BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Viernes 26 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 145866
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19572 Resolución  de  3  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de La Vecilla-Cistierna, por la que se 
suspende la inmatriculación de una finca.
En el recurso interpuesto por don G. G. R. contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad de La Vecilla-Cistierna, doña Triana García-Miranda Fernández de Cañete, 
por la que se suspende la inmatriculación de una finca.
Hechos
I
En virtud de escritura pública de aportación de gananciales, autorizada el día 3 de 
diciembre  de  2020  por  el  notario  de  León,  don  Gustavo  Parco  Arrondo,  con  el 
número 1.284 de protocolo, precedida de una previa escritura de compraventa con 
confesión de privatividad autorizada el día 21 de junio de 2018 por el notario de León, 
don Francisco Enrique Ledesma Muñiz, con el número 1.377 de protocolo, se solicitaba 
la inmatriculación de una finca en Boñar.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad La Vecilla-Cistierna, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
La Registradora de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
documento presentado por Don G. G. R., G. [sic], el día 28/05/2021, bajo el asiento 
número 757, del tomo 57 del Libro Diario y número de entrada 1059, que corresponde al 
documento otorgado por el notario de León, don Francisco Enrique Ledesma Muñiz, con 
el número 1377/2018 de su protocolo, de fecha 21/06/2018, ha resuelto no practicar los 
asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
En virtud del documento presentado, se pretende la inmatriculación de la finca 
urbana sita (…) en el municipio de Boñar.
Para la inmatriculación se presentan:
– Primero, como título, escritura de Aportación a gananciales autorizada en León 
el 3 de diciembre de 2020, por el Notario don Francisco Enrique Ledesma Muñiz [sic], 
con el número de protocolo 1284.
– Segundo, como antetítulo, escritura de compraventa con confesión de privatividad  e
autorizada en León por el antecitado Notario, el 21 de junio de 2018, con el número de  bo
protocolo 1377. 572ww
Fundamentos de Derecho:
La doctrina de la DGSJyFP impone que han de extremarse las precauciones para 
evitar que la documentación que acredita la previa adquisición por el transmitente haya 
sido elaborada con el solo fin de conseguir la inmatriculación.
En este caso, se pretende la inmatriculación mediante una escritura de aportación a 
la sociedad ganancial otorgada por quien, en escritura autorizada por el mismo notario, y 
con  el  lapso  de  tiempo  justo  para  cumplir  el  requisito  del  año  entre  títulos,  había 
comprado la finca para sí, con confesión de privatividad realizada por su cónyuge.
Contra esta calificación (…)
La  Vecilla,  veintiuno  de  junio  del  año  dos  mil  veintiuno  La  Registradora  de  la 
Propiedad (firma ilegible), Fdo: Doña Triana García-Miranda Fernández de Cañete».
III
Contra la anterior nota de calificación, don G. G. R. interpuso recurso el día 9 de 
agosto de 2021 mediante escrito y en base a las siguientes alegaciones:
«(…)  Que  habiendo  recibido  con  fecha  28  de  Junio  de  2.021,  notificación  de 
calificación desfavorable procedente del Registro de la Propiedad de La Vecilla por la 
que conforme al Artículo 18 de la Ley Hipotecaria de 27 de Diciembre, y los artículos 98 
y siguientes del Reglamento Hipotecario, la Registradora, previo examen y calificación 
del documento (…) resuelve no practicar los asientos solicitados, venimos a presentar 
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en base a las 
siguientes alegaciones:
Primera.–La notificación de calificación desfavorable que venimos a recurrir restringe 
de forma antijurídica el ámbito de autonomía de la voluntad y de contratación entre los 
cónyuges reconocido entre otros, por los arts. 1.323, 1.355 y 1.255 CC. Por otra parte, 
no se entiende la alusión a que el Registrador pueda cuestionar –dentro de los límites de 
su función calificadora– los juicios del notario pero no los hechos que estén bajo su fe 
(arts. 1 LN y 1 RN), puesto que ningún Juicio del notario se proyecta a la naturaleza de lo 
adquirido, que es consecuencia del acuerdo entre los cónyuges y no de los principios de 
subrogación real ni de presunción de ganancialidad, siempre subsidiarios de aquélla.
Segunda.–La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código 
Civil se caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, 
en los artículos 1.315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1.325 
(libertad en cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1.328 (libertad de pacto 
en tanto las estipulaciones no sean contrarias a las leyes o las costumbres o limitativas 
de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge) y 1.323 (posibilidad de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo  1315).  Los  amplios  términos  del  artículo  1.323  del  Código  Civil  posibilitan 
cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y, por ende, entre sus 
patrimonios privativos y el consorcial, siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera 
de los medios legítimos previstos al efecto –entre los cuales no puede desconocerse el 
negocio  de  aportación  de  derechos  concretos  a  una  comunidad  de  bienes  no 
personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y 
diferenciada  con  sus  propios  elementos  y  características–,  y  cuyo  régimen  jurídico  e.
vendrá determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los  w.b
límites legales (artículos 609,1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la  572ww
normTeartcivear ad.e–lE Cnó deilg oc aCsiov il.que nos ocupa, sin perjuicio de que en un primer negocio
pjurroídveicnoi ennutee sdtero u nreap hreesreennctaiad,o q uaed qsui ibeireen  lsae  fhinacbaí a dinet efgorramdao  perniv ealt ipvaat,r imutoilinziaon gdaon adninceiarol, 
existía la confesión de privacidad de la esposa, motivo por el cual se dio al negocio el
carácter de gratuito con exclusión del derecho posterior de reembolso, con posterioridad 
y para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, el matrimonio decide de 
mutuo acuerdo integrar el bien inmueble en la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es 
la propia relación matrimonial. Se trata de sujetar el bien al peculiar régimen de afección 
propio de los bienes gananciales, en cuanto a su administración, disposición, cargas, 
responsabilidades, liquidación que puede conducir a su atribución definitiva a uno u otro 
cónyuge, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, o sus respectivos herederos.
El cambio viene motivado, por la decisión conjunta de los cónyuges de proceder a la 
reforma y mejora del bien adquirido con carácter privativo, y a la decisión conjunta y 
meditada de utilizarlo para el beneficio y disfrute de la familia. El cambio es, a su vez, 
posterior a la primera intención del adquirente, que era la de integrarlo en su patrimonio 
privativo, y dejar ese bien al margen de su sociedad de gananciales.
Cuarta.–Resulta relevante en la regulación que confiere el RH a los bienes “privativos 
confesados” el hecho de que su inscripción, tras la reforma operada en el RH en 1982, 
se incardina dentro de la inscripción de bienes privativos y no, como antes ocurría, como 
presuntivamente gananciales. La razón que justifica tal Inscripción se encuentra en el 
art.1324 C.C. y la consideración que el mismo otorga a la confesión de privacidad 
realizada por un cónyuge a favor del otro.
Quinta.–Es con posterioridad a la compra-venta privativa del bien inmueble, cuando 
la familia, sus hijos en concreto, empiezan a mostrar interés por el bien adquirido por su 
padre, y se va fraguando la idea de constituir en el mismo una segunda residencia 
familiar, (dado que la finca adquirida se encuentra contigua a otra, propiedad de la familia 
del adquirente), si bien dada la necesidad de invertir un dinero en la reforma, es por lo 
que se decide aportar el bien adquirido a la sociedad de gananciales.
Entiende esta parte que la exigencia de especificación causal del negocio ha de ser 
interpretada en sus justos términos, debiendo primar siempre la voluntad de las partes.
Sexta.–No  debemos  olvidar  que,  la  Ley  14/1975,  de  2  de  mayo,  permite  la 
modificación del régimen económico matrimonial por voluntad de los cónyuges (art. 1326 
C.C.), y que el art.1323 C.C. (Introducido con la reforma operada por Ley 11/1981, de 13 
de mayo) permite que los cónyuges celebren entre sí todo tipo de contratos, así como 
que se transmitan por cualquier título bienes y derechos.
Si bien, dicho esto, y como el primer negocio jurídico se lleva a cabo como bien 
privativo  confesado  y  no  como  bien  privativo  demostrado,  como  quiera  que  con 
posterioridad  se  decide  por  los  cónyuges,  invertir  un  dinero  ganancial  en  el  bien 
adquirido privativamente, para darle al mismo un destino ganancial y utilizarlo como 
residencia destinada al uso y disfrute de la unidad familiar, es por lo que se decide hacer 
la aportación del bien a la sociedad de gananciales, en aras a no perjudicar futuros 
derechos de terceros que podrían verse afectados por la confesión de privacidad.
Séptima.–Por  todo  lo  expuesto,  y  entendiendo  esta  parte  que  ambos  negocios 
jurídicos son perfectamente válidos, y entran dentro de la libertad de contratación entre 
los cónyuges, y estando justificado tanto la privacidad del dinero invertido en la compra 
del inmueble (pues siendo de otro modo, porqué iba a acceder la esposa a confesar la 
privaticidiad [sic] de un dinero que también era suyo), como que posteriormente se 
decide elevar una construcción en el Inmueble adquirido de forma privativa y es por lo 
que surge la necesidad de aportar el bien a la sociedad de gananciales, pues de lo 
contrario, la esposa no accedería a invertir dinero ganancial en el mismo, es por lo que 
venimos a solicitar la inscripción de ambos negocios jurídicos, en base a los artículos 
que anteriormente se han expuesto ya en el cuerpo de este escrito. s
En su virtud, suplico a la Dirección General de Registros y Notariado, que teniendo  w.b
por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo, y en mérito a lo expuesto,  572ww
ipnrveevritoidso lo esn t rláam ciotemsp lreag adleels I nompouretubnleo,s e, ny  uconn psriidmeerar nmdoom aecnretod,i tay dlaa  lnae pcreivsaidcaidda dde d aepl odrintaerrloo 
am issumso ,s ovceineidmaods d ae  sgoalnicaitnacri alale sin emna turinc umlaocmióenn dtoe  plao sftienrcioar,,  ppraervai ap oindsecrr ipecdiiófinc adr es oabmreb oesl 
negocios jurídicos por ser perfectamente validos en derecho».
IV
La registradora de la Propiedad de La Vecilla-Cistierna, doña Triana García-Miranda 
Fernández de Cañete, emitió informe, manteniéndose íntegramente en su calificación, y 
elevó expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 199, 201 y 205 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de junio de 2009, 19 de octubre 
de 2010, 30 de octubre de 2012, 29 de mayo de 2014, 19 de noviembre de 2015, 11 de 
mayo y 1 de julio de 2016 y 31 de enero, 18 de abril, 25 y 27 de julio y 5 de septiembre 
de 2018, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 12 de junio de 2020.
1.  La presente Resolución tiene por objeto la inmatriculación de una finca.
Con  fecha  28  de  mayo  de  2021  se  presentó  una  escritura  de  aportación  a 
gananciales otorgada en León el día 3 de diciembre de 2020 ante su notario, don 
Gustavo Parco Arrondo, bajo el número 1.284 de su protocolo, acompañada de una 
previa escritura de compraventa con confesión de privatividad autorizada en León por su 
notario, don Francisco Enrique Ledesma Muñiz, el día 21 de junio de 2018, con el 
número de protocolo 1.377, en cuya virtud se solicita la inmatriculación de una finca en el 
municipio de Boñar.
La registradora suspende la inscripción por entender que es una documentación 
creada «ad hoc», lo que supone eludir las prevenciones que para la inmatriculación 
mediante título público ha instituido el legislador.
El  recurrente  entiende  que  no  es  así,  que  no  se  dan  razones  objetivas  para 
considerar que se da instrumentalidad que impida la inmatriculación.
2.  Debe recordarse, como ya ha señalado este Centro Directivo (vid. Resolución 
de 31 de enero de 2018), que en todo caso el registrador debe extremar el celo en las 
inmatriculaciones para evitar que se produzca la indeseable doble inmatriculación.
No supone una extralimitación competencial, sino todo lo contrario, que el registrador 
califique si los títulos presentados para inmatricular una finca cumplen los requisitos 
legales o han sido elaborados ad hoc de manera artificiosa para eludir el cumplimiento 
de la finalidad y razón de ser esencial de tales preceptos.
Así en la Resolución de 29 de mayo de 2014, se señala que «la doctrina de este 
Centro Directivo (…) ha establecido que, no obstante, se viene exigiendo también, a fin 
de garantizar la objetividad y publicidad del procedimiento, (…) que de las circunstancias 
concurrentes no resulte que la documentación se haya creado artificialmente con el 
objetivo de producir la inmatriculación. Un extremo que puede, y debe, apreciar el 
registrador con apoyo en una pluralidad de factores (tales como la simultaneidad de 
fechas  de  los  títulos,  transmisiones  circulares,  ausencia  de  función  económica, 
neutralidad o bajo coste fiscal de los negocios traslativos, etc.) que ofrezcan indicios 
suficientes  de  que  la  documentación  ha  sido  creada  o  concebida  ad  hoc  (…)  La 
inmatriculación de fincas por la vía del doble título exige el encadenamiento de dos 
adquisiciones sucesivas o directamente coordinadas con la finalidad de lograr cierta 
certidumbre de que el inmatriculante es su verdadero dueño. Se busca así que sean dos 
transmisiones efectivas y reales. Por ello, y aun cuando la función registral no pueda 
equipararse a la judicial, no se excluye que el registrador pueda apreciar el fraude  es
cuando de la documentación presentada resulte objetivamente un resultado antijurídico,  bo
cuando el contexto resulta de lo declarado por el presentante y de los libros del Registro  572ww
fChpoeuerremnmstar eoll an  éDdtuaeirtr eieccdaate  ivdtyeoe r a mqc ualianeli af iidnecoatl escrr iepógprneir setntacrocae idópsonteor   slcpi,mo unienttadei  exaat u ld uaenlrt.eae gD npieesurt r reaalasd  tooeipnr  emmrleaao tcdriioeóc snust láaem c ehivócaená d nraceiucditaaoe n rdadaedoc o ua edppsilortici rma aece si ótlleana     OE-A-2021-19able en https://
instrumentalidad de los títulos, si bien ésta no puede derivar de simples sospechas, 
debiendo estar suficientemente fundadas. Para esto, debe estudiarse el caso concreto».
En el mismo sentido se ha pronunciado este Centro Directivo en las Resoluciones 
de 18 de abril y 25 de julio de 2018 y en la más reciente de 12 de junio de 2020.
En  este  sentido  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  procedimiento  previsto  en  el 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria  tiene  menores  garantías,  al  no  exigir  la  previa 
intervención de titulares de fincas colindantes que pudieran verse afectados, siendo 
estos los más interesados en velar que el acceso de una nueva finca al Registro no se 
haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes, pudiendo producirse, en caso 
contrario  un  supuesto  de  indefensión.  No  obstante,  sí  que  necesariamente  debe 
incorporarse certificación catastral descriptiva y gráfica en términos que se correspondan 
con la descripción de la finca en el título inmatriculador.
En la nueva redacción del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, introducida por la 
Ley  13/2015,  el  legislador  ha  dado  un  paso  más  allá,  pues,  como  señala  en  su 
Exposición de Motivos, procede a regular de manera más minuciosa la inmatriculación 
mediante título público de adquisición del antiguo artículo 205, con nuevos requisitos que 
en ningún caso se cumplirían, si le hubieran resultado exigibles, por la documentación 
presentada en el concreto procedimiento registral objeto de este recurso.
En efecto, frente a la anterior redacción del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, 
relativa a la posibilidad de obtener la inmatriculación en virtud de «títulos públicos 
otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho 
con anterioridad a la fecha de dichos títulos», ahora, la nueva redacción legal exige que 
se trate de «títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber 
adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también 
mediante título público».
La diferencia esencial entre ambas redacciones legales no se encuentra tanto en la 
necesidad de que el título público inmatriculador sea «traslativo», pues tal exigencia, 
aunque no viniera expresamente formulada en la anterior dicción legal sí que resultaba 
implícita en ella, como reiteradamente ha venido considerando la doctrina jurídica, la 
jurisprudencia y la propia doctrina consolidada de este Centro Directivo, sino que tal 
diferencia esencial radica en los dos requisitos, uno relativo a la forma documental y otro 
al momento temporal, exigidos para acreditar que el otorgante de ese título público 
traslativo hubiera adquirido su derecho con anterioridad.
En cuanto a la forma documental para acreditar la previa adquisición, ya no basta 
cualquier  medio  de  acreditación  fehaciente,  categoría  amplia  dentro  de  la  cual  el 
Reglamento  Hipotecario,  en  alguna  de  sus  sucesivas  reformas,  había  considerado 
comprendidos incluso a simples documentos privados que reunieran los requisitos del 
artículo 1227 del Código Civil; frente a ello la nueva redacción del artículo 205 de la Ley 
Hipotecaria exige siempre doble título público.
Y  en  cuanto  al  momento  temporal  en  que  debía  haberse  producido  la  previa 
adquisición por el ahora transmitente, no se exigía ninguna antelación mínima con 
respecto a la fecha del otorgamiento del título público traslativo y que opera como 
inmatriculador.
Ahora, en cambio, con la nueva redacción legal, no se admite más forma documental 
de acreditar la previa adquisición que el título público, que es una especie concreta y 
especialmente cualificada dentro del amplio género de los documentos fehacientes, y, 
además, se exige que dicha adquisición previa se haya producido al menos un año antes 
del otorgamiento del título público traslativo que va a operar como título inmatriculador. s
Nótese  que  dicho  lapso  temporal  mínimo  de  un  año  ha  de  computarse,  no  oe.
necesariamente entre las fechas de los respectivos otorgamientos documentales, esto  w.
es, el de título público previo y el del título público traslativo posterior, sino entre la fecha  572ww
tdíteu lloa  tprareslvaiativ aod pqousisteicriióonr. documentada en título público, y la fecha del otorgamiento del
expe3d. ienToted.os estos requisitos los cumplen los dos títulos públicos aportados en este  BOE-A-cable e
No se pueden poner en duda que la aportación a gananciales es título apto a efectos 
del artículo 205 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 19 octubre de 2010 o 12 de 
junio de 2020) ya que comporta un verdadero desplazamiento patrimonial de un bien 
privativo de uno de los cónyuges a la masa ganancial (constituida por un patrimonio 
separado colectivo, distinto de los patrimonios personales de los cónyuges, afecto a la 
satisfacción de necesidades distintas y con un régimen jurídico diverso).
Dicho transvase patrimonial tiene indudables consecuencias jurídicas, tanto en su 
aspecto formal como en el material, en la medida en que implica una mutación sustancial 
de la situación jurídica preexistente, con modificación de los poderes de gestión y 
disposición que sobre el bien ostentaba previamente el aportante. Se trata de un negocio 
de  tráfico  jurídico  que  tiene  innegable  trascendencia  respecto  del  régimen  jurídico 
aplicable en relación con el bien aportado, especialmente en lo atinente al poder de 
disposición para administrarlo y disponer del mismo.
Según este criterio, debe estimarse que el negocio de aportación cumple el requisito 
de existencia de título público de adquisición a efectos inmatriculadores.
Lo mismo lógicamente –que es título traslativo e inmatriculador– debe predicarse de 
la escritura previa de compraventa otorgada por el ahora aportante, con confesión de 
privatividad a su favor por su cónyuge.
4.  Es cierto que el supuesto de hecho de este expediente es parecido al de la 
Resolución de 21 de mayo de 2017, pero, al igual que ya expresó esta Dirección General 
con motivo de su Resolución de 12 de junio de 2020, no puede considerarse ni mucho 
menos idéntico.
Existen dos diferencias muy importantes: primera, que en aquella resolución el hecho 
determinante de haberse entendido configurado «ad hoc» el doble título público era no 
haber transcurrido un año entre ambos títulos, cosa que no ocurre en este caso, pues sí 
ha pasado más de un año entre la adquisición anterior y la aportación a la sociedad de 
gananciales; y segunda, que en el supuesto de la aquélla resolución se producía una 
adquisición y de facto –en el siguiente número de protocolo– un pacto de atribución de 
ganancialidad ex artículo 1355 del Código Civil, mientras que aquí existe una verdadera 
aportación a la sociedad conyugal posterior a la adquisición.
5.  Como señala la citada Resolución de 12 de junio de 2020, ya desde la propia 
Resolución de 21 de mayo de 2017 se reconoció que:
a)  La regulación que del régimen económico-matrimonial contiene el Código Civil 
se caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo 1315).
b)  Que el propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter 
ganancial  a  los  bienes  que  adquieran  a  título  oneroso  durante  el  matrimonio,  con 
independencia de cuál sea la procedencia y la forma y plazos de satisfacción del precio o 
contraprestación–, se encuadra dentro de ese amplio reconocimiento de la autonomía 
privada y constituye una manifestación más del principio de libertad de pactos que se 
hace patente en el mencionado artículo 1323, posibilitando también la aplicación de este 
principio que, aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1355,  e.
los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos. w.b
sustPaonrti vcao dnes iglousi epnatec,t ose lc oCnetenntriod osD ierenc ltaivso  esncor ituprraesju zcgaólif iceand ams,o pdeor oa clgounnsoid elraó  qvauleid eenz 
baiqeunéels c aqsuoe  dseeb aptriedtoe nndoe sne  ipnomdaíatr iscouslalar ylaor  sqeuaen s ci oenl  recsauráltcatdeor  fginaanla pnecriasel, gsueid op oedrraía q uhea bloesr 
alcanzado tal finalidad directamente, y por aplicación del artículo 1355 del Código Civil,
con la primera escritura otorgada, la cual, complementada con un acta de notoriedad 
acreditativa de que quien interviene en ella como transmitente es tenido por dueño, 
hubiera tenido perfecta virtualidad inmatriculadora.
Todos estos argumentos estaban centrados en la coetaneidad de las dos escrituras, 
y  pierden  peso  cuando  ha  transcurrido  un  año  o  más  entre  la  compraventa  y  la 
aportación a la sociedad de gananciales, pues en este caso ya sí es necesario un 
desplazamiento causal expreso en favor de la sociedad de gananciales, sin ser suficiente 
la vía del artículo 1355 del Código Civil.
6.  Como ha recordado este Centro Directivo (véase Resolución de 11 de mayo 
de 2016) no hay que confundir el pacto de atribución de ganancialidad recogido en el 
artículo 1355 del Código Civil y el negocio de aportación de bienes del patrimonio 
privativo de cualquiera de los cónyuges al patrimonio común ganancial.
Como ha puesto de relieve, tanto el Tribunal Supremo (Sentencia de 3 de diciembre 
de 2015), como esta Dirección General (Resoluciones de 29 y 31 de marzo de 2010), se 
trata de figuras claramente distintas.
Así, afirma la Resolución de 29 de marzo de 2010 que «(…) en el caso específico del 
pacto de atribución de ganancialidad previsto en el artículo 1355 del Código Civil, en 
puridad, no se produce un desplazamiento directo de bienes concretos entre masas 
patrimoniales diferentes, dado que aquellos son adquiridos directamente como bienes 
gananciales, por lo que a tal pacto, en rigor, no le son de aplicación las reglas propias de 
la transmisión de derechos, sin perjuicio de que el desequilibrio patrimonial que se derive 
del empleo de bienes o dinero privativo para costear la adquisición genere a favor del 
patrimonio privativo del que estos procedan un derecho de reembolso para el reintegro 
de su valor actualizado en el momento de su liquidación, conforme a lo previsto en el 
artículo 1358 del Código Civil, salvo que la atribución de ganancialidad se efectúe en 
compensación a otra atribución equivalente procedente del patrimonio privativo del otro 
cónyuge, como fórmula de pago de un crédito ganancial, por pura liberalidad o por 
cualquier otra causa lícita distinta de las anteriores.
En este sentido se debe afirmar que si bien el pacto del artículo 1355 del Código Civil 
no constituye, como se ha dicho, un negocio traslativo del dominio sometido a las reglas 
comunes de esta categoría negocial, sino un negocio atributivo especial, no por ello cabe 
afirmar que tenga un carácter abstracto, sino que está dotado de una causa propia, 
legalmente contemplada, que va implícita en el propio acuerdo de voluntades y permite 
diferenciarlo de esos otros negocios jurídicos propiamente traslativos del dominio, como 
la compraventa, la permuta o la donación.
Confluyen, por tanto, en el supuesto fáctico contemplado por el artículo 1355 del 
Código Civil dos negocios: el que vincula al cónyuge o a los cónyuges adquirentes con el 
tercero, de carácter transmisivo, por una parte, y, por otra, el que surge del acuerdo de 
voluntades  de  los  cónyuges,  de  carácter  atributivo,  que  alterando  la  adscripción 
patrimonial que resulta de las reglas sobre calificación de los bienes como privativos que 
se contienen en el Código Civil –que, por tanto, actúan con carácter dispositivo– sujeta el 
bien al peculiar régimen de afección propio de los bienes gananciales, en cuanto a su 
administración, disposición, aprovechamiento, cargas, responsabilidades y liquidación.
Es precisamente la atención del interés lícito en ampliar el ámbito objetivo del 
patrimonio ganancial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, lo que 
justifica  la  atribución  patrimonial  contemplada  en  dicha  norma  legal,  sin  que  sea 
necesario siquiera expresar la onerosidad o gratuidad de dicho negocio atributivo, pues 
éste dará lugar –salvo pacto en contrario– al reembolso previsto en del artículo 1358 del  s
Código Civil, exigible al menos en el momento de la liquidación, y que no es propiamente  oe.
precio (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 2 de octubre de 2001)». w.
Por su parte, con respecto a la aportación a la sociedad de gananciales, se ha  572ww
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los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a 
una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes 
como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características, y 
cuyo  régimen  jurídico  vendrá  determinado  por  las  previsiones  estipuladas  por  los 
contratantes dentro de los límites legales (artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y 
subsidiariamente por la normativa del Código Civil, siendo preciso que los elementos 
constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los 
patrimonios  privativos  y  el  consorcial,  y  especialmente  su  causa  que  no  puede 
presumirse a efectos registrales (vid. artículos 1261.3.º y 1274 y siguientes del Código 
Civil), han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible.
Y todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia de especificación causal del negocio 
ha de ser interpretada en sus justos términos, siendo suficiente que se mencione la 
onerosidad o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca de los 
concretos  términos  empleados  en  la  redacción  de  la  escritura,  interpretados  en  el 
contexto de la finalidad que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de 
ganancialidad tendentes a ampliar el ámbito objetivo del patrimonio consorcial, para la 
mejor satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la relación jurídica 
básica  –la  de  la  sociedad  de  gananciales,  cuyo  sustrato  es  la  propia  relación 
matrimonial–.
En este sentido recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de 
diciembre  de  2015  que:  «No  es  necesario  recordar,  con  la  cita  de  las  sentencias 
referidas, que esta Sala exige la existencia de causa verdadera y licita en los negocios 
jurídicos de derecho de familia, por aplicación artículo 1276 del Código Civil, pero, contra 
lo manifestado por la parte recurrente, la sentencia impugnada no es que aluda a una 
“causa matrimonii” como justificante de la atribución patrimonial de bienes privativos de 
uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales como nuevo género distinto de la 
causa  onerosa,  remuneratoria  o  gratuita  (artículo  1274  del  Código  Civil),  sino  que 
integrándola  dentro  de  esta  última  categoría  –causa  de  liberalidad–  le  atribuye 
características distintas derivadas de la especial relación personal que existe entre los 
cónyuges».
7.  En definitiva no concurren en el presente supuesto los elementos necesarios 
para poder inferir la creación instrumental de documentación «ad hoc» para procurar la 
inmatriculación  eludiendo  los  requisitos  legales  (ni  la  coetaneidad  o  proximidad  de 
ambos negocios, ni la inexistencia de título original de adquisición, ni hay transmisiones 
circulares, ni el nulo o bajo coste fiscal de la operación) pues existe doble título traslativo 
público, ha pasado más de un año entre ambas transmisiones –que es el criterio fijado 
legalmente al efecto–, no termina siendo titular quien inicialmente lo transmitió, no se 
encubre un pacto de atribución de ganancialidad ex artículo 1355 del Código Civil dado 
el  tiempo  transcurrido  entre  la  adquisición  y  la  aportación;  y  se  ha  tributado  lo 
correspondiente a cada negocio jurídico documentado.
A este respecto debe recordarse que la mera exención fiscal de la aportación a la 
sociedad de gananciales no es elemento suficiente para deducir la creación instrumental 
«ad hoc» (véanse las Resoluciones de 5 de septiembre de 2018 y 12 de junio de 2020).
Por tanto, el defecto no puede ser confirmado.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  bo
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  572ww
nlao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 3 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.