BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 259  Miércoles 30 de septiembre de 2020  Sec. I.   Pág. 82169
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11416 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación 
de emergencia sanitaria causada por la Covid-19 exige mantener las medidas 
excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
en sus artículos 22 y 23, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada por causa 
de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas 
con la COVID-19, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en 
materia de protección por desempleo y cotizaciones.
La posible evolución de la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere la total 
normalidad, el daño que pueda haberse producido en el tejido productivo y el potencial de 
crecimiento, son circunstancias a tener en cuenta.
Las medidas laborales tomadas desde el inicio de esta crisis debido a las medidas de 
confinamiento y restricciones que se adoptaron para hacer frente a la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19, se han traducido en una menor caída del empleo que la que 
cabía esperar ante la reducción del PIB, atendiendo a la relación existente entre ambas 
cifras en periodos precedentes de crisis.
Toda la normativa adoptada por causa del COVID-19, cuyo pilar o eje fundamental 
está constituido por las medidas de flexibilidad interna, ha tenido y tiene como objetivo 
estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y de la capacidad 
productiva del tejido empresarial y flexibilizar los mecanismos precisos, evitando cargas 
adicionales innecesarias. Todo ello, además, acompasado con la capacidad de respuesta 
necesaria ante las medidas preventivas necesarias y las decisiones, especialmente en 
materia sanitaria, que pudieran ser acordadas, en su caso, por las autoridades 
competentes.
El primer Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado entre los agentes sociales 
y el Gobierno el día 8 de mayo de 2020, que se convirtió en el Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, expresaba ese objetivo: 
facilitar la transición de las empresas de una situación de repliegue e hibernación a una 
situación de restablecimiento gradual y paulatino, diferenciado por sectores y zonas 
geográficas, pero permitiendo a un tiempo, a través de un mecanismo de flexibilidad 
inédito en nuestro ordenamiento jurídico laboral, el mantenimiento de una situación con 
capacidad de respuesta ágil y adecuada que permitiese la reversión y evitasen impactos 
desproporcionados e irreversibles en la actividad económica y el empleo.
El posterior Acuerdo que cristalizó en el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de  s
competitividad del sector industrial, asumía idénticos presupuestos y objetivos. oe.
Este real decreto-ley, producto del tercer Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre  w.
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ofrecer una protección que se adecue a diferentes escenarios y entornos de crisis, ya sea
por la diferente afectación del sector de actividad, por el grado de impacto que en  Bc
determinadas circunstancias pueden provocar las decisiones adoptadas por razones 
sanitarias, o por el tránsito a causas de naturaleza distinta que fundamenten el 
mantenimiento de las medidas de suspensión o reducción de jornada.
II
El propósito por tanto de este Real Decreto-ley es defender el empleo y garantizar la 
viabilidad futura de las empresas cubriendo diferentes objetivos.
Inicialmente, prorrogar la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya 
vigencia estaba previsto que terminase el 30 de septiembre de 2020, así como del 
procedimiento especial regulado en el artículo 23 de dicha norma, dada la persistencia de 
los factores que llevaron a su adopción y los efectos socioeconómicos que la emergencia 
sanitaria sigue causando en la actividad de las empresas y en los contratos de trabajo.
Por otro lado, prever nuevas medidas de suspensión y reducción de jornada causadas 
por impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como 
consecuencia de medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades 
competentes.
Presenta también como objetivo prorrogar todas aquellas medidas complementarias 
de protección del empleo que se entienden precisas para garantizar la necesaria 
estabilidad, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo, previstas en los 
artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral los efectos causados por el COVID-19, 
y en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo.
Asimismo, resulta necesario atender de manera adecuada el diferente impacto que la 
crisis provocada por la pandemia está causando en diferentes sectores productivos más 
directamente vinculados con los factores asociados a los riesgos epidemiológicos de 
la COVID-19. Se incluyen en este apartado las empresas pertenecientes a sectores con 
una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una 
reducida tasa de recuperación de actividad por su clasificación en un código concreto de 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, así como aquellas otras que forman 
parte de la cadena de valor de las anteriores o que presentan una dependencia económica 
acusada de las mismas por su volumen de operaciones o el tipo de actividad desarrollada.
Este concepto de empresa resulta de aquellas que, desde el principio de la crisis 
sanitaria hasta la fecha, no han llegado a recuperar a las personas trabajadoras reguladas 
en porcentajes significativos (menos del 65 por ciento de personas trabajadoras 
recuperadas de los expedientes de regulación desempleo) y que además pertenecen a 
sectores específicos (más del 15 por ciento de personas reguladas del total de afiladas al 
régimen general en un CNAE concreto).
III
La pandemia generada por el COVID-19 se está prolongando mucho más y con mayor 
intensidad de lo esperado y cabe prever incluso la necesidad de suspender nuevamente 
determinadas actividades. La situación de los trabajadores autónomos, al frente de  s
pequeñas y medianas empresas, es especialmente grave, ya que vieron interrumpida su  oe.
actividad debido a las medidas de contención de la pandemia decretadas por el Gobierno  w.
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El Gobierno ha establecido desde la declaración del estado de alarma por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, medidas excepcionales en materia de seguridad social 
en favor de los trabajadores autónomos más afectados por las consecuencias de la crisis 
del COVID-19, pero el 30 de septiembre finaliza el plazo previsto para las últimas medidas 
adoptadas, que son la exención en la cotización regulada en el artículo 8 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, así como la prestación especial por cese de actividad prevista 
en el artículo 9 del mismo real decreto-ley, por lo que se hace preciso adoptar nuevas 
medidas en favor de los trabajadores autónomos que, a pesar de haberse beneficiado 
de las anteriores, siguen sufriendo los efectos económicos generados por la crisis 
del COVID-19, sin que el tiempo transcurrido haya mejorado su facturación y los 
rendimientos de su actividad.
Las nuevas medidas que se ha considerado conveniente adoptar y que se establecen 
en los artículos trece y catorce, así como en la disposición adicional cuarta, consisten en 
garantizar unos ingresos a aquellos trabajadores que se ven afectados por la suspensión 
de la actividad en virtud de resolución administrativa, aquellos otros que no tienen acceso 
a una prestación ordinaria de cese, así como a los trabajadores autónomos de temporada 
que ven reducida su actividad, al tiempo que se mantiene hasta el 31 de enero de 2021 la 
prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, para aquellos autónomos que la hayan percibido durante el 
tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto 
trimestre, y en facilitar el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, 
habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, 
no percibieron la prestación regulada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 
de junio, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo 
para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir 
hasta el 31 de enero de 2021.
Se considera que las razones aducidas justifican sobradamente el recurso a su 
aprobación mediante real decreto-ley, ya que la urgente necesidad de paliar en materia de 
seguridad social las consecuencias para los trabajadores autónomos de la crisis económica 
producida por el COVID-19, no admite la demora que supondría su tramitación mediante 
un proyecto de ley, por lo que es conforme con las previsiones del artículo 86 de la 
Constitución.
Además, y con la finalidad de llevar a cabo una valoración de las medidas ahora 
adoptadas, se ha considerado necesario encomendar a la Comisión de seguimiento de las 
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en 
el ámbito de la Seguridad, constituida al aparado de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el seguimiento y 
evaluación de las medidas que se establecen en este real decreto-ley.
IV
La estructura del presente Real Decreto-ley responde a tres títulos, catorce artículos, 
ocho disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y siete disposiciones 
finales, acompañándose de un anexo.
