BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 70361
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
9743 Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 
23 de marzo, de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen 
sancionador  por  el  incumplimiento  de  las  medidas  de  salud  pública 
adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la 
COVID-19 u otras epidemias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Tras la finalización el 20 de junio de 2020 del estado de alarma decretado por el 
Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se  declara  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, las Comunidades Autónomas y sus autoridades sanitarias 
recuperaban sus competencias, bajo la coordinación del Estado, para adoptar cuantas 
medidas en materia de salud pública fueran necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
Las  medidas  adoptadas  por  las  Comunidades  Autónomas,  en  general,  y  por 
Extremadura, en particular, desde la expiración del estado de alarma, han tenido un 
doble fundamento.
Por un lado, dar cumplimiento al mandato previsto en el Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este real decreto-ley, dictado 
por el Gobierno de España al amparo de diversos títulos competenciales básicos del 
Estado,  se  establecen  unas  medidas  específicas  de  prevención,  contención  y 
coordinación que van a regir en todo el territorio nacional hasta que sea declarada la 
finalización de la crisis de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha 
norma, además del deber de asegurar la vigilancia, el control y la efectividad de las 
medidas  específicas  en  ellas  contenidas,  se  impone  expresamente  al  resto  de 
Administraciones, en cuanto autoridades competentes de conformidad con la legislación 
ordinaria para organizar y tutelar la salud pública, el mandato de implementar aquellas 
medidas que fueren necesarias para garantizar las condiciones de higiene, prevención y 
contención en relación con los distintos sectores de actividad.
Además de la habilitación específica contenida en el antedicho real decreto-ley, el 
marco legislativo ordinario estatal y autonómico que atribuiría a esta Administración 
autonómica la competencia para desarrollar la normativa citada estaría constituido por la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud 
Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre,  General  de  Salud  Pública,  la  Ley  10/2001,  de  28  de  junio,  de  Salud  de 
Extremadura y, en particular, el artículo 51.1 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud 
pública  de  Extremadura,  que  posibilita  a  las  autoridades  sanitarias  competente  en 
nuestra  región,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  a  adoptar  cuantas  medidas 
especiales resulten necesarias para proteger y garantizar la salud de la población, o  e.e
prevenir su pérdida o deterioro, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o  b
necesidad, sin perjuicio de la competencia de la Administración del Estado. 43ww
ya  Aredfeemridáos  dRee laals  Dnoercmreatso -gleeyn e2ra1l/e2s0 2d0e,  prael veanmcpióanr oe  hdieg ielnaes  dnicotramdaass  eenn duenscaiardroalslo  dlaesl 
amuetdoirdidaasd eess pseacniaitlaersi aqs uea uctoonmópmoirctaasn  puunead einnt eravdeonpctiaórn  ya dhmainn isvterantiidvoa  madáosp tianntednos ao, trdaes 
naturaleza específica o general, fuera del marco señalado por el real decreto-ley, cuando
la evolución de la pandemia y la situación extraordinaria o urgente lo ha justificado, tales 
como el uso generalizado obligatorio de la mascarilla aun cuando pueda garantizarse la 
distancia  de  seguridad,  la  suspensión  de  actividades,  el  aislamiento  domiciliario  u 
cuantas  otras  medidas  se  estimen  necesarias  para  contener  la  transmisión  de  la 
enfermedad.
La referida distinción en relación con las medidas adoptadas en función de si las 
mismas han sido dictadas al amparo del Real Decreto Ley 21/2020, o al margen de este, 
motivó la inclusión de una disposición adicional en la que se establecía el régimen 
competencial para la adopción de uno u otro tipo de medida en el Decreto-ley 12/2020, 
de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad 
económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la 
«Nueva normalidad»,
Al amparo de las citadas normas y de conformidad con el régimen competencial 
señalado han sido aprobadas diversas medidas, destacando, en particular, aquellas de 
naturaleza general contenidas en el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de 
prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de 
la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
II
Los incumplimientos de las medidas generales de prevención, sin perjuicio de su 
reconocimiento  expreso  en  el  Real  Decreto-ley  21/2020,  en  conjunción  con  la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública o las normas sectoriales 
correspondientes en función del ámbito material de actuación, en cuanto previsiones 
adoptadas por las autoridades sanitarias en nuestra región, serían sancionables teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la citada ley y en cuanto resultare de aplicación, por la 
Ley  7/2011,  de  23  de  marzo,  de  salud  pública  en  Extremadura.  Al  igual  que  los 
anteriores, los incumplimientos de las medidas especiales de intervención adoptadas por 
las  autoridades  sanitarias  mediante  actos  administrativos  fuera  del  marco  señalado 
precisan un reconocimiento propio en la norma que garantice los principios de seguridad 
jurídica, legalidad y de tipicidad al conferirles un reconocimiento expreso mediante norma 
con rango legal como instrumento integrador de obligaciones, que evite cualquier tipo de 
interpretación, precisamente, por la necesidad de acudir a una tipología de actuación 
administrativa ágil que permita implementar actuación obligatorias con carácter urgente y 
extraordinario en situaciones de crisis sanitarias en las que se pone en grave riesgo la 
salud pública.
