BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Miércoles 18 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 101041
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14010 Decreto-ley  8/2021,  de  28  de  junio,  de  medidas  extraordinarias  para 
garantizar  la  continuidad  de  la  gestión  del  servicio  público  de  televisión 
autonómica  y  de  sus  programas  informativos  hasta  la  aprobación  del 
mandato marco por el Parlamento de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de 
la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos 
hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias, ordenando a la 
ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
1.  La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  es  titular  del  servicio  público  de 
comunicación audiovisual, declarado legalmente como servicio público necesario para la 
cohesión territorial de las islas (artículos 1 y 2.1 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, 
de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias) y como servicio 
esencial de interés económico general (artículo 40.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual), y cuya gestión viene atribuida, por la citada 
Ley 13/2014, al ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), que lo ejerce directamente 
y a través de la sociedades mercantiles Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio 
Pública de Canarias, S.A.
2.  Entre otras determinaciones, la mencionada Ley 13/2014 contemplaba el marco 
regulatorio  del  servicio  público  televisivo,  estableciendo  las  siguientes  bases:  (i)  la 
atribución al Parlamento de Canarias de la competencia para concretar los objetivos 
generales de la función del servicio público (artículo 4) y, en particular, «el modelo de 
gestión de los servicios informativos de la televisión canaria» (artículo 7.5), a través de la 
figura del mandato marco; (ii) la asunción de la administración y dirección de RTVC y sus 
sociedades  por  órganos  cuyos  miembros  habrán  de  ser  nombrados  por  el  propio 
Parlamento de Canarias por un sistema de mayorías reforzadas –para la Junta de 
Control (anterior Consejo Rector) y la Dirección General (artículo 11.3 y 4) y, además, 
mediante un sistema de propuesta exclusiva y limitada para cada grupo parlamentario, 
atendiendo a la proporcionalidad de su representación –respecto al nombramiento de los 
miembros de la Junta de Control– (artículo 11.2).
3.  Ambos extremos de la ley no han podido materializarse hasta la fecha. El vacío 
normativo señalado anteriormente produjo, en 2018, una situación excepcional de laguna 
institucional y funcional que despliega sus efectos hasta la actualidad.
En efecto, hace tres años, en junio de 2018, con motivo de una situación sobrevenida 
de insuficiencia del número mínimo de miembros del Consejo Rector –máximo órgano  e.
decisor del ente RTVC– y de vacancia simultánea de su presidencia, la Ley 1/2018,  w.b
de 13 de junio, tuvo que arbitrar un «régimen temporal de asunción y ejercicio de la  010ww
gmeasntidóant oo (rednin taarniato» ,« sbea snaodmob reen a ld toitsu lapr rdinec ilpai oDsi:r elcac ióinnt eGriennidearda l dye lt reanntsei»to, rsieedgaúdn  sdeeñ aslua 
e«lg aersttíicóunl oo r2d1in bairsia.4») ,( ay rltaíc ulimloi t2a1c ibóins .d3e y  s6u)s. competencias, circunscritas a las funciones de
Simultáneamente,  también  en  2018,  tuvo  lugar  la  extinción  del  contrato  hasta 
entonces vigente para la prestación de medios materiales y personales para los servicios 
informativos, sin que la no aprobación del mandato marco llamado a determinar el 
modelo de gestión de tales servicios informativos, ni la falta de constitución de los 
órganos ordinarios llamados a ejecutar tal mandato marco haya permitido optar por un 
determinado modelo de gestión, directa, externalizada o mixta, en cuanto a la gestión de 
dichos servicios.
