BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47588
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6611 Sala Segunda. Sentencia 65/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 976-2020. Promovido por la entidad Banco Santander, S.A., con 
respecto a la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid estimatoria de una acción de anulación de laudo arbitral. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable 
extensión de la noción de orden público (SSTC 46/2020 y 17/2021).
ECLI:ES:TC:2021:65
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 976-2020, promovido por la entidad Banco Santander, 
S.A., representada por la procuradora de los tribunales doña María José Bueno Ramírez, 
bajo la dirección del letrado don Álvaro Alarcón Dávalos, contra la providencia de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de diciembre 
de 2019, por la que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra 
la  sentencia  de  1  de  octubre  de  2019,  pronunciada  en  el  procedimiento  asunto 
civil 13-2019 nulidad de laudo arbitral núm. 11-2019. Ha comparecido la entidad Casa 
Depot, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Isabel Soberón 
García de Enterría, bajo la dirección de la letrada doña María del Carmen Esteve Arce. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos.
I. Antecedentes
1.  La  entidad  Banco  Santander,  S.A.,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña María José Bueno Ramírez y bajo la asistencia del letrado don Álvaro 
Alarcón  Dávalos,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se 
mencionan en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este tribunal el 14 de 
febrero de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La entidad Casa Depot, S.L., inició el 20 de diciembre de 2017 un arbitraje de  s
equidad contra la entidad Banco Popular Español, S.A., –que luego sería sustituida por  e.
la entidad Banco Santander, S.A.– ante la corte de arbitraje de la Cámara Oficial de  w.
Comercio, Industria y Servicios de Madrid en relación con la suscripción de un contrato  11w
cdleá ucsounlfair mviagceisóinm roatenrgcoe rbao nsiefi cpaadcot adboab lela  esuurom i(sSióWnA dPe)  dseu s2 0c odnet romvaeyrosi adse  a2 0a0r8b,i teranj ec. uLyaa 
demanda interesaba que se declarase el incumplimiento por parte de la entidad bancaria
de sus obligaciones legales de información en la fase precontractual y la correspondiente 
indemnización.
b)  La corte de arbitraje dictó laudo arbitral de equidad el 4 de diciembre de 2018 
estimando parcialmente las pretensiones de la entidad Casa Depot, S.L., declarando el 
incumplimiento por la entidad Banco Santander, S.A., de las obligaciones legales de 
información  en  la  fase  precontractual,  pero  denegó  la  indemnización  de  daños  y 
perjuicios al no haber ocasionado el contrato SWAP perjuicio alguno, pues el contrato 
cumplió su función y la demandante incurrió en deslealtad por retraso en la reclamación.
En el laudo se expone que la entidad demandante no había aportado justificación 
sobre el retraso en presentar su reclamación ni efectuado queja alguna en relación a la 
suscripción del contrato, sus liquidaciones y las consecuencias económicas negativas 
que decía haber sufrido. Añade que, en juicio de equidad, no puede pronunciarse un 
laudo de condena resarcitoria, ya que (i) se han dejado transcurrir diez años desde la 
formalización del contrato y seis años desde su finalización y/o consumación; (ii) se han 
pagado anualmente las liquidaciones de la cobertura de tipo de interés sin objeción 
alguna, y (iii) no se ha efectuado reclamación de ningún tipo al banco. En el laudo se 
afirma que «en este caso, al dejar transcurrir este plazo temporal, la demandante actúa 
contra sus propios actos y ha generado una legítima expectativa en la demandada de 
que la relación jurídica amparada en dicho contrato estaba definitivamente zanjada e 
íntegramente cumplida, al no existir ningún tipo de reclamación previa, a lo largo de la 
vida del contrato, e incluso con posterioridad». También se pone de manifiesto que «no 
podemos obviar que los reproches que la demandante efectúa a la demandada, se 
corresponden con una insuficiencia informativa que sitúa en la fase precontractual. Como 
ha señalado, entre otras, la sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial 
de Madrid, de 23 de noviembre de 2017, no puede, sobre la base de defectos de 
información que habrían impedido formar válidamente el consentimiento, reclamarse por 
vía de responsabilidad contractual la restitución de las prestaciones de un contrato que 
en apariencia es válido, puesto que no fue impugnado en plazo». Se añade que «por si 
lo  anterior  no  resultase  ser  suficiente  en  orden  a  desestimar  la  concreta  acción 
indemnizatoria entablada por la demandante hemos de incidir sobre el hecho de que 
esta trata de identificar y entrelazar la existencia del incumplimiento de las obligaciones 
de información de la demandada con el supuesto daño causado que, directamente y sin 
mayor  explicación,  hace  coincidir  con  el  importe  de  las  liquidaciones  negativas 
satisfechas por la demandante en ejecución del contrato». Se concluye que «por tanto, la 
alegación  de  la  demandante  sobre  la  inadecuación  del  contrato  que  justifica  su 
pretensión indemnizatoria no se ajusta a la realidad y, conforme a la prueba pericial de 
ambas partes, hemos de concluir que el contrato SWAP cumplió el propósito para el que 
fue concebido de ofrecer cobertura al riesgo de subida de tipo de interés, razón esta 
última que junto a las anteriormente expuestas deben necesariamente conducirnos a 
desestimar la acción indemnizatoria pretendida de contrario».
c)  La entidad Casa Depot, S.L., interpuso acción de anulación parcial contra el 
laudo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio 
lugar al procedimiento asunto civil 13-2019 nulidad de laudo arbitral núm. 11-2019, 
argumentando, al amparo del art. 41.1 f) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
arbitraje (LA), que era contrario al orden público por arbitrario e incongruente, en relación 
con lo dispuesto en el art. 9 CE.
La acción de nulidad parcial fue estimada por sentencia de 1 de octubre de 2019 con 
fundamento en que resultaba incoherente que el laudo reconociera que la entidad Banco  s
Santander, S.A., había incumplido los deberes de información frente a la mercantil Casa  oe.
Depot, S.L., y no conceder a esta indemnización alguna. Así, afirma que «la verdadera  w.
razón que nos lleva a estimar la demanda es el encaje de la pretensión de nulidad en el  11w
paúrtbícliucloo  (4e1n. 1e fs)t ed ec alas oL ecyo ndseti taurcbioitnraajle) : peol r lalau dcoo nctorandsiidcceiróanm qous eq ueen ceiesr rcao natlr arericoo anlo coerdr eenl 
tpraalsmceanriod enincciau.m Eplnim lioe nqtou ed ien cluorsr ed eesb eerens  abrbaintrcaarireiodsa dy  paol r minicsomhoe rteienmciap,o  yn ecgoanr leel loto dsea   BOE-A-cable e
contraviene el artículo 9.3 de la Constitución». Todo ello, según afirma, basándose en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2016, que analizaba dicho 
producto en unas condiciones similares y en la doctrina constitucional acerca del deber 
de motivación de las resoluciones judiciales que entiende aplicable mutatis mutandi a los 
arbitrajes.
La sentencia, en relación con la posibilidad de anular parcialmente un laudo que 
infringe el orden público, afirma, citando jurisprudencia previa, que «la Ley de arbitraje no 
implica –ni literal ni en pura lógica jurídica– que en el ámbito del orden público, si tan 
sólo es una parte del laudo la que pudiera contravenirlo, y es esta la causa sobre la que 
se concentra la acción de anulación, el tribunal tenga prohibido acotar su atención y 
decisión sobre la única parte que se pretende anular. La interpretación que postula la 
demandada conduciría al absurdo de blindar de forma incólume todo aquel laudo arbitral 
que plasmase sus conclusiones combinando aciertos con vulneraciones de los derechos 
fundamentales, o bien obligaría a la parte que en su día pretendiese la corrección por 
nulidad, a combatir absolutamente el conjunto de la resolución, abarcando –a todas 
luces innecesariamente– en la tacha de nulidad incluso aquello que es correcto».
Por último, la sentencia establece que, aunque se trate de un laudo de equidad, se 
construye inequívocamente sobre un enfoque jurídico, ilustrado minuciosamente y con 
abundante cita jurisprudencial, del producto financiero contratado, que nadie discute que 
se incluye en la categoría de los denominados productos complejos. Por ello, entiende el 
órgano  judicial  que  «desde  este  punto  de  vista,  no  podemos  considerar  que  sea 
coherente la decisión arbitral (no por unanimidad) al afirmar que la entidad bancaria 
incumplió los deberes que le resultan exigibles en la comercialización del SWAP, pero a 
la vez denegar toda consecuencia a tan palmario incumplimiento (esta segunda parte 
adoptada curiosamente en contra del criterio del árbitro designado por el banco)».
d)  La recurrente en amparo formuló incidente de nulidad de actuaciones invocando 
el derecho a la tutela efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una 
resolución no incursa en arbitrariedad, argumentando que la sentencia no puede entrar a 
conocer del fondo del asunto y menos aplicar el canon de motivación de las sentencias 
para anular un laudo arbitral. Además, se señalaba que la doctrina sobre la que se 
entraba a conocer del fondo –la STS de 30 de septiembre de 2016– se encontraba 
superada por otras posteriores –STS de 20 de junio de 2018–. Por tanto, se corregía una 
supuesta arbitrariedad que no fue tal, aplicando una doctrina totalmente superada y 
adoptando,  en  consecuencia,  una  decisión  arbitraria.  Por  último,  se  reiteraba  la 
imposibilidad de anular parcialmente un laudo que vulnera el orden público, porque la 
Ley de arbitraje, para dichos supuestos, únicamente permite la anulación total. En última 
instancia, recordaba que, al tratarse de arbitraje de equidad no resultaba exigible, como 
cuestión de orden público, la motivación de la resolución.
El  incidente  fue  inadmitido  por  providencia  de  26  de  diciembre  de  2019  por 
considerar que no se había infringido el derecho a la tutela judicial efectiva, afirmando 
que «no resulta asumible la denuncia de vulneración de tutela, ni por ello es admisible a 
trámite la petición de nulidad, cuando la Sala ha otorgado una decisión motivada en 
Derecho que no consideramos irracional ni arbitraria, discrepando además de la entidad 
que  promueve  el  presente  incidente  en  cuanto  a  la  necesidad  de  que  los  laudos 
arbitrales –como fórmula alternativa a la jurisdicción para la resolución de controversias 
sobre materias disponibles– puedan prescindir de toda justificación motivada. Ello es 
contrario a lo previsto expresamente en el artículo 37.4 de la vigente Ley de arbitraje. Por 
flexible que pretenda ser la lectura de este artículo, no puede admitirse jurídicamente un  s
mecanismo de resolución de conflictos, que aun basándose en la autonomía de la  oe.
voluntad y sin calificarse estrictamente como ‘equivalente jurisdiccional’ prescinda de la  w.
exteriorización de las razones que sustentan la decisión, que además resulta exigible  11w
que no incurran en arbitrariedad, irracionalidad o incoherencia».
impu3g. naLdaa sr epcourr rveunlntee raecni óna mdpea srou  dseorleiccithao  laa  lan utulidtealad  juddei cilaals  efreecstoivluac i(oanrte. s2 4ju.1d iCciEal)e sy 
que se declare la validez y firmeza del laudo arbitral.
La  recurrente  argumenta  que  las  garantías  y  las  exigencias  jurisdiccionales 
contempladas en el art. 24 CE son de obligado cumplimiento en el proceso judicial pero 
no en el arbitral, que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes (art. 10 CE), al 
que no le es de aplicación el art. 24 CE y, por consiguiente, tampoco las exigencias de 
motivación  de  las  resoluciones  judiciales  (SSTC  176/1996,  de  11  de  noviembre, 
y 9/2005, de 17 de enero). A pesar de ello, el órgano judicial ha aplicado al laudo objeto 
de anulación esas exigencias de motivación de las resoluciones judiciales, llegando a la 
conclusión de que el laudo arbitral había vulnerado el orden público al haber ofrecido una 
motivación insuficiente incurriendo con ello en la causa de nulidad establecida en el 
art. 41.1 f) LA. Se subraya que (i) la legislación admite la posibilidad de que un laudo no 
esté motivado cuando las partes así lo acuerdan (art. 8 del Convenio europeo sobre 
arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961) o si esa es la 
práctica en el tráfico de que se trata (art. 31.2 de la Ley modelo de arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional), y (ii) que en 
este caso el arbitraje era de equidad, por lo que la falta o insuficiencia de motivación del 
laudo no puede ser una cuestión de orden público, pues es expresión del leal saber y 
entender de los árbitros que es el fundamento de aquel.
La demandante de amparo expone que la resolución impugnada concluye que el 
laudo es irracional por haber llegado a conclusiones distintas a las alcanzadas por la 
Sala Primera del Tribunal Supremo y reflejadas en una sentencia que, sin embargo, se 
ha visto superada por otras posteriores. Así, aunque el colegio arbitral consideró que, 
pese al incumplimiento por la recurrente de amparo de sus deberes contractuales de 
información, dicha circunstancia no había generado ningún daño a la contraparte, razón 
por la cual desestimaba la acción de indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Madrid,  con  base  en  una  jurisprudencia  ya  superada 
(especialmente en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2016), 
entendió que la responsabilidad por incumplimiento contractual lleva aparejada de por sí 
la producción de daños y, por consiguiente, el laudo arbitral había sido irracional al no 
condenar a Banco Santander, S.A.
Por último, la demandante de amparo alega la imposibilidad de anulación parcial de 
los laudos que resulten contrarios al orden público, ya que el art. 41.3 LA no contempla 
esa posibilidad y el orden público representa los principios y reglas más esenciales de 
nuestro  ordenamiento  jurídico,  por  lo  que  su  vulneración  sólo  puede  conllevar  la 
anulación total del laudo que haya incidido en ella.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  22  de  septiembre 
de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir 
atenta  comunicación  al  órgano  judicial  para  la  remisión  de  certificación  o  copia 
adveradas de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el recurso de 
amparo; y la formación de pieza separada para la tramitación del incidente sobre la 
suspensión solicitada, que fue denegada por ATC 135/2020, de 4 de noviembre.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 14 de diciembre de 2020, acordó tener por personada y parte en el 
procedimiento  a  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Isabel  Soberón  García  de  e
Enterría, en nombre y representación de la entidad Casa Depot, S.L., y dar vista de las  bo
actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte  w
días6 p. arEa l pMreisneisnttearri ola sF iaslceagla, cpioonr eess qcurieto e sretimgisatsreand op eerlt in9e ndtee s.febrero de 2021, formuló
alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), se declare la nulidad de las resoluciones 
impugnadas, recobrando el laudo cuestionado su validez.
El Ministerio Fiscal argumenta, en relación con el alcance del control judicial del 
arbitraje y sobre la necesidad de motivación de los laudos arbitrales, que el art. 37.4 LA 
impone  que  exista  motivación,  de  modo  tal  que  solo  cuando  no  se  ha  expresado 
fundamento alguno en la decisión arbitral podría incurrirse en la vulneración del orden 
público a la que se refiere como causa de anulación el art. 41.1 f) LA. De ese modo, el 
control judicial que se exige es meramente externo de comprobación de que existe una 
motivación, lo que en este caso es reconocido por la propia sentencia impugnada 
loando,  incluso,  su  «estructura,  extensión,  discurso,  referencias  jurisprudenciales, 
perspectivas del razonamiento y contenido».
El Ministerio Fiscal incide en que, aunque de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, el arbitraje es un «equivalente jurisdiccional» no cabe desconocer que se 
sustenta en la autonomía de la voluntad (STC 1/1981, de 11 de enero, FJ 3) y que 
cuando se elige la vía arbitral para la resolución de las controversias, la posibilidad de un 
pronunciamiento  judicial  queda  estrictamente  limitada  a  los  escasos  supuestos  de 
nulidad establecidos por el legislador en el art. 41 LA para no desnaturalizar la esencia 
de la composición voluntaria de los conflictos (STC 174/1995, de 24 de noviembre).
Por lo que se refiere al concepto de «orden público» como causa de nulidad, el 
Ministerio Fiscal afirma que, aunque se trata de un concepto jurídico indeterminado, 
debe relacionarse con aquellas normas imperativas de las que no se puede prescindir 
por imperativo legal y, por tanto, sustraídas a la disposición de las partes, como pueden 
ser la igualdad entre las partes o su posibilidad de defenderse. Sin embargo, respecto a 
la motivación del laudo, considera que lo único imperativo es que exista, pero no que 
deba controlarse judicialmente su contenido, sólo su existencia, pues «el laudo no puede 
convertirse en algo plenamente revisable a instancia de aquel que vea insatisfechas sus 
pretensiones, restaurando la plenitud del poder de los órganos judiciales para solventar 
una controversia que les había sido sustraída». En conexión con ello, el Ministerio Fiscal 
advierte  que  la  sentencia  impugnada  ha  acogido  un  concepto  de  orden  público 
constitucionalizado, ya que entiende que toda vulneración de un derecho fundamental es 
contraria al orden público, de donde extrae una consecuencia que va a determinar su 
decisión anulatoria. Así, la razonabilidad del laudo se convierte en objeto de control, por 
incluirlo en el concepto de orden público, lo que no deja de ser un error, pues el deber de 
motivación de los laudos no nace del art. 24 CE, es decir del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, sino del art. 37.4 LA, que así lo exige. En consecuencia, la 
motivación del laudo sólo podrá controlarse judicialmente con la finalidad de comprobar 
su  mera  existencia  y  de  que  no  sea  hasta  tal  punto  incoherente  y  absurda  que 
prácticamente sea huera e inexistente.
El Ministerio Fiscal concluye que la resolución impugnada no imputa al laudo una 
inexistente motivación, sino que lo describe como plena y jurídicamente motivado, a 
pesar  de  ser  de  equidad,  pero  le  reprocha  no  haber  anudado  al  incumplimiento 
contractual la obligación de indemnizar los daños irrogados, lo que significa entrar a 
valorar el fondo del asunto, algo que le estaba vedado, por lo que debe entenderse 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente de amparo (art. 24.1 
CE). Se afirma que «lo que realmente ha ocurrido es que los razonamientos de los 
árbitros no han convencido a los jueces, como tampoco ha convencido a la parte 
demandante, por el contrario, sí ha convencido al banco demandado, y desde luego en 
buena medida a este fiscal, aunque con alguna duda. Pero no es necesario que el  s
convencimiento sea general, el límite del control judicial de los laudos lo establece no el  oe.
nivel de acierto de la decisión, sino su nivel de motivación racional y suficiente, y desde  w.
luego este fiscal no alberga duda alguna de que la motivación del laudo no es arbitraria  11w
qtaul ey  ecso mloo m lois mcaoli,f iecla p lear jSuaiclaio,» l.a Tsa rmazboiénne ss ep osru lbarsa yqau eq uceo n«sdideesdrae  ilnueexgiost eenxtcee,d oe  ncoo np rmobuacdhoo 
ddeetl ercmonincaenp teol  cdoen teonriddeon d epl úlabulidcoo  ploar  enle ócregsaidnaod j uddiec iaal pllarombaadcoió na  edsee  cloons troclr,i tsearilovso  qquuee,   BOE-A-cable e
como parece que entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ámbito del 
artículo 24 CE se amplíe hasta equiparar los laudos a las sentencias, pero entonces la 
acción de anulación de un laudo sería exactamente una segunda instancia».
Por lo demás, el Ministerio Fiscal finaliza sus alegaciones expresando que no parece 
haber  inconveniente  en  una  anulación  parcial  del  laudo,  aun  en  el  supuesto  de 
contradicción con el orden público, pues debe regir el principio de justicia rogada en 
materia arbitral y el principio de permanencia de los actos, por lo que aquello que haya 
sido objeto del laudo y no se vea contaminado por ninguna de las causas del art. 41 LA 
debe mantener su validez.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 21 de enero de 2021, presentó 
sus  alegaciones  solicitando  la  inadmisión  del  recurso  o,  subsidiariamente,  su 
desestimación.
La  inadmisión  del  recurso  la  fundamenta  en  que  se  habría  incurrido  en 
extemporaneidad (art. 44.2 LOTC) por alargamiento de la vía judicial previa, ya que se 
interpuso  un  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  innecesario,  pues  comportó  una 
petición al órgano judicial «no para que repare una vulneración de derecho fundamental, 
sino claramente para que se retracte sobre lo que ya había resuelto de forma ajustada a 
derecho en resolución previa». También se alega el incumplimiento de la carga de 
justificar adecuadamente la existencia de la especial trascendencia constitucional, ya 
que «la justificación de que concurre tal requisito aparece huérfana de argumentación», y 
que el recurso tenga especial trascendencia constitucional, ya que existe suficiente 
jurisprudencia  constitucional  sobre  lo  que  denomina  «la  necesidad  de  asegurar  la 
fiscalización judicial de los laudos arbitrales».
La  solicitud  de  desestimación  la  fundamenta  en  que,  el  órgano  judicial  no  ha 
vulnerado el art. 24.1 CE, ya que se ha limitado a analizar si concurría la causa de 
nulidad por razones de orden público vinculada al cumplimiento de las exigencias de 
motivación  impuestas  a  las  resoluciones  judiciales  por  el  art.  24.1  CE  y  no  existe 
impedimento alguno para la anulación parcial de un laudo.
8.  La demandante de amparo, por escrito registrado el 21 de enero de 2021, 
formuló alegaciones ratificándose íntegramente en lo expuesto en el recurso de amparo 
presentado.
9.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensión de las partes.
El objeto de este recurso es determinar si la decisión judicial de anular parcialmente 
el laudo arbitral sometido a una acción de anulación ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, por haber desarrollado un control fundado en una interpretación 
irrazonable acerca del alcance de la causa de nulidad consistente en ser el laudo 
contrario al orden público prevista en el art. 41.1 f) de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de arbitraje (LA).
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  resolución  judicial  impugnada  ha 
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del  e.
derecho a una resolución no incursa en defecto constitucional de motivación, ya que la  w.b
anulación del laudo arbitral se ha fundamentado en una interpretación irrazonable de la  11w
cpounecsu lrar eenxcigiae ndcei ala d cea musoati vdaec inóunl iddea dlo dse l aourddoesn  aprúbbitlricaole se sntoa brleescuidltaa  eenq ueivl aalret.n t4e1 .a1l  df)e LbAer, 
de mLoat ipvaarctieó nc opmroppaiore dceid laa  ctuotneslaid jeurdaic qiaul ee feelc rtievcau (rasrot . e2s4t.á1  iCncEu)r.so en diversas causas de
inadmisión y que, en su caso, debe desestimarse, ya que el órgano judicial ha aplicado
correctamente el criterio de que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional, de modo tal 
que las exigencias de motivación propias de las resoluciones judiciales son trasladables 
a los laudos arbitrales.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo en la línea alegada 
por la demandante de amparo, subrayando que el deber de motivación del laudo arbitral 
es una exigencia derivaba del art. 37.4 LA y no del art. 24.1 CE.
2.  Causas de inadmisión alegadas.
La parte comparecida alega la concurrencia de diversas causas de inadmisión. 
Ninguna de ellas puede ser apreciada por el tribunal.
No concurre la extemporaneidad del recurso (art. 44.2 LOTC) por alargamiento de la 
vía  judicial  previa,  ya  que  no  puede  considerarse  que  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones  promovido  contra  la  sentencia  anulatoria  del  laudo  fuera  un  medio 
impugnatorio manifiestamente improcedente. El incidente se interpuso para denunciar la 
vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  la  que  la 
demandante de amparo consideraba que había incurrido el órgano judicial por entrar a 
valorar el fondo de un asunto sometido a arbitraje. Con ello estaba dando la oportunidad 
al órgano judicial de pronunciarse y reparar, en su caso, esa eventual vulneración, 
cumpliendo las exigencias del principio de subsidiariedad del recurso de amparo.
No concurre la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional 
(art. 49.1 LOTC), ya que en la demanda se someten a la consideración del tribunal dos 
causas concretas de especial trascendencia constitucional, que se enmarcan en los 
supuestos a) y d) de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 –ausencia de jurisprudencia 
constitucional y la necesidad de que la Ley de arbitraje sea interpretada conforme a los 
parámetros constitucionales–. En relación con la primera, se argumenta la inexistencia 
de jurisprudencia constitucional que analice el canon de motivación que deben aplicar los 
órganos judiciales para valorar la procedencia de la acción de anulación de los laudos y 
se  destaca  que  esta  causa  de  especial  trascendencia  constitucional  ya  había  sido 
reconocida por el tribunal en un supuesto idéntico al planteado en este recurso.
Conforme  a  jurisprudencia  constitucional  reiterada,  «es  a  este  tribunal  a  quien 
corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en 
razón de su especial trascendencia constitucional, que encuentra su momento procesal 
idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC» [entre las últimas, 
SSTC, 170/2013, de 13 de octubre, FJ 2; 46/2019, de 8 de abril, FJ 3 c); 59/2019, de 6 de 
mayo, FJ 3 b); 3/2020, de 15 de enero, FJ 4, y 165/2020, de 16 de noviembre, FJ 2 a)].
El tribunal se ratifica en la apreciación establecida en la providencia de admisión de 
que en este caso se plantea un problema o se cuestiona una faceta de un derecho 
fundamental  sobre  los  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal.  Así  ocurre,  desde  la 
perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con la fijación de los 
límites a la labor de control de los órganos judiciales respecto a los laudos arbitrales, 
apta para garantizar la plena vigencia del principio de autonomía de las partes (art. 10 
CE) y la naturaleza del deber de motivación de los laudos y su posible control judicial.
3.  Jurisprudencia constitucional sobre la infracción del orden público como causa 
de anulación de los laudos arbitrales y su proyección sobre el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
En dos recientes pronunciamientos (SSTC 46/2020, de 15 de junio, y 17/2021, de 15 
de  febrero)  el  tribunal  ha  sentado  jurisprudencia  sobre  la  eventual  vulneración  del  e.
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una  w.
resolución motivada no incursa en irrazonabilidad o arbitrariedad, debida al exceso de  11w
ccoomntoro cl ajuudsiac iadle  ennu lliad avda ldoera lcoisó nla uddeo lsa  aerxbiistrtaelnecsi ae sdtea bulencai dcao netnra avret.n 4c1ió.n1  fd) eLl Ao.rden público
conjEuln ttroib duen aplr idnecciplaioras  ejunr íldai cSoTsC p ú4b6l/i2co0s2,0  pqruivea d«opso,r  poordlíteicno psú, bmliocora mlesa tey reiacl osneó emnictioesn,d qeu eel   BOE-A-cable e
son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en 
una época determinada (SSTC 15/1987, de 11 febrero; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, 
de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el 
conjunto  de  formalidades  y  principios  necesarios  de  nuestro  ordenamiento  jurídico 
procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser 
tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público 
comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, 
así  como  otros  principios  esenciales  indisponibles  para  el  legislador  por  exigencia 
constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente» (FJ 4). El 
tribunal llama la atención en esta sentencia sobre el riesgo de convertir la noción de 
orden público «en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones 
debatidas  en  el  procedimiento  arbitral,  desnaturalizando  la  institución  arbitral  y 
vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, 
con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un 
asunto sometido a arbitraje» (FJ 4).
El tribunal concluye en la citada STC 17/2021 que «debe quedar, por tanto, firme la 
idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no permite sustituir 
el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación 
del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón 
de sastre o una puerta falsa –en palabras del propio Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)– que permita el control de la decisión arbitral» 
(FJ 2).
En la misma fecha en que se delibera y vota la presente sentencia, este tribunal lo 
hace en iguales términos con otro recurso de amparo en el que se plantea idéntica 
cuestión, es decir, la posible extralimitación de órgano judicial en su deber de control de 
los laudos arbitrales.
En consecuencia, el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión 
arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como 
el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo 
carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional; cuando se 
hayan  infringido  normas  legales  imperativas;  o  cuando  se  haya  vulnerado  la 
intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un 
laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes (art. 10 CE) y del 
ejercicio de su libertad (art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas 
por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, 
erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia 
a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes.
4.  Naturaleza del arbitraje y su reconocimiento constitucional en la jurisprudencia 
del tribunal.
En el fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada se afirma que «el 
arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del proceso judicial puede obviar el 
cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce en el ámbito 
citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de 
la consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de arbitraje».
Como acertadamente sostiene el Ministerio Fiscal, hay que advertir que extender la 
idea del arbitraje como «equivalente jurisdiccional» más allá de su equivalencia en  e
cuanto a sus efectos, es decir, a la cosa juzgada y a su ejecutividad, es tanto como  bo
hablar  de  identidad  entre  resoluciones  judiciales  y  arbitrales.  Esta  afirmación  es  w
icnoancsetpitutacbiolen,a pleuse dsi satimntbooss. tipos de resolución de conflictos descansan sobre preceptos
jurisPdoicrc ioenllaol,» , ya  lpao rq ulea  sec ohnafucesi órenf eqreunec iap uedni elara c itgaednae rSaTr Cl a1 7e/2x0p2re1s, ieóln t ri«beuqnuailv ianlseinsttee 
en que la semejanza entre ambos tipos de decisión –judicial y arbitral– no alcanza más
allá de aquellos efectos y en que el procedimiento arbitral no se puede ver sometido a 
las exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), puesto que no 
es un procedimiento judicial, como tampoco los árbitros ejercen la jurisdicción, cometido 
de la competencia exclusiva de quienes integran el Poder Judicial (art. 117 CE). Por 
tanto, no están sujetos a los deberes y garantías que impone el art. 24 CE. Al contrario: 
cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la autonomía de la libertad (art. 10 
CE), deciden acudir al procedimiento arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen 
el procedimiento judicial (art. 24 CE) y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración 
de  los  órganos  judiciales,  a  quienes  desde  ese  momento  les  está  vedado  el 
conocimiento del asunto.
Quienes se someten libre, expresa y voluntariamente a un arbitraje, como método 
heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al margen de su controversia las 
garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la Ley de 
arbitraje. De esto se infiere que, si las partes del arbitraje tienen derecho a que las 
actuaciones arbitrales sean controladas judicialmente, es así porque de este modo está 
previsto  en  la  norma  rectora  del  procedimiento  arbitral  y  solo  por  los  motivos  de 
impugnación legalmente admitidos para salvaguardar los principios constitucionales a 
que se ha hecho referencia (art. 41 LA). En consecuencia, la facultad excepcional de 
control  del  procedimiento  arbitral  y  de  anulación  del  laudo  deriva  de  la  misma 
configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de conflictos y no del 
art. 24 CE, del derecho a la tutela judicial efectiva, «cuyas exigencias sólo rigen, en lo 
que atañe para el proceso –actuaciones jurisdiccionales– en el que se pretende la 
anulación del laudo y para el órgano judicial que lo resuelve» (STC 9/2005, de 17 de 
enero, FJ 5). El Tribunal reitera, pues, que el control que pueden desplegar los jueces y 
tribunales que conocen de una pretensión anulatoria del laudo es muy limitado, y que no 
están  legitimados  para  entrar  en  la  cuestión  de  fondo  ni  para  valorar  la  prueba 
practicada, los razonamientos jurídicos y las conclusiones alcanzadas por el árbitro.
5.  El deber legal de motivación de los laudos arbitrales.
Hasta aquí hemos sintetizado la jurisprudencia constitucional sobre el arbitraje como 
medio de heterocomposición de las controversias inherente al principio de la autonomía 
de la voluntad (art. 10 CE) y, más genéricamente, al de libertad (art. 1 CE). Resta, sin 
embargo,  hacer  una  consideración  acerca  del  deber  de  motivación  de  los  laudos 
arbitrales –sean estos de derecho o de equidad–, pues en el supuesto enjuiciado en este 
recurso de amparo la causa de anulación del laudo ha sido una pretendida arbitrariedad 
del razonamiento ofrecido por el colegio arbitral.
En consonancia con el fundamento jurídico anterior, el deber de motivación del laudo 
no surge del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que solo es 
predicable de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de la propia Ley de 
arbitraje, que en su art. 37.4 así lo exige. El modo en que dicha norma arbitral está 
redactada se asemeja a la exigencia del art. 120.3 CE respecto a las resoluciones 
judiciales y, a primera vista, pudiera causar cierta confusión, haciendo pensar que tal 
deber de motivación del laudo está constitucionalmente garantizado. Sin embargo, la 
norma constitucional relativa a la necesaria motivación de las sentencias y su colocación 
sistemática expresa la relación de vinculación del juez con la ley y con el sistema de 
fuentes del Derecho dimanante de la Constitución. Expresa también el derecho del 
justiciable y el interés legítimo de la sociedad en conocer las razones de la decisión 
judicial que se adopta, evitando que sea fruto de la arbitrariedad y facilitando mediante  e
su expresión el control por parte de los órganos jurisdiccionales superiores en caso  bo
necesario (así, por ejemplo, STC 262/2015, de 14 de diciembre, FJ 3). w
motiAvhaociróan  bdiee nlo, sc olamuod osso nsoti eensetán  plare vdiestma aennd alan tCeo ndset itaumcipóanr on i ys ee iln tMeginrias teenri ou nF disecraelc, hloa 
pfurnedscaimndeinr teall  l(eagrits. la2d4o Cr Esi)n.  Ealste uranra l ao bnlaigtuarcaiólenz ad ed eclo snifsigteumraac iaórnb ilteragla. lP doer l loq udee mbiáesn,  pqouder íeal 
art. 37.4 LA disponga que «el laudo deberá ser siempre motivado», no significa que el
árbitro  deba  decidir  sobre  todos  los  argumentos  presentados  por  las  partes,  como 
tampoco que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión 
sobre los hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra, pues para determinar si 
se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el 
laudo contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe 
resolver su impugnación (STC 17/2021, de 15 de febrero, FJ 2).
Asentado, por consiguiente, el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad 
de los particulares (arts. 1 y 10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en el 
orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un 
parámetro  propio,  definido  en  función  del  art.  10  CE.  Este  parámetro  deberán 
configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al 
igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o 
las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué 
términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia 
en el orden público.
De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del 
laudo arbitral, como resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no 
puede  examinar  la  idoneidad,  suficiencia  o  la  adecuación  de  la  motivación,  sino 
únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes hubieren pactado 
unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su 
insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede 
desprenderse de la voluntad de las partes (art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la motivación 
del laudo establecida en el art. 37.4 LA, pues las partes tienen derecho a conocer las 
razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro 
razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin 
que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar 
sobre la correcta valoración de las pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera 
encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado de diversa 
manera.
De ese modo, las posibilidades de control judicial sobre la motivación del laudo son 
en cierto modo similares a las que el tribunal reconoce cuando revisa en amparo las 
decisiones judiciales, insistiendo desde antiguo en que «este tribunal no es una tercera 
instancia casacional en la que se pueda entrar a valorar las pruebas, sustituyendo a los 
jueces y tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE, 
quedando limitada su función a comprobar que haya habido una actividad probatoria de 
cargo válida y que la resolución judicial no haya sido arbitraria, irracional o absurda 
(SSTC 96/2000, de 10 de abril, FJ 5, y 12/2004, de 9 de febrero, FJ 2), o lo que es lo 
mismo, debe controlar únicamente la razonabilidad del discurso que une la actividad 
probatoria y el relato fáctico que de ella resulta (por todas, SSTC 123/2006, de 24 de 
abril, FJ 5; 245/2007, de 10 de diciembre, FJ 7, y 147/2009, de 15 de junio). En este 
caso, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es una 
tercera  instancia  y  solo  debe  controlar  que  se  han  cumplido  las  garantías  del 
procedimiento arbitral y el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad, 
bilateralidad, contradicción y prueba; así como que la resolución arbitral no sea arbitraria, 
irracional o absurda desde un mero control externo, lo que significa que no lo sea sin 
entrar a valorar el fondo del asunto.
6.  Aplicación de la jurisprudencia al caso enjuiciado.
En el presente caso el tribunal constata que el órgano judicial comienza identificando  bo
acertadamente las limitaciones establecidas en el art. 41 LA, pues en el fundamento  w
jduorícdtricinoa  sdeeg eusntdeo t ridbeu nlaal , sdeenctleanrac iqau eim dpicuhgan andoarm, aci tlaengdaol  «rseusst ripnrgoep ilaas i nrteesrvoeluncciioónne jsu dyic ialal 
ceunm  epsliteer oánm labsit od ebai ddaest egramrainnatíra ss pi roecne seal lepsr,o scie edli mlaiuednoto s ey  aljau stróe sao llousc iólímn itaersb mitraarlecsa dsoes 
en  el  convenio  arbitral,  si  este  carece  de  validez  o  si  la  decisión  arbitral  invade
cuestiones no susceptibles de arbitraje». Con rotundidad afirma que «nunca podría, por 
tanto,  este  tribunal  pronunciarse  sobre  las  cuestiones  que  se  debatieron  en  el 
procedimiento arbitral», puesto que «la esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en 
cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del Poder Judicial, 
determinan –como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio del 2009– 
que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando 
no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado 
a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela 
judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales (STC 9/2005) y, según la 
jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un 
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones (SSTS 17 de 
marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)».
A partir de lo anterior, en la resolución judicial impugnada se afirma que «aunque el 
laudo se titule de equidad, se construye inequívocamente sobre un enfoque jurídico 
(ilustrado minuciosamente y con abundante cita jurisprudencial) del producto financiero 
contratado,  que  nadie  discute  que  se  incluye  en  la  categoría  de  los  denominados 
productos complejos». Igualmente, declara expresamente que el laudo «no se limita a 
examinar la controversia desde un punto de vista de simple equidad, ni lleva a cabo una 
valoración del conflicto sobre bases de directa justicia material. Por el contrario, no es 
que se asemeje, sino que constituye en realidad una auténtica resolución de arbitraje de 
derecho,  y  de  ello  no  cabe  la  menor  duda  por  su  estructura,  extensión,  discurso, 
referencias jurisprudenciales, perspectiva del razonamiento y contenido. Es tan evidente 
la naturaleza jurídica del laudo (que se llama de equidad) que no precisa comentario 
adicional esta premisa. Basta con remitirse a su simple lectura». Confirma la sentencia 
que la decisión arbitral «recoge con indiscutible claridad las posiciones de las partes su 
fundamento y razón de pedir; analiza desde el punto de vista (inequívocamente) jurídico, 
con profusión de cita jurisprudencial la naturaleza del contrato de confirmación rango 
bonificado doble euro; examina por qué razón la demandante optó por el ejercicio de una 
acción concreta distinta a la resolución del contrato prevista en el artículo 1124 del 
Código civil (CC), y por qué huye de la alegación de vicio del consentimiento, hallando la 
explicación en el párrafo 79 de la elección del 1101 del mismo texto legal como base de 
la pretensión acumulada declarativa e indemnizatoria; se analiza sobre la base de la 
jurisprudencia  y  la  normativa  europea  el  ámbito  de  obligaciones  de  las  entidades 
bancarias en los productos financieros complejos y llega a la conclusión inequívoca de 
que el Banco Popular Español, S.A., incumplió sus obligaciones; en el capítulo XVII el 
laudo analiza la acción de indemnización de daños y perjuicios. Desde un punto de vista 
de equidad, le llama la atención en primer lugar al colegio de árbitros el hecho de que la 
demandante  haya  tardado  seis  años  tras  la  conclusión  del  contrato  en  plantear  la 
demanda. Reconoció y contabilizó el contrato y sus liquidaciones en las cuentas anuales, 
perfectamente documentadas. Y todo ello se analiza desde la óptica de la doctrina del 
"retraso desleal" en el ejercicio de las pretensiones jurídicas con especial consideración 
de la doctrina condensada en la STS 872/2011, de 12 de diciembre, de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo». Y finaliza la sentencia impugnada afirmando que «minuciosa 
atención presta también el colegio arbitral a la prueba del perjuicio reclamado como 
indemnización, desde el punto de vista general de la imputación de la carga de la prueba 
a quien demanda. Este es el punto esencial que los árbitros (por mayoría) resuelven a la 
luz de la prueba practicada en el curso del procedimiento, afirmando que tanto el perito 
de la demandante como el de la parte demandada coincidieron en afirmar que el contrato  s
había  cumplido  perfectamente  la  finalidad  para  la  que  había  sido  concertado.  A  oe.
continuación, dentro de esta misma materia, el laudo cita y transcribe parcialmente  w.
diferentes sentencias del tribunal Supremo en las que se repite que una indemnización  11w
apcorre ddiateñ oesl  dya ñpoe rpjuaidceiocsid ore, qsuui eerxei stceonmcioa  rperaels, uppuueess tlao  inindeexmornaizbalec ióqnu en os see  ddeemrivuae sptroer  soí 
misma del mero incumplimiento contractual».
Este tribunal considera que en el caso se evidencia que el órgano judicial en la 
sentencia impugnada en amparo anula una resolución arbitral que, sin reproche formal 
alguno, entiende que es contraria al orden público. Se funda en que el laudo alcanza la 
conclusión de que no ha lugar a la indemnización de daños y perjuicios, a pesar del 
incumplimiento contractual de la entidad financiera, porque Casa Depot, S.L., ha ejercido 
con patente y desleal retraso la acción de responsabilidad por incumplimiento, al margen 
de  no  haberlos  acreditado.  Como  se  argumenta  en  la  sentencia,  «no  podemos 
considerar que sea coherente la decisión arbitral (no por unanimidad) al afirmar que la 
entidad bancaria incumplió los deberes que le resultan exigibles en la comercialización 
del SWAP, pero a la vez denegar toda consecuencia a tan palmario incumplimiento (esta 
segunda parte adoptada curiosamente en contra del criterio del árbitro designado por el 
banco)», si bien reconoce que «la verdadera razón que nos lleva a estimar la demanda 
es el encaje de la pretensión de nulidad en el artículo 41.1 f de la Ley de arbitraje: el 
laudo consideramos que es contrario al orden público (en este caso constitucional) por la 
contradicción  que  encierra  al  reconocer  el  palmario  incumplimiento  de  los  deberes 
bancarios y al mismo tiempo negarle toda trascendencia. En lo que incurre es en 
arbitrariedad  por  incoherencia,  y  con  ello  se  contraviene  el  artículo  9.3  de  la 
Constitución». En apoyo de su tesis relativa a la naturaleza arbitraria del laudo cita 
profusamente la doctrina de este tribunal sobre el deber de motivación de las sentencias.
El  tribunal  no  comparte  el  criterio  de  la  sentencia,  no  solo  porque  aplica  las 
exigencias de motivación propias de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE) a los 
laudos arbitrales, ensanchando así la noción de orden público del art. 41.1 f) LA –pues 
como se declara supra, unos y otros se asientan en derechos constitucionales diferentes 
(arts. 10 y 24 CE)–; sino, especialmente, porque entra en el fondo del debate de la 
cuestión controvertida, en vez de limitar su actuación de fiscalización a comprobar los 
posibles errores in procedendo o a la ausencia de motivación. Así, apreciando que el 
colegio arbitral debería haber condenado a la entidad Banco Santander, S.A., al abono 
de una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, el órgano 
judicial le imputa una infracción del orden público, por incurrir en lo que entiende que es 
un comportamiento arbitrario. Sin embargo, el laudo permite apreciar que los árbitros 
expusieron  razonadamente  los  motivos  por  los  que  entendían  que  no  procedía  la 
indemnización de daños (art. 1101 CC), esto es, por la dejación del ejercicio de la acción 
resarcitoria durante más diez años, si se computa desde la formalización del contrato y 
de seis años, si se inicia el cálculo desde su finalización. Tal dejación, en opinión de los 
árbitros, constituye un retraso desleal contrario a la buena fe y a sus propios actos que 
generó en Banco Santander, S.A., la legítima expectativa de que la relación jurídica 
estaba  definitivamente  zanjada  e  íntegramente  cumplida.  A  ello  añaden  que  los 
reproches de Casa Depot, S.L., se corresponden con una insuficiencia informativa que 
se  sitúa  en  la  fase  precontractual  y,  por  consiguiente,  en  posibles  los  vicios  del 
consentimiento, lo que no puede reclamarse por vía de responsabilidad contractual.
Como puede observarse, el órgano judicial, a pesar de reconocer expresamente la 
labor desplegada por el colegio arbitral en el enjuiciamiento y redacción del laudo, sin 
embargo, califica como arbitraria y errónea su decisión y, por ello, vulneradora del orden 
público. Para este tribunal, el ensanchamiento del concepto de orden público que realiza 
la resolución impugnada para revisar el fondo del litigio, excede del alcance de la acción 
de anulación, al margen de desconocer el poder de enjuiciamiento de los árbitros y la 
autonomía de la voluntad de las partes vulnerando el art. 24.1 CE. Aunque pudiera existir 
duda  sobre  la  necesidad  de  que  cualquier  incumplimiento  contractual  conlleve  la  s
causación de daños y por ende la obligación de indemnizar, hay que subrayar que el  oe.
derecho a la motivación del laudo, cuando sea preceptiva, no comporta la garantía de  w.
acierto del colegio arbitral ni de estimación de las pretensiones deducidas, ni un concreto  11w
eancateencdei,m  imenuttoa tdise l mseuntatidnod isy,  aclcoann cela sd e relas olelugcisiolanceisó n juadpilciciaalbelse  ayl  csaes o dceocnlacrreat o e(nc omlaos 
SSTC 50/1997, FJ 3, y 45/2005, FJ 3, entre otras muchas).
Por consiguiente, el tribunal aprecia que en el presente caso el órgano judicial ha 
incurrido en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como consecuencia un 
entendimiento extensivo del concepto de «orden público» del art. 41.1 f) LA, que lo ha 
llevado  a  imponer  a  los  árbitros  una  valoración  distinta  acerca  de  la  obligación 
indemnizatoria en materia de incumplimiento contractual. El laudo impugnado no incurrió 
en  irrazonabilidad  o  arbitrariedad,  ni  partió  de  premisas  inexistentes  o  siguió  un 
desarrollo  argumental  que  incurriera  en  quiebras  lógicas  de  tal  magnitud  que  las 
conclusiones alcanzadas no puedan considerarse basadas en ninguna de las razones 
aducidas.
En conclusión, este tribunal entiende que la decisión del órgano judicial de anular el 
laudo arbitral de la corte de arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid de 4 de diciembre de 2018 vulneró el derecho fundamental de la 
demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del deber constitucional de motivación, y, por ello, procede la anulación de la sentencia 
impugnada de 13 de diciembre de 2018 y de la providencia de 26 de diciembre de 2019. 
Tal  como  se  ha  resuelto  en  supuestos  anteriores  semejantes  (así,  SSTC  46/2020 
o  17/2021),  es  procedente  la  retroacción  de  actuaciones  al  pronunciamiento  de  la 
sentencia impugnada para que se resuelva el procedimiento de forma respetuosa con el 
derecho fundamental cuya vulneración se declara.
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Banco Santander, S.A., y en 
su virtud:
1.º  Declarar vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de octubre 
de 2019 y la providencia de 26 de diciembre de 2019, pronunciadas en el procedimiento 
Asunto civil 13-19-Nulidad de laudo arbitral 11-19.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de las 
resoluciones citadas para que por el órgano judicial se resuelva de forma respetuosa con 
el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.