BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Jueves 28 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 130823
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17547 Resolución  de  28  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Martorell n.º 1 a inscribir una escritura 
de cesión gratuita de fincas.
En el recurso interpuesto por don Xavier Fonollosa Comas, en su condición de 
alcalde-presidente y en nombre y representación del Ayuntamiento de Martorell, contra la 
negativa de la registradora de la Propiedad de Martorell número 1, doña Esther Rada 
Pelegrí, a inscribir una escritura de cesión gratuita de fincas.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 28 de septiembre de 2017 por la notaria de 
Martorell, doña Matilde Farriol Bonet, con el número 1.976 de protocolo, se formalizó la 
cesión  gratuita  al  Ayuntamiento  de  Martorell  de  tres  fincas  registrales  (647,  1.744 
y  18.586)  titularidad  de  la  entidad  mercantil  «Habitatge  Jove,  S.A.»,  sociedad 
unipersonal; fincas que, según constaba en el acuerdo de junta general de la citada 
sociedad (adoptado por el único socio) que autorizaba la donación (pura y simple): 
«conforman la antigua fábrica y colonia textil (…)»; indicándose en la referida escritura 
(en catalán en el texto del documento) lo siguiente: «manifestando su representante que 
dichas fincas constituyen un activo esencial de la Sociedad a los efectos de lo que 
dispone el art.160.f) de la Ley de Sociedades de Capital».
II
Presentada el día 28 de mayo de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Martorell número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Datos del documento: Asiento: 754; Diario: 100.
Presentación: 28 de mayo de 2021; Hora: catorce horas con cincuenta y un minutos 
y cuarenta y tres segundos.
Notario autorizante: Doña Matilde Farriol Bonet.
Fecha  del  documento:  28  de  septiembre  de  2017;  Número  de  protocolo:  1976 
Presentante: (…)
Previa calificación en el día de hoy del documento reseñado, conforme al artículo 18 
de la Ley Hipotecaria, y tras examinar los antecedentes del Registro y documentos 
complementarios, el Registrador de la Propiedad que suscribe ha resuelto suspender la 
inscripción solicitada, por haber sido calificado negativamente, por el siguiente defecto 
que tiene el carácter de subsanable, y en base a los siguientes hechos y fundamentos de 
derecho: s
1.  La donación/cesión gratuita de bienes que constituyen activos esenciales de una  w.b
sociedad es contraria a las normas imperativas sobre protección del capital social, al ser  547ww
uúnlti maac tdoe dl oeb jdeitsop ososicciiaóln. a título gratuito inicialmente incompatible con la consecución
iniciEallm  reenfeter iddoe  latips ofa cduel taadcetos sp r(odpoiansa cdióen la,  acdemsióinnis tara ctíiótunlo s ogcriaatl upitoor, .s..e) r qaucteodsa c oenxtcraluriidoos 
a  tal  fin  lucrativo  y  contravenir,  consiguientemente,  el  orden  público  societario  (fin
lucrativo de la sociedad, derecho de los socios a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación,...), actos a título gratuito que 
podrían verificarse si media acuerdo unánime de la junta general y con cargo a reservas 
de libre disposición.
Consultado  el  Registro  Mercantil,  el  objeto  social  de  esta  sociedad,  extinguida 
actualmente según consulta, lo constituye: «Artículo 2.  Objeto.  La Sociedad tendrá 
por objeto: a) La compraventa de fincas rusticas y urbanas, la de inmuebles afectos a 
actividades industriales; construcción y promoción inmobiliaria; la rehabilitación de fincas; 
el  arrendamiento  de  viviendas,  locales,  aparcamientos  y  naves  industriales;  la 
urbanización de terrenos previas las correspondientes autorizaciones administrativas. b) 
La  intermediación  como  agente  comercial  en  el  sector  inmobiliario  previas  las 
autorizaciones  o  habilitaciones  que  en  su  caso  procedan.  El  objeto  social  podrá 
realizarse por la Sociedad, ya directa o indirectamente, incluso mediante la titularidad de 
acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo».
Hechos:
En el documento calificado, se solicita la inscripción de una donación/cesión gratuita 
que realiza una sociedad de capital, «Habitatge Jove, S.A.», Societat Unipersonal, a 
favor del Ayuntamiento de Martorell, respecto de tres fincas que tienen la consideración 
de activo esencial de la sociedad, según declaran los comparecientes en la propia 
escritura calificada, y en la que se realiza la donación sin más, es decir, sin expresar ni 
justificar o acreditar la causa o finalidad que motiva la citada donación.
Este documento ya fue calificado negativamente según sucesivas notas de fechas 14 
de noviembre de 2017, y 24 de julio de 2019.
De nuevo se vuelve a presentar el mismo documento, aportando como novedad 
certificación del Registro Mercantil de fecha 26 de mayo de 2021 que contiene la 
inscripción literal del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad donante otorgado 
en Escritura Pública de fecha 5 de diciembre de 2017 e inscrito en fecha 21 de febrero 
de 2018. En su contenido consta como única operación pendiente a llevar a cabo por el 
liquidador  la  de  pagar  una  deuda  con  Hacienda  por  importe  de  246,32  euros;  su 
patrimonio neto es 0. Previamente el socio único le condonó a la sociedad una deuda por 
importe de 2.923.781,24 euros.
Fundamentos de Derecho:
– Artículos 35, 38, 624 y 1.665 del Código Civil; 116 del Código de Comercio; 2, 62, 
63, 67, 93.a), 134 y siguientes, 160, 161, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 273, 274, 
317, 318 y 333 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital; 14, 15 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, así como las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2007 y 29 
de julio de 2010, y las Resoluciones de la DGRN de 2 de febrero de 1966; 22 de julio, 10 
de septiembre y 11 y 22 de noviembre de 1991, y 11 de marzo y 25 de noviembre 
de 1992, 20 de enero de 2015, 11 de abril de 2016, entre otras.
Según Resolución de la DGRN de 11 de abril de 2016:
«Según la Sentencia de 29 de noviembre de 2007 del Tribunal Supremo, dictada en 
un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo patrimonial, con 
disolución  de  la  misma,  en  favor  de  determinada  fundación,  la  jurisprudencia  ha  es
señalado “predominantemente el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad  o
(SSTS de 11 de marzo de 1983; 10 de noviembre de 1986; 19 de enero de 1987; 18 de  547ww
rdaneecosu vpeeieenrmtdeaorbros r e dss uode ce 1i ac19la9e9u8s7s8 ;as ;1 o.7 8n   Eddceleolo  na ssbeedrpical tu dieeesmn e1cbn9irat8ei d9 yod;   ec1u a91m  9dp9pel8ri mef,e ciebeenrnpetttrrooeo s  d odetecrl  ao1csmo9 n9mot1 ru;a cet9hol  a ddasee)r .to  ísccDouteuclo biee rdes4at ed8d e.,m2  y1.oa 9hd)9 ao3n,L;   Sl2doA7es     OE-A-2021-17able en https://
[artículo 93.a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital] e impide que se lleven a
efecto donaciones con cargo al patrimonio social, que serían contrarias al fin lucrativo, en 
perjuicio  de  los  derechos  individuales  del  socio,  salvo  que  se  verifiquen  mediante 
acuerdo unánime, y con cargo a reservas de libre disposición. Aunque no se impide la 
realización de actos que signifiquen transmisión o enajenación a título lucrativo para 
alcanzar determinados fines estratégicos o el cumplimiento de fines éticos, culturales, 
altruistas, cuando no impliquen vulneración, impedimento o obstáculo a la realización de 
derechos  como  los  que  reconoce  el  artículo  48.2.a)  LSA,  como  ocurre  cuando  se 
verifique  moderada  disposición  de  parte  de  los  beneficios  (RRDGRN  2  de  febrero 
de 1966, 22 de noviembre de 1991, 25 de noviembre de 1997 [sic], etc.)”.»
«Por lo demás, la admisibilidad de tales donaciones tiene como presupuesto el 
cumplimiento de las normas imperativas sobre protección del capital social. Habida 
cuenta de la función que el capital social desempeña como cifra de garantía y de la 
afección de los bienes que constituyen el patrimonio social, las normas imperativas de 
protección a los acreedores tienden a procurar la integración de dicho patrimonio. El 
legislador  establece  determinadas  cautelas,  como  es  la  exigencia  de  acreditación 
suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de las aportaciones sociales como 
requisito previo a la inscripción de la sociedad o de un aumento de su capital (cfr., entre 
otros, los artículos 62, 63 y 67 de la Ley de Sociedades de Capital); la prohibición de 
adquisición por la sociedad de sus propias participaciones sociales –salvo determinadas 
adquisiciones derivativas permitidas– (artículos 134 y siguientes de la misma Ley); las 
reglas  sobre  reducción  de  capital  que  impliquen  restitución  de  aportaciones 
(artículos 317, 318 y 333 y siguientes); la dotación de reservas (artículos 273 y 274). Por 
ello, como expresó esta Dirección General en la citada Resolución de 2 de febrero 
de 1966, las donaciones societarias, salvo en algunos casos exceptuados a los que 
alude, deberán hacerse con cargo a beneficios o reservas libres, pues admitir que pueda 
hacerse, salvo en los casos exceptuados, una donación de bienes sociales con cargo al 
capital o a la reserva legal de que sólo puede disponerse en los términos legalmente 
permitidos, sería tanto como operar una restitución de aportaciones sin disminución de 
capital, prohibida por las disposiciones legales».
En el presente caso puede afirmarse que de la escritura calificada y de los asientos 
registrales, así como de la documentación aportada, resulta de modo patente que la 
donación cuestionada contradice el objeto de la sociedad donante. Por las circunstancias 
concretas de dicha transmisión (relación cuantitativa entre el valor de los bienes donados 
y el patrimonio social, con posterior disolución y liquidación de la sociedad dejando con 
carácter previo el patrimonio social a cero unido a la citada condonación de deuda 
realizada por el socio único) debe descartarse que sea compatible con la consecución 
última del objeto social.
Dentro de los quince días siguientes (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Esther Rada 
Pelegrí Registradora de Martorell-1 a día catorce de junio del año dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Xavier Fonollosa Comas, en su condición 
de alcalde-presidente y en nombre y representación del Ayuntamiento de Martorell, 
interpuso recurso mediante escrito el día 30 de junio de 2021 en el que alegaba los 
siguientes hechos y fundamentos jurídicos:
«Primero.  Objeto del presente recurso: De la notificación de calificación negativa. bo
feinl cRaEeslg ,p isdatesro af dedoce hd aílaa 2  2P88 r oddpeei e smdeaapdytio ed mdeeb  Mr2e0a 2drt1eo  r(e2Al0ls 1ine7ún, mtoae u7rto5o 4riU,z aDndoiaa, r ieops o1cr0r ie0tul) r,N ap oodtrae (r …icoe )ds, iesóe nM  pgarerratsoteurneittlaló   Ded.neª    2021-17547n https://ww
Matilde Farriol Bonet, por la que la mercantil «Can Bros Habitatge Jove, SA», Sociedad
Unipersonal, titular de las fincas registrales 647, 1744 y 18586, cedió gratuitamente, a  Bc
título de donación pura y simple, el pleno dominio de las citadas fincas al Ayuntamiento 
de Martorell. También se presentó, la Certificación del Registro Mercantil de Barcelona 
de fecha 26 de mayo de 2021 que contiene la inscripción literal del acuerdo de disolución 
y liquidación de la sociedad donante, otorgada mediante escritura pública de fecha 5 de 
diciembre de 2017, debidamente inscrita el 21 de febrero de 2018.
(…) la escritura de cesión gratuita de fincas, de fecha 28 de septiembre de 2017, y 
(…) la Certificación del Registro Mercantil de Barcelona de fecha 26 de mayo de 2021, 
de dónde resulta que la compañía quedó extinta apenas dos meses después de la 
cesión anterior, por acuerdo unánime del socio único (el mismo que cedió las fincas en 
donación) y por ausencia de acreedores (salvo la AEAT por retenciones pendientes de 
ingreso de escaso importe, cuyo importe quedó depositado para su ingreso cuando 
tocare); es decir, resulta la liquidación y extinción de la compañía, con acuerdo unánime 
de socios y sin acreedor alguno al que compensar.
En fecha 14 de junio de 2021, se ha emitido Calificación desfavorable de la Ilma. Sra. 
Registradora D.ª Esther Rada Pelegrí, a practicar la inscripción de la citada escritura de 
cesión gratuita de fincas, de fecha 28 de septiembre de 2017, autorizada por el Notario 
de Martorell D.ª Matilde Farriol Bonet (…)
La nota de calificación desfavorable impugnada deniega la inscripción, en base a los 
hechos y fundamentos de derecho que constan en la misma, concluyendo:
«En el presente caso puede afirmarse que de la escritura calificada y de los asientos 
registrales, así como de la documentación aportada, resulta de modo patente que la 
donación cuestionada contradice el objeto de la sociedad donante. Por las circunstancias 
concretas de dicha transmisión (relación cuantitativa entre el valor de los bienes donados 
y el patrimonio social, con posterior disolución y liquidación de la sociedad dejando con 
carácter previo el patrimonio social a cero unido a la citada condonación de deuda 
realizada por el socio único) debe descartarse que sea compatible con la consecución 
última del objeto social.»
En base al presunto defecto, que califica de subsanable, la lima. Sra. Registradora 
D.ª Esther Rada Pelegrí, deniega la práctica de la inscripción de la citada escritura de 
cesión gratuita de fincas.
Segundo.  Antecedentes.
2.1  En fecha 28 de septiembre de 2017, la sociedad «Can Bros Habitatge Jove, 
S.A., Sociedad Unipersonal», a través de su representante, Sr. J. L. R. G., realizó la 
donación pura y simple, al Ayuntamiento de Martorell, de las tres fincas registrales 647, 
1744 y 18586, consistentes en un edificio (…), una finca donde se halla una fábrica de 
hilados y una porción de terreno, todas ellas situadas en el barrio (…), de Martorell, y 
que conforman la antigua colonia textil (…)
En dicha escritura de donación, se protocolizó el Certificado emitido en fecha 1 de 
junio  de  2017  por  D.  J.  L.  R.  G.  como  representante  de  la  Administradora  única 
Inversiones e Iniciativas Baix Emparda, S.L., del acuerdo adoptado por la Junta General 
de Socio Único de la donante Can Bros Habitatge Jove, S.A., de fecha 27 de abril 
de 2017 autorizando la donación y dando así cumplimiento al artículo 160.f) del Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante TRLSC). De dicho Certificado 
interesa destacar:
Que a la Junta General de Socios asistió el socio único y el administrador único de la  e.e
sociedad. Que los acuerdos se adoptaron por unanimidad. Que la Junta General de  b
Socios es el órgano competente para decidir sobre la transmisión de activos esenciales,  547ww
deesc cr2iot.un2rf ao rEm19nid7 fa6ed/c2 hc0ao1 n27 1,l o dd eqe u cjeue nesiisoót nad bedl ee2c 0fe1in 9ec,la  saser,t  ímoctueoldrogi a1ón6 Dt0ei.l fil)ga ed cneucl aiTalR  csLoeSm lCepg.leitmimeón tlaar ifair,m reaf edreidl aS ra.  lJa.   OE-A-2021-17able en https://
L. R. G., que consta el certificado de la Junta general de 1 de junio de 2017, y se
acreditó la superficie de la finca registral 647 de Martorell, mediante la aportación de la 
certificación catastral descriptiva y gráfica de la citada finca, arrojando una superficie 
de 2002 metros cuadrados.
También se incorporó en dicha diligencia complementaria, la escritura de elevación a 
público, número 3.660, de fecha 5 de diciembre de 2017, de las decisiones adoptadas 
por  el  accionista  único  de  la  mercantil  «Can  Bros  Habitatge  Jove,  S.A.,  Sociedad 
Unipersonal», consistentes en la condonación de deuda, disolución y liquidación de la 
sociedad,  cese  de  administrador  único  y  nombramiento  de  liquidador,  balance  y 
adjudicación del haber social.
En dicha escritura se elevaron a público las decisiones de la Junta General de 1 de 
diciembre de 2017, del accionista único de Can Bros Habitatge Jove, S.A., Sociedad 
Unipersonal, la sociedad Monterri Investments, S.L. (antes denominada Inversiones e 
Iniciativas Baix Emporda, S.L.) y que a su vez era el Administrador Único de Can Bros 
Habitatge Jove, S.A.U., de acuerdo con lo siguiente:
– Condonación de la deuda de importe 2.923.781,24 €, contraída por la sociedad 
frente al accionista único Monterri Investments, S.L.
– Disolución  y  simultanea  liquidación  de  la  sociedad  de  conformidad  con  el 
artículo 368 del TRLSC.
– Cese del administrador único y nombramiento de liquidador único, la sociedad 
Monterri Investments, S.L. representada por el Sr. J. L. R. G.
– Aprobación del balance final de liquidación cerrado a 1 de diciembre de 2017, del 
informe completo de las operaciones de liquidación, el proyecto de división del activo 
resultante y adopción de los acuerdos complementarios oportunos.
– Conforme resulta de dicho balance, y de la declaración del Liquidador incluida en 
la escritura, La única deuda que mantiene la sociedad es el importe de 246,32 €, que se 
corresponde con una deuda con la hacienda pública, por «retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, derivado del pago de facturas a 
profesionales», estableciéndose el pago de la misma a más tardar el 22 de enero 
de 2018.
– Como no es posible, fuera del procedimiento concursal, liquidar una sociedad con 
acreedores  (por  resultar  así  de  lo  dispuesto  en  el  propio  TRLSC),  se  exige  el 
consentimiento expreso de los mismos, y en el caso de Impuestos con la AEAT, la 
consignación de los créditos, para su ingreso en el plazo legal oportuno; por ello, se 
produjo la consignación de los 246,32 € debidos a la AEAT, único acreedor, para su pago 
en el plazo legal  procedente, quedando  así  garantizado su pago, y permitiendo la 
liquidación de la sociedad.
La disolución y liquidación quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona según resulta de la Certificación del Registro Mercantil de Barcelona de 
fecha 26 de mayo de 2021 que contiene la inscripción literal del acuerdo de disolución y 
liquidación de la sociedad donante, otorgada mediante escritura pública de fecha 5 de 
diciembre de 2017, debidamente inscrita el 21 de febrero de 2018.
2.3  Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad, para la inscripción del 
dominio de las tres fincas a favor del Ayuntamiento de Martorell, el 14 de junio de 2021, 
la Sra. Registradora ha emitido calificación desfavorable, habiendo detectado el siguiente 
defecto subsanable:
1.  La donación/cesión gratuita de bienes que constituyen activos esenciales de una  e.
sociedad es contraria a las normas imperativas sobre protección del capital social, al ser  w.
un acto de disposición a gratuito inicialmente incompatible con la consecución última del  547ww
objeEtol  sroecfeiarild.o  tipo  de  actos  (donación,  cesión  a  título  gratuito,...)  queda  excluido
ain ictaial lmfienn tleu cdraet ilvaos  fya cucoltandtreasv epnroir,p iacso ndseig luai eandtmemineisntrtea,c ióenl  soordcieanl  ppoúr bsleicro a cstoocsi ectoanritora r(ifoins   BOE-A-cable e
lucrativo de la sociedad, derecho de los socios a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación,), actos a título gratuito que 
podrían verificarse si media acuerdo unánime de la junta general y con cargo a reservas 
de libre disposición.
Consultado  el  Registro  Mercantil,  el  objeto  social  de  esta  sociedad,  extinguida 
actualmente según consulta, lo constituye: «Artículo 2.  Objeto.  La Sociedad tendrá 
por objeto: a) La compraventa de fincas rusticas y urbanas, la de inmuebles afectos a 
actividades industriales; construcción y promoción inmobiliaria; la rehabilitación de fincas; 
el  arrendamiento  de  viviendas,  locales,  aparcamientos  y  naves  industriales;  la 
urbanización de terrenos previas las correspondientes autorizaciones administrativas. b) 
La  intermediación  como  agente  comercial  en  el  sector  inmobiliario  previas  las 
autorizaciones  o  habilitaciones  que  en  su  caso  procedan.  El  objeto  social  podrá 
realizarse por la Sociedad, ya directa o indirectamente, incluso mediante la titularidad de 
acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo».
Tercero.  La cesión de fincas es conforme a Derecho. Procedencia de la inscripción 
solicitada.
Se deniega la inscripción solicitada, al entender la Sra. Registradora, que la donación 
de bienes que constituyen activos esenciales de una sociedad, es contraria a las normas 
imperativas sobre protección del capital social, al ser un acto de disposición a título 
gratuito inicialmente incompatible con la consecución última del objeto social, y que sólo 
puede tener lugar si (i) media acuerdo unánime de la junta general y, (ii) se realiza con 
cargo a reservas de libre disposición.
Frente a ello, y en relación al contenido de la nota de defectos emitida por la Sra. 
Registradora, hemos de poner de manifiesto lo siguiente, que entendemos justifica y 
fundamenta que debe practicarse la inscripción solicitada.
3.1  Acuerdo unánime de la Junta General.
El acuerdo de donación fue adoptado por acuerdo unánime de la Junta General, y el 
mismo consta acreditado. Hay que resaltar, además, que estamos ante un socio único, el 
mismo que posteriormente a la donación, acuerda la disolución y liquidación de la 
entidad, por no existir tampoco acreedores que se pudieran oponer a la misma (tan solo 
uno menor, la propia AEAT, de la que se consignó su crédito, como seguidamente 
analizaremos).
Y queda acreditado, por el propio Certificado de acuerdos de la Junta General de 
Socios celebrada en fecha 27 de abril de 2017, del que resulta la presencia del socio 
único  y  administrador  único  de  la  sociedad  Can  Bros  Habitatge  Jove,  S.A.U.,  la 
compañía  mercantil  «Inversiones  e  Iniciativas  Baix  Emporda,  S.L.»  y  del  acuerdo 
unánime según transcripción que se realiza en la referida Certificación incorporada a la 
escritura.
Así, resulta de dicho certificado, la aprobación, por parte de la Junta General de 
Socios de la Compañía (y en concreto de su único socio, el mismo socio que acto 
seguido procede a acordar la liquidación de la compañía), la transmisión, por título de 
donación  pura  y  simple,  de  los  activos  inmobiliarios  de  la  sociedad,  las  fincas 
registrales 647, 1744 y 18586, siendo de competencia de la Junta General la transmisión 
de activos esenciales, como se desprende del artículo 160.f) del TRLSC:
Artículo 160.  Competencia de la junta. e.e
Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: 547ww
esenf)c iaLleas . aSdeq upirseicsiuómn,e  elal  ceanráacjetenra ecisóenn coia l ldae la apcotrivtaoc cióuna nad oo etrl aim  spoocrtieed daed  lad oep earcatcivióons 
saupproebrea deol .veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance  BOE-A-cable e
Y tras aprobar la donación, la Junta General de socios, acordó autorizar al Sr. J. L. R. 
G., para que en nombre de «Can Bros Habitatge Jove, S.A., Sociedad Unipersonal», a 
los efectos de que este pudiese otorgar todos los documentos, públicos y privados, 
necesarios para la efectiva transmisión de las fincas al Ayuntamiento de Martorell.
4.2  Donación con cargo a reservas de libre disposición.
El fundamento principal en base al cual la Sra. Registradora califica negativamente la 
donación realizada, según la notificación de calificación negativa, consiste en que la 
misma no se realizó con cargo a reservas de libre disposición, sino con cargo al capital. 
Y ello, según referencia a la Resolución de la DGRN de fecha 11 de abril de 2016 
(aplicable  en  un  caso  sustancialmente  distinto  al  presente,  según  se  explicará 
seguidamente), a la que se remite en los Fundamentos de Derecho de la calificación.
Frente a ello, la recurrente debe manifestar lo siguiente:
– En primer lugar, que la compañía mercantil «Can Bros Habitatge Jove, S. A., 
Sociedad  Unipersonal»,  ya  está  extinguida,  tras  haberse  realizado  su  disolución  y 
liquidación por acuerdo de su socio único, y con un carácter cuasi inmediato a la 
donación anterior (apenas un plazo de 3 meses separan ambos acuerdos, el tiempo 
suficiente  para  ingresar  los  impuestos  que  corresponden  y  demás  vinculados  a  la 
donación realizada), extinción que se produce por acuerdo de su socio único (el mismo 
que acordó la disolución poco antes), y sin acreedores. No hay por tanto interés alguno a 
proteger por la no inscripción de la donación (ni de socios «minoritarios» o disconformes, 
ni de acreedores, que han visto sus créditos íntegramente satisfechos antes de la 
liquidación).
Siendo esto así, decae el argumento, por cuanto no existe ningún socio (estamos 
ante un socio único, que con su voto, acuerda la disolución y liquidación, al igual que 
acordó en su día la donación), ni tercero a proteger: el fundamento de la integridad del 
capital, y la necesidad especial de «protección» precisamente opera en defensa de los 
socios y terceros; por ello para «disponer» del mismo (que es lo que supone una 
donación de un bien de la sociedad con cargo a capital y no a reservas) existen 
mecanismos de protección (acuerdo de reducción con anuncios y demás, para que los 
terceros acreedores puedan oponerse sino se garantizan sus créditos), y acuerdos de 
socios.
En este caso sin embargo, ninguna de las razones que subyacen en la Resolución 
citada de 11 de abril de 2016 como base de la misma (el cumplimiento de las normativas 
imperativas sobre protección del capital social, y que ha utilizado la registradora para su 
nota de defectos, se da; tampoco el de la STS de la que trae causa, que precisamente 
anuló el acuerdo tomado por cuanto suponía un perjuicio en la cuota de liquidación de un 
socio que se opuso a la donación, por lo que su cuota de liquidación podría haberse visto 
afectada. Efectivamente:
– En cuanto a los socios, por cuanto en este caso, había un único socio, que prestó 
su consentimiento expreso, tanto a la donación, como luego a la inmediata liquidación. 
Es el mismo socio.
– Y  en  cuanto  a  los  terceros  (acreedores),  porque  no  había  ningún  tercero  a 
proteger, y es por ello que pudo disolverse y liquidarse la compañía, sin necesidad de 
acudir a un concurso.
Y, en cualquier caso, si lo hubiera habido en el momento de la disolución (que por su  e.e
inmediatez a la liquidación puede razonablemente argumentarse que no), fue satisfecho  b
antes de la liquidación, por cuanto sino, ésta no hubiera podido producirse, y se habría  547ww
dúenbiciod oq uaec uedsi rl aa q uune  pcrooncsetad iminsiecnrittoa  ceonn eclu Rrseagl,i sytr on oM ae rlcaa lniqtiul iddea cBióanrc eploorn aac.uerdo de Socio
prevEios  am láas ,li qlau iedxaicsitóenn,c iaa  cduey ou ncao bcuroe netla s doeci os orceinou ennc ieal  ppaarsai vqou dee nl oB ahlaaynac ea cdree elad oernetsid a–dn,i 
el mismo–, así lo demuestra: era el socio único el que se iba haciendo cargo de las
obligaciones con terceros de la entidad, puesto que la compañía no realizaba actividad 
alguna que le supusiera ingresos (de las CCAA ultimas de la entidad, así se deriva). Así 
resulta de la certificación del Registro Mercantil de Barcelona acompañada.
De hecho, la donación realizada lo fue como «antesala» a la liquidación: como no 
había terceros, ni actividad ya de la entidad, su socio único decide «donar» este activo al 
Ayuntamiento de Martorell en vez de adjudicárselo a sí mismo como cuota de liquidación, 
para después donar.
¿Es que el orden de la transmisión, puede afectar a la validez de las mismas? 
¿hubiera sido distinto si en vez de donar y luego liquidar, se hubiere reducido capital 
para crear reservas con cargo a capital, y luego con cargo a las mismas se hubiere 
donado?
Es absurda dicha conclusión, pues el mecanismo de protección de acreedores (y 
socios) existente en el TRLSC para la reducción es el mismo que el que se produce en la 
liquidación y disolución, en que tampoco se puede inscribir la misma, si hay acreedores 
en la entidad, y se exige balance de liquidación del que se desprenda que no hay 
acreedores, o si existieren, su consentimiento expreso a la misma (artículos 392 y 
siguientes del TRLSC).
Efectivamente,  todo  el  procedimiento  seguido  hasta  llegar  a  la  extinción  de  la 
sociedad, se realizó conforme a lo establecido en el TRLSC y con la debida publicidad, 
sin que se haya opuesto ningún tercero a los actos realizados por la sociedad, y siendo 
así que el propio TRLSC, explicita en los citados artículos la necesidad de que no haya 
acreedores,  o  si  los  hubiere,  de  que  presenten  su  expreso  consentimiento  o  se 
consignen sus créditos (es lo que suele hacerle con los impuestos que queden por 
ingresar a favor de la AEAT –normalmente IVA y retenciones, o el propio Impuesto sobre 
sociedades–, y que no tienen habilitado el plazo legal para hacerlo aún, por ser posterior 
al momento de la disolución y liquidación: se consignan en una cuenta con destino 
específico, y así se permite la liquidación y disolución de la entidad, al quedar dichos 
créditos garantizados).
Por otra parte, y por lo que se refiere a la mención de que la donación es contraria al 
objeto social, tampoco se está de acuerdo con ello, por cuanto, incluso en el caso de una 
sociedad activa (y no una en liquidación como resulta de los antecedentes anteriores), 
de la propia STS 1229 de 29 de noviembre de 2007 (sala de lo Civil), soporte al parecer 
de  la  Resolución  de  esta  Dirección  General  de  2016,  soporte  del  defecto  de  la 
registradora de Martorell 1, resulta que si hay acuerdo unánime de los socios, no se 
puede considerar una donación contraria al objeto social. Y en este caso, el acuerdo es 
unánime, de un único socio, además.
Por otra parte, no podemos olvidarnos que en el caso de disolución y liquidación de 
sociedades de capital (y en este caso, la donación forma parte de esa antesala de la 
liquidación), el objeto se dirige no a la consecución del propio objeto de la sociedad 
establecido en sus estatutos sociales, sino al objeto de la liquidación que es el cobro de 
deudores y el pago de acreedores (cuando existan, que no es este caso, puesto que el 
Socio único ya se ha ocupado de irlos pagando él, y de ahí el importe del préstamo que 
había hecho a la sociedad, y que condonó, para poder liquidar), a fin de establecer la 
cuota de liquidación y poder así extinguir la sociedad.
En el caso que nos ocupa, si bien cuando se procedió a la donación gratuita del 
activo principal (28 de setiembre de 2017) no se había aun adoptado el acuerdo de 
disolución, se puede entender que ello se realizó como acto previo inmediato preparativo 
de la disolución y liquidación (acuerdo del 1 de diciembre de 2017 elevado a público en  s
escritura de 5 de diciembre de 2017) simultánea que se aprobó tan solo dos meses  oe.
después. Por la inmediatez de la liquidación, el objeto propio de la sociedad pierde  w.
sentido y justamente es una manera de cumplir el objeto de liquidar la sociedad. 547ww
las oDpee raaccuioenrdeos  cpoenn deiel natretísc uyl ore 3a8li4z adr elal sT RnuLeSvCa s« Aqu leo ss eliqauni dnaedcoerseasr iacso rpreasrap olan dlieq ucidoanccilóunir 
dcreé dlait osso csioecdiaadle.»s  yY  peal gaarrt ílcausl od e3u8d5a dse s olac iLaeleys «.»A los liquidadores corresponde percibir los  BOE-A-cable e
Por consiguiente, la liquidación se concibe como el conjunto de operaciones que, tras 
la adopción del acuerdo de disolución por la Sociedad, tienen por finalidad y en definitiva 
por objeto la realización de los elementos del activo y el pago y cumplimiento de las 
deudas y obligaciones sociales, siendo precisamente estos los efectos del acuerdo de 
disolución,  la  modificación  del  fin  que  deja  de  ser  el  objeto  social  establecido  en 
estatutos. El fin u objeto social se ve alterado como consecuencia del acuerdo de 
disolución (que aunque en este caso, «formalmente» no se tomó, de hecho si por cuanto 
la  donación  del  principal  activo  de  la  entidad  conllevaba  el  inicio  del  proceso  de 
liquidación, que se consumó dos meses después) y el proceso de extinción (art. 371 
TRLSC), dejando de ser aquel objeto social establecido en los Estatutos para pasar a ser 
el de la liquidación de la sociedad en sí mismo; de la misma manera que debe añadirse a 
la denominación «en liquidación» también podemos considerar que se está modificando 
el objeto social.
La normativa específica de la liquidación de la SRL es completa e imperativa, y 
siendo que el acuerdo ha de ser adoptado por los socios (cuyo interés en este caso está 
protegido, por cuanto tanto el acuerdo de disolución como el de liquidación, se tomaron 
con acuerdo del socio único, el mismo en los dos acuerdos), la ley protege seguidamente 
los intereses de los acreedores, con el patrimonio de la sociedad (que también en este 
caso se vieron protegidos, pues de otro modo el Registrador Mercantil no podría haber 
inscrito la liquidación, sin un proceso previo concursal).
Por tanto, en este proceso de extinción de la Sociedad, debe entenderse que no es 
preciso el mantenimiento del patrimonio para la consecución de un objeto social que se 
ve modificado precisamente por la inmediatez de la disolución y simultánea liquidación 
de la sociedad.
Siendo esto así, ¿se está cuestionando por la Registradora de la Propiedad de 
Martorell 1 la actuación del Registro Mercantil de Barcelona que procedió a inscribir la 
disolución y extinción de «Can Bros Habitatge Jove, S.A., Sociedad Unipersonal» al 
entender que no había acreedores –y que el único que había, la AEAT, tenía garantizado 
su crédito al haberse consignado?
El Registrador mercantil tiene entre sus funciones, comprobar la conformidad a 
derecho de los actos que tienen acceso a su registro, y en el caso concreto de las 
liquidaciones, asegurar que del balance no resulta acreedor alguno, o que, de resultar, 
se han consignado créditos u obtenido consentimiento expreso del acreedor de que se 
trate, y que no hay errores en la asignación de la cuota de liquidación a socios, y se ha 
respetado la normativa aplicable, para proteger a socios y terceros.
Habiéndose procedido a extinguirse por disolución y liquidación la sociedad, sin que 
se haya producido ninguna calificación negativa por parte del Registro Mercantil, ni 
conste actuación judicial alguna contra la misma, no entiende esta parte que por parte 
del  Registro  de  la  Propiedad  se  esté  calificando  negativamente  el  documento, 
amparándose en una Resolución (que no la ley), cuya única razón es la protección de los 
terceros y de los socios, a través de la pretendida protección del capital social, cuando 
en este caso, a la vista de la inmediata disolución y liquidación subsiguiente a la 
donación, ya se ha constatado que no hay acreedores en la entidad que deban ser 
«protegidos», y así resulta de la propia inscripción de la disolución y liquidación realizada 
por el Registro Mercantil competente, que está bajo la salvaguarda de los Tribunales.
En segundo lugar, cabe poner de manifiesto que la argumentación contenida en la 
nota  de  calificación,  y  la  remisión  que  en  ella  se  hace  a  diferentes  resoluciones 
judiciales, es errónea, precisamente porque los casos allí tratados son muy distintos al  s
presente caso, y no pueden trasladarse al caso que nos ocupa; efectivamente, existe  oe.
una  diferencia  fundamental  entre  los  supuestos  contemplados  en  las  mismas,  el  w.
momento en que dichas resoluciones fueron dictadas y el supuesto que es objeto del  547ww
presEefnetcet irveacmuersnote., en la STS base de la Resolución de 2016, existía un conflicto con un
asocucieor,d qou, ea  ndoi fheare vnoctiaad doe al  pfarevsoer ndtee  laca dsoon);a ctaiómnb (iyé np,o er nta enlt oc,a nsoo  hdae  hRaebsidoolu ucnióann icmitiaddaad,  dseel   BOE-A-cable e
vincula el análisis de la misma, al sentido del capital y su función, pero en sociedades 
«Vivas» y con varios socios.
Sin  embargo,  en  el  presente  caso,  «Can  Bros  Habitatge  Jove,  S.A.,  Sociedad 
Unipersonal», estamos ante un acuerdo de Donación tomado por unanimidad (obvia, ya 
que tenía un socio único), como paso previo e inmediato a su Liquidación (acordada por 
el mismo socio único), con carácter inmediato a la donación, y con todos sus Acreedores 
pagados (salvo un pequeño importe para la AEAT, que se consigna).
Se trata ya de una sociedad ya extinguida por disolución y liquidación –es decir, no 
por vía de concurso de acreedores–, a través de acuerdo de socio único, y donde el 
principal acreedor que era el propio socio condona su crédito (para poder inscribir la 
liquidación), y al otro acreedor (la Hacienda pública) por un importe irrisorio 246,32 €, se 
le reserva parte del activo para su pago, consignando su importe en una cuenta para que 
se pague cuando proceda, pago que ya ha sido abonado por otra parte.
No son casos asimilables ni comparables. En absoluto.
En el caso que nos ocupa no hay pues interés alguno a proteger con la no inscripción 
de la donación:
– No  existen  acreedores  que  deban  protegerse  según  queda  declarado  en  la 
consiguiente escritura de liquidación de la Sociedad.
– Tampoco existe ningún socio que se oponga a la donación (lo que podrían haber 
hecho en la propia Junta que aprueba la misma) o/y subsiguiente liquidación. Antes, al 
contrario, todos los acuerdos se toman por unanimidad del mismo socio único en ambos 
momentos (en el de la donación, y en el de la subsiguiente liquidación).
Por otra parte, a través de la calificación negativa notificada, parece que la Sra. 
Registradora hubiese aceptado la donación, si por parte de la sociedad se hubiese 
procedido, equiparando la operación a una reducción de capital, con cargo a beneficios o 
reservas libres. Pero estando extinguida la sociedad, este acuerdo es imposible para 
«corregir» el defecto; por lo tanto, lo que debería haberse hecho, es valorar la situación 
de nuevo, a la vista de la inmediata liquidación de la entidad, y el hecho de que no 
existen acreedores, e inscribir y retirar el defecto.
El no hacerlo, supone una contradicción manifiesta además con los datos resultantes 
del Registro Mercantil, de dónde resulta que la sociedad, cuando se liquida, ya no tiene 
ningún activo.
¿En qué situación quedan pues las fincas? ¿Propiedad frente a terceros de una 
sociedad extinguida, pero en contradicción con los asientos del registro Mercantil de 
Barcelona? ¿y en posesión del Ayuntamiento de Martorell? ¿Cómo se regulariza eso?
Asumiendo aquí que no hay conflicto alguno ni interés de socio a proteger (porque el 
socio es único y a votado a favor de todos los acuerdos), hay que distinguir pues la 
necesidad  de  mantener  el  capital  y/o  reservas  entre  las  sociedades  vivas,  en 
funcionamiento (en garantía de sus acreedores), de cuando estamos ante una sociedad 
extinta, liquidada como es el caso de la sociedad Can Bros Habitatge Jove, S.A.U., 
puesto que en este caso, la garantía del capital frente a acreedores y socios queda 
sustituida, y se fija no por un reparto con cargo a reservas, sino por la declaración de los 
Administradores de que todos los Acreedores han sido satisfechos y resto de requisitos 
previstos en el TRLSC para la inscripción de la liquidación, lo cual consta en la escritura 
de 5 de diciembre de 2017 a continuación de la donación misma (en 28 setiembre 2017) 
quedó liquidada.
En la propia liquidación quedó manifestada la inexistencia de acreedores mediante  e
aportación del correspondiente Balance por el Liquidador y la consignación de un crédito  bo
menor con la Hacienda Pública. 547ww
MerDcaicnhtial  dees cBriaturcrae lodnea ,li qyu ipdoarc iótann thoa  hqau esiddaod oe l yRae dgeisbtridaadmore nMtee rcinasnctirli taq ueienn  ehl aR deegbisitdroo 
cqounet rnaos teaxri slotasn  raecqrueiesidtoosre nse yc eesl anreioces spaariroa  aecluloe, rdeon tdree  lloiqsu iqduaec iósen  deen clouse nstoracino se.l hecho de
Por si ello no fuere suficiente, de los datos obrantes en el Registro Mercantil, no 
resulta actuación alguna de ningún tercero en reclamación de nada a esta sociedad (a 
los Libros del Registro nos remitimos, y acompañamos en lo menester Certificación de 
dónde resulta lo anterior).
Es comprensible que en una sociedad en funcionamiento que vaya a seguir su 
actividad, una donación de esta magnitud precise una contrapartida en reservas, a fin de 
que pueda precisamente proseguir su actividad (o un acuerdo previo de reducción de 
capital, con plazo de oposición de acreedores, para pasar a Reservas la parte de capital 
precisa para completar las reservas de la entidad y compensar con las mismas la 
donación a realizar), pero en este caso, como la sociedad donante Can Bros Habitatge 
Jove, S.A.U. seguidamente se iba a extinguir, decae la necesidad de mantener el capital 
social en garantía de su funcionamiento y tan sólo es significativo la protección de 
eventuales acreedores –que se hace por el mecanismo legal para ello aplicable a la 
liquidación–  ya  que  el  socio  único,  que  sería  a  quien  también  debería  protegerse, 
mediante acuerdo unánime de Junta y según establecido en el artículo 160,f del TRLSC 
presta su expreso consentimiento, tal y como lo habría prestado si se hubiera procedido 
en un orden distinto (primero a reducir capital para pasar a reservas, para después 
donar, para después liquidar), lo que en realidad solo habría complicado el procedimiento 
pero llevado al mismo resultado: la donación del activo, y la liquidación sin acreedores o 
garantizando sus créditos.
En este caso sin embargo, dada la inmediatez entre la donación (producida el 28 de 
septiembre de 2017) y la disolución y liquidación (de fecha 5 de diciembre de 2017), 
apenas dos meses después, a los acreedores no les afecta porque no los hay, según 
queda declarado en la liquidación de la sociedad, y no los hay porque así resulta de la 
propia escritura de liquidación (y de lo dispuesto en los art. 391.2 y siguientes del 
TRLSC, que para inscribir la misma, exigen el que no haya acreedores, o si los hay que 
presenten consentimiento o sean consignados sus créditos).
Pasemos al análisis de esta regulación societaria, que la registradora ni ha reseñado 
en su nota, a pesar de reconocer que la sociedad estaba extinta, y tener relevancia 
importantísima en este tema:
1)  Explicita el artículo 391.2 del TRLSC, que previa a la satisfacción de la cuota de 
liquidación a los socios deberá satisfacerse a los acreedores el importe de sus créditos o 
consignarlos (tal como se hizo), y tal como se hizo y se declaró en la escritura.
2)  Efectivamente, de acuerdo con el art. 395.b) del TRLSC ya se había procedido al 
pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos, y así resulta del Balance 
final  aprobado  en  Junta  por  unanimidad  del  que  se  desprende  lo  anterior  (la 
consignación del único crédito, el de la AEAT).
3)  Y finalmente según establece el art. 397 del TRLSC serán los liquidadores 
responsables ante los socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen 
causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo, y no se exige la existencia de 
reservas que no tienen sentido frente a una liquidación.
La finalidad primordial de las normas mercantiles relativas a la liquidación de la 
sociedad es básicamente la protección de los acreedores garantizado con el patrimonio 
social, y de los socios (pues según sea la cuota de liquidación que se les asigna, se 
precisa su consentimiento expreso, y además para la propia disolución y liquidación se 
exige acuerdo de Junta).
Esa  es  la  misma  preocupación  de  la  Registradora  de  la  Propiedad,  pero  se  e
«equivoca» en la normativa que cita como soporte, cuando exige una subsanación  bo
imposible en el ámbito de una sociedad ya disuelta y liquidada, y no revisa las normas  547ww
munear csaonctiieledsa dq uqeu eya y ap reostetág eenx tain geusoidsa .mismos acreedores en el ámbito de la liquidación de
inscLriap cimónis dmea l ap lriqeuoicduapcaiócnió dne  elas  sloac ieddeal dR, peogris ttarandtoo,r  esM eevrcidaenntitle  c(suaalnvod oq uper oscee pdree sau mlaa 
que la actuación de su compañero Registrador mercantil no fue diligente), que los
acreedores ya han sido protegidos en el procedimiento de liquidación mercantil, y que el 
Registrador de lo Mercantil ya lo ha constatado antes de inscribir.
Podría  entenderse  el  defecto  en  la  primera  de  las  calificaciones,  cuando  la 
Registradora desconocía la liquidación de la sociedad, pero una vez inscrita esta, no 
tiene sentido la salvaguarda de acreedores, que se ha demostrado ser inexistentes, y el 
defecto debió ser anulado.
En  cuanto  al  socio  único,  que  es  a  quien  podría  afectar  la  donación  sin  una 
contrapartida  en  las  reservas,  para  el  eventual  funcionamiento  consiguiente  de  la 
Sociedad,  en  el  caso  que  nos  ocupa  no  le  afecta,  y  es  más,  ha  prestado  su 
consentimiento expreso primero a la donación mediante acuerdo de Junta de acuerdo 
con lo establecido en el art. 160.f) que establece la necesidad de aprobación por parte 
de la Junta para aquellos negocios sobre activos esenciales, y posteriormente al acuerdo 
de liquidación, con lo que pone en evidencia su falta de ánimo lucrativo básico para el 
contrato de sociedad, por cuanto cancela dicho contrato de sociedad en sí mismo 
mediante la liquidación de la sociedad.
No hay que olvidar que la Junta de Socios, en las sociedades mercantiles, es 
soberana, y que en su mano está la liquidación de la Sociedad, y por consiguiente 
también la donación de su principal  activo,  que no  es más que un anticipo de la 
disolución y liquidación de la misma, tras dicha donación.
Y así lo entiende la Registradora y las resoluciones mencionadas, por cuanto el 
mantenimiento del capital y de reservas no tienen otro sentido que el poder mantener en 
funcionamiento la Sociedad con el ánimo lucrativo propio de la sociedad mercantil, y 
salvaguardar los derechos de socios y acreedores, salvo si por dicha Junta soberana se 
adopta el acuerdo de liquidar la sociedad misma, pues la salvaguarda de los derechos 
de socios y acreedores no se producen del mismo modo, sino que se garantizan con el 
cumplimiento de las normas sobre liquidación societaria citadas.
Por último, y en relación con la afirmación que señala la Registradora cuando dice 
que la jurisprudencia ha señalado «predominantemente el fin lucrativo como causa del 
contrato de sociedad», entendemos que ello no es hoy así, como ha reconocido la 
reciente Resolución de 17 de diciembre de 2020 de la DGRyFP en la que se acepta el 
carácter gratuito no lucrativo de las sociedades.
Se trata de la inscripción de una sociedad en cuyo redactado del objeto social 
enuncia que «carece de ánimo de lucro...» Y en el artículo 30 de los mismos estatutos, 
relativo a la disolución y liquidación de la sociedad, se establece que: «(...) En cualquiera 
de los supuestos de disolución de la Sociedad, el activo resultante de la liquidación se 
destinará exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro o fundaciones designadas por 
los socios. Cada socio podrá hacer uso de su cuota de liquidación, en función de su 
porcentaje de participación, para destinarla a una Entidad o Fundación que libremente 
decida (...)».
Como  advierte  la  referida  Resolución  «Esta  interpretación  restrictiva,  está 
sobradamente superada en la jurisprudencia comunitaria, si bien se ha entendido que 
una sociedad de capital, limitada en el caso en el que nos encontramos, la cual, por la 
propia  naturaleza  de  esta  forma  mercantil  tiene  como  una  de  sus  características 
intrínsecas la finalidad lucrativa, a tenor de lo dispuesto en la STJCE Kennemer Golf 
de 21-III-2002 (TJCE 2002, 126), puede obtener el reconocimiento de la exención; a tal 
fin debe apreciarse si actúa o no con fin lucrativo “a la luz del objetivo perseguido por 
este”. Es cierto, que dicha resolución se refiere al ámbito tributario, pero deja claramente 
evidenciada la perspectiva de la sociedad de capital frente al carácter lucrativo o no de  s
su actividad. En tal sentido, ya en la esfera de la jurisprudencia española, tenemos una  oe.
clara referencia al respecto en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre  w.
de 2011 (JT 2012, 93) declara aplicable la exención del IVA a una SA sin finalidad  547ww
dluec rsaetirvvaic iqouse s ohcai asliedso. »reconocida por la Administración como entidad privada prestadora
segúPno rl ae llleog, idslaadcaió lna  einsdpuedcaiabl,l ec aerxeiscteenn cdiae  dbea sseo ceimedparedseasr idael  yc aápniitmalo q duee , luecnr ola  erne asliednatdid oy   BOE-A-cable e
estricto, no cabe desconocer las opiniones doctrinales que niegan o interpretan muy 
flexiblemente la finalidad lucrativa como elemento caracterizador de las sociedades de 
capital, por considerar que prevalece el elemento estructural u organizativo del concreto 
tipo social adoptado y no el fin perseguido. Desde esta perspectiva, el ánimo de lucro 
sería un elemento natural, usual, pero no esencial, a diferencia del fin común que 
siempre ha de existir. En el presente caso cabe recordar, además, que, en atención a su 
doble carácter, contractual y normativo, la interpretación de los estatutos debe hacerse 
teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir 
absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes. En el ámbito de los normas 
de la interpretación de los contratos, los artículos 1281, 1282 y 1283 del Código Civil 
establecen, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es 
la intención de los contratantes» únicamente el ánimo de lucro en sentido subjetivo 
(obtención de ganancias repartibles; lucro personal de los socios), pero no se excluye el 
ánimo de lucro en sentido objetivo (obtención de ganancias o ventajas patrimoniales que 
no se reparten entre los socios sino que se destinan a un fin común, social, que es ajeno 
al enriquecimiento de sus socios, como es en este caso la promoción de la integración 
laboral  y  social  de  personas  afectadas  por  una  discapacidad,  de  suerte  que  los 
beneficios derivados de la actividad económica deben reinvertirse para la consecución 
de dicho objeto social –exigencia estatutaria de «reinversión íntegra de sus beneficios 
para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad».
En el presente caso, el destino del bien donado es un Ayuntamiento, el de Martorell. 
Así pues, no se dona a un particular, sino a un ente público como es un Ayuntamiento, 
que por su propia razón de ser lo destinará al bien común de la población de Martorell y 
a fines de interés público.
En esta acción no puede intervenir más que la voluntad del propio socio único, y la 
protección, en su caso de los acreedores, que, en el presente caso, ya se han visto 
protegidos  en  el  ámbito  de  la  legislación  mercantil  que  impera  en  liquidación  de 
sociedades.
Finalmente,  debemos  referirnos  al  hecho  objetivo  de  que  las  sociedades  no 
solamente pueden realizar operaciones onerosas, sino que también les está permitido 
realizar actos gratuitos. Y prueba de ello, es que en el Plan General de Contabilidad está 
expresamente previsto que se contabilicen las donaciones. En concreto, y según la 
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias, «Cuando una empresa entregue un elemento del inmovilizado 
material a título gratuito, deberá darlo de baja por su valor en libros y reconocer el 
correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.» La baja por su valor en 
libros implica eliminar en el haber, la cuenta de inmovilizado por su saldo (precio de 
adquisición) y en él debe los posibles deterioros de valor por amortización y correcciones 
valorativas.  La  diferencia  se  llevará  a  pérdidas  y  ganancias  como  pérdida  del 
subgrupo  67,  en  concreto  la  cuenta  671  relativa  a  las  pérdidas  procedentes  del 
inmovilizado material.
Por  tanto,  entendemos  que,  en  este  caso  concreto,  habida  cuenta  de  las 
circunstancias  específicas  que  concurren,  en  especial  que  no  existen  socios  ni 
acreedores  a  proteger,  se  dan  los  requisitos  para  que  se  produzca  la  inscripción 
solicitada, y, en consecuencia, y habida cuenta que la negativa a la calificación está 
asentada en un extremo erróneo, solicito que se revoque dicha calificación acordando la 
inscripción conforme a lo expuesto. s
Por lo expuesto, oe.
A la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicito que admita el  w.
presente escrito, con los documentos que acompaño, tenga por presentado recurso  547ww
gDu.ªb eErnstahteivro  Rcoandtar aP lae lneeggría, tiav ap draec fteiccahra  l1a4 i ndsec jruipncioió dne  d2e0 2la1  dees clari tIulmraa .p Súrbali.c Ra edgeis tcraedsoiórna 
gMraarttuoitrae lld De .ªf inMcaatsil,d dee F faercrihoal  B2o8n edte,  psoerp tliae mqburee  lad em 2e0rc1a7n, tial u«tCoraizna dBaro sp oHr aebl itNatogtea rJioo vdee,   BOE-A-cable e
SA», Sociedad Unipersonal, titular de las fincas registrales 647, 1744 y 18586, cedió 
gratuitamente, a título de donación pura y simple, el pleno dominio de las citadas fincas 
al Ayuntamiento de Martorell, y, tras los trámites legales, dicte resolución ordenando la 
práctica de la inscripción de la referida escritura».
IV
Mediante escrito, de fecha 19 de julio de 2021, la registradora de la Propiedad elevó 
el expediente, con su informe, a esta Dirección General. En dicho informe indicaba que 
dio traslado del recurso interpuesto a la notaria autorizante del título calificado, sin que 
ésta formulara alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 326 de la Ley Hipotecaria; 6, 7, 35, 38, 162.2, 624, 221, 1216, 
1217, 1218, 1259, 1284, 1459, números 1 a 4, 1665, 1713, 1721, 1722 y 1725 del 
Código Civil; 18, 116, 244, 261, 267 y 288 del Código de Comercio; 2, 62, 63, 67, 93.a), 
134 y siguientes, 160, 161, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 273, 274, 317, 318 y 333 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 10 de la Directiva 2009/101/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, 
para  hacerlas  equivalentes,  las  garantías  exigidas  en  los  Estados  miembros  a  las 
sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los 
intereses  de  socios  y  terceros;  14,  números  1.e)  y  3,  y  15.2.a)  del  Real  Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto  sobre  Sociedades;  124  y  185  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil;  la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo 
de 2002, Kennemer Golf, Asunto C-174/00; las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 
de noviembre de 2007, 27 de diciembre de 2011 y 20 de marzo de 2013; las Sentencias 
de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 2011, 25 de 
julio de 2012 y 24 de mayo de 2017; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 2 de febrero de 1966, 22 de julio, 10 de septiembre y 11 
y 22 de noviembre de 1991, 11 de marzo, 13 y 20 de mayo y 25 de noviembre de 1992, 
15 de febrero de 1999, 14 de febrero de 2001, 29 de abril de 2011, 17 de diciembre 
de 2012, 20 de enero de 2015 y 11 de abril y 14 de diciembre de 2016; y la Resolución 
de  esta  Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  y  17  de  diciembre 
de 2020.
1.  Son hechos relevantes para la resolución del recurso los siguientes:
Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada,  otorgada  el  día  28  de 
septiembre de 2017, se formalizó la cesión gratuita al Ayuntamiento de Martorell de tres 
fincas registrales de la sociedad «Habitatge Jove, S.A», sociedad unipersonal; fincas 
que, según consta en el acuerdo de junta general de la citada sociedad (adoptado por el 
único socio) que autorizaba la donación (pura y simple): «conforman la antigua fábrica y 
colonia textil (…)»; y según se indica en la misma «manifestando su representante que 
dichas fincas constituyen un activo esencial de la Sociedad a los efectos de lo que 
dispone el art.160.f) de la Ley de Sociedades de Capital».
La registradora suspende la inscripción de la escritura señalando, en síntesis, los  es
siguientes motivos: o
– La donación o cesión gratuita de bienes que constituyen activos esenciales de una  547ww
usonc iaecdtaod  dees  dcoisnptorasriciaió an  laas  tnítourlmo agsr aimtupiteor aintiivcaiasl msoebnrtee  pinroctoemccpióantib dlee l ccoanp itlaal  scoocnisael,c aulc sióenr 
qúultiemdaa  deexcl loubidjeot oin iscoiaclimale. nEtel  rdeefe lraids of atcipuolt addee sa cptroosp i(adso dnea cliaó na,d mceinsiióstnr aac iótíntu sloo cgiaral tpuoitro ,s.e..r)   BOE-A-cable e
actos contrarios a tal fin lucrativo y contravenir, consiguientemente, el orden público 
societario (fin lucrativo de la sociedad, derecho de los socios a participar en el reparto de 
las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación,...), actos a título 
gratuito que podrían verificarse si media acuerdo unánime de la junta general y con 
cargo a reservas de libre disposición.
– De  la  escritura  calificada  y  de  los  asientos  registrales,  así  como  de  la 
documentación  aportada,  resulta  de  modo  patente  que  la  donación  cuestionada 
contradice el objeto de la sociedad donante. Por las circunstancias concretas de dicha 
transmisión (relación cuantitativa entre el valor de los bienes donados y el patrimonio 
social, con posterior disolución y liquidación de la sociedad dejando con carácter previo 
el patrimonio social a cero unido a la citada condonación de deuda realizada por el socio 
único) debe descartarse que sea compatible con la consecución última del objeto social.
El recurrente alega lo siguiente:
– La sociedad cedente ya está extinguida, tras haberse realizado su disolución y 
liquidación por acuerdo de su socio único, y con un carácter cuasi inmediato a la 
donación anterior (apenas un plazo de 3 meses separa ambos acuerdos, el tiempo 
suficiente  para  ingresar  los  impuestos  que  corresponden  y  demás  vinculados  a  la 
donación realizada). La extinción se produce por acuerdo de su socio único (el mismo 
que acordó la disolución poco antes), y sin acreedores. No hay por tanto interés alguno 
que deba protegerse por la no inscripción de la donación (ni de socios «minoritarios» o 
disconformes, ni de acreedores, que han visto sus créditos íntegramente satisfechos 
antes de la liquidación). El fundamento de la integridad del capital, y la necesidad 
especial de «protección» precisamente opera en defensa de los socios y terceros; por 
ello para «disponer» del mismo (que es lo que supone una donación de un bien de la 
sociedad  con  cargo  a  capital  y  no  a  reservas)  existen  mecanismos  de  protección 
(acuerdo de reducción con anuncios y demás, para que los terceros acreedores puedan 
oponerse sino se garantizan sus créditos), y acuerdos de socios.
– En este caso, no se da ninguna de las razones que subyacen en la Resolución 
citada de 11 de abril de 2016 (el cumplimiento de las normativas imperativas sobre 
protección del capital social, y que ha utilizado la registradora para su calificación); 
tampoco  las  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  la  que  trae  causa,  que 
precisamente anuló el acuerdo tomado por cuanto suponía un perjuicio en la cuota de 
liquidación de un socio que se opuso a la donación, por lo que su cuota de liquidación 
podría haberse visto afectada.
– Una vez inscrita la liquidación de la sociedad, no tiene sentido la salvaguarda de 
acreedores, que se ha demostrado ser inexistentes. En cuanto al socio único, que es a 
quien podría afectar la donación sin una contrapartida en las reservas, para el eventual 
funcionamiento consiguiente de la sociedad, en el presente caso no le afecta, y, es más, 
ha prestado su consentimiento expreso, primero a la donación mediante acuerdo de 
junta general conforme a lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de 
Capital (que establece la necesidad de aprobación por parte de la junta para aquellos 
negocios sobre activos esenciales), y posteriormente al acuerdo de liquidación, con lo 
que pone en evidencia su falta de ánimo lucrativo básico para el contrato de sociedad, 
por cuanto cancela dicho contrato de sociedad en sí mismo mediante la liquidación de la 
sociedad.
– La junta de socios, en las sociedades mercantiles, es soberana, y en su mano está 
su liquidación, y por consiguiente también la donación de su principal activo, que no es  e
más que un anticipo de la disolución y liquidación de la misma, tras dicha donación. bo
– El mantenimiento del capital y de las reservas no tiene otro sentido que el poder  547ww
mmaenrctaennteilr,  ey ns afulvnacgiounaardmaire nlotos  dlae rseocchieods adde  csoonc ieols  áyn aimcroe eludcorraetsiv,o s aplrvoop isoi  dpeo r lad icshoac iejudnatad 
sloosb edrearneac hsoes  addeo pstoac eiol sa cyu earcdreoe ddeo rleiqsu indoa r slea  psorocdieudcaedn  mdeislm mai,s pmuoe sm load soa, lvsaingou aqrudea  dsee 
garantizan con el cumplimiento de las normas sobre liquidación societaria citadas.
– En  el  Plan  General  de  Contabilidad  está  expresamente  previsto  que  se 
contabilicen las donaciones. En concreto, y según la Resolución de 1 de marzo de 2013, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de 
registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, «cuando 
una empresa entregue un elemento del inmovilizado material a título gratuito, deberá 
darlo de baja por su valor en libros y reconocer el correspondiente gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias». La baja por su valor en libros implica eliminar, en el haber, la 
cuenta de inmovilizado por su saldo (precio de adquisición) y, en el debe, los posibles 
deterioros de valor por amortización y correcciones valorativas. La diferencia se llevará a 
pérdidas y ganancias como pérdida del subgrupo 67, en concreto la cuenta 671 relativa a 
las pérdidas procedentes del inmovilizado material.
– En  este  caso  concreto,  habida  cuenta  de  las  circunstancias  específicas  que 
concurren, en especial que no existen socios ni acreedores por proteger, se dan los 
requisitos para que se produzca la inscripción solicitada, y respecto de la afirmación 
registradora al expresar que la jurisprudencia ha señalado «predominantemente el fin 
lucrativo como causa del contrato de sociedad», entiende el recurrente que ello no es 
hoy así, como ha reconocido la reciente Resolución de 17 de diciembre de 2020 de esta 
Dirección General en la que se acepta el carácter gratuito no lucrativo de las sociedades.
2.  Como ya puso de relieve esta Dirección General en Resoluciones de 20 de 
enero de 2015 y 11 de abril de 2016, en la configuración legal de las sociedades de 
capital se incluyen como elementos caracterizadores de la misma el ánimo de obtener 
una ganancia común y partible mediante el desenvolvimiento de la actividad societaria y 
su posterior reparto entre los socios –cfr. artículos 1665 del Código Civil, 116 del Código 
de Comercio y 93.a) y 273 de la Ley de Sociedades de Capital–.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2007, dictada en 
un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo patrimonial, con 
disolución  de  la  misma,  en  favor  de  determinada  fundación,  la  jurisprudencia  ha 
señalado «predominantemente el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad 
(SSTS de 11 de marzo de 1983; 10 de noviembre de 1986; 19 de enero de 1987; 18 de 
noviembre de 1988; 7 de abril de 1989; 19 de febrero de 1991; 9 de octubre de 1993; 27 
de enero de 1997; 18 de septiembre de 1998, entre otras muchas). De este modo, los 
acuerdos sociales son consecuencia y cumplimiento del contrato de sociedad, y han de 
respetar  su  causa.  Ello  da  sentido  a  preceptos  como  el  artículo  48.2.a)  LSA 
[artículo 93.a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital] e impide que se lleven a 
efecto donaciones con cargo al patrimonio social, que serían contrarias al fin lucrativo, en 
perjuicio  de  los  derechos  individuales  del  socio,  salvo  que  se  verifiquen  mediante 
acuerdo unánime, y con cargo a reservas de libre disposición. Aunque no se impide la 
realización de actos que signifiquen transmisión o enajenación a título lucrativo para 
alcanzar determinados fines estratégicos o el cumplimiento de fines éticos, culturales, 
altruistas, cuando no impliquen vulneración, impedimento o obstáculo a la realización de 
derechos  como  los  que  reconoce  el  artículo  48.2.a)  LSA,  como  ocurre  cuando  se 
verifique  moderada  disposición  de  parte  de  los  beneficios  (RRDGRN  2  de  febrero 
de 1966, 22 de noviembre de 1991, 25 de noviembre de 1997 [sic], etc.)».
No obstante, también esta Dirección General ha puesto de relieve en la reciente 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, con cita de la referida Sentencia del Tribunal 
supremo de 2007, que «en las mismas Resoluciones de 20 de enero de 2015 y 11 de 
abril de 2016 se reconocía por este Centro que «el tipo de la sociedad anónima o de la 
sociedad de responsabilidad limitada es adoptado en algunas ocasiones como simple  e.
técnica organizativa, habida cuenta de su funcionalidad y el criterio de mercantilidad  w.b
formal de aquéllas –cualquiera que sea su objeto–, derivado de la propia regulación legal  547ww
(saorctíiceudlaod 2e sd ed ela  cLaepyi tdael  qSuoec,i eedna dlae sr edael idCaadp itya ls).e Pgúonr  ellalo ,le dgaisdlaa claió nin deusdpaebcliea le, xciastreencceina  ddee 
bdaoscetr ineamlepsre sqaureia l nyi eágnaimn oo d ein ltuecrrpor eetna ns emntuidyo  felesxtriibclteom, neon tcea blae  dfiensacliodnaodc elur clarast iovpai ncioonmeos 
elemento caracterizador de las sociedades de capital, por considerar que prevalece el
elemento  estructural  u  organizativo  del  concreto  tipo  social  adoptado  y  no  el  fin 
perseguido». Desde esta perspectiva, el ánimo de lucro sería un elemento natural, usual, 
pero no esencial, a diferencia del fin común que siempre ha de existir».
Por  ello,  debe  analizarse  siempre  caso  por  caso  huyendo  de  generalizaciones 
indiscriminadas.
3.  Aclarado lo anterior, y aun cuando se trate de sociedades con objeto claramente 
lucrativo  (como  acontece  es  en  este  caso  con  una  sociedad  cuyo  objeto  social 
consistente en la construcción y explotación de inmuebles) debe partirse, por una parte, 
de la capacidad general de la sociedad como sujeto de derecho para realizar actos 
jurídicos, según resulta de los artículos 38 del Código Civil y 116, párrafo segundo, del 
Código de Comercio, salvo aquellos que por su propia naturaleza o por hallarse en 
contradicción con las disposiciones legales no pueda ejecutar (vid. la Resolución de 2 de 
febrero de 1966). Y es que, como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
julio de 2010, «nuestro sistema parte de la plena capacidad jurídica y de obrar de las 
sociedades  mercantiles  que,  en  consecuencia,  sin  perjuicio  de  las  eventuales 
responsabilidades en las que puedan incurrir sus gestores, pueden desplegar lícitamente 
tanto actividades «estatutarias»  (dentro  del  objeto social), como «neutras» (que no 
suponen el desarrollo inmediato del objeto fijado en los estatutos) y «extraestatutarias», 
incluso  cuando  son  claramente  extravagantes  y  ajenas  al  objeto  social.  (…)  Esta 
capacidad  en  modo  alguno  queda  mermada  por  las  previsiones  contenidas  en  el 
artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital, que atribuye a los administradores 
societarios  el  poder  inderogable  de  vincular  a  la  sociedad  con  terceros,  con 
independencia de que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como 
objeto estatutario inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella, sin perjuicio de que la 
transgresión del objeto estatutario pueda ser oponible frente a quienes no hayan obrado 
de buena fe y sin culpa grave».
En otros supuestos analizados por este Centro Directivo, tras afirmar la capacidad 
general de la sociedad para realizar actos jurídicos, añade que la admisibilidad de tales 
donaciones tiene como presupuesto el cumplimiento de las normas imperativas sobre 
protección del capital social, habida cuenta de la función que el capital social desempeña 
como cifra de garantía y de la afección de los bienes que constituyen el patrimonio 
social, de modo que tales normas de protección a los acreedores tienden a procurar la 
integración de dicho patrimonio. Por ello el legislador establece determinadas cautelas, 
como  es  la  exigencia  de  acreditación  suficiente  y  objetivamente  contrastada  de  la 
realidad  de  las  aportaciones  sociales  como  requisito  previo  a  la  inscripción  de  la 
sociedad o de un aumento de su capital (cfr., entre otros, los artículos 62, 63 y 67 de la 
Ley de Sociedades de Capital); la prohibición de adquisición por la sociedad de sus 
propias  participaciones  sociales  –salvo  determinadas  adquisiciones  derivativas 
permitidas– (artículos 134 y siguientes de la misma ley); las reglas sobre reducción de 
capital que impliquen restitución de aportaciones (artículos 317, 318 y 333 y siguientes); 
la dotación de reservas (artículos 273 y 274).
Ahora bien, todo ello ha de ponerse siempre en relación con las circunstancias de 
cada caso concreto (de carácter muy especial en el de este recurso, como se verá más 
adelante), por lo que no falta razón al recurrente cuando afirma que la junta de socios, en 
las sociedades mercantiles, es soberana, y que en su mano está la liquidación de la 
sociedad, y por consiguiente también la donación de su principal activo, que no es más 
que un anticipo de la disolución y liquidación de la misma tras dicha donación. O cuando 
pone también de relieve que «el mantenimiento del capital y de reservas no tienen otro  e.
sentido que el poder mantener en funcionamiento la Sociedad con el ánimo lucrativo  w.b
propio de la sociedad mercantil, y salvaguardar los derechos de socios y acreedores,  547ww
spaulevso  lsai  spaolvr adgicuhaard Jau dneta l osso bdeerraencah osse  daed osopctaio es l ya acucreereddoo drees l inqou idsaer  plrao dsuocceiend adde l mmisismmao, 
smoocdieot,a rsiain coi taqduaes »s.e garantizan con el cumplimiento de las normas sobre liquidación
4.  Conviene recordar que, como ha puesto de relieve esta Dirección General en 
Resolución de 17 de septiembre de 2015, la cuestión (ligada a la capacidad general de la 
sociedad  para  realizar  actos  jurídicos)  relativa  al  ámbito  de  representación  de  los 
administradores de sociedades de capital en el ejercicio de su cargo ha sido solventada 
ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de 
representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y 
para los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda 
obligada  también  frente  a  terceros  de  buena  fe  (vid.  artículos  234  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital y 10 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, que se corresponde con el artículo 9 de la 
derogada Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968).
Durante la vigencia de la legislación anterior a la transposición de la citada Directiva 
dicha cuestión había sido zanjada por la jurisprudencia así como por la doctrina de este 
Centro Directivo al mantener reiteradamente que están incluidos en el ámbito de poder 
de representación de los administradores no sólo los actos de desarrollo y ejecución del 
objeto, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, 
sino también los neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto 
social, quedando excluidos únicamente los claramente contrarios a él, es decir, los 
contradictorios o denegatorios del mismo.
Como ya puso de relieve este Centro Directivo (vid., por ejemplo, la Resolución de 11 
de noviembre de 1991), es muy difícil apreciar «a priori» si un determinado acto queda 
incluido o no en el ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos de la 
sociedad (toda vez que la conexión entre aquél y el objeto social tiene en algún aspecto 
matices subjetivos –sólo conocidos por el administrador–, participa en muchas ocasiones 
del factor riesgo implícito en los negocios mercantiles, y suele precisar el conveniente 
sigilo para no hacer ineficaces, por públicas, determinadas decisiones empresariales que 
pretenden por medios indirectos resultados negociables propios del objeto social), hasta 
el punto de que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero la carga de interpretar la 
conexión entre el acto que va a realizar y el objeto social redactado unilateralmente por 
la otra parte contratante, siendo doctrina consagrada en la jurisprudencia y en las 
Resoluciones de este Centro Directivo (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de 
mayo de 1984 y 24 de noviembre de 1989 y Resoluciones de 1 de julio de 1976, 2 de 
octubre de 1981, 31 de marzo de 1986 y 12 de mayo de 1989) la de incluir en el ámbito 
del poder de representación de los administradores, no sólo los actos de desarrollo o 
ejecución del objeto social, sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o 
auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes (como la constitución de 
garantías en seguridad de deudas ajenas), y los aparentemente no conectados con el 
objeto social, quedando excluidos únicamente los actos contradictorios o denegatorios 
del objeto social.
Eso sí, en la configuración de las facultades del administrador y ello sin perjuicio 
frente a terceros de lo dispuesto en el artículo 234 de la misma ley, se aprecia una clara 
limitación cuando de los actos concretos se pasa a actos globales o que pueden llegar a 
serlo  por  suma  de  actos  individuales.  Por  ello,  como  anteriormente  ha  quedado 
expuesto, no puede descartarse que no sólo entre los actos de desarrollo o ejecución del 
objeto social y los complementarios o auxiliares para ello, sino también entre esos actos 
neutros o polivalentes se encuentre la donación o cesión gratuita de determinados y 
concretos activos sociales. s
5.  Debe ponerse igualmente de relieve que en el caso de este recurso se trata de  w.b
una  donación  formalizada  en  Cataluña  (cfr.  artículo  10.1  del  Código  Civil),  siendo  547ww
edsep 1e0c iadlem menatyeo r, edleevl aLnibtero l aV p doesli cCióónd iagdoo Cptivaidl ad ep oCra etal llueñgais,l aredloart icvaot aal álons e dne lrae cLheoys  5r/e2a0l0e6s,, 
dqiuceh oto Lmibar oc lVar o(q puaer tcidoon tieenn eu nuan av ireejag uplaocléiómni ccao m(npalteutraa lye zsais tdeem láat idcoan daec ilóan f)i,g tuordaa)  pvaerzt eq duee 
una clara premisa: la donación es un modo de adquirir el dominio; y no un contrato, sino
un acto dispositivo de carácter unilateral (cf. artículo 531-7 del Código Civil de Cataluña). 
Y a ello añade algo no menos importante, pues, según dispone su artículo 531-10, puede 
donar quien tiene capacidad de obrar suficiente para disponer del objeto dado y poder de 
disposición sobre éste.
De todo ello se sigue una inequívoca consecuencia: el bien donado salió del dominio 
de la sociedad donante y pasó al de la Entidad Local ahora recurrente, en tanto que 
aceptó la donación con los efectos que a ello atribuye la legislación sustantiva aplicable 
(artículos 531-7 y 531-8 del Código Civil de Cataluña). Y, al tratarse de un adquirente a 
título gratuito, la protección en su favor –llegado el caso– se diluye enormemente, tal y 
como claramente determinan los artículos 34 de la Ley Hipotecaria; y otros preceptos 
como el artículo 1297, párrafo primero, del Código Civil, o el 227-1 del texto refundido de 
la Ley Concursal (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). Pero 
estas son cuestiones que, de suscitarse, tendrán su momento y lugar en sede judicial, y 
no en sede de una calificación que se refiere –en casos como el presente– a un acto 
dispositivo, para el que la sociedad mercantil disponente está absolutamente legitimada, 
que ha provocado que determinado bien salga de su patrimonio y entre en el de otro.
6.  A todo lo ya expuesto hay que añadir que en el presente caso concurren unas 
especiales circunstancias que no pueden conducir –sino todo lo contrario– a confirmar la 
calificación  negativa  emitida,  cual  es  un  dato  remarcado  en  el  recurso  y  también 
expresamente aludido en la calificación: la sociedad en cuestión está disuelta, liquidada, 
y  canceladas  sus  inscripciones  registrales  en  el  Registro  Mercantil  de  Barcelona 
(inscripción 21.ª, de 21 de febrero de 2018).
Como adecuadamente pone de relieve el recurrente en su escrito: «(…) Se trata ya 
de una sociedad ya extinguida por disolución y liquidación –es decir, no por vía de 
concurso de acreedores–, a través de acuerdo de socio único, y donde el principal 
acreedor que era el propio socio condona su crédito (para poder inscribir la liquidación), 
y al otro acreedor (la Hacienda pública) por un importe irrisorio 246,32 €, se le reserva 
parte del activo para su pago, consignando su importe en una cuenta para que se pague 
cuando proceda, pago que ya ha sido abonado por otra parte (…)». Y como también 
añade, no hay interés alguno que proteger con la no inscripción de la donación, pues no 
existen acreedores que deban protegerse según queda declarado en la escritura de 
liquidación de la sociedad; ni existe ningún socio que se oponga a la donación; la 
sociedad, cuando se liquida, ya no tiene ningún activo; y no hay conflicto alguno ni 
interés de socio por proteger puesto que, en este caso, la garantía del capital frente a 
acreedores y socios queda sustituida, y se fija no por un reparto con cargo a reservas, 
sino por la declaración de los administradores de que todos los acreedores han sido 
satisfechos y resto de requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital para la 
inscripción de la liquidación.
7.  No  puede  olvidarse,  en  cuanto  a  los  efectos  materiales  de  la  escritura  de 
extinción y de su inscripción registral (con el cierre de la hoja social), que tanto la 
jurisprudencia, como este Centro Directivo en diversas resoluciones, han admitido la 
subsistencia  de  la  personalidad  jurídica  de  la  sociedad  extinguida  en  beneficio  de 
posibles terceros o acreedores, o de «reclamaciones pendientes basadas en pasivos 
sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación».
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017, fijando doctrina 
jurisprudencial, admite la capacidad para ser parte procesal de una sociedad anónima 
(promotora de un edificio) extinguida y con su hoja registral cancelada, ante la demanda  e
de responsabilidad por incumplimiento contractual interpuesta por un comprador de un  bo
piso por defectos en la construcción. Esta personalidad procesal de la sociedad extinta  547ww
aselc acnocnes isdue rcau octoam dpea tliibqluei dcaocnió nla y  rneos ppornescaisbail iqduaed  sseo laidnaurliea  edle a sloiesn tsoo cdieo se xhtiansctiaó nd doen dlae 
sociSedeandte yn claia r éesatpae qrtuuera,  tdael  yla c hoomjao  seollcai aml.isma pone de relieve el Tribunal Supremo, pone
fin a algunos procedimientos contradictorios de la Sala que reseña (así, por ejemplo, las
sentencias  números  979/2011,  de  27  de  diciembre,  y  220/2013,  de  20  de  marzo, 
reconocieron capacidad para ser parte a estas sociedades, por entender que pervive su 
personalidad  jurídica,  aunque  sólo  sea  para  atender  a  las  relaciones  jurídicas 
pendientes: «La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles no concluye con la 
formalización  de  las  operaciones  liquidatorias,  sino  cuando  se  agotan  todas  sus 
relaciones  jurídicas,  debiendo,  mientras,  responder  de  las  obligaciones  antiguas  no 
extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas. Por el contrario la sentencia 503/2012, 
de 25 de julio, después de considerar que «la cancelación de los asientos registrales –de 
la sociedad disuelta y liquidada– señala el momento de la extinción de la personalidad 
social», concluye que no cabe demandar a una sociedad que carece de personalidad 
jurídica sin pretender al mismo tiempo que la recobre: «La disolución y la liquidación de 
la sociedad anónima tienen como finalidad fundamental la desaparición de la persona 
jurídica social por medio de un proceso en el cual, a la disolución, sucede el período de 
liquidación y a éste la extinción formal de la sociedad»).
Y sigue añadiendo la citada Sentencia de 2017 que, por otra parte, aunque la 
inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales 
de la sociedad extinguida conlleva, en principio, la pérdida de su personalidad jurídica, 
en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad 
respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían 
haber formado parte de las operaciones de liquidación. A estos efectos, relacionados con 
la liquidación de la sociedad, esta sigue teniendo personalidad, y por ello capacidad para 
ser parte demandada, y estas reclamaciones presuponen que todavía está pendiente 
alguna operación de liquidación.
8.  En  el  presente  supuesto  no  puede  hablarse,  en  modo  alguno,  de  activo 
sobrevenido, que es a lo que conduciría la postura que se mantiene en la calificación de 
llevarse a sus últimas consecuencias, pues está negando validez al acto dispositivo de 
un bien que, conforme tal postura, nunca habría salido del dominio de la sociedad (y, se 
quiera  o  no,  pretender  que  vuelva  ahora  a  ella  formalmente  y  se  deshaga  lo 
supuestamente  «mal  hecho»,  no  parece  razonable);  de  lo  que  se  seguiría  que  la 
liquidación  estaría  incorrectamente  practicada,  e  incorrectos  serían  asimismo  los 
asientos registrales que han reflejado la liquidación y extinción de la sociedad.
Por  lo  demás,  no  procede  terciar  ahora,  siquiera  brevemente,  en  la  polémica 
doctrinal en orden a la naturaleza de la cancelación registral de la sociedad disuelta; esto 
es, si tiene carácter declarativo o constitutivo. Cuestión ciertamente compleja, pues como 
ha puesto de relieve la mejor doctrina, «(…) una sociedad es un contrato y una persona 
jurídica  es  un  patrimonio  organizado.  De  modo  que  la  terminación  del  contrato  de 
sociedad (la «extinción» de la sociedad) y la extinción de la personalidad jurídica (la 
desaparición  del  patrimonio  separado)  son  dos  cuestiones  que  no  tienen  por  qué 
coincidir.  La  sociedad  –el  contrato–  puede  haberse  terminado  pero  el  patrimonio 
separado, subsistir. Si sucede lo contrario, estaríamos ante una sociedad sin patrimonio, 
esto es, ante la sociedad como mero vínculo (la societas romana) o, en terminología 
moderna,  ante  una  sociedad  interna».  Y,  en  esta  línea,  para  algunos  autores,  la 
personalidad  jurídica  de  la  sociedad  liquidada  y  cancelada  no  se  extingue  si  la 
liquidación del patrimonio societario no ha sido completa, esto es, si restan créditos y 
deudas por liquidar. Pero si se analiza ahora lo que la Ley de Sociedades de Capital 
determina sobre el activo sobrevenido –que aquí no es tal–, su artículo 398.1 dispone 
que «cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales los 
liquidadores  deberán  adjudicar  a  los  antiguos  socios  la  cuota  adicional  que  les  e.
corresponda, previa conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario». w.b
Pero en el caso del presente recurso resulta que el acuerdo que aprueba y autoriza  547ww
lsau  rveeazli zqauciieónn,  dael lp aocctoo  tdieismppoos,i tiavcou –edrdoan alac idóins–o lufuceió and yo plitqaudidoa pcoiór ne ld eú nliac os oscoiecidoa, dq,u qeu ees s ea 
rinesaclirdibaed.  Pnoo r deollnoa, dnoo,  ssee egnútnie nlad ec aqluifiéc avceinótna jaim ppoudgrníaa ddae ri–vdaorsnea ddoe  ceonn cfilrumire q, usee eglú bni edne been 
concluirse a juicio de este Centro Directivo–, vuelva a manos del socio único que en su
día adopto el acuerdo de donarlo (a una entidad Pública, adviértase) y luego disolver la 
sociedad.
A no ser que ulterior –y eventualmente– la donación (modo de adquirir el dominio en 
Cataluña) cayera de lleno en alguno de los supuestos legalmente previstos que la harían 
perder por completo su virtualidad traslativa del dominio, y a los que antes se ha aludido; 
pero esa es cuestión que escapa por completo a la calificación registral y entra de lleno 
en el ámbito de lo jurisdiccional. Jurisdicción que, llegado el caso y a través de un 
procedimiento  contradictorio,  podría  estimar,  por  ejemplo,  que  los  efectos  de  la 
cancelación en su día practicada no hubieran ido más allá de la publicidad registral y que 
el bien ha de volver al socio único (algo que no se comparte por este Centro Directivo); o 
que el contrato de sociedad terminó y la personalidad subsiste. Cuestiones que, de 
plantearse, sobrepasan el marco de este recurso y de la calificación registral. Por ello, no 
cabe sino revocar la calificación recurrida.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.