BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47579
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6610 Sala Primera. Sentencia 64/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 862-2020. Promovido por Grúas Puente Rublán, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Benavente 
(Zamora) en proceso ordinario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión:  inadecuada  utilización  de  la  dirección  electrónica  habilitada 
como  cauce  de  comunicación  del  primer  emplazamiento  procesal  (STC 
40/2020).
ECLI:ES:TC:2021:64
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 862-2020, promovido por Grúas Puente Rublán, S.L., 
representada por el procurador de los tribunales don Luis Domingo Fernández Espeso y 
asistida por el abogado don José Luis Merino García, contra el auto del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Benavente, de 20 de enero de 2020, que desestimó el 
incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la sentencia 39/2019, de 26 de 
marzo, dictada en el procedimiento ordinario núm. 297-2018, promovido por la entidad 
REC Accesorios, S.L., personada en estas actuaciones, representada por el procurador 
de los tribunales don Alberto del Hoyo López y asistida por el abogado don Marco 
Antonio Furones Gil. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado 
don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en el registro general de este tribunal el 10 de febrero 
de 2020, el procurador de los tribunales don Luis Domingo Fernández Espeso, actuando 
en nombre y representación de Grúas Puentes Rublán, S.L., bajo la defensa del letrado 
don José Luis Merino García, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones 
arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La  mercantil  REC  Accesorios,  S.L.,  presentó  demanda  de  juicio  ordinario  e.
señalando  como  parte  demandada  a  Grúas  Puente  Rublán,  S.L.,  que  dio  lugar  al  w.
procedimiento ordinario 297-2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2  10ww
de Bbe) naPveonr tee.l  letrado  de  la  administración  de  justicia  se  dictó  decreto  de  17  de
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que la contestara en el plazo de veinte días hábiles, con las siguientes prevenciones: 
Apercibir a la parte demandada que, si no compareciera dentro del plazo indicado, se la 
declarará en situación de rebeldía procesal [art. 496.1 de la Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC)]; advertir a la parte demandada que la comparecencia en juicio debe realizarse por 
medio de procurador y con asistencia de abogado (arts. 23 y 31 LEC) y llevar a efecto el 
emplazamiento de la parte demandada a través de la sede electrónica, para lo cual se 
librarán los despachos correspondientes.
Dicha  notificación  a  través  de  la  sede  electrónica,  tal  y  como  consta  en  la 
certificación del «libro de actos de comunicación» de fecha 28 de marzo de 2019, se 
remitió a la dirección electrónica el 26 de septiembre de 2018 y consta con fecha de 
recepción el 26 de septiembre, pero no consta fecha de «retirada del destinatario».
c)  Por diligencia de ordenación de 21 de enero de 2019 se declaró a la demandada 
en situación legal de rebeldía, señalándose la celebración de la audiencia previa el 
día 12 de febrero de 2019 a las 12:15 horas. Esta diligencia de ordenación también fue 
notificada a través de la sede electrónica. Según consta en el certificado del «libro de 
actos de comunicación» de 28 de marzo de 2019, se remitió a la dirección electrónica 
el 23 de enero de 2019 y fue recepcionada ese mismo día, pero no consta fecha de 
«retirada del destinatario».
d)  Celebrada la audiencia previa el día señalado, con la sola asistencia de la parte 
demandante, el 26 de marzo de 2019 se dictó sentencia estimatoria de la demanda.
e)  Por el procurador de REC Accesorios, S.L., se presentó demanda ejecutiva que 
dio lugar a los autos de ejecución de títulos judiciales 79-2019 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Benavente, dictándose auto de 28 de junio de 2019, 
por el que se acordó adoptar orden general de ejecución, y despachar ejecución por las 
cantidades correspondientes por el principal e intereses. En la misma fecha se dictó 
decreto en orden a dar efectividad a las medidas acordadas. El auto y el decreto 
señalados fueron notificados a la demandada en su domicilio el día 2 de julio de 2019, 
momento en el que tuvo conocimiento del procedimiento de juicio ordinario 297-2018.
f)  El 11 de julio de 2019, la representación procesal de Grúas Puente Rublán, S.L., 
presentó  escrito  dirigido  a  ambos  procedimientos  (ordinario  y  de  ejecución), 
interponiendo incidente de nulidad de actuaciones alegando la infracción de lo previsto 
en los arts. 155, 158 y 161 LEC, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24.1  CE),  aduciendo  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sentada  en  la 
STC 47/2019, de 8 de abril.
g)  Por auto de 20 de enero de 2020, el juzgado desestimó el incidente de nulidad 
de actuaciones planteado por la entidad recurrente. En su fundamento jurídico segundo, 
y tras constatar la forma telemática de las notificaciones impugnadas, se admite el 
conocimiento  de  la  «nueva  doctrina  constitucional»  mencionada  en  el  escrito.  No 
obstante,  considera  que  el  órgano  judicial  «actuó  conforme  al  Derecho  vigente  y 
aplicable durante la tramitación de [ese] procedimiento (previo a tal doctrina) y, por ende, 
ninguna indefensión se le causó a la parte demandada». Para ello, señala que la 
STC 6/2019 (a la que se remite la STC 47/2019) fue publicada con posterioridad a la 
sentencia dictada en su procedimiento (en concreto, el 14 de febrero de 2019). Sobre 
esa base, con cita de los arts. 31.1 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), entiende que la STC 6/2019, no puede «afectar a la fuerza de cosa juzgada de 
sentencias firmes ya dictadas y, como consecuencia, al principio de seguridad jurídica», 
y «mucho menos» cuando en esa sentencia «no se declara la inconstitucionalidad de 
una norma». Otro tanto sucede con la STC 47/2019, como se expone en el fundamento  s
jurídico tercero del auto impugnado. Para el juzgado, esa sentencia «nada concreta  oe.
sobre la posible retroactividad de [su] interpretación, por lo que entiende […] que debe  w.
prevalecer […] la fuerza de cosa juzgada de la sentencia firme ya dictada y el principio  10ww
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pues así lo impone el parámetro constitucional de la racionalidad de la decisión judicial y 
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, interdicción de la arbitrariedad y 
principio tempus regit actum, los cuales [se] entiende incompatibles con declarar en este 
momento la nulidad de todo lo actuado». Finalmente, se reconoce el «especial deber que 
tienen los órganos judiciales de garantizar la efectividad de los actos de comunicación 
procesal, dada su vinculación [con] el derecho fundamental de defensa y a una tutela 
judicial efectiva». No obstante, señala que, por un lado, «hay constancia de la correcta 
remisión del acto de comunicación», y por otro, que el emplazamiento se hizo siguiendo 
las «instrucciones dadas por el Ministerio de Justicia en el año 2016». De manera que 
solo «tras el fallo de la citada sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 8 de abril 
de 2019 [es] cuando el Ministerio de Justicia ha comunicado a todos los secretarios de 
gobierno de tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo la 
obligación de notificar la citación o primer emplazamiento a las sociedades y demás 
personas jurídicas demandadas en su domicilio, y no mediante comunicación telemática 
a través de la dirección electrónica habilitada facilitada por el Ministerio de Hacienda».
3.  La demanda de amparo alega que la resolución impugnada vulnera el derecho a 
la tutela judicial efectiva, sin indefensión, así como el derecho de defensa (art. 24 CE).
Tras  exponer  los  antecedentes  de  hecho  que  considera  de  interés,  la  entidad 
recurrente afirma que el órgano judicial incumplió la normativa procesal (art. 155.2 LEC), 
al haber notificado telemáticamente el primer emplazamiento, cuando la norma exige que 
se haga de forma personal y con entrega de documentación.
Considera que no se respetaron las cautelas o garantías de este primer acto de 
comunicación y que, por dicha causa, se ha tramitado el proceso inaudita altera pars. 
En apoyo de dicha alegación, se detiene en la doctrina constitucional, en particular en la 
citada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero y 47/2019, de 8 de abril, y censura el 
razonamiento contenido en el auto resolutorio del incidente de nulidad pues estima que 
«la juez a quo no ha percibido que la prescripción del art. 155.1 de la LEC está 
directamente conectado con el derecho de acceso al proceso y a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 de la CE» y enfatiza que siendo conocida por el órgano judicial la 
doctrina constitucional, resulta «doblemente lesivo del derecho a la tutela judicial, pues 
reitera a sabiendas la lesión inicialmente producida, en lugar de subsanarla».
Sistematiza la recurrente los motivos de especial trascendencia constitucional en tres 
apartados:
a)  Particularidad sobre la aplicación directa de la Constitución Española.
Alega en este apartado que el auto de fecha 20 de enero de 2020, que deniega la 
nulidad de actuaciones, «no aplica ni la letra de los arts. 5.1 y 7.1 y 2 de la LOPJ ni los 
principios»; añade que estos preceptos subrayan la vinculación directa de la Constitución 
y exigen, art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una interpretación y 
aplicación  de  las  leyes  según  la  letra  de  esas  disposiciones  constitucionales  y  los 
principios generales que emanan de las mismas en tanto que el art. 7 LOPJ, tras reiterar 
el  vínculo  directo  del  criterio  judicial  con  nuestra  Constitución,  hace  una  mención 
especial al reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales «sin 
que  las  resoluciones  judiciales  puedan  restringir,  menoscabar  o  inaplicar  dicho 
contenido».
Considera la recurrente que «el razonamiento que le lleva a la juez a quo a la no 
subsanación  del  incorrecto  emplazamiento  del  litigante  contiene  una  desvinculación  s
entre la proclamación contenida en el art. 24.1 de la CE, sobre la tutela judicial efectiva y  oe.
el derecho a un proceso sin indefensión, y el criterio judicial, ya que según se razona  w.
ieenqnteucroivmnotecrdaairda acemiól ne nntdeeex lo e Tnr dibleau  nrsaeuls so Cluodcneisóctniist uiolconisoe nsja ule»ec,n e lsol  ayq  unteroi bremusnatai mlefaus  nddneao m «peruenelteadvle,a nn sceaiaslv toae b lepincotere rr élaos    2021-6610n https://ww
constitucional claro, para que los jueces y tribunales tengan la constatación de que la
cúspide  normativa  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  (CE)  debe  ser  asequible  a  la
aplicación directa; mucho más –añadimos– cuando la legalidad ordinaria es conforme a 
la Constitución y hubiera bastado con haber respetado la primera».
b)  Resistencia al acatamiento de la doctrina constitucional.
Manifiesta el recurrente que «subyace en la construcción del auto una posición ab 
initio contraria a la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, la cual era clara y 
patente para la juez a quo.  No es posible que desde una sana sensibilidad jurídica 
hacia  el  derecho  fundamental  se  construyan  unos  razonamientos  que  lleven  a  lo 
contrario de lo que es accesible para cualquier jurista, desde la simple lectura del texto 
constitucional hasta las reflexiones efectuadas por el Tribunal Constitucional en sus 
sentencias. Mucho más cuando se advierte a tiempo que, con posterioridad al primer 
acto de lesión del derecho fundamental –el decreto de emplazamiento–, el Tribunal 
Constitucional  se  ha  pronunciado  en  contra  de  la  práctica  procesal  que  hemos 
denunciado en todo el recurso de amparo, por lo que había momento para corregir la 
lesión».
c)  Resoluciones contradictorias.
Afirma también el recurrente que por el órgano judicial «en unos casos se acogió la 
nulidad de actuaciones y se procedió a nuevo emplazamiento, mientras que en otros 
casos –como el presente– se denegó la subsanación»; considera irrelevante que «los 
resultados contradictorios estén pronunciados por servidores del órgano distintos por 
razón del cambio de la persona titular del juzgado que nos ocupa. Lo importante es que 
estas aporías generan un estado de inseguridad y de arbitrariedad que repugna a 
cualquier conciencia ciudadana, y mucho más al sentir de la comunidad jurídica».
4.  La Sección Primera de este tribunal dictó providencia el 19 de octubre de 2020 
por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el 
órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]»; y (ii) dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Benavente, a fin 
de que remita «certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al 
procedimiento ordinario núm. 297-2018», debiendo «emplazarse […] a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento» de origen, excepto a la «recurrente en amparo», para 
poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días.
5.  Por escrito registrado el 9 de noviembre de 2020, el procurador de los tribunales 
don Alberto del Hoyo López, actuando en nombre y representación de REC Accesorios, 
S.L., bajo la dirección letrada de don Marco Antonio Furones Gil, solicitó que se le tuviera 
por personado en este recurso, entendiéndose con esa representación las sucesivas 
diligencias y notificaciones que se produjeran.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de 25 
de noviembre de 2020 se acordó, de un lado, tener por personada y parte a la entidad 
REC Accesorios, S.L., a través del procurador mencionado, y de otro, dar vista de las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme 
con lo previsto en el art. 52.1 LOTC. s
7.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de  w.b
alegaciones el 5 de enero de 2021. En el mismo interesó que se dictara resolución  10ww
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el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del decreto de 17 de septiembre de 2018 por el que se admitió a 
trámite la demanda y se acordó emplazar a la parte demandada en el procedimiento 
ordinario  297-2018  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de 
Benavente», así como la retroacción de las actuaciones «al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación para que se le dé al recurrente [la] posibilidad de formular 
oposición a la ejecución».
En su escrito, la fiscal comienza con una reseña de los antecedentes que considera 
de interés, para continuar señalando que nos encontramos ante el mismo supuesto que 
ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero 
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta parcialmente. En estas resoluciones 
se concedió el amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las 
SSTC 6/2019,  de 17  de enero y 47/2019, de 8 de abril, de las que se deriva la 
obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y con 
entrega en papel de la documentación, conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 LEC.
9.  La representante procesal de REC Accesorios, S.L., presentó su escrito de 
alegaciones el 7 de enero de 2021. En su escrito solicita la inadmisión del recurso de 
amparo por ausencia de trascendencia constitucional que justifique un pronunciamiento 
sobre el fondo. Señala que en el presente caso, si bien se alegan tres motivos que en su 
enunciado justificarían la especial trascendencia constitucional, no se contiene en el 
desarrollo argumental de referidos motivos por qué el contenido del recurso merece una 
decisión de fondo, más allá del interés propio del recurrente de la reparación de la 
eventual lesión de derechos fundamentales en el caso concreto.
Subsidiariamente, considera que no hay vulneración del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva. En primer lugar, afirma que la referida sentencia del Tribunal 
Constitucional no es aplicable al presente caso porque resuelve un recurso interpuesto 
frente a un auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Toledo en materia laboral, 
siendo por tanto de aplicación los arts. 53 y siguientes de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social.
En  segundo  lugar,  señala  que  se  ha  seguido  el  procedimiento  legalmente 
establecido,  pues  las  notificaciones  se  han  realizado  en  la  dirección  electrónica 
habilitada  y  constan  recibidas  en  destino,  sin  que  se  haya  acreditado  que  por  la 
demandada se hubiera revocado esa dirección.
Por último, alega que el proceder judicial en relación a la notificación realizada no es 
en absoluto caprichoso y tampoco emplea argumentos de la doctrina administrativa para 
resolver  un  asunto  de  lesión  de  derechos  fundamentales.  La  notificación  está 
correctamente realizada, pues el órgano judicial se adecuó a los requisitos procesales 
exigidos tras la promulgación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que obligó a las 
personas jurídicas a relacionarse con la administración de justicia por vía telemática a 
través  de  la  dirección  electrónica  habilitada.  Insiste  en  que  el  Juzgado  actuó  de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley y la interpretación jurisprudencial y doctrinal que 
se hacía de la norma en el momento de practicar la notificación.
10.  Mediante providencia 11 de marzo de 2021 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos e.e
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes. 10ww
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actuación judicial consistente en la inadmisión de incidentes de nulidad de actuaciones,
por considerar realizados conforme a derecho las notificaciones de la admisión de una  Bc
demanda y el consiguiente emplazamiento para personación a través del servicio de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.
La demanda de amparo alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en 
su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer  indefensión,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación de la demanda. La parte 
contraria en el procedimiento judicial de origen interesa la desestimación del recurso por 
los motivos recogidos en los antecedentes de esta sentencia.
2.  Sobre la especial trascendencia constitucional del recurso.
Antes de entrar en el análisis de fondo, hemos de efectuar una consideración previa 
en relación con el óbice procesal alegado por la representación procesal de la entidad 
REC Accesorios, S.L., relativo a la falta de especial trascendencia constitucional del 
recurso.
Como hemos tenido la oportunidad de señalar en otras ocasiones, el momento 
procesal  idóneo  para  el  análisis  del  cumplimiento  de  este  requisito  material  de 
admisibilidad es el trámite de admisión de la demanda de amparo (SSTC 126/2013, de 3 
de junio, FJ 2; 170/2013, de 7 de octubre, FJ 2, y 191/2013, de 18 de noviembre, FJ 2), 
correspondiendo únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar en cada caso la 
existencia o inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», esto es, si el 
contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al 
art. 50.1 b) LOTC, a «su importancia para la interpretación de la Constitución, para su 
aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de 
los derechos fundamentales» (SSTC 95/2010, de 15 de noviembre, FJ 4; 47/2014, de 7 
de abril, FJ 2, y 54/2015, de 16 de marzo, FJ 4). Pues bien, en tal fase procesal 
apreciamos –sin que encontremos ahora razones para modificar esa inicial apreciación– 
que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  «como 
consecuencia  de  que  el  órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal» [STC 155/2009, 
de 25 de junio, FJ 2 a)].
La parte demandante en el procedimiento de origen considera que no se cumple el 
requisito de la especial trascendencia constitucional de este recurso porque, si bien en la 
demanda  se  alegan  tres  motivos  que  en  su  enunciado  justificarían  la  especial 
trascendencia constitucional, no se razona en el desarrollo argumental de los referidos 
motivos por qué el contenido del recurso merece una decisión de fondo, más allá de la 
propia vulneración alegada.
Sin  embargo,  un  análisis  de  la  justificación  de  la  especial  trascendencia 
constitucional alegada en la demanda, nos lleva a la conclusión de que esta expone y 
argumenta los motivos por los que entiende que concurre este requisito procesal. El 
recurrente no alega ningún apartado concreto de la STC 155/2009, pero de los términos 
de su escrito se deduce que invoca un incumplimiento del deber del órgano judicial de 
acatar la doctrina de este tribunal y, así, literalmente el segundo de los apartados, de los 
tres en que divide la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, 
lleva por rúbrica «Resistencia al acatamiento de la doctrina constitucional». En este 
apartado señala el recurrente que el auto recurrido recoge los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional sobre la materia, pero «subyace en la construcción del auto una  e
posición ab initio contraria a la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, la  bo
cual era clara y patente para el juez a quo». Añade que, «se advierte a tiempo que, con  10ww
epmosptelarzioarmidiaedn toa–l , eplr imTreibru naaclt oC odnes titluecsiioónna l dseel  hdae rpercohnou ncfuianddoa mene nctoanl tr–ae dl ed leac rpertáoc tidcae 
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obstrucción directa a la aplicación de la Constitución en el caso, que contraría toda la
doctrina  del  Tribunal  Constitucional  al  respecto,  resistiendo  a  dejar  sin  efecto  una 
resolución judicial –el emplazamiento– bajo una argumentación fútil que se condensa en 
que se ha conocido su carácter contrario a la Constitución demasiado tarde».
Ciertamente  mediante  dicha  alegación  la  mercantil  recurrente  cumple  con  la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC, según la cual, en todo caso, «la demanda justificará 
la especial trascendencia constitucional del recurso», y con la carga procesal que la 
misma encarna, así como con la finalidad de colaborar con la justicia constitucional que 
dicha previsión pretende, (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3), satisfaciendo el 
«esfuerzo argumental» exigido (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4). En efecto, la 
recurrente ha tratado de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso en 
el hecho de existir una doctrina específica del Tribunal Constitucional sobre el cabal 
entendimiento del art. 155.1 LEC y su conexión con el art. 24.1 CE que el órgano judicial 
decide no aplicar. De este modo, no se ha limitado a efectuar una mera afirmación sobre 
la  existencia  de  la  vulneración  de  un  derecho  fundamental,  como  sostiene  la 
representación  de  REC  Accesorios,  S.L.,  y  que  en  modo  alguno  permitiría  el 
cumplimiento de la carga procesal exigida, sino que ha disociado adecuadamente la 
argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión del derecho fundamental y 
los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial 
trascendencia constitucional (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
De acuerdo con lo expuesto, el óbice planteado ha de ser desestimado.
3.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Una vez desestimada la cuestión formal alegada, y planteado el debate en los 
términos  descritos,  debe  indicarse  que  el  Pleno  de  este  tribunal  ha  dictado  la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de resolver un 
recurso de amparo donde se dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí 
las partes, con fallo estimatorio de la demanda. El pronunciamiento contenido en la 
citada STC 40/2020, ha sido ulteriormente reiterado en las SSTC 43/2020, de 9 de 
marzo; 55/2020, de 15 de junio; 76/2020, de 29 de junio; 176/2020, de 30 de noviembre, 
o 33/2021, de 15 de febrero.
Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a 
una fundamentación o resultado diferente a lo declarado entonces, procede por tanto 
que hagamos aplicación de la doctrina expuesta en el citado precedente.
Así, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es de aplicación la 
doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), dictada 
en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en 
proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del emplazamiento 
personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la LEC 
(directa  o  supletoriamente),  como  primera  comunicación  con  el  órgano  judicial 
competente, sin que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», tal y como 
ocurre con la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. El emplazamiento 
personal se exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC 
sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese 
primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial «acarrea por 
tanto la conculcación [del] derecho fundamental» a la tutela judicial efectiva, como ya ha 
declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, 
civiles  y  concursales,  que  se  especifican  en  el  mismo  fundamento  jurídico  3, 
precisamente  en  aplicación  de  la  doctrina  de  referencia  (ver,  en  tal  sentido,  las  e
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3;  bo
7/2020, de 27 de enero, FJ 2; 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3, y STC 129/2019, de 11  10ww
de nFoivniaelmmbernet,e F, Jc o4n).stata la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de
hvualcneerrsaer otna melb diéenr eecnh oe al  plare tsuetenltae  jusduipcuiaels etofe, cqtiuvea  dlaes  lare rseocluurcrieonntees.  Ejul djuicziaglaedso i mopptuóg pnoard uans 
emplazamiento a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto en la 
normativa procesal para estos casos. Ese sistema de notificación determinó que el 
procedimiento se siguiera a espaldas de la entidad ahora recurrente, que no pudo ejercer 
las acciones que tuviera por conveniente.
Una vez tuvo conocimiento del proceso, y planteado el correspondiente incidente de 
nulidad de actuaciones, este fue indebidamente desestimado.
En efecto, la entidad recurrente expuso ante el juzgado la existencia de una doctrina 
consolidada de este tribunal, y el juzgado rechazó su aplicación mediante la invocación 
de  su  supuesta  irretroactividad  y  de  una  pretendida  primacía  vinculante  de  unas 
instrucciones gubernativas sobre los sistemas de notificaciones telemáticas.
Los razonamientos empleados en el auto impugnado no pueden ser acogidos. El 
juzgado consideró que no debía aplicar la doctrina de este tribunal, argumentando para 
ello lo dispuesto en los arts. 31.1 y 40 LOTC que, como el propio juzgado reconoce, 
están  previstos  para  los  procedimientos  de  inconstitucionalidad  de  disposiciones 
normativas (art. 40 LOTC), de naturaleza muy diversa a la que nos ocupa. Menor 
consistencia tiene el argumento de que se actuó en cumplimiento de las instrucciones 
gubernativas recibidas sobre la utilización del sistema de notificaciones telemáticas con 
las personas jurídicas, que se modificaron con posterioridad a las sentencias de este 
tribunal invocadas en el incidente. De esta forma, el juzgado obviaba el deber contenido 
en el art. 5.1 LOPJ de interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales, «conforme a la interpretación de los mismos que 
resulte  de  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal  Constitucional  en  todo  tipo  de 
procesos». Una vez invocada la doctrina de este tribunal, el juzgado debió aplicarla en el 
caso concreto a fin de reparar la vulneración alegada, lo que no hizo.
En consecuencia, procede la estimación del amparo por vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede,  igualmente,  el  restablecimiento  del  derecho  vulnerado,  acordando  la 
nulidad de la resolución impugnada y de todo lo actuado en el procedimiento de origen, 
desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al  emplazamiento  a  través  de  la  dirección 
electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique 
dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de 
manera respetuosa con el derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Grúas Puente Rublán, S.L., 
y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 20 de 
enero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Benavente,  en  el  proceso  ordinario  núm.  297-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  e.e
actuaciones realizadas a partir del decreto de 17 de septiembre de 2018, por el que se  b
acordó la admisión a trámite de la demanda y la notificación y emplazamiento a la parte  10ww
dem3a.nº daRdeat,r oathroarear  reel cpurrorceendteim. iento al momento inmediatamente posterior al dictado del
decreto de 17 de septiembre de 2018, debiendo llevarse a cabo de nuevo por el juzgado
el trámite de notificación y emplazamiento a la parte demandada, de forma que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.