BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Viernes 21 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 6323
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
951 Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de 
Euskadi.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, supuso el establecimiento de un marco normativo unificado 
para el ejercicio de la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta 
ley, pionera en su momento, estableció los pilares básicos de la política ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en sus distintos ámbitos tales como la evaluación 
ambiental, la gestión de residuos y el control de la contaminación, entre otros. Sin 
embargo, desde la aprobación de la citada ley algunos de estos ámbitos han sido 
regulados por leyes y reglamentos específicos de la Comunidad Autónoma o por la 
normativa básica del Estado. Por este motivo, la presente ley no regula todos los ámbitos 
sectoriales que sí regulaba la citada Ley General de Protección del Medio Ambiente.
Una de las señas de identidad de la normativa ambiental en los últimos años ha sido 
la profusión de normas promulgadas desde distintos ámbitos y niveles, adaptándose, de 
esta forma, a las necesidades emergentes que la propia sociedad demanda.
Habida cuenta de lo expuesto, esta ley establece un marco jurídico garante de un 
alto nivel de protección del medio ambiente adaptado a la realidad económica y social 
vasca actual. Es por ello que la norma incorpora los últimos desarrollos normativos y 
aporta  nuevas  técnicas  de  intervención  administrativa  en  aras  a  la  simplificación  y 
agilización del procedimiento administrativo y con el objetivo de lograr una efectiva 
protección del medio ambiente compatibilizando las distintas actividades económicas con 
el entorno en el que se desarrollan.
La presente ley determina los derechos y los deberes de las personas físicas y 
jurídicas, públicas y privadas, subrayando el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, toda vez 
que promueve una economía sostenible mediante la gestión eficiente de los recursos 
naturales, en aras al fomento de una sociedad hipocarbónica que limite la influencia del 
cambio climático. Alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten 
con una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica y máxima eficacia.
Con este anhelo, la ley persigue impulsar la corresponsabilidad público-privada en la 
protección  del  medio  ambiente,  ya  que  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  retos 
medioambientales a los que se enfrenta la sociedad vasca requiere, de forma ineludible, 
la ejecución de actuaciones conjuntas entre las administraciones públicas, el sector 
económico  y  la  ciudadanía  en  general,  habida  cuenta  de  los  objetivos  comunes 
perseguidos. En definitiva, una oportunidad para lograr la mejora de la calidad de vida y 
el  bienestar  general,  pretendiendo  un  decidido  cambio  de  modelo  de  producción  y  es
consumo que impulse una economía circular en la cual el valor de los productos, los  o
materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y  ww.
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compra pública verde; actuaciones basadas, indefectiblemente, en la mejora continua y
el diálogo con los agentes socioeconómicos, el derecho a la información y el desarrollo
de  un  sistema  fiscal  ecológico,  que  fomente  y  promueva  las  mejores  prácticas 
ambientales en el desarrollo de las actividades.
Como ya se ha expuesto, la aprobación de directivas, reglamentos y otros actos de 
alto  contenido  técnico  por  parte  de  las  instituciones  de  la  Unión  Europea  se  ha 
incrementado  notablemente  en  las  dos  últimas  décadas,  asumiendo  unas  mayores 
exigencias y estándares de protección del medio ambiente. Este hecho, en su versión 
negativa,  ha  supuesto  la  creación  de  multitud  de  procedimientos  complejos  de 
autorización que podrían erigirse como un obstáculo para el desarrollo de actividades 
económicas  que  pudiese  redundar  en  una  menor  protección  de  los  objetivos  de 
protección del medio ambiente para los cuales dicha normativa se dicta.
El  contenido  de  la  presente  ley  se  articula  bajo  la  premisa  del  concepto  de 
«normativa  inteligente»  enunciado  por  la  Comisión  Europea,  que  promueve  una 
aprobación de normas por parte de los Estados miembros que refuercen el papel de la 
ciudadanía, analicen los impactos de la normativa en la vida socioeconómica en general 
y tiendan a una simplificación administrativa unificando procedimientos y suprimiendo 
trámites  innecesarios,  lo  que  mejorará  sustancialmente  tanto  la  labor  de  las 
administraciones públicas como el desarrollo de las actividades vascas.
Por esta razón son fundamentales las medidas diseñadas por esta ley para agilizar y 
simplificar el funcionamiento de la Administración ambiental con el objeto de reducir y 
simplificar la intervención administrativa. Se configura así un sistema que regula las 
diferentes  técnicas  de  intervención  sobre  las  actividades  con  incidencia  ambiental 
satisfaciendo el interés general de la protección del medio ambiente y la salud de los 
ciudadanos y ciudadanas, pero a la vez garantizando la transparencia, la eficiencia, la 
economía  y  la  eficacia  en  la  actuación  de  los  poderes  públicos,  elementos  estos 
esenciales de lo que debe ser una buena Administración.
Indispensable es, también, mejorar el conocimiento y la información sobre el medio 
ambiente, al que la sociedad en su conjunto tiene derecho, facilitando en todos los 
procedimientos administrativos la participación pública, ya que únicamente mediante una 
fluida  interrelación  público-privada  será  posible  avanzar  en  un  mayor  conocimiento 
ambiental que promueva la consecución de los objetivos comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y que impulse la responsabilidad compartida de la ciudadanía, 
de modo que esta se convierta en un agente activo que se involucre en la prevención del 
deterioro del medio ambiente y promueva su defensa y recuperación.
La presente ley, que encuentra su amparo legal en la competencia establecida en el 
artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco que prevé la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de 
medio ambiente y ecología, contiene 120 artículos que se estructuran en 9 títulos.
El Título I, de disposiciones generales, plasma el objeto de la ley y los objetivos que 
con ella se persigue alcanzar, configurando el marco normativo de la protección del 
medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con los principios en 
los  cuales  se  fundamenta  y  que  constituyen  las  pautas  de  actuación  de  las 
administraciones públicas y los criterios que servirán para interpretar las normas que 
regulan dicha protección. Además, en este título se formulan los derechos y los deberes 
de las personas públicas y privadas en relación, entre otros aspectos, con el derecho al 
disfrute del medio ambiente, su protección, conservación y mejora.
El Título II regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden 
a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y a las administraciones forales 
y locales, estableciendo como instrumentos de coordinación de la política ambiental el  s
Programa  Marco  Ambiental  en  el  que  se  contendrán  las  líneas  estratégicas  y  los  oe.
compromisos para mejorar la calidad del medio ambiente durante su periodo de vigencia.  w.
Asimismo, se procede a modificar la composición y las funciones del Consejo Asesor de  1w
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que representan a los intereses sociales y económicos en la elaboración, consulta y
seguimiento de las políticas ambientales. La ley suprime la Comisión Ambiental del País 
Vasco, integrando sus funciones en las propias del consejo.
El Título III, dedicado a la información y participación pública en materia ambiental, 
tiene  como  finalidad  el  diseño  de  una  nueva  sistemática  en  la  relación  entre  la 
Administración pública ambiental y la ciudadanía vasca, facilitando la participación en la 
toma de decisiones en materia ambiental y regulando aspectos tales como el derecho a 
la información en materia de medio ambiente y su difusión. El sistema que permitirá 
integrar toda la información sobre el medio ambiente que generen tanto las entidades 
públicas como privadas a fin de que sea utilizada en la gestión, la difusión y la toma de 
decisiones también es regulado con la finalidad de que el acceso a la información 
ambiental  se  garantice  del  modo  más  amplio  y  tecnológicamente  avanzado  en 
consonancia con los requerimientos de una Administración electrónica.
El Título IV procede a regular la ordenación de las actividades con incidencia en el 
medio ambiente bajo la premisa de simplificación y unificación de los procedimientos 
administrativos previstos en la normativa sectorial de protección del medio ambiente, 
integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen y eliminando los 
obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades. Se establece, así, 
un nuevo sistema de intervención administrativa para todos los grupos de actividades e 
instalaciones comprendidos en el Anexo I de la ley, de modo que exista un único 
procedimiento con una única resolución administrativa que incorpore todas las medidas 
preventivas frente a los impactos ambientales.
Así, se establecen los regímenes jurídicos de la autorización ambiental integrada, 
cuya regulación se mantiene fiel a la normativa europea sobre prevención y control 
integrados de la contaminación, y la nueva autorización ambiental única emitida por el 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las que se integran en 
un  solo  procedimiento  las  autorizaciones,  permisos  e  informes  que  actualmente  se 
encuentran dispersos en la normativa sectorial protectora del medio ambiente. Además, 
incluye la regulación de la licencia de actividad clasificada y la comunicación previa de 
actividad  clasificada  que  gestionarán  las  entidades  locales,  introduciendo  algunas 
modificaciones relevantes.
En este sentido, y en aras a garantizar un reparto interinstitucional equilibrado de 
funciones, las competencias que en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones 
entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus 
territorios  históricos,  se  atribuían  a  estos  órganos  en  relación  con  la  calificación, 
señalización de medidas correctoras, inspección y sanción en relación con actividades 
que puedan establecerse en suelo urbano residencial, se sustituyen por las facultades de 
imposición  de  medidas  protectoras  y  correctoras  en  aquellos  municipios  de  menos 
de 10.000 habitantes, y en los municipios de 10.000 o más habitantes, si así lo solicita el 
ayuntamiento correspondiente al órgano foral competente.
Asimismo, en aras a agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos de 
intervención ambiental, sin disminuir las garantías de participación de las personas 
interesadas, se elimina el trámite de notificación a los vecinos inmediatos al lugar donde 
se vaya a emplazar una actividad, sustituyéndolo por la publicación en el boletín oficial 
correspondiente y en la sede electrónica y el dictado de edictos municipales por parte del 
órgano competente para otorgar la autorización o licencia.
Asimismo, la ley integra en los procedimientos de autorización ambiental integrada y 
autorización ambiental única el procedimiento para el otorgamiento de la autorización de 
vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración  s
General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la  oe.
integración no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de  w.
aguas ni el resto de competencias que corresponden a dichas administraciones en  1w
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efectiva la integración de los aspectos ambientales en su elaboración, aprobación o 
autorización,  seleccionando  las  alternativas  que  resulten  ambientalmente  viables  y 
estableciendo las medidas de todo tipo para prevenir, corregir y, en su caso, compensar 
los efectos adversos sobre el medio ambiente. Se regulan así los procedimientos de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada de planes y programas que 
permiten,  en  el  primer  caso,  determinar  los  efectos  significativos  de  aquellos, 
estableciendo,  si  procede,  las  condiciones  que  deban  adoptarse  para  la  adecuada 
protección  del  medio  ambiente  y  los  recursos  naturales  y,  en  el  segundo  caso, 
determinar si procede o no el sometimiento al procedimiento ordinario y los términos en 
que deba ser aprobado.
Por  su  parte,  los  dos  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de 
proyectos, ordinaria y simplificada, se regulan, en el primero de los supuestos, con el fin 
de valorar los efectos significativos de un proyecto en el medio ambiente y, si procede, 
fijar  las  condiciones  para  su  ejecución,  explotación  y  desmantelamiento,  y  con  la 
finalidad, en el segundo, de que se evalúe el sometimiento o no al procedimiento 
ordinario, o bien determinar las medidas que sean precisas para la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, compatibilizando de esta forma el desarrollo de 
proyectos con la adecuada protección del entorno.
Con la finalidad de garantizar la participación efectiva de las personas que deban ser 
consultadas según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación ambiental, se crea el 
Registro  de  Personas  Interesadas  en  los  Procedimientos  de  Evaluación  Ambiental, 
registro que dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
El Título VI contempla los instrumentos de impulso de la mejora ambiental, entre los 
cuales  se  encuentran  los  acuerdos  medioambientales,  el  Sistema  Comunitario  de 
Gestión y Auditorias Medioambientales (EMAS) y la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea, como elementos que posibiliten la corresponsabilidad público-privada en la 
protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones que se fijan en la 
normativa reguladora de esta materia. El análisis del ciclo de vida de los productos y 
organizaciones  con  el  fin  de  medir  su  impacto  ambiental  potencial  y  analizar  su 
reducción, la eco-innovación en productos y procesos que permitan aprovechar las 
oportunidades de mercado que genera el medio ambiente y el establecimiento de un 
sistema de fiscalidad ambiental dedicado a la promoción y mejora del medio ambiente 
son las herramientas y los nuevos retos que la sociedad vasca debe asumir en la 
protección del medio ambiente. Asimismo, la compra pública verde se configura en la ley 
como un mecanismo básico para el cumplimiento de sus objetivos, encomendando a las 
administraciones públicas su promoción y puesta en valor. En este sentido, y para el 
caso  de  los  contratos  de  obras,  se  contempla  la  posibilidad  de  establecer  como 
condición para su ejecución la utilización de subproductos, materias primas secundarias 
o materiales reciclados, dada la vinculación directa del objeto de este tipo de contratos 
con dicha condición. La investigación, la educación y la formación son también objeto de 
la norma, partiendo de la mejora en la base de conocimiento sobre el medio ambiente 
como medio tractor para extender, entre la ciudadanía y el conjunto de instituciones, 
actuaciones, valores y comportamientos que redunden en la mejora del medio ambiente. 
En esta misma dirección se prevé la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 
acciones  de  voluntariado  para  la  realización  de  actividades  de  interés  general  con 
contenido ambiental y las acciones de reconocimiento para quienes contribuyan a la 
protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de la Comunidad  s
Autónoma. oe.
El Título VII, en el que se regula la inspección y el control ambiental, contempla, por  w.
un lado, las entidades de colaboración ambiental a las que las administraciones públicas  1w
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regulación pormenorizada en cuestiones como el personal encargado de las labores de 
control, vigilancia e inspección ambiental, que podrán realizarse bien directamente por el 
personal al servicio de las administraciones públicas o, a instancia y en nombre de 
aquellas, por entidades de colaboración ambiental; la planificación de la inspección 
ambiental, que deberá plasmarse en planes que se elaborarán periódicamente con el 
contenido mínimo que la ley señala y que se concretarán en programas de inspección en 
los que se incluirán las frecuencias de las visitas para los distintos tipos de actividades 
con  incidencia  ambiental  basándose  en  una  evaluación  sistemática  de  los  riesgos 
medioambientales que tome en consideración los criterios que esta norma fija y otros 
que podrán ser establecidos reglamentariamente.
El Título VIII regula la restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por 
daños ambientales, de modo que se detallan las medidas a adoptar para la legalización 
de las actividades en funcionamiento cuando no dispongan de autorización o licencia o 
no hayan sustanciado los trámites del procedimiento de comunicación previa, o cuando 
disponiendo de ellas se adviertan deficiencias en su funcionamiento. El procedimiento 
para  restaurar  la  legalidad  ambiental,  autónomo  del  procedimiento  sancionador,  es 
también objeto de regulación en la ley, incluyendo la posible ejecución forzosa de las 
medidas que resulte oportuno adoptar. La responsabilidad por daños ambientales se 
contempla en la ley con la finalidad de prevenir, evitar y reparar dichos daños cuando 
tengan carácter significativo, junto con las amenazas inminentes de que los mismos sean 
ocasionados, en la forma y condiciones reguladas en la normativa sobre responsabilidad 
ambiental.
Finalmente,  el  Título  IX  regula  el  régimen  sancionador  ambiental  y  recoge  la 
tipificación de los hechos constitutivos de infracción clasificándolos como muy graves, 
graves y leves. La graduación de las sanciones se fija para cada tipo de infracción 
estableciéndose que en su imposición se deberá guardar la adecuación con la gravedad 
de la infracción considerando los criterios que la ley especifica. Se prevé también, dentro 
del  régimen  disciplinario,  la  obligación  de  reponer  la  situación  alterada  como 
consecuencia de los hechos constitutivos de infracción, así como la indemnización por 
los  daños  y  perjuicios  causados  a  la  Administración  pública.  Como  medidas 
complementarias  que  desincentiven  la  comisión  de  infracciones  se  establece  la 
prohibición de contratar con la Administración pública o la imposibilidad de obtener 
subvenciones públicas en aquellos casos en los que se hayan cometido infracciones 
muy graves o graves hasta en tanto no se hayan ejecutado las medidas protectoras y 
correctoras pertinentes o se haya satisfecho el importe de la sanción, así como la 
creación de un registro de personas infractoras en el que se inscribirán las personas 
públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme. El 
objetivo exclusivo de este registro es contar con información fehaciente a disposición de 
las  administraciones  públicas  sobre  las  sanciones  impuestas  a  los  efectos  de  la 
valoración de la existencia de una posible reincidencia o de la imposición y seguimiento 
de sanciones accesorias como la prohibición de contratar o de obtener subvenciones. En 
esta misma línea se prevé dar publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de 
dichas infracciones, así como la identidad de sus responsables. Por último, se contempla 
la prestación ambiental sustitutoria de las sanciones consistentes en la imposición de 
multas, que podrá consistir en acciones de restauración, conservación o mejora que 
redunden en beneficio del medio ambiente, en las condiciones y términos que el órgano 
que imponga la sanción determine.
TÍTULO PRIMERO o
Disposiciones generales 1w
Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección,
conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, con el fin de 
alcanzar los siguientes objetivos:
a)  Proteger  a  sus  ciudadanos  y  ciudadanas  frente  a  las  presiones  y  riesgos 
medioambientales.
b)  Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido 
dañado.
c)  Gestionar eficientemente los recursos promoviendo una economía sostenible, 
circular e hipocarbónica.
d)  Establecer medidas de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosas 
para cumplir con el Acuerdo de París y otras disposiciones respecto a la lucha contra el 
cambio climático.
e)  Impulsar  la  corresponsabilidad  público-privada  en  la  protección  del  medio 
ambiente.
f)  Agilizar  el  funcionamiento  de  la  Administración  ambiental  mediante  la 
simplificación y unificación de los procedimientos administrativos, regulando las técnicas 
de  intervención  sobre  las  actividades  con  incidencia  ambiental  integrando  las 
condiciones y requisitos que en la misma se establecen.
g)  Establecer  mecanismos  eficaces  de  vigilancia,  control  e  inspección  de  las 
actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
h)  Establecer mecanismos eficaces para garantizar el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en materia medio ambiental.
i)  Impulsar las medidas necesarias para coordinar el ejercicio de competencias por 
los diferentes órganos y administraciones públicas competentes en la ordenación de las 
actividades con incidencia en el medio ambiente.
j)  Mejorar la base de conocimientos e Información sobre el medio ambiente.
k)  Fomentar la educación ambiental en todos los niveles educativos, así como la 
concienciación  ciudadana  y  del  conjunto  de  actores  sociales  en  relación  con  la 
protección y mejora del medio ambiente.
l)  Garantizar  un  desarrollo  ambientalmente  sostenible,  contribuyendo  a  la 
consecución  de  los  objetivos  para  el  desarrollo  sostenible  que  se  aprueben 
internacionalmente.
Artículo 2.  Definiciones.
1.  A los efectos de la presente ley se entenderá por:
a)  Acuerdo medioambiental: acuerdo suscrito entre la Administración ambiental 
competente y una empresa, o los representantes de un sector, colectivo u organización 
determinada,  según  la  cual  ambas  partes  se  vinculan  voluntariamente  para  el 
cumplimiento de unos objetivos de protección ambiental.
b)  Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano ambiental de la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  por  la  que  se  permite,  a  los  efectos  de  la 
protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte 
de una actividad o instalación de las contempladas en el Anexo I.A, bajo determinadas 
condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones 
de esta ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida 
para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación 
de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente ley. s
c)  Autorización ambiental única: la resolución escrita del órgano ambiental de la  oe.
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  por  la  que  se  permite,  a  los  efectos  de  la  w.
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de esta ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida
para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación 
de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente ley.
d)  Actividad  clasificada:  cualquier  actividad  de  titularidad  pública  o  privada 
susceptible de originar daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar 
riesgos de producir tales daños o causar molestias a las personas y que no estén sujetas 
a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental única.
e)  Actividad o instalación existente: cualquier actividad o instalación autorizada con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
f)  Comunicación previa de actividad clasificada: documento mediante el que las 
personas  interesadas  ponen  en  conocimiento  del  órgano  competente  de  la 
Administración local que las actividades o instalaciones contempladas en el Anexo I.D se 
encuentran habilitadas para el inicio de la actividad.
g)  Ecoinnovación: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado u objetivo es 
una  mejora  significativa  de  la  protección  del  medio  ambiente.  Incluye  los  nuevos 
procesos  de  fabricación,  los  nuevos  productos  o  servicios  y  los  nuevos  métodos 
empresariales  o  de  gestión  cuya  utilización  o  ejecución  pueda  prevenir  o  reducir 
sustancialmente los riesgos para el medio ambiente, la contaminación u otros impactos 
negativos del uso de recursos, a lo largo del ciclo de vida de las actividades a ellos 
vinculadas.
h)  Efecto  significativo  sobre  el  medio  ambiente:  alteración  desfavorable  de 
magnitud apreciable de cualquiera de los aspectos de la calidad del medio ambiente, 
especialmente  si  es  de  carácter  permanente  o  de  larga  duración.  En  caso  de  los 
espacios Red Natura 2000 se considerará que un efecto es de carácter significativo si 
puede empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o 
especies objeto de conservación en el lugar, o, en su caso, dificultar su restablecimiento.
i)  Información ambiental: toda la información que en forma escrita, visual, sonora, 
electrónica o en cualquier otra forma material obre en poder de las administraciones 
públicas y de los demás entes pertenecientes al sector público o en el de otros sujetos 
en su nombre, tal y como se establece en las directivas europeas sobre los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio  ambiente  y  su  normativa  de  transposición,  de  aplicación  en  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
j)  Instalación: cualquier unidad técnica fija o móvil en donde se desarrolle una o 
más de las actividades enumeradas en el Anexo I y en el Anexo II de esta ley, así como 
cualesquiera  otras  actividades  directamente  relacionadas  con  aquellas  que  guarden 
relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan 
tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación u otros efectos sobre el 
medio ambiente.
k)  Licencia de actividad clasificada: resolución escrita del órgano competente de la 
Administración local por la que se permite el desarrollo de una actividad clasificada bajo 
determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las 
disposiciones de esta ley y la normativa que le resulte de aplicación.
l)  Medidas  correctoras:  medidas  impuestas  por  el  órgano  con  competencias 
ambientales en orden a disminuir la magnitud o la extensión de los efectos sobre el 
medio ambiente, de forma que estos dejen de ser significativos a medio o largo plazo.
m)  Medidas  protectoras:  medidas  impuestas  por  el  órgano  con  competencias 
ambientales en orden a evitar efectos significativos sobre el medio ambiente.
n)  Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las  s
actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica  oe.
de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras  w.
condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable,  1w
rpeedrusocinr alsa.s emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las
A estos efectos se entenderá por:
n.1  «Técnicas»: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté 
diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.
n.2  «Técnicas disponibles»: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 
aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica 
y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las 
técnicas se utilizan o producen en la Unión Europea como si no, siempre que la persona 
titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
n.3  «Mejores  técnicas»:  las  técnicas  más  eficaces  para  alcanzar  un  alto  nivel 
general de protección del medio ambiente en su conjunto.
o)  Modificación  sustancial:  cualquier  modificación  realizada  en  una  actividad  o 
instalación  autorizada  que,  en  opinión  del  órgano  competente  para  otorgar  dicha 
autorización, licencia o recepción de su comunicación previa, y de acuerdo con los 
criterios establecidos en esta ley, pueda tener repercusiones significativas en el medio 
ambiente, la seguridad o la salud de las personas.
p)  Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del 
funcionamiento, o de la extensión de la actividad o instalación autorizada, que, sin tener 
la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en el medio ambiente, la 
seguridad o la salud de las personas.
q)  Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco: viceconsejería 
competente  en  materia  de  medio  ambiente  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco u órgano que la sustituya.
r)  Personas interesadas: todas aquellas en quienes concurran cualesquiera de las 
circunstancias  previstas  en  el  artículo  4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  administraciones  Públicas,  así  como 
cualesquiera  personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el artículo 23.1 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente.
s)  Promotor o promotora: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende implementar un plan, programa o proyecto.
t)  Público  en  general:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  así  como  sus 
asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les 
sea de aplicación.
u)  Titular: cualquier persona física o jurídica que explote, total o parcialmente, la 
actividad o instalación.
v)  Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada en relación con 
determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo 
valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.
2.  En el Anexo II.G se recogen definiciones adicionales a efectos de la evaluación 
ambiental.
Artículo 3.  Principios.
1.  La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:
a)  Cautela y acción preventiva, prevención de la contaminación en su origen y  e.e
«quien contamina paga». b
b)  El acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía en  w
el dics)e ñoU tyil iezjaecciuócni óranc dioen laals d peo lloítsic raesc puúrsbolisc ansa.turales y uso eficiente de la energía.
d)  Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
e)  Adaptación  al  progreso  técnico  de  las  instalaciones  y  actividades  para  la 
protección del medio ambiente.
f)  Responsabilidad compartida entre los agentes públicos y privados.
g)  Autosuficiencia y proximidad en la gestión de residuos.
2.  Las medidas que se adopten para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley se aplicarán de acuerdo con los principios de agilidad, simplificación procedimental y 
reducción de cargas administrativas.
3.  Los  principios  de  esta  ley  constituyen  pautas  de  actuación  de  las 
administraciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y criterios de 
interpretación de las correspondientes normas de protección del medio ambiente y de la 
salud de las personas.
Artículo 4.  Utilidad pública e interés social.
Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley podrán ser 
declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y en particular a los 
expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados, de 
conformidad todo ello con lo que establece la legislación en la materia.
Artículo 5.  Derechos de las personas.