Por  otra  parte,  en  el  elenco  de  infracciones  y  sanciones  previsto  tanto  en  la 
normativa estatal como en la legislación autonómica se establecen tipos generales que, 
teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y la diversa naturaleza de las 
actuaciones  que  han  tenido  que  desarrollarse,  circunstancias  que  pueden  volver  a 
reproducirse en el tiempo, precisan ser delimitados para garantizar los principios de 
legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad con la finalidad última de establecer un 
cuadro de infracciones y sanciones que garantice tanto el conocimiento preciso de la 
norma que describe la concreta conducta sancionable como la igualdad de trato entre los  s
presuntos infractores y, asimismo, dote de seguridad jurídica el marco de actuación de  e.
los agentes y órganos intervinientes. w.
Asimismo, se hace preciso aunar la tramitación administrativa, fundamentalmente, en  43ww
llaa  Dinirceocaccióiónn  Gdeen elarasl  dinef rSacacluiodn Pesú bmlicáas,  hnaucmieenrdoos arse,s idlairs  elne vuens ,ú nai cod ifóerrgeanncoia  undieple rascotnuaall 
sréagniimtaerina  gaeuntoenraólm sicaan caio tnoaddoo re l yp esres oantarilb uinysep elac tocro nddei claiósn  ddiseti natagse nCteosn sdeeje rlaía sa, uyto ari dlaods   BOE-A-cable e
agentes de la Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
estos dos últimos casos, para determinadas circunstancias, con la finalidad de disponer 
del mayor número de medios humanos necesarios para asegurar la eficacia de las 
decisiones adoptadas para proteger la salud pública en supuestos de extrema gravedad 
como los contemplados en la norma.
En este contexto es preciso acudir a la figura de la legislación de urgencia, Decreto-
ley, prevista en el artículo 33 de nuestra Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, para 
acompasar  el  régimen  sancionador  con  las  medidas  de  naturaleza  urgente  y 
extraordinaria que están adoptando las autoridades sanitarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Sars-Cov-2, no pudiéndose someter la 
modificación  del  régimen  sancionador  en  materia  de  salud  pública  previsto  en  la 
Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, porque perdería su 
eficacia, a una tramitación parlamentaria ordinaria mediante una ley o reglamento, según 
los distintos elementos modificados a través del presente decreto-ley, que configuran el 
ejercicio de la potestad sancionadora al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  del  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  con 
fundamento último en el artículo 25 de la Constitución Española.
Ciertamente, existen pocos momentos en los que esté tan justificado acudir a esta 
figura constitucional y estatuaria. Ni el constituyente ni el legislador estatuyente hubieran 
imaginado nunca que fuera necesario acudir a este mecanismo de excepción de una 
forma tan habitual. Lamentablemente tanto a nivel estatal como autonómico ello se ha 
evidenciado como imprescindible.
Con independencia de la instauración de un régimen sancionador específico con 
ocasión de la presente crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con el objetivo de 
garantizar que todos los procedimientos a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto-ley como consecuencia de aquella se sustancien bajo una norma estable no 
supeditada al levantamiento de la situación de emergencia sanitaria y, asimismo, prever 
un régimen sancionador específico para crisis sanitarias epidemiológicas para evitar el 
empleo de instrumentos legislativos de urgencia para cada emergencia sanitaria, se 
dispone  la  extensión  de  este  régimen  con  vocación  de  permanencia  en  el  tiempo 
mediante la incorporación de una disposición adicional tercera a la actual Ley 7/2011, 
de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura.
Por lo tanto, la norma cumple los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 
del  Estatuto  de  Autonomía,  como  por  la  Constitución  Española  y  la  numerosa 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, la STC 61/2018, de 7 
de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las 
SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva de desarrollo legislativo en 
materia de sanidad y salud pública de conformidad con el artículo 10.1.9 de la Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco de lo dispuesto en la normativa 
estatal, en particular, de la Ley 7/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
Asimismo, tiene competencia exclusiva en materia de especialidades del procedimiento  s
administrativo por atribución del artículo 9.1.5 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.  oe.
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  w.
de las Administraciones Públicas, permite establecer especialidades del procedimiento  43ww
pcuroapnidoos  dree seuslttee.  eficaz,  proporcionado  y  necesario  para  la  consecución  de  los  fines
III
El decreto-ley consta de dos artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria única y una disposición final.
En el artículo primero se regula el objeto de la norma, cual es el establecimiento del 
régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas de salud pública 
adoptadas  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de  crisis  sanitarias  derivadas  de  la 
Covid-19 u otras epidemias.
En el artículo segundo se introduce una disposición adicional tercera a la actual 
Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, con la finalidad, como ya 
se  ha  señalado  anteriormente,  de  introducir  un  régimen  jurídico  especial  para  la 
articulación de un procedimiento específico que rija tanto para la presente pandemia 
como, en su caso, para otras crisis sanitarias derivadas de epidemias que pudieran 
sucederse incorporando una regulación suficientemente completa para que puedan ser 
aplicado inmediatamente.
En él se establece una remisión al régimen general de supervisión, vigilancia, control 
e inspección, si bien se introducen dos especialidades; en primer lugar, se atribuye la 
condición  de  autoridad  sanitaria  al  personal  encargado  de  realizar  las  labores  de 
seguimiento y control de la enfermedad para garantizar que el incumplimiento del deber 
de colaboración con dicho personal, de especial importancia en esta situación de crisis 
sanitarias con riesgo para la salud pública tenga su sanción correspondiente, y se 
atribuye la condición de agentes de la autoridad a todo el personal inspector de las 
distintas consejerías con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de 
prevención en todos los sectores, incrementado con ello el número de agentes destinado 
a labores inspectoras o de control.
Asimismo,  se  introduce  un  elenco  de  infracciones  y  sanciones  con  tipos  más 
específicos  aplicables  en  relación  con  las  medidas  especiales  de  prevención  y  de 
intervención administrativa que pudieran adoptarse, en particular en relación con la 
COVID-19.
Con respecto a la competencia y al procedimiento sancionador, se hace residir en los 
órganos autonómicos centrales en materia de salud pública la competencia para incoar y 
sancionar, con el objetivo de establecer una interpretación homogénea de los tipos 
infractores y sus correspondientes sanciones con la finalidad última de garantizar los 
principios de seguridad jurídica y de simplificación administrativa. Con este objetivo se 
establece también que su intervención será preferente cuando pudiera concurrir en 
materia sancionadora con otros órganos de la Administración.
A los efectos de dotar de mayor eficacia y ejemplaridad a la actuación de corrección 
de aquellas conductas reprobables de los infractores que, a pesar de constituir un riesgo 
para la salud pública no conllevan una sanción especialmente gravosa e irreparable, se 
articula, de conformidad con el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la posibilidad de 
implementar un procedimiento especial abreviado con la finalidad de que la medida 
correctora despliegue su eficacia inmediata en momentos de crisis sanitarias como la 
presente en los que es necesaria la proximidad de sus efectos a la propia conducta 
infractora para evitar riesgos graves para la salud pública. Ahondando en lo expuesto, en 
un contexto como este en el que los incumplimientos de las prevenciones higiénicas 
individuales entrañan un potencial riesgo o daño inmediato para la salud de los demás es 
absolutamente determinante que los ciudadanos sean conscientes de su deber individual 
de prevención e higiene y, para ello, han de reforzarse los elementos disuasorios al  e.
alcance  de  las  autoridades  para  concienciar  de  la  necesidad  de  observar  un  w.b
comportamiento ejemplar propio y con respecto a terceros. Por ello, la imposición de  43ww
umnualt assi tpueaccuiónnia rciaosm coo nla e fpercetosse nintem eod ialatos s qsuee p rpeuvdéi ecroamn o ournig minaercsaen isemn oc fruisnidsa msaennittaalr ieans 
veniSdee rahsa.ce mención expresa al deber de colaboración entre las Administraciones, de
especial  relevancia  en  un  contexto  en  el  que  es  necesario  establecer  un  criterio
coordinado de actuación dada la multiplicidad de agentes intervinientes de unas u otras 
Administraciones y de distintos ámbitos dentro de la propia Administración.
En general, se abordan los distintos aspectos que conforman el régimen sancionar 
con una cláusula de cierre relativa al régimen básico y al derecho supletorio.
En  la  disposición  adicional  primera  se  incorpora  una  modificación  del  régimen 
competencial previsto para la adopción de las medidas extraordinarias y urgentes que 
tiene por finalidad suplir al Consejo de Gobierno en aquellos supuestos en los que fuere 
necesario adoptar medidas urgentes para prevenir la transmisión de la COVID-19, sin 
perjuicio de la convalidación, por este último, de la decisión adoptada por el titular de la 
Consejería competente en materia de salud pública. La inclusión de esta disposición 
obedece  a  la  necesidad  de  agilizar  la  toma  de  decisiones  cuando  concurran 
circunstancias de urgencia y, por ello, se hace residir en un órgano unipersonal, sin 
perjuicio de su posterior convalidación por el órgano colegiado que originariamente 
ostentaría la competencia.
En la disposición adicional segunda se prevé un mandato específico para articular los 
instrumentos  de  colaboración  que  fueran  necesarios  durante  la  crisis  sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.
Se incorpora una disposición transitoria única para dotar de seguridad jurídica la 
tramitación de los procedimientos relativos a hechos acaecidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta norma.
Finalmente, en la disposición final única se establece el régimen de entrada en vigor 
del decreto-ley.
IV
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de  necesidad  y  eficacia,  al 
establecerse  una  identificación  clara  de  los  fines  perseguidos  y,  por  ello,  ser  el 
instrumento  más  adecuado  el  decreto-ley  para  garantizar  la  consecución  de  estos. 
Asimismo, preside la norma el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados  e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, al establecer claramente el marco 
normativo de actuación y garantizar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque no se 
imponen cargas administrativas.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura en la redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura,  a  propuesta  del  Vicepresidente  Segundo  y  Consejero  de  Sanidad  y 
Servicios Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 
de julio de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
El  presente  decreto-ley  tiene  por  objeto  la  regulación  del  régimen  sancionador 
aplicable a los incumplimientos de las medidas de salud pública adoptadas para hacer  es
frente a las situaciones de crisis sanitarias derivadas de la COVID-19 u otras epidemias. o
Artículo  2.  Modificación  de  la  Ley  7/2011,  de  23  de  marzo,  de  salud  pública  de 
Extremadura.
Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud 
pública de Extremadura que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición  adicional  tercera.  Del  régimen  sancionador  aplicable  como 
consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras 
epidemias.
1.  El  régimen  sancionador  establecido  en  la  presente  disposición  será 
aplicable con ocasión de las crisis sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras 
epidemias respecto de las acciones u omisiones realizadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por cualquier persona física o jurídica que 
incumpla las medidas y obligaciones contenidas en las disposiciones o en los 
actos en materia de salud pública adoptadas por las autoridades estatales o 
autonómicas como consecuencia de la COVID-19 u otras epidemias al amparo, en 
particular,  de  las  medidas  especiales  de  intervención  u  otros  mecanismos 
excepcionales de intervención previstos en la normativa.
2.  Las actuaciones de vigilancia y control sanitario se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 54 y 55 de esta ley. No obstante, los profesionales sanitarios que, 
en el desempeño de sus funciones como empleados públicos, tengan asignadas 
funciones  de  detección,  seguimiento  y  control  de  la  enfermedad,  tendrán, 
asimismo, la consideración de autoridad sanitaria, de forma que podrán recabar en 
todo momento la colaboración de los ciudadanos y gozarán de presunción de 
veracidad los hechos constatados por los mismos cuando se formalicen por escrito 
en  documento  que  cuente  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa 
aplicable.  Igualmente,  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  podrán  hacer 
requerimientos individuales a los ciudadanos, por razones sanitarias vinculadas a 
la  contención  de  la  COVID-19  u  otras  epidemias,  que  serán  de  obligado 
cumplimiento.
3.  Todo el personal al servicio de la Administración regional y local que 
desarrolle actividades de inspección, así como los miembros de los cuerpos de 
Policía Local tendrán la condición de agentes de la autoridad sanitaria autonómica.
El control e inspección del cumplimiento de las obligaciones o medidas se 
asumirá por el personal inspector o agente de la autoridad que en cada caso 
corresponda por razón del territorio o de la materia.
4.  Se considerarán infracciones administrativas las acciones u omisiones 
establecidas en este número. Para la calificación de las infracciones se atenderá a 
lo dispuesto en el artículo 57.1 de esta ley, si bien se considerará además como 
criterio de calificación el número de personas afectadas o la vulnerabilidad de los 
colectivos que pudieran verse afectados.
Clasificación de las infracciones:
4.1)  Infracciones leves:
a)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  uso  o  uso  inadecuado  de  la 
mascarilla  y  demás  material  de  protección  establecido  por  las  autoridades 
sanitarias.
b)  El incumplimiento del deber individual de cautela y protección, así como  e.
de  las  medidas  generales  de  prevención  e  higiene  exigibles  para  toda  la  w.b
ciudadanía. 43ww
contcr)a vinEile nidnoc ulamsp inlimstireunctcoio ndees  o laac toosb ldigea lcaisó na utdoeri daadieslsa msaiennitator iaso.  cuarentena
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aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias 
establecidas con ocasión de la epidemia por la autoridad sanitaria.
e)  El  incumplimiento  de  las  medidas  generales  de  prevención  e  higiene 
adoptadas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o 
locales, públicos o privados adoptadas por la autoridad sanitaria a causa de la 
epidemia.
f)  El  incumplimiento  de  las  medidas  que  supongan  una  limitación  de 
movimientos  o  desplazamientos  contraviniendo  lo  dispuesto  por  la  autoridad 
sanitaria fuera de los supuestos previstos en la letra c).
g)  El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público de 
la obligación de información a los usuarios en relación con el cumplimiento horario, 
el aforo del local, la distancia social, la obligatoriedad del uso de mascarilla u otro 
elemento de protección o sobre cualquier otra medida de obligada comunicación a 
la ciudadanía contraviniendo lo dispuesto por la autoridad sanitaria.
h)  El  incumplimiento  de  los  límites  de  aforo  o  del  número  máximo  de 
personas permitido, hasta un quince por ciento por encima del límite o máximo 
establecido por las autoridades sanitarias.
i)  El incumplimiento de las medidas de control de aforo o de circulación del 
público establecido por las autoridades sanitarias.
j)  La  permisividad  por  parte  de  los  propietarios,  titulares  o  gestores  de 
establecimientos  de  hostelería  y  ocio  sobre  el  incumplimiento  de  medidas 
sanitarias por parte de los usuarios cuando dichos incumplimientos se presenten 
en un número o volumen que permita deducir su tolerancia.
k)  El incumplimiento de la elaboración de protocolos, planes de contingencia 
o asimilados en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se 
haya establecido dicha exigencia.
l)  El incumplimiento simple del deber de colaboración con los agentes y la 
autoridad sanitaria.
ll)  Cualquier otra infracción de las medidas u obligaciones establecidas por 
las autoridades sanitarias para afrontar la crisis sanitaria y que no esté calificada 
como falta grave o muy grave.
m)  Las demás infracciones previstas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, en esta ley, en la normativa de desarrollo y en la 
legislación especial sanitaria aplicable en las que reciban dicha calificación, y que 
resultaren de aplicación en función de su naturaleza con ocasión de la crisis 
sanitaria.
4.2)  Infracciones graves:
a)  El incumplimiento de la obligación de aislamiento o cuarentena acordada 
de conformidad con lo establecido por las autoridades sanitarias si esta hubiere 
supuesto un riesgo grave o un daño para la salud pública.
b)  El  incumplimiento  de  las  medidas  que  supongan  una  limitación  de 
movimientos  o  desplazamientos  fuera  de  los  supuestos  previstos  en  la  letra 
anterior cuando hubiere supuesto un riesgo grave o un daño para la salud pública.
c)  La organización de reuniones, fiestas, eventos o cualquier otro tipo de acto 
de similar naturaleza, en espacios privados o públicos, en los que se produzcan 
aglomeraciones que impidan o dificulten el cumplimiento de las medidas sanitarias 
de prevención establecidas por las autoridades sanitarias. e
d)  La  denegación  de  apoyo,  auxilio  o  colaboración  a  los  agentes  de  la  bo
autoridad o a la autoridad sanitaria cuando pusiera en riesgo o fuere trascendente  43ww
parae )la  sEall udin.cumplimiento  del  deber  de  información  o  colaboración  con  las
aeuptidoerimdaiodleósg icac odme plae tCeOntVeIsD -1p9a ura o traresa elipziadre meial s.seguimiento  y  la  vigilancia
f)  La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a 
las  autoridades  competentes  o  a  sus  agentes,  así  como  el  suministro  de 
información inexacta que tuviera trascendencia para la salud.
g)  No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados 
por las autoridades competentes, así como no comunicar los casos de sospecha o 
diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte 
obligatoria.
h)  El  incumplimiento  de  las  instrucciones  recibidas  de  la  autoridad 
competente o el incumplimiento de un requerimiento de estos, cuando no sea 
constitutivo de infracción muy grave.
i)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido  a  los  establecimientos  o  en  las  actividades,  cuando  este  no  sea 
constitutivo de una infracción leve.
j)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades 
que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable 
o acto de la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por esta en 
los casos en los que sea exigible.
k)  El quebrantamiento de las medidas provisionales o cautelares adoptadas 
por las autoridades sanitarias.
l)  La  realización  de  otras  conductas  u  omisiones  que  infrinjan  las 
obligaciones o medidas establecidas para afrontar la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 u otras epidemias, que produzcan un riesgo o un daño grave 
para la salud de la población cuando no sea constitutiva de una infracción muy 
grave.
ll)  Las demás infracciones previstas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, en esta ley, en la normativa de desarrollo y en la 
legislación especial sanitaria aplicable en las que reciban dicha calificación, y que 
resultaren de aplicación en función de su naturaleza con ocasión de la crisis 
sanitaria.
4.3)  Son infracciones muy graves las siguientes:
a)  El incumplimiento de la obligación de aislamiento o cuarentena acordada 
de conformidad con lo establecido por las autoridades sanitarias si este hubiere 
comportado daños graves o muy graves para la salud pública.
b)  El  incumplimiento  de  las  medidas  que  supongan  una  limitación  de 
movimientos  o  desplazamientos  fuera  de  los  supuestos  previstos  en  la  letra 
anterior cuando hubiere comportado daños graves o muy graves para la salud 
pública.
c)  El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la 
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de ésta, cuando 
comporte daños graves para la salud.
d)  Cualquier  comportamiento  doloso  que  dé  lugar  a  riesgo  o  alteración 
sanitaria grave.
