BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 47411
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
6592 Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Desarrollo Sostenible de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en fecha 12 de abril de 2021, Convenio 
para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 15 de abril de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Desarrollo Sostenible, 
para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha
Madrid, 12 de abril de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno.
Y, de otra parte, don José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nombrado por Decreto 75/2019, de 7 
de julio.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  es
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno  o
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cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b, del 
artículo 3, del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 12 de abril de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, la Junta 
Arbitral), realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos 
de consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, conscientes de la necesidad de facilitar a 
los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la 
experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, cuyo ámbito territorial 
viene determinado por el propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho 
ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los 
criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que 
lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha  impulsará,  en  su  ámbito 
territorial, la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta 
Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo 
de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como 
entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo. e.e
3.  La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha facilitará información sobre la  b
designación de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato  92ww
dreefteerremnitnee na. la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se
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Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres  s
meses. oe.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes. w.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está  92ww
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superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón Espinosa.–El Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero Palomo.