BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Viernes 28 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 65233
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
8960 Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en fecha 21 de mayo de 2021, 
Convenio  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 24 de mayo de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la constitución de la 
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias
Madrid, 21 de mayo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, de acuerdo 
con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 61, 
letra k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra parte, doña Yaiza Castilla Herrera, Consejera de Turismo, Industria y 
Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrada por Decreto 121/2019, 
de 17 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras 
del  Gobierno  de  Canarias,  y  de  conformidad  con  los  artículos  16  y  29.1.k)  de  la 
Ley  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Administraciones  Públicas  de  Canarias,  y  el 
artículo 4.2.e) del Decreto 45/2020, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. e.e
En  cumplimiento  del  mandato  constitucional,  el  capítulo  II  del  título  V  del  libro  b
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y  60ww
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De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 11 de julio de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, la Junta Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo  y  la  Consejería  de  Turismo,  Industria  y 
Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias, conscientes de la necesidad de 
facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en 
cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su  constitución,  consideran  aconsejable  dar 
continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los Convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo 
ámbito  territorial  viene  determinado  por  el  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores 
de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad 
con  los  criterios  competenciales  y  el  procedimiento  establecido  en  el  Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 
o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Comunidad Autónoma de Canarias impulsará, en su ámbito territorial, la 
gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la  e.e
Ley 7/2017, de 2 de noviembre. b
2.  El Ministerio de Consumo establecerá, en colaboración con la Consejería de  60ww
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la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el 
desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de 
Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través 
de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución firmante, 
correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  s
o su denegación. oe.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser  w.
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres  60ww
mesce)s . La disolución o supresión de alguna de las partes.
incudm) pliCenudaon dloo su ncao mdper olamsi spoasr teasd qcuoirnidsoidse reen  qeule  pcrueasleqnutiee raC odnev elansio ,o tsraes  lop anrtoetsif iceasrtáá   BOE-A-cable e
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión 
de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón Espinosa.–La Consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla Herrera.