BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93520
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13028 Sala Segunda. Sentencia 144/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 5785-2019. Promovido por don E.P.S. respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrelavega (Cantabria) en 
autos  de  juicio  verbal  sobre  reclamación  de  cantidad.  Vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que establece el 
régimen de responsabilidad civil derivada del delito desconociendo lo resuelto 
anteriormente por un juzgado de menores. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:144
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5785-2019, promovido por don E. P. S., contra la 
sentencia de 18 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de 
Torrelavega (Cantabria), recaída en los autos de juicio verbal núm. 127-2019, que había 
desestimado la demanda interpuesta por aquel contra doña V. N. P., por reclamación de 
cantidad  y,  también,  contra  el  auto  de  23  de  julio  de  2019  del  mismo  juzgado, 
desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior 
resolución. Ha sido parte doña V. N. P. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 10 de 
octubre  de  2019,  el  procurador  de  los  tribunales  don  Francisco  Javier  Cereceda 
Fernández-Oruña, en nombre y representación de don E. P. S., defendido por la letrada 
doña María Luisa Holanda Obregón, interpuso recurso de amparo contra la sentencia 
de  18  de  junio  de  2019,  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  7  de 
Torrelavega (Cantabria), recaída en los autos de juicio verbal núm. 127-2019, que había 
desestimado la demanda interpuesta por aquel contra doña V. N. P., por reclamación de 
cantidad y, también, contra el auto de 23 de julio de 2019 del mismo juzgado, que 
desestimó  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  interpuesto  contra  la  anterior 
resolución.
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos: o
a)  En fecha 5 de noviembre de 2015, el Juzgado de Menores Único de Santander  028ww
ddiec tóu ns ednetleitnoc idae p oarg rleas qióune  sdeexculaarló  dqeul ea ertl.  e1n8t3o,n caepsa rmtaednoosr  d1e y e d3a dde dl oCnó Ed.igPo.N .p eenraa la yu toler 
ipmrophuisboic iólan  mdee daidparo xdime avceióinnt icau alatr ov ícmtiemsae,s  tadme biiénnte rmnaemnoier ndtoe  eend adré, gyim, eenn  csoenmcieapbtioe rtdoe,   BOE-A-cable e
responsabilidad  civil,  el  fallo  estableció  que  el  menor  y  sus  representantes  legales 
indemnizarían, con carácter solidario, a la víctima en la cantidad de «12 000 euros por 
daños morales; cantidad a la que se aplicará el interés legal». Esta sentencia adquirió 
firmeza por conformidad del menor y de su letrado defensor.
Los representantes legales del menor eran sus padres, el ahora demandante de 
amparo don E. P. S., y su madre doña V. N. P., que, al momento del dictado de aquella 
sentencia se hallaban divorciados por mutuo acuerdo, en virtud de sentencia firme de 30 
de  noviembre  de  2012,  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  3  de 
Torrelavega. El convenio regulador homologado por esta sentencia fue, sin embargo, 
modificado por sentencia de 15 de enero de 2015, que determinó que la custodia del 
menor le era atribuida al padre don E. P. S., de tal manera que cuando el delito fue 
cometido por su hijo (25 de enero de 2015) era el ahora demandante de amparo el que 
tenía atribuida la guarda y custodia de aquel.
b)  En  ejecución  de  lo  resuelto  en  la  sentencia  del  Juzgado  de  Menores  de 
Santander, don E. P. S. se comprometió a ir abonando el importe de la indemnización en 
plazos mensuales de cien euros, lo que así fue haciendo aquel desde el mes de febrero 
de 2017.
c)  En fecha 27 de febrero de 2019, don E. P. S., decidió presentar demanda contra 
doña V. N. P., para reclamarle el pago de 1764,38 euros, cantidad que, según afirmaba, 
le correspondía abonarle por el 50 por 100 del importe total de la indemnización que 
hasta aquel momento había satisfecho por la responsabilidad civil contraída por su 
menor hijo, a resultas de la sentencia dictada por el juzgado de menores.
La demanda de don E. P. S., que ejercitaba una acción de repetición contra su ex 
cónyuge, fue turnada al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Torrelavega, que 
procedió a la incoación de los autos de juicio verbal núm. 127-2019, en el que, previos 
los  trámites  correspondientes,  dictó  sentencia  de  18  de  junio  de  2019  por  la  que 
desestimó  íntegramente  la  demanda,  con  imposición  de  las  costas  a  la  parte 
demandante. La sentencia dictada, según constaba en el pie de la misma, no era 
susceptible de recurso, por lo que adquirió firmeza.
En el fundamento jurídico segundo de la sentencia, se enjuició la excepción que 
opuso la parte demandada en el procedimiento, que, resumidamente, pretextaba que, al 
tiempo de la comisión del delito por parte del hijo (25 de enero de 2015) era su padre, el 
ahora demandante de amparo, el que tenía la guarda y custodia del menor, por lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 1903.2 del Código civil, era al padre al que, en 
este caso, correspondía el abono íntegro de la indemnización.
En respuesta a aquella excepción, la sentencia dio la razón a la parte demandada y 
señaló que «la estipulación primera del convenio regulador aprobado por la sentencia 
dictada en fecha 15 de enero de 2015 atribuye la guarda y custodia del menor E. [P. N.] a 
su padre. El padre era en la fecha de los hechos el titular exclusivo de la guarda y 
custodia y no puede eludir las responsabilidades que el art. 1903.2 CC le impone, la 
responsabilidad de que se trata que se configura bajo un régimen de objetivización, no 
pudiendo exonerarse los padres por encontrarse trabajando en el momento en que el 
hecho dañoso se produce […]. La responsabilidad establecida por este artículo […] 
contempla  una  responsabilidad  por  riesgo  o  cuasi  objetiva,  "justificándose  por  la 
trasgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos in potestate, 
con presunción de culpa en quien la ostenta y la inserción de ese matiz objetivo en dicha 
responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que 
los subjetivos de culpabilidad"». s
Por  ello,  la  resolución  declara  que  «la  responsabilidad  civil  del  menor  debe  oe.
corresponder al progenitor que en ese momento ostenta su guarda y custodia en el  w.
momento  en  que  se  produce  el  hecho  dañoso»  y,  en  consecuencia,  procede  a  028ww
deseds) timCaorn latr ad elam aanntdeari.or sentencia, la representación de don E. P. S. promovió incidente
etuxtteralao rjduidniacriaiol  deefe nctuivliad,a dp odre  iancctounagcriuoennecsi ae nd ee l lqau es eanletegnóc ivau, lnveurlanceiróanc idóen  sdue  dlearse cnhoor ma alas   BOE-A-cable e
procesales sobre valoración de la prueba, en particular de la prueba documental, así 
también en la aplicación del art. 162 CC.
Por medio de auto de 23 de julio de 2019, el juzgado desestimó el incidente de 
nulidad de actuaciones y, en el fundamento jurídico único de esta resolución, destacó 
de modo textual lo que sigue:
«En el presente caso, no se aprecia la indefensión alegada por la parte que demanda 
de nulidad, ya que no se aprecia vulneración de ninguno de los preceptos que regulan el 
asunto objeto del procedimiento, habiendo sido la cuestión resuelta oportunamente en 
el auto de fecha 31 de mayo de 2016».
Más adelante, en el mismo fundamento jurídico, el auto añadió lo siguiente:
«No existe la nulidad de actuaciones denunciada puesto que ninguna indefensión se 
le ha causado al recurrente; pues aun siendo cierto que en el supuesto presente se ha 
producido un error en la valoración de la prueba documental e incongruencia de la 
sentencia, no se ha alegado que se haya producido indefensión o se hayan vulnerado 
normas esenciales del procedimiento.
Del mismo modo, de admitirse que exista una incongruencia la consecuencia no 
sería la nulidad de la sentencia, como se pretende, sino su revocación. Como establece 
el art. 465.3 LEC, si la infracción alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la 
primera instancia —es decir, cuando nos encontramos ante un defecto de la sentencia— 
el tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o 
cuestiones que fueran objeto del proceso. Como señala la STS 868/2011, de 1 de 
diciembre, ‘declarada la existencia de una infracción procesal en la sentencia dictada en 
la primera instancia, no procede la devolución de las actuaciones a la primera instancia 
para que se dicte nueva sentencia, sino que debe ser la Audiencia Provincial quien 
resuelva sobre las cuestiones que fueron objeto del proceso».
Esta última resolución le fue notificada al demandante de amparo el día 29 de julio 
de 2019.
3.  La demanda de amparo, después de hacer una detallada descripción de los 
antecedentes, denuncia una doble vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), que imputa, respectivamente, a la sentencia de 18 de junio de 2019 y al 
auto de 23 de julio siguiente, ambos dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 
de Torrelavega, utilizando, para ello, el cauce del art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
a)  Identifica la primera de las quejas como afectante a su derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución judicial motivada, de fondo 
y congruente con la pretensión ejercitada y, de modo más concreto, con la violación del 
art. 24.1 CE «por incongruencia».
A este respecto, entiende que la sentencia del juzgado ha incurrido en incongruencia 
por una errónea valoración de la prueba documental aportada por el demandante a los 
autos y consistente en la sentencia de 5 de noviembre de 2015, del Juzgado de Menores 
de Santander, conforme a la cual y según afirma la representación del actor, aquel 
órgano judicial condenó al hijo y también a sus representantes legales al abono, de 
manera conjunta y solidaria, de 12 000 € a la víctima, en concepto de indemnización por 
los daños morales sufridos como consecuencia de la comisión de un delito de agresión  es
sexual cometido sobre ella. o
Entiende el demandante que la incongruencia se hallaría en que el juzgado de  028ww
Td«inoe[der er]sxemuilsasntv eizre eagppcaori,óe rn se etlanorrnt óahtnonae tbeaursímna al ees ngidtoaeobl,e  lissgo,ha laocdbi eódr níema l  oehdsiejootna ,t beccloneundcajiinudddnoaot  o, e qeynun  es r soeelailndaltia deranicodco.i, na Ald ofe ifrifnrmumaea e ,d  aeadl  l eers petaqsegpu yoee  c tataodmm,e b qbiuéolaens     OE-A-2021-13able en https://
progenitores del menor han de abonar la indemnización, con carácter solidario».
Insiste el demandante en que si el juez no le otorgó valor probatorio a la sentencia 
del  juzgado  de  menores,  al  menos  debería  haberlo  justificado  y  motivado  en  la 
sentencia, pero «se limit[ó]a a decir que como la guarda y custodia se atribuía al padre, 
ha de pagarlo este. Con ello está contradiciendo una sentencia que tiene efecto de cosa 
juzgada».
En definitiva, concluye este primer motivo de amparo con la afirmación de que la 
sentencia «comet[ió] un error gravísimo al entender que la resolución del juzgado de 
menores solo condenaba al hijo menor y no a las partes. Y ello lleva necesariamente a 
concluir que existe incongruencia en la sentencia puesto que, de manera arbitraria, se 
llega  a  una  conclusión  basándose  en  premisas  erróneas,  no  se  valoran  pruebas 
fundamentales para el demandante, e incluso se niega la existencia de las mismas», 
pese a haberse desplegado actuación probatoria suficiente, «consistente en la sentencia, 
y por la parte demandada no se ha negado la existencia de esa condena».
b)  El segundo motivo de amparo denuncia, también, la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva que, en este caso, imputa al auto que desestimó el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  formalizado  por  el  recurrente  contra  la  anterior  sentencia. 
Igualmente, señala que esta resolución ha incurrido también en la misma infracción que 
el actor achacaba a la anterior sentencia, pues ha ratificado la argumentación y fallo de 
esta. Todo ello pese a que el auto «reconoce la incongruencia de la sentencia y el error 
en la valoración de la prueba, y así dice: "aun siendo cierto que en el supuesto presente 
se ha producido un error en la valoración de la prueba documental e incongruencia de la 
sentencia"».
Completa su argumentación alegando que el auto ha incurrido en la infracción del 
art. 162 del Código civil, que dispone que los padres que ostenten la patria potestad, 
tienen  también  la  representación  legal  de  sus  hijos,  y  del  art.  455  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento  civil  (LEC),  toda  vez  que  los  efectos  de  la  estimación  del  incidente 
de nulidad de actuaciones no serían los de la nulidad de la sentencia dictada, como 
sostiene el auto, sino los de su revocación. A esto agrega el actor cuestionando la 
posibilidad de que la audiencia provincial pudiera revocar la sentencia de instancia 
cuando,  por  razón  de  la  cuantía,  dicha  sentencia  está  exceptuada  del  recurso  de 
apelación  y  únicamente  cabe  la  promoción  del  incidente  extraordinario  de  nulidad 
de actuaciones.
Finaliza con la cita de la STC 61/2019, de 6 de mayo (también del ATC 2/2016, de 8 
de febrero, FJ 2), insistiendo en que es de aplicación la doctrina allí establecida sobre «la 
incongruencia de la sentencia por falta de valoración de una prueba», en referencia a la 
documental aportada a los autos por el recurrente.
c)  Por último, la demanda dedica un apartado separado a justificar la especial 
trascendencia  constitucional  del  recurso  en  el  que,  si  bien  no  hace  cita  de  la 
STC 155/2009, de 25 de junio, identifica, sin embargo, dos motivos específicos: De una 
parte, la contravención de la doctrina de este tribunal sobre incongruencia y «la relativa 
al  procedimiento  para  la  declaración  de  nulidad  de  las  sentencias»;  por  otro,  la 
reiteración de lesiones en un solo procedimiento, pues el juez reconoce que la sentencia 
adolece de los vicios denunciados, pero se desentiende de su reparación y remite a una 
imposible apelación.
4.  Por medio de providencia de 4 de noviembre de 2020, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo 
concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), «que puede dar 
ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  del  e.
surgimiento de nuevas realidades sociales [STC 155/2009, FJ 2 b)] y porque la doctrina  w.b
de  este  tribunal  sobre  el  derecho  fundamental  que  se  alega  podría  estar  siendo  028ww
irnecsuomlupcliiodnae sd ej umdiocdiaole gs ecnoenratrla yd icretoitreiarasd soo pborer  leal  judreisredcichcoió fnu nodrdaimnaerniata lo  [SpuTdCie r1a5n5 /e2x0i0s9tir, 
FJ 2P eo)r] »e.llo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, el tribunal acordó dirigir
atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Torrelavega,
a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al juicio verbal núm. 127-2019, con previo 
emplazamiento, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de 
amparo, si así lo deseaban, quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la 
parte recurrente en amparo.
5.  En fecha 23 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal 
escrito presentado por doña V. N. P., solicitando la suspensión del procedimiento hasta la 
concesión del beneficio de justicia gratuita, a fin de poder personarse con abogado y 
procurador  designado  por  los  colegios  profesionales,  e  impugnar,  de  este  modo  el 
recurso de amparo promovido por el demandante.
6.  Por diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2020, la Secretaría de 
Justicia  de  la  Sección  Cuarta  acordó  dirigir  atenta  comunicación  al  Ilustre  Colegio 
de Abogados de Madrid al objeto de que se procediera al nombramiento de abogado y 
procurador de oficio para que defendiera y representara, respectivamente, a doña V. N. P.
7.  Una vez reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por resolución 
de 22 de enero de 2021 de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita y 
recibidas las oportunas comunicaciones de los Ilustres Colegios de Abogados y de 
Procuradores de Madrid, en fecha 7 de enero de 2021, la Secretaría de Justicia de la 
Sección Cuarta de este tribunal, por medio de diligencia de ordenación, designó a 
la procuradora de los tribunales doña María Irene Arnés Bueno y a la letrada doña María 
Estela Gallardo López para la representación y defensa de doña V. N. P.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dispuso dar 
vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común 
de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
8.  En fecha 4 de febrero de 2021, tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal el escrito de alegaciones de la representación de doña V. N. P., en el que ha 
sostenido la inadmisibilidad de la demanda «ante la ausencia de motivos que justifiquen 
la  trascendencia  constitucional»  del  recurso  de  amparo  y,  de  modo  subsidiario,  ha 
solicitado su desestimación.
La  argumentación  que,  al  respecto,  sostiene  la  precitada  representación  puede 
resumirse en los siguientes apartados:
a)  Después de hacer una exposición resumida de los antecedentes, el escrito 
sostiene, como argumentación principal, la inadmisibilidad de la demanda por falta de 
justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.
A este respecto, señala que ninguno de los «siete criterios» que se citan en la 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, ha sido invocado por la parte demandante para 
justificar  «una  decisión  sobre  el  fondo  en  razón»  de  esta  especial  transcendencia 
constitucional. Por el contrario, entiende que el auto que desestimó el incidente de 
nulidad de actuaciones «ofrece una respuesta que satisface este derecho fundamental», 
en referencia a la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del que 
se queja el demandante de amparo.
b)  Subsidiariamente, propugna la desestimación de la demanda porque entiende 
que, ni la sentencia, ni tampoco el auto han incurrido en la incongruencia que alega el 
demandante de amparo. Después de hacer extensa mención de la doctrina de este 
tribunal sobre el denominado «vicio de incongruencia omisiva o ex silentio», que solo  e.e
tiene  relevancia  constitucional  «cuando,  por  dejar  imprejuzgada  la  pretensión  b
oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos  028ww
dsoem 1e1t iddeo sm aar zsou,  FjuJr i2s;d 5ic7c/i1ó9n9, 7p, rdoev o1c8a nddeo m uanrzao ,d FeJn e5g, ayc 1ió1n8 /2d0e0 j0u,s dtiec ia5  d(Se SmTaCy o5, 3F/J1 929)»1,, 
euln eas cnruitloid acodn cdleu yaec atufiarmcioannedso  qaul en «ot ahl acboemrsoe f uanledgaamdeon tqau eel  acuotno  iemllpou sgen ahdaoy, an op croodnuccuirdroe 
indefensión o se hayan vulnerado normas esenciales del procedimiento».
9.  Posteriormente, el día 25 de febrero de 2021 quedaron registradas en este 
tribunal las alegaciones del Ministerio Fiscal, en las que termina solicitando la estimación 
del recurso de amparo por haber apreciado la vulneración del derecho fundamental del 
demandante a la tutela judicial efectiva, por lo que propugna la nulidad de todo lo 
actuado «desde la sentencia de 18 de junio de 2019, para que se dicte otra [resolución] 
que restablezca los derechos del recurrente».
Los argumentos del Ministerio Fiscal quedan resumidos en los siguientes apartados:
a)  Primeramente, el fiscal hace una detallada exposición de los antecedentes del 
recurso para, seguidamente, comenzar su argumentación jurídica con la delimitación del 
objeto del mismo, señalando que son objeto de impugnación la sentencia de 18 de junio 
de 2019 y el auto de 23 de julio siguiente, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 7 de Torrelavega.
Igualmente, expone de modo resumido las quejas formuladas en la demanda, que se 
refieren a una doble vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la que habrían 
incurrido ambas resoluciones impugnadas; en primer lugar, por errónea valoración de la 
prueba documental, concretamente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores 
de  Santander,  que  «acredita  que  fueron  condenados  al  pago,  solidario,  los 
representantes del menor, y representantes legales [que] eran los dos progenitores, 
indistintamente». Y, en segundo término, «por la incongruencia de la sentencia, basando 
esa incongruencia en el propio hecho de haber errado en la valoración de la prueba, lo 
que ha provocado que se considerara que la condena del juzgado de menores, lo fue 
solamente al hijo, y no a los padres». Según señala el fiscal, esta segunda denuncia lo 
que viene es a reforzar la anterior, sin que se trate de una denuncia autónoma.
Por su parte, el recurso habría incurrido en «manifiesto error en la motivación y 
también en incongruencia, otra vez porque entiende que esa errónea motivación lleva al 
juez a ser incongruente con lo pedido al plantear el incidente de nulidad, sobre todo 
al remitirse a la solución de la apelación».
b)  A partir de las anteriores consideraciones, el fiscal entiende que sus alegaciones 
deben limitarse, en primer lugar, «al denunciado error en la valoración de la prueba en 
que  incurre  la  sentencia,  ya  que  la  supuesta  incongruencia  sería  su  consecuencia 
lógica». Y, en segundo término, su análisis debe atender a «comprobar si en el auto 
denunciado se ha incurrido realmente en esa errónea motivación, o ha incurrido en 
arbitrariedad, que es lo que parece denunciarse», agregando a lo expuesto que la 
supuesta incongruencia «no sería más que la consecuencia de ello».
Para atender al análisis de las cuestiones planteadas, el fiscal hace una extensa 
exposición de la doctrina de este tribunal sobre el incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones, su naturaleza, objeto, contenido y alcance. Igualmente, alude ampliamente 
al deber de motivación de las resoluciones judiciales y al control al que este tribunal debe 
someter a aquellas resoluciones judiciales impugnadas en amparo.
Con referencia ya al auto de 23 de julio de 2019, dice que en «el presente supuesto, 
lo  que  ha  ocurrido  es  que  el  juzgador  […]  se  refiere  a  la  nulidad  basada  en 
incumplimiento de preceptos legales, a que se refiere el artículo 225 LEC, que se hace 
valer  dentro  del  proceso  judicial  de  que  se  trate  y  por  los  recursos  establecidos, 
conforme al art. 227 LEC, y no al incidente, excepcional, de nulidad de actuaciones, 
regulado en el art. 228 LEC, que trae su origen en el art. 241 de la Ley Orgánica del 
Poder  Judicial  […].  No  otra  cosa  significa  la  mención  que  al  comienzo  de  la 
fundamentación del auto se hace al artículo 240 LEC (sic), para terminar diciendo en ese 
párrafo que no se aprecia indefensión ya que no se [padeció] vulneración de "[…]  e.
ninguno de los preceptos que regulan el asunto objeto del procedimiento […]". Y ello a  w.b
pesar de que al plantear el incidente el recurrente habló expresamente de incidente  028ww
excecp) cioAn laol  adnet enruiolidr,a adñ daed ea cetlu faisccioanl eqsu»e., si bien el auto reconoce que se produjo error en
leam vbaalorgraoc, iqóune d «e[ dl]ao npdruee ybear rdao eclu amueton teasl  ee ni nlacso ncgornuseenccuiae necnia lsa  dsee ensteansc viau,l nceornasciidoenreas, , syina 
que concluye que no debe producirse ninguna consecuencia pues no se ha causado
indefensión,  y  en  todo  caso  las  vulneraciones  no  darían  lugar  a  la  nulidad  de  la 
sentencia,  sino  a  su  revocación,  que  debe  obtenerse  por  la  vía  de  la  apelación». 
Entiende, pues, el fiscal que el juzgador incurrió en error respecto de la naturaleza de la 
nulidad, a lo que agrega que «sus deducciones no son muy razonables, ya que él mismo 
había dicho que la sentencia era irrecurrible, por lo tanto no apelable». Concluye el 
apartado con la afirmación de que «la motivación del auto incurre en arbitrariedad, o 
como dice el recurrente en un error patente» y añade que «sea cual sea de las dos 
causas, el efecto es el mismo».
d)  Seguidamente, el fiscal, después de hacer diversas consideraciones sobre la 
doctrina  de  la  motivación  de  las  resoluciones  judiciales  y  del  concepto  de  «error 
patente», aborda desde ambas perspectivas, la motivación incorporada al auto de 23 de 
julio de 2019 y, resumidamente, destaca las siguientes argumentaciones, a su juicio 
erróneas: (i) Respecto de que al recurrente no se le causó ninguna indefensión, señala 
que «si la vulneración del derecho se le ha producido en la misma sentencia, claro que 
no hay ningún acto en que se materialice la indefensión, pero es que no es necesario 
ese acto concreto, [sino que] es la decisión de la propia sentencia la [que] contiene y 
colma la vulneración cuando es incorrecta notoriamente, y es el propio juez el que 
reconoce que se ha dictado, la sentencia, con un error en la valoración de la prueba 
documental». (ii) A la afirmación del auto de que no se produjo ninguna indefensión 
como tampoco vulneración de las normas esenciales del procedimiento, opone el fiscal 
la tesis de que no tuvo en cuenta el juez la naturaleza del incidente de nulidad de 
actuaciones, que es un instrumento procesal «para restaurar la plenitud de derechos 
constitucionales» y no «para la depuración de la legalidad del proceso, como si se tratara 
de un incidente de nulidad ordinario». (iii) Finalmente, destaca el fiscal un último error 
conceptual del juzgador al decir que era imposible anular la sentencia, toda vez que 
únicamente era susceptible de revocación por el trámite de la apelación, cuando aquel 
ha desconocido «la verdadera naturaleza del incidente de nulidad de actuaciones» e 
incurrido, «en una clara incongruencia, pues no puede remitir a la apelación cuando 
antes, de forma acertada denegó ese recurso».
Todo lo anterior conduce, según el fiscal, a la consideración de que «el auto de 23 de 
julio de 2019, es manifiestamente arbitrario, por lo que debe ser anulado».
10.  Por providencia de 8 de julio de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
a)  Objeto y pretensiones.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia de 18 de junio de 2019, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Torrelavega, que 
desestimó la demanda presentada por el ahora recurrente de amparo don E. P. S., contra 
su ex esposa, doña V. N. P., en reclamación de la cantidad de 1 764,38 €, que, según 
afirmaba aquel, debía abonarle por el 50 por 100 del importe total de la indemnización 
que, en cuanto responsable solidario junto con la demandada, había satisfecho hasta 
aquel momento por la responsabilidad civil contraída por su menor hijo, a resultas de una 
sentencia anterior de 5 de noviembre de 2015, del Juzgado de Menores de Santander,  s
que le había declarado autor de la comisión de un delito de agresión sexual sobre una  oe.
joven, igualmente menor de edad. Asimismo, impugna el auto de 23 de julio de 2019 del  w.
mpriosmmLaoo v dijdeuomz gpaaondrd oea,l   iaqmcupteou rtd ace oasn eltasra tsi maeqnóut eeenlll caiin asc edidneet e1nn8tec d iaee. xjturnaioor ddien a2r0io1 9d ela  nvuullnidearda cdióen  adcetlu daecrieocnheos   2021-13028n https://ww
a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución judicial
motivada, de fondo y congruente con la pretensión ejercitada. Según refiere, el juzgador  Bc
de instancia habría hecho una errónea valoración de la prueba documental aportada por 
el  demandante  a  los  autos,  consistente,  precisamente,  en  la  citada  sentencia  del 
Juzgado de Menores de Santander, dado que, a diferencia de lo apreciado por esta 
resolución (responsabilidad civil solidaria del menor y de sus representantes legales) la 
del juzgado de primera instancia había afirmado que fue el menor el único responsable 
civil del delito cometido y que, tan solo, debía responder del pago de la indemnización, 
como responsable solidario, el padre, por ser él el progenitor que, en la fecha de los 
hechos, ostentaba la guarda y custodia del menor, y no la madre que no la tenía.
También  impugna  el  posterior  auto  de  23  de  julio  de  2019,  desestimatorio  del 
incidente de nulidad de actuaciones, porque entiende que ha incurrido en la misma 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que imputa a la sentencia, en cuanto 
que ha ratificado la argumentación y fallo de aquella. Añade, asimismo, la infracción de 
los arts. 162 CC y 455 LEC, al considerar que el juzgador de instancia no ha tenido en 
cuenta que los padres que ostentan la patria potestad sobre sus hijos, asumen también 
de modo conjunto su representación legal y porque los efectos de la estimación de la 
nulidad de actuaciones instada serían los de la propia nulidad de la sentencia y no su 
revocación, como así lo determinó el citado auto.
La representación de doña V. N. P., propugna, sin embargo, la inadmisión del recurso 
por entender que la parte actora no ha justificado la especial trascendencia constitucional 
del recurso y, de modo subsidiario, su desestimación, toda vez que considera que las 
resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del 
recurrente en la medida en que el juez de instancia ha atribuido la responsabilidad civil 
ex delito cometida por el menor, por ser el demandante el progenitor que tenía conferida 
la guarda y custodia de aquel al tiempo de comisión del hecho delictivo.
Finalmente, el Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso, si bien localiza la 
eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en el auto 
de 23 de julio de 2019 y solicita la nulidad de todo lo actuado «desde la sentencia de 18 
de junio de 2019, para que se dicte otra que restablezca los derechos del recurrente».
b)  Cuestión preliminar: Preservación de la identificación de las partes.
Como  cuestión  preliminar  al  enjuiciamiento  del  presente  recurso  de  amparo, 
corresponde a este tribunal adoptar las medidas pertinentes para la adecuada protección 
de los derechos reconocidos en el art. 18.1 y 4 CE, en aplicación del art. 86.3 LOTC y 
del acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los 
datos de identificación personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio de 2015). En el caso de autos, el 
objeto del recurso versa sobre una pretensión de naturaleza económica, derivada del 
pago de una indemnización establecida por sentencia de un juzgado de menores, que 
apreció la existencia de un delito de agresión sexual sobre una menor cometido por otro 
joven que, al tiempo de los hechos, era igualmente menor de edad, siendo las partes de 
este procedimiento de amparo los progenitores de dicho menor. Por ello y al objeto 
de preservar la identidad del menor, cuya actuación fue la causa determinante de la 
cuestión principal que es objeto de controversia en este procedimiento de amparo, el 
tribunal ha optado por sustituir los datos identificativos de las partes y del hijo de los 
mismos por sus iniciales.
2.  Óbice procesal.
Antes  de  dar  comienzo  al  análisis  de  las  quejas  denunciadas  en  la  demanda,  e.
debemos analizar y dar respuesta al óbice procesal alegado por la representación de  w.
doña V. N. P., relativo a que la demanda no ha levantado la carga procesal de justificar la  028ww
espeEcl iapll atrnatsecaemnideenntoc idae cl ornesfetirtiudcoio ónbailc dee ol brelicguar sao r.etomar las razones dadas en el escrito
Eden  deesmtea snednat idpoa,r ala j udsetimficaanrd laa  heasp deecdiaicl atrdaos cuenn daepnacrtiaad coo anls tcituumcipolnimali ednetlo p drees eesnttee  rreeqcuuirssioto.   BOE-A-cable e
procesal y, si bien no hace cita expresa de la STC 155/2009, de 25 de junio, ni tampoco 
de ninguno de los supuestos que aquella relaciona, sin embargo, sí que ha puesto de 
manifiesto la contravención de lo resuelto por el auto desestimatorio de la nulidad de 
actuaciones con la doctrina de este tribunal sobre la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva, por denunciada incongruencia de la sentencia dictada anteriormente por 
el mismo órgano judicial, pese a que la parte ya destacó lo que, a su entender, suponía 
aquella incongruencia, en el escrito de promoción del incidente, con lo que habría hecho 
mención al supuesto contenido en el FJ 2 e) de la citada STC 155/2009. Además, 
reiteradamente hemos declarado que «es a este tribunal a quien corresponde apreciar si 
el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial 
trascendencia constitucional, que encuentra su momento procesal idóneo en el trámite 
de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC» [SSTC 192/2012, de 29 de octubre, 
FJ 2; 3/2020, de 15 de enero, FJ 4, y 34/2021, de 17 de febrero, FJ 2 a)].
En el caso de autos y en la providencia que acordó la admisión a trámite del recurso, 
este tribunal apreció este supuesto de especial trascendencia constitucional alegado por 
el demandante, junto con otro más; en concreto, el supuesto recogido en el FJ 2 b) de la 
STC 155/2009, pues dicho supuesto «puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  del  surgimiento  de  nuevas  realidades 
sociales».
En consecuencia, debemos desestimar el óbice alegado.
3.  Derecho a la tutela judicial efectiva.
A)  Consideraciones preliminares.
Antes de comenzar el análisis de las quejas suscitadas por la demanda de amparo, 
son necesarias dos consideraciones previas:
a)  En primer lugar, determinar el orden de enjuiciamiento de los motivos de amparo 
invocados por el recurrente, toda vez que, si bien alega la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva por incongruencia respecto de las dos resoluciones impugnadas, lo 
hace por diversas razones que hacen diferentes, por sus peculiaridades, los contenidos 
de las denuncias formuladas contra una y otra.
Así pues, para resolver esta cuestión seguiremos el criterio de la mayor retroacción 
establecido por la doctrina de este tribunal (por todas, las SSTC 41/2020, de 9 de marzo, 
FJ 2, y 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 2), que implica conceder prioridad al examen 
de  aquellas  causas  que,  de  prosperar,  determinarían  la  retroacción  a  un  momento 
procesal  anterior,  lo  que  haría  innecesario  un  pronunciamiento  sobre  las  restantes 
(SSTC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 2, y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que 
en ellas se citan).
En  consecuencia,  examinaremos,  en  primer  lugar,  la  queja  consistente  en  la 
denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que el demandante 
refiere a la sentencia de 18 de junio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de 
Torrelavega, toda vez que, de estimar esta alegada vulneración, podría devenir en inútil 
el examen del motivo de amparo, igualmente suscitado, por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, que específicamente se imputa al posterior auto de 23 de julio 
de 2019 del mismo juzgado, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones 
promovido por la parte actora contra aquella sentencia.
b)  En segundo término, y ya con referencia a la sentencia de 18 de junio de 2019 
del juzgado de Torrelavega, es preciso identificar la vertiente del derecho a la tutela  e.
judicial efectiva que denuncia el demandante de amparo porque, si bien alega que  w.
aquella sentencia ha incurrido en un vicio de incongruencia, sin mayor precisión, la queja  028ww
ajutdieicnidael ,q ueen  drée arelidsapdu,e sata u mnao tipvaodsiab lae  lain pfrraectceinósni ódne el jedrecrietacdhao,  aa  poabrtteir ndeer  lau neax isretesnocluiac idóen 
una sentencia firme, con el efecto de cosa juzgada que conlleva el pronunciamiento
recaído en la jurisdicción de menores y, en concreto, en la sentencia de 5 de noviembre 
de 2015, del Juzgado de Menores Único de Santander.
El recurrente sostiene que la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia 
de Torrelavega no ha tenido en cuenta lo que, con anterioridad, dictó aquella otra 
resolución firme del Juzgado de Menores de Santander, que impuso el pago de una 
indemnización por daños morales derivados de la comisión de un delito de agresión 
sexual,  al  menor  y  a  sus  representantes  legales,  estos  últimos  en  concepto  de 
responsables solidarios, por lo que, al ser demandante y demandada sus padres y 
ostentar la patria potestad de su hijo menor de edad, eran ellos los representantes 
legales de aquel.
Siguiendo la línea discursiva de la demanda de amparo, dado que el actor ha 
ejercitado en la vía civil una acción de repetición contra su ex esposa, en reclamación 
del 50 por 100 del importe de la indemnización que hasta el momento del inicio del pleito 
aquel ha satisfecho, entiende ahora que la sentencia del juzgado de primera instancia de 
Torrelavega, ha prescindido en su valoración del precedente fallo judicial firme y ha 
fundamentado su decisión en otro presupuesto diferente a aquel, acogiendo una de las 
excepciones opuestas en el procedimiento por la representación de su ex esposa, por lo 
que la sentencia ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y le ha generado 
indefensión.
B)  Derecho a obtener una resolución judicial motivada.
Este tribunal, de modo reiterado, ha declarado que «el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una 
resolución  motivada,  fundada  en  Derecho  y  congruente  con  las  pretensiones 
oportunamente  deducidas  por  las  partes,  que  también  puede  ser  de  inadmisión  si 
concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial 
(SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras 
muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte 
de venir impuesta en el art. 120.3 CE es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el 
fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquellas contienen, 
posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, 
de 12 de junio, FJ 3, y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4). También es doctrina 
reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o 
adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos 
(SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2, y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6)» (por todas, las 
SSTC 8/2021, de 25 de enero, FJ 3, y 12/2021, de 25 de enero, FJ 3, como las más 
recientes).
También ha declarado este tribunal que «para valorar si la decisión judicial recurrida 
vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales, conviene recordar en primer término que, 
según es consolidada doctrina constitucional, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE 
no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a 
cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un pretendido derecho al acierto judicial 
en la selección, interpretación y aplicación de las normas, salvo que afecte al contenido 
de otros derechos constitucionales. Ahora bien, lo que, en todo caso, sí garantiza el 
art. 24.1 CE es el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, 
es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles 
han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté  e
fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una  bo
declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una  028ww
eSxTéCg e1s4is2 /r2a0c1io2n, adl ed e2l  doerd ejunlaiom, iFenJ to4 )j.u rPídeircoo  tya mnboi éfnru thoe mdeo sl ad eacrblaitrraadrioe deand  m(puolrti tutodd adse, 
coucaansidoon ese l qurea zuonnaa mrieesnotolu ciqóune  judlaic iaful nvdualn eirnac uerlr ed ereenc hota la  glar atduote lad eju daicrbiaitl raerfieecdtaivda, 
irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves
que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda 
motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, este tribunal 
incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas 
aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, 
se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un 
desarrollo  argumental  que  incurre  en  quiebras  lógicas  de  tal  magnitud  que  las 
conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones 
aducidas (por todas, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, y 133/2013, de 5 de junio, 
FJ 5, entre otras muchas)» (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).
En definitiva, habrá que determinar en el caso de autos si la sentencia impugnada 
incurre en su argumentación en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, 
por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que, como acabamos de 
destacar, resulte patente para cualquier observador la carencia de toda motivación o 
razonamiento.
4.  Aplicación de la doctrina al caso.
Toda vez que, de la argumentación utilizada por el recurrente para denunciar la 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, hemos identificado en la sentencia 
de 18 de junio de 2019 del juzgado de primera instancia de Torrelavega, la eventual 
constatación de una motivación calificada de ilógica e irrazonable, deberemos valorar 
ahora si esta resolución responde a ese vicio de motivación que le imputa el demandante 
de amparo.
Para ello, hemos de volver a los antecedentes que son relevantes para nuestro 
enjuiciamiento y comenzar por el análisis de la pretensión que sostenía don E. P. S., de 
ejercitar una acción civil de reclamación de cantidad contra su ex esposa doña V. N. P.
La prueba documental que aquel aportó al procedimiento civil iniciado a su instancia 
consistió en una sentencia firme dictada por el Juzgado de Menores de Santander, en la 
que condenaba a los representantes legales del menor autor de un delito a abonar a la 
víctima la cantidad de 12 000 €, en calidad de responsables civiles solidarios junto con 
aquel y en concepto de indemnización por los daños morales sufridos.
El juez del procedimiento civil, si bien toma conocimiento de la existencia de aquella 
decisión judicial precedente, no la llega a valorar y prescinde de lo resuelto en la misma, 
en especial de lo que el fallo de aquella resolución judicial había declarado: que los 
«representantes legales» del menor eran «responsables civiles solidarios», junto con 
este, del pago de la indemnización reconocida a la víctima.
El propio órgano judicial reconoce la existencia de «error» en el posterior auto de 23 
de julio de 2019, desestimatorio de la nulidad de actuaciones instada por el actor, pues 
llega a decir en su resolución que «aun siendo cierto que en el supuesto presente se ha 
producido un error en la valoración de la prueba documental e incongruencia de la 
sentencia», considera que no ha producido indefensión a la parte o vulneración de las 
normas esenciales del procedimiento.
La inexistencia de indefensión material, apodícticamente afirmada por el juzgador de 
instancia y sin argumentación alguna que le sirva de sustento para ello, contrasta con la 
tesis defendida por el demandante de amparo que, precisamente, justifica su pretensión 
en  que  una  anterior  sentencia  firme  había  dictado  un  fallo  condenatorio  de 
responsabilidad civil «solidaria», que afectaba a su ex esposa y a él mismo, en cuanto 
«representantes legales» del menor, por ser sus padres. Sin embargo, en el presente 
caso  estamos  ante  un  supuesto  de  motivación  claramente  errónea,  pero  no  de  e
indefensión. bo
En definitiva, la consideración expuesta lleva indefectiblemente a la conclusión de  028ww
qeuxieg elnac iasse ntdeen cniau eismtrpau gdnoacdtrain ain. clAuynete su nbaie nm, oetivl aócriógna noq ueju dnicoi als eh aa cdoemspaatesnad idao  laesl 
pprrueesubpaus epsrtaoc tqicuaed atesn ednrí ala qsu aec thuaabceiorn veasl,o ara ldao ,h ojuran tod ec doinc taerl  sreesnttoe ndceia l,a ess taole egsa,c eiol ndees  lay 
previa condena a abonar una indemnización por la responsabilidad civil solidaria de los
representantes  legales  del  menor,  pronunciada  por  una  sentencia  firme  anterior, 
afectante a ambos progenitores, que había impuesto la jurisdicción especializada de 
menores.
Por todas las razones expuestas, la queja del recurrente debe ser estimada.
5.  Alcance del amparo.
La estimación del recurso de amparo por la apreciada vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva debe acarrear la nulidad de la sentencia de 18 de junio de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Torrelavega, recaída en el procedimiento de 
juicio verbal núm. 127-2019, así como del auto de 23 de julio siguiente del mismo órgano 
judicial,  que  desestimó  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  promovido  por  el 
recurrente contra la anterior resolución.
Asimismo, como medida de restablecimiento del derecho, hemos de acordar la 
retroacción  de  las  actuaciones  hasta  el  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
la referida sentencia para que el juzgado dicte otra que sea respetuosa con el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Por último, la estimación del anterior motivo de amparo hace innecesario entrar en el 
examen de la queja por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que, también, 
denunció el recurrente en su demanda de amparo contra el auto de 23 de julio de 2019.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don E. P. S., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 18 
de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Torrelavega, recaída en el 
juicio verbal núm. 127-2019, así como del auto de 23 de julio de 2019 del mismo órgano 
judicial, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la 
anterior resolución.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al del dictado 
de la sentencia, para que en su lugar el juzgado dicte otra que resulte respetuosa con el 
derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña Encarnación Roca Trías a la sentencia  s
dictada por la Sala Segunda en el recurso de amparo 5785-2019 e.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica  028ww
fdoerlm Turliob uenla lp rCeosnesnttietu cviootnoa lp ya rctiocunl aerl  am álax imseon rteenspcieat or eac alaíd oap iennió ne l dree cmuriss oc odme paamñepraorso, 
neúnm la.  d5e7l8ib5e-2ra0c1ió9n,  pdoer  ldai sScarelap ya rq duee  sreus fuumndidaammeenntatec ieóxnp yo nfaglolo a e cno lnotsin tuéarmcióinno.s que defendí
Las  razones  de  mi  discrepancia  deben  enmarcarse  tanto  en  la  concepción  del 
recurso de amparo constitucional que impone la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, 
por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional (en adelante, LOTC), como en la fundamentación ofrecida en la sentencia 
para imputar al órgano judicial una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en 
su vertiente de derecho a la motivación de la resolución judicial ex art. 24.1 CE.
Respecto de la primera causa, debo observar que la reforma de la LOTC supuso una 
importante modificación del régimen jurídico de admisión del recurso de amparo, como 
consecuencia  del  requisito  sustantivo  o  de  fondo  de  la  «especial  trascendencia 
constitucional» que impone el art. 50.1 b) LOTC. De acuerdo con esta disposición, 
corresponde a este tribunal apreciar en cada caso cuándo el contenido del recurso 
justifica una decisión de fondo en atención «a su importancia para la interpretación de la 
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del 
contenido y alcance de los derechos fundamentales».
Desde tal concepción y atendiendo a los términos de la providencia mediante la que 
se admitió el presente recurso de amparo y que se reproduce en los antecedentes de la 
sentencia, no nos encontramos, a mi juicio, ante un caso que cuente con especial 
trascendencia constitucional. No ha servido a este tribunal para «aclarar o cambiar su 
doctrina ante el surgimiento de nuevas realidades sociales» [STC 155/2009, FJ 2 b)], 
pues,  en  primer  lugar,  la  sentencia  se  funda  en  el  deber  de  motivación  de  las 
resoluciones  judiciales  (art.  24.1  CE),  sobre  el  que  existe  un  consolidado  cuerpo 
doctrinal, por lo demás, resumido en el fundamento jurídico 3 B) de la sentencia de la 
que discrepo; y, en segundo término, porque la responsabilidad de los progenitores 
derivada de la comisión de un delito por un hijo menor de edad, es una institución 
jurídica  que  podrá  calificarse  de  cualquier  manera  menos  de  «una  nueva  realidad 
social». Basta para ello recordar que la acción noxal ya se recogía en la Ley de las XII 
Tablas, en las «Instituta» de Gayo y en el Digesto de Justiniano. Quiero con ello decir 
que, le asiste la razón a doña V. N. P. cuando denuncia la ausencia de la necesaria 
especial  trascendencia  constitucional  del  asunto,  como  óbice  impeditivo  para  su 
admisión  a  trámite.  Parecidas  consideraciones  debo  hacer  respecto  de  la  causa 
subsidiaria esgrimida por la Sección Cuarta de este tribunal para admitir a trámite el 
recurso de amparo, es decir, sobre el hecho de que la doctrina de este tribunal sobre el 
derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y 
reiterado  por  la  jurisdicción  ordinaria  o  pudieran  existir  resoluciones  judiciales 
contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)], lo que mal se 
compadece con la falta de datos y argumentación en la que incurren ya sea la propia 
demanda que la sentencia de esta Sala. En tal sentido, este tribunal tiene advertido que 
las indicaciones contenidas en el FJ 2 de la STC 155/2009 se orientan a facilitar a los 
recurrentes  en  amparo  el  cumplimiento  de  la  carga  justificativa  que  les  impone  el 
art. 49.1 LOTC, pero no a exonerarles de ella (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3). 
No parece, por tanto, que el sentido de la clarificación que la STC 155/2009 introdujo en 
este punto sea permitir que los recurrentes puedan limitarse a la mera cita literal del 
fundamento  jurídico  2  de  la  mencionada  sentencia  constitucional  con  selección  del 
supuesto o supuestos en los que encaja su asunto, sin proceder además a alguna 
elaboración específica que conecte el supuesto descrito en la sentencia constitucional 
con las concretas circunstancias del caso que se lleva ante este Tribunal Constitucional. 
A partir de esta premisa cabe sostener, a mi juicio, que, la especial trascendencia 
constitucional no se justifica adecuadamente en la demanda, pues el apartado que la  s
demanda dedica a esta cuestión no contiene argumentación específica, como tampoco  oe.
el  asunto  sometido  a  nuestro  enjuiciamiento  poseía  la  trascendencia  constitucional  w.
necesaria para admitirse a trámite. 028ww
la sRenetsepnecciato  dael l foJnudzog addeol  adseu nPtroim, eesr ad eIncsirt,a lan cviau lnneúrmac. ió7n d dee lT doerrreelcahvoe gaa l ad em o1t8iv adcei ójnu ndioe 
dpere c2i0si1ó9n , yp adreal  laa uqtuoe d nee c2e3s adreia mjuelion ted ed eebsoe  pmaritsirm doe  aloñso h, etacmhobsié dne cdlaerbaod oresa plirzoabra daolgsu enna   BOE-A-cable e
la instancia. Estos son sucintamente los siguientes: (i) El Juzgado de Menores de 
Santander  condenó  como  autor  de  un  delito  de  agresión  sexual  al  hijo  menor  del 
demandante  de  amparo,  estableciendo  que  el  mismo  y  sus  representantes  legales 
indemnizaran  solidariamente  a  la  víctima  con  la  cantidad  de  12  000  €;  (ii)  los 
representantes  legales  eran  los  padres  que  estaban  divorciados  y  conforme  a  la 
sentencia de modificación de medidas dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Torrelavega, la guarda y custodia del menor se le atribuyó en exclusiva al 
padre; (iii) el padre, que había venido abonando a plazos la indemnización, presentó 
demanda civil contra la madre, ejercitando la acción de regreso, exigiendo el reembolso 
del 50 por 100 de la indemnización abonada hasta el momento; (iv) la sentencia dictada 
en primera instancia rechazó la pretensión porque estimó la excepción opuesta por la 
madre; concretamente, que en el momento de ocurrir los hechos el que ejercía la guarda 
y custodia del menor era el padre; y conforme a lo establecido en el art. 1903.2 del 
Código  civil  a  este  último  le  correspondía  abonar  íntegramente  la  indemnización; 
(v) frente a la referida sentencia, el padre interpuso incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones, por vulneración del derecho a la tutela judicial por vulneración de las 
normas procesales sobre la valoración de la prueba, y (vi) el incidente se desestimó, 
pese a reconocer el órgano judicial que se había producido un error en la valoración de 
la prueba documental y una incongruencia en la sentencia; pero no consideró que 
hubiera habido indefensión o infracción procedimental.
La demanda invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su 
vertiente del derecho a obtener una resolución congruente, motivada y fundada en 
Derecho. Censura que el juzgado haya valorado erróneamente la prueba documental 
(entendiendo  por  tal,  la  sentencia  del  juzgado  de  menores),  que  estableció  la 
responsabilidad solidaria de los progenitores y reprocha al órgano judicial que entendiera 
que  la  condena  se  estableció  solo  a  cargo  del  hijo.  En  relación  con  el  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones, el demandante señala que incurre en la misma 
vulneración.
Pues bien, la sentencia de la que discrepo parte de que en efecto, tal como se 
desprende  de  las  actuaciones,  el  órgano  judicial,  si  bien  tuvo  conocimiento  de  la 
sentencia dictada por el juez de menores, prescindió de su contenido, al no tener en 
cuenta  que  había  establecido  una  régimen  de  responsabilidad  solidaria  de  los 
representantes legales del menor respecto de la indemnización debida a la víctima del 
delito. Es decir, que el órgano judicial a pesar de reconocer su error, prescindió en su 
enjuiciamiento de la valoración de la sentencia dictada por el juzgado de menores, 
ofreciendo una motivación no acorde con la doctrina constitucional, al no tener en cuenta 
la condena solidaria de padres e hijo a abonar la indemnización. Por todo ello, estima el 
recurso.
A mi entender, sin embargo, resulta improcedente en este caso la intervención de 
este  tribunal  pues,  al  hacerlo,  opera  como  una  tercera  instancia  jurisdiccional, 
cuestionando el razonamiento jurídico del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de 
Torrelavega y considerando obligado un reparto en regreso de la obligación de resarcir. 
Me explico:
La solidaridad entre los responsables del daño cumple la función de garantizar el 
crédito  indemnizatorio  de  la  víctima,  sancionar  el  incumplimiento  de  los  deberes 
de supervisión y control del menor, así como solucionar los potenciales problemas de 
identificación de los responsables cuando pudiera haber una pluralidad de ellos y, por 
consiguiente, de la siempre problemática prueba de la causalidad. El art. 61.3 de la Ley  s
Orgánica de responsabilidad penal del menor da buena prueba de ello al establecer una  oe.
responsabilidad solidaria del menor junto a aquellos que en el momento de la comisión  w.
del delito debían ejercer sus deberes de formación y vigilancia. Dicha norma prevé, sin  028ww
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(art.  1140  del  Código  civil).  Respecto  de  las  relaciones  internas  entre  codeudores 
solidarios, la norma penal no se pronuncia, por lo que ha de estarse a las reglas 
generales del Código civil y especialmente a su art. 1903, aplicándose el criterio de la 
culpa in vigilando e in educando.
En  el  caso  sometido  a  la  valoración  de  este  tribunal,  el  juez  de  menores  no 
individualizó las posibles cuotas de responsabilidad de los sujetos condenados al abono 
de la indemnización; tampoco —a tenor de lo que consta en las actuaciones— emplazó 
a  la  madre  del  autor  del  delito  a  quien,  sin  embargo,  condenó  como  responsable 
solidaria. Ello, a mi juicio, significa que frente a la víctima, cualquiera de los condenados 
ostentaba una obligación propia y por el entero de la deuda. Sin embargo, respecto al 
ejercicio de la acción de regreso (art. 1145 del Código civil), debía ser el juez civil quien 
examinara el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y fijase la parte de la deuda 
a reembolsar al codeudor solidario que la ha abonado por entero. Por consiguiente, 
entiendo que en el supuesto enjuiciado, el órgano judicial civil, a la vista del régimen de 
guardia y custodia establecido (en exclusiva del padre) y del momento y circunstancias 
en las que se cometió el hecho delictivo, entendió que a la madre del menor no podía 
reclamársele parte alguna del crédito pagado, pues no entraba en su círculo de control la 
previsión o evitación del daño. En definitiva, no apreció culpa in vigilando e in educando. 
Y esta decisión judicial podrá estimarse más o menos acertada jurídicamente, pero de 
conformidad  con  nuestra  doctrina  no  puede  considerarse  como  causante  de  una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por tratarse de una «motivación 
claramente errónea», que es como ha sido calificada por la sentencia de la que ahora 
discrepo.
En cualquier caso he de reiterar que el recurso de amparo no poseía especial 
trascendencia constitucional. La doctrina de este tribunal (SSTC 5/2009 y, siguiendo a 
esta, 71/2010) no postula en modo alguno que sea controlable en amparo cualquier 
discrepancia sobre la labor judicial de cotejo de los elementos de la acción de regreso en 
la solidaridad pasiva, sino solo cuando de manera palmaria y evidente se observa una 
errónea apreciación de sus elementos, defecto que aquí no se percibe. Reviste, en su 
caso, un problema de legalidad ordinaria sobre la que no cabe inmiscuirse y, desde 
luego, he de subrayar que tal como este tribunal viene afirmando desde antiguo, no hay 
derecho al acierto judicial (entre muchas, STC 142/2021, de 2 de julio, FJ 4, citada en la 
propia sentencia) y, por consiguiente, solo se vulnera el derecho a la motivación cuando 
puede afirmarse sin mayor esfuerzo intelectual y argumental que el razonamiento que 
fundamenta  la  resolución  judicial  es  de  tal  magnitud  en  su  irrazonabilidad  o  tan 
patentemente erróneo en sus premisas que pueda afirmarse que tal motivación es 
inexistente. Y a mi juicio, nada de ello ha sucedido en el presente recurso.
Y en ese sentido emito mi voto particular.
Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y 
rubricado.