BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 70939
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9668 Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  mercantil  y  de  bienes  muebles  I  de  Vizcaya  a  inscribir  una 
escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por doña M. J. G. H., en nombre y representación de la 
sociedad «Grupo Igualmequisa, SA», contra la negativa del registrador Mercantil y de 
Bienes Muebles I de Vizcaya, don Juan Alfonso Fernández Núñez, a inscribir una 
escritura de elevación a público de acuerdos sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 23 de diciembre de 2020 ante el notario de Bilbao 
don Juan Ignacio Bustamante Esparza, con el número 3.490 de protocolo, se elevaron a 
público  determinados  acuerdos  adoptados  por  el  consejo  de  administración  de  la 
sociedad «Grupo Igualmequisa, SA», relativos al cese y nombramiento del secretario y 
nombramiento del vicesecretario de dicho órgano. Tales acuerdos se adoptaron por 
unanimidad, el día 23 de noviembre de 2020, en sesión del consejo celebrada con 
carácter de universal; y por los mismos se cesaba a don J. C. P. de su cargo de 
secretario no consejero del consejo de administración y se nombraba para dicho cargo a 
don D. B. G.
Interesa hacer constar que el artículo 29.2 de los estatutos sociales tiene el siguiente 
contenido: «El Consejo de Administración designará, en caso de no haberlo realizado la 
Junta General, un Secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el 
nombramiento en quienes no sean administradores, en cuyo caso actuarán con voz pero 
sin  voto.  El  Vicesecretario  sustituirá  al  Secretario  en  los  casos  de  ausencia, 
indisposición, incapacidad o vacante».
II
Presentada el día 11 de enero de 2021 copia autorizada de la referida escritura en el 
Registro Mercantil de Vizcaya, fue objeto de calificación negativa en los términos que, a 
continuación, se transcriben en lo pertinente:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 403/1095. e
F. presentación: 11/01/2021. bo
Entrada: 1/2021/316,0. 68ww
SHAPourooctjaotioe:r icd8zoaa1ldno-3:t: e 7G2:4 0rJ8u2u1p0a.o/n3 I 4gIg9un0aa ldmceioe 2 qB3uu/i1ss2ata/ 2Sm0oa2cn0iet.ed aEds pAanróznai.ma. OE-A-2021-96able en https://
Fundamentos de Derecho:
1.  (…)
2.  El cese y nombramiento de secretario del consejo no es inscribible, puesto que 
existe nombramiento efectuado por la Junta General el día 29 de Octubre de 2.004, 
inscrito en este Registro el 22 de diciembre, inscripción 2.ª, dado que la facultad del 
Consejo para nombrar Secretario sólo le corresponde, según el artículo 29.2 de los 
Estatutos, "en el caso de no haberlo realizado la Junta General"; consecuentemente para 
proceder al nombramiento por el Consejo debe estar vacante el cargo, por cese o por 
otra causa legal, ya que no tiene plazo de caducidad, y que la Junta no provea nuevo 
nombramiento; por ello debe procederse previamente al cese del Secretario por la propia 
Junta que lo nombró, ya que de hacerlo el Consejo la facultad de la Junta quedaría 
desvirtuada  al  poder  cesar  y  nombrar  inmediatamente  al  nombrado  por  ésta,  no 
existiendo en los Estatutos facultad subsidiaria análoga al caso de nombramiento.
En relación con la presente calificación: (…)
Bilbao uno de febrero de dos mil veintiuno».
III
Contra anterior la nota de calificación, doña M. J. G. H., en nombre y representación 
de  la  sociedad  «Grupo  Igualmequisa,  SA»,  interpuso  recurso  el  día  26  de  febrero 
de 2021 mediante escrito con base en los siguientes fundamentos jurídicos:
«1.  (…)
2.  El motivo de fondo que conduce a la calificación denegatoria consiste en que, a 
juicio del Sr. Registrador, el cese ha sido acordado por un órgano que carece de 
competencias para ello. Funda esta conclusión en que los estatutos de la sociedad 
solamente atribuyen al Consejo de Administración la facultad de nombrar Secretario en 
el caso de que no haya procedido a ello la Junta General. En el caso, fue la Junta 
General  quien  designó  al  Secretario,  de  modo  que  –según  el  entendimiento  del 
Registrador, que no se comparte– el Consejo de Administración carecería de facultades 
para cesarle.
El razonamiento que contiene la Nota no puede compartirse, por varias razones:
a)  No se discute que los estatutos solamente permiten al órgano de administración 
designar Secretario en caso de que la Junta no lo haya hecho.
Sin embargo, los actos que se presentan a inscripción son en rigor dos: (i) el cese del 
Secretario y (ii) un posterior nombramiento de un nuevo Secretario, una vez quedó 
vacante aquel puesto.
Al segundo acto nos referiremos después. Antes es necesario analizar la denegación 
de la inscripción del primer acto, que es el cese del Secretario.
b)  Los estatutos residencian en la Junta la facultad de nombrar Secretario del 
Consejo de Administración (y, para el caso de que la Junta no ejercite esa facultad, en el 
propio órgano de administración cuenta con una facultad subsidiaria o vicaria). Lo que no 
dicen en ningún momento los estatutos, y no por olvido u omisión de su redactor, es que 
el "cese" del Secretario debe ser acordado por la Junta.
La Nota se asienta en una interpretación extensiva (indebidamente extensiva) de la  e.
atribución estatutaria de facultades a la Junta. w.
El artículo 146.1 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el  68ww
Reglamento del Registro Mercantil, dispone lo siguiente:
su  cSaaslvoo,  deils pSoescicreiótna rcioo nytr aVriiac edSee lcorse teasritoastu tdoesl,  eCl oPnrseesjiod ednete ,A lodsm Viniicsetrparceisóind eqnutees  sy,e aenn 
reelegidos  miembros  del  Consejo  por  acuerdo  de  la  Junta  General,  continuarán
desempeñando los cargos que ostentaran con anterioridad en el seno del Consejo sin 
necesidad de nueva elección y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de 
dichos cargos corresponde al órgano de administración.
Como punto de partida, la norma natural (es decir, la que se aplica en defecto de 
pacto en contra) residencia en el órgano de administración la facultad de revocación de 
los cargos.
La Resolución de la DGRN de 15 de noviembre de 1993 recuerda que:
Admitido que el Secretario del consejo de administración pueda no tener la condición 
de administrador, resulta evidente que no le alcanza de forma directa la limitación temporal 
que para el ejercicio de este cargo impone el art. 126 TR LSA, y sin que tampoco sea 
admisible la pretendida aplicación analógica defendida por el registrador, dado que falta la 
identidad de razón que pudiera fundarla. El Secretario no administrador puede ser persona 
designada en atención a sus conocimientos profesionales o los méritos contraídos como 
empleado de la sociedad, normalmente llamado por su relación de servicios o laboral a 
desarrollar otra serie de actividades, generalmente de asesoría, en las que suele ser 
fundamental la permanencia y conocimiento del funcionamiento interno de la sociedad. 
Por ello ha de entenderse que en tal supuesto, salvo que otra cosa dispongan los 
estatutos  o  el  propio  acuerdo  de  nombramiento,  éste  ha  de  entenderse  por  tiempo 
indefinido, sin que ello suponga ninguna vinculación para la sociedad, pues, en definitiva, y 
dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias, siempre podrá el consejo, sujeto a 
periódica renovación, acordar su remoción por simple mayoría.
Y la doctrina, de modo constante ha entendido que el cargo de Secretario del 
Consejo es un cargo de confianza. Confianza que debe tener en él el propio Consejo y 
no cualquier otro órgano de la sociedad:
– V. C., F. El Secretario del consejo como abogado externo. En: Estudios sobre 
órganos de las sociedades de capital. T. II. R. A., F. y E. V., G. Aranzadi: Navarra, 2017, 
págs. 204 y 205.
Tanto el presidente como el Secretario (y sus vices) pueden ser personas físicas o 
jurídicas (por ej. una Sociedad Profesional de Abogados). El presidente ha de ser 
miembro del consejo, mientras que el Secretario puede serlo o no (…). Generalmente el 
Secretario en las sociedades cotizadas es un abogado externo, que establece con la 
sociedad una relación contractual profesional de servicios, que puede plasmarse o no en 
documento escrito, bastando el acuerdo de nombramiento y su aceptación para su 
inscripción en el Registro Mercantil. Siendo su cargo de confianza el consejo puede 
prescindir en  cualquier momento de  sus servicios revocando su nombramiento. No 
obstante, su regulación en las sociedades cotizadas garantiza su estabilidad institucional 
con dos medidas: (…)
– S. C., J. R. El funcionamiento del consejo de administración. Civitas: Madrid, 1995, 
pág. 305 (Biblioteca Bilbao).
Como en el caso de presidente o vicepresidente del Consejo, el Secretario, aunque 
puede utilizar auxiliares no puede disponer de su cargo en favor de otro de los miembros 
del Consejo o de un tercero. Las razones que justifican la indelegabilidad del cargo de 
Secretario no son distintas a las consideradas en relación con los anteriores cargos del 
Consejo examinados.
Sobre la indelegabilidad del cargo de Presidente, pág. 281.
Aunque la Ley no se pronuncia sobre esta cuestión, no parece que pueda admitirse la 
delegación del cargo de presidente. El sistema de fuentes de regulación del funcionamiento  e
del Consejo, la confianza inherente al ejercicio de su cargo y la posición jurídica que ocupa  bo
frente al Consejo justifican la inadmisibilidad de la delegación. (...) El carácter fiduciario y  68ww
pdeer slaosn aflu dnecli ocnaersg oq duee  addemseinmisptreañdao.r  Lsea  accoennfitaúnaz ean d eelp coassitoa ddae l mpreedsiiadnetnet es up onr olam rberlaemvaiennctiao 
qquueiedna lreía n ofrmusbtrróa dean csoi meel npdreasr iad eunnt ete prcuedrioe real  eaj esruci cvioe zd, ey s usi nc acrgoon.tar con la autorización de
Las consideraciones que se hacen respecto al cargo de Presidente son extensibles, 
sin dificultad alguna, al cargo de Secretario, que como fedatario y asesor debe gozar de 
igual confianza del órgano y cesar cuando la pierde.
c)  Así las cosas, solo una disposición estatutaria clara, terminante y expresa podría 
privar al órgano de administración de una facultad que le es natural, a saber, la de 
separar al Secretario que ha perdido la confianza del mismo.
Los estatutos de la Sociedad no prevén, de ningún modo, que el Consejo venga 
obligado a mantener en el cargo a un Secretario que ya no goza de su confianza.
No hay precepto estatutario que atribuya a la Junta ninguna facultad para cesar al 
Secretario. Puede nombrar uno, pero si éste pierde después la confianza del Consejo de 
Administración, el cese es una posibilidad legítima que el Consejo conserva.
d)  No es argumento en contra, dicho sea, con el máximo respeto, el que esgrime la 
Nota. Las facultades de la Junta no quedan en absoluto desvirtuadas si el Consejo, por 
circunstancias sobrevenidas, adopta la decisión de cesar al Secretario. Siempre podrá la 
Junta, en la siguiente sesión que se convoque, abordar la separación y, en su caso, 
designar nuevo Secretario (incluso reponer al cesado), impartiendo si hubiera lugar a ello 
las instrucciones necesarias.
e)  Esta misma razón es la que nos debe llevar a aceptar que, vacante el cargo por 
haber  cesado  el  Secretario  respecto  al  que  el  órgano  de  administración  perdió  la 
confianza,  el  Consejo  designe  su  sustituto.  Una  interpretación  integradora  de  los 
estatutos hace como solución más ajustada a Derecho la de entender que si la Junta que 
se pueda celebrar en el futuro considera que la sustitución no es procedente, ejercite la 
competencia que tiene y enmiende la decisión del Consejo.
f)  Adicionalmente, debe subrayarse que el Secretario cesado no ostentaba el cargo 
de Consejero, lo que elimina cualquier duda sobre la posibilidad de que el Consejo de 
Administración acuerde su cese, al no concurrir en él la condición adicional de miembro 
del órgano de administración, que –ésta sí– sólo puede ser atribuida y retirada por la 
Junta General».
IV
Mediante escrito, de fecha 24 de marzo de 2021, el registrador emitió informe y elevó 
el expediente a esta Dirección General. En dicho informe, manifestaba que dio traslado 
del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, sin que se hayan 
recibido alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 160, 161, 191, 245.2, 250 y 529 
quinquies y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital; 94.1.4.º, 108, 109.1.a) 
y 146.1 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 19 de noviembre de 1993 y 7 de noviembre 
de 2016.
1.  Por el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de elevación 
a  público  de  acuerdos  adoptados  el  23  de  noviembre  de  2020  por  el  consejo  de 
administración de una sociedad anónima, por unanimidad en sesión celebrada con 
carácter de universal, relativos al cese de secretario no consejero del consejo y al  es
nombramiento de otra persona para dicho cargo. o
ncdfaooecnm ulsoElbitsdlar  aederdre sadogt ae iqsptl uutacrtearooa dnsp o,sea re«lr  ajecos nau pp rsregaoplor ceac enea dndls eoe2orm 9  dal abdel  re nani noroo sms cchetbruaicrpbbarceremeitóra linoedri  neorst e o2osa 0óldliic0lzeoi4at  a sldepdeo oacc r lroa eplr atrJoae urjrsuqinopnut aotepa n oG degre ele en,n sle seecrercoaagrnlle»ú syt.nea   Pj–reoioaol  re  a ssecrut esín ctsjeeuua cildcmoeoi oso2 –at9fi ruv.lia2ooe      OE-A-2021-9668able en https://www.
que esté vacante el cargo, pues no tiene plazo de caducidad, y que la junta general no
provea nuevo nombramiento, de modo que debe procederse previamente al cese del 
secretario por la propia junta general que lo nombró, ya que de hacerlo el consejo la 
facultad de la junta quedaría desvirtuada al poder cesar y nombrar inmediatamente al 
nombrado por ésta, no existiendo en los estatutos facultad subsidiaria análoga al caso de 
nombramiento.
La recurrente alega que los estatutos no exigen que el cese del secretario deba ser 
acordado por la junta general, por lo que la revocación del cargo corresponde al órgano 
de administración, según el artículo 146.1 del Reglamento del Registro Mercantil, de 
modo que una vez que el cargo está vacante puede el consejo de administración 
nombrar un nuevo secretario no consejero.
2.  La figura del secretario del consejo de administración no ha sido objeto de 
especial regulación a pesar de la creciente importancia que ha ido adquiriendo en la 
práctica societaria.
La Ley de Sociedades de Capital se refiere al secretario del consejo como persona 
que, salvo disposición contraria de los estatutos, será secretario de la junta general 
(artículo  191)  y  también  para  exigir  que  firme,  junto  al  presidente  del  consejo  de 
administración, las actas de las discusiones y acuerdos de este órgano (artículo 250). No 
obstante,  mediante  la  modificación  operada  Ley  por  el  artículo  único.46  de  la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para  la  mejora  del  gobierno  corporativo,  se  introdujeron  en  ésta  los  artículos  529 
quinquies y 529 octies, que, respecto de las sociedades anónimas cotizadas, atribuyen al 
secretario no solo las funciones tradicionales sobre conservación de la documentación 
del consejo, redacción de las actas de las sesiones y certificación de su contenido así 
como  de  las  resoluciones  adoptadas,  sino  también  funciones  relacionadas  con  la 
regularidad jurídica de las actuaciones del consejo y con la información relevante que 
deban recibir los consejeros para el ejercicio de sus competencias.
En  el  Reglamento  del  Registro  Mercantil  se  atribuyen  al  secretario  importantes 
facultades  de  documentación  y  certificantes  en  relación  con  la  inscripción  de  los 
acuerdos sociales, lo que, unido a la exigencia de que a tal fin figure con su cargo 
vigente e inscrito en el Registro Mercantil (cfr. artículos 94.1.4.º, 108 y 109), ha supuesto 
por  razones  eminentemente  prácticas  la  imposición  de  la  existencia  del  cargo  de 
secretario  con  carácter  de  permanencia  cuando  la  estructura  del  órgano  de 
administración sea la de consejo.
Ante esa parquedad normativa, serán los estatutos y, a falta de previsión de éstos, el 
propio consejo de administración, por la libertad de autoorganización que le confiere el 
artículo  245.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  los  llamados  a  regular  el 
discernimiento del cargo de secretario y las funciones que le correspondan.
Dentro de esa libertad es indudable la posibilidad de que, para el desempeño del 
cargo de secretario del consejo de administración, sea nombrada una persona ajena al 
mismo, como lo reconoce el artículo 109.1.a) del Reglamento del Registro Mercantil.
El secretario no administrador puede ser persona designada en atención a sus 
conocimientos profesionales o los méritos contraídos como empleado de la sociedad 
normalmente  llamado  por  su  relación  de  servicios  o  laboral  a  desarrollar  otras 
actividades generalmente de asesoría en las que suele ser fundamental la permanencia 
y conocimiento del funcionamiento interno de la sociedad. Por ello, salvo que otra cosa 
dispongan los estatutos o el propio acuerdo de nombramiento, éste de entenderse por 
tiempo indefinido sin que ello suponga ninguna vinculación para la sociedad pues en 
definitiva y dejando de nuevo a salvo las previsiones estatutarias siempre podrá el  e.
consejo de administración acordar su remoción por simple mayoría. w.b
Por esa libertad de autoorganización que se atribuye al consejo de administración,  68ww
ndoe bceo nresceojenrooc ye,r seen  ac aessote d óer ghaanboe rllaa  feajecurcltitaadd ore, vdoecbaeto traiam rbeiésnp ercetcoo dneolc écarsregloe  dceo msepcerteetnacriioa 
para designar una persona que desempeñe tal cargo.
En el presente caso, y sin necesidad de prejuzgar sobre si la facultad que los 
estatutos reconocen a la junta general para designar un secretario se refiere únicamente 
a la posibilidad de que se nombre a quien dicho órgano haya nombrado como consejero 
(hipótesis a la que alude el artículo 146.1 del Reglamento del Registro Mercantil) o 
también  a  la  posibilidad  de  designar  consejero  no  secretario,  lo  cierto  es  que  la 
disposición estatutaria debatida, según su propio contenido literal, no impide que el 
consejo de administración remueva del cargo a quien haya sido designado secretario no 
consejero ni, en cualquier caso en que dicho cargo se halle vacante, designar a otra 
persona para que lo desempeñe.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 24 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.