BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 52487
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
8011 Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias 
para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en 
el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
I
En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears se dice que la 
aportación de todos los habitantes de las Balears nos configura como una sociedad 
integradora, en la que el esfuerzo es un valor y la capacidad innovadora y emprendedora 
debe impulsarse y continuar formando parte de nuestro talante de siempre.
Por ello, el Estatuto de Autonomía recoge en su articulado varias obligaciones de 
impulso de la actividad económica, así como también el derecho de los ciudadanos a 
una buena administración, ágil y eficiente, que les facilite el ejercicio de sus derechos y 
de sus obligaciones.
Así, por ejemplo, el artículo 14.2 del Estatuto dice que los ciudadanos tienen derecho 
a que las administraciones públicas de las Illes Balears traten sus asuntos de forma 
objetiva e imparcial, y en un plazo razonable; el artículo 16.1 del Estatuto dispone que 
los poderes públicos de las Illes Balears defenderán y promoverán los derechos sociales 
de los ciudadanos de las Balears, que constituyen uno de los fundamentos cívicos del 
progreso  económico,  y  el  artículo  24.1  dispone  que  los  poderes  públicos  de  la 
comunidad autónoma impulsarán políticas generales  y sectoriales de fomento y de 
ordenación económica que tengan como finalidad favorecer el crecimiento económico a 
medio y a largo plazo.
En el ámbito competencial, el artículo 30.1 del Estatuto dispone que es competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma establecer el régimen de funcionamiento de sus 
instituciones propias, así como también lo es el fomento del desarrollo económico dentro 
del territorio de las Illes Balears, de acuerdo con las bases y la coordinación general de 
la actividad económica, tal como recoge el apartado 21 del mismo artículo 30. Por otro 
lado, el artículo 31.6 del Estatuto reconoce a la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en la ordenación y la 
planificación de la actividad económica de las Balears. Este mismo artículo recoge, en el 
apartado 13, la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local.
Una  administración  moderna  y  eficiente  tiene  que  simplificar  las  estructuras 
administrativas, eliminar duplicidades de actuación y garantizar el principio de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, sin perjuicio 
de que la intervención administrativa de la actividad de los ciudadanos y de las empresas 
deba continuar velando por el interés general.
Actualmente, la lucha contra los efectos de la COVID-19 está poniendo de relieve 
una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar los efectos de la 
pandemia, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, decretado por 
el Gobierno central mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. s
A su vez, la adopción de las medidas drásticas derivadas del estado de alarma ha  e.
causado  una  severa  limitación  de  la  movilidad  de  las  personas  para  reducir  la  w.
propagación de la pandemia. Y estas restricciones de movilidad han causado al mismo  11w
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de origen sanitario, de alcance global y sin precedentes, que, a diferencia de crisis 
económicas anteriores, ha supuesto una parada en seco de gran parte de la actividad en 
general y que puede tener una recuperación más lenta, dada la particular especialización 
de las Illes en el sector turístico.
Las  estimaciones  del  Gobierno  de  las  Illes  Balears  sitúan  la  caída  de  nuestra 
economía en más del 30 % del PIB y de unos 145.000 puestos de trabajo para 2020. 
Desde el punto de vista social, una primera respuesta ha sido impulsar una herramienta 
inclusiva y protectora, tanto para trabajadores como para empresas: los expedientes de 
regulación temporal de empleo a causa de fuerza mayor. Este instrumento ha permitido 
disponer de una red de protección a la cual se han podido añadir, esencialmente, los 
trabajadores indefinidos y fijos discontinuos de los sectores afectados.
En cambio, los trabajadores temporales vinculados al turismo, así como una parte de 
los temporales no turísticos, se han encontrado de golpe sin trabajo, y han ingresado 
directamente en el paro, con unas perspectivas muy difíciles a corto plazo. Este hecho 
ha provocado el tránsito al paro de una cantidad enorme de personas, y nos ha vuelto a 
situar en cifras superiores a los 70.000 parados.
En resumen, nos encontramos ante una economía prácticamente paralizada, un 
consumo interno muy débil y unos mercados turísticos emisores que presentan muchas 
incertidumbres. En términos laborales, tenemos una cifra de trabajadores sin empleo sin 
precedentes, dado que a estas alturas superan las 200.000 personas.
Así pues, resulta de vital importancia para la cohesión económica y social de las Illes 
Balears  adoptar  medidas  valientes  que  estimulen  nuestra  economía  a  la  vez  que 
ofrezcan garantías laborales a miles de familias y aporten nuevas perspectivas al tejido 
productivo del territorio.
La trascendencia e importancia del momento, y también las medidas para afrontarlo 
han llevado al Gobierno a buscar el consenso y pactar las medidas recogidas en este 
texto, consensuadas en la Mesa del Diálogo Social; por lo que la participación de los 
agentes  económicos  y  sociales  más  representativos  ha  sido  capital  y  supone  una 
garantía  del  equilibrio  entre  el  impulso  económico  y  la  protección  social  de  los 
trabajadores.
En este contexto, y en paralelo a las medidas relativas a la protección de la salud 
pública,  que  son  prioritarias,  adoptadas  por  las  administraciones  públicas,  también 
resulta  imprescindible  adoptar  medidas  de  impulso  de  la  actividad  económica  para 
asegurar el mantenimiento de la mayor parte de puestos de trabajo para trabajadores y 
trabajadoras que actualmente se encuentran en una situación de extrema fragilidad y 
medidas  de  simplificación  administrativa  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma y de las administraciones insulares y municipales de las Illes Balears dirigidas 
a paliar, en lo posible, los efectos de la crisis sanitaria en la actividad productiva y el 
tejido empresarial de las Illes Balears.
El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que 
han aprobado recientemente varias disposiciones normativas en los ámbitos económico, 
social y administrativo para luchar contra las consecuencias de la enfermedad, disponen 
ahora de los datos necesarios para adoptar nuevas medidas que tengan como objetivo 
prioritario el impulso de la actividad económica mediante la supresión o la reducción de 
los trámites administrativos de las empresas y los profesionales para iniciar una actividad 
económica;  la  agilización  y  simplificación  de  la  actividad  administrativa  de  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  los  consejos  insulares  y  de  los 
ayuntamientos  de  las  Illes  Balears;  la  simplificación  de  las  relaciones  entre  las  s
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  mejorar  su  coordinación  y,  en  oe.
definitiva,  para  hacer  efectivo  el  derecho  de  la  ciudadanía,  las  empresas  y  los  w.
profesionales de acceder al ejercicio de la actividad económica de una manera ágil y  11w
eficiEensttaes. medidas deben adoptarse sin dilaciones, por lo que hay que hacer uso de la
figura del decreto-ley.
II
Este decreto-ley tiene por objeto, por lo tanto, establecer determinadas medidas de 
rango legal de simplificación administrativa y de fomento de la actividad económica, para 
clarificar  y  simplificar  las  obligaciones  que  la  normativa  vigente  impone  a  las 
administraciones públicas de las Illes Balears y, por consiguiente, a los ciudadanos y a 
las empresas, con el objeto de contribuir a la recuperación económica enseguida que 
sea posible.
Con la legislación vigente, las empresas tienen que cumplir múltiples requerimientos 
a  la  hora  de  iniciar  y  de  mantener  su  actividad  empresarial.  La  existencia  de 
procedimientos de autorización muy complejos y poco pautados hace que la posibilidad 
de  iniciar  una  actividad  se  alargue  en  el  tiempo  mucho  más  de  lo  que  sería 
recomendable  para  garantizar  la  necesaria  competitividad  empresarial.  En  estos 
momentos, es una prioridad del Gobierno impulsar un cambio de modelo de relación 
entre las empresas y la Administración que facilite la actividad económica, deposite la 
confianza en el empresariado y, a su vez, reduzca el exceso de cargas y trámites 
burocráticos.
Este decreto-ley tiene como finalidad principal lograr un funcionamiento más eficaz y 
eficiente de las administraciones de las Illes Balears, para hacer frente a los efectos de la 
crisis económica sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, por lo que pretende:
– Impulsar la actividad económica y la creación de empleo mediante una gestión más 
eficiente de los recursos de las administraciones públicas.
– Mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos, especialmente los 
procedimientos  de  control  de  las  actividades  económicas  sujetas  a  la  intervención 
administrativa  que  establece  la  legislación  sectorial,  por  medio  de  la  reducción,  la 
agilización  y  la  simplificación  de  los  trámites,  siempre  garantizando  la  tramitación 
ambiental asociada, en su caso.
–  Consolidar  instrumentos  de  colaboración  y  de  coordinación  entre  las 
administraciones públicas de las Illes Balears en el ejercicio de las competencias de 
regulación, intervención y control de la actividad económica.
En el contexto actual hay que configurar la simplificación administrativa no como una 
obligación de las administraciones públicas, sino como un verdadero derecho subjetivo 
de la ciudadanía, las empresas y los profesionales.
Buena parte de la actividad económica que ejercen los ciudadanos y las empresas 
requiere la intervención de los ayuntamientos. Esto hace que las entidades locales 
tengan  un  papel  esencial,  como  administración  responsable,  en  los  procedimientos 
establecidos en la legislación vigente.
La simplificación de la actividad administrativa tiene que servir para mejorar los 
procedimientos  regulados  por  las  normativas  local  y  sectorial  de  los  ámbitos 
competenciales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de forma que, sin 
renunciar a la protección del interés general, la reducción de plazos y el aumento de la 
eficiencia de recursos en los procedimientos de autorización y control de las actividades 
económicas repercuta de manera directa en la reducción de costes para las empresas 
para reactivar la actividad económica y el empleo.
Por ello, los principios en que se inspira la regulación contenida en este decreto-ley, 
como principios de actuación de las administraciones públicas al servicio efectivo de los  s
ciudadanos, son la simplificación administrativa, la optimización de los recursos públicos,  oe.
la eficiencia, la confianza legítima y el control de la gestión. w.
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– El impulso de mecanismos alternativos que permitan reducir cargas a las empresas 
y a los profesionales.
– La responsabilidad de los titulares de empresas y de los profesionales en el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el ejercicio de la actividad económica.
– El establecimiento de medidas de control y disciplina para validar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos.
– La estandarización de los requisitos exigidos por las administraciones para iniciar y 
desarrollar la actividad económica.
– La facilitación de las relaciones de las empresas y los profesionales con las 
administraciones públicas de las Illes Balears.
III
Este  decreto-ley  se  estructura  en  seis  capítulos,  cuarenta  y  un  artículos,  siete 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y diecisiete disposiciones finales.
En el capítulo I, regula el objeto y el ámbito de aplicación.
El  capítulo  II,  referido  al  estímulo  económico  y  la  simplificación  administrativa, 
establece, en la sección primera, que los mecanismos de intervención administrativa en 
el  ejercicio  de  la  actividad  económica  son,  a  todos  los  efectos,  la  declaración 
responsable y la comunicación previa, y contiene un mandato a las administraciones 
públicas  sujetas  a  este  decreto-ley  de  establecer  mecanismos  de  colaboración  y 
coordinación para el ejercicio de las facultades de intervención, inspección o control 
conjuntos.
La sección segunda de este capítulo introduce una serie de medidas de carácter 
temporal para hacer frente a los efectos del estado de alarma, que tienen como finalidad 
contribuir a la reactivación económica y a la simplificación administrativa, y contiene 
también una medida de apoyo social y determinadas disposiciones que facilitarán la 
selección  de  personal  para  atender  servicios  estratégicos,  el  desempeño  de  las 
funciones de inspección y control por parte de personal funcionario, así como también 
garantizar los servicios públicos en la temporada estival.
En primer lugar, con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y potenciar 
el  sector  de  la  construcción,  se  establece  un  régimen  excepcional  de  declaración 
responsable para determinadas obras e instalaciones que tengan que ejecutarse en 
suelo  urbano,  subscrita  por  la  persona  promotora  y  dirigida  al  correspondiente 
ayuntamiento, lo que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Con la misma idea de potenciar, como sector de diversificación económica, el 
sector  especializado  en  la  construcción  y  el  mantenimiento  de  embarcaciones 
náuticas, y para poner en valor el objetivo de recogida municipal de residuos en las 
condiciones adecuadas en los llamados puntos verdes, se introduce un artículo que 
establece un procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas 
generales de infraestructuras y servicios específicos, que estará vigente durante un 
periodo de dos años.
Se pretende, así, fomentar la creación de forma ágil de áreas urbanizadas aptas para 
la implantación de instalaciones destinadas a la construcción, el almacenamiento y el 
mantenimiento de embarcaciones. Para el desarrollo de estas áreas urbanizadas aptas 
para la implantación de las actividades señaladas, se podrá recurrir a la habilitación de 
zonas industriales en suelo urbano y urbanizable, o bien a la definición de sistemas 
generales en cualquier clase de suelo. Igualmente se quiere incentivar la localización de  s
espacios  adecuados  para  el  impulso  tecnológico  de  las  energías  renovables  y,  e.
finalmente, facilitar la implantación de puntos verdes municipales para una gestión más  w.
sostenible de los residuos. 11w
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productivo  relacionado  con  las  reformas  o  construcciones,  lo  que  tiene  una  clara 
incidencia en el aumento de la contratación laboral. Como principales novedades de este 
artículo respecto de anteriores disposiciones sobre la cuestión, hay que mencionar que 
fija un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. También dispone un plazo 
máximo de tres meses para emitir el informe preceptivo de la Administración turística, en 
el ámbito evidentemente de sus competencias. También incorpora nuevos criterios de 
eficiencia energética y, asimismo, prevé expresamente –y, por lo tanto, lo posibilita– que 
alojamientos turísticos existentes, pero que ya no forman parte de los definidos por la 
normativa turística actual, se puedan acoger a los incentivos siempre que las obras 
tengan por objeto que el establecimiento quede encuadrado en uno de los grupos 
definidos actualmente, así como un aumento de categoría.
El artículo 8 establece para el año 2020 la excepción de limitaciones temporales 
estivales para obras de edificación, modificación, reparación y derribos, relativas a la 
temporada turística, que estén vigentes en cualquier normativa autonómica, insular o 
municipal.
En materia de vivienda, temporalmente se exime a los arrendatarios de la exigencia 
de acreditar el depósito de fianza al que hace referencia el artículo 59 de la Ley 5/2018, 
de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, en las solicitudes de ayudas al alquiler 
convocadas a partir de la entrada en vigor de este decreto-ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2020, sin que esta suspensión exima al arrendador de la obligación de depositar las 
fianzas.
En el difícil contexto actual, resulta imprescindible garantizar que las ayudas públicas 
de alquiler, por el hecho de que son una importante medida en la política de vivienda, 
lleguen a las personas que verdaderamente las necesitan, con independencia de que 
pueda haber un incumplimiento por parte del arrendador, del cual el arrendatario no es, 
en ningún caso, responsable. Por este motivo, se suspende temporalmente la exigencia 
a los arrendatarios de acreditar el depósito de la fianza para las solicitudes de ayudas 
públicas  al  alquiler,  sin  que  ello  suponga  la  suspensión  de  la  obligación  para  los 
arrendadores.
También se establece una prestación económica extraordinaria de compensación de 
atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales para personas 
en situación de dependencia a las que se ha suspendido el servicio de centro de día 
debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, con una vigencia inicial de cuatro meses, 
prorrogables por acuerdo del Consejo de Gobierno.
En materia de personal, se establecen medidas extraordinarias para la selección de 
personal funcionario interino para prestar servicios en el Servicio de Empleo de las Illes 
Balears  y  en  el  Servicio  de  Renta  Social  Garantizada  de  la  Dirección  General  de 
Servicios  Sociales,  para  atender  necesidades  urgentes  ocasionadas  por  la  crisis 
sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19.
Asimismo, se prevé que, desde la entrada en vigor de este decreto-ley y hasta el 31 
de diciembre de 2020, el personal con funciones inspectoras de la Comunidad Autónoma 
de  las  Illes  Balears  esté  facultado  para  inspeccionar  y  levantar  acta,  si  procede, 
respecto de cualquier materia que le sea encargada relacionada principalmente con las 
normas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dentro del ámbito 
competencial del Gobierno de las Illes Balears y siempre que la función inspectora no 
requiera una elevada especialización en relación con las competencias materiales de la 
consejería de adscripción.
Finalmente, se establecen determinadas medidas que afectan al personal al servicio  s
de la Administración de la Comunidad autónoma, referidas al disfrute de vacaciones, en  oe.
atención a la situación especial provocada por la declaración del estado de alarma y las  w.
medidas de desescalada posteriores. En concreto, se suspende, para el año 2020, la  11w
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El capítulo III establece medidas específicas relativas al Servicio de Salud de las Illes 
Balears y regula el sistema de adquisición de equipos de protección individual y de 
medicamentos, en atención a que el Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se 
establecen  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos 
educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social de 
la COVID-19, estableció que la adopción de cualquier tipo de medida o actuación por 
parte de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y de los entes del sector público instrumental autonómico para hacer frente de 
manera directa o indirecta a los efectos de la COVID-19 justifica la necesidad de actuar 
de manera inmediata.
Dada la evolución de la crisis sanitaria, resulta imprescindible mantener de manera 
ininterrumpida  la  dotación  suficiente  de  equipos  de  protección  individual  para  los 
profesionales sanitarios, así como también para el resto de personal al servicio de la 
Administración autonómica y de los entes del sector público instrumental.
Una vez analizada la capacidad del mercado para soportar el primer impacto de la 
demanda  generada  por  la  crisis  sanitaria,  resulta  de  interés  general  establecer  un 
procedimiento ágil para la adquisición, dado que se ha detectado que ni el mercado 
nacional ni el europeo pueden, actualmente, proporcionar, con la rapidez y el alcance 
necesarios, las dotaciones suficientes para el personal al servicio de la Administración 
sanitaria.
Por ello, este capítulo regula un procedimiento de adquisición que, en la medida de lo 
posible, garantiza también los principios de concurrencia y de igualdad de los operadores 
económicos. A tal efecto, el interés general en la tramitación de este tipo de sistema de 
adquisición  debe  ser  apreciado  y  debidamente  justificado  por  cada  órgano  de 
contratación,  y  se  prevé  que  las  necesidades  que  tengan  que  satisfacerse  y  las 
condiciones del suministro se den a conocer a través de la página web.
La crisis sanitaria que ha producido la propagación del virus de la COVID-19 ha 
provocado también que el Servicio de Salud de las Illes Balears tenga que adquirir, 
mediante tramitación de emergencia, el suministro de batas de protección, guantes, 
mascarillas, buzos, delantales de plástico, gafas, capuchas, medias, pantallas, solución 
hidroalcohólica y viricida, así como cualquiera otro elemento que se considere necesario 
para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, dadas las muchas dificultades que 
se prevén para comprar este material por las vías ordinarias, durante un periodo largo de 
tiempo (que se calcula en 24 meses) a causa de las carencias de suministro de estos 
productos por los proveedores habituales.
Por ello, con este decreto-ley también se pretende fomentar que estos productos 
sean elaborados por empresas locales que tienen o pueden tener la capacidad necesaria 
para producirlos, facilitando su posterior adquisición.
Asimismo, se establece que el Servicio de Salud de las Illes Balears puede abonar 
las materias primas o los productos acabados, por anticipado, así como también que el 
Gobierno de las Illes Balears puede establecer incentivos económicos para las empresas 
que produzcan y distribuyan este material en el ámbito de la comunidad autónoma.
Por otro lado, este capítulo también regula la adquisición de medicamentos de uso 
hospitalario, y establece un sistema conforme al cual se fijan condiciones generales, que 
pueden  incluir  o  no  rebajas  sobre  el  precio  administrativamente  establecido  de 
financiación  a  cargo  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  abiertas  a  una  pluralidad  de 
proveedores,  con  la  posibilidad  de  incorporación  posterior  de  otros  operadores  s
económicos, en atención a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión  oe.
Europea en una sentencia de 2 de junio de 2016 (Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK- w.
Gesundheit, asunto C-410/14, puntos 41 y 42). 11w
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farmacéutico, e incluso en algunos casos acuerdos de riesgo compartido o de techo de 
gasto  que  se  incorporan,  con  que  se  regulan  por  lo  tanto  las  condiciones  de  la 
adquisición,  que  se  aplicará  a  las  adquisiciones  de  las  entidades  integradas  en  el 
Sistema Nacional de Salud que constituyan el poder adjudicador.
Se establece también el régimen económico de la prestación farmacéutica a través 
de las oficinas de farmacia, y se regula el procedimiento mediante el que se tiene que 
retribuir al Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Illes Balears el importe de las recetas 
médicas  oficiales,  todo  ello  conformemente  al  Real  Decreto  1718/2010,  de  17  de 
diciembre, que establece la receta médica como un documento normalizado de apoyo a 
la gestión y facturación de la prestación farmacéutica que reciben los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud.
Se tiene presente el hecho de que la colaboración entre el Servicio de Salud de las 
Illes Balears y el Colegio de Farmacéuticos de las Illes Balears para la dispensación 
activa  de  las  especialidades  farmacéuticas,  los  efectos  y  accesorios,  las  fórmulas 
magistrales y los preparados oficiales que estén incluidos en la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud se rige por la normativa sanitaria, la farmacéutica estatal 
y autonómica, y la relativa a la prestación farmacéutica y a la de la Seguridad Social, y 
también se tiene en cuenta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que regula los convenios de colaboración, por lo que se entiende que 
esta  colaboración  está  excluida  del  ámbito  de  la  contratación  pública  y  debe 
instrumentarse mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones, en 
atención al hecho de que la naturaleza de la colaboración entre el Servicio de Salud y el 
Colegio de Farmacéuticos obedece a una finalidad común de interés público.
Finalmente, se establecen una serie de medidas referidas a la gestión del personal, 
en  atención  a  la  especial  situación  de  crisis  sanitaria,  que  tienen  que  permitir,  en 
determinados supuestos, la prestación de servicios en régimen de teletrabajo y facilitar la 
movilidad temporal del personal  estatutario, cuando  las necesidades del servicio lo 
requieran. Asimismo, esta norma también contiene una regulación específica para el 
trabajo por turnos. Todas estas medidas van dirigidas a facilitar la gestión y la adaptación 
a las nuevas condiciones de vida producidas por la pandemia de la COVID-19.
La primera consiste en proporcionar un marco legal para que se pueda dar cobertura 
al  teletrabajo  dentro  del  mundo  estatutario.  Durante  esta  crisis,  el  personal 
especialmente sensible (mayores de sesenta años, profesionales con patologías como 
EPOC,  cardiopatías,  enfermedades  renales  u  oncológicas,  diabetes,  etc.)  ha  sido 
retirado de la primera línea de trabajo y se ha establecido que pudieran desempeñar sus 
funciones en la modalidad de teletrabajo, ya sea haciendo consultas por vía telefónica o 
por videoconferencia. También se han tenido que cerrar servicios de consultas externas 
y  salas  de  operaciones,  para  evitar  la  exposición  de  los  profesionales  y  prevenir 
contagios, y, en la medida de lo posible, se ha trabajado en la modalidad de teletrabajo. 
Ahora bien, esta situación no está prevista en el Estatuto marco ni en el Texto refundido 
del Estatuto básico del empleado público, y resulta necesario tener un marco legal para 
poder establecer las condiciones en que se tiene que realizar.
En  cuanto  a  la  regulación  de  la  movilidad  forzosa  temporal  para  el  personal 
estatutario, resulta totalmente necesaria para garantizar la asistencia en las situaciones 
urgentes e inaplazables, en las que el profesional tenga que prestar su servicio fuera del 
centro asignado. En estas situaciones es cuando se evidencia que la carencia de según 
qué  especialidades  puede  suponer  un  problema  para  garantizar  la  atención  a  los 
usuarios, sobre todo por el hecho de la doble y triple insularidad que padecemos. Deben  s
preverse los casos en los que los especialistas puedan estar afectados por la pandemia,  oe.
o bien que haya un incremento de actividad en según qué centros y no pueda ser  w.
asumida  por  el  personal  asignado.  Por  ello  resulta  imprescindible  disponer  de  una  11w
hpeerrrmaimtiri ednatra  cojubreídritcuara  qau lea  pporibolraicceió ne. l Eiln mteerécsa ngisemnoe rdael  msoobvrieli daedl  ifnotrezroéssa  pteamrtpicourlaalr  epsa urna 
iunnsatr usmereien tdoe  fpuanrdáammeetrnotas l dpea orab jegtaivraidnatidz apra rlaa  ceovnitatinr uciudaaldq uaiesris aterbnictriaarl,i eyd aeds.tá regulado con  BOE-A-cable e
En cuanto a la jornada de trabajo, es necesario clarificar los turnos de trabajo, en 
jornada tanto diurna como nocturna y en los turnos rotatorios, para establecer de manera 
clara, desde un punto de vista normativo, la nueva situación. El distanciamiento social 
implica nuevos cambios en la gestión de agendas, citas a los usuarios, para hacer 
pruebas complementarias, etc., lo que hace que sea inviable mantener el funcionamiento 
actual. Hay que evitar en todo momento la aglomeración de usuarios en las salas de 
espera y centros de los diferentes dispositivos de la red asistencial, y esto requiere un 
cambio  organizativo  y  una  redistribución  de  la  jornada  de  trabajo,  que  tienen  que 
respetar siempre el cómputo horario anual que está establecido en el Servicio de Salud.
El capítulo IV incorpora un conjunto de preceptos que tienen por objeto establecer un 
régimen especial en materia de subvenciones, para todas las administraciones de las 
Illes Balears, que se aplicará hasta el 31 de mayo de 2021.
En una situación crítica como la actual, en la que es fundamental trasvasar recursos 
del sector público al sector privado para que la sociedad colabore en la recuperación de 
la normalidad perdida, se considera un objetivo prioritario facilitar la puesta en marcha de 
líneas eficaces de subvención que impulsen el desarrollo de los sectores productivos y 
que puedan paliar los efectos sociales y económicos provocados por la crisis sanitaria de 
la COVID-19.
A este objetivo responde, en primer lugar, el establecimiento de un procedimiento 
muy  simplificado  de  elaboración  y  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones,  con  la  particularidad  de  que  pueden  incorporar  las  correspondientes 
convocatorias. Con esta medida es probable que se reduzca a menos de quince días la 
tramitación y la aprobación de las bases reguladoras, siempre que tengan por objeto 
acciones de fomento en los ámbitos materiales que determina el mismo decreto-ley.
En  segundo  lugar,  y  siguiendo  el  ejemplo  de  otras  administraciones  que  han 
adoptado medidas similares, se establecen reglas específicas dirigidas principalmente a 
flexibilizar los plazos para ejecutar los proyectos y actividades subvencionados y para 
justificar los gastos necesarios por materializarlos. Igualmente se han tomado algunas 
decisiones para dotar de agilidad los mecanismos de comprobación del buen uso de los 
fondos públicos. Asimismo, se faculta a las administraciones públicas para compensar 
los gastos efectuados directamente para la ejecución de proyectos y actividades que 
hayan  resultado  paralizados  o  cancelados  debido  a  la  situación  generada  por  la 
declaración del estado de alarma o por la adopción de medidas de lucha contra los 
efectos de la crisis sanitaria. Esta compensación será posible aunque la ejecución del 
proyecto o la actividad no se pueda retomar.
Respecto a las ayudas a las que hace referencia el artículo 2.3 del Texto refundido 
de la Ley de subvenciones en relación con determinadas ayudas que no tienen la 
consideración legal de subvención, y en especial para las que tienen carácter asistencial, 
que se puedan convocar en el marco de lo previsto en la letra a) del mismo artículo 2.3, 
se establece, con carácter excepcional, un procedimiento urgente y simplificado para la 
aprobación de las disposiciones generales que las tengan que regular, en línea con lo 
establecido en este decreto-ley en materia de bases reguladoras.
Finalmente, y para aclarar las dudas que pueda haber en relación con el eventual 
ejercicio de las competencias municipales sobre el desarrollo económico local, se ha 
considerado necesario referirse al hecho de que los ayuntamientos pueden emplear los 
instrumentos de fomento previstos en este decreto-ley, como manifestación del ejercicio 
de su propia competencia en los términos que resultan de la letra t) del apartado 
segundo del artículo 29 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y del régimen  s
local de las Illes Balears, sin perjuicio del ejercicio, en cualquier momento, de esta  oe.
competencia y de las otras que les son propias de acuerdo con la normativa local. En el  w.
mismo sentido, se hace referencia a la competencia que, en esta materia, tienen los  11w
cdoen bsaesjoess  idnes urélagriemse, nd elo accaul.erdo con la previsión contenida en el artículo 36.1.d) de la Ley
haciEeln dcaa pyít udloe  pVa tirnimclounyeio . vEarl iaasr tíncuolrom a3s3  eessptaebclíeficcea sd eetne rmmiantaedrioas  pbreenseufpicuieosst afrisiac,a ldees   BOE-A-cable e
aplicables  a  tasas  portuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  en 
atención a la actual situación de crisis. Los artículos 34 y 35 suprimen o reducen los 
pagos por anticipado o parciales que, al margen de la actividad económica efectiva, se 
prevén en el caso de determinados tributos, como es ahora el caso del impuesto sobre 
las estancias turísticas en las Illes Balears en régimen de estimación objetiva, y también 
el caso de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de 
tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar, con el objeto de evitar una carga 
tributaria absolutamente desligada de la capacidad económica del sujeto pasivo. Los 
artículos 36 y 37 regulan la posibilidad de que los recursos disponibles del fondo para 
favorecer el turismo sostenible, correspondientes a proyectos no ejecutados en el marco 
de los planes anuales del turismo sostenible de los años 2016 a 2019, y también los 
recursos del fondo del año 2020, para el que ya no tiene que aprobarse el plan anual del 
turismo sostenible, se apliquen a gastos e inversiones para paliar los efectos de la crisis 
de la COVID-19. En este sentido, dado que la crisis producida por la pandemia es no 
solo sanitaria sino también social y económica, y dadas también las necesidades de 
implementar políticas públicas para paliar estos efectos, se considera imprescindible 
prever legalmente que estos recursos se puedan destinar a las finalidades que desde el 
Gobierno se consideren necesarias, en forma de proyectos o de líneas de gasto o 
inversión,  en  el  marco  del  programa  presupuestario  de  gasto  413G,  al  cual  hace 
referencia el artículo 11 del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer 
frente al impacto económico y social de la COVID-19.
El artículo 38 prevé el régimen aplicable a las donaciones que se realicen para hacer 
frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19, de manera 
parecida a como lo han hecho otras comunidades autónomas, como por ejemplo, entre 
otras, la Comunidad Autónoma de Valencia por medio del Decreto-ley 4/2020, de 17 de 
abril.
El artículo 39 aborda la regulación destinada a depurar la apariencia jurídica que 
resulta de la denominada contratación irregular, especialmente de los contratos verbales, 
lo  que  tiene  que  permitir,  a  su  vez,  el  reconocimiento  extrajudicial  del  crédito  que 
corresponda en cada caso a favor del prestador del bien o servicio, dada la problemática 
suscitada  por  la  insuficiente  regulación  de  esta  cuestión,  de  la  cual,  hoy  en  día, 
únicamente se prevén posibles pagos por anticipado, como medida cautelar o provisional 
del procedimiento que corresponda, en el apartado 8 del artículo 70 de la Ley 14/2014, 
de  29  de  diciembre,  introducido  a  tal  efecto  mediante  la  Ley  18/2016,  de  29  de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2017.
Para llevar a cabo esta regulación, se ha tenido presente la necesidad de dar una 
respuesta urgente a los casos en los que un particular proporciona una prestación a 
favor de la Administración a título oneroso sin que esta pueda abonar la correspondiente 
factura por razón de no haber seguido los procedimientos administrativos pertinentes, 
previstos tanto en la normativa presupuestaria como en la relativa a contratación pública, 
y particularmente por razón de no haberse formalizado ningún contrato y, por lo tanto, no 
haberse  perfeccionado  el  vínculo  jurídico  entre  las  partes,  con  la  consiguiente 
inexistencia  jurídica  del  contrato.  En  este  sentido,  se  tiene  que  entender  que  la 
inexistencia jurídica del contrato –a efectos del procedimiento que debe seguirse para su 
declaración–  prevalece  respecto  de  los  eventuales  vicios  de  nulidad  de  los  actos  s
administrativos previos y separables, cuya revisión por medio del procedimiento de  oe.
revisión de oficio regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  w.
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al cual se refiere el artículo 41  11w
dpea rala  eLle yc a9s/2o0 1d7e,  cdoen 8tr adteo sn oevxieismtebnrtee,s d, ee sc odnetrcaitro, sp daeral  seelc tcoar spoú bdleic oc, osnotrloa ttoiesn eq usee,n tcidoon 
iancdteops epnrdeevinocsi ay  dsee psaur anbulleidsa, de xinistrtíenns ejucraíd cicoammoe cnoten speocruqeunec siae  dfoer mlaa elivzeanrotuna dl en ualciduaedrd doe c loons   BOE-A-cable e
lo exigido en la legislación contractual, ya desde la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que 
trasladó la perfección del contrato del acto –unilateral– de adjudicación a la formalización 
–bilateral– del contrato, y convirtió de este modo la adjudicación en un acto meramente 
separable, como el resto de actos previos de preparación y licitación. Así pues, si 
jurídicamente el contrato no existe, deja de tener sentido cualquier análisis sobre su 
validez o nulidad en caso de haber existido.
Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia, no es relevante que el empresario 
pueda conocer las irregularidades de procedimiento, sino que lo que es trascendente es 
que la Administración haya solicitado y aceptado los servicios prestados, lo que implica 
un enriquecimiento injusto que se tiene que reparar. Especialmente en un momento de 
crisis como el actual, esta reparación no se puede demorar ni puede suponer una carga 
más para el contratista, que le empuje al recurso o al litigio para poder liquidar la deuda 
contraída.
Ciertamente, el enriquecimiento sin causa se puede resolver tanto en el ámbito 
administrativo como en el judicial. En el ámbito administrativo, una vía para reparar este 
enriquecimiento  injusto,  cuando,  dada  la  inexistencia  jurídica  del  contrato,  el 
procedimiento de revisión de oficio de actos nulos no es el que procede realmente, 
podría ser el reconocimiento extrajudicial del crédito. Sin embargo, esta vía –a la que se 
refiere  la  normativa  presupuestaria  local  vigente,  si  bien  únicamente  a  efectos  de 
determinar el órgano competente para el reconocimiento– constituye un procedimiento 
accesorio o de ejecución –análogo al procedimiento de liquidación del contrato, cuando 
este es declarado nulo, que resulta de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 9/2017, 
antes mencionada– que debe limitarse a concretar y cuantificar la regularización o 
liquidación de las prestaciones efectuadas en el marco del contrato inexistente, cuando 
no es posible la restitución recíproca entre las partes, y también la imputación del 
correspondiente gasto en el presupuesto vigente, y que, por lo tanto, tiene que derivar de 
un procedimiento principal o sustantivo por el que se declare expresa y formalmente la 
inexistencia jurídica del contrato.
Pues bien, a pesar de que este tipo de actuaciones –contrataciones irregulares y 
verbales–,  que  dan  lugar  a  contratos  jurídicamente  inexistentes,  son  relativamente 
habituales, no hay una normativa específica que regule ni la declaración de la inexistencia 
del contrato, por un lado, ni la liquidación de este a consecuencia de la inexistencia jurídica 
declarada, por el otro, con la consiguiente inseguridad jurídica en la actuación de los centros 
gestores y de los proveedores, que han prestado normalmente de buena fe los bienes o 
servicios solicitados. Esto es lo que se regula por medio de esta nueva norma, de forma que 
el acto declarativo de inexistencia del contrato se produzca en el marco de un procedimiento 
administrativo que se iniciará de oficio y que se tramitará de acuerdo con las previsiones 
generales del título IV de la Ley 39/2015, antes mencionada, sin necesidad de dictamen 
preceptivo del Consejo Consultivo de las Illes Balears, y de forma que, en ejecución de este 
acto declarativo, se pueda tramitar el reconocimiento extrajudicial del crédito inherente a la 
liquidación o regularización del contrato inexistente. Todo ello se hará sin perjuicio de que 
se prevea expresamente la posibilidad de acumular ambos procedimientos, en la medida 
que en el momento de la iniciación del procedimiento declarativo se disponga de todos los 
elementos de juicio para resolver también la correspondiente liquidación o regularización.
El capítulo VI establece medidas para considerar infraestructuras estratégicas en 
materia de transporte público de viajeros las infraestructuras necesarias para dar un 
nuevo  impulso  al  desarrollo  y  la  mejora  del  transporte  público  de  viajeros  en  la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. Concretamente, en el caso del transporte de  s
viajeros por carretera resulta necesario dotar la red de elementos auxiliares, como las  oe.
mismas paradas de autobús o las infraestructuras de suministro de combustible, cuya  w.
efectiva ejecución a menudo implica tanto a las diferentes administraciones públicas  11w
cpoomr ola sa  laoust oargideandteess  pdriev atdraons.s pEosrttaes,  isniferamepsrteru cstounra sim, qpurees cai nmdeibnleusd op naora s ocno ngfeigsutiroanr audnaas 
pverirmdeard enrivae rle. dP oprú ebslictaa  rdaez ótrna,n ssep orertmesa rccoan l au ncoosn seidsteárnadcaiórne sd dee in cfaraliedsatdru yc tcuoramsp eestittrivaitdéagdic daes   BOE-A-cable e
de  las  paradas  o  las  infraestructuras  auxiliares  de  suministro  de  combustible,  muy 
especialmente  las  de  gas  natural  y  los  puntos  de  carga  eléctrica,  para  facilitar  su 
implantación y fomentarlas, en el marco de la estrategia de impulso a la movilidad 
sostenible, a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático, con las que 
el Gobierno de las Illes Balears se ha comprometido desde hace algunos años.
Dado que se considera de interés general y urgente para la población de estas islas 
disponer  de  más  edificaciones  destinadas  a  vivienda  de  protección  oficial  y  a  uso 
sociosanitario, asistencial y administrativo, la disposición adicional primera, que lleva por 
título «Reconversión y cambio de uso de establecimientos de alojamiento turístico y 
edificaciones  con  usos  no  residenciales»,  establece  un  procedimiento  singular  y 
extraordinario para que, respecto de los edificios que determina, se pueda instar un 
procedimiento ante la administración competente en relación con el último uso de la 
edificación, para que esta pueda conceder el cambio de uso, siempre que se cumplan 
las condiciones fijadas –entre ellas, disponer del informe preceptivo y vinculante del 
ayuntamiento afectado– y que quede justificada la oportunidad y la idoneidad del cambio.
La  disposición  adicional  segunda,  referida  a  la  certificación  de  verificación 
documental, regula un mecanismo de colaboración voluntario de los ayuntamientos con 
los colegios profesionales para agilizar las tramitaciones urbanísticas, las cuales en 
algunos casos acumulan una demora que va más allá de lo razonable y supone un 
obstáculo importante para la dinamización económica y la modernización del tejido 
productivo, además del impacto que tiene en la política de vivienda.
Con  el  fin  de  atraer  la  implantación  de  empresas  tecnológicas  al  ParcBit,  la 
disposición adicional tercera de este decreto-ley establece medidas para agilizar la 
tramitación  y  las  reformas  necesarias  de  la  normativa  para  hacer  posible  que  las 
inversiones tecnológicas que se quieran realizar dentro del parque tengan cabida en él. 
Se derogan todas las disposiciones con rango igual o inferior a este decreto-ley que lo 
contradigan y, en particular, el apartado 2 de la disposición adicional novena de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
Por  otro  lado,  la  disposición  adicional  cuarta  establece  una  prórroga  de  las 
autorizaciones administrativas del transporte colectivo del Parque Nacional de Cabrera, 
hasta el día 31 de diciembre de 2020, en el actual contexto de excepcionalidad, con el 
objeto de poder establecer con garantías el marco para otorgar las autorizaciones futuras 
adaptado a las nuevas situaciones.
La  disposición  adicional  quinta  se  ocupa  de  los  equipamientos  recreativos  que 
gestiona el IBANAT, como infraestructuras de uso público destinadas al disfrute y recreo 
de los ciudadanos de las Illes Balears en el medio natural.
Estas infraestructuras permiten tener un contacto con la naturaleza de una manera 
gestionada y sostenible, y para muchas personas de las Illes Balears que no son 
propietarias de un espacio en suelo rústico constituyen el único recurso para disfrutar de 
una estancia con las familias y los amigos en un entorno natural.
Los espacios recreativos que gestiona el IBANAT se clasifican en áreas recreativas, 
zonas de acampada, refugios y aparcamientos, y también forman parte de ellos algunas 
infraestructuras de fincas públicas. Las administraciones públicas hace más de veinte 
años que gestionan algunos de estos espacios recreativos sin que se haya determinado 
su existencia en ningún sitio. Por esta razón, se considera necesario determinar los 
equipamientos recreativos gestionados por el IBANAT, para poder ejecutar en ellos, de 
manera inmediata y urgente, las actuaciones de mantenimiento y mejora necesarias para 
ofrecer a todos los ciudadanos de las Illes Balears el servicio adecuado que corresponde  s
a la Administración pública. oe.
La disposición adicional sexta obedece a la situación de emergencia y necesidad en  w.
materia de vivienda que se da en el término municipal de Palma, y tiene en cuenta la  11w
nfuencceiósanr isoo scuiasl pqeuned edre llaim pitoas iebli liddearde cdheo p drees epnrotaprie ddeacdla, rraaczioonneess  rpeosrp loanss qaubele ss ed ec oinnisciidoe drae 
adcictiievimdabdre  rdeela 2ti0v2a1s.  a  viviendas  objeto  de  comercialización  turística  hasta  el  31  de  BOE-A-cable e
La disposición adicional séptima contiene determinadas previsiones específicas para 
Formentera,  en  atención  a  las  características  geográficas  especiales  de  esta  isla, 
conforme  a  las  cuales  el  Consejo  Insular  puede  establecer,  mediante  una  nueva 
ordenanza,  un  régimen  específico  de  limitaciones  temporales  para  obras  estivales 
durante la temporada turística de 2020 aplicable a las obras a las que hace referencia el 
artículo 8 de este decreto-ley, y no le será aplicable la excepcionalidad que prevé el 
artículo  2.2  in  fine  de  la  Ley  14/2019,  de  29  de  marzo,  de  proyectos  industriales 
estratégicos de las Illes Balears.
La disposición derogatoria única deroga todas las normas de rango igual o inferior a 
este decreto-ley que lo contradigan o se opongan a él y, en particular, el artículo 5 de la 
Ley 6/2010, de 17 de junio, de medidas urgentes para la reducción del déficit público, el 
cual establece que los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de los entes instrumentales tienen que pedir un informe a la consejería 
competente  en  materia  de  hacienda  y  presupuestos  sobre  las  repercusiones 
presupuestarias y los compromisos financieros en los contratos de concesión de obras y 
de  servicios,  y  sobre  la  incidencia  del  contrato  en  el  cumplimiento  del  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria. Ahora bien, en este mismo sentido, debe tenerse en cuenta 
que el actual artículo 333.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, de carácter básico, ya establece que, con carácter previo a la licitación de 
contratos de concesión de obras o de servicios, hay que tener el informe preceptivo de la 
Oficina Nacional de Evaluación cuando se hagan aportaciones públicas a la construcción 
o a la explotación, cuando las tarifas de la concesión sean asumidas total o parcialmente 
por el poder adjudicador o cuando el importe de las obras o los gastos de primer 
establecimiento supere el millón de euros; y también, que esta Oficina debe informar 
sobre los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico. De este modo, salvo 
que  la  Comunidad  Autónoma  cree  un  órgano  equivalente,  todos  los  órganos  de 
contratación deben solicitar a la Oficina Nacional de Evaluación la emisión de dichos 
informes, con la adhesión previa de la Comunidad Autónoma a estos efectos. Además, 
de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  los  denominados  gastos  estructurales 
requieren la autorización previa de la persona titular de la consejería competente en 
materia de hacienda y presupuestos, una autorización que ya tiene en cuenta el impacto 
económico,  en  términos  de  sostenibilidad  financiera,  del  correspondiente  gasto  o 
inversión, por lo que el informe que prevé el artículo 5 de la Ley 6/2020 ya no es 
realmente necesario actualmente.
También  se  deroga  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  novena  de  la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, en coherencia con la 
previsión contenida en la disposición final decimotercera de este decreto-ley. Asimismo 
se derogan los artículos 109 y 110 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico  de  instalación,  acceso  y  ejercicio  de  actividades  en  las  Illes  Balears,  en 
coherencia con las modificaciones introducidas mediante la disposición final segunda, y 
los artículos 163 y 196 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y 
movilidad  sostenible  de  las  Illes  Balears,  en  coherencia  con  las  modificaciones 
introducidas mediante la disposición final quinta, porque no hace falta el procedimiento 
de aprobación de planes especiales urbanísticos para proyectos de tranvía y dado que 
no tiene sentido, una vez modificada la naturaleza de los estudios de viabilidad, la 
vigencia de un comité evaluador que valore su resultado, cuando esta función queda 
incluida en el proceso, público y transparente, de tramitación de los estudios informativos  s
o  bien  del  proceso  de  planificación  y  aprobación  de  cada  una  de  las  grandes  oe.
infraestructuras de transportes según la legislación sectorial pertinente. w.
En materia de guías de turismo, se deroga el artículo 4 de la Ley 5/2004, de 20 de  11w
edsictiee mmbordeo,  dsee  scureparicmióen  edl ecl aCráocletegri oo bOlifgicaitaol rdioe  dGe ulaía sc oTleugríisatcicióons,  dceo nla lso  Iqlluees  sBea lbeuasrsc,a ,y  pdoer 
luan  ldaodcot,r ilnaa p ldeenla  aTdriebcuunaacl ióCno dnes tliatu ncioornmaal tirveal abtaivlae ara a  lloas l eagristílcauclioósn  b2á2s, ic3a5 d eyl  E3s6ta ddoe  y laa   BOE-A-cable e
Constitución, y, por otro, la desaparición de un obstáculo a la libre competencia en el 
ámbito de la guía turística. También se derogan la disposición transitoria séptima de la 
Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, y la disposición transitoria 
primera del Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de 
coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y 
de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las 
empresas y de los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, 
de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, en coherencia con las modificaciones 
legislativas contenidas en este decreto-ley.
En materia de territorio, se derogan tres normas relacionadas con la supresión de la 
Comisión de Coordinación de Política Territorial (el artículo 4 de la Ley 4/2000, de 21 de 
diciembre, de ordenación del territorio de las Illes Balears, el apartado 1 del artículo 6 de 
la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en 
materia  de  ordenación  del  territorio,  y  el  Decreto  13/2001,  de  2  de  febrero,  de 
organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Política Territorial), sin 
perjuicio  de  que  este  decreto-ley  fomente  la  participación,  la  colaboración  y  la 
coordinación entre las administraciones autonómica e insulares en la redacción de los 
instrumentos de ordenación territorial mediante otros instrumentos.
Finalmente, se derogan los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 del Decreto 63/2017, 
de 22 de diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los 
servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia para gente mayor en situación 
de dependencia, para eliminar restricciones en el acceso a listas de espera de centros 
de día o residencias y para facilitar los cambios entre listas de centros o servicios.
Las disposiciones finales modifican varias normas con rango de ley y alguna norma 
reglamentaria.  En  este  caso,  la  misma  disposición  establece  su  posterior 
deslegalización.
La  disposición  final  primera  establece  varias  modificaciones  legislativas  y 
reglamentarias  de  simplificación  procedimental  en  materia  de  medio  ambiente. 
Concretamente,  modifica  el  artículo  9  de  la  Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la 
conservación  de  los  espacios  de  relevancia  ambiental  (LECO),  y  el  artículo  7  del 
Decreto 51/1992, de 30 de julio, sobre indemnizaciones y compensaciones por obras e 
instalaciones de depuración de aguas residuales, aunque esta última, por su naturaleza, 
puede ser alterada mediante una disposición reglamentaria. Se pretende, de este modo, 
agilizar la tramitación de planeamientos ambientales para lograr los objetivos europeos 
de planificación en el contexto actual, y se considera necesario introducir un apartado en 
el  artículo  7  para  aclarar  que,  para  tramitar  los  expedientes  de  indemnizaciones  y 
compensaciones por obras e instalaciones por obras y depuración de aguas residuales, 
es preceptivo un solo informe, que deberá ser emitido por la persona titular de la 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores. Asimismo, y dado que se ha detectado 
la necesidad de aclarar un aspecto interpretativo del artículo 13.4 de la Orden del 
consejero de Medio Ambiente de 3 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases 
reguladoras  de  subvenciones  para  actividades  de  educación  ambiental  en  las  Illes 
Balears a favor de personas y entidades sin ánimo de lucro (publicada en el BOIB n.º 71, 
de 16 de mayo), este apartado se modifica para introducir una mayor flexibilidad en la 
programación de las actividades subvencionables. Estas ayudas son muy importantes 
para apoyar al tercer sector ambiental, muy afectado por la COVID-19, y lo serán todavía 
más si se incorporan a ellas más facilidades para las entidades. Hay que tener en cuenta 
que  el  confinamiento  por  la  pandemia  ha  coincidido  con  los  meses  en  los  que  s
habitualmente las entidades organizan más acciones de educación ambiental. oe.
La disposición final segunda introduce una serie de modificaciones en la Ley 7/2013,  w.
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades  11w
neune lvaass  Iallcetsiv iBdaaldeeasr so,  lean mcaomdiifnicaadcaiós na y  smimodpelifrinciazra cloiósn  tdráem laitse se xeisnt elnat eims.p Elenm eesnteta sceiónnt iddoe, 
desarrolla  las  medidas  exigidas  para  el  inicio  y  la  modificación  de  actividades
consideradas inocuas, diferentes de los requisitos que se exigen para actividades que 
pueden tener un impacto sobre el entorno en el que se realizan.
La nueva regulación establece un equilibrio entre la normativa comunitaria y estatal 
en materia de servicios y los intereses derivados de la ordenación de los usos del suelo y 
del urbanismo. Por lo tanto, las actuaciones que tienen una trascendencia urbanística 
(porque  implican  la  ejecución  de  obras)  se  diferencian  de  las  que  solo  suponen 
actuaciones  de  modernización  o  adaptación  de  las  actividades  para  hacerlas  más 
competitivas y adecuadas a las circunstancias del momento. Cuando las actuaciones 
impliquen la realización de obras, debe seguirse el itinerario ya previsto en la normativa 
urbanística, la cual garantiza la convergencia de los intereses generales, además de la 
protección de bienes jurídicos de trascendencia especial, como por ejemplo el medio 
ambiente o el patrimonio histórico.
Estrictamente en el ámbito de las actividades, el control administrativo se centra en 
los mecanismos que ya prevé la Ley 7/2013 y que pivotan, por un lado, sobre la 
responsabilidad del titular, que debe mantener las condiciones de las actividades a lo 
largo del tiempo y cumplir con el deber de las revisiones periódicas a las que le obliga la 
ley, y, por el otro, sobre el control municipal a través de las potestades de control e 
inspección que la autoridad municipal debe llevar a cabo de forma directa o a través de 
entidades colaboradoras acreditadas.
La  disposición  final  tercera  modifica  la  Ley  12/2017,  de  29  de  diciembre,  de 
urbanismo de las Illes Balears. Dado que la situación de emergencia residencial se 
puede ver incrementada debido a la pérdida de poder adquisitivo de gran parte de la 
sociedad  balear,  resulta  indispensable  introducir  mecanismos  para  fomentar  la 
construcción  de  viviendas  de  protección  oficial  en  suelo  urbano  de  los  municipios, 
siempre garantizando la rentabilidad económica de la iniciativa privada, por lo que se 
modifican varios artículos de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las 
Illes Balears.
Los cambios en la estructura sociodemográfica y la composición del número de 
miembros por hogar hacen necesario flexibilizar la regulación de las dotaciones en suelo 
urbanizable. Así se facilita la diversidad en las dimensiones de las viviendas y se 
fomentan unos servicios y dotaciones de acuerdo con las necesidades sociales. En 
cuanto a la previsión de aparcamientos en suelos urbanizables, es importante y urgente 
garantizar  espacios  para  peatones  y  modalidades  sostenibles  y  seguras.  En  este 
sentido, tanto los principios de la movilidad sostenible como las recomendaciones de 
distanciamiento social actuales hacen indispensable facilitar la reducción del espacio de 
aparcamiento a la vía pública en suelos urbanizables.
También es necesario agilizar la tramitación para hacer efectivo un cambio de uso de 
los equipamientos públicos, con objeto de garantizar la adaptación de los servicios 
públicos a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en el contexto de crisis por 
la COVID-19, en el que las necesidades sociales y los espacios públicos requieren una 
adaptabilidad rápida a las nuevas circunstancias.
Asimismo,  se  introducen  varias  modificaciones  que  tienen  como  propósito  la 
simplificación  de  cargas,  en  caso  de  aprobación  de  proyectos  de  reparcelación  y 
aprobación  de  los  estatutos  y  las  bases  de  las  juntas  de  compensación,  con  la 
eliminación de la carga de tener que acudir al consejo insular por subrogación, haciendo 
que el silencio administrativo sea efectivo en sede municipal, como es la tendencia del 
resto de legislaciones urbanísticas.
Impulsar la inspección técnica de las edificaciones en relación con el ciclo del agua  s
contribuye  a  promover  el  trabajo  en  materia  de  adaptación  de  las  instalaciones  oe.
existentes, y la protección del medio terrestre y marino, e implica, además, evitar los  w.
vertidos de aguas fecales en entornos naturales, lo que también exige la correspondiente  11w
modFifiincaalcmióenn tleeg, iesnla tuivna .contexto en el que se agiliza la tramitación administrativa para la
ceosntasbtrleuccicmióienn, toh daey  unqau es angcairóann mtizíanrim  ae l enc ueml cpalismoi ednet oin frdaec ciolan esn ourrmbaantiívsati cavsig seunpteo.n drEál   BOE-A-cable e
un mecanismo ágil y eficiente en materia de prevención, así como de procedimiento 
sancionador efectivo contra los incumplimientos.
La disposición final cuarta modifica varias normas en materia turística. Los apartados 
primero y tercero tienen como objetivo responder a la derogación de una serie de 
disposiciones  que  otorgaban  un  plazo  a  los  establecimientos  para  adaptarse  a  los 
requisitos de autoevaluación que incorporó el Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones generales de clasificación de la categoría de los 
establecimientos de alojamiento turístico en hotel, hotel apartamento y apartamento 
turístico de las Illes Balears, o a los determinados por el vigente Decreto 20/2015, de 17 
de abril, dado que se considera que la situación de incertidumbre provocada por la crisis 
debe conducir a disponer de un margen de flexibilidad tanto para los establecimientos 
como para las administraciones turísticas en la exigencia de este cumplimiento. Por lo 
tanto, a pesar de suprimir el plazo, también se modifica el artículo 31 de la Ley 8/2012 
para dejar claro que, en defensa de los consumidores y usuarios, los establecimientos 
turísticos se tienen que identificar con la categoría que realmente les correspondería en 
función del decreto vigente y eventualmente del Decreto 20/2011, y se habilita a la 
Administración para abrir procedimientos de oficio para reclasificar los establecimientos. 
En todo caso, se habilita también la posibilidad, en casos excepcionales, de poder 
acogerse a lo que determina el artículo 25 de la Ley, relativo a las dispensas.
El apartado segundo introduce la prohibición de instalar dispensadores automáticos 
de alcohol en los establecimientos turísticos en defensa de la salud de los consumidores 
y usuarios.
Por otra parte, para dar un impulso a la actividad turística en el momento en el que 
se pueda recuperar una cierta normalidad, se considera necesario dotar el principal 
motor económico de estas islas de unos instrumentos que permitan incidir en el punto de 
vista de las Illes Balears como destino seguro. En este sentido, el apartado cuarto de 
esta  disposición  modifica  el  artículo  88.7  de  la  Ley  8/2012,  y  el  concordante  del 
Decreto 20/2015, de desarrollo, para permitir que los menores de quince años puedan 
ocupar camas supletorias en los establecimientos de alojamiento turístico, siempre con 
un máximo de dos por unidad de alojamiento. Asimismo, permite que las unidades de 
alojamiento declaradas como individuales que dispongan de área de dormitorio con más 
de 10 m2 útiles (en consonancia con el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, de 
habitabilidad)  puedan  ser  ocupadas  como  dobles,  siempre  que,  a  su  vez,  otras 
habitaciones dobles se ocupen como individuales y, por lo tanto, no se sobrepase la 
capacidad declarada de ocupación del alojamiento. Con estas dos medidas se permite 
que los alojamientos dispongan de herramientas adecuadas para conseguir acomodar a 
los grupos familiares o a los grupos de turistas con vínculos de confianza, de la manera 
más próxima y deseada posible, sin sobrepasar la capacidad máxima, con lo que se 
destaca la idea de las Illes Balears como destino seguro.
El quinto apartado modifica la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes 
Balears,  en  el  sentido  de  dar  una  nueva  redacción  al  artículo  90,  relativo  a  los 
establecimientos turísticos dados de baja definitivamente, que presenta como grandes 
novedades eliminar la posibilidad de reapertura en unas condiciones excepcionales que 
ya no se consideran adecuadas en la situación turística de nuestro archipiélago, e 
introducir  una  referencia  expresa  a  la  posibilidad  de  instar  un  procedimiento 
extraordinario y singular para cambiar el uso respecto de determinados alojamientos 
turísticos y edificaciones con usos no residenciales, siempre según el procedimiento y 
las condiciones determinados en la disposición adicional de este decreto-ley que trata de  s
dicha cuestión. oe.
El apartado 6 modifica la letra a) del artículo 98 de la Ley 8/2012, para dar a los  w.
lsiane sripvdeieccniottoisfri ecpasa crdiaóe n ot ubprtuiesenmdeeor   lipanr tupeeorfbseairbisri l itedanam dsb udié ean nc sotui naid celaión ntni feiicncaserpsseiedc ateodnr  ade,el  a eisdjeíe rcncoitcimfiioco ad raesde sq,u ua iar iecr tfiebvciiedtonased s,d  soei    2020-8011n https://w
luchar contra el intrusismo en estos tiempos de crisis.
Finalmente, el apartado siete modifica el punto 9 del artículo 87 del Decreto 20/2015, 
de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia turística; 
de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de 
las  Illes  Balears,  y  de  regulación  y  clasificación  de  las  empresas  y  de  los 
establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del 
turismo  de  las  Illes  Balears,  para  desarrollar  el  artículo  88.7  de  la  Ley  8/2012, 
concordante con la modificación que ahora se realiza, y, dado que se trata de una norma 
reglamentaria, establece su deslegalización posterior señalando que esta modificación 
puede ser alterada mediante una disposición reglamentaria.
La disposición final quinta modifica varios artículos de la Ley 4/2014, de 20 de junio, 
de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con el fin de facilitar 
la ejecución de proyectos de la red de transportes de viajeros por carretera y ferrocarril 
en nuestras islas, y ayudar a combatir de forma más efectiva el intrusismo en el sector 
del transporte, especialmente en unos momentos en los que hay que apoyar a todo el 
sector del transporte público de viajeros. Las medidas de mejora de la efectividad en la 
lucha contra el intrusismo se desarrollan mediante la modificación del artículo 75, con la 
que se refuerza el control de la inspección de transporte, y con los cambios introducidos 
en los artículos 112 y 114, destinados a impedir determinadas prácticas fraudulentas que 
son especialmente gravosas en el caso de la isla de Ibiza.
El apartado 2 del artículo 120 se modifica para introducir, en el proceso de decisión 
de la implantación de nuevas líneas ferroviarias, los criterios de rentabilidad social que 
complementen a los propios de la viabilidad financiera y económica que hay que tener en 
cuenta a la hora de planificar la ampliación de la red ferroviaria o la implantación de 
nuevas líneas de tranvía en los ámbitos urbano y metropolitano. La modificación del 
artículo 121 supone, asimismo, revisar el proceso de aprobación de los proyectos de 
nuevas líneas ferroviarias, adoptando la  fórmula de los estudios informativos como 
herramienta  de  análisis,  estudio  de  alternativas  y  valoración  de  los  aspectos 
socioeconómicos y territoriales de cada una para fundamentar el proceso de aprobación 
de nuevos proyectos de ampliación de la red ferroviaria, también aplicables a proyectos 
de  tranvía,  con  el  objeto  de  garantizar  en  todo  momento  la  transparencia  y  la 
participación pública en la toma de decisiones, pero proporcionando una vía más sencilla 
para la tramitación, de forma paralela y conjunta con el proceso de evaluación ambiental. 
La vía del estudio informativo, recogida también en el artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 
de septiembre, del sector ferroviario estatal, que recoge asimismo los criterios marcados 
por varias directivas europeas en la materia, es la vía más habitual en el desarrollo de la 
red ferroviaria en nuestro entorno cercano, lo que la hace también recomendable para el 
caso de nuestra comunidad autónoma.
Mediante  la  modificación  del  artículo  132,  se  simplifican  varios  criterios  de  la 
tramitación de obras e instalaciones en la zona de dominio público ferroviario. Por otro 
lado, la modificación del artículo 133 permite aclarar diferentes cuestiones en relación 
con el límite de edificación paralelo a la red ferroviaria que la casuística vivida desde la 
aprobación de la Ley 4/2014 hacen recomendable adoptar para ajustar mejor estos 
límites a la realidad existente, sobre todo en zonas urbanas, sin poner en riesgo la propia 
seguridad  ferroviaria.  El  artículo  161  se  modifica  para  revisar  el  procedimiento  de 
establecimiento de nuevas líneas de tranvía que transcurren por más de un municipio: se 
elimina la necesidad de redactar un plan especial urbanístico para su consecución, y se 
fija el estudio informativo como herramienta de planificación de estas nuevas líneas en el 
ámbito urbano, siempre contando con la necesaria cooperación de los ayuntamientos  s
afectados. El artículo 162 permitirá hacer lo mismo para el caso de tranvías que circulen  oe.
solo por un único municipio. Finalmente, el artículo 195 se modifica para redefinir el  w.
estudio de viabilidad que había que elaborar, previo a la redacción del proyecto, en caso  11w
idnefr aqeusterruecrt urimasp lfaenrrtoavr iagriraasn,d eesst e inefsrtauedsiotr udcetu vraiasb ildidea d trqaunesdpao ritnes. erEtand oe el nc eals om adrceo  dlaesl 
deest uladsio i ninfrfaoermstaruticvtou rya sto dnoo  efel rprorovciaersiaos d see a rneámlisities  as el ain lcelguiysela ecinó né l,s emciteonrtiaral sd eq ucea dean  euln coa dseo   BOE-A-cable e
los proyectos para que incluya, en el marco de su planificación, el estudio de viabilidad. 
A su vez, se elimina la necesidad de realizar estos estudios en el caso de las estaciones 
de viajeros, dado que no parece necesaria su obligatoriedad por su menor envergadura.
La disposición final sexta modifica los artículos 17, 19 y 47 de la Ley 5/1990, de 24 
de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y añade una 
nueva disposición adicional, la sexta. La modificación de los artículos 17 y 19 de la 
Ley 5/1990, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, supone una 
actualización de los trámites referidos a estudios y proyectos que incluyen travesías 
urbanas, o bien los necesarios para la tramitación de anteproyectos o proyectos relativos 
a  nuevas  carreteras,  duplicaciones  de  calzadas  y  variantes,  e  implica,  entre  otras 
novedades,  que  se  permita  la  publicación  electrónica  de  dichos  proyectos.  De  la 
Ley 5/1990 se cambia, asimismo, el artículo 47, para poder agilizar el desmontaje de 
estructuras u obras ejecutadas dentro de la zona de influencia de las carreteras, como 
por ejemplo las vallas de publicidad instaladas de forma ilegal.
Finalmente, se añade una disposición adicional a la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, para garantizar que los 
proyectos de nuevo trazado, duplicaciones de calzada, acondicionamientos, mejoras 
locales de carreteras y los proyectos que incluyan acondicionamientos en zonas de alto 
potencial y calidad visual, incorporen interpretación, criterios de protección, gestión y 
ordenación del paisaje en el sentido de lo establecido en el Convenio Europeo del 
Paisaje. A petición del departamento de movilidad o del departamento con competencias 
en materia de paisaje de cada consejo insular, también se pueden revisar los proyectos 
ya aprobados o en ejecución, a los efectos de adaptarlos e incluir en ellos medidas de 
protección,  gestión  y  ordenación  del  paisaje  o  en  aplicación  de  las  Directrices  de 
Paisajes Insulares, priorizando la solución técnica que, sin menoscabo de la seguridad 
vial,  minimice  las  afectaciones  en  el  paisaje,  aunque  implique  la  eliminación  de 
elementos ya instalados o construidos en el caso de proyectos en ejecución. Esta 
disposición no será aplicable para proyectos cuya ejecución ya haya finalizado.
La disposición final séptima modifica la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y 
suelos contaminados de las Illes Balears. Esta ley establece importantes hitos tanto por 
el cumplimiento de sus objetivos como por la entrada en vigor de otros aspectos, que 
conducirán a los anteriores. En el caso de estos últimos, sin embargo, por el hecho de 
implicar modificaciones de procesos productivos, cambios en la logística de distribución y 
comercialización  de  determinados  productos  en  el  mercado  de  las  Illes  Balears  o, 
incluso, ambos, la ley prevé un plazo suficiente para la necesaria adaptación de los 
comercios, distribuidores y fabricantes. Hay que reconocer, no obstante, que debido a la 
falta de libre circulación de equipamiento y de personas, establecida como consecuencia 
de la COVID-19, se están atrasando los procesos de homologación y de modificación de 
la  maquinaria,  necesarios  para  producir  en  unas  nuevas  condiciones,  de  materia 
primera, de tipo de envasado, etc. Por otra parte, un número importante de empresas se 
han visto obligadas a parar completamente su actividad y se encuentran sometidas a 
procesos temporales de regulación de empleo (ERTE). Ante este futuro incierto, una vez 
que se reactive la economía y, muy especialmente, el sector HORECA, primero hay que 
dar salida al excedente de fabricación actualmente en «stock».
Así, por lo tanto, las especiales dificultades de todo orden ante la imprevista situación 
actual con motivo de la COVID-19, ajena por completo a la voluntad de fabricantes, 
distribuidores y comercios, supone un motivo justificado que hay que valorar para los 
plazos más cercanos establecidos por la ley autonómica. No es así para aquellos otros  s
que ya habían entrado en vigor antes de la declaración del estado de alarma ni tampoco  oe.
para los que la ley prevé más a largo plazo. w.
Por todo ello, en consonancia con otras muchas medidas urgentes extraordinarias  11w
laad oCpOtaVdIaDs- 1p9o, rs lea sp raodpmoinneis tarpalcaiozanre sla p eanratr ahdaac eern f rveingtoer  adle i mlopsa actrotí ceucloosn óqmueic ola y l esyo cbiaall edaer 
preveía a más corto plazo para el 1 de enero de 2021.
Para las medidas previstas en el apartado sexto del artículo 25, dada su complejidad 
y  las  especiales  dificultades  de  interpretación  que  se  han  manifestado  desde  la 
promulgación  de  la  Ley  8/2019,  se  considera  técnicamente  procedente  atender  las 
demandas de los sectores implicados y, además de ofrecer una redacción más clara, y a 
su vez proporcionar más seguridad jurídica, establecer un plazo un poco más largo.
Resulta igualmente necesario establecer un plazo para que las empresas que ponen 
en  el  mercado  de  las  Illes  Balears  productos  en  envases  de  carácter  comercial  o 
industrial, hasta ahora mayoritariamente acogidas en la disposición adicional primera de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, que los exceptuaba de 
la obligación de establecer un sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada 
del  productor,  se  puedan  constituir  y  presentar  la  correspondiente  solicitud  de 
autorización ante el Gobierno de las Illes Balears.
En cuanto a la normativa en materia de servicios sociales, juventud y dependencia, y 
con el fin de simplificar los procedimientos previstos y ganar eficacia y eficiencia, la 
disposición  final  octava  modifica  varias  normas,  la  primera  de  las  cuales  es  la 
Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears. La modificación se 
concreta  con  medidas  de  financiación  de  los  servicios  sociales  comunitarios  y  del 
régimen de acreditación de entidades del tercer sector que pueden concertar.
Esta ley configura, entre otras cuestiones, por un lado, la financiación del sistema 
público  de  servicios  sociales.  Concretamente,  el  artículo  70  de  esta  ley  prevé  la 
financiación de los servicios sociales comunitarios básicos que son los que se configuran 
como  los  servicios  que  tienen  un  carácter  universal,  abierto  y  polivalente,  que 
constituyen el canal normal de acceso al sistema de servicios sociales y garantizan la 
universalidad del sistema y su proximidad a las personas usuarias y a los ámbitos 
familiar y social.
En el contexto actual, y pensando en la nueva situación económica y social que 
surgirá a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, hay que tener en cuenta 
que, al margen de que la realidad social que se derive será muy diferente, las respuestas 
del sistema de servicios sociales tienen que adaptarse con el máximo de flexibilidad 
posible. En esta situación, resulta indispensable garantizar la estabilidad de los equipos 
profesionales,  que  está  vinculada,  claramente,  con  la  financiación  de  las  figuras 
profesionales que, hasta ahora, se ha tramitado mediante convenios, mayoritariamente 
de periodicidad anual. Esto ha supuesto una duplicación de tramitaciones respecto de la 
fijación  de  los  criterios  de  distribución,  y  a  su  vez  una  dilatación  temporal  en  la 
tramitación  administrativa  que  ocasiona  cargas  administrativas  innecesarias  que 
demoran la financiación real de los servicios sociales municipales. Para resolverlo, se 
modifica el procedimiento para la tramitación de esta financiación para que pueda cubrir 
de forma más ágil y rápida las necesidades sociales, las cuales, después de la crisis 
sanitaria, serán más evidentes que nunca.
Por otro lado, la Ley 4/2009, de 11 de junio, regula en el capítulo III del título VII la 
acreditación administrativa. Esta acreditación prevé estándares de calidad específicos y 
diferentes a los previstos para la autorización administrativa, con el objetivo de que las 
entidades  que  prestan  servicios  sociales  con  un  grado  de  calidad  superior  a  los 
estándares mínimos establecidos por la autorización o en la normativa que los regule se 
puedan integrar dentro de la red pública de servicios sociales.
Sin embargo, con la regulación vigente hasta ahora se exige, en primer lugar y en 
cualquier caso, la comprobación de las condiciones que posibilitaron la autorización. 
Esta comprobación podría tener sentido si la entidad no hubiera obtenido previamente la  s
autorización administrativa, o si las condiciones valoradas hubieran cambiado, pero no  oe.
en cualquier caso, dadas las cargas administrativas y el retraso en la resolución del  w.
procedimiento que implica esta nueva comprobación. Por ello, y en atención a los  11w
aprrtiníccuiploio 8s6 d ed ea glail idLaedy  a4d/2m0i0n9is,t rdaeti v1a1  yd dee j ucnoinof,i adnez afo lremgaít imquae, ,s esi  meol dseifircvaic eiol  aqpuaer tsaed oq u2i edreel 
acreditar ya ha sido autorizado, no sea necesario revisar el procedimiento previo de
autorización, y que este trámite se sustituya por una declaración de vigencia de las 
condiciones de la autorización emitida por la misma entidad titular del servicio.
En segundo lugar, idénticos motivos fundamentan la modificación del artículo 87 de 
la Ley 4/2009, de 11 de junio, que prevé en todo caso la realización de una visita del 
personal de la administración pública competente a las instalaciones de la entidad social. 
En este caso, además, hay que decir que desde la aprobación de la Ley 4/2009, de 11 
de junio, se han incorporado nuevos servicios al sistema público de servicios sociales, 
servicios que no implican la prestación dentro de un centro en concreto o con unas 
condiciones  estructurales  concretas,  de  forma  que  la  visita  in  situ  pierde  su  valor. 
Asimismo, es importante destacar que los requisitos que se valoran en la acreditación, a 
todos los efectos, hacen referencia al grado de calidad en el empleo del personal 
profesional o a la transparencia de la gestión de la entidad, de forma que el trámite de la 
inspección física dentro del procedimiento de acreditación se convierte, en la mayoría de 
los casos, en un trámite innecesario que puede resultar contrario a la reducción de 
cargas administrativas y a los principios de buena administración.
Esta disposición también modifica normas reglamentarias en materia de juventud y 
de dependencia. En primer lugar, modifica el régimen de los cursos de director y monitor 
de actividades de tiempo libre en caso de emergencia, lo que resulta necesario dadas las 
restricciones  a  la  movilidad  derivadas  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  por 
la COVID-19, que han supuesto la paralización de la actividad presencial de las escuelas 
que imparten los diplomas de director y de monitor de actividades de educación de 
tiempo libre infantil y juvenil, reguladas por el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud. Esta 
situación ha afectado a un gran número de cursos previstos o ya empezados, que se han 
visto interrumpidos sin que la normativa vigente les dé solución de continuidad.
Actualmente, el artículo 27.1 del Decreto 23/2018 prevé que hasta el 33 % de los 
módulos teóricos de los diplomas de director o de monitor se pueden hacer a distancia. 
Este porcentaje resulta en estos momentos insuficiente para que los jóvenes puedan 
continuar con la formación que les habilitará para trabajar en actividades de tiempo libre 
cuando la situación se restablezca.
Por lo tanto, se modifica el Decreto 23/2018 para introducir una disposición adicional 
séptima que permita a los consejos insulares, en circunstancias tan extraordinarias como 
las actuales, autorizar a las escuelas de educación en el tiempo libre infantil y juvenil a 
impartir íntegramente a distancia parte o la totalidad de los módulos teóricos de los 
cursos de director y de monitor de actividades de educación de tiempo libre infantil y 
juvenil que se hayan comunicado debidamente o que se hayan iniciado en el momento 
de declararse estas situaciones, sin los límites previstos en el apartado 1 del artículo 27.
En todo caso, la formación a distancia tiene que respetar el programa, los contenidos 
y la duración recogidos en los artículos 22 y 23 de este decreto y los criterios y las 
condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 27.
También se establece que, en las mismas situaciones extraordinarias, quedarán 
suspendidos los plazos que hayan podido establecer las escuelas de educación en el 
tiempo libre infantil y juvenil para que los alumnos que han superado la parte teórica 
cursen los módulos de las prácticas profesionales no laborales, las cuales quedarán 
pospuestas al momento en el que se puedan realizar presencialmente.
La nueva disposición establece que las condiciones, la duración y los efectos de 
estas medidas, totalmente excepcionales, se fijarán mediante una resolución del órgano 
competente  de  cada  consejo  insular.  El  mantenimiento  de  estas  medidas  debe  s
circunscribirse al tiempo mínimo imprescindible para paliar los efectos de las situaciones  oe.
extraordinarias antes mencionadas. w.
La disposición también pretende validar las resoluciones y medidas en este sentido  11w
daed olap taCdOaVs IDpr-e1v9i,a mene netsep epcoira ll olas  Rcoenssoelujocsió inn sduella creosn sceojne roo ceajseicóunt ivdoe  dlae ls Ditueapcairótanm deenritvoa ddae 
dPero amboricl iódne  2E0c2o0n óremlaictaiv ay  aD lae sfaorrrmolaloc ióLno ceanl  ldíneel aC doen sloesjo c uInrssuolsa rd ed em oMnaitlolorr/aca y  ddeirle cdtíoar /6a   BOE-A-cable e
de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (BOIB n.º 58, de 18 de 
abril), las cuales continuarán vigentes y producirán plenos efectos desde el momento en 
el que se dictaron, siempre que resulten compatibles con esta disposición.
En cualquier caso, estas previsiones solo son aplicables a las escuelas de educación 
en el tiempo libre infantil y juvenil que ya estén inscritas en los correspondientes censos 
de escuelas en el momento de decretarse la situación excepcional. En ningún caso 
tienen efectos en la formación impartida por otras entidades o centros.
También se modifica el apartado 8 para dotar de carácter de principio general la 
nueva disposición, de acuerdo con el artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears.
Asimismo, se modifica el apartado 1 del artículo 18 del Decreto 63/2017, de 22 de 
diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los servicios de la 
Red  Pública  de  Atención  a  la  Dependencia  para  gente  mayor  en  situación  de 
dependencia:  se  establecen  listas  según  proveedores,  lo  que  permite  que  puedan 
gestionarse con mayor agilidad y facilita la comparación entre los servicios prestados por 
cada proveedor. Por la misma razón, también se modifica el apartado 1 del artículo 19 
del mismo decreto.
Finalmente,  se  modifica  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  segunda  del 
Decreto 63/2017, de 22 de diciembre, para agilizar los cambios de opción, por lo que se 
complementa la opción presencial del beneficiario dependiente con una tramitación de 
oficio del mismo técnico de dependencia.
Dado  que  estas  modificaciones  lo  son  de  una  norma  reglamentaria,  el  último 
apartado establece su deslegalización, y señala que las modificaciones contenidas en 
esta disposición pueden ser alteradas mediante una disposición reglamentaria.
La disposición final novena modifica en primer lugar tres normas presupuestarias y 
de hacienda pública de rango legal. La primera, mediante la modificación del artículo 10, 
apartado 2, de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020, para aumentar los límites 
para gastos de capital, tanto para la Administración autonómica como para el Servicio de 
Salud de las Illes Balears, a un millón de euros, y también para aumentar el límite para 
gastos corrientes del Servicio de Salud de las Illes Balears a setecientos cincuenta mil 
euros, sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno. La segunda, mediante la 
modificación de la letra f) del artículo 21.2 de la misma Ley 19/2019, con el fin de facilitar 
la aplicación inmediata de lo previsto en este decreto-ley respecto de la movilidad 
forzosa del personal estatutario del Servicio de Salud, incluso entre islas. Y la tercera, 
mediante la modificación del apartado 2 de la disposición adicional segunda de la 
Ley  14/2018,  de  28  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2019, para facilitar la tramitación de los gastos 
menores, con la eliminación de la necesidad de emitir un informe previo.
A  continuación  modifica  puntualmente  la  Ley  14/2014,  de  29  de  diciembre,  de 
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con el fin de agilizar la 
imputación al presupuesto corriente de determinadas obligaciones, con la atribución de 
determinadas competencias del Consejo de Gobierno a favor del consejero competente 
en materia de hacienda y presupuestos por razón de la cuantía.
También se modifican dos normas reglamentarias relacionadas con la hacienda 
pública, para las que se prevé la deslegalización posterior, sin perjuicio de que, además, 
con el fin de poder realizar las adaptaciones necesarias en los sistemas de información 
contable, se establezca que no tengan efectos hasta el 1 de septiembre de 2020. En  s
este  sentido,  el  punto  6  de  la  disposición  modifica  la  letra  d)  del  apartado  1  del  oe.
artículo 21 del Decreto 62/2006, de 7 de julio, por el que se regula el régimen de control  w.
interno que debe ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes  11w
Bloasl egaarsst,o rse dfeer ipdeor sao lnaa el xeesntácnió enx deen tofissc daeli zfaiscciaólniz parceióvnia p, ocro nto deol sfi nlo dse c odnecjaerp mtoáss y c elanr oto qduaes 
leadsu cfaastievso sd ey  gloess timóna nddeal mpireenstuopsu edset op, aingcol uqiduaes  slaes  dreerlaivteivna sd ea l lpae rnsóomnainl ad. eE cl opnucnietort o7s   BOE-A-cable e
modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se 
regula la facturación electrónica de los proveedores de bienes y servicios en el ámbito de 
sus  relaciones  con  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  referido  a  los 
proveedores obligados a presentar facturas en formato electrónico, y establece que 
todas  las  facturas  emitidas  por  personas  jurídicas  deberán  emitirse  en  formato 
electrónico, incluso las de cuantía inferior a cinco mil euros.
La  disposición  final  décima  introduce  modificaciones  legislativas  en  materia  de 
función pública, que tienen como finalidad facilitar y agilizar el procedimiento existente de 
atribuciones temporales de funciones. Esta modificación se aplicaría en determinados 
supuestos  de  carácter  excepcional,  cuando  por  circunstancias  sobrevenidas  resulte 
necesario  dotar  de  más  personal  determinados  sectores  prioritarios  de  la  actividad 
pública  que  no  disponen  de  personal  suficiente  para  atender  estas  necesidades, 
priorizando, como primera opción, la voluntariedad de las atribuciones temporales de 
funciones.
Asimismo,  se  amplía  su  duración  hasta  un  máximo  de  dos  años,  de  manera 
excepcional y siempre que las necesidades del servicio lo requieran.
La  disposición  final  undécima  modifica  el  tercer  párrafo  del  apartado  1  de  la 
disposición adicional primera del Decreto 47/2011, de 13 de mayo, por el que se crean 
determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de 
las Illes Balears y se establece un procedimiento extraordinario de integración, para dar 
cumplimiento  a  un  acuerdo  sindical,  cuya  ejecución  debe  tener  lugar  antes  de  la 
resolución de las convocatorias vinculadas a la oferta pública de empleo de 2017.
La disposición final duodécima contiene modificaciones normativas en materia de 
actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas), que pretenden 
mejorar la actividad de control de la oferta del chárter náutico en las Illes Balears. Se 
pone de manifiesto, con las diversas patronales del sector, la necesidad de adoptar 
medidas  para  impedir  la  oferta  ilegal  de  embarcaciones  de  alquiler.  Hasta  ahora, 
resultaba imposible adoptar medidas contra una oferta realizada sin la correspondiente 
alta de la actividad, por lo que la oferta en medios de comunicación, e incluso en los 
mismos muelles de nuestros puertos, no podía impedirse adecuadamente. La actual 
situación de crisis, en la que la actividad de chárter náutico ha sido objeto de suspensión, 
recomienda la adopción de cualquier medida que proteja al sector de ofertas fuera de la 
norma ante una temporada que se prevé que será breve, máxime cuando la voluntad de 
adoptar estas medidas ya era conocida y también reclamada.
La nueva obligación en las actividades de difusión también tiene que estar asociada 
a la tipificación de su incumplimiento en la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen 
sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y 
recreativas) en las Illes Balears. En la modificación propuesta se actualizan los anexos 
de  declaración  responsable  para  identificar  mejor  las  embarcaciones  y  los  barcos. 
Transcurridos cinco años desde la aprobación de la principal norma sancionadora de las 
actividades náuticas, resulta necesaria una adecuación de sus preceptos.
En primer lugar, la modificación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se 
regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, en nombre de la 
mejor protección de las empresas que llevan a cabo su actividad conforme a esta norma, 
requiere la tipificación de los supuestos de incumplimiento de las nuevas obligaciones 
establecidas de manera urgente. En segundo lugar, la experiencia de estos últimos años, 
con la aprobación de normas que regulan las materias objeto del régimen sancionador 
de la Ley 2/2015, recomiendan la tipificación de algún nuevo supuesto, tanto en la  s
actividad de chárter náutico como en la de las escuelas de navegación. La pretensión es  oe.
mejorar el control y agilizar también la expedición de las titulaciones, retrasada en  w.
muchas ocasiones por la inadecuada certificación de las prácticas de navegación. 11w
FDiandaolm qeunete, ,e sne  ealc tmuaalriczoa nd leo sla im cpriosriste sd ed ela l aCs OsaVnIDci-o1n9e, sd.eben tomarse medidas para
sreoabcretivvaern ildaa e ac ocnaoumsaía d leo  laan cteriss isp ossainbiltea rpiaa rgae rneevreardtiar  op opr aelila vr irluas c, ryis iesn etecnodnióemndicoa q yu es oecsitaal   BOE-A-cable e
reactivación inmediata deberá tener un componente claro de sostenibilidad y recoger los 
postulados de entidades internacionales como la Comisión Europea, el FMI o el Banco 
Mundial, según los cuales la transición energética es clave para esta reactivación, se 
proponen  las  modificaciones  legislativas  contenidas  en  las  disposiciones  finales 
decimotercera a decimosexta.
Desde la UE ya se ha anunciado un plan de reactivación basado en la transición 
energética  y  la  eficiencia  energética.  En  este  sentido,  pues,  hay  una  garantía  de 
inversión  pública  que  pretende  promover  la  inversión  privada.  Sin  ir  más  lejos, 
actualmente hay adjudicados cuarenta millones de euros de una línea del IDAE para 
parques fotovoltaicos en las Balears, que producirá una inversión privada de cerca 
de 230 euros y una previsión de que el próximo año se puedan sumar veinte millones de 
euros más del IDAE y 120 euros de inversión privada. Por todo ello, este decreto-ley 
contiene medidas encaminadas a la implementación de energías renovables y también 
de la eficiencia energética, porque es una apuesta segura, sostenible, necesaria y de 
futuro.
Además  de  reactivar  la  economía,  la  apuesta  por  el  sector  de  las  energías 
renovables fomenta el empleo de calidad durante todo el año, tanto en la instalación 
como en el mantenimiento de las instalaciones.
Para  que  estas  medidas  puedan  implementarse  en  un  tiempo  rápido  y  las 
inversiones se realicen de forma casi inmediata, se proponen una serie de cambios en 
varias normativas. Así, la disposición final decimotercera modifica la Ley 14/2019, de 29 
de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears, con el objeto de 
poder acelerar la tramitación de los parques fotovoltaicos. Para que la inversión público-
privada se ponga en marcha de forma inmediata, hay que poder declarar estratégicos los 
proyectos de energías renovables en cualquier momento de su tramitación. Asimismo, 
para mejorar la instrucción de estos proyectos, hace falta que sea la dirección general 
competente en materia de energía la que tramite los expedientes. También es importante 
que la tramitación no se alargue en administraciones públicas insulares y locales, por lo 
que se determina un mes como máximo para la elaboración de los correspondientes 
informes. Toda esta modificación normativa agilizará la tramitación de los proyectos que 
se declaren estratégicos para implementar las energías renovables a las Illes Balears.
La disposición final decimocuarta modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de 
evaluación  ambiental  de  las  Illes  Balears,  dado  que  en  el  marco  de  la  transición 
energética es importante también la protección del territorio y el impacto ambiental de las 
instalaciones de energías renovables. Una vez delimitado el PDS de energía en las 
zonas de aptitud alta, media y baja para la implantación de energías renovables, hace 
falta una revisión de la ocupación del terreno para que la evaluación ambiental sea lo 
más eficiente posible. Así, pues, según el terreno donde se ubiquen las diferentes 
instalaciones, estas tendrán una tramitación ordinaria, una simplificada o una exención 
de la evaluación ambiental. Se entiende que, para agilizar el trámite con el fin de que los 
proyectos de energías renovables sean un motor económico, hay que revisar estas 
medidas de ocupación (en función del tipo de suelo donde se ubiquen). Es urgente 
revisarlas para que casi de forma inmediata se realicen inversiones públicas y privadas 
que generarán recaudación para la Comunidad Autónoma y empleo de calidad.
La disposición final decimoquinta modifica la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de 
medidas  urgentes  para  la  activación  en  materia  de  industria  y  energía,  nuevas 
tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias. La modificación 
resulta  necesaria  para  que  las  instalaciones  de  menos  de  10  ha  que  tienen  que  s
tramitarse como de utilidad pública no computen como suelo ocupado, tal como pasa  oe.
con las de más de 10 ha, con lo que también se agilizaría la implantación de renovables  w.
en muchos más ámbitos. 11w
camLbaio  dcislimpoástiiccioó ny  ftirnaanls idceiócnim eonseerxgtéat icmao, ddifaicdao  lqau eL,e ye nd ee l 1c0o/n2t0e1x9to,  ddee  l2a2 i mdpel afenbtarceiróon,  ddee 
uerngeerngtíea sq ureen eonv asbuleeslo,  reúss tciclaov see  fapvuoerdeacne ru bsiuc aimr rpelnaonvtaacbilóens.  sPoobrr ee lelol  teserr eennot iesnind eco qmupeu teasr   BOE-A-cable e
en el parámetro de ocupación. Esta medida puede activar el sector del autoconsumo en 
suelo rústico y también favorecerá la inversión público-privada, además de dinamizar el 
empleo.
La última disposición final, la decimoséptima, determina la vigencia inmediata de este 
decreto-ley.
IV
Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en las últimas décadas, 
es  necesaria  una  actuación  rápida  y  eficaz  de  los  poderes  públicos  mediante  los 
instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno del Estado dictar 
decretos ley «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre y cuando no 
afecten  el  ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  los  derechos,  los 
deberes y las libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, en 
el régimen de las comunidades autónomas y en el derecho electoral general.
En términos parecidos, el artículo 49 del Estatuto de Autonomía permite al Gobierno 
de las Illes Balears dictar decretos ley «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», 
siempre y cuando no afecten los derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía, las 
materias objeto de leyes de desarrollo básico de este, los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento 
de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
De este modo, el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre que la finalidad que justifica la legislación de urgencia sea atender una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, 
requiera una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes, especialmente por el hecho de que la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, 
FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3).
No cabe duda de que la situación que afrontan las Illes Balears por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la declaración de 
estado de alarma, genera la concurrencia de motivos que justifican sobradamente la 
extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas para paliar los efectos adversos.
En el actual escenario de contención y prevención de la COVID-19, es urgente y 
necesario parar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública; pero 
también es adecuada la vía de legislación de excepción para adoptar medidas de 
contenido económico y social con objeto de afrontar las consecuencias adversas de la 
declaración del estado de alarma, como también la adopción de medidas organizativas y 
procedimentales que permitan activar la Administración y simplificar y agilizar los trámites 
administrativos que tienen que contribuir a la reactivación de nuestra economía.
Los motivos de oportunidad que se han expuesto, como también las medidas que se 
adoptan en este decreto-ley, justifican amplia y razonadamente la adopción de esta 
norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 29/1982, de 31 
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Así las cosas, la utilización de esta figura normativa como instrumento para la 
introducción de las modificaciones en el ordenamiento jurídico de las Illes Balears que se 
contienen,  cumple  los  dos  presupuestos  de  validez,  como  son  la  situación  de  s
extraordinaria y urgente necesidad, y la no afectación a las materias que le son vedadas. e.
En conformidad con el artículo 49 de Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las  w.
Illes Balears, este decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación, de acuerdo  11w
icnotenr éloss  gperinnecriapli oqs udee  snuepcoenseid alad  ay teenficciaócni aa,  dlaadso  cqiruceu nlsat ainnicciiaasti vsao csiea lfeusn dya meceonntaó meinc aesl 
elax cCeOpcVioIDn-a1le9s,  yd edraivdaod aqsu ed ees  lae stcer iseisl  mdoem  esanltuod  dep úabdliocap tapr romveodciaddaas  apdoirc ioenl avleirsu sp adrea   BOE-A-cable e
atender  estas  necesidades,  y  el  decreto-ley,  el  instrumento  más  adecuado  para 
garantizar su consecución.
La norma se adecúa también al principio de proporcionalidad, porque contiene la 
regulación imprescindible para lograr el objetivo de minimizar el impacto en la actividad 
administrativa ante la situación excepcional actual, y permite reactivar el funcionamiento 
de la administración, agilizar determinados trámites y procedimientos, e incrementar el 
uso de las nuevas tecnologías en la práctica administrativa.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, porque establece normas 
claras  que  aseguran  la  mejor  protección  de  los  derechos  de  los  ciudadanos,  y 
proporciona certeza y agilidad a los procedimientos.
En cuanto al principio de transparencia, dada la urgencia para la aprobación de esta 
norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
públicas, en conformidad con el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de 
Gobierno de las Illes Balears.
Finalmente, en cuanto al principio de eficiencia, este decreto-ley no impone cargas 
administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta proporcionada, en 
atención a la particular situación existente y a la necesidad de garantizar el principio de 
eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por lo tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exigen los artículos 86 de la Constitución Española y 49 del Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears, como presupuestos que habilitan la aprobación de este decreto-ley; 
por lo cual, en el contexto de alarma que afrontan todas las comunidades autónomas, el 
Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso de este instrumento 
para dar cobertura a las disposiciones que se han descrito, dado que responde a la 
exigencia de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la 
situación  excepcional  y  las  medidas  que  se  pretende  adoptar,  que  son  idóneas, 
concretas y de eficacia inmediata.
Este decreto-ley se dicta al amparo de los títulos competenciales establecidos en los 
puntos 3, 5, 14, 15, 28 y 44 del artículo 30 y en los puntos 1, 3, 4 y 5 del artículo 31 del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Por  todo  ello,  a  propuesta  de  todas  las  consejeras  y  consejeros,  y  habiéndolo 
considerado el Consejo de Gobierno en la sesión del día 13 de mayo de 2020, se 
aprueba el siguiente decreto-ley:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de este decreto-ley es establecer medidas extraordinarias y urgentes para 
paliar  los  efectos  económicos  y  sociales  provocados  por  la  crisis  sanitaria  de 
la COVID-19. Así mismo, pretende impulsar la actividad económica y la simplificación 
administrativa, para facilitar la actividad empresarial en las Illes Balears y contrarrestar 
los  efectos  de  la  desaceleración  económica  producida  por  la  crisis  provocada  por 
la COVID-19, mediante:
La supresión o la reducción de los trámites administrativos exigibles a las empresas y  oe.
a los profesionales para iniciar una actividad económica. w.
La agilización y simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la  11w
CBaolmeaurnsi.dad Autónoma, de los consejos insulares y de los ayuntamientos de las Illes
acceLdae er faelc etijveirdcaicdi od deel  dlae raecctihvoid adde  elocso ncóiumdiacdaa dneo su,n ala sm aenmeprrae ásagsil  yy  eloficsi epnrotefe.sionales de  BOE-A-cable e
A estos efectos, se establecen medidas provisionales y específicas directamente 
dirigidas a paliar los efectos del estado de alarma, como también algunas medidas 
generales de simplificación administrativa. Por ello, se acomete la modificación de las 
normas  que  dificultan  el  acceso  o  el  ejercicio  de  una  actividad  productiva  a 
emprendedores y empresas, se simplifican los trámites y se reducen los requisitos 
administrativos  injustificados  o  desproporcionados,  para  promover  el  desarrollo 
económico y la creación de empleo de calidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este decreto-ley es de aplicación a las entidades siguientes:
– La Administración de la Comunidad Autónoma.
– Los consejos insulares.
– Los ayuntamientos de las Illes Balears.
– Las entidades instrumentales que dependen de cualquiera de las administraciones 
públicas de las Illes Balears o están vinculadas a ellas, en lo que suponga ejercicio de 
potestades administrativas.
CAPÍTULO II
Estímulo económico y simplificación administrativa
Sección 1.ª Reglas generales
Artículo 3.  Régimen general de la intervención administrativa en el ejercicio de la 
actividad económica.
1.  Los mecanismos de intervención administrativa alternativos a la autorización o 
licencia  para  el  ejercicio  de  la  actividad  económica  son,  a  todos  los  efectos,  la 
declaración responsable y la comunicación previa.
2.  En el marco de la legislación básica aplicable a cada caso, estos mecanismos 
alternativos se rigen excepcionalmente por lo que dispone este decreto-ley.
Artículo 4.  Mecanismos de colaboración.
Las administraciones públicas de las Illes Balears deben establecer mecanismos de 
colaboración  y  coordinación  para  el  ejercicio  de  las  facultades  de  intervención, 
especialmente en los ámbitos de la inspección y la sanción, mediante protocolos y 
convenios de colaboración que concreten la coordinación de servicios y recursos para 
llevar a cabo la actividad de intervención, inspección o control conjunta.
Sección 2.ª Medidas temporales de reactivación económica, de simplificación 
administrativa y de apoyo social
Artículo 5.  Régimen excepcional de declaración responsable para determinadas obras 
e instalaciones a ejecutar en suelo urbano.
1.  Se pueden acoger al régimen excepcional de declaración responsable previsto 
en este artículo los actos sujetos a licencia urbanística según el artículo 146 de la  e.e
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, siempre que se  b
ejecuten  en  edificaciones  e  instalaciones  existentes  en  suelo  urbano  que  sean  11ww
confAo rmtael se fceocnto la,  soerd etiennaeci óqnu uer bparensísetnictaa.r una declaración responsable subscrita por la
pdeer 2so0n2a1 , perno mlao ftoorrma ay  edsirtiagbidleac aidl aa eyunn etastme ieanrttíoc ucloo.rrespondiente antes del 31 de diciembre
A partir del 1 de enero de 2022, todas las obras, actuaciones e instalaciones que se 
pretenda promover quedan sometidas al régimen de intervención preventiva general del 
título VII de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
2.  Este régimen excepcional de declaración responsable no es de aplicación:
a)  A las obras, actos e instalaciones previstos en el artículo 11.4 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana, u otras obras que una normativa sectorial estatal 
someta al régimen de licencia previa.
b)  A la zona de servidumbre de protección de costa.
c)  A los edificios en situación de fuera de ordenación.
d)  A la demolición total de las construcciones y edificaciones.
e)  A las obras o intervenciones que se realicen en edificios o construcciones que 
sean bienes de interés cultural o catalogados.
3.  Para acogerse al régimen excepcional previsto en este artículo, las obras de 
reforma integral tienen que mejorar la eficiencia energética de las construcciones e 
instalaciones e incorporar mecanismos de ahorro de agua.
4.  A los efectos de este artículo, la declaración responsable es el documento 
mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que los actos 
a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que 
posee la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a 
mantener su cumplimiento en el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se 
refiere.
La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos 
patrimoniales del promotor ni de terceros, y sólo produce efectos entre el ayuntamiento y 
el promotor. Tampoco puede ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil 
o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se 
refiera.
5.  La  declaración  responsable  faculta  para  realizar  la  actuación  urbanística 
pretendida en la solicitud, siempre que se acompañe con la documentación requerida en 
cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
posterior que correspondan.
La  declaración  responsable  se  tiene  que  presentar  con  una  antelación  mínima, 
respecto de la fecha en que se pretende iniciar la realización del acto, de quince días 
naturales.
En todo caso, la ejecución de las obras o instalaciones se tiene que iniciar en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la declaración responsable al 
ayuntamiento. En caso contrario, la declaración responsable pierde la vigencia y es 
necesario presentar una nueva, siempre que sea antes del 31 de diciembre de 2021, o 
solicitar y obtener una licencia urbanística, si es a partir del 1 de enero de 2022.
La declaración responsable tiene que fijar el plazo para la ejecución de la actuación, 
que en ningún caso no será superior a dos años. Este plazo se puede prorrogar en los 
mismos términos previstos para las licencias.
El comienzo de cualquier obra o instalación al amparo de la declaración responsable 
se tiene que comunicar al ayuntamiento.
6.  La declaración responsable subscrita por la persona promotora y dirigida al 
ayuntamiento correspondiente se presentará junto con un proyecto técnico de los que 
prevé el artículo 152.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes  e
Balears, incluirá una motivación expresa de no incurrir en ninguno de los supuestos que  bo
requieren licencia previa, y el justificante de pago de los tributos correspondientes si, de  w
arecsupeerdctoiv aco, nse l ae sletagbislelaccei óqnu ed ele  heasc dieen daapslic laocciaólne se l yr,é egnim seun  cdaes aou, tcoolinq uliad aocridóenn.anza fiscal
de qEune l ala dse colbarraasc iócnu mrepslpeonn slaasb leex sigee innccilausir áe lsat ambalencifideastsa caiónnte drieo rmmaennetera s eoxbprere seafi cyi ecnlacriaa 
energética y ahorro de agua, cuando les sean aplicables.
En todo caso el proyecto tiene que ser completo de la actuación prevista, con 
suficiente definición de los actos que se pretende llevar a cabo, y tener preceptivamente 
el grado de detalle y contenido establecidos en los apartados segundo y tercero del 
artículo 152 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
El proyecto técnico debe ajustarse también a las condiciones establecidas en el 
Código técnico de la edificación, lo redactará personal técnico competente y será visado 
por el colegio profesional competente según lo que establezca la normativa estatal 
vigente.  También  tiene  que  concretar  las  medidas  de  garantía  suficientes  para  la 
realización adecuada de la actuación, y definir los datos necesarios para que el órgano 
municipal competente pueda valorar si se ajusta a la normativa aplicable. Una vez 
presentado ante el ayuntamiento el proyecto técnico, adquiere el carácter de documento 
oficial, y de la exactitud y la veracidad de los datos técnicos que se consignan, responde 
la persona autora a todos los efectos.
Cuando  las  actuaciones  requieran  alguna  autorización  previa  o  algún  informe 
administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de 
aplicación,  no  se  puede  presentar  la  declaración  responsable  sin  que  estos  la 
acompañen o, si procede, se adjunte el certificado administrativo del silencio producido, 
cuando dicha normativa prevea su obtención previa a cargo de la persona interesada. 
Así mismo, cuando el acto suponga la ocupación o la utilización del dominio público, se 
tiene que aportar la autorización o la concesión de la administración titular de este.
Cuando la normativa sectorial que los prevé impida que la solicitud y la obtención 
previa de los informes y las autorizaciones sea a cargo de la persona interesada, el 
órgano municipal los solicitará de oficio en el plazo que determine la normativa sectorial, 
y  a  falta  de  previsión,  en  el  plazo  de  cinco  días  desde  la  presentación  de  la 
documentación  completa  de  la  declaración  responsable.  En  este  caso,  el  órgano 
municipal  comunicará  de  forma  inmediata  las  actuaciones  realizadas  a  la  persona 
interesada,  y  le  señalará  que  no  puede  iniciar  los  actos  sujetos  a  la  declaración 
responsable hasta que el órgano sectorial competente no comunique la emisión del 
informe o el otorgamiento de la autorización.
Cuando se realicen reformas integrales que afecten elementos estructurales de la 
edificación, la declaración responsable también se tiene que acompañar de una póliza de 
seguro que cubra la responsabilidad civil del promotor de la obra.
La presentación de la declaración responsable, si no va acompañada de toda la 
documentación preceptiva, no tiene los efectos previstos en este artículo.
7.  La declaración responsable de las obras ligadas a la instalación o la adecuación 
de actividades permanentes o a infraestructuras comunes vinculadas a estas, se regirá 
por lo que prevé la legislación reguladora de actividades.
8.  Una vez recibida la declaración responsable, el órgano competente hará las 
comprobaciones pertinentes para verificar la conformidad de los datos declarados y, si de 
las comprobaciones efectuadas se desprende la falsedad o la inexactitud de aquellos, se 
suspenderá la actividad, con la audiencia previa de la persona interesada, sin perjuicio 
de  que,  si  corresponde,  se  pueda  incoar  un  procedimiento  de  subsanación  de 
deficiencias o, en su caso, sancionador. Si hay riesgo para las personas o las cosas, la 
suspensión  se  podrá  adoptar  de  forma  cautelar  e  inmediata,  mediante  resolución 
motivada, que podrá adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad.
9.  Por  resolución  de  la  administración  pública  competente  se  declarará  la 
imposibilidad de continuar la actuación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas que correspondan al hecho, desde el momento en que se tenga  s
constancia de alguna de las circunstancias siguientes: oe.
a)  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  en  cualquier  dato,  11w
manbif)e stLaac iónno o  pdroecsuemnteanctioó nq,u ea nsete a dlaju nated mo ininisctorrapcoióren  ac loam dpeectlaernateci,ó nd ere slpao ndseacblalera.ción
rdees ploo dnesaclbalrea ddoe. la documentación requerida, si procede, para acreditar el cumplimiento
c)  La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
10.  Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se 
pueden entender adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la 
legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación.
11.  Las  actuaciones  que,  pudiéndose  acoger  al  régimen  excepcional  de  este 
artículo, se lleven a cabo sin haber presentado declaración responsable, o que excedan 
las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, y se 
les aplicará el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las 
obras y usos sin licencia.
12.  El régimen aplicable al final de obras, primera ocupación o utilización de los 
edificios y las instalaciones no queda afectado por este artículo y, en consecuencia, se 
requerirán las actuaciones, licencias y actos que establece la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, para el tipo de obras e instalaciones que se 
hayan ejecutado.
13.  A los efectos de lo que dispone este artículo, sólo se puede presentar una 
declaración responsable sobre una misma edificación o vivienda una vez cada seis 
meses.
14.  Este artículo no es aplicable a los actos sujetos al régimen de comunicación 
previa en esta ley, los cuales continúan sometidos al procedimiento establecido en el 
artículo 153 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
15.  Para todo lo que no disponga explícitamente este artículo, se estará al régimen 
general de intervención preventiva del título VII de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears.
Artículo 6.  Procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas 
generales de infraestructuras y servicios específicos.
1.  Con carácter extraordinario, para impulsar y revitalizar la actividad económica a 
raíz de la crisis provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, y con el fin de atender la 
necesidad  de  áreas  urbanizadas  aptas  para  actividades  que  requieren  espacios 
adecuados  con  un  nivel  bajo  de  edificación  –como,  por  ejemplo,  las  instalaciones 
destinadas  a  la  construcción,  reparación,  almacenamiento  y  mantenimiento  de 
embarcaciones, los espacios vinculados a las energías renovables, la recogida municipal 
de  residuos  (puntos  verdes)  u  otros  de  similares  características–,  se  establece  un 
procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales de 
infraestructuras y servicios específicos.
2.  Los  sistemas  generales  de  infraestructuras  y  servicios  a  que  se  refiere  el 
apartado 1 de este artículo se pueden delimitar en cualquier clase de suelo, siempre que 
estén  debidamente  justificados  y  no  haya  otras  opciones  ya  ordenadas  en  el 
planeamiento. En caso de que se delimiten a suelo rústico, se tienen que ubicar en 
categorías de suelo rústico común.
En el caso de municipios con más de un 90% de suelo rústico protegido también se 
pueden ubicar en áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) que no sean de naturaleza 
boscosa; en este caso dentro del mismo procedimiento se tienen que añadir medidas 
compensatorias equivalentes para incrementar las superficies de suelo rústico protegido 
y, si no es posible, de incrementar el nivel de protección de este.
3.  La edificabilidad global máxima no puede superar 0,1 m² de techo por cada m² 
de suelo. En cualquier caso el sistema vial y un mínimo de un 10 % de los terrenos 
restantes del ámbito tienen que ser de cesión pública y gratuita. El uso global principal 
tiene que ser el de infraestructuras, industrial, de equipamientos y de servicios. El uso  e.
residencial y turístico es incompatible. w.b
4.  La administración promotora hará una propuesta de delimitación y de ordenación  11ww
ddoecl uámmebnittoa cqióune  stéec nsiocma eptearráa  al ala  otrrdaemnitaaccióiónn  asem beielanbtaolr acroár reusnp oensdtiuednitoe . dJeu nmtoo cvoilind alda 
agdeenceuraaddaa  eqnu ee l isnisctlueymaa  vlaiasl , mene deisdpaesc ianle ecenstraer ialas  ubpiacraac iógna rdaen tliaz aarc tiuvnidaa dc, ocnueacntidvoid asde 
trate del almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones, y el puerto más cercano.
Así mismo se elaborará un estudio de impacto paisajístico que incorpore las medidas 
correctoras necesarias para garantizar la integración adecuada en el entorno. Igualmente 
se  elaborarán  un  estudio  económico  y  financiero  y  un  estudio  de  sostenibilidad 
económica para garantizar la viabilidad de la propuesta.
5.  Posteriormente,  la  propuesta  será  aprobada  inicialmente  con  el  efecto  de 
suspensión de licencias previsto en la legislación urbanística, será expuesta al público 
por un periodo común de 24 días hábiles, tanto en cuanto a la documentación sustantiva 
como a la ambiental, y se solicitarán los informes preceptivos, que serán emitidos en un 
plazo máximo de 20 días hábiles.
6.  Una vez concluido el trámite de exposición pública, consulta y audiencia, se 
formulará  la  propuesta  final  para  completar  el  trámite  de  declaración  ambiental 
estratégica  y,  posteriormente,  con  los  ajustes  que  hagan  falta,  para  la  aprobación 
definitiva por parte del órgano competente de la administración promotora previo informe 
de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se emitirá en un 
plazo máximo de 20 días hábiles.
7.  La aprobación definitiva de la propuesta se publicará en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» (BOIB) y, una vez publicada, se puede llevar a cabo la ejecución prevista 
en la ordenación del sector delimitado y se considerará integrada en el planeamiento 
urbanístico municipal. La aprobación definitiva de esta ordenación tiene los efectos 
previstos  para  los  planes  en  la  legislación  urbanística  (publicidad,  ejecutividad, 
obligatoriedad y declaración de utilidad pública).
8.  Dado el carácter extraordinario de este procedimiento se limita su aplicación 
temporal de forma que sólo se podrá iniciar durante un periodo de dos años desde la 
entrada en vigor de este decreto-ley.
Artículo 7.  Incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos.
1.  Las solicitudes de modernización en los términos de este artículo que presenten 
los  establecimientos  turísticos  legalmente  existentes  de  alojamiento,  turístico-
residenciales, de restauración, entretenimiento, recreo, deportivo, cultural o lúdico, antes 
del 31 de diciembre de 2021 y que tengan por objeto la mejora de los servicios y las 
instalaciones  en  los  términos  de  los  párrafos  siguientes,  así  calificadas  por  la 
administración turística competente, mediante un informe previo preceptivo para poder 
obtener  la  licencia  municipal  de  obras  o  presentar  la  declaración  responsable,  si 
procede, quedan excepcionalmente excluidas del cumplimiento de los parámetros de 
planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que impidan su ejecución.
Se puede aplicar este artículo siempre que las solicitudes de modernización y el 
correspondiente  proyecto  tengan  entidad  y  relevancia  suficiente  para  reducir  la 
estacionalidad, la búsqueda o consolidación de nuevos segmentos de mercado o la 
mejora de los servicios turísticos complementarios.
Además de esto, el conjunto del establecimiento, una vez ejecutadas las obras del 
proyecto  de  modernización  –que  se  tienen  que  hacer  con  criterios  de  eficiencia 
energética–, no tiene que incrementar el consumo de agua potable y energético de 
origen no renovable, y tiene que mejorar alguno o varios de los aspectos siguientes: la 
calidad, la sostenibilidad medioambiental, la seguridad o la accesibilidad. En todo caso, 
junto  con  las  solicitudes  de  modernización,  se  aportará  un  informe  del  servicio  de 
prevención o de la modalidad preventiva elegida por la empresa, que valore de forma 
positiva  el  impacto  que  el  proyecto  tiene  sobre  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores. e.
Los establecimientos de alojamiento hotelero que dispongan de aparcamiento para  w.b
uso exclusivo de sus clientes tienen que habilitar un mínimo de un 50 % de plazas con  11ww
ppuunnttooss  ddee  rreeccaarrggaa  npoa rcao vmephuíctau lao slo esl éecftercictooss.  pErel cvoisntossu meno  eeln peárgrréatfioc oa nqtueer ioorc.asionen estos
esta2b.l ecLima ieandtom itnuirsítsrtaiccoió nle gtaulrmísetinctae  ecoximstpernotbea, ráe n qeul es eenl tidpor odyee ctqou es ee strée fileergea lmae nutne 
inscrito en los registros turísticos en fecha de 1 de agosto de 2017.
Así  mismo,  emitirá  un  informe  sobre  si  el  proyecto  cumple  las  finalidades 
mencionadas en el apartado 1 anterior, en el plazo de tres meses a contar desde la 
entrada en vigor de la petición a la administración turística competente con el proyecto y 
toda la documentación necesaria al efecto.
3.  La administración con competencias urbanísticas sólo puede conceder la licencia 
de obras si la administración turística ha emitido, con carácter favorable, el informe 
mencionado en el apartado 2 anterior.
En caso de que sea un proyecto sujeto al régimen de declaración responsable, esta 
declaración no se podrá presentar si no va acompañada del informe favorable emitido 
por la administración turística competente.
Para  acogerse  a  las  previsiones  de  este  artículo,  a  los  efectos  administrativos 
turísticos y urbanísticos, se tiene que solicitar el informe preceptivo a la administración 
turística, junto con el proyecto y la documentación necesaria para emitirlo, y es de 
aplicación la normativa vigente en la fecha de solicitud de este informe.
La vigencia del informe a que se refiere el apartado 2 es de seis meses desde su 
notificación a la persona interesada.
4.  El  proyecto  podrá  prever  la  reordenación  o  la  reubicación  de  volúmenes 
existentes,  el  aprovechamiento  del  subsuelo  para  usos  habitables  salvo  el  de 
alojamiento, y la redistribución del número de plazas autorizadas.
En ningún caso no podrá implicar un aumento del número de plazas de alojamiento.
5.  La modernización prevista en el apartado 1 se puede llevar a cabo aunque esto 
suponga  un  incremento  relativo  de  la  superficie  edificada  y  de  la  ocupación, 
respectivamente, que no podrá exceder en un 15 % de las legalmente construidas o 
actualmente permitidas si fueran mayores, ni suponer menoscabo de los servicios y las 
instalaciones ya implantados.
Las  administraciones  públicas  competentes  en  materia  de  ordenación  turística 
pueden reducir el porcentaje del 15% previsto en el párrafo anterior.
6.  De acuerdo con las previsiones de los apartados anteriores, se pueden llevar a 
cabo obras consistentes en: ampliaciones, reformas, y demoliciones y reconstrucciones 
parciales (entendidas como aquellas inferiores al 50 % del volumen y la superficie), en 
los edificios que conforman el establecimiento turístico siempre que:
a)  Salvo  las  reformas,  no  ocupen  la  separación  o  partición  mínima  exigida 
actualmente, ni supongan un aumento de la altura máxima existente o permitida, para 
cada uno de los edificios, excepto en lo estrictamente necesario para la instalación de 
equipamientos  de  ascensores,  escaleras,  todo  tipos  de  instalaciones  (climatización, 
telecomunicaciones,  eficiencia  energética,  etc.)  y  homogeneización  y  ordenación  de 
elementos en cubiertas.
b)  Las edificaciones resultantes se destinen obligatoriamente y queden vinculadas 
al uso turístico. Esta vinculación tiene que ser objeto de inscripción en el Registro de la 
Propiedad.
c)  Se presente la autoevaluación acreditativa de que el establecimiento resultante 
mantendrá la categoría existente o una de superior, en los términos que establece el 
Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en 
materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación 
de Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los 
establecimientos turísticos, o la normativa que lo sustituya.
7.  El  propietario  o  titular  del  establecimiento  queda  obligado  a  abonar  a  la  e
administración  municipal  competente  el  5%  del  valor  del  presupuesto  de  ejecución  bo
material  en  el  momento  de  la  solicitud,  de  la  parte  resultante  que  exceda  de  la  w
mlegeajolmrae dnete l a czoonnsatr uoi dáam. bEitos ttau rípsrteicsota yc isóun  enseto rtnieon.e  que  destinar  obligatoriamente  a  la
esta8b.l ecLeo se setset aabrletícciumloie nqtuoesd taurráísnt icleogs aqlmuee nhtaey ainnc eojrepcourtaaddoos o barl apsl adnee aacmuieerndtoo  cmonu nloic qipuael 
como  edificios  adecuados,  y  su  calificación  urbanística  se  corresponderá  con  su 
volumetría específica y su uso turístico.
9.  Las ampliaciones permitidas por esta disposición no serán aplicables una vez 
agotados los límites de superficie edificada y de ocupación que menciona, ni a los 
establecimientos que ya hubieran realizado ampliaciones por aplicación del artículo 17 
del Decreto-ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la 
inversión en las Illes Balears; del artículo 17 de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de 
medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears; de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, o de la 
disposición adicional tercera de la Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la 
Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, relativa a la comercialización 
de estancias turísticas en viviendas, cuando hayan supuesto un agotamiento del límite 
fijado en el punto 5 de esta disposición.
10.  En el ámbito del Plan de Reconversión de la Platja de Palma:
a)  El  incremento  de  edificabilidad  previsto  se  tiene  que  aplicar  sobre  la 
edificabilidad permitida por el PRI.
b)  Este artículo sólo es de aplicación a los establecimientos de alojamiento turístico 
situados en parcelas con calificación de zona turística (T) y/o zona turística hotelera (Th).
11.  Los proyectos a que se refiere este artículo pueden obtener la licencia municipal 
de edificación y uso del suelo con anterioridad al permiso de instalación, siempre que, 
según la normativa territorial y urbanística, el uso turístico resulte admitido en la parcela.
12.  Las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este artículo en edificios que 
sean bienes de interés cultural o catalogados tienen que observar en todo caso la 
normativa  de  patrimonio  histórico  que  les  sea  de  aplicación,  y  obtener  un  informe 
favorable de la administración competente insular o municipal.
13.  Únicamente en relación con la modernización de establecimientos turísticos 
prevista en este artículo, y durante el plazo establecido en el apartado 1, queda sin 
efecto el artículo 129 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears, excepto en los edificios que están sujetos a protección en aplicación de la 
normativa sobre patrimonio o en los que el planeamiento haya declarado expresamente 
fuera de ordenación en conformidad con la normativa específica.
14.  Este artículo no es de aplicación a los establecimientos que se acojan al 
artículo 90 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears.
15.  Las previsiones contenidas en este artículo son también de aplicación a todos 
los  hostales,  hostales-residencia,  pensiones,  posadas,  casas  de  huéspedes, 
campamentos de turismo y campings, viviendas turísticas de vacaciones y cualquier otro 
tipo de alojamiento establecido legalmente no incluido en el artículo 31 de la Ley 8/2012, 
de  19  de  julio,  del  Turismo  de  las  Illes  Balears,  siempre  que  los  proyectos  de 
modernización tengan por finalidad cambiar de grupo y aumentar la categoría y que el 
establecimiento quede encuadrado en uno de los grupos previstos en dicho artículo 31 
para las empresas turísticas de alojamiento turístico.
16.  Todos  los  proyectos  de  modernización  previstos  en  este  artículo  que  se 
presenten  en  el  ayuntamiento  competente  antes  del  1  de  enero  de  2022  estarán 
sometidos al régimen de declaración responsable establecido en el artículo 5 de este 
decreto-ley. 
17.  Para el desarrollo y la aplicación de este artículo es de aplicación la disposición 
transitoria  octava  del  Decreto  20/2015,  de  17  de  abril,  de  principios  generales  y  e
directrices de coordinación en materia turística, de regulación de órganos asesores, de  bo
coordinación y de cooperación de Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y  w
icnlacosimficpaactiióbnle .de las empresas y de los establecimientos turísticos, en lo que no sea
Artículo 8.  Excepción de limitaciones temporales estivales para obras.
Durante el 2020 todo tipo de obras de edificación, modificación, reparación y derribos 
estarán  exentas  de  las  limitaciones  temporales  estivales  relativas  a  la  temporada 
turística que estén vigentes en cualquier normativa autonómica, insular o municipal.
Artículo 9.  Suspensión temporal del requisito de acreditación del depósito de fianza de 
contratos de alquiler de vivienda habitual para la solicitud de ayudas públicas al 
alquiler.
Se exime a los arrendatarios de la exigencia de acreditación del depósito de fianza a 
que hace referencia el artículo 59 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las 
Illes Balears, en las solicitudes de ayudas al alquiler convocadas a partir de la entrada en 
vigor de este decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esta suspensión no exime de la obligación de los arrendadores de depositar las 
fianzas  de  contratos  de  alquiler  de  vivienda,  cuyo  incumplimiento  constituye  una 
infracción administrativa tipificada en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda de las 
Illes Balears.
Artículo 10.  Prestación económica extraordinaria de compensación de atenciones en el 
entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales para personas en situación 
de dependencia a las que se ha suspendido el servicio de centro de día debido a la 
crisis sanitaria de la COVID-19.
1.  Se crea una prestación económica extraordinaria destinada a compensar los 
gastos  económicos  derivados  de  atenciones  en  el  entorno  familiar  y  el  apoyo  a 
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a las que se 
ha suspendido el servicio de centro de día durante el periodo de vigencia del estado de 
alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19.
Estas prestaciones extraordinarias tienen una vigencia temporal inicial de cuatro 
meses a contar a partir de día 1 de mayo de 2020.
El  Consejo  de  Gobierno,  a  propuesta  de  la  Consejería  de  Asuntos  Sociales  y 
Deportes, puede prorrogar la vigencia de esta prestación extraordinaria mientras dure el 
estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 o se mantenga la situación de 
emergencia social provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
2.  Son requisitos de los destinatarios a percibir la prestación:
a)  Tener reconocido como prestación del sistema de atención a la dependencia el 
recurso de centro de día y ocupar la plaza en el momento de la suspensión del servicio 
debido a la crisis sanitaria por la COVID-19.
b)  Mantener la prestación de centro de día en su PIA mientras dure la vigencia de 
esta prestación extraordinaria.
c)  No ser perceptor de la ayuda compatible con la asistencia al centro de día.
La prestación únicamente es aplicable a PIA firmado antes de la declaración del 
estado de alarma si la persona ya había ingresado en el centro.
3.  La prestación se concede de oficio a instancia del trabajador social al que 
corresponde el seguimiento del PIA, que tiene que informar de la aceptación de la  e
persona  beneficiaria  o  de  su  representante  legal,  y  hacerlo  constar  en  el  sistema  bo
informático  de  atención  a  la  dependencia.  Esta  propuesta  tiene  que  incluir  una  11ww
dpeecrclaerpatcoiró.n de veracidad de los datos bancarios de la cuenta corriente que indique el
inforEml aócrgióann aop ionrsttarudcat opro er meli ttirraáb laaj ardeosor lsuoccióianl .de reconocimiento de la prestación sobre la
4.  Son causas de pérdida de la prestación:
a)  El reinicio del servicio presencial de centro de día.
b)  La renuncia.
c)  La muerte del perceptor.
d)  El traslado a otra comunidad autónoma.
5.  La  prestación  económica  es  de  cuantía  mensual  única  según  el  grado  de 
dependencia  reconocido,  con  independencia  de  la  capacidad  económica  de  los 
beneficiarios.
El importe de la prestación para cada grado se corresponde con el 75% de las 
cuantías máximas establecidas para las prestaciones económicas por curas al entorno 
familiar:
a)  Grado I: 114,75 euros/mes. 
b)  Grado II: 201,59 euros/mes.
c)  Grado III: 290,73 euros/mes.
La prestación reconocida se abona mensualmente, incluida con la nómina ordinaria 
de prestaciones económicas por reconocimiento de situaciones de dependencia.
6.  Las prestaciones otorgadas en aplicación de este artículo producen efectos 
económicos a partir del día 1 de mayo de 2020 y se otorgan por un periodo máximo de 
cuatro meses, que pueden ser prorrogables mediante una resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes.
7.  Se establecen las obligaciones de comunicación siguientes:
a)  Los destinatarios de la prestación tienen que comunicar al trabajador social 
responsable de su PIA cualquier modificación de las circunstancias personales que 
pueda afectar el derecho a la prestación en el plazo de diez días hábiles desde que se 
produzca el hecho que motiva el cambio de situación.
b)  Los  trabajadores  sociales  que  hayan  actuado  en  representación  de  los 
interesados están obligados a comunicar, lo antes posible, cualquier incidencia de la que 
tengan conocimiento que pueda suponer una modificación del PIA, en relación con el 
otorgamiento de esta prestación.
c)  Los destinatarios de la prestación tienen que reintegrar las cuantías percibidas 
por error o indebidamente, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 84/2010, de 25 de 
junio.
8.  Las  prestaciones  otorgadas  de  acuerdo  con  estas  medidas  extraordinarias 
quedan exentas de la aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 17 y 18 
del Decreto 84/2010, de 25 de junio.
Artículo 11.  Medidas extraordinarias en materia de selección de personal funcionario 
interino para prestar servicios en el Servicio de Ocupación de las Illes Balears y en el 
Servicio de Renta Social Garantizada de la Dirección General de Servicios Sociales, 
para  atender  necesidades  urgentes  ocasionadas  por  la  crisis  sanitaria,  social  y 
económica provocada por la COVID-19.
Excepcionalmente, mientras dure la situación de crisis sanitaria, social y económica 
provocada por la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de mayo de 2021, en caso de  s
agotamiento de las bolsas vigentes para la selección de personal funcionario interino, o  e.
cuando estas bolsas no sean operativas por razón de la suspensión de efectos derivada  w.
de la interposición de recursos, o cualquier otro motivo que impida, dificulte o haga  11w
daen tileacso Inlleósm Bicaol eeal rlsla ym ealm Sieernvtioc iod ed elo sR etrnatbaa Sjaodcoiarel sG daera nlat izbaodlsaa d, ee ll aS eDrivreiccioci ódne  GOecnuepraacl idóen 
Servicios Sociales pueden utilizar, para la selección de personal funcionario interino, la
oferta genérica, siempre que con ello se garantice suficientemente el cumplimiento de los 
principios generales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad.
De estas ofertas se dará publicidad a través de los canales a los que se refiere el 
apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el 
año 2020, y también se informará a los representantes sindicales.
Artículo 12.  Personal inspector de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Desde la entrada en vigor de este decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, el 
personal funcionario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con funciones 
inspectoras está facultado para inspeccionar y levantar acta, si procede, respecto de 
cualquier materia que le sea encargada relacionada principalmente con el cumplimiento 
de las normas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dentro del 
ámbito competencial de la Administración de las Illes Balears, siempre que la función 
inspectora no requiera una elevada especialización en relación con las competencias 
materiales de la consejería de adscripción.
Artículo 13.  Medidas relativas al disfrute de vacaciones del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.
1.  El régimen de disfrute de vacaciones del personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, durante el año 2020, se rige por las previsiones siguientes:
a)  El  periodo  ordinario  de  vacaciones  establecido  reglamentariamente, 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se puede circunscribir al periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto como consecuencia de circunstancias 
sobrevenidas por motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19 que hagan necesaria la 
presencia de personal en determinadas unidades en los meses de junio y septiembre.
b)  Cuando por necesidades del servicio resulte obligado disfrutar la totalidad de las 
vacaciones fuera del periodo ordinario establecido, no se aplica a la duración de este el 
incremento de días previsto reglamentariamente.
c)  Cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional 
de determinados servicios públicos, los periodos de disfrute de las vacaciones tienen que 
coincidir con la franja temporal de cierre.
2.  Se suspende, para el año 2020, la aplicación del punto 3 del artículo 41 del 
vigente Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y se considera como periodo ordinario de 
vacaciones el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, sin perjuicio 
del que corresponde a los centros y trabajos especiales, por la actividad mayor que 
desarrollan en este periodo. Este periodo ordinario se puede circunscribir al periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto como consecuencia de circunstancias 
sobrevenidas por motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19 que hagan necesaria la 
presencia de personal en determinadas unidades en los meses de junio y septiembre.
3.  Así mismo, para el año 2020, se suspenden todas las cláusulas de los convenios 
colectivos, de los acuerdos y de los pactos que afectan los entes del sector público 
instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el sentido de que el 
periodo ordinario de vacaciones comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se 
puede circunscribir al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto como  e.
consecuencia de circunstancias sobrevenidas por motivo de la crisis ocasionada por  w.b
la COVID-19 que hagan necesaria la presencia de personal en determinadas unidades  11w
en el meses de junio y septiembre.
CAPÍTULO III
Medidas específicas relativas al Servicio de Salud de las Illes Balears
Sección 1.ª Medidas para la protección individual para evitar el contagio de la 
COVID-19
Artículo 14.  Adquisición de equipos de protección individual para evitar el contagio de la 
COVID-19.
1.  Para la adquisición de equipos de protección individual necesarios para evitar el 
contagio de la COVID-19, la selección entre los distintos productos atenderá a criterios 
de garantía de aprovisionamiento suficiente, plazo de entrega, condiciones de logística y 
precio,  y  se  realizará  entre  los  ofertados  por  los  proveedores  que  asuman  las 
condiciones que previamente haya establecido el órgano competente para adquirirlos. 
En todo caso, se permite la incorporación posterior de nuevos proveedores que asuman 
las condiciones establecidas.
2.  El acuerdo de adquisición tiene naturaleza privada y la tramitación exige:
a)  Justificación de la necesidad y de la existencia de crédito.
b)  Publicidad en la página web del órgano de contratación.
c)  Solicitud  formal  a  la  empresa  cuya  aceptación  implica  el  compromiso  de 
cumplimiento de los plazos de entrega.
3.  El acuerdo de adquisición tiene que establecer el procedimiento de aceptación o 
comprobación mediante el cual se verificará la conformidad de los productos con lo que 
dispone el contrato.
4.  Si es necesario, se pueden hacer pagos por anticipado. La entrega de los fondos 
necesarios para afrontar estos gastos se puede llevar a cabo a justificar.
Artículo 15.  Fabricación de equipos de protección individual por parte de empresas de 
las Illes Balears y procedimiento de adquisición.
1.  Los servicios de salud de las Illes Balears puede adquirir, mediante contratación 
de  emergencia,  el  suministro  de  batas  de  protección,  guantes,  mascarillas,  buzos, 
delantales de plástico, gafas, capuchas, polainas, pantallas, solución hidroalcohólica, 
viricida,  y  cualquier  otro  producto  que  se  haya  previsto  como  necesario  para  el 
tratamiento y la prevención de la COVID-19, elaborados o producidos por empresas de 
las Illes Balears, durante los 24 meses posteriores a la vigencia de este decreto-ley.
2.  El Servicio de Salud de las Illes Balears puede abonar las materias primas o los 
productos acabados por adelantado.
3.  El Gobierno de las Illes Balears puede establecer incentivos económicos para las 
empresas de las Illes Balears que produzcan y distribuyan este material en el ámbito de 
la comunidad autónoma.
Sección 2.ª Medidas para la adquisición de medicamentos
Artículo 16.  Adquisición de medicamentos con precio fijado.
Los medicamentos con precios de venta de laboratorio fijados administrativamente  e
para el Sistema Nacional de Salud o con precios de referencia, dado que ya ha habido  bo
negociación con una instancia pública y fijación administrativa del precio, pueden ser  11ww
apdroqcueirdidimoise nptoors  deel  csoisntetrmataa chióons ppiútabllaicriao. público de las Illes Balears al margen de los
Artículo 17.  Adquisición hospitalaria de medicamentos con protección de patente.
1.  Los medicamentos con protección de patente, determinado el precio público por 
la  Comisión  Interministerial  de  Precios,  pueden  ser  adquiridos  directamente  por  el 
Servicio de Salud de Illes Balears, tomando como referencia el precio determinado por el 
Ministerio de Sanidad.
2.  El acuerdo de adquisición tiene naturaleza privada y la tramitación exige:
a)  Justificación de la necesidad y de la existencia de crédito.
b)  Solicitud  formal  a  la  empresa  cuya  aceptación  implica  el  compromiso  de 
cumplimiento de los plazos de entrega.
3.  El acuerdo puede prever la modalidad de pago por volumen o por resultados, 
determinando también las penalidades contractuales por incumplimientos.
4.  En  los  acuerdos  de  adquisición  de  trato  sucesivo  se  puede  prever  su 
modificación y las causas de resolución.
5.  En  el  acuerdo  de  adquisición  se  tiene  que  establecer  el  procedimiento  de 
aceptación  o  comprobación  mediante  el  cual  se  verificará  la  conformidad  de  los 
medicamentos con lo que dispone el contrato, cuya duración no puede exceder de cinco 
días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.
Artículo 18.  Adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos.
1.  En las adquisiciones hospitalarias de medicamentos genéricos, los servicios de 
farmacia pueden elegir entre los distintos productos genéricos, atendiendo a criterios de 
eficacia terapéutica, entre los ofertados por los proveedores que asuman las condiciones 
que previamente haya establecido el órgano competente para adquirirlos, que son de 
cumplimiento obligado. En todo caso, se permite la incorporación posterior de nuevos 
proveedores que asuman las condiciones establecidas.
Entre las condiciones que deben cumplir los proveedores se incluirá la determinación 
de penalidades contractuales por incumplimientos de plazos o en la calidad del producto 
y el sistema de pago.
2.  Si se considera más conveniente contar con un único proveedor o un único 
medicamento genérico, se puede seleccionar uno entre aquellos como destinatario de 
los pedidos. En este caso el plazo del contrato será anual.
Para la selección de un proveedor o medicamento genérico único se llevará a cabo 
un procedimiento por invitación a cada uno de los proveedores, incluyendo en todo caso 
en la convocatoria la determinación de penalidades contractuales por incumplimientos de 
plazos o en la calidad del producto y el sistema de pago, por volumen o por resultados.
La invitación contendrá los criterios de selección cualitativos que se tienen que tener 
en cuenta para la resolución, como también la ponderación. Se otorgará un plazo no 
inferior a diez días para que presenten las ofertas, y la unidad responsable, de forma 
motivada,  notificará  y  publicará  en  la  página  web  especificada  el  resultado  del 
procedimiento.
3.  El acuerdo de adquisición de medicamentos genéricos, en cualquiera de sus 
modalidades, tiene naturaleza privada y la tramitación exige:
a)  Justificación de la necesidad y de la existencia de crédito.
b)  Solicitud  formal  a  la  empresa  cuya  aceptación  implica  el  compromiso  de 
cumplimiento de los plazos de entrega. e.e
4.  En acuerdos de adquisición de trato sucesivo se puede prever su modificación y  ww.
amlacsee dcp5iact.a uacsmiEaóensnn   dteooels   r ecacosocomunle uplrocrd oioóqb nua.edc eidó insa pdomqnueeids eiicali nóctnoe n stereal  tocti,ue canule y saqe ud euv reaercsifióticanab rlnáeo c eplaru  eecdlo enp ferooxrccmeeidddeiamrd id eend teco i nldocoes    OE-A-2020-8011able en https://w
días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.
Artículo 19.  Pago de los medicamentos.
1.  Salvo previsión expresa distinta a la convocatoria o al acuerdo de adquisición, el 
pago se realizará de conformidad con lo que prevé el contrato, con la presentación 
previa de la lista del detalle de las unidades suministradas.
Después de la comprobación y conformidad por parte de la unidad responsable de 
las adquisiciones, que se tiene que producir en el plazo de cinco días, la empresa 
enviará la factura por el importe determinado.
2.  El pago de la factura se realizará en el plazo de treinta días desde la recepción. 
Este plazo se puede ampliar mediante un pacto de las partes, con el límite de un máximo 
de sesenta días.
Artículo 20.  Colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes Balears y el Colegio de 
Farmacéuticos de las Illes Balears.
1.  La colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes Balears y el Colegio de 
Farmacéuticos de las Illes Balears para la dispensación activa de las especialidades 
farmacéuticas, efectos y accesorios, fórmulas magistrales y preparados oficiales que 
estén  incluidos  en  la  prestación  farmacéutica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  está 
excluida del ámbito de la contratación pública y se instrumenta mediante un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones.
2.  El  Servicio  de  Salud  de  las  Illes  Balears  abonará  al  Colegio  Oficial  de 
Farmacéuticos de las Illes Balears el importe de la factura correspondiente a las recetas 
médicas oficiales de los medicamentos que sean totalmente o parcialmente financiados 
por el Sistema Nacional de Salud, que sean válidas, se hayan dispensado correctamente 
y haya cumplimentado el farmacéutico de acuerdo con lo que establece el convenio de 
colaboración.
Sección 3.ª Medidas para el personal estatutario
Artículo 21.  Prestación de servicios en régimen de teletrabajo.
1.  En los términos y condiciones que se determinen por resolución de la Dirección 
General del Servicio de Salud, y siempre que ello sea compatible con la naturaleza de 
las funciones y características de la plaza o del puesto de trabajo, el personal estatutario 
sanitario puede prestar servicios en régimen de teletrabajo.
2.  El personal estatutario de gestión y servicios del Servicio de Salud de las Illes 
Balears que autorice cada gerencia territorial puede acceder a la prestación de servicios 
en régimen de teletrabajo en conformidad con el Decreto 36/2013, de 28 de junio, por el 
que  se  regula  la  modalidad  de  prestación  de  servicios  mediante  teletrabajo  en  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
3.  El director general del Servicio de Salud de las Illes Balears aprobará el modelo 
normalizado de solicitud y adaptará los trámites procedimentales establecidos en el 
Decreto 36/2013, de 28 de junio, a la estructura organizativa del Servicio de Salud de las 
Illes Balears.
Artículo 22.  Movilidad temporal del personal estatutario.
1.  El personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears tiene que 
desarrollar las funciones propias de su categoría en un centro o institución sanitaria  e.
diferente  al  de  su  nombramiento,  en  supuestos  de  necesidad  determinados  por  la  w.
inaplazable y urgente cobertura de la asistencia sanitaria de la población, cuando así  11w
sóergaann oa perenc qiaudeo sd epleogr ueel , dmireedctiaonr tgee unneara cl odmeli sSióenr vdicei os edrev icSioaslu dp odr ea tlraibs uIcllieósn  Bteamlepaorsra ol  deel 
funciones ajustada estrictamente a la cobertura de las necesidades que la motiven.
2.  Hay  que  aplicar  el  procedimiento  contenido  en  este  artículo  cuando  sea 
apreciada una situación de inaplazable y urgente cobertura de la asistencia sanitaria de 
la población en alguno de los centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
las Illes Balears y se hayan agotado las posibilidades por cubrir esta contingencia en el 
seno de estos.
Una vez detectada la situación de inaplazable y urgente cobertura de la asistencia 
sanitaria de la población y agotadas las posibilidades de cubrirla, el gerente territorial 
correspondiente tiene que trasladar un informe sobre esta situación al director general 
del Servicio de Salud de las Illes Balears, que tiene que dictar una resolución motivada, 
si así lo aprecia.
3.  La  movilidad  temporal  reviste  carácter  forzoso  y  se  tiene  que  designar  el 
profesional correspondiente por aplicación de los criterios contenidos en el apartado 
siguiente.
No obstante lo que establece el párrafo anterior, la movilidad temporal puede revestir 
carácter voluntario cuando, concurriendo la contingencia prevista en el apartado 1 y ante 
la oferta pública de los órganos competentes del Servicio de Salud, haya profesionales 
dispuestos a ejercer sus funciones en ámbito diferente al de su nombramiento.
4.  Se tiene que designar con carácter forzoso el personal que corresponda en 
función de los criterios siguientes:
a)  En primer lugar, se tiene que elegir un profesional de los que presten servicio en 
el  centro  o  institución  sanitaria  de  referencia  de  aquellos  centros  o  instituciones 
sanitarias donde sea necesaria la garantía de la cobertura de la actividad asistencial. El 
criterio de la designación forzosa de un profesional del centro o institución de referencia 
no se tendrá en cuenta cuando suponga perjuicio claro para su cobertura asistencial, 
previo informe motivado de la gerencia correspondiente y la aceptación expresa del 
director general del Servicio de Salud.
b)  En segundo lugar, se tiene que designar el personal estatutario de cualquier 
centro o institución sanitaria en función de su menor antigüedad. A igual antigüedad, el 
criterio de desempate se tiene que establecer en atención a los méritos curriculares, de 
menor a mayor mérito, de acuerdo con el baremo previsto en el último concurso de 
traslados publicado.
De este orden de prelación queda excluido el personal que ocupe jefaturas de 
unidad, a los cuales sólo les será de aplicación este sistema de provisión, una vez 
agotados los criterios anteriores, y en orden inverso a su rango.
5.  La comisión de servicios forzosa tendrá la duración estrictamente necesaria para 
subvenir la contingencia que dio lugar a ella. Transcurrido este plazo y si se vuelve a 
presentar la necesidad, se tiene que designar el nuevo profesional, que tiene que ser el 
siguiente por aplicación de los mismos criterios de prelación.
6.  Durante el periodo de duración de la movilidad temporal, el profesional conserva 
el derecho a su plaza o lugar de origen así como a percibir las retribuciones propias de 
este, en los términos que dispone el Estatuto marco, y las indemnizaciones por razones 
de servicio que se hayan establecido en la Resolución, que han de estar en consonancia 
con la disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
7.  Se tiene que establecer un seguimiento específico del gasto que se pueda 
generar por este motivo tanto por parte del Servicio de Salud de las Illes Balears como 
de la Consejería de Hacienda.
8.  La Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears que  e
adopte la comisión de servicios forzosa pone fin a la vía administrativa. bo
Artículo 23.  Turnos de trabajo.
El personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears tiene que hacer la 
jornada laboral en los turnos de trabajo siguientes:
a)  Turno diurno: el turno diurno es el que se hace entre las 8:00 horas y las 22:00 
horas, ya sea en horario de mañana, de tarde, o de mañana y de tarde. El horario de 
mañana tiene que ser a todos los efectos el comprendido entre las 8:00 horas y las 15:00 
horas,  y  el  de  tarde,  entre  las  15:00  horas  y  las  22:00  horas,  sin  perjuicio  de  la 
organización del turno diurno en otros horarios y del que se establezca en determinados 
centros sanitarios.
A todos los efectos, este turno supone la realización de 7 horas y 30 minutos diarias 
de trabajo, durante cinco días a la semana, y se tiene que completar la jornada anual con 
el trabajo efectivo que, con periodicidad al menos semestral, se establezca, teniendo en 
cuenta la organización de trabajo de cada centro.
b)  Turno nocturno: el turno nocturno es el que se inicia a las 22:00 horas y finaliza a 
las 8:00 horas del día siguiente.
c)  Turno rotatorio: el turno rotatorio es el régimen de trabajo en que la jornada 
ordinaria se hace a través de turnos diurnos y nocturnos. Al efecto de la ponderación de 
la jornada, se ha de incluir siempre el turno de noche. En este caso, la prestación de 
servicios se puede hacer en horario de mañana y noche, en el de tarde y noche, y en el 
horario de mañana, tarde y noche, es decir, incluyendo siempre el turno de noche en 
cualquier sistema.
CAPÍTULO IV
Régimen especial de concesión de subvenciones y otras ayudas
Sección 1.ª Nuevos procedimientos
Artículo 24 .  Ámbito de aplicación.
1.  El régimen especial regulado en este capítulo es de aplicación a la actividad de 
fomento que lleven a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes 
públicos de carácter instrumental dependientes. También lo es respecto de los consejos 
insulares, los ayuntamientos y los entes públicos de carácter instrumental que dependan 
de alguna de estas administraciones o estén vinculados a ellas, siempre que dicho 
régimen no entre en contradicción con la legislación básica del Estado en materia de 
subvenciones.
2.  Este régimen especial tiene vigencia hasta el día 31 de mayo de 2021, fecha a 
partir de la cual no se pueden aprobar bases reguladoras ni iniciar procedimientos de 
concesión de subvenciones al amparo de este capítulo, que sí es aplicable, no obstante 
y si procede, a las actuaciones de los procedimientos en tramitación que se hayan 
iniciado con anterioridad a dicha fecha.
3.  Las normas incluidas en los artículos 25 y 26 de este capítulo se refieren 
únicamente a las líneas y los procedimientos de subvenciones que, en el territorio de las 
Illes Balears, tengan por objeto impulsar el desarrollo económico y social, el fomento de 
las actividades de I+D+I o paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo 
que se hayan producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19 con relación a  s
los colectivos siguientes: personas en situación de vulnerabilidad económica o social;  o
trabajadores autónomos y por cuenta ajena; personas trabajadoras paradas; pequeñas y  w.
pmeerdsiigaanna sf ineamlipdraedseass ;a sinisstteitnucciiaolneess,  cduelt uinravelesst,ig eadcuiócna,t ivya esn, tcidívaicdaess  os idne ápnoirmtivoa sd.e lucro que  2020-8011n https://w
Artículo 25.  Aprobación y contenido de las bases reguladoras y de las convocatorias.
1.  En los supuestos previstos en el artículo anterior, para la aprobación de las 
bases reguladoras no son aplicables las previsiones del capítulo II del título IV de la 
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, sino únicamente los 
trámites siguientes: resolución de inicio, información pública por un periodo de siete días, 
informe de los servicios jurídicos y, si procede, fiscalización previa de la Intervención 
General.
2.  En los mismos supuestos del apartado anterior, la elaboración, la aprobación y la 
publicación  oficial  de  las  bases  reguladoras  puede  incluir  la  de  las  convocatorias 
correspondientes.
3.  Las bases reguladoras y las convocatorias pueden:
a)  Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención, 
como  también  en  las  actuaciones  de  justificación  y  comprobación,  se  haga 
exclusivamente por vía telemática.
b)  Prescribir,  cuando  proceda,  que  sea  un  órgano  de  carácter  unipersonal  el 
encargado de ejercer las funciones legalmente atribuidas a las comisiones evaluadoras.
c)  Prever  la  concesión  de  anticipos  hasta  el  100%  del  importe  máximo  de  la 
subvención,  con  la  autorización  previa  de  la  consejera  de  Hacienda  y  Relaciones 
Exteriores.
d)  Dispensar total o parcialmente la constitución de garantías en función de la 
capacidad económica del futuro beneficiario.
e)  Establecer  el  carácter  subvencionable  de  todos  o  de  parte  de  los  gastos 
efectivamente realizados que respondan al objeto de la subvención y sean necesarios 
para la ejecución de la actividad, aunque esta no se materialice completamente, siempre 
que quede debidamente acreditado que la carencia de ejecución o la ejecución fuera de 
plazo sean consecuencia directa de las medidas adoptadas por los poderes públicos 
para combatir la alerta sanitaria generada por la COVID-19 o para afrontar la situación 
de crisis económica.
f)  Permitir  la  justificación  de  gastos  inferiores  a  tres  mil  euros  mediante  una 
declaración formal de la persona o entidad beneficiaria, sin perjuicio de las actuaciones 
posteriores de comprobación y control.
g)  Prever la posibilidad de ampliar motivadamente los plazos de ejecución y de 
justificación  cuando  el  proyecto  o  la  actividad  no  se  hayan  podido  desarrollar  con 
normalidad por alguna de las circunstancias mencionadas en la letra e).
h)  Poner  a  disposición  de  las  personas  y  entidades  beneficiarias  un  modelo 
simplificado de cuenta justificativa.
4.  Cuando  se  trate  de  procedimientos  cuya  convocatoria  se  haya  publicado 
oficialmente dos meses antes de la entrada en vigor de este decreto-ley, las resoluciones 
individuales o colectivas de concesión de la subvención pueden incluir excepcionalmente 
las determinaciones incluidas en las letras c), d), e), f), g) y h) del apartado anterior.
Artículo  26.  Supuestos  de  carencia  de  bases  reguladoras,  de  convocatoria  o  de 
concurrencia.
Las  reglas  previstas  en  el  artículo  anterior  son  igualmente  aplicables  a  los 
procedimientos de concesión de subvenciones que se inicien de oficio o a solicitud de 
persona interesada, en que no sea legalmente necesaria la aprobación previa de bases  e.
reguladoras o de convocatoria, o no sea exigible la concurrencia. w.b
Artículo 27.  Reglas especiales de gestión.
com1p.r obLaacsi ónb aesceosn ómreicgau lased ohraasg a ym eldaisa ntceo nuvno sciasttoermiaas  dep umedueenst reeos tdaeb lelacse rf acqtuurea s lao 
documentos acreditativos de realización y pago de gastos, siempre que se trate de 
gastos de carácter sucesivo o recurrente vinculados a la actividad subvencionada.
2.  En el caso de subvenciones cofinanciadas por dos o más administraciones 
públicas,  las  bases  reguladoras  pueden  establecer  un  sistema  simplificado  de 
justificación de la cuantía total de la subvención con el fin de que la persona beneficiaria 
tenga que presentar la cuenta justificativa sólo a una de las administraciones.
Sección 2.ª Procedimientos en curso
Artículo 28.  Continuación de los procedimientos y ampliación de plazos.
1.  La continuación de los procedimientos de subvención en tramitación a la entrada 
en vigor de este decreto-ley se rige por las disposiciones estatales reguladoras del 
estado de alarma.
2.  De conformidad con lo que dispone el artículo 54 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, en los procedimientos a que hace referencia el apartado anterior se 
puede conceder un periodo extraordinario de ejecución y justificación del proyecto o de 
la actividad cuando el periodo correspondiente haya expirado. Así mismo, se pueden 
ampliar cualesquiera otros plazos que no hayan expirado, aunque las bases reguladoras 
o la convocatoria no lo prevean.
3.  Al efecto previsto en el apartado anterior, se pueden modificar o complementar 
motivadamente las resoluciones de convocatoria, incluso en el supuesto de que ya se 
hubieran asignado los fondos públicos a los beneficiarios y se hubiera iniciado el periodo 
de ejecución o justificación de las subvenciones, sin que ello implique abrir un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 29.  Justificación de la subvención.
A las actuaciones de gestión de los procedimientos que se encuentren en tramitación 
a la entrada de este decreto-ley, se les tienen que aplicar las reglas previstas en el 
capítulo I del título IV del Texto refundido de la Ley de Subvenciones, si bien de acuerdo 
con la particularidad de que el órgano competente para la concesión de la subvención 
puede decidir motivadamente:
a)  Que  no  constituye  incumplimiento,  a  efectos  de  reintegro  o  de  pérdida  del 
derecho a percibir la subvención, la carencia de ejecución total de la actividad o del 
proyecto subvencionado, si esta se ha producido como consecuencia directa de la 
suspensión de actividades o del cierre de establecimientos con motivo del estado de 
alarma o de las medidas adoptadas para combatir la alerta sanitaria generada por 
la COVID-19.
b)  Que tampoco constituye incumplimiento, al efecto previsto en la letra anterior, la 
carencia de ejecución dentro de plazo del proyecto o actividad subvencionada en las 
mismas circunstancias.
c)  La ampliación de los plazos de ejecución o de justificación antes de que estos 
expiren, o el otorgamiento de un periodo extraordinario de ejecución o de justificación por 
razones excepcionales debidamente justificadas, de acuerdo con el artículo 28.2 de este 
decreto-ley.
d)  Establecer el carácter subvencionable de todos o de parte de los gastos que 
respondan  al  objeto  de  la  subvención  y  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  la  es
actividad, aunque esta no se materialice completamente, en las mismas circunstancias a  o
que hace referencia la letra e) del apartado 3 del artículo 12 de este decreto-ley. ww.
fpoorsmteea)rl  iodrAeed slma d iepti erc,r opsmoanrpaar o lafbí sajuiccsaiót infoic  yad cceio ólnant  redonel.t igdaasdt obse innefefircioiarreias,  as itnre ps emrjiul ieciuor odse,  ulansa  adcetculaacraiocnióens   OE-A-2020-8011able en https://w
Artículo 30.  Incremento o redistribución del crédito de la subvención o ayuda.
1.  Se  puede  incrementar  o  redistribuir  el  crédito  de  la  subvención  o  ayuda 
concedida, sin abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, y siempre que las 
disponibilidades  presupuestarias  lo  permitan,  cuando  se  den  simultáneamente  las 
circunstancias siguientes:
a)  Que los proyectos o las actividades financiadas se hayan paralizado durante el 
estado de alarma o sus prórrogas y se puedan beneficiar de la ampliación de los plazos 
de ejecución.
b)  Que se haya producido un incremento en los gastos imputables al proyecto 
como consecuencia directa de la ampliación de los plazos de ejecución.
c)  Que los gastos a compensar con el incremento o la distribución del crédito sean 
directamente necesarios para la materialización del proyecto o la actividad, incluidos los 
relativos a alquiler de espacios y al suministro de agua y energía.
2.  En estos casos, la modificación del crédito de la convocatoria se tiene que llevar 
a cabo mediante una resolución del órgano competente, la cual se tiene que publicar en 
el «Boletín Oficial de las Illes Balears» a efectos informativos.
3.  La resolución tiene que contener las reglas que tienen que seguir las personas o 
entidades beneficiarias para solicitar la imputación de los gastos a que se refiere el 
apartado 1, el crédito que se asigna para financiar estos gastos y la distribución de este 
crédito entre las entidades beneficiarias en los casos en que las solicitudes superen el 
crédito asignado al efecto.
Sección 3.ª Otras ayudas
Artículo  31.  Régimen  extraordinario  de  elaboración  de  disposiciones  de  carácter 
general.
A las disposiciones de carácter general que tienen que resolver la concesión de las 
ayudas de carácter asistencial previstas en el artículo 2.3.a) del Texto refundido de la Ley 
de Subvenciones, que tengan por objeto combatir directamente los efectos de la crisis 
sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19, no les son de aplicación las 
previsiones que se contienen en el capítulo II del título IV de la Ley 1/2019, de 31 de 
enero,  del  Gobierno  de  las  Illes  Balears,  sino  únicamente  los  trámites  siguientes: 
resolución de inicio, información pública por un periodo de siete días, informe de los 
servicios jurídicos y, si procede, la fiscalización previa de la Intervención General.
Sección 4.ª Impulso a la reactivación económica en el ámbito local
Artículo 32.  Promoción del desarrollo económico municipal e insular.
1.  De  acuerdo  con  la  letra  t)  del  artículo  29.2  de  la  Ley  20/2006,  de  15  de 
diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears, en relación con los 
apartados 1 y 5 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del  Régimen  Local,  los  municipios  de  las  Illes  Balears  pueden  hacer  uso  de  los 
instrumentos de fomento previstos en este decreto-ley, como manifestación del ejercicio 
de su propia competencia.
De acuerdo con esto, los ayuntamientos, sin perjuicio del ejercicio, en cualquier  e.
momento, de esta y del resto de competencias que les son propias de acuerdo con la  w.
normativa local, pueden otorgar ayudas o subvenciones a las personas o entidades  11w
caofenc taedl afsin  y,d een  cgoeandeyruavl,a ar cao rdlaa r rteocduapse lraasc iaócnc ieocnoensó dmei cfoam  eenn tolo sq uteé remstinimoes nm puenrtiicniepnatleess 
respectivos.
2.  Lo  que  dispone  el  apartado  anterior  también  es  aplicable  a  los  consejos 
insulares, en el marco de lo que establece la letra d) del artículo 36.1 de la Ley 7/1985 
mencionada, y en el ámbito de los territorios insulares respectivos.
CAPÍTULO V
Normas específicas en materia presupuestaria, de hacienda y de patrimonio
Artículo  33.  Beneficios  fiscales  aplicables  a  tasas  portuarias  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.
En el año 2020, se establecen las bonificaciones temporales siguientes sobre la 
cuota tributaria de las tasas portuarias siguientes, reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de 
diciembre, sobre el régimen específico de las tasas de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears:
a)  El 50 % de la cuota de las tasas portuarias de las cuales las navieras de los 
barcos de pasaje de transbordo rodado y de los barcos de pasajeros que presten 
servicio de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica sean el 
sujeto pasivo, desde la finalización del estado de alarma declarado inicialmente por el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, o de las prórrogas de este, y hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
b)  El 50% de la cuota de las tasas portuarias que se indican a continuación, a partir 
de la entrada en vigor de este decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, que 
gravan las autorizaciones temporales de las actividades siguientes:
1.ª  La tasa por ocupación y aprovechamiento especial de dominio público portuario, 
cuyo hecho imponible regula el artículo 210 de la Ley 11/1998 mencionada, en cuanto a 
la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios, siempre que la 
autorización no sea complementaria de un título concesional.
2.ª  La tasa por amarre de embarcaciones de transporte marítimo no regular de 
personas (tasa G-1), cuyo hecho imponible regula el artículo 227 de la Ley 11/1998.
3.ª  La tasa por amarre de embarcaciones destinadas al alquiler a terceras personas 
y  las  matriculadas  con  lista  6a  destinadas  a  actividades  subacuáticas  (buceo)  y 
actividades de temporada a playas y costa –como por ejemplo el vuelo náutico, el agua 
bus, el alquiler de motos acuáticas, el esquí acuático, etc.– (tasa G-5), cuyo hecho 
imponible regula el artículo 273 de la Ley 11/1998.
4.ª  La  tasa  por  almacenamiento  (tasa  E-2),  cuyo  hecho  imponible  regula  el 
artículo 291 de la Ley 11/1998, para la pesca profesional a la que se refiere el artículo 20 
de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las 
Illes Balears.
5.ª  La tasa por suministro de agua y de energía eléctrica (tasa E-3), cuyo hecho 
imponible regula el artículo 299 de la Ley 11/1998, para las embarcaciones de pesca 
profesional,  las  embarcaciones  destinadas  al  alquiler  a  terceras  personas  y  las 
embarcaciones matriculadas en la lista 6a destinadas a actividades subacuáticas (buceo) 
y actividades de temporada en playas y costa (como, por ejemplo, el vuelo náutico, el 
agua bus, el alquiler de motos acuáticas, el esquí acuático, etc.).
c)  El 100 % de la cuota de la tasa por la inscripción a las convocatorias para la 
selección de personal de Puertos de las Illes Balears, cuyo hecho imponible regula el  e.
artículo 244 de la Ley 11/1998, a partir de la entrada en vigor de este decreto-ley y hasta  w.b
el 31 de diciembre de 2020. 11w
Artículo 34.  Supresión del ingreso por anticipado en el régimen de estimación objetiva 
del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears.
Para el ejercicio fiscal de 2020, el porcentaje a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 31 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del 
Impuesto sobre Estancias Turísticas y de Medidas de Impulso del Turismo Sostenible, 
queda fijado en un 0 %, sin perjuicio de la obligación de la presentación y el ingreso de la 
autoliquidación de la cuota que se merite a lo largo de todo el ejercicio de 2020, de 
acuerdo con el apartado 4 del artículo 30 del mismo decreto.
Artículo 35.  Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar 
relativa a máquinas de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar.
Para el ejercicio fiscal de 2020, se establece una bonificación del 75 % en el pago de 
los recibos de la fracción correspondiente al segundo trimestre del año de la tasa fiscal 
sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipos B o recreativas con 
premio y de tipo C o de azar a que se refiere la letra b) del artículo 96.1 del Texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en 
materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio.
Artículo 36.  Aplicación de los recursos disponibles del fondo para favorecer el turismo 
sostenible a gastos e inversiones para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 y 
potenciar la recuperación económica.
1.  Se  autoriza  al  Consejo  de  Gobierno  para  que,  a  propuesta  conjunta  de  la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo, destine los recursos integrantes del fondo para favorecer el turismo 
sostenible a los gastos y las inversiones que se consideren necesarias para paliar los 
efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 y 
potenciar la recuperación económica de las Illes Balears, con excepción de la parte de 
estos recursos destinada a financiar proyectos aprobados en el marco de los planes 
anuales del turismo sostenible cuya ejecución se considere estratégica o ya haya dado 
lugar a compromisos jurídicos o a obligaciones de pago de la entidad gestora del 
proyecto ante terceras personas o entidades.
Para lo cual, las consejerías y el resto de entidades públicas gestoras de cada uno 
de los proyectos tienen que comunicar a las consejerías de Hacienda y Relaciones 
Exteriores y de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de acuerdo con los criterios que 
estas determinen, los proyectos no iniciados y el grado de ejecución de los proyectos en 
curso, con el objetivo de conocer los recursos susceptibles de ser destinados a las 
finalidades a que se refiere el párrafo anterior.
Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, previo o simultáneo al acuerdo a que 
hacen  referencia  el  primer  párrafo  de  este  apartado  y  el  apartado  2  siguiente,  a 
propuesta conjunta de las consejerías antes mencionadas, se tienen que relacionar los 
proyectos  o  la  parte  de  estos  que  no  se  ejecutarán,  y  también  los  recursos 
correspondientes, y este acuerdo implica la anulación de las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago contabilizadas en la sección presupuestaria 37 o, en cuanto a los 
proyectos  correspondientes  al  Plan  Anual  de  Impulso  del  Turismo  Sostenible  del 
año 2016, en las secciones presupuestarias correspondientes.
2.  Las aplicaciones que, en forma de proyectos o de líneas de gasto o inversión,  s
acuerde el Consejo de Gobierno, que se tienen que imputar al programa presupuestario  oe.
de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), al cual hace referencia el  w.
caaormtníbctruiealonta tec11i,ó  pndr,e oclc oDendevicmerneieitoons-tl,oe scy o a4nd/c2mie0ir2nto0iss, t rdeaedt iuv2co0as t diyve o pmsr eays rszuuopb,u vdeeesn tmocisoe ndpeiadsra,a s s heuarrvgcieecirno tsfer ess noetceni  amalela sit,me mrpiaea dcdtieoo    2020-8011n https://w
económico y social de la COVID-19, se tienen que publicar en el «Boletín Oficial de las
Illes Balears», e implicarán la autorización previa al consejero o al órgano competente  Bc
para la autorización del gasto a que se refiere el artículo 72.2 de la Ley 14/2014, de 29 
de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y también 
para  la  suscripción  del  contrato,  la  subvención,  el  convenio  o  el  negocio  jurídico 
correspondiente en cada caso, en los casos en que la legislación presupuestaria o 
sectorial establezca la necesidad de esta autorización previa.
3.  Los recursos liberados como consecuencia de la anulación de las obligaciones 
reconocidas a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 se ingresarán en la 
cuenta  no  presupuestaria  que  determine  la  Intervención  General  de  la  Comunidad 
Autónoma y habilitarán la aprobación de los expedientes de generación de crédito que 
hagan falta en los estados de gastos del presupuesto corriente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o del Servicio de Salud de las Illes Balears, durante un plazo 
máximo de tres ejercicios, de acuerdo con las aplicaciones que acuerde el Consejo de 
Gobierno, o sus modificaciones, a que se refiere el apartado 2.
En cuanto al resto de créditos de la sección presupuestaria 37 sobre los cuales, en 
su caso, no se haya contabilizado el reconocimiento de obligaciones, se tienen que 
tramitar las transferencias de crédito que hagan falta en los estados de gastos del 
presupuesto corriente del ejercicio 2020.
Artículo 37.  Suspensión para el ejercicio de 2020 del funcionamiento de la Comisión de 
Impulso del Turismo Sostenible y la aprobación del plan anual del turismo sostenible.
1.  Para el ejercicio de 2020, se suspende el funcionamiento de la Comisión de 
Impulso del Turismo Sostenible en cuanto a la aprobación del plan anual de impulso del 
turismo sostenible de este ejercicio de 2020, el cual, por lo tanto, no se tiene que 
aprobar.
2.  A tal efecto, no serán de aplicación las normas que contienen el primer párrafo 
del apartado 2 del artículo 2 y los artículos 19 y 20 de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del 
impuesto  sobre  estancias  turísticas  en  las  Illes  Balears  y  de  medidas  de  impulso 
del turismo sostenible, ni tampoco las disposiciones de desarrollo concordantes del 
Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del Impuesto sobre 
Estancias Turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, y los recursos del 
fondo para favorecer el turismo sostenible correspondientes al ejercicio de 2020 se 
tienen que destinar a financiar los gastos y las inversiones que se consideren necesarias 
para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica provocada por 
la COVID-19 y potenciar la recuperación económica de las Illes Balears.
3.  La ejecución de los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales de 
impulso del turismo sostenible correspondientes a los ejercicios de 2019 y anteriores, o 
de sus modificaciones, se tiene que hacer de acuerdo con las normas de la Ley 2/2016 y 
del Decreto 35/2016 aplicables al tiempo de la aprobación o la modificación de estos 
planes y proyectos, con excepción de los proyectos o la parte de estos que no se tengan 
que ejecutar de acuerdo con el artículo 36 de este decreto-ley, los cuales se tienen que 
regir por lo que establece dicho artículo.
Artículo 38.  Régimen aplicable a las donaciones que se hagan para hacer frente a la 
crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19.
1.  Las  donaciones  dinerarias  que  se  hagan  para  contribuir  a  paliar  la  crisis 
sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 se deberán ingresar en la 
tesorería de la Comunidad Autónoma, por medio del modelo de ingreso correspondiente,  es
y se entienden aceptadas tácitamente, desde el mismo momento del ingreso, por la  bo
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 13.1 de la  w
dLBeea yle lEaa1s r4tsA/a.2sd0 m1d4ion,ni sadtcerai oc2ni9óe nsd  edd iend eiclraiae rmiCabsor mep,eu drnmeid iatfiirdná anAn zguaetósnn edorema ral ac,  rCécdooinmto u iemnnipd uaetdla  pcArieóusntóu npeounme staot odd ode e cl aagssa osIl tloeassl    OE-A-2020-80able en https://
programa presupuestario 413G (Acciones públicas relativas a la COVID-19) al que hace
referencia el artículo 11 del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer 
frente al impacto económico y social de la COVID-19.
2.  Las  donaciones  de  equipamientos  y  suministros  relacionados  con  la  crisis 
sanitaria de la COVID-19 que tengan la consideración de material fungible de uso 
corriente se entienden aceptadas por la simple recepción por el Servicio de Salud de las 
Illes Balears o por el órgano o la unidad que dicho servicio designe como destinatario.
En todo caso, por motivos relacionados con los controles de calidad u otras razones 
justificadas, el Servicio de Salud de las Illes Balears o el órgano o la unidad que se 
designe como destinatario queda habilitado para rechazar los bienes o modificar el 
eventual destino concreto pretendido por el donante, siempre que en última instancia los 
bienes dados susceptibles de aprovechamiento se apliquen a hacer frente a la crisis 
provocada por la COVID-19.
3.  Las  donaciones  de  otros  bienes  muebles  o  inmuebles  se  deberán  aceptar 
expresamente de la forma que prevé la legislación de patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, y se podrán destinar directamente a la lucha contra la 
crisis sanitaria, social o económica provocada por la COVID-19 o alienarse y aplicar el 
producto que se obtenga a dicha finalidad.
Artículo 39.  Reconocimiento extrajudicial de créditos.
1.  El  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  constituye  un  procedimiento 
específico que, en ejecución de una resolución administrativa previa o simultánea por la 
que se declara la inexistencia jurídica o la nulidad, según los casos, de los actos, 
contratos u otros negocios jurídicos de los que lleva causa el crédito a favor de la 
persona o la entidad interesada, determina y concreta la regularización o liquidación que 
corresponda y la imputación al presupuesto y a la contabilidad de la entidad de que se 
trate en cada caso de la obligación de pago correspondiente.
En el caso particular de contratos formalizados que se tengan que considerar nulos 
por razón de la concurrencia de cualquier causa de nulidad de pleno derecho de los 
actos  preparatorios  o  de  la  adjudicación  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente, 
previamente o simultáneamente al reconocimiento del crédito que resulte de lo dispuesto 
en el artículo 42 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se deberá 
tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio correspondiente, en conformidad 
con el artículo 41 de la Ley 9/2017 mencionada.
No obstante, en el caso de contratos que no se hayan formalizado, y, por lo tanto, no 
se puedan entender perfeccionados en los términos que exigen los artículos 36.1, 153.1 
y el resto de disposiciones concordantes de la citada Ley 9/2017, se podrá acordar el 
reconocimiento extrajudicial de los créditos, con la tramitación previa o simultánea del 
procedimiento administrativo al que se refiere el apartado 2 siguiente, por el que se 
declare la inexistencia jurídica del contrato, en el marco del título IV de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
2.  El procedimiento al que hace referencia el último párrafo del apartado anterior se 
deberá iniciar de oficio por medio de una resolución del consejero competente o del 
máximo  órgano  unipersonal  del  ente,  que  nombrará  a  un  instructor,  y  se  deberán  e.
verificar, como mínimo, los siguientes trámites: w.b
elan otidbbaar))a  d,e MAeslu  eisdnmuiteemonrrieicnasiia saj utdrdsoaet sildf .icepalr otbivvieeane d doeo llr ar  edpserpel osbntiaescnai óbonle  e ddle esl  eslarev ruivcniiciodi oay.d,  eqnu eg epnroemraol,v idóe l ala rse apliezrascoinóans d eo   OE-A-2020-80able en https://
c)  Informe de los servicios jurídicos competentes, que se deberá pronunciar en todo 
caso sobre la inexistencia jurídica del contrato.
d)  Propuesta  de  resolución  del  consejero  competente  o  del  máximo  órgano 
unipersonal del ente.
e)  Acuerdo del Consejo de Gobierno o del máximo órgano colegiado del ente por el 
que se declare la inexistencia jurídica del contrato.
El plazo máximo para resolver expresamente y notificar el acuerdo correspondiente 
es de tres meses, y la consecuencia del incumplimiento de este plazo máximo es la 
caducidad del procedimiento.
3.  La declaración de nulidad del contrato o la declaración de inexistencia jurídica de 
este a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, comporta que el contrato 
entre en liquidación, teniéndose que restituir las partes las cosas que hayan recibido en 
virtud de este y, si no es posible, el valor de mercado de las prestaciones respectivas al 
tiempo de su realización, en el marco del procedimiento de reconocimiento extrajudicial 
de créditos que se regula en el siguiente apartado.
4.  El procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos se iniciará de oficio 
por medio de una resolución del consejero competente o del máximo órgano unipersonal 
del  ente,  que  nombrará  a  un  instructor,  y  se  deberán  verificar,  como  mínimo,  los 
siguientes trámites:
a)  Informe del responsable de la unidad que promovió la realización de la obra, el 
suministro del bien o la prestación del servicio, que se deberá pronunciar sobre los 
siguientes puntos:
1.º  Las causas por las que no se formalizó el contrato, la imposibilidad de la 
restitución de las prestaciones recíprocas y la necesidad de proceder a la regularización 
o  liquidación  del  contrato  irregular  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración.
2.º  Las fechas o los periodos de realización de los gastos y la relación detallada de 
las facturas debidamente conformadas por las unidades competentes.
3.º  La valoración de los bienes entregados, de los servicios prestados o de las 
obras realizadas en cada caso, calculada a los precios de mercado vigentes en el 
momento de encargar la prestación, a los efectos de la regularización o liquidación que 
sea procedente, con la cuantificación correspondiente, la cual servirá de base a la 
propuesta de resolución del consejero o del máximo órgano unipersonal del ente a que 
se refiere la letra d).
En la valoración que se haga se puede proponer la inclusión del beneficio industrial 
previa ponderación de las circunstancias acontecidas en cada caso, siempre que las 
prestaciones del proveedor se hayan producido de buena fe y siguiendo órdenes de la 
Administración.
4.º  La existencia de crédito adecuado y suficiente o, si procede, de dotación a la 
rúbrica contable, para atender el gasto.
Así mismo, el informe del responsable de la unidad promotora deberá adjuntar los 
siguientes documentos:
1.º  Certificado  expedido  por  la  unidad  de  gestión  económica  o  la  unidad 
responsable de la contabilidad del ente en el que se detallen las facturas susceptibles de 
ser  abonadas,  una  vez  comprobada  la  inexistencia  de  duplicidad  de  facturas,  de  e.e
devolución  de  los  suministros,  de  compensación  de  facturas  o  de  cualquier  otra  b
circunstancia que pueda afectar al pago de estas. 11ww
que 2s.eº  hCageart icfiocandstoa re qxupee dsideo h apno rr eeal limzaisdmo ola rse sopboranss,a sbele h daen  plar eusntaiddaod l opsr osmerovtiocrioas e on  seel 
han suministrado los bienes.
3.º  Acuerdo del Consejo de Gobierno o del máximo órgano colegiado del ente por 
el que se declare la inexistencia jurídica del contrato, con excepción de que ambos 
procedimientos se hayan acumulado de acuerdo con lo previsto en el apartado 6.
b)  Audiencia del proveedor del bien o el servicio y, en general, de las personas o 
entidades interesadas.
c)  Informe de los servicios jurídicos competentes, que se deberá pronunciar sobre 
la corrección del procedimiento seguido y, en general, sobre las cuestiones de derecho 
que pueda suscitar el expediente.
d)  Propuesta  de  resolución  del  consejero  competente  o  del  máximo  órgano 
unipersonal del ente.
e)  Fiscalización previa, si procede, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.
f)  Acuerdo del Consejo de Gobierno o del máximo órgano colegiado del ente por el 
que se acuerde el reconocimiento extrajudicial del crédito y también, para el caso de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y el resto de entidades integrantes del sector 
público administrativo, la autorización y disposición del gasto y el reconocimiento de la 
obligación a cargo del presupuesto correspondiente.
El plazo máximo para resolver expresamente y notificar el acuerdo correspondiente 
es de tres meses, y la consecuencia del incumplimiento de este plazo máximo es la 
caducidad del procedimiento.
5.  Una vez aprobada la liquidación y reconocida la obligación al contratista, que no 
tiene carácter de obligación de ejercicios cerrados a efectos de lo dispuesto en el 
artículo  51  de  la  Ley  14/2014,  de  29  de  diciembre,  de  finanzas  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de la obligación de contabilización en la 
cuenta de «Acreedores por operaciones meritadas», esta se deberá abonar en el plazo 
de treinta días desde su aprobación.
El acuerdo favorable del Consejo de Gobierno o del órgano colegiado superior de la 
entidad a la que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores no exime la depuración de las 
responsabilidades que, si procede, sean exigibles.
6.  Siempre que se disponga de todos los elementos de juicio para ello, la resolución 
de inicio del procedimiento de declaración de inexistencia jurídica del contrato a la que 
se refiere el primer párrafo del apartado 2 de este artículo podrá decidir que se acumule, 
y,  en  consecuencia,  que  se  tramiten  conjuntamente,  el  citado  procedimiento  y  el 
procedimiento de reconocimiento extrajudicial del crédito regulado en el apartado 4.
7.  Sin perjuicio de todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.8 de la 
Ley 14/2014, excepcionalmente y a propuesta del consejero competente en materia de 
hacienda y presupuestos, el Consejo de Gobierno puede acordar, antes incluso de la 
iniciación  de  los  procedimientos  correspondientes  de  acuerdo  con  los  apartados 
anteriores  de  este  artículo,  la  medida  provisional  de  que  los  créditos  se  imputen 
inmediatamente al presupuesto a efectos de proceder al pago correspondiente, el cual 
tendrá carácter de pago por anticipado de la liquidación que resulte, sin necesidad de 
garantizar la obligación.
En estos casos, la propuesta que se eleve al Consejo de Gobierno, que se motivará 
debidamente, deberá incorporar, como mínimo, la siguiente documentación:
1.º  La conformidad de la unidad competente con las prestaciones realizadas o con 
los bienes suministrados. s
2.º  El correspondiente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente, o,  oe.
si procede, de dotación a la rúbrica contable. w.
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devolución  de  los  suministros,  de  compensación  de  facturas  o  de  cualquier  otra
circunstancia que pueda afectar al pago de estas.
CAPÍTULO VI
Infraestructuras estratégicas en materia de transporte público de viajeros
Artículo 40.  Definición de infraestructura estratégica de transporte público de viajeros.
Se consideran infraestructuras estratégicas de transporte público de viajeros de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears las siguientes:
1.  Las infraestructuras fijas de las empresas o entidades de transporte que opten 
por el uso de gas natural como combustible principal de su flota; esto es, tanto las 
propias cocheras como los equipamientos necesarios para el suministro de gas natural.
2.  Las infraestructuras (por ejemplo, las canalizaciones) para la distribución de gas 
natural –en cualquier tipo de suelo– necesarias para alcanzar los puntos de suministro.
3.  Las estaciones de servicio con venta de gas natural.
4.  Las infraestructuras públicas para el suministro de electricidad como energía de 
propulsión de vehículos.
5.  Las paradas de transporte público regular de viajeros por carretera.
Artículo 41.  Declaración de una infraestructura estratégica de transporte público de 
viajeros como inversión de interés autonómico.
1.  Una infraestructura estratégica de transporte público de viajeros se considera 
una inversión de interés autonómico cuando lo declare expresamente el Consejo de 
Gobierno de las Illes Balears, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 4/2010, de 16 de 
junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears, y en las 
condiciones que el Consejo de Gobierno determine para ejecutarlo.
La declaración de interés autonómico de una infraestructura estratégica de transporte 
público de viajeros requiere el informe favorable del consejo insular que corresponda, en 
caso de que tenga asumidas las competencias en materia de transportes.
2.  La  declaración  de  una  infraestructura  estratégica  de  transporte  público  de 
viajeros  como  inversión  de  interés  autonómico  además  de  las  determinaciones 
aplicables de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la 
inversión en las Illes Balears, comporta su consideración como inversión prioritaria por 
parte de las administraciones públicas responsables de su ejecución o autorización, que 
deberán impulsar y dar prioridad a los estudios, proyectos o trámites necesarios para su 
realización según la normativa vigente.
Disposición adicional primera.  Reconversión y cambio de uso de establecimientos de 
alojamiento turístico y edificaciones con usos no residenciales.
1.  Los edificios de establecimientos de alojamiento turístico y las edificaciones con 
usos no residenciales descritos en el apartado 2 de esta disposición pueden instar ante 
la administración turística, o administración competente en relación con la actividad a la 
que estaba afecta la edificación no residencial, su cambio de uso a alguno de los 
siguientes usos:
a)  Residencial, destinado exclusivamente a vivienda de protección oficial.
b)  Equipamientos  de  carácter  sociosanitario  o  asistencial,  públicos  o  privados 
(incluidos  residencias  de  mayores,  centros  de  día,  centros  de  discapacitados  y  s
dependientes y similares). oe.
c)  Administrativo,  considerando  preferentes  los  usos  específicos  asociados  a  w.
proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). 2020-8011n https://w
2.  Se  pueden  acoger  a  este  régimen  de  reconversión  y  cambio  de  uso  los 
siguientes establecimientos y edificaciones:
a)  Los establecimientos de alojamiento turístico en situación de alta que estén 
situados en una zona turística declarada madura.
b)  Los  establecimientos  de  alojamiento  turístico  en  situación  de  baja  definitiva 
anterior al 13 de mayo de 2020 y que estén situados en cualquier lugar, excepto en suelo 
rústico, del territorio de las Illes Balears.
c)  Las  edificaciones  con  usos  diferentes  del  residencial  y  del  de  alojamiento 
turístico deberán estar situados en una zona turística declarada madura y encontrarse en 
una situación de obsolescencia. Estas edificaciones no residenciales se considerarán 
obsoletas cuando no dispongan de actividad, porque está finalizada o dada de baja. El 
nuevo uso no tiene que estar prohibido por el planeamiento municipal.
3.  La  administración  competente  deberá  tramitar  y  resolver  el  procedimiento 
administrativo en el que tienen que quedar justificadas las condiciones establecidas en 
los apartados 1 y 2 y convenientemente valoradas la oportunidad y la idoneidad del 
cambio  de  uso.  La  resolución  del  procedimiento  administrativo  requiere  un  informe 
preceptivo y vinculante del ayuntamiento en el que se encuentre el establecimiento o 
edificación sobre el que se ha instado el cambio de uso, así como un informe favorable, 
otorgado  por  unanimidad,  de  la  comisión  que  se  creará  al  efecto,  por  decreto  del 
Consejo de Gobierno, de la que deberán formar parte las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas del sector. El acuerdo que autorice el cambio de uso 
se entiende sin perjuicio de las licencias municipales o declaraciones responsables que 
sean necesarias para hacer efectivo este cambio.
Las  obras  se  realizarán  con  criterios  de  eficiencia  energética,  no  deberán 
incrementar el consumo de agua potable y energético de origen no renovable, y deberán 
mejorar  alguno  o  varios  de  los  aspectos  siguientes:  la  calidad,  la  sostenibilidad 
medioambiental, la seguridad o la accesibilidad.
4.  En todo caso, cuando el cambio de uso interesado sea a residencial, se cumplirá 
la normativa sectorial relativa a las viviendas de protección oficial en cuanto al tamaño 
mínimo y máximo de la vivienda autorizable, al índice de intensidad de uso y al resto de 
parámetros aplicables.
En la propuesta de la edificación se deberá prever una parte destinada a usos 
diferentes del residencial de entre los siguientes: establecimiento público, administrativo, 
comercial, deportivo, docente o sociocultural. Estos usos solo se pueden ubicar en la 
planta baja del edificio.
Como mínimo, cada una de las viviendas resultantes del cambio de uso estará 
dotada de una plaza de aparcamiento en la parcela afectada o como máximo a 200 m de 
distancia.
5.  Cuando el cambio de uso sea a equipamientos de carácter sociosanitario o 
asistencial, todo el edificio queda vinculado a este uso y se puede prever un porcentaje 
no superior a un 10 % a otros usos terciarios, como son establecimiento público o 
comercial o a equipamientos comunitarios, siempre que la normativa sectorial aplicable 
al tipo de equipamiento que se implantará no lo impida. También se pueden prever los 
usos complementarios admitidos por la citada normativa sectorial de aplicación.
6.  Cuando el cambio de uso interesado sea a administrativo, todo el edificio queda 
vinculado a este uso y se podrá prever una parte destinada a otros usos terciarios, como 
son establecimiento público o comercial o a equipamientos comunitarios, siempre que  e
estos otros usos queden ubicados en la planta baja del edificio. bo
7.  En todos los casos en los que se autorice un cambio de uso, este cambio está  w
ccoomndoic aio nlaa deofe cat ivuan ab arjae hdaeb illaitsa cpiólanz ains tetugrríastl icdaesl  deeslt aebslteacbilmecieimntioe noto  eedxiifsicteion taef,e ccutaadnod,o  asseí 
Ltreayte 8 d/2e0 u1n2 ,e dseta btulericsimmoie dneto l atusr íIsllteicso B, adlee aarcsu. eErdno t ocdoon  cloa seos,t alabsle bcaidjaos e dne e pl laarztíacsu lroe l9a1ti vdaes  laa 
los alojamientos que se den de baja a partir del 13 de mayo de 2020 y que se acojan al
cambio de uso no integrarán las bolsas de plazas determinadas por el artículo 91 de la 
Ley 8/2012, ni pueden ser objeto de ninguna transmisión.
8.  Cuando  por  las  características  técnicas,  constructivas  o  edificatorias  de  un 
edificio en situación de inadecuación conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, sea procedente el 
cambio de uso y no resulte viable técnicamente o económicamente la rehabilitación 
integral de este edificio, a instancia de sus titulares se podrá acordar su demolición para 
reconstruirlo adaptándose a los parámetros urbanísticos del planeamiento en vigor para 
el uso que se tenga que implantar y a los que resulten aplicables a las viviendas de 
protección oficial, cuando el uso se destine a residencial.
9.  En todos los casos en los que sea procedente el cambio de uso, el titular del 
establecimiento  abonará  a  la  administración  municipal  competente,  en  concepto  de 
monetización de la cesión de aprovechamiento, el 5% del presupuesto de ejecución 
material de la rehabilitación integral o reconstrucción del edificio en el que se haya 
formalizado el cambio de uso.
Este valor de cesión solo se aplica sobre la superficie construida correspondiente al 
nuevo uso. Estos ingresos se destinarán a actuaciones e inversiones en la zona donde 
se ha hecho el cambio de uso, previo informe vinculante de la administración turística 
competente.
10.  Los establecimientos o las edificaciones descritos en esta disposición que se 
encuentren en situación de fuera de ordenación se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 129 de la Ley 12/2017, aunque el planeamiento municipal que les sea aplicable 
no esté adaptado a lo dispuesto en la citada ley.
11.  Los establecimientos o las edificaciones descritos en esta disposición en los 
que se hayan ejecutado obras de reforma o rehabilitación de acuerdo con las licencias 
otorgadas  al  amparo  de  esta  disposición  quedarán  legalmente  incorporados  al 
planeamiento como edificios adecuados y su calificación urbanística se corresponderá 
con su volumetría y uso específicos.
12.  La documentación que se aporte a la administración competente deberá ser 
suficiente para valorar todos los aspectos necesarios para adoptar la resolución y deberá 
incluir, como mínimo, una exposición de los antecedentes y la situación urbanística, los 
documentos gráficos y la justificación del cumplimiento de los requisitos expuestos en 
esta disposición, así como de la solución presentada. Así mismo, la administración 
competente tiene que someter la propuesta de resolución a audiencia pública durante el 
plazo  mínimo  de  un  mes,  a  efectos  de  que  se  puedan  presentar  sugerencias  o 
alegaciones.
Disposición adicional segunda.  Certificación de verificación documental.
1.  Para agilizar los procedimientos de obtención de las licencias urbanísticas, con 
carácter previo a la presentación de la solicitud, el promotor puede obtener un certificado 
emitido por los colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público con el 
que  el  ayuntamiento  subscriba  el  convenio  correspondiente,  acreditativo  de  la 
verificación de la documentación.
2.  La verificación consistirá en la revisión técnica, el informe y la validación del 
proyecto básico y el resto de documentación que acompañará la solicitud, la cual deberá 
incluir, así mismo, la suficiencia y la idoneidad de la documentación, para los fines de la 
autorización y su adecuación a la normativa aplicable en cada caso.
3.  La  solicitud  de  licencia  que  se  acompañe  del  certificado  regulado  en  esta  e.
disposición adicional, junto con el resto de documentación exigida, se deberá admitir a  w.b
trámite, y ello no impide que el órgano competente para la tramitación efectúe los  11ww
rinesquufeicriiemniecinatso so  ddeef icsieunbcsiaansa qcuióen s eqaune  scuobrsraenspaobnledsa.n,  si  con  posterioridad  se  detectan
para4 .l a Eobl tienntecrieósna ddeo  lpau elicdeen ocpiat asri np oard pjurnetsaern etal rc lear tsifoiclaicditou dr eyg ulala ddooc eunm eensttaac dióisnp eoxsiigciiódna 
adicional, y en este caso la verificación se efectuará en el seno del procedimiento para la 
obtención de aquella, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística.
Disposición adicional tercera  Ordenación urbanística del Parque Balear de Innovación 
Tecnológica (ParcBit).
1.  La ordenación urbanística de los terrenos resultantes de la aplicación de la 
Ley 2/1993, de 30 de marzo, de creación del Parque Balear de Innovación Tecnológica 
(ParcBit), se realiza mediante las Normas subsidiarias y complementarias del ParcBit 
aprobadas  por  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears,  las  cuales  vinculan  todos  los 
planeamientos  urbanísticos  afectados,  incluso  los  planes  generales  de  ordenación 
urbana,  que  se  deberán  adaptar  a  las  previsiones  de  estas,  sin  perjuicio  de  su 
ejecutividad inmediata.
2.  El desarrollo de las citadas Normas subsidiarias y complementarias se realizará 
mediante la formulación y la ejecución por el Gobierno de las Illes Balears de uno o 
varios planes especiales de desarrollo del ParcBit, cuyas características y contenidos 
deberán ser los que determina el artículo 45 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears.
3.  El procedimiento para la aprobación y la modificación de las Normas subsidiarias 
y complementarias y para la formulación y la ejecución de los planes especiales de 
desarrollo deberá incluir, como mínimo, los siguientes trámites:
a)  Redacción del instrumento.
b)  Información pública durante el plazo de un mes con el fin de que, durante este, 
se puedan formular sugerencias.
c)  Informes del Ayuntamiento de Palma y del Consejo Insular de Mallorca.
d)  Evaluación de impacto ambiental.
e)  Aprobación por el Gobierno de las Illes Balears.
Disposición  adicional  cuarta.  Prórroga  de  las  autorizaciones  administrativas  del 
transporte colectivo del Parque Nacional de Cabrera.
Quedan prorrogadas las autorizaciones administrativas concedidas de transporte de 
visitantes  al  Parque  Nacional  Marítimo-Terrestre  del  Archipiélago  de  Cabrera  en 
conformidad  con  el  apartado  2.3.5  del  Plan  Rector  de  Uso  y  Gestión  del  Parque, 
aprobado por el Decreto 58/2006, de 1 de julio. La prórroga se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2020 y las condiciones de esta son las mismas que las establecidas en el 
momento de la concesión de las autorizaciones.
Disposición adicional quinta.  Equipamientos recreativos gestionados por el Instituto 
Balear de la Naturaleza (IBANAT).
1.  Tienen la consideración de equipamiento recreativo los espacios que figuran 
delimitados en el anexo 1 de este decreto-ley.
2.  El  Instituto  Balear  de  la  Naturaleza  (IBANAT)  es  la  entidad  gestora  de  los 
equipamientos recreativos que figuran en el anexo 1 de este decreto-ley.
3.  Los equipamientos recreativos gestionados por el IBANAT que figuran en el 
anexo 1 de este decreto-ley quedarán exentos de licencia de actividad.
4.  Las actuaciones de mantenimiento y mejora en estos equipamientos recreativos 
serán en todo caso consideradas actuaciones propias de gestión de la infraestructura, y  e.
no quedarán sujetas a la tramitación de la licencia municipal. w.b
Disposición  adicional  sexta.  Suspensión  de  presentación  de  declaraciones 
responsables  de  inicio  de  actividad  turística  relativas  a  la  comercialización  de 
estancias turísticas de viviendas, en el municipio de Palma.
Hasta el día 31 de diciembre de 2021, y en cuanto al ámbito territorial del municipio 
de Palma, se suspende la posibilidad de presentar declaraciones responsables de inicio 
de actividad turística relativas a la comercialización de estancias turísticas de viviendas a 
la que hace referencia el capítulo IV del título III de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del 
turismo de las Illes Balears
Disposición adicional séptima.  Previsiones específicas para la isla de Formentera.
1.  El Consejo Insular de Formentera puede establecer, mediante una ordenanza, un 
régimen específico de limitaciones temporales para obras estivales durante la temporada 
turística de 2020 aplicable a las obras a las que hace referencia el artículo 8 de este 
decreto-ley.
2.  Así mismo, la previsión excepcional que contiene el artículo 2.2 in fine de la 
Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears, 
no se aplica a la isla de Formentera debido a las características geográficas especiales 
de esta isla.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este decreto-ley que lo 
contradigan o se opongan a él y, en particular, las siguientes:
a)  El artículo 5 de la Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se adoptan medidas 
urgentes para la reducción del déficit público.
b)  El apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
c)  Los artículos 109 y 110 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades en las Illes Balears.
d)  Los  artículos  163  y  196  de  la  Ley  4/2014,  de  20  de  junio,  de  transportes 
terrestres  y  movilidad  sostenible  de  las  Illes  Balears.  Se  derogan  porque  no  tiene 
sentido, una vez modificada la naturaleza de los estudios de viabilidad, la vigencia de un 
comité evaluador que valore el resultado, cuando esta función queda incluida dentro 
del proceso, público y transparente, de tramitación de los estudios informativos o bien del 
proceso de planificación y aprobación de cada una de las grandes infraestructuras de 
transportes según la legislación sectorial pertinente.
e)  El artículo 4 de la Ley 5/2004, de 20 de diciembre, de creación del Colegio Oficial 
de Guías Turísticos de las Illes Balears.
f)  La disposición transitoria séptima de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de 
las Illes Balears.
g)  La  disposición  transitoria  primera  del  Decreto  20/2015,  de  17  de  abril,  de 
principios generales y directrices de coordinación en materia turística; de regulación de 
órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y 
de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado 
en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Illes Balears.
h)  El artículo 4 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación del territorio 
de  las  Illes  Balears.  Quedan  derogadas  tácitamente  todas  las  normas  que  hagan  e.
referencia a trámites en los que intervenga la Comisión de Coordinación de Política  w.b
Territorial. 11w
comip) etEenl caiapsa rata ldoos  c1o dnesel jaorst íicnusluol a6r edse e lna  mLaetye r2ia/2 d0e0 1o,r ddeen a7c dióen  mdealr zteor,r idtoer ioa.tribución de
funcji)o naEml Dieenctore dtoe  l1a3 C/2o0m01is,i ódne  d2e  Cdeo ofredbinrearcoi,ó np odre  ePl oqlíutiec as Tee rrerigtourliaa l.la organización y el
k)  Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 del Decreto 63/2017, de 22 de diciembre, de 
principios generales de los procedimientos de acceso a los servicios de la Red Pública 
de Atención a la Dependencia.
Disposición final primera.  Modificaciones legislativas y reglamentarias en materia de 
medio ambiente.
1.  Se modifica el contenido de la letra a) del apartado 2 del artículo 9 de la 
Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la  conservación  de  los  espacios  de  relevancia 
ambiental (LECO), que queda redactado de la siguiente forma:
«a)  El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente 
y Territorio. La resolución de inicio deberá ir acompañada de un documento básico 
que contenga los objetivos y las directrices para la ordenación de los recursos 
naturales  del  ámbito  territorial  del  que  se  trate,  la  identificación  del  espacio 
geográfico al que se refiere y los valores ambientales o de otro tipo que motivan el 
inicio del procedimiento.»
2.  Se  modifica  el  contenido  de  la  letra  f)  del  apartado  2  del  artículo  9  de  la 
Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la  conservación  de  los  espacios  de  relevancia 
ambiental (LECO), que queda redactado de la siguiente forma:
«f)  Finalmente, el proyecto de plan de ordenación de los recursos naturales 
requiere un informe jurídico preceptivo de la Secretaría General de la Consejería 
de Medio Ambiente y Territorio, el cual se deberá referir a la corrección del 
procedimiento seguido y a la valoración de las alegaciones presentadas.»
3.  Se introduce un apartado, el cuatro, en el artículo 9 de la Ley 5/2005, de 26 de 
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), con el 
siguiente contenido:
«No obstante lo previsto en el apartado anterior, las modificaciones puntuales 
de los planes de ordenación de los recursos naturales pueden seguir la tramitación 
simplificada prevista en este apartado.
Se entienden por modificaciones puntuales las que, atendiendo al carácter 
cuantitativo y cualitativo de la modificación, no constituyen un cambio sustancial o 
esencial del plan.
La tramitación simplificada de las modificaciones puntuales es la siguiente:
a)  El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente y 
Territorio,  el  cual  tiene  que  justificar  el  carácter  puntual  de  la  modificación  y 
contener una propuesta inicial de modificación.
La resolución de inicio se deberá publicar en el "Boletín Oficial de las Illes 
Balears" mediante un anuncio que contenga un extracto del contenido y que 
indique el sitio web en el que se puede acceder a la documentación. También se 
deberá poner a disposición de la ciudadanía a través de los medios telemáticos.
b)  La propuesta inicial de modificación se someterá a los siguientes trámites:
i)  Audiencia de las personas interesadas, directamente o por medio de las 
entidades que las agrupen o las representen, por un plazo de veinte días hábiles.
ii)  Consulta de las administraciones territoriales que se puedan ver afectadas  e.e
por la iniciativa, que se deberán pronunciar en el plazo de veinte días hábiles. w.b
iii)  Información pública por un plazo de veinte días hábiles. A tal efecto, se  11ww
pmuínbilmicaor,á e unn d aons udnicairoio es nd ee l m"Baoyloert ítnir aOdfaic idael  dlae  ilsalsa  Iclloersr eBsaploenadrsie",n taes,í  qcuoem ion dyiq cuoem eol 
pdloaczuom  epnatraac ihóanc.er  sugerencias  y  el  sitio  web  donde  se  puede  acceder  a  la
Si, como resultado de los trámites anteriores, se modifica sustancialmente la 
propuesta inicial, esta se someterá de nuevo a estos trámites.
Las alegaciones recibidas pueden no ser tenidas en cuenta si se emiten fuera 
del plazo previsto o no tienen relación directa con el objeto de la modificación.
c)  La propuesta de modificación se deberá someter al informe jurídico de la 
Secretaría General.
d)  La aprobación de la modificación se deberá hacer por decreto del Consejo 
de Gobierno. El decreto tiene que incluir la denominación modificación puntual en 
el título de la disposición y se publicará en el "Boletín Oficial de las Illes Balears".»
4.  Se introduce un apartado, el cuatro, en el artículo 7 del Decreto 51/1992, de 30 
de julio, sobre indemnizaciones y compensaciones por obras e instalaciones por obras y 
depuración de aguas residuales, con el siguiente contenido:
«4.  El informe indicado en el punto 3 corresponde a la toma en consideración 
y la autorización de la imputación a ejercicios futuros aprobada por la persona 
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.»
Esta modificación puede ser alterada mediante un decreto del Consejo de Gobierno.
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 13 de la Orden del consejero de Medio 
Ambiente de 3 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para actividades de educación ambiental en las Illes Balears a favor de 
personas y entidades sin ánimo de lucro, que queda redactada de la siguiente forma:
«4.  Con carácter general, la actividad subvencionable se deberá realizar 
durante la anualidad presupuestaria correspondiente a la de la convocatoria y la 
siguiente, o en el plazo que esta establezca para cada caso y, de acuerdo con la 
normativa aplicable.»
Esta modificación puede ser alterada mediante una orden del consejero de Medio 
Ambiente.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
1.  Se  añade  una  nueva  letra  m)  al  artículo  2.2  de  la  Ley  7/2013,  de  26  de 
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las 
Illes Balears, con la siguiente redacción:
«m)  Los  equipamientos  y  las  infraestructuras  públicas,  los  edificios  o 
espacios destinados a oficinas y otras dependencias auxiliares, así como cualquier 
actividad  de  servicio  público  de  titularidad  pública  o  gestionada  por  una 
administración pública o por organismos dependientes de esta.»
2.  Se modifican los artículos 35 a 48, incluidos en el título IV de la Ley 7/2013, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears, que quedan redactados de la siguiente forma:
«CAPÍTULO I
Régimen general
Artículo 35.  Ejercicio de actividades permanentes.
1.  Para  ejercer  una  actividad  permanente  de  las  que  prevé  esta  ley  es 
necesario:
a)  Disponer de las instalaciones necesarias para realizar la actividad, que 
deberán cumplir lo que determina esta ley y el resto de normativa sectorial que 
sea aplicable.
b)  Presentar una declaración responsable ante la administración competente, 
en los términos que prevén los artículos 42 a 44.
2.  Las declaraciones responsables reguladas en los artículos siguientes se 
acompañarán, si procede, con el documento acreditativo del pago de los tributos 
que se meriten.
3.  Las disposiciones de carácter general de ámbito municipal que desarrollen 
los  procedimientos  que  regula  este  título  no  pueden  exigir  ninguna  otra 
documentación adicional a la prevista en esta ley, sin perjuicio del deber del 
titular de disponer de la documentación que le exige la normativa que le sea 
aplicable y de ponerla a disposición del personal de la administración competente 
cuando actúe en ejercicio de su actividad inspectora.
Artículo 36.  Actividades que deberán disponer de un plan de autoprotección.
Los  titulares  de  actividades  que  tengan  que  disponer  de  un  plan  de 
autoprotección de acuerdo con la normativa de emergencias deberán presentar 
este plan, por medios telemáticos, al registro autonómico correspondiente, así 
como sus modificaciones y revisiones. A través de esta presentación el plan queda 
registrado a todos los efectos, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que 
pueda realizar la administración competente.
Artículo 37.  Actividades que requieren la ejecución de obras o instalaciones.
1.  La ejecución de obras e instalaciones para una nueva actividad mayor, 
menor o inocua o para la modificación de actividades existentes de acuerdo con el 
artículo 11 requiere la presentación de una comunicación previa o la obtención de 
una licencia, de acuerdo con la normativa urbanística.
Salvo que se trate de una actividad inocua, cuando sea necesaria la redacción 
de un proyecto de obras, este incorporará el contenido del proyecto preliminar de 
actividades de acuerdo con lo que establece el artículo 39 y el anexo II de esta ley.
2.  Una vez finalizadas las obras e instalaciones, se deberá presentar una 
declaración responsable de acuerdo con los artículos 43 y 44.
Artículo 38.  Actividades que requieren la ejecución de instalaciones sin obras. o
Si  no  se  requiere  la  ejecución  de  obras,  las  instalaciones  para  nuevas  11w
daicstpivoidnagdaens  doe   plaasr a auatcotrivizidaacdioense se xsiestcetonrteiasle ss ey  pduee dlean  deojceucmuteanr tascieiómn prteé cnqiucae 
legalmente  exigible,  y  solo  es  exigible  la  presentación  de  una  declaración
responsable de forma previa al uso de las nuevas instalaciones en los términos 
indicados en los artículos 43 y 44.
Artículo 39.  Documentación técnica.
1.  Para realizar las instalaciones necesarias para una actividad mayor o 
menor, el promotor de estas deberá disponer de un proyecto de actividad con el 
contenido que, como mínimo, prevé el anexo II de esta ley.
2.  Cuando sea necesario obtener la correspondiente licencia urbanística, el 
promotor de la instalación puede optar entre presentar un proyecto preliminar de 
actividades de acuerdo con el anexo 2 de esta ley o integrar el contenido de este 
en  el  proyecto  de  obras.  Potestativamente  puede  presentar  el  proyecto  de 
actividades completo en la fase de la solicitud de licencia o con el proyecto 
de ejecución de obras. Si opta por no presentarlo, en todo caso deberá disponer 
del proyecto de acuerdo con lo que dispone el apartado siguiente. En los casos de 
modificaciones de actividades existentes, el alcance del contenido del proyecto 
preliminar  de  actividades  que  se  tiene  que  aportar  dependerá  del  tipo  de 
modificación de acuerdo con lo que fija el artículo 11, y se puede producir el caso 
de que sea innecesario por no afectar ninguno, lo que se deberá indicar en el 
proyecto de obra.
3.  Es  un  deber  del  promotor  disponer  de  las  autorizaciones  previas 
necesarias y de la documentación técnica pertinente a lo largo de la ejecución de 
las obras, incluido el proyecto de actividades cuando sea preceptivo, y exhibirla a 
los representantes de la administración competente que lo requieran en ejercicio 
de su actividad inspectora.
Artículo 40.  Consulta sobre la normativa de aplicación en materia de actividades.
Cualquier persona se puede dirigir a la administración competente para que 
esta le informe sobre la normativa municipal de aplicación, incluida también la 
urbanística, respecto de la instalación y el ejercicio de una o varias actividades en 
una determinada ubicación. Las consultas se responderán por escrito en un plazo 
máximo de un mes desde su solicitud y la respuesta tendrá una validez de seis 
meses,  durante  los  que  vincula  al  ayuntamiento,  salvo  que  la  normativa 
urbanística aplicable haya suspendido el otorgamiento de licencias.
Artículo 41.  Actividades en edificios existentes.
1.  En  edificios  existentes,  incluidos  los  catalogados  o  protegidos  por  un 
instrumento  de  planeamiento  general  y  que  no  se  encuentren  protegidos  en 
conformidad  con  la  legislación  en  materia  de  patrimonio,  cuando  las 
características  arquitectónicas  no  permitan  el  cumplimiento  pleno  de  las 
condiciones técnicas exigidas en la normativa vigente o resulten económicamente 
inviables,  se  pueden  proponer  y  adoptar  soluciones  técnicas  alternativas  que 
garantizarán,  además  del  objeto  de  la  ley,  los  valores  que  han  motivado  la 
catalogación o protección cuando sea el caso.
Estas soluciones técnicas alternativas se pueden proponer a la administración 
competente, la cual se deberá pronunciar sobre su viabilidad en el plazo de dos 
meses.  La  inviabilidad  de  estas  soluciones  solo  se  puede  fundamentar  en  s
cuestiones de legalidad o para oponerse al establecido en los instrumentos de  oe.
planeamiento  urbanístico.  El  transcurso  de  los  dos  meses  sin  que  la  w.
administración se oponga a la solución planteada supone la conformidad implícita  11w
ap laensetaam, iseienmtop urreb aqnuíest icnoo  os qeu eo pnoon sgea  traa telo d eq ueed ifeicsiotasb cleactaelno glaodso sin ost rpurmoteengtidoos s.de
activ2i.d adEens  alousn qeudeif isceio es nceuxeisntetrnetne sto tsael  op puaerdceianl mreenatleiz aern  ilnas staitluaaccioiónne sd ey f ueejrear cdeer   BOE-A-cable e
ordenación siempre que no sea necesario la ejecución de obras en la parte del 
edificio afectada por esta situación.
Artículo 42.  Inicio y ejercicio de las actividades inocuas.
El inicio y el ejercicio de una actividad inocua solo requieren la presentación al 
órgano  competente  de  una  declaración  responsable  del  titular  en  la  que  se 
identifique la actividad que se realizará y que declare que la actividad se encuentra 
comprendida dentro de las del título III del anexo de la ley y que se cumple con la 
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 43.  Declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad.
1.  El inicio y el ejercicio de una actividad mayor o menor en los casos que 
haya necesitado la realización de obras o instalaciones requieren la presentación 
al ayuntamiento de una declaración responsable del titular en la que se haga 
constar que las instalaciones ejecutadas cumplen la normativa que en cada caso 
les sea exigible y tienen las condiciones operativas adecuadas para apoyar la 
actividad que se desarrollará y que se dispone de un proyecto de actividades 
redactado  por  un  técnico  o  técnica  competente  y  al  que  se  ajustan  las 
instalaciones existentes al establecimiento.
La  declaración  responsable  regulada  en  este  apartado  solo  se  deberá 
acompañar de la certificación de un técnico o técnica competente que acredite que 
las instalaciones se ajustan al proyecto de actividades, así como la documentación 
gráfica mínima que las defina.
2.  El  inicio  y  el  ejercicio  de  una  actividad  mayor  o  menor  en  un 
establecimiento  que  no  necesita  la  realización  de  obras  o  instalaciones  solo 
requiere la presentación al órgano competente de una declaración responsable del 
titular en la que se identifique la actividad que se realizará y se declara que las 
instalaciones existentes son adecuadas para el ejercicio de la actividad que se 
quiere desarrollar.
3.  En los casos de actividades que se suspenden por un periodo no superior 
a nueve meses por razón de temporalidad de la actividad que realizan y que 
necesitan  el  desmontaje  de  las  instalaciones,  no  es  necesario  presentar  la 
declaración  responsable  prevista  en  este  artículo  para  volverlas  a  montar  y 
retomar la actividad, y es suficiente presentar una declaración responsable previa 
a la reapertura, siempre que no se haya producido ninguna modificación relevante 
respecto de la instalación inicial.
4.  La presentación de la declaración responsable prevista en este artículo y 
en el anterior sustituye la licencia urbanística de ocupación o primera utilización y 
la cédula de habitabilidad a los  efectos de poder proceder a la contratación 
definitiva  de  servicios,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  otros  documentos  de 
acuerdo con la normativa que resulte aplicable.
5.  Es un deber del titular disponer en todo momento de una copia de la 
declaración responsable y de la documentación técnica preceptiva, en papel o en 
formato digital en el propio establecimiento o accesible de forma telemática a 
requerimiento de representantes de la administración competente en ejercicio de 
su actividad inspectora. Se entenderá cumplido este deber cuando el titular pueda 
poner la documentación a disposición de la autoridad o funcionario que la requiera  es
en un plazo no superior a dos días hábiles. bo
Artíc uElon  4e4l . caMsoo ddifeic alac ióenje dcuec liaósn  adceti vmidaoddeifisc.aciones a actividades existentes, de
aacyuuenrtadmo ieconnto  lou nqau ed epcrelavréanc iólons  raerstípcounlossa b3le7  ye n3 8l,a  eql utietu laser  dheabgearán  pcroenssetnatra rl oasl   BOE-A-cable e
aspectos modificados y se indique que las instalaciones cumplen la normativa que 
en cada caso les sea exigible y atendiendo a lo que dispone el artículo 11 y que se 
mantienen las condiciones operativas adecuadas para apoyar a la actividad que 
se desarrolla. Cuando sea procedente modificar el proyecto de actividades se 
deberá adjuntar una certificación de un técnico o técnica competente que acredite 
que las instalaciones se ajustan al proyecto de actividades modificado, además de 
aportar la documentación gráfica mínima afectada por la modificación.
Artículo 45.  Ineficacia de la declaración responsable.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información  que  se  incorpore  en  una  declaración  responsable  determina  la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde 
el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades  penales,  civiles  o  administrativas  que  correspondan  se 
detecten.
Sin  embargo,  la  administración  competente  deberá  resolver  declarando  la 
concurrencia  de  estas  circunstancias  que  determinan  la  invalidez  del  título 
habilitante, previa audiencia al titular, al que otorgará un plazo no inferior a dos 
meses para que pueda subsanar las deficiencias observadas.
Con  el  acuerdo  que  inicia  el  procedimiento  para  determinar  la  eventual 
ineficacia del título habilitante, se puede ordenar el cierre total o parcial de la 
actividad siempre que se acrediten un riesgo para personas, sus bienes o el medio 
ambiente.
Artículo 46.  Efectos de la presentación de la declaración responsable.
1.  La presentación de la declaración responsable de acuerdo con lo que 
prevén los artículos anteriores faculta para el inicio y el ejercicio de la actividad, sin 
perjuicio de lo indicado en el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015 o la 
norma que lo sustituya.
2.  Así mismo, la presentación de la declaración responsable determina la 
remisión,  por  parte  del  órgano  competente,  del  contenido  de  esta  y  de  la 
documentación preceptiva al Registro Autonómico de Actividades de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 32 o la norma que lo sustituya. La remisión de 
contenido  de  una  declaración  responsable  relativa  a  la  modificación  de  una 
actividad no inscrita supone la inscripción de la actividad en el Registro.
Esta remisión se deberá hacer por parte del ayuntamiento de forma telemática 
de acuerdo con la normativa reglamentaria reguladora del Registro y en el plazo 
máximo de 15 días contadores desde la presentación de la declaración. Si la 
administración  competente  detecta  carencias  en  la  declaración  o  en  la 
documentación aportada, requerirá al titular para que subsane las deficiencias en 
el  plazo  máximo  de  10  días,  y  resta  interrumpido  el  plazo  para  enviar  la 
documentación al Registro, sin perjuicio de que pueda resultar de aplicación lo que 
prevé el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015.
3.  Si una vez transcurrido el plazo anterior de 15 días la administración 
competente no ha remitido los datos y la documentación preceptiva al Registro 
Autonómico de Actividades, el titular de la actividad puede instar directamente la 
inscripción en el Registro, excepto los casos en los que se le hayan notificado  es
defectos o carencias en la declaración presentada que interrumpan el plazo de  bo
inscripción. A tal efecto, el titular deberá presentar una copia de la declaración  w
rddaeeedsl m pARoincentigsisvtiaisrdabtarcloedió  etnisey  n caeod  mteqolpud eeort seed snaltotroe sc   uyed efleean c taatloac ast i .vl daiDdo aaecdd ulm maq iueninenissdtatcarcra iipicóncinsói ócnrn qict uaoee mfee npch eteuatleay Rndata ee,g p aiers eltl orsóoser  gnAeatfuaentdcoootn o gósema qs itucoleoar     OE-A-2020-80able en https://
correspondan.
CAPÍTULO II
Supuestos especiales
Artículo 47.  Instalación de infraestructuras comunes.
1.  En  un  establecimiento  físico  en  el  que  se  prevé  la  implantación  de 
diferentes instalaciones para actividades específicas, solo se puede hacer el inicio 
de instalación de una actividad específica en el marco de una instalación de las 
infraestructuras comunes del establecimiento, que tendrá siempre la consideración 
de actividad mayor y que se ejecutará de forma previa o simultánea a la de la 
actividad específica.
2.  El inicio y el ejercicio de una actividad específica en el marco de unas 
infraestructuras comunes restan condicionados a la adecuada finalización de las 
infraestructuras comunes, que se acredita a través de la presentación de una 
declaración responsable en los términos que prevé el artículo 43, y sin perjuicio 
del deber de presentar la declaración responsable pertinente para la actividad 
específica.
Artículo 48.  Actividades en espacios compartidos.
Las instalaciones para actividades en espacios compartidos deberán contar 
con el correspondiente título habilitante de acuerdo con esta ley, sin perjuicio que 
las diferentes actividades que se puedan realizar puedan obtener su título de 
forma diferenciada, presentando la correspondiente declaración responsable de 
acuerdo con lo que establece esta ley.»
3.  Se modifica el encabezamiento del capítulo V del título IV de la Ley 7/2013, 
de 26 de noviembre, que pasa a ser el capítulo III.
4.  Se modifica el artículo 100 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, que pasa a 
tener la siguiente redacción:
«Artículo 100.  Concurrencia de la normativa de actividades con otras normativas.
1.  La  realización  de  obras  e  instalaciones  en  el  ámbito  de  esta  ley  se 
sancionará de acuerdo con lo que prevé la normativa urbanística, y se aplicarán 
las infracciones y sanciones previstas en esta ley de forma supletoria.
Las legalizaciones y los procedimientos de restablecimiento de la legalidad 
infringida y de la realidad física alterada se realizarán de acuerdo con lo que prevé 
la normativa urbanística.
2.  Las infracciones que se detecten en actividades o instalaciones reguladas 
en esta ley solo se sancionarán de acuerdo con lo que prevé este título en 
ausencia de un régimen sancionador específico.»
5.  Se suprime la obligación de presentar la ficha resumen en los casos en los que 
no es preceptiva la redacción del proyecto de actividades que consta en el anexo II de la 
Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears, y se suprime también la mención en su punto 5 del 
contenido del proyecto de actividades relativa a la necesidad de incluir el plan de 
autoprotección. s
6.  Las referencias de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de  oe.
instalación,  acceso  y  ejercicio  de  actividades  en  las  Illes  Balears,  al  permiso  de  w.
ninusetavlaa creiógnu lsaec ióenn tienntrdoedruácnid hae pcohra ess atel  dtíetuclroe tuor-bleayn.ístico correspondiente atendiendo a la  2020-8011n https://w
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears.
1.  Se elimina la letra f) del apartado 1 del artículo 38 de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
2.  Se añade la letra f) del artículo 41 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears, con el siguiente contenido:
«f)  El catálogo de elementos y espacios protegidos.»
3.  Se añade la letra h) del artículo 42 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears, con el siguiente contenido:
«h)  La calificación urbanística de suelo puede establecer que la edificación 
de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda con protección oficial 
u otros regímenes de protección pública, en actuaciones edificatorias de nueva 
planta y reforma integral de edificaciones existentes, y se respetará el régimen 
jurídico de las viviendas preexistentes en los casos en los que el derribo de un 
edificio sea debido a una operación de sustitución con realojo de los mismos 
residentes.
El plan de ordenación detallada, en su memoria de viabilidad económica, 
garantizará  la  viabilidad  económica  de  las  operaciones  en  suelo  urbano 
consolidado que se hayan concretado previamente a la aprobación del plan.»
4.  Se modifican las letras a) y c) del apartado 4 del artículo 43 de la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, que quedan redactadas de la 
siguiente forma:
«a)  En los ámbitos de uso predominante residencial o turístico:
i.  Para espacios libres públicos: un 10 % de la superficie del sector que no 
resulte inferior a 20 m² por cada 100 m² de edificación residencial, y a 7 m² por 
plaza turística, según resulte de la aplicación de los índices de edificabilidad 
correspondientes.
ii.  Para  equipamientos  públicos:  21  m²  por  cada  100  m²  de  edificación 
residencial, o 7 m² por plaza turística.»
«c)  En los dos casos anteriores, la superficie destinada a aparcamientos 
deberá garantizar un mínimo de una plaza por cada 200 m2 de edificación, de las 
que al menos un 50 % tienen que estar en suelo de dominio público, tanto en 
espacios anejos a la vialidad como, preferentemente, en aparcamientos públicos 
externos al vial, con el fin de poder ganar espacio en la calle para el arbolado, 
peatones y ciclistas. En todo caso, se deberán prever plazas para carga de 
vehículos eléctricos.»
5.  Se modifica el punto 2 del artículo 48 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«2.  Se  deberán  formular  como  documentos  normativos  integrantes  de 
los planes de ordenación detallada y deberán tener entre sus finalidades o, en su 
caso,  como  único  objeto  la  conservación  de  los  elementos  señalados  en  el  s
apartado 1 anterior.» oe.
6.  Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 54 de la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, que quedan redactadas de la 
siguiente forma:
«b)  Los planes de ordenación detallada, sus revisiones y sus modificaciones, 
cuya aprobación definitiva corresponde a los ayuntamientos en los municipios de 
más de 10.000 habitantes.
c)  Los planes parciales, los planes especiales y los estudios de detalle, cuya 
aprobación corresponde al ayuntamiento.»
7.  Se modifican los puntos 3 y 6 del artículo 55 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que quedan redactados de la siguiente forma:
«3.  Este trámite de información pública tiene un periodo mínimo de cuarenta 
y  cinco  días  para  los  instrumentos  que  comporten  evaluación  ambiental 
estratégica  ordinaria  y  de  treinta  días  para  los  que  no  la  comporten,  y  se 
anunciará, al menos, en el "Boletín Oficial de las Illes Balears", en uno de los 
diarios de mayor circulación en la isla correspondiente, y en la sede electrónica de 
la  administración  que  tramita  el  procedimiento,  en  la  que  deberá  constar  la 
documentación completa que integra el instrumento. La publicación del anuncio de 
información pública en el "Boletín Oficial de las Illes Balears" deberá hacer constar 
de forma clara el localizador uniforme de recursos de la sede electrónica para 
acceder a la documentación.
Durante el plazo de información pública se deberá solicitar un informe de las 
administraciones  o  los  entes  estatales,  autonómicos  o  insulares  cuyas 
competencias se puedan ver afectadas. En todo caso, se deberá solicitar un 
informe  preceptivo  al  órgano  que  ejerza  las  competencias  en  materia  de 
urbanismo del consejo insular correspondiente.»
«6.  Cuando de acuerdo con el artículo 54 de esta ley el ayuntamiento sea el 
competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico o sus alteraciones, dicha aprobación definitiva solo se puede realizar 
con  el  informe  previo  del  órgano  con  competencias  urbanísticas  del  consejo 
insular correspondiente. Este informe se tiene que emitir, con carácter vinculante, 
en  relación  con  las  consideraciones  oportunas  por  motivos  de  interés 
supramunicipal, de legalidad, de adecuación a los instrumentos de ordenación 
territorial y, si procede, a los instrumentos urbanísticos de rango superior.
Igualmente, el informe del consejo insular, de acuerdo con los principios de 
colaboración  y  cooperación  establecidos  en  esta  ley,  puede  incluir  las 
consideraciones  adicionales  y  no  vinculantes  que  sean  procedentes, 
fundamentadas  en  razones  de  racionalidad  y  funcionalidad  urbanísticas  y 
orientadas a superar contradicciones, subsanar errores y mejorar la claridad y la 
precisión jurídicas y técnicas del instrumento de planeamiento de que se trata.
Este informe se tiene que emitir, según corresponda, en los siguientes plazos, 
que  se  computan  desde  la  recepción  de  la  documentación  completa  de 
instrumento de planeamiento:
a)  En el plazo de tres meses, en los supuestos de primera formulación o de 
revisión del plan general o del plan de ordenación detallada.
b)  En el plazo de dos meses en el caso de modificaciones del plan general o 
del plan de ordenación detallada, y en el caso de la primera formulación, la  e.
revisión o la modificación de los planes parciales, planes especiales y estudios de  w.
detalles. 11w
Una vez que han transcurrido los plazos anteriores, se entiende que el informe
se ha emitido de forma favorable y se puede continuar con la tramitación.»
8.  Se modifica el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«1.  La  modificación  de  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico se realizará de acuerdo con las disposiciones de esta ley 
que rigen su formulación.
Sin  embargo,  el  ayuntamiento  puede  modificar  el  uso  detallado  de  un 
equipamiento definido por el planeamiento para terrenos de titularidad pública a 
otro diferente, dentro de este uso global, mediante un acuerdo plenario que solo 
se deberá someter al trámite establecido en el artículo 73 de esta ley. El acuerdo 
de aprobación definitiva y el contenido de la modificación del uso de los terrenos 
mencionados se deberá comunicar igualmente al Archivo de Urbanismo de las 
Illes Balears y al consejo insular correspondiente.
En  el  caso  del  plan  general  municipal  se  entiende  por  modificación  la 
introducción de cualquier tipo de cambios en sus determinaciones, incluidos los 
cambios en la clasificación del suelo y los sistemas generales, siempre que no 
comporten su revisión en los términos que establece el artículo anterior.»
9.  Se modifica el apartado 4 del artículo 79 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«4.  El ayuntamiento aprueba los proyectos de reparcelación de acuerdo con 
el procedimiento que se establezca  reglamentariamente, y que en todo caso 
deberá garantizar un plazo de información pública de un mes y la citación personal 
de las personas interesadas.»
10.  Se modifica el apartado 4 del artículo 83 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«4.  La  administración  actuante  aprobará  las  bases  de  actuación  y  los 
estatutos de la Junta de Compensación. A tal efecto, las personas propietarias que 
representen más del 60 % de la superficie total de la unidad de actuación deberán 
presentar  a  la  administración  actuante  los  proyectos  de  bases  y  estatutos 
correspondientes.
El plazo para acordar sobre la aprobación inicial es de tres meses desde la 
presentación  de  la  documentación  completa.  Los  proyectos  se  someten  a 
información pública por un plazo de quince días hábiles mediante un edicto que se 
tiene que publicar en el "Boletín Oficial de las Illes Balears" y en la dirección o en 
el punto de acceso electrónico correspondiente, donde se insertará así mismo el 
contenido íntegro para facilitar la consulta telemática, dentro de este plazo se 
deberá conceder audiencia a las otras personas propietarias.
La aprobación definitiva y la notificación se deberá producir en el plazo de tres 
meses desde la finalización del plazo de información pública. En caso contrario, se 
entiende  que  los  proyectos  quedan  aprobados  definitivamente  por  silencio 
positivo. El acto o acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el "Boletín 
Oficial de las Illes Balears" y en la dirección o en el punto de acceso electrónico 
correspondiente,  donde  se  insertará  así  mismo  el  contenido  íntegro  de  los 
estatutos y las bases aprobados definitivamente.»
11.  Se modifica la letra a) del artículo 125 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre,  es
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma: o
«a)  La  evaluación  del  estado  de  conservación  del  edificio:  el  técnico  11w
lfeasciuolntaetsiv oy  cdoemfipceietenncitaes  dqeubee ráp uieddeannti ficaafer,c tamre daia nlotes   leal eminespnetocsc iócno mvuisnueasl,,   lloass 
ifnusntdaalamceionnteoss , cloam eusnterus cdtuer as,u mlaisn isftarcoh daed aasg, ulaa,s e lmecetdriicaindearda, sr,e dla sd ec suabnieeratamsi eyn tola ys   BOE-A-cable e
pluviales, así como otros elementos, en especial los que puedan suponer un 
riesgo para las personas. En el informe, si procede, se incluirán fotografías de las 
lesiones o deficiencias detectadas.
Se considera una deficiencia de subsanación obligatoria el hecho de que el 
edificio no disponga de redes independientes para las redes de aguas residuales y 
de aguas pluviales.
A estos efectos se considera técnico facultativo competente, conforme a lo que 
establece la legislación estatal, el que esté en posesión de cualquiera de las 
titulaciones  académicas  y  profesionales  que  habilitan  para  la  redacción  de 
proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras conforme al uso 
de la edificación objeto de evaluación.»
12.  Se modifica el contenido del artículo 145 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 145.  Actos sujetos a intervención preventiva y sus instrumentos.
1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley, el ejercicio de las 
facultades urbanísticas que derivan de los derechos reales sobre el suelo, de 
acuerdo con los principios de esta ley, se ejercerán libremente dentro de los 
límites,  y  sometidos  a  las  obligaciones,  que  establece  la  legislación  y  el 
planeamiento  vigentes.  No  obstante,  restan  sometidos  a  intervención 
administrativa preventiva los actos regulados en este capítulo a través de los 
instrumentos de la licencia urbanística o la comunicación previa.
2.  No están sujetos a intervención preventiva:
a)  Las obras de escasa entidad constructiva y económica en suelo urbano 
que no requieren proyecto ni dirección técnica y se desarrollan en su integridad en 
el interior de las edificaciones existentes, a excepción de las que se ejecuten en 
edificios  declarados  como  bienes  de  interés  cultural  o  catalogados,  y  en  las 
edificaciones  o  construcciones  en  situación  de  fuera  de  ordenación  según  el 
artículo 129 de esta ley.
b)  El mantenimiento del suelo, la vegetación y la actividad agraria en general 
cuando  no  implique  construcción  ni  la  transformación  de  la  condición  o  las 
características esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los 
deberes que establecen la legislación aplicable y el derecho civil, incluidas las 
previsiones  específicas  para  preservar  ejemplares  arbóreos  protegidos,  el 
patrimonio, el medio ambiente, el paisaje, u otros valores.
3.  La comunicación previa es el documento mediante el que las personas 
interesadas  ponen  en  conocimiento  de  la  administración  municipal  sus  datos 
identificativos  y  el  resto  de  requisitos  establecidos  para  el  ejercicio  de  las 
facultades a que se refiere el apartado cuarto, en los supuestos previstos en el 
artículo 148 de esta ley, y permite el inicio de la actividad de que se trata en las 
condiciones fijadas en el artículo 153 siguiente y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que corresponden a los ayuntamientos o a los 
consejos insulares.
4.  La  licencia  urbanística  es  el  acto  administrativo  mediante  el  que  se 
adquiere la facultad de realizar los actos de transformación o utilización del suelo o 
del  subsuelo,  de  parcelación,  edificación,  demolición  de  construcciones,  e.
ocupación, aprovechamiento o uso relativo a un terreno o inmueble determinado,  w.b
con concreción previa de lo que establecen y posibilitan al respecto esta ley, los  11w
rpelasntoe sd eg elengeisralalecsió mn uy nnicoirpmaaletisv,a l odse  daep loicrdaecinóanc.»ión detallada y los de desarrollo, y el
13.  Se modifica el contenido del artículo 149 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 149.  Actos promovidos por administraciones públicas.
1.  Los actos especificados en los artículos 146 y 148 de esta ley, que sean 
promovidos  por  órganos  de  las  administraciones  públicas  o  sus  entidades 
instrumentales  de  derecho  público  están  igualmente  sujetos  a  licencia  o 
comunicación  previa,  con  las  excepciones  previstas  expresamente  por  la 
legislación sectorial o por otras normas con rango de ley.
2.  No obstante, no estarán sometidas a la intervención municipal preventiva:
a)  Las  obras  públicas  de  construcción,  modificación  y  ampliación  de 
equipamientos,  infraestructuras  o  instalaciones  que  hayan  sido  declaradas 
de interés general, autonómico o insular por ley, o por acuerdo del Consejo de 
Gobierno  o  del  Pleno  del  consejo  insular  respectivo,  de  acuerdo  con  las 
competencias respectivas; o bien que sean previstas expresamente con carácter 
de necesarias, en un plan especial, plan territorial insular o plan director sectorial 
aprobados definitivamente.
b)  Las obras de mantenimiento de los equipamientos, las instalaciones o las 
infraestructuras hechas de acuerdo con lo que prevé el punto anterior, durante su 
vida útil.
c)  Las  que  tengan  la  consideración  de  obras  de  emergencia  según  la 
legislación específica.
3.  La tramitación de los proyectos previstos en el apartado segundo está 
sujeta a los mismos requisitos de la licencia urbanística o la comunicación previa, 
según  corresponda,  y  la  aprobación  por  parte  del  órgano  competente  para 
autorizarlos o aprobarlos produce los mismos efectos.
4.  En la tramitación de los citados proyectos, es preceptiva la audiencia a los 
ayuntamientos afectados por un plazo de un mes, y estos se deberán pronunciar 
sobre la conformidad o la disconformidad de los proyectos con el planeamiento 
urbanístico  vigente.  Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  un  mes,  el  órgano 
competente para autorizarlos o aprobarlos podrá continuar la tramitación.
5.  En el supuesto de que los actos previstos sean disconformes con el 
planeamiento municipal, el Gobierno de las Illes Balears o el consejo insular 
respectivo, en el ámbito de sus competencias por razón de la materia, si aprecia 
razones de urgencia o de interés público excepcional, puede acordar continuar 
con el procedimiento, abriendo un plazo de información pública y consultas al 
ayuntamiento y el resto de administraciones afectadas y personas interesadas, 
para que en el plazo de 45 días aleguen o emitan los informes pertinentes, 
tramitando simultáneamente la evaluación ambiental que corresponda.
A la vista del resultado del proceso de participación y evaluación, el Consejo 
de Gobierno, o el Pleno del Consejo podrá acordar proceder a la aprobación y 
ejecución del proyecto de forma inmediata. En este caso, el ayuntamiento deberá 
adaptar su planeamiento urbanístico e incorporarlo en la primera modificación o 
revisión del planeamiento urbanístico que se haga, de acuerdo con la tramitación 
establecida en esta ley.
6.  El ayuntamiento solo puede acordar la suspensión de obras cuando se  s
pretenda realizarlas en ausencia de audiencia o, en caso de disconformidad con el  oe.
planeamiento, si no se ha adoptado la decisión previa habilitante por parte del  w.
CLGaoo nbssiueesrjnopo ed noes  aiGól noP blseieenr onc odo emol u cdnoeincl saceroájon  sainel sjoóu rlsgaoar,bn sroee  grleaúd npa crcootcorrere dsdepenolc npiadr aod.y»ee cetjoe cyu taalr  Celo pnrsoeyjeoc dtoe.   2020-8011n https://w
14.  Se añade el apartado 3 al artículo 176 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears (referido a las reducciones de las multas), con el 
siguiente contenido:
«3.  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  1  y  2  de  este  artículo, 
cualquier  sanción  por  infracción  urbanística  deberá  tener  un  importe  mínimo 
de 600 euros para cada una de las personas responsables o corresponsables, con 
independencia de los supuestos en que pueda ser objeto o no de alguna de las 
reducciones reguladas en este artículo o en el artículo 202 de esta ley.»
Disposición final cuarta.  Modificaciones normativas en materia de turismo.
1.  Se introduce un nuevo punto, el 5, en el artículo 25 de la Ley 8/2012, de 19 de 
julio, del turismo de las Illes Balears, en los siguientes términos:
«5.  El otorgamiento de dispensas previsto en este artículo también podrá ser 
aplicable a los efectos de conseguir el mantenimiento de la categoría a la que 
hace referencia el artículo 31.2 de la ley.»
2.  Se introduce el artículo 29 bis en la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las 
Illes Balears, en los siguientes términos:
«Artículo 29 bis.  Autodispensadores de bebidas alcohólicas.
Se  prohíben  en  los  establecimientos  turísticos  los  autodispensadors  de 
bebidas alcohólicas. Los dispensadores de bebidas alcohólicas que pueda haber 
en los establecimientos deberán ser utilizados únicamente por el personal propio 
del establecimiento, excepto en comedores, que pueden ser utilizados por los 
clientes durante horarios de comer y cenar, que se tiene que garantizar con la 
supervisión de personal de comedor.»
3.  Se modifica el punto 2 del artículo 31 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo 
de las Illes Balears, que queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Los  establecimientos  destinados  a  la  prestación  de  servicios  de 
alojamiento turístico y los incluidos en la disposición adicional octava de esta ley, 
deberán cumplir los requisitos referidos a sus instalaciones, mobiliario, servicios y 
superficie  de  parcela  que  reglamentariamente  se  determinen,  en  función  del 
grupo, la categoría, la modalidad y la especialidad a la que pertenezcan.
El incumplimiento de estos requisitos determina, si procede, la posibilidad de 
que  la  administración  turística  fije  la  categoría,  grupo  o  modalidad  que 
corresponde  realmente  al  establecimiento,  mediante  un  procedimiento  con 
audiencia  de  la  persona  interesada;  y  con  independencia  de  la  apertura  del 
procedimiento sancionador que pueda ser pertinente.»
4.  Se modifica el punto 7 del artículo 88 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo 
de las Illes Balears, que queda redactado en los siguientes términos:
«7.  El  cómputo  de  número  de  plazas  para  nuevos  establecimientos  de 
alojamiento  y  para  las  ampliaciones  de  los  existentes,  por  redistribución 
de unidades o plazas, así como para nuevas comercializaciones o ampliaciones  es
de estancias turísticas en viviendas, se tiene que hacer del siguiente modo: o
a)  Para los apartamentos turísticos, dos plazas por estudio proyectado y tres  11w
dpolarzmaisto prioor q aupea sreta pmreonyetoc tdee. un dormitorio, además de dos plazas más por cada
turisbm) o Pdea rain tleorsio hr oyte hleoss,p heodteerlíeass ,d deo csi updlaazda, sh optoerle hsa abpitaarctiaómn.e Snteo ,p huoetdeele sc ormurpauletasr,   BOE-A-cable e
hasta el 10 % de las habitaciones de las que se disponga como individuales. Las 
unidades de alojamiento con sala de estar se deberán computar como dos plazas 
por cada baño del que dispongan.
No computan a los efectos de este artículo y a los efectos del cómputo global 
de los alojamientos turísticos las camas supletorias destinadas a menores de 
quince años, con un máximo de dos por unidad de alojamiento.
Los  establecimientos  que  dispongan  de  habitaciones  individuales  pueden 
mantener  este  cómputo  sin  necesidad  de  identificar  cuáles  son  las  unidades 
individuales, siempre que el dormitorio tenga más de 10 m2 útiles y no se incurra 
en sobreocupación del establecimiento.
c)  Para las viviendas objeto de comercialización turística, hay que atender al 
cómputo  que  determine  la  cédula  de  habitabilidad,  en  aplicación  del 
Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de 
medición, higiene e instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas y la 
expedición de cédulas de habitabilidad. Estas viviendas no pueden disponer de 
camas supletorias.
En las islas donde los consejos insulares admitan el título de habitabilidad 
específico y análogo mencionado en el artículo 50 de esta ley, hay que atender al 
cómputo que este determine.»
5.  Se modifica el artículo 90 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes 
Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 90.  Régimen de los establecimientos dados de baja definitiva.
1.  Los  establecimientos  dados  de  baja  definitiva  se  pueden  acoger  a 
cualquiera de las siguientes posibilidades:
a)  La solicitud de incoación del procedimiento para el cambio de uso del 
inmueble  en  conformidad  con  la  disposición  adicional  primera  del  Decreto-
ley 8/2020, de 13 de mayo y cumpliendo con los requisitos que se establecen.
b)  La demolición del inmueble y que la parcela pase a formar parte del 
sistema de espacios libres públicos o sea calificada de forma que implique su 
inedificabilidad.
c)  La demolición del inmueble y posterior reconstrucción de este de acuerdo 
con los parámetros urbanísticos vigentes en la zona de la que se trate.
d)  El destino del inmueble a un uso que esté permitido y la edificación se 
adecúe a la indicada por el planeamiento en la zona en que se ubica.
2.  Los establecimientos en situación de baja definitiva dispondrán del plazo 
que  termina  el  31  de  diciembre  de  2020  para  optar  entre  alguna  de  las 
posibilidades previstas en este artículo sin que les sea aplicable la legislación que 
regula las expropiaciones forzosas de inmuebles por razón de utilidad pública, 
dado el impacto ambiental que producen en el entorno.»
6.  Se modifica el contenido de la letra a) del artículo 98, de la Ley 8/2012, de 19 de 
julio, del turismo de las Illes Balears, que queda redactado en los siguientes términos:
«a)  Exhibir la acreditación de su condición al iniciar la actuación inspectora,  s
salvo que la identificación pueda interferir en esta actuación. También pueden  e.
adquirir bienes o servicios para obtener pruebas sin necesidad de identificación.» w.
princ7i.p ioSse g emnoedriafilceas  ey l dpiruencttor ic9e sd edle a crtoícourdloin 8a7c iódne le Dn emcraetteor ia2 0t/u2r0ís1t5ic,a d; ed e1 7re dgeu laacbiórinl,  ddee 
ódreg raengousl aacsióens oyr ecsla, sdifeic caocoiórnd indaec liaósn  eym dper ecsoaosp ye rdaec iólons  deeslt aGbolebcieimrnieon dtoes l atusr íIslleticso Bsa, ldeiactrasd, oy 
en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Illes Balears, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«9.  Capacidad de las unidades de alojamiento: las unidades de alojamiento 
solo pueden ser ocupadas en la capacidad por la que han sido inscritas en los 
registros turísticos, sin perjuicio de las posibilidades otorgadas por el artículo 88 de 
la Ley para los dormitorios con superficie útil superior a 10 m2, excepto si el cliente 
solicita en su reserva la instalación de camas supletorias para menores de 15 
años. Así mismo, los establecimientos de alojamiento turístico deberán disponer 
de cunas con el fin de que puedan pernoctar en ellos los menores de dos años, 
cuya instalación podrá tener carácter oneroso o gratuito; todo esto, excepto si el 
establecimiento está especializado solo para adultos.»
Esta modificación puede ser alterada mediante un decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes 
terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.
1.  Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 75 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
transportes  terrestres  y  movilidad  sostenible  de  las  Illes  Balears,  con  la  siguiente 
redacción:
«7.  El  personal  de  la  inspección  de  transportes,  en  sus  actuaciones 
inspectoras,  puede  efectuar  reservas  y/o  contrataciones  para  constatar  la 
realización de la actividad clandestina, comprobar las posibles infracciones y/o 
identificar  de  forma  correcta  a  las  personas  (físicas  o  jurídicas)  que  son 
responsables,  sin  tener  que  comunicar  previamente  que  se  realizan  las 
actuaciones inspectoras ni proceder obligatoriamente a la previa identificación 
como miembro de la inspección de transportes.»
2.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 112 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, 
de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con la siguiente 
redacción:
«4.  Se entiende que comercializan u ofrecen estos servicios de transportes 
las  personas  físicas  o  jurídicas  que  mediante  aplicaciones  de  mensajería 
instantánea para dispositivos móviles, de forma gratuita o no, permiten o facilitan 
la reserva o contratación del servicio o permiten contactar con posibles usuarios 
del servicio de transporte.»
3.  Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 114 de la Ley 4/2014, 
de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, que 
pasa a tener la siguiente redacción:
«En el supuesto de que el vehículo sea de una empresa de arrendamiento de 
vehículos  sin  conductor  y  así  conste  en  el  permiso  de  circulación  o  la 
documentación  que  la  administración  competente  en  materia  de  tránsito  y 
circulación viaria considere equivalente, los servicios de inspección, los agentes 
de vigilancia del transporte por carretera o los policías locales, en el ámbito de las 
competencias propias, deberán inmovilizar inmediatamente el vehículo y, en un 
plazo de veinticuatro horas, comunicarlo a la empresa de alquiler propietaria del  e.e
vehículo  para  que  la  retire  cuando  finalice  el  correspondiente  contrato  de  w.b
arrendamiento.» 11ww
4.  Se modifica el apartado 2 del artículo 120, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«2.  Para el establecimiento, la construcción y la explotación de nuevas líneas 
ferroviarias se deberá tener en cuenta, en el marco del Plan Director Sectorial de 
Movilidad, su rentabilidad social y económica.»
5.  Se modifica el contenido del artículo 121, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Artículo 121.  Aprobación del proyecto.
1.  Para  establecer  nuevas  líneas  ferroviarias  de  transporte  público  es 
necesario que la dirección general competente, de oficio o a instancia de parte 
interesada, apruebe un estudio informativo. El estudio informativo comprenderá el 
análisis y la definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales y de 
explotación, de las opciones de una actuación determinada y, si procede, de la 
selección de la alternativa más recomendable como solución propuesta, mediante 
un análisis multicriterio. En su caso, el estudio informativo deberá incluir el estudio 
de  impacto  ambiental  de  las  opciones  planteadas  y  constituye  el  documento 
básico  a  efectos  de  la  correspondiente  evaluación  ambiental  prevista  en  la 
legislación ambiental.
Sin  perjuicio  de  lo  que  pueda  establecer  la  legislación  ambiental,  no  es 
preceptiva la redacción de un estudio informativo cuando se trate de obras de 
reposición, de conservación, de acondicionamiento de trazado, de ensanches de 
plataforma o de desdoblamientos de vía sobre esta, electrificación, señalización y, 
en general de aquellas que no supongan una modificación sustancial del trazado 
de  las  líneas  existentes.  Tampoco  es  preceptiva  la  redacción  de  un  estudio 
informativo  para  la  reforma,  la  ampliación  o  el  establecimiento  de  nuevas 
estaciones ni para las actuaciones de supresión o reordenación de pasos a nivel.
2.  Para  su  tramitación,  la  dirección  general  competente  en  materia  de 
movilidad  y  transportes,  una  vez  aprobado  inicialmente,  remitirá  el  estudio 
informativo  correspondiente  a  los  consejos  insulares,  municipios  y  entidades 
locales afectadas, con el fin de que, durante el plazo de un mes, examinen y, si 
procede, informen de si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés 
general y para los intereses que representan. Una vez transcurrido este plazo sin 
que estas administraciones públicas hayan informado sobre ello, se entenderá que 
están conformes con la solución propuesta.
En  el  supuesto  de  que  alguna  de  estas  administraciones  manifieste 
disconformidad, necesariamente motivada, la dirección general correspondiente 
deberá abrir un periodo de consultas con esta por un periodo no inferior a dos 
meses. Si se mantiene la discrepancia, el expediente se enviará al Consejo de 
Gobierno, el cual considerará las aportaciones de las administraciones que han 
manifestado disconformidad, decidirá sobre la ejecución del proyecto al que se 
refiere el estudio informativo y, si procede, acordará la modificación o revisión del 
planeamiento  afectado,  que  se  deberá  acomodar  a  las  determinaciones  del 
proyecto en el plazo de un año desde su aprobación. s
3.  Con carácter simultáneo al trámite de informe al que se refiere el apartado  oe.
anterior, el estudio informativo se someterá, en la forma prevista al procedimiento  w.
aehdxácmbliulienssiisv.t aramLtieavnsot ,e a o sbuosnbe rtrervá amlcaii toecn oednsec  einprfecoairómlinza acddieaólsn   trpaúezbnal idcoae  sdptueror ayentrctáetam udintoe ,p  esduriesob daeofr eádcnec  i3o0vne edrssía asyr    2020-8011n https://w
efectos, así como sobre el estudio de impacto ambiental incluido, si procede, en el
estudio informativo. La tramitación de la información pública corresponde a la 
dirección general competente en materia de movilidad y transportes.
4.  Una vez concluidos los plazos de audiencia e información pública, la 
dirección general competente en materia de movilidad y transportes, remitirá el 
expediente completo, que deberá incluir el estudio informativo y el resultado de los 
trámites de audiencia e información pública, al órgano competente en materia 
ambiental a los efectos previstos en la legislación ambiental.
5.  Una  vez  completada  la  tramitación  prevista  en  el  apartado  anterior 
corresponderá  a  la  dirección  general  competente  en  materia  de  movilidad  y 
transportes el acto formal de aprobación definitiva del estudio informativo, en la 
que se indicará, si procede, la inclusión de la futura línea o tramo de la red a que 
este se refiera, en la Red Ferroviaria de Interés General de las Illes Balears, en 
conformidad con lo que se establece en el artículo 118.
Con  ocasión  de  las  revisiones  de  los  instrumentos  de  planeamiento 
urbanístico, o en los casos que se apruebe un tipo de instrumento diferente al 
anteriormente vigente, se deberán incluir las nuevas infraestructuras contenidas 
en los estudios informativos aprobados definitivamente con anterioridad. Con esta 
finalidad, los estudios informativos tienen que incluir, si procede, una propuesta de 
la banda de reserva de la previsible ocupación de la infraestructura y de sus zonas 
de dominio público.
A los solos efectos de la ocupación temporal de los terrenos para la toma de 
datos  y  realización  de  prospecciones  necesarias  para  la  elaboración  de  los 
proyectos, la aprobación de los estudios informativos implica la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación temporal de estos terrenos.
6.  Transcurridos  diez  años  desde  la  aprobación  formal  de  un  estudio 
informativo, prorrogables a cinco más de forma expresa y motivada por parte de la 
dirección general competente en materia de movilidad y transportes, sin que se 
hayan iniciado la ejecución de las obras correspondientes deja de tener efecto lo 
dispuesto en el apartado anterior.
7.  Corresponde  a  la  consejería  competente  en  materia  de  movilidad  y 
transportes, previa elevación de la dirección general competente en materia de 
movilidad y transportes, la aprobación de los proyectos básicos y de construcción 
de las infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, las empresas ferroviarias pueden 
aprobar y ejecutar proyectos ligados exclusivamente a aspectos de conservación y 
explotación que no supongan ampliación de la infraestructura ni necesidades de 
ocupación de terrenos no adscritos al dominio público ferroviario.
Se  entiende  por  proyecto  de  construcción  el  que  establece  el  desarrollo 
completo  de  la  solución  adoptada  en  relación  con  la  necesidad  de  una 
determinada infraestructura ferroviaria, con el detalle necesario para hacer factible 
su construcción y posterior explotación. El proyecto básico es la parte del proyecto 
de construcción que contiene los aspectos geométricos de este, así como la 
definición concreta de los bienes y derechos afectados.
Transcurridos cinco años  desde  la aprobación  técnica de un proyecto de 
construcción sin que se haya iniciado la ejecución de las obras correspondientes, 
este queda sin efecto. La aprobación del correspondiente proyecto básico o el de 
construcción  de  líneas  ferroviarias,  tramos  de  estas  u  otros  elementos  de  la 
infraestructura ferroviaria o de modificación de las preexistentes que requiera la 
utilización de nuevos terrenos, supone la declaración de utilidad pública o interés  s
social, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de esta, a efectos  oe.
de la expropiación forzosa de aquellos en los que se tenga que construir la línea,  w.
el tramo o el elemento de la infraestructura ferroviaria o que sean necesarios para  11w
modEifnic acra slaos  dper eqeuxeis tteenngteasn,  sqeugeú sne lro a qfeucet asdeo psr esveérv eicnio lsa,  leingsitsalalaccióionn eexsp dreo psiaetrovirciaio.s,
arecpcoessiocsió no  dveía asq udeel locso.m Eunn iecsatcei óúnlt,i msoe  spuupeudees toop, tlaar  tiptuolar rliad aedx dpero epsiatocsió nse orv ipcioors  loa   BOE-A-cable e
vías repuestos, así como las responsabilidades y obligaciones derivadas de su 
funcionamiento, mantenimiento y conservación, corresponden al titular originario 
de estos, siempre garantizando su intervención en la recepción de las obras 
realizadas para la reposición y el régimen de responsabilidad, la cual continúa en 
todo caso siendo del titular originario, excepto acuerdo expreso en contra.
8.  La potestad expropiatoria es ejercida, en todo caso, por la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, el beneficiario de la expropiación tiene que ser la 
empresa ferroviaria, que deberá asumir los derechos y las obligaciones que la 
legislación de expropiaciones establece y deberá abonar el coste de estas.
9.  La construcción de los ferrocarriles de transporte público se deberá ajustar 
a las características técnicas y a la normativa vigente para garantizar la calidad, la 
seguridad y la homogeneidad.
10.  Las  explotaciones  ferroviarias  de  transporte  público,  y  también  los 
vehículos, las instalaciones, los terrenos y las dependencias que estén afectas a 
ellas, son inembargables, sin perjuicio de que judicialmente se pueda intervenir la 
explotación y asignar una parte de la recaudación a amortizar la deuda. A tal 
efecto, el acreedor puede designar a un interventor, asumiendo el riesgo y ventura, 
que compruebe la recaudación obtenida y se haga cargo de la parte que se haya 
indicado,  que  no  puede  exceder  del  porcentaje  o  la  cuantía  que  se  haya 
determinado reglamentariamente.»
6.  Se modifica el contenido del artículo 132, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
redacción siguiente:
«Artículo 132.  Normas especiales.
1.  En la zona de dominio público sólo se podrán hacer obras e instalaciones, 
con  la  autorización  previa  de  la  administración  competente  en  la  gestión  de 
transporte ferroviario, cuando sean necesarias para prestar el servicio ferroviario o 
cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o una actividad de 
interés  general  lo  requiera.  Excepcionalmente,  por  causas  debidamente 
justificadas, se podrá autorizar el cruce, tanto aéreo como subterráneo, de obras e 
instalaciones de interés privado con la zona de dominio público. En las zonas 
urbanas, con la autorización previa de la administración competente en materia de 
transporte ferroviario, se podrán ejecutar obras de urbanización que mejoren la 
integración del ferrocarril dentro de la zona de dominio público.
2.  En la zona de protección sólo se podrán ejecutar las obras y permitir los 
usos que sean compatibles con la seguridad del tránsito ferroviario, a criterio de la 
administración  competente  en  la  gestión  de  transporte  ferroviario,  y  con  la 
autorización previa de la misma administración. Se permiten los cultivos agrícolas, 
siempre que se garantice una evacuación correcta de las aguas de riego y no se 
causen perjuicios a la explanación. Queda prohibida la crema de rastrojos.
3.  La administración competente podrá excepcionalmente utilizar o autorizar 
a la empresa ferroviaria o a un tercero para que se utilice la zona de protección 
por razones de interés general o cuando se requiera para un mejor servicio de la 
línea ferroviaria. En este caso, la ocupación de la zona de protección y los daños y 
perjuicios que se causen para utilizarla son indemnizables de acuerdo con lo que 
establece la Ley de Expropiación Forzosa. e
4.  Para  ejecutar  cualquier  tipo  de  obra  o  instalación,  fija  o  provisional,  bo
cambiar el destino o el tipo de actividad que se pueda hacer y plantar o talar  w
aáafefruerbtrcoootrlvaeizirasa  rciaoei ó.n nla E  lpnasr see nvgiziunaorg inddúaaensd   l cadad esae od  mdlasoi enmc isiianrtcruiaoutc olairópciznúióa bnrclái ocnmfoe  proryebo trveadinasetr  eiao p, e rinopn teselatrcaj uclgaidóecincsioa,t inró senoes    dqiermeu qpterue aednprisurir peáoud rnatlaean     OE-A-2020-80able en https://
explotación  adecuada  de  la  infraestructura  ferroviaria.  Lo  que  establece  este
apartado se entenderá sin perjuicio de las competencias de otras administraciones 
públicas.
5.  En todos los casos anteriores, la administración competente en la gestión 
de transporte ferroviario, antes de otorgar la autorización, requerirá el informe 
previo de la empresa ferroviaria afectada por estas obras o instalaciones. Este 
informe se deberá presentar en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día 
siguiente del día en que se haya solicitado; una vez superado este plazo sin que 
se haya presentado el informe, este se entenderá como favorable.
6.  En  las  construcciones  e  instalaciones  ya  existentes  en  la  zona  de 
protección y a dominio  público, se podrán  realizar, exclusivamente, obras de 
reparación y de mejora, siempre que:
a)  No  supongan  un  aumento  del  volumen  de  la  construcción  y  que  el 
incremento del valor que las obras conlleven se pueda tener en cuenta a efectos 
expropiatorios.
b)  Sean compatibles con la seguridad del tránsito ferroviario y no supongan 
un perjuicio a la línea ferroviaria y a su explotación.
c)  La construcción haya sido ejecutada legalmente y se disponga de todos 
los permisos adecuados en su momento.»
7.  Se modifica el contenido del artículo 133, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
redacción siguiente:
«Artículo 133.  Límite de edificación.
1.  Se establece la línea límite de edificación en ambos costados de las líneas 
ferroviarias. Desde esta línea hasta la línea ferroviaria quedará prohibido cualquier 
tipo de obra de construcción de edificios, reconstrucción o ampliación de edificios, 
a excepción de las que sean imprescindibles para conservar y mantener los 
edificios existentes en el momento en que entre en vigor esta Ley. También se 
prohíbe establecer nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie 
afectada por la línea límite de edificación. En los túneles y en las líneas férreas 
sepultadas  o  cubiertas  con  losas  no  será  de  aplicación  la  línea  límite  de  la 
edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la 
obra que se debe ejecutar sea un murete o un cierre.
2.  La  línea  límite  de  edificación  se  sitúa  a  veinte  metros,  medidos 
horizontalmente,  de  la  arista  exterior  más  próxima  a  la  plataforma,  si  bien 
reglamentariamente se podrá determinar una distancia más corta de acuerdo con 
las características de las líneas.
3.  La administración competente en la gestión ferroviaria, con el informe 
previo de la empresa ferroviaria y las entidades locales afectadas, por razones 
geográficas o socioeconómicas, podrá fijar una línea límite de edificación en zonas 
o áreas delimitadas diferente de la que se establece a todos los efectos. Esta 
reducción no deberá afectar a puntos concretos, sino que se aplicará a lo largo de 
tramos completos y de longitud significativa.
Este informe se deberá presentar en el plazo máximo de un mes, a contar 
desde el día siguiente del día en que se haya solicitado; una vez superado este 
plazo sin que se haya presentado el informe, este se entenderá como favorable. s
4.  La administración competente en la gestión del transporte ferroviario, con  oe.
el informe previo sobre la idoneidad de la reducción de la empresa ferroviaria que  w.
sfeeexr prolfoivjatiaa  reieanls   seqelu rveai pcciaoirr,ct aupdleoond  r2áp  oder eszt oaenbsaletsec  euarr rbtlaíacn ulaílons,e  aac  uulínamani dtdeoi s dtlaoen  cpeiedari fmmiciaátacs i ócenol  rtepanla  qnluaeesa  mllaíin eqenuatoes    2020-8011n https://w
urbanístico  correspondiente,  siempre  que  esto  redunde  en  una  mejora  de  la
ordenación urbanística y no cause perjuicios a la seguridad, la regularidad, la 
conservación y el libre tránsito del ferrocarril.»
8.  Se modifica el contenido del artículo 161, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
redacción siguiente:
«Artículo 161.  Normas generales para establecer nuevas líneas de tranvía que 
circulen por más de un municipio.
1.  Para establecer un sistema tranviario que circule por más de un municipio, 
la dirección general competente en materia de movilidad y transportes redactará 
un estudio informativo, en el sentido indicado en el artículo 121, en el cual, 
considerando las aportaciones de los ayuntamientos afectados, determinará las 
condiciones de integración en el entorno urbano, tanto desde el punto de vista 
urbanístico como de gestión y tratamiento del sistema viario y de los espacios 
públicos por donde transcurra. El estudio informativo, que elaborará el órgano 
administrativo que tenga a cargo la ejecución directa de esta infraestructura, con la 
participación y colaboración de los municipios afectados, se tramitará de acuerdo 
con las disposiciones que en esta ley se prevén para la aprobación de estudios 
informativos ferroviarios. Los planeamientos urbanísticos municipales se deberán 
adaptar al estudio informativo que se haya aprobado definitivamente.
2.  El proyecto básico y/o constructivo que sigue a la aprobación del estudio 
informativo deberá determinar las condiciones necesarias para hacer viable el 
establecimiento y la explotación del servicio, en cuanto a la conservación y al 
mantenimiento, y concretar las condiciones de uso del dominio público municipal y 
las obligaciones de las administraciones implicadas, como también las condiciones 
en que se deberá prestar el servicio en relación con las vías públicas afectadas, la 
circulación de otros vehículos y peatones, la seguridad de estos, los cruces y 
cualquier  otro  aspecto  que  se  considere  necesario.  Los  ayuntamientos 
correspondientes deberán informar sobre este proyecto básico y/o constructivo en 
el  plazo  de  un  mes.  Se  considerará  positivo  el  silencio  de  los  consistorios 
municipales una vez transcurrido el plazo indicado.
3.  El proyecto básico y/o constructivo deberá compatibilizar la inserción del 
sistema tranviario y sus necesidades con las del resto de modos de transporte del 
municipio y de sus objetivos en el ámbito de la movilidad sostenible, garantizando, 
a la vez, la accesibilidad a los espacios donde se tenga que instalar.»
9.  Se modifica el contenido del artículo 162, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
redacción siguiente:
«Artículo 162.  Normas generales para establecer nuevas líneas de tranvía que 
circulen por un solo municipio.
Para establecer nuevas líneas de tranvía que transcurran por un único término 
municipal, la entidad o administración competente en materia de transporte público 
urbano será la encargada de redactar y tramitar, según determina el artículo 161, 
el estudio informativo y el resto de documentos necesarios para su aprobación, y 
se podrá ceder la competencia de hacerlo a la dirección general competente en  e.
materia de movilidad y transportes. En cualquier caso, será necesario que, con  w.b
carácter  previo,  la  infraestructura  se  haya  incluido  dentro  del  Plan  Director  11w
Sectorial de Movilidad o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible correspondiente.»
10.  Se modifica el contenido del artículo 195, de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de 
Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, que pasa a tener la 
redacción siguiente:
«Artículo 195.  Concepto y características.
1.  El  estudio  de  viabilidad  de  grandes  infraestructuras  de  transporte  se 
deberá integrar dentro del estudio informativo definido en los artículos 121, 161 
y 162, en el caso de infraestructuras ferroviarias, con el objeto de formar parte de 
la toma de decisión sobre cuál es la alternativa más adecuada en referencia a la 
viabilidad  económica,  financiera,  social,  territorial  y  medioambiental  de 
construcción de una gran infraestructura de transporte, y como parte integrante del 
análisis multicriterio que necesariamente deberá incluir el estudio informativo para 
determinar la alternativa más adecuada.
2.  Las  inversiones  en  infraestructuras  que  se  indican  a  continuación  se 
deberán  incluir  en  un  estudio  de  viabilidad  de  grandes  infraestructuras  de 
transporte:
a)  Nuevas autopistas, autovías o desdoblamiento de calzada.
b)  Nuevos tramos de la red ferroviaria o tranviaria.
c)  Nuevas  infraestructuras  de  transporte  terrestre  que  comporten  una 
inversión económicamente relevante.
d)  Modificaciones y adaptaciones de infraestructuras de transporte terrestre 
existentes que comporten una inversión económica relevante.
En  el  caso  de  las  infraestructuras  no  ferroviarias,  la  legislación  sectorial 
correspondiente determinará el papel de este estudio de viabilidad dentro de la 
tramitación de cada tipo de proyecto.
3.  A los efectos de los epígrafes c) y d) del apartado anterior, se considerará 
que  una  nueva  infraestructura  de  transporte  terrestre  o  la  modificación  y  la 
adaptación de una infraestructura de transporte terrestre ya existente representan 
una inversión económica relevante cuando el importe total previsto, incluyendo las 
expropiaciones o cualquier otra carga económica necesaria para poner en servicio 
la infraestructura y excluyendo el impuesto sobre el valor añadido, sea superior a 
diez millones de euros.
4.  Los  estudios  de  viabilidad  de  grandes  infraestructuras  de  transporte 
deberán incluir, como mínimo, la caracterización de la movilidad en el ámbito 
afectado antes y después de la ejecución de la infraestructura, una evaluación de 
la rentabilidad socioeconómica y financiera de la infraestructura y una de los 
impactos en el territorio y en el medio ambiente.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1.  Se modifica el artículo 17, apartado 3, de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la 
manera siguiente:
«3.  Los estudios y proyectos que incluyen travesías requerirán, de manera 
previa  a  la  aprobación  por  el  órgano  competente,  la  solicitud  de  informe  no  e
vinculante al ayuntamiento o a los ayuntamientos afectados, que se deberá emitir  bo
en un plazo de veinte días. Una vez transcurrido este plazo, se entenderá que el  11ww
idnefol rpmroec esdei mhaie enmtoi tdideo a dpero mbaacnieórna. »favorable y se podrá continuar con la tramitación
2.  Se modifica el artículo 19, apartados 2 y 3, de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la 
manera siguiente:
«2.  Los anteproyectos o los proyectos relativos a construcción de nuevas 
carreteras, duplicaciones de calzada y variantes deberán someterse a un trámite 
de información pública de una duración de veinte días, o el superior que determine 
la legislación sectorial en materia de evaluación de impacto ambiental en el caso 
de sujetarse a este procedimiento por su entidad, y deberá anunciarse, al menos, 
en el "Boletín Oficial de las Illes Balears" y en la sede electrónica del consejo 
insular correspondiente.
3.  Simultáneamente al trámite de información pública y por el mismo plazo 
previsto en el apartado 2 anterior, el anteproyecto o el proyecto se someterá a 
informe del ayuntamiento o de los ayuntamientos afectados. Transcurrido este 
plazo de veinte días, se entenderá que el informe se ha emitido de manera 
favorable y se podrá continuar con la tramitación.»
3.  Se añade un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de la 
manera siguiente:
«Independientemente de las multas impuestas en la resolución sancionadora 
conforme a esta Ley, los órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos 
señalados  en  el  requerimiento  correspondiente,  podrán  imponer  multas 
coercitivas, de conformidad con lo que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para 
conseguir  la  ejecución  material  de  las  órdenes  de  paralización,  derribo  o 
transformación  que  haya  ordenado  la  Administración  en  la  resolución 
sancionadora correspondiente. La cuantía de estas multas coercitivas no podrá 
superar el cincuenta por ciento (50 %) de la multa que se haya impuesto en la 
resolución sancionadora para la infracción cometida.»
4.  Se añade una nueva disposición adicional, la sexta, de la Ley 5/1990, de 24 de 
mayo,  de  Carreteras  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  que  queda 
redactada de la manera siguiente:
«Disposición adicional sexta.
1.  Las administraciones públicas, y especialmente los consejos insulares, 
deberán velar para que los proyectos de nuevo trazado, duplicaciones de calzada, 
acondicionamientos, mejoras locales de carreteras y los proyectos que incluyan 
acondicionamientos  en  zonas  de  alto  potencial  y  calidad  visual,  incorporen 
interpretación,  criterios  de  protección,  gestión  y  ordenación  del  paisaje  en  el 
sentido de lo que establece el Convenio Europeo del Paisaje. En el caso de existir 
unas directrices del paisaje aprobadas y adaptadas al Convenio Europeo del 
Paisaje,  los  proyectos  mencionados  anteriormente  deberán  incorporar  las 
disposiciones de las directrices de paisaje aprobadas por cada consejo insular. 
A estos efectos, el departamento competente en materia de paisaje deberá emitir 
un informe sobre la adecuación a las directrices del paisaje en el plazo de veinte 
días desde su remisión; en caso de no emitirlo en el plazo señalado, se entenderá  e.e
como favorable. b
2.  Así mismo, se podrán revisar, a petición del departamento de movilidad y/o  11ww
icnafrdaae sctoruncsteujora sin sou ldaer,l  ldoesp parrotaymecetnotso  dceo nn uceovmop tertaeznacdiaos,  deunp lmicaatceiorinae dse d pea cisaalzjea ddae, 
laocso nedfeiccitoonsa mdeie natdoasp, tmare jloorsa sp rloocyaelcetso sd ee  cianrcrleutier rmase ydaid aasp rodbea pdraost eoc ceinó ne,j egceusctiióónn,  ay 
ordenación del paisaje o en aplicación de las directrices de paisaje insulares,
priorizando la solución técnica que, sin detrimento de la seguridad vial, minimice 
las  afectaciones  al  paisaje,  aunque  implique  la  eliminación  de  elementos  ya 
instalados o construidos en el caso de proyectos en ejecución. A estos efectos, el 
departamento con competencias en materia de paisaje de cada consejo insular 
deberá emitir un informe en el plazo de 20 días desde su solicitud por parte de uno 
de los dos departamentos antes referenciados y, en caso de no remitirlo en el 
plazo señalado, este informe se entenderá como favorable.
3.  Lo que se establece en esta disposición no es aplicable para proyectos ya 
finalizados en su ejecución.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos 
y Suelos Contaminados de las Illes Balears.
1.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 23 de la Ley 8/2019, 
de 19 de febrero, de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días que haya durado el 
estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
sus sucesivas prórrogas posteriores, y, a partir de la fecha resultante, se deberán 
adoptar las medidas siguientes:»
2.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 8/2019, 
de 19 de febrero, de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días que haya durado el 
estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
sus sucesivas prórrogas posteriores, y, a partir de la fecha resultante, quedará 
prohibida la distribución y venta de:»
3.  Se modifica el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de 
Residuos y Suelos contaminados de las Illes Balears, que queda redactado de la manera 
siguiente:
«No se podrán distribuir, a todos los efectos, bebidas en envases desechables 
en edificios e instalaciones de titularidad pública o donde se ubiquen actividades o 
servicios  de  las  administraciones  y  entes  públicos,  con  independencia  de  su 
modalidad de gestión, a partir de la fecha resultante de sumar al 1 de enero 
de 2021 los días que haya durado el estado de alarma aprobado mediante el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas posteriores.»
4.  Se modifica el apartado 6 del artículo 25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de 
Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears, que queda redactado de la 
manera siguiente:
«A partir del 1 de julio de 2021 no se podrán comercializar, en ningún caso, 
latas de bebidas sujetas con anillas de plástico.
Para el resto de envases colectivos secundarios, y a partir de la misma fecha, 
ninguno de estos se podrá comercializar si no está hecho de material compostable 
de acuerdo con la norma UNE-EN 13432:2001. Esta circunstancia se deberá  e.e
poner en conocimiento de los distribuidores y consumidores finales marcando los  w.b
productos de acuerdo con la normativa comunitaria pertinente. 11ww
un 5E0n  %es tdee  cpalsáos tisceo  preocdicrála daod myi tniro e fl raugsmo ednet apblláes tsicieom qpuree  qcuoen teansgí as,e a cl emrteifinqouse, 
mo esudpiaenrtieo rl aa  npoarrmtira d eUlN 1E d-eE Nen 1e5r3o4 d3e:2 2000284. .Este porcentaje tendrá que ser del 70 %
Alternativamente,  se  podrá  admitir  el  uso  de  plástico  de  origen  biológico 
(bioplástico) siempre que se certifique mediante la norma UNE_CEN/TS 16137:2012.
Excepcionalmente,  en  envases  colectivos  secundarios,  se  permitirá  la 
incorporación de otros materiales, siempre que esto represente una parte no 
significativa del conjunto del envase u obedezca a motivos para garantizar la 
integridad.»
5.  Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de 
residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, que queda redactado de la manera 
siguiente:
«En  el  ámbito  de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears,  la 
responsabilidad ampliada del productor para residuos de envases será aplicable a 
todos los productos envasados y contendrá todos los tipos de envases incluidos 
en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, envases de 
venta o primarios, colectivos o secundarios y de transporte o terciarios, ya sean de 
generación  domiciliaria,  comercial  o  industrial.  A  tales  efectos,  todos  los 
productores, distribuidores o importadores de productos envasados puestos en el 
mercado en el ámbito de las Illes Balears en envases comerciales o industriales 
acogidos a la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos, tendrán hasta el 1 de julio de 2021 para dar cumplimiento a 
la previsión de este artículo y presentar ante la dirección general competente en 
materia de residuos la pertinente solicitud de autorización o justificación como 
sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada del productor.»
Disposición final octava.  Modificaciones en materia de servicios sociales, juventud y 
dependencia.
1.  Se modifica el artículo 70 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales 
de las Illes Balears, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 70.  Financiación de los servicios sociales comunitarios básicos.
1.  La financiación de los servicios sociales comunitarios básicos y de los 
programas  que  presten  es  a  cargo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears, de los consejos insulares y de las entidades locales de las Illes Balears.
2.  La aportación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  tendrá  que  garantizar,  en  el  marco  de  los  principios  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, la financiación a las entidades locales 
titulares de los servicios sociales comunitarios básicos.
3.  El  importe  y  la  distribución  de  los  créditos  que  deberá  satisfacer  la 
consejería competente en materia de servicios sociales respecto a la aportación 
en concepto de cofinanciación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a 
los consejos insulares y ayuntamientos en ningún caso podrá ser inferior al 50% 
del coste de estos, siempre que se cumpla como mínimo con las ratios de plantilla 
establecidas en la normativa que regula estos servicios.
4.  El Gobierno de las Illes Balears podrá aumentar la financiación de los 
servicios sociales comunitarios, dotando nuevas líneas con fondos que prevean 
tipologías de actuación que tienen su desarrollo natural desde el marco de los 
servicios  sociales  comunitarios  básicos.  Estos  fondos  podrán  responder  a  e.
declaraciones  de  zonas  de  atención  preferente,  actuaciones  procedentes  de  w.b
desarrollo normativo sectorial o actuaciones prioritarias del Gobierno. 11w
Con5s.e lleErli a imcopmorptee teyn tela  edni smtriabtuecriiaó nd ed es elrovsic iocsré dsoitocisa leqsu,e t ahnato  deen  scaotniscfeapcteor  dlea 
Pcolafinn adnec iaficniaónnc ciaocmióon  ddee  loloss  fosnedrvoisc ioqsu es oscei avleasy acno cmreuannitadroio, ss eb áessitcaobsle cdeer álans e Inll eesl 
Balears  y  se  debe  aprobar  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno,  para  su 
presentación ante la Conferencia Sectorial.
6.  El Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos 
deberá prever criterios e indicadores objetivos de reparto de cualquiera de los 
fondos,  criterios  de  control  y  seguimiento,  así  como  los  mecanismos  de 
evaluación.
7.  En la Conferencia Sectorial, junto al Plan de financiación aprobado por el 
Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares deben presentar su propuesta 
de cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos.
8.  La aprobación de las resoluciones de transferencia de financiación a cada 
consejo insular implicará la aprobación y el compromiso de gasto correspondiente 
en  cada  una  de  estas,  por  lo  que  con  carácter  previo,  debe  tramitarse  el 
correspondiente expediente de gasto, en el cual figurarán todos los trámites e 
informes  preceptivos,  y  en  particular  el  certificado  de  retención  de  crédito 
correspondiente al consejo insular al que se refiere la resolución de transferencia 
de financiación.
9.  En todo caso, las prestaciones que garantiza la legislación estatal sobre 
dependencia que se incluyan dentro de los programas se tendrán que financiar 
íntegramente con cargo a su financiación específica.
10.  Para recibir la financiación prevista en el punto anterior, las entidades 
locales tendrán que justificar la realización de todas las actuaciones incluidas en el 
Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de 
Servicios Sociales de las Illes Balears, que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  En caso de que el servicio del cual se solicita la acreditación ya esté 
autorizado, la instrucción del procedimiento de acreditación no deberá incluir la 
revisión del procedimiento de autorización ni de las condiciones necesarias para 
obtener las autorizaciones administrativas previstas en esta Ley y para inscribirse 
en el Registro Unificado de Servicios Sociales. Por eso, la entidad titular del 
servicio  tendrá  que  presentar,  junto  con  la  solicitud  de  acreditación,  una 
declaración de la vigencia de los datos declarados para obtener la autorización 
administrativa.
Cuando  no  se  presente  esta  declaración  o  el  órgano  competente  tenga 
indicios, debidamente justificados dentro del expediente, sobre la modificación de 
las  condiciones  valoradas  en  la  autorización,  se  podrán  valorar  estas 
condiciones.»
3.  Se modifica el artículo 87 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales 
de las Illes Balears, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 87.  Procedimiento de concesión de la acreditación administrativa.
1.  El procedimiento para obtener la acreditación administrativa por parte de 
las entidades de iniciativa privada de servicios sociales se iniciará a instancia de 
parte.
2.  El procedimiento de acreditación se establecerá reglamentariamente y no 
requerirá la visita del personal de la administración pública competente, excepto 
que  las  condiciones  para  disponer  de  la  acreditación  afecten  elementos  e.
arquitectónicos o estructurales o que se tengan que revisar las condiciones de la  w.b
autorización, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 86. 11w
sobr3e.  laT sroalnicsictuudrr pidroe seel nptaladzao,  plar esvoilsictoit urde gdlaem aecrnetadritiaacmióenn tsee p eanrtae nredseorálv eers tyim naodtiafic.»ar
4.  Se  modifica  el  apartado  8  de  la  disposición  adicional  primera  del 
Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se despliega parcialmente la Ley 10/2006, 
de 26 de julio, integral de la juventud, que queda redactado de la manera siguiente:
«Disposición adicional primera.  Distribución competencial.
8.  Son principios generales los preceptos contenidos en las disposiciones 
adicionales  primera,  segunda,  tercera,  cuarta  y  séptima;  en  las  disposiciones 
transitorias  primera,  segunda,  tercera,  cuarta,  quinta  y  octava,  y  en  las  dos 
disposiciones finales. Se dictan en aplicación de las competencias reservadas al 
Gobierno  las  disposiciones  adicionales  quinta  y  sexta  y  las  disposiciones 
transitorias sexta y séptima.»
5.  Se introduce una disposición adicional, la séptima, en el Decreto 23/2018, de 6 
de julio, por el que se despliega parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de 
la juventud, con el contenido siguiente:
«Disposición adicional séptima.  Medidas excepcionales relativas a los cursos de 
director/a y de monitor/a de actividades en caso de situaciones extraordinarias 
derivadas de estados de alarma o de circunstancias excepcionales.
En caso de situaciones extraordinarias derivadas de estados de alarma u otras 
circunstancias  excepcionales  declaradas  por  el  Estado,  el  Parlamento  o  el 
Gobierno, los consejos insulares podrán autorizar a las escuelas de educación en 
el tiempo libre infantil y juvenil a impartir íntegramente a distancia parte o la 
totalidad de los módulos teóricos de los cursos de director/a y de monitor/a de 
actividades  de  educación  de  tiempo  libre  infantil  y  juvenil  que  se  hayan 
comunicado debidamente o que se hayan iniciado en el momento de declararse 
estas situaciones, sin los límites previstos en el apartado 1 del artículo 27.
En todo caso, la formación a distancia tendrá que respetar el programa, los 
contenidos y la duración recogidos en los artículos 22 y 23 de este Decreto y los 
criterios y las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 27.
En las mismas situaciones extraordinarias, quedarán suspendidos los plazos 
que hayan podido establecer las escuelas de educación en el ocio infantil y juvenil 
para que el alumnado que ha superado la parte teórica realice los módulos de las 
prácticas profesionales no laborales, las cuales quedarán pospuestas hasta el 
momento que se puedan llevar a cabo presencialmente.
Las  condiciones,  la  duración  y  los  efectos  de  estas  medidas,  totalmente 
excepcionales,  se  tendrán  que  fijar  mediante  una  resolución  del  órgano 
competente de cada consejo insular.
Estas previsiones serán sólo aplicables a las escuelas de educación en el ocio 
infantil y juvenil que ya estén inscritas en los censos de escuelas correspondientes 
en el momento de decretarse la situación excepcional. En ningún caso tendrá 
efectos en la formación impartida por otras entidades o centros.
El mantenimiento de estas medidas se tendrá que circunscribir al tiempo 
mínimo imprescindible para paliar los efectos de las situaciones extraordinarias 
antes mencionadas.
Quedan ratificadas las resoluciones y medidas en este sentido adoptadas 
previamente por los consejos insulares con ocasión de la situación derivada de la  s
COVID-19, en especial la Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de  oe.
Promoción Económica y Desarrollo Local del Consejo de Mallorca de día 6 de abril  w.
dadecet  i2va0ibd2ra0ild) ,er esll aadstei v aceu daau llceaas cf oicórmonn aetcinni óúenal  ntei envm ilgípneoen atlie bdsre e  ylio nsfpa rcnoutdirlus yoc esju ndv eee nfmeil co(tBnoiOsto IrBp/a len ynú omdsi.r  e5dc8et,os rdd/eae   1de8el    2020-8011n https://w
momento  en  que  se  dictaron,  siempre  que  resulten  compatibles  con  esta
Disposición.» Bc
6.  Se modifica la disposición final tercera del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, 
por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad 
y  los  principios  generales  del  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  grado  de 
dependencia y se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen 
los  principios  generales  para  el  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia,  la 
intensidad de protección de los servicios y el régimen de contabilidad de las prestaciones 
del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en el ámbito de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la 
Dependencia de las Illes Balears, que queda redactada en los términos siguientes:
«Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el 1 de junio de 2021.»
7.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  18  del  Decreto  63/2017,  de  22  de 
diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los servicios de la 
Red  Pública  de  Atención  a  la  Dependencia  para  gente  mayor  en  situación  de 
dependencia, que queda redactado en los términos siguientes:
«1.  El  servicio  de  teleasistencia  se  organizará  con  listas  por  isla 
diferenciando entre los proveedores del servicio. Las listas estarán formadas por 
las personas que accederán al mismo de acuerdo con el orden establecido en el 
apartado 4 del artículo 36 del Decreto 83/2010.»
8.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  19  del  Decreto  63/2017,  de  22  de 
diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los servicios de la 
Red  Pública  de  Atención  a  la  Dependencia  para  gente  mayor  en  situación  de 
dependencia, que queda redactado en los términos siguientes:
«1.  El  servicio  de  ayuda  a  domicilio  se  organizará  por  municipios  o 
mancomunidades;  por  lo  tanto,  hay  una  única  lista  para  cada  ente  local, 
diferenciando entre los proveedores del servicio, formada por las personas que 
accederán al mismo de acuerdo con el orden establecido en el apartado 4 del 
artículo 36 del Decreto 83/2010.»
9.  Se  modifica  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  segunda  del 
Decreto 63/2017, de 22 de diciembre, de principios generales de los procedimientos de 
acceso a los servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia para gente mayor 
en situación de dependencia, que queda redactado en los términos siguientes:
«2.  Las solicitudes de cambio de opción, antes de tener el servicio, las 
deberá  presentar  la  misma  persona  interesada  en  el  registro  o  tendrán  que 
instarse de oficio por parte del técnico de dependencia.»
10.  Las modificaciones que se contienen en los apartados 4 a 9 de esta disposición 
pueden ser alteradas mediante decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición  final  novena.  Modificación  de  normas  presupuestarias  y  de  hacienda 
pública.
1.  Se modifica el artículo 10, apartado 2, de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de  es
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el  o
año 2020, que queda redactada de la manera siguiente: w
Gob«ie2r.n oN eon  ocbusatanntote a,  hloasb reáx pqeudei esnotelicsi tadre  lgaa astuot odriez accaiópnit apl redvei ac uaal nCtíao nssuepjoe rdioer 
a 1.000.000 de euros y de gasto corriente de cuantía superior a 500.000 euros o,
en el caso de expedientes de gasto corriente del Servicio de Salud de las Illes 
Balears, a 750.000 euros.
En todo caso, será necesario solicitar la autorización del Consejo de Gobierno 
para contratar o formalizar acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición o 
aprobar  convocatorias  de  conciertos  sociales  cuando  el  valor  estimado  sea 
superior a 750.000 euros, con independencia de que los expedientes de gasto 
concretos que se deriven requieran la autorización previa del Consejo de Gobierno 
en los términos previstos en el párrafo anterior.»
2.  La letra f) del apartado 2 del artículo 21 de la Ley 19/2019 mencionada queda 
modificada de la manera siguiente:
«f)  Indemnización por desplazamiento de facultativos especialistas de área a 
los diferentes hospitales públicos dentro de la isla de Mallorca, y también entre las 
islas  de  Mallorca,  Menorca,  Ibiza  y  Formentera,  para  garantizar  la  atención 
continuada y permanente de los usuarios en estos centros, cuando, por razones 
de  interés  público  e  índole  asistencial,  su  presencia  sea  autorizada  por  la 
Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada 
de  la  Gerencia  Territorial  donde  se  deberá  desarrollar  la  actividad.  Este 
complemento  es  adicional  a  la  percepción  del  complemento  de  atención 
continuada por la realización de la guardia.
Se autoriza al director general del Servicio de Salud de las Illes Balears para que 
dicte las disposiciones que sean necesarias para implementar esta medida, las cuales 
deberán reflejar la especialidad o las especialidades profesionales afectadas, las 
razones de necesidad asistencial concurrentes, los criterios para cubrir la actividad 
sanitaria extraordinaria, la cuantía de las retribuciones que integran el complemento de 
productividad variable y el procedimiento de la concesión.»
3.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 14/2018, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el año 2019, que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  Estos gastos menores no requerirán ninguna tramitación sustantiva o 
procedimental, sin perjuicio de los actos de ejecución presupuestaria a los que se 
refiere el apartado 3 de esta disposición.
En  todo  caso,  los  gastos  menores  a  los  que  se  refiere  esta  disposición 
adicional constituirán pagos menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, 
del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la 
Ley 9/2017 mencionada, por lo cual no se tendrán que publicar en el perfil del 
contratante ni se tendrán que enviar y comunicar a la Sindicatura de Cuentas de 
las Illes Balears y al Registro de Contratos del Sector Público, ni tampoco al 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.»
4.  Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda 
redactada de la manera siguiente:
«c)  Las  meritadas  y  vencidas  en  ejercicios  anteriores,  cuando  se  hayan 
contabilizado  en  el  cierre  del  ejercicio  anterior  en  la  cuenta  Acreedores  por 
operaciones meritadas y se imputen en el presupuesto corriente antes del último día  es
del mes de febrero. A partir del 1 de marzo del ejercicio en curso será necesario que el  o
consejero competente en materia de hacienda y presupuestos autorice previamente  w
pcleaoos trrcar uie eelin mnCtetpoa udn tAesaec clrjoioeós en dgd eaoa srlG etopossrb e piqesouurrne poo ua pesle sic rtliaoaec  rcircoeuon arderneisetlí  namet ejieen.r rdciEtiiavcndiido au tsoaa dnld otdee ebrci oecarras ándo oa,s  e slgare a  asihmutaotpoy euaristnza a sccduioóapnn etp arraiboeli rvli eziaaaje md5roce.0i nce0ti0eon     OE-A-2020-80able en https://
euros y por el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos si es igual
o inferior a 5.000 euros. Así mismo, se deberá informar al Consejo de Gobierno de la 
relación de estos gastos que se hayan contabilizado en la cuenta Acreedores por 
operaciones meritadas en el cierre del ejercicio anterior.»
5.  Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 146 de la Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda 
redactada de la manera siguiente:
«j)  Las obligaciones derivadas de gastos meritados y vencidas en ejercicios 
anteriores que en el cierre del ejercicio anterior no se hayan contabilizado en la 
cuenta Acreedores por operaciones meritadas y la imputación de las cuales haya 
autorizado el Consejo de Gobierno o el consejero competente en materia de 
hacienda y presupuesto, en función de la cuantía, en el trimestre anterior, de 
acuerdo con lo que prevé la letra c) del artículo 51.2 de esta Ley.»
6.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 21 del Decreto 62/2006, de 7 de 
julio, por el que se regula el régimen de control interno que debe ejercer la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, referido a la exención de 
fiscalización previa, que queda redactada de la manera siguiente:
«d)  Los gastos de personal por todos los conceptos en todas las fases de 
gestión  del  presupuesto  de  gastos,  incluidas  las  del  personal  de  conciertos 
educativos y los mandamientos de pago que se deriven de la nómina.»
7.  El apartado 2 del artículo 3 del Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se 
regula la facturación electrónica de los proveedores de bienes y servicios en el ámbito de 
sus  relaciones  con  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  referido  a  los 
proveedores obligados a presentar facturas en formato electrónico, queda modificado de 
la manera siguiente:
«2.  Quedan  excluidas  de  esta  obligación  las  facturas  que  emitan  los 
proveedores  por  servicios  al  exterior  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma o de los entes del sector público instrumental hasta que estas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para presentarse mediante el punto general 
de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del consejero de 
Hacienda y Presupuestos, y los servicios al exterior dispongan de los medios y los 
sistemas adecuados para recibirlas en estos servicios.»
8.  Las modificaciones que contienen los puntos 6 y 7 anteriores no tendrán efectos 
hasta el 1 de septiembre de 2020 y podrán ser alteradas mediante decreto del Consejo 
de Gobierno.
Disposición final décima.  Modificaciones legislativas en materia de función pública.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la 
función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que queda redactado de 
la manera siguiente:
«1.  Por necesidades del servicio y por el tiempo indispensable, la persona titular 
de la consejería con competencias en materia de función pública, de oficio o a petición 
de otro consejero o consejera o un órgano equivalente, considerando las razones o  es
justificaciones que la motivan, podrá resolver la atribución temporal de funciones de  bo
forma parcial o total al personal funcionario interino o de carrera, propias de su cuerpo,  w
aedscsacrlait oo  eel sppeercsioanliadla fdu,n sceioan eanri ola a mfeicstmadao c oo nesne ojetrríaa  coo nesneteje dríeal  ose ecntoter :público donde esté
a)  Cuando no estén asignadas específicamente a puestos de trabajo.
b)  Cuando  no  puedan  ser  atendidas  con  suficiencia  por  el  personal 
funcionario  que  ocupa  los  puestos  de  trabajo  que  las  tienen  asignadas,  por 
volumen de trabajo o por otras razones coyunturales debidamente motivadas.»
2.  Se introduce un apartado, el 7, en el artículo 88 de la Ley 3/2007, de 27 de 
marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con el 
contenido siguiente:
«7.  En casos excepcionales y por razones de urgencia, la persona titular de 
la consejería competente en materia de función pública, de forma motivada y 
como consecuencia de necesidades específicas de sectores prioritarios de la 
actividad  pública,  podrá  atribuir  directamente  al  personal  funcionario  tareas  o 
funciones diferentes a las de su puesto de trabajo siempre que sean propias de su 
cuerpo, escala o especialidad. Esta atribución de funciones se podrá cumplir en la 
misma consejería o en ente del sector público donde esté adscrito el personal 
funcionario afectado o en otra consejería o ente.
En el supuesto de constitución de una bolsa específica de personal funcionario 
voluntario, estas atribuciones temporales de funciones se tendrán que hacer, como 
primera opción, entre el personal de esta bolsa.
Se deberá dar cuenta de estas atribuciones temporales de funciones a la Junta 
de Personal Funcionario.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 88 bis de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, 
de  la  función  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  que  queda 
redactado de la manera siguiente:
«1.  Las comisiones de servicios de atribución temporal de funciones tendrán 
una duración máxima de tres meses, ampliable hasta seis meses más. Una vez 
firmada la resolución correspondiente, tendrán carácter obligatorio para la persona 
afectada, la cual no podrá, durante este tiempo, renunciar ni aceptar ninguna 
comisión de servicios de carácter voluntario ni ningún nombramiento provisional 
en un grupo o un subgrupo superior. Excepcionalmente, cuando las necesidades 
del servicio lo requieran y con una propuesta motivada de la secretaría general 
donde está prestando los servicios, la persona titular de la consejería competente 
en materia de función pública podrá prorrogar este plazo hasta un máximo total de 
dos años.»
Disposición final undécima.  Modificación del Decreto 47/2011, de 13 de mayo, por el 
que se crean determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del 
Servicio de Salud de las Illes Balears y se establece un procedimiento extraordinario 
de integración.
1.  Se modifica el contenido del párrafo cuarto del apartado 1 de la disposición 
adicional primera del Decreto 47/2011, de 13 de mayo, por el que se crean determinadas 
categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes Balears 
y se establece un procedimiento extraordinario de integración, que queda redactado con 
el contenido siguiente:
«El  personal  estatutario  del  Servicio  de  Salud  de  las  Illes  Balears  con 
nombramiento como personal estatutario temporal que en el momento en el que  es
entre en vigor este Decreto no tenga el título oficial de psicólogo especialista en  o
psicología clínica y esté prestando servicio en alguna plaza de las categorías  ww.
emscuosietpnanesteturrirotavarsar  iraee ssn et dése pta espsnics  oiecclóosatlgtoaeíg agpo ol ra(dípzaeeas rl, as oa yan  tpaedeln escbtaiéeórc rnánd  piecr moiqm auatneirtt uieaslna eoed  ropt é ucsesnuduiscep o ei rrnteiiottteurrig–lbarpudascori ic/octóénolcoemngsoi oc )aa p cetdittrueusabloalenedrasaá,l     OE-A-2020-8011able en https://w
estatutario temporal en la categoría de psicólogo clínico/psicóloga clínica, una vez 
que acredite la titulación oficial correspondiente.»
2.  La modificación que contiene el apartado anterior puede ser alterada mediante 
decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición  final  duodécima.  Modificaciones  normativas  en  materia  de  actividades 
marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas).
1.  Se modifica el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de Régimen 
Sancionador en Materia de Actividades Marítimas, Náuticas y Subacuáticas (Deportivas 
y Recreativas) en las Illes Balears, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 2.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora en las materias objeto de esta Ley corresponderá a 
la  administración  y  órgano  competente  en  materia  marítima  y  de  actividades 
náuticas  y  subacuáticas  (deportivas  y  recreativas),  que  deberá  ejercerla  de 
acuerdo con esta Ley y con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
2.  Se modifica el contenido de las letras a) y b), referidas a las infracciones leves en 
materia de arrendamiento de embarcaciones de recreo, del apartado 2 del artículo 3 de 
la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Actividades 
Marítimas, Náuticas y Subacuáticas (Deportivas y Recreativas) en las Illes Balears, que 
quedan redactadas de la manera siguiente:
«a)  La actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo sin haber 
efectuado la declaración responsable o sin autorización en el supuesto de que se 
cumplan los requisitos que la normativa vigente establece para la realización de la 
actividad.
b)  No llevar a bordo una copia de la declaración responsable o autorización o 
no mostrarla, en el supuesto de que se lleve a bordo, al funcionario inspector o 
autoridad que la solicite.»
3.  Se añaden las letras e), f) y g), referidas a las infracciones leves en materia de 
arrendamiento  de  embarcaciones  de  recreo,  del  apartado  2  del  artículo  3  de  la 
Ley 2/2015, de 27 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Actividades 
Marítimas, Náuticas y Subacuáticas (Deportivas y Recreativas) en las Illes Balears, con 
el contenido siguiente:
«e)  Que  se  haga  difusión  para  arrendar  y/u  ofrecer  para  arrendar 
embarcaciones para las cuales no se ha presentado la declaración responsable 
preceptiva.
f)  Que en los anuncios de arrendamiento de embarcaciones o publicidad en 
general, así como en los contratos, no conste el número de registro que otorga la 
Comunidad Autónoma a las declaraciones responsables.
De las infracciones previstas en los apartados e) y f), pueden ser responsables 
tanto los anunciantes como los medios responsables de publicar el anuncio, así 
como el arrendador en cuanto al contrato subscrito con el arrendatario de la 
embarcación. e.
g)  La difusión de la actividad de arrendamiento de embarcaciones que han  w.
dejado de cumplir los requisitos para ser arrendadas, independientemente de la  11w
sancionabilidad para incumplir el deber de información.»
mar4ít.im  aS, e acatñivaiddeand esla sn áleuttriacas s ey)  ys ufb),a crueáfetircidaass,  dae l laasp ainrtfaradcoc io2n edse l leavretísc uelon  3m  adtee rilaa 
Ley 2/2015, de 27 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Actividades
Marítimas, Náuticas y Subacuáticas (Deportivas y Recreativas) en las Illes Balears, con 
el contenido siguiente:
«e)  La certificación de prácticas por parte de las escuelas náuticas cuando 
no se han hecho las comunicaciones previas o posteriores de estas o cuando se 
han hecho fuera de los plazos establecidos; la certificación a alumnos que no han 
realizado las horas necesarias o no incluidos en las comunicaciones preceptivas. 
La comunicación posterior fuera de plazo de las prácticas.
f)  La certificación de prácticas por parte de las escuelas náuticas de las 
cuales no disponga del correspondiente registro del equipo AIS o cuando los datos 
del registro no permitan la verificación de esta práctica.»
5.  Se añaden las letras a) bis y a) tris, referidas a las infracciones graves en materia 
de arrendamiento de embarcaciones de recreo, del apartado 3 del artículo 3 de la 
Ley 2/2015, de 27 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Actividades 
Marítimas, Náuticas y Subacuáticas (Deportivas y Recreativas) en las Illes Balears, con 
el contenido siguiente:
«a) bis  La difusión o contratación de la actividad haciendo constar un número 
falso de registro.
a) tris  La contratación de la actividad con embarcaciones que han dejado de 
cumplir  los  requisitos  para  ser  arrendadas,  independientemente  de  la 
sancionabilidad para incumplir el deber de información.»
6.  Se modifica el apartado primero del artículo 9 de la Ley 2/2015, de 27 de febrero, 
de Régimen Sancionador en Materia de Actividades Marítimas, Náuticas y Subacuáticas 
(Deportivas y Recreativas) en las Illes Balears, que queda redactado de la manera 
siguiente:
«Las sanciones que corresponden a las infracciones establecidas en este 
artículo serán las siguientes:
a)  Infracciones leves: advertencia o multa de 120 a 2.000,00 euros.
b)  Infracciones graves: multa de 2.001 a 20.000 euros.
c)  Infracciones muy graves: multa de 20.001 a 200.000 euros.»
7.  Se modifica el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por 
el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«2.  Se entiende por declaración responsable, a efectos de este Decreto, el 
documento subscrito por el arrendador o la persona que lo represente según los 
modelos que figuran en los anexos 1, 2 y 3 de esta disposición. En la declaración 
responsable se tendrá que hacer constar el nombre y los apellidos de la persona 
solicitante o de la persona jurídica solicitante, y su domicilio social. La persona o la 
entidad  interesada  deberá  declarar,  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  los 
requisitos establecidos en este Decreto para ejercer la actividad de alquiler de 
embarcaciones o barcos de recreo, que dispone de la documentación prevista en 
el artículo 8 y que se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos 
durante el tiempo que desarrolle la actividad.»
8.  Se modifica el apartado 1 del artículo 6 del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por  bo
el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, que queda  w
redactado «d1e.  la Lmaa dneecrala rsaigcuióienn rtees:ponsable habilitará para el ejercicio de la actividad de
alquiler de embarcaciones y barcos de recreo desde el día en que se presente, sin
perjuicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Dirección  Bc
General de Transporte Marítimo y Aéreo. La persona o entidad declarante deberá 
comunicar cualquier cambio en los datos o circunstancias consignadas en la 
declaración responsable, que se tendrá que inscribir en el Registro balear de 
arrendamiento de embarcaciones y barcos de recreo.
Especialmente, deberá comunicarse cualquier circunstancia en lo referente a 
la falta sobrevenida de requisitos para ejercer la actividad, que conlleva la baja de 
la embarcación en el Registro. Cuando la falta de requisitos resulte temporal, 
puede volver a inscribirse la embarcación, por el tiempo restante hasta los dos 
años desde la declaración inicial, habiendo comunicado/declarado previamente 
que vuelven a cumplirse los requisitos.
No  será  necesario  comunicar  aquellas  circunstancias  que  comporten  el 
incumplimiento por periodos inferiores a 15 días, sin perjuicio de que no se pueda 
alquilar la embarcación durante estos periodos.»
9.  Se introduce un nuevo artículo, como artículo 6 bis, en el Decreto 21/2017, de 5 
de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de 
recreo, con el contenido siguiente:
«Artículo 6 bis.  Actividades de difusión.
No se podrán hacer actividades de difusión para arrendar y/o ofrecer para 
arrendar  embarcaciones  para  las  cuales  no  se  ha  presentado  la  declaración 
responsable preceptiva.
Los anuncios de arrendamiento de embarcaciones o publicidad en general, así 
como los contratos, deberán hacer constar el número de registro que otorga la 
Comunidad Autónoma a las declaraciones responsables.»
10.  Se modifica el anexo 1 del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula 
la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, que pasa a tener el 
contenido que se introduce como anexo 2 de este decreto-ley.
11.  Se modifica el anexo 2 del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula 
la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, que pasa a tener el 
contenido que se introduce como anexo 3 de este decreto-ley.
12.  Se introduce un anexo 3 en el Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se 
regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, con el contenido 
que se introduce como anexo 4 de este decreto-ley.
13.  Las modificaciones que contienen los apartados 7 a 12 de esta disposición 
podrán ser alteradas mediante decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de 
proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears.
1.  Se añade un nuevo apartado en el artículo 1, con la redacción siguiente:
«2.  Esta  declaración  se  podrá  acordar  en  cualquier  momento  de  la 
tramitación administrativa, pero sólo tendrá efecto a partir de la fecha en la que se 
declare el proyecto como industrial estratégico.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado de la manera 
siguiente: s
«2.  La instrucción del procedimiento corresponderá a la dirección general  w.
competente  en  materia  de  industria,  excepto  que  se  trate  de  proyectos  de  11w
ceonmerpgeíatesn tere neonv abmleast,e riean  dceu yeon ecrgaísao.   Lcoar redsirpeocncdióenrá  gean elara l diqreucec ióinns trgueynae reall 
epvroaclueadcimióine ntdoe l depbroeyráe ctpoe. diEr nt odtoodso  locsa sion,f oreml epsr oqyueec tos easen   ndeecbeesráa riosso mpeatrear  laa   BOE-A-cable e
evaluación ambiental o integrada en todos los supuestos en los que la normativa 
medioambiental así lo exija. Se deberán conservar los trámites ya realizados, en 
su caso, con anterioridad a la iniciación del procedimiento para la declaración de 
proyecto industrial estratégico y se deberá evitar la repetición.»
3.  Se modifica el apartado 5 del artículo 3, que queda redactado con el tenor literal 
siguiente:
«5.  No será necesario el informe del ayuntamiento cuando las obras de 
construcción de infraestructura y equipamientos se hayan previsto con el grado de 
detalle suficiente como obras que se deban ejecutar en un plan especial, plan 
territorial insular o plan director sectorial aprobado debidamente.
Los  informes  de  los  ayuntamientos  y  de  los  consejos  insulares  deberán 
entregarse en el plazo máximo de un mes cuando se trate de proyectos industriales 
que tengan por objeto implantar instalaciones para la producción de energía eléctrica 
a partir de la energía solar, incluidos los correspondientes tendidos de conexión a la 
red, que se pretendan ubicar en suelo rústico, siempre que no esté expresamente 
prohibido este uso por el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, por el 
Plan Territorial Insular correspondiente o por la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears o los planes que la 
desarrollen.  En  todo  caso,  se  deberán  solicitar  los  informes  que,  con  carácter 
preceptivo,  exija  la  legislación  estatal  básica  aplicable  al  proyecto.  Sólo  serán 
vinculantes los informes de los consejos insulares en los casos de proyectos que 
supongan una ocupación superior a 20 ha.»
Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de 
Evaluación Ambiental de las Illes Balears.
1.  Se modifica el punto 12 del Grupo 3 Energía, del Anexo I (proyectos sometidos a 
evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria),  que  queda  redactado  de  la  manera 
siguiente:
«12.  Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la 
energía solar, incluidos los tendidos de conexión a la red, siguientes:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 20 ha situadas en suelo 
rústico  definidas  como  aptas  para  las  instalaciones  mencionadas  en  el  plan 
territorial  insular  correspondiente  y  en  las  zonas  de  aptitud  alta  del  PDS  de 
energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 10 ha situadas en suelo 
rústico en las zonas de aptitud mediana del PDS de energía, excepto las situadas 
en  cualquier  tipo  de  cubierta  o  en  zonas  definidas  como  aptas  para  las 
instalaciones mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2 ha situadas en suelo 
rústico fuera de las zonas de aptitud alta o media del PDS de energía, excepto las 
situadas en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para las 
instalaciones mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.
–  Instalaciones  con  una  ocupación  total  de  más  de  1.000  m²  que  estén 
situadas en suelo rústico protegido.»
2.  Se modifica el punto 6 del Grupo 2 Energía, del anexo II (proyectos sometidos a 
evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada),  que  queda  redactado  de  la  manera 
siguiente:
«6.  Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía 
solar, destinada a la venta a la red, siguientes:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 4 ha situadas en suelo 
rústico  definidas  como  aptas  para  las  instalaciones  mencionadas  en  el  plan 
territorial  insular  correspondiente  y  en  las  zonas  de  aptitud  alta  del  PDS  de 
energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2 ha situadas en suelo 
rústico en las zonas de aptitud mediana del PDS de energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 1 ha, excepto las situadas 
en  cualquier  tipo  de  cubierta  o  en  zonas  definidas  como  aptas  para  las 
instalaciones mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 100 m² situadas en suelo 
rústico protegido.»
Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de 
Medidas Urgentes para la Activación en Materia de Industria y Energía, Nuevas 
Tecnologías, Residuos, Aguas, Otras Actividades y Medidas Tributarias.
Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado con el tenor literal 
siguiente:
«1.  Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de  energía  renovables  (energía  eólica,  solar  o  hidráulica,  biomasa,  energía 
procedente  del  mar  u  otras  de  similares)  según  su  interés  energético  o  de 
aprovechamiento  de  espacios  degradados,  podrán  ser  declaradas  de  utilidad 
pública por la dirección general competente en materia de energía.»
Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley de 10/2019, de 22 de febrero, de 
Cambio Climático y Transición Energética.
1.  Se modifica el artículo 54, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 54.  Parámetros urbanísticos.
1.  Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables ubicadas en aparcamientos en suelo urbano o sobre cubierta, 
así  como  los  apoyos  y  los  elementos  auxiliares  necesarios,  no  computarán 
urbanísticamente en ocupación, en edificabilidad, en distancia a umbrales ni en 
altura,  a  pesar  de  que  deberán  someterse  a  lo  que  prevea  la  normativa  de 
protección del patrimonio histórico y el paisaje en cuanto a las condiciones de 
integración  o  a  la  imposibilidad  de  instalarse  conforme  determinen  los 
instrumentos de ordenación o de catalogación de bienes protegidos.
2.  Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables que se declaren de utilidad pública ubicadas en suelo rústico 
no computarán urbanísticamente en cuanto al parámetro de ocupación. s
3.  Igualmente las instalaciones de autoconsumo eléctrico con tecnología de  oe.
generación renovable o para producción de energía eléctrica a partir de fuentes de  w.
beeinqeeunri pgsaíoamb ireerne tcnouosbv ioae brstleaiss,t e amsuía bscic ogamedona esl roasle eansp  eonay posasu recyla olmo rsiúe sentltieocmos ,e bnyite onso  stareauasx  islioaibnrerfresa  eensle ttcreuercsretaunrriooa sso,,    2020-8011n https://w
tampoco  computarán  urbanísticamente  en  cuanto  al  parámetro  de  ocupación
mencionado. Bc
4.  Cuando  no  sea  posible  ubicar  en  cubierta  las  instalaciones  de 
autoconsumo eléctrico con tecnología de generación renovable en edificios en 
suelo  rústico,  la  ubicación  alternativa  sobre  el  terreno  no  computará 
urbanísticamente en cuanto al parámetro de ocupación, si bien deberán cumplir 
las  condiciones  de  integración  paisajística  y  ambiental  previstas  en  los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.»
2.  Se modifica la disposición adicional décima, que queda redactada de la manera 
siguiente:
«Disposición adicional décima.  Declaración de utilidad pública.
La declaración de utilidad pública a la que hace referencia esta Ley y la 
Ley  13/2012,  de  20  de  noviembre,  de  Medidas  Urgentes  para  la  Activación 
Económica en Materia de Industria y Energía, Nuevas Tecnologías, Residuos, 
Aguas, Otras Actividades y Medidas Tributarias, deberá seguir el procedimiento de 
declaración de utilidad pública regulado en el artículo 3 de la Ley 13/2012, de 20 
de noviembre, e implicará los efectos siguientes:
– La declaración de interés general en los términos previstos en el apartado 2 
del artículo 24 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes 
Balears.
– Los mismos efectos que los que regulan los artículos 25, 26.5 y 26.6 del 
Plan  Director  Sectorial  Energético  de  las  Illes  Balears,  aprobado  por  el 
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.»
Disposición final decimoséptima.  Vigencia.
Este decreto-ley empezará a vigir el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».
Palma, 13 de mayo de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–El 
Consejero  de  Transición  Energética  y  Sectores  Productivos,  Juan  Pedro  Yllanes 
Suárez.–La  Consejera  de  Presidencia,  Cultura  e  Igualdad,  Pilar  Costa  i  Serra.–La 
Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.–El Consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela i Vázquez.–La Consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago Rodríguez.–El consejero de Educación, 
Universidad e Investigación, Martí Xavier March i Cerdà.–La Consejera de Salud y 
Consumo, Patricia Gómez i Picard.–El Consejero de Movilidad y Vivienda, Marc Isaac 
Pons  i  Pons.–El  Consejero  de  Medio  Ambiente  y  Territorio,  Miquel  Mir  Gual.–La 
Consejera  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  María  Asunción  Jacoba  Pía  de  la 
Concha García-Mauriño.–La Consejera de Administraciones Públicas y Modernización, 
Isabel Castro Fernández.
(Decreto-ley y Anexos publicados en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 84, de 15 de mayo 
de 2020, con correcciones de errores publicadas en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 97, de 30 
de mayo de 2020, y número 103, de 6 de junio de 2020. Convalidado por Resolución del Parlamento de las 
Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 103, de 6 de junio de 2020)