BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Lunes 27 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 117886
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
15644 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  en  las 
entidades locales.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales, 
acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
3.  Instar a las entidades locales, a las diputaciones provinciales, comunidades 
autónomas y al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas en su Informe.
4.  Instar a las diputaciones provinciales, comunidades autónomas y al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital a incrementar las actuaciones dirigidas a 
la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de 
población inferior a 5.000 habitantes y a otras entidades de menor dimensión, para que 
puedan disponer de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas y 
proporcionarles el apoyo necesario para mantener actualizado y completo su contenido.
5.  Instar a las comunidades autónomas a reforzar el apoyo a los municipios para 
que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Buen Gobierno.
6.  Instar a las entidades locales a:
– Ampliar  la  información  objeto  de  publicidad  activa  en  relación  con  aspectos 
específicos del régimen de organización y funcionamiento del sector público local no 
previstos expresamente en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, tales como los relativos a las relaciones de 
puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los 
órganos de gobierno de las entidades locales; así como regular la figura del alto cargo o 
asimilado, para poder aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la ley.
– Adaptar las disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de 
responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como 
regular, en las entidades locales, la figura del alto cargo o asimilado, para poder aplicar 
efectivamente el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. s
– Implantar portales de transparencia en todas las entidades integrantes del sector  e.
público local, en los que figure publicada, de forma clara, estructurada y actualizada, la  w.
información exigida por la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia,  644ww
apsriín ccoipmioos  edle r etrsatnos dpea riennfocrima,a ccoiónn e ql ufien  sdee  cfaocnislitidaer reel  ancecceessoa raia l ap ainrfao rdmara cciuómn.plimiento a los
– Destinar los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo esta 
actuación de Transparencia y Buen Gobierno.
– Llevar a cabo actividades de difusión y conocimiento del Portal de Transparencia.
7.  Instar a las Diputaciones Provinciales a:
– Incrementar las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a los municipios 
de  menor  población,  para  que  puedan  disponer  de  páginas  web,  portales  de 
transparencia y sedes electrónicas.
8.  Instar a los titulares de los órganos de intervención local a:
– Insistir en la apreciación de los hechos advertidos en el ejercicio de su función de 
control interno de la actividad económico-financiera que sean susceptibles de constituir 
infracciones de buen gobierno tipificadas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en su comunicación al 
órgano  competente,  así  como  su  eventual  traslado  al  Tribunal  de  Cuentas  por  si 
procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.418 
 
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE  
LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 
 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 
a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión 
de 22 de diciembre de 2020, el Informe de Fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las 
entidades locales, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como a los Plenos  e.e
de  las  entidades  fiscalizadas,  según  lo  prevenido  en  el  artículo  28  de  la  Ley  de  b
Funcionamiento.  644ww

 
ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN. 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 
I.2. ANTECEDENTES. 
I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.3.1. ÁMBITO SUBJETIVO. 
I.3.2. ÁMBITO OBJETIVO. 
I.3.3. ÁMBITO TEMPORAL. 
I.4. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES AL 
ALCANCE. 
I.5. RÉGIMEN JURÍDICO. 
I.6. MUESTRA SELECCIONADA. 
I.7. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
I.8. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
II.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
II.1.1. INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA. 
II.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA. 
II.1.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA. 
II.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE INFRACCIONES DE BUEN GOBIERNO 
EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. 
II.2.1. INFORMACIÓN REMITIDA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. 
II.2.2. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE 
GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. 
II.2.3. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN LA LTAIBG EN 
LAS ENTIDADES LOCALES. 
III. CONCLUSIONES. 
III.1. RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
III.1.1. INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA. 
III.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA. 
III.1.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA. 
III.2.RELATIVAS  AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE INFRACCIONES EN 
MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. 
III.2.1. INFORMACIÓN REMITIDA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. 
III.2.2. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE  e.
GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.  w.b
III.2.3. APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES DEL RÉGIMEN SANCIONADOR  644ww
PREVISTO EN LA LTAIBG.
IV. RECOMENDACIONES.
ANEXOS.
 
 
RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
EATIM   Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. 
LCSP    Ley de Contratos del Sector Público. 
LFTCu   Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
LOEPSF  Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
LPAC  Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
LRBRL   Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
LRJSP   Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
LTAIBG  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
OCEX   Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas. 
PLACSP  Plataforma de Contratación del Sector Público. 
TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
   
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro 1.  Muestra  de  entidades  locales  y  de  entidades  dependientes  o  adscritas 
seleccionadas para las verificaciones en materia de publicidad activa. 
Cuadro 2.  Disponibilidad de página web, portal de transparencia y sede electrónica, por 
tipo de entidad. 
Cuadro 3.   Disponibilidad de página web portal de transparencia y sede electrónica, por 
comunidad autónoma. 
Cuadro 4.  Información bilingüe en territorios con lenguas cooficiales. 
Cuadro 5.  Información publicada sobre funciones, catálogos de servicios y catálogos de 
procedimientos administrativos. 
Cuadro 6.  Información publicada sobre la normativa aplicable. 
Cuadro 7.  Información publicada sobre los principales órganos de gobierno. 
Cuadro 8.  Información publicada sobre las comisiones de las entidades locales. 
Cuadro 9.   Información sobre la estructura administrativa. 
Cuadro 10.  Información sobre la identidad y el perfil y trayectoria profesional del presidente 
de la entidad local. 
Cuadro 11.  Información  sobre  la  identidad  y  el  perfil  y  trayectoria  profesional  de  los 
responsables del máximo órgano de gobierno de la entidad local. 
Cuadro 12.  Información sobre la identidad y el perfil y trayectoria profesional del personal 
directivo de la entidad local. 
Cuadro 13.  Información sobre planificación estratégica y de igualdad. 
Cuadro 14.  Información sobre planificación operativa. 
Cuadro 15.  Información sobre evaluación e indicadores de los instrumentos de planificación. 
Cuadro 16.  Información sobre el inventario de actividades de tratamiento. 
Cuadro 17.  Información de relevancia jurídica. 
Cuadro 18.  Información sobre la contratación celebrada. 
Cuadro 19.  Información sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión y encargos a 
medios propios celebrados y subvenciones concedidas. 
Cuadro 20.  Información sobre los presupuestos. 
Cuadro 21.  Información sobre cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas e informes 
de fiscalización de los órganos de control externo. 
Cuadro 22.  Información sobre retribuciones e indemnizaciones percibidas con ocasión del 
abandono del cargo. 
Cuadro 23.  Información sobre autorizaciones de compatibilidad y de ejercicio de actividades 
privadas y sobre declaraciones anuales de bienes y actividades. 
Cuadro 24.  Información sobre las relaciones de puestos de trabajo. 
Cuadro 25.  Información estadística sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 
públicos y cartas de servicios. 
Cuadro 26.  Información sobre las relaciones de bienes inmuebles. 
Cuadro 27.  Información  en  materia  de  control  interno  del  ejercicio  2019  relativa  a 
infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. 
Cuadro 28.  Procedimientos  sancionadores  incoados  en  materia  de  gestión  económico-
presupuestaria de la LTAIBG. 
 
   
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 3.a) 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), incluyó en su 
Programa de Fiscalizaciones para el año 2020, aprobado en sesión de 19 de diciembre de 2019, 
la “Fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno en las entidades locales”, entre las realizadas a iniciativa 
del propio Tribunal. El acuerdo de inicio de la fiscalización fue aprobado el 28 de mayo de 2020. 
I.2. ANTECEDENTES 
El artículo 9.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, de acuerdo 
con la redacción introducida por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, dispone que la función 
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-
financiera del sector público a una serie de principios, entre los que se incluye expresamente el de 
transparencia. 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LTAIBG), tiene por objeto, tal y como declara su artículo 1, “ampliar y reforzar la 
transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información 
relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. 
La disposición final novena de la LTAIBG establece, respecto a su entrada en vigor, que los 
órganos de las entidades locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a 
las obligaciones contenidas en la misma. 
Transcurrido ya un tiempo prudencial desde el vencimiento del plazo para llevar a cabo dicha 
adaptación, se ha considerado oportuno realizar una fiscalización sobre el grado de cumplimiento 
de la LTAIBG en lo relativo a la actividad económico-financiera del conjunto de las entidades 
locales de todo el territorio español, al margen de los análisis específicos que, en materia de 
transparencia, se contienen en otros informes de fiscalización referidos al sector público local. 
En particular, la fiscalización se ha centrado especialmente en verificar el cumplimiento de la 
normativa sobre publicidad activa, así como la aplicación del régimen sancionador en materia de 
gestión económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. No 
se ha incluido en la fiscalización el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
La relevancia de la transparencia para la mejora de la gestión pública, así como para su control, 
evidencia el especial interés de realizar la presente fiscalización, conforme al Plan Estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2018-2021, aprobado por el Pleno de la Institución el 25 de abril de 2018, y 
que se enmarca principalmente en la medida 3 (contribuir a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  mediante  la  realización  de  actuaciones 
fiscalizadoras específicas relativas al buen gobierno del sector público) del Objetivo específico 1.1 
“Realizar actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las 
comunidades autónomas para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un  es
sector público más racional y eficiente”; en las medidas 1 (desarrollar fiscalizaciones en las que se  o
dloOaebsbts jeeeertrminvvatoiindd eaaendss )epl aseys c  ípi3friúr cebo(fgl iicsu1acl.aas2r l iidz“fFiaasrodc meaasliecz tnyau tdaadacre sifob,ic nuieaeessnn íca eisacc soop mndráóoecm tetliiocccatsoa s-df piandrsaoe ng ecroneire sglraoaa snso i zrydga eacb nióurizneea,lne cavgiósaen ns,cpt iiórgaáne c sytyti ci óaacncso t uynd atrceloiod ln agdtdereo)s  lt idldóaeensl     2021-15644n https://www.
entidades públicas”; y en la medida 1 (acortar los plazos de ejecución de las fiscalizaciones) del
Objetivo específico 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores”.  Bc
 
I.3. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.3.1. ÁMBITO SUBJETIVO 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las entidades locales de todo el territorio 
nacional, incluidas sus entidades dependientes. 
I.3.2. ÁMBITO OBJETIVO 
El ámbito objetivo está constituido por el cumplimiento de los preceptos establecidos en la LTAIBG 
en lo relativo a las obligaciones de publicidad activa, dentro de los aspectos relacionados con la 
normativa en materia de transparencia de la información pública, incluyendo la efectiva creación 
de portales de transparencia en las entidades y otros medios de publicidad activa, así como un 
análisis de su contenido, con objeto de determinar si se ajustan a lo preceptuado en la citada ley. 
Asimismo, se ha verificado la eventual incoación, por parte de los órganos competentes, de los 
procedimientos sancionadores en materia de gestión económico-presupuestaria previstos en la 
regulación sobre buen gobierno contenida en dicha norma; y, en su caso, su comunicación al 
Tribunal de Cuentas. 
No se ha incluido en el ámbito objetivo de la fiscalización el cumplimiento de la normativa 
reguladora del derecho de acceso a la información pública. 
I.3.3. ÁMBITO TEMPORAL 
El ámbito temporal se extiende a los ejercicios 2019 y 20201, sin perjuicio de haberse efectuado 
los  exámenes  y  comprobaciones  relativos  a  ejercicios  anteriores  que  se  han  considerado 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización. 
A este respecto, las verificaciones sobre el cumplimiento de la normativa en materia de publicidad 
activa se han realizado mediante comprobaciones sobre la información publicada en las páginas 
web, portales de transparencia y sedes electrónicas de las entidades fiscalizadas en el momento 
de llevarse a cabo aquellas, en el año 2020. En cambio, las actuaciones efectuadas para verificar 
la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG se han referido a la información disponible 
relativa  al  ejercicio  2019,  sin  perjuicio  de  haberse  solicitado  información  relativa  a  los 
procedimientos incoados en dicho periodo y los tres ejercicios anteriores. 
I.4. TIPO  DE  FISCALIZACIÓN,  OBJETIVOS,  PROCEDIMIENTOS  Y  LIMITACIONES  AL 
ALCANCE 
Se trata de una fiscalización horizontal y de cumplimiento, que se dirige a verificar, para una 
pluralidad  de  entidades  del  sector  público  local,  si  se  cumplen,  en  todos  los  aspectos 
significativos, las disposiciones en materia de publicidad activa y buen gobierno previstas en la 
LTAIBG. 
Los objetivos de la fiscalización, de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas el 25 de junio de 2020, son los siguientes: 
a)  Comprobar el cumplimiento de la normativa reguladora sobre publicidad activa, en lo  e.e
referente a las obligaciones de información por parte de las entidades locales y sus  bo
entidades dependientes o adscritas.  644ww
                                                          
1 Las comprobaciones de fiscalización se extendieron hasta el mes de octubre de 2020.
 
 
b)  Verificar la aplicación del régimen sancionador contenido en el Título II de la LTAIBG, por 
infracciones  en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria,  por  parte  de  los 
responsables de las entidades que integran el sector público local. 
Asimismo, se previó verificar la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en todo aquello que, de conformidad con dicha regulación, pudiera tener relación con el 
objeto de las actuaciones fiscalizadoras. No obstante, por la propia naturaleza de las operaciones 
analizadas, no ha sido posible evaluar aspectos relacionados con el cumplimiento de la legislación 
sobre igualdad de género. 
Para la obtención de los resultados de fiscalización se han llevado a cabo distintos procedimientos 
de fiscalización, en función de los objetivos de la misma. Así, a los efectos de comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa de las entidades locales y sus 
entidades dependientes, se han verificado las páginas web, los portales de transparencia y las 
sedes electrónicas de las entidades de la muestra seleccionada, analizando su contenido a la 
fecha de realización de las comprobaciones. Los resultados de fiscalización se han recogido 
mediante  cuestionarios  de  respuestas  parametrizadas  cumplimentados  a  partir  de  las 
comprobaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.  
Por lo que se refiere a la aplicación del régimen sancionador de buen gobierno, por infracciones 
en materia de gestión económico-presupuestaria, se ha analizado, por una parte, la información 
en materia de control interno remitida por los titulares de los órganos de Intervención local, 
correspondiente a un total de 3.675 entidades locales, a través de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales (en adelante, la Plataforma de Rendición de Cuentas), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL) y en la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno 
de las Entidades Locales, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 
2019; y, por otra, se ha solicitado información, para su cumplimentación a través de la Sede 
electrónica  del  Tribunal  de  Cuentas,  a  las  entidades  locales  que,  a  la  fecha  de  las 
comprobaciones, no habían rendido la cuenta general del ejercicio 2018 y, en su caso, aquellas 
que incumplían reiteradamente la obligación de rendir cuentas. 
En el curso de la fiscalización no se han producido limitaciones al alcance.  
La fiscalización se ha llevado a cabo de acuerdo con las Normas de Fiscalización del Tribunal de 
Cuentas, aprobadas por el Pleno del Tribunal el 23 de diciembre de 2013. 
I.5. RÉGIMEN JURÍDICO 
La normativa reguladora de la materia que integra el objeto de la fiscalización está constituida, 
fundamentalmente, por la LTAIBG y, en especial, por las siguientes disposiciones de la misma: 
‒  Capítulo II del Título I, referido a la publicidad activa. 
‒  Título II, relativo a las normas en materia de buen gobierno. 
Como principios generales, el artículo 5 de la LTAIBG establece la obligación, para los sujetos 
enumerados en el artículo 2.1 de la Ley –entre los que figuran las entidades que integran la 
Administración Local y sus entidades dependientes–, de publicar de forma periódica y actualizada  es
la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad  o
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.  644www.
Lcoar reinsfpoormndaiecinótne s ssuejedteas  ae lelcatsró noicbalisg aoc iopnáegsin adse  wterabn syp adree nucniaa   mdeabnee ras ecrl arpau, bleicsatrduac tuerand al asy 
entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 
 
El contenido principal de las obligaciones en materia de publicidad activa se encuentra recogido 
en los artículos 6 (información institucional, organizativa y de planificación), 6 bis (registro de 
actividades de tratamiento), 7 (información de relevancia jurídica) y 8 (información económica, 
presupuestaria y estadística), sin perjuicio de los preceptos contenidos en otras disposiciones 
sectoriales. 
Asimismo, la legislación autonómica y foral reguladora de la transparencia establece obligaciones 
adicionales de publicidad activa a las entidades locales de los respectivos territorios, si bien el 
cumplimiento de dicha normativa queda fuera del objeto de la fiscalización. 
Respecto a la normativa estatal en materia de buen gobierno, los artículos 27, 28 y 29 de la 
LTAIBG tipifican, respectivamente, las infracciones y sanciones en las materias de conflicto de 
intereses,  de  gestión  económico-presupuestaria  y  disciplinaria,  habiendo  sido  objeto  de 
fiscalización  exclusivamente  las  segundas,  dado  el  ámbito  específico  a  que  se  extiende  la 
actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. 
Por otra parte, existen otras disposiciones estatales que regulan aspectos relevantes en materia 
de publicidad activa y de buen gobierno en el ámbito de las entidades locales, entre las que cabe 
señalar las siguientes: 
‒  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
‒  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
‒  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 
I.6. MUESTRA SELECCIONADA 
Como  se  ha  indicado  en  el  subapartado  I.4,  para  las  comprobaciones  sobre  el  grado  de 
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  transparencia,  en  materia  de  publicidad  activa,  se  ha 
seleccionado una muestra de entidades locales de todo el territorio nacional y de sus entidades 
dependientes,  conforme  al  censo  de  entidades  disponible  a  la  fecha  de  realización  de  las 
comprobaciones. 
Para la determinación de la muestra, se han incluido la totalidad de los ayuntamientos de más de 
50.000 habitantes y de las diputaciones (provinciales y forales), cabildos y consejos insulares y 
áreas metropolitanas, estableciéndose distintos niveles de representatividad para el resto de 
entidades locales, que oscilan entre el 10 % de los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y 
entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (EATIM) y el 31 % de los ayuntamientos de 
población entre 5.000 y 20.000 habitantes. En términos de población, los ayuntamientos de la 
muestra seleccionada representan el 65 % del total de habitantes del territorio nacional, excluidos 
los de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
A su vez, respecto de las entidades locales incluidas en la muestra, también se han elegido para 
la realización de verificaciones en materia de publicidad activa una selección de sus respectivas 
entidades  dependientes  o  adscritas,  constituidas  por  organismos  autónomos,  sociedades 
mercantiles, entidades públicas empresariales, consorcios y fundaciones. 
En el cuadro nº 1 se detalla la composición de la muestra de entidades locales y de las entidades  o
dcdoeemp eepnnrtdiodibeaandcteieoss ny e ods  eae pdnos mcbrlaaittaceisór inad  edd eeal  ptqeuurberilltilocarisdio a qndua eac ciothinvaaanl, .  isniddoic asnedleoc scuio nreapdraess epnatarati vliad arde areliszapecicótno  adle t oltaasl   2021-15644n https://www.
 
 
Cuadro 1.  Muestra  de  entidades  locales  y  de  entidades  dependientes  o  adscritas 
seleccionadas para las verificaciones en materia de publicidad activa 
(Número de entidades) 
Total  Total  Muestra de entidades 
Tipo de entidad 
entidades  población  Nº entidades  %  Población  % 
A) ENTIDADES LOCALES  12.929  46.854.944  1.908  15  30.544.475  65 
Ayuntamientos  8.126  46.854.944  1.338  16  30.544.475  65 
Más de 500.000 h.  6  7.635.419  6  100  7.635.419  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  16.949.504  137  100  16.949.504  100 
Entre 20.001 y 50.000 h.  260  7.916.786  79  30  2.364.809  30 
Entre 5.001 y 20.000 h.  894  8.653.607  273  31  2.633.527  30 
Entre 1.001 y 5.000 h.  1.837  4.243.213  359  20  818.780  19 
Entre 1 y 1.000 h.  4.992  1.456.415  484  10  142.436  10 
Diputaciones  41  -  41  100  -  - 
Cabildos insulares  7  -  7  100  -  - 
Consejos insulares  3  -  3  100  -  - 
Comarcas  82  -  14  17  -  - 
Mancomunidades  946  -  122  13  -  - 
Áreas metropolitanas  3  -  3  100  -  - 
Agrupaciones de municipios  31  -  8  26  -  - 
EATIM  3.690  -  372  10  -  - 
B) ENTIDADES DEPENDIENTES  1.751  -  214  12  -  - 
Organismos autónomos  492  -  60  12  -  - 
Sociedades mercantiles  779  -  120  15  -  - 
Entidades públicas empresariales  37  -  6  16  -  - 
Consorcios  263  -  12  5  -  - 
Fundaciones  180  -  16  9  -  - 
TOTAL (A + B)  14.680  46.854.944  2.122  14  30.544.475  65 
Fuente: Plataforma de Rendición de Cuentas. 
Por su parte, para la realización de las comprobaciones en materia de buen gobierno, por lo que a 
las  infracciones  de  gestión  económico-presupuestaria  se  refiere,  se  han  analizado  aquellas 
entidades locales que no habían rendido la cuenta general del ejercicio 2018, último que debía 
haberse rendido en el momento de las verificaciones, incluyendo los ayuntamientos de más de 
5.000 habitantes y una selección del resto de entidades supramunicipales (en el caso de las 
mancomunidades de municipios, se han incluido las que también tuvieran pendiente de rendir 
alguna de las cuentas generales correspondientes a los tres ejercicios inmediatos anteriores), 
teniendo en cuenta que el artículo 28.p) de la LTAIBG tipifica como infracción muy grave “el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable”. 
En su conjunto, esta última selección de entidades locales con la cuenta general del ejercicio 2018 
pendiente de rendir estaba integrada por un total de 176 ayuntamientos, tres cabildos insulares, 
190 mancomunidades de municipios, tres comarcas y once agrupaciones de municipios, sin incluir 
entidades locales del País Vasco y de Navarra, que no rinden la cuenta general a través de la  e.
Plataforma de Rendición de Cuentas.  w.b
Aredgicuiloandaalsm eenn tlea,s  pleatrraa se al )r eas oto)  ddeel  minefrnaccicoinoandeos  aerntí cmulaot e2r8ia d ed ela g LeTsAtióIBnG e, csoen óhma itceon-idpore esunp cuueesntatar iala, 
ilnaf oPrlmataacfoiórmn aso dbere R ceonndtricoiló inn tdeern oC uqeunet ahsa,b ríeafne rriedma itaidl oe jleorsc iócriog a2n0o1s9 d, ec oInrrteesrvpeonncdiióenn tleosc aal  au ntr atovtéasl  ddee 
3.675 entidades locales.
 
Entre dicha información en materia de control interno se incluye la apreciación, por la Intervención 
local, acerca de la existencia de hechos que pudieran ser susceptibles de constituir una infracción 
administrativa de buen gobierno por incumplimiento de la LTAIBG y, en su caso, acerca de la 
remisión de informe sobre los referidos hechos al órgano competente, en virtud de la obligación de 
comunicación que establece el artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.  
Asimismo, se ha analizado la información comunicada en materia de control interno relativa a 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos del órgano de Intervención y expedientes con 
omisión de la fiscalización previa preceptiva motivados por hechos susceptibles de incardinarse 
entre las infracciones en materia de buen gobierno tipificadas en el artículo 28 de la LTAIBG, a 
pesar de lo cual la Intervención local no había manifestado la apreciación de la posible existencia 
de tales infracciones.  
I.7. RENDICIÓN DE CUENTAS 
En el Anexo 1 se recoge la información de la rendición de las cuentas generales del ejercicio 
2018, así como de los tres ejercicios anteriores, del total de entidades incluidas en la muestra que 
han  sido  analizadas  en  la  presente  fiscalización  (excluidas  las  entidades  locales  de  las 
Comunidades del País Vasco y Foral de Navarra, que no rinden sus cuentas a través de la 
Plataforma de Rendición de Cuentas), a la fecha de redacción del informe. 
En relación con las cuentas generales del ejercicio 2019, como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el 
plazo ordinario rendición de las mismas se ha extendido hasta antes del 22 de enero de 2021, al 
haberse  ampliado  en  un  periodo  equivalente  al  de  duración  efectiva  del  estado  de  alarma, 
establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prorrogado sucesivamente hasta el 
21 de junio de 2020, no habiendo finalizado dicho plazo de rendición para las referidas cuentas del 
ejercicio 2019 a la fecha del presente informe. 
I.8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44.1 de la de la LFTCu, el anteproyecto de Informe de fiscalización 
ha sido remitido a los Presidentes de las entidades fiscalizadas a las que se hace mención 
específica en los resultados de fiscalización, así como, en su caso, a quienes lo fueron durante el 
periodo fiscalizado, cuando no fueran coincidentes, para que formulen las alegaciones y presenten 
los documentos y justificaciones que estimen conveniente. 
Han presentado alegaciones dentro de plazo un total de 19 entidades. Otras tres entidades (los 
Ayuntamientos de Palma y Valencia y el Cabildo Insular de Tenerife) remitieron sus alegaciones 
fuera del plazo otorgado para ello, sin haber solicitado prórroga y, en el caso del Ayuntamiento de 
Barcelona,  no  consta  que  la  persona  que  suscribe  las  alegaciones  haya  sido  autorizada 
expresamente por la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. En los casos anteriores no se han 
considerado como alegaciones y no se adjuntan al informe aprobado, sin perjuicio de haberse 
analizado su contenido e introducido, en su caso, las correcciones oportunas en el mismo. En 
aplicación de lo previsto en la norma de procedimiento nº 60 de las Normas de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno de la Institución el 23 de diciembre de 2013, se ha 
comunicado a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, con copia a la persona que  e.
autorizó la presentación de las alegaciones sin haber acreditado que ostentara la representación  w.b
legal  de  la  Corporación,  que  el  documento  recibido  no  puede  considerarse  como  tales  644ww
afolermgauclaior naelesg, ancoio nheasb, iéennd lao sme ecdoidnas iqdueera ldaos  mniescmeassa rhioa nc soindcoe adnear lizuandaa sa my ptelinaicdiaósn  edne cl upelnatzao e np aloras 
resultados definitivos de la fiscalización.
 
 
Todas las alegaciones han sido analizadas y objeto del oportuno tratamiento, dando lugar a las 
modificaciones en el Informe que se han considerado procedentes. No se han realizado cambios 
ni valoraciones respecto de las alegaciones que explican, aclaran o justifican los resultados sin 
rebatir  su  contenido;  tratan  de  explicar,  aclarar  o  justificar  determinadas  actuaciones  sin 
contradecir el contenido del Informe; o señalan que las deficiencias o irregularidades se han 
subsanado con posterioridad al periodo fiscalizado, si bien se indican mediante nota a pie de 
página aquellas incidencias cuya subsanación ha sido comprobada. 
El resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en los posteriores apartados del Informe, 
con independencia de las consideraciones manifestadas en las alegaciones. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.   CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Como se ha indicado en la introducción, la verificación del cumplimiento de la normativa en 
materia de publicidad activa de la información pública se ha efectuado mediante la revisión de las 
páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas de las entidades seleccionadas en la 
muestra, analizando si la información publicada en tales instrumentos se ajustaba al contenido 
mínimo exigible, según lo dispuesto en la LTAIBG. 
Los resultados de las comprobaciones efectuadas se han tabulado, permitiendo la realización de 
análisis por tipos de entidad local (y, en el caso de los ayuntamientos, por tramos de población) y 
en función de su ámbito territorial, así como sobre las entidades dependientes que figuraban 
incluidas en la muestra. 
Debe tenerse en cuenta que existen factores relevantes que afectan a los resultados obtenidos en 
la verificación del cumplimiento de la normativa sobre publicidad activa, como son la disponibilidad 
de recursos (humanos, económicos y materiales), siendo peores los resultados de las entidades 
locales  de  menor  dimensión,  con  carácter  general;  y  el  papel  que  puedan  desempeñar 
determinadas  entidades  supramunicipales,  como  las  diputaciones,  los  cabildos  y  consejos 
insulares, y también las comunidades autónomas uniprovinciales, en sus funciones de asistencia a 
los municipios de menor población, así como la labor de apoyo que desempeña el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del denominado Portal de Administración 
Electrónica, o determinadas comunidades autónomas. Dichos factores han sido tenidos en cuenta, 
en  la  medida  en que  la  información  disponible  lo  haya  permitido,  a  la  hora  de  efectuar  la 
interpretación de los resultados. 
A  continuación  se  recogen  los  resultados  de  las  comprobaciones  efectuadas  relativas  a  la 
disponibilidad  de  instrumentos  de  transparencia,  tales  como  páginas  web,  portales  de 
transparencia  y  sedes  electrónicas,  y  también  sobre  cada  una  de  las  materias  específicas 
previstas en la LTAIBG sujetas a las obligaciones de publicidad activa, incluyendo una valoración 
global sobre el grado de cumplimiento de dichas obligaciones. 
II.1.1. INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA 
Como se ha indicado en el subapartado I.5, las entidades locales y sus entidades dependientes 
están  obligadas  a  publicar  de  forma  periódica  y  actualizada  la  información  relevante  para  e.
garantizar la transparencia de su actividad.   w.b
Equne p daertbiceu slaerr,  olobsje atort ídceu lopsu b6li caid 8a dd ea clati vLaT pAoIBr Gpa ertset adbel elocse ns uejle ctoosn toebnliigdaod mosín aim eoll od,e s lian  pineforjrumicaioc idóen 
lpar eavpeliacna cuiónn r édgei mlae nno mrmáas taivma paluiot oennó mmaictae rciao rdrees ppuobnldiciiednatde.  o de otras disposiciones específicas que
 
Asimismo,  se  dispone  que  la  información  sujeta  a  las  obligaciones  de  transparencia  será 
publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. A este respecto, la mayoría 
de las entidades públicas han optado por la creación de portales de transparencia, en los que se 
recogen de forma sistematizada y organizada los contenidos que deben ser objeto de publicación, 
y que suelen estar ubicados en la página web o en la sede electrónica de la entidad. 
Se  ha  verificado,  en  especial,  que  las  entidades  locales  dispongan  de  página  web  y  sede 
electrónica, como los instrumentos previstos en el artículo 5.4 de la LTAIBG para dar publicidad 
activa  a  la  información  pública  que  deben  ofrecer  aquellas.  En  el  caso  de  los  portales  de 
transparencia, pese a que su ausencia no implica un incumplimiento legal, se considera que 
constituye un instrumento de especial utilidad para garantizar que la información se publica de una 
manera clara, estructurada y entendible para los interesados, como exige el mencionado precepto. 
Se ha tenido en cuenta, por otra parte, que el acceso a las páginas web, portales de transparencia 
y sedes electrónicas sea fácil y gratuito, por lo que no se ha considerado como válido a los efectos 
de acreditar su disponibilidad que, para su utilización, se exija disponer de un usuario y contraseña. 
En el siguiente cuadro se recoge, por tipos de entidad, la información sobre la disponibilidad de 
páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas por parte de las entidades locales 
analizadas. 
Cuadro 2.  Disponibilidad de página web, portal de transparencia y sede electrónica, por 
tipo de entidad 
(Número de entidades) 
Portal de 
Total  Página web  Sede electrónica 
Tipo de entidad  transparencia 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  1.224  91  1.098  82  1.205  90 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  137  100  136  99  135  99 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  79  100  74  94  74  94 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  273  100  250  92  266  97 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  347  97  294  82  332  93 
Entre 1 y 1.000 h.  485  382  79  338  70  392  81 
Diputaciones  41  41  100  41  100  41  100 
Cabildos insulares  7  7  100  7  100  7  100 
Consejos insulares  3  3  100  3  100  3  100 
Comarcas  14  13  93  13  93  13  93 
Mancomunidades  122  57  47  32  26  35  29 
Áreas metropolitanas  3  3  100  2  67  3  100 
Agrupaciones de municipios  8  2  25  0  0  1  13 
EATIM  372  32  9  18  5  20  5 
TOTAL  1.908  1.382  72  1.214  64  1.328  70 
Fuente: Elaboración propia.  s
 
 
Se observa que una mayoría de entidades locales (el 72 %) dispone de su propia página web, 
porcentaje que se eleva hasta el 91 % entre los ayuntamientos y la totalidad de las diputaciones, 
cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas. La menor disponibilidad de páginas web se 
produce entre las EATIM, con solo un 9 % de ellas, y las agrupaciones de municipios, con un 
25 %. Todos los ayuntamientos analizados de más de 5.000 habitantes disponen de su propia 
página web. 
En el caso de los portales de transparencia, el grado de disponibilidad para el conjunto de las 
entidades  locales  es  menor  (un  64  %),  destacando  negativamente  las  agrupaciones  de 
municipios, las EATIM y las mancomunidades, con niveles mucho más reducidos. Se ha verificado 
que un municipio de más de 50.000 habitantes, el Ayuntamiento de Mijas (Málaga), y el Área 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Valencia), no disponían de portal de transparencia. Ello no 
implica que las entidades que carecen de dicho portal no dispongan de la información pública 
exigida por la LTAIBG, pero la presentación de la misma, generalmente, dificulta el conocimiento 
inmediato de la estructura, organización y funcionamiento de la entidad, lo que redunda de 
manera negativa en la transparencia de la actividad pública. 
Un número significativo de entidades locales, especialmente las de menor dimensión, presentan 
portales de transparencia con una estructura similar, frecuentemente proporcionados por otras 
Administraciones Públicas, como el servicio  de Portal de la Transparencia en la nube para 
entidades locales, de la Administración General del Estado, o el portal Transparència Catalunya, 
gestionado  por  la Generalitat  de  Cataluña,  así  como  por  entidades  supramunicipales, como 
ocurre, por ejemplo, con la Diputación Provincial de Lugo, que ha creado el programa InnovaTE2, 
que incluye un modelo de portal de transparencia en el que estaban dados de alta un total de 41 
ayuntamientos, y la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Fundación BiscayTik, que ha 
impulsado el proyecto “Udala Zabaltzen/Gobierno Abierto”, que proporciona una plataforma on line 
a las entidades locales de Bizkaia con información relevante en materia de transparencia. 
Las  sedes  electrónicas,  como  instrumentos  necesarios  para  la  prestación  de  servicios  y  la 
realización de trámites electrónicos, conforme al derecho de los ciudadanos a relacionarse y 
comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, están disponibles en la 
mayoría (un 70 %) de las entidades locales analizadas, llegando a la práctica totalidad de ellas en 
los  ayuntamientos  de  más  de  50.000  habitantes,  así  como  en  las  diputaciones,  cabildos  y 
consejos insulares y áreas metropolitanas. No obstante, destaca la carencia temporal de la misma 
en el Ayuntamiento de Cádiz, en el que se encontraba fuera de uso y se remitía al Registro 
Electrónico General de la Administración General del Estado. 
En el siguiente cuadro figura, por comunidades autónomas, la información sobre disponibilidad de 
páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas. 
 
Cuadro 3.  Disponibilidad de página web portal de transparencia y sede electrónica, por 
comunidad autónoma  
(Número de entidades) 
Portal de 
Total  Página web  Sede electrónica 
Comunidad autónoma  transparencia 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Andalucía  220  209  95  198  90  203  92 
Aragón  105  81  77  62  59  77  73 
Canarias  36  35  97  34  94  34  94 
Cantabria  76  25  33  14  18  23  30 
Castilla y León  525  257  49  252  48  260  50 
Castilla-La Mancha  173  119  69  104  60  121  70 
Cataluña  185  177  96  178  96  174  94 
Comunitat Valenciana  111  109  98  97  87  107  96 
Extremadura  77  71  92  35  45  64  83 
Galicia  88  82  93  80  91  82  93 
Illes Balears  15  15  100  13  87  14  93 
La Rioja  15  12  80  7  47  12  80 
Comunidad de Madrid  56  55  98  48  86  50  89 
Navarra  83  36  43  28  34  29  35 
País Vasco  99  60  61  37  37  42  42 
Principado de Asturias  27  22  81  12  44  21  78 
Región de Murcia  17  17  100  15  88  15  88 
TOTAL  1.908  1.382  72  1.214  64  1.328  70 
Fuente: Elaboración propia. 
Destaca, en especial, la disponibilidad de página web propia en la totalidad de las entidades 
locales analizadas de las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de la Región de Murcia, 
llegando también a niveles muy elevados las entidades de las Comunidades Valenciana y de 
Madrid (con un 98 %), Canarias (97 %), Cataluña (96 %) y Andalucía (95 %). Los niveles más 
bajos se observan en las Comunidades de Cantabria (33 %), Navarra (43 %) y Castilla y León (49 
%),  en  las  que  había  un  volumen  muy  significativo  de  ayuntamientos  de  menos  de  5.000 
habitantes y de EATIM, cuyos resultados, en términos de cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa, en general, son muy inferiores al resto de entidades fiscalizadas. 
Por lo que se refiere a los portales de transparencia, la mayor disponibilidad se observa en las 
Comunidades Autónomas de Cataluña (96 %), Canarias (94 %) y Galicia (91 %), mientras que, en 
sentido opuesto, los menores niveles se encuentran en las entidades locales de Cantabria (18 %), 
Navarra (34 %) y País Vasco (37 %). 
Las  entidades  que  presentan,  por  término  medio,  una  menor  implantación  de  las  sedes 
electrónicas son las de Cantabria (con un 30 %), Navarra (35 %) y País Vasco (42 %); destacando 
en sentido contrario las entidades locales de la Comunitat Valenciana (con un 96 %), Canarias y 
Cataluña (94 %) y Galicia e Illes Balears (93 %).  s
En los Anexos 2, 3 y 4 se recogen, desglosados por provincias, los resultados obtenidos acerca  w.
de  la  disponibilidad  de  página  web,  portal  de  transparencia  y  sede  electrónica,  para  los  644ww
apyoubnlatacimónie nptroosv idnec ialal  menu emsutrnai caipgirousp addeo sm peonro tsr admeo s5 .d0e0 0p ohbalbaictaiónnt,e sin, ccluiryceunndsota lnac diais qtruibeu crieópne drceu tlae 
sobre los mencionados resultados.
 
 
Entre los ayuntamientos que tienen una menor disponibilidad de página web se encuentran los de 
las provincias de Zamora (un 37 %), Salamanca (50 %), Guadalajara (53 %) y Cuenca (56 %), que 
se encuentran entre las que tienen mayor población en municipios de pequeña dimensión. Sin 
embargo, en otras provincias con un elevado porcentaje de la población en municipios de menos 
de 5.000 habitantes presentan mejores resultados, por término medio, como ocurre con los 
ayuntamientos de las provincias de Cáceres y Segovia (100 %), Ávila (96 %) y Toledo (90 %). 
Por lo que se refiere a los portales de transparencia, entre los ayuntamientos de las provincias con 
mayor  proporción  de  población  en  municipios  de  menos  de  5.000  habitantes,  los  peores 
resultados se obtienen en los de Cuenca (33 %), Cáceres (41 %) y Teruel (46 %); mientras que 
obtienen unos valores muy elevados los ayuntamientos de las provincias de Segovia (96 %) y 
Soria (95 %). 
Asimismo, en el caso de las sedes electrónicas, la menor disponibilidad entre los ayuntamientos 
con mayor población en pequeños municipios se produce en los de las provincias de Bizkaia 
(43 %) y Cáceres (un 52 %) y los resultados más elevados se obtienen de nuevo en los de las 
provincias de Segovia (96 %) y Soria (95 %). 
En estos casos, la labor de asistencia prestada por las diputaciones provinciales o forales o las 
comunidades autónomas uniprovinciales resulta esencial para que las entidades locales de menor 
dimensión puedan acceder a tales instrumentos. 
A  este  respecto,  se  han  analizado  los  formatos  de  los  portales  de  transparencia  y  sedes 
electrónicas y se observa que un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 
5.000 habitantes utilizan un modelo o se accede a su información publicada a través de la 
respectiva  diputación,  como  ocurre  con  entidades  de  las  provincias  de  A  Coruña,  Almería, 
Granada, Gipuzkoa, Huelva, Lugo, Málaga y Bizkaia. En el caso de las entidades de Cataluña, 
muchas de ellas compartían un mismo esquema de portal de transparencia y datos abiertos, 
proporcionado por la Generalitat catalana. Además, se han detectado numerosas entidades de 
diferentes provincias que presentan una sede electrónica y un portal de transparencia con el 
mismo  formato  y  que  corresponden  al  modelo  proporcionado  por  el  Ministerio  de  Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, al que se ha hecho referencia anteriormente. 
Por lo que se refiere a las entidades dependientes analizadas, la mayoría de ellas disponía de 
página web propia (56 %) o publicaba su información en la de la entidad principal (20 %), 
careciendo el resto de entidades (24 %) de dicho instrumento esencial de comunicación. Más 
elevado  resulta  el  porcentaje  de  entidades  dependientes  que  no  disponían  de  portal  de 
transparencia (54 %) o de sede electrónica (83 %), situación que afecta al cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la publicidad activa. 
Debe tenerse en cuenta que la información publicada por muchas de las entidades dependientes 
estaba relacionada en mayor medida con cuestiones relativas al ejercicio de su actividad principal 
o negocio, incluyendo la información esencial en la página web o portal de transparencia de la 
entidad principal, lo cual no exonera a aquellas del cumplimiento de las exigencias en materia de 
transparencia de la LTAIBG a que se encuentran sujetas. 
Otro de los aspectos analizados en el curso de la fiscalización ha consistido en verificar, en las 
entidades locales de aquellas comunidades autónomas que cuentan con lenguas cooficiales, que 
la información publicada en las páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas se  s
encontrase disponible en ambos idiomas.  e.
A tal efecto, se comprobado si dicha publicación bilingüe alcanza al conjunto de la información  644ww
ppúobrtlaicleas  didsep ontriabnles poa rsei nsceia  limo itas eedxecslu seivleacmtreónnticea as,  loesn caopnatrrtáanddooss gee neel rarelesst od ed ela sl ap áingfinoarms awceióbn, 
publicada en una sola lengua, en cuyo caso se ha cumplimentado como respuesta “Parcialmente”.
 
En el caso de las entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra se han tenido en cuenta los 
términos municipales ubicados en la llamada “zona vascófona” de la Comunidad, con arreglo a lo 
previsto en la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, que prevé en su artículo 16 que 
las entidades locales de dicha zona deberán utilizar el castellano y el euskera en todas sus 
publicaciones; obligación esta última no vigente en la denominada “zona mixta”, ni tampoco en la 
“zona no vascófona”. 
Los  resultados  obtenidos  en  relación  con  la  publicación  bilingüe  de  los  contenidos  en  las 
entidades de territorios con lenguas cooficiales se recogen en el siguiente cuadro. 
Cuadro 4.  Información bilingüe en territorios con lenguas cooficiales 
(Número de entidades) 
Publicación en ambas lenguas 
Total  cooficiales 
Tipo de entidad 
entidades  Parcial
Sí  %  % 
mente 
Ayuntamientos  402  121  28  221  51 
Más de 500.000 h.  2  1  50  1  50 
Entre 50.001 y 500.000 h.  48  12  24  33  65 
Entre 20.001 y 50.000 h.  27  8  28  15  52 
Entre 5.001 y 20.000 h.  114  34  29  63  54 
Entre 1.001 y 5.000 h.  127  37  27  70  51 
Entre 1 y 1.000 h.  84  29  29  39  39 
Diputaciones  14  4  29  8  57 
Cabildos insulares  0  -  -  -  - 
Consejos insulares  3  3  100  0  0 
Comarcas  7  2  25  4  50 
Mancomunidades  27  16  47  2  6 
Áreas metropolitanas  3  0  0  1  33 
Agrupaciones de municipios  0  0  0  0  0 
EATIM  12  3  4  3  4 
TOTAL  468  149  32  239  51 
Fuente: Elaboración propia. 
Del total de 468 entidades analizadas ubicadas en territorios con lenguas cooficiales y que 
disponían de página web, portal de transparencia o sede electrónica, un total de 149 (el 32 %) 
disponían de contenidos bilingües y otras 239 (el 51 %) incluían información en ambas lenguas, 
pero no para toda la información publicada. Las 80 entidades locales restantes (el 17 %) solo 
publicaban la información en una de las dos lenguas. 
Se ha determinado, por comunidades autónomas, el total de entidades locales analizadas que 
publicaban la información en una única lengua cooficial, obteniéndose el mayor porcentaje en las 
de Galicia (25 %), seguido de las de Cataluña (20 %), la Comunitat Valenciana (19 %), Illes 
Balears (7 %) y País Vasco (3 %). En el caso de Navarra, tomando en consideración solo la zona 
vascófona, todas las entidades analizadas publicaban toda la información en ambas lenguas  s
(55 %) o bien lo hacían parcialmente (45 %), no habiéndose detectado entidades que publicaran la  e.
información en una sola lengua, si bien había un gran número entidades de reducida dimensión o  w.
EATIM que no disponían de página web, portal de transparencia ni sede electrónica.  644ww
En el caso de las entidades dependientes, teniendo en cuenta únicamente aquellas vinculadas a
eunnt i5d9a d%e sd leo caaqleuse ldlaes ,t emrriietonrtiroass  cqoune l eontrgou a1s9  c%o olofic hiaalecísa,  psoublol icpaabrcaina llma einnftoer,m caocrrióens peonn daimenbdoos  iedli o2m2 a%s 
restante a entidades que disponían de la información publicada solo en una de las dos lenguas.
 
 
La publicación de la información en una sola de las lenguas cooficiales limita el conocimiento de la 
información publicada y, en definitiva, la transparencia de la actividad pública, a aquellas personas 
que conocen esa lengua y es contraria al artículo 3 de la Constitución Española, que establece el 
castellano como lengua oficial del Estado. 
II.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA 
II.1.2.1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN 
A)  FUNCIONES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD 
En el análisis sobre la publicación de las funciones que desarrollan las entidades locales se ha 
tenido en cuenta no solo la identificación de las funciones principales, sino también si las mismas 
figuran desarrolladas por áreas o temas, habiéndose cumplimentado como “Parcialmente” en el 
caso de aquellas entidades que informan sobre tales funciones, pero con un desarrollo que se 
considera insuficiente. 
Asimismo, se ha extendido a la disponibilidad de dos instrumentos que resultan de utilidad a los 
ciudadanos para poder relacionarse con las Administraciones Públicas: los catálogos de servicios 
y los catálogos de procedimientos administrativos, a través de los cuales pueden realizarse 
trámites, generalmente por medios electrónicos, si bien la falta de publicación de los mismos no 
supone un incumplimiento de la normativa estatal aplicable en materia de transparencia. 
La información sobre la disponibilidad de información relativa a las funciones y los catálogos de 
servicios y de procedimientos administrativos se encuentra recogida en el siguiente cuadro. 
Cuadro 5.  Información publicada sobre funciones, catálogos de servicios y catálogos de 
procedimientos administrativos 
(Número de entidades) 
Procedimientos 
Tipo de entidad  Total  Funciones  Catálogos de servicios  administrativos 
entidades 
Sí  %  Parcialmente  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos   1.338  472  35  106  8  808  60  1.154  86 
Más de 500.000 h.  6  6  100  0  0  6  100  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  114  83  12  9  122  89  136  99 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  58  73  7  9  64  81  76  96 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  146  53  22  8  223  82  258  95 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  98  27  40  11  242  68  326  91 
Entre 1 y 1.000 h.  485  50  10  25  5  151  31  352  73 
Diputaciones  41  38  93  2  5  40  98  41  100 
Cabildos Insulares  7  7  100  0  0  7  100  7  100 
Consejos Insulares  3  3  100  0  0  3  100  3  100 
Comarcas   14  9  64  0  0  12  86  13  93 
Mancomunidades  122  27  22  4  3  39  32  33  27 
Áreas metropolitanas  3  1  33  1  33  2  67  3  100  es
Agrupaciones de municipios  8  1  13  0  0  1  13  1  13  bo
EATIM  372  10  3  0  0  14  4  14  4  644ww
FTuOeTnAteL:  Elaboración propia.  1.908  568  30  113  6  926  49  1.269  67  OE-A-2021-15able en https://
 
Se observa que la totalidad de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes y de los cabildos 
y consejos insulares y una mayoría de las diputaciones (el 93 %) y de los ayuntamientos de entre 
50.000  y  500.000  habitantes  (el  83  %)  informaban  adecuadamente  sobre  sus  funciones 
principales. En cambio, los peores resultados se obtienen en los municipios de hasta 1.000 
habitantes (10 %) y entidades locales de menor dimensión, como las EATIM (3 %), agrupaciones 
de municipios (13 %) y mancomunidades (22 %). 
Respecto a la información publicada sobre los catálogos de servicios, que resultan de especial 
utilidad para conocer el alcance y condiciones de las prestaciones efectuadas por las entidades 
locales, el grado de disponibilidad era muy elevado en las entidades de mayor dimensión. Entre 
las entidades supramunicipales, no se recoge dicha información de forma transparente en la 
Diputación Foral de Gipuzkoa2. 
En el caso de los catálogos de trámites administrativos, se encuentran publicados en la totalidad 
de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas y en los ayuntamientos 
de más de 50.000 habitantes, excepto en el de Cádiz, que indicaba no disponer temporalmente de 
sede  electrónica,  como  ya  se  ha  indicado.  Los  peores  resultados  se  han  obtenido  en  las 
mancomunidades de municipios (con un 27 % de entidades que los publicaban), agrupaciones de 
municipios (13 %) y EATIM (4 %). 
Con carácter general para los tres aspectos señalados, destacan negativamente las EATIM y las 
mancomunidades y agrupaciones de municipios, con un número muy reducido de entidades que 
publicaban dicha información. A este respecto, se observa que las entidades locales de menor 
dimensión presentan limitaciones de recursos y dificultades para cumplir con las obligaciones de 
transparencia que establece la LTAIBG. 
En el ámbito de las entidades dependientes se ha analizado la publicación de información relativa 
a las funciones desempeñadas, que no se encontraba disponible en un 50 % de las mismas, y del 
catálogo  de  servicios,  al  que  no  se  hacía  referencia  por  parte  del  52  %  de  las  entidades 
analizadas. 
B)  NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Otro de los aspectos de los que deben informar las entidades locales es el relativo a la normativa 
que les sea de aplicación, conforme al artículo 6.1 de la LTAIBG. 
A este respecto, se ha verificado que en las entidades analizadas se publicaba la normativa que 
fuera aplicable, tanto estatal, como autonómica o foral y local, ya sea mediante la inserción de las 
normas actualizadas o  bien mediante enlaces a los boletines oficiales correspondientes. En 
algunos casos, se ha observado la publicación de la normativa estatal mediante un enlace al 
Código de Régimen Local editado por el Boletín Oficial del Estado, lo que se considera una buena 
práctica en la medida que se garantiza su libre accesibilidad de manera gratuita y su permanente 
actualización.  
Por lo que se refiere a la normativa específica de la respectiva entidad local, se ha verificado la 
publicación  de  las  ordenanzas,  ordenanzas  fiscales,  reglamentos  y  demás  disposiciones 
emanadas de los principales órganos de gobierno de la entidad. 
En el siguiente cuadro se recoge la información, por tipos de entidad, de la normativa estatal, 
autonómica y local publicada, aplicable a cada una de las entidades analizadas.  e.
                                                          
m2 Eisnm aresl asceió nr ecfioenre lna sa al lecgaatáclioognoe sd feo rmtráumlaidteass  opno r llinae D yip untaoc iaóln  cFaotáralol gdoe  dGeilp uczoknojuan, tloa sd em esnecrivoicnieoss  cpornetsetnaiddoass  epno r lalas   BOE-A-cable e
Corporación.
 
 
Cuadro 6.  Información publicada sobre la normativa aplicable 
(Número de entidades) 
Total  Estatal  Autonómica  Local 
Tipo de entidad 
entidades  Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  208  16  152  11  893  67 
Más de 500.000 h.  6  4  67  4  67  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  41  30  28  20  133  99 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  19  24  13  16  78  99 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  47  17  34  12  253  93 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  50  14  39  11  268  75 
Entre 1 y 1.000 h.  485  47  10  34  7  155  32 
Diputaciones  41  19  46  17  41  41  100 
Cabildos insulares  7  4  57  3  43  6  86 
Consejos insulares  3  2  67  3  100  3  100 
Comarcas  14  1  7  3  21  10  71 
Mancomunidades  122  5  4  6  5  18  15 
Áreas metropolitanas  3  0  0  2  67  3  100 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  1  13 
EATIM  372  6  2  7  2  6  2 
TOTAL  1.908  245  13  193  10  983  52 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa un muy escaso cumplimiento de la obligación de publicar la normativa aplicable de 
ámbito estatal y autonómico en toda clase de entidades locales y,  para los ayuntamientos, 
prácticamente en todos los tramos de población; tratándose de una regulación particularmente 
relevante  para  conocer  la  organización  y  el  funcionamiento  de  la  Administración  Local.  Sin 
embargo,  en  el  caso  de  la  normativa  específica  de  la  entidad  local,  se  incrementaba  el 
cumplimiento en los ayuntamientos de mayor número de habitantes, frente a las entidades de 
menor dimensión, en las que el porcentaje de cumplimiento se considera claramente insuficiente. 
Entre los municipios de más de 500.000 habitantes, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona no 
publicaban la normativa estatal y autonómica en sus páginas web o portales de transparencia, o 
no  lo  hacían  de  forma  clara  y  transparente,  circunstancia  especialmente  destacable  por  la 
dimensión y disponibilidad de recursos de estas entidades. En cambio, como se ha indicado 
anteriormente, era mucho más elevado el grado de disponibilidad de la normativa de ámbito local, 
publicándose  prácticamente  en  la  totalidad  de  municipios  de  más  de  20.000  habitantes, 
diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas. 
Resulta  significativo  destacar  que  la  gran  mayoría  de  los  ayuntamientos  de  hasta    1.000 
habitantes, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM no daban cumplimiento a la 
obligación de publicar cualquier clase de normativa que les resultara de aplicación, lo que dificulta 
el conocimiento, por parte de los ciudadanos, del régimen jurídico vigente en lo que afecta a un 
número relevante de entidades locales. 
Respecto a las entidades dependientes, se ha analizado en particular la publicación de los  e.
estatutos  de  las  mismas,  así  como  el  resto  de  normativa  que  les  resultara  de  aplicación,  w.b
obteniéndose que un 52 % de las entidades analizadas no publicaban sus estatutos y el 75 % no  644ww
lo hacía en relación con su normativa reguladora.
 
C) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La LTAIBG también establece, en su artículo 6.1, el deber de publicar información sobre la 
estructura organizativa de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa, añadiendo 
que “a estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de 
los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional”. 
En este sentido, se ha analizado la disponibilidad de información relativa a los principales órganos 
de gobierno de las entidades locales, teniendo en cuenta las normas de organización previstas en 
la normativa aplicable.  
El artículo 20.1 de la LRBRL regula la organización municipal disponiendo que el Alcalde, los 
Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos, mientras que todos los 
municipios con población superior a 5.000 habitantes y los de menos, cuando así lo disponga su 
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento, dispondrán también de una 
Junta de Gobierno Local. 
En relación con los municipios del País Vasco, el artículo 25 de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, se remite a la regulación estatal 
contenida en la legislación básica de régimen local, debiendo disponer de los órganos necesarios 
previstos en la LRBRL. 
En el caso de las diputaciones provinciales, el artículo 32.1 de la LRBRL señala que todas ellas 
contarán  con  un  Presidente,  Vicepresidentes,  Junta  de  Gobierno  y  Pleno.  No  obstante,  los 
órganos  forales  de  Álava,  Gipuzkoa  y  Bizkaia,  según  el  artículo  39  del  mismo  texto  legal, 
conservarán  su  régimen  peculiar  en  el  marco  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco, siéndoles de aplicación con carácter supletorio las disposiciones de la 
LRBRL. 
Por su parte, en el caso de los cabildos insulares, la disposición adicional decimocuarta de la 
LRBRL, en su apartado segundo, señala como órganos necesarios de los mismos el Pleno, el 
Presidente y el Consejo de Gobierno Insular; órgano este último que se puede considerar análogo 
a la Junta de Gobierno Local prevista para ayuntamientos y diputaciones. Además, según el 
artículo 41.1 de la LRBRL, a los cabildos se les aplicarán supletoriamente las normas de la citada 
Ley que regulan la organización y el funcionamiento de las diputaciones provinciales, asumiendo 
las competencias de estas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 
Respecto a los consejos insulares de las Illes Balears, el artículo 41.3 de la LRBRL establece que 
les son de aplicación las normas de dicha Ley que regulan la organización y funcionamiento de las 
diputaciones provinciales. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción 
otorgada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, prevé en su artículo 67 la existencia de un 
Consejo Ejecutivo, órgano equivalente a la Junta de Gobierno Local y al que corresponde el 
ejercicio de las funciones ejecutivas. 
Para el resto de entidades locales, la determinación de sus órganos de gobierno y administración 
se establece en la legislación autonómica, como ocurre en el caso de las áreas metropolitanas, 
comarcas u otras agrupaciones de municipios, o bien en los estatutos de la propia entidad, en el 
caso de las mancomunidades de municipios. 
En  el  siguiente  cuadro  figura  la  información  sobre  la  publicación  de  la  composición  de  los  e.
principales órganos de gobierno pluripersonales de las entidades analizadas.  w.b
  
 
 
Cuadro 7.  Información publicada sobre los principales órganos de gobierno 
(Número de entidades) 
Pleno  Junta de Gobierno Local 
Total 
Tipo de entidad  No exigible 
entidades  Sí  %  Sí  %  % 
(*) 
Ayuntamientos  1.338  1.068  80  583  44  396  30 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100  0  0 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  137  100  123  90  0  0 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  78  99  70  89  0  0 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  253  93  212  78  0  0 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  312  87  144  40  118  33 
Entre 1 y 1.000 h.  485  282  58  28  6  278  57 
Diputaciones  41  41  100  41  100  0  0 
Cabildos insulares  7  7  100  6  86  0  0 
Consejos insulares  3  3  100  3  100  0  0 
Comarcas  14  13  93  9  64  0  0 
Mancomunidades  122  21  17  9  7  53  43 
Áreas metropolitanas  3  3  100  3  100  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  32  9  2  1  370  99 
TOTAL  1.908  1.188  62  656  34  819  43 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales para las que no resultaba obligatorio disponer de Junta de Gobierno Local.  
En relación con el Pleno de la Corporación, se observa una elevada diferencia entre las entidades 
de mayor dimensión, que en su práctica totalidad incluían la información sobre el mismo, y los 
ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes, mancomunidades y agrupaciones de municipios y 
EATIM, que mayoritariamente no informaban sobre el principal órgano de gobierno de la entidad 
local y su composición, aspecto este que se considera de especial relevancia para el conocimiento 
general de la organización de la entidad. 
En el caso de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) 
no informaba sobre el Pleno municipal y su composición. En algunos de los ayuntamientos 
analizados, dicha composición se recogía mediante la identificación de los miembros de los 
grupos políticos municipales, en lugar de recoger de forma unitaria la totalidad de los cargos 
electos que conforman el Pleno municipal. 
Por lo que se refiere a la información relativa a la Junta de Gobierno Local, u órgano equivalente, 
el grado de publicación es inferior al de la composición del Pleno, si bien debe tenerse en cuenta 
que las entidades de menor dimensión no están obligadas a disponer de dicho órgano. Entre las 
que no publicaban dicha información cabe destacar el Cabildo Insular de Fuerteventura, así como 
un total de 84 ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes, que por su dimensión 
estaban obligados a publicarla. 
Por otra parte, el artículo 20.1 de la LRBRL hace referencia a otros órganos, como la Comisión  oe.
Especial  de  Cuentas,  que  debe  existir  en  todos  los  municipios,  y  la  Comisión  Especial  de  w.
Sugerencias y Reclamaciones, prevista obligatoriamente en los municipios de gran población,  644ww
raesgí ulloa ddoissp eonn geal  Tsítuu lore Xg ladme elan tcoit aodrag áLneicy,o .y  Neno  aoqbusetallonste o, trnoos  erens uqlutaeb eal  Pelxeigniob lleo  aecsutae rúdleti mo ac ueann deol 
Aquyeu nstea mreigenutlao  edle R Béagrimceelonn Eas, peenc ivailr tduedl  mdeuln aicritpíciou ldoe 1 B.3a rdcee losun aL. ey 1/2006, de 13 de marzo, por la
 
Además, en los municipios de más de 5.000 habitantes y cuando así lo acuerde el Pleno o lo 
disponga el reglamento orgánico, se prevé la existencia, si la legislación autonómica no establece 
otra forma organizativa, de otros órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de 
los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la 
gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. La existencia obligatoria de 
estos órganos de control está prevista en el artículo 32.2 de la LRBRL para las diputaciones, sin 
perjuicio del resto de órganos complementarios que determinen las leyes de las comunidades 
autónomas o se establezcan por las propias diputaciones. 
En  el  siguiente  cuadro  se  recogen  los  resultados  obtenidos  acerca  de  la  publicación  de  la 
composición  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y 
Reclamaciones y otras comisiones de estudio, informe o consulta. 
Cuadro 8.  Información publicada sobre las comisiones de las entidades locales 
(Número de entidades) 
Comisión  Comisión Especial de 
Especial de  Sugerencias y  Otras comisiones 
Total  Cuentas  Reclamaciones 
Tipo de entidad 
entidades  No  No 
Sí  %  Sí  %  exigible  %  Sí  %  exigible  % 
(*)  (*) 
Ayuntamientos  1.338  387  29  33  2  1.247  93  338  25  366  27 
Más de 500.000 h.  6  6  100  4  67  1  17  6  100  0  0 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  60  44  29  21  51  37  73  53  0  0 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  35  44  0  0  79  100  52  66  0  60 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  95  35  0  0  273  100  112  41  0  0 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  122  34  0  0  358  100  76  21  142  40 
Entre 1 y 1.000 h.  485  69  14  0  0  485  100  19  4  224  46 
Diputaciones  41  38  93  0  0  41  100  36  88  3  7 
Cabildos insulares  7  4  57  0  0  7  100  5  71  0  0 
Consejos insulares  3  2  67  0  0  3  100  2  67  0  0 
Comarcas  14  8  57  0  0  14  100  9  64  2  14 
Mancomunidades  122  3  2  0  0  122  100  2  2  59  48 
Áreas metropolitanas  3  3  100  0  0  3  100  3  100  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  8  100  0  0  3  38 
EATIM  372  2  1  0  0  372  100  0  0  287  77 
TOTAL  1.908  447  23  33  2  1.817  95  395  21  720  38 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales para las que no resultaba obligatorio disponer de Comisión de Sugerencias y Reclamaciones u otras comisiones 
de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno o de seguimiento de la gestión. 
La Comisión Especial de Cuentas, como se ha indicado anteriormente, es un órgano obligatorio 
para toda clase de municipios, a la que se someterán a informe, antes del 1 de junio, las cuentas 
anuales de la entidad local, según el artículo 116 de la LRBRL. A pesar de la relevancia de sus  e.e
funciones, no se publicaba su composición en el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y  b
500.000 habitantes, siendo menor el grado de cumplimiento a medida que disminuye el número de  644ww
habitantes de cada tramo de población.
 
 
Entre las entidades supramunicipales, no publicaban información sobre la Comisión Especial de 
Cuentas, u órgano equivalente, las Diputaciones Provinciales de Ciudad Real3, Guadalajara y 
Lugo4, los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura y La Gomera y el Consejo Insular de 
Ibiza. 
Por lo que se refiere a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, únicamente 
publicaban su composición un total de 33 ayuntamientos (el 2 %), si bien debe tenerse en cuenta 
que la gran mayoría de las entidades locales no estaban obligados a disponer de ella, por no ser 
municipios de gran población. De aquellos que, conforme a los criterios del artículo 121 de la 
LRBRL, letras a) y b), tienen necesariamente el carácter de municipio de gran población (los de 
población superior a 250.000 habitantes y capitales de provincia cuya población sea superior a 
175.000  habitantes),  no  habían  publicado  la  composición  de  la  referida  comisión  los 
Ayuntamientos  de  Córdoba,  Donostia-San  Sebastián  (Gipuzkoa),  Murcia,  Pamplona/Iruña 
(Navarra), Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Vigo (Pontevedra) y Zaragoza. 
Respecto  al  resto  de  comisiones  de  estudio,  consulta  e  informe,  entre  las  entidades 
supramunicipales que no publicaban información sobre su existencia y composición se encuentran 
las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Lugo5 y Segovia, así como los Cabildos Insulares de 
Fuerteventura y La Gomera y el Consejo Insular de Ibiza. 
Se considera, en general, que la información sobre la estructura organizativa publicada por las 
entidades locales es insuficiente, a lo que contribuye de manera significativa la falta de precisión 
de la LTAIBG para definir a qué órganos deben alcanzar las obligaciones de transparencia, 
teniendo  en  cuenta  que,  en  el  ámbito  local,  existen  unidades  de  diferente  tipología  y 
denominación, en función de la clase de entidad y de parámetros como el tamaño de la población 
del municipio. 
En el caso de las entidades dependientes, se ha observado que un 53 % de las mismas no incluía 
información acerca de la composición del órgano de gobierno o consejo de administración, según 
la naturaleza de las mismas, mientras que un 62 % no lo hacía respecto a otros órganos y 
comisiones. Por lo que se refiere a la obligación de publicar un organigrama de la entidad, no se 
encontraba disponible en el 67 % del total de entidades analizadas. 
D) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Además  de  sus  órganos  de  gobierno,  las  entidades  locales  disponen  de  una  organización 
administrativa tanto en el ámbito funcional, constituida por las concejalías u órganos sectoriales 
similares, como, en su caso, en el ámbito territorial, prevista legalmente para aquellas entidades 
de mayor dimensión, que cuentan con juntas de distrito u otros órganos análogos. 
En el caso de los ayuntamientos, el artículo 23.4 de la LRBRL dispone que el Alcalde puede 
delegar determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de 
las  delegaciones  especiales  que,  para  cometidos  específicos,  pueda  realizar  en  favor  de 
cualesquiera concejales, aunque no pertenezcan a aquella. 
                                                           
3 De acuerdo con las alegaciones formuladas por la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Pleno de la Corporación 
acordó, el 8 de julio de 2019, la creación de la Comisión Especial Informativa de Hacienda y Promoción Económica, que 
aúna la condición de la preceptiva Comisión Especial de Cuentas. Se ha verificado la publicación de la composición de  es
la referida comisión informativa, pero no se informa adecuadamente sobre el ejercicio por la misma de las funciones que  oe.
corresponden a la de Cuentas.  w.
4 En relación con las alegaciones formuladas por la Diputación Provincial de Lugo, en el acuerdo del Pleno de la entidad  644ww
aRCq5 lueo Lecmqa au eiuseDsid ótiaapsnrceu áEi tó asanfcopl,ui reóHmdcneai aa cPdlei eardnon e vpd liQoaanrs cu y iera emEjla psisdsrpe,me esS caeLuisnaug ltge asdorneee,t   neCeecssuni atde assenb uy tlale soRs cs,eea  pc lgeellraagrumo ap ccaonoioscomi n ospepneosoe l,isís dtii icecnyino ódetsniicsf  iatqcap auboqenlrue   siecgnue rtsee us glpm uror aiceesno gm mpleaboplmr looíPetssilcn.ei cot noisóo  n odd.r egeE á nllnaa di  ciCCcoho oodrmp eroie srlgiaaólc aniem óndnete,in d ptaoEed crs ooec n rnioenomad  isícaleaa,     BOE-A-2021-15cable en https://
encontraba publicada la identificación de sus miembros. 
 
Asimismo, el artículo 24 de la LRBRL prevé que los municipios, para facilitar la participación 
ciudadana  en  la  gestión  de  los  asuntos  locales  y  mejorar  esta,  podrán  establecer  órganos 
territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada 
ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el 
término municipal; teniendo la denominación de Juntas Municipales de Distrito, según el artículo 
128 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Para los municipios de 
gran población, el artículo 128 de la citada LRBRL prevé la necesaria creación de distritos, como 
divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, correspondiendo 
al Pleno la creación y regulación de los mismos, cuya presidencia deberá corresponder en todo 
caso a un concejal. 
La información sobre la disponibilidad de información publicada relativa a las concejalías u otras 
áreas de gobierno y a las juntas de distrito o estructuras territoriales análogas, se encuentra 
recogida en el siguiente cuadro. 
Cuadro 9.   Información sobre la estructura administrativa 
(Número de entidades) 
Concejalías o áreas de  Juntas Municipales de Distrito o áreas 
Total  gobierno  territoriales 
Tipo de entidad 
entidades  No exigible 
Sí  %  Sí  %  % 
(*) 
Ayuntamientos  1.338  796  59  121  9  989  74 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100  0  0 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  135  99  53  39  77  56 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  75  95  9  11  56  71 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  236  86  20  7  209  77 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  229  64  18  5  275  77 
Entre 1 y 1.000 h.  485  115  24  16  3  372  77 
Diputaciones  41  41  100  0  0  41  100 
Cabildos insulares  7  7  100  0  0  7  100 
Consejos insulares  3  3  100  0  0  3  100 
Comarcas  14  11  79  0  0  14  100 
Mancomunidades  122  5  4  4  0  122  100 
Áreas metropolitanas  3  3  100  0  0  3  100 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  8  100 
EATIM  372  16  4  0  0  372  100 
TOTAL  1.908  882  46  122  6  1.559  82 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales no obligadas a disponer de estructuras administrativas territoriales. 
En  relación  con  la  información  sobre  las  concejalías  o  áreas  de  gobierno,  se  publicaba 
prácticamente por la totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, excepto los de 
Albacete y San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante), así como también se 
encontraba  publicada  en  todas  las  diputaciones,  cabildos  y  consejos  insulares  y  áreas  e.
metropolitanas.  w.b
Porogra noitzraac ipóanr pteo,r  dtoisdtoristo slo, se xmceupntoic ilpoiso sA yduen tammuiennictiopsio dse  dGeu agdraalna japroab, lLaucgióon y  hTaablaíavne rap udbel ilcaa Rdoe inlaa 
(laT oLlRedBoR)L, .q ue tenían tal condición con arreglo a los criterios de las letras c) y d) del artículo 121 de
 
 
De nuevo, son las entidades de menor dimensión las que incumplen mayoritariamente con la 
obligación de publicar información sobre las concejalías o áreas de gobierno, en especial, las 
mancomunidades y agrupaciones de municipios y las EATIM, no siéndoles de aplicación las 
previsiones relativas a las estructuras territoriales. 
E)  ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Adicionalmente,  como ya  se  ha  indicado,  la  LTAIBG  exige  que  la  información  relativa  a  la 
estructura organizativa incluya la identificación de los responsables de los diferentes órganos y su 
perfil y trayectoria profesional. Se ha verificado la publicación de dicha información relativa tanto a 
los cargos electos como al personal directivo. 
En  el  siguiente  cuadro  se  recoge  la  información  relativa  a  las  entidades  analizadas  que 
identificaban  al  Presidente  de  las  mismas  y,  en  su  caso,  si  incluían  o  no  la  información 
correspondiente a su perfil y trayectoria profesional, de entre aquellas que recogían la identidad 
del máximo responsable de la entidad local. 
Cuadro 10.  Información  sobre  la  identidad  y  el  perfil  y  trayectoria  profesional  del 
presidente de la entidad local 
(Número de entidades) 
Perfil y trayectoria 
Total  Presidente 
Tipo de entidad  profesional (*) 
entidades 
Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  1.138  85  360  32 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  137  100  126  92 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  79  100  51  65 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  267  98  107  40 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  333  93  53  16 
Entre 1 y 1.000 h.  485  316  65  17  5 
Diputaciones  41  41  100  35  85 
Cabildos insulares  7  7  100  6  86 
Consejos insulares  3  3  100  3  100 
Comarcas  14  12  86  4  33 
Mancomunidades  122  37  30  4  11 
Áreas metropolitanas  3  3  100  2  67 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  -  - 
EATIM  372  66  18  0  0 
TOTAL  1.908  1.307  69  414  32 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales para las que se ha verificado la publicación de la identidad del presidente. 
Por lo que se refiere a la publicación de la identidad de los concejales o de los miembros del 
máximo órgano de gobierno de las entidades analizadas, así como de su perfil y trayectoria 
profesional,  para  aquellos que  se  encuentran identificados,  los resultados  se recogen  en  el  e.
siguiente cuadro.  w.
 
Cuadro 11.  Información sobre la identidad y el perfil y trayectoria profesional de los 
responsables del máximo órgano de gobierno de la entidad local 
(Número de entidades) 
Responsables del máximo  Perfil y trayectoria 
Total 
Tipo de entidad  órgano de gobierno  profesional (*) 
entidades 
Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  1.052  79  342  33 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  137  100  131  96 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  79  100  47  59 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  255  93  96  38 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  309  86  48  16 
Entre 1 y 1.000 h.  485  266  55  14  5 
Diputaciones  41  41  100  35  85 
Cabildos insulares  7  7  100  7  100 
Consejos insulares  3  3  100  2  67 
Comarcas  14  13  93  4  31 
Mancomunidades  122  21  17  2  10 
Áreas metropolitanas  3  3  100  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  -  - 
EATIM  372  31  8  1  3 
TOTAL  1.908  1.171  61  394  34 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales para las que se ha verificado la publicación de la identidad de los responsables del máximo órgano 
de gobierno. 
En relación con la publicidad sobre los cargos electos o máximos responsables de las entidades 
analizadas, se observa un porcentaje relevante de ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y de 
entidades de menor dimensión que no publicaban la identidad del Presidente ni de los miembros 
del máximo órgano de gobierno, o bien se encontraban publicados los titulares de la Corporación 
anterior, no habiendo sido actualizada la información tras los resultados de las elecciones locales 
de 26 de mayo de 2019, pese a haber transcurrido más de un año desde su celebración. 
Asimismo, en determinados casos se ha verificado que únicamente se encontraba publicada la 
identidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, sin recogerse la del resto de los 
miembros del Pleno, circunstancia que se considera que no cumple adecuadamente con los 
requerimientos de la LTAIBG, dado que la Ley exige que se publique la información relativa a los 
responsables de los diferentes órganos. 
En cambio, la totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como de las 
diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas publicaban la identidad del 
Presidente y de los responsables que componían el órgano colegiado superior de la respectiva 
entidad local. 
Entre las entidades que sí identificaban a los miembros de su máximo órgano de gobierno, se ha  e.
verificado que no publicaban información acerca del perfil y trayectoria profesional de aquellos los  w.b
Ayuntamientos de Avilés (Asturias), Estepona (Málaga), Ferrol (A Coruña), Ponferrada (León),  644ww
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y Torrelavega (Cantabria).

 
 
Personal directivo 
Por otra parte, la referencia que hace el artículo 6.1 de la LTAIBG a los responsables de los 
diferentes órganos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de las normas en 
materia de publicidad activa lleva a considerar incluidos entre ellos, en relación con las entidades 
locales, a otros empleados al servicio de las mismas y que, generalmente, tienen la condición de 
personal  directivo.  La  existencia  de  esta  categoría  de  órganos  directivos  está  recogida 
expresamente  en  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LRBRL,  como  los  titulares  de 
órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las 
directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación, así como se prevé la 
existencia de órganos directivos para los municipios de gran población, regulados en el Título X de 
esta última Ley. En el caso de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, el artículo 32 bis de 
la LRBRL prevé su existencia con carácter opcional. 
En  el  siguiente  cuadro  se  recogen  los  resultados  de  las  verificaciones  sobre  la  eventual 
publicación, por parte de las entidades analizadas, de la información sobre la identidad el personal 
de carácter directivo y, en relación con aquellos que figuran identificados, acerca de la publicación 
de su perfil y trayectoria profesional. 
Cuadro 12.  Información  sobre  la  identidad  y  el  perfil  y  trayectoria  profesional  del 
personal directivo de la entidad local 
(Número de entidades) 
Personal  Perfil y trayectoria 
Total 
Tipo de entidad  directivo  profesional (*) 
entidades 
Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  73  5  24  33 
Más de 500.000 h.  6  6  100  5  83 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  41  30  17  41 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  3  4  1  33 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  9  3  0  0 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  12  3  1  8 
Entre 1 y 1.000 h.  485  2  0  0  0 
Diputaciones  41  17  41  6  35 
Cabildos insulares  7  5  71  3  60 
Consejos insulares  3  3  100  2  67 
Comarcas  14  3  21  3  100 
Mancomunidades  122  1  1  0  0 
Áreas metropolitanas  3  2  67  1  50 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  -  - 
EATIM  372  0  0  -  - 
TOTAL  1.908  104  5  39  38 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades locales para las que se ha verificado la publicación de la identidad del personal directivo. 
Un total de 104 entidades publicaban la información sobre la identidad del personal directivo, si  e.
bien un porcentaje muy significativo de las entidades analizadas no disponían necesariamente de  w.b
tales cargos directivos. Entre las que publicaban dicha información, un porcentaje relevante de  644ww
etitllualsa renso  dreec oógrgíaann, ossi nd ieremcbtiavrogso, , dlae sitnafcoarmndaoc iólan  fsaoltbar ed ee l ppuebrfliicl ayc ilóan t radyee cdtiochriaa  pinrfoofremsiaocniaóln  deen  lolas 
mmaeytroorpíao lidtaen aloss.  ayuntamientos de población inferior a 50.000 habitantes, diputaciones y áreas
 
En todo caso, existe una cierta indefinición en la LTAIBG acerca de los órganos a los que afectan 
estas obligaciones en materia de publicidad activa, no habiendo sido tampoco objeto de desarrollo 
reglamentario,  lo  que  coadyuva  al  insuficiente  grado  de  transparencia  observado  sobre  la 
estructura organizativa de las entidades locales. 
F)  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
El artículo 6.2 de la LTAIBG establece, en su párrafo primero, que “las Administraciones Públicas 
publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 
así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución”, a lo que añade que se 
publicará periódicamente información sobre su grado de cumplimiento y resultados, junto con los 
indicadores de medida y valoración, en la forma que se determine por cada Administración 
competente. 
Planificación estratégica y operativa 
En el ámbito de la planificación plurianual, destaca la adopción por las entidades locales de 
diferentes instrumentos, de entre los que se han analizado, por su especial relevancia y por su 
carácter general, los denominados Planes Estratégicos, los cuales alcanzan al conjunto de la 
organización  y  que,  si  bien  no  tienen  un  carácter  obligatorio  en  cuanto  a  su  elaboración, 
contribuyen a una gestión más eficiente y eficaz dirigida a la modernización y progreso de la 
Administración Pública. Asimismo, también han sido objeto de análisis aquellos más específicos, 
como son los Planes Estratégicos de Subvenciones, a los que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de carácter sectorial, y los Planes de 
Igualdad que permitan integrar el derecho a la igualdad en el ejercicio de sus competencias a la 
entidad local, teniendo estos un carácter transversal.    
A este último respecto, el apartado 2 de la Disposición adicional séptima del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público establece que “las Administraciones Públicas deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el 
mismo”.  
La información sobre publicidad de los instrumentos de planificación estratégica y en materia de 
igualdad se recoge en el siguiente cuadro. 
   
 
 
Cuadro 13.  Información sobre planificación estratégica y de igualdad 
(Número de entidades) 
Plan Estratégico de 
Total  Plan Estratégico  Plan de Igualdad 
Tipo de entidad  Subvenciones 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  179  13  126  9  167  12 
Más de 500.000 h.  6  5  83  5  83  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  89  65  52  38  64  47 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  22  28  16  20  26  33 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  35  13  31  11  47  17 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  18  5  14  4  17  5 
Entre 1 y 1.000 h.  485  10  2  8  2  7  1 
Diputaciones  41  20  49  26  63  22  54 
Cabildos insulares  7  2  29  6  86  1  14 
Consejos insulares  3  0  0  3  100  1  33 
Comarcas  14  1  7  0  0  3  21 
Mancomunidades  122  1  1  0  0  2  2 
Áreas metropolitanas  3  3  100  1  33  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  0  0  0  0  2  1 
TOTAL  1.908  206  11  162  8  199  10 
Fuente: Elaboración propia. 
En el ámbito de los municipios de más de 500.000 habitantes, el Ayuntamiento de Zaragoza era el 
único que no tenía publicado un Plan Estratégico en su página web o portal de transparencia y el 
de Barcelona no lo había hecho respecto al Plan Estratégico de Subvenciones, mientras que 
todos ellos disponían de información sobre los planes de igualdad aplicables. Para los restantes 
tramos de población, el grado de disponibilidad de tales instrumentos de planificación se reducía a 
medida que disminuye el número de habitantes. 
Los resultados obtenidos para el resto de entidades analizadas muestran un escaso grado de 
publicidad activa en relación con la planificación plurianual, destacando la escasa disponibilidad 
de información en relación con los Planes Estratégicos en el caso de las diputaciones (publicados 
en un 49 % de las entidades analizadas), cabildos y consejos insulares (en un 29 % y un 0 %, 
respectivamente). En relación con estos últimos, únicamente el Consejo Insular de Menorca 
señala que se encontraba en proceso de publicación de la información relativa a la planificación 
estratégica. 
En el caso de las comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM, los niveles 
de publicación de la planificación estratégica plurianual eran muy reducidos. 
Por lo que se refiere a las entidades dependientes, un 51 % de ellas no publicaba ningún 
documento de planificación estratégica y el 58 % tampoco respecto a los planes de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
Respecto a la planificación operativa, en el  siguiente cuadro se recoge el resultado de las  bo
comprobaciones efectuadas sobre otros planes de carácter sectorial, como son los relativos a la  644ww
ddeen momoviinliaddaad  Aurgbeanndaa,  2e1n,t raes oí tlrooss .r elacionados con cuestiones sociales o en materia de seguridad y
 
Cuadro 14.  Información sobre planificación operativa 
(Número de entidades) 
Planes  Planes de  Planes de 
Agenda 21  Otros planes 
Tipo de entidad  sociales  seguridad  movilidad 
Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Parcialmente  % 
Ayuntamientos  190  14  107  8  46  3  92  7  381  28  13  1 
Más de 500.000 h.  6  100  6  100  2  33  5  83  6  100  0  0 
Entre 50.001 y 500.000 h.  77  56  49  36  24  18  51  37  101  74  0  0 
Entre 20.001 y 50.000 h.  25  32  16  20  3  4  11  14  52  66  0  0 
Entre 5.001 y 20.000 h.  46  17  23  8  11  4  16  6  106  39  3  1 
Entre 1.001 y 5.000 h.  28  8  12  3  3  1  9  3  84  23  6  2 
Entre 1 y 1.000 h.  8  2  1  0  3  1  0  0  32  7  4  1 
Diputaciones  13  32  21  51  2  5  6  15  27  66  0  0 
Cabildos insulares  1  14  1  14  1  14  2  29  6  86  0  0 
Consejos insulares  2  67  0  0  0  0  2  67  3  100  0  0 
Comarcas  0  0  0  0  0  0  0  0  2  14  0  0 
Mancomunidades  1  1  1  1  0  0  2  2  2  2  1  1 
Áreas metropolitanas  1  33  1  33  0  0  1  33  1  33  0  0 
Agrupaciones de municipios  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
EATIM  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1 
TOTAL  208  11  131  7  49  3  105  6  423  22  16  1 
Fuente: Elaboración propia. 
Al igual que en el caso de los planes plurianuales, la mayoría de las entidades analizadas no 
publicaba información relativa a su planificación operativa, salvo los ayuntamientos de más de 
500.000 habitantes, en los que se recogían distintos instrumentos como planes de desarrollo 
sostenible, agendas sociales y planes de movilidad urbana. En el caso de los ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes, comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM, 
carecían prácticamente en su totalidad de documentos publicados. 
En general, se observa un insuficiente grado de publicidad activa en materia de planificación, tanto 
estratégica como operativa, teniendo en cuenta que la LTAIBG no alude a planes concretos, cuya 
especificación facilitaría delimitar el alcance de las obligaciones en esta materia. 
Evaluación de planes y programas 
Por lo que se refiere a la evaluación de los planes y programas, la normativa reguladora del 
ámbito local no recoge, con carácter general, los procedimientos y criterios de evaluación de los 
resultados derivados de la planificación, correspondiendo determinarlos, en consecuencia, a cada 
una de las entidades locales. 
Se ha verificado la publicidad ofrecida sobre los documentos en los que se materializaba la 
evaluación de los planes y programas y, en especial, si contenían los indicadores de medida y 
valoración previstos en el artículo 6.2 de la LTAIBG, recogiéndose los resultados obtenidos en el 
siguiente cuadro.  e
 
 
Cuadro 15.  Información sobre evaluación e indicadores de los instrumentos de 
planificación 
(Número de entidades) 
Total  Evaluación de la planificación  Indicadores (*) 
Tipo de entidad 
entidades  Sí  %  Parcialmente  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  30  2  18  1  33  69 
Más de 500.000 h.  6  1  17  1  17  2  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  13  9  11  8  17  71 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  3  4  5  6  5  63 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  9  3  1  0  6  60 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  4  1  0  0  3  75 
Entre 1 y 1.000 h.  485  0  0  0  0  0  - 
Diputaciones  41  4  10  4  10  6  75 
Cabildos insulares  7  1  14  1  14  2  100 
Consejos insulares  3  0  0  0  0  0  - 
Comarcas  14  0  0  0  0  0  - 
Mancomunidades  122  2  2  0  0  2  100 
Áreas metropolitanas  3  1  33  0  0  1  100 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  - 
EATIM  372  0  0  0  0  0  - 
TOTAL  1.908  38  2  23  1  44  72 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Entidades para las que se ha contestado “Sí” o “Parcialmente” en la pregunta sobre evaluación de la planificación. 
Los niveles de publicación de la evaluación de los planes plurianuales y operativos eran muy 
reducidos en todos los tipos de entidades locales y, entre los ayuntamientos, en todos los tramos 
de población, a lo cual contribuye, indudablemente, la falta de definición legal de la periodicidad y 
forma de llevar a cabo dicha evaluación. 
Respecto a aquellas entidades que disponían de evaluaciones sobre sus propios instrumentos de 
planificación, un número relevante de las mismas incluían entre ellas los indicadores de medida y 
valoración  empleados,  tratándose  generalmente  de  ayuntamientos  de  mayor  población, 
diputaciones y cabildos insulares. 
En el caso de las entidades dependientes, una mayoría de ellas no publicaba información sobre 
evaluaciones de los instrumentos de planificación (un 62 %), ni incluía indicadores sobre el grado 
de cumplimiento de los mismos (un 56 %). 
II.1.2.2. INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
El artículo 6 bis de la LTAIBG, añadido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dispone que los sujetos 
enumerados en el artículo 77.1 de esta última Ley Orgánica publicarán, en aplicación del artículo 
31 de la misma, su inventario de actividades de tratamiento, que sustituye a la anterior obligación  es
de notificar los ficheros de datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos.  oe.
Elvainn tcAruedl amlodisan isss utorja edcteoiópsne a n Ldlooiescn aqtleu, sea  drseeí f iaceqoreum eloall a oslob. sli goarcgióann isamntoesri opr úsbel iceonsc uye netrnatnid laadse esn tdidea ddeesr eqcuheo  inptúebglriacno   2021-15644n https://ww
 
Por su parte, el artículo 31.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales establece la obligación, para los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de 
la misma, de hacer público un inventario de las actividades de tratamiento, accesible por medios 
electrónicos, en el que constará la información del registro de las citadas actividades a que se 
refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y su base legal. 
La información sobre la disponibilidad del inventario de actividades de tratamiento de datos figura 
en el siguiente cuadro. 
Cuadro 16.  Información sobre el inventario de actividades de tratamiento 
(Número de entidades) 
Inventario de actividades 
Total 
Tipo de entidad  de tratamiento 
entidades 
Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  128  10 
Más de 500.000 h.  6  5  83 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  42  31 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  15  19 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  22  8 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  23  6 
Entre 1 y 1.000 h.  485  21  4 
Diputaciones  41  20  49 
Cabildos insulares  7  0  0 
Consejos insulares  3  0  0 
Comarcas  14  1  7 
Mancomunidades  122  1  1 
Áreas metropolitanas  3  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0 
EATIM  372  0  0 
TOTAL  1.908  151  8 
Fuente: Elaboración propia. 
A pesar de que la obligación de publicación del inventario de actividades de tratamiento había 
entrado en vigor el 7 de diciembre de 2018, a la fecha de realización de las comprobaciones solo 
un número muy reducido de entidades habían publicado dicha información, correspondiendo los 
mayores niveles de cumplimiento a los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (con un 
83 %) y las diputaciones (49 %). 
Los  porcentajes  más  reducidos  se  encontraban  entre  los  cabildos  y  consejos  insulares, 
mancomunidades y agrupaciones de municipios, comarcas y ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes. 
En  el  ámbito  territorial,  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  publicación  del  inventario  de 
actividades de tratamiento era heterogéneo, publicándose en mayor medida por las entidades  e.e
locales de las comunidades autónomas de Madrid (27 %), Región de Murcia (18 %) y Aragón  b
(16 %), mientras que los niveles más reducidos se observaban en las entidades locales de  644ww
Claasn qtaube rpiar e(d0o %m)i,n Cabaasntil lean y m Laeyóonr  (m1 e%d)id, aC alassti lelan-tLidaa Mdeasn cdhea r e(3d u%ci)d ya  Ndaimvaernrsai ó(4n .%  ), comunidades en
 
 
Para las entidades dependientes, la disponibilidad del inventario de actividades de tratamiento 
también presentaba unos niveles muy reducidos, no habiéndose publicado por parte del 70 % de 
las entidades analizadas, si bien en el caso de las sociedades mercantiles,  a pesar de no 
encontrarse obligadas a disponer del mismo, dicho porcentaje disminuía hasta el 52 %, frente a 
las entidades públicas empresariales e instituciones sin fines lucrativos, que ninguna de ellas lo 
publicaba. 
II.1.2.3. INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA 
El artículo 7 de la LTAIBG establece la información de relevancia jurídica que debe ser objeto de 
publicidad activa por parte de las Administraciones Públicas y que, en el caso de las entidades 
locales, incluye los siguientes aspectos: 
a)  Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas 
por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 
derecho o tengan efectos jurídicos. 
b)  Los proyectos de disposiciones reglamentarias cuya iniciativa les corresponda. 
c)  Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 
normativos. 
d)  Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un 
periodo de información pública durante su tramitación. 
La referencia a las Administraciones Públicas incluye, en el ámbito del sector público local, a todas 
las entidades que integran la Administración Local, junto a sus organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Por su parte, la 
enumeración de las entidades locales se recoge en el artículo 3 de la LRBRL. 
No obstante, la información de relevancia jurídica a que se refiere el artículo 7 de la LTAIBG 
guarda relación, en mayor medida, con el ejercicio de las funciones que corresponden a las 
entidades locales territoriales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos y consejos insulares), frente 
al resto de entidades, previstas en el apartado 2 del artículo 3 de la LRBRL, tales como comarcas, 
agrupaciones y mancomunidades de municipios y áreas metropolitanas, que por la naturaleza de 
sus funciones no emiten generalmente esta clase de documentos. 
En el siguiente cuadro se recogen los resultados relativos al grado de cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa para cada uno de los aspectos señalados con anterioridad. 
 
Cuadro 17.  Información de relevancia jurídica 
(Número de entidades) 
Directrices e  Proyectos de  Memorias e  Información 
Total 
Tipo de entidad  instrucciones  reglamentos  informes  pública 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  198  15  186  14  56  4  259  19 
Más de 500.000 h.  6  6  100  5  83  3  50  5  83 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  62  45  55  40  27  20  68  50 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  24  30  24  30  9  11  27  34 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  67  25  51  19  15  5  69  25 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  29  8  41  11  1  0  44  12 
Entre 1 y 1.000 h.  485  10  2  10  2  1  0  46  9 
Diputaciones  41  11  27  17  41  7  17  22  54 
Cabildos insulares  7  3  43  7  100  4  57  5  71 
Consejos insulares  3  0  0  1  33  0  0  2  67 
Comarcas  14  2  14  2  14  1  7  3  21 
Mancomunidades  122  2  2  1  1  0  0  5  4 
Áreas metropolitanas  3  0  0  0  0  0  0  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  1  0  2  1  1  0  5  1 
TOTAL  1.908  217  11  216  11  69  4  301  16 
Fuente: Elaboración propia. 
Con carácter general, se observa un insuficiente grado de cumplimiento de las obligaciones de 
información  en  materias  de  relevancia  jurídica,  en  relación  con  cualquiera  de  los  aspectos 
previstos en el artículo 7 de la LTAIBG. 
Entre los ayuntamientos de municipios de más de 500.000 habitantes que no publicaban la 
referida información destaca el de Málaga, que únicamente incluía la relativa a las directrices, 
instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que supusieran una interpretación del 
derecho o tuvieran efectos jurídicos, encontrándose publicado un anuncio informativo acerca de 
estar en proceso de completar los contenidos de transparencia, conforme a lo exigido por la 
correspondiente legislación autonómica en la materia. En el caso de la información relativa a las 
memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, 
tampoco se encontraba publicada en los Ayuntamientos de Valencia y Zaragoza. 
En relación con la publicidad de los documentos que deban ser sometidos a un periodo de 
información pública durante su tramitación, se ha observado la frecuente confusión con el trámite 
de consulta pública efectuado con carácter previo a la elaboración de un proyecto de disposición 
reglamentaria,  a  que  se  refiere  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que también debe 
ser objeto de publicación en el portal web correspondiente, conforme al apartado 1 de este último 
precepto.  
Adicionalmente, la LTAIBG hace referencia a los documentos que deban ser sometidos a un  e.e
periodo  de  información  pública  durante su  tramitación, sin  distinguir entre  los supuestos  de  b
publicación del texto del proyecto de la disposición reglamentaria, cuando la norma afecte a los  644ww
dLaLePdermyAe,C icnqh,iu soetysr  a delteoi vbsione ,t s eecursoeptnsaue rec ssaa t lroedásgics ítptediomre slop icsrtier óádvnmeio  di ltaeae s  ls adpusee   rpreseinsorfosnoloaurmnsca,ia ósccn oiq,ón unafeo   qrplmouú eebs  olisaclei acl oi rtee epfnnire  eareve til sr eatsolv e éanesront íd  ceedul e lmoa  reu8tídn3ci  uodplsoer  oe 1ecle3sec3tdat.ri2 móú ndiletieicnm otloaas     OE-A-2021-15able en https://
en la sede electrónica de la entidad.
 
 
II.1.2.4. INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA 
El artículo 8 de la LTAIBG recoge la información económica, presupuestaria y estadística que 
debe  ser  objeto  de  publicación  y  que  incluye  aspectos  relacionados  con  la  contratación, 
convenios,  encomiendas,  subvenciones,  presupuestos,  cuentas  anuales,  informes  de control, 
cuestiones en materia de personal, declaraciones anuales de bienes y actividades e información 
estadística sobre la calidad de los servicios públicos, así como, en el caso de las Administraciones 
Públicas, la relación de bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho 
real.  
A)  INFORMACIÓN  SOBRE  CONTRATOS,  ENCOMIENDAS  DE  GESTIÓN,  ENCARGOS  A 
MEDIOS PROPIOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
Información sobre contratación pública 
Respecto a la información a publicar en materia contractual, la LTAIBG hace referencia a todos los 
contratos,  con  indicación  del  objeto,  duración,  importe  de  licitación  y  de  adjudicación, 
procedimiento de celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, 
número de licitadores en el procedimiento, identidad del adjudicatario, así como las modificaciones 
y demás incidencias producidas. En el caso de los contratos menores, se permite publicar la 
información trimestralmente. 
Entre las formas de llevar a cabo dicha publicidad cabe mencionar el perfil de contratante, 
instrumento que agrupa la información y documentos relativos a la actividad contractual de cada 
órgano de contratación al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos, 
incluyéndose en aquel toda la información en materia de contratación exigida por el artículo 8.1.a) 
de la LTAIBG. 
No obstante, la promulgación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) ha modificado el régimen de publicidad de la información relativa a la contratación 
de las entidades sujetas a la misma en el perfil de contratante, al establecer la preceptiva 
publicación del mismo en alguna de las Plataformas de contratación pública. 
El artículo 63.1 de la LCSP establece la obligación de difundir exclusivamente por internet el perfil 
de contratante, a lo que añade el artículo 347.3, último párrafo, de dicho texto legal, que los 
órganos  de  contratación  de  las  Administraciones  locales,  así  como  los  de  sus  entidades 
vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la 
publicación de sus perfiles de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(PLACSP) o bien, en su caso, en la de la correspondiente comunidad autónoma. La publicación 
de los contratos menores deberá efectuarse, asimismo, en el mencionado perfil de contratante, 
con periodicidad mínima trimestral, según el artículo 63.4 de la LCSP, si bien quedan exceptuados 
de dicha publicación aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a cinco mil euros, siempre 
que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores sea el de anticipo de caja fija u 
otro sistema similar para realizar pagos menores. 
En aplicación de lo anterior, se ha verificado que la publicación de información en materia 
contractual a través del perfil de contratante incluye el enlace a la correspondiente Plataforma de 
contratación, estatal o autonómica, como forma de proporcionar un acceso directo e inmediato a 
dicho perfil, así como si se encontraban publicados los contratos celebrados por cada una de las 
entidades analizadas, con distinción entre los contratos menores y no menores.  e.
La información relativa a la publicación del perfil de contratante, por las entidades analizadas,  644ww
mpuebdliicaancteió ne l deen llaac ein fao rmla aPciLóAnC sSoPb reo  lao sl ac ocontrrraetsopso ncdeileenbtrea dPolsa,t atfaonrtmo al oasu tnoon ómmeicnao,r ejus nctoo mcoon l olas 
menores, figura en el siguiente cuadro.
 
Cuadro 18.  Información sobre la contratación celebrada 
(Número de entidades) 
Enlace a la  Publicación de  Publicación de 
Total  Plataforma de  contratos no  contratos 
Tipo de entidad 
entidades  Contratación  menores  menores 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  720  54  935  70  396  30 
Más de 500.000 h.  6  5  83  6  100  5  83 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  122  88  136  99  96  69 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  65  82  76  96  45  57 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  198  73  254  93  109  40 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  187  52  274  77  85  24 
Entre 1 y 1.000 h.  485  143  29  189  39  56  12 
Diputaciones  41  39  91  41  95  39  91 
Cabildos insulares  7  5  71  7  100  6  86 
Consejos insulares  3  3  100  3  100  1  33 
Comarcas  14  10  71  10  71  5  36 
Mancomunidades  122  22  18  37  30  3  2 
Áreas metropolitanas  3  3  100  3  100  3  100 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  1  13  0  0 
EATIM  372  7  2  24  6  6  2 
TOTAL  1.908  809  42  1.061  56  459  24 
Fuente: Elaboración propia. 
Destaca, en especial, la existencia de entidades locales que seguían publicando el perfil de 
contratante en sus respectivas páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas, 
obviando el carácter exclusivo y excluyente que tiene la publicación oficial en la correspondiente 
Plataforma de contratación, según la LCSP. En el caso del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), su 
portal de transparencia contiene la información contractual e incluye un enlace a la PLACSP, pero 
en  esta  última  no figuraba  el  perfil  de  contratante  de  ningún  órgano  de  contratación  de  la 
Corporación. 
Los peores resultados se han obtenido en la publicación de la información sobre contratación 
menor, que en un número significativo de casos se seguía publicando directamente por las 
entidades, sin hacerlo además en la correspondiente Plataforma de Contratación pública. 
En el caso de las entidades dependientes, solo incluían un enlace al perfil de contratante de la 
correspondiente  Plataforma  de  Contratación,  estatal  o  autonómica,  el  37  %  del  total.  La 
información disponible era, asimismo, insuficiente al tener publicados los contratos no menores el 
46 % de las entidades y, para los contratos menores, únicamente el 19 % del total. 
Por otra parte, el artículo 8.1.a) de la LTAIBG, en su segundo párrafo, prevé la publicación de los 
datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a 
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos de sector 
público, aspecto que, tras la modificación en la regulación del perfil de contratante operada por la  e.e
LCSP, no se especifica si debe ser objeto de publicación en el referido perfil, ubicado en la  bo
Plataforma correspondiente, o bien en los servicios informáticos de cada entidad.  644ww
 
 
Convenios, encomiendas de gestión, encargos a medios propios y subvenciones 
El artículo 8.1 de la LTAIBG prevé, en su letra b), la obligación de publicar los convenios suscritos, 
incluyendo  una  mención  a  las  partes  firmantes,  objeto,  plazo  de  duración  y  obligaciones 
económicas convenidas, entre otros aspectos, así como, igualmente, las encomiendas de gestión 
que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 
subcontrataciones que se realicen; y, en la letra c), hace referencia a las subvenciones y ayudas 
públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 
En el caso de las encomiendas de gestión, se han considerado incluidas entre las mismas tanto 
las  encomiendas  administrativas  propiamente  dichas  como  los  encargos  a  medios  propios 
personificados, previstos estos últimos en los artículos 32 (para los poderes adjudicadores) y 33 
(para las entidades del sector público que no tengan dicha consideración) de la LCSP, al ser la 
regulación de esta figura de los encargos a medios propios posterior a la promulgación de la 
LTAIBG. 
En  el  siguiente  cuadro  se  recogen  los  resultados  correspondientes  a  la  publicación  de  la 
información exigible en materia de convenios suscritos, encomiendas de gestión y encargos a 
medios propios celebrados y subvenciones y ayudas públicas concedidas. 
Cuadro 19.  Información sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión y encargos a 
medios propios celebrados y subvenciones concedidas 
(Número de entidades) 
Encomiendas  Subvenciones 
Total  Convenios 
Tipo de entidad  y encargos  concedidas 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  335  25  129  10  283  21 
Más de 500.000 h.  6  5  83  3  50  5  83 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  97  71  45  33  93  68 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  45  57  22  28  35  44 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  103  38  27  10  83  30 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  64  18  20  6  51  14 
Entre 1 y 1.000 h.  485  21  4  12  2  16  3 
Diputaciones  41  33  80  15  37  30  73 
Cabildos insulares  7  7  100  6  86  6  86 
Consejos insulares  3  2  67  1  33  1  33 
Comarcas  14  2  14  1  7  2  14 
Mancomunidades  122  7  6  5  4  1  1 
Áreas metropolitanas  3  2  67  1  33  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  3  1  1  0  1  0 
TOTAL  1.908  391  20  159  8  325  17 
Fuente: Elaboración propia. 
En general, se observa un grado de cumplimiento muy reducido entre los ayuntamientos de menor  e
población, así como en las comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM,  bo
teniendo en cuenta la dificultad de muchas de estas entidades para poder utilizar algunas de estas  644ww
fpriagrezuosrnaeesn,st a cdnoe mm ceolan rloiadrs ai ndef,on drcmeobmaecireiíóannnd  apinsuf bodlriecm aagdrea es. txEiópnnre  csoaa smloo esd neet enn cdoae hr geaolblose .r as em ceedleiobsra dporo npiinogsu, nqau eo pseorna cliaósn , qpuoer   OE-A-2021-15able en https://
 
En  relación  con  las  subvenciones,  en  ocasiones,  la  información  disponible  se  refería  a  las 
convocatorias en curso, pero no así sobre los beneficiarios de las mismas. 
Por otra parte, se ha observado un número relevante de entidades que publicaban información 
sobre convenios, encomiendas y subvenciones, pero la misma no se encontraba actualizada, lo 
cual repercute negativamente sobre la transparencia de la información pública, al no disponerse 
de  la  última  información  relevante  sobre  tales  aspectos  que  suponen,  generalmente,  un 
significativo volumen de gasto público.  
B)  INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS 
El  artículo  8.1.d)  de  la  LTAIBG  establece  la  obligación  de  publicar  los  presupuestos,  con 
descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible 
sobre  su  estado  de  ejecución  y  sobre  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A este respecto, se ha verificado que las entidades tuvieran publicado el presupuesto corriente (o 
el prorrogado, si no se hubiera aprobado aquel), con desglose por partidas presupuestarias a nivel 
de concepto, incluyendo información sobre su ejecución y las modificaciones aprobadas en el 
ejercicio,  así  como  el  informe  de  la  Intervención  local  sobre  los  objetivos  de  estabilidad, 
recogiéndose los resultados en el siguiente cuadro. 
Cuadro 20.  Información sobre los presupuestos 
(Número de entidades) 
Presupuesto  Principales  Ejecución del  Estabilidad  Modificaciones 
Total 
Tipo de entidad  del ejercicio  partidas  presupuesto  presupuestaria  de crédito 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  474  35  365  27  168  13  243  18  322  24 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100  6  100  4  67  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  108  79  99  72  65  47  64  47  76  55 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  46  58  43  54  21  27  18  23  26  33 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  120  44  109  40  41  15  72  26  90  33 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  108  30  71  20  20  6  46  13  71  20 
Entre 1 y 1.000 h.  485  86  18  37  8  15  3  39  8  53  11 
Diputaciones  41  41  100  39  95  24  59  34  83  38  93 
Cabildos insulares  7  7  100  7  100  6  86  4  57  7  100 
Consejos insulares  3  3  100  3  100  1  33  1  33  2  67 
Comarcas  14  7  50  5  36  4  29  3  21  7  50 
Mancomunidades  122  8  7  8  7  1  1  2  2  7  6 
Áreas metropolitanas  3  3  100  2  67  2  67  0  0  1  33 
Agrupaciones de 
8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
municipios 
EATIM  372  6  2  1  0  1  0  1  0  1  0 
TOTAL  1.908  549  29  430  23  207  11  288  15  385  20 
Fuente: Elaboración propia.  es
Todos  los  ayuntamientos  de  población  superior  a  200.000  habitantes  y  la  totalidad  de  las  w.
diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas publicaban la información  644ww
sCoábdriez  eyl  eplr eÁsruepau eMsetotr ocpoorrliiteanntae , dsei  bSieenrv, iceino se lH cidarsáou lidceo sl,a ss oDloip uretaccoigoínaens  sPur odveinscgilaolsees  ad en Áivveill ad ey 
csaopbírteu leol,  cqounete sneid oc odnes ildoes rma isinmsuofsic. iente para dar cumplimiento a las exigencias de transparencia  BOE-A-cable e
 
 
Respecto a la ejecución presupuestaria, se ha observado la existencia de un número significativo 
de entidades que publicaban las bases de ejecución, documento que acompaña al presupuesto 
que aprueba el Pleno de la Corporación, pero ello no permite conocer el grado de cumplimiento de 
las partidas presupuestarias mediante la ejecución del presupuesto corriente o, al menos, la 
liquidación del último presupuesto cerrado. 
En particular, no informaban sobre la ejecución del presupuesto, o bien mantenían la información 
sin actualizar, las Diputaciones Provinciales de Cuenca, Girona6, Huelva, León, Lleida, Soria y 
Zamora7, el Cabildo Insular de Fuerteventura, los Consejos Insulares de Mallorca e Ibiza y el Área 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos. 
Aunque la LTAIBG no menciona expresamente la obligación de publicar información sobre las 
modificaciones  presupuestarias  aprobadas  en  el  ejercicio  corriente,  se  considera  que  esta 
información resulta significativa para conocer la ejecución del presupuesto, al suponer variaciones 
respecto  al  inicialmente  aprobado.  No  publicaban  información  actualizada  sobre  tales 
modificaciones las Diputaciones Provinciales de Burgos, León y Zaragoza, el Consejo Insular de 
Mallorca y las Áreas Metropolitanas de Servicios Hidráulicos y de Tratamiento de Residuos, 
ambas de la provincia de Valencia. 
Por  lo  que  se  refiere  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera, el artículo 165.1 del TRLRHL dispone que el presupuesto general de la 
entidad local atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria -en la actualidad, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)-, estando previsto que se 
informe sobre el mismo, antes de su aprobación, por la Intervención, incluyendo la evaluación 
relativa al cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda, 
conforme a las exigencias de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las  obligaciones  de  suministro  de  información  establecidas  en  la  mencionada  Ley  Orgánica 
2/2012. 
No informaban sobre el referido cumplimiento de objetivos de estabilidad y sostenibilidad, en 
relación con el presupuesto corriente, o bien no lo hacían de forma clara y transparente, los 
Ayuntamientos de Sevilla8 y Zaragoza, entre los municipios de más de 500.000 habitantes, ni 
tampoco las Diputaciones Provinciales de Cuenca, Girona, Huelva, Málaga, Teruel, Zamora y 
Zaragoza;  los  Cabildos  Insulares  de  El  Hierro,  Fuerteventura  y  Lanzarote;  ni  los  Consejos 
Insulares de Mallorca y Menorca. 
De  nuevo,  los  menores  niveles  de  información  publicada  en  relación  con  los  presupuestos 
aprobados y su ejecución se encuentran entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, 
mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM. 
En  el  caso  de  las  entidades  dependientes,  únicamente  los  organismos  autónomos  y  los 
consorcios  están  sujetos  a  un  presupuesto  de  gastos  limitativo,  de  carácter  administrativo, 
observándose que solo el 42 % de los mismos publicaban información sobre el presupuesto 
corriente aprobado, porcentaje que disminuía significativamente en lo referente a la ejecución y a 
las modificaciones presupuestarias aprobadas. 
                                                           
6 La Diputación Provincial de Girona, en el trámite de alegaciones, manifiesta la existencia de un error de clasificación  es
de la documentación relativa a los estados de ejecución trimestrales de los ejercicios 2019 y 2020 y que la información  oe.
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no estaba correctamente etiquetada en el gestor  w.
documental de la sede electrónica de la entidad, errores que han sido subsanado. Se ha verificado la posterior  644ww
ps7 ouLbbarl iecD ailpcaiuó tnae cjdeióecn ula cPi órrenof veidrniedc aia sli nudf oepr mZreaasmcuiopóurnae., s eton  eyl  tsráombriete  edle  caulemgpalcimioineensto,  mdaen ifloiess tao bhjaebtiveor ss udbes aneastdaob illaid faadlt ap drees puupbuleicsatacrióian, 
h8 aSbeié nhdao vseer icfiocmadporo qbuaed ola q ueen tsidea hda h pau pbulicbalidcaod doic choan i npfoorsmtearcioiórind.a d la información relativa a los objetivos de estabilidad  BOE-A-cable e
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
C)  INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS ANUALES E INFORMES DE CONTROL 
La LTAIBG establece, en su artículo 8.1.e), las obligaciones de publicidad activa en relación con 
las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización 
por parte de los órganos de control externo. 
Se ha verificado, por una parte, la publicación por las entidades analizadas de las últimas cuentas 
rendidas al Tribunal de Cuentas, bien directamente o bien a través de un enlace a las cuentas 
publicadas en el Portal de Rendición de Cuentas, en el que figuran las cuentas generales rendidas 
a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas en los últimos ejercicios. 
En relación con los informes de auditoría de cuentas, se han considerado como tales los informes 
de auditoría pública de cuentas, emitidos por el órgano de Intervención local, así como aquellos 
realizados al amparo de lo previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
sobre sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y fundaciones del sector público 
local. 
Respecto a los informes de control externo, aprobados bien por el Tribunal de Cuentas o bien por 
los Órganos de Control Externo (OCEX) autonómicos, se ha verificado que las entidades locales 
publicaran  los  informes  referidos  a  las  mismas  emitidos  en  los  tres  últimos  ejercicios, 
admitiéndose su publicación mediante un enlace al documento que figurase en la página web del 
Tribunal de Cuentas o en la del OCEX correspondiente. 
Cuadro 21.  Información  sobre  cuentas  anuales,  informes  de  auditoría  de  cuentas  e 
informes de fiscalización de los órganos de control externo 
(Número de entidades) 
Cuentas  Informes de auditoría de  Informes de órganos de 
Total  anuales  cuentas  control externo 
Tipo de entidad 
entidades  Sin 
Sí  %  Sí  %  Parcialmente  %  Sí  %  % 
informes 
Ayuntamientos  1.338  341  25  40  3  3  0  62  5  945  71 
Más de 500.000 h.  6  6  100  4  67  1  17  4  67  0  0 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  85  62  28  20  0  0  36  26  13  9 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  29  37  0  0  1  1  10  13  21  27 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  85  31  7  3  1  0  9  3  176  64 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  75  21  0  0  0  0  3  1  299  84 
Entre 1 y 1.000 h.  485  61  13  1  0  0  0  0  0  436  90 
Diputaciones  41  30  73  8  20  1  2  11  27  6  15 
Cabildos insulares  7  0  0  2  29  0  0  3  43  0  0 
Consejos insulares  3  0  0  0  0  0  0  1  33  0  0 
Comarcas  14  6  43  2  14  0  0  0  0  14  100 
Mancomunidades  122  9  7  0  0  0  0  1  1  97  80 
Áreas metropolitanas  3  1  33  0  0  0  0  0  0  3  100 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0  0  0  6  75 
EATIM  372  4  1  0  0  0  0  0  0  364  98 
TOTAL  1.908  391  20  52  3  5  0  78  4  1.435  75  e.e
Fuente: Elaboración propia.  644www.
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fundaciones dependientes de cada cabildo insular, a lo que sí han atendido varias de estas 
entidades, pero ello no es suficiente para dar cumplimiento a la obligación de publicar las cuentas 
generales que deban rendir, conforme a lo dispuesto en la LTAIBG. 
Entre  las  áreas  metropolitanas,  no  han  publicado  sus  cuentas  anuales  la  de  Barcelona 
(incumpliendo también lo dispuesto en el artículo 11.1.c) de la Ley del Parlamento de Cataluña 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) 
ni la de Servicios Hidráulicos (pese a que el del artículo 9.1.h) de la Ley de las Cortes Valencianas 
2/2015,  de  2  de  abril,  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Participación  Ciudadana  de  la 
Comunitat Valenciana recoge de forma literal lo mismo que establece la LTAIBG en esta materia). 
En relación con los informes de auditoría de cuentas, no publicaban los de todas sus entidades 
dependientes, entre los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, los de Madrid9 y Zaragoza. 
En el caso de las entidades dependientes que carezcan de informe de auditoría de cuentas, las 
entidades  de  las  que  dependan  deberían  haber  informado  expresamente  en  este  sentido, 
teniendo en cuenta que, en el caso de la auditoría pública, dicho informe solo es obligatorio para 
las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir del 1 de enero de 2019, en virtud de 
lo previsto en la disposición transitoria única del ya mencionado Real Decreto 424/2017. 
No obstante, la referencia que efectúa la LTAIBG exclusivamente a los informes de auditoría de 
cuentas determina que no esté prevista la publicación de los resultados de otras modalidades de 
control financiero, como los informes de control permanente, que se ejerce sobre la entidad local y 
sus organismos públicos sujetos a la función interventora. 
En el caso de los informes de fiscalización realizados por órganos de control externo, no se 
encontraban publicados en su totalidad por los Ayuntamientos de Málaga y Valencia, respecto a 
los de más de 500.000 habitantes, ni por otros 88 ayuntamientos de municipios de más de 50.000 
habitantes.  Tampoco  se  encontraban  publicados  por  parte  de  los  Cabildos  Insulares  de 
Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, ni por los Consejos Insulares de Ibiza y 
Mallorca, pese a disponer todos ellos de informes de fiscalización aprobados por el Tribunal de 
Cuentas o por el respectivo OCEX, incluyendo entre los mismos los correspondientes a las 
fiscalizaciones horizontales efectuadas sobre una pluralidad de entidades locales. 
Las entidades dependientes, por su parte, presentaban un reducido nivel de publicación de sus 
cuentas anuales (31 %), así como de los informes de auditoría de cuentas (15 %) y de los 
informes de fiscalización aprobados por los órganos de control externo (3 %). 
D)  RETRIBUCIONES Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS CARGOS ELECTOS 
Y EL PERSONAL 
El artículo 8.1 de la LTAIBG incluye también diversas cuestiones relacionadas con los cargos 
electos y el personal de las entidades, entre los que figuran las retribuciones percibidas por los 
altos cargos y máximos responsables de las mismas y las indemnizaciones percibidas, en su caso, 
con ocasión del abandono del cargo –letra f)-; las resoluciones de autorización o reconocimiento de 
compatibilidad que afecten a los empleados públicos y las que autoricen el ejercicio de actividad 
privada al cese de los altos cargos –letra g)-; y las declaraciones anuales de bienes y actividades 
de los representantes locales, en los términos previstos en la LRBRL –letra h)-. 
Por otra parte, aunque no lo prevé expresamente la LTAIBG, se ha verificado la publicación por 
las entidades locales analizadas de las relaciones de puestos de trabajo, como instrumento de  e.
organización  en  materia  de  recursos  humanos  cuya  divulgación  (en  su  caso,  debidamente  w.b
anonimizadas) se exige en la normativa reguladora de la transparencia de la gran mayoría de las  644ww
c   o  m    u  n   i d  a  d   e  s     a  u   t ó  n   o  m    a  s  .          
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consorcio adscrito a la Corporación, informes que estaban obligados a emitirse a partir de las cuentas del ejercicio 2019.
 
Retribuciones e indemnizaciones por abandono del cargo 
En el siguiente cuadro se recogen los resultados de las comprobaciones efectuadas sobre la 
publicación de las retribuciones y de las indemnizaciones percibidas por abandono del cargo, 
referidas al Presidente y al resto de los cargos electos de las entidades analizadas. 
Cuadro 22.  Información sobre retribuciones e indemnizaciones percibidas con ocasión 
del abandono del cargo 
(Número de entidades) 
Retribuciones  Retribuciones  Indemnizaciones 
Total 
Tipo de entidad  Presidente  cargos electos  tras cese en cargo 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  485  36  453  34  109  8 
Más de 500.000 h.  6  6  100  6  100  4  67 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  117  85  117  85  39  28 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  58  73  59  75  19  24 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  143  52  140  51  23  8 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  116  32  99  28  15  4 
Entre 1 y 1.000 h.  485  45  9  32  7  9  2 
Diputaciones  41  41  100  41  100  11  27 
Cabildos insulares  7  7  100  7  100  3  43 
Consejos insulares  3  3  100  3  100  1  33 
Comarcas  14  5  36  6  43  0  0 
Mancomunidades  122  4  3  3  2  0  0 
Áreas metropolitanas  3  1  33  1  33  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  4  1  4  1  0  0 
TOTAL  1.908  550  29  518  27  124  6 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa que la mayoría de los ayuntamientos de municipios de mayor volumen de población, 
así como la totalidad  de las diputaciones y los cabildos y consejos insulares publicaban la 
información sobre las retribuciones, tanto del Presidente como del resto de cargos electos. En el 
caso  de  los  municipios  de  menor  población  y  otras  entidades  supramunicipales,  como 
mancomunidades, comarcas y agrupaciones de municipios, aunque frecuentemente los máximos 
responsables no percibían retribución alguna por el desempeño de sus cargos, no se publicaba 
información en este sentido. 
La LTAIBG, en cambio, no obliga a publicar la información sobre otros conceptos no retributivos 
previstos  para  los  cargos  electos  de  las  entidades  locales,  como  las  asistencias  por  la 
concurrencia  efectiva  a  sesiones  de  los  órganos  colegiados,  que  pueden  percibir  todos  los 
miembros de la Corporación sin dedicación exclusiva ni parcial, a las que se refiere el artículo 75.3 
de la LRBRL. 
Por lo que se refiere a las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, el  e
artículo 75.8 de la LRBRL prevé la posibilidad de que los ayuntamientos acuerden otorgar una  bo
compensación  económica  a  los  cargos  electos  que,  como  consecuencia  del  régimen  de  644ww
iesrneicgcpoournemieósnpmetaneitctsiaba nislait de pasload r  eloofsicnt,ra aalnlesizo saa  ccqpitóuuivneeid  dahdaduenebl  sidem.e rDaasnneicd mhaoaptsosete  ñinnyat cra oedsmnou  p eraael tcisbátpiimvloidinbdasiatdaodeb  sitple idsrroareifdt eoeesrxsiiaot ilene najdedle ce nunsit ,iu vpd aeucsrro cameinbnpti ere l atlreosens trc didibiafoue,s cr eaiaon ñntlooeessss     OE-A-2021-15able en https://
áreas en que se organice el gobierno local, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley
 
 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado. No publicaban esta información los Ayuntamientos de Valencia y Zaragoza, entre los de 
más de 500.000 habitantes, los Cabildos Insulares de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y 
La Palma y los Consejos Insulares de Ibiza y Menorca. 
La práctica totalidad de los ayuntamientos de menor población y de las entidades de dimensión 
reducida,  como  mancomunidades  y  agrupaciones  de  municipios,  no  publicaban  información 
alguna sobre las referidas indemnizaciones, considerándose necesario por razones de claridad 
que, cuando no hayan sido aprobadas, se indique expresamente esta circunstancia. 
Autorizaciones de compatibilidad y de ejercicio de actividades privadas y declaraciones anuales 
de bienes y actividades 
La LTAIBG dispone la publicación preceptiva de las resoluciones de autorización o reconocimiento 
de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, debiendo entenderse incluidos entre los 
mismos los titulares de órganos directivos, en aplicación de lo previsto en la disposición adicional 
decimoquinta de la LRBRL y, para los municipios de gran población, en el artículo 130.4 del 
mismo texto legal, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
Por lo que se refiere a las autorizaciones de ejercicio de actividades privadas al cese de los altos 
cargos, el artículo 75.8 de la LRBRL, como se ha indicado, limita el ejercicio de tales actividades 
durante los dos años siguientes a la finalización del mandato, remitiéndose a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado. 
Respecto a las declaraciones anuales de bienes y actividades, previstas en el artículo 75.7 de la 
LRBRL, la LTAIBG circunscribe su publicación a los representantes locales, pudiendo entenderse 
como tales los cargos electos, pero no incluye al personal directivo local ni a los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal que desempeñen puestos de libre designación en atención al 
carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman, al que también 
resulta de aplicación el régimen previsto en el citado artículo 75.7, conforme al apartado 2 de la 
disposición adicional decimoquinta de la LRBRL. 
En  el  siguiente  cuadro  figura  la  información  sobre  la  publicación  de  las  autorizaciones  de 
compatibilidad de los empleados públicos y para el ejercicio de actividades privadas por parte de 
los cargos electos, así como sobre las declaraciones anuales de bienes y actividades de estos 
últimos. 
 
Cuadro 23.  Información  sobre  autorizaciones  de  compatibilidad  y  de  ejercicio  de 
actividades privadas y sobre declaraciones anuales de bienes y actividades 
(Número de entidades) 
Autorizaciones  Autorizaciones  Declaraciones 
Total 
Tipo de entidad  compatibilidad  activ. privadas  de bienes 
entidades 
Sí  %  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  152  11  76  6  308  23 
Más de 500.000 h.  6  4  67  1  17  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  60  44  33  24  103  75 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  20  25  8  10  46  58 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  38  14  18  7  85  31 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  19  5  11  3  48  13 
Entre 1 y 1.000 h.  485  11  2  5  1  20  4 
Diputaciones  41  21  51  6  15  38  93 
Cabildos insulares  7  5  71  0  0  7  100 
Consejos insulares  3  1  33  0  0  3  100 
Comarcas  14  2  14  0  0  4  29 
Mancomunidades  122  0  0  0  0  2  2 
Áreas metropolitanas  3  1  33  0  0  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0  0  0 
EATIM  372  1  0  0  0  0  0 
TOTAL  1.908  183  10  82  4  362  19 
Fuente: Elaboración propia. 
En relación con las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 
los empleados públicos, no se habían publicado, entre los ayuntamientos de más de 500.000 
habitantes, en los de Málaga y Zaragoza, si bien este último informaba sobre el número de 
resoluciones y su causa. Tampoco informaban sobre dichas autorizaciones los Cabildos Insulares 
de El Hierro y Lanzarote y los Consejos Insulares de Ibiza y Menorca. 
La información relativa a las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas únicamente 
se encontraba publicada en un total de 76 ayuntamientos y seis diputaciones de la muestra 
analizada, considerándose como buena práctica informar expresamente de la inexistencia de 
resoluciones de reconocimiento de compatibilidad para dicho ejercicio. 
Presentan un mayor grado de disponibilidad las declaraciones anuales de bienes y actividades de 
los cargos electos, encontrándose publicadas en la totalidad de los ayuntamientos de municipios 
de población superior a 200.000 habitantes. No se encontraban publicadas, en cambio, en las 
Diputaciones Provinciales de Cáceres, Cuenca y Teruel. 
Relación de puestos de trabajo 
Como  se  ha  indicado  anteriormente,  aunque  la  LTAIBG  no  contempla  expresamente  su 
publicación, la mayoría de las legislaciones autonómicas en materia de transparencia prevén la 
obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo, aspecto que se ha analizado en la  e
fiscalización con los resultados que figuran en el siguiente cuadro.  bo
 
 
Cuadro 24.  Información sobre las relaciones de puestos de trabajo 
(Número de entidades) 
Relación de puestos 
Total 
Tipo de entidad  de trabajo 
entidades 
Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  330  25 
Más de 500.000 h.  6  6  100 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  94  69 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  30  38 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  99  36 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  65  18 
Entre 1 y 1.000 h.  485  36  7 
Diputaciones  41  31  76 
Cabildos insulares  7  3  43 
Consejos insulares  3  2  67 
Comarcas  14  5  36 
Mancomunidades  122  3  2 
Áreas metropolitanas  3  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0 
EATIM  372  3  1 
TOTAL  1.908  378  20 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa un elevado grado de publicación de esta información en los ayuntamientos de mayor 
población y en las diputaciones provinciales. En el caso de los cabildos, se publicaba dicha 
información en los de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote y, en relación con los consejos 
insulares, lo hacían los de  Mallorca y  Menorca, si bien debe tenerse en cuenta que dicha 
información no está prevista como obligatoria en la LTAIBG. 
E)  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
El artículo 8.1 de la LTAIBG, en su letra i), prevé la publicación de la información estadística 
necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de la 
competencia de cada entidad, en los términos que defina cada Administración competente. 
A este respecto, se ha analizado la publicación de la referida información estadística por parte de 
las entidades analizadas y, en particular, la disponibilidad de las denominadas cartas de servicios, 
que incluyan los compromisos de niveles de calidad de los servicios públicos, instrumento que 
facilita el conocimiento de la eficacia y eficiencia en la prestación de los mismos. Aunque no está 
contemplado en la LTAIBG, en la legislación aprobada por diversas comunidades autónomas 
(como las de Andalucía, Aragón o Madrid) se prevé expresamente la publicación de dichas cartas 
de servicios. 
En el cuadro siguiente figuran los resultados obtenidos relativos a la publicación de la información 
estadística sobre los servicios públicos y de las cartas de servicios.  e
 
Cuadro 25.  Información  estadística  sobre  el  grado  de cumplimiento  y  calidad  de  los 
servicios públicos y cartas de servicios 
(Número de entidades) 
Total  Información estadística  Cartas de servicios 
Tipo de entidad 
entidades  Sí  %  Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  59  4  96  7 
Más de 500.000 h.  6  3  50  4  67 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  37  27  54  39 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  5  6  11  14 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  12  4  18  7 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  1  0  8  2 
Entre 1 y 1.000 h.  485  1  0  1  0 
Diputaciones  41  7  17  16  39 
Cabildos insulares  7  0  0  0  0 
Consejos insulares  3  1  33  1  33 
Comarcas  14  1  7  2  14 
Mancomunidades  122  0  0  0  0 
Áreas metropolitanas  3  1  33  1  33 
Agrupaciones de municipios  8  0  0  0  0 
EATIM  372  0  0  0  0 
TOTAL  1.908  69  4  116  6 
Fuente: Elaboración propia. 
Se  observa,  en  general,  un  muy  reducido  nivel  de  publicación  de  la  referida  información 
estadística en toda clase de entidades locales y, para los ayuntamientos, en los distintos tramos 
de población, circunstancia que viene motivada, en parte, por la escasa concreción de la LTAIBG 
sobre esta materia. 
En el caso de las cartas de servicios, a pesar de no estar prevista su publicación en la LTAIBG, la 
disponibilidad es algo superior, sobre todo en las entidades locales de mayor dimensión, teniendo 
en cuenta, como se ha indicado, que se regula la publicación de estos documentos en diversas 
leyes autonómicas.  
F)  RELACIONES DE BIENES INMUEBLES 
El artículo 8.3 de la LTAIBG establece que las Administraciones Públicas publicarán la relación de 
bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. Esta 
información debe constar en los inventarios de bienes y derechos que integran el patrimonio de 
las entidades locales, que están obligadas a su llevanza en virtud de lo previsto en el artículo 32.1 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, estableciendo este último la necesidad de formar inventarios 
separados  de  los  bienes  y  derechos  pertenecientes  a  las  entidades  dependientes  con 
personalidad propia. 
La información sobre las relaciones de bienes inmuebles de las entidades locales analizadas  w.b
figura en el siguiente cuadro.  644ww
 
 
Cuadro 26.  Información sobre las relaciones de bienes inmuebles 
(Número de entidades) 
Relaciones de 
Total 
Tipo de entidad  bienes inmuebles 
entidades 
Sí  % 
Ayuntamientos  1.338  265  20 
Más de 500.000 h.  6  4  67 
Entre 50.001 y 500.000 h.  137  83  58 
Entre 20.001 y 50.000 h.  79  32  41 
Entre 5.001 y 20.000 h.  273  71  26 
Entre 1.001 y 5.000 h.  358  55  15 
Entre 1 y 1.000 h.  485  20  4 
Diputaciones  41  37  90 
Cabildos insulares  7  6  86 
Consejos insulares  3  3  100 
Comarcas  14  2  14 
Mancomunidades  122  3  2 
Áreas metropolitanas  3  0  0 
Agrupaciones de municipios  8  0  0 
EATIM  372  1  0 
TOTAL  1.908  317  17 
Fuente: Elaboración propia. 
A pesar de la obligación de disponer de inventarios, con información específica separada sobre 
los bienes inmuebles y sobre los derechos reales, se observa un reducido nivel de cumplimiento 
de la obligación de publicar la información actualizada relativa a tales inmuebles y derechos. 
Resulta destacable que, en un número significativo de entidades, sí figuraba publicada dicha 
información, pero se encontraba desactualizada, como ocurre en los Ayuntamientos de Málaga y 
Sevilla, entre los de más de 500.000 habitantes. 
No se encontraba publicada de manera accesible dicha información, o bien no estaba actualizada, 
en las Diputaciones Provinciales de A Coruña, Huelva, Teruel y Toledo, así como en el Cabildo 
Insular de Lanzarote. 
II.1.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE PUBLICIDAD ACTIVA 
Al margen de los análisis específicos de las distintas materias reguladas en la LTAIBG, que se 
recogen  en  los  epígrafes  anteriores,  se  ha  efectuado  un  análisis  global  sobre  el  grado  de 
incumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa,  para  lo  cual  se  ha  utilizado  como 
indicador el porcentaje de respuestas “No” obtenidas, respecto del total, en el conjunto del 
cuestionario cumplimentado a partir de los resultados de las verificaciones realizadas sobre las 
páginas webs, portales de transparencia y sedes electrónicas, para cada una de las entidades 
analizadas.  e.
Como se ha señalado con anterioridad, el porcentaje de respuestas negativas respecto al total de  644ww
pmraetgeurinat adse  dpeul bcliuciedsatido naacrtiiova p, eorbmsieterv áensdtimosaer  mela ygoraredso  indceu mincpulimmipelnimtoiesn, tpoo rd eté rlmasin oob mligeadcioio,n eens  leons 
amyuunnitcaipmioiesn yto EsA dTeI Mm, eqnuoer  spuoeblleanc idóins pyo onterra ds ee mnteidnaodreess,  rceocmuros oms.a ncomunidades y agrupaciones de
 
En el Anexo 5 se recoge, para todos los ayuntamientos de la muestra, clasificados por provincias 
y por tramos de población, el grado de incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 
Los mayores porcentajes se observan, con carácter general, en las entidades de las provincias de 
Segovia y Salamanca (con un 86 % de respuestas negativas) y Cuenca (81 %), mientras que los 
mejores resultados se obtienen en las de las provincias de Barcelona (42 %) y Las Palmas (46 %). 
En el análisis por tramos de población, destacan los resultados favorables de las entidades locales 
catalanas, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, en los que se observa que la 
mayoría  cuentan  con  un  modelo  común  de  portal  de  transparencia  y  sede  electrónica, 
proporcionado por la Generalitat de Cataluña. En cambio, los peores resultados en términos de 
porcentaje de grado de incumplimiento, para el tramo de 1 a 1.000 habitantes, corresponden a los 
ayuntamientos de las provincias de Segovia (90 %) y Salamanca (88 %) y, para el tramo de 1.001 
a 5.000 habitantes, a los de Salamanca (85 %) y Albacete (84 %). 
Se ha verificado que un número significativo de ayuntamientos de estas provincias con peores 
resultados contaban con un portal de transparencia y una sede electrónica de estructura similar, 
pero sin el contenido mínimo de información publicada exigible para dar adecuado cumplimiento a 
las exigencias de la LTAIBG. 
A este respecto, se ha analizado el papel de las diputaciones provinciales y forales en su función 
de asistencia a los municipios de menor población, habiéndose observado un papel activo en los 
siguientes casos: 
‒  La Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación BiscayTik, dependiente de aquella, impulsaban 
el proyecto denominado “Udala Zabaltzen/Gobierno Abierto”, consistente en una plataforma 
online a disposición de las entidades locales de la provincia mediante un servicio web que 
permite proporcionar información relevante en materia de transparencia. 
‒  La Diputación Foral de Gipuzkoa proporcionaba, dentro de su Plataforma de gobierno abierto, 
la posibilidad de acceder mediante enlaces a los portales de transparencia de las entidades 
locales de la provincia. 
‒  La Diputación Provincial de Granada contaba con un portal de transparencia en el que se 
podía acceder a los datos de transparencia de las entidades locales. 
‒  La Diputación Provincial de Lugo, como se ha indicado anteriormente, había desarrollado el 
programa InnovaTE2, que incluye un portal de transparencia en el que se encontraban dados 
de alta un número relevante de ayuntamientos. 
En  todo  caso,  pese  al  apoyo  proporcionado por  las  diputaciones  provinciales,  comunidades 
autónomas o la Administración General del Estado, las responsables de los contenidos de las 
páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas son las propias entidades locales, lo 
que determina que, en múltiples ocasiones, dispongan de tales instrumentos, pero su contenido 
no se corresponde adecuadamente con las exigencias de la LTAIBG. 
Por lo que se refiere a las entidades dependientes, se ha efectuado un análisis, a partir del mismo 
indicador de grado de incumplimiento, comparando los resultados de aquellas con los de las 
entidades locales principales de las que dependían, obteniéndose la correlación entre unas y otras 
con el detalle que figura en el Anexo 6. 
Para la determinación de los resultados de las entidades dependientes de una misma entidad  es
local, cuando se han incluido varias en la muestra, se ha obtenido la media aritmética del  o
porcentaje de respuestas negativas de todas ellas.  644www.
dCeo mtroa npsupeadree nocbias edrvea rssues  ecno errl eAsnpeoxnod ie6n, teens  geennteidraadl,e lsa sp erinntcidipaadleess,  dseip ebniednie nsete sa psrigeuceian  qeul ep,a tcroónn 
carácter general, el grado de incumplimiento de las primeras, las dependientes, era superior al de
las segundas, de las que dependían.  Bc
 
 
Ello denota un mayor grado de incumplimiento, en términos generales, de las obligaciones de la 
LTAIBG en materia de publicidad activa por parte de las entidades dependientes respecto a sus 
entidades principales, que suelen disponer de mayores recursos humanos y materiales, y ello sin 
perjuicio del apoyo que estas últimas puedan prestar a sus dependientes. 
II.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE INFRACCIONES DE BUEN GOBIERNO EN 
MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
El Título II de la LTAIBG establece la regulación en materia de buen gobierno, que resulta de 
aplicación, en el ámbito de la Administración Local, a los altos cargos o asimilados que, de 
acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, 
incluidos  los  miembros  de  las  Juntas  de  Gobierno  de  las  entidades  locales,  sin  que  dicha 
aplicación pueda afectar, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar, 
conforme a lo previsto en el artículo 25, apartados 2 y 3, de la citada Ley. 
El artículo 28 de la LTAIBG señala que constituyen infracciones muy graves en materia de gestión 
económico-presupuestaria, las siguientes conductas cuando sean culpables: 
a)  La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea 
subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. 
b)  La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las 
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. 
c)  Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin 
crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria 
que sea aplicable. 
d)  La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta 
resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. 
e)  La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 
y 79 de la Ley General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente 
de las administraciones distintas de la General del Estado. 
f)  El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima 
de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad 
con lo previsto en el artículo 12.5 de la LOEPSF y el incumplimiento de la obligación del 
destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los 
términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley. 
g)  La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la 
preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se 
superen los límites previstos en la LOEPSF, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el TRLRHL. 
h)  La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, 
cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la LOEPSF. 
i)  La  suscripción  de  un  Convenio  de  colaboración  o  concesión  de  una  subvención  a  una 
Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y  es
Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la LOEPSF.  o
j)  La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o  644ww
k)  dEel li npclaunm dpelim reieenqtuoi lidberi ola dse o cbolingfaocrimonideasd d ceo np uebl laicratícciuólno  o2 3d dee s luam LiOniEstProS Fde.  información previstas
en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se
hubiera formulado requerimiento.  Bc
 
l)  La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión 
de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo 
con el artículo 24.3 de la LOEPSF. 
m) La  no  adopción  de  las  medidas  previstas  en  los  planes  económico-financieros  y  de 
reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la LOEPSF. 
n)  La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los 
artículos 20.5.a) y 25 de la LOEPSF, así como la no constitución del depósito previsto en el 
citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado. 
ñ)  La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se 
hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de 
Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 
26.1 de la LOEPSF. 
o)  El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas 
previstas en el artículo 26.1 de la LOEPSF. 
p)  El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 
General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. 
Precisamente,  en  relación  con  esta  última  infracción,  el  incumplimiento  del  deber  de  rendir 
cuentas al que están obligadas las entidades locales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
212.5 y 223.2 del TRLRHL, en los sucesivos Informes anuales de fiscalización del Sector Público 
Local, aprobados por el Tribunal de Cuentas, se pone de manifiesto el insuficiente nivel de 
rendición  de  la  cuenta  general  que,  de  manera  reiterada,  se  advierte  en  el  ámbito  de  la 
Administración Local. 
A tal efecto, la aplicación efectiva del régimen sancionador previsto en la LTAIBG, en lo que a la 
infracción del artículo 28.p) se refiere, coadyuvaría a la mejora de los niveles de rendición de 
cuentas de las entidades locales, por lo que se ha hecho especial hincapié en el análisis de la 
eventual incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas. 
Como se ha indicado en la introducción, las verificaciones relativas a la aplicación del régimen 
sancionador  contenido  en  la  LTAIBG  por  infracciones  en  materia  de  gestión  económico-
presupuestaria por parte de los responsables de las entidades que integran el sector público local 
se han realizado, por una parte, a partir de la información en materia de control interno que los 
órganos de Intervención local habían remitido a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas 
a la fecha de realización de las comprobaciones de fiscalización y, por otra, sobre una muestra de 
entidades locales que no habían rendido la cuenta general del ejercicio 2018 y, en su caso, de 
ejercicios anteriores. 
II.2.1. INFORMACIÓN REMITIDA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
Comunicaciones de hechos en los que el órgano interventor apreciaba la existencia de indicios de 
presuntas infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria 
La  Instrucción  sobre  remisión  de  información  relativa  al  ejercicio  del  control  interno  de  las 
Entidades Locales, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 2019, 
establece el contenido y el procedimiento de remisión de la información que los órganos de  e.
Intervención local están obligados a efectuar, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas,  w.b
en relación con el ejercicio y los resultados del control interno, en virtud de lo dispuesto en el  644ww
adretlí cRueloa l2 D18e.c3r edteol  4T2R4L/2R0H1L7,,  adseí  c2o8m doe  caobnr ile, l efiln q duee  dsaer  rceugmulpal imel ieréngtoim ae lno  jpurreídviicsoto d een c eoln atrrotílc iunltoe r5n.o2 
en las entidades del Sector Publico Local.
 
 
Este último precepto dispone que “cuando en la práctica de un control el órgano interventor 
actuante  aprecie  que  los  hechos  acreditados  o  comprobados  pudieran  ser  susceptibles  de 
constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o 
penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente”. En la letra b) del citado artículo 5.2 
del Real Decreto 424/2017 se especifica: “En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de 
infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no 
siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente, sin perjuicio de 
poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la 
incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable”. 
Para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación de remisión de información en relación con el 
control interno por parte de los órganos de Intervención local, se ha habilitado en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas un módulo específico, a través del cual, además de la información sobre la 
organización  y  el  funcionamiento  del  control  interno,  deben  comunicarse  los  acuerdos  y 
resoluciones contrarios a reparos de la Intervención, los expedientes tramitados con omisión de la 
fiscalización previa preceptiva, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos. 
Para estas tres categorías, los órganos de Intervención local deben poner de manifiesto si, en 
cada uno de los expedientes que se remiten, se aprecia que los hechos comprobados en el 
ejercicio del control interno pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción administrativa o 
puedan  dar  lugar  a  algún  tipo  de  responsabilidad,  supuestos  entre  los  que  se  incluyen 
expresamente las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria previstas en la 
LTAIBG. 
Adicionalmente, para cada uno de los expedientes remitidos (correspondientes a acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de 
ingresos), debe comunicarse si se han puesto los hechos presuntamente constitutivos de una 
infracción administrativa o de responsabilidad en conocimiento del órgano competente. 
De acuerdo con la información sobre control interno del ejercicio 2019, correspondiente a un total 
de 3.675 entidades locales, remitida a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, en el 
siguiente cuadro se incluye la información de los expedientes comunicados en los que los órganos 
de  Intervención  apreciaban  la  existencia  de  posibles  infracciones  en  materia  de  gestión 
económico-presupuestaria de la LTAIBG, así como aquellos que se comunicaron que habían sido 
puestos  en  conocimiento  del  órgano  competente  para  la  exigencia  de  las  oportunas 
responsabilidades. 
   
 
Cuadro 27.  Información  en  materia  de  control  interno  del  ejercicio  2019  relativa  a 
infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria 
(Importes en euros) 
Nº de  Nº de 
Tipo de expediente  Importe 
entidades  expedientes 
Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos de la Intervención       
Se aprecian indicios de infracción de la LTAIBG  35  743  33.857.667 
Se han comunicado los hechos al órgano competente  10  454  16.160.349 
       
Expedientes con omisión de la fiscalización previa preceptiva       
Se aprecian indicios de infracción de la LTAIBG  20  1.070  81.794.929 
Se han comunicado los hechos al órgano competente  8  145  12.322.068 
       
Anomalías detectadas en materia de ingresos       
Se aprecian indicios de infracción de la LTAIBG  1  1  5.371 
Se han comunicado los hechos al órgano competente  1  1  926.000 
TOTAL    2.414  145.066.384 
Fuente: Plataforma de Rendición de Cuentas. 
El  mayor  número  de  entidades  cuyos  órganos  de  Intervención  han  comunicado  la  eventual 
existencia de posibles infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria corresponde 
a las comunicaciones de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos de la Intervención 
local, con un total de 35, de las 1.001 entidades que habían remitido información sobre tales 
acuerdos.  En  ellas  se  habían  advertido  indicios  de  tales  infracciones  en  un  total  de  743 
expedientes, por un importe acumulado de 33.858 miles de euros. A su vez, tales acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos habían dado lugar a la comunicación de los hechos al órgano 
competente para la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores, en relación 
con diez entidades, respecto a un total de 454 expedientes comunicados, por un importe agregado 
de 16.160 miles de euros. 
En el caso de los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, en un total de 
veinte  entidades,  de  las  429  cuyos  interventores  habían  remitido  información  sobre  tales 
expedientes, se advirtió por la Intervención la existencia de eventuales infracciones en materia de 
gestión económico-presupuestaria en un total de 1.070 expedientes, por un importe acumulado de 
81.795 miles de euros. Los referidos expedientes con omisión de fiscalización previa habían dado 
lugar a la comunicación de los hechos al órgano competente respecto a un total de 145 expedientes, 
correspondientes a ocho entidades, por un importe agregado de 12.322 miles de euros. 
Por lo que se refiere a las anomalías en materia de ingresos, únicamente en el caso de una 
entidad, el Ayuntamiento de Villamalur (Castellón), de las 194 que han remitido información sobre 
tales anomalías, se ha comunicado, por parte del órgano de Intervención, la apreciación de 
posibles  infracciones,  en  relación  con  un  expediente,  por  importe  de  5  miles  de  euros, 
correspondiente  a  un  cobro  pendiente  de  aplicación;  mientras  que  para  otra  entidad,  el 
Ayuntamiento de Cártama (Málaga), se puso de manifiesto que se habían comunicado los hechos 
al órgano competente, respecto a un expediente, por importe de 926 miles de euros, si bien el  es
mismo correspondía en realidad a un conjunto de incidencias advertidas en un informe conjunto  o
de los órganos de Tesorería e Intervención.  644www.
Ahasbimeirs mreom, istied oh al ocso mrepfreorbidaodso  qeuxep eednie nnitnegsu naol  dóerg loasn oc acsooms peent eqnutee  loesn  inrteelravceiónnto rceosn m  ealn ifreésgtiamreonn 
sCaunecniotansa, dao r trparevévsis tdoe el nm laó dLuTloA IeBsGp,e csíefi choa bpíraenv icsotom puanricaa deollo l oesn h elac hPolsa taafdovremrtaid odse  aRl eTnrdibicuinóanl  ddee   BOE-A-cable e
 
 
Cuentas, por si procediese, en su caso, la incoación de un procedimiento de responsabilidad 
contable, como establece la letra b) del artículo 5.2 del precitado Real Decreto 424/2017. 
A este respecto, a la fecha de la fiscalización, los órganos de Intervención de un total de 38 
entidades locales, respecto al ejercicio 2019, y de quince entidades, respecto al ejercicio 2020, 
habían comunicado, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, la existencia de hechos 
en los que se advertía la posible existencia de responsabilidad contable, a efectos de su traslado a 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, pero en ninguno de los expedientes 
remitidos se había apreciado, por la Intervención local, la existencia de infracción en materia de 
gestión  económico-presupuestaria,  ni  se  habían  trasladado  al  órgano  competente  para  la 
iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores en materia de buen gobierno. 
Comunicaciones de otros hechos que pudieran ser constitutivos de infracción en materia de 
gestión económico-presupuestaria no apreciada por el órgano interventor 
Por otra parte, se han analizado todos los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos y los 
expedientes con omisión de fiscalización previa, comunicados por los órganos de Intervención, en 
los  que  los  interventores  no  habían  advertido  la  existencia  de  hechos  que  pudieran  ser 
constitutivos de infracción de buen gobierno, con el fin de verificar si, del contenido de los mismos, 
pudieran apreciarse indicios de que los referidos hechos estuvieran tipificados como infracción en 
materia de gestión económico-presupuestaria. 
A tal efecto, se han considerado como posibles supuestos constitutivos de la infracción prevista en 
el artículo 28.c) de la LTAIBG10, en el caso de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos de 
la Intervención, los derivados de gastos ejecutados sin crédito suficiente y adecuado o bien por un 
órgano que carecía de competencia para su realización, así como otros posibles reparos emitidos 
por omisión de requisitos o trámites considerados esenciales. En tales supuestos, cabría la 
incoación de expedientes administrativos de responsabilidad contable, conforme a lo previsto en el 
Real Decreto 700/1988, de 1 de julio. En el caso de los expedientes tramitados con omisión de la 
fiscalización previa, se ha analizado si los mismos pudieran incardinarse en la infracción prevista 
en el artículo 28.d) de la Ley11. Respecto a las anomalías detectadas en la gestión de ingresos, 
comunicadas por los órganos de Intervención, no se ha acreditado la existencia de supuestos que 
pudieran calificarse como infracciones de buen gobierno. 
En relación con los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos del órgano de Intervención, 
se comunicaron un total de 1.658 expedientes, correspondientes a 317 entidades, referidos a 
reparos emitidos por insuficiencia o inadecuación de crédito, y otros 252 expedientes, relativos a 
55 entidades, derivados de reparos por la propuesta de realización de gastos por órganos que 
carecían de la competencia para su aprobación. Se han examinado un total de 96 expedientes, en 
los que se comunicaba la existencia de reparos por gastos realizados sin crédito presupuestario o 
propuestos por órgano que no resultaba competente para aprobarlos, que pudieran incardinarse 
en la infracción tipificada en la letra c) del artículo 28 de la LTAIBG, si bien se ha observado que 
en 24 de ellos la motivación del informe del interventor no se correspondía con las referidas 
deficiencias comunicadas. 
Asimismo, se ha verificado la existencia de otros reparos, como los emitidos por la omisión en el 
expediente de requisitos o trámites esenciales, conforme a lo previsto en la letra c) del artículo 
216.2  del  TRLRHL,  correspondientes  a  supuestos  en  que  se  hubieran  apreciado  graves 
irregularidades  en  la  documentación  justificativa  del  reconocimiento  de  la  obligación  (4.049  s
expedientes) o por no haberse acreditado suficientemente el derecho de su perceptor (1.207  e.
expedientes), y que pudieran derivar de hechos constitutivos de posibles infracciones en materia  w.
de  gestión  económico-presupuestaria,  si  bien  no  fueron  considerados  como  tales  por  la  644ww
 I n  t e   r v  e   n  c  i ó   n  .                                   
o10  cCoonm inpfrroamcciisóons  ddee  log adsistopsu,e rsetcoo enno claim nioernmtoa dtivea o pbrliegsaucpiouneessta yri ao.r denación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos  BOE-A-cable e
11 Por omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando resulte preceptiva.
 
Por lo que se refiere a los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, 
entre los motivos puestos de manifiesto por los órganos de Intervención, por los que se produjeron 
las referidas omisiones, se encontraban la insuficiencia de crédito (152 expedientes), la falta de 
tramitación del correspondiente expediente (5.886 expedientes), la existencia de incumplimientos 
no justificados (104 expedientes), los supuestos de urgencia (249 expedientes), la incorrecta 
utilización del procedimiento de contratación (1.210 expedientes) y el exceso de obra ejecutada 
(23 expedientes), tratándose también de hechos susceptibles de incurrir en infracciones de buen 
gobierno. 
En ninguno de los supuestos anteriores, tanto de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
como de expedientes con omisión de la fiscalización previa, como se ha indicado, el órgano de 
Intervención había apreciado la existencia de posibles infracciones tipificadas en el artículo 28 de 
la LTAIBG y, en consecuencia, los hechos motivadores de los mismos no habían sido puestos en 
conocimiento de los órganos competentes. 
II.2.2. PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES  POR  INFRACCIONES  EN  MATERIA  DE 
GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
Además del análisis de la información en materia de control interno comunicada por los titulares 
de los órganos de Intervención local, se ha procedido a verificar la efectiva incoación y, en su 
caso, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por alguna de infracciones en 
materia de gestión económico-presupuestaria de la LTAIBG. 
Para ello, como se señala en la introducción, se ha analizado una muestra de entidades locales, 
que incluye ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y otras entidades supramunicipales, a 
cuyos Alcaldes y Presidentes se solicitó información específica, a través de la Sede Electrónica 
del Tribunal de Cuentas, acerca de la eventual iniciación, en los últimos cuatro ejercicios, de algún 
procedimiento sancionador por infracción en materia de gestión económico-presupuestaria, con 
indicación específica de si derivaba del incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, prevista 
en la letra p) del artículo 28 de la LTAIBG, o de cualquier otra infracción de las letras a) a o) del 
citado  precepto.  En  caso  de  responder  afirmativamente,  se  solicitaba  el  detalle  de  los 
procedimientos iniciados y el resultado de los mismos, con aportación de la correspondiente 
documentación justificativa. 
Adicionalmente, se solicitó a las entidades locales de la muestra seleccionada que informaran 
acerca  de  la  eventual  existencia  de  algún  procedimiento,  en  la  normativa  interna  de  la 
Corporación,  para  la  incoación,  tramitación  y  resolución  de  expedientes  sancionadores  por 
infracciones  en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria  previstas  en  el  Título  II  de  la 
LTAIBG. 
No  han  cumplimentado  el  formulario  un  total  de  148  entidades,  de  las  cuales  116  eran 
mancomunidades, si bien un total de 29 de ellas comunicaron que se encontraban disueltas o sin 
actividad, figurando aún de alta en la Plataforma de Rendición de Cuentas. 
En el cuadro siguiente se sintetizan los resultados comunicados por las 235 entidades locales que 
han cumplimentado la solicitud de información a través de la Sede Electrónica del Tribunal de 
Cuentas. 
 
 
Cuadro 28.  Procedimientos sancionadores incoados en materia de gestión económico-
presupuestaria de la LTAIBG 
(Número de entidades) 
Incoación de proced.  Incoación de proced. 
sancionadores por  sancionadores por el 
Total 
Tipo de entidad  no rendir cuentas  resto de infracciones 
entidades 
(art. 28.p) LTAIBG)  del art. 28 LTAIBG 
Sí  No  Sí  No 
Ayuntamientos  152  2  150  0  152 
Más de 50.000 habitantes  13  0  13  0  13 
Entre 20.001 y 50.000 habitantes  31  1  30  0  31 
Entre 5.001 y 20.000 habitantes  108  1  107  0  108 
Cabildos insulares  3  0  3  0  3 
Comarcas  2  0  2  0  2 
Mancomunidades  74  1  73  0  74 
Agrupaciones de municipios  4  0  4  0  4 
TOTAL  235  3  232  0  235 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en el cuadro anterior, la práctica totalidad de las entidades locales que han 
contestado  a  la  solicitud  de  información  pusieron  de  manifiesto  que  no  habían  incoado 
procedimientos  sancionadores,  en  los  cuatro  últimos  ejercicios,  por  la  falta  de  rendición  de 
cuentas  y  en  ninguna  de  ellas  se  habían  iniciado  expedientes  por  cualquiera  de  resto  de 
supuestos tipificados en el artículo 28 de la LTAIBG. Ello a pesar de que la totalidad de las 
entidades a las que se solicitó la información no había rendido la cuenta general del ejercicio 2018 
y, en el caso de las mancomunidades, tampoco las de alguno de los tres ejercicios anteriores. 
De hecho, cabe señalar que las tres entidades que contestaron afirmativamente a la pregunta 
sobre la iniciación de algún procedimiento sancionador por incumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas, los Ayuntamientos de Algodonales (Cádiz) y Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y 
la Mancomunidad de Valle Boedo (Palencia), una vez analizado el contenido de la documentación 
que  adjuntaban  a  través  de  la  Sede  Electrónica,  tampoco  habían  incoado  procedimientos 
sancionadores por infracciones de las previstas en el artículo 28.p) de la LTAIBG. 
En  el  caso  del  Ayuntamiento  de  Algodonales,  la  documentación  aportada  consiste  en  las 
alegaciones remitidas en relación con el requerimiento conminatorio, formulado por el Tribunal de 
Cuentas, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.5 de la LFTCu, como consecuencia de la 
falta de rendición de la cuenta general de los ejercicios 2013 a 2016. Dicho procedimiento 
conminatorio  dio  lugar  posteriormente  a  la  imposición  de  una  multa  coercitiva  al  Alcalde-
Presidente de la Corporación, por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de febrero de 
2019, y que no tiene naturaleza sancionadora. No se trata, en consecuencia, de un procedimiento 
sancionador en materia de gestión económico-presupuestaria del Título II de la LTAIBG. 
Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, la documentación aportada 
por la entidad incluye una Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía, firmada el 13 de junio de 2019, en la que se requería expresamente a la Corporación a 
que, en lo sucesivo, publicase en la sede electrónica, portal o página web los documentos que,  es
conforme a la legislación sectorial vigente, debieran ser sometidos a un periodo de información  o
puPcoúnanb rplclaiacrmeratt eiocdn,uu tploraao rn rd pteleoo  r As qiunnu dcetaru aslmumecp iírtlaieam fci1ieieó/r2nne0t. o a1D  4dli,ace h  dalaaep s rr e2oos4bbo alldicugeicóa incójui noinn nisioece,isa   ddld iedce et óTp  luraaab  nclrisacupíiedzan ardtdeae n  agcuceinatnia veP ard úaerble nldgiuceunall ca eiddajeea  prscA rieecnsnidoe a lna2lut 0aLc1deía6ay,.    pdEeoennrl     2021-15644n https://www.
consecuencia, el referido expediente tampoco se trata de un procedimiento sancionador incoado
 
por la entidad local por incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, tipificada en el artículo 
28.p) de la LTAIBG. 
La Mancomunidad de Valle Boedo se limita a comunicar que no tiene actividad porque está 
disuelta, aportando documento al respecto firmado por el último Presidente de la entidad, por lo 
que tampoco se había iniciado, en el periodo de referencia, procedimiento sancionador alguno por 
la falta de rendición de cuentas. 
En relación con la disponibilidad de procedimientos en la normativa interna de la entidad local para 
la incoación, tramitación y resolución de expedientes sancionadores derivados de infracciones en 
materia de gestión económico-presupuestaria, únicamente el Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca manifestó disponer de dichos procedimientos, remitiendo a tal efecto la Ordenanza 
municipal de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, aprobada inicialmente por el 
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2015, y publicada tras su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 17 de marzo de 2016.La 
referida  Ordenanza,  como  indica  su  denominación,  regula  los  aspectos  relacionados  con  la 
publicidad  activa  y  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y  la  reutilización  de  la 
información, incluyendo un régimen sancionador y de reclamaciones en relación con dichas 
materias, pero que en ningún caso hace referencia a procedimientos relativos a las infracciones 
de buen gobierno reguladas en la LTAIBG. 
En consecuencia, ninguna de las entidades que habían cumplimentado el trámite de solicitud de 
información, en relación con las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, 
disponía  de  normativa  interna  o  procedimientos  específicos  para  la  incoación,  tramitación  o 
resolución  de  los  correspondientes  procedimientos  sancionadores,  resultando  únicamente  de 
aplicación lo dispuesto en la LTAIBG. 
II.2.3. APLICACIÓN  DEL  RÉGIMEN  SANCIONADOR  PREVISTO  EN  LA  LTAIBG  EN  LAS 
ENTIDADES LOCALES 
Por  lo  que  se  refiere  a  las  causas  de  la  ausencia  de  procedimientos  sancionadores  por 
infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, detectada en la fiscalización, debe 
considerarse el desconocimiento del referido régimen sancionador, como lo demuestra la falta de 
comunicación observada de hechos advertidos por los órganos de Intervención que pudieran ser 
constitutivos de dichas infracciones, pero también puede guardar relación con las dificultades que 
plantea la adaptación de la regulación contenida en la LTAIBG al régimen jurídico local, y que se 
manifiestan tanto en la identificación de los posibles responsables de las infracciones tipificadas 
en el artículo 28 de la citada Ley, como en la regulación del procedimiento sancionador. 
De acuerdo con el artículo 25.2 de la LTAIBG, las normas sobre buen gobierno contenidas en su 
Título II son de aplicación a “los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa 
autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las 
Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. La aplicación de esta norma plantea el problema 
de la ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de una definición del concepto de 
“alto cargo”. Es cierto que la legislación autonómica sobre régimen local o los reglamentos 
orgánicos aprobados por la propia entidad local pueden establecer esa definición, pero, en su 
defecto, la identificación de los gestores sometidos, en su condición de altos cargos o asimilados, 
a la regulación del buen gobierno contenida en el mencionado Título II de la Ley requiere la 
aplicación analógica de otras normas, en virtud del artículo 25.1, segundo párrafo, de la LTAIBG,  e
que establece que, a los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno en el  bo
ámbito de la Administración General del Estado, “se considerarán altos cargos los que tengan tal  644ww
Cqcouonems, oidd esuerraa hcnaitóe ni n ldeoinsc  aaddpoolsi ce aancñ ilóoans l  edsteriag l uaDi en) nodtreemls sa uatib vlaaa p eafnirn tmaaldiazotae IcrIii.aó1 n.d1 e.d4 ec, o esnl ufal ircmttíocausn lodd ea7 t5ion.,t8 ea rd eelso elsas  ”Lm.R ieBmRbLr oess tadbel elcaes   OE-A-2021-15able en https://
Corporaciones Locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas  Bc
 
 
en que se organice el gobierno local les serán de aplicación, en el ámbito territorial de su 
competencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado.  
Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, a la que también se ha hecho 
referencia con anterioridad, se refiere al personal directivo que no es miembro electo de las 
Corporaciones Locales, disponiendo la aplicación a los titulares de los órganos directivos de las 
limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la mencionada 
Ley 3/2015, en los términos en que establece el artículo 75.8 LRBRL, antes citado, respecto de los 
cargos electos que hubieran ostentado responsabilidades ejecutivas. 
Sin embargo, la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG a los responsables a los que se 
refieren tanto el artículo 75.8 como la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL,  por 
aplicación de la normativa local en materia de conflicto de intereses, chocaría con lo establecido 
en el artículo 27.4 de la LRJSP, que, en cumplimiento del principio de tipicidad en materia de 
potestad sancionadora, establece que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no 
serán susceptibles de aplicación analógica”.  
Como consecuencia de lo anterior, y salvo que la normativa autonómica o local identifique a otros 
altos cargos de las entidades locales, el régimen sancionador previsto en los artículos 27 y 
siguientes de la LTAIBG solo resultaría aplicable a los “miembros de las Juntas de Gobierno”, a 
los que se refiere expresamente el artículo 25.2 de dicha Ley. 
Por otra parte, la regulación de la competencia y el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, contenida en el artículo 31 de la LTAIBG, plantea también importantes dificultades 
para su aplicación en el ámbito de las entidades locales.  
En cuanto a la competencia para incoar el procedimiento, el apartado 2.c) de este último precepto 
solo se refiere al supuesto en que los presuntos responsables sean personas al servicio de la 
Administración local, remitiéndose a este respecto a la regulación del régimen disciplinario de las 
entidades  locales.  No  hay  previsión  alguna  respecto  de  la  competencia  para  incoar  el 
procedimiento cuando el presunto responsable sea un miembro electo de la Corporación, si bien, 
por aplicación analógica del citado artículo 31.2.c) de la LTAIBG, tal y como prevé el artículo 4.1 
del Código Civil12, el órgano competente para incoar el procedimiento será el Presidente de la 
Corporación o el miembro de esta que, por delegación de aquel, ostente la jefatura directa del 
personal (artículo 150.1.a del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril). Se deduce, por tanto, que 
quien  resulta  competente  para  acordar  la  incoación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador puede ser, paradójicamente, el presunto responsable de la infracción, como órgano 
competente para adoptar el acto determinante de la misma.  
Respecto a la competencia para la imposición de las sanciones, según el artículo 31.4.c) de la 
LTAIBG, corresponde a “los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del 
régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los 
que se dirige el procedimiento o, en su caso, (…) el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad 
Local de que se trate”.  
Los órganos competentes para imponer sanciones disciplinarias al personal de las entidades  s
locales son el Alcalde o el Presidente de la Diputación (artículos 21.1.h) y 34.1.h) de la LRBRL), lo  e.
que plantea de nuevo el problema de que estos últimos pudieran ser los presuntos responsables  w.
de la infracción. En el caso de los municipios de gran población, la competencia para imponer  644ww
s   a  n   c  i o  n   e  s    d   i s  c  i p   li n   a  r  i a  s     c  o  r  r e   s ponde a la Junta de Gobierno Local (artículo 127.1.h) de la LRBRL),
a12t riEbnu ceiósnte d eca csoom npoe treignec ialas  yp rnooh ibuinciaó nd ed elal sa rqtíuceu lode 2fi7n.e4n  dlaes  lain fLraRcJcSioPn, edsa yd os aqnuceio nsee st,r aat ala ds eq uaep liscea rr eufniear en oerl múalt imdeo   BOE-A-cable e
precepto citado.
 
pero en los demás municipios, diputaciones y resto de entidades locales cabría interpretar que la 
imposición de sanciones tipificadas en la LTAIBG corresponde al “Pleno de la Junta de Gobierno”; 
órgano, además, inexistente con semejante denominación. Es posible entender que el Pleno de la 
entidad local es el órgano competente para sancionar a sus propios miembros, de forma análoga 
a lo previsto en el apartado 4.a) del artículo 31 de la LTAIBG, que atribuye la competencia al 
Consejo de Ministros cuando el responsable es miembro del Gobierno o Secretario de Estado, 
pero la redacción del citado precepto, en cualquier caso, plantea dificultades interpretativas que 
afectan a su aplicación práctica. 
Adicionalmente, como se ha indicado con la competencia del Presidente de la Corporación para 
incoar  el  procedimiento  sancionador,  el  acto  determinante  de  la  infracción  puede  ser,  en 
ocasiones, imputable al propio Pleno o a la Junta de Gobierno Local13, que serían también los 
órganos competentes para la imposición de la sanción. 
En consecuencia, existen dificultades en la aplicación práctica del régimen sancionador previsto 
en la LTAIBG en el ámbito de las entidades de la Administración Local, que se refieren a la 
identificación de los presuntos responsables, así como a la determinación del órgano competente 
tanto para la incoación como, en su caso, para la resolución del procedimiento sancionador, lo que 
coadyuvaría a explicar la práctica inexistencia de expedientes iniciados para la imposición de 
sanciones por las infracciones en materia de gestión económico-presupuestarias tipificadas en el 
artículo 28 del citado texto legal. 
III. CONCLUSIONES 
III.1. RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
III.1.1. INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA 
1.  Las  entidades  locales  analizadas  disponen,  en  su  mayoría,  de  página  web,  portal  de 
transparencia  y  sede  electrónica,  instrumentos  esenciales  para  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones en materia de publicidad activa de la información pública, si bien los porcentajes 
disminuyen significativamente en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y entidades 
de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM). En las entidades que no disponen de portal de 
transparencia, pese a que su carencia no implica un incumplimiento legal, la presentación de la 
información a través de otros medios no favorece, en ocasiones, el conocimiento inmediato de la 
organización y el funcionamiento de aquellas, lo que afecta negativamente a la transparencia de la 
actividad pública. (Epígrafe II.1.1) 
2.  Un número significativo de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades 
locales de menor dimensión disponen de portales de transparencia y sedes electrónicas fruto de la 
asistencia  prestada  por  las  respectivas  diputaciones  (como  ocurre  en  las  entidades  de  las 
provincias  de  A  Coruña,  Almería,  Granada,  Gipuzkoa,  Huelva,  Lugo,  Málaga  y  Bizkaia), 
comunidades autónomas (en las entidades de Cataluña) o del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, que proporcionaba un modelo normalizado susceptible de ser utilizado 
por las entidades locales, a través del denominado Portal de Administración Electrónica. (Epígrafe 
II.1.1) 
3.  La mayoría de las entidades dependientes disponen de página web propia o publican la 
información a través de la de su entidad principal, pero existe un porcentaje significativo de tales  es
entidades dependientes que carecen de portal de transparencia (un 54 %) o de sede electrónica  bo
(un 83 %), lo que repercute negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad  644ww
adc 1 3oe c  mA  t gi spv a íea ,s  t p te oa on s  rt  q e ee ,u  jn ec e  om  m ns p fae ol ot  re ,me  r ci nae o c   ne du  l e a ea  r rnrs te íut cg r  ual co ln oo  a  m  1sl   2pua 7 e rj.tte1íect.nuagcl)soi ad. ” 2e;(2  Ely.a2p,  .LíeegR)n rB dalReof Lesla ,  mI pILa.uR1rnaB.i1 cR“i)epL li ,od see ls dPaerle rognlroloa  nmd eup nolaibc iglpaeacsiló tienós,n   cleaoc moJnupónemttaei ncdtaee,   paGauortoabr iie“zlraan rod y is Ldpoioscpsaiocl nióeensr    BOE-A-2021-15cable en https://
gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal”.
 
 
4.  En los territorios con lenguas cooficiales, el 32 % de las entidades que disponen de página 
web, portal de transparencia o sede electrónica publican la información en ambas lenguas y el 51 
% lo hace parcialmente, al tener carácter bilingüe los apartados generales, pero no así el resto de 
su contenido. La mayoría de entidades locales que no publican la información en las dos lenguas 
cooficiales corresponden a Galicia (25 %), Cataluña (20 %) y la Comunitat Valenciana (19 %). La 
publicación de la información en una sola de las lenguas cooficiales limita la transparencia de la 
actividad pública a aquellas personas que conocen esa lengua y es contraria al artículo 3 de la 
Constitución Española, que establece el castellano como lengua oficial del Estado. (Epígrafe 
II.1.1) 
III.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA 
A)  EN  RELACIÓN  CON  LA  INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL,  ORGANIZATIVA  Y  DE 
PLANIFICACIÓN 
5.  La información sobre las funciones desempeñadas por las entidades locales, incluyendo los 
denominados catálogos de servicios y de procedimientos administrativos, se publica en la gran 
mayoría de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos 
insulares  y  áreas  metropolitanas,  mientras  que  en  las  mancomunidades  y  agrupaciones  de 
municipios y EATIM, los resultados son muy inferiores. En este último colectivo, las limitaciones de 
recursos personales y materiales dificultan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia 
de publicidad activa. (Subepígrafe II.1.2.1.A) 
6.  La publicación de información correspondiente a la normativa que sea de aplicación a la 
entidad, prevista en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), es muy reducida en lo referente a la regulación estatal o 
autonómica, para toda clase de entidades locales y, en los ayuntamientos, prácticamente para 
todos  los  tramos  de  población.  En  los  ayuntamientos  de  municipios  de  mayor  número  de 
habitantes se incrementa el grado de cumplimiento de la obligación de publicar la normativa de la 
propia entidad local, siendo dicha publicación muy inferior en los ayuntamientos de hasta 1.000 
habitantes y en el resto entidades de reducida dimensión. (Subepígrafe II.1.2.1.B) 
7.  En relación con la estructura organizativa, la práctica totalidad de los ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes publican la información sobre la composición del Pleno de la Corporación, 
observándose un porcentaje inferior respecto a la publicación de la composición de la Junta de 
Gobierno Local, órgano que no es obligatorio en los municipios de menos de 5.000 habitantes. 
(Subepígrafe II.1.2.1.C) 
8.  La información sobre la Comisión Especial de Cuentas, de la que deben disponer todos los 
municipios, no se publica por el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes; 
mientras  que  la  relativa  a  la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  solo  se 
encuentra publicada en el 2 % de las entidades analizadas, si bien la gran mayoría de ellas no 
estaban obligadas a disponer de ella, al no ser municipios de gran población. (Subepígrafe 
II.1.2.1.C) 
9.  En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las 
diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre 
las concejalías o áreas de gobierno. Por su parte, en todos los municipios de gran población, 
excepto en tres de ellos, se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de  s
Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos. (Subepígrafe II.1.2.1.D)  e.
10. En un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de  644ww
emnátixdimadoe só rdgea nmoe ndoer  gdoimbieenrnsoió,n o n boi esne  pfiugbulriacan  llao sin tfioturmlaarecsió nd es olab rCe oerlp porreascidióenn taen yte lroios rm, aiel mnbor ohsa bdeerl 
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obligación legal de informar sobre los responsables de los diferentes órganos de la entidad local. 
La información disponible sobre el personal directivo y su perfil y trayectoria profesional presenta 
unos niveles mucho más reducidos (Subepígrafe II.1.2.1.E) 
11. En relación con la planificación anual y plurianual, se observa un escaso número de entidades 
que publican sus planes estratégicos, incluidos los de subvenciones, y en materia de igualdad, 
con unos porcentajes insuficientes para las diputaciones y cabildos y consejos insulares, al igual 
que ocurre con la planificación operativa. La gran mayoría de los ayuntamientos de población 
inferior a 5.000 habitantes, comarcas, mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM 
prácticamente no disponen de planes publicados. En el caso de las entidades dependientes, más 
de la mitad de ellas no publican planes estratégicos ni planes de igualdad entre mujeres y 
hombres. (Subepígrafe II.1.2.1.F) 
B) EN RELACIÓN CON EL INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
12. La obligación de publicar el inventario de actividades de tratamiento de datos, introducida en 
la LTAIBG por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, se cumple por un porcentaje muy reducido de entidades 
locales, con una distribución muy heterogénea entre las entidades de distintas comunidades 
autónomas, oscilando entre las de la Comunidad de Madrid (27 %) y las de Cantabria (0 %) y 
Castilla  y  León  (1  %),  territorios  estos  últimos  en  los  que  predominaban  las  EATIM  y  los 
ayuntamientos de reducida dimensión. Un porcentaje muy significativo de entidades dependientes 
tampoco publica el mencionado inventario de actividades de tratamiento. (Subepígrafe II.1.2.2) 
C) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA 
13. Las obligaciones de información relativas a la información de relevancia jurídica presentan 
mayor relación con las funciones ejercidas por las entidades territoriales, como ayuntamientos, 
diputaciones  y  cabildos  y  consejos  insulares,  frente  al  resto  de  entidades  locales,  que 
generalmente  no  aprueban  los  documentos  de  naturaleza  jurídica  previstos  en  la  LTAIBG. 
Además, la redacción del texto legal da lugar a confusión, en ocasiones, sobre el contenido de 
dicha información, como ocurre con los documentos que deban ser sometidos a un periodo de 
información pública, siendo interpretado frecuentemente por las entidades como el trámite de 
consulta  pública  previa  a  la  elaboración  de  disposiciones  reglamentarias.  El  grado  de 
cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa, en relación con cualquier aspecto de la 
información prevista en el artículo 7 de la LTAIBG, se considera insuficiente. (Subepígrafe II.1.2.3) 
D) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA 
14. La publicación de la información en materia de contratación prevista en la LTAIBG puede 
efectuarse a través del perfil de contratante, si bien, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el mismo debe alojarse, de forma 
excluyente y exclusiva, en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en la respectiva 
Plataforma  de  Contratación  autonómica,  según  la  opción  adoptada  por  cada  entidad  local, 
habiéndose  verificado  la  existencia  de  entidades  locales  que  siguen  publicando  el  perfil  de 
contratante en sus páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas. La información 
sobre contratos menores, en un número relevante de casos, se publica directamente por las 
entidades,  sin  hacerlo  además  en  la  correspondiente  Plataforma  de  Contratación  pública. 
(Subepígrafe II.1.2.4.A)  s
15.  La información sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión, encargos a medios propios  w.
personificados y subvenciones concedidas presenta un escaso grado de publicidad o bien no se  644ww
emnecnuoern tdraim aecntusaiólinz.a dAau, neqsupee cieaslmtaesn túel teimnatrse  lnoos  auytuilnicteanm iehnatboitsu daelm peonbtela caiólgnu rneadsu cdidea  yd icehnatids adfigeus rdaes 
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16. La totalidad de ayuntamientos de más de 200.000 habitantes y de diputaciones, cabildos y 
consejos insulares y áreas metropolitanas informa sobre el presupuesto corriente, si bien, en 
ocasiones, con un desglose insuficiente de las partidas que lo integran. La obligación de publicar 
la ejecución presupuestaria, que se considera que debe incluir también información sobre las 
modificaciones  aprobadas,  se  confunde  frecuentemente  con  la  publicación  de  las  bases  de 
ejecución del presupuesto, documento elaborado con carácter previo a la aprobación del mismo, 
no permitiendo conocer el grado de cumplimiento de las principales partidas presupuestarias. Un 
número  significativo  de  diputaciones,  cabildos  y  consejos  insulares  no  informa  sobre  el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al no 
publicar el correspondiente informe del órgano de Intervención emitido con carácter previo a la 
aprobación del presupuesto. (Subepígrafe II.1.2.4.B) 
17. Ninguno de los cabildos y consejos insulares, ni la mayoría de las áreas metropolitanas, 
publica sus últimas cuentas generales rendidas, lo que constituye una carencia significativa en 
materia de publicidad activa. La exigencia de publicación de los informes de auditoría de cuentas 
alcanza únicamente a las entidades dependientes, al no establecerse la obligación de publicar 
otros resultados del control interno, como los informes de control permanente de la Intervención; 
debiendo informarse sobre las entidades dependientes que carecen de dicho informe, teniendo en 
cuenta que la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría pública se estableció a partir 
de las del ejercicio 2019. Los informes de fiscalización aprobados por los órganos de control 
externo tampoco son objeto de publicación por parte de un número significativo de entidades. Las 
entidades dependientes, por su parte, presentan también un escaso grado de publicación de las 
cuentas anuales, de los informes de auditoría de cuentas y de los informes de control externo. 
(Subepígrafe II.1.2.4.C) 
18. Las retribuciones del presidente y del resto de cargos electos de la Corporación se publica por 
la mayoría de ayuntamientos de elevada población y por la totalidad de los cabildos y consejos 
insulares, si bien la LTAIBG no obliga a informar sobre otros conceptos no retributivos, como las 
asistencias  a  los  órganos  colegiados,  a  las  que  tienen  derecho  los  miembros  electos  sin 
dedicación  exclusiva  ni  parcial.  Un  número  relevante  de  entidades  no  informaba  sobre  las 
indemnizaciones  percibidas  con  ocasión  del  abandono  del  cargo,  considerándose  necesario, 
cuando no se hubieran abonado tales indemnizaciones, que se informe expresamente sobre ello. 
(Subepígrafe II.1.2.4.D) 
19. La  mayoría  de  los  cabildos  y  consejos  insulares  no  informa  adecuadamente  sobre  las 
resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados 
públicos. El grado de información es más reducido en el caso de las autorizaciones de ejercicio de 
actividades privadas con ocasión del cese de los cargos electos y directivos, encontrándose 
publicadas  únicamente  en  un  total  de  76  ayuntamientos  y  seis  diputaciones  de  la  muestra 
analizada. La publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades presenta mejores 
resultados, estando disponibles en la totalidad de ayuntamientos de población superior a 200.000 
habitantes. (Subepígrafe II.1.2.4.D) 
20. La información estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 
públicos de la competencia de la entidad se encuentra disponible en un reducido número de 
entidades locales y, entre los ayuntamientos, en todos los tramos de población, circunstancia a la 
que contribuye la escasa concreción de la LTAIBG sobre el contenido de la información que debe 
ser publicada. Presentan un mayor grado de publicación las denominadas cartas de servicios, 
sobre todo en las entidades de dimensión más elevada, pese a no estar prevista la obligatoriedad  s
de su publicación en la LTAIBG. (Subepígrafe II.1.2.4.E)  oe.
21. La obligación de publicar, por parte de las entidades locales, la relación de bienes inmuebles  644ww
ddee  seun tpidraodpeiesd, aad p oe ssaorb rdee  lolas  oqbulieg aotsotreientdaarda nd ea lgdúisnp odneerer cdheo  inrevaeln staer icousm dpel eb pieonre usn y n dúemreecroh orse deunc ildoos 
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III.1.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE PUBLICIDAD ACTIVA 
22. El análisis global sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa se 
ha llevado a cabo mediante un indicador consistente en el porcentaje de respuestas negativas en 
relación con el total, para el conjunto de las obligaciones específicas previstas en la LTAIBG, 
observándose el mayor grado de incumplimiento en los ayuntamientos de población más reducida 
y otras entidades, como mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM, sujetas a las 
mismas  obligaciones  de  transparencia  y  que,  generalmente,  disponen  de  menos  recursos. 
(Epígrafe II.1.3) 
23. En el conjunto de entidades analizadas, los mejores resultados del indicador se obtienen para 
las entidades locales de las provincias de Barcelona y Las Palmas, mientras que el mayor grado 
de incumplimiento corresponde a las de las provincias de Segovia y Salamanca, que también 
presentan los peores resultados para los ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes. 
(Epígrafe II.1.3) 
24. Un número significativo de ayuntamientos cuentan con portales de transparencia y sedes 
electrónicas con estructuras y formatos similares, gracias al apoyo de las diputaciones o de las 
comunidades autónomas, pero en muchos casos carecen del contenido mínimo de información 
exigido por la LTAIBG. (Epígrafe II.1.3) 
25. En el caso de las entidades dependientes, siguen el mismo patrón de cumplimiento de sus 
obligaciones de publicidad activa que las entidades principales de las que dependen, si bien 
generalmente los resultados del indicador del grado de incumplimiento de aquellas son peores 
que los de estas últimas. (Epígrafe II.1.3) 
III.2.  RELATIVAS  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  NORMATIVA  SOBRE  INFRACCIONES  EN 
MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
Respecto al cumplimiento de la normativa sobre infracciones de buen gobierno en materia de 
gestión  económico-presupuestaria,  se  ha  analizado  la  eventual  apreciación  de  posibles 
responsabilidades derivadas del incumplimiento del deber legal de rendición de cuentas y del 
resto de infracciones tipificadas en el artículo 28 de la LTAIBG, tanto a partir de la información 
sobre la organización y resultados del control interno del ejercicio 2019, comunicada por los 
órganos de Intervención local a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades 
Locales, como de la información suministrada por una muestra de entidades que no habían 
rendido la cuenta general del ejercicio 2018.  
III.2.1. INFORMACIÓN REMITIDA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
26. Los órganos de Intervención de un total de 1.001 entidades locales comunicaron los acuerdos 
y resoluciones contrarios a reparos emitidos en el ejercicio 2019, entre los que figuraban 743 
expedientes, de un total de 35 entidades, en los que se apreciaba la existencia de indicios de 
posibles responsabilidades por infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de la 
LTAIBG, por un importe global de 33.858 miles de euros. A su vez, se comunicaron hechos 
advertidos por la Intervención al órgano competente para exigir dichas responsabilidades en 
relación con 454 expedientes, correspondientes a diez entidades, por un importe total de 16.160 
miles de euros. (Epígrafe II.2.1) 
27. Entre  los  expedientes  tramitados  con  omisión  de  la  fiscalización  previa  preceptiva  w.b
correspondientes  a  un  total  de  429  entidades,  los  órganos  de  Intervención  comunicaron  la  644ww
appreresucipauceiósnta driea  iennd irceiolasc dióen l ac oenx i1s.t0e7n0ci ae xdpee pdoiesnibteless,  dinef ruanc ctiootnael sd ee nv eminattee reian tdidea dgeess,t iópno re ucno nimómpoicrote-
acumulado de 81.795 miles de euros, mientras que fueron puestos en conocimiento del órgano
 
 
competente, por parte de la Intervención, un total de 145 expedientes, relativos a ocho entidades, 
por un importe total de 12.322 miles de euros. (Epígrafe II.2.1) 
28. De las 194 entidades sobre las que se habían comunicado anomalías en materia de ingresos, 
únicamente el órgano de Intervención de una de ellas había apreciado presuntas infracciones 
tipificadas en el artículo 28 de la LTAIBG, en un expediente de importe no significativo, y también 
en un solo caso se habían comunicado tales anomalías al órgano competente, por un importe total 
de 926 miles de euros, correspondiente a una pluralidad de incidencias advertidas conjuntamente 
por los órganos de Tesorería e Intervención de la entidad local. (Epígrafe II.2.1) 
29. Ninguno de los expedientes en los que los órganos de Intervención habían apreciado la 
existencia  de  posibles  infracciones  en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria  fueron 
comunicados  al  Tribunal  de  Cuentas,  a  través  del  procedimiento  previsto  para  ello  en  la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, a los efectos de la eventual incoación de un procedimiento 
de responsabilidad contable, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local. (Epígrafe II.2.1) 
30. Por lo que se refiere a los restantes acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, en los que 
el órgano de Intervención no había apreciado posibles indicios de infracción en materia de gestión 
económico-patrimonial, se ha verificado la existencia de un total de 1.658 expedientes, de un total 
de 317 entidades locales, en los que el motivo del reparo era la realización de gastos sin crédito 
adecuado y suficiente o bien gastos efectuados por órganos que carecían de la competencia para 
su aprobación, hechos que pueden corresponderse con la infracción tipificada en el artículo 28.c) 
de  la  LTAIBG.  En  estos  supuestos,  cabría  la  incoación  de  expedientes  administrativos  de 
responsabilidad contable, conforme a lo previsto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio. 
También se han comunicado 4.049 acuerdos y resoluciones contrarios a reparos por graves 
irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación y otros 1.207 
en los que la Intervención consideraba no suficientemente acreditado el derecho del perceptor. 
(Epígrafe II.2.1) 
31. En el caso de los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, sin haber 
apreciado el órgano de Intervención la existencia de una posible infracción en materia de gestión 
económico-presupuestaria, se han analizado los motivos aducidos por la Intervención, entre los 
que figuraban 152 expedientes por insuficiencia de crédito, 5.886 por falta de tramitación del 
correspondiente expediente, 104 por incumplimientos no justificados, 249 por motivos de urgencia, 
1.210 expedientes por incorrecta utilización del procedimiento de contratación y otros 23 por 
exceso de obra ejecutada; supuestos todos ellos susceptibles de incardinarse en la infracción 
tipificada en el artículo 28.d) de la LTAIBG. (Epígrafe II.2.1) 
III.2.2.  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES  POR  INFRACCIONES  EN  MATERIA  DE 
GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
32. Ninguna de las entidades a las que se solicitó información había incoado un procedimiento 
sancionador por infracción en materia de gestión económico-presupuestaria por el incumplimiento 
de la obligación de rendir cuentas regulada en la normativa presupuestaria aplicable. Únicamente 
tres entidades, de las 235 que cumplimentaron la solicitud de  información efectuada por el 
Tribunal  de  Cuentas,  informaron  haberlo  iniciado,  si  bien,  del  análisis  de  la  documentación 
remitida, se verifica que en ninguno de los tres casos se trataba realmente de expedientes  s
sancionadores por la infracción tipificada en el artículo 28.p) de la LTAIBG. Por lo que se refiere al  e.
resto de infracciones de buen gobierno del artículo 28, letras a) a o), del mismo texto legal, no se  w.
comunicó la iniciación de procedimiento sancionador alguno por las entidades a las que se había  644ww
solicitado la información. (Epígrafe II.2.2)
 
III.2.3.  APLICACIÓN  EN  LAS  ENTIDADES  LOCALES  DEL  RÉGIMEN  SANCIONADOR 
PREVISTO EN LA LTAIBG 
33. La  ausencia  de  procedimientos  sancionadores  por  infracciones  en  materia  de  gestión 
económico-presupuestaria, al margen del eventual desconocimiento del régimen sancionador 
previsto en la LTAIBG, puede guardar relación con las dificultades para la adaptación del mismo al 
régimen jurídico local, debido a las siguientes circunstancias (Epígrafe II.2.3): 
a. Falta de definición del concepto de “alto cargo” en la normativa estatal reguladora del 
ámbito local, lo que implica que, salvo definición expresa de aquel en la normativa autonómica 
o en el reglamento orgánico de la propia entidad local, únicamente cabría la aplicación del 
régimen sancionador previsto en la LTAIBG a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
b. Dificultad  para  determinar  el  órgano  competente  para  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador cuando el posible responsable sea un cargo electo, pudiendo atribuirse dicha 
competencia al presidente de la Corporación (o la persona que ejerza, por delegación, la 
jefatura de personal), quien puede ser también el presunto responsable de la infracción. 
c. Dificultad para determinar el órgano competente para la imposición de sanciones por 
infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, pudiendo interpretarse que 
dicha competencia corresponde al Pleno de la Corporación o, en el caso de los municipios de 
gran  población,  a  la  Junta  de  Gobierno  Local;  órganos  que,  asimismo,  pueden  haber 
acordado los actos determinantes de la infracción.  
IV. RECOMENDACIONES 
DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
1.  Se recomienda la implantación de portales de transparencia en todas las entidades del Sector 
Público Local, en los que debe figurar publicada la información exigida por la normativa estatal y 
autonómica en materia de transparencia, así como el resto de información que se considere 
necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia, con el fin de facilitar el acceso 
a la información que, en ocasiones, no es fácilmente localizable en la página web o la sede 
electrónica de la entidad, dificultando su conocimiento. La información publicada en los referidos 
portales de transparencia, además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, debe 
actualizarse con carácter recurrente indicando la fecha de publicación de cada contenido. 
2.  Deberían  implantarse  procedimientos  internos  y  dotarse  de  los  medios  personales  y 
materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa previstas en 
la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, actualizándose la información de 
manera  periódica  e  informando  expresamente  de  aquellos  apartados  en  los  que  no  existe 
información que deba ser publicada. 
3.  Se recomienda, con carácter general, ampliar la información objeto de publicidad activa en 
relación  con  aspectos  específicos  del  régimen  de  organización  y  funcionamiento  del  Sector 
Público Local no previstos expresamente en la LTAIBG, como los relativos a las relaciones de 
puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de 
gobierno de las entidades locales. 
4.  Deberían adoptarse disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de  o
rereéngs pilmaosen nsea nsbtaiidlniadcdaioednsea sld opocora rpl eresev veliasn ttfouig aeulnera sla  di nLefTlr aAaclItcBoiGo cn.a ersg oe no  masaitmeriliaad doe,  pbaurean  pgoodbeire ranpol,ic aasr í ecfeocmtiov armegeunltaer seel   2021-15644n https://www.
 
 
DIRIGIDA  A  LAS  DIPUTACIONES  PROVINCIALES,  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  Y  AL 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
1.  Deberían incrementarse las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades 
locales,  especialmente  a  los  municipios  de  población  inferior  a  5.000  habitantes  y  a  otras 
entidades  de  menor  dimensión,  para  que  puedan  disponer  de  páginas  web,  portales  de 
transparencia  y  sedes  electrónicas  y  proporcionarles  el  apoyo  necesario  para  mantener 
actualizado y completo el contenido de tales instrumentos. 
DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN LOCAL: 
1.  Deberían hacer hincapié, en relación con los hechos advertidos en el ejercicio de su función 
de control interno de la actividad económico-financiera, en la apreciación de aquellos que sean 
susceptibles  de  constituir  infracciones  de  buen  gobierno  tipificadas  en  la  LTAIBG  y  en  su 
comunicación al órgano competente, así como su eventual traslado al Tribunal de Cuentas por si 
procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.  
Madrid, 22 de diciembre de 2020 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1.  RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
MUESTRA ANALIZADA: EJERCICIOS 2015, 2016, 2017 Y 2018. 
ANEXO 2.  DISPONIBILIDAD DE PÁGINAS WEB EN LOS AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS. 
ANEXO 3.  DISPONIBILIDAD  DE  PORTALES  DE  TRANSPARENCIA  EN  LOS  
AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS. 
ANEXO 4.   DISPONIBILIDAD  DE  SEDES  ELECTRÓNICAS  EN  LOS  AYUNTAMIENTOS 
ANALIZADOS. 
ANEXO 5.   GRADO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA 
EN LOS AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS. 
ANEXO 6.  GRADO  DE  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES  PRINCIPALES  Y 
DEPENDIENTES ANALIZADAS. 
   
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  BOE-A-cable e
 
ANEXO 2 
 
 
DISPONIBILIDAD DE PÁGINAS WEB EN LOS AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS 
(Número de entidades) 
Población en  Entre  Entre 
Entre 1 y  Entre 1.001  Entre 5.001  Más de 
municipios de  20.001 y  50.001 y  Promedio 
Provincia  1.000 h.  y 5.000 h.  y 20.000 h.  500.000 h. 
menos de  50.000 h.  500.000 h. 
5.000 h. (%)  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  Sí  %  % 
Almería  14  5  100  8  100  4  100  2  100  3  100  -  -  100 
Cádiz  2  -  -  2  100  9  100  2  100  8  100  -  -  100 
Córdoba  15  1  100  9  100  6  100  2  100  1  100  -  -  100 
Granada  18  4  57  12  92  11  100  2  100  2  100  -  -  89 
Huelva  19  1  33  7  88  5  100  2  100  1  100  -  -  84 
Jaén  23  2  100  9  100  6  100  2  100  2  100  -  -  100 
Málaga  8  3  100  9  100  5  100  2  100  7  100  1  100  100 
Sevilla  6  -  -  8  100  16  100  3  100  3  100  1  100  100 
Huesca  39  17  100  4  100  2  100  -  -  1  100  -  -  100 
Teruel  56  18  86  3  100  1  100  1  100  -  -  -  -  88 
Zaragoza  16  10  43  8  100  4  100  1  100  -  -  1  100  65 
Las Palmas  1  -  -  -  -  4  100  3  100  5  100  -  -  100 
Sta. Cruz de Tenerife  7  -  -  5  100  5  100  2  100  3  100  -  -  100 
Cantabria  21  3  75  8  89  6  100  2  100  2  100  -  -  91 
Ávila  51  22  100  2  67  1  100  -  -  1  100  -  -  96 
Burgos  28  35  100  5  100  2  100  2  100  1  100  -  -  100 
León  35  13  87  8  89  5  100  1  100  2  100  -  -  91 
Palencia  36  17  100  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  100 
Salamanca  33  13  41  3  75  3  100  -  -  1  100  -  -  50 
Segovia  47  19  100  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  100 
Soria  50  13  76  2  100  1  100  1  100  -  -  -  -  81 
Valladolid  19  19  100  6  100  3  100  2  100  1  100  -  -  100 
Zamora  49  5  23  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  37 
Albacete  25  5  100  9  100  2  100  2  100  1  100  -  -  100 
Ciudad Real  18  5  83  7  100  6  100  2  100  1  100  -  -  95 
Cuenca  48  7  37  5  100  2  100  -  -  1  100  -  -  56 
Guadalajara  32  11  42  3  75  2  100  1  100  1  100  -  -  53 
Toledo  41  7  70  17  94  7  100  2  100  2  100  -  -  90 
Barcelona  5  10  100  17  100  23  100  3  100  18  100  1  100  100 
Girona  24  13  100  10  100  8  100  2  100  1  100  -  -  100 
Lleida  37  17  100  10  100  3  100  -  -  1  100  -  -  100 
Tarragona  21  7  100  7  100  4  100  2  100  2  100  -  -  100 
Alicante/Alacant  6  5  100  4  100  9  100  3  100  8  100  -  -  100 
Castellón/Castelló  14  8  100  5  100  3  100  2  100  2  100  -  -  100 
Valencia  11  8  100  19  100  13  100  4  100  4  100  1  100  100 
Badajoz  33  7  100  14  93  5  100  2  100  2  100  -  -  97 
Cáceres  44  16  100  11  100  3  100  1  100  1  100  -  -  100 
A Coruña  10  -  -  9  100  14  100  2  100  3  100  -  -  100 
Lugo  36  -  -  10  100  3  100  -  -  1  100  -  -  100 
Ourense  37  3  100  10  91  3  100  -  -  1  100  -  -  94 
Pontevedra  7  -  -  4  100  8  100  2  100  2  100  -  -  100 
Illes Balears  6  1  100  3  100  5  100  2  100  1  100  -  -  100 
La Rioja  23  5  83  3  100  2  100  1  100  1  100  -  -  92 
Madrid  2  4  100  8  89  12  100  3  100  21  100  1  100  98  es
Navarra  32  12  67  12  100  5  100  2  100  1  100  -  -  84  o
ÁBliazkvaai/aA raba  1140   33   110000   38   110000   16   110000   3-   100-   13   110000   --   --   110000   644www.
GAsiptuurziakso a  87   22   10607   56   110000   87   110000   21   110000   24   110000   --   --   10905 
Murcia TOTAL  121   3821   10709   3471   10907   2737   110000   793   110000   1374   110000   6-   100-   10901 
Fuente: Elaboración propia.
 
ANEXO 3 
DISPONIBILIDAD DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LOS AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS 
(Número de entidades) 
Población en  Entre  Entre 
Entre 1 y  Entre 1.001  Entre 5.001  Más de 
municipios de  20.001 y  50.001 y  Promedio 
Provincia  1.000 h.  y 5.000 h.  y 20.000 h.  500.000 h. 
menos de  50.000 h.  500.000 h. 
5.000 h. (%)  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  % 
Almería  14  5  100  6  75  4  100  1  50  3  100  -  -  86 
Cádiz  2  -  -  2  100 9  100  2  100  8  100  -  -  100
Córdoba  15  1  100  9  100  6  100  2  100  1  100  -  -  100
Granada  18  7  100  13  100  11  100  2  100  2  100  -  -  100
Huelva  19  1  33  7  88  4  80  2  100  1  100  -  -  79 
Jaén  23  2  100  8  89  5  83  2  100  2  100  -  -  90 
Málaga  8  3  100  9  100  4  80  0  0  6  86  1  100  85 
Sevilla  6  -  -  8  100 15  94  3  100  3  100  1  100  97 
Huesca  39  14  82  4  100  2  100  -  -  1  100 -  -  88 
Teruel  56  7  33  3  100  1  100  1  100  -  -  -  -  46 
Zaragoza  16  8  35  7  88  4  100  1  100  -  -  1  100 57 
Las Palmas  1  -  -  -  -  4  100  3  100  5  100  -  -  100
Santa Cruz de Tenerife  7  -  -  5  100 5  100  2  100  3  100  -  -  100
Cantabria  21  1  25  5  56  4  67  2  100  2  100  -  -  61 
Ávila  51  12  55  2  67  1  100  -  -  1  100 -  -  59 
Burgos  28  34  97  5  100  2  100  2  100  1  100  -  -  98 
León  35  14  93  9  100  5  100  1  100  2  100  -  -  97 
Palencia  36  17  100  3  100  1  100  -  -  1  100 -  -  100
Salamanca  33  24  75  4  100  3  100  -  -  1  100 -  -  80 
Segovia  47  18  95  3  100  1  100  -  -  1  100 -  -  96 
Soria  50  16  94  2  100  1  100  1  100  -  -  -  -  95 
Valladolid  19  19  100  6  100  3  100  2  100  1  100  -  - 100
Zamora  49  11  50  1  33  1  100  -  -  1  100 -  -  52
Albacete  25  3  60  5  56  1  50  2  100  1  100  -  -  63 
Ciudad Real  18  3  50  4  57  5  83  2  100  1  100  -  -  68 
Cuenca  48  4  21  2  40  2  100  -  -  1  100 -  -  33 
Guadalajara  32  21  81  4  100  2  100  1  100  1  100  -  -  85 
Toledo  41  6  60  13  72  6  86  2  100  2  100  -  -  74 
Barcelona  5  10  100  16  94  22  96  3  100  18  100  1  100  97 
Girona  24  13  100  10  100  8  100  2  100  1  100  -  - 100
Lleida  37  17  100  9  90  3  100  -  -  1  100 -  -  97
Tarragona  21  7  100  7  100  4  100  2  100  2  100  -  -  100
Alicante/Alacant  6  4  80  3  75  8  89  2  67  8  100  -  -  86 
Castellón/Castelló  14  8  100  5  100  2  67  2  100  2  100  -  -  95 
Valencia  11  7  88  17  89  12  92  4  100  4  100  1  100  92 
Badajoz  33  1  14  8  53  5  100  2  100  2  100  -  -  58 
Cáceres  44  2  13  7  64  2  67  1  100  1  100  -  -  41 
A Coruña  10  -  -  9  100 14  100  1  50  3  100  -  -  96 
Lugo  36  -  - 10  100 3  100  -  -  1  100 -  - 100
Ourense  37  2  67  9  82 3  100  -  -  1  100 -  -  83
Pontevedra  7  -  -  4  100 8  100  2  100  2  100  -  -  100
Illes Balears  6  1  100  2  67  4  80  2  100  1  100  -  -  83 
La Rioja  23  1  17  2  67  2  100  1  100  1  100  -  -  54 
Madrid  2  2  50  7  78  12  100  3  100  21  10  1  100  92  e
Navarra  32  6  33  11  92  4  80  2  100  1  100  -  -  63  o
ÁBliazkvaai/aA raba  1140   31   10303   13   3338   14   10607   3-   100-   13   110000  --   --   7651   644www.
GAsiptuurziakso a  87   01   500   31   6107   65   7751   21   110000   24   110000   --   --   6650 
Murcia  TOTAL  121   3381   10700   2941   10802   2506   8962   734   10904   1364   10909   6-   100-   9842 
Fuente: Elaboración propia.
ANEXO 4 
 
DISPONIBILIDAD DE SEDES ELECTRÓNICAS EN LOS AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS 
(Número de entidades) 
Población en  Entre  Entre 
Entre 1 y  Entre 1.001  Entre 5.001  Más de 
municipios de  20.001 y  50.001 y  Promedio 
Provincia  1.000 h.  y 5.000 h.  y 20.000 h.  500.000 h. 
menos de  50.000 h.  500.000 h. 
5.000 h. (%)  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  SÍ  %  % 
Almería  14  5  100  8  100  4  100  1  50  3  100  -  -  95 
Cádiz  2  -  -  2  100  8  89  1  50  7  88  -  -  86 
Córdoba  15  1  100  9  100  6  100  2  100  1  100  -  -  100 
Granada  18  7  100  13  100  11  100  2  100  2  100  -  -  100 
Huelva  19  1  33  7  88  5  100  2  100  1  100  -  -  84 
Jaén  23  2  100  9  100  6  100  2  100  2  100  -  -  100 
Málaga  8  3  100  9  100  5  100  2  100  7  100  1  100  100 
Sevilla  6  -  -  8  100  16  100  3  100  3  100  1  100  100 
Huesca  39  16  94  4  100  2  100  -  -  1  100  -  -  96 
Teruel  56  15  71  3  100  1  100  1  100  -  -  -  -  77 
Zaragoza  16  11  48  8  100  4  100  1  100  -  -  1  100  68 
Las Palmas  1  -  -  -  -  4  100  3  100  5  100  -  -  100 
Santa Cruz de Tenerife  7  -  -  5  100  5  100  2  100  3  100  -  -  100 
Cantabria  21  3  75  9  100  5  83  2  100  2  100  -  -  91 
Ávila  51  16  73  2  67  1  100  -  -  1  100  -  -  74 
Burgos  28  34  97  5  100  2  100  2  100  1  100  -  -  98 
León  35  14  93  9  100  5  100  1  100  2  100  -  -  97 
Palencia  36  17  100  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  100 
Salamanca  33  23  72  4  100  3  100  -  -  1  100  -  -  78 
Segovia  47  18  95  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  96 
Soria  50  16  94  2  100  1  100  1  100  -  -  -  -  95 
Valladolid  19  19  100  6  100  3  100  2  100  1  100  -  -  100 
Zamora  49  14  64  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  70 
Albacete  25  5  100  8  89  2  100  2  100  1  100  -  -  95 
Ciudad Real  18  4  67  7  100  5  83  2  100  1  100  -  -  86 
Cuenca  48  9  47  2  40  2  100  -  -  1  100  -  -  52 
Guadalajara  32  23  88  4  100  2  100  1  100  1  100  -  -  91 
Toledo  41  5  50  13  72  6  86  2  100  2  100  -  -  72 
Barcelona  5  9  90  16  94  23  100  3  100  18  100  1  100  97 
Girona  24  13  100  10  100  8  100  2  100  1  100  -  -  100 
Lleida  37  17  100  9  90  3  100  -  -  1  100  -  -  97 
Tarragona  21  7  100  7  100  4  100  1  50  2  100  -  -  95 
Alicante/Alacant  6  5  100  4  100  9  100  3  100  8  100  -  -  100 
Castellón/Castelló  14  8  100  5  100  3  100  2  100  2  100  -  -  100 
Valencia  11  7  88  19  100  13  100  4  100  4  100  1  100  98 
Badajoz  33  6  86  13  87  5  100  2  100  2  100  -  -  90 
Cáceres  44  15  94  10  91  3  100  1  100  1  100  -  -  94 
A Coruña  10  -  -  9  100  14  100  2  100  3  100  -  -  100 
Lugo  36  -  -  10  100  3  100  -  -  1  100  -  -  100 
Ourense  37  2  67  10  91  3  100  -  -  1  100  -  -  89 
Pontevedra  7  -  -  4  100  8  100  2  100  2  100  -  -  100 
Illes Balears  6  1  100  2  67  5  100  2  100  1  100  -  -  92 
La Rioja  23  5  83  3  100  2  100  1  100  1  100  -  -  92 
Madrid  2  2  50  9  100  12  100  2  67  20  95  1  100  92  s
Navarra  32  7  39  11  92  5  100  2  100  1  100  -  -  68  e.
Álava/Araba  14  2  67  3  100  1  100  -  -  1  100  -  -  88  w.b
Bizkaia  10  1  33  1  13  3  50  2  67  3  100  -  -  43  644ww
GAMsiuptruucrziiaak so aT OTAL  12871     392220     10680710     332561     11100090003     266877     11100090007     72134     11100090004     135244     11100090009     6---     100---     109990054     OE-A-2021-15able en https://
Fuente: Elaboración propia.
   
 
ANEXO 5 
 
GRADO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA EN LOS AYUNTAMIENTOS 
ANALIZADOS 
Porcentaje respecto al total de obligaciones. Promedio por provincias 
(En %) 
Entre 1 y  Entre 1.001  Entre 5.001  Entre 20.001  Entre 50.001  Más de 
Provincia  1.000  y 5.000  y 20.000  y 50.000  y 500.000  500.000  Promedio 
habitantes  habitantes  habitantes  habitantes  habitantes  habitantes 
Almería  82  78  73  63  43  -  72 
Cádiz  -  63  63  55  50  -  57 
Córdoba  70  64  50  40  14  -  55 
Granada  72  70  58  42  37  -  63 
Huelva  85  68  63  64  22  -  67 
Jaén  77  70  69  54  49  -  67 
Málaga  72  64  56  68  51  29  59 
Sevilla  -  61  58  52  44  14  55 
Huesca  64  60  49  -  30  -  61 
Teruel  82  72  5  40  -  -  79 
Zaragoza  83  60  58  48  -  27  73 
Las Palmas  -  -  56  49  35  -  46 
Santa Cruz de Tenerife  -  61  52  57  33  -  52 
Cantabria  80  74  69  46  38  -  68 
Ávila  80  80  52  -  38  -  77 
Burgos  76  60  58  44  16  -  70 
León  72  69  62  54  60  -  68 
Palencia  80  72  71  -  44  -  77 
Salamanca  88  85  70  -  52  -  86 
Segovia  90  79  71  -  41  -  86 
Soria  81  66  63  35  -  -  76 
Valladolid  74  72  69  58  24  -  70 
Zamora  85  68  54  -  27  -  80 
Albacete  85  84  79  60  49  -  79 
Ciudad Real  78  68  61  44  16  -  64 
Cuenca  85  76  66  -  57  -  81 
Guadalajara  83  69  58  48  38  -  77 
Toledo  77  70  71  56  56  -  70 
Barcelona  58  49  40  38  32  11  42 
Girona  62  57  44  45  35  -  55 
Lleida  54  53  44  -  33  -  51 
Tarragona  57  53  45  48  31  -  50 
Alicante/Alacant  70  63  59  58  42  -  57 
Castellón/Castelló  77  57  58  44  45  -  62 
Valencia  66  64  59  45  36  11  58 
Badajoz  79  72  63  38  36  -  67 
Cáceres  79  75  72  57  37  -  75 
A Coruña  -  64  60  69  47  -  61 
Lugo  -  73  70  -  67  -  72 
Ourense  7  74  66  -  41  -  70 
Pontevedra  -  69  65  52  34  -  61 
Illes Balears  68  70  60  53  35  -  60 
La Rioja  78  68  68  56  41  -  70  s
Madrid  71  69  60  57  44  8  55  e.
Navarra  87  76  69  60  38  -  79  w.
Álava/Araba  70  69  49  -  16  -  60  644ww
BGiizpkuazikao a  7805   5689   5620   4560   3494   --   5643 
AMsutrucriiaa s  6897   6798   6631   4489   3470   --   5596 
Fuente: Elaboración propia.
ANEXO 6 
GRADO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES PRINCIPALES Y DEPENDIENTES ANALIZADAS 
Porcentaje 
Fuente: Elaboración propia.