BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 159 Sábado 6 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 38027
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
5767 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
I
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional  la  situación  de  emergencia  ocasionada  por  el  brote  epidémico  de 
COVID-19. El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
El artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que la duración del estado de alarma sería de 
quince días naturales.
Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluación elaborados por 
las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluyó que 
la situación de emergencia sanitaria generada por el brote epidémico de COVID-19 no se 
superaría en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.
A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la 
propagación de la enfermedad, mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 
de marzo, 7 de abril, 21 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, el Gobierno solicitó 
del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar en cinco ocasiones el estado 
de alarma declarado por el citado real decreto, así como la vigencia de las medidas en él 
contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de 
marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo y 20 de mayo de 2020 acordó conceder las 
mencionadas autorizaciones en los términos recogidos en los respectivos acuerdos de 
autorización de las prórrogas.
De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
la prórroga se extendió hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020; mediante el Real 
Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la prórroga hasta las 00:00 horas del día 26 
de abril de 2020; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableció una nueva 
prórroga hasta las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020; el Real Decreto 514/2020, de 8 
de mayo, dispuso la prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 24 de 
mayo de 2020; y, finalmente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, prorrogó el 
estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020.
El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la información  e.
requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional sexta del Real  w.b
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de  67ww
CEpoiodredminiaoclóiógnic ad,e  seA lehrata sd ayd oE mcueergnetan caial sC  Sonagnriteasroia sd ey  lloas  RDeidp uNtaadcoiso ndael l dceo nVjuigniltaon cdiea 
cdoismpopseitceionnteess , dóerledgeandeass,  iyn stprourc ceiol neCso nys erjeos odleu ciMonineiss traods.o pAtasdimasis mpoo,r  elal sG  aoubtioerrindoa dheas 
comparecido semanalmente para valorar la evolución de la situación.
La  citada  información  ha  permitido  realizar  un  seguimiento  de  la  adecuación  y 
eficacia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus 
prórrogas. Durante el periodo de la primera prórroga, los datos proporcionados por la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica pusieron de manifiesto que las medidas 
aplicadas  habían  conseguido  alcanzar  gradualmente  el  objetivo  de  disminuir  la 
transmisión de la enfermedad y reducir al máximo el riesgo de colapso en las unidades 
de cuidados intensivos hospitalarios (en adelante, UCI).
Esos datos indicaron, durante el periodo de la segunda prórroga, que el número de 
contagios había disminuido por debajo del umbral que produciría la saturación de las 
UCI, al tiempo que se había fortalecido la capacidad del sistema sanitario para dar 
respuesta a la misma. Además, el número de altas se fue incrementando en este periodo 
y con ello se produjo una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.
Los datos evidenciaron durante el periodo de la tercera prórroga la consolidación de 
la tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por 
PCR, fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), así como la reducción 
a  la  mitad  de  los  incrementos  diarios,  a  excepción  de  los  casos  que  requirieron 
hospitalización.
Durante  la  vigencia  de  la  cuarta  prórroga  se  establecieron  los  mecanismos 
necesarios para avanzar en la detección precoz y el rápido control de cualquier brote de 
la forma más localizada posible. Este elemento resulta crucial para evitar el riesgo de 
una  nueva  onda  epidémica  que  afecte  a  todo  el  territorio  nacional.  Además,  los 
resultados del estudio nacional de seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 
permiten valorar la situación observada hasta la fecha con el número de casos estimado 
por  el  estudio  para  España  y  para  cada  una  de  las  provincias,  mejorando  el 
entendimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar y controlar los 
casos durante toda la epidemia.
Finalmente, cabe destacar la favorable evolución de la situación durante la quinta 
prórroga. En este sentido, con datos a fecha 1 de junio, la incidencia acumulada de 
casos diagnosticados en los últimos 14 días es de 13,87 por 100.000 habitantes y 
de 5,87 en los últimos 7 días. Teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas, la 
incidencia en los últimos 14 días es de 2,03 y, en los últimos 7 días, de 0,57.
Los resultados descritos en la evolución favorable de la epidemia en nuestro país se 
han logrado, en buena medida, gracias al esfuerzo encomiable de toda la población.
Dicha evolución, si bien es positiva en todas las comunidades autónomas, sigue 
presentando diferencias entre estas, requiriéndose un periodo de tiempo adicional para 
asegurar que el riesgo de que se produzca un repunte de casos o la aparición de nuevos 
brotes sea mínimo y controlado.
