BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Viernes 26 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 23297
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
2977 Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición 
en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión 
fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAPÓN PARA ELIMINAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR 
LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES
El Reino de España y Japón,
Con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su 
cooperación en materia tributaria,
Con la intención de concluir un Convenio para eliminar la doble imposición en 
relación con los impuestos sobre la renta sin generar oportunidades de no imposición o 
de imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales (incluida la práctica de la 
búsqueda del Convenio más favorable que persigue la obtención de los beneficios 
previstos  en  este  Convenio  para  el  beneficio  indirecto  de  residentes  de  terceros 
Estados),
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1.  Personas comprendidas.
1.  El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados contratantes.
2.  A  los  efectos  de  este  Convenio,  la  renta  obtenida  por  una  entidad  o  un 
instrumento jurídico considerados total o parcialmente transparente a efectos fiscales de 
acuerdo con la normativa interna de cualquiera de los Estados contratantes, o a través 
de ellos, se considerará percibida por un residente de un Estado contratante, pero 
únicamente en la medida en que
(a)  dicha renta se trate, a los efectos de la fiscalidad de ese Estado contratante, 
como renta de un residente del mismo; y
(b)  dicha entidad o instrumento jurídico se haya establecido conforme al Derecho de
(i)  cualquiera de los Estados contratantes; o
(ii)  un tercer Estado que:
(aa)  tenga en vigor un acuerdo que contenga disposiciones para el intercambio de 
información en materia tributaria con el Estado contratante del que procede la renta; y
(bb)  que  la  entidad  o  el  instrumento  tengan  la  consideración  de  totalmente 
transparente de acuerdo con la normativa fiscal interna de ese tercer Estado.
Lo dispuesto en este apartado no se interpretará en ningún caso en el sentido de  es
restringir  las  potestades  tributarias  de  los  Estados  contratantes  respecto  de  sus  o
residentes. 77www.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
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2.  Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 
elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes, los impuestos sobre los importes totales de sueldos o salarios 
pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica el Convenio son, en particular:
(a)  en Japón:
(i)  el impuesto sobre la renta;
(ii)  el impuesto sobre la renta de sociedades;
(iii)  el impuesto especial sobre la renta para la reconstrucción; y
(iv)  el impuesto local sobre la renta de sociedades
(denominados en lo sucesivo «impuesto japonés»);
(b)  en España:
(i)  el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
(ii)  el Impuesto sobre Sociedades; y
(iii)  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(denominados en lo sucesivo «impuesto español»).
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido 
en sus respectivas legislaciones fiscales.
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos de este Convenio, a menos que el contexto lo determine de otro 
modo:
(a)  el término «Japón», utilizado en sentido geográfico, significa la totalidad del 
territorio de Japón, incluyendo su mar territorial, en el que están vigentes las leyes 
relativas al impuesto japonés, y las áreas exteriores al mar territorial, incluyendo el fondo 
marino y su subsuelo, sobre los que, con arreglo al derecho internacional, Japón tiene 
derechos de soberanía y en los que están vigentes las leyes relativas al impuesto 
japonés;
(b)  el  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el 
espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con 
arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerce o puede ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del 
fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
(c)  los términos «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan 
España o Japón, según el contexto;
(d)  el  término  «persona»  comprende  las  personas  físicas,  las  sociedades  y 
cualquier otra agrupación de personas;
(e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad  es
que se considere persona jurídica a efectos impositivos; bo
(f)  el término «empresa» se aplica al ejercicio de toda actividad económica; 77ww
cEcoosnntatt(rrdgaao)tt aa nnclottoeesn»; t trésairgtmanniinftieoc sa ny«,  erumenspapr eecsetamiv dapemre eusnant  eEe, sxutpanldaoo tea cmdoapn rterpasotaar  neutxenp» lo yrtea «sdeiadm epnpotrree  usnad  erdele slio dotertorno t eEE dssettaa uddnoo    OE-A-2021-29able en https://
(h)  el término «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 
buque o aeronave salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente entre 
puntos situados en un Estado contratante y la empresa que explota el buque o aeronave 
no sea una empresa de ese Estado contratante;
(i)  el término «autoridad competente» significa:
(i)  en Japón, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
(ii)  en España, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
(j)  el término «nacional», en relación con un Estado contratante, significa:
(i)  toda persona física que posea la nacionalidad de ese Estado contratante; y
(ii)  toda  persona  jurídica,  sociedad  de  personas  (partnership)  o  asociación 
constituida conforme a la legislación vigente en ese Estado contratante;
(k)  el  término  «actividad  económica»  incluye  la  prestación  de  servicios 
profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente;
(l)  el término «fondo de pensiones reconocido» de un Estado contratante significa 
una entidad o instrumento jurídico establecido conforme al Derecho de ese Estado 
contratante  que,  conforme  a  la  legislación  fiscal  de  ese  Estado  contratante,  es 
considerado como persona separada y:
(i)  que  se  haya  creado  y  se  explote  exclusiva  o  casi  exclusivamente  para 
administrar  o  proporcionar  prestaciones  de  jubilación  y  otras  prestaciones 
complementarias o accesorias u otras retribuciones similares a personas físicas y que 
esté regulado como tal por ese Estado o por una de sus subdivisiones políticas o 
entidades locales; o
(ii)  que se haya creado y se explote exclusiva o casi exclusivamente para invertir 
fondos  en  beneficio  de  otros  fondos  de  pensiones  reconocidos  de  ese  Estado 
contratante.
Cuando una entidad o un instrumento jurídico establecidos conforme al Derecho de un 
Estado contratante pudiera considerarse como un fondo de pensiones reconocido en virtud 
de los subapartados (i) o (ii) si la legislación fiscal de ese Estado contratante le otorgara el 
tratamiento de persona separada, se considerará, a los efectos de este Convenio, como una 
persona separada calificada como tal por la legislación fiscal de ese Estado contratante y 
todos los activos y rentas de la entidad o del instrumento jurídico se considerarán como 
activos poseídos y rentas obtenidas por esa persona separada y no por otra.
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio  en  cualquier  momento  por  un  Estado 
contratante, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que el contexto 
lo determine de otro modo, o que las autoridades competentes acuerden un significado 
distinto conforme a lo dispuesto en el artículo 24, el significado que en ese momento le 
atribuya la legislación de ese Estado contratante relativa a los impuestos que son objeto 
del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el 
que resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  a los efectos de este Convenio, el término «residente de un Estado contratante» 
significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado contratante, esté sujeta a  e.e
imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede u oficina central, sede de  w.b
dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, e incluye también a ese Estado  77ww
pcoenntsriaotnaenste r eyc oan oscuidso ssu dbed eivsisei oEnsetsa dpoo clíotinctarsa taon teen. tSidina deems blaorcgaole, es,s taes tíé rcmoimnoo  nloo sin cfolunydeo sa  ldaes 
preenrstao nqause  oqbutee negsaténn d seu fjueetanste as  simitupaodsaicsi óenn  eens ee Esest aEdsota cdoon tcraotnatnrateta.nte exclusivamente por la
2.  Cuando  en  virtud  de  las  disposiciones  del  apartado  1  una  persona  física  sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
(a)  se la considerará residente exclusivamente del Estado contratante donde tenga 
una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su 
disposición en ambos Estados contratantes, se la considerará residente exclusivamente 
del Estado contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más 
estrechas (centro de intereses vitales);
(b)  si no pudiera determinarse el Estado contratante en el que dicha persona tiene 
el  centro  de  sus  intereses  vitales,  o  si  no  tuviera  una  vivienda  permanente  a  su 
disposición  en  ninguno  de  los  Estados  contratantes,  se  la  considerará  residente 
exclusivamente del Estado contratante donde viva habitualmente;
(c)  si viviera habitualmente en ambos Estados contratantes, o no lo hiciera en 
ninguno de ellos, se la considerará residente exclusivamente del Estado contratante del 
que sea nacional;
(d)  si fuera nacional de ambos Estados contratantes, o no lo fuera de ninguno de 
ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una  persona  física  sea  residente  de  ambos  Estados  contratantes,  las  autoridades 
competentes de los Estados contratantes harán lo posible por determinar de mutuo 
acuerdo el Estado contratante del que deba considerarse residente a dicha persona a los 
efectos de este Convenio, teniendo en cuenta su sede u oficina central, su sede de 
dirección efectiva, su lugar de constitución o de creación por otros procedimientos, así 
como cualquier otro factor pertinente. En ausencia de tal acuerdo, esa persona no podrá 
acogerse a las reducciones o exenciones fiscales previstas en el Convenio.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A  los  efectos  de  este  Convenio,  el  término  «establecimiento  permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  El término «establecimiento permanente» comprende, en particular:
(a)  las sedes de dirección;
(b)  las sucursales;
(c)  las oficinas;
(d)  las fábricas;
(e)  los talleres; y
(f)  las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de 
extracción de recursos naturales.
3.  Una  obra  o  un  proyecto  de  construcción  o  instalación  sólo  constituyen  un 
establecimiento permanente si su duración excede de doce meses.
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que el 
término «establecimiento permanente» no incluye:
(a)  la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; es
(b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la  o
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(e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad;
(f)  el  mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  realizar 
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados (a) a (e),
a condición de que dicha actividad o, en el caso del subapartado (f), el conjunto de la 
actividad del lugar fijo de negocios tenga carácter auxiliar o preparatorio.
5.  El apartado 4 no se aplicará a un lugar fijo de negocios que una empresa utilice o 
mantenga, si dicha empresa u otra estrechamente vinculada desarrollan actividades 
económicas en ese mismo lugar o en otro en el mismo Estado contratante y:
(a)  alguno de esos lugares es un establecimiento permanente de la empresa o de 
la empresa estrechamente vinculada, conforme a lo dispuesto en este artículo; o
(b)  el  conjunto  de  la  actividad  resultante  de  la  combinación  de  actividades 
desarrolladas por las dos empresas en el mismo lugar, o por la misma empresa o la 
empresa  estrechamente  vinculada  en  los  dos  emplazamientos,  no  tiene  carácter 
preparatorio o auxiliar, a condición de que las actividades económicas desarrolladas por 
las  dos  empresas  en  el  mismo  lugar,  o  por  la  misma  empresa  o  la  empresa 
estrechamente vinculada en los dos emplazamientos, sean funciones complementarias 
que forman parte de una operación económica cohesionada.
6.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, pero con sujeción a lo dispuesto 
en el apartado 7, cuando una persona opere en un Estado contratante por cuenta de una 
empresa y, como tal, concluya habitualmente contratos o desempeñe habitualmente el 
papel  principal  conducente  a  la  celebración  de  contratos  que  la  empresa  concluye 
rutinariamente sin modificación significativa por su parte, y dichos contratos se celebren:
(a)  en nombre de la empresa; o
(b)  para la transmisión de la propiedad o para la concesión de un derecho de uso 
de un bien que posea la empresa o cuyo derecho de uso tenga; o
(c)  para la prestación de servicios por esa empresa,
se considerará que dicha empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado 
contratante respecto de las actividades que esa persona realice para la empresa, excepto si 
las actividades de esa persona se limitan a las mencionadas en el apartado 4 que, de 
realizarse a través de un lugar fijo de negocios (distinto de un lugar fijo de negocios al que 
pudiera aplicarse el apartado 5) no hubieran determinado que ese lugar fijo de negocios se 
considerara un establecimiento permanente en virtud de lo dispuesto en el apartado 4.
7.  El apartado 6 no se aplicará cuando la persona que opera en un Estado contratante 
por cuenta de una empresa del otro Estado contratante realice una actividad económica en el 
Estado mencionado en primer lugar como agente independiente e intervenga por la empresa 
en  el  curso  ordinario  de  esa  actividad.  Sin  embargo,  cuando  una  persona  intervenga 
exclusiva  o  casi  exclusivamente  por  cuenta  de  una  o  más  empresas  a  las  que  esté 
estrechamente vinculada, no se la considerará como un agente independiente en el sentido 
de este apartado en relación con cualquiera de dichas empresas.
8.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una 
sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que 
realice actividades económicas en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento  s
permanente o de otro modo), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades  oe.
en establecimiento permanente de la otra. w.
9.  A los efectos de este artículo, una persona o una empresa están estrechamente  77ww
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indirectamente en más del 50 por ciento en la otra (o, en el caso de una sociedad, si 
posee más del 50 por ciento del total del derecho de voto y del valor de las acciones de 
la sociedad o de la participación en su patrimonio) o si una tercera persona o empresa 
participa, directa o indirectamente, en más del 50 por ciento (o, en el caso de una 
sociedad, si posee más del 50 por ciento del total del derecho de voto y del valor de las 
acciones de la sociedad o del derecho de participación en el patrimonio) en la persona y 
la empresa o en las dos empresas.
Artículo 6.  Rentas inmobiliarias.
1.  Las  rentas  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  El término «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho del 
Estado contratante en que estén situados los bienes. Dicho término comprende en todo caso 
los  bienes  accesorios  a  los  bienes  inmuebles,  el  ganado  y  el  equipo  utilizado  en  las 
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones 
de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el 
derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la 
concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los 
buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
3.  Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la 
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de los bienes inmuebles.
4.  Cuando un residente de un Estado contratante sea el titular de derechos que 
directa o indirectamente le otorguen el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados 
en el otro Estado contratante, las rentas que obtenga ese residente de la utilización 
directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de 
disfrute, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplican igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los  beneficios  de  una  empresa  de  un  Estado  contratante  serán  gravables 
exclusivamente en ese Estado contratante, a no ser que la empresa realice su actividad 
en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. 
Si  la  empresa  realiza  su  actividad  de  dicha  manera,  los  beneficios  atribuibles  al 
establecimiento  permanente  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  apartado  2 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
2.  A los efectos de este artículo y del artículo 22, los beneficios atribuibles al 
establecimiento  permanente  en  cada  Estado  contratante  a  los  que  se  refiere  el 
apartado 1 son aquellos que el mismo hubiera podido obtener, en particular en sus 
operaciones  con  otras  partes  de  la  empresa,  si  fuera  una  empresa  distinta  e 
independiente  que  realizase  las  mismas  o  similares  actividades  en  las  mismas  o 
similares  condiciones,  teniendo  en  cuenta  las  funciones  desarrolladas,  los  activos 
utilizados  y  los  riesgos  asumidos  por  la  empresa  a  través  del  establecimiento 
permanente y de las restantes partes de la empresa.
3.  Cuando de conformidad con el apartado 2 un Estado contratante ajuste los  es
beneficios atribuibles al establecimiento permanente de una empresa de uno de los  bo
Estados contratantes y, por consiguiente, grave beneficios de la empresa que ya ha  77ww
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la determinación de dicho ajuste.
4.  Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las 
del presente artículo.
Artículo 8.  Transporte internacional marítimo y aéreo.
1.  Los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de la 
explotación  de  buques  o  aeronaves  en  tráfico  internacional  serán  gravables 
exclusivamente en ese Estado contratante.
2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, una empresa de un Estado contratante 
estará exenta, en relación con su actividad de explotación de buques o aeronaves en 
tráfico internacional, del impuesto sobre las empresas japonés, en el caso de una 
empresa española, y del Impuesto sobre Actividades Económicas español, en el caso de 
una empresa japonesa.
3.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplican también a los beneficios 
procedentes de la participación en un consorcio o agrupación de empresas, en una 
explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando
(a)  una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
(b)  unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que acordarían empresas 
independientes, los beneficios que hubiera obtenido una de las empresas de no existir dichas 
condiciones, y que de hecho no se han generado a causa de las mismas, podrán incluirse en 
los beneficios de esa empresa y, por consiguiente, someterse a imposición.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado contratante –y, por consiguiente, grave– los de una empresa del otro Estado 
contratante que ya han sido gravados por ese otro Estado contratante, y los beneficios 
así  incluidos  son  los  que  hubiera  obtenido  la  empresa  del  Estado  contratante 
mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas 
hubieran sido las que habrían acordado empresas independientes, ese otro Estado 
practicará  un  ajuste  correlativo  en  la  cuantía  del  impuesto  aplicado  sobre  esos 
beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones 
de  este  Convenio  y  las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  se 
consultarán en caso necesario.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  Sin embargo, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado  e
contratante pueden someterse también a imposición en ese Estado contratante conforme  bo
a su legislación, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro  77ww
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Estado contratante si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente de ese 
otro Estado contratante y es además
(a)  una Sociedad que directa o indirectamente haya poseído al menos el 10 por 
ciento de los derechos de voto de la Sociedad que paga los dividendos durante un 
período de doce meses que comprenda la fecha en la que se determine el derecho a 
percibir el dividendo (para calcular dicho período no se tendrán en cuenta los cambios en 
la propiedad que pudieran derivarse directamente de una reestructuración empresarial, 
tales como una fusión o escisión, de la sociedad que es la beneficiaria efectiva de los 
dividendos o que paga los dividendos); o
(b)  un fondo de pensiones reconocido, a condición de que los dividendos procedan 
de las actividades mencionadas en el artículo 3, apartado 1, subapartado (l), letras (i) 
o (ii) y, en el caso de un fondo de pensiones reconocido de España, de que las 
aportaciones efectuadas al mismo por una persona física residente de España sean 
deducibles al calcular su renta imponible en España.
4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los dividendos que sean 
deducibles al calcular la renta imponible de la sociedad que paga los dividendos en el 
Estado contratante del que sea residente esa sociedad pueden someterse a imposición 
en ese Estado contratante conforme a la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 
efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así 
exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los dividendos.
5.  Las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4 no afectan a la imposición de la 
sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.
6.  El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos 
de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de los bonos de fundador u otros 
derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los 
rendimientos  derivados  de  otros  derechos  sujetos  al  mismo  régimen  fiscal  que  los 
rendimientos de las acciones o participaciones por la legislación del Estado contratante 
de residencia de la sociedad que hace la distribución.
7.  Las disposiciones de los apartados 1, 2, 3 y 4 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo  de  los  dividendos,  siendo  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  una 
actividad económica en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que 
paga los dividendos, por medio de un establecimiento permanente situado allí, y la 
participación  que  genera  los  dividendos  está  vinculada  efectivamente  a  dicho 
establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.
8.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado contratante no podrá 
exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 
en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado contratante o la 
participación  que  genera  los  dividendos  esté  vinculada  efectivamente  a  un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado contratante, ni someter los 
beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los 
dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en 
beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado contratante.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un  s
residente del otro Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese otro Estado. oe.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los intereses procedentes de un Estado  w.
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el seno de una sociedad de personas –partnership–, o un pago similar efectuado por el
deudor o por una persona con él relacionada, u otros intereses similares a los mencionados  Bc
procedentes de un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado 
contratante conforme a su legislación, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un 
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por 
ciento del importe bruto de los intereses.
3.  El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en 
los  beneficios  del  deudor,  y  en  particular,  los  rendimientos  de  valores  públicos  y  los 
rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así 
como cualesquiera otras rentas que la legislación fiscal del Estado contratante del que 
procedan someta al mismo régimen fiscal que los rendimientos de los capitales prestados. No 
obstante, las rentas comprendidas en el artículo 10 y las penalizaciones por mora en el pago 
no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo  de  los  intereses,  siendo  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  una 
actividad económica en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, por 
medio  de  un  establecimiento  permanente  situado  allí,  y  el  crédito  que  genera  los 
intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
son aplicables las disposiciones del artículo 7.
5.  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de 
los  intereses,  sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado 
contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la 
deuda por la que se pagan los intereses y que soporte la carga de los mismos, dichos 
intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que esté situado el 
establecimiento permanente.
6.  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 12.  Cánones.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo 
sea un residente del otro Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese otro 
Estado contratante.
2.  El término «cánones» en el sentido de este artículo, significa los pagos de 
cualquier clase percibidos por el uso, o el derecho de uso, de derechos de autor 
incluidas las películas cinematográficas y las películas y grabaciones destinadas a la 
difusión  por  radio  o  televisión,  de  patentes,  marcas,  diseños  o  modelos,  planos,  o 
fórmulas  o  procedimientos  secretos,  o  por  informaciones  relativas  a  experiencias 
industriales, comerciales o científicas.
3.  Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo de 
los cánones, siendo residente de un Estado contratante, realiza una actividad económica 
en  el  otro  Estado  contratante,  del  que  proceden  los  cánones,  por  medio  de  un 
establecimiento permanente allí situado y el derecho o bien por el que se pagan los 
cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso  e.
son aplicables las disposiciones del artículo 7. w.b
4.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el  77ww
cbáennoenfiecisa,r ihoa beifdeac tcivuoe, nota d dee lla uss qou, ed eurneoch yo  oot rion fomramnatecinógna pno cr olons t eqrucee rsoes ,p aegl aimn,p eoxrtcee ddea  dloesl 
qreulaec ihounbeise,r alans  cdoinspveonsiicdioo neels  ddeeu deosrt e ya retílc ubleon enfoic isaeri oa pelifceacrtáivno  meáns  aquusee nac ieas tdee  útltaimleos 
importe. En tal caso, la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 6, situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
2.  Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, distintos de los inmuebles 
a los que se refiere el artículo 6, que formen parte del activo de un establecimiento 
permanente  que  una  empresa  de  un  Estado  contratante  tenga  en  el  otro  Estado 
contratante,  comprendidas  las  ganancias  derivadas  de  la  enajenación  de  dicho 
establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado contratante.
3.  Las ganancias que obtenga una empresa de un Estado contratante que explote 
buques o aeronaves en tráfico internacional derivadas de la enajenación de dichos 
buques o aeronaves, o de bienes distintos a los inmuebles a los que se refiere el 
artículo 6, afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, serán gravables 
exclusivamente en ese Estado contratante.
4.  Las  ganancias  obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación  de  acciones  o  participaciones  análogas  en  una  sociedad,  como  las 
participaciones en una sociedad de personas –partnership– o en un fideicomiso –trust–, 
pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si, en cualquier momento 
durante los 365 que preceden a la enajenación, el valor de dichas acciones o participaciones 
análogas procede en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles, 
tal como se definen en el artículo 6, situados en ese otro Estado contratante.
5.  Las  ganancias  derivadas  de  la  enajenación  de  derechos  que,  directa  o 
indirectamente, otorguen al propietario de dichos derechos, el derecho al disfrute de los 
bienes  inmuebles  a  los  que  se  refiere  el  artículo  6,  situados  en  el  otro  Estado 
contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
6.  Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5, serán gravables exclusivamente en el 
Estado contratante en que resida el transmitente.
7.  Cuando una persona física deje de ser residente de un Estado contratante y se 
convierta  en  residente  del  otro  Estado  contratante  y  las  ganancias  de  capital  no 
realizadas sobre los bienes de esa persona física se hayan sometido a imposición en el 
Estado mencionado en primer lugar inmediatamente antes de cesar en su condición de 
residente de ese Estado contratante, el otro Estado contratante, en la medida en que sea 
necesario para eliminar la doble imposición sobre las ganancias de capital relativas a 
esos bienes, practicará un ajuste correlativo en la base de cálculo o en el importe del 
impuesto allí aplicado correspondiente a las ganancias obtenidas por esa persona física 
por la enajenación de dichos bienes.
Artículo 14.  Renta del trabajo dependiente.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y 
otras retribuciones análogas obtenidos por un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante a no ser 
que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce de esa  es
forma, las retribuciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro  bo
Estado contratante. 77ww
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las retribuciones obtenidas por un 
residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado 
contratante serán gravables exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar 
cuando:
(a)  el perceptor permanezca en el otro Estado contratante durante un período o 
períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce 
meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y
(b)  el pagador de las retribuciones, o aquel por cuenta de quien se paguen, sea un 
empleador no residente del otro Estado contratante, y
(c)  las retribuciones no corran a cargo de un establecimiento permanente que el 
empleador tenga en el otro Estado contratante.
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las retribuciones 
obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido a 
bordo de un buque o aeronave explotados en el tráfico internacional, como miembro de 
la tripulación habitual del buque o aeronave, serán gravables exclusivamente en el 
Estado contratante mencionado en primer lugar, excepto cuando el buque o aeronave se 
exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante.
Artículo 15.  Honorarios de consejeros.
Los honorarios como consejero y otras retribuciones análogas que un residente de 
un  Estado  contratante  obtenga  como  miembro  de  un  consejo  de  administración,  u 
órgano similar, de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.
Artículo 16.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 14, las rentas que un residente de un Estado 
contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en 
calidad de artista, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión, o como músico, o en 
calidad de deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 14, cuando las rentas derivadas de las 
actividades realizadas por un artista o deportista en esa calidad no se atribuyan al propio 
artista o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en 
el Estado contratante donde se realicen las actividades del artista o deportista.
Artículo 17.  Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y otras 
retribuciones  análogas  cuyo  beneficiario  efectivo  sea  un  residente  de  un  Estado 
contratante serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante.
Artículo 18.  Función Pública.
1.  (a)  Los sueldos, salarios y otras retribuciones análogas pagadas por un Estado 
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona 
física por los servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables 
exclusivamente en ese Estado contratante. s
(b)  Sin embargo, dichos sueldos, salarios y retribuciones análogas serán gravables  oe.
exclusivamente en el otro Estado contratante cuando los servicios se presten en ese otro  w.
Esta(di)o  cnoanctiroantaanl tdee y e lsae p Eesrstaodnoa;  foísica sea un residente de ese otro Estado contratante: 2021-2977n https://ww
pres(tiai)r  loqsu ese nrvoi chioasy.a adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para
2.  (a)  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  1,  las  pensiones  y  otras 
retribuciones análogas pagadas a una persona física bien directamente por un Estado 
contratante, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o con cargo a fondos 
que  dicho  Estado,  subdivisión  o  entidad  hayan  constituido  o  a  los  que  hagan 
aportaciones, por los servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán 
gravables exclusivamente en ese Estado contratante.
(b)  Sin  embargo,  dichas  pensiones  y  retribuciones  análogas  serán  gravables 
exclusivamente en el otro Estado contratante cuando la persona física sea residente y 
nacional de ese otro Estado contratante.
3.  Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras retribuciones análogas, pagados por los servicios prestados en el 
marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus 
subdivisiones políticas o entidades locales.
Artículo 19.  Estudiantes.
Las  cantidades  que  reciba  para  cubrir  sus  gastos  de  mantenimiento,  estudios  o 
capacitación un estudiante o un aprendiz o persona en prácticas que sea, o haya sido 
inmediatamente  antes  de  llegar  a  un  Estado  contratante,  residente  del  otro  Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de 
proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado 
contratante, siempre que procedan de fuentes situadas fuera del mismo. La exención prevista 
en este artículo se aplica a los aprendices o personas en prácticas únicamente durante un 
máximo de un año desde la fecha de inicio de su capacitación en ese Estado contratante.
Artículo 20.  Participación pasiva.
No obstante las restantes disposiciones de este Convenio, las rentas que obtenga 
inversor pasivo residente de España en relación con un contrato de inversión pasiva 
(Tokumei Kumiai) u otro contrato similar pueden someterse a imposición en Japón 
conforme a su normativa interna, siempre que dicha renta sea de fuente japonesa y 
deducible al calcular la renta imponible del pagador en Japón.
Artículo 21.  Otras rentas.
1.  Las rentas cuyo beneficiario efectivo sea un residente de un Estado contratante, 
con independencia de su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del 
presente Convenio, serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el 
beneficiario efectivo de dichas rentas, siendo residente de un Estado contratante, realice 
en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las 
rentas esté vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, 
son aplicables las disposiciones del artículo 7.
3.  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de la 
renta a la que se refiere el apartado 1 exceda del que hubieran convenido el deudor y el 
beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo  s
no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso será  oe.
gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta  w.
las demás disposiciones de este Convenio. 77ww
Artículo 22.  Eliminación de la doble imposición.
1.  De conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación de Japón
relativas a la posibilidad de deducir del impuesto japonés los impuestos debidos en
cualquier otro país distinto de Japón, cuando un residente de Japón obtenga rentas de 
fuente española que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio puedan 
someterse a imposición en España, el importe del impuesto español debido por razón de 
esas rentas será deducible contra el impuesto japonés exigido a ese residente. No 
obstante, el importe de esa deducción no excederá del importe del impuesto japonés 
correspondiente a dichas rentas.
2.  En España, la doble imposición se evitará siguiendo bien las disposiciones de su 
legislación interna, o las siguientes disposiciones de conformidad con la legislación 
interna española:
(a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  que,  con  arreglo  a  las 
disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Japón, España 
permitirá la deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente:
(i)  de un importe igual al impuesto pagado en Japón respecto de dichas rentas;
(ii)  en el caso de los dividendos, de un importe igual al impuesto efectivamente 
pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con 
cargo a los que se pagan dichos dividendos, de acuerdo con la legislación interna de 
España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que puede someterse 
a imposición en Japón.
(b)  Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas 
obtenidas por un residente de España estén exentas de imposición en España, España 
podrá, no obstante, tener en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular el importe 
del impuesto sobre el resto de las rentas de dicho residente.
Artículo 23.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean 
más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de 
ese  otro  Estado  que  se  encuentren  en  las  mismas  condiciones,  en  particular  con 
respecto  a  la  residencia.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  1,  la  presente 
disposición se aplica también a las personas que no son residentes de uno o de ninguno 
de los Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese otro 
Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen 
las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a 
un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las 
deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus 
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 6 del artículo 11, del apartado 4 del artículo 12 o del apartado 3 del artículo 21, 
los  intereses,  cánones  y  demás  gastos  pagados  por  una  empresa  de  un  Estado 
contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles para determinar 
los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si  e.e
se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar. b
4.  Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente,  77ww
Eposstaedídoo c oon tcroantatrnotela,d noo,  sdeir escotma eote rinádni reenc tealm Eesntated,o p more nucnioon aod ova erino sp rrimeseidr elungteasr  ad enli nogtúron 
aimqpuueellostso a u l oosb lqiguaec ieósnt érne laot ipvuae adla mn isemstoa r qsuoem neoti dsaes e oxtirjaans  eom qpuree ssaesa ns immiálasr egsra dveols Eoss tqaudeo 
mencionado en primer lugar.
5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo 
se aplican a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, 
exigibles por un Estado contratante, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales.
Artículo 24.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme con las disposiciones de este Convenio podrá, con independencia de los 
recursos  previstos  por  el  derecho  interno  de  esos  Estados,  someter  su  caso  a  la 
autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 
el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 
deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la 
medida que implique una imposición no acorde con las disposiciones del Convenio.
2.  La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por 
sí  misma  encontrar  una  solución  satisfactoria,  hará  lo  posible  por  resolver  el  caso 
mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, 
a fin de evitar una imposición que no se ajuste al Convenio. El acuerdo será aplicable 
independientemente  de  los  plazos  previstos  por  el  derecho  interno  de  los  Estados 
contratantes.
3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán consultarse entre sí para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores de este 
artículo, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente, incluso en el seno de una comisión mixta integrada por ellas mismas o sus 
representantes.
5.  Cuando,
(a)  en virtud del apartado 1, una persona haya sometido su caso a la autoridad 
competente de un Estado contratante alegando que las medidas adoptadas por uno o 
por ambos Estados contratantes implican para ella una imposición no acorde con las 
disposiciones de este Convenio, y
(b)  las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo para resolver el 
caso conforme a lo dispuesto en el apartado 2 en el plazo de dos años contados desde 
la fecha en la que ambas autoridades competentes hayan recibido toda la información 
requerida para abordarlo,
toda cuestión no resuelta relacionada con ese caso se someterá a arbitraje si la 
persona así lo solicita por escrito. Sin embargo, este sometimiento a arbitraje no podrá 
realizarse cuando un tribunal u órgano administrativo de cualquiera de los Estados 
contratantes se haya pronunciado previamente sobre dichas cuestiones. A menos que 
una persona a la que concierna directamente el caso rechace el acuerdo amistoso que 
lleva a efecto la decisión arbitral, dicha decisión será vinculante para ambos Estados 
contratantes y se aplicará independientemente de los plazos previstos por el derecho 
interno  de  los  Estados  contratantes.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
contratantes establecerán de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este apartado.
6.  (a)  Cuando  una  autoridad  competente  de  un  Estado  contratante  haya  e.
suspendido el procedimiento para resolver un caso mediante procedimiento amistoso  w.b
conforme a los apartados 1 y 2 (en lo sucesivo en este artículo el «procedimiento  77ww
aómrgiasntoos oa»d)m reinsipstercattoiv od eu unn  ccaassoo  preolra chiaolnlaardsoe  pceonnd iuennate  oa nmteá usn  dóer galanso  cjuureissdtiiocncieosn adl eul 
procedimiento, se interrumpirá el plazo previsto en el subapartado (b) del apartado 5
hasta que el caso pendiente ante el órgano jurisdiccional o administrativo quede en 
suspenso o se retire.
(b)  Cuando la persona que plantee el caso y la autoridad competente de un Estado 
contratante  acuerden  suspender  el  procedimiento  amistoso,  el  plazo  previsto  en  el 
subapartado  (b)  del  apartado  5  quedará  interrumpido  hasta  el  levantamiento  de  la 
suspensión.
(c)  Cuando las autoridades competentes de los Estados contratantes convengan en 
que una persona directamente afectada por el caso ha incumplido la presentación en 
plazo de la información adicional requerida por cualquiera de ellas tras el inicio del plazo 
previsto en el subapartado (b) del apartado 5, este plazo se ampliará en un tiempo igual 
al transcurrido entre la fecha en la que se requirió la información y la de su presentación.
7.  (a)  Las  normas  siguientes  regirán  la  designación  de  los  miembros  de  la 
comisión arbitral:
(i)  La  comisión  arbitral  estará  compuesta  por  tres  personas  físicas  con 
conocimientos o experiencia en cuestiones fiscales internacionales.
(ii)  Cada  autoridad  competente  de  los  Estados  contratantes  designará  a  un 
miembro de la comisión arbitral. Los dos miembros así designados, nombrarán a un 
tercer miembro que ejercerá como Presidente de la comisión arbitral. El Presidente no 
será nacional ni residente de ninguno de los Estados contratantes.
(iii) En el momento de aceptar el nombramiento, los miembros designados de la 
comisión  arbitral  deben  ser  imparciales  e  independientes  de  las  autoridades 
competentes, de las administraciones tributarias y de los ministerios de finanzas de los 
Estados contratantes, así como de todas las personas directamente afectadas por el 
caso (y sus asesores); mantendrán su imparcialidad e independencia a lo largo del 
procedimiento  y,  durante  un  plazo  de  tiempo  razonable  posterior  al  procedimiento, 
evitarán  toda  actuación  que  pueda  lesionar  la  apariencia  de  imparcialidad  e 
independencia de los árbitros respecto del procedimiento.
(b)  Las autoridades competentes de los Estados contratantes velarán por que los 
miembros de la comisión arbitral y su personal acepten por escrito, con carácter previo a 
su intervención en el procedimiento arbitral, tratar toda la información relacionada con el 
procedimiento  conforme  a  las  obligaciones  sobre  confidencialidad  y  no  divulgación 
contenidas en el apartado 2 del artículo 25 y de acuerdo con la legislación aplicable en 
los Estados contratantes.
(c)  Únicamente a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, en el 
artículo 25 y en la legislación interna de los Estados contratantes en materia de intercambio 
de información, confidencialidad y asistencia administrativa, los miembros de la comisión 
arbitral y un máximo de tres personas por miembro (y los candidatos a árbitro sólo en la 
medida necesaria para verificar su idoneidad en cuanto a los requisitos del nombramiento) se 
considerarán personas o autoridades a las que puede comunicarse la información. La 
información recibida por la comisión arbitral o por los candidatos a árbitros, y la que reciban 
las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  de  la  comisión  arbitral,  se 
considerará información intercambiada al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 25.
8.  (a) La decisión arbitral será definitiva.
(b)  La decisión arbitral no será vinculante para ambos Estados contratantes si los 
tribunales  de  uno  de  los  Estados  contratantes  consideran  nula  la  decisión  arbitral 
mediante sentencia firme. En tal caso, la solicitud de remisión a arbitraje efectuada  e
conforme al apartado 5 se considerará no efectuada y el procedimiento arbitral como no  bo
celebrado (excepto a los efectos de los subapartados (b) y (c) del apartado 7, y del  77ww
aaprbaitrrtaajdeo s a11lv)o.  qEune  elasste a ucatosroid asdeerás  cpoomsipbelet epnrteesse anctaure rudnean  nnou epvear msiotilrilcoit.ud de remisión a
(c)  La decisión arbitral no tendrá valor como precedente.
9.  (a)  Si una persona directamente afectada por el caso no acepta el acuerdo 
mutuo que lleva a la práctica la decisión arbitral el caso no podrá ser objeto de más 
consideración por las autoridades competentes de los Estados contratantes.
(b)  En caso de que en el plazo de 60 días desde la fecha de remisión de la 
notificación del acuerdo mutuo que lleva a efecto la decisión arbitral a una persona 
directamente afectada por el caso, esta no desiste de los procedimientos instados ante 
cualquier órgano jurisdiccional o administrativo en relación con las cuestiones resueltas 
mediante  dicho  acuerdo  mutuo,  o  termina  por  cualquier  otro  medio  con  los 
procedimientos  judiciales  o  administrativos  pendientes  relacionados  con  dichas 
cuestiones de forma coherente con el acuerdo mutuo alcanzado, se entenderá que dicha 
persona no acepta el acuerdo mutuo.
10.  A  los  efectos  de  este  artículo,  el  procedimiento  amistoso,  así  como  el 
procedimiento arbitral relativos a un caso, concluirán si en cualquier momento posterior a 
la solicitud de arbitraje y antes de que la comisión arbitral haya emitido su decisión a las 
autoridades competentes de los Estados contratantes:
(a)  las autoridades competentes de los Estados contratantes llegan a un acuerdo 
mutuo para resolver el caso conforme al apartado 2;
(b)  la  persona  que  lo  planteó  retira  su  solicitud  de  inicio  del  arbitraje  o  del 
procedimiento amistoso; o
(c)  un órgano jurisdiccional o administrativo de uno de los Estados contratantes se 
pronuncia sobre la cuestión.
11.  Cada autoridad competente de los Estados contratantes soportará sus propios 
gastos y aquellos en los que incurra el miembro que designe para la comisión arbitral. 
Salvo acuerdo en contrario de las autoridades competentes de los Estados contratantes, 
estas sufragarán a partes iguales los costes del Presidente de la comisión arbitral y otros 
gastos asociados al desarrollo del procedimiento arbitral.
12.  Lo dispuesto en los apartados 5 a 11 no se aplica en los siguientes casos:
(a)  los casos a los que resulte de aplicación el apartado 3 del artículo 4;
(b)  los casos que entrañen la aplicación del apartado 9 del artículo 28 del Convenio;
(c)  los  casos  que  entrañen  la  aplicación  de  las  normas  generales  antiabuso 
contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley General Tributaria española (Ley 58/2003 
de 17 de diciembre) y toda norma posterior que sustituya, modifique o actualice dichas 
normas;
(d)  los casos que entrañen la aplicación de las disposiciones del derecho japonés 
que persigan los mismos objetivos que las normas antiabuso españolas mencionadas en 
el subapartado (c);
(e)  los casos en los que se dé una conducta por la que una persona directamente 
afectada  por  el  asunto,  haya  sido  objeto,  mediante  resolución  definitiva  de  un 
procedimiento judicial o administrativo de cualquiera de los Estados contratantes a una 
pena o sanción por fraude fiscal, incumplimiento doloso o negligencia grave;
(f)  los casos comprendidos en el ámbito del apartado 1 del artículo 9 en relación 
con elementos de renta no gravados en un Estado contratante por estar excluidos de la 
base imponible en ese Estado contratante o sujetos a exención o tipo cero, siempre que 
la legislación fiscal de ese Estado contratante prevea ese régimen específicamente para 
esos elementos de renta; y
(g)  los casos respecto de los que las autoridades de los Estados contratantes  s
hayan convenido en que no son aceptables para su resolución mediante arbitraje y  oe.
hayan  notificado  a  la  persona  que  presentó  el  caso  en  el  plazo  previsto  en  el  w.
subapartado (b) del apartado 5 y, cuando resulte aplicable, del apartado 6. 2021-2977n https://ww
Artículo 25.  Intercambio de información.
1.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  intercambiarán  la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el 
presente  Convenio  o  para  administrar  o  exigir  lo  dispuesto  en  el  Derecho  interno 
respecto de los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los 
Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida 
en  que  la  imposición  así  exigida  no  sea  contraria  al  Convenio.  El  intercambio  de 
información no vendrá limitado por los artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se 
mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho 
interno de ese Estado contratante y sólo se desvelará a las personas o autoridades 
(incluidos  los  tribunales  y  órganos  administrativos)  encargadas  de  la  liquidación  o 
recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación 
efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de 
los recursos en relación con los mismos, o de la supervisión de las funciones anteriores. 
Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán 
revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias 
judiciales. No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante 
podrá  utilizarse  para  otros  fines  cuando,  conforme  al  derecho  de  ambos  Estados 
contratantes pueda utilizarse para dichos otros fines y la autoridad competente del 
Estado que proporciona la información autorice dicho uso.
3.  En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en 
el sentido de obligar a un Estado contratante a:
(a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  y  práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
(b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante;
(c)  suministrar información que revele un secreto mercantil, empresarial, industrial, 
comercial o profesional, o un procedimiento relacionado con una actividad económica, o 
información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public);
(d)  obtener o proporcionar información que revele comunicaciones confidenciales 
entre un abogado, procurador u otro representante legal reconocido y su cliente cuando 
dichas comunicaciones se realicen:
(i)  con el fin de solicitar o proporcionar asesoramiento jurídico; o
(ii)  para su utilización en procedimientos legales en curso o previstos.
4.  Cuando un Estado contratante solicite información conforme al presente artículo, 
el  otro  Estado  contratante  utilizará  las  medidas  para  recopilar  información  de  que 
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado 
contratante pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La 
obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún 
caso los Estados contratantes podrán interpretar tales limitaciones en el sentido de 
permitirles negarse a proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés 
nacional en la misma.
5.  En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de 
permitir a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente por que  e.
esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que  w.
actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o porque  77ww
esta información esté relacionada con la participación en la titularidad de una persona.
Artículo 26.  Asistencia en la recaudación de impuestos.
1.  Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de 
sus créditos tributarios. Esta asistencia no vendrá limitada por los artículos 1 y 2. Las 
autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  podrán  establecer  de  mutuo 
acuerdo el modo de aplicación de este artículo.
2.  La  expresión  «crédito  tributario»  en  el  sentido  de  este  artículo  significa  un 
importe debido en relación con los impuestos que se enumeran a continuación, en la 
medida en que esta imposición no sea contraria a este Convenio o a cualquier otro 
instrumento del que los Estados contratantes sean parte; y comprende asimismo los 
intereses,  las  sanciones  administrativas  y  los  costes  de  recaudación  o  de 
establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.
(a)  en el caso de Japón:
(i)  los impuestos mencionados en el artículo 2, apartado 3, subapartado (a);
(ii)  el impuesto especial sobre la renta de sociedades para la reconstrucción;
(iii)  el impuesto sobre el consumo;
(iv)  el impuesto local sobre el consumo;
(v)  el impuesto sobre sucesiones; y
(vi)  el impuesto sobre donaciones;
(b)  en el caso de España:
(i)  los impuestos mencionados en el artículo 2, apartado 3, subapartado (b);
(ii)  el Impuesto sobre el Patrimonio;
(iii)  el Impuesto sobre el Valor Añadido;
(iv)  el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones;
(v)  el Impuesto General Indirecto Canario;
(vi)  el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias; y
(vii)  el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla;
(c)  cualquier otro impuesto que a su debido tiempo puedan acordar los Gobiernos 
de los Estados contratantes mediante un intercambio de notas diplomáticas;
(d)  cualquier otro impuesto de naturaleza idéntica o análoga que se establezca con 
posterioridad a la firma del Convenio y que se añadan a los impuestos mencionados en 
los subapartados (a), (b) o (c), o los sustituyan.
3.  Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del 
Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese 
Estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, a petición de las autoridades 
competentes de dicho Estado contratante las autoridades competentes del otro Estado 
contratante aceptarán dicho crédito tributario a los fines de su recaudación. Dicho otro 
Estado contratante recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su 
legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se 
tratara de un crédito tributario propio que reúna las condiciones que posibiliten que ese 
otro Estado contratante plantee una petición conforme a este apartado.
4.  Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que 
ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que  s
aseguren  su  cobro,  a  petición  de  las  autoridades  competentes  de  dicho  Estado  oe.
contratante, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicho  w.
crédito  tributario  a  los  fines  de  adoptar  tales  medidas  cautelares.  Ese  otro  Estado  77ww
saud olpetgairsála lcaisó nm ecdoimdaos  scia ustee latrraetsa rrae sdpee ctuon  dcer éedseito c rtéridbiutota dreio  apcruoepridoo,  caounn  loc udaisnpduoe seton  eenl 
momento de la aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible en el
Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a 
impedir su recaudación.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado 
por la autoridad competente de un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, 
no estará sujeto en ese Estado contratante a la prescripción o prelación aplicables a los 
créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza. Asimismo, 
un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 
o 4 no disfrutará en ese Estado contratante de las prelaciones aplicables a los créditos 
tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
6.  Las actuaciones llevadas a cabo por un Estado contratante para el cobro de un 
crédito tributario aceptado por la autoridad competente de ese Estado contratante a los 
efectos de los apartados 3 o 4 que, de haberlas realizado el otro Estado contratante 
hubieran  tenido  el  efecto  de  suspender  o  interrumpir  los  plazos  de  prescripción 
aplicables al crédito según el Derecho interno de ese otro Estado contratante, surtirán 
ese  efecto  conforme  a  la  legislación  de  ese  otro  Estado  contratante.  La  autoridad 
competente del Estado contratante mencionado en primer lugar informará a la autoridad 
competente del otro Estado contratante sobre la realización de dichas actuaciones.
7.  Los  procedimientos  relativos  a  la  existencia,  validez  o  cuantía  del  crédito 
tributario de un Estado contratante no podrán incoarse ante los tribunales u órganos 
administrativos del otro Estado contratante.
8.  Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por la 
autoridad competente de un Estado contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo 
a su recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario en 
cuestión dejara de ser
(a)  en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito 
tributario del Estado contratante mencionado en primer lugar exigible conforme a su 
Derecho interno y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y según el 
Derecho de ese Estado contratante no pudiera impedir su recaudación, o
(b)  en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito 
tributario del Estado contratante mencionado en primer lugar respecto del que ese 
Estado contratante, conforme a su Derecho interno, pudiera adoptar medidas cautelares 
para asegurar su recaudación,
las autoridades competentes del Estado contratante mencionado en primer lugar 
notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado contratante ese 
hecho y, según decida la autoridad competente de ese otro Estado contratante, la 
autoridad competente del Estado contratante mencionado en primer lugar suspenderá o 
retirará su solicitud.
9.  En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido 
de obligar a un Estado contratante a:
(a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  o  práctica 
administrativa o a las del otro Estado contratante;
(b)  adoptar medidas contrarias al orden público (ordre public);
(c)  prestar asistencia si el otro Estado contratante no ha aplicado todas las medidas 
cautelares  razonables  o  para  la  recaudación,  según  sea  el  caso,  de  que  las  que 
disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;
(d)  prestar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese  e.
Estado contratante esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que  w.
vaya a obtener el otro Estado contratante. 77ww
Artículo 27.  Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de
acuerdo  con  los  principios  generales  del  Derecho  internacional  o  en  virtud  de  las 
disposiciones de acuerdos especiales.
Artículo 28.  Derecho a los beneficios del Convenio.
1.  Salvo disposición en contrario en el presente artículo, un residente de un Estado 
contratante no podrá acogerse a un beneficio previsto en el apartado 3 del artículo 10, en 
el apartado 1 del artículo 11, o en el apartado 1 del artículo 12 a menos que dicho 
residente  sea  una  «persona  que  reúne  los  requisitos»,  tal  como  se  define  en  el 
apartado 2 en el momento en que se concedería el beneficio.
2.  Se considerará que un residente de un Estado contratante es una «persona que 
reúne los requisitos» en el momento en que se concedería un beneficio previsto en el 
apartado 3 del artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11, o en el apartado 1 del 
artículo 12 si, en ese momento, el residente es:
(a)  una persona física;
(b)  ese Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, 
su banco central o un organismo o agencia de dicho Estado contratante, subdivisión 
política o entidad local;
(c)  una  sociedad  u  otra  entidad  cuya  clase  principal  de  acciones  se  cotice 
regularmente en uno o más mercados de valores reconocidos;
(d)  un fondo de pensiones reconocido si, al inicio del ejercicio fiscal para el que se 
solicita el beneficio, al menos el 50 por ciento de sus beneficiarios, miembros o partícipes 
son personas físicas residentes de cualquiera de los Estados contratantes; o
(e)  una persona, distinta de una persona física si, en ese momento y durante al 
menos la mitad de los días de un período de doce meses, en el que esté comprendido 
ese momento, las personas residentes de ese Estado contratante que sean personas 
que reúnen los requisitos conforme a los subapartados (a), (b), (c) o (d) poseen, directa o 
indirectamente, al menos el 50 por ciento de las acciones de dicha persona.
3.  (a) Un residente de un Estado contratante podrá acogerse a un beneficio previsto 
en el apartado 3 del artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11, o en el apartado 1 del 
artículo 12, respecto de un elemento de renta descrito en el apartado correspondiente, 
procedente del otro Estado contratante, con independencia de que sea o no una persona 
que reúne los requisitos, si el residente toma parte activa en una actividad económica en 
el Estado contratante mencionado en primer lugar, y la renta que proceda del otro Estado 
contratante proviene de esa actividad económica o es accesoria a ella. A los efectos de 
este apartado, la «toma de parte activa en la actividad económica» no incluye las 
siguientes actividades ni sus combinaciones:
(i)  explotación como sociedad de tenencia de valores;
(ii)  supervisión general o servicios de gestión de un grupo societario;
(iii)  actividades de financiación del grupo (incluida la centralización de tesorería);
(iv)  realización o gestión de inversiones, excepto cuando dichas actividades las 
realice un banco, una entidad de seguros o un agente de valores registrado, en el curso 
ordinario de su actividad como tal; o
(v)  la tenencia o gestión de bienes intangibles en cuya producción o desarrollo no 
se haya intervenido.
(b)  Si un residente de un Estado contratante obtiene un elemento de renta de una  e.e
actividad económica efectuada por ese residente en el otro Estado contratante, u obtiene  b
un  elemento  de  renta  del  otro  Estado  contratante  procedente  de  una  persona  77ww
erenla rceiloancaiódna ,c olans  ecsoen edliecimoneensto d dees crreitnatsa  eúnn iceal msuebnatep asrit alad oa c(taiv)i dsaed c eocnosnidóemraicráan d seastaisrrfeocllahdaas 
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económica o una actividad complementaria a ella, efectuada por el residente o por dicha
persona relacionada en el otro Estado contratante. Para determinar si una actividad 
económica es sustancial a los efectos de este subapartado se analizarán todos los 
hechos y circunstancias.
(c)  A los efectos de la aplicación de este apartado, las actividades económicas 
desarrolladas  por  personas  relacionadas  respecto  de  residentes  de  un  Estado 
contratante, se considerarán desarrolladas por dicho residente.
4.  Un residente de un Estado contratante, que no sea una persona que reúne los 
requisitos, podrá, no obstante, acogerse a los beneficios que otorgan las disposiciones 
del apartado 3 del artículo 10, el apartado 1 del artículo 11 o el apartado 1 del artículo 12 
respecto de un elemento de renta descrito en el apartado correspondiente si:
(a)  en el caso de un fondo de pensiones reconocido, al inicio del ejercicio fiscal 
para el que se solicita el beneficio, al menos el 75 por ciento de sus beneficiarios, 
miembros o partícipes son personas físicas que sean «beneficiarios equivalentes»; o
(b)  en todos los demás casos, en el momento en que el beneficio se hubiera 
otorgado y al menos durante la mitad de los días de un período de doce meses que 
comprenda ese momento, las personas que sean «beneficiarios equivalentes» poseen, 
directa o indirectamente, al menos el 75 por ciento de las participaciones en el residente.
5.  (a)  Una sociedad residente de un Estado contratante que actúa como sede 
para  un  grupo  societario  multinacional  compuesto  por  ella  y  sus  filiales  directas  o 
indirectas podrá acogerse a los beneficios previstos en el apartado 3 del artículo 10, el 
apartado 1 del artículo 11 o el apartado 1 del artículo 12 respecto de un elemento de 
renta descrito en el apartado correspondiente, procedente del otro Estado contratante, 
con independencia de que el residente sea o no una persona que reúne los requisitos, si 
la renta obtenida en ese otro Estado contratante procede de la actividad económica a la 
que se refiere la letra (ii) del subapartado (b), o es accesoria a ella.
(b)  A  los  efectos  del  subapartado  (a),  una  sociedad  residente  de  un  Estado 
contratante se considerará sede de un grupo societario multinacional únicamente si:
(i)  provee una parte sustancial de la supervisión y administración general del grupo, 
o provee financiación al grupo;
(ii)  el grupo societario lo conforman sociedades residentes en al menos cuatro 
Estados en los que toma parte activa en una actividad económica, y las actividades 
económicas desarrolladas en cada uno de los cuatro Estados (o cuatro agrupaciones de 
Estados) generan al menos el 5 por ciento de la renta bruta del grupo;
(iii)  las actividades económicas del grupo realizadas en cualquier Estado distinto de 
ese Estado contratante generan menos del 50 por ciento de la renta bruta del grupo;
(iv)  no más del 50 por ciento de la renta bruta de dicha sociedad procede del otro 
Estado contratante;
(v)  dicha sociedad tiene y ejerce autoridad discrecional independiente para llevar a 
cabo las funciones mencionadas en la letra (i); y
(vi)  dicha sociedad está sujeta a las mismas normas sobre la imposición de las 
rentas en ese Estado contratante que las aplicables a las personas descritas en el 
apartado 3.
(c)  A los efectos del subapartado (b), los requisitos de las letras (ii), (iii) o (iv) de ese 
subapartado se considerarán cumplidos en el periodo impositivo en el que se obtiene el 
elemento de renta si las ratios exigidas se alcanzan promediando la renta bruta de los 
cuatro ejercicios precedentes. e.
6.  Si un residente de un Estado contratante no es una persona que reúne los  w.
requisitos, ni tiene derecho a los beneficios en virtud de los apartados 3, 4 o 5, la  77ww
laoust oarpidaartda dcoosm apnetteernioter edse dl eE setsatdeo a crotíncutrlaot apnotder áe nc oqnucee sdee rdlee,n nieog oubes etal nbteen, elofisc iboe cnoenfifcoiroms ed ea 
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correspondiente,  teniendo  en  cuenta  el  objeto  y  propósito  de  este  Convenio,  pero 
únicamente  si  dicho  residente  demuestra  satisfactoriamente  a  dicha  autoridad 
competente que ni la constitución, adquisición o mantenimiento, ni la operativa, tuvieron 
como uno de sus principales propósitos la obtención de dichos beneficios. La autoridad 
competente del Estado contratante a la que un residente del otro Estado contratante 
haya planteado una solicitud en virtud de este apartado consultará con la autoridad 
competente de ese otro Estado contratante antes de aceptar o rechazar dicha solicitud.
7.  A los efectos de este artículo:
(a)  por «clase principal de acciones» se entiende la clase o clases de acciones de 
una sociedad o entidad que representan la mayoría del voto y valor totales de la 
sociedad o entidad;
(b)  en  relación  con  las  entidades  no  societarias,  por  el  término  «acción»  se 
entiende los derechos comparables a acciones;
(c)  por «mercado de valores reconocido» se entiende:
(i)  un mercado de valores constituido y regulado como tal conforme a la legislación 
interna de cualquiera de los Estados contratantes; y
(ii)  cualquier otro mercado de valores acordado por las autoridades competentes de 
los Estados contratantes;
(d)  dos personas serán «personas relacionadas» si una de ellas posee directa o 
indirectamente, al menos el 50 por ciento del derecho de participación en la otra (o, en el 
caso de una sociedad, al menos el 50 por ciento del total de voto y valor de las acciones 
de la sociedad) u otra persona posee, directa o indirectamente, al menos el 50 por ciento 
del derecho de participación (o, en el caso de una sociedad, al menos el 50 por ciento 
del total de voto y valor de las acciones de la sociedad) en cada una de ellas; en todo 
caso,  una  persona  estará  relacionada  con  otra  si,  sobre  la  base  de  los  hechos  y 
circunstancias pertinentes, una tiene el control sobre la otra o ambas están bajo el 
control de una misma persona o personas;
(e)  por «beneficiario equivalente» se entiende una persona con derecho a los 
beneficios respecto de un elemento de renta concedidos por un Estado contratante en 
virtud  de  su  normativa  interna,  de  este  Convenio  o  de  cualquier  otro  acuerdo 
internacional, que sean equivalentes a los beneficios que se otorgarían a ese elemento 
de renta conforme al apartado 3 del artículo 10, el apartado 1 del artículo 11 o el 
apartado 1 del artículo 12; a los efectos de determinar si una persona es un beneficiario 
equivalente en relación con un dividendo percibido por una sociedad, se considerará que 
la persona es una sociedad y que posee los mismos derechos de voto de la sociedad 
que paga el dividendo que el derecho de voto que posee la sociedad que reclama los 
beneficios respecto a los dividendos; y
(f)  por «renta bruta» se entiende los ingresos brutos de una persona determinados 
en el Estado contratante del que es residente, correspondientes al período impositivo 
que comprende el momento en el que se le hubiera otorgado el beneficio, minorados en 
el importe de los costes directos de la generación de dichos ingresos.
8.  (a)  Cuando:
(i)  una empresa de un Estado contratante obtenga rentas procedentes del otro 
Estado contratante y el Estado contratante mencionado en primer lugar considere dichas 
rentas como atribuibles a un establecimiento permanente de la empresa situada en una  e.e
tercera jurisdicción; y b
(ii)  los beneficios atribuibles a dicho establecimiento permanente estén exentos de  77ww
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elemento de renta en caso de que el establecimiento permanente estuviera situado en él.
En tal caso, toda renta a la que sean aplicables las disposiciones de este apartado será 
gravable conforme a la normativa interna del otro Estado contratante, con independencia 
de cualquier otra disposición del Convenio.
(b)  Las disposiciones del subapartado (a) no se aplicarán si la renta procedente del 
otro Estado contratante descrito en ese subapartado se deriva de la toma de parte activa 
en una actividad económica a través de un establecimiento permanente (que no sea la 
inversión, gestión o simple tenencia de inversiones por cuenta de la empresa, a menos 
que se trate de una actividad de banca, seguros o valores efectuada por un banco, una 
compañía  de  seguros  o  un  agente  de  valores  registrado,  respectivamente)  o  es 
accesoria a ella.
(c)  En caso de que en virtud de las disposiciones del subapartado (a) se denieguen 
los beneficios previstos en el Convenio respecto de un elemento de renta obtenido por 
un  residente  de  un  Estado  contratante,  la  autoridad  competente  del  otro  Estado 
contratante podrá, no obstante, conceder dichos beneficios en relación con ese elemento 
de renta si, en respuesta a una solicitud planteada por dicho residente, dicha autoridad 
competente determina que la concesión de los beneficios está justificada a la vista de las 
razones por las que dicho residente no cumplió los requisitos de los subapartados
(a) y (b). La autoridad competente del Estado contratante a la que un residente del otro 
Estado contratante haya planteado una solicitud en virtud de la frase anterior consultará 
con la autoridad competente de ese otro Estado contratante antes de aceptar o denegar 
dicha solicitud.
9.  No  obstante  las  restantes  disposiciones  de  este  Convenio,  los  beneficios 
concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta 
cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias 
pertinentes, que el instrumento jurídico u operación que directa o indirectamente genera 
el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención del 
mismo,  excepto  cuando  se  determine  que  la  concesión  del  beneficio  en  esas 
circunstancias es conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del 
Convenio.
10.  Cuando en virtud de alguna de las disposiciones de este Convenio la renta 
obtenida por un residente de un Estado contratante tenga una desgravación o esté 
exenta de impuestos en el otro Estado contratante y, en virtud de la normativa interna del 
Estado contratante mencionado en primer lugar, ese residente esté sujeto a imposición 
sobre la base del importe que se remite a ese Estado contratante, o en el que se recibe, 
y no por razón del importe total de la renta, esa desgravación o exención concedida en el 
otro Estado contratante en virtud del Convenio, se aplicará únicamente al importe de la 
renta que se someta a imposición en el Estado contratante mencionado en primer lugar.
Artículo 29.  Títulos.
Los títulos de los artículos de este Convenio tienen mero valor referencial y no 
afectan a la interpretación del Convenio.
Artículo 30.  Entrada en vigor.
1.  Cada Estado contratante remitirá al otro por escrito y utilizando el conducto 
diplomático,  una  notificación  confirmando  que  se  han  cumplido  los  procedimientos 
internos necesarios para la entrada en vigor de este Convenio. El Convenio entrará en  s
vigor el primer día del tercer mes siguiente a aquel en el que se reciba la última de  oe.
dichas comunicaciones. w.
2(a. )  Eesnte r eCloancivóenn icoo snu lrotisrá i mefpeucetossto:s exigidos en función del ejercicio fiscal, para los  2021-2977n https://ww
aimñpou seigstuoies ncteo rare asqpuoenld eienn etel sq uae c eula Clqounievre neijoe recnictiroe  qeune v icgoomr;ience desde el 1 de enero del
(b)  en relación con los impuestos que no se exigen en función del ejercicio fiscal, 
para los impuestos exigidos desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que el 
Convenio entre en vigor.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las disposiciones de los artículos 25 
y  26  surtirán  efectos  desde  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  este  Convenio, 
independientemente de la fecha en la que se exijan los impuestos o del ejercicio al que 
dichos impuestos correspondan.
4.  El Convenio entre el Estado Español y el Japón para evitar la doble imposición 
en materia de impuestos sobre la Renta y el Protocolo anejo, firmado en Madrid el 13 de 
febrero de 1974 (en lo sucesivo, el «Convenio anterior») dejará de ser aplicable desde la 
fecha en la que este Convenio surta efectos respecto de los impuestos para los que es 
aplicable según lo dispuesto en los apartados 2 y 3.
5.  No obstante la entrada en vigor de este Convenio, una persona física que, en el 
momento de la entrada en vigor de este Convenio, tenga derecho a los beneficios del 
artículo 20 del Convenio anterior, seguirá teniendo derecho a esos beneficios hasta el 
momento en el que dicha persona física hubiera dejado de tener tales beneficios si el 
Convenio anterior hubiera seguido en vigor.
6.  El Convenio anterior quedará derogado el último día de su aplicación de acuerdo 
con lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 31.  Denuncia.
El  presente  Convenio  permanecerá  en  vigor  hasta  su  denuncia  por  un  Estado 
contratante. Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar el Convenio, por 
conducto diplomático, notificándolo por escrito al otro Estado contratante al menos con 
seis  meses  de  antelación  al  final  de  cualquier  año  civil  que  comience  una  vez 
transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En 
tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
(a)  en relación con los impuestos exigidos en función del ejercicio fiscal, para los 
impuestos correspondientes a cualquier ejercicio que comience desde el 1 de enero del 
año siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia;
(b)  en relación con los impuestos que no se exigen en función del ejercicio fiscal, 
para los impuestos exigidos desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se 
notifique la denuncia.
En  fe  de  lo  cual,  los  signatarios,  debidamente  autorizados  al  efecto  por  sus 
respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio.
Hecho por duplicado en Madrid el 16 de octubre de 2018 en las lenguas española, 
japonesa  e  inglesa,  siendo  todos  los  textos  igualmente  auténticos.  En  caso  de 
divergencia de interpretación entre cualquiera de los textos, esta se resolverá conforme 
al texto en lengua inglesa.
Por el Reino de España, Por Japón,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón,  Shinzo Abe,
Presidente del Gobierno Primer Ministro
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y 
Japón para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y 
prevenir la elusión y evasión fiscales (en lo sucesivo, el Convenio), el Reino de 
España y Japón han convenido las siguientes disposiciones que constituirán parte 
integrante del Convenio.
1.  En relación con el artículo 2 del Convenio.
A  los  efectos  de  este  artículo,  en  el  caso  de  España,  el  término  «un  Estado 
contratante» al que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo incluye sus 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
2.  Queda entendido que nada de lo dispuesto en el Convenio puede interpretarse 
como  una  restricción,  en  sentido  alguno,  de  la  aplicación  de  las  disposiciones  del 
Derecho de un Estado contratante destinadas a evitar la evasión y elusión fiscales, 
excepto si la aplicación de dichas disposiciones genera una imposición no conforme con 
las disposiciones del Convenio.
3.  Queda entendido que nada de lo dispuesto en el Convenio puede interpretarse 
como una restricción a la aplicación de las siguientes disposiciones:
(a)  en el caso de Japón, la Sección 4-3 del capítulo II y las secciones 7-4 y 24 del 
capítulo III de la Ley sobre Medidas Especiales en Materia de Imposición (Ley Núm. 26 
de 1957);
(b)  en el caso de España, el artículo 100 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades
incluyendo las modificaciones que puedan efectuarse, cuando corresponda, sin que 
con ello se modifique el principio general de las mismas.
En  fe  de  lo  cual,  los  signatarios,  debidamente  autorizados  al  efecto  por  sus 
respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
Hecho por duplicado en Madrid el 16 de octubre de 2018 en las lenguas española, 
japonesa  e  inglesa,  siendo  todos  los  textos  igualmente  auténticos.  En  caso  de 
divergencia de interpretación entre cualquiera de los textos, esta se resolverá conforme 
al texto en lengua inglesa.
Por el Reino de España, Por Japón,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón,  Shinzo Abe,
Presidente del Gobierno Primer Ministro
* * *
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de mayo de 2021, primer día del tercer 
mes siguiente a aquel en el que se recibió la última de las comunicaciones sobre el 
cumplimento de los requisitos internos de ambas Partes, según se establece en su 
artículo 30.
Madrid, 17 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel  o
Palomino. w.