BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Lunes 17 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 70846
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
9792 Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea 
Regional ha aprobado la Ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de vivienda e infraestructuras.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
PREÁMBULO
I
El año 2020 pasará a la historia por la aparición de una nueva y terrible enfermedad 
que ha sacudido de forma repentina el conjunto de la humanidad. La propagación de un 
coronavirus denominado SARS-Cov-2, que tiene un gran poder infeccioso, ha motivado 
que, el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia.
Su propagación a lo largo y ancho del mundo se está produciendo a una velocidad 
inusitada y ha extendido la enfermedad que provoca, el COVID-19, por toda la geografía 
del  globo,  trasladándose  a  la  sociedad  y  afectando  a  la  economía  a  un  ritmo 
desconocido  desde  la  mal  denominada  Gripe  española,  hace  ya  un  siglo.  Esta 
enfermedad es grave y potencialmente letal, lo que ha obligado a reaccionar de forma 
rápida a todos los gobiernos del mundo para tratar de proteger a la población. La 
situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar 
medidas drásticas y extraordinarias de confinamiento por parte de las autoridades de 
salud pública, dentro del actual escenario de contención reforzada, que se coordinan en 
el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, junto 
con las adoptadas por otros países, están teniendo un brutal impacto social y económico, 
que se proyecta en particular sobre determinados sectores de la economía, empresas y, 
lo más importante, sobre sus trabajadores.
Nadie  duda  de  que  se  trata  de  un  acontecimiento  imprevisible,  completamente 
inimaginable hace unos meses, de escala mundial, ante el que difícilmente se podía 
estar preparado con antelación, que debe ser calificado sin duda como un claro episodio 
sobrevenido de fuerza mayor.
La respuesta sanitaria ante un evento tan extraordinario debía ser contundente y 
complementarse  con  cuantas  medidas  fueran  necesarias  para  luchar  contra  ese 
enemigo invisible, sin atender a otros criterios distintos de los sanitarios. La economía 
puede recuperarse, las vidas humanas no. Así lo interpretó la Organización Mundial de la 
Salud con su declaración de la pandemia. Y así lo han hecho todas las autoridades 
públicas españolas, cada una en el ámbito de sus competencias.
Pero una vez superada la primera oleada de contagios y atravesadas las primeras  e
etapas de contención del trágico desastre de salud pública, que está dejando decenas  bo
de miles de muertos, una vez que estamos logrando frenar el ritmo de propagación del  92ww
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se hEal  gimenpearcatdoo .que esta pandemia está ocasionando en la economía de la Región de
Murcia es aún difícil de precisar, pero no existe ninguna duda de que está siendo muy
severo. Las medidas sanitarias han incluido una paralización completa de toda actividad 
económica –exceptuando los servicios más esenciales– y paralizaciones parciales de 
sectores  completos  que  se  van  a  prolongar  durante  muchas  semanas.  Desde  la 
declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España mediante el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha interrumpido toda actividad turística, se ha 
restringido fuertemente la movilidad, tanto local como regional, nacional y sobre todo 
internacional  y  se  han  cerrado  fronteras.  Las  medidas  sanitarias  requerían  un 
distanciamiento social que se ha tenido que convertir en una paralización de cualquier 
acto social, y eso ha detenido en seco la inmensa mayoría de los flujos económicos. La 
economía actual se comporta como una gran red que se extiende por todo el mundo y la 
paralización  más  o  menos  súbita  de  una  gran  mayoría  de  sus  transacciones  está 
produciendo  efectos  devastadores.  Igualmente  difícil  es  hacerse  una  idea  de  las 
dificultades que presentará la reactivación de esos flujos y de cuánto se tardará en 
recuperar un cierto ritmo asimilable a la normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que 
las afecciones serán desiguales por sectores de actividad y por empresas.
A nivel mundial ya se están emitiendo las primeras evaluaciones sobre el terrible 
impacto que está produciendo este suceso extraordinario sobre la economía global y que 
dibujan un panorama desolador. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción 
brusca de la economía mundial de, al menos, un -3%, con riesgo considerable de 
presentar resultados aún más graves. Las previsiones que establece para España son 
muy superiores, se sitúan en el -8% del PIB, lo que representa una caída de 100.000 
millones de euros. Extrapolados a la Región de Murcia, supone la pérdida súbita de más 
de 2500 millones de euros de producción. Este mismo organismo recomienda a los 
encargados de formulación de políticas que establezcan medidas urgentes para apoyar a 
los hogares y las empresas afectadas.
La  Confederación  de  Organizaciones  Empresariales  de  España  (CEOE),  en  un 
informe  sobre  el  escenario  económico  específico  provocado  por  el  coronavirus  de 
fecha 8 de abril, señala que una de las peculiaridades de esta adversa situación es que 
impacta de manera muy diferente a los distintos sectores, por lo que aconseja que las 
intervenciones  públicas  prioricen  a  las  actividades  y  empresas  más  perjudicadas. 
Concretamente nombra los denominados «sectores de proximidad» entre los que se 
encuentran el turismo, los servicios inmobiliarios o el transporte, que, como es público y 
notorio, son sectores fundamentales de la actividad económica agregada en la Región 
de Murcia.
Este mismo informe califica el escenario como un «shock de impacto», por lo que 
declara  la  urgente  necesidad  de  adopción  de  medidas  con  celeridad  excepcional. 
Cuantifica un descenso del PIB en un -5%, en el escenario más optimista. En otras 
hipótesis, en las que sea necesario extender el período de confinamiento, o las medidas 
que se adopten no sean lo suficientemente ágiles o no alcancen los objetivos esperados, 
la intensidad de los efectos considerados podría provocar una contracción del Producto 
Interior Bruto superior al -9%. De acuerdo con todos los expertos, una caída tan brusca 
no se había producido en España desde la Guerra Civil. La traducción en términos de 
paro  que  tienen  estas  previsiones  es  también  desoladora.  Las  previsiones  más 
optimistas señalan pérdidas de empleo en toda España del orden del millón de personas, 
situando el total de desempleados rozando los 4.200.000.
Este informe también propone soluciones que, para una crisis de oferta como se 
considera esta, consisten en la implementación de medidas de política económica que 
vayan particularmente dirigidas a las actividades afectadas. Son muchas las medidas  s
que se están implementando y otras más que deberán ser puestas en marcha en el  oe.
futuro. Pero entre ellas, los citados informan señalan la necesidad de reducir el impacto  w.
social de la crisis, ayudando a las familias a superar la situación que el paro inesperado  92ww
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Eaúllon  mhaaryíao rq.ue la salida de la crisis fuese más lenta y el impacto social provocado fuese  BOE-A-cable e
Nuestro sistema democrático debe salir reforzado en esta situación de absoluta 
excepcionalidad. El sólido ordenamiento jurídico e institucional que nos hemos dado los 
españoles nos ofrece herramientas legales eficaces, capaces de dar una respuesta 
urgente y necesaria a la crisis causada por el coronavirus. Es, por tanto, una obligación 
ética  y  política  de  las  Administraciones  Públicas  adoptar  con  eficacia  todas  las 
decisiones que la situación exige. Ante este panorama de crisis social y económica 
debemos reaccionar con una contundencia similar a la magnitud de los retos a los que 
nos enfrentamos. Una coyuntura tan desfavorable como la que se avecina requiere el 
empleo de todas las herramientas disponibles que permitan a la Administración combatir 
con la máxima eficacia el enorme reto de impedir que el derecho fundamental a una 
vivienda  digna  se  vea  menoscabado,  de  reactivar  una  red  económica  súbitamente 
interrumpida, de restablecer las conexiones perdidas o crear unas nuevas, de estimular 
los canales para que los flujos económicos vuelvan a circular sin resistencias.
Por ello, esta ley que recoge medidas urgentes en el área de infraestructuras y 
vivienda es clave para dar respuesta a las circunstancias económicas excepcionales 
señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea y a las 
numerosas disposiciones legales evacuadas por el Gobierno de la nación, igualmente 
extraordinarias, en las últimas semanas. La misma se centra en las medidas urgentes 
para tratar de ganar eficiencia y competitividad del tejido productivo en el área de 
vivienda  e  infraestructuras,  gracias  a  reformas  dirigidas  a  facilitar  el  máximo  las 
actividades económicas y en fortalecer el derecho constitucional a una vivienda digna.
Es importante reseñar que, en este caso, el tiempo es un factor clave. Cuanto más 
tiempo se encuentre paralizada la economía, mayores serán los daños infringidos al 
tejido productivo, mayor será la magnitud de la caída, más estructurales serán los 
problemas  y  más  difícil  será  la  recuperación,  causando  más  sufrimiento  a  más 
ciudadanos. Por ello la Administración Pública está obligada a adoptar medidas para que 
la reactivación sea lo más rápida posible. En situaciones excepcionales, los cambios 
normativos deben hacer uso de todos instrumentos de que se nos dota en nuestro 
ordenamiento jurídico para otorgar la máxima celeridad en la implantación efectiva de las 
medidas. La necesaria y urgente necesidad de articular las medidas que se proponen 
está completamente justificada en este sentido y en lo que sigue se explican las razones 
de por qué está justificado aplicar medidas urgentes en las áreas específicas de las que 
se ocupa esta ley.
Como es público y notorio, uno de los sectores más golpeados por las medidas 
sanitarias  adoptadas  y  las  restricciones  de  movilidad  que  se  desprenden  de  la 
declaración del Estado de Alarma es el turismo, un sector clave en la economía española 
y de la Región de Murcia. No se debe olvidar que el peso del turismo en la economía de 
la Región de Murcia es superior al 11,4% y es intensivo en el empleo. Todos los 
operadores  económicos  de  este  ámbito  se  han  visto  obligados  a  paralizar 
completamente su actividad en momentos estacionales especialmente sensibles para su 
cuenta de resultados, como es la etapa vacacional de Semana Santa. También el verano 
se ve claramente amenazado por la prolongación de las medidas de confinamiento y por 
la improbable reapertura de los tráficos internacionales a corto plazo. Además, todos los 
expertos vaticinan una brutal contención de la demanda turística hasta que los posibles 
clientes no vuelvan a confiar en que viajar es seguro. Es preciso, por tanto, establecer 
medidas con urgencia que puedan dinamizarlo y ayuden a su recuperación cuanto antes, 
desde  el  mismo  momento  en  que  comiencen  a  establecerse  medidas  de 
desescalamiento. s
Hemos de recordar, además, que en el sector del turismo de costa regional la  oe.
pandemia del coronavirus no ha sido la única desgracia que ha sufrido. Se ha visto  w.
afectado por la existencia de varios acontecimientos fuera de lo común como son la  92ww
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del cambio climático, declarado con el carácter de emergencia por el Gobierno de 
España mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020, hace 
necesaria y urgente introducir cambios en la legislación para facilitar un nuevo modelo de 
gestión, que sea más sostenible en el tiempo, más equilibrado y más ecoeficaz.
Los  puertos  deportivos  han  demostrado  durante  los  últimos  años  ser  motores 
económicos que generan una considerable actividad económica, sobre todo en los 
municipios  donde  se  ubican.  Estas  instalaciones,  adecuadamente  gestionadas  y 
dinamizadas, son capaces de generar fuertes corrientes de atracción de turismo de 
calidad  mediante  la  organización  de  eventos  y  actividades  náutico-deportivas,  muy 
especialmente fuera de las temporadas altas, que es justo cuando más se necesitan. 
Esta  actividad  se  convierte  en  poco  tiempo  en  un  elemento  generador  de  empleo 
especializado  en  este  ecosistema,  que  consolida  las  tendencias  rupturistas  de  la 
estacionalidad. Se hace imprescindible extraer el máximo potencial dinamizador a estas 
infraestructuras,  para  que  se  conviertan  en  elementos  aceleradores  de  la  actividad 
económica y generen focos de intensa actividad y empleo en los municipios donde se 
ubican.
De esta manera, se propone la modificación de la ley de puertos para agilizar la 
tramitación administrativa en la organización de actividades náuticas, adaptarla a la 
lucha contra el cambio climático que demandan con urgencia los clientes internacionales, 
profundizar en el fomento de la cultura de la sostenibilidad e incorporar criterios de 
flexibilidad y reducción de plazos imprescindibles para hacer más dinámica la actividad 
portuaria.
Otro sector de proximidad fuertemente afectado por la crisis del coronavirus, sobre el 
que la Comunidad Autónoma tiene amplias competencias, es el sector del transporte 
mediante vehículos de turismo, esto es, el taxi, considerado como actividad de utilidad 
pública que, si bien no tiene la naturaleza jurídica de servicio público, sí incorpora 
algunas obligaciones que lo dotan de un destacado interés social.
Este sector afronta el «shock de impacto» derivado de esta crisis en una situación de 
especial vulnerabilidad, por cuanto en su inmensa mayoría se trata de autónomos que 
deben  operar  bajo  una  reglamentación  estricta,  no  pensada  para  la  imprevisible  y 
extraordinaria situación en la que vivimos, por lo que carecen de cualquier margen de 
maniobra para poder subsistir ante las condiciones de contorno que hoy se presentan. 
Elementos como la obligatoriedad de la dedicación exclusiva, la rígida limitación del 
número de plazas o la imposibilidad de prestar servicios compartidos bajo determinadas 
circunstancias, reducen tanto su capacidad de adaptación que, están generando graves 
problemas a las personas que viven del taxi y pueden desembocar en un abandono 
masivo de la actividad. Es urgente adoptar medidas de flexibilización a todos los niveles 
para evitarlo.
Del mismo modo, si se analiza con detalle la naturaleza de los impactos que provoca 
esta  situación  extraordinaria,  es  sencillo  detectar  que  uno  de  los  segmentos  de  la 
sociedad más vulnerable ante sus efectos es la conservación del derecho constitucional 
a una vivienda digna.
La coyuntura económica corre un severo riesgo de que se produzca un impacto más 
permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción 
como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste 
particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos, tal y como 
están anunciando la mayoría de los observatorios económicos. En la anterior crisis, ello 
desembocó en una oleada de impago de alquileres e hipotecas, con los consiguientes  s
procesos  de  lanzamiento  y  desahucio.  Ya  conocemos  el  terrible  impacto  social  de  oe.
aquella situación. Estamos hoy obligados a tratar de evitar de forma perentoria que se  w.
reproduzca ese escenario. 92ww
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y por ello debe ser protegido con todas las herramientas disponibles en derecho que
permitan implantar las medidas requeridas por las circunstancias y hacerlo de la forma 
más ágil posible, antes de que sea demasiado tarde.
Son muchas las acciones que deben llevarse a cabo, pero una fundamental es 
agilizar los procesos administrativos en el otorgamiento efectivo de las ayudas de alquiler 
y facilitar los proyectos de construcción de viviendas, especialmente de la protegida, 
para los colectivos con mayores dificultades. La experiencia de los últimos años muestra 
que  los  procedimientos  administrativos  que  se  desprenden  de  la  aplicación  de  la 
legislación en su estado actual alargan excesivamente los procedimientos, hasta el punto 
de llegar a perder su conveniencia y oportunidad. Y los principales afectados son, 
precisamente, las personas y familias más necesitadas del amparo que preceptivamente 
debe otorgar la Administración en defensa del interés público.
Además, los cambios legales contemplados en este documento permitirán el ejercicio 
efectivo de este derecho constitucional y, además, podrán acceder a una vivienda en 
propiedad  de  forma  permanente  cientos  de  familias  que  vienen  pagando  durante 
décadas rentas por sus viviendas sociales, sin poder llegar nunca a acceder a su 
titularidad. Esta ley les va a permitir asegurar su derecho a la vivienda y mejorar sus 
rentas que, como es sabido, son precarias en las personas que tienen su residencia en 
viviendas sociales. Los impedimentos legales para acceder a la propiedad de viviendas 
que llevan pagando durante décadas refuerza su vulnerabilidad en situaciones de crisis, 
contribuye a la creación indeseada de núcleos de concentración de pobreza y a la 
degradación  de  barrios  completos,  además  de  cronificar  las  situaciones  de 
marginalización. Factores que la presente crisis va a acentuar en grado extremo. Se 
hace  urgente  acelerar  las  medidas  en  las  que  la  Administración  regional  venía 
trabajando para que el sector de la sociedad murciana más débil resista mejor la dura 
situación en la que estamos inmersos.
La ley dedica también una especial atención a Lorca. El proceso de reconstrucción 
de los terribles terremotos del 11 de mayo de 2011 está ya prácticamente culminado. Ha 
sido un proceso largo y complejo, que ha requerido la ejemplar implicación de todas las 
Administraciones  Públicas,  con  importantísimas  inversiones  y  un  gran  espíritu  de 
colaboración y sacrificio de los lorquinos. El resultado está en una ciudad renovada y 
pujante. Sin embargo, hay que recordar que no todos los procedimientos administrativos 
están resueltos, debido a la complejidad del proceso mismo de reconstrucción, sobre el 
que no había experiencia previa. Por ello esta ley introduce cambios normativos para 
acelerar los procedimientos de justificación de las subvenciones, con el objetivo de 
liberar  a  las  familias  lorquinas,  en  esta  situación  de  emergencia,  de  cargas  y 
preocupaciones  adicionales.  Los  decretos-leyes  del  Gobierno  de  España  señalan, 
además, entre las medidas de urgente necesidad, atender las necesidades de alquiler de 
viviendas de miles de familias. La simplificación de los procedimientos, tanto para Lorca 
como para el resto de ciudadanos, permitirá también a la Administración regional poder 
reforzar el personal dedicado a atender las nuevas necesidades de ayudas que se están 
multiplicando en toda la Región de Murcia. En situaciones de emergencia la priorización 
es  un  deber  jurídico  y  político,  sobre  todo  cuando  los  recursos  son  finitos.  Y  la 
Administración regional necesita dotarse de instrumentos legales para dar la respuesta 
que la sociedad murciana demanda de ella.
La emergencia nacional en la que vivimos ha revalorizado el papel de nuestros 
espacios públicos. Tenemos, por un lado, calles vacías y, por otro, importantes mejoras 
en la calidad del aire y de otros parámetros medioambientales derivados de la falta de 
actividad. A ello se suma que, como ya hemos señalado, estamos ante una Emergencia  s
Climática declarada recientemente por el Consejo de Ministros del Gobierno de España,  oe.
por lo que estamos obligados a adoptar medidas ante ella. La legislación vigente no  w.
permite responder con la celeridad adecuada a las demandas extraordinarias de la  92ww
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documentos de planeamiento, cuya finalidad no refuerza la seguridad jurídica, consume
importantes recursos públicos y privados en su redacción y tramitación, además de 
dificultar su consulta y análisis. Quizá antes podíamos permitírnoslo. Ahora ya no.
Por  todo  ello,  y  con  el  objetivo  de  dinamizar  al  máximo  la  economía  regional 
posibilitando la implantación ágil de los distintos usos de suelo, sin perder la seguridad 
jurídica y el imprescindible orden que ha de establecer el urbanismo, se plantean las 
modificaciones de este texto. Es indispensable disponer de las herramientas jurídicas y 
urbanísticas adecuadas para acelerar la inversión económica, el desarrollo de nuevos 
proyectos, los preceptivos permisos de las diferentes administraciones, crear, además, 
espacios saludables, ciudades respetuosas con las personas que las habitan, y que sean 
capaces de aprovechar los recursos naturales y ejerzan su capacidad de resiliencia 
frente a los fenómenos medioambientales. En resumen, instrumentos ágiles que sean 
capaces de dar respuesta a las especiales necesidades que surgen de la crisis que nos 
ha sobrevenido. Tales medidas no tienen espera.
En resumen, estos gravísimos acontecimientos han puesto de relieve la necesidad 
de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación y evitar que se 
reproduzcan sucesos ya conocidos en otras grandes crisis económicas, y cuyo objetivo 
último  sea  proteger  los  derechos  constitucionalmente  reconocidos  a  todos  los 
ciudadanos. Por tanto, la presente ley tiene por objeto regular este marco normativo, que 
comprende medidas urgentes relativas al ámbito de las infraestructuras portuarias como 
dinamizadoras de la actividad turística, el transporte, la vivienda y el urbanismo y la 
ordenación del territorio.
II
La ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en cuatro 
capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales.
El capítulo I, compuesto por un artículo único, dividido en catorce puntos, modifica a 
la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Respecto a las modificaciones que realiza podemos destacar: se amplían los 
usos de los puertos deportivos, modificándose los artículos 5 y 6, en este sentido; se 
flexibilizan los criterios para la adjudicación de las concesiones; se reducen los plazos; 
se incluyen criterios de ecoeficacia, adaptación al cambio climático y se adaptan a la 
legislación vigente en materia de contratación, modificándose los artículos 6, 7, 8, 9 y 11. 
Se actualiza la fórmula de cálculo del canon para actualizarla a la realidad del mercado, 
incidiendo en el punto 4 del artículo 16. Asimismo, se simplifica y agiliza la tramitación 
administrativa para la organización de actividades náuticas, de fomento de la cultura de 
la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, y para las solicitudes de concesión o 
autorización con el objeto de dinamizar la economía.
También en esta línea se flexibilizan los informes sectoriales necesarios para otorgar 
autorizaciones y concesiones, salvo los preceptivos, reduciéndose los plazos. Por otra 
parte, y con objeto de evitar el uso especulativo de los puntos de amarre, se introducen 
los apartados 12 y 13 en el artículo 16, que regulan las condiciones para la cesión de 
derechos de puntos de amarre gestionados en régimen de concesión. Asimismo se 
establece un registro general de usuarios, como instrumento de publicidad de la gestión 
de los usos de los puntos de amarre en las zonas objeto de concesión. Otra de las 
cuestiones que resuelve la ley es concretar el tipo de instalaciones a ubicar en el dominio 
público portuario, por lo que se lleva a cabo una modificación del procedimiento de  s
autorizaciones  y  concesiones,  con  el  fin  de  clarificar  sus  contornos,  adoptando  e.
soluciones extraídas del derecho autonómico comparado, y simplificar en lo posible el  w.
procedimiento de otorgamiento, sin merma alguna de las garantías del mismo. En cuanto  92ww
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autorizaciones y en las tarifas por prestación de servicios portuarios llevados a cabo 
directamente  por  la  administración  autonómica.  La  medida  enunciada  va  dirigida  a 
salvaguardar la viabilidad de los usos portuarios (pesca, acuicultura, etcétera) ante 
episodios de efectos catastróficos. Se añaden nuevas bonificaciones imprescindibles, ya 
que  en  materia  de  tasas,  como  señala  la  ley  autonómica,  además  de  reiterada 
jurisprudencia, pueden tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de 
los sujetos obligados a satisfacerlas, lo que en el caso que nos ocupa es un punto 
importante de la modificación. Estos aspectos se regulan en los artículos 16, 30 y en la 
Disposición Adicional. Asimismo, se introducen modificaciones para agilizar la gestión de 
los  procedimientos  sancionadores  en  materia  de  puertos,  con  el  fin  de  disuadir 
conductas antijurídicas. En esta materia se regulan, con mayor concreción, criterios ya 
contenidos  en  la  vigente  Ley  de  Puertos,  ampliando  el  plazo  de  resolución  del 
procedimiento  sancionador,  y  concretando  los  importes  de  las  multas,  al  objeto  de 
reforzar la seguridad jurídica y el principio de tipicidad.
El capítulo II está compuesto por un artículo único, dividido en ocho puntos, que 
modifica a la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de 
personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Respecto a las modificaciones que realiza, podemos destacar la del 
apartado a del artículo 2, y del apartado 1 del artículo 17, aumentando el límite de la 
capacidad del vehículo de siete a nueve plazas, incluida la persona que lo conduce, por 
las razones indicadas sobre la facilitación del acceso al servicio de taxi de un mayor 
número de usuarios y la ampliación del abanico de oferta de los servicios que pueden 
realizar los propios profesionales del taxi. Se modifica igualmente el apartado 1 del 
artículo  20  para  reorientar  la  actividad  hacia  el  uso  y  aplicación  de  las  nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. Permitirán así a los ciudadanos acceder a 
toda clase de servicios. Se armoniza al mismo tiempo la prestación de estos servicios en 
vehículos de turismo con el respeto al medioambiente, al fomentar también la reducción 
de las emisiones de los mismos. El artículo 24 se modifica posibilitando la contratación 
de plazas individualizadas, que tendrá como límite la capacidad total del vehículo, bien 
en usuarios, bien en equipajes de los mismos; dejando siempre a salvo que los titulares 
de las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi tendrán derecho al cobro en 
su totalidad de la tarifa máxima final resultante del servicio prestado, con independencia 
del  número  de  usuarios  a  los  que  se  les  haya  prestado  dicho  servicio;  y 
consecuentemente con ello, modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 30, para dar 
cabida, de un lado, en la fijación tarifaria por los órganos competentes en cada caso, a 
los sistemas de cálculo de la parte proporcional de la tarifa a aplicar a cada usuario en el 
caso de contratación compartida de los servicios de taxi, y a la publicidad en el interior 
del vehículo del sistema de cálculo objetivo que se aplicará en el cobro proporcional de 
la tarifa en el caso de contratación compartida.
