BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 33002
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4513 Pleno.  Sentencia  38/2021,  de  18  de  febrero  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 3681-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley 
del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la 
Ley de policía del País Vasco. Competencias sobre función pública: pruebas 
de acceso restringidas que contravienen las bases estatales en la materia 
(STC 38/2004).
ECLI:ES:TC:2021:38
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 
presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés 
Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo 
Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y 
la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3681-2020, interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra el apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley 
del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía 
del País Vasco. Ha comparecido el Congreso de los Diputados. Han comparecido y 
formulado alegaciones el Parlamento y el Gobierno del País Vasco. Ha sido ponente el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 24 de julio 
de  2020,  el  abogado  del  Estado,  en  representación  del  presidente  del  Gobierno, 
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el apartado segundo de la disposición 
transitoria décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de 
policía del País Vasco.
a)  El  escrito  de  interposición  comienza  con  la  reproducción  de  la  disposición 
impugnada e identifica los títulos competenciales que, a su juicio, justifican la declaración 
de inconstitucionalidad de la norma recurrida. A tal fin transcribe diversos fragmentos de 
las SSTC 37/2002, de 14 de febrero; 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 5; 156/2015, de 9 
de julio, y 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 5, que se refieren al alcance del enunciado  es
constitucional «estatuto de los funcionarios públicos,» a la reserva de ley de la regulación  o
cedaosedmtlma «pbinreléeistgcetreinmarcc eiliaaonssn   eepbssrat eapsvtúeuibsstatl iocrd iaoees»l n. r déeegl i mlaoerstn . f ue1ns4ct9aio.t1nu.aa1rr8iioo s Cd Epe ú plboolsicr  ofeusln,  cyqi ouanela  srleiios stce omprúraeb sldipceoo snd disdeter i batuol cdEiaóssnt a lddaeos    2021-4513n https://www.
A  continuación  con  apoyo  en  los  dictámenes  del  Consejo  de  Estado
números 951/2018, de 29 de noviembre, 244/2019, de 4 de abril, y 217/2020, de 26 de
marzo, que a su vez se sustentan en las sentencias anteriormente citadas, refiere que la 
competencia del Estado para la regulación de las bases del régimen estatutario de los 
funcionarios (art. 149.1.18 CE) alcanza a los miembros de la policía local, que son 
funcionarios  públicos  cuya  singularidad  radica  en  su  condición  de  «agentes  de  la 
autoridad que desempeñan especiales funciones y ostentan específicas atribuciones al 
participar del ejercicio de la autoridad». De modo que el texto refundido de la Ley del 
estatuto  básico  del  empleado  público  (en  adelante  TRLEEP),  también  sujeta  a  su 
regulación a los cuerpos de la policía local, excepto en lo establecido para ellos en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Finalmente,  dentro  del  apartado  en  el  que  identifica  los  títulos  competenciales 
aplicables con cita de la regla 13 del artículo 149.1 CE, alude a la doctrina constitucional 
sobre las medidas de limitación de las retribuciones adoptadas por el Estado. Con apoyo 
en las SSTC 88/2016, de 28 de abril, FJ 2, y 18/2016, de 4 de febrero, FJ 6 a), afirma 
que  la  competencia  exclusiva  estatal  relativa  a  las  «bases  y  coordinación  de  la 
planificación general de la actividad económica» prevista en el art. 149.1.13 CE en 
relación con el principio de coordinación entre las haciendas autonómicas y la estatal 
(art. 156.1 CE), incluye las medidas orientadas a la contención del gasto público en 
materia de personal. Considera que dicha doctrina, conforme a la STC 178/2006, de 6 de 
junio, FJ 3, es aplicable a las medidas restrictivas de la contratación de personal.
b)  Bajo el título «aplicación de la doctrina constitucional referida al caso concreto de 
la disposición legal objeto de recurso», sostiene que el legislador estatal ha disciplinado 
el acceso a la función pública en el art. 61 TRLEEP, sujetando cualquier proceso a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Dicho precepto es básico desde el punto de 
vista material y formal (conforme a la disposición final primera del TRLEEP) e indica en 
su  apartado  tercero  que  «los  procesos  selectivos  que  incluyan,  además  de  las 
preceptivas  pruebas  de  capacidad,  la  valoración  de  méritos  de  los  aspirantes  solo 
podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en 
ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo».
Añade que los expedientes de consolidación de empleo temporal se encuentran 
previstos en la disposición transitoria cuarta del TRLEEP, que en su apartado segundo, 
sujeta los procesos selectivos que se articulen al respecto a la garantía del cumplimiento 
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y en su apartado tercero 
refiere que los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto. Por tanto tales procesos tendrán 
carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia (art. 61.1 TRLEEP) y que en la 
valoración de méritos de los aspirantes solo podrán otorgar a dicha valoración una 
puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado 
del proceso selectivo (art. 61.3 TRLEEP).
Considera que la disposición impugnada, conculca las previsiones establecidas por 
la legislación básica estatal en la medida en la que establece «‘un turno diferenciado de 
acceso  para  quienes  acrediten  un  mínimo  de  ocho  años  de  antigüedad  en  la 
administración convocante’ en la categoría a la que pertenecen las plazas ‘reservando 
para dicho turno diferenciado de acceso hasta el 60 por 100 de las plazas ofertadas’». 
Dicha previsión normativa comporta la regulación de un proceso restringido contrario al 
art. 149.1.18 CE en la medida que contraviene la legislación estatal, «sin que sea posible 
la interpretación conforme en modo alguno». Continúa refiriendo que la disposición 
autonómica contempla una excepción a la norma consagrada por la norma básica, sin 
que en realidad exista «hueco» posible en el precepto estatal cuya dicción literal no  s
contempla alternativas, o mejor dicho, una alternativa de desarrollo regulatorio como la  oe.
que de hecho la disposición legal autonómica incorpora en este caso». Sostiene que la  w.
interpretación lógica del art. 61 TRLEEP, no da margen a una excepción como la que  13ww
rperceovnéo clae r ncoormmoa  favactsibcale.  laA ñcaodnev ivqeunec iala d ea suunn cpiróenc edpeto  lma anteorrimalam eimntpeu cgonnatdraad iscutoproion dcroían 
el texto de la norma básica de contraste.
Continúa refiriendo que nos hallamos ante un precepto legal autonómico que incurre 
en  inconstitucionalidad  mediata  por  contravención  de  la  competencia  exclusiva  del 
Estado, que le otorga a este el art. 149.1.18 CE, para establecer las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos.
