BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72833
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10009 Sala Segunda. Sentencia 96/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo  5527-2019.  Promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Sant  Feliu  de 
Buixalleu respecto de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
y un juzgado de lo contencioso-administrativo de Girona que inadmitieron 
recuso de apelación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso  al  recurso  legal):  inadmisión  de  recurso  de  apelación  por 
extemporáneo sin tener en cuenta la aclaración del fallo (STC 105/2006).
ECLI:ES:TC:2021:96
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5527-2019, promovido por el Ayuntamiento de Sant Feliu 
de Buixalleu, contra el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 47/2019, de 1 de julio de 2019, por el que 
se desestima el recurso de queja núm. 1-2019 interpuesto contra el auto del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Girona de 16 de abril de 2019, por el que se inadmite 
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 2747/2018, de 27 de noviembre 
de 2018, pronunciada en el procedimiento ordinario núm. 51-2016. Han comparecido don 
Manuel Cuyas Andreu, doña Mercé Cuyas Andreu, doña María Montserrat Cuyás Sánchez y 
la entidad El Clos de Can Roquet, S.L. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  El Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu, representado por el procurador de 
los tribunales don Alberto Hidalgo Martínez y bajo la dirección de la letrada doña Pilar 
Berney Pujol, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en 
el encabezamiento, mediante escrito registrado en este tribunal el 30 de septiembre 
de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 10 de febrero de 2016 se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el  s
decreto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu de 10 de diciembre de 2015 y diversas  e.
liquidaciones impositivas, dando lugar al procedimiento ordinario número 51-2016, tramitado  w.
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Girona. 009ww
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El ayuntamiento, habiendo transcurrido un plazo de dos días desde la notificación de 
la sentencia y el plazo de recurso de apelación, solicitó el 11 de diciembre de 2018 la 
aclaración de la sentencia. La aclaración fue denegada por auto de 12 de enero de 2019. 
Este auto se notificó al ayuntamiento el 22 de febrero de 2019.
b)  El ayuntamiento demandante de amparo interpuso, mediante escrito registrado 
antes de las 15:00 horas del 18 de marzo de 2019, recurso de apelación contra la citada 
sentencia.
El recurso fue inadmitido por auto de 16 de abril de 2019, argumentando que (i) la 
sentencia fue notificada el 5 de diciembre de 2018; (ii) el ayuntamiento solicitó su 
aclaración el 11 de diciembre de 2018, «interrumpiendo el plazo para interponer el 
recurso (art. 267.9 LOPJ), cuando se habían consumido dos días de los quince para 
apelar la sentencia», (iii) el 22 de febrero de 2019 se notificó el auto desestimando la 
aclaración  «reanudándose  el  cómputo  del  plazo  de  los  trece  días  restantes  para 
interponer la apelación, venciendo dicho plazo el día 14 de marzo a las 15:00 horas 
(art. 135.5 LEC)»; y (iv) el escrito formulando recurso de apelación, al haber sido 
registrado el 18 de marzo de 2019, ha sido presentado fuera de plazo.
c)  El ayuntamiento demandante de amparo interpuso recurso de queja, que fue 
tramitado con el núm. 1-2019 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, invocando el derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho de acceso al recurso, 
con fundamento en que la fórmula de cómputo aplicada en relación con los efectos de la 
solicitud de aclaración es contraria a la jurisprudencia constitucional establecida en la 
STC 90/2010, FJ 3.
La queja fue desestimada por auto núm. 47/2019, de 1 de julio de 2019, insistiendo 
en  que  en  el  cómputo  del  plazo  para  interponer  el  recurso  de  apelación  hay  que 
computar los dos días «que se corresponden con los que trascurrieron desde aquel en 
que ha de tenerse por notificada la sentencia (el día 5), hasta el día en que se solicitó la 
aclaración de la misma».
3.  El ayuntamiento demandante de amparo solicita la nulidad de las resoluciones 
judiciales  impugnadas  por  vulneración  de  sus  derechos  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), en su dimensión de acceso al recurso, a la igualdad en la aplicación de la 
ley (art. 14 CE) y a un proceso con todas las garantías y a la defensa (art. 24.2 CE); con 
retroacción  de  actuaciones  para  que  se  dicte  otra  respetuosa  con  estos  derechos 
fundamentales.
El ayuntamiento demandante fundamenta la vulneración del art. 24.1 CE en que se 
ha hecho una interpretación y aplicación de la forma de cómputo que es contraria (i) a 
las previsiones legales establecidas en los arts. 267.9 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) y 448.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) –que disponen que los 
plazos  para  recurrir  se  contarán  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la 
resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la 
denegación de esta– y (ii) a la interpretación que respecto de dicho cómputo se hizo en 
la STC 90/2010, de 15 de noviembre, en que se consideró una interpretación arbitraria 
lesiva del art. 24.1 CE la aplicada en las resoluciones impugnadas.
El ayuntamiento demandante fundamenta la vulneración del arts. 14 y 24.2 CE en 
que  existen  diversas  resoluciones  no  solo  del  Tribunal  Constitucional  y  Tribunal 
Supremo,  sino  también  de  las  diferentes  secciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de considerar 
que tras la notificación de la decisión resolutoria de una aclaración comienza el cómputo  e.
completo del plazo para recurrir; por lo que las resoluciones impugnadas implican un  w.b
cambio de criterio jurisprudencial injustificado lesivo del derecho a la igualdad en la  009ww
aplicación de la ley y a un proceso con todas las garantías.
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una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el
órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]; y dirigir atenta 
comunicación a los órganos judiciales para la remisión de copia testimoniada de las 
actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para 
que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el recurso de amparo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 29 de septiembre de 2020, acordó tener por personada y parte en el 
procedimiento al procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González 
Carvajal, en nombre y representación de don Manuel Cuyas Andreu, doña Mercé Cuyas 
Andreu, doña María Montserrat Cuyás Sánchez y la entidad El Clos de Can Roquet, S.L., 
quienes lo hacen bajo la dirección de la letrada doña Dolors Clavell Nadal; y dar vista de 
las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte 
días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 17 de noviembre de 2020, formuló 
alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho de acceso al 
recurso, y se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas con retroacción de 
actuaciones al momento en que se inadmitió el recurso de apelación para que se 
pronuncie una nueva resolución respetuosa con este derecho fundamental.
El Ministerio Fiscal, tras la cita de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de 
acceso  al  recurso  y  su  proyección  al  cómputo  de  los  plazos  de  recurso  una  vez 
formulada y resuelta una solicitud de aclaración (SSTC 105/2006, 188/2006 y 34/2020), 
expone que se ha vulnerado el art. 24.1 CE, ya que los órganos judiciales han concluido 
la inadmisión del recurso de apelación a partir de una interpretación que no puede 
considerarse fundada en derecho pues los arts. 267.9 LOPJ y 215.5 y 448.2 LEC 
establecen de manera expresa que en caso de solicitud de aclaración el plazo del 
cómputo para formular recurso comienza desde la notificación de la resolución que la 
acordase o denegase.
7.  La parte personada, por escrito registrado el 30 de octubre de 2020, formuló 
alegaciones solicitando que se inadmita o, subsidiariamente, se desestime el presente 
recurso de amparo. Ninguna argumentación se desarrolla en relación con la solicitud 
principal de inadmisión. Respecto de la solicitud de desestimación se expone que, si bien 
no cabe controvertir que la jurisprudencia en relación con el cómputo de plazos de 
recurso en caso de que se solicite la aclaración de la resolución a impugnar es que 
comienza la integridad del plazo cuando se resuelve dicha petición, también es de 
destacar  que  la  jurisprudencia  ordinaria  establece  que  esa  eficacia  interruptora 
desaparece cuando se hace un uso fraudulento o manifiestamente improcedente de la 
solicitud de aclaración, que es lo que habría sucedido en este caso en que dicha solicitud 
contenía  una  mera  discrepancia  con  la  argumentación  de  la  sentencia  sin  hacer 
referencia a ninguna cuestión tratada de forma confusa ni a ningún error material, motivo 
por el que fue denegada la aclaración.
8.  El  ayuntamiento  demandante  de  amparo,  por  escrito  registrado  el  4  de 
noviembre de 2020, formuló alegaciones reiterando las expuestas en la demanda de 
amparo.
9.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación de  e.e
la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año. b
II. Fundamentos jurídicos
SSTÚCn 1ic0o5. /20A0p6li,c daeci ó3n d e daeb ril, lay  90ju/2r0is1p0ru, ddeen 1c5ia d e cnoonvsietimtubcrioen.al  establecida  en  las
El objeto de este recurso es determinar si la decisión judicial de inadmitir el recurso de 
apelación formulado por el ayuntamiento demandante de amparo vulnera el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso, al 
haberse fundamentado la inadmisión en que, si el recurso de apelación se presenta tras 
haberse instado una solicitud de aclaración, deben descontarse los días transcurridos hasta la 
presentación de dicha solicitud en el cómputo del plazo de quince días establecido para la 
interposición en el art. 85.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La cuestión controvertida en este recurso ya ha sido resuelta por este tribunal en la 
STC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, en que, con remisión a lo establecido en la 
STC 105/2006, de 3 de abril, FJ 5, se afirmó que la interpretación judicial de que la 
tramitación de un recurso de aclaración no permite interrumpir el cómputo del plazo para 
interponer un recurso constituye una interpretación arbitraria de la normativa reguladora de 
los plazos procesales. Se señaló en dicha resolución que debe tenerse en cuenta que las 
resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no 
puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran 
interponerse contra la resolución aclarada. De ahí que, en consonancia con esta forma de 
entender la técnica de la aclaración de las resoluciones judiciales, el Derecho positivo ha 
entendido tradicionalmente que en la determinación del comienzo del cómputo del plazo de 
un  recurso  contra  una  resolución  que  ha  sido  objeto  de  una  resolución  estimatoria  o 
denegatoria de una solicitud de aclaración debe tomarse necesariamente en consideración la 
fecha de notificación de la resolución sobre la aclaración, que es lo que se establece 
expresamente en la actualidad en los arts. 267.9 LOPJ y 448.2 LEC.
En aplicación de esta doctrina, el tribunal constata que el único argumento judicial en 
que se fundamenta la inadmisión del recurso de apelación es que resultaba necesario 
descontar de los quince días previstos legalmente para la interposición de este recurso 
los dos días transcurridos hasta que se solicitó la aclaración de la resolución impugnada. 
Por tanto, hay que concluir, de acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal, que se ha 
vulnerado el art. 24.1 CE.
A estos efectos, no puede tomarse en consideración la alegación de la parte personada 
sobre la eventual utilización fraudulenta de la solicitud de aclaración y la incidencia que esto 
hubiera podido tener en el derecho invocado. Como de modo semejante se concluyó en el 
asunto resuelto en la citada STC 90/2010, FJ 3, el tribunal constata que no fue ni ese 
supuesto uso fraudulento ni una manifiesta improcedencia de dicha solicitud el argumento 
relevante en la decisión judicial impugnada en este recurso de amparo.
La estimación de este motivo de amparo determina, sin necesidad de entrar a 
analizar  el  resto  de  las  invocaciones,  la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas y la retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución 
respetuosa con el derecho fundamental que se declara vulnerado.
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Buixalleu y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela  b
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su dimensión de acceso al recurso. 009ww
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de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 
47/2019, de 1 de julio de 2019, pronunciado en el recurso de queja núm. 1-2019.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de 
las resoluciones citadas para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.