El capítulo III, formado por un único artículo dividido en catorce puntos, modifica a la 
Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia. Se modifica esta ley 
con la finalidad de simplificar y acelerar los proyectos de vivienda protegida con el fin de 
que los ciudadanos dispongan de oferta suficiente. El punto 2 del artículo 22 se modifica 
con el objetivo de que la licencia de primera ocupación que emitan los ayuntamientos 
sirva como calificación administrativa finalizadora del procedimiento de declaración de 
vivienda protegida. Se modifican los artículos 41, 42 y 43 con el fin de poder ceder las 
viviendas protegidas a aquellos titulares de contratos de alquiler que lleven veinticinco 
años pagando con regularidad todas sus cuotas y aquellos otros que aunque solo lleven  s
diez años concurran en ellos alguna circunstancia como ser mayor de 65 años, mayores  oe.
de 50 años en situación de desempleo de larga duración, familias monoparentales,  w.
mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, familias numerosas y  92ww
sfaumpeiliraiosr  caol n3 3u npao ro 1 m00á,s a psíe rcsoomnaos  lac orne guunla cgiórand od edl eré dgiismceanp adceid apdre creacrioon. oAcsidimo isigmuoa l soe 
modifican los artículos 51, 56, 59 ter, 59 quáter y 62 con el fin de dotar de mayor
capacidad de acción al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria dada la gran 
efectividad del mismo.
El capítulo IV está compuesto por un artículo único dividido en veintisiete puntos, que 
modifica a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. En el artículo 5 se realiza una introducción de la sostenibilidad y la 
protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa 
en materia urbanística. Se suprime la Comisión de Política Territorial regulada en el 
antiguo  artículo  15  y  se  modifican  los  artículos  42.2,  65.2,  68,  70.2  y  161.2  para 
adaptarlos a la nueva situación. Esta Comisión se suprime ya que está constituida por 
representantes de todas las consejerías, de la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia y del Estado. Estos organismos ya participan en los procesos de información de 
los instrumentos regulados por esta ley en todo aquello que les afecta, incluido el 
procedimiento de evaluación ambiental. No parece, por tanto, que tenga mucho sentido 
que, con carácter previo a la aprobación de los planes por la Comunidad Autónoma y, 
por tanto, solo en los que esta aprueba, vuelvan a informar los que ya lo han hecho 
antes una vez aprobado el plan y hecho el pronunciamiento ambiental y la debida 
participación pública. La participación consultiva ya lo hace el Consejo Asesor de Política 
Territorial por lo que las funciones de la Comisión de «informar» son reiterativas y no 
facilita la agilización de procedimientos y economía de esfuerzos. Asimismo, a través de 
la modificación del artículo 53.1 se proporciona competencia a los Ayuntamientos para la 
elaboración  de  Planes  de  Ordenación  de  Playas,  siempre  que  afecten  a  un  único 
municipio. No obstante, la consejería competente en materia de ordenación del litoral 
podrá también seguir elaborando este tipo de planes. Se definen los Estudios de Detalle 
como  instrumentos  complementarios  en  el  artículo  113,  instrumentos  ágiles  de 
adaptación de pequeñas actuaciones urbanísticas. Se aclara la no necesidad de ser 
sometido a evaluación ambiental al ser un instrumento complementario. Asimismo, en el 
artículo 116 se aclara que el plan general no es competente para establecer supuestos 
sometidos a evaluación ambiental al ser una competencia de la legislación ambiental. Se 
implementan medidas ecoeficientes en el planeamiento y en sus instrumentos en los 
artículos 117.1, 124 y 128 para aprovechar mejor los escasos recursos hídricos en 
nuestra  Región  y  combatir  los  fenómenos  climatológicos  adversos.  Promovemos  la 
implementación de las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SNB) como 
estrategia para la renaturalización de las ciudades y mejorar sus condiciones de vida. 
Los artículos 123, 128 y 147 se modifican para facilitar la gestión y desarrollo del 
planeamiento,  modificando  la  consideración  de  reajuste  del  planeamiento.  En  el 
artículo 166 se compatibiliza la tramitación de los Estudios de Detalle con la obtención de 
la licencia de edificación; de esta forma los dos procesos se tramitan en paralelo, sin 
necesidad de que se solapen sus tiempos. Se concreta el papel de la Administración 
autonómica  en  la  aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de  desarrollo  en  los 
artículos 164 y 166. Se modifican, asimismo, la consideración de modificación estructural 
del planeamiento y su tramitación en los artículos 168 y 173. En cuanto a los planes 
generales,  se  ha  detectado  la  larga  tramitación  de  algunas  de  sus  modificaciones 
estructurales, pues pueden llevar un camino más complejo aún que la propia tramitación 
de un plan, al tener que ser aprobadas por Consejo de Gobierno, frente a la aprobación 
de un plan que lo hace el consejero directamente. Este factor es corregido en este 
articulado, considerando que todas las modificaciones estructurales de planeamiento 
general  serán  tramitadas  con  el  mismo  procedimiento  que  el  propio  instrumento. 
Además, para que una modificación sea considera estructural se aumenta del 20 % al 30  s
% la cuantía del objeto de modificación de los supuestos en la ley. Se aclara el trámite de  oe.
las Actuaciones de Dotación en el artículo 193, ya que las modificaciones en suelo  w.
urbano consolidado no se tramitan como modificación estructural de sistema general,  92ww
sSien oa cgoilimzao  emsetad iatrnatme itpalacinóens  teasnp iemcpiaolertsa.n Ateh opraar as ela d aedjaa pctlaarcoió qnu dee e nstuoe stiteron es uqeuleo  suerrb aansío. 
csoen saomlipdlaíadno . loSse  sfluepxiubeilsiztoasn  lpaasr ali ceeln cuiasso  udreb alnaí sdtiecaclsa reanc ióenl  arretíscpuolon s2a6b4le,  ceonn clroesta mtíteunlotes   BOE-A-cable e
habilitantes, para hacerla extensiva a pequeños cambios de uso, a edificios de nueva 
planta no residenciales ni de uso público de gran sencillez o a intervenciones muy 
puntuales en edificios catalogados, salvaguardando el objeto de su catalogación. Es una 
clara apuesta por la agilización para la regeneración de la economía con un instrumento 
directo y ágil que se ha visto en estos cinco años que funciona y es eficaz. Finalmente, 
se aclara el trámite ambiental ordinario o simplificado, así como las modificaciones 
menores para el trámite ambiental, modificando la disposición adicional primera.
La disposición final primera se dicta al amparo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
que recoge, en su Disposición final cuarta y en su Disposición adicional cuarta, la 
ampliación de los plazos inicialmente previstos para ejecutar las obras de reconstrucción 
y rehabilitación o de reparación de daños que se establecían en el Real Decreto-
ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en 
Lorca.  Los  plazos  anteriores  han  resultado  ser  insuficientes  dado  el  volumen  de 
actuaciones y de tramitación que ha supuesto para las Administraciones concernidas y 
las  personas  involucradas.  El  citado  Real  Decreto-ley  publicado  también  faculta 
plenamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que, en el marco de 
su regulación del procedimiento de concesión y justificación de las ayudas, en tanto que 
concedente de las mismas, sea quien fije los supuestos y los efectos a los que podría 
extenderse la ampliación de plazo. El objetivo del citado Real Decreto-ley y de la 
modificación  propuesta  en  la  disposición  primera  es  que  se  garantice  la  plena 
reconstrucción  de  un  municipio  que  se  vio  afectado  por  un  suceso  que  destruyó 
prácticamente  la  localidad.  Las  Administraciones  Públicas  no  deben  añadir  a  los 
ciudadanos  de  Lorca,  que  sufrieron  tan  gravemente  los  terremotos  citados,  los 
problemas que se les pueden plantear a muchos de ellos por la crisis social y económica 
generada por el COVID-19.
Asimismo, la disposición derogatoria única deroga la Ley 8/2018, de 23 de julio, de 
ayudas de Lorca, así como la Ley 8/2019, de 25 de julio, que modifica la anterior.
III
Respecto a las leyes que son objeto de modificación en esta ley, por su parte el 
Estatuto de Autonomía atribuye en su artículo 10.1.5 a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva sobre puertos de refugio, así como a puertos, helipuertos y 
aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia recoge en su título IV, como 
ingresos  que  constituyen  la  Hacienda  Regional  y  sobre  los  que  posee  absoluta 
autonomía  y  capacidad  legislativa,  los  procedentes  de  sus  impuestos,  tasas  y 
contribuciones especiales.
Con base en las mencionadas previsiones constitucionales y estatutarias, los Reales 
Decretos 2925/1982, de 12 de agosto; 2970/1983, de 19 de octubre, y 1595/1984, de 1 
de agosto, materializan el traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de puertos.
La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 
competencia exclusiva en materia de puertos deportivos y puertos de refugio permitió 
establecer una normativa propia, específica y con rango de ley que se materializó en la 
número 3/1996, de 16 de mayo, que se pretende modificar. s
En cuanto al transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de  e.
taxi,  la  Comunidad  Autónoma  dispone  de  competencia  exclusiva  en  materia  de  w.
transportes que no exceden de su ámbito territorial, en virtud de lo establecido en el  92ww
daert íclau loR e1g4i9ó.n1 .d2e1  dMeu rlac iaC,o pnosrt itluoc iqóune y s een  deicl taór tlíac uLloe y1 01.0U/n2o0.144 ,d edle E 2s7ta tdueto n doev ieAmutborneo, mdíeal 
tCraonmsupnoirdtea d pAúubtlóicnoo mdae  dpee lras oRneagsió ne nd ev Mehuírccuialo, sq udee s et umriosmdifoic ap oern  lma epdreios ednete  tleayx.i  de  la  BOE-A-cable e
En materia de vivienda, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene 
competencia exclusiva como recoge el artículo 10.Uno.2, del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia, dictándose al respecto la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 
Vivienda de la Región de Murcia, que se modifica en la ley.
Por último, la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio y del 
litoral  y  urbanismo  se  deriva  de  la  previsión  que  hace  la  Constitución  en  su 
artículo 148.1.3.º y que se concreta en el art. 10.Uno.2 del Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia, que recoge como competencia exclusiva de la CARM la ordenación 
del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Como desarrollo de la citada competencia 
se dictó la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación del territorial y urbanística de la 
Región de Murcia, que asimismo es objeto de modificación en esta ley.
IV
A pesar del carácter urgente, en la elaboración de esta disposición se han observado 
los principios de buena regulación establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, es 
decir, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y 
eficacia.
En  cumplimiento  de  los  principios  de  eficacia  y  proporcionalidad,  las  medidas 
contempladas  en  esta  norma  se  ajustan  plenamente  al  objetivo  que  pretende 
conseguirse mediante este instrumento, supondrá un impulso de la actividad, protegerá 
el derecho constitucional a la vivienda e incrementará el bienestar de los administrados.
Por otra parte, de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y simplicidad, la 
ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico regional generando, por lo tanto, 
un marco normativo claro y poco disperso.
Por último, la norma es coherente con los principios de transparencia y accesibilidad, 
al tener claramente definido su objetivo y la justificación del mismo en los párrafos 
anteriores,  y  haber  cumplido  estrictamente  con  los  procedimientos  exigidos  en  su 
tramitación.
CAPÍTULO I
Modificación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia
Artículo 1.
La Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda con el siguiente contenido 
y se elimina el apartado 2:
«La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá construir y explotar 
directamente obras e instalaciones para todos los usos de navegación, por sí 
misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.»
Dos.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6, que quedan redactados con el 
siguiente contenido, y se añade un nuevo apartado 6:
«1.  La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  podrá  otorgar  o
concesión  administrativa  para  la  construcción  y  explotación  de  obras  e  92ww
jeiunsrstítadaAbilcaslaeicmscio iidsnqomeu seoe n,d   elpyas r tepeinvrneaia sdmleaonsest  neatt  éellear my l.noian vosesog liaeccsititeóannb, l deecyi  dcodusea  lqeauncie urlea tr idpleoog , iacs olapnce irósenol  ndapesro  ncCaeotdusirmtaaislee,n s tlaoo    OE-A-2020-97able en https://
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá otorgar autorizaciones para
la realización de actividades acordes con los usos portuarios y que se desarrollen 
en zona de dominio público marítimo terrestre adscrito a la misma, siempre que 
estas no requieran la ejecución de obras o instalaciones fijas, así como para la 
utilización  de  instalaciones  portuarias  fijas,  ya  existentes,  destinadas  a  la 
realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, entre otras, 
compatibles con los usos portuarios.
2.  Corresponderá  al  Consejero  competente  en  materia  de  puertos  el 
otorgamiento de las concesiones a que se refiere el punto anterior y al director 
general con competencias en materia de litoral las autorizaciones.»
«6.  Las personas titulares de autorizaciones o concesiones para la utilización 
del dominio público portuario quedan obligadas a informar a la Administración 
portuaria  de  las  incidencias  que  produzca  tal  utilización  y  a  cumplir  con  las 
instrucciones que dicha Administración les dicte.»
Tres.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 7, que quedan redactados con el 
siguiente contenido y se eliminan los apartados 5 y 6.
«1.  Las concesiones para la instalación y explotación de las infraestructuras 
relacionadas en el artículo 2 de la presente ley, se tramitarán de acuerdo con lo 
previsto en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
4.  Cuando el solicitante de una concesión o autorización administrativa sea 
un  organismo  de  la  Administración  pública  regional  o  de  su  Administración 
institucional, un ayuntamiento o un organismo público dependiente de este, o un 
organismo o entidad dependiente de la Administración del Estado, o una entidad 
sin ánimo de lucro, aquellas podrán ser otorgadas de forma directa sin necesidad 
de acudir a los procedimientos de concurrencia establecidos en los apartados 
anteriores, no pudiendo en este caso transmitir a un particular dicha concesión.
Lo  anterior  no  será  de  aplicación  cuando  el  objeto  concesional  esté 
comprendido en los supuestos relacionados en los puntos 1 y 2 de este artículo.»
Cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 8, que quedan redactados con 
el siguiente contenido:
«1.  Los interesados en realizar cualquiera de las actuaciones en el ámbito 
territorial previsto en esta sección deberán presentar la correspondiente solicitud, 
acompañada de memoria descriptiva, proyecto básico o de construcción, en su 
caso, del resguardo acreditativo de la prestación de la fianza provisional, de una 
memoria económico-financiera, y, en el caso de construcción de las obras públicas 
el correspondiente estudio de viabilidad que se refiere el artículo 247 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
2.  La memoria descriptiva o el proyecto deberán describir con suficiente 
grado de detalle la actuación a realizar, para lo que incluirá como mínimo:
La descripción de la actividad.
La extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre o portuario a 
ocupar.
Las características básicas de las obras e instalaciones.
La valoración de las obras e instalaciones.
En  caso  de  contener  elementos  estructurales  o  que  comporten  alguna  oe.
complejidad técnica, deberá estar suscrito por técnico competente.» w.
Cinco.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  9,  que  queda  redactado  con  el 
siguiente contenido:
«2.  Para  continuar  la  tramitación  del  expediente  se  requerirán  aquellos 
informes  preceptivos  establecidos  por  la  legislación  sectorial  que  le  sea  de 
aplicación. Los informes citados se deberán emitir en el plazo de 20 días.
Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, proseguirá la tramitación del 
expediente en el caso de que los mismos no sean vinculantes.»
Seis.  Se modifica el artículo 11, que queda redactado con el siguiente contenido:
«1.  La Administración Regional así como el resto de organismos públicos 
implicados en las acciones y actividades reguladas en este capítulo, actuarán 
conforme  a  criterios  de  sostenibilidad  y  ecoeficacia  y  tendrán  en  cuenta  los 
posibles  efectos  del  cambio  climático  sobre  el  dominio  público  portuario, 
adoptando cuantas medidas fueran necesarias para evitar daños al patrimonio 
cultural y al medio ambiente.
La  Administración  portuaria,  en  caso  de  que,  en  coordinación  con  la 
administración competente en materia de cambio climático, realice una diagnosis 
sobre los efectos del cambio climático en el sistema portuario, puede requerir a los 
gestores de las infraestructuras portuarias que evalúen cuáles son dichos efectos 
en la infraestructura, los servicios y las operaciones portuarias.
La  Administración  portuaria,  de  acuerdo  con  la  normativa  en  materia  de 
cambio climático, puede requerir a los gestores de las infraestructuras portuarias 
que elaboren estudios técnicos sobre el cambio del clima marítimo y su efecto en 
las infraestructuras, en los servicios y las operaciones portuarias.
Si de los estudios a los que se refiere el párrafo anterior se deriva la necesidad 
de efectuar obras o actuaciones esenciales para garantizar la seguridad de la 
infraestructura, los servicios y las operaciones no previstas en el título o contrato 
concesional original, el departamento competente en materia de puertos debe 
exigir a la empresa concesionaria su ejecución, con el correspondiente reequilibrio 
económico, si procede, de acuerdo con la inversión prevista.
2.  Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que deberá 
aprobarse antes del inicio de estas, pudiendo el peticionario presentarlo con su 
solicitud.
3.  Los puertos deportivos emplazados en el Mar Menor deberán obtener el 
distintivo de "puerto sostenible" en un plazo no inferior a 2 años. El cuidado del 
medio  ambiente  a  través  del  fomento  del  reciclaje  de  residuos,  la  eficiencia 
energética  y  la  eliminación  de  emisiones  contaminantes  será  de  esta  forma 
obligatoria en los puertos deportivos ubicados en el Mar Menor, que tendrá que ser 
un espacio libre de hidrocarburos, aguas negras y grises, y de contaminación 
acústica reducida. Los puertos del Mar Menor deberán por tanto disponer de 
sistemas de recogida y tratamiento de todas las aguas sucias que se generen en 
el puerto, en los aseos, en las zonas de limpieza y pintura de embarcaciones e 
incluso en las propias embarcaciones, así como de papeleras y ecopuntos de 
recogida selectiva. Asimismo, las embarcaciones de primera matriculación que 
naveguen en el Mar Menor deberán disponer de un certificado ECO y no podrán 
navegar en estas aguas las embarcaciones y motos acuáticas con motores de dos 
tiempos de carburación, las de alta velocidad, y las que emitan altos niveles de  s
ruido.  También  se  prohíbe  el  fondeo  de  embarcaciones  y  la  colocación  de  oe.
elementos de amarre, salvo fondeaderos ecológicos debidamente autorizados. El  w.
distintivo deberá ser renovado de forma anual.» 2020-9792n https://ww
Siete.  Se modifican los apartados 4, 6 y 10 del artículo 16, y se añaden dos nuevos 
apartados 12 y 13, que quedan redactados con el siguiente contenido:
«4.  La base imponible del canon establecido en el punto primero del presente 
artículo será el valor del bien ocupado o aprovechado, tomando como referencia 
otros terrenos del término municipal más próximos al puerto en los cuales se 
desarrollen usos similares. A tales efectos, la actividad náutico-deportiva tendrá la 
consideración de uso comercial y la pesquera, de uso industrial.
El valor de estos terrenos vendrá determinado por el mayor de los tres valores 
siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de 
cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados 
por los sujetos pasivos.
El valor resultante será incrementado en el costo de las obras e instalaciones 
que existan antes del otorgamiento de la concesión.
La ocupación o aprovechamiento de superficie de agua integrante del dominio 
público  portuario,  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de 
Murcia, se valorará en el 100% del valor asignado a los terrenos de la zona de 
servicio portuaria, calculados de acuerdo con el párrafo anterior. El valor resultante 
será incrementado en el costo de las obras e instalaciones que existan antes del 
otorgamiento de la concesión.
El tipo de gravamen será el 6% sobre el valor de la base.
No obstante lo anterior, en el caso de concesiones que tengan por objeto la 
construcción  y/o  explotación  de  un  puerto  deportivo,  zona  portuaria  de  uso 
náutico-deportivo  o  instalación  náutica  deportiva,  la  cuantía  del  canon  de 
ocupación o aprovechamiento se calculará mediante la siguiente expresión:
C = B x S x K1 x K2
Conceptos:
1)  C= Canon anual de ocupación o aprovechamiento.
2)  B= Valor base que se fija en 20 euros/m².
3)  S=  Superficie  total  de  atraque  en  m².  Se  entiende  por  superficie  de 
atraque la que figure en el estudio de viabilidad o documento que lo sustituya y 
que  sirva  de  base  a  la  Administración  para  la  licitación  de  la  concesión  del 
correspondiente puerto.
Para su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a)  En el caso de pantalanes y muelles con barcos atracados de punta al 
mismo será preciso que cada lado de pantalán o muelle lleve asignado una eslora, 
que deberá ser una las siguientes:
Eslora asignada Eslora embarcación admisible(e)
6 m E ≤ 6 m
8 m 6 m < E ≤ 8 m
10 m 8 m < E ≤ 10 m
12 m 10 m < E ≤ 12 m e.e
15 m 12 m < E ≤ 15 m w.
2300  mm 1250  mm  <<  EE  ≤≤  2300  mm
De esta manera se multiplicarán los metros lineales de cada lado de pantalán 
o muelle por su eslora asignada, obteniendo así los m² de atraque.
b)  En el caso de muelles con atraques de costado, se multiplicará la longitud 
de muelle por una manga tipo de 3,50 metros, obteniendo así los m² de atraque.
c)  En el caso de marinas secas, los m² se corresponden con la superficie 
ocupada en planta por las estanterías multiplicado por el número de alturas más 
uno.
d)  Los  m²  de  atraque  totales  serán  la  suma  de  los  m²  de  atraque  a 
pantalanes + m² de atraque a muelles + (m² en marinas secas*0,5).
4)  K1=0,65 cuando S>10.000 m²
K1=1 cuando S≤10.000 m²
5)  K2=1-[0,60xI/12.000.000]
K2=0,4 cuando I>12.000.000 €»
Siendo «I» la inversión en euros, IVA excluido, que figure en el estudio de 
viabilidad o documento que lo sustituya y que sirva de base a la Administración 
para la licitación de la concesión del correspondiente puerto.
En caso de resultar desierta la licitación de «construcción y explotación de un 
puerto deportivo o instalación náutica deportiva» o que no existan proposiciones 
aceptables, la gestión de servicios podrá ser objeto de gestión interesada, cuyos 
parámetros serán concretados posteriormente por la consejería competente en 
materia de puertos.
Cuando las actividades a desarrollar tengan carácter comercial y lucrativo, se 
devengará, además, un canon de explotación. El carácter comercial y lucrativo de 
toda concesión vendrá determinado por la obtención o no de beneficios, con 
independencia de la personalidad jurídica del concesionario.
La base imponible del canon de explotación será el importe estimado de los 
beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la 
utilización del dominio público durante el periodo concesional. La estimación de 
dichos beneficios se realizará, para los dos primeros años, teniendo en cuenta el 
estudio económico-financiero que facilite el solicitante de la concesión. En los 
siguientes años se realizará sobre la base de las informaciones y documentos 
que, previo requerimiento de la Administración, deberán ser aportados por el 
concesionario. En ningún caso esta estimación será inferior al 20% del importe de 
la inversión, a realizar por el solicitante.
El tipo de gravamen del canon de explotación será el 5% sobre el valor de la 
base.
6.  Los cánones de ocupación o de aprovechamiento y de explotación por la 
concesión para explotación de instalaciones propias del sector pesquero podrán 
tener una reducción de hasta el 90% cuando el titular de la autorización sea una 
cofradía de pescadores.
Los titulares de las embarcaciones de pesca pertenecientes a una cofradía de 
pescadores de un puerto podrán tener una reducción de hasta el 75% del canon 
de  ocupación  o  aprovechamiento  y  de  explotación  por  la  autorización  de 
instalaciones portuarias en dicho puerto. Asimismo, podrán tener una reducción de 
hasta el 50% las actividades industriales relacionadas con el sector acuícola que 
sean relevantes para este sector primario, por la creación de empleo, por las  e.
inversiones que generen, o por su interés para la promoción de la acuicultura  w.
regional, previo informe justificativo de la consejería competente en materia de  92ww
acuiScuel tpuorad.rá establecer una reducción adicional de hasta el 40% sobre la anterior
cculimanadtool ógsiceo s jeuxsttrifaiqourdeinn aripoésr doi dqause brcaonmtoos  quceo npsoerc suue nvcioiale ncdiea , imacporenvteisciibmiliideandto sy   BOE-A-cable e
ajenidad a la conducta humana puedan ser constitutivos de fuerza mayor. Esta 
reducción adicional se aplicará previa solicitud razonada del sujeto pasivo y no se 
reflejará en ningún caso en el título de otorgamiento.
Se podrá aplicar una reducción de hasta un 40% de los cánones de ocupación 
y/o  explotación  al  sector  industrial  y  hostelero  portuario,  y  a  las  actividades 
auxiliares vinculadas a la náutica deportiva, cuando se justifiquen pérdidas como 
consecuencia de acontecimientos climatológicos extraordinarios o quebrantos que 
por su violencia, imprevisibilidad y ajenidad a la conducta humana puedan ser 
constitutivos de fuerza mayor. Esta reducción se aplicará previa solicitud razonada 
del sujeto pasivo, justificada documentalmente, y será aplicable, entre otros, a los 
siguientes sujetos pasivos:
a)  Las personas físicas o jurídicas ocupantes de naves, edificios o locales 
cuyo título tenga por objeto exclusivo la actividad de suministros navales, talleres y 
similares.
b)  Las personas físicas o jurídicas ocupantes de naves y explanadas cuyo 
título  tenga  por  objeto  exclusivo  la  actividad  de  varadero  y  marina  seca  de 
embarcaciones.
c)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  ocupantes  de  locales,  edificios  y 
explanadas cuyo título tenga por objeto exclusivo la actividad de hostelería.
d)  Las personas físicas o jurídicas ocupantes de explanadas cuyo título tenga 
por objeto exclusivo la actividad de gestión de aparcamientos.
e)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  ocupantes  de  locales,  naves  o 
instalaciones  desmontables  cuyo  título  tenga  por  objeto  exclusivo  actividades 
relacionadas con el transporte de pasajeros, con la formación y el aprendizaje 
náutico deportivo.
Los concesionarios de puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico 
deportivo e instalaciones náutico-deportivas, podrán obtener una reducción de 
hasta un 40% del canon de ocupación y/o explotación, cuando justifiquen la 
aplicación en su ámbito de las reducciones señaladas en el párrafo anterior. Las 
reducciones deben ser aplicadas a sus usuarios en las condiciones establecidas 
para quienes posean títulos que legitimen para la ocupación o aprovechamiento 
en  los  puertos  gestionados  directamente  por  la  Comunidad  Autónoma  de  la 
Región de Murcia, y que se detallan anteriormente.»
10.  La consejería competente en materia de puertos, en el concurso que se 
convoque para el otorgamiento de una concesión en un puerto deportivo, zona 
portuaria de uso náutico-deportivo o instalación náutico deportiva, o durante la 
vigencia de dichas concesiones a solicitud del concesionario, podrá determinar 
que el canon de ocupación o aprovechamiento a satisfacer a la Administración 
regional se efectúe en una parte que no exceda del 35% del total del canon inicial, 
a través de obras de mejora que sean consideradas de interés portuario por la 
Administración,  aunque  no  se  encuentren  estrictamente  dentro  del  recinto 
portuario,  o  de  desembolsos  o  contribuciones  regulares  al  mantenimiento  de 
infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico de la Región de Murcia, 
ya  sean  vías  de  comunicación  terrestres  en  los  entornos  portuarios  (viales, 
puentes,  y  otros  de  análoga  naturaleza)  como  marítimas  (canales,  golas) 
necesarios  para  la  navegación,  excluyéndose  aquellas  destinadas  a  usos 
comerciales  y  de  restauración,  y  siempre  que  no  se  trate  de  obras  de  e
conservación y mantenimiento a las que está obligado el concesionario. bo
Dicha valoración se aprobará por el órgano concedente, en su caso, previo  92ww
idnefo vremnec itméciennictoo  dqeu ela t ecnodnrcáe seinó nc,u eenn tfau necl iiómnp doert ela d vea lloarsa ocibórna sd ea  leajse creuftearri dya esl  opblarazos 
de mIgeujoarlma.ente, durante la vigencia de dichas concesiones el importe anual del
canon de ocupación a satisfacer a la Administración regional podrá reducirse
hasta  un  35%  cuando  el  concesionario  realice  regatas  o  actividades  para  el 
fomento  de  los  deportes  náuticos  vinculados  al  turismo  y/o  promoción  de  la 
sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.
En aquellos casos en que el concesionario devengue además un canon a la 
Administración del Estado por ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
adscrito, vinculado a la concesión y no le resulte de aplicación una reducción de 
canon por dicha Administración del Estado, de conformidad con la legislación de 
costas, el importe del canon anual de ocupación a satisfacer a la Administración 
regional podrá reducirse un 50%.
Para  la  aplicación  de  las  reducciones  contempladas  en  los  dos  párrafos 
anteriores, el concesionario, anualmente y durante la última quincena del mes de 
noviembre,  deberá  presentar  para  su  aprobación  un  calendario  de  regatas  o 
actividades  para  el  fomento  de  los  deportes  náuticos  vinculados  al  turismo, 
promoción de la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.
El calendario deberá ser aprobado por resolución por la dirección general 
competente en materia de puertos en el plazo de un mes, entendiéndose esta 
favorable si no se emite en el plazo citado. La justificación del cumplimiento de 
dicho  calendario  con  los  datos  y  documentos  requeridos  deberá  presentarse 
semestralmente ante la Administración competente en materia de puertos. En el 
caso de que el concesionario no justifique la realización de las actividades, le será 
girado el importe de la reducción indebida del canon, en el siguiente semestre.
12.  Las cesiones de derechos de usos de amarre en los puertos gestionados 
en régimen de concesión se otorgarán con carácter personal a un solo titular para 
una embarcación.
Los derechos de uso de los amarres no perduran en ningún caso más allá del 
plazo correspondiente al título concesional.
Estas  cesiones  quedan  condicionadas  al  cumplimento  de  los  siguientes 
requisitos:
a)  La  cesión  se  instrumentará  en  documento  público  o  privado,  y  se 
comunicará anualmente a la dirección general competente en materia de puertos.
b)  El cedente debe tener su título inscrito previamente en el registro de 
usuarios de amarres de embarcaciones de recreo gestionado por el concesionario.
c)  Deberá acreditarse ante el tenedor del registro que está al corriente de las 
tasas y cuotas de mantenimiento portuarias y su compromiso a liquidar los tributos 
a que quede sujeta la operación de cesión.
Los concesionarios de puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico-
deportivo e instalaciones náutico-deportivas tienen derecho a exigir al cedente por 
su intervención hasta un 1% del precio del contrato, sin perjuicio de los derechos 
de traspaso que se hayan pactado en el contrato.
Los derechos de uso de puntos de amarre gestionados directamente por la 
Comunidad Autónoma tendrán una duración máxima de un año, renovable en 
períodos iguales.
13.  Todos los puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico-deportivo e 
instalaciones  náutico-deportivas  en  régimen  de  concesión,  deberán  llevar  un 
registro  actualizado  de  los  usuarios  de  amarres,  y,  en  especial,  de  las 
transmisiones de los derechos de uso sobre ellos. e.
El registro de usuarios de amarre es el instrumento de publicidad para la  w.
gestión de los amarres en los puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico- 92ww
depoLrat ivinos cer iipncsitóanla dcieo nloess  unsáuuatircioos-d eesp porretivcaesp,t isvuaj eyt ases  are cgounlacreás mióne daiadnmtein iosrtdraetniv dae. la
Consejería competente en materia de puertos.
Cualquier interesado en la adquisición de un derecho de uso de amarre podrá 
exigir  al  transmitente  que  aporte  en  el  momento  de  la  venta  certificado  del 
concesionario sobre la titularidad de dicho derecho, que sobre el mismo no hay 
cargas o trabas, y que está al corriente de las cuotas de mantenimiento.
Los cambios de titularidad y de características que puedan producirse deberán 
reflejarse en el asiento correspondiente.»
Ocho.  Se modifica el artículo 29, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Las autorizaciones otorgadas por la consejería competente en materia de 
puertos para la realización de actividades o prestación de servicios y que se 
desarrollen en el dominio público de los puertos gestionados directamente por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia quedarán sujetas a las siguientes 
prescripciones:
1.  La ocupación del dominio público portuario mediante autorización solo 
podrá realizarse en caso de que no se ejecuten obras o instalaciones fijas.
2.  Las actividades e instalaciones deberán ser compatibles con los usos 
portuarios y con los fines propios marcados por la Administración autonómica.
3.  Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible ínter 
vivos, no serán inscribibles en el Registro de la Propiedad y se sujetarán a los 
pliegos  de  condiciones  generales  y  particulares  determinados  por  la 
Administración autonómica, cuyo contenido se adaptará a lo establecido en el 
artículo 12 de la presente ley.
4.  El plazo de vencimiento se determinará en el título correspondiente y no 
podrá  exceder  de  cinco  años.  Cuando  el  solicitante  de  una  autorización 
administrativa sea en ese momento titular de la misma, se le podrá adjudicar de 
nuevo, únicamente solicitando la prestación de fianza, si se hubiera devuelto y 
notificando al Ayuntamiento competente el otorgamiento concedido.
Este procedimiento solamente podrá ser aplicado si se dan las condiciones 
siguientes:
a)  El solicitante se encuentre al corriente de todas sus obligaciones con la 
administración otorgante.
b)  La actividad desarrollada sea favorable para la consecución del interés 
público.
El plazo máximo durante el que se podrá utilizar este procedimiento será de 15 
años desde la adjudicación inicial.»
Nueve.  Se modifica el punto 4 del artículo 30, que queda redactado como sigue:
«4.  Los  cánones  de  ocupación  y  explotación  para  la  autorización  de  la 
explotación de lonjas en los puertos, así como para otras instalaciones propias del 
sector pesquero, podrán tener una reducción de hasta el 90% cuando el titular de 
la autorización sea una cofradía de pescadores.
Los titulares de las embarcaciones de pesca pertenecientes a una cofradía de 
pescadores de un puerto podrán tener una reducción de hasta el 75% del canon de 
ocupación o aprovechamiento y de explotación por la autorización de instalaciones 
portuarias en dicho puerto. Asimismo, podrán tener una reducción de hasta el 50%  s
las actividades industriales relacionadas con el sector acuícola que sean relevantes  oe.
para este sector primario, por la creación de empleo, por las inversiones que generen  w.
o  por  su  interés  para  la  promoción  de  la  acuicultura  regional,  previo  informe  92ww
justiSficea tpivood rdáe  elas tcaobnlesceejerr íuan cao rmepdeutcecnióten  eand miciaotnearila d dee  haacsutiac ueltlu 4ra0.% sobre la anterior
ccluimanadtool ógsiceo s jeuxsttrifaiqourdeinn aripoésr doi dqause brcaonmtoos  quceo npsoerc suue nvcioiale ncdiea , imacporenvteisciibmiliideandto ys   BOE-A-cable e
ajenidad a la conducta humana puedan ser constitutivos de fuerza mayor. Esta 
reducción adicional se aplicará previa solicitud razonada del sujeto pasivo y no se 
reflejará en ningún caso en el título de otorgamiento.
Se podrá aplicar una reducción de hasta un 40% de los cánones de ocupación 
y/o  explotación  al  sector  industrial  hostelero  portuario,  y  a  las  actividades 
auxiliares vinculadas a la náutica deportiva, en los mismos términos recogidos 
para las concesiones en el apartado 6 del artículo 16.»
Diez.  Se modifica el artículo 33, que queda redactado con el siguiente contenido:
«El plazo para notificar la resolución de los procedimientos sancionadores será 
de  doce  meses,  transcurrido  el  cual  sin  que  se  produzca  aquella  se  dictará 
resolución declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de 
las actuaciones, con los efectos previstos en la legislación vigente.»
Once.  Se modifica el apartado a) del artículo 35, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«a)  El  incumplimiento  leve  de  las  condiciones  del  correspondiente  título 
concesional  o  de  la  autorización  administrativa  otorgada,  sin  perjuicio  de  su 
caducidad o rescisión si procede.»
Doce.  Se modifica el artículo 36, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Son infracciones graves las acciones u omisiones tipificadas en el artículo 
anterior,  cuando  supongan  lesión  a  alguna  persona  que  motive  baja  por 
incapacidad laboral no superior a siete días, o daños o perjuicios superiores 
a 1200 € e inferiores a 6000 €, la reincidencia por comisión, en el término de un 
año, de la misma infracción de carácter leve, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme y, en todo caso, las siguientes:
a)  La  negativa  u  obstrucción  dolosa  al  ejercicio  de  las  funciones  de 
inspección que corresponden a la Administración.
b)  Las que supongan o impliquen riesgo grave para la salud o seguridad de 
las personas.
c)  El falseamiento de la información suministrada a la Administración por 
propia iniciativa o a requerimiento de ésta.
d)  La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en la zona de dominio 
público portuario, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos 
sobre los autorizados.
e)  La emisión de vertidos o sustancias contaminantes líquidas, sólidas o 
gaseosas  y  cualquier  otra  incidencia  o  actuación  negativa  para  el  entorno 
terrestre, marítimo o fluvial incluido en la zona de servicio portuaria que implique 
riesgo grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.
f)  La ocupación sin título alguno del dominio público portuario interfiriendo la 
normal actividad portuaria.»
Trece.  Se modifica el artículo 37, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Son infracciones muy graves las acciones u omisiones tipificadas en los dos 
artículos anteriores, cuando ocasionen lesión a alguna persona que motive baja  e
por incapacidad laboral superior a siete días, o daños o perjuicios superiores  bo
a 6000 €, la reincidencia por comisión, en el término de tres años, de la misma  92ww
iyn, feranc tcoiódno  cdaes coa, rláacst esirg gurieanvtee,s c:uando así haya sido declarado por resolución firme
a)  Las que supongan o impliquen un riesgo muy grave para la salud o
seguridad de vidas humanas. Bc
b)  La emisión de vertidos o sustancias contaminantes líquidas, sólidas o 
gaseosas,  y  cualquier  otra  incidencia  o  actuación  negativa  para  un  entorno 
terrestre, marítimo o fluvial incluido en la zona de servicio portuaria que implique 
un riesgo muy grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.
c)  La realización, sin el debido título administrativo conforme a esta ley, de 
cualquier tipo de obras o instalaciones, así como el aumento de la superficie 
ocupada o del volumen o de la altura construidos sobre los autorizados, siempre 
que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la 
cesión  de  la  conducta  abusiva  o  que,  habiéndose  notificado  la  incoación  de 
expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
d)  La invasión del dominio público no otorgado.
e)  La ocupación sin título alguno del dominio público portuario siempre que 
se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para el cese 
de la conducta abusiva.»
Catorce.  Se  modifica  el  artículo  41,  que  queda  redactado  con  el  siguiente 
contenido:
«1.  Las infracciones leves serán sancionadas con multas hasta 3000 €.
Para las siguientes infracciones la sanción será la siguiente:
a)  En el supuesto de atraque de embarcaciones sin autorización o en lugar 
distinto del designado la multa correspondiente ascenderá a 750 euros.
b)  En el caso de ocupación sin título alguno del dominio público portuario 
siempre que no se entorpezca la normal actividad portuaria, la multa será de 1500 
euros.
c)  Para  el  supuesto  de  publicidad  exterior  no  autorizada  la  multa 
correspondiente será de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios 
audiovisuales, y de 50 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o 
carteles.
d)  En el caso de incumplimiento leve de las condiciones del correspondiente 
título concesional, la sanción será una multa que ascenderá a 400 euros, sin 
perjuicio de su caducidad o rescisión si procede.
e)  Para el caso de ejecución de trabajos, obras menores e instalaciones en el 
puerto sin el debido título administrativo: multa del 15% del valor de los trabajos, 
obras e instalaciones, con un máximo de 3000 euros.
2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multas  desde  3001 
hasta 30.000 euros.
En el caso de ejecución no autorizada de obras e instalaciones en la zona de 
dominio público portuario, así como el aumento de superficie, volumen o altura 
construidos sobre los autorizados la sanción consistirá en: multa del 25% del valor 
de las obras e instalaciones, con un mínimo de 3001 euros y un máximo de 30.000 
euros.
3.  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 30.001 
hasta 150.000 €.»
CAPÍTULO II
Modificación de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, del Transporte Público de 
Personas en Vehículos de Turismo por medio de Taxi de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia
Artículo 2. 
La  Ley  10/2014,  de  27  de  noviembre,  del  transporte  público  de  personas  en 
vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  a)  del  artículo  2,  que  queda  redactado  con  el 
siguiente contenido:
«a)  Vehículos  de  turismo:  los  vehículos  automóviles  concebidos  para  el 
transporte de personas, con una capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluida 
la persona que lo conduce.»
Dos.  Se modifica el artículo 9, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Con carácter general no se exigirá la plena y exclusiva dedicación de la 
persona titular de la licencia a la actividad del taxi.
No obstante, los Ayuntamientos la podrán establecer de oficio o a petición de 
los  interesados  por  razones  justificadas,  debiéndose  dar  audiencia  en  el 
procedimiento a la persona titular de la licencia en todo caso.»
Tres.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  14,  que  queda  redactado  con  el 
siguiente contenido:
«1.  Los titulares de licencias de taxi y autorizaciones interurbanas habrán de 
prestar  el  servicio  personalmente  o  mediante  la  contratación  de  conductores 
asalariados.
Los  ayuntamientos,  oídas  las  asociaciones  profesionales  del  taxi  más 
representativas,  podrán  determinar  un  número  máximo  de  conductores 
asalariados por licencia.
Las  entidades  competentes  en  la  materia  deben  fijar  las  condiciones 
necesarias para garantizar que el régimen de explotación de las licencias es el 
requerido por los servicios para atender adecuadamente las necesidades de los 
usuarios, en las condiciones establecidas por la presente ley.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«1.  Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi se otorgarán 
para vehículos con una capacidad mínima de cinco y máxima de hasta nueve 
plazas, incluida la persona conductora.
Los  ayuntamientos,  oídas  las  asociaciones  profesionales  del  taxi  más 
representativas, podrán determinar una capacidad máxima inferior a las 9 plazas 
de los vehículos, incluida la persona conductora.»
Cinco.  Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado con el  e.
siguiente contenido: w.b
de  «in1f.o rmLoasc ióanyu nyt amcoiemnutonsic parcoiómno vperreácni slaa sp ropgarreas ivma eimjopralar ntlaacsi ónc odned tieciconnoelos gídaes 
ipnrceosrtpaocrióanc ióyn s edgeu rtiedcando ldoeg ílaoss  mseórvviilceios sy d ea ptlaicxai cyio dnee sla, ss ipsetersmoansa sa uctoonmdautciztoardaoss,  lay 
telemáticos de pago y facturación del servicio, sistemas de geolocalización y
navegación, la progresiva reducción de las emisiones de los vehículos en el 
sentido indicado en el párrafo siguiente, así como la optimización del reciclaje de 
los materiales utilizados y cualquier otra innovación que se introdujese en el 
sector.
Las Administraciones Públicas promoverán la progresiva sustitución de los 
vehículos destinados a los servicios de taxi, por otros de bajas o nulas emisiones, 
con el objetivo de conseguir reducir la contaminación producida por los mismos 
al 50% en 2030 y al 100% en 2040.»
Seis.  Se modifica el artículo 24, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Los servicios que se prestan al amparo de esta podrán realizarse mediante la 
contratación de plazas individualizadas, que tendrá como límite de la capacidad 
total del vehículo, bien en usuarios, bien en equipajes de los mismos.
En  cualquier  caso,  los  titulares  de  las  licencias  de  taxi  y  autorizaciones 
interurbanas de taxi tendrán derecho al cobro individualizado de la tarifa, así como 
a  la  totalidad  de  la  tarifa  máxima  final  resultante  del  servicio  prestado,  con 
independencia del número de usuarios a los que se les haya prestado dicho 
servicio, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley.»
Siete.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 30, que quedan redactados con 
el siguiente contenido:
«1.  La prestación del servicio de taxi estará sujeta a las tarifas de aplicación 
que para los servicios urbanos de taxi serán fijadas por los ayuntamientos y que 
para los servicios interurbanos serán fijadas por la consejería competente en 
materia de transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En ambos casos, podrán regularse las tarifas máximas previendo sistemas 
que  permitan  realizar  el  pago  individual  fraccionado  en  el  supuesto  de  la 
contratación  del  servicio  de  taxi  por  dos  o  más  personas  usuarias  de  forma 
objetiva y proporcional a la prestación del servicio prestado.»
«4.  Las tarifas aplicables serán visibles para cualquier persona usuaria desde 
el interior del vehículo, con indicación de los suplementos y tarifas especiales que 
procediese aplicar en determinados servicios. Igualmente se dará publicidad al 
sistema de cálculo a aplicar en el cobro de las tarifas en la contratación de la 
capacidad del vehículo de forma compartida.»
Ocho.  Se suprime el punto 12 del artículo 35.
CAPÍTULO III
Modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de 
Murcia
Artículo 3.
La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se suprime el punto 1 del artículo 10.
Dos.  Se modifica el punto 2 del artículo 22 y se añade un nuevo punto 3, que  e.
quedan redactados con el siguiente contenido: w.
natu«r2a.le zLaa u orbbatennísctiiócna  dqeu el ad ilcicteen lcai aA ddem ipnriismtrearcaió onc ulopcaacl,i ópna roa  tíatuqluoe lhlaasb ilvitiavinetned daes 
pqrueev iapmroevnetneg alan  cdaeli ficaacctuióanc iopnroevsi sdioen anl,u eevqau ivcaoldnrsátr uac claió nc aylif icqauceió nh aaydamn inoibstterantiidvao 
con la que finaliza el procedimiento de declaración de vivienda protegida.
3.  En el plazo de un mes, la Administración local deberá comunicar a la 
dirección general con competencias en materia de vivienda aquellas licencias o 
títulos habilitantes que haya dictado de acuerdo con lo establecido en el punto 
anterior.»
Tres.  1.  Se añade un punto 2 al artículo 25, con el siguiente tenor:
«2.  En  todo  caso,  las  viviendas  protegidas  edificadas  sobre  suelos 
destinados por el planeamiento urbanístico a la construcción de vivienda protegida 
estarán sujetas al régimen legal de protección mientras se mantenga la calificación 
del suelo.»
2.  Se añade un artículo 33, con la siguiente redacción:
«Artículo 33.  Registro de demandantes de viviendas protegidas de la Región de 
Murcia.
1.  El Registro de demandantes de viviendas protegidas de la Región de 
Murcia tiene como finalidad contribuir a garantizar, en la adjudicación y adquisición 
o arrendamiento protegido de viviendas, el cumplimiento de los principios de 
igualdad, transparencia, objetividad y concurrencia, al tiempo que constituye un 
instrumento  que  proporcionará  a  la  Administración  regional  información 
actualizada  que  permitirá  programar  las  actuaciones  de  vivienda  protegida, 
adecuándolas a las necesidades existentes, y en atención a la reserva de suelo 
regulada en la legislación urbanística.
2.  Reglamentariamente  se  establecerá  el  régimen  de  inscripción  y  del 
funcionamiento del Registro de demandantes de viviendas protegidas de la Región 
de Murcia.»
3.  Se añade un artículo 34, con la siguiente redacción.
«1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia ostenta un 
derecho  de  adquisición  preferente  y  de  retracto  en  la  segunda  y  posterior 
transmisión de las viviendas protegidas y sus anejos vinculados, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente.
2.  Corresponde al titular de la consejería competente en materia de vivienda 
el ejercicio del derecho de adquisición preferente y de retracto previsto en el 
apartado anterior.»
4.  Se añade un artículo 38, con la siguiente redacción:
«Artículo 38.  La calificación administrativa.
La calificación administrativa que se dicte con carácter definitivo acreditará que 
una vivienda de promoción pública o social cumple las condiciones establecidas 
en la normativa reguladora de las mismas y, en consecuencia, es apta para ser 
destinada a residencia. Para ocupar una vivienda es necesario haber obtenido 
previamente dicha acreditación.»
Cuatro.  Se modifica el punto 2 del artículo 41, que queda redactado con el siguiente 
contenido y se añaden dos nuevos puntos 3 y 4: es
«2.  La Administración cederá la propiedad de las viviendas de titularidad de  w.
la Comunidad Autónoma adjudicadas en régimen de arrendamiento a aquellos  92ww
ay rqreuned naota aridoesu qduaen  speaagno sti teunla lraess  rdeen tausn  dceo natlrqautoile dr.e alquiler durante 25 años o más
En las mismas condiciones, se cederá la propiedad a los titulares de un 
contrato de alquiler durante 10 años o más, que no adeuden pagos en las rentas 
de alquiler y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Mayores de 65 años.
Mayores de 50 años en situación de desempleo de larga duración.
Familias monoparentales.
Mujeres víctimas de violencia de género
Víctimas del terrorismo.
Familias numerosas.
Familias con una o más personas con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33 por 100.
3.  Para ser beneficiario de las cesiones descritas en el punto anterior el titular 
del contrato de alquiler debe aceptar la cesión de la titularidad de la vivienda, no 
debe poseer una segunda residencia y tener un nivel de ingresos inferior al 1,5 del 
IPREM.
4.  La competencia para el procedimiento de cesión establecido en los puntos 
anteriores recaerá en el consejero competente en materia de vivienda.»
Cinco.  Se modifica el artículo 42, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Las viviendas de promoción pública o social se adjudicarán en régimen de 
propiedad en función de la capacidad económica del adjudicatario. Asimismo, la 
Administración regional dará por amortizados aquellos contratos de venta con una 
antigüedad igual o superior a 10 años siempre que no exista deudas en el pago de 
sus  recibos  y  que  sus  titulares  se  encuentren  en  alguna  de  las  situaciones 
relacionadas  en  el  punto  2  del  artículo  anterior.  El  consejero  competente  en 
materia  de  vivienda  establecerá  mediante  orden  el  procedimiento  para  la 
realización de las adjudicaciones descritas anteriormente.»
Seis.  Se modifica el artículo 43, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Las viviendas de promoción pública o social se podrán adjudicar en régimen 
de  precario  en  atención  a  las  circunstancias  excepcionales  que  impidan 
temporalmente  su  adjudicación  en  régimen  de  arrendamiento  o  propiedad, 
siempre  que  sus  beneficiarios  estén  incluidos  en  actuaciones  específicas  de 
integración o ayuda social, desarrolladas por la Administración regional o por las 
administraciones locales donde se ubique la vivienda.»
Siete.  Se suprime el artículo 49.
Ocho.  Se modifica el artículo 51, que queda redactado con el siguiente contenido:
«La Administración regional llevará a cabo, directa o indirectamente, políticas 
activas para el fomento y potenciación del alquiler de vivienda, estableciéndose las 
condiciones y alcance de los incentivos y requisitos para el acceso al programa de 
fomento  del  alquiler,  en  disposiciones  de  carácter  general  dictadas  por  el 
consejero con competencias en materia de vivienda.»
Nueve.  Se suprimen los puntos 3, 4, 5 y 6 del artículo 56.
Diez.  Se  modifica  el  punto  2  del  artículo  59  ter,  que  queda  redactado  con  el  e
siguiente contenido: bo
sMoebdr«eia2ec.n iódnLe ouHsdi papomrtoeieccneatdroiia m.»sieenrtáons  dceo omrdeidniaadcoiósn  ppoarr a elal  rSeseorvluicciioó n ddee  sOitruieanctiaocnieósn  dey   2020-9792n https://ww
Once.  Se modifica el punto 3 del artículo 59 ter, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«3.  Si  durante  la  tramitación  del  procedimiento  de  mediación  para  la 
resolución de una situación de sobreendeudamiento se inicia un procedimiento 
judicial  concursal,  el  deudor  debe  comunicarlo  al  Servicio  de  Orientación  y 
Mediación Hipotecaria, que procederá al archivo del procedimiento de mediación.»
Doce.  Se suprime el punto 8 del artículo 59 quáter.
Trece.  Se modifica el artículo 62, que queda redactado con la siguiente redacción:
«El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se configura como una estructura 
administrativa dependiente del órgano directivo con competencias en materia de 
vivienda, encaminada a facilitar un servicio integral de apoyo a las familias en 
riesgo de desahucio.»
Catorce.  Se suprime la disposición transitoria segunda.
CAPÍTULO IV
Modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia
Artículo 4.
La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:.
Uno.  Se modifica el punto 11 del artículo 5, que queda redactado con la siguiente 
redacción:
«11.  Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los 
principios de desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente y de la 
salud humana y al uso racional de los recursos naturales y el territorio, con 
ordenación de usos residenciales y productivos acordes al interés general, de los 
equipamientos y servicios, y siguiendo los principios de accesibilidad universal, de 
movilidad,  de  eficiencia  energética,  de  garantía  de  suministro  de  agua,  de 
prevención  de  riesgos  naturales  y  de  accidentes  graves,  de  prevención  y 
protección contra la contaminación.»
Dos.  Se modifica el artículo 14, que queda redactado con el siguiente contenido:
«Las competencias administrativas en materia de ordenación del territorio, 
ordenación del litoral y urbanismo serán ejercidas por los siguientes órganos, en 
los términos que se establecen en la presente ley:
a)  El Consejo de Gobierno.
b)  El consejero o, en su caso, los consejeros que ostenten las competencias 
en las materias de ordenación del territorio, ordenación del litoral y de urbanismo.
c)  El director general o, en su caso, los directores generales competentes en  s
las mismas materias. e.
d)  El Consejo Asesor de Política Territorial.» w.
Tres.  Se suprime el artículo 15.
Cuatro.  Se modifica el punto 3 del artículo 36, que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«3.  La aprobación inicial corresponde en todo caso al consejero competente 
en materia de ordenación del territorio».
Cinco.  Se modifica el punto 2 del artículo 42, que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«2.  La  elaboración  del  Plan  Cartográfico  Regional  corresponde  a  la 
consejería competente en materia de ordenación del territorio y su aprobación al 
Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Superior Geográfico, oído el 
Consejo Asesor de Política Territorial.»
Seis.  Se modifica el punto 1 del artículo 53 que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«1.  La  elaboración  de  los  Planes  de  Ordenación  de  Playa  podrá 
corresponder al ayuntamiento donde se ubique la playa a ordenar, siempre que la 
consejería lo autorice o a la consejería competente en materia de ordenación del 
litoral. En los Planes de Ordenación de Playa que afecten a más de un municipio, 
la competencia corresponderá a la consejería.»
Siete.  Se modifica el punto 2 del artículo 65, que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«2.  La aprobación inicial corresponde en todo caso al consejero competente 
en materia de ordenación del territorio.»
Ocho.  Se modifica el artículo 68, que queda redactado con el siguiente contenido:
«La elaboración de las Estrategias de Gestión Integrada de Zonas Costeras 
corresponde a la consejería en la que radiquen las competencias de la materia de 
ordenación del litoral, en coordinación con la consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y con los restantes departamentos de la Administración 
regional y con otras Administraciones públicas interesadas.
La aprobación inicial corresponde al consejero competente en materia de 
ordenación del territorio.
La aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
consejero competente en ordenación del territorio, oído el Consejo Asesor de 
Política Territorial.»
Nueve.  Se modifica el punto 2 del artículo 70, que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«2.  Terminada  la  fase  de  elaboración  del  instrumento,  el  consejero 
competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  a  propuesta  del  director 
general competente en  materia  de  ordenación del territorio, podrá acordar la 
aprobación inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto 
de  instrumentos  complementarios  precisos.  La  anterior  documentación  se 
someterá a un trámite de información pública de dos meses de duración como 
mínimo. e.
Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación  w.
ambiental, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones  92ww
cleogmapleest eny tel oesn  qmuea tesreia  jduez guurebna nnisemcoe,s aortioorsg, anadsoí  cuonm torá mai tela  ded iraeucdciieónnc iag ean elroasl 
ayuntamientos afectados.
Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, 
cuando  no  esté  fijado  un  plazo  expreso  mayor  en  la  legislación  sectorial  de 
aplicación.»
Diez.  Se modifica el apartado e) del punto 3, del artículo 101 que queda redactado 
con el siguiente contenido:
«e)  Instalaciones  de  producción  de  energía  renovable,  las  cuales  no  se 
considerarán como uso industrial sino como infraestructuras energéticas.»
Once.  Se modifica el nombre de la Sección 1.ª del Capítulo I del Título VII, así 
como del artículo 113 que queda redactado con el siguiente contenido:
«Tipos de planes e instrumentos complementarios.»
Doce.  Se modifica el artículo 113, que queda redactado con el siguiente contenido:
«1.  La ordenación urbanística de los municipios se establecerá a través de 
Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación,  que  son  instrumentos  de 
ordenación de un término municipal completo.
A  petición  de  los  ayuntamientos  afectados,  podrán  formularse  planes 
generales que comprendan varios términos municipales completos.
2.  Los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán, según 
los casos, mediante Planes Parciales y Planes Especiales.
Asimismo podrán elaborarse estos instrumentos, aunque no estén previstos en 
el  planeamiento  general  municipal,  para  las  finalidades  que  se  prevén  en  la 
presente ley.
3.  Se podrán redactar Normas Complementarias del planeamiento general 
municipal en los aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por este.
4.  La ordenación urbanística se complementa con el siguiente instrumento: 
Estudios de Detalle. Estos podrán elaborarse aunque no estén previstos en el 
planeamiento jerárquicamente superior.»
Trece.  Se modifica el punto 2 del artículo 116, que queda redactado con el siguiente 
contenido:
«2.  Asimismo, el plan contendrá aquellas otras determinaciones que deba 
recoger por indicación expresa de la propia ley, en particular los supuestos que 
requieren Estudio de Impacto Territorial o Estudio de Paisaje, debiendo contener 
todas las medidas correctoras de prevención y protección del medio ambiente que 
correspondan.»
Catorce.  Se añaden las letras l) y m) al punto 1 del artículo 117:
«l)  Introducir  parámetros  de  ecoeficiencia  con  soluciones  para  paliar  los 
efectos climatológicos, como:
– Utilización  de  pavimentos  permeables  como  medida  para  evitar  la 
impermeabilización de suelos.
– Resolución  de  la  evacuación  de  aguas  mediante  redes  separativas  de 
pluviales y residuales.
– Establecimiento de sistemas de reutilización de aguas pluviales (economía  e.
circular). w.
– Implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en los modelos  92ww
de u–r bSanisitzeamciaósn .de Drenaje Urbano Sostenible para aquellos suelos de especiales
escorrentías (SUDs).
– Adopción de medidas de economía circular, reciclaje de residuos de la 
construcción y eficiencia energética en todas las instalaciones urbanas.
m)  En suelo urbano no consolidado se establecerá las reservas mínimas 
para arbolado:
– En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un 
árbol por cada 100 metros cuadrados edificables.
– En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del 
número de árboles que, justificadamente, se establezca.»
Quince.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 123, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«4.  El plan parcial podrá reajustar la delimitación del sector hasta un 10% de 
su  superficie  por  razones  justificadas  de  discordancia  entre  cartografías, 
adecuando su delimitación a la realidad física.»
Dieciséis.  Se modifica la letra f) y se añaden las letras m) y n) al artículo 124:
«f)  Fijación de las reservas pare equipamientos de dominio y uso público en 
función del uso global del sector, para los usos específicos que se indican, aunque 
su distribución puede ser indicativa:
– Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, 
docentes,  culturales,  sanitarios,  administrativos,  deportivos  y  sociales  en  la 
proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima 
de 20 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento resultante del sector destinado a 
uso residencial.
– Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a centros 
educativos, docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales, 
en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector en una cuantía 
mínima de 5 m² por cada 100 m2 de aprovechamiento resultante del sector, 
destinado a uso de actividad económica.
– Usos mixtos: reserva de suelo con destino a los usos señalados en los 
apartados  anteriores,  en  proporción  al  porcentaje  de  aprovechamiento 
correspondiente a cada uso global, justificando su localización adecuada a las 
características y necesidades específicas.
m)  Introducción de parámetros de ecoeficiencia señalados en el apartado l) 
del artículo 117.1 de la presente ley.
n)  para arbolado:
– En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un 
árbol por cada 100 metros cuadrados edificables.
– En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del 
número de árboles que, justificadamente, se establezca en el plan parcial.»
Diecisiete.  Se añaden los puntos 4 y 5 al artículo 128 que quedan redactados en 
los siguientes términos:
«4.  El plan especial podrá reajustar la delimitación del sector hasta un 10%  e.
de  su  superficie  por  razones  justificadas  de  discordancia  entre  cartografías,  w.
adecuando su delimitación a la realidad física. 92ww
ciud5a.d esL,o cso mplaon:es especiales establecerán medidas de renaturalización de las
– Rehabilitación  de  edificios  y  espacios  públicos  con  criterios  de
sostenibilidad, sobre todo en entornos degradados.
– Implantación de medidas contra la impermeabilización de suelos urbanos 
existentes mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible (SUDs).
– Fomento  de  la  reutilización  y  reciclado  de  residuos  de  la  construcción 
(RCD).
– Adopción de medidas de captación de agua de lluvia en edificios para su 
posterior reutilización y evitar así el vertido de agua acumulada en cubiertas a las 
vías públicas, para no incrementar las escorrentías en episodios de precipitación 
de carácter intenso.
– Fomento de las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) en edificios, 
como la implementación de cubiertas vegetales siempre que sea posible.»
Dieciocho.  Se modifica la letra d) del punto 1 del artículo 147, que queda redactado 
con el siguiente contenido:
«d)  Estos porcentajes se medirán sobre la totalidad del ámbito de actuación, 
incluidos los sistemas generales vinculados previstos, excluyendo, en su caso, los 
suelos de dominio público preexistentes.»
Diecinueve.  Se modifica el punto 2 del artículo 161, que queda redactado como 
sigue:
«2.  El  consejero  competente  resolverá  sobre  su  aprobación  en  el  plazo 
máximo de tres meses desde la recepción del expediente, transcurridos los cuales 
sin que se notifique la resolución podrá entenderse aprobado definitivamente el 
plan  por  silencio  administrativo,  pudiendo,  en  consecuencia,  proceder  el 
ayuntamiento a la publicación de la aprobación definitiva.»
Veinte.  Se modifica el apartado d) del artículo 164, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«d)  El plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán a la 
dirección  general  competente  para  su  archivo,  notificándose  a  todos  los 
interesados que consten en el expediente.»
Veintiuno.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 166 que quedan redactados 
con el siguiente contenido y se añade un nuevo apartado 5:
«1.  Corresponde a los ayuntamientos la aprobación inicial de los Estudios de 
Detalle,  quedando  excluidos,  en  todo  caso,  del  procedimiento  de  evaluación 
ambiental al no poder considerarse plan a dichos efectos. Tras la aprobación 
inicial se someterán a información pública durante veinte días para que puedan 
ser  examinados  y  presentadas  las  alegaciones  correspondientes.  El  texto 
completo estará a disposición del público en el lugar que se determine por el 
ayuntamiento.»
«4.  El acuerdo definitivo se notificará a los interesados que consten en el 
expediente, así como a la dirección general competente en materia de urbanismo, 
remitiendo un ejemplar debidamente diligenciado para su archivo.
5.  La tramitación de un Estudio de Detalle no impedirá la tramitación de las 
correspondientes  licencias  de  edificación,  quedando  ésta  supeditada  a  la 
aprobación  definitiva  del  mismo,  para  ello  la  urbanización  tiene  que  estar  e.
completada o bien estar redactado y aprobado el proyecto de urbanización, y  w.b
depositado el aval correspondiente a la participación de la propiedad objeto de la  92ww
licencia.»
Veintidós.  Se modifica el punto 2 del artículo 168, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«2.  A  la  dirección  general  competente  corresponderá  la  tramitación  del 
procedimiento, así como la aprobación definitiva, salvo en el supuesto de planes 
generales y modificaciones estructurales donde la resolución corresponderá al 
consejero.»
Veintitrés.  Se modifican los puntos 2 y 4 del artículo 173, que quedan redactados 
con el siguiente contenido y se añade un punto 9:
«2.  Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o 
no estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la 
estructura  general  y  orgánica  y  el  modelo  territorial,  teniendo  en  cuenta  su 
extensión  y  repercusión  sobre  la  ordenación  vigente.  A  estos  efectos  se 
consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de 
los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún 
sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta por ciento, en 
cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación.
También se considerará como estructural la modificación que afecte a más 
de 50 hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las 
dotaciones computadas por el plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los 
estándares legalmente establecidos.»
«4.  Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por 
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos 
calificados  como  sistema  general,  deberá  justificarse  el  interés  público  y  su 
compensación  con  igual  superficie  en  situación  adecuada,  analizando  las 
afecciones  resultantes  para  su  posible  indemnización.  Se  tramitará  como 
modificación estructural y se sujetarán al mismo procedimiento y documentación 
determinados en esta ley para tal modificación estructural del plan general.»
«9.  Las modificaciones recabarán exclusivamente los informes preceptivos y 
sectoriales  de  aquellos  organismos  que  resulten  afectados  conforme  a  la 
legislación sectorial específica.»
Veinticuatro.  Se modifica el punto 1 del artículo 193, que queda redactado con el 
siguiente contenido:
«1.  Se entiende por actuación de dotación, conforme a lo previsto en la 
legislación estatal de suelo, aquellas actuaciones aisladas sobre una o varias 
parcelas de suelo urbano consolidado que, no comportando la reurbanización 
integral del ámbito, han visto incrementada su edificabilidad y, en consecuencia, es 
necesario compensar dicho incremento con mayores dotaciones públicas. Dichas 
actuaciones  en  suelo  urbano  consolidado  podrán  tramitarse  mediante  Planes 
Especiales de Ordenación Urbana.»
Veinticinco.  Se modifican los puntos 2 y 4 del artículo 264, que quedan redactados 
con el siguiente contenido:
«2.  Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los 
siguientes actos: s
a)  Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición  w.b
sobre  edificios  existentes  cuando  no  produzcan  una  variación  esencial  de  la  92ww
scuosmtiptuocsiiócnió no  rgeepnoesriacli óenx ttoetraiol rd, ela e vleomluemnetotrsía e, sltaru ecntuvroalvleesn pter intoctiapla, leos n.o supongan la
partbe) d eL loass  cmaimsmbaioss,  ddee nutsroo  deen  lloass  peedrimficitaidcoiosn peos rs leañ laelgaidsalasc ieónn  eulr baapnaírstatidcao  vai)g oe netne 
y siempre que se encuentren dentro de un ámbito ordenado pormenorizadamente.
c)  Las  actuaciones  de  intervención  sobre  edificios,  inmuebles  y  ámbitos 
patrimonialmente protegidos o catalogados, de alcance menor, cuando no afecten 
a la estructura o a las partes o elementos de los inmuebles objeto de protección, ni 
al  aspecto  exterior,  incluidas  las  cubiertas,  las  fachadas  y  los  elementos 
catalogados ni a ningún elemento artístico.
d)  Edificios  de  nueva  planta,  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez 
técnica, no residenciales ni de uso público, no superior a una altura.
e)  Renovación de instalaciones en las construcciones.
f)  Primera  ocupación  de  edificaciones  de  nueva  planta  y  sucesivas 
ocupaciones en edificios existentes.
g)  La  colocación  de  carteles  y  vallas  publicitarias  visibles  desde  la  vía 
pública.
h)  Instalación de redes energéticas y de comunicaciones.
i)  El cerramiento de fincas.
j)  Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere la presente ley.
k)  Los que por su escasa relevancia no se encuentren sometidos a licencia 
urbanística pero requieran dirección facultativa.»
«4.  El documento de declaración responsable habrá de contener, además de 
Ios datos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común:
a)  Datos identificativos del solicitante de conformidad a la legislación básica 
en materia procedimental.
b)  Plano de situación de la actuación a realizar.
c)  Documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores requisitos o 
del proyecto técnico en su caso, indicando en cada caso su contenido general y el 
nombre  del  técnico  o  profesional  que  lo  suscriba,  sin  perjuicio  de  que 
voluntariamente puedan aportarse copias de dichos documentos.
d)  El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos 
durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la 
declaración.
e)  Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público o privado que correspondan.»
Veintiséis.  Se modifica la disposición adicional primera, que quedará redactada con 
el siguiente contenido:
«Disposición adicional primera.  Aplicación del régimen de evaluación ambiental a 
los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.
1.  De acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial en materia de 
evaluación  ambiental  y  en  esta  ley,  serán  objeto  de  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria los siguientes instrumentos, estrategias o planes:
a)  Las estrategias y los instrumentos de ordenación territorial.
b)  Los planes de ordenación de playas que afecten a más de un municipio.
c)  Los Planes Generales y sus Normas complementarias.
d)  Los planes parciales y especiales que no sean de reducida extensión.
e)  Las  modificaciones  estructurales  de  planeamiento  general  y  normas 
complementarias. e.e
f)  Los incluidos en el apartado siguiente, cuando así lo determine el órgano  b
ambiental bien en el Informe Ambiental Estratégico establecido por la legislación  92ww
básigc)a  eLsatast aels, tora bteiegnia as ,s pollaicniteusd  od einl sptrroummoetnotro us  qóurgea anfoe cptreonm ao tRore.d Natura 2000, en
los términos previstos por la legislación vigente.
2.  Serán  objeto  de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  los 
siguientes instrumentos, estrategias o planes:
a)  Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes 
incluidos en el apartado anterior.
b)  Los  instrumentos,  estrategias  o  planes  mencionados  en  el  apartado 
anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión, 
incluyendo como tales los Planes de Ordenación de Playas que afecten a un solo 
municipio, así como a los instrumentos de planeamiento urbanístico cuyo ámbito 
territorial de actuación no sea superior a 50 hectáreas en suelos no urbanizables o 
urbanizable sin sectorizar o a 100 hectáreas en suelos urbanos o urbanizables 
sectorizados; exceptuando en todo caso a los planes especiales de ordenación en 
suelo no urbanizable, que se someterán al procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental estratégica.
3.  Los proyectos de obras regulados en la presente ley serán objeto de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, en su caso, en los 
términos  establecidos  en  la  legislación  sectorial  en  materia  de  evaluación 
ambiental.
4.  Se entiende por modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental 
estratégica:
a)  Las modificaciones no estructurales de planeamiento general.
b)  Modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo.
c)  Modificaciones  de  las  estrategias  o  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio que no impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial.
5.  Para los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de evaluación 
ambiental  estratégica  simplificada  podrá  delegarse  el  ejercicio  de  las 
competencias  como  órgano  ambiental  en  los  ayuntamientos,  siempre  que  se 
acredite  la  disposición  de  medios  técnicos  y  personales  necesarios  para  el 
ejercicio de la competencia.»
Veintisiete.  Aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.
Los artículos 117.1l), 117.1m), 123.4, 124.f) 124.m), 124.n), 128.4, 128.5, 173.2, 
173.9 y disposición adicional primera, serán de aplicación a los procedimientos que no 
hayan alcanzado su aprobación inicial.
Las demás modificaciones de la presente ley serán de aplicación inmediata, incluidos 
los expedientes ya iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
Disposición  adicional  primera.  Justificación  de  las  ayudas  para  la  reparación  y 
reconstrucción de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos acaecidos 
el 11 de mayo de 2011 en el municipio de Lorca.
1.  De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se consideran justificadas las ayudas para la reparación de 
viviendas otorgadas al amparo del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se 
regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de la viviendas afectadas por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en el municipio de Lorca, y de  s
acuerdo con el informe de daños y su valoración, que fue realizado o ratificado por los  e.
técnicos de la dirección general competente en materia de vivienda, según lo dispuesto  w.
en el artículo 6.3 del Decreto 68/2011, por haber sido beneficiarios al concurrir los  92ww
rceoqmupisriotobsa rd qeul ea rltaíc usulom 4a  ddeel  lcai tacduoa nDtíae cdreet ola.  Naoyu odbasst aontoterg, asdea sc,r umzaársá nla  loinsd edmatnoisz apcaiórna 
reesctaibbidleac ipdoor  peol rC loosn scoitracdioo sd eté cCnoicmopse.nsación de Seguros, no exceda del valor del peritaje  BOE-A-cable e
2.  De conformidad con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes  complementarias  para  apoyar  la  economía  y  el  empleo,  el  cual,  en  su 
Disposición  final  cuarta  y  en  su  Disposición  adicional  cuarta,  amplía  los  plazos 
inicialmente  previstos  para  ejecutar  las  obras  de  reconstrucción  de  daños  que  se 
establecían en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan 
medidas  urgentes,  para  reparar  los  daños  causados  por  los  movimientos  sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, todos aquellos beneficiarios de las ayudas 
para la reconstrucción podrán presentar las certificaciones de obra realizadas o que se 
realicen hasta el 31 de octubre de 2022 para el pago del importe pendiente de la 
subvención concedida.
Disposición adicional segunda.  Exenciones y bonificaciones.
Las tarifas por prestación de servicios portuarios podrán tener una reducción de 
hasta el 80 % cuando se justifiquen pérdidas como consecuencia de acontecimientos 
climatológicos  extraordinarios  o  quebrantos  que  por  su  violencia,  imprevisibilidad  y 
ajenidad a la conducta humana puedan ser constitutivos de fuerza mayor. Esta reducción 
se aplicará previa solicitud razonada del sujeto pasivo.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes leyes:
1.  Ley 8/2018, de 23 de junio, de ayudas de Lorca.
2.  Ley 8/2019, de 25 de julio, de ampliación del plazo de justificación de las ayudas 
percibidas para la reparación de viviendas afectadas por el terremoto de Lorca de 2011, 
mediante la presentación de la cuenta justificativa regulada por la Ley 8/2018, de 23 de 
julio, de ayudas de Lorca.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al consejero competente en la materia para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 27 de julio de 2020.–El Presidente, Fernando López Miras.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 176, de 31 de julio de 2020)