BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127045
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16930 Resolución  de  20  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra calificación 
del registrador de la propiedad de Santa Lucía de Tirajana, por la que se 
suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  aceptación  y  partición  de 
herencia.
En el recurso interpuesto por don A. M. S., en nombre y representación de doña M. T. 
F. S., contra la calificación del registrador de la Propiedad de Santa Lucía de Tirajana, 
don Javier de Angulo Rodríguez, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de aceptación y partición de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 15 de febrero de 2021 por el notario de Las 
Palmas de Gran Canaria, don David Gracia Fuentes, con el número 482 de protocolo, se 
formalizó la aceptación y partición de la herencia de don F. D. S., quien falleció el día 28 
de febrero de 2018. Dicho causante, en el testamento que servía de base a la escritura, 
otorgado el día 6 de octubre de 2015, desheredó a sus dos hijos, don G. y doña F. D. F. 
«por la causa establecida en el artículo 853-2.º del Código Civil», legó a sus nietos, don 
M. A. y doña E. O. D. y doña D. C. D.M «lo que por legítima les corresponda» e instituyó 
heredera a su esposa, doña M. T. F. S.
En la escritura, otorgada por la instituida heredera y por los hijos desheredados, se 
expresaba lo siguiente: «III.–Desheredación. Manifiestan los señores comparecientes 
que la causa de desheredación establecida en la cláusula primera del testamento no es 
cierta,  consintiendo  todos  este  extremo;  en  consecuencia,  y  teniendo  presente  las 
disposiciones del referido testamento, han acordado, conforme a lo establecido en el 
artículo 851 Código Civil que la cuota o parte que le corresponde a los hijos –don G. D. 
F. y doña F. D. F. (legitimarios y herederos forzosos)– es la legítima larga».
II
Presentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Santa Lucía de 
Tirajana, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«(…) El Registrador, que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación de 
conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de Reglamento Hipotecario, 
y conforme a lo siguiente:
Hechos:
Han sido presentados en este Registro los documentos anteriormente relacionados 
tendentes a: aceptación y partición hereditaria. e.
Fundamentos de Derecho: 930ww
inveEnnta riraedlaacsi óbna joa l osla ns úmúneircoass  Unfinoc ya sD orsa (driecgainstterasl ese nn .ºe 2s3ta.6 5d9e ym na.rºc a2c3i.ó5n8 6 hdieplo ttéercmariniao, 
municipal de Santa Lucía):
– Habiendo sido desheredados los dos hijos del causante pero interviniendo los 
mismos en el título calificado junto con su madre, y heredera instituida, para manifestar 
no ser cierta la causa de la desheredación y acordar la adjudicación a favor de aquéllos 
de la legítima larga (dos tercios), falta que intervengan y consientan tal extremo los 
descendientes de los desheredados -cuya existencia resulta acreditada mediante el 
propio testamento del causante, en el que lega la legítima a sus nietos M. A. y E. O. D. y 
D. C. D.–. (Arts. 9, 14, 18 LH; 51, 76 y 98 RH; 857 CC; RDGRN del 03/10/2019).
Resuelvo:
Suspender el documento presentado por los motivos dichos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 322 de la Ley Hipotecaria, pongo en su 
conocimiento la nota de calificación del referido documento.
No se ha tomado anotación de suspensión por no haber sido solicitada.
Esta nota, puede (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Javier Angulo 
Rodríguez registrador/a de Registro Propiedad de Santa Lucia de Tirajana a día trece de 
Mayo del año dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. M. S., en nombre y representación de 
doña M. T. F. S., interpuso recurso el día 22 de junio de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba lo siguiente:
«(…) La principal discrepancia contra la calificación cuestionada radica en que el 
artículo 851 del Código Civil es claro al determinar, de forma automática, la anulación de 
la desheredación hecha por causa cuya certeza fuera contradicha o no probada. Así 
pues, equivaliendo la anulación a inexistencia de la desheredación, es por lo que no 
considero necesario, a efectos de inscripción registral, llamar a los descendientes de los 
desheredados para que intervengan y consientan la operación. Lo contrario supondría, 
con ocasión de la petición de inscripción en el Registro de la Propiedad, conceder 
eficacia a una figura jurídica que, desde el origen, no la tiene.
Por último, conviene poner de relieve que tanto la viuda no desheredada –con una 
posición absolutamente neutral y que, al menos a efectos de inscripción parcial, no debió 
afectarle la argumentación del Registrador de la Propiedad– como los desheredados, 
manifestaron que la desheredación era injusta e incierta. Además, téngase presente que 
la desheredada, doña F. D. F., con su firma, admitió al menos de forma tácita en su 
nombre y en la de su estirpe (artículo 156 del Código Civil, en cuanto a doña D. C. D., 
don M. A. y doña E. O. D.), que la sucesión debía ser corregida.
Solicita: Que tenga por presentado recurso gubernativo en la representación que 
ostento, lo admita con sus documentos adjuntos y, en su virtud, revoque la calificación 
negativa identificada en el cuerpo de este escrito, ordenando inscribir la escritura pública 
depositada en el Registro de la Propiedad de Santa Lucía de Tirajana, en los términos 
interesados en la misma.»
IV
Mediante escrito, de fecha de 6 de julio de 2021, el registrador de la Propiedad emitió  bo
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. 930ww
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 658, 806, 814, 850, 851, 853, 857, 885, 1057 y 1058 del Código
Civil; 14, 15 y 18 de la Ley Hipotecaria; 80 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del
Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1995; las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de 
mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de agosto de 1959, 4 de mayo de 1999, 13 de 
septiembre y 12 de noviembre de 2001, 31 de marzo de 2005, 1 de marzo de 2006, 25 
de febrero de 2008, 22 de mayo de 2009, 29 de septiembre de 2010, 6 de marzo y 23 de 
mayo de 2012, 21 de noviembre de 2014, 6 de marzo y 23 de mayo de 2012, 6 de marzo 
de 2013, 6 de mayo y 1 de septiembre de 2016, 25 de mayo de 2017, 2 de agosto y 5 de 
octubre de 2018 y 6 de marzo y 1 y 3 de octubre de 2019, y las Resoluciones de esta 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio y 5 de noviembre 
de 2020 y 28 de enero y 10 de febrero de 2021.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes:
El causante había otorgado testamento en el cual desheredó a sus dos hijos «por la 
causa establecida en el artículo 853-2.º del Código Civil», legó a sus nietos lo que por 
legítima les corresponde e instituyó heredera a su esposa.
En la escritura, otorgada por la instituida heredera y por los hijos desheredados, se 
expresa lo siguiente: «III.–Desheredación. Manifiestan los señores comparecientes que 
la causa de desheredación establecida en la cláusula primera del testamento no es 
cierta,  consintiendo  todos  este  extremo;  en  consecuencia,  y  teniendo  presente  las 
disposiciones del referido testamento, han acordado, conforme a lo establecido en el 
artículo 851 Código Civil que la cuota o parte que le corresponde a los hijos –don G. D. 
F. y doña F. D. F. (legitimarios y herederos forzosos)– es la legítima larga».
El registrador de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en que, a su 
juicio, al haber sido desheredados los dos hijos del causante pero interviniendo los 
mismos en el título calificado junto con su madre, y heredera instituida, para manifestar 
no ser cierta la causa de la desheredación y acordar la adjudicación a favor de aquéllos 
de la legítima larga, falta que intervengan y consientan tal extremo los descendientes de 
los desheredados –cuya existencia resulta acreditada mediante el propio testamento del 
causante, en el que lega la legítima a sus nietos–.
Los  recurrentes  alegan  que,  al  no  probarse  la  certeza  de  la  causa  de  la 
desheredación, los desheredados conservan su legítima (artículo 851 del Código Civil), 
pues la anulación de la desheredación equivale a su inexistencia.
2.  El artículo 851 del Código Civil establece lo siguiente: «La desheredación hecha 
sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o 
que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución 
de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y 
demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima».
Para resolver la concreta cuestión que plantea el registrador en su calificación debe 
recordarse que este Centro Directivo se ha pronunciado recientemente sobre la cuestión 
de la anulación de las disposiciones testamentarias, si bien referida a la existencia de 
preterición, en la Resolución de 2 de agosto de 2018, que ha decidido si en una partición 
es o no necesaria, a efectos registrales, la declaración judicial previa de nulidad del 
testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por causa de 
preterición de alguno de los herederos forzosos y para la determinación del carácter de 
la preterición como errónea o intencional. El criterio mantenido en la citada Resolución 
fue  favorable  a  la  necesidad  de  dicha  declaración  judicial  previa  con  base  en  los  s
argumentos ya expresados por la Resolución de 13 de septiembre de 2001 que afirmó  oe.
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corresponde a la que alega la intencionalidad de la preterición, o, dada la significación de
la no revocación del testamento, al que pretenda su ineficacia».
Estas  Resoluciones  no  contradicen  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo 
(Resoluciones de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de 
mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959) con arreglo a la cual se admite la validez de la 
partición por los herederos sin necesidad de la previa declaración de nulidad de la 
institución  en  el  caso  de  preterición  si  concurre  acuerdo  expreso  entre  todos  los 
herederos (instituidos y preteridos), ya que para prescindir de la correspondiente acción 
judicial de nulidad se exige dicho convenio entre los interesados.
Así, la Resolución de 4 de mayo de 1999, consideró innecesaria la impugnación y la 
previa declaración de herederos abintestato para la validez de una partición efectuada 
por la viuda y el hijo que había sido omitido en el testamento otorgado antes de que 
naciese.
Esta Resolución afirma que: «2. Ciertamente es doctrina reiterada tanto del Tribunal 
Supremo como de esta Dirección General (vid. sentencias de 27 de mayo de 1909, 7 de 
noviembre de 1935; Resoluciones de 20 de mayo de 1948, 30 de junio de 1910, 31 de 
enero de 1913, 10 de mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959), que si bien la preterición 
de alguno de los herederos forzosos en línea recta determina –conforme al artículo 814 
del Código Civil, en su redacción anterior a la reforma de 1981– la nulidad de la 
institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando los 
herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos reconozcan a los 
preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir con ellos no impugnar la 
partición  hereditaria,  y  en  distribuir  y  adjudicar  los  bienes  en  la  proporción  que 
legítimamente les hubiera correspondido, si se hubiere abierto la sucesión intestada, por 
lo que no cabe rechazar la inscripción de la partición en esta forma efectuada, bajo el 
supuesto de no poder concederse validez legal al testamento que lo origina, pues "los 
interesados pueden de común acuerdo prescindir de las disposiciones testamentarias y 
crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia", y, por otra parte, con tal 
proceder  se  subsana  el  descuido  o  imprevisión  del  testador,  se  acata  e  interpreta 
racionalmente su institución presunta, se salvaguardan los derechos de los legitimarios y 
se evitan dilaciones y gastos que pueden consumir buena parte de la propia herencia».
A dicha doctrina se ha referido este Centro Directivo también en relación con la 
desheredación (cfr. Resoluciones de 5 de octubre de 2018, 6 de marzo y 3 de octubre 
de 2019, 5 de noviembre de 2020 y 28 de enero y 10 de febrero de 2021) para recordar 
que es también doctrina reiterada del mismo, respecto de la existencia de legitimarios 
desheredados como motivo de la suspensión de la inscripción, que la privación de 
eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, «a falta de 
conformidad  de  todos  los  afectados»,  una  previa  declaración  judicial  que,  tras  un 
procedimiento contencioso instado por quien esté legitimado para ello, provoque su 
pérdida  de  eficacia  (total  o  parcial);  y  ello  porque  el  principio  constitucional  de 
salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) en 
conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido 
(cfr. artículo 658 del Código Civil), conduce inexorablemente a la necesidad de una 
declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurra en caducidad 
ni en vicios sustanciales de forma (Resolución de 13 de septiembre de 2001).
Por ello, si no hay conformidad de todos los afectados, para que la negación de la 
certeza de la causa de la desheredación prive a ésta de su eficacia debe aquélla 
realizarse ante los tribunales de justicia. El desheredado tiene acción para alegar que no 
es cierta la causa de su desheredación, y la prueba de lo contrario corresponde a los 
herederos del testador (artículo 850 del Código Civil), pero, como afirma el Tribunal  s
Supremo en Sentencia de 31 de octubre de 1995, esta ventaja es de índole procesal, y  oe.
más concretamente de naturaleza probatoria, de modo que los hijos del desheredado  w.
tienen la cualidad de legitimarios sin necesidad de esperar al resultado del proceso  930ww
ijnutdeicrpiaol nyg, ap eolr  deellsoh, eerexidsated oli tpisacroan nseogrcairo l ap acseirvteoz rae sdpee lcat oc adues aa.quéllos en la demanda que
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En el presente caso comparecen y consienten en la escritura los hijos legitimarios 
que  han  contradicho  la  causa  de  desheredación,  y  con  la  heredera  (que  también 
contradice la certeza de la causa de desheredación) han acordado que conserven sus 
derechos legitimarios. Y la cuestión que se ha de resolver ahora es si puede entenderse 
que los otorgantes de dicha escritura constituyen todo el elenco de afectados que tienen 
que dar su conformidad como consecuencia de la privación de la eficacia del contenido 
económico del testamento.
El  artículo  857  del  Código  Civil  establece  que  «los  hijos  o  descendientes  del 
desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos 
respecto a la legítima». Por ello, es doctrina de este Centro Directivo que en los casos en 
que la causa de desheredación haya sido contradicha sin utilizar la vía judicial, los hijos o 
descendientes de los desheredados deben ser considerados como «afectados» a los 
efectos de prestar la conformidad que evite la resolución judicial; y ello porque se 
produce la extinción de su acción para reclamar la legítima, como consecuencia del 
acuerdo sobre la falta de certeza de la causa de desheredación (cfr. Resoluciones de 3 
de octubre de 2019, 5 de noviembre de 2020 y 28 de enero y 10 de febrero de 2021).
Por las razones expuestas, debe confirmarse la calificación impugnada y, como ya 
expresó este Centro Directivo en la citada Resolución de 3 de octubre de 2019, al existir 
descendientes de los desheredados, es necesaria su intervención en las operaciones de 
adjudicación de la herencia.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.