BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95472
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13448 Sala Primera. Sentencia 119/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1035-2019. Promovido por la mercantil Ai21 Audi2, S.L., en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Bilbao en 
procedimiento de despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar 
los medios para obtener una notificación personal y efectiva (STC 30/2014).
ECLI:ES:TC:2020:119
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1035-2019, promovido por la mercantil Ai21 Audi2, 
S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Isabel Mora García, con 
asistencia letrada de don Gabriel Carlos Alfonso Masip, contra el auto de 24 de enero 
de 2019 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao, por la que se desestimó 
la solicitud de nulidad de las actuaciones del procedimiento de despido núm. 129-2018 y 
del  posterior  de  ejecución  núm.  120-2018.  Ha  sido  parte  doña  Alicia  Sebastián 
Sebastián,  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Miriam  López 
Ocampos y asistida por el letrado don Eugenio Ribón Seisdedos. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 19 de 
febrero de 2019, doña Isabel Mora García, procuradora de los tribunales y de Ai21 
Audi2, S.L., interpuso recurso de amparo contra el auto que desestimó la solicitud de 
nulidad de actuaciones presentada por la citada mercantil en el que se alegaba haber 
sufrido indefensión en el procedimiento de despido núm. 129-2018 y en la posterior 
ejecución núm. 120-2018.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver la pretensión planteada 
los siguientes:
a)  Ante el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao se tramitó un procedimiento de  s
despido y reclamación de cantidad –autos núm. 120-2018–, a instancia de doña Alicia  e.
Sebastián Sebastián contra la entidad mercantil Ai21 Audi2, S.L., en virtud de demanda  w.
interpuesta por la primera en fecha 2 de febrero de 2018. En la demanda se interesaba  448ww
qlau eca sreta d deec ladreasspeid loa,  imcopnr orceeaddemnicsiiaó nd eeln d seus ppiduoe,s ptoo rd neo t rhaabbaejors een a llaesg amdios mcaauss cao anldgiucnioan eens 
que  regían  anteriormente,  o  que,  en  su  defecto,  se  le  abonase  la  indemnización
correspondiente. En la misma demanda se hacía constar como domicilio de la empresa 
demandada «Leioa (Bizkaia), en la calle Estartetxe, 16-1 (48054)».
b)  La demanda fue admitida mediante decreto de fecha 16 de febrero de 2018 y se 
acordó citar a las partes para que comparecieran en el juzgado a los efectos de celebrar 
el acto de conciliación, y, en su caso el juicio. La citación se intentó infructuosamente en 
la calle Estartetxe, 16-1 (48054) Leioa y en la calle Correo núm. 9. El juzgado realizó 
gestiones para localizar el domicilio de la demandada, averiguando que el domicilio que 
constaba en la Agencia Tributaria era la calle Estartetxe, núm. 16 planta 1 letra A, código 
municipal 48054, código postal 48940, en el municipio de Leioa, y el que aparecía en la 
Dirección General de Tráfico, era en la misma calle, en el núm. 16 planta 1, código 
postal 48940.
c)  Posteriormente se remitió exhorto al Juzgado de Paz de Leioa para que citase a 
la demandada en el domicilio de la calle «Estartetxe, núm. 16 1 Leioa» en la versión en 
castellano y en euskera en «Estartetxe núm. 16 Leioa», siendo devuelto con diligencia 
negativa de 4 de mayo de 2018, en la que constaba «se ha intentado citar a Ai21 Audi2, 
S.L., por correo sin que nadie haya comparecido ni se haya puesto en contacto con 
nosotros. Nos personamos en la calle Estartetxe 16-1 de Leioa, dirección facilitada en el 
exhorto y hallamos un local que se encuentra cerrado. Observamos que en la puerta hay 
un cartel de una inmobiliaria con la nota de «Se alquila». Tras recibir dicha diligencia 
negativa de notificación dictada el 23 de marzo de 2018 por el juzgado de paz de Leioa, 
por otra diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2018 dictada por la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao se acordó la 
citación por edictos.
d)  Celebrado el juicio el día el 29 de mayo de 2018 sin la asistencia de la mercantil 
demandada,  se  dictó  sentencia  por  la  que  estimando  la  demanda,  se  declaró  la 
improcedencia del despido y se condenó a la empresa a readmitir a la trabajadora con 
abono de los salarios dejados de percibir o a que indemnizara a la demandante con la 
cantidad de 5 252,17 €, concediéndole un plazo de cinco días para el ejercicio de dicha 
opción. Declarada firme la sentencia, al no optar la empresa por la readmisión o la 
indemnización, se consideró la procedencia de la readmisión.
e)  A instancia de la trabajadora se incoó por el mismo juzgado el procedimiento de 
ejecución núm. 120-2018 y por autos de 9 de julio y de 18 de octubre de 2018 se acordó 
despachar ejecución contra Ai21 Audi2, S.L., y declarar extinguida la relación laboral 
condenando a la referida mercantil a pagar a la trabajadora la cantidad indemnizatoria 
sustitutoria de la readmisión y la derivada de los salarios de tramitación, junto con los 
respectivos intereses.
f)  Ai21 Audi2, S.L., se personó en los mencionados procedimientos y mediante 
escrito de 3 de enero de 2019 (por error se indica el año 2018), promovió la nulidad de 
actuaciones denunciando la existencia de una defectuosa citación por edictos que le 
ocasionó el desconocimiento tanto del procedimiento de despido como del posterior 
procedimiento de ejecución, con la consiguiente indefensión al no haber podido asistir a 
los actos de conciliación y juicio, y no haber podido ejercitar la opción por el pago de la 
indemnización o la readmisión tras la sentencia. Alegaba que no se había realizado la 
citación en el domicilio de la empresa sino –inicialmente– en el lugar donde trabajaba la 
demandante –calle Correo núm. 19 de Bilbao– y posteriormente en un local sito en el 
bajo del núm. 16, de la calle Estartetxe de Leioa en lugar de realizarla en el primer piso 
de dicha calle y población, como consecuencia de la confusión producida al designar 
como domicilio social el de calle Estartetxe 16-1 Leioa, en lugar de 16 1.º A. Refería que  s
en el buzón del portal, además de los nombres y apellidos del administrador y su esposa,  oe.
consta el de la sociedad en cuestión. En la fundamentación jurídica de su escrito, con  w.
cita de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, pone de manifiesto el carácter  448ww
slau bcsoindviaicricoió dne  dlae  claita icniuótnil ipdoard  eddeic tcousa, lpquudieier nodtroa  smero edmalpidleaadd dae s ocliatamceiónnt ey c turaans daog soeta tri elnoes 
medios de localización.
g)  Tramitado el incidente de nulidad de actuaciones, por auto de 24 de enero 
de  2019  se  desestimó  la  petición  de  nulidad  al  considerar  que  la  actuación  del 
funcionario judicial que llevó a cabo la diligencia judicial fue correcta, pues no se puede 
entender que el funcionario –sea del servicio de correos o judicial– se haya equivocado 
de domicilio por no poner «7-1.º A» y aparecer «7-1», pues evidentemente el 1 es 
idéntico a 1.º, salvo que hubiera varios números 7.
3.  En su recurso de amparo el demandante considera vulnerado su derecho a la 
tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.1 y 2 CE), por haberse acordado, mediante la diligencia de ordenación de 9 de 
mayo de 2018 dictada por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo 
Social núm. 10 de Bilbao el emplazamiento por edictos, partiendo de la errónea premisa 
de que no fue posible averiguar el domicilio o paradero de la sociedad, así como por el 
posterior auto de 24 de enero de 2019 del mismo juzgado que consumó la referida 
vulneración al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones.
Relata que el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao, tras la investigación de 
domicilio de la recurrente, averiguó que el domicilio, social y fiscal y de la actividad se 
encuentra en la calle Estartetxe núm. 16-1.º de Leioa (Bizkaia), y acordó remitir exhorto 
al Juzgado de Paz de Leioa para que se citara y emplazara a la misma en la calle 
Estartetxe  núm.  16-1.  Dicho  Juzgado  extendió  una  diligencia  negativa  de  citación, 
indicando que personados en la calle Estartetxe núm. 16-1, hallan un local que se 
encuentra cerrado, con la nota de «se alquila». La letrada de la administración de justicia 
a la vista de dicha diligencia negativa y sin mayor comprobación, acordó citar a la 
empresa por edictos, siguiéndose a partir de ese momento el procedimiento de despido, 
el posterior incidente de opción entre la readmisión y la indemnización y finalmente el 
procedimiento  de  ejecución  de  la  sentencia,  con  desconocimiento  de  la  mercantil 
demandante  de  amparo.  Indica  que  presentado  escrito  solicitando  la  nulidad  de 
actuaciones, al entender que no debió acudirse a la vía edictal tras haberse presentado 
la comisión judicial en un domicilio erróneo que no se correspondía con el de la empresa, 
el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao, por auto de 24 de enero de 2019, desestimó 
la pretensión de nulidad de actuaciones.
