BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119  Miércoles 19 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 59521
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8263 Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por la borrasca «Filomena».
I
La previsión de intensas nevadas como consecuencia de la borrasca «Filomena» 
determinó la activación de los correspondientes planes territoriales o especiales de las 
Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra en su fase máxima de emergencia. En otras 
comunidades autónomas, la activación de los planes tuvo lugar en alguna fase inferior.
El día 5 de enero de 2021, a la vista de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de 
Meteorología, se convocó por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a la 
Unidad de Valoración de Riesgos del Protocolo de Coordinación de Actuaciones en la Red 
de Carreteras del Estado ante fenómenos meteorológicos adversos, alertándose 
igualmente a los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las Delegaciones del Gobierno.
El 7 de enero de 2021 fue activada la fase 2 del Plan Estatal General de Emergencias 
de Protección Civil (PLEGEM), declaración a la que se sumaron varias comunidades 
autónomas que activaron sus planes en su nivel máximo de alerta ante los efectos 
meteorológicos asociados a la borrasca «Filomena». El PLEGEM estuvo activado en esta 
fase desde las 10:50 horas del día 7 de enero hasta las 13:00 horas del día 18 de enero, 
siendo ésta la determinación del ámbito temporal de este episodio catastrófico, ampliado 
en alguna comunidad autónoma hasta la desactivación total de sus planes de emergencia. 
En otras, la activación de los planes tuvo lugar en alguna fase inferior, como fue el caso de 
las Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y 
Comunidad Valenciana.
Durante el periodo de activación de los planes mencionados se han producido daños 
personales y en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como daños en cultivos 
y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
La magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvenir la grave 
perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los 
servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas 
afectadas, justifican la intervención de la Administración General del Estado, desde el 
principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las 
actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las 
administraciones públicas territoriales.
En este sentido, el artículo 20 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil, prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud 
requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se 
aplicarán las medidas recogidas en el capítulo V del título II, previa declaración de la 
misma de acuerdo con el procedimiento previsto en su artículo 23.
A su vez, el artículo 24 del citado texto legal recoge una relación de medidas que 
podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada declaración, en los términos que  e.
apruebe el Consejo de Ministros. w.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 23 de la  63ww
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«Filomena» 1/2021.
Este real decreto-ley tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la normalidad de 
las zonas afectadas y la adopción, con la necesaria celeridad que demandan las 
circunstancias, de las medidas contempladas por el artículo 24.2 de la Ley 17/2015, de 9 
de julio, como son determinados beneficios fiscales y medidas laborales y en materia de 
Seguridad Social, algunas de las cuales exigen la aprobación de una norma de rango 
legal. Y para paliar en parte los efectos ocasionados por estos fenómenos atmosféricos en 
viviendas, establecimientos y explotaciones de distinta naturaleza, en infraestructuras y 
equipamientos, en el dominio público hidráulico o en el dominio público marítimo terrestre.
II
En las medidas que se proponen concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real 
decreto-ley.
El aludido artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-
leyes «en caso de urgente y extraordinaria necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con 
rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por 
razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). 
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación 
directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la 
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta 
por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación 
de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, 
FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación 
de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019), centradas en el  s
cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que  oe.
acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley  w.
c(dSoicSniesTmtCitbu 6rye1e,/  2Fu0Jn1  48s;, u 3dp9eu/2 e70s 1tdo3e , d djueen  ui1os4,o  dF eaJ  bf4eu;bs 1rive0or0o /o,2 F 0aJ1r 2b5,)i t.dr Aaerl  ic8oo  ddneter  amerisaoty,e ot o,i ndFsaJtsr  u8lam; s2e r3na7tzo/o2 n0ce1os2n ,se tdxitepu uc1ei3os ntdaaesl    2021-8263n https://ww
justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). Bc
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la 
consolidada doctrina constitucional se resume en la STC 139/2016, de 21 de julio (FJ 6), 
«1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que 
supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo “inservible para regular 
con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en 
el título I de la Constitución”; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que 
no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe 
constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y 
libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales 
derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) 
El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de 
reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido 
“afectación” por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo 
que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad 
afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
III
Concurren en este real decreto-ley, además, los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este 
real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 13.ª, 14.ª, 
17.ª, 23.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado, 
respectivamente, las competencias en materia de «Legislación laboral, sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas», «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica», «Hacienda general y Deuda del Estado», 
«Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas», «Legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Autónomas» y «Seguridad pública». s
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a  oe.
