BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32847
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4503 Sala Segunda. Sentencia 28/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 6093-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:28
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6093-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de 
septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 284-2018 instado por 
la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto del mismo juzgado, de 10 de 
septiembre  de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
octubre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa de la letrada 
doña  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 03www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43.403 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 7 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  284-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 9 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000284/2018»; 
notificación a la que podía acceder entre los días 9 de mayo a 24 de junio de 2018.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje, el día 23 de junio de 2018 el servicio de notificaciones electrónicas mencionado 
remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la recurrente en 
amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la notificación en el 
enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día siguiente, 24 de junio de 2018.
d)  El día 24 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
284-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada».
e)  El 9 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto el 21 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  reresentada  por  el 
procurador D. Antonio Serrano Caro por estar presentada fuera de plazo, contra Banco 
Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.–Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo 
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días  b
ante este tribunal». 03ww
rdeeq ugree)r pimoPsieiocnri óteonl   rdceeop nretprsaae gneotal  ntautenv toep rrioloucrge asarau lt codu.e a Elnand d oe emla carcenecdduairóns toe a ddl eec faeomnndtpeióan ridoqo us eed  ienla te larnp ountisfoioct iafrieccciaóucnrió snoy    OE-A-2021-45able en https://
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de
diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de 
los arts. 135, 152.1.2, párrafo tercero, 155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal 
Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos 
de comunicación procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda 
de oposición al despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial 
efectiva y sin indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 10 de septiembre de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes [sic], las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  Administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14. 2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 de la LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, 
cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por 
los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y estas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 
Justicia  establecen  que  "las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible  al  remitente  y  al  destinatario  de  las  mismas";  "[e]l  sistema  de  notificación 
permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su 
contenido. En caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios 
electrónicos,  se  procederá  a  imprimir  la  resolución  y  la  documentación  necesaria, 
procediéndose a la práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las 
leyes  procesales  e  incorporándose  a  continuación  el  documento  acreditativo  de  la 
práctica  del  acto  de  comunicación,  debidamente  digitalizado,  al  expediente  judicial 
electrónico. En todo caso, el destinatario del acto de comunicación tendrá derecho a 
obtener copia de la documentación recibida en formato electrónico".
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre  e.
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del  w.b
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet determina que "[s]erá de  03ww
laop dlicisapcuióens tao  elons  ealc atortsíc duelo c 1o6m2u.2n idcea claió Lne rye adleiz eandjousic aia tmraievnétso d ceiv lial" .sede judicial electrónica
CuaArt at adleesl  Terfiebcutnoasl  rSeuspurlteam cola driefi c6a ddoer  juelli oa cduee 2rd0o1 6n o[… ju]:r is"Cdiucacniodnoa lh daeyal  Pcloennsot adnec ilaa  dSea llaa 
correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada 
con  plenos  efectos  procesales.  Por  tanto,  constando  correcta  la  remisión  de  la 
comunicación tal y como se constata por el letrado de la Administración de justicia, el 
hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 de 
diciembre de 2017 no es determinante de nulidad de actos por cuanto la comunicación 
se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se desestima el 
recurso […]".
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 09/05/2018 no accediendo al contenido hasta el día 24/06/2018 
(fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 09/07/2018 claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 de la LEC (dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del auto despachando ejecución), y siendo que, conforme al art. 136 de la 
LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal 
de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que 
se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia 
legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 21 de septiembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 10 de septiembre de 2019, por la indicada mercantil se 
interpuso el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta Ley, objetando también que el juzgado haya 
hecho el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la 
dirección electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su 
escrito.
