BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104632
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14913 Resolución  de  5  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 1, por 
la que se deniega la expedición de certificaciones y de notas simples sobre 
varias fincas.
En el recurso interpuesto por doña A. I. F. S. contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Talavera de la Reina número 1, don Juan Claudio Jarillo 
Gómez, por la que se deniega la expedición de certificaciones y de notas simples sobre 
varias fincas radicantes en la demarcación de dicho Registro.
Hechos
I
El 6 de julio de 2020 doña I. F. S., presenta en el Registro de Talavera número 1, una 
primera instancia solicitando certificación y el 20 de julio, una segunda solicitando notas 
simples, ambas relativas a todas las fincas de las que fueran titulares dos sociedades 
mercantiles alegando tener como interés legítimo interponer acciones judiciales. Alega, 
además, ser beneficiaria del beneficio de justifica gratuita.
II
Las solicitudes de información registral fueron objeto de idéntica nota de calificación: 
Don  Juan  Claudio  Jarillo  Gómez,  Registrador  de  la  Propiedad,  previo  examen  y 
calificación,  de  conformidad  con  los  artículos  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y  98  del 
Reglamento Hipotecario, ha resuelto denegar la solicitud de certificación, conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos
1.  El documento que se presenta para justificar el beneficio de justicia gratuita, es una 
fotocopia, debiendo presentarse el documento original. En virtud del principio de legalidad, 
reconocido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, tienen acceso al Registro los títulos que 
contengan los requisitos establecidos por la Ley. Siguiendo la reiterada doctrina de la 
Dirección General de Registros y del Notariado, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, las fotocopias de los documentos públicos, no tienen la consideración de 
documento público. Este principio de legalidad debe exigirse a toda documentación que 
acceda  al  Registro,  no  sólo  a  los  títulos  objeto  de  inscripción,  sino  también  a  los 
complementarios. Concretamente en este caso, también se aplica al documento en cuya 
virtud se solicita la reducción del Arancel por haber obtenido el beneficio de justicia gratuita.
2.  No consta debidamente acreditado el interés legítimo para la solicitud de certificaciones 
(y notas simples), en virtud de un procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales,  s
alegando como interés legítimo entablar acciones judiciales y respecto del cual se ha obtenido  oe.
el beneficio de justicia gratuita. En el presente caso, se solicita la expedición de notas simples  w.
de manera indiscriminada, señalando como dato identificador, varias fincas que tengan las  913ww
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en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 del Reglamento Hipotecario, el contenido 
del Registro solo se puede poner de manifiesto a quienes tengan un interés legítimo en 
conocer el estado de los inmuebles y dicho interés ha de justificarse ante el Registrador que es 
quien tiene que apreciar la legitimación del solicitante. El interés en conocer los asientos del 
Registro, debe ser conocido, directo y legítimo, con objeto de ajustar la publicidad a la finalidad 
para la que la institución registral está prevista. Así la DGRN hoy D.G.S.J y.F.P, en Instrucción 
de 27 de enero de 1.999 en relación con el artículo 4.1 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, puso de manifiesto, en relación a la 
publicidad del registro que los datos suministrados deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos con la finalidad para la que se solicita. En Resolución de la DGRN de 30 de mayo 
de 2.014, se puso de manifiesto que la calificación del Registro para apreciar el interés legítimo, 
no solo debe limitarse a la causa indicada en la instancia de solicitud de publicidad, sino que 
debe valorar el resto de los datos que se le proporcionen para requerir dicha información y 
poder apreciar la congruencia de la solicitud con el resto de las circunstancias. Así en el 
presente  caso  resulta  difícil  poder  apreciar  dicha  congruencia  en  un  procedimiento  de 
liquidación de una sociedad de gananciales con la petición de certificación y notas simples 
aportando como dato identificador los números de fincas registrales anteriormente indicados 
para entablar acciones judiciales. Más bien, parece responder a una petición desbordada y sin 
control del contenido del Registro, amparándose en el beneficio de justicia gratuita, pero sin 
que previo examen del contenido del registro, se pueda apreciar relación alguna con el 
procedimiento de la liquidación de gananciales.
3.  De manera que no puede apreciarse la congruencia entre el interés legítimo alegado 
que es entablar acciones judiciales en un proceso de liquidación de sociedad de gananciales 
con una petición indiscriminada de la publicidad y a la aportación de la fotocopia en la que se 
ha obtenido el beneficio de justicia gratuita de fecha 5 de diciembre de 2018.
4.  Por otro lado, para poder hacer valer el beneficio de justicia gratuita (además de 
presentar el documento auténtico y no una fotocopia), es necesario que se den los 
requisitos del artículo 6.9 de la Ley 1/1996 y Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero y 
Ley 42/2015, es decir, que tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por 
el Órgano judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión 
del beneficio de la justicia gratuita. Este artículo contiene una norma excepcional y por 
tanto debe ser interpretado de forma restrictiva, artículo 4 C.C.
Conforme Resolución de la DGRN de 19 de Julio de 2.000, se resaltó la necesidad de que 
se cumplieran los requisitos del citado artículo 6.9, en decir, que estén en relación con el 
proceso o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario y sean requeridos por 
el órgano judicial. En el caso que nos ocupa, no se acompaña a la petición de publicidad, 
ningún documento judicial que justifique que dicha petición de notas simples de las fincas 
registrales números 5587, 33148, 33151, 38700, 40364, 40365, 41564, 42801, 42795, 43766, 
44505, 59564, 61332, 63272, 63273, 6873, 63881, 63897, 63902, 63912, 66482, 66483, 
66484, 66487 y 66489 de la mercantil Vázquez y Morales, SL registrales números 35993, 
3202,  53519/1,  53519/22,  53250/13,  57282,  59405,  55388  y  55389  de  la  mercantil 
Urbanización Las Moreras, SL, esté en relación con el proceso de liquidación de la sociedad de 
gananciales o que sirvan para poder fundamentar en el juicio la pretensión del solicitante en 
relación con la liquidación de su sociedad de gananciales. Siendo necesario por tanto, este 
pronunciamiento judicial ya que la concurrencia de todas las circunstancias genera la duda 
fundada de si no estará utilizando la publicidad registral para fines distintos al proceso para el 
que obtuvo dicho beneficio.
Fundamentos de derecho e.
Resoluciones DGRN de 12 de mayo de 1998, 8 de enero de 2002, 9 de mayo de 2003,  913ww
H15ip doete jcualiroia d ey  2co0n0c9o, r5d adnet edsic ideem sbure R deeg 2la0m18e nyt o3.  dLee yo cotrugbárnei cdae  1250/1199.9 A9r tdíceu 1lo3s  d3e y d 1ic8i edme blare L deey 
sPirgouteiecnctieósn  ddee  ldaa tLoesy  dHe ipcoatreáccaterira ,p eArrstoícnualol,  a3r3t2íc uylo ss ig4u, ie6n, te9s,  1d1e,l  1R5e gyl a1m8e. nAtort ícHuilpoost e2c2a1ri oy, 
Instrucción de la DGRN de 5 de febrero de 1.987. Resolución de 11 de septiembre de 1999, 3
de diciembre de 2010, 20 de septiembre de 2013, 16 de septiembre de 2014 y 12 de 
diciembre de 2014 entre otras. Resoluciones DGRN de 19 de junio de 2000 y 1 de junio 
de 2016. Resoluciones de 8 de diciembre de 2003 y 27 de noviembre de 2018.
(…)
III
Contra la anterior nota de calificación, doña I. F. S. presentó recurso mediante escrito 
de 25 de julio de 2020, que tuvo entrada en la Sede Electrónica de la Oficina del Registro 
General  del  Ministerio  de  Justicia,  el  27  de  julio,  en  los  siguientes  términos:  Que, 
mediante la presente y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 y ss. de la 
Ley Hipotecaria, vengo a formular el recurso contra la calificación negativa, emitidas por 
el Sr. Registrador del Registro de la Propiedad N.º 1 de Talavera de la Reina. Calificación 
negativa de fecha 8 y 23 de julio de 2020 por vulneración manifiesta de la Carta Magna 
en su artículo 119, vulneración del artículo 6.9 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, 
vulneración del artículo 7.2 del Código Civil y vulneración del artículo 221 de la Ley 
Hipotecaria, en base a los siguientes, Hechos:
Primero.  Inmersa en proceso de liquidación de gananciales iniciado en junio de 2019 y, 
previa solicitud de beneficio de justicia gratuita a la Comisión, se obtuvo el reconocimiento 
definitivo a dicho derecho. Se acredita dicho extremo con documento número 1.
