BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Sábado 29 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 66270
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8994 Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial  y  Función  Pública,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la 
Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  y  la 
Confederación  Española  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  para  la 
identificación de cargas administrativas y su reducción.
El Ministro de Política Territorial y Función Pública, el Secretario General de la 
Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE),  y  el  Secretario 
General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 
han suscrito, con fecha 21 de mayo de 2021, un Convenio para la identificación de 
cargas administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 24 de mayo de 2021. -El Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, P. D. (Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), el Director General de 
Gobernanza Pública, Valentín Olivier Bayón Céspedes.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) para la identificación de cargas administrativas y su reducción
De una parte, don Miquel Octavi Iceta Llorens, Ministro de Política Territorial y 
Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 55/2021, de 26 de 
enero,  BOE  del  27  de  enero,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en virtud de la Resolución de 5 de abril de 2021, dictada al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  de  la  citada  Ley  40/2015,  por  la  que  se  avoca  la 
competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra 
delegada  en  la  Dirección  General  de  Gobernanza  Pública  conforme  a  la  Orden 
TFP/747/2020, de 28 de julio.
De otra parte, don José Alberto González-Ruiz Martínez, Secretario General de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (en adelante, CEOE), según 
nombramiento efectuado por esta entidad el 21 de noviembre de 2018 y don Luis 
Aribayos Mínguez, Secretario General de la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana  Empresa  (en  adelante,  CEPYME),  según  nombramiento  efectuado  por  el 
Comité Ejecutivo de esta entidad el 24 de marzo de 2021, ambos actuando en nombre y 
representación  de  sus  respectivas  entidades  y  en  virtud  de  la  capacidad  y  las 
atribuciones que le confieren sus correspondientes Estatutos. e
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que  w.
coeslteebnrtaarn ,e la pmrebsaesn tpea Crtoens vseen iore yc oenno rceelanc isóunf iccoienn etel  mciaspmaoc,idad legal y competencia para  2021-8994n https://ww
EXPONEN
I.  Que la CEOE y la CEPYME vienen colaborando desde 2009 con el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública para la identificación y propuesta de solución a las 
cargas administrativas que soportan las empresas.
Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso 
del Gobierno de España, correspondiendo al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública  (en  adelante  MINPTFP),  la  simplificación  administrativa,  el  estudio  de  las 
mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que han 
de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y superar 
las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para relacionarse con 
ellas.
II.  A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los 
estados,  entre  otras  medidas,  prestar  una  atención  particular  a  la  mejora  de  la 
tramitación  mediante  la  normalización  y  reducción  de  la  cantidad  de  formularios  y 
declaraciones  empleados  en  materia  de  contabilidad,  fiscalidad,  asuntos  sociales  y 
estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones 
un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de 
los procedimientos administrativos y de la legislación. En este sentido, cabe citar las 
Conclusiones sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad y un 
crecimiento sostenible e integrador, adoptadas por el Consejo de Competitividad de la 
UE en su sesión del 27 de febrero de 2020.
III.  Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar 
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones 
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un 
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las 
administraciones en los cambios que estas promueven.
En este marco general, el MINPTFP ha venido formalizando convenios con diversas 
entidades representativas, entre las que se encuentran la CEOE y la CEPYME con el fin 
de que estas organizaciones empresariales y sus asociados puedan contribuir con su 
experiencia  al  proceso  de  identificación  de  cargas  administrativas  en  las  áreas  de 
actividad que representan, a la formulación de nuevas propuestas de mejora y a la 
difusión en el tejido empresarial de los resultados alcanzados.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto, se podría 
avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios abriendo 
la  posibilidad  de  los  destinatarios  de  los  servicios  a  una  experiencia  conjunta  de 
búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer 
la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, 
experiencia y recursos, y los ponga a disposición del sector empresarial o social (que 
aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
IV.  A pesar de la incorporación del principio de simplificación administrativa en la 
normativa y en la acción pública, aún existen ámbitos de actividad empresarial, tanto de 
carácter sectorial como horizontal, cuya carga burocrática es susceptible de mejorar. Por 
ello, la disposición de un entorno competitivo a escala internacional y favorable a la 
actividad empresarial, exige llevar a cabo un ejercicio continuo de revisión y mejora de  e.
los trámites burocráticos soportados por el tejido productivo español. w.b
V.  La situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la  94ww
fnreecnetes idaa lda sd ed eqmuea nladsa as ddmei nlias tcraiucdioandeasn íaac,t úqeune  coofnre lzac saunf icuinean tere aspguiliedsatda  cinommeod piaatraa  ah ascuesr 
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procedimientos  administrativos  en  una  situación  de  extremada  complejidad  en  los
ámbitos sanitario, económico y social como la que está sufriendo nuestro país. Las 
medidas necesarias para aumentar el crecimiento y la competitividad después de la 
pandemia, han de incluir mejorar la reglamentación y reducir las cargas administrativas.
Esta situación sobrevenida ha impulsado a acelerar el proceso de digitalización en 
España, que se configura como un elemento fundamental para lograr la recuperación de 
la economía. Esta transición ha de garantizar la accesibilidad del conjunto de la sociedad 
e impulsar la digitalización de la empresa, especialmente para pymes, emprendedores y 
autónomos.  La  digitalización  contribuirá  a  que  se  intensifiquen  los  procesos  de 
simplificación  y  reducción  de  cargas  administrativas  ligados  a  la  mejora  de  la 
reglamentación.
VI.  Finalizada la vigencia del anterior Convenio suscrito con la CEOE y la CEPYME, 
el  MINPTFP  y  dichas  organizaciones  consideran  de  interés  abordar,  mediante  la 
formalización de un nuevo Convenio dedicado a analizar la eliminación de cargas como 
instrumento para la adaptabilidad, el emprendimiento y la generación de empleo en 
tiempos  de  crisis  sanitaria  y  económica,  que  sirva  de  impulso  a  la  inversión  y  el 
despliegue económico
VII.  Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, 
de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos  ministeriales, 
corresponde al MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
de  función  pública,  administración  y  gobernanza  públicas.  En  particular,  el  Real 
Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, le atribuye la política de la 
reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos 
administrativos  y  de  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  en  el  ámbito  de  la 
Administración General del Estado.
VIII.  Que la CEOE es una organización empresarial independiente, de carácter 
confederal  e  intersectorial  y  ámbito  nacional,  constituida,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  7  de  la  Constitución,  para  la  coordinación,  representación, 
gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales, generales y comunes, que le 
son propios de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, siendo 
actualmente la organización empresarial más representativa.
IX.  Que, según lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, corresponde a la 
CEOE representar y defender los intereses generales y comunes del empresario ante la 
sociedad y ante la Administración, estudiar todo tipo de problemas que se planteen con 
carácter  genérico  a  las  empresas  acordando  las  soluciones  pertinentes  y  elaborar 
recomendaciones de actuación en materia socioeconómica ante los poderes públicos.
X.  Que, conforme al artículo 2 de sus Estatutos, la CEPYME es una organización 
empresarial independiente, de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional 
constituida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución, para la 
defensa,  representación  y  fomento  de  los  intereses  generales  y  los  propios  de  la 
pequeña y mediana empresa española y de los autónomos, ostentando en la actualidad 
la condición de organización más representativa en su ámbito de actuación.
XI.  Que, según lo dispuesto en el artículo 5 de sus Estatutos, corresponde a la 
CEPYME representar y defender los intereses generales y comunes del empresario en la 
sociedad ante la Administración, estudiar todo tipo de problemas que se planteen con 
carácter  genérico  a  las  empresas  acordando  las  soluciones  pertinentes  y  elaborar 
recomendaciones de actuación en materia socioeconómica ante los poderes públicos.
XII.  Que la CEOE y la CEPYME, además de estar integradas por organizaciones  s
empresariales  de  ámbito  territorial,  aglutinan  en  su  seno  a  todas  las  grandes  oe.
organizaciones  empresariales  de  carácter  sectorial,  conformadas,  a  su  vez,  por  w.
empresas  sobre  las  que,  de  modo  específico,  recaen  las  cargas  administrativas  y  94ww
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reducir  los  costes  administrativos  de  explotación  de  las  actividades  mercantiles, 
ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo.
XIV.  Que la CEOE y la CEPYME, por su representatividad empresarial y por su 
objeto y fines sociales, son el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar los 
trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan sobre 
la creación de empresas o el desarrollo de su actividad y a determinar o sugerir cambios 
o  medidas  que  faciliten  su  simplificación  o  reducción,  motivo  por  el  que  dichas 
Confederaciones y el propio MINPTFP tienen interés en mantener y desarrollar un marco 
permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
XV.  Que teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite 
mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades socioeconómicas, 
resulta adecuado establecer nuevas vías de colaboración que fomenten la participación 
empresarial en esta iniciativa pública.
En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  partes  consideran  oportuno  suscribir  el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio analizar la eliminación de cargas como 
instrumento para la adaptabilidad, el emprendimiento y la generación de empleo en 
tiempos de crisis sanitaria y económica
Segunda.  Actuaciones a realizar por la CEOE-CEPYME.
La dirección de las actuaciones de CEOE-CEPYME relacionadas con el presente 
Convenio, así como las relaciones con el MINPTFP corresponderán, de mutuo acuerdo 
entre CEOE y CEPYME, a CEOE.
La CEOE-CEPYME, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará 
las siguientes actuaciones:
1.  Propuestas para la reducción de cargas administrativas:
A)  Identificación de cargas administrativas.
La CEOE y la CEPYME, asumen el compromiso de analizar e identificar las cargas 
administrativas existentes en el ámbito objeto de este Convenio que sean susceptibles 
de  ser  eliminadas  y  reducidas,  así  como  formular  las  propuestas  de  simplificación 
administrativa  que  resulten  pertinentes,  en  colaboración  con  las  organizaciones 
territoriales  y  sectoriales  miembros.  Dichas  propuestas  irán  acompañadas  de  la 
correspondiente estimación del ahorro que generarían (utilizando para ello el Método 
Simplificado de medición de cargas administrativas), normativa a modificar y órgano 
competente, y se acompañarán de la memoria explicativa procedente.
En caso que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma 
identidad  sustancial  en  cuanto  al  objeto,  finalidad  o  tipo  de  medida  adoptada,  se 
agruparán, todas ellas, en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por 
parte del Centro Gestor.
La CEOE y la CEPYME harán entrega al MINPTFP, a través de la Dirección General  es
de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y  bo
las propuestas de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes  94ww
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Administración le indique.
B)  Jornadas y foros de discusión con empresarios.
Con  el  fin  de  que  los  distintos  agentes  económicos  y  empresariales  puedan 
manifestar directamente, a la CEOE y la CEPYME y a la propia Administración, cuáles 
son las trabas más importantes que afectan a las empresas en los sectores objeto del 
Convenio,  la  CEOE  y  la  CEPYME,  organizarán  al  menos  dos  actividades  con 
empresarios, que se celebrarán preferiblemente antes del 30 de octubre de 2021. Dichas 
actividades se podrán realizar tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso 
para ello de medios electrónicos.
Asimismo, en el desarrollo de estas actividades, la CEOE y la CEPYME darán 
publicidad a la política de reducción de cargas administrativas de la Administración 
General del Estado, así como a los distintos proyectos relacionados con la reducción de 
cargas administrativas que soportan las empresas.
2.  Difusión y comunicación:
Se realizarán actuaciones para dar a conocer entre los empresarios los esfuerzos 
desarrollados en materia de reducción de cargas administrativas por parte del MINPTFP, 
así  como  los  informes,  actividades  o  servicios  que  se  consideren  necesarios  o 
convenientes para el buen desarrollo de este Convenio.
Con  carácter  general,  dichas  actividades  o  servicios  podrán  ir  dirigidos  a  la 
realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este ámbito, al 
estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, al diseño, recopilación 
de  información,  contraste  de  iniciativas  e  implantación  de  actuaciones  de  la 
Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites 
administrativos,  así  como  a  la  consolidación  de  la  comunicación  e  intercambio  de 
información entre el MINPTFP y la CEOE y la CEPYME.
En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, la CEOE y la CEPYME 
darán publicidad de la participación del MINPTFP en la financiación de este Convenio.
3.  Estructura de apoyo en CEOE-CEPYME:
Durante la vigencia del Convenio, y con el fin de dar cumplimiento a su objeto, 
CEOE-CEPYME podrán disponer de un consultor externo y un equipo multidisciplinar de 
CEOE-CEPYME,  apoyados  en  la  propia  red  de  CEOE-CEPYME.  El  consultor 
desarrollaría el trabajo encomendado por CEOE-CEPYME con los medios humanos y 
materiales de su propia consultoría.
El personal de CEOE-CEPYME dedicado a las actividades del Convenio podrá ser 
propio o subcontratado a tal fin.
4.  Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para 
el buen desarrollo del Convenio, en particular la realización de iniciativas de difusión 
sobre las actividades realizadas en este ámbito.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas 
para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el 
MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores 
y  expertos  de  los  sectores  afectados.  En  este  contexto,  CEOE-CEPYME  podrían 
participar  directamente  o  a  través  de  la  designación  de  representantes  entre  s
profesionales con experiencia en la materia de que se trate. oe.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP.
1.  Asesoramiento:
Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas 
administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de 
medición de cargas administrativas.
2.  Seguimiento:
Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante la vigencia del 
Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3.  Comisión de seguimiento:
Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la 
cláusula sexta de este Convenio.
4.  Análisis de las propuestas presentadas:
Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos 
ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará 
un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido a CEOE-
CEPYME.
5.  Difusión y comunicación:
El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la firma del Convenio y los 
resultados obtenidos.
Cuarta.  Titularidad de los trabajos realizados.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como 
cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán al MINPTFP 
y a la CEOE y la CEPYME y no podrán ser explotados por ningún tercero sin el 
consentimiento expreso de todas las partes.
No  obstante,  CEOE-CEPYME  podrán  hacer  difusión  de  su  papel  activo  en  los 
trabajos desarrollados en relación a este Convenio.
Quinta.  Régimen económico.
1.  El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del 
presente Convenio se eleva a noventa y tres mil quinientos euros (93.500 €).
2.  El MINPTFP aportará la cantidad de setenta y cinco mil quinientos euros (75.500 
€),  y  la  CEOE  y  la  CEPYME  la  cantidad  de  dieciocho  mil  euros  (18.000  €)  de 
conformidad con sus acuerdos de colaboración internos.
La dirección de las actividades relacionadas con el presente Convenio y la gestión de 
la aportación del MINPTFP para el desarrollo del mismo corresponde (de mutuo acuerdo 
entre CEOE y CEPYME) a CEOE, que será quien reciba dicha aportación, una vez 
emitido por ella el documento de cargo correspondiente.
El  crédito  presupuestario  al  que  se  imputará  la  obligación  correspondiente  al 
MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06. e
3.  A partir del inicio de efectos de este Convenio, el MINPTFP abonará a la CEOE  bo
los  pagos  correspondientes  a  su  aportación,  previa  justificación  de  los  servicios  94ww
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administrativas  del  presente  Convenio.  Se  considera  documentación  justificativa  del
gasto, además del documento de cargo que emita CEOE, la certificación acreditativa del 
órgano  competente  de  CEOE  en  que  se  especifique  el  alcance  de  las  labores 
desarrolladas por esta Corporación en el marco del Convenio. Complementariamente, y 
para  la  justificación  de  los  gastos  en  que  se  han  incurrido,  se  remitirán  facturas, 
certificados emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos 
imputables al convenio o documentos probatorios equivalentes.
4.  A partir del inicio de efectos del presente Convenio, y antes de su finalización, 
CEOE-CEPYME se comprometen a abonar la totalidad de su aportación para financiar 
las actividades previstas en la cláusula segunda del presente Convenio, presentando 
certificación acreditativa.
Sexta.  Comisión de seguimiento.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos 
representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos 
representantes  de  CEOE-CEPYME,  designados  por  las  autoridades  firmantes  del 
Convenio. Estará presidida por el titular de la Dirección General de Gobernanza Pública 
o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los  artículos  51.2.c)  y  52.3  de  la  citada  Ley.  Resolverá  todas  las  incidencias  o 
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este 
Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las 
reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del 
Estado y de CEOE-CEPYME, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su 
presencia o requieran su asesoramiento.
Séptima.  Validez, eficacia y vigencia.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre 
de 2021.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de 
cargas administrativas de la cláusula segunda, recopilación, análisis y presentación de 
propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido 
entre el inicio de efectos y el 20 de noviembre de 2021.
Octava.  Modificación del Convenio. es
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de  w.
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del  94ww
Cadoennvdean iom oredqifuiceartiriváa  ayc uaeurdtoor izuandáan impoer  deel  Mlosin ifsirtemraion tdees,  Hya dcieebnedraá,  rdeea liazacurseer dmo ecdoiann teel 
artículo 50.2.c) de dicha Ley.
Novena.  Extinción del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. Serán causas de resolución:
El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
El acuerdo unánime de todos los firmantes.
Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma 
fehaciente a la otra parte  con,  al  menos, dos  meses de antelación a la fecha de 
resolución.
Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que  se  consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la  Comisión  de 
Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará al otro firmante la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas 
en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
Décima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Convenio por 
alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del 
Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Undécima.  Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de los establecidos en el 
artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por 
tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI, del título 
preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan 
surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio. e
Para cuestiones litigiosas que puedan suscitarse sobre la interpretación, cumplimiento,  bo
resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de mutuo acuerdo en el  94ww
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