II
Las dos últimas prórrogas autorizadas por el Congreso de los Diputados se han 
enmarcado  en  el  proceso  de  desescalada  que,  en  el  contexto  propuesto  por  la 
Comunicación «Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de 
contención de la COVID-19», presentada el pasado 15 de abril por la Presidenta de la 
Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, inició el Gobierno de España, al 
igual que distintos Estados miembros, con la aprobación, mediante Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de abril de 2020, del Plan para la desescalada de las medidas 
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. s
El citado Plan, remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en  e.
cumplimiento de lo previsto por la disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020,  w.
de 14 de marzo, concibe el levantamiento de las medidas de contención de modo  67ww
cgaramdbuiaols,  adseim éotrriiceon,t accoióonr dinnaedcoe sacorino s lase nc ofmunucniiódna dedse  aulat óneovmolausc ióyn  addaep talobsle  daa tlooss 
epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
El  Plan  establece  una  fase  cero  o  preliminar  y  tres  fases  de  desescalada 
diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que 
podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos parámetros, criterios e 
indicadores en él contemplados, hasta llegar a la fase III, tras la cual se pondrá fin a las 
medidas de contención, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica, la capacidad 
reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía.
Actualmente, todo el territorio nacional se encuentra, como mínimo, en fase I, y el 70 
% de la población española ya está en fase II. Además, hay cuatro islas –El Hierro, La 
Graciosa, La Gomera y Formentera– que han pasado a fase III.
Dada la naturaleza imprevisible y dinámica de la evolución de la enfermedad, se 
requiere un enfoque prudente, con hitos que se puedan ir alcanzando sucesivamente y 
que puedan ser reajustados en caso de resultar necesario. De ahí que, al igual que en el 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, así como en el Real Decreto 537/2020, de 22 de 
mayo, se prevea la posibilidad de ir levantando y modulando las limitaciones impuestas 
en  virtud  del  estado  de  alarma,  siempre  y  cuando  lo  permitan  los  parámetros  e 
indicadores previstos en el Plan para cada uno de los territorios.
Durante la vigencia de esta nueva prórroga se pretende culminar esta progresiva 
desescalada, partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y 
definitiva pérdida de eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que 
van a proyectarse, por lo que se trataría de la última prórroga del estado de alarma. Se 
refuerza  asimismo  la  cooperación  con  las  comunidades  autónomas,  que  no  solo 
disponen de capacidad para modular la aplicación de las medidas en su territorio, sino 
que además pueden pasar a ser durante la vigencia de esta prórroga autoridades 
competentes delegadas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las 
medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus 
competencias.
III
De acuerdo con lo previsto por el artículo primero.dos de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, así 
como la duración del mismo, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables 
para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se realizará de forma 
proporcionada a las circunstancias.
Como se ha señalado en los anteriores reales decretos de prórroga, la jurisprudencia 
constitucional exige desarrollar tal análisis atendiendo a la identificación de la finalidad 
constitucionalmente legítima pretendida y al cumplimiento de los requisitos del juicio de 
proporcionalidad  mediante  el  cumplimiento  de  la  triple  condición  de  adecuación, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (entre otras, SSTC 64/2019, de 9 de 
mayo, FJ 5; 99/2019, de 18 de julio, FJ 6).
En cuanto a la finalidad legítima, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal 
Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), el objetivo de las medidas 
contenidas en la presente prórroga encuentra «[…] cobertura constitucional bastante en 
los artículos 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección 
de  la  salud),  ambos  tan  intensamente  conectados  que  es  difícil  imaginarlos  por 
separado, máxime en las actuales circunstancias», puesto que se trata de «[…] limitar el 
impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad física y en su derecho a 
la vida pueda tener la propagación del COVID-19». s
Se  trata  de  medidas  adecuadas  para  alcanzar  tal  finalidad.  Los  indicadores  e.
disponibles, tanto en nuestro país como en otros de nuestro entorno, han puesto de  w.
manifiesto de forma sostenida que la limitación de la libertad deambulatoria, junto con las  67ww
emfeicdaicdeass  pdairriag idcoans tean eerv iltaa rp raogploamgaecriaócni odnee sla  oe nefle rcmonetdaacdto,  yi,n pteorrp etarsnoton,a rl,e ssuolnta  aplrtaemviseinbtlee 
que sigan siendo adecuadas durante la vigencia de esta nueva prórroga.
Como señala el alto tribunal en el auto antes citado, «(a)nte esta incertidumbre tan 
acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en 
la seguridad jurídica que recoge el artículo 9.3 de la Constitución, las medidas de 
distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y 
actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los 
efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, 
desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados 
excepcionales en el año 1981».
En efecto, en España se ha detectado un gran descenso en los casos nuevos 
notificados. Desde el 11 hasta el 31 de mayo se han diagnosticado alrededor de 500 
casos diarios, lo cual supone un promedio de más de 3.000 casos diagnosticados cada 
semana en este período, la mayoría de los cuales son casos leves o asintomáticos. La 
disminución se aprecia claramente cuando se compara con cifras de finales de marzo, 
donde por ejemplo la semana del 23 al 29 de marzo se diagnosticaron más de 55.000 
casos, y en una amplia proporción fueron casos que requirieron hospitalización.
Si  se  examina  el  número  de  decesos,  puede  asimismo  observarse  la  drástica 
reducción que se ha producido desde el pico de la epidemia con un número máximo 
alcanzado de más de 900 defunciones notificadas en un día, hasta las 384 que se han 
notificado entre los casos diagnosticados desde el 11 al 31 de mayo, y que se registran 
de forma individualizada con base en la nueva estrategia de vigilancia.
Estas  medidas,  provistas  de  una  justificación  legítima  y  adecuadas  para  la 
consecución del fin perseguido, siguen resultando necesarias en la actualidad.
De acuerdo con los datos disponibles, en la actual fase de evolución de la pandemia, 
la pérdida de vigencia automática de dichas medidas, sin un levantamiento gradual y 
coordinado de las mismas, tal y como se prevé en el Plan para la desescalada, no solo 
podría  comprometer  el  logro  de  los  objetivos  de  contención  de  la  pandemia  antes 
descritos,  sino  que  podría  generar  el  riesgo  de  aparición  de  nuevas  cadenas  de 
transmisión no identificadas.
En concreto, atendiendo al principio de precaución que debe guiar la actuación de los 
poderes públicos en la gestión del riesgo sanitario, resulta indispensable mantener la 
limitación a la libertad de circulación de las personas en los términos previstos en el 
vigente Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, si bien modulados conforme a lo previsto 
en  este  real  decreto  de  prórroga,  y  por  las  órdenes,  resoluciones,  disposiciones  e 
instrucciones interpretativas dictadas al amparo de las habilitaciones contenidas en el 
citado real decreto.
Solo  manteniendo  la  limitación  a  la  libertad  deambulatoria  entre  las  distintas 
provincias, islas y unidades territoriales será posible culminar el plan para controlar la 
pandemia y esta limitación, de alcance general para toda la población y aplicable en todo 
el territorio, únicamente puede establecerse en el marco del estado de alarma. No existe 
en estos momentos alternativa jurídica que permita limitar en todo el territorio nacional el 
derecho fundamental contenido en el artículo 19 de la Constitución Española, toda vez 
que la legislación ordinaria resulta insuficiente por sí sola para restringir este derecho 
fundamental.  La  aplicación  del  régimen  jurídico  ordinario  previsto,  entre  otras, 
fundamentalmente en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tan solo permitiría establecer 
medidas de ámbito subjetivo y territorial mucho más restringido e inadecuadas para 
contener de forma eficaz la propagación de la enfermedad en atención a ese carácter. s
Ahora bien, la prórroga que se establece en este real decreto solamente contempla  oe.
el mantenimiento de las restricciones a la libre circulación de las personas estrictamente  w.
indispensables para alcanzar el fin perseguido, en atención a la distinta situación en que  67ww
se eDnacudeon qtrueen  ltaosd od isetli nttearsri tuonriiod andaecsi otenrarilt osreia leensc.uentra al menos en fase I debido a la
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movimientos fuera de aquella, a fin de poder contener eficazmente la enfermedad y 
evaluar adecuadamente el impacto de las medidas de desescalada en cada uno de esos 
ámbitos territoriales.
La prórroga establecida en este real decreto contempla, al igual que ya lo hizo la 
anterior, la pérdida de eficacia de las limitaciones a la libre circulación de las personas 
para  aquellas  unidades  territoriales  que  hayan  completado  todas  las  fases  de 
desescalada, de modo que será posible para las personas que se encuentren en ellas 
desplazarse a cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que 
pudieran afectarles cuando se desplacen a aquellos territorios que aun no hubieran 
completado el proceso de desescalada.
En cuanto al resto de las medidas de contención, durante la vigencia de la nueva 
prórroga se mantiene la posibilidad de adaptar y levantar las limitaciones de forma 
progresiva  y  gradual,  siempre  y  cuando  lo  permitan  los  indicadores.  De  manera 
complementaria, la prórroga establecida en este real decreto, al igual que las anteriores, 
contempla la posibilidad de modular la aplicación de las medidas por parte de las 
comunidades autónomas, de modo que pueda asegurarse un constante ajuste de las 
mismas a la evolución de las distintas unidades territoriales.
Finalmente, las medidas previstas para esta nueva prórroga no sólo disponen de 
justificación constitucional y cumplen con los requisitos de adecuación y de necesidad, 
sino que también se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto a los beneficios, resulta previsible que las medidas que se prorrogan, 
convenientemente adaptadas a la evolución territorial de los distintos indicadores de 
carácter  sanitario  y  epidemiológico,  sigan  resultando  eficaces  para  contener  la 
propagación de la enfermedad.
Pero, como se ha señalado en anteriores ocasiones, las decisiones sobre la prórroga 
del estado de alarma no pueden únicamente sustentarse en la evaluación del riesgo 
sanitario,  ya  que  en  la  gestión  de  este  riesgo  intervienen  asimismo  otros  factores 
pertinentes de carácter socioeconómico que deben ser convenientemente sopesados.
En este sentido, la pandemia y las medidas de contención han afectado al normal 
desenvolvimiento  de  las  relaciones  familiares,  sociales  y  laborales,  con  especial 
incidencia  en  colectivos  vulnerables,  y  han  impactado  asimismo  en  la  actividad  de 
numerosos sectores productivos, con importantes pérdidas de rentas para hogares, 
autónomos y empresas.
Debe, por tanto, alcanzarse un adecuado equilibrio entre costes y beneficios. Y este 
equilibrio es el que conforma el Plan de desescalada al proponer que la reactivación 
progresiva  de  la  actividad  económica,  social  y  cultural  requiere  afianzar  nuevos 
comportamientos por parte de las personas y las empresas, como la autoprotección y la 
separación física, con el fin de que la recuperación se produzca en condiciones que 
aseguren la máxima seguridad sanitaria, partiendo de la experiencia adquirida.
En definitiva, atendiendo al carácter basilar del derecho a la vida, a la integridad 
física y a la salud que se pretende salvaguardar de manera adecuada y necesaria por la 
nueva prórroga, cabe concluir que los beneficios derivados de ella, consistentes en 
contener la propagación de la enfermedad, fortalecer la capacidad asistencial de los 
sistemas sanitarios, y afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la 
población, son mayores que los costes que ocasiona, que por otra parte están tratando 
de ser atenuados mediante la progresiva recuperación de la libre circulación y de las 
actividades  económicas,  sociales  y  culturales  a  medida  que  la  evolución  de  los 
indicadores lo hace posible. s
IV 67www.
DecErent o a4te6n3c/2ió0n2 0a,  dleo  1a4n tedreio rmmaernztoe,  ye xdpeu elsatso , mseed idmaas ntqieunee  lol am  ovidgieficnacnia,  adpelli caRne ayl 
desarrollan, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
No obstante, y de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la desescalada de 
las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
mediante el presente real decreto se continúa habilitando al Ministro de Sanidad, en su 
condición de autoridad competente delegada, con arreglo al principio de cooperación con 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a concretar las medidas 
que deban aplicarse en el proceso de desescalada, en un marco de cogobernanza.
La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de 
la evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios y epidemiológicos, como sociales, 
económicos  y  de  movilidad.  Además,  estas  medidas  podrán  aplicarse  en  ámbitos 
territoriales concretos, ya sea la provincia, isla o unidad territorial de referencia en el 
proceso de desescalada.
En  este  sentido,  la  habilitación  al  Ministro  de  Sanidad  que  se  contiene  en  el 
artículo 3.1 de este real decreto como autoridad competente delegada, a propuesta, en 
su caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se refiere 
a las medidas de desescalada en todos los ámbitos de actividad afectados por las 
restricciones  establecidas  en  la  declaración  del  estado  de  alarma  y  sus  sucesivas 
prórrogas, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas.
En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que, en el marco de 
las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las 
personas podrán desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia 
en que se encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el 
desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, 
profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y 
cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor 
o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.
Al  igual  que  en  la  prórroga  anterior,  se  prevé  que  el  Gobierno  pueda  acordar 
conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción 
de las unidades de actuación y de las limitaciones respecto a la libertad de circulación de 
las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, 
servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de 
la emergencia sanitaria en cada una de ellas. En caso de acuerdo, estas medidas serán 
aplicadas  por  quien  ostente  la  Presidencia  de  la  comunidad  autónoma,  como 
representante ordinario del Estado en el territorio. Se mantiene asimismo la específica 
previsión  contemplada  el  artículo  4.2  del  Real  Decreto  537/2020,  de  22  de  mayo, 
respecto de los enclaves.
Asimismo, en el artículo 5 se mantiene la previsión de que la superación de 
todas las fases previstas en el Plan para la desescalada determinará que queden sin 
efecto  las  medidas  derivadas  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  en  las 
correspondientes provincias, islas o unidades territoriales, a fin de mantener las 
medidas limitativas y de contención únicamente en las unidades territoriales en que 
resulten indispensables.
Pero,  además,  durante  la  vigencia  de  la  nueva  prórroga  se  prevé  una  mayor 
participación de las comunidades autónomas en el proceso de desescalada y en la 
adopción  de  medidas,  además  de  ahondar  en  la  progresiva  recuperación  de  sus 
competencias ya iniciada en anteriores prórrogas.
En este sentido, cobra especial relevancia el contenido del artículo 6, en virtud 
del  cual,  la  autoridad  competente  delegada  para  el  ejercicio  de  las  funciones 
derivadas del estado de alarma, además del Ministro de Sanidad, bajo la superior  s
dirección del Presidente del Gobierno y con arreglo al principio de cooperación con  oe.
las comunidades autónomas, será quien ostente la Presidencia de la comunidad  w.
autónoma.  Este  ultimo  será  la  autoridad  competente  delegada,  con  carácter  67ww
ceoxrcrleusspivoon, dpieanrtae sl a a adlao pfcaiósne,  IsIIu pdreesl ióPnla, nm  oddeu ladceisóens cya laedjeac,u ceinó n edjeer cliacsio  mdeed idsuass 
competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que
excedan  el  ámbito  de  la  unidad  territorial  determinada  para  cada  comunidad 
autónoma a los efectos del proceso de desescalada.
Además, se prevé que sean las propias comunidades autónomas las que puedan 
decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en 
las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad, a los efectos de 
lo previsto en el artículo 5 de este real decreto.
Asimismo,  corresponderá  durante  ese  periodo  a  las  administraciones  públicas 
competentes  el  ejercicio  de  las  funciones  contempladas  en  el  artículo  5  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
También  se  mantiene  la  previsión  del  artículo  7,  conforme  a  la  cual,  las 
administraciones  educativas  competentes  podrán  disponer  la  flexibilización  de  las 
medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito 
educativo no universitario y de la formación, siempre que se acuerde la progresión a fase 
II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a las previsiones de este 
real decreto. En todo caso, durante este periodo, las actividades educativas podrán 
mantenerse a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte 
posible.
Por último, en el artículo 8, se mantiene la vigencia de las órdenes, resoluciones, 
disposiciones  e  instrucciones  dictadas  por  las  autoridades  competentes  delegadas 
previstas en el artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se 
opongan a lo dispuesto en otras posteriores, ni a lo establecido en este real decreto, o, 
en su caso, a lo que dispongan las autoridades competentes delegadas a las que se 
refiere el artículo 6 en ejercicio de sus competencias.
En definitiva, se prevé que, durante la vigencia de la nueva prórroga del estado 
de alarma, culmine el gradual levantamiento de las medidas de contención previstas 
en el Plan para la desescalada y se contempla asimismo que puedan quedar sin 
efecto las medidas en aquellos ámbitos territoriales que superen todas las fases del 
citado Plan.
Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación 
elaborados por la autoridad competente delegada, se estima imprescindible prorrogar de 
nuevo el estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, en los términos 
contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización 
expresa  del  Congreso  de  los  Diputados,  que  podrá  establecer  el  alcance  y  las 
condiciones vigentes durante la prórroga.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020, el Gobierno 
solicitó del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de garantizar la 
eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 3 de junio de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida, en los términos solicitados por el Gobierno.
En su virtud, al amparo de lo previsto  por  el artículo 116.2 de la Constitución 
Española,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  sexto.dos  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta 
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad, y previa deliberación del  s
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de junio de 2020, oe.
DISPONGO:
Artículo 1.  Prórroga del estado de alarma.
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 2.  Duración de la prórroga.
La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del 
día 7 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, y se someterá 
a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se 
establece en los artículos siguientes.
Artículo 3.  Procedimiento para la desescalada.
1.  En  aplicación  del  Plan  para  la  desescalada  de  las  medidas  extraordinarias 
adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de 
Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, como autoridad 
competente delegada, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar la progresión de 
las fases y medidas aplicables en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 6. La regresión de las fases y medidas hasta las previstas en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo 
procedimiento.
2.  En  el  marco  de  las  decisiones  que  se  adopten  sobre  la  progresión  de  las 
medidas  de  desescalada,  las  personas  podrán  desplazarse  por  el  territorio  de  la 
provincia,  isla  o  unidad  territorial  que  se  determine  a  los  efectos  del  proceso  de 
desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra 
parte  del  territorio  nacional  por  motivos  sanitarios,  laborales,  profesionales  o 
empresariales,  de  retorno  al  lugar  de  residencia  familiar,  asistencia  y  cuidado  de 
mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación 
de  necesidad  o  cualquier  otra  de  análoga  naturaleza.  En  todo  caso,  en  cualquier 
desplazamiento  deberán  respetarse  las  instrucciones  dictadas  por  las  autoridades 
sanitarias.
Artículo 4.  Acuerdos con las comunidades autónomas y tratamiento de los enclaves.
1.  En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de 
la  emergencia  sanitaria  causada  por  el  COVID-19,  el  Gobierno  podrá  acordar 
conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción 
de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de 
las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, 
servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de 
la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma.
En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 
de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio. e.e
2.  Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos,  w.b
aquellos  municipios  que  constituyen  enclaves  recibirán  el  tratamiento  propio  de  la  67ww
apurotóvinnocmiaa  qduiset inletas  ac ilrac udned aaq, useilnlo sq.ue sea obstáculo que esta pertenezca a comunidad
Artículo 5.  Pérdida de efectos de las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma.
La superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las 
medidas  extraordinarias  adoptadas  para  hacer  frente  a  la  pandemia  de  COVID-19, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará 
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en 
las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.
Artículo 6.  Autoridades competentes delegadas.
1.  Durante  el  periodo  de  vigencia  de  esta  prórroga,  las  autoridades 
competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, serán el Ministro de Sanidad, bajo la 
superior  dirección  del  Presidente  del  Gobierno,  con  arreglo  al  principio  de 
cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la Presidencia de la 
comunidad autónoma.
La  autoridad  competente  delegada  para  la  adopción,  supresión,  modulación  y 
ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en 
ejercicio  de  sus  competencias,  exclusivamente  quien  ostente  la  Presidencia  de  la 
comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que 
excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a 
los efectos del proceso de desescalada.
2.  Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a los efectos del 
artículo 5, y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 
III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por 
tanto, su entrada en la «nueva normalidad».
3.  Corresponderá durante ese periodo a las administraciones públicas competentes 
el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.
Artículo 7.  Flexibilización de las medidas en el ámbito educativo no universitario y de la 
formación.
Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde 
la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a lo 
previsto  por  el  artículo  3.1,  las  administraciones  educativas  podrán  disponer  la 
flexibilización  de  las  medidas  de  contención  y  la  reanudación  de  las  actividades 
presenciales  en  el  ámbito  educativo  no  universitario  y  de  la  formación, 
correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas.
Durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta 
la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en 
los centros.
Artículo 8.  Mantenimiento de la vigencia de órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas.
Se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones 
dictadas por las autoridades competentes delegadas previstas en el artículo 4.2 del Real  e.
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras  w.b
posteriores, ni a lo establecido en este real decreto, o, en su caso, a lo que dispongan  67ww
lsauss  acuotmorpideatednecsi acso.mpetentes delegadas a las que se refiere el artículo 6 en ejercicio de
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de junio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO