BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190 Martes 10 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 99475
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
13685 Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 
nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley 
del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
PREÁMBULO
I
1.  La Constitución Española, en su artículo 9.2, dispone que «corresponde a los 
poderes  públicos  promover  las  condiciones  para  que  la  libertad  y  la  igualdad  del 
individuo  y  de  los  grupos  en  que  se  integra  sean  reales  y  efectivas;  remover  los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Además, la Constitución, a 
través de los principios rectores de la política social y económica, insta a los poderes 
públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, a promover 
las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad, y recoge 
asimismo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
2.  El artículo 148.1.20 de la Constitución Española establece que las comunidades 
autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social. Al amparo de 
dicho precepto, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en el artículo 10.1, 
apartados 24 y 25, atribuye al Principado de Asturias la competencia exclusiva en 
materia  de  «asistencia  y  bienestar  social,  desarrollo  comunitario  y  actuaciones  de 
reinserción social», y en materia de «protección y tutela de menores», sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación estatal penal, procesal y civil.
3.  Por su parte, el Tratado de la Unión Europea señala entre los objetivos de la 
Unión y los Estados miembros la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una 
protección social adecuada y la lucha contra las exclusiones. En este sentido, y con el fin 
de combatir la exclusión social y la pobreza, el artículo 34 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea «reconoce y respeta el derecho a una ayuda social 
y  a  una  ayuda  de  vivienda  para  garantizar  una  existencia  digna  a  todas  aquellas 
personas que no dispongan de recursos suficientes».
4.  El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó la Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible, en la que se 
establece un plan para alcanzar diecisiete objetivos en quince años, entre los que se 
encuentran acabar con la pobreza, mediante un crecimiento económico inclusivo, con el 
fin  de  crear  empleos  sostenibles  y  de  promover  la  igualdad,  así  como  reducir  las  e.
desigualdades. w.b
5.  En consonancia con estos objetivos, el Parlamento Europeo, el Consejo y la  685ww
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políticas de los Estados miembros: asistencia y apoyo a los niños, protección social,
renta mínima, pensiones y prestaciones de vejez, vivienda y asistencia para personas sin 
hogar y acceso a servicios esenciales como la energía.
6.  La regulación contenida en esta ley se ampara en dichas competencias en 
materia de asistencia social y, además, en la competencia exclusiva en materia de 
«procedimiento administrativo derivado de las especialidades del derecho sustantivo y 
de la organización propia de la Comunidad Autónoma», según el artículo 10.1.33 del 
Estatuto de Autonomía.
II
7.  La normativa vigente en el Principado de Asturias en materia de derechos y 
prestaciones  dirigidas  a  personas  en  situación  de  especial  vulnerabilidad  viene 
determinada por el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de 
febrero,  de  servicios  sociales;  señala  entre  las  funciones  del  sistema  de  servicios 
sociales  del  Principado  de  Asturias  el  desarrollo  de  «actividades  preventivas  para 
promover  la  autonomía  y  superar  las  causas  de  marginación  y  de  exclusión»,  la 
promoción de «la integración social de las personas y de los grupos» y la cobertura de 
las «carencias y satisfacción de necesidades en materia de asistencia social».
8.  Las prestaciones que el artículo 19 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, 
de 24 de febrero, contempla para el desarrollo de las citadas funciones consisten en 
«medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a promover la autonomía de las 
personas», «garantizar la protección de los menores», «medidas de apoyo familiar», 
«medidas  dirigidas  a  garantizar  ingresos  mínimos  y  fomentar  la  inclusión  social», 
«medidas de apoyo, individuales o familiares, en situaciones de emergencia social» y 
«prestaciones económicas».
9.  De las prestaciones mencionadas, únicamente aquellas dirigidas a garantizar 
ingresos mínimos y fomentar la inclusión social han tenido un desarrollo normativo 
específico a través de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de 
salario social básico, que supuso un hito en la normativa vigente hasta entonces, ya que 
desarrolla el derecho de la persona a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de 
forma acorde con la dignidad humana, y establece los medios oportunos de prevención y 
lucha contra la exclusión social.
10.  El resto de medidas, pese a haberse ido consolidando con el transcurso del 
tiempo como instrumentos eficaces para atender situaciones de especial vulnerabilidad, 
se han venido desarrollado a través de distintos planes y programas de subvenciones, 
así como en el ámbito del propio Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales con las entidades locales.
III
11.  Los  cambios  socioeconómicos  producidos  en  la  sociedad  asturiana  como 
consecuencia  de  la  crisis  económica  de  2008  y  la  derivada  de  la  COVID-19,  la 
experiencia  adquirida  en  la  gestión  de  prestaciones  sociales  básicas,  la  falta  de 
desarrollo de sistemas de información uniformes que faciliten el diseño de políticas 
públicas  útiles  y,  a  su  vez,  la  dispersión  y  la  variedad  de  la  normativa  y  de  los 
procedimientos de concesión de prestaciones sociales básicas hacen necesario abordar 
una regulación autonómica en esta materia.
12.  Las  Administraciones  públicas  tienen  que  actuar  en  sus  ámbitos  de 
competencias para la salvaguarda de los distintos principios y derechos de las personas,  e.
tales como: el derecho a la vida y al sustento material, la salvaguarda del superior interés  w.b
de los menores de edad, el uso y disfrute de una vivienda o la garantía de un acceso ágil  685ww
ym asrecnoc dilloon ddee  slaes s iptúears eosntaas l eay , lqous es cisotmembiansa  dtree sp proetrescpceióctniv asos:c idael reench goes nveitraalle. sE, sinteve erssi óenl 
social y el enfoque sobre capacidades.
13.  Transcurridos más de quince años desde la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, el principal instrumento contra la 
pobreza y la exclusión social de la Comunidad Autónoma, son varios los aspectos que 
son abordados en la presente ley, principalmente la necesidad de adaptación a las 
nuevas realidades y la complejidad de su dinámica y procedimiento.
14.  Por otra parte, la Comisión Europea, en su Documento de trabajo de los 
Servicios  de  la  Comisión:  Informe  sobre  España  2016,  con  un  examen  exhaustivo 
relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, publicado 
el 26 de febrero de 2016, recomienda «una mayor eficacia y mayor coordinación entre 
servicios sociales y empleo», siendo este uno de los retos que están afrontando todos 
los Estados y regiones de la Unión Europea, a los que se suma el Principado de Asturias 
a través de la presente ley.
15.  En  paralelo,  pero  íntimamente  relacionado  con  lo  anterior,  la  diversidad 
existente  en  la  gestión  y  tipificación  de  las  ayudas  de  emergencia  social  y  su 
coexistencia con otro tipo de ayudas económicas que han venido surgiendo en los 
últimos años para cubrir determinados gastos específicos (energéticos, familias con 
menores, alquiler de vivienda u otras circunstancias análogas) determinan que esta ley 
sea un instrumento útil para avanzar en la mejora de la definición, compatibilidad e 
integración  de  las  distintas  prestaciones  y  en  la  coordinación  de  las  diferentes 
Administraciones y organismos competentes en dicha gestión.
IV
16.  Teniendo en cuenta estas premisas, la presente ley tiene por objeto garantizar 
la cobertura de las necesidades vitales básicas de las personas que carezcan de los 
recursos  suficientes  en  el  ámbito  del  Principado  de  Asturias,  así  como  facilitar  su 
incorporación  social  y  laboral.  Con  esta  finalidad  se  crea  el  Sistema  Asturiano  de 
Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales (en adelante, el Sistema), entendiendo por 
este el conjunto ordenado e integrado de las prestaciones destinadas a personas en 
situación  de  especial  vulnerabilidad,  consolidando  y  ampliando  aquellas  que  se 
configuran  como  un  verdadero  derecho  subjetivo,  y  regulando  aquellas  otras 
(prestaciones  económicas  o  técnicas)  que  atienden  a  necesidades  concretas 
relacionadas con la existencia de menores a cargo, el acceso a una vivienda digna y 
habitable o con su mantenimiento, entre otras.
17.  En  el  marco  del  Sistema,  el  salario  social  básico,  que  se  erige  como  su 
elemento nuclear y faro del resto de prestaciones, resulta mejorado al modernizarse 
aspectos de su dinámica y procedimiento para agilizar su tramitación y, con ello, su 
eficacia. Asimismo, se garantiza la atención diferenciada a las nuevas realidades a 
través  de  los  denominados  complementos  vitales,  como  prestaciones  económicas 
adicionales que participan del carácter de derecho subjetivo del salario social, destinadas 
a unidades económicas de convivencia independientes con menores o jóvenes a cargo, 
personas  con  discapacidad  o  dependencia  o  con  necesidades  relacionadas  con  el 
alquiler de su vivienda. La entrada en vigor de la presente ley supondrá la derogación de 
la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico.
18.  También  se  configura  como  derecho  subjetivo  la  garantía  para  menores 
acogidos, prestación económica destinada a proporcionar a estos la cobertura de sus 
necesidades  vitales  básicas,  contribuyendo  con  esta  medida  a  hacer  realidad  el 
reconocimiento  legal  de  la  prioridad  del  acogimiento  familiar  sobre  el  acogimiento  s
residencial en el Principado de Asturias. e.
19.  Por último, cierra el conjunto de derechos vitales garantizados el complemento  w.
a las pensiones no contributivas, mediante el cual se garantiza la equiparación de los  685ww
idnegsrteinsaotsa rimasín dimeol ss aldaeri ol asso cpiael nbsáiosniceos  ddee  unmae nmoar necruaa ndtiírae ctcao, ná gloil sy  dsein  ldausp lipceidrasodn daes 
trámites.
20.  La inclusión en el Sistema de las prestaciones vitales garantiza, no ya a través 
de planes o programas coyunturales, sino a través de una regulación programada, 
coordinada, en condiciones de igualdad y eficacia, la cobertura de determinados gastos 
básicos en relación con la población infantil, al acceso y mantenimiento en la vivienda y 
la garantía energética, o la adquisición de otros bienes y servicios de primera necesidad.
21.  Respetando la distribución de funciones entre las Administraciones públicas 
autonómica  y  locales,  estas  prestaciones  pueden  ser  económicas  o  técnicas, 
encontrándose  entre  las  primeras  las  ayudas  de  emergencia  social,  cuya  gestión 
corresponde a los concejos.
22.  Así pues, las prestaciones vitales para familias con menores engloban las 
ayudas  de  emergencia  social  para  sufragar  gastos  relacionados  con  determinadas 
necesidades básicas.
23.  Por último, las prestaciones vitales en materia de vivienda tienen una especial 
relevancia, ya que por primera vez se incluyen diversas prestaciones relacionadas con el 
acceso y permanencia en una vivienda digna y adecuada en el ámbito de los servicios 
sociales. Dentro de estas se incluyen las ayudas al alquiler de vivienda, cuya gestión se 
simplifica al configurarlas de concesión directa; también se recogen como tales las 
ayudas de emergencia social para la vivienda y de garantía energética, y, asimismo, se 
regula la adjudicación de viviendas de titularidad autonómica por causa de emergencia 
social.
V
24.  Desde el punto de vista de la gestión, el Sistema se asienta sobre cuatro pilares 
básicos:  eficiencia,  homogeneizando  conceptos  como  el  de  unidad  económica  de 
convivencia independiente o estableciendo criterios comunes para la determinación de la 
capacidad económica, que facilitan la concesión de las prestaciones y el control de su 
compatibilidad;  agilidad,  modernizando  los  procedimientos  mediante  el  uso  de 
herramientas  útiles  como  la  declaración  responsable,  la  tramitación  simplificada,  el 
régimen  de  concesión  directa  para  las  prestaciones  de  carácter  subvencional  o  la 
Administración  electrónica,  entre  otras;  objetividad,  a  través  del  establecimiento  de 
importes mínimos y de límites de ingresos comunes para las ayudas de emergencia 
social incluidas en el Sistema, y control del gasto público, regulando de manera sencilla, 
pero eficaz, los procedimientos de revisión, suspensión y extinción de las prestaciones, 
así como estableciendo un régimen sancionador propio.
25.  En este sentido, se fija un nuevo sistema de distribución de fondos a los 
concejos para la financiación de las prestaciones vitales que adopten la modalidad de 
ayudas de emergencia social, y que participa de las premisas anteriores de eficiencia, 
agilidad, objetividad y control, al asegurar el uso de indicadores objetivos en el reparto de 
fondos autonómicos, la fluidez de las transferencias y el control de su uso.
26.  Otro  aspecto  fundamental  es  el  de  la  colaboración  y  coordinación  entre 
Administraciones públicas y, para ello, se definen las competencias y funciones de cada 
una, se crea la Comisión Institucional, con participación de representantes de ambas y 
funciones relevantes de cara al desarrollo del Sistema y de su financiación.
27.  Por  último,  se  garantiza  la  participación  social  como  eje  fundamental  del 
Sistema,  mediante  la  posibilidad  de  acordar  con  entidades  sin  ánimo  de  lucro  la 
realización de actividades de incorporación social mediante cualquiera de las fórmulas 
legalmente previstas. s
VI 685www.
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económica de las necesidades básicas de las personas para vivir de forma acorde con la 
dignidad humana como la aplicación de medidas de incorporación social y laboral en 
condiciones de igualdad en todo el territorio asturiano.
29.  De  acuerdo  con  el  principio  de  proporcionalidad,  la  iniciativa  contiene  la 
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera 
coherente  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  en  cumplimiento  del  principio  de 
seguridad jurídica.
30.  En  su  tramitación  se  dio  cumplimiento  al  principio  de  transparencia, 
sometiéndose a la debida publicación en los términos previstos en el artículo 7 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.
31.  Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de 
los recursos públicos.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto garantizar la cobertura de las necesidades vitales de 
las personas que carezcan de los recursos suficientes en el ámbito del Principado de 
Asturias, así como promover la incorporación social y laboral de quienes se encuentren 
en situaciones de vulnerabilidad, mediante la creación de un Sistema Asturiano de 
Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con la colaboración y participación de los 
concejos.
Artículo 2.  Objetivos de la ley.
En el marco de los principios generales del sistema público de servicios sociales del 
Principado de Asturias, son objetivos de la presente ley:
a)  Establecer de manera efectiva los derechos vitales garantizados contemplados 
en esta ley para todas las personas que no dispongan, por sí mismas o en su unidad 
económica de convivencia independiente, de los recursos mínimos necesarios para una 
existencia acorde a la dignidad humana y alejada de la pobreza y la exclusión social, 
atendiendo a situaciones de especial vulnerabilidad que precisen una mayor atención, 
tales como presencia de menores de edad o personas con discapacidad, dificultades de 
acceso a una vivienda digna o a los servicios y suministros básicos o violencia de 
género.
b)  Proporcionar a todos los menores tutelados por el Principado de Asturias la 
cobertura de sus necesidades vitales, contribuyendo con esta medida a la prioridad del 
acogimiento familiar sobre el acogimiento residencial.
c)  Facilitar el acceso y permanencia indefinida en una vivienda digna y asequible, 
con el adecuado acceso a los suministros básicos.
d)  Garantizar la equidad e igualdad en el acceso a las ayudas de emergencia 
social, mediante el establecimiento de unos criterios mínimos comunes.
e)  Establecer cauces de coordinación y colaboración reales, eficaces y efectivos  s
entre las Administraciones públicas competentes en la gestión de las prestaciones del  e.
sistema, de manera que se garanticen unas condiciones básicas en todo el territorio del  w.
Principado  de  Asturias,  así  como  el  establecimiento  de  un  nuevo  mecanismo  de  685ww
finanf)c iaGciaórna natcizoardr ee la d eesretec hfion .de las personas en situación de vulnerabilidad a los apoyos
epdeurscoancaiólinza, dfoorsm ya claió np ayr teicmippalecioó nq ueen  fapvroogrerazmcaans  sinut eingcroarlpeos reanci ómna steorciaia ld ye  lasablourda,l .vivienda,  BOE-A-cable e
TÍTULO I
Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales
CAPÍTULO I
Estructura del Sistema
Artículo 3.  Definición del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones 
Vitales.
El Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales se configura 
como el conjunto ordenado e integrado de las prestaciones que tienen por finalidad 
procurar tanto la cobertura económica de las necesidades vitales como la aplicación de 
medidas de incorporación social y laboral en condiciones de igualdad en todo el territorio 
del Principado de Asturias.
Artículo 4.  Principios del Sistema.
1.  El Sistema se regirá por los principios generales propios del sistema público de 
servicios sociales.
2.  Son principios específicos del Sistema los siguientes:
a)  Igualdad y equidad: las Administraciones públicas competentes deberán procurar 
que el acceso a las prestaciones y a los instrumentos orientados a la incorporación social 
y laboral se realice de forma homogénea, garantizando un mínimo común y sin perjuicio 
de la aplicación de medidas de acción positiva orientadas a personas en situación de 
especial vulnerabilidad.
b)  Cohesión social: se promoverá la colaboración de todos los agentes sociales, 
públicos y privados, así como de la ciudadanía, con el fin de promover la cohesión social 
a través de una mejor redistribución de rentas y de las medidas de incorporación social y 
laboral.
c)  Doble  derecho:  las  personas  tendrán  derecho  tanto  a  acceder  a  medios 
económicos suficientes para hacer frente a las necesidades vitales como a disfrutar de 
apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral.
d)  Eficacia  y  celeridad:  los  procedimientos  administrativos  se  regularán 
garantizando la obtención de los objetivos del Sistema con dinamismo y sin dilaciones 
injustificadas en su tramitación.
e)  Atención preferente: los programas de empleo y formación profesional, salud, 
deshabituación  de  dependencias  adictivas,  compensación  educativa,  educación  de 
personas adultas y acceso a la vivienda incluirán, entre las poblaciones de atención 
preferente, a los destinatarios del Sistema.
Artículo 5.  Componentes del Sistema.
1.  Los  componentes  del  Sistema,  que  podrán  tener  naturaleza  económica  o 
técnica, son los siguientes:
a)  Los derechos vitales garantizados regulados en el título II:
1.º  El salario social básico. e.
2.º  Los complementos vitales. w.b
3.º  Las medidas de incorporación social y laboral. 685ww
45..ºº   LEal  cgoamrapnletíma epnatroa  am leans opreenss aiocnoegsid noos .contributivas de la Seguridad Social.
b)  Las prestaciones vitales que se desarrollan en el título III:
1.ª  Las prestaciones vitales para familias con menores.
2.ª  Las prestaciones vitales para la vivienda.
3.ª  Las prestaciones vitales para otros gastos ordinarios o extraordinarios.
CAPÍTULO II
Elementos subjetivos del Sistema
Artículo 6.  Personas titulares, beneficiarias y destinatarias de las prestaciones.
1.  Se consideran personas titulares aquellas a cuyo nombre se solicitan y conceden 
las prestaciones configuradas como derechos vitales garantizados.
2.  Tienen  la  condición  de  personas  beneficiarias  aquellas  a  cuyo  nombre  se 
solicitan y conceden las prestaciones vitales.
3.  Además de las personas titulares o beneficiarias de las prestaciones, tienen la 
condición  de  personas  destinatarias  aquellas  otras  que  formen  parte  de  la  unidad 
económica de convivencia independiente sobre la base de la cual se concedan.
Artículo 7.  Requisitos generales de las personas titulares y beneficiarias.
1.  Podrán  solicitar  las  prestaciones  del  Sistema  las  personas  mayores  de 
veinticinco años que, empadronadas y/o con residencia efectiva en el Principado de 
Asturias, en los términos que, para cada prestación del Sistema, se establezcan, reúnan 
los siguientes requisitos:
a)  Ser nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o transeúntes en 
las  condiciones  que  reglamentariamente  se  establezcan,  atendiendo  siempre  las 
situaciones  de  emergencia  social,  así  como  los  emigrantes  retornados  y  sus 
descendientes, en los términos establecidos en la presente ley.
b)  Quienes, no siendo nacionales de ningún Estado miembro de la Unión Europea, 
se  encuentren  en  el  Principado  de  Asturias,  así  como  las  personas  refugiadas  y 
apátridas, de acuerdo con lo que se disponga al respecto en los tratados internacionales 
y en la legislación sobre derechos y deberes de los extranjeros, sin perjuicio de lo que se 
establezca reglamentariamente para aquellas personas que se encuentren en situación 
de necesidad.
2.  También podrán solicitar las prestaciones del Sistema las personas mayores de 
edad menores de veinticinco años que, cumpliendo el resto de requisitos exigibles, se 
encuentren en situación de orfandad absoluta, discapacidad en grado reconocido igual o 
superior al cuarenta y cinco por ciento, tengan menores o personas dependientes a su 
cargo, acrediten relación matrimonial o afectiva análoga y permanente, sean víctimas de 
violencia de género o concluyan su estancia en instituciones tutelares de menores por 
límite de edad, en instituciones de reforma de menores o en instituciones penitenciarias y 
cuenten en estos casos con informe social favorable de la Consejería competente en la 
materia.
3.  En  el  supuesto  de  que  en  una  misma  unidad  económica  de  convivencia 
independiente existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular o 
persona beneficiaria, solo podrá concederse la prestación a una de ellas, teniendo  es
preferencia la persona que ostente la patria potestad o, en su defecto, la que cuenta con  bo
menos ingresos. 685ww
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5.  Las personas extranjeras podrán acceder a las ayudas de emergencia social 
incluidas en el Sistema, independientemente de su situación administrativa, atendiendo a 
su consideración de prestaciones sociales básicas.
6.  Para el caso de que en una unidad económica de convivencia independiente 
existan menores de edad, se requerirá, para el reconocimiento, concesión y pago de las 
prestaciones, la escolarización efectiva de los menores a su cargo.
Artículo 8.  Unidad económica de convivencia independiente.
1.  Se entiende por unidad económica de convivencia independiente:
a)  La persona solicitante y, en su caso, quienes vivan con ella en una misma 
vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o análoga relación de afectividad, 
por parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado o afinidad hasta el primer 
grado, así como por adopción o acogimiento familiar.
b)  Dos o más personas que, no estando unidas entre sí por alguno de los vínculos 
previstos en el apartado anterior, viven juntas en una misma vivienda o alojamiento 
debido a situaciones de necesidad.
2.  Cuando  en  una  unidad  económica  de  convivencia  independiente  existan 
personas con hijos o menores acogidos, se considerará que constituyen otra unidad 
económica de convivencia independiente cuando estos sean, en todo caso, menores de 
edad  o  mayores  de  edad  pero  menores  de  veinticinco  años,  siempre  que  estén 
recibiendo formación reglada o para el empleo.
Artículo 9.  Unidades económicas de convivencia independiente especiales.
1.  Excepcionalmente, en situaciones de extrema necesidad, podrá considerarse 
que forman una unidad económica de convivencia independiente especial diferenciada:
a)  Aquellas personas solas o unidades económicas de convivencia que hayan sido 
acogidas temporalmente en su domicilio por otras personas o unidades económicas de 
convivencia independiente, al haberse visto obligadas a abandonar su vivienda habitual 
a consecuencia de una separación, divorcio, lanzamiento judicial, violencia de género o 
en el entorno familiar o causa de fuerza mayor, siempre que estas tengan unos ingresos 
inferiores a la cuantía que se fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales y 
reúnan los siguientes requisitos:
1.º  Imposibilidad  de  la  persona  solicitante  para  acceder  a  una  vivienda  o 
alojamiento propios.
2.º  Inexistencia  de  unión  matrimonial  o  análoga  relación  de  afectividad,  por 
parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado o afinidad hasta el primer grado, 
así como por adopción o acogimiento familiar con las personas convivientes que no 
formen parte de la unidad económica de convivencia independiente.
3.º  Inscripción de la persona solicitante como demandante de una vivienda de 
titularidad pública.
b)  Cada una de las personas que convivan en una vivienda o alojamiento, siempre 
que exista un contrato de arrendamiento compartido debidamente acreditado.
c)  Cada una de las personas que convivan en una residencia colectiva, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. e.
2.  La situación de extrema necesidad se acreditará mediante un informe social, en  685ww
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acreditarse que se mantienen los requisitos y a la que deberá acompañarse un informe
social sobre el seguimiento del programa personalizado de incorporación social y laboral 
establecido en el artículo 48 de la presente ley.
Artículo 10.  Obligaciones generales.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas establecidas para cada prestación del 
Sistema, las personas titulares o beneficiarias estarán obligadas a:
a)  Destinar la prestación económica a los fines establecidos.
b)  Solicitar la baja en la prestación económica en el plazo de un mes a partir del 
momento en que se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.
c)  Proporcionar  a  la  Administración  información  veraz  sobre  las  circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus 
posibles variaciones en el plazo de un mes desde que se produzcan, así como colaborar 
para la verificación de dicha información.
d)  Reintegrar  las  cantidades  indebidamente  percibidas,  que  tendrán  la 
consideración, a todos los efectos, de ingresos de derecho público.
CAPÍTULO III
Elementos objetivos del Sistema
Artículo 11.  Definición de vivienda o alojamiento.
1.  A los efectos de la presente ley, se entenderá por vivienda o alojamiento todo 
ámbito físico utilizado de forma habitual como domicilio por una o más personas que 
conviven de forma independiente, no sometidas a una autoridad o régimen comunes, de 
conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
2.  Reglamentariamente  se  determinarán  los  supuestos  de  marco  físico  de 
residencia colectiva que puedan ser considerados vivienda o alojamiento independiente.
Artículo 12.  Aspectos procedimentales.
1.  Las Administraciones públicas regularán el procedimiento de reconocimiento y 
concesión de las prestaciones objeto de su competencia conforme a la normativa sobre 
procedimiento  administrativo  común,  y,  en  particular,  a  los  principios  de  eficacia  y 
celeridad.
2.  El órgano competente para la concesión de la prestación del Sistema de que se 
trate  podrá  continuar  el  procedimiento  correspondiente  con  arreglo  a  la  tramitación 
simplificada, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Situaciones de riesgo de desprotección de menores.
b)  Situaciones de violencia de género.
c)  Situaciones  de  lanzamiento  judicial  por  ejecución  hipotecaria  o  impago  de 
alquiler de la vivienda habitual.
d)  Situaciones de extrema necesidad.
La acreditación de la concurrencia de una de estas situaciones se realizará conforme 
a la documentación que se determine reglamentariamente, que incluirá, en todo caso, un  s
informe  social  en  los  supuestos  recogidos  en  los  apartados  a)  y  d)  de  la  anterior  oe.
enumeración. w.
3.  En los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin perjuicio de la resolución  685ww
qhuaeb elras eA ndomtiifnicisatdraoc rieósno dluecbióen  deicxtparre, seal  svuepnocnimdriáe netnot ednedl epr ladzeos emstáimxiamdoa sp laarsa  prreesteonlvseior nseins 
por silencio administrativo.
Artículo 13.  Incompatibilidades.
Las  prestaciones  del  Sistema  serán  compatibles  entre  sí,  con  las  siguientes 
excepciones:
a)  El complemento vital al salario social básico a familias con menores y jóvenes es 
incompatible con las ayudas de emergencia para familias con menores.
b)  El complemento vital al salario social básico para alquiler de vivienda, las ayudas 
directas para alquiler de vivienda y las ayudas de emergencia social para la cobertura de 
gastos de alquiler serán incompatibles entre sí.
c)  El complemento a las pensiones no contributivas será incompatible con el salario 
social básico.
Artículo 14.  Límite de acumulación de prestaciones.
El importe global anual de las prestaciones que se concedan en el ámbito del 
Sistema,  excluido  el  salario  social  básico,  no  podrá  exceder  de  la  cuantía  anual 
garantizada que se fije para esta prestación atendiendo al número de miembros de la 
unidad económica de convivencia independiente.
CAPÍTULO IV
Régimen económico de las prestaciones
Artículo 15.  Determinación de la capacidad económica.
1.  Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración de los bienes 
patrimoniales  realizables  y  de  los  recursos  económicos  computables  de  la  unidad 
económica de convivencia independiente para el reconocimiento y concesión de las 
prestaciones del Sistema, por rendimientos del trabajo, del patrimonio, de otros ingresos 
y prestaciones, así como los ingresos finalistas y los bienes esenciales exceptuados de 
dicho cómputo.
2.  Sin  perjuicio  de  las  excepciones  que  puedan  determinarse,  resultarán 
computables  las  ayudas,  subvenciones  o  instrumentos  económicos  análogos 
reconocidas  y  concedidas  a  cualquiera  de  las  personas  que  integran  la  unidad 
económica  de  convivencia  independiente  que  no  se  encuentren  integradas  en  el 
Sistema.
3.  No se computarán para la determinación de la capacidad económica las ayudas, 
subvenciones y prestaciones que tengan carácter puntual, coyuntural o de emergencia 
frente a situaciones de urgencia vital o social.
Artículo 16.  Comprobación de la capacidad económica.
1.  La Consejería competente en la materia o los concejos, en su caso, recabarán 
de las Administraciones públicas la información necesaria para determinar y verificar la 
capacidad económica de las personas interesadas, sin perjuicio de poder requerir en 
cualquier momento la documentación que se señale para cada tipo de prestación.
2.  La presentación de la solicitud de cualquiera de las prestaciones integradas en el 
Sistema contemplará la autorización a la Administración competente para verificar la 
información aportada por los interesados en aquella, mediante la obtención de datos de  es
carácter económico que sobre ellos existan en las distintas Administraciones, registros  o
públicos o cualquier otro organismo competente, salvo que conste en el procedimiento  685ww
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
Artículo 17.  Pago de las prestaciones.
1.  Con  carácter  general,  las  prestaciones  se  abonarán  a  la  persona  titular  o 
beneficiaria,  sin  perjuicio  de  su  aplicación  en  beneficio  del  conjunto  de  la  unidad 
económica de convivencia.
2.  En los supuestos de minoría de edad o de declaración judicial de incapacidad de 
la persona titular, o de la persona beneficiaria, el pago se hará a la persona a la que 
legalmente le corresponda la tutela o representación o a quien estos, a su vez, designen.
3.  Para  el  pago  de  las  prestaciones  no  se  exigirá  estar  al  corriente  de  las 
obligaciones tributarias y con la seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa básica estatal que sea de aplicación, en los términos que se establezcan a lo 
largo de la presente ley para cada una de las prestaciones del Sistema.
Artículo 18.  Reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
1.  Las  Administraciones  públicas  que  hayan  concedido  cualquiera  de  las 
prestaciones del Sistema deberán solicitar el reintegro del importe de las cantidades 
indebidamente percibidas.
2.  Están  obligadas  al  reintegro  de  las  prestaciones  económicas  las  siguientes 
personas:
a)  Las  personas  titulares  de  los  derechos  o  beneficiarias  de  las  prestaciones 
vitales.
b)  Solidariamente,  los  representantes  legales  de  las  anteriores,  cuando  estas 
carecieran de capacidad de obrar.
3.  Para el caso de que los obligados al reintegro sigan siendo perceptores de las 
prestaciones  de  que  se  trate,  las  Administraciones  públicas  podrán  compensar  las 
cantidades indebidamente percibidas con las cantidades devengadas con posterioridad.
4.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público,  resultando  de  aplicación  para  su  cobranza  lo  previsto  en  la  normativa  del 
Principado de Asturias que resulte de aplicación.
Artículo 19.  Inalienabilidad de las prestaciones.
Las prestaciones del Sistema, que deberán destinarse a los fines establecidos para 
cada una de ellas en la presente ley y que se otorgarán en beneficio de todos los 
miembros de la unidad económica de convivencia independiente, serán inalienables y, 
por tanto, no podrán:
a)  Ofrecerse en garantía de obligaciones.
b)  Ser objeto de cesión total o parcial.
c)  Ser  objeto  de  compensación,  excepto  para  el  reintegro  de  las  cantidades 
indebidamente percibidas.
d)  Ser objeto de retención o embargo, excepto en los supuestos y con los límites 
previstos en la legislación básica estatal que resulte de aplicación.
TÍTULO II
Derechos vitales garantizados s
Artículo 20.  Definición y naturaleza jurídica. w.
técn1ic. asL qouse d teierencehno pso vri toablejest og aartaenntdizeard laoss  nsoence esli dcaodnejusn vtoit adlee sp drees ltaasc iopneersso encaosn yó mfaimcailsia sy 
iennd espiteunadciieónnt ed.e vulnerabilidad, sobre la base de la unidad económica de convivencia
2.  Se configuran como derecho subjetivo y pueden ser exigidos a la Administración 
del  Principado  de  Asturias  por  aquellas  personas  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos para su concesión.
3.  Las  prestaciones  configuradas  como  derechos  vitales  garantizados  son 
prestaciones diferenciales, complementarias y subsidiarias de cualquier otro tipo de 
recursos, derechos, rendimientos de bienes y prestaciones económicas previstas en la 
legislación vigente, que pudieran corresponder al titular o a cualquiera de los miembros 
de su unidad económica de convivencia independiente, y que deberán ser reclamados y 
hacerse valer íntegramente con carácter previo a la solicitud.
4.  Tendrán la consideración de derechos vitales garantizados:
a)  El salario social básico.
b)  Los complementos vitales.
c)  Las medidas de incorporación social y laboral.
d)  La garantía para menores acogidos.
e)  El complemento a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
CAPÍTULO I
Salario social básico
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 21.  Definición.
1.  Se entiende por salario social básico la prestación económica periódica dirigida a 
las  personas  que  carezcan  de  recursos  económicos  suficientes  para  cubrir  sus 
necesidades  vitales,  sobre  la  base  de  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente.
2.  La  percepción  del  salario  social  básico  irá  acompañada  de  la  adopción  de 
medidas de incorporación social y laboral.
Artículo 22.  Requisitos de las personas destinatarias.
1.  Las  personas  que  integren  las  unidades  económicas  de  convivencia 
independiente deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  Estar empadronadas en un concejo del Principado de Asturias y tener residencia 
legal, efectiva y sin interrupción por un tiempo no inferior a dos años inmediatamente 
anterior a la formulación de la solicitud, computándose a estos efectos los períodos de 
empadronamiento sucesivos en distintos concejos.
b)  Constituir  una  unidad  económica  de  convivencia  independiente  con  una 
antelación mínima de seis meses.
c)  Carecer  de  recursos  económicos  superiores  a  los  módulos  establecidos 
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales.
d)  Haber solicitado previamente, de las personas y organismos correspondientes, 
las  pensiones  y  prestaciones  vigentes  a  las  que  cualquier  miembro  de  la  unidad 
económica de convivencia independiente tuviera derecho, incluidas las acciones legales 
de reclamación de derecho de alimentos.
e)  Para  las  personas  integrantes  de  la  unidad  económica  de  convivencia  e.
independiente cuya edad, salud y situación familiar les permitan ejercer una actividad  w.
profesional,  la  percepción  de  los  derechos  y  prestaciones  vitales  garantizados  se  685ww
dsuep leod qituaerá  pau elad ab údseqtueermdain aarcsteiv ae nd es ue mprpolegora, mquae p seers aocnraelidziatadroá  dinei ciinaclmorepnotrea,c yió an  rseoscuialtla sy 
laboral, mediante su inscripción como demandantes de empleo.
Quedan exceptuadas del cumplimiento de este requisito las personas mayores de 
sesenta y cinco años y aquellas otras que se determine reglamentariamente.
f)  Comprometerse a acordar el programa personalizado de incorporación social y 
laboral en un plazo no superior a tres meses.
2.  Podrá establecerse el derecho a la percepción del salario social básico por 
personas procedentes de otras comunidades autónomas que fijen su residencia efectiva 
y permanente en el Principado de Asturias, siempre que se encuentren percibiendo en 
ellas una prestación equivalente de garantía de ingresos mínimos, cumplan los requisitos 
que para su percepción estén previstos en la presente ley y se encuentre expresamente 
contemplada la reciprocidad en un instrumento de colaboración entre el Principado de 
Asturias y la comunidad autónoma de procedencia.
3.  Cuando  en  la  unidad  económica  de  convivencia  independiente  convivan 
menores de edad, se excluirá de la misma a aquellas personas que no reúnan los 
requisitos previstos en los apartados anteriores.
Artículo 23.  Excepciones.
1.  No se considerará interrumpido el plazo de dos años de empadronamiento o de 
residencia  efectiva  continuada,  a  que  hace  referencia  el  artículo  anterior,  en  los 
siguientes supuestos:
a)  Traslados inferiores a dos años por motivos formativos o laborales debidamente 
acreditados.
b)  Traslados  derivados  de  situaciones  constatadas  de  violencia  de  género,  de 
tratamientos sociales y sanitarios coordinados de rehabilitación, como consecuencia de 
medidas especiales de protección en procedimientos judiciales o por cumplimiento de 
condena en establecimientos penitenciarios.
2.  No se requerirá residencia efectiva y sin interrupción por un tiempo no inferior a 
dos  años  inmediatamente  anterior  a  la  solicitud  cuando  se  trate  de  emigrantes 
retornados que gocen de la condición política de asturianos, en los términos establecidos 
en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, ni a las personas procedentes 
de otras comunidades autónomas a consecuencia de situaciones de violencia de género 
que sean atendidas por cualquier recurso público destinado a las mismas.
3.  Cuando la persona solicitante de la prestación no estuviera empadronada, podrá 
tramitar la solicitud de la prestación si previamente acredita la residencia efectiva en el 
Principado de Asturias de forma continuada durante el periodo mínimo y se empadrona 
en su concejo de residencia efectiva.
4.  Se determinarán reglamentariamente los documentos que se tendrán en cuenta 
para acreditar la residencia efectiva en el periodo a que se refiere el párrafo anterior, 
que, en todo caso, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Haber sido emitidos y registrados por una Administración pública.
b)  Estar expedidos, registrados o referidos a actos o documentos dentro del periodo 
de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.
Artículo 24.  Importe.
1.  El importe de la prestación del salario social básico cubrirá la cantidad necesaria  s
para completar los recursos de la unidad económica de convivencia independiente hasta  o
aPlrceasanu)z paurPe aslatroa s uc Gnuaae nnsteoíarlaa l epmsee,r nscosounnaa ll,a  ssge sa iergasutniaetbinzlateedcsea cr áoq nuudnei c miosónede usfl:ioje b áasnicuoa.lmente  en  la  Ley  de  2021-13685n https://www.
estabb)l ecPearáran  muóndidualodse sa didceio ncaolensv ipveonr cciaad ac ommiepmuebsrota.s  por  más  de  una  persona,  se  BOE-A-cable e
c)  La cuantía máxima entre el módulo básico y los adicionales no sobrepasará por 
unidad económica de convivencia independiente el ciento sesenta y cinco por ciento del 
módulo básico.
2.  Cuando entre las personas que integren la unidad económica de convivencia 
independiente existan menores en régimen de custodia compartida, el importe de la 
prestación se determinará detrayendo la mitad de la diferencia entre la prestación que 
corresponda  a  dicha  unidad  en  función  del  número  de  sus  integrantes  y  la  que 
correspondería si no hubiese menores en esa situación.
3.  La cuantía mínima de la prestación, en términos de complemento de otros 
ingresos de la unidad económica de convivencia independiente, no será inferior al diez 
por ciento del módulo básico.
4.  La Ley de Presupuestos Generales establecerá, como medida para incentivar el 
empleo, un límite exento de cómputo derivado de las variaciones de ingresos de las 
personas que integren la unidad económica de convivencia independiente provenientes 
de rentas derivadas del trabajo por cuenta propia o ajena y de la participación en planes 
o programas de incorporación sociolaboral, así como un límite exento de cómputo de 
ingresos provenientes de pensiones.
5.  Igualmente, en la Ley de Presupuestos Generales de cada año se establecerán 
los topes de percepción de distintas prestaciones del salario social básico en los casos 
excepcionales en que más de una unidad económica de convivencia independiente 
comparta  residencia  con  otra,  así  como  el  máximo  exento  de  los  ingresos  de  las 
personas que, compartiendo la misma vivienda, no computen como miembros de la 
unidad económica de convivencia independiente.
Artículo 25.  Devengo y pago.
1.  La prestación correspondiente de salario social básico concedido se devengará a 
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, siempre 
que en ese momento se reúnan los requisitos establecidos en la presente ley.
2.  El pago de la prestación económica se efectuará por mensualidades vencidas.
3.  En la primera mensualidad que se abone tras la concesión del derecho al percibo 
de la prestación se incluirán los atrasos correspondientes a los meses devengados hasta 
un importe máximo equivalente a tres mensualidades de la prestación que corresponda 
percibir. Los atrasos devengados que superen este importe se abonarán en la cuantía 
prorrateada en las doce mensualidades subsiguientes a esta primera.
Artículo 26.  Duración.
1.  La  prestación  del  salario  social  básico  se  mantendrá  mientras  la  unidad 
económica  de  convivencia  independiente  reúna  los  requisitos  establecidos  en  la 
presente ley.
2.  La Administración verificará el cumplimiento de los requisitos generales conforme 
al procedimiento de revisión anual que se establezca reglamentariamente, incluyendo la 
evaluación del proceso de incorporación social y laboral.
3.  Las  modificaciones  sobrevenidas  en  el  número  de  miembros  de  la  unidad 
económica de convivencia independiente o en los recursos económicos que hayan 
servido de base para el cálculo de la prestación darán lugar a la revisión del mismo con 
efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se produzca la variación,  s
a excepción de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 29. oe.
4.  A los atrasos que puedan resultar de esta revisión les será de aplicación lo  w.
previsto en el artículo 25. 2021-13685n https://ww
Artículo 27.  Obligaciones específicas.
Las personas destinatarias del salario social básico estarán obligadas a:
a)  Participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el programa 
personalizado de incorporación social y laboral.
b)  Permanecer inscritas como demandantes de empleo y participar activamente en 
las medidas que se pudieran establecer en el itinerario de inserción laboral acordado con 
el Servicio Público de Empleo, para aquellas personas cuya edad, salud y situación 
familiar les permita ejercer una actividad profesional.
Sección 2.ª Concesión y revisión
Artículo 28.  Concesión.
1.  El procedimiento para la concesión del salario social básico, que se iniciará a 
instancia de parte, mediante solicitud, de conformidad con lo establecido en la normativa 
básica estatal que resulte de aplicación, corresponderá a la Consejería competente por 
razón de la materia, sin perjuicio del deber de la Administración del Principado de 
Asturias de mantener la coordinación informativa de los expedientes con los centros de 
servicios sociales.
2.  El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  será  de  tres  meses  desde  la 
presentación de la solicitud.
3.  La fecha de notificación de la resolución que conceda la prestación será la 
relevante a los efectos de cómputo del plazo de tres meses para que el centro de 
servicios sociales proceda, en su caso, a la preparación, negociación y suscripción del 
programa personalizado de incorporación social y laboral.
4.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  supuestos  en  que  el  órgano 
competente  pueda  reconocer  el  derecho  a  percibir  el  salario  social  básico  previa 
declaración responsable.
Artículo 29.  Revisión.
1.  El salario social básico podrá revisarse, de oficio o a instancia de parte, por 
circunstancias sobrevenidas a la concesión que puedan determinar una variación de su 
cuantía,  su  suspensión  o  su  extinción.  Estas  circunstancias  serán,  entre  otras,  las 
siguientes:
a)  Cambios de domicilio.
b)  Modificaciones  en  la  composición  de  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente.
c)  Variaciones de los ingresos declarados en la solicitud.
d)  Cualquier otra modificación en los requisitos tenidos en cuenta en la concesión.
2.  El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  será  de  tres  meses  desde  la 
presentación de la solicitud o el acuerdo de iniciación.
3.  En el caso de que el procedimiento de revisión se inicie como consecuencia de 
la comunicación de variaciones de circunstancias a la que están obligados los propios 
interesados, y transcurra el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, los 
efectos desfavorables que se pudieran derivar de la revisión comenzarán a partir del  es
primer día del mes siguiente a la fecha de su vencimiento. bo
4.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  supuestos  en  que  la  solicitud  de  685ww
rdeevcislaióranc idóenl  ressaplaornios asbolec.ial básico pueda realizarse mediante la presentación de una
Sección 3.ª Suspensión y extinción
Artículo 30.  Suspensión.
1.  El derecho al salario social básico se suspenderá por las siguientes causas:
a)  Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su concesión.
b)  Incumplimiento por parte de la persona titular o de algún miembro de su unidad 
económica de convivencia independiente de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación, y, en particular, por las siguientes causas:
1.º  Negarse a negociar o suscribir un programa personalizado de incorporación 
social o a la búsqueda activa de empleo.
2.º  No cumplir los compromisos asumidos en el marco del programa personalizado 
de incorporación social y laboral.
3.º  No comunicar el cambio de domicilio o el cambio de circunstancias que afecten 
a la prestación en el plazo establecido para ello.
2.  La suspensión del derecho al salario social básico implicará la suspensión del 
pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de 
suspensión y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado 
lugar a la misma, aunque en ningún caso por un periodo continuado superior a doce 
meses, transcurrido el cual el derecho a la prestación se extinguirá.
3.  Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho al salario 
social básico se procederá, de oficio o a instancia de parte, a restablecer de manera 
automática la cuantía que se viniera percibiendo con anterioridad, sin perjuicio de la 
comprobación posterior del cumplimiento de los requisitos para su mantenimiento.
4.  La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que 
hubieran desaparecido las causas que motivaron la suspensión.
Artículo 31.  Suspensión cautelar.
1.  El órgano competente podrá acordar la suspensión cautelar del pago de la 
prestación  cuando  se  hubieran  detectado  en  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente  indicios  de  una  situación  que  implique  la  pérdida  de  alguno  de  los 
requisitos exigidos y resolverá acerca del mantenimiento, suspensión o extinción del 
derecho a la prestación en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la 
adopción de la suspensión cautelar.
2.  En el caso de que se resuelva el mantenimiento de la prestación, se reconocerá 
a la persona titular de la prestación el derecho al cobro de aquellas cantidades dejadas 
de percibir durante la suspensión.
Artículo 32.  Extinción.
El derecho al salario social básico se extinguirá por las siguientes causas:
a)  Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia 
unipersonales.
b)  Renuncia de la persona titular.
c)  Finalización del plazo a que hace referencia el artículo 9.3.
d)  Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su concesión. e.
e)  Prolongación de la suspensión del derecho por plazo superior a doce meses, en  w.
los términos establecidos en el artículo 30.2 de la presente ley. 685ww
fg))   TRraesallaizdaoc idóenf inditeiv ou nfu etrraab daejol  teprorrit otrieiom dpeol  Psruinpceirpioard oa d deo Acset umriaess.es por el que se
perciba una retribución igual o superior al importe de la prestación económica.
h)  Imposición de una sanción administrativa por la comisión de una infracción grave 
o muy grave, en los términos del título VI de la presente ley.
Artículo 33.  Efectos de la suspensión y extinción.
En los supuestos de suspensión y extinción de la prestación, y salvo en los casos en 
que en la unidad económica de convivencia independiente exista otro miembro que 
reúna los requisitos para ser titular del derecho, la Consejería competente en materia de 
servicios sociales deberá adoptar las medidas necesarias para evitar o en su caso 
disminuir al máximo la desprotección de las personas que formen parte de la unidad 
económica de convivencia independiente.
Artículo 34.  Conservación de otras medidas.
1.  La suspensión o extinción de la prestación económica no conlleva el mismo 
efecto respecto de las medidas de incorporación social y laboral.
2.  Los destinatarios de estas últimas podrán seguir beneficiándose de ellas, con el 
fin de promover su inserción social y laboral y prevenir posibles situaciones de exclusión 
social.
CAPÍTULO II
Complementos vitales
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 35.  Definición y naturaleza jurídica.
1.  Los complementos vitales son prestaciones económicas adicionales al salario 
social básico cuyo fin es dar una mejor cobertura a aquellas unidades económicas de 
convivencia  independiente  que  tienen  una  situación  objetiva  o  subjetiva  de  mayor 
vulnerabilidad,  debido  a  la  existencia  de  menores,  personas  con  dependencia  o 
discapacidad o dificultades de acceso y mantenimiento en una vivienda digna.
2.  Serán aplicables las disposiciones del capítulo I del presente título en materia de 
duración, devengo y pago, concesión y revisión, suspensión y extinción.
Artículo 36.  Personas titulares y destinatarias.
1.  Serán titulares de los complementos vitales las personas que tengan reconocido 
el derecho a percibir el salario social básico.
2.  Tendrán la consideración de personas destinatarias de los complementos vitales 
las integrantes de la unidad económica de convivencia independiente que se encuentren 
en la situación de mayor vulnerabilidad que motive la concesión del complemento.
3.  En el caso del complemento vital para alquiler de vivienda, serán personas 
destinatarias todas las que integren la unidad económica de convivencia independiente.
Sección 2.ª Complemento vital a familias con menores y jóvenes
Artículo 37.  Definición.
El complemento vital a familias con menores y jóvenes es una prestación económica  b
adicional  al  salario  social  básico  destinada  a  aquellas  unidades  económicas  de  685ww
convivencia independiente que incluyan personas menores de veinticinco años.
Artículo 38.  Requisitos específicos.
Podrán ser titulares del complemento vital a familias con menores y jóvenes quienes 
tengan reconocido el derecho a percibir el salario social básico y pertenezcan a una 
unidad económica de convivencia independiente en la que existan menores de edad, o 
mayores  de  edad  pero  menores  de  veinticinco  años,  siempre  y  cuando  estos  se 
encuentren recibiendo formación reglada o para el empleo.
Artículo 39.  Importe.
El importe se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales, atendiendo al 
número  de  menores  y  jóvenes  existentes  en  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente.
Sección 3.ª Complemento vital por dependencia o discapacidad
Artículo 40.  Definición.
El complemento vital por dependencia o discapacidad es una prestación económica 
adicional  al  salario  social  básico  destinada  a  aquellas  unidades  económicas  de 
convivencia que incluyan personas dependientes o con discapacidad.
Artículo 41.  Requisitos específicos.
Podrán ser titulares del complemento vital por dependencia o discapacidad quienes 
tengan reconocido el derecho a percibir el salario social básico y pertenezcan a una 
unidad económica de convivencia independiente en la que existan personas que tengan 
reconocida la situación de dependencia o un grado de discapacidad igual o superior al 
cuarenta y cinco por ciento.
Artículo 42.  Importe.
El importe en concepto de complemento vital por dependencia o discapacidad se 
fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales.
Sección 4.ª Complemento vital para el alquiler de vivienda
Artículo 43.  Definición.
El complemento  vital  para el alquiler  de  vivienda  es una prestación económica 
adicional al salario social básico que se dirige a cubrir las necesidades relacionadas con 
la vivienda o alojamiento habitual de la unidad económica de convivencia independiente.
Artículo 44.  Requisitos.
1.  Podrán ser titulares del complemento vital para el alquiler de vivienda quienes 
tengan reconocido el derecho a percibir el salario social básico y se encuentren en la 
necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de vivienda o alojamiento habitual 
derivados de un contrato de alquiler en su calidad de arrendatario.
2.  No podrán ser titulares del complemento vital para el alquiler de vivienda: s
a)  Quienes tuvieran una vivienda en alquiler o en propiedad que se considere  w.b
incluida en alguno de los tipos de vivienda de titularidad pública en los términos previstos  685ww
en lab )l egQisulaiecnióens  vdigisepnutesi eerna ne l ymao dmee unntoa  dveiv liae nsdoalic eitnu dp.ropiedad, salvo aquellas personas
oqturea ss eca huusbaise rqaune v siset od eotbelrimgaindaarsá na  rdeegjalarm seun dtaormiaimcileion thea.bitual por separación o divorcio u
c)  Quienes arrienden una vivienda o alojamiento que no cumpla los requisitos 
mínimos de habitabilidad.
3.  Solo podrá reconocerse un complemento vital por vivienda. En el supuesto de 
que  en  una  misma  vivienda  o  alojamiento  convivieran  dos  o  más  unidades  de 
convivencia, la prestación se otorgará a quien la hubiera solicitado en primer lugar.
4.  El abono del complemento vital para el alquiler de vivienda se mantendrá durante 
el período de suspensión del salario social básico, siempre que no se deba a un 
incumplimiento de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación por parte de la 
persona  titular  o  de  algún  miembro  de  su  unidad  económica  de  convivencia 
independiente y se reúnan los requisitos específicos para su percepción.
Artículo 45.  Obligaciones específicas.
Las personas titulares del complemento vital para el alquiler de vivienda estarán 
obligadas a justificar documentalmente con carácter anual el destino de la prestación.
Artículo 46.  Importe.
1.  La Ley de Presupuestos Generales fijará anualmente el importe máximo en 
concepto de complemento vital para el alquiler de vivienda, así como el coste máximo 
del alquiler de la vivienda objeto de este complemento.
2.  La cuantía mensual a conceder a cada solicitante no podrá superar el cincuenta 
por ciento del gasto acreditado relativo al alquiler de la vivienda. Para el cálculo de la 
cuantía mensual solo se considerará la cantidad referida al alquiler mensual de la 
vivienda, con exclusión de cualquier otro concepto que pueda individualizarse (garaje, 
trastero o gastos de comunidad, entre otros).
3.  El pago de este complemento para el alquiler se realizará mensualmente junto al 
salario social básico.
CAPÍTULO III
Medidas de incorporación social y laboral
Artículo 47.  Definición.
1.  Las medidas de incorporación social y laboral son servicios consistentes en 
apoyos  personalizados  y  programas  integrales  que  favorezcan  la  incorporación  e 
inserción social y laboral de las personas y colectivos en riesgo de exclusión.
2.  Las medidas para favorecer la incorporación social y laboral se desarrollarán 
reglamentariamente mediante:
a)  Programas personalizados de incorporación social y laboral.
b)  Proyectos de inclusión social y laboral.
c)  Plan autonómico de inclusión social.
Artículo 48.  Programa personalizado de incorporación social y laboral.
1.  Con  carácter  general,  para  percibir  el  salario  social  básico  será  necesario 
acordar por escrito un programa personalizado de incorporación social y laboral en el  s
plazo de tres meses desde la fecha de recepción de la notificación de su concesión. e.
2.  Reglamentariamente se establecerán las circunstancias que, por razones de  w.
edad,  dependencia,  estado  físico  o  similar,  permitan  exonerar  de  la  obligación  de  685ww
sreugslcarmipecniótna ridaeml epnrtoeg rsaem afi japreárns onlaasli zacodnod idceio ninecso rdpeo rahcoiómno lsoogcaiaciló yn  ladbeo rlaols.  Adsifiemreisnmteos, 
Aindsmtruinmisetrnatociso ndees  pinútbelricvaesn ccioómn pseotecniatle so e nla lbao mraal teerxiais.tentes  por  parte  de  las  distintas  BOE-A-cable e
3.  El programa personalizado de incorporación social y laboral recogerá los apoyos 
que la Administración facilitará, así como los compromisos de las personas beneficiarias 
en su itinerario de inserción personal, social y laboral, al objeto de prevenir el riesgo de 
exclusión de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
4.  Las acciones susceptibles de incluirse en este programa personalizado podrán 
ser:
a)  Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, bien por cuenta ajena 
o mediante un proyecto de autoempleo.
b)  Acciones  que  permitan  la  adquisición  y  desarrollo  de  habilidades  y  hábitos 
previos para la adquisición de nuevos conocimientos educativos y formativos.
c)  Actividades específicas de formación, reglada o no, o que permitan adecuar el 
nivel formativo de base o las competencias profesionales a las exigencias del mercado 
laboral y del entorno productivo.
d)  Acciones  encaminadas  a  garantizar  la  escolarización  efectiva  de  menores 
pertenecientes a la unidad económica de convivencia independiente.
e)  Acciones encaminadas a promover la estabilidad personal, el equilibrio en la 
convivencia y la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida 
cotidiana.
f)  Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en 
casos en que se requiera un tratamiento médico especializado o se requieran acciones 
específicas de deshabituación de adicciones.
g)  Acciones destinadas a facilitar el proceso de salida e inclusión social de menores 
acogidos en centros de protección, con enfermedad mental, o liberados de instituciones 
penitenciarias o centros de internamiento.
h)  Acciones en el marco de la atención integral y asistencia a las mujeres víctimas 
de  violencia,  y  cuantas  resulten  pertinentes  para  asegurar  su  plena  integración 
sociolaboral y su protección frente al riesgo de pobreza o exclusión.
i)  Acciones destinadas a capacitar digitalmente a las personas destinatarias en su 
relación  con  las  Administraciones  públicas  o  para  el  desarrollo  pleno  de  su  vida 
cotidiana, mediante el uso de nuevas tecnologías.
j)  Cualesquiera otras acciones que faciliten la incorporación social y laboral.
5.  Cuando no se aprecie riesgo de exclusión social, las medidas de incorporación 
social y laboral consistirán en el seguimiento de las medidas propuestas por el Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, en los términos en que se determine 
reglamentariamente.
Artículo 49.  Proyectos de inclusión social y laboral.
1.  Se trata de actividades organizadas dirigidas a la promoción personal, social y 
laboral de un grupo de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión, y 
que podrán ser promovidas por las Administraciones autonómica o local.
2.  Los proyectos podrán incluir o coordinar actuaciones de acompañamiento social, 
desarrollo  de  habilidades  sociales  y  personales,  desarrollo  comunitario,  formación 
ocupacional,  acceso  al  empleo  y  cualesquiera  otras  que  favorezcan  la  inserción 
sociolaboral o la prevención de la exclusión de las personas que participen en él.
3.  Las personas destinatarias del salario social básico tendrán preferencia en la 
participación en estos proyectos. s
4.  La Consejería competente en la materia, de oficio o a solicitud de cualquier  oe.
ediAnnesctltl iuudsrsaiaiadólsa n,rp  iposúro besclvioicaiocal i  adinoli rf oibgpráimrdsivoeicas otd éa aco ,nf  aipdccoeoildli  tdraiáenr  lg lSdaree eiscnrovlcai ocrmairoprí  onddriemae cE oieó mvsnpip tllaeealcob i oqadrule aelil n  Pdtreereirsn élicadsisap  naap dqeeourns edo lleeon lsaA  sPsp trburinoericynaieepscf.aitcdoioas  riddaees    2021-13685n https://www.
Artículo 50.  Plan autonómico de inclusión social.
1.  El  Plan  autonómico  de  inclusión  social,  de  elaboración  periódica  en 
correspondencia con lo establecido para el ámbito de la Unión Europea, recogerá las 
medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y favorecer la inserción social de quienes 
padecen situaciones o riesgo de exclusión, integrando y coordinando las actuaciones de 
los servicios públicos implicados.
2.  El Principado de Asturias prestará su colaboración a los concejos para que estos 
puedan elaborar, solos o de forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de 
servicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los que se recogerán las 
medidas que han de desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales.
CAPÍTULO IV
Garantía para menores acogidos
Artículo 51.  Definición y naturaleza jurídica.
La garantía para menores acogidos es una prestación económica que se configura 
como derecho subjetivo, destinada a prestar apoyo a la persona o personas acogedoras 
mediante la financiación de los gastos de manutención, educación, asistencia sanitaria y 
cualquier otro que redunde en beneficio de dichos menores.
Artículo 52.  Personas titulares y destinatarias.
Son personas titulares y destinatarias de estas prestaciones los menores acogidos, 
que se constituyen en unidad económica de convivencia independiente a estos efectos, 
sin perjuicio de que el órgano competente acuerde el pago de la prestación a la persona 
o personas que los tengan acogidos.
Artículo 53.  Requisitos específicos.
1.  La familia o persona acogedora ha de llevar a cabo el acogimiento de manera 
efectiva y cumpliendo los deberes del mismo.
2.  La garantía para estos menores estará vinculada a la medida de protección y 
requiere de la existencia efectiva de convivencia entre la familia acogedora y el menor, 
sin que sea necesario reunir los requisitos generales previstos en el artículo 7.
Artículo 54.  Fijación del importe.
1.  La cuantía de la garantía para menores acogidos cubrirá la cantidad necesaria 
para completar los recursos del menor hasta alcanzar, como mínimo, el importe fijado 
para el módulo básico del salario social básico.
2.  La cuantía se incrementará en el mismo importe que se fije para el complemento 
vital para personas dependientes o con discapacidad en el caso de que el menor tenga 
reconocida la situación de dependencia o un grado de discapacidad superior al cuarenta 
y cinco por ciento.
Artículo 55.  Concesión.
La garantía para menores acogidos se concederá de oficio, una vez constituido el  e.
acogimiento. w.
Artículo 56.  Devengo y pago.
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mensualidades vencidas.
Artículo 57.  Extinción.
La garantía para menores acogidos se extinguirá por las siguientes causas:
a)  Cese efectivo de la convivencia con la familia acogedora o fin de la medida de 
protección.
b)  Mayoría de edad o emancipación.
c)  Fallecimiento  del  menor  o  de  la  persona  acogedora,  en  caso  de  familias 
monoparentales.
d)  Incumplimiento de las obligaciones inherentes al acogimiento.
e)  No aplicación de la prestación a la finalidad para la que fue concedida.
f)  Falsedad u ocultación de datos determinantes para la concesión de la prestación.
CAPÍTULO V
Complemento a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social
Artículo 58.  Definición y naturaleza jurídica.
El complemento a las pensiones no contributivas es una prestación económica que 
se configura como derecho subjetivo, destinada a las personas titulares de una pensión 
no contributiva que constituyan una unidad económica de convivencia independiente de 
una persona, y que tiene por objeto garantizarles unos ingresos mínimos anuales iguales 
a los que resultarían de la percepción del salario social básico.
Artículo 59.  Personas titulares.
Podrán  percibir  de  este  complemento  económico  las  personas  titulares  de  una 
pensión  no  contributiva  que  constituyan  una  unidad  económica  de  convivencia 
independiente de una persona.
Artículo 60.  Fijación del importe.
1.  El importe del complemento a las pensiones no contributivas cubrirá la cantidad 
necesaria  para  completar  los  recursos  de  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente hasta alcanzar la cuantía mensual garantizada que se fije para el salario 
social  básico  en  su  módulo  básico,  así  como  el  complemento  vital  para  personas 
dependientes o con discapacidad, en su caso.
2.  La cuantía del complemento económico no podrá superar, en ningún caso, el 
límite fijado por la normativa estatal a estos efectos.
Artículo 61.  Concesión.
El complemento a las pensiones no contributivas se concederá, en todo caso, previa 
solicitud de la persona interesada, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
por parte del órgano competente en materia de pensiones no contributivas.
TÍTULO III
Prestaciones vitales
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 62.  Definición.
Las prestaciones vitales son las prestaciones económicas y técnicas que tienen por 
objeto atender necesidades concretas de personas y familias en situaciones de especial 
vulnerabilidad, relacionadas con los menores a su cargo, el acceso y mantenimiento de 
una vivienda digna y habitable o con otros gastos ordinarios o extraordinarios de primera 
necesidad.
Artículo 63.  Modalidades.
Las prestaciones vitales podrán adoptar las siguientes modalidades:
a)  Prestaciones vitales para familias con menores:
1.ª  Ayudas de emergencia social para familias con menores.
b)  Prestaciones vitales para la vivienda:
1.ª  Ayudas directas al alquiler de la vivienda.
2.ª  Ayudas de emergencia social para la vivienda.
3.ª  Ayudas de emergencia social de garantía energética.
4.ª  Adjudicación de vivienda de titularidad autonómica por causa de emergencia 
social.
c)  Prestaciones vitales para otros gastos ordinarios o extraordinarios.
1.ª  Ayudas de emergencia social para otros gastos ordinarios o extraordinarios.
2.ª  Ayudas de apoyo a la intervención.
Artículo 64.  Naturaleza jurídica de las prestaciones económicas vitales.
1.  Las prestaciones económicas vitales tendrán carácter subvencional y finalista, y 
su concesión quedará sujeta a la existencia de crédito consignado para esa finalidad en 
los  Presupuestos  de  las  Administraciones  públicas  competentes.  No  obstante,  el 
Principado  de  Asturias  y  los  concejos,  en  calidad  de  Administraciones  públicas 
competentes,  promoverán  la  asignación,  con  carácter  anual,  de  las  cantidades 
suficientes para hacer frente a los gastos relacionados con las prestaciones vitales.
2.  Las prestaciones económicas vitales tendrán carácter subsidiario o, en su caso, 
complementario de los derechos vitales garantizados, así como de todo tipo de recursos 
y prestaciones económicas que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a los 
miembros de su unidad económica de convivencia independiente.
Artículo 65.  Gestión de las prestaciones económicas vitales.
1.  Las prestaciones económicas configuradas como ayudas directas podrán ser de  b
carácter periódico y se concederán por la Administración del Principado de Asturias  685ww
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atendiendo al interés social y al carácter urgente de las mismas.
3.  Las prestaciones económicas que revistan la modalidad de ayudas de apoyo a la 
intervención podrán tener, de manera excepcional y por causas debidamente justificadas 
relacionadas  con  el  cumplimiento  de  la  medida  de  intervención  a  la  que  estén 
vinculadas, carácter periódico y participan de la naturaleza jurídica de las ayudas de 
emergencia social, siéndoles de aplicación lo dispuesto en relación con las mismas.
4.  Las  personas  beneficiarias  de  las  prestaciones  económicas  vitales  deberán 
justificar documentalmente el destino de las mismas a la finalidad para la que fueron 
concedidas en el plazo establecido en la correspondiente resolución de concesión.
El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente serán 
causa de reintegro.
CAPÍTULO II
Modalidades de las prestaciones vitales
Sección 1.ª Prestaciones vitales para familias con menores
Artículo 66.  Ayudas de emergencia social para familias con menores.
Las ayudas de emergencia social para familias con menores están destinadas a 
aquellas unidades económicas de convivencia independiente que tengan menores de 
edad  a  su  cargo,  cuyos  recursos  resulten  insuficientes  para  hacer  frente  a  gastos 
específicos relacionados de manera directa con su alimentación, salud, educación y ocio, 
siendo su finalidad la de procurar el pleno disfrute de sus derechos.
Sección 2.ª Prestaciones vitales para la vivienda
Subsección 1.ª  Disposiciones comunes
Artículo 67.  Objeto.
1.  Las  prestaciones  vitales  para  la  vivienda  están  destinadas  a  cubrir  las 
necesidades básicas relacionadas con el acceso, mantenimiento y habitabilidad de la 
vivienda o alojamiento habitual de las personas que cumplan los requisitos específicos 
establecidos para el acceso a las mismas.
2.  En  concreto,  las  personas  empadronadas  en  un  concejo  del  Principado  de 
Asturias podrán:
a)  Ser  adjudicatarias  de  una  vivienda  de  titularidad  pública  o  de  empresas  o 
entidades del sector público, en las condiciones previstas en la presente ley.
b)  Acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda, en especial a 
las ayudas al alquiler, cualquiera que sea la Administración que las promueva en el 
territorio del Principado de Asturias y, de manera preferente, a través de un régimen de 
concesión directa.
Artículo 68.  Régimen especial.
Las prestaciones vitales de acceso a la vivienda, a excepción de las configuradas 
como  ayudas  de  emergencia  social,  se  regirán  por  su  normativa  específica  y,  en  s
consecuencia, no les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos II, III y IV del título I. oe.
Subsección 2.ª  Prestaciones económicas para la vivienda
Artículo 69.  Ayudas directas al alquiler de la vivienda.
Las ayudas directas al alquiler de la vivienda están destinadas a facilitar el acceso y 
la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a personas con escasos medios 
económicos.
Artículo 70.  Ayudas de emergencia social para la vivienda.
Las ayudas de emergencia social para la vivienda están destinadas a aquellas 
personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos 
necesarios  para  el  disfrute  y  mantenimiento  de  la  vivienda  o  alojamiento  habitual, 
incluyendo:
a)  Gastos de alquiler.
b)  Gastos de pensión o alquiler de habitaciones.
c)  Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos contraídos con 
anterioridad a la situación de emergencia social como consecuencia de la adquisición de 
una vivienda o alojamiento.
d)  Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o 
alojamiento habitual.
e)  Gastos de la comunidad de vecinos, ordinarios o extraordinarios, o derivados del 
abono del impuesto sobre bienes inmuebles.
Artículo 71.  Ayudas de emergencia social de garantía energética.
1.  Las ayudas de emergencia social de garantía energética están destinadas a 
aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para afrontar gastos específicos 
relativos a los siguientes suministros básicos o instalaciones técnicas esenciales de su 
vivienda habitual:
a)  Electricidad, gas y otras energías.
b)  Carbón, leña, gasóleo, entre otros.
c)  Alta de suministros energéticos tras corte de energía.
2.  En el caso de que el gasto objeto de la ayuda de emergencia social consista en 
una instalación técnica, esta ha de ser esencial, entendiendo por tal aquella que sea 
imprescindible para el suministro de energía o que suponga una mejora sustancial en 
términos de eficiencia energética.
Subsección 3.ª  Adjudicación de viviendas de titularidad autonómica por causa de 
emergencia social
Artículo 72.  Objeto.
1.  La prestación técnica de adjudicación de viviendas por causa de emergencia 
social tiene por objeto procurar el acceso a una vivienda vacante disponible, cuya 
titularidad sea del Principado de Asturias, a aquellas personas que se encuentren en 
situaciones de especial vulnerabilidad. s
2.  Con carácter general, todas las viviendas vacantes disponibles se adjudicarán  e.
según lo determinado en la presente ley. w.
Artículo 73.  Vivienda vacante disponible.
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derecho de cesión o uso en vigor, y que se encuentra en condiciones de habitabilidad y 
apta para ser adjudicada nuevamente.
Artículo 74.  Requisitos específicos.
Podrán ser adjudicatarias de una vivienda vacante de titularidad del Principado de 
Asturias las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Obtener  unos  ingresos  anuales  no  superiores  al  límite  previsto 
reglamentariamente.
b)  No ser titular, ninguna de las personas de la unidad económica de convivencia 
independiente, del derecho de propiedad o de un derecho real de uso o disfrute de una 
vivienda o, en su caso, acreditar la no disponibilidad de uso sobre la misma.
c)  Estar inscrito y en situación de alta como demandante en un programa municipal 
de acceso a vivienda pública.
Artículo 75.  Programas municipales de acceso a vivienda pública.
1.  Las entidades locales donde radique la vivienda vacante deben contar con un 
programa municipal de acceso a vivienda pública, cuyo contenido mínimo se determinará 
reglamentariamente.
2.  Los  programas  municipales  de  acceso  a  vivienda  pública  deben  reunir  los 
siguientes requisitos:
a)  No  podrán  exigir  a  la  persona  solicitante  un  periodo  mínimo  de 
empadronamiento en el municipio.
b)  Deberán garantizar que la persona solicitante que cumpla los requisitos del 
programa permanezca de alta como demandante de vivienda pública en alquiler, al 
menos, un año natural desde la fecha de presentación de la solicitud.
c)  Priorizarán a las personas de alta en el programa en la atención y concesión de 
ayudas, prestaciones y servicios municipales relacionados con la vivienda, en tanto en 
cuanto no accedan como adjudicatarios de una vivienda del Principado de Asturias, 
municipal o de una empresa o entidad del sector público.
Artículo 76.  Fijación del importe de la renta.
El importe de la renta se fijará atendiendo a la capacidad económica de la unidad 
económica  de  convivencia  independiente,  según  lo  que  se  determine 
reglamentariamente.
Artículo  77.  Procedimiento  de  adjudicación  de  viviendas  vacantes  por  causa  de 
emergencia social.
1.  La Consejería competente en materia de vivienda facilitará a los concejos el 
listado de viviendas vacantes disponibles con una periodicidad de carácter mensual.
2.  Desde  que  una  vivienda  vacante  disponible  figure  en  el  listado,  el  concejo 
correspondiente  dispondrá  de  quince  días  hábiles  para  formular  propuesta  de 
adjudicación a la Consejería, que resolverá en el plazo máximo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción completa del expediente.
3.  Junto a la propuesta de adjudicación, enviará la conformidad de la persona o  s
unidad económica de convivencia independiente propuesta y toda la documentación  oe.
necesaria para verificar que cumple los requisitos del artículo 74 y para poder fijar la  w.
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de forma permanentemente desocupada para atender urgencias perentorias.
4.  No se podrá formular ninguna propuesta de adjudicación si no hay vacantes 
disponibles en el concejo.
Sección 3.ª Prestaciones vitales para otros gastos ordinarios o extraordinarios
Artículo  78.  Ayudas  de  emergencia  social  para  otros  gastos  ordinarios  o 
extraordinarios.
1.  Las ayudas de emergencia social para otros gastos ordinarios o extraordinarios 
están destinadas a la adquisición de bienes o servicios de primera necesidad o a la 
atención  de  determinadas  obligaciones  de  pago  no  previstas  por  el  resto  de  las 
prestaciones del Sistema.
2.  Tendrán tal consideración, en todo caso, los siguientes gastos:
a)  Gastos de agua, alcantarillado y residuos sólidos urbanos.
b)  Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la 
unidad  económica  de  convivencia  independiente,  tales  como  vestido,  educación  y 
formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
c)  Gastos  de  endeudamiento  previo  originados  por  la  realización  de  gastos 
necesarios para atender necesidades básicas de la vida.
Artículo 79.  Ayudas de apoyo a la intervención.
Las ayudas de apoyo a la intervención son aquellas destinadas a sufragar los gastos 
inherentes al seguimiento de un programa de intervención para la integración social.
TÍTULO IV
Competencias de las Administraciones públicas y financiación
CAPÍTULO I
Competencias de las Administraciones públicas
Artículo 80.  Competencias de la Administración del Principado de Asturias.
Corresponde  a  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  el  ejercicio  de  las 
siguientes competencias:
a)  La  concesión,  denegación,  modificación,  suspensión,  extinción,  pago  y 
financiación de los derechos vitales garantizados y de las ayudas económicas directas 
para alquiler de vivienda.
b)  La  fijación  del  importe  mínimo  y  del  límite  de  recursos  de  las  ayudas  de 
emergencia social anuales, conforme a lo acordado por la Comisión Institucional del 
Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
c)  El diseño de los programas personalizados de incorporación social y laboral, así 
como su homologación con otros instrumentos.
d)  La planificación, el control y la evaluación general de las medidas contempladas 
en la presente ley.
e)  La gestión y control del sistema de información del Sistema. es
f)  El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los  bo
términos recogidos en la presente ley y normas que la desarrollen. 685ww
g)  Las demás funciones que el ordenamiento jurídico le encomiende.
Artículo 81.  Funciones de los concejos.
Corresponde a los concejos el ejercicio de las siguientes funciones:
a)  La detección de las personas en situación de exclusión y el diagnóstico de sus 
necesidades.
b)  La información general a la ciudadanía sobre los derechos y prestaciones del 
Sistema.
c)  La concesión, denegación, modificación, suspensión, extinción y pago de las 
ayudas de emergencia social del Sistema.
d)  La  fijación  del  importe  y  del  límite  de  recursos  de  las  prestaciones  vitales 
configuradas como ayudas de emergencia social.
e)  La prestación de los servicios de apoyo personalizados previstos en la presente 
ley.
f)  La elaboración y suscripción con las personas beneficiarias de los programas 
personalizados de incorporación social y laboral.
g)  El seguimiento de la participación de las personas incluidas en los programas 
personalizados de incorporación social y laboral.
h)  La comunicación a la Administración del Principado de Asturias de todas las 
circunstancias de que tengan conocimiento que puedan tener incidencia en el importe 
del salario social básico o de su mantenimiento.
i)  La elaboración y aprobación de los programas locales de inclusión social.
j)  El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los 
términos recogidos en la presente ley y normas que la desarrollen.
k)  Las demás funciones que el ordenamiento jurídico les encomiende.
Artículo  82.  Fijación  del  importe  mínimo  y  límite  de  recursos  de  las  ayudas  de 
emergencia social.
1.  La  Consejería  competente  en  la  materia  establecerá  anualmente  el  importe 
mínimo y el límite de recursos correspondiente para las ayudas de emergencia social, 
conforme a lo acordado por la Comisión Institucional del Sistema Asturiano de Garantía 
de Derechos y Prestaciones Vitales.
2.  Los concejos establecerán el importe y el límite de recursos de las ayudas de 
emergencia, atendiendo a los mínimos fijados por la Consejería competente, pudiendo 
mejorar, en todo caso, el nivel de protección garantizado.
3.  Para la fijación del importe mínimo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  El nivel de recursos de las unidades económicas de convivencia independiente.
b)  La cuantía de los gastos específicos realizados o por realizar.
c)  Las disponibilidades presupuestarias.
4.  Para el establecimiento del límite de recursos se tendrá en cuenta el número de 
miembros de la unidad económica de convivencia independiente, así como la cuantía del 
gasto específico a satisfacer.
Artículo 83.  Colaboración y coordinación entre Administraciones.
La Administración del Principado de Asturias desarrollará los procedimientos de 
colaboración y coordinación con los concejos a los efectos de facilitar: s
a)  La comunicación a la Consejería competente en materia de servicios sociales de  w.
las posibles incidencias observadas en el seguimiento de las medidas de incorporación  685ww
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autonómico, a fin de conseguir la inclusión social y laboral de las personas en riesgo de 
exclusión.
c)  El  intercambio  de  información  mutua  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del 
Sistema.
CAPÍTULO II
Financiación
Artículo 84.  Fuentes de financiación.
1.  Las fuentes de financiación del Sistema son:
a)  La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, incorporando, en 
su caso, los créditos que, a tal fin, hubieran sido previstos en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.
b)  Los Presupuestos de los concejos.
2.  La  Administración  del  Principado  de  Asturias  asumirá,  con  cargo  a  sus 
Presupuestos, las siguientes prestaciones:
a)  Los derechos vitales garantizados previstos en el título II.
b)  Las ayudas directas para el alquiler de la vivienda.
c)  Las prestaciones técnicas vitales.
3.  La  Administración  del  Principado  de  Asturias  y  los  concejos  financiarán 
conjuntamente las ayudas de emergencia social incluidas en el Sistema.
4.  Las aportaciones finalistas que pudieran provenir de la Administración General 
del Estado para la financiación de alguna de las prestaciones del Sistema se entenderán 
incluidas en los créditos consignados en la Ley de Presupuestos Generales a ese fin.
Artículo  85.  Distribución  de  aportaciones  destinadas  a  las  ayudas  de  emergencia 
social.
1.  Los créditos de la Ley de Presupuestos Generales destinados a la financiación 
de las ayudas de emergencia social habrán de distribuirse territorialmente entre los 
concejos conforme a criterios objetivos.
2.  El Consejo de Gobierno acordará a comienzos de cada ejercicio los criterios que 
habrán  de  regir  la  distribución  por  concejos,  el  nivel  de  aportación  de  estos  a  su 
financiación y las condiciones de gestión, atendiendo principalmente a indicadores de 
necesidad.
Artículo  86.  Gestión  de  las  transferencias  de  la  Administración  del  Principado  de 
Asturias a los concejos para las ayudas de emergencia social.
1.  Una  vez  acordada  la  distribución  del  crédito  para  financiar  las  ayudas  de 
emergencia  social  del  Sistema  por  parte  del  Consejo  de  Gobierno,  la  Consejería 
competente en la materia procederá a la suscripción o aprobación de los instrumentos 
jurídicos, convenios o resoluciones a través de los cuales se formalicen los compromisos 
financieros  de  ambas  Administraciones  públicas,  según  se  determine 
reglamentariamente. e.
2.  Los créditos que corresponda gestionar a cada concejo se librarán y harán  w.b
efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, sin que  685ww
tdreimbeas ptrreo,d uqcuiers ep omdárás  ehxacceeprsceió ne fae cetsivtoa  ruengala  vqeuze  slae  dheal ypaa gaop rcoobraredsop odnedfiineintitvea male pnrtiem elar 
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se formalicen los compromisos financieros, en los términos previstos en las reglas 
anteriores.
3.  Los importes transferidos a los Concejos tendrán la condición de finalistas, por lo 
que deberán emplearse para la cobertura de gastos asociados al destino específico para 
el que fueron transferidos. En el supuesto de que a 31 de diciembre del ejercicio en que 
se efectúe la transferencia específica no se haya comprometido la totalidad de los 
fondos,  el  exceso  podrá  considerarse  como  remanente  de  tesorería  afectado, 
destinándose a idéntico fin en el ejercicio inmediatamente posterior. En el supuesto en 
que se financie gasto en el ejercicio posterior con cargo a remanentes afectados, el 
importe financiado con cargo a remanentes se descontará de la cuantía que corresponda 
transferir a cada Concejo en el ejercicio de utilización. Si el gasto o actuación a la que 
corresponda el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se 
destinará aquel en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al 
fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se 
reintegrará a la Administración del Principado de Asturias.
4.  Finalizado el ejercicio económico, y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio 
siguiente, los concejos remitirán a la Consejería competente en la materia un estado de 
ejecución  del  ejercicio,  indicando  las  cuantías  totales  de  compromisos  de  créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las 
aplicaciones presupuestarias de la Ley de Presupuestos Generales desde las que se 
realizaron las transferencias de fondos. La información será puesta en conocimiento de 
la Comisión Institucional del Sistema y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos 
de distribución de fondos.
5.  Los concejos que gestionen los créditos a que se refiere el presente artículo 
deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta 
obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales.
TÍTULO V
Órganos de coordinación y participación social
Artículo 87.  Comisión Institucional del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y 
Prestaciones Vitales.
1.  La Comisión Institucional del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y 
Prestaciones  Vitales  se  constituirá  como  máximo  órgano  de  colaboración  entre  las 
Administraciones públicas competentes, con el fin de asegurar la coordinación en las 
diversas actuaciones derivadas de la presente ley.
2.  Reglamentariamente  se  establecerá  la  organización,  funcionamiento  y 
composición  de  la  Comisión  Institucional,  respetando,  en  todo  caso,  la  paridad  de 
representantes por parte de las Administraciones competentes.
3.  La Comisión podrá constituir, siempre que lo estime necesario o conveniente, 
subcomisiones de seguimiento, cuyo ámbito de actuación podrá determinarse en función 
de las necesidades del momento, bien para una determinada área territorial de servicios 
sociales, bien para un determinado tipo de prestación o de actuación.
Artículo 88.  Funciones de la Comisión Institucional.
1.  A  la  Comisión  Institucional  le  corresponderá  el  ejercicio  de  las  siguientes  es
funciones: o
a)  Informar,  con  carácter  previo,  sobre  los  criterios  que  habrán  de  regir  la  685ww
ldai sftinribauncciióanci ópno rd eco lansc eajoyus dya sla ds ec oenmdeicrgioennecsia d seo gcieasl.tión de las cantidades asignadas para
las aby) udDase tdeerm eimnaerr gloesn cimiap soortceias l mpaínriam coasd ya  eelj elírmciicteio m. ínimo de recursos para el acceso a  BOE-A-cable e
c)  Asesorar  en  el  diseño  y  elaboración  de  los  planes  y  proyectos  locales  de 
inclusión social que pudieran derivarse de la presente ley.
d)  Proponer a las distintas Administraciones públicas la adopción de las medidas 
necesarias para la coordinación de sus actuaciones en las materias previstas en esta ley, 
con particular referencia al análisis de los recursos humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de dichas actuaciones.
e)  Las demás funciones que pudieran serle asignadas.
2.  La  Comisión  Institucional  deberá  ser  informada  sobre  los  criterios  para  la 
elaboración de las normas de desarrollo, aplicación y, en su caso, revisión de la presente 
ley.
Artículo 89.  Colaboración de las entidades sin ánimo de lucro.
1.  La  Administración  del  Principado  de  Asturias  promoverá  e  impulsará  la 
participación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en el ámbito de la 
inclusión social en el desarrollo del Sistema, en el marco de lo establecido por la 
Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
2.  Las Administraciones competentes, conjuntamente o con conocimiento mutuo en 
los correspondientes ámbitos territoriales, podrán acordar con entidades sin ánimo de 
lucro que dispongan de los medios adecuados la realización de actividades en materia 
de incorporación social de las personas en situación de vulnerabilidad.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 90.  Sujetos responsables.
Son sujetos responsables las personas titulares de derechos o beneficiarias de las 
prestaciones, así como sus representantes legales para el caso de carecer de capacidad 
de obrar, que cometan las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la 
presente ley.
Artículo 91.  Infracciones.
1.  Constituyen infracciones las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la 
presente ley.
2.  Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del 
oportuno procedimiento.
3.  Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y 
muy graves.
Artículo 92.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  El incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier cambio relativo al 
domicilio de residencia habitual de la persona titular o beneficiaria cuando de dicho  s
cambio no se derivara percepción o conservación indebida de alguna de las prestaciones  e.
previstas. w.
b)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones  685ww
vreitqauleissi toesn  pacuraa leqluloie, rcau adned os dues  dmicohdaasl iadcatdueasc,i oan ess anboie sned ahsu bdieer a qdueer ivnaod os lea  orebútennecnió nlo os 
plae rccoenpsceiórvna icnidóenb pidrae tdeen daildgau noa  cduea lnadso p rdees tadciciohnaess  aecntu caucaionntíeas i nsfeer ihour boi eigrau adl earl ivcaindcou eunntaa   BOE-A-cable e
por ciento de la cuantía máxima del salario social básico que pudiera corresponder con 
carácter  anual  a  una  unidad  económica  de  convivencia  independiente  de  las 
características de la persona presunta infractora.
c)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones 
vitales, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, cuando, obtenido o no 
el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad 
económica de convivencia independiente de la persona presunta infractora dispusiera de 
unos recursos mensuales superiores al ciento cincuenta por ciento e inferiores o iguales 
al doscientos por ciento de la cuantía máxima del salario social básico que pudiera 
corresponder  con  carácter  mensual  a  una  unidad  económica  de  convivencia 
independiente de las características de la persona presunta infractora.
Artículo 93.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones 
vitales, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, cuando de dichas 
actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones 
en cuantía superior al cincuenta por ciento e inferior o igual al cien por ciento de la 
cuantía máxima del salario social básico que pudiera corresponder con carácter anual a 
una unidad económica de convivencia independiente de las características de la persona 
presunta infractora.
b)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones 
vitales, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, cuando, obtenido o no 
el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad 
económica de convivencia independiente de la persona presunta infractora dispusiera de 
unos recursos mensuales superiores al dos cientos por ciento e inferiores o iguales al 
tres cientos por ciento de la cuantía máxima del salario social básico que pudiera 
corresponder  con  carácter  mensual  a  una  unidad  económica  de  convivencia 
independiente de las características de la persona presunta infractora.
c)  El concurso de dos o más infracciones leves se considerará como una infracción 
grave.
Artículo 94.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones 
vitales, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, cuando de dichas 
actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones 
en cuantía superior al cien por ciento de la cuantía máxima del salario social básico que 
pudiera  corresponder  con  carácter  anual  a  una  unidad  económica  de  convivencia 
independiente de las características de la persona presunta infractora.
b)  Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar los derechos o prestaciones 
vitales, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, cuando, obtenido o no 
el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad 
económica de convivencia independiente de la persona presunta infractora dispusiera de 
unos recursos mensuales superiores al tres cientos por ciento de la cuantía máxima del 
salario social básico que pudiera corresponder con carácter mensual a una unidad  e.
económica de convivencia independiente de las características de la persona presunta  w.b
infractora. 685ww
infracc)c ióEnl  mcuoyn cgurarsvoe . de  dos  o  más  infracciones  graves  se  considerará  como  una
Artículo 95.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves descritas en el apartado a) del artículo 93 se sancionarán 
con el apercibimiento a la persona infractora y, en los supuestos de los apartados b) y c), 
con multa en cuantía máxima de 119 euros.
2.  Las infracciones graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 120 
euros a 180 euros; en su grado medio, de 181 euros a 240 euros, y, en su grado 
máximo,  de  241  euros  a  300  euros,  y  con  la  imposibilidad  de  acceder  a  dichas 
prestaciones durante un mínimo de tres meses y un máximo de doce meses.
3.  Las infracciones muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, 
de 301 euros a 1202 euros; en su grado medio, de 1203 euros a 2103 euros, y, en su 
grado máximo, de 2104 a 3005 euros, y con la imposibilidad de acceder a dichas 
prestaciones durante un mínimo de trece meses y un máximo de tres años.
4.  Cuando concurra más de una infracción, se procederá a sancionar solamente la 
más grave de las infracciones cometidas.
5.  Las  sanciones  a  que  se  refiere  este  artículo  se  entienden  sin  perjuicio  del 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 96.  Graduación de las sanciones.
Las sanciones se graduarán en atención a:
a)  La intencionalidad de la persona infractora.
b)  La capacidad real de discernimiento de la persona infractora.
c)  La cuantía económica percibida indebidamente.
d)  El incumplimiento de requerimientos previos por parte de las Administraciones 
públicas competentes.
e)  Las  circunstancias  económicas  y  familiares  de  la  unidad  económica  de 
convivencia independiente.
f)  La  realización  en  el  término  de  un  año,  a  contar  desde  la  comisión  de  la 
infracción calificada, de otra u otras infracciones de la misma o distinta naturaleza que 
hayan sido declaradas firmes por resolución administrativa.
g)  El arrepentimiento y la subsanación de los perjuicios que dieron lugar a la 
iniciación del procedimiento sancionador, siempre que se hubiera producido antes de la 
conclusión de dicho procedimiento.
Artículo 97.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente de acuerdo con lo 
establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común.
Disposición adicional única.  Devolución de ayudas autonómicas a la adquisición de 
vivienda.
1.  Las  personas  beneficiarias  de  ayudas  autonómicas  para  la  adquisición  de 
vivienda  que,  por  las  limitaciones  establecidas  en  la  legislación  especial,  deban 
reintegrar el importe de las citadas ayudas incrementadas con los intereses legales 
desde el momento de la percepción como requisito para la transmisión inter vivos o 
cesión de uso de la vivienda deberán efectuar el ingreso de dicho importe dentro del 
plazo máximo de treinta días naturales desde la elevación a escritura pública del contrato  e
de compraventa o documento de cesión. bo
2.  El  transmitente  de  la  vivienda  y  obligado  al  pago  deberá  comunicar  a  la  685ww
pCúobnlsiceoje erína  elc polmazpoe tmenátxei meon  dme atrteesr iad íadse h ávibviileensd dae slad e fqeuchea s ed per olad ufzircma ala  dmeils mdoac.umento
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los procedimientos iniciados.
1.  A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley no les 
será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
2.  Los procedimientos de revisión iniciados después de su entrada en vigor se 
sustanciarán por las normas establecidas en esta.
3.  Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a su entrada en vigor se 
regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.
Disposición  transitoria  segunda.  Procedimiento  de  revisión  anual  del  salario  social 
básico.
Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente, la revisión anual del salario social 
básico a que hace referencia el artículo 26 se realizará de manera aleatoria sobre una 
muestra de expedientes que anualmente serán seleccionados según los criterios que se 
establezcan mediante resolución de la persona titular de la Consejería competente.
Disposición transitoria tercera.  Uso de la declaración responsable.
1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28, y hasta tanto se determine 
reglamentariamente,  procederá  la  concesión  del  salario  social  básico  mediante  la 
presentación de una declaración responsable en las siguientes circunstancias:
a)  Ausencia de rentas en todas las personas convivientes, formen parte o no de la 
unidad  económica  de  convivencia  independiente,  o  cuando  aquellas  provengan 
exclusivamente de pensiones de la Seguridad Social o de prestaciones del Servicio 
Público de Empleo.
b)  Ausencia  de  patrimonio  en  cualquier  conviviente,  excluyendo  la  vivienda 
habitual.
2.  Asimismo, y en tanto se determine reglamentariamente según lo dispuesto en el 
artículo 29, procederá la revisión del salario social básico mediante la presentación de 
una declaración responsable en todos los supuestos, excepto en aquellos casos en que 
la variación se produzca por las siguientes circunstancias:
a)  Cuando la variación afecte al patrimonio de cualquiera de los convivientes, 
formen parte o no de la unidad económica de convivencia independiente.
b)  Cuando la variación se produzca por causa de separación o divorcio.
3.  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a la declaración responsable, o la no presentación de la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, determinará la extinción del salario social básico desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
a que hubiera lugar, así como la obligación del interesado de reintegrar las cantidades 
indebidamente percibidas.
Disposición transitoria cuarta.  Contenido mínimo del programa municipal de acceso a la 
vivienda.
En tanto se determine reglamentariamente, el programa municipal de acceso a la  e.e
vivienda deberá tener el siguiente contenido mínimo: b
fmaísbuiocnraoidc)sa i pyri U oed ncicyaoh  nliaanós tmr eonincdeuoucmsce,ces piiródúanabc dileóiecnnos  ,sla d ay eq s puíl roeicvs ofa imgpdurooirns e,cu niepn nliaao  sssru  en blteaeáccrseriióicstnooid rsiado ded pe eais nr lamad  edue eevssbitvarleairesrtneo, dgllvaaiair v laaimes.neudqnauicsibi,p leam le epnda isoruas    OE-A-2021-13able en https://
b)  Una descripción de los colectivos o personas de atención prioritaria en materia 
de vivienda pública. Entre ellos, al menos deben figurar:
1.º  Víctimas de violencia de género, residentes en Asturias.
2.º  Personas  o  familias  con  lanzamiento  judicial  por  ejecución  hipotecaria  o 
desahucio de alquiler de su vivienda habitual.
3.º  Personas sin techo o sin alojamiento digno estable.
4.º  Personas con discapacidad sobrevenida debidamente acreditada, con limitación 
funcional y siempre que existan barreras arquitectónicas no subsanables fácilmente.
5.º  Personas  liberadas  de  instituciones  penitenciarias,  que  hubieran  estado 
sometidas a tutela o provenientes de centros de tratamientos terapéuticos.
6.º  Familias con menores a cargo.
c)  Un sistema de baremación objetiva de las distintas circunstancias o prioridades 
de atención y que pueda ordenar por puntuación las solicitudes.
d)  Un sistema de ajuste por idoneidad, en el que se tengan en cuenta el tamaño de 
la  unidad  económica  de  convivencia  independiente  con  respecto  al  tamaño  de  la 
vivienda, el grado de accesibilidad de la vivienda y los problemas de movilidad de 
cualquier persona de la unidad económica de convivencia independiente, el grado de 
inclusión vecinal de la unidad económica de convivencia independiente con la vivienda y 
su entorno, u otras circunstancias análogas.
e)  Una  comisión  de  valoración  de  expedientes  que  realice  propuestas  de 
adjudicación cuando existan vacantes disponibles en el municipio.
f)  Un sistema de transparencia para que cada persona o unidad económica de 
convivencia independiente conozca las viviendas propuestas para adjudicación, con qué 
puntuación y motivos fueron propuestas y su puntuación personal.
Disposición transitoria quinta.  Límite de ingresos anuales para la adjudicación de una 
vivienda vacante por causa de emergencia social.
En tanto se determine reglamentariamente, el límite de ingresos anuales para la 
adjudicación de una vivienda vacante por causa de emergencia social será de 2 veces el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) ponderado según las personas 
de la unidad económica de convivencia independiente. En los supuestos de mujeres 
víctimas de violencia de género, los ingresos anuales no serán superiores a 3 veces el 
IPREM.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo previsto en esta ley.
2.  Queda derogada expresamente la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 
de octubre, de Salario Social Básico.
Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se  habilita  al  Consejo  de  Gobierno  del  Principado  de  Asturias  para  dictar  las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor. es
La presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del  w.
Principado de Asturias». 2021-13685n https://ww
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley, 
coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar.
Oviedo,  30  de  junio  de  2021.–El  Presidente  del  Principado  de  Asturias,  Adrián 
Barbón Rodríguez.
(Publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 133, de 12 de julio de 2021)