BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7741
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1120 Sala Primera. Sentencia 188/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 7513-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:188
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7513-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 14 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  núm.  358-2018  por  el  que  se  inadmite  por  extemporánea  la 
oposición a la ejecución hipotecaria y se confirma esta última decisión al desestimarse el 
recurso de reposición interpuesto frente a ella. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido parte la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora 
procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-
Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 26 de diciembre de 2019, la 
entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora 
de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta  y  bajo  la  dirección  del  letrado  don 
Marcelino Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas  e
en el encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo  b
pnrúomcae. )d7 i5mE1i3ne- n2et0ol 1 Jd9ue, z cegujaeydocou c codióneno  cPhimripimioeetnertcaoa  crInioasr rtnaeúnsmpcio.a n3 de5i 8óI- n2as0 lta1ru 8Sc, ecpicórconimó nno úvSmied.go u 4pn oddrae l  adL eeo nerctsiadte a sdter i Bbsuaingnaucloe.   2021-1120n https://ww
de Sabadell, S.A., frente a la sociedad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en
calidad  de  prestataria  e  hipotecante  de  la  finca  registral  43.278  del  registro  de  la 
propiedad núm. 3 de Lorca.
b)  Por auto de 18 de junio de 2018 se acordó despachar ejecución frente a la 
sociedad demandada por la cantidad de 8199,51 € de principal y 2459,73 € como 
intereses y costas presupuestados. El servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre remitió a la demandante de amparo, a través de la dirección 
electrónica habilitada, un aviso de notificación del citado auto que le fue comunicado por 
dicho medio el 20 de junio de 2018. En dicha comunicación se informa que la notificación 
estará disponible hasta el 31 de agosto del mismo año, accediendo la recurrente de 
amparo efectivamente a la página web y a la notificación dentro del plazo en que la 
misma se encontraba disponible.
c)  La  representación  legal  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
presentó escrito de oposición a la ejecución  despachada, con fecha 27 de agosto 
de 2018. Por auto de 14 de noviembre de 2018 se acordó su inadmisión por considerar 
la pretensión extemporánea, tomando como fecha de notificación el 20 de junio de 2018.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
no habían sido realizadas el día 20 de junio de 2018, sino el 27 de julio, la fecha en que 
accedió a la web y procedió a su descarga, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no puede entenderse más que un aviso de puesta a 
disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde 
el 20 de junio hasta el 5 de agosto de 2018), pues entenderlo de otro modo, además de 
infringir los artículos 135, 152, 160 y162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulnera 
el artículo 24 CE.
e)  Tras su tramitación, el recurso de reposición fue desestimado por auto de 30 de 
octubre de 2019. Según esta resolución, la recurrente tiene la condición de persona 
jurídica y, por tanto, está obligada a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos. «Así, pese a las alegaciones del recurrente que pretende mantener 
que el escrito de oposición fue presentado en plazo para ello por entender que el auto 
despachando la ejecución y el requerimiento efectuado debe entenderse notificado en 
fecha 27 de julio de 2018, en la que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, 
lo cierto es que debe tenerse en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte 
posibilidad de acceder a las mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las 
partes obligadas a utilizar el sistema electrónico de comunicaciones el cumplimiento de 
los plazos procesales dispuesto en la normativa» (sic).
2.  La demandante de amparo se queja en su recurso de la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE) en su vertiente de 
acceso al proceso. Considera que con la interpretación ofrecida en el auto objeto de 
impugnación, el juzgado no ha dado cumplimiento a las exigencias constitucionales 
reconocidas para los actos de notificación procesal, donde los órganos judiciales no han 
de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del 
emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple 
su  finalidad  constitucional,  es  decir,  la  efectividad  real  del  emplazamiento,  pues  el 
artículo  24.1  de  la  Constitución  Española  contiene  un  mandato  no  solo  dirigido  al 
legislador, sino también al intérprete, obligándole a promover la defensa mediante la 
correspondiente contradicción, tal y como reconoce la sentencia 37/1984 del Tribunal 
Constitucional».  Justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  aludiendo  a  la  e.
novedosa implantación de procesos de notificación por medios electrónicos en el ámbito  w.b
rdeeg uElalan c jiuólarni s dddeeic mlcaiaó Lnned yac  divesile  e ensnjuo ilcircieaitlama cieipónontr o  ccmoivnei dl.iloa s dee xisgeegnucniadso  portorocesís allae ss udsepreivnasdióans   ddee   llaa   2021-1120n https://w
ccoenletbinruaacicóiónn d ed eslu bparsotcae yd imlai eenvteon tudael  aedjejucduicciaócni ónh iap otteerccaerrioas , apleugeadnedno  haqcueer  p«ecrodne r laal 
recurso de amparo su finalidad».
3.  Por providencia de 15 de junio de 2020 la Sección Segunda de este tribunal 
acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en el mismo la especial 
trascendencia  constitucional  que,  como  condición  para  su  admisión,  requiere  el 
artículo 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (STC 155/2009, de 25 de 
junio, FJ 2). Dicha providencia se dejó sin efecto en virtud del auto de 18 de septiembre 
de 2020 que estimó el recurso de súplica interpuesto contra la misma por el Ministerio 
Fiscal.
4.  Mediante providencia de 21 de septiembre de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] «toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]». De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de nuestra Ley Orgánica 
reguladora (LOTC), se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución 
hipotecaria núm. 358-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso de amparo.
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 23 de octubre de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, manifestó ser 
cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era titular 
Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la finca hipotecada que es objeto del 
proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por lo que 
solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 26 de octubre de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la procuradora 
doña María Claudia Munteanu en la representación acreditada y, asimismo, acordó dar 
vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común 
de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el artículo 52 LOTC, pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional, mediante escrito registrado el 13 de 
noviembre de 2020, presentó sus alegaciones interesando la estimación del recurso de 
amparo. Tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los actos de 
comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, 
y 43/2020, de 9 de marzo, solicita que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la 
notificación electrónica del auto que despachó la ejecución solicitada, con retroacción de 
las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le 
dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución».
7.  La entidad demandante de amparo presentó sus alegaciones el 26 de noviembre 
de 2020, remitiéndose a lo expuesto en su recurso y haciendo mención adicional a los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a propósito del uso indebido de  e.
la dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado. w.
man8if.i esPtoo r qduielig ennoc iac odnes ta1n ddoe  adliecigeamcbiornee sd e d2e0 2la0 , perlo csuercardeotarari o ddoeñ aj usMtiacriaía  pCuslaou ddiea   2021-1120n https://w
cMourrnetespaonnud, aq.uedaba el recurso de amparo pendiente para deliberación cuando por turno
9.  Mediante  providencia  de  fecha  diez  de  diciembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día catorce del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 14 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 358-2018. Según la entidad mercantil demandante de amparo, una 
interpretación irrazonable de la legislación procesal le habría privado injustamente de su 
derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución  hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer 
emplazamiento, el requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda 
ejecutiva debió realizarse de manera personal en su domicilio social con entrega en 
papel de la documentación, y no mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de 
dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano 
judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los 
actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo 
ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24 CE). Solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 14 de noviembre de 2018, a fin de que el juzgado 
admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del Tribunal, estimó un recurso 
de amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y 
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de Lorca. Corresponde, 
en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y 
declarar por ello que los autos de 14 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca han vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (artículo 24.1 CE). Como 
en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos recurridos, 
así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en 
que se proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de amparo a través 
de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE). e
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los  bo
autos de 14 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019 dictados por el Juzgado  w
dehemip op3Ptlae.rºzci maamreRiarieae tn nrúoItnomtrs ad.t eae3rn 5 lca8i ea-e2l  n0et1ipd 8raIo,n dcas esrterdíu cicmcuocrimeiróenonnt  otlea n  úanam ult rl.ia dmva4éod sm d ddeeeen   ltalLoaso   draciinrcaemt uceeacnidcói ionaen teale lmesp cerrtoenrócateenli zsicaoaad n hadteaser b aioiel irptj aeadcratuali rc. iddóeenl    OE-A-2021-1120able en https://w
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este
último  por  el  referido  juzgado  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
2021-1120n https://w