El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo queda recogido en el Título I, que se 
refleja en dos capítulos y en las tres primeras disposiciones adicionales.
El capítulo I se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados  s
a la COVID-19 y las medidas extraordinarias. oe.
El artículo 1 incluye la prórroga automática de todos los expedientes de regulación  w.
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temporales de regulación de empleo –suspensiones y reducciones– vinculadas de manera
directa con impedimentos de la actividad, o con limitaciones en el desarrollo de la actividad  Bc
normalizada de las empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan y causadas
por nuevas medidas de restricción o contención sanitaria adoptadas por autoridades 
españolas o extranjeras, en el primer caso, o que sean consecuencia de decisiones y 
medidas adoptadas por autoridades españolas, en el segundo.
Incluye este artículo 2 medidas específicas en materia de cotización consistentes en 
diferentes porcentajes de exoneración en las cuotas a la Seguridad Social.
El artículo 3 prorroga la aplicación del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo a los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculados con la COVID-19 e 
iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto, con idéntico alcance y régimen 
jurídico que el previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, con la 
única especialidad de la prórroga de los expedientes que finalicen a partir de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, y añade la posibilidad de prorrogar estos expedientes 
siempre que exista acuerdo para ello en el periodo de consultas.
El artículo 4 reitera los límites en relación con el reparto de beneficios y la exigencia de 
transparencia fiscal ya recogidos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, aplicándolos a las empresas incluidas en el artículo 1.
Como cierre y complemento de las medidas extraordinarias descritas, el título I vincula 
los beneficios previstos en materia de cotizaciones a la Seguridad Social a la salvaguarda 
de empleo, estableciéndose para las empresas beneficiadas por las medidas en materia 
de cotización un nuevo periodo de compromiso de mantenimiento del empleo. Además, 
prorroga la vigencia de los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 
relativos a las medidas extraordinarias para la protección del empleo y a la interrupción del 
cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.
El capítulo II, por su parte, recoge un conjunto de medidas extraordinarias para la 
protección por desempleo de las personas trabajadoras, incluida la prestación 
extraordinaria por fin de campaña para personas con contrato fijo discontinuo, personas 
incluidas en expedientes de regulación de empleo que no sean beneficiarias de 
prestaciones por desempleo, compatibilidad de las prestaciones y compensación 
económica en determinados supuestos de trabajo tiempo parcial.
Dentro del III ASDE se integran, así mismo, las disposiciones adicionales primera, 
segunda y tercera y la disposición transitoria única.
La disposición adicional primera establece un régimen específico en materia de 
beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas pertenecientes 
a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de 
empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.
Además, se establece la posibilidad de que determinadas empresas dependientes 
indirectamente o integrantes de la cadena de valor de las anteriores puedan acreditar ante 
la autoridad laboral dicha condición y acceder a los mismos beneficios en materia de 
cotizaciones.
La disposición adicional segunda prevé la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, 
integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía social, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y 
que tendrá como funciones, entre otras, la valoración de las medidas recogidas en el 
presente real decreto-ley así como el análisis de las eventuales medidas futuras para la 
protección del empleo y del tejido productivo.
La disposición adicional tercera establece, por su parte, que las personas trabajadoras  es
que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como  o
consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en esta  6ww.
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Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
El título II se dedica a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. El 
artículo 13 regula una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad de forma 
similar a la introducida por el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para 
su aplicación durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, en favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente 
sus actividades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto, prestación que 
se mantendría desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad 
hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, e 
introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos 
que no siendo afectado por el cierre de su actividad ven reducido sus ingresos y no tienen 
acceso a la prestación de cese de actividad regulada en el del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre.
El artículo 14 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores de temporada que desarrollen su actividad entre los meses de junio a 
diciembre de 2020 siguiendo la línea marcada en el artículo 10 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
La disposición adicional cuarta regula una prórroga de las prestaciones ya causadas 
al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 
de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial y extiende el derecho a esta prestación hasta el 31 de enero a aquellos 
trabajadores autónomos en los que concurra los requisitos para su acceso en el cuarto 
trimestre del año en curso.
La disposición adicional quinta encomienda, a la Comisión de seguimiento de las 
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en 
el ámbito de la Seguridad, constituida al aparado de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el seguimiento y 
evaluación de las medidas que se establecen en este real decreto-ley.
Las disposiciones adicionales sexta y séptima se refieren al derecho a la percepción 
del bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad 
económica y a las consecuencias de la aplicación indebida de este derecho. Se configura 
una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los efectos de la percepción del 
bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro, 
para aquellas unidades familiares en las que alguno de sus miembros se encuentre en 
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya 
visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras 
circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, de manera que 
los ingresos totales se encuentren por debajo de unos determinados umbrales. La 
percepción del bono social bajo esta nueva modalidad tendrá una duración limitada, hasta 
el 30 de junio de 2021, pudiendo a partir del entonces solicitarse el bono social bajo el 
resto de supuestos regulados en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
La disposición adicional octava establece una bonificación del pago de los derechos 
arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la 
novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria señalada en los 
artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020. Esta moratoria 
supone una continuación a otras anteriores establecidas desde el inicio del Estado de  es
Alarma para aliviar la situación de liquidez de las empresas y autónomos afectadas por la  o
crisis de la COVID-19. 6ww.
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descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge del investigado, o estuviera o hubiese 
estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal tengan su reflejo 
a la hora de reconocer la prestación de ingreso mínimo vital.
Asimismo, la disposición final segunda prevé la modificación del número 30 del 
artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, declarando exentas del impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras de 
formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, 
préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la 
moratoria hipotecaria para el sector turístico, y de la moratoria para el sector del transporte 
público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.
La disposición final tercera introduce modificaciones en la regulación de las 
prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, prevista 
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
La disposición final cuarta modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, a fin de ampliar hasta el 31 de enero de 2021 el plazo 
máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para 
hogares vulnerables sin alternativa habitacional; además, se extiende hasta el 31 de enero 
de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el 
arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en dicho 
real decreto-ley; y se amplían hasta esa misma fecha del 31 de enero de 2021 los contratos 
de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis 
meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que el 
propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en 
cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Por otra parte, la disposición final quinta prevé una modificación del Ingreso Mínimo 
Vital. En concreto, a través de este real decreto-ley se completa la reforma iniciada con el 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, publicado el 
pasado 23 de septiembre, que se presenta como imprescindible en la puesta en marcha 
de los procedimientos de reconocimiento de la prestación no contributiva de Ingreso 
Mínimo Vital, regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital, garantizándose con esta reforma que quedan corregidos 
aquellos puntos oscuros de la norma que provocaban inseguridad jurídica y aquellos otros 
que obligaban a desestimar el reconocimiento de las prestaciones, causando la 
desprotección de aquellos que son acreedores de la misma.
Al mismo tiempo se completa la mejora en la redacción del texto que permite una 
mejor comprensión de la población, lo que repercute positivamente en agilizar el acceso a 
la misma, facilitando la tramitación de la prestación.
Por otro lado y a través de la modificación de la disposición transitoria tercera se 
corrige la necesidad de otorgar la prestación a aquellos que, como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ven o van a ver afectado sus ingresos de 
forma inmediata en el año en curso, obligando al Gobierno a hacer frente, no solo durante 
el año 2020 sino también durante el año 2021, a una realidad que se nos impone como 
necesaria, anticipándonos así a la protección de aquellos, que si bien antes de la crisis  es
sanitarias no estaban en situación de vulnerabilidad, tras la misma se han visto abocados  o
a unas condiciones que ni ellos mismo hubieran podido prever. 6ww.
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logrando así que las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad
económica puedan acceder a la prestación cuanto antes. A la vista de ello, puede 
considerarse concurrente el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que el 
artículo 86 de la Constitución exige para la aprobación de un decreto-ley.
Para completar las necesidades puesta en evidencia durante el tiempo de vigencia de 
la prestación de Ingreso Mínimo Vital y garantizar una mayor protección, se lleva a cabo la 
modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando nueva redacción a determinados 
artículos destinados a regular las prestaciones familiares de la Seguridad Social, 
corrigiendo de esta manera los inconvenientes ocasionados con la reforma llevada a cabo 
con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Por último, las disposiciones finales sexta y séptima recogen el título competencial y la 
entrada en vigor del real decreto-ley, respectivamente.
V
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido 
en el artículo 86.1 CE, el contenido del real decreto-ley se fundamenta en motivos 
objetivos, de oportunidad política y extraordinaria urgencia que requieren su aprobación 
inmediata, entre otros la situación grave y excepcional que persiste como consecuencia de 
la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo que hace indispensable dar 
una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean en el ámbito laboral.
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en 
caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de 
julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica 
la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación 
de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real 
decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas 
en dar una respuesta adecuada que permita restablecer el funcionamiento normal de la 
actividad económica y productiva de las empresas, la necesaria seguridad jurídica y la 
protección de los colectivos que pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de la 
situación descrita y que se definen por su condición extraordinaria y urgente.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la 
presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3), existiendo la necesaria conexión entre la situación de 
urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que constituya  s
un supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional. oe.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las  w.
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procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 7.ª, 8.ª, 
13.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias 
exclusivas en las materias de legislación laboral; de legislación civil y sobre ordenación de 
los registros e instrumentos públicos; de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social; así como de bases del régimen energético.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 29 de septiembre de 2020,
DISPONGO:
TÍTULO I
III Acuerdo Social en Defensa del Empleo
CAPÍTULO I
De los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la COVID-19 
y sus medidas extraordinarias
Artículo 1.  Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las 
causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.
Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 
de enero de 2021.
Artículo 2.  Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones 
de actividad.
1.  Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de 
octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto 
de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros 
afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los 
porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un expediente 
de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de 
impedimento referidas: es
a)  El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y  w.
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aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista 
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.
2.  Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el 
desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas 
por las autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley y en los centros afectados, previa autorización de un expediente de 
regulación temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, de los porcentajes de 
exoneración siguientes:
a)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de 
octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % 
y 80 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
b)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de 
octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % 
y 70 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista 
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.
3.  Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las 
personas trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y previa 
presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización 
y mes de devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al 
mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. En 
concreto y, en cualquier caso, la declaración hará referencia a haber obtenido la 
correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio 
administrativo.
Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo determina la 
finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las 
empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a la 
autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al expediente de regulación de empleo. e.e
La presentación de las declaraciones responsables y la renuncia a las que se refiere  w.b
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de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo 
por el periodo de suspensión o reducción de jornada de que se trate, con las 
particularidades a las que se refiere el apartado 5 del artículo 8 de este real decreto-ley.
No obstante, en el caso de las personas trabajadoras a las que no se haya reconocido 
la prestación por desempleo será suficiente la verificación del mantenimiento de la persona 
trabajadora en la situación asimilada a la de alta a la que se refiere el artículo 10.
El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 
proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información de las 
prestaciones de desempleo reconocidas a las personas trabajadoras incluidas en los 
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren los apartados 1 y 2. 
A tal efecto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer los sistemas de 
comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo Estatal para el contraste con 
sus bases de datos de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.
5.  Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos 
para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se 
apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.
6.  Las exenciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de 
la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio 
Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones 
que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.
7.  Las exenciones previstas en los apartados 1 y 2 se aplicarán, respecto de las 
personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y 
porcentajes de jornada afectados por la suspensión, al abono de la aportación empresarial 
prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a 
las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
Artículo 3.  Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la COVID-19.
1.  A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados 
tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les 
resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las 
especialidades recogidas en este precepto.
2.  La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un 
expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1.
3.  Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 se inicie tras la 
finalización de un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa 
prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos 
de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
4.  Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada 
en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos 
en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.
No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del 
presente real decreto-ley, en los términos previstos en este apartado, siempre que se  e.
alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas. w.
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referencia el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Artículo 4.  Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal.
1.  Los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo 
respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios 
calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al reparto de 
dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación 
temporal de empleo, recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y 
de competitividad del sector industrial, seguirán vigentes en los términos establecidos en 
dicho precepto.
2.  Estos límites resultarán aplicables a todos los expedientes autorizados en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 2 de esta norma, desde su entrada en vigor.
Artículo 5.  Salvaguarda del empleo.
1.  Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la disposición 
adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, se mantendrán 
vigentes en los términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en estos.
2.  Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneraciones 
en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base a la aplicación de 
dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del 
empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en 
la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento 
del empleo previamente adquirido en virtud de los preceptos a los que se refiere el 
apartado 1, el inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya 
terminado.
Artículo 6.  Prórroga de los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 
por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19.
Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, permanecerán 
vigentes hasta el 31 de enero de 2021.
Artículo 7.  Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante la 
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en esta 
norma.
No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de 
la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la 
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este 
artículo.
Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas 
y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, 
directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras 
razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa  s
información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas  e.
trabajadoras. w.
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CAPÍTULO II
De las medidas extraordinarias de protección de las personas trabajadoras
Artículo 8.  Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.
1.  Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), 2 y al 5 
del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta 
el 31 de enero de 2021 a las personas afectadas por los expedientes de regulación 
temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, y a los referidos en el artículo 2 de la presente norma y en la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el 
artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta 
el 31 de diciembre de 2020.
2.  Las empresas afectadas por las prórrogas reguladas en el artículo 1 y aquellas 
que estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo basado en el 
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a fecha de entrada en vigor de la 
presente norma, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo, en los términos regulados en el párrafo anterior, antes del día 20 de octubre 
de 2020.
Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras, deberán 
comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar 
afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad.
Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de 
regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida.
3.  En el caso de procedimientos de regulación temporal de empleo por las causas 
previstas en el artículo 23 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, en los que la 
decisión empresarial se comunique a la Autoridad Laboral tras la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, la empresa deberá formular solicitud colectiva de prestaciones 
por desempleo, en representación de las personas trabajadoras, en el modelo establecido 
al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. El plazo para la presentación de 
esta solicitud será el establecido en el artículo 268 del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social.
A las personas trabajadoras afectadas por estos nuevos expedite les serán de 
aplicación las medidas previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.
La duración de la prestación reconocida se extenderá como máximo hasta el 31 de 
enero de 2021.
4.  La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en este real decreto-ley, se determinará aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 31 de 
enero de 2021, sin perjuicio de la aplicación de las cuantías máximas y mínimas previstas 
en el artículo 270.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
5.  En los casos previstos en los apartados 1 y 2, a efectos de la regularización de las 
prestaciones por desempleo, cuando durante un mes natural se alternen periodos de 
actividad y de inactividad, así como en los supuestos de reducción de la jornada habitual,  e.e
y en los casos en los que se combinen ambos, días de inactividad y días en reducción de  b
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total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la 
jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la 
reducción de jornada.
6.  La comunicación prevista en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la 
obligación de la empresa de comunicar a la Entidad Gestora, con carácter previo, las bajas 
y las variaciones de las medidas de suspensión y reducción de jornada, en los términos 
legalmente establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá dichos datos 
a su disposición.
7.  La medida prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.
La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los 
expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha 
medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de 
octubre de 2026.
Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, con el objetivo proteger a las 
personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no 
se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo 
disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por 
aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como 
consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, 
individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o 
un despido por cualquier causa declarado improcedente.
Artículo 9.  Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que 
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
1.  La prestación extraordinaria se reconocerá a las personas trabajadoras con 
contrato fijo discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten 
en fechas ciertas que hayan estado afectadas, durante todo o parte del último periodo 
teórico de actividad, por un expediente de regulación temporal de empleo basado en las 
causas recogidas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
cuando dejen de estar afectados por el expediente de regulación temporal de empleo por 
alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad.
2.  Igualmente la prestación extraordinaria se reconocerá a las personas trabajadoras 
con contrato fijo discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se 
repiten en fechas ciertas que, por haberse encontrado en alguno de los supuestos 
previstos en las letras b) a d) del artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, hayan sido beneficiarias de cualquiera de estas medidas, siempre que, una vez 
agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo 
de nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes del día 31 de enero de 2021.
3.  El reconocimiento de esta prestación, para las personas incluidas en el apartado 1, 
exigirá la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de prestaciones 
extraordinarias, que incluirá a todas las personas con contrato fijo discontinuo o para la 
realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que dejen de 
estar afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo.
Cuando se trate de supuestos del apartado 2, serán las propias personas trabajadoras 
afectadas quienes deberán solicitar la prestación extraordinaria regulada en este artículo.
4.  El plazo para la presentación de esta solicitud será el establecido en el artículo 268 
del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con carácter general. Para las  e.
situaciones producidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma el plazo será  w.
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actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar a la Entidad Gestora la baja de la
persona trabajadora en la prestación extraordinaria. Será la persona trabajadora la 
obligada a comunicar su baja a la entidad gestora si inicia un trabajo por cuenta propia o 
por cuenta ajena en empresa distinta de aquella con la que tiene suscrito el contrato fijo 
discontinuo. En todos los casos, la prestación extraordinaria podrá reanudarse previa 
solicitud de la persona trabajadora que acredite el cese involuntario en el trabajo por 
cuenta propia o encontrarse nuevamente en situación legal de desempleo, siempre que 
aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021.
Esta prestación será compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que 
se mantenga en la fecha del nacimiento del derecho o que se adquiera con posterioridad, 
previa deducción en su importe de la parte proporcional al tiempo trabajado.
6.  Esta prestación se abonará por periodos mensuales y en idéntica cuantía que la 
última prestación contributiva por desempleo que la persona afectada hubiera percibido o, 
en su caso, la cuantía mínima de la prestación contributiva.
Artículo 10.  Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de 
empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo.
1.  Las personas trabajadoras incluidas en los expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refieren el artículo 2 y la disposición adicional primera de este real 
decreto-ley que no resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los 
periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de las que la 
empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial a la que se refiere el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se considerarán 
en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los efectos de considerar estos 
como efectivamente cotizados.
2.  A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, la base de cotización a tener en 
cuenta durante los periodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de las 
bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas 
situaciones.
3.  Lo establecido en esta disposición será aplicable, únicamente, durante los 
periodos de aplicación de las exenciones en la cotización contemplados en este real 
decreto-ley.
Artículo 11.  Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo 
parcial en determinados supuestos.
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, cuando las prestaciones 
por desempleo reconocidas en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 y la disposición adicional primera del 
presente real decreto-ley se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo parcial 
no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la 
parte proporcional al tiempo trabajado.
Artículo 12.  Compensación económica en determinados supuestos de compatibilidad de 
la prestación contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo parcial.
1.  Las personas beneficiarias de la prestación por desempleo regulada en el 
artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya  es
cuantía se haya visto reducida en proporción al tiempo trabajado, en aplicación del  o
artículo 282.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por mantener  6ww.
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de percibir por la deducción efectuada.
2.  Dicha compensación se abonará en un solo pago previa solicitud del interesado 
formalizada en el modelo establecido al efecto. La solicitud se presentará necesariamente 
a través de la sede electrónica del SEPE, en el plazo que media desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley y hasta el día 30 de junio de 2021. La presentación de la solicitud 
fuera de este plazo implicará su denegación.
3.  El plazo máximo para que el Servicio Público de Empleo Estatal resuelva las 
solicitudes presentadas se extenderá hasta el día 31 de julio de 2021. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaído resolución expresa, la persona solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud.
TÍTULO II
Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos
Artículo 13.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación del virus COVID-19 y para aquellos trabajadores autónomos que no 
puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en la 
disposición adicional cuarta de este real decreto-ley o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
1.  A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean 
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del 
virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria en los términos y requisitos que se establecen a continuación.
a)  Son requisitos para causar derecho a esta prestación:
1.º  Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la 
fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.
2.º  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
b)  La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene 
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la 
unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación  s
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40  e.
por ciento, no siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior para  w.
fmaemdicliid)a as  Edneul  mdceieerrreorecsh adose . aa clati vpidraedst aacdioópnt andaac peorár  ldae asudteo reidl addí ac osmigpueietenntete  ay  lfain aaldizoaprcái óenl  údlteim lao   2020-1141n https://w
día dde) l mDeusr aennt eq ueel  tsieem apcou eqrudee  peel rlemvaannetazmcaie lnat oa cdteiv ildaa md issumsap.endida se mantendrá el alta  BOE-A-cable e
en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día 
del mes siguiente al que se levante dicha medida.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en la letra i).
e)  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por 
cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; 
con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos 
procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como 
con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario 
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
f)  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
g)  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
h)  El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación 
por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
i)  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse 
dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución 
de cierre de actividad.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de la 
obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa haya 
determinado la prohibición de la actividad, si bien en ese caso el periodo anterior a la fecha 
de solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización las entidades que 
cubran las respectivas prestaciones.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 
sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre de  es
actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el  o
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se  6ww.
iapdnedeicrel cismaeirspáátcsnei  móleonnas   i ndetrdesáet molbasii td Secasea  gddsueoer s lirad ei ancpdlgrae rSmesostaaaccciriai óóllna ne s,dn  aec tp oollatidciszoá acsnca dsinooutnsisdee ats éed rclem posrir noirneocdsseep.dboiminddiaeimennteotne dtsee   apg eetroscdtiiboói nde arl esp,c eadrueiodbdaieotno ddrioea    OE-A-2020-1141able en https://w
j)  En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno 
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentas con 
alguno otro tipo de ingresos.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la 
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa 
y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
2.  A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de 
cese de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a 
continuación aquellos trabajadores autónomos que reúnen los requisitos establecidos en 
este apartado.
a)  Los requisitos que deben concurrir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
1.º  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al 
pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección.
2.º  No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se regula en la 
disposición adicional cuarta de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada 
en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por no 
reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma.
3.º  No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último 
trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional.
4.º  Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la 
actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el 
primer trimestre del 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en 
el primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos 
habidos en el cuarto trimestre por el mismo tiempo.
b)  La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar 
o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de 
actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por ciento.
c)  Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse 
con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En 
caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la  s
presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. oe.
d)  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución  w.
pccuooenr n eetlal  dd aeejsseeanmrar opsleleoña ond  edin euf enor tirtoraar eabsca tjaiov  i1dp,ao2dr5   cpvuoeerc nectusa e eanljt eaimn papr,oo srptaieal v;d oce olq nsu aelal a lporiesor  cimnegípnrceimisóoons  di ndetee rrle ptnrraodfbimeasijeioon nptaoolsr;    2020-1141n https://w
procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social
salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño  Bc
de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
e)  Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar 
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas 
por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados i) y j).
f)  Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran 
cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del 
mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
g)  Se extinguirá el derecho a la esta prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en la disposición adicional cuarta de esta norma o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación correspondiente.
h)  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos 
establecidos, siempre que reúnan los requisitos de este apartado.
i)  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 
sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la 
obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa 
y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
j)  A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
1.º  Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan 
el consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del 
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2020 de los  s
trabajadores autónomos. e.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina  w.
ntroa bpaujaddieorraens  ateuntóenr oamccoess doe ab elroásn  daaptoorst aor bar alan tmesu teuna  claosla abdomraidnoisratr:aciones tributarias, los  2020-1141n https://w
CCooppiiaa  ddeell  mmooddeelloo  319300  dceo drreecslpaorancdiióenn tree sau mlae anu atonluiqaul iIdVaAc idóenl  eanñ op 2a0g2o0 f.raccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020.
Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde 
consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
2.º  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
k)  Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o a 
la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno 
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con 
algún otro tipo de ingresos.
l)  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este apartado podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 
o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en 
el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Artículo 14.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de 
temporada.
1.  A los efectos de este precepto se consideran trabajadores de temporada aquellos 
trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera 
desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo durante 
los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber estado de alta en 
un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere 
los 120 días a lo largo de esos dos años.
2.  Serán requisitos para causar derecho a la prestación:
a)  Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta 
propia durante al menos cuatro meses en el periodo comprendido entre los meses de junio 
a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019. s
b)  No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en  oe.
el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el periodo  w.
cdoemsdcpe)r  eenNl d1oi d dhoea  ebmneatrrr ezd oee sla a1l r 3dro1el  ldajuedn omio aa dcyetoi v 2did0ea1 d28 0 ny2 i e0hl. a3b1e dr ee sjutaliod od ed a2d0o2 0e.n alta o asimilado al alta  2020-1141n https://w
mesde)s  dNeo e hnaebroe ra p jeurnciiob iddeo  2p0re2s0t,a scaiólvno a qlguuen ala d meli ssmisate fmuear dae c Somegpuartiidbaled  cSoonc ieall  edjuerracnictieo  ldoes   BOE-A-cable e
una actividad como trabajador autónomo.
e)  No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 
euros.
f)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo 
para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a 
la protección.
3.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por 
ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.
4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince 
días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de 
la presentación de la solicitud.
5.  Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente.
6.  Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán asumidas por 
las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
7.  Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 
prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera 
compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. Asimismo 
será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos 
procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los 
ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible 
además con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
10.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 
cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma 
y el mes de enero de 2021.
Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4.
Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en 
su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.
11.  A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan  e.e
el consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del  w.b
Mañinoi s2t0e2ri0o  ddee  loHsa tcraiebnadjaad loorse sd aatuotsó ntroibmuotas.rios correspondientes al segundo semestre del  2020-11416n https://ww
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora:
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
12.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio de la 
actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los umbrales 
establecidos en el apartado 2.e) con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Disposición adicional primera.  Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa 
de recuperación de actividad.
Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura 
y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan expedientes de 
regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero 
de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en 
alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– 
previstos en el Anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
También podrán acceder a las exoneraciones previstas en el apartado tercero de esta 
disposición adicional, las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de 
empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo 
establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las 
empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de  s
valor de estas, en los términos establecidos a continuación. e.
Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente  w.
dareeña ollai z2sa 0ed1ma9sp,  rdseees  afhosar amy aqa u gdeei rnseeec rtraaed fcioeo,r nea  ella lm sa epinnacorltusa,idd eoa ns1  ,ue lnna  sac eilngmcupunreoen sdtaaes   plcoousry  cacó ifedanicgttoou,sr a edcneió  onlap,  edCruaNracAinoEtne-0e e9sl    2020-1141n https://w
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códigos CNAE-09.
La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y se tramitará y resolverá 
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a)  El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la autoridad 
laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación 
temporal de empleo prorrogado, a la que se acompañará de un informe o memoria 
explicativa de la concurrencia, dentro del ámbito de dicho expediente, de las circunstancias 
previstas en el párrafo segundo de este apartado y, en su caso, de la correspondiente 
documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas 
trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de 
existir, a la representación de estas.
b)  La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días a contar 
desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, y deberá limitarse a constatar la condición de empresa 
integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente, en los términos definidos 
por esta disposición adicional.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, y sin perjuicio de 
obligación de dictar resolución conforme a la normativa de procedimiento administrativo, la 
empresa podrá entender estimada la solicitud presentada por silencio administrativo.
c)  El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo 
improrrogable de cinco días.
En todo lo no previsto en este apartado resultarán de aplicación las normas sobre 
procedimiento contenidas en el Título II del Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
3.  Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente 
apartado, las siguientes empresas:
a)  Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, según lo establecido en el artículo 1.1, y que tengan la consideración de 
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según 
los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional.
b)  Empresas a las que se refiere el artículo 3.3, que transiten desde un expediente de 
regulación temporal de empleo de fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción durante la vigencia de esta norma, cuya actividad se clasifique en alguno de los 
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el 
Anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
c)  Empresas titulares de un expediente de regulación temporal de empleo basado en 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las que se refiere el 
artículo 4.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional  es
de Actividades Económicas –CNAE-09- previstos en el Anexo de la presente norma en el  bo
momento de su entrada en vigor. 6w
ccmaaaudrsedzano) sa,   adEd euem n fpvuorae eplroszoarar,s   ctm rqaaauunyessoa,i trshe  baneab cdsioeeanndsóddomoe  ei scnuiad nseo ,le   ctaxéaprctleiínfcidicuciaelaodns at,2e s2o   rdcgdoeaem nlr eioRzg aedutaeilvalp acDesinóe odncr i edetenetomt e-plpseroo yodr  a8uinl/c 2tdce0ieóg2 nr0ea,,m n cdtpoeelnse 1f ood7 re pmd oleaer     OE-A-2020-1141able en https://w
a lo establecido en el artículo 3.3.
4.  Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto 
de las personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de 
empleo que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020, o que la hubieran 
reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en los 
términos de su artículo 4.2.a), y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados a 
partir del 1 de octubre de 2020, y respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021 y de los 
periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, en los porcentajes y 
condiciones que se indican a continuación:
a)  El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre 
de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
b)  El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre 
de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
5.  Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con 
las medidas reguladas en el artículo 2 de la presente norma. Asimismo, les resultarán de 
aplicación los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 de este real decreto-ley.
6.  A efectos de lo establecido en esta disposición adicional, se considerará que el 
código de la CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de 
aplicación para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las 
liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007.
Disposición adicional segunda.  Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral.
1.  La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, estará integrada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, la valoración de las medidas recogidas en este y de la 
evolución de la actividad económica y el empleo, así como el análisis de las eventuales 
medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo.
2.  Para el desarrollo de dichas funciones, la Comisión se reunirá, con carácter 
ordinario, cada 15 días desde la entrada en vigor de la presente norma, previa convocatoria 
remitida al efecto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, con carácter 
extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la 
misma.
Disposición adicional tercera.  Formación de las personas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo.
1.  Las personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de  s
contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un expediente de regulación  e.
temporal de empleo de los referidos en esta norma, tendrán la consideración de colectivo  w.
ppraiorari tealr eiom ppalreao e el na cecl eásmo bait loa sla ibnoicriaalt.ivas de formación del sistema de formación profesional  2020-1141n https://w
2.  Con este objetivo, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta 
norma, se adoptarán las siguientes medidas:
a)  Adaptación, para su flexibilización, de la normativa reguladora, particularmente la 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en 
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación.
b)  Integración de estas personas como colectivo prioritario en las bases reguladoras 
de las diferentes iniciativas de formación profesional para el empleo.
c)  Programación de planes específicos de formación adaptados a la realidad 
productiva de estas personas, con especial relevancia en aquellas iniciativas relacionadas 
con la adquisición de competencias para la transformación digital, así como en los planes 
de formación sectoriales e intersectoriales
Disposición adicional cuarta.  Derecho a la prestación de cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo 
del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial.
1.  Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de esta 
norma la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial podrán continuar 
percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del 
año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión.
Asimismo, los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación 
durante el tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad 
prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que concurran 
los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de la norma y 
hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese de actividad 
prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
2.  El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá 
acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al 
menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber 
obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores 
a 5.818,75 euros.
Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos 
netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una 
declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que  e.e
acrediten este extremo. b
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actividad reconocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio 
y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre 
de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación 
de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de 
la Seguridad Social.
4.  El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras 
o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de octubre 
de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efecto desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021.
5.  A partir del 1 de marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 
siempre que tengan el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, o el 
Instituto Social de la Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de 
los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones 
reconocidas.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
correspondiente a las declaraciones del cuarto trimestre de los años 2019 y 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestre de 
los años 2019 y 2020, a los efectos de poder determinar lo que corresponde al cuarto 
trimestre de esos años.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.
6.  Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el 
reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por 
aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos en este 
precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del 
año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019.
La entidad competente para la reclamación fijara la fecha de ingreso de las cantidades 
reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
7.  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las 
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones 
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el  e
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el  bo
artículo 329 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  6w
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manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad, a estos efectos el cálculo se 
hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de 
Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
9.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 
o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en 
el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
10.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la prestación de cese de 
actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones 
aplicables en este supuesto las siguientes:
a)  Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario mínimo 
interprofesional. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del 
trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional.
b)  La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad.
c)  Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación 
que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad 
gestora de la prestación.
d)  Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado.
Disposición adicional quinta.  Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social.
Se encomienda a la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad 
Social creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el seguimiento y evaluación 
de las medidas establecidas en los artículos 13 y 14, así como en la disposición adicional 
cuarta de esta norma.
Disposición adicional sexta.  Derecho a percepción del bono social por parte de 
determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
1.  Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en 
los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los  e.e
consumidores domésticos, los consumidores que acrediten según se establece en esta  w.b
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apartado 2 artículo de esta disposición adicional.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual de un profesional por cuenta 
propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse 
para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.
2.  Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor 
vulnerable a los efectos del presente artículo, este debe acreditar conforme al apartado 4, 
que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, se 
encuentra en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo 
(ERTE), o ha visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, 
u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no 
alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social completa, con 
toda la documentación requerida, las siguientes cantidades:
– 1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya 
ningún menor en la unidad familiar;
– 2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un 
menor en la unidad familiar;
– 2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya 
dos menores en la unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto 
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Estos multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas se 
incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias especiales:
a)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
b)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la 
situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
c)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la 
condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
d)  Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre 
en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.
e)  Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único 
progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de comprobación de esta 
circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de familia y del 
certificado de empadronamiento que no reside en la vivienda a cuyo suministro se 
encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor.
3.  La condición de consumidor vulnerable definida en el apartado anterior y, por 
tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá 
cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a 
comunicar este hecho al comercializador de referencia en el plazo máximo de un mes.
En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado  s
anterior y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda,  oe.
se extinguirá con fecha 30 de junio de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a  w.
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la última factura que emita antes de la fecha prevista en el apartado anterior, la fecha de
tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará  Bc
a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la 
posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un 
comercializador en mercado libre.
4.  Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado 
anterior y solicitar la percepción del bono social, el consumidor debe remitir a un 
comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca 
en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable disponible en la página 
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con la siguiente 
documentación acreditativa:
– En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 
entidad gestora de las prestaciones.
– En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado.
– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte 
de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que 
dicho documento sea obligatorio.
– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto 
de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
– Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el apartado 2.
La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo 
electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
5.  Respecto de la tramitación de las solicitudes de percepción del bono social realizadas 
al amparo del presente artículo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a)  En el caso de que la solicitud fuera incompleta, el comercializador de referencia, 
en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud, se dirigirá al 
consumidor indicando la documentación acreditativa que le falta.
b)  Una vez recibida por el comercializador de referencia la solicitud del consumidor 
completa, acompañada de la documentación acreditativa, en el plazo máximo de cinco 
días hábiles, el comercializador de referencia debe comprobar que los requisitos son 
acreditados conforme se establece en el presente artículo, comunicando al consumidor 
mediante correo electrónico, o mediante canal telefónico si el consumidor ha optado por 
esta opción, el resultado de la evaluación.
Para la comprobación de la correcta acreditación de los requisitos establecidos en el 
presente artículo, el comercializador de referencia no requerirá la utilización de la 
plataforma informática disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a la que hace referencia el artículo 8 del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
c)  En el supuesto de que el resultado de la comprobación de la acreditación sea 
positivo y la solicitud de bono social suponga un cambio de comercializador, en el referido 
plazo de cinco días se deberá haber realizado el cambio de comercializador y la 
formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.
d)  El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que  es
tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa necesaria. bo
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el bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad
económica sin reunir los requisitos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional 
sexta, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como 
de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin 
perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera 
dar lugar.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el titular del contrato de suministro por la aplicación de la 
norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y 
deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad 
económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este real 
decreto-ley.
3.  La administración podrá recabar en cualquier momento toda la información 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos, incluidos los de renta, correspondientes a 
todo el periodo durante el que se haya beneficiado del bono social.
Disposición adicional octava.  Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro 
de la Propiedad.
1.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e 
inscripción de la novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria señalada 
en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán 
satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los 
siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el mismo arancel que, para las 
escrituras de novación hipotecaria, se establece en la letra f) del apartado 1 del número 1 
del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna 
a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel 
mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.
b)  Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones 
modificativas en artículo 2.1.g) del Anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le 
aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y 
el máximo de 50 euros.
2.  Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en 
que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales 
derivadas de todo préstamo, leasing y renting a los que se refieren los artículos 18 al 23 
del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán los establecidos en el Decreto 
de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 % con un límite mínimo de 25 euros 
y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados.
Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, en 
su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refieren los 
artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio de 2020, se minutarán de 
conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio de 
1999, por la cantidad fija de 6 euros.
Disposición transitoria única.  Expedientes de regulación temporal de empleo basados en  es
el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26  o
de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo  6ww.
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resoluciones estimatorias, expresas o por silencio.
No obstante, desde el 1 de octubre de 2020, y hasta el 31 de enero de 2021, resultarán 
aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el artículo 2.1 
de esta norma, así como los límites y la salvaguarda a la que hacen referencia los 
artículos 4.2 y 5.2.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada 
por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y vigencia indefinida, se 
modifica la disposición adicional quinta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por 
el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional quinta.  Comunicación de actuaciones al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina.
Los Letrados de la Administración de Justicia de los juzgados y tribunales 
comunicarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la 
Marina cualquier resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de 
criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o 
excónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación 
de afectividad análoga a la conyugal. Asimismo, comunicarán a dichos organismos 
oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos 
penales. Dichas comunicaciones se realizarán, a los efectos previstos en los 
artículos 231, 232, 233 y 234 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los 
artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en los 
artículos 4, 5, 6, 7 y 10 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital.»
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se modifica el número 30 del artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado del siguiente modo:
«30.  Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía 
hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el 
sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 
de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y 
de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de 
viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.»
2020-1141n https://w
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno.  Se modifica el artículo 351, que queda redactado como sigue:
«Artículo 351.  Enumeración.
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, consistirán en:
a)  Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años de edad 
y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o 
mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por 
ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, 
así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos.
El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero 
hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que 
continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del 
causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del 
salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.
Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador 
suponga su encuadramiento en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en 
el que esté afiliado el beneficiario de la prestación.
b)  Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres o padres con discapacidad.
c)  Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 352, que queda redactado como sigue:
«2.  Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón 
de ellos, hubiera correspondido a sus padres:
a)  Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean 
personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento o mayores 
de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento.
b)  Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, 
siempre que concurran en ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del 
artículo 351 y no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción.
c)  Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no 
haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán 
beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.»
Tres.  Se modifica el artículo 354, que queda redactado como sigue:
«Artículo 354.  Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del  bo
concurso de otra persona. 6w
hijo Eol  gmraednoo rd ae  dciasrcgaop,a acsidí acdo, ma oe fleac tsoitsu daecli órenc doen odceimpeienndteo ndceia la ys  laas ingencaecsioidnaeds  pdoerl   2020-1141n https://w
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real decreto.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 355, que queda redactado como sigue:
«1.  Todo beneficiario estará obligado a declarar cuantas variaciones se 
produzcan en su familia, siempre que estas deban ser tenidas en cuenta a efectos 
del nacimiento, modificación o extinción del derecho.
En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o 
circunstancias, tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la 
Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí directamente.»
Cinco.  Se da nueva redacción al título de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título VI, 
que queda redactado como sigue:
«Sección 3.ª  Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en 
supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con 
discapacidad.»
Seis.  Se modifica el artículo 357, que queda redactado como sigue:
«Artículo 357.  Prestación y beneficiarios.
1.  En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia 
numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia 
monoparental o en los supuestos de madres o padres que tengan reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una 
prestación económica del sistema de la Seguridad Social en la cuantía y en las 
condiciones que se establecen en esta sección.
2.  A los efectos de la consideración como familia numerosa, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.
Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el 
que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.
3.  A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario 
que el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se 
establezca, reúna los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1 
y, además, no perciba ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la 
cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.
Dicha cuantía contemplará un incremento del 15 por ciento por cada hijo a 
cargo, a partir del segundo, este incluido.
A los exclusivos efectos de la determinación del límite de ingresos, se 
considerará a cargo el hijo menor de dieciocho años, o mayor de dicha edad 
afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, así 
como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción.
No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias 
numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección a las Familias Numerosas, también tendrán derecho a la prestación 
si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos establezca 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los supuestos en que concurran 
tres hijos a cargo según la citada ley, incrementándose en la cuantía que igualmente 
establezca dicha Ley por cada hijo a partir del cuarto, este incluido. s
En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos  oe.
percibidos por ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos  w.
aannuteaLrloimosre elnísmt,e in teeons s  ldeae  rL eiencygo rdneeos cPoesrre áas nulaup acuoleenssdt oaics i qóGunee dn seeer ba releensfie edfrieceli  aeErssiottea a da onp,ian rrgetuaspndeooc  dstoee   deaelcl otluasa .cluizaanrátína   2020-1141n https://w
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Seguridad Social.»
Siete.  Se modifica el apartado 2 del artículo 358, que queda redactado como sigue:
«2.  En los casos en que los ingresos anuales percibidos, de cualquier 
naturaleza, superen el límite establecido en el artículo 357.3 pero sean inferiores al 
resultado de sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía de esta 
última será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el 
resultado de la indicada suma.
No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se 
refiere el párrafo anterior sea inferior al importe establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.»
Ocho.  Se modifica el artículo 359, que queda redactado como sigue:
«Artículo 359.  Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples 
producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien 
reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos establecidos en las 
letras a) y c) del artículo 352.1.
Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos 
o adoptados sea igual o superior a dos.»
Nueve.  Se modifica el apartado 3 del artículo 361, que queda redactado como sigue:
«3.  La percepción de las asignaciones económicas por hijo a cargo será 
incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de invalidez o 
jubilación en la modalidad no contributiva.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como sigue:
«1.  Una vez levantada la suspensión de todos los términos y plazos procesales 
por la finalización del estado de alarma, en la tramitación del procedimiento de 
desahucio regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria 
acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o 
económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del 
COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para 
las personas con las que conviva, esta circunstancia será comunicada por el Letrado 
de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará 
una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si no estuviese señalado, 
por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o 
por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la  e.e
vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes  b
estimen oportunas, por un periodo máximo hasta el 31 de enero de 2021.» 2020-11416n https://ww
Dos.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2.  Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual.
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo 
comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de enero 
de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el 
periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, 
previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato 
de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se 
seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. 
Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, 
salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, 
o en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones 
establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para 
destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de 
consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia 
firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.»
Tres.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, 
hasta el 31 de enero de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 
de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la 
misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre 
ambas partes.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se establece el ingreso mínimo vital.
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a)  Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos 
establecidos en este real decreto-ley.
b)  Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años o mayores de 
dicha edad cuando no sean beneficiaros de pensión de jubilación, que viven solas, 
o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del 
párrafo primero del artículo 6.3, no se integran en la misma, siempre que concurran  s
las siguientes circunstancias: oe.
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previsto en el presente real decreto-ley.
No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los 
apartados 1.º y 2.º de esta letra, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de 
convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o 
menores emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la 
persona titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de 
violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en 
los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.»
Tres.  Se modifica el artículo 6, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 6.  Unidad de convivencia.
1.  Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas 
que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la 
constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años 
de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no 
tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y 
notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años.
El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de 
convivencia no alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga 
la pérdida, entre los supérstites, de los vínculos previstos en el apartado anterior.
2.  Como excepción al apartado anterior, también tendrán la consideración de 
unidad de convivencia a los efectos previstos en esta norma:
a)  La constituida por una persona víctima de violencia de género que haya 
abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción.
b)  La constituida por una persona acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción, que 
haya iniciado los trámites de separación o divorcio.
c)  La formada por dos o más personas de al menos 23 años que, sin mantener 
entre sí una relación de las consignadas en este precepto, habiten en un mismo 
domicilio, cuando al menos una de ellas tenga una discapacidad valorada en un 
porcentaje igual o superior al 65 por ciento y no sea beneficiaria de pensión de 
invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, o tenga más de 65 años y 
no sea beneficiaria de pensión de jubilación contributiva o no contributiva o se trate  e
de persona declarada en situación de exclusión por el órgano competente de la  bo
cscooitnrurvaeicvsiepononcneidasi  eednnet eete l crmomimsinmuanodi ddaaosdm  riaecugilitloaó.nmoemnata ori aemnetidnated  elonc alal, sa sqíu ceo mseoa a nqueecellassa roiatr alas   2020-11416n https://ww
3.  En los casos en los que una persona comparta vivienda con una unidad de
convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos, se
entenderá que no forma parte de esta a efectos de la prestación, considerándose la 
existencia de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia 
o relación análoga por una parte, y de una persona beneficiaria individual por otra si 
esta reúne los requisitos del artículo 4.1.b).
