BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Miércoles 24 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 44143
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6676 Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Felanitx n.º 2, por la que 
suspende la inscripción de una escritura de ampliación de obra nueva.
En el recurso interpuesto por don Jesús María Morote Mendoza, notario de Palma de 
Mallorca, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de 
Felanitx número 2, don Álvaro Lázaro Martínez, por la que suspende la inscripción de 
una escritura de ampliación de obra nueva.
Hechos
I
En escritura autorizada el día 28 de febrero de 2019 por el notario de Palma de 
Mallorca, don Jesús María Morote Mendoza, con el número 188 de protocolo, don R. K. 
W. M. y doña M. M. procedieron a la rectificación de la descripción de la finca registral 
número 4.895 del Registro de la Propiedad de Felanitx número en el sentido de que la 
planta baja, según el Registro, era planta baja, y la planta segunda, según el Registro, 
era planta piso, y procedieron a la declaración de la legalización de una ampliación de 
obra cuyas obras finalizaron el día 12 de abril 2017, redescribiendo la finca adecuándola 
a la realidad.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Felanitx número 2, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Álvaro Lázaro Martínez, registrador de la Propiedad del Registro de Felanitx-2
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento presentado en este Registro otorgado en Palma de Mallorca el 28/02/2019 
por el Notario Jesús María Morote Mendoza, número 188/2019 de protocolo, que motivó 
el  asiento  288  del  Diario  70,  acompañado  de  acta  de  depósito  del  Libro  Edificio 
autorizada el 28/02/2019 por el mismo fedatario, 187 de protocolo, de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, y tras examinar el 
contenido de los asientos del Registro, suspende la inscripción solicitada en base a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
No se ha aportado la "Licencia Municipal de Ocupación o Primera Utilización" a que 
se refieren los artículos 158 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las 
Illes Balears; y 382 del "Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació 
i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca", de la obra objeto de legalización.
El artículo 28 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en sus 
apartados 1 y 2, establece que: "1. Para autorizar escrituras de declaración de obra  s
nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de  e.
conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la  w.
legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por  76ww
htéacynaic soid coo mobpjeettoe ndtee  dyi cahcore adcittaot iavdam dienli satrjuastitveo .de la descripción de la obra al proyecto que
de laT rcaetártnifdicoasceió dne e exspcerditiudraa sp odre t édcencilcaora ccoiómnp deete notber aa cnrueedvitaa ttievarm dinea lad af,in eaxliizgaircáinó,n  addee émsátas   BOE-A-cable e
conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes 
extremos:
a)  el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora 
de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y
b)  el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar 
que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 
ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se 
demandan por la normativa vigente.
2.  Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración 
de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el apartado anterior.».
Los artículos 158 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears; y 382 del "Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús 
del sòl, per a l’illa de Mallorca", establecen que la licencia de ocupación o de primera 
utilización tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia 
urbanística previa, comprobar la adecuación al proyecto autorizado de las obras de las 
edificaciones o las instalaciones realizadas y autorizar su puesta en uso; así como que 
no se exigirá la licencia de ocupación o de primera utilización cuando la legislación 
sectorial así lo determine, supuesto en que el ayuntamiento emitirá un certificado de no 
necesidad, con expresión de la normativa que así lo establezca.
El artículo 386 del "Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i 
ús del sòl, per a l’illa de Mallorca", establece que se aplican a la solicitud, a la tramitación 
y a la resolución de las licencias de legalización las misma [sic] reglas establecidas para 
las licencias ordinarias.
Medio de subsanación:
Aportar la licencia de ocupación o de primera utilización de la obra nueva objeto de 
legalización expedida por el Ayuntamiento de Ses Salines, ó bien certificado de no 
necesidad de la misma, con expresión de la normativa que así lo establezca, expedido 
por esta corporación.
Acuerdo:
En vista de los citados hechos y fundamentos de derecho se suspende la inscripción 
del precedente título.
La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación 
por el plazo señalado en el artículo 323.1.º de la Ley. Hipotecaria.
Contra la presente nota de calificación podrá (…)
Y para que conste, expido la presente en Felantix a 5 de noviembre de 2019 (firma 
ilegible)»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Jesús María Morote Mendoza, notario de 
Palma de Mallorca, interpuso recurso el día 18 de noviembre de 2019 en base a lo 
siguiente:
«A)  (…) s
B)  Fundamentos de Derecho. o
Único 76ww
La calificación del Registrador se basa en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del
Suelo a cuyo tenor:
1.  Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los 
notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que  requiera  la  obra  según la legislación de ordenación 
territorial  y  urbanística,  así  como  certificación  expedida  por  técnico  competente  y 
acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de 
dicho acto administrativo.
Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además 
de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta 
conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes 
extremos:
a)  el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora 
de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y
b)  el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar 
que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 
ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se 
demandan por la normativa vigente, salvo que la legislación urbanística sujetase tales 
actuaciones a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, en cuyo 
caso aquellas autorizaciones se sustituirán por los documentos que acrediten que la 
comunicación ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para que 
pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte 
la existencia de resolución obstativa alguna.
Pero este precepto no especifica cuál es el documento concreto mediante el cual 
debe probarse que la edificación cuenta con la correspondiente Licencia y que reúne las 
condiciones necesarias para su uso.
El Registrador erróneamente se remite a la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears y a su Reglamento de desarrollo, desconociendo que 
existe una ley posterior, la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, 
cuyo artículo 16 dispone: "1. La cédula de habitabilidad es el documento que expide el 
consejo insular, sin perjuicio de que puedan delegar su otorgamiento a los entes locales, 
en el que se reconoce la aptitud de una vivienda, un local o un edificio residencial no 
incluido en el concepto de vivienda para que sea habitado, y que es obligatorio para 
ocuparlo o alquilarlo".
Así pues, habiéndose aportado la correspondiente Cédula de Habitabilidad como 
documento unido a la escritura de declaración de la obra, es evidente que se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Y no puede el Registrador, a su capricho, exigir otro justificante, si ya se ha aportado 
uno que acredita suficientemente, según su propia definición de Cédula de Habitabilidad 
en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, lo que el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo exige acreditar».
IV
El registrador emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que 
elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  9  y  202  de  la  Ley  Hipotecaria;  28  del  Real  Decreto  e.e
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  b
de Suelo y Rehabilitación Urbana; 2 y 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de  76ww
Oderd leans aIclleiósn  Bdael elaa rEs;d 3if8ic2a cdióenl ;R 1e5g8la dmee nlat oL eGye n1e2r/2a0l 1d7e,  lad eL e2y9  2d/e2 0d1ic4ie, mdeb r2e5,  ddee  umrbaarznois, mdoe 
Ionrsduelnaar cdióen  My aulsloor cdae ld seu edlíoa,  p8a rdae  lan oisvliae mdber eM adlelo r2c0a1; 8e,l  adceu earpdroo bdaecli óPnle ndoe fidneitli vCao dnese jloa 
modificación del Reglamento General de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y
uso del suelo, para la isla de Mallorca, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 29 de octubre (2.ª) y 3 de diciembre (1.ª) de 2012, 15 de 
abril de 2013 (2.ª), 28 de junio de 2016 y 7 de marzo y 10 de octubre de 2019.
1.  Son datos a tener en cuenta para la resolución de este expediente los siguientes:
En escritura autorizada por don Jesús María Morote Mendoza, notario de Palma de 
Mallorca, el día 28 de febrero de 2019, número 188 de su protocolo, don R. K. W. M. y 
doña M. M. proceden a la rectificación de la descripción de la finca registral 4.895, en el 
sentido de que la planta baja según el Registro es planta baja y la planta segunda según 
el  Registro  es  planta  piso,  y  proceden  a  la  declaración  de  la  legalización  de  una 
ampliación de obra cuyas obras finalizaron el día 12 de abril 2017, redescribiendo la 
finca adecuándola a la realidad.
Entre la documentación que se inserta en el citado documento, figura una cédula de 
habitabilidad de primera ocupación, expedida por el Consell de Mallorca el día 19 de 
enero de 2018.
Se plantea en este recurso si, como afirma el registrador es requisito necesario para 
la inscripción de una ampliación de obra nueva terminada, acreditar la obtención de 
licencia de primera ocupación o si la cédula de habitabilidad presentada cumple la 
misma finalidad que aquella a efectos de su inscripción.
2.  De nuevo es necesario precisar la competencia de las normas estatales en 
materia de los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral 
de las declaraciones de obras nuevas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o 
licencias que establezca la normativa autonómica, ya que, si bien, con carácter general, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, anuló buena 
parte del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
de 26 de junio de 1992, fundándose en que se habían invadido las competencias que, en 
materia de urbanismo, se hallan transferidas a las Comunidades Autónomas, esta misma 
sentencia  dejaba  a  salvo  aquellos  preceptos  que,  por  regular  materias  que  son 
competencia exclusiva del Estado, eran perfectamente conformes con la Constitución 
Española. Así ocurrió con aquellas normas que se referían al Registro de la Propiedad 
(cfr. artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española), de lo que se sigue que corresponde 
a las Comunidades Autónomas determinar qué clase de actos de naturaleza urbanística 
están sometidos al requisito de la obtención de la licencia previa, las limitaciones que 
éstas pueden imponer y las sanciones administrativas que debe conllevar la realización 
de tales actos sin la oportuna licencia o sin respetar los límites por éstas impuestos. Sin 
embargo, corresponde al Estado fijar en qué casos debe acreditarse el otorgamiento de 
la oportuna licencia, (o los requisitos para poder acceder al Registro de la Propiedad las 
declaraciones de obras referentes a edificaciones consolidadas por su antigüedad), para 
que el acto en cuestión tenga acceso al Registro, siempre que la legislación autonómica 
aplicable exija la licencia para poder realizar legalmente el mismo (Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de abril de 2005 y 4 de mayo 
de 2011).
El artículo 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece como 
requisito  para  inscribir  la  declaración  de  obra  nueva  terminada,  además  de  la 
certificación expedida por técnico competente de terminación de la obra de conformidad 
con la descripción de ésta en el proyecto que haya sido objeto del acto de conformidad,  s
aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de  oe.
ordenación territorial y urbanística y del cumplimiento de todos los requisitos impuestos  w.
sdpeeog r úl2an6  l eladg eiRs leajuscloiióolun c drieóegn u 2Cla0id0rco7ur,a la srd eed  eltar a leatad D ifiidcreeaclc ciósiónen gp uGarroea n ldeaer aeclne tdnreea gl laoy sd  edR eéelsg tilasibt raroo ss  udyse  dul eseul daNirfoiioctisao r)(i,aq dueoel    2020-6676n https://ww
otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la
edificación  reúne  las  condiciones  necesarias  para  su  destino  al  uso  previsto  en  la
ordenación urbanística aplicable (que según la Exposición de Motivos del Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, es la licencia de primera ocupación, sin perjuicio de que adopte 
otra denominación según las respectivas normativas autonómicas) y los requisitos de 
eficiencia  energética  tal  y  como  se  demandan  por  la  normativa  vigente  (Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, en cuanto derecho supletorio 
estatal, sin perjuicio de su regulación por la normativa autonómica, en su caso), salvo 
que la legislación urbanística sujetase tales actuaciones a un régimen de comunicación 
previa o declaración responsable, en cuyo caso aquellas autorizaciones se sustituirán 
por los documentos que acrediten que la comunicación ha sido realizada y que ha 
transcurrido el plazo establecido para que pueda iniciarse la correspondiente actividad, 
sin que del Registro de la Propiedad resulte la existencia de resolución obstativa alguna.
Por tanto, en principio, es exigible la licencia de primera ocupación para inscribir en 
el Registro de la Propiedad las escrituras públicas de declaración de obras nuevas 
terminadas, siempre que la respectiva normativa autonómica establezca que está sujeto 
a licencia, aprobación, autorización o conformidad administrativa el acto jurídico de uso 
de la edificación y que no es bastante la comunicación previa o declaración responsable.
3.  En el ámbito de la legislación balear, la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears contempla la licencia de ocupación en su artículo 158, 
autorizaciones urbanísticas para la ocupación de los edificios y la contratación de los 
servicios, en el que establece: «1. La licencia de ocupación o de primera utilización 
tendrá  como  objetivo  verificar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  la  licencia 
urbanística previa, comprobar la adecuación al proyecto autorizado de las obras de las 
edificaciones o las instalaciones realizadas y autorizar su puesta en uso (…) 2. En todo 
caso, para poder ser ocupado cualquier edificio destinado a albergar personas, tendrá 
que disponer de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor».
Por su parte el artículo 16 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes 
Balears, en el que se apoya el recurrente relativo a la cédula de habitabilidad dispone: 
«1. La cédula de habitabilidad es el documento que expide el consejo insular, sin 
perjuicio de que puedan delegar su otorgamiento a los entes locales, en el que se 
reconoce la aptitud de una vivienda, un local o un edificio residencial no incluido en el 
concepto de vivienda para que sea habitado, y que es obligatorio para ocuparlo o 
alquilarlo  (…)  4.  En  cualquier  transmisión  por  venta,  alquiler  o  cesión  de  uso  se 
incorporará una copia de la cédula de habitabilidad vigente o, en su caso, la calificación 
definitiva. En caso de que no se disponga de cédula o de calificación, se hará constar 
expresamente este hecho en el contrato o en la escritura».
La finalidad de la licencia de primera ocupación o utilización, de concesión municipal, 
es comprobar que las obras autorizadas se ejecutaron conforme al proyecto para el que 
se concedió la licencia y que el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y 
salubridad y puede habilitarse para el uso a que se destina, con independencia de que 
esté o no autorizada la actividad que se va a desarrollar en la edificación construida. Por 
lo tanto, está dirigida a proteger la legalidad urbanística y verifica, principalmente, que lo 
construido se adapta a lo autorizado en su día mediante la licencia de obras.
Por su parte, la cédula de habitabilidad que concede el Consejo Insular, sin perjuicio 
de que puedan delegar su otorgamiento a los entes locales, es un acto administrativo 
que acredita que la edificación reúne las condiciones mínimas para pueda ser destinada 
a vivienda y ello con independencia de su referencia al momento de la finalización de la 
obra o a uno posterior, como sucede en los casos de venta o alquiler, puesto que las  e.
condiciones de habitabilidad hacen referencia no tanto a la adecuación de la obra a la  w.b
licencia que la amparó, como a las condiciones de salubridad, higiene y solidez de la  76ww
veinv iseun dcaa sqou,e d ela  shua rgeanno vaapctaió pna.ra su finalidad, de ahí su duración limitada y la necesidad,
que,B ieenn  easl gcuienratos  qcuoem eunn iadlagduensa,s  coocmasoio nAensd uanluac íya ,o tArar asgeó ns,o laepna ne ly  ecallos oh ad per opvroimcaedrao 
ocupación, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco se haya suprimido
la cédula de habitabilidad con el fin de eliminar la duplicidad de controles por parte de 
distintas Administraciones Públicas.
Este  no  es  el  caso  de  Baleares,  donde  ambos  documentos  administrativos, 
mantienen su existencia, sin que la regulación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, alegada 
por el recurrente, suponga la derogación de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo, siendo la licencia de ocupación la que conforme a la legislación estatal antes 
reseñada es exigible a la hora de proceder a la inscripción.
Así resulta del artículo 382 del Reglamento General de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca, que señala: «1. La 
licencia de ocupación o de primera utilización tiene como finalidad la verificación del 
cumplimiento  de  las  condiciones  de  la  licencia  urbanística,  la  comprobación  de  la 
adecuación al proyecto autorizado de las obras de las edificaciones o las instalaciones 
realizadas, y la autorización de su puesta en uso. 2. La persona interesada deberá 
solicitar la licencia de ocupación o de primera utilización una vez acabadas las obras, 
respecto a las edificaciones o a las instalaciones de nueva construcción, o bien que 
hayan sido objeto de actuaciones de: (…) c) Ampliación, consolidación, restauración o 
cambio de uso».
Por su parte el apartado 2 del artículo 383, relativo al procedimiento de otorgamiento 
de licencia de ocupación o primera utilización, en su redacción vigente en el momento de 
expedirse la cédula de habitabilidad unida a la escritura, disponía: «Con la solicitud de la 
persona  interesada,  se  debe  adjuntar  una  certificación  de  finalización  de  obra  y 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad exigibles suscrita por el director o la 
directora de la obra y por el director o la directora de la ejecución de la obra, en que 
conste su finalización, así como la acreditación del ajuste de lo construido a la licencia de 
edificación, reforma o de cambio de uso otorgada en su momento. Asimismo, se deberá 
aportar la correspondiente cédula de habitabilidad de primera ocupación de todas y cada 
una  de  las  partes  determinadas,  funcionalmente  independientes,  recogidas  en  el 
proyecto autorizado y que sean objeto de la solicitud».
El artículo 386 del mismo texto legal, establece que se aplican a la solicitud, a la 
tramitación y a la resolución de las licencias de legalización, que es el caso de este 
expediente, las mismas reglas establecidas para las licencias ordinarias.
Por lo tanto, la cédula de habitabilidad, en el momento en que fue expedida, 19 de 
enero de 2018, era un presupuesto para obtener la licencia de ocupación pero no 
acreditaba su concesión, requisito exigido por la legislación estatal para la inscripción en 
el registro de la Propiedad según se ha expresado anteriormente, por lo que el defecto 
debe ser confirmado.
4.  Por último y aunque no resulta aplicable por razón del tiempo de emisión de 
cédula de habitabilidad, cabe destacar que mediante el Acuerdo del Pleno del Consejo 
Insular de Mallorca de fecha 8 de noviembre de 2018, de aprobación definitiva de la 
modificación del Reglamento General de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y 
uso del suelo, para la isla de Mallorca, se modifica el apartado 2 del artículo 383 antes 
transcrito, cambia su redacción siendo la actual la siguiente: «Con la solicitud de la 
persona  interesada,  se  deberá  adjuntar  un  certificado  de  finalización  de  obra  y 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad exigibles subscrito por el director o la 
directora de la obra y por el director o la directora de la ejecución de la obra, en que 
conste su finalización, así como la acreditación del ajuste de lo construido a la licencia de 
edificación, reforma o de cambio de uso otorgada en su momento».
Por el contrario, en virtud del mismo acuerdo, mediante la modificación de la letra d)  e.
de la disposición adicional segunda del Reglamento General, se da nueva redacción al  w.b
apartado 1 del artículo 10 del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el cual se  76ww
rdeisgeuñlaon  yla sl ac ohnadbicitiaobnielisd adde  ddeim  evnivsieionndaams,i enatsoí,  dceo mhoig ielan e eyx pdeed iciniósnta ladcei onceésd uplaasr a deel 
Lheayb ita5b/2il0id1a8d, . dDei c1h9o   ddeec rjeutnoio ,r edseu ltala  dveiv iaepnldicaa cdióen  laas  laIlsle sv ivBieanledaarss  rceognufolardmaes  speoñr allaa 
expresamente a su artículo 14.
El artículo 10.1 del Decreto 145/1997 relaciona la documentación que ha presentarse 
con la solicitud de cédula de habitabilidad en la modalidad de primera ocupación, y el 
cambio introducido consiste en incorporar entre la documentación a presentar con la 
solicitud de cédula de habitabilidad, conforme al apartado d), la licencia municipal de 
ocupación o de primera utilización o, si procede, un certificado municipal de innecesaridad 
de dicha licencia cuando la legislación sectorial aplicable no lo exija.
La reforma operada por el acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de 8 de 
noviembre de 2018, implica por tanto la exigencia de la previa obtención de la Licencia 
municipal  de  Primera  Ocupación,  como  requisito  antecedente  a  la  obtención  de  la 
Cédula de Habitabilidad, al contrario de lo que sucedía hasta ese momento, por lo que a 
partir de dicha fecha la obtención de esta última implicara la previa concesión de la 
primera. Pero como se ha dicho anteriormente, esta normativa no estaba vigente en el 
momento de expedición de la cédula de habitabilidad.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.