BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302  Martes 17 de noviembre de 2020  Sec. I.   Pág. 100301
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14323 Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, 
de ayudas por la paralización temporal de la flota a los pescadores con un 
procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como 
consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 
703/2020, de 28 de julio.
La pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo 
de este año, ha motivado la necesidad de adoptar diversas medidas urgentes para mantener 
la actividad y competitividad del sector pesquero, así como minimizar el impacto sobrevenido 
en dicho sector por dicha declaración y las consecuencias sanitarias, de seguridad, 
económicas y sociales que han derivado de esta situación de crisis sanitaria sin precedentes.
Como consecuencia de lo anterior, la Unión Europea ha aprobado un conjunto de 
medidas, entre otras, a través del Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 508/2014 
y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote 
de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura, con el fin de atenuar el impacto social 
y económico en el sector de la pesca y la acuicultura provocado por la crisis sanitaria 
derivada del brote de COVID-19.
Así, el apoyo al sector derivado de la modificación y aplicación de lo dispuesto en el 
Reglamento n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, 
supone garantizar la continuidad de las actividades pesqueras, racionalizando el 
procedimiento para el acceso a las ayudas para los pescadores.
En el plano nacional, mediante el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad 
pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia 
de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se 
modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones 
profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca 
recreativa, la Administración ha establecido las bases reguladoras y la convocatoria en 
2020 para el apoyo a los armadores, hayan presentado o no un procedimiento de 
suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la paralización 
extraordinaria de la actividad pesquera derivada de la pandemia, y, asimismo, para la 
protección de los pescadores para los que no se ha presentado dicha suspensión de 
contrato o reducción de su jornada laboral.
Este sistema subvencional, no obstante, necesita ser ahora completado por medio de 
la presente norma. Así, se subvienen con la presente norma las necesidades detectadas 
en los pescadores cuya actividad se haya paralizado y se haya tramitado un procedimiento 
de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto  s
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se gestionarán por el Instituto Social de la  oe.
Marina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se pagarán a través  w.
de la caja pagadora central de la Tesorería General de la Seguridad Social previa propuesta  323ww
de pAasgiom cisemnotr,a slieza indcal upyoer  ldai cchoon vInosctaittuotroia. de esta línea de ayudas para el primer tramo del
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urgencia en su tramitación.
Por consiguiente, el presente real decreto viene a regular las ayudas a los pescadores 
que se han visto afectados por un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de 
jornada, y a modificar el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, que el presente real decreto 
modifica en aspectos meramente técnicos dadas ciertas referencias normativas erróneas.
Concurren en este supuesto razones justificativas del carácter singular de las 
subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario, u otras que justifican la dificultad de su convocatoria pública. Ante la 
necesidad de garantizar la máxima estabilidad a los pescadores, atendiendo a la necesidad 
de garantizar los recursos necesarios para evitar el abandono de dicha profesión, que se 
estableció con carácter esencial, con objeto de proporcionar alimentos esenciales para la 
población por la situación de emergencia de salud pública provocada por el brote del 
COVID-19 y atendiendo a la importancia capital de estas medidas para la aplicación de la 
política pesquera del Departamento, se estima que concurren circunstancias excepcionales 
que acreditan razones de interés público para su aprobación como subvenciones de 
carácter directo previstas en el artículo 22.2.c) del citado cuerpo legal. La importancia 
social y económica de la actividad primaria en el sector pesquero hacen necesario 
garantizar y promover la aplicación de las políticas públicas de este Departamento en 
relación con dicha actividad, comprometidas y en concordancia con las de la Unión 
Europea en estas materias. Así, dentro del sector pesquero, el valor de la producción de 
los productos de la pesca y de la acuicultura así como los transformados en el ámbito se 
encuentra cerca de 2 millones de toneladas y que factura más de 6.700 millones de euros. 
Se trata de un sector muy repartido a lo largo del litoral español. Ello supone oportunidades 
de empleo para los jóvenes, al tiempo que fija la población rural y evita el despoblamiento. 
La importancia económica y social del sector justifica la aprobación de estas ayudas, en la 
que además concurre la imposibilidad de iniciar un procedimiento de concurrencia 
competitiva por cuanto, vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, debe concederse 
a todos los pescadores a bordo de buques que han tramitado un procedimiento de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada, y, por lo tanto, no cabe establecer 
parámetros comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su 
derecho de ayuda al estar en un buque sujeto al procedimiento antes mencionado, así 
como la posibilidad de hacer uso de los fondos europeos en la materia, con el fin de 
asegurar la sostenibilidad social de un sector esencial en muchas zonas litorales del país.
Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales 
circunstancias que pretende paliar, y considerando que dicha eficacia solo es posible si la 
medida se pone en marcha con carácter urgente, se establece la gestión centralizada de 
las ayudas.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica, prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, de la competencia exclusiva en materia 
de pesca marítima y ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 149.1.19.ª de la Constitución.
La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios 
en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para 
el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se 
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España, con una flota 
que faena en el mar territorial, el cual no está compartimentado en función de los territorios 
regionales. Procede destacar en este sentido que el tipo de necesidades que generan las  es
situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en  o
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dedicados a amplias mareas hasta pequeñas embarcaciones artesanales de bajura.
Asimismo, en varios casos las embarcaciones se encuentran en manos de un mismo 
propietario o armador, sin perjuicio de que sus artes, caladero, puerto habitual, puerto base 
o lugar preferente de primera venta sea diverso y cambiante a lo largo del año. A unas 
necesidades tan específicas la Administración debe responder de forma que los plazos y 
criterios sean idénticos en todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza con 
una gestión centralizada. La gestión centralizada también contribuye a garantizar que no 
se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a 
los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de 
febrero, «el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las 
líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, 
como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines 
propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4 y jurisprudencia en 
ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, 
una competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines 
propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello 
se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un 
subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su 
Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer 
las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta 
competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio 
de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre 
diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un 
objetivo de planificación económica» (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 
de mayo). Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de 
mayo, FJ 2, ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos 
que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de 
ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias 
para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando 
que ‘‘… en materia de agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las 
comunidades autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias 
generales sobre la ordenación general de la economía’’.»
El artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de 
funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como 
título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser 
considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte 
preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el 
cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría 
conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte 
justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones 
aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.
Otro tanto se puede decir en relación con la competencia del Estado en la materia de 
ordenación pesquera de la regla 19.ª, el Tribunal Constitucional ha dictado, entre otras, las 
Sentencias 56/1989 y 147/1991, señalando que el concepto de ordenación del sector 
pesquero incluye a «(…) quienes pueden ejercer la actividad pesquera, ya sea la 
directamente extractiva o alguna otra relacionada con ella, las condiciones que deben 
reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de organización.» Y que, en este  es
ámbito, el Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica correspondiendo a  o
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con la pesca extractiva queda reflejada en la propia definición que el Tribunal Constitucional
realiza de esta actividad. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional (esencialmente, las 
SSTC 56/1989, 9/2001, 38/2002 y 166/2013) parte del principio, resumido en el FJ 6 de la 
última de ellas, que establece que «por pesca marítima hay que entender la regulación de 
la actividad extractiva. De manera más detallada, la pesca marítima incluye la normativa 
referente a los recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, 
cupos), a los períodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y medios de 
realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca). Del mismo modo, 
como presupuesto de la señalada actividad extractiva, la pesca marítima incluye también 
el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros. Ahora bien, la 
materia «pesca marítima» es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.19 CE) cuando 
su regulación se proyecta sobre el mar territorial, la zona económica y las aguas 
internacionales. Por el contrario, en el caso de que la disciplina de dichas cuestiones se 
ciña a las aguas interiores de una Comunidad Autónoma, esta resultará competente para 
establecerla (así en STC 9/2001, de 18 de enero, FJ 6)».
Del mismo modo, al colaborar la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión 
de estas ayudas se incardina indisociablemente en el marco de las competencias 
exclusivas del Estado en materia de Seguridad Social conforme al artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución. Por lo tanto, también desde esa perspectiva procede la concesión de modo 
centralizado de estas ayudas por cuanto aplica las competencia exclusivas estatales en 
materia de la protección que la Seguridad Social brinda a los colectivos de trabajadores 
afectados por diferentes contingencias, desde la perspectiva además de la caja única 
refrendada en sede constitucional que, por todas desde 1989, se sentaría por el Tribunal 
Constitucional como una competencia exclusiva del Estado en los siguientes términos: «el 
principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad 
(…) puesto que, si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de 
aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, 
no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad 
financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema». A este respecto, el presente real 
decreto prevé las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los pescadores 
enrolados en los buques afectados por tales paradas. Estas ayudas se instrumentarán por 
medio del Instituto Social de la Marina como entidad gestora de la Seguridad Social para 
aquellos trabajadores incardinados en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, y 
exige como requisito previo su enrolamiento y su correspondiente alta en dicho sistema, y 
opera como medida compensatoria por la pérdida de salarios derivada de tal actividad, en 
el marco de dichas competencias, por lo que se considera un título competencial esencial 
para su correcta articulación en cuanto a tales ayudas.
Por lo tanto, la concurrencia sobre un mismo objeto de títulos competenciales 
exclusivos del Estado y de títulos básicos, permiten apreciar en este caso los requisitos 
fijados por el Tribunal Constitucional para optar por la centralización y, por otro lado, 
justifican la opción normativa de unificar no solo bases y convocatoria al amparo de lo 
determinado por el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sino también de 
concentrar su regulación y gestión estatal ya que se ha concluido que el Estado tiene 
competencia suficiente para proceder a la gestión centralizada.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina constitucional sobre la gestión de fondos 
comunitarios, recogida en las SSTC 79/1992, 117/1992, 213/1994, 70/1997, 148/1998 y 
99/2012, en especial en cuanto a que la gestión centralizada contribuye a garantizar que 
no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, 
a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto. es
Por ello mismo, y también debido a la urgencia de las ayudas, destinadas a atender las  o
npse«oeocxbutcsreiraabesntl eeidldarsoar   isddtnuoeeoprssi ra tqaiilnnuitdeaaeartppardliaart,oi  zoertasiisaeb tdlnaliedeebsa  le,edc scya qte rapuárs aecn r tasaienye rgua ñeúdsanxealac gsp e,uq uprcunacaetribo o l«e andD  aceiiglic, tu ahcdaoroe ln dlt aeram axddsai oólenacnnedt r rqoilanau d a eqpe  due pteerietcl ur esmTlaporiricltbioaidóu  apnendo la p,dl e ocrCjoerá onr pctn aeibscrnatitoieestu  erdd c leeeiuo n gnll aoalaassrl      OE-A-2020-14323able en https://www.
competencias autonómicas o cuando además del carácter supra autonómico del fenómeno
objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida 
sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse 
mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de 
homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el 
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de 
integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro 
inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 
102/1995, de 26 de junio, FJ 8)» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 5). En 
consecuencia, «sin que el recurso a la técnica del desplazamiento de competencias al 
Estado, en el caso de efectos extraterritoriales del ejercicio de la competencia ejecutiva 
autonómica, deba ser asumido como solución. El Estado, al fijar los puntos de conexión 
territorial que estimase oportunos y resultasen acordes con la finalidad perseguida por la 
norma, estaría determinando, precisamente, la Comunidad Autónoma a la que en cada 
caso correspondería ejercer las funciones de ejecución a las que la norma hace referencia, 
ofreciendo a las Comunidades Autónomas una regla de atribución de competencias que 
pretende evitar el eventual conflicto de intereses» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 6)» 
(STC 35/2012, FJ 5).
Por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las 
bases reguladoras de subvenciones por real decreto en los casos en que se invoque, 
como aquí ocurre –aunque de modo conjunto con competencias exclusivas–, una 
competencia básica (STC 175/2003, de 30 de septiembre, o STC 156/2011, de 18 de 
octubre). Así, la STC 156/2011, de 20 de octubre, afirma que «este Tribunal ha insistido en 
que la regulación de subvenciones mediante orden ministerial, por su rango normativo, no 
se aviene con las exigencias formales de la normativa básica» (SSTC 242/1999, de 21 de 
diciembre, FJ 9; 98/2001, de 5 de abril, FJ 7; 188/2001» y prosigue: «Este criterio respecto 
a la cobertura formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en 
los supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los 
que la Constitución reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión 
centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las Comunidades 
Autónomas de sus competencias». 
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y 
eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se 
persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades sociales y económicas 
extraordinarias del sector pesquero afectado por el impacto sobrevenido del COVID-19; el 
principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender las 
necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, 
asegurando su correcta incardinación y congruencia con el resto de la regulación existente 
en la materia. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en 
tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las 
ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la 
propia convocatoria, y de transparencia al haberse garantizado una amplia participación 
en su elaboración.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y 
al sector pesquero afectado y han emitido informe sobre el mismo la Abogacía del Estado y 
la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1  es
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el  o
asInorctmílcuEeusntlioió ds no2u, 6 a vS. 6liore tdsgu eudtr r,ál iadam a Lpidtere oySs p 5odu0ceei/ as1atl9ua 9yd d 7ieMe, n diglcoeiras a2  ceM7i o iindnnfeieso strnrm,oo csavo icednióme n lbaA pr geaúr,pib cdrluioeclbtalu a.Grcaoi,ób Pnie erpsnrcoea,v  ieyas  Atdelei mp lreaon yMteaiccntiióosn tsr aey   dhdeae    OE-A-2020-14323able en https://www.
Política Territorial y Función Pública, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este real decreto establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
los pescadores de buques pesqueros españoles que se hayan visto afectados por medidas 
de paralización temporal de la actividad pesquera, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y 
(CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se haya tramitado la presentación de un procedimiento de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, incluyendo lo establecido por los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, cuando dicha paralización temporal 
tenga lugar entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
2.  Al amparo de la facultad que otorga el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establece la concesión directa, de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como de acuerdo con lo establecido en este real decreto, y en la convocatoria de 
ayudas correspondiente.
3.  También se establece, en este real decreto, la convocatoria para el primer período 
de referencia de paralización temporal, que se ha fijado en la disposición adicional única 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020, si bien podrá ampliarse al período 
comprendido entre el 16 de julio y el 31 de diciembre si las circunstancias de evolución de 
la pandemia así lo aconsejaran mediante la correspondiente convocatoria acordada por el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
4.  No será de aplicación la duración máxima de seis meses de ayuda, según lo 
dispuesto en el artículo 33.2 del Reglamento n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014.
Artículo 2.  Beneficiarios de las ayudas.
1.  Podrán beneficiarse de estas ayudas los pescadores españoles, los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, 
y las personas extranjeras que cuenten con autorizaciones de residencia y trabajo en 
vigor, embarcados en buques pesqueros españoles de cualquier modalidad de pesca y 
con puerto base en cualquiera de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, autorizados por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que estén afectados por paralización 
temporal de la actividad pesquera como consecuencia del brote del COVID-19, cuando se 
haya tramitado un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, y 
que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en este real decreto. e.
También podrán beneficiarse de estas ayudas los armadores o titulares que sean  w.b
personas autónomas enroladas a bordo de la embarcación que cumplan los requisitos  323ww
exig2id. osL poasr pae ssuc aodboterensc itóenn.drán derecho a optar a la ayuda por estar incluidos en el rol del
buque afectado por la paralización temporal y cumplir con los demás requisitos establecidos.
Artículo 3.  Requisitos para la obtención de las ayudas.
1.  Para la obtención de estas ayudas, los pescadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro y no haber sido 
inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones.
b)  Deberán figurar enrolados, en el momento de sobrevenir el cese temporal de las 
actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, a bordo de alguno de 
los buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad 
pesquera incluidos en la relación certificada al efecto por el armador de estar incluido en 
el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, que se presentará 
conforme al artículo 7.6. No obstante, si como consecuencia de la situación excepcional, 
los servicios de Capitanía Marítima no pudieran comprobar la vinculación de los 
pescadores con el buque, se comprobará a través de la información existente en otros 
registros o bases de datos oficiales a los que las administraciones gestoras tuvieran 
acceso en función de sus competencias.
c)  Deberán encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento 
de inicio del cese temporal y continuar con dicha situación manteniendo ininterrumpida la 
relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban 
enrolados en el momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras 
como consecuencia del brote de COVID-19, durante la parada.
d)  Deberán tener un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.
2.  Dichos pescadores tendrán que haber trabajado a bordo de un buque pesquero 
español afectado por la paralización temporal al menos 120 días, durante los dos años 
civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Cuando un pescador haya comenzado a trabajar a bordo de un buque pesquero 
español afectado por la paralización, menos de dos años antes de la fecha de presentación 
de la solicitud, se calcularán los días mínimos de trabajo requeridos para dicho pescador 
como la proporción de 120 días en los dos últimos años civiles, de modo que los días de 
trabajo exigidos para el cumplimento de este requisito serán los días resultantes de dividir 
entre 6 los días en que haya estado en alta en la Seguridad Social en dicho buque hasta 
el día anterior al inicio del período de solicitud previsto en la correspondiente convocatoria.
Los días totales de parada realizados por los buques en los que se encontraban 
enroladas las personas solicitantes de la ayuda serán proporcionados por la Dirección 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 31 de diciembre de 2020, según los cálculos efectuados en virtud del Real 
Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al 
impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, y por el que se modifican 
distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el 
sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.
En los casos en que la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura no 
pueda determinar los períodos o días concretos extraordinarios de inactividad pesquera 
que exceden en el año 2020 del periodo de inactividad del año de referencia, los días  es
subvencionables que proporcionen se aplicarán desde el inicio del procedimiento de  bo
regulación temporal de empleo. 323ww
ileanx inpctea3edr.ra erlunizmTcaaipcamii ódobna ei  éasxun pc  eorepcntlosaaedcticirvóáuanne  dn laecpb ieeaom rrdcabeilb a ciinrorqc nual aelpas,a   encmaiadcyapiumdred itseaeansm,t  opnl oooyrs  afc iglu,p uipdereaesrdncmo aei dsdnooerosr me larseed tnorqiosbur ue,e irnd,ie  oessml g,m aovnao dcmtueaerncaniinoetotnne edd esoe,l     OE-A-2020-14able en https://
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, siempre y cuando cumplan los demás
requisitos establecidos en el apartado anterior y quede acreditado el cese en esa situación 
a lo largo del periodo de tiempo de duración de la parada.
4.  El armador del buque deberá haber presentado ante las autoridades laborales la 
correspondiente comunicación de inicio del procedimiento de suspensión de los contratos 
o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
motivo del COVID-19, de los enrolados en la embarcación.
La suspensión surtirá efectos, en el supuesto de causa de fuerza mayor, desde la 
fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y en el supuesto de causas económicas 
técnicas, organizativas o de producción a partir de la fecha de comunicación a la autoridad 
laboral de la decisión del empresario de suspender la relaciones laborales una vez que se 
ha tramitado el procedimiento de suspensión, salvo que sea de aplicación el artículo 2.3 
del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Los documentos acreditativos de las situaciones referidas en este apartado se 
acompañarán con la solicitud conforme el artículo 7.6.
Artículo 4.  Incompatibilidad con otras ayudas o ingresos.
1.  Las ayudas para los pescadores son incompatibles con el trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena de la persona beneficiaria durante el periodo de derecho de las 
ayudas y con el percibo de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2.  En el caso de que el reconocimiento de la ayuda a un pescador pudiera dar lugar 
a una incompatibilidad sobrevenida con el reconocimiento de un derecho anterior por 
protección por desempleo, o por cese de actividad, o por prestación extraordinaria de cese 
de actividad, tal circunstancia será notificada por el Instituto Social de la Marina al 
interesado, pudiendo este optar, en el plazo de 10 días desde la notificación, entre la 
percepción de la ayuda y la protección por desempleo o por cese de actividad o por la 
prestación extraordinaria de cese de actividad, en el caso de que sean personas 
trabajadoras autónomas.
Si en el referido plazo de 10 días desde la notificación no manifiesta por escrito su 
elección entre ambas, se entenderá que opta por percibir la ayuda. Si el interesado opta 
por percibir la ayuda se realizarán las regularizaciones que procedan respecto de la 
protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de 
cese de actividad, en el caso de que sean personas trabajadoras autónomas, concurrente 
con la ayuda pública por parada temporal. Si opta por la protección por desempleo o por 
cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, se le denegará 
el cobro de la ayuda solicitada por incompatibilidad.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la percepción de estas ayudas por 
la condición de pescador de un buque será compatible con la percepción de ayudas como 
armador de un buque.
4.  Las ayudas no se podrán percibir durante los períodos subvencionables de las 
paralizaciones temporales de la actividad pesquera regulados en los párrafos a), b) o c) del 
artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y 
(CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. e.
5.  No obstante lo indicado en el apartado 4, dicho apartado no será de aplicación  w.
para aquellas paradas temporales reguladas en los párrafos a), b) o c) del artículo 33.1,  323ww
cuya aplicación se circunscriba a días sueltos de paradas.
Artículo 5.  Financiación.
1.  Las ayudas serán cofinanciadas conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1.d) del 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014. Del total de la ayuda concedida, la contribución a cargo del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP) será de un 75 %, correspondiendo el otro 25 % a la contribución del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la partida presupuestaria 
indicada en el apartado 5.
2.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General 
de la Seguridad Social la cuantía que se determine en la convocatoria correspondiente, 
para la financiación de las ayudas a pescadores.
3.  La realización de propuestas de pago de estas ayudas por el Instituto Social de la 
Marina quedará supeditada a la existencia de financiación suficiente en la Tesorería 
General de la Seguridad Social que permita proceder a la ordenación y materialización de 
los pagos mediante los fondos que transfiera el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a dicha Tesorería General, a los que se refiere el apartado anterior.
4.  El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios 
posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en 
el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, sometiéndose en caso de pago en ejercicios posteriores 
a los límites fijados en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
5.  Las convocatorias de las ayudas, se financiarán con cargo a la partida 
presupuestaria 21.11.415B.777 «Ayudas para compensar los efectos del COVID-19» de la 
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
Artículo 6.  Cálculo del importe de la ayuda.
1.  El importe máximo de la ayuda a la paralización temporal de la actividad pesquera 
para los pescadores se calculará multiplicando 50 euros por el número de días de parada 
a que tengan derecho:
Ayuda pescadores = Ddd (días de derecho) × 50 euros
El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de días 
laborables a efectos pesqueros en el periodo de parada del buque comprendido entre el 16 
de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en función del período consignado en la 
convocatoria. En el caso de los tripulantes que hayan percibido prestaciones por 
desempleo, prestación por cese de actividad o prestación extraordinaria por cese de 
actividad los días de ayuda se podrán reconocer consecutivos para poder hacer las 
regularizaciones que correspondan.
2.  El Instituto Social de la Marina descontará de la cuantía señalada en el apartado 
anterior, la cuota del trabajador a la Seguridad Social y la ingresará a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con excepción de aquellos casos en que la persona 
beneficiaria sea un armador o titular que sea persona autónoma enrolada como pescador 
en cuyo caso, la cuantía de la ayuda no tendrá ningún descuento en concepto de 
cotización. En todo caso, no se podrá superar la cuantía de 50 euros por día.
3.  El empresario o armador del buque deberá mantener a sus trabajadores en 
situación de alta en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tengan  e
derecho, abonando la cuota empresarial correspondiente a dicho periodo a su exclusivo  bo
cargo o, en su caso, aplicándose las exoneraciones de la cotización del Real Decreto-ley  323ww
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competitividad del sector industrial, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo.
En el caso de que la persona beneficiaria sea un armador o titular que sea persona 
autónoma enrolada como pescador, deberá permanecer de alta como tal trabajador 
autónomo en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tenga derecho, 
abonando la cotización íntegra correspondiente al mismo a su exclusivo cargo, salvo que 
hubieran percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, en que se aplicarán 
los beneficios de la cotización del artículo 17.4 del Real Decreto-ley 8/2020.
Artículo 7.  Iniciación del procedimiento.
1.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la publicación del extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente convocatoria aprobada por el Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación –sin perjuicio de la disposición adicional única para el 
primer tramo de las ayudas-, además de su publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) http://www.infosubvenciones.gob.es, con indicación del importe 
total disponible y la concreción de los requisitos de la concesión, las características y la 
documentación que deberá aportarse.
2.  La convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes y el modelo de 
solicitud. El plazo no podrá ser inferior a diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
3.  Las solicitudes de ayudas previstas en este real decreto se dirigirán al Director 
Provincial del Instituto Social de la Marina, conforme al modelo que figura en el anexo I, y 
se presentarán ante las Direcciones Locales o Provinciales del Instituto Social de la 
Marina, de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, www.
sede.seg-social.gob.es, acreditándose mediante certificado electrónico o Cl@ve 
permanente o en cualquiera de los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
4.  Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se debe 
priorizar el uso de la presentación electrónica de las solicitudes a través de la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social, www.sede.seg-social.gob.es. Asimismo, se podrán 
presentar electrónicamente a través del canal de comunicación abierto para uso sin 
certificado, que se encuentra ubicado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, 
«Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la Marina)».
En el caso de no disponer de certificado electrónico o clave permanente, podrán 
presentarse las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina. Para la 
presentación de las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina será 
necesaria cita previa.
En el supuesto de presentación de la solicitud electrónicamente sin certificado, el 
interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la 
tramitación de su expediente de solicitud de ayudas. Provisionalmente se admitirá la 
identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda 
hacer el Instituto Social de la Marina, a través de los medios ya establecidos para verificar 
la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR, que implementa la Verificación y la 
Consulta de los Datos de Identidad, regulado en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril,  e.
y la Verificación de Datos de Residencia, regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de  w.
abril; así como la Consulta de Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco Pros@ de  323ww
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Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Si como consecuencia del cierre de oficinas públicas, el interesado no puede presentar 
el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, deberá 
aportar documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la 
concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el 
reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos 
preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de prevención. Si el interesado no 
tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá 
admitir una declaración vinculante sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, 
sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos acreditativos 
de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones reconocidas con carácter 
provisional.
Si la solicitud se ha presentado telemáticamente mediante el canal habilitado para 
acceso sin certificado digital ni Cl@ve permanente, de acuerdo con la solicitud presentada 
y los documentos en su caso aportados, la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución provisional 
que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Las Direcciones Provinciales 
del Instituto Social de la Marina revisarán todas las resoluciones provisionales de 
reconocimiento de ayudas a pescadores adoptadas bajo este régimen transitorio. En su 
caso, se efectuará el abono de aquellas cantidades que resulten procedentes tras la 
oportuna revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se desprenda que el 
pescador no tiene derecho a la ayuda, se iniciarán las actuaciones necesarias en orden a 
reclamar las cantidades indebidamente percibidas.
5.  Sin perjuicio del tercer párrafo del apartado anterior, en el resto de supuestos las 
solicitudes deberán expresar el consentimiento u oposición para que el órgano gestor de 
las ayudas pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores 
de información, por medios electrónicos, los datos de identidad de la persona solicitante, 
así como la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, o sobre otras circunstancias de las personas solicitantes o 
de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean 
pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, la persona 
solicitante deberá aportar los documentos, certificados o pruebas que al efecto se exigen. 
Todo ello se presentará conforme a los anexos de este real decreto.
6.  La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
a)  Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia, si procede.
b)  Declaración responsable de la persona solicitante, según el modelo normalizado 
anexo II a la convocatoria y deberá incluir el compromiso de mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda, salvo 
en los casos en los que una norma específica, nacional o europea, establezca periodos 
superiores, y en la que conste de manera fehaciente:
1.º  No haber ejercido ninguna actividad remunerada durante el período de parada 
subvencionable.
2.º  Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro y de reembolso, tanto  e.e
con la Administración General del Estado como con las administraciones de las  w.b
comunidades autónomas. 323ww
subv3e.ºn cioNnoe sh paobre irn csuimdop lismainencitoo ndaed loa  ncoornm alati vpaé qrudeid rae sduelt el ad ep loa saibpililcidaacdió nd een  ombatetenreiar 
de igualdad entre hombres y mujeres.
4.º  No ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, ni encontrarse incurso en ninguna 
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la misma ley.
5.º  No haber recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, salvo las ayudas que puedan percibir los 
armadores o titulares que sean personas autónomas enroladas como pescadores a los 
que se refiere la excepción del artículo 4. De haberse solicitado y estar pendiente de 
resolución, el interesado deberá comunicarlo y podrá procederse al reintegro total o parcial 
de la que se le haya concedido.
c)  En cumplimiento del artículo 3.1.b), certificado del armador de estar incluido en el 
rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, de acuerdo con el modelo 
que figurará en el anexo III en la convocatoria.
d)  En cumplimiento del artículo 3.4, documentación acreditativa de la comunicación 
del empresario a la autoridad laboral de su decisión de suspender los contratos de trabajo 
una vez tramitado el procedimiento de suspensión y, en los casos de fuerza mayor, la 
resolución de la autoridad laboral.
e)  En cumplimiento del artículo 7.4, en el supuesto de presentación de la solicitud 
electrónicamente sin certificado, el interesado deberá dejar constancia expresa de su 
voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente de solicitud de ayudas 
aportando declaración sobre la identidad del interesado, sin perjuicio de las comprobaciones 
que pueda hacer el Instituto Social de la Marina, o, si como consecuencia del cierre de 
oficinas públicas, el interesado no puede presentar el documento preceptivo u observar el 
procedimiento habitual establecido al efecto, documentos o pruebas alternativos que, en 
su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en 
el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de 
presentar los documentos preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de 
prevención. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que 
acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración vinculante sobre los datos o 
documentos que pretenda hacer valer.
Sin perjuicio de la anterior documentación, la administración competente para tramitar 
y resolver las ayudas podrá requerir al solicitante cualquier otro documento acreditativo de 
situaciones que sean necesarias justificar para resolver las ayudas, en particular, la de 
encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese 
temporal y mantener ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la 
embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir el cese 
temporal y acreditar un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.
7.  Si la documentación que acompaña a la solicitud presentada fuera incompleta o 
contuviera errores subsanables, el órgano instructor requerirá a las personas solicitantes 
para que, en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con la 
advertencia de que, si no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de 
acuerdo con dicho artículo y con los efectos previstos en el artículo 21.1, segundo párrafo, 
de la misma.
8.  Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante, el plazo 
previsto en el artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para subsanar la falta o  e.e
insuficiencia de acreditación de la representación, que se produzca cuando las  w.b
circunstancias del caso así lo requieran, se ampliará por el tiempo necesario y, al menos,  323ww
a 15 días hábiles.
Artículo 8.  Ordenación e instrucción.
1.  Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, como órgano 
instructor, realizarán todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales habrán de formular la propuesta de 
resolución. Una vez instruido el expediente, se elevará una propuesta de resolución al 
Director Provincial para su resolución.
2.  El órgano instructor podrá solicitar todos los documentos y los informes que considere 
necesarios de acuerdo con los artículos 68 y 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  Vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, no cabe establecer parámetros 
comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su derecho de ayuda 
al estar en un buque sujeto a la tramitación de un procedimiento de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada y cumplir el resto de requisitos exigidos.
Artículo 9.  Resolución y notificación.
1.  El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y 
notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado 
la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto 
de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados 
podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  Las notificaciones y resoluciones del procedimiento de concesión al interesado se 
realizarán por medios electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 a 44 y 
88, respectivamente, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  El órgano concedente remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la 
información sobre las ayudas otorgadas en la forma reglamentariamente establecida, para 
incluirlas en el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
5.  Contra  la  resolución  que  se  dicte,  los  interesados  podrán  interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 10.  Realización del pago.
La realización del pago, que tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad 
Social, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del 
Instituto Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación 
de la resolución de la concesión de ayuda.
Artículo 11.  Extinción de las ayudas.
A efectos de este real decreto, el derecho a la obtención de estas ayudas se extinguirá 
en los siguientes supuestos:
a)  Por cesar la inmovilización de la embarcación a la que se encontraban vinculados  e.e
los trabajadores en el momento de la paralización. b
b)  Por iniciar el trabajador actividades laborales por cuenta propia o ajena; no  323ww
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movimientos del barco en los supuestos de la participación del buque en la celebración de
fiestas marineras tradicionales durante el período de parada temporal, el abono del 
derecho se suspenderá por el tiempo que duren dichas actividades.
c)  Por iniciarse los efectos económicos de las prestaciones de Seguridad Social que 
resulten incompatibles con el trabajo, con la excepción de las prestaciones de incapacidad 
temporal, de nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural, en cuyo caso el abono de las ayudas se suspenderá durante el tiempo 
en que se perciban dichas prestaciones.
d)  Por extinguirse la relación laboral del trabajador con la empresa armadora.
e)  Por dejar de reunir cualquiera de los requisitos que motivaron el reconocimiento 
del derecho a las ayudas.
f)  Por fallecimiento o declaración de fallecimiento de la persona beneficiaria.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  De no cumplirse las condiciones necesarias para la percepción de las ayudas, se 
procederá a la devolución de las cantidades cobradas en su totalidad y el interés de 
demora exigible y se iniciará el procedimiento de reintegro del importe de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, el Instituto Social de la Marina solicitará de la Tesorería General de la 
Seguridad Social la devolución de las cuotas de los trabajadores indebidamente 
ingresadas.
3.  Los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas determinarán el 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 13.  Acceso a la prestación por desempleo o por cese de actividad en el caso de 
personas trabajadoras autónomas.
1.  Finalizado el periodo de percepción de la ayuda, el trabajador por cuenta ajena 
únicamente podrá acceder a la prestación por desempleo si cumple los requisitos de los 
artículos 266 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, entendiendo como fecha 
de cese, si este se produce, la de finalización del percibo de ayudas.
2.  En el caso de quienes sean personas trabajadoras autónomas, el acceso a la 
percepción de la prestación por cese de la actividad quedará condicionado al cumplimiento 
de los requisitos de los artículos 330 y siguientes del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.
Artículo 14.  Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la persona beneficiaria se 
graduarán y sancionarán de acuerdo a lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 15.  Publicidad de las ayudas.
1.  La publicidad de las ayudas se realizará a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
2.  La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista  e.
personas beneficiarias, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de las  w.
operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de acuerdo  323ww
cCoonn seel jaor, tídceu lo1 51 1d9e. 2m daeylo R deeg l2a0m1e4n, toa s(íU cEo)m no.º  e5n0 8e/l2 s0i1s4te dmeal  Pnaacrliaomnaeln dtoe  Epuurbolpiceidoa yd  ddeel 
subvenciones.
Artículo 16.  Protección de datos.
1.  El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2.  Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias tienen que facilitar 
para obtener la ayuda solicitada se incorporan a ficheros informáticos situados bajo la 
responsabilidad de la Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar del Instituto Social de la Marina y se utilizarán para la gestión, control, evaluación y 
propuesta de pago de la ayuda solicitada.
3.  La información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras 
administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las administraciones públicas 
les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda 
solicitada, como parte de las tareas de verificación y auditoría de las ayudas cofinanciadas 
con cargo al FEMP.
Artículo 17.  Lucha contra el fraude.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos 
de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o 
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de 
cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá 
poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de 
la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través 
del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.
hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos 
establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjuntará 
como anexo IV en la correspondiente convocatoria.
Disposición adicional única.  Convocatoria de las ayudas para el primer tramo del 
ejercicio 2020, por la paralización temporal de la flota, a los pescadores con un 
procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada, como 
consecuencia del COVID-19, para el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 
de julio de 2020.
Primero.  Objeto.
Se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas a los pescadores con un procedimiento 
de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulada en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de buques pesqueros españoles 
afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera, a consecuencia del brote 
del COVID-19.
El periodo de referencia para esta convocatoria de ayudas es el comprendido entre 
el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Segundo.  Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto.
Tercero.  Financiación, créditos presupuestarios y cuantía total máxima de las ayudas. s
1.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General  w.b
de la Seguridad Social, una cuantía máxima total de 3.000.000 de euros para la financiación  323ww
dGee lnaesr aalyeusd daes,l  Ecosnta cdaor gdoe  a2 l0a2 a0p «licAaycuidóans p preasruap cuoemstpaerinas 2a1r .l1o1s. 4e1fe5cBt.o7s7 7d edle C loOsV PIDre-s1u9p.uestos
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pago, en función de los fondos transferidos.
3.  El importe máximo de la ayuda podrá alcanzar el 100% del importe subvencionable, 
siendo la contribución con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca del 75%, 
correspondiendo el otro 25% restante a la contribución nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 95.2 y 94.3 del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y la excepcionalidad de las medidas 
específicas para atenuar el impacto del COVID-19.
4.  El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios 
posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en 
el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Cuarto.  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los pescadores que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente real decreto.
Quinto.  Cuantía máxima.
La cuantía máxima se regirá según lo establecido en el artículo 6 del presente real 
decreto para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Sexto.  Duración.
1.  La presente convocatoria cubre los días de inactividad subvencionables calculados 
de acuerdo con el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, desde el 16 de marzo hasta el 15 
de julio de 2020, ambos inclusive.
2.  El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de 
días laborables a efectos pesqueros en el período de parada del buque comprendido entre 
el 16 de marzo de 2020 y el 15 de julio de 2020, ambos inclusive, es decir el número 
máximo de días subvencionables no será mayor a 85 días.
Séptimo.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a contarse desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», siendo de 20 días hábiles a partir de dicha fecha.
Octavo.  Procedimiento y resolución.
1.  Las solicitudes se acompañarán de la documentación prevista en el artículo 7.6 de 
este real decreto.
2.  La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará de acuerdo con el 
presente real decreto, por parte de los órganos en él descritos.
3.  El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y 
notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado 
la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto 
de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la notificará conforme lo 
previsto en este real decreto.
4.  Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados 
podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo  s
establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. oe.
5.  Contra  la  resolución  que  se  dicte,  los  interesados  podrán  interponer,  w.
pssiioggtuueiiseetnnattteeiv saa  mdlaee  nnloatet i,fL icereaycc iu3ór9ns/ o2d 0ed1 el5a , r medpieso ms1ia cd idóeen  o aeccntuu eebrlr depo,l  acozo odn i rdloee c dtuaisnmp umeenestseto  a re ecnco ulnortssa oar  rcdtíoecnsutdleoens  ce1ilo2 sd3oí ay-   2020-14323n https://ww
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de
la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la  Bc
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Noveno.  Gestión de las ayudas por paralización temporal.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se delega por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en los Directores 
Provinciales del Instituto Social de la Marina, la competencia para la tramitación, gestión y 
resolución de las ayudas a los pescadores, cuando se haya tramitado un procedimiento de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada regulado en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se realizará con propuesta de pago 
centralizada, cuya ordenación y materialización se producirá a través de la caja pagadora 
central de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2.  La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura proporcionará al 
Instituto Social de la Marina la certificación de la información para cada buque de los 
períodos subvencionables, según los cálculos efectuados en virtud del Real Decreto 
703/2020, de 28 de julio, así como de las paralizaciones temporales de la actividad 
pesquera regulados de los párrafos a), b) y c) del artículo 33.1 del Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por los que 
no se puede reconocer la ayuda que gestiona este Instituto a los pescadores.
Décimo.  Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria para los pescadores son 
incompatibles, en los términos establecidos en el artículo 4 del presente real decreto.
Asimismo, si se produce alguna incompatibilidad o causas de suspensión o extinción 
de las ayudas, el beneficiario deberá obligatoriamente comunicarlo al Instituto Social de la 
Marina, presentando, en su caso, la documentación necesaria.
Undécimo.  Realización del pago.
La realización del pago tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad Social. 
Se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto 
Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación de la 
resolución de concesión de la ayuda.
Duodécimo.  Lucha contra el fraude.
Se aplicará a este respecto lo regulado en el presente real decreto.
Decimotercero.  Régimen de recursos.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, en 
el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de su extracto de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el 
plazo máximo de dos meses, desde dicha fecha, según lo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que puedan 
simultanearse ambas vías de impugnación.
Decimocuarto.  Efectos.
La presente disposición surtirá efectos desde el día siguiente al de la publicación del  s
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». oe.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la 
actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de 
la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del 
ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las 
organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio 
de la pesca recreativa.
El Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente 
al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas 
ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos 
relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la 
acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, se modifica como sigue:
Uno.  El artículo 16.1 queda redactado como sigue:
«1.  Los justificantes bancarios y los recibís establecidos en el modelo de 
solicitud de ayudas conforme a lo dispuesto en el anexo I, se deberán aportar a 
través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
indicada en el artículo 9.2 en el plazo máximo de dos meses desde la percepción 
efectiva de la ayuda en la cuenta corriente del armador.»
Dos.  El segundo párrafo del apartado cuarto de la disposición adicional primera 
queda redactado como sigue:
«La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro 
electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo 
normalizado que se acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede 
electrónica de este Ministerio: (https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse 
de la documentación indicada en el artículo 9.»
Disposición final segunda.  Régimen jurídico aplicable.
Estas ayudas se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real 
decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
así como por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación.
Disposición final tercera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.19.ª de la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias 
exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y bases de ordenación del sector pesquero, y, de la competencia que en 
materia de régimen económico de la Seguridad Social atribuye en exclusiva al Estado el 
artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española. s
Disposición final cuarta.  Modificación de anexos. w.b
ordeSne e hl acobnilittean iadlo M dien ilsotse rdioe  deset eA greriaclu dlteucrrae, toP.esca y Alimentación a modificar mediante
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
ANEXO I
  INSTITUTO SOCIAL 
MINISTERIO DE  DE LA MARINA 
 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL   
Y MIGRACIONES   
 
 
 
SOLICITUD DE AYUDAS A FAVOR DE TRIPULANTES-PESCADORES  Lugar para poner el Sello del Registro 
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer  tramo del ejercicio 2020, de ayudas 
por la paralización temporal de la flota  a los pescadores con un procedimiento de 
suspensión de los contratos o reducción  de jornada como consecuencia del  
COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.  
 
1.- DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
 
I.P.F (Nº NIF, PASAPORTE O T.I.E.)  Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE 
TIPO VÍA  NOMBRE  NÚMERO  ESCALERA  PISO  PUERTA 
LOCALIDAD  PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  TELÉFONO MOVIL 
 
2.- DATOS CODIFICADOS DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO 
                                               
Código IBAN  Código Entidad  Nº Sucursal  Dígito  Nº de Cuenta 
Control 
(Firma y sello de la entidad financiera) 
CÓDIGO BIC/SWIFT 
                     
Código Entidad  País  Localidad  Oficina 
 
3.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN 
NOMBRE DEL BUQUE:  MATRÍCULA:  FOLIO: 
CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN  N.I.B 
  0  8                             
 
4.- DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
     
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  FIRMA DEL SOLICITANTE  OBSERVACIONES ISM 
 
Para la obtención de las ayudas los tripulantes de buques de pesca deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Figurar enrolados en el momento de sobrevenir la parada a bordo de alguno de los buques pesqueros españoles afectados por la 
paralización temporal de la actividad pesquera. Los buques afectados estarán incluidos en la relación certificada al efecto por la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
b) Estar incluidos en el procedimiento de suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada como consecuencia del brote de 
COVID-19. 
c) Encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese temporal y continuar con dicha situación 
manteniendo ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el 
momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, durante la parada. 
d) Acreditar un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce 
meses a lo largo de su vida laboral. 
e) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
f) Haber trabajado en el mar al menos durante 120 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud  s
de estas ayudas a bordo de un buque pesquero español afectado por la paralización temporal, o el período que corresponda de acuerdo  e.e
con el apartado b) del artículo 33.3.bis del Reglamento (UE) nº 508/2014.  o
g) No ser deudores por resolución de procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por sentencia firme para obtener  w.
   sCuÓbDv. IeDnEcNiToInFIeCsA.C IÓN  SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE …...........  2020-14323n https://ww
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR CON LA SOLICITUD 
 
 
a)  Autorización expresa al órgano gestor para comprobar o recabar: 
 
   
Los datos de identidad de la persona solicitante mediante consulta al Sistema de 
 
Verificación de Datos de Identidad previsto en el apartado 3 del artículo único del 
Real Decreto 522/2006, de 28 de abril. 
 
Los certificados que acrediten estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales  
y  de  seguridad  social,  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  u   
Organismo Foral correspondiente, y de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Los datos que acrediten los requisitos exigidos y las situaciones de   
incompatibilidad, suspensión y extinción, necesarios para resolver la solicitud, de la 
 
Administración de la Seguridad Social, y del Servicio Público de Empleo Estatal, o 
de cualquier otro Organismo o Administración Pública. 
 
La no comisión de fraude y la percepción de subvenciones, mediante consulta a la 
 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
En el supuesto de no prestar la autorización se deberá presentar la documentación acreditativa 
correspondiente. 
 
b) Certificado del armador de estar incluido en el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía 
Marítima, según anexo III. 
 
c) Documentación acreditativa de la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada por causa de 
fuerza mayor, con la resolución de la autoridad laboral. 
 
d) Declaración responsable de la persona solicitante, según anexo II. 
 
e) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia, si procede. 
f)   Otros ……………………………………………………………………………..………………………………………… 
…….…………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
En  a  de  20 
EL SOLICITANTE 
 
 
Fdo.: 
PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar 
parte de un tratamiento realizado por el Instituto Social de la Marina conforme al Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. La finalidad del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la 
solicitud, y en su caso, la cesión a órganos u organismos de las Administraciones Públicas en los términos legalmente 
establecidos. Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición o supresión de sus datos en: Subdirección General de 
Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, en la dirección C/ Génova 24, 28004 Madrid o en la correspondiente 
Dirección Provincial. 
 
 
OBSERVACIONES I.S.M.: 
 
 
Firma funcionario/a:.................................................................. 
ANEXO II
   
INSTITUTO SOCIAL 
MINISTERIO  DE LA MARINA 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL   
Y MIGRACIONES   
 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
Identificación del firmante: 
 
Nombre:     Apellidos:     
N.I.F.:   Domicilio:       
 
 
Medidas dirigidas a pescadores por paralización temporal de la actividad pesquera (Rellenar) 
En su propio nombre 
En representación de (identificación empresa, entidad, etc)      
N.I.F.:   Domicilio:       
Que ha solicitado ayuda pública cofinanciada por el FEMP (Rgto. (UE) 508/2014 modificado por el Rgto. 560/2020), 
en el marco de la convocatoria del Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la 
flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como 
consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio. 
 
HACE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE: 
 
No haber ejercido ninguna actividad remunerada durante el período de parada subvencionable. 
 
Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro y de reembolso, tanto con la Administración General del Estado como con las 
administraciones de las comunidades autónomas. 
 
No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa que resulte de 
la aplicación en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
No ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, ni encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la misma 
ley. 
 
No haber recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo las ayudas que 
puedan percibir los armadores o titulares autónomos enrolados como tripulantes a los que se refiere la excepción del artículo 4 del real 
decreto citado. 
 
En el supuesto de que hubiera sido sancionado o condenado en firme por alguna de las causas expuestas en esta 
declaración, se identificará con copia de la resolución sancionadora o sentencia condenatoria. 
 
Y SE COMPROMETE: 
 
1. A mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda, salvo en los casos en 
los que una norma específica, nacional o europea, establezca períodos superiores. 
 
En                       , a       de             de  20 
 
 
 
Fdo.: 
  s
PROTECCIÓN DE DATOS.- Este modelo recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar parte  oe.
de un tratamiento realizado por el Instituto Social de la Marina conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE)  w.b
2c0a1s6o/,6 l7a9 ,c dees i2ó7n  dae  óabrgrial ndoes 2 u01 o6.r gLaan fiisnmaloidsa dd ed elal str aatdammiineinsttora ecsio lna erse apliúzabcliicóans  deen l also sfu tnécrimonineoss d leergivaalmdaesn tdee  elas tsaobllieccitiuddo,s y.  eTnie snue   323ww
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ANEXO III
INSTITUTO SOCIAL 
MINISTERIO DE  DE LA MARINA 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES 
CERTIFICADO DEL ARMADOR DE ESTAR INCLUIDO EN EL 
ROL DE LA EMBARCACIÓN 
REAL DECRETO 969/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA, PARA EL PRIMER TRAMO DEL EJERCICIO 2020, DE 
AYUDAS POR LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA FLOTA  A LOS PESCADORES CON UN 
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS O REDUCCIÓN DE JORNADA COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19 Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 703/2020, DE 
28 DE JULIO. 
1.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN 
NOMBRE DEL BUQUE  MATRÍCULA: FOLIO:
CÓDIGO CUENTA DE COTIZACIÓN  GRUPO COTIZACIÓN: 1 2A 2B 3 (Márquese  N.I.B.
lo que proceda) 
0  8 
ARMADOR: NIF:
DOMICILIO EMPRESA:  CIF: 
LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL: 
ENTIDAD ASEGURADORA 
2.- DATOS DE LOS TRABAJADORES 
APELLIDOS NOMBRE  NIF  Nº SEG.SOCIAL  GRUPO  BASE MES  BASE MES 
COTIZ.  ANTERIOR  ANTERIOR 
CONT.COM.  CONT.PROF 
. 
D. ........................................................................................................., con NIF: ..............................................., en calidad de 
armador/patrón/representante legal del precitado buque, y como mandatario de los tripulantes, declara que la relación de 
trabajadores  (táchese lo que no proceda)
que antecede corresponde con los que se encuentran enrolados en la última arribada para proceder a la paralización de la flota, 
conforme con la documentación que obra en poder de la autoridad marítima competente para el despacho de buques. 
En .........................................., a .......... de ............................ de 20.... 
Vº BCºO DNESSUPLAAdCRilHi g(OSen i DceiExai rsBltaiUesQs aeUln dE ooSbrs sOoe) rA vUacTiOonReIsD, AD  2020-14323n https://ww
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO III 
 
 
- Deberán cumplimentarse de modo legible todos los datos correspondientes a la embarcación, guardando 
especial diligencia en consignar correctamente los datos relativos al NIF de la empresa, grupo de 
cotización, arte de pesca y código de cuenta de cotización de la empresa. Deben presentarse tantos 
anexos III como códigos de cuenta de cotización posea el centro de trabajo (buque). 
 
 
-  Deberán consignarse los datos personales de todos los trabajadores reglamentariamente enrolados en la 
fecha de la paralización de actividades, siendo imprescindible que el dato del NIF sea completo 
(incluyendo  la  letra  correspondiente)  y  que  el  Nº  de  Seguridad  Social  se  consigne  correcta  y 
completamente (incluyendo los dígitos de control). 
 
 
 
 
 
ESPACIO RESERVADO PARA DILIGENCIA DE OBSERVACIONES Y 
ACREDITACIÓN DE LA LLEGADA DEL BUQUE A PUERTO, DEL DESPACHO DE BUQUES 
O, EN SU CASO, AUTORIDAD CONSULAR. 
 
 
DÍA DE ENTRADA DEL BUQUE A PUERTO: ……/……/…..… 
 
DÍA DE SALIDA DEL BUQUE DEL PUERTO: ……/……/……… 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha, firma y sello del Despacho de Buques o, en su caso, Autoridad Consular 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar parte 
de un tratamiento realizado por el Instituto Social de la Marina conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016. La finalidad del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la solicitud, y en su  s
caso, la cesión a órganos u organismos de las administraciones públicas en los términos legalmente establecidos. Tiene  e.
derecho al acceso, rectificación, oposición o supresión de sus datos en: Subdirección General de Seguridad Social, Instituto  bo
    Social de la Marina, en la dirección C/ Génova 24, 28004 Madrid, o en la correspondiente Dirección Provincial.  2020-14323n https://www.
ANEXO IV
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las 
personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de 
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o 
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea
El artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dispone en su apartado 4 c) 
que, en su ámbito de aplicación, «la autoridad de gestión deberá (...) aplicar medidas 
antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados», existiendo 
disposiciones similares en la normativa reguladora del resto de Fondos Europeos.
La detección del fraude exige la puesta en marcha por parte de las autoridades 
competentes de una serie de medidas que aborden dicho fenómeno de forma coordinada 
e integral, dado que ninguna medida puede resultar útil y eficaz para esa finalidad de 
forma aislada.
En este sentido, resulta claro que cualquier mecanismo de detección del fraude que 
puedan implantar los órganos competentes se aplica sobre la información de la· que 
dichos órganos disponen en cada momento. Dicha información, en mayor o menor medida, 
es siempre inferior a la información total existente, especialmente en aquellos casos en los 
que concurran conductas tendentes a la ocultación de los hechos de que se trate por parte 
de las personas responsables. En estos supuestos, resulta imprescindible para detectar el 
fraude la colaboración de las personas que tengan conocimiento de dichos hechos y que 
de buena fe deseen ponerlos en conocimiento de la Administración para que por las 
autoridades competentes se lleven a cabo las actuaciones que correspondan.
No obstante lo anterior, la inexistencia de canales específicos y formalizados a través 
de los cuales poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que 
pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones 
financiados con fondos europeos dificulta a las personas que tienen conocimiento de 
dichos hechos el traslado de esa información a las citadas autoridades.
A ello también contribuye la pluralidad de órganos y entidades que, en función del tipo 
de fraude o irregularidad, pueden tener competencia para la investigación de los hechos y 
para la exigencia de las responsabilidades que correspondan en cada caso, así como su 
dispersión.
Todo ello tiene como consecuencia que en muchas ocasiones las personas que tienen 
conocimiento de información relevante sobre hechos que pueden ser constitutivos de 
fraude o irregularidad desconocen la forma en la que tienen que proceder para poner dicha 
información en conocimiento de la Administración, la entidad u órgano al que deben 
remitirla, los requisitos que deben cumplir, las consecuencias de dicha remisión y el 
tratamiento que se va a dar a la información remitida, lo que supone para dichas personas 
un desincentivo en cuanto a la remisión de dicha información.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 74 del citado Reglamento (UE) 
1303/2013 establece en su apartado 3 que «los Estados miembros garantizarán que se 
pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones relacionadas 
con los Fondos Estructurales y de Inversión Europea». e.e
A la vista de lo anterior, con la finalidad de facilitar la remisión a las autoridades  w.b
competentes de cualquier información relevante en relación con hechos que puedan ser  323ww
cdoen dsitcithuati vinofso rdmea fcraióund ey  osu ir preogsutelariroidr aadn, áyli sai se fye rcetomsi sdióen c eanl ótrragliaznaor  yq uceo ocrodrirneasrp loan rdeac,e spec ióhna 
hpoadbriláit asdeor  uptoilirz aedl oS eprovri caiqou Nelalacsio pnearls doen aCs oqoured itneancgióann  cAonntiofrcaimudieen uton d cea innafol remsapceicóínfi cdoe  qeusee 
tipo y que deseen ponerla en conocimiento de la Administración a efectos de que las 
autoridades competentes puedan realizar las actuaciones que corresponda en cada caso.
El objetivo de esta Comunicación es precisamente informar sobre el establecimiento 
de dicho canal y fijar una serie de orientaciones generales sobre su funcionamiento, dando 
certidumbre a las personas que deseen utilizarlo y coordinando la actuación en esta 
materia de las autoridades encargadas de la gestión de fondos europeos.
Esta Comunicación no agota las medidas necesarias para lograr un tratamiento 
adecuado de esta materia, debiendo completarse con medidas adicionales como el 
establecimiento de mecanismos de protección de los informantes y la atribución 
centralizada a un órgano especializado de la Administración de verdaderas facultades de 
investigación administrativa en relación con las informaciones que se reciban a través del 
canal establecido en esta Comunicación, medidas ambas que requieren de las 
correspondientes reformas de carácter legislativo, que el Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude promoverá en el ejercicio de sus funciones pero que no pueden ser objeto de 
una Comunicación de esta naturaleza.
Por último, la disposición adicional 25ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, establece en su apartado 2 a) que corresponde al Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude «promover los cambios(...) administrativos necesarios para 
proteger los intereses financieros de la Unión Europea», siendo este el fundamento 
normativo en el que se enmarca el contenido de la presente Comunicación y el 
establecimiento del canal para la remisión de información al que se hace referencia en la 
misma.
Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Esta Comunicación tiene por objeto el establecimiento de orientaciones sobre la 
forma en la que pueden proceder aquellas personas que tengan conocimiento de hechos que 
puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones 
financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, y que 
deseen ponerlo en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades 
competentes puedan realizar las actuaciones necesarias para la investigación o verificación 
de dichos hechos, y, en su caso, para la tramitación de los procedimientos legalmente 
establecidos a efectos de exigir las responsabilidades que en cada caso procedan.
2.  Habida cuenta del ámbito de las funciones que se atribuyen al Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude por su normativa reguladora, la presente Comunicación debe 
entenderse aplicable tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico y local, y 
con independencia de la naturaleza pública o privada de la persona o entidad beneficiaria 
de los fondos.
Asimismo, la presente Comunicación debe entenderse también referida a los gastos 
que gestione directamente la Comisión Europea, cuando los mismos se realicen en 
territorio nacional o se trate de ayudas de las que sean beneficiarias personas o entidades 
ubicadas en dicho territorio.
Segundo.  Canal específico establecido por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier 
información relevante en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión 
Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que corresponden al Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude en dicho ámbito, cualquier persona que tenga  e.e
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en  b
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos  323ww
pNraoccieodneanl tdees  Cdoe olard Uinnaiócinó nE uArnotpiferaau pdoed práo rp moneedri odsic ehloesc thróencihcooss  ean t rcaovnéosc dimeile cnaton adl ehl aSbeilrivtaicdioo 
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información.
Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los citados 
medios electrónicos, los hechos podrán ponerse en conocimiento del Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude en soporte papel mediante el envío de la documentación en sobre 
cerrado a la siguiente dirección postal:
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Intervención General de la Administración del Estado.
Ministerio de Hacienda y _Función Pública.
Calle María de Malina 50, planta 12. 28006 -Madrid.
En este último caso, deberá comunicarse a la persona que hubiera remitido la 
información que esta ha sido recibida por el citado Servicio y que se le dará el tratamiento 
establecido en la presente Comunicación.
Tercero.  Contenido de la información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude.
1.  La información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a 
través de los medios establecidos en el apartado segundo deberá contener una descripción 
de los hechos de la forma más concreta y detallada posible, identificando, siempre que fuera 
posible, las personas que hubieran participado en los mismos; los negocios, convocatorias, 
instrumentos o expedientes afectados por la presunta irregularidad o fraude; la fecha cierta 
o aproximada en la que los hechos se produjeron; el Fondo o Fondos europeos afectados; 
el órgano o entidad que hubiera gestionado las ayudas; y los órganos o entidades a los que, 
adicionalmente y en su caso, se hubiera remitido la información.
Asimismo, deberá aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que 
facilite la verificación de los hechos comunicados y la realización de las actuaciones que 
correspondan en relación con los mismos.
2.  La persona que remita la información deberá identificarse mediante su número de 
NIF y su nombre y apellidos, debiendo indicar asimismo una dirección de correo 
electrónico, o en su defecto una dirección postal, a través de la cual el Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude pueda comunicarse con dicha persona.
Cuando la información se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en 
soporte papel, deberán constar en la misma los datos de identificación de la persona 
informante, con su correspondiente firma.
Cuarto.  Actuaciones a realizar por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
1.  El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude analizará la información recibida 
a efectos de determinar el tratamiento que deba darse a la misma, realizando las 
verificaciones y actuaciones que considere necesarias en el marco de las facultades que 
le atribuyen las disposiciones normativas aplicables.
A tales efectos, podrá solicitar la documentación o información adicional que estime 
oportuno, tanto a la persona que hubiera puesto en su conocimiento la información inicial 
como a los órganos o entidades que pudieran disponer de la documentación o información 
adicional que fuera necesaria.
2.  El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude no dará curso a la información 
recibida en los siguientes supuestos:
a)  Cuando los hechos comunicados no afecten a proyectos u operaciones financiados  s
con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, lo que se entiende sin perjuicio de  e.
la posibilidad de remitir la información al órgano o entidad competente por razón de la  w.
materia para su análisis o investigación. 323ww
persbo)n aC quuaen ldao h unboi ecroan rsetmenit iedno,  lean i nlofosr tméramciiónno sr eecsitbaibdlae cloidso sd aetno se ld aep aidretandtoifi ctearccieórno .de la
derivca) daCsu daen idnofo yrma asceió hnu rbeiceirbaidna a srochbirvea ldoos  msoisbmreo se lh feocnhdoos  oot rsaims ialacrteusa, csiionn qeuse a snete arpioorretes   BOE-A-cable e
ningún elemento relevante adicional.
d)  Cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente 
genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no 
permitan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude realizar una verificación razonable 
de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los 
hechos comunicados, atendiendo a los medios de que dispone el citado Servicio.
e)  Cuando la información recibida fuera manifiestamente infundada.
f)  Cuando, realizado el análisis a que se refiere el punto anterior de este apartado, el 
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda de forma motivada que los hechos 
comunicados no son constitutivos de fraude ni irregularidad.
En cualquier caso, cuando no se dé curso a la información recibida como consecuencia 
de lo dispuesto en este punto, esta circunstancia se comunicará a la persona que hubiera 
remitido la información inicial, indicando la causa que motiva dicha forma de proceder, a 
efectos de que aquella pueda realizar las actuaciones que considere oportunas.
3.  Cuando, realizado el análisis a que se hace referencia en el punto 1 de este 
apartado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda que los hechos 
comunicados pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad que afecte a los intereses 
financieros de la Unión Europea, elaborará un informe en el que pondrá de manifiesto los 
hechos analizados y su opinión motivada respecto del tratamiento que deba darse a los 
mismos de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Dicho informe se remitirá, junto con la información recibida del informante y las 
actuaciones realizadas por el citado Servicio, al órgano que en cada caso sea competente 
para tramitar los procedimientos o realizar las actuaciones adicionales que correspondan 
en función del tipo de fraude o irregularidad de que se trate.
4.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a la gravedad de los 
hechos comunicados, a las facultades necesarias para proceder a su verificación, a los 
medios de que disponga el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en cada momento 
y al resto de circunstancias concurrentes en cada caso, el citado Servicio podrá en 
cualquier momento remitir directamente las actuaciones al órgano competente a que se 
hace referencia en dicho apartado.
Asimismo, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude podrá remitir las 
actuaciones en cualquier momento a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude cuando 
entienda que la información recibida puede resultar de interés para dicha Oficina de cara 
a la apertura de la correspondiente investigación y, por las circunstancias señaladas en el 
párrafo anterior, entienda que esta puede realizar de una forma más eficaz el análisis y 
verificación de los hechos comunicados.
5.  La remisión de las actuaciones al órgano competente de conformidad con lo 
dispuesto en los dos apartados anteriores será comunicada por el Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude a la persona que hubiera remitido la información.
Quinto.  Garantía de confidencialidad.
1.  El personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude deberá guardar el 
debido secreto respecto de cualquier información de la que tenga conocimiento como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente Comunicación, no pudiendo utilizar dicha 
información para fines distintos de los establecidos en la misma.
2.  Salvo cuando la persona que hubiera comunicado la información solicite expresamente 
lo contrario, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude guardará total confidencialidad 
respecto de su identidad, de forma que la misma no será revelada a persona alguna. s
A tal fin, en el informe a que se hace referencia en el punto 3 del apartado cuarto y en  oe.
tsrcoeeudl aalallteesivvs loeqasnus   iaceao r camlaa ob uitondro iepcsnao tqcri idueoaeln  dSep esud,rd evaii ecclraitoau  napN cecaiorocsnniooednnsuaa cdl i erqd  utevoe eCta rhiolf iouocrb adpiceianiórraacnci  aioróle mnsmo eAilntincitdtietiofu ra dal aeus sdui e ndid,fe oes rdenmo toicfamiuccamiitócireniáón,n ntaa .losciísó  cndo aqmtuooes    2020-14323n https://www.
Asimismo, cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto, el Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude traslade las actuaciones a otros órganos para que por  Bc
estos se tramiten los procedimientos que correspondan, lo dispuesto en el párrafo anterior
será de aplicación a la documentación que se remita a esos otros órganos, salvo cuando 
se trate de órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal y la normativa reguladora del 
procedimiento judicial de que se trate exija otra cosa. En este último caso, la identidad de 
la persona informante se comunicará únicamente a las personas u órganos a los que 
resulte imprescindible.
Por último, y en la medida en que la normativa reguladora del procedimiento de que se 
trate así lo permita, será el propio Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el que 
realizará ante el órgano al que se hubieran remitido las actuaciones los trámites necesarios 
para que dicho procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente, de forma que, en su 
caso, la comunicación entre dicho órgano y la persona que hubiera remitido la información 
al citado Servicio se realice a través de este, a efectos de garantizar la confidencialidad de 
la identidad de aquella.
3.  Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la persona que 
hubiera remitido la información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hubiera 
actuado de mala fe, en cuyo caso el citado Servicio valorará promover la realización de las 
actuaciones que procedan de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Sexto.  Difusión del contenido de la presente Comunicación.
1.  A efectos de dotar de difusión a la presente Comunicación y facilitar su 
conocimiento por las personas que potencialmente puedan tener conocimiento de hechos 
que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u 
operaciones financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, se recomienda a 
las autoridades con competencias en la gestión de los diferentes Fondos europeos que 
adopten medidas adecuadas para la consecución de dicha finalidad.
2.  A tal fin, y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar, sería conveniente 
que dichas autoridades instruyeran a los órganos y entidades encargados de la tramitación 
y gestión de las diferentes ayudas para que incluyan, en todas las convocatorias de ayudas 
susceptibles de ser financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, una referencia 
expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en 
los términos establecidos en la presente Comunicación, aquellos hechos que pudieran ser 
constitutivos de fraude o irregularidad, así como, siempre que sea posible, adjuntar una 
copia de la misma como anexo a la convocatoria de que se trate.
A tales efectos, se podría incluir en dichas convocatorias un párrafo o artículo con la 
siguiente redacción:
«Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos 
de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o 
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la 
presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección 
web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y en 
los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, 
que se adjunta como anexo a la presente convocatoria.»
Sería asimismo recomendable que lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicase 
también a los procedimientos de contratación pública de aquellos contratos que fueran 
susceptibles de ser financiados con cargo a fondos de la Unión Europea, de forma que los  s
pliegos de cláusulas administrativas particulares o los documentos contractuales que se  oe.
estime oportuno en función del procedimiento aplicable, contuvieran una referencia  w.
annoárml3o.ag taivP aao  lrae o ustrerooñp alealaadd oiam,  yep noa n eeel fp eaác rtloraassf o da eau nrttoeerfroiidorazr.adre se l dceu mgpelsimtióienn teon  dme alatesr ioab ldigea cpiroenveesn cqiuóen  lay   2020-14323n https://ww
detección del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, dichas autoridades
deberían valorar la conveniencia de realizar las actuaciones necesarias para que las  Bc
descripciones de los sistemas de gestión y control de los diferentes programas operativos,
o los documentos análogos que correspondan de conformidad con la normativa reguladora 
de cada Fondo, incluyan una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude o irregularidad, así como una descripción resumida de los aspectos procedimentales 
contenidos en la presente Comunicación en relación con la remisión de la información al 
citado Servicio y el tratamiento por este de la información recibida.
4.  Con esa misma finalidad, sería recomendable que dichas autoridades realizasen 
las actuaciones necesarias para que tanto ellas como los órganos y entidades encargados 
de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyeran en sus respectivas páginas 
web, y en las aplicaciones informáticas de gestión de los diferentes fondos y programas, 
un apartado específico que contenga la información señalada en el punto 3 y en el que se 
incluya un enlace directo al canal específico habilitado por el Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude mencionado en el apartado segundo, a efectos de facilitar la 
remisión de información al citado Servicio desde dichas aplicaciones y páginas web.
Séptimo.  Resolución de las dudas que pueda plantear el contenido de la presente 
Comunicación.
El canal habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a que se hace 
referencia en el apartado segundo podrá ser utilizado, con carácter previo a la eventual 
remisión de información, para plantear a dicho Servicio las cuestiones que susciten dudas 
en relación con la forma y requisitos con los que la información debe ser remitida a través 
del mismo, con el tratamiento que se dará a·la misma, y, en general, con cualquier aspecto 
relativo al contenido de la presente Comunicación.
Octavo.  Información relativa a hechos que afecten a los ingresos del presupuesto de la 
Unión Europea.
Esta Comunicación no resulta de aplicación a los casos en los que la información de 
que se hubiera tenido conocimiento se refiera a derechos aduaneros o al resto de ingresos 
del presupuesto de la Unión Europea cuya competencia corresponda a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.
En estos casos, la remisión a la Administración de dicha información deberá realizarse 
a través de los cauces y procedimientos establecidos en el artículo 114 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y resto de normativa tributaria que pudiera resultar 
de aplicación.
Noveno.  Compatibilidad con los cauces y procedimientos establecidos por otras 
disposiciones.
A efectos de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que 
puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, lo dispuesto en esta Comunicación se 
entiende sin perjuicio de la posibilidad de emplear los cauces y procedimientos 
contemplados por las disposiciones normativas que resulten de aplicación en cada caso, y, 
en particular, los contemplados en la normativa reguladora del procedimiento judicial penal.