BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104576
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14905 Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  de  la  propiedad  de  Murcia  n.º  8  a  inscribir  una  escritura  de 
aportación de inmueble a una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por doña María Dolores Heredia Cánovas, notaria de 
Murcia, contra la negativa del registrador de la propiedad de Murcia número 8, don 
Manuel Ortiz Reina, a inscribir una escritura de aportación de inmueble a una sociedad 
de responsabilidad limitada.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el 19 de mayo de 2020 ante la notaria de Murcia, doña 
María Dolores Heredia Cánovas, con número 661 de protocolo, se elevaron a público 
acuerdos de aumento del capital social de la sociedad «Promociones Niclar, S.L.», 
respecto del cual y para desembolsar determinadas participaciones sociales que asume, 
el socio don A. J. N. P. aportó la mitad indivisa de una finca sita en Murcia, Puente 
Tocinos, Calle (…) (finca registral n.º 45.315). En dicha escritura consta que dicho 
aportante es divorciado y que dicha participación indivisa le pertenece por adjudicación 
en escritura de liquidación de la sociedad de gananciales otorgada el 5 de diciembre 
de 2012.
II
La escritura se presentó a inscripción el 16 de enero de 2020 en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Albacete, y fue objeto de la calificación que a continuación se 
transcribe en lo pertinente:
«(…) En relación al título de referencia, previa la calificación del mismo, se acuerda 
la suspensión de la inscripción por el defecto subsanable de la falta de constancia de la 
manifestación del transmitente de que la finca transmitida no constituye la vivienda 
familiar, o caso de constituirlo, falta del consentimiento del otro cónyuge. Esta calificación 
se basa en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos:
I.  (…)
II.  La finca registral 45.315 de la Sección 6.º de Murcia, aparece inscrita, por mitad 
y proindiviso, a favor de los cónyuges don A. J. N. P. y doña M. D. C. T., por título de 
adjudicación  en  liquidación  de  sociedad  conyugal,  mediante  escritura  otorgada  en 
Santomera el día 5 de diciembre de 2012 ante la Notaria doña María Alicia Soto Torres, 
número 1015 de protocolo, que se registró por la inscripción 8" de la finca, el 18 de mayo  e.
de 2020. w.b
III.  No consta en el título presentado si la finca cuya mitad indivisa se aporta a la  905ww
SocIieVd. adE cl odnías t2it udyee  jou nnioo  vdiev ie2n0d0a9  fsaem ailciarer.dita la liquidación del Impuesto y la inscripción
del aumento de capital social en el Registro Mercantil
Fundamentos de derecho:
1.  Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los Registradores 
calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la  legalidad  de  las  formas  extrínsecas  de  los 
documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se  solicite  la  inscripción,  así  como  la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
2.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 1320 del Código Civil, "Para disponer de 
los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, 
aunque  tales  derechos  pertenezcan  a  uno  solo  de  los  cónyuges,  se  requerirá  el 
consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial».
3.  El artículo 91 del Reglamento Hipotecario exige para la inscripción del acto 
dispositivo que recaiga sobre un inmueble que puede constituir la vivienda habitual de la 
familia, bien el consentimiento o autorización necesarios si, en efecto, el derecho que se 
transmite sirve de soporte para la constitución en él de la vivienda habitual, bien la 
justificación de que el inmueble no tiene tal carácter o, simplemente, la manifestación por 
el disponente en tal sentido. En efecto, según el número I de este artículo "Cuando la 
Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos 
sobre la vivienda habitual de la familia, será necesario para la inscripción de actos 
dispositivos  sobre  una  vivienda  perteneciente  a  uno  solo  de  los  cónyuges  que  el 
disponente manifieste en la escritura que la vivienda no tiene aquel carácter".
4.  El condominio de ambos cónyuges sobre la vivienda permite presuponer el 
carácter de vivienda familiar. Incluso en los casos de crisis matrimonial, la propiedad 
proindiviso  legitima  al  comunero  para  ocupar  la  vivienda  a  que  se  refiera  y,  en 
consecuencia,  la  transmisión  es  susceptible  de  afectar  a  la  ocupación  familiar  del 
inmueble porque en ella se dispone de derechos sobre la vivienda (V. Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de noviembre de 1987).
5.  El derecho de uso de la vivienda familiar se halla protegido especialmente en 
consideración al interés que se pretende salvaguardar (protección de la familia y de la 
vivienda familiar), de manera que la enajenación o cesión de la vivienda a un tercero, 
además de anulable a falta de consentimiento de ambos cónyuges, es ineficaz frente al 
usuario; o dicho en otros términos (que son los de la jurisprudencia): el derecho de uso 
de quo es oponible a los terceros que hayan adquirido la vivienda directamente del 
propietario, por enajenación voluntaria de este, o en subasta subsiguiente a la acción de 
división en caso de comunidad: así, en SSTS de 27 diciembre 1999, 4 diciembre 2000, 
28 marzo 2003, 8 mayo 2006, 27 junio 2007 y 18 enero 2010.
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, por el 
Registrador que suscribe se acuerda:
1.º  Calificar  el  documento  presentado  en  los  términos  que  resultan  de  los 
Fundamentos Jurídicos antes citados.
2.°  Suspender  el  despacho  del  título  hasta  la  subsanación  de  los  defectos 
observados, con la manifestación del hipotecante [sic] en el sentido de que la finca 
hipoteca [sic] no constituye la vivienda familiar, o caso de constituirlo, acreditándose el 
consentimiento del otro cónyuge.
3.°  Notificar esta calificación en el plazo de diez días hábiles desde su fecha al 
presentante del documento y al Notario o Autoridad judicial o administrativa que lo ha 
expedido, de conformidad con lo previsto en los artículos 322 de la Ley Hipotecaria y 58 
y  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  e
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. bo
ReinEEass ttraee  gcdiasoltcirfuaicmdaocerin/óatno  d rheeag R issetirgdaiols  ptfrioormd Praárdo (op… iec)doand f idrme aM eulrecciatr ó8n aic ad ícau oanlifcicea ddea  jpuonrio M daenl uaeñlo O drotizs   2020-14905n https://ww
mil veinte».
El 20 de julio de 2020 se extendió diligencia en dicha escritura en la que se reitera 
que el estado civil manifestado en la comparecencia por el aportante es de divorciado.
Esta diligencia se aportó al referido Registro y la escritura fue objeto de una nueva 
calificación, según la cual vuelve a acordar «la suspensión de la inscripción por el 
defecto subsanable de la falta de constancia de la manifestación del transmitente de que 
la finca transmitida no constituye la vivienda familiar, o caso de constituirlo, falta del 
consentimiento del otro cónyuge». Y expresa los siguientes fundamentos de derecho:
«1.  Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los Registradores 
calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la  legalidad  de  las  formas  extrínsecas  de  los 
documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se  solicite  la  inscripción,  así  como  la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
2.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 1320 del Código Civil, "Para disponer de 
los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, 
aunque  tales  derechos  pertenezcan  a  uno  solo  de  los  cónyuges,  se  requerirá  el 
consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial".
3.  El artículo 91 del Reglamento Hipotecario exige para la inscripción del acto 
dispositivo que recaiga sobre un inmueble que puede constituir la vivienda habitual de la 
familia, bien el consentimiento o autorización necesarios si, en efecto, el derecho que se 
transmite sirve de soporte para la constitución en él de la vivienda habitual, bien la 
justificación de que el inmueble no tiene tal carácter o, simplemente, la manifestación por 
el disponente en tal sentido. En efecto, según el número I de este artículo "Cuando la 
Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos 
sobre la vivienda habitual de la familia, será necesario para la inscripción de actos 
dispositivos  sobre  una  vivienda  perteneciente  a  uno  solo  de  los  cónyuges  que  el 
disponente manifieste en la escritura que la vivienda no tiene aquel carácter".
4.  El condominio de ambos cónyuges sobre la vivienda permite presuponer el 
carácter de vivienda familiar. Incluso en los casos de crisis matrimonial, la propiedad 
proindiviso  legitima  al  comunero  para  ocupar  la  vivienda  a  que  se  refiera  y,  en 
consecuencia,  la  transmisión  es  susceptible  de  afectar  a  la  ocupación  familiar  del 
inmueble porque en ella se dispone de derechos sobre la vivienda (V. Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de noviembre de 1987).
5.  El derecho de uso de la vivienda familiar se halla protegido especialmente en 
consideración al interés que se pretende salvaguardar (protección de la familia y de la 
vivienda familiar), de manera que la enajenación o cesión de la vivienda a un tercero, 
además de anulable a falta de consentimiento de ambos cónyuges, es ineficaz frente al 
usuario; o dicho en otros términos (que son los de la jurisprudencia): el derecho de uso 
de quo es oponible a los terceros que hayan adquirido la vivienda directamente del 
propietario, por enajenación voluntaria de este, o en subasta subsiguiente a la acción de 
división en caso de comunidad: así, en SSTS de 27 diciembre 1999, 4 diciembre 2000, 
28 marzo 2003, 8 mayo 2006, 27 junio 2007 y 18 enero 2010.
6.  Respecto a la cuestión de la subsistencia del concepto de "vivienda familiar" tras 
la disolución del matrimonio –deducida del estado civil de divorciado del transmitente–, 
hemos de añadir que es en los casos de ruptura de la situación matrimonial cuando la 
protección de la vivienda familiar cobra su mayor sentido. En nuestro ordenamiento, el 
propio Código Civil hace continuas referencias a la "vivienda familiar" y al "domicilio 
familiar"  al  regular  los  efectos  comunes  a  la  nulidad,  separación  o  divorcio.  Del 
artículo 96 del Código Civil, resulta claro que, tras la disolución del matrimonio, la  e.
vivienda familiar debe ser atribuida a uno de los cónyuges. La Sentencia de divorcio  w.b
habrá determinado lo que proceda respecto de la atribución de la vivienda familiar, bien  905ww
dheacyias ióenxi sjutiddioc iaml u(taurotí cauclou e9r1d oy  (aarrttííccuulloo  79704  ddeel  Claó Ldeigyo  dCei vEiln),j uoic ibaimenie, netno  Csuiv idl)e. fSecetgoú, np oerl 
Cúlótidmigoo p, áprarraafo d idseplo nceitar ddoe  alar tvícivuileon d9a6 , faemn ilciao nastroibnuaindcai,a  sceo rne qeul earirrtáíc eull oc o1n3s2e0n tdimeli emntios mdeo 
ambas partes, o, en su caso, autorización judicial.
La limitación de disponer de los derechos sobre la vivienda familiar es un efecto 
esencial de la separación o el divorcio. En nuestro caso, apareciendo la finca inscrita en 
proindíviso a favor de los antiguos cónyuges, aquél a quien se le haya atribuido el uso 
será poseedor del todo y titular de la mitad. La limitación de disponer persiste en ambos 
titulares, porque persiste la necesidad de mantener el uso del todo en el atributario.
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, por el 
Registrador que suscribe se acuerda:
1.º  Calificar  el  documento  presentado  en  los  términos  que  resultan  de  los 
Fundamentos Jurídicos antes citados.
2.°  Suspender  el  despacho  del  título  hasta  la  subsanación  de  los  defectos 
observados, con la manifestación del hipotecante [sic] en el sentido de que la finca 
hipoteca [sic] no constituye la vivienda familiar, o caso de constituirlo, acreditándose el 
consentimiento del otro cónyuge.
3.°  Notificar esta calificación en el plazo de diez días hábiles desde su fecha al 
presentante del documento y al Notario o Autoridad judicial o administrativa que lo ha 
expedido, de conformidad con lo previsto en los artículos 322 de la Ley Hipotecaria y 58 
y  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta calificación registral podrá (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Manuel Ortiz 
Reina registrador/a de Registro Propiedad de Murcia 8 a día veintisiete de Julio del año 
dos mil veinte».
III
Mediante escrito que entró en el referido Registro de la Propiedad el 7 de agosto 
de 2020 la notaria autorizante de la escritura, doña María Dolores Heredia Cánovas, 
interpuso recurso contra la nueva calificación en el que alega los siguientes fundamentos 
jurídicos:
«Primero:  Estamos absolutamente de acuerdo con la calificación en cuanto a la 
necesaria protección de la vivienda familiar y con la afirmación de que esta protección 
cobra su mayor sentido en los momentos de crisis matrimonial. Precisamente por esta 
razón, aunque similares en algún aspecto, son diferentes la facultad posesoria que tiene 
el llamado cónyuge no titular durante el matrimonio con el derecho de uso de la vivienda 
atribuido al mismo en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
Entendemos que la calificación parte de la identificación de la potestad de habitar la 
vivienda habitual común durante el matrimonio por parte de quien no es su propietario o 
titular de derecho que autorizara el uso (usufructuario, arrendatario o cualquier otro) a 
que se refieren los artículos 68, 69, 70 y 1.320 del Código Civil con el derecho de uso de 
la vivienda familiar atribuido a los hijos y el cónyuge en cuya compañía queden o a este 
si su interés es el más necesitado de protección en momentos de crisis matrimonial a 
que se refieren los artículos 90 y 96 del Código Civil, cuando, como queda dicho, se trata 
de derechos que aunque pudieran tener algunos aspectos comunes son distintos en su 
naturaleza, alcance y contenido y que tienen título de atribución diferente.
Durante el matrimonio los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos, lo que se  e
presume, y de fijar de común acuerdo el domicilio conyugal (artículos 68, 69 y 70 del  bo
Código Civil). Como núcleo de la convivencia, la vivienda habitual de la familia se  905ww
ppraortae gleo sd ucruaanltees  epl rmecaitsraimráo neiol  lcimonitsaenndtoim lioesn taoc tdoes l doistproo scitóivnoysu gdee.l  cEónn yeusgtee  psreonptieidtoa rioe,l 
amratítcruimloo n1io3,2 e0s tadbelel cCe óqduieg o" paCriav ild, ispcoonn eri nddee ploesn ddeenrecciah osd eslo brréeg ivmiveienn dpaa htraimbiotunaial l y dloesl 
muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de
los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos, o, en su caso, autorización 
judicial". Por tanto, durante el matrimonio el título que atribuye al cónyuge no titular la 
facultad ocupacional y la facultad de limitar los actos dispositivos del titular sobre la 
vivienda habitual es el matrimonio mismo y la obligación de convivencia.
Sea cual sea la naturaleza que se le atribuya este derecho o facultad no es oponible 
a tercero ni inscribible en el registro de la propiedad y según el párrafo segundo del 
artículo 1.320 del Código Civil "La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el 
carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe", resolviéndose la 
protección en este momento a lo sumo en una indemnización a los hijos o al cónyuge no 
titular. Medidas que no satisfacen la necesidad que se intenta proteger con el derecho de 
uso que se adjudica en los momentos de crisis.
Producida la separación judicial, la nulidad del matrimonio o el divorcio, el derecho de 
uso  de  la  vivienda  familiar  a  favor  del  cónyuge  no  propietario  ya  no  resulta  del 
matrimonio, que no existe, como tampoco se puede hablar de cónyuges que no lo son, y 
no hay presunción alguna a su favor, sino que necesariamente esta mutación de la 
llamada por algunos autores coposesión impropia con el cónyuge titular durante el 
matrimonio a una posesión exclusiva del no titular ha de tener un título atributivo distinto, 
generalmente el convenio regulador de la separación, nulidad o divorcio o la sentencia 
que los decrete, convenio y sentencia que obligatoriamente habrán de referirse a tal 
extremo pues lo ordenan los artículos 90.1 c), 91 y 96 del Código Civil y de los que 
resultará su alcance y contenido.
La naturaleza jurídica de este derecho de uso y su consideración como derecho de 
crédito o real o como mera facultad posesoria es en derecho común muy discutida, 
siendo en la actualidad muchas las Sentencias del Tribunal Supremo y Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, que lo consideran como un 
derecho de carácter familiar, ajeno a la clasificación entre derechos reales y de crédito, 
ya que ésta es una división de los derechos de carácter patrimonial, carácter que impone 
consecuencias especiales, como la disociación entre la titularidad del derecho y el 
interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés protegido por el derecho 
atribuido (en este caso el interés familiar y la facilitación de la convivencia entre los hijos 
y el cónyuge a quien se atribuye su custodia) y otra la titularidad de tal derecho, la cual 
es exclusivamente del cónyuge a cuyo favor se atribuye el mismo, pues es a tal cónyuge 
a quien se atribuye exclusivamente la situación de poder en que el derecho consiste, ya 
que la limitación a la disposición de la vivienda se remueve con su solo consentimiento.
Cualquiera que sea la tesis que se siga en cuanto a la naturaleza del derecho de uso 
de  la  vivienda  familiar  atribuido  en  tiempos  de  crisis  matrimonial  lo  que  resulta 
incuestionable es que el mismo es oponible a terceros e inscribible en el Registro de la 
Propiedad y por tanto queda sujeto a los principios hipotecarios de prioridad, fe pública 
registral e inoponibilidad de los artículos 17, 32 y 34 de la Ley Hipotecaria, propios de los 
derechos de naturaleza real: En este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de 
diciembre de 1992 según la cual "Hoy en día, teniendo en cuenta las leyes vigentes 
[art.  1320  y  art.  96  ambos  del  Código  Civil,  94.1  del  Reglamento  Hipotecario  y 
disposición adicional 9.a de la Ley 30/1981, de 7 julio], que obstaculizan o condicionan la 
comisión de fraudes o errores perjudiciales por disposición unilateral, no parece dudoso 
que dicho uso deba configurarse como un derecho oponible a terceros que como tal 
debe  tener  acceso  al  registro  de  la  propiedad  cuya  extensión  y  contenido  viene 
manifestado en la decisión judicial que lo autoriza u homologa y, en estos términos, 
constituye una carga que pesa sobre el inmueble con independencia de quiénes sean  s
sus posteriores titulares, todo ello, sin perjuicio de la observancia de las reglas que  oe.
establece  el  Derecho  inmobiliario  registrar  También  la  Resolución  de  la  Dirección  w.
