BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 22046
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2836 Pleno. Auto 5/2021, de 27 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 
4836-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4836-2020, 
planteada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de 
Santander en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario 
de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ECLI:ES:TC:2021:5A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4836-2020,  planteada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, en relación con la disposición adicional 
undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Con fecha 15 de octubre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal un 
oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander por el que se 
remite, junto al testimonio del procedimiento abreviado núm. 318-2019, el auto de 5 de 
octubre de 2020, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
al entender que concurre vicio de inconstitucionalidad en el inciso de esa disposición que 
dice: «con vínculo de derecho administrativo durante cinco años en las instituciones 
sanitarias del Servicio Cántabro de Salud».
2.  En síntesis, presentan relevancia para esta cuestión de inconstitucionalidad los 
siguientes antecedentes:
a)  Una enfermera interina que presta servicios en el hospital universitario Marqués 
de Valdecilla formuló demanda contencioso-administrativa contra la resolución de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria desestimatoria del recurso de alzada 
interpuesto contra la resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud de 1 
de abril de 2019; esta deniega a la demandante el acceso al grado 1 de carrera 
profesional en la convocatoria 17PCP/1802. La demanda dio lugar al procedimiento 
abreviado núm. 318-2019  del Juzgado  de  lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de  e.
Santander. w.
b)  El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Santander  dictó  36ww
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instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la redacción de la 
Ley del Parlamento de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, por su posible contradicción con el derecho a la igualdad del art. 14 CE, 
y también con el art. 149.1.1, 16, 17 y 18 CE, por desconocimiento de la legislación 
básica  del  Estado  recogida  en  los  arts.  9.5,  40  y  disposición  final  primera  de  la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios de salud; en los arts. 40 y 41 y disposición final primera de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; en el art. 84 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; y en los arts. 4.6 y 37 a 39 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
El  Ministerio  Fiscal  y  la  demandante  manifestaron  que  no  se  oponían  al 
planteamiento de la cuestión, mientras que la representación del Gobierno de Cantabria 
se opuso a que se plantease.
c)  Por auto de 5 de octubre de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Santander acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con 
un inciso de la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Se trata del inciso que dice «con vínculo de derecho administrativo durante cinco años 
en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud».
Razona que el inciso cuestionado podría incurrir en infracción del art. 14 CE o, en su 
caso, del art. 23 CE.
El auto recuerda los antecedentes del litigio principal, y destaca que en la resolución 
de alzada, se detallan los motivos de la denegación en atención a los informes jurídicos 
emitidos, porque no se computan los días de servicios en el Centro Psiquiátrico Parayas 
prestados como personal laboral y funcionaria interina antes de la integración de ese 
centro en el Servicio Cántabro de Salud.
A continuación expone el juicio de relevancia afirmando que el resultado del pleito 
depende de la aplicación del inciso cuestionado de la disposición adicional undécima de 
la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, introducida por el art. 15 
de la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2017, de 26 diciembre, conforme a la cual «con 
efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, lo dispuesto en los artículos 56 
y 61.2 e) de la presente ley resultará de aplicación al personal interino de instituciones 
sanitarias del Servicio cántabro de salud, siempre que haya prestado servicios con 
vínculo de derecho administrativo durante cinco años en las instituciones sanitarias del 
Servicio  Cántabro  de  Salud  en  la  misma  plaza  u  otra  de  contenido  funcional 
equivalente». Señala, en primer lugar, que podría sostenerse que cabe resolver el pleito 
si se entiende que los servicios en el Centro Parayas, previos a la integración, eran o 
deberían entenderse como servicios prestados en el Servicio Cántabro de Salud pero 
«esto solo si se estima la interpretación que hace el actor, no la de la demandada. Y aquí 
la cuestión es que, aun admitiendo la interpretación de la administración, que el término 
Servicio Cántabro de Salud debe entenderse en sentido estricto, como tal organismo 
autónomo, el precepto es inconstitucional». En todo caso, se entiende que de la validez 
del inciso cuestionado depende la controversia, sin perjuicio, «de la cuestión fáctica de 
comprobar los servicios alegados y su naturaleza».
Explica a continuación el juzgado por qué solo opta por el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad: «Ciertamente, se cuestiona la norma legal desde una 
doble perspectiva, europea y constitucional. Este juzgador, por los mismos motivos que 
se expondrán en el punto segundo del planteamiento, está convencido de que la norma  e.
cuestionada  es  contraria  al  art.  4.1  del  acuerdo  marco  [sobre  trabajo  de  duración  w.b
determinada,  que  figura  como  anexo  de  la  Directiva  1999/70/CE]  y  por  ello,  sería  36ww
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Tribunal Constitucional en la materia podría bien obligar al órgano de segunda instancia
a plantear cuestión prejudicial o bien podría motivar un recurso de amparo por no 
hacerlo. Y, en aras de la economía procesal, se entiende que todos los objetivos, de 
resolución  el  litigio  y  de  depuración  del  ordenamiento,  se  consiguen  planteando  la 
cuestión de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que, a la vista de la respuesta que dé el 
Tribunal  Constitucional,  este  juzgador  opte  por  la  vía  del  derecho  europeo,  o  bien 
resolviendo o bien planteando la cuestión prejudicial».
Procede seguidamente el juzgado a exponer las razones por las que entiende que el 
inciso cuestionado sería inconstitucional. Explica que, de los tres posibles motivos de 
inconstitucionalidad,  que  se  plantearon  en  la  cuestión  ya  remitida  al  Tribunal 
Constitucional, solo se va a plantear uno de los motivos ya que los hechos no son 
idénticos y en este caso no está en juego el problema de la discriminación territorial por 
servicios prestados en otras comunidades, ya que los servicios excluidos de cómputo en 
aplicación de la ley se han prestado en Cantabria. Se entiende que la norma cuestionada 
establece una diferencia de trato, carente de motivación objetiva y suficiente, entre el 
personal temporal y el personal fijo, lo que supone una discriminación en aplicación de la 
cláusula cuarta del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, que figura 
como anexo de la Directiva 1999/70/CE, a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y también del Tribunal Supremo. Existiendo una discriminación 
prohibida  por  esa  norma  europea  difícilmente  puede  sostenerse  que  no  haya  una 
discriminación prohibida por el art. 14 CE, según el auto de planteamiento de la cuestión. 
Conforme a la doctrina sentada en la STC 104/2004, de 28 de junio, se considera que la 
norma cuestionada vulnera el art. 14 CE o, en su caso, el art. 23 CE.
3.  Por providencia de 17 de noviembre de 2020, la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional acordó oír a la fiscal general del Estado para que, en el plazo de diez 
días, y a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  alegase  lo  que  considerase  conveniente  acerca  de  la 
admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por defectuosa realización 
del juicio de aplicabilidad.
4.  La  fiscal  general  del  Estado  evacuó  el  trámite  conferido  mediante  escrito 
registrado en este tribunal el 21 de diciembre de 2020, en el que concluye que procede 
inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa realización del 
juicio  de  aplicabilidad,  por  las  mismas  razones  expuestas  en  la  cuestión  núm. 
2568-2020, planteada también por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 
de Santander respecto del mismo precepto legal y en el que incurrió en el mismo defecto 
de planteamiento de la cuestión, y que fue inadmitida por ATC 116/2020, de 22 de 
septiembre.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Santander  ha 
promovido  cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  la  disposición  adicional 
undécima  de  la  Ley  del  Parlamento  de  Cantabria  9/2010,  de  23  de  diciembre,  de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en  el  inciso  «con  vínculo  de  derecho  administrativo  durante  cinco  años  en  las 
instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud». Considera el juzgado que ese 
inciso incurre en infracción del art. 14 CE o, en su caso, del art. 23 CE.
La fiscal general del Estado, en el trámite previsto en el art. 37.1 LOTC, considera  es
que procede inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa  bo
realización del juicio de aplicabilidad. 36ww
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determinó la inadmisión de la misma. Como recuerda la fiscal general del Estado, esa
cuestión ha sido ya inadmitida por el Pleno de este tribunal mediante ATC 116/2020, 
de 22 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 289, de 2 de noviembre), por 
incumplimiento  del  juicio  de  aplicabilidad,  atendiendo  a  la  doctrina  sentada  en  el 
ATC 168/2016, de 4 de octubre, FJ 4.
Asimismo, el ATC 173/2020, de 15 de diciembre, ha inadmitido por la misma razón la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4297-2020,  planteada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santander sobre el mismo precepto y con el 
mismo fundamento.
Razonamos en el ATC 116/2020, FJ 3 (lo que se reitera en el ATC 173/2020, FJ 3), 
que, a diferencia de la situación examinada por el ATC 168/2016, en el presente caso no 
se trata de un planteamiento simultáneo de la cuestión de inconstitucionalidad y de la 
cuestión  prejudicial  ante  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  sino  de  un 
planteamiento prioritario o preferente de la primera sobre la segunda. Sin embargo, de la 
doctrina sentada en el ATC 168/2016 (reiterada en los AATC 183/2016 y 185/2016, 
ambos de 15 de noviembre, así como en los AATC 202/2016, 203/2016, 204/2016 
y 205/2016, todos ellos de 13 de diciembre), «se desprende que concurre la misma 
causa de inadmisión en la presente cuestión de inconstitucionalidad, ya que al tiempo de 
plantearla el órgano judicial ha exteriorizado sus dudas acerca de la compatibilidad de la 
disposición adicional undécima de la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de 
diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria con el Derecho de la Unión Europea, por lo que vendría obligado bien a no 
aplicarla, bien a plantear primero la cuestión prejudicial, y solo cuando haya quedado 
descartada la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho de la Unión Europea 
cabría plantear la cuestión de inconstitucionalidad».
En suma, con remisión a lo razonado en los citados AATC 116/2020 y 173/2020, 
procede  inadmitir  también  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad  por 
incumplimiento del juicio de aplicabilidad (art. 37.1 LOTC).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.