BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95  Miércoles 21 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 45087
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6305 Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19.
I
El impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en la actividad económica de 
muchas empresas y autónomos ha supuesto una importante reducción de sus ingresos, 
afectando directamente a su liquidez y solvencia y, por ende, a su capacidad para hacer 
frente a sus obligaciones tanto con otras empresas como con las diversas administraciones 
públicas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de naturaleza no tributaria.
En el ámbito de las deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, que 
derivan del reintegro y/o reembolso de préstamos concedidos por la Administración General 
del Estado, las principales medidas de apoyo financiero a los obligados al pago se han 
aprobado en el ámbito de los Departamentos ministeriales concedentes de los préstamos.
Todas las medidas de apoyo financiero a beneficiarios de ayudas y préstamos 
concedidos por la Administración General del Estado aprobadas hasta el momento se 
han circunscrito al ámbito de competencias de los Ministerios concedentes de los 
préstamos, esto es, a las cuotas no vencidas. Sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones, como consecuencia del impacto negativo generado en su actividad por la 
pandemia, los beneficiarios de los préstamos se enfrentan a la incapacidad para poder 
hacer frente a aquellas cuotas que ya se encuentran vencidas y que no han podido ser 
objeto de reconsideración en su calendario de vencimientos por parte del Ministerio 
concedente, bien por quedar fuera del ámbito de aplicación de las medidas o bien como 
consecuencia de que fueron objeto de un aplazamiento o fraccionamiento por las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, con carácter previo a la crisis sanitaria de la 
COVID-19 y, por tanto, a la aprobación de las citadas medidas, quedando fuera de la 
esfera competencial de los Ministerios.
La mencionada imposibilidad se une a las dificultades tanto de financiación como para la 
obtención de garantías en forma de aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 
o certificado de seguro de caución destinadas a garantizar los aplazamientos y/o 
fraccionamientos de las deudas no tributarias derivadas del reembolso y/o del reintegro de 
muchas de estas empresas que resultaron beneficiarias de las ayudas públicas o de préstamos.
Los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regulan el procedimiento de aplazamiento y 
fraccionamiento del pago de las deudas frente a la Hacienda Pública. En particular, los 
artículos 46.5 y 50 prevén la posibilidad de obtener una dispensa total o parcial de garantía 
en las resoluciones de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas de derecho público.
No obstante, en la misma línea de las medidas señaladas que se han adoptado con 
anterioridad para preservar el tejido productivo y garantizar el mantenimiento del empleo y 
la actividad, atendiendo a la excepcional situación que la actual pandemia de la COVID-19 
está provocando en los obligados al pago, resulta necesario dar un impulso adicional en la 
adopción de medidas dirigidas a permitir un cumplimiento de las obligaciones de carácter  e.
no tributario, acudiendo a la flexibilización del procedimiento de concesión de  w.
aplazamientos y fraccionamientos con dispensa de garantía por las Delegaciones de  05ww
EcoPnoomr eías tye  Hmaoctiievnod, ae.l presente real decreto-ley aprueba un procedimiento excepcional y
tEecmopnoormalí,a d yu rHanatcei elonsd ae jdeerc iacpiolas z2a0m2i1e nyt o2s0 2y2/o,  pfraaracc liao ncaomncieensitóons  pdoerl  lpaasg Doe dleeg adceiuodnaess  ddee   BOE-A-cable e
naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de
ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado, con dispensa 
de garantía. El objetivo es proporcionar a las Delegaciones de Economía y Hacienda la 
documentación que les aporte elementos de juicio para analizar el carácter transitorio de 
las  dificultades  económico-financieras  de  las  empresas  y  su  futura  viabilidad, 
fundamentalmente, con la aportación por el solicitante de un plan de viabilidad o de 
negocios, verificado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
En estos casos, las Delegaciones podrán conceder un periodo de carencia total para el 
pago de la deuda de hasta dos años de duración desde la fecha de su vencimiento, y un 
fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.
II
El 12 de marzo de 2021 se aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, dirigidas a seguir protegiendo el tejido productivo, evitar un impacto 
estructural en la economía y preservar el empleo
De entre las medidas aprobadas por el citado real decreto-ley, que ascienden a 11.000 
millones de euros, destaca la creación de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos 
y empresas, por importe de 7.000 millones de euros, destinada a las comunidades 
autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que canalicen ayudas a los 
autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia.
La identificación de los sectores más afectados se realizó sobre la base de criterios 
objetivos a nivel nacional, como son el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector 
–que muestra en impacto en el empleo derivado de la pandemia– y el porcentaje de 
reincorporación de trabajadores en ERTE al mercado laboral que se ha producido en cada 
sector desde mayo de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021.
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, utilizaba estos indicadores para concentrar 
las ayudas en el refuerzo de la solvencia de las empresas en los sectores que mantienen 
una mayor afectación en términos de actividad y empleo. No obstante, en algunas regiones 
puede haber sectores que se hayan visto particularmente afectados sin que a nivel 
nacional superen los umbrales fijados en la definición de criterios objetivos establecidos en 
el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Esta idiosincrasia regional hace aconsejable habilitar a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla de forma que puedan tener cierto margen de flexibilidad para 
que, siempre dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan 
añadir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID 
establecido en el anexo I del citado Real Decreto Ley otros sectores adicionales que se 
hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio.
Igualmente, de manera excepcional las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado 
negativo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o haya 
resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la 
Renta de no Residentes como consecuencia de circunstancias excepcionales.
El límite establecido en el Marco temporal de la Unión Europea, que determina que las 
ayudas tienen que estar otorgadas antes del 31 de diciembre de 2021, aconseja incorporar 
con carácter urgente estas dos modificaciones, de forma que las convocatorias de ayudas 
por parte de las comunidades autónomas ya puedan incorporar esta previsión.
III e.
En las medidas que se proponen concurren, por su naturaleza y finalidad, las  05ww
cEisrcpuanñsotalan ccoiams od ep reexstruapouredsintaorsi ah ya buirligtaennttees n peaceras ildaa adp qroueb aecxiiógne  deel  aurntí cruelaol  8d6e cdree tlao -Cleoyn.stitución
leyeEsl  a«leund idcoa saort ídceul ou r8g6e dnete l ay C eoxntsratitourcdióinna Eriasp naeñcoelas pideardm»it,e s aiel Gmopbreie rqnuoe d incota ra dfeecctreento sa-l
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con 
rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por 
razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). 
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación 
directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la 
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta 
por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación 
de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, 
FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación 
de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019), centradas en el 
cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que 
acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley 
constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas 
justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Se debe insistir en que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la segunda declaración 
de estado de alarma y prórroga del mismo, generan la concurrencia de motivos que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual 
escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la 
epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan 
medidas de contenido económico para afrontar sus consecuencias.
Por tanto mediante las medidas recogidas en esta norma que son por un lado de 
apoyo  financiero  a  beneficiarios  de  ayudas  y  préstamos  concedidos  por  la 
Administración General del Estado y por el otro permiten habilitar a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de forma que puedan tener cierto margen de  es
flexibilidad para añadir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a  o
lmápamo aLrzb íDloniate eo opba dtae rCen os dOssee uVñsm aeItDelicaar tr.eorsisrteoet arstiab oaml,e dpbciceiiédironomn  eqiatnuele enes  le m qasiuntteieeg  xarseorea  lI lo  hddsae eeylc afcreenitcta otvdo-ilosset  yoeR  cenpoaoanl r óaDtifmceeuciccltraaoer stmao al-e ldoenvrytdee e5r sna/2oafe0smc2 pit1ear,nod dtvooeos  dc 1eae2nd  l doaeessl     OE-A-2021-6305able en https://www.
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución 
Española, la consolidada doctrina constitucional l, que resume la STC 139/2016, de 31 
de julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de 
dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo 
«inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a 
las materias incluidas en el título I de la Constitución; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser 
entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que 
lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos 
derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos 
esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, 
confirmada por otras posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo 
en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más 
bien ha de examinar si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o 
libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración 
constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación 
sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación 
de que se trate (…)».
IV
Concurren en este real decreto-ley, además, los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. 
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, ya que no restringe derechos ni 
impone nuevas obligaciones. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, 
siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de 
transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e 
información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de decretos-
leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha 
procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª y 14.ª 
de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de 
Hacienda general.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, 
a propuesta de las Ministras de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de 
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de 
abril de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Concesión por las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos  e.
y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni  w.b
aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos  05ww
por la Administración General del Estado, con dispensa de garantía.
deri1v.a daLso sd oebl lirgeaindtoesg arol p ya/goo  rdeee mdebuodlsaos  ddee n aaytuurdaalesz ao  pdúeb lipcraé,s ntao mtriobsu tcaorinacs endi iaddousa npeorra lsa, 
Administración General del Estado, cuya gestión recaudatoria corresponda a las
Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  podrán  solicitar  el  aplazamiento  y/o 
fraccionamiento de las mismas, en los términos que se recogen en los apartados 
siguientes, durante los ejercicios 2021 y 2022, siempre y cuando la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlar su propagación, 
hayan provocado periodos de inactividad del obligado al pago, reducción en el volumen de 
sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Las solicitudes podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario 
de pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por 
las Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre que no se encuentren en periodo 
ejecutivo de pago. En el supuesto de reconsideraciones de aplazamientos y/o 
fraccionamientos previos, la admisión a trámite de la solicitud suspenderá automáticamente 
el procedimiento de gestión recaudatoria de las deudas afectadas con efectos desde la 
presentación de la solicitud hasta que dicte la correspondiente resolución; y, en el caso de 
que su pago se encontrara domiciliado en una entidad bancaria, su domiciliación quedará 
automáticamente anulada para aquellos plazos que aún no se hubiesen enviado al cobro.
2.  Aquellos obligados al pago que se acojan a lo dispuesto en este real decreto-ley 
efectuarán la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en período voluntario ante la 
Delegación de Economía y Hacienda competente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  45  del  Reglamento  General  de  Recaudación,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en el plazo establecido en el artículo 46.1.a) del mismo.
3.  La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento contendrá los datos y se 
acompañará de los documentos necesarios previstos en los apartados 2, 3.b) y c) y 5 del 
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación.
Adicionalmente, a la solicitud se deberá acompañar los documentos que a continuación 
se relacionan:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de 
atender a las deudas de acuerdo con el vencimiento o el calendario de pagos vigente, 
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Se deberá justificar 
de forma detallada que las citadas dificultades tienen su origen en la pandemia y en las 
medidas adoptadas para controlar su propagación, con una explicación cualitativa y 
cuantitativa en términos de cómo se ha producido la afectación.
b)  Una certificación sobre las deudas tributarias y con la Seguridad Social que 
mantiene el solicitante, expedida por los órganos competentes a solicitud del interesado, 
así como una declaración responsable del solicitante sobre las deudas por reintegros y/o 
reembolsos de ayudas o préstamos con las administraciones públicas, distintas de las que 
forman parte de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento.
c)  Plan de viabilidad o de negocio, aprobado por el máximo órgano de administración, 
que contenga las medidas que se prevén adoptar para superar las dificultades económico-
financieras que le impiden, de forma transitoria, efectuar el pago en el plazo o en el 
calendario establecidos, así como la evolución del negocio prevista para poder afrontar el 
aplazamiento y una justificación de los datos incluidos.
El plan deberá tener un ámbito temporal que, como mínimo, cubra el periodo al que se 
extienda el calendario de pagos solicitado en el aplazamiento y/o fraccionamiento.
Deberá incluir unos estados financieros previsionales (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo que detalle las disponibilidades líquidas 
que se prevén generar y, cuáles, de ellas, se prevén destinar a la devolución de las deudas 
aplazadas y/o fraccionadas). s
Cuando la solicitud se refiera a deudas que superen los 150.000 euros, o, de forma  e.
acumulada con solicitudes anteriores formuladas al amparo de este real decreto-ley,  w.
superen los 250.000 euros, el plan de viabilidad o de negocio deberá acompañarse de un  05ww
idnefobremráe  edxep raeusdairt ourn ian socpriintoió enn t éecl nRiceag eisntr ola  Oquficei asle d me aAnuifdeistotarerás,  ddee  Cfourmenat acsla. rDa icyh por eincfisoarm, sei 
lraasz ohniapbólteess iast eyn dpireenvdisoi oan cersit eurtioilisz aedcoansó pmoirc oesl  ys oslii claitsa ncitfera es nc olan teenlaidbaosra ecnió enl  mdeislm pola tnie nseonn   BOE-A-cable e
un soporte en la información contable proporcionada.
Tanto el plan de viabilidad o de negocio como el informe de auditor tendrán una validez 
de un año desde su emisión.
Estos documentos podrán contribuir a justificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los apartados 3.c) y 5.d) del artículo 46 del Reglamento General de 
Recaudación.
d)  Para aquellas deudas que ya contaran con una garantía total o parcial, deberá 
aportarse documentación firmada por el garante que acredite que la operación aplazada 
y/o fraccionada sigue estando garantizada en los mismos términos que la deuda original. 
En caso de que las garantías estuvieran depositadas ante la Caja General de Depósitos, 
deberá procederse a la sustitución de las garantías, extendiendo la cobertura del aval a las 
operaciones aplazadas y/o fraccionadas y presentar como documentación acreditativa de 
la sustitución los resguardos emitidos por la Caja General de Depósitos.
4.  La Delegación de Economía y Hacienda competente, tras la verificación de los 
documentos y requisitos establecidos en este artículo, podrá dictar resolución acordando 
el aplazamiento y/o fraccionamiento con dispensa de garantía, que se realizará en los 
siguientes términos:
a)  La deuda aplazada y/o fraccionada con arreglo a este procedimiento devengará a 
favor de la Hacienda pública los intereses de demora, calculados tal y como establece el 
artículo 53 del Reglamento General de Recaudación.
b)  Previa solicitud del obligado al pago, se podrá conceder un periodo de 
aplazamiento para el pago de la deuda de hasta dos años de duración desde la fecha de 
vencimiento que corresponda, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta 2 años.
5.  En lo no previsto por este real decreto-ley, serán de aplicación con carácter 
supletorio las normas reguladoras de los aplazamientos y fraccionamientos del pago de las 
deudas de derecho público que recoge el Reglamento General de Recaudación, a 
excepción de lo dispuesto en su artículo 50.
6.  Lo establecido en los apartados anteriores podrá ser aplicado a solicitudes de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas que se correspondan con procedimientos ya 
iniciados y en los que todavía no haya recaído resolución en la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los apartados 
anteriores de este artículo, con la aportación de la documentación adicional necesaria.
7.  No podrán acogerse a lo dispuesto en este real decreto-ley aquellas deudas que 
hayan sido o sean aplazadas y/o fraccionadas de conformidad con el procedimiento 
regulado en la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados 
aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con dispensa 
de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para 
las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los subprogramas Investigación 
Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, que queda redactado del siguiente modo: s
«Artículo 3.  Marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para  w.b
fijación de la cuantía de la ayuda. 05ww
1.  A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerarán destinatarios:
a)  Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores
definidos en el anexo I y los que añadan en su territorio las Comunidades Autónomas  Bc
y las Ciudades de Ceuta y Melilla según lo establecido en el apartado 5 de este 
artículo, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente 
en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019. Esta información se 
suministrará por la Administración Tributaria correspondiente a petición de las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los 
sectores definidos en el anexo I y los que añadan en su territorio las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla según lo establecido en el apartado 5 
de este artículo.
b)  Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre 
Sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como 
destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y 
transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las 
entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para 
determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes 
de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
c)  No se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, 
entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos 
epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto 
negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de 
estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en 
dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de 
la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y 
compensación de bases imponibles negativas. Esta información se suministrará por 
la Administración Tributaria correspondiente, a petición de las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
d)  Dentro de la asignación establecida en el artículo 2, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer excepciones a los 
criterios recogidos en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo atendiendo a 
circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 debidamente justificadas en sus 
convocatorias.
2.  Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán 
los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los 
siguientes límites máximos:
a)  3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
b)  Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones 
anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 
respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será:
i.  El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 
año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que  es
apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las  bo
Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que  05ww
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no 
podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
c)  En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.1.b), 
los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
d)  Las Comunidades Autónomas del segundo compartimento podrán aumentar 
los porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestas 
en los apartados b).i y b).ii del presente artículo 3.2.
3.  Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán 
los parámetros a aplicar para los supuestos incluidos en el apartado 1.d), así como 
para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 
de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificación estructural 
de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, 
y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo 
inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.
4.  Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la asignación de las ayudas directas 
previstas en este Título.
Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de 
operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen 
el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podrán concurrir 
a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma o, en su caso, las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, en la que se ubique su domicilio fiscal.
Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de 
operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su 
actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad 
Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los 
territorios en los que operen. Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda 
de desarrollo del presente Real decreto-ley establecerá el criterio de distribución de 
la caída de la actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo 
al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con 
que cuenten en cada territorio.
5.  Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se 
clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE 09– previstos en el anexo I de la presente norma en el 
momento de su entrada en vigor.
Excepcionalmente, y dentro de la asignación establecida en el artículo 2, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas con 
cargo a esta Línea COVID de ayudas directas a empresarios o profesionales y 
entidades adscritas a actividades que se clasifiquen en códigos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– no incluidos en el anexo I que se 
hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio, debidamente 
justificadas en sus convocatorias.
6.  No podrá concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este título 
pasado el 31 de diciembre de 2021».
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 14.ª  e.e
de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas  b
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de  05ww
Hacienda general.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de abril de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN