BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 80375
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11233 Real  Decreto-ley  14/2021,  de  6  de  julio,  de  medidas  urgentes  para  la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.
I
La Constitución Española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que 
el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y 
con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, nuestra Norma Suprema 
obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y 
de  acuerdo  con  los  principios  de  mérito  y  capacidad,  según  se  establece  en  los 
artículos 23.2 y 103.3.
La modernización y mejora de la Administración Pública ha constituido un objetivo 
permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato 
constitucional de contar con una Administración eficaz en su actuar al servicio de los 
intereses generales.
Por otro lado, las Administraciones Públicas han tenido que hacer frente a desafíos 
derivados de importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su labor 
de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. Cambios que han 
afectado y afectan con especial intensidad a las organizaciones públicas, las cuales 
afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos. 
Todos estos objetivos de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos 
no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la 
Administración, como es su capital humano.
La mejor gestión del empleo al servicio de las distintas Administraciones Públicas 
exige, sin duda, disponer de políticas coherentes y racionales de dotación de efectivos 
de carácter permanente, que cubran las necesidades reales de los servicios y limiten la 
temporalidad a la atención de necesidades de carácter estrictamente coyuntural.
La consolidación del Estado del bienestar y el intenso proceso de descentralización 
territorial generaron durante las dos primeras décadas de vigencia de la Constitución 
Española de 1978 un intenso crecimiento del empleo público y una redistribución de 
efectivos desde la Administración central a la autonómica. Así, la provisión pública de 
servicios básicos o esenciales propios del Estado social y democrático de derecho y su 
extensión al conjunto de la población condicionó, en el transcurso de esos años, la 
necesidad  de  reforzar  la  dotación  de  personal  al  servicio  de  las  Administraciones 
Públicas para garantizar su desarrollo.
En paralelo a este proceso, la evolución del empleo en el sector público en España 
viene marcada por el aumento de la tasa de temporalidad, que ha llegado al extremo de 
que casi un treinta por ciento de los empleados públicos en España tienen o han tenido 
un vínculo profesional temporal con la Administración Pública.
De esa forma, a pesar de que en las sucesivas regulaciones sobre la materia ya se 
establecía la limitación en el nombramiento del personal funcionario interino o personal 
laboral temporal a casos excepcionales de indudable y estricta necesidad y que los  s
mismos sólo podían realizarse por el tiempo imprescindible hasta su cobertura por  e.
funcionarios de carrera, la realidad nos ha mostrado un constante y sostenido aumento  w.
edne  lalEa ntsa  psúarlit midmeea re slmu gdpaélerc,oa e dtsea msp preloacrsias lo.le  Etyesentsae  rsa ientunua accleuiósen n dptaeu  elopdsre e fasautcrptibouureeirssst oeds ea   thvipaaorni o psvr eefansciudtpoour eeimss.tpaorinoi.e Andsoí,   2021-1123n https://w
criterios restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio
de todas las Administraciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de 
contención del gasto público.
A  pesar  de  la  progresiva  flexibilización,  estas  previsiones  han  limitado  las 
posibilidades de reposición de las bajas ocasionadas en las plantillas de personal fijo, 
funcionario o laboral y, al mismo tiempo, han frenado la dotación presupuestaria para 
acometer nuevas actividades.
A esta situación se ha añadido una disonancia entre la dimensión de las necesidades 
y la capacidad real de financiación de las administraciones territoriales, especialmente en 
importantes servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que se 
extienden  a  toda  la  población,  y  que  son  particularmente  sensibles  a  los  cambios 
sociales y demográficos que están teniendo lugar de manera intensa y acelerada en los 
últimos años.
En  segundo  lugar,  existe  un  grupo  de  factores  relacionados  con  la  insuficiente 
utilización de la planificación estratégica en la ordenación del empleo público, así como 
la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal 
para la cobertura de vacantes con carácter definitivo.
En  efecto,  se  ha  constatado  que  no  siempre  existe  una  práctica  asentada  de 
convocatoria periódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas 
vacantes, para su provisión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece 
a que los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos 
casos, con la agilidad y la celeridad necesarias para, respetando en todo caso las 
garantías inherentes a los mismos y la salvaguardia de los principios constitucionales y 
legales,  permitir  al  mismo  tiempo  la  dotación  de  personal  en  tiempo  razonable  y 
garantizar la prestación del servicio por la Administración.
Así las cosas, los procesos de selección son excesivamente lentos y dilatados en el 
tiempo,  ocasionando  en  muchos  casos  la  necesidad  de  provisión  temporal  de  los 
puestos por el tiempo necesario hasta la cobertura efectiva. En estas condiciones, el 
recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se 
ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento 
excesivo de la temporalidad.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que si bien una tasa de temporalidad es 
necesaria e inherente a cualquier organización, no lo es cuando deviene en estructural y 
supone en algunos sectores de la Administración tasas cercanas al cincuenta por ciento 
de su personal.
El  escenario  descrito  ha  de  completarse  con  la  importante  incidencia  que  la 
Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en adelante, el 
Acuerdo Marco), ha tenido y tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la 
evolución de la jurisprudencia.
El Acuerdo Marco destaca en su preámbulo la preeminencia de la contratación 
indefinida  como  «forma  más  común  de  relación  laboral»  y  persigue  dos  grandes 
objetivos:  por  una  parte,  mejorar  la  calidad  del  trabajo  de  duración  determinada 
garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otra, establecer un marco 
para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada.
Así, la cláusula 4.ª del Acuerdo Marco establece la equiparación entre personal 
temporal y fijo con base en el principio de no discriminación, salvo existencia de causas 
objetivas que justifiquen una diferencia en el régimen jurídico de ambas clases de  s
personal. oe.
Por su parte, la cláusula 5.ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas  w.
cTdleJáUsutEsinu)a ladh anaso   iatnie senisveti itdeaofre  claeto n u dtqiilriuezeca tcoiló,a ne  ld aTebrtieubrsuminviaanl a ddceeió  Jnnu osdmteicbli raaa mdbeuie slnaot  oUscn oitórernem sEppuoorrnoadpleees a.  a(Se inl o basid eenjul aeencsteetas,    2021-1123n https://w
Dnaecreiocnhaole nsa yc ioqnuael , lain satpalnicdaoc iaó nla dse a ulatso risdoaludceiso nneasc ioenfeacletivsa as  ayd doipstuaar smoreiadsid adse peefencdteivna sd eyl   BOE-A-cable e
adecuadas  para  prevenir  y,  en  su  caso,  sancionar  un  eventual  uso  abusivo  de  la 
temporalidad.
En cualquier caso, el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no 
cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio 
temporal  en  una  relación  de  servicio  permanente.  Esta  opción  está  excluida 
categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario 
de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso 
selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En síntesis, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las 
autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su 
caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el 
régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones 
objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin.
Estos parámetros determinan la actuación de la Comisión Europea, que en su papel 
de  vigilante  de  la  correcta  aplicación  del  derecho  derivado,  también  ha  reclamado 
medidas contundentes para corregir esta situación.
II
La experiencia acumulada nos presenta, por tanto, una realidad que se aleja de la 
deseable y que nos separa, en este campo, del modelo de función pública diseñado por 
el constituyente y por el legislador. Todo ello afecta al funcionamiento de la propia 
Administración y de los organismos públicos en el correcto desempeño de la prestación 
de los servicios públicos y perjudica directamente al propio personal interino o temporal 
que lleva mucho tiempo desempeñando sus funciones y que desea, como es lógico, la 
estabilidad profesional.
La necesidad de dar respuestas a este problema ha determinado que el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (en  adelante,  PRTR),  ya  evaluado 
favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del citado 
Plan,  contemple  en  su  componente  11,  relativo  a  la  Modernización  de  las 
Administraciones Públicas, la reforma referida a la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. Esto supone un antes y un después a la hora de afrontar las reformas 
estructurales de calado para adaptar y hacer más eficiente el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, su régimen jurídico y la ineludible planificación de la gestión 
de los recursos humanos para garantizar la prestación de unos servicios públicos de 
calidad.
La  primera  de  las  actuaciones  previstas  por  dicha  reforma  es  precisamente  la 
adopción de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos humanos reduciendo los 
altos niveles de temporalidad y flexibilizando la gestión de los recursos humanos en las 
Administraciones Públicas. El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad 
estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas 
españolas, actuando la reforma en tres dimensiones: adopción de medidas inmediatas 
para remediar la elevada temporalidad existente, articulación de medidas eficaces para 
prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro y, por último, 
potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una 
mejor gestión de los de recursos humanos.
La reforma contenida en el real decreto-ley se inspira en los siguientes principios  s
ordenadores: apuesta por lo público, dotando a la Administración del marco jurídico  e.
necesario para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos; profesionalización  w.
ddlaee llf iimgmuiotradace iódlone   ddpeee  relsomosnp saleul opf uupenúscbtioolinsc oad,r eioc  oninon mteebrl irncaoem,n iteerosn ttaoeb ndl eeec l piepenerdsrsooo nnsaual  lt reféumgnpicmoioerannla ; rjmuiora íddnietce ocn aidmrerie ecrnaat orya  d leaa    2021-1123n https://w
rgeasrpaonntiszaabr illiad ada ddeec ulaad aA dumtiilnizisatcraiócnió nd ea netes tau nma oindaadlideacdu addae  upteilirzsaocnióanl  yd ee xlaig efignuciraa  ddee   BOE-A-cable e
personal funcionario interino, contribuyendo por otra parte, a impulsar y fortalecer una 
adecuada planificación de recursos humanos.
La  problemática  de  la  excesiva  temporalidad  en  el  sector  público  de  una 
Administración multinivel tiene, sin duda, un enfoque poliédrico, por lo que la reforma que 
se plantea es fruto de un intenso y sostenido diálogo.
En primer lugar, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano 
político  de  cooperación  en  materia  de  administración  pública  de  la  Administración 
General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las 
ciudades de Ceuta y Melilla y de la administración local, a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, que ya en su reunión de 11 de junio de 2020 puso 
de manifiesto la necesidad de abordar la modificación de la normativa para alinearla con 
las exigencias de la aplicación del Acuerdo Marco a la vista de la jurisprudencia europea, 
clarificar las bases en esta materia en todo el territorio nacional y planificar y equiparar 
una respuesta común y equitativa a los posibles abusos de temporalidad, abordando el 
diseño y la determinación de consecuencias efectivas y disuasorias también de cara a su 
prevención en el futuro, postura que fue reiterada en su reunión de 21 de septiembre del 
mismo año.
Asimismo, en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, como órgano técnico 
de colaboración de la Conferencia Sectorial, que ha estudiado y analizado la propuesta 
normativa de reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Igualmente, en el marco del diálogo social, la propuesta se ha negociado con las 
organizaciones  sindicales  presentes  en  la  Mesa  General  de  Negociación  de  las 
Administraciones Públicas y se ha plasmado en un Acuerdo entre el Gobierno de España 
y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF.
En definitiva, la aprobación de este real decreto-ley supone cumplir con el hito 
contenido en el PRTR, así como cumplir con el compromiso con la Comisión Europea de 
aprobar las reformas estructurales en el ámbito del empleo público necesarias para el 
primer semestre de 2021.
III
Este real decreto-ley pretende, con pleno respeto a la normativa presupuestaria, 
reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino; aclarar los procedimientos 
de acceso a la condición de personal interino; objetivar las causas de cese de este 
personal e implantar un régimen de responsabilidades que constituya un mecanismo 
proporcionado, eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos que, además, permita 
clarificar cualquier vacío o duda interpretativa que la actual regulación haya podido 
generar.
Para ello, en su artículo 1.uno incluye una nueva redacción del artículo 10 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, de acuerdo con la 
cláusula 5.ª del Acuerdo Marco, refuerza la noción de temporalidad de la figura del 
personal funcionario interino, a fin de delimitar claramente la naturaleza de la relación 
que le une con la Administración.
El  carácter  temporal  se  explicita  en  el  apartado  1  del  artículo  10,  tanto  en  la 
referencia a su nombramiento, como en la delimitación del plazo máximo de duración del 
mismo: En el supuesto de nombramiento en plazas vacantes cuando no sea posible su 
cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de tres años; en el supuesto de  s
nombramiento por sustitución, por el tiempo estrictamente indispensable que motive el  e.
nombramiento; en el supuesto de nombramiento para ejecutar programas de carácter  w.
tfteuamnrecpaióosnr, a ppl,o úrpb uolincr  apu lnda ezmo c ámaxdáimax iomA dodm ed ient rinsetusrea avceñió onms,, e osa emesnp. leial bsleu pduoecseto  mdees eexsc emsáos  op aocr ulmasu llaecyieósn  ddee   2021-1123n https://w
condEinci ósne gduen dpoe rlusognaar,l  efnu nccuioannatori oa  inlate rsineole cncoió ns, olno se qpuroipcaerdaimbleiesn toas  lodse  daecc epseor soan laal   BOE-A-cable e
funcionario  de  carrera.  El  apartado  2  del  artículo  10  incide  explícitamente  en  su 
publicidad y celeridad, teniendo como finalidad la cobertura inmediata del puesto y 
establece expresamente que el nombramiento como personal interino derivado de los 
procedimientos de selección no implica en ningún caso el reconocimiento de la condición 
de funcionario de carrera. Es decir, se refuerza la nota de temporalidad al descartar 
cualquier expectativa de permanencia.
En tercer lugar, se objetivan las causas de terminación de la relación interina. La 
fijación  de  criterios  objetivos  para  la  terminación  del  nombramiento  ofrecerá  mayor 
claridad  en  cuanto  a  la  duración  máxima  de  la  permanencia  de  este  personal  y, 
fundamentalmente, evitará la perpetuación de la cobertura de puestos de trabajo por 
personal interino, fomentando la estabilidad en el empleo y coadyuvando a la cobertura 
permanente de los puestos de trabajo.
Así, se prevé que la finalización de la relación de interinidad del personal funcionario 
interino se producirá, además de por las causas genéricas previstas en el artículo 63 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las 
causas de la pérdida de la condición de funcionario de carrera, por las que se explicitan 
en el artículo 10, sin que ninguna de ellas genere derecho a compensación económica 
de ningún tipo.
En  cuarto  lugar,  se  endurecen  las  previsiones  legales  en  cuanto  a  la  duración 
máxima del nombramiento del personal interino por vacante, como medida preventiva 
para evitar un uso abusivo de esta figura para ejercer funciones de carácter permanente 
o  estructural.  De  este  modo,  las  plazas  vacantes  desempeñadas  por  personal 
funcionario interino deberán necesariamente ser objeto de cobertura mediante cualquiera 
de  los  mecanismos  de  provisión  o  movilidad  previstos  en  la  normativa  de  cada 
Administración Pública, priorizando la cobertura reglada por personal funcionario de 
carrera.
De no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años  desde el nombramiento se 
producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante sólo podrá ser ocupada 
por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo 
quede  desierto,  en  cuyo  caso  se  podrá  efectuar  otro  nombramiento  de  personal 
funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que 
ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria 
dentro  del  plazo  de  los  tres  años  a  contar  desde  la  fecha  del  nombramiento  del 
funcionario  interino.  En  este  supuesto  podrá  permanecer  hasta  la  resolución  de  la 
convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.
En quinto lugar, se determina que al personal funcionario interino le será aplicable el 
régimen general  del  personal funcionario  de carrera en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza  de  su  condición  temporal  y  al  carácter  extraordinario  y  urgente  de  su 
nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de 
carrera.
El  artículo  1.dos  del  presente  real  decreto-ley  añade  un  nuevo  apartado  3  al 
artículo 11, relativo al personal laboral, estableciendo los principios que en todo caso 
habrán  de  regir  en  la  selección  del  personal  laboral  temporal,  como  la  publicidad, 
igualdad,  mérito,  capacidad  y  celeridad,  y  estableciendo  la  finalidad  que  han  de 
perseguir, atendiendo, en todo caso, a razones expresamente justificadas de necesidad 
y urgencia.
Para finalizar, el apartado tres de este artículo 1 introduce en el texto refundido de la  s
Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  una  nueva  disposición  adicional  oe.
decimoséptima,  en  la  que  se  prevé  un  régimen  de  responsabilidades  en  caso  de  w.
dineclu cAmitsapí,dl imos iteee nxrttoeo f udleeegr ilzsaalsa  tmeivleo d.ciodnatse naindtoe ridoerm  eensttae  erneufonrcmiaad anso erm inattriovdau, cdidea sm eann eelr aa rtqícuuelo  l1a0s   2021-1123n https://w
arecstupaocnisoanbeislid iarrdeegsu lqaurees p eronc elad aanp ldicea ccioónnf odreml idaartdíc cuolon  1la0  ndoarrmáant ilvuag avrig ae nltae  eexni gceandcaia u ndae   BOE-A-cable e
de las Administraciones Públicas, constituyendo un mecanismo proporcionado, eficaz y 
disuasorio para el cumplimiento del deber de evitar abusos en la temporalidad del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de la cláusula 5.ª 
del Acuerdo Marco.
La premisa de partida sobre la que se fundamenta la disposición es la de la nulidad 
de pleno derecho de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente 
los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, 
acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su 
cumplimiento.
El incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, además, dará lugar a una 
compensación económica para el personal temporal, que será equivalente a veinte días 
de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta 
compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, no habiendo derecho a 
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas 
disciplinarias o por renuncia voluntaria.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que puedan 
proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones 
Públicas, así como del necesario establecimiento de criterios de actuación que permitan 
dar cumplimiento de manera coordinada a los mandatos incluidos en la disposición.
El  artículo  2  del  real  decreto-ley  establece  la  ampliación  de  los  procesos  de 
estabilización de empleo temporal como medida complementaria inmediata para paliar la 
situación existente.
Por una parte, se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público. Así, 
adicionalmente a los procesos de estabilización que regularon los artículos 19.uno.6 de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que 
incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que 
estén  contempladas  en  las  distintas  Administraciones  Públicas,  y  estando  dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Los procesos garantizarán el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pudiendo articularse medidas que posibiliten 
una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de 
cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de concurso-
oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la 
puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el 
cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación 
colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de 
empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los 
respectivos  diarios  oficiales  antes  del  31  de  diciembre  de  2021,  y  las  respectivas 
convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes 
del 31 de diciembre de 2024. s
Se prevé igualmente una compensación económica para el personal funcionario  oe.
interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada  w.
esust aErbesillatizaca icócoinóm ncp.oenn salac ióAnd mecinoinsótrmacicióan s eproár  elqau ivnaol esnutep ear avceióinnte  ddeíal sp droec erestori bsueclieocnteivso  fijdaes   2021-1123n https://w
paoñro ,a hñaos dtae  usne rvmicáixoi,m por odrrea tdeoácned omsee npsoura mlideasdeess ,l oos  lpae rdioifedroesn cdiea  teienmtrep oe isnefe mrioárxeism oa  udne   BOE-A-cable e
veinte días y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su 
contrato en el caso del personal laboral temporal.
Se acompaña al articulado un conjunto de disposiciones imprescindibles para la 
correcta ejecución y comprensión del mismo.
Una reforma de este calado ha de tener muy en cuenta a la administración local, 
introduciendo medidas que faciliten el desarrollo de los procesos de selección. Así la 
disposición  adicional  primera  determina  la  posibilidad  de  que  los  municipios, 
especialmente aquellos con una capacidad de gestión más limitada, encomienden la 
gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o laboral fijo a las 
diputaciones  provinciales,  cabildos,  consejos  insulares,  entes  supramunicipales  u 
órganos equivalentes en las comunidades autónomas uniprovinciales.
En tal caso, las plazas de los municipios acogidos a este sistema, reunidas según 
categorías, cuerpos, escalas o subescalas, se ofertarán en convocatorias periódicas, 
cuyas bases aprobará la Administración a la que se encomiende dicha selección.
Los municipios podrán también encomendar, en los mismos términos, la gestión 
material de la selección del personal interino y laboral temporal.
De forma expresa, y a los solos efectos de los procesos de estabilización de empleo 
temporal en el ámbito local, estos se regirán por lo dispuesto en el artículo 2 de este real 
decreto-ley. No será de aplicación, por tanto, a estos procesos lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.
Como  medida  de  prevención  para  facilitar  el  seguimiento  de  la  eficacia  de  las 
medidas adoptadas, en la disposición adicional segunda de este real decreto-ley se 
prevé que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública elaborará un informe 
anual de seguimiento de la tasa de temporalidad en el empleo público.
La  disposición  adicional  tercera  se  refiere  a  las  medidas  de  seguimiento 
presupuestario y establece, con la finalidad de mantener una adecuada prestación de los 
servicios públicos, que las Administraciones Públicas podrán nombrar personal interino 
en las plazas vacantes por jubilación que se produzcan en el ejercicio presupuestario.
Esas vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la 
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal y si ello 
no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria.
La disposición adicional cuarta establece que las Administraciones Públicas deberán 
asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de 
estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los 
procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la 
acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.
Finalmente, la disposición adicional quinta regula las peculiaridades de los procesos 
de estabilización de empleo temporal del personal investigador, tanto los derivados de 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018 que no hubieran sido 
convocados o, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir y deban 
volver a convocarse, como del previsto en el artículo 2 de este real decreto-ley, en los 
que  podrá  aplicarse  el  sistema  de  concurso  previsto  en  el  artículo  26.4  de  la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Dentro de la anunciada pretensión de agilizar los procesos de estabilización en 
marcha, se establece en la disposición transitoria primera el régimen jurídico de los  s
procesos de estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la  oe.
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,  w.
ya ñ1o9 A.2us0ní1,o 8s.9.e  ddeis lpao Lneey  q6u/2e0 a1q8u, edlelo s3  pdreo jcuelisoo, sd ec uPyrae scuopnuveosctaotso rGiae nheurbaielerse  dseidl oE sptuabdloic apdaara e enl   2021-1123n https://w
plorse sreenstpee cretiavlo sd edciraertioo-sl eoy,f icsieagleusi rácno ne jaencutetárinodriodsaed  cao nla  afrerecghlao  dae  laesn tpraredvai sieonn evsi gdoer  dlaesl   BOE-A-cable e
respectivas convocatorias, y a tal fin la resolución de los procesos selectivos deberá 
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
La disposición transitoria segunda delimita el marco temporal de aplicación de la 
modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que 
será de aplicación únicamente respecto del personal temporal nombrado o contratado 
con posterioridad a su entrada en vigor.
La  norma  incluye  tres  disposiciones  finales.  La  primera  se  refiere  al  título 
competencial. La segunda prevé que la adecuación de la legislación específica del 
personal docente y del personal estatutario de los servicios de salud a lo dispuesto en la 
nueva  redacción  dada  a  los  artículos  10  y  11,  así  como  la  disposición  adicional 
decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
se  lleve  a  cabo  en  un  año.  Efectivamente,  y  dada  la  especial  complejidad  de  la 
temporalidad en los sectores educativo y sanitario, se estima oportuno establecer un 
marco temporal mayor que permita una correcta planificación de las medidas adoptadas.
La mención contenida en la disposición final segunda al personal equivalente, en 
relación con el personal estatutario, idéntica a la contenida en el artículo 19.uno.3 de la 
Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2021, ha de entenderse referida al personal de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra que forma parte del Servicio Navarro de Salud y del Departamento de 
Salud y cualquiera de sus organismos adscritos y, por ello, del sistema nacional de salud, 
constituido eminentemente, en el caso de esta comunidad foral, por personal funcionario.
La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la norma.
IV
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y 
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las 
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Asimismo, la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las 
medidas que se incluyen en este real decreto-ley forma parte del juicio político o de 
oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, 
de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de 
prioridades  políticas  de  actuación.  En  este  caso,  se  trata  de  medidas  dirigidas  a 
incrementar  la  eficiencia  en  el  funcionamiento  de  las  Administraciones  Públicas,  y 
centradas en dar una respuesta adecuada que permita establecer la necesaria seguridad 
jurídica  y  la  protección  de  los  colectivos  que  pudieran  resultar  vulnerables  ante  la 
concurrencia de la situación descrita y que se definen por su condición extraordinaria y  s
urgente. e.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la  w.
pFsirJteu sa5ec; nió1ten8  2dn/eo1 r9um9r7ag, e (nSdceSia T2 Ce0x  p2du9ee/ 1so9tca8t 2uy,b  lrdaee ,m  3Fe1Jd  idd3ea),   cmeoxaniyscotrie,e tnFad Jao d 3ol;a p1 t1na1ed/ca1e 9ps8aa3rr,ai a d secu ob2nv eedxneiiór  nda i ceeienllmatr,eb  sreilna,    2021-1123n https://w
qcounes tcitouncisotnituayl.a  un  supuesto  de  uso  abusivo  o  arbitrario  del  referido  instrumento  BOE-A-cable e
La adecuada fiscalización del recurso al real decreto-ley requiere el análisis de dos 
aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y 
razonada  de  los  motivos  que  han  sido  tenidos  en  cuenta  por  el  Gobierno  en  su 
aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la 
existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida 
concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, 
de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es 
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de 
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo 
igualmente  de  una  pluralidad  de  elementos.  El  examen  de  la  concurrencia  del 
presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de 
llevar  a  cabo  mediante  la  valoración  conjunta  de  todos  aquellos  factores  que 
determinaron  al  Gobierno  a  dictar  la  disposición  legal  excepcional  y  que  son, 
básicamente, los que quedan reflejados en el preámbulo, en el debate parlamentario de 
convalidación y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 
y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En todo caso, la doctrina constitucional viene señalando que la extraordinaria y 
urgente necesidad a que alude el artículo 86.1 de la Constitución Española supone un 
requisito o presupuesto habilitante de inexcusable concurrencia para que el Gobierno 
pueda dictar normas con rango de ley, lo que se erige en auténtico límite jurídico de la 
actuación gubernamental mediante decretos-leyes. (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, 
FJ 8; 26/2016, de 18 de febrero, FJ 2, y 125/2016, de 7 de julio, FJ 2). La definición de la 
situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de la norma 
ha de ser explícita, razonada y concreta, sin que pueda realizarse mediante fórmulas 
rituales  o  genéricas,  aplicables  de  modo  intercambiable  a  todo  tipo  de  realidades 
(SSTC 95/2015, de 14 de mayo, FJ 4; 215/2015, FJ 4).
La  tasa  de  temporalidad  registrada  en  el  empleo  público  es  ya  superior  a  la 
registrada en el sector privado. Esta situación no solo se aleja de forma manifiesta del 
modelo de función pública configurado por nuestra Constitución Española, sino que 
compromete la adecuada prestación de los servicios públicos, en la medida en que la 
temporalidad impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la 
calidad de los servicios públicos.
En un contexto en que la intervención de los poderes públicos resulta crítica para 
mitigar los impactos de la crisis sanitaria en el tejido social y económico, así como para 
proporcionar los cimientos de la recuperación, la adopción de medidas que permitan 
controlar y reducir el exceso de temporalidad deviene perentoria para garantizar los 
principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas.
Esta situación no ha pasado inadvertida a las instituciones de la Unión Europea. 
Tanto la Comisión Europea, con ocasión de los informes elaborados en el marco del 
Semestre  Europeo,  como  el  propio  Consejo,  en  las  recomendaciones  específicas 
dirigidas a nuestro país, han subrayado insistentemente la necesidad de poner fin a la 
elevada temporalidad en el empleo público.
Ello ha motivado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que  s
dispone que «los planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y  oe.
prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo»,  w.
eEelns  ppeaal ñscaao dmsoep  o3hn0ae yndatee  c 1ao1bm rdiple,r ol rPmefleaetnriid ddooe   aaR  ealacdu omppetoardar ecuriónnnaiz, a rTcerifaóonnrms fdaoe r mnloaarscm ióAandti vmya Ri naeisls tirtléaiercmniocinniaeo sp d rePeslú ebpnlriticmaadesor,    2021-1123n https://w
pseomneers ftirne  ad lea  2e0xc2e1s iqvuae t eamrtpicouraleli dmade deidna esl  eemficpalceeos p, úpbrloicpoo. rEcisotnaa rdeafos rmy ad ihsau amseorreiacsid op aurna   BOE-A-cable e
juicio  favorable  de  la  Comisión  Europea,  reflejado  en  el  informe  que  acompaña  la 
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la 
aprobación de la evaluación del citado plan, en el que se señala específicamente que «el 
plan  de  España  contiene  medidas  que  deberían  contribuir  significativamente  a  la 
reducción de la elevada proporción de contratos temporales que también se observa en 
el sector público».
El Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, dispone que la liberación 
de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por 
parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los 
planes de recuperación y resiliencia. A la vista del plazo comprometido en el plan para la 
aprobación de la reforma, referido al primer semestre de 2021, no resulta posible acudir 
a la tramitación de un proyecto de ley por la vía de urgencia y la única opción posible 
para asegurar el cumplimiento del compromiso es acudir a la figura del real decreto-ley.
Existe,  además,  otra  circunstancia  que  caracteriza  de  forma  sobrevenida  la 
concurrencia del presupuesto habilitante, vinculada a uno de los últimos desarrollos de la 
ya  extensa  jurisprudencia  del  TJUE  en  relación  con  la  interpretación  de  la 
Directiva 1999/70 (CE) del Consejo, de 28 de junio de 1999. La sentencia dictada por el 
TJUE en el asunto C726/19 (IMIDRA), de 3 de junio de 2021, ha propiciado una nueva 
reflexión  sobre  determinados  aspectos  de  la  jurisprudencia  de  los  órganos 
jurisdiccionales nacionales, reflejada en la reciente sentencia dictada en unificación de 
doctrina por el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, n.º 649/2021, de 28 de junio. A la luz 
de esta evolución se hace necesaria una intervención urgente del legislador a fin de 
precisar el régimen jurídico aplicable, de forma que pueda conjugarse adecuadamente el 
efecto  útil  de  la  directiva  mencionada  con  el  aseguramiento  de  los  principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de 
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y 
las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el hecho de que se considere una 
reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley; pues, 
y esto es particularmente pertinente en el supuesto que se analiza, el posible carácter 
estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda 
convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, 
como ocurre en el caso que nos ocupa tras los últimos pronunciamientos judiciales, para 
cuyo  tratamiento  representa  un  instrumento  constitucionalmente  lícito,  en  tanto  que 
pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, 
que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 
137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Las  medidas  contenidas  en  el  real  decreto-ley  pretenden  garantizar  que  las 
Administraciones Públicas inician una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la 
evolución futura de la temporalidad en el empleo público, a fin de situar la tasa de 
cobertura temporal por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales, y, en esa 
medida, puede predicarse de cada una de ellas la conexión de sentido requerida por la 
jurisprudencia constitucional.
Hacia el pasado, la reforma activa en el artículo 2 un último proceso de estabilización 
de plazas de carácter estructural que se suma a los ya iniciados en 2017 y 2018, y  s
establece plazos tasados para asegurar el cumplimiento del hito de ejecución de todas  oe.
las ofertas antes del 31 de diciembre de 2024, evitando de esta forma que se produzcan  w.
pedrsiliatnrccuiicoptniuoersas l . qdEuene   lticobodrmeo  pcrcoaomsnoec,tu arenrse tnoecsli  a,po rbojiecgteuivsaoold sa ddde,e  bemesrtéáarnbit iolid zeasyca iórrnco allpadaresc eidp alcadoz na sy a rdrseeeg  loca prraáe cvltéoensr    2021-1123n https://w
compensaciones para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que,
estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no 
superación del proceso selectivo de estabilización.
Hacia el futuro, la reforma de la legislación básica pretende activar un conjunto de 
medidas regulatorias directamente ordenadas a atajar la excesiva temporalidad. Las 
medidas de carácter preventivo actúan mediante una delimitación de la causa y término 
en la figura del personal funcionario interino y se dirigen a evitar un uso indebido de esta 
figura;  descartar  cualquier  expectativa  de  permanencia  tras  su  selección  por 
procedimientos presididos por la publicidad, igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y 
objetivar las causas de terminación de la relación interina, ofreciendo mayor claridad 
sobre la duración máxima de la permanencia de este personal. Al propio tiempo se aplica 
al personal funcionario interino el régimen general del personal funcionario de carrera en 
cuanto  sea  adecuado  a  la  naturaleza  de  su  condición  temporal  y  al  carácter 
extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la 
condición de funcionario de carrera.
Asimismo, se recogen las medidas que contemplan, en línea con la jurisprudencia 
del TJUE, sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se establece en primer 
término  la  obligación  que  corresponde  a  las  Administraciones  Públicas  de  evitar 
cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y nombramientos de 
personal  funcionario  interino,  para  lo  cual  promoverán  la  adopción  de  criterios  de 
actuación y una actuación coordinada de los órganos con responsabilidades en materia 
de gestión de personal. Seguidamente se dispone que las actuaciones irregulares en la 
presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de 
conformidad con la normativa vigente en cada una de las administraciones públicas. En 
tercer lugar, se contempla la nulidad de pleno derecho de todo acto, pacto, acuerdo o 
disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o 
desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte 
de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal. En 
cuarto lugar, en el caso de las interinidades por vacante se establece que, transcurridos 
tres años desde el nombramiento, se producirá el fin de la relación de interinidad, y la 
vacante  sólo  podrá  ser  ocupada  por  personal  funcionario  de  carrera,  salvo  que  el 
correspondiente proceso selectivo quede desierto. Por último, se prevé un régimen de 
compensaciones aplicable tanto al personal funcionario interino como al personal laboral 
temporal en los supuestos de incumplimiento de los plazos máximos de permanencia.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren 
las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución Española, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por 
el procedimiento de urgencia, y sin que este real decreto-ley constituya un supuesto de 
uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de febrero, FJ 5).
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de las Constitución Española, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
En  primer  lugar,  y  en  cuanto  a  la  afectación  al  régimen  de  las  comunidades 
autónomas,  se  trata  de  un  límite  que  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  ha 
considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC 23/1993,  s
de 21 de enero (FJ.2): «(…) ha de tenerse en cuenta que el artículo 86.1 CE utiliza un  oe.
término "régimen de las Comunidades Autónomas" más extenso y comprensivo que el  w.
mcaol emrrooé  gdhiema  es"Ene ñstaacloatundtsoot silt aud cSeio TAnCau lt2 o9nd/o1em9 8íla6a" s",  epnCo ero lm losu eqnnuitdieda odd eidcseh  aqA ueuext ópenrl eoDsmeiócanrs e,h toai- nldeceylu  nisdoea rp  iunlaete drepp oraesfteiaccditóaanr,    2021-1123n https://w
lionss tiEtusctaiotuntaol sq, uqeu lee sn oo tpourgead elan  Csoenr satlitteurcaiódno"s.  pDoer  eusne  D"reécgriemtoe-nle cyo, npsetriotu tcaiomnbailé" nfo srem ainnc lpuayreten   BOE-A-cable e
otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de 
constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del artículo 150.1 CE, 
las Leyes de armonización del artículo 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el 
artículo 150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquéllas 
leyes que, conforme al artículo 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco 
constitucional,  para  delimitar  las  competencias  del  Estado  y  de  las  diferentes 
Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de 
éstas. Más allá de ese "régimen constitucional" el campo normativo de los Decretos-
leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo 
constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa 
que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma 
tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, 
siempre  que  esa  regulación  no  tenga  como  fin  atribuir  competencias  o  delimitar 
positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas. Ciertamente, 
el ejercicio de las competencias de un ente puede afectar en alguna medida a las del 
otro.  Pero  cuando  la  Constitución  veda  al  Decreto-ley  "afectar"  al  régimen  de  las 
Comunidades  Autónomas,  se  refiere  a  una  delimitación  directa  y  positiva  de  las 
competencias  mediante  tal  instrumento  normativo,  y  no  a  cualquier  regulación  que 
indirectamente "incida" en las competencias autonómicas. De otro modo, se vaciarían 
prácticamente de contenido los ámbitos de regulación sobre los que el Decreto-ley 
puede proyectarse, puesto que es muy difícil encontrar un objeto normativo en el que no 
incida de uno u otro modo alguna competencia autonómica».
Desde  esta  perspectiva  se  entiende  que  no  hay  afectación  al  régimen  de  las 
comunidades autónomas en la medida en que el real decreto-ley proyectado no afecta a 
la posición institucional de las comunidades autónomas ni delimita de forma directa y 
positiva las competencias que aquellas tienen atribuidas, y se dicta en el ámbito propio 
de las competencias exclusivas en materia de legislación laboral; bases del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; y 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que las 
reglas 7.ª, 18.ª y 13.ª, respectivamente, del artículo 149.1 de la Constitución Española 
reservan al Estado, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia.
En segundo lugar, en cuanto a la prohibición de afectación a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, una 
muy  consolidada  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  la  interpreta  en  los  siguientes 
términos, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6): «1.º) El artículo 86.1 CE 
impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de 
los  ciudadanos  regulados  en  el  título  I  CE,  pero  este  Tribunal  ha  rechazado  una 
interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del 
decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier 
aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución». 2.º) La 
cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del 
decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un 
régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del 
contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de 
diciembre,  FJ  8,  confirmada  por  otras  posteriores).  3.º)  El  Tribunal  no  debe  fijarse 
únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una 
determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido "afectación" por el 
decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener  s
en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada  oe.
caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y  w.
aeasmlcpapenlecctoeo  spd údebe l ilcalao  ,cr eocgnoucnlreaecctatióa ndre aqg uauell a dsceeiór enpc rhodope o fnuqenu deina csmiede entrntaa tele ne  s(u…tnaab)» lem cEaidnteo re ieal n,p  creoel msaeornt íteceus  lcoea l 2sa3oc.,c2 ev dsaeori  olaasl    2021-1123n https://w
iCgounasldtiatudc iaó nla, sq ufuen rceioconneos cye  ceal rdgeorse cphúob ldiceo lso,s c coinu dlaods arneoqsu i«sait oasc cqeudee rs eeñna cleonn dlaicsio lneeyse sd»e.   BOE-A-cable e
Ahora bien, en aplicación de la doctrina constitucional antes expuesta, se considera que 
el objeto de la norma en su actual definición tiene a estos efectos un alcance limitado, en 
el sentido de que ni establece el régimen general de acceso a la función pública, ni 
supone una delimitación específica del núcleo del derecho fundamental al acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y por ello no se adentra en un 
ámbito material vedado al instrumento del real decreto-ley, sin perjuicio de que, en su 
configuración concreta, sus preceptos deban atenerse a las exigencias de igualdad en el 
acceso al empleo público que impone aquel derecho fundamental.
Este real decreto-ley responde a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia, dado el interés general en que se fundamentan las medidas que se 
establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su 
consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la 
regulación  imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente 
mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma 
está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no 
son aplicables a la tramitación y aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación 
con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas para 
los ciudadanos.
Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.7.ª  y  18.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas; y en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del régimen estatutario de sus funcionarios.
Asimismo,  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.13.ª  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la 
actividad económica.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución 
Española, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública y de la 
Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 6 de julio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno.  Se da una nueva redacción al artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.  Funcionarios interinos.
1.  Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas  es
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el  o
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna  3ww.
de laas)  siLgau ieenxitsetse ncciricau dnest apnlacziaass: vacantes, cuando no sea posible su cobertura por  2021-1123n https://w
eful nacpioanrtaardioos 4 d.e carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en  BOE-A-cable e
b)  La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente 
necesario.
c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, 
dentro de un periodo de dieciocho meses.
2.  Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán 
públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y  celeridad,  y  tendrán  por  finalidad  la  cobertura  inmediata  del  puesto.  El 
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará 
lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
3.  En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la 
relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las 
previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a)  Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a 
través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b)  Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización 
de los puestos asignados.
c)  Por  la  finalización  del  plazo  autorizado  expresamente  recogido  en  su 
nombramiento.
d)  Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
4.  En  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  1.a),  las  plazas  vacantes 
desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura 
mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la 
normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante 
solo  podrá  ser  ocupada  por  personal  funcionario  de  carrera,  salvo  que  el 
correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la 
plaza  que  ocupe  temporalmente,  siempre  que  se  haya  publicado  la 
correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la 
fecha  del  nombramiento  del  funcionario  interino.  En  este  supuesto  podrá 
permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a 
compensación económica.
5.  Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del 
personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su 
condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, 
salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11, que queda redactado como 
sigue:
«3.  Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, 
rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el  e.e
caso  del  personal  laboral  temporal  se  regirá  igualmente  por  el  principio  de  b
cneelceerisdidaadd,  yte unriegnednoci ap.»or finalidad atender razones expresamente justificadas de  2021-11233n https://ww
Tres.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  decimoséptima,  que  queda 
redactada en los siguientes términos:
«Disposición  adicional  decimoséptima.  Medidas  dirigidas  al  control  de  la 
temporalidad en el empleo público.
1.  Las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las 
previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar 
cualquier  tipo  de  irregularidad  en  la  contratación  laboral  temporal  y  los 
nombramientos de personal funcionario interino.
Asimismo,  las  Administraciones  Públicas  promoverán,  en  sus  ámbitos 
respectivos,  el  desarrollo  de  criterios  de  actuación  que  permitan  asegurar  el 
cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los 
distintos órganos con competencia en materia de personal.
2.  Las  actuaciones  irregulares  en  la  presente  materia  darán  lugar  a  la 
exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa 
vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
3.  Todo  acto,  pacto,  acuerdo  o  disposición  reglamentaria,  así  como  las 
medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o 
indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los 
plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno 
derecho.
4.  El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una 
compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será 
equivalente  a  veinte  días  de  sus  retribuciones  fijas  por  año  de  servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 
máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir 
de  la  fecha  del  cese  efectivo  y  la  cuantía  estará  referida  exclusivamente  al 
nombramiento  del  que  traiga  causa  el  incumplimiento.  No  habrá  derecho  a 
compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por 
causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.
5.  En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos 
máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica 
prevista  en  este  apartado,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  que  pudiera 
corresponder por vulneración de la normativa laboral específica.
Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo 
de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce 
mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción 
de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, 
y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el 
incumplimiento. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía 
judicial, se procederá a la compensación de cantidades.
No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización 
de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por 
renuncia voluntaria.»
Artículo 2.  Procesos de estabilización de empleo temporal.
1.  Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27  bo
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la  3w
tpaLrlueaatybzo aar6jisoz/2 a,d 0 e1up 8nlna,aa n dttutiealrl aas3sal e  dzauead   ijecuosiltoirtoranu, a cdlft oeupr ramParlraa eq  suldauee p,e  ueseostsartgtéboanisln i zoiGza ancecoinói eóndrn ead nleedtrs eoe   dmdreeepl  clEeluaosrsst  aotredesmol a pchpiouaormrnaaela  senq loud saee ñ  pioqnu uc2eelu0s i1troeá8ss ,  tlédasnees     OE-A-2021-1123able en https://w
contempladas  en  las  distintas  Administraciones  Públicas  y  estando  dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
2.  Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados 
en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes de 31 de diciembre de 2021 y serán 
coordinados por las Administraciones Públicas competentes.
La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de 
las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes de 31 de 
diciembre de 2022.
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre 
de 2024.
3.  La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de 
las plazas estructurales.
4.  La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento  de  los  principios  de  libre  concurrencia,  igualdad,  mérito,  capacidad  y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la 
Administración  General  del  Estado,  comunidades  autónomas  y  entidades  locales, 
pudiendo  articularse  medidas  que  posibiliten  una  coordinación  entre  las  diferentes 
Administraciones Públicas en el desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público.
Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de 
cada  Administración  o  la  normativa  específica,  el  sistema  de  selección  será  el  de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento 
de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el 
cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación 
colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración 
así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de 
cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización.
5.  De  la  resolución  de  estos  procesos  no  podrá  derivarse,  en  ningún  caso, 
incremento  de  gasto  ni  de  efectivos,  debiendo  ofertarse  en  estos  procesos, 
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por 
personal con vinculación temporal.
6.  Corresponderá  una  compensación  económica,  equivalente  a  veinte  días  de 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores  a  un  año,  hasta  un  máximo  de  doce  mensualidades,  para  el  personal 
funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera 
finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de 
estabilización.
En  el  caso  del  personal  laboral  temporal,  dicha  compensación  consistirá  en  la 
diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un 
máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por la 
extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 
un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se 
procederá a la compensación de cantidades.
La  no  participación  del  candidato  o  candidata  en  el  proceso  selectivo  de 
estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso. s
2021-1123n https://w
7.  Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas 
deberán certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en 
cada uno de los ámbitos afectados.
Disposición adicional primera.  Medidas para el ámbito local.
1.  Los municipios, excepto los de gran población previstos en el título X de la 
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  podrán 
encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o 
laboral  fijo  a  las  diputaciones  provinciales,  cabildos,  consejos  insulares,  entes 
supramunicipales  u  órganos  equivalentes  en  las  comunidades  autónomas 
uniprovinciales.
Los municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección 
del personal funcionario interino y personal laboral temporal.
2.  Finalizado el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local 
nombrará o contratará, según proceda, a los candidatos que hayan superado el proceso 
selectivo.
3.  Los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a estos procesos lo dispuesto en 
los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.
Disposición adicional segunda.  Medidas de seguimiento de la temporalidad.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el marco de la cooperación 
en materia de administración pública, elaborará un informe anual de seguimiento de la 
situación de la temporalidad en el empleo público.
Disposición adicional tercera.  Medidas de seguimiento presupuestario.
Con la finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos, las 
Administraciones públicas podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes por 
jubilación que se produzcan en el ejercicio presupuestario.
Esas vacantes ocupadas con personal interino se incluirán obligatoriamente en la 
oferta de empleo público del ejercicio en que se haya nombrado dicho personal y si ello 
no fuera posible, en la oferta del año siguiente. Todo ello, en los términos previstos en la 
normativa presupuestaria.
Disposición adicional cuarta.  Medidas de agilización de los procesos selectivos.
Las  Administraciones  Públicas  deberán  asegurar  el  cumplimiento  del  plazo 
establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de 
medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la 
reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un 
mismo ejercicio, entre otras.
Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas 
personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de interinos 
específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán  e.e
aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y  w.b
cnoon shiadbeireen sduof icsieunpteer.ado  éste,  sí  hayan  obtenido  la  puntuación  que  la  convocatoria  2021-11233n https://ww
Disposición  adicional  quinta.  Procesos  de  estabilización  de  empleo  temporal  de 
personal investigador.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el sistema de 
concurso previsto en el artículo 26.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología  y  la  Innovación,  será  de  aplicación  a  las  plazas  de  los  procesos  de 
estabilización de empleo temporal previstos por el artículo 2.
2.  El  sistema  de  concurso  podrá  ser  también  de  aplicación  a  las  plazas 
mencionadas en el apartado anterior si se encuentran afectadas por los procesos de 
estabilización previstos en el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que las mismas estén 
incluidas  en  las  correspondientes  ofertas  de  empleo  público  de  estabilización  y  no 
hubieran sido convocadas o, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin 
cubrir y deban volver a convocarse.
Disposición transitoria primera.  Régimen jurídico de los procesos de estabilización de 
empleo temporal ya convocados.
Los procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de 
empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de empleo 
temporal  previstos  en  el  artículo  19.uno.6  de  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, cuya convocatoria 
hubiere sido publicada en los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto-ley, seguirán ejecutándose con arreglo a las 
previsiones de las respectivas convocatorias.
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre 
de 2024.
Disposición transitoria segunda.  Efectos.
Las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  1  de  este  real  decreto-ley  serán  de 
aplicación  únicamente  respecto  del  personal  temporal  nombrado  o  contratado  con 
posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.7.ª  y  18.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas; y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios. Asimismo, se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª que 
establece  la  competencia  del  Estado  en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la 
planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Adaptación de la  normativa del personal  docente  y  del 
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud.
En  el  plazo  de  un  año  desde  la  entrada  en  vigor  de  este  real  decreto-ley  se 
procederá  a  la  adaptación  de  la  normativa  del  personal  docente  y  del  personal  es
estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en el artículo 10, 11 y en  bo
la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico  3w
deciestapl dEeTocrmaísfpn iclspeacra eusdcreoreir dpáPotnúo  bsdd lieiccd hoepo,ll   edpnteelaa xaz tcaooup  selriicerndaf uocqn iuócdeonid n sao le  a esdps erpto eed lcapuu ezlLircasearoyi dnl aaad dlce elilat sasE dp saprto raaeptdvuiaiatssopi  odtanBeceá sisósu incc r ooéd ngedti emelanle  idlnEea gmjsui srpeílldaneic aciloódo.nos    OE-A-2021-1123able en https://w
Público.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2021-1123n https://w