BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Jueves 2 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46351
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7087 Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Castellón de la Plana n.º 1, 
por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una sexta parte 
indivisa  de  finca  por  haberse  realizado  la  misma  mediante  adjudicación 
directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia 
Agencia Tributaria.
En el recurso interpuesto por doña S. G. G. contra la nota de calificación extendida 
por el registrador de la Propiedad de Castellón de la Plana número 1, don Antonio 
Manrique Ríos, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una sexta 
parte  indivisa  de  finca,  realizada  en  procedimiento  de  ejecución  administrativo,  por 
haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva 
subasta o la adjudicación a la propia Agencia Tributaria.
Hechos
I
Mediante certificación, firmada por la jefa de la Dependencia Regional Adjunta de 
Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria, del acta de 
adjudicación de bienes inmuebles y un mandamiento de cancelación de cargas, dictados 
en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante 
subasta de una sexta parte indivisa de una finca, procediéndose a su adjudicación 
directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se 
ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución.
II
Presentada el día 29 de mayo de 2019 la referida documentación en el Registro de la 
Propiedad  de  Castellón  de  la  Plana  número  1,  fue  objeto  de  la  siguiente  nota  de 
calificación:
«Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana número uno
Se presenta en esta oficina la precedente certificación del acta de adjudicación de los 
bienes  mediante  adjudicación  directa  y  mandamiento  de  cancelación  de  cargas 
posteriores iniciado como consecuencia de la subasta n.º S2018R2886001078 lote 21, 
celebrada el día 12 de septiembre de 2018 en la Delegación Especial de la AEAT en 
Madrid, bajo los asientos 1202 y 1203 del diario 90, en el que la que se acordó, declarar 
adjudicarla por importe de 4.500 euros a doña S. G. G. por mandamiento de fecha 19 de 
marzo de 2019, se ordena la cancelación del embargo letra a practicado con fecha 22 de 
marzo de 2017 a favor de la hacienda pública objeto del procedimiento, así como todas 
las inscripciones y anotaciones posteriores. es
Previa calificación del precedente mandamiento, conforme al artículo 18 de la Ley  o
Hipotecaria, se suspende la inscripción y las cancelaciones ordenadas, en base a los  87ww
siguNieon treess hueltach pooss yib fluen dlaa mpreáncttoicsa d dee D lear einchscor:ipción solicita por haber sido acordada la
edníaa je1n2a dcieó ns eepnt ieumnb prero dceed 2im0i1e8n,t of edceh aa dejnu dqicuaec ihóanb ídair eecntatr acdeol eebnrá nvdigoosre  lala  resfuobrmasat ad eell   BOE-A-cable e
Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de 
diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la 
subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por 
el procedimiento de adjudicación directa.
Son hechos relevantes para la presente calificación los siguientes: se presenta para 
su inscripción certificación de acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación 
directa de 19 de marzo de 2019 de la que resulta que celebrada la subasta en la 
Delegación Especial de la AEAT de Madrid en fecha 12 de septiembre de 2018 para la 
enajenación de la nuda propiedad de la finca registral embargada, número 33.520, ésta 
fue declarada desierta tanto en primera como en segunda licitación por lo que, en esa 
fecha, se abrió el trámite de enajenación mediante adjudicación directa en virtud del cual 
fue  adjudicada  en  fecha  17  de  enero  de  2019  la  nuda  propiedad  de  la  finca 
registral 33.520 (que había sido valorada por la AEAT en la cantidad de 19.066,00 euros) 
por la cantidad de 4.500,00 euros.
La cuestión fundamental que debe ser objeto de análisis en la presente nota de 
calificación es determinar, a la luz de las disposiciones transitorias tercera y cuarta del 
Reglamento  General  de  Recaudación,  si  tras  haber  quedado  desierta  la  segunda 
subasta procedía acordar la adjudicación directa de la finca hipotecada o por el contrario, 
en conformidad con los artículos 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación, en 
su  redacción  dada  por  el  Real  Decreto  1071/2017,  de  29  de  diciembre,  hubiera 
correspondido la posibilidad de proponer de forma motivada al órgano competente su 
adjudicación a la Hacienda Pública en pago de las deudas no cubiertas y, en caso de no 
ser ésta acordada, comenzar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una 
nueva subasta.
Tal cuestión ha sido objeto de reciente consideración por la Comisión de Consultas 
Doctrinales del Colegio de Registradores en su informe 1/2019, de 8 de enero en el que 
por los argumentos que a continuación expondremos y que son compartidos por el 
registrador que suscribe la presente nota de calificación, se llega a la conclusión de que 
la normativa vigente el día 25 de abril de 2018 no permitía a la AEAT acordar la apertura 
de un procedimiento de adjudicación directa por haber sido derogada tal posibilidad por 
el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre.
Resulta, en primer lugar, necesario para el estudio de la cuestión planteada, hacer 
una exposición de la redacción de los artículos y disposiciones transitorias afectados por 
la reforma operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre.
Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, 
prevista,  como  regla  general,  para  el  1  de  enero  de  enero  de  2018,  afirmaba  el 
artículo 107 Reglamento General de Recaudación:
1.  Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados:
a)  Cuando, después de realizados la subasta o el concurso, queden bienes o 
derechos sin adjudicar.
b)  Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de 
urgencia, justificadas en el expediente.
c)  En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por 
razones justificadas en el expediente.
2.  Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de enajenación el órgano 
competente podrá establecer los límites y condiciones de la adjudicación directa y se  s
podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de adjudicación a que se refiere el  oe.
apartado 5. w.
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efectivos. Podrá acordarse la participación por vía telemática. Asimismo, el órgano de
recaudación competente podrá exigir a los interesados un depósito en la cuantía que se 
estime adecuada.
4.  El precio mínimo de adjudicación será:
a)  Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso o de subasta con una sola 
licitación, el tipo del concurso o la subasta.
b)  Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá 
precio mínimo.
c)  Cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso o subasta, se valorarán con 
referencia a precios de mercado y se tratará de obtener, al menos, tres ofertas. Si las 
ofertas no alcanzan el valor señalado, podrán adjudicarse sin precio mínimo.
5.  En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de 
adjudicación por el órgano de recaudación competente. Transcurrido el plazo a que se 
refiere el apartado 3 sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se dará por concluido 
dicho trámite.
6.  La adjudicación se formalizará mediante acta en el caso del apartado 1.a) y por 
resolución del órgano de recaudación competente en los demás casos.
7.  Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el 
importe procedente.
8.  En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación 
por subasta en lo que resulte aplicable. En particular, se advertirá al adjudicatario que si 
no satisface el precio de remate en el plazo establecido al efecto, se aplicará el importe 
del depósito que, en su caso, hubiera constituido a la cancelación de las deudas objeto 
del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que ocasione la falta de pago del precio de remate.
9.  Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se. adjudicará el bien o derecho a 
cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última subasta celebrada 
antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda pública.
En  segundo  lugar,  dispone  el  artículo  109,  no  afectado  por  el  Real 
Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que:
1.  Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección 
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de 
recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su 
adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas.
Cuando los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía 
fuesen  integrantes  del  patrimonio  histórico  español,  podrá  prescindirse  de  los 
procedimientos de enajenación previstos en la subsección 5.a anterior y se actuará 
conforme a lo dispuesto en este artículo.
2.  Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun 
teniéndolos,  el  importe  de  dichas  cargas  sea  inferior  al  valor  en  que  deban  ser 
adjudicados según el artículo 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria,  el  órgano  competente  acordará  la  adjudicación.  No  obstante,  podrá  no 
acordarla cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes no 
tendrán utilidad para la Hacienda pública; a tales efectos, se solicitará informe previo al 
Delegado  de  Economía  y  Hacienda  para  la  valoración  de  dichas  circunstancias. 
Previamente  al  acuerdo  de  adjudicación,  podrá  solicitarse  informe  al  órgano  con 
funciones de asesoramiento jurídico cuando la complejidad jurídica del expediente lo  s
requiera. oe.
Si las cargas o gravámenes son superiores, el órgano competente consultará a la  w.
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El citado centro directivo contestará a la consulta en el plazo de tres meses. Si no 
contesta en dicho plazo o la contestación es denegatoria, no se acordará la adjudicación. 
En caso de contestación afirmativa, el órgano competente acordará la adjudicación.
En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación a la Hacienda pública se hará 
constar, además, que los titulares de cargas reales verán disminuido el importe de sus 
créditos con los débitos, si para la efectividad de estos el Estado tiene derecho de 
hipoteca legal tácita.
La disminución comenzará por el último que figure en la certificación del Registro de 
la Propiedad, respetando las preferencias legalmente establecidas, y se inscribirá en 
este, en virtud de la resolución a que se refiere este apartado.
La adjudicación a la Hacienda pública con disminución de los créditos citados será 
notificada a los interesados.
3.  Si se trata de bienes muebles cuya adjudicación se presuma que puede interesar 
a la Hacienda pública, el órgano competente podrá acordar dicha adjudicación, una vez 
tenida en cuenta la previsible utilidad que pudiera reportar a aquella y consultado, en su 
caso, el órgano o entidad de derecho público que pudiera utilizar dichos bienes.
Finalmente, disponía el artículo 112 antes de la reforma que:
1.  Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de 
recaudación levantará el embargo sobre los bienes no enajenados y acordará su entrega 
al obligado al pago.
2.  Si finalizados los procedimientos de enajenación y, en su caso, adjudicación a la 
Hacienda pública, quedaran bienes muebles sin adjudicar, quedarán a disposición del 
obligado al pago.
Los citados artículos 107 y 112 del RGR han quedado, sin embargo, afectados por la 
reforma del Real Decreto 1071/2017, y así, establece en la actualidad el artículo 107, en 
su redacción vigente desde el 1 de enero de 2018, que:
1.  Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados:
a)  Cuando,  después  de  realizado  el  concurso,  queden  bienes  o  derechos  sin 
adjudicar.
b)  Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de 
urgencia, justificadas en el expediente.
c)  En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por 
razones justificadas en el expediente.
2.  Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de enajenación el órgano 
competente podrá establecer los límites y condiciones de la adjudicación directa y se 
podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de adjudicación a que se refiere el 
apartado 6.
3.  El órgano de recaudación competente procederá en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo de enajenación por adjudicación 
directa a realizar las gestiones conducentes a dicha adjudicación directa de los bienes en 
las mejores condiciones económicas, para lo que utilizará los medios que considere más 
ágiles y efectivos.
4.  La adjudicación directa se desarrollará conforme a los siguientes criterios:
a)  La convocatoria se anunciará en la sede electrónica de la Administración Pública 
que corresponda. e.e
b)  En la convocatoria se establecerá la fecha límite para la admisión de ofertas. La  b
presentación de ofertas se hará por vía telemática. 87ww
5.  El precio mínimo de adjudicación será:
a)  Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso, el tipo del concurso.
b)  En los demás supuestos, los bienes se valorarán con referencia a precios de 
mercado.
Si las ofertas no alcanzan los valores señalados, los bienes podrán adjudicarse sin 
precio mínimo.
6.  En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de 
adjudicación por el órgano de recaudación competente en favor de la mejor oferta 
económica. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 sin haberse dictado 
acuerdo de adjudicación, se dará por concluido dicho trámite.
7.  La adjudicación se formalizará mediante acta en el caso del apartado 1.a) y por 
resolución del órgano de recaudación competente en los demás casos.
8.  Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el 
importe procedente.
9.  En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación 
por subasta en lo que resulte aplicable. En particular, se advertirá al adjudicatario que si 
no satisface el precio de remate en el plazo establecido al efecto, puede incurrir en 
responsabilidad por los perjuicios que ocasione la falta de pago.
10.  Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se adjudicará el bien o derecho 
a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo del concurso realizado antes de 
que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda pública.
A su vez, establece desde el 1 de enero de 2018 el artículo 112:
1.  Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de 
recaudación levantará el embargo sobre los bienes no enajenados y acordará su entrega 
al obligado al pago.
2.  Si finalizados los procedimientos de enajenación, y en su caso, adjudicación a la 
Hacienda Pública, quedaran derechos, bienes muebles o inmuebles sin adjudicar, los 
mismos podrán ser objeto de nuevos procedimientos de enajenación siempre que no se 
haya producido la prescripción de la acción de cobro de las deudas respecto a las cuales 
se desarrollan dichos procedimientos.
