comienzo de septiembre de 2021, señalan que la reserva total de agua embalsada en las 
cuencas hidrográficas de la vertiente atlántica asciende a 16.114 hm3, por debajo de 
los 19.505 hm3 que había en agosto de 2020 y de los 23.726 hm3 de reserva total media 
de dichas cuencas de los últimos diez años. Este descenso también se produce en las 
cuencas mediterráneas, habiendo descendido la reserva desde los 8.095 hm3 de 2020 a 
los 7.218 hm3 de septiembre de 2021, cifra que sin embargo, no está alejada de la media 
de los diez últimos años (7.272 hm3).
Estos datos, unidos a la predicción estacional de las precipitaciones en España (para 
septiembre-octubre  y  noviembre  de  2021)  de  la  Agencia  Estatal  de  Meteorología 
(AEMET),  que  señala  que  hay  una  mayor  probabilidad  de  que  la  precipitación  se 
encuentre en el tercil inferior en la vertiente atlántica y Canarias, aconsejan la adopción 
urgente de la reforma.
Asimismo, la urgencia se basa en el principio de precaución, con la finalidad de 
proteger sin dilación las reservas hídricas de los embalses en la situación hidrológica y 
pluviométrica que se acaba de describir, que requiere iniciar de forma inmediata el 
mecanismo de aplicación de criterios de utilización racional de los recursos hídricos para 
su efectividad en el año hidrológico 2021-2022 que comenzará el próximo 1 de octubre.
VII
De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los 
consumidores finales de gas natural conectados a presiones inferiores a 4 bar con consumos  s
anuales inferiores a 50.000 kWh tienen derecho a acogerse a la tarifa de último recurso de  oe.
gas natural. Según los últimos datos disponibles, aproximadamente un millón y medio de  w.
consumidores se encuentran acogidos a dicha tarifa de último recurso, en su mayoría clientes  974ww
mdoemdiéos)t iaccoosg yid PoYs Ma EtaSri,f apse lrimbraenmeecnieten deos tealb rleesctiod adse p loosr  lcaosn csoummeidrcoiarelisz a(cdeorrcaas .de seis millones y
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de la tarifa de último recurso de gas natural, e incluye de forma aditiva el coste de la 
materia prima, los peajes de acceso que correspondan, los costes de comercialización y 
los costes derivados de la seguridad de suministro. Por tanto, su existencia no es 
novedosa y desde 2009 los consumidores pueden acogerse a esta tarifa de protección 
que asegura un suministro a precios asequibles.
El coste de la materia prima se revisa trimestralmente y supone actualmente en torno 
al 30 % de la tarifa. Su valor se calcula, de acuerdo a la metodología aprobada por la 
citada  orden  mediante  la  agregación  de  un  coste  de  gas  de  base,  vinculado  a  la 
cotización del crudo Brent, y un coste de gas estacional, dependiente de la cotización de 
los futuros del gas natural en el mercado NBP, así como de la cotización de las opciones 
de dichos futuros. Éste último coste de gas estacional solo se aplica en los trimestres 
primero y cuarto del año.
Desde principios del mes de marzo de 2021 los precios del gas natural en los 
principales mercados europeos vienen manteniendo una tendencia alcista muy acusada, 
impulsada por la recuperación de la demanda de gas en Asia, los bajos niveles de stock 
a nivel mundial y las altas cotizaciones del Brent. De esta forma el precio del gas natural 
en Europa se encuentra a día de hoy en el rango de los 50-60 €/MWh, marcando 
máximos  históricos  y  triplicando  los  precios  de  los  últimos  años.  Así  mismo  las 
cotizaciones de los futuros y la situación de los mercados indican que los precios podrían 
mantenerse este invierno en valores similares o incluso superiores.
Tal y como está establecida la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso 
de gas natural, las cotizaciones internacionales excepcionalmente altas de los precios 
del gas natural se deberían traducir en un súbito incremento en el coste de la materia 
prima y por ende, en la tarifa aplicada a los consumidores acogidos a la tarifa de último 
recurso. Esto implicaría un incremento medio en la tarifa de último recurso con entrada 
en vigor el próximo 1 de octubre de 2021 que podría alcanzar el 30-40 % según la banda 
de consumo, derivado del incremento superior al 100 % en el coste de la materia prima, 
respecto a la última actualización de julio de 2021. Este elevado incremento entre 
actualizaciones, máximo histórico, supondría un importante esfuerzo económico que 
deberían afrontar estos clientes, muchos de ellos vulnerables.
Esta situación no podía haberse previsto en el momento de la elaboración de la 
metodología de cálculo, tal y como demuestra el comportamiento del coste de la materia 
prima en los últimos trimestres desde el año 2015. En este periodo, el coste de la 
materia  prima  nunca  había  sido  superior  al  20  por  ciento  y  solamente  en  cuatro 
ocasiones se superó el 10 por ciento de incremento.
Ante la imprevisibilidad, gravedad e inmediatez de esta situación, mediante este real 
decreto-ley se introduce, como medida temporal y excepcional de protección social, una 
limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia prima incluido en la 
tarifa de último recurso de gas natural, con objeto de amortiguar la imputación en la 
misma de la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural. Al tomar 
acción sobre esta situación se evitará una subida en la factura del consumidor medio que 
podría alcanzar el 30-40 %, según la banda de consumo, derivada del incremento 
estimado  superior  al  100  %  en  el  coste  de  la  materia  prima  respecto  a  la  última 
actualización de julio de 2021. En un contexto como el actual, donde el invierno requiere 
unos mayores consumos de gas natural para calentar los hogares por las condiciones 
climatológicas adversas, con especial énfasis en las personas que por su situación estén 
en un mayor grado de vulnerabilidad, la atenuación del impacto es una medida necesaria 
para que los consumidores puedan seguir teniendo acceso a una tarifa de protección  s
para el acceso a este insumo fundamental. oe.
Sin  perjuicio  del  mecanismo  de  atenuación  inmediato  que  este  real  decreto-ley  w.
plantea, el incremento de coste de la materia prima que quede pendiente de repercutir  974ww
ceonn lfao rtmareif aa,  lcao mnseetcoudeonlocgiaía d veig lean dteif eyr eenl cqiau ee nretrseu letel  cdoes tlae  adpel iclaa cmióante drieal  pcirtiamdao  clíamlcituel,a dseo 
recuperará en las siguientes revisiones de la tarifa con la sujeción a la referida limitación.
Asimismo se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para desarrollar el citado mecanismo.
VIII
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19, creó la Línea COVID 
de ayudas directas a autónomos y empresas, con una dotación total de 7.000 millones 
de euros, encomendando a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla su gestión y control.
Desde el inicio de la pandemia, se ha desplegado un programa sin precedentes de 
medidas de ayuda al tejido productivo, al empleo y a las rentas de las familias, entre las que 
destacan los avales públicos canalizados a través del ICO, el apoyo público extraordinario a 
los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y la prestación extraordinaria a los 
trabajadores autónomos. Como complemento de estas medidas, la citada Línea COVID de 
ayudas directas tiene por objeto reforzar la situación patrimonial de aquellos autónomos y 
empresas cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia, para 
mejorar la solvencia empresarial y reducir el sobreendeudamiento en el conjunto de la 
economía, evitando así la generación de un problema de inestabilidad financiera que 
pudiese poner en riesgo la recuperación económica.
Con tal fin, las ayudas se han destinado al pago de las deudas generadas y a la 
compensación de los costes fijos incurridos desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo 
de 2021 de aquellas empresas con una caída en el volumen de operaciones anual 
en 2020 con respecto a 2019 superior al treinta por ciento pertenecientes a los sectores 
más castigados por la pandemia.
