BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65  Viernes 13 de marzo de 2020  Sec. I.   Pág. 24996
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3580 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
I
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que la 
situación en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública 
de importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a 
proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad 
y reforzar el sistema de salud pública.
En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud 
pública, dentro del actual escenario de contención reforzada, coordinadas en el marco del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, junto con las 
adoptadas por otros países, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en 
particular sobre determinadas empresas y sectores de la economía española, así como 
sobre los ciudadanos de las zonas afectadas.
El reciente Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, adopta una serie de medidas urgentes, orientadas a evitar la propagación de la 
enfermedad, mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena 
y garantizar el suministro y la mejor distribución de medicamentos y productos sanitarios. 
Así, se ha previsto que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a 
accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social; y el suministro centralizado por la Administración, de forma 
temporal, en los casos en que un medicamento o producto sanitario se vea afectado por 
excepcionales dificultades de abastecimiento.
También el Consejo de Ministros de 10 de marzo ha acordado la prohibición de los 
vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos españoles entre los días 11 
y 25 de marzo.
Se han adoptado también otras medidas tales como la habilitación en los Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de una sala para el supuesto de que fuera 
necesario proceder al aislamiento de alguna persona, las labores de monitoreo de grupos 
vulnerables a COVID-19 y la recomendación del uso de los protocolos propuestos por 
Sanidad en los centros gestionados por otras instituciones. En el ámbito de las instituciones 
penitenciarias, se han tomado medidas para limitar los accesos durante 14 días a prisiones 
y centros de inserción social situados en Madrid, Vitoria y Labastida al tratarse de «zonas 
de transmisión significativa», y la suspensión o limitación de las comunicaciones familiares.
Además, en algunas comunidades autónomas se ha adoptado el cierre temporal de 
centros educativos y de atención a mayores, así como la suspensión de las actividades en 
espacios cerrados que reúnan a más de mil personas.
En el ámbito de la Unión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno celebraron el 10 
de marzo un Consejo Europeo extraordinario con el fin de analizar la situación en los  e.e
Estados Miembros y reiterar la necesidad de un enfoque europeo común, tomando las  b
medidas necesarias y actuando con rapidez. En este sentido, el Consejo Europeo identificó  80ww
cpuriaotPrriordi mapdreio rarai,ds liaemdgieutasrra: lra  plaro psaagluadc iódne d elol vsi rucsiu. Ldoasd aEnsotasd,o sy  mbieamsabrr olsa rse itaecraturoanc icoonmeos  meánx imlaas   OE-A-2020-35able en https://
recomendaciones científicas y de las autoridades sanitarias, con medidas proporcionales.
Segunda, el suministro de equipo médico. Se acordó encargar a la Comisión el análisis de 
las necesidades y la puesta en marcha de iniciativas para evitar situaciones de 
desabastecimiento, en colaboración con la industria y mediante contrataciones públicas 
conjuntas. Además, la Comisión tiene la intención de adquirir equipos de protección personal 
a través del Mecanismo de Protección Civil, prestando especial atención a mascarillas y 
respiradores. Tercera, la promoción de la investigación, en particular para el desarrollo de 
una vacuna. Y en cuarto lugar, hacer frente a las consecuencias socioeconómicas. La Unión 
y sus Estados miembros subrayaron su disposición a hacer uso de todos los instrumentos 
necesarios. En particular, atendiendo al impacto potencial en la liquidez, apoyando a 
las PYMES, a los sectores específicos afectados y a los trabajadores.
Para dar respuesta urgente a estas prioridades, la Comisión Europea está trabajando 
en dos frentes, el sanitario y el económico.
En el ámbito sanitario, se han anunciado actuaciones tales como la coordinación de 
medidas mediante conferencias telefónicas diarias con los Ministros de Sanidad e Interior, 
la organización de un equipo de epidemiólogos y virólogos de diferentes Estados miembros 
para proponer directrices a nivel europeo, el inventario de los equipos de protección y 
aparatos respiratorios disponibles, así como de su capacidad de producción y distribución, 
el refuerzo de la iniciativa europea para financiar la investigación específica sobre el 
Coronavirus y la movilización de 140 millones de euros de financiación pública y privada 
para investigación sobre vacunas, diagnóstico y tratamiento.
Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado también otras medidas en el ámbito 
económico. Así, se está llevando a cabo una imprescindible coordinación entre los Estados 
miembros, la Comisión y el Banco Central Europeo. Se quiere asimismo asegurar que las 
ayudas estatales puedan fluir a las empresas que las necesiten, adaptando, en su caso, la 
normativa de ayudas de estado y se aprovechará plenamente la flexibilidad que existe en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cabe destacar, además, que el 10 de marzo la 
Comisión Europea ha anunciado una «Iniciativa de Inversión de Respuesta al Coronavirus» 
dirigida a apoyar a los sistemas de atención de la salud, PYMES, mercado de trabajo, 
sectores especialmente afectados y otras áreas vulnerables, y presentará medidas que 
permitan utilizar de manera rápida y excepcional los Fondos Estructurales en ese sentido.
II
Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder 
al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector 
turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las 
autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre 
las PYMES y autónomos. En concreto, las medidas adoptadas se orientan a reforzar el 
sistema de salud pública, apoyar a las personas trabajadoras y familias más vulnerables 
afectadas por la situación excepcional y extraordinaria, garantizar la liquidez de las 
empresas del sector turístico y apoyar la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos. Además, el presente Real Decreto-ley establece unas medidas 
para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas.
El capítulo I adopta una serie de medidas de refuerzo en el ámbito sanitario.
La infección COVID-19 en España está provocando una tensión sin precedentes en el 
Sistema Nacional de Salud, tanto en los servicios prestadores de asistencia sanitaria como 
en los servicios de salud pública. s
La protección de la salud pública de la ciudadanía española, así como el tratamiento y  oe.
la recuperación de las personas afectadas por esta infección depende de la capacidad de  w.
róersgpaLunaeo ssat alce ordmtaep  lseaatsen Anittdaemrsia ien nias ctmrtauacatielo rnriaee qsdu esie asrnaeil tuaudrni adase ,c  leoasos  rCddeioncmaircu dinóeindl  aMsdiinen sisf iAtseuurtiróoan sdo eem nSatasre.n idlaasd  dyi sdtein tloass   2020-3580n https://ww
administraciones competentes, tanto a nivel nacional como internacional, que está siendo
liderada, con reconocimiento tanto poblacional como profesional, por el Ministerio de Sanidad. Bc
Asimismo, actualmente se están activando y ejecutando los planes de contingencia 
sanitarios por parte de las comunidades autónomas pero la situación actual requiere una 
reorganización acelerada y refuerzo, del Sistema Nacional de Seguridad Social, para 
garantizar, a todos los niveles, la protección de la salud, no solo individual sino también 
colectiva en España. Todo ello porque el enfoque se debe centrar en reforzar, con 
garantías, el control y la vigilancia epidemiológica, la atención en el ámbito domiciliario de 
los pacientes que lo permitan (no abordando solo el tratamiento y seguimiento de la 
enfermedad COVID-19, sino el necesario seguimiento ante otras patologías con objeto de 
garantizar la protección de su salud sin necesidad de acudir a los centros de salud ni a los 
hospitales), y la atención hospitalaria de las personas afectadas que lo requieran.
Esta situación excepcional requiere de una respuesta contundente, proporcionada, 
meditada y ágil por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, que 
lance un mensaje inequívoco a la ciudadanía y a los profesionales del Sistema Nacional 
de Salud mediante la dotación de recursos económicos adicionales a los que actualmente 
disponen las Administraciones sanitarias autonómicas para hacer frente a esta epidemia.
Por tanto, ante esta situación se dotan, con carácter excepcional, recursos 
presupuestarios con cargo al Fondo de Contingencia para atender los gastos ocasionados 
por las necesidades sanitarias que se presenten en las Comunidades Autónomas y mitigar 
las consecuencias sociales y económicas derivadas de esta pandemia.
Por otro lado, el Gobierno aprobó, en su reunión de Consejo de Ministros del día 11 de 
enero de 2019, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2019 que fue remitido a las Cortes Generales para proceder a su tramitación 
parlamentaria, habiendo sido rechazado en el debate de totalidad en el Pleno del Congreso 
de los Diputados de 13 de febrero de 2019.
El proyecto de ley constituía el vehículo ordinario para instrumentar, entre otras 
múltiples medidas, la actualización de la financiación de las administraciones territoriales 
que corresponde a las comunidades autónomas y las entidades locales en aplicación de 
sus respectivos sistemas de financiación para el ejercicio 2019.
Ante la situación de prórroga presupuestaria fue necesario proceder a la aprobación 
del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se reguló la actualización 
extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y 
se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de 
las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.
Dicho real decreto-ley tuvo como finalidad, entre otras evitar efectos relevantes e 
irreversibles sobre las finanzas públicas de los distintos niveles de la Administración.
En la actualidad, se encuentra en fase de elaboración el anteproyecto de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, si bien dicho anteproyecto todavía no se encuentra 
concluido. No obstante, el Gobierno ha aprobado recientemente el Acuerdo por el que se 
adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y se fija el 
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2020, Acuerdo que fue 
ratificado por el Congreso el 27 de febrero de 2020 y por el Senado el 4 de marzo de 2020.
El Fondo Monetario Internacional en la Declaración Final de la Misión de la Consulta 
del artículo IV de 2020 considera que ante el brote de coronavirus, se entiende que el 
gobierno deba dotar de recursos suficientes al sector sanitario, además de destinar un 
apoyo específico a los más afectados, y que estas medidas temporales de carácter 
extraordinario deberían intensificarse según sea necesario para prevenir y contener el  es
virus y mitigar el impacto económico. o
adcloo eslam  cslHapo Ca erCrbtoeeiomdsnnapcus oinactniiusdtd ueaeicnednitneó amtsn ed  asaeq tuEelu thrsóeieatn ac oetdhumseotto aa sdssbae  ldnde qeiecdu  eAaae duc ql utaeoues nehr odc igmlooai meíscano p,eCn es; to eeecm lno hecmuasincapqeisedu  tepaeemrndne ecamcsi iasea soAste  tuqraretiubaófelo nes rohcaziamandnrioat  as sserui idna pfo  ieonc ladoa asrrnrárucetnmíisca puicadolisoóanu ns1dm  e4eein8nnr      OE-A-2020-3580able en https://www.
esta crítica coyuntura.
Según los últimos datos disponibles del año 2018 de la clasificación funcional de las 
Administraciones Públicas Regionales el gasto en salud supone más del 36% del total de 
empleos no financieros del subsector de Comunidades Autónomas. Dicho porcentaje se eleva 
a más del 38% en relación a los presupuestos autonómicos aprobados para el ejercicio 2019, 
así como respecto a los datos disponibles de los presupuestos del ejercicio 2020. De esta 
manera, se evidencia que, en el conjunto de competencias autonómicas, los gastos sanitarios 
representan indudablemente la principal política de gasto, siendo a su vez, la que asume un 
mayor peso específico en el conjunto de servicios públicos fundamentales sobre los que se 
garantiza un nivel mínimo en el conjunto del territorio español.
Las actuales circunstancias en relación a los gastos sanitarios que resulta necesario 
asumir por las Comunidades Autónomas para prestar la atención sanitaria y controlar la 
propagación derivada del COVID-19, se unen a una presión, ya de por sí alcista, del gasto 
sanitario, que con carácter estructural viene afectando a dicho ámbito, y que es preciso 
atender para procurar por parte del conjunto de Administraciones Públicas el mejor servicio 
público posible a los ciudadanos, con las necesarias garantías de acceso y equidad a 
dichos servicios sanitarios y a las innovaciones farmacéuticas y terapéuticas disponibles. 
Todo ello, hace necesario arbitrar las medidas financieras oportunas que permitan asegurar 
la adecuada atención de las necesidades sanitarias de la  población y de los 
correspondientes Servicios de Salud.
De no aprobarse el presente real decreto ley las Comunidades Autónomas podrían verse 
abocadas a una difícil situación financiera que les dificultaría y podría poner en riesgo el 
adecuado desempeño de las labores sanitarias que les corresponden ante la situación de 
pandemia declarada, debiendo dotarse de recursos suficientes al sector sanitario.
Con la finalidad de evitar estos perjuicios al interés general, este capítulo adopta las 
medidas de ajuste imprescindibles para actualizar las entregas a cuenta de las 
administraciones territoriales. Esta actualización no altera el régimen financiero actual de 
las comunidades autónomas y no puede considerarse una modificación o alteración del 
mismo, sino que por el contrario se basa en la aplicación de los artículos 12 a 20 de la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
El artículo 2 regula la actualización de entregas a cuenta de comunidades autónomas; 
el artículo 3 establece que para la determinación de la actualización del importe de las 
entregas a cuenta, la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión a las 
administraciones territoriales será la disponible en el momento de publicación del presente 
Real Decreto-ley para la elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para 2020, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2009 
anteriormente citada, el artículo 4 se ocupa de los restantes parámetros, variables o datos 
de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre; el artículo 5 regula cómo se llevarán a cabo los 
libramientos que, en aplicación del sistema de financiación autonómica, se efectúen por la 
Administración General del Estado a favor de las comunidades autónomas en los meses 
posteriores al de la entrada en vigor del presente real decreto-ley; el artículo 6 regula los 
suplementos de créditos necesarios para financiar estas entregas a cuenta.
Por otro lado, este capítulo también procede a la modificación del artículo 94.3 del 
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a fin de incorporar 
la posibilidad de que el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación de los precios de 
otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional y de prever que, 
cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública,  es
la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos pueda fijar el importe máximo  o
dpneerel o fcvidneCeu snodcatntearoi   osgea salsl l rpaopaún,an birtstaaliiez crla iaootr  rs dpas ernutoa o ltoa  esdsccu cecmjee iópsetonoods  isdca aieabd  mpiellaircete ausnsaratc odlruusiopnd  yca a pio  óolitannrb o tmlceasiur cépviddoreaioncnddaacau,li, ncó adtínsoae ís,  t cv.eyoe mmlnuptcoaoh  draaaelr l  p ofreúterbnonl  ittceeipol  ao.p   Tdlraoee dc epoixor poe addllonue cs ctiloóoonnss     OE-A-2020-3580able en https://www.
del COVID-19 en nuestro país.
El capítulo II, por su parte, introduce las medidas de apoyo a la familia.
En primer lugar, se asegura el derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos 
decretado en diferentes zonas del país como medida para frenar la expansión del COVID-19. 
La medida tiene como objetivo prevenir situaciones de carencia como consecuencia de la 
falta de acceso a los servicios de comedor de los centros educativos de los que algunos 
de estos niños y niñas disfrutan gracias a las becas de comedor. La atención de los 
menores en condiciones de vulnerabilidad es una de las prioridades estratégicas del 
Gobierno y en las actuales circunstancias deben ser un colectivo especialmente protegido.
El real decreto-ley establece las medidas (ayudas económicas o prestaciones directas 
de servicios de distribución de alimentos) gestionadas por los servicios sociales de 
atención primaria en coordinación con los centros escolares y las respectivas consejerías 
de educación y de servicios sociales de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla; y 
aprueba la concesión de suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 por importe total de 25.000.000 euros para financiar las 
correspondientes transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para 
proceder a la puesta en marcha de las medidas.
En segundo lugar, en el ámbito de la educación obligatoria, debe tenerse en cuenta 
que la interrupción de las actividades lectivas presenciales en los centros educativos, que 
pudiera adoptarse como medida de contención sanitaria, obliga a la modificación del 
calendario escolar establecido por cada administración educativa, en el marco de la norma 
básica fijada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de que 
por las citadas administraciones se pueda ordenar de una manera flexible el desarrollo del 
curso escolar, con la combinación de actividades no presenciales que resulten adecuadas.
En tercer lugar, en coherencia con lo establecido para los trabajadores encuadrados 
en el Régimen General de Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de 
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y 
para la protección de la salud pública, y con la finalidad de evitar la propagación de la 
enfermedad y mantener la protección social de la ciudadanía, se establece también para 
el personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo que los periodos de 
aislamiento o contagio como consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de 
situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por 
incapacidad temporal del correspondiente régimen especial de Seguridad Social.
El capítulo III articula medidas de apoyo al sector del turismo.
En primer lugar, este real decreto-ley articula una línea de financiación a determinadas 
empresas y autónomos que se consideran especialmente afectados por el COVID-19. Esta 
línea de financiación fue creada por el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura 
de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, y sus instrumentos 
de desarrollo, que establecieron una línea de financiación de 200 millones de euros, 
gestionada por el Instituto de Crédito Oficial y con una garantía parcial del 50% del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, para las empresas y trabajadores autónomos del sector 
turístico y de actividades conexas con el mismo.
Se ha constatado en la actual crisis que uno de los principales sectores económicos 
afectados está siendo el sector turístico, y ello, por las restricciones a la libre circulación de 
personas que se están tomando y la menor demanda de servicios turísticos por la  s
incertidumbre y el efecto precaución. Todo ello está teniendo un impacto económico  oe.
importante en las líneas aéreas, en el sector turístico y en el comercio minorista. Un  w.
e(sOijteuMmáTpn)ldo or edlaevsi s eeólln os  ueunss   q-p1ue%er s epal e p-c3at%isvaa,d sloo  d dqeíua e ll6 es gduaepd omansae r dzuoen,  atlu apr iOésrtrdagisad naiin zetaescrtiniómanac Midoaun naddleeia sel  ndptearler aT 3 u20ri0.s02m00o0,    2020-3580n https://ww
y 50.000 millones de dólares (EE.UU.) en ingresos procedentes del turismo internacional.
Antes del brote del COVID-19, la OMT había previsto un crecimiento positivo de entre  Bc
el 3% y el 4% para este año.
En consecuencia, la irrupción del COVID-19 está afectando severamente y de forma 
generalizada al sector turístico, que constituye uno de los sectores clave (12,3% del 
Producto Interior Bruto) de una potencia turística como España, cuyos operadores 
económicos necesitan, con carácter urgente, medidas de apoyo financiero para poder 
compensar, en lo posible, los descensos de sus ingresos ordinarios, y dotarse de liquidez 
para hacer frente a sus obligaciones.
Por consiguiente, con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, se refuerza y 
extiende la referida línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la 
insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook, a los afectados por la crisis 
desencadenada por el COVID-19, por lo que dicha línea de financiación se extiende a 
todas las empresas y trabajadores autónomos establecidos en España y encuadrados en 
los sectores económicos definidos en la disposición adicional primera que son los que, por 
el momento, están siendo especialmente afectados por la misma. Asimismo, la línea de 
financiación se dota con 200 millones de euros adicionales a los 200 millones de euros 
inicialmente previstos.
Como los términos y condiciones de esta línea de financiación ampliada son idénticos 
a los ya establecidos por el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, y por 
sus instrumentos de desarrollo, su aplicación será automática a la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley, sin necesidad de desarrollo normativo o convencional, o acto jurídico de 
aplicación, alguno, que demorarían en exceso la necesaria aplicación de la medida, 
instruyéndose al ICO para que con carácter inmediato realice las gestiones oportunas con 
las entidades financieras para que la línea de financiación ampliada esté operativa en el 
plazo máximo de diez días desde la entrada en vigor.
En segundo lugar, la situación excepcional provocada por el COVID-19 puede tener 
una especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos que trabajan en 
el sector turístico y en todos los sectores vinculados al mismo en todas las comunidades 
autónomas. Por ello, en el presente real decreto-ley, como medida extraordinaria, se 
anticipa y se amplía a los meses de febrero a junio de 2020 la aplicación de esta 
bonificación respecto de aquellos trabajadores que pueden verse más afectados por la 
situación excepcional mencionada en todas las comunidades autónomas.
El capítulo IV recoge las medidas de apoyo financiero transitorio.
Así, se persigue mitigar el posible impacto que el escenario de contención reforzada 
pueda tener en los sectores más vulnerables de la economía, esto es, PYMES y 
autónomos.
Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar 
estos colectivos, se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo 
durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a PYMES y autónomos, previa 
solicitud, en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses.
Por otro lado, la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha establecido como objetivo fundamental de la 
política industrial contribuir al aumento del peso del sector industrial en la economía 
española, que se situó en el 14,2% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Para estimular 
el desarrollo industrial se aprobó un marco normativo para la financiación de proyectos de 
inversión para la mejora de la competitividad industrial, la sostenibilidad, la transformación 
digital o que contribuyan a la reindustrialización. Este estímulo adopta la forma de apoyo 
financiero a proyectos industriales en diferentes programas regulados mediante sus 
respectivas órdenes de bases a través de la concesión de préstamos a largo plazo. e.e
La irrupción del COVID-19 está afectando a la cadena de valor de amplios sectores  w.b
industriales, especialmente internacionalizados y está incrementando el coste de la  80ww
psero dpurocpcoiórnci odneab idao l oasl  moapyeorar dcoorsetes  leocgoísntiócmo idceo sim, mpoerdtaidcaiósn  ddee  appieozyaos  fyin saunmciienrisot rpoasr. aP opro edlelor 
cpoamrap heancsearr ,f reenn tleo  ap ossuisb loeb, lliogsa cdieosnceesn.sos de sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez
En este sentido, se considera esencial que las empresas que hayan recibido apoyo 
financiero a la inversión industrial a través de préstamos de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan solicitar el aplazamiento de reembolso.
El capítulo V, por su parte, adopta una serie de medidas para la gestión eficiente de las 
Administraciones Públicas.
El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece la tramitación 
de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades 
que afecten a la defensa nacional. Este régimen excepcional en la contratación pública 
encaja a la perfección en la situación actual para hacer frente al COVID-19.
Así en lo que respecta a este real decreto-ley, este capítulo determina la tramitación de 
emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la 
Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer 
frente al COVID-19.
Por otro lado, dado el contexto presupuestario actual de Prorroga de los Presupuestos 
Generales del Estado se arbitran mecanismos excepcionales que permitan la transferencia 
de recursos entre Secciones Presupuestarias con el fin de poder atender todas las 
necesidades que se presenten, preservando la estabilidad presupuestaria.
Por último, también en el contexto de la situación creada como consecuencia de la 
propagación del coronavirus COVID-19, la disposición final primera modifica la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, a fin de establecer la posibilidad de que el Presidente del 
Gobierno, en situaciones excepcionales y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, decida 
motivadamente que el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, 
adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, con las debidas 
garantías.
Dicha previsión afecta, exclusivamente, a un aspecto parcial y concreto del régimen de 
funcionamiento del Gobierno en tanto que órgano colegiado de dirección política, y no a 
elementos estructurales, esenciales o generales de su organización y funcionamiento 
(STC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4).
Por otra parte, los términos de la citada modificación son respetuosos con el principio 
subyacente al artículo 97 de la Constitución, conforme al cual la reunión presencial del 
Gobierno debe ser la regla general, puesto que, en línea con lo señalado en la reciente 
STC 45/2019, de 27 de marzo, (FJ 6 B), la celebración de sesiones y la adopción de 
acuerdos a distancia debe reservarse para casos justificados, excepcionales y con las 
oportunas garantías.
III
La adopción de medidas de carácter económico mediante Real Decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio–. s
El Real Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el  oe.
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro  w.
TFc.or inb4cu, rn1ea3tla7 C,/ 2od0ne0sn3ttir,t oud cedio e3n  alodl se( s ojeubnlijtoee,tn ivFco.ia s3s   gy6u /11b98e89rn3/2a, 0md0ee5 n4, t dadelee  s7fe,  jbquruleioero,  p,F oF. r.3  5r)a,;  z1so1un/b2ev0se0 nd2ir,if  ídace ilu e1ns7a  d dseei t upearneceviróeonr,    2020-3580n https://ww
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes,  Bc
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La situación generada por la declaración de emergencia de salud pública de 
importancia internacional genera la concurrencia de motivos de salud pública que justifican 
la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas. En el actual escenario de 
contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar 
su propagación para proteger la salud pública.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse 
demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de 
uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 
111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado 
el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real 
decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es 
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la 
consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de 
seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al 
principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, 
audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de 
decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no 
impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los Ministros de Hacienda, de 
Educación y Formación Profesional, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio 
y Turismo, de Sanidad, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 2020, 
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de refuerzo en el ámbito sanitario
Artículo 1.  Concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad para 
atender gastos extraordinarios del Sistema Nacional de Salud. e.e
Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito  w.
extraordinario por un importe total de 1.000 millones de euros en el Ministerio de Sanidad,  80ww
aSpalliucadc dióenr ipvraedsousp udees tlaar iae m26e.r0g9e.n3c1i3aA d.2e2 8s a«lGuda sptoúsb loicraig ineand roesl aecnió enl  Sciosnte mela C Noavcidio-n1a9l  eden 
EspLaañ afi»n,a pnacriaac cióonn tdrieblu cirré ad iltao  feinxatrnacoiardciinóanr idoe s elo sre cailtiazdaorás  dgea sctoonsf oerxmtriadoardd cinoanr iloos e.stablecido  BOE-A-cable e
en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Este crédito tendrá el carácter de ampliable y no le será de aplicación las limitaciones 
contenidas en los artículos 52.1 c) y 54.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Asimismo, le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 2.  Actualización de entregas a cuenta de comunidades autónomas.
Durante el ejercicio 2020, el importe de las entregas a cuenta de los recursos sujetos 
a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en situación de prórroga 
presupuestaria se actualizará conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes 
de este capítulo.
Artículo 3.  Ingresos tributarios previos a la cesión.
Para la determinación de la actualización del importe de las entregas a cuenta, a los 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las 
administraciones territoriales, por figuras y conceptos tributarios referidos en tales artículos, 
serán las disponibles en el momento de publicación de este real decreto-ley para la 
elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y que 
se recogen a continuación:
Importe
Conceptos –
Millones de euros
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 91.340
Impuesto sobre el Valor Añadido. 74.991
Impuestos Especiales. 22.184
Alcohol y bebidas derivadas.    815
Cerveza.    344
Productos Intermedios.     22
Hidrocarburos. 12.988
Labores del tabaco.  6.530
Electricidad.  1.406
Artículo 4.  Otros parámetros, variables o datos de referencia.
El valor de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para 
la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, en los términos previstos en los mismos, se efectuará con referencia a su 
situación de publicación, disponibilidad o periodo de liquidación, según corresponda,  e.
disponibles al momento de publicación de este real Decreto-ley. w.b
ArtícLuol od i5s.p ueLsibtora emni elonsto asr.tículos 3 y 4 se aplicará a los libramientos que, en aplicación del
sai sfatevmora d dee l afisn acnocmiaucnióidna daeusto anuótmónicoam, saes  eefne clotús emne psoers l ap oAsdtmeriinoirsetrsa acli ódne  Glae ennetrraal ddae le En svtiagdoor   BOE-A-cable e
del presente real decreto-ley.
   
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe adicional que resulte de 
esta actualización con respecto al importe de las entregas a cuenta que actualmente están 
percibiendo las comunidades autónomas en situación de prórroga presupuestaria, se 
librará en los dos meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
 
Artículo 6.  Suplementos de crédito para la actualización extraordinaria de las entregas a 
cuentas de las comunidades autónomas.
Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de los recursos 
sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas se 
conceden suplementos de crédito en el concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global» del 
Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los 
  ingresos del Estado» en los siguientes servicios de la Sección 36 «Sistemas de financiación 
de Entes Territoriales» por los importes que se indican:
 
 
Importe
 Aplicación Presupuestaria Denominación
(miles de euros)
36.03.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Galicia 15.442,32 
36.05.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Principado de Asturias 3.629,35 
36.06.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Cantabria 25.752,98 
36.07.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:La Rioja 10.536,20 
36.10.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Aragón 6.485,68 
36.14.941M.451     Fondo de Suficiencia Global: Extremadura 18.912,68 
36.17.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Castilla y León 6.587,27 
36.18.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Melilla 1.719,64 
36.19.941M.451     Fondo de Suficiencia Global:Ceuta 2.147,60  
  Asimismo, para financiar la actualización de las entregas a cuenta de la aportación del 
Estado al Fondo de Garantía se concede un suplemento de crédito por importe 
de 557.406,00 miles de euros en el concepto 453 «Aportación del Estado al Fondo de 
Garantía», del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por 
participación en los ingresos del Estado», del servicio 20 «Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. Varias CC. AA.», de la Sección 36 «Sistemas de 
Financiación de Entes Territoriales».
Artículo 7.  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio.
Se modifica el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, que queda redactado como sigue:
«3.  El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los  e.
medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de  w.
otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional que se dispensen  80ww
en eCl tuearrnitdoorio e exsisptaañ ouln, asi gsuitiuenadcoió unn e rxécgeimpceino ngeanl esraanl iotabrjeiati,v oc oyn t raenl sfipna rdeen tper.oteger la
sfiajalur de l pimúbploicrate,  lma áCxoimmois dióen v Ienntetarm ailn pisútbelriciaol  ddee  lPosre mcioesd icdaem loesn tMose dy icparomdeuncttooss  pao qduráe   BOE-A-cable e
se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional.»
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo a las familias
Artículo 8.  Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos.
1.  Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de comedor 
durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos 
tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos.
2.  La gestión de estas medidas se llevará a cabo por parte de los servicios sociales 
de atención primaria en coordinación con los centros escolares y las respectivas 
consejerías de educación y de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Ceuta 
y Melilla.
3.  Serán beneficiarias las familias con alumnado de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria a quienes las Comunidades Autónomas, Ceuta 
y Melilla o los servicios sociales municipales han concedido becas o ayudas para el 
comedor escolar durante el presente curso académico.
4.  Estas medidas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros 
educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.
Artículo 9.  Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar los programas de servicios sociales 
de las comunidades autónomas.
1.  Para proceder al pago de las ayudas a que se refiere el presente real decreto-ley, 
se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de 
crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 25.000.000 
euros, en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 «Protección a la familia y 
atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales».
La financiación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes 
transferencias a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para proceder a la concesión 
de la ayuda regulada en el artículo anterior.
3.  La distribución territorial de los créditos destinados a las Comunidades Autónomas 
y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la concesión de las ayudas a las que se refiere este 
real decreto-ley se realizará de acuerdo con los mismos criterios utilizados para la 
distribución económica del crédito del subprograma A2 «Programa específico para 
garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las 
vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral» del «Programa de 
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil», establecidos en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 5 de julio de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
se destinan a la financiación de los planes o programas sociales, para el ejercicio 2019, 
publicado mediante la Orden SCB/777/2019, de 15 de julio.
Artículo 10.  Calendario escolar en la enseñanza obligatoria. es
En el curso 2019-2020, las administraciones educativas podrán adaptar el límite  w.
mínimo de días lectivos al que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley  80ww
Omregdáidnaicsa d e2 /c2o0n0t6e,n cdieó n3 s adnei tamriaay qou, ed see E adduocpatecnió yn ,s uap olansg anne clae sinidteardruepsc idóenr divea dacatsiv iddea dlaess 
lmeoctdiavalidsa dperes sdeen acpiaolyeos ,e dcuucaantdivoo  asle a lhuumbniaedraon. sustituido tales actividades por otras  BOE-A-cable e
Artículo 11.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo 
de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes 
Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19.
1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter excepcional, 
situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de incapacidad 
temporal que reconoce el mutualismo administrativo, aquellos periodos de aislamiento o 
contagio provocados por el COVID-19.
2.  En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada 
por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la fecha 
del hecho causante en situación de alta en el correspondiente Régimen Especial de 
Seguridad Social.
4.  La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o 
enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad 
a esa fecha.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo al sector del turismo
Artículo 12.  Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto 
de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos.
1.  La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, 
de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la 
apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se amplía 
a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén 
incluidos en los sectores económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este 
Real Decreto-ley y contará con 200 millones de euros adicionales a los previstos 
inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre.
La partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de garantía 
del 50% de los créditos dispuestos de la línea ICO, se amplía de los 100 millones de euros 
iniciales hasta los 200 millones de euros para dar cobertura a la línea de financiación 
ampliada de hasta 400 millones de euros, ajustándose los importes presupuestarios 
correspondientes en cada año a estos nuevos límites.
Para ampliar la partida presupuestaria de garantía del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo se autorizan nuevos límites de compromisos de gasto que modifican los 
aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 20 de diciembre de 2019 por los 
importes que se indican:
Compromiso máximo a adquirir
–
Año Euros
20.04.432A.441 20.04.432A.359
2019 0,00 20.000,00
2020 0,00 20.000,00
2021 0,00 40.000,00 oe.
2022 5.000.000,00 1.040.000,00 80ww
2023 10.000.000,00 100.000,00
22002245 3600..000000..000000,,0000 8400..000000,,0000 BOE-A-cable e
Compromiso máximo a adquirir
–
Año Euros
20.04.432A.441 20.04.432A.359
2026 60.000.000,00 20.000,00
2027 35.000.000,00 20.000,00
Total 200.000.000,00 1.380.000,00
2.  Se aplicarán a esta línea de financiación y a la correspondiente garantía ampliada, 
de modo automático y a la entrada en vigor de este real decreto -ley, los mismos términos 
y condiciones que los aprobados para la línea de financiación prevista en el artículo 4 del 
Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, tanto los previstos en el referido artículo 4, 
como los previstos en el conjunto de instrumentos que lo desarrollan y han servido para la 
puesta en marcha de la referida línea de financiación, sin que sea necesario desarrollo 
normativo, convencional, o acto jurídico de aplicación alguno.
En concreto, se aplicarán los términos y condiciones establecidos en los Acuerdos de 
Consejo de Ministros aprobados para la implementación de la citada línea de financiación 
y garantía, de fechas 20 de diciembre de 2019, si bien modificado según los nuevos límites 
de compromisos de gasto, y 27 de diciembre de 2019, así como el Acuerdo de Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de octubre de 2019 y el Convenio 
formalizado entre el ICO y la Secretaria de Estado de Turismo el 27 de diciembre de 2019.
3.  Se instruye al ICO para que con carácter inmediato a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley realice las gestiones necesarias con las entidades financieras para que la 
línea de financiación ampliada pueda estar a disposición de las empresas en el plazo 
máximo de diez días a contar desde la referida entrada en vigor.
Artículo 13.  Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los 
trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y 
hostelería vinculados a la actividad turística.
1.  Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y 
hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen 
actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o 
mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos 
de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por 
ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así 
como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación 
Profesional de dichos trabajadores.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el 
día 31 de diciembre de 2020.
2.  La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio 
nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, durante los 
meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los mencionados meses, 
la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de  s
procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. oe.
CAPÍTULO IV
Medidas de apoyo financiero transitorio
Artículo 14.  Aplazamiento de deudas tributarias.
1.  En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda 
tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 
cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que 
las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el 
artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
2.  Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen 
referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
3.  Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea 
persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el 
año 2019.
4.  Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a)  El plazo será de seis meses.
b)  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 
aplazamiento.
Artículo 15.  Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en 
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.
1.  Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a 
proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses 
de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a 
contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, 
reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de 
valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Esta solicitud conllevará, en 
caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos.
Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en 
periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la 
resolución de concesión.
2.  La solicitud presentada deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de 
atender al pago del próximo vencimiento de acuerdo con lo establecido en el apartado 
anterior. Esta justificación deberá incluir una imagen de las cuentas justo antes de que se 
produjese la situación a que se refiere el apartado 1, una explicación cualitativa y 
cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su valoración económica y 
financiera, así como un plan de actuación para paliar esos efectos.
b)  En el caso de que el plazo de realización de las inversiones no hubiera finalizado,  s
deberá incluirse una memoria técnica y económica justificativa de las inversiones  e.
realizadas con cargo al préstamo hasta ese momento y desglosado por partidas. Se  w.
incluirá una tabla con los datos de las inversiones y gastos ejecutados (facturas y pagos),  80ww
así cco) moU dnea  lodse ccloamrapcrioómn isroess pdoen gsaasbtole r edaeli zqaudeo sl,a t oedmo perlleos dae beisdtaám aeln tceo arrcierendteita ddoe. sus
oabyuligdaacsi oon persé strtiabmutoasri acso ny  clao An dlam sineigsutrraidcaiódn s, oyc diael ,q duee q huae  cnuom tipelnideo d ceound sauss p oobr lriegiancteiognreoss  ddee   BOE-A-cable e
presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
3.  No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes casos:
a)  Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa 
modificación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 
Administración.
d)  Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas 
ante el Registro Mercantil.
e)  Que el vencimiento de deuda sea consecuencia de un reintegro por incumplimiento 
o renuncia.
f)  Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de justificación de 
inversiones, no exista un grado de avance suficiente y que no garantice el cumplimiento de 
los objetivos comprometidos en la resolución de concesión.
4.  En caso de que así se estableciera para el correspondiente programa, la solicitud 
de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones de la guía que se 
publique a estos efectos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa.
5.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de un 
mes contado a partir de la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el 
órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
CAPÍTULO V
Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas
Artículo 16.  Contratación.
1.  La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los 
órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará 
la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos 
que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos 
públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la 
protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para 
hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
3.  El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere 
la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 
se realizarán a justificar.
Artículo 17.  Habilitación para realizar transferencias de crédito.
El Gobierno, excepcionalmente y hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, podrá autorizar transferencias de crédito entre  e.
secciones presupuestarias para atender necesidades ineludibles y en casos distintos de  w.
los previstos en el artículo 52.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General  80ww
Plar eospuoprtuuensat aprriao.p Aue esstato.s efectos, la Ministra de Hacienda elevará al Consejo de Ministros
Disposición adicional primera.  Ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada 
Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas 
en determinados sectores económicos.
Podrán ser destinatarios de la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real 
Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas 
Cook, ampliada conforme a lo establecido en el artículo 13, las empresas y autónomos con 
domicilio social en España que formalicen operaciones en la Línea «ICO Empresas y 
Emprendedores», cuya actividad se encuadre en uno de los siguientes CNAE del sector 
turístico:
Cód. CNAE2009 Título CNAE2009
493 Otro transporte terrestre de pasajeros.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
511 Transporte aéreo de pasajeros.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
5223 Actividades anexas al transporte aéreo
551 Hoteles y alojamientos similares.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
559 Otros alojamientos.
5590 Otros alojamientos.
56 Servicios de comidas y bebidas.
561 Restaurantes y puestos de comidas.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629 Otros servicios de comidas.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos. e.
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 80ww
798959051 OOActtrrtoaivs ied sdaeudrcevaiscc idioóesn  .bdieb lrioetseecravsa,s a yr cahcitvivoisd,a mdeuss ereolsa cyi oontraadsa asc ctiovnid alodse ms icsumltousra.les. OE-A-2020-35able en https://
Cód. CNAE2009 Título CNAE2009
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos.
9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Actividades recreativas y entretenimiento.
Disposición adicional segunda.  Habilitación de créditos presupuestarios.
Por parte del Ministerio de Hacienda se dotarán los créditos presupuestarios que 
resulten precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas extraordinarias que 
requiera la aplicación de este real decreto-ley.
Disposición adicional tercera.  Créditos presupuestarios.
Las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con lo previsto en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidos con cargo a 
las disponibilidades presupuestarias existentes. Para ello, el Ministerio de Hacienda 
aprobará las modificaciones presupuestarias correspondientes.
Disposición transitoria única.  Aplicación de determinadas medidas del Real Decreto-ley.
Lo dispuesto en el artículo 16 será de aplicación a los contratos necesarios para hacer 
frente a la situación objeto de este real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado 
con anterioridad a su entrada en vigor.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.
Se añade una nueva disposición adicional tercera a la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, con el siguiente contenido:
«1.  En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, 
el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de 
Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos 
y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 
Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la 
sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o 
reservado de sus deliberaciones.
2.  A  estos  efectos,  se  consideran  medios  electrónicos  válidos  las 
audioconferencias y videoconferencias.»
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales,  e.e
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el  w.b
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto-ley. 80ww
Disposición final tercera.  Título competencial.
Este Real Decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª, 13.ª y 30.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y normas básicas para 
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determina que persisten 
las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación.
Dado en Madrid, el 12 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN