BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171  Viernes 19 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 42222
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
6422 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado.
I
El Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación –«Convenio de Basilea» en 
adelante– supuso la respuesta de la comunidad internacional a los problemas generados 
por los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos derivados del incesante 
aumento de la producción mundial de estos residuos.
Mediante la Decisión 93/98/CEE del Consejo, de 1 de febrero de 1993, se autorizó la 
firma en nombre de la entonces Comunidad Europea del Convenio de Basilea.
Con la adopción del Reglamento (CEE) n.º 259/93, del Consejo, de 1 de febrero 
de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la 
entrada y a la salida de la Comunidad Europea, se establecieron las normas para que el 
sistema comunitario de supervisión y control de los movimientos de residuos cumpliera los 
requisitos del Convenio de Basilea. Posteriormente, el Reglamento (CEE) n.º 259/93 del 
Consejo, de 1 de febrero de 1993, fue sustituido por el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de 
residuos («el reglamento comunitario» en adelante), con la finalidad de adaptarlo a las 
sucesivas modificaciones del Convenio de Basilea.
Este reglamento comunitario pretende garantizar que los residuos que se trasladen 
dentro de la Unión Europea, así como los que se importen desde terceros países a la 
Unión Europea, se gestionen de modo que, durante todo el traslado y cuando se valoricen 
o eliminen en el país de destino, no se ponga en peligro la salud humana y no se utilicen 
procesos o métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. En lo que 
respecta a las exportaciones hacia terceros países desde la Unión Europea que no estén 
prohibidas, el reglamento comunitario pretende garantizar que la gestión del residuo se 
lleve a cabo de manera ambientalmente correcta durante todo el transcurso del traslado 
e incluyendo la valorización o eliminación en el país tercero de destino. Para ello, se 
requiere que la instalación receptora de residuos cumpla normas de protección de la 
salud humana y del medio ambiente equivalentes a las normas establecidas en la 
legislación comunitaria.
La vigilancia y el control de los traslados de residuos dentro de un Estado miembro, 
como el propio reglamento comunitario reconoce en su parte expositiva, es un asunto 
que compete al Estado miembro en cuestión; no obstante, como igualmente se recoge 
en el reglamento, los regímenes nacionales de traslados de residuos deben tener en 
cuenta la necesidad de mantener la coherencia con el sistema comunitario, a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana en 
todo el territorio de la Unión. Por este motivo el artículo 33 del reglamento comunitario 
obliga a cada Estado miembro a establecer un régimen adecuado de vigilancia y control  e.
de los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de su jurisdicción. Dicho  w.b
régimen deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el régimen  22ww
creogmuulannit arerisop eescttaivbalmeceidnote  ploosr  ltorass tlíatudlooss  eIIn  ye lV iInI tedreiol rp rdoep iloa  rceogmlaumniednatdo  ccoonm ou nsiitna rtiroá n(qsuiteo 
pamorb tieerncteer,o as  lapsa íisnessp eyc claiosn deiss pdoes eicsitoanbeles caimdiiceinotnoasl eys e rmeplarteivsaass ,a a slaí  cporomtoe clacisó nin fdraecl cmioendeios 
y sanciones).
Posteriormente, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, 
incluye en su artículo 17, relativo al control de residuos peligrosos, la obligación, para los 
Estados miembros, de adoptar medidas para garantizar el control y trazabilidad de los 
residuos peligrosos, desde su producción hasta su destino final. Todo ello con el fin de 
asegurar el cumplimento de la normativa y en particular, de los requisitos de información 
exigibles por las autoridades competentes a los productores, transportistas y gestores de 
tratamiento o anteriores poseedores de los residuos y en caso de incumplimiento, hacer 
posible el establecimiento de las sanciones que procedan.
En particular, para el transporte de residuos se debe tener en consideración que, en 
algunos casos, estos residuos son también mercancías peligrosas y que el transporte de 
estas mercancías peligrosas está sometido a la normativa existente en los diferentes 
modos de transporte. El transporte de mercancías peligrosas debe cumplir una serie de 
condiciones, con el fin de eliminar o minimizar el riesgo en este tipo de operaciones que 
vienen reguladas en acuerdos internacionales, en función del medio de transporte que 
se utilice. Los principales modos de transporte de mercancías peligrosas utilizados 
actualmente son el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril, el transporte 
marítimo y el transporte aéreo. La normativa aplicable a dichos modos de transporte son, 
respectivamente, los siguientes: el Acuerdo europeo relativo al transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957(ADR); el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por ferrocarril que figura en el apéndice C del Convenio relativo a los 
transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), concluido en Vilnius el 3 de junio 
de 1999 (RID); el Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) 
conforme al capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974, y la Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el Transporte 
Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/ AN/905). Estos 
acuerdos se refieren tanto a los transportes internacionales como a los interiores, por 
aplicación de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
II
Para dar cumplimiento al mandato contenido en el citado artículo 33 del reglamento 
comunitario, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incluyó en 
su artículo 25, el régimen jurídico aplicable a los traslados de residuos en el interior del 
territorio del Estado. Dicho régimen se desarrolló por el Real Decreto 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, el 
cual se deroga por este real decreto.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, además de dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas del derecho de la Unión aludidas anteriormente, ha sentado las bases para la 
determinación de los criterios rectores del régimen de traslados. La necesidad de mantener 
la unidad de mercado dentro de la estricta observancia de las normas sobre protección del 
medio ambiente, y de respetar el principio de la libre circulación de mercancías –si bien 
muy matizado cuando se trata de residuos y especialmente si son peligrosos– aconseja la 
adopción de criterios comunes, aplicables a todos los traslados que se realicen en el 
territorio del Estado; criterios que han sido demandados en numerosas ocasiones por las  s
propias comunidades autónomas, que ostentan la competencia sobre la vigilancia y control  oe.
de los movimientos de residuos en su territorio. w.
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para su valorización o eliminación». De este modo, queda acotado el ámbito de aplicación
de este régimen jurídico, que solamente será de obligada aplicación cuando los residuos  Bc
se transporten de una comunidad autónoma a otra y cuando el destino de los residuos sea
su valorización o eliminación. Este real decreto refuerza el ámbito de aplicación que se 
recogía en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, ya que contempla que determinadas 
actividades de transporte destinadas al acopio inicial de residuos no tengan la 
consideración de traslados porque se trata de movimientos de residuos destinados al 
acopio inicial de los mismos y no a su valorización o eliminación.
No obstante, para garantizar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 33 del reglamento comunitario, las comunidades autónomas regularán los 
movimientos de residuos que se realicen exclusivamente dentro de su territorio, de forma 
coherente con el régimen establecido en la disposición adicional segunda de este real 
decreto.
III
El presente real decreto desarrolla lo previsto en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, sobre los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado, respetando 
la estructura y líneas generales del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, pero 
mejorando el procedimiento para que sea más fiel al reglamento comunitario y para 
clarificar la tramitación electrónica en los traslados.
En primer lugar, en coherencia con el reglamento comunitario y para asegurar la 
trazabilidad y la transmisión de la responsabilidad en la gestión del residuo, se ha 
precisado más quién y con qué requisitos puede ser el operador de traslado, se han 
limitado los almacenamientos sucesivos y se ha exigido al operador que indique la 
instalación de tratamiento subsiguiente cuando el primer traslado sea un almacén o una 
planta de tratamiento intermedio.
En segundo lugar, las modificaciones que se introducen pretenden, básicamente, 
aclarar el procedimiento electrónico en los traslados que requieren notificación previa. De 
este modo, se contrasta la información contenida en la notificación previa frente a la 
contenida en el Registro de producción y gestión de residuos creado en el artículo 39 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, para verificar que los productores destinan los residuos a las 
instalaciones adecuadas, con gestores autorizados y se anotan las cantidades notificadas.
Por otra parte, se obliga al operador a comunicar el documento de identificación antes 
de iniciar el traslado, y se le devuelve una copia autenticada para que proceda a iniciar el 
traslado, todo ello a través del sistema de información «eSIR».
Como novedad, se crea un repositorio donde se archivan las notificaciones previas 
autorizadas y los documentos de identificación asociados a dichas notificaciones 
previas y que van a acompañar al residuo durante su traslado. Toda esta información 
estará accesible para todas las autoridades competentes en materia de inspección y 
control.
Los operadores podrán generar la documentación sobre los traslados en los 
sistemas de información de las comunidades autónomas, en «eSIR» o en sus propios 
sistemas de información. En todos los casos, con el procedimiento regulado, queda 
asegurada la autenticidad de los documentos y la trazabilidad del traslado desde el 
origen al destino.
En particular, el real decreto precisa y simplifica el régimen aplicable a los 
traslados de residuos de competencia municipal. En este sentido, para los traslados 
de residuos de competencia municipal que requieren notificación previa, la obligación 
de notificar el traslado recae sobre la entidad local o la empresa gestora del servicio, 
si ésta cuenta con la autorización de la entidad local, y permite al operador emitir un  s
documento de identificación para varios traslados con la cantidad que se prevé  oe.
trasladar en un mes. En los traslados de las fracciones de residuos de competencia  w.
mtae ulnanesir c evipnaatliildd qaeudze et srni molo ecresatqlreuasile.  srAóeslnoí   mncouistaimfnicdoao, c eieól snrte apasrl e ddveeicaci,rd eeetlon d  etorxaciutmamre e ldonesto l r cedoseni dtidruaeotnso t eidfinec  astrcuaisót anpm rpoioepdniartáos    2020-6422n https://ww
instalaciones.
IV
La norma se estructura en tres capítulos: el primero contiene las disposiciones de 
carácter general, el segundo los requisitos comunes a todos los traslados y el tercero se 
refiere al caso específico de los traslados que requieren que se efectúe una notificación 
previa a los órganos competentes de las comunidades autónomas.
El capítulo I comienza con la determinación del objeto, el ámbito de aplicación, las 
definiciones y los requisitos generales de los traslados.
En relación con el ámbito de aplicación resulta relevante aclarar que este real decreto 
resulta de aplicación en el ámbito del transporte profesional de residuos tal como se 
deriva del artículo 26 de la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, que 
queda reflejado en el artículo 29.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Con ánimo de 
clarificar el ámbito de aplicación, se ha mencionado expresamente que los traslados de 
residuos cuyo destino sea el almacenamiento u operaciones de tratamiento intermedio 
están incluidos en este real decreto. Así mismo, se clarifica qué actividades de transporte 
destinadas al acopio inicial de residuos, están excluidas de la consideración de traslado. 
En este sentido, y en lo que respecta a las empresas de instalación o mantenimiento, 
que deberán ser consideradas como productores de residuos, solo se excluye del 
concepto de traslado, el transporte de residuos que pudiera tener lugar entre las 
instalaciones donde se genera el residuo y las instalaciones de la empresa de instalación 
o mantenimiento (productor del residuo) y en consecuencia, el transporte de esos 
residuos desde la planta del productor a la planta de tratamiento sí está sujeto a este 
real decreto.
En lo que respecta a las definiciones, se han introducido en este capítulo las de 
«repositorio de traslados» y «eSIR», en tanto que almacén virtual de notificaciones previas 
y documentos de identificación para el adecuado control y trazabilidad de los traslados de 
residuos, la primera, y como herramienta informática que graba, valida e intercambia 
electrónicamente información sobre los traslados de residuos, la segunda.
Por otra parte, se ha precisado quiénes pueden ser «operadores de traslados» de 
forma más ajustada al reglamento comunitario, siguiendo para ello lo establecido en el 
mismo, de forma que el operador será, por regla general, el productor de los residuos, 
pudiendo ser otra figura de las enumeradas, siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en la definición de «operador de traslado». Entre los posibles operadores de 
traslados se encuentra, en equivalencia a la figura de recogedor del reglamento 
comunitario, el gestor de un almacén de recogida en lugar de los productores iniciales 
cuando agrupe pequeñas cantidades de un mismo tipo de residuos en un único 
vehículo, para su posterior traslado a una instalación de tratamiento desde su almacén. 
Un ejemplo de esta situación sería la recogida de aceites industriales usados 
procedentes de talleres de reparación situados en una o varias comunidades 
autónomas, que se llevan temporalmente a un almacén situado en otra comunidad 
autónoma distinta, a la espera de su traslado a una instalación de regeneración situada 
en una tercera, en este caso, el operador del traslado desde cada taller al almacén 
podrá ser el gestor de ese almacén de recogida. Por otro lado, cuando el operador sea 
un agente o un negociante, este debe haber sido autorizado por escrito por alguno de 
los operadores anteriores de la lista. Se mantiene una cláusula de cierre en virtud la 
cual cuando todas las personas de la lista sean desconocidas, se considerará operador 
del traslado la persona física o jurídica que esté en posesión de los residuos. Este 
primer capítulo enumera también los requisitos generales de los traslados y la remisión  s
al régimen de vigilancia, inspección y sanción contenido en el título VII de la Ley 22/2011,  e.
de 28 de julio. w.
El capítulo II desarrolla los requisitos comunes a todos los traslados, es decir, el  22ww
«conEtle cnoidnotr adteol  dceo ntrtaratatom dieen ttroa teasm uiennat doe»  lya se lp «iedzoacsu meseenntoci adlee sid deen teifsictea créiógnim».en jurídico. La
erexgislate ngceian edrea le, sdtea arác uceordboe,r tquurea  eas  ptoredvoiso  alo lsa  rtreaaslilzaadcoiósn  qduee c usael qpurieevr etraa srlaedaoli zya qr ueen,  puonr   BOE-A-cable e
determinado período de tiempo, supone una garantía para el correcto tratamiento de los
residuos. A estos efectos, en el contrato deberá estipularse la cantidad estimada de 
residuos que se van a trasladar, su identificación mediante codificación LER, la periodicidad 
estimada de los traslados, el tratamiento al que se van a someter los residuos, las 
condiciones de aceptación y las obligaciones de las partes en relación a la posibilidad de 
rechazo de los residuos por parte del destinatario.
