BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 28280
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3712 Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento  del  mercado  interior,  fue  objeto  de  modificación  por  la  Directiva 
(UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo que se refiere a las asimetrías 
híbridas con terceros países. Las disposiciones para neutralizar las asimetrías híbridas 
que contiene la citada Directiva son coherentes con las normas recomendadas en el 
informe  de  la  Acción  2,  «Neutralizar  los  efectos  de  los  mecanismos  híbridos»,  del 
proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios («BEPS» por 
sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La Directiva (UE) 2016/1164 es objeto de transposición mediante esta ley en relación 
con  los  preceptos  sobre  asimetrías  híbridas  que  contiene,  incorporándose  a  la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y al texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
II
Esta ley consta de dos artículos, una disposición derogatoria y seis disposiciones 
finales.
El considerando 9 de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo 
de  2017,  señala  que  las  normas  sobre  las  asimetrías  híbridas  «(…)  deben  tratar 
situaciones de asimetría derivadas de dobles deducciones, de conflictos en la calificación 
de los instrumentos financieros, pagos y entidades, o de la atribución de pagos. Dado 
que las asimetrías híbridas podrían dar lugar a una doble deducción o a una deducción 
sin inclusión, es necesario establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro 
implicado deniegue la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas, u obligue al  es
contribuyente a incluir el pago en su renta imponible, según sea adecuado (…)», sin que  bo
tales normas deban aplicarse, en aquellos casos que se refieren en otros considerandos  12ww
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que resulta necesario regular, tal y como indica el considerando 24 de la Directiva
(UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, una «norma primaria», entendida 
como la solución que se considera apropiada para anular los efectos fiscales de la 
asimetría híbrida, y una «norma secundaria» que será aplicable cuando no se haya 
aplicado la primera, ya sea porque exista discrepancia en la transposición y aplicación de 
la Directiva aunque todos los Estados miembros hayan actuado de conformidad con ella 
o  porque  en  la  asimetría  híbrida  participe  un  tercer  país  o  territorio  que  no  tenga 
preceptos para neutralizar los efectos de tales asimetrías.
Los preceptos sobre asimetrías híbridas serán aplicables cuando entre las partes que 
intervienen  en  la  operación  medie  una  relación  de  asociación,  se  ejerza  influencia 
significativa o se actúe conjuntamente respecto de los derechos de voto o propiedad del 
capital,  así  como  cuando  la  asimetría  tenga  lugar  en  el  marco  de  un  mecanismo 
estructurado. A estos exclusivos efectos, la referencia a personas y entidades vinculadas 
deberá  entenderse  hecha  no  solo  a  los  supuestos  de  vinculación  regulados  en  la 
Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  y  en  el  texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, sino también al resto de los supuestos 
señalados en la Directiva que no están incluidos en dichos textos legales y que se 
incorporan mediante este texto normativo. De la misma forma, se recoge el concepto de 
mecanismo estructurado que contiene la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de 
julio de 2016. Los preceptos relativos a lo señalado en este párrafo se incorporarán, en 
el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, en el artículo 15 bis. 12 y 9, respectivamente.
La asimetría de instrumento financiero híbrido a que se refiere la letra a) del primer 
párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, genera una asimetría en resultados tipo «deducción sin inclusión» consistente 
en la deducción de un gasto en el país del ordenante del pago sin la correspondiente 
tributación, en un plazo razonable, del ingreso correlativo en el país del beneficiario o 
inversor, como consecuencia de diferencias en la calificación del instrumento o del gasto. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la citada Directiva la neutralización de 
dicha asimetría, en el artículo 15 bis.1, tiene como regla primaria la no deducción del 
gasto en el Impuesto sobre Sociedades del contribuyente residente en territorio español, 
cuando España sea el país del ordenante, y como regla secundaria la inclusión del 
ingreso en la base imponible de dicho Impuesto sin que proceda su exención, cuando 
España sea el país del beneficiario o inversor y la deducción del gasto se haya permitido 
en  el  país  del  ordenante,  precepto  este  último  regulado  en  el  artículo  21  de  la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
En el ámbito de este tipo de asimetría, la letra a) del segundo párrafo del artículo 2.9 
de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, aclara que no da 
lugar a una asimetría híbrida el pago del rendimiento subyacente de un instrumento 
financiero  transferido  realizado  por  un  operador  financiero  en  el  marco  de  una 
transferencia híbrida introducida en el mercado, en la medida que no forme parte de un 
mecanismo estructurado, siempre que la jurisdicción del ordenante obligue al operador 
financiero  a  incluir  como  renta  todos  los  importes  percibidos  en  relación  con  el 
instrumento financiero transferido. A tales efectos, la Directiva define lo que se entiende 
por operador financiero y transferencia híbrida introducida en el mercado.
