BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 241 Viernes 8 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 122974
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
16347 Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la 
composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para 
el Clima.
El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus 
(Dinamarca), el 25 de junio de 1998, invita a «una mayor participación del público en la 
toma  de  decisiones»,  público  conformado  por  las  personas  físicas,  junto  con  las 
«asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas». En el mismo 
sentido del Convenio se inspira la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental 
y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio  ambiente  (incorpora  las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Esta Ley 27/2006, de 18 de julio, reconoce en su artículo 3 el derecho de todos a 
participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos 
planes,  programas  y  disposiciones  de  carácter  general  relacionados  con  el  medio 
ambiente incluidos en su ámbito de aplicación, dedicando su Título III a la regulación del 
derecho  de  participación  pública  en  asuntos  de  carácter  medioambiental.  Más 
concretamente, su artículo 16 obliga a las Administraciones públicas a velar por la 
garantía de tal derecho y a determinar los miembros del público que podrán ejercer la 
citada participación. No obstante, indica que la regulación efectuada no sustituirá en 
ningún caso cualquier otra disposición que amplíe los derechos reconocidos en la ley.
La lucha contra el cambio climático constituye un formidable reto técnico, científico y 
político, pero también constituye un enorme reto social, cuyo logro no será posible sin la 
participación del conjunto de la sociedad y sin un apoyo amplio de la misma a unas 
políticas públicas ambiciosas de cambio climático.
Es indispensable, por un lado, un esfuerzo continuado y un enfoque transversal 
orientado  a  identificar  estrategias,  políticas  e  instrumentos  que  permitan  desarrollar 
medidas  efectivas  de  actuación  contra  el  cambio  climático.  La  colaboración  de  los 
diversos  actores  sociales,  administraciones,  empresas,  organizaciones  sociales  y 
ciudadanos es indispensable para avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el 
punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y 
efectos del cambio climático.
En este sentido el trabajo de los órganos colegiados ya existentes que, en el ámbito 
nacional, desempeñan diferentes funciones en la lucha contra el cambio climático es 
fundamental, entre ellos el Consejo Nacional del Clima o la Comisión de Coordinación de 
Políticas de Cambio climático.
La Declaración ante la emergencia Climática y Ambiental en España, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Ministros el 21 de enero de 2020, da respuesta al consenso  e.e
generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar  b
el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 347ww
acciMóne dpiaanrate  heascteer  Afrceunetred oa,  leal  Gcroisbisie rcnliom sáeti ccao my parmombieetnióta al  yd easparrorvoellcahr atrre lionsta  blíenneeafsic idoes 
sociEalnetsre y  leocso ncoómmpicroosm qisuoes o efrsetcaeb lleac tirdaonss icsieó nin eccluoylóeg iecla .de reforzar los mecanismos de
participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones con una asamblea ciudadana para el clima, cuya 
composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y 
hombres e incluirá la participación de jóvenes.
Este compromiso se consagra en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética, cuyo artículo 39.1 prevé que los planes, programas, estrategias, 
instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el 
cambio climático y la transición energética hacia una economía baja en carbono se 
lleven a cabo bajo fórmulas abiertas y canales accesibles que garanticen la participación 
de los agentes sociales y económicos interesados y del público, en general, mediante los 
canales  de  comunicación,  información  y  difusión,  en  los  términos  previstos  por  la 
Ley 27/2006, de 18 de julio.
Por su parte el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad 
climática  y  se  modifican  los  Reglamentos  (CE)  401/2009  y  (UE)  2018/1999  («Ley 
Europea del Clima»), recoge el objetivo de neutralidad climática y una aspiración para 
que la Unión se esfuerce por lograr emisiones negativas después de 2050, y establece 
un objetivo climático vinculante para la Unión de una reducción de las emisiones netas 
de  gases  de  efecto  invernadero  en  al  menos  un  55%  para  2030  en  comparación 
con 1990. En este contexto, destaca el reto social que implica el alcanzar la neutralidad 
climática y señala que, dado que la ciudadanía y las comunidades tienen un importante 
papel que desempeñar para impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, 
debe  fomentarse  y  facilitarse  un  fuerte  compromiso  público  en  materia  de  acción 
climática a todos los niveles, incluido el nacional, regional y local, a través de un proceso 
inclusivo y accesible.
En  esta  misma  línea  también  la  Comunicación  de  la  Comisión  al  Parlamento 
Europeo,  al  Consejo,  al  Comité  Económico  y  Social  Europeo  y  al  Comité  de  las 
Regiones, de 9 de diciembre de 2020, del Pacto Europeo por el Clima [COM (2020) 788 
final], reconoce que sólo se podrán alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo con 
una sociedad informada y con un cambio de comportamientos y hábitos en la vida diaria 
de  las  personas.  Declara  en  este  sentido  que  los  procesos  como  los  diálogos  y 
asambleas ciudadanas demuestran que la participación directa de la ciudadanía en 
debates  importantes  y  complejos  crea  copropiedad,  desbloquea  la  innovación 
tecnológica y social y optimiza la toma de decisiones.
España cuenta ahora con un Marco Estratégico de Energía y Clima que hará de 
nuestro país un país más resiliente y climáticamente neutro antes del año 2050. En 
concreto la citada Ley 7/2021, de 20 de mayo, el segundo Plan Nacional de Adaptación 
al  Cambio  Climático  2021-2030,  el  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y 
Clima  2021-2030  y  la  Estrategia  a  Largo  Plazo  para  una  Economía  Moderna, 
Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 establecen, en conjunto, la hoja de ruta y 
las  herramientas  institucionales  para  facilitar  una  transformación  de  la  economía  y 
sociedad española en la que el país ganará en prosperidad, seguridad energética, 
generación  de  empleo,  innovación,  salud,  desarrollo  tecnológico  y  justicia  social, 
acompañando a los colectivos más vulnerables.
En  este  contexto  de  transición  ecológica  y  de  grandes  desafíos  económicos  y 
sociales, el artículo 39.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, prevé expresamente que el 
Gobierno reforzará los mecanismos de participación ya existentes, y garantizará de 
forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en 
materia de cambio climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana  s
del Cambio Climático a nivel Nacional, y se recomendará que se establezcan asambleas  oe.
autonómicas y asambleas municipales. w.
De este modo, la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel nacional ofrece a la  347ww
rceiucdoarrdear,n ílaa sla  apcocsioibnileidsa da  dpeo inneter rveenn imr eanrc ehla d epbaarate  fsreonbarer  ceul ácleasm dbeiob ecnli mseárt ilcoos  cya mevinitaors  ay 
minimizar sus riesgos teniendo en cuenta la solidaridad y la justicia social.
La Asamblea, de carácter deliberativo, se configura como un foro de participación 
ciudadana, un ejercicio democrático sin precedentes en España, para generar reflexión, 
conocimiento colectivo y conocer las valoraciones y las propuestas de la ciudadanía. 
Para su lanzamiento se han analizado otras experiencias deliberativas surgidas en 
países  vecinos  y  las  recomendaciones  en  torno  a  buenas  prácticas  para  procesos 
deliberativos elaboradas por la OCDE.
Deberá acordar unas recomendaciones que servirán para el debate a todos los 
niveles de la Administración Pública y de los actores de la economía y la sociedad y que 
se mandarán al Gobierno y al Congreso de los Diputados, por los cauces establecidos 
legalmente, para asegurar el conocimiento de las propuestas y las preferencias de la 
ciudadanía sobre cómo alcanzar la neutralidad climática y mejorar nuestra capacidad de 
adaptación.
El artículo 3 de esta orden regula el primer mandato de la Asamblea, encomendando 
a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la 
posibilidad del establecimiento de nuevos mandatos.
Las condiciones sanitarias ocasionadas por el COVID-19 nos sitúan aun en un 
contexto de incertidumbre con respecto a la viabilidad de realizar, de manera segura, la 
Asamblea Ciudadana con carácter presencial en un futuro próximo por lo que se plantea 
celebrarla en formato mayoritariamente virtual. Otros países de nuestro entorno han 
apostado por este formato de manera exitosa, poniendo en valor las ventajas que 
plantea no sólo en términos de salud pública, sino también en términos de inclusión y de 
menor huella ambiental.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, recomienda también que se establezcan asambleas 
autonómicas y asambleas municipales. En el caso de su puesta en marcha se podrá 
fomentar y compartir el aprendizaje conjunto en torno a estos procesos deliberativos.
Con esta orden se cumple lo establecido en el artículo 39.1 de la Ley 7/2021, de 20 
de mayo, estableciendo la composición, organización y funcionamiento de Asamblea 
Ciudadana para el Clima, permitiendo así la realización de los trabajos necesarios para 
su puesta en marcha.
La  orden  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación  establecidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, 
justificándose  en  la  necesidad  de  dar  cauce  a  la  previsión  del  artículo  39.1  de  la 
Ley 7/2021, de 20 de mayo.
La orden es acorde también con el principio de proporcionalidad, pues contiene la 
composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima 
que prevé el citado artículo 39.1.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la orden es coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico nacional e internacional. La orden ministerial es el instrumento 
normativo expresamente previsto para cumplir esta finalidad, de acuerdo con el precepto 
mencionado de la Ley 7/2021, de 20 de mayo.
De acuerdo con el principio de transparencia, en la elaboración de la norma se han 
seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa 
vigente. De este modo se ha sometido al trámite de participación pública regulado en el 
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  la  norma  no  contiene  ninguna  carga 
administrativa y no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos 
disponibles por la Administración General del Estado. s
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: oe.
Artículo 1.  La Asamblea Ciudadana para el Clima. 347ww
1.  Esta  orden  tiene  por  objeto  establecer  la  composición,  organización  y
fpurnecviiostnoa menie netlo  adretí clual oA s3a9m.1b ldeea  Clai uLdeayd a7n/a2 0p2a1r,a  deel  C2l0im dae a m naivyeol ,N daec iocnaaml,b cioo ncfloimrmáetic ao  loy 
transición energética.
2.  La finalidad que se persigue es la de reforzar los mecanismos de participación 
ciudadana ya existentes, previstos en el Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio  ambiente,  hecho  en  Aarhus  (Dinamarca),  el  25  de  junio  de  1998;  y  en  la 
Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  regulan  los  derechos  de  acceso  a  la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
3.  La  Asamblea  Ciudadana  para  el  Clima  se  establece  como  un  foro  de 
participación  ciudadana,  que  contará  con  el  apoyo  técnico  y  administrativo  de  la 
Administración General del Estado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el  Reto  Demográfico.  Se  configura  como  un  ejercicio  participativo  deliberativo  para 
generar  reflexión,  conocimiento  colectivo,  conocer  las  valoraciones,  recopilar  y  dar 
traslado a las autoridades competentes de las propuestas de la ciudadanía. De esta 
manera, a través de la Asamblea se establecerá un debate social y responsable para 
informarse, debatir, deliberar y generar consensos sobre cuáles deben ser las soluciones 
a  las  grandes  transformaciones  que  son  necesarias  acometer  para  alcanzar  la 
neutralidad climática antes del año 2050 y para hacer un país más resiliente a los 
impactos del cambio climático.
4.  Su  funcionamiento  se  regirá  por  los  principios  de  representatividad, 
imparcialidad, independencia, transparencia, acceso a la información medioambiental 
sobre  cambio  climático  con  carácter  previo  a  la  participación  y  pluralidad  de  la 
información.
Artículo 2.  Composición.
1.  La Asamblea estará formada por cien personas que representen la diversidad de 
la sociedad española. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación 
equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de jóvenes.
2.  La  selección  de  esas  personas  se  hará  a  través  de  un  equipo  técnico 
independiente, regulado en el artículo 4, aplicando una metodología que asegure la 
aleatoriedad, que permita preservar la calidad y representatividad de la muestra, y 
basada en criterios como la edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica, y 
residencia en área urbana o rural, entre otros.
3.  Los miembros de la Asamblea, cuya participación tendrá carácter voluntario, 
serán independientes e inamovibles. No podrán, en ningún caso, ser miembros de la 
Asamblea:
a)  Los miembros del Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo o 
cualquiera de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, asistentes 
parlamentarios acreditados y asistentes locales del Parlamento Europeo, así como el 
personal de cualquiera de estas cámaras, incluido el de naturaleza eventual.
b)  Los  alcaldes,  concejales  y  miembros  de  las  Juntas  de  Gobierno  de  los 
municipios. Respecto de los municipios en régimen de concejo abierto, únicamente no 
podrán ser miembros los alcaldes.
c)  Las personas titulares de la Presidencia, las Vicepresidencias, los miembros de 
las Juntas de Gobierno y de los Plenos de las diputaciones provinciales, cabildos, 
consejos insulares o entidades equivalentes.
d)  Los empleados de cualquier partido político o de sus fundaciones.
e)  Los miembros del Gobierno de la Nación o de los Gobiernos de las comunidades  e
autónomas, así como a los altos cargos de sus respectivas Administraciones Públicas. bo
una 54d..e  cULlaanrsaa c pvióeenrzs  roaencsaepspo tnassdeaaleb clleac  iepoxanpratodicnaiipsea npcdiaóorn aq  pupoear rn tliooc siipn macrui erermneb nlr aeo nsA  ndsaienm glaub nlAeasa a ddmee beblseetaraá ssn uc p arrueesnsauesnn.ctaiar   2021-16347n https://ww
deberá ser motivada. Se establecerá una reserva de personas para el caso de que algún
miembro de la Asamblea renuncie a su participación. Bc
Artículo 3.  Mandato.
La Asamblea Ciudadana para el Clima tendrá como primer mandato:
1.  Abordar y debatir en torno a la pregunta: «Una España más segura y justa ante 
el  cambio  climático,  ¿Cómo  lo  hacemos?»  Cuestiones  clave  relacionadas  con  las 
soluciones que se encuentran a nuestro alcance para que podamos construir un país 
más seguro con menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos vulnerable 
frente a los riesgos y los impactos del cambio climático y que requieren considerar la 
solidaridad, la equidad, la justicia social y la transición ecológica justa.
2.  La  pregunta  a  debatir  se  acotará  en  temáticas  más  concretas  que  serán 
propuestas por el grupo de expertos independientes referido en el artículo 4.1.b) con la 
ayuda ciudadana, en aras a identificar aquellos temas relacionados con la neutralidad 
climática y la mejora de la resiliencia que más relevantes resulten para la ciudadanía.
3.  Como  resultado  de  sus  debates  la  Asamblea  elaborará  un  informe  de 
recomendaciones. Dicho informe será público, se remitirá al Gobierno, y se presentará al 
Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados  a  través  de  los  cauces  establecidos  en  el 
ordenamiento jurídico, todo ello con el fin de facilitar el debate y la toma de decisiones en 
materia de política de cambio climático.
Artículo 4.  Gobernanza.
1.  La  Asamblea  contará  con  una  gobernanza  independiente  y  transparente 
compuesta por personas físicas o jurídicas designadas en función de su reconocida 
experiencia o prestigio en materias relacionadas con el cambio climático atendiendo a 
las necesidades de cada mandato, que actuará a través de:
a)  Un panel de coordinación independiente que facilite los trabajos técnicos de 
preparación, puesta en marcha y apoyo logístico de la Asamblea. Será de carácter 
privado y multidisciplinar.
b)  Un grupo de expertos independientes de carácter consultivo, cuya función será 
dar apoyo a la Asamblea en cuestiones como el planteamiento de los temas a tratar, la 
formación de la agenda y la propuesta de personas que puedan aportar información 
precisa, equilibrada y completa a la Asamblea, con el fin de generar un debate amplio e 
informado, que sea accesible a la ciudadanía.
Este grupo de expertos independiente estará formado por un máximo de 20 personas 
con reconocido prestigio en el ámbito del clima, la energía, la biodiversidad, el medio 
ambiente y en el ámbito de la transformación social, entre otros, propuestas sobre la 
base de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Clima, el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente y las Comisiones de Transición Ecológica del Congreso y del Senado.
Funcionará de manera independiente y deberá nombrar a dos coordinadores, que 
podrán ser rotatorios. El mandato y los nombres de los miembros del grupo de expertos 
se publicarán en la página web de la Asamblea.
c)  Se  podrá  contar  con  un  máximo  de  dos  personas  físicas,  privadas  e 
independientes, que ejercerán como portavoces y comunicadores de los trabajos de la 
Asamblea. Estas personas serán designadas por el grupo de expertos regulado en el 
apartado b).
d)  Un equipo técnico independiente de carácter privado para la selección de las 
personas  participantes  y  otro,  igualmente  independiente,  especializado  en  procesos 
deliberativos, para diseñar y dinamizar las sesiones de la Asamblea. La Fundación  e.
Biodiversidad,  F.S.P.  realizará  las  actuaciones  administrativas  necesarias  para  su  w.b
selección de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  347ww
PPaúrblalicmoe, nptoo rE luar oqpueeo  sye d etrla Cnsopnosneejon 2 a0l1 4o/r2d3e/nUaEm yie 2n0to1 4ju/2r4íd/UicEo , edsep 2a6ñ odl el afesb Dreirroe cdtiev a2s0 1d4e.l
2.  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la
Oficina Española de Cambio Climático, prestará el apoyo técnico y administrativo.
Artículo 5.  Método de los trabajos de la Asamblea.
1.  La  Asamblea  se  reunirá  durante  cinco  sesiones  que  tendrán  lugar 
preferiblemente los sábados y domingos.
2.  Con el fin de facilitar los trabajos del mandato de la Asamblea las sesiones se 
organizarán en tres fases:
a)  Aprendizaje y conocimiento proporcionando a los miembros de la Asamblea 
información equilibrada, clara y completa;
b)  Discusión y debate de la temática en cuestión y
c)  Preparación y votación de un informe de recomendaciones.
3.  Los miembros de la Asamblea podrán convocar una reunión adicional si así lo 
acuerdan, con el fin de terminar los trabajos asociados a su mandato.
4.  La Asamblea se regirá por las normas de funcionamiento que acuerde por 
mayoría de votos.
5.  El plazo para la terminación de los trabajos derivados del mandato regulado en el 
artículo 3, será de doce meses a partir de la primera sesión de la Asamblea.
6.  La información relativa a la Asamblea, será accesible al público y se publicará en 
una  página  web  propia  donde  se  actualizará  toda  la  información  pertinente  a  sus 
sesiones, avances y resultados.
Disposición adicional primera.  Establecimiento de nuevos mandatos.
1.  Se podrán establecer nuevos mandatos de la Asamblea Ciudadana para el Clima 
por orden ministerial de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.
2.  Las personas que componen la Asamblea y sus órganos de gobernanza serán 
renovados para cada mandato conforme a lo previsto en los artículos 2 y 4.
Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto público.
El funcionamiento de la Asamblea no supondrá incremento de gasto público. En 
ningún caso podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la 
Administración General del Estado.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  29  de  septiembre  de  2021.–La  Vicepresidenta  Tercera  del  Gobierno  y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.