BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Martes 4 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 695
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
180 Resolución  de  20  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Barcelona, 
por la que se resuelve no practicar el depósito de cuentas anuales bajo la 
alegación de que no aporta el informe del auditor nombrado e inscrito con 
carácter voluntario.
En el recurso interpuesto por don J. A. R. B., administrador único de la sociedad 
«Alfil.Be Office, S.L.», contra la nota de calificación emitida por el registrador Mercantil y 
de Bienes Muebles XVII de Barcelona, don Fernando de la Puente Alfaro, mediante la 
que resuelve no practicar el depósito de cuentas anuales solicitado por la compañía 
recurrente bajo la alegación de que no aporta el informe del auditor nombrado e inscrito 
con carácter voluntario.
Hechos
I
El 26 de julio de 2021, «Alfil.Be Office, S.L.» presentó para su depósito en el Registro 
Mercantil de Barcelona las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020. El día 23 
de agosto de 2021, la sociedad recibió la nota de calificación emitida por el registrador 
Mercantil, datada el día 19 de agosto de 2021, mediante la que rehusaba el depósito 
solicitado por el siguiente defecto:
«Deberá  acompañarse  un  ejemplar  del  Informe  de  los  auditores  debidamente 
firmado, y certificarse que las cuentas anuales presentadas se corresponden con las 
auditadas. El informe de auditor tendrá que acompañarse necesariamente aunque la 
sociedad tenga nombrado e inscrito auditor con carácter voluntario, de conformidad con 
el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y Resoluciones de la Dirección 
General de Registros y Notariado de 15/12/2016, 21/12/2016 y 20/12/2018.»
II
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. R. B., administrador único de la 
sociedad «Alfil.Be Office, S.L.», interpuso recurso el día 20 de septiembre de 2021 en los 
siguientes términos:
«Que  ha  recibido  notificación  de  la  calificación  negativa,  relativo  a  las  cuentas 
anuales del 2020, en fecha del 23 de agosto de 2021, el cual ha resuelto suspender el 
depósito solicitado, por el defecto de no acompañarse un ejemplar del informe de los 
auditores debidamente firmado.
Y no estando de acuerdo con dicha resolución interpone recurso ante esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica i [sic] Fe Pública, en base a las siguientes: s
Alegaciones. w.b
uednjee  rdpcPieicrcriiimíeoom.edroba r.de e 2 L03a1  a9Jñ,u onastca,o  arGd ceóon eneltr aanrlo  Edmexbstrrdaaeom redieli nn1at ord iaed  edele nA eluarod S itdooecr  ied2de0a 1Cd9u ,c efeenlcetahbsar a Iedlenar  aequnud eif,e  scSeh. Lain. Pdic.e,i ólp  2oe3rl    OE-A-2022-18able en https://
El nombramiento fue voluntario, ya que la Sociedad no reúne los requisitos para 
estar obligada a una auditoria obligatoria, y fue debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil de Barcelona.
Segunda.  La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada en 
fecha  11  de  enero  2021,  por  unanimidad  de  todos  los  socios,  acordó  revocar 
anticipadamente, El nombramiento de Ileraudi, S.L.P., por mediar justa causa.
Tercera.  Comunicada  la  decisión  al  Auditor,  éste  presentó  la  renuncia  a  su 
nombramiento y aceptación tal como consta en la documentación aportada.
En consecuencia, habiendo aceptado el auditor la revocación, y siendo un acuerdo 
de la Junta General, no puede exigirse el informe de auditoría para el depósito de las 
cuentas anuales.
Cuarta.  Tanto los artículos 264.3 y 266 del TRLSC como el artículo 19 del TRLAC 
establecen que no podrá revocarse o rescindirse al auditor “antes de que finalice el 
periodo inicial para el que fue nombrado, o antes de que finalice cada uno de los trabajos 
para los que fue contratado una vez finalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa 
causa”. El artículo 19 del TRLAC añade que no son justa causa las divergencias de 
opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría.