No menor es la importancia del «documento de identificación», que acompaña al 
residuo durante su traslado y que permite conocer en todo momento el tipo de residuo, su 
origen y destino, el operador del traslado, los datos del transportista y cualquier otra 
circunstancia inherente al movimiento de los residuos. Posee, por tanto, un papel esencial 
para la adecuada trazabilidad y para facilitar a las Administraciones sus funciones de 
control, vigilancia e inspección.
Este capítulo regula finalmente el supuesto del rechazo de los residuos en la planta de 
tratamiento a la que se han trasladado.
El capítulo III, y último, desarrolla los requisitos específicos y aclara el procedimiento 
electrónico en los casos de traslados que requieren «notificación previa», al objeto de 
verificar que los productores van a destinar los residuos a las instalaciones adecuadas, 
con gestores autorizados incluidos en el Registro de producción y gestión de residuos y 
con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a los mismos.
El procedimiento de notificación previa se ha diseñado teniendo presente la 
necesidad de simplificar y facilitar a los operadores los trámites administrativos, y para 
ello el plazo que se otorga a las Administraciones para manifestarse es de diez días de 
manera que si en dicho plazo no hubiese pronunciamiento, el operador podrá efectuar 
el traslado. Asimismo, y con el objetivo también de simplificación, se prevé que el 
operador pueda efectuar una notificación general con una vigencia máxima de tres años 
para residuos de similares características físicas y químicas que se destinen a una 
misma instalación.
El capítulo termina con los motivos de oposición a los traslados. Entre las causas de 
oposición a que se refiere el artículo 9, se encuentra el supuesto de que el traslado no se 
ajuste al principio de autosuficiencia y proximidad, cuando el destino de los residuos sea 
la eliminación. A este respecto, se indica en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre 
de 2015, que las instalaciones de tratamiento de la fracción resto constituyen la red 
integrada de instalaciones de eliminación y de valorización de residuos domésticos 
mezclados que se menciona en el artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. A su vez, se 
contempla expresamente la reducción del plazo de oposición a dos días en los casos de 
fuerza mayor, accidente u otras situaciones de emergencia.
La parte final de la norma está integrada por seis disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. La 
disposición adicional primera establece que todos los trámites previstos en este real 
decreto se efectuarán por vía electrónica. A estos efectos, todos los documentos de 
traslados estarán disponibles en formato electrónico y único para todo el territorio del 
Estado. Igualmente, describe las precisiones informáticas oportunas para que se desarrolle 
correctamente el procedimiento electrónico.
Mediante la disposición adicional segunda, se recuerda la necesidad de que el régimen 
de vigilancia y control de traslado de residuos que establezcan las comunidades 
autónomas en el interior de su territorio, sea coherente con la regulación establecida en el 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006, de 14 de junio de 2006, y en particular en lo que respecta 
a la exigencia de un documento de identificación que acompañe a los residuos en sus  es
movimientos, la notificación previa y la existencia de un contrato de tratamiento. o
aeauul ttpóoLanraiízos amd cdiasieospn ,o tecsrásuic nayiósn tnidrta ooam  deeiixtscai isocutineona n ulte nets erp crdaceeíers  ra apdc aeuríe estgrr,ád uneolas nc i tlooocn sup  aeetrnlra trteseolng aealdac omilease nsdnt eetco  oar mce losapmi deUuutneoninósitc naei raEinostu.r reroe pclaeotamiv uya nsciu daaa ndldaeoss    OE-A-2020-6422able en https://www.
La disposición adicional cuarta especifica quién es el productor inicial de los traslados, 
en el caso de los residuos de construcción y demolición, en coherencia con la definición de 
productor de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
La disposición adicional quinta establece que será de aplicación la normativa sobre 
protección de datos en aquellos casos en que se gestionen residuos que contengan datos 
de carácter personal.
La disposición adicional sexta prevé la posibilidad de elaborar documentos de traslado 
específicos en caso de recogida de residuos a múltiples productores en un mismo vehículo.
Son tres los anexos que acompañan al real decreto: dos relativos al contenido del 
documento de identificación (con o sin notificación previa) y otro que contempla el 
contenido de la notificación previa de traslado. La novedad es el anexo relativo al 
contenido mínimo del documento de identificación cuando no se necesita notificación 
previa, con intención de avanzar en una mayor armonización en todo el territorio del 
Estado.
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, 
ya que se pretende mejorar la trazabilidad en el traslado de residuos y evitar traslados 
ilícitos que pueden poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. Se considera 
que este es el instrumento más adecuado para su regulación ya que esta materia se 
regulaba anteriormente en una norma del mismo rango y únicamente se introducen 
precisiones en el procedimiento, fundamentalmente electrónicas, para clarificar y dar 
seguridad jurídica.
Igualmente, se adecúa al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma 
contiene las medidas imprescindibles para el fin que se persigue, exigiendo únicamente 
como requisito adicional que el operador del traslado envíe el documento de identificación 
a través de la plataforma «eSIR» a la Administración pública de origen al inicio del traslado 
en concordancia con el procedimiento comunitario vigente, de forma que se pueda 
controlar la trazabilidad desde el inicio hasta el final del proceso.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico nacional e internacional, en tanto en cuanto las modificaciones 
introducidas pretenden mejorar la adecuación del real decreto al reglamento comunitario y 
desarrolla el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
De acuerdo con el principio de transparencia, en la elaboración de la norma, se han 
seguido todos los trámites de participación y audiencia que establece la normativa 
aplicable. De conformidad con el principio de eficiencia, se reducen al máximo las cargas 
administrativas y se racionalizan los recursos públicos con la completa implantación del 
procedimiento electrónico.
En la elaboración de este real decreto han sido consultados los agentes económicos y 
sociales y los sectores más representativos potencialmente afectados y a través de la 
Comisión de coordinación en materia de residuos, las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla, así como a las entidades locales. Además, el proyecto se ha sometido 
a consulta del Consejo Asesor de Medio Ambiente y al trámite de participación pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y en la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Este real decreto tiene el carácter de legislación básica de conformidad con lo  es
dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la  o
celleaocgsmo iscnploóaemmctieuóicnnnaci db iaayá d sseeiconsab  a resuelo t óbabnrraetoís cmpeursaol ostye  d 1cce4co i9eóo.snr1td a.d2ibne3lale .mcªc ieóedrnde n i odola rea m mClaabos in epasnldattiientcu,iif ocsicniiónaan clpe,i óesqnr djuu eegic  epiaonrt oerdtirbeeac ull caydiseóe  nf aa.llca u Ealtsactdtaivedisod  adleda    OE-A-2020-6422able en https://www.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa de la Ministra de 
Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de los traslados 
de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2.  Esta norma se aplica a los traslados de residuos entre comunidades autónomas 
para su valorización o eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones 
que realizan operaciones de tratamiento intermedio y de almacenamiento.
3.  No tienen la consideración de traslado de residuos las siguientes actividades de 
transporte destinadas al acopio inicial de residuos:
a)  El  transporte  de  residuos  que  realizan  las  empresas  de  instalación  o 
mantenimiento, desde el lugar en que se han producido estos residuos hasta sus propias 
instalaciones, siempre que sean residuos generados como consecuencia de su actividad.
b)  En el ámbito de la logística inversa, el transporte desde los hogares particulares 
hasta los comercios o hasta las plataformas de la distribución; y el transporte desde los 
comercios hasta las plataformas de distribución.
c)  El transporte de los residuos por parte de los particulares a los puntos de recogida 
establecidos por las entidades locales, gestores de residuos autorizados o cualesquiera de 
los puntos de recogida indicados en la normativa aplicable.
