BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Jueves 2 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46331
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7084 Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida  por  la  registradora  de  la  propiedad  de  El  Rosario-Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, por la que suspende la inscripción 
de  un  mandamiento  expedido  por  recaudador  ejecutivo  de  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  I.  P.  M.,  letrado  de  la  Administración  de  la 
Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de El 
Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, doña María Azucena Morales 
González, por la que suspende la inscripción de un mandamiento expedido por el 
recaudador  ejecutivo  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Hechos
I
En mandamiento dictado el día 6 de noviembre de 2019 por don J. M. S. T., 
recaudador ejecutivo, en sede del procedimiento de apremio, expediente 35 06 17 
00274065, seguido contra la entidad mercantil «Panadería Los Compadres, S.L.» por 
deudas con la Seguridad Social.
II
Presentada el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad de El Rosario-
Área  Metropolitana  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  fue  objeto  de  la  siguiente  nota  de 
calificación:
«María Azucena Morales González, registradora de la Propiedad de El Rosario-Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.–
Previa calificación del documento que antecede, mandamiento expedido en Santa 
Cruz de Tenerife, el día seis de noviembre de dos mil diecinueve, por don J. M. S. T., 
Recaudador  Ejecutivo  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Unidad 
Recaudación  Ejecutiva  número  Uno,  para  el  expediente  administrativo  de  apremio 
número 35 06 17 00274065; de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria 
y  99  del  Reglamento  para  su  ejecución,  la  Registradora  que  suscribe  ha  resuelto 
suspender la inscripción del documento que antecede por los hechos a los que se 
aplican los siguientes fundamentos de Derecho:
1)  En el precedente mandamiento se solicita anotación preventiva de embargo  s
sobre  las  registrales  14.647  y  19.680,  a  instancias  de  la  Tesorería  General  de  la  oe.
Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva número Uno de Santa Cruz de  w.
Tenerife, contra la entidad mercantil Panadería Los Compadres S.L; siendo la diligencia  84ww
de eDmeb acrognos udleta f ercehaali z1a1d dae  aol cRtuebgreis tdreo  2P0ú1b9li.co Concursal del Ministerio de Justicia, se
Ndeesgporceinadcieo nelos   psriegvuiiaesn tea: rtíc“Fueloc h5a   bRise sLoClu ci(óanc:u er2d5o- 06d-e2 0r1e9f.in aTnicpioa ciódne  oR  epsroopluuceióstna:   BOE-A-cable e
anticipada de convenio). Deudor: Panadería Los Compadres S.L. Número procedimiento: 
448/2019.
Hay que determinar si la finca es necesaria para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 bis de la Ley 22/2003 de 9 de Julio Consursal [sic], que parcialmente se 
transcribe: “1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta 
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos 
previstos en esta Ley...
4.  Desde  la  presentación  de  la  comunicación  no  podrán  iniciarse  ejecuciones 
judiciales  o  extrajudiciales  de  bienes  o  derechos  que  resulten  necesarios  para  la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;
b)  se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial 
del acuerdo de refinanciación;
c)  se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;
d)  se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 
propuesta anticipada de convenio;
e)  o tenga lugar la declaración de concurso.
En  su  comunicación  el  deudor  indicará  qué  ejecuciones  se  siguen  contra  su 
patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto 
por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente. En 
caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto 
ante el juez competente para conocer del concurso.
Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el 
juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del 
secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en el 
primer párrafo del presente apartado quedarán levantadas si el juez competente para 
conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no 
son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo 
caso, una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente.
Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones 
singulares,  judiciales  o  extrajudiciales,  promovidas  por  los  acreedores  de  pasivos 
financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta sobre cualesquiera otros 
bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se acredite documentalmente 
que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado 
expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo 
de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales 
frente al deudor en tanto se negocia.
Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con 
garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga 
su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado 
mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones previstas en el primer párrafo 
de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado...”. e
2)  En el mandamiento las cantidades referidas al principal, recargo, e intereses, son  bo
distintas a las que aparecen en la diligencia de embargo, sin que conste la causa de tal  84ww
dcoivnefrogremnidciaad;  ncoo np rloosc epdriinecnidpoio lsa  daen oetsapceiócnia lsidoalidci tya ddae tpeormr finaaltaci ódne. congruencia, todo ello de
subsEasntaasb lef aaltl anso  hsaeb ecra slifidicoa ns oldicei tasduob psaonr aebl lperse sneon tatnotme.ándose  anotación  por  defecto
Contra la precedente nota podrán (…)
El  Rosario,  a  27  de  noviembre  de  2019.  La  registradora  Fdo.:  María  Azucena 
Morales González.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don I. P. M., letrado de la Administración de la 
Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, interpuso recurso el día 9 de diciembre de 2019 en base a lo siguiente:
«Hechos y fundamentos.