General de los Registros y del Notariado de 5 de septiembre de 2016: "La doctrina de  905ww
einsdtae peDnirdeecnccióian  dGe elan enraatl urhaale zsaid oju rcídoincast aqnutee ,s ea dlem aittierinbduoya ,q euse  inesl cdriebribelceh ote ndieen duos oc ocmoon 
eafretícctuolo f u2n6d.2a mdee nlata Ll esyu  Hoippoonteibcialirdiaa,d o a c otemrcoe vroesrd, aydae sroe ad ecroemchoo p rreoahl ibyaic iqóune d ceo ndsistiptuoynee ru neax   BOE-A-cable e
limitación a las facultades de dispositivas del cónyuge propietario, al que no se le 
atribuye el uso, que produce efectos erga omnes".
Resulta de lo expuesto que el artículo 1320 del código civil se aplica exclusivamente 
en caso de disposición de derechos sobre una vivienda por personas casadas y no 
resulta exigible, en territorios de derecho común, manifestación acerca del carácter 
familiar o no de la vivienda en caso de disposición por persona cuyo estado civil es el de 
soltero, viudo o divorciado, de modo que, no cuestionando la calificación el estado civil 
del disponente, no se puede exigir tal manifestación y en consecuencia no resulta 
aplicable tampoco el artículo 91.1 del Reglamento Hipotecario conforme al cual "Cuando 
la Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos 
sobre la vivienda habitual de la familia, será necesario para la inscripción de actos 
dispositivos  sobre  una  vivienda  perteneciente  a  uno  sólo  de  los  cónyuges  que  el 
disponente manifieste en la escritura que la vivienda no tiene aquel carácter": El Centro 
Directivo es claro en este extremo, así la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 31 de marzo de 2000, dice que una lectura atenta del 
artículo  96.IV  del  Código  Civil  "determina  que  la  exigencia  del  consentimiento  o 
autorización judicial para disponer de una vivienda privativa de un cónyuge sólo tiene 
aplicación cuando sobre la misma se ha constituido a favor del consorte el derecho de 
uso que la norma contempla", pero en ningún caso "se establece una exigencia a 
observar en todo supuesto de disposición de vivienda privativa de un cónyuge separado 
judicialmente, en previsión de que pueda estar afecta a aquel gravamen y como garantía 
del mismo". Y continúa diciendo que, en tanto que se trata de un derecho, –el de uso– 
inscribible: "el Registrador (...) sólo puede exigir aquel consentimiento o autorización 
judicial cuando ese derecho de uso de la vivienda de que se va a disponer constare en 
aquéllos, pues, en otro caso, habrá de estar al pronunciamiento registral de un dominio 
pleno y libre a favor del cónyuge disponente". También la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 6 de marzo de 2004, en su fundamento de 
derecho 2 señala que "si el transmitente declara ser de estado soltero al igual que si la 
manifestación  es  de  viudedad,  divorcio  o  separación  legal,  difícilmente  puede  el 
adquirente recabar del mismo manifestación alguna a los efectos del citado artículo 1320 
del Código Civil, y esa declaración, sea falsa o errónea, ha de producir los mismos 
efectos que la que de ser casado hiciera sobre que la vivienda que transmite no tiene la 
condición de domicilio habitual de su familia", la Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 17 de mayo de 2005, en su fundamento de derecho 4 
dice que "cuando el transmitente está separado legal o judicialmente (al igual que 
ocurriría  si  fuese  soltero  viudo  o  divorciado)  no  puede  recabarse  del  mismo 
manifestación alguna a los efectos previstos en el artículo 1.320 del Código Civil", la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de noviembre 
de  2013,  para  un  caso  de  manifestación  por  el  disponente  en  la  escritura  ser  de 
divorciado y de vecindad civil aragonesa resultando del registro que fue adquirida en 
estado de casado bajo régimen de separación de bienes del Derecho Civil catalán, 
señala, en su fundamento de derecho 3, que el cambio de vecindad civil "tiene relevancia 
dado que la legislación catalana exige la manifestación de no constituir la vivienda 
habitual  no  solo  a  los  disponentes  casados,  sino  también  a  los  solteros,  viudos  o 
divorciados, …", no exigiéndose, a contrario sensu, tal manifestación si el disponente 
acredita vecindad civil aragonesa.
Nada altera lo dicho la situación de copropiedad entre cónyuges o ex cónyuges, pues 
también en este supuesto el derecho de uso de la totalidad debe resultar de un título,  s
sea el convenio o sea la sentencia; la copropiedad no conlleva una coposesión total de la  oe.
cosa, situación difícil en todo caso y quizá más en el de ruptura del vínculo matrimonial.  w.
En este sentido la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado  905ww
dtees i1s 0a ld see nñoavlaier mqubere " Ndeo  d1e9b8e7n,  qpuuee sc iitma alag incaarlisfiec ahcipióonté, tpicroesc isdaemreecnhtoes  dinad liav idrauzaólens  ad ee sutna 
dcoeml tuítnueloro  dseo bcreo meul nuisdoa do,  gsoinceo  ddee  lau nc oesave cnotumaúl na, clouse rcduoa lceosm nuon ditearriivoa rpíaons tenraioturr aqlmuee nnteo   BOE-A-cable e
consta,," y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 
de junio de 1994 "lo que exige examinar si una cuota en proindiviso del bien dispuesto da 
derecho a ocuparlo en su totalidad. En esta materia, el artículo 394 del Código Civil al 
disponer que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga 
de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad 
ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho, sí bien permite afirmar con 
carácter general el uso de la cosa no debe sujetarse a la medida de la cuota, esta 
afirmación ha de quedar modalizada caso por caso respecto al uso directo cuando el 
objeto no permita tal uso, resulte este Imposible o lo haga muy incómodo, en cuyos 
supuestos para posibilitar aquel los partícipes tendrán que establecer una regulación en 
la que deberán tener en cuenta el derecho de cada uno de ellos y por tanto la cuota que 
respectivamente les corresponda …", También la Resolución de la Dirección General de 
los  Registros  y  del  Notariado  de  11  de  enero  de  2018,  que  cita  expresamente  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010, según la cual "1° "Cuando un 
cónyuge es propietario único de la vivienda familiar o lo son ambos, ya sea porque exista 
una copropiedad ordinaria entre ellos, ya sea porque se trate de una vivienda que tenga 
naturaleza  ganancial,  el  título  que  legitima  la  transformación  de  la  coposesión  en 
posesión única es la sentencia de divorcio/separación...". También en este caso de 
copropiedad el derecho de uso merece protección del registro de la propiedad.
Considero  conveniente  la  manifestación  expresa  de  que  en  modo  algún  tuve 
conocimiento ni presumí la existencia de un derecho de uso a favor de la ex cónyuge del 
disponente al tiempo de autorizar la escritura calificada y pienso que el rechazo de la 
inscripción tampoco resulta de tal presunción sino del conocimiento de tal circunstancia 
por la presentación del documento que anuncia la nota de información continuada por mi 
solicitada con posterioridad a la calificación, de modo que el problema real del supuesto 
que nos ocupa es de prioridad registral y de oponibilidad a tercero.
En cuanto a la prioridad registral no puede resolverse más que acudiendo a los 
principios  generales  de  derecho  hipotecario  y  la  doctrina  clara  que  emana  de  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el sentido de 
que  dado  el  alcance  de  este  principio,  básico  en  nuestro  sistema  registral  (cfr. 
artículos 17, 24, 25 y 248 de la Ley Hipotecaria), la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en 
el momento mismo de su presentación en el Registro (artículos 24 y 25 de la Ley 
Hipotecaria),  sin  que  puedan  obstaculizar  a  su  inscripción  títulos  incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina del Centro Directivo que 
los Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho 
relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles,  no  lo  es  menos  que  tal  doctrina  no  puede  llevar  al  extremo  de  la 
desnaturalización  del  propio  principio  de  partida  –el  de  prioridad–  obligando  al 
Registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u 
otro título. En este sentido Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de marzo de 2011 y la cantidad de las que cita.
En cuanto a la oponibilidad a terceros, parece que la calificación considera oponible 
el derecho de uso, aún no inscrito, a tercero que ha adquirido conforme a derecho y 
confiado en la publicidad registral y apoya el Registrador su tesis en la jurisprudencia 
que emana de las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1999, 4 de 
diciembre de 2000, 28 de marzo de 2003, 8 de mayo de 2006, 27 de junio de 2007 y 18  s
de enero de 2010. Sin embargo ninguna de estas sentencias trata el supuesto de  oe.
oponibilidad de un derecho de uso no inscrito frente a tercero que adquiere confiado en  w.
los pronunciamientos registrales sino que la oponibilidad de la que hablan las citadas  905ww
eseficnatecniac iafrse nhtaey a q tueer cpeoronse rnlao  eonb sretalancteió nn oc opno dlae rn caotunrsaidleezraa rdsee l udne rdeecrheoc hdoe  dues on ayt ucroanle zsau 
preoar l,u pnaor ad ea dlomsi tier,s epno seol ss ucpouperosptoie dtaer ihoesc choon e snujubicsiiastdeon ceila e djeercl idceior edceh ola  daec cuiósno  daen tdeirvioisri,ó an   BOE-A-cable e
cuyo fin en la subasta deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar su 
efectividad,
Es claro que Tribunal Supremo soluciona el problema de la oponibilidad a tercero del 
derecho de uso, como no puede ser de otro modo, atendiendo a la buena o mala fe del 
tercero, y entendiendo que el derecho de uso no inscrito no perjudica al tercero de buena 
fe. En este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2004 y la sentencia 
citada de 27 de diciembre de 1999 que reconoce la prioridad al embargo anotado con 
anterioridad al derecho de uso, sin perjuicio de que en ese supuesto concreto entienda el 
Tribunal que el tercero adjudicatario del bien en la subasta debe respetar el uso por 
razón de su conocimiento de la situación familiar, esto es, porque el Tribunal Supremo le 
priva de condición de adquirente de buena fe.
También en este sentido Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 25 de octubre de 1999 y de 19 de septiembre de 2007 de las que resulta 
claramente que la oponibilidad de tal derecho a terceros es evidente, pero requiere que 
éstos no estén amparados por la fe pública registral, siendo la inscripción necesaria a fin 
de evitar "la aparición de eventuales terceros que, ante la falta de inscripción del uso, 
invoquen la protección que dispensa el artículo 34 de luna Ley Hipotecaria...,". Esa 
buena fe podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente 
y en la calificación registral.
Decir  para  terminar  que  la  consideración  del  derecho  de  uso  atribuido  a 
consecuencia de una situación de crisis matrimonial como derecho distinto de la facultad 
posesoria que ostentan los cónyuges durante el matrimonio, la defensa de su eficacia 
erga omnes y posibilidad de acceso al registro de la propiedad lo es en aras a una mayor 
la protección de la familia y la vivienda y que tal protección entendemos justifica lo que 
de limitación implica del derecho de propiedad. Ahora bien, siendo el derecho de uso 
merecedor la más enérgica protección también lo es el de los terceros que confían en la 
protección que les brinda el registro de la propiedad; lo que la medida contemplada en el 
artículo 96 del Código Civil no puede conllevar es un menoscabo de intereses ajenos al 
conflicto matrimonial no siendo el procedimiento registral el adecuado para determinar la 
buena o mala fe sino que habrá de ser en sede judicial donde el titular del derecho de 
uso  no  inscrito,  si  lo  considera  oportuno,  lo  deberá  hacer  valer  frente  a  tercero, 
despojándolo en su caso de los atributos que le hacen ser merecedores de la protección 
registral y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien disponga de 
un derecho contra lo ordenado en una resolución judicial».
IV
Mediante escrito de 12 de agosto de 2020, el registrador de la propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 24, 40, 66, 69, 70, 87.2, 90, 464, 1320, 1321, 1346, 1406 
y 1955 del Código Civil; 1, 3 y 4 del Código de Comercio; 1, 2, 9, 13, 18, 19 bis, 21, 38, 
129.2.b) y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 231-9 del Código civil de Cataluña; 190 
del Código de Derecho Foral de Aragón; 7 y 91 del Reglamento Hipotecario; 148 del 
Reglamento Notarial; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de 
diciembre de 1994, 10 de marzo de 1998, 8 de octubre de 2010, 6 de marzo de 2015, 3 
de mayo de 2016 y 27 de noviembre de 2017; y las Resoluciones de la Dirección  e.
General de los Registros y del Notariado de 10 de noviembre de 1987, 16 de junio  w.b
de 1993, 7 de julio de 1998, 4 de marzo de 1999, 27 de junio de 1994, 31 de marzo  905ww
dmea y2o0 0d0e,  1260 0y5 1, 72 d0e d see petnieemrob rye  2y 21 5d ey  1m9a ydoe  odcet u2b0r0e6 d, e3 210 d0e4 , e2n0e droe  ya b7ri l dye 1 d7i cyi e2m3 bdree 
ddee  22001007,,  511 d dee e fneebrroe ryo 7 d dee 2 j0u0li8o,  d2e2  2d0e1 1ju, li2o6 d dee 2 n0o0v9ie, m28b rdee d see p2t0ie1m3,b 1re2  yy  1139  ddee  ddiicciieemmbbrree 
de 2017, 11 de enero, 13 de junio y 9 de octubre de 2018; y la Resolución de esta 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 de marzo y 16 de junio 
de 2020.
1.  Mediante la escritura cuya calificación es objeto de impugnación, una persona 
divorciada aporta a una sociedad de responsabilidad limitada la mitad indivisa de una 
vivienda que le pertenece por adjudicación en la liquidación de gananciales.
El registrador suspende la inscripción solicitada por apreciar que existe un defecto 
subsanable: «la falta de constancia de la manifestación del transmitente de que la finca 
transmitida  no  constituye  la  vivienda  familiar,  o  caso  de  constituirlo,  falta  del 
consentimiento del otro cónyuge».
2.  Es principio rector del matrimonio aquel según el cual los cónyuges deben fijar 
de común acuerdo el domicilio conyugal (artículo 70 del Código Civil).
Una  vez  fijada  y  establecida,  la  ley  protege  especialmente  la  vivienda  familiar 
habitual,  trátese  de  vivienda  simplemente  conyugal,  trátese  de  vivienda  en  la  que, 
además de los cónyuges vivan los hijos comunes o los que cada cónyuge hubiera habido 
antes del matrimonio. Entre las técnicas de tutela de la vivienda familiar figura la que 
establece el artículo 1320 del Código Civil: «Para disponer de los derechos sobre la 
vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos 
pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en 
su caso, autorización judicial»; y añade que «La manifestación errónea o falsa del 
disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe». 
Con esta norma legal se introdujo en el Derecho español una singular protección de la 
vivienda familiar en situación de normalidad matrimonial. Pero no se trata de una norma 
específica del Derecho civil común, sino que la misma, con variantes que ahora no 
interesa considerar, existe también en otros Derechos civiles de España, como es el 
caso del Derecho civil catalán (artículo 231-9 del Código civil de Cataluña) y del Derecho 
civil aragonés (artículo 190 del Código del Derecho Foral de Aragón).
3.  La técnica de tutela se articula a través de esa exigencia del consentimiento de 
ambos  cónyuges:  tanto  de  aquel  que  ostenta  la  titularidad  sobre  la  vivienda  o  la 
titularidad del derecho sobre ella como del otro cónyuge. A través de esta técnica, el 
precepto prohíbe el ejercicio de todo derecho que suponga atentar, bajo cualquier forma, 
contra el goce pacífico del inmueble en que los cónyuges han fijado el alojamiento 
familiar. La función normativa se encuentra en la necesidad de asegurar al otro cónyuge 
y, a través de él, a la familia el espacio propio de convivencia frente a aquellos actos de 
disposición unilaterales que pudiera llevar a cabo el cónyuge propietario de la vivienda o 
titular de un derecho sobre ella, al que se impide cualquier actuación que pueda privar al 
consorte del uso compartido de este bien.
El consentimiento requerido para el acto de disposición es exclusivamente el del 
cónyuge del titular de esa vivienda o del derecho sobre ella y no el de los hijos. La 
oposición de los hijos que convivan con sus progenitores y con los demás hermanos en 
esa vivienda, incluso aunque sean mayores de edad, es irrelevante por completo. La Ley 
no requiere la participación de los hijos en la prestación del consentimiento, viva ya el 
otro cónyuge o haya fallecido ya.
Es indiferente cuál de los dos cónyuges sea el propietario o el titular del derecho 
sobre la vivienda (así lo consideró el Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de diciembre 
de 1994). Es indiferente la fecha en que la hubiera adquirido la vivienda o el derecho 
sobre ella: al lado de supuestos en los que el carácter privativo del bien es consecuencia 
de haberlo adquirido el cónyuge antes del matrimonio (artículo 1346-1.º del Código Civil),  e.
están aquellos otros en los que la vivienda se hubiera adquirido por el cónyuge constante  w.b
matrimonio a título gratuito (artículo 1346-2.º del Código Civil) o aquellos en los que la  905ww
saudsqtuitiuscicióiónn  dsee  ohturob iebriae ne fpercivtuaatidvoo  p(aorrt íécsutleo  d1e3s4p6u-3é.sº  ddee lc Conótdraigíod oC mivail)tr. imEso niniod iafe croesnttae  oc ueánl 
sdeeal  Ceól dréiggoim ceivni le dceo nCóamtaicluoñ dae):l  mlaa rterifmeroidnaio  t(écconmicoa  odpeo rttuutnealam oepnetera s etañnatloa  eenl  alrotsíc uclaos o2s3 1d-9e 
cónyuges casados en régimen de la sociedad de gananciales u otros similares como 
cuando el régimen fuera el de separación.
4.  Con la finalidad de evitar que ingresen en el Registro actos impugnables y, a la 
vez, con la de contribuir a la realización de los fines pretendidos con la norma sustantiva, 
el artículo 91 del Reglamento Hipotecario exige –para la inscripción del acto dispositivo 
que  recaiga  sobre  un  inmueble  apto  para  vivienda  y  en  el  que  no  concurra  el 
consentimiento o la autorización prescritos en el artículo 1320 del Código Civil– bien la 
justificación de que el inmueble no tiene el carácter de vivienda habitual de la familia, 
bien que el disponente lo manifieste así.
Del juego de todos los preceptos anteriormente relacionados resulta que, en los 
actos de disposición que realice uno de los esposos por sí solo sobre una vivienda de su 
titularidad, es necesario que el cónyuge disponente manifieste en la escritura que tal 
vivienda  no  constituye  la  vivienda  habitual  de  la  familia  (salvo  que  se  justifique 
fehacientemente de otro modo que la vivienda transmitida no es la habitual de la familia), 
pues, de lo contrario, es obligado que medie el consentimiento de su consorte, o la 
pertinente autorización judicial supletoria.
5.  El  citado  artículo  1320  del  Código  Civil  implica  un  límite  a  la  libertad  de 
disposición del cónyuge que es titular exclusivo de la vivienda familiar, cualquiera que 
haya sido el título de adquisición y el régimen económico matrimonial que rija en el 
matrimonio, que se justifica por la protección de los intereses familiares que la legislación 
considera superiores a los individuales de cada cónyuge. De esta forma, se pretende 
evitar  las  consecuencias  de  la  arbitrariedad  o  mala  voluntad  de  quien  ostenta  la 
propiedad exclusiva, exigiendo el consentimiento de ambos cónyuges o, en su caso, 
autorización judicial, para que sea válida su enajenación o la constitución de hipoteca 
sobre tales bienes.
Como  ya  afirmó  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 7 de diciembre de 2007, la conformidad prestada por el cónyuge no titular a 
la  disposición  de  la  vivienda  por  exigirlo  el  artículo  1320  del  Código  Civil, 
sustancialmente  no  es  sino  un  simple  asentimiento  que  se  presenta  como  una 
declaración de voluntad de conformidad con el negocio jurídico ajeno, es decir concluido 
por otro, por la que un cónyuge concede su aprobación a un acto en el que no es parte.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2010, citada en muchas otras, 
entre ellas la de 6 de marzo de 2015, recogió esta tesis en los siguientes términos: «la 
jurisprudencia ha interpretado el art. 1320 CC como una norma de protección de la 
vivienda familiar (SSTS de 3 enero 1990 y 31 diciembre 1994). La doctrina, a su vez, 
considera que con dicho artículo se pretende conseguir la protección de la vivienda, y 
por ello se protege a uno de los cónyuges contra las iniciativas unilaterales del otro; 
alguna parte de la doctrina señala que en el fondo de la norma se encuentra el principio 
de igualdad, que se proyecta en un doble sentido: en el consenso para la elección de la 
vivienda y en el control de ambos cónyuges para su conservación. El consentimiento se 
exige para aquellos casos en que el acto de disposición implica la eliminación directa del 
bien del patrimonio de su propietario, así como aquellos negocios jurídicos, como la 
hipoteca, que llevan consigo posibilidades de que el bien en cuestión desaparezca de 
dicho patrimonio, por la ejecución en caso de impago de la deuda garantizada con el 
derecho real. El consentimiento constituye una medida de control, que se presenta como 
«declaración  de  voluntad  de  conformidad  con  el  negocio  jurídico  ajeno  –es  decir, 
concluido por otro– por la que un cónyuge tolera o concede su aprobación a un acto en 
el que no es parte», siendo requisito de validez del acto de disposición, ya que su  s
ausencia determina la anulabilidad del negocio jurídico en cuestión». oe.
6.  Debe tenerse en cuenta que no todo acto de disposición sobre la vivienda  w.
familiar exige el consentimiento del otro cónyuge. Se requiere que el acto de disposición  905ww
eanfe cltae  aq ulae  vicvoiennvdiean eh abreitpuaarl.a Cr. oEn l esatdej eatdivjoe tiv«oh,a lbai tLueayl» r eya lizeal  uandav efrubniod am«heanbtaitlu eaxlmcleunstieó»n 
a1p4a0r6e cye 1n9 e5n5 )d iys tidnetol sC pórdeigceop dtoes  Cdoeml Ceórcdiiog o(a Crtiívciul (loass í,1 a, r3tí cyu l4o)s.  9«,H 1a0b,i t2u4a,l »4 0n,o 1 3e2q0u,i v1a3le2 1a,   BOE-A-cable e
«permanente» pero denota un alto grado de continuación temporal. En el Código Civil, la 
expresión «vivienda habitual» se utiliza para referirse a aquella vivienda en la que una 
persona tenga su residencia (artículo 1.406-4.º). Pero la falta en nuestra legislación civil 
de un concepto de vivienda habitual de la familia tiene como consecuencia práctica que 
la cuestión se suscite más de una vez en contiendas judiciales que versan sobre la 
aplicación del artículo 1320. Por ello, para evaluar si se da cumplimiento a esta norma 
legal de régimen primario y a la del artículo 91 del Reglamento Hipotecario, debe 
analizarse cada caso concreto. Y es que, en la sociedad actual hay familias que tienen 
varias residencias y las ocupan alternativamente durante el año, en períodos más o 
menos largos; en otras ocasiones, uno de los miembros de la pareja, o ambos, pasan 
largas temporadas fuera del hogar familiar, frecuentemente por motivos de trabajo; pero 
también puede faltar la cohabitación en un solo hogar familiar por algún motivo de salud 
que implique el necesario ingreso de un cónyuge en algún centro médico o de cuidados 
especiales;  e  incluso  no  es  descartable  la  existencia  de  relaciones  conyugales  a 
distancia, con domicilios que se mantienen separados (la Dirección General de los 
Registros y del Notariado ha puesto de relieve en distintas ocasiones –vid. Resoluciones 
de 10 de noviembre de 1987 y 9 de octubre de 2018– que el domicilio de un cónyuge 
puede ser compatible con la instalación de la vivienda habitual de la familia en otro 
inmueble). Sin olvidar, tampoco, que las normas fiscales atienden a un criterio temporal 
cuantitativo (días al año de ocupación) para la determinación de la condición habitual de 
la vivienda, si bien tales criterios cuantitativos no han de ser necesariamente válidos y 
adecuados en materia civil. En este sentido, se ha defendido que la solución más 
conveniente sería considerar como vivienda familiar el objeto del domicilio conyugal, 
entendiendo como tal el centro de las relaciones familiares y sociales del matrimonio, 
con especial atención al lugar donde residen habitualmente los hijos menores, si los hay.
Por ello el artículo 91 del Reglamento Hipotecario, habida cuenta de la dificultad 
calificadora respecto de esa circunstancia de hecho –ser o no vivienda habitual familiar– 
en virtud de la limitación de los medios que en tal cometido puede utilizar el registrador 
(artículo 18 de la Ley Hipotecaria), exige la manifestación negativa para acceder a la 
inscripción,  sin  perjuicio  –como  antes  se  ha  expresado–  de  que  pueda  justificarse 
fehacientemente de otro modo que la vivienda transmitida no es la habitual de la familia. 
Con esta manifestación se obtiene garantía suficiente, a los solos efectos de practicar la 
inscripción, de la no concurrencia de aquella circunstancia y de la consiguiente validez 
del acto dispositivo unilateral.
7.  Para resolver la cuestión planteada en el presente caso debe tenerse en cuenta 
que, como sostiene el recurrente, las normas antes citadas (artículos 1320 del Código 
Civil y 91 del Reglamento Hipotecario) no son aplicables respecto de actos dispositivos 
realizados por persona divorciada.
Como afirmó este Centro Directivo en Resolución de 17 de mayo de 2005, con 
criterio mantenido en otras, «cuando el transmitente está separado legal o judicialmente 
(al igual que ocurriría si fuera soltero, viudo o divorciado) no puede recabarse del mismo 
manifestación alguna a los efectos previstos en el artículo 1.320 del Código Civil (cfr. 
Resolución de 6 de marzo de 2004)».
Debe  advertirse  que  tampoco  se  exige  tal  manifestación  para  todo  acto  de 
disposición realizado por una persona divorciada en previsión de que sobre la vivienda 
sobre la misma se haya constituido a favor del excónyuge el derecho de uso que 
contempla el artículo 96 del Código Civil. Así, no cabe olvidar: a) Que este derecho de 
uso ex artículo 96 de dicho Código es inscribible en el Registro de la Propiedad (cfr.  s
artículos 1, 2 de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario; b) Que dicho  oe.
derecho  deberá  estar  debidamente  inscrito  para  que  perjudique  a  terceros  (cfr.  w.
artículo 13 de la Ley Hipotecaria), y c) Que se presume legalmente que los derechos  905ww
ainrstíccruitloos  3e8x idstee nla  yL peeyr tHenipeocteenc aari as).u  Ptiotur laerl loe,n  dleobs et écromnicnlousir sdee lq ausei eenlt or ergeisstpreacdtoivr o– q(cufer. 
rceosnufolterm dee al ld aorctíucmuleon 1to8  pdree slae nLteayd oH iyp odteec laorsia l idberobse raá  saute ncaerrgseo –e, ns sóulo  cpaulifeicdaec ieóxnig air  loa qquueel   BOE-A-cable e
consentimiento o autorización judicial cuando ese derecho de uso de la vivienda de que 
se  va  a  disponer  constare  en  aquéllos,  pues,  en  otro  caso,  habrá  de  estar  al 
pronunciamiento registral de un dominio pleno y libre a favor del excónyuge disponente 
(cfr. Resolución de 31 de marzo de 2000).
A  mayor  abundamiento,  en  casos  en  que  el  acto  dispositivo  tiene  por  objeto 
únicamente una participación indivisa de la vivienda debe tenerse en cuenta que el 
derecho individual de un comunero casado sobre el uso o goce de la cosa común no 
derivará naturalmente del título de comunidad, sino de un eventual acuerdo comunitario, 
o,  en  caso  de  disponente  divorciado,  de  la  sentencia  de  divorcio  con  base  en  el 
artículo 96 del Código Civil, circunstancias que no constan en el presente caso (cfr. 
Resoluciones de 10 de noviembre de 1987, 27 de junio de 1994 y 11 de enero de 2018, 
citadas por el recurrente).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.