Artículo 2.  Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, a los efectos 
de este real decreto se entenderá por:
a)  «Operador del traslado»: la persona física o jurídica que pretende realizar un 
traslado o hacer que se lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento, y en quien 
recae la obligación de notificar el traslado. El operador es alguna de las personas físicas o 
jurídicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden establecido en ella:
1.º  El productor inicial del residuo.
2.º  El nuevo productor del residuo que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos.
3.º  El gestor de un almacén de recogida en lugar de los productores iniciales de los 
residuos, cuando agrupa en un mismo vehículo, pequeñas cantidades del mismo tipo de 
residuos para llevarlos a su almacén, para su posterior traslado a una instalación de 
tratamiento. El gestor del almacén es también el operador de los traslados de residuos que  e.
se realizan desde el almacén a la instalación de tratamiento. w.b
4.º  El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28  22ww
dloes  jauplioa,r taaudtoosri zaandteor pioorre se.scrito por alguno de los operadores de traslados, mencionados en
por e5s.ºc ritEo lp aogr eanlgteu,n por edvei slotos  oepne eral daortríecus ldoe 3 t.rla) sdlea dlao sL,e my e2n2c/i2o0n1a1d,o dse e 2n8 lo dse a jpualirota, daousto 1ri.zº,a 2d.oº 
y 3.º cuando le encargue la gestión de los residuos.
6.º  El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean 
desconocidos. El sistema de responsabilidad ampliada del productor que esté en posesión 
de los residuos podrá ser el operador del traslado, en calidad de poseedor, cuando la 
norma de un determinado flujo de residuos así lo establezca.
En los residuos de competencia municipal, el operador del traslado será la entidad 
local. En el caso en que dicha competencia se lleve a cabo de manera indirecta a través 
de cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre régimen local, la entidad local 
podrá autorizar por escrito a la empresa que presta dicho servicio para que actúe en su 
nombre como operador del traslado.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones de los negociantes y agentes como 
operadores de traslados, el sujeto que les hubiera autorizado será el obligado a su 
cumplimiento.
b)  «Destinatario del traslado»: la entidad o empresa que va a realizar el tratamiento 
de los residuos en la instalación de destino.
c)  «Almacenamiento»: las operaciones D15 y R13 de los anexos I y II de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, respectivamente.
d)  «Tratamiento intermedio»: las operaciones D13 y D14 y R12 de los anexos I y II 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, respectivamente.
e)  «Origen del traslado»: el lugar desde el que se inicia el traslado de residuos.
f)  «Destino del traslado»: la instalación en la que se va a llevar a cabo el tratamiento 
de los residuos y donde finaliza el traslado de residuos.
g)  «Documento de identificación»: el documento que identifica y acompaña al residuo 
durante su traslado. Su contenido será el establecido en los anexos I y III.
h)  «Contrato de tratamiento de residuos»: el acuerdo entre el operador y el gestor de 
una instalación de tratamiento de residuos por el que este se compromete a tratar los 
residuos una vez que han sido aceptados, y en el que se establece, al menos, las 
especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las 
partes cuando se presenten incidencias, en particular, en el caso del rechazo del residuo 
por el destinatario.
i)  «Repositorio de traslados»: el lugar único y compartido donde se almacenan las 
notificaciones previas y los documentos de identificación de las diferentes fases del 
procedimiento de traslados, que permiten garantizar la trazabilidad y facilitar el control de 
los traslados de residuos y que estará accesible a las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas y a otros organismos competentes de inspección, vigilancia y 
control.
j)  «eSIR»: el Sistema de Información de Residuos que incluye, entre otros, el Registro 
de producción y gestión de residuos del artículo 39 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, las 
memorias anuales de los gestores y el repositorio de traslados y que permite la grabación, 
validación e intercambio electrónico de información, incluidos los documentos relativos al 
procedimiento de traslados.
Artículo 3.  Requisitos generales de los traslados.
1.  Son requisitos aplicables a todos los traslados de residuos regulados en este real 
decreto, los siguientes:
a)  Disponer, con carácter previo al inicio de un traslado, de un contrato de tratamiento 
según se establece en el artículo 2.h). En el caso de los residuos que se trasladen entre  es
dos instalaciones de tratamiento que sean gestionadas por la misma entidad jurídica, este  o
contrato se podrá sustituir por una declaración de dicha entidad que incluya al menos el  22ww
cttrroaanstatlEeamnndi iaedlonnos t reo ets,rs apildaseulscao ifdesicon aastd i dsdouae sed  nlepo sreso  ll proaeicrastasíicdl eiuunsloso st qa5 ul.da eQec siuaodecnedteú alsaon nds e  epcx vrcooalmudloioudr caizotsoap drceeieórsa nl ada  ools  ruaeesllmsicm radiipncecaél icnótir,nó a npds.rleealv dcioso,tn octsrua eatonn  ddeeol    OE-A-2020-64able en https://
artículo 2.a).3.º, el contrato de tratamiento se establecerá entre el productor y el gestor del
almacén e incluirá la obligación del gestor del almacén de disponer de los contratos de 
tratamiento oportunos para el adecuado tratamiento de los residuos recogidos, indicándose 
la operación de tratamiento a la que se someterá en el destino.
b)  Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde el 
origen hasta su recepción en la instalación de destino.
2.  Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, quedan sometidos 
al requisito de notificación previa al traslado:
a)  Los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación;
b)  Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados 
identificados con el código LER 20 03 01 y los que reglamentariamente se determinen, 
destinados a valorización.
3.  Quedan excluidos del requisito de notificación previa, los traslados de residuos 
destinados expresamente a análisis de laboratorio para evaluar sus características físicas 
o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones de valorización o eliminación, 
aunque deberán ir acompañados del documento de identificación indicado en el anexo III. 
La cantidad de tales residuos, se determinará en función de la cantidad mínima que sea 
razonablemente necesaria para hacer el análisis en cada caso.
4.  En el caso de que el traslado sea de residuos que tengan la consideración de 
mercancía peligrosa, el transporte se realizará de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía aérea o vía 
marítima.
Artículo 4.  Vigilancia, control, inspección y régimen sancionador.
La vigilancia, control e inspección de los traslados de residuos, así como la sanción de 
las infracciones de lo establecido en este real decreto se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
CAPÍTULO II
Requisitos comunes a todos los traslados
Artículo 5.  Contenido del contrato de tratamiento de residuos.
El contrato de tratamiento de residuos contendrá los siguientes aspectos:
a)  Identificación de la instalación de origen de los residuos y de la instalación de 
destino de los traslados.
b)  Cantidad de residuos a trasladar.
c)  Identificación de los residuos mediante su codificación LER.
d)  Periodicidad estimada de los traslados.
e)  Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos I 
y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
f)  Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los 
residuos.
g)  Condiciones de aceptación de los residuos.
h)  Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los  es
residuos por parte del destinatario (devolución a origen o traslado a otra planta de  o
tratamiento). 22www.