propuesta del Ministro del Interior, de las Ministras de Defensa y de Hacienda, del Ministro  w.
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Ecológica y el Reto Demográfico y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y del
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas complementarias a 
las contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de enero de 2021, por el 
que se declaran determinadas comunidades autónomas zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección civil, como consecuencia del episodio «Filomena» 1/2021, 
ampliándose dicha declaración y la aplicación de las mencionadas medidas a las 
Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y 
Comunidad Valenciana.
2.  Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de las personas titulares 
de los Ministerios competentes por razón de la materia, podrá acordarse, con delimitación 
de las zonas afectadas, la aplicación de las medidas necesarias previstas en este real 
decreto-ley a sucesos causados por lluvias torrenciales, nieve, granizo, pedrisco, viento, 
inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes, fenómenos costeros, incendios 
forestales u otros hechos catastróficos acaecidos desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 
de junio de 2021.
Artículo 2.  Ayudas destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y 
enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos 
y de otros servicios, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o 
jurídicas.
1.  En los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por los 
hechos mencionados en el artículo anterior se concederán las ayudas previstas en el Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
2.  La destrucción o daños en enseres y los daños en vivienda serán objeto de ayudas 
según lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
Al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros se 
admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicha titularidad, 
como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga 
naturaleza.
3.  En el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-
pesqueros, turísticos y de otros servicios, cuando la persona interesada hubiese sido 
indemnizada por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la 
franquicia prevista en el artículo 9 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, 
aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, se podrá conceder una 
subvención de hasta el 7 % de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el 
siniestro, hasta el importe máximo de 9.224 euros contemplado en el artículo 28 del 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, sin que, en ningún caso, la suma de esta 
subvención y la indemnización que corresponda abonar en concepto de seguro, o 
cualquier otra subvención o ayuda pública o privada, supere el valor del daño o perjuicio 
producido. En estos casos, la persona interesada deberá presentar una certificación  e.
expedida por su entidad aseguradora acreditativa de que esta no ha abonado en todo o  w.b
en parte el importe correspondiente a la franquicia legal aplicada por el Consorcio de  63ww
Com4p. enLsaasc sióonli cditeu dSeesg upraoras. la concesión de estas ayudas se tramitarán y resolverán por
lya ps oDr elalesg Saucibodneelse gdaecl iGonoebsie drneol G eonb liaesr ncoo menu nloidsa ddeems áasu ctóansooms,a ys  suen piprreosveinnctaiarálens  eanfe eclt apdlaazso, 
de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
5.  Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las solicitudes 
de ayudas por daños personales y a las de personas físicas o jurídicas que hayan 
efectuado prestaciones personales o de bienes, reguladas en el Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo.
6.  Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se 
financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 471, 472, 482, 771 y 782 de la 
aplicación presupuestaria 16.01.134M «Para atenciones de todo orden motivadas por 
siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados con carácter de ampliables 
en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
Artículo 3.  Ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas.
1.  Las ayudas previstas en este artículo irán destinadas a las personas titulares de 
las explotaciones agrícolas y ganaderas que, estando ubicadas en el ámbito de aplicación 
señalado en el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, con 
arreglo a los criterios de la Unión Europea a este respecto, cuando los daños sobre las 
producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones 
amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, no estuvieran garantizados por 
dicho sistema. Igualmente, se podrán conceder estas ayudas cuando en la fecha de 
ocurrencia del siniestro no se hubiera iniciado el periodo de garantías del seguro, siempre 
y cuando se hubiese contratado el seguro para la misma línea en la campaña anterior. En 
el caso de las explotaciones ganaderas, a estos efectos, se exceptúan las pólizas 
contratadas de seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.
2.  Las ayudas por los daños causados sobre las producciones agrícolas se ajustarán 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y 
forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las 
comunidades autónomas, establecerá el procedimiento para las ayudas previstas en este 
artículo y la cuantía máxima de las mismas.
4.  Tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite en 
el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición adicional primera si no hubiera crédito suficiente disponible.
Artículo 4.  Beneficios fiscales.
1.  Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes al ejercicio 2020 para los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al 
ejercicio 2021 para los siniestros que ocurran en 2021, según lo recogido en el artículo 1, 
que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-
pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y 
similares, dañados como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el citado 
artículo, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados 
hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales 
diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o pérdidas en las producciones 
agrícolas y ganaderas que constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible 
mediante formula alguna de aseguramiento público o privado.
2.  Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas  e.e
correspondiente al ejercicio 2020 para los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al  b
ejercicio 2021 para los siniestros que ocurran en 2021, según lo recogido en el artículo 1,  63ww
atu lraísst iicnodsu syt rpiarosf edsei ocnuaalleqsu iceur ynoastu lroaclaelzeas,  deest anbelgeoccimioi eon btoiesn mese racfaencttioless a,  mesaarí taimctoiv-ipdeasdq uhearyoasn, 
sairdtíoc udloa,ñ saideomsp rceo mquoe  chounbsieercaune tnecniaid od iqreucet as edre o blojest os idneie rsetraolos jaam loiesn tqou oe  ssee  hraeyfiaenre p reol dcuitcaiddoo 
daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será
proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la 
actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya 
sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los 
daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que 
surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2019 cuando el siniestro haya tenido lugar 
en 2020, y desde el 31 de diciembre de 2020 cuando el siniestro acontezca en 2021.
3.  Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos previstas en los apartados 
anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
4.  Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los 
apartados anteriores hubieran satisfecho los recibos correspondientes a los citados 
ejercicios fiscales podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5.  Estarán exentas de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitación de las bajas de vehículos 
solicitadas como consecuencia de los daños producidos por los siniestros, y la expedición 
de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por 
dichas causas, siempre que la persona titular del vehículo acredite disponer del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño
6.  La disminución de ingresos en tributos locales que las exenciones y reducciones 
previstas en los anteriores apartados de este artículo produzcan en los ayuntamientos, 
consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades 
autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7.  Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas 
excepcionales por daños personales a las que se refiere el artículo 2.
Artículo 5.  Medidas laborales y de Seguridad Social.
1.  Las medidas laborales aplicables por los daños sufridos o por las pérdidas de 
actividad directamente derivadas de la borrasca «Filomena», dentro del ámbito territorial a 
que se refiere el artículo 1.1, se regirá por lo dispuesto en el artículo 24.2.b) de la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, y en el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de enero de 2021.
2.  A los trabajadores autónomos que perciban prestaciones por cese de actividad, 
reguladas en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que traigan su causa 
inmediata de los sucesos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, no 
se les computará, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción 
establecidos, los cuatro primeros meses de percepción de la prestación.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación por 
cese de actividad, el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses continuados 
e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, previsto en el 
artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para los 
trabajadores por cuenta propia afectados por los siniestros a los que se refiere el artículo 1 
de este real decreto-ley.
Asimismo, aquellos trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de 
la Seguridad Social que se encontraran disfrutando de alguna bonificación o reducción en 
las cuotas a la Seguridad Social previstas en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del trabajo autónomo, y que, como consecuencia directa e inmediata de los sucesos a  e.
que se refiere el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, solicitasen la baja en el  w.
régimen correspondiente al solicitar nuevamente el alta, no perderán el derecho al acceso  63ww
ape lnadsi ebnoten idfieca dcisiofrnuetes .o reducciones en la cuota por el tiempo que hubiese quedado
de l3a.  SeCgounrifdoarmd eS ao cloia lp, rye veisnt oe le Rn eeal la Drteíccurleot o2 7124.425 d/1e9l 8te2x, tod er e2fu5n ddeid oju ndieo ,l ap oLre ye lG qeunee rsael   BOE-A-cable e
regulan diversas medidas de fomento del empleo, para llevar a cabo las obras de
reparación de los daños causados, las administraciones públicas y las entidades sin ánimo 
de lucro podrán solicitar del Servicio Público de Empleo competente la adscripción de 
personas trabajadoras perceptoras de las prestaciones por desempleo para trabajos de 
colaboración social.
4.  La aplicación de exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta por los daños sufridos o por las pérdidas 
de actividad directamente derivadas de la borrasca «Filomena», dentro del ámbito territorial 
a que se refiere el artículo 1.1, se regirá por lo dispuesto en el artículo 24.2.b) de la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, y en el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de enero de 2021.
Artículo 6.  Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños 
como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a las 
previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en el 
artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a la 
vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, 
con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se 
refiere la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el 
año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
Artículo 7.  Régimen de ayudas a corporaciones locales.
1.  A las ayudas a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a 
estas situaciones de emergencia no les será de aplicación la cuantía prevista en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, de modo que el importe de 
las ayudas pueda extenderse hasta el 100 por cien de los referidos gastos de emergencia.
Estas ayudas no tendrán por objeto las reparaciones o reposiciones en infraestructuras 
competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. No obstante, podrán 
subvencionarse aquellas actuaciones inaplazables que, incidiendo en el mismo ámbito de 
aplicación a que se refieren dichos artículos, se hayan llevado a cabo con el fin de 
garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales. Entre estas actuaciones se incluyen la evacuación, alojamiento y alimentación 
de personas afectadas, la retirada de lodos y arenas, y la limpieza de vías y entornos 
públicos que sean indispensables para los fines descritos.
A estos efectos se excluyen de dicho concepto los trabajos llevados a cabo con medios 
propios de la corporación local, ya sean materiales, tales como maquinaria o herramientas, 
o humanos, entendiendo por estos el personal contratado con anterioridad a los hechos 
causantes. En ningún caso serán subvencionables los gastos de personal generados por 
bomberos, policía local, protección civil y otros de carácter análogo.
2.  Las solicitudes para la concesión de estas ayudas que, se tramitarán y resolverán 
por las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales y las 
Subdelegaciones del Gobierno en los demás casos, se presentarán en el plazo de dos 
meses, contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3.  Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se  e.e
financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 461 y 761 de la aplicación  b
presupuestaria 16.01.134M «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros,  63ww
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Artículo 8.  Régimen de ayudas a Entidades Locales para la recuperación de la zona 
siniestrada.
1.  A los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el 
artículo 1 que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y 
cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas 
uniprovinciales relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el 
artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y de la red viaria de los consejos y cabildos insulares, de las diputaciones provinciales y 
comunidades autónomas uniprovinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta 
el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con medios propios no 
personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.
2.  Tales subvenciones se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se 
habilite en el presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera si no hubiera crédito suficiente 
disponible.
3.  Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas subvenciones, así 
como su seguimiento y control.
Artículo 9.  Actuaciones de restauración forestal y medioambiental.
Se faculta a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para declarar zona de actuación especial las zonas afectadas, en las 
materias de su competencia, y para declarar la emergencia de las obras que, en 
consecuencia, hubieran de ser ejecutadas por dicho Departamento, en las siguientes 
materias:
a)  Restauración hidrológico forestal, control de la erosión y desertificación, así como 
trabajos complementarios en los espacios forestales incendiados fuertemente dañados 
para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias, el riesgo posterior de incendios y 
plagas forestales.
b)  Recuperación y regeneración ambiental de los efectos producidos por las intensas 
nevadas en los espacios de la Red Natura 2000, en particular en los tipos de hábitats de 
interés comunitario y en los hábitats donde existan especies de interés comunitario, 
endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial.
c)  Apoyo directo a la retirada y tratamiento de la biomasa forestal derribada, en su 
caso.
d)  Colaboración en el tratamiento para control de plagas en las masas forestales.
e)  Restauración de infraestructuras necesarias para la gestión forestal.
Artículo 10.  Actuaciones en el dominio público hidráulico.
Se faculta a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio 
público hidráulico las zonas afectadas en la cuenca hidrográfica correspondiente, y la 
emergencia de las obras a ejecutar por dicho Departamento, en las siguientes materias: s
a)  Eliminación de los tapones formados por restos vegetales procedentes de los  w.b
incendios. 63ww
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mismc)o s.Reparación de las márgenes que hayan sufrido procesos erosivos, así como
ejecución de defensas en aquellos puntos más sensibles a sufrir erosiones.
Artículo 11.  Actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre.
Se faculta a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio 
público marítimo-terrestre las zonas afectadas en el litoral correspondiente, y la emergencia 
de las obras a ejecutar por dicho Departamento, en las siguientes materias:
a)  Restauración y demás obras que aseguren la integridad y adecuada conservación 
del dominio público marítimo-terrestre, así como los trabajos complementarios para 
asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar los efectos de futuros temporales y galernas.
b)  Protección y conservación de los elementos que integran el dominio público 
marítimo-terrestre, en particular, adecuación sostenible de playas y arenales, sistemas 
dunares y humedales litorales, recuperación y regeneración de los mismos, así como 
realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras en la costa.
c)  Reparación y restauración de estructuras dañadas en el litoral, como paseos 
marítimos, accesos al dominio público o muros.
Artículo 12.  Daños en las demás infraestructuras públicas.
Se faculta a las personas titulares de los departamentos ministeriales competentes por 
razón de la materia para declarar las áreas afectadas como zona de actuación especial, 
para que dichos departamentos, sus organismos autónomos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes de ellos puedan llevar a cabo las actuaciones de restauración 
que procedan. A los efectos indicados se podrán declarar de emergencia las obras que 
ejecuten tales departamentos para reparar los daños causados en infraestructuras de 
titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Artículo 13.  Actuaciones en relación con la financiación de avales.
1.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de los 
operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, cuya actividad se haya 
podido ver afectada por la concurrencia de situaciones de alteración de las condiciones 
habituales de actividad, líneas de financiación en las que subvencionará, en régimen de 
concesión directa conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de préstamos con objeto 
de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento del sector.
2.  Tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite en 
el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición adicional primera si no hubiera crédito suficiente disponible.
Artículo 14.  Régimen de contratación.
1.  Podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, 
previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos 
del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos de reparación o 
mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de  e.e
bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía. Asimismo,  b
deberá tenerse en cuenta lo previsto en la disposición adicional centésima trigésima sexta  63ww
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en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
3.  Para la tramitación de expedientes de contratación de obras no incluidas en el 
artículo 236.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dispensará del requisito previo de 
disponibilidad de los terrenos, sin perjuicio de que su ocupación efectiva deberá ir 
precedida de la formalización del acta de ocupación.
Artículo 15.  Consorcio de Compensación de Seguros.
1.  Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno en las comunidades 
autónomas uniprovinciales afectadas, y de las Subdelegaciones del Gobierno en los 
demás casos, previo informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 
podrán solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta 
evaluación de los daños no personales, las correspondientes valoraciones necesarias 
conforme al artículo 2, siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.
2.  El Consorcio de Compensación de Seguros tendrá derecho al abono por parte de 
la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de 
honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores 
de seguros.
3.  Para facilitar la tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, la 
Administración competente y el Consorcio de Compensación de Seguros podrán 
transmitirse los datos sobre las personas beneficiarias de las ayudas que se concedan e 
indemnizaciones que se reconozcan, sus cuantías respectivas y los bienes afectados. Las 
entidades aseguradoras que operen en el territorio español estarán obligadas a suministrar 
al Consorcio de Compensación de Seguros la información que éste les solicite para dar 
cumplimiento a lo dispuesto anteriormente.
El intercambio de los datos sobre personas beneficiarias de las ayudas que se 
concedan, sus cuantías respectivas y los bienes asegurados entre la Administración 
competente y el Consorcio de Compensación de Seguros, necesarios para facilitar la 
tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, se realizará a través de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias y el Consorcio de Compensación de Seguros, 
mediante el procedimiento que entre ambos establezcan.
Disposición adicional primera.  Créditos presupuestarios.
Las medidas referentes a daños en infraestructuras municipales y red viaria de las 
diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y comunidades autónomas 
uniprovinciales, actuaciones en el dominio público hidráulico y en el marítimo terrestre, 
actuaciones de restauración forestal y medioambiental, y en las demás infraestructuras 
públicas, se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidas con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias existentes en los Departamentos ministeriales y organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellos.
En aquellos casos en que se acrediten insuficiencias presupuestarias en los 
Departamentos ministeriales, las actuaciones recogidas en este real decreto-ley se podrán 
financiar con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En todo caso, 
en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la 
aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros.
Disposición adicional segunda.  Comisión interministerial de seguimiento de las medidas  e
de apoyo a damnificados. bo
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Dirección General de Protección Civil y Emergencias e integrada por personas
representantes de los Ministerios del Interior, de Defensa, de Hacienda, de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio y 
Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Política Territorial y Función Pública, 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como de las 
Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas y del Consorcio de 
Compensación de Seguros.
2.  La Presidencia de la comisión interministerial corresponderá al titular de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias y actuará como Secretario del órgano 
colegiado, con voz pero sin voto, un funcionario de la citada Dirección General.
3.  El seguimiento de las medidas de apoyo previstas en este real decreto-ley se 
llevará a cabo por esta comisión interministerial, en coordinación con las autoridades de 
las comunidades autónomas afectadas, a través de las Delegaciones del Gobierno. Antes 
del 1 de noviembre de 2021, la comisión interministerial elaborará un informe sobre las 
actuaciones llevadas a cabo en ejecución de este real decreto-ley.
4.  Su creación y funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios disponibles, sin que suponga incremento de gasto público.
Disposición adicional tercera.  Evaluación de impacto ambiental.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se determinará la exención de evaluación 
de impacto ambiental de aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones a que se refiere este real decreto-ley, así como las 
actuaciones en el dominio público dispuestas en los artículos 10 y 11 del mismo, que, 
debiendo someterse a evaluación de impacto ambiental, conforme al artículo 7 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, quedarán exentas de la 
sustanciación de dicho trámite, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 8, apartados 2, 3, 4 
y 5 de la mencionada ley.
Disposición adicional cuarta.  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de ayudas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley se podrán volver a presentar en los plazos previstos en los apartados 4 y 
5 del artículo 2, siempre que alguna de las condiciones y requisitos para la concesión de 
dichas ayudas hubiera sido modificada por el mismo.
Disposición adicional quinta.  Datos personales.
El intercambio de datos sobre personas beneficiarias de las ayudas que se concedan, 
sus cuantías respectivas y los bienes afectados entre la Administración competente y el 
Consorcio de Compensación de Seguros, necesario para facilitar la tramitación de las 
ayudas y la valoración de los daños, se realizará a través de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias y el Consorcio de Compensación de Seguros, mediante el 
procedimiento que entre ambos establezcan.
Disposición adicional sexta.  Registro de las ayudas en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.
Los órganos competentes deberán registrar en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones las ayudas concedidas al amparo de este real decreto-ley, según lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8  e.
de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad  w.
de las subvenciones y demás ayudas públicas. 63ww
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 13.ª, 14.ª,
17.ª, 23.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado,
respectivamente, las competencias en materia de «Legislación laboral, sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas», «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica», «Hacienda general y Deuda del Estado», 
«Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas», «Legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Autónomas» y «Seguridad pública».
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo.
El Gobierno y las personas titulares de los distintos Departamentos ministeriales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN