BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 106 Jueves 16 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29027
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
4473 Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La participación de la sociedad en los asuntos públicos constituye en la actualidad 
una necesidad que viene avalada por directrices de la Unión Europea, que ofrecen la 
base  sobre  la  que  se  puede  fundamentar  el  diálogo  civil  y  la  participación  de  las 
entidades sociales en los asuntos de la gobernanza. Así, el Tratado Constitutivo de la 
Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, avanzan en esa 
dirección, fomentando el diálogo de la sociedad civil con el sector público, sobre el 
modelo de sociedad que se desea construir.
La Constitución Española establece como propósito lograr una sociedad democrática 
avanzada y para ello atribuye, en el artículo 9.2, «a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social».
A este respecto, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.8, 
define el tercer sector y la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social regula las entidades del tercer sector de acción social y define las medidas de 
fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio.
II
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 4.2, encomienda a 
los poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todas las 
personas  en  la  vida  política,  económica,  cultural  y  social  de  la  región,  y  en  el 
artículo  31.1.20.ª  atribuye  competencias  exclusivas  a  la  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla-La Mancha en materia de asistencia social y servicios sociales; promoción y 
ayuda a menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y 
demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros 
de protección, reinserción y rehabilitación.
En el ejercicio de estas competencias estatutarias se aprobó la Ley 14/2010, de 16 
de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que articula la participación 
de la sociedad civil en el funcionamiento del sistema público de servicios sociales a  e.
través del Consejo Asesor de Servicios Sociales, de otros órganos que se puedan crear  w.b
y por medio de los procesos de participación deliberativa. 73ww
de loLsa  vsaolcoireedsa dde c iagsutaelldlaando,- dmea njucshtiecgiaa  seosctiáa ld, edcei dsiodlaidmaerindtaed c yo mdep rpoamrteictiidpaa ccióonn  slao cdieafl eyn esas 
spelecntoarm seonctiea l ceonn lsac ireengtieó nd.el importante papel que desempeñan las entidades del tercer
Estas entidades, formalmente constituidas, no tienen ánimo de lucro y su actividad 
principal está orientada a la inclusión de colectivos vulnerables y desarrollan su acción 
social siguiendo los criterios de proximidad en el territorio, trabajando para la promoción 
de  las  personas  y  en  la  defensa  de  los  intereses  colectivos,  estableciendo  una 
colaboración con la Administración autonómica, sin perder su identidad de crítica y 
denuncia ante las situaciones de vulneración de los derechos humanos.
Personas  de  nuestra  sociedad  forman  parte  de  estas  entidades,  como  socias, 
voluntarias  o  personal  contratado  donde  se  agrupa  un  importante  capital  social, 
relacional y humano.
El tercer sector social trabaja en favor de las personas durante su ciclo vital; infancia, 
adolescencia, juventud, mayores o cuando presentan una discapacidad, y cuando se 
encuentran en situación de dependencia o padecen una enfermedad, así como en 
situaciones vulnerables, de riesgo o en situación de exclusión social y/o de pobreza.
Estas  entidades  en  la  región  están  consolidadas  estableciendo  redes  de 
colaboración entre sí, se agrupan con otras entidades o crean otras estructuras que 
fomentan redes en la sociedad.
Asimismo, complementan los sistemas de responsabilidad pública, participando en la 
provisión o gestión de prestaciones, en relación con el sistema público de servicios 
sociales y de atención a la dependencia y en el desarrollo de servicios o programas en 
referencia con otros sistemas de protección social como educación, empleo o sanidad.
En este contexto, la Administración autonómica y la sociedad castellano-manchega 
en su conjunto tienen que avanzar en nuevas formas de relacionarse, que mejoren la 
participación de la iniciativa social en los asuntos públicos dando como resultado una 
Administración abierta. Por ello, se hace necesario fortalecer el tercer sector social con el 
establecimiento de nuevas estructuras de diálogo como la prevista en la presente ley con 
la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La 
Mancha.
Por otra parte, la colaboración del tercer sector social es fundamental en el desarrollo 
de las políticas públicas de la Administración autonómica. Por medio de estas entidades, 
la ciudadanía ha tenido una participación muy activa en leyes autonómicas como la 
Ley 14/2010, de 16 de diciembre; la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha; la Ley 3/2018, 
de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha, o la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las 
personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y las demandas de la sociedad actual, es 
preciso avanzar en un modelo participativo, para lo que resulta necesario regular el 
cauce de colaboración con las entidades que integran el tercer sector social de la región, 
y conformar la regulación del futuro concierto social.
III
La  presente  ley  consta  de  trece  artículos,  se  estructura  en  cuatro  capítulos,  y 
contiene además cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
En el capítulo I se determina el objeto de la ley, se definen las entidades que forman 
parte del tercer sector social de la región, se establece el ámbito de aplicación de la ley y 
los ámbitos de intervención social, así como el inventario de entidades del tercer sector 
social. s
Los  principios  rectores,  de  actuación  y  las  obligaciones  de  estas  entidades  se  e.
desarrollan  en  el  capítulo  II;  el  capítulo  III  está  dedicado  al  diálogo  civil  y  a  la  w.
participación de las entidades y el capítulo IV regula la promoción y la colaboración con  73ww
el tercer sector social.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  Esta ley tiene por objeto definir el tercer sector social de Castilla-La Mancha (en 
adelante el tercer sector social), identificando el conjunto de entidades que lo integran, 
con respeto pleno a las disposiciones normativas específicas aplicables a cada una de 
ellas,  y  determinar  las  medidas  que  fomenten  y  fortalezcan  dichas  entidades  en 
consideración a los fines que le son propios.
2.  Asimismo, pretende impulsar la cooperación y colaboración de las entidades 
entre sí y con el sector público, promoviendo su participación y aportación cualificada en 
el ámbito de la intervención social en general y, en particular, en las políticas y sistemas 
de responsabilidad pública relacionadas con dicho ámbito.
Artículo 2.  Definición.
1.  Constituyen  el  tercer  sector  social  las  entidades  de  carácter  privado  con 
personalidad jurídica propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social bajo diferentes 
modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de 
interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o 
culturales  de  las  personas  y  grupos  que  sufren  condiciones  de  vulnerabilidad, 
dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de 
exclusión social y/o pobreza.
2.  En todo caso, son entidades del tercer sector social las asociaciones y las 
fundaciones, así como las federaciones o asociaciones que las integren, siempre que 
cumplan con lo previsto en esta ley y dentro del ámbito definido por la normativa estatal 
básica en la materia. Para la representación y defensa de sus intereses de una forma 
más eficaz, y de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y con su normativa específica, las entidades del tercer sector 
social podrán constituir asociaciones o federaciones que, a su vez, podrán agruparse 
entre sí.
También  forman  parte  de  las  entidades  del  tercer  sector  social  entidades  de 
singularidad  institucional  como  Cáritas  Española,  la  Cruz  Roja  Española  o  la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, que se regirán por su normativa específica.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Esta  ley  es  de  aplicación  a  todas  las  entidades  del  tercer  sector  social  con 
implantación y actividad en Castilla-La Mancha.
Artículo 4.  Ámbitos de intervención social.
1.  La intervención social se desarrolla con el fin de promover la inclusión social, la 
cooperación  al  desarrollo,  el  reconocimiento  de  los  derechos  civiles,  económicos, 
sociales  o  culturales,  y  su  ejercicio  por  las  personas  y  los  grupos  que  afrontan 
situaciones  de  vulnerabilidad  o  exclusión,  pobreza,  desprotección,  discapacidad, 
dependencia  y/o  soledad  no  deseada.  En  particular  tienen  esta  consideración  los  es
servicios sociales, el fomento de la empleabilidad y cualquiera otra actividad desarrollada  bo
con la finalidad indicada en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, la cultura o el  73ww
ejercicio efectivo de los derechos sociales o económicos, entre otros.
2.  Concretamente, las actuaciones desarrolladas por las entidades del tercer sector 
social que se considerarán intervención social son las siguientes:
a)  Actuaciones contra la desigualdad social, la desigualdad basada en el género o 
la orientación y condición sexual, la marginación, la desprotección o la violencia de 
género, todo ello en aras a la necesaria transformación social hacia una sociedad más 
igualitaria, justa, participativa y solidaria.
b)  Detección de necesidades, investigación e innovación.
c)  Participación en la provisión de servicios de responsabilidad pública, o ajenos a 
ella, y realización de otras actividades o proyectos de intervención social.
d)  Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social de 
la ciudadanía y, en particular, del voluntariado social, la ayuda mutua y el asociacionismo 
de las personas destinatarias de la intervención social.
e)  Sensibilización,  reivindicación,  participación  en  procesos  de  elaboración  o 
modificación  de  normas  o  interlocución  con  el  sector  público  y  con  otros  agentes 
sociales.
f)  Prestación de servicios para la defensa de los derechos sociales, económicos y 
civiles en colaboración con las administraciones públicas.
Artículo 5.  Inventario de entidades del tercer sector social.
1.  La consejería competente en materia de servicios sociales y de atención a la 
dependencia creará, elaborará y mantendrá actualizado un inventario de las entidades 
del tercer sector social, con implantación y actividad en Castilla-La Mancha. En el 
inventario se hará constar el registro de procedencia de la entidad, coordinando la 
información por medios telemáticos.
2.  La inscripción en el inventario se llevará a cabo previa solicitud de las entidades. 
No obstante, se mantendrán los registros para la prestación de Servicios vinculados a 
cada una de las consejerías competentes en las actuaciones recogidas en esta ley 
existentes a la entrada en vigor de la misma.
3.  Para la elaboración del inventario se dará audiencia a la Comisión para el 
Diálogo  Civil  con  la  Mesa  del  Tercer  Sector  Social  de  Castilla-La  Mancha  y  la 
actualización  de  las  anotaciones  se  realizará  a  través  de  la  información  que  las 
entidades proporcionen al órgano competente para su gestión.
4.  El inventario tendrá carácter público, será accesible por medios electrónicos y 
servirá para elaborar información a efectos estadísticos. Así mismo se coordinará con los 
instrumentos similares de otras Administraciones públicas.
CAPÍTULO II
Principios rectores, de actuación y obligaciones de las entidades
Artículo 6.  Principios rectores.
Con independencia de su naturaleza jurídica, son principios rectores de las entidades 
del tercer sector social:
a)  Actuar de modo transparente, responsable y autónomo, tanto en el desarrollo de 
su  objeto  social  como  en  su  funcionamiento  y  actividades,  con  independencia  y 
separación de los poderes públicos. e.e
b)  Actuar  de  modo  que  se  observe  efectivamente  en  su  organización,  w.b
funcionamiento y actividades el principio de igualdad de oportunidades y de trato y no  73ww
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adopte.
d)  Contribuir a hacer efectiva la cohesión social, por medio de la participación 
ciudadana en la acción social, a través del voluntariado.
e)  Garantizar la participación democrática de sus miembros, conforme a lo que 
establece la normativa aplicable a la forma jurídica que adopte.
f)  No  poseer  ánimo  de  lucro,  es  decir,  tener  prohibida  la  distribución  de  los 
excedentes o de los posibles beneficios económicos de su acción, los cuales deben 
reinvertirse exclusivamente en los fines de la entidad.
g)  Ser de naturaleza jurídica privada o ser una de las entidades de singularidad 
institucional a las que hace referencia el artículo 2.2.
Artículo 7.  Principios de actuación.
Las entidades del tercer sector social, así como las actuaciones que lleven a cabo 
por sí mismas, en colaboración con otras entidades o con el sector público, deberán 
responder a los siguientes principios:
a)  Cooperación. El sector público de Castilla-La Mancha y las entidades del tercer 
sector social promoverán las condiciones necesarias para el trabajo en red.
b)  Participación social. Las entidades del tercer sector social reforzarán su base 
social llevando a cabo acciones para mantenerla o incrementarla y favoreciendo la 
participación activa de los diferentes colectivos en su vida interna y en su actividad 
externa.
El  tercer  sector  social  colaborará  con  el  sector  público  en  el  impulso  de  la 
participación social de la ciudadanía en el ámbito de la intervención social, ayudando a 
reforzar el tejido social a través de acciones de promoción de los derechos y deberes de 
la ciudadanía.
c)  Solidaridad  y  justicia.  Las  entidades  del  tercer  sector  social  promoverán  el 
voluntariado y la ayuda mutua. Además, prestarán especial atención a las situaciones 
que  afrontan  quienes,  por  distintos  motivos,  no  acceden  a  los  sistemas  de 
responsabilidad pública, procurando, en colaboración con el sector público, que no 
queden desatendidas sus necesidades básicas y que puedan contar con apoyo para 
iniciar procesos de inclusión.
d)  Responsabilidad  pública  y  corresponsabilidad  en  la  inclusión  social.  Las 
entidades  del  tercer  sector  social  y  las  Administraciones  públicas  garantizarán  una 
actuación dirigida al ejercicio de los derechos de la ciudadanía y colaborarán en el 
acceso al empleo, la vivienda, los servicios sociales, la educación y la salud, entre otros 
aspectos,  promoviendo  la  consolidación  y  el  despliegue  de  los  sistemas  de 
responsabilidad pública y contribuyendo, igualmente, a sostener y apoyar a las familias y 
otras redes de solidaridad, ayuda mutua y apoyo informal.
e)  Transversalidad  de  las  actuaciones  orientadas  a  la  inclusión  social.  Las 
Administraciones públicas de la región y las entidades del tercer sector social, cuando 
desarrollen  planes,  programas  y  acciones  en  el  ámbito  de  la  intervención  social, 
impulsarán la colaboración con todos los sistemas de responsabilidad pública y ámbitos 
relacionados con la protección social y las políticas sociales. Así mismo, impulsarán 
acciones para que las políticas y líneas de actuación de carácter general, en cualquier 
ámbito de actuación pública, tengan en cuenta las necesidades y demandas de las 
personas y de los grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pobreza y/o 
exclusión social, desprotección, discapacidad o dependencia.
Artículo 8.  Obligaciones de las entidades del tercer sector social. bo
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2.  Asimismo,  las  entidades  del  tercer  sector  social  que  cooperen  con  la
Administración  autonómica  en  la  provisión  de  servicios  de  interés  general  de  Bc
responsabilidad pública o colaboren en otras actividades sociales de interés general, 
tendrán las siguientes obligaciones:
a)  Actuar  de  forma  respetuosa  con  el  medio  ambiente,  adoptando  medidas 
adecuadas al tipo de actividad que se lleve a cabo, priorizando el uso de energías 
renovables y la utilización de las materias primas imprescindibles, reutilizando las que 
sea posible y reciclando el resto.
b)  Actuar  de  modo  que  se  observe,  efectivamente,  en  su  organización, 
funcionamiento y actividades, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
Así,  entre  otros  aspectos,  utilizarán  un  lenguaje  no  sexista,  adoptarán  medidas  de 
prevención y abordaje del acoso sexual y acoso por razón de sexo u orientación y 
condición sexual y de la discriminación laboral entre mujeres y hombres y deberán 
acreditar, en su caso, el diseño e implantación efectiva del plan de igualdad previsto en 
la normativa vigente.
c)  Actuar  de  modo  que  se  observe  efectivamente  en  su  organización, 
funcionamiento  y  actividades  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades,  y  de  trato, 
respeto a la diversidad y no discriminación con independencia de cualquier circunstancia 
personal o social procurando la accesibilidad universal de los servicios.
d)  Considerar y evaluar el impacto de su actividad, desde la triple perspectiva 
social, ambiental y económica; la perspectiva de género y, en último término, sobre los 
derechos y oportunidades de las personas destinatarias.
e)  Disponer de un estilo de gestión democrático y una estrategia de relación con las 
partes interesadas, internas y externas.
f)  Emplear procedimientos participativos para la toma de decisiones, adaptados a la 
naturaleza jurídica de la entidad, no basados en la propiedad del capital y que impliquen, 
en diferentes grados, a los colectivos que forman parte de la entidad, incluidas las 
personas destinatarias.
g)  Fomentar la contratación y la integración de personas con discapacidad, así 
como de personas en riesgo o en situación de exclusión social.
h)  Garantizar  unas  condiciones  laborales  dignas  al  personal  contratado 
remunerado,  cumpliendo  los  convenios  colectivos  de  referencia  y  las  disposiciones 
normativas en relación con las condiciones laborales en la provisión de servicios de 
responsabilidad pública gestionados por las entidades; proporcionar unas condiciones 
adecuadas al personal voluntario, de acuerdo con la legislación aplicable, y cumplir la 
normativa básica sobre contratación de personas con discapacidad.
i)  Prestar los servicios en las mejores condiciones y garantizar el cumplimiento de 
las  disposiciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  de  las  trabajadoras  y 
trabajadores en todos sus ámbitos de actividad.
j)  Ser transparentes y rendir cuentas, interna y externamente, de acuerdo con lo 
dispuesto  en  la  normativa  sobre  transparencia.  Así  mismo  deberán  suministrar 
información en los términos previstos en esta ley y en el respectivo contrato, concierto, 
convenio o acuerdo marco de colaboración con sujeción a lo previsto en la normativa de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
k)  Velar por las condiciones, seguridad jurídica y promoción del voluntariado del 
tercer sector social.
CAPÍTULO III
Diálogo civil y participación e.e
Artículo 9.  Diálogo civil. 73ww
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manteniendo un diálogo abierto, transparente y permanente con las entidades sobre las 
políticas que les afecten.
2.  Se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de 
Castilla-La Mancha, como órgano colegiado con la finalidad de dotar de un marco 
institucional a la colaboración y el diálogo entre la Administración autonómica y la Mesa 
del  Tercer  Sector  Social  de  Castilla-La  Mancha.  Esta  Comisión  tendrá  una 
representación paritaria entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector 
Social de Castilla-La Mancha y una participación equilibrada de mujeres y hombres.
3.  La Comisión se adscribe a la consejería competente en materia de servicios 
sociales y de atención a la dependencia.
4.  La  composición  y  funciones  de  la  Comisión,  así  como  su  organización  y 
funcionamiento, se determinarán reglamentariamente.
5.  El objetivo principal de la Comisión es impulsar un foro de diálogo, colaboración 
y cooperación permanente, para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la 
inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza.
6.  El diálogo civil tendrá también por objeto avanzar en el reconocimiento y ejercicio 
efectivo  de  los  derechos  de  las  personas  y  de  los  grupos  que  tengan  mayores 
dificultades para su pleno desarrollo social.
Artículo 10.  Participación.
1.  Las  entidades  del  tercer  sector  social  se  incorporarán  a  los  órganos  de 
participación de la Administración autonómica, cuya actuación esté relacionada con los 
ámbitos de intervención social definidos en esta ley.
2.  La  representación  del  tercer  sector  social  en  los  órganos  institucionales  de 
participación, podrá ser desempeñada por la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-
La Mancha, o bien por la entidad o entidades que representen más directamente a las 
personas o colectivos afectados.
CAPÍTULO IV
Promoción y colaboración con el tercer sector social
Artículo 11.  Medidas de promoción del tercer sector social.
Las  Administraciones  públicas  de  la  región,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias  y  de  conformidad  con  la  normativa  básica  que  sea  de  aplicación, 
adoptarán las siguientes medidas de promoción del tercer sector social:
a)  Adecuar los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa de 
la Unión Europea en materia de ayudas, estableciendo a los programas superiores de un 
año una financiación plurianual, que tengan como destinatarias a las entidades del tercer 
sector social.
b)  Apoyar y promover los principios del tercer sector social.
c)  Fortalecer y promover prácticas y criterios de buen gobierno y de transparencia 
en estas entidades.
d)  Garantizar la participación del tercer sector en la planificación y seguimiento de 
las  políticas  sociales,  de  inclusión,  infancia  y  familia,  discapacidad,  atención  a  las  s
personas  en  situación  de  dependencia,  y  otras  de  especial  vulnerabilidad  o  se  e.
encuentren en riesgo o en situación de exclusión social y/o pobreza, así como en las  w.
políticas de igualdad y empleo, poniendo especial esfuerzo en el fomento del empleo  73ww
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las personas mayores), personas o grupos en riesgo o en situación de exclusión social y 
de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
f)  Impulsar la responsabilidad social empresarial y la colaboración entre sectores 
económicos, fomentando la diversificación de las fuentes de financiación.
g)  Introducir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos 
contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como 
vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad 
civil.
h)  Potenciar y facilitar las iniciativas de cooperación entre el sector privado y las 
entidades del tercer sector social, promoviendo espacios para el conocimiento mutuo e 
intercambio  de  propuestas  de  colaboración.  El  Gobierno  regional,  a  través  de  las 
consejerías,  promoverá  actuaciones  de  fomento,  apoyo  y  difusión  del  tercer  sector 
social.
i)  Promocionar  la  formación  y  readaptación  profesional  de  las  personas,  que 
desarrollen su actividad en entidades del tercer sector social de ámbito regional.
j)  Promover a las entidades del tercer sector social como uno de los instrumentos 
relevantes para canalizar el ejercicio efectivo de los derechos a la participación social de 
la ciudadanía en una sociedad democrática avanzada.
k)  Realizar medidas concretas destinadas a la participación equilibrada de mujeres 
y hombres en los órganos directivos de las entidades del tercer sector social, así como 
medidas concretas que fomenten la incorporación del principio de igualdad de género en 
estas entidades.
l)  Reconocer a las entidades del tercer sector social la condición de entidades 
colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca 
reglamentariamente.
m)  Impulsar procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales en 
los que se pueda convalidar el módulo correspondiente de formación práctica con la 
acreditación de las actividades realizadas en régimen de voluntariado en entidades del 
tercer sector social, con respeto a las condiciones y requisitos previstos en la normativa 
aplicable en su caso.
Artículo 12.  Estrategia de promoción del tercer sector social.
1.  La consejería competente en materia de servicios sociales y de atención a la 
dependencia, a través de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector 
Social  de  Castilla-La  Mancha,  realizará  una  estrategia  de  promoción  que  incluirá 
actuaciones que impulsarán cada una de las partes y las realizadas en colaboración, así 
como los mecanismos de coordinación con tal fin. La estrategia, que tendrá un periodo 
de  vigencia  de  cuatro  años,  incluirá  objetivos  y  medidas  relacionadas  con  el 
fortalecimiento de las entidades del tercer sector social, el impulso de su contribución 
social y el desarrollo de sus diferentes funciones en todo el ámbito de la intervención 
social.
2.  Previo  diagnóstico  de  situación,  la  estrategia  contemplará,  al  menos,  los 
siguientes aspectos:
a)  Apoyo a la cultura del voluntariado, fortalecimiento organizativo y de la gestión.
b)  Colaboración con el sector público y reconocimiento del tercer sector social.
c)  Desarrollo de la base social y participación en las entidades.
d)  Estructuración del tercer sector social y colaboración entre las entidades y el  e
tejido empresarial. bo
e)  Sostenibilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas. 73ww
un afñ) o.Financiación prevista, con un escenario plurianual de los programas superiores a
Artículo 13.  Cooperación con el tercer sector social.
1.  La participación de las entidades del tercer sector social en las políticas que les 
afectan, en todas sus fases, se materializará a través de la cooperación, en los términos 
establecidos en esta ley y en la normativa reguladora de cada sistema.
2.  El sistema de servicios sociales y de atención a la dependencia de Castilla-La 
Mancha y el sistema público de empleo, junto con los sistemas sanitario, educativo y 
otros, promoverán la participación de las entidades del tercer sector social de Castilla-La 
Mancha en los espacios de la dependencia, sociosanitario, socioeducativo, sociolaboral, 
desarrollo rural, cooperación internacional y otros, habilitando las fórmulas y cauces de 
participación necesarias.
3.  El sector público fomentará las iniciativas sobre cooperación entre el sector 
privado y las entidades del tercer sector social, en aquellos ámbitos en que ambos 
agentes compatibilicen sus actividades.
Disposición adicional primera.  Informe anual sobre la colaboración con el tercer sector 
social.
La  Consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales  y  de  atención  a  la 
dependencia publicará en el Portal de Transparencia de la Administración autonómica un 
informe anual sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la colaboración con 
el tercer sector social, de modo que permita evaluar dichas actividades en términos de 
eficacia y eficiencia.
Disposición adicional segunda.  Legislación específica aplicable a las entidades del 
tercer sector social.
Las entidades del tercer sector social se regirán por la legislación específica aplicable 
a  la  forma  jurídica  que  hayan  adoptado.  La  consideración  de  una  entidad  como 
perteneciente al tercer sector social no excusa el cumplimiento de las obligaciones que le 
vengan impuestas por su personalidad jurídica.
Disposición adicional tercera.  Prestación de servicios sociales por las entidades del 
tercer sector social.
En el marco de esta ley, será de aplicación a efectos de la provisión de servicios 
sociales prestados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo establecido 
en el artículo 42 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Castilla-La Mancha, referente a la encomienda a las entidades del tercer sector social, 
mediante concierto, convenio o contrato según proceda.
Disposición adicional cuarta.  Adaptación de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio.
Las referencias que en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, se efectúan a las 
autorizaciones administrativas se entenderán también realizadas a las comunicaciones o 
declaraciones responsables en los términos que se determine reglamentariamente.
Disposición adicional quinta.  No incremento de gasto público. es
La regulación incluida en esta ley no podrá suponer aumento del gasto público en lo  w.
referente al incremento de dotaciones, de retribuciones y de otros gastos de personal. 73ww
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Disposición final primera.  Modificación de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre.
La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 40 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 40.  Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales.
Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios 
Sociales efectuarán la provisión de las prestaciones incluidas en el catálogo, 
preferentemente mediante gestión pública propia. No obstante, podrán utilizar 
cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta o colaboración previstas en el 
ordenamiento  jurídico  a  través  de  entidades  privadas  de  carácter  social  o 
mercantil.»
Dos.  El  «Registro  de  Entidades  y  Centros  de  Servicios  Sociales»  pasa  a 
denominarse «Registro de Servicios Sociales».
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
1.  Se  faculta  al  Consejo  de  Gobierno  para  dictar  cuantas  disposiciones  sean 
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley.
2.  En el plazo de doce meses el Consejo de Gobierno aprobará el desarrollo 
reglamentario de las siguientes materias:
a)  La composición y funciones de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del 
Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, así como su organización y funcionamiento.
b)  El procedimiento  para reconocer  a  las entidades del tercer sector social la 
condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica.
c)  Desarrollo por Decreto del Concierto Social que incluya a las entidades del tercer 
sector reconocidas mediante esta ley. El desarrollo reglamentario incluirá el contenido y 
características, incluidos las económicas, que se presentarán en el marco de la Comisión 
para el Diálogo Civil conforme a lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha».
Toledo, 3 de febrero de 2020.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 26, de 7 de febrero de 2020)