BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80824
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11299 Sala Segunda. Sentencia 117/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 1687-2020. Promovido por Llova Consulting, S.L., en relación con las 
resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  lo  social  de  Alicante  en 
procedimiento  de  despido  y  reclamación  de  cantidad.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos 
de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
119/2020).
ECLI:ES:TC:2021:117
La  Sala  Segunda  del  Tribunal  Constitucional,  compuesta  por  la  magistrada 
doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don 
Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1687-2020, promovido por la entidad mercantil Llova 
Consulting, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Ana María 
Aparicio  Carol,  bajo  la  asistencia  del  letrado  don  Carlos  García  Galán,  contra  la 
sentencia núm. 70/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Social núm. 1 de Alicante, en procedimiento de despido y reclamación de cantidad núm. 
664-2017; confirmada por la sentencia núm. 385/2019, de 25 de noviembre de 2019, 
dictada por el mismo juzgado, en procedimiento de ejecución núm. 133-2018, dimanante 
de los autos 664-2017, y el auto, también del mismo juzgado, de fecha 28 de enero 
de 2020, por el que se desestima el incidente excepcional de nulidad de actuaciones 
formulado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 13 de marzo de 2020, la mercantil 
Llova Consulting, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Ana María 
Aparicio Carol y bajo la asistencia del letrado don Carlos García Galán, interpuso recurso 
de amparo contra las resoluciones a las que se hace referencia en el encabezamiento, 
dictadas por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Alicante, alegando la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las  es
actuaciones que la acompañan, son los siguientes: o
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idned iAcalicbaan cteo.mo domicilio de la demandada la calle Cataluña, núm. 16, bajo, de la ciudad  BOE-A-cable e
b)  Turnada la demanda al Juzgado de lo Social núm. 1 de Alicante, fue admitida a 
trámite por decreto de 20 de octubre de 2017, señalándose el día 22 de febrero de 2018, 
a las 10:30 horas, para la celebración del juicio, para el caso en que las partes no 
llegaran a una avenencia en el acto de conciliación previo.
Intentada la notificación en la dirección apuntada mediante correo certificado con 
acuse de recibo, resultó infructuosa.
c)  El día 27 de octubre de 2017, se celebró el acto de conciliación con la única 
asistencia de la solicitante, siendo declarado intentado sin efecto.
d)  Realizada  consulta  informática  sobre  el  domicilio  de  la  demandada  en  la 
aplicación del Registro Mercantil Central, se obtuvo como resultado una dirección en la 
avenida Cataluña, 16-3, Playa de San Juan (Alicante). No obstante lo cual, el nuevo 
intento de notificación, el día 19 de diciembre de 2017, se volvió a dirigir a la calle 
Cataluña, núm. 16 bajo, en Alicante, resultando igualmente ineficaz. Mediante diligencia 
de ordenación, de 5 de enero de 2018, se acordó la citación de la demandada por 
edictos para su inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».
e)  En la fecha indicada, se celebró el juicio oral sin la asistencia de la parte 
demandada,  dictándose  sentencia  el  día  26  de  febrero  de  2018,  que  resultó  ser 
parcialmente estimatoria de la demanda. La resolución declara la improcedencia del 
despido y condena a la empresa demandada a que, en el plazo de cinco días a contar 
desde la notificación de la sentencia optase entre la readmisión de la trabajadora a su 
puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los 
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (28 de agosto de 2017) hasta la 
readmisión, a razón de 33,51 € diarios, o al abono de una indemnización de la cantidad 
de 92,15 €, debiendo poner en conocimiento del juzgado, en el referido plazo de cinco 
días, el resultado de su elección. Por lo demás, se absuelve a la demandada del resto de 
pretensiones deducidas en la demanda. La sentencia fue notificada en edictos.
f)  El día 11 de julio de 2018, la demandante formuló incidente de no readmisión, y 
por auto de 23 de julio de 2018, se accedió a la ejecución solicitada por vía de incidente 
de no readmisión o readmisión irregular.
g)  Por diligencia de ejecución, de 23 de julio de 2018, se señaló el 4 de octubre 
de 2018, a las 10:40 horas, para la comparecencia de los interesados.
h)  Sin perjuicio de que la empresa condenada fuera citada por edictos, se intentó 
también su emplazamiento personal, el día 26 de julio de 2018, esta vez en la avenida 
de Cataluña, núm. 16-3, bajo, Playa de San Juan, de Alicante, con resultado negativo. 
En el acta de la misma consta que se trata de un local cerrado y sin actividad, que en el 
buzón no aparece el nombre de la sociedad, y que habiéndose preguntado en un bar 
adyacente, denominado Baobab, se manifestó que no se conocía la mercantil, que el 
local llevaba vacío desde hacía unos tres meses y que no se había visto a nadie 
aparecer por allí.
i)  En la fecha indicada para la comparecencia, se presentó la ejecutante, no así la 
ejecutada, solicitando la suspensión del incidente, que fue acordada por diligencia del 
letrado de la administración de justicia, señalándose y citando a las partes para el día 13 
de  diciembre  de  2018,  a  las  10:30  horas.  La  ejecutada  fue  notificada  por  edicto. 
Comparecida la ejecutante en día y hora fijados, solicitó la extinción de la relación laboral.
j)  Por auto de 13 de diciembre de 2018 se declaró extinguida la relación laboral 
existente entre doña María Soledad Yort Recuero y la mercantil Llova Consulting, S.L., 
condenando a la empresa a abonar a la actora, la cantidad de 552,92 €, en concepto de 
indemnización,  así  como  los  salarios  de  tramitación  por  importe  de  2391,27  €.  La  s
resolución fue nuevamente notificada por edictos a la ejecutada. oe.
k)  Solicitada la ejecución por el importe fijado en la resolución precedente, por auto  w.
dldaee   mp9r isidnmec iasp eafpel,tc imehmaá sbs r4ee4  dd1ie,c6 t2ó2  0€d1 e9ec,n r eeclt oojun zocgerdapedtono a danecd oionr tdleaór  ealasve eesrj eigyc uucaoccisóitónan s p dcoeor  nlba ci ecanaráencstit deyar  dep lrd oeevm i2sb9ioa4nr4ga,ol1.  9Ed €ne    2021-1129n https://w
saldos de cuentas por el importe objeto de ejecución, notificándose también por edicto.
l)  Por diligencia de ejecución, de 17 de septiembre de 2019, se acordó remitir oficio 
al Banco Cajamar, interesando la retención y puesta a disposición del juzgado del importe 
que pudiera existir en las cuentas de la ejecutada y en cualesquiera otras posiciones 
financieras, y que fuera suficiente para cubrir las responsabilidades anteriores.
m)  Con fecha 30 de septiembre de 2019, Llova Consulting, S.L., compareció en las 
actuaciones, y el 4 de octubre de 2019 solicitó, y le fue entregado, testimonio de las 
actuaciones, acordándose la suspensión de los embargos practicados por diligencia de 
ejecución.
n)  El día 14 de octubre de 2019, la ejecutada presentó escrito solicitando audiencia 
al demandado rebelde, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley reguladora 
de la jurisdicción social (en adelante, LJS), en relación con los artículos 496 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC), alegando que no fue citada ni emplazada 
correctamente en el procedimiento por despido y reclamación de cantidad núm. 664-2017, 
que dio lugar a la ejecución núm. 133-2018, porque la demandante hizo constar como 
domicilio de la empresa el de «C/ Cataluña núm. 16, bajo», siendo esta una dirección 
errónea, lo que imposibilitaba la localización por la configuración del inmueble núm. 16 de 
esa calle («un edificio de cerca de diez alturas de viviendas y oficinas donde radica en su 
tercer piso las oficinas de mi mandante; y, por otro lado, una construcción de plantas bajas 
destinadas a locales comerciales independiente y separada de la anterior»), y que solo 
conoció la ejecución al embargarse una cuenta bancaria de su titularidad, el 30 de 
septiembre de 2019. Razón por la cual suplicaba al juzgado que «se tenga por formulada 
“audiencia al demandado rebelde” se sirva a admitirla a trámite y, previos los trámites 
oportunos se dicte resolución por la que se rescinda la sentencia núm. 70/2018 de 26 de 
febrero de 2018, recaída en los autos 664-2017, y anule y retrotraiga las actuaciones 
hasta el momento inmediatamente posterior a la admisión a trámite de la demanda 
debiéndose emplazar a esta parte en su domicilio correcto, sito en avenida de Cataluña 
núm. 16, piso 3 de Playa de San Juan, Alicante».
ñ)  El día 18 de octubre de 2019, el letrado de la administración de justicia extendió 
diligencia de ordenación, haciendo constar la presentación del anterior escrito y citando a 
las partes a la comparecencia, prevista en el artículo 185 LJS, para el día 21 de 
noviembre de 2019, a las 10:25 horas, con las correspondientes prevenciones.
o)  Con  fecha  25  de  noviembre  de  2019,  el  juzgado  dictó  la  sentencia  núm. 
385/2019, donde, tras hacer una detallada descripción del desarrollo procesal de la 
causa de despido y posterior ejecución e indicar en el relato de hechos probados de la 
resolución los errores cometidos en el emplazamiento de la empresa demandada, se 
reconoce la indefensión causada a la mercantil por causa imputable al juzgado, «pues no 
se emplazó en el domicilio válido de la empresa, que sí le constaba al juzgado desde la 
primera consulta en el registro mercantil». Sin embargo, a renglón seguido se afirma: 
«[a]hora bien, esa indefensión se debería haber sustanciado por el incidente de nulidad 
de actuaciones regulado en el artículo 241 LOPJ [...] Por tanto, conocida la existencia del 
procedimiento el 30 de septiembre de 2019, se debía haber interesado la nulidad de 
actuaciones en plazo de veinte días, bien como única alegación o bien acumuladamente 
a la de audiencia al rebelde, lo que no se hizo en el presente caso, habiéndose agotado 
el plazo de caducidad de veinte días para el incidente de nulidad de actuaciones, que era 
el procedente». En consecuencia, se declara no justificada la rescisión.
p)  El día 19 de diciembre de 2019, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 1 de 
Alicante escrito de Llova Consulting, S.L., formulando incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones. La mercantil ejecutada alega que su intención inicial había sido la de instar  s
un incidente excepcional de nulidad de actuaciones y que el planteamiento del recurso de  oe.
audiencia  al  rebelde  obedeció  a  las  indicaciones  recibidas  por  el  propio  juzgado.  w.
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Acadreemncáisa,  dceo nostridoe rreac quurseo  ecno netsrtae  lasu speunetsetnoc inao n dúemb.e 3 a8p5l/ic2a0r1s9e,  edle p 2la5z od ed en ovveieinmteb rdeía dse s 2in0o1 9e.l   BOE-A-cable e
de cinco años previsto en el artículo 228.1, párrafo 2 LEC, porque se le ha impedido 
denunciar los defectos causantes de la indefensión en el momento oportuno, citando en 
apoyo de su pretensión la STC 30/2017, de 27 de febrero, FJ 3 b).
La pretensión de nulidad resultó desestimada por auto de 28 de enero de 2020, 
pues,  según  expone  el  juzgado,  el  escrito  de  promoción  del  incidente  se  habría 
presentado fuera del plazo previsto en el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), «no existiendo plazo alternativo de cinco años, sino que es un plazo de 
veinte días desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin 
que  pueda  interponerse  pasados  cinco  años  desde  la  notificación  de  la  resolución 
causante de indefensión». En la resolución no se ofrece respuesta alguna al denunciado 
error en las instrucciones proporcionadas por el propio órgano jurisdiccional al ejecutado.
3.  En su demanda de amparo, la mercantil recurrente invoca la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE), toda vez que, por causa 
no imputable a ella, se le privó de la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento 
por despido y reclamación de cantidad instado contra su persona, hasta que se produjo el 
embargo de su cuenta bancaria. A su juicio, «existió una falta de notificación de la 
demandante  a  mi  representada  antes  del  inicio  del  proceso»  y,  ya  incoado  el 
procedimiento,  el  órgano  judicial  «en  ningún  momento  se  aseguró  de  que  las 
notificaciones habían llegado a su destino ni procedió a la averiguación del verdadero 
domicilio del demandado, lo cual hubiese sido sencillo dados los datos aportados en la 
demanda,  acudiendo  directamente  a  la  citación  por  edictos».  Con  cita  de  la 
STC 136/2014, de 8 de septiembre, la recurrente da por cumplidos los presupuestos 
contemplados  por  la  doctrina  constitucional  para  que  efectivamente  concurra  la 
vulneración  denunciada,  toda  vez  que  ostentaba  un  interés  legítimo  susceptible  de 
afectación por la causa incoada. Insiste en que el órgano jurisdiccional disponía de los 
datos necesarios para su identificación en la propia demanda, y en que el juzgado 
incumplió su obligación de velar porque los actos de comunicación alcanzasen su fin. Y, a 
resultas de ello, la mercantil sufrió una indefensión real y efectiva, «pues se le ha impedido 
acceder al procedimiento y hacer valer en él los medios de oposición que la ley le confiere, 
no pudiendo ejercer su derecho a defensa, protegido por el artículo 24.1 CE».
Termina solicitando que se declare la nulidad de la sentencia núm. 70/2018, de 26 de 
febrero  de  2018,  y  de  todas  las  actuaciones  practicadas  desde  la  diligencia  de 
ordenación  de  7  de  enero  de  2019,  retrotrayéndose  las  mismas  al  momento 
inmediatamente anterior a esa resolución, al objeto tener la oportunidad de comparecer 
en el procedimiento en defensa de sus intereses.
4.  Por providencia de 15 de octubre de 2020, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurría en el mismo 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social 
núm. 1 de Alicante, a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento de despido y reclamación de cantidad 
núm. 664-2017 y al de ejecución de título judicial núm. 133-2018, dimanante de aquel, al 
objeto de que procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que  s
trae causa el presente recurso, para que pudieran comparecer en estas actuaciones, si  oe.
así lo desean, excepto a la parte recurrente en amparo. 9ww.
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epsatritme arreacnu prreerntintee nyte sa,l  coMninfoisrmteeri od eFteisrmcainl,a  peal raar tíqcuuleo  5p2re.1s eLnOtaTrCa.n  las  alegaciones  que  BOE-A-cable e
6.  El día 15 de febrero de 2021, la parte recurrente presentó escrito, dando por 
reproducidas íntegramente las alegaciones vertidas en el recurso de amparo.
7.  El Ministerio Fiscal presentó alegaciones por escrito, fechado el 10 de marzo 
de 2021, en sentido favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión de la demandante, señala que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el juez ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE), derivado del hecho de que la 
entidad demandante no tuvo conocimiento del proceso hasta que se produjo el embargo 
de sus bienes, a causa de la actitud poco diligente del órgano jurisdiccional en orden al 
emplazamiento  y  citación  personal  de  la  mercantil,  sufriendo  una  situación  de 
indefensión real.
Pero antes de abordar la cuestión de fondo, el fiscal suscita la posible existencia de 
un óbice procesal, consistente en la extemporaneidad de la demanda a raíz de la 
interposición de un recurso manifiestamente improcedente, la audiencia del demandado 
rebelde, pues no concurría la causa alegada para la tramitación de ese procedimiento, 
cuando el cauce procedimental adecuado habría sido el incidente excepcional de nulidad 
de  actuaciones.  Sin  embargo,  el  fiscal  rechaza  semejante  interpretación  de  lo 
acontecido, que califica como excesivamente formalista y no acorde con el derecho a la 
tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, y a la 
aplicación del principio pro actione, por las siguientes razones:
a)  Sin perjuicio de que la ahora demandante incurriera en un error al utilizar un 
procedimiento no idóneo para instar la nulidad de actuaciones, no cabe obviar que su 
escrito fue admitido a trámite por diligencia de ejecución de 18 de octubre de 2019, aun 
dentro  del  plazo  para  haber  formalizado  el  incidente  de  nulidad,  cuando  la 
«improcedencia de tramitar la audiencia al demandado rebelde, resultaba ya de lo 
expresado en ese escrito». Por ello, concluye el fiscal, «se puede considerar que el 
procedimiento de audiencia al demandado rebelde se tramitó por falta de la debida 
diligencia del órgano judicial al comprobar los requisitos para la procedencia del mismo».
b)  El juzgado reconoce en la sentencia que la irregularidad cometida en la citación 
de la demandada le produjo indefensión y admite la posibilidad de que se formulen 
acumulativamente la pretensión de nulidad de actuaciones y la de audiencia al rebelde, 
pero considera que, en el presente caso, no se hizo así, «a pesar de que en el suplico 
claramente se pide la rescisión de la sentencia y la nulidad de actuaciones».
c)  En el auto resolutorio del incidente excepcional de nulidad de actuaciones no se 
da respuesta a la alegación de la recurrente relativa a que la incoación del procedimiento 
de audiencia al demandado rebelde se llevó a cabo por indicación del propio juzgado, ni 
tampoco analiza «si, como el juzgado admitió aquel procedimiento inadecuado aún 
dentro de plazo para haber incoado el de nulidad de actuaciones, podría entenderse que 
el plazo para este último debió volver a contar desde que la empresa tiene conocimiento 
de la sentencia en la que se resuelve que aquel no era el procedimiento correcto y que 
procedía el incidente de nulidad».
El Ministerio Fiscal, recapitulando lo precedente, sostiene que «si bien formalmente 
podría considerase la existencia del óbice mencionado, parecería de un rigorismo o 
formalismo excesivo estimar dicho óbice, que, si bien parte de un escrito que no se ha 
acreditado se haya hecho siguiendo indicaciones del juzgado, se consuma por una  s
providencia falta de suficiente diligencia, y de resoluciones judiciales en las que no se ha  oe.
hecho una adecuada interpretación de las normas procesales en relación con el derecho  9ww.
SRa TaCzlao  n6at0um/t2ei0ela1n 7to,j u dqdeuic e2ia 2sl  ed ecefo emmctabivyiano,a,  , eepnnr o cyuleaac ntaftaonc daeo ta «l laa d dneoolc  terdixneiagre eecnxhcpoiau  eddseeta  s apucopcre eresasort e d aitfrilic buupltnraoadcl eeessn o d»lea.    2021-1129n https://w
interpretación  que  excedan  de  lo  razonable  (aquí  en  cuanto  a  la  creencia  de  la
demandante de amparo que se encontraba en el supuesto del artículo 501.2 LEC, por lo
que podía utilizar el procedimiento de audiencia al rebelde para pedir la nulidad), cuando 
se trata de óbices de admisión del recurso de amparo».
Expuesta la doctrina constitucional aplicable al caso, en síntesis, el fiscal concluye 
que  el  órgano  jurisdiccional  no  cumplió  con  el  especial  deber  de  diligencia  en  la 
realización  de  los  actos  de  comunicación  procesal  que  era  exigible,  al  no  hacer 
comprobación alguna de los motivos por los cuales no fue posible la comunicación 
personal. A su entender, ese comportamiento fue determinante de que tanto el acto de 
conciliación como el juicio oral se celebrasen sin la presencia del demandado, quien no 
pudo  defender  sus  intereses.  Completa  este  razonamiento  indicando  que  esa 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no se reparó tras su denuncia en 
ninguna  de  la  resoluciones  recurridas,  en  las  que  se  plasma  una  interpretación 
«excesivamente formalista de las normas procesales», con un «déficit de motivación en 
los razonamientos jurídicos y falta de análisis de circunstancias relevantes», que «lleva a 
considerar que existe falta de racionalidad de la fundamentación, y por tanto se estima 
incumplido el canon de constitucionalidad exigible».
8.  Por providencia de fecha 27 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna la sentencia núm. 70/2018, de fecha 26 de febrero 
de 2018, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Alicante, en juicio por despido y 
reclamación de cantidad núm. 664-2017; confirmada por la sentencia núm. 385/2019, 
de 25 de noviembre de 2019, dictada por el mismo juzgado, en juicio tramitado con el 
núm. de ejecución 133-2018, dimanante de los autos 664-2017, y el auto, también del 
mismo juzgado, de fecha 28 de enero de 2020, por el que se desestima el incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones formulado, por entender vulnerado su derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Razona que el juzgado no fue diligente en su 
emplazamiento  personal,  al  haber  acudido  a  la  notificación  edictal,  sin  efectuar 
comprobación alguna, tras incurrir en un error en la determinación del domicilio en los 
intentos de comunicación personal practicados, privando a la mercantil recurrente del 
conocimiento del procedimiento por despido y reclamación de cantidad instado contra su 
persona, con lo que no pudo ejercitar su derecho de defensa.
El Ministerio Fiscal considera procedente la estimación del recurso y solicita que se 
declare que el citado derecho fundamental ha sido vulnerado, toda vez que el órgano 
jurisdiccional no cumplió con el especial deber de diligencia en la realización de los actos 
de  comunicación  procesal  que  le  era  exigible,  lo  que  fue  determinante  de  que  la 
mercantil recurrente no pudiera defender sus intereses, y no ofreciendo tampoco una 
respuesta razonada a las pretensiones de nulidad que se le formularon.
2.  Rechazo del óbice procesal por extemporaneidad de la demanda de amparo.
Como se ha hecho constar en los antecedentes de esta resolución, el Ministerio Fiscal 
planteó en su escrito de alegaciones sus dudas sobre una posible extemporaneidad del 
recurso de amparo por alargamiento indebido de la vía judicial previa, al haber acudido de 
manera improcedente al procedimiento de audiencia del demandado rebelde, en lugar de 
al incidente excepcional de nulidad de actuaciones para hacer valer su pretensión de  e.
nulidad [art. 44.1 a) LOTC]; sin embargo, lo descarta con los argumentos razonables que  w.b
esoecl ntmutebisrnemc,i oaF . JbE r1inn,  dyca o 1ny4 s8de/2ecu0 le1on9sc,  iqdaue, e t2 a5sl e cd oehm an ooh vediecehmcolba rrreae,ms FuomJs  e1en, n d yalaad soe  nqS uSeeTl  Cnaon  1tes1ec9e /hd2ae0 n1st9oe,l  ic7dit ead de2o 8 eq sudteea    2021-1129n https://w
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el fiscal interesa la estimación del recurso.
3.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación procesal.
Este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión planteada en 
numerosas resoluciones.
Así, en un supuesto de hecho similar al presente, la comisión de irregularidades en el 
emplazamiento del demandado en un procedimiento por despido, en la STC 119/2020, 
de 21 de septiembre, con cita de anteriores pronunciamientos, dice que hemos insistido en 
«la gran relevancia que en nuestra doctrina posee ‘la correcta constitución de la relación 
jurídica procesal para garantizar el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 CE, 
que implica la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer 
sus derechos e intereses legítimos. De ahí la especial trascendencia de los actos de 
comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o 
notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el 
acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de 
los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, 
siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una 
situación  de  indefensión  que  vulnera  el  referido  derecho  fundamental,  salvo  que  la 
situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse 
situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento 
por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible 
negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de 
la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la 
queja, “no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, 
sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la 
tacha de indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si 
así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 182/2000, de 16 de mayo, 
FJ 5)” (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4)» (FJ 3).
En  coherencia  con  las  reflexiones  precedentes,  mantenemos  en  nuestro 
pronunciamiento que el órgano jurisdiccional no solo asume el deber de velar por la 
corrección formal de los actos de comunicación procesal, sino también, especialmente, 
«el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte 
sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento 
personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la 
notificación edictal a aquellos supuestos en los que con fundamento en un criterio de 
razonabilidad se alcance la convicción o certeza de la inutilidad de la adopción de 
medidas  o  de  la  utilización  de  medios  tendentes  al  logro  de  dicho  emplazamiento 
(STC 138/2017, de 27 de noviembre, FJ 3).» (FJ 3).
Finalmente, concluimos en la sentencia traída a colación que «cuando del examen 
de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de 
un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a 
la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de julio, FJ 2, y 169/2014, de 22 de octubre, 
FJ 3)» (FJ 3).
En síntesis, es tarea fundamental del órgano jurisdiccional asegurar que las partes 
tomen conocimiento de la causa y tengan la oportunidad de ser oídas en defensa de sus 
intereses, para lo que debe procurarse que las notificaciones sean efectivas. A tal fin, 
debe acomodarse la interpretación de las disposiciones legales, limitándose el empleo 
de la notificación edictal a aquellos supuestos en que no haya sido posible la notificación  e.
personal tras haberse agotado todas la posibilidades razonables de comunicación en el  w.b
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4.  Aplicación de la doctrina al caso.
Es indiscutible que la doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto 
que ahora se enjuicia.
A la vista de esa doctrina, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Alicante, una vez fracasado 
el primer intento de notificación personal en el inmueble designado en el encabezamiento 
de la demanda (calle Cataluña, núm. 16, bajo, en la ciudad de Alicante), actuó debidamente 
al llevar a cabo una consulta informática en el registro mercantil, de donde obtuvo un 
segundo domicilio (avenida Cataluña, 16-3, Playa de San Juan, Alicante). El problema con 
el comportamiento desplegado por el juzgado reside en que, tras el nuevo fracaso de 
emplazamiento personal, producto del error cometido al indicar la misma dirección ya 
utilizada y no la nueva obtenida, el órgano jurisdiccional no efectuó comprobación alguna, 
acordándose de inmediato la comunicación por medio de edictos. Existe una postrera 
tentativa de notificación personal, en la que el juzgado cometió una nueva equivocación al 
dirigirse a un domicilio diferente del correcto (avenida Cataluña, 16-3, bajo, Playa de San 
Juan, Alicante), resultando también negativa, como era de esperar, continuándose a partir 
de entonces la citación por edictos.
Hemos de convenir que semejante actitud no colma la especial diligencia que se 
exige al órgano jurisdiccional con arreglo a la doctrina expuesta, teniendo como efecto 
directo  el  desconocimiento  por  la  demandada  del  procedimiento,  provocándole 
indefensión, pues se vio privada de la posibilidad de ejercitar en plenitud su derecho de 
defensa.
Ningún dato consta en las actuaciones que acredite una actitud negligente en la 
recurrente o, desde otra perspectiva, el conocimiento extraprocesal de la existencia de la 
causa, cuestiones estas que deben acreditarse fehacientemente para que surta su efecto 
invalidante de la tacha de indefensión, como antes pusimos de relieve.
Es más, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1CE) de la 
mercantil recurrente, no se reparó tras su denuncia ante el juzgado. Antes al contrario, 
las  resoluciones  impugnadas,  lejos  de  efectuar  una  interpretación  secundum 
constitutionem, favorable al principio pro actione, atienden exclusivamente a aspectos 
meramente formales como son; primero, la inadecuación del procedimiento de audiencia 
al demandado rebelde para denunciar la nulidad de actuaciones, en la sentencia de 25 
de noviembre de 2019; y, después, la expiración del plazo previsto para la interposición 
del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, en el auto de 28 de enero de 2020, 
donde además se obvia la alegación relativa a que el error en la elección del cauce 
procesal elegido fue causado por el propio juzgado. En definitiva, estamos en presencia 
de una interpretación excesivamente formalista de las normas procesales, inapropiada 
desde  la  perspectiva  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  carente  de  efectos 
correctores sobre las irregularidades cometidas, cuyo rechazo se agrava por el hecho de 
que el juzgado era plenamente consciente de las irregularidades en que había incurrido y 
de la indefensión causada, y así lo reconoce.
Este  tribunal  no  puede  más  que  declarar  que  se  ha  producido  la  vulneración 
constitucional  alegada  por  el  demandante  de  amparo.  En  primer  término,  por  el 
automatismo del órgano judicial al acudir al requerimiento y notificación edictal, sin 
realizar  comprobación  alguna  acerca  de  las  razones  que  impedían  la  notificación 
personal, con lo que incumplió el deber de diligencia que le era exigible. Y, en segundo 
término, porque la respuesta ofrecida en las resoluciones impugnadas, no reparó la 
lesión denunciada, a pesar de reconocerla, manteniendo una interpretación rigorista de 
los artículos 185 LJS, artículo 501 LEC y artículos 240 y 241 LOPJ, incompatible con una  e.
interpretación constitucional del derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE). w.b
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por el que se desestimó el incidente excepcional de nulidad planteado, acordando la
retroacción de las actuaciones al momento en que deba de efectuarse el emplazamiento 
del demandado por los medios previstos en la ley.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Llova Consulting, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla  en  su  derecho  y,  a  tal  fin,  declarar  la  nulidad  la  sentencia 
núm. 70/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, dictada por ese mismo juzgado, en juicio 
por despido y reclamación de cantidad núm. 664-2017; la sentencia núm. 385/2019, de 
fecha de 25 de noviembre de 2019, dictada por el mismo juzgado en el juicio tramitado 
con el núm. de ejecución 133-2018, dimanante de los autos 664-2017; y del auto del 
mismo juzgado de 28 de enero de 2020, que desestima el incidente de nulidad de 
actuaciones, así como las demás actuaciones del procedimiento de despido y posterior 
ejecución, posteriores a la admisión de la demanda.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a la diligencia 
de ordenación de 5 de enero de 2018, debiendo llevarse a cabo el emplazamiento de la 
parte  demandada  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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