BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70609
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9772 Pleno.  Sentencia  84/2020,  de  15  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4929-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno, 
respecto del artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de 
Castilla y León 6/2018, de  13  de noviembre, por la  que se modifica el 
impuesto  sobre  la  afección  medioambiental  causada  por  determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 
León en materia de tributos propios y cedidos. Límites a las potestades 
tributarias  de  las  comunidades  autónomas:  nulidad  de  las  disposiciones 
legales  que  introducen  un  gravamen  sobre  la  afección  medioambiental 
causada por las centrales nucleares (STC 43/2019). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:84
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando 
Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, 
don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4929-2019, interpuesto por el presidente 
del Gobierno, contra el artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla 
y León 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por 
los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta 
tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. Ha comparecido y formulado 
alegaciones la Junta de Castilla y León. Ha sido ponente el magistrado don Andrés 
Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 5 de 
agosto de 2019 el presidente del Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad 
contra  el  artículo  único,  apartado  cuarto  de  la  Ley  de  las  Cortes  de  Castilla  y  e
León 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección  bo
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por  72ww
tloesn spióanrq rueegsu laedóolic eons  eyl  pteoxrt ola rse fiunnsdtaidlaoc idoen elass  ddeis tproasniscpioonrtees  dleeg aelneesr gdíea  lae léCcotmricuan iddea da dltae 
hCeacshtiolla i myp Loenóibnle e enn m laa tleertiraa  dce)  dtreib ustuo sa rptírcouploio s5 1y. 1c. eEdli dcoitsa, deon t ecxutaon rtoe fuinncdluidyoe  suen  anpuroebvóo 
mediante el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
El hecho imponible sobre la afección medioambiental causada por las centrales 
nucleares, al que se contrae la impugnación, consiste en el «riesgo de alteración del 
medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter 
temporal en las centrales nucleares situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla 
y León» [artículo 51.1 c) del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013].
La demanda estima que el precepto impugnado incurre en un supuesto de doble 
imposición de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA, en lo que sigue), 
en relación con lo previsto en el título II de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regula el impuesto estatal sobre 
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica (Ley 15/2012, en adelante).
El legislador autonómico incorpora al ya existente impuesto castellanoleonés sobre la 
afección  medioambiental  causada  por  determinados  aprovechamientos  del  agua 
embalsada por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión (no discutido), una nueva imposición sobre el almacenamiento 
temporal de residuos radioactivos, que coincide con lo previsto en los artículos 12 y 
siguientes de la Ley 15/2012 y, en particular, con los dos elementos sobre los que recae 
el impuesto estatal, que son: «la producción de combustible nuclear gastado resultante 
de cada reactor nuclear» [artículo 15. l a) de la Ley 15/2012] y «la producción de 
residuos  radiactivos  resultantes  de  la  generación  de  energía  nucleoeléctrica» 
[artículo 15. l b) de la Ley 15/2012].
Se sostiene en el recurso que ambos tributos, estatal y autonómico, recaen sobre el 
mismo  hecho  imponible  (los  residuos  que  genera  una  central  nuclear),  haciéndolo 
además desde la misma perspectiva: gravar las externalidades negativas que supone la 
energía nuclear, medidas por los riesgos que la misma comporta.
Adicionalmente,  también  hay  coincidencia  en  el  resto  de  elementos  esenciales, 
refiriéndose la demanda a los sujetos pasivos y, en particular, a las bases imponibles de 
los impuestos en comparación. Así, la base imponible en el gravamen autonómico sobre 
las  centrales  nucleares  son  los  elementos  combustibles,  que  se  definen  como  la 
agrupación de un «conjunto de varillas que contienen óxido de uranio que, junto con 
otros elementos estructurales que forman un esqueleto en el cual se insertan estas 
varillas» (artículo 54.4 del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, 
modificado por la ley objeto de impugnación) forman el combustible nuclear gastado y 
depositado en las centrales nucleares situadas en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León.
Por su parte, en el caso del impuesto estatal sobre la producción de combustible 
nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos  resultantes  de  la  generación  de  energía 
nucleoeléctrica, las bases imponibles que corresponden a los hechos definidos en el 
artículo 15.1 a) y b), de la Ley 15/2012, las constituyen «los kilogramos de metal pesado 
contenidos en el combustible nuclear gastado, entendiéndose como metal pesado el 
uranio y el plutonio contenidos en el mismo» (artículo 17 de la Ley 15/2012); o «los 
metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad producidos, 
que han sido acondicionados para su almacenamiento con carácter temporal en el propio 
emplazamiento de la instalación» (artículo 18 de la Ley 15/2012).
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la competencia y límites 
constitucionales a la potestad tributaria y en particular sobre el alcance del artículo 6 
LOFCA, alega el recurrente que no deben gravarse por el legislador autonómico todas o  s
algunas de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado  oe.
dentro de una central nuclear y dirigidas a la correcta gestión de dicho residuo, puesto  w.
que  la  fundamentación  del  gravamen  ya  se  encuentra  subsumida  dentro  de  los  72ww
impuEesspteocsí feicsatamtaelnetse. sobre el almacenamiento, recuerda el escrito que el combustible
dgea steandfori,a muniean vtoe z– eexxtirsatiíednod doe ld risetaincttaosr  noupccleioanr,e sd–e been s eerl  aclamsaoc ednea dEos peanñ aag, uaal . eTmrapsle aañroses   BOE-A-cable e
ciclos de combustible nuclear abiertos, el combustible nuclear utilizado en las centrales 
nucleares, una vez que ha dejado de ser útil para la producción de energía eléctrica, no 
se reelabora sino que se gestiona en su totalidad como residuo radiactivo. De esta 
manera, tras la etapa inicial de enfriamiento en las piscinas del combustible irradiado, 
este  se  puede  depositar  en  un  almacén  temporal  individualizado,  en  un  almacén 
temporal centralizado o bien en un almacén geológico profundo. Actualmente no existe 
almacén temporal centralizado ni almacén geológico profundo en territorio español, por 
lo que «todo el combustible nuclear gastado proveniente de las centrales nucleares se 
encuentra almacenado en un primer momento en las piscinas nucleares primero y 
después  en  los  almacenes  temporales  individualizados  construidos  dentro  de  las 
mismas».
La consecuencia de lo anterior es que el hecho imponible del impuesto autonómico, 
que es el depósito temporal del combustible gastado en las piscinas de la central, no 
tiene sustantividad propia, sino que es parte necesaria del proceso de producción de 
energía eléctrica en una central nuclear; encontrándose así en una necesaria relación de 
instrumentalidad con respecto a ese fin principal. La fundamentación del gravamen 
autonómico  ya  se  encuentra  pues  subsumida  dentro  del  impuesto  estatal  sobre  la 
producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica.
Añade  que  también  es  coincidente  la  finalidad  extrafiscal,  de  manera  que  con 
independencia de los términos técnicos con que se configuran las bases imponibles, 
ambos tributos recaen sobre el mismo hecho imponible: los residuos que genera una 
central nuclear. Lo hace además desde la misma perspectiva: gravar las externalidades 
negativas que supone la energía nuclear, medidas por los riesgos que esta comporta. 
Cita el escrito de demanda el preámbulo de la norma autonómica, así como el artículo 
50.4 del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013 (tras su reforma por 
la  Ley  6/2018).  Este  establece  una  afectación  de  los  ingresos  del  impuesto:  «Los 
ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares se afectarán a la 
financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de las 
centrales nucleares situadas en la Comunidad de Castilla y León, conforme se determine 
en las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad, orientados a la 
preservación  del  medio  ambiente.  A  estos  efectos,  los  proyectos  de  presupuestos 
generales de la comunidad autónoma para cada ejercicio presupuestario contendrán un 
anexo  de  inversiones  específico  donde  se  detallarán  las  actuaciones  inversoras 
previstas».
Junto  a  ello,  la  Ley  15/2012,  que  regula  el  impuesto  estatal,  se  refiere  en  su 
preámbulo a los costes de la energía nuclear, concluyendo que ya que «el Estado debe 
aportar los recursos necesarios para mantener operativos los planes de emergencia 
nuclear  existentes  en  cada  una  de  las  provincias  en  las  que  existen  instalaciones 
nucleares  [...]  se  considera  adecuado  el  establecimiento  de  un  gravamen  sobre  la 
producción  de  combustible  nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos  en  las  centrales 
nucleares, así como sobre su almacenamiento en instalaciones centralizadas, al objeto 
de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar como consecuencia de 
dicha generación».
En  consecuencia,  y  con  cita  extensa  de  la  STC  43/2019,  de  27  de  marzo,  la 
demanda afirma que ambos tributos, autonómico y estatal, gravan lo mismo, pese a la 
distinta configuración de los elementos de cuantificación. Por lo tanto, ambos impuestos 
son equivalentes en el sentido prohibido por el artículo 6.2 LOFCA. De esta manera, el  s
precepto legal impugnado [artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de  oe.
Castilla y León 6/2018, en cuanto añade la letra c) del artículo 51.1 del texto refundido de  w.
las disposiciones legales de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos,  72ww
aaprtríocublaodso 1 3p3o.1r  y D1e5c7r.e3t oC El eyg 6is.2la LtiOvoF C1A/2.013]  sería  inconstitucional  por  infringir  los
OrgáAndiecma ádse,l  sTer iabluengaal  qCuoen, sdteitu ccoionnfoarlm (LidOaTd Cc)o,n l alo  indcisopnusetistutoc ieonn aelild aardtí cduelol  a3r9t.í1cu dloe  lúan Liceoy,   BOE-A-cable e
apartado  cuarto  de  la  Ley  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  6/2018 
determina, por conexión o consecuencia, la inconstitucionalidad del resto de preceptos 
de esa misma Ley autonómica. Se refieren a la cuota (artículo 55.4 del texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 
propios y cedidos, modificado por la Ley 6/2018), a los sujetos pasivos (artículo 52.3 del 
mismo texto refundido, modificado por la Ley 6/2018) y a la base imponible (artículo 54.4 
del  mismo  texto  refundido,  modificado  por  la  Ley  6/2018).  Todos  ellos  dada  su 
vinculación con el hecho imponible definido en la letra c) del artículo 1 del texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 
propios y cedidos.
2.  Por providencia de 1 de octubre de 2019 el Pleno del Tribunal Constitucional, a 
propuesta  de  la  Sección  Segunda,  acordó  admitir  a  trámite  el  recurso  de 
inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, 
conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así 
como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, por conducto de sus presidentes, al 
objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se ordenó publicar la incoación 
del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», 
lo que se llevó a efecto, respectivamente, en el «BOE» núm. 247, de 14 de octubre; y en 
el «BOCL» núm. 203, de 21 de octubre, ambos de 2019.
3.  La presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el 
día 16 de octubre de 2019, comunicó que la mesa de la cámara, en su reunión de 14 de 
octubre, había acordado la personación en este procedimiento, el ofrecimiento de su 
colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y la remisión de la documentación a la 
dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la secretaría 
general.
4.  El presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 29 de octubre 
de 2019, comunicó que la mesa de la cámara, en su reunión del mismo día, había 
acordado la personación en este procedimiento y el ofrecimiento de su colaboración a 
los efectos del artículo 88.1 LOTC.
5.  Por escrito registrado el 5 de noviembre de 2019, la Junta de Castilla y León 
presentó sus alegaciones, oponiéndose a la demanda y sustentando su posición en los 
motivos que a continuación se resumen:
a)  Comienza el escrito haciendo referencia a la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que establece y regula el impuesto 
estatal, recogiendo el tenor de su artículo 15, que se refiere al «impuesto sobre la 
producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica». Recoge igualmente la norma autonómica que 
ahora se impugna (Ley 6/2018, que reforma el texto refundido aprobado por el citado 
Decreto Legislativo 1/2013), cuyo objeto es crear una nueva figura impositiva, con el fin 
de  compensar  a  la  sociedad  por  las  cargas  ambientales  que  debe  soportar  como 
consecuencia del riesgo derivado de dicho almacenamiento.
b)  Se  expone  a  continuación  en  el  escrito  el  marco  competencial  vigente, 
resaltando la competencia de las comunidades autónomas para establecer tributos, de 
acuerdo con el artículo 156.1 y 157.1 b) CE. Se refiere tanto al artículo 45 CE, que  e.e
establece el deber de todos de conservar el medio ambiente, como al artículo 149.1 CE,  b
que atribuye al Estado como competencia exclusiva, tanto la legislación básica sobre  72ww
apurotótencocmióans  ddeel  mesetadbiole caemr bnieonrtme,a ss ina dipceiorjnuaicleios  ddee  lparso tefacccuióltna d(easp adrtea dlaos  2c3o),m cuonmidoa dlaess 
bcoamseusn iddeald reésg impueend aenn eregjeértciceor  (taapmabrtiaédno  c2o5m).p Eesteton cniaos  oebnst ae, sstains  emmabtaerrgiaos, , pacuraa nqduoe  llaass 
tengan asumidas en sus estatutos; lo que incluye, en particular, al sector eléctrico.
Añade que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (EACL) dispone en su 
artículo 70.1.3 que esta comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia de 
ordenación  de  la  hacienda  autonómica.  También,  según  el  artículo  70.1.35,  sobre 
normas  adicionales  de  protección  del  medio  ambiente  y  del  paisaje;  con  especial 
atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático, con 
referencias al artículo 82.2 EACL, sobre autonomía financiera.
A partir de lo anterior y con cita, entre otras, de las SSTC 289/2000, de 30 de 
noviembre, FJ 5, y 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 d), se refiere al principio «quien 
contamina paga». En este contexto, alude el escrito a «la polémica» sobre la existencia 
misma de las centrales nucleares, que se produce tanto por los efectos negativos que se 
originan en la fase previa de extracción y enriquecimiento del mineral, como en la fase 
de  generación  eléctrica,  pero  también  en  la  fase  posterior  de  almacenamiento  del 
combustible nuclear gastado, por el riesgo de que en caso de accidente por fuga se 
ocasionen daños catastróficos irreparables sobre el medio ambiente.
c)  Tras citar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites contenidos en el 
artículo 6 LOFCA, se alega que el tributo impugnado en este proceso es distinto al 
estatal y tiene una finalidad extrafiscal medioambiental, a diferencia de lo que ocurre con 
el segundo. Se insiste en que el hecho imponible del impuesto castellanoleonés hace 
hincapié en el riesgo de alteración del medioambiente, provocado por el combustible 
nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas 
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León; riesgo que, en última instancia, recae 
sobre las personas.
En particular, se insiste en la diferencia de hechos imponibles entre el impuesto 
autonómico y el estatal, al recaer el primero sobre un fin medioambiental evidente, a 
diferencia  del  estatal;  pues  este  configura  el  hecho  imponible  en  la  actividad  de 
producción de combustible nuclear gastado y no sobre el efecto contaminante –o el 
depósito– que es el hecho imponible en el autonómico de forma explícita. De esta 
manera,  el  impuesto  castellanoleonés  tendría  una  naturaleza  extrafiscal,  pues  «la 
intentio legis del tributo no es crear una nueva fuente de ingresos públicos con fines 
estrictamente fiscales o redistributivos» (STC 37/1987, FJ 13), sino compensar a la 
sociedad  por  las  cargas  ambientales  que  ha  de  soportar  como  consecuencia  del 
almacenamiento del combustible nuclear en las centrales nucleares; tal y como se indica 
en la exposición de motivos de la Ley 6/2018, que se cita igualmente.
Específicamente se refiere el escrito a la doctrina contenida en la STC 43/2019, 
de 27 de marzo. Considera que no puede ser trasladada sin más al impuesto de Castilla 
y León, ya que los elementos esenciales del impuesto catalán y el de Castilla y León son 
absolutamente diferentes. De hecho, mientras aquel gravaba la producción de elementos 
radiotóxicos en reacciones termonucleares, el impuesto previsto en la Ley 6/2018 «ni 
grava la producción de elementos radiotóxicos, ni tampoco la producción de combustible 
nuclear  gastado,  pues  solamente  incide  en  una  fase  claramente  posterior,  la  de 
almacenamiento  de  dichos  residuos».  Lo  hace,  como  reitera  el  escrito,  desde  una 
perspectiva medioambiental. Se recalca que, a diferencia del impuesto catalán, en el 
cual se había desgranado el proceso productivo en diferentes fases, sin sustantividad 
propia unas respecto de otras, la del almacenamiento de los residuos sí es diferenciable. 
No son pues extrapolables a este asunto las conclusiones de la STC 43/2019; en este 
caso se trata de un impuesto que no se refiere a la producción sino que «en el impuesto 
castellano y leonés, el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal 
en las centrales nucleares, y el riesgo de alteración del medio ambiente que ocasiona  s
dicho  almacenamiento,  nos  coloca  necesariamente  en  un  momento  posterior,  oe.
independiente de la fase productiva y, por ende, en la medida en que no se refiere a la  w.
producción del combustible nuclear gastado que grava el Estado, no incurre en doble  72ww
impoEsl iceisócnr»it.o añade que es cierto que el proceso de generación de energía eléctrica
ddee nftororm dae  suenpaa craednatr alla ns ufcaleseasr  eqsu eú nlioc oi,n cteognr ainnd. eDpeenntdroe ndceia  ddiec hqou ep rpouceedsaon,  gidloebnatilfmiceanrstee   BOE-A-cable e
considerado, se generan residuos. Sin embargo, una vez extraído ese combustible 
nuclear, se somete al proceso de gestión de los residuos radioactivos, que «nada tiene 
que ver con su previo proceso de producción». El proceso de gestión de residuos tiene 
una especificidad propia, de la que la dota la propia Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre 
energía nuclear, «hasta el punto de que lo configura como un servicio público esencial 
que se reserva a la titularidad del Estado, encomendándose a la Empresa nacional de 
Residuos Radiactivos, S.A. la gestión del mismo conforme a las directrices establecidas 
en el plan general de residuos radioactivos». De hecho, el propio plan hace referencia a 
actividades  muy  variadas  que  incluyen,  entre  otras,  su  tratamiento,  transporte  y 
almacenamiento. Por su parte, además, de forma específica, el almacenamiento del 
combustible gastado, a su vez incluye también distintas fases (almacenamiento inicial, 
intermedio y definitivo).
Las  consideraciones  anteriores  conducirían  a  la  conclusión  de  que  el 
almacenamiento temporal del combustible nuclear gastado es una actividad totalmente 
ajena  al  «proceso  de  producción  de  energía  eléctrica  en  una  central  nuclear».  La 
actividad gravada por el impuesto autonómico incide pues sobre una fase del proceso de 
gestión de los residuos radioactivos, de modo tal que no puede sostenerse la afirmación 
que hace el recurso de que tanto el impuesto estatal como el autonómico se proyectan 
sobre la fase de producción de electricidad. Añade a ello que la realidad normativa 
tampoco permite considerar que la fase de almacenamiento esté incluida en la de 
producción. A mayor abundamiento, argumenta que si fueran parte de un único proceso 
el propio Estado «estaría incurriendo en la doble imposición que denuncia en el presente 
recurso al establecer un impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado 
en el artículo 15 y el impuesto sobre su almacenamiento en el artículo 19».
En conclusión, el ámbito objetivo sería distinto en cada uno de los impuestos: en el 
estatal es la producción de combustible nuclear gastado y en el autonómico, la afección 
medioambiental derivada del almacenamiento. Estas actividades se insertan a su vez en 
procesos  distintos  y  separados,  por  mucho  que  uno  y  otro  estén  sometidos  a  la 
normativa  nuclear.  Expuesto  lo  anterior,  se  examina  el  resto  de  los  elementos  del 
impuesto para concluir que existen igualmente diferencias, sin que además quepa en 
este caso la inconstitucionalidad por conexión que pretende el recurso.
6.  Por providencia de 14 de julio de 2020 se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Planteamiento.
El  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  se  interpone  por  el  presidente  del 
Gobierno contra el artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y 
León 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por 
los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta 
tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla  y  León  en  materia  de  tributos  propios  y  cedidos,  aprobado  por  Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, en cuanto incluye un nuevo hecho imponible en 
la letra c) de su artículo 51.1.
Se establece así un nuevo gravamen sobre la afección medioambiental causada por  es
las  centrales  nucleares,  cuyo  hecho  imponible,  al  que  se  contrae  la  presente  bo
impugnación, consiste en el «riesgo de alteración del medioambiente provocado por el  72ww
cdnoeumlc tlCebeaouxtrnsoet i sblro elsesfiu  tunanadrugdicdualoems a aeerpn nrt gooeabsl sa ttdqeaourdr eiopt o ohrryia o en ldd  Deeqpe uloceasrd eiCattaoodd moLo eu ygncaiio sdnelaa xdtpic vduaoeer á1 sCc/t2otae0ssr,1 t i3lltla]ea. m dyp eLomeraaólnn d»ea n[ a erltsaítcsimu locae  5nq1tur.ea1 l eces)l    OE-A-2020-97able en https://
precepto impugnado incurre en un supuesto de doble imposición de los previstos en el
artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
comunidades  autónomas  (LOFCA),  en  relación  con  el  impuesto  estatal  sobre  la 
producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica, regulado en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
En los términos que han quedado recogidos en el antecedente quinto, la Junta de 
Castilla y León interesa la desestimación íntegra del recurso, al considerar que se trata 
de impuestos distintos, haciendo hincapié en que el autonómico es, a diferencia del 
estatal, un impuesto con fines extrafiscales.
2.  Doctrina aplicable.
Con  carácter  general,  sobre  la  cuestión  planteada  en  este  recurso  de 
inconstitucionalidad,  en  relación  con  los  límites  de  la  potestad  tributaria  de  las 
comunidades  autónomas  contenidos  en  el  artículo  6.2  y  3  LOFCA,  existe  doctrina 
constitucional consolidada. Las recientes SSTC 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3, 
y 4/2019 de 17 de enero, FJ 3, la han recordado. Sin ánimo de exhaustividad, se 
encuentra también en las SSTC 122/2012, de 5 de junio (sobre el impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales de Cataluña); 210/2012, de 14 de noviembre 
(sobre el impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura); 30/2015, de 19 de 
febrero; 107/2015, 108/2015 y 111/2015, todas de 28 de mayo, y 202/2015, de 24 de 
septiembre, todas ellas referidas a diferentes impuestos autonómicos sobre depósitos en 
entidades  de  crédito).  Cabe  citar  igualmente  las  SSTC  74/2016,  de  14  de  abril, 
y  43/2019,  de  27  de  marzo,  en  las  cuales,  respectivamente,  se  declara  la 
inconstitucionalidad de sendos impuestos establecidos por la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, denominados «impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen 
nuclear»; e «impuesto sobre elementos radio tóxicos». Estas dos últimas sentencias, que 
deben darse aquí por reproducidas, resultan de particular interés para la resolución de 
esta controversia, tal y como se expondrá en lo que sigue.
La doctrina constitucional ha insistido en que la finalidad de las prohibiciones de 
equivalencia establecidas en el artículo 6 LOFCA no radica en impedir sin más la doble 
imposición,  sino  en  «que  se  produzcan  dobles  imposiciones  no  coordinadas, 
garantizando de esta manera que el ejercicio de poder tributario por los distintos niveles 
territoriales sea compatible con la existencia de ‘un sistema’ tributario en los términos 
exigidos por el artículo 31.1 CE» [entre otras, SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; 
19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b); 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4; 53/2014, de 10 
de abril, FJ 3 a), y 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 c)].
Esto exige examinar todos los elementos esenciales de los tributos en liza, de 
acuerdo con un método también consolidado. Partiremos en este caso en concreto de 
las consideraciones contenidas en las citadas SSTC 74/2016 y 43/2019, en las que se 
examinan los impuestos estatales que recaen sobre la producción de energía eléctrica 
de origen nuclear. Tras ellos, determinaremos si aquellos tributos son o no equivalentes 
en el sentido prohibido por el artículo 6.2 LOFCA.
3.  Descripción de los impuestos autonómico y estatal.
La  norma  impugnada  (Ley  6/2018,  que  modifica  el  texto  refundido  de  las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 
y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre) reforma, como 
ya se ha adelantado, un tributo existente, para añadir un nuevo hecho imponible, que  e.
constituye el gravamen sobre la afección medioambiental causada por las centrales  w.
nucleares. 72ww
es  Eell  imimppuueesstoto  esstoabtarel  qulae  lpar oddeumcacinódna  dcoen sciodmerbau csotiibnlcei dennutcele caor n geal satahdoora  yim  preusgindaudoos 
rsaigduiaiecntitveoss  dere lsau Llteayn t1e5s/ 2d0e1 2l)a.  generación  de  energía  nucleoeléctrica  (artículos  15  y  BOE-A-cable e
Sentadas las premisas anteriores, debemos, en primer lugar, examinar los elementos 
esenciales del impuesto autonómico y compararlo con el impuesto estatal del que se 
predica su coincidencia:
a)  Hecho imponible:
– El hecho imponible del impuesto castellanoleonés lo constituye «c) El riesgo de 
alteración  del  medioambiente  provocado  por  el  combustible  nuclear  gastado  y 
depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León» [artículo 51.1 c) del texto refundido aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2013].
– El impuesto estatal tiene dos hechos imponibles: la «producción de combustible 
nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear» [artículo 15.1 a) de la Ley 15/2012] y 
la  «producción  de  residuos  radiactivos  resultantes  de  la  generación  de  energía 
nucleoeléctrica» [artículo 15.1 b) de la Ley 15/2012].
b)  Sujetos pasivos. Ambos impuestos establecen que serán contribuyentes quienes 
exploten o realicen las actividades descritas en el hecho imponible (artículos 52 del texto 
refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, y 16 de la Ley 15/2012).
c)  Elementos  de  cuantificación  de  los  impuestos:  base  imponible  y  tipos  de 
gravamen:
– En el impuesto autonómico impugnado la «base imponible en el gravamen sobre 
las centrales nucleares  son los elementos combustibles que forman el combustible 
nuclear gastado y depositado en las centrales nucleares situadas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León». En cuanto a la cuota, la misma se fija en «6000 € por 
cada elemento de combustible gastado y depositado» (artículo 55.4 del texto refundido 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013).
A lo anterior se añaden estas dos definiciones: a «efectos de esta ley: el concepto de 
combustible nuclear gastado es el establecido en el artículo 15.2 de la Ley 15/2012, 
de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, o norma que 
le sustituya; los elementos combustibles se definen como la agrupación de un conjunto 
de varillas que contienen óxido de uranio que, junto con otros elementos estructurales 
que forman un esqueleto en el cual se insertan estas varillas, constituyen una unidad de 
combustible nuclear».
– En el caso del impuesto estatal a comparar, la base imponible la constituyen, 
respectivamente: «los kilogramos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear 
gastado, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio» (artículo 17 de la 
Ley 15/2012) y «los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja 
actividad producidos, que han sido acondicionados para su almacenamiento con carácter 
temporal en el propio emplazamiento de la instalación» (artículo 18 de la Ley 15/2012). 
Por su parte, las cuotas tributarias, son, respectivamente, «el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo impositivo de 2190 € por kilogramo de metal pesado» (artículo 17 
bis de la Ley 15/2012); y «el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos 
impositivos: a) Para residuos radiactivos de baja y media actividad, 6000 € por metro 
cúbico. b) Para residuos radiactivos de muy baja actividad, 1000 € por metro cúbico» 
(artículo 18 bis de la Ley 15/2012).
d)  Los fines de los impuestos:
– La  finalidad  del  impuesto  autonómico  se  expresa  en  el  preámbulo  de  la  o
Ley 6/2018, en estos términos: 72ww
ener«gEíal  eeslétacbtrlieccai mmieednitaon dtee  lae suttail iznauceivóan  dimep eonseicrgióína  nsuec jluesatri fsicuap opnoerq luae a slau ngceiónne rpaocrió pna rdtee 
de  la  sociedad  de  una  serie  de  cargas  ambientales,  debido  a  las  peculiaridades
inherentes a este tipo de energía, tales como la inevitable generación de residuos 
radiactivos y la necesidad de una adecuada gestión posterior de los mismos.
El empleo de metales pesados como el uranio y el plutonio en la generación de 
energía eléctrica genera una serie de residuos peligrosos, con una elevada vida útil y 
consecuencias a largo plazo difíciles de predecir y cuantificar tanto en el medioambiente 
como en la salud. Estos residuos, por sus especiales características, implican un riesgo 
potencial de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera; y las radiaciones ionizantes 
emitidas pueden ocasionar efectos adversos sobre los seres vivos; estos efectos varían 
en función de la dosis, desde efectos agudos hasta efectos crónicos.
Asimismo, la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantiene un alto grado de 
incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad tras el cese de la 
explotación de las centrales nucleares, particularmente en lo que se refiere a la gestión 
definitiva del combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad, ya que los 
desarrollos tecnológicos pueden condicionar la forma en la que finalmente se lleve a 
cabo dicha gestión y, en consecuencia, los costes asociados a la misma.
Por  otra  parte,  dada  la  larga  vida  de  determinados  residuos  radiactivos  que 
trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de estos residuos será necesario el 
establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo 
pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo 
que exigirá una supervisión institucional a largo plazo.
A la vista de lo anterior, se considera adecuado el establecimiento de una imposición 
sobre el almacenamiento temporal de estos residuos en las propias centrales nucleares, 
al  objeto  de  compensar  a  la  sociedad  por  las  cargas  que  debe  soportar  como 
consecuencia de dicho almacenamiento. Esta imposición no colisiona con el artículo 19 
de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. En este artículo se establece la imposición sobre el almacenamiento de 
combustible  nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos  en  una  instalación  centralizada, 
distinta de las centrales nucleares, y con carácter definitivo y no provisional.
Con esta iniciativa legislativa se pretende una gestión eficiente de los recursos 
públicos,  ya  que  instrumenta  la  financiación  de  programas  públicos  a  través  de  la 
tributación sobre los residuos nucleares; y en su tramitación se ha posibilitado que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa a través de la consulta pública 
en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León y la realización de los 
trámites de audiencia e información pública.»
– El tributo estatal de contraste es el impuesto sobre la producción de combustible 
nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos  resultantes  de  la  generación  de  energía 
nucleoeléctrica (artículos 15 y siguientes de la Ley 15/2012) en sus dos modalidades: 
sobre  combustible  nuclear  gastado  [letra  a)  del  artículo  15.1];  y  sobre  residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica [letra b) del artículo 
15.1]. La primera modalidad recae sobre el uranio ya irradiado, que es un residuo de alta 
actividad, mientras que la segunda grava otros residuos, en concreto, de media, baja o 
muy baja actividad. Ambas obedecen a la finalidad recogida en el apartado III del 
preámbulo de la Ley 15/2012 que, de forma resumida, parte de la premisa de que «la 
generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la 
asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las 
peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de 
evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas 
de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de  e.
los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para  w.b
fines no pacíficos». 72ww
El preámbulo menciona específicamente el plan general de residuos radiactivos en el
qcouset es eto ptarel vdéenl  dlaess mneacnetesliadmadieenst od ed efin laans cciaecnitóranl,e ssi  nbuiecnle aañreasd iye nlad og eqsuteió n« lad evfainloitrivaac iódne  dloesl 
residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia,
se trasladaría a la sociedad, tras el cese de la explotación de las centrales nucleares 
particularmente en lo que se refiere a la gestión definitiva del combustible nuclear 
gastado y de los residuos de alta actividad, ya que los desarrollos tecnológicos pueden 
condicionar  la  forma  en  la  que  finalmente  se  lleve  a  cabo  dicha  gestión  y,  en 
consecuencia, los costes asociados a la misma». Específicamente sobre el almacenaje, 
se recuerda la necesidad de una supervisión institucional a largo plazo «de la que 
deberá hacerse cargo el Estado», tal y como se contempla en el artículo 38 bis de la 
Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. En ella se dispone que el «Estado 
asuma  la  titularidad  de  los  residuos  radiactivos  una  vez  se  haya  procedido  a  su 
almacenamiento definitivo y, asimismo, que asuma la vigilancia que, en su caso, pudiera 
requerirse tras la clausura de una instalación nuclear una vez haya transcurrido el 
periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente declaración de clausura». 
Asimismo,  corresponde  al  Estado  «aportar  los  recursos  necesarios  para  mantener 
operativos los planes de emergencia nuclear existentes en cada una de las provincias en 
las que existen instalaciones nucleares». Los impuestos regulados en la norma estatal 
obedecen así a la finalidad de «compensar a la sociedad por las cargas que debe 
soportar como consecuencia de dicha generación».
4.  Enjuiciamiento de la alegada duplicidad entre el impuesto autonómico sobre la 
afección  medioambiental  y  el  impuesto  estatal  sobre  la  producción  de  combustible 
nuclear gastado.
La anterior exposición de los elementos regulatorios esenciales de ambos impuestos 
permite ya concluir que existe equivalencia entre los mismos, en los términos prohibidos 
por  el  artículo  6.2  LOFCA,  por  lo  que  la  norma  impugnada  debe  ser  declarada 
inconstitucional, a partir de las siguientes consideraciones:
a)  En cuanto al hecho imponible y sus elementos de cuantificación, el escrito de 
alegaciones de la Junta de Castilla y León insiste en que no tienen el mismo objeto. Con 
el impuesto impugnado no se pretendería gravar la producción de energía sino solo la 
dispersión de elementos radio tóxicos derivados del almacenaje. Afirma que se grava la 
misma materia imponible, pero desde distintas perspectivas. Esta conclusión no puede 
compartirse.
Para comparar los hechos imponibles de acuerdo con el método establecido en 
nuestra jurisprudencia, debe entenderse por materia imponible «toda fuente de riqueza, 
renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida 
someter a imposición, de manera que en relación con una misma materia impositiva el 
legislador puede seleccionar distintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos 
imponibles, determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes» (STC 60/2013, 
de 13 de marzo, FJ 3, con cita de las SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 
168/2004, de 6 de octubre, FJ 6; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4, y 122/2012, de 5 de 
junio, FJ 3). Por su parte, hecho imponible, de acuerdo con la definición que establece la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (LGT), es el «presupuesto fijado por 
la  ley  para  configurar  cada  tributo  y  cuya  realización  origina  el  nacimiento  de  la 
obligación tributaria principal» (artículo 20.1 LGT).
En  este  caso,  la  materia  imponible  o  fuente  de  capacidad  económica  gravada 
consiste en la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Esta actividad, como es 
evidente, entraña un riesgo inherente al propio proceso productivo y cuya mención en el 
hecho imponible en nada altera la citada equivalencia. Una comparación apresurada de  s
los términos legales con los que se definen en las normas ambos hechos imponibles  oe.
podría llevar a entender que no existe coincidencia, ya que el impuesto autonómico  w.
gcnoruamcvlebaaurírsaet isbú lseni ticunaaumdcaelesn ateern   geeall  ste«tarrrdieitoso griyoo   dddeee p laoa sCltietoarmdaocui nócindo andd e dcl aemr áCecadtseiotri lalamte ybm iLepenoótrean l» p;e rmonv ieolnactsar adsco e qnputorear  lloeessl    2020-9772n https://ww
hechos imponibles del estatal gravarían la producción de combustible nuclear gastado o
de residuos radioactivos de media, baja y muy baja actividad [artículo 15.1 a) y b)
Ley  15/2012].  Ahora  bien,  dado  que  todo  combustible  nuclear  debe  ser  siempre 
almacenado, no tiene lógica, o resulta en todo caso artificioso, pretender que se pueda 
aislar el riesgo del depósito temporal con respecto del proceso productivo; uno y otro 
impuesto recaen sobre el mismo hecho imponible.
b)  La conclusión anterior se confirma, pues la coincidencia entre los impuestos en 
liza  resulta  particularmente  evidente  en  los  elementos  de  cuantificación  de  ambos 
impuestos.
El  impuesto  autonómico  pretende  gravar  el  combustible  gastado  almacenado 
temporalmente en las centrales. Esto implica lógicamente gravar todo el combustible 
generado, pues no hay ningún supuesto en el cual el combustible nuclear no sea objeto 
de un almacenamiento específico posterior. Para ello, la base imponible del impuesto 
autonómico se refiere a «los elementos combustibles que forman el combustible nuclear 
gastado y depositado», definiendo para ello el combustible nuclear gastado con remisión 
directa a la norma estatal, como se ha comprobado, pero añadiendo una unidad de 
medida  consistente  en  los  «elementos  combustibles».  Estos  se  definen  como  «la 
agrupación de un conjunto de varillas que contienen óxido de uranio que, junto con otros 
elementos estructurales que forman un esqueleto en el cual se insertan estas varillas, 
constituyen una unidad de combustible nuclear».
Basta examinar el propio proceso de generación de energía nuclear para concluir 
que dicha agrupación en un conjunto de varillas no es más que la manera normal 
empleada para el almacenamiento de combustible. Lo que la norma autonómica hace, 
en  suma,  es  describir  una  parte  necesaria  del  proceso  de  almacenaje  de  todo  el 
combustible nuclear. El hecho de que en el impuesto autonómico se haga referencia al 
citado conjunto de varillas supone una diferencia irrelevante; el combustible nuclear 
gastado se almacena mediante la citada agrupación de un conjunto de varillas.
La coincidencia con la base imponible del impuesto estatal, en particular con el del 
artículo 15.1 a) de la Ley 15/2012, definida en su artículo 17, es clara. Ambos impuestos, 
estatal  y  autonómico,  gravan  el  combustible  nuclear  gastado,  es  decir,  el  uranio 
fisionable una vez que ha sido utilizado para generar energía. La Ley 15/2012 utiliza 
como medida los kilogramos de metal pesado extraídos definitivamente del reactor 
nuclear mientras que la norma autonómica computa los «elementos combustibles», pero 
lo gravado en ambos casos es lo mismo: el almacenamiento en la propia central de este 
residuo de alta actividad, en atención al riesgo que supone y los costes de gestión que 
conlleva. Dicho de otro modo, cambiando la unidad de medida, la norma autonómica 
intenta soslayar la prohibición contenida en el artículo 6.2 LOFCA, incumpliendo nuestra 
doctrina, antes citada.
Es cierto, como ya afirmamos en la citada STC 43/2019, cuyo fundamento jurídico 5 
debe darse aquí por reproducido, que, dada su complejidad, es posible desagregar 
distintas fases o distintas consecuencias en la producción de energía de origen nuclear. 
Ahora bien, también lo es que la generación de energía eléctrica dentro de una central 
nuclear es un proceso único. En consecuencia, y con independencia de los términos 
técnicos con que se configuran, ambos tributos recaen sobre la misma materia imponible 
o fuente de capacidad económica, que no es otra que la producción de energía eléctrica 
en una central nuclear; haciéndolo además desde la misma perspectiva: gravar las 
externalidades negativas que supone la energía nuclear, medidas por los riesgos que 
esta comporta, en concreto, en razón del combustible nuclear gastado que resulta del 
proceso nuclear.
c)  También son coincidentes las finalidades. El riesgo como elemento extrafiscal no  s
es posible aislarlo, en el sentido que se pretende, para extraer de ahí una suerte de  oe.
riesgo adicional o aislado, a los efectos de crear a partir de él un hecho imponible nuevo. w.
Debe en particular recordarse que, como ya afirmamos en la citada STC 43/2019: 72ww
«[L]a energía nuclear es, por razones evidentes, un ámbito estrictamente regulado, y
qaudee meáns  cdoen tcerneetor  leal  oEbslitgaadcoió no sletegnatla  dlea  dceosmarpreotlleanr clioas  ppalaran erse gduel acro nlotesn cciiótand noes creiesasgriooss,, 
todo ello de acuerdo con el marco jurídico contenido, en lo esencial, en la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre energía nuclear, la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y, en concreto, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción IS-26, de 16 de junio de 2010, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables 
a las instalaciones nucleares. El marco legal vigente en la actualidad es consecuencia, 
en esencia, de la trasposición de la Directiva 2009/71/EURATOM, del Consejo, de 25 de 
junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear 
de  las  instalaciones  nucleares  (modificada,  entre  otras,  por  la  Directiva  2014/87/
EURATOM, del Consejo, de 8 de julio de 2014).
Esta responsabilidad del Estado en la vigilancia y prevención de posibles accidentes 
nucleares deriva precisamente de la intensidad y gravedad de su potencial impacto 
porque, como se señaló en la STC 133/1990, de 19 de julio, abordando el plan básico de 
emergencia nuclear, un accidente nuclear es ''un supuesto en que resulta difícilmente 
discutible  que  puede  verse  afectado  el  interés  nacional,  con  una  dimensión  supra 
autonómica, como, sin necesidad de mayores explicaciones, resulta de las experiencias 
ya  producidas  en  otros  países,  con  consecuencias  señaladamente  catastróficas'' 
(STC 133/1990, FJ 19), lo que explica la reserva al Estado con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 149.1.29 CE.
La  supervisión  de  la  seguridad  nuclear  es  así  una  responsabilidad  que 
principalmente corresponde al Estado, y que implica lógicamente un coste, que sería 
parcialmente sufragado por este impuesto, de acuerdo con el citado preámbulo de la 
norma  estatal.  Lo  anterior  permite  desestimar  el  argumento  de  los  escritos  de 
contestación a la demanda, que insisten en el riesgo mismo de la producción de energía 
nuclear, con referencia a accidentes nucleares pasados (se citan los accidentes de Three 
Mile Island, 1979; Chernóbil, 1986 y Fukushima, 2011), afirmando que tal riesgo no 
habría sido objeto de ningún impuesto, de manera que habría una materia imponible, 
consistente en el ‘riesgo local e inmediato que supone la producción de estos elementos 
radio tóxicos’. Tal riesgo, si es que puede ser medible a los efectos de establecer un 
impuesto, ya ha sido expresamente incorporado tanto al marco regulatorio descrito, 
como específicamente al propio impuesto estatal» [STC 43/2019, FJ 5 c)].
El  hecho  cierto  de  que  la  comunidad  autónoma  pueda  ostentar,  en  su  ámbito 
territorial,  competencias  en  materia  de  protección  civil  no  podría  enervar  la  citada 
equivalencia entre impuestos y la inconstitucionalidad del gravamen sobre la afección 
medioambiental causada por las centrales nucleares aquí impugnado. A diferencia de lo 
que sucede con las tasas a que se refiere el art. 7 LOFCA (STC 71/2014, de 6 de mayo, 
FJ 3), los impuestos no siguen al servicio. Lo relevante a los efectos del art 6 LOFCA es 
que los impuestos sean equivalentes, tal y como aquí sucede.
Constatada la equivalencia entre el gravamen sobre la afección medioambiental 
causada por las centrales nucleares, establecido por la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, y el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, procede 
concluir que el precepto impugnado vulnera los artículos 133.2 y 157.3 CE, así como el 
artículo  6.2  LOFCA.  Declaramos,  por  tanto,  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del 
artículo 51.1 c) del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, en la 
redacción dada por la Ley 6/2018.
En virtud del artículo 39.1 LOTC, esta declaración debe hacerse extensiva al resto de 
preceptos del texto legal que se refieren específicamente al mismo gravamen sobre las  s
centrales nucleares, por concurrir en ellos una relación de conexión o consecuencia, tal  oe.
como hemos apreciado en otros supuestos similares (por todas, STC 196/2012, de 31 de  w.
octubre, FJ 5). Por tanto, también declaramos inconstitucionales y nulos: (i) el inciso «,  72ww
pteoxrt ola rse fcuenndtridaole sa pnruocblaedaore ps»o ri necl luDiedcor eetno  eLle cgaisplíatutivloo  I1 d/2e0l 1tí3tu, loe nI I lay  reend aecl cairótínc udlaod 5a0 p.1o rd leal 
Ley 6/2018; (ii) los artículos 50.4 (afectación de la recaudación), 54.4 (base imponible)
y 55.4 (cuota tributaria) del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, 
en la redacción dada por la Ley 6/2018; y (iii): la disposición transitoria de la Ley 6/2018.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 
y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos:
1.º  El  artículo  51.1  c)  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  de  la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, y establecido por el artículo único, 
apartado cuarto de la Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el 
impuesto  sobre  la  afección  medioambiental  causada  por  determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones 
de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 
y cedidos.
2.º  Por  conexión  con  el  apartado  primero  de  este  fallo  se  declaran  también 
inconstitucionales y nulos:
a)  El inciso «, por las centrales nucleares» incluido en el capítulo I del título II y en 
el artículo 50.1 del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, en la 
redacción dada por la Ley 6/2018.
b)  Los artículos 50.4, 54.4 y 55.4 del texto refundido aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, en la redacción dada por la Ley 6/2018.
c)  La disposición transitoria de la Ley 6/2018.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Santiago  Martínez-Vares  García.–
Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4929-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la 
que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y 
el fallo, que considero debería haber sido desestimatorio.
La  declaración  de  inconstitucionalidad  de  la  normativa  impugnada  toma  como 
fundamento los criterios establecidos en la STC 43/2019, de 27 de marzo, respecto de 
los  que  ya  hice  expresa  mi  discrepancia  en  el  voto  particular  formulado  a  dicha  es
resolución. Por tanto, me remito a lo que ya expuse en ese voto particular para justificar  o
ahora las razones por las que disiento de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la  72www.
sentMenacdiraid., a quince de julio de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y
rubricado.