BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60083
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8350 Sala Segunda. Sentencia 84/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 5128-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:84
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5128-2019,  promovido  por  la  entidad  Penrei 
Inversiones, S.L., contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 
de Lorca de 25 de junio de 2019, por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra el auto de 21 de septiembre de 2018, por el que se inadmite el escrito 
de oposición a la ejecución hipotecaria en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 378-2018. Ha comparecido la entidad Pera Assets Designated Activity Company. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos.
I. Antecedentes
1.  La entidad Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta, y bajo la asistencia de la letrada doña Anju 
Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este tribunal el 9 de septiembre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., promovió un procedimiento de ejecución  w.
hipotecaria frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en  50ww
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3p7o8r -2e0l 1J8u.zgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca  con  el  núm.  BOE-A-cable e
b)  El juzgado acordó despachar ejecución mediante auto de 14 de junio de 2018 
frente a las sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que 
le sigue, acordando las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 18 de junio de 2018; fecha en la que se recibió en la dirección electrónica habilitada 
de ambas entidades un mensaje del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre con el aviso de que hasta el 3 de agosto siguiente 
tendrían disponible una notificación relacionada con el procedimiento 378-2018, a la que, 
para  que  constase  como  leída,  debía  acceder  a  través  de  un  enlace  adjunto.  La 
ejecutada accedió a dicho enlace el 25 de julio de 2018.
c)  La entidad demandante de amparo presentó el 31 de julio de 2018 escrito de 
oposición a la ejecución despachada. Por auto de 21 de septiembre de 2018, el órgano 
judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender extemporánea su 
presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 18 de junio de 2018.
d)  La entidad demandante de amparo interpuso recurso de reposición, alegando 
que la notificación y requerimiento no habían de entenderse realizadas el 18 de junio 
de 2018, sino el 25 de julio siguiente, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no constituye sino un aviso de puesta a disposición para 
descarga de su contenido durante un plazo determinado; poniendo de manifiesto que, 
entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 y 162 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el art. 24 CE.
e)  El recurso fue desestimado por auto de 25 de junio de 2019 con fundamento en 
que las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica y, por tanto, están 
obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 
de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 a) de 
la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
y 273.3 LEC. Según el auto, el art. 162.2 LEC impone que la comunicación electrónica 
surte efecto trascurridos tres días desde que fue efectuada sin que el destinatario acceda 
a su contenido. Concluye que, al constar que la notificación se puso a disposición de las 
ejecutadas el 18 de junio de 2018, la presentación del escrito de oposición el 31 de julio 
de 2018 se produjo fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC, esto es, 
más allá de los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando la 
ejecución.
3.  La demandante de amparo alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al 
haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada a través de un correo electrónico 
remitido por un servicio de notificaciones electrónicas y no mediante entrega de la 
documentación correspondiente en papel en la sede de su domicilio social; y ello pese a 
que esa comunicación fue el primer emplazamiento en la causa. Además, señala que, en 
todo caso, siguió las indicaciones que le facilitó la comunicación electrónica, de manera 
que accedió al contenido de la notificación dentro del plazo fijado de disponibilidad; fecha 
que, sin embargo, el órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la 
inadmisión del escrito de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el 
art. 556 LEC.
La demandante de amparo insiste en que, por ser una persona jurídica, si bien está 
obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, 
según establece el art. 273 LEC; sin embargo, cuando se trata del primer emplazamiento  e.
y, por tanto, todavía no se ha tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en  w.b
ese  concreto  procedimiento,  la  notificación  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  50ww
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al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los 
litigantes».
La demandante de amparo, además, expone que el auto de 25 de junio de 2019 
fundamenta su decisión en la Ley del procedimiento administrativo común, norma que es 
inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al 
respecto, no se dan en uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales. Precisa 
que en materia de notificación de actos procesales resulta aplicable tanto la Ley de 
enjuiciamiento civil como el art. 24 CE, que reconoce el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Alega finalmente que se ha producido también una vulneración del derecho a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en las vertientes del derecho a la 
defensa contradictoria y del derecho a la asistencia letrada, las cuales permiten en todos 
los órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin 
limitaciones a su defensa que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna 
de ellas.
En consecuencia, solicita que se estime el recurso del amparo, acordando la nulidad 
de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  y  se  ordene  reponer  las  actuaciones  al 
momento previo al dictado de la primera de las resoluciones judiciales impugnadas, a fin 
de que el juzgado admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 29 de junio de 2020, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y 
puede dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC  155/2009,  FJ  2  b)];  dirigir  atenta  comunicación  al  órgano  judicial  para  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que puedan 
comparecen  en  el  recurso  de  amparo;  y  la  formación  de  la  pieza  separada  de 
suspensión, que fue resuelta por ATC 86/2020, de 22 de julio.
5.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los Tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, bajo la asistencia 
del letrado don Alejandro Ingram Solís, por escrito registrado el 28 de julio de 2020, 
manifestó ser cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los 
que era titular Banco de Sabadell, S.A., (entre ellos el que grava la finca hipotecada que 
es objeto del proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por 
lo que solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
La  Secretaría  de  Justicia  de  la  Sección  Tercera  del  tribunal,  por  diligencia  de 
ordenación de 12 de febrero de 2021, tuvo por personada y parte a la procuradora doña 
Blanca María Grande Pesquero en la representación acreditada y acordó dar vista de las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El  Ministerio  Fiscal,  mediante  escrito  registrado  el  10  de  marzo  de  2021, 
presentó  sus  alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  y,  en  s
consecuencia,  que  se  declare  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  oe.
indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la notificación  w.
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fundamenta  esta  petición  en  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  en  las
SSTC 40/2020, de 27 de febrero, y 43/2020, de 9 de marzo, en las que, entre otras, se 
han resulto demandas de amparo semejantes a la presente.
7.  La  entidad  recurrente  presentó  sus  alegaciones  el  17  de  marzo  de  2021, 
remitiéndose  a  lo  expuesto  en  su  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que el tribunal resolvió estimatoriamente un asunto 
prácticamente idéntico al actual.
8.  Por providencia de 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional establecida por las SSTC 6/2019, 
47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, ha abordado el examen de la misma queja 
de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del 
art. 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de 
oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la 
doctrina del Tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), (iii), dictada 
al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el último inciso 
del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
en  relación  con  la  garantía  de  emplazamiento  personal  inicial  del  demandado  o 
ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil 
(directa o supletoriamente). En ellas se ha concluido que no procede efectuar por medios 
electrónicos  la  citación  o  emplazamiento  del  demandado  aún  no  personado  en  el 
procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio, sin que 
dicha forma de comunicación pueda ser sustituida por otra electrónica, como puede ser 
el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento 
personal se exige en el art. 155.1 LEC, del que es complemento la regla establecida en 
el  art.  273.4  LEC  sobre  la  presentación  en  papel  de  las  copias  de  los  escritos  y 
documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, 
«acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha 
declarado el Tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, 
civiles  y  concursales,  que  se  especifican  en  el  mismo  fundamento  jurídico  3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que se hizo en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su emplazamiento personal 
en el proceso a efectos de requerirla de pago o, alternativamente, permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando, en cambio, el órgano judicial por un emplazamiento 
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, el plazo para presentar 
el  escrito  de  oposición  fue  computado  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo común que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos.
Por tanto, el presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la 
doctrina fijada en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y declararse la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 CE). De  es
conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de los  o
autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, así  50ww
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demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 de 
septiembre de 2018 y 25 de junio de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 5 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 378-2018, así 
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a 
través de la dirección electrónica habilitada, en lo que respecta exclusivamente a la 
demandante de amparo.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandante de amparo, debiendo llevarse a cabo de 
nuevo  este  último  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.