BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Miércoles 29 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 119485
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
15774 Real Decreto 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención 
para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad 
destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de 
Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
I
A las 15:12 horas (hora canaria) del día 19 de septiembre de 2021 tuvo lugar una 
erupción volcánica en la isla de La Palma, en la zona de Montaña Rajada, en el término 
municipal de El Paso, observándose dos fisuras grandes alineadas en dirección NS, 
separadas entre sí por unos 200 metros, 9 bocas eruptivas y dos coladas de lava 
descendiendo en dirección al mar.
El  día  19  de  septiembre  de  2021  fue  activado  el  Plan  Estatal  General  de 
Emergencias  de  Protección  Civil  (PLEGEM)  en  fase  de  Alerta  y  Seguimiento 
Permanente. Asimismo, fueron activados el día 19 a las 15:00 horas la Situación de 
Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).
En la tarde del domingo 19 se activó a la Unidad Militar de Emergencias en El Paso, 
desplazándose  numerosos  efectivos  y  vehículos,  además  de  movilizar  numerosos 
medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante el periodo de activación de los planes mencionados se ha producido la 
evacuación preventiva de más de 6.000 personas de las poblaciones afectadas, daños 
en  infraestructuras  y  bienes  públicos  y  privados,  así  como  daños  en  cultivos  y 
explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. 
Asimismo, se han alterado las redes del transporte de personas y mercancías, con el 
corte de carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del 
oeste de la isla de La Palma, así como la suspensión de actividades escolares en 
algunos de los municipios afectados.
Las cifras disponibles, hasta el momento, cifran en torno a 500 viviendas arrasadas 
por la lava, que en ningún caso, podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban, 
sin perjuicio de otros daños en viviendas que sí pueden ser rehabilitadas o reconstruidas 
en su ubicación.
Con el objeto de realojar a las personas y familias que se han visto afectadas en su 
vivienda  habitual,  el  Gobierno  de  Canarias  está  habilitando  diferentes  soluciones, 
algunas coyunturales y otras con mayor vocación de permanencia. Entre estas últimas, 
se está gestionando la adquisición de viviendas, tanto existentes como provenientes de 
promociones  de  obra  nueva  recientemente  finalizada  o  en  curso.  Por  su  parte,  el 
Gobierno de España tiene la intención de colaborar en la compra de dichas viviendas, 
cofinanciando su adquisición. e.
Si bien, no es aún posible disponer de una estimación acerca de los perjuicios  w.b
ocasionados por este fenómeno, la magnitud de la emergencia, las medidas necesarias  774ww
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subsidiaria, complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, 
tienen encomendadas las Administraciones Públicas territoriales.
La gravedad de los daños materiales producidos, especialmente en las viviendas de 
la zona, y la consiguiente destrucción de enseres, así como la posible incidencia sobre la 
actividad  económica,  hacen  necesaria  la  aprobación  de  normas  excepcionales  en 
relación con estos bienes y con el alojamiento de los damnificados. La aplicación de 
estas  normas  especiales  conlleva  la  inadecuación  de  las  reglas  que,  con  carácter 
general, sobre esta misma materia, establece el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, 
por  el  que  se  regulan  las  subvenciones  en  atención  a  determinadas  necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el 
procedimiento para su concesión.
Entendiendo,  por  tanto,  que  existen  razones  de  interés  público  y  social,  la 
Administración General del Estado colaborará directamente en la financiación de las 
ayudas para el alquiler de viviendas, realojamientos alternativos y reposición de enseres, 
mediante la concesión de subvenciones directas con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos  22.2.c)  y  28.2  y  3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  y  en  el  artículo  67  de  su  Reglamento  aprobado  por  el  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  No  en  vano,  se  trata  de  una  iniciativa  singular 
orientada a salvaguardar tanto la seguridad de personas como el entorno urbano ante un 
riesgo grave, por lo que no procede la convocatoria pública de la subvención.
En la elaboración de este real decreto se han observado los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta las extraordinarias 
medidas que se establecen. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, se ha 
prescindido del trámite de consulta pública y de audiencia e información pública, tal y 
como posibilitan los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto se ha 
procurado que la norma genere las menores cargas administrativas posibles para los 
ciudadanos.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de las Ministras de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este real decreto tiene por objeto la concesión directa a la Comunidad Autónoma 
de Canarias de una subvención para financiar la adquisición, por sí misma o a través de 
sus órganos o entidades dependientes, de 107 viviendas de titularidad pública o privada, 
en la isla de La Palma, para destinarlas al alojamiento, con carácter temporal o definitivo, 
de familias afectadas con la pérdida o daño de su vivienda habitual como consecuencia  e.
de la erupción volcánica iniciada en dicha isla el 19 de septiembre de 2021. w.
En el caso de que las viviendas dejasen de cumplir este objeto inmediato, tendrán  774ww
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asequible u otras formas de tenencia, siempre que se justifique su fin social.
2.  Asimismo tiene por objeto la concesión de una subvención para financiar ayudas 
económicas a las familias afectadas destinadas a la adquisición de enseres de primera 
necesidad por las personas a las que se refiere el apartado anterior.
A  estos  efectos,  únicamente  se  consideran  como  enseres  domésticos  de  primera 
necesidad los muebles y elementos del equipamiento doméstico básico para cubrir las 
necesidades esenciales de habitabilidad de la vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.1.d) del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las 
subvenciones  en  atención  a  determinadas  necesidades  derivadas  de  situaciones  de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
3.  Sólo  serán  financiables  aquellas  actuaciones  que  se  deriven  de  los  daños 
ocasionados por la erupción volcánica. A estos efectos, la Comunidad Autónoma de Canarias 
presentará un certificado con la relación de inmuebles afectados por la erupción.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
1.  El procedimiento de concesión se regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  su  reglamento  de  desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en este real decreto.
2.  Las subvenciones se concederán en régimen de concesión directa, en razón del 
interés público y social derivado de las singulares circunstancias que concurren, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 3.  Beneficiario.
1.  Será  beneficiaria  directa  de  esta  subvención  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias.
2.  La Comunidad Autónoma deberá destinar el importe íntegro de la subvención a 
la adquisición de las 107 viviendas y a la financiación de ayudas económicas a las 
familias afectadas para la adquisición de enseres de primera necesidad por las personas 
damnificadas en los términos previstos en este real decreto.
3.  Estas ayudas se concederán para subvenir necesidades perentorias e inaplazables 
que requieren una actuación inmediata, sin perjuicio de otras actuaciones que se realizarán 
por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 4.  Actuaciones financiables.
1.  Se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención de 5.500.000 
euros para financiar la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma. Las viviendas a 
adquirir podrán ser de titularidad pública o privada, y deberán estar en condiciones de ser 
ocupadas con carácter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la 
urgencia  de  la  necesidad  a  cubrir,  y  cumplirán  con  la  normativa  de  carácter  estatal, 
autonómico o local que les fuera de aplicación, así como con cuantas determinaciones se 
establezcan, en su caso, en la resolución de transferencia de la subvención.
Cuando la vivienda precise obras menores de adecuación o actualización compatibles 
con el plazo de disponibilidad de las mismas, podrán financiarse dichas obras con cargo a 
esta ayuda. Cuando se acuerde que estas obras sean realizadas por el vendedor, el coste de 
las mismas podría incluirse en el precio de adquisición de las viviendas.
2.  Asimismo, se concede una subvención de 5.000.000 de euros a la Comunidad 
Autónoma de Canarias para financiar la adquisición de enseres de primera necesidad  s
por los damnificados. oe.
Artículo 5.  Compatibilidad y límites de las ayudas. 774ww
1.  El importe de la ayuda concedida en aplicación de este real decreto se aplicará
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inherentes a la propia adquisición, y en su caso las obras menores necesarias para la 
adecuación de las viviendas.
2.  La ayuda para la adquisición de cada vivienda podrá ser de hasta el 100 por 100 
del coste total de su adquisición, en los términos señalados en el apartado 1.
3.  Las ayudas previstas en este real decreto serán incompatibles con las reguladas 
en materia de vivienda y enseres en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
4.  El importe de las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto a los 
damnificados no podrá superar en ningún caso la diferencia entre la cuantía del daño 
producido  y  el  importe  de  otras  ayudas  o  indemnizaciones  compatibles  o 
complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos 
públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de 
pólizas de aseguramiento.
Artículo 6.  Financiación.
1.  Las ayudas previstas en este real decreto se financiarán en su totalidad por la 
Administración General del Estado, con cargo a los créditos que por un importe máximo 
de 5.500.000 euros y 5.000.000 de euros se habiliten en el presupuesto del Ministerio del 
Interior, respectivamente, para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera 
necesidad, en los términos previstos por este real decreto.
2.  La cuantía restante para la adquisición de las 107 viviendas será aportada por el 
Gobierno de Canarias o sus organismos dependientes, con cargo a su presupuesto.
Artículo 7.  Obligaciones del beneficiario y régimen de justificación.
La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  su  condición  de  beneficiaria  de  la 
subvención, quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a)  Realizar  la  actividad  que  fundamenta  la  concesión  de  la  subvención.  En 
particular, deberá adquirir por si o a través de sus órganos o entidades dependientes 
las 107 viviendas y financiar ayudas económicas a las familias para la adquisición de 
enseres de primera necesidad en el plazo máximo de un año desde la notificación de la 
resolución de concesión de la subvención.
b)  Justificar ante el órgano concedente la adquisición de las viviendas, aportando las 
correspondientes  escrituras  públicas  o  títulos  suficientes  admitidos  en  derecho  para  su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, en el plazo máximo de un año a contar desde la 
finalización del plazo que para la adquisición de las viviendas se establece en el apartado a).
Asimismo,  deberá  justificar  la  concesión  de  ayudas  económicas  a  las  familias, 
destinadas a la adquisición de enseres de primera necesidad por los damnificados.
Se acompañará un informe emitido por el órgano que determine la Comunidad 
Autónoma de Canarias para acreditar la veracidad y la regularidad de la documentación 
justificativa de la subvención, así como se presentará ante el Ministerio del Interior un 
certificado  con  la  relación  de  las  viviendas  a  adquirir  en  el  que  se  declarará 
expresamente la idoneidad de las viviendas para el fin adquirido.
El plazo máximo para la presentación de la documentación será de dos años desde 
la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención.
c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado, conforme a la  s
Ley 38/2003, de 17 de octubre, aportando cuanta información le sea requerida en el  oe.
ejercicio de las actuaciones objeto de la subvención. w.
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en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f)  Hacer constar en todas las actuaciones de publicidad y comunicación relativas a 
las ayudas objeto de este real decreto, la participación de la Administración General del 
Estado  en  su  financiación,  mediante  la  inclusión  de  la  imagen  institucional  en  los 
soportes correspondientes, conforme a la normativa vigente.
Artículo 8.  Destino de las viviendas y enseres de primera necesidad.
1.  Las viviendas que se adquieran con la ayuda regulada en este real decreto 
deberán destinarse al alojamiento de familias afectadas por la pérdida o daño que 
imposibilite  el  disfrute  de  su  vivienda  habitual  como  consecuencia  de  la  erupción 
volcánica, ya sea con carácter temporal o definitivo.
2.  Las viviendas serán adjudicadas por el Gobierno de Canarias, en las condiciones 
que éste estipule, con carácter temporal o indefinido, a las familias que hayan perdido o 
hayan sufrido daños graves en su vivienda, cuando esta fuera su domicilio habitual y 
permanente, con independencia de que su ocupación fuera en régimen de propiedad, 
usufructo o arrendamiento.
3.  En el caso de que, por cualquier circunstancia, las viviendas dejasen de cumplir 
este objeto inmediato, deberán permanecer bajo titularidad pública durante un plazo 
mínimo de 30 años, y la Comunidad Autónoma de Canarias sólo podrá destinarlas a 
fines  sociales  mediante  su  alquiler  social  o  asequible  u  otras  formas  de  tenencia 
admitidas en derecho.
4.  La Comunidad Autónoma de Canarias sólo podrá devolver dichas viviendas al 
tráfico privado si, transcurrido un plazo mínimo de 30 años, justificase ante el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que las viviendas ya no son necesarias para 
fines sociales.
5.  En el caso de que las viviendas fueran devueltas al tráfico privado en un plazo 
inferior  a  30  años,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  deberá  reintegrar  a  la 
Administración General del Estado la subvención concedida para su adquisición, con la 
aplicación del interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100.
6.  Las ayudas económicas para la adquisición de enseres de primera necesidad se 
destinarán a las familias afectadas por la pérdida o daño que imposibilite el disfrute de su 
vivienda habitual.
Artículo 9.  Requisitos que han de acreditar los perceptores de las ayudas.
1.  La Comunidad Autónoma de Canarias exigirá a los particulares que perciban las 
ayudas a las que se refiere este real decreto acreditar, por cualquier medio admisible en 
derecho:
a)  Ser residentes en la isla de La Palma y que la vivienda siniestrada constituía su 
residencia habitual con anterioridad a la producción del siniestro.
b)  Ostentar, según proceda, la condición de propietario o arrendatario.
2.  En  atención  a  la  especial  naturaleza  de  las  ayudas  previstas  en  este  real 
decreto, se eximirá a los perceptores de las ayudas del cumplimiento de los requisitos 
regulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10.  Procedimiento de concesión y pago.
1.  Esta subvención se concede de forma directa. e
2.  El inicio del procedimiento de concesión corresponde a la Dirección General de  bo
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 774ww
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subvención.
4.  El  libramiento  de  los  fondos  se  realizará  una  vez  que  se  haya  recibido  la 
aceptación de la subvención y el certificado mencionado en el apartado anterior.
5.  El pago de la subvención no requerirá la constitución de garantía.
Artículo 11.  Incumplimientos y reintegro de las subvenciones.
1.  Se exigirá al beneficiario el reintegro de la subvención, con el interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago, en los casos y en los términos previstos en 
el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose el 
procedimiento de regulado en el capítulo II del título II de dicha ley.
2.  Asimismo, no obstante el reintegro de la ayuda, en caso de que la conducta sea 
constitutiva de infracción administrativa, se estará a lo dispuesto en el título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública.
Disposición final segunda.  Facultades de ejecución.
Los titulares de los Ministerios, en el ámbito de sus competencias, adoptarán cuantas 
medidas sean necesarias para la ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA