BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 22263
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2957 Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil y de bienes muebles X de Barcelona a depositar las 
cuentas anuales de una sociedad del ejercicio 2020.
En el recurso interpuesto por don A. L. G., en nombre y representación y como 
administrador único de «Algras, SA», contra la negativa de la registradora Mercantil y de 
Bienes Muebles X de Barcelona, doña María Azucena Bullón Manzano, a depositar las 
cuentas anuales del ejercicio 2020.
Hechos
I
Se solicitó del Registro Mercantil de Barcelona la práctica del depósito de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2020 de la sociedad «Algras, SA», con presentación de la 
documentación correspondiente el día 30 de julio de 2021.
II
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil de Barcelona, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«N. Entrada: 02/41002568
Documento calificado: relativos a cuentas anuales 2020
Hechos. En fecha 30/07/2021 fueron presentados en este Registro documentos 
de  cuentas  anuales  relativos  a  la  empresa  “Algras,  SA”,  causando  el  asiento  de 
presentación 1198 del Diario 1186, y el Registrador que suscribe, previo examen y 
calificación de los documentos, de conformidad con los artículos 18.2 del Código de 
Comercio, 15.2 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil, con la conformidad de los 
cotitulares,  ha  acordado  suspender  el  depósito  solicitado,  en  razón  de  las  causas 
impeditivas y de las motivaciones jurídicas que a continuación se indican.
Fundamentos de Derecho. Son defectos que impiden el depósito de los documentos 
contables, los siguientes:
1. No constan depositadas las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes 
al/los ejercicio/s de 2018 y 2019 debiendo presentarse previa o simultáneamente a las 
del presente ejercicio. (Artículo 282 y 283 la Ley de Sociedades de Capital, artículo 378 
del Reglamento del Registro Mercantil y Resolución de la Dirección General de Registros 
y del Notariado de 22 de julio de 2016, 7 de febrero de 2017, 21 de diciembre de 2018 
y 7 de febrero de 2020).
2. Deberá aportarse copia auténtica del Acta Notarial de la Junta celebrada en 
fecha 15 de Julio de 2021, autorizada por el Notario requerido a tal efecto y que ha  es
motivado la anotación preventiva letra A en la hoja abierta a la Sociedad. (Artículo 250  o
Cddeoolcv RuSCidmeeo-1g nea9ltnard tamopv  lieraaeen  rvptttreoirase  tvNsaqéeo usntee adtn eren i alclo alsa)  .ilsgiOfeuicr idaehecnaintó e an Jec (Uno…lSma)/cp7ea9:ñ4 (a/…2d0o)2 1a  dlaes  2c2u edneta sju laion. uPaloedsr ád eappoosrittaarss ela  dhicohjao   OE-A-2022-2957able en https://www.
Esta nota de calificación ha sido firmada electrónicamente en Barcelona, el día 18 de 
Octubre  de  2021  por  Doña  María  Azucena  Bullón  Manzano,  Registrador  Mercantil 
número 10 de Barcelona.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. L. G., en nombre y representación y 
como administrador único de «Algras, SA», interpuso recurso el día 17 de noviembre 
de 2021 mediante escrito y en base a lo siguiente:
«Motivos:
Primero.–El Sr. [sic] Registrador Mercantil ha acordado suspender el depósito de los 
documentos contables referidos (cuantas anuales del ejercicio 2020), por dos motivos:
1. No constan depositadas las cuentas anuales de la Sociedad de los ejercicios 2018 
y 2019, debiendo presentarse previa o simultáneamente a las del ejercicio 2020.
2. Por considerar que “deberá aportarse copia auténtica del Acta Notarial de la 
Junta celebrada en fecha 15 de julio de 2021, autorizada por el Notario requerido a tal 
efecto y que ha motivado la anotación preventiva letra A en la hoja abierta a la Sociedad 
(Artículo 250 del Reglamento Notarial).”
En el presente recurso impugnaremos el segundo de los motivos, que entendemos 
jurídicamente improcedente, pues el primero, siendo cierto, se subsanará debidamente.
Se deduce de la fundamentación transcrita que, al haberse practicado anotación 
preventiva del art. 104 RRM, únicamente cabría la inscripción si, conforme al apartado 2 
de dicho artículo, se justifica que los acuerdos adoptados en la Junta a que se refiere la 
anotación preventiva (de fecha 15 de julio de 2021) constan en acta notarial, o se 
justifica la publicación del correspondiente complemento a la convocatoria.
Segundo.–Entendemos que no cabe denegar el depósito de las cuentas anuales 
interesado en base al segundo fundamento, pues, los argumentos que han conducido al 
Sr. Registrador a denegar dicho depósito, en nuestra opinión y con los debidos respetos, 
no con acertados.
La anotación preventiva que hemos referido, y en la que funda el Registrador su 
calificación negativa, se ha practicado en virtud de Acta autorizada el 2 de julio de 2021 
por el Notario Sr. Santiago M Giménez Arbona (número 1286 de protocolo). En este 
Acta, la Sra. R. M. A. S., como accionista de Algras, S.A., interesaba que, en relación a 
la Junta General Ordinaria celebrar el 15 de julio de 2021, se requiriera la presencia de 
notario y, además, pretendía la publicación de complemento de convocatoria para la 
inclusión de determinados puntos en el orden del día de la junta. Tanto la solicitud de 
presencia  de  notario  como  la  solicitud  de  complemento  de  convocatoria  no  fueron 
comunicados a Algras, S.A. y no cumplen los requisitos legales, por lo que no era 
procedente ni la anotación preventiva ni la calificación negativa aquí examinamos.
En relación a la solicitud del complemento de convocatoria, hay que decir lo que 
sigue:
– La convocatoria de la Junta General Ordinaria se llevó a cabo el 14 de junio 
de 2021, vía burofax, y fue recibida por la accionista Sra. A. S., el 15 de junio de 2021.
– El art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital establece que el ejercicio del 
derecho  de  solicitar  el  complemento  de  convocatoria  “deberá  hacerse  mediante  e.e
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco  w.b
días siguientes a la publicación de la convocatoria”. 57ww
de 2–0 2L1a,  Surna . cAo.r rSe.o,  seelegcútnró lan icreof ecreidratif iAcactdao  nao talar iadli,r edcicceió hna bdeer  creomrreitoid o(… el)  dEías t1a8 p drees juunntiao 
lrae m“nisoitóifnic adcei ócno rferehoa ceielenctteró” ndiec oq uneo  hcaubmlap leel  alorst.  r1e7q2u iLsCitoSs: legales para tener por realizada
– En primer lugar, al tratarse de un correo electrónico no estamos en modo alguno 
ante una notificación fehaciente y, obviamente, por las características propias de este 
tipo de envío, no se trata de una comunicación que se recibiera o pudiera recibir en el 
domicilio social de la sociedad (un correo electrónico, por definición, no se recibe en 
el domicilio social, es decir, en la sede física de la sociedad, sino en una dirección 
electrónica).
– En segundo lugar, si admitiéramos que la solicitud puede realizarse vía correo 
electrónico, sería imprescindible que la misma se tramitara en la dirección de correo 
electrónico de que sea titularidad la sociedad. Dicho correo nunca fue recibido por 
Algras, S.A. ni por su administrador único, pues se remitió a una dirección de correo 
electrónico que no es la propia de Algras, S.A. y que tampoco utiliza su administrador.
– Y en tercer lugar, no consta, según el certificado relativo a dicho correo electrónico, 
que el mismo fuera recepcionado sino que únicamente es un certificado de envío (así se 
expresa en el propio documento), por lo que, incluso si aceptamos que el requisito legal 
de que la solicitud se reciba en el domicilio social es válido cuando de remite correo 
electrónico, en todo caso deberá acreditarse que tal correo electrónico se ha enviado a la 
dirección de e-mail de la sociedad y que además se ha recibido por parte de ésta, lo que 
no sucede en este caso.
– Finalmente, hay que señalar que el Acta notarial de 2 de julio de 2021, en que 
se pretende la notificación de la solicitud del complemento de convocatoria, aunque se 
hubiera notificado (luego veremos que no), ya estaba fuera del plazo de cinco días del 
art. 172 LCS.
En consecuencia, no se realizó una solicitud de complemento en tiempo y forma, por 
lo que no debió accederse a la Anotación Preventiva sobre tal fundamento, lo que 
determina que no puede denegarse el depósito de las cuentas anuales interesado al 
fundarse la calificación negativa en una Anotación Preventiva improcedente.
Tercero.–En lo que respecta al requerimiento de presencia de notario, que también 
ha motivado la anotación preventiva, lo cierto es que, como consta en el acta notarial 
de 2 de julio de 2021, dicho requerimiento no se llegó a hacer efectivo.
Así, por una parte, el correo electrónico adjunto al acta, que ya hemos examinado, y 
en el que, además del complemento de convocatoria, se solicitaba la presencia de 
notario para levantar acta de la junta, no fue remitido a Algras, S.A., que no tuvo 
conocimiento del mismo, y que, por la [sic] mismas razones que las expuestas en el 
anterior apartado Segundo, no puede tener eficacia.
Por otra parte, el intento de notificación notarial que se contiene en la propia acta 
de 2 de julio de 2021 no llegó a materializarse, sin que se efectuara la notificación a la 
sociedad. Las manifestaciones que realiza el notario al respecto demuestran la falta de 
notificación, y sobre las mismas tenemos que decir lo que sigue:
– En primer término, el notario dice que se presentó en el edificio sito en Barcelona 
(…) el 5 de julio de 2021 e intentó realizar la notificación a través del conserje de la finca, 
quien no aceptó la misma manifestando que tenía órdenes; expresas de no recoger 
ninguna  carta,  lo  cual  es  cierto,  y  dichas  órdenes  provienen  de  la  comunidad  de 
propietarios del edificio en que se ubica el domicilio social de Algras, S.A., no es una 
decisión de la empresa.
– A continuación, el Sr Notario se personó en el domicilio social de Algras S.A. 
ubicado en (…) del edificio. Dada la hora en que el notario se personó en el edificio 
(pasadas las 13:30h), el administrador de Algras, S.A., Sr. A. L. G., no se hallaba  e.e
presente en el domicilio social, debiendo señalar que la sociedad en la fecha carecía de  w.b
personal en nómina o en activo (las personas que se mencionan en la página 7 punto c)  57ww
hdaebl laac ntaa dnioet aernia el,l  sinamlvuoe Sblrea  qNu.e B e.s Ptu. vnieor ap raeusttoarniz asdeorv ipcaioras  rae cAolggrears l aS n.Ao.t)if,i cpaocri ólon . qEuse  pnoor 
peulloe,r tqau (e… lo) sd ein etesnat oms isdmela n poltaanritoa  t(u…vi)e rcaonrr iróe slau ltmadisom nae sguaetirvtoe.,  Epul einst esnet ot raretaa lidzea duon  elonc alal 
utilizado por terceras personas ajenas a Algras S.A.
– Seguidamente, el Notario se dirige al piso entresuelo puerta (…) del edificio, y dice 
que nadie abre la puerta. Aunque esto fuera así, nadie que pudiera hallarse en esa 
oficina podía recibir la notificación, pues se trata de nuevo de un local sin vinculación con 
Algras S.A., cuyo domicilio, como hemos dicho, es el ubicado en la planta (…) puerta (…) 
del edificio.
– Respecto de las manifestaciones que relata el notario en relación al encuentro con 
el Sr. M. C. M., además de que están absolutamente tergiversadas, exageradas y se 
apartan de la realidad de lo que sucedió, no acreditan ni determinan que se realizara 
una notificación efectiva a la sociedad. El Sr. M. C. no estaba facultado o autorizado 
para  recibir  la  notificación,  pues  su  relación  con  Algras,  S.A,  es  la  de  apoderado 
mancomunado, como consta en las inscripciones de la sociedad en el Registro Mercantil, 
por lo que no está facultado para hacer uso de su apoderamiento por sí sólo, sino que 
necesita  del  acompañamiento  de  los  otros  apoderados  mancomunados  para  poder 
ejercer las facultades del poder (como podría ser la de recibir notificaciones). Además, 
este señor no era conocedor siquiera que se le hubiera otorgado un poder por la 
sociedad. En consecuencia, su negativa a aceptar o darse por notificado del contenido 
del acta notarial estaba perfectamente justificada.
En definitiva, la sociedad Algras, S.A no llegó a tener efectivo conocimiento de la 
voluntad de la socia Sra. A. S. de que se requiriera la presencia de notario en la Junta 
General a celebrar el 15 de julio (ni tampoco del complemento de convocatoria, como 
hemos  visto),  por  lo  que  dicha  Junta  y  los  acuerdos  adoptados  en  la  misma  son 
plenamente válidos y no cabe dudar de su eficacia. No puede ni debe, en suma, 
aportarse el acta notarial que se refiere en la calificación negativa, ya que la Junta se 
celebró sin la presencia de notario, pues Algras, S.A. no fue requerida al efecto. De este 
modo, la anotación preventiva que ha impedido el depósito de las cuentas anuales 
carece  de  virtualidad,  lo  que  determina,  en  suma,  que  no  procede  denegar  dicho 
depósito, debiéndose revocar la calificación negativa.
Cuarto.–Al margen de lo anterior, hay que decir que el tenor literal del art 104 del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil  dispone  que  la  anotación  preventiva  impide  la 
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta, lo que no 
incluye al depósito de las cuentas anuales, que es un acto que no se ve afectado por la 
anotación preventiva, al no ser un acuerdo susceptible de inscripción, por lo que, sin 
entrar a valor los argumentos ya expuestos, debería revocarse la calificación negativa y 
acceder al depósito de cuentas interesado.
Subsidiariamente,  para  el  caso  de  desestimarse  los  anteriores  razonamientos, 
solicitamos que se acceda al depósito mediante la técnica del “arrastre de cargas”, 
posibilidad proclamada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública pues 
los  documentos  presentados  a  depósito  carecen  de  defectos  formales,  pudiéndose 
practicar el asiento con eficacia condicionada a la anotación preventiva.»
IV
El día 18 de noviembre de 2021, la registradora Mercantil emitió su informe y elevó el 
expediente a esta Dirección General, junto con fotocopia de la anotación preventiva letra 
A, practicada el día 21 de septiembre de 2021, en virtud de acta autorizada el día 2 de 
julio de 2021 por el notario de Barcelona, don Santiago María Giménez Arbona, con el 
número  1.286  de  protocolo,  presentada  el  día  14  de  julio  de  2021  y  nuevamente 
aportada el día 17 de septiembre de 2021; por la que se requería a la sociedad la  e.
presencia de notario para la junta general del día 15 de julio de 2021 y se solicitaba un  w.
complemento de convocatoria. 57ww
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 66 y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la disposición
adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social; los artículos 20 del Código de Comercio; 172 y 203 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 7 y 104 del Reglamento del Registro 
Mercantil; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 13 de noviembre de 1999, 18 de enero y 28 de junio de 2013, 10, 11 y 17 de febrero, 
13 de marzo, 19 de mayo, 1 de agosto, 26 de septiembre, 14 de octubre, 24 de noviembre 
y 17 de diciembre de 2014, 19 de enero, 27 de junio, 2 de julio y 13 de septiembre 
de 2015, 28 de enero y 19 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2017, y la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de octubre 
de 2020.
1. El objeto del presente recurso, teniendo en cuenta que el primer defecto de la 
nota de calificación se dice será subsanado, consiste en determinar, si para depositar las 
cuentas  anuales  de  una  sociedad  es  necesario  que,  constando  previa  anotación 
preventiva de solicitud de requerimiento de notario para levantar acta de la junta general 
y complemento de convocatoria, debe presentarse acta notarial para que los acuerdos 
sean eficaces.
El recurrente alega que dicha anotación no debería haberse practicado, por no 
haberse notificado en forma y plazo el requerimiento notarial a que la misma se refiere.
2. El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, aplicable también a los recursos contra la 
calificación de los Registradores Mercantiles (disposición adicional vigésima cuarta de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social) establece que el recurso debe recaer exclusivamente sobre cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y el artículo 1 
de la citada ley determina que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los 
tribunales.
Es doctrina reiterada de esta Dirección General (vid., por todas, Resoluciones de 18 
de enero de 2013, 10, 11 y 17 de febrero, 13 de marzo, 19 de mayo, 1 de agosto, 26 de 
septiembre, 14 de octubre, 24 de noviembre y 17 de diciembre de 2014, 19 de enero, 27 
de junio, 2 de julio y 13 de septiembre de 2015, 28 de enero y 19 de septiembre de 2016 
y 31 de marzo de 2017, entre otras) que sólo puede ser objeto de recurso la nota de 
calificación negativa de los registradores pero no los asientos ya practicados. En efecto, 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  párrafo  tercero  del  artículo  1  de  la  Ley 
Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo 
que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento.
En  el  mismo  sentido  el  artículo  7.1  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  en 
concordancia con el artículo 20.1 del Código de Comercio dispone que «el contenido del 
Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial 
de su inexactitud o nulidad».
En este sentido este Centro Directivo ha declarado con anterioridad (cfr. Resoluciones 
anteriormente  citadas)  que  el  recurso  contra  la  calificación  registral  es  el  cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar en todo o 
en parte el asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria) y tiene por 
objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. 
No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, como puede ser la 
procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, 
cualquiera que sea la clase de este. e.e
Es  por  ello,  que  la  pretensión  del  recurrente,  de  no  considerar  procedente  la  w.b
anotación preventiva no puede estimarse, ya que como ha señalado esta Dirección  57ww
Ganeontearcaiól nd ep Sreevgeunrtiidvaad  pJruarcídticicaad ay  Fdee sPpúlibelgicaa  teond oRse ssoulsu ceiófenc dtoes  3m0 ideen troacst unbore  sdee  i2n0s2c0ri blaa 
la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.
3. Una vez establecido que la anotación preventiva de solicitud de requerimiento de 
notario para levantar acta de la junta general y complemento de convocatoria despliega 
todos sus efectos y el registrador debe tenerla en cuenta al efectuar la calificación del 
depósito de cuentas presentado, debemos valorar el alcance de la misma.
El artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece: «Los administradores 
podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general y 
estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la 
celebración de la junta, lo soliciten socios que representen, al menos el uno por ciento 
del  capital  en  la  sociedad  anónima  o  el  cinco  por  ciento  en  la  sociedad  de 
responsabilidad limitada. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en 
acta notarial».
El  artículo  172  del  mismo  texto  legal,  en  su  punto  segundo  establece:  «El 
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como 
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del 
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de 
la junta».
Ambos  artículos  son  complementados  por  el  artículo  104  del  Reglamento  del 
Registro  Mercantil,  que  dice:  «1.  A  instancia  de  algún  interesado  deberá  anotarse 
preventivamente la solicitud de levantamiento de acta notarial de la junta por la minoría 
prevista en la Ley y de la publicación de un complemento a la convocatoria con inclusión 
de uno o más puntos del orden del día (…) 2. Practicada la anotación preventiva, no 
podrán inscribirse en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la junta a que se 
refiere el asiento si no constan en acta notarial, o no se justifica la publicación del 
correspondiente complemento a la convocatoria, en su caso».
Como ha señalado esta Dirección General en Resolución de 28 de junio de 2013, y 
para un supuesto análogo en que se solicitaba un depósito de cuentas existiendo una 
anotación preventiva de solicitud de levantamiento de acta notarial de la junta general, y 
como ya había establecido otra Resolución de 13 de noviembre de 1999: «El acta 
notarial de la junta general de una sociedad de capital tiene en principio (cuando sea 
solicitada voluntariamente por los administradores) la misma finalidad probatoria que un 
acta ordinaria, pero con el valor añadido de que, al ser un instrumento público, quedan 
bajo la fe del notario los hechos consignados en la misma. Pero el legislador, en 
determinados  casos  y  precisamente  por  la  garantía  que  comporta  la  intervención 
notarial, impone la obligación de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre en el 
art. 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital (…) Según este precepto legal, en este 
caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial».
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.