BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Martes 19 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 4517
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
757 Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter 
administrativo, tributario y de control financiero.
El artículo 67.6.a del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las últimas circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 y el contexto 
generado se han traducido en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias por parte 
del Gobierno con la adopción de varios decretos ley, que hay que ampliar con la 
aprobación de un nuevo Decreto ley que apruebe medidas de carácter administrativo, 
tributario y de control financiero.
Este Decreto ley se estructura en tres capítulos: un capítulo 1 con medidas en 
materia administrativa, un capítulo 2 con medidas tributarias y un capítulo 3 con medidas 
en  materia  de  la  función  interventora.  Contiene  cinco  artículos,  así  como  dos 
disposiciones adicionales y una disposición final de entrada en vigor inmediata.
El capítulo 1 tiene 3 artículos. El artículo 1 regula el régimen jurídico de las ayudas 
extraordinarias. A este efecto, en el apartado 1, respecto de la regulación actual del 
procedimiento de concesión de ayudas, incorpora un trámite potestativo previo cuando se 
trate de la concesión de ayudas en situaciones de carácter excepcional, como las que se 
requieren en la situación actual de pandemia originada por la COVID-19 y que tienen 
como característica primordial el hecho de tener un número de potenciales beneficiarios 
muy relevante. Esta situación requiere que la respuesta de la administración se produzca 
con la mayor rapidez, sin perjuicio del cumplimiento del principio de seguridad jurídica y, al 
mismo  tiempo,  exigiendo  al  administrado  el  cumplimiento  de  los  mínimos  trámites 
posibles. Para definir con claridad los términos en los cuales se debe producir la ayuda, 
resulta igualmente necesario que la administración disponga de los datos que sean 
relevantes para la definición de las bases de la respectiva convocatoria. En atención a 
esta circunstancia, no se modifica el régimen actualmente vigente, que consiste en la 
aprobación de unas bases de la convocatoria y una convocatoria posterior, y se establece 
la posibilidad de que con carácter previo a la publicación de estas el órgano convocante, 
que será el competente en atención a la naturaleza de la ayuda, pueda publicar una orden 
en la cual abra, respecto de las personas que puedan tener el carácter de beneficiarios de 
la línea de ayudas que se pretende otorgar y que cumplan los requisitos mínimos que la 
orden establezca, un plazo no superior a 15 días naturales para inscribirse con carácter 
previo a la publicación. Eso permitirá a las personas inscritas, una vez publicada la  s
convocatoria y sin ningún otro tipo de actuación, tener el carácter de solicitantes de la  oe.
ayuda, que percibirán si además cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.  w.
La regulación es respetuosa con la normativa en materia de protección de datos y, dado  7w
qdeuecl alara ecniótrna drae sdpeo nlossa bdlaet,o ss er epqrueevréid oasp laicl ainr telares sacodnos seec uheancceia asm jpuarírdaidcaas e np rleav fisigtausra  edne  llaa 
qnuorem saeti vpau eend ac acsroe adre c foanls ecdaarádc ote rin peexarmctaitnuedn dtee  uenst ar.e gPiostrr oo trdae  ptararttea,m eile anptoa rdtaed olo s2  pdraetvoés   BOE-A-cable e
obtenidos en ocasión de los procedimientos de concesión de ayudas extraordinarias 
gestionadas por el departamento competente por razón de la naturaleza de la ayuda. Este 
registro se alimentará de los datos suministrados por los interesados en la fase de 
inscripción previa de cada línea de ayudas extraordinarias y que se encuentran protegidos 
por la normativa de protección de datos y, por lo tanto, no pueden ser utilizados para otras 
finalidades que las de conceder ayudas.
El artículo 2 regula la verificación de los requisitos exigidos en las bases reguladoras 
y las convocatorias de las ayudas mientras dure la pandemia de la COVID-19 y sus 
efectos dentro del contexto de las distintas medidas tomadas durante la pandemia. Se 
incluyen las relativas a paliar los efectos perniciosos que ha generado en la economía y 
que, entre otras, consisten en la movilización de los recursos de apoyo económico y de 
protección social de la ciudadanía y de los sectores económicos que verán limitada su 
actividad, y se aplicarán mediante las correspondientes ayudas y subvenciones.
Estas medidas deben producir efectos en el menor plazo posible para garantizar la 
protección real y efectiva de dichos sectores.
Por este motivo, con respecto a la concesión de las ayudas a favor de personas 
físicas o jurídicas por razón de un estado, situación o hecho en que se encuentren o que 
soporten con la finalidad de cubrir sus necesidades y derechos básicos, o por otras 
razones de interés general, la tramitación debe ser ágil y rápida para que puedan cumplir 
la finalidad para la cual han sido creadas y/o convocadas.
En consecuencia, es prioritario agilizar los procedimientos de concesión de estas 
ayudas y a este efecto hay que disponer de un mecanismo que permita efectuar las 
verificaciones necesarias con relación a los requisitos establecidos para concederlas y 
que a la vez dé la celeridad suficiente para que los beneficiarios puedan obtenerlas de 
forma que se cumpla la finalidad para la cual han sido concedidas.
En este sentido, se considera procedente simplificar las fases del procedimiento de 
las ayudas que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación 
en el perceptor. A este efecto, resulta de aplicación lo que establece el artículo 24 del 
Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, ya que permite formas de 
simplificar  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social y, en definitiva, de flexibilizar la acreditación de los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario. Asimismo, también resulta procedente aplicar el 
apartado  7  del  artículo  30  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de 
subvenciones,  que,  con  relación  a  esta  tipología  de  ayudas,  simplifica  la  fase  de 
justificación estableciendo que se limite a la acreditación por cualquier medio admisible 
en derecho de la situación en virtud de la cual se reconoce el derecho a obtener la ayuda 
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que puedan establecerse para 
verificar su existencia.
De  acuerdo  con  ello,  se  establece  el  uso  de  la  declaración  responsable  para 
acreditar  los  requisitos  para  ser  beneficiario  de  la  ayuda  y  el  uso  de  un  plan  de 
verificación que debe aprobar el órgano concedente en cuanto a la verificación de la 
justificación del estado, situación o hecho en que se encuentre o soporte a la persona 
solicitante de la ayuda.
Finalmente, en relación con la medida administrativa en el ámbito de la regulación 
del juego, el artículo 3 suspende los plazos de caducidad de las autorizaciones de 
emplazamiento y de los permisos de explotación de máquinas recreativas de tipo B 
instaladas  en  establecimientos  de  hostelería  y  asimilados,  así  como  también  de  la  s
inscripción de las empresas operadoras de máquinas recreativas hasta el 30 de junio  oe.
del 2021. La medida pretende dar respuesta a la situación de crisis que las restricciones  w.
derivadas de la pandemia provocan en los establecimientos de hostelería, donde se  7w
encuEenn terla nca inpsíttualloa d2o, ss elo sa parpuaerbaato su,n ya  tmamedbiidéan  etrnib luotsa roiap eerna deol reásm dbeit oju deeglo i.mpuesto sobre
tarpaonysom iasli osneecsto pr adtreim lao nhiaolsetse leyr íaac tyo sd eju rlaíd irceossta duoracucimóne,n teand oesl .a Crtoícmuloo  u4n as em eesdtiadbal emceá su ndae   BOE-A-cable e
bonificación de las concesiones administrativas o actos administrativos equiparables que 
otorguen el aprovechamiento privativo del dominio público para su uso como terraza, 
devengadas entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2021. La misma 
bonificación resulta aplicable en las concesiones administrativas o actos administrativos 
equiparables sujetos al impuesto que autoricen la venta de mercancías y prestación de 
servicios mediante estructuras o puestos desmontables o vehículos tienda en el territorio 
de Cataluña, sector afectado también por la crisis derivada de la pandemia.
En el capítulo 3, sobre medidas en materia de la función interventora, se regula, en el 
artículo 5, la modalidad de control posterior de la Intervención General. El artículo 68 del 
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, dispone que la Intervención General puede 
utilizar, para ejercer sus funciones, las modalidades de control de función interventora o 
fiscalización previa plena, que puede ser sustituida, en los supuestos que se determinen, 
por una fiscalización por muestreo o control posterior.
La Ley de finanzas públicas de Cataluña permite que el Gobierno, a propuesta de la 
Intervención General de la Generalidad, acuerde las modalidades de control a ejercer 
por la Intervención en los órganos y entidades del sector público de la Generalidad, así 
como a los diversos procedimientos o actuaciones, con los requisitos que se determinen, 
con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia en sus finalidades. Por lo tanto, la 
Intervención General, en determinados supuestos y con carácter excepcional, por las 
características y la naturaleza de las operaciones o por los resultados de los controles 
que haya efectuado, puede determinar la aplicación de la modalidad de control posterior, 
para materias o fases de un procedimiento, a cualquier entidad de la Administración de 
la Generalidad y su sector público.
La modalidad de control posterior establecida en la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña no está recogida en el Decreto 133/1985, de 25 de abril, de Reglamento de la 
función interventora, norma que desarrolla  la función interventora establecida en la 
Ley 16/1984, de 20 de marzo, que aprobó el Estatuto de la función interventora, en el 
cual sólo se regulan los aspectos básicos de la propia función.
A  causa  de  la  pandemia  se  han  realizado  y  se  están  realizando  operaciones 
económicas extraordinarias que requieren, para ser efectivas, mucha celeridad en la 
tramitación de los correspondientes expedientes administrativos y, en este contexto, se ha 
sustituido, en muchos supuestos, el control de la función interventora con carácter previo 
por  un  control  posterior  para  la  consecución  de  dicho  objetivo.  La  modalidad  de 
fiscalización previa plena que comporta una revisión por parte del órgano de control de 
todos los actos, documentos o expedientes que supongan el reconocimiento de derechos 
y obligaciones de contenido económico con carácter previo a su firmeza, condiciona el 
acto de fiscalización a la continuidad del expediente. Este hecho puede provocar que se 
produzcan acumulaciones de expedientes a fiscalizar y de anotaciones contables, con 
falta de tiempo apropiado para su revisión, vista la insuficiencia de medios personales y 
materiales para cumplir con estas obligaciones por parte del órgano de control interno 
actuante. Asimismo, se generan ineficiencias, por lo que es necesario racionalizar el 
ejercicio de la función interventora e implementar la modalidad de control posterior.
En este contexto de excepcionalidad, en el cual se ha sustituido el control de la función 
interventora con carácter previo por el control posterior, se vuelve urgente y necesario 
regular el alcance de aplicación de la modalidad de este control, sus efectos y en qué 
momentos  procedimentales  de  los  diferentes  expedientes  administrativos  es  aplicable, 
independientemente de la personificación jurídica del órgano o entidad que efectúa el gasto. s
Esta modalidad de control se efectúa con posterioridad a la contabilización de los  oe.
gastos o ingresos, una vez el acto administrativo ha sido dictado y despliega sus efectos.  w.
El órgano de control actuante debe emitir una opinión con relación a los expedientes  7w
objeEton  dees tcao nfatrsoel., la Intervención debe poner de manifiesto, de acuerdo con un análisis
gdees troiersegso sc,u alansd oa ccsieoanne ss uus coempitsibiolense s ddee  plarosv oacuator ridpaedrjeusic icoosm  dpee tecnutaelsq uyi efru nticpioon aar iolas   BOE-A-cable e
Hacienda de la Generalidad de Cataluña de acuerdo con lo que establece el capítulo VIII 
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Asimismo, la finalidad de dicho control es dar seguridad jurídica a los actos, los 
expedientes y los procedimientos de gestión económica y financiera, así como contribuir a 
su mejora a través de recomendaciones para corregir las actuaciones que así lo requieran.
La disposición adicional primera introduce una medida que consiste en la verificación 
por parte de la Intervención General de los contratos de emergencia y los pagos por 
adelantado formalizados durante el ejercicio 2020 dentro del contexto de la pandemia de 
la COVID-19.
El Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer 
frente a la COVID-19, estableció, entre otras medidas, las medidas complementarias de 
transparencia del abono de suministros y otros para hacer frente al contexto generado 
por la COVID-19.
Estas medidas, contenidas en el artículo 1, establecieron el seguimiento por parte de 
la  Intervención  General  de  los  pagos  por  adelantado,  en  concreto,  de  los  gastos 
vinculados a contratos de emergencia u otros gastos que tengan como finalidad hacer 
frente al contexto generado por la COVID-19, y necesiten o hayan necesitado el abono 
de un anticipo con carácter previo a su realización. Asimismo, también se estableció este 
seguimiento con relación a la contratación para la atención de estas necesidades que se 
tenga que producir en el extranjero y en el caso de los convenios de régimen especial 
previstos en la disposición adicional tercera del Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de 
modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en 
materia  de  contratación  pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción 
de otras medidas complementarias.
Por otra parte, se estableció que esta verificación se realizaría en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de levantamiento del estado de alarma. Sin embargo, el 
estado de alarma ha resultado prorrogado en varias ocasiones y la habilitación para 
formalizar  contratos  tramitados  por  emergencia  ha  continuado  vigente  vistas  las 
necesidades generadas por el contexto provocado por la COVID-19, motivo por el cual 
se vuelve necesario reforzar los controles establecidos hasta el momento y, por una 
parte, modificar el alcance material de las verificaciones ampliándolo en los contratos de 
emergencia  y,  por  otra  parte,  modificar  el  alcance  temporal  de  las  verificaciones 
mencionadas incluyendo todo el año natural 2020.
De esta forma, la verificación de las actuaciones se efectuará durante el primer 
trimestre  de  2021  y  se  publicará  en  la  página  web  del  Departamento  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda a partir de dicho plazo.
La disposición adicional segunda regula la habilitación, por un periodo máximo de 
cuatro años, de personal de otras escalas y cuerpos de funcionarios para la realización 
de las funciones propias del cuerpo de intervención de la Generalidad de Cataluña y 
establece el mecanismo necesario para esta adaptación en los recursos humanos de 
control interno.
En último término, la disposición final establece la entrada en vigor del Decreto ley el 
día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Todo lo que se ha expuesto determina que sea imprescindible aprobar de forma 
inmediata el presente Decreto ley para la consecución de los objetivos que plantea para  s
satisfacer una necesidad social con la celeridad que requiere la situación, que no podría  oe.
ser alcanzada mediante la tramitación de un procedimiento legislativo ordinario. w.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  del  5  de  noviembre,  de  la  7w
plergeissildaetinvacisa  pdreo vlais iGoneanleersa libdaajdo  yla d efol rGmoab ideern od,e eclr eGtoo blieeyrn oe np uceadseo  ddicet aur ndais pnoesciecsioidnaeds 
eqxutera roerqduiniearreia l ay a udrogpecnióten.  uErng eensttee  dcea msoe, dliad anse cpeasliiadtaivda se.s la crisis económica y sanitaria,  BOE-A-cable e
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, a propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Medidas de carácter administrativo
Artículo 1.  Régimen jurídico de las ayudas extraordinarias.
1.1  Ayudas extraordinarias.
a)  Se entiende por ayuda extraordinaria aquella que es convocada con ocasión de 
situaciones de carácter excepcional que hay que afrontar por el interés general. 
b)  El  órgano  convocante  de  una  ayuda  extraordinaria  puede  establecer, 
excepcionalmente y con carácter previo a la aprobación y publicación de las bases 
reguladoras y la convocatoria, un trámite de inscripción previa de hasta un máximo de 15 
días naturales, con la finalidad de disponer de la información necesaria en relación con 
los posibles beneficiarios. Este procedimiento excepcional se puede utilizar cuando, por 
su objeto, estas ayudas se destinen a una pluralidad indeterminada de beneficiarios. 
c)  Para dicha inscripción previa, mediante una orden se debe determinar el objeto 
de las ayudas, las condiciones que deben cumplir las personas interesadas, el contenido 
de  la  información  a  facilitar,  el  plazo  y  el  mecanismo  de  presentación  de  la 
información  necesaria  a  estos  efectos.  Le  corresponde  aprobar  esta  orden  al 
departamento competente por razón de la materia de la ayuda. 
d)  La inscripción previa, una vez publicadas las convocatorias y sin ningún otro 
trámite  por  parte  del  interesado,  produce  los  efectos  de  solicitud  de  la  ayuda  y 
es condición necesaria para poder percibirlo, siempre que se cumplan los requisitos que 
se fijen para su concesión. Lo que se establece en este apartado se tiene que recoger en 
las  bases  reguladoras,  las  cuales  pueden  establecer  que  las  inscripciones  previas 
se pueden mantener vigentes en el supuesto de
ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria o en el caso de que se 
convoquen posteriores ayudas con el mismo objeto y las mismas características, en el 
plazo de un año desde la primera convocatoria. 
e)  Los  datos  de  carácter  personal  que  contengan  las  inscripciones  previas  serán 
utilizados exclusivamente para la concesión de las ayudas y serán objeto de un tratamiento 
de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de 
datos  personales  y  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
f)  Los datos suministrados por los interesados en el trámite de inscripción previa se 
aportan en concepto de declaración responsable y la inexactitud o falsedad de estos 
dará lugar a las responsabilidades legalmente previstas y, en particular, dará lugar a la 
baja del afectado siempre que la resolución que lo acredite sea firme. 
g)  Los datos suministrados por los interesados en el trámite de inscripción previa se 
realizan en concepto de declaración responsable. La presentación de estas declaraciones 
responsables faculta a la Administración para verificar en cualquier momento la veracidad de 
los datos declarados. La inexactitud o falsedad de las declaraciones responsables puede  es
determinar la baja del afectado del registro, la exclusión de la persona solicitante de la  o
convocatoria, y ser causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades penales,  w
erceisvatialleihzss)a   oar  ypLauodadmr a vsisenis risietfetixrcmatartaaicvo iaódrsned   dinmdeae ucr ieulaosasstl,rq  edueoaine ty ro  etsdisp utyoor  aseen nl tc ecqau usumeon sp hp laiylmay azaie otpne omtnoddá ididxdoieam  isnloo c lsuda resrri e rdcqoiurscis uaintñosostas q nduceeias sde,es  tslaaeb  fldeeeccehbnae    OE-A-2021-75able en https://
de otorgamiento de la ayuda.
1.2  Registro de ayudas extraordinarias.
a)  Mediante una orden del departamento competente en el objeto de la ayuda 
extraordinaria, se puede crear un registro de tratamiento de datos donde se incorporen 
los datos obtenidos por la administración con ocasión de los procedimientos de ayudas 
extraordinarias, el cual le corresponderá gestionar.
b)  En el registro mencionado deberán constar los datos de carácter personal y los 
que en la orden a que se refiere el artículo 1.1.c) anterior se consideren relevantes, 
siempre que hayan sido suministrados en los procesos de ayudas extraordinarias. A este 
efecto, la inscripción previa a que se refiere el artículo 1.2.a) implica la autorización del 
interesado a incorporar los datos suministrados a dicho registro.
c)  Los  datos  de  carácter  personal  incorporados  al  registro  serán  utilizados 
exclusivamente para los procedimientos de concesión de ayudas extraordinarias y serán 
objeto de tratamiento de acuerdo con lo que prevé la normativa de protección de datos.
d)  La orden a la que se refiere el artículo 1.1.c) anterior puede establecer, respecto 
de los datos a aportar en el trámite de inscripción previa de una convocatoria de ayudas 
extraordinarias, que el solicitante no tenga que hacer constar los que ya figuran en el 
registro, a menos que hayan variado o sean inexactos.
e)  Es de aplicación a este registro lo que dispone el artículo 1.1.f).
Artículo 2.  Declaraciones responsables.
2.1  Las bases reguladoras de ayudas por razón de un estado, situación o hecho en 
el que se encuentren o soporten a los solicitantes pueden establecer que para su 
concesión sólo sea necesaria una declaración responsable del cumplimiento de los 
requisitos indicados.
Esta concesión se puede realizar sin perjuicio de las verificaciones y controles que se 
efectúen con posterioridad en el pago.
2.2  Una  vez  realizado  el  pago,  el  órgano  gestor  comprobará  los  requisitos 
establecidos para la obtención de las ayudas mediante un plan de actuaciones de 
verificación aprobado por el órgano titular del departamento o entidad, como máximo, 
durante el ejercicio presupuestario posterior. Las personas beneficiarias deben aportar la 
información y documentación que les sea requerida a este efecto.
Artículo 3.  Suspensión de los plazos de caducidad de autorizaciones en materia de 
juego.
Con  efectos  desde  la  entrada  en  vigor  del  Real  decreto  956/2020,  de  3  de 
noviembre,  por  el  que  se  prorroga  el  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con carácter 
excepcional,  quedan  suspendidos  los  plazos  de  caducidad  de  autorizaciones  de 
emplazamiento y permisos de explotación de máquinas recreativas en establecimientos 
de hostelería y asimilados, así como de inscripción de las empresas operadoras de 
máquinas recreativas hasta el 30 de junio del 2021.
CAPÍTULO 2
Medidas tributarias s
Artículo  4.  Bonificación  de  las  concesiones  administrativas  o  actos  administrativos  w.
equiparables que otorguen el aprovechamiento privativo del dominio público. 7w
4.1  Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto
stroabnrsem tirsaionnsemsi sipoantersim poantiraimleosn ioanleesr oys aasc,t osd ej urlíadsic ocso ndcoecsuiomneenst adaodsm, ineins tlraa tmivaosd aolid aadc tdoes 
administrativos  equiparables  que  otorguen  el  aprovechamiento  privativo  del  dominio
público  para  su  uso  como  terraza  por  parte  de  establecimientos  de  hostelería  y 
restauración. La misma bonificación resulta aplicable en las concesiones administrativas 
o actos administrativos equiparables sujetos al impuesto que autoricen la venta de 
mercancías y prestación de servicios mediante estructuras o puestos desmontables o 
vehículos tienda en el territorio de Cataluña.
4.2  Dicha  bonificación  se  aplica  a  las  concesiones  o  actos  administrativos 
equiparables mencionados en el apartado anterior devengados entre el 1 de enero 
del 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
CAPÍTULO 3
Medidas en materia de la función interventora
Artículo 5.  Regulación de la modalidad de control posterior de la Intervención General.
5.1  La modalidad de control posterior tiene por objeto comprobar que los actos, los 
expedientes  y  los  documentos  de  los  que  se  deriven  derechos  y  obligaciones  de 
naturaleza  económica  o  financiera  se  han  ajustado  a  las  normas  jurídicas  y 
procedimentales  establecidas  para  cada  materia.  Como  objeto  complementario  del 
control  posterior,  se  puede  establecer  la  evaluación  de  la  gestión  realizada  y  la 
organización de recursos disponibles en relación con los principios generales de buena 
gestión financiera.
5.2  La finalidad del control posterior es dar seguridad jurídica a los actos, los 
expedientes y los procedimientos de gasto de la gestión económica y financiera, así 
como su mejora a través de recomendaciones para corregir las actuaciones que así lo 
requieran. Si es procedente, también tendrá como finalidad determinar la eficacia de la 
gestión realizada en relación con sus objetivos y el grado de economía y de eficiencia en 
el uso de los recursos disponibles, así como emitir una opinión sobre los extremos que 
se  detallan  en  el  presente  artículo,  sin  que  corresponda  pronunciarse  sobre  la 
oportunidad del gasto o ingreso contabilizado y ordenado por el órgano competente en 
razón de la materia.
5.3  El procedimiento del control posterior consiste en lo siguiente:
a)  Con  carácter  previo  a  la  firma  de  la  resolución  u  otro  acto  administrativo 
correspondiente, el órgano de control interno actuante únicamente debe contabilizar el 
gasto o ingreso que corresponda y verificar previamente la concordancia del acreedor o 
deudor, el importe propuesto y que la partida presupuestaria sea adecuada y, en el caso 
de gastos, disponga de saldo suficiente. Estas comprobaciones tienen como finalidad 
garantizar que la información contable muestre la imagen fiel de todas las operaciones 
de  naturaleza  económica  o  financiera.  En  esta  fase  no  hay  que  verificar  si  las 
actuaciones se han ajustado a las normas jurídicas y procedimentales correspondientes.
b)  Con  posterioridad  a  la  firma  de  la  resolución  u  otro  acto  administrativo, 
corresponde al órgano de control interno actuante:
– Analizar  que  los  actos  y  los  procedimientos  aplicados  en  la  gestión  se  han 
desarrollado y que aseguran el cumplimiento de aquello que establece la normativa 
reguladora de la materia. A estos efectos se pueden utilizar técnicas de muestreo.
– Verificar que los gastos e ingresos realizados se corresponden con la finalidad 
prevista,  mediante  el  examen  de  los  documentos  acreditativos  y,  si  procede,  su  s
comprobación material. oe.
5.4  El  procedimiento  aplicable  a  la  modalidad  de  control  posterior  debe  ser  7w
establecido por la Intervención General mediante una instrucción.
Disposición adicional primera.
La  verificación  que  hay  que  efectuar  con  relación  a  los  gastos  descritos  en  el 
artículo 1 del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias 
en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para 
hacer frente a la COVID-19, se amplía a los contratos de emergencia formalizados 
durante el ejercicio 2020. El resultado del control se publicará en la página web del 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda a partir del primer 
trimestre de 2021.
Disposición adicional segunda.
Con carácter transitorio y por un periodo máximo de cuatro años, las funciones 
atribuidas  a  la  escala  superior  de  intervención  del  cuerpo  de  intervención  de  la 
Generalidad de Cataluña pueden ser ejercidas, con plenitud de efectos jurídicos, por 
funcionarios de la escala técnica de control y contabilidad del cuerpo de intervención de 
la Generalidad de Cataluña, mediante resolución de habilitación del interventor/a general 
y con el alcance que este/a determine.
Asimismo, con carácter transitorio y por el mismo periodo, las funciones atribuidas a 
la escala técnica de control y contabilidad del cuerpo de intervención de la Generalidad 
de Cataluña pueden ser ejercidas, con plenitud de efectos jurídicos, por funcionarios de 
la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la 
Generalidad de Cataluña, mediante resolución de habilitación del interventor/a general y 
con el alcance que este/a determine.
Durante el periodo de vigencia de la habilitación, el personal habilitado tiene derecho 
a la percepción de un componente singular en el complemento específico del lugar que 
ocupa hasta su equiparación con el nivel retributivo propio de las funciones para las 
cuales es habilitado.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 24 de noviembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès i Garcia.
(Publicado en «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8281, de 26 de noviembre de 2020. 
Convalidado por Resolución 1120/XII, del Parlamento de Cataluña, publica en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8300, de 21 de diciembre de 2020)