Sobre el auto del 10 de septiembre de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución ––y del que se han expuesto sus argumentos–, 
se rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en 
la Ley del procedimiento administrativo común, que considera inaplicable al ámbito 
procesal civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales existe una 
normativa  propia  detallada  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  según  ha  expuesto, 
ensamblada en el haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada. e.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la  w.b
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han  03ww
steidrcoe orobsje, tpou deed eimn phuagcnear cpióenrd, ecro na l lare cceulresbor adceió anm dpea srou bsaus tfain ay lildaa edv, epnotru alol  aqdujeu dsicoalicciióton  laa 
sseugspueidnos iaónnt ed eel  Jlau zcgoandtoin duea cPiórinm edreal  Ipnrsotacnecdiiam eie nIntos trduecc ieójne cnuúcmió.n 5  hdiep oLtoerccaar,ia h a2s8t4a- t2a0n1to8 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 15 de junio de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)]»; (ii) constatar la existencia en el tribunal del testimonio de las 
actuaciones de la ejecución hipotecaria 284-2018 por haber sido remitidas por el órgano 
ejecutor en el recurso de amparo conexionado 6079-2019 y emplazar a quienes hubieran 
sido parte en el proceso de ejecución, excepto a la recurrente en amparo, para poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en del plazo de diez días, a efecto de 
formular alegaciones; y (iii) formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 22 de julio de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y 
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco de Sabadell, S.A., entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en 
la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco de Sabadell, 
S.A., como cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el 
proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
6.  Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección 
Cuarta de 14 de octubre de 2020 se acordó: (i) tener por personada y parte a la 
procuradora señora Munteanu en nombre y representación de la sociedad indicada, y (ii) 
dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por 
plazo común de veinte días para presentar alegaciones de conformidad con lo previsto 
en el art. 52. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
7.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 30 
de  noviembre  de  2020,  por  el  que  interesó  de  este  tribunal  que  dictara  sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  284-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de  e.e
alegaciones  el  8  de  diciembre  de  2020,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución  b
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del  03ww
ETruibrouinnavle rCsoionnsetistu Icnimonoabl,il iaqruiaes  reCsousetalv eS uerl,  rSe.cLu.,r s«oe nd eu na maspuanrtoo  5p3rá7c7t-i2c0a1m8e nptreo migouvaild aol  pdoerl 
permepselanztaem reiecnutros.o A dñea daíma,p caorom»o  qmueo triveofu deerz as inlagsu leaxr igaecnocgiiamsi epnatroa,  lhleavbaerr  as iedfoe cdteom eal npdraimneter 
en el recurso de amparo 5379-2018 en el que denunciaba idénticas vulneraciones con
relación a otro proceso de ejecución hipotecaria sustanciado en el mismo partido judicial 
y que fue estimado por STC 43/2020, de 9 de marzo, dictada por la Sala Segunda de 
este tribunal.
9.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por ATC 80/2020, de 20 de julio, la Sala 
Segunda de este Tribunal Constitucional acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]. 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Por  la  Secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  17  de  diciembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  febrero  de  2021  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca, de 21 de septiembre de 2018 
y 10 de septiembre de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 284-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal  e
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el  bo
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de  03ww
creosinoclvideer netel  reccounrtseon iddoe  caomnp aloros  cqaubee caehroar ad es ee sitma psuegrniea,n p, ryo mdoovniddeo  cdoion trrae sdpouse satuat oas  ldoes 
mDeissmcaorst aadrag umaqeunít olsa  qcuoen dceufrireenndceian  adqeu í alalgsú np aretelesm, econnto  fadllios teinsttivimoa tqourieo  doeb lliag udee maa nudnaa. 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art.24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, s
Ha decidido w.
su d1e.ºr ecEhsot imfuanrd alam deenmtaal nad ala p rteusteelnat ajuddai cpiaolr  Pefeencrteivi aIn svienr spioandeesc,e Sr .iLn.d, epfoern vsuiólnne (raarcti.ó n2 4d.1e 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar  la  nulidad  de  los  autos  de  21  de  septiembre  de  2018  y  10  de 
septiembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 
de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 284-2018, así como la nulidad de 
las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través 
de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.