BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Jueves 16 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 4270
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
619 Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 18/2019, 
de 2 de diciembre, de medidas urgentes de Ordenación del Empleo Público en las 
Administraciones Canarias.
EXPOSICIONES DE MOTIVOS
I
Desde el inicio de la crisis en 2008 y durante una larga década, el sector público y en 
particular las Administraciones Públicas Españolas se han visto afectados por distintas e 
intensas políticas de austeridad o contención, restricción y reducción del gasto público, 
entre las cuales destacan, de manera significativa, las sucesivas medidas de ajuste del 
empleo público, cuyo impacto en la estructura y cantidad de este ha sido muy severo.
La Comunidad Autónoma de Canarias no ha sido ajena a esta situación, que han 
padecido  su  Administración  y  sus  empleadas  y  empleados  públicos  y  por  ello, 
finalmente, los acreedores y receptores de sus servicios, es decir, toda la ciudadanía del 
archipiélago.
Así, la limitación de la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  ha  impedido  durante  años  la  aprobación  de 
instrumentos planificadores de la selección de nuevos efectivos, hasta que se produjo la 
promulgación, en 2015, del Decreto 46/2015, de 9 de abril, por el cual se aprobó la 
Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2015.
Las consecuencias de estos años de restricción son evidentes e incluso notorias y no 
es hipérbole decir que graves.
El encomiable esfuerzo adicional de las empleadas y empleados públicos no ha 
deshecho las consecuencias de estas políticas, que se han plasmado en una pérdida 
neta de empleo, en una disminución de la tasa de funcionarios por habitante (de casi 
cuatrocientos  a  poco  más  de  trescientos  por  cada  100.000  habitantes,  según  los 
registros) y en un envejecimiento de las plantillas.
Todo ello supone un reto enorme y difícil de afrontar, pues debe actuarse no solo 
para remediar el problema sino para procurar que se garantice la transferencia de 
conocimiento a los funcionarios y funcionarias de nuevo ingreso, de modo que no 
termine produciéndose una merma del más valioso capital de la Administración, que es 
el conjunto organizado de sus integrantes puesto al servicio de los intereses generales, 
en  los  términos  que  ordenan  la  Constitución  Española  y  también  el  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias.
Y todo ello conduce a que para el Gobierno de Canarias la recuperación del empleo  e.
público en el momento presente tiene que ser no solo una prioridad, sino un verdadero  w.b
imperativo, cuya consecución o alcance debe partir, por fuerza, de la culminación de los  9w
pfinro cdees oinsc soerpleocrtaivr,o ss idne mriváasd odse mdeo rlaas,  Oalf epretarsso dnea lE emnp lceuor sPoú bdliec os edlee c2c0i1ó5n,  y2,0 1e6n  ys u2 0c1a7s, oa, 
pendSiienn teem dbea nrgoom, breal mbieunetno .fin  de  este  proceso  exige  la  adopción  de  determinadas
medidas urgentes de ordenación, conciliando el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad, con el principio de eficacia en la actuación de la 
Administración, todos ellos recogidos en el artículo 103 de la Constitución Española.
Ello es debido, por un lado, al interés y la conveniencia evidente de no demorar, 
como se ha dicho, la incorporación de las personas aspirantes seleccionadas de nuevo 
ingreso y, por otro, a las serias dificultades para dar cumplimiento íntegro, pues aún es 
incompleto,  al  mandato  derivado  de  la  sentencia  número  74  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de 
febrero de 2018, que se pronunció sobre la validez, legalidad y eficacia de la Orden 
de 12 de septiembre de 2016, por la cual se aprobó la modificación conjunta de las 
relaciones  de  puestos  de  trabajo  de  los  distintos  departamentos  y  organismos 
autónomos del Gobierno de Canarias.
Tales  relaciones  de  puestos  de  trabajo  quedaron  anuladas  y  sin  efecto  por  la 
sentencia  citada  y  han  debido  ser  confeccionadas  y  tramitadas  de  nuevo.  Ello  ha 
supuesto en la práctica la paralización material de los procesos de modernización y 
adecuación a las necesidades reales de estos instrumentos jurídicos de ordenación del 
personal de cada departamento para rehacerlos con arreglo a lo establecido por el 
tribunal de justicia y, además, ha traído consigo, de modo inevitable, la imposibilidad 
material e insalvable de promover concursos de traslado, efecto que debe resaltarse en 
este momento de modo muy especial y destacado.
Como consecuencia de todo ello, la Administración de la Comunidad Autonómica de 
Canarias  se  ve  legítimamente  impulsada  a  recorrer  dos  senderos  o  itinerarios  de 
actuación que no son en sí mismos intrínsecamente incompatibles, pero que pueden no 
ser ejecutables en tiempo adecuado o, mejor dicho, en tiempo ajustado a las normas 
legales  y  reglamentarias  que  regulan,  por  un  lado,  la  carrera  profesional  de  las 
empleadas y empleados públicos y, por otro lado, el régimen de acceso del personal 
funcionario  de  nuevo  ingreso;  materias  o  casi  cabe  decir  instituciones  jurídicas 
disciplinadas  legalmente  con  precisión  y  rigor,  en  sus  formas  y  plazos,  que  la 
Administración debe respetar con la mayor exactitud.
Dicho de otro modo, se impone la extraordinaria necesidad de conciliar las legítimas 
expectativas  de  movilidad,  promoción  profesional  y  carrera  administrativa  de  los 
funcionarios y las funcionarias de carrera existentes en la Administración Autonómica 
con las no menos legítimas expectativas de acceso a los empleos públicos por parte de 
los  funcionarios  y  las  funcionarias  de  nuevo  ingreso,  y  todo  ello,  además  y 
especialmente, en un contexto de notoria y extrema urgencia en la incorporación de 
estos  últimos  a  los  puestos  vacantes,  para  remediar  o  cuando  menos  mitigar  la 
insuficiencia de efectivos que padecen numerosas unidades y servicios, y que es de 
conocimiento común.
Esta conjunción de expectativas, que llega a parecer una especie de «conflicto de 
intereses»,  debe  solventarse  en  atención  al  interés  general  propiciando  una 
incorporación de los nuevos efectivos, que tienen razón en pedirla tras haber logrado 
superar procesos selectivos mediante años de arduo y acreditado esfuerzo, y que es por 
ello inaplazable, pero que ha de hacerse sin dañar ni menoscabar ni el principio de 
igualdad de las personas afectadas ni la eficacia de la Administración, en tanto se 
culminan los procesos selectivos y se procede a la convocatoria de los correspondientes 
concursos de provisión de puestos de trabajo, que también con razón, se demandan por 
quienes esperan por ellos desde hace años y que tampoco es posible postergar a un por 
ahora indefinido momento posterior.
Así las cosas, solo la actuación del legislador autonómico hecha en este momento, al  s
amparo de su competencia en materia de función pública, puede lograr la satisfacción de  oe.
las  expectativas  antes  referidas,  que  de  otro  modo  se  verían  irremediablemente  w.
frustradas o, peor aún, lesionadas. 9w
puesPtaorsa  deell ot,r aebsatajo l eqyu ere gsuelaa  yp rpoevirsmoirtiea  uon an oa ddjuedfiinciaticviaó np eor op roqvuies iónno  op aotrr ibeulloc ióanfe dcete  lonsi 
ipnrcoodrupzocraa cdióanñ oa  alolgsu pnuoe, sptoors  mdeín itmraob aqjuoe,  efuspeerac,i aal mloesn dtee rye cdheo ms aqnueer as ee xdpelríicviatan  edne  clau apnrtoop aial   BOE-A-cable e
cómputo de la antigüedad, que por aplicación de lo dispuesto en la presente disposición 
se efectuará desde la toma de posesión inicial, aunque esta se califique de provisional y 
aunque la situación definitiva de las personas interesadas quede a resultas de lo que se 
resuelva tras los concursos de traslado.
Estos,  a  su  vez,  se  convocarán  tan  pronto  como  se  disponga  de  las  nuevas 
relaciones  de  puestos  de  trabajo  (que  sustituyan  a  las  que  fueron  judicialmente 
invalidadas, algunas de las cuales no han sido aún enteramente rehechas y por tanto no 
han sido aprobadas) y, a su vez, cuando hayan finalizado los procesos selectivos de las 
ofertas de empleo público señaladas.
