BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8333
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1218 Resolución de 13 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer, por 
la que se deniega la práctica de una nota marginal.
En el recurso interpuesto por don R. C. V., Secretario General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad 
de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer, don Silvestre Magriz Tascón, por la que se 
deniega la práctica de una nota marginal.
Hechos
I
Mediante comunicación expedida el día 30 de julio de 2020 por el Secretario General 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, don R. C. V., se solicita que, a la vista de 
previas comunicaciones recibidas procedentes del Registro de la Propiedad en relación a 
expedientes de inscripción de representación gráfica y de inmatriculación, se practique 
una nota marginal en la que se advierta que «el dominio público no está deslindado y 
que la finca inscrita o inmatriculada puede verse afectada en todo o en parte por un 
eventual deslinde». Asimismo, que se deje constancia mediante nota al margen de las 
limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y las obras y 
construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo 
urbanizado.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Herrera del Duque-
Puebla de Alcocer, es objeto de la siguiente comunicación: «Se solicita la suspensión del 
plazo  de  20  días  para  formular  alegaciones  previsto  en  el  artículo  199  de  la  Ley 
Hipotecaria, argumentando que la finca linda con un cauce de dominio público carente 
de deslinde.
En primer lugar, es preciso señalar que en ningún precepto se dispone la posibilidad 
de suspender el plazo de 20 días, de manera que el trámite solicitado carece de apoyo 
normativo y por ello no es posible acceder a las alegaciones planteadas.
En cuanto a la colindancia de la finca con el cauce de dominio público, consultada la 
información territorial asociada disponible en la aplicación auxiliar para la calificación de 
las inscripciones gráficas se ha podido comprobar que el cauce, en la delimitación que 
consta en dicha información no se ve invadido. Así puede comprobarse en la imagen 
adjunta que se ha extraído de la aplicación auxiliar. Tampoco puede supeditarse la 
posibilidad de la inscripción de la representación gráfica goerreferenciada a la práctica 
de un eventual deslinde administrativo, por dos razones, salvo que haya una patente 
invasión del dominio público, circunstancia que no concurre en este caso, por dos  e.e
razones.  En  primer  lugar,  porque  la  inscripción  de  la  representación  gráfica  b
georreferenciada no impide que la administración pueda deslindar el dominio público en  18ww
cinueamlqbuaiergr abmleo mednet o, dnici hop rejudzogmai,n ioe.n   Efinn,   esl egcuanrádcot er luingaalri,e napbolerq, ueim  prseuspcerdipittaibrl e lea 
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Conviene recordar que del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, no resulta que la mera 
oposición  del  colindante  haya  de  impedir  necesariamente  la  inscripción  de  la 
representación gráfica, sino que estas alegaciones serán apreciadas en la calificación 
del Registrador. Así mismo en Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se indica que la oposición 
de la una Administración Pública, supone que el Registrador deba suspender al [sic] 
inscripción de la Base Gráfica, pero siempre que esta esté motivada. Por su parte, en la 
resolución de fecha 12 junio de 2018, se indica claramente que la mera oposición de un 
interesado,  que  no  aporta  prueba  escrita  de  su  derecho,  no  puede  paralizar  un 
expediente notarial y registral y derivar la cuestión a la jurisdicción contenciosa. Estima el 
recurso  contra  la  calificación  de  un  registrador  que  denegó  la  inscripción  de  una 
representación gráfica ya que la nota del Registrador no explicita las dudas de identidad 
que impiden la inscripción de la Base Gráfica Registral y señala que es necesaria una 
prueba escrita del derecho del que formula para denegar la inscripción. Por eso es 
necesario que las alegaciones que ustedes nos realizan estén fundamentadas y nos 
aporten los datos de límite de dominio público hidráulico que lindan con la finca en 
cuestión para que por parte de este funcionario calificador se pueda hacer una nota de 
calificación debidamente motivada.
En definitiva, deben desestimarse las alegaciones presentadas por Confederación 
Hidrográfica del Guadiana
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Silvestre Magriz 
Tascón, registrador/a de Registro Propiedad de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer a 
día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte».
III
Don R. C. V., Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito de fecha 19 de octubre 
de 2020 que tuvo entrada en el citado Registro el día 23 del mismo mes, en el que alega 
lo siguiente: «Presentado por este Organismo de cuenca escrito de oposición, en que se 
hacía  constar  que,  en  el  caso  de  posterior  inmatriculación,  la  oposición  de  este 
organismo de cuenca, como colindante registral, a la inscripción de la representación 
geográfica georreferenciada de las fincas catastrales que se pretende inmatricular, con la 
constancia mediante nota al margen, de la advertencia de que "el dominio público 
hidráulico no está deslindado y que la finca inscrita o inmatriculada puede verse afectada 
"en todo" o "en parte" por un eventual deslinde".
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9, art. 9 bis, y 9 ter ss. del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y Vil de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas, modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, 
sobre las Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y las Obras 
y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo 
urbanizado, se deje constancia mediante nota al margen, de dichas limitaciones.
Todo ello de conformidad con la regulación contenida en el párrafo segundo del 
apartado 2.b) de la Resolución-circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos 
extremos regulados en la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, 
de 24 de junio, que dispone que: s
"Las notificaciones efectuadas a los colindantes registrales se harán constar por nota  b
al margen de la finca correspondiente, así como la oposición formulada por sus titulares,  18ww
seenx stAoud,  cipcaiásoronr.aa"flom ecnutaer,t od ed ec olnaf oRrmesidoaludc icóonn d leo  d7i sdpeu eoscttou berne  adpea r2ta0d2o0  Ddee cSimuobtseerccreertoa,r ipau ndteol   OE-A-2021-12able en https://
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por la
que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, establece que:
"En el supuesto de practicarse la inscripción, ésta será notificado, en todo caso, a la 
Administración titular colindantes a fin de que pueda ejercitar las acciones que considere 
oportunas en defensa del dominio público. Tanto en las notificaciones que se realicen 
como en las inscripciones que se practiquen en el Registro de la Propiedad, se hará 
constar de que se trata de dominio público no deslindado."
Tercero.–Sin fecha de resolución, notificada el 14.10.2020, se dictó resolución por el 
Sr Registrador, por el que desestima la oposición presentada y deniega la práctica de las 
pertinentes NOTAS AL MARGEN solicitadas.
Cuatro.–de conformidad con lo dispuesto en el art. 327 de la Ley Hipotecaria, el 
recurso  de  presentará  ante  el  Registro  que  efectuó  la  calificación  negativa  (en  el 
presente caso el RP de Herrera del Duque y Puebla de Alcacer) para su remisión a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, para su resolución. Acompañando 
para ello los documento que se especifican en el citado precepto. Artículo 327 “(...)”».
IV
El  registrador  de  la  propiedad  de  Herrera  del  Duque-Puebla  de  Alcocer,  emitió 
informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta 
Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 20, 40, 199 y 205 de la Ley Hipotecaria; artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario; artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; artículo 242 bis del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público  Hidráulico;  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas; Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos regulados en la 
reforma  de  la  Ley  Hipotecaria  operada  por  la  ley  13/2015,  de  24  de  junio  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre 
de 2014, 15 de marzo de 2016, 13 de noviembre de 2017, 19 de julio de 2018, 4 de julio 
de 2019, 19 de septiembre de 2019 y las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de marzo de 2020, 11 de diciembre de 2020 y 16 
de octubre de 2020.
1.  Es objeto de este expediente decidir si, a solicitud de la Administración titular del 
dominio público hidráulico, puede practicarse una nota marginal en una finca colindante 
a la misma en la que se advierta que «el dominio público no está deslindado y que la 
finca inscrita o inmatriculada puede verse afectada en todo o en parte por un eventual 
deslinde»; así como que se deje constancia mediante nota al margen de las limitaciones 
a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y las obras y construcciones en la 
zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado.
El registrador deniega la oposición formulada. La Administración solicitante recurre la 
calificación invocando el párrafo segundo del apartado 2.b) de la Resolución-Circular de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la interpretación y aplicación  es
de algunos extremos regulados en la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la  o
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2.  Se plantea como única cuestión si es posible practicar, a requerimiento de la 
Administración, una nota marginal con la finalidad de advertir que una finca colinda con 
el dominio público hidráulico, el cual no está deslindado, sin que ni siquiera se haya 
iniciado este procedimiento, a los efectos de advertir las posibles consecuencias de un 
eventual deslinde y las limitaciones que de esta colindancia se derivan.
La  publicidad  del  procedimiento  de  deslinde  del  dominio  público  hidráulico  se 
contempla en el artículo 242 bis apartado 2 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que dispone lo 
siguiente  «Cuando  los  interesados  en  el  expediente  aporten  títulos  inscritos  en  el 
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 
público, el Organismo de cuenca lo comunicará al registrador, al objeto de practicar la 
anotación  preventiva  correspondiente,  en  donde  se  hará  constar,  además  de  las 
circunstancias  previstas  con  carácter  general  en  la  legislación  hipotecaria,  las 
específicas que acrediten la tramitación de un expediente de deslinde, y la advertencia, 
según proceda, de que en su virtud la finca puede resultar en todo o en parte de dominio 
público.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  una  vez  iniciado  el  procedimiento  de  deslinde,  el 
Organismo de cuenca podrá solicitar al registrador que extienda anotación preventiva 
acreditativa de la existencia de aquél en las fincas que pudieran resultar afectadas.
Si las fincas no estuvieran inscritas, la anotación preventiva se tomará, además, por 
la falta de previa inscripción».
Se observa, por tanto, que la publicidad registral mediante un asiento en la finca sólo 
se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los 
interesados.
3.  Esta última cuestión resulta de capital relevancia puesto que por aplicación del 
principio de tracto sucesivo no cabe practicar ningún asiento en una finca en virtud de 
una  resolución  administrativa  sin  que  el  interesado  haya  tenido  intervención  en  el 
procedimiento correspondiente.
Como ha venido resolviendo esta Dirección General (vid. por todas, la Resolución 
de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo 
había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su 
función,  goza  el  registrador  de  una  mayor  libertad  para  calificar  el  documento 
administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los 
trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. 
entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza 
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces 
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que 
legalmente están investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 
27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 
y 1 de junio de 2012). s
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de  oe.
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre  w.
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a  18ww
feins tadbele cciodmasp ropboar r laesl  cleuymeps limy ielonsto  redgel almase ngtoasra, nctíoans  eqlu ee xpcalursai vloo so bpjaerttoic, uclaormeso  etisetnáen 
sdie, celanr eald por oecseted iCmeienntrtoo  oDbirjeectoti vdoe,  ldae r eqsuoelu ccuióanlq, unioe rh tait utelanri droe glais itnratel rnvoe npcuióend ap rseevri satafe pcotard lao   BOE-A-cable e
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de 
una indefensión procesal,  y en  este  sentido –como una garantía más del derecho 
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del 
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el 
curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan 
tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.
4.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora del dominio público hidráulico, ni tampoco se prevé 
en la normativa general de las Administraciones Públicas. Así, en el procedimiento de 
deslinde previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre (cfr. artículo 52), también se 
contempla la publicidad registral una vez iniciado dicho procedimiento.
Ahora bien, el artículo 9 letra a) de la Ley Hipotecaria dispone que «cuando conste 
acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 
administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 
previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de 
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de 
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita 
a  expresar  la  colindancia  con  el  dominio  público,  lo  cual  ya  resulta  de  la  propia 
descripción de la finca (cfr. artículo 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento); 
advierte la posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la 
finca pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos 
legales del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley.
Por tanto, tampoco puede practicarse la nota marginal solicitada al amparo de este 
precepto,  pues  no  resulta  una  concreta  calificación  urbanística,  medioambiental  o 
administrativa de la finca más allá de su colindancia con el dominio público y no resulta 
de la solicitud la intervención del titular de la finca.
5.  Todo lo expuesto es sin perjuicio de la tutela del dominio público que proceda en 
el curso de cualquier expediente registral que afecte a la finca.
Como ya se indicó por este Centro Directivo en su Resolución de fecha 15 de marzo 
de 2016 y ha reiterado en otras muchas posteriores, la obligación legal a cargo de los 
registradores de la Propiedad de tratar de impedir la práctica de inscripciones que 
puedan invadir el dominio público tiene su origen y fundamento, con carácter general, en 
la legislación protectora del dominio público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como 
en  su  artículo  30,  los  bienes  y  derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual no es sino manifestación del 
principio y mandato supremo contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de 
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas 
deben  inscribir  en  los  correspondientes  Registros  los  bienes  y  derechos  de  su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,  s
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos  oe.
registros». w.
Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción registral, se  18ww
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estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda 
su administración, para que por éstos se inste lo que proceda».
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. resolución 
de 23 de enero de 2019).
Pero  la  protección  registral  que  la  ley  otorga  al  dominio  público  no  se  limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento 
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo 
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes (supuesto de este 
expediente),  el  registrador  ha  de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que 
acrediten que la inscripción pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del  s
territorio. oe.
6.  En el supuesto de este expediente, la Administración en un único escrito formula  w.
oposición a la inscripción de la representación gráfica de fincas en un expediente del  18ww
laar tLíceuyl oH 1ip9o9t,e acasír iaco.mo a diversas inscripciones practicadas al amparo del artículo 205 de
negaAtsiví,a  ciomnp uagnnteardioar,i dsaed s aig ulaió p erens aelngtuancaiósn d dee l alas  fiinnsctaasn ceial p qroucee ddaim liuegnator  ad elal  acratílcifuicloa c1ió9n9   BOE-A-cable e
de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose practicado las 
preceptivas notificaciones, entre ellas a la Confederación Hidrográfica como titular de 
dominio público colindante, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el 
registrador en comunicación ahora recurrida, estando aún pendiente la conclusión del 
procedimiento.
Si bien debe quedar constancia en el folio real de los trámites de dicho expediente 
(cfr. Resolución Circular de 3 de noviembre de 2015, invocada en el recurso), lo que se 
pretende por el recurrente no es la mera constancia de este trámite de notificación y su 
oposición, sino que se viene a exigir un determinado contenido, lo que va más allá de la 
mera constancia de la tramitación seguida en el citado expediente.
En  cuanto  a  las  fincas  inmatriculadas  al  amparo  del  artículo  205  de  la  Ley 
Hipotecaria, hay que recordar que, a diferencia de otros supuestos (como ocurre en el 
caso  del  artículo  28.4  de  la  Ley  de  Suelo),  no  prevé  este  precepto  que  las 
comunicaciones efectuadas motiven una posterior respuesta que deba hacerse constar 
por nota marginal.
En definitiva, procede confirmar la calificación del registrador en el sentido de que no 
puede hacerse constar en el Registro que una finca está pendiente de deslinde ni las 
limitaciones que del mismo se derivan en las fincas colindantes, sin haberse incoado el 
oportuno expediente de deslinde con intervención del titular registral.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación del registrador.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.