BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Viernes 19 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31554
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
4313 Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia 
de  cooperativas,  empresas  y  entidades  de  la  economía  social  como 
consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del 
Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias 
en  materia  de  transparencia,  ayudas  de  carácter  social,  contratación  y 
movilidad para hacer frente a la COVID-19.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La pandemia de la COVID-19 ha generado una situación de excepcionalidad en 
muchos sectores, lo cual requiere un desarrollo continuo de medidas extraordinarias de 
carácter social y económicas.
Los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 se están alargando en el 
tiempo y se manifiestan con una gran intensidad. A estos efectos hay que añadir los que 
derivan de las medidas que se han debido adoptar en los últimos días para contener el 
virus, concretamente a raíz de la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la 
que se adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, y de la Resolución 
SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en el territorio de Cataluña, así como los que derivan de la declaración del 
estado de alarma establecido mediante el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.
El Gobierno de la Generalidad aprobó diferentes decretos ley en que, en función del 
contexto  vigente  en  cada  momento,  se  ha  dotado  a  las  sociedades  cooperativas 
catalanas de mecanismos e instrumentos que les permitan superar las restricciones 
derivadas de las medidas de emergencia sanitaria.
En esta línea de actuación, el último decreto ley aprobado es el Decreto ley 47/2020, 
de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de 
las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas y de modificación 
del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 42/2020,  e.
de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social..  w.b
En el capítulo II de este Decreto ley se establecen diferentes medidas para las que se  13ww
prevLéa u envao vluigceiónnc iad eh alsat ap ealn 3d1e mdeia d yic ielams bprere dveis i2o0n2e1s. al respecto aconsejan prever una
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pueden incidir de una manera especialmente negativa en la organización, la actividad y
el cumplimiento de las obligaciones estatutarias de las cooperativas, con el fin de facilitar 
el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales de las cooperativas 
catalanas.
No obstante, ante la indeterminación sobre el momento en que ello se producirá, por 
razones de seguridad jurídica se establece que la prolongación de estas medidas llegará 
como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, las restricciones de movilidad 
actualmente vigentes, así como la vigencia de otras medidas, como el mantenimiento de 
una distancia física mínima interpersonal, que dificultan o impiden la concentración de 
numerosas  personas  en  un  mismo  lugar,  dificultan  que  se  puedan  celebrar  con 
normalidad las asambleas. Por este motivo se prevé que el plazo para hacer la asamblea 
ordinaria que establece el artículo 43.5 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas 
se  prolongue,  en  relación  con  el  ejercicio  2020,  excepcionalmente  hasta  el  31  de 
diciembre de 2021.
Finalmente, en cuanto a las cooperativas que, por razón del número de personas 
socias y el perfil de estas con especiales dificultades, no puedan celebrar la asamblea 
ordinaria ni de manera presencial ni telemáticamente, se prevé que no se procederá al 
cierre registral por no haber depositado las cuentas anuales, en el plazo legal previsto,, 
de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, de manera que se amplía en estos supuestos, con 
una  serie  de  requisitos  y  condiciones,  la  fecha  máxima  para  celebrar  la  asamblea 
ordinaria el 31 de diciembre de 2022.
Por otra parte, la difícil situación económica derivada de la pandemia hace previsible 
que se deban adoptar con rapidez y agilidad expedientes de regulación de empleo. En 
este sentido, se considera aconsejable autorizar al Consejo Rector de la cooperativa 
para que acuerde, bajo su responsabilidad, la suspensión total o parcial de la actividad 
cooperativizada de todas las personas socias trabajadoras, socias de trabajo o personas 
trabajadoras o de una parte de estas cuando se den una serie de requisitos. En este 
sentido, se prevé la autorización hasta el 31 de diciembre del 2022.
En el contexto actual se considera imprescindible adoptar un nuevo Decreto ley que 
apruebe nuevas medidas extraordinarias  en materia  de cooperativas y empresas y 
entidades  de  la  economía  social  como  consecuencia  de  la  crisis  derivada  de  la 
COVID-19.
II
La pandemia de la COVID-19 sigue teniendo un gran impacto social y económico 
que afecta a la economía y las empresas y, de manera muy importante, al sector de las 
empresas y entidades de la economía social.
Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno aprobó el Decreto ley 6/2020, de 12 
de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal 
y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el 
coronavirus SARS-CoV-2.
Posteriormente, aprobó el Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
en  materia  de  contratación  pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, que daba 
continuidad a las medidas.
Este Decreto ley se modificó parcialmente por el Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, 
de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en 
materia  de  contratación  pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de  s
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción  e.
de otras medidas complementarias. Más recientemente, el Gobierno ha publicado dos  w.
nuevos decretos ley, el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen  13ww
nsouceivaal sd em lead CidOasV IeDx-t1r9a,o ryd ienla rDiaesc reptaor ale hy a1c1e/r2 0fr2e0n, ted ea 7l  idmep aacbtroil , spaonri taerl ioq,u ee csoen óamdoicpota ny 
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De tal manera, el capítulo V del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas 
urgentes  complementarias  en  materia  de  transparencia,  ayudas  de  carácter  social, 
contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19, prevé medidas de apoyo a las 
microempresas, los autónomos, las empresas cooperativas y de la economía social. 
Estas  medidas  tienen  por  objeto  impulsar  proyectos  de  transformación  digital  y  de 
nuevos modelos de negocio y actividad económica, con el objetivo de mantener el 
empleo y la mejora de la empleabilidad y afrontar mejor los retos surgidos de la nueva 
realidad socioeconómica, a fin de que se refuerce la viabilidad de las microempresas, los 
autónomos y las empresas cooperativas y de la economía social.
Así, el 23 de junio de 2020 se publicó la nueva convocatoria de apoyo a proyectos 
singulares,  línea  2,  Medidas  de  apoyo  a  proyectos  singulares  para  la  reactivación 
socioeconómica COVID-19 para empresas cooperativas, en el marco del plan de choque 
del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer 
frente a la COVID-19.
Se considera del todo necesario seguir facilitando ayudas y dar apoyo al sector de la 
economía social con la publicación de las siguientes líneas de subvención:
a)  Proyectos singulares de reactivación económica (eje A).
b)  Proyectos singulares de reactivación económica integrales (eje B).
c)  Proyectos singulares de alto impacto estratégico de la economía social (eje C).
También es necesario ampliar el apoyo a proyectos que promuevan el consumo 
cooperativo y que tengan incidencia en el posicionamiento de la economía social como 
modelo logístico de consumo y distribución que abarque todo el territorio catalán, a 
través de la incorporación de una nueva línea de apoyo a proyectos de plataforma 
tecnológica y distribución logística.
De forma prioritaria se mantiene y se amplía la voluntad de que los proyectos 
profundicen en aspectos como la transición energética, la digitalización y la innovación 
tecnológica, la distribución de productos de cooperativas y empresas al consumidor de 
forma sostenible, el consumo responsable, el refuerzo del ámbito cultural y la generación 
de propuestas industriales de producción.
III
La Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero, abre el trámite de inscripción previa de la 
ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la crisis derivada de la 
COVID-19 y a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación 
extraordinaria.
En el marco de esta ayuda extraordinaria, se debe solicitar la colaboración de otras 
administraciones  públicas,  como  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE),  la 
Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otra administración o ente público, 
para que aporten la información estrictamente necesaria para el otorgamiento de la 
ayuda.
Con el fin de simplificar al máximo la concesión de esta ayuda y que pueda llegar a 
las personas beneficiarias lo más pronto posible, se debe solicitar al Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) la relación de las personas trabajadoras afectadas por este tipo 
de ERTE desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que  es
estos datos son el elemento imprescindible para conceder la ayuda. bo
adicEiosntea l Dy edcorse tdois lpeoys isceio neesstr ufinctauleras .en dosI Vcapítulos, nueve artículos, una disposición  OE-A-2021-43able en https://
En el capítulo 1 se prevé dar continuidad a las medidas ya aprobadas en materia de 
cooperativas,  dado  que  las  diversas  medidas  de  emergencia  sanitaria  que  se  han 
adoptado  y  se  deberán  adoptar  para  hacer  frente  a  la  pandemia  pueden  seguir 
incidiendo de una manera especialmente negativa sobre la organización, la actividad y el 
cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de las sociedades cooperativas.
El  capítulo  2  prevé  medidas  a  empresas  y  entidades  de  economía  social  que 
modifican el articulado del capítulo V del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas 
urgentes  complementarias  en  materia  de  transparencia,  ayudas  de  carácter  social, 
contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.
En cuanto a la disposición adicional única se determina que, en el marco la ayuda 
extraordinaria  para  personas  afectadas  por  ERTE  y  a  personas  con  contrato  fijo 
discontinuo, previsto a la Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el 
trámite de inscripción previa de la ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras 
afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación como consecuencia 
de  la  crisis  derivada  de  la  COVID-19  y  a  personas  con  contrato  fijo  discontinuo 
beneficiarias  de  la  prestación  extraordinaria,  se  pedirá  la  colaboración  de  otras 
Administraciones  Públicas,  como  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE),  la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  o  a  cualquier  otra  administración  o  ente 
público, a fin de que aporten la información estrictamente necesaria para el otorgamiento 
de la ayuda.
En  último  término,  la  disposición  final  primera  prevé  que  la  persona  titular  del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias debe aprobar una resolución de 
convocatoria  de  las  ayudas  previstas  por  la  línea  2  del  capítulo  V  del  Decreto 
ley 16/2020, de 5 de mayo, la cual debe concretar el procedimiento de tramitación y 
concesión de estas ayudas, y la disposición final segunda prevé la entrada en vigor de 
este Decreto ley el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya», dada la imperiosa necesidad que hay en aplicar estas medidas lo más 
pronto posible.
Todo lo que se ha expuesto determina que sea imprescindible esta intervención 
normativa inmediata del Gobierno, dado que la consecución de este objetivo necesario 
satisface una urgencia de primer orden con la celeridad requerida, el cual no se puede 
garantizar si se recurre al procedimiento legislativo ordinario.
Por lo tanto, en uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y de acuerdo con 
el Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Medidas relativas a las sociedades cooperativas catalanas
Artículo  1.  Prolongación  de  las  medidas  previstas  en  el  capítulo  II  del  Decreto 
ley 47/2020, de 24 de noviembre.
De manera excepcional y hasta el 31 de diciembre del 2022, siempre que continúen 
en vigor las medidas de emergencia sanitaria que limiten la movilidad de las personas o 
exijan mantener una distancia física interpersonal que dificulte o impida concentrar un 
número  elevado  de  personas  en  el  mismo  lugar,  se  prorrogan  todas  las  medidas  e.e
establecidas  en  el  capítulo  II  del  Decreto  ley  47/2020,  salvo  las  previstas  en  los  b
artículos 11 y 12, que han sido modificadas por este Decreto ley. 13ww
Artículo 2.  Medidas relativas a la asamblea ordinaria prevista en el artículo 43.5 de la 
Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas.
2.1  El plazo para llevar a cabo la asamblea ordinaria establecida en el artículo 43.5 
de la Ley 12/2005, de 9 de julio, de cooperativas, con relación a las cuentas anuales 
relativas al ejercicio 2020, se prolonga excepcionalmente hasta el 31 de diciembre 
de 2021.
2.2  No se procederá al cierre registral por el no depósito en plazo de las cuentas 
anuales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 siempre que se mantengan 
las limitaciones de reuniones establecidas por las medidas sanitarias adoptadas durante 
la pandemia COVID-19, y cuando se cumpla y se acredite que se dan las condiciones 
siguientes:  que  en  razón  del  número  de  personas  socias  y  el  perfil  de  estas  con 
especiales dificultades no se ha podido celebrar la asamblea ni presencialmente ni 
telemáticamente; que el Consejo Rector ha aprobado en tiempo y forma el acuerdo de 
formulación de las cuentas correspondientes, y que, si procede, se ha elaborado el 
correspondiente informe de auditoría.
En caso de que no se haya podido celebrar la asamblea para nombrar al auditor, el 
Consejo Rector podrá nombrarlo excepcionalmente, si bien será necesaria la ratificación 
del nombramiento por parte de la asamblea ordinaria correspondiente. La acreditación 
ante el Registro General de Cooperativas debe hacerse mediante la presentación de un 
certificado del Consejo Rector, firmado por el presidente y el secretario con firmas 
legitimadas, en el que se haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias 
anteriormente mencionadas. En todo caso, deben celebrarse las asambleas ordinarias 
como máximo el 31 de diciembre del 2022.
A estos efectos, el mencionado certificado del Consejo Rector debe presentarse al 
Registro General de Cooperativas dentro del plazo vigente establecido para presentar 
las  cuentas  del  ejercicio  correspondiente.  Excepcionalmente,  y  con  relación  al 
ejercicio 2019, las cooperativas para las cuales dicho plazo ya esté agotado en el 
momento de la publicación de esta norma podrán presentar el certificado, como máximo, 
el 31 de marzo del 2021.
Artículo 3.  Medida excepcional sobre las causas de disolución.
A efectos exclusivos de determinar la concurrencia de la causa de disolución que 
prevé el artículo 102.1.e) de la Ley de cooperativas, no se tomarán en consideración 
para el cómputo del plazo previsto los ejercicios cerrados en los años en los que haya 
sido vigente el estado de alarma derivado de la COVID-19.
Artículo 4.  Medida de prolongación de la vigencia de los cargos de los órganos de las 
cooperativas.
Con carácter excepcional, en las mismas condiciones previstas en el artículo 2.2 de 
este Decreto ley, los nombramientos de los cargos de las sociedades cooperativas y de 
los diferentes órganos sociales que hayan caducado en 2019, 2020 y, si procede, 
en 2021 se consideran vigentes hasta la primera asamblea que se convoque, que, en 
cualquier caso, se debe efectuar como máximo el 31 de diciembre de 2022.
Artículo 5.  Medidas relativas al acuerdo de suspensión total o parcial de la actividad 
cooperativizada de las personas socias trabajadoras, socias de trabajo o personas  s
trabajadoras. oe.
Excepcionalmente, con relación a lo que establece el artículo 134 de la Ley 12/2015,  13ww
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suspender totalmente o parcialmente la actividad cooperativizada de todas las personas
socias trabajadoras, socias de trabajo o personas trabajadoras o de una parte de ellas, 
cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos:
a)  Que no sea posible celebrar la asamblea de forma presencial ni telemática, a 
causa de las medidas sanitarias que se deben seguir para llevar a cabo reuniones y de 
la falta de medios telemáticos.
b)  Que la urgencia de la situación no permita esperar hasta que tenga lugar la 
asamblea general.
A  estos  efectos  el  Consejo  Rector,  bajo  su  responsabilidad,  debe  examinar  la 
concurrencia  de  estos  requisitos  y,  si  procede,  adoptar  el  correspondiente  acuerdo 
debidamente motivado.
CAPÍTULO 2
Medidas a empresas y entidades de economía social que modifican el articulado 
del capítulo V del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes 
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, 
contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19
Artículo 6.
Se modifica el artículo 27.3 del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, que queda 
redactado de la forma siguiente:
«Artículo 27.
27.3  A los efectos previstos en los apartados anteriores, se debe publicar la 
correspondiente convocatoria.»
Artículo 7.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 29 del Decreto ley 16/2020, de 5 de 
mayo, que quedan redactados de la forma siguiente:
«Artículo 29.
29.2  Los proyectos de la línea 2 que pueden ser objeto de ayuda son los 
siguientes:
a)  Proyectos singulares de reactivación económica (eje A).
Se consideran proyectos singulares de reactivación económica los nuevos 
proyectos singulares de intercooperación y/o fusión para el mantenimiento y/o el 
crecimiento de la actividad económica y de puestos de trabajo.
La intercooperación debe estar promovida como mínimo por dos empresas 
cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con 
actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto, y si 
procede, las otras personas jurídicas que participen, deben tener una facturación 
conjunta superior a los 500.000 euros anuales, teniendo en cuenta las últimas 
cuentas anuales depositadas. es
b)  Proyectos singulares de reactivación económica integrales (eje B). w.
nuevSoes  cpornosyiedcetroasn s pinrgouyelacrteoss  dsein ignutelarcreoso pdeer arceiaócnt iyv/aoc ifóuns ióenc opnaórma iecla m inatnetgernaimlesie nlotos 
y/o el crecimiento de la actividad económica y de puestos de trabajo.
La intercooperación debe estar promovida como mínimo por dos empresas 
cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con 
actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto, y si 
procede, las demás personas jurídicas que participen, deben tener una facturación 
conjunta superior a los 2.000.000 de euros anuales, teniendo en cuenta las últimas 
cuentas anuales depositadas.
c)  Proyectos singulares de alto impacto estratégico de la economía social 
(eje C).
Se  consideran  proyectos  singulares  de  alto  impacto  estratégico  de  la 
economía  social  los  nuevos  proyectos  singulares  de  crecimiento  o  de 
intercooperación  y/o  fusión  que  demuestren  una  relevancia  estratégica  de 
dimensionado y posicionamiento en el mercado de la economía social, así como 
los proyectos orientados a la transición energética.
La intercooperación debe estar promovida como mínimo por dos empresas 
cooperativas que pueden hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con 
actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto, y si 
procede, las demás personas jurídicas que participen, deben tener una facturación 
conjunta superior a los 20.000.000 de euros anuales, teniendo en cuenta las 
últimas cuentas anuales depositadas.
d)  Proyectos  singulares  de  cooperativismo  de  plataforma  y/o  distribución 
logística
Se  consideran  proyectos  singulares  de  cooperativismo  de  plataforma  los 
nuevos proyectos que promuevan el consumo cooperativo en forma de plataforma 
tecnológica y/o que tengan incidencia en el posicionamiento de la economía social 
como modelo logístico de consumo y distribución que abarque todo el territorio 
catalán.
En el caso de proyectos de cooperativismo de plataforma, la intercooperación 
debe estar promovida como mínimo por dos empresas cooperativas, una de las 
cuales como mínimo debe ser de consumo. En la resolución de convocatoria se 
definirá  el  número  mínimo  de  socios  consumidores  que  debe  tener  esta 
intercooperación.
En el caso de proyectos de distribución logística, las cooperativas integrantes 
deben disponer como mínimo de catorce espacios de distribución repartidos, y 
como mínimo uno en cada una de las siete veguerías catalanas. De los catorce 
espacios, como mínimo diez deben ser aportados por cooperativas bajo cualquier 
título (propiedad, alquiler, etc) o bien de alianzas con el sector público.
Esta propuesta debe conceptualizarse como una logística de ámbito catalán, 
multisectorial y de apoyo al cooperativismo pequeño y mediano, que también 
puede dar apoyo a la pequeña y mediana empresa catalana.
En cualquier caso, la propuesta debe contar con el apoyo explícito del sector 
cooperativo catalán.
La facturación acumulada de esta alianza intercooperativa debe ser superior a 
los 35.000.000 de euros anuales, teniendo en cuenta las últimas cuentas anuales 
depositadas.
29.3   Son prioritarios los proyectos que profundicen en la digitalización y la 
innovación tecnológica, la distribución de productos a los consumidores de forma  e.
ecológica, el consumo responsable, el refuerzo del ámbito cultural, la transición  w.
energética y la generación de propuestas industriales de producción de bienes y  13ww
servicios para luchar contra la COVID-19.»
Artículo 8.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 30 del Decreto ley 16/2020, de 5 de 
mayo, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 30.
30.2  En relación con la línea 2, el importe máximo de la ayuda que se otorga 
corresponde a los gastos en los que puedan incurrir las entidades que participan 
en el proyecto singular de reactivación socioeconómica respecto a las actuaciones 
indicadas en el artículo anterior. En la resolución de convocatoria se regulará el 
importe máximo para cada eje.
30.3  Se consideran gastos subvencionables en la línea 2:
a)  Los gastos para elaborar el estudio de viabilidad técnica y económica del 
proyecto.
b)  Las  remuneraciones  del  personal  que  participe  en  los  trabajos  del 
proyecto,  o  que  cumpla  tareas  en  su  elaboración,  ejecución,  desarrollo  o 
seguimiento. El personal puede ser contratado directamente por la entidad.
Las  empresas  o  entidades  beneficiarias  pueden  imputar,  como  gastos  de 
personal, un máximo de 32.000 euros por trabajador o socio de trabajo.
Los gastos de desplazamiento de las personas contratadas por la empresa o 
la entidad están sujetos a los límites y condiciones que establece el artículo 9 del 
Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
impuesto de la renta de las personas físicas y se modifica el Reglamento de 
planes y fondo de pensiones, aprobado por el Real decreto 304/2004, de 20 de 
febrero,  o  sus  posteriores  modificaciones  y  revisiones.  Los  límites  son  los 
siguientes:
a)  El 100% del gasto cuando se utilice el transporte público.
b)  0,19 euros por kilómetro en caso de que se utilice el vehículo propio, y los 
gastos de peaje y aparcamiento que sean necesarios.
c)  Los gastos de alquiler necesarios para desarrollar el proyecto.
d)  Los  gastos  vinculados  a  la  puesta  en  marcha  de  nuevos  servicios, 
productos, apertura a nuevos clientes y mercados.
e)  Los  gastos  de  comunicación  y  difusión  necesarios  para  el  proyecto: 
creación de herramientas, diseños y recursos web.
f)  Los gastos de material, publicidad y comunicación vinculados a la difusión 
del proyecto.
g)  Los gastos de formación y organización de talleres, actos y sesiones.
h)  Las primas de seguros vinculadas a la realización de las actuaciones.
i)  El  importe  del  IVA  efectivamente  soportado  y  no  recuperable.  Las 
entidades beneficiarias deben declarar la situación en la que están respecto a este 
impuesto. En caso de que estén sujetos a un régimen de prorrata general o 
especial, solo se puede imputar el porcentaje que legalmente les corresponde.
j)  Los gastos indirectos de hasta un máximo del 15% del importe total del 
proyecto. Los gastos de amortización de los bienes necesarios para llevar a cabo 
el proyecto se pueden incluir dentro de estos gastos indirectos.
k)  Los  gastos  del  informe  de  auditoría  relativo  a  la  justificación  de  la  e.e
subvención otorgada. b
l)  Los  gastos  de  inversión,  que  en  aplicación  del  criterio  de  importancia  13ww
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de las construcciones y de otros que no respondan estricta e inequívocamente a la 
finalidad del proyecto.
m)  Otros gastos que respondan de manera inequívoca a las necesidades del 
proyecto, siempre y cuando la entidad los haya incluido en el presupuesto y estén 
debidamente acreditados.»
Artículo 9.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 34 del Decreto ley 16/2020, de 5 de 
mayo, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 34.
34.3  El importe correspondiente al otorgamiento de las subvenciones de la 
línea 2 se regulará en la resolución de convocatoria correspondiente.
34.4  Dado que el plazo de ejecución abarca dos años, 2021 y 2022, la 
efectividad de las ayudas a las que se refiere el presente capítulo V queda 
sometida a la tramitación y posterior aprobación del correspondiente acuerdo de 
plurianualidad.»
Disposición adicional única.  Colaboración en la gestión de la ayuda extraordinaria para 
personas afectadas por ERTE y para personas con contrato fijo discontinuo.
De acuerdo con los principios de colaboración interadministrativa y de eficiencia en la 
gestión, el Servicio Público de Empleo de Cataluña, como colaborador en la gestión de la 
ayuda extraordinaria dirigida a las personas trabajadoras afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 
y  a  las  personas  con  contrato  fijo  discontinuo  beneficiarias  de  la  prestación 
extraordinaria, debe pedir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y a cualquier otra administración o ente público la 
información estrictamente necesaria para el otorgamiento de la ayuda. Estos datos 
deben servir como elementos imprescindibles para su correcta tramitación. Los datos 
obtenidos solo se pueden utilizar para la concesión de estas ayudas.
Disposición final primera.  Aprobación de las convocatorias.
La persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias debe 
aprobar una resolución de convocatoria de las ayudas previstas para la línea 2 del 
Capítulo V del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo. Esta resolución debe concretar el 
procedimiento de tramitación y concesión de estas ayudas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que se aplique este Decreto ley 
cooperen en cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a los cuales corresponda lo 
hagan cumplir.
Barcelona, 9 de febrero de 2021.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la  s
presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i  oe.
Garcia.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani Lesfar. w.
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