BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127844
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
17088 Resolución  de  28  de  septiembre  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 
de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y  Solución  de  Conflictos  de  la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 16/2020, de 22 
de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero,
Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid,  28  de  septiembre  de  2021.–La  Secretaria  General  de  Coordinación 
Territorial, Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la 
Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en 
Cataluña
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de conformidad con las negociaciones previas 
celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el 
Acuerdo  de  la  Subcomisión  de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y  Solución  de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de 23 de marzo de 2021, para 
resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 2.4, 
3.5, 3.10, 4.4, 7.8, 7.9 y 7.10 y 11 de la Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la 
desaparición forzada de menores en Cataluña, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.  Ambas partes coinciden en considerar que las previsiones de los artículos 2.4 y 3 
sobre los poderes públicos obligados por lo dispuesto en la Ley deben interpretarse e 
integrarse  en  el  ordenamiento  en  los  términos  previstos  en  la  propia  Ley,  y  de 
conformidad con el orden constitucional de competencias, de modo que:
A)  De conformidad con el artículo 7 de la misma, que se refiere específicamente a 
las «Obligaciones de los poderes públicos», y en concreto con su apartado segundo, 
«Los  poderes  públicos  deben  tramitar  y  resolver  las  peticiones  formuladas  por  las 
víctimas en el ejercicio de los derechos que contiene la presente Ley, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común o la que sea 
de aplicación por razón de la materia».
B)  De conformidad con la Disposición adicional sexta («Integración normativa)» en 
primer  lugar,  «El  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  la  presente  ley  debe  e.
adecuarse, en su caso, a lo establecido por la legislación general de protección de datos  w.
personales y la que resulte específicamente de aplicación por razón de la naturaleza de  088ww
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los derivados del secreto profesional y el derecho a la tutela judicial». En especial, la 
Ley 16/2020 precisa en su disposición adicional sexta en su apartado tercero que «El 
ejercicio de los derechos y la aplicación de la presente ley deben ajustarse, en su caso, a 
lo establecido por la legislación del Estado en las materias de su competencia que 
guardan relación con lo establecido por la presente ley».
C)  Por  otra  parte,  en  relación  con  el  artículo  3.5  de  la  Ley  de  Cataluña,  es 
necesario tener en cuenta el artículo 22 quáter de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone lo siguiente: «1. Para el cumplimiento de las 
finalidades previstas en el capítulo I del título II de esta ley, las Administraciones Públicas 
competentes podrán proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y 
tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, 
incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o 
social. […] 3. Los datos recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse 
única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la 
presente ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior del menor y sólo 
podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las 
resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales. […]» Por 
tanto, posibilita el acceso a la documentación, sin consentimiento del afectado, de las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, del Ministerio Fiscal y del 
Poder Judicial, pero no de terceros.
D)  A fin de evitar dudas interpretativas la Generalitat de Cataluña promoverá una 
modificación de la Ley a fin de clarificar que la regulación de la Ley aplicará únicamente 
a  los  archivos  y  registros  de  competencia  autonómica,  y  no  por  tanto  a  los  de 
competencia  estatal,  que  se  regirán  por  su  normativa  específica,  y  en  especial,  el 
Registro Civil, por lo dispuesto en la normativa estatal reguladora del mismo.
2.  En  relación  con  las  previsiones  incluidas  en  la  Ley,  y  en  especial  en  sus 
artículos 4, 7.8, 7.9 y 7.10, ambas partes entienden que han de interpretarse asimismo 
de  conformidad  con  el  orden  constitucional  de  competencias  y  sin  perjuicio  de  la 
aplicación de la legislación del Estado en su ámbito de aplicación propio, de modo que 
en especial los preceptos enumerados han de entenderse en todo como una remisión a 
los  preceptos  correspondientes  de  la  legislación  estatal  de  aplicación  en  cuanto  al 
régimen jurídico de la denuncia y las actuaciones de instrucción en la investigación de 
delitos y el régimen de actuación de las autoridades policiales y judiciales y de los 
médicos forenses en este contexto, por lo que la Generalitat promoverá una modificación 
para hacer constar estas precisiones en la Ley.
3.  Finalmente,  ambas  partes  entienden  que  las  referencias  en  la  norma  a  la 
condición de víctima, y en especial, el reconocimiento de la condición de tal a los efectos 
de la Ley previsto en su artículo 11, debe entenderse de acuerdo con la definición de 
víctima establecida en el artículo 2 de la Ley y, en consecuencia, tal condición tendrá 
exclusivamente los efectos previstos en la Ley 16/2020 expresamente, sin desvirtuar ni 
afectar el régimen de la filiación reconocida en el Registro Civil.
4.  En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación con la norma controvertida y concluida la 
controversia planteada.
5.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial  e.
de la Generalitat de Catalunya». w.b