BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 2 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83684
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11646 Resolución  de  9  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles I de 
Castellón, por la que suspende la calificación de una escritura de aumento de 
capital.
En el recurso interpuesto por don J. N. C., actuando como administrador solidario de 
la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.», contra la nota de calificación extendida por la 
registradora Mercantil y de Bienes Muebles I de Castellón, doña María Rosa Navarro 
Díaz, por la que suspende la calificación de una escritura de aumento de capital.
Hechos
I
Por el notario de Castellón de la Plana, don Joaquín Serrano Yuste, se autorizó el 
día 24 de marzo de 2020 acta de comparecencia a junta general, con el número 1.006 
de protocolo, en la que comparecía don J. N. C., como administrador solidario de la 
sociedad «Paynopain Solutions, S.L.», al efecto de requerirle para que levantase el acta 
de la junta general de la sociedad a celebrar el mismo día en la Notaría, resultando que, 
los dos socios, habían sido convocados por medio de burofax. De la diligencia del mismo 
día resultaba la presencia de un único socio, que representaba el 70,77% del capital 
social, por lo que no se consideraba preciso el nombramiento de presidente y secretario 
de la junta. Tras la declaración por parte del único socio compareciente de la válida 
constitución de la junta general, se adoptó determinado acuerdo de ampliación de capital 
y la subsecuente modificación de los estatutos sociales.
En la misma fecha, el notario autorizó escritura, con el número 1.007 de protocolo, en 
la que comparecía el administrador solidario de la sociedad «Jorjavi Crew, S.L». y 
elevaba a público el acuerdo unánime de la junta general y universal de la sociedad 
adoptado el mismo día 24 de marzo de 2020 de ejercer el derecho de preferencia en el 
aumento de capital de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.».
En la misma fecha, el notario autorizó acta de manifestaciones, con el número 1008 
de protocolo, por la que el administrador solidario de la sociedad «Paynopain Solutions, 
S.L.»,  manifestaba  haber  tenido  conocimiento  del  anterior  ejercicio  de  derecho  de 
preferencia.
En la misma fecha, el notario autorizó escritura, con el número 1.009 de protocolo, en 
la que comparecía el administrador solidario de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.» 
y elevaba a público el acuerdo adoptado por la junta general de la sociedad sobre 
aumento de capital.
II
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil de Castellón, fue  e.e
objeto de la siguiente nota de calificación: b
dRee gC«PlaaRrmseetseesenlolnótluotnac ,Hd ióDaipn oeo nltd e dJecoí aaar sqi9ouu .sdípnee  Sanebsrirórilan dn eod  2eY0 u2sc0tae,l ,if aieccla tadc íiaód ne2  4juy nd teda e mgsaeprnazecorh adol e a d2ue0tol2 r0iaz,ar tndícúaum lpoeo rro4  e31l2 .0n.20o 6ta drdieoel    OE-A-2020-1164able en https://w
protocolo, junto con: a) Escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada
ante  el  propio  notario,  señor  Serrano  Yuste,  el  mismo  día  24  de  marzo  de  2020, 
número 1.007 de protocolo, b) Acta de manifestaciones, autorizada por el mismo notario, 
señor Serrano Yuste, en igual fecha, 24 de marzo de 2020, número 1.008 de protocolo, 
aclarada por otra de fecha 6 de abril de 2020, autorizada por el notario de Castellón, Don 
Antonio Arias Giner, número 652 de protocolo, y c) Escritura de aumento de capital 
otorgada en Castellón de la Plana, el día 24 de marzo de 2020, ante el notario, Don 
Joaquín Serrano Yuste, número 1.009 de protocolo, bajo los asientos números 442 y 443 
del diario, 184 acuerdo suspender la calificación y despacho de los actos que contienen 
por las consideraciones siguientes:
Resultando  del  registro  que  consta  previamente  presentada,  asiento  15  del 
diario 184, una solicitud de nombramiento de auditor por un interesado que alegó ser 
socio de la sociedad que ahora solicita la inscripción de la ampliación de capital, y 
habiendo  recaído  la  resolución  de  nombramiento  solicitada  por  no  estimar  las 
alegaciones de la sociedad, resolución que no es firme en vía administrativa, pues con 
fecha 24 de abril de 2020, se ha interpuesto recurso gubernativo ante la DGFPSJ, se 
considera por la que suscribe que no habiendo resultado convocado el socio minoritario 
que solicitó la auditoria, sino el anterior del que éste trae causa -según resulta de 
escritura pública de venta de unidad productiva en procedimiento concursal en fase de 
liquidación aprobada judicialmente, tal como consta en el expediente de nombramiento 
de auditor, y por tanto conocida por la Sociedad con anterioridad a la convocatoria- 
pudiera resultar, si se inscribe el acuerdo de ampliación, un pronunciamiento registral 
relativo a un acto que pudiera estar en contradicción del que derive de la ultimación del 
expediente previo (en hipótesis, se inscribiría un acuerdo adoptado sin haber convocado 
al socio que luego se considera legitimado como tal para solicitar la auditoria), por lo que 
se considera aplicable el artículo 432 del RH a los efectos de suspender la calificación 
hasta que no recaiga resolución definitiva de nombramiento.
Según la doctrina de esta Dirección General (vid., por todas, las Resoluciones de 6 
de octubre de 2015 y 29 de enero de 2019), mientras estén vigentes asientos de 
presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es 
aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despachen los 
títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los 
artículos  111,  párrafo  tercero,  y  432.2  del  Reglamento  Hipotecario  al  regular  las 
prórrogas  del  asiento  de  presentación.  Este  criterio  se  encuentra  confirmado  en  el 
artículo 18.2 de la Ley Hipotecaria, según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de quince 
días contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de 
inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de quince días se computa 
desde la fecha de la inscripción del título previo. Ciertamente, los citados artículos 111, 
párrafo tercero, y 432.2 del Reglamento Hipotecario se refieren a títulos -anteriores o 
posteriores- que sean “contradictorios o conexos” (vid., también, el artículo 10.1 del 
Reglamento del Registro Mercantil).
Habida cuenta de la situación de conflicto entre quién acredita su carácter de socio y 
la  negativa  de  la  sociedad  a  ese  reconocimiento,  que  sin  negar  la  validez  de  la 
transmisión, considera que es ineficaz frente a la misma por no haberle notificado la 
venta a los efectos de ejercitar su derecho de preferencia, y no constar su titularidad en 
el libro registro de socios, resulta que el título cuya inscripción se pretende está en 
conexión con el anterior cuyo asiento de presentación está vigente, por cuanto ha 
resultado acreditado en la documentación aportada para la inscripción de la ampliación,  e.
que no fue convocado el solicitante de la auditoría, y pudiera resultar, si se inscribe el  w.b
lauacn up aerecrdstouo n idnceivó ánali mddoep, l ieamxcaáiócxntiim,t uuedn  t yrp avrtoeánrnaudcnoicdsiaead md dieee nlu trone  graeiscgttrioso t rd(aaelr  tqiíncusuecl orpi pu2cd0ii óednrea lc  Ceosnótsdatirigt uoat midvpeaa  C(rSaonTmdSeo r,Sc piaool)ar,    2020-1164n https://w
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exigencia inexcusable para poder hacer valer esa capitalización frente a terceros, y al
mismo tiempo se constituye como una garantía que proporciona seguridad jurídica, pues 
la inscripción en el Registro impide que los socios puedan exigir la restitución de las 
aportaciones  realizadas).  Razones  éstas  que  abonan  la  decisión  de  suspender  la 
calificación hasta la resolución firme de nombramiento de auditor, pues como señaló la 
Resolución de la DGRN de 26 marzo 1997, de practicarse la inscripción solicitada, 
podría interpretarse como aval registral a la validez de la convocatoria de la Junta.
Según reiterada doctrina del Centro Directivo, debe reconocerse que aun cuando en 
principio  el  presidente  de  la  junta  es  la  persona  llamada  a  declarar  válidamente 
constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o representados 
y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las 
votaciones, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola 
calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto. De esta doctrina 
resulta claramente que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la 
actuación  del  presidente  cuando  la  declaración  de  éste  resulta  contradicha  por  la 
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que 
aquella no puede mantenerse. Para que así sea es preciso que de los hechos resulte 
una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la 
declaración de la mesa (cfr. Resoluciones de 9 de enero de 1991, 13 de febrero de 1998, 
31 de marzo de 2003 y 5 de agosto de 2013 y 23 de enero y 23 de julio de 2019). Como 
se indicó en la resolución del expediente citado, el Registrador no puede entrar sobre 
valoraciones  acerca  de  la  nulidad  de  una  transmisión  de  participaciones  que  sólo 
corresponde a los tribunales, pero si puede calificar, como consecuencia de los datos 
obrantes  en  el  Registro,  que  existe  un  conflicto  de  intereses  que  pudiera  viciar  la 
convocatoria de junta efectuada (art 6 RRM), no debiéndose desnaturalizar la función del 
registro en cuanto institución encaminada a publicar situaciones jurídicas ciertas y cuya 
legalidad haya sido comprobada (Resolución de 6 de julio de 2004).
Esta suspensión de la calificación, será objeto de notificación a fin de evitar cualquier 
tipo de indefensión, a los efectos de que se puedan interponer los recursos procedentes, 
de conformidad con la resolución conforme a la Resolución de la DGRN de 24 de mayo 
de 2017.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
En relación con la presente calificación: (…)
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, a 4 de mayo de 2020 (firma ilegible y sello 
del Registro con el nombre y apellidos del registrador)».
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. N. C., actuando como administrador 
solidario de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.», interpuso recurso el día 9 de junio 
de 2020 en virtud de escrito en el que alega, resumidamente, lo siguiente:
Primero.–Que la registradora deniega la inscripción del aumento de capital porque no 
se convocó a la junta general, en cuyo seno se acordó el aumento de capital cuya 
inscripción  se  pretende,  al  socio  minoritario  que  previamente  había  solicitado  el 
nombramiento de auditor al amparo del artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital, y Que, efectivamente, no fue convocado al haber adquirido sus participaciones 
sin  respetar  los  requisitos  legales  y  estatutarios,  por  lo  que  la  sociedad  remitió  la  es
convocatoria al verdadero socio, que es quien consta como tal en el libro registro de  bo
socios,  tal  y  como  se  razonó  en  el  escrito  de  recurso  contra  la  resolución  de  la  6w
umrenagaris Sztoiern agdsduceonr i2rdpa0oc 2Mi.ó–0neL, ,rac c uapraenongtdidilrs oídtar eaa  dceCcosaertaasdt ries ólu elaósnlnp  n,e codnomodnñebtra rala adGm icclioaecrlniiiófationc Ea  dclceeioón annau   pdFeoielt rorqrnreu áasen u,idn latesa tzsda uonJ  acjuildavieco dli, o ed,el  edxs peofee cpcidorhio eafdinc ut1teic3c i irodds.eee    OE-A-2020-1164able en https://w
nombramiento de auditor; Que el argumento no es admisible porque se trata de dos
inscripciones registrales (la del aumento y, en su caso, la de designación de auditor), 
completamente  distintas  sin  que  guarden  conexión  entre  sí;  Que  sólo  existe  esa 
conexión en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos del 
artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital no aplicable a las sociedades de 
responsabilidad  limitada.  En  consecuencia,  aun  si  la  Dirección  General  acepta  la 
designación de auditor ninguna intervención tiene o tendría en el aumento de capital con 
cargo a aportaciones no dinerarias, y Que no existe la contradicción o conexión entre 
títulos que reclama la nota de la registradora pues estamos ante inscripciones totalmente 
distintas.
Tercero.–Que la registradora fundamenta su negativa en la situación de conflicto 
derivada del no reconocimiento de la condición de socio, conflicto que admite que deriva 
del incumplimiento de la previsión del artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital y 
del artículo 7.4 de los estatutos. Aunque la registradora afirma que no puede entrar a 
valorar la nulidad de las transmisiones de participaciones lo cierto es que si lo hace al 
aceptar la condición de socio de quien no lo es exigiendo que se le convoque a una junta 
general y obligando a la sociedad a aceptarle como tal. Por el contrario, si se inscribe el 
aumento de capital acordado válidamente por la junta general de la sociedad y el 
pretendido  socio  quisiera  impugnar  el  acuerdo  tendría  que,  para  acreditar  su 
legitimación, demostrar el cumplimiento de que se han cumplido las exigencias del 
artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital, y Que la inscripción del aumento de 
capital  social  beneficiaría  a  la  sociedad  al  reforzar  su  situación,  beneficia  al  socio 
aportante porque ingresa en la sociedad o refuerza su posición y beneficia a los terceros 
al aumentar la solvencia de la sociedad. Por el contrario, al socio ficticio no le perjudica 
en absoluto la inscripción en el Registro Mercantil pues su presencia en la junta sería del 
todo irrelevante pues ni habría modificado las mayorías ni habría ostentado derecho de 
suscripción preferente al llevarse a cabo el aumento de capital con cargo a aportaciones 
no dinerarias.
Cuarto.–Que la registradora ha realizado de facto un cierre registral si el socio ficticio 
no  plantea  judicialmente,  que  es  donde  corresponde,  su  pretensión  de  que  se  le 
reconozca la condición de socio; Que a dicho socio no se le va a convocar hasta que por 
un tribunal se decida en sentido contrario, y Que si la petición de un auditor impide el 
acceso a la sociedad al Registro Mercantil y se niega la inscripción de sus acuerdos se 
está poniendo la vida de la sociedad en manos de un chantajista que puede coaccionar a 
la sociedad impidiendo a esta el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Quinto.–Que la registradora también rebaja la actuación del presidente de la junta 
general que la declaró válidamente constituida. Las Resoluciones que se citan hacen 
referencia a una serie de circunstancias excepcionales que permiten tener por no hecha 
la constitución y que no son comparables. Que como resulta de la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de enero de 2019, el socio 
debería haber acreditado su condición, cosa que no ha ocurrido por lo que prevalece la 
declaración del presidente, y Que no concurre ninguno de los supuestos excepcionales 
que permiten lo contrario.
Sexto.–Que sorprende que la registradora suspenda la calificación y luego la lleve a 
cabo al afirmar que no se encuentra vinculada por el presidente de la junta general; Que 
no se puede sostener que la actuación del presidente es patentemente ilegal por lo que 
si su declaración no aparece contradicha por ninguno de los documentos presentados 
debía ser respetada; Que la registradora, lejos de sentirse vinculada por la declaración 
del presidente, entiende que existen dos títulos contradictorios o conexos, ordenando  s
esperar a que se resuelva el procedimiento sobre designación de auditor, que no es una  oe.
actividad de calificación, como ha reiterado la Dirección General de los Registros y del  w.
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negativa del primero no puede afectar al despacho del segundo.
IV
La registradora Mercantil, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe 
el día 16 de junio de 2020, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este 
Centro Directivo. Del expediente no resulta que el notario autorizante llevase a cabo 
alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 253, 263, 265.2, 270, 272 y 279 
de la Ley de Sociedades de Capital; la disposición adicional vigésima cuarta de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social; los artículos 38 y 326 de la Ley Hipotecaria; 10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
julio, del Poder Judicial; 40 y 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 6 de la Ley 15/2015, 
de  2  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria;  354,  358,  359,  366.1.5.º,  368  y  378  del 
Reglamento del Registro Mercantil; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 11 de noviembre de 2002, 29 de enero y 22 de mayo 
de 2003, 16 de diciembre de 2005, 31 de agosto de 2007, 4 de julio de 2008, 11 de 
febrero, 26 de junio y 6 de noviembre de 2009, 15 de noviembre de 2011, 12 de 
noviembre de 2012, 3 de diciembre de 2013, 18 de noviembre de 2015, 18 y 19 de enero 
de 2016, 15 de junio y 14 de septiembre de 2017, 28 de febrero y 27 de julio de 2018 
y 23 de enero, 20 de marzo y 15 y 23 de julio de 2019, y las Resoluciones de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3 y 7 de febrero y 4 de junio 
de 2020.
1.  Presentada escritura de elevación a público de acuerdos sociales de aumento de 
capital de una sociedad de responsabilidad limitada, la registradora Mercantil suspende 
la calificación. Fundamenta su decisión en la existencia de un previo expediente de 
designación de auditor a instancia de la minoría en el que se ha accedido a la solicitud 
del instante. Dicho expediente, en el que la sociedad no reconoce el carácter de socio 
del instante, ha sido objeto de recurso ante esta Dirección General. La resolución de 
suspensión entiende que existiendo indeterminación sobre si el solicitante de la auditoría 
es  socio,  no  puede  despacharse  la  escritura  de  aumento  de  capital  al  haber  sido 
adoptado dicho acuerdo en una junta general a la que aquél no fue convocado.
Son hechos relevantes en la resolución del presente expediente, los siguientes:
– Mediante  escritura  pública  de  venta  de  unidad  productiva  en  procedimiento 
concursal en fase de liquidación aprobada judicialmente, se transmiten participaciones 
sociales de la entidad «Paynopain Solutions, S.L.».
– El adquirente solicita del Registro Mercantil el nombramiento de auditor, por lo que 
la entidad «Paynopain Solutions, S.L.», tiene conocimiento de la transmisión realizada.
– La  entidad  «Paynopain  Solutions,  S.L.»  afirma  que  no  se  han  cumplido  los 
requisitos legales y estatutarios de transmisión de las participaciones sociales, por lo que 
no hace constar en el Libro Registro de participaciones la indicada transmisión y se 
opone al nombramiento de auditor.
– El notario de Castellón de la Plana, don Joaquín Serrano Yuste, es requerido por 
don J. N. C., como administrador solidario de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.», al 
efecto de que levante el acta de la junta general de la sociedad a celebrar ese mismo día 
en la Notaría, resultando que los dos socios han sido convocados por medio de burofax. s
– La  indicada  convocatoria  se  realiza  no  al  adquirente  de  las  participaciones  oe.
sociales, sino a su transmitente, por entender el órgano de administración convocante,  w.
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– De  la  diligencia  del  mismo  día  resulta  la  presencia  de  un  único  socio  que 
representa  el  70,77%  del  capital  social  por  lo  que  no  se  considera  preciso  el 
nombramiento de presidente y secretario de la junta.
– Tras  la  declaración  por  parte  del  único  socio  compareciente  de  la  valida 
constitución de la junta general se adoptan determinado acuerdo de ampliación de 
capital y subsecuente modificación de los estatutos sociales.
– En la misma fecha el notario autoriza escritura número 1.007 de su protocolo en la 
que comparece el administrador de la sociedad «Jorjavi Crew, S.L.» y eleva a público el 
acuerdo unánime de la junta general y universal de la sociedad adoptado el mismo 
día 24 de marzo de 2020 de ejercer el derecho de preferencia en el aumento de capital 
de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.».
– En la misma fecha el notario autoriza acta de manifestaciones número 1.008 de su 
protocolo  por  la  que  el  administrador  de  la  sociedad  «Paynopain  Solutions,  S.L.», 
manifiesta haber tenido conocimiento del anterior ejercicio de derecho de preferencia.
– En la misma fecha el notario autoriza escritura número 1.009 de su protocolo en la 
que comparece el administrador de la sociedad «Paynopain Solutions, S.L.» y eleva a 
público el acuerdo adoptado por la junta general de la sociedad sobre aumento de 
capital.
2.  Es  cierto,  como  se  señala  debidamente  en  la  resolución,  que  es  doctrina 
reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. Resoluciones 
de 28 de febrero de 2018 y 20 de marzo de 2019 y Resolución de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio de 2020, entre otras), que ante una 
situación  de  indeterminación  sobre  el  estado  del  Registro  cuando  se  solicita  una 
designación de auditor, el registrador mercantil debe esperar a que la misma adquiera 
firmeza.
Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en consecuencia, 
la  procedencia  o  no  de  designar  un  auditor  a  instancia  de  la  minoría  con  las 
consecuencias que de ello se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 272 
y 279 de la Ley de Sociedades de Capital). En los supuestos normales, pendiente la 
decisión del registrador sobre la procedencia de designación de un auditor voluntario por 
la sociedad habrá que esperar a que se finalice el oportuno procedimiento registral. 
Hasta ese momento la situación registral no resultará definitiva y no podrá el registrador 
decidir sobre el resto de solicitudes de asiento que estén presentadas en el Registro 
Mercantil.
Si la resolución del registrador, estimatoria o desestimatoria, ha sido impugnada ante 
esta Dirección General, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el 
nombramiento afecta al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o 
no la designación de auditor previsto en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital deberá demorarse hasta que quede resuelta en vía administrativa.
Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento 
jurídico que prevé que el registrador de la propiedad no emita calificación hasta que la 
situación del contenido del Registro sea definitiva (vid. artículo 18 de la Ley Hipotecaria).
Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin 
que la particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del 
artículo 18.4 del Código de Comercio dada la coordinación prevista en el ordenamiento 
(vid. artículos 23, 29, 80 y 358.2 del Reglamento del Registro Mercantil).
3.  Dicha doctrina ha sido elaborada en el contexto de la solicitud de designación de 
auditor a instancia de la minoría al amparo del artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de  e.
Capital con la finalidad de resolver el conflicto que se produce cuando se trata de  w.b
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auditores para llevar a cabo la misma tarea, tal y como sancionó la Sala Primera del
Tribunal Supremo en su conocida Sentencia número 240/2007, de 9 de marzo al afirmar 
lo siguiente: «Hay que añadir a ello la consolidada opinión emitida reiteradas veces por 
la Dirección General de Registros y del Notariado (Resoluciones del Centro Directivo 
de 3, 4, 17, 22, 23, 24, 25 y 26 de abril, 3, 8, 9, 11, 18 y 28 de mayo, 3 de junio y 3 de 
septiembre de 1991; 24 de junio de 1992, etc.) en orden a considerar que el derecho del 
accionista a solicitar la auditoría prevista en el artículo 205.2 LSA queda enervado por el 
encargo  de  una  auditoría  voluntariamente  realizado  por  los  administradores 
(Resoluciones de 17, 24 y 26 de abril, 6 y 18 de mayo de 1991, 24 de junio de 1992, 
etc.), estimándose indiferente el origen de la designación (Juez, Registrador, Órganos 
sociales), lo que viene razonándose en el sentido de que "dicho auditor ha de conducirse 
en  sus  actuaciones  bajo  estrictos  y  exclusivos  criterios  de  independencia  y  de 
profesionalidad" (Resoluciones de 3 de septiembre y 15 de octubre de 1991) y "ajustada 
a  la  legislación  sobre  auditoría  de  cuentas  y  a  los  artículos  208  y  209  LSA" 
(Resoluciones de 4 y 11 de septiembre de 1991 ), ya que la finalidad del artículo 205.2 
LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un determinado socio sino que 
aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de la 
contabilidad de la sociedad (Resolución del 29 de junio de 1992)».
De este modo cuando existe un asiento pendiente de presentación en el Registro 
Mercantil  de  solicitud  de  inscripción  de  auditor  voluntario  es  preciso  suspender  el 
procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría hasta que se decida 
en aquél otro procedimiento si se lleva a cabo o no la inscripción.
De esta circunstancia dependerá la estimación o la desestimación en este otro 
procedimiento de solicitud de designación de auditor a instancia de la minoría (vid. 
Resoluciones en sede de recursos en expediente de designación de auditor de fechas 27 
de abril de 2015 y 31 de enero de 2018).
Como se puede observar el fundamento último es que lo que se resuelva en el 
procedimiento de inscripción incide directa e inmediatamente en lo que ha de decidirse 
en el procedimiento de designación de auditor.
4.  Esta misma doctrina ha sido formulada por esta Dirección General, por ser 
idéntica la cuestión de fondo, en aquellos supuestos en los que la indeterminación es la 
contraria.
La indeterminación del estado del Registro se plantea porque es el expediente de 
designación de auditor a instancia de la minoría el que no ha finalizado.
Cuando se solicita el depósito de cuentas de una sociedad sin que resulte del 
contenido del Registro si dicha sociedad está obligada o no a verificar sus cuentas 
anuales  como  consecuencia  del  ejercicio  por  un  socio  del  derecho  previsto  en  el 
artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital, es preciso suspender aquella decisión 
en tanto no se resuelva definitivamente la cuestión (vid. Resoluciones en sede de 
recursos contra la calificación de fechas 4 de octubre de 2014, 18 de enero de 2016 y 19 
de enero de 2019, entre otras).
Nuevamente el fundamento último es que no se puede resolver sobre el depósito de 
las cuentas anuales si antes no existe una decisión definitiva sobre si la sociedad está 
obligada o no a verificarlas. Es la vinculación directa e inmediata de ambas cuestiones la 
que impone la solución.
La expresión legal de este fundamento es el artículo 18.4 del Código de Comercio 
cuando afirma en su inciso final: «Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, 
tuviera defectos subsanables o existiera pendiente de inscripción un título presentado 
con anterioridad, el plazo de quince días se computará desde la fecha de la devolución  s
del título, la subsanación o la inscripción del título previo, respectivamente». oe.
La pendencia de un título anterior determina la imposibilidad de despacho de otro  w.
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«Inscrito o anotado preventivamente en el Registro Mercantil cualquier título, no podrá 
inscribirse  o  anotarse  ningún  otro  de  igual  o  anterior  fecha  que  resulte  opuesto  o 
incompatible con él. Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, tampoco 
podrá inscribirse o anotarse durante su vigencia ningún otro título de la clase antes 
expresada».
Esta forma de proceder no es exclusiva del procedimiento registral sino que es 
propia del orden civil tal y como resulta de la regulación que sobre la litispendencia 
contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil (vid. artículos 40 y 43, y más modernamente, la 
Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria -artículo 6.3-, pero siempre que la 
cuestión a decidir en un procedimiento pueda tener «influencia decisiva en la resolución» 
de otro asunto -artículo 40.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, o el «objeto de litigio 
constituya el objeto principal de otro proceso» -artículo 43 del mismo cuerpo legal-, o 
pudiese  afectar  al  procedimiento  de  jurisdicción  voluntaria  -artículo  6.3  de  su  ley 
reguladora-).
Dejando de lado el hecho de que la existencia de un procedimiento jurisdiccional no 
afecta al desenvolvimiento del procedimiento registral sino en los casos y condiciones 
establecidos  en  la  norma  (artículo  42  de  la  Ley  Hipotecaria  en  relación  con  los 
artículos  156  a  157  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil),  lo  que  importa  ahora 
destacar es que toda presentación previa produce efecto suspensivo siempre que su 
objeto incida directamente en el modo en que ha de resolverse la posterior.
Cuando no es así, esta Dirección General ha declarado la improcedencia de exigir la 
previa inscripción de títulos como ocurrió en el supuesto de la Resolución de la Dirección 
General de 29 de enero de 2018.
5.  En el ámbito del Registro Mercantil la cuestión ha cobrado especial relevancia 
cuando resulta que la constitución de una junta general de una sociedad no ha tenido en 
cuenta  la  existencia  de  socios  cuya  condición  resulta  del  Registro,  a  pesar  de  la 
declaración del presidente sobre su válida constitución.
Las  Resoluciones  de  23  y  24  de  enero  de  2019  resumieron  de  esta  forma  la 
trascendencia que tiene dicha declaración y los supuestos en que el registrador puede 
prescindir de ella y considerar que la constitución de la junta general no reúne los 
requisitos legales: «Esta Dirección General (vid. Resoluciones de 5 de agosto de 2013 
y 24 de octubre de 2016, referidas a una sociedad de responsabilidad limitada, y la de 3 
de abril de 2017, respecto de una sociedad anónima) ha tenido ocasión de recordar que 
la formación de la voluntad social de las sociedades de capital se lleva a cabo mediante 
la adopción de acuerdos en junta general (artículo 159 de la Ley de Sociedades de 
Capital), acuerdos que se adoptan con las mayorías establecidas mediante la emisión 
del voto por cada socio (artículos 198 y siguientes y 201). Todos los socios tienen 
derecho a asistir a las juntas (artículo 179) y, salvo excepciones, a emitir un voto por 
cada participación o acción de su titularidad (artículo 188). Es por tanto la titularidad la 
que  determina,  en  principio,  la  legitimación  para  asistir  a  la  junta  y  emitir  el  voto 
(artículos 91 y 93), por lo que debe ser acreditada frente a la sociedad por quien reclame 
el ejercicio de los derechos inherentes a la misma. Al efecto, el órgano de administración 
tiene encomendada la llevanza del libro registro de socios (artículo 105.1) en el que han 
de constar las sucesivas titularidades de las participaciones (artículo 104.1) con la 
finalidad de reconocer como socios a los que en él constan como tales (artículo 104.2). 
En las sociedades anónimas se está a sus propias normas reguladoras en el supuesto 
de acciones nominativas (artículo 116), o representadas por anotaciones en cuenta 
(artículo 118.3). Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista  s
de asistentes (artículos 191, 192 y 193), para lo que debe emitir una opinión cuando  oe.
existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros y que pueden ser  w.
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cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio, declaración 
frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª del Reglamento 
del  Registro  Mercantil).  Asimismo,  compete  al  presidente  la  declaración  sobre  los 
resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones 
cuya constancia en acta se puede solicitar (artículo 102.1.4.ª del citado Reglamento). No 
obstante, según reiterada doctrina de este Centro Directivo, debe reconocerse que aun 
cuando  en  principio  el  presidente  de  la  junta  es  la  persona  llamada  a  declarar 
válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o 
representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el 
resultado de las votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los 
asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo 
valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la 
sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de 
que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se 
halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los 
socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los 
acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 de enero de 1991, 13 de febrero de 1998, 31 de marzo 
de 2003 y 5 de agosto de 2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador 
no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la 
declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del 
Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse. Para que así sea 
es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la 
falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen 
juntas contradictorias (Resolución de 20 de diciembre de 2012), o cuando existen dos 
listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) o dos Libros 
Registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del acta notarial 
de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho de voto 
(Resolución de 24 de octubre de 2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por 
debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de 
estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la 
junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras 
apreciar las cuestiones que se susciten al respecto».
6.  Es el supuesto de privación arbitraria del derecho de asistencia y voto del socio 
aquel a que se refiere la presente y respecto del que la Resolución de 24 de octubre 
de 2016 entendió que la presidencia de la junta no podía privar de su derecho de voto a 
un  socio  por  la  mera  existencia  de  un  procedimiento  judicial  (sin  que  resultase  la 
adopción de medida cautelar alguna sobre el ejercicio de los derechos inherentes), pues 
de lo contrario la formación de la voluntad social podría quedar a su arbitrio.
La Resolución de 15 de julio de 2019 llega a la misma conclusión en un supuesto en 
el que la manifestación sobre el carácter unipersonal de la sociedad estaba en patente 
contradicción con la documentación presentada en el registro. La Resolución de 15 de 
julio de 2019 lo fundamentó del siguiente modo: «Por todo ello, en el presente caso debe 
considerarse fundada la decisión de la registradora de denegar la inscripción del primero 
de  los  documentos  presentados  en  tanto  en  cuanto  el  carácter  unipersonal  de  la 
sociedad queda contradicho por las escrituras presentadas posteriormente, que son 
documentos públicos con los efectos atribuidos a los mismos en los artículos 1216, 1217 
y 1218 del Código Civil y 17 bis, apartado 2.b), de la Ley del Notariado. Según este 
último precepto, «gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de  s
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  esta  u  otras  leyes».  Y,  conforme  al  artículo  143  del  oe.
Reglamento Notarial, «los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública  w.
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pretende que deje de tenerse en cuenta una escritura que aparece otorgada por él
mismo reconociendo la existencia de la referida condición suspensiva) no pueden ser 
valoradas por la registradora sino por los tribunales competentes».
La Resolución de 23 de julio de 2019 hace uso de la misma doctrina para confirmar 
la nota de calificación en un supuesto en que el presidente no había considerado como 
legitimados a quienes ostentaban la calidad de herederos de un socio por el hecho de 
que  otros  socios  habían  ejercitado  el  derecho  de  adquisición  preferente,  que  los 
estatutos preveían para el caso de transmisión «mortis causa» de participaciones, al 
resultar de la documentación presentada que no se había consumado el proceso de 
adquisición y pago del precio.
La misma Resolución antes citada de 23 de enero de 2019, en relación al valor del 
Libro Registro manifiesta lo siguiente: «Respecto de las referencias de dicho socio al 
libro  registro  de  acciones  nominativas,  cabe  recordar  (vid.  la  Resolución  de  26  de 
noviembre de 2007) que la inscripción en el mismo tiene una finalidad esencialmente 
legitimadora, no constitutiva, de suerte que la sociedad ha de reputar como accionista a 
quien figure inscrito como tal en aquel libro (artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital). Se trata de una anotación que despliega su eficacia en las relaciones entre la 
sociedad y el socio. En este ámbito, y limitado el presente análisis a la esfera de la 
legitimación  activa  del  socio  para  ejercitar  los  derechos  inherentes  a  la  acción,  la 
inscripción en el libro registro genera una presunción “iuris tantum” (cfr. artículo 385.3 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil) que actúa a favor del socio (en el sentido de que le libera 
de la obligación de exhibir el título de la acción -cfr. artículo 122 de la Ley de Sociedades 
de Capital-) y, fundamentalmente, en beneficio de la sociedad, que podrá reputar como 
socio a quien figure en dicha anotación, lo que no impide que dicha entidad pueda, a 
riesgo suyo, permitir el ejercicio de tales derechos a quien según le conste ostente dicha 
titularidad societaria aunque no ésta no haya obtenido el oportuno reflejo librario. Ha de 
reconocerse que el presidente de la junta es la persona llamada a declarar válidamente 
constituida  la  misma,  determinando  qué  accionistas  asisten  a  ella  presentes  o 
representados y cuál es su participación en el capital social, así como a proclamar el 
resultado  de  las  votaciones.  Por  ello,  en  el  presente  caso,  y  a  los  efectos  de  la 
inscripción solicitada, no puede entender el registrador que el presidente de la junta, 
designado judicialmente, haya actuado incorrectamente al admitir la titularidad de las 
acciones de los socios asistentes que, a juicio de aquél, habían acreditado tal cualidad 
que debe prevalecer ante la irregularidad y carácter incompleto del libro de socios 
apreciados por él, quedando a salvo el derecho de cualquier interesado a impugnar 
judicialmente dicha apreciación».
7.  A la luz de la doctrina expuesta el recurso no puede prosperar al resultar del 
contenido del Registro que un socio ha solicitado y obtenido de la registradora Mercantil 
la resolución de que procede la designación de auditor al amparo del artículo 265.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
En  el  procedimiento  de  designación  que  se  lleva  a  cabo  en  ejercicio  de  la 
competencia reconocida en el citado artículo, en el artículo 16.2 del Código de Comercio 
y en los artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el solicitante 
ha  aportado  una  escritura  pública  de  adquisición  de  participaciones  sin  que  la 
administración de la sociedad haya desvirtuado la condición de socio. Dicha transmisión 
de participaciones sociales se ha realizado en un proceso de liquidación concursal por la 
que se transmite con autorización judicial la venta de unidad productiva.
Es claro que la apreciación de dicha condición, de producirse, resulta incompatible 
con la omisión que de la misma se lleva a cabo en el documento presentado y cuya  s
calificación ha sido suspendida. oe.
La resolución de la registradora sobre la procedencia de la designación de auditor  w.
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y sin que quepa alegar la declaración sobre la válida constitución de la junta general que
lleva  a  cabo  el  presidente  por  resultar  del  contenido  del  registro  una  situación  de 
indeterminación que obligaba a la registradora a actuar como lo hizo.
No puede el registrador actuar como si su función se desplegara en compartimentos 
estancos porque el Registro a su cargo es único y tanto da el tipo de asiento, los libros 
en que se extiende o los expedientes y procedimientos seguidos: al calificar documentos 
o tramitar expedientes no puede el registrador, sin faltar a su función, prescindir de 
hechos auténticos relevantes cuya existencia resulte de procedimientos «especiales» 
pendientes para dar publicidad formal o para practicar asientos en libros de inscripciones 
o en expedientes vinculados con el que tramite.
Más  aún  cuando  la  autenticidad  del  hecho  presupuesto  del  derecho  y  de  la 
legitimación resulta de un documento notarial no discutido judicialmente cuyo contenido 
obra en el Registro y habida cuenta que el interesado siempre puede acudir al juez, 
incluso en procedimiento cautelar susceptible de acceder al Registro para la defensa de 
sus derechos contra el asiento inexacto.
Por lo demás, la falta de inscripción en el libro registro de socios, no es determinante 
de la privación de legitimación cuando el reconocimiento de la condición de socio es un 
hecho  debido  que  no  puede  desconocer  la  sociedad.  Debe  señalarse  el  carácter 
prevalente del artículo 106.2 de la Ley de Sociedades de Capital al decir «el adquirente 
de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad 
desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen». De 
lo contrario, estaría en manos del órgano de administración no inscribir o demorar el 
hecho material debido para evitar que el socio ejercite válidamente sus derechos.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de suspensión de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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