BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Viernes 10 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 49763
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7657 Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de La Coruña n.º 3, por la que se deniega la 
inscripción de una escritura de aceptación de herencia y de una segregación 
al figurar inscritas las fincas a nombre de persona distinta de los causantes y 
existir una sustitución fideicomisaria en virtud de la cual las mismas no han 
entrado en su patrimonio.
En el recurso interpuesto por doña M. P. O. M. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de La Coruña número 3, don Enrique Martín Rodríguez 
Llorens, por la que se deniega la inscripción de una escritura de aceptación de herencia 
y de una segregación al figurar inscritas las fincas a nombre de persona distinta de los 
causantes y existir una sustitución fideicomisaria en virtud de la cual las mismas no han 
entrado en su patrimonio.
Hechos
I
Se presentan escrituras de aceptación y adición de las herencias de doña M. A. M. 
M. y de su esposo don H. O. V. solicitándose la inscripción de una segregación y de 
determinadas fincas a nombre de doña M. P. O. M. El registrador de la Propiedad de La 
Coruña número 3 deniega la inscripción por falta de tracto sucesivo, al constar las fincas 
inscritas a nombre de doña H. M. R., madre de la causante. Considera que se trata de un 
defecto insubsanable puesto que las fincas no han llegado a entrar en el patrimonio de la 
causante  al  haber  previsto  en  su  testamento  la  titular  registral  una  sustitución 
fideicomisaria sujeta a una condición que no se ha cumplido. La recurrente niega la 
existencia de tal sustitución fideicomisaria.
II
Presentada  la  referida  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  La  Coruña 
número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Enrique Martín Rodríguez Llorens, Registrador de la Propiedad de A Coruña N.º 3, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su 
Reglamento ha calificado el precedente documento que fue presentado el día 25 de 
noviembre del presente año por don J. A. C. O., y causó el asiento de presentación 1605 
del Diario 101, junto con otra escritura otorgada el día 31 de octubre de 2012 ante el 
mismo Notario, don Jacobo Esteban Pérez Rama, en base a los siguientes
Hechos
1.º El día 30 de agosto de 2012 ante el Notario de A Coruña, don Jacobo Esteban  e.
Pérez Rama, se otorgó escritura de aceptación y adjudicación de herencias, bajo el  w.b
número de protocolo 1042, en la que, a los efectos pertinentes, se partió y adjudicaron  57ww
Rloess pbeiecntoe s ddee jaedsotas  peoscr riltousr ac asues asnotelicsi,t ad oúñnai cMam. eAn.t eM .i nMsc. riyp csióun  esdpeo slaos  doonp eHra. cOio.n eVs. 
efec2tu.ºa  dEans  usnoibórne  dlae lf iannctae rrieogr idstorcau1m 9e6n1t7o  dsee  Oprleeisroesn.tó, igualmente, escritura de adición de
herencia, otorgada el día 31 de octubre de 2012 ante el citado Notario, Sr. Pérez Rama,
protocolo 1305/12, en la que se adiciona al inventario de la herencia de la Sra. M. la finca 
registral  9613  de  Oleiros,  y  se  efectúa  como  operación  previa  una  segregación 
amparada en la Licencia Municipal número 4398/11, de 11 de octubre de 2012.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho:
Primero.–Consultados los libros a mi cargo, resulta que las fincas registrales 9613 
y 9617 del Ayuntamiento de Oleiros figuran inscritas a nombre de doña H. M. R., quien 
fue  madre  de  la  actual  causante  de  la  herencia  ya  citada  anteriormente.  Esta 
circunstancia, per se, determina la imposibilidad de efectuar la segregación de la parcela 
proveniente de la finca 9613, en tanto que siendo operación tabular requiere se efectúe 
por el titular registral del dominio, la que como se ha dicho no coincide con la que en la 
escritura  presentada  se  dice  dueña,  siendo  de  total  aplicación  lo  dispuesto  en  el 
artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Defecto: Falta de tracto sucesivo en la cadena de 
inscripción.
Segundo.–Respecto  de  la  adjudicación  hereditaria,  igual  defecto  señalado 
anteriormente ocurre, pero esta vez respecto a las dos fincas, pues continúan inscritas a 
nombre de doña H. M. R. Defecto: Falta de tracto sucesivo en la cadena de inscripción.
Tercero.–En adición a lo dicho, ha de señalarse que la titular registral, doña H. M. R., 
fallecida el 30 de enero de 1991, otorgó testamento ológrafo el día 8 de septiembre 
de  1986,  que  fue  protocolizado  por  mandamiento  expedido  por  el  Juzgado  de  1.ª 
Instancia N.º 1 de A Coruña, expediente número 238/1991, el 17 de julio de 1991, por el 
que fuera Notario de A Coruña, don Luis Santiago Gil Carnicer bajo el número 2113 de 
su protocolo, en el cual disponía, según transcripción que existe en el expediente judicial 
protocolizado, lo siguiente: “Hoy 8 de septiembre de 1986.–Ratifico lo dicho en mi 
anterior testamento y aunque mi hija M. A. M. M. sea mi heredera de todo lo mío es mi 
deseo que mientras viva mi nieta M. P. O. M. disfrute ella de todo lo mío con atribuciones 
como propios y si se recibe algún dinero que me pertenezca a mí lo disfrute ella en 
propiedad; a su muerte pasará lo mío si vive su madre a ella y si no a la persona de mi 
sangre que por derecho le corresponda y si algún día no quedase ningún familiar de mi 
sangre es mi deseo fuese todos mis bienes para la Fundación Barrié con intención lo 
dedicase a Residencia de Ancianos y así lo firmo hoy 8 de septiembre de 1986.–H. M. R. 
(rubricado)”.
La titular registral, mediante el testamento ológrafo aquí transcrito, viene a establecer 
una sustitución fideicomisaria, con doble llamamiento. Nombra a su nieta M. P. como 
fiduciaria  –“disfrute  ella  de  todo  lo  mío  con  atribuciones  como  propios”–  y  nombra 
fideicomisaria a su hija M. A. –”a su muerte pasará lo mío si vive su madre a ella”– y 
como fideicomisarios a determinar “a la persona de mi sangre que por derecho le 
corresponda”, llamamiento condicionado a la supervivencia de algún descendiente de su 
sangre, pues de lo contrario pasarán los bienes a la Fundación Barrié.
En consecuencia, las dos fincas registrales cuya inscripción se interesa, a día de hoy 
no han entrado en el patrimonio de la causante doña M. A. M. M., como se dice en las 
escrituras calificadas, incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 659 del Código Civil. 
Toda disposición que por herencia pueda y deba hacerse respecto de ellas pasa por dar 
cumplimiento al testamento de doña H. y adjudicarlas a su nieta doña M. P., como 
heredera fiduciaria, sin otra facultad más que el disfrute de las mismas para que, cuando 
su óbito tenga lugar, se determine de entre los descendientes por sangre de doña H. M.,  s
quiénes tengan derecho a ellas (Resolución de la Dirección General de los Registros y  oe.
del Notariado de 30 de enero de 2004 y artículos 781 y siguientes del Código Civil). w.
rinesgcisVritpirsactloieóssn   l9os6so1 l3iac riyttaí cd9ua6lo 1s7d  edc ietlala dsAo ysuo npytea rmdaecieimonnátoes s d deep  aOgrtleeicniiroeonrsaa, ll peaosp r leiccfoaenccsitóuidnae,d raaresr s eusle oslbveroge u dnleadnsoe  gdfiaenr c laolass    2020-7657n https://ww
defectos insubsanable.
A Coruña, 2 de diciembre de 2019.
El Registrador (firma ilegible)
Contra la presente nota de calificación (…).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. P. O. M. interpuso recurso el día 31 
de diciembre de 2019, con arreglo a las siguientes alegaciones:
«Por medio del presente escrito recurrimos la calificación del Registrador de la 
Propiedad número 3 de A Coruña de fecha 2 de Diciembre de 2019 relativa a las 
escrituras de Aceptación y Adjudicación de Herencia número de protocolo 1042 de 
fecha 30 de Agosto de 2012 y de Adición de Herencia y División de finca número de 
protocolo 1305 de 31 de Octubre de 2012 autorizadas por el Notario de A Coruña don 
Jacobo Pérez Rama en base a los siguientes consideraciones:
Interpreta el señor Registrador de la Propiedad número 3 de A Coruña el testamento 
ológrafo otorgado doña H. M. R. en el año 1986 en el sentido que la testadora impone 
una sustitución fideicomisaria de doble llamamiento. Un primer llamamiento a su nieta M. 
P.  O.  M.  adquiriendo  esta  por  tanto  el  carácter  de  heredera  fiduciaria  y  siendo 
fideicomisaria la madre de la misma doña M. A. M. M., 1a cual recibiría el caudal 
hereditario al fallecimiento de su hija. Si en el momento del fallecimiento de doña M. P. 
no viviese su madre (la fideicomisaria), supuesto en el que nos encontramos, habrá que 
esperar  al  fallecimiento  de  dicha  fiduciaria  para  adjudicar  los  bienes  a  quienes  la 
testadora  denominó  genéricamente  como  “descendientes  de  sangre”  y  si  en  ese 
momento no existiera ningún descendiente sería llamada a la herencia,es decir seria 
fideicomisaria la Fundación Barrié, ya que la testadora expresó el deseo de que los 
bienes se destinarán a a [sic] residencia de ancianos.
Mostramos nuestra total disconformidad con la interpretación que de el [sic] citado 
Testamento  realiza  el  calificador  aun  reconociendo  que  en  la  redacción  del  mismo 
existen párrafos o palabras que pueden entenderse confusos y contradictorios, pudiendo 
dar lugar por tanto lugar a diversas interpretaciones.
Basándonos  en  primer  lugar  en  una  interpretación  literal  de  dicho  Testamento 
(artículo 675 del Código Civil), si bien es cierto que la testadora atribuye a su nieta M. P. 
el disfrute de sus bienes con “atribuciones como propios” permitiendo que pudiera utilizar 
o gastar el dinero utilizando la frase “que lo disfrute ella en propiedad”; entendemos no 
puede deducirse del mismo que esté atribuyendo a su nieta la cualidad de fiduciaria o de 
primer llamada a la herencia, pues con mayor claridad en la primera frase del testamento 
doña H. reconoce con total claridad que su hija M. A. es heredera de “todo lo suyo” por 
tanto  no  creemos  que  de  la  frase  “disfrute  con  atribuciones  como  propios”  puede 
entenderse la existencia de una sustitución fideicomisaria, ni siquiera –aunque podría ser 
también interpretable– podría la existencia de un usufructo en un doble llamamiento en 
que la nieta fuera designada como usufructuaria siendo en consecuencia la madre nuda 
propietaria, y donde además la primera pudiese disponer del dinero interpretación que no 
obstante sí que permitiría y practicar la inscripción de los bienes a nombre de la nieta M. 
P., pues posteriormente heredaría de su madre la nuda propiedad, reuniéndose en su 
persona, el pleno dominio.
Más bien y partiendo de la primera frase del testamento esto es del reconocimiento 
de doña H. a su hija como “heredera de todo lo mío” lo entendemos como un simple 
ruego o atención que la testadora señala o manifiesta para que su hija deje disfrutar de 
los mismos a su nieta, pero no estableciendo en ningún caso fideicomiso alguno, por  e.e
tanto discrepamos o nos oponemos a considerar esa primera sustitución. b
Si no estamos de acuerdo con ese presunto primer llamamiento, mayor oposición  57ww
mcoanndificeisotnaaml,o ess  dae clior  elq hueec heol  deca tleifniceard qoure  ceosnpseirdaer raal  faclolemcoim ieunnt o sdeeg ulan dteoó rilclaam fiadmucieianrtioa 
ddoeñnao mMin.a  Pg. eOné. riMca. mpeanrate  d“epteerrsmoninaa rd, es im ei ns aensger em qoume epnotor  deexriesctehno  lloe  cqourere slap otnedstaa”d yo raa 
falta de ellos sería llamada la citada Fundación.
Acudiendo nuevamente a la redacción literal del testamento la testadora expresa y “si 
algún día no quedase ningún familiar de mi sangre es mi deseo fuesen todos mis bienes 
para  la  Fundación  Barrié”.  No  se  está  refiriendo  –entendemos–  al  momento  del 
fallecimiento de la teórica fiduciaria, sino a un tiempo futuro e indeterminado: “algún día”.
Pero si es claro que la testadora en ningún caso utiliza la expresión sustitución 
fideicomisaria, fideicomiso o similar, es igual de claro que tampoco impone a ninguno de 
los nombrados la obligación de de [sic] tener que conservar los bienes de la herencia 
para transmitirlos a un segundo heredero. El señor registrador invoca los artículos 781 y 
siguientes del Código Civil y es precisamente en este articulado, concretamente en los 
artículos 781 y 785.2 donde Código Civil dispone que los llamamientos a la sustitución 
fideicomisaria tienen que ser expresos “ya sea dándole este nombre o imponiendo la 
obligación  terminante  al  heredero  de  conservar  los  bienes  y  de  transmitirlos  a  un 
segundo heredero”.
El  legislador  por  tanto  es  contrario  a  admitir  la  existencia  de  sustituciones 
fideicomisarias “presuntas”, y solo en aquellos casos en que aparece con claridad y no 
exista duda racional sobre la obligación de conservar los bienes estaríamos ante ellas 
sin que pueda deducirse de expresiones vagas o juicios de valores o presuntos deseos o 
intenciones. En ese sentido se pronuncia el art. 348 del Código Civil, presupone la 
propiedad como libre y sin ningún tipo de limitación o prohibición de disponer de la 
misma.
Si consideramos la interpretación del Registrador de la Propiedad número 3 de A 
Coruña como contraria a la redacción literal del testamento, también parece contraria a 
la  práctica  o  a  la  lógica  pues  habitualmente  las  sustituciones  fideicomisarias  se 
establecen a favor de descendientes y rara vez a favor de ascendientes. Si así lo 
admitiéramos nos encontraríamos con que la hija de la testadora doña M. A. M. no 
habría adquirido ningún derecho por parte de su madre quedando por tanto privada, de 
sus derechos legitimarios (art 782 cc). No es esta la interpretación que al testamento 
dieron la hija y nieta de la testadora, que en ningún caso la primera ni impugnó el 
testamento de su madre ni reclamó legítima alguna, todo lo contrario, lo presentaron al 
Juzgado para su protocolizaciones más actuó en vida como legítima heredera y dispuso 
en su propio testamento de los bienes recibidos a favor de sus hijos, sin que estos 
tampoco  manifestaran  oposición  o  reclamación  alguna,  adjudicándose  los  bienes  y 
partiendo del hecho que de doña A. fue heredera de doña H.; criterio también seguido 
por el Notario autorizante de las escrituras tanto de adjudicación de herencia como de 
adición posterior.
Cómo establece el Tribunal Supremo en la sentencia 3 de abril del año 1965 en 
interpretación del testamento se trata de averiguar la voluntad real exacta o al menos 
probable permitiendo la utilización en la materia interpretativa de los artículos 1282 y 
siguientes del Código Civil y por tanto tener en cuenta los actos coetáneos y posteriores 
de la testadora y herederos, utilizando y así lo establece el Tribunal Supremo en sus 
sentencias 3 de junio de 1942,23 de noviembre de 1957, y 9 de marzo de 1985, acudir al 
criterio gramatical lógico sistemático y teleológico (3 Abril 1965), Repetimos que es poco 
entendible, o poco probable que la testadora teniendo una hija única y nietos y un 
bisnieto estableciese una serie de fideicomisos impidiendo tanto a su hija como a su 
nieta disponer de sus bienes.pero si a descendientes de sangre posteriores o en último 
caso a una Fundación.
La interpretación del Sr. Registrador a la que nos oponemos sería también la más 
lesiva para los derechos de los herederos que se verían privados de la facultad más  s
importante del dominio: el poder de disposición. esto es posibilidad de disponer del  oe.
patrimonio de doña H. y así hacer frente a los gastos de conservación y mantenimiento  w.
del mismo viéndose condenados a esperar en el tiempo al fallecimiento de la nieta M. P.  57ww
sya snig reen,  fueessee nm aodmjuednitcoa dpoo rlo sc irbcieunnestsa an claia sF ufnadtaalceisó nn Boa qrruiée.dase en ningún pariente de
TribuEnna le nS u[spirce] meos tes iemmispmreo  csoennttriadroia  sea dpmroitinr unlacsia  stuosdtiatu claio njuersis pfriduediecnocmiais aermiaasn aqduae  dneol   BOE-A-cable e
estén establecidas o delimitadas con perfecta claridad, así las sentencias de 12 de junio 
de 1928, 8 de julio de 1929, 20 de abril y 25 de abril de 1951, 3 de julio de 1956,13 de 
marzo y 20 de diciembre de 1957, 3 de julio de 1962, 19 de noviembre de 1964, o por 
ejemplo la de 3 de julio de 1963, de todas ellas se deduce que el fideicomiso no se 
presume y si no consta con claridad en el testamento prevalece en caso de duda el 
criterio más favorable a la libertad de los bienes es decir se recoge el principio in dubio 
contra fideicommissum, considerando esencial la obligación concreta que se impone al 
heredero, de reservar todo o parte de los bienes.
Sigue esta misma línea doctrinal la Dirección General de Registros y Notariado en su 
Resolución de 25 de Junio de 1895, negando eficacia a la sustitución fideicomisaria no 
hecha de manera expresa y porque en caso de duda merece preferencia la solución 
favorable a la libertad del dominio».
IV
El  registrador  de  la  Propiedad  de  La  Coruña  número  3,  don  Enrique-Martín 
Rodríguez Llorens, emitió el siguiente informe el día 16 de enero de 2020 y elevó el 
expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 675, 767, 715, 743, 773, 783, 785, 786, 792, 793, 1058 y 1284 del 
Código Civil; 18, 19 bis y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 80 del Reglamento 
Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1985, 2 de 
septiembre de 1987, 6 de abril de 1991, 29 de diciembre de 1997, 9 de febrero de 1998, 
23 de enero de 2001, 19 de diciembre de 2006, 16 de diciembre de 2014 y 25 de abril 
de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 2 de diciembre de 1986, 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 26 de julio 
de 2003, 17 de septiembre y 15 y 19 de octubre de 2004, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 
15, 16 y 28 de marzo, 1 y 20 de abril, 23 de mayo, 22 de junio, 9 y 11 de julio, 13 de 
octubre y 30 de diciembre de 2005, 20 de enero de 2006, 31 de enero y 25 de octubre 
de 2007, 11 de febrero de 2008, 27 de junio de 2009, 18 de enero, 14 de abril, 8 de mayo 
y 3 y 13 de diciembre de 2010, 26 de enero y 7 de julio de 2011, 28 de febrero, 22 de 
mayo, 20 de julio y 10 de diciembre de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de 
diciembre de 2013, 19 de marzo, 10 de junio y 16 de septiembre de 2014, 2 de febrero, 
22 y 29 de junio, 19 de noviembre y 2 de diciembre de 2015, 12 de febrero y 14 de 
noviembre de 2016, 26 de abril, 19 de junio, 13 de septiembre y 12 de diciembre 
de 2017, 30 de enero, 5 de julio y 21 de noviembre de 2018 y 1 de marzo, 20 de junio y 3 
de julio de 2019.
1.  Se discute en este expediente si es inscribible una escritura de partición de 
herencia y segregación de varias fincas que figuran inscritas a nombre de persona 
distinta de los causantes.
El  registrador  de  la  Propiedad  de  La  Coruña  número  3  deniega  la  inscripción 
solicitada por no figurar inscritas las fincas a nombre de la causante, en virtud del 
artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y por entender que las mismas no han llegado a entrar 
en su patrimonio a tenor de la sustitución fideicomisaria que estableció en su testamento 
la titular registral.
La presentante no recurre el primero de los defectos pero sí la interpretación que  e.e
hace  el  registrador  del  testamento  de  la  causante  y  niega  la  existencia  de  dicha  b
sustitución. 57ww
que 2.c omCoo n hcaa ráacfitremr apdroe vicoo, ny  raeuitneqruaeci ónno  heasytaa  sDidiroe crceicóunr riGdoe neesrtael  p(uvnidto.,,  cpaobr et oredcaosr,d alar 
Rínetismoalumceiónnt ed ree l1a0c iodnea adbor icl odne  l2o0s1 d7e)  esas lvparignucaipridoi ab ájusdicicoia dl ed en uloess taros ieDnetroesc hreog hisitproatleesc ayr ioe,l 
de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, el de tracto
sucesivo, en virtud del cual, para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se 
exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria). En consecuencia, estando las fincas transmitidas, inscritas en el Registro 
de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, 
no podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del titular 
registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada (cfr. 
artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria). 
Sólo  con  las  mencionadas  cautelas  puede  garantizarse  el  adecuado 
desenvolvimiento  del  principio  constitucional  de  la  protección  jurisdiccional  de  los 
derechos e intereses legítimos y de la interdicción de la indefensión, con base en el 
artículo 24 de la Constitución, una de cuyas manifestaciones tiene lugar en el ámbito 
hipotecario a través de los reseñados principios de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales, tracto sucesivo y legitimación.
Esta doctrina ha sido refrendada por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(Sentencias de la Sala Primera de 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre 
de 2013) al afirmar que «el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la 
exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente 
el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento 
judicial  “los  obstáculos  que  surjan  del  Registro”,  y  entre  ellos  se  encuentra  la 
imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular 
registral  en  el  correspondiente  procedimiento  judicial»  (cfr.  Resolución  de  17  de 
septiembre de 2014).
En consecuencia, estando inscrito el dominio a nombre de persona distinta del 
transmitente, no cabe acceder a la inscripción mientras no se presenten los títulos 
oportunos que acrediten las distintas transmisiones efectuadas, o se acuda a alguno de 
los medios que permite la Ley Hipotecaria para reanudar el tracto sucesivo interrumpido 
(cfr. artículo 208).
3.  Por otro lado, en relación con el fondo de la cuestión planteada, se hace preciso 
examinar, en primer término, el sentido de la cláusula testamentaria debatida, y más en 
concreto el acierto o no de la interpretación que se hace de la misma, para lo que ha de 
partirse del tenor del artículo 675 del Código Civil: «Toda disposición testamentaria 
deberá  entenderse  en  el  sentido  literal  de  sus  palabras,  a  no  ser  que  aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que 
aparezca  más  conforme  a  la  intención  del  testador,  según  el  tenor  del  mismo 
testamento».
Respecto de tal norma es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid., por todas, 
Resolución de 29 de junio de 2015), que de dicho precepto resulta el entendimiento de 
las  cláusulas  conforme  el  sentido  literal  de  las  palabras  a  menos  que  aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador; que el centro de gravedad de la 
interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la fijación 
de la voluntad real del testador, esto es, sentido espiritualista de las disposiciones; que, 
recogiendo  la  doctrina  asentada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  1  de 
diciembre de 1985, en la interpretación de los actos testamentarios, la principal finalidad 
es investigar la voluntad real, o al menos probable del testador en sí misma, sin que 
pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre 
que aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas del testamento, y de 
completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y el sistemático; y que 
el primer elemento en la interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la  s
utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero  oe.
significado de las cláusulas testamentarias. w.
Por su parte, la Resolución de 22 de junio de 2015, en la misma línea, señala que,  57ww
s«edgeúbne reáln  aertnícteunlod e6r7s5e  deenl  Ceól dsigeon tCidiov il,li tlear ainl tedrep rseutasc ipóanl adber alass,  cal ánuos uslaesr  tqeuseta maepnatraerziacas 
qcluaera mapeanrteez qcau e mfuáes  octroan lfao rvmoelu nata dla  dienlt etensctiaódno rd»e; lq utees t«aedno rc asseog dúen  deuld ate sneo ro bdseel rvmairsám loo   BOE-A-cable e
testamento»; y que, en esa búsqueda de la intención más probable del testador, no se 
puede  aplicar  de  forma  automática  el  criterio  de  la  interpretación  restrictiva  de  los 
términos concretos utilizados, sino el de interpretación teleológica, debiendo atenderse 
especialmente  al  significado  que  esas  palabras  utilizadas  tengan  usualmente  en  el 
contexto del negocio o institución concreta de que se trate.
Como tiene declarado el Tribunal Supremo, la finalidad de la interpretación del 
testamento es la averiguación de la voluntad real del testador –que es la manifestada en 
el  momento  en  que  realizó  el  acto  de  disposición,  es  decir,  en  el  instante  del 
otorgamiento del testamento (Sentencias de 29 de diciembre de 1997 y 23 de enero 
de  2001,  entre  otras)–,  sin  que  el  intérprete  pueda  verse  constreñido  por  las 
declaraciones  o  por  las  palabras,  sino  que  su  objetivo  ha  de  ser  descubrir  dicha 
intención, que prevalece sobre aquellas porque constituye el fin de la hermenéutica 
testamentaria, según establece el artículo 675 del Código Civil y ha sido recogido por la 
doctrina jurisprudencial concerniente a este precepto (entre otras, Sentencias de 9 de 
marzo de 1984, 9 de junio de 1987, 3 de noviembre de 1989, 26 de abril de 1997, 18 de 
julio de 1998, 24 de mayo de 2002, 21 de enero de 2003, 18 de julio y 28 de septiembre 
de 2005).
Entre los medios de interpretación testamentaria se encuentran primordialmente los 
siguientes:  el  elemento  literal  o  gramatical,  del  que  procede  partir  según  el  propio 
artículo 675 y, además, con la presunción de que las palabras utilizadas por el testador 
reproducen fielmente su voluntad (Sentencia de 18 de julio de 2005); los elementos 
sistemático, lógico y finalista, empleados de forma conjunta o combinada, sobre la base 
de  la  consideración  del  testamento  como  unidad  (Sentencia  de  31  de  diciembre 
de 1992); los elementos de prueba extrínsecos, que son admitidos por las doctrinas 
científica y jurisprudencial (entre otras, Sentencias de 29 de diciembre de 1997, 18 de 
julio de 1998, 24 de mayo de 2002 y 21 de enero de 2003), ya sean coetáneos, previos o 
posteriores al acto testamentario.
En el presente caso, la redacción del testamento ológrafo de la titular registral puede 
reflejar ciertas dudas sobre su verdadera voluntad, pero aunque no utilice expresamente 
el término «sustitución» ni «fideicomiso» y se refiera a su hija como «heredera», también 
es cierto que del resto de sus palabras resulta que viene a prever una sustitución 
fideicomisaria, con doble llamamiento. Nombra a su nieta como fiduciaria al señalar que 
«disfrute  ella  de  todo  lo  mío  con  atribuciones  como  propios»,  y  nombra  heredera 
fideicomisaria a su hija («a su muerte pasará lo mío si vive su madre a ella») y como 
fideicomisario  a  determinar  «a  la  persona  de  mi  sangre  que  por  derecho  le 
corresponda». Si no sobrevive ningún descendiente de su sangre, pasarán los bienes a 
la Fundación Barrié.
4.  Esta conclusión se alcanza dentro del contexto de un testamento ológrafo, en el 
que, a diferencia del autorizado notarialmente, no existe razón para presumir un uso 
técnico de las palabras por la testadora, y se basa más detalladamente en las siguientes 
consideraciones:
– Que el testamento, cualquiera que sea su forma, se caracteriza por ser un acto 
dispositivo, esto es, en el que el testador ordena su sucesión disponiendo de sus bienes 
para después de su muerte, sin que sea verdadero testamento aquel acto en el que se 
limita  una  persona  a  efectuar  ruegos  o  aconsejar  sobre  el  destino  de  sus  bienes 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1940). Pero de una interpretación 
conjunta de las cláusulas del testamento ológrafo del presente caso resulta una clara 
voluntad de la testadora de ordenar el destino de sus bienes, incluso de una manera  e.
exhaustiva,  agotando  posibilidades  futuras,  con  alternativas  diversas.  Todo  ello,  se  w.b
insiste, en el contexto de un acto, el testamento ológrafo, en el que no cabe presumir  57ww
técnEicsa  jduerí ddiceas teanc alar  oqtoureg alan ter.eciente  jurisprudencia  ha  sido  flexible  en  cuanto  a  la
Taprirbeucniaacl iSóunp dree mlao v doelu 1n9ta dde t edsictaiemmebnrtea rdiae  e2n0 0u6n,  tqeustea mcoennstiod eorlaó gvrearfdoa. dAesrío,  late sSteanmteennctoia u dneol 
ológrafo en el que el testador manifestaba tener el deseo de modificar en el futuro su
testamento notarial en el sentido allí expresado. También la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 25 de noviembre de 2014, que puede ser especialmente relevante en el 
caso, pues en el supuesto en ella contemplado la testadora también expresa “el deseo” 
de que determinado bien de la herencia se entregue a un familiar, considerando el 
Tribunal Supremo que del uso de esa expresión (“deseo”) no resulta que la disposición 
testamentaria ológrafa «sea un simple ruego». En un sentido similar, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de junio de 2018 considera testamento ológrafo aquel en el que 
el testador expresaba su «deseo» de donar al hijo ciertos inmuebles, a pesar de que en 
el propio testamento en cuestión no se expresaba que se tratara de un testamento, ni se 
usaban términos como testar o legado.
Por otra parte, en el supuesto presente, la testadora comienza por afirmar que deja 
ratificado lo dicho en un testamento anterior, lo que implica que es consciente de estar 
actuando en el ámbito de una disposición de última voluntad. Podría ser argumentable 
que este inciso inicial («Ratifico lo dicho en mi anterior testamento …») implicase una 
hipotética  voluntad  de  subsistencia  de  un  testamento  anterior,  que  reforzase  la 
consideración  del  «testamento  ológrafo»  posterior  como  acto  no  verdaderamente 
testamentario, o al menos tener ese supuesto testamento anterior un valor interpretativo 
del  testamento  posterior.  Pero  lo  cierto  es  que  faltan  en  el  expediente  datos  para 
pronunciarse  sobre  ello,  en  cuanto  no  se  conoce  a  qué  testamento  se  refiere  la 
testadora,  si  existe  realmente  y  aún  menos  su  contenido,  y,  en  todo  caso,  en  el 
testamento ológrafo que se analiza se realiza una disposición completa de los bienes de 
la testadora.
Además,  el  testamento  ológrafo  en  cuestión  ha  sido  mandado  protocolizar 
notarialmente por auto judicial, lo que supone que se ha considerado en esa sede 
judicial, más allá de los aspectos formales, que existía un verdadero acto testamentario.
– Que, aunque los llamamientos a una sustitución fideicomisaria deban ser expresos 
y no se presuman (artículos 783 y 785.1 del Código Civil), ello no implica la necesaria 
utilización  de  la  expresión  sustitución  fideicomisaria  o  un  equivalente  técnico  de  la 
misma, en el testamento, pudiendo resultar la figura de la sustitución fideicomisaria, con 
el natural deber de conservar, más o menos amplio, según haya previsto el testador, y de 
transmitir  a  un  segundo  heredero,  del  establecimiento  de  un  orden  sucesivo  de 
llamamientos (Resolución 4 de enero de 1994, que trata un supuesto en el que, en un 
testamento  notarial,  se  instituyó  herederos  a  unos  hermanos  del  testador  y,  «al 
fallecimiento de los mismos», se les sustituía por unos sobrinos carnales de aquel, 
admitiendo que de ello resultaba la existencia de una sustitución fideicomisaria).
– Es cierto que la testadora se refiere en el testamento ológrafo referido a su hija 
como «su heredera». Pero el uso de este término permite una interpretación distinta a la 
de  hallarnos  ante  una  institución  de  heredero  en  sentido  técnico.  Es,  así,  posible 
interpretar este término –heredera– como una referencia genérica a su condición de hija, 
con los derechos que le son en principio correspondientes. Es conocida la práctica 
común, y la cierta confusión en el lenguaje no jurídico, especialmente en los tiempos de 
la  redacción  del  testamento,  entre  el  hecho  de  instituir  herederos  a  los  hijos  en 
testamento y el «reconocerlos como hijos», lo que trasluce la concepción de que el hijo 
es «naturalmente» el heredero de los padres, y ello no excluiría necesariamente la 
intención de la testadora de ordenar su sucesión apartándose de las reglas de la 
sucesión legal. Se trataría así de un término con un uso social o familiar y no jurídico, 
siempre en el contexto de un testamento no notarial.
– Por otra parte, siendo cierto que lo frecuente en una sustitución fideicomisaria siga  s
un orden descendente, nada se opone legalmente a que el orden que el testador desee  oe.
sea el inverso. w.
– Es cierto también que serían posibles y no absurdas otras interpretaciones del  57ww
tteosdtoa mloe mntíoo.» )A lsoí , epso ednrí au sinutferurpctroe,t aerls ecu qaul ep oldar ídai sspeorsloic iinócnl uas of acvoonr  fdaec unltiaedtae s( «ddisispforustieti vdaes 
p(«rocopnie daatrdib, uscieionndeos  laco pmreov pisrioópni oqsu»e) , sye  lhaa qcuee s soeb rhea scuep ae rfvaivveonr cdiae  dlae  hlaija h lioja  sae rlíaa  neient an u(«daa   BOE-A-cable e
su muerte pasará lo mío si vive su madre a ella») una condición suspensiva de la 
institución de heredera de la hija en nuda propiedad, lo que, a su vez, permitiría distinguir 
esta previsión de la disposición especial que en el mismo testamento existe en relación 
al dinero («y si se recibe algún dinero que me pertenezca a mí lo disfrute ella en 
propiedad»), el cual quedaría sujeto a un régimen distinto al de los demás bienes 
(propiedad  frente  a  usufructo).  Desde  esta  misma  perspectiva,  las  previsiones 
subsidiarias a favor de terceros («y si no a la persona de mi sangre que por derecho le 
corresponda y si algún día no quedase ningún familiar de mi sangre es mi deseo fuese 
todos mis bienes para la Fundación Barrié …») tendrían el carácter de una sustitución 
vulgar de la nuda propietaria, si no se hubiese cumplido la condición de su supervivencia 
a la nieta (como ha sido el caso).
Aunque sin duda nunca es sencillo distinguir entre estas dos figuras sucesorias 
(fideicomiso y usufructo con facultades de disposición), y mucho menos lo será en un 
testamento no notarial como el de que se trata, la jurisprudencia ha venido considerando 
que  la  distinción  entre  el  usufructo  con  facultades  dispositivas  y  la  sustitución 
fideicomisaria radica en que, en el primero, existe un doble llamamiento a los bienes, con 
el desdoblamiento actual entre la titularidad del usufructuario y la del nudo propietario. 
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1998, con cita de la resolución 
de este Centro Directivo de 2 de diciembre de 1998, declara que: «… el testador, cuando 
desmembra el derecho en usufructo y nuda-propiedad no hace un doble llamamiento 
sucesivo respecto de la misma cosa, sino que distribuye entre distintas personas, de 
modo inmediato, las facultades integrantes del derecho».
La clave, por tanto, parece ser el carácter sucesivo del llamamiento. Ciertamente, 
esta sentencia consideró que no era asimilable a una sustitución fideicomisaria un 
llamamiento en nuda propiedad a unos descendientes futuros (nondum concepti), pero 
sobre  la  base  de  que,  en  un  testamento  notarial,  el  llamamiento  inicial  lo  era 
expresamente en usufructo. También se ocupa de un llamamiento en usufructo con 
facultades de disposición y su posible consideración de sustitución fideicomisaria la 
resolución este Centro Directivo de 3 de julio de 2019, y aunque se rechaza en ella que 
exista  en  el  caso  tal  sustitución  fideicomisaria,  se  hace  sobre  la  consideración 
fundamental de ser el testamento notarial, debiendo sus disposiciones ser interpretadas 
técnicamente, siendo, además, en dicho supuesto, la institución de heredero en nuda 
propiedad actual, y no para después de la muerte del primer llamado, y a favor de 
personas determinadas y concretas, argumentos que no cabe trasladar al supuesto 
presente.
En  el  presente  caso,  sobre  la  base  de  que  no  se  emplean  por  la  testadora 
expresiones técnicas, lo cierto es que la voluntad parece ser ordenar un llamamiento 
sucesivo a los mismos bienes hereditarios (distintos del dinero), lo que encuentra un más 
natural encaje en la figura de la sustitución fideicomisaria.
Además, aunque se considerase que la figura es un usufructo con facultad de 
disposición, como parece claro la voluntad de condicionar el llamamiento a la madre de 
la supuesta usufructuaria (y causante en la herencia que se presenta a inscripción) a su 
supervivencia a esta, lo que no se habría cumplido, entrarían en juego las previsiones a 
favor de terceros llamados (parientes de sangre y una Fundación), entendidas estas 
como sustitución vulgar de la institución de heredero en nuda propiedad condicional. 
Aunque  ciertamente  esto  también  sucederá  si  se  sigue  la  tesis  de  la  sustitución 
fideicomisaria, pues en tal caso, parece que estos llamamientos subsidiarios lo son en 
concepto de sustitución vulgar en el fideicomiso (y no de una sustitución fideicomisaria  s
sucesiva, pues cualquier duda entre sustitución vulgar y fideicomisaria debe resolverse a  oe.
favor de la primera), quedando este llamamiento sujeto a la condición de supervivencia  w.
al fiduciario. Pero lo que sí podría variar, de seguirse una u otra tesis, es la necesidad de  57ww
ipnatertrivceionncaiól nd e dlae  tiltousla rn ruedgoisst raplr,o cpoiemtaor idoess pou éfisd eviecroemmiosas.rios en el acto de adjudicación
de l–a  cEasu staamntbei étnit uclaierr troe gqiuster,a lt,r astuájnedtao sael  ddeer eucnhao s cuocmesúiónn (,D pisopr olas icfeiócnh aT rdaenls fiatollreiac im8.iªe ndteol   BOE-A-cable e
Código Civil y Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 5/1995, de 24 de mayo, de derecho 
civil de Galicia; Sentencia del TSJ de Galicia de 24 de abril de 2012; siempre asumiendo 
que la vecindad civil de la testadora fuera la gallega), se podría entender que las 
previsiones testamentarias de su testamento ológrafo vulneran los derechos legitimarios 
de la hija de la testadora.
Tampoco sería descartable apreciar, incluso, una preterición de la misma en el 
testamento ológrafo referido, pues no toda mención en un testamento, ni siquiera toda 
atribución  testamentaria,  excluyen  la  preterición  del  heredero  forzoso  (así, 
específicamente en cuanto a una sustitución fideicomisaria, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de marzo de 1995).
Pero la lesión de los derechos legitimarios, con el alcance que estos deban tener (al 
menos alcanzarían a la legítima estricta, asumiendo que el tercio de mejora puede 
atribuirse  a  descendientes  de  ulterior  grado),  o  la  hipotética  preterición  de  la  hija 
heredera  forzosa,  no  determinarían  la  ineficacia  de  oficio  del  testamento,  sin  una 
decisión judicial que así lo declarase, como ha considerado recientemente este Centro 
Directivo (Resolución 2 de agosto de 2018), y sin que ello implique tampoco que pueda 
prescindirse de dicha heredera forzosa al formalizar las operaciones de la herencia de la 
causante titular registral.
Debe  tenerse  en  cuenta,  además,  que  dichos  derechos  legitimarios,  sujetos  al 
derecho  común,  serían  transmisibles  por  muerte  a  los  herederos  de  la  legitimaria, 
pareciendo resultar de los términos del recurso que existen más hijos y herederos de la 
legitimaria que la nieta «fiduciaria», sin que conste acto alguno de renuncia de la misma 
o de sus herederos a dichos derechos.
Con esto no se prejuzga ahora si de los términos de la escritura de herencia 
presentada a inscripción podría resultar un consentimiento de esos herederos de la 
legitimaria que implicase una renuncia de derechos legitimarios, pero debe recordarse 
que toda renuncia de derechos hereditarios debe ser clara y expresa, y hallándose cierto 
el renunciante de los derechos a los que se renuncia (artículo 991 del Código Civil).
Por tanto, el defecto señalado en la nota de calificación ha de ser confirmado.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y en 
consecuencia confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  1  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.