Cuando varias personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, 
compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas con 
vínculos de parentesco o análogos, se considerará la existencia de dos unidades de 
convivencia, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y 
cumplan los requisitos indicados en el apartado anterior y otra constituida por los 
miembros de la familia o relación análoga.
4.  Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por 
razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares.
A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de 
convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España.
5.  En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más 
unidades de convivencia.
6.  Cuando se acredite, mediante título jurídico o mediante certificado de los 
servicios sociales que correspondan, el uso exclusivo de una determinada zona del 
domicilio por una unidad de convivencia integrada al menos por un menor o persona 
con discapacidad, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los 
efectos previstos en este real decreto-ley.
7.  Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una 
persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento 
hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los pactos o acuerdos 
entre los convivientes sobre el uso del domicilio o de determinadas zonas del 
mismo, sin contraprestación económica.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«2.  Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán 
acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los tres 
años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de 
forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores 
a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce 
meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, 
o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el 
año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto 
al de sus progenitores, tutores o acogedores.
Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas  e.e
que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual,  w.b
aen lcause nqtureen h eany aontr aisn icciiracduon sltoasn ctriaásm qituees  pduee dsaenp daeratecrimónin oa rsdeiv roergcliaom oe nat alarias mqeunet es.e»  2020-11416n https://ww
Cinco.  Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«3.  No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria 
individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se 
contemplan en el artículo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior 
a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo 
vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de 
convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de 
un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de 
aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.
Igualmente  quedarán  excluidos  del  acceso  al  ingreso  mínimo  vital, 
independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias 
individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad 
mercantil que no haya cesado en su actividad.»
Seis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«2.  A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta 
garantizada:
a)  En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de 
renta garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, 
dividido por doce.
b)  En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) 
se incrementará en un 30 por ciento por cada miembro adicional a partir del segundo 
hasta un máximo del 220 por ciento.
c)  A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento 
de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la 
letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los 
efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de 
convivencia monoparental la constituida por un solo adulto que conviva con uno o 
más descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que tenga 
la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en régimen 
de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata 
del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor 
se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo 
ininterrumpido igual o superior a un año.
En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo 
anterior convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus 
abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, 
cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como unidad de 
convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la 
formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección  s
integral contra la violencia de género, y uno o más descendientes hasta el segundo  oe.
grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su caso,  w.
ufinneos o d me áasd ompecnióonr.e»s en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con  2020-1141n https://w
Siete.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 13, que pasan a tener la siguiente 
redacción:
«1.  El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del 
ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, 
podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante 
la revisión correspondiente por la entidad gestora.
2.  La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho 
causante de la modificación, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.»
Ocho.  Se modifica el artículo 16, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 16.  Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o 
menor a cargo.
La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o 
beneficiarios de esta.
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea 
superior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el 
párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. 
Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo.
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea 
inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado 
optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación económica por hijo 
o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso 
mínimo vital.»
Nueve.  Se modifica el apartado 3 del artículo 34, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«3.  Son infracciones graves:
a)  No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se 
hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 
por ciento de la que le correspondería.
b)  No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 
indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le 
correspondería.
c)  La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un 
año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. es
d)  El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de  o
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,  6ww.
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económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4.»
Diez.  Se modifica el artículo 35, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 35.  Sanciones.
1.  Las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán 
imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo.
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas 
considerando, a tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona 
infractora, así como la cuantía económica de la prestación económica indebidamente 
percibida.
2.  Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la 
persona infractora.
3.  Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por 
un periodo de hasta tres meses.
Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de 
la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su 
grado máximo de tres meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción 
consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.
4.  Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación 
por un periodo de hasta seis meses.
Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida 
de la prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses 
y en su grado máximo de seis meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción 
consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, 
además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el 
tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva 
prestación durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se imponga la sanción.
5.  Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de 
las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital:
a)  El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio.
b)  La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a 
la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c)  Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que de lugar al acceso 
indebido a la prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o 
aumento indebido de su importe.
Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social podrá decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad 
de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los términos de esta 
norma por un periodo de dos años.
6.  Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave,  s
en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años  oe.
anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y  w.
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reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.»
Once.  Se modifica la disposición transitoria tercera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria tercera.  Régimen excepcional aplicable a las solicitudes 
cursadas por situación de carencia de rentas.
Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios 
de desempleo, y a los exclusivos efectos de cómputo de rentas, se podrán presentar 
solicitudes hasta 31 de diciembre de 2021 en aquellos supuestos de vulnerabilidad 
económica que se hayan producido durante el año en curso.
A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, 
se considerará la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de 
convivencia durante el tiempo transcurrido en el año corriente, siempre y cuando no 
supere la mitad de los límites de patrimonio neto establecidos de forma general para 
las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en más del 50 por 
ciento de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia, de conformidad 
con la información correspondiente al último ejercicio fiscal respecto del que las 
Administraciones Tributarias dispongan de información suficiente en los términos 
establecidos en el presente real decreto-ley. En este supuesto se podrá tomar como 
referencia de ingresos del año en curso, los datos obrantes en los ficheros y bases 
de datos de la seguridad social que permitan la verificación de dicha situación, o 
bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable.
En todo caso, en el año siguiente se procederá a la regularización de las 
cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del 
conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en 
el que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que 
dispongan las Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las 
actuaciones previstas en el artículo 17 del real decreto-ley.»
Doce.  Se modifica la disposición transitoria séptima, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria séptima.  Integración de la asignación por hijo o menor a 
cargo en el ingreso mínimo vital.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán presentarse 
nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad 
Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No 
obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo 
vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios 
del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.
A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán percibiendo dicha prestación hasta 
que dejen de concurrir los requisitos y proceda su extinción.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma 
se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con  e.
la actualización de los límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas  w.b
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administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la fecha que la persona 
solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.»
Disposición final sexta.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 8.ª, 
13.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias 
exclusivas en las materias de legislación laboral; de legislación civil y sobre ordenación de 
los registros e instrumentos públicos; de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social; así como de bases del régimen energético.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO
CNAE-09 a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas definidas en 
el apartado 2 de la disposición adicional primera
ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
0710 Extracción de minerales de hierro.
2051 Fabricación de explosivos.
5813 Edición de periódicos.
2441 Producción de metales preciosos.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
1820 Reproducción de soportes grabados.
5122 Transporte espacial.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos 
4741
especializados.
3220 Fabricación de instrumentos musicales.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
9001 Artes escénicas. e.e
5914 Actividades de exhibición cinematográfica. 6ww.
18329139 FAacbtivriicdaacdióens  ddee  faolftoomcobpriaasd oy,  mproeqpuaertaacsi.ón de documentos y otras actividades especializadas de oficina. 2020-1141n https://w
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
2431 Estirado en frío.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
5590 Otros alojamientos.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
4932 Transporte por taxi.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
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