BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Jueves 17 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 20323
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2584 Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad accidental de Vigo n.º 6, por la que se 
deniega la inscripción de una sentencia que declara la titularidad compartida 
de una finca.
En el recurso interpuesto por doña M. I. M. O., abogada, en nombre y representación 
de don J. A. V. G., contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad 
accidental de Vigo número 6, doña María Alejandra Castaño Verde, por la que se 
deniega la inscripción de una sentencia que declara la titularidad compartida de una 
finca.
Hechos
I
Mediante sentencia, dictada en apelación el día 23 de abril de 2021 por la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Ourense, se decretaba la titularidad compartida de 
la finca registral número 8.685 de Gondomar, que figuraba inscrita en el Registro en 
exclusividad a nombre de sólo uno de los convivientes.
II
Presentada dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Vigo número 6, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente documento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley Hipotecaria, y los artículos 98 y 100 de su Reglamento, que fue presentado en 
este Registro, por doña M. M. O. a las 14:10 horas del día ocho de septiembre de dos mil 
veintiuno,  asiento  711  del  Diario  119;  se  califica  negativamente  y  se  suspende  su 
inscripción en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos.
Se presenta certificación expedida el diez de junio de dos mil veintiuno, por la 
Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Ourense, de la Sentencia número 198, dictada el veintitrés de abril de dos mil 
veintiuno, por dicha Audiencia provincial, en el recurso de apelación núm. 1037/2019, de 
los autos de juicio ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
O Carballiño, seguidos con el número 155/2017, siendo el apelante don J. A. V. G., y 
como apelados impugnantes, doña María P. H. B.; Automociones Romil, S.L, J. B. H., 
Lagar de Sabariz S.L, y no personados, don J. C. A. A., doña M. A. M. F., don J. A. B. S., 
doña S. I. D. D. y como demandado rebelde, don J. M. C. C. s
En dicha sentencia, se estima parcialmente el recurso de apelación, así como la  e.
impugnación formulada por doña P. H. B. contra la sentencia de 27 de mayo de 2019,  w.
número 1 de O Carballiño, en juicio ordinario n.º 155/2017, revocándose la sentencia en  84ww
epla rtsiceinptaidcoio nedse  qu“dee fciglaurraarn  ala  noemxibsrteen dceia l a ddee muannad adcoam eunn liadsa ds ocdieed abdieens eosb jestoob dree  litlaiss, 
cLoangsaer cudeen cSiaasb alergiza leSs. Lin, heBreetnat eNs oar odeicshtae  dSecLlUar, acyi ónA”u.tomociones  Romil  S.A  con  las  BOE-A-cable e
En  la  sentencia  dictada  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil  diecinueve  por  la 
Magistrada-Juez  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  número  1  de  O 
Carballiño, doña Vanesa García de Paz, en procedimiento ordinario 155/2017, de la que 
se acompaña copia sin firma, se estimaba parcialmente la petición subsidiaria formulada 
por el actor frente a doña P. H. B., declarando la existencia de una convivencia more 
uxorio entre don J. A. V. G. y doña P. H. B., con la constitución de una comunidad de 
bienes entre ambos en relación con la casa de planta baja (…), Gondomar, descrita en la 
demanda.
En el fallo de la resolución ahora calificada, dictada en el Recurso de Apelación, no 
se  hace  referencia  a  ninguna  finca,  en  particular  la  vivienda  denominada  “(…)”  –
finca 8685 de Gondomar–, perteneciente a la demarcación de este Registro, que sin 
embargo sí se menciona en los fundamentos de derecho de la misma, constando en la 
parte  final  del  fundamento  cuarto  lo  siguiente:  “todos  los  bienes  y  sociedades  así 
constituidas se consideran comunes a los dos litigantes, tanto la vivienda como las 
participaciones en las tres sociedades... independientemente de su titularidad formal.”
Del Registro resulta que la finca 8685 de Gondomar, consta inscrita a favor de doña 
P. H. B., con N.I.F. número (…), con carácter privativo, por compra en escritura otorgada 
ante el Notario de Vigo, don José Luis Lorenzo Areán, el diez de Julio del año mil 
novecientos noventa y ocho, según la inscripción 6.ª, obrante al folio 144 del Libro 76, 
Tomo 1.533 del Archivo, de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
Sobre dicha finca, entre otras cargas, consta practicada una anotación de demanda –
letra C–, a favor del citado don J. A. V. G., en el procedimiento 155/2017 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia número uno de O Carballiño, en la que se solicitaba “se 
declarase la titularidad dominical del demandante don J. A. V. G. sobre dicha finca 8685 
de Gondomar, y se ordenase la cancelación de la inscripción del dominio a favor de doña 
P. H. B. inscribiéndose a nombre de don J. V. G. Y con carácter subsidiario se solicita 
que se declare la cotitularidad de uno y otros sobre esta finca y otros bienes, con la 
obligación de doña P. H. B. de transmitir el cincuenta por ciento de los bienes generados 
en el periodo de convivencia para evitar su enriquecimiento injusto”.
Fundamentos de Derecho.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y 98 y 100 de su 
Reglamento, la calificación registral de los documentos expedidos por autoridad judicial 
ha de limitarse a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato 
con el procedimiento o juicio en el que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas 
del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Y en este sentido 
es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado –en 
adelante DGRN– (ver entre otras, las resoluciones de 29 de julio de 2006, 3 de junio 
de 2010 y 16 de julio de 2015) que si bien es cierto el deber de cumplir los Registradores 
las resoluciones judiciales firmes, también es su deber y potestad calificadora la de 
verificar que todos los documentos que son objeto de inscripción cumplen con las 
exigencias del sistema registral español, y por ello entra dentro de sus competencias 
comprobar si los mismos expresan con claridad suficiente todas las circunstancias que 
según la Ley y el propio Reglamento debe contener la inscripción.
En la certificación presentada no consta la firmeza de la sentencia dictada.
El artículo 245.3.º LOPJ, «Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa 
recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley»; y el 
artículo 207.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “Son resoluciones firmes aquéllas  e.e
contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando  w.b
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya  84ww
fpirrmeseesn, taod oa”u.n Y s ieéln daortloíc,u nloo  5h2a4y.a4n  dtera nlas ccuitrariddao  LloEsC p ldaeztoesr minindaic aqduoes  “pmoire netsratas  Lneoy  speaarna 
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cancelación de asientos en Registros públicos”.
No se solicita ningún asiento concreto, sin que quepa en esta materia actuación de 
oficio del Registrador en virtud del principio general de rogación que rige a estos efectos 
(art. 6 LH.).
En la sentencia presentada se “declara la existencia de una comunidad de bienes” 
sobre las participaciones que figuran a nombre de la demandada en determinadas 
sociedades, “...con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración”.
En  el  fallo  de  la  Sentencia  de  apelación  no  se  hace  referencia  a  la  vivienda 
denominada “(…)”, esto es la finca 8685 de Gondomar, sobre la que sí se pronunciaba la 
sentencia recurrida, y que también se menciona en los fundamentos de derecho de la 
propia sentencia del recurso de apelación, donde se dice “todos los bienes y sociedades 
se consideran comunes a los dos litigantes, tanto la vivienda como las participaciones en 
las tres sociedades... independientemente de su titularidad formal”.
La DGSJFP ha manifestado que las sentencias declarativas o constitutivas con 
trascendencia inmobiliaria son directamente inscribibles en los libros del Registro, si de 
éste  no  resultan  obstáculos  que  lo  impidan,  mediante  la  presentación  del 
correspondiente testimonio de la resolución judicial, que acredite su contenido, así como 
la firmeza de la misma. (Res. 29 de junio de 2021). (arts 1, 2, 3, 9, 33 y 38 LH, art. 51 
RH)
Pero,  de  dicha  sentencia  no  resulta  manifestación  alguna  relativa  al  título  de 
adquisición o causa del negocio jurídico que determine la propiedad del recurrente don J. 
A. V. G. respecto dicha finca, no siendo inscribible el mero renonocimiento [sic] de 
dominio.
Es doctrina reiterada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (vid. 
las Resoluciones de 6 de julio de 2004 y las más recientes de 13 y de 21 de junio 
de 2018) que lo que accede a los libros registrales es el título material por el que se 
produce  la  transmisión  o  la  declaración  del  dominio  que,  a  su  vez,  ha  de  estar 
consignado en un título formal de los previstos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, por 
lo  que  sólo  si  el  reconocimiento  de  dominio  tiene  la  condición  de  título  material 
transmisivo o declarativo del dominio puede acceder al Registro de la Propiedad, y por 
ello es necesaria la expresión de la causa (cfr. Resolución de 19 de enero de 1994). De 
aquí resulta que el reconocimiento de dominio efectuado sin expresión de causa carece 
de virtualidad traslativa y no procede su inscripción. (vid. Res. DGSJFP 23 de diciembre 
de 2020)
Además de la falta de la expresión de la causa de la adquisición, no se determinan 
las cuotas de propiedad de la finca, de cada uno de los comuneros.
Dispone el párrafo 1.º del art 392 CC que “Hay comunidad cuando la propiedad de 
una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”. La comunidad de 
bienes no tiene atribuida por nuestro Ordenamiento Jurídico personalidad jurídica propia 
más  allá  de  la  que  corresponde  individualmente  a  cada  uno  de  sus  miembros  o 
comuneros; por tanto, la comunidad no puede ser titular de derechos y obligaciones, 
recayendo ambos en la esfera individual de cada uno de los comuneros, ni tampoco 
puede ostentar la titularidad registral de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad, 
ya que éste habrá de inscribirse a favor de cada uno de los comuneros con arreglo a la 
cuota que le corresponde en la comunidad o condominio, como resulta del art. 54 del 
Reglamento Hipotecario.
Y, por último, la copia de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  número  1  de  O  Carballiño,  que  se  acompaña  y  que  contiene  los 
pronunciamientos que afectan a la finca en cuestión, carece en todas sus hojas de los  es
correspondientes sellos del Juzgado, faltando la firma de las autoridades que la han  o
Redqxeuep egJe Cluapdosmaidmtrieocaon,i a  tesho, usa.qt  oduin eeesc scel ardxirppeaci ddilóaoan   Ml eaeal  DsgtetGiassbtStrilamJedFcoaePn-n Jieo un loed szme a ua,l acroth í mcaeusnisl  oRmssuea  s3.c oa Nldsuoeoc   irodleaneú el nLsLee e–,yt er panHodtirrop e to daltaenes tcol aaq,r  uAilaaed s myc  aein3bxi3iesg  tecrdanietcca iirósa nuas     OE-A-2022-2584able en https://www.
título de ejemplo las de 26 de mayo de 1997 y 30 de septiembre de 2005– “aunque es
cierto que los artículos 118 de la Constitución Española y 17,2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial imponen al Registrador, como a todas las autoridades y funcionarios, el 
deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral”.
El  artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  (“Para  que  puedan  ser  inscritos  los  títulos 
expresados  en  el  artículo  anterior,  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus 
Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos)” establece, entre otros requisitos, 
la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción 
en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así 
como también en su Reglamento, que en su artículo 33 dice “Se entenderá por título, 
para los efectos de la inscripción, el documento o documentos públicos en que funde 
inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que 
hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con 
otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite”.
La DGRN comparte la tesis de las dudas razonables que puede tener el Registrador 
en cuanto a la autenticidad de ciertos documentos, en sus resoluciones de 15 de marzo 
de 2006 y 11 de julio de 2011, en las que sostiene que esa ausencia del sello del 
Juzgado o Tribunal, constituye una formalidad extrínseca del documento que genera 
dudas sobre la autenticidad del mismo, y por lo tanto calificable por el Registrador, que 
puede suspender la inscripción si alberga dudas razonables sobre su autenticidad; y la 
de 16 de julio de 2012, en la que dice expresamente que “Los documentos auténticos a 
efectos  de  inscripción  requerirán,  en  todo  caso,  conforme  al  artículo  3  de  la  Ley 
Hipotecaria, y dentro del mismo, la firma de la autoridad que deba expedirlos.”
Y  en  base  a  dichos  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  se  suspende  [sic]  la 
inscripción solicitada, no practicándose anotación preventiva de suspensión por no haber 
sido solicitada.
Contra esta calificación cabe (…)
Vigo, a 29 de septiembre de 2021.–La Registradora Accidental (firma ilegible) Fdo: 
María Alejandra Castaño Verde.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. I. M. O., abogada, en nombre y 
representación de don J. A. V. G., interpuso recurso mediante escrito de fecha 27 de 
octubre de 2021 y en base a los siguientes argumentos:
«Motivos.
Primero. Comienza la calificación negativa emitida por la Registradora Accidental 
del  Registro  de  la  Propiedad  número  6  de  Vigo  alegando  que  “En  la  certificación 
presentada no consta la firmeza de la sentencia dictada”.
Sin embargo, el Testimonio de la Sentencia número 198 dictada en Apelación el 23 
de abril de 2.021 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense dice 
literalmente:
“Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original de la resolución a la que me  es
remito. Así mismo certifico que dicha sentencia es firme.” bo
NSeog euxnisdtoe.,  puLeas S, eral .p Rrimegeirsotr daed oloras  dAecfceidcteonst adle dneuln Rcieagdiosstr oe nd lea  lcaa lPifricoapcieiódna.d número 6  2022-2584n https://ww
dnein gVúigno  caasliiefinctao  necognactirveatmo,e nstien  laq iunes crqipuceipóan  deen l ae Ssetan temnactiear aiale gaacntudaoc qióune  “dNeo  soefi csioo licditeal 
Registrador,  en  virtud  del  principio  general  de  rogación  que  rige  a  estos  efectos 
(artículo 6 LH)”.
Entendemos, dicho sea con todos los respetos, que al tratarse de una sentencia 
declarativa que se presenta en el Registro de la Propiedad no puede sino solicitarse la 
adecuación  del  contenido  del  Registro  a  la  realidad  extrarregistral  declarada  en 
Sentencia, que implica necesariamente la rectificación del asiento registral donde figura 
la adquisición de la finca número 8685 exclusivamente por doña P. H. B., y la inscripción 
de dicha finca a nombre de don J. A. V. G. y de doña P. H. B., dado que los Tribunales 
han declarado que el bien ha sido adquirido en comunidad por ambos exconvivientes.
Se invoca así por esta parte la Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 20 de abril de 2002 en el recurso gubernativo interpuesto contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad de Motril número 1 a inscribir el testimonio de 
una  sentencia.  Esta  Resolución  acoge  íntegramente  los  fundamentos  del  recurso 
interpuesto contra la calificación negativa de la sentencia declarativa argumentando que, 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 521 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y tratándose de una sentencia declarativa, se trata de adecuar la inscripción 
registral al contenido de la sentencia.
Del mismo modo, y en nuestro caso, el Fallo de la sentencia dictada por el Jugado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Carballiño, en este punto confirmada por 
la dictada en apelación por Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense en el 
RPL1037/2019, dice:
“Declaro la existencia de una convivencia more uxorio entre D. J. A. V. G. y D.ª P. H. 
B., con la constitución de una comunidad de bienes entre ambos en relación con la casa 
de planta baja con una superficie de 155,35 m2 y planta alta de 123,20 m2, que 
constituye una sola vivienda, con terreno unido a labradío al nombramiento de (…), 
Municipio de Gondomar descrita en la demanda.”
Nos encontrarnos así ante una Sentencia declarativa que tiene acceso al Registro de 
la  Propiedad  para  adecuar  la  inscripción  registral  al  contenido  de  la  Sentencia, 
inscribiéndose la adquisición del título de propiedad a favor de ambos exconvivientes. 
Dando cumplimiento así a lo preceptuado en los artículos 521 y 522 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
La Dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la citada Resolución de 
la llamada entonces Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de abril 
de 2002, estima el recurso gubernativo interpuesto contra del recurso la calificación del 
Registrador con el siguiente fundamento:
“2. El recurso debe ser estimado. En realidad, con la Sentencia firme declarativa de 
la propiedad es suficiente para conseguir la inscripción, siendo redundantes todas las 
actuaciones procesales posteriores, pues, como se deriva palmariamente de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (cfr. artículos 517 y 521), las sentencias declarativas ni necesitan 
ejecución ni, por ello, son susceptibles de actividades posteriores ejecutorias, con lo que, 
para la inscripción que se solicita es suficiente el testimonio de la sentencia, que es 
firme, por la que se declara que la cochera-trastero es de la exclusiva propiedad del 
actor.”
Tercero. La Sra. Registradora Accidental del Registro de la Propiedad número 6 de 
Vigo  califica  negativamente  el  documento  judicial,  por  considerar:  “Pero  de  dicha  s
Sentencia no resulta manifestación alguna relativa al título de adquisición o causa del  oe.
negocio jurídico que determine la propiedad del recurrente don J. A. V. G. respecto de  w.
Ldaicsh EaRs ef idnsoocalcut,cr niinooan  seriesei ntdederoa 6 din ads edc rejiub lliaibo l Ded ieree l2 cm0c0ieó4rno  y Gr eleacnso enmroaácls idm reei eScnieetogn utdereisd  dadodem  J1iu3nr iíyod .i2c1a  dye F jeu nPioú bdliec a2 0(v1i8d).   2022-2584n https://ww
que lo que accede a los libros registrales es el título material por el que se produce la
transmisión o la declaración del dominio que, a su vez, ha de estar consignada en un  Bc
título formal de los previstos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria por lo que sólo si el 
reconocimiento de dominio tiene la condición de título material transmisivo o declarativo 
del dominio puede acceder al Registro de la Propiedad, y por ello es necesaria la 
expresión de la causa (cfr. Resolución de 19 de enero de 1994). De aquí resulta que el 
reconocimiento  de  dominio  efectuado  sin  expresión  de  causa  carece  de  virtualidad 
traslativa y no procede su inscripción (vid. Res. DGSJFP de 23 de diciembre de 2020).”
La Registradora, confunde, lo decimos con todos los respetos y en estrictos términos 
de defensa, el mero reconocimiento de dominio efectuado por un titular registral con una 
resolución judicial declarativa de la existencia de una comunidad de bienes, siendo 
absolutamente dispares uno y otro supuesto:
No  estamos  ante  un  reconocimiento  de  dominio  sin  expresión  de  causa:  La 
Sentencia que sirve de título a la inscripción que se interesa declara la existencia de una 
relación more uxorio entre J. A. V. G. y doña P. H. B., con la intención de constituir un 
patrimonio común, por lo que cada una de las adquisiciones hechas por cualquiera de 
los  dos  convivientes  se  entiende,  por  declararlo  así  una  resolución  Judicial  firme, 
efectuada de consuno por ambos. En efecto, dice la Sentencia confirmada por la de la 
Audiencia Provincial de Orense (F.D 4.º):
“Parece  así  que  existió  un  pacto  por  el  que  las  partes  decidieron  tácitamente 
constituir una comunidad de bienes, haciendo cada uno de ellos aportación de sus 
ingresos, sean cuales fueren, confundidos en el destino común; no existiendo ninguna 
prueba  de  que  existiera  un  acuerdo  para  obligarse  a  restituirse  en  el  futuro  las 
respectivas inversiones en los bienes de qué disfrutaron sin que el hecho de que figuren 
únicamente a nombre de doña P. H. B., con el fin de sustraerlos a terceros acreedores, 
pueda  desvirtuar  el  carácter  de  bienes  comunes  de  la  pareja.  Todos  los  bienes  y 
sociedades así constituidas se consideran comunes a los dos litigantes, tanto la vivienda 
como las participaciones en las tres sociedades que figuran a hombre de doña P. H. B., 
independientemente de su titularidad formal.”
Por lo tanto, el título de adquisición de esta vivienda ha de ser necesariamente el 
mismo título que consta en el Registro de la Propiedad número 6 de Vigo que determinó 
la adquisición de la Propiedad a favor de doña P. H. B., y que en el caso concreto de la 
finca  registral  8685  es,  como  bien  recogen  los  Hechos  de  la  Calificación  de  la 
Registradora, la escritura otorgada ante el Notario de Vigo don José Luis Lorenzo Areán, 
el diez de Julio del año mil novecientos noventa y ocho, según la inscripción 6.ª, obrante 
al folio 144 del Libro 76, Tomo 1533 del Archivo, de fecha once de Agosto de mil 
novecientos  noventa  y  ocho.  Que  debe  ser  modificado  en  el  sentido  de  que  la 
compraventa se efectuó a favor de J. A. V. G. y doña P. H. B. por haberlo declarado así 
una sentencia firme.
Cuarto. Continúa la calificación de la Registradora:
Es doctrina reiterada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (vid 
las Resoluciones de 6 de julio de 2004 y las más recientes de 13 y 21 de junio de 2018) 
que lo que accede a los libros registrales es el título material por el que se produce la 
transmisión o la declaración de dominio, por lo que solo si el reconocimiento de dominio 
tiene la condición de título material transmisivo o declarativo del dominio puede acceder 
al  Registro  de  la  Propiedad,  y  por  ello  es  necesaria  la  expresión  de  la  causa 
(cfr.Resolución de 19 de enero de 1994) e.
Sin embargo, a la vista de la invocada Resolución de la Dirección General de los  w.b
Registros y del Notariado de 19 de enero de 1994, respetuosamente disiente esta parte  84ww
mdeo dlao  iqnuteer par entauceisótnro q eunet epnodre lra n Ro esgóislotr andoo fruan sdea mheanceta  dlae  claa liifnicvaocciaódna n reegsaotliuvcai,ó sni,n od eq utael 
avala una calificación positiva de la resolución judicial que se pretende inscribir; dice esta 
Resolución en sus Fundamentos de Derecho:
Fundamentos de Derecho.
Vistos los artículos 6.2 del Código Civil y 2, 3, 9, 40 a) y d), 79, 80, 82, 83, 198 y 199 
de la Ley Hipotecaria.
1. Inmatriculada  una  finca  a  favor  de  determinada  persona  y  en  virtud  de 
expediente de dominio, se presenta para su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
una escritura pública en la que el titular registral, después de segregar de aquélla una 
porción determinada que pasa a constituir finca nueva e Independiente, reconoce el 
dominio de la finca segregada a favor de un tercero. En la parte expositiva de dicha 
escritura el titular registral manifiesta que “aunque registralmente figura como dueño de 
la totalidad de la finca, lo cierto es que sólo es propietario de la mitad, siendo propietario 
de la mitad restante el favorecido por ese reconocimiento de dominio, si bien por razones 
de economía procesal, se Inició el expediente de dominio... únicamente a instancia del 
titular registral”.
El Registrador suspende la inscripción por no expresarse en el título la causa de la 
transmisión, y porque en el expediente de dominio que motivó la inmatriculación de la 
finca, el titular declaró haberla adquirido por compra en contrato privado suscrito el 6 de 
junio de 1977 a D.ª M. M. (persona distinta del tercero favorecido por el reconocimiento) 
sin que en la escritura presentada ahora manifieste prueba en contrario de la presunción 
de dominio a su favor.
2. Prescindiendo de las relaciones jurídicas que pudieran existir entre el actual 
titular registral y el tercero a favor del cual realiza el reconocimiento de propiedad 
respecto  de  la  finca  segregada,  cualquiera  que  haya  sido  el  tiempo  en  que  esas 
relaciones se hayan producido y dejando a salvo el efecto que en el orden civil pueda 
tener el reconocimiento de propiedad, la única cuestión a decidir en el presente recurso 
es la de determinar si el reconocimiento de dominio en favor de persona distinta del 
titular registral o, más propiamente, la voluntad del titular registral es suficiente para 
inscribir el dominio a favor de un tercero, como parece sostener el recurrente, al afirmar 
que “el reconocimiento de dominio existe y es inscribible conforme a la Ley Hipotecaria”, 
o si por el contrario, la Inscripción de un derecho en el Registro de la Propiedad 
presupone  necesariamente  la  acreditación  fehaciente,  del  título  adquisitivo  a  quien 
pretende el asiento...
...Tampoco  puede  considerarse  el  reconocimiento  de  propiedad  como  título 
declarativo del dominio, al que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Hipotecaria. No tiene la 
voluntad individual por sí sola, único punto de apoyo del reconocimiento, virtualidad 
suficiente para declarar con efectos erga omnes, sino solamente como reconocimiento o 
confesión personal, que un bien pertenece a una persona determinada. Es la resolución 
judicial,  que  declara  frente  a  todos,  la  pertenencia  de  un  bien  a  una  persona 
determinada, el título declarativo por excelencia.
Ha de tenerse en cuenta que lo que accede a los libros registrales es un título 
material por el que se produce la transmisión o la declaración del dominio (art. 2 Ley 
Hipotecaria), que a su vez ha de estar consignado en un título formal de los previstos en 
el artículo 3 de la misma Ley. Solamente si el reconocimiento de dominio tuviese la 
condición dé título material transmisivo o declarativo de dicho dominio, podría acceder al 
Registro de la Propiedad. es
Y en este caso lo que se pretende inscribir, destruida por Sentencia judicial firme |a  bo
presunción de legalidad del título de adquisición de doña P. H. B. del 100 % de la finca  84ww
vfraeevgnoiisTmrta rdomaesl p  8dao6o c8ñroe5a c, s Puela.r  r Heicrn. o ecBrrun.e e pclnaoctsirró  alnRa  p edaosedro q eleuussictstaiaioc  niinpóesanscr  tprdeiope rcf  uiclóanon dmD aspimurresaect nicatuti oófya nepv naoGdrreao dn  elleaa r P aac. lda Hqdli.fue iBci sal.oi ccysii óó dRnne  e pnJgo.ei rsAg tca.r ootVismv.  aGpy r q.adu eael    OE-A-2022-25able en https://
Notariado Invocadas en la calificación, de fechas 13 y 21 de junio de 2018, ambas
estimatorias de los recursos formulados contra la calificación negativa del Registro. Ni 
tampoco la Resolución de 23 de diciembre de 2020, también citada en la Calificación, y 
que no se refiere a un reconocimiento de dominio ni mucho menos a una resolución 
judicial, sino a un expediente de reanudación de tracto sucesivo.
Cuarta [sic]. La Sra. Registradora Accidental del Registro de la Propiedad número 6 
de Vigo califica negativamente el documento judicial, por considerar que “Además de la 
falta  de  expresión  de  la  causa  de  la  adquisición,  no  se  determinan  las  cuotas  de 
propiedad de la finca, de cada uno de los comuneros”.
La Sentencia declara, en relación a la vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Vigo, finca 8685, que si bien formalmente figura a nombre de doña P. H. B., 
en realidad pertenecen a doña P. H. B. y a don J. A. V. G., al haber sido adquiridas para 
ambos constante su relación, more uxorio. Por lo tanto, es evidente que la cuota de cada 
uno de los dos comuneros es del cincuenta por ciento (50%).
A  mayor  abundamiento,  el  artículo  393  del  Código  Civil  establece  que  “Se 
presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a 
los partícipes de la comunidad”. Lo que nos lleva de nuevo a la cifra del cincuenta por 
ciento (50%) de cuota que corresponde a doña P. H. B. y otro cincuenta por ciento (50%) 
a favor de doña P. H. B.
Fundamentos de Derecho.
I.
El artículo 324 de la Ley Hipotecaria establece que las calificaciones negativas del 
Registrador  podrán  recurrirse  potestativamente  ante  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado y según los trámites que se prevén en los artículos siguientes.
II. Legitimación.
Concurre  legitimación  en  mi  representado  en  su  condición  de  parte  en  el 
procedimiento  que  culminó  con  la  Sentencia  dictada  por  la  Sección  Primera  de  la 
Audiencia Provincial de Orense número 198 de fecha 23 de abril de 2021
III. Requisitos.
El presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes a contar desde la 
fecha de notificación de la calificación y contempla los requisitos que a tal fin exige el 
artículo 326 de la Ley Hipotecaria, designándose a efectos de notificaciones el domicilio 
de la compareciente (…)
IV.
Resulta de aplicación el artículo 393 del Código Civil relativo a la presunción de 
reparto de cuotas entre comuneros.
En su virtud,
Al Registro de la Propiedad número 6 de Vigo para ante la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública solicito que habiendo presentado este escrito, con los 
documentos que se acompañan, se sirva admitir todo ello, teniendo por interpuesto 
recurso gubernativo frente a la calificación negativa de la Sra. Registradora Accidental  e.
del Registro de la Propiedad número 6 de Vigo en relación al dominio declarado en la  w.b
Sentencia  dictada  en  el  RPL  1037/2019  por  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia  84ww
pParorcviianlcmiaeln tdee l aO driectnasdea  enlú Jmuezrgoa d1o9 d8e,  Pderim  feercah aIn s2ta3n cdiae  naúbmriel rod e1  d2e0 2O1 ,C aqrubea llicñoon feirnm eal 
mP.Ood.1o5 q5u/2e0 s1e7  pcroonc efdeac hpao r2 e7l  Rdee gmisatryoo d dee l a2 P01ro9p, ieredvaodc naúnmdoe rloo s6  ddeef eVcigtoos  ar elac uinrrsidcroips,c iódne 
del  50%  del  pleno  dominio  de  la  finca  registral  número  8685  a  que  se  ha  hecho
referencia en este escrito, a favor de don J. A. V. G. y el restante 50% del pleno dominio 
a favor de doña P. H. B. en virtud de lo declarado en la Sentencia firme.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación 
el día 16 de noviembre de 2021 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 y 118 de la Constitución Española; 1, 3 y 18 de la Ley 
Hipotecaria; 33, 54 y 100 del Reglamento Hipotecario; 393 del Código Civil; 17 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 5 de diciembre de 2005, 8 de mayo de 2008 y 21 de noviembre de 2017; las 
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  6  de 
noviembre de 1996, 20 de abril de 2002, 2 de junio de 2010, 6 de febrero y 8 de octubre 
de 2012, 14 de noviembre de 2016, 25 de octubre de 2018 y 2 de enero de 2019, y la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de febrero 
de 2021.
1. La presente resolución tiene por objeto una sentencia por la que se reconoce 
una copropiedad derivada de una convivencia «more uxorio».
Son hechos relevantes para la resolución de este expediente, que resultan de la 
documentación aportada y de lo que figura en el Registro:
– Doña P. H. B. y don J. A. V. G., convivieron durante un periodo de tiempo de 24 
años. Durante esa convivencia se constituyeron tres sociedades y se adquirió una finca 
en  Gondomar,  quedando  inscritas  las  participaciones  de  las  sociedades  y  la  finca 
registral 8.685 de Gondomar a favor de doña P. H. B. con carácter privativo.
– Sobre la finca figura anotada la demanda del procedimiento que nos ocupa, en el 
que don J. A. V. G. solicita que se declare la inscripción de la finca a su favor por ser un 
supuesto de simulación relativa y la correspondiente cancelación a favor de la titular 
registral, o subsidiariamente, se declare la cotitularidad de los dos como consecuencia 
de la existencia de una convivencia «more uxorio».
– El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Carballiño, entre 
otros pronunciamientos, estimó la petición subsidiaria, declarando la existencia de una 
convivencia «more uxorio» entre los litigantes constituyendo, a juicio del tribunal y a los 
efectos que aquí interesa, una comunidad de bienes entre ambos en relación a la finca 
controvertida.
– Mediante sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Ourense, se considera no probada la existencia de un negocio fiduciario entre los 
litigantes a fin de aparentar una titularidad distinta de la real y confirma la sentencia de 
Instancia al sostener que todos los bienes y sociedades se consideran comunes a los 
dos litigantes, al haber quedado probada en el seno del procedimiento la convivencia 
«more uxorio» y la voluntad tácita de constituir un acervo común.
La registradora señala tres defectos ya que respecto de la firmeza de la sentencia de 
la Audiencia rectifica su calificación: en primer lugar, que a su juicio no existe en la 
sentencia un título material válido de adquisición del demandante; en segundo lugar,  s
señala que la sentencia de la Audiencia Provincial no reúne los requisitos formales  oe.
necesarios, y, en último lugar, que no se determina la participación de cada conviviente  w.
ceonn lcaPo ofrirnd csaaur . epla Rrteeg lias trreoc cuorrne lnat ere eanlitdieandd eex qtruaerr leag sisetnratel nqcuiea  qfiurmedea d perboebraíad as eern i nesl cprriotac eas foin. de  2022-2584n https://ww
2. Es doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que las  BOE-A-cable e
sentencias declarativas o constitutivas con trascendencia inmobiliaria son directamente
inscribibles en los libros del Registro –salvo las dictadas en rebeldía, en los términos del 
artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– si de éste no resultan obstáculos que lo 
impidan,  mediante  la  presentación  del  correspondiente  testimonio  de  la  resolución 
judicial, que acredite su contenido, así como la firmeza de la misma. En este sentido ya 
se había pronunciado la Dirección General de los Registros y del Notariado, al afirmar 
que «las sentencias declarativas ni necesitan ejecución ni, por ello, son susceptibles de 
actividades posteriores ejecutorias, con lo que, para la inscripción que se solicita es 
suficiente el testimonio de la sentencia, que es firme» (cfr. Resoluciones de 20 de abril 
de 2002 y 6 de febrero de 2012).
De igual modo, debe tenerse en cuenta la doctrina de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado relativa a la calificación de los documentos judiciales de 
conformidad con el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Es doctrina reiterada que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y 
tribunales  en  su  labor  de  juzgar  y  hacer  ejecutar  lo  juzgado,  y  de  cumplir  sus 
resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución Española), pero no por ello ha de 
quedar excluida la calificación registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro; 
las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española), que tiene su especifica aplicación en el ámbito registral en el 
criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley 
Hipotecaria), determinara la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales 
firmes,  a  la  previa  comprobación  de  los  extremos  aludidos  en  el  artículo  100  del 
Reglamento Hipotecario.
3. Como primer defecto señala la registradora, que no resulta de la sentencia un 
título válido material de adquisición por parte del demandante. No consta, que el bien 
haya sido adquirido en comunidad por ambos cónyuges o el título en virtud del cual se 
aporta a la comunidad proindiviso.
Dichas afirmaciones no pueden sostenerse.
Es evidente que la falta de documento escrito (que no de título en sentido material), 
que  sostenga  las  relaciones  entre  los  convivientes,  bien  a  través  de  un  negocio 
fiduciario,  bien  de  regulación  de  sus  relaciones  patrimoniales  (al  inicio,  durante  la 
convivencia o para el caso de separación), es lo que ha provocado la demanda judicial.
Además, no es la convivencia en sí misma lo que determina la existencia de una 
comunidad de bienes entre los cónyuges, sino los efectos jurídicos que el tribunal 
deduce de esa convivencia. A juicio el tribunal queda probado en el procedimiento (por 
medios  de  prueba  no  admisibles  en  el  ámbito  registral  pero  si  en  el  seno  del 
procedimiento judicial, entre los que se incluye un juicio penal anterior por alzamiento de 
bienes) que «las partes pretendieron el establecimiento de tales relaciones en el ámbito 
personal con notoriedad pública, así como la constitución de un acervo común, no 
delimitado temporal ni materialmente, sino extensivo a todo el periodo de vida en común 
y a todos los bienes adquiridos durante éste (…) Parece así que existió un pacto por el 
que las partes decidieron tácitamente constituir una comunidad de bienes, haciendo 
cada uno de ellos aportación de sus ingresos, sean cuales fueren, confundidos en el 
destino común, no existiendo ninguna prueba de que existiera un acuerdo para obligarse 
a restituirse en el futuro las respectivas inversiones en los bienes que disfrutaron sin que 
el hecho de que figuren únicamente a nombre de doña P., con el fin de sustraerlos a 
terceros acreedores pueda desvirtuar el carácter de bienes comunes de la pareja. Todos  s
los bienes y sociedades se consideran comunes a los litigantes, tanto la vivienda como  e.
las  participaciones  en  las  sociedades,  independientemente  de  su  titularidad  formal,  w.
según  ella  misma  reconoció  en  las  diligencias  penales  incoadas  en  una  denuncia  84ww
interLpau eAsutad iepnocr ieal,l as miguisimenad (o… lo)»s. pronunciamientos del Tribunal Supremo (cfr. Sentencia
tdáec i5ta  ddee  dliocsie cmobnrvei vdieen 2te0s0 5p)u, esdoes tdieenteer mquinea r« llaa  deexmistoesntrcaiac iódne  duen au ncao mvoulnuindtaadd  eenx psreenstaid oo   BOE-A-cable e
jurídico (…)».
De igual modo, la Audiencia Provincial se acoge a los criterios fijados por el Alto 
Tribunal en la Sentencia de 8 de mayo de 2008 en relación con los problemas que 
plantean la liquidación de convivencias de hecho.
Sostiene el Tribunal Supremo que en primer lugar habrá de estarse a los pactado por 
las partes, pero dicho pacto no se requiere que sea expreso, admitiéndose los pactos 
tácitos que puedan deducirse de los «facta concludentia». Lo que no se puede en ningún 
caso es aplicarse analógicamente las normas sobre regímenes económicos ya que no 
hay matrimonio, ni mucho menos las normas sobre sociedad de gananciales. Pero de 
probarse de forma expresa o tácita que se adquirieron en común, puede deducirse la 
existencia de dicha comunidad. Apunta la Audiencia que «no puede exigirse el mismo 
rigor para estimar contenido y alcance de un negocio jurídico o relación contractual, que 
normalmente se plasma en un documento privado del que existe constancia, que las 
circunstancias en que se desarrolla relaciones en el ámbito de la privacidad inherente a 
la convivencia y en las que generalmente, la confianza que deriva de la afectividad y de 
la existencia de un proyecto de vida en común conduce a la inobservancia de medidas o 
pautas de cuidado».
A juicio del tribunal de apelación, el título material no es otro que «un pacto por el 
que las partes decidieron tácitamente constituir una comunidad de bienes».
En relación con la función calificadora que los registradores ejercen respecto de los 
documentos  judiciales,  cabe  destacar  la  Sentencia  número  625/2017,  de  21  de 
noviembre,  del  Pleno  de  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo,  relativa  a  una 
Resolución de esta Dirección General.
Dicha resolución del Alto Tribunal, no obstante tener un objeto que no tiene que ver 
con el de este recurso, analiza la función del registrador en torno a los documentos 
judiciales y la posterior valoración de hechos que no pudieron tenerse en cuenta por el 
registrador y por la Dirección General. Dice la citada Sentencia en su fundamento 
tercero: «(…) Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora 
que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular 
respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. Conforme 
al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la 
legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la 
inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos 
contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos 
registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 
RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o 
tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador 
revisar el fondo de la resolución judicial».
En  vista  a  lo  anteriormente  expuesto,  no  cabe  duda  que  la  apreciación  de  la 
existencia del pacto tácito de constitución de una comunidad de bienes, con todos los 
efectos inherentes a su existencia, constituye el fondo de la resolución judicial, cuya 
calificación está vedada al registrador en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, por 
lo que este defecto debe revocarse.
4. En segundo lugar alega la registradora que la sentencia no está debidamente 
firmada  ni  sellada  y  no  puede  garantizarse  su  autenticidad.  Este  defecto  debe 
confirmarse. s
Es doctrina conocida de esta Dirección General que, aunque es cierto que los  e.
artículos 118 de la Constitución Española y 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  w.
imponen al registrador, como a todas las autoridades y funcionarios, el deber de cumplir  84ww
dlaesb reens ocluumcipolnire lsa sju edxicigiaelnecsi afisrm deesl ,s insote lmo ae sre mgiestnroasl. que todos los documentos inscribibles
inscDriteo sc olonsfo trímtuildoasd  ecxopnre seal daorstí ceunlo  e3l  adrteíc ulalo  Laenyt eHriiopro, tedceabreiará, n« peasrtaar  qcuoen spiguneaddaons  seenr   BOE-A-cable e
escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por
el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos». A mayor 
abundamiento el artículo 33 del Reglamento Hipotecario establece que «se entenderá 
por título, para los efectos de la inscripción, el documento o documentos públicos en que 
funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y 
que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con 
otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite».
Dichas formalidades, no son otras que las apreciadas por la registradora en su nota 
de calificación. Los documentos auténticos a efectos de inscripción requerirán, en todo 
caso, la firma de la autoridad que deba expedirlos ya sea manual o a través del código 
seguro de verificación.
En relación con esta modalidad de firma, esta Dirección General ya viene admitiendo 
como documentos auténticos a efectos de presentación en el Registro el traslado a papel 
de estos cuando contengan un código seguro de verificación que permita contrastar su 
autenticidad.
Por tanto, aunque la presentación de documentos electrónicos puede hacerse por vía 
telemática, nada impide también la presentación en papel cuando tienen un código 
seguro de verificación.
Los  requisitos  de  emisión  y  autenticidad  de  los  certificados  emitidos  por  las 
Administraciones  Públicas  se  regulan  con  carácter  general  en  el  artículo  27  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, cuyo apartado 6 recoge una excepción a la que habrá que 
estar en este expediente: «La expedición de copias auténticas de documentos públicos 
notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su 
legislación específica».
Dicha regulación específica, en cuanto a los órganos judiciales, la encontramos en el 
artículo 28 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, cuyo último apartado 
establece:  «5.  Las  copias  realizadas  en  soporte  papel  de  documentos  judiciales 
electrónicos  y  firmados  electrónicamente  por  el  secretario  judicial  tendrán  la 
consideración de copias auténticas, siempre que incluyan la impresión de un código 
seguro de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los 
archivos electrónicos de la oficina judicial emisora».
Por  tanto,  será  necesario  presentar  un  testimonio  de  la  sentencia  debidamente 
firmado  y  sellado  por  el  tribunal  o  con  código  seguro  de  verificación  que  pueda 
comprobarse,  de  modo  que  resulte  acreditada  la  autenticidad  del  documento  y  la 
identidad de quien lo expide.
5. Por  último,  alega  la  registradora,  que  no  pueden  presumirse  las  cuotas  de 
adquisición, defecto éste que debe confirmarse.
De conformidad con el artículo 54 del Reglamento Hipotecario «las inscripciones de 
partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño 
con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente».
En este sentido se pronuncian numerosas Resoluciones (6 de noviembre de 1996, 2 
de junio de 2010 o 25 de octubre de 2018) que entienden que no resulta aplicable en 
relación con el Registro, la presunción de igualdad que recoge el artículo 393 del Código 
Civil,  que  dado  su  carácter  no  definen  la  verdadera  extensión  del  derecho.  Dicha 
exigencia también es a los documentos judiciales (cfr. Resolución 8 de octubre de 2012).
De la sentencia dictada no hay indicios claros del porcentaje en que deba entenderse  s
constituida la comunidad. En la sentencia se dice: «Partiendo de lo expuesto en los  e.
Fundamentos anteriores y en relación con la vivienda de (…) (Gondomar), como ya se  w.
dijo no se ha logrado acreditar la procedencia del dinero con el que se financió su  84ww
afigduqruaisbiac iócno,m aou pnrqeuseta teasri ac dieorñtoa  qPu. ey  csoem coo fniasdtitoury sóo luidna rpior édsotanm Jo.  Ah.i pSoet edceasrcioo neonc ee ql uqiéune 
tdrea blaojsa bdao, sp eprcaigbaiebnad ola úsn iccuaomtaesn teh ilpaost escuamriaass , qauuen lqeu aeb oenna baaq useul lae xémpaorcidao  dyo eñla p oPs. ibnleo   BOE-A-cable e
remanente del caudal hereditario. Por todo ello se considera dicho bien incluido dentro 
de la comunidad de bienes».
6. Además de los defectos señalados como tales, apunta la registradora a lo largo 
de su nota de calificación que en el fallo de la sentencia de la Audiencia solo hace 
referencia a la comunidad sobre las sociedades, pero no expresamente sobre la finca. 
Sin embargo, sí se menciona en la sentencia de Instancia y puede deducirse fácilmente 
del resto de la sentencia de la Audiencia.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar 
parcialmente la nota de calificación en el sentido de ser suficiente la sentencia para 
inscribir el dominio a nombre del demandante, y desestimar el recurso y confirmar la nota 
en lo relativo a los requisitos formales de la sentencia y la necesidad de expresar las 
cuotas de los adquirentes.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 24 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.