Todo lo anterior, en fin, requiere que de inmediato se regule, con seguridad y con el 
rango normativo adecuado, y con el expreso reconocimiento legal de los derechos del 
personal funcionario de nuevo ingreso, la citada situación de adscripción provisoria o 
provisional de los puestos de trabajo, pues en otro caso pudiera acaso ponerse en duda 
la corrección de tal sistema provisional de adjudicación del puesto de trabajo a los 
nuevos funcionarios o funcionarias.
II
Otras urgencias, en este caso padecidas por las corporaciones locales, obligan a 
legislar sobre la designación o nombramiento, también de modo provisional y en todo 
caso extraordinario, de personal funcionario responsable del importantísimo cometido de 
la secretaría, la intervención y la tesorería de aquellas corporaciones, personal muy 
cualificado, con habilitación legal para serlo en todo el territorio nacional, en sus distintas 
categorías, sin el cual las corporaciones pueden llegar, literalmente, a la imposibilidad de 
actuar y a la parálisis.
Para la ciudadanía, además, el ejercicio de aquellos cometidos por el personal 
habilitado constituye una garantía, pues el riesgo de incurrir en errores o ilegalidades o 
de producir actuaciones económicamente anómalas es ciertamente mayor si no se 
cuenta  con  la  importante  asistencia  de  los  secretarios  o  las  secretarias  y  los 
interventores o las interventoras.
Así, el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  establece  que  son  funciones  públicas  necesarias  en  todas  las 
corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios 
de  la  Administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  las  funciones  de 
secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, y de control 
y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria,  y  la 
contabilidad, tesorería y recaudación.
Dicho precepto establece que las comunidades autónomas efectuarán, de acuerdo 
con  la  normativa  establecida  por  la  Administración  del  Estado,  los  nombramientos 
provisionales  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional,  así  como  las 
comisiones  de  servicios,  acumulaciones,  nombramientos  de  personal  interino  y  de 
personal accidental.
La  regulación  del  régimen  jurídico  y  del  sistema  de  provisión  de  los  puestos 
reservados al personal de habilitación nacional, incluyendo los modos de provisión de 
competencia autonómica, se encuentra desarrollada en el Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional.
Canarias constituye un territorio insular, con una peculiar condición de lejanía que,  s
unida a una insuficiente oferta de empleo público por las administraciones competentes,  e.
ha causado una especial dificultad para la provisión ordinaria de los puestos de trabajo  w.
reservados, con un elevado número de vacantes en ambas provincias, que alcanza una  9w
ptarsoab ldeeml a5.6% del total de puestos existentes, cuya sola mención muestra la gravedad del
o seEcsretata sriitausa cyi ódne  ninot esrovleon dtoifriceusl tea  ion tiemrvpeidneto lroass ,n osminob rqaumeie anfteocst ad etafimnitbiviéons  ad ela s euctirlieztaacriióons   BOE-A-cable e
de  los  mecanismos  de  provisión  no  definitivos  previstos  en  el  propio  Real 
Decreto  128/2018,  como  las  acumulaciones  de  funciones  en  municipios  cercanos, 
limitados por la fragmentación del territorio, que en la práctica no han permitido satisfacer 
la necesidad legal de disponer de habilitados o habilitadas nacionales en los municipios 
canarios.
El problema se ha agravado, a causa de la elevada temporalidad del empleo público, 
por las restricciones acaecidas durante esta última década, que han provocado que en 
numerosos ayuntamientos haya habido una imposibilidad constatada y prolongada para 
el nombramiento accidental de personal funcionario propio, que en ningún caso puede 
ser interino.
En otras palabras, resulta que ni accede a nuestras corporaciones personal de 
secretaría e intervención con carácter definitivo ni es posible acordar acumulaciones 
circunstanciales que al menos palien la falta de aquellos ni hay, en muchos casos, 
personal  funcionario  cualificado  a  quien  quepa  designar  del  modo  provisional 
actualmente previsto en las normas citadas.
Y además debe recordarse, por último, que, de acuerdo con el artículo 36.1 b) de la 
citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los cabildos insulares, en su 
función de asistencia, solo pueden garantizar la prestación de los servicios de secretaría 
e  intervención  a  los  municipios  de  menos  de  1.000  habitantes,  a  través  de  las 
comisiones  circunstanciales  previstas  en  el  artículo  55  del  Real  Decreto  128/2018, 
umbral  poblacional  que  prácticamente  excluye  su  utilización  en  esta  Comunidad 
Autónoma.
Todo ello conduce a una situación de grave compromiso para la prestación de los 
servicios  públicos  esenciales  de  competencia  municipal,  debido  al  referido  carácter 
necesario  de  dichas  funciones  de  secretaría,  intervención  y  tesorería,  reservadas 
legalmente a personal de habilitación nacional, sin el que algunas actuaciones de la 
Administración  local,  que  llegan  a  condicionar  su  propio  funcionamiento,  como  la 
tramitación y abono de las retribuciones de su personal, son de imposible ejecución.
Los ayuntamientos canarios deben aspirar a una adecuada cobertura de sus puestos 
reservados con personal funcionario de habilitación nacional, así como a solventar las 
debilidades existentes en sus plantillas, dentro del marco legal, sin que deban ser 
condenados  a  soportar,  como  viene  ocurriendo,  la  descrita  situación  de  continua 
insuficiencia  de  sus  medios,  que  les  impide  cumplir  sus  deberes  y  ejercer  sus 
competencias, y sin que esté a su alcance ni en sus manos remediar la carencia de este 
personal.
La solución definitiva y permanente a este grave y también notorio problema no 
puede alcanzarse en un breve espacio de tiempo, como tampoco son posibles, en plazo 
corto, otro tipo de actuaciones, como la creación, con una dotación suficiente de medios 
personales, de los servicios de asistencia insular.
Ni siquiera la culminación de los procesos selectivos puestos en marcha por la 
Administración Autonómica para la constitución de una lista de reserva garantizaría 
atender en todos los casos la prestación de las funciones reservadas.
Por  tanto,  se  hace  necesaria  la  introducción  de  un  mecanismo  de  provisión 
excepcional, adicional a los existentes en el Real Decreto 128/2018, y en tanto aquellos 
previstos en él no permitan la cobertura de tales funciones, por el tiempo imprescindible 
para garantizar un funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de 
competencia municipal, situación que puede darse en este momento en un buen número 
de Entidades Locales Canarias. s
III ww.
de ePfeacreticviodsa  au rlgae Ancdima iyn issitmraiclaiórens P núebcleicsaid aacdoenss peejarne natoprrioavse pcahraar  ulan ao pmoartyuonri dinacdo, rcpoomraoc iósne 
ahlagcúen  mperodciaenstoe  seeslteac tdivisop ohsaicbiíóann,  sdied oin rceresemrevandtaors l apsa rpala zaassp iroa nptueess teons  sdietu tarcaibóanj ol eqguael  deen   BOE-A-cable e
discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas, pero que pueden 
acumularse  a  las  del  turno  general,  atendiendo  además,  de  modo  particular,  a  la 
propuesta justificada en derecho que ha sido formulada por la comisión evaluadora 
competente para resolver sobre la calificación de quienes participaron en dicho proceso 
selectivo, a cuyo juicio ha habido aspirantes que han superado las exigencias técnicas y 
acreditado  los  conocimientos  requeridos  para  la  superación  de  las  pruebas 
correspondientes, y así lo ha hecho constar formalmente el propio tribunal evaluador 
mediante propuesta justificada.
IV
La presente Ley trae causa de distintos títulos habilitantes.
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias,  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  de 
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio 
de las Administraciones Públicas Canarias, con el objetivo de garantizar la plenitud de 
los principios de mérito y capacidad en el ingreso y la provisión de plazas y empleos, 
competencia  que  incluye,  en  todo  caso,  el  régimen  estatutario  de  su  personal 
funcionario,  así  como  «la  planificación,  la  organización  general,  la  formación,  la 
promoción profesional y la acción social en todos los sectores materiales de prestación 
de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma».
Por otro lado, la presente iniciativa legislativa también descansa en la competencia 
de desarrollo y ejecución en materia de régimen local prevista en el artículo 105 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, teniendo en cuenta el acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Canarias, de 3 de noviembre de 2015, respecto de la posibilidad de regular aspectos 
adicionales  del  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  o  funcionarias  de  habilitación 
nacional por el legislador autonómico en ejercicio de su competencia de desarrollo.
En este sentido, el artículo 3 del Estatuto exige a los poderes públicos canarios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tener en cuenta las circunstancias de lejanía, 
insularidad y ultraperificidad para adaptar sus políticas y actuaciones legislativas, cuando 
dichas circunstancias incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las 
condiciones específicas para su aplicación en el archipiélago.
En  la  presente  iniciativa  normativa  se  han  respetado  los  principios  de  buena 
regulación  y  su  necesidad  y  proporcionalidad  se  encuentran  justificadas  en  esta 
exposición de motivos, mediante una regulación imprescindible para lograr el objetivo 
perseguido, que no entraña restricción de derecho alguno de quienes sean afectados por 
ella.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la iniciativa resulta coherente con 
el marco normativo en el que se integra, de forma tal que facilita su conocimiento y 
comprensión.
Esta Ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del 
Decreto-ley 6/2019, de 10 de octubre, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» el 11 
de octubre, toda vez que el Parlamento acordó su tramitación por el procedimiento de 
urgencia.
Artículo primero.  Adjudicación de los puestos de trabajo derivados de la ejecución de 
las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 
y 2019. e.
Las  plazas  inicialmente  incluidas  en  las  Ofertas  de  Empleo  Público  de  2015,  w
aDpercorbeatod a1 5m2/e2d0ia1n6t,e d eD e1c2r edtoic ie4m6/b2r0e1 5d,e  d2e0 197 , daep raobbraild ad em e2d0i1a6n,t ea Dpreocbraedtoa  2m49e/d2ia0n1t7e, 
idnec re2m6 ednictaiedmasb rceo, ny ,la lsa  cqourree scpoornredsiepnotnedsi ear ala sa lo faeñrota d2a0s1 9e,n  epnro eml otcuirónno i nlitberren ap yo dturárnno  sdeer 
discapacidad que no hayan sido cubiertas en los procesos correspondientes.
La adjudicación de puestos de trabajo a quienes hayan superado o superen los 
procesos selectivos derivados de las referidas Ofertas de Empleo Público, OEP, de 2015, 
2016, 2017 y 2019 se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en los preceptos de esta 
Ley y, en particular, se ajustará a las siguientes reglas:
1.  Quienes resulten seleccionados en las convocatorias derivadas de las referidas 
Ofertas  de  Empleo  público  correspondientes  a  los  años  2015,  2016,  2017  y  2019 
tomarán posesión de los puestos de trabajo que se les oferten y elijan, con carácter 
provisional. Sin perjuicio del reconocimiento, cuando proceda, de sus servicios previos, 
su antigüedad será computada desde la fecha de su toma de posesión, a todos los 
efectos, tanto retributivos como de promoción profesional, y el tiempo servido en puestos 
a los que el citado personal funcionario se haya adscrito provisionalmente se computará 
para la adquisición, reconocimiento y consolidación del grado personal.
2.  El  Gobierno  de  Canarias  vendrá  obligado  a  convocar  los  correspondientes 
concursos de provisión de puestos, en el ámbito de la Administración General, a la 
finalización de los procesos selectivos de las Ofertas Públicas de Empleo de los años 
indicados y, en todo caso, antes del día 1 de julio de 2021.
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias.
Se incorpora una nueva disposición adicional a la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, del siguiente tenor:
«Decimoquinta.  Provisión de los puestos reservados a personal funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
El régimen de provisión de los puestos reservados a personal funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional será el establecido en la 
normativa  básica  del  Estado.  Cuando  la  aplicación  de  la  misma  no  permita 
garantizar  la  cobertura  de  tales  puestos,  en  casos  de  ausencia,  vacante, 
enfermedad u otras causas, y siempre que tales ausencias no sean de duración 
superior  a  un  mes,  por  parte  de  la  comunidad  autónoma  se  podrán  conferir 
nombramientos excepcionales y circunstanciales a otras funcionarias o funcionarios 
de la corporación. La duración de los efectos de dichos nombramientos no podrá 
exceder de cinco días hábiles en cada mes natural.»
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones de desarrollo que 
requiera la aplicación de las medidas y normas contenidas en esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 2 de diciembre de 2019.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez. e.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 243, de 17 de diciembre de 2019) w