BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21830
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2824 Sala Segunda. Sentencia 5/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 1331-2019. Promovido por don Maximino Antonio Martínez Suárez y 
otras  quince  personas  más  respecto  de  la  resolución  del  Tribunal 
Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el 
deber  de  neutralidad  que  deben  observar,  en  tanto  que  presidentes  de 
federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la Real 
Federación Española de Fútbol. Supuesta vulneración de las libertades de 
expresión  e  información  y  de  los  derechos  a  la  igualdad  y  de  defensa: 
improcedencia  de  la  invocación  de  derechos  fundamentales  de  quienes 
actúan en el desempeño de funciones públicas.
ECLI:ES:TC:2021:5
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 1331-2019, promovido por don Maximino Antonio 
Martínez Suárez, don José Ángel Peláez Montes, don Andreu Subies i Porcada, don 
Antonio García Gaona, don Antonio Escribano Ramos, don Marcelino Santiago Maté 
Martínez, don Pedro Ángel Rocha Junco, don Jacinto Andrés Alonso Marañón, don 
Diego Martínez Gómez, don José Miguel Monje Carrillo, don Luis María Elustondo 
Ciarreta, don Vicente Muñoz Castelló, don Miguel Bestard Cabot, don José Rafael Del 
Amo Arizu, don Francisco Javier Díez Ibáñez y don Antonio Suárez Santana, contra la 
Resolución de 27 de abril de 2017, del Tribunal Administrativo del Deporte, que estimó 
parcialmente el recurso interpuesto por don Miguel Ángel Galán Castellanos, contra la 
denegación por silencio administrativo de la denuncia presentada por este último ante la 
Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol, relativa a la aprobación y 
publicación en las páginas webs de dos federaciones territoriales, de una «Carta de 
apoyo a don Ángel María Villar», firmada por los ahora demandantes de amparo, en 
cuanto presidentes de dieciséis federaciones territoriales de fútbol. Ha comparecido y 
formulado alegaciones el abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 1 de  b
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña María Yolanda Ortiz Alfonso, en  24ww
innotemrpbures o yr erceuprrseos ednet aacimónp ardoe,  ploars  vduilenceirsaécisió np edres osnuass  daenretecrhioorsm ae nltaes  mlibeenrctaiodneasd adse, 
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recurso  interpuesto  por  don  Miguel  Ángel  Galán  Castellano  contra  la  denegación
presunta, operada por silencio administrativo, de la denuncia que este había formalizado 
ante la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol, relativa a la 
aprobación y publicación en las páginas webs de dos federaciones territoriales de fútbol, 
de una «Carta de apoyo a D. Ángel María Villar», firmada por los ahora demandantes de 
amparo, en cuanto presidentes de dieciséis de aquellas federaciones territoriales de 
fútbol.
2.  La demanda, en lo que ahora es de interés, trae causa de los siguientes hechos:
a)  La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó 
iniciar, en fecha 13 de febrero de 2017, el proceso de convocatoria de elecciones a la 
asamblea general y a la presidencia de la Federación, que comenzaría el día 17 de 
febrero siguiente, «para finalizar el 22 de mayo con la celebración de la sesión de la 
asamblea general para las elecciones de presidente y comisión delegada». El anuncio 
de la convocatoria fue publicado, entre otros lugares, en la web oficial de la RFEF el 
precitado  día  13  de  febrero  de  2017  (https://www.rfef.es/noticias/comunicado-oficial-
convocatoria-elecciones-presidencia-rfef).
El proceso electoral así iniciado se regularía por el reglamento electoral de la Real 
Federación  Española  de  Fútbol,  aprobado  por  la  Comisión  Directiva  del  Consejo 
Superior de Deportes en su sesión del día 31 de enero de 2017, que fue inscrito en el 
registro de asociaciones deportivas el día 17 de febrero siguiente.
b)  Iniciado  ya  el  proceso  electoral,  los  ahora  recurrentes,  en  su  calidad  de 
presidentes de las federaciones territoriales de fútbol del Principado de Asturias, Islas 
Baleares,  Islas  Canarias,  Cantabria,  Castilla-La  Mancha,  Castilla  y  León,  Cataluña, 
Ceuta, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Valencia y País Vasco, 
firmaron un escrito encabezado por la rúbrica «Carta de apoyo a D. Ángel María Villar», 
presidente entonces de la Real Federación Española de Fútbol y precandidato a la 
reelección,  que  fue  publicado  en  las  páginas  web  oficiales  de  las  Federaciones 
Territoriales del Principado de Asturias y de Cantabria el día 23 de febrero de 2017.
c)  El texto literal de la carta era el siguiente:
«Catorce años de acoso y persecución.
El próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones a la presidencia de la RFEF. 
Concluirá en ese preciso momento el proceso que situará al frente de la Real Federación 
Española de Fútbol al vencedor en las urnas. Las urnas son soberanas.
Un total de 140 electores decidirá quién conduce los destinos de la RFEF a partir de 
ese instante y se pondrá fin así a un proceso que algunas partes han convertido en 
especialmente  tortuoso  y  muy  difícil  de  concretar.  No  ha  sido  el  caso  de  la  Real 
Federación Española de Fútbol, siempre dispuesta a la elaboración del Reglamento 
adecuado,  ni  de  sus  dirigentes  y,  en  especial,  de  Ángel  Villar,  sometidos  a  una 
persecución implacable. Como en todas ellas, sus autores tienen nombres y apellidos.
No hay precedentes en otros procesos electorales en federaciones deportivas de las 
trabas sufridas por la RFEF hasta conseguir que se aprobara el Reglamento Electoral. 
Todas las medidas emprendidas para tratar de conseguirlo fueron rechazadas por el 
Consejo Superior de Deportes que presidía Miguel Cardenal, en algunos casos tras 
haber sido ya aprobadas y en otros, añadiendo nuevas exigencias. Miguel Cardenal no 
solo impidió repetidas veces la posibilidad de dar el visto bueno al reglamento, sino que 
hizo uso inadecuado de la información de la que disponía, lo que exige un trato prudente 
y exquisito, filtrándola interesadamente. En ningún caso cumplió con el decoro que  e.
exigía su cargo. w.
Pero hay otros involucrados en este largo acoso de años contra Ángel Villar y, en  24ww
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perxe ssiedcernettea rdioe  glae nLeigraa l ddee F lúat bRoFl PErFo, fepsairoan aclo, nqtuineu baurlsocsó.  Ey seten coopnetrróa taiv uon h par ee sctaanddoid ya toe,s teál   BOE-A-cable e
plagado  de  infinidad  de  agravios,  medias  verdades,  inexactitudes,  acusaciones  sin 
sentido  y  graves  calumnias.  Todo  le  ha  valido  a  este  tercero,  que  ha  emprendido 
acciones  disciplinarias,  acciones  penales,  descalificaciones  constantes  y 
manifestaciones insostenibles. Solo han conseguido con ello descubrir su auténtica cara. 
Demostrar qué son, quiénes son y cómo se manejan. Miguel Galán no ha sido ajeno a 
ellos, sino una pieza más de su operativo.
La  historia  de  la  persecución  emprendida  a  título  individual  por  Javier  Tebas, 
presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no es, sin embargo, un asunto reciente; sus 
compañeros de aventura, sí. La inició en 2003. Es, pues, un viejísimo anhelo que hasta 
ahora y para su desgracia, no le ha dado ningún resultado. Ni en los juzgados de lo 
penal, ni en las urnas. Los asuntos denunciados en aquel momento ante el Juzgado de 
lo Penal número 47 de Madrid fueron, entre otros, una presunta retención indebida de 
seguros concertados para jugadores de selecciones nacionales, una presunta retención 
de ingresos de los clubes por las fichas profesionales de los jugadores, la demora en el 
reintegro de viajes y gastos particulares de familiares y directivos, y el contrato con la 
firma deportiva Puma. Asimismo, se abrió un expediente disciplinario por el Comité 
Español de Disciplina Deportiva, que en el mismo acto quedó suspendido hasta que se 
resolviera  el  procedimiento  penal.  El  procedimiento  penal  fue  archivado  con 
posterioridad.
A partir de entonces, y hasta ahora mismo, no han dejado de promoverse denuncias 
y actuaciones que siempre han tenido el mismo final. Muchas de ellas se han producido 
con procesos electorales a la vista y en vigor, lo que no deja de ser extraordinariamente 
llamativo ni puede causar dudas sobre sus objetivos. En ese mismo año 2003, el propio 
Javier Tebas, representante del Club Deportivo Badajoz, aliado con el presidente de una 
Territorial, presentó otra denuncia contra Ángel Villar por presunto abuso de autoridad, 
escudándose en la constitución de una hipoteca sobre los locales de la Real Federación 
Española de Fútbol con Caja Madrid, en garantía de la devolución de un préstamo de 
dieciocho millones de euros. La denuncia no fue admitida por el Consejo Superior de 
Deportes.
No contentos con los resultados de los dos primeros intentos, en 2006, el Comité 
Técnico de Árbitros de la Territorial de Aragón denunció al presidente de la RFEF y al 
presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, por no convocar 
este  una  reunión  de  las  dos  anuales  debidas  de  la  Comisión  de  Coordinación 
Interterritorial  y  Relaciones  Externas  del  Arbitraje.  Asunto  gravísimo,  sin  duda.  El 
Consejo Superior de Deportes instó al Comité Español de Disciplina Deportiva a la 
apertura de un expediente. Tampoco hubo sanción. En 2007, cuatro años después, el 
actual presidente de la Liga y Roberto Dale solicitaron la reanudación del expediente 
suspendido por el Comité Español de Disciplina Deportiva en septiembre de 2003 con el 
mismo resultado: la denuncia fue desestimada. En 2008, Ignacio del Río entabló un 
contencioso-administrativo por motivos electorales y el sindicato Manos Limpias, una 
acción criminal por la misma razón. Una vez más no consiguieron sus objetivos.
La  judicialización  del  fútbol  es  la  primera  de  las  constantes  de  aquellos  que 
pretenden  ganar  lejos  de  nuestro  deporte  lo  que  no  son  capaces  de  ganar  ni 
deportivamente, ni, como se ha demostrado sobradamente, en un proceso electoral 
limpio y democrático. La voz de las urnas ha sido determinante todos estos años. La 
persecución, sin embargo, no ha parado ni en medios ni en difusión. Lamentablemente 
para ellos, la respuesta de los electores ha sido rotunda. En el actual proceso electoral, 
Tebas  lidera  no  solo  el  monopolio  de  la  campaña  de  acoso,  sino  que  respalda  s
plenamente y avala a un precandidato del que el primer día dijo que no era el más  oe.
adecuado. w.
El año 2015, el presidente de la Liga, en representación del Alcorcón, solicitó la  24ww
aCpoemrtiusiróan d De eelxepgeaddiae,n eten tdries cloipsl inqaureio s ceo enntrcao enlt rparbeasnid eVnictee ndtee  ldae Rl FBEosFq yu elo sy  mCaiermlobs roVse ldaes clao 
TCVa,r bLaelloy,  psoorb raed oDpetarre cehl oasc ueAruddoi odveis suuaslepse.n dCeor mlaos  choambípae tiocciounrreids oa  reaníz  tdoedlo Rs ealol sD eccarseotos   BOE-A-cable e
precedentes, dicha apertura de expediente fue desestimada. Un año más tarde, esto es, 
en 2016, nuevamente el mismo sujeto, ¡quién iba a decirlo!, solicitó la apertura de otro 
contra el presidente de la RFEF por la aprobación del presente Reglamento Electoral por 
la Comisión Delegada. Por enésima vez esta denuncia contra Ángel Villar fue rechazada.
Todas estas acciones han estado salpicadas por multitud de declaraciones ofensivas 
hacia el presidente de la RFEF. Los acosadores no se han detenido ante nada, dañando 
gravemente incluso a familiares y amigos de Ángel Villar, una demostración de ruindad 
que nada tiene que ver con el fútbol, ni, en el más extremo de los casos, con las 
diferencias de gestión o personales. Un modelo que define fielmente el perfil de ciertos 
personajes del fútbol que han llegado a utilizar el dinero de este deporte para constituir la 
Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera y la Asociación de Clubes de Fútbol 
Femenino, ambas con carácter electoralista y contrarias al actual presidente de la RFEF 
y a los presidentes de las federaciones de ámbito autonómico. Representantes de estas 
asociaciones nos censuran por no defender al fútbol aficionado y no responder a sus 
escritos. ¡Lo que nos faltaba!: que critiquen a quienes desde siempre se han volcado en 
él, terreno, por cierto, que el ex secretario general de la RFEF Jorge Pérez confiesa que 
acaba de descubrir después de veinticinco años ignorándolo y sin haber pisado jamás de 
motu proprio una Territorial. Una prueba indiscutible, pues, de que ni las iniciativas ni el 
trabajo de campo figuran entre sus quehaceres.
Javier Tebas se ha significado especialmente durante todos estos años en este 
acoso. Hay en torno a dos centenares de manifestaciones suyas en las que menoscaba 
sin razón y agravia sin motivos al presidente de la y a sus colaboradores. Al mundo del 
fútbol, en resumen. Seis veces denunció a Ángel Villar y seis veces fueron echadas 
abajo  sus  denuncias.  En  su  relación  de  calumniados  también  figuran  futbolistas  y 
árbitros. Sus desavenencias con la familia del fútbol son notorias. De los primeros, y 
valga como ejemplo, llegó a señalar que sabían el resultado de un partido (Levante-Real 
Zaragoza) con antelación y que habían sacado dinero de las apuestas (La Razón.  17 
de marzo de 2015). También aseguró aventuradamente que «España no está preparada 
para ver a un futbolista en la cárcel (El País. 8 de octubre de 2014); de los segundos 
afirmó que "se nos ha dicho que tenemos los mejores (árbitros) del mundo, pero esa 
clasificación no la encuentro por ningún lado" (La Gaceta. 17 de diciembre de 2013). 
Varios clubes nacionales también se han visto ofendidos repetidas veces.
Hace apenas un mes, el 5 de enero de 2017, una jueza de Majadahonda (Madrid) 
rechazó  la  querella  presentada  por  Miguel  Galán,  uno  de  los  precandidatos  a  la 
presidencia  de  la  RFEF,  contra  Ángel  Villar  por  la  dilación  interesada  del  proceso 
electoral en la. La jueza no encontró indicios racionales de ilícito penal y archivó la 
querella. El TAD [Tribunal Administrativo del Deporte], a instancia del secretario de 
Estado, Miguel Cardenal, ya había resuelto con anterioridad (03/08/2016) que no se 
debía abrir expediente al presidente de la RFEF por dicho motivo. Cabe recordar, a 
propósito de esto, que los miembros de este tribunal los nombra la comisión directiva del 
CSDD, en parte, a propuesta del propio secretario de Estado. En aquellos momentos, 
Miguel Cardenal.
Desencantado con sus resultados, Miguel Galán, que también perdió las elecciones 
a la presidencia de la territorial de Madrid, confesó hace unas semanas en los medios de 
comunicación que abandonaba la batalla judicial que tanto tiempo y dinero le había 
costado. "No puedo seguir luchando para que otros se beneficien de mí. Ya me he 
gastado 150.000 € y sin cardenal estoy solo. Se están aprovechando de mis querellas. 
Les he hecho el trabajo sucio" (Diario AS, 6 de noviembre de 2016 y 4 de diciembre  s
de  2016).  Galán  debe  haber  recuperado  fuerzas,  no  se  sabe  cómo,  porque  a  oe.
continuación abrió otro frente por los llamados "casos Marino y Recreativo" y volvió a  w.
denunciar a la RFEF por el de Haití. Es fácil deducir quiénes están tras todas las  24ww
daoccciuomneesn tadlees  yM aigmupelli a Gcoabláenr,t uraal.  Aq useu  vheazn,  esptreo pporercciaonndaiddoa toi nhfao rsmidaoc iodneensu ncvieardboa lpeosr, 
hÁanbgíeal  Vdilelamr apnodro e xptoarrsaió nr,e tciroaarc csioun eqsu, edreenlluan cuian af alssae riye  obdset ruicncsióólnit aas  lae Jxuigsetincciaia. sG: asláenr   BOE-A-cable e
vicepresidente de la UEFA, en el caso de que Villar se presentara a la presidencia; 
convertirse  en  vicepresidente  primero  de  la  RFEF,  en  el  supuesto  de  que  no  la 
consiguiera… ¡y en presidente si la conseguía! Eso amén de reclamar 240.000 € como 
compensación  y  otras  minucias:  que  Villar  hablara  con  la  Asociación  Española  de 
Futbolistas para que retirara la querella contra él por un presunto delito de estafa, 
falsedad documental y un delito relativo al mercado y los consumidores y, además, lograr 
una serie de prebendas para su propia asociación. Un auténtico desvarío.
Jorge  Pérez,  ex  secretario  general  de  la  RFEF,  tampoco  está  libre  de  una 
investigación judicial por los llamados "casos Marino y Recreativo", al igual que Ángel 
Villar y otros dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol en el número 1 de los 
de Majadahonda. Lo que no se entiende es que ciertos personajes del fútbol y algunos 
medios de comunicación hayan magnificado con aviesas intenciones, y los intereses que 
todos conocemos, lo uno y silenciado lo otro. Todas esas acciones ponen, en fin, en 
clara evidencia la existencia de una persecución perpetrada inicialmente hace mucho, 
que se ha mantenido en el tiempo y que se ha agudizado en la actualidad. Es decir que 
ha habido acoso y, en consecuencia, acosadores.
No hace falta ser un lince para advertir que tanta insistencia no tiene otro objetivo 
que el de tratar de conseguir por medios torticeros lo que nunca han podido lograr por la 
vía electoral y democrática, lo que persiguen infructuosamente desde hace catorce años. 
Esa persecución ha alcanzado su mayor intensidad en el actual proceso electoral con la 
presentación de tres acciones criminales y dos expedientes sancionadores basados en 
verdaderas falacias con la única intención de socavar el honor y crédito del presidente de 
la RFEF. Causa enorme estupor, desde el respeto debido a la discrepancia en la gestión 
deportiva, que a ellos se haya sumado un sector minoritario del fútbol que no valora los 
extraordinarios perjuicios que le han causado con esas acciones, ni contemplan estos 
actos carentes de toda ética como despreciables. Rayando el delito.
A la vista están, sin embargo, los nulos resultados que han obtenido.
Firmado: presidentes de las Federaciones de Fútbol del Principado de Asturias, Islas 
Baleares,  Canaria,  Cántabra,  Castilla-La  Mancha,  Castilla  y  León,  Catalana,  Ceuta, 
Extremeña,  Madrid,  Melillense,  Región  de  Murcia,  Navarra,  Riojana,  Comunidad 
Valenciana y Vasca.»
d)  En fecha inmediatamente posterior, concretamente el día 28 de febrero de 2017, 
don Miguel Ángel Galán Castellano, entrenador nacional afiliado a la Real Federación 
Española de Fútbol e incluido en el censo electoral como elector y elegible en el proceso 
electoral convocado, presentó una denuncia ante la comisión electoral de la RFEF en la 
que solicitaba la eliminación de la carta de las webs federativas en que había sido 
publicada, la rectificación pública de los presidentes firmantes que lo habían hecho en su 
condición de tales y el cese en la comisión gestora de la Federación de los que hubieran 
firmado y fueran miembros de esta.
e)  Como quiera que la comisión electoral de la RFEF no adoptó resolución expresa 
respecto  de  la  denuncia  formulada,  el  señor  Galán  Castellano  interpuso  recurso 
administrativo ante el Tribunal Administrativo del Deporte, contra la denegación presunta 
de aquella, dando inicio al expediente número 132-2017.
f)  En el curso del expediente incoado, el Tribunal Administrativo del Deporte solicitó: 
(i)  informe  a  la  comisión  electoral,  que  destacó  la  extemporaneidad  del  recurso 
interpuesto, toda vez que, habiendo sido presentada la denuncia el día 28 de febrero, el 
señor Galán habría dispuesto de un plazo de dos días, a contar desde el día siguiente al  e
de  la  presentación  de  la  denuncia,  para  formalizarlo  (artículo  58.3  del  Reglamento  bo
electoral de la Real Federación Española de Fútbol, en relación con el artículo 24 de la  24ww
fOerddeerna cEioCnDes/2 d7e6p4o/2r0tiv1a5s,  dees p1a8ñ odlea sd)i cloie mquber en, oq uheiz ore dgeunlatr olo sd epl rmocisemsoos;  e(ilie) catloergaalecsio enne sl aasl 
sqeuñeo sr eV illelasr ,e qnutree gdóe ccloinpóia r edaelli zraerclausrs; oy  i(niitie) raplueegsatcoi,o nseins  qau elo sn ifnirgmuannot edse  deell olas  claasr tah,u bai eloras 
presentado antes de las 14:00 horas del día 20 de abril, en que finalizó el plazo.
g)  El Tribunal Administrativo del Deporte dictó resolución el día 27 de abril de 2017 
por la que estimó parcialmente el recurso interpuesto por don Miguel Ángel Galán 
Castellano.
En la citada resolución, después de rechazar el óbice de extemporaneidad alegado 
por la comisión electoral de la Federación y entender que el recurso del señor Galán era 
«admisible», el Tribunal Administrativo del Deporte pasa a analizar la denuncia, que se 
refiere al contenido de la carta firmada por los ahora demandantes de amparo.
Al respecto, señala que, del artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015, cuyo texto 
reproduce, «se infiere que ni los miembros de las comisiones gestoras, ni los miembros o 
el personal de cualquier órgano federativo, ni, por supuesto, los miembros de las juntas o 
comisiones  electorales,  pueden  realizar  actos  que  directa  o  indirectamente  puedan 
favorecer a algunos de los candidatos» y añade que, no basta solo con esta mera 
conducta negativa, sino que, «además se les impone un deber de adoptar medidas 
positivas de vigilancia y control, cada uno en el ámbito de sus competencias durante el 
proceso electoral, para evitar que se puedan vulnerar los principios de objetividad y 
transparencia del proceso electoral, o que pueda menoscabarse el principio de igualdad 
entre los actores electorales».
Ya, en relación con la carta firmada por los recurrentes, destaca que «es indudable 
que la carta de apoyo a un candidato o precandidato supone un acto que pretende 
orientar  el  sentido  del  voto  de  los  electores.  Una  carta  de  esta  naturaleza  es 
perfectamente admisible, siempre que no sea suscrita por los sujetos que tienen el deber 
de mantener una posición de neutralidad durante el proceso electoral. Por eso, el hecho 
de que la carta haya sido firmada por los presidentes de determinadas federaciones 
territoriales, en su calidad de tales, plantea la cuestión de si resulta contraria a lo 
dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015».
A continuación, el Tribunal Administrativo del Deporte pone de manifiesto que uno de 
los firmantes (en referencia a don Maximino Antonio Martínez Suárez) era miembro de la 
comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol y, por tanto, respecto del 
mismo aprecia la «infracción del citado precepto y de su deber de mantener una posición 
de neutralidad durante el proceso electoral». Respecto del resto de presidentes, tampoco 
le suscita duda alguna la comisión de aquella infracción, pues señala que aquellos «en 
cuanto integrantes de la comisión de presidentes de federaciones de ámbito autonómico, 
órgano complementario de la RFEF al que corresponde el asesoramiento y coordinación 
para la promoción general del fútbol en todo el territorio nacional, y que debe conocer e 
informar  sobre  la  actividad  federativa  en  todos  sus  aspectos,  según  dispone  el 
artículo 36 de los estatutos de la RFEF», eran también responsables de dicha infracción 
de los deberes de neutralidad previstos en el precepto indicado.
De conformidad con lo fundamentado y, en lo que se refiere al presente recurso de 
amparo, el Tribunal Administrativo del Deporte estima parcialmente el recurso (el señor 
Galán había solicitado, también, el cese, como miembros de la comisión gestora, de los 
firmantes de la carta que pertenecieran a la misma) y acuerda:
«Declarar que la firma por dieciséis Presidentes de Federaciones Territoriales de la 
RFEF, en su calidad de tales, del documento denominado "Carta de apoyo a D. Ángel 
María Villar" supone una infracción del deber de neutralidad que el artículo 12.4 de la 
Orden ECD/2764/2015 impone a todos los órganos federativos, al inducir el sentido del 
voto de los electores en favor de uno de los precandidatos a la Presidencia de la RFEF. 
Por ello, la Comisión Electoral de la RFEF deberá requerir a los afectados para que 
retiren su firma como Presidentes de estas Federaciones en ese documento, e instarles  e.
a que en su condición de Presidente de Federación Territorial se abstengan de realizar  w.b
actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen  24ww
terla nsespnatidreon cdieal  dveolt op rodcee lsoos  eelelecctotorarel se,  iagsuía lcdoamd oe nat reo blosse ravcatro rloess  eplreincctoipraioles sd»e. objetividad,
h)  Contra  la  anterior  Resolución  del  Tribunal  Administrativo  del  Deporte,  la
representación de los ahora demandantes de amparo interpuso recurso contencioso-
administrativo  por  la  vía  del  procedimiento  especial  de  protección  de  derechos 
fundamentales, alegando que aquella habría vulnerado sus derechos a las libertades de 
expresión e información, al principio de igualdad en la aplicación de la ley y a los 
derechos  de  defensa  y  a  un  proceso  con  todas  las  garantías.  Su  conocimiento 
correspondió a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que incoó el procedimiento número 580-2017 y en el que 
dictó sentencia número 495, de 25 de julio de 2018, por la que desestimó íntegramente 
el recurso así formalizado.
Después de resumir las alegaciones de los recurrentes, del abogado del Estado y del 
Ministerio Fiscal, el tribunal del deporte fundamenta su resolución en las siguientes 
argumentaciones:
(i)  En relación con las denunciadas vulneraciones de sus derechos a las libertades 
de expresión y de información, la sentencia destaca que son dos las cuestiones a 
resolver:  de  una  parte,  «si  los  actores  como  presidentes  de  las  federaciones 
autonómicas tienen o no el deber de neutralidad» durante el transcurso del proceso 
electoral; y, de otro lado, «si sus expresiones vertidas en la carta han infringido o no tal 
deber».
A  la  primera  de  las  cuestiones  la  resolución  responde  afirmativamente,  pues 
considera que, con apoyo en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015, «el deber de 
neutralidad en un proceso electoral se impone a (i) las comisiones gestoras; (ii) al 
personal de la federación y (iii) a los restantes órganos federativos». Añade que, si bien 
nada impide a los actores que, de modo individual, puedan expresar sus opiniones al 
respecto, «lo que sí se veta es que lo hagan aprovechando una presidencia cuya 
específica situación prohíbe ese tipo de actitudes».
Además, dado que los recurrentes eran presidentes de federaciones territoriales 
autonómicas en las fechas indicadas, eran también «miembros natos de la comisión de 
presidentes  de  ámbito  autonómico  prevista  y  regulada  en  el  artículo  36.3  de  los 
estatutos» de la Real Federación Española de Fútbol, que califica a aquella comisión 
«como órgano complementario con funciones de asesoramiento y coordinación para la 
promoción general del fútbol en todo el territorio nacional». Además, el artículo 21.B) 2 
de los estatutos de la RFEF «incluye bajo la rúbrica de órganos de la RFEF a la citada 
comisión de presidentes» y el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 «impone con 
carácter genérico el deber de neutralidad a todo órgano federativo sin distinción alguna. 
Por tanto, es incuestionable que dicho deber de neutralidad es exigible a los miembros 
de la comisión de presidentes de ámbito autonómico como tales presidentes, que es 
claramente un órgano federativo». Según refiere la sentencia, no es posible disociar los 
cargos  de  presidente  de  una  federación  territorial  y  de  vocal  de  la  comisión  de 
presidentes  de  federaciones  de  ámbito  autonómico,  porque  ambos  aparecen 
indisolublemente unidos en la misma persona.
En consecuencia, concluye el órgano judicial, «una carta firmada como presidente de 
una federación territorial –no a título individual como ellos pretenden– debe entenderse 
firmada también como miembro de la comisión de presidentes de ámbito autonómico 
dado que uno y otro cargo son indisociables. E incluso en el caso del presidente de la 
federación  asturiana  a  mayores  como  miembro  de  la  comisión  gestora  de  la  Real 
Federación Española de Fútbol, pero sin que esta condición sea un plus necesario».
En relación con este punto, también la sentencia resuelve la cuestión suscitada por 
los recurrentes acerca de si el deber de neutralidad afecta exclusivamente al órgano 
federativo (comisión de presidentes de federaciones de ámbito autonómico) como tal y  e.
formalmente constituido, o también resulta extensivo a todos sus miembros considerados  w.b
aisladamente.  El  tribunal  llega  a  esta  última  conclusión  por  entender  que  la  mera  24ww
iunntear preresttraicccióiónn l icteornatlr adreial  aar tlíac ufilnoa l1id2a.4d  dteel elao lóOgridcean d eE ClaD n/2o7rm64a/»2.0 A1d5e lmleávas,r ílao sa  fi«rmesatnatbeles cdeer 
lfae decraarctaio nneos  steer ritidoerinatleifisc,a reosnto  «ecso madoe msiámsp lceosm  ofe dveorcaadleoss  dsein ou n cóormgoa nop refesdideeranttievso : dEel 
comité  de  presidentes».  Y  publicaron  su  carta  en  las  webs  de  las  federaciones
autonómicas «prevaliéndose de las herramientas federativas como sus páginas webs 
que tienen por mor de su cargo como presidentes, demostrando una clara intención de 
prevalerse de su cargo para influir en el resultado de las elecciones. Exactamente el 
propósito combatido por la Orden ECD/2764/2015 […]».
Por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones suscitadas, la sentencia llega a 
la conclusión de que los firmantes de la carta vulneraron su deber de neutralidad, por las 
siguientes razones: (i) No tenía un mero carácter informativo, sino que, con apoyo en el 
párrafo cuarto del documento, la sentencia afirma que «los presidentes se limitan a 
expresar  su  opinión  sobre  determinadas  personas  y  sobre  la  conducta  que  esas 
personas han seguido contra don Ángel María Villar», en referencia a las actuaciones de 
don Miguel Cardenal, don Javier Tebas o don Miguel Galán, indicando, «cuáles fueron, a 
su entender, las motivaciones de estos y la valoración que por tales hechos merecen». 
(ii) Las libertades de expresión y de información son predicables de los ciudadanos, pero 
no de los dieciséis recurrentes, que, en cuanto miembros de órganos federativos que fue 
la condición en la que firmaron la carta, se prevalieron de las herramientas de las 
federaciones y de sus posiciones de presidentes de las mismas, para darla a conocer, 
estando, por ello, «sujetos a un deber de neutralidad que les impedía tomar partido en un 
procedimiento electoral». Aunque en el momento de la publicación de la carta aún no 
hubiera candidatos oficiales, tal deber de neutralidad «es exigible desde la convocatoria 
de  elecciones,  convocatoria  que  ya  había  tenido  lugar»,  habiendo  «varias 
precandidaturas, por lo menos a nivel de medios informativos, como la de Miguel Galán 
[…] a quien particularmente se refiere la misiva».
El  razonamiento  concluye  con  la  afirmación  de  que  la  Resolución  del  Tribunal 
Administrativo del Deporte «no vulnera los derechos de libertad de expresión y de 
información».
(ii)  Respecto de la alegada vulneración del artículo 14 CE, también rechaza la 
sentencia que la resolución impugnada haya infringido el principio de igualdad en la 
aplicación  de  la  ley,  por  cuanto  los  recurrentes  no  han  alegado  un  término  de 
comparación que permita probar la existencia de desigualdad, ni tampoco acreditado el 
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  la  doctrina  constitucional  para  su 
existencia.
(iii)  Por último, tampoco concurren las invocadas vulneraciones de los derechos de 
defensa y a un proceso con todas las garantías, pues no se privó a los recurrentes de su 
derecho de acceso a la jurisdicción y, además, se les dio traslado del contenido del 
recurso para que pudieran alegar lo que tuvieran por pertinente a su derecho, sin que 
hubieran presentado ninguna alegación.
La sentencia finaliza con la desestimación del recurso interpuesto.
i)  Contra  la  anterior  sentencia,  la  representación  procesal  de  los  ahora 
demandantes  de  amparo  preparó  recurso  de  casación.  En  su  escrito,  la  parte 
únicamente  alegó  la  vulneración  de  sus  derechos  a  las  libertades  de  expresión  e 
información y a la defensa, pero no así respecto del derecho a la igualdad.
El recurso fue inadmitido a trámite por providencia de 24 de enero de 2019 de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El alto Tribunal consideró que la 
parte había incumplido la exigencia del artículo 89.2.d) de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, esto es «por falta de justificación suficiente y 
adecuada de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la 
decisión adoptada en la resolución recurrida». e
Esta resolución fue notificada a la parte recurrente el día 1 de febrero siguiente. bo
dreec ue3rx.r epnrLeteass iód. neE mneat ieninndfdaoe rd mqeau acemi ótponad, raoas   dllaeasn  uivgniuocaliaaldc liaaod nv,e usaln sdeíe ra cdcoeimórneo c dhaeo  ssla uh sad dbeerfíeraenncs hsaoi dspo ra oc lcoaemss elaibtli dedartesa  dploeossr    2021-2824n https://ww
la Resolución de 27 de abril de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Deporte,
habiéndose limitado posteriormente los órganos judiciales intervinientes a desestimar los 
recursos interpuestos.
a)  Comienza la demanda haciendo un relato detallado de los hechos, que parte del 
pronunciamiento de la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, ejecutado por 
la  comisión  electoral  de  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol,  para  pasar,  a 
continuación, a recoger el contenido íntegro de la carta.
Seguidamente, señala que los firmantes se limitaron «a narrar una serie de hechos 
que  se  venían  produciendo  en  el  entorno  de  la  RFEF  como  consecuencia  de  las 
dificultades  que  dicho  órgano  había  tenido  para  la  aprobación  de  su  Reglamento 
electoral». Asimismo, pone de manifiesto, el «acoso que había sufrido Ángel María Villar 
por parte de Javier Tebas, Miguel Galán y Miguel Cardenal» y, según refiere, la carta 
hace una enumeración de los distintos episodios sucedidos en los últimos años «en los 
que se han interpuesto denuncias administrativas, recursos contencioso-administrativos 
o incluso querellas contra Ángel María Villar así como contra otros cargos de la RFEF». 
Insiste la demanda en que «la carta es meramente informativa y carece prácticamente 
de juicio de valor». Los «procesos citados son públicos y han sido difundidos por los 
medios de comunicación», negando que los hechos descritos en la carta hayan incurrido 
en falsedad.
b)  A continuación, la demanda va comentando los sucesivos párrafos de la carta 
poniendo de manifiesto, en el entender de los recurrentes, que se estaban limitando a 
constatar hechos ya sucedidos y concluyen este apartado con la afirmación de que en 
«toda la carta no se hace ni una sola referencia expresa al procedimiento electoral en el 
sentido de solicitar el voto (básicamente porque en el momento de ser emitida […] no 
había candidato alguno) para algún candidato en las elecciones a la Asamblea General o 
a la Presidencia de la Federación».
Por otro lado, los demandantes entienden que «no cabe apreciar una causa efecto 
entre la emisión de la carta y el procedimiento electoral», no solo por el contenido de 
aquella, «sino por el factor temporal y la lejanía de su emisión con los hechos y trámites 
relevantes en el proceso electoral». A tal fin, pone de manifiesto la demanda que la carta 
únicamente fue publicada el día 23 de febrero de 2017 en las páginas webs de las 
Federaciones Asturiana y Cántabra y que las elecciones a la presidencia de la RFEF 
estaba previsto que se celebraran el día 22 de mayo siguiente, es decir, tres meses 
después de la publicación de aquella. Señala que, si alguna difusión tuvo la misiva, fue a 
consecuencia de la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que estimó 
parcialmente la denuncia formulada por el señor Galán.
c)  Por lo que se refiere a la autoría de la carta, aunque la demanda parte del 
reconocimiento de que fue firmada por los dieciséis recurrentes, todos ellos presidentes 
de federaciones territoriales del fútbol español, y que la suscribieron en su condición de 
tales, sin embargo, a su juicio, no estaban sujetos al deber de neutralidad en el proceso 
electoral convocado, dado que ninguno de ellos, a excepción de uno (don Maximino 
Antonio Martínez Suárez), formaba parte de la comisión gestora de la RFEF y es a los 
miembros de esta, junto con el personal de la Federación y los restantes órganos 
federativos a los que incumbe aquel deber de neutralidad, conforme a lo que establece el 
artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015.
A su parecer, el Tribunal Administrativo del Deporte «confunde órgano con miembro y 
omite  que  los  recurrentes  actuaban  a  título  de  presidente  de  sus  federaciones 
territoriales, no como miembros de ningún órgano de la institución que se encontraba en 
procedimiento electoral (que era la RFEF) no siendo posible que los actos de los  e.
miembros se imputen al órgano». Según destaca, «el deber de neutralidad corresponde  w.b
a los órganos federativos como tales o al personal de la federación, un presidente de  24ww
dfeedbeerra cdieó nn eteurtrriatolirdiaald .n oL oess r enci ulorr eunnteos n fii rlmo aortorno »la,  pcoarr talo  «qeune  cnaoli draedc adee  sporberseid eensttee sa yq uneol 
ncoemutora mlidiaedm»b.ros colegiados de los distintos órganos que sí han de guardar un deber de
Por otro lado, ninguno de los firmantes, excepto el presidente de la Federación del 
Principado de Asturias (don Maximino Antonio Martínez Suárez), formaba parte de la 
comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol, que era uno de los órganos 
que debía observar el deber de neutralidad en el proceso electoral. Sin embargo, incluso 
en el caso del citado presidente, aquel había firmado la carta, no como miembro de la 
comisión gestora, sino a título individual y en su condición de presidente de la federación 
asturiana, por lo que estaba en la misma situación que los otros quince.
También objeta la demanda el planteamiento sostenido en la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de que la «comisión de presidentes de federaciones de 
ámbito  autonómico»  fuera  un  «órgano  federativo»,  en  el  sentido  previsto  en  el 
artículo  12.4  de  la  Orden  ECD/2764/2015,  puesto  que  se  trata  de  un  «órgano 
institucional» y no «federativo», como así lo dispone el artículo 36 de los estatutos de la 
Real Federación Española de Fútbol. Se trata de un «órgano mixto entre la RFEF y las 
federaciones  autonómicas,  de  coordinación  institucional,  sin  que  tenga  unas 
competencias ejecutivas respecto de la RFEF».
En el parecer de los demandantes, la Resolución del Tribunal Administrativo del 
Deporte  ha  restringido  desproporcionadamente  las  libertades  de  expresión  y  de 
información de los recurrentes, «apostando por una interpretación muy restrictiva» de 
tales derechos fundamentales, toda vez que el deber de neutralidad en el proceso 
electoral debe recaer sobre los órganos federativos como tales, no sobre sus miembros 
considerados individualmente.
d)  En conexión con las anteriores argumentaciones, desde la misma perspectiva de 
las libertades de expresión y de información, la demanda sostiene que el límite del 
ejercicio  de  estos  derechos  que  impone  el  Tribunal  Administrativo  del  Deporte, 
«contrasta  con  la  situación  de  otras  personas  y  federaciones  deportivas»,  pues,  a 
diferencia de lo que ha sucedido con los recurrentes, la demanda afirma que don 
Eduardo Herrera (presidente de la Federación Andaluza de Fútbol y miembro de la 
comisión gestora) y don Javier Tebas (presidente de la Liga de Fútbol Profesional) «se 
han pronunciado abiertamente sobre el procedimiento electoral de la RFEF». Y agrega 
que «dichas personas con una relación como la que pueden tener los solicitantes de 
amparo con la RFEF ejercían su derecho a la libertad de expresión, sin consecuencia 
alguna, ni exigencia del deber de neutralidad».
Según destaca, las declaraciones de aquellos, contrarias a don Ángel María Villar, 
que, en el caso del señor Tebas constituían, además, «un apoyo al señor Jorge Pérez, 
que había manifestado su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de 
la federación», no han sido objeto de reproche jurídico alguno, por cuanto «también han 
de ser amparadas por la libertad de expresión». Lo mismo sucede con manifestaciones 
realizadas  por  otras  personas  en  favor  de  determinados  candidatos  de  otras 
federaciones distintas de la de fútbol que tampoco han merecido reproche jurídico alguno 
por parte del Tribunal Administrativo del Deporte.
En consecuencia, entienden los demandantes que «dándose unas circunstancias de 
hecho muy similares […] se aplican unas consecuencias jurídicas diferentes, en lo que 
supone  introducir  elementos  de  diferenciación  arbitrarios  y  carentes  de  justificación 
razonable». Además, a su entender, «no existe proporcionalidad […] entre la medida 
adoptada (imposición de retirada de firma y obligación de no emitir manifestaciones de 
una naturaleza similar), el resultado producido (mis representados no pueden participar 
en el procedimiento electoral) y la finalidad pretendida (formalmente, guardar un deber 
de neutralidad, materialmente silenciar a los presidentes de la práctica totalidad de  s
federaciones territoriales de fútbol). Por el contrario, la medida adoptada logra otra  oe.
finalidad que es permitir que personas en la misma situación que mis representados  w.
sigan opinando libremente, mientras que las medidas que ha adoptado el TAD, solo  24ww
daefebcetar nd ea  nuenuat rpaalidrtaed d.e las personas» que son los recurrentes, a los que se les impone el
discArimsí inaptuoersio,  sduefrsiddoe  poers ltoas  rpeecrusrpreencttievsa ,e nl are ladceimóna ncdoan  odtreansu pnecrisao, natasm qbuieé,n a,  seul  jutircaitoo,   BOE-A-cable e
estarían en la misma situación que los recurrentes y que, en función de la resolución 
dictada  por  el  Tribunal  Administrativo  del  Deporte,  estarían  obligados  a  observar, 
también, el exigido deber de neutralidad que se les ha impuesto a ellos.
e)  Por último, la demanda denuncia la vulneración del derecho de defensa de los 
recurrentes, pues estos «no han tenido la oportunidad de invocar el ejercicio de los 
derechos fundamentales» ante el Tribunal Administrativo del Deporte.
Desarrolla la demanda esta queja centrándola en el hecho de que, a los recurrentes, 
no  se  les  dio  trámite  de  audiencia  en  el  procedimiento  tramitado  ante  el  Tribunal 
Administrativo del Deporte. Sostienen que, aunque «la resolución afirma que existió 
trámite de audiencia, esto no se ajusta a la realidad, puesto que en ningún momento se 
ha otorgado dicho trámite de audiencia efectivo a los solicitantes en amparo».
Sostiene  la  demanda  que  el  Tribunal  Administrativo  del  Deporte  «requirió  a  la 
comisión electoral de la RFEF que diese trámite a los interesados a lo que este órgano 
respondió  que  no  era  de  su  competencia,  sin  que  el  TAD  se  ocupase  de  remitir 
directamente  el  trámite  de  audiencia  (como  luego  sí  que  hace  con  la  resolución) 
directamente a los solicitantes de amparo».
A su juicio, la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte ha vulnerado su 
derecho de defensa procesal, «habida cuenta del carácter cuasisancionador [sic] del 
procedimiento y Resolución del TAD», porque «no se ha podido esgrimir el ejercicio de 
los  derechos  fundamentales  ante  el  órgano  administrativo  que  estaba  valorando  la 
conducta».
La demanda justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en las 
siguientes consideraciones: (i) No existe doctrina de este tribunal respecto del ejercicio 
de las libertades de expresión e información en el seno de un procedimiento electoral de 
corporaciones de derecho público y, en particular, en el de una federación deportiva. (ii) 
Es preciso que se expongan los necesarios criterios constitucionales que ponderen el 
ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  citados,  por  parte  de  personas  y  órganos 
relacionados con la organización de procesos electorales, y el deber de neutralidad de 
los  mismos,  por  el  que  deben  velar  los  órganos  electorales  de  las  federaciones 
deportivas y demás corporaciones de derecho público. (iii) La interpretación por parte del 
Tribunal Administrativo del Deporte de los límites de los derechos fundamentales, cuya 
vulneración se ha denunciado, y del deber de neutralidad exige un pronunciamiento de 
este tribunal, porque rebasa los límites del caso concreto para afectar a una pluralidad 
indeterminada de individuos y situaciones.
4.  Por medio de providencia de 29 de junio de 2020, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que en el mismo 
concurre «una especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]». En la misma providencia se acordaba dirigir comunicación a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así 
como a la Sección Sexta de la misma Sala pero del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid para que, respectivamente y en el plazo de diez días, remitieran testimonio o 
copia adverada de las actuaciones relativas al recurso de casación número 5794-2018 y 
al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales número 580-2017, 
así como que este último órgano judicial emplazara a los que hubieran sido parte en el 
procedimiento para que pudieran comparecer en el recurso de amparo, excepto la parte 
demandante. e.
5.  Por medio de escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 13 de  24ww
julio6 d. e 2M0e2d0i,a enlt ea bdoilgigaednoc diae l dEes toarddoe nsea cpióenrs odneó  lae nS laesc raectaturíaac iodnee Jsu.sticia de la Sección
Cuarta de 10 de septiembre de 2020, se tuvo por personado y parte en el procedimiento
al abogado del Estado y se acordó dar vista de las actuaciones por plazo común de
veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentaran las 
alegaciones  que  tuvieran  por  pertinentes,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 52.1 LOTC.
7.  El día 13 de octubre de 2020 ingresó en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones del abogado del Estado, en el que solicita la desestimación de la demanda, 
si bien, mediante otrosí, interesa, también, la inadmisión del recurso de amparo porque, 
a su entender, carece el recurso de especial trascendencia constitucional.
Después de realizar una pormenorizada exposición de los antecedentes de hecho 
que reputa relevantes para el supuesto, el abogado del Estado impugna, por separado, 
cada una de las denunciadas vulneraciones de derechos fundamentales invocadas por 
los recurrentes:
a)  La representación del Estado comienza su expositivo con la cita del artículo 12.4 
de la Orden ECD/2764/2015 y con unas consideraciones generales sobre el alcance de 
los derechos fundamentales, que no tienen un carácter absoluto sino que pueden ser 
objeto de limitación, siempre que se respete el núcleo esencial de los mismos. Destaca 
que  «toda  injerencia  en  el  ámbito  de  los  derechos  fundamentales  y  las  libertades 
públicas  debe  responder  a  un  fin  constitucionalmente  legítimo  o  encaminarse  a  la 
protección  o  salvaguarda  de  un  bien  constitucionalmente  relevante»  (STC  76/2019, 
de 22 de mayo, FJ 5).
Con  la  cita  de  esta  doctrina,  el  abogado  del  Estado  objeta,  ab  initio,  que  los 
recurrentes  invoquen  «la  titularidad  formal  de  sus  derechos  fundamentales  que 
pretenden  violados,  pero  sin  atender,  de  una  manera  completa  o  analizando  el 
ordenamiento en su conjunto, a los posibles otros valores o bienes constitucionalmente 
protegidos o promocionados que cabría entender que concurran, y que de manera 
acorde con nuestro ordenamiento y sistema constitucional, componen uno o unos límites 
externos en preservación de esos otros valores constitucionalmente amparados».
b)  Seguidamente, pasa al análisis de la alegada vulneración de la libertad de 
expresión hecha por los demandantes. Partiendo de lo que dispone el artículo 12.4 de la 
Orden ECD/2764/2015 y de la argumentación realizada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en su sentencia de 25 de julio de 2018 respecto del deber de 
neutralidad que aquellos debían observar, en cuanto presidentes de unos organismos 
federativos territoriales durante el proceso electoral convocado por la Real Federación 
Española de Fútbol para la elección de su presidente, entiende el abogado del Estado 
que los recurrentes no han cumplido con el citado deber por las siguientes razones:
(i)  En primer lugar, porque las manifestaciones y expresiones «vertidas en la carta» 
las  hicieron,  no  a  título  personal,  sino  «como  cargos  o  responsables  federativos». 
Señala, al respecto, que, de conformidad con lo que disponen los artículos 21 y 36.3 de 
los  estatutos  de  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol,  los  presidentes  de  las 
federaciones  territoriales  de  fútbol  son,  como  tales,  miembros  de  la  comisión  de 
presidentes de ámbito autonómico, «por lo que no cabe establecer una diferenciación 
entre los cargos de presidente de una federación territorial y la vocalía de la comisión de 
presidentes ya que este puesto se ejerce en la medida en que se ejerce o desempeña 
aquel».  Añade  que  «uno  y  otro  cargo  son  así,  aun  distintos  en  sí  mismos,  pero 
funcionalmente indisociables en el plano propio de la normativa reguladora al efecto».
(ii)  En segundo término, entiende el abogado del Estado que «[t]ampoco es válida 
la excusa de que el deber de neutralidad se exige al órgano como tal y no a sus  s
miembros».  Destaca  que  «el  propósito  del  deber  de  neutralidad  es  evitar  que  las  oe.
personas que desempeñan cargos federativos puedan servirse de ellos para romper la  w.
tcoeubrajreinttodivroiiad llaoedss  ,r eep crieumtrerpenandrtcieeiasro lifndir ampdra erdvoean l eltaors dceoa  rdtpear  oescune  scduaim rcgiaeoln idptoaa drae d leienc fptluoreirras eli»dn.e  nlPatsoe rse  dleeelclo cla,i ossn foeessdt,ie e«rnasecin io qqnuueees,    2021-2824n https://ww
el hecho de que no estuvieran reglamentariamente constituidos en una sesión desvirtúe
su interferencia en las elecciones».
El artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 coloca a los presidentes federativos, en 
cuanto que ostentan dicho cargo, en una situación de sujeción especial que les impone 
preservar  su  neutralidad  en  situaciones  de  proceso  electoral  para,  de  ese  modo, 
preservar  la  correcta  celebración  del  mismo,  bajo  los  principios  de  objetividad  y 
neutralidad. Dicho deber, esgrimido en contra de los demandantes por la Resolución del 
Tribunal Administrativo del Deporte, limita de manera proporcionada el derecho a la 
libertad de expresión de aquellos. Se trata, por otra parte, de una medida limitativa 
idónea para preservar aquellos principios de objetividad y neutralidad del proceso y para 
evitar  «toda  presión  psicológica  que  sobre  los  electores  pudieran  efectuar  los 
presidentes de federaciones territoriales en fase de período electoral». Además, tampoco 
resulta  una  carga  excesiva,  irracional  o  arbitraria,  «atendidas,  precisamente,  las 
circunstancias personales y materiales que concurren», por tratarse de una carta firmada 
por  cargos  federativos  (presidentes  de  federaciones  territoriales)  respecto  de  unas 
elecciones  al  cargo  de  presidente  de  la  federación  nacional  de  la  que  aquellas 
federaciones territoriales forman parte.
c)  A continuación, el abogado del Estado analiza, para instar su desestimación, la 
queja referida a la vulneración de la libertad de información de los recurrentes. Alega que 
la carta «carecía de contenido informativo, puesto que los ahora recurrentes no difunden 
hecho  noticiable  alguno  sino  que  se  limitan  a  exponer  sus  opiniones  sobre  los 
precandidatos a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol».
El representante del Estado insiste en el deber de neutralidad que debían respetar 
los firmantes de la carta, en cuanto titulares de cargos directivos del fútbol territorial 
durante el proceso electoral que había sido convocado y, con cita de las SSTC 14/2003, 
de 28 de enero, y 244/2007, de 10 de diciembre, agrega que la información vertida por 
las instituciones públicas o sus órganos, en el ejercicio de sus atribuciones, queda fuera 
del ámbito protegido por la libertad de información.
Por ello, sostiene que los presidentes de las federaciones territoriales, en cuanto 
titulares individuales de un cargo público e integrantes, a su vez, de un órgano colegiado 
público,  «ejerciente  de  funciones  delegadas  de  orden  público  sectorial,  no  tiene 
propiamente reconocido […] un derecho fundamental al modo o en el sentido […] del 
apartado 1 d) del artículo 20 CE, a comunicar información a la opinión pública», sino que 
la revelación de tales informaciones las hará en el ejercicio de las funciones públicas que 
tenga legalmente encomendadas, pero no en el ejercicio de aquel derecho fundamental.
d)  Por último, en relación con las alegadas vulneraciones de los derechos de 
defensa y a un proceso con todas las garantías, por no habérseles dado traslado a los 
recurrentes, en la vía administrativa, del expediente para el conocimiento de la denuncia 
formulada, ni tampoco habérseles dado trámite de audiencia, el abogado del Estado 
contesta que aquellos no han sufrido indefensión alguna, toda vez que han tenido 
conocimiento de la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte y han acudido a la 
vía jurisdiccional, a través de un procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales, para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Agrega, con cita 
de la STC 317/2007, de 2 de julio, (en realidad, se refiere al ATC 317/2007, de 2 de julio), 
que las garantías derivadas de los derechos fundamentales invocados solo resultan de 
aplicación  a  los  procesos  judiciales  y  a  los  procedimientos  administrativos 
sancionadores, lo que no es el caso, porque el expediente, sustanciado y resuelto por el 
mencionado tribunal administrativo, no tenía carácter sancionador.
Se  trataba  de  una  resolución  que  calificó  la  actitud  de  los  presidentes  de  las 
federaciones territoriales, por sus manifestaciones en la carta, «como una infracción al  s
deber de neutralidad», lo que «constituye una calificación desfavorable y un reproche a  oe.
su actitud, ejerciendo una ‘policía’ o vigilancia en periodo electoral, conminándoles a la  w.
retirada de sus firmas de la carta», pero no de un expediente sancionador. 24ww
Estaed)o  Cproonpculugynea  elal  eisncarditmo idseió na ledgeal crioencuerss om epdoiraqnutee  uenn toietrnodseí  eqnu ee l cqauree ceel  adbeo geasdpoe cdieall 
t«rraeslcaetinvad eanlc ieaj ecrocincsioti tupcoiro npaalr. teA  dseu  juunic ioor,g saen itsrmatoa  dpeú bulincao ,c eule sTtAióDn,  ddee  lesguasl idfuandc ioorndeinsa rdiae   BOE-A-cable e
vigilancia y control del desarrollo de un proceso electoral, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 84.1 c) de la Ley 10/1990, del deporte». Además, señala que no nos hallamos 
ante un supuesto sobre el que no haya doctrina constitucional, ni tampoco requiere que 
este tribunal cambie su doctrina, ni que haya habido un incumplimiento sistemático de 
aquella doctrina, o el asunto haya tenido una relevante repercusión social o económica, 
o unas consecuencias políticas o generales.
8.  El día 15 de octubre de 2020 accedió al registro de este tribunal un escrito 
presentado por la representación de los recurrentes en el que se realizan una serie de 
alegaciones, calificadas como «complementarias» a las de la demanda de amparo.
Señala  al  respecto  que,  tanto  el  Tribunal  Administrativo  del  Deporte  como  la 
sentencia judicial dictada que ratificó la anterior, parten «de una realidad absoluta como 
es la concurrencia del deber de neutralidad, que imputan a los solicitantes de amparo, 
sin ni siquiera realizar ponderación alguna con el posible ejercicio de la libertad de 
expresión o de información en los términos constitucionalmente exigibles». Reitera, en 
este sentido, anteriores argumentos de la demanda, para insistir en que las resoluciones 
del Tribunal Administrativo del Deporte y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han 
hecho una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales invocados y, por el 
contrario, otra extensiva de aquel deber de neutralidad. Cita, en este sentido, la STEDH 
de 25 de julio de 2019, caso Brzezinski c. Polonia (§ 53 y 58), para concluir que, en el 
ámbito del funcionamiento de una federación deportiva, la opinión de los presidentes de 
las federaciones autonómicas es relevante en el debate interno que debe preceder a 
unas elecciones. Tal debate ha ocurrido en relación con convocatorias electorales de 
otras  federaciones  deportivas  (atletismo,  caza,  montaña  y  escalada,  rugby  o  tiro 
olímpico), sin que se hayan acordado tales restricciones.
Por otro lado, la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte impugnada, 
según se señala en el escrito, ha determinado que dicho órgano haya «iniciado un 
procedimiento sancionador en el que, casi cuatro años después de la teórica comisión de 
los  hechos  que  dieron  lugar  a  su  actuación  inicial,  pretende  exigir  responsabilidad 
disciplinaria a los solicitantes de amparo». Así, en el «expediente TAD 209-2018-Cuáter 
(el expediente se ha iniciado en diversas ocasiones anteriores, si bien siempre fue 
archivado por caducidad, de ahí el sufijo ‘Cuáter’) se ha dictado propuesta de resolución 
con fecha 15 de septiembre de 2020 […] en la que se propone que los solicitantes de 
amparo sean sancionados con la sanción de inhabilitación temporal de dos meses 
prevista en el artículo 79.2 b) de la Ley 10/1990, del deporte por incumplimiento del 
artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015». Cita nuevamente la STEDH de 25 de julio 
de 2019 (§ 61) para sostener que la eventual sanción de inhabilitación que les pueda ser 
impuesta a los recurrentes puede generar un efecto desalentador para el ejercicio de las 
libertades de expresión y de información.
Finalmente, en sus dos últimos apartados, el escrito de alegaciones vuelve a reiterar 
anteriores argumentos ya sostenidos en la demanda, esto es que, sobre los presidentes 
de federaciones autonómicas no pesa el deber de neutralidad previsto en el artículo 12.4 
de la Orden ECD/2764/2015; que dicho deber incumbe al órgano pero no a miembros del 
mismo; y que, en todo caso, la carta no tuvo ninguna incidencia en el proceso electoral 
convocado.
9.  Por escrito que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 28 de octubre 
de 2020, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones, que, resumidamente, se exponen 
a continuación: e
a)  Después de describir los antecedentes de hecho, se detiene el fiscal en la  w.
aRprregimsuoemlru eclnuiótganac ri,dó end  ejeluismrtíedit iacrrae  ecdlu eros blooj.es t Aofu  dneedslat emr erecenustrposeso c,d teoen,  d ceeolr meqcuieheno z sqaeu  deae luesdstaetic maaa nl adp orvo uqcluenede erapncrtoeiócsne  pddaeer,a  l eolans    2021-2824n https://ww
derechos  a  la  libertad  de  expresión  e  información,  «si  bien  se  efectúan  algunas
referencias, en refuerzo de la argumentación, al trato desigual aplicado en supuestos
citados que se consideran análogos, así como a la ausencia del trámite efectivo de 
audiencia, sin directa invocación, en ningún caso, de los artículos 14 y 24 CE» pero que, 
a juicio del fiscal, «carecen de un desarrollo autónomo –a diferencia de lo acontecido en 
el escrito de demanda contencioso-administrativa– como para plantear una lesión de 
estos derechos de amparo».
Pese a ello, el fiscal analiza por separado las siguientes quejas de los recurrentes.
b)  En lo que se refiere al principio de igualdad (artículo 14 CE) el fiscal entiende 
que deben hacerse dos consideraciones: (i) que concurre una causa de inadmisión de 
esta queja puesto que la parte actora no la invocó en el escrito de preparación del 
recurso de casación. Esta alegada vulneración únicamente se denunció en la demanda 
del recurso contencioso-administrativo, pero no en el escrito de preparación del recurso 
de  casación,  por  lo  que  se  acudió  directamente  a  la  vía  de  amparo.  Se  habría 
incumplido, pues, el requisito previsto en el artículo 44.1 a) LOTC; y (ii) no se cumplen, 
tampoco,  los  requisitos  exigidos  por  la  doctrina  de  este  tribunal  para  apreciar  la 
vulneración de este derecho, pues no se ofrece un término de comparación adecuado, 
«sino una decisión distinta e injustificada por parte del órgano correspondiente».
c)  Por lo que se refiere a la vulneración del artículo 24 CE por indefensión, el fiscal 
entiende que el procedimiento abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte no tenía 
carácter sancionador, toda vez que una de las funciones que la Ley 10/1990 del deporte 
atribuye a este organismo es la de velar por el ajuste a derecho de los procesos 
electorales  en  los  órganos  de  gobierno  de  las  federaciones  deportivas  españolas 
[artículo  84.1  c)],  que  es,  precisamente,  lo  que  hizo  el  Tribunal  Administrativo  del 
Deporte,  de  tal  manera  que  «la  posible  falta  de  audiencia  en  el  procedimiento 
administrativo  quedó  compensada  por  la  efectiva  posibilidad  de  acudir  a  la  vía 
jurisdiccional,  donde  los  recurrentes  tuvieron  ocasión  de  alegar  y  probar  lo  que 
consideraron conveniente, sanando aquella eventual indefensión formal». Para el fiscal, 
aquella omisión no pasa de ser una mera irregularidad carente de relevancia y de 
indefensión material.
d)  Seguidamente, el escrito del Ministerio Fiscal dedica el siguiente apartado al 
estudio de lo que, a su juicio, constituye el «núcleo» de las vulneraciones invocadas, que 
localiza en las libertades de expresión y de información.
Después de recoger, de modo detallado, la doctrina de este tribunal sobre ambos 
derechos, los criterios para el deslinde de uno y otro, así como los límites establecidos a 
su ejercicio, pasa al análisis del caso concreto.
Comienza señalando los que, a su parecer, son los presupuestos indiscutibles de 
enjuiciamiento: (i) que se trataba de una carta de apoyo a don Ángel María Villar; (ii) que 
tuvo lugar durante el proceso de elecciones a presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol; (iii) que el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 establece un deber de 
neutralidad de determinados órganos/cargos de la RFEF, cuyo alcance es objeto de 
controversia;  y  (iv)  que  los  firmantes  de  la  carta  lo  hicieron  en  su  condición  de 
presidentes de las respectivas federaciones autonómicas de fútbol.
Después, señala una serie de aspectos de la Resolución del Tribunal Administrativo 
del Deporte y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como de la 
carta, que considera relevantes, para llegar a la afirmación de que, del contenido de esta 
última, se deduce «que agrupa una amalgama de juicios de valor y narración de hechos 
–vicisitudes  de  elaboración  del  reglamento  electoral,  tramitación  de  procedimientos 
judiciales y expedientes disciplinarios–, alguno con reflejo en noticias publicadas y en 
actuaciones jurisdiccionales y administrativas». Y que «[s]e censura igualmente a varios  s
dirigentes de organismos deportivos –presidente del Consejo Superior de Deportes, de la  oe.
Liga Profesional, ex secretario general de la federación–». w.
De todo lo expuesto y, en la medida en que lo predominante son las opiniones y los  24ww
jnuoic tioosta dlmee vnatleo ri nqeuxea cstea sre, aelli zfaisnc aeln c loan csaidretara s oqburee,  lean b eals cea dseo  ddeet earumtoinsa, deasstá i nefonr mjuaecgioo,n dees 
mdeofdeon sap redeeml ifnuetunrtoe , cealn ddiedraetcoh od oan  lÁan glibeel rVtaidlla rd e– eenx parqeusieóln m yo m«eelnloto  cporne suidnean tiem pdleíc itlaa   BOE-A-cable e
RFEF– con una censura colateral de don Miguel Galán en el contexto del proceso 
electoral ya iniciado».
Por tanto, en el parecer del fiscal, «dichas consideraciones, en sí mismas, desde la 
perspectiva  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  no  incorporan  expresiones  que 
desborden  este  derecho,  máxime  tratándose  de  manifestaciones  en  relación  con 
dirigentes de organismos públicos, en concreto de los organismos deportivos».
A continuación, para estudiar «la trascendencia electoral del contenido de la carta de 
apoyo», el fiscal analiza lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 y 
entiende que aquel debe ser enfocado desde dos perspectivas:
(i)  Si el contenido de la carta indujo o no al voto a los electores. En este sentido, 
con cita de la STC 170/2008, de 15 de diciembre, FJ 4, el fiscal llega a la conclusión de 
que, a la vista de las manifestaciones de la carta de apoyo, la pluralidad de afectados 
criticados ajenos al proceso electoral (presidente del Consejo Superior de Deportes, de 
la  Liga  de  Fútbol  Profesional,  etc…),  por  el  espacio  temporal  existente  entre  la 
publicación de la carta (23 de febrero de 2017) y la celebración de elecciones (27 de abril 
y 22 de mayo de 2017, referidas, respectivamente a los miembros de la asamblea 
general de la Real Federación Española de Fútbol y de presidente de esta), cree «que 
resultaría muy difícil [que] su contenido resultara con capacidad de influencia en el voto, 
hasta  el  punto  de  infringir  el  deber  de  neutralidad  del  artículo  12.4  de  la  Orden 
ECD/2764/2015, dado el amplio periodo para la reflexión todavía existente, sin una 
votación inminente, la celebración de la correspondiente campaña, la percepción de 
otras influencias y la adopción de la decisión definitiva» por parte de los votantes.
(ii)  Desde la segunda perspectiva, relativa al deber de neutralidad, el fiscal pone en 
relación la libertad de expresión con el derecho de acceso a los cargos públicos en 
condiciones de igualdad, que introduce respecto de sus titulares el deber de neutralidad 
de los poderes públicos en el contexto electoral vinculado al principio de objetividad de la 
administración  pública  (artículo  103.1  CE).  Señala,  al  respecto  y  con  cita  de 
jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del 
artículo  1  del  Real  Decreto  1835/1991,  de  20  de  diciembre,  de  desarrollo  de  la 
Ley 10/1990, del deporte, que las federaciones deportivas son entidades asociativas 
privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propios y que 
ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando como 
agentes  colaboradores  de  la  administración  pública.  Por  tanto,  desde  la  óptica  del 
derecho a la libertad de expresión, no gozan de la misma posición que los ciudadanos en 
el disfrute de aquel derecho, pues, a diferencia de estos, que sí son titulares, las 
instituciones públicas no son titulares de este derecho y su actuación debe limitarse al 
ejercicio de sus competencias (cita las SSTC 19/1993, de 21 de enero, FJ 2, y 14/2003, 
de 28 de enero, FJ 8).
A partir de tales consideraciones, analiza después la naturaleza jurídica y funciones 
de la comisión gestora y de la comisión de presidentes de las federaciones autonómicas 
y pone en relación el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 con las normas de la Ley 
Orgánica del régimen electoral general (LOREG), que disponen el deber de neutralidad 
de  la  administración  electoral  (artículos  8.1,  50.1  y  66  LOREG),  para  llegar  a  la 
conclusión de que el «criterio de mantener el distanciamiento y no interferencia de 
aquellos  que  desempeñan  cargos  institucionales  en  la  administración  concernida» 
determina  que  su  «intervención  durante  el  período  electoral  no  puede  reputarse 
institucionalmente indiferente o neutra». Así pues, «el objetivo de no interferir en los  e
procesos  electorales  es  coherente  con  el  principio  de  neutralidad  de  la  LOREG  y  bo
concorde con la naturaleza público privada de la federación». 24ww
fedeEranc ioenl eps aqrueec esru sdcerilb efnis claa lc, arlota  c«oqmueo  tahlaecse ens  "ltoosm  aprr epsairdteidnot"e sp ord eel  claans dirdeastpoe aclt iqvuaes 
seeq uiadpisotyaan.c iaY  ee ilmlop asricginailfiidcaad  epxrocepdiaesr sdee  ldae ol bljíemtiivteid adde  exnieguidtraa laid aqdu ieyn  fsoermpaar aprasert e ddee  llaa 
administración federativa –más estricta por cumplir una función pública– en cumplimiento
del mandato general que se deriva del artículo 12.4 de la Orden Ministerial2764/2015, 
que limita el derecho a la libertad de expresión en función de los cargos federativos 
acotado a los periodos electorales».
Por  todo  lo  expuesto,  el  fiscal  finaliza  su  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
desestimación del recurso de amparo.
10.  Por providencia de 21 de enero de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El  presente  recurso  de  amparo  se  dirige,  según  se  indica  en  el  suplico  de  la 
demanda, contra la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de 27 de abril 
de 2017. Se trata, por tanto, de un recurso formalizado al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 43.1 LOTC.
La citada resolución, que había estimado parcialmente el recurso interpuesto por don 
Miguel Ángel Galán Castellanos, acordó, en lo que ahora es de interés, declarar que las 
firmas de los ahora recurrentes, en su calidad de presidentes de dieciséis federaciones 
territoriales de la Real Federación Española de Fútbol, suscritas al pie de un escrito, 
publicado en las páginas webs de dos federaciones territoriales de fútbol bajo la rúbrica 
«Carta en apoyo a D. Ángel María Villar», contravenía el deber de neutralidad que el 
artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015, impone a todos los órganos federativos, al 
inducir el sentido del voto de los electores en favor de uno de los precandidatos a la 
elección de presidente de la federación española. Por ello, la resolución ordenaba que la 
comisión electoral de la Real Federación Española de Fútbol requiriera a los afectados 
para que retiraran su firma, como presidentes de aquellas federaciones, del documento y 
que les instara a abstenerse de realizar actos que, directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente, indujeran o condicionaran el sentido del voto de los electores, así como 
a observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad 
entre los actores electorales.
La precitada resolución fue confirmada en la vía judicial por la sentencia de 25 de 
julio de 2018, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento de derechos 
fundamentales  número  580-2017,  que  adquirió  firmeza  después  de  que  la  Sección 
Primera de la misma Sala del Tribunal Supremo dictara providencia de 24 de enero 
de 2019, declarando la inadmisión del recurso de casación preparado por los ahora 
demandantes de amparo contra aquella.
La demanda de amparo invoca la vulneración de los derechos fundamentales a las 
libertades de expresión y de información, de igualdad en la aplicación de la ley y de 
defensa de los derechos procesales.
Como con detalle se recoge en los antecedentes, los actores entienden que la 
resolución administrativa ha vulnerado sus libertades de expresión y de información 
porque, aun cuando firmaron la carta alegando su condición de presidentes de sus 
respectivas federaciones territoriales de fútbol, no estaban directamente afectados por la 
normativa  electoral  reguladora  del  proceso  de  elección  a  presidente  de  la  Real 
Federación Española de Fútbol, que había sido convocado en fechas inmediatamente 
anteriores, por lo que no les era de aplicación el deber de neutralidad que aquella les  es
imponía. Además, la carta la publicaron tres meses antes de que tuviera lugar la elección  bo
y no pedía el voto para ningún candidato, por lo que tampoco tuvo incidencia en el  24ww
ohpapernooctechneroíisoasorn e n esaol,let  imccqituaiosebrma lelho.s a F ybqi níuaaae nsl m euts eeatnnantibdeteao, rn dio leuers gnptaa rerce las rcniedo seqnpnuoececcii atmao qd ieudenee tllolal a  s pfmeeúdñbiseoliirrvca aoVc  iúyiólln nahi,rca  apbymoí arle anlnos st  eiqpd ureoeer fsd lseoifejnua anbtrsdaa i tdqhaouebseca h  pdosoeesr     OE-A-2021-28able en https://
los medios de comunicación.
La invocada vulneración del principio de igualdad la sostiene la demanda sobre la 
afirmación de que, respecto de otros precandidatos y, en relación con otras personas, ni 
se  han  formulado  denuncias,  ni  tampoco  el  Tribunal  Administrativo  del  Deporte  ha 
dictado resolución en el mismo sentido; además, señala que, de modo habitual y en 
procesos electorales a cargos directivos de otras federaciones nacionales, opera la 
libertad de expresión, de tal manera que no se ha objetado que se puedan realizar 
manifestaciones de apoyo a candidatos a presidentes, incluso por parte de presidentes 
de federaciones territoriales que se muestren favorables a algunos de los candidatos.
Por último, el derecho a la defensa procesal de sus intereses lo sustentan los 
recurrentes  en  que,  en  el  seno  del  procedimiento  administrativo,  el  Tribunal 
Administrativo del Deporte no les dio traslado del recurso formulado por el señor Galán, 
ni tampoco habilitó un trámite de audiencia a los mismos antes de que aquel dictara su 
resolución. En el trámite de alegaciones, la parte destacó, como complemento de lo 
sostenido en la demanda, que, a resultas de la resolución dictada por el órgano y 
confirmada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el primero inició 
un expediente sancionador contra los recurrentes en el que había recaído propuesta de 
resolución sancionadora, por lo que rechazaba que el expediente número 132-2017 
estuviera desprovisto de aquel carácter sancionador que le ha negado la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, esta nueva alegación debe ser 
excluida del objeto de nuestro enjuiciamiento porque este tribunal ha destacado, de 
forma reiterada, que «los términos de la litis han de quedar delimitados en la propia 
demanda, en la que han de fijarse las pretensiones ejercitadas, las vulneraciones de 
derechos fundamentales invocados con la correspondiente argumentación que les dé 
soporte y el suplico en el que se concrete lo pedido por el recurrente» [por todas, 
STC 2/2019, de 14 de enero, FJ 2 a), y todas las que allí se citan].
Por su parte, tanto el abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, tal y como se 
detalla en los antecedentes, han solicitado la desestimación del recurso. No obstante, el 
primero ha interesado también, por medio de otrosí, la inadmisión del recurso por falta de 
especial transcendencia constitucional del recurso. Y el segundo la inadmisión a trámite, 
por falta de agotamiento, de la queja sobre la eventual vulneración del principio de 
igualdad.
2.  Óbices procesales.
Antes de comenzar el análisis de las quejas denunciadas en la demanda hemos de 
hacer referencia a los óbices procesales que han apuntado el abogado del Estado y el 
Ministerio Fiscal. Procederemos a su estudio por el orden indicado.
a)  El abogado del Estado entiende que el recurso de amparo tendría que haber 
sido inadmitido porque el asunto carece de especial trascendencia constitucional que 
merezca un pronunciamiento de fondo por parte de este tribunal.
La relevancia constitucional es, ciertamente, requisito exigible de conformidad con lo 
que disponen los artículos 49.1 y 50.1 b) LOTC y, por consiguiente, de orden público 
procesal (STC 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 2, por remisión a la STC 113/2012, 
de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas). Exigencias de certeza y buena administración de 
Justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón c. España, § 46) obligan, 
pues, a explicitar el cumplimiento del mismo con el fin de hacer cognoscibles los criterios 
empleados al efecto por este tribunal.
En cualquier caso, debemos recordar también que la inicial admisión a trámite de la  s
demanda  de  amparo  no  es  obstáculo  para,  después,  abordar  o  reconsiderar  en  oe.
sentencia  la  concurrencia  de  los  presupuestos  y  requisitos  procesales  (por  todas,  w.
SqpurSoeTc Ceess a1tel9  d/t2risi0bt1iun4nt,oa dsl, e de e1nl0  ep dlr eetrv áfisemtboirt eep raodr,ea  F dlJai c 2taa,d rom s i6es9nió/t2en0n d1ce1ial,   rdye,e c pu1or6sr  odt,a enp tumoe,a dyeaon , e uxFnaJ m m2i)no. amNr,ea nidntaco l uioms opfa iddseee    2021-2824n https://ww
oficio, los requisitos exigidos para su admisión a trámite y, en caso de comprobar su
incumplimiento, dictar un pronunciamiento de inadmisión del amparo solicitado (entre 
muchas, SSTC 126/2011, de 18 de julio, FJ 2, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 2).
A partir de las anteriores consideraciones iniciales, este tribunal ha decidido admitir el 
presente recurso de amparo porque apreció una especial trascendencia constitucional en 
el mismo (artículo 50.1 LOTC), vinculada al planteamiento de un problema o afectación 
de  una  faceta  del  derecho  fundamental  concernido  sobre  el  que  no  hay  doctrina 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)].
No  encontramos  ahora  razones  para  modificar  esa  apreciación.  La  cuestión 
suscitada en este recurso se centra, esencialmente, en la denunciada vulneración de los 
derechos a la libertad de expresión y de información de unas personas que ostentaban 
cargos directivos y de representación en el ámbito de un deporte y en un entorno 
determinado como es el de los procesos electorales que preceden a la designación por 
elección de sus órganos directivos.
Hasta ahora el tribunal no ha tenido ocasión de abordar si los órganos directivos de 
este tipo de entidades de titularidad privada, pero que ejercen, por delegación, funciones 
públicas  de  carácter  administrativo  y  actúan  como  agentes  colaboradores  de  la 
administración pública (artículo 30.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte), 
son titulares de los derechos a las libertades de expresión y de información que invocan. 
Y también da ocasión al tribunal para pronunciarse sobre el ejercicio y límites de estos 
derechos  en  el  marco  de  un  proceso  electoral  y  sobre  el  alcance  del  deber  de 
neutralidad que incumbe a aquellos órganos y a sus miembros directivos en aquellos 
procesos electorales.
Por todo lo expuesto, hemos de desestimar el óbice procesal alegado por el abogado 
del Estado.
b)  Por su parte, el Ministerio Fiscal, aunque no alega óbice de admisibilidad al 
conjunto de la demanda, sí entiende que la queja sobre la eventual vulneración del 
principio de igualdad adolece de falta de agotamiento de la vía judicial previa, pues, si 
bien los actores denunciaron esta vulneración en la demanda presentada en el recurso 
contencioso-administrativo, no la reprodujeron después en el escrito de preparación del 
recurso de casación, por lo que incurriría en el presupuesto de inadmisibilidad previsto 
en el artículo 44.1 a) LOTC. No obstante lo expuesto, el fiscal entiende, también, que la 
queja carece de sustantividad y autonomía propia, por estar estrechamente vinculada a 
la de los derechos a la libertad de expresión e información de los recurrentes.
Hemos  de  acoger  la  causa  de  inadmisibilidad  alegada  por  el  Ministerio  Fiscal 
respecto de la alegada vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. 
En efecto, como bien destaca el fiscal en sus alegaciones y así lo hemos recogido en los 
antecedentes, los recurrentes denunciaron la infracción del principio de igualdad en la 
demanda  del  recurso  contencioso-administrativo  que  presentaron  ante  la  Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; pero, recaída sentencia 
desestimatoria de todos los motivos, en el posterior escrito de preparación del recurso de 
casación únicamente sostuvieron la queja respecto de los derechos a las libertades de 
expresión  e  información  y  de  defensa  procesal  y  no  así  en  relación  a  la  posible 
vulneración del principio de igualdad, omitiendo toda referencia a la misma, por lo que la 
no sostenibilidad de este motivo en el recurso de casación conlleva indefectiblemente la 
inadmisibilidad del recurso de amparo en lo que respecta a este motivo [artículo 44.1 a) 
LOTC].
3.  Defensa procesal de los recurrentes.
La  demanda  alega  la  eventual  vulneración  del  derecho  de  defensa  de  los  bo
recurrentes, localizada en la tramitación del expediente número 132-2017 del Tribunal  24ww
dAed miminpiustgrnaativcoió nd eeln D eespteo rrteec, uqruseo .finalizó con la Resolución de 27 de abril de 2017, objeto
les dLioos  trreácmuirtere ndtee sa uddeineunncciaia pna qruae q, udeu r«atnutvei elara snu slata onpcoiartcuiónnid daedl  dceita adloe geaxrp eeld ieejnetrec,ic nioo  dsee 
sus derechos fundamentales», de tal manera que únicamente conocieron la denuncia
formulada por el señor Galán al tiempo de que les fuera notificada la resolución ahora 
impugnada.
Hay que comenzar señalando que la falta de audiencia de la que se quejan los 
recurrentes contradice lo que, tanto la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte 
impugnada,  como  posteriormente  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Madrid, han destacado como trámite que sí tuvo lugar. Concretamente, el antecedente 
quinto de la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte impugnada destaca 
textualmente:
«Quinto.–Advertido  por  este  tribunal  que  la  comisión  electoral  no  había  dado 
audiencia a los firmantes de la carta, se les ha dado traslado del recurso ofreciéndoles la 
posibilidad de formular alegaciones que debían obrar en el tribunal a las 14:00 horas del 
jueves 20, sin que se haya recibido ninguna dentro del plazo establecido».
Por su parte, la sentencia de 25 de julio de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (FJ 6) también afirma que, a los folios 74 y 75 del expediente administrativo y en 
el precitado antecedente quinto de la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, 
constaba  «que  sí  se  les  dio  traslado  para  alegaciones  a  los  dieciséis  presidentes 
autonómicos firmantes de la "carta de apoyo a don Ángel María Villar", a través del 
Tribunal  Administrativo  del  Deporte  –como  dispone  el  artículo  25.1  de  la  Orden 
ECD 2764/2015– aunque no las hayan presentado».
Por consiguiente, este tribunal ha de partir en su enjuiciamiento de los presupuestos 
de  hecho  que  se  declaran  probados  en  las  resoluciones  impugnadas,  pues,  como 
reiteradamente ha declarado, «no está entre las funciones de este tribunal revisar la 
valoración probatoria o alterar los hechos probados [artículo 44.1 b) LOTC], al ser esta 
función  exclusiva  de  los  órganos  del  Poder  Judicial  ex  artículo  117.3  CE 
[SSTC 174/1985, de 23 de noviembre, FJ 3; 323/1993, de 8 de noviembre, FJ 4; 
102/1994, de 11 de abril, FJ 1; 157/1995, de 6 de noviembre, FJ 2; 125/2001, de 4 de 
junio, FJ 10, y 74/2007, de 16 de abril, FJ 2 […] 81/2018, FJ 2 c)]» (STC 165/2020, de 16 
de noviembre, FJ 4).
En todo caso, como ponen de manifiesto el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal 
en  sus  alegaciones,  el  expediente  número  132-2017,  abierto  por  el  Tribunal 
Administrativo del Deporte y que finalizó con la Resolución de 27 de abril de 2017, no 
tenía carácter sancionador, sino que fue iniciado en virtud de denuncia formulada por 
don Miguel Ángel Galán Castellanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 84.1 c) 
de la Ley 10/1990 y 1 c) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, de desarrollo de la 
composición,  organización  y  funciones  del  Tribunal  Administrativo  del  Deporte 
(fundamento jurídico 1 de la resolución), que dispone como función de este órgano 
administrativo, la de velar por la correcta sustanciación y Resolución de los procesos 
electorales convocados por las federaciones deportivas españolas.
Se trataba, por tanto, de un expediente que tenía por objeto verificar que no se 
produjeran  interferencias  o  actuaciones  que  pudieran  incidir  negativamente  en  la 
tramitación  y  finalización  del  proceso  electoral  convocado  por  la  Real  Federación 
Española  de  Fútbol.  Igualmente,  el  acuerdo  de  la  resolución  tampoco  apreciaba 
infracción alguna de las previstas en el artículo 76, ni la decisión adoptada respondía al 
cuadro de sanciones establecidas en el artículo 79, ambos de la Ley 10/1990, sino que 
las medidas adoptadas (requerimiento para la retirada de la firma de la carta y para la 
abstención de todo acto que pudiera afectar a la neutralidad en el proceso electoral) 
tenían por único objetivo preservar el correcto devenir del proceso electoral convocado. e
La  determinación  de  la  naturaleza  jurídica  y  alcance  del  expediente  número  bo
132-2017,  como  procedimiento  administrativo  que  no  tenía  carácter  disciplinario  ni  24ww
sFaJn 3c,io yn a5d4o/2r,0 e1s5 ,t adme b1ié6n d ree lmevaarnzote,  pFoJr q7u, ep oers tteo dtarisb)u nhaal  d(SecSlTarCa d5o9 /q2u0e1 4la, sd eg a5r adnet íamsa ydoe,l 
Aardtíecmuláos ,2 h4a.2  acClaEr aúdnoi cqaumee «nltae  fsaoltna  daep laicuadbileensc iaa l edne erel cphroo caeddmiminieisnttroa taivdom isnaisntcraiotinvaod onro. 
sancionador será circunstancia que haya de ser corregida, en su caso, en sede judicial
no comportando por sí misma indefensión con relevancia constitucional (STC 118/1999, 
de 28 de junio, FJ 1, y AATC 1197/1987, de 26 de octubre, FJ 2, y 275/1988, de 29 de 
febrero, FJ 1, entre otras resoluciones)» (ATC 89/2011, de 20 de junio, FJ 2).
En  el  caso  de  autos,  la  eventual  irregularidad  procedimental  que  alegan  los 
recurrentes, de haberse producido, no habría generado la indefensión material que 
denuncian, dado que, por tratarse de un expediente que no tenía carácter sancionador, 
dicha  indefensión  pudo  ser  corregida  en  la  vía  jurisdiccional  que  fue  instada  a 
continuación.
Por todo ello, el motivo de amparo debe ser desestimado.
4.  Libertades de expresión e información: Delimitación y doctrina constitucional.
a)  La demanda invoca de forma conjunta los derechos de los recurrentes a sus 
libertades de expresión e información y constituye el núcleo esencial de la pretensión de 
amparo, toda vez que, a través de diferentes argumentos, aquellos sostienen que la 
Resolución  del  Tribunal Administrativo  del  Deporte  impugnada ha vulnerado ambos 
derechos, sin que hayan delimitado el ámbito de cada uno de ellos, ni tampoco otorgado 
prevalencia a uno sobre el otro.
Por tanto, lo primero que hemos de determinar es si fueron efectivamente ambos 
derechos fundamentales los que vinieron a ejercerse mediante el escrito que aquellos 
publicaron en las páginas webs de dos federaciones territoriales de fútbol y que, como 
reiteradamente ha quedado reflejado en los antecedentes, rubricaron como «Carta de 
apoyo a D. Ángel María Villar»; o, por el contrario, si solo fue puesto en práctica, o lo fue 
de modo preponderante, uno de tales derechos fundamentales sobre el otro.
Al respecto, este tribunal ha recordado con reiteración (por todas, las SSTC 79/2014, 
de 28 de mayo, FJ 4; 65/2015, de 13 de abril, FJ 2, y 38/2017, de 24 de abril) que no 
siempre es fácil deslindar el ámbito de aplicación de ambas libertades. Así, ha declarado 
que «[l]a Constitución, y nuestra jurisprudencia con ella (por todas, STC 79/2014, de 28 
de mayo, FJ 4), distinguen, como es bien conocido, entre el derecho a expresar y 
difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción, de una parte, y el que tiene por objeto, de otra, la 
libre comunicación de información veraz por cualquier medio de difusión [apartados a) y 
d), respectivamente, del artículo 20.1 CE]. Por más que, como no hemos dejado de 
observar en ocasiones anteriores, una libertad y otra pueden llegar a entreverarse en los 
supuestos reales que la vida ofrece (STC 41/2011, FJ 2, y resoluciones allí citadas), este 
distingo entre derechos es de capital importancia, pues mientras el segundo de los 
citados se orienta, sobre todo, a la transmisión o comunicación de lo que se tienen por 
hechos –susceptibles, entonces, de contraste, prueba o mentís–, la libertad de expresión 
tiene su campo de proyección más propio en la manifestación de valoraciones o juicios 
que, es evidente, quedan al margen de toda confirmación o desmentido fácticos. Se trata 
de una diferencia relevante, como es obvio, para identificar el ámbito y los límites propios 
de cada una de estas libertades» (STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 2).
Igualmente, este tribunal ha señalado que, «para determinar cuál es el derecho 
fundamental efectivamente en juego en cada supuesto, será necesario atender "al que 
aparezca como preponderante o predominante. Y a tal efecto nuestra doctrina considera 
determinante el que del texto se desprenda un "afán informativo" (STC 278/2005, de 7 de 
noviembre, FJ 2) o que predomine intencionalmente la expresión de un "‘juicio de valor"» 
[STC 38/2017, FJ 2 b)].
La carta suscrita por los recurrentes, si bien recoge diferentes hechos que fueron del  e
conocimiento  público  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  tales  como  los  bo
procedimientos penales instados contra don Ángel María Villar cuando era presidente de  24ww
dlais cRipelianla riFoes daebriaecritóons  coEnstpraa ñeol lam isdmeo  yF úctobnotlr,a  oatsría s cpoemrsoo nlaoss  vindcifuelraednatess p oer xupneod iue notteros 
ecolencctoerpatol  cao nlav oRcaFdEoF,,  eesl  rleos cuiletartdoo  qduee  alaq ureúlblorsic ay  persintocsip, aal sdí ec olam oc arretas,p eacstío c doeml op rlao cqeuseo 
aparece  inmediatamente  después  –catorce  años  de  acoso  y  persecución–,  junto  a
determinadas opiniones y juicios de valor que, sobre aquellos hechos, realizan los 
firmantes de la carta en diferentes pasajes de la misma, han de llevarnos a la conclusión 
de que el derecho predominantemente invocado es el de la libertad de expresión, tal y 
como así lo sostiene también el Ministerio Fiscal.
Buena prueba de ello es que la carta finaliza con un párrafo en el que se puede leer:
«No hace falta ser un lince para advertir que tanta insistencia no tiene otro objetivo 
que el de tratar de conseguir por medios torticeros lo que nunca han podido lograr por la 
vía electoral y democrática, lo que persiguen infructuosamente desde hace catorce años. 
Esa persecución ha alcanzado su mayor intensidad en el actual proceso electoral con la 
presentación de tres acciones criminales y dos expedientes sancionadores basados en 
verdaderas falacias con la única intención de socavar el honor y crédito del presidente de 
la RFEF. Causa enorme estupor, desde el respeto debido a la discrepancia en la gestión 
deportiva, que a ellos se haya sumado un sector minoritario del fútbol que no valora los 
extraordinarios perjuicios que le han causado con esas acciones, ni contemplan estos 
actos carentes de toda ética como despreciables. Rayando el delito».
b)  Limitado, pues, el objeto de nuestro enjuiciamiento a la libertad de expresión, 
este tribunal ha declarado que «[c]omo cualquier otro derecho fundamental de libertad, el 
enunciado en el artículo 20.1 a) CE hace posible y garantiza la autodeterminación del 
individuo y, a su través, de los grupos sociales en los que por libre decisión pueda 
integrarse. Tiene también este derecho, y con reiteración lo hemos dicho, una dimensión 
trascendente u objetiva (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2, y 216/2013, 
de 19 de diciembre, FJ 5), pues mediante su ejercicio –sin más restricciones que las que 
puedan fundamentarse en la preservación de otros derechos o bienes constitucionales– 
se construye un espacio de libre comunicación social, de continuo abierto, y se propicia 
con ello la formación tanto de opinión pública como de una ciudadanía activa, sin cuya 
vitalidad crítica no son posibles, o no lo son en plenitud, ni la democracia ni el pluralismo 
políticos (artículo 1.1 CE). Esta libertad de expresión, ya queda dicho, no está exenta, 
como cualquiera otra, de límites fijados o fundamentados en la Constitución y con ellos 
ha de ser consecuente su ejercicio, pues si bien el ordenamiento no ha de cohibir sin 
razón  suficiente  la  más  amplia  manifestación  y  difusión  de  ideas  y  opiniones,  su 
expresión  conlleva  siempre,  como  todo  ejercicio  de  libertad  civil,  deberes  y 
responsabilidades y así lo viene recordando, justamente para este preciso ámbito, el 
Tribunal de Estrasburgo (por todas, Sentencia de 24 de febrero de 2015, caso Haldimann 
y otros c. Suiza, párrafo 46)» (STC 65/2015, FJ 2).
También, ha destacado este tribunal que el ejercicio de la libertad de expresión está 
sometido a límites constitucionales. Así, ha señalado que «[q]uedan extramuros de la 
protección que confiere el derecho las "frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin 
relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este 
propósito" (STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3). Pero, junto a ello, "la tendencia expansiva 
de la libertad de expresión encuentra también su límite en el respeto al contenido 
normativo garantizado por otros derechos fundamentales, cuya afectación no resulta 
necesaria para la realización constitucional del derecho. Como hemos señalado en 
ocasiones anteriores, el deslinde de la libertad de expresión no es nunca total y absoluto 
(por todas, STC 173/1995, de 21 de noviembre, FJ 3) y, a menudo, la delimitación de su 
ámbito protegido solo puede hacerse a partir de la de otros derechos fundamentales, 
aunque,  eso  sí,  mediante  la  adecuada  ponderación  de  los  valores  constitucionales 
enfrentados, entre los que destaca la garantía de la existencia de la opinión pública  e
indisolublemente unida al pluralismo político" (STC 23/2010, FJ 3, y jurisprudencia allí  bo
citada)» (STC 226/2016, de 22 de diciembre, FJ 5). 24ww
exprEens iótond doe bceanso s, eer,s onso  olíbmsitteasn tea,  ploosn dqeurea deosst ás iesommpereti dcoo ne lr igdoerr eyc h«op reac ilsaa dliobse rctaads od ae 
pcaosr os,u a e ljae rvciisctioa» d (eS lToCs  d1e8r7e/c2h0o1s5 ,y d vea 2lo1r edse  csoenpsttiietumcbioren,a lFeJs  2q)u. eE sptuae rdeegnla v eerss ed ea ofebclitgaaddoas 
atención con carácter general cuando aquel derecho fundamental entra en conflicto con
otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política 
respaldados por la normativa correspondiente, habida cuenta de la posición preferente 
que  ocupa  la  libertad  de  expresión  en  nuestro  ordenamiento  como  sustento  del 
pluralismo y del orden político (artículos 1.1 y 10.1 CE).
5.  Aplicación de la anterior doctrina al caso.
A)  La doctrina de este tribunal ha tenido ocasión de definir el contenido y el alcance 
del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  en  diversos  escenarios  (por  todas,  la 
STC 187/2015, FJ 2, ya citada anteriormente). Sin embargo, en el presente caso, la 
cuestión que se suscita presenta determinados rasgos que lo hacen peculiar, pues se 
trata de determinar si es posible constreñir el ejercicio de la libertad de expresión de un 
grupo de personas que, en su condición de presidentes de federaciones territoriales de 
fútbol, suscribieron una carta de apoyo a una persona que, hasta aquel momento, había 
sido  presidente  de  la  federación  nacional  del  deporte  a  la  que  aquellos  también 
pertenecían y que se postulaba, como precandidato, a la reelección en el ámbito de un 
proceso electoral ya convocado. El fundamento de tal limitación se hallaría, según la 
Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte ahora impugnada, en el deber de 
preservar la neutralidad que les imponía la normativa deportiva aplicable al caso.
Pues bien, para la aplicación al caso de autos de la doctrina constitucional antes 
citada, debemos precisar, con carácter previo, algunos aspectos:
a)  En  primer  lugar,  es  necesario  partir  de  la  configuración  que  nuestro 
ordenamiento jurídico proporciona a las federaciones deportivas. En este sentido y en lo 
que ahora es de interés, las federaciones deportivas españolas vienen definidas en el 
artículo  30.1  de  la  Ley  10/1990,  de  15  de  octubre,  del  deporte  (en  adelante,  la 
Ley 10/1990); este precepto dispone que «son entidades privadas, con personalidad 
jurídica propia, cuyo ámbito se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el 
desarrollo  de  las  competencias  que  le  son  propias,  integradas  por  federaciones 
deportivas  de  ámbito  autonómico».  El  apartado  2  añade  que  estas  federaciones, 
«además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación, funciones públicas de 
carácter  administrativo,  actuando  en  este  caso  como  agentes  colaboradores  de  la 
administración  pública».  Se  trata,  por  tanto,  de  organizaciones  privadas  que,  sin 
embargo, ejercen, por delegación de la administración, determinadas funciones públicas, 
fundamentalmente  relativas  a  los  aspectos  regulatorios  de  la  práctica  del  deporte 
correspondiente, a su organización y al régimen disciplinario.
Aunque referida a la anterior Ley 13/1980, de 31 de marzo, general de cultura física y 
del deporte, la doctrina que este tribunal declaró en su STC 67/1985, de 24 de mayo, es, 
también, aplicable a lo establecido en la vigente Ley 10/1990, de 15 de octubre, [así lo 
ha confirmado la STC 33/2018, de 12 de abril, FJ 3 a)].
Así, en aquella STC 67/1985, este tribunal precisó que la ley de referencia «no 
configura  a  las  federaciones  españolas  como  corporaciones  de  carácter  público 
integradas en la administración, ni tampoco como asociaciones obligatorias, ya que las 
regula aparte de la organización administrativa, y no obliga a los clubes a pertenecer a 
ellas (artículos 3.4 y 12.2). Las federaciones se configuran como instituciones privadas 
que  reúnen  a  deportistas  y  asociaciones  dedicadas  a  la  práctica  de  una  misma 
modalidad deportiva (artículos 19 y 14) si bien se estimula la adscripción a la respectiva 
federación en cuanto constituye un requisito para que los clubes deportivos puedan 
participar  en  competiciones  oficiales  y  en  cuanto  canalizan  la  asignación  de  s
subvenciones. Y, por otra parte, la Ley no impide en absoluto la constitución de otras  oe.
asociaciones formadas por deportistas y asociaciones dedicadas a la misma modalidad  w.
daLe elapys o[ …rqtiuv],ea l ,as cseo  fanet drfiiebnrueaysce iponrn ifveuasnd caoiposan»re e[sFc Jpe ún4b  clBioc)na].fs igA dugerra ecdgaaarsá e ccstoetamr  asode amnstieonncisicatiracai otqinvuoee»s « .d[de] ec aarcáuceterrd op rcivoand ola,   2021-2824n https://ww
También, el tribunal (STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 9) ha reconocido que la
organización deportiva española se estructura en torno a tres ejes: (i) carácter privado de
las organizaciones deportivas (independientemente de que puedan ejercer funciones 
públicas  por  «delegación»);  (ii)  monopolio  federativo  (esto  es,  una  federación  por 
modalidad deportiva); y (iii) estructura organizativa en cascada o piramidal (que implica 
que las entidades deportivas de base, de una determinada modalidad deportiva, se 
integran en su federación provincial correspondiente que, a su vez, pasa a formar parte 
de la federación autonómica, y luego de la estatal. Se configura, así, una estructura 
piramidal,  escalonada  o  en  cascada,  de  tal  suerte  que  cada  uno  de  los  niveles 
comprende y agota el inferior, en términos estrictamente territoriales).
Por tanto, las federaciones autonómicas con sus cuadros directivos, organización y 
funcionamiento se integran en una estructura piramidal y única, en un órgano nacional 
que  es  la  federación  nacional  del  deporte  correspondiente  (artículo  6  del  Real 
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de desarrollo de la Ley 10/1990).
Hay, pues, dos aspectos a tener en cuenta a los efectos del presente recurso de 
amparo: de una parte, que las federaciones deportivas son asociaciones de titularidad 
privada pero que ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo y, 
en este ámbito, están sujetas a la normativa administrativa correspondiente. Y, de otro 
lado, que los cuadros directivos y demás personal que forma parte de la organización de 
cualquiera de estas federaciones, en aquellas actividades que, por delegación, supongan 
el  ejercicio  de  funciones  públicas,  también  estarán  sujetos  a  aquella  normativa 
administrativa.
b)  En conexión con la anterior consideración, hemos de señalar que aquel ejercicio, 
por  delegación,  de  determinadas  funciones  públicas  de  carácter  administrativo 
(artículo 30.2 de la Ley 10/1990) y la relevancia que el deporte y su organización tienen 
en la vida social (artículo 43 CE), hace que las federaciones deportivas españolas, bajo 
la  coordinación  y  tutela  del  Consejo  Superior  de  Deportes  (artículo  33.1  de  la 
Ley 10/1990), deban asumir el ejercicio de las potestades públicas necesarias para que 
puedan  realizar,  por  delegación,  aquellas  funciones  públicas  encomendadas,  de 
conformidad con la habilitación que les reconozca el ordenamiento jurídico-administrativo 
[artículo 2.2 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas].
Ahora bien, el ejercicio de potestades públicas para la efectiva ejecución de aquellas 
facetas de su actividad que, por delegación, asuman en el desempeño de funciones 
públicas, conlleva, también, el cumplimiento de los deberes propios de la administración, 
de  sus  órganos  y  de  los  que  prestan  servicio  en  las  mismas  establecidos  por  la 
normativa administrativa aplicable a cada aspecto de aquella actividad. Porque, en el 
caso  de  las  federaciones  deportivas,  esos  mismos  deberes  correlativos  incumben, 
también,  a  los  órganos  federativos,  a  sus  miembros  o  a  los  titulares  de  cargos 
federativos, cuando deban desempeñar aquellas funciones públicas que, por delegación, 
les confiere la administración. En tales casos, la posibilidad de realizar actos o de 
adoptar determinadas iniciativas por parte de los órganos o del personal federativo no 
podrá ser analizada desde la óptica del ejercicio de derechos fundamentales, sino desde 
el ámbito de las atribuciones y de los límites que el ordenamiento administrativo aplicable 
al caso pueda establecer. Este tribunal ha declarado, al respecto, que «en ningún caso 
son titulares de los referidos derechos fundamentales las instituciones públicas o sus 
órganos (en relación con la libertad de expresión, SSTC 185/1989, de 13 de noviembre, 
FJ 4; 254/1993, de 20 de julio, FJ 7; en relación con las libertades de expresión e 
información, ATC 19/1993, de 21 de enero» (por todas, las SSTC 14/2003, de 28 de 
enero, FJ 8, y 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 3). s
Este tribunal ha declarado que «no puede equipararse la posición de los ciudadanos  oe.
y la de las instituciones públicas, en el disfrute de la libertad de expresión: pues, mientras  w.
aquellos gozan de libertad para criticarlas, las instituciones encuentran su actuación  24ww
evinnccuuelandtraa  ac ielortsa mfiennetse  qeul ed ele sa traibsuigirn ac aelilf icoartdiveonsa ma iesnutso  ajudrmídiincios,t raednotrse»  l(oAsT Cqu 1e9 /n1o9 9s3e, 
de 21 de enero, FJ 2, y la referencia que en el mismo se hace a la STC 185/1989, FJ 4).
El análisis, pues, de la cuestión suscitada en este recurso gira en torno al problema 
de si la convocatoria y el proceso electoral subsiguiente, para la selección de cargos de 
representación o directivos de las federaciones deportivas españolas, queda integrada o 
no  en  el  catálogo  de  funciones  públicas  que  la  administración  ha  atribuido,  por 
delegación, a aquellas.
c)  Uno  de  los  aspectos  de  esta  manifestación  pública  de  las  federaciones 
deportivas  es,  precisamente,  el  que  tiene  que  ver  con  su  propia  organización  y 
funcionamiento, que, por exigencia de aquella relevancia, ya indicada, que el deporte y 
su organización tienen en la vida social (artículo 43 CE), deben ser democráticos.
Las federaciones deportivas no escapan, pues, al cumplimiento de tal requerimiento 
y, por tanto, la selección de sus órganos directivos y de representación (asamblea 
general y presidente, según prescribe el artículo 31.2 de la Ley 10/1990) debe ajustarse 
a  principios  democráticos  y  a  un  proceso  electoral  en  el  que  deberá  existir  una 
administración  electoral  que,  conforme  a  los  criterios  de  neutralidad,  objetividad  y 
transparencia, lleve a efecto un proceso de convocatoria de elecciones que legitime, en 
términos democráticos, el nombramiento de los miembros de la asamblea general y del 
presidente o presidenta correspondiente, bajo el control del Tribunal Administrativo del 
Deporte, que, conforme establece el artículo 84.1 c) de la Ley 10/1990, debe «velar, de 
forma inmediata y en última instancia administrativa, por el ajuste a derecho de los 
procesos  electorales  en  los  órganos  de  gobierno  de  las  federaciones  deportivas 
españolas».
El principio democrático, que legitima los órganos de representación y directivos de 
estas  entidades  determina,  también,  que  el  ordenamiento  jurídico  establezca  una 
normativa administrativa específicamente aplicable al caso, al tiempo que dota a los 
órganos  de  gestión  y  de  control  y  supervisión  del  proceso  electoral  de  las 
correspondientes potestades públicas para que las elecciones respondan al principio 
democrático anteriormente expresado. Correlativamente, se imponen, también, deberes 
a los órganos y personas de las federaciones y demás entidades deportivas que, de una 
u otra forma, aparezcan vinculados al proceso electoral, para, de ese modo, garantizar la 
objetividad, la transparencia y la ausencia de mecanismos de presión que puedan influir 
en la decisión final del elector a la hora de emitir su voto.
d)  La normativa de los procesos de elección a miembros de la asamblea general y 
a la presidencia de las correspondientes federaciones deportivas se rige, de modo 
general, por la Ley 10/1990 y por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, que la 
desarrolla.  Asimismo,  más  específicamente,  aquella  normativa  viene  concretada  y 
complementada por la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, reguladora de los 
procesos  electorales  en  las  federaciones  deportivas  españolas,  así  como  por  el 
reglamento  electoral  que  cada  federación  deportiva  deba  elaborar  y  someter  a  la 
aprobación  definitiva  del  Consejo  Superior  de  Deportes  (artículo  3.1  de  la  Orden 
ECD/2764/2015).
En el caso de autos, el Reglamento electoral de la Real Federación Española de 
Fútbol fue aprobado definitivamente por la comisión directiva del Consejo Superior de 
Deportes, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2017, que autorizó también su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
e)  Por  tanto,  de  la  normativa  electoral  citada  se  deduce  que,  después  de  la 
convocatoria  de  elecciones  a  la  asamblea  general  y  a  la  presidencia  de  la  Real 
Federación Española de Fútbol, dos órganos federativos cumplen una función esencial 
para la correcta sustanciación y resolución final del proceso electoral convocado: (i) la  s
junta electoral federativa, que es el órgano encargado de gestionar el proceso electoral y  oe.
cuyo régimen jurídico debe ser desarrollado por el reglamento electoral de la federación  w.
correspondiente [artículo 3.2 c) de la Orden ECD/2764/2015]. En el caso de autos y para  24ww
flaesd eerlaetcivcoio neeras  ldae « 2c0o1m7i saió lna  ealseacmtobralel»a  (gseencecriaóln y c au alart ap rdeesli dceanpcíitau lod eI ,l aa rRtícFuEloF,s  e1s1t ea ó 1rg4a dneol 
mReogdloa mpreonvtios ioenleacl tloarsa lc odme plae teFnecdiaesra dceió nfu);n cyi o(niia) mLiae n«toc opmroispióians  gdees ltao rjau»n,t aq duiere catsivuam dee  dlae   BOE-A-cable e
federación  correspondiente,  mientras  se  decide  el  resultado  del  proceso  electoral 
(artículo 12 de la Orden ECD/2764/2015). Es decir, en las federaciones deportivas, como 
sucede en el caso de la Real Federación Española de Fútbol, sus estatutos pueden 
prever la constitución de un órgano complementario de los de gobierno y representación, 
que asiste al presidente y al que compete la gestión de la federación (artículo 18 Real 
Decreto 1835/1991 y 35 de los estatutos de la RFEF, aprobados definitivamente el día 24 
de junio de 2016, en vigor al tiempo en que fue convocado el proceso electoral de autos, 
dado que los actualmente vigentes fueron aprobados con posterioridad por la asamblea 
general, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2019).
f)  De la normativa electoral expuesta, el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 
ha tenido particular relevancia para la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte 
impugnada y, también, para la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
la  confirmó,  porque  es  el  que  impone  el  deber  de  neutralidad  a  quienes  tienen 
protagonismo en el proceso electoral convocado. El citado apartado, incluido dentro del 
precepto regulador de la comisión gestora, dispone que: «las comisiones gestoras serán 
el  órgano  encargado  de  administrar  y  gestionar  la  federación  durante  el  proceso 
electoral,  no  podrán  realizar  actos  que  directa  o  indirectamente,  mediata  o 
inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores, y deberán 
observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad 
entre  los  actores  electorales.  Estas  previsiones  serán  aplicables  a  la  actividad 
desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos federativos 
durante el proceso electoral».
El indicado apartado tiene un doble carácter: (i) objetivo y referido al deber de 
neutralidad,  que  aparece  configurado  con  un  alcance  absoluto,  pues  prohíbe  la 
realización de cualesquiera actos que induzcan o condicionen el voto de los electores; y 
(ii) subjetivo, pues la prohibición afectará a la comisión gestora y, por tanto, a sus 
miembros, pero también al «personal de la federación» y a los «restantes órganos 
federativos». A todos ellos, la norma de referencia impone este específico deber de 
neutralidad que les coloca, como bien dice el abogado del Estado, en una «situación de 
sujeción especial» por su vinculación a la Real Federación Española de Fútbol y por 
hallarse en alguna de las situaciones a las que se refiere este apartado y, en tanto 
permanezcan en la misma y perdure el proceso electoral.
Este deber de neutralidad, que impone la normativa electoral, no es más que una de 
las consecuencias derivadas de la particular configuración jurídica de las federaciones 
deportivas y de la dimensión pública que las mismas tienen en algunos aspectos de su 
organización y actividad, en los términos que hemos dicho anteriormente. Por tanto, 
aquellos órganos federativos o sus miembros que, en los términos del artículo 12.4 de la 
Orden ECD/2764/2015, estén vinculados a la Real Federación Española de Fútbol, no 
podrán en su condición de tales invocar una titularidad de derechos fundamentales –
libertades de expresión o  información–  que no  tienen, cuando sus manifestaciones 
guarden  relación  con  aquellos  aspectos  de  la  organización  o  del  funcionamiento 
federativos que tengan aquella dimensión pública. Tal es el caso de las convocatorias 
electorales a cargos directivos de la federación deportiva a la que se pertenezca.
B)  A  partir  de  las  anteriores  consideraciones  estamos  ya  en  disposición  de 
examinar el supuesto de hecho y la queja que formulan los recurrentes.
a)  Hemos  de  comenzar  señalando  los  presupuestos  de  hecho  indiscutidos  y 
notorios sobre los que construir nuestra argumentación. Son los siguientes: e
(i)  Que los dieciséis recurrentes eran, al tiempo de firmar la «carta de apoyo a don  w.
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autonómicas (artículos 32 de la Ley 10/1990; 6 del Real Decreto 1835/1991; y 6 y 9 de
los estatutos de la RFEF, entonces en vigor). Además, en cuanto tales presidentes,
ostentaban la máxima representación del órgano federativo en sus respectivos territorios 
y eran miembros de un órgano, calificado como «complementario» de la Federación por 
el artículo 21 B) 2 de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, que es la 
«Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico».
(ii)  Que los dieciséis recurrentes suscribieron la carta de apoyo a don Ángel María 
Villar haciendo expresa mención a su condición de ser cada uno de ellos presidente de 
una federación autonómica del fútbol español, sin que figuraran sus nombres en aquella, 
sino solo los cargos que ostentaban.
(iii)  Que uno de los dieciséis recurrentes y firmantes de la carta, don Maximino 
Antonio Martínez Suárez, presidente de la Federación del Principado de Asturias, era, 
además,  miembro  de  la  comisión  gestora,  creada  a  partir  de  la  disolución  por  la 
convocatoria electoral, de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol.
(iv)  Que la precitada carta fue publicada en las páginas webs de dos federaciones 
autonómicas (la del Principado de Asturias y la de Cantabria) el día 23 de febrero 
de  2017,  cuando  el  proceso  electoral  ya  se  había  iniciado  por  la  convocatoria, 
previamente publicada en la página web de la Real Federación Española de Fútbol el 
día 13 de febrero anterior, y estaba previsto que tuvieran lugar, la de la asamblea 
general, el día 27 de abril de 2017, y la del/la presidente/a de la RFEF el día 22 de mayo 
siguiente.
(v)  Que el contenido de la carta, recogido íntegramente en los antecedentes a los 
que ahora nos remitimos, tenía por rúbricas las de «Carta de apoyo a D. Ángel María 
Villar» y «Catorce años de acoso y persecución»; aludía a determinados hechos que 
tuvieron lugar con anterioridad a la publicación de la carta; recogía opiniones y juicios de 
valor de los firmantes, a favor del precitado, que hasta antes de la convocatoria electoral 
había sido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y, en aquel momento, 
era precandidato a la reelección; y se pronunciaba en contra de otras personas que 
ocupaban  cargos  relevantes  en  el  deporte  español,  en  general,  y  en  el  fútbol,  en 
particular, así como también contra alguna otra persona que pretendía postularse a la 
presidencia de la Federación Española.
b)  Desde el plano objetivo de la libertad de expresión, hemos de descartar que el 
contenido de la carta contenga expresiones que, en sí mismas, desborden el ámbito 
propio de este derecho, pues se trata de opiniones y juicios de valor que ponen de 
manifiesto la postura de los firmantes de la carta a favor de don Ángel María Villar y en 
contra  de  otras  personas,  expresando  respecto  de  estas  últimas  su  juicio  crítico 
desfavorable en relación con hechos citados y desarrollados en el escrito, para concluir 
con una toma de postura favorable al primero.
Sin embargo, es en el plano subjetivo en el que se localiza el núcleo de la cuestión 
de alcance constitucional porque se trata de determinar si los recurrentes se hallaban, en 
aquellas circunstancias, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión al 
suscribir la carta. Solo en el caso de que respondiéramos en sentido afirmativo a esa 
cuestión,  podríamos  pasar  a  enjuiciar  hasta  qué  punto  podía  incidir  el  deber  de 
neutralidad, previsto en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015, en el ejercicio de 
aquel derecho fundamental.
En  supuestos  como  el  indicado,  difundir  opiniones  o  facilitar  información  sobre 
asuntos relacionados con un proceso electoral, convocado en el seno de una federación, 
que se refiera a esta, a sus órganos o a personas vinculadas con la misma, haciéndolo el 
comunicador con expresa invocación de su condición del cargo o de su pertenencia a un 
órgano directivo, no lo hará en el ejercicio de los derechos fundamentales precitados,  e.
pues no habrá actuado como ciudadano particular en el ejercicio de tales derechos, sino  w.b
como  integrante  de  un  órgano  federativo,  o  como  titular  de  un  cargo  de  aquella  24ww
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En  el  caso  de  autos  los  recurrentes  suscribieron  la  carta  haciendo  constar 
expresamente su condición de presidentes de distintas federaciones autonómicas de 
fútbol; asumían, pues, una toma de postura institucional por el cargo que ostentaban y 
dejaban de lado, por tanto, su condición de ciudadanos particulares que mostraran su 
apoyo a una persona y su oposición y crítica a otras.
La Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte se limitó, en consecuencia, a 
interpretar y aplicar la normativa específica que regía en el proceso electoral, delimitando 
el ámbito subjetivo del deber de neutralidad que pesaba sobre unas personas que 
ocupaban altos cargos directivos en el seno de la Real Federación Española de Fútbol. 
El plano en el que se sitúa, por tanto, la resolución impugnada es el de la interpretación y 
aplicación de la legalidad ordinaria, porque lo que enjuicia es la actitud expresada por 
escrito de unas personas que, dejando constancia expresa de su condición y del cargo 
que ostentaban, difundieron una serie de opiniones y de valoraciones que, según la 
citada resolución, excedía del deber de neutralidad impuesto por la normativa federativa 
aplicable.
Si hemos señalado supra que las federaciones deportivas han de dotarse de órganos 
directivos y de representación que se rijan por principios de legitimidad democrática, 
para cuyo cumplimiento el ordenamiento jurídico-administrativo les dota de potestades 
públicas que garanticen la objetividad, la transparencia y la imparcialidad en el devenir 
de aquellos procesos, la exigencia del deber de neutralidad a todos los órganos y 
personal vinculados a la federación deportiva correspondiente forma parte de aquellas 
potestades públicas, de tal manera que cuando estos últimos (órganos federativos o sus 
miembros) actúan o toman iniciativas haciendo expresa mención a sus cargos u órganos 
federativos y lo hacen ostentando tal condición, no pueden invocar en su actuación la 
titularidad y el ejercicio de derechos fundamentales, que solo están reservados a los 
ciudadanos particulares, pero no a órganos o representantes de una entidad que se halle 
en aquel momento en el desempeño de funciones públicas, cuyos actos siempre han de 
estar vinculados a los fines que les asigne el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, el motivo de amparo debe ser desestimado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Maximino Antonio Martínez 
Suárez, don José Ángel Peláez Montes, don Andreu Subies i Porcada, don Antonio 
García Gaona, don Antonio Escribano Ramos, don Marcelino Santiago Maté Martínez, 
don Pedro Ángel Rocha Junco, don Jacinto Andrés Alonso Marañón, don Diego Martínez 
Gómez, don José Miguel Monje Carrillo, don Luis María Elustondo Ciarreta, don Vicente 
Muñoz  Castelló,  don  Miguel  Bestard  Cabot,  don  José  Rafael  Del  Amo  Arizu,  don 
Francisco Javier Díez Ibáñez y don Antonio Suárez Santana, contra la Resolución de 27 
de abril de 2017 del Tribunal Administrativo del Deporte, recaída en el expediente 
número 132-2017.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca  o
NTraíarvsá.–eJzu Rano drAígnuteozn.i–oR  iXcaiorld oR Eíonsrí.q–uPeezd rSoa nJcohsoé.– FGirmonazdáole yz -rTurbervicijaadnoo.  Sánchez.–Antonio  2021-2824n https://www.