BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23631
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3353 Pleno.  Auto  18/2020,  de  11  de  febrero  de  2020.  Impugnación  de 
disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de 
ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno 
de  la  Nación  en  relación  con  la  admisión  a  trámite  por  la  mesa  del 
Parlamento  de  Cataluña  de  una  propuesta  de  «moció  subsegüent  a  la 
interpel·lació al Govern sobre l'autogovern» en relación con los hechos del 5 
de noviembre de 2019.
ECLI:ES:TC:2020:18A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, promovido por el 
Gobierno  en  relación  con  determinados  acuerdos  de  la  mesa  del  Parlamento  de 
Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, al amparo de los 
arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los 
apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la 
normativa  del  Parlamento  anulada  y  suspendida  por  el  Tribunal  Constitucional», 
aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente por 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 
primero, segundo y tercero de la referida moción.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de noviembre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, y de las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  (sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII), respecto del acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el que se admite a 
trámite  la  «moció  subsegüent  a  la  interpellació  al  Govern  sobre  l’autogovern  s
(302-00155/12)»,  presentada  el  28  de  octubre  por  el  subgrupo  parlamentario  oe.
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) y publicada en el «Boletín  w.
arOecfcuicoeinardsl iodd eedlre aP claaiór mlna mefoseramn dtuoel a d5de ad Cse  apntooarvl ulioeñsma »gb rrnueúp dmoes.   24p05a13rl9,a  mdpeoe rn3 et0al  rqdiouese  o Sscoetuc rbiearcleihs dtaeezsa  2ni 0U l1an9sit; s sa opsleiíc rci tAoumdvaeons  çddaeerl    2020-3353n https://ww
(PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido Popular (PPC).
La impugnación se concreta a la admisión a trámite del apartado 1 de dicha moción. 
En su única versión oficial, en catalán, la redacción del inciso es esta:
«1.  El Parlament de Catalunya:
Expressa la seva voluntat d’exercir de forma concreta el dret de l’autodeterminaciò i 
de respectar la voluntat del poble català».
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se decide plantear ante el 
Tribunal Constitucional, al amparo del art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña del transcrito apartado 
primero  de  la  referida  moción,  por  incumplimiento  de  la  STC  136/2018  y  de  las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a 
fin de que se produzca la inmediata suspensión de los acuerdos controvertidos, en 
cuanto a esa admisión a trámite.
3.  El abogado del Estado solicita que declaremos que la admisión a trámite, por 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, confirmado 
por acuerdo de 5 de noviembre, del apartado primero de la referida moción, contraviene 
lo ordenado en la STC 136/2018, así como en las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019 sobre los incidentes de ejecución promovidos respectivamente en relación con 
determinados  apartados  de  las  resoluciones  del  Parlamento  de  Cataluña  534/XII 
y 546/XII; y en consecuencia que declaremos nulos los acuerdos controvertidos.
Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los acuerdos impugnados, en cuanto a la admisión a 
trámite del apartado primero de la referida moción.
Interesa asimismo que, en virtud del art. 87.1 LOTC, se notifique la providencia por la 
que se admita a trámite el incidente de ejecución, con suspensión de los acuerdos 
impugnados, al presidente del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al 
secretario general de la cámara, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, de abstenerse 
de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos 
impugnados y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, todo ello con apercibimiento 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Solicita también que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y la decisión que este Tribunal dicte en el 
presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la 
penal, en las que pudieran incurrir.
Mediante otrosí interesa, al amparo del art. 88.1 LOTC, que este Tribunal recabe del 
Parlamento de Cataluña el acta de la sesión de la mesa de 29 de octubre de 2019, en 
los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como 
los informes y documentos relativos al citado acuerdo de la mesa; también el acta de la 
mesa de 5 de noviembre de 2019, los informes —si existen— y la resolución sobre las 
solicitudes de reconsideración, concediendo a las partes traslado de esta documentación 
para alegaciones, una vez recibida. e.
Mediante un segundo otrosí solicita que este Tribunal proceda a deducir testimonio  w.
de  particulares  para  exigir  la  responsabilidad  penal  que  pudiera  corresponder  al  53ww
pfarveosrid deen tlea  addeml Pisaiórlna ma etrnátom idtee  dCea ltaa lmuñoac iyó na,  ploosr  mincieummbprloirs e dl em laan dmaetosa d eqlu aer th. a8n7 .v1o LtaOdToC a, 
sTerigbúunn ael lC counasl t«itutocdioonsa llo rse spuoedlevare»s. públicos están obligados al cumplimiento de lo que el  BOE-A-cable e
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución, con especial mención de la STC 259/2015, que 
declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el 
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015» y su anexo, y de los AATC 141/2016, de 19 de julio, 
170/2016,  de  6  de  octubre,  y  24/2017,  de  14  de  febrero,  que  estimaron  sendos 
incidentes de ejecución anulando resoluciones similares.
En la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó la moción 5/XII, sobre la 
normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, cuyos 
apartados primero, segundo y tercero fueron declarados inconstitucionales y nulos por la 
STC 136/2018, que transcribe ampliamente.
Pese a lo resuelto en esa STC 136/2018, el Parlamento de Cataluña aprobó la 
resolución 534/XII, sobre las propuestas para la Cataluña real, en la que se reiteraba la 
anulada  resolución  1/XI  y  reafirma  su  voluntad  de  ejercer  el  derecho  a  la 
autodeterminación, como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña. 
Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de las SSTC 259/2015 y 136/2018 respecto de determinados 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de esa resolución 534/XII. Mediante providencia de 10 
de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 246, de 12 de octubre) el Pleno 
del Tribunal Constitucional acordó tener por formulado el incidente de ejecución de la 
STC 136/2018 y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión 
de los referidos incisos de la resolución 534/XII, junto con los restantes pronunciamientos 
contenidos en dicha providencia.
El siguiente antecedente relevante es la resolución 546/XII, sobre la orientación 
política  general  del  Govern,  en  la  que  esta  cámara  volvía  a  reiterar  la  anulada 
resolución 1/XI y también la resolución 534/XII; reafirmaba de nuevo su voluntad de 
ejercer el derecho a la autodeterminación, como instrumento de acceso a la soberanía 
del  pueblo  de  Cataluña,  así  como  la  de  los  «Países  Catalanes»;  afirmaba  ser  un 
parlamento plenamente soberano y rechazaba «las imposiciones» de las instituciones 
del Estado español, en especial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; entre 
otros pronunciamientos. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, 
el  Gobierno  planteó  incidente  de  ejecución  de  la  STC  136/2018  respecto  de 
determinados incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de esa resolución 546/XII. 
Mediante providencia de 16 de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 250, 
de 17 de octubre) el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por formulado el 
incidente de ejecución y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la 
suspensión de los referidos incisos de la resolución 546/XII, junto con los restantes 
pronunciamientos contenidos en dicha providencia.
Desatendiendo los requerimientos de las providencias de este Tribunal de 10 y 16 de 
octubre de 2019, dirigidos a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 
abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a los incisos 
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII, y de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
STC 136/2018, la mesa, en su sesión de 29 de octubre de 2019, acordó admitir a 
trámite, para su sustanciación por el pleno, la moción «subsegüent a la interpellació al 
Govern sobre l’autogovern», en cuyo apartado primero la cámara «expresa su voluntad  e.
de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad  w.b
del  pueblo  catalán».  Las  solicitudes  de  reconsideración  de  este  acuerdo  fueron  53ww
rechba)z adPaross pigour ea crueefrirdiéon ddeo slae  mae slaa  d«en 5o rdmea ntiovvai emprborcee sdael  2q0u1e9 .sirve  de  base  para  la
pforrimmeurla cpiáórnra dfoe l dperle saertn. te8 7in.1c idLeOnTteC  dye  leojse caupcaiórnta ddoes  sepnritmenecroia, »t,e rrceemroiti eyn dcou aarlt oe,f epcrtiom earl 
párrafo, del art. 92 LOTC y citando a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, 
y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3.
c)  Recuerda  asimismo  que  las  providencias  del  Tribunal  Constitucional  son, 
conforme al art. 86 LOTC, resoluciones utilizadas en los procesos constitucionales, por lo 
que, en caso de ser incumplidas, pueden ser objeto del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC. En el presente caso se consideran incumplidas las referidas providencias de este 
Tribunal de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
promovidos respectivamente frente a las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, así como la STC 136/2018.
d)  Afirma que la idoneidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC 
está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre. El ATC 124/2017, al resolver el incidente de ejecución promovido contra la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república, descartó el óbice de admisibilidad 
opuesto por la representación de esta cámara, que se fundaba en la naturaleza del 
acuerdo  como  acto  parlamentario  de  trámite,  que  no  ponía  fin  al  procedimiento 
parlamentario y que no desplegaba efectos ad extra.
Ciertamente, el acto impugnado en el incidente resuelto por el ATC 124/2017 era la 
admisión a trámite de una proposición de ley, y por lo tanto se trataba de un acto de 
trámite  del  procedimiento  legislativo.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
naturaleza del acto, la admisión a trámite de una moción para su sustanciación ante el 
pleno de la cámara no tiene una naturaleza diferente a la admisión a trámite de una 
iniciativa legislativa. En ambos actos se expresa o ejercita la misma competencia de la 
mesa,  de  calificación  y  decisión  de  admisión  a  trámite  de  un  escrito  de  índole 
parlamentaria,  de  acuerdo  con  el  art.  37.3  c)  del  Reglamento  del  Parlamento  de 
Cataluña; y la naturaleza del acto de calificación y admisión a trámite no varía por la 
diferente naturaleza del acto parlamentario final, cuyo trámite se inicia por el acuerdo de 
la mesa. Es precisamente en el ejercicio de esta competencia de calificación y admisión 
a trámite cuando puede verificarse si se ha salvaguardado por la mesa su deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC). Es decir, la propia 
naturaleza del incidente de ejecución como instrumento de salvaguarda del deber de 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva determina que el acto de 
calificación y admisión a trámite por la mesa sea objeto idóneo del incidente, siempre 
que incumpla manifiestamente lo ordenado por el Tribunal. Así ha ocurrido en este caso, 
pues la decisión de la mesa incumple manifiestamente lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional en sus providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, entrando asimismo en 
contradicción con los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015.
e)  Razona  a  continuación  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6; 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6, y 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de 
inadmitir a trámite iniciativas que sean manifiesta o palmariamente inconstitucionales se 
convierte en obligación de inadmitir en el caso de que la iniciativa calificada constituya un 
incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
En este caso, las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 advirtieron de forma 
expresa al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y 
al secretario general de la cámara, que tenían la obligación de abstenerse de realizar 
cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  apartados  e  incisos  s
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como  oe.
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o  w.
directamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018. Tal admonición no supone en  53ww
mejeordcoic iaol gduenlo d uenreac hreos dtreic cpiaórnt iciliepgaíctiimóna  ddee  lolas  aruetporneosmeníata nptaersla pmoelíntitcaorisa  gnai raconmtizpardoom peoter  eell 
alorst.  p2o3d eCrEe,s  ppuúebsli ceoss  l(aa rcto. n9s.1e cCuEe)n.cia obligada de la sumisión a la Constitución de todos  BOE-A-cable e
Es más, la admisión a trámite no solo resulta antijurídica por incumplir el mandato 
expreso del Tribunal incluido en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sino 
que además puede vulnerar el ius in officium de los diputados del Parlamento de 
Cataluña,  conforme  a  la  citada  doctrina  constitucional,  pues  si  los  parlamentarios 
participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un 
pronunciamiento de este Tribunal infringen también el deber de acatar la Constitución 
(art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, 
si  cumplen  su  deber  constitucional  de  respetar  lo  resuelto  por  este  Tribunal  y  no 
participan  en  ese  procedimiento  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes a su cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de este derecho 
fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta 
condición no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos 
públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación en esos 
procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación de la 
cámara  de  una  apariencia  de  legitimidad  democrática  que  no  cabe  atribuirle  sin 
menoscabar su propia función constitucional.
f)  Razona a continuación que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
impugnados, en cuanto admiten a trámite la moción «subsegüent a la interpellació al 
Govern sobre l’autogovern», en el apartado primero, incumplen frontalmente lo resuelto 
en la STC 136/2018 y desatienden los requerimientos contenidos en las providencias 
de 10 y 16 de octubre de 2019.
El apartado primero de la moción admitida a trámite por el acuerdo de la mesa de 29 
de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 5 de noviembre, reitera la voluntad del 
Parlamento de Cataluña de ejercer el derecho a la autodeterminación. Ello obedece a la 
pretensión de esta cámara de seguir transitando por la inconstitucional «vía unilateral» 
hacia la independencia de Cataluña. No se trata de una mera aspiración política, sino de 
la manifestación de la posición de la cámara (art. 61 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña), que admite a trámite una moción en la que se insiste, de manera asertiva, en 
la autodeterminación como una realidad efectiva y concreta. La moción no permite 
entender  limitados  sus  efectos  en  el  ámbito  parlamentario  al  terreno  estrictamente 
político, puesto que reclama al Gobierno de la Generalitat el cumplimiento del «ejercicio 
de forma concreta» del derecho de autodeterminación, cumplimiento que es susceptible 
del  control  parlamentario  previsto  para  las  mociones  por  la  cámara  a  través  del 
procedimiento establecido en el art.162 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
La moción pretende desbordar la Constitución a través de nuevas vías de hecho, 
pues no es posible interpretar de otra forma la referencia al debido respeto a la «voluntad 
del pueblo catalán». Solo desde la afirmación de la pretendida «soberanía del pueblo 
catalán»  alcanza  su  sentido  un  mandato  para  un  ejercicio  concreto  de  la 
autodeterminación  cuyo  resultado  sea  el  que  el  «pueblo  catalán»  determine.  La 
identificación de Cataluña como un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano 
resulta contraria a la atribución de la soberanía al pueblo español (art. 1.2 CE) y la 
proclamación de la unidad de la Nación española como fundamento de la Constitución 
(art. 2 CE). El ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el mismo art. 2 CE en 
favor  de  nacionalidades  y  regiones  no  puede  exceder  el  propio  marco  que  la 
Constitución ha diseñado para el desenvolvimiento de tal derecho, como ha recordado la 
STC 259/2015.
Especialmente relevante es el hecho de que la moción objeto del presente incidente 
traiga causa de una resolución anterior suspendida, pues como señala la STC 46/2018,  s
FJ 6, para que pueda considerarse que existe incumplimiento por la mesa de la cámara  oe.
de su deber constitucional de acatar lo resuelto por este Tribunal «es preciso que la  w.
mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que  53ww
le imApsiíd ea cdoanrltee cceu reson» e.l presente caso, pues la resolución 534/XII, suspendida en sus
adpea 2r0ta1d6o, se sIt.a1b lye cIe.2 e np oerl  alap aprtraodvoid eI.n1c, i2a. 1d, eqlu eT r«ibeul nPaal rlCamonesntittou cdieo nCaal tadleu ñ1a0 s ed era toifcictuab erne   BOE-A-cable e
la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso 
a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña»; y en el apartado I.2, 6.3, que «el 
Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el 
derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de 
Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». La coincidencia 
con el apartado primero de la moción «subsegüent a la interpellació al Govern sobre 
l’autogovern» resulta evidente, por lo que la mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir 
a trámite la moción, eludió el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional 
en su providencia de 10 de octubre de 2016.
El apartado primero de la moción reitera también la resolución 546/XII, suspendida 
en sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 por la providencia del Tribunal Constitucional de 16 de 
octubre de 2016. Así, el apartado I.3, 23, de la resolución 546/XII establece en que «el 
Parlamento  de  Cataluña  se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  a  la 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña».
Existe pues un nexo explícito entre las suspendidas resoluciones 534/XII y 546/XII y 
el  apartado  primero  de  la  moción  «subsegüent  a  la  interpellació  al  Govern  sobre 
l’autogovern», admitida a trámite por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 29 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 5 de noviembre, nexo que hacía 
palmaria y evidente la obligación de la mesa de no admitir a trámite la moción.
En definitiva, el apartado primero de la moción vuelve a omitir la sujeción a la 
Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española 
titular de esa soberanía, por lo que no debió ser admitida a trámite por la mesa del 
Parlamento de Cataluña, al contravenir los pronunciamientos de las SSTC 259/2015 
y 136/2018 y los requerimientos y advertencias contenidos en las providencias de 10 
y  16  de  octubre  de  2019,  en  relación  con  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII.  En 
consecuencia, concurren en el presente caso concurren las circunstancias excepcionales 
para apreciar que la mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir a trámite esa iniciativa 
parlamentaria,  ha  incumplido  su  obligación  de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC), vulnerando también por ello el ius in officium 
de  los  diputados  (art.  23.2  CE)  e  indirectamente  el  derecho  de  los  ciudadanos  a 
participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Por ello, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre 
de 2019, en cuanto admite a trámite el apartado primero de la moción «subsegüent a la 
interpellació al Govern sobre l’autogovern», y el acuerdo de 5 de noviembre que lo 
confirma al rechazar las solicitudes de reconsideración, deben ser declarados nulos.
g)  Expone seguidamente las razones por las que considera que este Tribunal, 
además de declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, en el extremo indicado, debe adoptar las 
medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar 
el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo en la STC 136/2018 y en la 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019.
La actuación del presidente del Parlamento de Cataluña y de los restantes miembros 
de la mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la moción «subsegüent a la 
interpellació al Govern sobre l’autogovern», en su apartado primero, supone incumplir, 
con pleno conocimiento, lo resuelto en la STC 136/2018, así como las advertencias y 
admoniciones efectuadas en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. Por ello 
solicita  el  abogado  del  Estado  que  este  Tribunal  proceda  a  deducir  testimonio  de  s
particulares conforme al art. 92.4 d) LOTC para exigir la responsabilidad penal que  oe.
pudiera corresponder a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña que han  w.
votado a favor de la admisión a trámite de la referida moción, en su apartado 1, por  53ww
incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC.
Con4s.t ituPcioorn apl raocvoidrdeón cteian erd ep or1 r2e cidbeid o neol veiesmcrbitore p redsee n2ta0d1o9 ,p oer l el Palbeongoa ddoe dl elT Erisbtuandaol 
de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), por contravención de la
STC  136/2018,  de  13  de  diciembre,  en  relación  con  el  acuerdo  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, en cuanto a la admisión a trámite de 
la moción referida, en cuyo apartado primero se señala que el Parlamento de Cataluña 
«expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y 
de respetar la voluntad del pueblo catalán»; y el acuerdo de la mesa de 5 de noviembre 
de 2019, por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios 
grupos y subgrupos parlamentarios.
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en cuanto han 
calificado  y  admitido  a  trámite  el  indicado  apartado  primero  de  la  referida  moción 
subsiguiente a la interpelación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho 
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herreros; con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Acordó también, conforme al art. 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.
Asimismo acordó, al amparo del art. 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña, 
para que en el plazo de tres días remitiera a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa 
de 29 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo de 
la mesa, y el acta de la mesa de 5 de noviembre, informes si existen y resolución sobre 
la solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de C’s y PSC-
Units y el subgrupo PPC. Acordando igualmente que, una vez recibidos los documentos 
solicitados, se dé traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de su presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen 
las alegaciones que estimen procedentes.
Acordó en fin la publicación de la providencia en el «Boletín Oficial del Estado», 
publicación que tuvo lugar en el núm. 273, de 13 de noviembre de 2019.
5.  Con fecha 21 de noviembre de 2019 se personó el letrado del Parlamento de 
Cataluña, en representación y defensa de esta cámara. A su escrito acompaña una serie 
de documentos en cumplimiento del requerimiento contenido al efecto en la providencia 
de 12 de noviembre de 2019.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal de 29 de noviembre de 2019 se tuvo por personado en el incidente de ejecución 
al letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, y 
por  presentada  la  documentación  que  acompaña  a  su  escrito  de  personación.  Se 
procedió  también,  conforme  a  lo  acordado  por  la  providencia  de  12  de  noviembre 
de 2019, dar traslado de esos documentos a las partes y al ministerio fiscal para que en 
el plazo de diez días pudiesen formular alegaciones.
7.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 17 de diciembre de 2019,  oe.
el  abogado  del  Estado  cumplimentó  el  traslado,  ratificándose  en  los  hechos  y  w.
finutnedreasmaenndtoo ss uju erísdtiicmoasc dióen .su escrito por el que se promueve el incidente de ejecución e  2020-3353n https://ww
regis8t.r adEol  leentr aedstoe  dTerli bPuanralal mele 2n0to d dee d Cicaietamlubñrea  dpere 2s0e1n9tó. sus alegaciones mediante escrito  BOE-A-cable e
Sostiene en primer lugar la imposibilidad de aplicar la suspensión del art. 161.2 CE 
en el marco del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. No procede extender esta 
prerrogativa  de  suspensión,  prevista  para  el  procedimiento  de  impugnación  de 
disposiciones generales del título V LOTC (arts. 76 y 77), a la vía del incidente de 
ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, que es la que ha elegido el Gobierno 
en el presente caso.
El incidente de ejecución encubre una acción impugnatoria que debió plantearse en 
su caso por la vía del título V LOTC (arts. 76 y 77), como ocurrió con la impugnación de 
los apartados primero a quinto de la moción 5/XII (STC 136/2018). Se trata de un «abuso 
procesal» en la forma de actuar del Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía del 
incidente  de  ejecución  de  los  arts.  87.1  y  92  LOTC,  a  pesar  de  sus  efectos 
especialmente restrictivos sobre la autonomía parlamentaria de la cámara y los derechos 
de sus miembros.
La moción a la que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno no 
constituye un incumplimiento de la STC 136/20118, sino un ejemplo de legítimo diálogo 
institucional entre el legislador y el Tribunal Constitucional, en tanto que instituciones que 
gozan de una legitimidad de distinta naturaleza; un diálogo que se antoja más necesario 
que nunca ante cuestiones que dividen la sociedad, como puede serlo el debate sobre la 
autodeterminación.
La  primera  consecuencia  del  «abuso  procesal»  que  supone  la  utilización  del 
incidente de ejecución contra la moción admitida a trámite por la mesa del Parlamento de 
Cataluña es precisamente la ruptura del equilibrio que ha de existir entre el poder 
legislativo y el control de constitucionalidad en un Estado democrático. Ese equilibrio 
debe partir de la premisa de la presunción de constitucionalidad de las resoluciones 
políticas  del  legislador,  que  implica  la  correlativa  exigencia  de  que  el  Tribunal 
Constitucional actúe con self-restraint.
La segunda consecuencia de ese «abuso procesal» es que el incidente de ejecución 
se está convirtiendo en un nuevo proceso constitucional sui generis y ex ante, en frontal 
contradicción con el diseño que el constituyente quiso establecer para el control de 
constitucionalidad. Del mismo modo que el Tribunal Constitucional no puede entrar a 
enjuiciar la constitucionalidad de una proposición de ley en sus fases más incipientes de 
tramitación  parlamentaria,  tampoco  parece  una  operación  acorde  con  nuestro 
ordenamiento la de controlar la constitucionalidad de una propuesta de moción que no 
ha sido ni siquiera debatida en el pleno de la cámara.
Por otra parte, si el Tribunal no puede hacer un control previo de constitucionalidad 
todavía menos debería hacerlo una mesa, que no tiene legitimidad alguna para ello por 
cuanto el monopolio del control de constitucionalidad de las normas le compete al 
Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto es lo que sucede cuando se le exige a la 
mesa del Parlamento de Cataluña que censure la celebración de un debate en el pleno 
en el caso de detecte que podría tratarse de una cuestión declarada inconstitucional por 
el Tribunal Constitucional. Las mesas de las cámaras no están, por su diseño orgánico, 
en disposición de ejercer tal función de control material, además de que ese filtro de 
censura provoca serios perjuicios sobre la autonomía de la cámara y, en particular, sobre 
el ejercicio del ius in officium de los diputados, por su efecto disuasorio.
Concluye argumentando que es posible efectuar una interpretación conforme de la 
propuesta  de  resolución  admitida  por  la  mesa,  en  términos  semejantes  a  la 
STC 42/2014, pues esta propuesta de resolución se plantea en términos radicalmente 
distintos a los que dieron lugar a la STC 136/2018. En primer lugar, no existe continuidad  s
ni  conexión  entre  la  propuesta  de  moción  a  la  que  se  refiere  el  incidente  y  la  oe.
resolución 1/XI anulada por STC 259/2015, ni tampoco con la resolución 534/XII, a la  w.
que se refiere la providencia de 10 de octubre de 2019. Para apreciar que existe ese  53ww
irnecsuomlupcliiomnieesn tyo  neol  neuse svuof iacicetnot ep acrolanm uennat amrieor, as icnooin qciudee necsia n teecrmesinaoriloó,g aicdae emnátsre,  qauqeu eellsaes 
adcetlo T sreib udnicatel  Ccoonn slati tfuincaiolindaald,  ldoe  qeulued inr oe ls cuucmedpelimríaie netno  edle  purneas esnetnet ecnacsiao ,u p outeras  reels odleubcaiótne   BOE-A-cable e
sobre la «autodeterminación» se plantea en la moción en unos términos radicalmente 
distintos a los que fundamentaron las declaraciones de nulidad de la STC 136/2018. 
Además, ante la ambigüedad del término «autodeterminación», el Tribunal no debería 
acoger la interpretación propuesta por el abogado del Estado, por ser la más lesiva para 
los derechos fundamentales de los diputados. A ello se añade que el Parlamento de 
Cataluña ha aprobado en anteriores legislaturas varias resoluciones en las que se invoca 
el  derecho  a  la  de  autodeterminación  del  pueblo  de  Cataluña,  sin  que  su 
constitucionalidad haya sido objetada por ningún operador jurídico.
La moción objeto del incidente de ejecución es un acto de naturaleza política carente 
de  efectos  jurídicos  vinculantes,  pues,  de  aprobarse,  no  tendría  incidencia  en  el 
ordenamiento jurídico, en el sentido de que no es susceptible de crear, modificar o 
derogar otras normas jurídicas del ordenamiento del Estado español. La eficacia jurídica 
de los actos parlamentarios es condición para su impugnabilidad, como tiene declarado 
el Tribunal Constitucional.
La formulación del presente incidente de ejecución supone la vulneración de la 
libertad de expresión y de los derechos de reunión y de participación política de los 
diputados del Parlamento de Cataluña. Con cita de la decisión del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019 (que declaró inadmisible la demanda 
presentada  por  la  presidenta  del  Parlamento  de  Cataluña  y  otros  setenta  y  cinco 
diputados de esta cámara en su XI legislatura) y de jurisprudencia del mismo Tribunal, 
sostiene la letrada del Parlamento de Cataluña que debe maximizarse el derecho a la 
libertad de expresión de los diputados, puesto que estos vienen a expresar los distintos 
posicionamientos que existen en la sociedad y son garantía del pluralismo político. En tal 
sentido, la moción sería un instrumento para expresar una opinión política que, hasta el 
momento de la votación, es pura y llanamente un ejercicio de la libertad de expresión 
enmarcada en el ámbito del ius in officium de los parlamentarios. La pretensión de que la 
mesa de la cámara censure debates políticos quiebra los derechos fundamentales de los 
diputados ex art. 23.2 CE, en tanto en cuanto expresión particular de la libertad de 
expresión y del derecho de reunión (arts. 20 y 21 CE y arts. 10 y 11 del Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), 
debiendo recordarse la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la exigencia de la 
interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales. La censura en 
la crítica política no tiene cabida en un régimen democrático.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita, o en su caso desestime, el incidente de ejecución, porque los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 no 
contravienen la STC 136/2015. Mediante otrosí solicita que se dejen sin efecto los 
requerimientos y advertencias realizados en la providencia al presidente del Parlamento, 
a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, que impiden la 
tramitación de la propuesta de moción. Asimismo solicita que se rechace la solicitud del 
abogado del Estado de deducir testimonio de particulares.
9.  El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 17 de enero de 2020, en 
el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre 
de 2019, por los que se admite a trámite una moción contraria a lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional y se rechaza la solicitud de reconsideración de esa decisión, 
constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, 
conforme resulta de la doctrina sentada en ATC 124/2017, FJ 2, debiendo analizarse en  e.
este cauce procesal si esos acuerdos respetan lo ordenado por este Tribunal en su  w.b
STC 136/2018 y en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. 53ww
facuRltaedcuees rddea  laass immeissmaso  deq ulaes,  cdáem aarcause drdeo c acliofinca claió nd yo catdrimnais iócno nas ttirtáumciioten adle  sinoibcriaet ivlaass 
preasrolalumceionntaersia dse (l pTorrib tuondaals C, oSnTsCti t1u2ci8o/n2a0l1 y9,,  edne  d1e1f indieti vnao, vaie lma bCroen),s teitlu dceióbnid, oq urees ipnectuom ab ela as 
todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda a la mesa que
admita a trámite una iniciativa que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo 
decidido por este Tribunal. Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento 
es preciso que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución del 
Tribunal Constitucional que le impide darle curso.
Considera igualmente que no son atendibles las razones esgrimidas por la mesa del 
Parlamento  de  Cataluña  en  su  acuerdo  de  5  de  noviembre  de  2019,  por  el  que 
desestima las solicitudes de reconsideración frente al acuerdo de 29 de octubre. La 
mesa afirma en primer lugar que este acuerdo carece de eficacia jurídica, en la medida 
que solo supone la publicación de la iniciativa y la apertura del trámite de enmiendas; 
pero esta afirmación es incompleta y, por ello, inexacta, ya que al permitir la tramitación 
de la moción, que fue aprobada posteriormente por el Parlamento de Cataluña, da 
soporte y posibilita el debate y aprobación de esa moción, que viene a reproducir el 
contenido  de  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII,  así  como  de  la  resolución  1/XI  y 
reproduce el contenido y fines de la moción 5/XII, declarada inconstitucional y nula en 
sus  apartados  primero,  segundo  y  tercero  por  la  STC  136/2018,  con  lo  que  se 
contraviene  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional.  Los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  contra  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII  fueron  estimados  por 
AATC 180/2019 y 181/2019, de 18 de diciembre ambos.
Por otra parte, se aduce que, si el Tribunal Constitucional consideraba que se 
incumplían sus resoluciones, debió requerir previamente a la mesa, conforme al art. 92.4 
LOTC, para que emitiera informe al respecto. Sin embargo, este argumento tampoco es 
atendible, toda vez que las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII 
estaban  suspendidas  ope  legis  por  aplicación  del  art.  161.2  CE,  en  virtud  de  las 
providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, invocadas 
precisamente por la abogacía del Estado en su escrito por el que se promueve el 
presente incidente de ejecución.
Aduce la mesa del Parlamento de Cataluña que el hecho de que una determinada 
iniciativa parlamentaria pueda ser contraria a la Constitución no determina que la mesa 
tenga  la  obligación  de  inadmitirla,  pero  esta  argumentación  pretende  obviar  que, 
conforme a reiterada doctrina constitucional, sí existe ese deber de inadmisión cuando la 
iniciativa en cuestión contravenga lo ordenado por el Tribunal Constitucional, como 
sucede  en  el  presente  caso.  Permitir  un  debate  y  votación  sobre  el  derecho  de 
autodeterminación, en los términos que se declara en el apartado primero de la moción 
admitida a trámite por la mesa, supone contradecir los mandatos contenidos en la 
STC 136/2018 y en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019.
Niega también la mesa de la cámara autonómica que la iniciativa parlamentaria 
controvertida  sea  reproducción,  ejecución  o  cumplimiento  de  las  resoluciones  1/XI, 
534/XII  y  546/XII  o  de  cualquier  acto  o  norma  anterior  que  haya  sido  declarada 
inconstitucional y por ello infrinja las SSTC 259/2015 o 136/2018. Pero tal argumento no 
se sostiene. Es evidente que el pluralismo político que la Constitución garantiza permite 
cualesquiera  proyectos  políticos  y  debates  sobre  los  mismos  en  las  asambleas 
legislativas, incluso si se propone la reforma de la Constitución, siempre y cuando el 
debate parta del presupuesto del respeto a los cauces procedimentales previstos en el 
propio texto constitucional para canalizar los cambios de modelo político, porque solo 
ese presupuesto asegura el respeto a las posiciones de las minorías (STC 115/2019, 
FJ 7). El tenor literal del apartado primero de la moción admitida a trámite y el contexto 
en que esa decisión parlamentaria tiene lugar evidencian que se reiteran el ejercicio del 
derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo de Cataluña al margen de  s
cualquier propuesta de reforma constitucional. oe.
En suma, el apartado primero de la moción admitida a trámite por la mesa del  w.
Parlamento de Cataluña, en el inciso controvertido, se halla en íntima conexión con los  53ww
cdoen etejenciduocsió nd,e  alassí  creosmoolu lcoiso nceosn t5e3n4id/XoIsI  yd e5 4la6 /rXeIsI,o ilmucpióung nl/aXdIo, sd eecnl aprraedcae dinecnotenss tiitnuccidioennatle ys 
mnuolaci ópno 5r /XlaII , SdTecCla r2a5d9o/s2 0in1c5o, nys titeunc iolonsa leasp ya rntaudlooss  pporri mlae SroT,C  s 1e3g6u/n2d0o1 8y.  Dtiecrhcoe raop adreta dlao   BOE-A-cable e
no  puede  ser  considerado  como  una  mera  declaración  política,  sino  que  supone 
reproducir el objetivo y finalidad de las resoluciones l/XI, 534/XII y 546/XII, y de la 
moción 5/XII, dando continuidad al inconstitucional proceso secesionista. El derecho de 
autodeterminación de Cataluña no tiene cabida en la Constitución ni en el ámbito del 
derecho internacional y la afirmación de la soberanía del pueblo de Cataluña pretende 
ignorar que la soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2 CE) y la unidad de la 
nación  española  (art.  2  CE),  como  viene  declarando  reiteradamente  el  Tribunal 
Constitucional, entre otras en las SSTC 259/2015 y 136/2018.
Existe por tanto un incumplimiento manifiesto de las SSTC 259/2015 y 136/2018 y de 
las providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación 
estas  con  los  incidentes  de  ejecución  promovidos  frente  a  las  resoluciones  del 
Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII. Al admitir a trámite la moción, en su apartado 
primero, la mesa incurre a sabiendas en el incumplimiento del deber de acatar lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional, pues en las referidas providencias se le había advertido 
expresamente  de  su  obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones 
tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  apartados  e  incisos  impugnados  de  las 
resoluciones 534/XII y 546/XII, así como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica  o  material,  que  directa  o  indirectamente  suponga  ignorar  o  eludir  la 
STC 136/2018. Además, este incumplimiento, como indica la STC 46/2018, supone la 
vulneración del ius in officium de los parlamentarios que formularon reconsideración del 
acuerdo  de  admisión  de  la  moción,  por  cuanto  impide  que  puedan  ejercer 
reglamentariamente  sus  funciones  representativas,  pues  en  esas  circunstancias  el 
ejercicio  del  cargo  conllevarla  no  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional 
(art. 87.1 LOTC). No cabe aducir la pretendida vulneración de la libertad de expresión de 
los diputados, pues estamos ante un acto de la mesa de la cámara y como tal no supone 
el  ejercicio  de  una  libertad  o  derecho  fundamental,  sino  el  de  una  competencia, 
atribución o función de ese órgano parlamentario. Por todo ello, procede la estimación 
del incidente de ejecución, con declaración de nulidad del apartado cuestionado.
Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas de 
ejecución  que  interesa  el  abogado  del  Estado.  Se  concretan  en  que  se  notifique 
personalmente  el  auto  que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de 
Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y el 
propio  auto  que  resuelva  el  presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. Se interesa también 
que se proceda a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de 
la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de la moción «subsegüent a la 
interpellació al Govern sobre l’autogovern», en lo que atañe a su apartado primero.
10.  Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 12 de 
noviembre  de  2019.  Interesan  que  se  revoque  esta  providencia  y  se  inadmita  la 
impugnación de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre  e.
y 5 de noviembre de 2019, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018;  w.b
subsidiariamente,  que  se  anulen  los  apartados  segundo,  tercero  y  cuarto  de  la  53ww
provSidoesnticeinae.n en su recurso de súplica, en síntesis: 1.º) que la impugnación de los
adceu 2e0rd1o9s e sd ein alad mmiessibal ed peol rP taernlaemr ceanrtáoc tdeer  pCraetvaelunñtivao d (ec it2a9n  dloes  oAcAtTubCr e1 3y5 /52 0d0e4 ,n 1o8vi9e/m20b1re5 
y  190/2015),  toda  vez  que  la  propuesta  de  moción  admitida  a  trámite,  antes  de
convertirse en moción aprobada por el pleno de la cámara, puede sufrir enmiendas que 
modifiquen su contenido; 2.º) la impugnación por el Gobierno de los referidos acuerdos 
parlamentarios  es  inadmisible  por  no  haber  consultado  previamente  a  la  comisión 
permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); 
3.º) no resulta de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión 
automática prevista para la impugnación de las disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), pues el incidente de ejecución no es una impugnación a estos efectos, por lo que 
la suspensión de los acuerdos parlamentarios acordada en la providencia de 12 de 
noviembre de 2019 carece de motivación y de sustento normativo; 4.º) las propuestas de 
resolución o moción no son susceptibles de ejecución de ningún tipo por el propio 
Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 136/2018 se agotan en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el 
incidente  de  ejecución  carece  de  objeto  y  en  consecuencia  es  inadmisible;  5.º)  el 
apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza de oficio el 
Tribunal  Constitucional  en  la  providencia,  carece  de  cobertura  legal  y  vulnera  la 
inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; 6.º) la 
providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de 
reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de 
Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; 7.º) la providencia, en 
cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de 
Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir 
la suspensión acordada de los referidos acuerdos parlamentarios, vulnera la autonomía 
parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); 8.º) la providencia, en 
cuanto ordena en el apartado tercero su notificación al presidente del Parlamento de 
Cataluña, al resto de miembros de la mesa y al secretario, con advertencia de su 
obligación de respetar la suspensión acordada y apercibimiento de responsabilidades, 
incluso penales, vulnera el derecho a una resolución motivada que reconoce el art. 24.1 
CE (y debería en consecuencia revestir la forma de auto, conforme al art. 86.1 LOTC), 
así como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
11.  Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, representados por 
el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don 
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución 
e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 12 de noviembre de 2019. 
Interesan que se revoque esta providencia y se inadmita la impugnación de los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, 
planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, que se 
anulen los apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
Los razonamientos en que se sustenta este recurso de súplica son enteramente 
coincidentes con los expuestos en el formulado por don Josep Costa i Rosselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull.
12.  Por ATC 165/2019, de 27 de noviembre, el Pleno de este Tribunal acordó tener 
por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, así 
como a doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, a 
los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular, sin perjuicio de la personación de dicha cámara legislativa a través de sus 
servicios jurídicos. Acordó también admitir a trámite los recursos de súplica interpuestos  e
contra la providencia de 12 de noviembre de 2019 por los señores Costa i Rosselló y  bo
Campdepadrós i Pucurull y por la señora Artadi Vila y treinta y un diputados más del  53ww
dPea rtlraems ednítaos d ael  CGaotbaileurñnao.  Adec olrad óN aacsiiómni,s malo P daarrla tmraesnlatod od dee C loasta rlueñcuar syo asl  pmoirn pislatezroio c foismcúanl, 
aPsuíc cuorumllo  ya  lad er eplar esseenñtoarcai ónA rptarodci eVsailla d ey  lotsre sinetñao rye su Cno sdtiap ui tRaodsosse llmó áys C, apmaprad efpoarmdruólsa ri 
alegaciones.
13.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones en el trámite abierto por ATC 165/2019 mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 4 de diciembre de 2019, interesando que se desestimen íntegramente 
ambos recursos de súplica.
Señala  que  conforme  a  la  doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de 
inconstitucionalidad,  conflictos  de  competencia  y  procedimientos  del  título  V  LOTC 
(AATC 292/2014, de 2 de diciembre, y 117/2017, de 16 de agosto), pero aplicable por su 
identidad de razón a la admisión de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 
LOTC, el recurso de súplica contra providencias de admisión de estos incidentes no 
puede fundarse en cualesquiera motivos, sino que estos deben guardar relación con los 
aspectos sobre los que ha versado el juicio de admisibilidad efectuado por el Tribunal 
Constitucional en ese momento procesal. Esto es, solo puede fundamentarse en la falta 
de  concurrencia  de  los  requisitos  procesales  indispensables  e  insubsanables, 
establecidos por los arts. 87 y 92 LOTC, para la apertura del incidente de ejecución, que 
se contraerían a su promoción por parte legitimada y la existencia de una disposición, 
acto, actuación material o inactividad respecto de la que se alegue el incumplimiento de 
una resolución del Tribunal. La valoración de los argumentos referidos al fondo de la 
pretensión que se suscita en el incidente estaría excluida en este momento procesal.
Partiendo  de  la  anterior  premisa,  razona  el  abogado  del  Estado  que  ha  de 
rechazarse el motivo de inadmisibilidad basado en el carácter supuestamente preventivo 
del incidente de ejecución. Conforme a la doctrina sentada en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre, los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 
de  noviembre  de  2019,  por  los  que  se  admite  a  trámite  la  moción  en  cuestión, 
constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución, que no reviste carácter hipotético o 
preventivo, desde el momento en que se fundamenta en que la mesa de la cámara, al 
admitir a trámite una iniciativa que contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional, 
ha incumplido su deber de cumplimiento de lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 
LOTC). Lo que motiva el incidente es el incumplimiento por la propia mesa de ese deber 
constitucional, incumplimiento que no queda sanado por la posterior enmienda, o incluso 
por el rechazo por la mayoría del pleno de la iniciativa, en su caso.
Tampoco es causa de inadmisibilidad que no haya sido recabado el dictamen de la 
comisión permanente del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
El alegato según el cual los efectos de la STC 136/2018 se agotarían en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que no 
puede constituir el título del incidente, también debe rechazarse. Además de ser un 
alegato de carácter sustantivo, lo que se plantea es una cuestión ya resuelta por este 
Tribunal, que ha reiterado que la vinculación de los poderes públicos al cumplimiento de 
sus resoluciones se extiende tanto al fallo de estas como a su fundamentación jurídica 
(SSTC 158/2004, FJ 4, y 302/2005, FJ 6; AATC 273/2006, FJ 4, y 120/2010, FJ 1).
De igual modo es un alegato de carácter sustantivo, ya descartado también por este 
Tribunal en anteriores ocasiones, el referido a la pretendida inaplicabilidad de la potestad 
del Gobierno que dimana del art. 161.2 CE al incidente de ejecución de los arts. 87.1 
y 92 LOTC.
Por lo que se refiere a los requerimientos y advertencias contenidos en la providencia 
de admisión a trámite del presente incidente de ejecución, no es cierto que no hayan 
sido solicitados por la abogacía del Estado, como se afirma en los recursos de súplica.  s
Ello sin perjuicio de que tales requerimientos y advertencias no son sino mera concreción  oe.
en el incidente del deber general del art. 87.1 LOTC; es decir, no constituyen ni crean  w.
una obligación de alcance diferente al deber de cumplir las resoluciones del Tribunal  53ww
ConSstoitburcei olnaa li.ncidencia de la impugnación en la autonomía parlamentaria, el ius in
ocaffricáicutmer  ys ulsat alnibtievrota edx tdraeñ oe xaplr erescióunr sdoe d elo ss úppalirclaa mceonnttarari olas , psroev itdraetnac iad ed eu na damleigsiaótno  ddeel   BOE-A-cable e
incidente de ejecución. En todo caso, el abogado del Estado se remite a lo alegado 
sobre  esta  cuestión  en  el  escrito  promoviendo  el  incidente,  en  particular  en  su 
fundamento cuarto, y a la doctrina constitucional establecida por las SSTC 46/2018, 
FJ 5, y 115/2019, FJFJ 2 a 7, por todas. Conforme a esta doctrina la potestad de las 
mesas de las cámaras legislativas de inadmitir a trámite propuestas o iniciativas cuya 
inconstitucionalidad sea evidente, se transforma en obligación siempre que la mesa sea 
destinataria de un mandato del Tribunal Constitucional que impida la tramitación de 
determinada iniciativa, como sucede en el presente caso.
En cuanto a la falta de motivación de la providencia de 12 de noviembre de 2019, la 
alegación  es  genérica  y  no  se  ajusta  a  la  realidad,  pues  la  providencia  motiva 
expresamente, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87 y ss. LOTC, todos y cada 
uno de sus apartados.
14.  El letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus alegaciones el 12 de 
diciembre de 2019 mediante escrito en el que se remite a las que efectuaría en su escrito 
de  alegaciones  en  el  incidente  de  ejecución,  registrado  en  este  Tribunal  el  20  de 
diciembre de 2019, como ya se dijo.
15.  El  ministerio  fiscal  formuló  sus  alegaciones  en  el  trámite  abierto  por 
ATC 165/2019 mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2019, en el que 
interesa  que  sean  desestimados  los  recursos  de  súplica  interpuestos  contra  la 
providencia de 12 de noviembre de 2019.
Señala en primer lugar que debe ser rechazada la tacha de inadmisibilidad relativa al 
carácter supuestamente preventivo de la impugnación de los acuerdos parlamentarios 
que se articula por la vía del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. No se 
trata  de  analizar  el  contenido  constitucional  de  los  acuerdos  impugnados,  sino  de 
enjuiciar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al ejercer su facultad de calificación y 
admisión  de  iniciativas  parlamentarias,  ha  acatado  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional.
Del mismo modo debe descartarse la tacha de inadmisibilidad basada en la ausencia 
de informe previo del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
Señala también el fiscal que  estamos ante el incumplimiento de una sentencia 
dictada en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), por lo que es aplicable al incidente de ejecución lo previsto en el art. 161.2 CE, 
que decreta la suspensión ope legis.  En cuanto a las demás medidas de ejecución que 
se  adoptan  en  la  providencia  de  5  de  noviembre  de  2019,  se  corresponden  con 
previsiones contenidas en el art. 92 LOTC.
Debe descartarse igualmente el alegato referido a la inviabilidad del incidente de 
ejecución por el carácter declarativo de la STC 136/2018 y la carencia de efectos 
vinculantes de la moción admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña. Lo 
que se discute es si este órgano ha cumplido con su deber de acatar lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional, deber que quedaría en entredicho si se produce la reiteración 
por  la  cámara  de  actos  que  repiten  o  son  reproducción  de  iniciativas  declaradas 
inconstitucionales.
El apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, a los miembros 
de la mesa por los votos que emitieron para aprobar los acuerdos objeto del incidente de 
ejecución, es una medida que el Tribunal Constitucional puede adoptar incluso de oficio  e
(si bien en este caso el abogado del Estado la ha solicitado expresamente) y no vulnera  bo
la inviolabilidad parlamentaria. 53ww
ParlTaammepnotoc o dsee  Cvualtnaelurñaan,  lapsu elisb elrotasd easc udeer deoxsp riemspióung nya dreous,n ióand odpeta ldooss  dcipountfaodromse  deall 
pnroo cseudpiomnieenn toe l reejgelracmiceion tdaeri ou, ns odne rmecahnoif eos tlaibceiórtna dd ef uunnd aómrgeanntoa l,d es inlao  ceál meajerrac,i claio  mdees au,n ay 
competencia, la de calificar y, en su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias
(STC 98/2019, FJ 4, por todas). De igual modo deber rechazarse la supuesta lesión del 
derecho de participación política de los parlamentarios; conforme a reiterada doctrina 
constitucional,  permitir  un  debate  y  votación  sobre  cuestiones  que  el  Tribunal 
Constitucional ha suspendido supone desconocer lo que dispone el art. 87.1 LOTC, 
quebrantando el ordenamiento jurídico.
No se ha producido ninguna quiebra de la autonomía parlamentaria por la actuación 
del Tribunal Constitucional. Este no actúa sino en defensa de su jurisdicción y posición 
institucional, dando cumplimiento a las potestades que le atribuye su ley orgánica, que le 
habilita para adoptar las medidas de ejecución impugnadas. Los órganos del Parlamento 
de Cataluña y las personas que los integran están obligados a acatar lo decidido por el 
Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y art. 87.1 LOTC).
En fin, la pretendida ausencia de motivación que se achaca en los recursos de 
súplica a la providencia del Tribunal Constitucional de 12 de noviembre de 2019 carece 
de  fundamento,  pues  las  medidas  que  en  esta  resolución  se  adoptan  encuentran 
sustento en los arts. 87.1 y 92 LOTC, así como en el art. 161.2 CE en lo que se refiere a 
la suspensión automática.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno, promueve 
incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, dictada en el proceso de 
impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, que admitieron los incidentes de ejecución 
de esa misma sentencia promovidos respectivamente en relación con determinados 
apartados e incisos de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de 
julio de 2019, y 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, en relación con el acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, en cuanto admite a trámite 
la moción «subsegüent a la interpellació al Govern sobre l’autogovern», presentada por 
el subgrupo parlamentario Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC); y 
en relación también con el acuerdo de la mesa de 5 de noviembre de 2019 por el que se 
rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por los grupos parlamentarios 
Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido 
Popular (PPC).
El incidente de ejecución se refiere en concreto al apartado primero de la moción, 
cuyo único texto oficial, en lengua catalana, ha quedado transcrito en el antecedente 2 
de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, 
que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de 
resolver el presente incidente de ejecución.
«El Parlamento de Cataluña:
1.  Expresa  su  voluntad  de  ejercer  de  forma  concreta  el  derecho  a  la 
autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».
2.  Los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña impugnados por esta vía 
incidental ya han sido anulados por auto de esta misma fecha por incumplimiento de la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI 
del Parlamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como  s
consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo,  oe.
aprobada el 9 de noviembre de 2015. Y también han sido estimadas las pretensiones  w.
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Ministerio Fiscal pueda valorar la exigencia de responsabilidad penal del presidente del
Parlamento de Cataluña y otros miembros de la mesa. Bc
En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha perdido 
sobrevenidamente su objeto, de acuerdo con lo razonado para supuestos similares en 
los AATC 182/2019 y 183/2019, ambos de 18 de diciembre, y en el ATC 10/2020, de 28 
de enero, que no es necesario reiterar.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, promovido por el 
Gobierno en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de 
octubre de 2019, por el que se admite a trámite la moción «subsegüent a la interpellació 
al Govern sobre l’autogovern», en cuanto a su apartado primero, así como del acuerdo 
de 5 de noviembre de 2019, por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración de 
aquella decisión.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  once  de  febrero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.