BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60292
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8798 Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil de Madrid n.º XX a practicar el depósito de cuentas 
anuales de una sociedad relativas al ejercicio de 2018.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  A.A.M.,  en  representación  de  la  sociedad 
«Comercial Serrano Cano, S.A.» contra la negativa de la registradora mercantil de 
Madrid número XX, doña María Concepción Rodríguez Gil, a practicar el depósito de 
cuentas anuales de dicha sociedad relativas al ejercicio de 2018.
Hechos
I
El 29 de septiembre de 2019 se presentaron en el Registro Mercantil de Madrid, para 
su  depósito,  las  cuentas  anuales  de  la  sociedad  «Comercial  Serrano  Cano,  S.A.», 
relativas al ejercicio de 2018, causando el asiento 253.508/37.
II
La documentación presentada fue objeto de calificación negativa que a continuación 
se transcribe únicamente respecto del único defecto impugnado:
«María Concepción Rodríguez Gil, registradora mercantil de Madrid, previo examen y 
calificación del documento precedente, de conformidad con los artículos 18 del Código 
de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, y con cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, resuelve no practicar el depósito de 
cuentas por haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su práctica:
(…)  -  No  podrá  efectuarse  el  depósito  de  cuentas  del  ejercicio  2018  de  esta 
sociedad, al haberse instado expediente de nombramiento de auditor por un socio 
minoritario de conformidad con el artículo 265.2 de la Ley de sociedades de capital, el 
cual se encuentra en tramitación (art. 11 y 58 RRM). No podrá efectuarse el depósito 
objeto de esta calificación en tanto no se proceda al nombramiento del auditor y se 
acompañe el informe con las cuentas, debidamente aprobado por la junta de socios 
(art. 366-1-5 y 378-4, RRM y RDGRN 11/02/09) (arts. 265 LEC; 366 y 378 RRM y 
RDGRN 30/09/08, 26/09/09, 6/11/13, 25/07/19, 15/06/17 y 5/10/17 entre otras).
Sin perjuicio del derecho a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener el 
depósito de las cuentas, el interesado podrá: (…)
Madrid, a 13 de diciembre de 2019. La Registradora.»
III
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro Mercantil de Madrid el día 10 de  e.
enero de 2020, don A.A.M., en representación de la sociedad «Comercial Serrano Cano,  w.
S.A.» interpuso recurso contra dicha calificación en que alega los siguientes motivos: 98ww
«(…) Primero.–Está pendiente de resolución a esta fecha el Recurso Extraordinario
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expediente  395/2019  y  161/2019,  este  último  de  la  DGRN,  consistente  en  que  al
subsanar la socio minoritario su petición, lo que hace no es precisamente subsanarla 
sino formalizar una nueva, presentando una y otra tales divergencias sustanciales que 
las hacen ser diferentes, por lo que al estar la última fuera del plazo que prevé el 
art. 359.1.2a del RRM, debe decaer la admisión solicitada,
El Informe 998/2013 de 16 de enero de 2014 del Consejo de Estado, circunscribe los 
errores de hecho (circunstancia 1a del art., 118.1 de la LRJPAC) resultantes de los 
propios documentos incorporados al expediente.
Quedan designados a efectos de prueba.
Segundo.–De estimarse el recurso, bien en vía administrativa, bien en vía judicial y 
revisarse la calificación y asiento producido respecto del nombramiento de auditor de la 
cuentas del año 2018 de la sociedad, de permanecer vigente la calificación contra la que 
nos alzamos ahora, inferiría a la sociedad un daño objetivo al imposibilitarle el inscribir 
los actos o acuerdos inscribibles, yendo tal criterio contra la compatibilidad que el propio 
art. 125.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre contempla, entre la interposición del recurso 
extraordinario de revisión y la posibilidad de solicitar la nulidad de actos administrativos y 
su derecho a que se sustancien y resuelvan.
Tercero.–Del texto de la clasificación de la que es objeto de este recurso, se colige 
que no consta la inscripción de nombramiento de auditor a la fecha en que se califica, 
pues claramente se indica: “el cual se encuentra (expediente) en tramitación. No podrá 
efectuarse  el  depósito  objeto  de  esta  clasificación  en  tanto  no  se  proceda  al 
nombramiento del auditor y se...”.
El art. 265.3 de la LSC, en materia de solicitud y nombramiento de auditores en las 
sociedades no obligadas a someter las cuentas anuales a verificación, remite al RRM.
El art. 359.2 del RRM, contempla como aplicable al nombramiento de auditores para 
sociedades no obligadas a verificación, el art., 358 del RRM, y éste en sus apartados 1 
y 2, disocian dos fases formales: una, el nombramiento de auditor, y el apartado 2, la 
aceptación, al señalar que “aceptado el cargo, el nombramiento de auditor se inscribirá 
en el Libro de nombramiento de expertos... y además, en la hoja abierta a la sociedad 
extendiéndose las oportunas notas de referencia.”
Resulta claro que tan solo se produce la inscripción tanto en Libro de nombramientos 
como en la hoja abierta de la sociedad, cuando no solo se haya nombrado al auditor, 
sino también cuando haya efectuado la aceptación del cargo.
La  doctrina  de  la  DGRN  sobre  los  efectos  de  la  inscripción  en  el  RM  de  las 
sociedades no obligadas a verificación contable por auditor, en clara concordancia con el 
art. 279.1 del RRM, exige la obligación de la inscripción del nombramiento una vez 
aceptado el cargo, pues claramente condiciona el depósito de las cuentas cuando esté 
inscrito el nombramiento y vayan acompañadas del oportuno informe de verificación. 
(RRDGRN de 3 de enero, 6 de junio, 22 de agosto de 2011; 17 de enero, 27 de marzo 
y 30 de agosto de 2012; 25 de julio y 29.10.2013; 13 de mayo y 17 de junio de 2014 y 14 
de mayo y 27 de julio de 2015, entre otras).
Si el art. 7 del RRM, en relación con el art., 20 del C. de c., preceptúan que los 
efectos de un asiento (inscripción) durarán mientras no se inscriba su declaración judicial 
de inexactitud o nulidad, en este caso, al no existir inscripción, no cabe que de lo 
inexistente se desprendan efectos que nieguen el depósito de las cuentas sociales del 
año 2018 de esta sociedad.»
IV
La registradora mercantil emitió informe y elevó el expediente a la Dirección General  e.
de los Registros y del Notariado, con registro de entrada de 16 de enero de 2020. En  w.
dicho informe manifiesta que 98ww
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 253, 263, 265.2, 270, 272 y 279 
de la Ley de Sociedades de Capital; la disposición adicional vigésima cuarta de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social; los artículos 38 y 326 de la Ley Hipotecaria; 6 de la Ley 15/2015, de 2 julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria; 354, 358, 359, 366.1.5.º 368 y 378 del Reglamento del Registro 
Mercantil; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 11 de noviembre de 2002, 29 de enero y 22 de mayo de 2003, 16 de diciembre 
de 2005, 31 de agosto de 2007, 4 de julio de 2008, 11 de febrero, 26 de junio y 6 de 
noviembre de 2009, 15 de noviembre de 2011, 12 de noviembre de 2012, 3 de diciembre 
de 2013, 18 de noviembre de 2015, 18 y 19 de enero de 2016, 15 de junio y 14 de 
septiembre de 2017, 28 de febrero y 27 de julio de 2018 y 20 de marzo de 2019; y las 
Resoluciones de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública de 3 y 7 de 
febrero de 2020.
1.  De los defectos que el registrador opone a la práctica del depósito de las cuentas 
anuales solicitado únicamente se impugna el que consiste en que no se aporta informe 
de auditoría de las mismas.
El  recurrente  alega  que,  al  no  haberse  inscrito  el  nombramiento  de  auditor  de 
cuentas de la sociedad instado por un socio minoritario conforme al artículo 265.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital, por haberse interpuesto recurso en dicho expediente, el 
cual se encuentra en tramitación, no cabe que de lo inexistente se desprenda la negativa 
al depósito de tales cuentas.
2.  El motivo alegado en el escrito de recurso no puede ser estimado.
Según la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. la 
de 28 de febrero de 2018, entre otras), reiterada por esta esta Dirección General de 
Seguridad Jurídica y fe Pública en Resoluciones de 3 y 7 de febrero de 2020, la reforma 
del artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital no ha modificado los derechos 
reconocidos por la ley a los socios minoritarios a obtener un informe de auditoría, ni ha 
alterado el régimen de protección que, para ello, le ofrece el Registro.
Por ello, cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se hubiese 
solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral de un auditor de cuentas 
no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales si no se presenta el 
correspondiente informe. De tal modo que, presentadas las cuentas a depósito cuando 
ya había sido solicitado respecto a dichas cuentas el nombramiento de auditor por socio 
minoritario y teniendo además conocimiento de ello la sociedad, si la junta general en 
que se aprobaron las cuentas se celebró con anterioridad al nombramiento del auditor 
designado por el registrador mercantil, dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente 
para que su depósito pueda tenerse por efectuado.
3.  Frente  a  tales  consideraciones  no  pueden  prevalecer  las  alegaciones  del 
recurrente.
Es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. 
Resoluciones de 28 de febrero de 2018 y 20 de marzo de 2019), que ante una situación 
de indeterminación sobre el estado del Registro cuando se solicita una designación de 
auditor, el registrador mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza. Hasta 
ese  momento  no  se  podrá  determinar  la  situación  registral  y,  en  consecuencia,  la 
procedencia o no de proceder a la designación de un auditor a instancia de la minoría 
con  las  consecuencias  que  de  ello  se  derivan  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  e
(artículos 272 y 279 de la Ley de Sociedades de Capital). En los supuestos normales,  bo
pendiente la decisión del registrador sobre la procedencia de designación de un auditor a  98ww
irnesstoalnucciiaó nd ee slati mmaintoorriíaa  hoa bdreás eqsuteim eastpoeriraa.r  Ha aqsutea  sees efi nmaliocme eenl toop olar tusnitou aecxipóend rieengtiest rcaoln n loa 
raessieunlttaor áq udee efisntiétivna p rye sneon tapdoadsrá e ne le lr eRgeisgtirsatrdoo rM deerccaidnitri l.sobre el resto de solicitudes de
Si la resolución del registrador, estimatoria o desestimatoria, ha sido impugnada ante 
esta Dirección General, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el 
nombramiento afecta al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o 
no la designación de auditor previsto en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital deberá demorarse hasta que quede resuelta en vía administrativa. Esta doctrina 
es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé 
que el registrador de la propiedad no emita calificación hasta que la situación del 
contenido del Registro sea definitiva (vid. artículo 18 de la Ley Hipotecaria). Este mismo 
esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la particular 
existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del artículo 18.4 del 
Código de Comercio dada la coordinación prevista en el ordenamiento (vid. artículos 23, 
29, 80 y 358.2 del Reglamento del Registro Mercantil).
4.  El  mismo  razonamiento  es  aplicable  cuando,  como  consecuencia  de  la 
suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría por 
existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la 
situación  registral,  indeterminación  que  impide  al  registrador  Mercantil  pronunciarse 
hasta que devenga definitiva (artículo 18 del Código de Comercio). La Dirección General 
de los Registros y del Notariado ha reiterado que el registrador debe suspender el 
ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente que la cuestión que constituye 
el  objeto  del  expediente  está  siendo  objeto  de  conocimiento  por  los  tribunales  de 
Justicia. Así lo ha afirmado la doctrina elaborada por esa Dirección General en sede de 
recursos contra la designación de auditor a instancia de la minoría (Resoluciones de 22 
de septiembre de 2012, 13 de mayo y 20 de diciembre de 2013 y 31 de enero, 5 de 
agosto, 1 de octubre y 10 de diciembre de 2014, entre las más recientes), cuando afirma 
que procede la suspensión del procedimiento cuando se está discutiendo en vía judicial 
su legitimación en cuanto constituye la base sobre la que se ejercita el derecho (bien 
porque  se  discuta  su  condición  de  socio,  bien  porque  se  discuta  el  porcentaje  de 
participación  en  el  capital  social,  bien  para  discutir  si  el  solicitante  es  titular  de 
participaciones concretas, bien de un porcentaje sobre un conjunto de ella o bien por 
cualquier otro motivo relevante). El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida 
este siendo ejercitada por los tribunales impide que esta Dirección General se pronuncie 
en  tanto  no  exista  una  resolución  judicial  firme  al  respecto.  Así  lo  dispone  hoy 
expresamente la Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria, cuando prescribe 
afirma en su artículo 6.3: «Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite 
la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, 
debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil».
5.  Ciertamente  la  dilación  del  procedimiento  conlleva  una  situación  de 
incertidumbre  de  la  que  pueden  resultar  situaciones  no  deseadas,  pero  ello  es 
consecuencia de la aplicación de las normas de salvaguarda de nuestro ordenamiento y 
de  la  necesidad  de  que  los  pronunciamientos  del  Registro  se  fundamenten  en 
situaciones ciertas habida cuenta de los fuertes efectos que de los mismos se derivan 
(artículo 20 del Código de Comercio).
La sociedad no puede alegar indefensión porque es el ejercicio de su derecho de 
oposición  a  la  designación  de  auditor  (artículo  354  del  Reglamento  del  Registro 
Mercantil), el que impide a la registradora pronunciarse sobre la procedencia o no de la 
designación de auditor a instancia de la minoría. En cualquier caso, no es esta la 
cuestión que se dilucida en el presente expediente. s
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho  w.b
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la  98ww
calificación recurrida.
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inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  4  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.