BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8315
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1216 Resolución de 13 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Badajoz n.º 3, por la que se deniega la 
práctica de una nota marginal.
En el recurso interpuesto por don R. C. V., Secretario General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad 
de Badajoz número 3, don Ignacio Burgos Bravo, por la que se deniega la práctica de 
una nota marginal.
Hechos
I
Mediante comunicación expedida el día 11 de septiembre de 2020 por el Secretario 
General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, don R. C. V., se solicita que, a la 
vista de una previa comunicación recibida procedente del Registro de la Propiedad en 
relación a un expediente de inscripción de representación gráfica, se practique una nota 
marginal en la que se advierta que «el dominio público no está deslindado y que la finca 
inscrita  o  inmatriculada  puede  verse  afectada  en  todo  o  en  parte  por  un  eventual 
deslinde».  Asimismo,  que  se  deje  constancia  mediante  nota  al  margen  de  las 
limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y las obras y 
construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo 
urbanizado.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, 
es objeto de la siguiente calificación negativa: «Recibido el pasado día 24 escrito, 
expedido en Badajoz, el 11 de los corrientes, por Don R. C. V. Secretario General de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, y en el que se solicita la pertinente nota al 
margen de la finca registral 58.267, así como la oposición del inicio del expediente para 
inscribir la representación geográfica georreferenciada de dicha finca, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, previa calificación por el 
registrador, he resuelto: Fundamentos de Derechos [sic]:
El artículo 20 de la Ley Hipotecaria, establece: “Para inscribir o anotar títulos por los 
que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos 
reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos.
El artículo 199 de la Ley Hipotecaria: 1. El titular registral del dominio o de cualquier 
derecho real sobre finca inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma 
acreditando  su  ubicación  y  delimitación  gráfica  y,  a  través  de  ello,  sus  linderos  y  es
superficie, mediante la aportación de la correspondiente certificación catastral descriptiva  o
y gráfica. El Registrador sólo incorporará al folio real la representación gráfica catastral  16ww
tfnéruosaettsorif aissc  eaedrcle  nipsóorcnoto icfnsieceoad cdihimdaaoi rea,á n  lstodoese,    iatgiftsonuíro lmacrroeaem  sep olre  ealrugs lgioosantsrra a dlld.ee es El  andlas e  efln ilnd occotaiamfisscio nar eicodgi óedisn et qr oaula,le e f tsiran aclcgsoa ul dinsnoiod sn a donie nthe teulsonb satieo feirsnac,t ntean ridoena sicfsaui.ade dLoroaas     OE-A-2021-12able en https://
efectiva la notificación, se hará mediante edicto insertado en el "Boletín Oficial del
Estado", sin perjuicio de utilizar, en todo caso, el sistema de alertas previsto en la regla 
séptima del artículo 203. Los así convocados o notificados podrán comparecer en el 
plazo de los veinte días siguientes ante el Registrador para alegar lo que a su derecho 
convenga.  Cuando  las  fincas  colindantes  estén  divididas  en  régimen  de  propiedad 
horizontal, la notificación se realizará al representante de la comunidad de propietarios. 
No será precisa la notificación a los titulares registrales de las fincas colindantes cuando 
se trate de pisos, locales u otros elementos situados en fincas divididas en régimen de 
propiedad horizontal. La certificación gráfica aportada, junto con el acto o negocio cuya 
inscripción se solicite, o como operación específica, será objeto de calificación registral 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9. El Registrador denegará la inscripción de la 
identificación gráfica de la finca, si la misma coincidiera en todo o parte con otra base 
gráfica  inscrita  o  con  el  dominio  público,  circunstancia  que  será  comunicada  a  la 
Administración titular del inmueble afectado. En los demás casos, y la vista de las 
alegaciones  efectuadas,  el  Registrador  decidirá  motivadamente  según  su  prudente 
criterio, sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la 
finca  o  de  cualquiera  de  las  registrales  colindantes  determine  necesariamente  la 
denegación de la inscripción. La calificación negativa podrá ser recurrida conforme a las 
normas generales. Si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica 
fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor 
podrá  instar  el  deslinde  conforme  al  artículo  siguiente,  salvo  que  los  colindantes 
registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada, bien 
en documento público, bien por comparecencia en el propio expediente y ratificación 
ante el Registrador, que dejará constancia documental de tal circunstancia, siempre que 
con  ello  no  se  encubran  actos  o  negocios  jurídicos  no  formalizados  e  inscritos 
debidamente. En caso de calificación positiva, la certificación catastral descriptiva y 
gráfica se incorporará al folio real y se hará constar expresamente que la finca ha 
quedado  coordinada  gráficamente  con  el  Catastro,  circunstancia  que  se  notificará 
telemáticamente al mismo y se reflejará en la publicidad formal que de la misma se 
expida. 2. Cuando el titular manifieste expresamente que la descripción catastral no se 
corresponde con la realidad física de su finca, deberá aportar, además de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica, una representación gráfica georreferenciada alternativa. El 
Registrador, una vez tramitado el procedimiento de acuerdo con el apartado anterior, en 
el que además se deberá notificar a los titulares catastrales colindantes afectados, 
incorporará la representación gráfica alternativa al folio real, y lo comunicará al Catastro 
a fin de que incorpore la rectificación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado  3  del  artículo  18  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Practicada la alteración, el 
Catastro  lo  comunicará  al  Registrador,  a  efectos  de  que  este  haga  constar  la 
circunstancia de la coordinación e incorpore al folio real la nueva representación gráfica 
catastral de la finca. La representación gráfica alternativa solo podrá ser objeto de 
publicidad registral hasta el momento en que el Catastro notifique la práctica de la 
alteración catastral, y el Registrador haga constar que la finca ha quedado coordinada 
gráficamente con el Catastro.
El apartado 3.b) del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, establece: “El expediente para 
rectificar la descripción, superficie o linderos de cualquier finca registral se tramitará 
siguiendo las reglas prevenidas en el artículo 203, con las siguientes particularidades:…
Tampoco será necesario tramitar el expediente de rectificación para la constatación de 
diferencias de cabida de la finca inscrita, en los siguientes supuestos:…..b) En los  s
supuestos de rectificación de la superficie, cuando la diferencia alegada no exceda del  oe.
cinco por ciento de la cabida que conste inscrita. En ambos casos será necesario que el  w.
Registrador,  en  resolución  motivada,  no  albergue  dudas  sobre  la  realidad  de  la  16ww
minsocdriiftiaca, ceinó nla s roeliicteitraadcaió, nfu dned aredcatsif iecanc liao nperes vsiao bcroem lap rmobisamciaó no,  ecno ne le hxaeccthitou dd,e d per olac ecdaebri dlaa 
dfinivcisai ódne o  alcat oasg rdeeg acmióond,i fiecna clioósn  qduee  esnet ihdaaydae sd ehtiepromteincaadrioa sc, ocno emxoa cltait usde sgure gsuapcieórnfi,c iela.   BOE-A-cable e
Realizada la operación registral, el Registrador la notificará a los titulares registrales de 
las fincas”.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de fecha, 
entre otras, de 9 de Agosto de 2019, reitera la importancia de la protección registral que 
la Ley otorga al dominio público, inscrito o no (ver, por ejemplo, R. 15.03.2016 y R. 
12.04.2016); pero señala también que un principio básico del Derecho hipotecario es el 
de tracto sucesivo (art. 20 LH), que exige para la modificación del Registro que el titular 
registral  haya  prestado  su  consentimiento  «o  que,  si  se  trata  de  procedimientos 
administrativos o judiciales, haya sido llamado adecuadamente a dichos procesos a 
efectos de que no se produzca su indefensión»; en el caso concreto «no consta que se 
haya dado traslado del expediente administrativo al titular registral de la finca afectada».
Y además la Resolución de dicha Dirección General, de fecha 19 de septiembre 
de 2019, destaca, a la vista de la dispuesto en el artículo 8, ap. 5, de la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que la publicada registral mediante un asiento en la 
finca solo se contempla legalmente una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con 
intervención de los interesados.
Artículos 24 de la Constitución española; 1.3.º, 18, 20, 38, 40 y 326 de la Ley 
Hipotecaria; 99 del Reglamento Hipotecario; 36.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  85  del  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local;  36  del  Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales; 10.1 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; las Sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre de 2013, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de marzo 
y 8 de mayo de 2012, 11 de marzo, 10 de julio y 17 de septiembre de 2014, 25 de marzo 
de 2015, 15 de marzo y 12 de abril de 2016, 10 de abril de 2017, 30 de noviembre 
de 2018 y 2 de enero, 14 de mayo y 12 de junio de 2019.
En virtud de los fundamentos de derechos [sic] le comunico lo siguiente:
1.  Que la representación gráfica de las fincas proviene de datos extraídos por la 
Dirección General del Catastro, por lo que se presumen veraces conforme a lo dispuesto 
en el artículo 3.3 del Real Decreto 1/2004 de 5 de marzo.
2.  En cuanto a la nota de constancia que solicitan, se deniega porque, tal y como 
establecen dichas Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, es un principio básico del Derecho Hipotecario el de tracto sucesivo (art. 20 LH), 
que exige para la modificación del Registro que el titular registral haya prestado su 
consentimiento y que se haya iniciado el correspondiente expediente de deslinde con su 
intervención o, en su defecto, la orden judicial correspondiente.
3.  Por último, destacar que la acción de deslinde no se ve perjudicada por la 
actuación registral, como consecuencia de la protección que el Ordenamiento otorga a 
los bienes de dominio público y, en consecuencia, no se considera fundamentada la 
oposición formulada a efectos de impedir el derecho de los particulares a concretar la 
esfera sobre la que ejercen su dominio.
En virtud de lo anterior, este Registrador ha resuelto desestimar su oposición y, al 
tiempo, DENEGAR la práctica de las pertinentes notas al margen solicitadas, por ser 
contrario a dichos preceptos legales. Badajoz, 30 de septiembre de 2020. El Registrador,  e
Firmado: Ignacio Burgos Bravo.» bo
interDpouns oR r.e cCu.r sVo.,  cSoenctrrae tlaar ioa nGteerinoer racal ldifeic alaIcIi IóCno mnfeeddiearnatcei óens cHriitdor odger áffeiccah ad e6l  dGeu oacdtiuabnrae,   OE-A-2021-12able en https://
de 2020 que tuvo entrada en el citado Registro el día 13 del mismo mes, en el que alega
lo siguiente: «Primero.–Notificado por el Registro de la Propiedad n.º 3 de Badajoz, de 
conformidad con el art. 199 de la Ley Hipotecaria, el inicio del expediente para inscribir la 
representación geográfica georreferenciada de las fincas catastrales que se pretenden 
inmatricular [sic]:
Asiento de presentación: 1.127 del Diario 101.
Referencia catastral: 06900A206000120000EP Y 10 referencias catastrales más.
Finca Registral: 58.267 del TM de Badajoz.
Idufir: 06018000694376.
Segundo.–Presentado por este Organismo de cuenca escrito de oposición, en que se 
hacía  constar  que,  en  el  caso  de  posterior  inmatriculación,  la  oposición  de  este 
organismo de cuenca, como colindante registral, a la inscripción de la representación 
geográfica georreferenciada de las fincas catastrales que se pretende inmatricular, con la 
constancia mediante nota al margen, de la advertencia de que "el dominio público 
hidráulico no está deslindado y que la finca inscrita o inmatriculada puede verse afectada 
"en todo" o "en parte" por un eventual deslinde".
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9, art. 9 bis, y 9 ter ss. del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/ 
1985, de 2 de agosto, de Aguas, modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, sobre las limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y 
las Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica 
de  suelo  urbanizado,  se  deje  constancia  mediante  nota  al  margen,  de  dichas 
limitaciones.
Todo ello de conformidad con la regulación contenida en el párrafo segundo del 
apartado 2.b) de la Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos 
extremos regulados en la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/ 2015, 
de 24 de junio, que dispone que:
"Las notificaciones efectuadas a los colindantes registrales se harán constar por nota 
al margen de la finca correspondiente, así como la oposición formulada por sus titulares, 
en su caso."
Tercero.–Con fecha 30.09.2020, notificado el 06.10.2020, se dictó resolución por el 
Sr Registrador, por el que desestima la oposición presentada y deniega la práctica de las 
pertinentes notas al margen solicitadas.
Cuatro.–De conformidad con lo dispuesto en el art. 327 de la Ley Hipotecaria, el 
recurso  se  presentará  ante  el  Registro  que  efectuó  la  calificación  negativa  (en  el 
presente caso el RP de Badajoz n.º 3) para su remisión a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, para su resolución. Acompañando para ello los documento 
que se especifican en el citado precepto
Artículo 327 “(...)”.»
IV
El registrador de la propiedad de Badajoz número 3, emitió informe ratificando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho w.
HipoVteisctoasri olo; sa ratírctíucluol o9s5  9d,e 2l 0R, e4a0l  Dy e1c9r9e tdoe L leag Liselay tiHvoip o1t/e2c0a0r1ia, ;d aer t2íc0u dloe  9ju9l idoe, lp Rore egll aqmueen stoe 
Dapercureebtoa  84e9l /1t9e8xt6o,  dree fu11n ddideo  abdreil,  plao r Leel yq ued es e Aagpurause;b aa retlí cRuleog la2m42e ntob isd eld eDlo mRineiaol 
Público  Hidráulico;  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas; Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos regulados en la 
reforma  de  la  Ley  Hipotecaria  operada  por  la  ley  13/2015,  de  24  de  junio  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre 
de 2014, 15 de marzo de 2016, 13 de noviembre de 2017, 19 de julio de 2018, 4 de julio 
de 2019, 19 de septiembre de 2019 y las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de marzo de 2020, 11 de diciembre de 2020 y 16 
de octubre de 2020.
1.  Es objeto de este expediente decidir si, a solicitud de la Administración titular del 
dominio público hidráulico, puede practicarse una nota marginal en una finca colindante 
a la misma en la que se advierta que «el dominio público no está deslindado y que la 
finca inscrita o inmatriculada puede verse afectada en todo o en parte por un eventual 
deslinde»; así como que se deje constancia mediante nota al margen de las limitaciones 
a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y las obras y construcciones en la 
zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado.
El registrador deniega la operación solicitada, en síntesis, porque la práctica de la 
nota  marginal  exige  para  la  modificación  del  Registro  que  el  titular  registral  haya 
prestado su consentimiento y que se haya iniciado el correspondiente expediente de 
deslinde con su intervención.
La Administración solicitante recurre la calificación invocando el párrafo segundo del 
apartado 2.b) de la Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos regulados en la 
reforma de la Ley Hipotecaria operada por la ley 13/2015, de 24 de junio que prevé que 
«las notificaciones efectuadas a los colindantes registrales se harán constar por nota al 
margen de la finca correspondiente, así como la oposición formulada por sus titulares, en 
su caso».
Procede  para  la  resolución  de  este  recurso  reiterar,  una  vez  más,  los 
pronunciamientos de esta Dirección General en casos similares (cfr. «Vistos»).
2.  Se plantea como única cuestión si es posible practicar, a requerimiento de la 
Administración, una nota marginal con la finalidad de advertir que una finca colinda con 
el dominio público hidráulico, el cual no está deslindado, sin que ni siquiera se haya 
iniciado este procedimiento, a los efectos de advertir las posibles consecuencias de un 
eventual deslinde y las limitaciones que de esta colindancia se derivan.
La  publicidad  del  procedimiento  de  deslinde  del  dominio  público  hidráulico  se 
contempla en el artículo 242 bis apartado 2 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que dispone lo 
siguiente  «Cuando  los  interesados  en  el  expediente  aporten  títulos  inscritos  en  el 
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 
público, el Organismo de cuenca lo comunicará al registrador, al objeto de practicar la 
anotación  preventiva  correspondiente,  en  donde  se  hará  constar,  además  de  las 
circunstancias  previstas  con  carácter  general  en  la  legislación  hipotecaria,  las 
específicas que acrediten la tramitación de un expediente de deslinde, y la advertencia, 
según proceda, de que en su virtud la finca puede resultar en todo o en parte de dominio 
público.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  una  vez  iniciado  el  procedimiento  de  deslinde,  el 
Organismo de cuenca podrá solicitar al registrador que extienda anotación preventiva 
acreditativa de la existencia de aquél en las fincas que pudieran resultar afectadas.
Si las fincas no estuvieran inscritas, la anotación preventiva se tomará, además, por  e.
la falta de previa inscripción». w.b
Se observa, por tanto, que la publicidad registral mediante un asiento en la finca sólo  16ww
sinet ecreosnatedmosp.la una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los
princ3i.p ioE dseta  trúaltcimtoa s cuuceesstivióon  nroe scualtbae  dper accatpicitaarl  nreinlegvúann acisaie pnutoe seton  quunea  pfinocr aa pelnic avciritóund  ddeel 
una  resolución  administrativa  sin  que  el  interesado  haya  tenido  intervención  en  el 
procedimiento correspondiente.
Como ha venido resolviendo esta Dirección General (vid. por todas, la Resolución 
de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo 
había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su 
función,  goza  el  registrador  de  una  mayor  libertad  para  calificar  el  documento 
administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los 
trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. 
entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza 
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces 
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que 
legalmente están investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 
27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 
y 1 de junio de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están 
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene 
declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la 
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de 
una indefensión procesal, y  en este sentido  –como  una garantía más del derecho 
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del 
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el 
curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan 
tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.
4.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora del dominio público hidráulico, ni tampoco se prevé 
en la normativa general de las Administraciones Públicas.
Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre 
(cfr. artículo 52), también se contempla la publicidad registral una vez iniciado dicho 
procedimiento.
Ahora bien, el artículo 9 letra a) de la Ley Hipotecaria dispone que «cuando conste 
acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 
administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 
previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de  s
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de  oe.
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita  w.
a  expresar  la  colindancia  con  el  dominio  público,  lo  cual  ya  resulta  de  la  propia  16ww
addevsicerriptec ilóan p doesi blaili dfiandc ad e( cufrn.  eavrteícnutuloa l 9d edsel inlad eL, esyin H ciopnocterecatarria s iyq u5ie1r ad es i seufe Rcteivgalammeennteto l)a; 
fleingcaal epsu ddeiel rdae svleinrsdee ,a cfueectsatidóan  pqoure  erlelos uylt ae nd eq ulaé  pmroepdiaid Lae; ya.demás de recordar los efectos  BOE-A-cable e
Por tanto, tampoco puede practicarse la nota marginal solicitada al amparo de este 
precepto,  pues  no  resulta  una  concreta  calificación  urbanística,  medioambiental  o 
administrativa de la finca más allá de su colindancia con el dominio público y no resulta 
de la solicitud la intervención del titular de la finca.
5.  Todo lo expuesto es sin perjuicio de la tutela del dominio público que proceda en 
el curso de cualquier expediente registral que afecte a la finca.
Como ya se indicó por este Centro Directivo en su Resolución de fecha 15 de marzo 
de 2016 y ha reiterado en otras muchas posteriores, la obligación legal a cargo de los 
registradores de la Propiedad de tratar de impedir la práctica de inscripciones que 
puedan invadir el dominio público tiene su origen y fundamento, con carácter general, en 
la legislación protectora del dominio público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como 
en  su  artículo  30,  los  bienes  y  derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual no es sino manifestación del 
principio y mandato supremo contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de 
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas 
deben  inscribir  en  los  correspondientes  Registros  los  bienes  y  derechos  de  su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros».
Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción registral, se 
establece a su cargo, además del mandato general de colaboración y suministro de 
información de los artículos 61 y 64, una previsión específica en el artículo 39 conforme 
a  la  cual  «los  registradores  de  la  propiedad,  cuando  tuvieren  conocimiento  de  la 
existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no 
estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda 
su administración, para que por éstos se inste lo que proceda».
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. resolución 
de 23 de enero de 2019).
Pero  la  protección  registral  que  la  ley  otorga  al  dominio  público  no  se  limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento 
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo  s
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes (supuesto de este  oe.
expediente),  el  registrador  ha  de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que  w.
acrediten que la inscripción pretendida no invade el dominio público. 16ww
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ddee  ucosom ppúrobbliacro  qgueen eerla sl.uelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres  BOE-A-cable e
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
6.  En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la 
instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento 
del  artículo  199  de  la  Ley  Hipotecaria  para  incorporar  la  base  gráfica  catastral, 
habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Confederación 
Hidrográfica como titular de dominio público colindante, quien presentó alegaciones que 
fueron rechazadas por el registrador, procediéndose a la inscripción de la base gráfica.
Si bien debe quedar constancia en el folio real de los trámites de dicho expediente 
(cfr. Resolución Circular de 3 de noviembre de 2015, invocada en el recurso), lo que se 
pretende por el recurrente no es la mera constancia de este trámite de notificación y su 
oposición,  sino  que,  como  afirma  el  registrador  en  su  informe,  viene  a  exigir  un 
determinado contenido, lo que va más allá de la mera constancia de la tramitación del 
citado expediente.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación del registrador en el sentido de que no puede hacerse constar en 
el Registro que una finca está pendiente de deslinde ni las limitaciones que del mismo se 
derivan  en  las  fincas  colindantes,  sin  haberse  incoado  el  oportuno  expediente  de 
deslinde con intervención del titular registral.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  oe.
Pública, Sofía Puente Santiago. w.