En  este  sentido,  cuando  el  ordenante  sea  contribuyente  del  Impuesto  sobre 
Sociedades y para las operaciones a que dichos artículos se refieren, la obligación 
señalada se encuentra regulada en los artículos 21 y 32 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. es
Las entidades híbridas son definidas en la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo,  o
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artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que,
como  consecuencia  de  una  calificación  fiscal  diferente  en  la  legislación  del  país  o 
territorio en el que está establecida o registrada la entidad y en la del país del inversor de 
dicha entidad, dan lugar a una asimetría en resultados del tipo «deducción sin inclusión», 
se aplicará, igualmente, como regla primaria la no deducción del gasto en el Impuesto 
sobre Sociedades del contribuyente residente en territorio español, cuando España sea 
el país del ordenante –a estos efectos, el país en el que se considere realizado dicho 
pago– y, como regla secundaria, la inclusión del ingreso en la base imponible del citado 
contribuyente cuando España sea el país del beneficiario o inversor –a estos efectos, el 
país en el que se recibe o se considera recibido dicho pago– y el país del ordenante 
haya permitido la deducibilidad del gasto. Ambas reglas se incorporan en el artículo 15 
bis.2  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  Sociedades, 
estableciéndose que el gasto que no es deducible por no estar compensado con un 
ingreso que genere una renta de doble inclusión podrá serlo en los tres años siguientes a 
medida que se genere un ingreso que sea renta de doble inclusión que lo compense y 
que el ingreso integrado en la base imponible podrá minorar dicha base en el mismo 
plazo en la medida en que el gasto se compense con un ingreso que sea renta de doble 
inclusión.
Por su parte, para el caso de la entidad híbrida inversa a que se refiere la letra b) del 
primer párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, se transpone en el artículo 15 bis.3, exclusivamente, la regla primaria, haciendo 
uso de la potestad conferida a los Estados miembros en la letra a) del artículo 9.4 de la 
citada Directiva. En virtud de dicha regla se deniega la deducción del gasto en el 
contribuyente  del  Impuesto  sobre  Sociedades  cuando,  como  consecuencia  de  la 
diferente calificación fiscal de la entidad vinculada con la que se realice la operación en 
el país o territorio de dicha entidad y en el país o territorio del inversor o partícipe en 
dicha entidad, no se genere un ingreso.
La  misma  regla  primaria  se  aplicará  en  las  asimetrías  de  establecimientos 
permanentes híbridos que den lugar a un resultado de deducción sin inclusión, esto es, 
aquellas a que se refieren las letras c) y d) del primer párrafo del artículo 2.9 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016. En estos casos, en el 
artículo 15 bis.5, letras a) y b), se establece como regla primaria la no consideración 
como gasto fiscalmente deducible del pago realizado por el contribuyente del Impuesto 
sobre Sociedades, no siendo objeto de transposición la regla secundaria en uso de la 
facultad antes referida. En cuanto a la asimetría de establecimiento permanente referida 
en la letra f) del primer párrafo del artículo 2.9 de la citada Directiva, la regla primaria 
regulada en el artículo 15 bis.5, letra c), que se establece no permite la deducibilidad del 
gasto estimado en la medida en que no se compense con un ingreso del establecimiento 
permanente que genere renta de doble inclusión, con un plazo de tres años para deducir 
la parte pendiente siempre que se compense con ingresos que generen renta de doble 
inclusión.
La  asimetría  de  establecimiento  permanente  no  computado  a  que  se  refiere  el 
artículo 9.5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, se define 
como aquella en la que existe un establecimiento permanente con arreglo a la legislación 
del país de la casa central pero no existe tal establecimiento permanente con arreglo a la 
legislación del otro país o territorio. Esta situación genera una asimetría de «doble no 
inclusión» en la medida en que las rentas del mencionado establecimiento permanente 
no estén sujetas a tributación en ninguno de los dos países. En relación con esta 
asimetría híbrida se incorpora en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto  es
sobre  Sociedades,  el  artículo  15  bis.6  para  dar  cumplimiento  al  mandato  de  la  o
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artículo 9.1 de dicha Directiva, se deniega, como regla primaria, la deducción del gasto
en el Impuesto sobre Sociedades cuando España es el país del inversor y, como regla 
secundaria, se deniega la deducibilidad de tal gasto en el contribuyente que lo haya 
efectuado cuando España sea el país del ordenante y el país o territorio del inversor no 
haya negado tal deducción, tal y como se establece en el artículo 15 bis.4 y 15 bis.5, 
letra d). De acuerdo con lo señalado en la mencionada Directiva, el país del ordenante 
es en el que se ha originado el pago, se ha generado el gasto o la pérdida o, cuando se 
trate de pagos realizados por una entidad híbrida o por un establecimiento permanente, 
el país o territorio en el que estos estén situados, siendo el país del inversor el otro país 
o territorio.
La regla establecida para las asimetrías importadas reguladas en el artículo 9.3 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, dispone que deberá 
denegarse la «deducción por un pago realizado por un contribuyente cuando dicho pago 
financie, directa o indirectamente, gastos deducibles que den lugar a una asimetría 
híbrida  mediante  una  transacción  o  una  serie  de  transacciones  realizadas  entre 
empresas asociadas o acordadas en el marco de un mecanismo estructurado, excepto 
cuando  una  de  las  jurisdicciones  afectadas  por  las  transacciones  o  series  de 
transacciones haya realizado un ajuste equivalente respecto de dicha asimetría híbrida». 
En estos casos, la asimetría híbrida no tiene lugar en el territorio de aplicación del 
Impuesto sobre Sociedades, sino en terceros países o territorios que no aplican reglas 
para  evitar  las  asimetrías  híbridas  como  las  reguladas  en  dicha  Directiva,  si  bien, 
mediante  un  gasto  que  tiene  la  consideración  de  fiscalmente  deducible  en  un 
contribuyente de dicho Impuesto, se financia alguna de las asimetrías a que se refiere la 
precitada Directiva (UE) 2016/1164. La norma dictada en transposición del precepto 
citado, artículo 15 bis.7, niega la deducibilidad del mencionado gasto en el contribuyente 
del Impuesto sobre Sociedades.
Otra de las asimetrías reguladas es la denominada «asimetría relacionada con la 
residencia fiscal» para la que el artículo 9 ter de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, 
de 12 de julio de 2016, diferencia si tiene lugar con terceros países o entre Estados 
miembros con convenio para evitar la doble imposición. En el primer caso, en virtud de lo 
dispuesto en dicho artículo, se niega la deducibilidad del gasto en el contribuyente del 
Impuesto  sobre  Sociedades  si  tal  deducibilidad  es  permitida  en  el  otro  país 
compensándose con ingresos que no generen renta de doble inclusión y, en el segundo 
caso, el gasto solo será deducible en el Impuesto sobre Sociedades si, de acuerdo con 
dicho convenio para evitar la doble imposición, el contribuyente es residente fiscal en 
territorio español. Esta asimetría se regula en el artículo 15 bis.10.
En relación con las asimetrías de transferencias híbridas generadas por una doble 
utilización de retenciones, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, dispone de preceptos que impiden una parte de los efectos de dichas 
asimetrías por lo que solo resulta necesario transponer en el artículo 15 bis.8 el precepto 
regulado en el artículo 9.6 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, en lo atinente a las retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, lo 
que se lleva a cabo en conexión con la recomendación contenida en el considerando 23 
de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017.
Por otra parte, la incorporación en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, del artículo 15 bis y la consiguiente derogación del artículo 15.j) 
hacen necesaria la modificación del artículo 16.1 de la citada ley, como consecuencia de 
la remisión que en el mismo se hace a los gastos a que se refiere dicha letra j), 
debiéndose  remitir,  a  partir  de  la  transposición  de  la  Directiva  (UE)  2016/1164  del  es
Consejo, de 12 de julio de 2016, a los gastos no deducibles previstos en el artículo 15 bis  o
pendosoepr  l ReaPrec eoLgisareui ldúyildae lt2arnim 7dtee/eox2ssp,0,   re1paen4aps ,raer adoml  ebláae am2snd7 tboae id st moeiem n edne deeotilrlva  íIitanmeestmxep th uboRíer breesre,iat dfodula  enDssldo  eIribmcderrofepee  utdrloiaeed  s aLRltaseoe  g eLnsisnetoal ybal  adrtdieseve  o Sllne  Ioo5tmrc /aR2ipes0ue d0cesa)4isd,d, t eeof)dns ,se .tgoe )5bs  y,rd e sde el) a  mhd Raeae lr ozpnportati,ma  lddaeoesr     OE-A-2022-3712able en https://www.
párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio
de 2016, siguiendo el orden en que se regulan en el nuevo apartado 6 que se añade al 
artículo 18 del citado texto refundido. En todo lo no dispuesto en dicho texto refundido se 
deberá estar, tanto para dichas letras como para otros supuestos de asimetrías híbridas 
que afecten al Impuesto, a lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, en virtud de la remisión que se hace a dicha ley en el primer 
apartado del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes.
III
La  transposición  en  plazo  de  directivas  de  la  Unión  Europea  constituye  en  la 
actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La 
Comisión Europea presenta informes periódicos al Consejo de Competitividad a los que 
se  les  da  un  alto  valor  político  en  cuanto  que  sirven  para  medir  la  eficacia  y  la 
credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy, si cabe, aún más relevante, habida 
cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los 
incumplimientos en el plazo de transposición de directivas, en los que la Comisión puede 
pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones 
económicas de manera acelerada según el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
Es  por  ello  que  esta  ley  tiene  por  objeto  la  transposición  de  la  Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, en la redacción dada por la 
Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, a las asimetrías híbridas, 
cuyo plazo de transposición expiró el 31 de diciembre de 2019, y respecto de la que la 
Comisión Europea, con fecha 30 de octubre de 2020, ha dirigido al Reino de España un 
dictamen motivado.
La  gravedad  de  las  posibles  sanciones  económicas  derivadas  de  la  falta  de 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la citada Directiva y la evidencia de 
que su tramitación como ley por el procedimiento ordinario conllevaría unos plazos en los 
que se produciría la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por parte de la Comisión Europea, hace imprescindible acudir a la aprobación 
de un real decreto-ley para proceder a su transposición urgente.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad». La adopción de medidas de carácter 
económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, 
y la urgencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la 
medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría 
generar algún perjuicio.
Respecto de la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, 
cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero, 
señala  que  aquel  constituye  un  instrumento  constitucionalmente  lícito  para  afrontar 
coyunturas económicas problemáticas, y en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala 
la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del 
artículo  86.1  de  la  Constitución  cuando  concurran  «el  patente  retraso  en  la  s
transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de  oe.
España». w.
STCE 1n/ 2c0u1a2n,t od ea  1lo3s  dmeo etinveorso ,d ceu eyxot rFauonrddianmareian tyo  uJrugreídnitceo n 1e0c esseiñdaalda,: es preciso recordar la  2022-3712n https://ww
relev«aDnet eslo  paerxap uneusetsot ros ee xdaemrievna , neon s oslou meal ,e lqeumee ndtoe bteemmopso raclo (nesl idpeartaern tec ormetora sfaoc etonr elas   BOE-A-cable e
transposición de las directivas correspondientes) sino muy especialmente el elemento
causal  (la  existencia  de  dos  procedimientos  de  incumplimiento  contra  el  Reino  de 
España,  cuya  terminación  mediante  sendas  sentencias  que  constataran  el 
correspondiente incumplimiento se quería evitar a todo trance) así como el elemento 
material (la importancia que, conforme al artículo 45 CE, cabe conferir a que la casi 
totalidad de los proyectos con relevancia económica y social quedara sometida cuanto 
antes a evaluación de impacto ambiental), por lo que, a la vista de la incidencia conjunta 
de  estos  tres  factores  en  el  presente  caso,  es  preciso  concluir  que  concurre  el 
presupuesto  habilitante  de  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  requerido  por  el 
artículo 86.1 CE.»
En este sentido, se produce la existencia del elemento temporal citado ya que se 
cumple con la obligación de transposición de las modificaciones en el régimen de las 
asimetrías híbridas con terceros países incorporadas a la Directiva (UE) 2016/1164, por 
la Directiva (UE) 2017/952, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 31 de diciembre 
de  2019,  siendo  sus  disposiciones  de  aplicación  a  partir  del  1  de  enero  de  2020 
conforme al artículo 2.1 de la citada Directiva.
Se produce, además, el elemento causal, ya que el pasado 30 de octubre de 2020 la 
Comisión Europea, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 258, párrafo 
primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha dirigido al Reino de 
España un dictamen motivado mediante el que le invita a que adopte y comunique las 
medidas requeridas para la transposición de la mencionada Directiva en el plazo de dos 
meses desde la recepción de dicho dictamen, al que este respondió comprometiéndose 
a adoptar las medidas necesarias para dicha transposición, lo que fue aceptado por la 
Comisión.
Por último, se cumple también con el elemento material de justificación que exige la 
referida doctrina constitucional en tanto que es precisa una acción normativa inmediata 
para  eliminar  o  combatir  la  evasión  fiscal  que  se  produce  cuando  determinados 
contribuyentes sometidos a dos jurisdicciones fiscales distintas se benefician de un 
tratamiento fiscal dispar o no coordinado entre las mismas erosionando así las bases 
imponibles correspondientes. Dicha erosión de las bases imponibles, limita la capacidad 
recaudatoria de los Estados por lo que se han elaborado soluciones a nivel global, tanto 
en el marco de la OCDE como de la Unión Europea, en cuyo seno se ha aprobado la 
Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que ahora se transpone.
Al respecto, como ya se ha señalado las medidas tributarias contenidas en esta ley 
tienen por objeto transponer la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, en la redacción dada por la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de 
mayo de 2017, sobre las asimetrías híbridas, con reglas de protección de las bases 
imponibles contra tales asimetrías más amplias que las actualmente existentes en el 
Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, evitando 
un impacto global negativo desde el punto de vista de la competencia, la eficiencia, la 
transparencia y la justicia. Al neutralizarse los efectos fiscales de tales asimetrías se 
impedirá la utilización de dichas estructuras como mecanismo de erosión de la base 
imponible y de traslado de beneficios.
Las modificaciones que se introducen son normas de cierre o precautorias, de tal 
modo que con ellas no se persigue incrementar la recaudación, sino más bien prevenir 
conductas que pudieran dar lugar a una disminución de aquella.
La situación descrita demanda, como queda dicho, una acción normativa inmediata 
en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de  s
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero,  e.
FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), para evitar de este  w.
modo que el Reino de España pueda ser sancionado pecuniariamente por el Tribunal de  12ww
JustAicdiae mdeá sla,  cUonmióon  sEeuñraolpae ala. STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de
yq u3e  lCaE m) ayt edriea  tqruibeu tdairciah ae srteés esurvjeat at eanl gpar inccairpáioct edre  rreelsaetirvvoa  yd en ole ya b(asrotílcuutolo s« n3o1 .s3e y  d1e3r3iv.1a   BOE-A-cable e
necesariamente que se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que
podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales 
del presupuesto habilitante y no “afecte” en el sentido constitucional del término, a las 
materias excluidas» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7).
Y, sobre este particular, en la sección 2 del Capítulo segundo del Título I de la 
Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta 
el artículo 31.1 CE, precepto que establece «un auténtico mandato jurídico, fuente de 
derechos  y  obligaciones»,  del  que  «se  deriva  un  deber  constitucional  para  los 
ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de 
los gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de 
diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los 
deberes  cuya  afectación  está  vedada  al  decreto-ley  el  deber  de  contribuir  al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 
de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución Española «conecta el citado deber de 
contribuir con el criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con 
cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo 
que queda claro «que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos  esenciales  de  los  tributos  que  inciden  en  la  determinación  de  la  carga 
tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» 
(SSTC 182/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 
de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el artículo 86 
CE «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o 
cuantitativa,  altere  sensiblemente  la  posición  del  obligado  a  contribuir  según  su 
capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de 
octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, será preciso tener en cuenta «en cada caso en qué tributo 
concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que 
cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que 
interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o 
no resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa– y, en fin, cuál 
es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, 
de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que dentro de los supuestos previstos en la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que son objeto de 
trasposición, el más frecuente en nuestro ordenamiento jurídico, que es el relativo a los 
instrumentos financieros híbridos, ya está incorporado a nuestro ordenamiento en virtud 
de la regulación contenida en la letra j) del artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, aplicable a la determinación de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el caso de rentas obtenidas 
a través de establecimiento permanente.
En este sentido, no parece probable que el resto de casuística sobre asimetrías 
híbridas objeto de regulación se pueda dar con frecuencia, ya que nuestro ordenamiento 
tributario no favorece las asimetrías relativas a entidades híbridas, por lo que el número 
de  contribuyentes  o  las  rentas  afectadas  por  las  normas  de  esta  ley  resulta  poco  es
significativo en el sentido empleado por la doctrina constitucional antes citada. o
sSpaoorTtpsíCcoiAcu ri 1tlóoa0lna r0   3dl/o2l1eus0  z 1l dco2oesd n  e(ctF lraiuiJeb  dsuC9atya)doe,s ann nnstocetoio stsusn  ceyes,i inó dap neleot relra y rccacaoio  on«nnqjdsueueinsge t,u,o m i eccadanonebtmeele r,so  ai ns aortsfeei ermlpm ervasoaa evrt nñoritqacbeaulu a elt aau  ernnipno orc ,e  aldsasmiee ób  namio vnfa utiessnlnucseea srratlm aa qn qeucueneielca   ildo cndeniotebaa  edhdlnaoaa      OE-A-2022-3712able en https://www.
afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; 
y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
IV
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de 
enero de 2022 en el asunto C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del 
régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de bienes y derechos en el 
extranjero  (modelo  720)  incurren  en  incumplimiento  de  la  normativa  europea.  En 
consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la 
legalidad europea.
V
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presente ley se ajusta a los principios de buena regulación, esto es, los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En 
este sentido, las normas que ahora se introducen cubren la necesidad de constituir un 
sistema de cierre o precautorio, al objeto de evitar o prevenir conductas que pudieran dar 
lugar a una disminución de la recaudación impositiva de los impuestos mencionados 
amparados en la existencia de distintas regulaciones fiscales a nivel internacional.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma  exclusiva  el  modo  de  atender  los  objetivos  estrictamente  exigidos,  antes 
mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del 
proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la 
Unión  Europea.  De  hecho,  la  norma  responde  a  la  necesidad  de  trasposición  de 
normativa  comunitaria  al  Derecho  español,  en  concreto,  de  la  aludida 
Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, en su redacción dada por la 
Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017.
En cuanto al principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el 
«Boletín Oficial del Estado», es preciso señalar que esta norma comenzó a tramitarse de 
manera ordinaria, publicándose el anteproyecto de ley, así como su memoria del análisis 
de impacto normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de 
que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información 
pública por todos los ciudadanos, si bien, por las razones de urgencia anteriormente 
invocadas, se ha procedido a la tramitación de esta norma mediante real decreto-ley.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera cargas 
administrativas adicionales para los contribuyentes.
Esta  ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.14.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
Hacienda general.
Artículo primero. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades: e.e
Uno. Se introduce un artículo 15 bis, con la siguiente redacción: 12ww
«Artículo 15 bis. Asimetrías híbridas.
oper1a. cioNnoe s sreearálizna dfaissc acolmne pneters ondaesd uoc ibelnetsid adloess  vginacsutolasd asc orreressidpeonntdeise netne so troa   BOE-A-cable e
país o territorio que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en 
estas del gasto o de la operación, no generen un ingreso, generen un ingreso 
exento o sujeto a una reducción del tipo impositivo o a cualquier deducción o 
devolución de impuestos distinta de una deducción para evitar la doble imposición 
jurídica.
En caso de que el ingreso se genere en un período impositivo que se inicie 
dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del período impositivo en el 
que  se  haya  devengado  el  gasto  para  el  contribuyente,  dicho  gasto  será 
fiscalmente deducible en el período impositivo en el que el mencionado ingreso se 
integre en la base imponible del beneficiario.
2. No  serán  fiscalmente  deducibles  los  gastos  correspondientes  a 
operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro 
país o territorio que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente del 
contribuyente en dicho país o territorio, no generen un ingreso, en la parte que no 
se compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se 
devengaron tales gastos, en la medida en que se compense con ingresos del 
contribuyente que generen renta de doble inclusión.
Se integrará en la base imponible el importe correspondiente a las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio 
que, como consecuencia de una diferente calificación fiscal de estas, haya tenido 
la consideración de gasto fiscalmente deducible en ese otro país o territorio, en la 
parte que no se compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
El importe integrado en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá minorarse de la base imponible de los períodos impositivos 
que concluyan dentro de los tres años siguientes a la conclusión del período 
impositivo en el que se integró el ingreso, en la medida en que tal gasto se 
compense  en  el  otro  país  o  territorio  con  ingresos  de  la  persona  o  entidad 
vinculada que generen renta de doble inclusión.
3. No  serán  fiscalmente  deducibles  los  gastos  correspondientes  a 
operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro 
país o territorio que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente de 
estas en dicho país o territorio y en el de su partícipe o inversor, no generen un 
ingreso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación cuando la 
relación  de  vinculación  exista,  exclusivamente,  entre  el  contribuyente  y  el 
mencionado partícipe o inversor.
4. No  serán  fiscalmente  deducibles  los  gastos  correspondientes  a 
operaciones realizadas con o por personas o entidades vinculadas residentes en 
otro país o territorio que, como consecuencia de la diferente calificación fiscal de 
estas,  sean,  asimismo,  gastos  fiscalmente  deducibles  en  dichas  personas  o 
entidades vinculadas, en la parte que no se compense con ingresos que generen 
renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales  es
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos de la persona o entidad  o
cfrvieosinacmclaiNuozlmlao acd edsoanaenst reqs áe upndceo eu rfg deiseeuncnlcc aeiibclamrole enednstne  rreti ebenunu  ntdyeaaeel   ddnpdeutaei fcdíe isborc elbuoenla settne e idl rnoroccsita l oultgiresfiaionicós gantdaoc.einsó  ,un cn aofasris rimepcsaeisplr smodonoend,la  ie claono  tneectsnori tnbiadsu aiydodeep nrevatrienca,icc óuienolna n ddelaaes     OE-A-2022-3712able en https://www.
parte que no se compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del contribuyente que 
generen renta de doble inclusión.
5. No serán fiscalmente deducibles:
a) Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  un 
establecimiento permanente del contribuyente o de una entidad vinculada, o con 
una entidad vinculada que tenga establecimientos permanentes, cuando como 
consecuencia de una diferencia fiscal en su atribución entre el establecimiento 
permanente y su casa central, o entre dos o más establecimientos permanentes, 
no generen un ingreso.
b) Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  un 
establecimiento  permanente  del  contribuyente  o  de  una  persona  o  entidad 
vinculada que, como consecuencia de que dicho establecimiento no es reconocido 
fiscalmente por el país o territorio de situación, no generen un ingreso.
c) Los  gastos  estimados  en  operaciones  internas  realizadas  con  un 
establecimiento permanente del contribuyente, en aquellos supuestos en que así 
estén reconocidos en un convenio para evitar la doble imposición internacional 
que resulte de aplicación, cuando, debido a la legislación del país o territorio del 
establecimiento  permanente,  no  generen  un  ingreso,  en  la  parte  que  no  se 
compense con ingresos del establecimiento permanente que generen renta de 
doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes, en la medida en que se integren en la base imponible 
del contribuyente con ingresos del establecimiento permanente que generen renta 
de doble inclusión.
d) Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  o  por  un 
establecimiento permanente del contribuyente que sean, asimismo, fiscalmente 
deducibles en dicho establecimiento permanente o en una entidad vinculada con 
él,  en  la  parte  que  no  se  compense  con  ingresos  de  dicho  establecimiento 
permanente o entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del establecimiento 
permanente o entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
6. No resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22 de esta ley en el 
caso de rentas obtenidas a través de un establecimiento permanente que no es 
reconocido fiscalmente por el país o territorio de situación.
7. No  serán  fiscalmente  deducibles  los  gastos  correspondientes  a  una 
transacción  o  serie  de  transacciones  realizadas  con  personas  o  entidades 
vinculadas  residentes  en  otro  país  o  territorio,  cuando  financien,  directa  o 
indirectamente, gastos deducibles realizados en el marco de operaciones que 
generen los efectos derivados de las asimetrías híbridas a que se refieren los 
apartados  anteriores  de  este  artículo,  excepto  cuando  uno  de  los  países  o  e.e
territorios afectados haya realizado un ajuste para evitar la deducción del gasto o  w.b
someter el ingreso a tributación, en los términos expuestos en dichos apartados. 12ww
rete8n.c ióSn eprráa cdtiecdaudcai bale c ueenn tlaa  dceul omtais mínote egnra l ad per oepsotrec ióImn pquuees tsoe  eclo rirmepspoortned ad ec olna 
rlae arlieznatdaa  icnoteng urandaa p eerns olnaa  boa esnet idimadp ovninibculela doab tneon irdeas ideenn tuen ean  ttrearsrifteorreion ceisap ahñíborli.da
A estos efectos, se considera como transferencia híbrida cualquier operación 
relativa a la transferencia de un instrumento financiero cuando el rendimiento 
subyacente del instrumento financiero transferido se considere, a efectos fiscales, 
como obtenido simultáneamente por más de una de las partes que intervienen en 
la operación.
9. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo se aplicará, 
asimismo, cuando las operaciones a que se refieren, con independencia de que se 
realicen entre personas o entidades vinculadas o no, tengan lugar en el marco de 
un mecanismo estructurado.
A estos efectos, se considera mecanismo estructurado todo acuerdo, negocio 
jurídico,  esquema  u  operación  en  el  que  la  ventaja  fiscal  derivada  de  las 
asimetrías híbridas a que se refieren dichos apartados en los términos en ellos 
señalados,  esté  cuantificada  o  considerada  en  sus  condiciones  o 
contraprestaciones o bien que haya sido diseñado para producir los resultados de 
tales asimetrías, excepto que el contribuyente o una persona o entidad vinculada 
con él no hubiera podido conocerlos razonablemente y no compartiera la ventaja 
fiscal indicada.
10. No  serán  fiscalmente  deducibles  los  gastos  o  pérdidas  que  resulten 
fiscalmente deducibles en otro país o territorio en el que el contribuyente sea, 
asimismo, residente fiscal, en la parte que se compense con ingresos que no 
generen renta de doble inclusión. En el caso de que dicho gasto o pérdida se 
compense en el otro país o territorio en un período impositivo posterior al de la 
deducción del gasto o pérdida en el contribuyente, este deberá integrar en su base 
imponible el importe correspondiente a la referida compensación en el período 
impositivo en que esta se produzca.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el otro país 
sea un Estado miembro de la Unión Europea con el que España tenga suscrito un 
convenio  para  evitar  la  doble  imposición  internacional  en  virtud  del  cual  el 
contribuyente sea considerado residente fiscal en territorio español.
11. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera que un ingreso 
genera renta de doble inclusión cuando esté sometido a tributación con arreglo a 
esta ley y a la legislación del otro país o territorio.
12. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, la referencia a 
personas o entidades vinculadas comprenderá:
a) Las personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18 de esta ley.
b) Una entidad que ostente, directa o indirectamente, una participación de, al 
menos, un 25 por ciento en los derechos de voto del contribuyente o tenga 
derecho a percibir, al menos, un 25 por ciento de los beneficios del mismo, o en la 
que el contribuyente ostente dichas participaciones o derechos.
c) La persona o entidad sobre la que el contribuyente actúe conjuntamente 
con otra persona o entidad respecto de los derechos de voto o la propiedad del 
capital de aquella, o la persona o entidad que actúe conjuntamente con otra 
respecto de los derechos de voto o la propiedad del capital del contribuyente.
A estos efectos, el contribuyente o, en el segundo supuesto, la persona o 
entidad, será tratado como el titular de una participación en relación con todos los 
derechos de voto o la propiedad del capital de la entidad o del contribuyente,  s
respectivamente, que sean propiedad de la otra persona o entidad. e.
d) Una  entidad  en  cuya  gestión  el  contribuyente  tenga  una  influencia  w.
significativa o una entidad que tenga una influencia significativa en la gestión del  12ww
ccuoanntrdibou yseen tteen. gAa  eel sptoods eer fdeec tionste, rvseen icro enns ildaesr ad eqciuseio neexsis dtee  pinofllíutiecnac fiain asnigcnieifriac ayt idvea 
emxispmloata.ción de otra entidad, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de la  BOE-A-cable e
13. No resultará de aplicación lo previsto en los apartados anteriores cuando 
la asimetría híbrida se deba a que el beneficiario esté exento del Impuesto, se 
produzca  en  el  marco  de  una  operación  o  transacción  que  se  base  en  un 
instrumento o contrato financiero sujeto a un régimen tributario especial, ni cuando 
la diferencia en el valor imputado se deba a diferencias de valoración, incluidas las 
derivadas de la aplicación de la normativa de operaciones vinculadas.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por 
ciento del beneficio operativo del ejercicio.
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos 
financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales 
propios  devengados  en  el  período  impositivo,  excluidos  aquellos  gastos  no 
deducibles a que se refieren las letras g) y h) del artículo 15 y el artículo 15 bis de 
esta ley.
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el 
Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la 
amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y 
adicionando  los  ingresos  financieros  de  participaciones  en  instrumentos  de 
patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en 
beneficios  de  entidades  en  las  que  el  porcentaje  de  participación,  directo  o 
indirecto, sea al menos el 5 por ciento, excepto que dichas participaciones hayan 
sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por 
aplicación de la letra h) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo 
por importe de 1 millón de euros.
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán 
deducirse  en  los  períodos  impositivos  siguientes,  conjuntamente  con  los  del 
período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en este apartado.»
Tres. Se suprime el apartado 6 del artículo 121, y se numera el actual apartado 7 
como apartado 6, que queda redactado de la siguiente forma:
«6. El valor de los elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 1, en 
cuanto haya sido incorporado a la base imponible, será válido a todos los efectos 
fiscales.»
Artículo segundo. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 
de marzo.
Se añaden los apartados 6 y 7 al artículo 18 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción:
«6. No serán fiscalmente deducibles: e
a) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con la casa central  w.
ope encrtiomdnaa dna elgnvutinneocsu,  dlqaeud esau,  sca o emsdtoiac bhclaeo cniscmeaicseuane toncsce iapn etrdramel  auonn eana tdlegisfue,n raoes níc dcieao  mfissouc sac lo enes nut ansbaul e pacetirmrisbioeunncaitóo nos    2022-3712n https://ww
entre  el  establecimiento  permanente  y  su  casa  central,  o  entre  dos  o  más
establecimientos permanentes no generen un ingreso. Bc
b) Los gastos estimados por operaciones internas con la casa central o con 
alguno de sus establecimientos permanentes o los de una persona o entidad 
vinculada que, debido a la legislación del país o territorio del beneficiario, no 
generen un ingreso, en la parte que no se compense con ingresos que generen 
renta de doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes, en la medida en que se compense con ingresos que 
generen renta de doble inclusión.
c) Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  del  establecimiento 
permanente que sean asimismo fiscalmente deducibles en la casa central, en la 
parte que no se compense con ingresos de dicho establecimiento permanente o 
entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del establecimiento 
permanente o entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
d) Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  un 
establecimiento  permanente  de  la  casa  central  o  de  una  persona  o  entidad 
vinculada que, como consecuencia de que no es reconocido fiscalmente por el 
país o territorio de situación, no generan ingreso.