Finalmente se transcriben las disposiciones transitorias tercera (apartado primero) y 
cuarta del Reglamento General de Recaudación (ésta última introducida por la reforma 
del Real Decreto 1071/2017):
Este reglamento será de aplicación a los procedimientos iniciados a partir del 1 de 
julio de 2004 que no hayan finalizado a su entrada en vigor en cuanto a las actuaciones 
que se realicen con posterioridad a dicha entrada en vigor, salvo lo dispuesto en el 
párrafo siguiente.
Las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa 
vigente  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  este  reglamento  cuando  el  acuerdo  de 
enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el 
inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor 
de este reglamento.
Las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal 
de  Subastas  de  la  Agencia  Estatal  Boletín  Oficial  del  Estado  se  aplicarán  a  los 
procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018.
En  el  estudio  de  las  citadas  disposiciones  legales  la  Comisión  de  Consultas 
Doctrinales del Colegio de Registradores en su citado informe 1/2019, de 8 de enero, 
llega a las siguientes conclusiones, que, como se ha dicho, son compartidas por el  e.
registrador firmante de presente nota de calificación. w.
En  primer  lugar,  la  disposición  transitoria  cuarta  del  Reglamento  General  de  87ww
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úsenpictaiemmebnrtee  dsee 2rá0n1 8d”,e f eacphlaic easctióan p oas te“lroiosr  aplr o1c eddei menieenrtoo sd ei n2i0ci1a8d,o psr eav isptaa,r tciro nd ecla r1á ctdeer   BOE-A-cable e
general,  como  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  reforma  operada  por  el  Real 
Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre.
Una  interpretación  literal  de  esta  disposición  transitoria  cuarta  (motivada 
seguramente en la necesidad de una mayor vacatio legis para la adecuada implantación 
tecnológica del Portal de Subastas) no puede llevar a la conclusión de que las subastas 
declaradas desiertas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de septiembre de 2018 queden 
sujetas a la redacción anterior de los artículos 107, 109 y 112 del RGR. Estos preceptos 
no regulan el desarrollo de las subastas (que se contiene en el artículo 104), sino las 
consecuencias previstas por el legislador para el caso de que las subastas queden 
desiertas. Téngase al efecto en cuenta que los artículos 109 y 112 RGR están ubicados 
en la subsección 6.ª de la sección 2.ª, relativa, no a la enajenación de los bienes, sino a 
la adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda Pública y actuaciones posteriores a 
la enajenación. El 1 de septiembre de 2018 entraron en vigor las normas relativas al 
desarrollo  de  la  subasta  establecidas  en  la  reforma  operada  por  el  Real 
Decreto  1071/2017,  de  29  de  diciembre.  Sin  embargo,  las  normas  relativas  a  las 
consecuencias de que la subasta quedara desierta previstas en los nuevos artículos 107, 
109 y 112 RGR (que ordenan, tras la supresión del procedimiento de adjudicación 
directa, acudir a la posible adjudicación a favor de la Hacienda Pública o, en su defecto, 
a una nueva subasta) no se refieren al propio desarrollo de la subasta, ni siquiera se 
contienen en la misma subsección, y no entraron en vigor en septiembre, sino en enero 
de 2018.
En segundo lugar, resulta preciso recordar que la disposición transitoria tercera del 
RGR establece en el párrafo segundo de su primer apartado que las actuaciones de 
enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la 
entrada  en  vigor  de  este  reglamento  cuando  el  acuerdo  de  enajenación  mediante 
subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento. 
Distingue por tanto, como fases distintas del procedimiento que pueden regularse por 
regímenes distintos según las respectivas fechas de entrada en vigor, entre el acuerdo 
de  enajenación  mediante  subasta  y  el  inicio  del  trámite  de  adjudicación  directa, 
entendidos como actuaciones de enajenación de bienes diferentes. Siendo necesario 
aplicar la citada norma a la interpretación de las cuestiones de derecho transitorio que se 
planteen  también  por  las  reformas  del  Reglamento,  debe  entenderse  que  las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se 
aplicarán a las actuaciones que comiencen con posterioridad a esa fecha de 1 de enero 
de 2018. Por lo tanto, será el inicio de trámite de adjudicación directa el que determine la 
normativa aplicable. Si el inicio del trámite de adjudicación directa hubiera sido acordado 
antes del 1 de enero de 2018, hubiera sido necesario, a pesar de la reforma, continuar 
su tramitación. Sin embargo, en el caso calificado, el trámite de adjudicación directa fue 
acordado tras quedar desierta la subasta, es decir, el día 25 de abril de 2018, fecha en la 
que, como hemos visto, ya habla sido suprimida por el legislador la posibilidad de acudir 
a tal procedimiento.
En tercer lugar, destaca el citado informe 1/2019 de la Comisión de Consultas 
Doctrinales  del  Colegio  de  Registradores  que  la  interpretación  normativa  defendida 
resulta conforme con los criterios interpretativos que determina nuestro legislador en el 
apartado primero del artículo 3 del Código civil, a los que a su vez se remite el artículo 12 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al disponer que las normas se 
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los  s
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser  oe.
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. w.
Por un lado, porque la dicción literal de la disposición transitoria cuarta del RGR es  87ww
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reforma debe hacerse a la luz de la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017, 
de 29 de diciembre. Afirma ésta que, tras la reforma, se adopta un nuevo régimen de 
subastas  a  través  de  empresas  y  profesionales  especializados  con  el  objeto  de 
adaptarse a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y se adapta el procedimiento de enajenación 
tributario a los términos del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. Todo ello 
en aras de potenciar la publicidad y concurrencia del procedimiento. (...) La adjudicación 
directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de 
subasta.  Se  trata  de  simplificar  el  procedimiento  de  enajenación  para  potenciar  la 
concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad.
Por ello, en caso de duda sobre qué régimen aplicar a las adjudicaciones directas 
que se dicten como resultado de quedar desierta la subasta en licitaciones acontecidas 
entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de septiembre de 2018, debe preferirse aplicar el 
régimen nuevo sobre el anterior. Por un lado porque, como señala la Exposición de 
Motivos, se pretende con la reforma asentar un régimen más transparente y ágil y por 
potenciar la concurrencia. Por otro porque el sistema de adjudicación directa como 
procedimiento  subsidiario  tras  quedar  desierta  la  subasta  ha  sido  expresamente 
suprimido por el legislador. Es posible que tal supresión se deba a que, mientras estuvo 
vigente, pudo dar lugar a expedientes como el ahora calificado en el que, al no haber 
precio mínimo de adjudicación, una finca valorada por la propia AEAT en la cantidad 
de 54.451,19 euros ha sido adjudicada por la cantidad de 6.333 euros con lo que parece 
producirse, por un lado, un grave perjuicio para el deudor, que se ve privado de su 
propiedad sin que la deuda tributaria haya apenas disminuido y, por otro, un beneficio 
prácticamente inexistente para la Hacienda Pública, que ve satisfecho su crédito en una 
cantidad mínima, siendo el único beneficiado por la adjudicación el propio adjudicatario 
que adquiere la propiedad del bien por un precio muy inferior al de su tasación.
Concluye  acertadamente  el  informe  de  la  Comisión  de  Consultas  Doctrinales 
afirmando que mantener una postura contraria a la aquí defendida seria iniciar, tras el 1 
de enero de 2018, y, por tanto, vigente la nueva redacción de los artículos 107, 109 
y 112, un procedimiento ya derogado, en vez de iniciar uno vigente, pues es éste el 
criterio  que  determina  el  ya  citado  párrafo  segundo  del  apartado  primero  de  la 
disposición transitoria tercera del RGR, que distingue entre los distintos momentos del 
procedimiento para fijar la respectiva entrada en vigor de las normas aplicables a cada 
uno de ellos. Consecuentemente, lo que corresponde tras el 1 de enero de 2018 para 
aquellas subastas que hayan quedado desiertas, no es acudir a la enajenación directa, 
sino, por aplicación de los artículos 107, 109 y 112 del RGR, proceder a la adjudicación 
de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al 
inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta.
En última instancia y como cuestión diferente al estudio de la interpretación de los 
preceptos legales antes citados, debe afirmarse la competencia del registrador para 
emitir  la  presente  nota  de  calificación.  El  artículo  99  del  Reglamento  Hipotecario 
establece que la calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en 
todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de 
expediente  o  procedimiento  seguido,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de 
éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro. Por la presente 
nota se califica que la resolución administrativa haya sido congruente con la clase de 
expediente o procedimiento seguido y, por tanto, los trámites e incidencias esenciales del  s
mismo, no excediendo de los límites que previene el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en  oe.
relación con el artículo 99 de su Reglamento de desarrollo. Así lo entiende la doctrina de  w.
la  Dirección  General  de  los  Registros  y  el  Notariado,  que  considera  necesaria  la  87ww
lcoasl iftircáamciiótens r eeg iinsctridael dneci alas  ceosnegnrcuieanlecsia d deel  mlai sremsoo leunci órens coolunc eiol nperos cdeed i2m9ie dneto j usleiog udied o2 0y 1d6e, 
13 de octubre de 2016 o 2 de abril de 2018.
Parte dispositiva;
Vistos los artículos citados, se procede a suspender los asientos solicitados hasta 
que tenga lugar la subsanación de los defectos advertidos.
Fundamentos de Derecho: Artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 26 y 99 del 
Reglamento Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su 
modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; las Sentencias del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995 y 21 de febrero de 2012, 
entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre 
otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 
de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero 
de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de 
marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 
de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 
de abril y 10 de octubre de 2018, y 6 y 13 de febrero de 2019 y 9 de mayo de 2019.
Contra esta decisión (…)
Castellón, a 19 de junio de 2019 El registrador (firma ilegible) Fd.º: Antonio Manrique 
Ríos.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña S. G. G. interpuso recurso el día 16 de 
diciembre de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal:
«Alegaciones.
Primera.–Por  la  Agencia  Tributaria,  Dependencia  Regional  de  Recaudación, 
Delegación Especial de Madrid, se siguió el procedimiento administrativo de apremio 
contra D. M. W. G. G., NIF (…), y en el seno del mismo tuvo lugar la subasta identificada 
con  el  n.º  S2018R2886001078,  correspondiente  al  lote  21,  celebrada  el  12  de 
Septiembre de 2018, y que tenía por objeto la nuda propiedad de una sexta parte 
indivisa  de  la  vivienda  tipo  A)  situada  en  Castellón  (…)  referencia 
catastral 3404006YK5330S0021RE, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º uno de 
Castellón al tomo 1157, libro 447, folio 2, finca 033520.
Segunda.–Dada la circunstancia de haber quedado desierta la subasta celebrada 
el 12 de Septiembre de 2018, reunida la Mesa de Subasta el 15 de Enero de 2019 se 
acordó continuar la tramitación del procedimiento de enajenación mediante adjudicación 
directa, lo que se llevó a cabo en favor de la compareciente, dando lugar a la emisión de 
la certificación de adjudicación de los bienes de fecha 19 de Marzo de 2019 (…), e 
igualmente se libró mandamiento de cancelación de cargas, que ordenaba tuviera lugar 
la de las posteriores (…)
Resulta de especial transcendencia, y ello queda recogido en la certificación antes 
reseñada, significar que, y como así se proclama, el procedimiento administrativo de 
apremio seguido se acomodó a las siguientes exigencias:
– Se realizaron las notificaciones preceptivas del artículo 101.2 del Reglamento 
General de Recaudación. e
– El desarrollo de la subasta se ajustó al artículo 104 de dicho Reglamento. bo
– Declarada desierta la subasta en primera y segunda licitación se abrió el trámite de  87ww
enaj–e nEalc iaódnj umdeicdaiatanrtieo ,a dejsu ddiceacciiró nla d icreocmtap.areciente,  efectuó  el  ingreso  del  precio  de
adjudicación.
– Se emitió en conformidad el informe del Servicio Jurídico sobre la observancia de 
las formalidades legales en el procedimiento de apremio, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento Hipotecario.
Tercera.–Presentada a inscripción en el Registro de la Propiedad número uno de 
Castellón de la Plana la documentación pertinente a efectos de que así se hiciera figurar 
en favor de la compareciente, y aconteciere la cancelación de las cargas posteriores que 
pudieran afectar a la parte del bien adquirida por mor de la adjudicación habida, se 
acuerda la suspensión tanto de la inscripción como de la cancelación, resolución del 
Registrador de la Propiedad de fecha 19 de Junio de 2019, y en esencia, por haber 
acontecido la adjudicación ya vigente, la reforma operada por el Real Decreto 1071/2017 
de 29 de Diciembre.
De forma literal se recoge:
“Si el inicio del trámite de adjudicación directa hubiera sido acordado antes del 1 de 
Enero de 2018, hubiera sido necesario, a pesar de la reforma, continuar su tramitación. 
Sin embargo, en el caso calificado, el trámite de adjudicación directa fue acordado tras 
quedar desierta la subasta, es decir, el día 25 de Abril de 2018, fecha en la que, como 
hemos visto, ya había sido suprimida por el legislador la posibilidad de acudir a tal 
procedimiento... Mantener una postura contraria a la aquí defendida sería iniciar, tras el 1 
de Enero de 2018 y, por tanto, vigente la nueva redacción de los artículos 107, 109 y 112 
un procedimiento ya derogado, en vez de iniciar uno vigente... Consecuentemente, lo 
que corresponde tras el 1 de Enero de 2018, para aquellas subastas que hayan quedado 
desiertas no es acudir a la enajenación directa, sino, por aplicación de los artículos 107, 
109 y 112 del RGR, proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda 
Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de 
enajenación mediante subasta”.
Con dicho criterio no puede mostrarse conformidad, cual no la han mostrado los 
técnicos de la Agencia Tributaria, pues no puede desconocerse que la misma, y al 
margen de quienes proceden a la tramitación del procedimiento de apremio, requirió el 
correspondiente  informe  de  los  Servicios  Jurídicos,  sobre  la  observancia  de  las 
exigencias legales en tal procedimiento, y su conclusión fue la continuación y que 
hubiere lugar a la adjudicación directa.
En este sentido no puede olvidarse que nos encontramos ante un procedimiento de 
apremio iniciado con anterioridad a la vigencia del Real Decreto 1071/2017 de fecha 29 
de Diciembre, el cual no puede verse afectado por éste, aun cuando solo fuere en aras a 
la seguridad jurídica.
No parece pueda conciliar mucho con la decisión del Registrador del Propiedad la 
quiebra que en el desarrollo del procedimiento de apremio habría de tener lugar si, 
iniciado el mismo y acomodado a las exigencias que la norma requería, la subasta, y en 
su defecto ante el supuesto de que quedaran desiertas la adjudicación directa, a lo que, 
por  otro  lado,  se  encuentra  vinculado  el  administrado,  no  sólo  la  Administración, 
posteriormente, y en atención a una norma que habrá de afectar a los procedimientos 
posteriores, se retrotrayera y alcanzara a aquellos que, en definitiva, son ajenos a los 
que contempla.
Cuarta.–Nos encontramos ante ion conflicto que surge por una interpretación diversa 
de  las  normas  de  aplicación,  en  definitiva  por  mantener  una  postura  diferente  el 
Registrador de la Propiedad y los técnicos de la Agencia Tributaria, que consideramos  s
debe resolverse en favor de la decisión adoptada por éstos dado el perjuicio que, en otro  oe.
caso, se irrogaría a la compareciente, no siendo de recibo puedan estar sujetos los  w.
eamxdupmcehincotisa qttriuvaead sos sep  oinqrv umoeq oucr eod nleaf í alcano  dmeepncei steeióln ncp,i areo ndc eeeld smitmeis iecmnaotso oa ,l a dedefmel ciRntoeis.gtrisattrivaod oar  dvee rla  qPureobpriaeddaasd , spuosr   2020-7087n https://ww
Nos encontramos ante la situación que parece inconciliable de, y por un lado, ser la
adjudicación directa firme, y por lo mismo la compareciente adjudicataria, propietaria de
la nuda propiedad de la sexta parte proindiviso del inmueble sito en (…) de Castellón de 
la Plana, y por otro de ver privada su posibilidad de que ello pueda tener reflejo en el 
Registro de la Propiedad.
Ante tal circunstancia cabe preguntarse quién ha de resolver y proteger los derechos 
de la adjudicataria.
Por lo expuesto;
Intereso a esa Dirección General.–Que, habiendo por presentado este escrito, se 
sirva  admitirlo.  A  su  vista  y  conforme  se  interesa,  tenga  por  interpuesto  Recurso 
Gubernativo frente a la resolución del Registrador de la Propiedad del Registro número 
uno de Castellón de la Plana, y dando al mismo el impulso correspondiente en su día 
dictar resolución por la que, revocando la recurrida, se ordene tenga lugar la inscripción 
en favor de la compareciente de la adjudicación habida de la sexta parte proindiviso de la 
nuda propiedad de la finca n.º 033520, tomo 1157, libro 447, folio 2, por parte de la 
Agencia Tributaria, en el Registro de la Propiedad número uno de Castellón, así como la 
cancelación de las cargas posteriores ordenada, actos que quedan recogidos en los 
documentos que se incorporan al presente.»
IV
El registrador de la Propiedad de Castellón de la Plana número 1, don Antonio 
Manrique Ríos, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro 
Directivo.  Notificada  la  interposición  del  recurso  a  la  Dependencia  Regional  de 
Recaudación, Delegación de Madrid, de la Agencia Tributaria, el día 23 de diciembre 
de 2019, no se había recibido alegación alguna por parte de la misma.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 26, 99 y 110 del Reglamento 
Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y 
las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el 
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio; las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995 y 21 de 
febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo 
de 2003, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 
de enero de 1998, 13 de abril de 2000, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 
de diciembre de 2005, 26 de marzo, 27 de octubre y 4 de noviembre de 2008, 5 de 
febrero de 2009, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre 
de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 de abril y 10 
de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019.
1.  Se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad 
una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de 
apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren 
los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución:
– En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el  es
día 12 de septiembre de 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera  o
dcdoeirme ec––ont   aeEL.eraoln   b Mdiseeee ns2g a0ua 1dnd9edju  aldlaa i c elSiacnudiatbaojeac neisóastnatca,,i  óbvanaisn  dtuvoinar eeclocli ártraaend sdyouo l lsateae nad  dol1aj u9d d.ei0ni c6ilcaa6i ca siecóuiunbór andos estd la yeb d li efeuntsre.áie martdiatje,u  addcicueae draodd ajpu eodlri  cd4aía.c5 i0ó10n5    OE-A-2020-7087able en https://www.
euros.
El registrador suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica 
de  la  inscripción  solicita  por  haber  sido  acordada  la  adjudicación  directa  en  un 
procedimiento de enajenación abierto el día 12 de septiembre de 2018, tras haber 
quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en 
que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación 
operada  por  el  Real  Decreto  1071/2017,  de  29  de  diciembre,  que,  entre  otras 
modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, 
se  acordara  la  enajenación  de  los  bienes  hipotecados  por  el  procedimiento  de 
adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
La recurrente se opone a la citada calificación por considerar que se trata de una 
cuestión de interpretación del registrador contraria a la mantenida por los Servicios 
Jurídicos que informaron la celebración de la subasta.
2.  La  aprobación  de  la  Ley  7/2012,  de  29  de  octubre,  de  modificación  de  la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la 
posterior Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  obligaban  a  una  necesaria  adaptación 
reglamentaria, lo que tuvo lugar mediante la aprobación del Real Decreto 1071/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Entre las novedades que se 
introducen con esta reforma, en lo que ahora nos interesa, destaca la modificación del 
régimen jurídico de la enajenación de los bienes embargados dentro del procedimiento 
de apremio, en particular, el procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios 
emanados  del  informe  elaborado  por  la  Comisión  para  la  Reforma  de  las 
Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de 
dichos procedimientos, así como la potenciación de los medios electrónicos, según se 
destaca en el Preámbulo del citado Real Decreto 1071/2017.
En  concreto  en  los  procedimientos  de  enajenación  de  los  bienes  embargados 
destacan, entre otras, las siguientes novedades: Se introducen los ajustes necesarios 
para  adaptarlos  al  procedimiento  electrónico  previsto  en  el  Portal  de  Subastas  del 
«Boletín Oficial del Estado»; se establecen criterios objetivos respecto a la adjudicación 
de los bienes y derechos objeto de enajenación (inspirados en los términos previstos en 
el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). En relación con 
las subastas se introducen modificaciones en las normas relativas a su desarrollo, y 
entre ellas se dispone que la subasta sea única, eliminado la existencia de una primera y 
segunda  licitación;  se  prevé  que  la  presentación  y  ordenación  de  las  ofertas  será 
electrónica; se faculta a los licitadores a solicitar que el depósito quede a resultas de que 
finalmente la adjudicación no se produzca en favor de la mejor oferta -postura con 
reserva de depósito-; se prevé que a igualdad de pujas prevalece la primera en el 
tiempo; y se establece el umbral del 50% del tipo de subasta a efectos de que si fuera 
inferior a dicho umbral la mejor de las ofertas la Mesa podrá acordar la adjudicación del 
bien o lote o bien declarar desierta la subasta.
En relación con el concurso se prevé que solo se puede utilizar como procedimiento 
para la enajenación de los bienes embargados cuando la realización por medio de 
subasta pueda producir perturbaciones nocivas en el mercado o cuando existan otras 
razones de interés público debidamente justificadas.
Y,  finalmente,  lo  que  resulta  particularmente  relevante  a  los  efectos  de  este 
expediente, en cuanto a la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior  s
y subsiguiente al procedimiento de subasta desierta. oe.
Se refiere a esta última novedad el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 diciendo  w.
que «la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al  87ww
pporotecendciiamri elan tcoo ndceu rsruebnacsiata e. nS eel  mtraistam od,e a ssiím cpolmificoa sr ue tlr apnroscpeadreimncieian tyo  adgeil iednaadj»e.nación para
RegElasmtae nntoov eGdeande srael  cdoen cRreetcaa uedna lcai ónnu ecvoan froerdmaec caiól nc udaell:  a«rtPícruolcoe d1e0r7á,  alap aardtajuddoi c1a,c idóenl   BOE-A-cable e
directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el 
concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar. b) Cuando se trate de productos 
perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente. 
c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por 
razones justificadas en el expediente», que no incluye ya en su letra a), a diferencia de lo 
que ocurría en la redacción originaria de dicho precepto, el supuesto de la adjudicación 
directa  cuando,  después  de  realizada  la  subasta,  queden  bienes  o  derechos  sin 
adjudicar.
Que esto es así (es decir, que en la actualidad no cabe acudir a la enajenación 
mediante la adjudicación directa en los casos en que la subasta haya quedado desierta) 
se deduce además del citado preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «la adjudicación 
directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de 
subasta». El debate se centra, no tanto en el alcance y significado de la reforma en este 
punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre la interpretación 
que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho Real Decreto. Se hace 
necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
3.  En  cuanto  al  ámbito  de  la  eficacia  temporal  del  reiterado  Real 
Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el 
mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la disposición 
transitoria  tercera  del  Reglamento  General  de  Recaudación,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que 
«las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa 
vigente  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  este  reglamento  cuando  el  acuerdo  de 
enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el 
inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor 
de este reglamento».
Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el mismo Reglamento 
General de Recaudación, a través del apartado 39 de su artículo único, una nueva 
disposición transitoria cuarta, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del 
procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre 
de 2018».
Es en la interpretación de esta concreta disposición transitoria en la que se centra la 
discrepancia que ha de ser dilucidada en este recurso. Según la calificación impugnada 
esta disposición no extiende su ámbito de aplicación a la modificación introducida en el 
citado artículo 107 del Reglamento, relativa al procedimiento de enajenación por el 
trámite de la adjudicación directa, que por tanto habría entrado en vigor, conforme a la 
disposición final única del Real Decreto 1071/2017, el 1 de enero de 2018, por lo que 
estaría vigente en la fecha en que fue acordada en el expediente de apremio de que trae 
causa este recurso el inicio del trámite de la adjudicación directa, sin que en tal fecha 
concurriese o se hubiese acreditado ni invocado en el expediente ninguna de las causas 
habilitantes autorizadas por dicho artículo, en su versión reformada, para excepcionar la 
utilización del procedimiento de subasta como medio de enajenación de los bienes 
embargados,  habiendo  desaparecido  con  la  reforma  reglamentaria  el  supuesto 
habilitante invocado en la certificación calificada, esto es, la circunstancia de haber 
resultado desierta la previa subasta en primera y segunda licitación.
Tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere 
explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las «normas relativas al desarrollo del  s
procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín  oe.
Oficial  del  Estado»),  como  su  interpretación  finalista  y  sistemática  conducen  a  la  w.
conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación  87ww
edli repcretaá mcobmuloo  pdreolc Redeiaml iDenetcor eptoos 1te0r7io1r/ 2y0 s1u7b, s«igsuimiepnlitfeic aalr  perlo pcreodcimedieimntieon dtoe  dsueb eansataje, nsaecgióúnn 
preasrual tap octoenntcriaarri ol aa  cdoicnhcau rfrineanlcidiaa de na cuedl imr, iesnm doe, faescít oc doem aod jsuud ictraacnisópna dreenl cbiiae ny  aa lgai lpidraodp»ia,   BOE-A-cable e
Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un 
procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con 
mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que lo 
que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 
del citado Reglamento).
La  adjudicación  directa  no  puede  considerarse  como  un  procedimiento  de 
enajenación «equivalente a la subasta y al concurso», con apoyo en el hecho de su 
regulación en la subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la 
Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, 
de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las 
modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas 
de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre 
de 2018, pues no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo 
incorporado  en  la  referida  disposición  transitoria  cuarta  que  sin  ambigüedad  ni 
anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la 
Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda 
(«desarrollo del procedimiento de apremio») del Capítulo II del Título III del Reglamento 
General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a 
la  subasta  (licitadores,  depósitos  obligatorios,  mesa  de  la  subasta,  subastas  por 
empresas  o  profesionales  especializados,  etc.),  sino  exclusivamente  a  «las  normas 
relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», siendo así que existe un precepto concreto 
de  entre  los  reformados,  el  artículo  104  del  Reglamento,  que  lleva  por  epígrafe 
precisamente el de «desarrollo de la subasta», en el que se contiene la nueva regulación 
sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada 
hasta el 1 de septiembre de 2018.
Podrá discutirse el alcance concreto de la necesidad, por su relación de conexión 
directa e inmediata, de entender incluida en la expresión «normas relativas al desarrollo 
del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado», de la disposición transitoria cuarta, otras normas no incluidas 
en el citado artículo 104 (v.gr. las relativas al contenido del acuerdo de enajenación en 
cuanto  hace  referencia  a  la  presentación  de  ofertas  de  forma  electrónica  ex 
artículo 101.1, o sobre las pujas electrónicas conforme al artículo 103.3, etc.). Ahora 
bien, en todo caso habrá de tratarse de normas relativas a la subasta, como específico y 
particular procedimiento de enajenación de bienes, y relacionadas con el procedimiento 
de electrónico mediante el que se ha de desarrollar o celebrar a través del referido Portal 
de  Subastas  oficial,  pero  en  ningún  caso  las  normas  que  sean  ajenas  a  dicho 
procedimiento. El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 
reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento alternativo a 
la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no autoriza a confundirlo en 
modo alguno con el propio procedimiento de la subasta, por el mero hecho de compartir 
su condición de procedimientos de enajenación forzosa en un expediente de apremio.
Como claramente resulta del Preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación 
directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de 
subasta». Se trata de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de 
subasta, es decir, claramente distinto de éste. Y precisamente se elimina por su menor 
grado de concurrencia y transparencia como se explica en el propio preámbulo, como  s
«ratio» última de la reforma en este punto. oe.
Uno  y  otro  constituyen  procedimientos  o  formas  de  enajenación  distintas  (vid.  w.
artículo 100.1 del Reglamento: «Las formas de enajenación de los bienes o derechos  87ww
permobceadrgimadieonst osse erásnp eclaíf icsousb adset ar epaúlizbaliccaió,n  cdoen cduertseor moin aaddojusd bicieancieósn  od direercetac,h ossa lqvuoe  loses 
roergduinlaanrio e, nq uees tseó lroe gpluaemdeen tqou»e),d asri eenxdcolu liad os eunb alsotsa  ceal sopsro ceexdpirmesieanmtoe ncteo mpúrenv, isgteons eeranl  lua   BOE-A-cable e
norma (vid. apartado 2 del mismo artículo: «El procedimiento ordinario de adjudicación 
de bienes embargados será la subasta pública que procederá siempre que no sea 
expresamente aplicable otra forma de enajenación»).
Así lo confirma también, destacando su autonomía en el plano del derecho transitorio 
como modos de enajenación distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, 
apartado  1,  del  Reglamento  General  de  Recaudación,  en  su  redacción  originaria, 
conforme a la cual «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose 
por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el 
acuerdo  de  enajenación  mediante  subasta,  la  autorización  para  la  enajenación  por 
concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la 
entrada en vigor de este reglamento». Se distinguen, por tanto, con toda claridad, como 
fases distintas del procedimiento que pueden estar sujetas a regímenes normativos 
diferentes y sucesivos en función de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la 
enajenación  directa  (además  del  concurso),  resultando  como  elemento  fáctico 
determinante e independiente para cada uno de los citados modos de enajenación en 
cuanto a su sujeción al ámbito temporal de vigencia de un régimen normativo u otro, la 
fecha del «acuerdo de enajenación mediante subasta» o del «inicio del trámite de 
adjudicación  directa»,  respectivamente,  entendidos  como  modos  de  enajenación 
diferentes, sin que la fecha del acuerdo de subasta arrastre la consecuencia de atraer a 
su propio régimen normativo al trámite de adjudicación directa, cuyo régimen vendrá 
determinado, como se ha dicho, por su propia fecha de inicio.
Esta disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, al igual 
que sucede en el caso de las transitorias del Código Civil, debe guiar como criterio 
interpretativo las cuestiones de derecho transitorio no contempladas específicamente por 
el  Real  Decreto  1071/2017,  según  se  desprende  de  la  disposición  transitoria 
decimotercera del Código, conforme al cual «los casos no comprendidos directamente 
en las disposiciones anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de 
fundamento».
Todo lo cual impide admitir como criterio de interpretación el basado en la plena 
equiparación entre la subasta y la enajenación directa, como si de procedimientos o 
modos de enajenación indiferenciados se tratase, lo que no es posible legalmente ni 
desde el punto de vista transitorio, ni desde el punto de vista sustantivo o material.
Repárese en que en el caso objeto de este expediente, al igual que sucede por 
ejemplo  en  el  caso  de  las  Entidades  locales,  también  sujetas  a  la  norma  de  la 
enajenación de sus bienes patrimoniales mediante subasta como regla general (vid. 
Resoluciones citadas en los «Vistos», y por todas la más reciente de 6 de febrero 
de 2019), la sujeción obligada a dicha regla general (subasta) no resulta sólo de una 
interpretación  literal  de  los  preceptos  que  así  lo  prevén,  sino  también  del  sentido 
teleológico de tales normas. Su finalidad no es otra sino salvaguardar la publicidad, 
competencia  y  libre  concurrencia  (que  debe  regir  en  la  contratación  con  las 
Administraciones Públicas a fin de lograr el mejor postor en la adquisición de unos 
bienes  que  por  su  especial  carácter  de  pertenecientes  al  patrimonio  del  citado 
Organismo público deben servir al interés general, como también sucede en este caso, 
por estar llamados tales bienes a cubrir con su realización forzosa el pago de los débitos 
tributarios u otros créditos públicos, por lo que resulta conforme con el interés público 
obtener el mejor precio posible con su enajenación).
Es más, como ha puesto de manifiesto este Centro Directivo (vid. Resoluciones 
citadas en los «Vistos») en congruencia con el carácter excepcional y singular de la  s
permuta (en el caso de las Entidades locales), como única vía elusiva de la subasta, su  oe.
admisibilidad ha sido sometida a una interpretación restrictiva por parte del Tribunal  w.
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en sus Sentencias de 15 de junio  87ww
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Administraciones públicas que proclaman los artículos 14 y 103 de la Constitución. Y la 
razón de ello es que, a través de la libre concurrencia que es inherente a la subasta, se 
coloca en igual situación a todos los posibles interesados en la adquisición de los bienes 
locales, y, al mismo tiempo, se amplía el abanico de las opciones posibles del Ente Local 
frente a los intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes». Y en razón a 
esta explícita teleología de la norma, concluye el Alto Tribunal afirmando que «ello 
conduce a que la exigencia del expediente que en este precepto se establece para, a 
través de la permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, únicamente podrá 
considerarse cumplida cuando, no sólo exista un expediente que autorice la permuta, 
sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las concretas razones que 
hagan aparecer a aquélla (la permuta) no ya como una conveniencia sino como una 
necesidad».
Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los supuestos de excepción a la 
regla  general  de  la  enajenación  mediante  subasta  que  choca  frontalmente  con  la 
interpretación extensiva postulada por la recurrente de la reiterada disposición transitoria 
cuarta, interpretación que, por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita 
finalidad (reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente 
el ámbito de aplicación propio de la misma.
Tras una subasta desierta procedía la apertura del trámite de adjudicación directa, 
pero tras la nueva redacción de la norma por el Real Decreto 1071/2017, el Reglamento 
ya no se contempla esta posibilidad y en caso de que la mejor postura ofrecida no 
alcance  el  50%  del  tipo  de  subasta  del  bien  (tipo  que,  no  existiendo  cargas  o 
gravámenes sobre la finca será como mínimo el importe de su valoración conforme al 
artículo 97.6 del Reglamento), la Mesa de la Subasta debe decidir si la oferta es 
suficiente, lo que en caso de decisión favorable dará lugar a un acuerdo de adjudicación 
del bien o lote al postor que presentó la mejor oferta, y en caso de decisión desfavorable 
conducirá a un acuerdo de declaración de subasta desierta. En este caso, aun estando 
tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 19.066 euros, sin embargo fue 
adjudicada por la cantidad de 4.500 euros, es decir el 23’60% de su valor de tasación. 
Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio 
correlativo para la Hacienda pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite 
de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho 
al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según 
resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la 
certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor 
obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor 
de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».
Por  el  contrario,  conforme  a  la  nueva  redacción  dada  por  el  reiterado  Real 
Decreto  1071/2017  al  artículo  107  del  Reglamento,  una  vez  declarada  desierta  la 
subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, sería aplicar 
la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad con el artículo 172.2 de la 
Ley  General  Tributaria,  dispone  que  «cuando  en  el  procedimiento  de  enajenación 
regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los 
bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las 
deudas no cubiertas» -o en caso de no entender procedente esta adjudicación a la 
Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva 
subasta, conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación-. s
La adjudicación a la Hacienda Pública, conforme al citado precepto de la Ley General  oe.
Tributaria, «se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso,  w.
pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación».  87ww
Eínste dgeroc idr,e e lna  deel updrae,s epnroted uccaiesnod od icshua p aagdoju dtoictaalc iyó nn os ep ahrcaibarl ícao mproo dhuac isduoc epdoird oe.l  Pimorp oortrteo 
leaxdtoin,g yu iddeos tdoeta elml peunnteto l ad ed evuisdtaa  (dseiel mdepured oqru, eta el la imdjupdoirctea cdióen é ast ala n Hoa rceibeansdea  ePl ú7b5li%ca d heal btirpíoa   BOE-A-cable e
inicial), sin dejar un remanente insatisfecho que pueda ser perseguido sobre otros bienes 
de su patrimonio (y ello a pesar de haber perdido la propiedad del bien ejecutado cuyo 
valor rebasa con mucho el precio de adjudicación). Obsérvese que, como pone de 
manifiesto el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, entre las novedades de la reforma 
se incluye el establecimiento de «criterios objetivos respecto a la adjudicación de los 
bienes  y  derechos  objeto  de  enajenación  (en  los  mismos  términos  previstos  en  el 
artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», siendo relevante 
a estos efectos la explícita alusión que hace el preámbulo al citado precepto de la ley 
procesal civil, uno de cuyos criterios de adjudicación es precisamente el de garantizar 
que, en vía de principios, el precio de adjudicación «cubra, al menos, la cantidad por la 
que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas» 
(en defecto de lo cual «el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la 
ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las 
circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en 
relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de 
lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio 
patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de 
ella obtenga el acreedor»).
Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, la reciente 
Resolución de 5 de abril de 2019) al pronunciarse sobre la interpretación de las normas 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al precio de adjudicación de los bienes en los 
procedimientos de ejecución judicial (en particular en relación con los artículos 670 y 671 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, invocada en el preámbulo del Real Decreto de reforma 
del Reglamento General de Recaudación, como hemos visto) «admitir que el acreedor 
pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos 
del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha 
querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante 
(obtener la satisfacción de su crédito con cargo al bien hipotecado), y del ejecutado (no 
sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La 
interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin 
fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra».
Esta dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 21 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.