BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Jueves 2 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 148981
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19967 Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder 
Judicial, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para la realización de prácticas externas 
en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 18 de noviembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  26  de  noviembre  de  2021.–El  Secretario  de  Estado  de  Justicia,  Pablo 
Zapatero Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización 
de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Sra. doña Beatriz Artolazabal 
Albeniz, en virtud del artículo 13 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, de creación, 
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, así como del artículo único del Decreto 28/2020, de 7 de septiembre, de 
nombramiento de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y facultada para  es
este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11 de mayo de 2021. o
La Rectora Magnífica de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,  967ww
coddoteoon ñrfa2go 1arEm dvadea e  e aFnd e livracrisieret iumraadtbr  iGdrbeeua,l cr cDidoíeaen ,ce rUesen ntdo ivni se1opr0msu/i2bed0rsaet2da 1yes, s  red ene(pL  r1eOe9ls U ead)nr,et tí acaecusnilíóoe n rco 2od 0m(e.B1 odO  idcPeehVn a l a deU elLn  e2iavy5re t írOdcseuirdg loeaá ndn1e,i c7rcao8a   p26da0/2ec20i 1d0l)ao 1dys,     OE-A-2021-19able en https://
Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, aprobados 
mediante Decreto 17/2011, de 15 de febrero (BOPV de 24 de Febrero de 2011.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia establece en su anexo, apartado B) que «la planificación, 
programación  y  control  administrativos  de  los  medios  materiales  precisos  para  la 
actuación de los Tribunales de Justicia en el País Vasco» y «la adquisición de inmuebles, 
mobiliario y enseres para el uso de los órganos judiciales con sede en el País Vasco, 
corresponde a la citada Comunidad». Además, el apartado E) del citado anexo establece 
que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al 
ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble  es
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere. o
SexEtol. artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece que, en relación  2021-19967n https://ww
Acountó nlao mAad mdeinl iPstaraísc ivóans cdoe e Jjeurscteicráia,,  eyn  seux cteerprtituoardioa,  lalas  fjuarciusdltaicdceiósn q umei lliata Lr,e lyae sC Oomrguánniidcaads   BOE-A-cable e
del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o 
atribuyan al Gobierno.
A su vez, el artículo 35,4 del citado Estatuto de Autonomía señala que la Comunidad 
Autónoma  y  el  Ministerio  de  Justicia  mantendrán  la  colaboración  precisa  para  la 
ordenada gestión de la competencia asumida por el País vasco.
Asimismo, las previsiones derivadas del citado Real Decreto 1684/1987, de 6 de 
noviembre y de los traspasos efectuados por los Reales Decretos 410/1996, de 1 de 
marzo y 514/1996, de 15 de marzo, posibilitan un desarrollo más adecuado a dichas 
necesidades de la Administración de Justicia, así como la coordinación y planificación 
general  de  las  competencias  atribuidas  a  la  comunidad  autónoma  en  relación  con 
tribunales, juzgados y fiscalías.
El artículo 13.1.d y e) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de 
creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 
actuación de los mismos, recoge entre las funciones del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, entre otras, las de atender las relaciones con el poder 
judicial  y  la  provisión  de  los  medios  necesarios,  personales  y  materiales,  para  el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea es el de la preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y 
disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés 
la organización de prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las 
aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente convenio se ajusta al modelo de convenio prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo. b
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Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  pueda  realizar  prácticas 
externas  en  juzgados  y  tribunales  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  de 
conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  la  realización  de  prácticas  externas 
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado 
matriculado de estudios oficiales de grado o máster que imparte la Universidad del País 
Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  y  siempre  de  titulaciones  relacionadas  con 
profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  juzgados  y  tribunales  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Por  un  lado,  el  Departamento  de  Igualdad,  Justicia  y  Políticas  Sociales  se 
compromete  a  permitir  la  realización  de  las  prácticas  externas  objeto  del  presente 
convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y 
tribunales.
Por  otro  lado,  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  se 
compromete a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el 
órgano judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa 
propia  de  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea  que  sea  de 
aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea que certifique 
su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad Autónoma del País Vasco estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación  alguna  por  parte  de  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko 
Unibertsitatea o concesión de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su  colaboración  al  Ministerio  de  Justicia  y  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes 
a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia y de acceso a las Carreras judicial y fiscal.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales. es
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas. 967www.
espe1c. ialL aas  lop reáscttaicbales ceidxote renna se ls Re eaajul sDtaercárne toe n5 9to2d/2o0 c1a4s, od ea  l1a1  ndoer mjualtiiov,a  pvoigr eenl teq,u ey  esen 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como anexo I al presente convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El  alumnado  será  propuesto  por  la  persona  que  ejerza  la  función  de 
Responsable del Programa de Prácticas Externas del Centro donde está matriculado.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que 
lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, realizándose en horario de mañana en los juzgados 
o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos en 
función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma del País Vasco o los juzgados y 
tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, 
poniéndolo  en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que  adopte  las  medidas  que 
considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al 
alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. 
En  ningún  caso,  se  entenderá  que  entre  las  partes  se  establecen  relaciones 
contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la 
sustitución  de  la  prestación  laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así 
necesidades  ordinarias  de  la  Administración  de  Justicia  en  detrimento  de  personal 
público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño 
de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no 
concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma del País 
Vasco no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos. bo
erexaclliLuzasa icvciaóomnn etdinnegt elea,n spc pioarrá  cdlatei c aUasnc icevixedtreesnrindteaassd   asd uqefurl iedP osaseí s ro e Vfqiaeusreceo  e/oEl cpuarssekisoaenl neHt eee crl roiaknolvu emUnninoai bdseoer rtásdi utaarstaeunamt,e id ealan,    2021-19967n https://ww
aquellos casos no cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce las funciones de Responsable del Programa de Prácticas externas, si 
se designan, en la forma en que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un  s
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la  e.
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o  w.
personas que ejerzan la tutoría de las mismas. 967ww
acreLdait aUtinviov ears ildaa dp edreslo nPaa íso  Vpaesrcsoo/nEauss kqaul eH eerjerirkzoa nU nlaib eturttsoitraíate aq ueem liotir ás oulinc itdeonc, upmoern tlao 
colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las 
partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que 
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente convenio, la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea se compromete a destacar en 
su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto 
de este convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio  de  Justicia,  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  y  los  tribunales  y 
juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada 
comisión. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las 
partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio. w.b
dimnese td5r1ui a.dm níaetEesn  lt haopácsrbue diesleeerds nCo tde oee ocsxpodpenerrve asescunoi ói foopn ro tmder enaildg lirsuzáeaa ccle tifopóerenc r,pt iooeúsdnb o ldiec,e lo  qRc ueueesag ttaidrsotetar baol;e ñ Esroáilese ,ncf odutrronóm anpa irvcloieozrz areo rissngtesaa cbtcarlioelt on da, e  ue sónnur   gemtéal ernpmsola sindz eooe     OE-A-2021-19able en https://
antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, el convenio será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado» e, igualmente, será objeto de publicación 
en el «Boletín Oficial del País Vasco».
2.  Cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un 
plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  bo
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las  967ww
PInrsetsitiudceinotnee sd eql uTer ibreupnrael seSnutparne,m  sou syc rdibeel nC  eolnescetrjóon iGcaemneernatle  deell   Pproedseern tJeu dcicoinavl,e nCioa.r–loEsl 
LIgeusamldeasd ,S Jeursratincioa. –yL Pa oMlítiincaisstr Sa odceia lJeuss, tBiceiaa,t riMz aArríato lPazilaabr aLl lAoplb eCnuize.n–cLaa. –RLeac tCoroan Mseajegrnaí fidcae 
de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira García.
   
ANEXO
       
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:            DNI:            
Titulación que cursa:             Centro:       
Domicilio:             Municipio:            Provincia:            Cód. Postal:            
Teléfono móvil:             Teléfono fijo:             e-mail:            
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:           Modalidad de la práctica:   Centro gestor:            
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:    
Horario:            
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :             email:             Teléfono:            
Tutor de la Universidad:             email:             Teléfono:            
Proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en 
el convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el 
compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el 
secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que 
en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.            Fdo.            Fdo.            s
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