BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Lunes 20 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 53978
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
8155 Ley 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la 
ayuda  para  la  adquisición  de  medicamentos  financiados  por  el  Sistema 
Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas 
de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 
18.000 euros.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 1/2020, 
de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición 
de medicamentos financiados por el sistema nacional de salud a las personas que 
ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya 
renta anual sea inferior a 18.000 euros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud, en un informe exhaustivo sobre adherencia a 
los  tratamientos  a  largo  plazo  (OMS,  2004),  considera  que  la  no  adherencia  al 
tratamiento en enfermedades crónicas es un problema de gran magnitud en el mundo, 
siendo las principales consecuencias de una adherencia terapéutica deficiente o una no 
adherencia  los  deficientes  resultados  en  salud,  las  complicaciones  médicas  y 
psicosociales  de  la  enfermedad,  reduciendo  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes  y 
desperdiciando los recursos de atención de salud, incrementando el gasto sanitario. 
Estas consecuencias directas menguan la capacidad de los sistemas de asistencia 
sanitaria de todo el mundo para alcanzar las metas de salud de la población. Por ello, 
considera  que  la  mejora  de  la  efectividad  de  las  intervenciones  para  promover  la 
adherencia al tratamiento farmacológico puede tener mucho más impacto en la salud de 
la población que cualquier mejora en tratamientos médicos específicos. Señala, además, 
que la no adherencia está influenciada por diversos factores. Un grupo de ellos incluye 
los sociales y económicos, entre los cuales se han señalado, como factores de riesgo, el 
alto coste de los medicamentos, las dificultades de acceso al sistema de salud y a los 
medicamentos, el estatus socioeconómico bajo o la pobreza.
El análisis de las revisiones sistemáticas de los determinantes de la adherencia 
(Kardas  et  al.,  2013)  obtiene  hallazgos  en  la  misma  línea.  Determinados  factores 
socioeconómicos tienen un impacto negativo en la adherencia, como los altos costes de 
los fármacos y del tratamiento, el copago o el bajo nivel socioeconómico, entre otros. 
Asimismo, en el Consenso de Expertos sobre adherencia en los trastornos mentales 
graves y crónicos (Velligan et al., 2009), se señalan los problemas económicos como uno 
de los factores asociados a la no adherencia.
Por todo ello, la prestación farmacéutica constituye un elemento principal en la 
atención a salud. La falta de adherencia a los tratamientos es un problema prevalente  e.
con consecuencias clínicas, económicas y sociales muy significativas, especialmente en  w.b
los pacientes con enfermedades crónicas, siendo en su mayoría evitables. Por ello, el  55ww
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población  más  desfavorecida,  siendo  los  niños  y  los  ancianos  los  grupos  más
vulnerables. Además, valora como un efecto negativo para el sistema público de salud 
que conocemos el proceso iniciado con la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, 
de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  para  garantizar  la  sostenibilidad  del  Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ya que afecta a 
tres pilares básicos: el derecho a la atención sanitaria para todos (universalidad), la 
equidad en el acceso a la misma y el carácter gratuito, solidario y redistributivo de la 
sanidad pública. Por ello, y para valorar su impacto en la adherencia terapéutica, se 
introdujo como una de las líneas de actuación fomentar la adherencia terapéutica. Es un 
hecho que el incumplimiento afecta a la efectividad de los tratamientos, disminuyendo la 
probabilidad de éxito terapéutico, lo que puede propiciar un aumento de dosis o cambios 
a tratamientos más agresivos, de forma que se incrementan los riesgos y los costes.
Efectivamente,  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Garantías  y  Uso  Racional  de  los 
Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, regula en su artículo 102 la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la 
prestación  farmacéutica  ambulatoria,  disponiendo  que  dicha  prestación  estará  sujeta  a 
aportación del usuario, que se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento 
o producto sanitario y que será proporcional al nivel de renta, que se actualizará, como 
máximo, anualmente. Esta aportación, conocida como copago farmacéutico, que se introdujo 
mediante Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, según el apartado 6.b) de dicho artículo, en el caso de las personas que 
ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 
sea inferior a 18.000 euros (consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro 
de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas), se fijó en un 10 % 
sobre  el  precio  de  venta  al  público  de  los  medicamentos  hasta  un  límite  máximo  de 
aportación mensual de 8,23 euros.
La última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, señala que Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con 
una renta media de las más bajas del Estado. Por otro lado, según los datos de 
pensiones en vigor, la cuantía económica que perciben las personas pensionistas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias es también una de las más bajas del Estado.
Los datos del sistema de información de receta electrónica del Servicio Canario de la 
Salud evidencian que el colectivo de personas que ostentan la condición de pensionistas 
y sus beneficiarios tiene serias dificultades, por motivos económicos o sociales, para 
acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud.
II
Para paliar las dificultades del colectivo de personas que ostentan la condición de 
pensionistas  y  sus  beneficiarios  en  el  acceso  a  los  tratamientos  farmacológicos 
prescritos, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 78/2019, de 6 de mayo, por el que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  a  los 
pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 
euros,  destinadas  a  compensar  gastos  relacionados  con  la  protección  de  la  salud 
durante el ejercicio presupuestario 2019, con carácter de acto administrativo.
La experiencia acumulada durante la aplicación de este decreto en términos de 
adherencia al tratamiento farmacológico prescrito y de mejora de calidad de vida en 
términos de salud del colectivo beneficiario de las mismas hace recomendable mantener  s
la consecución de dicho objetivo; sin embargo, el instrumento utilizado para ello ha  e.
puesto de manifiesto la necesidad de superar la articulación de convocatorias destinadas  w.
a  este  fin,  fundamentalmente  por  la  exclusión  de  su  ámbito  de  aplicación  de  55ww
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a la concesión de estas ayudas, regular de modo general la ayuda para la adquisición de 
medicamentos, al conjunto de personas beneficiarias, con los condicionantes para el 
acceso a las mismas de que las personas que ostenten la condición de pensionistas de 
la Seguridad Social y sus beneficiarios sean residentes en la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  cuenten  con  la  correspondiente  prescripción  médica  previa  por  los 
profesionales del sistema de salud público y que su capacidad económica sea de rentas 
inferiores a 18.000 euros; asimismo, se establece la necesidad de que la dispensación 
se realice en oficinas de farmacia radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
Este objetivo vino a ser cubierto por el Decreto-ley 1/2020, de 16 de enero, de 
medidas urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos 
financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición 
de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior 
a 18.000 euros. Tras su convalidación por el Parlamento se hace preciso introducir una 
serie de adaptaciones de carácter técnico para dotar de mayor seguridad jurídica los 
objetivos planteados en el mismo.
III
En el ámbito de los servicios sociales, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a tenor del artículo 142.1.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que 
resulta título habilitante de la presente ley, la competencia exclusiva en materia de 
servicios sociales, que incluye, en todo caso, la regulación y la ordenación de los 
servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial o 
complementaria de otros sistemas de previsión pública, así como de los planes y los 
programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de 
necesidad social.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, prevé en el apartado 4, párrafo segundo, 
de su artículo 42 la potestad de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus 
competencias,  para  establecer  ayudas  de  distinta  naturaleza  a  las  prestaciones 
contributivas  de  la  Seguridad  Social  en  beneficio  de  las  personas  que  ostenten  la 
condición de pensionistas residentes en ellas.
Si bien esta potestad se incorporó a la normativa de la Seguridad Social mediante la 
Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los 
complementos  otorgados  por  las  Comunidades  Autónomas,  en  un  principio  con  el 
objetivo de encauzar constitucionalmente la capacidad de las comunidades autónomas 
para  determinar  complementos  de  las  pensiones  no  contributivas,  cuando  así  lo 
acuerden  sus  respectivos  parlamentos,  y  posibilitar  que  estos  complementos  no 
minoraran la cuantía de las pensiones no contributivas, de modo que se mejoraran, de 
forma efectiva, las condiciones de vida de las personas que ostenten la condición de 
pensionistas, lo cierto es que el tenor literal del precepto incorporado permitió también la 
posibilidad  de  que  los  parlamentos  o  gobiernos  autonómicos  establecieran  ayudas 
adicionales a este colectivo, con el único requisito de la residencia en su territorio.
El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone en su artículo 15 que los poderes 
públicos canarios garantizarán a las personas mayores una vida digna e independiente, 
una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento 
activo  y  el  derecho  a  un  atención  sanitaria,  social  y  asistencial,  promoviendo  y  s
asegurando las acciones y medidas necesarias para su bienestar social, económico y  e.
personal, así como a percibir prestaciones en los términos que se establezca en las  w.
leyes. Por su parte, el artículo 19 dispone que todas las personas tienen derecho a la  55ww
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acceso en condiciones de igualdad y gratuidad, con respeto, en cualquier caso, a lo 
dispuesto en la normativa básica estatal, a todos los servicios y prestaciones del sistema 
público canario de salud.
Por todo ello, se hace necesario establecer con rango legislativo la regulación del 
reconocimiento y el sistema de abono de la ayuda para la adquisición de la prestación 
farmacéutica ambulatoria financiada por el Sistema Nacional de Salud a las personas 
que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios 
cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.
IV
La presente ley configura el establecimiento de medidas de carácter asistencial y 
social  que  faciliten  la  adherencia  de  las  personas  en  situación  de  enfermedad  y 
necesidad a los tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública y prescritos 
por personal del sistema sanitario público.
A tal fin, se establece una regulación jurídica completa y general de la ayuda para la 
prestación farmacéutica ambulatoria financiada con cargo al Sistema Nacional de Salud 
para las personas que ostenten la condición de pensionistas y sus beneficiarios con 
rentas inferiores a 18000 euros, a través de siete artículos que establecen su objeto y 
finalidad, así como las personas potencialmente beneficiarias de la ayuda, con las 
limitaciones de que perciban menos de 18.000 euros al año, que sean residentes en 
Canarias y que la dispensación farmacéutica se produzca en una oficina de farmacia 
radicada en las islas.
En el artículo 4 se define la ayuda como las cantidades que deban abonar las 
personas beneficiarias en concepto de prestación farmacéutica ambulatoria sujeta a 
financiación  pública,  prescrita  por  el  personal  médico  del  sistema  sanitario  público 
mediante  receta  médica  oficial  y  adquiridas  en  oficinas  de  farmacia  radicadas  en 
Canarias, determinando su cuantía por las cantidades que efectivamente deban abonar 
en virtud de la normativa básica.
Por su parte, los artículos 5 a 7 regulan el procedimiento de abono y gestión de las 
ayudas, que se encuadrarán dentro del marco del concierto suscrito entre el Servicio 
Canario de la Salud y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias, a los que se 
les  considera  entidades  colaboradoras,  de  manera  que,  sentada  la  premisa  en  el 
artículo 3 de que el reconocimiento y gestión se llevará a cabo de oficio por el órgano 
gestor, las personas beneficiarias de la ayuda únicamente deberán dirigirse a las oficinas 
de farmacia para beneficiarse de la ayuda, siempre y cuando cumplan con el resto de los 
requisitos.
En  la  disposición  transitoria  única  se  establece  el  derecho  de  las  personas 
pensionistas y sus beneficiarios incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley que 
hayan abonado sus tratamientos desde el uno de enero de 2020 hasta la entrada en 
vigor  del  Decreto  ley  1/2020,  de  16  de  enero,  a  que  dichas  cantidades  les  sean 
reembolsadas por la administración, para lo cual se instrumentalizarán las condiciones 
de devolución, preferentemente a través de las oficinas de farmacia.
En la disposición derogatoria se deroga el citado Decreto Ley 1/2020, de 16 de 
enero, sin perjuicio de los efectos que haya podido producir. Una derogación que se 
produce como efecto consustancial a la promulgación de esta ley.
Por  último,  en  las  disposiciones  finales  se  faculta  al  Gobierno  a  su  desarrollo 
reglamentario y se prevé su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el  s
«Boletín Oficial de Canarias». e.
Artículo 1.  Objeto y finalidad. 55ww
1.  La presente ley tiene como objeto regular el reconocimiento y el sistema de
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prescrita por personal médico del sistema sanitario público mediante receta médica
oficial, a favor de aquellas personas residentes en Canarias que ostenten la condición de 
pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior 
a 18.000 euros.
2.  La  finalidad  de  la  ayuda  para  la  adquisición  de  la  prestación  farmacéutica 
ambulatoria financiada es el establecimiento de medidas de carácter asistencial y social 
que faciliten la adherencia de las personas en situación de enfermedad y necesidad a los 
tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del 
sistema sanitario público.
Artículo 2.  Personas beneficiarias de la ayuda.
Las personas beneficiarias de la ayuda para la prestación farmacéutica ambulatoria 
financiada deberán cumplir los siguientes requisitos en la fecha en que se produce la 
dispensación del medicamento:
a)  Ostentar la condición de pensionista de la Seguridad Social o ser beneficiario de 
quien tenga dicha condición.
b)  Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias.
c)  Ser titular de tarjeta sanitaria individual expedida por el Servicio Canario de la 
Salud.
d)  Tener una renta inferior a 18.000 euros anuales, consignada en la casilla de base 
liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (código de aportación farmacéutica TSI 002-01).
Artículo 3.  Acreditación de los requisitos y reconocimiento de la ayuda.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos y su reconocimiento lo llevará a 
cabo de oficio el órgano gestor competente, para lo que recabará mediante consulta en 
los ficheros públicos disponibles los datos, documentos y certificaciones necesarios para 
su acreditación.
Artículo 4.  Ayuda y su cuantía.
1.  Se considera ayuda las cantidades que deban abonar las personas beneficiarias 
en concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria sujeta a financiación pública, 
prescrita por el personal médico del sistema sanitario público mediante receta médica 
oficial y adquirida en oficinas de farmacia radicadas en Canarias.
2.  La  ayuda  asciende  a  una  cuantía  máxima  equivalente  al  porcentaje  de 
aportación del 10 % del PVP de la prestación farmacéutica ambulatoria, con un tope 
máximo de aportación mensual de 8,23 euros.
Artículo 5.  Abono de la ayuda.
1.  La ayuda a las personas beneficiarias se realizará mediante la supresión de la 
obligación  de  abonar  la  aportación  que  les  corresponda  por  la  adquisición  de  los 
medicamentos en el momento de la dispensación farmacéutica en los términos previstos 
en el artículo 4.
2.  El abono de la aportación que correspondiera a las personas beneficiarias se 
realizará por el Servicio Canario de la Salud, tras la dispensación, a las oficinas de 
farmacia a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias. es
Artículo 6.  Entidades colaboradoras en la gestión de la ayuda. 55ww
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Canario de la Salud en la gestión de la ayuda para la adquisición de la prestación
farmacéutica ambulatoria, a través de los mecanismos previstos en el concierto para la 
gestión de la prestación farmacéutica vigente en cada momento.
Artículo 7.  Procedimiento de gestión de la ayuda.
1.  Se  aplicarán  las  previsiones  del  concierto  para  la  gestión  de  la  prestación 
farmacéutica vigente en cada momento en el procedimiento para el abono de esta ayuda 
a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias.
2.  Para ello, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias harán uso del 
sistema informático habilitado en el marco del concierto para la gestión de la prestación 
farmacéutica  vigente  en  cada  momento,  debiendo  el  Servicio  Canario  de  la  Salud 
identificar a las personas beneficiarias de esta ayuda, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el artículo 2, y modificar sus topes de aportación máxima, de manera 
que el colectivo afectado no deba abonar cantidad alguna.
3.  Mensualmente,  los  Colegios  Oficiales  de  Farmacéuticos  de  Canarias 
presentarán  factura  específica  con  el  importe  correspondiente  a  esta  ayuda.  El 
procedimiento de facturación y pago por parte del Servicio Canario de la Salud será el 
que se indica en el concierto para la gestión de la prestación farmacéutica vigente en 
cada momento.
Disposición  transitoria  única.  Devolución  de  las  aportaciones  realizadas  por  las 
personas  beneficiarias  de  la  ayuda  por  la  prestación  farmacéutica  ambulatoria 
financiada.
1.  Las aportaciones realizadas por las personas beneficiarias de la ayuda desde 
el 1 de enero de 2020 hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2020, de 16 de enero, 
de medidas urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos 
financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición 
de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior 
a  18.000  euros  les  serán  devueltas,  preferentemente,  a  través  de  las  oficinas  de 
farmacia mediante el sistema que entre los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Canarias y el Servicio Canario de la Salud se arbitre, abonando posteriormente el 
Servicio Canario de la Salud a los colegios citados los importes de las devoluciones 
justificadas.
2.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el sistema que se acuerde 
entre los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias y el Servicio Canario de la 
Salud deberá establecer un periodo no superior a seis meses para el reembolso de los 
importes efectivamente abonados por las personas beneficiarias de las ayudas previstas 
en esta ley.
3.  Por resolución de la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la 
Salud, se establecerá el periodo y condiciones de este reembolso, en los términos 
previstos en los apartados anteriores.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto ley 1/2020, de 16 de enero, de medidas urgentes, por el 
que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema 
Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la 
Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18000 euros, sin  s
perjuicio de los efectos que hubiera podido producir durante su vigencia. oe.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario. 55ww
Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones de desarrollo que
requiera la aplicación de las medidas y normas contenidas en esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 20 de marzo de 2020.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 59, de 25 de marzo de 2020)