En atención a la evolución de la economía en el primer trimestre del año, el Real 
Decreto-ley citado fue parcialmente modificado por el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de 
abril,  por  el  que  se  adoptan  medidas  complementarias  de  apoyo  a  empresas  y 
autónomos  afectados  por  la  pandemia  de  COVID-19,  que  dotó  a  las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de un mayor margen de flexibilidad en la 
ejecución de las ayudas. En primer lugar, permitió que las comunidades y ciudades 
autónomas pudieran añadir nuevos sectores elegibles para recibir ayudas; y, en segundo 
lugar, permitió el acceso a las ayudas a empresas con resultados netos negativos en sus 
declaraciones de impuestos de 2019, siempre que el solicitante de la ayuda acreditara 
circunstancias excepcionales. A modo de ejemplo, tales circunstancias podrán incluir 
limitaciones a la actividad normal por causas extraordinarias como catástrofes naturales, 
daños graves a instalaciones o cultivos, obras, ampliación de plantillas o causas ajenas a 
la actividad de la empresa.
En general, las empresas más afectadas por la crisis de la COVID-19 ya han podido 
acceder a estas ayudas, pues las primeras convocatorias han permitido aliviar a aquellas 
empresas y autónomos con un mayor exceso de endeudamiento y una mayor caída de 
la actividad. En este sentido, cabe señalar que el artículo 3.1.a) del Real Decreto-
ley  5/2021  ya  omite  la  exigencia  de  acreditar  la  caída  en  la  facturación  para  los 
empresarios  o  profesionales  que  apliquen  el  régimen  de  estimación  objetiva  en  el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Además,  la  intensa  recuperación  económica,  junto  con  el  conjunto  de  ayudas 
públicas que se han canalizado ya por parte del Estado y las comunidades autónomas, 
hacen que la situación patrimonial de las empresas haya mejorado. No obstante, de cara  s
al último trimestre del año, es importante afianzar la recuperación, alejar el riesgo de un  e.
posible problema macroeconómico o financiero generado por el sobreendeudamiento de  w.
una parte significativa de la economía española y reforzar los balances empresariales,  974ww
lpaa irnav qeurseió tno,d daes  llaa sa cetmivpidraedsa esc oy naóumtóicnao my odse  plau ecrdeaanc icóonn dtreib eumir palcetoiv.amente al aumento de
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comunidades y ciudades autónomas que dispongan de recursos realizar convocatorias 
adicionales de ayudas en lo que resta de año. De esta forma, se maximizará el efecto 
dinamizador de las ayudas, que podrán llegar a todos los sectores y ámbitos geográficos 
que lo necesitan para incorporarse a la recuperación económica.
Así, en primer lugar, se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de 
septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas. En segundo lugar, en línea con lo 
previsto en el Marco Temporal de la Unión Europea, relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID19, 
se aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el 
concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables que no hayan sido ya 
cubiertas por estas u otras ayudas. Independientemente de la estructura financiera, las 
pérdidas reflejan la reducción en el patrimonio neto de las empresas, de manera que la 
aplicación de las ayudas a su compensación, una vez cubiertas las obligaciones y 
deudas generadas, es coherente con el objetivo de reforzar la solvencia empresarial con 
el fin de favorecer la recuperación económica, la inversión y la creación de empleo.
Así, los autónomos y empresas podrán destinar la ayuda a satisfacer la deuda y a 
realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a 
compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre y cuando 
éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y 
procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 5/2021.
IX
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de  febrero,  FJ  5;  11/2002,  de  17  de  enero,  FJ  4,  137/2003,  de  3  de  julio,  FJ  3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
A tal fin se reitera la extraordinaria coyuntura de precios observada en los mercados 
mayoristas de electricidad, que trae causa del encarecimiento sin precedentes de la 
cotización del gas natural en los mercados internacionales, y su impacto sistémico en la 
economía ampliamente expuesta en los apartados I a V de este preámbulo.
La justificación de la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma del apartado 2 
del artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas, para introducir los criterios de  s
utilización racional de los recursos hídricos, se encuentra en la protección de las masas  e.
de agua superficial en un contexto de cambio climático y de escenarios de reducción de  w.
la disponibilidad hídrica en España, conforme a los datos que se expusieron en el  974ww
aparPtaodr os uV Ip aanrttee,r ieolr .límite establecido en el citado Marco Temporal de la Unión Europea,
qduee d diceietemrmbrien ad qeu 2e0 l2a1s,  aaycuodnasse jnae icnecsoarrpiaomraer nctoen t ecnagráacnt eqru eu regsetnatre  oltaosr gmadoadsif icaancteiosn dees l d3e1l   BOE-A-cable e
apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de forma que las 
comunidades autónomas puedan sin demora lanzar nuevas convocatorias de ayudas 
con los fondos restantes o ampliar las que están en curso.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley 
se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en cuanto 
órgano de dirección política del Estado y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de 
prioridades políticas de actuación, centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la 
garantía de precios justos y competitivos a los ciudadanos y las empresas.
Asimismo, se destaca que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de «extraordinaria y 
urgente necesidad» que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes.
X
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
La  propuesta  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación  exigibles  a  las 
disposiciones normativas, en especial, al principio de necesidad, por la existencia de una 
disfunción  en  la  formación  de  precios  y  eficiencia,  esto  es,  la  razonabilidad  en  la 
estructura de precios.
Además, se destaca que tanto el instrumento de fomento de la contratación a plazo 
como el mecanismo de minoración del exceso de retribución provocado el incremento de 
la cotización del gas natural se configuran como instrumentos plenamente respetuosos 
con la normativa europea.
En el caso del mecanismo de fomento de la contratación a plazo previsto en el artículo 4 
de este real decreto-ley, el instrumento se articula como un mecanismo de concurrencia 
competitiva,  promoviendo  un  sistema  de  subastas  centralizadas  que  garantizan  la 
competencia entre los actores compradores de la energía en base subastada.
Al mismo tiempo, se garantiza el principio de rentabilidad razonable (como manifestación 
del principio de seguridad jurídica) de los agentes ofertantes de la energía mediante el 
establecimiento de un precio de reserva que se determinará a través de una metodología que 
tendrá en cuenta parámetros objetivos y los costes asociados a la generación objeto de 
subasta, en base a la información proporcionada por las empresas titulares.
Por otro lado, la medida es la respuesta regulatoria a una deficiencia de mercado 
observada a lo largo de los últimos años, caracterizada por una falta de liquidez que impide 
a los comercializadores independientes y consumidores directos en mercado contar con la 
suficiente  cobertura  frente  a  los  riesgos  que  supone  su  completa  exposición  a  las 
oscilaciones del mercado mayorista de electricidad y que trae causa, en última instancia, de 
la falta de incentivos que los grupos verticalmente integrados tienen en situar su energía (o 
al menos parte de ella) en contratos de largo plazo celebrados con terceros. Es, en 
definitiva, una medida que permite mejorar el funcionamiento del mercado sin que esta 
afecte a las señales de precio observadas en los restantes mercados mayoristas.
En relación con el mecanismo de minoración del exceso de retribución provocada por  s
el incremento de la cotización del gas natural, la medida es plenamente respetuosa con  e.
la normativa europea de diseño del mercado de la electricidad, puesto que la minoración  w.
se lleva a cabo de manera ex post, al margen del mercado, y por ello, no tendrá ningún  974ww
idmep caacstoa cniió sno bmraer glain saeliñsatal  daec tpuraelcmioesn tree fleexjaisdtae neten,  deicnh olísn emae rpcoard otasn, tnoi  csoonb relo es l persinqcuiepmioas 
rectores del Derecho de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la medida cumple con el principio de rentabilidad razonable, en 
tanto que la minoración solo afectará a las rentas extraordinarias percibidas por el súbito 
incremento de la cotización del gas, de tal forma que la minoración será nula tan pronto 
como dichos precios retornen a valores históricos en términos promedios.
Finalmente, y en línea con el marcado carácter coyuntural de la cotización alcista del gas, 
el instrumento de minoración se articula como una medida puntual y temporal, vigente hasta 
el 31 de marzo de 2022, y, como tal, no afectará a las señales de largo plazo a la inversión.
Asimismo, la presente medida cumple con el principio de proporcionalidad, ya que se 
han establecido un conjunto de umbrales que previenen del exceso de minoración del 
precio del gas natural, activándose solo cuando aquel supere un precio correspondiente 
con la cotización equivalente a la cotización del mercado MIBGAS desde su puesta en 
funcionamiento a principios de 2017 hasta principios de septiembre. En cuanto al principio 
de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra 
exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas, 
conforme al artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El  presente  real  decreto-ley  consta  de  un  preámbulo  y  una  parte  dispositiva, 
estructurada  en  once  artículos,  siete  disposiciones  adicionales,  tres  disposiciones 
transitorias, siete disposiciones finales y un anexo, y se dicta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 22.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye 
al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica, Hacienda general, legislación, ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad 
autónoma, legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Asimismo se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de 
Hacienda y Función Pública, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el 
ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones y adoptar medidas que 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley, 
ya que es posible que por razones técnicas puedan ser necesarias algunas concreciones 
de lo previsto en este real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros o por los 
titulares de los departamentos ministeriales competentes.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Ministra de Hacienda y 
Función Pública, y de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 14 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas de protección de los consumidores y en materia de fiscalidad energética
Artículo 1.  Creación de un suministro mínimo vital.
1.  Se introduce un nuevo artículo 45 bis en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, con la siguiente redacción: e.
«Artículo 45 bis.  Suministro mínimo vital. 974ww
scoocnis1au.l  mfriEednlo streeu sma e inlnais  stsriotitu umaacícnióióimnn  odd eve i tvapulo lnsbeerr ecazobani lifedignauedrr.a g Méctoeicmdaiao n eutnen   lieanl s qstruuumem iesnenis ttoero nd cemu ípenrniomtrteaocn cv ilióotansl    OE-A-2021-14able en https://
se establece una potencia límite que garantiza unas condiciones mínimas de
confort, que no podrá ser superada durante un periodo de seis meses en los que 
el suministro no podrá ser interrumpido, conforme a los términos y condiciones 
que reglamentariamente se determinen.
2.  El  suministro  mínimo  vital  resultará  de  aplicación  a  los  consumidores 
vulnerables que hayan incurrido en el impago de sus facturas una vez hayan 
transcurrido los cuatro meses a los que se refiere el artículo 52.3.
3.  En ningún caso podrá iniciarse el procedimiento de suspensión de un 
punto  de  suministro  cuyo  titular  sea  un  consumidor  vulnerable  en  el  periodo 
durante cual resulte de aplicación el suministro mínimo vital, o si este no ha sido 
previamente ha aplicado.
4.  El  valor  de  la  potencia  límite  asociada  al  suministro  mínimo  vital  se 
establecerá reglamentariamente.
5.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá las 
modificaciones procedimentales necesarias para que las compañías distribuidoras 
y  comercializadoras  puedan  adaptar  el  suministro  de  un  hogar  al  Suministro 
Mínimo Vital.»
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
en los siguientes términos:
«3.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del presente artículo, en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser suspendido el 
suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios voluntarios 
para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso cuando hayan transcurrido 
al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el 
pago,  sin  que  el  mismo  se  hubiera  hecho  efectivo.  A  estos  efectos,  el 
requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad 
y el contenido del mismo.
En el caso de las Administraciones públicas acogidas a precios voluntarios 
para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso, si transcurridos cuatro 
meses desde el primer requerimiento el pago no se hubiera hecho efectivo, podrá 
interrumpirse el suministro.
En el caso de las categorías de consumidores vulnerables que se determinen 
reglamentariamente a estos efectos, transcurridos cuatro meses desde el primer 
requerimiento sin que el pago se hubiera hecho efectivo, resultará de aplicación un 
suministro mínimo vital, en los términos del artículo 45 bis.»
Artículo 2.  Determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados 
del  Impuesto  sobre  el  valor  de  la  producción  de  energía  eléctrica  durante  el 
ejercicio 2021.
1.  Para el ejercicio 2021 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la 
producción de energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda 
percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía 
eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo 
minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema 
durante los trimestres naturales tercero y cuarto.
2.  Los pagos fraccionados del tercer trimestre se calcularán en función del valor de  s
la producción de energía eléctrica en barras de central realizada durante el período  oe.
sildmaies pLdteoeumsyci iate1iv n5dod/u2 omr0 ae1innl2 toie,m r dadpedioc o2rh t7eoe n  dtd releiam  dsloe icrssei tetprrmeaib,gb uaorcepsi,lo i fcdnráaeenc smdc ciooeosndreraide deasolsp st oif pipnsordc eiiaemvlnieaptsmeo spse iatanirv taleoa   s rpeoerlsaeetlcveiztinsraiitcdboioid leisadn.da  edinl  ecanorterípcrgouérloati dc8aa d , aeyl    2021-14974n https://www.
3.  Los pagos fraccionados del cuarto trimestre se calcularán en función del valor de
la producción de energía eléctrica en barras de central realizada durante el período  Bc
impositivo minorado en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al 
sistema durante los trimestres naturales tercero y cuarto, aplicándose el tipo impositivo 
previsto en el artículo 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y deduciendo el importe 
de los pagos fraccionados previamente realizados.
TÍTULO II
Fomento de la contratación a plazo mediante mecanismos de mercado para la 
asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora
Artículo 3.  Fomento de la contratación a plazo mediante mecanismos de mercado para 
la asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora.
1.  Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se establecerán 
mecanismos de mercado que fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica 
mientras el grado de competencia y liquidez en los mercados a plazo así lo precise. 
Dichos mecanismos tomarán la forma de subastas de contratos de compra de energía a 
largo plazo, en las condiciones y durante el periodo de tiempo que se especifiquen en la 
convocatoria,  que  permita,  entre  otros,  incrementar  la  liquidez  de  los  mercados 
eléctricos.
2.  La generación vinculada a estas subastas de contratos de compra de energía a 
largo plazo corresponderá a un máximo del 25 % del valor de energía anual generada 
más bajo de los últimos diez años de las instalaciones inframarginales gestionables y no 
emisoras que no perciban retribución específica y que no hayan resultado adjudicatarias 
en las subastas de desarrollo de energías renovables.
3.  Las mencionadas subastas se instrumentarán a través de contratos a plazo tipo 
forward, con un periodo de liquidación igual o superior a un año.
4.  El producto a subastar será energía eléctrica en base, y la variable de oferta el 
precio por unidad de energía eléctrica, expresado en €/MWh.
5.  Se establecerá un precio de reserva, de carácter confidencial, por debajo del 
cual quedarán rechazadas las ofertas y que será calculado conforme a una metodología 
objetiva, también confidencial, que será aprobada por resolución de la Secretaría de 
Estado  de  Energía,  a  propuesta  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia.  La  metodología  tendrá  en  cuenta  parámetros  objetivos  y  los  costes 
asociados a la generación objeto de subasta, en base a la información proporcionada por 
las empresas titulares.
6.  Serán sujetos vendedores en las subastas de contratos de compra de energía a 
largo  plazo  aquellos  productores  de  energía  eléctrica  que  tengan  la  condición  de 
operadores dominantes en la generación de energía eléctrica, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. La cantidad a energía obligatoria para cada operador 
será proporcional a la aplicación de los valores del apartado 2 a la energía máxima anual 
generable por cada una de sus tecnologías inframarginales gestionables no emisoras. 
Estos mismos operadores podrán solicitar a la Secretaría de Estado de Energía que su 
oferta sea mayor que la obligatoria, siempre que los productos a subastar sean idénticos 
a los obligatorios y las normas y procedimientos de la subasta los mismos.
7.  Por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se definirán:
a)  El método de subasta y el tipo de liquidación. o
b)  Los sujetos vendedores. 974ww
dec)))    LELaal   pfeeencreihoradg oída ed c eco enlilqceurbeirdtaaac caiói ónsnu d bdeae sl altoa ssru. pbraosdtuac yto ssu. calendario. OE-A-2021-14able en https://
f)  Las  especificaciones  de  detalle  (reglas  de  la  subasta)  y  los  formularios  a 
cumplimentar para participar en la subasta, incluidas las garantías para la calificación en 
la subasta.
g)  El contrato marco, que incluirá entre otros aspectos las garantías a depositar por 
los adjudicatarios de la subasta.
h)  Porcentajes máximos de adquisición por los compradores, en su caso.
i)  Cualquier otro parámetro o aspecto relacionado con la subasta.
8.  Podrán ser compradores en las subastas todos los sujetos que cumplan las 
condiciones de garantías y requisitos formales establecidos para cada subasta, debiendo 
ser necesariamente sujetos del mercado de producción participantes en el mercado, 
entendidos  como  aquellos  comercializadores  que  tengan  cartera  de  clientes, 
consumidores directos en mercado, o sus correspondientes representantes, definidos en 
el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Los sujetos compradores no podrán 
pertenecer a alguno de los grupos empresariales cuya matriz haya sido considerada en 
cada  momento  por  resolución  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia como operador principal en el sector eléctrico, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.
9.  También  podrán  concurrir  como  compradores  en  las  subastas  las 
comercializadoras de referencia, para el suministro al precio voluntario para el pequeño 
consumidor, en los términos que se establezcan en la resolución de la Secretaría de 
Estado de Energía referida en el apartado 7 anterior. A los efectos de hacer posible 
esta previsión, el Gobierno revisará la fórmula para la determinación del coste de 
producción de energía del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, regulada en 
el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación, de manera que incorpore la referencia del precio de la 
subasta regulada en este artículo con un peso de hasta el 10 por ciento, en los 
términos y bajo las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
10.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará que el 
procedimiento  de  las  subastas  se  realice  de  forma  competitiva,  transparente  y  no 
discriminatoria, conforme a la normativa vigente, y después de cada subasta elaborará 
un informe sobre su desarrollo y potenciales mejoras que será remitido a la Secretaría de 
Estado de Energía.
11.  La entidad administradora de la subasta será OMI-Polo Español SA (OMIE) 
directamente o a través de alguna de sus filiales. El coste imputable a la organización de 
la  subasta  será  soportado  por  los  adjudicatarios  de  la  subasta  en  proporción  a  la 
potencia  adjudicada  y  percibido  por  la  entidad  administradora  de  la  subasta.  La 
resolución  por  la  que  se  convoque  la  subasta  establecerá  el  coste  imputable  a  la 
organización de la misma. La entidad administradora de la subasta tendrá la obligación 
de enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Secretaría de 
Estado de Energía, toda la información, en formato y plazos, que les sea requerida en 
cuanto al desarrollo de las subastas.
12.  A partir del 1 de enero de 2022 y con carácter anual, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia elaborará un informe de seguimiento de las mencionadas 
subastas y de evolución del mercado a plazo, que remitirá a la Secretaría de Estado de 
Energía, en el que se incluirán recomendaciones sobre la oportunidad y conveniencia de 
mantener  este  instrumento  de  fomento  de  la  contratación  a  plazo,  su  periodicidad,  e.
cantidad de potencia y características de los productos a subastar, entre otros. w.b
13.  Las empresas compradoras en las subastas deberán reflejar en sus facturas a  974ww
ahqausteall o1s5  ckoWn sduem pidooterensc iae nc omnetrractaaddoa  lsibur ec ocnudyicoi ósnu mdein cisotrmop sraed roeraelsic ee ne lna sb asujab atesntassió cnu dyoe 
pcaenritoiddaod d dee  eenntererggíaa  ccooinnccrideata  caodnq ueilr ipdear ipoodro l ad ee mfapcrteusraa ceiónn d iccohraress spuobnadsietanst.e, así como la
TÍTULO III
Mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico 
causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados 
internacionales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo  4.  Minoración  de  la  retribución  de  la  actividad  de  producción  de  energía 
eléctrica.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y hasta el 31 de marzo 
de 2022, se minorará la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de las 
instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero, en 
una  cuantía  proporcional  al  mayor  ingreso  obtenido  por  estas  instalaciones  como 
consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del 
valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales.
Artículo 5.  Ámbito de aplicación subjetivo.
1.  La minoración a que se refiere el artículo anterior será de aplicación a los 
titulares de cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica no emisoras 
de gases de efecto invernadero en el territorio peninsular español, cualquiera que sea su 
tecnología.
2.  Quedan excluidas del ámbito de aplicación las instalaciones de producción en los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, así como las instalaciones de 
producción que tengan reconocido un marco retributivo de los regulados en el artículo 14 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
3.  También quedarán excluidas de la minoración las instalaciones de producción de 
potencia neta igual o inferior a 10 MW, con independencia de su fecha de puesta en 
servicio.
Artículo 6.  Ámbito de aplicación objetivo.
La minoración afectará a la producción de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica referidas en el artículo 5, con independencia de la modalidad de contratación 
utilizada.
CAPÍTULO II
Cálculo de la minoración y pago
Artículo 7.  Cálculo de la cuantía de la minoración.
La minoración correspondiente a cada instalación de generación de energía eléctrica 
a que hace referencia el artículo 5 anterior se calculará, para cada mes, según la fórmula 
siguiente:
Donde: 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥 (𝑃𝑃𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡𝐹𝐹𝐺𝐺 𝐹𝐹–𝐹𝐹 2𝑡𝑡0) 𝑥𝑥 𝛼𝛼 2021-14974n https://ww
Yit es la cuantía de la minoración, en euros, correspondiente a la instalación i-ésima
en el mes t considerado.
Qt es la cantidad total de energía eléctrica producida por la instalación i-ésima 
i
durante el mes t, en MWh. A los efectos del cálculo, se computará la energía medida en 
barras  de  central.  En  el  caso  de  instalaciones  de  bombeo,  para  el  cálculo  de  la 
detracción se considerará la producción neta, descontando los consumos para bombeo, 
del período t. Si dicha producción neta resultara negativa el valor de Qt será cero.
i
FMIGt es el factor medio de internalización del precio del gas natural en el precio del 
mercado diario en el Mercado Ibérico de la Electricidad en el mes t. Para el cálculo de 
FMIGt se empleará el rendimiento medio de una central de ciclo combinado, dividido por 
un factor que se obtiene como el porcentaje de horas (en tanto por uno) en que han 
marcado el precio marginal dichas instalaciones en ese mes, ponderadas por la energía 
casada  en  cada  hora.  A  los  efectos  del  cálculo  del  FMIGt,  se  considerará  que  el 
rendimiento medio de un ciclo combinado corresponde con un valor de 0,55.
En las horas en las que el precio marginal no haya sido marcado por una instalación 
de ciclo combinado, o cuando este haya sido marcado por una unidad de oferta que 
agrupe varias instalaciones físicas de diferentes tecnologías, se asumirá que la oferta ha 
internalizado el precio del gas natural cuando existan ofertas de instalaciones de ciclo 
combinado en el entorno (±10 %) de dicho precio marginal.
Además, al objeto de conocer si se han realizado ofertas en el entorno de dicho 
precio marginal por parte de las centrales de ciclo combinado de conformidad con el 
párrafo  anterior,  se  tendrán  en  cuenta  tanto  las  ofertas  simples  como  las  ofertas 
complejas presentadas en el mercado diario, en los siguientes términos:
– Para  determinar  si  en  el  -10  %  del  precio  marginal  existen  ofertas  de  ciclo 
combinado, se tomará. para cada hora, la oferta más restrictiva de cada ciclo combinado 
entre la oferta simple y precio medio de la oferta compleja del día calculada a partir de la 
energía casada de esa planta.
– Para determinar si en el +10 % del precio marginal existen ofertas de ciclos 
combinados, se incrementará el precio del mercado en ese 10 %, y se comprobará si 
existen centrales emisoras que pasarían a ser despachadas en el mercado, teniendo en 
cuenta tanto sus ofertas simples como complejas.
En la determinación del FMIGt se tendrán en cuenta tanto las unidades de oferta del 
sistema eléctrico español como portugués.
Pt  es el precio medio del gas natural en el mes t, medido en euros (€) por 
GN
megavatio-hora (MWh). Se calculará como la media del precio al contado del gas natural 
en el punto virtual de balance (PVB) de cada uno de los días del período correspondiente 
en el mercado ibérico del gas (MIBGAS). Los días de negociación se considerará el 
precio de cierre del mercado, y el resto de los días se considerará el precio de cierre del 
último día de negociación anterior.
α es un parámetro de modulación de la minoración, que tomará inicialmente el valor 
de 0,9.
Si el precio medio en un mes, Pt , es inferior a 20 €/MWh, el importe de la 
GN
minoración, Yt será nulo en el referido mes.
i
En el caso de cambio de titularidad de una instalación durante los periodos de 
aplicación de la minoración, las cuantías, en euros, devengadas por la instalación se 
calcularán para cada titular considerando el número de días en que cada parte ha 
ostentado la titularidad de la instalación.
Artículo 8.  Procedimiento para el cálculo, notificación y pago de las minoraciones. oe.
1.  Para cada mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el operador  974ww
adretlí csuislote 5m, ad ec aalccuulearrdáo l ac omni nlao rmaceiótond odleo glaía r edterilb aurctíiócunl od e7 .l aLsa  inliqstuaidlaaccioiónne sy  deel fpinaigdoa sd een l aesl 
minoraciones se realizará mensualmente.
2.  Para ello, antes del día 15 de cada mes, el operador del sistema notificará a las 
empresas titulares de las instalaciones a las que se refiere el artículo 5 las cuantías 
resultantes de la minoración correspondientes al mes anterior, detallando los cálculos 
realizados. El operador del mercado remitirá la información necesaria al operador del 
sistema para determinar esta minoración.
3.  Desde la recepción de la notificación, los titulares de las instalaciones dispondrán 
de un plazo de un mes para la realización de dichos pagos al operador del sistema.
4.  Los pagos a que se refiere apartado anterior tendrán la consideración de pagos a 
cuenta de la liquidación que el operador del sistema realizará para cada instalación una 
vez se conozcan los datos definitivos de las medidas de la producción en barras de 
central del ejercicio.
Artículo 9.  Naturaleza y destino de los ingresos.
1.  El operador del sistema declarará al órgano encargado de las liquidaciones 
reguladas del sector eléctrico, el importe de los pagos a los que se refiere el artículo 8, 
una vez realizados por los titulares a los que se refiere el artículo 5.
2.  Estas cantidades tendrán la consideración de ingresos liquidables del sistema y 
se destinarán a financiar los costes financiados por los cargos del sistema eléctrico a que 
hace referencia el artículo 16.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico y a cubrir, en su caso, los desajustes temporales entre ingresos y costes del 
sistema.
TÍTULO IV
Criterios de utilización racional de los recursos hídricos
Artículo 10.  Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Se  añaden  los  siguientes  nuevos  párrafos  a  la  redacción  del  apartado  2  del 
artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el siguiente tenor literal:
«La garantía de explotación racional del dominio público hidráulico tiene la 
finalidad de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45.2 de la Constitución.
A esos efectos, para los embalses mayores de 50 hm3 de capacidad total, 
cuyos  usos  principales  no  sean  el  abastecimiento,  el  regadío  y  otros  usos 
agropecuarios, en los casos en que así proceda en atención a la reserva de agua 
embalsada y a la predicción estacional, el organismo de cuenca fijará al inicio de 
cada año hidrológico:
a)  Un  régimen  mínimo  y  máximo  de  caudales  medios  mensuales  a 
desembalsar para situaciones de normalidad hidrológica y de sequía prolongada.
b)  Un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada 
mes.
c)  La  reserva  mensual  mínima  que  debe  permanecer  almacenada  en  el 
embalse para evitar indeseados efectos ambientales sobre la fauna y la flora del 
embalse y de las masas de agua con él asociadas. e.e
En situaciones de normalidad hidrológica, la fijación de los citados regímenes  974ww
cddoeems caAuarsnruoiemdlslaoi slr emedsgeo u y,l la asdsde eoa  pscrr eteoivsnciedu erarvlad aaresárs t íe qcemuucelboo an l5alós0 mae.dxicapaslos,  tasdoceisbótener náriab pcleieosrn mlaigilt airrd eeaslsu  elatej e larcc oidcmiinopa amdteiibz llaeoc sci óounns  doeesl    OE-A-2021-14able en https://
los municipios ribereños, en el marco del orden de preferencia de usos que se 
establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente.
En el procedimiento, el Organismo de cuenca dará audiencia en todo caso al 
concesionario,  a  los  órganos  competentes  en  materia  de  pesca  fluvial  de  la 
Comunidad Autónoma correspondiente y a los municipios ribereños del embalse.»
Disposición adicional primera.  Obligaciones de información relativas al mecanismo de 
minoración del exceso de retribución.
En relación con el mecanismo de minoración regulado en el título III de este real 
decreto-ley, se establecen las siguientes habilitaciones y mandatos:
1.  Se habilita al órgano encargado de las liquidaciones a solicitar la información 
necesaria al Operador del Mercado y al Operador del Sistema para dar cumplimiento a 
las obligaciones impuestas por este real decreto-ley.
2.  Antes de que transcurra un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-
ley, el operador del sistema identificará a los titulares de las instalaciones con el fin de 
poder aplicar el procedimiento previsto en el artículo 8 de este real decreto-ley.
3.  Mensualmente, el operador del sistema remitirá a la Secretaría de Estado de 
Energía  y  al  órgano  encargado  de  las  liquidaciones  información  detallada  de  las 
minoraciones calculadas por instalación y titular, así como de los pagos recibidos.
Disposición adicional segunda.  Primera subasta de energía inframarginal gestionable y 
no emisora.
De conformidad con las circunstancias del mercado, la primera subasta de contratos 
de compra de energía a plazo, a que se refiere el artículo, se celebrará antes del 31 de 
diciembre de 2021.
La  cantidad  total  de  energía  anual  a  subastar  en  la  primera  subasta  será 
de 15.830,08 GWh, con el siguiente reparto entre los sujetos vendedores establecidos en 
el apartado 6 del artículo 3:
– Grupo Endesa: 6.737,26 GWh.
– Grupo Iberdrola: 7.323,63 GWh.
– Grupo Naturgy: 1.405,48 GWh.
– Grupo EDP: 363,72 GWh.
Disposición adicional tercera.  Actualización de los cargos del sistema eléctrico.
1.  Para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley y el 31 de diciembre de 2021, los precios aplicables a los distintos segmentos 
tarifarios de los cargos del sistema eléctrico son:
a)  Precios de los términos de potencia:
Término de potencia de los cargos (€/kW año)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
1 0,281544 0,018107        
2 0,349842 0,175074 0,127195 0,127195 0,127195 0,058307 e.
3 0,363151 0,181740 0,132055 0,132055 0,132055 0,060525 974www.
45 00,,211730275459 00,,100865744417 00,,007672504871 00,,007672504871 00,,007672504871 00,,003258544528
6 0,083525 0,041797 0,030373 0,030373 0,030373 0,013921
b)  Precios de los términos de energía:
Término de energía de los cargos (€/kWh)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
1 0,004133 0,000827 0,000207      
2 0,002304 0,001706 0,000922 0,000461 0,000295 0,000184
3 0,001253 0,000928 0,000501 0,000251 0,000161 0,000100
4 0,000588 0,000435 0,000235 0,000118 0,000075 0,000047
5 0,000482 0,000357 0,000193 0,000096 0,000062 0,000039
6 0,000183 0,000136 0,000073 0,000037 0,000023 0,000015
2.  Para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley  y  el  31  de  diciembre  de  2021,  los  precios  aplicables  a  los  segmentos 
tarifarios 2 VE y 3 VE, de conformidad con la disposición adicional primera del Real 
Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de 
los cargos del sistema eléctrico, son:
a)  Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en baja tensión (segmento 
tarifario 2 VE):
Término de potencia de los cargos (€/kW año)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2 VE 0 0 0 0 0 0
Término de energía de los cargos (€/kWh)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2 VE 0,004897 0,003626 0,001960 0,000980 0,000627 0,000391
b)  Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en alta tensión (segmento 
tarifario 3 VE):
Término de potencia de los cargos (€/kW año)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
3 VE 0 0 0 0 0 0
Término de energía de los cargos (€/kWh)
Segmento tarifario
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
3 VE 0,003944 0,002921 0,001577 0,000790 0,000507 0,000315
3.  Con  independencia  de  la  modalidad  y  las  condiciones  de  contratación,  las  w.
comercializadoras deberán repercutir en las facturas que emitan a los consumidores,  974ww
cdoercrreestpoo-lnedy,i eenl tdees sacu elonst oc aosnoscuimadoos  ar eloasli zcaadrogso sd eesstdaeb lelac ideonstr aedna e le anp avrigtaodr od aen teesritoer  rceoanl 
rsees peesctatob lae cloesn  claorsg opsr eecsitoasb ledceid oloss  enca lrag Oosr ddeenl  TsEisDte/3m7a1 /2e0lé2c1t,r idceo  1y9  ddee  alborsi l, ppaogro lsa  qpuoer   BOE-A-cable e
capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. Dicho descuento 
aparecerá expresado en euros y en una línea independiente de la factura.
4.  Para  hacer  este  traslado,  el  comercializador  deberá  aplicar  los  siguientes 
criterios:
a)  En relación con el término de potencia, se deducirá de cada precio del término 
de potencia del contrato, la variación que corresponda por la aplicación de los nuevos 
términos de potencia de los cargos.
b)  En relación con el término de energía:
1.º  En el caso de contratos indexados al precio horario del mercado de electricidad, 
o en el caso de que los periodos horarios del contrato coincidan con los periodos de los 
cargos,  se  deducirá  de  cada  término  de  energía  del  contrato,  la  variación 
correspondiente a cada peaje.
2.º  En el caso de que los periodos horarios del contrato no coincidan con los 
periodos de los cargos, se deducirá de cada precio del término de energía del contrato, 
las variaciones de los términos de energía de los nuevos cargos, ponderadas con el 
perfil de consumo del consumidor. A estos efectos, para los contratos en baja tensión, se 
aplicará el conjunto de perfiles de consumo II recogidos en el anexo IV en la Resolución 
de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de 
energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de 
registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, 
para el año 2021, o disposición que le sustituya en su caso, correspondiente a cada 
peaje. Para el resto de consumidores, se aplicará el perfil que se ajuste mejor al 
consumidor.
A estos efectos, se indica a continuación las variaciones que corresponden para los 
consumidores en baja tensión, teniendo en cuenta las opciones de suministro más 
habituales:
Variación en el término de Energía 
 
(€/kWh)
Tipo contrato Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Tarifa de acceso 2.0TD-Contrato de suministro con un único 
-0,035838    
precio para todas las horas.
Tarifa de acceso 2.0TD-Contrato de suministro con 2 periodos 
según los horarios de la tarifa de acceso 2.0 y 2.1 con  -0,048184 -0,023803  
Discriminación Horaria DHA.
Tarifa de acceso 2.0TD-3 periodos horarios según Real 
-0,101607 -0,020321 -0,005080
Decreto 148/2021.
5.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará que dicha 
traslación a los consumidores se corresponde efectivamente con los menores costes 
derivados de los nuevos cargos y que se realiza de manera objetiva, transparente y sin 
dilación.
6.  El  incumplimiento  de  lo  establecido  en  esta  disposición  por  parte  de  las  s
comercializadoras  podrá  constituir  una  infracción  grave  según  lo  previsto  en  el  oe.
alar taícpulilcoa 6c5ió.n2 5d ed ela lsa  mLeeyd id2a4s/2 d0e1 3p,r odtee c2c6ió dne a dl iccoienmsubmrei,d eonr. lo relativo al incumplimiento de  2021-14974n https://www.
Disposición adicional cuarta.  Revisión de los parámetros retributivos aplicables a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.
1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo 
encargado  de  las  liquidaciones,  llevará  a  cabo  la  liquidación  necesaria  para  la 
adaptación de la retribución procedente del régimen retributivo específico, detrayendo las 
cantidades no abonadas por las instalaciones como consecuencia de la suspensión del 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, según lo establecido en 
el artículo 2.
2.  Dicha adaptación tendrá lugar en la primera liquidación en la que se disponga de 
los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor del citado artículo.
Disposición  adicional  quinta.  Minoración  de  la  energía  sometida  al  mecanismo  de 
fomento de la contratación a plazo.
Los sujetos vendedores de energía según los mecanismos de mercado del artículo 3 
estarán sujetos a un ajuste de las cantidades que las plantas de generación de las que 
son titulares deban abonar, en su caso, en aplicación de los mecanismos de minoración 
de previstos en la legislación por la que se actúa sobre la retribución del CO  no emitido 
2
del mercado eléctrico y en el previsto en el título III de este real decreto-ley, por la parte 
proporcional a la energía sometida a la contratación a plazo, siempre que los precios de 
la subasta difieran, al alza o a la baja, en más de un 10 % de la media aritmética del 
precio del mercado diario en el periodo de entrega.
El ajuste, en caso de que resulte a favor de los sujetos vendedores, se financiará con 
cargo a los ingresos obtenidos por dichos mecanismos.
El  procedimiento  para  el  reconocimiento,  cálculo  y  liquidación  del  ajuste  será 
establecido por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.
Disposición adicional sexta.  Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
1.  Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2021, el Impuesto Especial sobre la Electricidad se exigirá al tipo 
impositivo del 0,5 por ciento.
Las  cuotas  resultantes  de  la  aplicación  de  dicho  tipo  impositivo  no  podrán  ser 
inferiores a las cuantías siguientes:
a)  0,5 euros por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada o 
consumida se utilice en usos industriales, en embarcaciones atracadas en puerto que no 
tengan  la  condición  de  embarcaciones  privadas  de  recreo  o  en  el  transporte  por 
ferrocarril;
b)  1  euro  por  megavatio-hora  (MWh),  cuando  la  electricidad  suministrada  o 
consumida se destine a otros usos.
Cuando se incumpla la condición prevista en las letras anteriores, las cuantías 
indicadas en estas tendrán la consideración de tipos impositivos y se aplicarán sobre el 
suministro o consumo total del periodo expresado en megavatio-hora (MWh).
A estos efectos, se consideran usos industriales:
a)  Los efectuados en alta tensión o en plantas e instalaciones industriales. o
b)  Los efectuados en baja tensión con destino a riegos agrícolas. 974ww
paraE llo ism spuupeusetos tomsí npirmeovi srteocso geind ola se nle ltarass  leat)r,a bs) ,a c) ) yy  bd))  adnetle aripoarertsa dnoo  1s edreál  adretí cauplolic 9a8c idóen 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
2.  El impacto que la aplicación de esta disposición pueda tener en los recursos del 
sistema de financiación autonómica se analizará a efectos de que puedan adoptarse las 
medidas, en su caso de compensación, que procedan en el marco establecido por el 
artículo 2.uno.g) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades  Autónomas,  en  relación  con  la  aplicación  del  principio  de  lealtad 
institucional.
Disposición adicional séptima.  Limitación de la variación del valor del coste de la 
materia prima en la tarifa de último recurso de gas natural.
1.  El coste de la materia prima a imputar en la tarifa de último recurso de gas 
natural de aplicación a partir del 1 de octubre de 2021, calculado conforme con la 
metodología establecida en la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se 
establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, no 
podrá superar el 35 por ciento del valor vigente, establecido por resolución de 24 de 
junio, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se hace pública 
la tarifa de último recurso de gas natural. En la revisión correspondiente al 1 de enero 
de 2022, el incremento máximo del coste de la materia prima respecto al que resulte 
vigente en la revisión de 1 de octubre de 2021 se establece en el 15 por ciento. Las 
revisiones correspondientes al 1 de abril y siguientes aplicarán la metodología ordinaria 
vigente de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio.
2.  La diferencia entre el coste de la materia prima calculado conforme la metodología 
de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio y el coste de la materia prima que resulte de la 
aplicación del párrafo anterior se recuperará en las revisiones de la tarifa de último recurso 
que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2022 conforme a lo siguiente:
a)  Si el incremento del coste de la materia prima por aplicación de la metodología 
de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, en relación con el valor aplicado en la 
revisión anterior fuera superior o igual al 15 por ciento no se recuperará cantidad alguna.
b)  Si el incremento del coste de la materia prima por aplicación de la metodología 
de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, en relación con el valor aplicado en la 
revisión anterior fuera inferior al 15 por ciento, se procederá a incrementar dicho valor 
hasta alcanzar dicho límite máximo del 15 por ciento.
3.  En todo caso, no se podrá reducir el coste de la materia prima mientras existan 
cantidades pendientes de recuperar.
4.  Mientras existan cantidades pendientes de recuperar no será de aplicación el 
umbral de variación del coste de la materia prima del 2 por ciento establecido en el 
artículo 10.1 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de julio.
5.  Las cantidades pendientes de recuperación por la aplicación de este artículo, se 
podrán ver incrementadas mediante la imputación de un coste financiero, empleándose 
el tipo de interés aplicado en la financiación del déficit acumulado a 31 de diciembre 
de 2014 de 1,104 %.
6.  No  se  podrá  poner  fin  al  procedimiento  de  recuperación  de  las  cantidades 
adeudadas hasta que las comercializadoras de último recurso hayan recuperado la 
totalidad de las mismas, incluyendo, en su caso, los intereses correspondientes.
7.  Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para desarrollar lo dispuesto en esta disposición.
Disposición  transitoria  primera.  Liquidación  correspondiente  al  primer  mes  de  oe.
aplicación del mecanismo de minoración. w.
incoLrpao prarirmá eerla p leiqriuoiddoa ctiróann srceuarlrizidaod ae ndtree  clao nefonrtrmaiddaa de nc ovnig olor  dees teasbtlee criedaol  edne cerel taor-tlíecyu lyo  e8l 
miniicnioor adceiól np prrimeveisr tom eens  ecl otímtuplole ItIoI.  en  el  que  resulte  de  aplicación  el  mecanismo  de
Disposición transitoria segunda.  Determinación de la base imponible y del importe de 
los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía 
eléctrica.
Durante  la  vigencia  prevista  en  el  artículo  2  de  este  real  decreto-ley,  para  la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción de 
energía eléctrica regulado en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, así como de los pagos fraccionados correspondientes a 
dicho tributo, se tendrá en cuenta los menores ingresos percibidos por el contribuyente 
como consecuencia del instrumento de minoración establecido en el título III de este 
real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.  Aplicación del artículo 55 del texto refundido de la Ley 
de Aguas en el año hidrológico 2021-2022.
Antes del 31 de diciembre de 2021, los organismos de cuenca, a propuesta de la 
Comisión de Desembalse, adoptarán las resoluciones que procedan en aplicación de los 
criterios  de  utilización  racional  de  los  recursos  hídricos  que  se  introducen  en  el 
artículo 55.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, y remitirán a la Dirección General 
del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe 
motivado que recoja la relación de los embalses que han sido objeto de medidas de 
explotación racional en el año hidrológico 2021-2022, atendiendo a los citados criterios.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Se modifica el epígrafe a) del apartado uno de la disposición adicional centésima 
trigésima segunda «Ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero», de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, pasando a tener el siguiente tenor literal:
«a)  Para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del 
Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, el 90 por ciento del 
ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, hasta un importe de 2.000.000,00 miles de euros.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos 
de energía eléctrica, queda modificado de la siguiente manera:
1.  Se modifica el apartado 4 del artículo 19 y se añade un nuevo apartado 5 como sigue:
«4.  Con una antelación de quince días hábiles a la finalización del plazo 
establecido  para  el  inicio  del  procedimiento  de  suspensión,  la  empresa 
comercializadora volverá a requerir fehacientemente el pago al consumidor, si éste 
no lo hubiera hecho efectivo. Dicho requerimiento incluirá la fecha concreta a partir 
de la cual el suministro de electricidad podrá ser suspendido, de acuerdo con el  e.
contenido recogido en el anexo IV. w.
Salvo en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social y en el  974ww
squupeu leas etom cporensteam tepnlagdao  ceonn estl aanrctíicau dloe 2 l0a,  ncoutaifnicdaoc ihóany daenl  tprarinmsecru rrreidqou edroims imenetsoe dse d peasdgeo 
roe, queenr imsiue ntcoa sdoe,  pdaegsod, ed eq auceu elrad o ccoomne rloci adliizsapduoersato  heany ae l arepaalriztaaddoo  2e, l sins eqguuen deol   BOE-A-cable e
mismo se hubiera hecho efectivo, la empresa comercializadora podrá solicitar a la 
empresa  distribuidora  a  través  del  procedimiento  y  por  los  sistemas  y  medios 
telemáticos aprobados a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, la suspensión del suministro de electricidad, lo que determinará el 
inicio del procedimiento de suspensión, indicando si debe rescindirse o no el contrato.
En el caso de los consumidores acogidos al bono social, cuando hayan transcurrido 
cuatro meses desde que la empresa tenga constancia de la notificación del primer 
requerimiento de pago o, en su caso, desde que la comercializadora haya realizado el 
segundo requerimiento de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, sin que el 
mismo se hubiera hecho efectivo, la empresa comercializadora solicitará a la empresa 
distribuidora,  a  través  del  procedimiento  y  por  los  sistemas  y  medios  telemáticos 
aprobados a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la 
aplicación del suministro mínimo vital, de conformidad con el artículo 45 bis de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. La empresa comercializadora de 
referencia remitirá un escrito al consumidor en el plazo máximo de diez días desde la 
mencionada solicitud para informarle de este extremo, de acuerdo con el modelo recogido 
en el anexo VIII. Finalizado el periodo de aplicación del suministro mínimo vital, la 
empresa  comercializadora  podrá  solicitar  a  la  empresa  distribuidora  a  través  del 
procedimiento y por los sistemas y medios telemáticos aprobados a tal efecto por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la suspensión del suministro de 
electricidad, indicando si debe rescindirse el contrato o no.
No se podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni aquéllos en 
que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente tanto comercial 
como técnico a efectos de la reposición del suministro de electricidad, como tampoco 
la víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas circunstancias.»
«5.  La potencia límite asociada al suministro mínimo vital se establece en 3,5 
kW, que resultará de aplicación solo en aquellos casos en los que la potencia 
contratada sea superior a dicha potencia límite.
No obstante, lo anterior, este valor podrá ser modificado mediante orden de la 
persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
En la determinación de la potencia límite se deberán tener en cuenta, en todo 
caso, las circunstancias climatológicas, sociales o económicas de los colectivos 
beneficiarios del suministro mínimo vital.»
2.  Se modifican los apéndices del anexo II, conforme se contiene en el apartado 1 
del anexo de este real decreto-ley.
3.  El anexo III queda modificado conforme se contiene en el apartado 2 del anexo 
de este real decreto-ley.
4.  Se modifican los apéndices del anexo IV conforme se contiene en el apartado 3 
del anexo de este real decreto-ley.
5.  Se incluye un anexo VIII conforme se contiene en el apartado 4 del anexo de 
este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.
Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en  e
respuesta a la pandemia de COVID-19, con el siguiente texto: bo
pelaeggo«ibs3l e. as  Ltpearnosd vraeáyenud dcoaarersás c dtyier er ocfittnaroassl i srteaacc irybe iedddaeosb reeprsáo,nr   falionpsal incacauirestóreon soa m ys oasnti sofy a fcienemar nplacre iedsreaoussd , acao ysn ís aicd roeemraalodiz oaasr    2021-14974n https://ww
compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan generado entre
el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores  Bc
al 13 de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros 
acreedores no financieros, por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se 
reducirá la deuda con acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval 
público. Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes 
fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial 
que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas.»
Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 
14.ª, 22.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica,  Hacienda  general,  legislación,  ordenación  y  concesión  de  recursos  y 
aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad autónoma, 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección y bases 
del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final quinta.  Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y 
Función Pública, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, en el ámbito de sus competencias, para aprobar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo 
establecido en este real decreto-ley.
Disposición final sexta.  Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las  determinaciones  incluidas  en  normas  reglamentarias  que  son  objeto  de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango 
reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Modificaciones de los anexos II, III y IV y adición de un anexo VII del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica
1.  De acuerdo con el apartado 2 de la disposición final segunda de este real 
decreto-ley, se modifican los apéndices I, II y III del anexo II del Real Decreto 897/2017, 
de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, en 
los siguientes términos:
a)  En el apéndice I («Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento del 
periodo  de  pago  a  consumidores  personas  físicas  en  mercado  libre  a  remitir  por  la 
comercializadora»), el tercer párrafo tras el recuadro queda redactado del siguiente modo:
«Una vez acogido al PVPC, y siempre que se hayan acreditado los requisitos 
para ser consumidor vulnerable, de no haber sido abonada la cantidad adeudada, 
transcurridos cuatro meses desde la recepción del requerimiento fehaciente de 
pago,  se  adaptará  su  potencia,  durante  otros  seis  meses  adicionales,  a  un 
suministro mínimo vital de 3,5 kW. Durante este tiempo no podrá ser suspendido 
su suministro.»
b)  En el apéndice II («Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento 
del periodo de pago a consumidores personas físicas acogidos al PVPC a remitir por la 
comercializadora de referencia»), el tercer párrafo tras el recuadro queda redactado del 
siguiente modo:
«Siempre  que  se  hayan  acreditado  los  requisitos  para  ser  consumidor 
vulnerable, de no haber sido abonada la cantidad adeudada, transcurridos cuatro 
meses desde la recepción del requerimiento fehaciente de pago, se adaptará su 
potencia, durante otros seis meses adicionales, a un suministro mínimo vital de 3,5 
kW. Durante este tiempo no podrá ser suspendido su suministro.»
c)  En el apéndice III («Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento 
del periodo de pago a consumidores acogidos al PVPC con bono social a remitir por la 
comercializadora  de  referencia»),  el  tercer  párrafo  inserto  en  el  recuadro  queda 
redactado del siguiente modo:
«De no abonarse la cantidad adeudada, tras el plazo de cuatro meses a partir 
de la recepción de dicho requerimiento, la empresa distribuidora adaptará durante 
otros seis meses adicionales la potencia de su hogar a un suministro mínimo vital 
de 3,5 kW, durante los cuales su suministro tampoco podrá ser suspendido.»
2.  De acuerdo con el apartado 3 de la disposición final segunda de este real 
decreto-ley, se modifican los apéndices I, II y III del anexo III del Real Decreto 897/2017, 
de 6 de octubre, en los siguientes términos:
a)  En  el  apéndice  I  («Modelo  de  requerimiento  fehaciente  de  pago  para 
consumidores en mercado libre a remitir por la comercializadora»), el tercer párrafo tras  s
el recuadro queda redactado del siguiente modo: oe.
«Una vez acogido al PVPC, y siempre que se hayan acreditado los requisitos  974ww
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b)  En  el  apéndice  II  («Modelo  de  requerimiento  fehaciente  de  pago  para 
consumidores acogidos al PVPC a remitir por la comercializadora de referencia»), el 
tercer párrafo tras el recuadro queda redactado del siguiente modo:
«Siempre  que  se  hayan  acreditado  los  requisitos  para  ser  consumidor 
vulnerable, de no haber sido abonada la cantidad adeudada, transcurridos cuatro 
meses desde la recepción del requerimiento fehaciente de pago, se adaptará su 
potencia, durante otros seis meses adicionales, a un suministro mínimo vital de 3,5 
kW. Durante este tiempo no podrá ser suspendido su suministro.»
c)  En  el  apéndice  III  («Modelo  de  requerimiento  fehaciente  de  pago  para 
consumidores acogidos al PVPC con bono social a remitir por la comercializadora de 
referencia»), el tercer párrafo inserto en el recuadro queda redactado del siguiente modo:
«De no abonarse la cantidad adeudada, tras el plazo de cuatro meses a partir 
de la recepción de dicho requerimiento, la empresa distribuidora adaptará durante 
otros seis meses adicionales la potencia de su hogar a un suministro mínimo vital 
de 3,5 kW, durante los cuales su suministro tampoco podrá ser suspendido.»
3.  De acuerdo con el apartado 4 de la disposición final segunda de este real 
decreto-ley, se modifican los apéndices I y II del anexo IV del Real Decreto 897/2017, 
de 6 de octubre, en los siguientes términos:
a)  En  el  apéndice  I  («Modelo  de  requerimiento  fehaciente  de  pago  para 
consumidores en mercado libre a remitir por la comercializadora quince días hábiles 
antes  de  la  finalización  del  plazo  para  iniciar  el  procedimiento  de  suspensión  del 
suministro de electricidad»), el tercer párrafo tras el recuadro, queda redactado del 
siguiente modo:
«Siempre  que  se  hayan  acreditado  los  requisitos  para  ser  consumidor 
vulnerable, una vez acogido al PVPC, de no haber sido abonada la cantidad 
adeudada,  transcurridos  2  meses  desde  la  fecha  señalada  anteriormente  la 
empresa distribuidora adaptará durante 6 meses adicionales la potencia de su 
hogar a un suministro mínimo vital de 3,5 kW, durante los cuales su suministro 
tampoco podrá ser suspendido.»
b)  En el apéndice II («Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores 
acogidos al PVPC a remitir por la comercializadora de referencia quince días hábiles antes 
de la finalización del plazo para iniciar el procedimiento de suspensión del suministro de 
electricidad»), el tercer párrafo tras el recuadro queda redactado del siguiente modo:
«Siempre  que  se  hayan  acreditado  los  requisitos  para  ser  consumidor 
vulnerable,  de  no  haber  sido  abonada  la  cantidad  adeudada,  transcurridos  2 
meses desde la fecha señalada anteriormente la empresa distribuidora adaptará 
durante 6 meses adicionales la potencia de su hogar a un suministro mínimo vital 
de 3,5 kW, durante los cuales su suministro tampoco podrá ser suspendido.»
4.  De acuerdo con el apartado 5 de la disposición final segunda de este real 
decreto-ley, se añade un nuevo anexo VIII al Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
con la siguiente redacción:
«Modelo de comunicación para informar sobre aplicación del suministro  b
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suspendido, y su potencia no podrá sobre pasar este límite.
Si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica, del que le remitimos un 
extracto, puede ponerse en contacto con los servicios sociales del municipio y 
comunidad autónoma donde reside, para que le informen sobre la posibilidad de 
atender el pago de su suministro de electricidad.
[Inclúyase a continuación requisitos para ser vulnerable severo conforme al 
artículo 3 del citado real decreto].»