BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37394
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5128 Sala Segunda. Sentencia 46/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 3057-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:46
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3057-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 18 de diciembre de 2018 y de 21 de marzo de 2019, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución 
hipotecaria núm. 45-2018. Han intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal de 
la entidad ejecutante. Ha sido ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  El 16 de mayo de 2019, la mercantil Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y 
bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes: es
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a instancias de  w.
la entidad Banco de Sabadell, S.A., se sigue procedimiento de ejecución núm. 45-2018  28ww
efr ehnitpeo ate claa nsotec iey dPaedn Ereuir oIninvveersrsioionneess,  ISn.mL.o, bcioliamrioa st itCuolasrt ad eSlu dr,e Sre.Lc.h, oe nd ec aulisdoa dd edle  cpitraedsota tbaierina 
inmueble.
b)  Despachada ejecución por auto de 23 de mayo de 2018, el día 25 de mayo 
de 2018, el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió 
a la demandante de amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, sendos 
avisos de notificación, a las 15:39 y 16:00 horas, con idéntico contenido, en que se dice 
lo siguiente: «ha recibido una notificación del organismo emisor de los Juzgados y 
Tribunales  (SGAJ)  en  la  Dirección  Electrónica  Habilitada  única  de  su  titular 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. NIF B73258006. La notificación estará 
disponible  en  su  Dirección  Electrónica  Habilitada  única  desde  el  25-05-2018  hasta 
el 10-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se producirán los 
efectos correspondientes, según la normativa aplicable. Para que conste como leída por 
favor acceda a http://notificaciones.060.es. A través de su DEH podrá también consultar 
notificaciones  de  otras  administraciones.  Asunto  Jdo.  1  Inst.  e  Intr.  n  6  de  Lorca 
EJH 000045/2018. Reciba un cordial saludo». Hay que advertir que no se contiene en 
estos  avisos  ninguna  información  adicional  en  la  que  se  faciliten  los  enlaces  para 
consultar la comunicación judicial.
c)  El día 9 de julio de 2018, es decir, un día antes de la finalización del plazo 
concedido  en  los  anteriores  avisos,  la  sede  electrónica  remitió  un  nuevo  correo 
electrónico, en el que se avisa a la demandante de amparo que tiene «notificaciones y/o 
comunicaciones» sin recoger en la dirección electrónica habilitada única de la que es 
titular, recordándole el plazo de caducidad, esto es, el día 10 de julio de 2018, a 
las 23:59 horas.
d)  El día 10 de julio de 2018, último día del plazo concedido para acceder a la 
notificación, la demandante de amparo accedió a la página web indicada, teniendo 
acceso a la notificación y documentación que la acompañaba, emitiéndose en esa 
misma fecha por el servicio de notificaciones dos certificados en los que se hace constar 
el resultado de dichas notificaciones, concretamente la fecha de puesta a disposición y la 
de aceptación por la destinataria. Sin embargo, al acceder a la documentación, repara en 
que entre los mismos no se encuentra el auto de despacho de ejecución.
e)  La sociedad demandante de amparo se personó en las actuaciones el 28 de 
agosto de 2018, para poner de manifiesto que, con fecha 10 de julio de 2018, había 
recibido  una  comunicación  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas  en  la  que  le 
participaban la existencia de una notificación pendiente de entrega y que, al acceder a su 
contenido,  constata  que  no  todos  los  archivos  que  se  dicen  enviados  habían  sido 
recepcionados. Expuso en su escrito que, a su entender, la comunicación practicada 
carecía de validez, al no constar enviados todos los documentos que se citaban, en 
particular el auto que acordada el despacho de ejecución. Por ello, con amparo en el 
art.  166  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  solicitaba  la  nulidad  del  acto  de 
comunicación.
f)  El anterior escrito de nulidad fue tramitado y resuelto por auto  de13 de diciembre 
de 2018 en sentido desestimatorio. En el fundamento jurídico único el órgano judicial 
razona que «[e]n el caso que nos ocupa, es cierto que el auto por el que se despachaba 
ejecución no se incluyó entre la documentación que se remitió a la mercantil ejecutada a 
través de la sede electrónica, y que reconoce recibida el día 25 de mayo de 2018, esto 
es, la demanda de ejecución y los documentos que la acompañaban, así como el 
decreto  despachando  ejecución,  donde  se  incluía  igualmente  la  mención  a  las 
cantidades reclamadas y por las que se debía realizar el requerimiento de pago y la 
propia cédula de requerimiento de pago. Ahora bien, examinadas las actuaciones, se 
concluye que el ejecutado no sufrió indefensión, ya que dicha omisión material podría  s
haberse subsanado si el ejecutado hubiese adoptado una postura activa, poniendo la  oe.
misma de manifiesto en el plazo que la ley le concedía para formular oposición a la  w.
ejecución, algo que no realizó, por lo que solo al mismo es achacable la supuesta  28ww
aincdtueafecniosnióens  qinutee rsees aadlae»g.a. En consecuencia, procede la desestimación de la nulidad de
emitgir)  el D1u draen jtuen iloa  dseu s2t0a1n8c,i apcoiór nla  dmeils minaci dveían ttee ledme ántiucalid, aodtr,a  enl oótirfigcaancoió nju cdoicnia rle lvaoclivóinó  aal   BOE-A-cable e
mismo proceso de ejecución, adjuntando el auto de despacho de ejecución, advirtiendo, 
de nuevo, que dicha notificación estaría disponible hasta el 17 de julio de 2018. El último 
día del plazo, la demandante accedió y descargó los documentos adjuntos, entre los 
cuales se encontraba el decreto de ejecución.
h)  Con fecha 20 de julio de 2018, se remite un nuevo archivo, dando plazo hasta 
el  4  de  septiembre  de  2018  para  acceder  al  mismo,  cuyo  contenido  era  un  auto 
aclaratorio del anterior. Lo que llevó a cabo la demandante de amparo en fecha de 26 de 
julio de 2018.
i)  El día 3 de septiembre de 2018, la sociedad ejecutada formuló oposición al 
despacho de ejecución, que fue inadmitida por presentación extemporánea, mediante 
auto de 14 de septiembre de 2018. Para el órgano judicial, «en fecha de 30 de mayo de 
2018 se notificó y requirió a la ejecutada en legal forma a través de la sede judicial 
electrónica y en fecha 4-9-18 se ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria».
j)  Por auto de 18 de diciembre de 2018, se vuelve a dictar auto por el que se vuelve 
a inadmitir el trámite de oposición por las mismas razones y fundamentos. Así, se afirma 
que «en fecha 25 de mayo de 2018 se notificó y requirió en legal forma a través de la 
sede  electrónica  al  demandado  y  en  fecha  04-09-18  se  ha  presentado  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria».
k)  Contra estas dos últimas resoluciones, la ejecutada interpuso sendos recursos 
de reposición, en la consideración de que las diligencias de notificación y requerimiento 
no habían sido realizadas el día 25 de mayo de 2018, sino, en su caso, a partir de esa 
fecha y hasta el 10 de julio de 2018, dado que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no podía entenderse más que un aviso de puesta a 
disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde 
el 25 de mayo al 10 de julio de 2018); entenderlo de otro modo, además de infringir los 
artículos 135, 152, 160, y 162 LEC, vulneraría el art. 24 CE.
l)  Ambos recursos fueron resueltos en sentido desestimatorio por auto de 21 de 
marzo de 2019. El órgano judicial, al constatar su condición de persona jurídica, confirma 
su obligación de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, 
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en el artículo 14.2 
de  la  Ley  39/2015  y  en  el  Real  Decreto  1065/2015,  de  27  de  enero,  sobre 
comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet.
En su fundamento jurídico segundo, el órgano judicial razona que «en el presente 
caso, consta que la notificación se puso a disposición de las recurrentes en fecha 25 de 
mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 26-07-2018 (fuera de los tres días 
que  establece  la  normativa  procesal),  presentando  los  escritos  de  oposición  a  la 
ejecución en fecha 4 de septiembre de 2018 claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el artículo 556.1 de la LEC (dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al artículo 136 LEC 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal 
la inadmisión».
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados de 18 de diciembre  e.
de 2018 y de 21 de marzo de 2019, la vulneración del derecho fundamental de la  w.b
sociedad recurrente al proceso (art. 24 CE), «al darle conocimiento de la existencia del  28ww
permopceladziammieienntoto  ay  ptrriamveérsa  dneo tifuicna ccióonrr epoa rae pleecrtsróonniacros ea el nq uunea ss aec tluea cdioan eesl  scina rcáocntesrt atdaer 
lcao netexnisitdeon cdiea  lomsi sdmocau mdee nstous  qreucee pseci ópnre tíenntedgíaran  nyo tidfiecla ra mcceedsioa ntdee e lm eim  rpelparzeasmeinetnatdoa p oarl 
vía telemática y, a pesar de ello, no se realiza otro tipo de gestión para dejar constancia
en las actuaciones de la efectiva recepción de la notificación por el destinatario de 
misma». Considera que la interpretación ofrecida en el auto objeto de impugnación, que 
se apoya en la Ley del procedimiento administrativo eludiendo las garantías de un 
proceso judicial, cercena el derecho a la tutela judicial efectiva al privar a la recurrente 
del derecho a formular oposición en un proceso de ejecución hipotecaria.
Subraya que, de conformidad con el artículo 273 LEC, su pretendida obligación de 
comunicarse telemáticamente con la administración de justicia no nace hasta después 
del primer emplazamiento pues, hasta entonces, ninguna relación ha tenido con dicha 
administración, lo que viene avalado por una interpretación sistemática de este precepto 
con los artículos 152, 155, 160 y 162 LEC.
La  demandante  de  amparo  solicita,  en  consecuencia,  la  anulación  de  las 
resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 14 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite 
su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la suspensión 
del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 15 de junio de 2020, la Sección Tercera de este tribunal 
acuerda admitir a trámite el recurso, apreciando que reviste especial trascendencia 
constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], toda vez 
que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que 
no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2.b)]. Acuerda igualmente dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remita certificación 
o fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria 
núm. 45-2018 y emplace a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa 
el presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 103/2020, de 23 de septiembre, deniega 
la suspensión cautelar solicitada y ordena la anotación preventiva de la demanda de 
amparo en el registro de la propiedad.
6.  Con fecha de 13 de julio de 2020, doña María Claudia Munteanu, procuradora de 
los tribunales, en nombre de la mercantil Pera Assets Designated Activity Company y 
bajo la dirección técnica del letrado don Alejandro Ingram Solís, compareció ante este 
tribunal, haciendo constar que la entidad Banco de Sabadell le ha cedido el crédito 
hipotecario y que, en virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben 
continuarse con ella. Solicita que se la tenga por parte y que se entiendan con ella las 
diligencias sucesivas del presente recurso de amparo.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 28 de octubre de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Segunda acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la 
procuradora doña María Claudia Munteanu en nombre y representación de la mercantil 
Pera Assets Designated Activity Company, acordándose entender con ella las sucesivas 
actuaciones, así como dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal por plazo común de veinte días, para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 LOTC. e.
8.  El 1 de diciembre de 2020 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de  28ww
ltara rseccriubrere ennte p eanrt ea mlopsa fruon, deanm eeln qtouse  jurarítdifiiccoas l adse  alale gSaTcCio 4n0e/s2 0e2x0p,u edset a2s7  edne  lfae bdreemroa, nedna  lay 
qquuee , elt rPalteánnod odsee  esdteel  trpibriumnearl  heam rpelsauzealmtoi eunnt ore cou rscoita dceió anm  apla rdoe cmaasni didaédnoti,c oe,s stee ñahlaa nddoe 
efectuarse en el domicilio del litigante en papel, como impone el art. 155.1 LEC, pues de
lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
del artículo 24 CE.
9.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal el 23 de 
noviembre de 2020, solicitando el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la 
vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior. Advierte, en primer 
lugar, la diferencia existente entre el supuesto planteado en este recurso de amparo con 
los del resto de la serie de los interpuestos por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., a los que les es aplicable la doctrina contenida en la STC 40/2020, relativa a la 
necesidad de que los actos de comunicación se realicen en el domicilio de los litigantes 
cuando se trata del primer emplazamiento o citación del demandado.
En el presente caso, sin embargo, se ha producido un error en las fechas a tener en 
cuenta por el órgano judicial para valorar la posible extemporaneidad de la oposición a la 
ejecución, pues debió considerarse como dies a quo, no el de la primera notificación, con 
independencia  de  que  pudiera  haber  devenido  nula  por  no  haberse  practicado 
personalmente y con traslado de toda la documentación de conformidad con los artículos 
152.2 y 273.4 LEC, sino que la fecha de inicio del cómputo era la de 20 de julio de 2018, 
en la que se le dio traslado del auto de aclaración de aquel que despacha la ejecución.
En apoyo de este argumento, se cita la STC 90/2010, FJ 3, en la que incidimos en 
que, en supuestos como este, «debe tenerse en cuenta que las resoluciones aclarada y 
aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada 
sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse contra 
la resolución aclarada. En consonancia con esta forma de entender la técnica de la 
aclaración  de  las  resoluciones  judiciales,  nuestro  Derecho  positivo  ha  entendido 
tradicionalmente que en la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de un 
recurso  contra  una  resolución  que  ha  sido  objeto  de  aclaración  se  debe  tomar 
necesariamente en consideración la fecha de notificación de la resolución aclaratoria. Así 
lo disponía el artículo 407 de la vieja Ley de enjuiciamiento civil de 1881 (‘[e]n los casos en 
que se pida aclaración de una sentencia conforme a lo prevenido en el artículo 363, el 
término para interponer el recurso que proceda contra la misma sentencia se contará 
desde  la  notificación  del  auto  en  que  se  haga  o  deniegue  la  aclaración’);  y  así  lo 
establecen actualmente tanto el apartado 2 del artículo 448 LEC de 2000 (‘[l]os plazos 
para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se 
recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta’), 
como el apartado 8 del artículo 267 LOPJ (en la redacción dada a este precepto por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), que prevé que: ‘Los plazos para los recursos que 
procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su 
aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a 
computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la 
omisión  de  pronunciamiento  y  acordase  o  denegara  remediarla’».  En  consecuencia, 
aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, debe tomarse como dies a quo, la fecha de 
notificación del auto de aclaración del despacho de ejecución, esto es, la de 20 de julio 
de 2018.
Igualmente, señala la fiscal, que de conformidad con lo declarado por este tribunal en 
su STC 217/2009, FJ 3, «el derecho a la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional 
sobre el fondo de la pretensión, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva 
garantizado en el art. 24.1 CE, se satisface también con una respuesta de inadmisión  e.
fundada en una causa legal que haya sido apreciada razonablemente por el órgano  w.b
judicial (así, y entre otras, ya desde nuestra temprana STC 11/1982, de 29 de marzo, las  28ww
yS S1T2C2/ 16999/91,9 d8e4 , 2d8e d e11 j udneio )j.u Pnioor,  eyl,l oe, nlatrse  dleacsi smioánse sr ejucdieicnitaeles,s  8d/e1 9in9a8d, mdies ió1n3  ndoe s oenn,e reon, 
jpurdinicciiapli oe,f ercetvivisaa, blole qs ueen o clau rrveía c udaen daom cpaarreoc, esna dlveo  laq udee bvidualn meroetniv aecl iódne r(eScShToC a 2 1la4 /1tu9t8e8la, 
de 14 de noviembre; 63/1992, de 29 de abril); se funden en una interpretación de la
legalidad ordinaria arbitraria o manifiestamente irrazonable (STC 133/2000, de 16 de 
mayo); sean el resultado de un error patente (SSTC 295/2000, de 11 de diciembre; 
134/2001, de 13 de junio); se apoyen en una causa legal inexistente o en la exigencia de 
unos  requisitos  formales  excesivamente  rigurosos  (SSTC  69/1984,  de  11  de  junio; 
57/1988, de 5 de abril; 18/1993, de 18 de enero; 172/1995, de 21 de noviembre; 
135/1998, de 29 de junio; 168/1998, de 21 de julio; 63/2000, de 13 de marzo; 230/2000, 
de 2 de octubre). El control constitucional de estas decisiones de inadmisión se realiza 
de forma especialmente intensa cuando determinan la imposibilidad de obtener una 
primera respuesta judicial (SSTC 87/1986, de 27 de junio, y 118/1987, de 8 de julio, 
hasta la STC 16/1999, de 22 de febrero), atenuándose ese control en fase de recurso 
(por todas, SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 115/1999, de 14 de junio)».
A ello, a juicio del Ministerio Fiscal, hay que añadirle lo declarado en la STC 11/2011, 
FJ 17, respecto a la posibilidad de apreciar la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en aquellos pronunciamientos judiciales relativos a la caducidad 
de la acción «cuando determina bien la inadmisión de la acción –así ocurre en el 
presente  caso–,  bien  la  pérdida  de  algún  trámite  procesal  que  impida  la  defensa, 
señalándose  que  sucederá  de  ese  modo  cuando  la  inadmisión  se  acuerde  ‘como 
consecuencia de un error en el cómputo del plazo, de una interpretación de la legalidad 
arbitraria o irrazonable o, en fin, de la utilización de un criterio interpretativo desfavorable 
para la efectividad del derecho fundamental entendida como desproporcionadamente 
formalista (STC 88/1997). Siendo así, resulta indudable que en el presente supuesto, la 
interpretación del órgano judicial trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria, puesto 
que determina la caducidad de la acción e impide todo pronunciamiento sobre el fondo’ 
(STC 104/1997, de 2 de junio, FJ 2)».
A  la  vista  de  la  referida  doctrina,  la  fiscal  concluye  que  el  juzgado  erró  en  la 
determinación del dies a quo y, en consecuencia, vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva ex art. 24.1 CE de la demandante de amparo.
10.  Por providencia de 25 de febrero de 2021, se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 18 de diciembre de 2018 y de 21 de marzo de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
45-2018.
Según la entidad mercantil demandante de amparo, una interpretación irrazonable de 
la legislación procesal le habría privado injustamente de su derecho a formular oposición 
a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de 
pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de 
manera personal en su domicilio social con entrega en papel de la documentación, y no 
mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento  efectivo  de  su  finalidad  constitucional.  Añade  que  el  órgano  judicial 
igualmente habría incurrido en un error en el cómputo del plazo para presentar la 
oposición a la ejecución, en tanto no podía iniciarse hasta que no le fue notificado el auto 
aclaratorio del auto de despacho de la ejecución, es decir, hasta el 20 de julio de 2018.  e.e
Todo ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de  b
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia,  28ww
olap aonrtuulnaoc,i ópnr edveio l aasl  dreicstoalduoc idoenle asu itnod dicea d1a4s d, ea ssíe cpotimemo blare r edter o2a0c1c8ió, na  afiln m doem qeunet oe l pjurozcgeasdaol 
admPitoar  as utr ápmarittee ,s eul  oMpionsisicteiórino  aFl isdceaslp saoclhicoit ad ela e ejesctuimciaócnió.n de la demanda de amparo y la
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la
ejecución  con  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  anterior.  En  tal  sentido, 
subraya que, a diferencia de lo acontecido en recursos de amparo similares que han sido 
interpuestos por la misma demandante de amparo contra el sistema de notificación 
electrónica del primer emplazamiento del demandado, en este caso, el problema se ciñe 
a un error respecto al cómputo del plazo para ejercitar la oposición a la ejecución 
hipotecaria, pues el órgano judicial ha tomado como dies a quo la fecha de la primera 
notificación, sin tener en consideración el iter procesal habido desde entonces. Entiende 
que, de acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, debe tomarse como fecha de 
inicio del plazo la de 20 de julio de 2018, pues es aquella en la que se comunicó el auto 
aclaratorio del auto por el que se despachó la ejecución.
En efecto, como acertadamente pone de manifiesto la fiscal, el asunto sometido a 
nuestra consideración, si bien vuelve a plantear el problema de la posible vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva debida a la notificación al demandado del primer 
emplazamiento por vía electrónica, su análisis debe comenzar por la primera de las 
lesiones causadas a la recurrente en tal derecho fundamental (art. 24.1 CE), es decir por 
el cálculo erróneo del plazo para oponerse a la ejecución llevado a cabo por el órgano 
judicial.
Sobre este particular, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que no es la 
primera  vez  que  este  tribunal  debe  pronunciarse  sobre  esta  cuestión,  pues  son 
numerosos nuestros pronunciamientos. De este modo, basta con recordar que, si bien 
«el  cómputo  de  los  plazos  procesales  es  una  cuestión  de  legalidad  ordinaria  que 
compete  resolver  a  los  órganos  judiciales  en  el  ejercicio  de  su  propia  y  exclusiva 
potestad jurisdiccional, ex art. 117.3 CE», también lo es que «el problema solo adquiere 
relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto 
controvertido  que  determina  la  inadmisibilidad  del  recurso  sea  manifiestamente 
irrazonable  o  arbitraria,  incurra  en  error  patente  o  asuma  un  criterio  hermenéutico 
contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 
32/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993, 302/1994 y 165/1996)» (STC 209/2013, de 16 de 
diciembre, FJ 4).
Más concretamente se ha insistido en que la caducidad de la acción «constituye una 
de esas causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el fondo, siendo su 
cómputo –como, en general, el de todos los plazos sustantivos y procesales– una 
cuestión  de  estricta  legalidad  ordinaria  que  corresponde  valorar  a  los  órganos 
judiciales».  No  obstante,  pese  a  ello,  se  ha  mantenido  reiteradamente  que  la 
interpretación de las normas legales que realizan aquellos es revisable en amparo 
cuando la apreciación de la caducidad afecta a un derecho fundamental, como ocurre 
cuando determina, bien la inadmisión de la demanda –así ocurre en el presente caso–, 
bien la pérdida de algún trámite procesal que impida la defensa, señalándose que 
sucederá de ese modo cuando la inadmisión se acuerde «‘como consecuencia de un 
error  en  el  cómputo  del  plazo,  de  una  interpretación  de  la  legalidad  arbitraria  o 
irrazonable o, en fin, de la utilización de un criterio interpretativo desfavorable para la 
efectividad del derecho fundamental entendida como desproporcionadamente formalista 
(STC  88/1997).  Siendo  así,  resulta  indudable  que  en  el  presente  supuesto,  la 
interpretación del órgano judicial trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria, puesto 
que determina la caducidad de la acción e impide todo pronunciamiento sobre el fondo’ 
(STC 104/1997, de 2 de junio, FJ 2)».
Pues bien, en este caso, el tribunal entiende que el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca ha padecido un error de hecho al considerar que el cómputo  s
para la oposición a la ejecución debía comenzar en el momento en el que se notificó a la  oe.
demandante de amparo el auto despachando la ejecución, esto es, el 25 de mayo  w.
de 2018, obviando por consiguiente el trámite de aclaración del mismo que concluyó con  28ww
sFuJ  p3e, r«tilnaesn rtee saoulutoc idoen efse cahcala draed 2a0  yd ea cjulaliroa tdoeri a2 0s1e8 i,n pteugersa nco fmorom eaxnpdroe suan laa  uSnTidCa d9 0l/ó2g0i1co0-,
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esta forma de entender la técnica de la aclaración de las resoluciones judiciales, nuestro 
Derecho positivo ha entendido tradicionalmente que en la determinación del dies a quo 
para el cómputo del plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de 
aclaración se debe tomar necesariamente en consideración la fecha de notificación de la 
resolución aclaratoria».
En consecuencia, debe aplicarse la doctrina recogida en la STC 11/2011, según la 
cual entendemos que «son casos de error facti aquellos en los que únicamente está en 
cuestión el cómputo o cálculo de un plazo a la vista de una inequívoca redacción de 
norma que lo regula, o de una interpretación constante y reiterada de la misma que 
aplican los órganos judiciales. En otras palabras, son supuestos en los que, sin existir 
duda o debate alguno sobre la interpretación de las normas que regulan el plazo, o 
determinada en todo caso la interpretación de la norma que contiene su régimen, se 
produce un mero error de cálculo, bien por errarse en la determinación del dies a quo, 
bien por equivocarse el juzgador en el cómputo, errando en la determinación del dies ad 
quem del plazo. Ejemplos de ello se encuentran en nuestras SSTC 25/1986, de 19 de 
febrero; 167/1999, de 27 de septiembre; 66/2000, de 13 de marzo; 89/2000, de 27 de 
marzo; 150/2000, de 12 de junio, o 362/2006, de 18 de diciembre, en las que se opera la 
revisión constitucional de la resolución recurrida con los criterios del error de hecho a los 
que hacíamos referencia en fundamentos anteriores».
Por todo ello, corresponde declarar que los autos de 18 de diciembre de 2018 y de 21 
de marzo de 2019 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE).
A mayor abundamiento y con el fin de evitar una nueva notificación del primer 
emplazamiento de la demandante de amparo por vía electrónica, este tribunal debe 
recordar lo expresado en la STC 40/2020, de 27 de febrero, en el sentido de que «en 
relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los 
procesos regidos en esta materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del artículo 273.4 LEC sobre la presentación en papel de 
las  copias  de  los  escritos  y  documentos  para  ese  primer  emplazamiento.  El 
incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de 
aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos 
de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el 
mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). e.e
aPneuúmritmmpo2.lsea . ºrzd a4ae 5m IR-1n2ie8se0st nad1ttane8obc , d dlieaiecac  ieseelaí rm I lnaebcs norteterminud d caoecsd iu  ó2lr aen0d c 1enun8rúru ermyelci dnhd. atoe6ed    2 dya1,e  dt  rdeeLaen ov  érmlaccsosaa d n rzeesaone cl  acdteuu edlae  ip2rcner0icooc1incac9ee,ió ,ss dndo e i ecrdcetlleaeaacd rletiaozrjrósea  ncdplaiuaco csarni   óehunalal i J dbhuaipilzpidatgoa rattddeidraec o. a dlrdoieaesl     OE-A-2021-5128able en https://www.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.