BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Viernes 4 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 68348
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9315 Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil y de bienes muebles de León a practicar la inscripción 
de una escritura de reducción de capital social.
En el recurso interpuesto por don I. J. P. G., abogado, en nombre y representación de 
la sociedad «Carflor, SL», contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes 
Muebles de León, don Óscar María Roa Nonide, a practicar la inscripción de una 
escritura de reducción de capital social.
Hechos
I
La  sociedad  «Carflor,  SL»,  mediante  escritura  autorizada  el  día  23  de  octubre 
de  2020  por  el  notario  de  Madrid,  don  Fernando  Sánchez-Arjona  Bonilla,  con  el 
número 1.725 de protocolo, elevó a público el acuerdo adoptado en la junta general 
universal, de fecha 6 de junio de 2020, de reducción de capital social a 3.000 euros por 
pérdidas, previa cancelación de todas las reservas existentes.
II
Presentada el día 12 de noviembre de 2020 dicha escritura en el Registro Mercantil de 
León, fue calificada el día el día 13 de noviembre de 2020 con la siguiente nota: «No figura 
el balance aprobado por la junta general de socios que ha de servir de base a la operación 
de reducción del capital social por pérdidas, el cual debe referirse a una fecha comprendida 
dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo, previa verificación por el 
auditor de cuentas de la sociedad si estuviera obligada a auditar las cuentas, y si no lo 
estuviera, por un auditor nombrado por los administradores de la sociedad, y cuyo informe 
tampoco se incorpora en la escritura presentada (art. 323 LSC)».
Mediante diligencia subsanatoria, de fecha 29 de diciembre de 2020, se incorporó 
una nueva certificación a la escritura antes mencionada para hacer constar que, en la 
misma junta general de fecha 6 de junio de 2020, después de acordar la cancelación de 
las reservas y la reducción de capital social por pérdidas, se acordó por unanimidad 
efectuar  una  aportación  directa  a  fondos  propios  de  la  sociedad  para  compensar 
pérdidas, y se declaraba expresamente «que el Balance que sirve de base para la 
reducción de capital no está verificado por el auditor de cuentas, toda vez Carflor, SL es 
una sociedad limitada en la que no existe derecho de oposición de acreedores ante esta 
operación de reducción de capital y simultánea aportación directa a los fondos propios, 
que se reequilibran –saneando la Sociedad–».
Presentada  nuevamente  el  día  30  de  diciembre  de  2020  la  escritura  con  su 
diligencia, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Don Óscar María Roa Nonide, Registrador Mercantil de León, previo el consiguiente  o
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6  15ww
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 152/848.
F. presentación: 12/11/2020.
Entrada: 1/2020/3.708,0.
Sociedad: Carflor Sociedad Limitada.
Hoja: LE-2868.
Autorizante: Sánchez-Arjona Bonilla, Fernando.
Protocolo: 2020/1725 de 23/10/2020.
Fundamentos de Derecho
1.  Reportada  la  precedente  escritura  con  una  diligencia  de  subsanación  de 
fecha 29 de diciembre de 2020, es objeto de la siguiente calificación: El balance que ha 
de servir de base a la operación de reducción del capital social por pérdidas tiene que 
estar verificado por el auditor de cuentas de la sociedad si estuviera obligada a auditar 
las cuentas y si no lo estuviera por un auditor nombrado por los administradores de la 
sociedad, y cuyo informe tampoco se incorpora en la escritura presentada, teniendo en 
cuenta que la cifra de capital social resultante de la operación formalizada es inferior a la 
inicial en perjuicio de los acreedores (art. 323 LSC y, entre otras resoluciones, las 
RDGRN de 2 de marzo de 2011 y RDGSJFP de 27 de febrero de 2019).
En relación con la presente calificación: (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don Óscar 
María Roa Nonide a día 15/01/2021.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  I.  J.  P.  G.,  abogado,  en  nombre  y 
representación de la sociedad «Carflor, SL», interpuso recurso el día 17 de febrero 
de 2021 en los siguientes términos:
«A)  Hechos.–La sociedad Carflor, SL (en adelante, la “Sociedad”) presentaba una 
situación de pérdidas acumuladas que hacían necesaria la realización de actuaciones 
tendentes a reequilibrar y sanear el estado patrimonial de la Sociedad.
A tal fin, la Sociedad acordó con fecha 6 de junio de 2020 una cancelación de 
reservas, con reducción de su capital social y con aportación directa de fondos por parte 
de los socios a los Fondos Propios de la Sociedad, para restablecer el equilibrio entre 
capital y patrimonio neto disminuido por pérdidas, basándose para ello en el balance 
cerrado a 31 de diciembre de 2019, esto es, menos de seis (6) meses antes de la fecha 
de adopción de los acuerdos referidos.
Los mencionados acuerdos fueron elevados a público por virtud de la escritura 
otorgada ante el Notario de Madrid D. Fernando Sánchez-Arjona Bonilla el día 23 de 
octubre de 2020 con el número 1725 de orden de su protocolo, presentada a inscripción 
telemáticamente ante el Registro Mercantil correspondiente desde la propia notaría.
Dicha  escritura  recibió  una  calificación  inicial  defectuosa  que  fue  objeto  de 
subsanación mediante diligencia de 29 de diciembre de 2020 extendida por el mismo  s
notario y por la cual se unía a la escritura original certificación emitida por el secretario  o
no consejero, con el visto bueno del presidente del consejo de administración, por la cual  w.
se rectificaban ciertas omisiones padecidas en la certificación inicialmente incorporada. 2021-9315n https://ww
Presentada  nuevamente  la  escritura  antes  referenciada  (asimismo  de  modo 
telemático desde la propia notaría), fue calificada también como defectuosa con los 
siguientes fundamentos:
“El balance que ha de servir de base a la operación de reducción del capital social 
por pérdidas tiene que estar verificado por el auditor de cuentas de la sociedad si 
estuviera obligada a auditar las cuentas y si no lo estuviera por un auditor nombrado por 
los administradores de la sociedad, y cuyo informe tampoco se incorpora en la escritura 
presentada, teniendo en cuenta que la cifra de capital social resultante de la operación 
formalizada es inferior a la inicial en perjuicio de los acreedores (art. 323 LSC y, entre 
otras resoluciones, las RDGRN de 2 de marzo de 2011 y RDGSJFP de 27 de febrero 
de 2019).” (…)
B)  Fundamentos de Derecho.–En contra de la nota objeto del presente recurso, 
esta parte aporta las siguientes afirmaciones:
Es cierto que el artículo 323 de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, 
“LSC”) establece con meridiana claridad que:
“Artículo 323.  El balance.
1.  El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por pérdidas 
deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente 
anteriores al acuerdo, previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar 
aprobado por la junta general. Cuando la sociedad no estuviera obligada a someter a 
auditoría las cuentas anuales, el auditor será nombrado por los administradores de la 
sociedad.
2.  El balance y el informe de auditoría se incorporarán a la escritura pública de 
reducción.”
A la vista de esta redacción, cabría pensar que la auditoría del balance aportado 
como base de la reducción de capital constituye un requisito sine qua non para la 
realización de la misma, dado que los acreedores no tienen derecho de oposición en 
este tipo de operaciones.
No obstante, la jurisprudencia de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública ha matizado esta obligación inicialmente indispensable en el siguiente sentido: 
en el marco de una operación acordeón, se considera que la verificación contable del 
balance es una medida tuitiva renunciable por todos los socios mediante la adopción por 
unanimidad del correspondiente acuerdo, siempre y cuando la situación resultante del 
conjunto de las operaciones cuya inscripción registral se solicita resulte neutra para los 
intereses  de  los  acreedores,  lo  cual  se  produce  cuando  la  reducción  acordada  se 
acompaña de un inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por 
compensación de créditos, de tal modo que el quede igualado o superada la cifra de 
capital inicial (Res. DGRN de 18 de diciembre de 2012).
Resoluciones más recientes (véase la de 26 de marzo de 2019) avanzan en la 
doctrina arriba expuesta aclarando que las medidas protectoras contempladas por el 
ordenamiento, como es la necesidad de verificación del balance que sirva de base a la 
operación, sólo tiene sentido en la medida en que los intereses de socios y acreedores 
se encuentren en situación de sufrir un perjuicio y, a sensu contrario, si dadas las  es
circunstancias  de  hecho  no  existe  un  interés  protegible,  decae  la  exigencia  de  o
verificación, por cuanto no cabe exigir la realización de trámites o formalidades que  15ww
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máximo el respeto a las exigencias legales que tratan de garantizar los derechos de los
socios que, en su caso, pierdan su posición en la sociedad mientras que otros se 
mantendrán en ella mediante la conversión de sus créditos en cuotas representativas del 
capital social.
Pues bien, en el supuesto de hecho que ahora nos ocupa, observamos que:
– En los acuerdos transcritos en la certificación adjunta a la escritura se hace 
constar  expresamente  que  el  fin  de  la  operación  es  el  de  restablecer  el  equilibrio 
patrimonial de la Sociedad.
– Los acuerdos se adoptan sobre la base de un balance cerrado dentro de los seis 
meses anteriores al acuerdo de la junta.
– Los acuerdos son adoptados por unanimidad de los socios que integran el capital 
de la Sociedad. Por tanto, desde esta perspectiva es evidente que no existe lesión 
alguna de la posición de los acreedores como consecuencia de acuerdos impuestos por 
una mayoría por lo que, en la línea de la resolución de la DGRN de 2 de marzo de 2011 
que reiteramos, la verificación contable del balance es una medida renunciable por los 
mismos unánimemente, como sucede en el caso objeto de estudio.
– Con carácter previo a la reducción de capital, se procede a la cancelación de la 
totalidad de las reservas existentes, de conformidad con lo establecido por el artículo 322 
de la LSC.
A mayor abundamiento, a continuación de la reducción de capital arriba detallada, los 
socios de la Sociedad acuerdan (igualmente por unanimidad) una aportación directa a 
fondos propios de la compañía para compensar pérdidas mediante:
a)  Compensación de créditos generados a favor del Socio Urbaser, S.A.U. por 
importe de trescientos dieciséis mil cuatrocientos veintiún Euros (316.421€);
b)  Aportación,  mediante  transferencia,  por  parte  del  socio  Ageserco  de  ciento 
treinta y seis mil quinientos ochenta Euros (136.580€) a la cuenta 118 del Plan General 
Contable  en  concepto  de  aportación  de  socio  y  que,  a  todos  los  efectos,  tiene  la 
consideración de fondos propios de la Sociedad.
Visto todo lo anterior, cabe destacar que si bien es cierto que los acuerdos adoptados 
no reducen el capital a cero para después acordar un aumento de capital (como sería el 
caso base sobre el que versan el común de las resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública), no es menos cierto que la operación planteada por la 
Sociedad conduce a un resultado análogo al de la "operación acordeón".
Por ello, aunque la opción escogida por la Sociedad de realización de aportaciones 
de forma distinta al tradicional aumento de capital, no podemos desconocer que ésta es 
una práctica común en el día a día de las sociedades de capital cuyo apoyo surge del 
Plan General Contable (PGC) (aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre), el cual permite su anotación en  la cuenta 118 como "aportaciones de 
socios", y que ha sido objeto de análisis por la Dirección General de Tributos al resolver, 
por ejemplo, una consulta vinculante en su Decisión V1863-09 declarando que estas 
aportaciones únicamente podrán destinarse a fondos propios cuando tenga carácter no 
reintegrable al socio.
Visto todo lo anterior y sin dejar de reconocer que el iter seguido por la Sociedad se 
desmarca  en  cierta  medida  del  supuesto  de  hecho  hasta  ahora  acogido  por  las 
resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, no podemos 
tampoco obviar que el resultado obtenido es exactamente el que justifica la posibilidad 
de renunciar a la verificación contable del balance que soporta la operación: que ésta  e.
resulte neutra para los acreedores y tampoco se vea perjudicada la posición de los  w.
socios, lo que, puesto en relación con la resolución de 2019 más arriba citada, dota de  15ww
completo sentido a los argumentos desarrollados por ésta:
unan–i mDiaddaod   yq ueen  lojusn taac uuenridvoesrs aclu, ynao  inssec rpiprcoidóunc es em  esonloicsictaa bhoa ne ns imdoo daod oaplgtaudnoos  ap olar 
posición de los socios.
– El  resultado  final  de  clara  mejora  de  la  situación  financiera  de  la  Sociedad 
representa, a su vez, un beneficio incuestionable de los intereses de los acreedores.
– Tratándose  de  una  compañía  que  no  cumple  las  condiciones  legalmente 
establecidas para nombrar auditores con carácter obligatorio, la exigencia de verificación 
contable constituye de modo indubitado un formalismo que grava innecesariamente el 
desarrollo de la actividad social.
Por tanto, siguiendo el criterio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública expresado, por todas, en su resolución de 2 de marzo de 2011 al decir que "si la 
nueva cifra de capital alcanza o supera la que tenía con anterioridad, el aumento 
experimentado por el patrimonio social supondrá un beneficio para los acreedores y, por 
tanto, si la causa alegada para la reducción es el restablecimiento del equilibrio entre el 
capital y el patrimonio disminuido por pérdidas podría cuestionarse si en tal caso la 
realidad de éstas sería intrascendente y, en consecuencia, es innecesario justificarlas a 
efectos de su inscripción registral", obtenemos que el efecto de operación objeto de la 
calificación que da pie a esta nota es el mismo que justifica los argumentos elaborados 
por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en sus resoluciones.
Así, si bien la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se 
ha construido sobre la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas condicionada 
al inmediato aumento de capital (con la consecuente mejora de los fondos propios de la 
compañía que acomete dicha operación), en el caso concreto hemos de considerar el 
aumento experimentado no en el capital social, sino en el patrimonio neto de la sociedad 
el cual está integrado (además del por el capital social) por las aportaciones realizadas 
por sus socios, así como los resultados acumulados u otras reservas. Asimismo, esta 
interpretación no puede ser obviada toda vez que es la propia Ley de Sociedades de 
Capital, la que otorga una gran importancia a la partida de patrimonio neto, al ser 
utilizada como medida para distinguir cuando una sociedad se encuentra sumida en 
causa de disolución, y, por ende, habrá de disolverse (artículo 363 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital).
Por  tanto,  la  operación  debe  ser  revisada  en  su  conjunto  y  no  sólo  desde  la 
perspectiva  del  capital  social  aisladamente  considerado,  sino  con  la  visión  del 
saneamiento  del  patrimonio  social  en  su  conjunto  (fin  claramente  obtenido  con  la 
aportación de socios a la cuenta 118).
Por todo lo expuesto, y quedando probado que la situación resultante del conjunto de 
las operaciones cuya inscripción se solicita es neutra (y, en definitiva, beneficiosa) para 
los intereses de los acreedores, decae el requisito formal de verificación por el auditor de 
cuentas  del  balance  que  da  origen  a  la  operación  de  reducción  de  capital  para 
compensación de pérdidas.»
IV
El registrador Mercantil de León, don Óscar María Roa Nonide, formuló el oportuno 
expediente, previo requerimiento al recurrente para que justificara su representación y 
notificación del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, por si 
quería realizar alegaciones, emitió informe el día 26 de marzo de 2021 y lo elevó a esta 
Dirección General.
Fundamentos de Derecho e.
Vistos  los  artículos  322,  323,  331,  332,  333,  343  a  345  y  353  de  la  Ley  de  15ww
Sesotcruiecdtuardaeless  ddee  Claasp sitoacl;i e3d4a.d5e sd em elarc aLnetyil e3s/;2 200019 ,d edle R 3e gdlaem aebnrtoil,  dseol bRree gmistorod ifMicearccioannetils; 
ldaes  2S0e0n7t,e nyc liaass  Rdeels oTlruibcuionnael sS duep rleam Doi rdeec c1ió2n  dGee nnoevraiel mdeb relo sd eR e2g0i0s3tr oys  9y  ddee l nNooviteamriabdreo 
de 9 de mayo de 1991, 11 de octubre de 1993, 28 de abril de 1994, 16 de enero y 19 de
mayo de 1995, 18 de enero de 1999, 23 de febrero de 2000, 4 de febrero de 2003, 14 de 
marzo de 2005, 30 de mayo de 2007, 2 de marzo de 2011, 25 de febrero y 18 de 
diciembre de 2012, 2 de octubre de 2013, 3 de febrero de 2014, 16 de noviembre 
de 2015, 8 de julio de 2016, 21 de diciembre de 2017 y 27 de febrero, 5 de junio y 10 de 
julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 11 de junio de 2020.
1.  La cuestión que se plantea en el presente recurso es decidir si el balance que 
sirve de base a la operación de reducción de capital social por pérdidas debe estar 
verificado por un auditor de cuentas (ex artículo 323 de la Ley de Sociedades de 
Capital), o si puede sustituirse por una aportación directa a los fondos propios, mediante 
una compensación de créditos y una aportación en metálico que se integrarán en la 
cuenta 118, pero sin que se aumente la cifra de capital social.
2.  Como ha puesto de relieve esta Dirección General (Resolución de 18 de enero 
de 1999), en la reducción de capital por pérdidas, la exclusión de medidas de oposición 
como medio de tutela de los intereses de los acreedores viene compensada por la 
rigurosa observancia de los requisitos legales relativos a la existencia de un balance 
aprobado en los seis meses anteriores a la adopción del acuerdo del que resulte que se 
dan las circunstancias de hecho precisas que sirvan de base a la adopción del acuerdo 
social.
Como medida complementaria de seguridad, en beneficio de los socios y de los 
terceros, exige nuestro ordenamiento que el balance haya sido objeto de verificación 
bien por el auditor de la sociedad si ésta se encuentra en situación de verificar sus 
cuentas con carácter obligatorio bien por el auditor nombrado al efecto (artículo 323 de la 
Ley de Sociedades de Capital).
3.  Es  igualmente  doctrina  asentada  de  este  Centro  Directivo  que  las  medidas 
protectoras  contempladas  por  el  ordenamiento,  señaladamente  la  necesidad  de 
verificación del balance que sirva de base a la operación sólo tiene sentido en la medida 
en que los intereses de socios y acreedores se encuentren en situación de sufrir un 
perjuicio. Por el contrario, si dadas las circunstancias de hecho no existe un interés 
protegible, decae la exigencia de verificación.
De este modo se equilibra la debida protección de las personas interesadas de forma 
directa o indirecta en la operación de reducción de capital cuando ésta tiene la finalidad 
de compensar las pérdidas sufridas por la sociedad con la doctrina de que no cabe exigir 
la  realización  de  trámites  o  formalidades  que  gravan  sin  justa  causa  la  marcha 
económica de las sociedades.
En aplicación de esta doctrina este Centro Directivo ha afirmado la posibilidad de 
excluir la verificación de cuentas cuando concurre el consentimiento unánime de todos 
los socios que conforman el capital social y los intereses de los acreedores sociales 
están salvaguardados por mantenerse o incluso fortalecerse la situación económica de la 
sociedad a consecuencia de un subsiguiente aumento de capital (vid. Resoluciones 
citadas en los «Vistos»).
4.  Respecto de la protección de acreedores esta Dirección General ha entendido 
que para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el 
balance aprobado haya sido objeto de verificación y por tanto sin que se haya verificado 
la concurrencia de los datos de hecho que lo justifiquen, es imprescindible que, al 
menos, la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita 
sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción 
por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo  e.
de nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de  w.b
capital inicial. 15ww
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febrero y 18 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2013 y 3 de febrero de 2014).
5.  En el supuesto de hecho que provoca este expediente el balance que ha servido 
de base a la operación de reducción de capital por pérdidas no ha sido verificado por 
ningún auditor de cuentas, como exige el artículo 323 de la Ley de Sociedades de 
Capital, ni la sociedad ha acordado ninguna ampliación de capital social; sino que 
pretende justificar la operación es neutra para los acreedores mediante una aportación a 
fondos propios a través de una compensación de créditos y una aportación en metálico, 
recogiéndose en la cuenta 118 del Plan General Contable.
Pero esta posibilidad no puede ser admitida ya que no se produce la neutralidad 
requerida en beneficio de los acreedores pues el capital final resultante es inferior al 
inicial y por lo tanto no cumple con la función de garantía que le corresponde.
6.  Esta Dirección General ha reconocido la posibilidad de realizar aportaciones en 
neto para cubrir el déficit de la cifra originaria del capital social (mediante aportaciones 
dinerarias o no dinerarias), para aquellos casos de error en la valoración de aportaciones 
no dinerarias previas, con la consecuencia de una situación irregular en que el capital 
social no está total o íntegramente desembolsado (Resolución de 5 de junio de 2019) y 
como alternativa a la reducción de capital social.
En cuanto a las aportaciones a la cuenta 118 pueden definirse como aquel negocio 
jurídico traslativo del dominio por virtud del cual uno o varios socios aportan dinero, 
bienes o derechos a los fondos propios de una sociedad sin contraprestación.
Sobre su régimen jurídico es de gran interés la SJM de Palma de Mallorca de 17 de 
octubre de 2017: «conforme se deduce del plan general contable, las aportaciones de 
socios o propietarios [cuenta 118] son elementos patrimoniales entregados por éstos a la 
empresa cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras 
cuentas. Es decir, siempre que no constituyan contraprestaciones por la entrega de 
bienes o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni tengan la naturaleza de 
pasivo. En particular, incluye las cantidades entregadas por aquellos por compensación 
de pérdidas. Una operación que no necesita de las formalidades de las ampliaciones de 
capital, que no precisa documentarse en el Registro Mercantil, eliminando los costes 
notariales  y  registrales  que  ello  supone,  amén  de  las  formalidades  propias  de  los 
cambios estatutarios. Antes de la entrada en vigor del Plan Contable vigente, únicamente 
se contemplaba la utilización de la cuenta como aportación hecha por los socios o por 
los propietarios para compensación de pérdidas o con la finalidad de compensar un 
«déficit», quedando excluidas las concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o 
las que se otorgaban para fomentar actividades específicas etc. El enfoque de la cuenta 
se ha visto ampliado y el destino de las aportaciones de socios que recibe la sociedad 
puede ser para otros fines distintos a los anteriores, tal como establece su definición en 
el Plan General Contable. De esta manera vemos que el uso ahora va más allá de la 
compensación de pérdidas, pudiendo hacerse para mejorar la liquidez en un momento 
concreto, para financiar nuevos proyectos, o para restablecer el equilibrio patrimonial. 
Según esto, se puede entender que la distribución de esta cuenta será similar a la de 
una reserva disponible y se atenderá a las reglas generales y limitaciones previstas en el 
ámbito mercantil para la distribución de beneficios».
Por lo tanto, tienen la consideración de una reserva disponible y no cumplen con la 
función de garantía que corresponde al capital social.
Debiendo  destacarse,  como  hemos  señalado,  que  habiéndose  podido  tomar  el 
acuerdo  por  la  sociedad  como  un  aumento  de  capital  social  mixto,  mediante 
compensación de créditos y aportación dineraria, en cuyo caso estarían garantizados los 
derechos de los acreedores, ha optado por hacerlo como aportaciones a fondos propios  s
(cuenta 118) sin cumplir con las formalidades de las ampliaciones de capital, por lo que  oe.
sus efectos no pueden ser equivalentes. w.
notaE dseta c Daliirfeiccaccióiónn  Gdeenl reergails htraa daocro.rdado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.