BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Jueves 4 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 37390
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
5682 Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación «Con un pie fuera», para el desarrollo de 
varios programas en el ámbito penitenciario.
Habiéndose suscrito el 12 de mayo de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la asociación 
«Con un pie fuera»- CUPIF para el desarrollo del programa de habilidades de vida y 
lenguaje de las emociones, aire, de intervención en el medio abierto y los programas 
PRIA-MA, PCAS, Fuera de la Red, Encuentro y PROBECO de intervención en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas, procede la publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho  Convenio  que  figura  como  anexo  a  esta 
Resolución.
Madrid, 27  de mayo de 2020.–El Secretario General Técnico del Ministerio del 
Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Asociación «Con un pie fuera»- CUPIF para el 
desarrollo del programa de habilidades de vida y lenguaje de las emociones, aire, 
de intervención en el medio abierto y los programas PRIA-MA, PCAS, Fuera de la 
Red, Encuentro y PROBECO de intervención en el medio abierto y en el ámbito de 
las penas y medidas alternativas
Madrid, a 12 de mayo de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias  del  Ministerio  del  Interior,  504/2018,  de  18  de  junio,  actuando  por 
delegación  de  competencias  del/la  Secretario/a  de  Estado  de  Seguridad,  según  lo 
previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de 
abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones 
efectuadas por otras autoridades (en su redacción dada por el artículo 1, apartado 3, de 
la  Orden  INT/50/2010,  de  12  de  enero),  en  relación  con  el  artículo  62.2.g)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, doña Susana Díaz Huamán, en nombre y representación de la 
Asociación  «Con  un  pie  fuera»-  CUPIF,  (en  adelante  la  Asociación  CUPIF)  como 
Presidenta, elegida por la Asamblea de fecha 02 de febrero de 2017 y facultada para 
este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Presidenta según el  es
artículo 13 de los Estatutos de la entidad y mediante su inscripción en el Registro  o
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con domicilio a los efectos del  82ww
p(Creásceenretes ).convenio  en  la  calle  Ortega  y  Gasset  N.º  19  (garaje),  10310,  Talayuela
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su 
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de 
tratamiento de otros comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. e.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la  w.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio  82ww
edset alabsle cceonm lpae tLeenyc iaOsr gdáen iceaje c1u/1c9ió7n9 , ddee  la2 6l edgeis lsaecpiótine mpberneit,e Gnceianreiara le Psteantaitle, ntcaila ryia ,c oym eol 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Quinto.
Que la Asociación CUPIF tiene entre sus fines, la prevención de la delincuencia y 
reinserción sociolaboral de delincuentes, preparando a los/las internos/as penados de los 
Centros Penitenciarios para la vida en libertad, vía permisos de salida, tercer grado y/o 
libertad condicional así como en la atención a los preventivos con el fin de evitar la 
distorsión relacional que supone la vida en prisión y la atención en la ejecución y 
seguimiento  de  las  medidas  alternativas  a  la  pena  privativa  de  libertad.  Así  como 
prevenir y erradicar todo tipo de violencia contras las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad y en especial en los colectivos que ya han sufrido violencia.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Séptimo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo.
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como 
finalidad incidir en el comportamiento del penado, tratando de evitar la repetición de 
iguales o parecidas conductas en un futuro y detener una posible espiral de agresiones y 
violencia. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de 
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, 
tanto  en  segundo  grado  de  tratamiento,  como  terceros  grados  o  régimen  de 
semilibertad, el artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina 
que:  «1.  El  tratamiento  penitenciario  consiste  en  el  conjunto  de  actividades 
directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 
penados. 2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y 
la  capacidad  de  vivir  respetando  la  Ley  penal,  así  como  de  subvenir  a  sus 
necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos 
una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con 
respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece  es
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores  bo
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se  82ww
micmoapnnofPiiafroetnarsz nttaaote rdádso ,e  eqpenuoll eosli ,ati ame dscpa olfi nuceadnnrud ácaentmla  um engniasltoa mmbl oada ley yosd arlea rlli  rboaineltlrtraeitbrar undpco»rio .ógyn r aedmnet arrase ñsdaperoá ni nsutaenbr vialeidcnarcedióceensn ,e tacsampdeieacní fvticoeo zsd  mec oálans    OE-A-2020-56able en https://
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha del Programa de 
Intervención en seguimientos de permisos de salida, art. 100.2, tercer grado, libertad 
condicional  y  libertad  vigilada  «Programa  habilidades  de  vida  y  lenguaje  de  las 
emociones  “AIRE”  (en  adelante,  Programa  AIRE)»,  que  dirigido  a  condenados  a 
privación de libertad en régimen de tercer grado, y del Programa Reeducativo contra la 
violencia  de  género  PRIA-MA,  Programa  PCAS,  Programa  FUERA  DE  LA  RED, 
Programa ENCUENTRO  y Programa  PROBECO, que podrán estar dirigido tanto a 
condenados  a  privación  de  libertad  en  régimen  de  tercer  grado,  como  a  aquellos 
condenados a penas y medidas alternativas.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar el desarrollo de los programa de intervención, mediante la derivación 
de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por condenas a 
medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de libertad que 
así lo requieran.
2.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación de los programas de intervención a desarrollar.
3.  Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo de los programas.
4.  Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad de los 
programas.
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento de los programas a los destinatarios del mismo.
6.  Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando los programas se desarrolle 
en un Centro de Inserción Social.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación CUPIF.
La Asociación CUPIF se compromete a:
1.  Desarrollar los Programas conforme al modelo y programa marco establecido por 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2.  Aportar a los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo de los 
Programas objeto del presente convenio.
Cuarta.  Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para  es
ninguna de las partes. o
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual,  82www.
fAudnmciionnisatrriaacl ioó ne sPteantuitaerniac ieanritar.e los profesionales que realicen los talleres o programas y la
Quinta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las 
partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo.
Sexta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La Asociación CUPIF se compromete a mantener en secreto todos los datos e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Asociación CUPIF mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación CUPIF. Los datos objeto de 
tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Séptima.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben. oe.
Octava.  Comisión de Seguimiento. 82ww
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida
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de Instituciones Penitenciarias y por su Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación CUPIF.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima. Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Asociación CUPIF podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta 
otros cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos  bo
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El  82ww
PSreecsriedteanritoa  dGee lnae Araslo cdiaec ióInns CtitUucPiIoFn, eSsu sPaennai tDeníaczia Hriuaas,m áÁnn.gel  Luis  Ortiz  González.–La