Por último sostiene la íntima conexión que existe entre el título competencial de la 
planificación general de la economía, como título competencial del Estado (art. 149.1.13 
CE),  y  el  aspecto  o  campo  material  que  ahora  nos  ocupa,  pues  la  competencia 
autonómica  en  materia  de  régimen  estatutario  de  sus  funcionarios  públicos  puede 
encontrar, en este título competencial (art. 149.1.13 CE) también, un límite en el ejercicio 
legítimo  de  la  mencionada  competencia  estatal  para  establecer  las  bases  de  la 
planificación económica general ex artículo 149.1.13 CE. Recuerda que la STC 34/2013, 
de 14 de febrero, FJ 16, indicó que «esa competencia puede limitar decisiones de la 
administración sobre ámbitos de su organización como la tasa de reposición de efectivos 
(SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FFJJ 2 y 3; 62/2001, de 1 de marzo, FJ 4, y 24/2002, 
de 31 de enero, FJ 5) o el incremento de la retribución de sus funcionarios, (por todas, 
STC 222/2006, de 6 de julio)».
2.  El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 9 de septiembre 
de 2020, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y dar 
traslado de la demanda y de los documentos presentados, conforme establece el art. 34 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al 
Senado, al Gobierno y al Parlamento del País Vasco, por conducto de sus presidentes, al 
objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimaran pertinentes.
3.  Por  escrito  registrado  en  el  tribunal  el  día  18  de  septiembre  de  2020,  la 
presidenta del Congreso de los Diputados puso en conocimiento el acuerdo de la mesa 
dando  por  personada  a  la  Cámara  y  ofreciendo  su  colaboración  a  los  efectos  del 
art. 88.1 LOTC. No consta la personación del Senado.
4.  Los días 5 y 6 de octubre de 2020 fueron registrados escritos de la letrada del 
Parlamento Vasco y de los servicios jurídicos centrales del Gobierno Vasco solicitando 
que  se  les  tuviera  por  comparecidos  y  personados  en  el  procedimiento  y  se  les 
concediera la máxima prórroga para formular alegaciones.
5.  El día 27 de octubre de 2020 se registró el escrito de alegaciones del Gobierno 
del País Vasco.
El escrito comienza con una referencia al procedimiento de aprobación del proyecto 
de ley de la quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco así como a su 
tramitación parlamentaria, aprobación y publicación como Ley 7/2019, de 27 de junio. 
Alude al acuerdo de la comisión bilateral de cooperación administración del Estado-
administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en relación con dicha ley 
fue suscrito el 16 de septiembre de 2019, y que finalizó sin acuerdo en relación con la 
disposición impugnada.
Bajo  la  rúbrica  «Consideraciones  jurídicas»  desarrolla  en  cinco  apartados  las 
razones por las que se impugna el recurso de inconstitucionalidad:
a)  Como  cuestión  previa  considera  que  no  se  formula  una  argumentación 
específica  que  permita  conocer  los  concretos  motivos  por  los  que  se  produce  la 
infracción constitucional invocada. Para alcanzar dicha conclusión efectúa una síntesis  e.e
del contenido del recurso de inconstitucionalidad y sostiene que se desconocen cuáles  b
son los preceptos de la legislación básica conculcados y el porqué de la contradicción  13ww
aarfigrmumadean.t acCióonn sniedceeras arqiau ed e lala s inadfiremfinaicciioónne sp vraecrttiidcaasd aim  peind e eell  eejescrcriitcoio  dy ell ad erfeaclthao  ddee 
ddeefsecnosnao ceid iomsp qiduee , qaudee meál sG, osboine renxoi gVibalescso d es ea ceunefrrdeon tae  laa  duoncotsri naar gcuomnsetnitutocsio ensapl.e Scií fbicieons 
reconoce  que  el  recurso  incorpora  dos  párrafos  que  «finalmente»  parecen  venir  a
concretar la insuficiente argumentación estatal hasta ahora analizada, sin embargo, los 
mismos comportan tal nivel de abstracción que no hacen sino acrecentar las dudas y la 
incomprensión  del  contenido  concreto  del  recurso  presentado,  lo  cual  «impide,  en 
principio, desarrollar unas alegaciones ‘a lo desconocido’ en el ejercicio legítimo de 
nuestro derecho de defensa». Con cita de la doctrina expuesta en la STC 82/2020, de 15 
de julio, concluye que la abogacía del Estado no ha realizado el esfuerzo argumentativo 
suficiente  exigible  y  exigido  por  dicha  doctrina  constitucional  y  que  el  Tribunal 
Constitucional ha determinado como una «carga del recurrente».
b)  En el segundo apartado de sus alegaciones expone los títulos competenciales 
que sustentan la Ley 7/2019, de 27 de junio. Tras reproducir parte de uno de los 
fundamentos de la STC 156/2015, de 9 de julio, en el que se afirma que «[d]e una 
interpretación conjunta de los preceptos recogidos en la Constitución y en los estatutos 
de  autonomía,  este  tribunal  ha  interpretado  que  ‘al  Estado  le  corresponde  el 
establecimiento  de  las  bases  del  régimen  estatutario  de  los  funcionarios  de  las 
administraciones públicas y a la comunidad autónoma […] el desarrollo legislativo y la 
ejecución  de  las  bases  de  dicho  régimen  estatutario  en  lo  que  se  refiere  a  los 
funcionarios al servicio de la comunidad autónoma y al servicio de las corporaciones 
locales radicadas en su ámbito territorial’ (STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 8)», alude 
a  que  la  Comisión  Jurídica  Asesora  de  Euskadi  ha  analizado  en  profundidad  la 
competencia de la comunidad autónoma en la materia a lo largo de diversos dictámenes 
emitidos con ocasión del examen de los diferentes anteproyectos de modificación de la 
Ley  de  policía  del  País  Vasco  (67/2006,  120/2007,  132/2007,  130/2011,  62/2016 
y 98/2020). En tales dictámenes se declara el carácter incuestionable de la competencia 
autonómica para ordenar la materia en virtud del título competencial que el artículo 17 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) le atribuye en cuanto al «régimen de 
la  policía  autónoma»  en  actualización  del  régimen  foral  previsto  en  la  disposición 
adicional primera de la Constitución.
En este sentido, reproduce extensamente parte del dictamen número 98/2020 y el 
dictamen 22/2020 en el que con cita de la «parte expositiva» del texto refundido de la 
Ley del estatuto básico del empleado público, se indica que «el régimen de la función 
pública no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga 
como modelo único de referencia a la administración del Estado. Por el contrario, cada 
administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de los 
necesarios  elementos  de  cohesión  y  de  los  instrumentos  de  coordinación 
consiguientes».
c)  El tercer bloque de alegaciones lo dedica a desarrollar la razón por la que avala 
la  constitucionalidad  del  apartado  segundo  de  la  disposición  transitoria  impugnada, 
tomando en consideración para ello la situación excepcional a la que el legislador 
autonómico ha querido dar respuesta y la dificultad de cuestionar los argumentos del 
recurso.
