BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Viernes 28 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 64686
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
8881 Decreto-ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador  específico  contra  los  incumplimientos  de  las  disposiciones 
reguladoras  de  las  medidas  de  prevención  frente  a  la  Covid-19  en  los 
servicios sociales valencianos.
PREÁMBULO
I
Para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria 
para prevenir los daños ocasionados por la Covid-19, el Acuerdo de 19 de junio de 2020, 
del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 establece las directrices 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, en esta 
etapa de nueva normalidad, respetando las competencias de otras administraciones 
públicas y a las medidas que se adopten en función de la evolución de los indicadores 
epidemiológicos y sanitarios. Se establece también las medidas necesarias para la 
recuperación  de  la  actividad  administrativa  presencial  en  la  prestación  de  servicios 
públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.
El artículo 31 del Real decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19 establece que:
– El  incumplimiento  de  las  medidas  de  prevención  y  de  las  obligaciones 
establecidas, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
general de salud pública,
– Que la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, así como 
la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que sean procedentes, 
corresponde a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y 
de las entidades locales en el ámbito de las competencias respectivas, y
– Añade previsiones sobre el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas 
y el incumplimiento de las medidas cuando constituyan infracciones administrativas en el 
ámbito del transporte.
De acuerdo con estas previsiones, debe tenerse presente que cada administración 
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de 
sus servicios.
En este contexto, se considera una necesidad extraordinaria y urgente establecer 
medidas que permitan a la Administración de la Generalitat, también en materia de 
servicios sociales, afrontar con celeridad y eficacia la tramitación y resolución de los 
procedimientos sancionadores que se incoen por incumplimientos de las disposiciones 
vigentes  dictadas  por  la  autoridad  competente  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de los servicios sociales valencianos. s
Por ello es necesario regular el cuadro de infracciones y sanciones en la materia, y  oe.
que todo ello constituya un instrumento efectivo de salvaguardia de la salud pública en la  w.
cdreisreiPsc ohsrao nsr iatadzroeian  elaasc  tcudiaueld  eaendfi aceanl cíáaima,  bpaitrdoom cdeiend ilesot srac setievnratvr iacyliio zsap ras rolaac i amtlreaasmy oviatra lecsnieócgniau nreiod saim.d pjousríicdiiócna   deen   llaoss   2021-8881n https://ww
sanciones  previstas  en  este  decreto  ley  en  un  mismo  órgano  autonómico,  en  la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin perjuicio de las 
competencias de otras administraciones.
Se  debe  hacer  mención,  finalmente,  a  la  reciente  aprobación  del  Decreto 
ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 
incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la 
Covid-19, que con carácter más general, establece un catálogo con alguno de los 
comportamientos indeseables observados en esta nueva situación, que se clasifican y a 
los que se les cuantifica la sanción aparejada, junto con el establecimiento de medidas 
sobre procedimiento, competencia, prescripción y actuación inspectora, entre otros.
Lógicamente, el presente decreto ley, guarda la estructura y el planteamiento del 
mencionado DL 11/2020, de 24 de julio, y lo amplía de forma sectorial en el ámbito de los 
servicios  sociales  en  la  Comunitat  Valenciana,  complementando  las  previsiones  del 
mismo.
II
El decreto ley consta de tres capítulos, 16 artículos, una disposición transitoria y una 
disposición final.
El capítulo I contiene las disposiciones generales y establece su objeto, el ámbito 
subjetivo de aplicación y la actividad inspectora.
En el capítulo II se regula las infracciones.
En el capítulo III se regula el régimen sancionador, responsables, procedimiento, las 
sanciones y su graduación, competencia para sancionar y las medidas provisionales 
durante la instrucción del procedimiento sancionador, así como la regulación del régimen 
de los recursos administrativos.
En la disposición transitoria se establece el régimen para los procedimientos de 
carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto ley.
La disposición final determina la entrada en vigor y la vigencia de este decreto ley.
III
En cuanto al rango normativo de esta disposición, de conformidad con el artículo 25 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad 
sancionadora se ejercerá cuando haya sido reconocida expresamente por una norma 
con rango de ley.
Este régimen sancionador debe acometerse de inmediato para asegurar mejor el 
pleno cumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la Covid-19, por 
lo que se recurre a la figura del decreto ley, en atención al carácter extraordinario y 
excepcional de la grave situación de crisis sanitaria planteada.
Con  relación  a  la  concurrencia  del  presupuesto  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ 4), exige, por un lado, «la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 
aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por 
otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la 
medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Así,  por  una  parte,  como  señala  el  Tribunal  Constitucional,  el  real  decreto-ley 
constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones  e.
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que  w.b
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación  81ww
pFaJ rla4m;1e3n7t/a2r0ia0 3d,e  dlaes  l3e yedse  (SjuSliToC,  F6/J1 938;3 ,3 d6e8 /42 0d0e7 f,e bFrJe ro1,0 F;3J1 5/2;1011/12,0 0d2e,  d1e7 1 7d ed e menaerzroo,, 
FJ 4;137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Y todo ello concurre en el presente caso, dado que es necesario establecer el 
régimen sancionador específico para garantizar la eficacia de medidas adoptadas en la 
Comunitat Valenciana con el fin de prevenir y controlar posibles rebrotes de la Covid-19, 
también en un ámbito tan sensible como son los servicios sociales valencianos.
Por lo tanto, por su naturaleza y finalidad, concurren en este caso las circunstancias 
de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  previstas  en  el  artículo  44  del  Estatut  de 
autonomía de la Comunitat Valenciana, como presupuestos que habilitan la aprobación 
de este Decreto ley, por lo que el Consell considera plenamente adecuado el uso de este 
instrumento para dar cobertura a las disposiciones que se han descrito, dado que 
responde a la exigencia de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación 
entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que son idóneas, 
concretas y de eficacia inmediata.
Esta  disposición  se  adecúa  también  a  los  principios  de  seguridad  jurídica, 
proporcionalidad y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección 
de los derechos de la ciudadanía y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, 
sin imponer cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta 
proporcionada,  en  atención  a  la  particular  situación  existente  y  a  la  necesidad  de 
garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Vista la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de 
consulta pública y de audiencia e información públicas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, y el artículo 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, e la 
Generalitat, del Consell, a propuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas y previa deliberación del Consell en la reunión de 7 de agosto 
de 2020, decreto:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Es objeto de este decreto ley el establecimiento de un régimen sancionador que 
garantice el cumplimiento de las medidas dictadas para la prevención de la Covid-19 en 
el en el ámbito de los servicios sociales valencianos.
2.  El ámbito de aplicación de este decreto ley se corresponderá con el territorio de 
la Comunitat Valenciana.
Artículo 2.  Actividad inspectora y de control.
1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  reservadas  al  Estado,  las  actividades 
inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en este Decreto ley, en el 
en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales  valencianos,  serán  efectuadas  por  cualquier 
personal  funcionario  que  tenga  la  condición  de  agente  de  la  autoridad  y  a  los 
funcionarios y funcionarias que tengan atribuidas funciones inspectoras y de control en el 
ámbito de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Dicho personal funcionario  s
tendrá, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la autoridad y sus  e.
declaraciones gozarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario. w.
2.  La Generalitat podrá solicitar de la Delegación del Gobierno del Estado en la  81ww
cCoormreusnpiotantd iVeanlteensc iainnsat ruyc cdieo nleass  sau bladse lefguaecrzioanse sy  ecnu elarsp opsr odvien cisaesg uqruidea ds e dceul rsEesnt aldaos 
dependientes  de  su  autoridad,  en  relación  con  su  participación  en  las  tareas  de
inspección y control que corresponda correspondan en los términos previstos en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar 
instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección 
y vigilancia.
Artículo 3.  Actas.
1.  Los resultados de cada actuación inspectora se reflejarán en un acta cuya 
primera copia se entregará a la persona interesada o persona ante quien se actúe. Esta 
podrá hacer constar su conformidad u observaciones respecto de su contenido. El otro 
ejemplar del acta será remitido al órgano competente para, en función de la naturaleza 
de la inspección, iniciar el oportuno procedimiento sancionador.
2.  Las actas firmadas por el personal funcionario previsto en el artículo 2.1 de este 
decreto  ley  y  de  acuerdo  con  las  formalidades  exigidas,  gozarán  de  presunción  de 
veracidad en cuanto a los hechos comprendidos en las mismas, salvo prueba en contrario.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 4.  Infracciones.
1.  Constituirán infracciones las acciones u omisiones tipificadas en este decreto ley, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran 
derivar de las mismas.
2.  Las infracciones administrativas en este ámbito se clasifican en leves, graves y 
muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual 
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social 
producida, generalización de la infracción y reincidencia.
Artículo 5.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1.  El  incumplimiento  de  los  límites  de  aforo  del  local  por  parte  de  los 
establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales.
2.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  informar  a  las  personas  residentes, 
visitantes o usuarias sobre el régimen horario, distancia mínima interpersonal y de la 
obligatoriedad del uso de la mascarilla.
3.  El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas 
por la Generalitat, en relación con la Covid-19, para cualquier tipo de establecimiento, 
hogar, centro o residencia de servicios sociales o actividad que sea desarrollada por los 
mismos en espacios o locales, públicos o privados, cuando no suponga riesgo de 
contagio o este afecte 10 o menos personas residentes, visitantes o usuarias.
4.  El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado o de la 
medida  cautelar  de  cuarentena  acordada  por  la  autoridad  sanitaria  competente  en 
personas residentes, visitantes o usuarias que no hayan dado positivo en Covid-19, pero 
que sean contactos directos de un enfermo confirmado.
Artículo 6.  Infracciones graves. b
1S.e  cEoln sinidceurmarpálnim iniefnratoc cidoen elso sg rlaímveitse:s de aforo permitido en los establecimientos,
hsuopgoanregsa,  ucne gnrtraovse  ryie sregsoi ddeen lcai atrsa ndsem isseiórvni cdieo sla  seoncfiearlmese dfaredn ptea raa  lala s aCluodv idde-1 r9e,s idcueanntedso,   BOE-A-cable e
visitantes o usuarias que afecte a 10 o menos personas, porque en el establecimiento, 
centro, hogar, residencia o lugar de la actividad se hallen presentes personas menores 
de edad, personas mayores de 65 años o personas con diversidad funcional o problemas 
de salud mental.
2.  La  organización  de  actividades,  en  centros,  hogares,  establecimientos  o 
residencias sociales que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando 
se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las 
medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal dentro de los establecimientos.
3.  El incumplimiento de las condiciones de seguridad dictadas por la autoridad 
competente en materia de distancia de seguridad en centros, hogares, establecimientos 
o residencias sociales
4.  El  incumplimiento  de  las  normas  y  medidas  establecidas  en  el  plan  de 
contingencia contra la Covid-19 cuando se esté obligado a su elaboración y tenencia de 
acuerdo las órdenes o medidas dictadas por la autoridad competente.
5.  El incumplimiento del deber de aislamiento residencial acordado por la autoridad 
sanitaria competente o, en su caso, del confinamiento decretado, que afecte a personas 
que hayan dado positivo en Covid-19.
6.  La negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección relativas a 
la Covid-19 cuando corresponda por prescripción sanitaria.
7.  La ausencia de declaración obligatoria y urgente en los casos de sintomatología 
compatible  con  la  Covid-19  a  los  servicios  de  salud  pública  y  a  las  personas 
responsables de los correspondientes centros de trabajo.
8.  El incumplimiento del régimen de visitas, salidas e ingresos establecidos en los 
planes de contingencia de los centros de servicios sociales.
9.  La  comisión,  en  el  periodo  de  un  año,  de  más  de  tres  infracciones  leves, 
sancionándose la cuarta infracción como infracción grave.
Artículo 7.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1.  El incumplimiento de los límites de aforo permitido en los establecimientos, 
hogares,  centros  y  residencias  de  servicios  sociales  frente  a  la  Covid-19,  cuando 
suponga un grave riesgo de la transmisión de la enfermedad para la salud de residentes, 
visitantes o usuarias que afecte a más de 10 personas, porque en el establecimiento, 
centro, hogar, residencia o lugar de la actividad se hallen presentes personas menores 
de edad, personas mayores de 65 años o personas con diversidad funcional o problemas 
de salud mental.
2.  La  organización  de  actividades  en  centros,  hogares,  establecimientos  o 
residencias sociales que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando 
se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las 
medidas sanitarias de prevención o se hallen presentes personas menores de edad, 
personas mayores de 65 años o personas con diversidad funcional o problemas de salud 
mental.
3.  El incumplimiento de las medidas generales de protección y gestión de residuos 
adoptadas  por  la  Generalitat  en  relación  con  la  Covid-19  para  cualquier  tipo  de 
establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales cuando suponga 
un riesgo de contagio o daño grave para la salud de la población que afecte a más de 10  e
personas (menores de edad, personas mayores de 65 años o personas con diversidad  bo
funcional o problemas de salud mental). 81ww
pdaaeurlt oar4r e.liad c ausEdras ll osuian dsnc opuitcúamibrapilali lci qmoau,.i eee nnht aosy urae cnita edsraoad,d odo e pdl oecslo idtnivefiobn eaermn d ieCen oatvoisi ddla-e1mc9ri,ee nstait ode osr,et ees nicd oepmnecrpsiaoolrn taaac sdo tarrdñaaobdsao jag pdraoovrr ealass    OE-A-2021-88able en https://
5.  El mantenimiento de un trabajador en su puesto de trabajo, en cualquier tipo de 
establecimientos,  hogares,  centros  y  residencias  de  servicios  sociales,  cuando  se 
conozca que el mismo tiene síntomas evidentes de haber contraído la enfermedad, o 
haya dado positivo en Covid-19.
6.  El cierre o la suspensión de actividades de cualquier tipo de establecimientos, 
hogares, centros y residencias de servicios sociales, que haya sido declarado servicio 
público esencial, durante un periodo emergencia sanitaria, sin la autorización expresa de 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
7.  Incumplir  el  procedimiento  establecido  por  el  Ministerio  de  Sanidad  para  el 
manejo de cadáveres de casos de Covid-19, en cualquier tipo de establecimientos, 
hogares, centros y residencias de servicios sociales.
8.  La comisión, en el periodo de un año, de más de tres infracciones graves, 
sancionándose la cuarta infracción como infracción muy grave.
Artículo 8.  Prescripción y caducidad.
1.  Las infracciones tipificadas en este decreto ley como leves prescribirán en el 
plazo de seis meses, las tipificadas como graves en el de dos años y las tipificadas como 
muy graves en el de tres años según establece el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.
2.  El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día de la comisión del 
hecho. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del 
cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción 
se consume.
3.  Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable.
4.  El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la resolución que 
proceda  al  interesado,  en  el  plazo  máximo  de  seis  meses,  desde  su  iniciación, 
produciéndose la caducidad del mismo en la forma y modo previstos (art. 22 para el 
procedimiento  común;  los  informes  preceptivos  del  artículo  80.3;  las  posibles 
actuaciones  complementarias  del  artículo  87  y  el  supuesto  del  artículo  25.2  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas).
No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la suspensión del 
plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y 
exigidas para ello en la citada ley.
CAPÍTULO III
Régimen sancionador
Artículo 9.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 60 
hasta 600 euros.
2.  Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 601 a 30.000  s
euros. e.
3.  Las  infracciones  muy  graves  podrán  ser  sancionadas  con  multa  de  30.001  w.
a 60.000 euros. 81ww
Artículo 10.  Graduación de las sanciones.
1.  Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad 
de los hechos constitutivos de la infracción. Su graduación atenderá a los siguientes 
criterios:
a)  La  transcendencia  social  de  la  infracción,  atendiendo  al  número  y  tipo  de 
personas afectadas según su grado de vulnerabilidad, así como a la gravedad de las 
consecuencias de la infracción.
b)  La negligencia o intencionalidad del infractor.
c)  La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.
d)  La existencia de reiteración y reincidencia. Se entenderá por reiteración, la 
comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando 
así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa. Por su 
parte, se entenderá por reincidencia la comisión de más de un infracción de la misma 
naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución que 
ponga  fin  a  la  vía  administrativa,  entendida  como  continuidad  o  persistencia  en  la 
conducta infractora.
e)  La  conducta  del  infractor  observada  por  los  agentes  de  la  autoridad  o  las 
personas inspectoras en orden al cumplimiento de las disposiciones legales.
Artículo 11.  Responsables.
1.  Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en este decreto 
ley, las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica previstos en el 
artículo 3.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en 
este decreto ley.
2.  Las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios sociales, los titulares 
y directivos de los establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales, 
serán  responsables  solidarios  cuando,  por  acción  u  omisión,  permitan  o  toleren  la 
comisión de infracciones por parte de personas residentes, visitantes o usuarias.
3.  Cuando el infractor sea una persona menor de edad o persona adulta con 
capacidad  de  obrar  modificada  judicialmente,  serán  responsables  las  personas 
progenitoras, tutoras o guardadoras legales.
Artículo 12.  Procedimiento.
1.  Las infracciones cometidas por vulneración de lo indicado en este decreto ley 
serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del 
oportuno  procedimiento  administrativo  tramitado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones  públicas  con  las  especialidades  previstas  por  la  misma  para  los 
procedimientos de carácter sancionador.
2.  Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la 
misma  antes  de  dictarse  resolución  en  el  expediente  sancionador,  supondrá  el 
reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos, reduciéndose el 
importe de la sanción en un cuarenta por ciento de su cuantía.
Artículo  13.  Medidas  provisionales  durante  la  instrucción  del  procedimiento  e.
sancionador. w.b
rgderesal ov1pleu.rs co icóyIen ndim cmiimuaoydiet oinvg atreoadl,v a eea, sxsla,pe slega dum iraeeaundrt tioeder ali dsscaa updnmr cocipvoolinismmaiopdieneonatretl eonps toe dirm e p lpaalarr ea pss rcraeeinnssdcuoiinóblvtnlaee  rsq,c  upopeamo rdaipsr uáieód ln aine cordoarerm d iamainlr p fdrmoaencseecadriroisarneone ltloeys     OE-A-2021-88able en https://
evitar la comisión de nuevas infracciones.
2.  Las  medidas  provisionales  podrán  ser  alzadas  o  modificadas  durante  la 
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 
En  todo  caso  se  extinguirán  con  la  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento 
sancionador correspondiente.
3.  Estas  medidas  provisionales  serán  acordadas  mediante  resolución  motivada 
previa  audiencia  del  interesado  por  un  plazo  de  diez  días.  En  caso  de  urgencia, 
debidamente motivada, el plazo de audiencia quedará reducido a dos días.
Artículo 14.  Competencia para sancionar.
1.  La competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores 
corresponderá a la Administración de la Generalitat, en este caso la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas.
2.  Será órgano competente para incoar, instruir y elevar propuesta de resolución el 
personal empleado público designado por la Inspección de Servicios Sociales.
3.  Será órgano competente para resolver el expediente y, en su caso, imponer la 
sanción:
– La persona titular de la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios 
Sociales cuando se trate de infracciones leves y graves.
– La persona titular de la Conselleria competente en materia de Igualdad y Políticas 
Inclusivas cuando se trate de infracciones muy graves.
4.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las 
normas o acuerdos de delegación de competencias en vigor.
Artículo 15.  Prescripción de sanciones.
1.  Prescribirán en el plazo de un año las sanciones impuestas por infracciones 
leves a la presente ley, a los dos años las impuestas por infracciones graves y a los tres 
años las impuestas por infracciones muy graves.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.
3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  de  la  persona 
interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel 
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 16.  Recursos administrativos.
Corresponderá a la persona titular de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
la competencia para la resolver los recursos administrativos que se interpongan contra la 
resolución derivada del procedimiento sancionador regulado por este decreto ley.
Disposición transitoria única.
Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de 
este decreto ley se seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa  s
vigente en el momento de dictarse el acto iniciador del procedimiento. oe.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana» y producirá efectos hasta que el Gobierno de España 
declare la finalización de situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
València, 7 de agosto de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–La 
Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8890, de 25 de agosto de 2020)