BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 166318
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21745 Resolución  de  14  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Baza, por la que se deniega la 
anotación de un embargo preventivo sobre bienes gananciales por no haber 
sido notificado el cónyuge del deudor.
En el recurso interpuesto por doña A. A. M., procuradora de los tribunales, en 
nombre y representación de la mercantil «Juguetes Falomir, S.A.», contra la calificación 
del registrador de la Propiedad de Baza, don José Antonio Jiménez Rubio, por la que se 
deniega la anotación de un embargo preventivo sobre bienes gananciales por no haber 
sido notificado el cónyuge del deudor.
Hechos
I
Mediante mandamiento, librado el día 21 de junio de 2021 por doña C. R. I., letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia, en el 
que se insertaba auto dictado el día 8 de junio de 2021 por doña María Dolores de las 
Heras García, magistrada del referido Juzgado, en el ámbito de un procedimiento de 
medidas  cautelares,  se  decretaba  el  embargo  de  varias  fincas  radicantes  en  la 
demarcación del Registro de la Propiedad de Baza, inscritas con carácter ganancial, sin 
que constase haber sido notificado o demandado el cónyuge de la persona contra la que 
se seguía el procedimiento.
II
Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Baza, fue objeto 
de la siguiente nota de calificación:
«Calificado en el día de hoy por José Antonio Jiménez Rubio, Registrador de la 
Propiedad de Baza y su Distrito Hipotecario, el mandamiento expedido por Juzgado 
Mercantil 3 Murcia, el día 8 de junio de 2021, procedimiento número 197/2021, con firma 
electrónica, del cual certifico que he verificado su autenticidad a través de su csv, que fue 
presentado por C. S. P. el día 14 de Julio de 2021, con el número de entrada 2987/2021, 
que originó el asiento 1122 del Diario 84 y acreditado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, mediante aportación de documentos 
complementarios  y  junto  la/s  carta/s  de  pago;  tras  examinar  los  antecedentes  del 
Registro, se han observado las siguientes circunstancias que ha motivado la calificación 
desfavorable:
Hechos
1.  En el mandamiento objeto de calificación, se reproduce el auto 64/21 dictado por  e.
doña María Dolores de las Heras García, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de  w.b
Murcia, el día 8 de junio de 2021, en el ámbito del procedimiento de medidas cautelares,  745ww
3d0im6a02n1. a, n3Et0en6  de0el2 l ,mp 3reo0nc6ce0iod3ni,ma 3die0on6 tA0o4u o toryd,  i3ns3ae6r id4oe9 1c 9rde7et/al2  t0eé2lr 1me.minboa mrguon diceip laals d fein cBaasz are ghiasstrtaal ecsu b2r8ir4 4la1s,   OE-A-2021-21able en https://
responsabilidades que se imputan al demandado Don P. C. F.; ordenándose en el 
correspondiente mandamiento la anotación preventiva de dicho embargo.
3.  Las fincas embargadas aparecen inscritas, con carácter ganancial, en favor del 
demandado y de su esposa Doña M. T. S. A., sin que la misma haya sido demandada en 
el procedimiento o notificada del embargo decretado.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho:
I.  En relación a las circunstancias reseñadas en el Hecho I anterior, debe tenerse 
en consideración:
1.  Artículos  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y  100  del  Reglamento  Hipotecario,  que 
incluyen en el ámbito calificador de los documentos judiciales por los Registradores de la 
Propiedad, los obstáculos que surjan del Registro.
2.  Artículo 144.1 del Reglamento Hipotecario, que exige para que pueda anotarse 
el embargo sobre bienes gananciales, durante la vigencia de la sociedad de gananciales, 
o bien que la demanda se dirija frente a los dos cónyuges, o que el cónyuge no 
demandado sea notificado del embargo decretado, no constando en este caso dicha 
notificación, y no siendo Doña M. T. demandada.
3.  Artículo 733 Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su primer párrafo establece 
como regla general la necesidad de que se dé audiencia al demandado para la adopción 
de las medidas cautelares previstas en los artículos 721 y siguientes.
Si bien es cierto, que el párrafo segundo del citado artículo habilita la posibilidad de 
que, excepcionalmente, se adopten dichas medidas cautelares sin oír al demandado (y, 
por tanto, sin notificar a su cónyuge-titular registral), no parece ser éste el caso que nos 
ocupa,  puesto  que  como  se  deduce  del  propio  auto  incorporado  al  mandamiento 
calificado,  sí  que  se  ha  dado  audiencia  al  demandado,  de  modo  que  la  señora 
magistrada comienza el auto contestando a la oposición de la abogada del demandado 
que argumentaba sobre la necesidad de demandar al cónyuge para decretar el embargo 
de bienes gananciales. Además, si nos encontrásemos en el supuesto excepcional del 
segundo párrafo, contra el Auto por el que se decreta la medida cautelar no cabría 
recurso alguno, como se establece en el tercer párrafo del artículo 733, siendo que el 
Auto testimoniado establece la posibilidad de recurso de apelación.
Por tanto, entendiendo que nos encontramos ante el supuesto general del número 
primero, debemos exigir la notificación al cónyuge no demandado por exigirlo así el 
principio de legitimación y tracto sucesivo registral, traslado, al ámbito registral, del 
principio de tutela judicial efectiva.
II.  De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el 
registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento 
presentado,  quedando  desde  entonces  automáticamente  prorrogado  el  asiento  de 
presentación correspondiente, por un plazo que vencerá a los sesenta días, contados 
desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga 
durante la cual no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma 
finca, cuyos asientos de presentación han de entenderse igualmente prorrogados hasta 
el término de la vigencia del asiento anterior. e.
En su virtud, w.b
aseugtoúAmnc áutericerdasomu ltesanu tsedp epe rnodlroersor  glaaHd eaocn heool tsaa sciiyeó nnt Fodu ednle d dapomrceeusnmetnoetsna tcoidó eon b cjDeotreorre esdcpeho olna d cipeornentsseei gann teaesd tcoeas tl.ií ftiucQlaouc.eiódna,   OE-A-2021-21able en https://
Notifíquese al presentante y al funcionario autorizante del título calificado en el plazo 
máximo de diez días hábiles contados desde esta fecha.
Contra la presente nota (…).
Baza, cuatro de agosto del año dos mil veintiuno. El Registrador, Fdo. José Antonio 
Jiménez Rubio.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña A. A. M., procuradora de los tribunales, 
en nombre y representación de la mercantil «Juguetes Falomir, S.A.», interpuso recurso 
el día 20 de septiembre de 2021 con base en los siguientes argumentos:
«A.  (…)
B.  Antecedentes. El embargo se dicta al amparo del art. 733 LEC.
Como  resulta  del  auto  que  acuerda  el  embargo,  que  se  reproduce  en  el 
mandamiento de embargo objeto de calificación desfavorable, la medida cautelar recae 
sobre bienes inmuebles propiedad del demandado casado en régimen de gananciales, 
constando también en Registro la ganancialidad de dichos bienes.
Por otra parte, la demanda solo se dirige contra el esposo, D. P. C. F., en ejercicio de 
las acciones individual y de responsabilidad social por deudas de los arts. 241 y 367 de 
la ley de Sociedades de Capital, y contra la sociedad de la que es administrador, según 
resulta del razonamiento jurídico cuarto del auto citado.
Cabe subrayar que en el auto se desestima excepción de falta de litisconsorcio 
pasivo  necesario  planteada  por  el  demandado  quien  alegó  que  la  medida  cautelar 
debería  dirigirse  también  contra  la  esposa,  rechazo  que  la  juez  fundamenta  en 
razonamiento jurídico previo del auto al señalar, en su último párrafo, que la esposa no 
es parte en el pleito y de ninguna manera la sentencia debería afectarle, "únicamente su 
ejecución deberá notificársele a efectos de los prevenido en el art 144 RH y 541.3 LEC".
Calificación desfavorable. Entiende el Sr. Registrador, contrariamente a lo señalado 
por el Juez, que "debemos exigir la notificación al cónyuge no demandado por exigirlo 
así el principio de legitimación y tracto sucesivo registral, traslado al ámbito registral del 
principio de tutela judicial efectiva".
C.  Fundamento del recurso. Estimamos que la calificación negativa del Registrador 
es contraria a derecho por infringir los artículos 144 RH en relación con los arts 733 
y 541 LEC.
Debe partirse de que nos hallamos ante un embargo dictado en ámbito de medidas 
cautelares y no en seno de un procedimiento de ejecución. Esto es relevante dado que 
sólo en este último caso se exige la notificación al cónyuge no demandado, lo que es 
patente si tenemos en cuenta que:
1.  El art. 541 EEC se refiere al despacho de ejecución.
2.  Conforme al mismo precepto citado los documentos que deben trasladarse al 
cónyuge  son  la  demanda  ejecutiva  y  el  auto  que  despache  ejecución  los  cuales, 
evidentemente,  no  se  producen  sino  en  la  eventualidad  de  que  recaiga  sentencia 
estimatoria contra el demandado y se proceda a su ejecución, lo que todavía no ha 
ocurrido por hallarnos en la instancia de procedimiento declarativo y en seno de medidas  e.
cautelares. w.
3.  La tutela judicial del cónyuge del demandado a que se refiere el Sr. Registrador  745ww
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por no ser todavía necesario, pues la defensa de los intereses de la comunidad de
gananciales solo será necesaria en el momento en que la medida cautelar pase a 
ejecutiva previo haber recaído sentencia que condene al cónyuge demandado.
4.  El Sr. Registrador viene a decir que sólo puede practicarse la anotación de 
embargo preventivo cuando éste se acuerda inaudita pars pero no así cuando cuando 
[sic] se concede audiencia al demandado, lo que parece deducir de que en el primer 
supuesto no cabe recurso alguno contra el auto del juez y sí cabe en el segundo. Sin 
embargo, tal deducción no se sostiene ya que el art. 735.2, último párrafo establece que 
contra el auto que acuerde medidas cautelares cabe recurso de apelación «sin efectos 
suspensivos». Luego la medida cautelar se lleva a término háyase o no recurrido el auto. 
Al efecto de lo aquí tratado, resulta inane que el auto se recurra pues surte efectos 
desde que se dicta.
5.  No  se  infringe  el  principio  de  tracto  sucesivo  y  legitimación  registral  por  la 
anotación del embargo preventivo acordado en seno de medidas cautelares por no 
notificar al cónyuge el decreto de embargo toda vez que el bien consta inscrito a nombre 
del demandado en el procedimiento declarativo y la norma no exige ni prevé que se 
determine o fije la afectación o no de la comunidad ganancial para responder de las 
deudas reclamadas a uno de los cónyuges, o su liquidación si así interesa al cónyuge no 
demandado, en fase tan temprana, entre otras razones porque los bienes gananciales 
embargados preventivamente solo pueden verse sometidos a los efectos de la ejecución 
en la eventualidad de que se dicte sentencia condenatoria al cónyuge deudor. Será 
entonces,  con  la  ejecución  de  sentencia  y  despacho  de  ejecución  que  deberán 
verificarse los tramites de notificación y traslado al cónyuge no deudor a fin de que éste 
pueda defender la comunidad ganancial y sus intereses propios.
6.  Por último, no puede perderse de vista que en el procedimiento declarativo del 
caso  concreto,  como  resulta  del  auto  que  acuerda  el  embargo,  se  dilucidan 
responsabilidades  derivadas  de  la  actividad  empresarial,  como  administrador,  del 
cónyuge demandado y que nuestra jurisprudencia de manera reiterada (vgr sentencias 
del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1990 o de 1 de noviembre de 2017- sentencia n.º 
594/2017; FCLI.STS:ES:2017:3956-) considera que los bienes gananciales del cónyuge 
no comerciante responden de las deudas o responsabilidades que el otro contraiga 
siendo socio o administrador de una sociedad, salvo que haya oposición expresa del 
cónyuge no comerciante, presumiéndose por el Código de Comercio el consentimiento a 
la actividad empresarial. Ahora, bien, el momento procesal para destruir esta presunción 
será con ocasión de la ejecución, cuando la medida cautelar se transforme en ejecutiva, 
fase en la que todavía no nos encontramos.
D.  Solicito  que  por  presentado  dentro  de  plazo  recurso  gubernativo  contra 
calificación negativa de 4 de agosto de 2021 a anotación de embargo preventivo ex 
art. 733 LEC, documento con número de entrada 2981/2021, asiento 1122 del diario 84 
del Registro de la Propiedad de Baza y en méritos a lo expuesto, se estime y, en 
consecuencia, se revoque la calificación negativa, y declare procedente la anotación del 
embargo  preventivo  acordado  corno  medida  cautelar  conforme  a  lo  requerido  por 
mandamiento de embargo preventivo expedido por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de 
Murcia el día 8 de junio de 2021, en incidente de medidas cautelares en seno del 
procedimiento ordinario 197/2021.»
IV
El registrador de la Propiedad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 327 de la  e.e
Ley Hipotecaria, emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 7 de octubre  b
de 2021 y elevó el expediente a este Centro Directivo. 745ww
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  18,  20  y  100  de  la  Ley  Hipotecaria;  144  del  Reglamento
Hipotecario;  541.3  y  731  y  siguientes  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  y  las
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  10  de 
noviembre de 2002 y 1 de octubre de 2005.
1.  El objeto de este expediente es determinar si cabe practicar una anotación de 
embargo preventivo sobre bienes gananciales dictado con carácter cautelar cuando no 
ha sido demandado o notificado el cónyuge del deudor.
El  registrador  entiende  que  no  distinguiendo  el  artículo  144.1  del  Reglamento 
Hipotecario entre embargo cautelar o ejecutivo, para requerir la comunicación al cónyuge 
no deudor a la hora de practicar la anotación preventiva, debe exigirse ésta siempre que 
se solicite el reflejo registral del acto procesal que constituye el embargo a fin de 
proteger sus intereses. Alega además que del hecho de que haya sido notificado el 
cónyuge deudor se deduce «sensu contrario» el carácter no cautelar de la medida.
La recurrente, por el contrario, entiende que se trata de un embargo cautelar, del que 
resulta además que una vez notificado al deudor este opuso litisconsorcio pasivo, siendo 
rechazado por la magistrada, señalando que la esposa no es parte del pleito y que 
únicamente le afectará, en su caso, la ejecución de la sentencia que deberá notificársele 
a  los  efectos  del  artículo  144  del  Reglamento  Hipotecario  y  541.3  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil.
2.  La Ley de Enjuiciamiento Civil, incluye en el artículo 727, dentro de un conjunto 
de medidas cautelares, el embargo preventivo.
Las medidas cautelares se decretan, como regla general, de conformidad con el 
artículo 733 previa audiencia del demandado, si bien cuando el solicitante así lo pida y 
acredite  que  concurren  razones  de  urgencia  o  que  la  audiencia  previa  puede 
comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más 
trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre 
la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado 
acordarla sin oír al demandado.
Este centro Directivo ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la diferencia 
entre  el  embargo  adoptado  como  medida  cautelar  al  inicio  del  procedimiento  y  el 
embargo ejecutivo (cfr. Resoluciones 12 noviembre de 2002 y 1 de octubre de 2005). El 
primero, de conformidad con el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo podrá 
acordarse si quien la solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse 
durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones 
que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una 
eventual  sentencia  estimatoria.  Se  trata  por  tanto  de  evitar  que,  por  excesivos 
formalismos, pueda frustrarse el objeto del proceso por lo que se flexibilizan las medidas 
para su adopción, como sucede con lo relativo a la audiencia al demandado. La no 
notificación al deudor se fundamenta principalmente en la necesidad de evitar que la 
parte acreedora vea frustradas sus legítimas expectativas de pago de las deudas.
Estas medidas cautelares tienen unos plazos y unos efectos limitados. En este 
sentido, firme la resolución ejecutable, se mantiene el embargo preventivo durante el 
plazo que señala el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Transcurrido dicho 
plazo sin que se solicite la ejecución, se alza el embargo (artículo 731.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).
3.  Este centro Directivo no puede compartir la argumentación del registrador por lo 
que la calificación debe ser revocada. e.e
En primer lugar, el artículo 738.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «si se  745ww
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estas  medidas,  son  cuestiones  cuya  apreciación  corresponde  exclusivamente  a  la
autoridad judicial que la decreta y excede de la calificación registral de conformidad con 
el artículo 100 de la ley Hipotecaria.
En tercer lugar, porque el hecho de que la demanda haya sido notificada solo al 
deudor y no a su cónyuge no convierte el embargo cautelar en ejecutivo.
Por último, porque del propio expediente resulta que notificada la demanda al deudor 
éste se opone por falta de litisconsorcio pasivo exigiendo que se demande a su esposa, 
y esta oposición es denegada, decretando la magistrada que la esposa no deudora no es 
parte en el procedimiento y que solo le afectará una eventual ejecución de la sentencia 
condenatoria que en ese momento se le notificará de conformidad con los artículos 541 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 144 del Reglamento Hipotecario.
El principio de tracto sucesivo en estos casos se cumple con el hecho de que la 
demanda conste dirigida contra el titular registral. El deudor una vez practicada la 
anotación, puede oponerse de conformidad con el artículo 739 y por tanto la medida 
quedará sin efecto.
El hecho de que el bien tenga carácter ganancial no es obstáculo para que pueda 
decretarse la medida cautelar sobre el mismo, ya que será en el momento de su 
conversión en ejecutivo cuando se exigirá dicha notificación evitando así la indefensión 
procesal  pudiendo  el  cónyuge  proceder  de  conformidad  con  los  artículos  1373  del 
Código Civil y 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si con posterioridad a la anotación de embargo preventivo no se practica en el 
Registro la conversión del embargo preventivo en ejecutivo y, por tanto, no consta la 
notificación al cónyuge del demandado, el registrador podrá denegar la inscripción del 
auto de adjudicación.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso presentado 
y revocar la calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.