e)  Los incumplimientos por acción u omisión de los actos y de la normativa 
dictada para hacer frente a las crisis sanitarias provocadas por la COVID-19 u 
otras epidemias, siempre que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la 
salud pública.
f)  Las demás infracciones previstas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,  e
General de Salud Pública, en esta ley, en la normativa de desarrollo y en la  bo
legislación especial sanitaria aplicable en las que reciban dicha calificación, y que  43ww
rseasnuitlatarriae.n de aplicación en función de su naturaleza con ocasión de la crisis
5.  La comisión de las infracciones previstas en esta disposición dará lugar a 
la imposición de las siguientes sanciones:
a)  En el supuesto de infracciones leves: Multa de hasta 3.000 euros. En todo 
caso, la sanción por la falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 será de 100 euros.
b)  En el caso de las infracciones graves: Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.
c)  En el caso de infracciones muy graves: Multa de 60.001 hasta 600.000 
euros.
En  los  casos  de  infracciones  muy  graves,  el  órgano  al  que  corresponda 
resolver el procedimiento sancionador podrá acordar como sanción accesoria, el 
cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la 
prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cinco años.
La  sanción  será  proporcionada  a  la  gravedad  del  hecho  y  se  graduará 
atendiendo a los criterios previstos en el artículo 63 de esta ley, así como a los 
siguientes criterios: la afectación a colectivos vulnerables, el riesgo para la salud 
pública, la trascendencia social o sanitaria, el perjuicio causado a la salud pública, 
el ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de 
la infracción, y el nivel de responsabilidad exigible en función de la condición 
profesional del responsable de la infracción.
6.  El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones a que se refiere 
esta disposición será el previsto en el artículo 59 de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública.
7.  Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas que, por acción u 
omisión, incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción previstas 
en esta disposición.
No  obstante  lo  anterior,  la  persona  titular  de  la  explotación,  empresa  o 
actividad responderá administrativamente de las infracciones que cometan los 
trabajadores ocupados o terceras personas que, sin tener vinculación laboral, 
lleven a cabo prestaciones comprendidas en los servicios gestionados por estos, 
ello  sin  perjuicio  de  que  la  persona  titular  de  dicha  explotación,  empresa  o 
actividad  sancionada  puede  ejercitar  las  acciones  de  repetición  que  le 
correspondan  contra  los  autores  materiales  de  la  infracción  que  ocasione  la 
sanción.
Las sanciones que se impongan a los distintos responsables de una misma 
infracción tendrán entre sí carácter independiente.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, o si la infracción fuera imputable a varias personas y no resultara 
posible determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de 
forma solidaria de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones 
que se impongan.
Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las 
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, quienes ocupasen el 
cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción.
Los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o, de hecho, por este 
orden, serán responsables principales de las infracciones cometidas por menores 
de  catorce  años,  siendo  en  todo  caso,  responsables  subsidiarios  de  los 
incumplimientos de menores con edad superior. e
8.  Son  órganos  competentes  para  la  incoación  y  resolución  de  los  bo
procedimientos sancionadores a que se refiere la presente disposición: 43ww
paraa )la sE sla tnitcuiloanr edse  qlau eD siree cimcipóonn Ggaenn eproarl  clao mcopmetiesinótne  deen  fmalatatesr ilae vdees  sya glurda vpeúsb. lNicoa 
obstante, en el caso de que resultare de aplicación el procedimiento específico
para las infracciones leves que lleven aparejadas una sanción pecuniaria previsto
en el ordinal noveno de esta disposición, la incoación se efectuará mediante 
denuncia del agente de la autoridad sanitaria autonómica.
b)  El titular de la Consejería competente en materia de sanidad para las 
sanciones que se impongan por la comisión de faltas muy graves.
c)  La Junta de Extremadura, reunida en Consejo de Gobierno, en los casos 
de faltas muy graves que lleven aparejado el cierre temporal de establecimientos o 
industrias por un plazo máximo de cinco años.
Son órganos competentes para la tramitación del procedimiento las Gerencias 
de Área de Salud.
Las  actas  de  infracción  o  denuncias  formuladas  por  los  funcionarios 
inspectores de otras Consejerías de la Comunidad Autónoma, Policía Local y de 
los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado  serán  remitidas  al  órgano 
autonómico que ostente las competencias en materia de salud pública para su 
tramitación y posterior resolución.
La  atribución  de  las  competencias  sancionadoras  establecidas  en  los 
apartados anteriores se establecen con carácter preferente sobre cualquier otra 
competencia  relativa  a  la  instrucción  y  resolución  de  los  procedimientos 
sancionadores que ostenten otros órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma  sobre  ámbitos  competenciales  autonómicos,  sin  perjuicio  de  la 
posibilidad de delegar o encomendar en otros órganos de la Administración, total o 
parcialmente,  las  competencias  o  la  realización  de  cuantas  actuaciones  se 
consideren pertinentes.
9.  El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  requerirá  la  incoación  e 
instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, de conformidad con 
lo  establecido  en  esta  ley,  así  como  en  lo  previsto  sobre  el  procedimiento 
sancionador en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
No obstante, y a fin de facilitar la eficacia de las sanciones que puedan recaer 
y su efecto disuasorio y corrector sobre la ciudadanía, se podrán tramitar por un 
procedimiento especial y abreviado las infracciones leves que llevaran aparejadas 
la  imposición  de  una  multa  pecuniaria.  El  citado  procedimiento  seguirá  los 
siguientes trámites:
a)  La  incoación  del  procedimiento  se  determinará  mediante  denuncia 
formulada por los agentes inspectores y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas por las autoridades 
sanitarias autonómicas, y notificada en el acto al denunciado, constituyendo el 
acto  de  iniciación  del  procedimiento  sancionador,  a  todos  los  efectos.  Las 
denuncias formuladas por dichos agentes en el ejercicio de las funciones que 
tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los 
hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su 
caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de 
aportar  todos  los  elementos  probatorios  que  sean  posibles  sobre  el  hecho 
denunciado.
Cuando el denunciado se niegue a recibir la notificación de la denuncia los 
agentes de la autoridad sanitaria reflejarán tal circunstancia en el boletín o acta en 
que se practique la misma. e
b)  La denuncia deberá indicar que la misma constituye el acto de iniciación  bo
del procedimiento sancionador y que el ciudadano propuesto para la sanción  43ww
sduisppoonnder ád eel  ruenc opnloacziom ideen toq udien clea  rdeísapso nnsaatubrilaidleasd  peanr ala  ecfoemctiusiaórn  edl e plaogs oh, elcoh oqsu ey 
lpaa rrae dfuocrmcióunla rd elal sim apleogrtaec dioen elas  sya npcroiópno neenr  ulna sc uparureenbtaas p qour ec ieensttoim dee  csoun vceunainetníate, so. 
Asimismo,  se  indicará  que,  si  en  el  plazo  indicado  no  se  han  formulado
alegaciones o no se ha abonado la multa, el procedimiento se tendrá por concluido 
el día siguiente a la finalización de dicho plazo.
c)  Realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días 
naturales  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  concluirá  el 
procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
c.1  La reducción del cuarenta por ciento del importe de la sanción.
c.2  La renuncia a formular alegaciones e interposición de recursos derivada 
del reconocimiento de los hechos imputados y sus consecuencias. En el caso de 
que se formulen alegaciones se tendrán por no presentadas.
c.3  La  terminación  del  procedimiento,  sin  necesidad  de  dictar  resolución 
expresa, el día en que se realice el pago.
d)  Transcurrido  el  plazo  de  quince  días  indicado  sin  que  se  hubieran 
efectuado alegaciones ni se hubiera abonado el importe de la sanción la denuncia 
surtirá  el  efecto  de  acto  resolutorio  del  procedimiento  sancionador.  En  este 
supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la 
notificación de la denuncia.
Si en el plazo señalado el presunto infractor formulara alegaciones en las que 
se  aportaran  datos  nuevos  o  distintos  de  los  constatados  por  el  agente 
denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado 
de aquéllas al agente para que informe en el plazo de quince días naturales o, en 
su caso, se ratifique en el contenido de su denuncia.
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que 
estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la 
determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de 
las  pruebas  deberá  ser  motivada,  dejando  constancia  en  el  procedimiento 
sancionador.
Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor 
elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que 
dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al 
interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince 
días naturales, si figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en 
cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a 
las aducidas por el interesado.
Terminado el procedimiento mediante resolución del órgano competente la 
sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de treinta días 
contados desde el de notificación de aquella.
10.  El régimen de recursos será el previsto en el artículo 71 de esta ley.
11.  La adopción de medidas provisionales se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública y en los artículos 52 y 53 de esta ley. 
Excepcionalmente,  en  los  supuestos  de  riesgo  grave  para  la  salud  de  las 
personas, las medidas provisionales podrá adoptarlas directamente el personal 
inspector, los agentes de la Policía Local o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, que actuarán, a estos efectos, como agentes de la 
autoridad  sanitaria  autonómica,  con  carácter  previo  a  la  iniciación  del  s
procedimiento,  y  deben  ratificarse,  modificarse  o  revocarse  en  la  resolución  oe.
iniciadora del procedimiento sancionador en el plazo máximo de quince días por el  w.
aófregca1tna2od.  acsoL maespn e tAeedsntmtae i npdiasisrtarpa oscsuioi cinnióeicnsi  adcPeióúbnbe.lricáans  prceosnt arcsoem  mpeutteunacmiaesn tee nl a laass ismteantceiari asy   2020-9743n https://ww
colaboración requerida para garantizar el cumplimiento y eficacia de lo dispuesto
en esta disposición, recabándose la cooperación y apoyo de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad para garantizar, especialmente, el principio de eficacia.
En  particular,  se  arbitrarán  los  instrumentos  o  protocolos  que  resultaren 
necesarios para establecer, si resultare conveniente por razones de eficacia, la 
implementación del procedimiento específico previsto en el ordinal noveno de esta 
disposición.
13.  El régimen sancionador previsto en esta disposición se entiende sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica que resulte de aplicación. Con 
carácter supletorio será de aplicación la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud 
Pública de Extremadura, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública y la normativa estatal o autonómica que resultare de aplicación.»
Disposición adicional primera.  Modificación del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y 
social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva 
Normalidad».
Se modifica la disposición adicional primera del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, 
de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y 
social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva 
Normalidad" que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición  adicional  primera.  Órganos  competentes  para  la  adopción  de 
medidas en materia de salud pública en la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.
1.  En  la  situación  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  COVID-19 
corresponde  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Extremadura  adoptar, 
mediante  acuerdo,  las  medidas  especiales  previstas  en  el  artículo  51  de  la 
Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, así como de 
aquellas  de  análoga  naturaleza  establecidas  en  la  legislación  estatal  cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos:
a)  Que se trate de medidas generales que, afectando a diversos ámbitos 
materiales, se adopten en relación con la ciudadanía tras la superación por la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de abril de 2020, y mientras dure la situación de emergencia sanitaria 
generada por la COVID-19.
b)  Aquellas medidas de intervención administrativa de carácter específico 
que hubieren de adoptarse cuando afectaren a núcleos de población o a unidades 
territoriales superiores y resulten necesarias para garantizar la protección de salud 
pública o evitar la propagación del virus entre la población o sector afectado.
c)  Las demás medidas que, por su especial repercusión, le sean elevadas 
para su adopción por el titular de la Consejería con competencias en materia de 
salud pública.
2.  En el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 corresponde 
al  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  salud  pública  adoptar, 
mediante resolución, las medidas especiales previstas en el artículo 51 de la  e.
Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, así como de  w.b
aquellas  de  análoga  naturaleza  establecidas  en  la  legislación  estatal  cuando  43ww
concurra alguno de los siguientes supuestos:
genear)a leQsu aed ospet atdraatse  pdoer  eml eCdoidnasse jod ed ed eGsoabrrieorllnoo  oa l eajemcpuacrióon  ded el al ales trma ead)i ddaesl 
número anterior.
Asimismo,  podrá  modificar,  adicionar  o  complementar  las  medidas  de 
naturaleza general acordadas por el Consejo de Gobierno cuando concurrieran 
razones de urgencia debidamente justificadas. La resolución por la que se adopten 
estas medidas deberá ser convalidada por el Consejo de Gobierno en un plazo 
máximo de 20 días.
b)  Que  se  trate  de  medidas  especiales  específicas  de  intervención 
administrativa no atribuidas al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
en la letra b) del número anterior, y que sea necesario adoptar para garantizar la 
protección de salud pública o evitar la propagación del virus entre la población 
general. Estas medidas podrán ser propuestas al Consejo de Gobierno para su 
adopción cuando tuvieran una especial repercusión.
Asimismo, con carácter excepcional y cuando concurran razones de urgencia 
debidamente  justificadas,  podrá  adoptar  aquellas  medidas  de  intervención 
atribuidas al Consejo de Gobierno en la letra b) del ordinal primero de esta 
disposición.  La  resolución  por  la  que  se  adopten  estas  medidas  deberá  ser 
convalidada por el Consejo de Gobierno en un plazo máximo de 20 días.»
Disposición adicional segunda.  De las delegaciones, encomiendas y protocolos de 
colaboración  con  otras  Administraciones  Públicas  durante  la  situación  de  crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las  autoridades  sanitarias  autonómicas  podrán  delegar  o  encomendar  a  las 
entidades locales o a sus organismos públicos la realización de aquellas actuaciones o 
tareas que se consideren necesarias por razones de eficiencia y agilidad administrativa. 
Asimismo, podrán promover la suscripción de protocolos de colaboración con estas y 
con la Delegación del Gobierno para asegurar, en particular, la necesaria coordinación y 
apoyo de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad en la aplicación de este Decreto-Ley.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los procedimientos.
Las  actuaciones  y  procedimientos,  incluidos  los  recursos,  que  se  derivaren  de 
incumplimientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto-
ley se tramitarán de conformidad con la normativa vigente en el momento de producirse 
la conducta infractora.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 22 de julio de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández  Vara.–El  Vicepresidente  Segundo  y  Consejero  de  Sanidad  y  Servicios 
Sociales, José M.ª Vergeles Blanca.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 144, de 27 de julio de 2020. Convalidado por Acuerdo 
de la Asamblea de Extremadura, publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 151, de 5 de agosto 
de 2020)