BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Lunes 26 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 92009
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
12931 Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para  la  incorporación  de  sus  unidades  competentes  al  Sistema  de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.
Habiéndose suscrito el 3 de agosto de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la incorporación de sus unidades 
competentes al «Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género», 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura 
como anexo a esta Resolución.
Madrid,  15  de  octubre  de  2020.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la incorporación de sus unidades competentes al «Sistema de Seguimiento 
Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)»
En Madrid, a 3 de agosto de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Rafael  Pérez  Ruiz,  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  del 
Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, al amparo 
de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente Convenio en la 
Calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y  de  otra  parte,  don  Elías  Bendodo  Benasayag,  Consejero  de  la  Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, actuando en 
nombre y representación de la misma en virtud del Decreto del Presidente 4/2019, de 21 
de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019) y de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior (BOJA n.º 31 de 14 
de febrero de 2019), actuando en nombre y representación de la misma y ejerciendo sus 
competencias según lo dispuesto en el art. 26.1 y 2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, con domicilio a los efectos del presente 
Convenio en Palacio de San Telmo. Paseo de Roma, s/n.41071 Sevilla.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  s
presente Convenio y, a tal efecto, oe.
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del 
Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al 
Ministerio del Interior.
Segundo.
Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del Real Decreto 952/2018, de 27 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior le 
corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la 
administración general de la seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para 
el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y 
seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las 
leyes que los desarrollen; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, se les encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Tercero.
Que  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
dispone  en  su  artículo  10.2  que  la  Comunidad  Autónoma  propiciará  la  efectividad 
igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la 
plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación 
laboral, cultural, económica, política o social. Así mismo en su artículo 16 se establece 
que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, 
que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. También en 
su  artículo  29  se  dispone  que,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  la  Comunidad 
Autónoma garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la 
atención  de  las  víctimas  y  el  acceso  a  la  justicia  gratuita.  Por  su  parte,  el 
artículo 37.1.24.º ordena a los poderes públicos andaluces que sus políticas se orienten 
a garantizar y asesorar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Estatuto de 
Autonomía y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la 
aplicación efectiva de una series de principios rectores, en el caso de este apartado el de 
la atención de las víctimas de delitos.
Así mismo, atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de 
políticas de género en su artículo 73.1 en el que se establece lo siguiente: corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género que 
respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye 
el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, incluye, en todo caso:
a)  La  promoción  de  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres  en  todos  los  ámbitos 
sociales, laborales, económicos o representativos. e.
Se  atribuye,  expresamente  a  la  Comunidad  Autónoma  la  facultad  de  dictar  w.b
normativas propias o de desarrollo en esta materia. 931ww
mujebr),  aLsía c polmanoi feicla ecsiótanb yle ceijmecieunctioó nd ed ea cncoiormneass  pyo psliativnaess  peanr am eartreardiaic daer  lap odlíitsiccarism ipnaarcai ólna 
por cra) zóLna d per osmexooc.ión del asociacionismo de mujeres.
Asimismo  el  apartado  2  de  este  artículo  73  establece  que  corresponde  a  la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia 
de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante 
la  Administración  central.  La  Comunidad  Autónoma  podrá  establecer  medidas  e 
instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y 
prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una 
protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.
Por su parte, en el artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía también atribuye a la 
Comunidad  Autónoma  la  competencia  exclusiva  sobre  organización,  funcionamiento 
interno,  evaluación,  inspección  y  control  de  centros,  servicios  y  establecimientos 
sanitarios, cuyos servicios son esenciales para un eficaz cumplimiento del objeto del 
Convenio.
Finalmente en su artículo 65.1 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía el establecimiento de políticas de seguridad públicas de Andalucía en los 
términos previstos en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
El artículo 4, de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género, establece que la actuación de los 
poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la violencia de género 
deberá inspirarse, entre otros, en los siguientes fines y principios: Reforzar hasta la 
consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de 
información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como 
establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a 
nivel municipal y autonómico y establecer un sistema integral de tutela institucional en el 
que  la  Administración  Andaluza,  en  colaboración  con  la  Delegación  Especial  del 
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas 
dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.
A estos efectos, esta Ley parte de la necesaria coordinación y cooperación de los 
distintos operadores implicados en el objetivo de erradicación de la violencia de género, 
con la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de 
garantizar la no victimización de las mujeres y la eficacia en la prestación de los servicios 
y el artículo 31 regula las actuaciones de colaboración en el ámbito de la seguridad.
Por otra parte, el Título IV de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, promueve las 
acciones para la coordinación y cooperación institucional, como principio básico de una 
política pública de carácter integral, orientada a sumar los esfuerzos de las instituciones, 
asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de la violencia de género.
Cuarto.
Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones 
penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de 
género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de protección a las 
víctimas,  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  las  actuaciones  entre  ambas 
Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la información que 
permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y 
de la evolución del riesgo en que se encuentren.
Quinto.
Que  en  consonancia  con  la  necesidad  expuesta  de  mejorar  la  eficacia  en  la  bo
protección  de  las  víctimas  y  en  desarrollo  de  los  artículos  31  y  32.2  de  la  Ley  931ww
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común  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  que  permita  tener  conocimiento
permanente de las circunstancias de las víctimas para realizar una valoración del riesgo 
objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas de protección adecuadas.
Sexto.
Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha desarrollado una 
aplicación informática que da soporte al «Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género», y que constituye un instrumento básico para:
a)  Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho fenómeno y 
sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario seguimiento y coordinación de 
las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas.
b)  La  valoración  del  nivel  de  riesgo  de  nuevas  agresiones,  para  graduar  las 
respuestas y las medidas policiales de protección.
c)  Proporcionar esta información a los diversos operadores que intervienen en la 
protección institucional.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente Convenio tiene por objeto establecer la coordinación y colaboración 
entre ambas partes para llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias 
para  la  incorporación  de  usuarios  adscritos  a  los  distintos  órganos,  entidades, 
organismos y unidades de la Comunidad Autónoma al Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).
2.  Será la Comisión de Seguimiento la que, mediante acuerdo, establezca cuáles 
serán los órganos, entidades, organismos y unidades de la Comunidad Autónoma que 
deban incorporarse al Sistema VioGén, siempre y cuando los mismos actúen para el 
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Segunda.  Adecuación de los sistemas informáticos.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los de la Comunidad Autónoma, 
estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus sistemas 
informáticos y permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada uno en su ámbito 
competencial.
Tercera.  Compromisos que asume la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la 
Administración Central del Sistema VioGén.
1.  Habilitará en el ámbito de la Comunidad Autónoma a usuarios con perfil de 
Administrador/es General/es, de los distintos órganos, organismos, entidades y unidades 
autorizados por la Comisión de Seguimiento.
2.  Asesorará y orientará a los nuevos usuarios en la utilización del Sistema y 
conocimiento oportuno de los Manuales de usuario.
3.  Establecerá los controles de seguridad oportunos en los accesos al Sistema y  es
contará con un procedimiento de auditoría para garantizar el correcto uso del Sistema y  o
acceso a la información alojada en este por parte de los usuarios habilitados por la  931www.
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Cuarta.  Compromisos que asume la Comunidad Autónoma.
1.  Nombrar usuarios como Administradores Generales de cada uno de los órganos, 
organismos, entidades o unidades de la Comunidad Autónoma que se incorporen al 
Sistema VioGén. Estos usuarios, dados de alta por la Administración Central del Sistema 
VioGén, deberán impulsar las habilitaciones de sus propios usuarios y gestionar las 
variaciones de las mismas a lo largo del tiempo. Una vez habilitados contarán con un 
plazo de seis meses para comenzar a acreditar al resto de usuarios del Sistema. 
Cualquier incidencia en la habilitación de usuarios deberá ser puesta en conocimiento de 
la Administración Central del Sistema VioGén.
2.  Facilitar  a  la  Administración  Central  del  Sistema  VioGén  una  relación 
permanentemente actualizada de usuarios de dicha Comunidad Autónoma, debidamente 
identificados y autorizados para conectarse al Sistema y velar porque estos utilicen 
correctamente tanto sus claves de acceso como la información a la que accedan a través 
del Sistema.
3.  Promocionar y estimular a los usuarios habilitados en el acceso al Sistema, tanto 
en  modo  consulta,  como  mediante  la  introducción  y/o  actualización  de  datos 
significativos para la protección de las víctimas en el contexto de su ámbito territorial y 
competencial, siguiendo las instrucciones de procedimiento recogidas en los Manuales 
de usuario y/o proporcionadas por la Administración Central VioGén.
Quinta.  Protección de datos de carácter personal.
1.  Las  partes  se  comprometen  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto  del  presente  Convenio.  En  particular,  será  considerado  como  información 
confidencial  todo  el  saber  hacer  resultante  de  la  ejecución  del  objeto  del  mismo, 
debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). El acceso a los datos por parte 
de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de 
encargado  de  tratamiento,  única  y  exclusivamente  con  la  finalidad  derivada  de  la 
realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de carácter personal no 
serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de 
tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a 
lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto  e
del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de  bo
Estado  de  Seguridad  y  la  Comunidad  Autónoma,  legitimados  sobre  la  base  del  931ww
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4.  Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la eficacia en la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; facilitar el seguimiento de 
las circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su evolución, permitiendo 
que se adopten las medidas de protección adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas 
agresiones. Se clasificarán en las siguientes categorías: datos relativos a la comisión de 
infracciones penales relacionadas con la violencia doméstica y de género; de carácter 
identificativo; de características personales; y de carácter asistencial.
5.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
6.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.  Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben 
ni transferencia de recursos entre las mismas.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por  dos  representantes  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  y  por  dos 
representantes de la Comunidad Autónoma que serán nombrados por la persona titular 
de  la  Secretaría  de  Estado  y  por  la  persona  titular  de  la  Comunidad  Autónoma, 
respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que actuará con voz pero 
sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5.  Asimismo,  establecerá  cuáles  serán  los  órganos,  entidades,  organismos  y 
unidades  de  la  Comunidad  Autónoma  que  deban  incorporarse  al  Sistema  VioGén, 
siempre y cuando los mismos actúen para el cumplimiento de sus fines con personalidad 
jurídica única.
6.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
Novena.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los Convenios previstos en el  e.e
capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza  w.b
administrativa. 931ww
interLparse tadcuiódna, s moo dicfiocanctrioóvne ros iarse soqluuec iónsu rdjaenl  meinsmtreo   qlause  pnaor tepsu edsoabnr er eslooslv eersfeec tpoosr, 
ccoomncpileiatecinótne s edne  lala j urCisodmiccisióiónn  codnete nSceiogsuoim- aiednmtoin, isstreartáivna , dsoem aectuideardso  cao nl olos  prtreibviusntoa leens 
la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Décima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  Convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del Convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Comunidad Autónoma 
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años 
adicionales.
Undécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del 
Convenio, estableciendo un plazo improrrogable por las partes para la ejecución de las 
actuaciones.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–El Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag.