BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60133
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8356 Pleno. Sentencia 90/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 
6240-2019.  Promovido  por  don  Josep  Rull  i  Andreu  respecto  de  su 
suspensión  como  diputado,  acordada  por  la  mesa  del  Congreso  de  los 
Diputados.  Supuesta  vulneración  de  los  derechos  al  ejercicio  del  cargo 
público  representativo  y  a  la  tutela  judicial:  STC  69/2021  (resoluciones 
parlamentarias  que  aplican,  motivadamente  y  sin  afectar  al  grupo 
parlamentario,  la  previsión  legal  de  suspensión  automática  del  cargo 
representativo).
ECLI:ES:TC:2021:90
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6240-2019, promovido por don Josep Rull i Andreu 
representado por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y defendido 
por el letrado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, contra el acuerdo de la mesa del 
Congreso de los Diputados de 25 (sic) de julio de 2019, por el que se desestima la 
solicitud de reconsideración presentada contra el acuerdo del mismo órgano de gobierno 
de la Cámara de 5 de junio de 2019, complementario del acuerdo de 24 de mayo 
de 2019, en relación con la declaración de suspensión como diputado del recurrente. Ha 
comparecido y presentado alegaciones el Congreso de los Diputados, representado por 
la letrada de las Cortes Generales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional el 31 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Josep Rull i Andreu 
contra las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados reseñadas en el 
encabezamiento de la presente sentencia. e
A)  Los hechos expuestos en la demanda son, en síntesis, los siguientes: 56www.
Supare) moE lq u2e1  indset rmuíaar lzao  cdaeu s2a0 e1s8p,e ecila ml 2a0g9is0t7ra-2d0o1 7d ed iclató  Saaultao  ddee  ploro cPeesnaaml ideenlt oT criobnutnraa,l 
entre otras personas, el demandante, entonces diputado del Parlamento de Cataluña,
quien, acusado inicialmente de sedición, se hallaba en prisión provisional desde el 23 de 
marzo de 2018. El procesamiento lo fue por un posible delito de rebelión.
b)  Por resolución de 12 de julio de 2018, la Primera Sala de lo Criminal del Tribunal 
Superior de Schleswig-Holstein (República Federal de Alemania) consideró inadmisible 
la  orden  europea  de  detención  y  entrega  respecto  del  anterior  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, investigado en la mentada 
causa especial. La referida orden fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
con base en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en relación con los 
delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. Se observa en la demanda de 
amparo que el tribunal alemán, entre otros argumentos, apreció que, en el contexto de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Derecho penal debe intervenir con 
mesura en las desavenencias políticas.
c)  Con fechas 25 y 26 de abril de 2019, el grupo de trabajo sobre la detención 
arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en sus opiniones 6/2019, relativa a don Jordi 
Cuixart i Navarro, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, y 12/2019 
atinente a don Josep Rull i Andreu, don Raül Romeva i Rueda y doña Dolors Bassa i 
Coll,  que  la  encarcelación  de  las  citadas  personas  era  arbitraria  y  que  se  estaba 
persiguiendo políticamente a los responsables de la minoría social a la que el recurrente 
pertenece.
d)  El 28 de abril de 2019 se celebraron elecciones a Cortes Generales. La Junta 
Electoral Provincial de Barcelona proclamó diputado al Congreso al señor Josep Rull i 
Andreu que concurrió a los comicios en la candidatura electoral de Junts per Catalunya. 
El 21 de mayo, el recurrente concurrió a la sesión constitutiva del Congreso de los 
Diputados y participó en la votación para elegir a los miembros de la mesa de la Cámara.
e)  El  24  de  mayo,  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  acordó  declarar 
automáticamente suspendidos en el cargo y, por tanto, en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento de la Cámara, con efectos desde el 21 de mayo de 2019, 
al demandante de amparo, además de a los señores don Oriol Junqueras i Vies, Jordi 
Sànchez i Picanyol y don Jordi Turull i Negre, por concurrir las circunstancias necesarias 
para la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Se 
acordó comunicarlo así a los afectados y al Tribunal Supremo y encomendar a la 
secretaría general de la cámara la adopción de las medidas cautelares oportunas.
f)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración, ampliada 
posteriormente, ante la mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 11 de 
junio de 2019. Contra los citados acuerdos de 24 de mayo y de 11 de junio de 2019 se 
interpuso recurso de amparo por el ahora recurrente (recurso de amparo 5199-2019), 
que fue desestimado por STC 194/2020, de 17 de diciembre.
g)  Con fecha de 5 de junio de 2019, la mesa del Congreso de los Diputados adopta 
el siguiente acuerdo, complementario al anterior de 24 de mayo:
«1.  Que la suspensión en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y 
deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara, a los Excmos. Sres. D. Oriol 
Junqueras i Vies, D. Josep Rull i Andreu, D. Jordi Sànchez i Picanyol y D. Jordi Turull i 
Negre, acordada por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 24 de mayo de 2019, 
no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les 
priva del ejercicio pero no de la titularidad del cargo.
Por ello, debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de 
miembros  de  la  Cámara  y,  en  consecuencia,  deben  computar  a  efectos  de  su 
composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de  e.
votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176) ni al resto de las mayorías  w.b
especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento del  56ww
Con2g.r esQou.e, del mismo modo, cuando el Reglamento de la Cámara señala que la
ncoummpéorisciac idóen  dloes  ugnru dpeotse rpmairnlaamdoe nótragraionso,  slae  rheafegrae dneci am baanseera d per oepsoar cpiroonpaolr aci olan aimlidpaodrt adnecbiea 
ser la total señalada de 350, si bien, en la medida en que los citados diputados no
pueden pertenecer a ninguna Comisión, ni formar parte de otros órganos como las 
Ponencias o Subcomisiones, esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta en el 
momento  de  determinar  el  número  de  miembros  que  en  los  distintos  órganos 
corresponderá designar al Grupo Parlamentario Mixto.
3.  Que, considerando que la suspensión afecta a todos los derechos del diputado, 
incluyendo también el de incorporarse a un grupo parlamentario concreto, puesto que 
según  la  jurisprudencia  constitucional  (STC  76/2017)  la  formación  de  grupo 
parlamentario es un derecho del diputado que pertenece al núcleo esencial de su ius in 
officium, procede la incorporación de los diputados suspendidos al Grupo Parlamentario 
Mixto.
4.  Que, no obstante lo anterior, la incorporación al Grupo Mixto lo debe ser tan solo 
a efectos de cumplir con el artículo 25.1 del Reglamento, pero no puede servir ni a 
efectos de ponderar el voto en los casos en que sea precisa tal ponderación, como por 
ejemplo en la Junta de Portavoces, ni para la asignación del número de iniciativas 
correspondientes a dicho grupo cuya inclusión se establezca con referencia a un sistema 
de  cupo,  como  las  preguntas  con  respuesta  oral  en  Pleno,  las  interpelaciones, 
proposiciones  de  Ley  y  proposiciones  no  de  Ley  en  Pleno.  A  estos  efectos,  se 
descontarán los cuatro diputados suspendidos del número total de miembros del Grupo 
Parlamentario Mixto, una vez se formalice su incorporación al mismo.
5.  No autorizar el abono de las percepciones económicas propias de la condición 
de diputado, incluidas las que habrían correspondido a los citados diputados entre el 28 
de abril y el 21 de mayo de 2019 conforme el acuerdo adoptado por la Mesa de la 
Cámara el día 23 de mayo de 2019, en relación con el devengo de las retribuciones de 
los diputados de la XIII Legislatura.
Todo  ello,  teniendo  en  cuenta  que,  al  haberse  declarado  automáticamente 
suspendidos sus derechos tan pronto como perfeccionaron su condición, y mientras esta 
suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos, así como el 
hecho de que los diputados tenían, asimismo, la condición de diputados del Parlament 
de Cataluña durante el periodo anterior a la constitución de la Cámara.
6.  Detraer  la  parte  proporcional  de  la  subvención  correspondiente  al  Grupo 
Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo de dichos diputados, una 
vez se formalice su incorporación a aquel.
7.  Proceder  a  dar  de  baja  a  los  mencionados  diputados  en  la  cobertura  de 
protección social prevista en el artículo 9 del Reglamento de la Cámara, así como en la 
póliza de accidentes contratada por las Cortes Generales, mientras se mantenga la 
suspensión de sus derechos».
h)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración ante la 
mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 25 (sic) de julio de 2019. 
Contra los citados acuerdos de 5 de junio y 25 (sic) de julio de 2019 se interpuso el 
presente recurso de amparo.
B)  La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida 
como sigue:
a)  Se estiman infringidos los derechos reconocidos en los artículos 23.2 y 24.2 CE, 
en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 d) (sic), 23.1, 24.1, 25, 33.3, 70 y 71 de la 
misma norma fundamental. Se consideran también infringidos el artículo 10.3 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), en relación con sus artículos 5, 10.2 y 12 y con los  s
Protocolos núm. 1 y 2 a dicho tratado, así como el artículo 3 del Protocolo adicional núm.  oe.
1 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades  w.
gfdueenn delaarma l,eC ndateratla leD sed r(eeC cEhloDos Hd )ed,  elqarue Uec,nh cioóosnn  fEfouurnmrodepa emaale . naStrateílc eiunslv oo d6cea.3 n l,Ta a UsUEim,n iifsóomnrm o,aE  luoprsao rpateert,aí c cuo(lComsDo 1F p7Ur iEyn )c4,i 8p.ei1ol    2021-8356n https://ww
artículo  14.2  del  Pacto  internacional  de  derechos  civiles  y  políticos  (PIDCP),  los
artículos 6 y 7 del antes citado CEDH y el artículo 1 del Protocolo núm. 1 a dicho 
convenio.
b)  Tras justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda 
comienza por referirse a los argumentos expuestos por la mesa del Congreso de los 
Diputados para rechazar, en el acuerdo de 25 (sic) de julio de 2019, la reconsideración 
de su resolución inicial, acuerdo de 5 de junio del mismo año, porque se considera que 
dichos acuerdos no tienen ninguna justificación jurídica que los avale.
c)  Los acuerdos impugnados en el presente recurso de amparo traen causa, según 
la demanda, de los acuerdos de la mesa del Congreso de 24 de mayo y 11 de junio 
de 2019, relativos a la suspensión del recurrente en el ejercicio del cargo de diputado. 
Por ello, la demanda da por reproducidos los argumentos esgrimidos en el recurso de 
amparo (núm. 5199-2019) planteado frente a los mismos, afirmando que la nulidad de 
dichos acuerdos traería como consecuencia la nulidad de los que ahora se recurren. A 
ello  añade  una  serie  de  consideraciones  adicionales.  Por  una  parte,  se  refiere  la 
demanda  a  que,  con  posterioridad  a  la  interposición  del  recurso  de  amparo  núm. 
5199-2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia en la causa 
especial 20907-2017, absolviendo al recurrente del delito de rebelión por el que había 
sido procesado por auto del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 21 de marzo de 2018. Entiende la parte recurrente que «la absolución por 
este delito confirma los argumentos de esta parte en relación con el uso torticero del 
procesamiento por rebelión para privar al recurrente, como al resto de los cargos electos 
procesados en aquella causa, de sus derechos políticos, con base en una interpretación 
radicalmente antidemocrática, así como contraria a los derechos fundamentales, del 
artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Asimismo considera que «el 
procesamiento del recurrente por el delito de rebelión obedeció, como señaló el grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria en su opinión 6/2019, de 25 
de  abril  de  2019,  al  ejercicio,  por  el  recurrente,  de  sus  derechos  fundamentales, 
reconocidos  en  la  Constitución,  en  el  Convenio  europeo  para  la  protección  de  los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y en el Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos, incluido su derecho de participación política».
Por otra parte, se afirma que «más relevante si cabe resulta, a los efectos de lo que 
aquí se discute, el auto del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 14 de octubre de 2019, en que, sin modificar el procesamiento por rebelión 
de los señores Carles Puigdemont y Antoni Comín, acuerda que no procede, respecto de 
ellos, la suspensión a la que se refiere el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento 
criminal».  Considera  el  recurrente  que  este  auto  desmiente  lo  afirmado  en  el 
ATC 13/2019, de 26 de septiembre, mediante el que denegó la suspensión cautelar 
solicitada. Además, añade, «viene a poner de manifiesto la absoluta arbitrariedad de la 
actuación  del  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  que,  con  grosera  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a la tutela judicial 
cautelar,  así  como  a  los  derechos  de  participación  y  representación  políticas  del 
recurrente, y con pretextos que ahora han quedado desmentidos, denegó la suspensión 
cautelar  (en  relación  con  el  recurrente,  el  ATC  13/2019,  pero  también  en  los 
AATC 128/2018, 12/2019 y 16/2019 respecto de otros procesados en la misma causa), 
solicitada al amparo del artículo 56 LOTC, del auto del magistrado instructor de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, así como el auto de la Sala de lo 
Penal de 30 de julio de 2018, que pretendieron suspender al recurrente como diputado al 
Parlamento de Cataluña». A juicio del recurrente, el citado auto de 14 de octubre  s
de  2019  ha  venido  a  confirmar  su  interpretación  y  ha  quedado  acreditado  que,  oe.
contrariamente a lo que afirmó la mesa del Congreso de los Diputados en sus acuerdos  w.
de 24 de mayo y 11 de junio de 2019 [en los que se pretenden fundamentar los acuerdos  56ww
daert íc5u ldoe 3 j8u4n iboi sy  L3E0C driem  jnuolio s udpeo 2n0e1 l9a  a(suitco)m imátpicuag nsaudspoes nesnió ne sdtee  urenc purroscoe dsaed aom ppoar rdoe],l iteol 
tdoed ore cbaeslioó nu qnuae a sceti veidnacdu ednetr ep oennd eprraiscióiónn  pdroev liossio ninatel, rseisneos  qeune  ctaoln sfluicstpoe qnuseió ne nr etqoudioe rcea esno   BOE-A-cable e
debe dar lugar a una resolución judicial expresa. Considera que así lo pone claramente 
de manifiesto el hecho de que el auto del magistrado instructor de 14 de octubre 
de 2019, sin revisar el auto de procesamiento por delito de rebelión que afecta a los 
Excmos. Sres. Carles Puigdemont i Antoni Comín, haya acordado que tal precepto no 
resulta de aplicación a su situación personal.
El recurrente señala que «este Tribunal Constitucional, lejos de amparar el ejercicio 
de los derechos de participación y representación políticas por parte de unos diputados 
democráticamente elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña, con su 
actuación [...] ha amparado y coadyuvado a una actuación ilegal e ilegítima que ha 
vulnerado, no solo los derechos del recurrente, sino también los de las ciudadanas y los 
ciudadanos que lo eligieron, primero, como diputado al Parlamento de Cataluña, y 
posteriormente, como diputado del Congreso de los Diputados». Sigue el recurrente 
afirmando que «el Tribunal Constitucional, al obrar de este modo, se ha situado por 
completo al margen del Derecho y ha dejado de actuar en el ejercicio de sus funciones 
constitucionales propias y ha puesto en riesgo máximo, para todos los ciudadanos y las 
ciudadanas de Cataluña, la efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para 
ellos  el  Convenio  europeo  para  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  de  las 
libertades fundamentales (en particular el artículo 3 de su Protocolo núm. 1), así como el 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos (en particular su artículo 25). Pero no 
solo estos, sino también el derecho a un proceso equitativo, el derecho a la legalidad 
penal  (dado  el  carácter  claramente  sancionador  del  artículo  384  bis  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal), los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de 
reunión, el derecho a un recurso efectivo, así como la prohibición de discriminación. Y en 
lo que respecta al recurrente, claramente, el derecho a la presunción de inocencia». A su 
juicio, «de esta actuación ilegal e ilegítima de las instituciones del Estado no son sino un 
elemento más los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 de junio y 30 
de  julio  de  2019,  impugnados  en  el  presente  recurso  de  amparo.  Las  decisiones 
previstas en dichos acuerdos, como la suspensión acordada por la mesa de la Cámara, 
ni estaba prevista en la ley, ni respondía a un objetivo legítimo, ni mucho menos era 
necesaria en una sociedad democrática, sino, antes bien, diametralmente contraria a las 
necesidades de una sociedad democrática».
Recuerda, a este respecto, la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de 
Europa  sobre  la  Ley  Orgánica  15/2015,  de  16  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en relación con el actual 
artículo 92.4 b) LOTC, en la que señala que la suspensión de parlamentarios con un 
mandato democrático resulta problemática, especialmente desde la perspectiva de su 
inmunidad. Entendiendo, además, que dicha conclusión «es perfectamente trasladable a 
la suspensión de diputados acordada por la mesa del Congreso de los Diputados en sus 
acuerdos de 5 de junio y 25 (sic) de julio de 2019».
d)  Los acuerdos son nulos de pleno derecho por vulnerar autónomamente los 
derechos reconocidos en los artículos 14 y 23 CE, así como el artículo 3 del Protocolo 
núm. 1 CEDH.
(i)  La demanda alega, en primer lugar, que el acuerdo de 5 de junio de 2019 fue 
dictado  por  un  órgano  manifiestamente  incompetente,  y  que  se  ha  producido  la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción sin audiencia de la junta 
de portavoces. El acuerdo de 5 de junio de 2019, en su apartado segundo, dispone 
expresamente que la suspensión de determinados diputados supone que los mismos 
«no pueden pertenecer a ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos como las  e.
ponencias o subcomisiones». Señala, además, que «esta circunstancia habrá de ser  w.b
tenida en cuenta en el momento de determinar el número de miembros que en los  56ww
idnicsitsinot osse  ótrragtaan, oas  jcuoicriroe sdpeo nlad edreám daensdigan, adre  aul nGa rudpisop oPsaicrilóanm ednet acraiorá cMteixrt og»e.n Eersatel,  eúnlt imloos 
tqéurem, incoosm doe  tlaal , ScToCm 1p1le8t/a1 9e9l8 ,r edgel a2m0e ndteo  juenriiog.ié Sndeo tsrea tae nd ep «auunta  inrsetcrutomrae ndtoe  ourdlteenriaodreosr 
relaciones y situaciones jurídicas, cuya eficacia no se agota en una aplicación, sino que 
permanece».
La  competencia  para  la  adopción  de  las  disposiciones  de  carácter  general 
corresponde, según el artículo 32.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados 
(RCD) a la presidencia de la Cámara, oída la junta de portavoces. Al adoptarse, pues, 
dicho inciso del acuerdo por un órgano al que no correspondía (la mesa, en lugar de la 
presidencia de la cámara), sin la preceptiva audiencia de la junta de portavoces (art. 32.2 
RCD) se ha producido, a juicio de la demanda, idéntica vulneración a la apreciada por el 
Tribunal Constitucional en las SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016, todas ellas de 7 
junio, en las que se destacó el carácter esencial del trámite de audiencia a la junta de 
portavoces.  En  consecuencia,  la  adopción  por  la  mesa  del  segundo  apartado  del 
acuerdo de 5 de junio, incurrió en vicio de incompetencia y vulneró el ius in officium de 
las diputadas y de los diputados del Grupo Parlamentario Mixto, incluido el recurrente.
(ii)  Aduce asimismo la demanda que los acuerdos son nulos de pleno derecho por 
cuanto alteran las mayorías del Congreso de los Diputados, vulneran los derechos de los 
diputados del Grupo Mixto, con expresa vulneración del Reglamento del Congreso de los 
Diputados  y  de  los  derechos  del  recurrente.  Tras  reproducir  parcialmente  los 
apartados 2, 4 y 6 del acuerdo de 5 de junio de 2019, se alega que la mesa ha decidido 
atribuir  determinadas  consecuencias  a  la  suspensión  de  la  condición  de  diputado, 
vulnerando con ello la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como 
el derecho a una resolución motivada.
A juicio de la demanda, los apartados segundo y cuarto del acuerdo de 5 de junio 
alteran las mayorías en las comisiones parlamentarias y otros órganos parlamentarios 
(excepto la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados), y reducen la 
debida representación de los ciudadanos que optaron por la candidatura del diputado 
recurrente, que se quedan sin su parte proporcional de voto e iniciativas parlamentarias 
de conformidad con el reglamento. Parte proporcional que debería haberse calculado no 
respecto del número de diputados plenamente en ejercicio, sino proporcional a los 
diputados y escaños con los que cuentan, consecuencia lógica del reconocimiento de la 
propia mesa al asignarlos a un grupo parlamentario y considerar que sigue habiendo 350 
diputados en el Pleno. Si hay 350 diputados, el Grupo Mixto no puede tener diputados 
para unas cosas y no para otras. Considera la demanda arbitrario tanto determinar que 
la mayoría absoluta se debe calcular computando en ella a los diputados ilegalmente 
suspendidos, pero sostener lo contrario en relación con los derechos de los diputados 
del Grupo Mixto, entre los que se cuenta el recurrente; así como sostener que el 
diputado recurrente no puede pertenecer al grupo parlamentario de su elección, porque 
se encontraría privado de su derecho a pertenecer a un grupo parlamentario, y obligarle 
a pertenecer al Grupo Mixto.
Dichas consideraciones se extienden a lo dispuesto en el apartado sexto del acuerdo 
de 5 de junio, en lo relativo a la detracción de la parte proporcional de la subvención 
correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, lo que, conforme a la STC 15/1992, de 10 
de febrero, FJ 5, vulneraría el artículo 23.2 CE. En definitiva, con dicho acuerdo se 
habrían vulnerado los derechos del recurrente reconocidos en el artículo 23.2 CE y el 
principio  de  igualdad  (art.  14  CE),  en  comparación  con  el  resto  de  diputados  del 
Congreso y del resto de grupos, que han visto incrementada su proporción en las 
comisiones,  las  subvenciones  y  las  iniciativas  parlamentarias,  así  como  se  habría 
vulnerado el artículo 23.1 CE.
(iii)  Los apartados quinto y séptimo del acuerdo de 5 de junio de 2019 son nulos de  s
pleno derecho por privar al recurrente de la asignación económica y de otros derechos  oe.
de carácter económico. El acuerdo de 25 (sic) de julio de 2019 desestima la solicitud de  w.
reconsideración en relación con este acuerdo sin fundamentación jurídica que pueda ser  56ww
rceallaifcicióand ac doen  teall , dveurlencehraon dao  lac odne efellon,s ata, mabsiíé nc,o mel od eerle cdheore ac huon aa  reusno lpurcoiócens mo oetiqvuaidtaat,i veon. 
dAed edmipáusta, dlao  ddeeml raencduarr erenittee raa  laq uqeu ed isceh are nfiuelrideand lo dse aricvuae drdeo sla  dseu 2sp4e dnes imóna ydoe  yl a1 1c odned jiucnióion   BOE-A-cable e
de 2019, e incurre en las mismas vulneraciones que dichos acuerdos y así como del 
principio de igualdad artículo 14 CE. Además, dicha vulneración se produce, también, 
por  razones  autónomas.  Se  recuerda  lo  dispuesto  en  el  artículo  71.4  CE  y  en  la 
STC 36/2014, de 27 de febrero FJ 6 b).
Al respecto señala, por una parte, que, si bien le corresponde a la mesa de la 
Cámara determinar la cuantía de las subvenciones (art. 8 RCD), no así el momento de 
su devengo, conforme al artículo 68.4 CE, que establece el mandato de los diputados, y 
al artículo 20.2 RCD que dispone que «los derechos y prerrogativas serán efectivos 
desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo». Ahora bien, la 
mesa del Congreso, en su reunión de 23 de mayo de 2019, acordó fijar en el 28 de abril 
de 2019, fecha de las elecciones, el día inicial del devengo de retribuciones por parte de 
las diputadas y los diputados de la cámara.
Además, aduce que no está en manos de la autonomía de las cámaras ni de la 
legislación  el  hecho  de  establecer  o  no  una  percepción  económica,  puesto  que  el 
artículo  71.4  CE  prevé  que  todos  los  diputados  tienen  derecho  a  una  asignación 
económica y, de conformidad con el artículo 8 RCD, la mesa tiene derecho a determinar 
la cuantía, pero no puede privar absolutamente de esa asignación a un diputado, aun en 
el caso de que se hallase legalmente suspendido de sus funciones.
Por lo tanto, la mesa del Congreso, al negar el abono de la asignación económica 
constitucionalmente prevista al recurrente, ha vulnerado sus derechos, entre los que se 
cuenta la asignación. A ello añade que dichos acuerdos han situado al recurrente en 
peor condición que el diputado kurdo señor Selahattin Demirtas, el cual, como recuerda 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 20 de noviembre de 2018, 
asunto Demirtas (§ 240), por haber mantenido la condición de diputado de la Asamblea 
Nacional de Turquía, mantuvo la asignación económica correspondiente.
La demanda específicamente se refiere a la privación de la asignación económica 
correspondiente entre los días 28 de abril y 21 de mayo de 2019, en los términos que 
había acordado, para todos los miembros de la Cámara, la mesa del Congreso de los 
Diputados el 23 de mayo de 2019, y de la correspondiente cobertura de protección social 
y de la póliza de accidentes. Se pone de relieve que el recurrente participó en varias 
votaciones del Congreso en la sesión constitutiva de la XIII Legislatura, pero lo hizo sin 
asignación económica, sin cotización a la Seguridad Social, así como sin póliza de 
accidentes durante ese día. Es evidente, a su juicio, que, solo por ello, los apartados 
quinto y séptimo del acuerdo de 5 de junio de 2019, confirmados por el acuerdo de la 
mesa del Congreso de los Diputados de 25 (sic) de julio de 2019, vulneraron sus 
derechos. La privación de la cotización a la Seguridad Social y la privación de la póliza 
de accidentes respecto de una sesión de la Cámara en que el diputado recurrente 
efectivamente participó, pone de manifiesto la absoluta arbitrariedad de los acuerdos 
adoptados.
Lo anterior resulta también aplicable al apartado séptimo del acuerdo de la mesa del 
Congreso de los Diputados de 5 de junio de 2019, por el cual se «procede a dar de baja 
a los mencionados diputados en la cobertura de protección social prevista en el artículo 9 
del Reglamento de la Cámara», sin que exista previsión normativa alguna que ampare la 
baja en la cobertura de protección social. Dicha baja es contraria a las disposiciones 
normativas aplicables en materia de Seguridad Social en particular, el artículo 11 de la 
orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
sistema de la Seguridad Social. Idénticas consideraciones, se añade, son de aplicación a 
la póliza de accidentes suscrita por las Cortes Generales. La privación de todos estos  s
derechos vulnera el artículo 23 CE, en relación con su artículo 33.3, así como los  oe.
derechos reconocidos en el artículo 17 CDFUE y el artículo 1 del Protocolo núm. 1  w.
CEDH. 56ww
caboD essinta cdaa rla  aduedmieanncdiaa  aqlu ere, caudreremnátes,,  lian cplurisvoa crieósnp deec tota ldees  ddeerreecchhooss  sceo mhao  lleelv addeo  laa 
phearbcíeapnc isóidno d ere lcao naoscigidnoasc iópno re nlatr em eels a2 8d dee  laa bCriál my aerla  2e1n d ela  mreauynoi ódne  d2e0 1293,  qduee  myaa yleo   BOE-A-cable e
de 2019. Por ello, se vulneran también así los derechos reconocidos en el artículo 6 
CEDH.
Finalmente, se pone de manifiesto que el Tribunal Constitucional, a la hora de 
resolver  sobre  estas  cuestiones,  ha  de  respetar  el  derecho  a  un  recurso  efectivo 
reconocido en el artículo 13 CEDH.
Con cita del artículo 89.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se 
solicitó práctica de prueba documental, consistente en libramiento de oficio al registro 
central  de  medidas  cautelares,  requisitorias  y  sentencias  no  firmes  para  que  se 
certificara si algún juez o tribunal ha decretado la medida prevista en el artículo 384 bis 
LECrim en relación con la condición de diputado del señor Rull i Andreu, así como de la 
documentación que se acompañaba a la demanda; también se solicitó libramiento de 
atento oficio al Congreso de los Diputados, por medio de la presidenta de su diputación 
permanente, para que aporte copia del convenio especial vigente con la Seguridad 
Social aplicable a los diputados del Congreso, así como de la póliza de accidentes 
contratada por las Cortes Generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 83 LOTC, se solicitó, además, la 
acumulación del presente recurso de amparo al recurso núm. 5199-2019, por ser los 
acuerdos de 5 de junio y de 25 (sic) de julio de 2019 complementarios, según asegura la 
propia Mesa del Congreso de los Diputados, de los acuerdos de 24 de mayo y 11 de 
junio impugnados en aquel.
Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pretendió el otorgamiento del amparo y, 
en consecuencia, la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y el reconocimiento (i) del derecho fundamental del diputado recurrente a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer su 
condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE); (ii) del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
CE); (iii) del derecho del recurrente a participar en la vida democrática de la Unión 
(art. 10.3 TUE), todo ello en relación con el artículo 3 del Protocolo adicional núm.1 
CEDH y con el artículo 25 PIDCP, así como de los derechos conexos invocados; y (iv) 
del derecho del recurrente a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 48.1 CDFUE), 
así como de los derechos conexos invocados.
2.  Por providencia de 21 de julio de 2020, el Pleno acordó, conforme al artículo 10.1 
n) LOTC, a propuesta de la Sala, recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo 
que se tramita en la Sala Segunda bajo el número 6240-2019, interpuesto por don Josep 
Rull i Andreu, así como admitirlo a trámite, al apreciar que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional art. 50.1 LOTC porque plantea un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a) y porque el asunto trasciende del caso concreto, 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales STC 155/2009, FJ 2 g). Se 
acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, que se dirigiera 
atenta comunicación al Congreso de los Diputados, a fin de que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes a los acuerdos de la mesa del Congreso de 25 de julio, 5 de junio y 24 
de mayo de 2019; debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto al recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
3.  Por diligencia de ordenación de 29 de julio de 2020 se tuvo por recibido el  e
testimonio  de  las  actuaciones  solicitadas,  se  tuvo  por  personado  y  parte  en  el  bo
procedimiento al Congreso de los Diputados, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52  56ww
dreec ular sLoe yd eO rgaámnpicaaro d, ee ens tela  trsibeucnreatl,a rsíea  ddioe l viPstlean doe,  taold aMs inlaisst earciotu aFciisocnael s yd elal sp repsaerntetes 
ppeurdsieornaand apsre, speonrt aur nla sp laalzeog accoiomnúens  qduee  vae sinut ed edreíacsh,o  pcaornav eqnugea nd.entro de dicho término
4.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 22 de 
septiembre de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, en las que solicita se 
inadmita  el  recurso  por  falta  de  legitimación  del  recurrente  en  cuanto  a  los 
pronunciamientos de los acuerdos impugnados contenidos en los puntos 2, 4 y 6 que 
afectan a los derechos atribuidos al Grupo Parlamentario Mixto, cuya representación 
legal no ostenta el demandante, y se desestime el recurso en todo lo demás. Pueden 
resumirse en los términos siguientes:
A)  Se comienza exponiendo los antecedentes de hecho del presente recurso de 
amparo, en los que pone de manifiesto que, aunque el recurrente identifica el acuerdo 
por el que se desestima la solicitud de reconsideración con fecha de 25 de julio de 2019, 
la fecha de adopción de dicho acuerdo es de 16 de julio, siendo el 25 de julio la fecha de 
notificación del mismo. Aborda, a continuación, las siguientes cuestiones de carácter 
preliminar:
a)  En relación con la acumulación del presente recurso de amparo con el recurso 
de amparo núm. 5199-2019, entiende que se dan las condiciones de conexidad para la 
acumulación  dichos  recursos  teniendo  en  cuenta  que  su  objeto  lo  constituye  la 
impugnación de acuerdos de la mesa del Congreso directamente conectados, teniendo 
los  impugnados  en  el  presente  recurso  carácter  complementario  respecto  de  los 
anteriores, así como que en ambos recursos el demandante es el mismo y que la 
pretensión de amparo deducida en ambos presenta una relevante identidad. Procede por 
ello, aduce el Ministerio Fiscal, que el tribunal, apreciando esta conexidad, acuerde la 
acumulación  del  presente  recurso  al  5199-2019,  para  su  tramitación  y  decisión  de 
manera unitaria.
b)  Aunque el demandante ha perdido la condición de diputado por la disolución de 
las Cortes Generales, Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y, posteriormente, 
por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, estima que subsiste el objeto del recurso de amparo y la necesidad de 
pronunciamiento sobre la pretensión deducida, puesto que el recurso se interpone contra 
los acuerdos de la mesa del Congreso que, con carácter complementario a los acuerdos 
que declararon la suspensión en el ejercicio del cargo que en aquel momento ostentaba, 
establecen los efectos y el alcance de esa suspensión, ello con independencia del 
alcance que, en su caso, pudiera tener un pronunciamiento estimatorio. Estos acuerdos 
desplegaron su eficacia, en algún caso, desde el día 21 de mayo de 2019 —fecha de 
constitución de la cámara—, hasta su disolución el 24 de septiembre, momento en el que 
los acuerdos de la mesa dejaron de tener virtualidad.
c)  El Ministerio Fiscal cuestiona la legitimación del recurrente para impugnar la 
totalidad de los pronunciamientos que se recogen en los acuerdos de la mesa del 
Congreso de 5 de junio y 16 de julio de 2019, por la diversa naturaleza de los mismos. 
Diferencia de esta manera en sus alegaciones dos tipos de pronunciamientos:
(i)  Pronunciamientos del acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 
de junio de 2019 que inciden directamente en los derechos que integran el estatus 
parlamentario  del  recurrente:  «los  diputados  suspendidos  no  pueden  pertenecer  a 
ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos como ponencias o subcomisiones» 
punto 2; «incorporación de los diputados suspendidos al Grupo Parlamentario Mixto» 
(punto 3 del acuerdo); «no autorizar el abono de las percepciones económicas propias 
de la condición de diputado, incluidas las que habrían correspondido a los citados  s
diputados entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2019, conforme al acuerdo adoptado  oe.
por la mesa de la Cámara el 23 de mayo de 2019, en relación con el devengo de las  w.
Rrae eltorgisbla ummceieonnncteoios nd daeed  loalos sC d ádipmipuuatatraadd,o oasss e íd nce ol alma c oXo IebIIne L rlteaug rpaisó ldlaieztua pr ardo»et  e(apcccucinóidtnoe  ns5ot)e;c siya  cl« oppnrretorvcaietsadtade are  anp  oderal  lara rd tC.e o9 br tadejeasl    2021-8356n https://ww
Generales, mientras se mantenga la suspensión de sus derechos» (punto 7).
(ii)  Pronunciamientos  del  acuerdo  5  de  junio  de  2019  que  se  refieren  a  las 
consecuencias  que  tiene  la  suspensión  de  los  cuatro  diputados  electos  en  la 
composición y funcionamiento de los órganos de la cámara y pronunciamientos que 
afectan  a  los  derechos  del  Grupo  Parlamentario  Mixto:  número  de  miembros  que 
integran la cámara y el cómputo de los votos para alcanzar los acuerdos por mayoría 
absoluta o por otras mayorías especiales requeridas (punto 1); número de miembros que 
en los distintos órganos corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto (punto 2); 
modo de adopción de los acuerdos en los distintos órganos de la cámara en los casos en 
los que se contempla por el reglamento la ponderación del voto o la asignación por cupo 
de las iniciativas al Grupo Parlamentario Mixto (punto 4); regulación de la subvención del 
Grupo Parlamentario Mixto (punto 6).
El  Ministerio  Fiscal  parte  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la 
legitimación  en  materia  de  recursos  de  amparo  parlamentarios,  reproduciendo  lo 
afirmado en la STC 24/2020, de 13 de febrero, FFJJ 3 y 4, y considera que el recurrente 
tiene legitimación para recurrir los pronunciamientos que se refieren a la composición y 
funcionamiento de los distintos órganos de la cámara y a la adopción de acuerdos y, en 
concreto, los que establecen el cómputo legal de miembros de la cámara y el número de 
votos requeridos para la mayoría absoluta y las diferentes mayorías especiales (punto 1) 
y la adopción de acuerdos en los que se contempla la ponderación de votos (punto 4). 
Con relación a estos pronunciamientos señala que, si bien no suponen directamente una 
restricción  de  los  derechos  y  facultades  que  el  Reglamento  del  Congreso  de  los 
Diputados atribuye a cada diputado, considera que forma parte de su ius in officium el 
que  el  funcionamiento  de  la  cámara  y  de  sus  órganos  se  produzca  conforme  al 
procedimiento ·establecido en el reglamento y que los acuerdos que se adopten por 
dichos órganos lo sean de conformidad con lo establecido en el mismo. La infracción del 
procedimiento establecido reglamentariamente para la adopción de los acuerdos incide 
en la correcta formación de la voluntad de la cámara o de sus órganos, pudiendo dar 
lugar a que se establezcan mayorías parlamentarias fraudulentas contrarias al derecho 
de representación política que ostenta cada diputado.
Sin embargo, entiende que el ahora recurrente en amparo carece de legitimación 
para impugnar el acuerdo de la mesa de 5 de junio respecto de los pronunciamientos 
que inciden en los derechos que el reglamento atribuye a los grupos parlamentarios y, en 
concreto, al grupo mixto, en cuanto que ha comparecido a título individual y sin ostentar 
representación legal del grupo parlamentario en el que resulta integrado. En dichos 
pronunciamientos incluye el Ministerio Fiscal el número de miembros que en los distintos 
órganos corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto (punto 2); el número de 
iniciativas que corresponden al Grupo Parlamentario Mixto con referencia a un sistema 
de cupo, en el que se descontará los cuatro diputados suspendidos del número total de 
diputados  de  dicho  grupo  (punto  4);  y  la  subvención  correspondiente  al  Grupo 
Parlamentario Mixto (punto 6).
El Ministerio Fiscal estima, en definitiva, que debe apreciarse que el recurrente está 
legitimado  para  impugnar  aquellos  pronunciamientos  del  acuerdo  de  la  mesa  del 
Congreso de 5 de junio que bien inciden directamente en los derechos individuales que 
integran su estatus parlamentario, o bien se refieren a los mecanismos o criterios para la 
adopción de acuerdos en los órganos parlamentarios, afectando al proceso para la 
formación de la voluntad parlamentaria, por lo que ha de considerarse que inciden en el 
derecho  al  ejercicio  del  cargo  de  representación  política  del  demandante  y, 
correlativamente en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a  e.
través de sus legítimos  representantes. No concurre, sin embargo, legitimación del  w.b
demandante para impugnar en el presente recurso de amparo los pronunciamientos del  56ww
aRceugelardmoe ndteo  dlae l mCoensgar edseo  d5e  dloes  jDunipiou taddeo s2 a0t1ri9b uqyuee a l inGcriudpeon  Peanr lalomse ndtearreioc hMoisx toq, uael  neol 
haber comparecido ostentando su representación legal (STC 24/2020).
B)  Analiza, a continuación, la alegación de la demanda relativa a la nulidad de los 
acuerdos de la mesa de 5 de junio y de 16 de julio, de acuerdo con la nulidad de los 
impugnados en el recurso de amparo núm. 5199-2019, en la medida en que los primeros 
traen causa y son complementarios de los segundos. Respecto de esta alegación, el 
Ministerio Fiscal, a su vez, da por reproducidas sus alegaciones en el recurso de 
amparo 5199-2019.
Además,  rechaza  las  alegaciones  adicionales  del  recurrente  en  las  que,  como 
refuerzo de lo argumentado en el recurso 5199-2019, aduce que debe tenerse en 
cuenta,  y  dado  que  se  dictaron  con  posterioridad  a  interponer  el  mismo,  tanto  la 
sentencia dictada el 14 de octubre de 2019, por la Sala Penal del Tribunal Supremo, 
como  el  auto  de  14  de  octubre  de  2019,  del  magistrado  instructor  de  la  causa 
especial 20907-2017. Entiende el Ministerio Fiscal que las alegaciones del recurrente 
son  una  apreciación  subjetiva  y  las  realizadas  sobre  la  sentencia  no  pueden  ser 
acogidas con respecto a un recurso de amparo parlamentario, en cuanto que su objeto 
debe  quedar  limitado  al  enjuiciamiento  sobre  la  constitucionalidad  de  los  actos  y 
decisiones de los órganos de los parlamentos que no tienen fuerza de ley, sin que sea 
posible  reclamar  por  la  vía  de  un  recurso  de  amparo  parlamentario  que  en  sus 
decisiones  o  acuerdos  estos  órganos  no  entraron  a  revisar  o  a  cuestionar  las 
resoluciones de los de la jurisdicción penal que fueron dictadas en los procesos de su 
competencia. Por lo que se refiere al auto de 14 de octubre de 2019, por el magistrado 
instructor de la causa especial 20907-2017, que invoca el recurrente, señala que dicho 
auto no puede ser acogido para hacer valer que la suspensión del ejercicio del cargo de 
los diputados procesados por rebelión, no es automática ni se produce directamente ex 
lege.
Dicho auto se pronuncia sobre la situación personal de los procesados, don Carles 
Puigdemont i Casamajó y don Antonio Comín i Oliveres, tras la sentencia dictada el 14 
de octubre de 2019, por la Sala Penal del Tribunal Supremo. La situación procesal 
difiere,  notoriamente,  de  la  que  tuvieron  el  resto  de  los  procesados  en  la  causa 
especial  20907-2017  que  fueron  posteriormente  enjuiciados  y  condenados  en  la 
sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. El ahora recurrente en amparo 
ha estado procesado en firme por delito de rebelión y en situación de prisión provisional 
durante la tramitación de la causa y hasta la sentencia de 14 de octubre de 2019 por lo 
que, cuando se dictan los acuerdos de la mesa del Congreso que se impugnan en el 
presente recurso de amparo y en el recurso de amparo núm. 5199-2019, concurrían 
plenamente en él las circunstancias que contempla el art. 384 bis LECrim, para declarar 
la suspensión automática en el ejercicio de los cargos públicos que se ostentasen. El 
auto de 14 de octubre de 2019 del magistrado instructor, cuando dispone comunicar a la 
mesa del Parlamento de Cataluña que a los procesados y miembros de ese Parlamento, 
señores Carles Puigdemont y Antoní Comin, no les es aplicable la suspensión del 
art. 384 bis LECrim, lo hace teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que 
condenó por delito de sedición, a quienes estaban acusados por hechos similares a 
aquellos por los que está procesado don Carles Puigdemont.
Del fundamento jurídico undécimo de dicho auto de 14 de octubre se desprende que 
el instructor está tomando en consideración la calificación jurídica de los hechos que 
resulta de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y su proyección en una 
eventual revisión del procesamiento, cuando se reabra la causa ahora suspendida para 
los procesados en rebeldía.
Por lo anterior, el Ministerio Fiscal entiende que debe rechazarse que el auto dictado  s
el 14 de octubre de 2019 por el magistrado instructor de la causa especial permita  oe.
considerar que la suspensión en el ejercicio del cargo público electivo que establece el  w.
art. 384 bis LECrim, no se produce automáticamente y ex lege, como declaran los  56ww
aamcupearrdoo sl ods ep rlae sumpeuseas todse l qCuoen gcorensteom implap uegsnea dporse caelp tcoo,n cpurorrcire seanm ieeln tdoe mfiramned apnoter  ldoes 
delitos enunciados y situación de prisión preventiva.
Finalmente pone de relieve que es trasladable a este recurso por lo que se refiere a 
la pretensión de que la nulidad de los Acuerdos de 5 de junio de 2019 y 16 de julio 
de 2019 resulta de la nulidad plena de los acuerdos iniciales de 24 de mayo y 11 de 
junio, la doctrina de la STC 97/2020, de 21 de julio, FFJJ 3 a 6, para descartar que se 
hubieran  causado  por  los  acuerdos  de  la  mesa  del  Congreso  que  declararon  la 
suspensión automática de los cargos de diputados en aplicación del art 384 bis LECrim, 
las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas, desestimando el tribunal en la 
citada sentencia el recurso de amparo contra los mismos y la declaración de su nulidad.
C)  El Ministerio Fiscal rechaza, asimismo, que los acuerdos sean nulos por falta de 
competencia del órgano rector de la Cámara para adoptarlos, y que vulneren el derecho 
fundamental al ejercicio del derecho parlamentario. Al respecto, pone de manifiesto que 
el razonamiento del acuerdo de la mesa de 16 de julio conforme al cual, siendo el 
acuerdo de 5 de junio de 2019 complementario de la declaración de suspensión en el 
ejercicio del cargo de cuatro diputados, la competencia para precisar los efectos y 
alcance  de  la  suspensión  debe  entenderse  también  competencia  del  órgano  rector 
colegiado que la declaró, no puede considerarse que infrinja la previsión del artículo 32.2 
RCD. Tampoco que la decisión adoptada colegiadamente por la mesa del Congreso, y 
no  a  título  individual  por  el  presidente  que  es  miembro  de  ella,  tenga  relevancia 
constitucional en relación con una posible vulneración del derecho al ejercicio del cargo 
parlamentario. Es precisamente la garantía de la intervención del órgano colegiado, 
además de la junta de portavoces, la que se contempla por el artículo 32.2 RCD, cuando 
el presidente vaya a adoptar alguna decisión que tenga alcance general. Por otra parte, 
debe rechazarse que se haya privado al recurrente del derecho a la intervención de la 
junta de portavoces, puesto que se contempla preceptivamente esa intervención a través 
de la solicitud de reconsideración que puede ser ejercitada contra el acuerdo adoptado y, 
en  este  caso,  la  junta  de  portavoces  fue  oída  en  la  sesión  de  fecha  16  de  julio, 
previamente a resolver la mesa del Congreso sobre la solicitud de reconsideración 
presentada contra el acuerdo de 5 de junio de 2019.
Finalmente aduce que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la ya citada 
STC 97/2020, sobre la supuesta falta de competencia de la mesa del Congreso para 
declarar la suspensión automática del cargo del recurrente por aplicación del artículo 384 
bis LECrim, habiendo alegado en ese caso el demandante que la competencia era del 
Pleno  de  la  cámara.  El  tribunal  rechazó  en  esa  sentencia  la  aducida  tacha  de 
incompetencia de la mesa del Congreso con relevancia constitucional por vulnerar el 
derecho al ejercicio del cargo parlamentario.
D)  El Ministerio Fiscal analiza las vulneraciones aducidas por el recurrente por los 
pronunciamientos que, a su juicio, inciden en el ius in officium del recurrente y, en 
concreto, por lo dispuesto en los puntos 2, 3, 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio, partiendo 
de la consideración de que la suspensión en los derechos del cargo parlamentario de los 
diputados suspendidos fue ya declarada por el acuerdo de la mesa del Congreso de 24 
de mayo de 2019, ratificado por el de fecha 11 de junio, pues en él, la mesa del 
Congreso  declaró:  «automáticamente  suspendidos  en  el  ejercicio  del  cargo 
parlamentario  y,  consiguientemente,  en  los  derechos  y  deberes  establecidos  en  el 
Reglamento de la Cámara» al demandante y a otros tres diputados.
Señala el Ministerio Fiscal que el acuerdo de 5 de junio de 2019 tiene, como en el 
mismo se expresa, un carácter complementario respecto de la suspensión del ejercicio 
del  cargo  y,  consiguientemente,  de  los  derechos  y  deberes  que  le  son  inherentes 
establecidos en el Reglamento del Congreso de los Diputados, declarada en el acuerdo  s
de la mesa de 24 de mayo. En este acuerdo de carácter complementario se trata de  oe.
precisar, por un lado, los efectos y, el alcance que esa suspensión de derechos tiene con  w.
respecto a la composición y funcionamiento de la Cámara y de sus órganos y, por otro,  56ww
pprreecsitsaacrio enle sa lscoacnicaele sd ed el alo ss udsippuetnasdioósn  seuns preenlascoiós.n con los derechos económicos y de
geneArfairlm laa ,p aridvaecmióáns ,d qeu cea edna  euln op rdeese lonste d reerceucrhsoos d qeu ea minpteagrora nno s sue e ismtaptuugton ap acrolanm ceanrtáacrtieor,   BOE-A-cable e
puesto que los mismos ya fueron suspendidos por el acuerdo de la mesa de 24 de mayo, 
y constituye el objeto de impugnación del recurso de amparo 5199-2019. Ahora, el 
demandante cuestiona algunos de los específicos pronunciamientos del acuerdo de 5 de 
junio, que precisan el alcance o consecuencias que esa suspensión de derechos tiene 
en el funcionamiento de la Cámara y de sus órganos, así como en los derechos de 
naturaleza económica y social de los diputados suspensos.
En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que no se hace en el presente recurso de 
amparo ninguna alegación sobre algunas cuestiones que se recogen en el acuerdo de la 
mesa de fecha 5 de junio, en relación con los derechos del diputado, como punto de 
partida para poder precisar su incidencia en la composición y funcionamiento de los 
órganos de la Cámara. El recurrente no impugna el punto 2 del acuerdo de la mesa, en 
la parte que establece que los diputados suspendidos no pueden pertenecer a ninguna 
comisión, ni formar parte de otros órganos como ponencias o subcomisiones, derecho 
recogido en el artículo 6.2 RCD, sino que se centra en impugnar lo establecido en este 
punto 2 del acuerdo sobre el alcance que esto tiene en relación con el número de 
miembros que corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto. Tampoco impugna 
que se declare su incorporación al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con el 
art. 25.1 RCD (punto 3 del acuerdo), sino las consecuencias de carácter formal de esa 
incorporación, al señalar que los diputados suspensos no serán computados para la 
adopción de acuerdos en caso de voto ponderado o de asignación de iniciativas a los 
grupos parlamentarios por cupo (punto 4 del acuerdo).
En  relación  con  las  alegaciones  en  las  que  el  recurrente  trata  de  sustentar  la 
impugnación de la privación de las percepciones económicas que establece el acuerdo 
de 5 de junio (punto 5), señala que el reconocimiento del derecho a una asignación 
económica de los diputados y senadores que establece el artículo 71.4 CE, integra el 
estatus parlamentario, que aparece directamente vinculado con el efectivo ejercicio de la 
función del cargo parlamentario, por lo que ese derecho puede ser objeto de restricción 
cuando el diputado está suspendido en dicho ejercicio del cargo, al igual que ocurre con 
los otros derechos y deberes que le son inherentes. El artículo 8.1 RCD prevé dentro de 
los derechos económicos que integran este estatus, que los diputados percibirán una 
asignación  económica  que  les  permita  cumplir  eficaz  y  dignamente  su  función.  La 
suspensión en el ejercicio del cargo parlamentario supone, junto a la suspensión de 
todos los derechos y deberes de naturaleza política que son inherentes al mismo, la de 
las asignaciones económicas que garantizan el desempeño eficaz y digno de la función, 
en  cuanto  que  esta  no  es  materialmente  desempeñada  durante  el  periodo  de  la 
suspensión por quien mantiene la titularidad del cargo; tales derechos de naturaleza 
política y económica serán restituidos al levantarse la suspensión del ejercicio del cargo 
y reanudarse el ejercicio de la función parlamentaria.
Por  lo  que  se  refiere  a  la  privación  de  las  percepciones  económicas  que 
corresponderían al periodo comprendido entre el 28 de abril y 21 de mayo de 2019 el 
Ministerio Fiscal pone de relieve que la mesa del Congreso, por acuerdo de 23 de mayo 
de 2019 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 RCD, estableció el 28 de abril 
de 2019, como la fecha inicial de devengo de las retribuciones económicas de los 
diputados en la XIII Legislatura, siempre que hubieran perfeccionado su condición de 
diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 RCD. En el presente caso, el 
recurrente adquirió la condición plena de diputado el 21 de mayo, pero la suspensión en 
el ejercicio del cargo parlamentario que declaró la mesa en el acuerdo de 24 de mayo, lo 
es con efectos del propio día 21 de mayo, pues como se señala en el informe de la  s
Secretaría General del Congreso de 4 de junio, en el momento de adquirir la condición  oe.
plena de diputado, es cuando la mesa podía hacer la declaración de la suspensión en el  w.
cargo adquirido. Dicha suspensión se producía ex lege en virtud del artículo 384 bis  56ww
LdEe C2r8im ,a berl ilc udael  e2s0ta1b9a,  vdiegsepnlteeg arensdpoe cstuos d eelf erecctousrr ernetsep eccotno  adnetel ricoarirdgaod  dae l adsi peuletacdcoio ndeesl 
Creopnregsreesnota etinvo e.l instante en que se produjo la adquisición plena de dicho cargo público  BOE-A-cable e
Por lo tanto, se considera que la decisión de la mesa sobre las retribuciones no es 
una decisión contraria a lo dispuesto en el RCD. Se debe tener en cuenta a este 
respecto que, con efectos del mismo día 21 de mayo en el que se constituyó la Cámara, 
el  recurrente  fue  declarado  automáticamente  suspendido  en  el  ejercicio  del  cargo 
parlamentario, en virtud de lo establecido en el artículo 384 bis LECrim, que era de 
aplicación al recurrente con anterioridad a su elección el 28 de abril de 2019, si bien 
desplegaba sus efectos respecto del cargo de diputado del Congreso, tras adquirir el 
recurrente la condición plena de diputado en la misma sesión de constitución de la 
cámara, con el acatamiento de la Constitución. No cabe, por tanto, estimar que el 
recurrente pudo devengar el derecho de asignación económica que la mesa fijó para el 
periodo comprendido entre las elecciones del 28 de abril y el día de constitución de la 
Cámara.
El Ministerio Fiscal tampoco comparte la alegación de que la decisión carece de toda 
motivación y es arbitraria, toda vez que la única argumentación de la impugnación es la 
discriminación con relación al caso del diputado Selahattin Demirtas, al que se refiere la 
STEDH de 20 de noviembre de 2018. El acuerdo de la mesa recoge una motivación que 
se corresponde con la justificación que se da en el informe de Secretaría General del 
Congreso de 4 de junio, y el acuerdo desestimatorio de la reconsideración pone de 
relieve que la suspensión en el ejercicio del cargo parlamentario conlleva la de todos los 
derechos que son inherentes a su desempeño y, por tanto, también los de naturaleza 
económica. En su acuerdo de 16 de julio, la mesa recoge expresamente que se ha 
seguido  el  precedente  parlamentario  del  diputado  señor  Alcalde  Linares  en  la  IV 
Legislatura, por ser el único supuesto parlamentario que se corresponde con el de la 
suspensión del ejercicio del cargo que ahora se plantea, precedente en el que también 
se apoya en el citado informe de la Secretaría General. Por lo tanto, no cabe estimar que 
el acuerdo de la mesa es arbitrario, porque no se ha dado respuesta motivada a la 
solicitud de reconsideración.
Entiende, además, que no puede acogerse el argumento de que la STEDH de 20 de 
noviembre de 2018 refleja que Selahattim Demirtas percibía su asignación económica, 
porque esta sentencia no puede ser invocada para sustentar que la suspensión del 
derecho de retribuciones económicas del recurrente vulnera el artículo 23.2 CE, ya que 
en la misma no se enjuicia una suspensión en el ejercicio del cargo parlamentario y la 
consiguiente suspensión de derechos políticos y económicos que le son inherentes, 
prevista en el ordenamiento jurídico nacional para determinados supuestos; y porque no 
es una sentencia firme.
Respecto a la impugnación de la decisión de la mesa sobre las prestaciones de la 
seguridad social y la póliza de accidentes (punto 7 del acuerdo) que el recurrente 
entiende que vulnera su derecho fundamental al ejercicio del cargo del artículo 23.2 en 
relación con el artículo 33.3 CE, al privarle de un derecho que forma parte de su estatus 
parlamentario, el Ministerio Fiscal pone de relieve que si bien si bien el RCD contempla 
entre los derechos que integran el estatuto de los diputados, los concernientes a las 
prestaciones sociales, cuya cobertura es asumida por el Congreso con cargo a sus 
presupuestos, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Constitucional, no cabe 
estimar que cualquier infracción de las disposiciones reglamentarias sobre el estatus 
parlamentario o de las disposiciones legales que resultan de aplicación, pueda constituir 
una  vulneración  del  núcleo  esencial  del  ius  in  officium  del  cargo  parlamentario 
representativo (con cita de la STC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 2). La supuesta 
infracción de la normativa en materia de cobertura de las prestaciones sociales de los  s
diputados que se denuncia por el demandante, no puede considerarse como constitutiva  oe.
de una vulneración del núcleo esencial del ius in officium (art. 23.2 CE) y del correlativo  w.
derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  de  sus  56ww
dreippuretasdeonsta ennte ms a(taerrti.a  2d3e.1 p rCeEst)a. cLioan essu psuoecsiatale sin pfroarc ecsiótinm adre  ella r encourrmreantitvea q uaep,li cdaeb alec uae rldoos 
lcoosn  dlaip mutiasdmoas,  snuos ppoednídai dporso deunc iersl ee jlear bciacjiao  edne ll ac caorgboe ratul rma adnet elanse rp reessttoasc isoun etsit usloacriidaaleds,  dees   BOE-A-cable e
una  cuestión  de  infracción  de  la  legalidad  ordinaria,  cuyo  examen  es  ajeno  a  la 
jurisdicción constitucional en un recurso de amparo parlamentario. En el mismo sentido, 
el pronunciamiento del punto 7 del acuerdo sobre la baja en la póliza de accidentes que 
las Cortes Generales tienen contratada en tanto dure la suspensión en el ejercicio del 
cargo, no puede estimarse tampoco constitutiva de una posible vulneración del derecho 
fundamental al ejercicio del cargo público del artículo 23.2 CE. Estos derechos, además, 
eran expectativas de derechos que podían ser adquiridas, si efectivamente hubieran 
llegado a desempeñar la función y el cargo parlamentario, lo que no tuvo lugar al 
declararse suspendidos automáticamente en su ejercicio en el instante mismo en que 
adquirieron la condición plena de diputado y desplegó sus efectos el art. 384 bis LECrim 
que era ya aplicable con anterioridad, por lo que no se vulnera el artículo 33.3 CE.
Finalmente,  en  relación  con  la  impugnación  de  los  pronunciamientos  sobre  el 
funcionamiento de la cámara y la adopción de acuerdos por sus órganos, el Ministerio 
Fiscal considera que lo que el recurrente alega al respecto es que resulta arbitrario que 
la mesa, en su acuerdo, determine que la mayoría absoluta se calcule computando el 
número total de miembros que tiene la cámara, incluyendo a los diputados suspendidos 
que mantienen la titularidad del cargo, pero no se compute a los mismos para establecer 
la proporcionalidad de los diputados que corresponden al Grupo Mixto en las comisiones, 
o  para  los  supuestos  de  ponderación  de  voto.  Al  respecto,  parte  de  la  doctrina 
constitucional  que  de  acuerdo  con  la  autonomía  parlamentaria  artículo  72  CE  y  la 
naturaleza del derecho del artículo 23.2 CE como derecho de configuración legal, pone 
de manifiesto la necesidad de que se otorgue a los órganos rectores de los parlamentos 
un margen de apreciación en el ejercicio de su función técnico-jurídica, al calificar y 
decidir sobre los escritos y documentos parlamentarios. Esta doctrina también pone de 
relieve que la posible limitación que las decisiones de los órganos rectores de los 
parlamentos pueden suponer para el ejercicio de la función parlamentaria (art. 23.2 CE) 
y  para  el  derecho  de  participación  política  de  los  ciudadanos  a  través  de  sus 
representantes políticos (art. 23. l CE), exige que tales decisiones apliquen la normativa 
parlamentaria y estén motivadas formal y materialmente. Pues bien, el acuerdo de la 
mesa del Congreso de 16 de julio de 2019 expresa los motivos por los que no deben ser 
computados los diputados declarados suspendidos en el ejercicio del cargo, en relación 
con la composición de los órganos de la cámara o para la adopción de acuerdos en 
determinados casos, por lo que, a su juicio, está debidamente motivado, sin que su 
razonamiento infrinja algún precepto del Reglamento del Congreso de los Diputados o 
pueda ser considerado irracional o arbitrario. Pone de manifiesto que, si bien estos 
diputados siguen ostentando la titularidad del cargo y, en cuanto que mantienen su 
condición de diputados, computan como miembros de la cámara, la suspensión en el 
ejercicio del cargo supone que ninguna de las funciones que son inherentes al cargo 
pueden  ser  desempeñadas  mientras  dure  la  suspensión,  lo  que  impacta  en  la 
importancia numérica que materialmente debe asignarse al grupo parlamentario en el 
que son incluidos, en los casos en los que reglamentariamente se dispone que dicha 
importancia numérica debe ser tenida en cuenta. En definitiva, dicho acuerdo debe ser 
como un acuerdo motivado y no arbitrario, que se sustenta en la exigencia de que la 
suspensión en el ejercicio del cargo, declarada en aplicación del art. 384 bis LECrim, sea 
efectiva. La declaración de suspensión ex lege carecería de efectividad si los diputados 
suspendidos son computados como si realmente, pudieran desempeñar las funciones 
inherentes al cargo suspendido. Considera el Ministerio Fiscal que se plantea en el 
presente caso y, en lo que concierne al sistema de ponderación de voto en caso de  s
empate en las comisiones art. 88.2 RCD o en la junta de portavoces art. 39.4 RCD, una  oe.
cuestión similar a la que se planteó en el recurso de amparo núm. 5887-2018, que se  w.
encuentra en tramitación. 56ww
arbitArafirrima ao e ld Mesinpirsotpeoriroc iFoinsacadla q, uceu alonsd aoc ueestradbolse cimenp uqgunea dnoos  nsoe  hteancednrá u enna  icnuteernptrae taac ilóons 
dRiepgultaamdoesn tsou dspeel nCdoindgorse seox  dleeg elo se nD ieplu etajedrocsic eios tdaebll eccaer gqou,e e hna ay qquueell oast ecnadseors d een m qaunee real   BOE-A-cable e
proporcional a la importancia numérica del grupo parlamentario al que están asignados, 
puesto que ello es consecuencia de que no puede computarse a quienes carecen de las 
funciones inherentes al desempeño del cargo, sin hacer con ello ineficaz la propia 
suspensión declarada. Existiría, además, una contradicción en los casos en los que el 
Reglamento del Congreso contempla la ponderación de voto, en cuanto que en el Pleno 
no se computaría el voto de los diputados suspensos, al no poder ejercitar el derecho, 
mientras que cobraría virtualidad, al incluirlo en el cómputo del voto ponderado en caso 
de empate en las comisiones o en la votación en la junta de portavoces.
Finalmente, se refiere a que determinados pronunciamientos de los acuerdos de la 
mesa impugnados supondrían una restricción de los derechos que en el Reglamento del 
Congreso son atribuidos al Grupo Parlamentario Mixto y, por ello, habiéndose personado 
el recurrente a título individual, carece de legitimación para su impugnación. Se trata de 
derechos titularidad de los grupos parlamentarios de la cámara que se atribuyen a 
aquellos  proporcionalmente  a  su  importancia  numérica,  en  consideración  al  eficaz 
desempeño de las funciones parlamentarias por los diputados que se integran en ellos. 
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la constitución de un 
grupo parlamentario es una manifestación relevante del ius in officium y constituyen un 
instrumento  imprescindible  y  principal  para  la  organización  y  funcionamiento  de  la 
Cámara  y  para  el  desempeño  de  las  funciones  parlamentarias  propias  del  estatus 
parlamentario STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 4.
El recurrente y el resto de los diputados suspendidos han sido incorporados al Grupo 
Mixto en cuanto ostentan la condición de diputados y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 25.1 RCD, pero al no poder ejercer durante su suspensión las funciones 
parlamentarias, ni las facultades que integran el ius in officium, esa asignación no puede 
dar  lugar  a  que  materialmente,  aquellos  sean  computados  para  atribuir  al  grupo 
parlamentario los derechos previstos en función de las facultades que son inherentes al 
ejercicio del cargo. En cualquier caso y, con independencia de la falta de legitimación 
para impugnar la vulneración de los derechos que resultan de los grupos parlamentarios, 
la precisión del punto 2 del acuerdo de la mesa de 5 de junio, que dispone que la 
imposibilidad de formar parte de las comisiones y otros órganos de la cámara, deberá 
ser tenida en cuenta en el momento de determinar el número de miembros que en los 
distintos órganos corresponderá designar al Grupo Parlamentario Mixto, que el acuerdo 
de  la  mesa  de  16  de  julio,  pone  de  manifiesto  que  no  ha  sido  adoptada,  debe 
considerarse prematura.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 23 de 
septiembre de 2020, la letrada de las Cortes Generales presentó alegaciones en nombre 
y representación del Congreso de los Diputados, solicitando la inadmisión de la demanda 
por falta de agotamiento de la vía previa, mutación subjetiva del ejercicio de la acción y 
consiguiente falta de legitimación, considerando infringidos los artículos 31.2 RCD y 42 
y 46.1 a) LOTC y, subsidiariamente, la desestimación del recurso de amparo en su 
integridad. Sus alegaciones pueden resumirse como sigue:
A)  Expone los antecedentes de hecho del presente recurso de amparo, poniendo 
de manifiesto que no existe ningún acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados 
de 25 de julio de 2019 sino que esta es la fecha de notificación del acuerdo de 16 de julio 
del mismo año. A continuación, aborda las siguientes cuestiones de carácter jurídico 
procesal:
a)  Se aduce falta de agotamiento de la vía previa, mutación subjetiva del ejercicio  e
de la acción y consiguiente falta de legitimación en la interposición de la demanda de  bo
amparo. 56ww
la mSees ac odnes 5id edrea  juqnuieo  eyl  1re6c duerr ejunltioe  dcea r2e0ce1 9d eya l eqguiteim naoc ifóune  péal rqau ireenc uinrrtier rplouss oa cluae srodloicsi tdued 
edxei griedcao pnosird eelr aacrtióícnu lo(a 4rt2.  3L1O.2T CR, CsiDn)o,  qpureec leop htiivzao  plaa rpao rctaovnoszid deeral rG arugpoota Mdaix tlao . vPíao r ptarenvtoia, 
no se puede considerar que se haya cumplido el requisito del artículo 42 LOTC puesto
que el «directamente afectado» como exige el artículo 46.l a) LOTC no es el que ha 
solicitado la reconsideración.
La discrepancia en la titularidad de la acción imposibilita encontrar la imprescindible 
continuidad procesal entre el escrito de reconsideración y la demanda de amparo, en un 
supuesto que puede tener algún parecido estructural con la llamada desviación procesal 
en el recurso contencioso-administrativo. El Congreso se sitúa en un plano de clara 
indefensión, en cuanto que quien solicita la reconsideración es una persona y es otro 
sujeto diferente quien interpone la demanda de amparo. Se trata de una mutación 
subjetiva que se plantea al Congreso de los Diputados de forma sorpresiva, pues las 
alegaciones que pueda realizar la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto no tienen 
nada que ver con las que pueda formular el recurrente en amparo quien ni siquiera 
pertenece  «como  activo»  al  Grupo  Mixto,  al  estar  suspendido.  Discute  también  la 
legitimación de la portavoz del Grupo Mixto en lo que se refiere a la parte de los 
acuerdos que tratan sobre los efectos de la suspensión en el diputado afectado, en 
cuanto que ella no se puede considerar directa ni indirectamente afectada por dicha 
parte de los acuerdos, dado su carácter personalísimo. Tampoco puede actuar la referida 
portavoz en representación del recurrente en amparo al interponer la reconsideración 
porque  en  escrito  de  20  de  junio  de  2019,  complementario  de  su  escrito  de 
reconsideración, manifiesta que dicho escrito «fue registrado a iniciativa exclusiva de 
JxCAT-Junts». Ello plantea que, para ser congruentes, el recurso de amparo se tendría 
que haber presentado por todos los miembros de JxCAT- Junts del Grupo Mixto, o 
incluso por todos los miembros de dicho grupo, en cuanto se estaban invocando los 
derechos de todos. Del mismo modo, desde la perspectiva del demandante de amparo, 
solo son sus derechos personales lo que resultan afectados, ya que su condición de 
miembro del Grupo Mixto lo es en calidad de suspenso, por lo que ningún tipo de 
vinculación puede encontrarse entre el acuerdo de suspensión de su condición y la 
personalidad  y  actividad  del  propio  Grupo  Parlamentario  Mixto.  Por  tanto,  las 
alegaciones que lleva a cabo sobre la posible afectación de los derechos del Grupo 
Mixto no pueden ser invocadas en una demanda de amparo planteada por un diputado 
suspendido aunque esté en el propio Grupo Mixto. Esta incongruencia procesal, incluso 
en el caso de suponer que la legitimación en la reconsideración sea correcta, acredita un 
defecto de orden público procesal que determina la inadmisión de la acción.
b)  En segundo lugar, la letrada de las Cortes Generales se opone a la acumulación 
de este recurso de amparo con el recurso de amparo 5199-2019, en el entendimiento 
que no se cumplen los requisitos del artículo 83 LOTC. Cada uno de los acuerdos debe 
tener plena autonomía a los efectos de su impugnación, pues las cuestiones a analizar 
en cada uno son diferentes, y no se da la unidad de tramitación ni de decisión.
B)  En cuanto a los fundamentos jurídico-materiales, se expone lo que sigue:
a)  En relación con la remisión que realiza el recurrente a los argumentos del 
recurso  de  amparo  5199-2019,  se  considera  que  es  irrelevante  pues  el  objeto  del 
presente recurso no versa sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim y la supuesta 
inconstitucionalidad del acuerdo de declaración de suspensión en sí mismo considerado, 
sino  sobre  otra  cuestión  distinta,  por  mucho  que  derive  de  la  anterior,  que  es  la 
conformidad constitucional de los efectos derivados de esa suspensión, esto es, la 
privación al diputado suspendido de determinados derechos asociados a su condición, 
así como de otros efectos en relación al Grupo Mixto, ponderación del voto, atribución de  s
iniciativas y composición de los órganos de la Cámara. En este recurso, lo que se trata  oe.
de dilucidar no es si es procedente o no la suspensión del diputado, lo que se decide en  w.
remel ecaudnridsteaors io taordd roaepsc tualardssao sa,  lpesoignra olca i somin, eepssaa rc.t oiPenontrde eonl ildoda,e se  lnae  nss uul aos ppdienenimósniaó,n nrd,e ass uodlntea  nca omanjepfonararmos  eaq lua oe b Drjeeetirotee cdraheno e,  slsatees    2021-8356n https://ww
remiten o pretenden ampliar de algún modo los argumentos ya expuestos en el anterior
recurso, en relación con la aplicación por la mesa de la cámara del artículo 384 bis 
LECrim y la inconstitucionalidad de la suspensión declarada.
En este sentido, a la vista de las «consideraciones adicionales», se podría decir que 
el recurrente no está planteando un recurso para acumular al otro, sino una ampliación 
de su anterior demanda de amparo, completamente extemporánea y al margen de cauce 
procesal previsto, razón por la cual todas las alegaciones que pretenden reabrir el 
debate sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim, no pueden ser tenidas en cuenta 
a los efectos del presente recurso de amparo. No obstante lo anterior, la letrada de las 
Cortes  reproduce  sus  alegaciones  en  el  recurso  de  amparo  5199-2019  sobre  la 
sentencia de 14 de octubre de 2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se 
aduce que lo que se considera relevante, no es dicha sentencia, sino la STC 11/2020, 
de 28 de enero, que avala la constitucionalidad de la suspensión automática y ex lege de 
la condición de diputados del Parlament de Catalunya de los recurrentes por imperio del 
artículo  384  bis  LECrim  que  acordó  el  magistrado  instructor  de  la  causa  especial 
número 20907-2017, en la que se afirma que dicho precepto no deja margen alguno en 
su aplicación, más allá de la verificación de la concurrencia de los presupuestos a los 
que la norma liga tal medida: procesamiento firme y prisión provisional por razón de los 
delitos a los que se refiere el precepto y en el mismo sentido, cita las SSTC 37/2020 
y 38/2020, de 25 de febrero.
Los criterios reseñados por la doctrina del Tribunal Constitucional son semejantes a 
los que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre  el  art.  3  del  Protocolo  núm.  1  CEDH,  cuyos  principios  generales  aparecen 
expuestos en la STEDH de 8 de abril de 2010, asunto Namat Aliyev c. Azerbaiyán, § 70- 
73. Con cita de diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
destaca que el art. 3 del Protocolo núm. 1 consagra un principio fundamental en un 
régimen político verdaderamente democrático y, por tanto, reviste en el sistema del 
convenio una importancia capital, sin embargo, los derechos reconocidos en el art. 3 del 
Protocolo núm. 1 no son absolutos sino que pueden estar sometidos a «limitaciones 
implícitas», disponiendo los Estados de un amplio margen de apreciación al respecto, 
correspondiendo  al  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  determinar  en  última 
instancia  si  los  requisitos  de  este  artículo  se  han  cumplido.  Para  ello,  «tiene  que 
convencerse de que las condiciones no restringen los derechos en cuestión hasta el 
punto de menoscabar su propia esencia y privarlos de su eficacia; que se impongan en 
pos  de  un  fin  legítimo;  y  que  los  medios  empleados  no  son  desproporcionados  o 
arbitrarios SSTEDH asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, § 52, y asunto Gitonas y 
otros c. Grecia, § 39», SSTEDH de 6 de abril de 2000 asunto Labita c. Italia, § 201 y 21 
de febrero de 2012 asunto Abil c. Azerbayan, § 43. La noción de «limitación implícita» 
significa  también  que,  al  enjuiciar  su  alegada  vulneración,  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos no aplica los criterios tradicionales de «necesidad» o de «necesidad 
social imperiosa». Cuando tiene que conocer de cuestiones referidas a la conformidad 
de una restricción al art. 3 del Protocolo núm. 1, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos se atiene esencialmente a dos criterios: por una parte, investiga si hubo 
arbitrariedad o falta de proporcionalidad y, por otra, si la restricción atentó contra la libre 
expresión de la opinión pública asunto Zdanoka c. Letonia, de 16 de marzo de 2006, 
citada, § 115. Teniendo en cuenta esta doctrina, no parece fundamentado, en su opinión, 
que el recurrente invoque como vulnerado el artículo 3 del Protocolo núm. 1 CEDH, 
puesto que la misma jurisprudencia europea admite sus límites. Afirmado este carácter 
limitado del derecho fundamental, el siguiente paso ha de venir constituido, como exige  s
la jurisprudencia, por el juicio de proporcionalidad que se debe hacer de la medida  oe.
limitadora del derecho fundamental. w.
De acuerdo con lo anterior, la letrada de las Cortes Generales analiza, siguiendo el  56ww
doerd elan  mdee slao sd me o5t ivdoes j udnei ola d dee 2m0a1n9d ap udeed aemn pcaornos,i dsei rlaasrs me eudniad a«si najedroepntcaidaa ps reonp oerlc aiocnuaedrad»o 
desde la perspectiva del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE.
b)  En relación con la alegación de la demanda de que el acuerdo de 5 de junio 
de 2019 fue dictado por un órgano manifiestamente incompetente, lo que comporta la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción sin audiencia de la junta 
de portavoces, considera que el recurrente incurre en este punto en cierta confusión 
respecto a la naturaleza de los acuerdos de la mesa y a las fuentes del derecho 
parlamentario.
Afirma  que  los  acuerdos  de  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  han  sido 
adoptados tanto al amparo de su competencia residual (art. 31.1.7 RCD), como de la 
competencia en su condición de órgano rector y de gobierno de la cámara (art. 30.1 
RCD). Y también implícitamente de acuerdo con el artículo 31.1.1 RCD, en las que 
encaja un acuerdo que tiene un contenido tanto relativo al régimen de los diputados 
como a diversas cuestiones de funcionamiento y organización de la cámara.
Finalmente, funda la competencia de la mesa en el artículo 31.1. 4 y 5 RCD que le 
atribuye la función de calificar y decidir la tramitación de todos los escritos y documentos 
de índole parlamentaria, entendiendo por tramitación dar el curso conforme a ley de los 
citados documentos. En efecto, la mesa, cuando en su día recibió testimonio de la 
resolución de 14 de mayo de 2019, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
en la causa especial 20907-2017, tomó conocimiento de la situación procesal en la que 
se encontraba el recurrente y procedió a la calificación de este escrito y a la adopción de 
la declaración de suspensión. El posterior acuerdo de 5 de junio, que ahora se recurre, 
complemento del anterior, es al igual que aquél, producto del ejercicio por la mesa de su 
competencia de calificación de escritos y de determinar la tramitación y los efectos de 
cada uno de ellos. A todo lo dicho, se puede añadir que la citada competencia de la 
mesa es la consecuencia de un efecto que se produce por ministerio de la ley, en 
concreto, la suspensión operada ex artículo 384 bis LECrim, pudiéndose sostener que 
dicho acuerdo de 5 de junio constituye un "acto debido», ya que la previsión legal del 
artículo 384 bis y la declaración judicial sobre su aplicación, no pueden producir sus 
efectos directamente sobre el ordenamiento de las cámaras, sino que es necesario que 
la cámara aplique sus efectos.
En relación con la división que realiza el recurrente entre acuerdos generales, que 
deben ser adoptados por la presidencia, y acuerdos concretos, que deben ser adoptados 
por la mesa, considera que la misma no es correcta ya que el Reglamento del Congreso 
de los Diputados no excluye que dichos acuerdos de la mesa tengan un alcance general, 
sino que es lo normal, teniendo en cuenta la competencia genérica de la mesa para 
adoptar medidas organizativas y de régimen interior que están pensadas precisamente 
para una aplicación general. Relaciona una amplia lista de ejemplos de acuerdos de 
carácter general. Por tanto, concluye que el Reglamento del Congreso ampara, y la 
práctica lo confirma, que la mesa puede adoptar disposiciones o acuerdos de este tipo. 
En todo caso, a su juicio, el acuerdo recurrido no tiene carácter general, ya que su objeto 
es determinar las consecuencias de una concreta suspensión, la de los cuatro diputados 
afectados, no la de otros posibles casos que se puedan dar en el futuro respecto a esos 
mismos diputados u otros, que de plantearse, requerirían la adopción por la mesa del 
correspondiente acuerdo específico.
Considera que resulta descartable que el acuerdo de 5 de junio se hubiera tenido 
que  adoptar  por  la  presidencia  de  la  cámara  (art.  32.2  RCD),  como  defiende  el 
recurrente.  El  presidente  puede  dictar  normas  que  interpreten  el  reglamento,  las 
denominadas «resoluciones interpretativas», o que suplan sus lagunas, las denominadas 
«resoluciones supletorias», necesitando para la aprobación de estas últimas el parecer  s
favorable de la mesa y junta de portavoces, si bien este caso no se incluye en ninguno  oe.
de  estos  dos  supuestos,  pues  en  ningún  momento  se  planteó  un  problema  de  w.
interpretación del Reglamento o una laguna del mismo. 56ww
del rEenc ucrusaon dtoe  aa mlap afarlota n doe e sa uudniean rceisao dluec ilóan j usnutpal edtoer ipao drtea vlao cperse,s iidnesinscteia  e(na rtq. u3e2 .e2l  RobCjeDt)o, 
Aquuen  saes dí,e been  aedsotpet acra msoe dsiaen dpor oedl upjoa relac ear ufadvieonracbiale  ddee  llaa  mjuenstaa  yd lea  jpuonrttaa vdoec peosr, tanvoo cpeosr.   BOE-A-cable e
aplicación del artículo 32.2 RCD, sino del artículo 31.2 RCD a efectos de la decisión 
sobre la reconsideración de su acuerdo de 5 de junio de 2019, tal y como consta en el 
acta de la junta de portavoces de 16 de julio de 2019. Finalmente, aduce en relación con 
esta  cuestión,  que  la  materia  referida  a  la  suspensión  de  los  diputados  no  es 
competencia de la junta de portavoces, tal y como se infiere del artículo 21 RCD y, del 
artículo 39 RCD, que no es una norma atributiva de competencia, que pueda servir de 
fundamento para justificar una exigencia de audiencia previa en este o en otros casos.
c)  Respecto a la alegación de que los acuerdos son nulos de pleno derecho porque 
alteran las mayorías del Congreso de los Diputados, vulneran los derechos de los 
diputados del Grupo Mixto, con expresa infracción del Reglamento del Congreso y de los 
derechos del recurrente, considera que el reproche que realiza el recurrente va dirigido 
exclusivamente a la arbitrariedad y falta de motivación o de razonamiento en el acuerdo 
de la mesa. Sin embargo, a su juicio, no se puede afirmar que se haya adoptado sin 
razonamiento jurídico alguno o de forma arbitraria, para lo que menciona el «informe de 
la Secretaría General del Congreso de los Diputados sobre el alcance y efectos de la 
suspensión  de  los  señores  diputados  que  se  encuentran  en  situación  de  prisión 
preventiva», de 4 de junio de 2019, sobre cuya base la mesa adoptó el acuerdo de 5 de 
junio, como se desprende del acta de la reunión de ese día. Por tanto, no puede 
afirmarse que el acuerdo esté desprovisto de motivación, pues fue precedido de un 
informe jurídico en el cual la mesa se basa, y adoptado previo intercambio de pareceres 
por los miembros de la mesa, que han quedado reflejados documentalmente. Es decir no 
se trata de un acuerdo despojado de razonamiento, o como incluso llega a decir el 
recurrente sin «ninguna justificación jurídica que los avale». Se podrá estar de acuerdo o 
no con la justificación, pero existe un claro razonamiento jurídico que sirve de apoyo al 
acuerdo adoptado.
La letrada de las Cortes Generales entra a analizar la justificación del acuerdo de la 
mesa respecto de cada una de las medidas adoptadas a las que se refiere el recurrente, 
comenzando con las recogidas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6.
En relación con lo dispuesto en el apartado 1 del acuerdo de 5 de junio, pone de 
manifiesto que, como se justifica en el informe de la Secretaría General, el diputado 
suspendido  no  pierde  su  condición.  Se  le  suspende  en  sus  derechos  y  deberes 
parlamentarios, pero le queda la condición misma de diputado, que solo se pierde por las 
causas previstas en el artículo 22 RCD. Consecuencia de ello, es que la mayoría 
absoluta y las demás mayorías especiales se siguen computando sobre 350 diputados, 
puesto que los diputados suspendidos siguen siendo miembros de la Cámara. Este tipo 
de mayorías se computan sobre los «miembros de la Cámara» (arts. 131, 146.2 y 147.2 
RCD)  o  sobre  los  «miembros  del  Congreso»  (arts.  164.2  y  204  RCD).  La  citada 
composición  se  establece  con  carácter  general  y  siempre  se  remite  al  número  de 
diputados  de  derecho,  al  margen  de  las  situaciones  diversas  en  que  se  puedan 
encontrar, entre ellas una suspensión de funciones y tan solo se altera con la pérdida del 
mandato por disolución de la cámara o por renuncia o pérdida de la condición. Al no ser 
un supuesto de pérdida de la condición, la suspensión no determina que deba reducirse 
el número de diputados de derecho a los efectos de calcular la válida constitución, o a 
los efectos que determinadas normas establecen teniendo en cuenta el número de 
diputados de derecho. La suspensión mantiene la condición de diputado y por tanto no 
altera el número de integrantes de la misma.
Respecto al apartado 2, en el que se contienen diferentes afirmaciones, la letrada de 
las Cortes Generales afirma que es consecuencia de la declaración de suspensión. El  s
diputado suspendido, aunque mantiene tal condición, queda privado «de sus derechos y  oe.
deberes  parlamentarios»,  entendiéndose  por  estos  todos  los  reconocidos  en  el  w.
reglamento, entre los que se encuentra formar parte de las comisiones (art. 6.2 RCD) y  56ww
ddeem  láas  cóormgaisnioósn ,p aprolanmenecnitaa rioo ss. uDbacdoom qisuieó ne,l  dreipsuutlatad ol ósguiscpoe nqduied,o  an o lap uehdoera f odrme aar tpriabruteir 
nmuiemmébrircoas  toetna le lsooss d ióprugtaandooss  aslu sGpreunpdoi dMoisx.to, a éste se le descuenten de su composición  BOE-A-cable e
El apartado 3, que determina que el diputado suspendido se incorpore al Grupo 
Parlamentario Mixto, según la letrada de las Cortes Generales, no es discutido por el 
recurrente.  Ello  no  obstante  aduce  que  dicha  incorporación  es  consecuencia  de  la 
suspensión.
En relación con el apartado 4, la representación del Congreso de los Diputados pone 
de manifiesto que el diputado suspendido por efecto del artículo 25.2 RCD queda 
incorporado directamente al Grupo Mixto. Ahora bien, dado que en ese grupo no puede 
ejercer ningún derecho, al grupo se le debe descontar del total de sus miembros el 
número de diputados suspendidos en todas aquellas ocasiones en que se haya de tener 
en cuenta el número de miembros del grupo para atribuirle un cupo de iniciativas.
Finalmente,  en  cuanto  al  apartado  6,  que  detrae  la  parte  proporcional  de  la 
subvención del Grupo Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo de 
los diputados suspendidos, la letrada de las Cortes Generales justifica la misma en que, 
si la finalidad de la subvención es el apoyo al grupo en el ejercicio de sus funciones 
parlamentarias, es lógico que solo se tenga en cuenta el número de sus diputados que 
efectivamente pueden realizar tales funciones porque no se encuentren suspendidos. 
Computar también a los diputados suspendidos a efectos de la subvención, supondría 
desvirtuar la finalidad de tales ayudas económicas, de acuerdo con el artículo 8 RCD. No 
considera aplicable la STC 15/1992, que invoca el recurrente, a este caso, ya que no se 
ha privado al Grupo Parlamentario Mixto de la subvención.
En resumen, a juicio la letrada de las Cortes Generales, no se puede decir que los 
referidos apartados del acuerdo de la mesa carezcan de una lógica de razonamiento y 
sean  fruto  de  la  arbitrariedad,  pues  todos  ellos  responden  a  un  principio  del 
funcionamiento parlamentario que es el de proporcionalidad en la composición de los 
órganos, conforme a la importancia numérica de cada grupo parlamentario en el total de 
la cámara. Si bien en este caso la mesa ha tenido que ajustar o modular la aplicación de 
dicha proporcionalidad, debido a la situación de suspensión de determinados diputados 
que, aun siendo miembros de un Grupo, y contando en el cómputo total, no ejercen su 
función  parlamentaria,  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  ejercicio  de  la  función 
parlamentaria, no han de ser tenidos en cuenta a efectos del reparto de miembros en los 
órganos, la atribución de cupos de iniciativas o la determinación de la cuantía de la 
subvención  a  los  grupos,  o  de  cualesquiera  otros  efectos  que  pudieran  derivarse. 
Considera que con ello no se ha vulnerado el principio de igualdad, como se alega por el 
recurrente.  La  justificación  del  acuerdo  de  la  mesa  es  el  «ejercicio  de  la  función 
parlamentaria», que es el fundamento de la atribución de derechos. De forma que 
cualquier acuerdo que tenga que ver con el reparto o atribución de derechos entre los 
grupos que se decida en virtud del número de miembros de cada grupo conforme al 
principio de proporcionalidad, habrá de atender solo al número de miembros del grupo 
que, de forma efectiva, estén ejerciendo sus funciones, quedando por tanto, excluidos, 
los diputados suspendidos.
El ejercicio de la función parlamentaria es, por tanto, el parámetro que marca la 
separación entre el diputado activo que la ejerce plenamente y el suspendido, y viene a 
justificar  el  diferente  tratamiento  que  ambos  deben  tener.  Entiende  que  la  propia 
STC 15/1992, que se cita en la demanda de amparo, sirve para justificar esta conclusión. 
La finalidad de cualquier reconocimiento de derechos a los diputados o a los grupos en 
que se integran, es para facilitar el ejercicio de sus funciones parlamentarias. De forma 
que es consecuente con este principio no reconocer tales derechos cuando no se da 
como presupuesto de hecho el ejercicio de tales funciones. Este caso pone de manifiesto  s
que el estatuto de derechos del diputado suspendido es diferente al diputado activo. Tal  oe.
distinción no infringe el principio de igualdad, puesto que se justifica en la imposibilidad  w.
del ejercicio de la función parlamentaria por el diputado ausente. Tampoco vulnera el  56ww
aarrttííccuulloo  2231. 2R CCED,  pdueetesrtom iqnuae  qsuee t rlaotsa  ddeip uutna ddoesr escuhsop leimnditiaddoos,  dqeu ecdoannf igpurrivaacdióons  ledgea ls. uEsl 
dpearrelacmheons tayr idae, blae rseuss ppeanrlsaimóne nptuaeridoes . eAxdteenmdáesrs, ed eas ltaa cpaa rqteu ep reonp oerlc imonaarcl od ed ela  lasu dbivsecnipcliinóan   BOE-A-cable e
(art. 99.2 RCD). Por tanto, y conforme exige la jurisprudencia, la injerencia en el derecho 
fundamental del artículo 23.2 CE en el caso que nos ocupa, a juicio de la letrada de las 
Cortes  Generales,  ha  resultado  proporcionada,  deriva  de  la  aplicación  de  normas 
legales, responde a un fin legítimo y se han justificado de una forma razonable y 
suficiente.
d)  Finalmente, la letrada analiza las alegaciones en relación con los apartados 5 y 7 
del acuerdo de la mesa de 5 de junio de 2019, a las cuales les resultan trasladables las 
conclusiones que antes se han realizado respecto a la no vulneración del artículo 23.2 
CE. Respecto al apartado 5, afirma que el no ejercicio de la función parlamentaria que 
supone la condición de suspendido, justifica que los diputados suspendidos no perciban 
las retribuciones económicas propias de los diputados (art. 8.1 RCD). Reitera que todos 
los acuerdos de la mesa responden al no ejercicio de la función parlamentaria de los 
diputados suspendidos, de acuerdo con el informe de la secretaría general de 4 de junio 
de 2019, que sirvió de apoyo al citado acuerdo de la mesa. Además, la letrada aduce 
que el recurrente no aporta ninguna razón autónoma a la nulidad del acuerdo de 24 de 
mayo.
Respecto a la afirmación de que se vulnera el derecho a un proceso equitativo, el 
derecho a la legalidad penal dado el carácter claramente sancionador del artículo 384 bis 
LECrim, los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de reunión, el derecho a 
un recurso efectivo, así como la prohibición de discriminación, aduce que se trata de una 
afirmación ajena a este recurso que, tiene como objeto de impugnación los efectos de la 
suspensión, no la medida de prisión provisional ni tampoco la suspensión aparejada a la 
misma.
En todo caso, alega, la mesa es competente para determinar el inicio del devengo de 
las  percepciones  económicas,  de  acuerdo  con  sus  competencias  genéricas  sobre 
régimen interior y sus competencias subsidiarias. A su vez, en cuanto a la autonomía de 
la  cámara  para  la  regulación  de  las  percepciones  de  los  diputados,  afirma  que  la 
autonomía normativa que se reconoce a las cámaras artículo 72 RCD y la autonomía 
presupuestaria, fundamentan que el artículo 8 RCD concrete el artículo 71.4 CE. El 
momento del devengo es correcto (art. 68.4 CE); sin embargo, aunque la suspensión se 
declara por la mesa con fecha 21 de mayo, ya que antes no era posible porque el 
diputado no había adquirido plenamente su condición, los efectos de la suspensión, al 
estar vinculados a la aplicación automática del artículo 384 bis LECrim, se producen 
desde antes de esa fecha, desde el acuerdo judicial de adopción de la medida de prisión 
provisional, la cual seguía manteniéndose a fecha de 28 de abril de 2019, día de las 
elecciones generales. Al encontrarse los diputados afectados en situación provisional ya 
desde el momento de las elecciones y con posterioridad, los efectos de la suspensión 
han de retrotraerse a esa fecha de las elecciones. Por esta razón, la mesa acuerda que 
no procede el abono de la retribución que les correspondería en ese periodo entre el 28 
de abril de 2019 y el 21 de mayo de 2019. La sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2018 no es aplicable al caso que nos ocupa, 
y no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos 
fundamentales exigiendo una proyección automática como ejecución de esta y cita los 
AATC 131/2018, de 18 de diciembre, y 21/2019, de 26 de marzo.
Finalmente, respecto al apartado 7, aduce que las ayudas a las que se refiere tienen 
como justificación el ejercicio de las funciones parlamentarias, tal y como se establece 
en el artículo 9 RCD, como consecuencia de su dedicación parlamentaria. Y si bien el 
recurrente alega que ha acudido a la sesión constitutiva del Congreso el día 21 de mayo  s
de 2019, pero que, por el acuerdo de la mesa, lo hizo sin asignación económica, sin  oe.
cotización a la Seguridad Social y sin póliza de accidentes durante ese día, considerando  w.
que, aunque solo fuera por ese día, se han violado sus derechos, y entiende que por  56ww
mapolimcaecnitóon  edne lq uaert ípcuelrofe c3c8i4o nbói ss uL EcConridmic, ióens ted ed deibpeu tsaedro  eeln e lfae csteos cióonr recoctnos.t iEtunti veal,  mquisemdóo 
ajuusttoifmicaádticoa qmueen tneo  sfiugsupree ncdoimdoo  beenn eefli cieajreiorc diceio l asd ep ressutsa cfiounneciso nqeuse,  sees rtaenladcoio neannt oennc eesl   BOE-A-cable e
apartado 9 del acuerdo de la mesa, al haber desaparecido la causa que las justifica, que 
es el efectivo ejercicio de la función parlamentaria. Asimismo aduce que la previsión 
normativa que ampara la baja en la cobertura de protección social es el artículo 9.1 RCD, 
que vincula la cobertura a «la dedicación parlamentaria».
Por  otra  parte,  la  cita  de  la  normativa  sobre  Seguridad  Social  que  contiene  la 
demanda no contradice en nada las consideraciones realizadas, pues es obvio que para 
cotizar a la Seguridad Social, es necesario ser trabajador por cuenta ajena o asimilado 
que realice alguna actividad, lo que no se da en el caso de los diputados suspendidos 
porque no están ejerciendo dicha actividad. De esta manera, no se puede considerar que 
la privación de estos derechos vulnere el artículo 33.3 CE, puesto que no es una 
privación ilegítima, ni tampoco los derechos reconocidos en el artículo 17 CDFUE y el 
artículo 1 del Protocolo núm. 1 CEDH.
Asimismo, ha de rechazarse la alegación respecto a la falta de un proceso debido, 
por el hecho de no haberse dado audiencia al diputado cuando la mesa adoptó sus 
acuerdos. El Reglamento del Congreso, que es la norma que regula los procedimientos 
internos en el ámbito de la Cámara, no contempla una fase de audiencia previa a la 
adopción de los acuerdos de la mesa. La cita que se realiza del artículo 6 CEDH, por 
considerarlo vulnerado por esta razón, es inadecuada, puesto que este artículo solo se 
aplica respecto a las garantías de los procesos judiciales.
En conclusión, los acuerdos adoptados por la mesa el 5 de junio de 2019, son 
proporcionados y necesarios, y derivan directamente del primer acuerdo de declaración 
de  la  suspensión  y  de  sus  consecuencias  en  la  relación  jurídica  representativa, 
ordenadas  básicamente  por  el  Reglamento  del  Congreso.  No  cabe  por  tanto  una 
discrecionalidad en su contenido, que deje al albur de lo que disponga un órgano de la 
cámara la efectividad de los derechos y obligaciones que deriva del Reglamento del 
Congreso.  En  cuanto  a  sus  presupuestos  de  hecho  y  consecuencias,  estos  son 
completamente reglados. Están contemplados en la propia norma de forma completa y 
cerrada, sin que quepa modificarlos. La mesa de la cámara se encuentra no solo 
obligada  a  adoptar  el  acuerdo  sino  también  a  ceñirse  al  supuesto  fundamental,  la 
suspensión ex artículo 384 bis LECrim, y a deducir los efectos que permiten hablar de tal 
suspensión, conforme a las propias normas del Reglamento del Congreso.
6.  Habiendo cesado como magistrado constitucional don Fernando Valdés Dal-Ré, 
el presidente de este tribunal, mediante acuerdo de 20 de octubre de 2020, designó a 
don Santiago Martínez-Vares García ponente del presente recurso.
7.  Por providencia de 20 de abril de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos de la mesa del 
Congreso de los Diputados, de 5 de junio y 16 de julio de 2019. En la primera de estas 
resoluciones, la mesa adoptó un acuerdo complementario de su acuerdo de 24 de mayo 
del  mismo  año,  por  el  que  había  declarado  «automáticamente  suspendidos  en  el 
ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento 
de la Cámara» a cuatro diputados, entre ellos, al ahora recurrente en amparo. Instada  s
por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto la reconsideración de esta decisión con  oe.
arreglo al artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), la mesa  w.
aandtoepEctleó d rleeacn suteergrse unntddeea   adleees gltaaas,   reesnseo nlltuoecsni octinaée,r sm iiqmnuopesu  gqnduaicedh aossse  y  chaoacnnuf eirremdxoóps ue ensh etaollb arc ísaounn   acdiuneeftrarindllego i dineoinc  iallool.ss   2021-8356n https://ww
artículos 23.2 y 24.2 CE, en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 a), 23.1, 24.1, 25,
33.3, 70 y 71 de la misma norma fundamental; determinadas reglas del Derecho de la  Bc
Unión Europea y otras enunciadas en tratados internacionales de aquellos a los que 
remite el artículo 10.2 CE.
El Ministerio Fiscal por su parte, tal y como se ha dado cumplida cuenta en los 
antecedentes de esta sentencia, solicita que se inadmita parcialmente el recurso de 
amparo, y se desestime en todo lo demás. La representación del Congreso de los 
Diputados, a su vez, solicita la inadmisión del recurso de amparo y, subsidiariamente, la 
desestimación del recurso.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 69/2021, de 18 de marzo.
El acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 de junio de 2019, 
confirmado por el acuerdo de 16 de julio de 2019, es complementario del acuerdo de 24 
de mayo de 2019, confirmado por el acuerdo de 11 de junio del mismo año. Contra estos 
dos últimos acuerdos el recurrente interpuso recurso de amparo (núm. 5099-2019) que 
fue desestimado por STC 194/2020, de 17 de diciembre, por remisión a la STC 97/2020, 
de 21 de julio.
A su vez, el presente recurso de amparo presenta identidad en el objeto, en la 
pretensión de amparo deducida y en los argumentos que la sustentan con el recurso de 
amparo núm. 6238-2019, desestimado mediante STC 69/2021, de 18 de marzo. Dicha 
sentencia cobra relevancia en el presente recurso de amparo tanto para el análisis de las 
cuestiones  procesales,  como  para  la  resolución  de  la  controversia  suscitada  en  el 
mismo.
3.  Cuestiones previas.
Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la letrada de las Cortes 
Generales solicita la inadmisión del presente recurso de amparo. El Ministerio Fiscal, por 
su parte, además de solicitar la inadmisión parcial del recurso, plantea una serie de 
cuestiones que han de resolverse antes de entrar a analizar el fondo del asunto. Todas 
estas cuestiones se solventaron, asimismo, en la citada STC 69/2021, a la que ahora 
hemos de remitirnos.
a)  En  la  demanda  se  impugna  el  acuerdo  de  la  mesa  del  Congreso  de  los 
Diputados de 25 de julio de 2019; sin embargo, como ponen de relieve tanto el Ministerio 
Fiscal como la letrada de las Cortes Generales, el acuerdo de la mesa por el que se 
desestima la solicitud de reconsideración fue adoptado con fecha de 16 de julio de 2019, 
siendo el 25 de julio la fecha de la comunicación de dicho acuerdo por la presidenta del 
Congreso de los Diputados a la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, el 
presente recurso debe entenderse dirigido contra el acuerdo de la mesa del congreso 
de 16 de julio de 2019, resolución esta que desestimó la solicitud de reconsideración 
formulada por el grupo parlamentario contra el acuerdo inicial de 5 de junio de 2019.
b)  La letrada de las Cortes Generales, como se ha expuesto en los antecedentes 
de esta sentencia, solicita la inadmisión del presente recurso de amparo, por lo que ha 
de  abordarse  ahora  la  comprobación  de  los  requisitos  procesales  (por  todas, 
STC 36/2020, de 25 de febrero, FJ 2). La razón que alega es que el recurrente no 
interpuso  la  solicitud  de  reconsideración  (art.  31.2  RCD),  requisito  necesario  para 
considerar agotada la vía previa para la interposición del recurso de amparo (art. 42 
LOTC), sino que dicha solicitud fuera planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto.
No  pueden  acogerse,  en  este  punto,  las  diferentes  apreciaciones  realizadas  al  e.e
respecto por la letrada de las Cortes Generales que, a su juicio, conducirían a la  b
inadmisión de este recurso de amparo por las mismas razones que expusimos en la  56ww
hSaT Cex 6p9re/2s0a2d1o,. FJ 2 b), ante la misma alegación y con el mismo fundamento que ahora se
con clo) s pErlo Mnuinnisctiaemrioie Fnitsocsa dl ehla a scouleicridtaod doe l a5  idnea djumniisoió dne d 2e0l 1re9c, ucrosnot edneid aoms peanr olo es np urenltaocsi ó2n, 
4 y 6, confirmados por el acuerdo de 16 de julio, por falta de legitimación del recurrente
en  cuanto  dichos  pronunciamientos  afectan  a  los  derechos  atribuidos  al  Grupo 
Parlamentario Mixto, cuya representación legal no ostenta el demandante. En concreto, 
aduce, de acuerdo con lo afirmado en la STC 24/2020, de 13 de febrero, FFJJ 3 y 4, que 
los  mismos  inciden  en  los  derechos  que  el  reglamento  atribuye  a  los  grupos 
parlamentarios y, en concreto, al Grupo Parlamentario Mixto, y el recurrente carece de 
legitimación para impugnar los mismos, en cuanto ha comparecido a título individual y 
sin ostentar la representación legal del grupo parlamentario en el que resulta integrado. 
Por su parte, la letrada de las Cortes Generales afirma que la afectación de los derechos 
del Grupo Mixto no puede ser invocada en una demanda de amparo planteada por un 
diputado suspendido de dicho grupo.
En efecto, la sola condición de miembro de un grupo parlamentario no es suficiente 
para arrogarse la defensa de los derechos del grupo al que pertenece, por lo que 
debemos convenir con el Ministerio Fiscal que el diputado recurrente en amparo no 
estaba legitimado para impugnar los puntos 2, 4 y 6 del acuerdo de la Mesa del 
Congreso de los Diputados de 5 de junio de 2019, confirmado por el acuerdo de 16 de 
julio  del  mismo  año,  en  lo  que  hace  referencia  a  los  derechos  del  Grupo  Mixto 
[STC 69/2021, FJ 2 c)].
d)  La impugnación por el recurrente no ha perdido objeto por el hecho de que 
cesara definitivamente en la condición de diputado tras la disolución de la cámara y 
convocatoria  de  elecciones  por  Real  Decreto  551/2019,  de  24  de  septiembre 
artículo  68.4  CE,  antes  de  que  recayera,  el  14  de  octubre  del  mismo  año,  la 
sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
[STC 69/2021, FJ 2 d)].
e)  No  procede  la  práctica  de  la  prueba  solicitada,  por  las  mismas  razones 
expuestas en la STC 69/2021, FJ 2 e).
4.  Delimitación  del  objeto  y  fundamento  del  recurso  de  amparo.  Sobre  las 
vulneraciones alegadas del artículo 23 CE.
En cuanto al fondo del asunto suscitado en el presente recurso de amparo, dado 
que, como se ha señalado, tanto el objeto como la fundamentación del mismo coinciden 
en su integridad con los del recurso que fue resuelto por la citada STC 69/2021, de 18 de 
marzo, procede remitirse a esta y, en consecuencia, desestimar el presente recurso de 
amparo.
A)  Como se ha señalado con anterioridad, la mesa del Congreso de los Diputados, 
en sus resoluciones de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, declaró «automáticamente 
suspendidos  en  el  ejercicio  del  cargo  y,  por  tanto,  y  en  los  derechos  y  deberes 
establecidos en el Reglamento de la Cámara» a cuatro diputados, entre ellos a quien hoy 
demanda amparo, con efectos desde el 21 de mayo del mismo año, fecha en la que 
unos y otros adquirieron tal condición, por concurrir las «circunstancias necesarias para 
la aplicación» del artículo 384 bis LECrim. Contra dichas resoluciones se interpuso 
recurso  de  amparo  núm.  5099-2019,  por  quien  ahora  también  recurre,  que  fue 
desestimado por STC 194/2020, por remisión a la STC 97/2020.
Las citadas sentencias, y los acuerdos sobre los que se pronuncian las mismas, 
tienen relevancia en el presente proceso bajo los siguientes puntos de vista:
a)  Debe descartarse la nulidad de los acuerdos ahora recurridos por derivar de la 
nulidad de los acuerdos de 24 de mayo y 11 de junio de 2019 por remisión a lo alegado 
en el citado recurso de amparo núm. 5099-2019. Baste para ello, la remisión a lo  s
afirmado en la STC 194/2020. oe.
b)  El recurrente, además, formula alegaciones adicionales sobre la nulidad de los  w.
aaqccuuueee rraddhooossr  add ee  sl2ae4  m idmeesp amu gdaneyalo nC y,o  n1úg1nr iedcsaeos j  udnreei oslo.o slDu Dicciihopanuseta sad loeasgq aduceí i o5en nedjseu  icjnuioan bisolee yrsí  a1n6(e  idnme p ejuustltiaoeb  dlesese  2na0t id1loo9s,,    2021-8356n https://ww
STC 97/2020, FJ 3) sino, en su caso, a los de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, como
se afirmó en la STC 69/2021, FJ 3 b), y en los términos allí expresados.
c)  Debemos limitarnos por tanto ahora a las vulneraciones autónomas de este 
recurso de amparo, por las razones afirmadas en la STC 69/2021, FJ 3 c) y, en concreto, 
a las vulneraciones aducidas del artículo 23 CE, en los términos en los que delimitamos 
las quejas del recurso de amparo en la STC 69/2021, FJ 3 d).
B)  En el análisis de las vulneraciones del artículo 23 CE aducidas en la demanda 
hay que partir de que este tribunal ya consideró que la aplicación por los acuerdos de 24 
de mayo y de 11 de junio de 2019 del artículo 384 bis LECrim no fue lesiva del derecho 
fundamental enunciado en el artículo 23.2 CE [STC 97/2020, FJ 6 B) e), a la que se 
remite la STC 194/2020, FJ 3]. En el acuerdo de 24 de mayo, confirmado por el acuerdo 
de 11 de junio, se declaró automáticamente suspendido al ahora recurrente en amparo, 
en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del 
Congreso. Entre esos derechos se encuentran los derechos y las facultades a las que se 
refieren los acuerdos ahora recurridos, que, por ser complementarios de los anteriores, 
se limitan, como los propios acuerdos expresan, a establecer el alcance y los efectos de 
la suspensión. Partiendo de dicha premisa, deben ahora analizarse las diferentes quejas 
que aduce la demanda.
a)  La demanda alega, en primer lugar, que el acuerdo de 5 de junio de 2019, fue 
dictado por un órgano manifiestamente incompetente, la mesa, y que se ha producido la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción, sin audiencia de la 
junta de portavoces.
No cabe acoger esta queja por las razones expuestas en la STC 69/2021, FJ 5 A), a 
la que nos remitimos. Si entendimos que la mesa era competente para la adopción de la 
declaración de suspensión, no hay razón alguna para entender que no lo es para definir 
los  efectos  de  la  misma.  Además,  y  en  todo  caso,  la  junta  de  portavoces  fue 
efectivamente oída por el órgano de gobierno de la cámara antes de resolver sobre la 
solicitud de reconsideración, de acuerdo con el artículo 31.2 RCD.
b)  El recurrente alega que los apartados 2, 4 y 6 del acuerdo de 5 de junio vulneran 
los derechos del Grupo Parlamentario Mixto y del recurrente. Dichos apartados, como ha 
quedado constancia en los antecedentes, precisan las consecuencias de la suspensión 
de los diputados a los que se refiere el acuerdo de 24 de mayo de 2019, en las mayorías 
del Congreso y de sus órganos, y en los derechos del Grupo Parlamentario Mixto.
La queja, tal y como afirmamos en la STC 69/2021, FJ 5 B), ha de entenderse 
limitada  a  la  denuncia  de  falta  de  motivación  y  arbitrariedad  de  tales  acuerdos 
vulneradora, a decir de la demanda, de los derechos del recurrente. Y, por las razones 
expuestas en la citada STC 69/2021, FJ 5 B), al que nos remitimos, han de entenderse 
satisfechas las exigencias de motivación y por lo tanto no cabría tildar de arbitraria la 
interpretación aun en la hipótesis de que no sea la única posible, que la mesa del 
Congreso de los Diputados realizó en dichos acuerdos.
c)  Finalmente, la demanda aduce que los apartados quinto y séptimo del acuerdo 
de 5 de junio de 2019 son nulos de pleno derecho por privar al recurrente de la 
asignación económica y de otros derechos de carácter económico. Sin embargo, no 
podemos compartir ninguna de las razones por las que, a juicio del demandante, dichos 
apartados serían nulos, por los mismos motivos que expusimos en la STC 69/2021, FJ 5 
C), al que nos remitimos.
En primer lugar, porque, tal y como se ha afirmado en el FJ 4 A) a) de esta sentencia, 
ha de descartarse que estos acuerdos sean nulos por serlo los acuerdos de 24 de mayo 
y 11 de junio de 2019 [STC 69/2021, FJ 5 C) a)]. e
En  segundo  lugar,  no  resulta  atendible  la  queja  de  falta  de  motivación  de  los  bo
acuerdos  impugnados  en  este  punto,  por  las  mismas  razones  expuestas  en  el  56ww
sfuun daacumeerndtoo  djuer í1d6ic od e4  juBl)io b )d ed e2 0e1st9a,  seenn etel nqcuiae,  dheasbeiesntimdoa  rlaaz osonlaicdiotu, da ddeem reácso, nlas imdeersaac,i óenn, 
qeuneco lnat rásunsdpoesnes eiónntr ed ed icdhicohso dse rdeecrheocsh oloss  ypar esveis troess oelnv iólo se na rteícl ualocsu e8r dyo 9  dReC 2D4,  pdoer  lmo aqyuoe, 
no se puede entender que carezcan de fundamentación jurídica como aduce la demanda 
[STC 69/2021, FJ 5 C) b)].
En tercer lugar, el tribunal no puede compartir los argumentos expuestos en la 
demanda sobre los apartados 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio de 2019, confirmado por el 
acuerdo de 16 de julio, por los motivos expuestos en el FJ 5 C) c) de la STC 69/2021, al 
que nos remitimos. En primer lugar, porque como ya hemos recordado reiteradamente el 
tribunal consideró que la aplicación del artículo 384 bis LECrim por los acuerdos de 24 
de mayo y de 11 de junio de 2019 no lesionó el derecho fundamental enunciado en el 
artículo 23.2 CE [STC 97/2020, FJ 6 B) e) al que se remite la STC 194/2020, FJ 3], y en 
el acuerdo de 24 de mayo, confirmado por el acuerdo de 11 de junio, se declaró 
automáticamente suspendido al ahora recurrente en amparo, en el ejercicio del cargo y 
en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso, con efectos 
desde el 21 de mayo del mismo año, fecha en la que unos y otros adquirieron tal 
condición, por concurrir, se puntualizó las «circunstancias necesarias para la aplicación» 
del artículo 384 bis LECrim. Entre esos derechos se encuentran los derechos, y otras 
previsiones, a los que se refieren los apartados 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio de 2019. 
Así, han sido suspendidos los previstos en el artículo 8 RCD, derechos de contenido 
económico que se establecen para el ejercicio de la función parlamentaria que quedó 
suspendida desde el momento de la adquisición de la condición de diputado, esto es 
desde el 21 de mayo de 2019. A ello hemos de añadir que el Tribunal Constitucional 
consideró que la suspensión de los derechos de contenido económico (ATC 334/1993, 
de 10 de noviembre, FJ 2) no vulnera el artículo 23.2 CE precisamente porque se 
impone por la falta de ejercicio de las funciones parlamentarias.
Dichas consideraciones resultan también aplicables al apartado 7 del acuerdo, a lo 
que se ha de añadir que, si bien está prevista la posibilidad de la cotización a la 
seguridad social en el artículo 9 RCD, no puede entenderse que forme parte del núcleo 
del ius in officium, cuya afectación pueda provocar una vulneración del artículo 23.2 CE. 
Tampoco la contratación de una póliza de accidentes, que no se encuentra prevista en el 
reglamento de la cámara. Ambas prestaciones son accesorias del ejercicio de la función 
parlamentaria y su privación, en su caso, sería una cuestión de legalidad ordinaria, como 
aduce el Ministerio Fiscal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Josep Rull i Andreu.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.