BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Sábado 21 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26512
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3955 Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley
PREÁMBULO
El despilfarro alimentario es un problema que en los últimos años ha adquirido 
mucha relevancia tanto en el ámbito político como en el social. Se ha incrementado la 
conciencia  social  sobre  el  hecho  de  que  hay  que  luchar  contra  las  pérdidas  y  el 
despilfarro de alimentos que se generan a lo largo de la cadena alimentaria. Los modelos 
predominantes de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos son 
incapaces  de  resolver  los  problemas  de  seguridad  y  soberanía  alimentarias  de  la 
población mundial. La dieta de casi novecientos millones de personas es insuficiente y 
pobre,  mientras  un  tercio  del  primer  mundo  sufre  obesidad  debido  a  una  ingesta 
excesiva  o  inadecuada.  Según  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que un tercio de todos los alimentos 
producidos en el ámbito mundial se pierden o se despilfarran.
El sistema alimentario actual a menudo no considera los alimentos como bienes 
básicos, sino como mercancías en contextos de relaciones desiguales entre los agentes 
alimentarios que conducen a una sobreproducción y a la ineficiencia en la asignación de 
recursos y la fijación de precios. En este contexto, las prácticas comerciales desleales 
entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria se han identificado como una de 
las principales causas de generación de pérdidas y despilfarro alimentarios. Pero, en la 
medida en que estas prácticas se manifiestan en las relaciones comerciales de estos 
agentes, son reguladas por la Ley del Estado 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma regula con carácter 
básico el régimen jurídico de los contratos alimentarios, prohíbe determinadas prácticas 
comerciales  que  considera  abusivas  y  establece  un  régimen  sancionador  propio 
aplicable  a  las  empresas  que,  mediante  estas  prácticas,  distorsionan  el  correcto 
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Las  pérdidas  y  el  despilfarro  alimentarios  debilitan  la  economía,  hacen  menos 
competitivas las empresas, aumentan el gasto del hogar y obligan a la Administración a 
destinar recursos para gestionar los residuos alimentarios. Además, tienen como efectos 
la reducción de las tierras fértiles disponibles, la pérdida de la diversidad biológica, el 
exceso de uso de agua potable y energía y el incremento de la generación de residuos, y 
son  una  de  las  causas  del  cambio  climático.  Aunque,  no  obstante  lo  anterior,  en 
determinadas condiciones, las partes comestibles de los alimentos que quedan en la 
propia explotación, ya sean reincorporadas al suelo o utilizadas para realizar compostaje  e.
in  situ,  pueden  contribuir  al  desarrollo  de  sistemas  productivos  respetuosos  con  la  w.b
conservación de la biodiversidad y el medio. También tienen efectos en el ámbito social.  55ww
oLrag acnriisziasc ioencoens ósminic aá nhima oi mdpeu llusacrdoo  aa  trmabuacjhaar sp aernat idlaa dgeasr adnetí ai naicliimateivnat asrioac idael  yto doatr alas 
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redistribución alimentaria, con nuevos modelos de mayor implicación de las personas 
beneficiarias  y  de  propuestas  de  reinserción  sociolaboral  basadas  en  la  economía 
circular y la eficiencia en el uso de los recursos.
Cada año en la Unión Europea se despilfarran unos ochenta y ocho millones de 
toneladas de alimentos, y se prevé que esta cifra aumentará exponencialmente si no se 
adoptan  medidas  preventivas.  Los  costes  del  despilfarro  son  de  tipo  económico  y 
medioambiental y afectan a los consumidores, a los agentes de la cadena alimentaria y a 
las entidades de iniciativa social. Además, el coste medioambiental repercute en el 
conjunto de la sociedad, principalmente mediante la creciente escasez de recursos y los 
efectos sobre el cambio climático. El principal objetivo es, por esta razón, la prevención 
de las pérdidas y el despilfarro alimentarios para evitar que la sobreproducción o los 
excedentes de alimentos se conviertan en residuos.
En un estudio publicado en 2012, la Agencia de Residuos de Cataluña cuantifica el 
despilfarro  alimentario  en  la  distribución  minorista,  la  restauración  y  los  hogares, 
identifica sus causas y plantea propuestas de actuación para reducirlo. Las principales 
conclusiones  son  que  en  Cataluña  se  despilfarran  anualmente  más  de  260.000 
toneladas de alimentos, que corresponden al 7% de lo que adquieren las familias, los 
restaurantes y los comercios y que equivalen a treinta y cinco kilos de alimentos per 
cápita. La mayor parte del despilfarro (58%) se produce en los hogares, seguido de los 
supermercados (16%), la hostelería (12%), el comercio minorista (9%), los caterings 
(4%) y los mercados municipales (1%). En el ámbito doméstico, las principales causas 
que influyen en el despilfarro alimentario son la falta de concienciación sobre lo que se 
tira, la poca planificación de las compras, la falta de conocimiento sobre las técnicas de 
almacenamiento, la confusión sobre las fechas de caducidad y de consumo preferente, y 
los formatos de las raciones que pueden adquirirse en los supermercados.
En el ámbito europeo no existe una normativa armonizada en esta materia: aunque 
ha  habido  numerosos  intentos  para  legislarla,  solamente  se  ha  logrado  el 
establecimiento de algunas medidas en política agrícola común, tales como la supresión 
de las subvenciones a la exportación, que probablemente ha ayudado a prevenir una 
sobreproducción, o el programa de consumo de fruta y leche impulsado en las escuelas 
para fomentar buenos hábitos alimentarios entre los niños y jóvenes, que puede ir 
acompañado  de  medidas  educativas  que  fomenten  la  prevención  del  despilfarro 
alimentario.  Ahora  bien,  sí  existe  un  documento  que  puede  actuar  como  marco 
orientador en la materia, la Resolución de 19 de enero de 2012 del Parlamento Europeo 
sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de 
la cadena alimentaria en la Unión Europea, que indica que la lucha contra el despilfarro 
alimentario debe convertirse en una prioridad en el ámbito europeo. De hecho, dentro del 
paquete de economía circular, la reciente Directiva 2018/851/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE 
sobre los residuos, obliga a los estados miembros a elaborar programas de prevención 
de residuos alimentarios y a aplicar medidas para reducir la generación de residuos 
alimentarios, dentro del compromiso de la Unión Europea y sus países miembros de 
cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, de reducir a la mitad los residuos de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y en el ámbito del consumo, así 
como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 
incluidas las pérdidas después de la cosecha.
La presente ley no puede incluir medidas en el ámbito de la política agrícola común, 
la política pesquera o la de seguridad alimentaria, ya que quedan fuera del alcance de  s
las  competencias  de  la  Generalidad.  Sin  embargo,  pretende  concienciar  sobre  el  oe.
problema del despilfarro alimentario y habilitar algunas herramientas que posibiliten su  w.
prevención,  con  la  aplicación  de  la  jerarquía  de  prioridades  que  inspira  la  55ww
Ddeir e2c0ti0va8 , 2s0o0b8r/e9 8l/oCsE   redseidl uPoasr, laym epnrotom oEvuerro pmeeod iyd adse lq uCeo ninsecejon, tivdeen  1l9a  dreed uncocviióenm bdreel 
ddiesstrpibilfuaidrroor asc oym eon,t idpaodre se djeem inpicloia, tiveal  seosctiaabl.lecimiento  de  acuerdos  entre  empresas  BOE-A-cable e
Las definiciones de la Ley respetan los conceptos aplicables de conformidad con la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano; la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos ya 
citada, modificada por la Directiva 2018/851, de 30 de mayo; el Reglamento 178/2002 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  28  de  enero  de  2002,  por  el  que  se 
establecen  los  principios  y  los  requisitos  generales  de  la  legislación  alimentaria;  el 
Reglamento  1169/2011  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de  octubre 
de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor; la Ley 12/2007, de 11 
de octubre, de servicios sociales, y el Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior.
Asimismo, se establecen las obligaciones de los diferentes agentes que intervienen 
en la cadena alimentaria para cumplir los objetivos fijados por la Ley con una voluntad 
claramente preventiva que pretende, desde la administración competente, promover y 
divulgar,  de  forma  preferente,  buenas  prácticas  y  acciones  de  sensibilización  y  la 
elaboración de estudios para conocer la cuantificación, las causas, el proceso, el lugar y 
el momento en que se producen las pérdidas y el despilfarro alimentarios. También es 
voluntad  de  la  Administración  trabajar  en  el  diseño  de  indicadores  de  evaluación; 
elaborar y difundir guías de buenas prácticas para reducir las pérdidas y el despilfarro de 
alimentos de los agentes de la cadena alimentaria; desarrollar campañas de información 
dirigidas a consumidores y restauración; promover acuerdos de cumplimiento voluntario; 
desarrollar la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades de iniciativa 
social;  fomentar  los  canales  cortos  de  comercialización,  y  fomentar  las  auditorías 
sectoriales o de empresas y el diseño y desarrollo de nuevos proyectos que permitan 
mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de alimentos.
La presente ley consta de quince artículos, estructurados en cuatro capítulos. El 
capítulo  I,  «Disposiciones  generales»,  incorpora  el  objeto  de  la  Ley,  su  ámbito  de 
aplicación  y  las  definiciones  de  los  conceptos.  El  capítulo  II,  «Obligaciones  de  los 
agentes de la cadena alimentaria», establece las obligaciones de las empresas de la 
cadena alimentaria, de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo 
de lucro, de las empresas del sector de la restauración y la hostelería y de la propia 
Administración pública y el sector público. El capítulo III, «Prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios», establece medidas de apoyo y fomento del Gobierno para 
prevenir el despilfarro alimentario. El capítulo IV es el régimen sancionador. Por último, la 
Ley se completa con dos disposiciones adicionales y siete disposiciones finales.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es el establecimiento de acciones de prevención para 
reducir las pérdidas y el despilfarro alimentarios y de acciones de fomento para aumentar 
el aprovechamiento y la valorización de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación objetivo.
La presente ley es aplicable a las actividades que realizan los agentes de la cadena  es
alimentaria. o
Artíc1u. lo L3a.  pÁremsebnittoe  dleey a epslic aapcliiócna bslueb aje ltoivso a.gentes de la cadena alimentaria que realizan  2020-3955n https://ww
steun gaac tsivuid daodm eicni lieol  steorcriiatol.rio de Cataluña, con independencia del lugar donde la entidad  BOE-A-cable e
2.  Los agentes a los que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
a)  Las empresas alimentarias y las empresas del sector de la hostelería o la 
restauración.
b)  Las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que 
prestan servicios de distribución de alimentos.
c)  La Administración pública.
d)  Los consumidores.
e)  Los espigadores.
Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Alimento o producto alimentario: cualquier sustancia o producto destinados a ser 
ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, hayan sido o no 
transformados total o parcialmente, incluyendo el agua y el resto de bebidas y la goma 
de mascar, y excluyendo los piensos, los animales vivos, salvo que estén preparados 
para ser comercializados para consumo humano, las plantas antes de la cosecha, los 
medicamentos, los cosméticos, el tabaco y los productos del tabaco, las sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas y los residuos y contaminantes.
b)  Residuo: cualquier sustancia u objeto del que el poseedor se desprende o tiene 
la intención o la obligación de desprenderse.
c)  Residuo alimentario: el alimento que se ha convertido en residuo.
d)  Despilfarro alimentario: los alimentos destinados al consumo humano, en un 
estado apto para ser ingeridos o no, que se retiran de la cadena de producción o de 
suministro  para  ser  descartados  en  las  fases  de  la  producción  primaria,  la 
transformación,  la  fabricación,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la  distribución  y  el 
consumidor final, con la excepción de las pérdidas de la producción primaria.
e)  Biorresiduo:  el  residuo  biodegradable  de  jardines  y  parques,  residuos 
alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 
comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por 
menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.
f)  Cadena alimentaria: el conjunto de actividades que realizan los agentes a los que 
es aplicable la presente ley que intervienen en la producción, la transformación, la 
distribución y el consumo de alimentos.
g)  Espigueo:  la  recolección  de  los  alimentos  que  han  quedado  en  el  campo 
después de la cosecha principal o de las cosechas sembradas no recogidas, previa 
autorización del titular de la explotación.
h)  Pérdidas alimentarias: las partes comestibles de los alimentos que quedan en la 
propia explotación, ya sean reincorporadas al suelo o utilizadas para realizar compostaje 
in situ.
i)  Empresa alimentaria: la empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, 
realiza una actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución de alimentos.
j)  Fecha de consumo preferente: la fecha hasta la cual un alimento conserva sus 
propiedades específicas si se almacena correctamente.
k)  Fecha de caducidad: la fecha a partir de la cual la ingesta de un alimento puede 
suponer un peligro inmediato para la salud humana, utilizada en el caso de alimentos  s
microbiológicamente  muy  perecederos,  de  acuerdo  con  la  normativa  de  seguridad  oe.
alimentaria. w.
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la salud humana.
m)  Entidades  de  iniciativa  social:  las  fundaciones,  asociaciones,  cooperativas, 
organizaciones de voluntariado y las demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
que realizan actividades de servicios sociales.
n)  Pequeñas empresas: las empresas que ocupan a menos de cincuenta personas 
y tienen un volumen de negocios anual o un balance general anual no superior a diez 
millones de euros.
o)  Microempresas: las empresas que ocupan a menos de diez personas y tienen un 
volumen de negocios anual o un balance general anual no superior a dos millones de 
euros.
p)  Cooperativas: las sociedades que agrupan a personas físicas o jurídicas con 
intereses  económicos  comunes,  que  se  dotan  de  una  estructura  y  un  control 
democráticos con unas condiciones particulares de adhesión, retirada y exclusión de los 
socios y que realizan una distribución equitativa de los beneficios del ejercicio.
q)  Consumidor: la persona física que, en el marco de la cadena alimentaria, en una 
prestación de servicios o en el suministro de bienes actúa como destinatario final con un 
propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria
Artículo 5.  Obligaciones de las empresas de la cadena alimentaria, las entidades de 
iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la 
distribución de alimentos.
1.  Las  empresas  alimentarias  y  las  entidades  de  iniciativa  social  y  otras 
organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos tienen 
las siguientes obligaciones:
a)  Disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y 
aplicarlo, en los términos que se establezcan por reglamento.
b)  Reducir, medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios, en los términos que se establezcan por reglamento.
c)  Contabilizar los productos alimentarios que se destinen a la distribución gratuita 
o a la alimentación animal.
d)  Adoptar  las  medidas  oportunas  para  aplicar  a  las  pérdidas  y  el  despilfarro 
alimentarios  la  jerarquía  de  prioridades  del  artículo  11,  de  acuerdo  con  lo  que  se 
establezca por reglamento.
e)  Evitar actuaciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas para 
su consumo o valorización.
2.  Las microempresas quedan excluidas de las obligaciones a las que se refieren 
las letras a, b y c del apartado 1.
3.  Las empresas de la cadena alimentaria, las entidades de iniciativa social y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos, para 
cumplir las obligaciones a las que se refiere el apartado 1, pueden elaborar un plan 
propio o pueden acogerse a planes colectivos de prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios elaborados con relación a las distintas etapas de la cadena 
alimentaria,  en  los  términos  que  se  establezcan  por  reglamento.  La  Administración  s
pública, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7.h, debe facilitarles guías para  oe.
elaborar dichos planes. w.
4.  Las  empresas  alimentarias  y  las  entidades  de  iniciativa  social  y  otras  55ww
doerg caunmizpalcirio lanse so bsilnig aácniiomnoe sd ea  lluacsr oq uqeu ese s ere dfieerdeic ealn a ap alart addisot r1ib, udceióbne nd ev ealalimr peonrt:os, además
a)  Capacitar a los trabajadores para que actúen de forma activa en la reducción del
despilfarro alimentario e implicarles en esta acción.
b)  Aplicar medidas para incentivar la venta de productos con la fecha de consumo 
preferente  o  de  caducidad  próxima,  de  acuerdo  con  la  jerarquía  de  prioridades 
establecida por el artículo 11.
c)  Promover  la  prevención  de  residuos  mediante  acciones  para  reducir  el 
despilfarro alimentario e informar al consumidor sobre los hábitos de consumo más 
responsables.
d)  Fomentar las líneas de venta de productos con imperfecciones o desperfectos.
e)  Promover el consumo de los productos de temporada, los de proximidad, los 
ecológicos y los ambientalmente sostenibles.
f)  Incorporar o mejorar la información sobre el aprovechamiento de los alimentos y 
de los biorresiduos.
g)  Mejorar la segregación de la fracción orgánica.
h)  Fomentar la venta de alimentos a granel.
Artículo 6.  Obligaciones de las empresas del sector de la restauración y la hostelería.
1.  Las empresas del sector de la restauración y la hostelería, además de las 
obligaciones  a  las  que  se  refiere  el  artículo  5,  tienen  las  siguientes  obligaciones 
específicas:
a)  Promover el consumo de productos de temporada y de proximidad.
b)  Facilitar  al  consumidor  que  pueda  llevarse,  sin  coste  adicional  alguno,  los 
alimentos que no haya consumido, e informar de esta posibilidad de forma clara y visible 
en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú.
c)  Utilizar envases, para el traslado de los alimentos no consumidos, que sean 
aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o fácilmente reciclables, y 
admitir que el consumidor porte su propio envase.
2.  Las empresas o entidades gestoras de caterings o comedores escolares, en 
colaboración con los centros educativos, deben establecer programas de educación en 
la reducción del despilfarro alimentario.
3.  Deben establecerse programas de reducción del despilfarro alimentario en los 
hospitales y las residencias geriátricas que ofrecen catering o servicio de comedor, que 
cumplan la jerarquía de prioridades del artículo 11, de acuerdo con lo que se establezca 
por reglamento.
Artículo 7.  Obligaciones de la Administración pública.
La  Administración  pública  y  el  resto  de  entidades  del  sector  público  tienen  las 
siguientes obligaciones:
a)  Incorporar, en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios 
relacionados con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios.
b)  Crear un sistema de información para recoger y analizar los datos resultantes de 
las obligaciones a las que se refiere el artículo 5.1.b y c, en los términos que se 
establezcan por reglamento.
c)  Facilitar  la  creación  de  espacios  y  de  sistemas  para  la  distribución  de  los 
excedentes alimentarios.
d)  Dotar  de  recursos  económicos  los  proyectos  que  incluyan  la  reducción  del  e
despilfarro alimentario y que generen el empleo de colectivos desfavorecidos. bo
e)  Elaborar un directorio de referencia con la información de las pérdidas y el  55ww
fdaecsilpitielf aarr olo sa laimgeennttaersi odse  dlae  claasd eenmap arelimsaesn tya reian teidl addeessti,n od edseg lolossa daali mpeonr totesr rait odriifoesr,e nqtuees 
usosf)  deV aeclaure rpdoor  cqoune l ala j epraurbqliucíiad adde  ipnrsiotirtuidcaiodneasl ,e setsapbelecciaidlma epnotre e lla a rqtuíceu lvoa 1 1d.irigida a los
menores, fomente el consumo responsable de alimentos.
g)  Elaborar  el  Plan  estratégico  de  prevención  de  las  pérdidas  y  el  despilfarro 
alimentarios, que debe desarrollarse por reglamento.
h)  Facilitar  guías  para  la  elaboración  de  los  planes  propios  o  colectivos  de 
prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
i)  Incluir en los programas de alimentación en las escuelas medidas educativas 
para prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
j)  Ejercer el control y la inspección de las actividades objeto de la presente ley.
Artículo 8.  Derechos de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos.
Las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se 
dedican a la distribución de alimentos tienen los siguientes derechos:
a)  Recibir alimentos procedentes de la donación y el espigueo para poder llevar a 
cabo su tarea de atención a los colectivos más desfavorecidos y sus proyectos sociales 
de carácter inclusivo.
b)  Recibir  asesoramiento  e  información  de  las  administraciones  públicas, 
organizaciones del tercer sector social o empresas privadas del sector alimentario.
c)  Recibir apoyo económico de las administraciones públicas, en tanto que velan 
por el derecho a una alimentación saludable y generan empleo, para comprar alimentos 
básicos atendiendo preferentemente a criterios de calidad y de impacto social de los 
productos, y no tanto a criterios económicos.
Artículo 9.  Obligaciones de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos.
1.  A las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que 
se dedican a la distribución de alimentos que son objeto de la presente ley les es 
aplicable la normativa en materia de salud, calidad, higiene y seguridad alimentarias.
2.  Además de las establecidas por el artículo 5, las entidades de iniciativa social 
tienen las siguientes obligaciones específicas:
a)  Mantener  unas  correctas  prácticas  de  higiene  en  la  conservación  y  la 
manipulación de los alimentos que tienen a su disposición.
b)  Mantener  los  locales  y  los  equipamientos  en  buen  estado  de  limpieza  y 
mantenimiento.
c)  Disponer de los elementos y las infraestructuras necesarios para conservar, 
manipular y distribuir los alimentos en condiciones óptimas, especialmente los productos 
frescos.
d)  Promover  proyectos  que  creen  empleo  e  inserción  sociolaboral,  trabajando 
desde una perspectiva de solidaridad y cohesión social.
3.  Las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que 
se  dedican  a  la  distribución  o  a  la  comercialización  de  alimentos  en  el  marco  de 
proyectos  sociales  de  carácter  inclusivo  no  tienen  responsabilidad  civil,  penal  ni 
administrativa sobre los posibles defectos de naturaleza, aspecto, duración o envasado 
de los alimentos, a menos que estos defectos sean derivados de actos negligentes o de 
conductas intencionadas para causarlos.
Artículo 10.  Derechos de los consumidores. bo
1a.)   LRoesc icboirn sinufmorimdoarceisó nti epnoern  ploasrt esi gdueie lnat eAsd dmeirneicshtroasc:ión pública y de las empresas  2020-3955n https://ww
alimentarias sobre programas de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
b)  Obtener información veraz y suficiente sobre el estado de los alimentos que 
reciben como donación.
c)  Acceder a los datos del sistema de información al que se refiere el artículo 7.b.
d)  Llevarse de los establecimientos de restauración los alimentos que no hayan 
consumido.
2.  Quedan excluidos de la facultad establecida por la letra d del apartado 1 los 
alimentos  servidos  procedentes  de  los  servicios  que  no  hayan  sido  contratados 
directamente por el consumidor.
Artículo 11.  Jerarquía de prioridades de los agentes.
Los agentes de la cadena alimentaria deben adaptar sus actuaciones a la siguiente 
jerarquía de prioridades:
a)  Prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
b)  Utilización para la alimentación humana.
c)  Utilización para la alimentación animal.
d)  Valorización  material  mediante  la  recuperación  de  elementos  y  sustancias 
contenidas en los residuos alimentarios para usos industriales.
e)  Valorización material mediante la obtención de compost de calidad.
f)  Valorización energética mediante la obtención de biogás.
g)  Otros tipos de valorización energética.
h)  Eliminación.
CAPÍTULO III
Prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios
Artículo 12.  Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
1.  El Gobierno, con la colaboración del Consejo Catalán de la Alimentación, debe 
elaborar el Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, 
que debe actualizarse con una periodicidad máxima de cinco años.
2.  El Gobierno debe aplicar el Plan estratégico de prevención con la colaboración y 
la cooperación de los agentes que son objeto de la presente ley.
3.  El Plan estratégico de prevención debe incorporar los siguientes datos, que 
deben ser publicados anualmente por el Gobierno:
a)  La planificación general de las acciones que deben realizarse para prevenir las 
pérdidas y el despilfarro alimentarios.
b)  La cuantificación de las pérdidas y el despilfarro alimentarios en las distintas 
etapas de la cadena alimentaria.
c)  El análisis de las causas de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
d)  La concreción de objetivos.
e)  Las actuaciones de apoyo y de fomento.
f)  Los indicadores de evaluación.
g)  Los responsables de aplicar los objetivos.
4.  El Plan estratégico de prevención debe estar dotado con recursos económicos  s
suficientes para asumir su desarrollo. oe.
5.  El Gobierno debe evaluar el Plan estratégico de prevención con una periodicidad  w.
Cbiaetna6al.ál ,n v Edalel oP lralaa rAn l laiem seetrjneatctaéucgciióicónon  y dd aeel   pPsruaesrvl aepmnocleíitónicntoa,  sdu eny a Cl ívnaeetazal usa ñpears.otrbaatdéog icpaosr  eel  iGnfoobrmiearnr oa, l dCeobnes seejor   2020-3955n https://ww
remitido al Parlamento para su pronunciación al respecto.
Artículo 13.  Medidas de apoyo y fomento para la prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios.
1.  La  Administración  pública  y  las  empresas  alimentarias,  para  prevenir  las 
pérdidas y el despilfarro alimentarios, deben llevar a cabo las siguientes acciones:
a)  Fomentar el conocimiento de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
b)  Fomentar campañas informativas y de sensibilización para prevenir las pérdidas 
y  el  despilfarro  alimentarios  y  el  impacto  en  la  sostenibilidad  económica,  social  y 
ambiental que conllevan, y concienciar sobre la necesidad de favorecer un consumo 
responsable.
c)  Fomentar que las fechas de consumo preferente se fijen de forma responsable.
d)  Incentivar el aprovechamiento de alimentos con la fecha de consumo preferente 
superada.
e)  Fomentar buenas prácticas comerciales, a lo largo de la cadena alimentaria, 
para prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
f)  Incentivar  la  adopción  de  acuerdos  o  convenios  de  colaboración  entre  los 
agentes de la cadena alimentaria y las entidades de iniciativa social.
g)  Impulsar  proyectos  cívicos,  comunitarios,  de  participación  ciudadana  y  de 
voluntariado que tengan la finalidad de sensibilizar y promocionar las prácticas para 
prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios, preferentemente los proyectos de 
inserción sociolaboral o de atención a colectivos vulnerables.
2.  La Administración pública, además de las incluidas en el apartado 1, debe llevar 
a cabo las siguientes acciones:
a)  Sensibilizar, formar y capacitar a todos los agentes de la cadena alimentaria 
sobre la necesidad de prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios, recuperar el 
valor  de  los  alimentos  y  promover  su  aprovechamiento,  y  especialmente  sobre  la 
diferencia entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad.
b)  Incluir, en los planes educativos, elementos de concienciación, información y 
educación sobre las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
c)  Promover  la  investigación  y  la  innovación  para  explorar  nuevas  vías  de 
prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y de aprovechamiento de los 
alimentos, incentivando la labor de las universidades y de los institutos de investigación 
tecnológica alimentaria.
d)  Fomentar medidas de apoyo a los artesanos y a los productores agrarios y 
ganaderos que sean autónomos o microempresas.
e)  Promocionar instrumentos económicos y financieros e incorporar la prevención 
de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y el aprovechamiento de los alimentos como 
criterios a valorar en las acciones de fomento de las actividades empresariales, en el 
marco del desarrollo de la economía circular y la bioeconomía y la mitigación del cambio 
climático.
f)  Incorporar la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios entre los 
requisitos de los distintivos de calidad ambiental, los sistemas de gestión ambiental y 
otros instrumentos equivalentes.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador e.
Artículo 14.  Infracciones. 55ww
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3.  Son infracciones graves:
a)  Realizar una actividad dentro del ámbito de aplicación de esta ley sin disponer 
de un plan de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, o con un plan que 
sea defectuoso, o no aplicarlo.
b)  No  cuantificar  las  pérdidas  y  el  despilfarro  alimentarios  o  no  informarlos 
anualmente.
c)  No aplicar a las pérdidas y el despilfarro alimentarios la jerarquía de prioridades 
del artículo 11.
d)  No evitar actuaciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas 
para su consumo o valorización.
4.  Son infracciones leves:
a)  No permitir al consumidor llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que 
no haya consumido.
b)  No informar sobre la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos, de 
forma clara y visible, en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú.
c)  No facilitar envases para el traslado de los alimentos no consumidos, o no 
permitir hacerlo en envases portados por el propio consumidor.
d)  No destinar los alimentos que hayan superado la fecha de consumo preferente a 
los usos a los que se refiere el artículo 11, por el orden de preferencia establecido por 
dicho artículo, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.
e)  Comprar  productos  alimentarios  mediante  prácticas  comerciales  que  el 
reglamento de desarrollo de la presente ley defina como desleales o que sean contrarias 
a las normas de la competencia que induzcan o fomenten despilfarro alimentario al 
proveedor.
Artículo 15.  Sanciones.
1.  Por el incumplimiento de las obligaciones recogidas por el artículo 9, se imponen 
las  sanciones  establecidas  por  la  Ley  14/2003,  de  13  de  junio,  de  calidad 
agroalimentaria, y por la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.
2.  Por la comisión de infracciones recogidas por el artículo 14.3, se imponen las 
sanciones establecidas por el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio.
3.  Por  la  comisión  de  infracciones  recogidas  por  el  artículo  14.4.a,  b  y  c,  se 
imponen las sanciones establecidas por la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de 
consumo de Cataluña.
4.  Por la comisión de infracciones recogidas por el artículo 14.4.d y e, se imponen 
las sanciones establecidas por la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y 
ferias.
Disposición adicional primera.  Funciones del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
El  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación,  como 
departamento  competente  en  materia  de  alimentación  y  regulador  de  la  cadena 
alimentaria, tiene funciones de impulsar la prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios y el aprovechamiento de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, y  e
de ejercer su control e inspección en el ámbito de sus competencias. bo
Disppoésridciidóans  ayd eicl idoensapl islfeagrruon adlaim. enCtaorniotesn.ido del Plan estratégico de prevención de las
El contenido del Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el despilfarro
alimentarios, al que se refiere el artículo 12.3, debe establecerse por reglamento. Bc
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 9/2004.
Se añade una letra, la q, al apartado 1 del artículo 3 de la Ley 9/2004, de 24 de 
diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo, con el siguiente texto:
«q)  Velar por que se lleven a cabo los mecanismos de información con 
relación al aprovechamiento de los alimentos y la prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios.»
Disposición final segunda.  Fomento de instrumentos económicos.
El  Gobierno,  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley,  debe  promover 
instrumentos económicos para fomentar la prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios, priorizando las líneas de ayudas financieras que fomenten la economía 
circular,  la  prevención  de  residuos,  la  cooperación  e  innovación,  la  mejora  de  la 
competitividad de las industrias agroalimentarias, el fomento de las inversiones para 
mitigar el cambio climático, la promoción de la venta de proximidad y la transformación 
de alimentos para fines sociales.
Disposición final tercera.  Aprobación del Plan estratégico de prevención de las pérdidas 
y el despilfarro alimentarios.
El Gobierno debe aprobar el Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios, al que se refiere el artículo 12, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición final cuarta.  Regulación del espigueo.
1.  El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, 
debe regular el espigueo como actividad complementaria y sin ánimo de lucro para la 
prevención de las pérdidas alimentarias.
2.  La regulación a la que se refiere el apartado 1 debe incluir, como mínimo, los 
siguientes aspectos:
a)  Los principios y el objeto de la regulación de la actividad del espigueo.
b)  Las condiciones que deben cumplir las entidades y empresas de economía 
social y solidaria y organizaciones sin ánimo de lucro para realizar la actividad del 
espigueo.
c)  Los requisitos del documento por el que los productores, los payeses y las 
empresas dan su consentimiento a los espigadores para que realicen la actividad del 
espigueo en la explotación agraria.
d)  Las  condiciones  en  que  debe  realizarse  la  actividad  de  recolección, 
acondicionamiento o transformación del producto espigado, para que el producto final 
que  se  destine  a  las  personas  en  situación  de  exclusión  social  cumpla  todas  las 
disposiciones de la normativa de salud, higiene, seguridad y calidad alimentarias.
e)  La promoción de la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos mediante 
planes de empleo que complementen la tarea del espigueo.
f)  La concreción de la normativa sectorial en materia de salud, higiene y seguridad 
alimentarias aplicable a la actividad del espigueo.
Disposición final quinta.  Desarrollo de la Ley. oe.
El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente  55ww
ley, debe aprobar su reglamento de desarrollo.
Disposición  final  sexta.  Disposiciones  con  aumento  de  créditos  o  disminución  de 
ingresos.
Los preceptos que eventualmente conlleven gastos con cargo a los presupuestos de 
la Generalidad producen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos 
correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en 
vigor de la presente ley.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 11 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, Joaquim Torra i Pla.
(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8084, de 13 de marzo de 2020)