En el caso de las auditorías obligatorias o las voluntarias en las que el nombramiento 
esté  inscrito  en  el  Registro  Mercantil,  para  que  la  revocación  sea  efectiva  debe 
inscribirse el correspondiente acuerdo de revocación en dicho registro. Así mismo tal 
como contemplan los artículos 19 del TRLAC y 52.3 del RTRLAC tanto el auditor de 
cuentas o la sociedad de auditoría como la entidad auditada deben comunicar dicha 
circunstancia al ICAC en el plazo de 15 días a contar desde que se haya producido.
Resolución publicada en el BOE sobre un caso similar.
Publicado en:
“BOE” núm. 72, de 23 de marzo de 1996, páginas 11281 a 11282 (2 págs.).
Texto original
En el recurso gubernativo interpuesto por doña I. AS. M., en representación de 
“Dennison España, Sociedad Anónima”, contra la negativa del Registrador Mercantil 
número XI de Madrid a inscribir la revocación del nombramiento de auditor.
Hechos.
I.  El día 15 de diciembre de 1994, mediante escritura pública autorizada por el 
Notario de Torrejón de Ardoz, don José María Pinar Gutiérrez, se elevaron a públicos los 
acuerdos  sociales  adoptados  por  la  junta  general  universal  y  extraordinaria  de  la 
compañía mercantil anónima “Dennison España, Sociedad Anónima”, en su reunión 
de  28  de  octubre  de  1994.  Entre  dichos  acuerdos  hay  que  destacar:  Primero. 
Revocarla  designación  de  la  entidad  “Emest  &  Young,  Sociedad  Anónima”,  como 
auditora de cuentas de la sociedad cuyo nombramiento fue acordado por un período de 
nueve  años  por  la  Junta  general  universal  de  accionistas  celebrada  el  día  14  de 
diciembre  de  1990  y  protocolizado  en  la  escritura  pública  autorizada  el  día  21  de 
diciembre de 1990 por el Notario de Madrid don José Marcos Picón Martín, bajo el 
número 2.284 de su protocolo, cuya copia, junto con la aceptación del nombramiento 
causó la inscripción 20.ª en el Registro Mercantil de Madrid. A los efectos requeridos por 
el artículo 204.3 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, respecto a la renovación de  es
los  Auditores  antes  de  la  finalización  del  período  para  el  que  fueron  nombrados,  o
constituye causa justa el haberse producido durante el presente ejercicio económico  w
dcADoenen ón1tnnr9oiim9slao4adn ”uo”, ,n  qaqpu uoemer   ohvdauei fnnipc íaaan scsuaióiedenvon o dtod ote aaa lc luacdd ieoittlin atuaidslcaotcar ii podonaerads r p“iEdaaedrñn ooel al,ss  toe “c&mMia paYl rnodeuuesfna a“g cD,dt ueeSrnl oangcsirsi euodHpnaoe dE se spAxpetnarríaóñanna, ji,em rSSaooo” ,cc“ Aiiaeev ddesaaerddyr     OE-A-2022-18able en https://
Anónima”, cuyas cuentas, aún sin obligación legal, son regularmente auditadas por otros
Auditores de Cuentas, al tiempo que se considera incumplido por “Emest & Young, 
Sociedad Anónima”, lo preceptuado, para la emisión del informe de auditoría, en los 
artículos 208; 209.1 y 210 de la citada Ley de Sociedades Anónimas.
II.  Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue calificada 
con la siguiente nota: El Registrador Mercantil que suscribe previo examen y calificación 
del  documento  precedente  de  conformidad  con  los  artículos  18.2  del  Código  de 
Comercio  y  6  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  ha  resuelto  no  practicar  la 
inscripción solicitada por haberse observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su 
práctica: Defectos, conforme al artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, la 
Junta general no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período para el 
que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa; no siendo competente el 
Registrador mercantil para apreciar esta última circunstancia. En el plazo de dos meses 
a contar de esta fecha se puede interponer recurso gubernativo de acuerdo con los 
artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid 15 de junio 
de 1996.–El Registrador, Francisco Javier Llorente Vara.
III.  Doña I. A. M., como Secretaria del Consejo de Administración de “Dennison 
España, Sociedad Anónima”, interpuso recurso de reforma contra la anterior calificación, 
y alegó: Que en aplicación del principio tácito de nuestro ordenamiento jurídico que todo 
lo que no está prohibido está permitido, cuya secuela en derecho registral es que todo lo 
que no incurre en causa de no poder ser inscrito se puede inscribir, es suficiente la 
invocación de la causa justa que en este así se explica, cual es el cambio del cien por 
cien del accionariado de la sociedad, lo que implica el cambio de propietarios, cuyo 
derecho a cambiar el auditor que le ordena tener la ley es intangible, para que se pueda 
hacer en el Registro el cambio de auditor. Que precisamente por no ser competente el 
Registrador Mercantil para apreciar esta circunstancia, es por lo que debe proceder a 
extender el correspondiente asiento registral y no abstenerse de hacerlo, según reiterada 
jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
IV.  El Registrador Mercantil número XI de Madrid, acordó mantener la calificación 
recurrida, e informó: Que la cuestión fundamental consiste en determinar si una sociedad 
que tiene inscrito el nombramiento de un auditor puede revocar unilateralmente tal 
nombramiento y proceder a uno nuevo, a la vista de los preceptos legales que regulan la 
materia. Que, desde el punto de vista estrictamente civil, nos encontramos ante un 
contrato de arrendamiento de servicios que se basa en una relación jurídica bilateral, y la 
validez y cumplimiento de este contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes 
contratantes y así se pronuncia el artículo 1256 del Código Civil. Que teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, el motivo que se 
invoca no se puede considerar justa causa para la revocación de auditor, pues no se 
trata de una circunstancia que pueda tener efectos en las relaciones externas de la 
propia sociedad, que tiene personalidad jurídica propia e independiente de quienes sean 
sus accionistas. Que la revocación de los auditores por la junta general antes de que 
finalice el período a auditar está prohibida por el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, con la única excepción de que exista justa causa. Que hay que señalar que 
los dos principios fundamentales establecidos por la ley respecto a la gestión de los 
auditores  de  cuentas  son  el  de  inamovilidad  (artículo  204.3  antes  citado),  y  el  de 
responsabilidad (artículo 211 de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas). Que el 
criterio de justa causa es eminentemente subjetivo por lo que ha de someterse siempre 
al prudente arbitrio del juzgador. Que la Ley de Sociedades Anónimas ha pretendido que 
el nombramiento de auditor sea indudablemente duradero, pero no por ello que las  s
sociedades tengan que estar sometidas a la actuación de unos interventores que, por las  oe.
razones  que  sean,  no  realicen  independiente  o  fielmente  su  labor.  Por  ello,  el  w.
artículo 206 de la Ley establece que cuando concurra justa causa, los administradores  0w
pdoed lraá ns opceieddira da ly  Jluaes zp edres onParism elergai timInastdaansc iap ardae l sodloicmitaicri lieol  nsoocmiablr alma iernetvoo cdaec ióanu didtoerl 
designado por la junta general o por el Registrador Mercantil y el nombramiento de otro.
V.  La  recurrente  se  alzó  contra  el  anterior  acuerdo,  manteniéndose  en  sus 
alegaciones, y añadió: Que, según los artículos 6 y 58 del Reglamento del Registro 
Mercantil,  la  calificación  del  Registrador,  en  cuanto  se  refiere  al  acuerdo  cuya  no 
inscripción se recurre, deberá examinar si se recoge en el título inscribible, según el 
artículo 95 del citado Reglamento, si las personas que otorgan el documento son las 
establecidas en el artículo 108 del mismo y si se adoptó válidamente con los requisitos 
exigidos en el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Que en ningún caso se 
extenderá la calificación a la existencia en sí misma de la justa causa. El acuerdo sería 
inscribible con la sola manifestación de que se revoca el nombramiento por causa justa. 
Que el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas establece un supuesto de 
revocación totalmente distinto e independiente del artículo 206 de la misma ley, el 
primero es el supuesto normal y el segundo es el excepcional. Que, por tanto, la 
competencia judicial es supletoria del acuerdo de Junta General.
Fundamentos de Derecho.
Vistos los artículos 1.101, 1.124 y 1.256 del Código Civil, 204 y 206 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 94, 154 y 158 del Reglamento del 
Registro Mercantil.
Se  contrae  el  presente  recurso  a  interpretar  el  contenido  del  apartado  3  del 
artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas a efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil de los acuerdos de revocación de auditores por la junta general o, más en 
concreto, dando por supuesto que el Registrador Mercantil no puede efectivamente 
pronunciarse en tomo a si la causa alegada por la sociedad es justa o no, si debe 
suspender la inscripción en tanto no recaiga pronunciamiento expreso de los jueces o 
Tribunales de Justicia o si, por el contrario, debe proceder a practicarla con la sola 
manifestación por parte de la sociedad de que se revoca el nombramiento por causa 
justa.
Entiende este Centro Directivo que la inscripción de la revocación del nombramiento 
es obligada con esa sola manifestación. Evidentemente ello no significa que, al igual que 
la inscripción de la designación, sea constitutiva. No lo es. La revocación por la junta 
general, por sí sola, produce la resolución efectiva del contrato de auditoría, aunque, 
obviamente, si el auditor no lo acepta serán, en definitiva, los Tribunales de Justicia los 
que habrán de decidir si concurre o no justa causa en la revocación y las consecuencias 
que, en su caso, de ello deriven.
Es cierto, como el Registrador pone de manifiesto en su resolución, que la Ley 
pretende  la  inamovilidad  de  los  auditores  durante  el  período  para  el  que  fueron 
nombrados. Ahora bien, esta inamovilidad es relativa y quiebra cuando concurre causa 
justa, exigencia ésta que constituye la primera garantía tanto para el auditor como para 
los propios socios. No lo es por el contrario que, en cualquier caso, haya de acudirse 
para lograr la revocación al Juez de Primera Instancia (cfr. artículo 206 de la Ley de 
Sociedades Anónimas), pues en el caso del artículo 204.3 de la citada Ley la facultad de 
revocar se predica -por estimarse ya suficiente garantía- de la junta general de la 
sociedad.
Esta Dirección General ha acordado admitir el recurso revocando la nota y decisión 
del  Registrador.  Madrid,  6  de  febrero  de  1996.–EI  director  general,  Julio  Burdiel 
Hernández.
Sr. Registrador mercantil número XI de Madrid. s
Por todo ello, w.
por Sfoorlmicuitloa dao  ersetcau rDsiore ccocniótnra  Glae nreesraoll,u cqiuóen  hdaeb nieontidfioc apcoiór np drees ecnatliafidcoa ceiósnte d eesficnriittiov,a ,t eyn gean 
mla éerixtoigse ndcei alo  deexl piunefosrtmo,e a dceu eardued itroersíoal,v ye rs eel  mprioscmeod,a e an  elal  sinesnctirdipoc idóen  qdueel  ndoe pcóosrirteos dpeo nldaes 
cuentas anuales del ejercicio 2020.»
III
El día 7 de octubre de 2021, el registrador Mercantil, tras dejar constancia de la 
subsanación por el recurrente el día 5 de octubre de 2021 de un defecto referido a su 
firma electrónica en el recurso, emitió el informe previsto en el artículo 327 de la Ley 
Hipotecaria, se ratificó en la calificación y remitió el expediente a este Centro Directivo.
En dicho informe el registrador Mercantil afirma que, en la inscripción 5.ª de las 
causadas por la sociedad, consta inscrito el nombramiento de auditor por un período de 
tres años desde el día 1 de enero de 2019, y que en la inscripción 6.ª figura la revocación 
por justa causa en virtud de certificación emitida por el administrador el día 11 de enero 
de 2021 relativa al acuerdo adoptado en junta de la misma fecha, por lo que el auditor 
permanece nombrado para el ejercicio 2020.
Fundamentos de Derecho
Vistos el artículo 20 del Código de Comercio; 19 bis de la Ley Hipotecaria; 253, 263, 
264, 265, 270 y 279 de la Ley de Sociedades de Capital; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de febrero de 1996, 2 de octubre 
de 1998, 22 de marzo de 2001, 25 de octubre de 2007, 14 de abril de 2010, 26 de enero 
de 2011, 28 de febrero y 20 de julio de 2012, 18 de noviembre de 2015, 12 de febrero 
de 2016, 26 de abril y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018 y 1 de marzo y 4 de 
abril de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 18 de febrero y 14 de octubre de 2021.
1.  Debe  comenzarse  por  concretar  las  circunstancias  identificadoras  del  caso 
sometido a consideración, cuyos pormenores más relevantes aparecen consignados en 
el informe del registrador:
a)  El día 23 de diciembre de 2019, el administrador único de «Alfil.Be Office, S.L.», 
don J. A. R. B., adoptó la decisión de designar auditor de cuentas por un período de 3 
años desde el día 1 de enero de 2019, de lo que dejó constancia en una certificación de 
la misma fecha. Presentado el documento el día 28 de enero de 2020, junto con la 
aceptación del auditor nombrado, fue inscrito el día 10 de febrero de 2020 bajo el 
ordinal 5.º de los asientos causados por la sociedad.
b)  La revocación del nombramiento de auditor queda reflejada en la inscripción 6.ª, 
con la siguiente redacción: «Don J. A. R. B., como administrador único de la sociedad de 
esta hoja, ha acordado con fecha 11 de enero de 2021 revocar por mediar justa causa el 
nombramiento de “Ileraudi, S.L.P.”, como Auditor de Cuentas de la Sociedad (…) En su 
virtud inscribo el expresado cese de Auditor de Cuentas y cancelo parcialmente la 
precedente  inscripción  5.ª  Así  resulta  de  un  certificación  expedida  en  Igualada 
(Barcelona), el día 11 de enero de 2021, por don J. A. R. B., administrador de la 
Sociedad de esta hoja, cuya firma legitimó el Notario don Carlos Jiménez Fueyo, que se 
archiva en este Registro, en el legajo (…), presentada a las 16 horas, 51 minutos, del 
día 24 de Marzo de 2021, según el asiento 1654 del Diario 1349, nuevamente aportada 
el día 20 de mayo de 2021 por el citado señor R. B., en su calidad antes expresada, cuya 
firma legitimó el Notario Don Carlos Jiménez Fueyo, que se archiva en este Registro en 
el legajo y con el número antes citados.–Barcelona, a 09 de junio de 2021».
Debe precisarse, no obstante, que en el referido informe el registrador afirma que en 
la inscripción 6.ª figura la revocación por justa causa en virtud de certificación emitida por  s
el administrador el día 11 de enero de 2021 relativa al acuerdo adoptado en junta de la  oe.
misma fecha, por lo que el auditor permanece nombrado para el ejercicio 2020. w.
aeuscduicteo) troíasD  et(és«cramouninnoqocuse edd oerla  l dae slco accloiiefnidctaeadnc iiódtnoe  nsdgoeab  eresn eola mi nbnfroearcdmeose i,d eae dl  inrdesecc urairtroceo nmateup,d aaiñttoaerrn  ieéclno dnino fosceram raáe c ltdoeesr    2022-180n https://w
voluntario»), fundamenta su recurso en la inexigibilidad de ese documento por haber sido
revocado  por  justa  causa  el  nombramiento  del  auditor,  en  junta  universal  y  por 
unanimidad.
2.  Debe traerse a colación aquí el consolidado criterio de esta Dirección General 
sobre la necesidad de fundamentar adecuadamente las calificaciones negativas, postura 
que ha tenido su formulación más reciente en la Resolución de 14 de octubre de 2021, 
en los siguientes términos: «Debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según 
la cual cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los 
principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también 
una  motivación  suficiente  de  los  mismos,  con  el  desarrollo  necesario  para  que  el 
interesado  pueda  conocer  con  claridad  los  defectos  aducidos  y  con  suficiencia  los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley 
Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril 
de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril 
y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo y 4 de abril de 2019 y 18 de 
febrero de 2021, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas 
las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los 
argumentos  en  que  el  registrador  funda  jurídicamente  su  negativa  a  la  inscripción 
solicitada  podrá  alegar  los  fundamentos  de  derecho  en  los  que  apoye  su  tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador 
que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso. También ha mantenido esta 
Dirección General (vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman 
las más recientes de 28 de febrero y 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita 
rutinaria de un precepto (o de Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es 
preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de 
las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación 
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma».
Asimismo, como ha recordado recientemente esta Dirección General en Resolución 
de 5 de mayo de 2021, «es conveniente insistir una vez más en el contenido y finalidad 
que corresponde al informe ordenado en el párrafo séptimo del artículo 327 de la Ley 
Hipotecaria. Como ha señalado este Centro Directivo en reiteradas ocasiones (vid., entre 
otras, las Resoluciones de 23 de enero, 8 de febrero y 17 de noviembre de 2003, 14, 15, 
17, 20, 21 y 22 de septiembre, 15 y 19 de octubre, y 10 de noviembre de 2004, 10 de 
abril y 23 de mayo de 2005 y 11 de febrero de 2008), el respeto al principio de seguridad 
jurídica en el seno del procedimiento registral exige que la nota de calificación sea el 
único documento idóneo para exponer los fundamentos de Derecho en que se asienta la 
denegación de la inscripción por parte del registrador, razón por la que el informe a emitir 
una vez interpuesto el recurso debe reducirse a cuestiones de mero trámite, sin que 
quepa  adicionar  argumento  alguno  ni  incluir  una  suerte  de  contestación  a  las 
alegaciones del recurrente. Atender a las consideraciones incluidas en el informe que 
excedan del ámbito material que le es propio comportaría un deterioro de la posición 
dialéctica  que  en  el  procedimiento  corresponde  al  interesado,  toda  vez  que,  si  el 
registrador retrasa la exposición de sus argumentos a dicho informe, el interesado o 
legitimado para recurrir se ve privado de su derecho, pues desconocerá la razón última 
de la decisión recurrida y no podrá exponer adecuadamente al órgano competente para 
conocer de su recurso sus argumentos. Igualmente, en dicho informe no cabe aducir 
nuevos fundamentos o razones en defensa de la nota de calificación pues, por el mismo  e.
trámite  del  recurso  frente  a  la  calificación,  el  interesado  desconocerá  las  razones  w.b
añadidas por el registrador (cfr., por todas, la Resolución de 20 de febrero de 2020)». 0w
acomEnp aeñl ep ruens eenjetem cpalasro ,d eenl  insufo nrmotea  ddee  acuadlifiitcoarícaió dne ebli draemgisetnrated ofirr msea dliom, itya  cae retixfiicgairr sqeu eq usee 
laausd cituoer ntetansd raán quuaele as csoem cpoarñreasrspeo nndeecne scaornia mlaes nateu daituandqause,  alañ saodcieienddaod q tueen g«ae ln oinmfobrrmaed od ee 
inscrito auditor con carácter voluntario, de conformidad con el artículo 279 de la Ley de
Sociedades de Capital y Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
de 15/12/2016, 21/12/2016 y 20/12/2018». En definitiva, la nota de calificación ofrece al 
presentante el mismo panorama vigente antes de revocar al auditor, sin añadir razón 
alguna que le permita intuir la causa por la que deba permanecer esa situación. Acorde 
con ello, el recurrente fundamenta su impugnación en la facultad de revocación por justa 
causa que el artículo 264.3 de la Ley de Sociedades de Capital le concede, ejercitada en 
junta general y por unanimidad.
Por las razones expuestas, no puede confirmarse la calificación, pues no puede 
tenerse  en  cuenta  la  argumentación  de  contenido  calificatorio  que,  de  modo 
extemporáneo, alega el registrador en su informe.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y 
revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.