BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62318
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8954 Sala Primera. Sentencia 73/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de 
amparo  1584-2019  y  1586-2019  (acumulados).  Promovidos, 
respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  e  instrucción  de  Lorca  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:73
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo núm. 1584-2019 y 1586-2019 (acumulados), promovidos 
por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
respectivamente,  representados  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, el primero, y 
de la letrada doña Anju Nirmalia Benavent Rodríguez, el segundo, contra el auto de 19 
de septiembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca 
dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria 66-2018, y contra el auto de 22 de 
enero de 2019, del mismo órgano judicial, por el que se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el anterior. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los Tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en nombre y 
representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y bajo la dirección del 
letrado  don  Marcelino  Gilabert  García,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante  e
escrito registrado en este Tribunal el 12 de marzo de 2019, dando lugar al recurso de  bo
amparo 1584-2019. 54ww
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Nirmaia Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que
se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 12 de marzo de 2019, dando lugar al recurso de amparo 1586-2019.
3.  Los hechos relevantes para el examen de ambos recursos de amparo son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  resultando  la  primera  de  las  demandadas  la  deudora 
hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de junio de 2018, por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  66-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 21 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de Penrei Inversiones, S.L., y de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
un correo avisándoles que tenían una notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 
6 de Lorca relativa al proceso «EJH/000066/2018»; notificación a la que podían acceder 
entre los días 21 de junio a 6 de agosto de 2018, a través de un enlace electrónico que 
también indicaba.
c)  El 31 de julio de 2018, Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., accedieron a la página web indicada teniendo acceso a la notificación y 
los documentos que le acompañaban, en concreto el auto por el que se despacha 
ejecución, el decreto dictado por la administración de justicia y la copia de la propia 
demanda.
d)  El 28 de agosto de 2018, las sociedades recurrentes en amparo formalizaron 
ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  Por auto de 19 de septiembre de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera 
de plazo.
g)  Las  representaciones  procesales  de  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y  de 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  interpusieron  recursos  de  reposición 
contra el anterior auto, basándose en la infracción de los arts. 135, 152, 160 y 162 Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC) y del art. 24 CE.
h)  Dichos recursos fueron desestimados por auto de 22 de enero de 2019. En el 
fundamento jurídico segundo, el juzgado señala que, siendo indiscutible la condición de 
personas  jurídicas  de  las  recurrentes,  las  mismas,  desde  el  1  de  enero  de  2017 
(disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
de enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la administración de justicia 
por medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC], y 
añade que «interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable».
4.  La  demanda  presentada  en  el  recurso  de  amparo  1586-2019  coincide 
literalmente con la presentada en el recurso de amparo 1584-2019. Alegan las entidades 
recurrentes que las resoluciones judiciales impugnadas causaron, en primer lugar, la 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con 
todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  al  haberse  efectuado  su  emplazamiento  como  s
ejecutadas  en  el  procedimiento  hipotecario  de  referencia  a  través  de  un  correo  oe.
electrónico remitido por un servicio de notificaciones electrónicas, y no mediante entrega  w.
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objetando también que el juzgado haya hecho el cómputo del plazo para oponerse,
desde la fecha del envío del correo a la dirección electrónica habilitada y no desde la 
fecha de acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Por medio de un «segundo otrosí digo», los escritos de demanda argumentaron «que 
la continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que 
han sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación 
a terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad». Por ello que 
solicitaron  la  suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria 66-2018 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 
de  Lorca,  hasta  tanto  sea  resuelto  el  presente  recurso  de  amparo,  poniéndolo  en 
conocimiento del órgano judicial».
5.  La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 17 de junio de 2019, 
acordó: (i) la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 1584-2019, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque plantea un problema o afectan a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a 
diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 66-2018; (iii) previamente emplazara a 
quienes hubieran sido parte en éste, excepto a la parte recurrente en amparo, para 
poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días, a 
efecto de formular alegaciones; y (iv) formar la correspondiente pieza separada de 
suspensión.
La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 16 de septiembre de 2019, 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 1586-2019, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
plantea un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]. Por ello, en aplicación de lo 
dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  obrando  ya  las  actuaciones  correspondientes  a  la 
ejecución hipotecaria 66-2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca, acuerda dirigir atenta comunicación a dicho órgano jurisdiccional, a fin de que, en 
plazo que no exceda de diez días proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en 
el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en igual plazo puedan 
comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo. Asimismo, se acuerda 
formar la correspondiente pieza de suspensión.
6.  Mediante diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sala Primera, 
Sección Primera, de este Tribunal, de 21 de junio de 2019, se requirió al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad 
posible, certificación acreditativa «de la interposición o no de recurso de apelación contra 
alguna de las resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza 
separada en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el 
número 66-2018, y si ha recaído resolución se certifique sobre el contenido de la 
misma».
Con  fecha  24  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  Tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 15 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento 
principal ni en las piezas correspondientes al mismo, recurso de apelación por ninguna 
de las partes personadas en el procedimiento». e
7.  En el recurso de amparo 1584-2019, por diligencia de ordenación del secretario  w.
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Blanca María Grande Pesquero, a quien se tiene por personada y parte en nombre y
representación del Banco de Sabadell, S.A., con quien se entenderán la presente y
sucesivas diligencias, (a los solos efectos de evacuar el trámite de alegaciones del 
art. 52 LOTC). A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las 
actuaciones de los presentes recursos de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un 
plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que 
dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga».
8.  En el recurso de amparo 1586-2019, por diligencia de ordenación del secretario 
de justicia de la Sala Primera de 11 de noviembre de 2019, se tiene por personada a la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero en nombre y representación de Pera 
Assets Disignated Activity Company en sustitución del Banco de Sabadell, en virtud de 
las escrituras públicas aportadas.
9.  En  el  recurso  de  amparo  1584-2019,  la  representante  procesal  de 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó su escrito de alegaciones el 25 
de septiembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución estimatoria del recurso 
de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, que, a su parecer, 
respalda los argumentos que presenta en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su domicilio, como impone 
el artículo 155.1 LEC.
En  el  recurso  de  amparo  1586-2019,  la  representación  procesal  de  Penrei 
Inversiones, S.L., presentó su escrito de alegaciones el 12 de diciembre de 2019, en el 
que tras reproducir el contenido de la STC 47/2019, de 8 de abril, solicitó la estimación 
del recurso de amparo.
10.  En el recurso de amparo 1584-2019, la fiscal ante este Tribunal Constitucional 
presentó escrito de alegaciones el 4 de octubre de 2019, por el que interesó de este 
Tribunal que dictara sentencia otorgando el amparo a las entidades recurrentes, con 
reconocimiento  de  la  vulneración  de  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 6 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 66-2018», y 
retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a aquella notificación, 
«para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución». Basó 
esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo de los recursos, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de las recurrentes [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición —que no producía en 
origen la lesión—, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la 
demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin 
esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este Tribunal para 
situaciones similares.
b)  En cuanto al fondo, la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24.1  CE)  por  haberse  inadmitido  a  trámite,  por  extemporáneo,  el  escrito  de 
oposición a la ejecución de las recurrentes, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil., en especial sus arts. 155 
y 273.4, segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer  e.
emplazamiento  se  realice  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  w.
documentación. El resultado es que ambas resoluciones del juzgado sumieron a las  54ww
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En el recurso de amparo 1586-2019, la fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó 
escrito de alegaciones el 7 de enero de 2020, con el mismo contenido que en el recurso 
de amparo 1584-2019.
11.  Por escrito registrado el 26 de septiembre de 2019, la procuradora de los 
tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en nombre y representación de Pera 
Assets Designated Activity Company (a quien ha cedido el crédito reclamado en las 
presentes  actuaciones  el  Banco  de  Sabadell),  formuló  su  oposición  al  recurso  de 
amparo  1584-2019.  Considera  que  Euroinversiones  Inmobiliaria  Costa  Sur,  S.L., 
presentó su escrito de oposición a la ejecución fuera del plazo legalmente establecido en 
el art. 556.1 LEC y ello con remisión al acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 
Cuarta  del  Tribunal  Supremo  de  6  de  julio  de  2016,  según  el  cual  «cuando  hay 
constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días 
hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación 
ha sido efectuada con plenos efectos procesales».
Por escrito registrado el 3 de diciembre de 2019, la procuradora de los tribunales 
doña Blanca María Grande Pesquero, en nombre y representación de Pera Assets 
Designated Activity Company, formuló su oposición al recurso de amparo 1586-2019. 
Considera que Penrei Inversiones, S.L., presentó su escrito de oposición a la ejecución 
fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC y ello con remisión Acuerdo 
no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016.
12.  Respecto  de  la  solicitud  de  suspensión  formulada  por  las  recurrentes  en 
amparo mediante otrosí de su escritos de demanda, por autos 88/2019, de 15 de julio, 
y 126/2019, de 28 de octubre, de la Sala Primera de este tribunal, se acordó denegar la 
suspensión cautelar solicitada y ordenar la anotación preventiva de las demandas de 
amparo en el registro de la propiedad.
13.  La Sala Primera de este tribunal, por auto 24/2020, de 24 de febrero, acordó la 
acumulación del recurso de amparo 1586-2019 al recurso de amparo 1584-2019, para 
que siguieran una misma tramitación hasta su resolución, también única, desde el común 
estado procesal en que se hallan.
14.  Por providencia de 25 de junio de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020:
El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados es determinar si las 
resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE)  de  las  entidades  recurrentes,  por  haber  optado  el  juzgado  por  la  notificación 
electrónica a través de la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación 
personal en el domicilio de la sociedad de conformidad con el art. 155.1 LEC, y por la 
errónea  aplicación  de  las  normas  de  procedimiento  administrativo,  que  habría 
determinado la inadmisión a trámite de los escritos de oposición a la ejecución al 
considerarlos extemporáneos.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la  e
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra  bo
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio  54ww
rdees plau esdteam aa nlodsa m. iDsmesocsa ratargduam  aeqnutoí s laq uceo dnecfuierrnednecnia a qdueí  laalsg úpna rteelse,m ceonnt ofa ldlois etinsttiimvoa toqruioe 
aopblliicgaure l aa  cuitnaad af usnednatemnecniat a4c0ió/2n0 2o0 r.esultado diverso de lo declarado entonces, procede
En el fundamento jurídico 3 de dicha STC 40/2020 se advierte que resulta de 
aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de 
abril, FJ 4 a), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata la STC 40/2020, FJ 4, como ha de hacerse también ahora, que las dos 
resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de 
la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos 
de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución, 
optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través del servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas consistía en un 
aviso  que  remitía  a  un  enlace  de  internet  para  poder  conocer  el  contenido  de  la 
notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición invocando 
normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional 
en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo 
cual determina la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de 
acceso al proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental 
de las demandantes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:
1.º  Estimar los recursos de amparo presentados por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal 
derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 19 de septiembre de 2018 y 22 de enero 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  66-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  e.e
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la  b
dirección electrónica habilitada. 54ww
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este último por el juzgado ejecutor, de forma respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.