Indica  que  no  es  un  aspecto  cuestionado  «por  esta  representación»  que  la 
competencia exclusiva que al Estado atribuye el artículo 149.1.18 CE para establecer las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos se extiende subjetivamente a 
todos  los  funcionarios  de  todas  las  administraciones  públicas,  incluidos  los  de  las 
administraciones de las comunidades autónomas y los de las corporaciones locales 
(STC 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 5), y por consiguiente a los miembros de los 
cuerpos de policía local a los que se refiere el precepto impugnado. Y del mismo modo 
no resulta objeto de controversia el alcance de la expresión «régimen estatutario» que el  s
tribunal  ha  delimitado  poniendo  en  conexión  los  artículos  103.3  y  149.1.18  CE,  y  oe.
reconoce que aun cuando «sus contornos no pueden definirse en abstracto y a priori», sí  w.
se encontraría comprendida en su ámbito «en principio» la regulación relativa a la  13ww
jaudliqou, iFsJic i8ó)n. y pérdida de la condición de funcionario (por todas, STC 156/2015, de 9 de
indicEan  qtaule s e«netnid eoj,e trrcaiyceion ddoe  ae csotalasc cióonm epl edtiecntacmiaes,n  edle lle Cgoisnlasdeojor  dees tEatsatal dhoa  ndúismc.i p2li1n7a/d2o0 2e0l   BOE-A-cable e
acceso a la función pública en el artículo 61 TRLEEP, sujetando cualquier proceso a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad», un horizonte que debe ser considerado 
desde las presentes alegaciones a la vista de las menciones incorporadas al recurso, 
tanto al propio artículo 61 TRLEEP como a los principios señalados, dada la materia 
concreta en la que estimamos debe centrarse el presente debate, esto es, los procesos 
selectivos para el acceso a la función pública sujetos a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad y en particular, los procesos selectivos de consolidación de empleo temporal 
en las administraciones públicas. Afirma que estos procesos selectivos de consolidación 
de empleo temporal, en lo que se refiere a la legislación básica estatal, se contemplan en 
la disposición transitoria cuarta del referido texto refundido, que a su vez, resulta claro 
que remite a los apartados 1 y 3 del art. 61 TRLEEP.
Refiere  que  el  contenido  general  de  la  regulación  de  los  procesos  selectivos 
especiales de consolidación de empleo en los cuerpos de policía local de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco respeta el marco normativo básico estatal, pues se observa lo 
dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 TRLEEP y se garantiza asimismo el 
cumplimiento  de  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y  publicidad  en  los 
procesos selectivos especiales regulados en la disposición transitoria décima de la Ley 
impugnada. Y en cuanto al apartado segundo que regula la «posibilidad» de incorporar a 
los procesos selectivos especiales de consolidación de empleo en los cuerpos de policía 
local de la Comunidad Autónoma del País Vasco, justifica su regulación porque no ha 
sido establecida por el legislador autonómico de forma general, y se limita a supuestos 
en  los  que  en  la  categoría  correspondiente  del  cuerpo  de  policía  local  exista  un 
porcentaje de interinidad superior al 40 por 100, lo que viene a suponer un elevadísimo 
porcentaje de empleo público de carácter temporal.
d)  El  cuarto  bloque  argumental  lo  dedica  a  exponer  el  «contexto  normativo  y 
jurisprudencial europeo» que informa y justifica la adopción del precepto impugnado. A 
tal fin se refiere a la prohibición del «abuso en la contratación temporal sucesiva del 
personal público» y obligando a los Estados miembros a sancionar los abusos que se 
produzcan» y la «necesidad de una sanción» a los Estados miembros ante el abuso 
existente, y ello a través del establecimiento de una medida adecuada para sancionar 
debidamente el abuso constatado que contiene la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, 
de 28 de junio. Detalla el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, Sala Segunda, de 19 de marzo de 2020, en los asuntos acumulados C-103/18 
y C-429/18 (apartados 85, 86, 87, 97, 99, 100 y 101) así como las consideraciones 
previas desarrolladas por la abogada general, Juliane Kokott. Reconoce como cierto que 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su parte no determina el contenido de la 
medida adecuada para sancionar el abuso, si bien entiende que el apartado segundo 
impugnado tomaría en consideración la existencia del abuso señalado por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, constituyéndose en un instrumento normativo válido tanto 
a modo de sanción de la misma como para eliminar las consecuencias de la infracción 
del  derecho  de  la  Unión  Europea,  dando  respuesta  de  un  modo  adecuado  a  dos 
aspectos de enorme trascendencia evidenciados por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Cierra esta línea argumental con la cita del auto de 30 de septiembre de 2020, 
de su Sala Octava, en el asunto C-135/20, por el que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea declara que la Directiva 1999/70/CE se opone a la «legislación de un Estado 
miembro que prohíbe totalmente, en el sector público, la conversión de una sucesión de 
contratos de trabajo de duración determinada, en tanto esta legislación no prevea, en 
relación con este sector, otras medidas efectivas que eviten y, en este caso, sancionen la  s
utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos». oe.
e)  Dedica  la  quinta  y  última  parte  de  sus  alegaciones  a  lo  que  denomina  w.
contextualización  de  la  situación  excepcional  del  alto  grado  de  interinidad  en  13ww
djuestteifricmainr aedlo sa pcauretrapdoos  dsee gpuonldicoía  dloec alla  ded islap oCsoicmióunn idtraadn sAituotróian omdéac idmeal .P aAífsir mVaas cqou ep arlaa 
spuropfeersaiór nlo ps oplircoiacle sreoqsu sieerlee cutinvaoss  ddees itnregzreasso y.  Acolundoec iam ilean rtoess oqluuceió nno d see  2a9d qduei enroevni ehmabsrtae   BOE-A-cable e
de 2019, de la directora general de la Academia vasca de policía y emergencias, por la 
que se convocaba un procedimiento de selección, mediante sistema de oposición, para 
la creación de una bolsa de agentes interinos e interinas de policía local en la escala 
básica y grupo de clasificación C-1 para prestar servicio de forma temporal en dicho 
cuerpo. Indica que los integrantes de dicha bolsa son aquellos a quienes se dirige la 
disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, así como su 
apartado segundo en particular. Considera que interesa destacar la realidad de las 
conformaciones de las plantillas de policía local en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en las que existe un alto porcentaje de interinidad en general y sobre todo en 
determinados cuerpos. Mientras la temporalidad del sector público alcanza el 23 por 100 
de media y, recordemos, se ha establecido como objetivo europeo su reducción a un 8 
por  100,  existen  cuerpos  de  policía  local  en  determinados  ayuntamientos  con  un 
porcentaje de interinidad superior al 40 por 100, en algunos casos con más del 60 
por 100 o el 70 por 100. Como causas de dicha interinidad destaca (1) las cicateras 
tasas de reposición, alejadas de las necesidades reales de los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco; y (2) las jubilaciones voluntarias a lo largo del 
año 2020 por influjo del adelanto de la edad de jubilación.
Afirma que observando la situación global a nivel de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, los datos revelan que existen cuerpos de policía local en 82 municipios del 
País Vasco, conformando una plantilla global de 3.300 agentes, de los cuales, 434 son 
interinos  en  la  actualidad.  Refiere  que  en  veintiocho  municipios  vascos  existe  un 
porcentaje de interinidad en la policía local superior a 40 por 100 de la plantilla, si bien de 
estos únicamente doce municipios cuentan en plantilla con funcionarios interinos con 
más  de  ocho  años  de  antigüedad,  y  concretamente  tres  municipios  presentan  un 
porcentaje de interinidad superior al 60 por 100. Son doce las plantillas de policía local 
de municipios del País Vasco que podrían acogerse a los procesos de consolidación con 
el  turno  diferenciado  regulado  en  el  apartado  segundo  de  la  disposición  transitoria 
décima de la ley impugnada. Sostiene que el legislador autonómico vasco, ante esta 
situación excepcional, singular, puntual y transitoria, ha optado por adoptar medidas para 
restringir o limitar la interinidad. Y lo hace consciente de la necesidad de completar la 
profesionalización de la policía local mediante la estabilización de sus plantillas con 
funcionarios de carrera por razones de seguridad jurídica, por razones operativas, y 
consciente de la necesidad del cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial 
europeo anteriormente expuestos.
Recuerda que disposiciones similares a la impugnada se encuentran en la propia 
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública vasca –aún vigente– que dio lugar a la 
conformación de la doctrina constitucional reflejada en la STC 27/2012, de 1 de marzo. 
Añade que trascurridos más de treinta años, la Comunidad Autónoma del País Vasco 
está afrontando una situación singular, puntual, transitoria y de carácter excepcional en 
lo que respecta a la conformación del empleo en su sector público. Reconoce que el 
País Vasco es la comunidad autónoma con mayor tasa de temporalidad del Estado en su 
sector público, con un 38,7 por 100, es decir, alrededor de 58700 personas interinas/
temporales. Alude, como razón que justificaría la validez constitucional de la norma 
impugnada,  a  los  diferentes  turnos  de  acceso  con  reserva  de  plazas  a  distintos 
colectivos  en  las  ofertas  de  empleo  público  tanto  estatales  (Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del estatuto básico del 
empleado público; Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería, y Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de presupuestos generales del Estado para 2018) y autonómicas, (art. 27 de la  s
Ley 4/2018, de 19 de abril, de identidad y expresión de género e igualdad social y no  oe.
discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón; art. 50 de la Ley 7/2018, de 28 de  w.
junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, y disposición  13ww
addeilc itoenrraolr issemgou nddea  dlae  Clao Lmeuyn 4id/2a0d0 8A,u dtóen o1m7 ad ed jeu nAior,a dgeó nm). eSdiodsatsie an ef aqvuoer  dlea sl atsr evsíc tliemyaess 
asiudtoo nlóams icdaivse crsitaasd ays  nnou mhearno ssaidso  oimfeprtuagsn apdúabsli cpaosr  deel  Eesmtapdloe,o  asdíe  colams oa tdammipnoisctora cloio hnaens   BOE-A-cable e
aragonesas  que  incorporan  las  reservas  de  plazas  reguladas  en  estas  tres  leyes 
autonómicas.
Por último recuerda la doctrina constitucional expuesta en las SSTC 27/2012, de 1 
marzo; 238/2015, de 19 de noviembre, FJ 4, y 86/2016, de 28 de abril, FJ 4, y entiende 
que resulta innegable que la medida normativa autonómica impugnada, además de 
adecuada para dar cumplimiento a la obligación establecida en el marco normativo y 
jurisprudencial europeo con las autoridades nacionales por destinatarias, se constituye 
además como medida normativa para dar respuesta a los elevados porcentajes de 
interinidad  en  determinadas  administraciones  públicas  del  País  Vasco  por  lo  que 
cumpliría los requisitos constitucionalmente exigidos.
6.  El día 30 de octubre de 2020 tuvo entrada en el registro general del Tribunal el 
escrito de alegaciones del Parlamento Vasco.
a)  Comienza  examinando  las  disposiciones  objeto  del  recurso.  A  continuación, 
alega la existencia de un nexo de unión entre la estabilidad (y consolidación) en el 
empleo y la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Refiere que el derecho al trabajo 
(art. 35 CE) y a la promoción profesional es un valor informador de la política social y 
económica de los poderes públicos. Considera que el «binomio estabilidad en el trabajo/
dignidad de la persona, como dúo indisoluble que se colige de los diferentes preceptos 
del texto constitucional ha llevado al legislador estatal a establecer la posibilidad de 
tomar medidas de consolidación de empleo en las administraciones públicas, tal como 
señala la mencionada disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto 
básico del empleado público».
b)  Se refiere en términos análogos a las alegaciones del Gobierno Vasco a la 
Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de 
la CES [Confederación Europea de Sindicatos], la UNICE [Unión de Confederaciones de 
la Industria Europea] y el CEEP [Centro Europeo de la Empresa Pública] sobre el trabajo 
de duración determinada, con cita de las mismas sentencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, señalando que la disposición impugnada sanciona debidamente el uso 
abusivo de sucesiones de contratos y relaciones laborales de duración determinada y 
redundará  en  una  adecuada  compensación  a  las  personas  que  han  sufrido  la 
incertidumbre de una prolongada interinidad.
c)  Acepta que el recurso de inconstitucionalidad plantea un problema competencial, 
que gira en torno a la competencia del Estado para regular el régimen estatutario de sus 
funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE). Recuerda que Estatuto del País Vasco, en su 
artículo l0.4 consagra la competencia de Euskadi en materia de régimen local y estatuto 
de los funcionarios del País Vasco y de su administración local, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 149.1.18 CE. Afirma que el art. 39 de la Ley Orgánica de 
fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  otorga  a  las  comunidades  autónomas  amplias 
competencias de contenido normativo, que abarcan, entre otras cuestiones, los criterios 
de selección, formación, promoción y movilidad, cuestiones que tienen un profundo nexo 
con la disposición impugnada. Concluye afirmando que las previsiones contenidas en la 
disposición cuestionada son conformes con la realidad de la propia administración de la 
comunidad autónoma y con las previsiones contenidas en la legislación básica.
d)  Para la doctrina constitucional serían procesos cerrados o restringidos aquellos 
en  los  que  para  tomar  parte  en  los  mismos  se  exige  haber  prestado  servicios 
profesionales  en  la  administración  convocante  (SSTC  22/1981,  59/1982,  67/1989, 
50/1991 y 340/1993, entre otras). Tales procesos serían compatibles con el art. 23 CE en  e
determinados  casos  excepcionales,  siempre  que  el  proceso  selectivo  restringido,  bo
además de estar previsto en la ley, sea un medio excepcional y adecuado para resolver  13ww
uranzao nsiatubalec ióyn o ebxjecteivpac ioyn aqlu, ea sní oc oemstoa bqlueez claa  ddiiffeerreenncciiaa sd eq turea ton ote ngguaa rudnean  furenldaacimóne nctaocni óenl 
mcoénrsittoit uyc iolan aclmapeancteid aledg. ítAim eal,l oy  seq ulee  sdee bjeu staifñiqaudeir  lqau ee xtceenpgcaio npaolri doabdj edtoe  ulan am feindaidliad ada 
adoptar, y que se fundamente exclusivamente en una singular, puntual y transitoria
necesidad de la administración. Entiende que la disposición impugnada satisface tales 
exigencias.
Recuerda  que  el  Tribunal  Constitucional  reconoció  la  constitucionalidad  de  los 
procesos restringidos convocados por las administraciones andaluzas y canarias en la 
STC 27/1991, de 14 de febrero. Y, de modo similar a las alegaciones formuladas por el 
Gobierno Vasco, pone de manifiesto el alto porcentaje de interinidad existente y las 
causas del mismo. Y justifica la finalidad de la disposición impugnada en términos 
análogos a los realizados por el Gobierno Vasco.
Tras justificar que se reúnen los requisitos constitucionalmente exigidos para regular 
un proceso de acceso restringido, señala que incluso es cuestionable que la disposición 
impugnada contemple en sentido propio un proceso restringido, pues «no se restringe la 
participación en el proceso selectivo únicamente a la persona que ocupaba las plazas 
contempladas en la oferta de empleo», pues «lo único que se contempla es la posibilidad 
de un turno diferenciado de acceso a un porcentaje máximo de las plazas vacantes 
convocadas».
Coincidiendo con las alegaciones del Gobierno Vasco indica que la posibilidad de un 
turno diferenciado ha sido reconocida en diversas leyes estatales. Reconoce el carácter 
básico de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del estatuto 
básico  del  empleado  público  y  con  similares  argumentos  a  los  empleados  por  el 
Gobierno Vasco –con cita en su apoyo de la STC 107/2003, de 2 de junio–, insiste en 
que no se plantea un concurso-oposición restringido, sino un turno específico en el seno 
de un concurso-oposición público, concretado a un número extremadamente limitado de 
casos.
Finalmente, en relación con la invocación del art. 149.1.13 CE sostiene que no se 
aportan datos de que la disposición recurrida incremente el gasto de personal, ni puede 
colegirse que la convocatoria consuma plazas susceptibles de ser convocadas en el 
marco de lo establecido en la normativa básica presupuestaria estatal.
7.  Mediante providencia de 16 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de inconstitucionalidad y posiciones de las partes.
En el presente recurso de inconstitucionalidad se impugna el apartado segundo de la 
disposición transitoria décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de 
la Ley de policía del País Vasco. El indicado apartado tiene el siguiente tenor literal:
«De existir en la categoría correspondiente del cuerpo de policía local un porcentaje 
de  interinidad  superior  al  40  por  100  podrá  incorporarse  al  proceso  especial  de 
consolidación de empleo, un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un 
mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de 
la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno 
diferenciado de acceso hasta el 60 por 100 de las plazas ofertadas».
El recurso de inconstitucionalidad denuncia que dicho apartado vulnera el orden 
constitucional de distribución de competencias al establecer un turno diferenciado de 
acceso  a  la  función  pública  para  quienes  acrediten  un  mínimo  de  ocho  años  de 
antigüedad en la administración convocante en la categoría de la policía local a la que  s
pertenecen las plazas convocadas contraviniendo la norma básica estatal dictada al  oe.
amparo del art. 149.1.18 CE. En concreto, para el Gobierno de la Nación la vulneración  w.
ladare tgli caourrlaadncetiníóa n dd deee l  dcuiusnmtarispb lupimcruiióeennb taods ed d eec ol oamsc pcpeersitneocn iqcpuiiaoess  t idpeeon rei gnlua ca alndroaárdcmt,e amr  érimeristpotur,i gncngaaipddaoac q idrueaesd uq ylut aeprbuíarba lindctiead raílada    2021-4513n https://ww
exigida en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del  Bc
empleado público y que en su apartado tercero refiere que «los procesos selectivos se 
desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente 
estatuto». Por otra parte afirma que la competencia autonómica en materia de régimen 
estatutario de sus funcionarios públicos puede encontrar en el art. 149.1.13 CE, un límite 
en el ejercicio legítimo de la mencionada competencia estatal para establecer las bases 
de la planificación económica general. Los letrados del Gobierno y del Parlamento del 
País Vasco, como consta en los antecedentes, solicitan la desestimación íntegra del 
recurso.
2.  Consideraciones previas.
Antes  de  abordar  el  examen  de  la  impugnación  contenida  en  el  recurso  de 
inconstitucionalidad interpuesto, debemos realizar una serie de observaciones preliminares.
a)  Con carácter previo al examen de fondo, aun cuando las partes no lo han puesto 
de manifiesto, procede precisar que con posterioridad a la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad, la Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco ha 
sido objeto de  derogación expresa  mediante  la  disposición derogatoria del Decreto 
Legislativo del Parlamento Vasco 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de policía del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» núm. 220, 
de 15 de agosto de 2020, y «Boletín Oficial del País Vasco» de 6 de agosto de 2020, que 
entró en vigor el día siguiente de su publicación), y que en el apartado segundo de su 
disposición transitoria novena reproduce la misma norma impugnada.
La realidad que supone la aprobación del Decreto Legislativo 1/2020 sobre el objeto 
del presente recurso debe ser evaluada tomando en consideración que en relación con 
las modificaciones normativas en procesos constitucionales de naturaleza competencial 
como el que ahora nos ocupa, este tribunal ha afirmado reiteradamente que «la eventual 
apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que 
sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede 
resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo 
relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento, 
cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, 
toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de 
competencias es el fin último al que sirven tales procesos» (entre otras, STC 82/2020, 
de 15 de julio, FJ 2, y las allí citadas). De modo que si la normativa en torno a la cual se 
trabó el conflicto resulta sustituida por otra que viene a plantear los mismos problemas 
competenciales  la  consecuencia  será  la  no  desaparición  del  conflicto  (por  todas, 
STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2).
Esto es, precisamente, lo que ocurre en el presente caso, en el que, como ha 
quedado expuesto, el apartado segundo de la disposición transitoria décima impugnado, 
así como el resto de los preceptos de la Ley 7/2019, han sido derogados expresamente 
mediante la disposición derogatoria del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio que en 
el apartado segundo de su disposición transitoria novena reproduce la misma norma 
impugnada, por lo que debemos proceder a su enjuiciamiento.
Ahora bien, conforme a la doctrina constitucional, descartada la pérdida de objeto del 
presente recurso por las razones indicadas, debe advertirse que la eventual declaración 
de inconstitucionalidad del precepto impugnado, conforme al art. 39.1 LOTC, deberá, en 
su caso, hacerse extensible lógica y consecuentemente, conforme a nuestra doctrina, al 
apartado segundo de la disposición transitoria novena del Decreto Legislativo 1/2020,  s
de 22 de julio. En efecto, en las SSTC 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 4; 194/2000,  oe.
de 19 de julio, FJ 11; 272/2015, de 17 de diciembre, FJ 2; 80/2017, de 22 de junio, FJ 2;  w.
rp1er0fo2un/n2ud0nid1coi7as,m  dineeo n2 to0ims  dpedu egju nlaiinodc,o oFsn Js pt3iet,ur ocyi  o1qn4ua3eli/d 2ar0ed1p 7re,o nddtueoc n1íca4en s d leoe smd iciptiiredemocseb preato,  sFp rJlee c1ge,a pleetxosts e ndddeeicm laotresax dtlooosss    2021-4513n https://ww
inconstitucionales, por concurrir la conexión a la que se refiere el art. 39.1 LOTC entre un
texto legal y su refundición no innovadora. Otra conclusión, conllevaría mantener en el
ordenamiento  normas  que  son  reproducción  de  otras  que  han  sido  declaradas 
inconstitucionales,  lo  que  introduciría  un  elemento  de  inseguridad  jurídica  que  este 
tribunal en el marco de sus competencias está llamado a evitar.
b)  Por otra parte, procede desestimar por carecer de fundamento alguno la solicitud 
de inadmisión del recurso de inconstitucionalidad por falta de satisfacción de la carga 
argumental que plantea el Gobierno del País Vasco. La demanda, cuyo contenido ha 
quedado expuesto en los antecedentes, cumple con lo dispuesto en los arts. 33.1 y 85.1 
LOTC, al señalar que se dirige contra el apartado segundo de la disposición transitoria 
décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del 
País Vasco, especificando los preceptos constitucionales que entiende infringidos, y 
expone las razones en las que funda su pretensión. Tanto el objeto del recurso como la 
causa petendi, elementos sin los cuales no resulta concebible el proceso, han quedado 
perfectamente  precisados  por  la  parte  actora.  Las  razones  de  la  supuesta 
inconstitucionalidad  afloran  con  nitidez  en  el  recurso  interpuesto.  El  presidente  del 
Gobierno de la Nación sostiene la inconstitucionalidad de la norma por contravenir el 
orden constitucional de distribución de competencias y cuando alude al incumplimiento 
de lo previsto en la regla 18 del art. 149.1 CE, de modo congruente con su planteamiento 
–pese a lo alegado por la representación del Gobierno Vasco–, identifica los preceptos 
básicos que la disposición autonómica impugnada infringe, en concreto los apartados 1 
y 3 del art. 61 y la disposición transitoria cuarta del TRLEEP, de cuyo tenor literal resulta 
que:  «1.  Los  procesos  selectivos  tendrán  carácter  abierto  y  garantizarán  la  libre 
concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas 
de discriminación positiva previstas en este estatuto […] 3. Los procesos selectivos que 
incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de 
los aspirantes solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que 
no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo».
No es acertado confundir el incumplimiento de la carga argumental del recurrente 
con la discrepancia que el representante procesal del Gobierno del País Vasco pone de 
manifiesto en su alegato contradictorio. Es consustancial a toda controversia jurídica que 
se somete a nuestra consideración la existencia de una desavenencia entre las partes, 
pero no le compete a este tribunal pronunciarse sobre el mayor o menor acierto técnico 
de los recursos de inconstitucionalidad –ni tampoco de sus réplicas–, basta para poder 
examinar las demandas que se pueda vislumbrar algún motivo de inconstitucionalidad 
suficientemente  fundado  que  levante  la  referida  carga  en  los  términos  que  hemos 
reiterado [por todas, STC 96/2013, de 23 de abril, FJ 3, con cita de otras anteriores].
Precisamente lo que debemos resolver es si puede aceptarse o no el motivo de 
inconstitucionalidad invocado, lo que concluirá en la estimación o desestimación del 
recurso. «Pretender que dicho examen de fondo sea sustituido por una inadmisión que 
zanje  sin  más  el  debate  y  ponga  fin  al  proceso  equivale,  pura  y  simplemente,  a 
desconocer  la  naturaleza  y  el  régimen  jurídico  propios  del  recurso  de 
inconstitucionalidad, que –a diferencia de otros procesos constitucionales (arts. 37.1 y 75 
quinquies.1 LOTC)– no contempla la inadmisión basada en su carácter notoriamente 
infundado» (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 1).
3.  Método para la resolución de la impugnación. Encuadre de la materia regulada y 
marco competencial de referencia.
Como se ha adelantado el recurso denuncia la vulneración del orden constitucional 
de distribución de competencias, al establecer el apartado segundo de la disposición  e
transitoria décima de la Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco un  bo
sistema de acceso a la función pública que, a juicio del Gobierno de la Nación, se  13ww
situaPrlíaan atel amdaor geeln  pdreo lbal enmoram  aco bnásstiitcuac ieosntaalt ael dni cetasdtoas a lt éarmmpinaoros ,d eclo anr t.a 1rr4e9g.1lo. 18a  CnEu.estra
creointetrroavdear tiddoac, tprianraa,  peoss teprrieocrimsoe nptero, ctreadtáenr daols ee ndceu alad rdee cclaormacpieótne ndceia iln cdoen sltait urceiognualalicdiaódn 
mediata de una disposición autonómica por vulnerar lo previsto en una norma básica,
realizar dos operaciones sucesivas: por una parte, constatar si efectivamente la norma 
estatal en la que se encuadra la materia reúne la condición de básica; y, por otra, 
verificar que existe una verdadera contradicción entre la norma impugnada y la norma 
estatal básica que no pueda ser salvada con una interpretación de la norma cuestionada 
conforme con la Constitución (por todas, STC 51/2019, de 11 de abril, FJ 4).
De la lectura del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley de 
quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco se advierte claramente que 
regula la posibilidad de un turno diferenciado de acceso al cuerpo de la policía local para 
quienes acrediten una determinada antigüedad tanto en la administración que convoca el 
proceso selectivo como en la categoría de la policía local a la que pertenezcan las plazas 
convocadas. Se preceptúa por tanto una forma de acceso a la función pública que, al 
ordenar el modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las administraciones 
públicas, debe entenderse comprendida –y así lo reconocen las partes– en el contenido 
de  la  expresión  «régimen  estatutario  de  los  funcionarios  públicos»  recogida  en  el 
art. 149.1.18 CE (entre otras, SSTC 183/2016, de 3 de noviembre, FJ 4, y 20/2017, de 2 
de febrero, FJ 2). De ello se deriva, y en esto también muestran su asentimiento las 
partes, que el título competencial que resulta aquí de aplicación es el que se refiere a las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE).
En efecto, en materia de función pública al Estado le corresponde, en virtud de lo 
establecido en el art. 149.1.18 CE, la competencia exclusiva para establecer las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse 
referida,  como  ha  tenido  ocasión  de  declarar  este  Tribunal  Constitucional,  a  los 
funcionarios  de  todas  las  administraciones  públicas,  debiendo,  por  consiguiente, 
entenderse  incluidos  en  dicho  título  competencial  tanto  los  funcionarios  de  la 
administración  del  Estado  como  los  de  las  administraciones  de  las  comunidades 
autónomas y los de las corporaciones locales (por todas STC 154/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 5).
Por su parte la Comunidad Autónoma del País Vasco ha asumido en su Estatuto de 
Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, y en el marco de 
la legislación básica del Estado, competencia de desarrollo legislativo y ejecución en la 
materia del estatuto de los funcionarios del País Vasco y de su administración local 
(art. 10.4 EAPV). Es por ello que al Estado le corresponde el establecimiento de las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios de todas las administraciones públicas 
(art. 149.1.18 CE) y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el desarrollo legislativo y 
la ejecución de las bases de dicho régimen estatutario en lo que se refiere a los 
funcionarios al servicio de la comunidad autónoma y al servicio de las corporaciones 
locales radicadas en su ámbito territorial (art. 10.4 EAPV), como es el caso que nos 
ocupa. A su vez, debe descartarse que la norma impugnada pueda encuadrarse en el 
art.  17  EAPV,  como  pretende  el  Gobierno  del  País  Vasco  con  sustento  en  la 
reproducción parcial de dictámenes de la comisión jurídica asesora de Euskadi, pues en 
tales alegaciones se parte de un entendimiento del precepto estatutario que no se 
corresponde  con  los  términos  en  los  que  ha  sido  interpretado  por  la  doctrina 
constitucional (por todas, STC 186/2016, de 3 de noviembre, FJ 3, y las que allí se citan). 
En efecto, conforme a dicha doctrina, la competencia del art. 17 EAPV, al aludir al 
«régimen de la policía autónoma», se refiere a la función policial prestada por dicha 
policía autónoma, esto es, a las competencias orgánicas y funcionales sobre la propia 
policía  y  potestades  administrativas  inherentes  o  complementarias  a  la  actividad 
estrictamente policial que quedan extramuros del «régimen de acceso a la función  s
pública». oe.
Llegados a este punto hemos afirmado, y de nuestra doctrina se han hecho eco las  w.
partes, que «el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley 7/2007,  13ww
dcaer á1c2te rd eb áasbirciol,  deexl  aersttíacutuloto  1b4á9s.i1c.o1 8d eCl Ee»m p(SleTaCdo  1p1ú1b/2li0c1o4 ,( LdEeE P2)6,  addee mjuánsi od, eF Jte n3e)r, 
daefir mlaa cLióeny  qdueel  reesstualttau ttor absláasdicaob led eall  reémgipmleeand doe  paúcbcelicsoo,  eqsutaeb leecsitdaob leenc ee l utenxat or eregfuulnadciidóon   BOE-A-cable e
idéntica a la que preveía la Ley 7/2007. Esta identidad determina, por las mismas 
razones indicadas en nuestra STC 111/2014, en relación entonces con la disposición 
transitoria segunda de la Ley del estatuto básico del empleado público, que debamos 
ahora afirmar que la regulación de la consolidación de empleo temporal que contiene la 
disposición transitoria cuarta y los apartados 1 y 3 del art. 61 TRLEEP a los que esta se 
remite, deban considerarse formal y materialmente básicos, extremo este con el que las 
partes también muestran su conformidad sin denunciar exceso alguno en lo que a lo 
básico se refiere.
La STC 238/2015, de 19 de noviembre, FJ 3, evidenció que la doctrina constitucional 
encuadra en las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos la regulación 
estatal que impone que la adquisición de la condición de funcionario público se verifique 
mediante convocatorias abiertas. Y recordó que también encajan en tales bases las 
excepciones que eventualmente se puedan prever a tal regla general «por implicar una 
modulación de dicha norma». De este modo, «el legislador autonómico no actuará dentro 
de sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública en que la 
participación no sea libre más allá de aquellos que encuentren amparo en la normativa 
básica. Así lo ha declarado este tribunal a la vista tanto del régimen básico previsto en la 
Ley 30/1984 (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, y 302/1993, de 21 de 
octubre, FJ 3) como del regulado en la LEEP (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 3), 
debiendo extender ahora esta declaración al previsto en el texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado público y actualmente vigente».
4.  Contraste entre la norma básica estatal y la norma autonómica impugnada.
Una  vez  encuadrada  la  materia  en  las  bases  del  régimen  estatutario  de  los 
funcionarios públicos y afirmada la condición básica de la norma estatal (disposición 
transitoria cuarta de dicho texto refundido y los apartados 1 y 3 del art. 61 TRLEEP), 
procede, siguiendo el método de enjuiciamiento anunciado, comprobar si existe una 
verdadera y real contradicción entre la norma impugnada (apartado segundo de la 
disposición transitoria décima de la Ley de quinta modificación de la Ley de policía del 
País Vasco) y la norma estatal básica que no pueda ser salvada con una interpretación 
de la norma cuestionada conforme con la Constitución.
Como se ha expuesto en los antecedentes, el Gobierno de la Nación sostiene que 
dicha  contradicción  se  evidencia  porque  la  norma  impugnada  establece  «un  turno 
diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad 
en  la  administración  convocante»  en  la  categoría  a  la  que  pertenecen  las  plazas 
reservando para dicho turno diferenciado hasta el 60 por 100 de las plazas ofertadas. 
Dicha previsión normativa comporta para el abogado del Estado la regulación de un 
proceso  restringido  contrario  al  art.  149.1.18  CE  en  la  medida  que  contraviene  la 
legislación estatal, «sin que sea posible la interpretación conforme en modo alguno».
Por  su  parte,  el  Gobierno  y  el  Parlamento  del  País  Vasco  postulan  en  sus 
alegaciones  que  cada  administración  debe  poder  configurar  su  propia  política  de 
personal y justifican la norma impugnada por el contexto normativo y jurisprudencial 
europeo y porque la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene la mayor tasa de 
temporalidad del Estado en su sector público, así como en la existencia de regulaciones 
similares estatales y autonómicas. En lo que a la contradicción entre la disposición 
impugnada y las bases estatales se refiere, el Gobierno del País Vasco expresa –sin 
negar que dicha contradicción pueda existir– que el apartado segundo de la disposición 
transitoria décima impugnada se justifica porque no tiene carácter general y por limitar el  e
proceso selectivo a supuestos en los que en la categoría correspondiente del cuerpo de  bo
policía local exista un porcentaje de interinidad superior al 40 por 100. Por su parte el  13ww
cPoamrlapmateibniltiod add eel xcPeapícsio nVaal sdceo , lostr apsr ocreescoosrd aser lelcat ivodso crterisntari ngcidoonss tictuocnio enla la rts. o2b3re  CEla, 
pcoremcpeeptteon qcuiael  ndoe l hrae csuidrsoo i ndveo cinacdoon psotirtu ecli oGnoabliidearndo i ndtee rlpau Nesatcoi,ó na fyir mquae q euse  anjeon soe a pl loabnjteetao 
un concurso-oposición restringido, sino un turno específico en el seno de un concurso-
oposición público.
Para el examen de la aducida contradicción material entre la disposición impugnada 
y los preceptos básicos indicados es conveniente recordar que ya la STC 174/1998, 
de 23 de julio, FJ 4, recogiendo la doctrina sentada en las SSTC 151/1992, de 19 de 
octubre, y 302/1993, de 21 de octubre, afirmó que el art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública, derogado con el alcance y 
vigencia  establecidos  por  la  disposición  final  cuarta,  apartado  2,  por  la  disposición 
derogatoria única, apartado b) TRLEEP establecía con carácter básico el principio de 
que  las  convocatorias  tienen  que  ser  por  regla  general  abiertas  o  libres.  Dicha 
disposición ha pasado en términos similares al art. 61.1 TRLEEP que en relación con los 
procesos  selectivos  dispone  que  tendrán  carácter  abierto  y  garantizarán  la  libre 
concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas 
de discriminación positiva previstas en el estatuto. Este precepto que es de aplicación 
por la remisión que al mismo realiza el apartado tercero de la disposición transitoria 
cuarta  TRLEEP  al  regular  las  convocatorias  de  consolidación  de  empleo  temporal, 
estatuye como excepciones, con carácter igualmente básico, lo que prevea el estatuto 
para la promoción interna y las medidas de discriminación positiva.
De lo anterior se sigue que debe indagarse si en el supuesto sometido a nuestra 
consideración  estamos  en  presencia  de  unas  pruebas  de  las  llamadas  restringidas 
contrarias al principio de libre concurrencia. Para abordar tal cuestión conviene recordar 
que  el  apartado  segundo  de  la  disposición  transitoria  décima  de  la  Ley  de  quinta 
modificación de la Ley de policía del País Vasco impugnado, prevé un turno diferenciado 
de acceso en los procesos selectivos para la consolidación del empleo temporal en 
plazas de la policía local para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad 
en la administración convocante en la categoría de la policía local a la que pertenecen 
las plazas convocadas. El diseño del sistema de acceso a la función pública que resulta 
de la disposición impugnada es evidentemente contrario al principio básico de libre 
concurrencia garantizado en los arts. 61.1 TRLEEP al que remite el apartado tercero de 
su disposición transitoria cuarta. En efecto la configuración de un proceso selectivo de 
acceso a la función pública reservado a quienes tengan una previa experiencia en 
puestos de policía local, ha de calificarse de restringido y cerrado, pues reserva las 
plazas convocadas a quienes acrediten un mínimo de antigüedad en la administración 
convocante,  en  la  categoría  de  la  policía  local  a  la  que  pertenecen  las  plazas 
convocadas, y excluye de las pruebas selectivas a quienes no tengan dicha antigüedad o 
carezcan de vinculo temporal con la administración.
Dicha exclusión de las pruebas selectivas de quienes no estén previamente unidos a 
la administración por no haber prestado servicios para la misma, supone eliminar de la 
posibilidad de participar en el proceso selectivo a los «aspirantes libres», que no han 
prestado servicios ni en la administración convocante ni en la categoría de la policía local 
a la que pertenece la plaza convocada. Dichas pruebas no pueden calificarse de libres o 
abiertas y por tanto son contrarias al precepto básico estatal contenido en el art. 61.1 
TRLEEP, sin que el caso regulado por la disposición recurrida reúna las condiciones 
excepcionales que el propio precepto admite. Por dicha razón ha de concluirse que el 
apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley de quinta modificación 
de la Ley de policía del País Vasco, al no haber respetado los límites que establece la 
legislación básica estatal, ha infringido el orden constitucional de competencias.
A la anterior conclusión no se le puede oponer que la finalidad de la norma sea  s
solucionar, a la luz de las exigencias normativas y jurisprudenciales de la Unión Europea,  oe.
el abuso en la contratación temporal sucesiva del personal público, agravado por ser la  w.
Comunidad Autónoma del País Vasco la que tiene –según sus propias alegaciones– la  13ww
dmeabyeo r lotagsraar  dsei nt evmuplnoeraralird alad  dneolr mEsat abdáos iecna  seus tsaetaclt oqr upeú bplircoos,c rpibuee,s  sdaiclvhoo  perxocpeópsciitoon eses 
tmaasarzdoa,s F, Jl a5s) .pruebas de acceso restringidas o específicas (STC 38/2004, de 11 de  BOE-A-cable e
5.  Alcance de la declaración de inconstitucionalidad.
Conforme a la doctrina, expuesta en el fundamento jurídico 2 a), la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo de la disposición transitoria décima 
de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley 
de  policía  del  País  Vasco  debe  extenderse  al  apartado  segundo  de  la  disposición 
transitoria novena del Decreto Legislativo del Parlamento Vasco 1/2020, de 22 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de policía del País Vasco que 
reproduce el precepto legal declarado inconstitucional.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo de la disposición 
transitoria décima de la Ley del Parlamento vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta 
modificación de la Ley de policía del País Vasco. Declaración que se ha de extender al 
apartado  segundo  de  la  disposición  transitoria  novena  del  Decreto  Legislativo  del 
Parlamento Vasco 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de policía del País Vasco.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.