Recuerda –con cita de diversas sentencias del Tribunal Constitucional– la doctrina 
sobre las limitaciones del uso de la notificación edictal a los supuestos en que no conste 
el domicilio de quien haya de ser emplazado y se hayan agotado los medios legales de 
averiguación de domicilio. Sostiene que la sociedad Ai21 Audi2, S.L., se encuentra 
plenamente activa, habiendo tenido siempre el mismo domicilio social, fiscal y oficial a 
todos  los  efectos  en  la  calle  Estartetxe  núm.  16  1.º  A  de  Leioa  (Bizkaia)  que  se 
corresponde con el personal habitual de su administrador y socio Dositeo Paz González 
e insistiendo en que la citación se intentó en la calle Correo núm. 19, donde la mercantil 
no tenía su domicilio y en uno de los locales que se encuentran en los bajos del 
número 16 de la calle Estartetxe, pero no en el primer piso de dicho portal núm. 16.
Finalmente solicita que se declare que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE y se la restablezca en su derecho y, 
en consecuencia, se acuerde la nulidad del auto de fecha 24 de enero de 2019, dictado 
por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao y de todo el procedimiento laboral núm. 
129-2018 y del de ejecución de sentencia núm. 120-2018, retrotrayendo las actuaciones 
hasta  el  momento  anterior  al  que  tuvo  lugar  el  intento  de  citación  personal  de  la 
demandada y el traslado de la demanda, para que dichos actos de comunicación se 
practiquen de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. e.
En la quinta alegación de la demanda, bajo la rúbrica «justificación de la especial  w.b
trascendencia constitucional de la solicitud de amparo», tras exponer el fundamento legal  448ww
uy ncao nesstpituecciioanl ayl  odbej edtiicvhaa  trcaasrcgean pdreoncceiasa cl,o rnesfiteitruec iqounea l,l apsu ceuse sptliaonnteesa np lavanrteiaasd acsu ersetvioisnteens 
jcuodnicsitaitlu hcuiobniearleas p oqduied oe xincceudrerinr  edne ul ninat enreégsa stiuvab jemtiavnoi ficeosntac rdeetol ,d esbeeñra ldaen daoc aqtaume ieenl tóor gdaen lao 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)], pues no solo no remedió la indebida
citación en el domicilio erróneo, sino que ni siquiera admitió corregir su proceder al 
resolverse el incidente de nulidad de actuaciones. Lo rechazó sin aplicar la doctrina 
constitucional al respecto, y sin reconocer el error advertido que había permitido tramitar 
el proceso inaudita parte; añade que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o modificar su doctrina [STC 155/2009, FJ 2 b)], deteniéndose en la ausencia de una 
correcta revisión de lo realizado por el juzgado de paz, al amparo de la nueva Ley de 
jurisdicción social, y su entrada en vigor el 11 de diciembre de 2011; y, finalmente, 
considera que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una 
cuestión jurídica relevante, que genera repercusión social o económica [STC 155/2009, 
FJ 2 g)], pues los «ciudadanos esperan que sus órganos judiciales actúen correctamente 
en la realización de los actos de comunicación procesal, y que realmente van a ser 
conocedores de la existencia de un procedimiento judicial en tramitación de modo legal y 
correcto».
4.  La Sección Segunda de este tribunal, por providencia de 10 de febrero de 2020, 
acordó la admisión a trámite de la demanda al apreciar la concurrencia de especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] 
como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 28 
de julio, FJ 2 f)]. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se acordó dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao, a fin de que, en el plazo 
de  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes a los procedimientos judiciales precedentes, y emplazara ante este 
tribunal a quienes hubieran sido parte en ellos.
5.  La  representación  procesal  de  doña  Alicia  Sebastián  Sebastián,  tras  haber 
solicitado que se la tuviera por personada mediante escrito de 16 de junio de 2020, 
presentó sus alegaciones el 20 de julio siguiente, solicitando la denegación del amparo al 
considerar  que  la  demanda  no  justifica  suficientemente  la  especial  trascendencia 
constitucional y que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales 
invocados.
Para  sustentar  la  desestimación  de  la  demanda  sostiene  que  la  mercantil 
demandante hizo constar en el contrato de trabajo como domicilio social el de «Cl. 
Estartetxe  16,  1»,  por  lo  que  fue  su  propia  conducta  la  que  indujo  al  error  en  el 
emplazamiento. Alude a la relevancia jurídica, que conforme a la regulación procesal 
tienen el domicilio y los datos de localización facilitados por las partes. Añade que el 
funcionario de correos se personó en la sede social dejando aviso de la existencia de 
una notificación procedente del Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao y la empresa 
optó por ignorar el aviso de notificación y permaneció inane sea de modo deliberado o 
por falta de diligencia. Tras ello se intentó en la calle Correo núm. 19 de Bilbao, antiguo 
domicilio en el que la trabajadora prestó servicio, pero resultó devuelta la notificación por 
el cese de actividad en aquel domicilio, haciendo constar «desconocido». Considera que 
no existió vulneración atendida la propia conducta de la mercantil recurrente previa y 
coetánea a la notificación y la ausencia de constatación de la errónea citación, pues en 
la diligencia no se hace constar que el domicilio es desconocido sino su «ausencia en 
horas de reparto». Afirma que ante la previsible demanda que iba a interponerse por la 
falta de acuerdo entre las partes sobre la liquidación procedente la recurrente debía 
mantenerse alerta ante eventuales notificaciones. Considera que debe atenderse a las 
circunstancias del caso y, particularmente, a la diligencia que el emplazado por edictos  e
haya  podido  tener.  Recuerda  que  conforme  a  la  doctrina  constitucional  no  puede  bo
considerarse que se ha producido indefensión cuando la actitud pasiva o negligente del  448ww
demFainndaalmdeon htea  csoonsttrieibnueid qou ae  lae li ndceommapnadreacneten cniao  ehna e cl upmropcleiddoim cieonnt ola. carga procesal de
jsuesstigfiacdaor , lsai ne asppoerctaiarl  ntirnagsucnean draeznócnia  qcuoen osbtijteutcivioen eall ,a malp acirmo emnátasr  aellál  rdeec ular sleos ieónn  seul brjeeltaivtoa 
producida. Refiere que la demanda no contiene pues una argumentación en este punto
que  se  desarrolle  con  una  clara  y  nítida  autonomía  de  la  lesión  que  se  alega, 
reduciéndose  a  una  «simple  o  abstracta  mención»  de  la  especial  trascendencia 
constitucional (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3), y a una mera alusión al tenor literal 
del  art.  50.1  b)  LOTC,  huérfana  de  toda  argumentación  adicional  (por  todas, 
STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3).
6.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones, mediante escrito registrado 
el día 23 de julio de 2020.
Tras recordar las actuaciones procesales producidas en el proceso judicial previo en 
el que han sido dictadas las resoluciones cuestionadas en el recurso de amparo y la 
doctrina constitucional expuesta entre otras en las SSTC 150/2008, de 17 de noviembre, 
FJ 2; 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3 –ratificada por otras posteriores–; 3/2010, de 17 de 
mayo, FJ 2, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 3; afirma que la suposición de conocimiento del 
procedimiento que hace el juzgado, en base a la casilla marcada en la cartulina de acuse 
de recibo efectuada por el funcionario de correos «ausente en horas de reparto», no está 
sentada en una base muy firme. Considera que el juzgado exhortado, al ver que el local 
donde supone que es domicilio de la empresa a citar está cerrado, con un letrero de «se 
alquila» y el teléfono de una inmobiliaria, no realiza diligencia a fin de averiguar si la 
empresa estaba ubicada en ese local y si había dejado algún otro domicilio donde 
reenviar cualquier comunicación que le llegase, ocasionando con dicha inactividad la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Dicha lesión se consuma cuando el 
juzgado de lo social exhortante, ante la diligencia negativa del exhortado, procede a la 
citación por edictos, celebrando el juicio oral sin la presencia del demandado. Afirma que 
el órgano judicial debió darse cuenta de que la diligencia negativa del juzgado de paz 
tenía indicios claros de haberse efectuado, no en el domicilio que resultaba facilitado por 
la  Agencia  Tributaria,  sino  en  un  bajo  del  edificio,  así  como  debió  advertir  que  el 
funcionario de dicho juzgado, pese a no hallar a nadie en el domicilio al que acudió, no 
realizó ningún acto de investigación del domicilio real en los términos exigidos por el 
art. 161.4 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
Añade que dicha vulneración fue originada por la diligencia de ordenación de la 
letrada de la administración de justicia de 9 de mayo de 2018 en la que se acordó el 
emplazamiento por edictos sin agotar los medios que tenía razonablemente a su alcance 
para asegurar la efectividad de la citación, y la misma no fue reparada al desestimarse el 
incidente de nulidad de actuaciones por el auto del Juzgado de lo Social núm. 10 de 
Bilbao.
Entiende  que  en  dicho  auto  no  se  dio  respuesta  al  principal  argumento  de  la 
demandada, esto es, a la existencia de un indicio del error cometido en la diligencia 
negativa cuando habla de «local vacío con un letrero de se alquila» y el teléfono de la 
inmobiliaria, lo que permite inferir que la citación se efectuó en un bajo y no en el primer 
piso. Tampoco dio argumento alguno a la alegación del recurrente –a la que se adjuntó 
documentación– de que la empresa siempre ha estado allí, ni sobre haber acudido a la 
citación edictal sin intentar las averiguaciones previstas en el art. 161.4 LEC. Por todo 
ello, el auto incumplió el canon de constitucionalidad exigible para considerarlo fundado 
en derecho (STC 47/2019, de 8 de abril, FJ 4).
Finalmente descarta la existencia de una infracción del deber de diligencia por parte 
de la demandada al no poderse considerar acreditado que la empresa pudo conocer que 
podía recoger en la oficina de correos un sobre del juzgado dirigido a ella o la existencia 
de un proceso de despido con carácter previo al escrito iniciador del incidente de nulidad.
Por todo ello concluye solicitando que se declare vulnerado el derecho a la tutela  e.
judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y, en consecuencia se declare la  w.b
nulidad del auto de 24 de enero de 2019 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 10 de  448ww
pBoilbstaeori oyr edse  dlaic tdaidligaesn cpioar  deel  omrdiesmnaoc iójunz gdaed 9o  deen  meal ypor odcee d2i0m1i8e nyto d ed ela sd erespsoidluoc inoúnmes. 
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conciliación judicial y juicio.
7.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
La mercantil demandante de amparo impugna el auto de 24 de enero de 2019, 
dictado por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao que desestimó la solicitud de 
nulidad del procedimiento laboral núm. 129-2018 y del subsiguiente de ejecución de 
sentencia núm. 120-2018.
Denuncia que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
por la forma en que el juzgado llevó a cabo los actos de comunicación inicial de la 
demanda de despido y reclamación de indemnización, lo que, a su juicio conllevó la 
imposibilidad de acceder al proceso declarativo y al subsiguiente de ejecución al haberse 
procedido al emplazamiento por edictos tras haber intentado erróneamente la citación en 
los bajos del núm. 16 de la calle Estartetxe de la localidad de Leioa, en lugar de en el 
piso primero A) donde la mercantil tenía el domicilio social. Por tanto, a través de la 
queja expuesta se denuncia la falta de diligencia del órgano judicial en orden a cumplir 
con su responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal del demandado 
antes de acudir a la citación edictal.
Por  su  parte,  como  con  más  detalle  se  expone  en  los  antecedentes  de  esta 
resolución, el Ministerio Fiscal ha solicitado el otorgamiento del amparo, al entender 
producida la lesión denunciada por el recurrente; mientras que se ha opuesto al mismo la 
representación de doña Alicia Sebastián Sebastián, por considerar que no ha tenido 
lugar la citada lesión, al argumentar que la falta de comparecencia ha sido debida a la 
negligencia o pasividad de la recurrente, bien por la confusa dirección que hizo constar 
en el contrato de trabajo y que ocasionó la errónea citación, bien por su inactividad ante 
el aviso de notificación o a la previsible inmediatez de la interposición de la demanda, 
denunciando  a  su  vez  el  defecto  formal  de  la  demanda  de  amparo  por  no  haber 
justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional.
2.  Requisitos  para  la  admisibilidad  de  la  demanda:  justificación  de  la  especial 
trascendencia en el recurso de amparo.
Como se ha adelantado, la representación de doña Alicia Sebastián Sebastián, pese 
a  no  identificarlo  como  tal,  afirma  la  existencia  de  un  motivo  de  inadmisión  de  la 
demanda consistente en que el recurso de amparo no habría justificado suficientemente 
la especial trascendencia constitucional. Sostiene dicho defecto procesal en la mera 
afirmación, no confrontada en modo alguno con el concreto redactado del recurso, de 
que la demanda omite cualquier razón que objetive el amparo más allá de la lesión 
subjetiva producida.
Basta para desestimar la existencia de dicho motivo de inadmisión, enfrentar la 
referida afirmación con la quinta alegación contenida en el recurso de amparo y que ha 
sido extractada en los antecedentes de la presente resolución, y sobre la que ahora 
debemos  volver.  En  ella,  bajo  la  rúbrica  «justificación  de  la  especial  trascendencia 
constitucional de la solicitud de amparo», la mercantil recurrente, argumenta que las 
cuestiones  planteadas  revisten  una  especial  y  objetiva  trascendencia  constitucional, 
pues  plantean  varias  cuestiones  constitucionales  que  exceden  del  interés  subjetivo  s
concreto,  señalando  que  el  órgano  judicial  hubiera  podido  incurrir  en  una  negativa  oe.
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2  w.
asf)ic]q,t uupiaeucreaios n neaosd. m;s aiotiñlóoa  dnceoo  arrrdeeemgmire ádsisó uq  luaep  rienoldc reeebdciedurar s oac li tpaurceeiósdnoe l vdeeanrr s eeol c daeosl imóininc cialiilod t ereinbrtureón nadel eop ,a srnaiun laoidc aqladur ea rd neoi    2020-13448n https://ww
modificar su doctrina [STC 155/2009, FJ 2 b], valorando la ausencia de una correcta
revisión de lo realizado por el juzgado de paz, al amparo de la nueva Ley de jurisdicción  Bc
social, y su entrada en vigor el 11 de diciembre de 2011; y, finalmente, considera que el 
asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica 
relevante, que genera repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)], pues los 
«ciudadanos esperan que sus órganos judiciales actúen correctamente en la realización 
de los actos de comunicación procesal, y que realmente van a ser conocedores de la 
existencia de un procedimiento judicial en tramitación de modo legal y correcto».
Ciertamente  mediante  dicha  alegación  la  mercantil  recurrente  cumple  con  la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC, según la cual, en todo caso, «la demanda justificará 
la especial trascendencia constitucional del recurso», y con la carga procesal que la 
misma encarna, así como con la finalidad de colaborar con la justicia constitucional que 
dicha previsión pretende, (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3), satisfaciendo el 
«esfuerzo argumental» exigido (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) al conectar la 
vulneración constitucional alegada con los criterios establecidos en el artículo 50.1 b) 
LOTC,  y  concretados,  sin  ánimo  exhaustivo,  en  los  supuestos  contemplados  en  el 
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, a los que expresamente se 
alude en la alegación contenida en el recurso. De este modo, la recurrente no se ha 
limitado a efectuar una mera afirmación sobre la existencia de la vulneración de un 
derecho  fundamental,  como  sostiene  la  representación  de  doña  Alicia  Sebastián 
Sebastián, y que en modo alguno permitiría el cumplimiento de la carga procesal exigida 
(SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 143/2011, de 26 
de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también AATC 188/2008, 
de  21  de  julio,  FJ  2;  289/2008,  de  22  de  septiembre,  FJ  2;  290/2008,  de  22  de 
septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ 
único); sino que ha disociado adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la 
existencia de la lesión del derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un 
presupuesto  inexcusable  en  cualquier  demanda  de  amparo–  y  los  razonamientos 
específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia 
constitucional (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
De acuerdo con lo expuesto, el óbice planteado ha de ser desestimado.
3.  Exposición de la doctrina aplicable.
Descartada la concurrencia de la causa de inadmisión de la demanda, la pretensión 
de amparo que se presenta como objeto de este recurso se concreta, una vez más, al 
examen de la diligencia del órgano judicial en los actos de comunicación procesal y, más 
concretamente, al enjuiciamiento de dicha diligencia desde la perspectiva del obligado 
respeto por el órgano judicial de la doctrina constitucional que vincula la misma con la 
especial  trascendencia  de  los  actos  de  comunicación  –en  particular  con  el 
emplazamiento para poder concurrir como parte en el procedimiento–, incompatible con 
el establecimiento de presunciones que, basadas en conjeturas, operen como puerta de 
acceso a la comunicación edictal.
Este tribunal ha recordado, entre otras en la STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, 
con referencia a anteriores pronunciamientos, la gran relevancia que en nuestra doctrina 
posee «la correcta constitución de la relación jurídica procesal para garantizar el derecho 
de  defensa  reconocido  en  el  art.  24  CE,  que  implica  la  posibilidad  de  un  juicio 
contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. 
De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las 
partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede 
ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario  e
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses  bo
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre  448ww
qlau efi nvaulildnaedra c eoln r eeflelorsid op edrseeregcuhidoa f,u cnodlaomcae natla iln, tsearelvsoa dqou ee nla  usnitau ascitiuóanc dióen  indceo imnduenfiecnasciióónn 
nseeag ligimenptuetmabelen tea  alla  mparrogpeian  dceoln dpurocctae sdoe, l peasfeec taa dtoe npeor rc ohnaobceirmseie nstoitu paodro  ovtroolus nmtaeridai oos 
distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia,
descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa 
judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, ‘no 
puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que 
debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de 
indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ 
(STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4)».
Esa especial trascendencia de los actos de comunicación determina, como hemos 
reiterado que sobre el órgano judicial recaiga no solo el deber de velar por la correcta 
ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que 
dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello 
comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, 
desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos 
supuestos en los que con fundamento en un criterio de razonabilidad se alcance la 
convicción o certeza de la inutilidad de la adopción de medidas o de la utilización de 
medios tendentes al logro de dicho emplazamiento (STC 138/2017, de 27 de noviembre, 
FJ 3).
En coherencia con lo expuesto, hemos declarado que cuando del examen de los 
autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un 
domicilio  que  haga  factible  practicar  de  forma  personal  los  actos  de  comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a 
la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de julio, FJ 2, y 169/2014, de 22 de octubre, 
FJ 3).
4.  Análisis de la indefensión denunciada.
Partiendo  de  la  doctrina  constitucional  expuesta,  en  el  presente  caso  podemos 
concluir, como alega el recurrente y el Ministerio Fiscal, que el órgano judicial no ha 
desplegado la actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al objeto de notificar debidamente al 
demandante de amparo la existencia del procedimiento de despido improcedente.
El núcleo del problema se encuentra en si con criterios racionales puede alcanzarse 
la  convicción  de  que  la  citación  se  realizó  en  el  domicilio  social  de  la  mercantil 
demandada, que todas las partes aceptan que se encuentra en la calle Estartetxe núm. 
16 1.º de la localidad de Leioa, y si el órgano judicial, atendidas las circunstancias del 
caso, obró con la diligencia que le era exigible antes de acudir al emplazamiento edictal y 
someter a la mercantil demandada ante la eventualidad de que fuera estimada una 
pretensión en su contra sin haber podido defenderse.
De las consultas realizadas por el órgano judicial a los diversos registros para la 
averiguación  del  domicilio  social  de  la  mercantil  demandada,  así  como  de  las 
alegaciones coincidentes de las partes y de la propia resolución impugnada, resulta 
incontrovertido que dicho domicilio se encontraba en el piso primero del núm. 16 de la 
calle Estartetxe de la localidad de Leioa y a dicha conclusión se podía llegar además con 
independencia de que el domicilio social apareciera identificado –con mayor o menor 
precisión– como sito en la calle Estartetxe núm. 16-1 o 16 1.º o 16 1 A. Era en dicho 
domicilio, pues no había constancia –pese a las diligencias practicadas– de la existencia 
de  ningún  otro,  donde  debía  practicarse  la  citación.  Sin  embargo,  de  la  diligencia 
negativa  de  notificación  efectuada  por  el  juzgado  de  paz,  pese  a  constar  que  el  e
emplazamiento se intentó en la «dirección facilitada en el exhorto», se refleja de modo  bo
contradictorio que «hallamos un local que se encuentra cerrado. Observamos que en la  448ww
tpeuléefrotan oh a[…y ]u»n.  Pceasrtee l ad ela  uinncao hinemreonbciliiaa rqiau ec orne slual tan odtae  dlae  d‘iSligee anlcqiau,il aa’ l yin udnic anrúsem eqruoe  dlae 
lcait aqcuieó nla s em iesfmecat úsae  emna ltae r«iadliirzeóc c–i«ólno cfaacl iqlituaed as ee ne necl ueexnhtorart oc»e ryra ldao d»e–s, carispíc cióonm doe lla lsu gdaurd eans 
que podían cuestionar la corrección de la actuación del juzgado de paz y su conformidad
con  el  exhorto  recibido,  por  éste  no  se  hizo  constar  apreciación  o  gestión  alguna 
realizada para alcanzar racionalmente la convicción de la idoneidad de la diligencia 
practicada, esto es, de que la diligencia se practicó en el que fuera el domicilio social de 
la mercantil recurrente en amparo.
Las eventuales dudas sobre la corrección del intento de emplazamiento efectuado 
tampoco fueron despejadas por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de 
lo Social núm. 10 de Bilbao, quien, ante la posibilidad de que la notificación se hubiera 
realizado en un local del núm. 16 de la calle Estartetxe, en lugar de en la dirección 
facilitada por el exhorto –esto es en el piso primero–, lejos de verificar la corrección del 
intento de comunicación efectuado acordó, sin más, mediante la diligencia de ordenación 
de 9 de mayo de 2018, la notificación por medio de edictos.
Finalmente, el órgano judicial al desestimar el incidente de nulidad planteado por la 
mercantil  demandante  y  para  confirmar  la  corrección  del  emplazamiento,  toma  en 
consideración  que  en  el  primer  intento  de  comunicación  se  hace  constar  por  el 
funcionario de correos «ausente en horas de reparto» y en la diligencia del juzgado de 
paz se refleja «hallan cerrado y observa que existe un cartel de inmobiliaria que se 
alquila» y da por hecho que el emplazamiento se intentó en el piso primero del núm. 16 
de la calle Estartetxe, al argumentar con cierta imprecisión que «no se puede entender 
que el funcionario, sea del servicio de correos o judicial se haya equivocado de haber 
acudido al domicilio por no poner ‘7-1.º A’ y aparecer ‘7-1’, evidentemente el 1 es idéntico 
a  1.º,  salvo  que  hubiera  varios  números  7».  Dicho  razonamiento  omite,  como 
acertadamente evidencia la argumentación del Ministerio Fiscal, cualquier referencia a 
que  la  diligencia  se  intentó  en  un  «local  que  se  encuentra  cerrado»,  y  acuña 
argumentalmente  la  presunción  de  corrección  del  intento  de  emplazamiento  como 
premisa para alcanzar la convicción o certeza de la inutilidad de la exigencia de cualquier 
otro  intento  de  comunicación.  Dicho  razonamiento  aparece  forjado  en  una  mera 
conjetura o suposición que además omite enfrentarse con la realidad constatada por la 
diligencia de emplazamiento, desconociendo de este modo la doctrina constitucional que 
impone la necesidad de adoptar medidas o medios razonables antes de abrir paso a la 
notificación por edictos (STC 138/2017, de 27 de noviembre, FJ 3).
De este modo, la decisión del órgano judicial de desestimar, mediante el auto de 24 
de  enero  de  2019,  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  imposibilitó  reparar  la 
vulneración ocasionada por la diligencia de ordenación dictada el 9 de mayo de 2018 por 
la letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao y 
con ello fue definitivamente desconocida la doctrina de este tribunal en cuanto a la 
subsidiariedad de la comunicación edictal, al no haberse agotado todos los medios para 
asegurar  que  la  notificación  personal  o  fehaciente  del  demandado  se  produjera, 
incumpliéndose de este modo por el juzgado de paz, posteriormente por la letrado de la 
administración de justicia y finalmente por el órgano judicial, la diligencia que le era 
debida  y  exigible  desde  la  perspectiva  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión para asegurar debidamente el emplazamiento de la mercantil demandante 
de amparo y su acceso al procedimiento.
En consecuencia, hemos de declarar que en el presente caso se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante de amparo, por la 
falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios para obtener 
una notificación personal y efectiva de la existencia del procedimiento de despido y del 
subsiguiente de ejecución, lo que conduce a la estimación del recurso de amparo, con 
declaración de nulidad del auto de 24 de enero de 2019, de la diligencia de ordenación  s
de 9 de mayo de 2018 que acordó la comunicación edictal y de todas las actuaciones  oe.
posteriores, así como del posterior procedimiento de ejecución, con retroacción de las  w.
mismas al momento anterior al dictado de la citada diligencia, al objeto de que se le  448ww
cdoemspuidnoiq.ue debida y fehacientemente al recurrente la existencia del procedimiento de
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Ai21 Audi2, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 24 de 
enero de 2019, dictado por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Bilbao y de la diligencia 
de ordenación dictada el 9 de mayo de 2018 por la letrada de la administración de 
justicia de dicho juzgado en el procedimiento de despido núm. 129-2018, así como de 
todas  las  actuaciones  posteriores  practicadas  en  dicho  procedimiento  y  en  el 
subsiguiente procedimiento de ejecución núm. 120-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  la  citada 
diligencia de ordenación, a fin de que se lleve a cabo el emplazamiento en términos que 
sean respetuosos con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.