La conjunción en el tiempo de ambos elementos, con el consiguiente y evidente 
riesgo de «bloqueo jurídico y fáctico...de la gestión del servicio público», ha justificado, la 
adopción de dos medidas excepcionales con la finalidad de salvaguardar «la continuidad 
en la gestión del servicio público, y con ello los puestos de trabajo y el sector audiovisual 
afectado» –según contemplaba el Preámbulo de la citada Ley 1/2018, de 13 de junio–, y 
siempre con carácter temporal e interino –hasta tanto tuviera lugar la aprobación del 
mandato marco y se constituyeran los órganos llamados a su cumplimiento–:
a)  Por un lado, en cuanto al personal afecto a los servicios informativos, se dispuso 
la subrogación ex lege, por Televisión Pública de Canarias, S.A., del personal que 
estuviera  prestando  servicios  para  terceras  empresas  contratadas  por  la  sociedad 
pública para la prestación de los servicios informativos y siempre «hasta que se defina el 
modelo de gestión de los servicios informativos por el mandato marco» (disposición 
transitoria primera.2 de la Ley 13/2014, en redacción operada por la Ley 6/2018, y 
disposición  adicional  cuadragésima  novena  de  la  Ley  19/2019,  30  diciembre,  de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020).
b)  Por  otro  lado,  en  cuanto  a  los  medios  materiales,  se  acordó  prolongar 
transitoriamente la afectación al servicio de aquellos contemplados de los contratos 
precedentes, afectación que, en paralelo a la subrogación del personal, fue acordada en 
la anterior legislatura, y que ha venido regulándose, con carácter provisional, en el 
apartado 3 de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014 (introducido por el 
Decreto ley 11/2020, de 19 de junio), que contempla dicha afectación como medida 
excepcional «hasta tanto se apruebe por el Parlamento de Canarias el Mandato Marco y 
se constituya la Junta de Control» y, en todo caso, «por un máximo de cuatro periodos 
sucesivos que no podrán exceder, cada uno de ellos, de un plazo máximo de 3 meses».
4.  Tres años después de la situación crítica referenciada, la misma persiste en 
todos sus componentes, al ser inminente el vencimiento del plazo establecido en la 
disposición transitoria primera.3 de la Ley 13/2014 (previsto para el próximo 30 de junio 
de 2021) sin que se haya aprobado mandato marco alguno por el Parlamento de 
Canarias que permita definir el modelo de gestión de los servicios informativos y afrontar 
su ejecución y sin que, además, se hayan constituido los órganos ordinarios llamados a 
llevar a efecto dicho mandato marco.
Sin embargo, las medidas excepcionales e interinas que, con tal concepto y propósito, 
fueron efectivamente adoptadas legalmente para solventar tal situación –concebidas siempre 
para un breve periodo transitorio y bajo la expectativa de una inminente aprobación del 
mandato marco y de constitución de los órganos llamados a cumplirlo–, han devenido en 
claramente insuficientes e ineficaces, para seguir solventando, o posponiendo, al día de la 
fecha, la crítica situación heredada y persistente en el momento actual. Ello obedece al 
natural desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos de los que se viene 
disponiendo  interinamente  al  amparo  de  tales  medidas  excepcionales,  resultando 
imprescindible, para seguir garantizando el servicio público, la contratación de un nuevo y  e
completo sistema de equipamiento, tecnológicamente actualizado, para la implantación de los  bo
servicios de continuidad e informativos. 010ww
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tras tres años de subrogación en situación de transitoriedad y con un convenio colectivo 
expirado en su periodo de vigencia.
5.  La subsistencia, por tanto, de la situación crítica originada y la insuficiencia de 
las medidas adoptadas hasta el momento para su solución, justifican a habilitar dos tipos 
de  medidas  excepcionales  para  solventar  tal  situación  respecto  a  las  cuestiones 
planteadas y que son las que contemplan en el presente Decreto ley:
a)  Es pues, imprescindible, y siempre a resultas del futuro mandato marco, habilitar 
la  puesta  en  funcionamiento  del  correspondiente  procedimiento  de  licitación  en 
concurrencia que permita dotar a la televisión pública de un nuevo y completo sistema de 
equipamiento, tecnológicamente actualizado, para la implantación de los servicios de 
continuidad  e  informativos,  consustancial  a  la  garantía  de  prestación  y  calidad 
tecnológica exigibles al servicio público (artículo 3.3 de la Ley 13/2014).
Las  condiciones  de  dicha  contratación  habrán  de  ser  las  más  idóneas  para 
garantizar: (i) subjetivamente, la plena concurrencia entre los operadores económicos 
habilitados  para  llevar  a  efecto  las  prestaciones  a  contratar;  (ii)  objetivamente,  la 
idoneidad operativa y actualización tecnológica de las instalaciones y equipos, como tal 
sistema; (iii) temporalmente, la duración necesaria para garantizar la recuperación de las 
inversiones, en los términos previstos en el artículo 29.4, párrafo segundo, de la Ley de 
Contratos del Sector Público; y (iv) funcionalmente, la reversibilidad de la situación a 
resultas del modelo y directrices del mandato marco que pudiera aprobarse durante la 
vigencia del contrato, garantizando así la plena efectividad de la voluntad parlamentaria, 
cuando se produzca, y sin perjuicio de la garantía de indemnidad del operador que 
pueda quedar afectado.
La tramitación del procedimiento de licitación referenciado –que ha de concluir con la 
correspondiente adjudicación y formalización del contrato e implantación y puesta en 
funcionamiento de las prestaciones y equipamientos contratados–, debe afrontarse con 
la mayor brevedad posible, por lo que ha de desarrollarse por el procedimiento de 
urgencia y con plena y estricta compatibilidad con los principios de la contratación del 
sector público.
La  convocatoria  de  la  licitación  del  nuevo  sistema  de  equipamiento  supone, 
asimismo, su incompatibilidad con cualquier procedimiento de licitación precedente en 
curso, por lo que procederá dejarlo sin efecto, en los términos previstos en la legislación 
de contratación del sector público.
Durante el periodo que transcurra hasta la efectiva implantación del nuevo sistema 
de equipamiento, será preciso seguir garantizando, de forma excepcional y transitoria, la 
continuidad del servicio con el mismo nivel de prestaciones y cobertura territorial actual. 
Por  ello,  resulta  procedente  prever  los  mecanismos  de  carácter  extraordinario  y 
provisional que ya se contemplan en el apartado 3 de la disposición transitoria primera 
de la Ley 13/2014, regulándose, no obstante, la alternativa preferente de su licitación en 
concurrencia, cuando ello fuere técnicamente viable, así como el régimen de sustitución 
parcial del equipamiento durante idéntico periodo.
b)  Y es, por otro lado, igualmente necesario, y a resultas igualmente del futuro 
mandato marco, habilitar a los órganos competentes de RTVC y sus sociedades para la 
negociación colectiva de las condiciones laborales del personal subrogado, a fin de 
poder actualizar sus condiciones laborales durante el periodo en que se prolongue la 
transitoria situación de subrogación acordada ex lege.
A  ello  procede  añadir  que  de  no  procederse  a  la  constitución  de  los  órganos 
ordinarios de RTVC y prolongarse el mandato del administrador único, este tendría  e.
competencias para realizar dicha negociación colectiva respecto al personal subrogado,  w.b
por la habilitación contenida en el presente Decreto ley, pero no la tendría para la  010ww
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respecto  a  este  último  personal,  a  fin  de  no  crear  situaciones  de  agravio  en  la 
negociación colectiva paralela de uno y otro colectivo de trabajadores.
6.  En suma, son tres los principios que inspiran la presente disposición:
En primer lugar, la irrenunciable continuidad en la prestación del servicio público de 
televisión y, en concreto, de sus servicios de continuidad, de gestión de las señales de 
contribución y de producción de informativos, garantes de los principios que inspiran su 
función  (artículo  3.2  de  la  Ley  13/2014),  con  arreglo  a  variables  tecnológicas 
actualizadas (artículo 3.3 de la Ley 13/2014) que garanticen, de forma permanente, la 
viabilidad técnica de su prestación, la calidad técnica consustancial a un servicio público 
y  su  cobertura  universal,  simultánea  y  de  calidad  homogénea  para  todas  las  islas 
(artículo 2.3 de la Ley 13/2014).
En segundo lugar, la supeditación de la contratación que se licite y formalice, al 
amparo de la habilitación referenciada en el apartado anterior, a las exigencias que 
resulten  de  un  futuro  mandato  marco  que  se  apruebe  sobrevenidamente  por  el 
Parlamento de Canarias. A tal fin, los términos de la contratación que se licite y formalice 
deberán garantizar el tránsito inmediato al modelo de gestión que pudiera aprobarse en 
dicho mandato marco, para el supuesto de no ser compatible con los términos de dicha 
contratación,  y  sin  perjuicio  de  la  previsión  de  cláusulas  de  indemnidad  de  los 
adjudicatarios afectados.
En tercer lugar, mantener, igualmente hasta la aprobación del futuro mandato marco 
y a resultas del mismo, el régimen de subrogación de personal contemplado en la 
disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 13/2014, habilitando expresamente 
a  los  órganos  de  dirección  y  administración  de  RTVC  y  sus  sociedades  para  la 
negociación colectiva que alcance a los trabajadores del ente y de sus sociedades 
mercantiles, independientemente de su procedencia y fecha de incorporación.
II
Justifica el presente decreto-ley la extraordinaria y urgente necesidad de:
1.  (i) Habilitar la licitación y contratación de los servicios de continuidad, de gestión 
de las señales de contribución y de producción de informativos a fin de garantizar la 
continuidad de la emisión y de la prestación del servicio público esencial en condiciones 
de calidad técnica actualizadas, dado el riesgo de cese e interrupción de los mismos 
ante el desgaste operativo y desfase tecnológico de los medios existentes y no poder 
seguir, por tanto, esperando indefinidamente, para ello, a un mandato marco que se 
viene demorando desde la aprobación de la Ley 13/2014;.
(ii)  La  habilitación  –hasta  tanto  tenga  lugar  la  implantación  y  puesta  en 
funcionamiento de la mencionada contratación–, de la prolongación de la afectación de 
medios  contemplada  en  el  apartado  3  de  la  disposición  transitoria  primera  de  la 
Ley 13/2014, por un periodo inicial e imprescindible de tres meses –al vencer a 30 de 
junio  de  2021  el  periodo  de  prolongación  vigente  y  no  ser  posible  promover  la 
concurrencia con tan escaso periodo de tiempo–, y la ulterior licitación en concurrencia 
de la contratación transitoria del equipamiento conjunto o, en su defecto, de no ser 
posible tal licitación, la prolongación de la afectación prevista en el apartado 3 de la 
disposición transitoria primera hasta la conclusión del mencionado periodo transitorio.
Y, en paralelo, la actual prolongación de la situación de carencia de mandato marco y  s
continuación de la prestación de los servicios informativos con el personal subrogado  oe.
temporalmente,  afecto  a  dichos  servicios,  justifica  la  habilitación  a  los  órganos  w.
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habilitación expresa, todo ello con el fin de garantizar la actualización de sus condiciones
laborales durante el periodo del tiempo en que pueda prolongarse la situación transitoria 
de subrogación laboral.
Tales  circunstancias  justificativas  resultan  imprevisibles  para  el  Gobierno  de 
Canarias, ya que el factor desencadenante de la situación producida es la omisión, por el 
Parlamento de Canarias, de la aprobación del mandato marco y del nombramiento de los 
miembros que integren los órganos ordinarios llamados a su ejecución, omisiones ambas 
que el Gobierno solo puede contemplar cuando se encuentra próximo a su vencimiento 
el plazo máximo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria primera de la 
Ley 13/2014 y al constatar, ante dicho vencimiento inminente, que la continuidad en la 
prestación del servicio queda plenamente comprometida si no se adoptan las medidas 
referenciadas.
Concurre, por tanto, el presupuesto de hecho habilitante para la aprobación del 
presente Decreto ley, esto es, una situación de extraordinaria y urgente necesidad, 
según se delimita en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, motivada por 
el riesgo de cese en la prestación del servicio público de comunicación audiovisual y 
lesión del derecho constitucional de negociación colectiva del personal.
Igualmente, concurre el requisito de idoneidad, necesidad y proporcionalidad del 
Decreto ley para hacer frente a la mencionada situación de extraordinaria y urgente 
necesidad, ya que:
a)  Las medidas que se adoptan solo pueden ser acordadas por norma con rango 
legal por suponer la modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, y por precisar 
habilitación legal la negociación colectiva respecto al personal subrogado sin haberse 
aprobado previamente el mandato marco al que se condiciona dicha subrogación y la 
atribución  de  competencias  al  administrador  único,  en  cualquier  caso,  para  la 
negociación colectiva del personal de RTVC y sus sociedades.
b)  La  urgencia  de  las  medidas,  en  los  términos  ya  explicitados,  impiden  su 
adopción siguiendo el procedimiento legislativo en el Parlamento de Canarias, por lo que 
es precisa su previsión a través del presente Decreto ley.
c)  Las  medidas  adoptadas  son  estrictamente  proporcionadas  e  idóneas  para 
solventar la situación que se trata de solucionar ya que:
(i)  La  contratación  del  nuevo  sistema  de  equipamiento  (prevista  en  el  nuevo 
apartado 4 de la disposición transitoria primera) se proyecta por el tiempo imprescindible 
que permita la recuperación de inversiones y, en todo caso, se condiciona a las resultas 
del mandato marco que pueda ser aprobado por el Parlamento.
(ii)  La  habilitación  para  la  contratación  conjunta  y  transitoria  del  equipamiento 
necesario  para  garantizar  la  prestación  del  servicio  -hasta  que  se  produzca  la 
implantación y puesta en funcionamiento del sistema de equipamiento referenciado-, se 
ajusta al régimen hasta ahora previsto en el apartado 3 de la disposición transitoria 
primera de la Ley 13/2014, si bien su vigencia se prolonga, irremediablemente, por el 
tiempo  imprescindible  para  la  implantación  y  puesta  en  funcionamiento  de  las 
prestaciones y equipamiento cuya licitación y contratación se habilitan, contemplándose 
su prevalente licitación alternativa, cuando resulte técnicamente viable y la sustitución 
parcial de los equipos contratados.
(iii) la habilitación para la negociación del convenio colectivo del personal es la única 
medida  posible  para  garantizar  el  ejercicio  de  tal  derecho  constitucional  de  los 
trabajadores y se formula a resultas, nuevamente, del mandato marco que se apruebe 
por el Parlamento. e
III 010ww
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Autonomía de Canarias (por remisión al mismo del artículo 46.1 del mismo Estatuto), ni
estar sujetos los preceptos de la Ley 13/2014 que se afectan a ningún régimen de 
mayoría cualificada para su aprobación, modificación o derogación. Y por su naturaleza 
meramente  organizativa  y  afectante  a  las  competencias  estrictamente  contractuales 
sobre medios materiales o de negociación colectiva del personal laboral, no afecta 
tampoco el presente Decreto ley a la regulación esencial de los derechos establecidos 
en el Estatuto de Autonomía ni merma las facultades de control parlamentario y de 
acceso de grupos sociales y participativos a los medios de comunicación social.
IV
El presente Decreto ley se inspira en principios de buena regulación, al regular lo 
estrictamente necesario para resolver la situación descrita y cubrir con ello la eficacia e 
interés general que debe regir la actuación administrativa, instrumentalizada, en este 
caso, en la prestación de un servicio público esencial y necesario, y hacerlo de la forma 
más proporcionada posible a los fines perseguidos, circunscrita a un plano puramente 
organizativo y sin afectar al régimen de control y participación establecido en la Ley 
respecto a los medios de comunicación social.
Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto 
nacional como de la Unión Europea; sus objetivos se encuentran claramente definidos y 
no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.
Por último, esta norma es coherente con el principio de transparencia al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos en la parte expositiva, sin que se 
hayan realizado los trámites de participación pública, al amparo de la excepción que 
establece la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
V
La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, ostenta competencia en materia de desarrollo legislativo y ejecución en 
materia  medios  de  comunicación  social  y  audiovisual,  con  independencia  de  la 
tecnología que se utilice.
Asimismo conforme se establece en el artículo 104 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva para 
establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución; competencia, que 
incluye, en todo caso, la facultad de crear, modificar y suprimir órganos, unidades 
administrativas y las entidades que la configuran o que dependen de ella. sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Esta competencia incluye, en todo 
caso, la facultad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas y 
las entidades que la configuran o que dependen de ella.
Al amparo de este título competencial, la Comunidad Autónoma puede establecer la 
organización y régimen de funcionamiento del ente público RTVC, de acuerdo, en su 
caso, con la normativa estatal dictada con base en títulos competenciales contenidos en 
el artículo 149.1 CE (18.ª y 27.ª).
VI s
Se formula el presente Decreto ley a propuesta conjunta de las Consejerías de  w.b
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y  010ww
rSeesgpuercidtiavadm, eennt e,v icrtoumd o dCeo nlsaesj erreíassp edcet iavdassc rcipocmiópne dteenl ceianste  RasTuVmCi dya ssu sp osor cliaesd admeiss my aesn, 
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Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  conjunta  de  los  Consejeros  de  Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
y previa deliberación del Gobierno en su reunión extraordinaria celebrada el día 28 de 
junio de 2021, dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Ley 13/2014, 26 diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, 
de  Radio  y  Televisión  Públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  los 
siguientes términos:
Uno.  Se introduce un párrafo segundo en el apartado 2, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Durante  el  periodo  transitorio  de  subrogación  se  faculta  a  los  órganos 
competentes de RTVC o, en defecto de los mismos, al administrador único de 
RTVC a la negociación del convenio colectivo de dicho personal subrogado así 
como a la negociación del convenio colectivo correspondiente de los trabajadores 
dependientes de RTVC y de sus sociedades.»
Dos.  Se introduce un nuevo apartado 4, con el siguiente tenor:
«4.  Se  habilita  al  Director  General  de  RTVC  o,  en  su  defecto,  al 
administrador único de RTVC, para llevar a efecto, con arreglo a los requisitos 
exigidos legalmente, la licitación y contratación de un sistema de equipamiento 
tecnológicamente  actualizado  e  integrado  por  cuantos  medios  materiales  y 
técnicos,  mobiliarios  e  inmobiliarios,  sean  necesarios  para  el  funcionamiento 
técnico de la Televisión Pública de Canarias y para la prestación de los servicios 
informativos, por un periodo no superior al mínimo necesario para la recuperación 
de las inversiones, en los términos previstos en el artículo 29.4, párrafo segundo, 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La contratación prevista en el párrafo anterior vendrá condicionada, en su 
duración, contenido y efectos, al modelo de gestión de los servicios informativos 
que resulte de la eventual aprobación, por el Parlamento de Canarias, de un 
mandato marco cuya eficacia coincida, total o parcialmente, con el periodo de 
vigencia del mencionado contrato o contratos, debiendo preverse en la licitación y 
formalización  de  estos  últimos  los  mecanismos  precisos  que  habiliten  su 
modificación, cesión, o, en su caso, extinción anticipada, por decisión unilateral de 
Televisión Pública de Canarias, S.A., cuando así venga exigido por el contenido y 
efectividad  del  mandato-marco  sobrevenido,  y  salvando,  en  su  caso,  la 
indemnidad del adjudicatario que resulte afectado por tal decisión sobrevenida.
De aprobarse el citado mandato marco con anterioridad a la formalización del 
contrato o contratos, se acordará su no adjudicación o celebración si el contenido 
de la contratación licitada resultare incompatible con aquel.
Se habilita a los órganos de contratación de TVPC, S.A. para dejar sin efecto, 
en los términos previstos en la legislación de contratación, cualquier procedimiento 
incoado anteriormente y pendiente de resolución para la contratación del servicio 
de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas 
informativos de Televisión Pública de Canarias, S.A. y servicios complementarios.»
Tres.  Se introduce un nuevo apartado 5, con el siguiente tenor: o
«5.  Hasta el momento en que se produzca la implantación y puesta en  010ww
afupnacritoandaom aienntetori ord, el a ladso tapcreiósnta pcrioonveissio noablj eyt ot radnes itloorsia  cdoen tlroast oms epdrioesv ismtoast ereianl ees,l 
mobiliarios e inmobiliarios, para la gestión de las señales de contribución, para la
continuidad de las emisiones, y para la producción y emisión de los servicios 
informativos, se regirá por los siguientes criterios:
a)  Se habilita al Director General de RTVC o, en su defecto, el administrador 
único de RTVC, para acordar la prórroga, por un período de 3 meses a contar 
desde el 1 de julio de 2021, del régimen de afectación conjunta y transitoria de los 
medios  materiales,  mobiliarios  e  inmobiliarios,  puestos  a  disposición  del  ente 
público o de sus sociedades por parte de terceros al amparo de contratos relativos 
a  servicios  informativos  que  estuvieran  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 1/2018, de 13 de junio, prevista en el apartado 3 de la presente disposición 
transitoria y en los términos establecidos en la misma, en cuanto no contradigan lo 
que se establece en el presente apartado.
b)  Durante el periodo de 3 meses señalado en el subapartado a) deberá 
analizarse la viabilidad técnica y económica de promover la concurrencia para la 
licitación y contratación de un equipamiento conjunto que cubra las necesidades 
de tales servicios, con el mismo nivel de prestaciones y de cobertura territorial que 
se viene prestando en la actualidad y por el periodo que transcurra desde la 
finalización del mencionado plazo de tres meses hasta la implantación y puesta en 
funcionamiento  de  las  prestaciones  objeto  de  los  contratos  previstos  en  el 
apartado 4 de la presente disposición transitoria.
c)  En  el  supuesto  de  resultar  viable  promover  tal  concurrencia  para  la 
contratación provisional y conjunta de equipamiento prevista en el subapartado b), 
se procederá a su licitación, que habrá de iniciarse dentro del período de los 3 
meses señalado en el subapartado a). En tal supuesto, se mantendrá la prórroga 
de  la  afectación  prevista  en  el  subapartado  a)  hasta  que  tenga  lugar  la 
implantación y puesta en funcionamiento de las prestaciones de la contratación 
provisional.
d)  En  el  supuesto  de  resultar  inviable  promover  la  concurrencia  de  la 
contratación provisional y conjunta o que, promovida ésta, no concluyere con la 
adjudicación del contrato licitado, se habilita mantener la prórroga del régimen de 
afectación  previsto  en  el  subapartado  a)  hasta  la  implantación  y  puesta  en 
funcionamiento  de  las  prestaciones  objeto  de  los  contratos  previstos  en  el 
apartado 4 de la presente disposición transitoria.
e)  La  eventual  sustitución  parcial,  por  motivos  operativos  o  de  desfase 
tecnológico, de alguno o algunos de los medios comprendidos en cualquiera de 
las prórrogas de equipamiento previstas en el presente apartado podrá efectuarse 
en el ámbito de la misma relación siempre y cuando tal sustitución no suponga 
incremento  alguno  sobre  el  importe  de  la  contraprestación  que  se  viniera 
satisfaciendo por el elemento sustituido, y, en otro caso, mediante su contratación 
separada a cualquier operador u operadores a través de los procedimientos de 
contratación legalmente aplicables, y que conllevará la consecuente exclusión del 
elemento  o  elementos  sustituidos  del  ámbito  de  la  respectiva  prórroga  de  la 
contratación  conjunta  y  la  consecuente  reducción  de  su  contraprestación.  La 
eventual  sustitución  parcial  de  equipos  que  sean  objeto  de  la  contratación 
provisional de equipamiento conjunta contemplada en el subapartado c) se llevará 
a efecto en los términos previstos en dicha contratación o, en su defecto, mediante 
su contratación a cualquier operador.»
Cuatro.  Se introduce un nuevo apartado 6, con el siguiente tenor: e
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Disposición adicional única.  Convocatoria del procedimiento de contratación.
La licitación de la contratación a que se refiere el apartado 4 de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 13/2014, 26 diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  introduce  este  Decreto  ley,  deberá  ser 
convocada en un plazo no superior a 3 meses desde la entrada en vigor del presente 
Decreto ley y tramitarse por el procedimiento de urgencia.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 28 de junio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.–El Consejero de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad,  Julio Manuel Pérez Hernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 133, de 30 de junio de 2021. Convalidado y acordada su 
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por Resolución del Parlamento de Canarias, 
publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 164, de 10 de agosto de 2021)