Artículo 6.  Documento de identificación.
inici1a.r  eEl nt eral sclaasdoo d, ee tlr aosplaedroasd odre  creusmidpuloims eqnutea nráo  reelq udioecreunm neonttifoic adceió nid pernetvifiiac,a acniótens  ddee   BOE-A-cable e
conformidad con el anexo III y de acuerdo con las previsiones del contrato de tratamiento,
y entregará una copia de ese documento de identificación al transportista para la 
identificación de los residuos durante el traslado. En los traslados de residuos de 
competencia municipal que no requieren notificación previa, el documento de identificación 
podrá tener validez trimestral.
Cuando los residuos lleguen a la instalación de destino, el gestor de la instalación 
entregará al transportista una copia del documento de identificación firmada por el 
destinatario con la fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida. El gestor de la 
instalación dispondrá como máximo de un plazo de treinta días desde la entrega de los 
residuos para remitir al operador el documento de identificación completo con la fecha de 
aceptación o rechazo del residuo, de conformidad con lo previsto en el contrato de 
tratamiento.
El operador del traslado y los gestores que intervienen en el traslado, incluido el 
transportista, incorporarán la información a sus archivos cronológicos y conservarán 
durante, al menos tres años, una copia del documento de identificación firmada por el 
destinatario en el que conste la entrega y aceptación de los residuos.
2.  En el caso de los traslados de residuos que requieran notificación previa, antes de 
iniciar el traslado, el operador cumplimentará el documento de identificación en los 
términos del anexo I (apartados 1 a 9) y de acuerdo con las previsiones del contrato de 
tratamiento. A continuación, el operador lo presentará, antes de iniciarse el traslado, a la 
comunidad autónoma de origen, que lo remitirá a «eSIR» para incorporarlo al repositorio 
de traslados. El operador entregará una copia en formato digital o en papel del documento 
presentado al transportista para la identificación de los residuos durante el traslado 
y «eSIR» distribuirá una copia a la comunidad autónoma de destino y al gestor de la 
instalación de destino.
Cuando los residuos lleguen a la instalación de destino, el gestor de la instalación 
entregará al transportista una copia del documento de identificación firmado por el gestor 
de esa instalación, en el que se hará constar la fecha de entrega de los residuos y la 
cantidad recibida. El transportista incorporará esta información a su archivo cronológico y 
conservará la copia del documento de identificación durante, al menos, tres años.
El gestor de la instalación de destino dispondrá, como máximo, de un plazo de treinta 
días desde la entrega de los residuos para remitir al órgano competente de la comunidad 
autónoma de destino el documento de identificación firmado por el gestor de dicha 
instalación. El documento de identificación se cumplimentará con la información relativa a 
la aceptación del residuo de conformidad con el anexo I apartado 10, incluyendo la fecha 
de aceptación o rechazo del residuo. La comunidad autónoma de destino lo remitirá 
a  «eSIR»  para  su  incorporación  al  repositorio  de  traslados.  El  sistema  de 
información «eSIR» enviará a la comunidad autónoma de origen una copia de este 
documento de identificación y una copia del mismo en formato pdf con el código seguro de 
verificación al gestor de la instalación de destino y este último lo remitirá al operador.
El operador del traslado y el gestor que interviene en el traslado incorporarán la 
información a su archivo cronológico y conservarán una copia del documento de 
identificación en el que conste la entrega y la aceptación de los residuos, durante, al 
menos, tres años.
3.  En  el  caso  de  residuos  municipales  mezclados,  identificados  con  el 
código LER 20 03 01, gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, 
se seguirá el procedimiento establecido en el apartado anterior. En este caso, para varios 
traslados en los que coincidan el origen y el destino, el operador podrá emitir un documento 
único de identificación con la cantidad prevista a trasladar en un mes por vehículo. Dicho  es
documento tendrá validez hasta que las sucesivas cantidades entregadas a la instalación de  o
deitnrenesststrat Leianlagaño acoi nisaós fl.nocaa r dlmnaec a iendcnseió tslanatli  anrpecorlei.aó vLtniiosv dtasae   da edo nleca suestml i cndeaoonn csttuoiedms ai neddcneeot soird  pddeoeenr  atriidefriáesc niadatcuilf iióaocnr aqc cshuieóiev n ogs  yuec,a  rcporodenmasoreloáón ngm e idcánoux  rcidmaaendolt a,eg  d,eu easn ltua omn rd  emdene eol asslas.,    OE-A-2020-6422able en https://www.
Finalizado el período de validez, el gestor de la instalación de destino incorporará la 
cantidad efectivamente trasladada al apartado 10 del documento de identificación y lo 
remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma de destino para continuar con el 
procedimiento establecido en el apartado anterior.
4.  El documento de identificación completo recibido por el operador constituye la 
acreditación documental de la entrega de residuos para su tratamiento prevista en el 
artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El operador entregará de forma inmediata una 
copia al productor o poseedor cuando estos no sean operadores.
Artículo 7.  Rechazo de los residuos.
1.  Cuando los residuos se hayan rechazado por el destinatario, de acuerdo con lo 
previsto en el contrato de tratamiento, el operador podrá:
a)  Devolver el residuo al lugar de origen acompañado del documento de identificación 
con la indicación de la devolución del residuo, o
b)  Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este traslado deberá ir 
acompañado de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo traslado 
será el operador del traslado inicial.
2.  Cuando los traslados de residuos requieran notificación previa y se produzca el 
rechazo del residuo por el destinatario, se procederá de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los artículos 6.2 y 8:
a)  En el caso del apartado 1.a), el operador del traslado inicial confirmará, a través 
de «eSIR», a las comunidades autónomas de origen y destino la recepción en origen del 
residuo rechazado.
b)  En el caso del apartado 1.b), el operador del traslado inicial deberá presentar a la 
comunidad autónoma donde está actualmente el residuo una nueva notificación 
correspondiente al nuevo traslado. La comunidad autónoma de origen del primer traslado 
podrá consultar en «eSIR» la información sobre el nuevo traslado.
CAPÍTULO III
Requisitos específicos
Artículo 8.  Notificación previa de traslado.
1.  Los operadores de los traslados mencionados en el artículo 3.2 presentarán, en la 
comunidad autónoma de origen, una notificación previa con el contenido especificado en 
el anexo II. Esta presentación se realizará, al menos, diez días antes de que se lleve a 
cabo el traslado. La comunidad autónoma de origen la remitirá a «eSIR», donde se validará 
frente al Registro de producción y gestión de residuos, se incorporará al repositorio de 
traslados y se remitirá a la comunidad autónoma de destino. Una vez validado, la 
comunidad autónoma de origen entregará un acuse de recibo al operador.
A partir de la fecha del acuse de recibo, las comunidades autónomas de origen y 
destino dispondrán de diez días para manifestar su oposición al traslado en los términos 
del artículo 9.1.
La notificación podrá servir para múltiples traslados siempre que los residuos tengan 
características físicas y químicas similares y se trasladen al mismo destinatario y a la  e.e
misma instalación. Esta notificación se denominará notificación general, y se presentará,  b
al menos, diez días antes del primer traslado y tendrá un plazo de vigencia máximo de  22ww
tres2 a. ñoDs.eberá efectuarse una nueva notificación cuando se haya trasladado la cantidad
deel a rpeasridtaudoos  annotteifircioard, ao,  ccuuaannddoo  hsea ypar otrdaunzsccau arrligdúon e cl apmlabzioo  deen  vloigs eanscpiaec ptoresv miseton.cionados en
3.  Cuando los residuos se destinen a una operación de almacenamiento D15 o R13, 
en la notificación previa deberá constar también la instalación de valorización o 
eliminación a la que se destina posteriormente el residuo. En el caso de que este destino 
posterior sea otro almacenamiento, también deberá indicarse la instalación de valorización 
o eliminación subsiguiente. En los traslados de residuos no se permitirán más de dos 
almacenamientos sucesivos.
Cuando los residuos se destinen a una instalación de tratamiento intermedio D13, D14 
o R12, en la notificación previa deberá constar la instalación de valorización o eliminación 
subsiguiente.
4.  El operador podrá efectuar el traslado si, transcurridos diez días desde la fecha 
del acuse de recibo que la comunidad autónoma de origen entrega al operador, los 
órganos competentes de las comunidades autónomas de origen y de destino no hubieran 
solicitado información o documentación complementaria, subsanación de errores, o no 
hubieran manifestado su oposición al traslado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.
5.  El operador guardará las notificaciones previas durante, al menos, tres años desde 
que finalice su vigencia.
Artículo 9.  Oposición al traslado.
1.  En el plazo máximo de diez días desde la fecha del acuse de recibo que la 
comunidad autónoma de origen entrega al operador, los órganos competentes de las 
comunidades autónomas de origen y destino podrán oponerse al traslado, alegando 
alguna de las causas previstas en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y 
desarrolladas en los siguientes apartados 2 y 3, motivando esta decisión. En los supuestos 
de traslados urgentes motivados por razones de fuerza mayor, accidentes u otras 
situaciones de emergencia, este plazo se reducirá a dos días.
El plazo de diez días podrá suspenderse si los órganos competentes de las 
comunidades autónomas solicitan información, documentación complementaria o 
subsanación de errores, con los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 
Administración solicitante informará sobre ello al órgano competente de la otra comunidad 
autónoma afectada.
Si alguno de los órganos competentes de las comunidades autónomas se opone al 
traslado se lo comunicará al operador y, a través de «eSIR», al órgano competente de la 
otra comunidad autónoma afectada.
2.  La autoridad competente de la comunidad autónoma podrá oponerse a los 
traslados de residuos destinados a eliminación cuando:
a)  El traslado o la eliminación previstos no se ajusten a la normativa vigente en 
materia de protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o de 
protección de la salud.
b)  El traslado o la eliminación previstos no se ajusten a lo dispuesto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, especialmente en su artículo 9, relativo al principio de autosuficiencia y 
proximidad, y en el artículo 14, sobre planes y programas de gestión de residuos, teniendo 
en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de contar con instalaciones 
especializadas para determinados tipos de residuos porque:
1.º  La instalación de la red integrada estatal de instalaciones de eliminación, prevista  es
en el artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, no sea la más próxima al lugar donde se  o
generó el residuo. 22ww
iqnuseta 23lla..aºº c  AiódLEnmol  tisner eintsrsgatriasdanluca iodqó oundse ec,  oebemlainm  pecienalitamesronsin teeda  errhe sapseyri doaeud ndoua scud iprnosra eop ,cr ieinnodsoreit dasnaletade ca.sij óudnse t eeunsn p aoe rcliogiasel nipz lmaadnáaes,s  c yed reqc augneeo se tyinó a ne  ldsoeas    OE-A-2020-64able en https://
residuos.
c)  Los residuos sean tratados en instalaciones contempladas en el Texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, pero que no aplican técnicas que 
garanticen el mismo nivel de emisiones que las mejores técnicas disponibles definidas en 
el artículo 3.12 de dicho texto refundido, de conformidad con la autorización ambiental 
integrada de que disponga la instalación.
d)  Sean residuos domésticos mezclados procedentes de hogares, identificados con 
el código LER 20 03 01.
3.  La autoridad competente de la comunidad autónoma podrá oponerse a los 
traslados de residuos destinados a valorización de los indicados en el artículo 3.2.b), 
cuando:
a)  El traslado o la valorización previstos no se ajusten a lo dispuesto en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, en particular a su artículo 7 sobre protección de la salud 
humana y el medio ambiente, al artículo 8 sobre jerarquía de residuos, al artículo 14 sobre 
planes y programas de gestión de residuos, y al artículo 27 sobre autorización de las 
operaciones de valorización de los residuos.
b)  El traslado o la valorización previstos no se ajusten a las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, orden público, 
seguridad pública o protección de la salud.
c)  Los residuos en cuestión no sean tratados de acuerdo con los planes de gestión 
de residuos elaborados en virtud del artículo 14 sobre planes y programas de gestión de 
residuos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en materia de valorización o reciclado en la legislación comunitaria 
y nacional.
d)  Asimismo, en el caso de residuos municipales destinados a instalaciones de 
incineración clasificadas como valorización, de acuerdo con el artículo 3.2.b) podrá 
alegarse como causa de oposición:
1.º  Que los traslados, en caso de producirse, tengan como consecuencia que los 
residuos producidos en la comunidad autónoma de destino tuvieran que ser eliminados.
2.º  Que los traslados, en caso de producirse, tengan como consecuencia que los 
residuos de la comunidad autónoma de destino tuvieran que ser tratados de manera que 
no fuera compatible con sus planes de gestión de residuos.
4.  Cuando se produzcan traslados de residuos a instalaciones que realizan 
operaciones de tratamiento intermedio (D13, D14 y R12) o de almacenamiento (D15 
o R13), los órganos competentes de las comunidades autónomas de origen y destino 
valorarán su posible oposición al traslado por los motivos recogidos en los apartados 2 y 3 
en relación con las operaciones e instalaciones de tratamiento intermedio o de 
almacenamiento, así como en relación con las operaciones e instalaciones de tratamiento 
posteriores.
5.  Las decisiones que adopten las comunidades autónomas en aplicación de los 
apartados 2 y 3 serán motivadas, notificadas a la Comisión de coordinación en materia de 
residuos y no podrán ser contrarias al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre 
de 2015.
La Comisión de coordinación en materia de residuos prestará especial atención a una  s
interpretación y aplicación coherentes en todo el territorio nacional de los motivos de  oe.
oposición al traslado y propondrá, en su caso, la adopción de acuerdos que garanticen  w.
epsretev6 iso. tbojseL taeiv noo p.lao sLiecyió 3n9 a/2l 0tr1a5s,la ddeo  1d deel  óorcgtaunbore c.ompetente se podrá recurrir en los términos  2020-6422n https://ww
Disposición adicional primera.  Tramitación electrónica del procedimiento de traslados.
1.  Los trámites regulados en este real decreto se realizarán por vía electrónica 
mediante documentos estandarizados para todo el territorio del Estado, cuyo contenido se 
adecuará a lo establecido en este real decreto.
Las Administraciones públicas publicarán en sus portales web los esquemas del 
intercambio electrónico de datos y la descripción detallada del procedimiento electrónico.
Las comunidades autónomas deberán optar por que la tramitación electrónica del 
procedimiento de traslado detallado en los artículos 6, 8 y 9 se realice a través de la sede 
electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a través de 
su propia sede electrónica, e informarán a los usuarios de la opción adoptada. El Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pondrá a disposición de las 
comunidades autónomas, que así lo hayan indicado, el procedimiento electrónico para que 
sus operadores puedan tramitar a través de la sede electrónica del Ministerio los 
documentos del procedimiento de traslado de residuos de conformidad con lo establecido 
en este real decreto.
2.  La presentación de los documentos electrónicos, ante los órganos competentes de 
las comunidades autónomas, podrá efectuarse por las personas o entidades habilitadas 
para la presentación electrónica de documentos en representación de terceros, en los 
términos establecidos en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, y en los establecidos, a su entrada en vigor, en los 
artículos 6 y 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional segunda.  Movimientos de residuos en el interior de una comunidad 
autónoma.
El régimen de vigilancia y control del traslado de residuos que apliquen las 
comunidades autónomas en el interior de su territorio, deberá tener en cuenta la 
coherencia con el régimen comunitario de traslados de residuos establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006, de 14 de junio de 2006, en particular, en lo que respecta 
al documento de identificación, al contrato de tratamiento de residuos, así como a la 
notificación previa en los supuestos del artículo 3.2 a los efectos de la oposición a su 
tratamiento en la comunidad autónoma cuando carezca de instalaciones adecuadas en 
su territorio o se haya previsto en sus planes de residuos una solución alternativa a su 
tratamiento en el mismo.
Las comunidades autónomas informarán a la Comisión de coordinación en materia 
de residuos del régimen de vigilancia y control que establezcan en su territorio, así como 
remitirán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información 
necesaria  para  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  derivadas  del 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006, de 14 de junio de 2006 en relación a los traslados 
transfronterizos.
Disposición adicional tercera.  Traslados de residuos con tránsito por otro país.
1.  Los traslados de residuos entre comunidades autónomas con tránsito por otro país 
comunitario o por un tercer país, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006, de 14 de junio de 2006.
2.  Las competencias para la autorización y tramitación de estos traslados  es
corresponderán al Ministerio competente en materia de medio ambiente, en aplicación del  o
artículo 12.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, cuando el país de tránsito no pertenezca  22www.
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Disposición adicional cuarta.  Productor inicial en los traslados de residuos de 
construcción y demolición.
En el caso de traslados de residuos de construcción y demolición, tendrá la 
consideración de productor inicial, el poseedor de residuos definido en el artículo 2.f) del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.
Disposición adicional quinta.  Protección de datos personales en la gestión de residuos.
En la gestión de residuos que contengan datos personales, este real decreto se 
aplicará sin perjuicio de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales; del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos) y demás normativa aplicable en la 
materia.
Disposición adicional sexta.  Recogida a múltiples productores.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental podrá establecer, en 
colaboración con las comunidades autónomas, documentos de traslado específicos en 
caso de recogida de residuos a múltiples productores en un mismo vehículo.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio del procedimiento de traslados.
1.  Las Administraciones públicas competentes adaptarán el procedimiento y los 
documentos de traslado a lo previsto en este real decreto en el plazo de un año desde su 
entrada en vigor. En tanto se produce esta adaptación, se seguirán utilizando los 
documentos de traslado existentes, que deberán estar disponibles en las páginas web de 
las Administraciones públicas competentes.
2.  En tanto no se lleve a cabo la tramitación electrónica prevista en la disposición 
adicional primera, los plazos previstos en el artículo 8 se computarán desde la fecha de 
recepción de la notificación previa por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas de origen y de destino; cuando las fechas de recepción no coincidan, el plazo 
se computará a partir de la más tardía. A estos efectos, los órganos competentes de las 
comunidades autónomas remitirán un acuse de recibo al operador en el que constará la 
fecha de recepción.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan, contradigan o 
resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto, y en particular, el Real 
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.
2.  No obstante, continúan en vigor los anexos y los siguientes artículos del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 6, 7, 13, 14, 15, 22.1, 27, 28, 31, 45.
Disposición final primera.  Títulos competenciales. b
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económica, y en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de  Bc
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Disposición final segunda.  Autorización para la actualización de los anexos.
Se autoriza a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 
actualizar los anexos de este real decreto mediante orden ministerial.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de julio siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de junio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra
 para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANEXO I
Contenido del documento de identificación con notificación previa
1.  Número de documento de identificación 1.
2.  Número de notificación previa 1.
3.  Fecha de inicio del traslado.
4.  Información relativa al operador del traslado:
a)  Nombre o razón social.
b)  NIF.
c)  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
d)  Datos de contacto: teléfono, fax, correo electrónico.
e)  Número de inscripción en el registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
f)  Tipo de operador 3.
g)  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
5.  Información relativa al origen del traslado 4:
a)  Información del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen 
del traslado:
1.º  Nombre o razón social del centro o instalación.
2.º  NIF 5.
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
5.º  Número de identificación medioambiental (NIMA)2 del centro productor o de la 
instalación.
6.º  Código de actividades económicas (CNAE).
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea una 
instalación de tratamiento de residuos:
1.º  Nombre o razón social.
2.º  NIF.
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
6.  Información relativa al destino del traslado:
a)  Información de la instalación destino:
1.º  Nombre o razón social de la instalación.
2.º  NIF del titular de la autorización.
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
5.º  Número de identificación medioambiental (NIMA)2 de la instalación de tratamiento.
6.º  Operación de tratamiento a la que se van a someter los residuos de acuerdo con  s
los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 6. oe.
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de  22ww
resid12u..ººo  s,NN inoIFcm.lubirdeo  oe lr aazlmóna cseoncaiaml.iento en la instalación de destino: OE-A-2020-64able en https://
3.º  Dirección del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de residuos 2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
7.  Características del residuo que se traslada:
a)  Código del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER), establecida 
en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.
b)  Descripción del residuo.
c)  Cantidad de residuos que se transportan en Kg.
d)  En el caso de residuos peligrosos indicación de las características de peligrosidad 
de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.
8.  Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado:
a)  Nombre o razón social.
b)  Dirección del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, 
país.
c)  NIF.
d)  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
e)  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
f)  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
9.  Otras informaciones:
En su caso, el sistema de responsabilidad ampliada del productor que decide la 
instalación de destino.
10.  Información sobre la aceptación del residuo:
a)  Fecha de entrega de los residuos.
b)  Cantidad recibida en Kg.
c)  Información fechada sobre la aceptación o el rechazo de los residuos
d)  En caso de rechazo de los residuos, si se opta por la devolución a la instalación 
de origen, se indicará con la fecha del nuevo traslado.
Notas explicativas:
1 N.º de documento de identificación y n.º de notificación previa: Datos obligatorios únicamente para los 
traslados sometidos al requisito de notificación previa de traslado.
2 Datos obligatorios únicamente para las personas físicas o jurídicas que tengan obligación de estar inscritas 
en el Registro de producción y Gestión de Residuos.
3 Tipo de operador de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a).
4 Información relativa al origen del traslado: cuando los traslados se refieran a residuos recogidos desde 
contenedor o puerta a puerta, directa o indirectamente por la entidad local, la información relativa al origen será 
los datos de la entidad local.
5 NIF del productor, del poseedor o del titular de la autorización de la instalación de tratamiento.
6 Operación de tratamiento: Se indicará con la codificación asignada en la inscripción en el Registro de 
Producción y Gestión de Residuos.
7 En el caso de traslados de residuos a laboratorios de análisis, se indicará exclusivamente la información 
de dicho laboratorio.
8 N.º de documento de identificación: dato obligatorio para los traslados no sometidos al requisito de  s
notificación previa. e.
ANEXO II
Contenido de la notificación previa de traslado
1.  Número de notificación 1.
2.  Tipo de notificación:
a)  Individual.
b)  Múltiple.
3.  Fecha prevista del primer traslado.
4.  Periodo que abarca la notificación.
5.  Frecuencia con que se realizarán los traslados.
6.  Información relativa al operador del traslado:
a)  Nombre o razón social.
b)  NIF.
c)  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
d)  Datos de contacto: teléfono, fax, correo electrónico.
e)  Número de inscripción en el registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
f)  Tipo de operador 3.
g)  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
7.  Información relativa al origen del traslado 4:
a)  Información del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen 
del traslado:
1.º  Nombre o razón social del centro o instalación.
2.º  NIF 5.
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Código de actividades económicas (CNAE).
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA)2 del centro productor o de la 
instalación.
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento, en el caso de que el origen del traslado sea una 
instalación de tratamiento de residuos:
1.º  Nombre o razón social.
2.º  NIF.
3.º  Dirección del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
8.  Información relativa al destino del traslado:
a)  Información de la instalación destino:
1.º  Nombre o razón social de la instalación. e
2.º  NIF del titular de la autorización de la instalación. bo
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país. 22ww
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b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento en la instalación de destino:
1.º  Nombre o razón social.
2.º  Dirección del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
3.º  NIF.
4.º  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de residuos 2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
9.  Información sobre el residuo que se traslada:
a)  Codificación del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER), 
establecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.
b)  Descripción del residuo.
c)  Cantidad total de residuos que se prevé transportar en kg.
d)  En el caso de residuos peligrosos indicación de las características de peligrosidad, 
de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
10.  Información relativa a los tratamientos posteriores, en caso de que el destino sea 
una operación de almacenamiento o de tratamiento intermedio 6:
a)  Información de la instalación destino:
1.º  Nombre o razón social de la instalación de tratamiento de residuos incluido el 
almacenamiento.
2.º  NIF del titular de la autorización de la instalación.
3.º  Dirección: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
4.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 2.
5.º  Número de identificación medioambiental (NIMA)2 de la instalación de tratamiento
6.º  Operación de tratamiento a la que se destinara el residuo, de acuerdo con los 
anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 5.
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento en la instalación de destino.
1.º  Nombre o razón social.
2.º  Dirección del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad autónoma, país.
3.º  NIF.
4.º  Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail.
5.º  Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de residuos 2.
6.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
Notas explicativas:
1 N.º de documento de identificación y n.º de notificación previa: Datos obligatorios únicamente para los 
traslados sometidos al requisito de notificación previa de traslado.
2 Datos obligatorios únicamente para las personas físicas o jurídicas que tengan obligación de estar inscritas 
en el Registro de producción y Gestión de Residuos.
3 Tipo de operador de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a).
4 Información relativa al origen del traslado: Cuando los traslados se refieran a residuos recogidos desde 
contenedor o puerta a puerta, directa o indirectamente por la entidad local, la información relativa al origen será  e.e
los datos de la entidad local bo
5 NIF del productor, del poseedor o del titular de la autorización de la instalación de tratamiento. w.
6 Operación de tratamiento: se indicará con la codificación asignada en la inscripción en el Registro de  22ww
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ANEXO III
Contenido del documento de identificación sin notificación previa
1.  Número de documento de identificación 8.
2.  Fecha de inicio del traslado.
3.  Información relativa al operador del traslado:
a)  Nombre o razón social.
b)  NIF.
c)  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
d)  Tipo de operador 3.
4.  Información relativa al origen del traslado 4:
a)  Información del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen 
del traslado.
1.º  Nombre o razón social del centro o instalación.
2.º  NIF 5.
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea una 
instalación de tratamiento de residuos se indicará la información de la empresa que ha 
realizado las operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento:
1.º  Nombre o razón social.
2.º  NIF.
3.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
5.  Información relativa al destino del traslado:
a)  Información de la instalación de destino.
1.º  Nombre o razón social de la instalación.
2.º  NIF del titular de la autorización.
3.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2 de la instalación de tratamiento.
4.º  Operación de tratamiento a la que se van a someter los residuos de acuerdo con 
los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 6.
b)  Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento en la instalación de destino. en caso de que el origen 
del traslado sea una instalación de tratamiento de residuos, se indicará la información de 
la empresa que ha realizado las operaciones de tratamiento de residuos, incluido el 
almacenamiento:
1.º  Nombre o razón social.
2.º  NIF.
3.º  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
6.  Características del residuo que se traslada:
a)  Código del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER), establecida  e.
en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. w.
b)  Cantidad de residuos que se transportan en Kg. 22ww
7.  Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado:
a)  Nombre o razón social.
b)  NIF. Bc
c)  Número de identificación medioambiental (NIMA) 2.
8.  Información sobre la aceptación del residuo:
a)  Fecha de entrega de los residuos.
b)  Cantidad recibida en Kg.
c)  Información fechada sobre la aceptación o el rechazo de los residuos.
d)  En caso de rechazo de los residuos, si se opta por la devolución a la instalación 
de origen, se indicará con la fecha del nuevo traslado 7.
9.  Otras informaciones:
Identificación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor que, en su caso, 
organiza el traslado.
Notas explicativas:
1 N.º de documento de identificación y n.º de notificación previa: Datos obligatorios únicamente para los 
traslados sometidos al requisito de notificación previa de traslado.
2 Datos obligatorios únicamente para las personas físicas o jurídicas que tengan obligación de estar inscritas 
en el Registro de producción y Gestión de Residuos.
3 Tipo de operador de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a).
4 Información relativa al origen del traslado: cuando los traslados se refieran a residuos recogidos desde 
contenedor o puerta a puerta, directa o indirectamente por la entidad local, la información relativa al origen será 
los datos de la entidad local.
5 NIF del productor, del poseedor o del titular de la autorización de la instalación de tratamiento.
6 Operación de tratamiento: Se indicará con la codificación asignada en la inscripción en el Registro de 
Producción y Gestión de Residuos.
7 En el caso de traslados de residuos a laboratorios de análisis, se indicará exclusivamente la información 
de dicho laboratorio.»
8 N.º de documento de identificación: dato obligatorio para los traslados no sometidos al requisito de 
notificación previa.