BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 321 Miércoles 9 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 112664
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
15861 Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se publica Convenio con la Comunidad de Castilla y 
León, sobre la cesión de datos del formulario de control sanitario, gestionado 
a través de la aplicación Spain Travel Health.
Suscrito el 24 de septiembre de 2020, Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  sobre  la  cesión  de  datos  del  formulario  de  control 
sanitario,  gestionado  a  través  de  la  aplicación  SPAIN  TRAVEL  HEALTH  y,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 25 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León sobre la cesión de datos del formulario de control sanitario, gestionado a 
través de la aplicación SPAIN TRAVEL HEALTH
En Madrid, a 24 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  Pilar  Aparicio  Azcárraga,  Directora  General  de  Salud  Pública 
nombrada para este cargo por el Real Decreto 805/2018, de 29 de junio, en ejercicio de 
las competencias atribuidas por el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, en base a la atribución contemplada en la Orden 
SSI/131/2013, de 17 de enero, de delegación de competencias en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se mantiene en vigor según lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 735/2020.
De otra parte, Verónica Casado Vicente, Consejera de Sanidad de la Junta de 
Castilla  y  León,  nombrada  para  este  cargo  por  el  Acuerdo  14/2019,  de  julio,  del 
presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las 
Consejerías de la Junta de Castilla y León, actuando en ejercicio de las facultades que le 
vienen conferidas por el articulo 26 l de la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Ambas intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente,  les  confieren  los  cargos  que  desempeñan  y  se  reconocen  mutuamente  s
capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal efecto, oe.
EXPONEN
Primero.
Que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere  la  adopción  de  medidas  inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta 
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una 
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número 
de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Por ello, las 
medidas a adoptar se encuadran en la acción decidida de todas las Administraciones 
Públicas, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión 
de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Segundo.
Que la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 
el  que  se  aprueban  medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la 
reactivación económica, señala que el Ministerio de Sanidad determinará los controles 
sanitarios necesarios a los que deben someterse los pasajeros que lleguen a España por 
vía aérea o marítima y el alcance de dichos controles, siendo el responsable de su 
ejecución. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental 
y un control visual sobre el estado del pasajero.
Dicho  Real  Decreto-ley  señala  igualmente  que,  en  lo  que  se  refiere  al  control 
documental, los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del 
territorio español, deberán cumplimentar un formulario de salud pública, cuyo contenido y 
forma de presentación será establecido por la persona titular de la Dirección General de 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
Tercero.
Que la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública se establece que en 
materia de vigilancia en salud pública es competencia del Ministerio de Sanidad la 
coordinación y gestión de los intercambios de la información en el ámbito nacional para 
una mejor acción asistencial de la comunidad.
Cuarto.
El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública es el 
Responsable del Tratamiento Spain Travel Health SpTH. Cuya finalidad es garantizar el 
control sanitario a la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en relación con la 
pandemia originada por COVID-19. Este Tratamiento contempla la cesión de datos a los 
Servicios  de  Salud  Pública  de  las  Comunidades  Autónomas  de  la  que  han  sido 
informados los pasajeros.
Quinto.
La información contenida en el Tratamiento permite realizar a la llegada a España 
una  evaluación  sobre  si  el  pasajero  internacional  ha  podido  tener  contacto  con  el  es
COVID-19. Así mismo, permite su localización en el caso de que posteriormente se  o
detecte que ha podido estar durante el vuelo en contacto con un caso de COVID-19 y  861ww
atplaa r mleacsabo piémzanmer iedpcinieódtrnaem s li atdde eep r  oevsaisgilbíiinzlialatiodnrma cuidaan  sd ys e ec cgeoousnmtitmarpo ieael ntnsifbateolner midstae er dilcoaao sdqn  up yee Ca rcspOooliVrncraaIeDsrs - pae1o n9lna , dssua cp node neers snot iocnnbaaojds eea tano cs  Eaí dsisdoepe. a nEñtdianfei  csteeaoscdbttoaraessr     OE-A-2020-15able en https://
últimos escenarios es imprescindible la participación de las autoridades sanitarias de
Comunidades Autónomas para localizar a los sospechosos y poder aplicar la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 revisada por la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial y presentada al Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.
Sexto.
Que la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene 
entre sus competencias la vigilancia de la salud pública que en su ámbito territorial tiene 
legalmente atribuida; y como autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma tiene la 
consideración de Responsable del Tratamiento en su ámbito de competencia.
Séptimo.
Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, incluye al principio de cooperación como uno de los principios generales de 
actuación de las administraciones públicas, que desarrolla la propia ley en su título III, 
dedicado a las relaciones interadministrativas. Así, el artículo 140.1, entre los principios 
en virtud de los cuales las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan 
con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de 
éstas,  incluye  en  su  párrafo  d)  el  principio  de  cooperación,  cuando  dos  o  más 
Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, 
asumen compromisos específicos en aras de una acción común. En este mismo título III, 
el artículo 144 incluye la prestación de medios materiales, económicos o personales de 
otras Administraciones Públicas como una de las Técnicas de Cooperación previstas en 
su apartado 1.d).
Octavo.
Que las partes están de acuerdo en la necesidad de ceder los datos a la Comunidad 
Autónoma  de  Castilla  y  León  del  Tratamiento  Spain  Travel  Health  SpTH, 
correspondientes a las personas que hayan viajado a España con destino a dicha 
Comunidad Autónoma por las ventajas que traerá en la eventual implementación de la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
De acuerdo con lo expuesto, en aplicación del principio de cooperación que rige las 
relaciones entre las Administraciones Públicas, y con el fin de establecer fórmulas que 
contribuyan a dar un mejor servicio a los ciudadanos en una materia tan sensible como 
es la lucha contra el COVID-19, las partes suscriben el presente convenio, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la cesión a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León de los datos registrados en el Tratamiento 
Spain Travel Health SpTH correspondientes a las personas que se encuentran en su 
territorio.
2.  El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección de Salud Pública tiene la  e.e
consideración de Responsable del Tratamiento para este sistema de información. b
3.  La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública,  861ww
cRoemspoo nasuatbolreid daedl  Tsraantaitamriiean tdoe e nla r elCaocimónu ncidoand l osA udtaótnoosm qau e tieeln Me inlias tecroion sdied eSraacniiódna d dlee 
ceda4 .e nL vair tiundfo drme aecsitóen C roencovegnidioa. será tratada exclusivamente para finalidades de interés
público en el ámbito de la salud pública o para garantizar elevados niveles de calidad y
de seguridad de la asistencia sanitaria o, en su caso, para proteger los intereses vitales 
del interesado o de otras personas físicas, sobre la base de la normativa aplicable en 
materia de salud pública y siempre con las medidas adecuadas y específicas que 
establezca dicha normativa para proteger los derechos y libertades del interesado, y en 
particular el secreto profesional.
Segunda.  Características de la aplicación.
1.  Spain Travel Health SpTH tiene como finalidad la vigilancia y control sanitario de 
pasajeros procedentes de vuelos internacionales, proporcionando una evaluación sobre 
si el pasajero internacional ha podido tener contacto con el COVID-19, posibilitando la 
localización de contactos estrechos vinculados a los vuelos o el seguimiento de las 
personas en su destino en España con objeto de detectar precozmente la posibilidad de 
esta enfermedad.
2.  Las categorías de datos que serán cedidos incluyen:
a)  Datos  identificativos  y  de  contacto  de  pasajeros:  nombre  y  apellidos,  sexo, 
número Pasaporte/DNI/NIE, número de teléfono, correo electrónico o el domicilio.
b)  Datos  de  salud  de  los  pasajeros  vinculados  a  COVID-19:  tos,  dificultad 
respiratoria,  haber  estado  en  contacto  con  algún  paciente  positivo  confirmado  de 
COVID-19 en los últimos 14 días o haber acudido/visitado un hospital en los últimos 14 
días.
Tercera.  Obligaciones de la Dirección General de Salud Pública.
1.  La Dirección General de Salud Pública se compromete a cumplir las siguientes 
obligaciones:
a)  Proporcionar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, información de los 
formularios de salud pública de los pasajeros internacionales con destino en su territorio.
b)  Adoptar las medidas de seguridad precisas para transferir dicha información.
2.  La Dirección General de Salud Pública no responderá en ningún caso de los 
daños y perjuicios producidos por el mal empleo de los datos cedidos por parte de la 
Comunidad Autónoma firmante.
3.  La Dirección General de Salud Pública no garantiza la certeza de los datos 
introducidos por los pasajeros, que realiza bajo declaración responsable.
Cuarta.  Obligaciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León.
La  Consejería  de  Salud  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  se 
compromete a cumplir las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Responsable 
del Tratamiento con arreglo al RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o de cualquier otra 
disposición o regulación complementaria en materia de protección de datos que, en su 
caso, le fuera igualmente aplicable. La Comunidad Autónoma es consciente de que los 
términos  del  presente  Convenio  en  nada  alteran  ni  sustituyen  las  obligaciones  y 
responsabilidades que le sean atribuibles como Responsable del Tratamiento. e.
b)  Realizar las notificaciones a las autoridades competentes que sean exigibles de  w.
acuerdo  con  la  normativa  vigente  aplicable  respecto  al  Tratamiento,  incluyendo  las  861ww
relatciv) asC au mlasp lbirr ecochna lsa so  einscpiedceinfitceasc idoen esse gtuércindiacda.s necesarias para el acceso a los datos
objeto de cesión.
d)  Hacer un uso correcto de los datos cedidos, empleándose exclusivamente para 
la finalidad prevista.
e)  Destruir los datos identificativos de carácter personal al cabo de cuatro semanas, 
salvo que sean objeto de tratamiento en relación con la historia clínica a Ley 41/2002, 
de 14 y demás normativa sanitaria aplicable.
Quinta.  Mecanismo de seguimiento.
1.  Para  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  este  Convenio  se  constituirá  una 
Comisión, integrada por un representante designado por cada firmante del presente 
Convenio, con las siguientes funciones a realizar por ellos o personas en quienes 
deleguen:
a)  El seguimiento de las actuaciones del Convenio.
b)  La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto a la ejecución del Convenio.
c)  La propuesta y el diseño de medidas y actuaciones complementarias que se 
juzguen de interés.
2.  La comisión se reunirá a petición de una las partes, y al menos una vez al año.
Sexta.  Régimen económico.
Este Convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.
Séptima.  Resolución de controversias.
1.  Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que 
puedan surgir en el cumplimiento del presente Convenio, entre otras las que sean 
consecuencia de la celeridad que ha sido necesaria para la celebración del mismo.
2.  Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y 
ejecución del presente Convenio y no puedan ser resueltas de mutuo acuerdo, se 
someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Octava.  Modificación.
El texto de este Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes mediante 
la suscripción de la correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de 
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Novena.  Duración, resolución y extinción.
1.  El  presente  Convenio  tendrá  una  duración  inicial  de  un  año  y  podrá  ser 
prorrogado expresamente por periodos semestrales sucesivos hasta un máximo de 2 
años. El tratamiento de datos personales con las finalidades previstas en la aplicación 
solo podrá realizarse mientras dure la causa que lo motiva, esto es, la finalidad de 
interés público por razón de salud pública.
La voluntad de prorrogar de una de las partes tendrá que comunicarse a la otra con 
una antelación de treinta días respecto de la fecha de terminación del periodo de 
duración  inicial  o  de  cualquiera  de  sus  prórrogas,  y,  en  caso  de  acuerdo,  deberá  e.
formalizarse por escrito; todo ello sin perjuicio de las causas de resolución recogidas en  w.b
el apartado tercero siguiente. 861ww
octu2b.r e,D  elo sc oncofonrvmeindiaods  csoen  leox etinstgaubelenc idpoo re ne l elc aurmtípculimloi e5n1t od ed lea  Llaesy  4a0c/t2u0a1ci5o,n dees  1q duee 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de las partes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
d)  La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
3.  Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este Convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado a la otra parte con, al menos, 
quince días de antelación a la fecha de resolución propuesta sin que esto suponga 
incumplimiento alguno del presente Convenio.
4.  El Convenio será efectivo una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal.
Décima.  Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.
1.  El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente Convenio es el previsto en el RGPD y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y demás normativa de aplicación en materia de 
protección de datos.
2.  Las partes están obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.
3.  Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia  de  la  ejecución  del  presente  Convenio  tendrá  el  tratamiento  de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros, ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento, sin el acuerdo unánime de las partes.
La obligación de confidencialidad para las partes se extenderá indefinidamente, 
aunque  el  Convenio  se  hubiera  extinguido.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  eventual 
autorización  de  las  partes  o  en  su  caso,  de  que  dicha  información  pasara  a  ser 
considerada como de dominio público.
4.  Adicionalmente, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, se podrán 
tratar los datos para las siguientes finalidades no directamente relacionadas con las 
funcionalidades  de  la  aplicación,  adoptando  las  medidas  técnicas  y  organizativas 
necesarias, en particular, para garantizar el respeto al principio de minimización de datos 
personales, incluyendo, en su caso, su anonimización:
a)  Para su inclusión en la historia clínica
b)  Para finalidades estadísticas.
c)  Para investigación biomédica o científica.
d)  Para archivo en interés público.
Decimoprimera.  Deber de secreto.
1.  Ambas Partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre la  e
información calificada como confidencial facilitada por una, a la otra, con motivo de la  bo
colaboración en las actividades objeto de este convenio. 861ww
pers2o.n aSlees  ac loonss qidueer aterán gainnf oarcmcaecsioó.n  confidencial  toda  la  información  y  los  datos
en  3g.e neLraasl , Ptaordteass  selarsá n preersspoonnassa bdlees  sdue  qrueesp soun spaebrisliodnaadl , qcoulea btoernagdaonre sa, cdcierescot ivao s lay 
información confidencial y/o a los datos personales, respeten la confidencialidad de la
información, así como aquellas obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter 
personal. Por tanto, ambas Partes realizarán cuantas advertencias y suscribirán cuantos 
documentos sean necesarios con dichas personas o terceros, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones aquí establecidas.
4.  Cuando así le sea solicitado por la otra parte, cada Parte destinará sus mejores 
esfuerzos  para  poner  a  disposición  de  la  otra  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior lo antes posible.
Decimosegunda.  Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio en la fecha 
indicados en la firma.–Por el Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio Azcárraga.–Por la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Verónica Casado Vicente.