Segundo.  Tras varias anomalías dentro del proceso de liquidación de la sociedad 
conyugal que han supuesto que, a fecha actual. ni siquiera este formado el inventario y, 
tras  conocer  de  forma  extrajudicial,  que  las  empresas  de  las  que  soy  socia  y/o 
acreedora, están descapitalizándose, con la venta indiscriminada de los inmuebles que 
forman sus activos, esta parte solicitara primero, notas simples de todos los inmuebles a 
nombre de las mercantiles Vázquez y Morales SL y Urbanización las Moreras SL., al 
Registro de la Propiedad N.º 1 de Talavera de la Reina, con el fin de averiguar la suerte 
de  estos.  Solicitud  que  si  será  atendida  por  el  Sr.  Registrador  del  Registro  de  la 
Propiedad N.º 1 de Talavera de la Reina, no sin antes, aportar toda la documentación 
requerida: -Original de la concesión del beneficio de justicia gratuita, otorgado por la 
Comisión de justicia gratuita, se acredita con documento número 1.–Decreto de admisión 
a trámite de Demanda de liquidación de la sociedad conyugal, se acredita con copia del 
mismo como documento número 8.–Informe pericial económico, aportado junto a la 
demanda  anterior,  en  donde  se  establecen  los  derechos  económicos  que  de  las 
mercantiles pertenecen a la sociedad conyugal, se acredita como documento número 3. -
Diligencia de ordenación señalando vista como documento número 4.
Tercero.  Tras comprobar con notas simples de años anteriores, los inmuebles que 
han  desaparecido  de  las  mercantiles,  esta  parte  solicitara  de  nuevo  y,  sobre  los 
inmuebles que ya no están en dichas mercantiles. Certificación a fin de averiguar, como 
y,  porque  precio  han  salido  de  dichas  mercantiles.  Para  nada,  es  una  solicitud 
indiscriminada, sino muy necesaria. Esta parte, ostenta un interés legítimo, y debe 
conocer de algo que ha sido privada, ante su más absoluto desconocimiento. Por ello y, 
hasta en dos ocasiones, me reuní con el Sr. Registrador con el fin evitar un no y, por ello 
daré, explicaciones de todo tipo, personalmente, cuando es un derecho que tengo 
otorgado  por  la  Comisión  de  Justicia  Gratuita.  Siendo  que,  además,  dichas 
certificaciones  no  son  gratuitas  y,  suponen  para  esta  parte  un  gasto,  aunque  sea 
del 20%, máxime cuando llevo años de litigios en Juzgado, con lo que esto supone tanto 
en la esfera económica como personal, por lo que no se solicitan de forma arbitraria sino  e.e
por ser necesarias. Pues bien, a pesar todo lo expuesto, la calificación sobre la solicitud  b
de  certificaciones  fue  negativa.  Se  acredita  con  copia  de  la  calificación  negativa.  913ww
Cdea l7if,ic2a7c €ió, ns engeúgna ctiovan,s tpao er nl ad oqcuuem teunvteo  nqúume earboo 5n.ar según consta en factura a cantidad
de  Cavuearritgou. ar Deald on oqmueb rsee  mdee  hqaubieíann  edsetnáeng aladso  lfainsc caesr tiqfiucaec ihoanne s dye, scaopna erel cfiind oa l dmee nlaoss 
mercantiles, volví a solicitar información sobre las mismas, aunque esta vez en vez de
certificaciones, nota simple informativa. Por todo ello, y antes de recoger la segunda 
calificación  negativa,  envío  un  e-mail  dirigido  expresamente  al  Sr.  Registrador,  se 
acredita dicho extremo, como documento número 6. A pesar de dicho e-mail, de nuevo 
su calificación, referida a mi solicitud de las notas simples informativas, fue negativa, se 
acredita dicho extremo como documento número 7.
Quinto.  La vista señalada por el 24/7, se suspendió, por lo que está pendiente de 
celebración,  siendo  muy  necesaria  las  certificaciones  solicitadas  de  las  mercantiles 
Vázquez y Morales SL y de la mercantil Urbanización las Moreras SL.
Sexto.  Esta parte lleva años de litigios, por lo que es un perjuicio más añadido, el 
incumplimiento de un derecho constitucional reconocido, cuya vulneración, perjudica los 
intereses de esta parte, siendo que es aplicación el artículo 106 de la Constitución 
Española, al causar daños a esta parte innecesarios. Dado que. existen otros procesos 
iniciados  o  pendientes  de  iniciación  y,  puesto  que,  podrían  ser  necesarias  nuevas 
solicitudes al Registro de la Propiedad N.º 1 y/o a otros, requiérase al Sr. Registrador 
para que cumpla con la legalidad y de cumplimiento al beneficio de justicia gratuita, 
reconocido a esta parte, que no tiene ningún interés, en solicitar de forma arbitraria y sin 
sentido certificaciones y notas simples, siendo una necesidad acreditar donde y porque 
han desaparecido de las mercantiles tantos inmuebles, descapitalizando las mimas y 
robando el derecho que esta parte ostenta sobre ellas.
A estos hechos son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho: Única.–
Vulneración de la Constitución Española, de la Ley 39/2015, de la Ley hipotecaria y de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero. Nulidad de pleno derecho de la calificación negativa, emitida 
por el Sr. Registrador del Registro de la Propiedad N.º: 3 de Talavera de la Reina, al 
amparo del artículo 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, al vulnerar la Constitución 
Española, derechos constitucionales recogidos en su artículo 24 y 119, al ser privada de 
medios de prueba necesarios para defender mis derechos y, probar los hechos que 
perjudican mis intereses en proceso de liquidación de la sociedad conyugal dentro del 
cual se han solicitado medidas cautelares ciado el peligro real que existe, al haber 
desaparecido ya diferentes inmuebles y desconocer el estado actual económico de 
dichas mercantiles y, ser privada del derecho a litigar, que por otro lado, si se acreditó al 
Sr. Registrador del Registro de la Propiedad n.º 1 con la resolución original definitiva de 
la Comisión de justicia gratuita. Vulneración de la Ley 1/1996 de 10 de enero en su 
artículo 6.9, ya que el derecho a asistencia jurídica gratuita comprende entre otros según 
el artículo 6.9: «reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la 
obtención de notas, certificaciones..en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando 
tengan relación directa con el proceso y sean requeridas por el órgano judicial en el 
curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la 
justicia gratuita.» El artículo 6.9 de la Ley 1/1996, es claro en su redacción al establecer 
la disyuntiva» y/o», es decir que puedan ser requeridos por el órgano judicial y/o por el 
beneficiario  de  justicia  gratuita  sirviendo  para  su  fundamentación  jurídica.  Y  de  la 
documentación aportada y de las explicaciones dadas hasta en dos ocasiones, es 
justificada necesidad de esta parte de solicitar dichas certificaciones y posteriores notas 
simples informativas, a fin de acreditar la perdida de bienes inmuebles de las mercantiles 
y, la necesidad urgente de adoptar medidas de aseguramiento sobre el resto de bienes. 
Vulneración de la ley hipotecaria en su artículo 221 y ss.: Artículo 221 «Los Registros 
serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los 
bienes inmuebles o derechos reales inscritos.» Vulneración de la Ley 39/2015: En su 
artículo 4, se determina el concepto de interesado ante la administración pública. Por  e.
tocio ello, suplico a la dirección de los registros y notariado, que tenga por presentado  w.b
este recurso y lo admita, dictando una resolución por la que se anule la «calificación  913ww
nsoelgicaittaivdaa»s  y rseefe aricduaesr dae  claa lifmicaecrcióann tsilu sVtiátuztqivuae.z c oyn  lMa oeraxpleesd icSióLn  yd e lalass  nCoetratisfi cascimiopnleess 
cinefrotrifmicaatcivióans  od en olata  mseimrcpalnet ili nUforrbmaantizivaac ióanl  Slar.s  RMeogriesrtraasd oSrL ,d ea slía  cPormopoi,e dcauda lqNu.iºe r 1o tdrae 
Talavera de la Reina, como consecuencia del derecho reconocido a esta parte por la
comisión de justicia gratuita, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal o de 
cualquier otro proceso iniciado o no iniciado, en donde acredite el derecho a litigar con el 
beneficio de justicia gratuita, a fin de evitar, recursos innecesarios y perjuicios a esta 
parte, que dan lugar a indemnización en base al artículo 106 de la CE. En Talavera de la 
Reina a 25 de julio de 2020.
IV
El registrador emitió informe el día 27 de agosto de 2020 y elevó el expediente a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); los artículos 2.3 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales; 607 del Código Civil; 221 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 332 y 
siguientes del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de 
noviembre de 2000 y 31 de enero de 2013; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 
de 12 de diciembre de 2000 y 31 de enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001; las Resoluciones-
Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de abril de 1983 y 12 
de junio de 1985; las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 5 de febrero de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998, y las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio 
y 3 de diciembre de 2010, 16 de septiembre de 2011, 20 de enero, 14 de septiembre, 19 y 20 
de noviembre y 12 de diciembre de 2012, 24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio y 20 
de septiembre de 2013, 3 de febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de diciembre 
de 2014, 12 de diciembre de 2015, 25 de noviembre de 2016, 5 de septiembre de 2017, 17 de 
mayo y 27 de junio de 2018 y 14 de marzo de 2019, 8 de enero, 2 y 5 de junio de 2020.
1.  Debe decidirse en este expediente si procede la expedición de notas simples 
relativas  a  todas  las  fincas  pertenecientes  a  varias  sociedades  mercantiles  y  dos 
personas físicas distintas de la solicitante.
La recurrente alega como interés legítimo el de interponer acciones judiciales, ya que 
se encuentra inmersa en un procedimiento de disolución de gananciales para el cual ha 
obtenido el beneficio de la justicia gratuita.
El registrador entiende que no puede apreciarse la congruencia entre el interés 
legítimo alegado que es el de entablar acciones judiciales en un proceso de liquidación 
de sociedad de gananciales con una petición indiscriminada de la publicidad, y que, 
además se aporta una fotocopia del oficio del que resulta haberse obtenido el beneficio 
de justicia gratuita.
2.  Como  cuestiones  preliminares,  debe  recordarse,  en  primer  lugar,  según  la 
reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de 
la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de 
mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 5 de junio de 2020), que el objeto del 
expediente  de  recurso  contra  calificaciones  de  registradores  de  la  Propiedad  es  es
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No  o
pCatieoroanrl neeNocg,o etieor loanc  or dcicraeora  enurRsescpeeceoocg.n unisdEeoterncna ic dedipaanoa,  r sreaptes iocdl,rou e socl a obdrbn,jee et truenoanse  catfceiu cu aivrayeleqarcziu ou risreees rsmdo ooe ilptt uirdrlacaoa i npó jurnulean,s t ctecificnaaaisacrbsit eóueg nr rars aed otceupbu iorltraeads  ,rops áq ia  dupritemereo   pcrdaeueelzcgdbauneedra rrlaeáras n  earvtee ned.atneunt icltaeecrsi ósteeanl     OE-A-2020-14913able en https://www.
Dirección General.
En segundo lugar, es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo, (cfr. la 
reciente resolución de 2 de junio de 2020) que conforme al artículo 326, párrafo primero, 
de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente, como se ha dicho más 
arriba,  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
En tercer lugar, aun a pesar de ser dos notas de calificación, una relativa a la 
expedición de certificación y la segunda a la solicitud de notas simples, como también es 
doctrina consolidada de este Centro Directivo, tratándose del mismo recurrente y existir 
práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación 
(máxime en este caso en que se presenta un único recurso contra las dos notas de 
calificación) pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (vid. 
Resoluciones de 20 de enero de 2012 y 5 de septiembre de 2017).
Por ello, no puede ahora decidirse en base a documentos que no se presentaron en 
el momento de la calificación impugnada, es decir, el recurso se resuelve atendiendo 
únicamente a la documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación.
3.  Entrando en fondo del asunto es doctrina reiterada de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 221 
y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha 
de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes y 
derechos inscritos y, por tanto, este interés se ha de justificar ante el registrador.
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador debe calificar 
en primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la 
finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo 
lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y, en tercer lugar, qué datos y 
circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información. La publicidad ha de ser para finalidades de la institución 
registral como la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica 
(crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica 
encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales. No cabe para la 
investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la 
normativa de protección de datos.
En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (Cfr. Resolución de 12 de diciembre de 2014, 25 de noviembre de 2016 
entre  otras)  que  debe  ser:  a)  un  interés  conocido,  en  el  sentido  de  acreditado  o 
justificado ( a excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios públicos 
que actúen por razón de su oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho 
interés); b) ha de ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio 
de la dispensa del art. 332.3 RH, y c) Ha de ser legítimo.
Este concepto de interés legítimo es más amplio un concepto más amplio que el de 
«interés directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la 
Sentencia del Tribunal Supremo – Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000 estableció que 
dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 
de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga 
quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en 
cuanto no contrario a derecho.
Como ya se ha señalado, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto 
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, interés  e.
que  ha  de  justificar  ante  el  registrador,  que  es  a  quien  corresponde  apreciar  la  w.b
legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala  913ww
TercEesrata,  dnee c1e6s daeri aju cnaioli fdicea c1i9ó9n0 d ye ld ien t7e rdées  juconnioc udrer e2n0t0e1 e).n el solicitante de la información
creognitsetrnaidl oq udeedla  apratítceunltoe , 6c0o7m od ehla  Cseóñdaiglaod oC liavi ld, occotrninfoar,m ceu anadl oc usael :s o«mEel teR eag cisotnrotr adsete  leal 
Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de
los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos», con sus antecedentes pre 
legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de 
«cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil 
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el 
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva, 
sustituye por la exigencia del «interés conocido» (cfr. artículo 607 transcrito).
Por tanto, tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de 
probarse  a  satisfacción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la 
institución registral.
Ello no significa que el registrador pueda discrecionalmente manifestar el contenido 
de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del 
contenido de los asientos.
Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia 
y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con 
la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que 
inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos.
Y si bien es cierto que, como ha señalado este Centro Directivo (vid. Resolución 
de 14 de julio de 2016) en los casos en que el solicitante de la información sea el propio 
titular registral de la finca, el interés legítimo debe presumirse sin necesidad de más 
indagaciones respecto de todos los asientos relativos a su finca, ello no dispensa de la 
aplicación de la citada legislación en materia de protección de datos, debiendo por ello el 
registrador,  como  ha  señalado  la  Resolución  de  reciente  cita,  adoptar  las  debidas 
cautelas respecto de los datos personales de otras personas incluidos en los citados 
asientos, respecto de los cuales se ha de valorar igualmente la concurrencia de un 
interés legítimo por parte del solicitante en relación con la causa o finalidad a que 
responda la solicitud.
En  este  sentido  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo, de 7 de junio de 2001, recuerda la necesidad de expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de 
interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas 
sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como 
hemos  visto,  ajustar  la  publicidad  registral  a  la  finalidad  para  la  que  esta 
institucionalmente prevista. Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 
de mayo de 2014, en el ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés 
no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con 
el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera 
mención de un motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad 
registral, aisladamente considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la 
nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las 
circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, 
facilite el registrador al peticionario de la información.
4.  En el presente expediente, alega la recurrente que es socia o acreedora de las 
sociedades y personas respecto de las cuales solicita la información.
La cuestión fundamental para resolver este expediente es si el interés legítimo de la 
solicitante ha sido justificado ante el registrador al tiempo de la solicitud de la publicidad.
Este Centro Directivo no pone en duda las razones de la interesada para interponer las  e.
acciones judiciales que considere, pero la normativa de protección de datos exige acreditar  w.b
ante el registrador el interés legítimo a que responde la petición de información registral. 913ww
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divorcio y en el inventario que realiza el perito en el seno de la disolución de gananciales sí
que se incluyen algunas de las empresas respecto de las cuales se solicita información. No 
se explica de ninguna manera cuál es la relación de las dos personas físicas cuyas fincas 
se solicitan y la disolución de gananciales de la recurrente.
El Registro de la Propiedad ciertamente es público, pero sólo para quien tiene interés 
conocido, interés legítimo que no se aprecia en una solicitud genérica de información 
sobre patrimonio de las personas que podría contravenir la legislación de datos de 
carácter personal.
Para justificar dicho interés, hubiera sido suficiente que la interesada acreditara su 
condición de socia o acreedora de dichas sociedades o hubiera presentado toda la 
documentación en el momento de la calificación por la registradora.
No obstante, conviene resaltar la posibilidad de presentar en el Registro de la 
Propiedad la documentación aportada con el recurso al objeto de obtener una nueva 
calificación, de forma que, si el registrador entiende subsanados los defectos apreciados 
en la anterior, estime, en su caso, acreditado el interés legítimo de la recurrente.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora en los términos que resultan de los 
anteriores pronunciamientos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.