7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 6, así como en cualquier otro 
caso de asimetría híbrida regulado en el artículo 15 bis de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que sea de aplicación:
a) Se considera que un ingreso genera renta de doble inclusión cuando esté 
sometido a tributación con arreglo a este texto refundido y a la legislación del otro 
país o territorio.
b) La referencia a personas o entidades vinculadas comprenderá, además de 
las dispuestas en el artículo 15.2 de este texto refundido, las siguientes:
1.º Una entidad que ostente, directa o indirectamente, una participación de, 
al menos, un 25 por ciento en los derechos de voto del contribuyente o tenga 
derecho a percibir, al menos, un 25 por ciento de los beneficios del mismo, o en la 
que el contribuyente ostente dichas participaciones o derechos.
2.º La persona o entidad sobre la que el contribuyente actúe conjuntamente 
con otra persona o entidad respecto de los derechos de voto o la propiedad del 
capital de aquella, o la persona o entidad que actúe conjuntamente con otra 
respecto de los derechos de voto o la propiedad del capital del contribuyente. A 
estos efectos, el contribuyente o, en el segundo supuesto, la persona o entidad, 
será tratado como el titular de una participación en relación con todos los derechos 
de  voto  o  la  propiedad  del  capital  de  la  entidad  o  del  contribuyente, 
respectivamente, que sean propiedad de la otra persona o entidad.
3.º Una  entidad  en  cuya  gestión  el  contribuyente  tenga  una  influencia 
significativa o una entidad que tenga una influencia significativa en la gestión del 
contribuyente. A estos efectos, se considera que existe influencia significativa 
cuando se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de  es
explotación de otra entidad, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de la  bo
misma. 12ww
que Assei mreisfimeroe,n l,o c doins pinudeesptoe nedne ensctiea  adpea qrtuaed os es ere aaplilciceanr áe ncturea npdeor slaosn aosp eor eancitoidnaedse as 
vinculadas o no, tengan lugar en el marco de un mecanismo estructurado.
A estos efectos, se considera mecanismo estructurado todo acuerdo, negocio 
jurídico,  esquema  u  operación  en  el  que  la  ventaja  fiscal  derivada  de  las 
asimetrías  híbridas  esté  cuantificada  o  considerada  en  sus  condiciones  o 
contraprestaciones, o bien que haya sido diseñado para producir los resultados de 
tales asimetrías, excepto que el contribuyente o una persona o entidad vinculada 
con él no hubiera podido conocerlos razonablemente y no compartiera la ventaja 
fiscal indicada.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley y, en particular, el artículo 15.j) de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2. Quedan  derogadas  expresamente  las  disposiciones  adicionales  primera  y 
segunda de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorporan al Derecho español las normas sobre asimetrías 
híbridas de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 
el  funcionamiento  del  mercado  interior,  en  la  redacción  dada  por  la  Directiva  (UE) 
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, excepto la 
regla sobre asimetrías híbridas invertidas contenida en el artículo 9 bis de la citada 
Directiva (UE) 2016/1164.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
Se  modifica  la  disposición  adicional  decimoctava  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero.
Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración Tributaria,  s
conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta ley y en los términos que  oe.
reglamentariamente se establezcan, la siguiente información: w.
entidaa) deIsn fqourme ascei ódne dsiqouberen  alal str ácfiuceon btaasn casirtiuoa od acsre deintic ieol  deex ltaras nqjeureo  seaabnie trittausla reens 
oos bteennteefnic piaordioesr  doe  ednis plaoss icqiuóen .figuren como autorizados o de alguna otra forma  BOE-A-cable e
b) Información  de  cualesquiera  títulos,  activos,  valores  o  derechos 
representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de 
entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares 
y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los 
seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o 
temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital  en  dinero,  bienes  muebles  o  inmuebles,  contratados  con  entidades 
establecidas en el extranjero.
c) Información  sobre  los  bienes  inmuebles  y  derechos  sobre  bienes 
inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las 
que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas 
por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas  privadas  en  nombre  de  terceros,  para  mantener,  almacenar  y 
transferir monedas virtuales.
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se extenderán a quienes 
tengan  la  consideración  de  titulares  reales  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio.
Se modifica el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 39.  Ganancias patrimoniales no justificadas.
Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes 
o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la 
renta  o  patrimonio  declarados  por  el  contribuyente,  así  como  la  inclusión  de 
deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto 
sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.
Las  ganancias  patrimoniales  no  justificadas  se  integrarán  en  la  base 
liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo 
que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o 
derechos  correspondientes  desde  una  fecha  anterior  a  la  del  periodo  de 
prescripción.»
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». Los apartados uno y dos del artículo primero y el artículo segundo 
tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2020 y que no hayan concluido a su entrada en vigor.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 9 de marzo de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN