BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Sábado 6 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 26322
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD DE MADRID
3494 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de 
la actividad urbanística.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en 
nombre del Rey, promulgo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en desarrollo de la previsión 
contenida  en  el  artículo  148.1.3.a  de  la  Constitución  Española,  atribuye  a  esta 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de «Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda». En ejercicio de esta atribución, la Comunidad de Madrid dio su 
primera respuesta legislativa completa y propia a través de la actual Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo.
Durante estos años de vigencia de la Ley se han producido numerosos cambios 
normativos  tanto  en  la  legislación  sectorial  como  en  la  normativa  estatal,  que  han 
afectado a la regulación contenida en la referida Ley urbanística madrileña. Dichos 
cambios han supuesto afecciones a la Ley autonómica que, sin suponer variación real de 
la misma, la han alterado y han provocado determinadas lagunas legislativas sobre 
cuestiones no previstas en la vigente Ley. Una de esas cuestiones que actualmente no 
se encuentra convenientemente adaptada en la actual Ley del suelo regional, es la 
relativa a los actos sujetos a licencia urbanística.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se dictó con la intención de 
facilitar el acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio en el ámbito de la Unión 
Europea. Para ello, consagró el principio de simplificación administrativa restringiendo el 
régimen de autorización a los casos previstos expresamente por norma legal con estricta 
observancia de los principios de necesidad, no discriminación y proporcionalidad.
La transposición de esa Directiva a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, supuso la aceptación del principio general de no sujeción de la actividad de 
servicios y su ejercicio al régimen de autorización administrativa y que, de estarlo, habrá 
de ser previa justificación y proporcionalidad. De igual manera y en aras del principio de 
simplificación  administrativa  aceptado,  introdujo  en  nuestro  ordenamiento  la 
comunicación previa y la declaración responsable de la actividad como instrumentos de 
control.
Estos principios fueron acogidos y aplicados por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado, a través del reconocimiento del principio de libre  e.e
acceso a las actividades económicas, entre las que se incluyen las actividades de uso  b
del suelo y edificación, de modo que los controles administrativos mediante licencias y  94ww
ddeec nlaercaecsioidnaeds  yr epsroppoonrscaiobnleasl iddaedb ecroánnf ojrumsteif iscea rdseet eernm lionsa  econr dreicshpao nLdeiye.ntes juicios previos
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artículo 11, con el carácter de legislación básica, al menos, dos parámetros regulatorios a
observar en el ámbito específico de las actividades de uso del suelo y edificación. De un 
lado, el apartado tercero dispone que todo acto de edificación requiere de «conformidad, 
aprobación o autorización administrativa», lo que supone que la legislación autonómica 
puede determinar las técnicas de control administrativo que estimen adecuadas con 
fundamento en el necesario juicio de necesidad y proporcionalidad; y de otro, el apartado 
cuarto expresa el resultado de ese juicio realizado por el Estado en el que se concluye el 
sometimiento  a  licencia  urbanística  de  determinadas  actuaciones,  en  particular,  las 
«obras de edificación, construcción e instalaciones de nueva planta».
A la vista de lo anterior, y observando la actual regulación que la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid de 2001 establece respecto de la intervención administrativa en el 
ámbito de las actividades de uso del suelo y edificación, resulta imprescindible acometer 
su actualización para afrontar con eficacia y eficiencia los nuevos retos del siglo XXI, 
adaptándolo a la senda marcada por la legislación estatal básica descrita, que reconduce 
la utilización de la técnica autorizatoria previa a los supuestos en los que así lo exijan los 
mencionados principios de necesidad y proporcionalidad, lo que supone la reducción de 
gran número de licencias urbanísticas existentes en la actualidad y su sustitución por un 
sistema  de  intervención  administrativa  posterior  a  través  de  las  declaraciones 
responsables, con la consolidación de la colaboración pública-privada en este ámbito 
como garantía de su eficacia, particularmente, en los municipios que han de gestionar un 
elevado número de solicitudes.
Por otro lado, el pronóstico económico esperado para este año 2020 así como para 
los  próximos  ejercicios,  señala  un  claro  deterioro  de  los  indicadores  tanto 
macroeconómicos como sectoriales y de empleo, a raíz de la crisis sanitaria provocada 
por el virus COVID-19. En este sentido, la expectativa de empeoramiento del ritmo de 
crecimiento de la economía española, así como de la economía mundial, auguran la 
concurrencia a corto plazo de una recesión, hecho éste que obliga a tomar decisiones de 
política económica y sectorial con el objetivo de evitar una mayor desaceleración.
Ante una coyuntura económica problemática, la administración autonómica madrileña 
ha  de  poner  especial  énfasis  en  aquellas  reformas  que  mejoren  la  eficiencia  y  la 
competitividad del tejido productivo, contrarrestando con ello los envites de un ciclo 
económico adverso. En este sentido, cabe destacar que la actual regulación de la 
técnica autorizatoria previa, contemplada en la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, 
provoca unos plazos de espera para la realización de actuaciones urbanísticas muy 
dilatados.
Estos plazos tan extensos penalizan a nuestra Comunidad pues, o bien eleva de 
forma  innecesaria  el  coste  que  soporta  todo  tipo  de  actividad  económica  para  su 
desarrollo, o ahuyenta la inversión que puede migrar hacia regiones o países con marcos 
normativos más favorecedores.
En  definitiva,  este  tipo  de  cargas  administrativas  innecesarias  dificultan  la 
supervivencia  de  las  empresas  promotoras  y,  con  ello,  elevan  la  intensidad  de  la 
destrucción de empleo. Por ello, la actuación de los poderes públicos ha de encaminarse 
a  mejorar  la  regulación,  generando  normas  eficientes,  trámites  simplificados  e 
instituciones eficaces, que faciliten el buen funcionamiento de las actividades productivas 
y, por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico.
Para ello, la regulación que mediante esta norma se acomete, modifica el actual 
marco  jurídico  del  régimen  autorizatorio  urbanístico  previo,  recogido  en  la  vigente 
Ley 9/2001 del suelo, revisando los procedimientos de intervención administrativa en los 
actos  de  construcción,  edificación  y  uso  del  suelo  y  manteniendo  básicamente  la  s
necesidad de autorización administrativa previa para aquellos supuestos en los que así  oe.
viene determinado por la normativa básica estatal. w.
Se prioriza el mecanismo de declaración responsable en aquellas actuaciones que,  94ww
ptéocrn sicua  aalcuatnocriez ayt onraiat,u reanle zlaa,  ncoe rtteieznae nd eu n qimuep accoton  seulsloc espeti bpler oddeu cceo nutrnoal  ag taranvaénsc iad e dlae 
competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores
implicados y una mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene en 
estos procesos.
II
La  Ley  se  estructura  en  un  único  artículo  que  determina  la  modificación  de  la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, una disposición transitoria, una derogatoria y tres finales.
El  contenido  del  Anteproyecto  de  Ley  establece  una  nueva  regulación  para  el 
capítulo III del título IV de la Ley 9/2001, de 17 de julio, dedicado a la intervención 
municipal en actos de uso del suelo, construcción y edificación; y a la intervención de 
otras Administraciones Públicas en actos de uso del suelo, construcción y edificación, 
respectivamente.
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este proyecto normativo se 
adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia, en cuanto que la razón de interés 
general  en  que  se  funda  es  la  de  reducir  la  burocracia  en  la  supervisión  de  las 
actuaciones de edificación y uso del suelo.
Del mismo modo, su adopción responde al principio de proporcionalidad, ya que 
únicamente se permite la utilización de las declaraciones responsables en aquellos 
supuestos, actualmente sujetos a previa licencia, en los que se ha valorado, caso por 
caso, que resulta viable y proporcional la utilización de declaraciones responsables.
Se cumple, igualmente, con el principio de seguridad jurídica, habida cuenta que esta 
regulación  permitirá  unificar  el  régimen  de  las  declaraciones  responsables  y  los 
supuestos sujetos a esta forma de control.
Se cumple con el principio de transparencia en cuanto se ha llevado a cabo la 
publicación de la norma en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la región, así como durante su 
tramitación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, al realizar cada 
uno de los dos trámites de información pública, y en el «Boletín Oficial de la Asamblea».
Por otro lado, se hace un esfuerzo legislativo en identificar, supuesto a supuesto, 
todas aquellas actuaciones sujetas a declaración responsable, huyendo de cláusulas 
generales, con el objeto de que todos los ciudadanos y en general actores vinculados 
con el urbanismo, públicos y privados, puedan identificar si la actuación o uso que 
pretenden se sujeta a previa licencia urbanística o a declaración responsable.
Finalmente, se cumple el principio de eficiencia en la medida en que se va a agilizar 
de forma evidente la tramitación de numerosas actuaciones sobre el territorio que, antes 
de  la  entrada  en  vigor  de  este  cambio  legislativo,  se  tramitaban  necesariamente 
mediante procedimientos de licencias.
Artículo único.  Modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid:
Uno.  Se modifica el capítulo III del título IV que queda redactado de la siguiente 
forma: es
«CAPÍTULO III 94ww
Intervención municipal en actos de usos del suelo y edificación»
TDroess..   SEel  asrutípcruimloe 1 l5a1 d qivuiseidóan  rpeodra scetacdcioo neens l odse ls cigaupieítnutloe sI ItIé dreml itnítouslo: IV. BOE-A-cable e
«Artículo 151.  Títulos habilitantes de naturaleza urbanística.
1.  Los actos de construcción y edificación, los de implantación, desarrollo o 
modificación de actividades o cualquier otro acto de uso del suelo requerirán, para 
su  lícito  ejercicio,  de  licencia,  orden  de  ejecución  o  declaración  responsable 
urbanística, en los términos establecidos en esta Ley, sin perjuicio de las demás 
intervenciones públicas exigibles por la legislación que les afecte.
2.  La licencia y la declaración responsable urbanística tienen por finalidad el 
sometimiento de los actos señalados en el apartado anterior al control previo o 
posterior municipal, y a tales efectos se entiende por:
a)  Licencia  urbanística,  el  acto  administrativo  reglado  por  el  que  el 
ayuntamiento  resuelve  autorizar  al  interesado  a  realizar  una  actuación  de 
construcción y edificación, de implantación, desarrollo o modificación de actividad 
o  cualquier  otro  acto  de  uso  del  suelo,  expresando  el  objeto  de  esta,  las 
condiciones y los plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable.
b)  Declaración responsable urbanística, el documento en el que el interesado 
manifiesta bajo su responsabilidad, de forma clara y precisa que la actuación 
urbanística  que  pretende  realizar  cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la 
normativa urbanística y sectorial aplicable a dicha actuación, que dispone de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que la 
pondrá  a  disposición  del  ayuntamiento  cuando  le  sea  requerida, 
comprometiéndose a mantener dicho cumplimiento durante el tiempo que dure la 
realización del acto objeto de la declaración».
Cuatro.  El artículo 152 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 152.  Actos sometidos a licencia urbanística.
Únicamente estarán sujetos a licencia urbanística municipal los siguientes 
actos de uso del suelo, construcción y edificación:
a)  Los movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en 
cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de urbanización, 
edificación o construcción autorizado.
b)  Los actos de edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, con arreglo 
a la normativa general de ordenación de la edificación, precisen de proyecto, salvo 
los recogidos en el artículo 155.e) de esta Ley.
c)  Cualquier  actuación  que  tengan  el  carácter  de  intervención  total  en 
edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter 
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección.
d)  Los actos de parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier 
clase  de  suelo,  salvo  cuando  formen  parte  de  un  proyecto  de  reparcelación 
debidamente aprobado.
e)  Las talas y el trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación 
arbustiva.
f)  La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean  e.e
provisionales o permanentes, en cualquier clase de suelo. b
g)  Las obras y los usos provisionales que se regulan en esta Ley». 94ww
Cinco.  El artículo 153 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 153.  Régimen y alcance de las licencias urbanísticas.
1.  Las licencias urbanísticas se otorgarán de acuerdo con las previsiones de 
la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de resolverlas, 
siempre que su resolución se produzca dentro del plazo legalmente establecido. Si 
se resolvieran fuera de plazo, se otorgarían de acuerdo con la normativa vigente 
en el momento en que se tuvieron que resolver.
2.  Se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros,  salvo  que  afecten  al  dominio  público  o  suelos  patrimoniales  de  la 
Administración Pública. La concesión de la licencia urbanística se entenderá sin 
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean pertinentes por parte del 
ente titular del dominio público, que serán, en todo caso, emitidas con carácter 
previo a la licencia urbanística.
3.  Su obtención, legitima al interesado para la realización de la actuación 
urbanística desde la fecha en que se dicte el correspondiente acto administrativo, 
sin perjuicio de la notificación y de los efectos que se derivan de la misma con 
arreglo a la legislación del procedimiento administrativo común.
4.  Cuando  junto  con  el  proyecto  de  obras  de  edificación  se  presenten 
proyectos parciales, programas de fases constructivas o documentos técnicos 
relativos a elementos autónomos de las obras o instalaciones específicas, podrá 
otorgarse, si ello fuera factible técnicamente, licencia para el primero a reserva de 
la  integración  sucesiva  en  la  misma  por  las  aprobaciones  separadas  de  los 
segundos.
5.  Cuando las obras presenten suficiente complejidad, pero sea clara su 
viabilidad  urbanística  en  conjunto,  podrá  también  convenirse  en  el  seno  del 
procedimiento  y  para  la  preparación  de  la  resolución  sobre  la  licencia,  un 
programa  de  autorización  por  partes  autónomas  de  las  obras,  todas  cuyas 
autorizaciones se entenderán otorgadas bajo la condición legal resolutoria de la 
licencia definitiva. Las autorizaciones parciales legitimarán la ejecución de las 
obras a que se refieran, si así lo especifican».
Seis.  El artículo 154 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 154.  Procedimiento de las licencias urbanísticas.
1.  El procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas se regulará 
en las ordenanzas municipales.
2.  Las licencias urbanísticas se otorgarán conforme a las siguientes reglas:
a)  Las  solicitudes  de  licencia  se  presentarán  acompañadas  del  proyecto 
técnico redactado por profesional competente, de conformidad con la normativa de 
ordenación de la edificación. El proyecto deberá ir visado por el colegio profesional 
correspondiente  en  los  casos  pertinentes,  conforme  a  lo  establecido  en  la 
normativa estatal aplicable.
b)  El  otorgamiento  de  la  licencia  urbanística  irá  precedido  de  los 
correspondientes informes técnico y jurídico, relativos a la conformidad de la 
solicitud  con  la  legalidad  urbanística,  además  de  aquellos  informes  y 
autorizaciones que, de conformidad con otras normas aplicables, sean legalmente  e.
preceptivos. w.b
c)  Cuando  además  de  licencia  urbanística  la  actuación  propuesta  se  94ww
ednec luae ntrtarem istaucjeiótan  ad eco pniterozla as msbeipeanrtaadl,a sse rpáa roab jceatod ad ein rteesrvoelunccióiónn  úandicmai,n sisintr apteivraju. icLioa 
prerosoceludciieórna  dqeunee gpaornlag,a  sfein n oatli ficcoanrátr oall  ainmtebrieesnatadlo  tseinnd nráe cpersiiodraidda dd,e  preosr ollov eqr useo,b rsei 
la licencia urbanística; en cambio, si la resolución ambiental fuera favorable, se 
pasará a resolver sobre la actuación urbanística, notificándose en forma unitaria.
3.  Para el inicio de las obras una vez obtenida la licencia conforme a un 
proyecto  básico,  será  suficiente  con  la  presentación  por  el  interesado  de  la 
declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de ejecución 
desarrolla al básico y no introduce modificaciones sustanciales que supongan la 
realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado.
4.  Las solicitudes de licencia urbanística deben ser resueltas y notificadas a 
los interesados dentro del plazo máximo de tres meses. Dicho plazo empieza a 
computar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro municipal 
y  se  interrumpe  en  los  casos  previstos  en  la  legislación  ambiental  y  de 
procedimiento administrativo común. En especial, cuando para el otorgamiento de 
la licencia sea necesario solicitar informe preceptivo de otra Administración, la 
suspensión no podrá exceder de tres meses y si transcurridos éstos no se hubiera 
evacuado el informe, proseguirá el procedimiento.
5.  El  Ayuntamiento  solo  podrá  formular  un  único  requerimiento  de 
subsanación de deficiencias, y en su caso, mejora, que deberá notificarse al 
interesado dentro del mes siguiente a la presentación.
6.  La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de las licencias 
urbanísticas habrá de ser motivada. Toda resolución por la cual se deniegue la 
concesión de la licencia urbanística solicitada deberá contener explícitamente la 
referencia a las normas o el planeamiento vigente con los que la solicitud esté en 
contradicción.
7.  En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta Ley, 
transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá 
entender  desestimada  su  petición  por  silencio  administrativo,  en  los  términos 
establecidos en la legislación básica estatal».
Siete.  El artículo 155 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 155.  Actos sometidos a declaración responsable urbanística.
Con carácter general estarán sujetos a declaración responsable urbanística 
todos aquellos actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo, 
no recogidos expresamente en los artículos 152 y 160 de la presente Ley, y en 
particular, los siguientes:
a)  Las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y 
sencillez  técnica  que  no  tengan,  de  forma  eventual  o  permanente,  carácter 
residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b)  Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los 
edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema 
estructural,  y  que  no  requieran  la  redacción  de  un  proyecto  de  obras  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  legislación  estatal  de  ordenación  de  la 
edificación.
c)  La primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva 
planta y de las casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en 
general. e.
d)  Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo, salvo  w.b
cuando formen parte de un proyecto de reparcelación debidamente aprobado. 94ww
de 1e2)  dCe ujaulnqiuoi,e rdae  ddein laams izaacctuióanc iodnee sla  raecgtuivlaiddaads  ceonm eel rcmiaalr ceon  dlae  Clao mLeuyn i2d/a2d0 1d2e, 
Madfr)i d.Los cerramientos de parcelas, obras y solares.
g)  Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, siempre 
que no dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-
artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulada a 
través de norma legal o documento urbanístico.
h)  La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior 
visibles desde la vía pública.
i)  Los cambios del uso de los edificios e instalaciones, en tanto no tengan por 
objeto cambiar el uso característico del edificio.
j)  Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
k)  La instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor 
entidad.
l)  La reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos 
que sean suelo urbano.
m)  Los  trabajos  previos  a  la  construcción  tales  como  catas,  sondeos  o 
prospecciones».
Ocho.  El artículo 156 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 156.  Contenido de las declaraciones responsables urbanísticas.
1.  Los  ayuntamientos  regularan  mediante  ordenanza  el  contenido  de  las 
declaraciones  responsables  urbanísticas.  De  igual  forma,  deberán  aprobar 
modelos normalizados de declaración responsable urbanística que deberán estar 
a disposición de los interesados.
2.  No obstante, y en su defecto, el documento de declaración responsable 
urbanística deberá contener:
a)  Los datos previstos en la legislación en materia procedimental para las 
solicitudes de inicio de procedimientos a instancia del interesado.
b)  La identificación de la actuación urbanística a realizar, sus características 
y su ubicación.
c)  Manifestación expresa y bajo su responsabilidad, del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable. En particular deberá manifestarse 
que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún 
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de 
elementos o partes objeto de protección, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico.
De igual forma, deberá manifestarse por el interesado que está en posesión de 
la documentación que acredite el cumplimiento de dicha normativa, y que la 
pondrá  a  disposición  del  ayuntamiento  en  el  caso  de  ser  requerida. 
Voluntariamente podrán aportarse copias de tales documentos.
d)  El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos 
durante el período de tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la 
declaración.
e)  Copia de las autorizaciones emitidas por otras Administraciones que, en 
su caso, fueran exigibles.
f)  Documentación técnica suscrita por técnico competente y visada por el 
colegio  profesional  competente,  cuando  así  venga  exigido  por  la  legislación 
aplicable. s
3.  Las  ordenanzas  municipales  no  podrán  exigir  a  los  solicitantes  la  w.b
presentación de datos y documentos no exigidos por esta Ley u otra normativa  94ww
ahpalyicaanb sleid, oq eulea byoar asdeo esn pcoure enstrteans »e.n poder de las Administraciones Públicas o que
Nueve.  El artículo 157 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  157.  Régimen  y  efectos  de  las  declaraciones  responsables 
urbanísticas.
1.  El  régimen  y  efectos  de  la  declaración  responsable  urbanística  es  el 
establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  sin  perjuicio  de  las 
especialidades contenidas en esta Ley.
La  declaración  responsable  habilita  al  interesado  para  el  ejercicio  de  la 
actuación  pretendida  desde  el  día  de  su  presentación  en  el  registro  del 
ayuntamiento  correspondiente,  sin  perjuicio  de  las  funciones  municipales  de 
comprobación, control e inspección recogidas en la presente Ley.
2.  En el caso de las declaraciones responsables urbanísticas de primera 
ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las casas 
prefabricadas,  así  como  de  los  edificios  e  instalaciones  en  general,  el 
incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto dará lugar al 
régimen previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y 
Rehabilitación Urbana.