El 6 de noviembre de 2019 la Tesorería General de la Seguridad Social presentó, en 
el  referido  Registro  de  la  Propiedad  El  Rosario,  mandamiento  sobre  las  fincas 
registrales 14.467 y 19.680, ordenando la toma de anotación preventiva de embargo, por 
las deudas contraídas por la entidad mercantil “Panadería Los Compadres. S.L.” desde 
el mes de marzo de 2018 en el procedimiento de apremio seguido a instancias del 
solicitante sobre las fincas registrales antes mencionadas, que alcanzan un importe 
de 131.572.90 euros en concepto de principal y un total de 160.430.54 euros.
Dicha  solicitud  de  anotación  preventiva  de  embargo  fue  objeto  de  calificación 
negativa, en base a que:
“De consulta realizada al Registro Público Concursal del Ministerio de Justicia, se 
desprende lo siguiente: ‘Fecha Resolución: 25-06-2019, Tipo Resolución: Negociaciones 
previas  artículo  5  bis  LC  (acuerdo  de  refinanciación  o  propuesta  anticipada  de 
convenio)”.
El artículo 5 bis de la Ley Concursal, aprobada por Ley de 9 de julio de 2003, señala 
que:
“1.  El  deudor  podrá  poner  en  conocimiento  del  juzgado  competente  pura  la 
declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta 
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos 
previstos en esta Ley.
En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador 
concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera 
solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, lo apertura 
de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso
2.  Esta  comunicación  podrá  formularse  en  cualquier  momento  antes  del 
vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de 
ese momento. no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.
3.  El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del 
extracto de la resolución por la que se deje constancia c/c la comunicación presentada 
por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, 
por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.
Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación 
de negociaciones, se ordenará la publicación del extracto de la resolución.
El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación 
en cualquier momento. e
4.  Desde  la  presentación  de  la  comunicación  no  podrán  iniciarse  ejecuciones  bo
judiciales  o  extrajudiciales  de  bienes  o  derechos  que  resulten  necesarios  para  la  84ww
acolgnutninau iddea dla sd es ilgau aiecntitveisd acdir cpurnosfetasniocniaasl .o– empresarial del deudor, basta que se produzca
a)  Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis. 1;
b)  se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial 
del acuerdo de refinanciación;
c)  se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;
d)  se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 
propuesta anticipada de convenio;
e)  o tenga lugar la declaración de concurso.
En  su  comunicación  el  deudor  indicará  qué  ejecuciones  se  siguen  contra  su 
patrimonio  cuáles  de  ellas  recaen  sobre  bienes  que  considere  necesarios  para  la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto 
por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente. En 
caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto 
ante el juez competente para conocer del concurso.
Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el 
juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del 
secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en el 
primer párrafo del presente apartado quedarán levantadas si el juez competente para 
conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no 
son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo 
caso, una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente.
Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones 
singulares  judiciales  o  extrajudiciales,  promovidas  por  los  acreedores  de  pasivos 
financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta sobre cualesquiera Otros 
bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se acredite documentalmente 
que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado 
expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo 
de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales 
frente al deudor en tanto se negocia.
Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con 
garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga 
su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado 
mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones previstas en el primer párrafo 
de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado.
Quedan, en todo caso, excluidos de las. previsiones contenidas en este apartado los 
procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer electivos créditos de derecho 
público.
5.  Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, hoya o no 
alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las 
adhesiones. necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de 
convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente. a 
menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado 
de insolvencia.
6.  Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá órmular.ve otra 
por el mismo deudor en el plazo ele un año.”
I
Por lo tanto, de la lectura del mencionado precepto no se desprende que se deba 
suspender  la  anotación  preventiva  de  embargo  sobre  las  fincas  registrales  14.467  s
y 19.680, a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al  oe.
mandamiento de 6 de noviembre de 2019, correspondiente al procedimiento de apremio  w.
sSeegguHuirdaido da cedo  dSnetorscatia alcal,a  eersnnet ie dqla uedex ,pm deeedr iceaancntuetei l3r d“5Po a0 cn6oa 1nd7 el ar0 í0afu2 nL7do4as0 m6C5eo.nmtapcaiódnre jsu,r íSd.iLca.”  dpeo rl ad eRuedgaisst rcaodno rlaa   2020-7084n https://ww
de la Propiedad, el deudor “Panadería Los Compadres, S.L.” tendría que acreditar que
las fincas, sobre las que se solicita la anotación preventiva de embargo, son necesarias
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, en los términos que recoge 
el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal.
Y. en este sentido, resulta relevante que el Decreto de 24 de junio de 2019 del 
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 24 de junio de 2019, 
recoge que se han iniciado negociaciones con diferentes acreedores al objeto de obtener 
las adhesiones necesarias para poder presentar una propuesta anticipada de convenio, 
sin identificar cuáles son los bienes necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial.
En cambio, la relación de bienes inmuebles embargados incluida en la Diligencia de 
embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social define la finca registral n.º 
14.647 como un solar y la finca n.º 19.680 como un local comercial.
Por otra parte el artículo 5 bis de la Ley Concursal señala, literalmente, que:
“En  su  comunicación  el  deudor  indicará  qué  ejecuciones  se  siguen  contra  su 
patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto 
por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente. En 
caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto 
ante el juez competente para conocer del concurso.”
Así pues, la determinación de si las tincas embargadas son necesarias para la 
continuidad  de  la  actividad  empresarial  de  la  entidad  mercantil  “Panadería  Los 
Compadres, S.L.” sólo la puede acordar el Juez de lo Mercantil y una vez que la entidad 
deudora haya indicado los bienes que considera necesarios; pues de lo contrario, no 
cabe presentar impugnación alguna por falta de objeto.
Por lo tanto, aún en el caso de que el deudor demostrara que las fincas registrales 
n.º 14.647 y 19.680 son necesarias para continuar su actividad empresarial, el embargo 
debería anotarse, aunque el Juez de lo Mercantil podría declarar la suspensión del 
procedimiento ejecutivo.
En definitiva, no cabe la suspensión acordada por la Registradora de la Propiedad 
dado que la hipotética suspensión de la ejecución del procedimiento de apremio seguido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social se deberá producir, en todo caso, con 
posterioridad a la anotación preventiva del embargo.
II
En segundo lugar, el Decreto del Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, 
de 24 de junio de 2019 (…), recoge en el apanado 2 de su parte dispositiva que la 
entidad  mercantil  disponía  de  un  plazo  de  4  meses  para  presentar  la  solicitud  de 
concurso.
El mencionado Decreto establece que transcurrido el plazo de tres meses desde la 
presentación de la solicitud de inicio de negociaciones para obtener las adhesiones 
necesarias para presentar tina propuesta anticipada de convenio, se concede otro mes, 
al deudor, para presentar la solicitud de concurso.
En  este  sentido,  el  apartado  5  del  artículo  5  bis  de  la  Ley  Concursal  señala, 
igualmente, que:
“5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no 
alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las 
adhesiones  necesarias  para  la  admisión  a  trámite  de  una  propuesta  anticipada  de  e.e
convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a  b
menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado  84ww
ddee  ijnEusnnoi olcv oednnesc ei2ac0.u”1e9n, cmiae, dhiaabniteen dsuo  pprreesseennttaadcioó nla  esno ldiceitcuadn adteo  in(tiacli oy  dceo mneog oscei arceicoongees  eenl  1e2l   OE-A-2020-70able en https://
Decreto del Juzgado de lo Mercantil, […]) el plazo de 4 meses ya ha transcurrido en
exceso, sin que conste en el Registro Concursal que la entidad mercantil “Panadería Los 
Compadres, S.L.” haya sido declarada en concurso.
Por lo tanto, no habiendo sido declarado el concurso, los embargos a los que se 
refiere la anotación preventiva presentada por la Tesorería General de la Seguridad 
Social son correctos y ajustados a Derecho; máxime cuando están permitidos por la 
propia Ley Concursal, en su artículo 55, cuando reconoce, en materia de ejecuciones y 
apremios, que:
“1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor.
Hasta  la  aprobación  del  plan  de  liquidación,  podrán  continuarse  aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de 
embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor.
2.  Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la 
fecha  de  declaración  de  concurso,  sin  perjuicio  del  tratamiento  concursal  que 
corresponda dar a los respectivos créditos.
3.  Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo 
dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y 
previa  audiencia  de  los  acreedores  afectados,  podrá  acordar  el  levantamiento  y 
cancelación  de  los  embargos  trabados  cuando  el  mantenimiento  de  los  mismos 
dificultara  gravemente  la  continuidad  de  la  actividad  profesional  o  empresarial  del 
concursado.  El  levantamiento  y  cancelación  no  podrá  acordarse  respecto  de  los 
embargos administrativos.
4.  Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido 
en esta ley para los acreedores con garantía real”.
Ha de tenerse en cuenta que los embargos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social son anteriores al concurso y, por tanto, conformes a Derecho y el mencionado 
artículo 55.3 de la Ley Concursal prohíbe el levantamiento y la cancelación de los 
embargos administrativos anteriores al concurso.
Así pues, la Ley Concursal no permite el levantamiento ni la cancelación de los 
embargos administrativos anteriores a la declaración del concurso y, en consecuencia, 
no cabe la suspensión de la inscripción de la anotación preventiva de los embargos 
presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social.
III
Por otra parte, respecto al Fundamento de Derecho 2 de la calificación negativa de la 
Registradora de la Propiedad en relación a las cantidades referidas al principal, recargos, 
intereses  y  costas  recogidas  en  el  mandamiento  de  anotación  de  embargo,  ha  de 
ponerse de manifiesto que dichas cantidades son las que corresponden a la fecha de su 
emisión, que, es posterior a la de la diligencia de embargo y que son las que se 
corresponden con la deuda existente en tal fecha.
Así, se observa que en la diligencia de embargo de bienes inmuebles, de fecha 11 de 
octubre de 2019, el importe del principal asciende a la cuantía de 138.847,63 euros, con 
un total de 169.311,55 euros. Mientras que en el mandamiento de anotación preventiva  e.
de embargo, de 6 de noviembre de 2019, el importe del principal asciende a 131.572,90  w.
euros con un total de 160.430,54 euros, incluyendo intereses, recargos y costas. 84ww
desaDpea rleac idleoc tluar ap rdime earam dbeo sl adso pcruomviednetnocsi asse  ded easpprreemndioe  rqeuceo geidna se le nm laan ddailimgeiennctioa  hdae 
embargo, en concreto, la número 38 19211552875; de ahí que la cantidad indicada en el
mandamiento de anotación preventiva sea inferior a la inicialmente señalada en la 
diligencia de embargo.
La diferencia es debida a que se ha obtenido un cobro procedente de otro embargo 
que fue aplicado a la deuda inicialmente reflejada en la diligencia de embargo. Tal y 
como se hace constar en el documento remitido al Registro de la Propiedad El Rosario 
(…)
En definitiva, la cantidad por la que se debe practicar la anotación preventiva de 
embargo es la de 160.430,54 euros.
IV
Por último, el Registro de la Propiedad n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife ha procedido 
a la anotación preventiva de los embargos a instancia de la Tesorería General de la 
Seguridad Social respecto a la misma entidad mercantil “Panadería Los Compadres, 
S.L.”
En concreto, en las solicitudes presentadas el 18 de septiembre de 2019, sobre las 
fincas n.º 14472, 15.296, 15.298 y 15.442, tal y como consta en uno de los documentos 
(…) Así como sobre la finca n.º 5.654, tal y como consta en otro de los documentos.
La fecha de presentación de la solicitud de anotación preventiva de embargo ante el 
Registro de la Propiedad n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife es posterior a la del Decreto del 
Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, de 24 de junio de 2019, por el que se 
tiene por realizada la comunicación del inicio de las negociaciones con los acreedores de 
“Panadería  Los  Compadres.  S.L.”  en  orden  a  la  consecución  de  las  adhesiones 
necesarias para la admisión de la propuesta anticipada de convenio.
Por tanto, y habida cuenta que la negativa a la calificación está asentada en unos 
extremos  que  quedan  fuera  del  margen  de  apreciación  de  la  Registradora  de  la 
Propiedad de EL Rosario, solicito que se revoque la calificación, acordando la inscripción 
de las anotaciones preventivas de embargo a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social sobre las fincas registrales n” 14,467 y 19.680 correspondientes al 
Registro de la Propiedad El Rosario.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 2, 3 y 18, de la Ley Hipotecaria; 99 y 100 del Reglamento 
Hipotecario; 5 bis, 24, 55 y 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; 551 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; 25.2.º del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; 50 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, y las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 7 de julio de 2012, 17 de enero, 8 y 11 de marzo, 9 de 
abril, 20 de mayo, 14 de junio, 11 de julio y 5 de agosto de 2013, 1 y 25 de julio de 2014 
y 25 de mayo y 2 de junio de 2015.
1.  Son datos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes: s
– En diligencia dictada por el recaudador ejecutivo de la Tesorería General de la  w.b
Seguridad  Social,  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  número  1  de  Santa  Cruz  de  84ww
rTeegniestrrifaele, sc onn úfmecehroa  1114 .d6e4 7o cytu b1re9 .6d8e0  20p1r9o,p iseed aadc udeerd al ae l seomcibeadragdo  s«oPbarnea ldaesr íafin claoss 
Cproemsepnatdardeos ,e Sl m.Li.s»m. oE nd íma aennd ealm Rieengtiost reox pdeed laid oP reolp dieíad a6d ,d see  nsoovliiceimtab aren odtaec 2ió0n1 9p,r eqvueen tfiuvae 
del embargo acordado.
– Según el Servicio General de Índices de los Registradores de España y de la 
información  obtenida  del  Registro  Público  Concursal  del  Ministerio  de  Justicia  vía 
consulta efectuada por la Registradora por internet, se desprende que la citada entidad 
se encuentra inmersa en fase preconcursal, constando que ha comunicado al juzgado 
competente  para  la  declaración  de  su  concurso  el  inicio  de  negociaciones  de  las 
comprendidas en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, esto es para alcanzar un acuerdo 
de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la disposición adicional 
cuarta  o  para  obtener  adhesiones  a  una  propuesta  anticipada  de  convenio  en  los 
términos previstos en la Ley Concursal. La comunicación se efectúa con fecha 24 de 
junio de 2019, expidiéndose edicto en la misma fecha para su inscripción en el citado 
Registro.
La registradora suspende la anotación de embargo de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 4 del citado artículo 5 bis de la Ley Concursal que dispone que desde la 
presentación  de  la  comunicación  no  podrán  iniciarse  ejecuciones  judiciales  o 
extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor y que las ejecuciones de dichos bienes 
que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las 
mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de 
la comunicación.
El recurrente alega que la determinación de si las fincas embargadas son necesarias 
para la continuidad de la actividad empresarial de la entidad mercantil «Panadería Los 
Compadres, S.L.» sólo la puede acordar el juez de lo Mercantil, una vez que la entidad 
deudora haya indicado los bienes que considera necesarios; pues de lo contrario, no 
cabe  presentar  impugnación  alguna  por  falta  de  objeto,  por  lo  que  la  hipotética 
suspensión de la ejecución del procedimiento de apremio seguido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social se deberá producir, en todo caso, con posterioridad a la 
anotación preventiva del embargo.
La nota de calificación contiene un segundo defecto relativo a discrepancias en 
cuanto a las cantidades que se pretenden garantizar que se aclaran junto con el escrito 
de recurso. Si bien, no es en sede de recurso donde debe producirse la subsanación de 
los defectos observados, dado que del informe de la registradora se deduce que se ha 
realizado la aclaración en cuanto a los importes que son objeto de reclamación y el 
motivo de la divergencia, procede centrar el recurso únicamente en el primero de los 
defectos contenidos en la nota de calificación.
2.  Con carácter previo procede destacar la correcta actuación de la registradora al 
comprobar la situación preconcursal de la sociedad titular de la finca. El apartado 3 del 
artículo 5 bis de la Ley Concursal dispone que el secretario judicial, hoy letrado de la 
administración de justicia, ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del 
extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada 
por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, 
por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.
Su toma en consideración directa por el registrador viene exigida en cumplimiento 
estricto de los deberes que resultan de la Constitución, deberes que se concretan, en 
este  supuesto,  en  la  consulta  de  la  información  procedente  del  Registro  Público 
Concursal,  no  solo  con  la  finalidad  depurar  datos  confusos  sino  también  para 
asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la legalidad de los asientos 
cuya inscripción se pide. Máxime cuando, como en este caso, en el Registro de la  s
Propiedad no es objeto de reflejo la situación preconcursal. oe.
3.  Entrando en el fondo del asunto, el artículo 5 bis de la Ley concursal, se introdujo  w.
por  el  artículo  único.Uno  de  la  Ley  38/2011,  de  10  de  octubre,  posteriormente  la  84ww
Llaesy m 9e/2d0id1a5s,  dines 2ta5u draed masa ypoo,r  deel  Rmeeadli dDaesc ruertgoe-nletye s1 1e/n2 0m1a4t,e driea  5co dnec usrespatli,e vminbore a e cno nosrdoelidna ar 
afacvuoerredcoesr  qluaes  pneergmoitcaianc siounbessis tidr eal  lad eeumdporre sya  seuns c raiscirse.edores,  con  el  fin  de  conseguir  BOE-A-cable e
Conforme a dicho artículo 5 bis, la comunicación de estas negociaciones al juzgado 
ante el que deba, en su caso, seguirse el concurso, podrá formularse en cualquier 
momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5, esto es, dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado 
de insolvencia. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el 
deber de solicitar la declaración de concurso voluntario, siendo esta medida una de las 
encaminadas a favorecer la continuidad de la entidad.
Pero el efecto principal de la comunicación, que viene recogido en el apartado 4 del 
citado artículo, es la limitación temporal del inicio de ejecuciones judiciales de bienes que 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor,  hasta  que,  conforme  a  su  primer  párrafo,  se  formalice  el  acuerdo  de 
refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, se dicte la providencia admitiendo a trámite 
la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, se adopte el acuerdo 
extrajudicial de pagos, se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a 
trámite  de  una  propuesta  anticipada  de  convenio  o  tenga  lugar  la  declaración  de 
concurso.
Concordante con lo anterior el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, orden 
general  de  ejecución  y  despacho  de  la  ejecución  señala  en  su  apartado  1  que 
presentada la demanda ejecutiva, el tribunal, siempre que concurran los presupuestos y 
requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los 
actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del 
título, dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.
Con carácter previo el letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo la 
oportuna consulta al Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 
del artículo 5 bis de la Ley Concursal.
Así  mismo  la  comunicación  prevé  la  suspensión,  también  temporal,  de  las 
ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación con la sola presentación de la 
resolución  del  letrado  de  la  Administración  de  Justicia  dando  constancia  de  la 
comunicación.
Las limitaciones previstas quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos 
los plazos previstos en el apartado 5 siguiente que dispone: «Transcurridos tres meses 
desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de 
refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la 
admisión  a  trámite  de  una  propuesta  anticipada  de  convenio,  deberá  solicitar  la 
declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera 
solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia».
Ahora bien, dichas limitaciones tienen también un ámbito concreto de aplicación por 
razón del objeto, dado que solo afectan según la dicción literal de la norma, a los bienes 
«que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
del deudor», siendo, a «sensu contrario», posible el embargo y la realización de los 
restantes bienes y derechos en los que no concurra tal circunstancia. Será el propio 
deudor quien indique qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas 
recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad 
profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el letrado tenga 
por efectuada la comunicación de las negociaciones. En caso de controversia sobre el 
carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para 
conocer  del  concurso,  quien  será  por  tanto  quien  en  última  instancia  determine  el 
carácter de los bienes objeto de ejecución. s
Siguiendo  con  la  configuración  del  ámbito  de  aplicación  la  ley  dispone  dos  oe.
excepciones, la primera de ellas respecto de los acreedores con garantía real que  w.
pueden ejercitar la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su  84ww
mgaieranntrtaías,  nsoin s ep ehrajuyiac iore adleiz aqduoe ,a lguunnaa  vdeez  lainsi caiacdtuoa ceiol nperso cperdeivmisietansto e, nq eule pdreim pear rapláizrraadfoo 
deenl  eal paapratartdaod o4  5d edle al rmtícisumloo  5a rbtíisc ualon.tes relacionadas o haya transcurrido el plazo previsto  BOE-A-cable e
La segunda excepción, esta vez absoluta, es la que establece el último párrafo del 
apartado 4 que dispone: «Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas 
en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos 
créditos de derecho público».
4.  En el supuesto de este expediente, la nota de calificación y el ulterior recurso se 
basan en la necesidad de acreditar el carácter de las fincas embargadas como bienes 
que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor y sobre quién y en qué momento deberá quedar suspendido el procedimiento de 
ejecución.
En primer lugar, conforme al artículo 5 bis de la Ley Concursal corresponde al deudor 
en su comunicación indicar qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de 
ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad 
profesional o empresarial, lo que se hará constar en el decreto por el cual el secretario 
judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente.
Por  lo  tanto,  la  determinación  de  que  bienes  tienen  el  carácter  de  necesario 
corresponde al deudor, quien deberá señalarla con ocasión de la presentación del escrito 
de comunicación. Sólo en caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se 
podrá recurrir el decreto, en cuyo caso será necesaria la intervención judicial.
Con anterioridad a la Ley 9/2015, de 25 de mayo, se discutía si el juez que debía 
determinar el carácter necesario de los bienes era el competente para el concurso o 
aquel ante el que se siguiera la ejecución que pudiera quedar en suspenso, ya que no 
había  atribución  expresa  al  juzgado  de  lo  mercantil  competente  para  la  recibir  la 
comunicación, sin embargo a partir de la reforma operada en el artículo 5 bis por la 
citada norma, está clara la competencia del juez que deba conocer del concurso.
En  cuanto  a  los  efectos  de  la  comunicación,  las  limitaciones  respecto  a  los 
procedimientos de ejecución se producen desde el momento de su presentación.
En el supuesto de este expediente, la comunicación es de fecha 24 de junio de 2019 
y la diligencia de embargo es de fecha 11 de octubre de 2019, siendo la primera de las 
providencias recogidas en el mandamiento de fecha 5 de julio de 2019, por lo tanto, en la 
comunicación la sociedad deudora no pudo incluir el procedimiento de apremio de la 
Seguridad Social ya que este no se había iniciado.
Procede no obstante plantearse si le afecta la prohibición temporal del inicio de 
ejecuciones judiciales que provoca la comunicación. Tratándose de un procedimiento 
judicial, seria correcta la actuación de la registradora, por cuanto dicha limitación solo 
afecta a aquellos procedimientos que recaigan sobre bienes que resulten necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo por lo 
tanto necesario determinar si las fincas cuyo embargo se pretende anotar tienen dicha 
característica. A este respecto, en la comunicación que obra inscrita en el Registro 
Público Concursal se señalan los procedimientos que afectan a bienes que tienen el 
carácter de necesarios, pero no se especifica cuáles son estos.
Por otro lado, como se ha dicho anteriormente la Ley de Enjuiciamiento Civil impone 
con  carácter  previo  a  dictar  el  auto  conteniendo  la  orden  general  de  ejecución  y 
despacho de la demanda ejecutiva, que el letrado de la Administración de Justicia lleve a 
cabo la oportuna consulta al Registro Público Concursal a los efectos previstos en el 
apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal.
No obstante, lo anterior, no puede obviarse el contenido del ultimo inciso del punto 4 
del artículo 5 bis, que señala: «Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones 
contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto  s
hacer efectivos créditos de derecho público». oe.
Y entre los créditos de derecho público se encuentran, entre otros, aquellos para  w.
cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30  84ww
Sdeo coiaclt.ubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
de qPuoer  sloi  ftiannatlmo,e nnated as eo bdsetacl alara psreá cetli ccao ndceu lras oa ndoet alaci óenn tpidraedve dnetiuvdao orard, efuneardaa d, esi na ppleicrajuciicóino   BOE-A-cable e
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Concursal, ya que el apartado segundo del 
artículo 25 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que, en caso de 
concurso, los créditos por las cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación 
conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así como 
los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal  y  en  el  apartado  tercero  del  artículo  50  del  Reglamento  General  de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio, dedicado a los «procedimientos de ejecución universal», se establece que, si se 
hubiese dictado providencia de apremio antes de la declaración del concurso, se seguirá 
el procedimiento recaudatorio en los términos previstos en el artículo 55.1, párrafo 
segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
5.  Por último, respecto de las alegaciones del recurrente sobre el hecho de que se 
haya  anotado  el  embargo  en  otros  registros,  es  doctrina  reiterada  de  este  Centro 
Directivo que el registrador, al ejercer su competencia de calificación de los documentos 
presentados  a  inscripción  no  está  vinculado,  habida  cuenta  del  principio  de 
independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores,  como  tampoco  lo  está  por  las  propias  resultantes  de  la  anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de 
abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013 y 25 de julio y 3 de noviembre de 2017, entre otras).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.