BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Lunes 23 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 103603
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14748 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Puente del Arzobispo, por la que se 
suspende la inscripción de una representación gráfica catastral.
En el recurso interpuesto por don M. A. S. J. U. contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Puente del Arzobispo, doña Marta Díaz-Canel Blanco, 
por la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita el día 12 de marzo de 2020, don M. A. S. J. U., titular de 
la finca registral 10.652 del término de Calera y Chozas, solicita la inscripción de la 
representación gráfica y coordinación entre Catastro y el Registro de la Propiedad, sobre 
dicha finca, al amparo del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, acompañando sendas 
certificaciones catastrales descriptivas y gráficas correspondientes a las parcelas que 
constituyen la citada finca registral.
II
Presentado  dicho  documento  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Puente  del 
Arzobispo, una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria, es objeto de calificación negativa fechada el 3 de julio de 2020, con arreglo 
a  los  siguientes  hechos  y  fundamentos  jurídicos:  «Que,  calificado  el  documento 
presentado,  no  procede  acceder  a  la  incorporación  de  la  representación  gráfica 
georreferenciada aportada, y la consiguiente rectificación de la descripción de la finca 
registral número 10652 de Calera y Chozas, por las siguientes razones:
Dispone el artículo 199.1, párrafo 1.º, de la Ley Hipotecaria, que el titular registral del 
dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá completar la descripción 
literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a través de ello, 
sus linderos y superficie, mediante la aportación de la correspondiente certificación 
catastral descriptiva y gráfica. Y, por otro lado, en su apartado 2.º, párrafo 1.º, dispone 
que  cuando  el  titular  manifieste  expresamente  que  la  descripción  catastral  no  se 
corresponde con la realidad física de su finca, deberá aportar, además de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica, una representación gráfica georreferenciada alternativa. 
En ambos casos, y conforme al párrafo 5.º, del apartado 1.º (también, párrafo 2.º, 
apartado  2.º)  la  representación  gráfica  georreferenciada,  será  objeto  de  calificación 
registral conforme a lo dispuesto en el artículo 9.
Calificada por el Registrador que suscribe la correspondencia de la finca registral con 
la representación gráfica georreferenciada aportada, de conformidad con el artículo 9,  es
letra b), párrafo 5.º y 6.º de la Ley Hipotecaria, se apreció la identidad entre ambas, no  o
existiendo  coincidencia  con  otra  representación  gráfica  previamente  incorporada,  ni  748ww
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incorporación de la representación gráfica y que resultaba de los folios reales relativos a
la misma, se verifico que esta tenía 78 hectáreas, 22 áreas y 55 centiáreas (782.255 
metros cuadrados). Comprobada la superficie que arrojaba la representación gráfica 
catastral, esta arrojaba una superficie de 102 hectáreas, 96 áreas y 19 centiáreas 
(1.029.619 metros cuadrados).
Siendo el exceso de superficie de 24 hectáreas, 73 áreas y 64 centiáreas (247.364 
metros cuadrados, aproximadamente un 31,62 % de la cabida inscrita), superior, por 
tanto, al diez por ciento de la cabida inscrita (art. 9, letra b), párrafo 6.º), el Registrador 
que suscribe decidió iniciar un procedimiento del artículo 199.1/2 de la Ley Hipotecaria 
de conformidad con la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
expuesta en la Resolución de 17 de noviembre de 2015 (ampliamente ratificada por 
Resoluciones de 22 de abril, 23 y 30 de mayo, 30 de junio, 19 de julio y 2, 6 y 21 de 
septiembre, 10 de octubre, 15 de noviembre de 2016, 4 de enero, 2 de febrero, 4 de 
abril, 9 y 15 de junio, 19 de julio o 4 de septiembre de 2017, entre otras).
De este modo, por aplicación del párrafo 2.º del apartado 2 y conforme a al párrafo 2.º 
y 3.º del artículo 199.1, desde el Registro se notificó la iniciación del procedimiento, con 
referencia a la representación gráfica presentada comprobable en el visor del sistema de 
alertas de bases gráficas previsto en la regla 7.ª del artículo 203 de la Ley Hipotecara 
bases gráficas, de forma personal por carta certificada con acuse de recibo a los titulares 
de las fincas registrales colindantes afectadas. De esta forma se verificaron las siguientes 
notificaciones: a Silos del Tajo S.L. con CIF. (…), titular registral de la finca 14072 de 
Calera y Chozas, colindante registral y catastral por el lindero este de la finca 10652; a 
Miranco SL con CIF. (…), titular registral de la finca 2.221 de Calera y Chozas, colindante 
registral y catastral por el lindero sur de la finca 10652; y al Exm. Ayuntamiento de Calera 
y Chozas, como posible titular de los caminos situados en el lindero norte y sur, constando 
como Camino (…), ref. catastral 45028A014090310000WJ, Polígono 14 Parcela 9031, y 
en el lindero norte, constando como Camino (…), Polígono 14 Parcela 9020.
Recibidos los correspondientes acuses de recibo, se abrió el plazo de 20 días 
previsto en el párrafo 4.º del artículo 199.1 para que, los así convocados o notificados, 
pudieran comparecer ante el Registrador para alegar lo que a su derecho convenga.
Que con fecha 24 de Junio de 2020 se dio entrada en este registro al escrito de 
alegaciones de fecha 22 de Junio de 2020, presentado por correo del Ayuntamiento de 
Calera y Chozas, en el que se solicita que se le tenga por compareciente en el presente 
expediente y se aprecie la oposición a la tramitación del citado expediente, alegando que ya 
que  no  se  puede  comprobar  el  ancho  del  camino  que  quedaría  una  vez  inscrita  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca registral 10652 de Calera y Chozas, Idufir: 
45008000183085, estima que en concordancia con el art. III-6.5.8 de las vigentes NN.SS, 
debería solicitarse el deslinde del camino, con el fin de proteger el dominio público.
De conformidad con el párrafo 6.º del artículo 199.1 que dispone que, a la vista de 
las alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá motivadamente según su prudente 
criterio, ha procedido a examinar y evaluar las alegaciones presentadas por ambos 
titulares  colindantes  y  que  fundamentan  su  oposición  a  la  inscripción  de  la 
representación gráfica georreferenciada presentada, se ha procedido a examinar las 
alegaciones y documentación presentada y:
1.º  Con relación a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Calera y 
Chozas, posible titular de los caminos colindante con la finca de la que se pretende 
inscribir la representación gráfica georreferenciada, resulta que:
Por todo lo expuesto, surge la duda razonable para la Registradora que suscribe que, 
efectivamente, la representación gráfica georreferenciada objeto de este procedimiento  e.
invada el dominio público, con referencia catastral 45028A014090310000WJ. w.b
Debería solicitarse el deslinde del camino, con el fin de proteger el dominio público,  748ww
cPoantrfiomrmonei oa d elo lsa sa Artdícmuilnoiss tr5a0c ioyn essig Puiúebnltiecas s.de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de
art.ºU 3n6a  vdeez  lae feLcetyu addeo  Pela tdreimsloinndioe,  eqsu eo bdliigcaet:o r"i1o.  inLsacsr ibAidr meli ncisatmraincioo npeúsb lipcúob clicoansfo rdmeeb eanl 
inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya
sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos 
los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No 
obstante, la inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de 
arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria.
2.  La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o 
derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el 
registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión."
En consecuencia, el Registrador que suscribe considera debidamente justificadas las 
alegaciones  presentadas,  procediendo  denegar  la  inscripción  de  la  representación 
gráfica georreferenciada presentada sobre la finca registral 10652 del término municipal 
de Calera y Chozas.
Y ello dado que (por todas, Resoluciones de 27 de septiembre de 2018 y 15 de 
febrero y 4 de diciembre de 2019), la principal finalidad del procedimiento del artículo 199 
de la Ley Hipotecaria es la tutela de los eventuales derechos de titulares de fincas 
colindantes, debiendo el registrador debe calificar, en todo caso, la existencia o no de 
dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de 
la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a 
la  posible  invasión  de  fincas  colindantes  inmatriculadas  o  a  que  se  encubriese  un 
negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. La registrador, a 
la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente 
según su prudente criterio mediante un juicio de identidad de la finca debidamente debe 
estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados y siendo doctrina de la 
Dirección General que no es razonable entender que la mera oposición que no esté 
debidamente fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien formula 
tal oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa.
A este respecto, no hay que olvidar que el artículo 3, apartado 3.º, del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario (reformado por apartado uno de la disposición final decimoctava de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) dispone que salvo prueba en 
contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos 
prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos. Y, 
como se ha señalado, consecuencia de la oposición, surge la duda razonable de que la 
representación georreferenciada que se aporta pueda resultar exacta y, por tanto, resulta 
posible o, cuando menos no incontrovertida, la invasión de finca/s colindante/s, lo que 
pudiera afectarse a los derechos de propiedad de terceros colindantes.
No  obstante,  y  de  conformidad  con  el  párrafo  7.º  del  artículo  199.1  de  la  Ley 
hipotecaria, se advierte que el promotor podrá instar el deslinde conforme al artículo 
siguiente (artículo 200 del mismo texto legal), salvo que los colindantes registrales 
afectados  hayan  prestado  su  consentimiento  a  la  rectificación  solicitada,  bien  en 
documento público, bien por comparecencia en el propio expediente y ratificación ante el 
Registrador, que dejará constancia documental de tal circunstancia, siempre que con ello 
no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente.
A la vista de los hechos y fundamentos de derecho citados se deniega la práctica de 
los asientos solicitados, calificándose los defectos advertidos como insubsanables por 
las oposiciones formuladas.
Practicada la notificación de la calificación de conformidad con el artículo 322 y 323, 
de la Ley Hipotecaria, quedará prorrogado automáticamente el asiento de presentación, 
por un plazo de sesenta días, contados desde la fecha de la última notificación. s
El asiento practicado queda bajo la salvaguardia de los Tribunales y produce los  oe.
efectos derivados de la publicidad registral. w.
[Oferta de recursos] 748ww
La Registradora, Marta Díaz-Canel Blanco (firma electrónica de la Sra. Registradora).»
III
Don M. A. S. J. U. interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito de 
fecha 28 de julio de 2020 que tuvo entrada en el Registro de Madrid n.º 33 el siguiente 
día 29, en el que alega lo siguiente: «Que habiéndoseme notificado en fecha 10 de julio 
de 2020, la Calificación desfavorable, firmada el 3 de julio de 2020 (…) por la que se 
deniega “la práctica de los asientos solicitados”, y no estando conforme con dicha 
Calificación, dicho sea con los debidos respetos y en términos impugnatorios, deduzco e 
interpongo contra la misma, en tiempo y forma, el recurso previsto en el art. 324, 327 y 
concordantes  de  la  Ley  Hipotecaria,  solicitando  la  rectificación  de  la  calificación, 
accediendo a la inscripción solicitada y todo ello en virtud de las siguientes
Consideraciones:
I.  De hecho.
Primera.–El abajo firmante solicitó en fecha 12 de marzo de 2020, el inicio del 
procedimiento previsto en el art. 199 de la Ley Hipotecaria, en relación con la finca 
registral n.º 10.652 del Registro de Puente del Arzobispo (Toledo), dado que había una 
diferencia de cabida de más de 24 hectáreas, en relación con las certificaciones de las 
dos subparcelas catastrales que constituye esa finca (…)
La aplicación del procedimiento registra) del art. 199 de la Ley Hipotecaria, era un 
requisito previo necesario para que el Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), donde 
se  encuentra  ubicada  la  finca  registral  10.652,  accediera  a  emitir  la  licencia  de 
segregación sobre la misma, pues el Ayuntamiento no concede esa licencia si existen 
diferencias de cabida entre el Registro y el Catastro, como sucede en este caso.
Segunda.–La  segregación  se  pretende  hacer  por  mi  mandante,  entre  los  dos 
copropietarios actuales, D. M. A. S. J. U. y su hermano D. M. S. J. U., ya que esa fue la 
voluntad testamentaria de la anterior propietaria única, D.ª M. T. U. V., de la que los 
actuales copropietarios recibieron la finca por herencia. En su momento, se aportó al 
Registro de Puente del Arzobispo, la escritura original de cuaderno particional de dicha 
herencia, incluyendo las certificaciones catastrales, descriptivas y gráficas, donde se 
contaba esa diferencia de cabida.
La segregación particional de la finca, según el testamento, debía hacerse tomando 
como  referencia  divisoria  entre  ambas  subparcelas  y  fincas  resultantes,  un  camino 
privado  o  particular,  realizado  y  mantenido  por  la  familia  U.  desde  hace  varias 
generaciones, y que atraviesa la finca registral n.º 10.652 y otras anteriores y posteriores 
de la misma, todas ellas de distintos miembros de la familia para dar acceso a las 
mismas.
Tercera.–Tramitado el procedimiento del art. 199 de la Ley Hipotecaria [sic], al objeto de 
ajustar la cabida registral de dicha finca a la cabida medida mucho más recientemente por el 
Catastro  (Ref.:  45028A01410I010000WY  y  45028A0140010I0000WJ),  ninguno  de  los 
titulares catastrales o registrales colindantes manifestó oposición alguna a la rectificación o 
inscripción del asiento solicitado, salvo el Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo) que, al 
parecer, y según dice la Calificación desfavorable notificada, presentó un “...escrito de 
alegaciones  de  fecha  22  de  junio  de  2020...  en  el  que  se  solicita  se  le  tenga  por 
compareciente en el presente expediente y se aprecie la oposición a la tramitación del citado 
expediente, alegando que ya que no se puede comprobar el ancho del camino que quedaría 
una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca registral 10652... 
debería solicitarse el deslinde del camino, con el fin de proteger el dominio público”. e.
Conviene dejar constancia desde este momento, en que el abajo firmante no ha  w.
recibido copia del escrito de alegaciones del Ayuntamiento, por lo que todo lo que sabe  748ww
edset es uR ceocnutresnoi.do, lo sabe por las menciones que del mismo hace la Calificación objeto de
II.  De Derecho.
Primera.–Como  puede  comprobarse  de  una  somera  lectura  de  la  Calificación 
recurrida,  el  Ayuntamiento  de  Calera  y  Chozas,  única  entidad  que  ha  manifestado 
oposición a la práctica del asiento solicitado, no es titular catastral ni registral de finca 
alguna colindante con la fina registral 10.652. Tampoco ha acreditado de forma alguna, ni 
presentado documento alguno, ni principio de prueba alguno, que permita sostener que 
el Ayuntamiento o alguna otra Administración es titular del camino en cuestión, o que 
dicho camino tenga titularidad o naturaleza pública.
Es cierto que una de las dos parcelas catastrales que conforman la finca registral que 
interesa en este expediente linda por el norte con un camino y la otra parcela catastral 
linda con ese mismo camino por el sur y por el norte con otro camino. Pero ello no 
supone que el titular de esos caminos y, por lo tanto, colindante con la finca sea el 
Ayuntamiento.
Que  esto  es  así,  lo  reconoce  expresamente  la  propia  Sra.  registradora  en  su 
Calificación desfavorable cuando dice:
“1.  Con relación a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Calera y 
Chozas, posible titular de los caminos colindantes con la finca...”.
Por todo lo expuesto, surge la duda razonable para la Sra. registradora que suscribe 
que,  efectivamente,  la  representación  geográfica  georreferenciada  objeto  de  este 
procedimiento, invada el dominio público...”
“Debería solicitarse el deslinde del camino con el fin de proteger el dominio público, 
conforme a los arts. 50 y... de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas”.
De todas las anteriores expresiones de la Calificación recurrida, pueden extraerse las 
siguientes conclusiones:
– La  Sra.  registradora  afirma  que  la  titularidad  del  camino  por  parte  del 
Ayuntamiento, no pasa de la condición de “posible”, y si solo es “posible”, es porque el 
Ayuntamiento no ha acreditado en forma alguna, ni ha presentado principio de prueba 
alguno, que permita acreditar o pensar que es efectivamente, titular de ese camino.
– Si la Sra. registradora reconoce tener una “Duda razonable” sobre esa titularidad, 
es porque el Ayuntamiento no ha acreditado en forma alguna, ni siquiera indiciariamente, 
que sea el titular del camino o que éste tenga la naturaleza de dominio público.
– En relación con esta cuestión de la duda razonable cabe recordar que, sin haberse 
cumplido cinco años desde la entrada en vigor el día 1 de noviembre de 2015 de la 
ley 13/2015, que modificó la Ley Hipotecaria en este punto, puede decirse sin temor a 
equivocarse  que  este  es  el  tema  que  más  diferencias  ha  suscitado  en  la  práctica 
registral. Son más de cien las resoluciones recaídas sobre esta materia y en todas ellas 
se hace ver que las dudas del registrador han de estar fundadas en criterios objetivos y 
razonables. No se considera preciso citar cuáles son todas esas resoluciones, pudiendo 
traerse a colación, como más recientes, las de 21 de enero de 2020 (de la antigua 
Dirección General de los Registros y del Notariado) y de 18 de febrero de 2020, ya de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que sucedió a la anterior en esta 
función, en las cuales se repite el mismo texto que viene dejándose reflejado de manera 
sistemática en todas ellas en relación con el proceso que debe seguir el registrador en 
toda esta cuestión. Así, después de hacer referencia a otros tres apartados, bajo las 
letras d) y la letra e) de dichos criterios, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe  e.
Pública a la que tengo el honor de dirigirme, dice, a modo de doctrina asentada en  w.
relación con esas dudas del registrador: “d) El registrador, a la vista de las alegaciones  748ww
eEfne cctausaod adse  ehna eble prsreo cmedainmifieesnttaod, od eobpeo sdiecicóidni rp moro atilvgaúdna minetenrtees asedgoú, nc osnus tpitruuydee nutneo c rditee rloios. 
perxipnrceipsiaoms endtee  lloa  prreevgeuala, cliaó ns oldae f orlam uJlaucriisódni cdceió onp oVsoicluiónnta prioar  aqlguuen, os daelv olo sq iunete relas adLoesy   BOE-A-cable e
no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que 
sea resuelto. Por tanto, y conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, ‘la mera 
oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de 
las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción’. Lo 
que no impide, por otra parte, que las alegaciones recibidas sean tenidas en cuenta para 
formar  el  juicio  del  registrador.  e)  El  juicio  de  identidad  de  la  finca  por  parte  del 
registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que 
basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un 
colindante”.
– Lo subrayado es de quien esto suscribe, para dejar constancia de cómo es la 
propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a la que tengo el honor de 
dirigirme, la que, en aplicación de la normativa aplicable (art. 199 Ley Hipotecaria), 
considera que no puede entenderse como motivada y fundada en criterios objetivos y 
razonados la duda expresada por el registrador, la registradora en este caso, cuando la 
oposición meramente alegada no está documentada, oposición que, por sí sola, no debe 
impedir que continúe hasta que sea resuelta la tramitación del expediente a que se 
refiere dicho artículo.
– En este caso, no es que no se documente ni mínimamente la razón de oposición 
planteada por el Ayuntamiento, que se limita a señalar la imposibilidad de comprobación 
del ancho de un camino, desconociendo esta parte qué problemas habría en su caso 
para proceder a esa comprobación, sino que ni siquiera se acredita que sea el titular de 
algún derecho sobre ese camino
– La Sra. registradora ha denegado una solicitud legítima de inscripción o asiento de 
ajuste de cabida, en base a una oposición formulada por quien no ha acreditado interés 
legítimo alguno, entidad municipal a la que ni siquiera le ha solicitado que aporte o 
justifique esa titularidad o interés legítimo para oponerse o algún principio de prueba que 
dé pie a esa “duda razonable” que la Sra. registradora dice tener.
– A pesar de que la Sra. registradora afirma que la titularidad de ese camino por el 
Ayuntamiento solo es “posible”, no duda en afirmar que “debería solicitarse el deslinde 
del camino, con el fin de proteger el dominio público”.
Esta afirmación no parece procedente, porque solicitar el deslinde del camino para 
proteger el dominio público, sería tanto como reconocer que el camino es público (lo que 
probablemente busca el Ayuntamiento cuando se opone sin aportar prueba alguna de 
ello), por lo que es una sugerencia del Registro sin fundamento alguno y en contra de los 
intereses del abajo firmante.
En efecto, el art. 50-1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
administraciones Públicas, lo que dice es que “Las administraciones públicas podrán 
deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros, 
cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación”.
De igual forma, Sra. registradora señala en su Calificación que según el art. 36 de la 
Ley de Patrimonio, es obligatoria para las administraciones la inscripción registral del 
patrimonio o demanio público.
Ni que decir tiene que si el Ayuntamiento de Calera y Chozas no ha inscrito nunca 
ese camino, siendo ello obligatorio y si nunca ha pedido el deslinde que ahora reclama, 
ni ha denunciado usurpación alguna, es porque sabe que ese camino siempre ha tenido 
naturaleza privada, como a continuación comentaremos.
Quien esto suscribe es consciente de que el dominio público ha de ser objeto en todo 
caso de la necesaria protección, incluso si no está inscrito, pero lo que se plantea en  e.
este caso es que, de tratarse efectivamente de dominio público, lo que se niega por  w.b
quien esto suscribe, la no inscripción de ese camino en el registro de la propiedad solo  748ww
iinncduicma pliumni enintoc uaml pqlimueie nsteo  sduem as uesl  ddee bneor ehsa bpeor r prpoacreted idod ela  pvreorpifiicoa r Aeylu nptearmtinieenntote, 
sdeeñsalinladdeo, , dime paocnuieernddoo  ceol nA yeul natratímcuielon t5o0, -d1o bdlee mlae nLteey  in3c3u/2m0p0l3id,o dr,e u 3n ad ese nrioev dieem dbereb earenste as 
esta parte en orden a la acreditación de un hecho cierto y que resulta documentado con
la aportación de la documentación que se hizo llegar a la Sra. registradora para que 
formulara su calificación.
En  este  caso,  como  se  ha  dicho,  ni  el  Ayuntamiento  ha  acreditado  que  sea 
colindante, a pesar de haber tenido la oportunidad de haberlo hecho, de haber inscrito su 
supuesto derecho en el registro de la propiedad y de haber procedido al deslinde de su 
propiedad, de demostrar que se trata en efecto de su propiedad, sino que con la solución 
aportada por la Sra. registradora se demuestra la quiebra de uno de los principios 
registrales esenciales, como es el de inoponibilidad de los derechos no inscritos frente a 
los inscritos, consagrado en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, cuando establece que 
“los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén 
debidamente inscritos o  anotados  en el Registro  de la Propiedad, no perjudican a 
tercero”. Es cierto que, en este caso, el título de dominio no inscrito podría ser, de ser 
ciertas las alegaciones no demostradas ni documentadas por el Ayuntamiento, un título 
relativo al dominio público. Pero, aplicando mutatis mutandis el criterio de la registradora 
calificadora, también podría resultar ser en otro caso de mejor derecho el titular del pleno 
dominio de una finca colindante con la nuestra que, a pesar de no haber accedido al 
registro de la propiedad, habría de ser notificado de la existencia del procedimiento y 
podría expresar su oposición a su tramitación, también sin acreditar ni documentar la 
razón de su oposición, con la consecuencia de poder así perjudicar el derecho de unos 
terceros, en este caso, inscritos, así como su pretensión, conforme a derecho, de dejar 
inscritas las bases gráficas de esa finca que sí consta inscrita. El resultado sería el de 
privilegiar al no titular registral frente al titular registra}, a pesar de la claridad con la que 
se expresa dicho artículo 32 de la Ley Hipotecaria. Eso no cuadra con el conocido 
aforismo “lo que no está inscrito no está en el mundo”.
Segunda.–Preceptúa el art. 1 de la Ley del Catastro Inmobiliario, que “El Catastro 
Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda...”. Y el 
art. 2.2 de la misma Ley, dispone que “Lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin 
perjuicio de las competencias y funciones del Registro de la Propiedad y de los efectos 
jurídicos sustantivos derivados de la inscripción de los inmuebles en dicho Registro”.
Por su parte, el art. 1 de la Ley Hipotecaria, establece que “El Registro de la 
Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al 
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles” “Los asientos del Registro 
practicados en los libros... en cuanto se refieran a derechos inscribibles, están bajo la 
salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su 
inexactitud…”
De todo lo anterior se deduce que:
– La inscripción de la propiedad y sus títulos en un registro de la propiedad, tiene 
efectos materiales.
– El Catastro solo tiene efectos administrativos con finalidad tributaria o fiscal, sin 
que el Catastro ni las administraciones públicas, incluyendo las locales, puedan afectar 
las competencias y funciones materiales de reconocimiento de la propiedad derivadas de 
los registros de la propiedad.
– El legislador ha reconocido a los registros esa función material de reconocimiento 
y publicidad de la propiedad, porque en caso contrario, las administraciones podrían 
otorgar o denegar titularidades dominicales, incluso en beneficio propio, mediante meras 
disposiciones  administrativas  o  modificaciones  catastrales  (“actualizaciones”)  que  en 
muchos casos no pasan de tener rango reglamentario, lo que estaría en contra de las 
leyes civiles (empezando por el Código Civil), y en contra de la propia Constitución. e.
Por tanto, la decisión denegatoria de la Sra. registradora, hoy recurrid a, está en  w.b
contra de la propia esencia de la función registral y de la normativa que la regula, pues  748ww
dhea  hperocphioe dparde vaallgeucneor ,u fnrean otep oas uicnióan p ienttiecrióensa ddea  adjeu suten ad eA dcmabinidisat rdaec ióunn  nporo bpaiestaadriao  eleng tííttimuloo 
yre gaicsrteradlietasd coo,l insdoabnrete sla i gquuaelm neon teh aabcríae dnitaindgousn.a oposición presentada por los titulares
Parecería más acorde con la función registral y con la legislación hipotecaria, que la 
Sra.  registradora  hubiera  admitido  la  solicitud  presentada  y,  si,  posteriormente  el 
Ayuntamiento tuviera algún derecho demanial al respecto (que ahora no acredita), los 
hiciera  valer  mediante  la  acción  de  deslinde  o  usurpación  o  mediante  la  propia 
inscripción de los títulos de propiedad (que ahora no ha presentado), utilizando para ello 
los mecanismos legales (que hasta ahora no ha utilizado) que le reconocen los arts. 50-1 
y 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
Lo que, en cualquier caso, está claro, es que la “duda razonable” entre un ciudadano 
propietario que ha acreditado su titularidad y su interés legítimo y una administración 
pública que no ha acreditado ser titular ni, por tanto, tener interés legítimo, se ha 
decantado por esta última, sin siquiera requerirle que acredite esa titularidad ni, por 
tanto, ese interés. Y todo ello, a pesar de que el art. 199 en ningún caso determina que 
el Registro deba actuar como ahora lo ha hecho, pues dice literalmente:
“...a la vista de las alegaciones efectuadas, el registrador decidirá motivadamente 
según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser 
titular registral de la finca... determine, necesariamente, la denegación de la inscripción”.
Este planteamiento de la Ley, es conocido y recordado por la registradora en su 
Calificación (lo que la hace aún menos comprensible en su resultado denegatorio), 
porque  en  la  misma  se  dice  expresamente  que  “...siendo  doctrina  de  la  Dirección 
General, que no es razonable entender que la mera oposición que no esté debidamente 
fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, 
pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa”.
Como reconoce el propio Registro, la Dirección General entiende que no puede 
darse carta de naturaleza a quien no pretende sino convertir en público lo que es 
privado.
Tercera.–Como quiera que el Registro ha procedido “de facto” a una inversión de la 
carga de la prueba, el abajo firmante mantiene la naturaleza privada de ese camino, 
cuya titularidad no es de administración alguna. Así:
– (…) el Acuerdo de segregación del Ayuntamiento de Calera y Chozas, de 23 de 
enero de 2013, autorizando la segregación de la finca registral 10.653, también entre el 
abajo  firmante  y  su  hermano  M.  S.  J.  U.  Como  puede  comprobarse,  la  finca 
registral 10.653 está a continuación de la 10.652, y también está atravesada por el 
mismo  camino  sin  que  entonces  el  Ayuntamiento  de  Calera  y  Chozas  encontrara 
impedimento alguno para conceder la licencia de segregación por la existencia de un 
camino que conoce porque lo menciona y cita en dicho Acuerdo municipal.
– Este documento ya causó efecto en el propio Registro de la Propiedad de Puente 
del Arzobispo en su momento.
– El camino, en su extremo más próximo a la carretera comarcal, tiene una barrera 
con candado que impide el acceso al mismo a personas no autorizadas. Esto es así 
entre otras razones, porque las fincas a las que da acceso el camino son un coto de 
caza único, por lo que la barrera, entre otras razones, pretende dificultar la entrada de 
cazadores furtivos.
La Guardia Civil, con oficina en Calera y Chozas, tiene una llave de esa barrera, 
facilitada por la propiedad, al objeto de permitirles patrullar por la zona y acceder al 
camino  cuando  lo  crean  conveniente  por  razones  de  servicio.  Por  tanto,  la  propia  s
Guardia Civil destacada en Calera y Chozas, puede acreditar que dicho camino no es  oe.
pcCaúarblgel–iorc a oEy .y lp  Cmorha olnazt eapnsro imnpuiieendncataod  h yda e cc oolanssst eefiarnvdcaoac snió ia nr e ladaseli z qdauidceoh e odl  imrceaicsmtmainmoo ed, nast eea, c hlcaaeb soroere.a sEli zld aAedy omu nastniaetmemnipeimrneti oec nodtnoe    2020-14748n https://www.
o conservación del camino, por la sencilla razón de que el mismo no es titularidad
administrativa alguna. A efectos probatorios, el Ayuntamiento podría ser requerido para
que testimonie o certifique qué labores de mantenimiento o conservación ha costeado o 
realizado directamente en los últimos 40 años, y si dicho camino figura en el plan de 
conservación de calles y caminos de carácter municipal.
Si se considerara necesario, el abajo firmante está en condiciones de facilitar la 
identidad y localización de las personas privadas que han realizado esas tareas de 
mantenimiento.
Quien esto suscribe es consciente de que, conforme al art. 326 de la Ley Hipotecaria, 
no pueden ser tomados en consideración aquellos documentos aportados junto con el 
escrito de recurso que no hubiera tenido a la vista el registrador al tiempo de formular su 
calificación. Sin embargo, sí quiere dejar constancia de estas circunstancias como datos 
fácticos que confirman todo lo expresado, frente a la carencia total de acreditación de la 
veracidad de las alegaciones del Ayuntamiento -en realidad, la propia oposición se funda 
en mera suposición- así como a la falta total de aportación de un mínimo de prueba 
documental que justifique el derecho que pretende tener y que es, en definitiva, en lo que 
se apoya la duda expresada por la registradora y que aquí se combate, especialmente, 
por la falta de certeza que manifiesta la propia registradora acerca de aquella veracidad, 
cuando funda su duda en una posibilidad.
– El propio Registro de la Propiedad tiene a su alcance el tracto registral histórico de 
esa finca y sus adyacentes,  en las que  puede verse que el camino figura en las 
sucesivas transmisiones hereditarias, de la familia U. V., sin que en ningún momento ni 
escritura  notarial  figure  ese  camino  como  de  naturaleza  pública  o  titularidad 
administrativa.
A pesar de que el esfuerzo probatorio debería exigírsele a quien se opone a la 
solicitud de inscripción o a la práctica del asiento, el abajo firmante hubiera hecho ese 
esfuerzo  de  conocer  esta  infundada  oposición,  pero  se  ha  encontrado  con  una 
calificación desfavorable sin saber de la oposición presentada ni del contenido de la 
misma.»
IV
La registradora de la propiedad de Puente del Arzobispo, emitió informe ratificando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 198, 199, y 326 de la Ley Hipotecaria; y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de mayo de 2017, 4 de 
septiembre de 2017, 10 de octubre de 2017, 13 de abril de 2018, 21 de mayo de 2018, 
14 de enero de 2019, 23 de enero de 2019, 5 de marzo de 2019, 19 de junio de 2019 
y 18 de septiembre de 2019 y 27 de noviembre de 2019.
1.  Debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación gráfica 
catastral, una vez tramitado el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. La 
finca registral 10.652 del término de Calera y Chozas consta en el registro con una 
superficie de 78 hectáreas, 22 áreas y 55 centiáreas. Según la representación gráfica 
catastral  aportada,  se  trata  de  una  finca  formada  por  dos  parcelas  catastrales, 
la  45028A01410I010000WY  y  45028A0140010I0000WJ,  con  una  superficie  de  102 
hectáreas, 96 áreas y 19 centiáreas.
La registradora suspende la inscripción a la vista de las alegaciones formuladas por  e.e
el Excmo. Ayuntamiento de Calera y Chozas, consistentes en que la meritada finca se  b
halla dividida por el camino (…), que forma parte del dominio público, y que a la vista de  748ww
lpaa rrae gtoudlaocsió lno sc ocanmteinniodsa  deen  slaesis  Nmoertmroass  yS quubes iddiea rliaa sr eqpuree spernetavécinó nu ngará faicnac hauproar tmadínai mnao 
pcoune deel  fcino mdep rporbeasersreva lra e al ndcohmuirnaio d peúl bmlicisom. o, debería procederse al deslinde del mismo,
El  recurrente,  en  síntesis,  alega  que  únicamente  conoce  el  contenido  de  las 
alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Calera y Chozas por lo que resulta de la 
calificación efectuada; que el citado Ayuntamiento no es titular de parcela catastral o 
finca registral alguna con la finca objeto del procedimiento, ni queda acreditado que el 
camino  (…)  tenga  naturaleza  demanial,  en  caso  afirmativo,  habría  procedido  a  la 
inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad, dando cumplimiento a la normativa 
que impone tal obligación a las Administraciones Públicas; que la pretendida titularidad 
municipal sólo resulta de sospechas o suposiciones de la registradora; que las dudas de 
identidad  no  están  debidamente  justificadas  ni  basadas  en  criterios  objetivos  y 
razonados; que desconoce los problemas que impiden al Ayuntamiento comprobar la 
anchura del referido camino; que el Catastro tiene efectos tributarios o fiscales, siendo 
los pronunciamientos del Registro de la Propiedad los únicos competentes para el 
reconocimiento de situaciones jurídico-privadas; que la registradora debería proceder a 
la  inscripción  solicitada  y  después  que  por  la  Administración  se  inicie  el  oportuno 
procedimiento de deslinde; y señala una serie de circunstancias para tratar de desvirtuar 
la presunta naturaleza demanial del señalado camino.
2.  En primer término, y en relación con los argumentos del recurrente por los que 
estima  que  el  camino  (…)  debe  reputarse  privado,  tales  alegaciones  no  fueron 
manifestadas al tiempo de realizar la calificación registral impugnada por lo que, según 
ha manifestado reiteradamente esta Dirección General, no pueden tenerse en cuenta 
para su resolución por no haber sido puestas de manifiesto al registrador en el momento 
oportuno, debiendo resolverse sólo a la vista de los documentos que fueron aportados 
originariamente en tiempo y forma al solicitar su calificación, conforme al artículo 326 de 
la Ley Hipotecaria.
3.  En cuanto a la alegación del recurrente de sólo acceder al contenido de las 
alegaciones a través de la nota de calificación de la registradora, esta cuestión ya fue 
tratada por la resolución de 21 de mayo de 2018, conforme a la cual, si bien es cierto 
que la Ley Hipotecaria no se pronuncia al respecto al regular el procedimiento en el 
artículo 199, ésta no contiene ninguna previsión sobre la necesidad de dar traslado de 
las mismas al promotor del expediente.
Como ya se indicó en la Resolución de 14 de noviembre de 2016, el artículo 342 del 
Reglamento  Hipotecario  dispone  que  «también  podrán  expedir  los  Registradores,  a 
petición de los interesados, certificaciones de los documentos que conserven en su 
archivo y respecto de los cuales puedan considerarse como sus archiveros naturales», 
documentos entre los que, sin duda, se encuentran los incorporados a la tramitación del 
expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Esta posibilidad debe 
entenderse  limitada  a  los  efectos  informativos  que  se  desprenden  de  los  citados 
preceptos, sin que en ningún caso pueda traducirse en nuevos trámites no contemplados 
en el procedimiento que pudieran suponer sucesivas intervenciones de los interesados, 
lo que, además de no preverse en dicho expediente registral, haría derivar el mismo en 
una suerte de procedimiento contencioso que desvirtuaría su naturaleza.
4.  El artículo 9 de la Ley Hipotecaria contempla en su apartado b) la posibilidad de 
incorporar  a  la  inscripción,  como  operación  específica,  la  representación  gráfica 
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si 
constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 
La incorporación de la representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia 
que «una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida 
será  la  resultante  de  dicha  representación,  rectificándose,  si  fuera  preciso,  la  que  s
previamente constare en la descripción literaria» (párrafo séptimo del artículo 9.b) de la  oe.
Ley Hipotecaria). w.
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de  748ww
parpelicceaprstoe  dciospno ncea ráqcutee re lg etitnuelarar l relogsis trreaql udiesilt odso meisntiaob loe cdideo csu aelnq ueiel r adretírceucloh o1 r9e9a.l  Dsoicbhreo 
fuinbcicaa ciinósnc ryi tad elpimoditraác iócno mgrpálfeictaar  y,l aa  dtreasvcérsip dceió ne lloli,t esruasri ali nddeer olsa  ym siuspmearf icaiecr, emdietadniadnot e slua   BOE-A-cable e
aportación de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica. En la misma 
disposición se regula el procedimiento para la incorporación de la representación gráfica 
que en esencia consiste en permitir la intervención de los titulares de fincas colindantes.
5.  Es  reiterada  y  consolidada  la  doctrina  de  esta  Dirección  General  en  los 
supuestos en los que se pretende la inscripción de una representación gráfica y puede 
sintetizarse del siguiente modo:
a)  El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la 
identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 
coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la 
posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio 
traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 
y 201 de la Ley Hipotecaria).
b)  A tal efecto el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las 
representaciones  gráficas  disponibles,  que  le  permitan  averiguar  las  características 
topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a 
la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de esta 
Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la cartografía catastral, 
actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro.
c)  Dado que con anterioridad a la Ley 13/2015 de 24 de junio se permitía el acceso 
al Registro de fincas sin que se inscribiese su representación gráfica georreferenciada, la 
ubicación, localización y delimitación física de la finca se limitaba a una descripción 
meramente  literaria,  lo  que  puede  conllevar  una  cierta  imprecisión  a  la  hora  de 
determinar la coincidencia de la representación gráfica con otras fincas inmatriculadas 
con anterioridad a dicha norma.
d)  El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe 
decidir motivadamente según su prudente criterio. En caso de haberse manifestado 
oposición por algún interesado, constituye uno de los principios de la regulación de la 
Jurisdicción Voluntaria que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la sola formulación 
de  oposición  por  alguno  de  los  interesados  no  hará  contencioso  el  expediente,  ni 
impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. Por tanto, y conforme al 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición de quien no haya acreditado ser 
titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine 
necesariamente la denegación de la inscripción».
Lo que no impide, por otra parte, que las alegaciones recibidas sean tenidas en 
cuenta para formar el juicio del registrador.
e)  El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y 
fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o 
remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.
6.  Respecto de la cuestión de fondo planteada, relativa a la protección registral del 
dominio  público,  debe  recordarse  que,  como  afirmó  esta  Dirección  General  en  las 
Resoluciones de 15 de marzo y 12 de abril de 2016 o las más recientes de 4 de 
septiembre de 2017 y 13 de abril de 2008, la obligación legal a cargo de los registradores 
de la propiedad de tratar de impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el 
dominio público tiene su origen y fundamento, con carácter general, en la legislación 
protectora del dominio público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su 
artículo 30, los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables,  e
imprescriptibles  e  inembargables,  lo  cual  no  es  sino  manifestación  del  principio  y  bo
mandato supremo contenido en el artículo 132 de la Constitución. 748ww
las PAodrm einsais trraazcóionn, eesl  aprútíbcluicloa s6 1e sdteá  lao bmligisamdao  leay ,c oorladbeonraa rq ueen  «leal  pperorsteocncaiól na,l  sdeerfveicnisoa d ey 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que indudablemente son, tal deber de colaboración se articula desde diversos 
puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha la ley ordena que «las Administraciones 
públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros». Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción 
registral, se establece a su cargo, además del mandato general de colaboración y 
suministro  de  información  de  los  artículos  61  y  64,  una  previsión  específica  en  el 
artículo 39 conforme a la cual «los registradores de la propiedad, cuando tuvieren 
conocimiento  de  la  existencia  de  bienes  o  derechos  pertenecientes  a  las 
Administraciones públicas que no estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los 
órganos a los que corresponda su administración, para que por éstos se inste lo que 
proceda».
Con estas previsiones legales, es evidente que cuando la Administración Pública 
haya cumplido debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de 
dominio público en el registro de la Propiedad, éstos gozarán de la máxima protección 
posible, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir 
en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran 
invadir el dominio público ya inscrito.
7.  Ahora bien, la protección registral que la ley otorga al dominio público no se 
limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al 
dominio  público  no  inscrito  pero  de  cuya  existencia  tenga  indicios  suficientes  el 
registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo 
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes, el registrador ha 
de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que  acrediten  que  la  inscripción 
pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto, sino también en diversos artículos del Título VI de la Ley que contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general.
8.  En el presente caso, la calificación debe confirmarse. El artículo 199, al regular el 
procedimiento para la inscripción de la delimitación georreferenciada de las fincas ya 
inmatriculadas, ordena que «el Registrador denegará la inscripción de la identificación 
gráfica de la finca, si la misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 
con el dominio público, circunstancia que será comunicada a la Administración titular del  s
inmueble afectado». Notificado el Ayuntamiento de Calera y Chozas, en el curso del  oe.
procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, éste en su informe  w.
señala, de forma indubitada, que «el camino (…) es un bien demanial», sin que de la  748ww
rdeopcruemseennttaacciióónn  garpáofrictaad ag epoorrr eefel rreencucirarednat ed ee nl as um inissmtaan creias uslotelic citiarcnudnos ltaa nincsiac riaplcgiuónna d qeu lea 
cpaemrminitoa  ndoe ssvei retunacru teanl tarefi rimnsaccriióton ,a  nfai veosr  ódbeic lea  Atadmmpioncisotr aa ceióllno  melu hneiccihpoa l.de que el meritado  BOE-A-cable e
Por otro lado, el hecho de que el propio informe municipal señale que lo procedente será 
efectuar el deslinde del camino, con el fin de proteger el dominio público, no enerva la eficacia 
suspensiva de la inscripción del citado informe, pues la oposición de la Administración no 
requiere una certeza total sobre la condición de dominio público, en todo o en parte, del 
inmueble que podría resultar invadido, condición demanial que adquiere aquella certeza a 
través de los procedimientos legales oportunos, entre los que, a efectos registrales, se incluye 
el deslinde administrativo, pues, al margen de lo que resulta igualmente de diversas leyes 
sectoriales (costas, montes, etc.), con carácter general se establece en el artículo 53.2 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que «en 
todo  caso,  la  resolución  aprobatoria  del  deslinde  será  título  suficiente  para  que  la 
Administración proceda a la inmatriculación de los bienes siempre que contenga los demás 
extremos exigidos por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria».
Como resulta de la resolución de este Centro Directivo de 23 de enero de 2019, la 
ausencia de deslinde no es óbice para que puedan existir dudas de que la finca que figura en 
la representación gráfica pueda invadir el dominio público si del conjunto de circunstancias 
concurrentes cabe colegir una duda fundada de posible invasión corroborada por informe 
técnico de la Administración, pues en este aspecto, y en el contexto de la normativa tuitiva del 
demanio público antes examinada, la actuación del registrador conforme a la legislación 
hipotecaria, tras la reforma introducida por la Ley 13/2015, de 24 de junio, tiene una marcada 
finalidad preventiva (vid., v.gr., el párrafo noveno del artículo 9.b de la Ley Hipotecaria al 
destacar la función de prevención de la invasión del domino público).
En este sentido es reiterada la doctrina de esta Dirección General (cfr. Resoluciones 
de 15 de marzo y 12 de abril de 2016) acerca de que la protección registral que la Ley otorga 
al dominio público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se 
hace  extensiva  al  dominio  público  no  inscrito,  pero  de  cuya  existencia  tenga  indicios 
suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de 
inscripción.
Es más, aunque la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la 
finca resultara, en este caso, plenamente respetuoso con la geometría asignada por el 
Catastro al referido camino (…), lo cierto es que consultada la propia Sede Electrónica 
del Catastro, la anchura del referido camino no alcanza los 4 metros, no alcanzando 
los 6 metros que se prevén en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Calero y 
Chozas como anchura mínima, lo que corrobora las dudas de afectación del demanio 
manifestadas por el Ayuntamiento.
Por todo ello, debe confirmarse la calificación a la vista del informe municipal, pues 
dados  los  términos  del  pronunciamiento  no  puede  procederse  a  la  inscripción,  sin 
perjuicio  de  que  por  el  interesado  se  ejerciten  los  recursos  o  actuaciones 
correspondientes  ante  dicha  autoridad  municipal  o  incluso  judicial  para  instar  la 
rectificación de la resolución dictada.
Y sin que por otra parte el procedimiento para la inscripción de la representación 
gráfica o el recurso contra la calificación sea el adecuado para contender acerca del 
contenido de dicha resolución municipal (cfr. Resolución de 10 de octubre de 2017 o 27 
de noviembre de 2019).
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  e
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  bo
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  748ww
la LeMya Hdripido,t e3c0a rdiae. octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.