BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Lunes 26 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 89904
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12502 Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Madrid n.º 18 a inscribir una escritura de 
liquidación de régimen económico-matrimonial sujeto al Derecho chino.
En el recurso interpuesto por doña M. L. contra la negativa del registrador de la 
Propiedad de Madrid número 18, don José Félix Merino Escartín, a inscribir una escritura 
de liquidación de régimen económico-matrimonial sujeto al Derecho chino.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 18 de diciembre de 2019 por el notario de 
Madrid, don José María García Pedraza, don J. J. y doña M. L. liquidaban su régimen 
económico-matrimonial.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Madrid 18, fue objeto 
de la siguiente nota calificación:
«Calificación  practicada  por  don  José  Félix  Merino  Escartín,  Registrador  de  la 
Propiedad de Madrid 18, en relación con el título que causó el asiento 1428 del Libro 
Diario 67:
Hechos:
Se presenta escritura de liquidación de la sociedad conyugal otorgada el 18 de 
diciembre  de  2019,  ante  el  Notario  de  Madrid  don  José  María  García  Pedraza, 
número 4.189 de su protocolo, por don J. J., divorciado, y doña M. L., divorciada, en 
unión de Certificado de Matrimonio celebrado en la Embajada de la República Popular 
China en España con fecha 10 de agosto de 2011, debidamente sellado y traducido, y 
certificado de divorcio de dicha embajada con fecha 22 de noviembre de 2019, expedido 
por C. Q., debidamente traducido y sellado.
Según la inscripción cuarta de compra, motivada por escritura de 13 de julio de 2015, 
la finca se encuentra inscrita a favor de los cónyuges don J. J. y doña M. L. “con sujeción 
a su régimen matrimonial de gananciales de su nacionalidad china”, puesto que en la 
escritura de compra declararon hallarse casados entre sí en régimen de gananciales.
Ambos están domiciliados en Madrid y cuentan con tarjeta de residencia en vigor. Ya 
lo estaban y eran residentes en España en 2015, año en el que realizaron la compra. En 
la inscripción de hipoteca, que causó la inscripción 5.ª, manifestaron que la vivienda 
tenía el carácter de vivienda habitual.
Defectos y fundamentos de Derecho: bo
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en su caso, la inscripción en el Registro Civil correspondiente, de haber obtenido alguno
de los miembros de la pareja la nacionalidad española. Bc
Debe de distinguirse al respecto entre la competencia formal y el derecho material 
que regula el divorcio (que sí puede ser el chino con arreglo a los artículos 9 y 107 del 
Código Civil).
Pero, en cuanto a la autoridad competente para declarar el divorcio, ha de aplicarse 
el  artículo  tres  del  Reglamento  (CE)  número  2201/2003,  del  Consejo,  de  27  de 
noviembre de 2003, que dispone:
“1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, 
la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
a)  en cuyo territorio se encuentre:
– la residencia habitual de los cónyuges, o
– el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos 
aún resida allí, o
– la residencia habitual del demandado, o
– en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
– la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año 
inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o
– la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos 
los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea 
nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga 
allí su ‘domicile’;”
No es de aplicación la letra b), pues la nacionalidad de ambos cónyuges no se 
corresponde con la de ningún estado miembro.
De la comparecencia en la escritura parece deducirse que ambos otorgantes tienen 
residencia habitual y domicilio en España. Con arreglo al derecho español, el título de 
divorcio es la sentencia firme que así lo declare o bien la escritura notarial de divorcio o 
convenio ante el letrado de la administración de justicia, o escritura notarial conforme a 
los artículos 86 y 87 del Código Civil.
Ha de tenerse también en cuenta lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No se toma anotación de suspensión por no haber sido solicitada expresamente.
Contra la presente calificación (…)
Madrid a 25 de febrero de 2021 El Registrador (firma ilegible).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. L. interpuso recurso el día 7 de abril 
de 2021 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«D)  Calificación que se recurre, con expresión del documento objeto de la misma y 
fundamentos de Derecho:
De acuerdo con el registrador de propiedad de Madrid 18, existe defecto subsanable:
“Debe de acreditarse debidamente el título que ha producido el divorcio de la pareja 
y, en su caso, la inscripción en el registro civil correspondiente, de haber obtenido alguno 
de los miembros de la pareja la nacionalidad española.”
“Debe distinguirse al respecto entre la competencia formal y el derecho material que  e.
regula el divorcio... Pero, en cuanto a la autoridad competente para declarar el divorcio,  w.
ha de aplicarse el artículo tres del Reglamento 2201/2003...” 502ww
Disconforme con la calificación del registrador en base a siguientes fundamentos 
jurídicos:
El reglamento 2201/2003 no se aplica de oficio, sino que las partes lo invocan, 
cuando presenta una demanda de divorcio, se declara competente o no en virtud de este 
reglamento la competencia judicial internacional. No así cuando no se solicita divorcio 
ante la jurisdicción española.
El registrador con la calificación de defecto subsanable impone una obligación de 
divorciarse  la  pareja  según  la  competencia  judicial  internacional  del 
reglamento 2201/2003, por tanto, conceder la exclusividad a la jurisdicción española.
Sin embargo, los interesados tienen la nacionalidad china, se divorciaron según 
derecho chino, se aporta la interesada el certificado de divorcio expedido por la autoridad 
competente, por tanto, negar la inscripción del documento en cuestión por defecto de 
título de divorcio, es negar a la validez de derecho extranjero chino.
E)  Solicito: (resuma de manera concreta su petición)
La  inscripción  del  documento  público  Escritura  de  Liquidación  de  la  sociedad 
conyugal, reconocer la validez del documento certificado de divorcio expedido por la 
embajada de China en España.»
IV
Mediante escrito, de fecha 16 de abril de 2021, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que 
se  deroga  el  Reglamento  (CE)  n.º  1347/2000;  4,  5  y  8  del  Reglamento  (UE)  n.º 
1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación 
judicial; 69 y considerando 39 del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de 
junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia  de  regímenes  económicos  matrimoniales;  artículos  22  quáter  de  la  Ley 
Orgánica 6/1985 del Poder Judicial; 36 y 45 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil; 9.2, 86 y 87 del Código Civil; 54 de la Ley del Notariado de 28 de 
mayo de 1862; 4, 20, 21, 28 y 98 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; la 
Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado en Consulta de 7 de junio 
de 2016, y las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado de 14 de 
diciembre de 2017, 2 de abril de 2018 y 7 de noviembre de 2019.
1.  En este expediente dos ciudadanos chinos residentes en Madrid, según se indica 
en la comparecencia, otorgan escritura pública calificada de liquidación de régimen 
económico-matrimonial,  en  la  que,  sin  expresión  alguna  de  su  causa  ni  de  la  ley 
aplicable al mismo (artículos 4, 5 y 8 del Reglamento (UE) 1259/2010), liquidan la 
sociedad de gananciales que se dice ha regido su matrimonio y con tal carácter se 
encuentra inscrito el bien inmueble en el Registro de la propiedad, en base a su propia  es
manifestación en su día. o
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contrajo  en  aquel  país  y  que  se  disolvió  por  divorcio  celebrado  en  la  Embajada 
certificante.
2.  El registrador suspende la inscripción al considerar que «debe de acreditarse 
debidamente  el  título  que  ha  producido  el  divorcio  de  la  pareja  y,  en  su  caso,  la 
inscripción  en  el  Registro  Civil  correspondiente,  de  haber  obtenido  alguno  de  los 
miembros de la pareja la nacionalidad española. Debe de distinguirse al respecto entre la 
competencia formal y el derecho material que regula el divorcio (que sí puede ser el 
chino con arreglo a los artículos 9 y 107 del Código Civil). Pero, en cuanto a la autoridad 
competente para declarar el divorcio, ha de aplicarse el artículo tres del Reglamento 
(CE) número 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003».
3.  Por lo tanto, debe decidirse si es necesario acreditar que el divorcio, causa de la 
liquidación  del  que  denominan  régimen  de  sociedad  de  gananciales  (realmente  un 
régimen de comunidad conforme al artículo 17 de la Ley de matrimonios de la República 
Popular China, de 1990, modificada según la revisión sobre enmiendas de la ley de 
matrimonios de la República Popular China de 2001 -vid. Resoluciones citadas en 
«Vistos»-), debe ser justificado e inscrito en el Registro Civil, como señaló la Resolución 
de 14 de diciembre de 2017, aun tratándose de ciudadanos extranjeros no comunitarios.
4.  Y la respuesta ha de ser positiva, siendo un tema ya abordado por esta Dirección 
General en la Resolución en Consulta de 7 de junio de 2016 e incidentalmente en las 
Resoluciones citadas.
5.  Como señala el registrador, teniendo ambos cónyuges su residencia en España, 
su divorcio, en base al señalado artículo 3 del Reglamento 2201/2000 (la referencia a 
este Reglamento, a partir del 1 de agosto de 2022, que entrará en aplicación, debe 
entenderse hecha al Reglamento (UE) 2019/1111, de 25 de junio. Bruselas II ter), se 
somete a las reglas de competencia establecidas en dicho Reglamento.
Las  normas  competenciales,  conducen  por  tanto  al  ordenamiento  español  y 
concretamente a las procesales establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica 6/1985, 
del Poder Judicial, y 36.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y de ser aplicables los 
artículos 86 y 87 del Código Civil y 54 de la Ley del Notariado.
6.  El  divorcio  celebrado  de  acuerdo  con  la  normativa  del  foro  será  objeto  de 
inscripción en el Registro Civil español, para su eficacia frente a terceros y, por tanto, 
como  requisito  previo  a  la  inscripción  de  la  liquidación  del  régimen  económico 
matrimonial subsiguiente.
Como indicare la Resolución en Consulta de este Centro Directivo de 7 de junio 
de 2016, cuando se ha dictado por tribunales españoles una sentencia de divorcio o se 
ha  autorizado  una  escritura  pública  notarial  de  divorcio  que  afecta  a  cónyuges 
extranjeros cuyo matrimonio no está inscrito en el Registro Civil español, el tribunal 
sentenciador o el notario competente deben remitir de oficio al Registro Civil Central, con 
testimonio de la sentencia y de la documentación acreditativa del matrimonio y de la 
identidad de ambos litigantes, para que se practique la inscripción del matrimonio como 
soporte a la del divorcio. En el caso de escritura notarial «el Notario remitirá al Registro 
Civil  Central  testimonio  de  la  escritura  pública  de  divorcio  y  de  la  documentación 
acreditativa del matrimonio y de la identidad de ambos litigantes, para que se practique 
la inscripción del matrimonio como soporte a la del divorcio».
7.  En el presente caso, nada de eso ocurre en cuanto no se ha celebrado el 
divorcio ante una de las autoridades que el artículo 2 del Reglamento (UE) 2201/2003 
contempla al definir:
«1)  órgano jurisdiccional, como todas las autoridades de los Estados miembros con  e.
competencia  en  las  materias  que  entran  en  el  ámbito  de  aplicación  del  presente  w.b
Reglamento de conformidad con el artículo 1; 502ww
mate2r)i asju reezg,u elal djuaes zp oor  leal  apuretosreidnated  Rceognl acmomenpteot»e.ncias equivalentes a las del juez en las
8.  Con arreglo al Derecho español (artículos 86 y 87 del Código Civil) la autoridad
del foro, en cumplimiento de las reglas competenciales europeas, es el juez, letrado de la
Administración de Justicia o notario, y el título de divorcio es la sentencia firme que así lo 
declare; convenio ante el letrado de la Administración de Justicia, o escritura pública 
notarial conforme al artículo 87 del Código Civil.
Por lo tanto, ha de confirmarse el defecto observado.
9.  Adicionalmente, ha de tenerse también en cuenta que la escritura se otorga en 
diciembre de 2019, es decir, una vez en aplicación el Reglamento (UE) n.º 2016/1103, en 
el que España participa, Reglamento que sobre parte de su articulado presenta carácter 
universal, sin que el elemento transfronterizo resulte definido como no lo está en el 
Reglamento Sucesiones (Reglamento (UE) n.º 650/2012).
Conforme  al  artículo  69  del  Reglamento  2016/1103,  el  Reglamento  solo  será 
aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos formalizados o 
registrados y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir del 29 de 
enero de 2019, a reserva de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, párrafos que conducen 
a la ley aplicable, conforme al Título III del Reglamento.
El ámbito de aplicación del Reglamento, en su perímetro positivo, es establecido en 
un elenco abierto, en el artículo 27 que en su apartado e) se refiere a la disolución del 
régimen  económico  matrimonial  y  el  reparto,  la  distribución  o  la  liquidación  del 
patrimonio.
Por lo que resulta adecuado el vehículo documental empleado (vid. Resolución de 7 
de noviembre de 2019).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 6 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.