3.  El  interesado  podrá,  si  así  lo  estimase  conveniente,  comprobar 
previamente  a  la  presentación  de  la  declaración  responsable  pretendida,  la 
viabilidad urbanística de la actuación, a través de la formulación de una consulta 
urbanística.
4.  En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones 
amparadas  en  una  declaración  responsable  cuando  sean  contrarias  o 
disconformes con la legalidad urbanística aplicable.
5.  Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable 
urbanística requerirán la presentación en el ayuntamiento de una declaración 
complementaria.
6.  Las actuaciones sujetas a declaración responsable urbanística que se 
realicen  sin  su  presentación  se  considerarán  como  actuaciones  sin  título 
habilitante a todos los efectos, aplicándoseles el régimen de protección de la 
legalidad y sancionador previsto en el Título V de esta Ley.
7.  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, 
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  en  la  declaración 
responsable,  determinará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el  ejercicio  de  la 
actuación legitimada, sin perjuicio del resto de responsabilidades conforme a la 
legislación del procedimiento administrativo común. La resolución administrativa 
que declare el cese en el ejercicio del derecho podrá determinar la obligación de 
restituir  la  situación  jurídica  al  momento  previo  del  inicio  de  los  actos  de 
transformación, construcción, edificación y uso del suelo, el subsuelo y el vuelo.»
Diez.  El artículo 158 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  158.  Plazos  y  caducidad  de  las  licencias  y  las  declaraciones 
responsables urbanísticas.
1.  Todos los actos amparados en una licencia urbanística se otorgarán por un  s
plazo determinado tanto para iniciar como para terminar las obras, salvo los  oe.
referidos a usos, que tendrán vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación legal  w.
sdmeeo  meanedtnaetpnotd aelcorisáó  nroe tgdouergl eaandd.a aD ppetoa rcn iouó nnc  opdnlaetez noloe sdr  elea us lntiac bealnñecoci iadp oainsrad  iacin ailccaiisóa nr n leaoxsrmp oraebssr aaqs su yoe b trreeens  e casañtodosas,    2021-3494n https://ww
para su terminación.
2.  Los actos amparados en una declaración responsable urbanística deberán 
ejecutarse dentro de los plazos de inicio de seis meses y de finalización de un año 
desde su presentación.
3.  Los ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de los títulos 
habilitantes por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
previsto,  previa  solicitud  expresa  formulada  por  el  interesado  antes  de  la 
conclusión de los plazos contemplados para el comienzo y para la finalización de 
las obras.
4.  Tanto las licencias como las declaraciones responsables urbanísticas se 
someterán al régimen de caducidad. En este supuesto, el órgano competente 
municipal declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de 
los títulos habilitantes, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e 
incumplidos cualesquiera de los plazos previstos en este artículo para cada uno de 
los distintos títulos habilitantes. La declaración de caducidad extinguirá el título 
habilitante, no pudiéndose iniciar ni proseguir las actuaciones urbanísticas si no se 
solicita y obtiene un nuevo título habilitante ajustado a la ordenación urbanística 
que esté en vigor».
Once.  El artículo 159 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  159.  Procedimiento  de  control  posterior  de  las  declaraciones 
responsables urbanísticas.
1.  Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control 
posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refiere 
las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley.
2.  De conformidad con lo anterior, los ayuntamientos regularan mediante 
ordenanza  el  procedimiento  de  comprobación  posterior  de  los  elementos  y 
circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través de la declaración 
responsable.
No  obstante,  y  en  defecto  de  procedimiento  establecido  al  efecto,  el 
procedimiento de control posterior de las declaraciones responsables se regirá por 
los apartados siguientes.
3.  En el control posterior, se comprobará, en primer lugar, la veracidad de los 
datos y de los documentos aportados, así como el cumplimiento de los requisitos 
formales exigidos.
De apreciarse deficiencias, se procederá a requerir su subsanación durante un 
plazo de diez días, con indicación expresa de que, si no lo hiciera, la declaración 
responsable devendrá ineficaz y se prohibirá el ejercicio de las actuaciones objeto 
de esta. La no subsanación de deficiencias determinará la imposibilidad de llevar a 
cabo las actuaciones declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar.
4.  Se comprobará la conformidad con la normativa aplicable en el plazo 
máximo de tres meses desde la presentación de la declaración responsable, o en 
su caso, desde la presentación de la subsanación de las deficiencias formales.
En el caso de apreciarse incumplimientos o deficiencias esenciales, que no 
sean susceptibles de subsanación, en particular la incompatibilidad de uso o la 
existencia de afecciones a la seguridad o al medio ambiente que generen un grave 
riesgo,  se  ordenará,  previa  audiencia  al  interesado,  la  paralización  de  las  e
actuaciones declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades indicadas en el  bo
apartado anterior. 94ww
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aplicable  en  los  términos  antes  indicados  resultará  en  la  emisión  por  el
ayuntamiento  del  correspondiente  acto  de  conformidad  cuando  ello  fuera 
necesario a los efectos previstos en la legislación que resulte de aplicación. En 
particular,  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  28.1  del  Real  Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
6.  Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, asimismo, se podrá 
ejercer, en cualquier momento, sobre las actuaciones declaradas, las facultades 
inspectoras previstas en esta Ley».
Doce.  El artículo 160 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 160.  Actos no sujetos a título habilitante urbanístico.
No  requerirán  título  habilitante  urbanístico  los  siguientes  actos  de 
transformación, construcción, edificación o uso del suelo, subsuelo o el vuelo:
a)  Las  obras  públicas  y  demás  construcciones  e  instalaciones  eximidas 
expresamente por la legislación sectorial.
b)  Las  obras  de  urbanización  amparadas  en  proyectos  debidamente 
aprobados.
c)  Las  parcelaciones,  agrupaciones,  segregaciones,  modificaciones  o 
cualesquiera otros actos de división de fincas o predios, que hayan sido incluidas 
en proyectos de reparcelación aprobados.
d)  Los actos amparados por órdenes de ejecución municipales, sin perjuicio 
de la necesidad de presentación de proyecto técnico, en su caso.
e)  Las actuaciones urbanísticas promovidas por los municipios en su propio 
término municipal. En estos supuestos, el acuerdo municipal que los autorice o 
apruebe producirá los mismos efectos que la licencia urbanística a los efectos de 
la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
f)  Todas  aquellas  obras  o  actuaciones  urbanísticas  de  menor  entidad 
consistentes en sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local, 
solados,  alicatados,  yesos  y  pinturas,  reparaciones  puntuales  de  cubiertas, 
cornisas, salientes o vuelos, reposición o renovación de instalaciones eléctricas o 
de aires acondicionados, limpieza de solares u otras obras o actuaciones de 
análogas características, sin perjuicio de contar con las autorizaciones necesarias 
para la retirada de residuos o la ocupación de la vía pública, de conformidad con la 
legislación de régimen local».
Trece.  El artículo 161 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 161.  Revocación de títulos habilitantes disconformes sobrevenidamente 
con el planeamiento urbanístico.
1.  Cuando al momento de la entrada en vigor de un nuevo plan o de una 
modificación o revisión del existente, un título habilitante resulte sobrevenidamente 
disconforme con las nuevas determinaciones, el municipio actuará de conformidad 
con las siguientes reglas:
a)  De estar ya iniciada la edificación, podrá revocar el título habilitante, o 
permitir la terminación de las obras, quedando el edificio en situación de fuera de  s
ordenación. o
b)  De no haberse iniciado la edificación, procederá a la revocación del título  w.
habi2li.t anEten. cualquiera de los casos, se requerirá audiencia del interesado y de  2021-3494n https://ww
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Catorce.  El artículo 162 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 162.  Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios.
1.  Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía 
exigirán para la contratación provisional de los respectivos servicios la acreditación 
del título habilitante urbanístico de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley.
2.  El plazo máximo de duración del contrato provisional será el establecido 
en la licencia urbanística para los supuestos sujetos a licencia recogidos en esta 
Ley. Para los supuestos sujetos a declaraciones responsables urbanísticas el 
plazo máximo será de un año de conformidad con el plazo máximo de finalización 
de las actuaciones sometidas a declaración responsable urbanística.
3.  Las empresas citadas en el apartado primero de este artículo y las de 
telecomunicaciones exigirán para la contratación definitiva de los suministros o 
servicios respectivos en edificios o construcciones de nueva planta u objeto de 
obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación el documento que 
acredite  la  presentación  de  la  correspondiente  declaración  responsable  de  la 
primera ocupación ante el ayuntamiento correspondiente».
Quince.  El artículo 163 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 163.  Actos no sujetos a título habilitantes de naturaleza urbanística 
promovidos por otras Administraciones Públicas.
1.  Los  actos  recogidos  en  los  artículos  anteriores,  promovidos  por  la 
Comunidad de Madrid o por entidades de derecho público de ellas dependientes, 
así como por mancomunidades, realizados en ejecución de políticas públicas, y 
sean urgentes o de interés general, se sujetarán al procedimiento previsto en este 
artículo.
2.  La Administración o la entidad de la cual dependa el proyecto de obra o 
instalación  pública  deberá  comunicar  al  ayuntamiento  la  documentación 
acreditativa de la aprobación de dicho proyecto, así como toda la documentación 
técnica, indicando la fecha de comienzo de la actuación, que nunca será inferior a 
un mes. En los supuestos de urgencia o excepcionalidad, dicho plazo podrá 
reducirse a quince días hábiles.
3.  El ayuntamiento dispondrá del plazo dispuesto en el apartado anterior, 
para analizar la actuación pretendida en relación con el planeamiento vigente. 
Transcurrido dicho plazo sin que se evacue el informe se entenderá otorgada la 
conformidad.
4.  En caso de disconformidad expresa, la Administración o entidad de la que 
dependa  el  proyecto  adaptará,  si  es  posible,  su  contenido  a  la  ordenación 
urbanística aplicable, comunicando las rectificaciones hechas al ayuntamiento. De 
no ser posible la adaptación, motivando la urgencia o el interés general de su 
ejecución,  la  Administración  o  la  entidad  de  la  que  dependa  el  proyecto  lo 
comunicará  al  ayuntamiento  y  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
ordenación urbanística, la cual lo elevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
5.  El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre la base de los motivos de 
urgencia o interés general que exige la realización del proyecto, resolverá sobre su  s
ejecución precisando, en su caso, la incoación del procedimiento de modificación  oe.
del  planeamiento  urbanístico,  sin  perjuicio  de  acordar,  si  así  lo  considera,  la  w.
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6.  Por  último,  la  recepción  de  las  obras,  formalizadas  en  un  acta  de
recepción, por la Administración o entidad titular del proyecto sustituirá, a todos los  Bc
efectos, al título habilitante de naturaleza urbanística que requiera la puesta en 
marcha del uso o actividad a que vayan destinadas las obras, edificaciones o 
construcciones llevadas a cabo.
7.  La Administración General del Estado podrá aplicar, para la realización de 
las obras y los servicios de su competencia, el procedimiento previsto en este 
artículo».
Dieciséis.  Se modifica la letra a) del artículo 204.3, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«a)  La  realización  de  actos  y  actividades  de  transformación  del  suelo 
mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin 
la cobertura formal de las aprobaciones, calificaciones, autorizaciones, licencias, 
declaraciones responsables u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo 
las  condiciones  de  las  otorgadas,  salvo  que  se  trate  de  obras  menores,  no 
precisadas legalmente de proyecto técnico alguno y con escasa repercusión en el 
ambiente urbano, rural o natural. De darse esta última salvedad, la infracción 
tendrá carácter de leve.
Tendrán  en  todo  caso  la  condición  de  infracciones  graves  los  actos 
consistentes en movimientos de tierras y extracciones de minerales».
Diecisiete.  Se introduce una nueva disposición adicional tercera cuyo contenido 
queda redactado de la siguiente forma:
«Disposición adicional tercera.  Referencias a los medios de intervención.
Las  referencias  contenidas  en  esta  Ley  a  licencias  deberán  entenderse 
referidas a todos los efectos, al título habilitante de naturaleza urbanística que 
corresponda de conformidad con la regulación contenida en el capítulo III del título 
IV de esta Ley».
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1.  Los  procedimientos  de  solicitud  de  licencia  urbanística  y  de  declaraciones 
responsables urbanísticas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su 
presentación.
2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  interesado  podrá  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desistir de su 
solicitud  de  licencia  y  optar  por  la  presentación  de  una  declaración  responsable 
urbanística.
Disposición derogatoria única.  Derogación por incompatibilidad.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Ley.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas normas  e.
reglamentarias sean precisas para el desarrollo o la ejecución de la presente Ley. w.b
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presente Ley.
2.  No obstante el plazo de adaptación previsto en el apartado anterior, la aplicación 
de la nueva regulación se producirá desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan 
guardar.
Madrid, 8 de octubre de 2020.–La Presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
(Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251, de 15 de octubre de 2020)