De acuerdo con lo previsto en la presente ley, todas las personas tienen derecho:
a)  A disfrutar de un medio ambiente adecuado en igualdad de condiciones.
b)  A participar, directamente o por medio de asociaciones, y en los términos que 
establezcan  las  correspondientes  normas,  en  el  diseño  de  las  políticas  y  en  las 
decisiones para la protección del medio ambiente.
c)  A obtener información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos 
naturales y a acceder a la justicia en materia de medio ambiente, de conformidad con la 
legislación básica.
d)  A ejercer la acción pública para exigir a las administraciones públicas vascas el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación ambiental.
e)  A que los órganos de las administraciones públicas competentes actúen de 
acuerdo con los principios de una buena Administración, garantizando la transparencia, 
la eficiencia, la economía y la eficacia con el objetivo de satisfacer el interés general.
Artículo 6.  Deberes de las personas.
De acuerdo con lo previsto en la presente ley, todas las personas tienen el deber de:
a)  Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
b)  Evitar o, en su caso, reducir la generación de residuos, las emisiones a la 
atmósfera, el ruido, las vibraciones, la contaminación pulvígena y lumínica, los olores y 
los vertidos a las aguas y al suelo.
c)  Restaurar, en su caso, el medio ambiente alterado.
d)  Contar  con  el  título  administrativo  correspondiente  para  realizar  cualquier 
actividad, dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, que pueda incidir en el 
medio ambiente y la salud de las personas y cumplir las condiciones establecidas para 
su ejercicio. s
TÍTULO SEGUNDO
Competencias y coordinación de la política ambiental
Artículo 7.  Competencias en materia de medio ambiente.
1.  Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco:
a)  El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en 
materia de medio ambiente y ecología, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco y la Ley de Territorios Históricos.
b)  La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel 
autonómico.
c)  La  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  la  directa  aplicación  de  los 
reglamentos  de  la  Unión  Europea,  y  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  obligaciones 
establecidas por las directivas y el resto de la normativa europea.
d)  El  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  en  esta  ley  en  relación  con  la 
ordenación,  inspección  y  disciplina  de  las  actividades  con  incidencia  en  el  medio 
ambiente y la salud de las personas.
e)  El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente ley y por el resto de 
la normativa sectorial en materia de medio ambiente.
f)  La potestad para dictar normas adicionales de protección ambiental que eleven el 
nivel requerido por la legislación básica o europea.
2.  Corresponden a los órganos forales de los territorios históricos, además de las 
competencias reconocidas en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre 
las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus 
territorios históricos, las siguientes:
a)  La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel de 
territorio histórico y, en particular, el desarrollo de la programación marco de gestión de 
residuos urbanos, a través de sus correspondientes planes forales.
b)  Asistir  a  los  ayuntamientos  en  relación  con  las  actividades  e  instalaciones 
sometidas al procedimiento de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa 
de actividad clasificada que se regulan en la presente ley.
c)  La  emisión  de  las  declaraciones  e  informes  con  los  que  concluyen  los 
procedimientos  de  evaluación  ambiental  cuando  la  competencia  sustantiva  para  la 
aprobación definitiva o para la autorización del plan, programa o proyecto resida en los 
órganos forales de los territorios históricos, de acuerdo con lo que establece esta ley.
d)  La coordinación, en el ámbito de cada territorio histórico, de las actuaciones 
municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en materia de 
residuos domésticos.
e)  El  impulso  de  infraestructuras  supramunicipales  de  gestión  de  residuos 
domésticos.
f)  El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente ley y por el resto de 
la normativa sectorial en materia de medio ambiente.
3.  Corresponde a las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
en el ámbito de sus competencias: es
a)  El  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  en  esta  ley  en  relación  con  la  w.
ordenación,  inspección  y  disciplina  de  las  actividades  con  incidencia  en  el  medio  1w
ambbie) nteE ly e ljae rscaicluiod  ddee  loatsra pse crsoomnpaest.encias atribuidas por la presente ley, por el resto de
Ilan sntioturmciaotniveas  eLno cmaaletse rdiae  dEeu mskeaddiio. ambiente, así como por la Ley 2/2016, de 7 de abril, de  BOE-A-cable e
Artículo 8.  Ejercicio de competencias por las administraciones públicas.
1.  En el ejercicio de sus competencias en materia de medio ambiente, las diversas 
administraciones  públicas  actuarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia, 
cooperación,  coordinación  e  integración  de  los  requisitos  de  protección  del  medio 
ambiente en el resto de políticas públicas. En particular, deberán prestarse la debida 
asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, suministrándose 
mutuamente  información  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos  en  la 
presente ley.
2.  A tal fin, las administraciones públicas diseñarán y gestionarán mecanismos de 
colaboración  ajustando  sus  actuaciones  a  los  principios  de  información  mutua  y 
colaboración con el fin de impulsar la gestión integrada de las políticas ambientales, 
económicas  y  sociales  de  los  municipios  de  forma  consensuada  entre  dichas 
administraciones y la ciudadanía.
3.  Para garantizar la coherencia de la política ambiental, corresponde al órgano 
ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  promover  las  acciones  de 
coordinación que demande el interés público ambiental.
Artículo 9.  Órgano de Coordinación de Residuos.
1.  El  Órgano  de  Coordinación  de  Residuos,  como  órgano  consultivo  y  de 
cooperación en esta materia, tiene como finalidad coordinar los planes y las acciones 
para la planificación y gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
2.  El  Órgano  de  Coordinación  de  Residuos  se  adscribe  al  departamento 
competente  en  materia  de  medio  ambiente  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y está presidido por la persona titular de este 
departamento. Forman parte de este las personas designadas vocales en representación 
de los órganos forales de los tres territorios históricos.
3.  El Órgano de Coordinación de Residuos adoptará sus normas de funcionamiento 
interno y creará, en su caso, secciones según la tipología de los diferentes residuos. Las 
secciones que se creen podrán estar integradas exclusivamente por personal técnico 
perteneciente  a  las  administraciones  públicas  junto  con  el  que  se  designe  por  las 
asociaciones y clústeres, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera.
Artículo 10.  Programa Marco Ambiental.
1.  La política ambiental del País Vasco se concretará en un Programa Marco 
Ambiental que contendrá un diagnóstico sobre la situación del medio ambiente, las 
líneas estratégicas y los compromisos a llevar a cabo para la mejora de su calidad 
durante su periodo de vigencia, así como las prioridades de actuación y los objetivos a 
alcanzar.
2.  El Programa Marco Ambiental será elaborado por el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y aprobado por el Consejo de Gobierno, previo 
informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente. El programa, que podrá desarrollarse 
mediante planes específicos, establecerá su periodo de vigencia y procedimiento para su 
seguimiento y revisión.
Artículo 11.  Consejo Asesor de Medio Ambiente. s
1.  El Consejo Asesor de Medio Ambiente, como órgano consultivo y de cooperación  w.b
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene como finalidad favorecer la relación y  1w
psoacrtiiacliepsa,c ieócno ndóem laicso asd my idneis tlraa cUionniveesr spidúabdlic eans  yla l oesla sbeocrtaocreiósn r, ecpornessuelntata tyiv soesg dueim inietenrteos dees 
mlasa teproialí tdicea sm eadmiob aiemntbaielenst.e  Edel  clao nAsdemjoin iesstrtaác iaódns gcerintoe raall  ddee lpaa Crtoammuennitdoa dc oAmuptóenteonmtea  deenl 
País Vasco.
2.  Corresponden al Consejo Asesor de Medio Ambiente las siguientes funciones:
a)  Asesorar e informar en materia de política ambiental con respecto a los planes y 
programas que sean sometidos a su consideración y guarden relación con el medio 
ambiente.
b)  Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales que 
guarden relación con la protección del medio ambiente.
c)  Informar el Programa Marco Ambiental y sus planes de desarrollo específicos.
d)  Proponer  o  emitir  informes,  así  como  medidas  que  conecten  las  políticas 
ambientales con la generación de empleo, el desarrollo sostenible, la coordinación de la 
iniciativa económica pública y privada y la participación, educación y sensibilización 
ciudadana en materia medioambiental.
e)  Realizar las labores de seguimiento pertinentes de todas aquellas actuaciones 
que,  en  el  área  de  medio  ambiente,  sean  desarrolladas  por  las  instituciones 
representadas en el consejo.
f)  Impulsar la participación de las universidades y centros de investigación en la 
política ambiental.
g)  Ejercer las demás funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
3.  El Consejo Asesor de Medio Ambiente adoptará sus normas de funcionamiento 
interno y creará, en su caso, secciones, cuando así lo requiera la naturaleza de los 
asuntos a tratar.
4.  Los informes, recomendaciones y propuestas del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente no tendrán carácter vinculante.
Artículo 12.  Composición.
1.  El Consejo Asesor de Medio Ambiente está presidido por la persona titular del 
departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y forman parte del mismo las personas 
designadas vocales en representación de:
a)  El Parlamento Vasco.
b)  El Gobierno Vasco.
c)  Los órganos forales de los territorios históricos.
d)  Los municipios.
e)  Las  asociaciones  o  movimientos  ciudadanos  representativos  de  sectores 
ambientales.
f)  Las organizaciones de personas consumidoras y usuarios.
g)  Las organizaciones y agrupaciones del sector primario (agrícola, ganadero y 
forestal).
h)  Las organizaciones y agrupaciones empresariales.
i)  Las organizaciones sindicales, incluyendo los sindicatos agrarios.
j)  Los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.
k)  Las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
l)  Personas expertas de reconocido prestigio en materia de medio ambiente.
m)  Una persona en representación del Consejo de la Juventud de Euskadi.
2.  Reglamentariamente se detallará la composición del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente,  el  procedimiento  de  designación  de  sus  miembros,  garantizando  una  e.e
representación equilibrada de mujeres y hombres, y sus reglas básicas de organización y  b
funcionamiento. w
TÍTULO TERCERO
Información y participación pública en materia ambiental
Artículo 13.  Información ambiental.
La Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará y 
publicará cada año un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada 
cuatro años un informe completo. Estos informes incluirán datos sobre la calidad del 
medio ambiente y las presiones que este sufra, incluida la artificialización del suelo, así 
como un sumario no técnico que sea comprensible para el público.
Artículo 14.  Difusión de la información ambiental.
1.  El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá disponer 
de  un  sistema  de  información  de  acceso  público  permanentemente  accesible  que 
contenga, al menos, datos suficientes sobre:
a)  El estado y calidad de las aguas, el aire, la gea, el suelo, la fauna, la flora, la 
geodiversidad  y  biodiversidad,  los  servicios  de  los  ecosistemas,  el  paisaje,  la  Red 
Natura 2000 y los espacios naturales protegidos del territorio de la Comunidad Autónoma 
Vasca, incluidas sus interacciones recíprocas.
b)  Los planes y programas de gestión ambiental y demás actuaciones públicas de 
protección  ambiental  o  que  hayan  afectado  o  puedan  afectar  a  los  elementos  y 
condiciones del medio ambiente.
c)  Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente.
d)  Las  autorizaciones  ambientales  integradas  y  las  autorizaciones  ambientales 
únicas emitidas.
e)  Las declaraciones e informes ambientales emitidos por el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre planes, programas y proyectos, así como 
los informes previstos en el artículo 13 de la presente ley.
f)  La lista de autoridades públicas ambientales en cuyo poder obre la información 
ambiental.
2.  Las autoridades públicas garantizarán el correcto ejercicio del derecho de acceso 
a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean 
en su nombre y facilitarán su difusión y puesta a disposición del público de la manera 
más  amplia,  sistemática  y  tecnológicamente  avanzada  garantizando  la  igualdad  de 
acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos.
La difusión de la información ambiental por parte de las autoridades públicas se 
realizará según lo establecido en la Directiva comunitaria 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 
información  medioambiental,  y  su  normativa  de  transposición  de  aplicación  en  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.  Con este fin, entre otros, se crea Ingurunet, Sistema de Información Ambiental 
del País Vasco, dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que tendrá por objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o 
de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco,  generada  por  todo  tipo  de  entidades  públicas  o  privadas  productoras  de 
información  ambiental,  para  ser  utilizada  en  la  gestión,  la  investigación,  la  difusión  e
pública, la educación ambiental y la toma de decisiones. bo
Se deberá garantizar el acceso público a toda la información disponible en Ingurunet  w
comSoe s idsotetamráa  ddee  ilnaf osrumfiaccieiónnte d peu rbelficeirdeandc iay .debida comunicación para que sea conocido
por 4la.  ciuAdl aódrgaanníao  eanm gbeiennetraall .de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde
la organización, gestión y evaluación del Sistema de Información Ambiental, así como
aprobar las normas y criterios que normalicen dicha información y garanticen su uso 
compartido  y  su  reutilización.  Dichas  actuaciones  serán  objeto  de  desarrollo 
reglamentario.
5.  Para  garantizar  el  flujo  de  la  información  ambiental  disponible,  el  órgano 
ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  fomentará  políticas  de 
colaboración  con  otras  administraciones  públicas,  universidades,  centros  de 
investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros, con el fin de integrar y 
coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes.
Artículo 15.  Solicitud de información ambiental.
1.  Las solicitudes de información ambiental se tramitarán de conformidad y con las 
garantías establecidas en la Directiva comunitaria 2003/4/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental  y  su  normativa  de  transposición  de  aplicación  en  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
2.  Cuando  una  determinada  y  concreta  información  ambiental  no  haya  sido 
difundida o no esté disponible para su acceso público, cualquier persona podrá solicitarla 
a la autoridad pública en cuyo poder obre la información.
3.  La autoridad pública, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la 
solicitud, o de dos meses en el caso de que la información solicitada tenga un gran 
volumen  o  complejidad,  deberá  facilitar  la  información  solicitada  o  bien  denegarla 
determinando los motivos.
4.  Serán motivos de denegación de información los establecidos en la Directiva 
comunitaria 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
relativa  al  acceso  del  público  a  la  información  medioambiental  y  su  normativa  de 
transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en todo 
caso deberán ser objeto de interpretación restrictiva.
Dichos motivos de denegación se podrán aplicar en relación con las obligaciones de 
difusión contempladas en el artículo anterior.
5.  Contra la resolución denegatoria de la información cabrá formular el recurso 
administrativo que proceda conforme a la ley.
Artículo 16.  Participación ambiental.
1.  Las administraciones públicas y los demás entes pertenecientes al sector público 
promoverán y garantizarán el correcto ejercicio del derecho de participación, real y 
efectiva, en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan 
directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación les 
corresponda.
2.  En particular, las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco promoverán y garantizarán la participación de las personas interesadas y del 
público en general en los procedimientos de intervención ambiental y en la elaboración, 
modificación, revisión y aprobación de planes, programas y disposiciones de carácter 
general relacionadas con el medio ambiente. Dicha participación se realizará tomando en 
consideración la perspectiva de género.
3.  Las  personas  interesadas  y  el  público  en  general  podrán  hacer  uso  de  su 
derecho de participación en los citados procedimientos antes de que se adopte cualquier 
decisión, mediante la presentación de comentarios, observaciones o alegaciones. es
Artículo 17.  Acción pública. w
amb1ie. ntSaleersá  dpeú lbal icCao mlau ancidcaiódn A puatóran oemxaig idr eal nPtea ísla Vs aasdcmo ienli scturamcpiolinmeise nctoon d ec olom pdeistpeunecsiatos 
en esta ley así como en el resto de la legislación sectorial ambiental.
2.  Cualquier  persona  podrá  solicitar  a  las  administraciones  competentes  la 
adopción de las medidas de restauración de la legalidad ambiental, de responsabilidad 
por  daños  ambientales,  así  como  denunciar  las  actuaciones  que  se  presuman 
infracciones según lo dispuesto en esta ley.
3.  Se fomentarán y garantizarán los derechos y la protección de las personas 
denunciantes que informen sobre infracciones ambientales, tal y como establece el 
derecho de la Unión Europea.
4.  Las administraciones con competencias ambientales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco reforzarán la coordinación con los órganos jurisdiccionales, en particular 
con la fiscalía de medio ambiente, a fin de garantizar la mayor eficacia y celeridad en 
caso de detectarse indicios de delito en el curso de las actuaciones en vía administrativa.
Artículo 18.  Administración electrónica.
La utilización de los servicios electrónicos en las actuaciones llevadas a cabo por las 
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de la 
presente ley será preceptiva, de conformidad a lo dispuesto en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y se llevará a 
cabo con pleno sometimiento a los derechos de las personas en el uso de medios 
electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas.
TÍTULO CUARTO
Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 19.  Regímenes de intervención ambiental.
1.  Las actividades e instalaciones públicas y privadas relacionadas en el Anexo I de 
esta ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención ambiental:
a)  Las actividades e instalaciones del Anexo I.A, al régimen jurídico de autorización 
ambiental integrada.
b)  Las actividades e instalaciones del Anexo I.B, al régimen jurídico de autorización 
ambiental única.
c)  Las actividades e instalaciones del Anexo I.C, al régimen jurídico de licencia de 
actividad clasificada.
d)  Las  instalaciones  y  actividades  del  Anexo  I.D,  al  régimen  jurídico  de 
comunicación previa de actividad clasificada.
2.  La  determinación  del  sometimiento  de  las  actividades  e  instalaciones  a  los 
diferentes regímenes de intervención ambiental regulados en esta ley se realiza con 
base en la mayor o menor afección de dichas actividades sobre el medio ambiente y la 
salud de las personas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a)  La dimensión y capacidad de producción de la instalación.
b)  El consumo de agua, energía y otros recursos. es
c)  La cantidad, peso y tipología de los residuos generados. o
d)  Las potenciales emisiones a la atmósfera y a las aguas. ww.
efgh))))     ELELlaa lr s uioe spcsooug tpodea endc cesióiu aanslce tdacsein de cesmiaunisetse lipoo.e.nleigsr oascaúss.ticas. OE-A-2022-95able en https://
3.  Los  regímenes  jurídicos  de  licencia  de  actividad  clasificada  y  comunicación 
previa de actividad clasificada previstos en esta ley se aplicarán sin perjuicio de la 
realización de los trámites de autorización, comunicación, notificación o registro ante el 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otras administraciones 
públicas que sean preceptivos de acuerdo con lo que a tal fin establezca la normativa 
sectorial aplicable.
4.  Los  ayuntamientos  no  podrán  conceder  licencias  de  obras  para  actividades 
sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única o licencia de 
actividad clasificada en tanto no se haya concedido el correspondiente título habilitante.
5.  Cuando una actividad o instalación incluida en alguno de los regímenes de 
intervención  ambiental  previstos  en  este  artículo  deba  someterse  a  otro  de  dichos 
regímenes como consecuencia de una ampliación o modificación de la actividad, tal 
cambio se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento correspondiente establecido 
en esta ley, en tanto en cuanto se determine reglamentariamente un procedimiento 
específico al efecto.
6.  Las  actividades  e  instalaciones,  o  parte  de  las  mismas,  dedicadas  a 
investigación,  desarrollo  y  experimentación  de  nuevos  productos  y  procesos  no  se 
someterán a los regímenes de intervención ambiental previstos en este artículo, sin 
perjuicio de que el órgano que fuera competente para su autorización, si estuvieran 
sometidos a la misma, establezca las medidas preventivas necesarias para proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas, para lo cual, el promotor o la promotora 
deberá presentar una comunicación e información suficiente sobre las características y la 
estimación de la duración de la actividad proyectada al citado órgano.
Artículo 20.  Plazos para el inicio de las actividades autorizadas.
1.  Los plazos para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la 
autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán de cinco y tres 
años, respectivamente.
2.  El plazo para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la licencia 
de actividad clasificada o han presentado comunicación previa de actividad clasificada 
será de un año.
3.  Transcurridos dichos plazos sin haber dado inicio de forma efectiva a la actividad 
por causa imputable a la persona titular, el órgano competente resolverá la caducidad de 
su habilitación para desarrollar la actividad.
4.  El transcurso de seis meses ininterrumpidos sin ejercer la actividad amparada en 
una  licencia  o  comunicación  de  actividad  clasificada  conllevará  la  declaración  de 
caducidad de esta, quedando sin efecto, previa concesión de un plazo de audiencia a su 
titular.
5.  Los plazos señalados en los apartados anteriores serán susceptibles de prórroga 
por razones debidamente justificadas a solicitud de la persona interesada, formulada con 
anterioridad a la finalización de dichos plazos, sin que en ningún caso pueda exceder de 
la mitad de los mismos.
6.  No se entenderá incluido en el cómputo de los plazos el tiempo directamente 
derivado de una causa de estricta fuerza mayor.
Artículo 21.  Finalidades.
Los regímenes de intervención ambiental que se regulan en este título tienen como  es
finalidades: bo
amtemdóaios) f earmParb,e ieveeln ntaeigr  euona,   csyuu ea cln odsnuojue enloltloo,   aynl o do esb ejleaat  ospa odlsueidb  aldelce, a rlenadzsau prce iurr snyo  cenolaensvt.arodloa r nlaiv eclo ndtea mpriontaecciócinó nd ed elal   2022-951n https://w
b)  Preservar  la  diversidad  del  medio  natural  de  las  afecciones  que  pudieran 
derivarse de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de este título.
c)  Velar por el uso sostenible de los recursos naturales y la correcta gestión de los 
residuos.
Artículo 22.  Consultas previas.
1.  Con anterioridad al inicio de los procedimientos relativos a los regímenes de 
intervención ambiental, la persona física o jurídica promotora de la actividad podrá 
solicitar  al  órgano  competente  para  su  tramitación  información  sobre  los  requisitos 
administrativos y técnicos de dicho procedimiento. Dicha consulta deberá adjuntar una 
memoria resumen descriptiva en la que se detallen las características básicas de la 
actuación y el soporte gráfico del emplazamiento en el que se vaya a desarrollar.
2.  El órgano competente deberá responder, con carácter informativo, a la petición 
recibida en el plazo máximo de tres meses y para ello podrá elevar consultas a las 
personas, instituciones y administraciones públicas previsiblemente afectadas por la 
actividad  y  sobre  los  contenidos  específicos  a  incluir  en  la  documentación  que  se 
presente junto con la solicitud o comunicación.
Artículo 23.  Concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación 
de impacto ambiental.
Cuando una actividad se encuentre a la vez sometida al procedimiento de evaluación 
de  impacto  ambiental  ordinaria  o  simplificada  y  a  alguno  de  los  regímenes  de 
intervención ambiental previstos en esta ley, su tramitación deberá realizarse de acuerdo 
con las siguientes normas:
a)  Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el 
informe  de  impacto  ambiental  corresponda  al  órgano  ambiental  de  la  Comunidad 
Autónoma  del  País  Vasco  y  la  actividad  se  encuentre  sometida  al  régimen  de 
autorización ambiental integrada o al de autorización ambiental única, los procedimientos 
administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación 
de  impacto  ambiental  ordinaria  se  integrarán.  Asimismo,  el  contenido  de  la 
declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en su caso, 
formarán parte de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental 
única, emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.
b)  Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el 
informe  de  impacto  ambiental  corresponda  al  órgano  ambiental  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco o de la Administración foral y la actividad se encuentre 
sometida al régimen de licencia de actividad clasificada, la declaración de impacto 
ambiental o el informe de impacto ambiental deberán emitirse con anterioridad a la 
concesión  por  el  ayuntamiento  correspondiente  de  la  licencia  de  actividad.  La 
declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental serán vinculantes 
para la autoridad local.
c)  Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el 
informe  de  impacto  ambiental  corresponda  al  órgano  ambiental  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco o de la Administración foral y la actividad se encuentre 
sometida al régimen de comunicación previa de actividad clasificada, esta comunicación 
no podrá presentarse ante el ayuntamiento antes de la publicación de la correspondiente  s
declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. La declaración de  oe.
impacto  ambiental  o  el  informe  de  impacto  ambiental  serán  vinculantes  para  la  w.
aduetcoldar)ird aacCdió ulnoa cndadel.o  imcpoarrcetosp aomndbaie nata l lao  eAl dimnfionrimstrea cdieó ni mgpeancetora al mdbeile nEtaslt,a edno  lofosr mtéurmlarin olas   2022-951n https://w
previstos  en  la  normativa  básica  de  evaluación  ambiental,  no  podrá  otorgarse
autorización,  licencia  de  actividad  clasificada  o  presentar  comunicación  previa  de 
actividad clasificada sin que previamente se haya emitido dicha declaración o informe.
Artículo 24.  Obligaciones de las administraciones públicas.
Las administraciones públicas que actúen en los procedimientos de intervención 
ambiental regulados en el presento título estarán obligadas a:
a)  Gestionar los regímenes jurídicos de intervención ambiental de acuerdo con el 
principio  de  información  mutua,  cooperación  y  colaboración  entre  administraciones 
públicas y de servicio a la ciudadanía.
b)  Velar por el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan en 
los instrumentos de intervención ambiental y en la normativa sectorial protectora del 
medio ambiente.
c)  Aprobar las disposiciones e instrucciones técnicas que sean necesarias para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de intervención 
ambiental.
d)  Garantizar el acceso a la información ambiental relativa a las actividades objeto 
de la presente ley y su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
e)  Fomentar la participación de las personas interesadas y del público en general 
desde  una  fase  temprana  en  los  procedimientos  de  intervención  previstos  en  la 
presente ley.
f)  Impulsar  el  reconocimiento  del  Sistema  Comunitario  de  Gestión  y  Auditoría 
Medioambiental (EMAS), el sistema de etiqueta ecológica de la Unión Europea y la 
ecoinnovación como medios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
medio ambiente y la mejora continua del desempeño ambiental de las organizaciones.
g)  Cualquier otra obligación que se establezca en esta ley y en la demás normativa 
aplicable.
Artículo 25.  Obligaciones de las personas titulares de las actividades e instalaciones.
Quienes  sean  titulares  de  las  actividades  e  instalaciones  que  son  objeto  de 
regulación en este título están obligados a:
a)  Disponer del correspondiente título de intervención en los casos en que este sea 
preceptivo y cumplir con las condiciones derivadas del mismo o del régimen jurídico de 
comunicación previa.
b)  Cumplir con las obligaciones de suministro de información que se deriven de la 
presente ley y de la normativa sectorial protectora del medio ambiente.
c)  Poner  en  conocimiento  de  los  órganos  de  las  administraciones  públicas 
competentes cualquier hecho derivado del funcionamiento normal o anormal de una 
actividad que pueda afectar significativamente al medio ambiente y a la salud de las 
personas.
d)  En el supuesto de que se produzca un incumplimiento de las condiciones de su 
autorización  o  de  la  normativa  de  aplicación,  la  persona  titular  de  la  actividad  o 
instalación deberá tomar sin demora las medidas correctoras necesarias y ponerlas en 
conocimiento de las administraciones ambientales competentes.
e)  Informar de la transmisión de las habilitaciones legales ambientales para el 
desarrollo de actividades al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en el caso de las actividades de los apartados A y B del Anexo I, y de aquellas otras  e.
actividades e instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante el  w.b
citado órgano ambiental por disposición de otra normativa ambiental de aplicación. Esta  1w
onbuleigvaac pióenrs coonrare tsitpuolanrd peureád aal  caoumtour noic aa rl ad iacuhtao rtraa ndsem lais itórann.smisión, sin perjuicio de que la
desaf)r roIlnlof odrem aarc tidveid alad etsr aanl samyuisniótanm  dieen tloa sc ohrraebsiplitoancdioiennetse  eleng aelle csa saom dbeie lnatsa laecst ivpiadraad eesl 
de los apartados A, B, C y D del Anexo I. Esta obligación corresponderá al autor o a la
autora de la transmisión, sin perjuicio de que la nueva persona titular pueda comunicar 
dicha transmisión.
g)  Prestar la colaboración necesaria para la correcta realización de las actuaciones 
de inspección desarrolladas por las diferentes administraciones públicas.
h)  Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las 
actividades sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única y 
aquellas  otras  actividades  e  instalaciones  sujetas  a  comunicación  o  declaración 
responsable ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto 
al citado órgano como al ayuntamiento donde se ubique la instalación.
i)  Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las 
actividades sujetas a licencia de actividad clasificada ante el ayuntamiento donde se 
ubique la instalación.
j)  Cualquier otra obligación que se establezca en esta ley y en el resto de normativa 
aplicable.
Artículo 26.  Capacidad técnica y responsabilidad.
1.  Los proyectos y documentación técnica, incluidos los estudios y documentos 
ambientales previstos en la normativa sobre evaluación ambiental que formen parte de 
las solicitudes de inicio de los procedimientos previstos en este título, deberán ser 
realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con 
las normas sobre cualificaciones profesionales.
2.  Dicha  documentación  técnica  tendrá  la  calidad  necesaria  para  cumplir  las 
exigencias de esta ley. Con esta finalidad deberá identificarse a la persona o personas 
autoras indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. La persona o personas 
autoras de los citados documentos y el promotor o la promotora serán responsables 
solidarias de su contenido y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se 
refiere a los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente.
Artículo 27.  Confidencialidad.
1.  Las  administraciones  públicas  que  intervengan  en  los  procedimientos  de 
intervención  ambiental  deberán  respetar  la  confidencialidad  de  las  informaciones 
aportadas  por  el  promotor  o  la  promotora  que,  de  conformidad  con  la  normativa 
aplicable, tengan dicho carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del 
interés público.
2.  El promotor o la promotora deberá indicar qué parte de la información contenida 
en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La 
Administración  competente  decidirá  sobre  la  información  que,  según  la  legislación 
vigente,  esté  exceptuada  del  secreto  comercial  o  industrial  y  sobre  la  información 
amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación 
pública  real  y  efectiva  en  materia  de  medio  ambiente  con  el  derecho  a  la 
confidencialidad.
3.  En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial 
de la información indicada por el promotor o por la promotora se deberá emitir una 
resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.
Artículo  28.  Transmisión  de  los  títulos  de  intervención  para  el  desarrollo  de  las 
actividades. es
1.  Cuando se transmitan los títulos de intervención ambiental para el desarrollo de  w.
actividades  o  instalaciones  sujetas  a  autorización,  licencia  o  comunicación,  será  1w
cporerrceespptoivnod iepnotnee trílotu loe no  rceocneopctoimraie dneto l ad ceo mlau nAicdamciiónnis tprraecvióian.  competente  otorgante  del
resp2o.n sLaab ilidnaudeevsa  dpeel rtsroannasm  tititeunlater . Nseo  osbusbtraongtaer,á r eespno nlodse rádne rseoclhidoasr,i amobelnigtea crieosnpeesc toy   BOE-A-cable e
de las obligaciones y responsabilidades en tanto no se realice la comunicación a la que 
se refiere el apartado anterior.
Artículo 29.  Cese de la actividad y cierre de la instalación.
1.  El cese temporal o definitivo de las actividades o cierre de las instalaciones 
sujetas a esta ley, deberá ser comunicada a la Administración autorizante, detallando las 
medidas tomadas o que se prevea tomar y su secuencia temporal, al objeto de evitar 
cualquier riesgo de contaminación.
2.  A los efectos de la presente ley, se considerará que una actividad ha cesado 
definitivamente cuando haya transcurrido el plazo de un año sin desarrollarse la misma y 
no medie comunicación fehaciente de la persona titular a la Administración autorizante 
en la que se expongan justificadamente los motivos de dicha situación.
Artículo 30.  Modificación de las actividades e instalaciones.
1.  La persona titular de la actividad o instalación deberá comunicar al órgano 
competente para autorizarla, cualquier modificación que pueda tener consecuencias en 
el medio ambiente y que afecte a las características, a los procesos productivos, al 
funcionamiento o a la extensión de la actividad o instalación sometida a autorización, 
licencia o comunicación.
2.  Cuando  la  persona  titular  de  la  actividad  o  instalación  considere  que  la 
modificación no es sustancial deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la 
autorización,  licencia  o  recibir  la  comunicación,  indicando  razonadamente  por  qué 
considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se 
acompañarán  los  documentos  justificativos  de  las  razones  expuestas  para  tal 
consideración. Dicha modificación podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se hubiese 
pronunciado en contra el citado órgano competente en el plazo de treinta días.
En cualquier caso, se considerará la modificación como no sustancial cuando se 
reduzcan las emisiones o no se modifiquen, siempre y cuando dicha modificación no 
haya de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de 
acuerdo con la normativa sobre esta materia.
3.  Cuando la modificación sea considerada sustancial por la persona titular o por la 
autoridad competente para autorizarla o para recibir la comunicación previa, esta no 
podrá llevarse a cabo hasta que no se produzca la modificación de su título autorizatorio 
por medio del procedimiento previsto en la presente ley, o se presente una nueva 
comunicación previa.
4.  Se  considerará  que  se  produce  una  modificación  sustancial  cuando  la 
modificación de la actividad o instalación represente una mayor y significativa incidencia 
sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas y concurra cualquiera 
de criterios recogidos en el Anexo I.E de la presente ley.
CAPÍTULO II
Autorizaciones ambientales
Artículo 31.  Autorización ambiental integrada.
1.  Está sometida al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de 
las actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle  e.
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.A de la presente ley y que, en su caso,  w.
alcancen  los  umbrales  de  capacidad  establecidos  en  el  mismo.  Esta  autorización  1w
apdreacpetdaerárá a,  leans  tmodood ifcicaascoi,o an elas  qcounes streu pccroiódnu,z mcaonn teanje l aos  tirnasstlaaldaoc iodnee lsa.s instalaciones, y se
un  2so. loM  perdoicaendteim laie natuot oaridzamciinóinst raamtivboie nptrael viniot egermaidtiad os ep ionrt eeglr aórárgna enno  uanm sboileon ataclt od ye  elna   BOE-A-cable e
Comunidad Autónoma del País Vasco las autorizaciones de producción y gestión de 
residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-
terrestre  y  emisiones  a  la  atmósfera,  fijándose  los  valores  límite  de  emisión  que 
correspondan con base en las mejores tecnologías disponibles.
3.  La  autorización  ambiental  integrada  se  otorgará  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del 
dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas 
y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 32.  Autorización ambiental única.
1.  Está sometida al régimen jurídico de autorización ambiental única la explotación 
de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle 
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.B de la presente ley. Esta autorización 
precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se 
adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.
2.  Mediante la autorización ambiental única se integrarán en un solo acto y en un 
solo  procedimiento  administrativo  previo  emitido  por  el  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, las autorizaciones de producción y gestión de 
residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-
terrestre,  emisiones  a  la  atmósfera,  fijándose  los  valores  límite  de  emisión  que 
correspondan según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.
3.  La autorización ambiental única se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o 
concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas y demás normativa 
que resulte de aplicación.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a la autorización ambiental integrada y a la autorización 
ambiental única
Artículo 33.  Informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento.
1.  Previa solicitud de la persona interesada, el ayuntamiento en cuyo territorio se 
ubique la instalación deberá emitir en el plazo de treinta días informe de compatibilidad 
urbanística del proyecto, actividad o instalación sometido a autorización ambiental. En 
caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una copia de la solicitud del mismo.
2.  En todo caso, si el informe urbanístico regulado en este artículo fuera negativo, 
con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya 
recibido  por  el  órgano  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  con 
anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental, dicho órgano dictará resolución 
motivada denegatoria poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.
Artículo 34.  Contenido de la solicitud.
1.  La solicitud de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental 
única se presentarán ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y contendrán:
a)  Proyecto técnico que incluya, al menos, los siguientes aspectos: b
Aprdomc12ei..ns  iosDEtsr anepc sriocósdruniup  pccctiúóiavbnsol ioscd, a ye  cdteaool lmcltaiuppdmoea te deneynt  tapeacr olipcódaanunr acctq eoeu .le dc eol natl aro pl aedcrestio vlnaidasa  adic ntytiev irddeaesda edlasas  c opinnres trsaeelpanectarioc unasenisót,en   leolnas    OE-A-2022-95able en https://
la  seguridad,  salud  de  las  personas  o  el  medio  ambiente  de  conformidad  con  la 
normativa que resulte de aplicación.
3.  En su caso, estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación, 
incluyendo el suelo y las aguas subterráneas y superficiales, y los posibles impactos que 
se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la 
misma.
4.  Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía 
empleados o generados en la instalación.
5.  Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.
6.  Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas 
y al suelo, así como la determinación de sus efectos significativos sobre el medio 
ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar.
7.  Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la 
jerarquía de residuos de los residuos generados por la instalación.
8.  Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.
En el caso de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada el proyecto 
técnico incluirá, además:
–  La  tecnología  prevista  y  otras  técnicas  utilizadas  para  prevenir  y  evitar  las 
emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para reducirlas, 
indicando cuáles de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las 
conclusiones relativas a las mejores tecnologías disponibles.
– Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las 
medidas propuestas, estudiadas por la persona solicitante, si las hubiera.
b)  Informe urbanístico del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, 
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.
c)  En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas 
para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra al mar.
Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la 
Administración general del Estado, esta documentación será inmediatamente remitida al 
organismo de cuenca por el órgano competente para otorgar la autorización ambiental 
integrada y única, a fin de que manifieste si es preciso requerir a la persona solicitante 
que subsane la falta o complete la documentación aportada.
d)  La determinación de los datos que, a juicio de la persona solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
e)  Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a 
fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por la legislación de 
responsabilidad ambiental.
f)  El documento relativo a las obligaciones en materia de protección del suelo y las 
aguas subterráneas para prevenir su contaminación de conformidad con lo que se 
establece reglamentariamente.
2.  A  la  solicitud  de  la  autorización  ambiental  integrada  y  de  la  autorización 
ambiental  única  se  acompañará  un  resumen  no  técnico  de  todas  las  indicaciones 
especificadas en el apartado anterior, para facilitar su comprensión a efectos del trámite 
de información pública.
3.  En el caso de que la actividad o instalación esté sometida además a evaluación  e.
ambiental ordinaria o simplificada, la solicitud deberá contener un documento técnico en  w.
el que se integren los contenidos exigidos en los epígrafes a) y c) del apartado primero,  1w
ajumntboie cnotanl , leons  scuo cnatesnoi.dos propios del estudio de impacto ambiental o del documento
Artículo 35.  Subsanación.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior, se requerirá a la 
persona interesada para que en el plazo de quince días la subsane con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común.
Artículo 36.  Información pública.
1.  Una vez presentada la solicitud y comprobado que la documentación aportada 
está completa, el proyecto de instalación o actividad se someterá, previo anuncio en el 
«Boletín Oficial del País Vasco» y en la sede electrónica del Gobierno Vasco, a un 
período  de  información  pública  de  treinta  días  hábiles,  al  objeto  de  que  puedan 
presentarse alegaciones. Para darle una mayor difusión, dicho anuncio será comunicado 
al ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la actividad o instalación para su exposición, 
por parte de la entidad local, en su tablón de edictos.
2.  El período de información pública será común para aquellos procedimientos que 
se  integren  en  el  procedimiento  de  autorización  ambiental  integrada  y  autorización 
ambiental única, y en su caso, para la evaluación de impacto ambiental y para los 
procedimientos de autorizaciones sustantivas que precise la instalación.
3.  Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos de la solicitud 
que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente y lo señalado en el 
artículo 27 de la presente ley.
Artículo 37.  Informe municipal en actividades sujetas a autorización ambiental integrada 
y autorización ambiental única.
1.  El  procedimiento  de  autorización  ambiental  integrada  o  el  de  autorización 
ambiental única sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad 
clasificada.
2.  Simultáneamente al período de información pública y a solicitud del órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los municipios en cuyo término se 
pretenda  desarrollar  una  actividad  o  instalación  sometida  a  autorización  ambiental 
integrada o a autorización ambiental única emitirán un informe preceptivo en el plazo de 
treinta días hábiles desde la recepción del expediente, sobre aquellas cuestiones propias 
de  competencia  municipal.  De  no  emitirse  el  informe  en  plazo  se  proseguirán  las 
actuaciones.
3.  En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, estas serán 
trasladadas al ayuntamiento en el que se ubique la actividad o instalación para su 
consideración en su informe municipal, para lo cual dispondrá de un plazo ampliado de 
un mes adicional desde el momento de la recepción de dichas alegaciones por parte del 
órgano ambiental.
Artículo 38.  Informe de los organismos competentes en materia de vertidos.
1.  En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental 
integrada  o  autorización  ambiental  única  precise  autorización  de  vertido  al  dominio 
público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre, el organismo competente  e.
deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el plazo máximo de cuatro meses,  w.b
por el que se determinen las características del vertido y las medidas correctoras a  1w
adop2t.a r.En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental
ipnetersgorandaa t itou laaru tdoerilz amciisómn oa dmebbieenráta el múnitiicr au np riencfoisrem ea uptorericzeapctiióvno  dy ev ivnecrutildaon tea  ecno leecl tpolra, zlao 
máximo de tres meses, por el que se determinen las características del vertido y las 
medidas correctoras a adoptar.
3.  Transcurridos  los  plazos  previstos  en  los  apartados  anteriores  sin  que  se 
hubiesen emitido los informes, se podrá otorgar la autorización, contemplando en la 
misma  las  características  del  vertido  y  las  medidas  correctoras  requeridas,  que  se 
establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable. No obstante, los 
informes recibidos fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización 
deberán  ser  tenidos  en  consideración  por  el  órgano  ambiental  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
4.  Si los informes regulados en este artículo considerasen que es inadmisible el 
vertido y, consecuentemente, impidiesen el otorgamiento de la autorización, el órgano 
ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  dictará  resolución  motivada 
denegatoria.
Artículo 39.  Otros informes.
1.  Simultáneamente al período de información pública, el órgano ambiental de la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  solicitará  un  informe  sanitario  de  carácter 
preceptivo y vinculante, así como los informes técnicos que resulten necesarios según la 
naturaleza de la actividad a todos aquellos órganos que deban pronunciarse para que en 
el plazo de un mes a la vista de la solicitud presentada informen sobre las materias que 
sean de su competencia.
2.  En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, estas serán 
trasladadas a aquellos órganos que deban pronunciarse para su consideración en su 
informe, para lo cual dispondrá de un plazo adicional de un mes.
3.  De  no  emitirse  tales  informes  en  el  plazo  señalado  se  proseguirán  las 
actuaciones,  si  bien  los  informes  recibidos  fuera  de  plazo  pero  antes  de  dictarse 
resolución por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán 
ser tenidos en consideración por este.
Artículo 40.  Propuesta de resolución y audiencia de la persona interesada.
1.  A  la  vista  de  la  documentación  presentada,  del  resultado  del  trámite  de 
información  pública  y  de  los  informes  antes  citados,  el  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución que 
someterá a un trámite de audiencia para la persona interesada por un plazo de quince 
días.
2.  Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se 
hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta 
de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan 
formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su 
caso, lo que estimen oportuno.
3.  Si antes del vencimiento del plazo las personas interesadas manifiestan su 
decisión de no realizar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificantes, se 
tendrá por cumplimentado el trámite.
Artículo 41.  Resolución.
1.  La resolución que ponga fin al procedimiento de autorización ambiental integrada  oe.
o autorización ambiental única determinará las condiciones de funcionamiento de la  w.
instalación o del desarrollo del ejercicio de la actividad a los meros efectos ambientales,  1w
de a2c.u eLrdao  creosno llou ceisótna bmlecoitdivoa edna  eol atorrtígcaunlod os igou iedneten.egando  la  autorización  ambiental
sinotleicgirtuadd.a L sae f adltiact adreá r eesno luunc iópnla ezno  pmlaázxoim teon ddreá  seefeisc tomse dseesse dsetimsdaeto lraio sp.resentación de la  BOE-A-cable e
3.  La resolución motivada otorgando o denegando la autorización ambiental única 
se dictará en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. La 
falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.
4.  La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones se notificará a 
las personas interesadas, al ayuntamiento donde se ubique la instalación, a los distintos 
órganos que hubiesen emitido un informe y, en su caso, al órgano competente para 
otorgar las autorizaciones sustantivas. La autorización ambiental integrada se publicará 
íntegramente en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La autorización ambiental única 
se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.
5.  La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones incluirá, entre 
otros  aspectos,  información  sobre  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de 
información pública, sobre la valoración de las mismas por parte del órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y sobre el contenido de los informes emitidos en 
el procedimiento administrativo.
Artículo 42.  Valores límite de emisión de las autorizaciones ambientales.
1.  La determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental 
integrada se hará con base en las mejores tecnologías disponibles, y en particular se 
deberá tener en cuenta:
a)  La información suministrada en relación con las conclusiones relativas a las 
mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología 
específica.
b)  Las características técnicas de las instalaciones en donde se desarrolle alguna 
de las actividades e instalaciones enumeradas en los Anexos I.A, y I.B, su implantación 
geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.
c)  La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro.
d)  Los  planes  aprobados,  en  su  caso,  para  dar  cumplimiento  a  compromisos 
establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales.
e)  La incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en 
las condiciones generales de la sanidad animal y vegetal.
f)  Los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la 
fecha de la autorización.
2.  En la determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental 
única se tomarán en consideración, en su caso, las mejores tecnologías disponibles, de 
conformidad con lo expuesto en el apartado anterior.
Artículo 43.  Contenido de la autorización ambiental  integrada  y  de la autorización 
ambiental única.
1.  La autorización ambiental integrada tendrá el contenido mínimo siguiente:
a)  Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes y, en su caso, 
los parámetros o las medidas técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a 
estos valores límite. Asimismo, deberán especificarse las mejores técnicas disponibles 
contenidas en las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles que son  e
utilizadas en la instalación para alcanzar los valores límite de emisión. bo
b)  Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las  w
aguac)s  suLbotse rpráronceeadsi.mientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los
rreessiidduuooss .generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de
d)  Las  prescripciones  que  garanticen,  en  su  caso,  la  minimización  de  la 
contaminación  con  efectos  negativos  intercomunitarios  o  transfronterizos  a  larga 
distancia o transfronteriza.
e)  Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de 
emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y 
los procedimientos para evaluar las mediciones.
f)  Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a 
las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en 
marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.
g)  Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable. 
En particular, para las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de 
tratamiento de residuos.
h)  Las  condiciones  en  que  debe  llevarse  a  cabo  el  cierre  de  la  instalación, 
incluyendo  la  descripción  de  la  situación  de  partida  del  suelo  y  de  las  aguas 
subterráneas.
i)  La obligación de comunicar al órgano competente regularmente y, al menos, una 
vez al año:
– Información basada en los resultados del control de las emisiones mencionado en 
la letra e) y otros datos solicitados que permitan al órgano competente verificar el 
cumplimiento de las condiciones de la autorización; y
– Cuando se apliquen valores límite de emisión que superen los valores de emisión 
asociados a las mejores técnicas disponibles, un resumen de resultados del control de 
las emisiones que permita compararlos con los niveles de emisión asociados con las 
mejores técnicas disponibles.
j)  Los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión periódicos de las 
medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas con 
arreglo a la letra b) y, en su caso, los requisitos adecuados para el control periódico del 
suelo  y  las  aguas  subterráneas  por  lo  que  respecta  a  sustancias  peligrosas  que 
previsiblemente puedan localizarse, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación 
del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.
k)  Las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión.
l)  En caso de que la autorización sea válida para varias partes de una instalación 
explotada por diferentes personas titulares, las responsabilidades de cada uno de ellas.
2.  La autorización ambiental única tendrá el contenido mínimo siguiente:
a)  Los  valores  límite  de  emisión  para  las  sustancias  contaminantes  y  las 
prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas 
subterráneas.
b)  Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los 
residuos generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de 
residuos.
c)  En  su  caso,  las  prescripciones  que  garanticen  la  minimización  de  la 
contaminación  con  efectos  negativos  intercomunitarios  o  transfronterizos  a  larga 
distancia o transfronteriza.
d)  Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y 
residuos,  con  especificación  de  la  metodología  de  medición,  su  frecuencia  y  los 
procedimientos para evaluar las mediciones. e.
e)  Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a  w.
las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en  1w
marfc)h aL ya ps acroanddai,c fioungeass ,e fna llqouse d dee fbuen cllieovnaarmseie an tcoa yb op aerla cdiearsr ete dmep loar ianlsetsa.lación.
motigv)a daCmuaelnqtuei,e pr omr eedl iódrag aon coo anmdibciieónnt aels dtaeb llae cCidoam puonrid laad l eAguistólancoiómna s deeclt oPraiaísl  aVpalsiccaob.le o,  BOE-A-cable e
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental de carácter sectorial, el 
otorgamiento  de  las  autorizaciones  ambientales  previstas  en  la  presente  ley  podrá 
supeditarse motivadamente por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco al depósito de una fianza, aval o seguro que garantice el cumplimiento de las 
condiciones establecidas o la reparación o minimización de los daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad o instalación autorizada.
Las  citadas  garantías  podrán  minorarse  por  parte  del  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  en  el  supuesto  de  que  las  actividades  e 
instalaciones se encuentren inscritas en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias 
Medioambientales (EMAS).
4.  En el caso de que la instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada o 
autorización  ambiental  única  se  encuentre  sometida  a  evaluación  de  impacto  ambiental 
ordinaria o simplificada, dicha autorización contendrá, además, los aspectos propios de la 
declaración de impacto ambiental o del informe ambiental según lo previsto en la presente ley.
Artículo 44.  Vigencia y revisión de las autorizaciones.
1.  La autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única tienen una 
vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con la cláusula de progreso de las 
autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles 
permitan una reducción significativa de las emisiones.
2.  En todo caso, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
deberá realizar la revisión de la autorización ambiental integrada en un plazo máximo de 
cuatro años desde la publicación de las conclusiones de las mejores técnicas disponible 
que sean de aplicación a la instalación o actividad autorizada, con el fin, si fuera 
necesario, de adaptarlas y de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la autorización. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los 
documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles aplicables a la instalación, 
desde  que  la  autorización  fuera  concedida,  actualizada  o  revisada,  y  cualquier 
información obtenida a partir de los controles o inspecciones.
3.  Cuando  una  instalación  o  actividad  sujeta  a  autorización  ambiental  integrada  o 
autorización ambiental única no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las 
mejores técnicas disponibles, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, 
adaptarán conforme a la cláusula de progreso referida en el apartado primero de este artículo.
4.  En cualquier caso, la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental 
única serán revisadas de oficio cuando:
a)  La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de 
los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b)  Resulte  posible  reducir  significativamente  las  emisiones  sin  imponer  costes 
excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c)  Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio 
receptor.
d)  La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear 
otras técnicas.
e)  El  organismo  competente  en  materia  de  vertidos  estime  que  existen 
circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental concedida en lo 
relativo a la materia de su competencia. En este supuesto, el citado organismo requerirá  e
motivadamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y este  bo
iniciará de oficio el procedimiento de revisión. w
instaf)l acAiósní  olo s eeax injae cleas alergiois claucmiópnli r sneocrtmoraias l nquueev arse os urletev isdaed aasp dlicea ccaiólind aad  alam baicetnivtiadla.d o
5.  La revisión de las autorizaciones ambientales no dará derecho a indemnización.
Artículo  45.  Procedimiento  de  modificación  sustancial  de  las  autorizaciones 
ambientales integradas.
El procedimiento para la modificación sustancial mencionada en el artículo 30 de la 
presente ley, en los supuestos de actividades sujetas a autorización ambiental integrada, 
será el previsto en la normativa básica que desarrolla la legislación de prevención y 
control integrados de la contaminación.
Artículo  46.  Procedimiento  de  modificación  sustancial  de  las  autorizaciones 
ambientales únicas.
1.  El procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales 
únicas se iniciará con la presentación de una solicitud dirigida al órgano ambiental que 
contendrá, al menos, la siguiente documentación:
a)  Un proyecto básico que incluya, según corresponda:
1.  La parte o partes de la instalación afectada por la modificación.
2.  Los  posibles  impactos  ambientales  que  se  prevean  con  la  modificación 
sustancial  que  se  pretende,  abarcando  aquellos  que  puedan  originarse  al  cesar  la 
explotación de la misma.
3.  Medidas previstas para evitar, corregir o, en su caso, compensar los citados 
impactos ambientales.
b)  La documentación exigida por la normativa en materia de vertidos, en su caso.
c)  En el caso de que la modificación suponga la excavación de materiales, la 
documentación  exigida  por  la  normativa  para  la  prevención  y  corrección  de  la 
contaminación del suelo.
d)  La determinación de los datos que, a juicio de la persona solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.
e)  Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a 
fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles.
f)  En el caso de que la actividad o instalación esté sometida además a evaluación 
ambiental ordinaria o simplificada, la solicitud deberá contener un documento técnico en 
el que se integren los contenidos exigidos en los epígrafes a) y b) de este apartado, junto 
con los contenidos propios del estudio de impacto ambiental o del documento ambiental, 
en su caso.
2.  En la solicitud no se aportará el informe urbanístico del ayuntamiento, salvo que 
se varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó; tampoco se deberá 
presentar  aquella  otra  documentación  referida  a  hechos,  situaciones  y  demás 
circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso productivo y del 
lugar  del  emplazamiento  que  ya  hubiera  sido  aportada  al  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco con motivo de la solicitud de autorización original.
3.  Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco requerirá, en su caso, a la persona titular para que 
subsane la falta o acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de quince 
días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición.
4.  Presentada la documentación completa, el órgano competente: es
a)  La someterá a información pública por un plazo de veinte días. w.
b)  La remitirá, en caso de que se produzcan modificaciones en las características  1w
deel iln vfoerrmtideo  mauetnocriioznaaddoo,  aeln o ergl aanrtiíscmuloo  c3o8m, epne teeln ptela ezno  mmáaxteimriao  ddee  vceuratitdroo sm peasreas .que elabore
5.  Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá al ayuntamiento en cuyo territorio se
ubique la instalación y al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su 
competencia el expediente completo para que emitan los informes correspondientes.
6.  Cuando en el trámite de información pública al que se refiere el apartado anterior 
se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas a los órganos que 
hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en 
el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.
7.  A  la  vista  de  la  documentación  presentada,  del  resultado  del  trámite  de 
información  pública  y  de  los  informes  antes  citados,  el  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  elaborará  una  propuesta  de  resolución  que 
someterá a un trámite de audiencia para la persona interesada por un plazo de diez días.
8.  Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se 
hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta 
de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan 
formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de diez días, manifiesten, en su 
caso, lo que estimen oportuno.
9.  El  órgano  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  dictará  la 
resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  cuatro  meses. 
Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  se  entenderá 
desestimada la solicitud presentada.
10.  Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por 
la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos en el 
artículo 48 de esta ley.
Artículo  47.  Procedimiento  de  modificación  no  sustancial  de  las  autorizaciones 
ambientales únicas.
1.  Recibida por parte del órgano ambiental del Comunidad Autónoma del País 
Vasco la comunicación y documentación justificativa del carácter no sustancial de una 
modificación en los términos del artículo 30 de la presente ley, se procederá a su 
valoración para confirmar dicho carácter no sustancial y, en caso afirmativo, se adaptará 
la autorización anteriormente concedida.
2.  Dicha adaptación será notificada a la persona titular y será objeto de publicidad 
activa a través del sistema de información ambiental de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.
3.  Transcurridos treinta días sin que medie pronunciamiento del órgano ambiental 
de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  la  persona  titular  de  la  actividad  o 
instalación podrá llevarla a cabo en los términos expuestos en su comunicación.
Artículo 48.  Comunicación de inicio de funcionamiento o apertura.
1.  Con carácter previo al inicio de una actividad sometida a autorización ambiental 
integrada  o  autorización  ambiental  única  será  necesaria  la  presentación  de  una 
comunicación por parte de la persona titular de la autorización ante el órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante el ayuntamiento donde se ubica la 
instalación en la que acredite bajo su responsabilidad que la instalación se ajusta al 
proyecto aprobado y manifieste su compromiso para mantener el cumplimiento de las 
condiciones impuestas.
2.  Dicha  comunicación  se  realizará  cuando  las  instalaciones  se  encuentren  es
habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones,  bo
comunicaciones o inscripciones en registros sectoriales que procedan. w
lftaiéjasc dni3onic. s aet anLcl aolaacm  ciaoopunmeteotuesrnni zsitaceeac,  aicósijeóungns atú admnne b beaieell  nrtpáitpar aool c yindoetemce tgaoprc aaatñidpvaarirdo soabe daa d duoeotbo  ujyrein ztq oacu cedeiróe tsin feia ca uahmtdoabor iic zesuanumctsaipcól rlnúiidt,no oqi c pueaoel. r c auocnnrade idpcieitoerns oaqnduaoe    OE-A-2022-95able en https://
4.  La presentación de la citada comunicación habilita a partir de ese momento para 
el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control  e  inspección  por  parte  de  las  administraciones  públicas  en  sus  respectivos 
ámbitos competenciales.
5.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  de  cualquier  dato, 
manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no 
presentación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.
6.  La  resolución  administrativa  que  declare  tales  hechos  podrá  determinar  la 
obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al 
inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.
CAPÍTULO IV
Licencia de actividad clasificada
Artículo 49.  Licencia de actividad clasificada.
1.  Está  sometida  al  régimen  de  licencia  municipal  de  actividad  clasificada  la 
explotación de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se 
desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.C de la presente ley. Esta 
licencia  precederá,  en  todo  caso,  a  la  construcción,  montaje  o  traslado  de  las 
instalaciones,  y  se  adaptará  a  las  modificaciones  que  se  produzcan  en  dichas 
instalaciones.
2.  La persona física o jurídica que pretenda la explotación, traslado o modificación 
sustancial de una actividad clasificada deberá solicitar previamente al ayuntamiento en 
cuyo término municipal pretenda ubicar dicha actividad la licencia de actividad clasificada 
con arreglo al procedimiento previsto en esta ley.
3.  Como  criterios  interpretativos  para  determinar  o  no  la  sustancialidad  de  la 
modificación de una actividad clasificada se utilizarán los dispuestos en el artículo 30 de 
la presente ley.
4.  Los ayuntamientos podrán desarrollar vía ordenanza procedimientos para la 
tramitación de las modificaciones sustanciales o no sustanciales de las licencias de 
actividad clasificada otorgadas.
Artículo 50.  Solicitud de la licencia de actividad clasificada.
1.  La  solicitud  de  licencia  de  actividad  clasificada  se  presentará  ante  el 
ayuntamiento y deberá acompañarse de un proyecto suscrito por una persona técnica 
competente en el que se detallarán las características de la actividad, la descripción del 
medio  sobre  el  que  se  emplace,  su  posible  repercusión  ambiental  y  las  medidas 
protectoras y correctoras que se propongan utilizar, con expresión de su grado de 
eficacia y garantía de seguridad.
2.  El  órgano  competente  del  ayuntamiento  comprobará  la  pertinencia  de  la 
documentación  presentada  y,  si  esta  fuera  insuficiente,  se  requerirá  a  la  persona 
solicitante para que la complete en el plazo de diez días, con la indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistida, previa resolución que deberá ser dictada en los  es
términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común. o
3.  En el supuesto de que el proyecto esté sujeto al trámite de evaluación de  ww.
iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall ,o y dae sl edao courmdiennatroia a om bsiimenptlaifli,c eand as,u d ceabseor.á acompañarse del estudio de  2022-951n https://w
Artículo 51.  Información pública y emisión de informes.
1.  Salvo  que  proceda  la  denegación  expresa  de  la  licencia  por  razones  de 
competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas 
municipales, el ayuntamiento someterá la solicitud a información pública mediante la 
publicación de un anuncio en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente y en 
la sede electrónica de dicha institución.
2.  El período de información pública será de un mes al objeto de que puedan 
presentarse  alegaciones.  Simultáneamente  al  período  de  información  pública,  el 
ayuntamiento solicitará un informe sanitario de carácter preceptivo y vinculante, así como 
los informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad a todos 
aquellos órganos que en virtud de sus competencias deban pronunciarse para que en el 
plazo de quince días a la vista de la solicitud presentada emitan su informe.
3.  En el caso de que se recibieran alegaciones durante el período de información 
pública, estas serán trasladadas a aquellos órganos que deban pronunciarse para su 
consideración en su informe, para lo cual se dispondrá de un plazo adicional de quince 
días.
4.  De  no  emitirse  tales  informes  en  el  plazo  señalado  se  proseguirán  las 
actuaciones,  si  bien  los  informes  recibidos  fuera  de  plazo,  pero  antes  de  dictarse 
resolución por parte del ayuntamiento deberán ser tenidos en consideración por este.
Artículo 52.  Informe de imposición de medidas protectoras y correctoras.
1.  Los municipios de menos de 10.000 habitantes deberán solicitar informe de 
imposición  de  medidas  protectoras  y  correctoras  al  órgano  con  competencias 
ambientales de la diputación foral correspondiente. Dicho informe, que tendrá carácter 
preceptivo y vinculante, incluirá las medidas protectoras y correctoras ambientales que 
sean exigibles al objeto de compatibilizar la actividad con el entorno.
2.  Los municipios de 10.000 o más habitantes podrán solicitar el informe señalado 
en el apartado anterior al órgano con competencias ambientales de la diputación foral 
correspondiente. En caso de no solicitarse dicho informe, serán los propios municipios 
quienes  fijen  las  medidas  protectoras  y  correctoras  ambientales  de  la  actividad  o 
instalación sujeta a licencia de actividad clasificada.
3.  Una  vez  recibido  el  expediente  completo,  el  órgano  con  competencias 
ambientales de la diputación foral correspondiente deberá emitir el citado informe en el 
plazo máximo de quince días desde su solicitud por parte del ayuntamiento.
4.  En el caso de que la actividad o instalación esté sujeta a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria o simplificada no será necesario el citado informe, que será suplido 
por la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental que en su caso 
se dicte por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la 
diputación foral, según corresponda.
Artículo 53.  Concesión de la licencia de actividad.
1.  A la vista de la documentación presentada, las alegaciones y los informes, el 
ayuntamiento deberá resolver y notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia 
en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud.
2.  Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la 
resolución, se entenderá desestimada la solicitud de licencia de actividad clasificada. s
3.  El  otorgamiento  de  la  licencia  se  notificará  personalmente  a  las  personas  oe.
interesadas, a los distintos órganos que hubiesen emitido informe, se comunicará a  w.
hqaurieá4n .pe úsb Lhloiucsob  ieeasnyeu lnan  tsapemrediseee nentloteascd tortóe annlidecrgaáa ndc eioel nal eydsue ndbtuaermra indetene t oein lc ftoorrármrmeasitrpe o adnle d óiienrngfotaernm.oa caimónb ipeúnbtalilc ad ey  slea   2022-951n https://w
Comunidad Autónoma del País Vasco y al órgano con competencias ambientales de la
diputación  foral  correspondiente,  en  el  supuesto  de  que  haya  emitido  informe  de  Bc
imposición de medidas correctoras, de la concesión de licencias de actividad clasificada, 
de sus modificaciones sustanciales y del cese definitivo de la actividades e instalaciones 
previamente autorizadas.
5.  Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones 
sujetas a licencia de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.
6.  Corresponde al ayuntamiento otorgante la comprobación, vigilancia, inspección y 
sanción de las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Para el ejercicio 
de  estas  funciones  podrá  recabar  la  asistencia  técnica  de  la  diputación  foral 
correspondiente.
Artículo 54.  Comunicación de inicio de actividad clasificada o apertura.
1.  El inicio de la actividad requerirá la presentación por parte de la persona titular 
de una comunicación ante el ayuntamiento en la que bajo su responsabilidad manifieste 
que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras 
adicionales  impuestas,  en  su  caso,  en  la  licencia  de  actividad  clasificada  y  su 
compromiso para mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas.
2.  Dicha  comunicación  se  realizará  cuando  las  instalaciones  se  encuentren 
habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con las preceptivas licencias 
urbanísticas, comunicaciones o inscripción en los registros sectoriales que procedan.
3.  La comunicación deberá acompañarse de un certificado suscrito por personal 
técnico competente, según el tipo de actividad objeto de licencia, que acredite que las 
instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado 
fijado en la licencia de actividad clasificada.
4.  No obstante, los establecimientos públicos sujetos a la Ley 4/1995, de 10 de 
noviembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  pueden  iniciar  su 
funcionamiento  en  las  condiciones  expresadas  en  el  apartado  anterior  cuando  el 
certificado técnico que acompañe a la comunicación previa acredite que ello no supone 
riesgo para la seguridad de personas y bienes o el medio ambiente, aun cuando no se 
acredite  el  cumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos  en  la  licencia  del 
establecimiento.
5.  En  el  supuesto  contemplado  en  el  apartado  anterior,  la  persona  titular  del 
establecimiento debe acreditar el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en la 
licencia, en un plazo de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse 
acreditado el cumplimiento de tales requisitos, la licencia caducará.
6.  La presentación de la comunicación previa habilita a partir de ese momento para 
el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control  e  inspección  por  parte  de  las  administraciones  públicas  en  sus  respectivos 
ámbitos competenciales.
7.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  de  cualquier  dato, 
manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no 
presentación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.
8.  La  resolución  administrativa  que  declare  tales  hechos  podrá  determinar  la 
obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al 
inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.
9.  Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones  e.
sujetas a comunicación previa de actividad clasificada que se desarrollen en su término  w.b
municipal. 1ww
Artículo 55.  Reconsideración de la licencia de actividad clasificada.
1.  La licencia de actividad clasificada podrá ser reconsiderada de oficio cuando:
a)  La contaminación producida por la actividad o instalación haga conveniente la 
revisión de los valores límite de emisión o la determinación de nuevos valores.
b)  Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio 
receptor.
c)  Así lo exija la seguridad de la instalación o actividad, o la aplicación de nuevas 
normas.
2.  La reconsideración de la licencia de actividad clasificada no dará derecho a 
indemnización.
CAPÍTULO V
Comunicación previa de actividad clasificada
Artículo 56.  Comunicación previa de actividad clasificada.
1.  Quedan  sometidos  al  régimen  jurídico  de  comunicación  previa  de  actividad 
clasificada  la  construcción,  el  montaje,  la  explotación  y  la  modificación  de  las 
instalaciones, públicas o privadas, en las que se desarrollen las actividades que se 
relacionan en el Anexo I.D de esta ley.
2.  Corresponde al ayuntamiento la comprobación, vigilancia, inspección y sanción 
de las actividades sometidas a comunicación previa de actividad clasificada. Para ejercer 
estas  funciones  podrán  recabar  la  asistencia  técnica  de  la  diputación  foral 
correspondiente.
3.  Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones 
sujetas a comunicación previa de actividad clasificada que se desarrollen en su término 
municipal.
Artículo 57.  Presentación de la comunicación previa de actividad clasificada.
1.  La  comunicación  previa  de  actividad  clasificada  se  presentará  cuando  las 
instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con 
las preceptivas licencias urbanísticas, autorizaciones, comunicaciones o inscripción en 
los registros sectoriales que procedan.
2.  Si la actividad pretendida no requiere ejecutar obras en los locales en los que se 
vaya a desarrollar, la eficacia de la comunicación estará supeditada a la compatibilidad 
urbanística de la actividad que pretenda llevarse a cabo en tales instalaciones.
3.  Cuando la actividad sujeta a comunicación previa de actividad clasificada deba 
someterse a evaluación de impacto ambiental, dicha comunicación se presentará tras 
haberse dictado la correspondiente declaración o informe ambiental favorable.
Artículo 58.  Contenido y efectos de la comunicación previa de actividad clasificada.
1.  La comunicación previa de actividad clasificada deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación:
a)  Proyecto o memoria en el que se describa la actividad, sus principales efectos o  e.
impactos ambientales en relación con el medio en que se ubica, especialmente en  w.b
materia de emisiones, vertidos, residuos, suelos y contaminación acústica y las medidas  1w
ibmiepnlaenst.adas para minimizar su posible impacto en el medio ambiente, las personas o sus
objebto)  dCe elrat ifcicoamduon sicuascciróitno,  pqoure  paecrrseodnitae  tqéucen iclaas  cionmstpaelatecinotnee, ss esgeú anj uesl tatipno a dl ep raocyteivcitdoa od 
memoria  presentados  y  que  se  da  cumplimiento  a  los  requisitos  de  la  normativa 
ambiental sectorial que les sean de aplicación.
c)  Copia, en su caso, de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto 
ambiental favorable.
2.  Una vez realizada la comunicación, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad 
bajo la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas titulares de la misma.
3.  Las  actividades  o  instalaciones  sujetas  a  comunicación  previa  de  actividad 
clasificada  deberán  cumplir  los  valores  límite  de  emisión  determinados  en  las 
prescripciones técnicas de la legislación ambiental que les sean de aplicación y, en su 
caso, las previstas en la declaración de impacto ambiental o en el informe de impacto 
ambiental.
4.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  de  cualquier  dato, 
manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación previa o su 
no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.
5.  La  resolución  administrativa  que  declare  tales  hechos  podrá  determinar  la 
obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al 
inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.
Artículo 59.  Modificación de la actividad.
1.  El  traslado,  la  transmisión  y  cualquier  modificación  que  afecte  a  las 
características, procesos productivos, al funcionamiento o la extensión de la instalación 
será objeto de comunicación al ayuntamiento, salvo que la modificación de la actividad 
conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en esta ley para tal régimen.
2.  Cuando la modificación sea considerada sustancial por la persona titular y no 
conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable deberá realizarse una nueva 
comunicación previa de actividad clasificada, según lo descrito en el artículo anterior.
3.  Como  criterios  interpretativos  para  determinar  la  sustancialidad  o  no  de  la 
modificación se podrán utilizar los dispuestos en el artículo 30 de la presente ley.
TÍTULO QUINTO
Evaluación ambiental
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación 
de impacto ambiental
Artículo 60.  Evaluación ambiental.
1.  Se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación 
ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un 
elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible, mediante: e.
a)  La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y en la adopción,  w
aprobb)a cEióln a on áaluistiosr iyz asceilóenc cdióen l odse p lalasn aelste, rpnraotgivraams aqsu ey  rpersouyletecnto asm. bientalmente viables.
comcp)e nEsal re lostsa ebfleeccitmosie andtov edrseo sm seodbidrea se l qmueed pioe armmibtaienn tper.evenir, corregir y, en su caso,
d)  El  establecimiento  de  las  medidas  de  vigilancia,  seguimiento  y  sanción 
necesarias para cumplir con la finalidad de la evaluación ambiental.
2.  Los  planes,  programas  y  proyectos  deberán  someterse  al  correspondiente 
procedimiento de evaluación ambiental de forma previa a su aprobación, autorización o 
adopción definitiva por parte de la Administración pública competente.
En el caso de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación 
previa,  la  evaluación  ambiental  deberá  realizarse  de  forma  previa  a  que  dicha 
declaración o comunicación surta efectos en el sentido de habilitar para la ejecución del 
proyecto.
3.  La evaluación ambiental tendrá carácter instrumental respecto del procedimiento 
administrativo de aprobación o adopción de los planes y programas y respecto del 
procedimiento de autorización o aprobación de los proyectos o, en su caso, respecto de 
la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a comunicación previa o 
a declaración responsable.
4.  Sin perjuicio del régimen que resulte de aplicación a las modificaciones, no 
deberán  someterse  a  evaluación  ambiental  los  proyectos  que  cuenten  con  alguna 
habilitación administrativa de carácter sustantivo vigente.
Artículo 61.  Procedimientos de evaluación ambiental.
1.  El tipo de evaluación ambiental al que deben someterse los planes, programas y 
proyectos, y sus modificaciones y revisiones, será adecuado al grado de probabilidad 
con que dichos planes, programas y proyectos puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente. En consecuencia, se establecen los siguientes procedimientos de 
evaluación ambiental:
a)  Evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  de  planes  y  programas,  y  sus 
modificaciones y revisiones, que pueden tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.
b)  Evaluación ambiental estratégica simplificada de los planes y programas, y sus 
modificaciones  y  revisiones,  cuyo  objeto  es  determinar  si  pueden  tener  efectos 
significativos  sobre  el  medio  ambiente,  en  cuyo  caso  deberán  someterse  a  una 
evaluación estratégica ordinaria.
c)  Evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  de  los  proyectos,  y  sus 
modificaciones, que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
d)  Evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada  de  los  proyectos,  y  sus 
modificaciones, cuyo objeto es determinar si pueden tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, en cuyo caso deben someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria.
2.  Los planes, programas y proyectos que deben someterse a evaluación ambiental 
se detallan en el Anexo II de la presente ley.
Artículo 62.  Competencias.
1.  Corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de 
evaluación ambiental, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración 
general del Estado por la normativa básica. e
2.  No obstante, en aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la  bo
aprobación  definitiva  o  para  la  autorización  del  plan,  programa  o  proyecto,  o  para  w
cporenvtriao,la rr elas iadcat iveidna dlo dse  ólorgs apnroosy ecfotorasl essu jedtoes  lao sd etcelarrriatocriióons  rehsisptoónriscaobs,le  loa  ccoommupneictaecnicóina 
erexccoenpotoc idcuaa anld óor geal npola na,m pbrioegnrtaaml ean o e pl raopyaercttaod sou apnetreer ioo ra qfeucetdea a la átrmibbuiitdoa t ear reitsotroiasl  údleti mmoáss, 
de  un  territorio  histórico,  supuesto  en  el  que  se  garantizará  la  participación  en  el 
procedimiento de los órganos forales.
3.  Los  órganos  ambientales  a  los  que  se  refieren  los  apartados  anteriores 
ostentarán, respecto a los planes, programas y proyectos para los que les corresponda 
emitir las declaraciones e informes de evaluación ambiental, las competencias que esta 
ley  prevé  para  la  determinación  previa  del  alcance  de  la  evaluación  y  de  la 
documentación, para la exención de dicho pronunciamiento y para prorrogar la vigencia 
de las declaraciones e informes ambientales.
4.  Corresponde a los órganos que deban impulsar los procedimientos sustantivos 
para la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos el 
impulso,  asimismo,  de  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental,  ordinaria  o 
simplificada, que corresponda aplicar de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Artículo 63.  Nulidad de planes, programas y proyectos no evaluados.
1.  Serán nulos de pleno derecho los actos de adopción, aprobación, autorización, 
declaración responsable o comunicación previa de los planes, programas y proyectos, y 
sus modificaciones y revisiones, cuando, estando sometidos dichos planes, programas o 
proyectos a evaluación ambiental, dichos actos se hayan emitido sin haberse culminado 
el procedimiento de evaluación ambiental que les sea de aplicación, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, procedan.
2.  En  el  caso  de  aquellos  proyectos  que  se  encuentren  parcial  o  totalmente 
ejecutados sin haberse sometido al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental,  el  órgano  sustantivo  someterá  dichos  proyectos  al  procedimiento  de 
evaluación pertinente en el momento en el que se ponga de manifiesto tal carencia, 
aplicándose las especificaciones técnicas propias de una evaluación a posteriori cuando 
sea necesario, sin perjuicio de las posibles sanciones en las que, en su caso, se pudiera 
incurrir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.2.b) y 106.3.c) de esta ley.
Artículo 64.  Capacidad técnica y responsabilidad.
1.  El promotor o la promotora garantizará que los documentos técnicos necesarios 
para  las  evaluaciones  ambientales  sean  realizados  por  personas  que  posean  la 
capacidad  técnica  suficiente,  de  conformidad  con  las  normas  sobre  cualificaciones 
profesionales  y  de  la  educación  superior,  y  que  tengan  la  calidad  y  exhaustividad 
necesarias para cumplir las exigencias de esta ley y, en su caso, para ajustarse al 
alcance de la evaluación establecido por el órgano ambiental. Con esta finalidad deberá 
identificarse a la persona o personas autoras indicando su titulación y, en su caso, 
profesión regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión del documento y la 
firma de la persona o personas autoras.
2.  La persona o personas autoras de los citados documentos y el promotor o la 
promotora  serán  responsables  solidarios  de  su  contenido  y  de  la  fiabilidad  de  la 
información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de 
forma fehaciente.
Artículo 65.  Confidencialidad.
Las previsiones del artículo 27 de la presente ley en materia de confidencialidad se 
aplicarán en los mismos términos en los procedimientos de evaluación ambiental. s
Artículo 66.  Planes, programas y proyectos excluidos de evaluación ambiental. w.
sigu1ie. nteLso sc apsroosc:edimientos  de  evaluación  ambiental  no  serán  de  aplicación  en  los
a)  Cuando los planes o programas tengan como único objeto la defensa nacional o
la protección civil en casos de emergencia.
b)  Cuando  los  planes  y  programas  sean  únicamente  de  tipo  financiero  o 
presupuestario.
2.  La evaluación ambiental estratégica de los planes y programas no excluye la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos de los que aquellos sean marco.
Artículo 67.  Proyectos que pueden ser excluidos de evaluación ambiental caso por 
caso.
1.  En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, a alguno de los proyectos 
recogidos en el Anexo II de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental regulado en esta ley. En tales casos, se examinará la conveniencia de someter 
el proyecto eximido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de 
esta ley. El citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y notificado 
a la Comisión Europea.
2.  Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la 
decisión de exclusión y los motivos que la hayan justificado, así como el examen sobre 
las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
3.  Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán a los 
proyectos de la evaluación de las repercusiones de los mismos sobre los espacios Red 
Natura 2000, exigida en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Artículo 68.  Determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias.
1.  El órgano ambiental determinará el alcance de la evaluación de los planes, 
programas  y  proyectos  que  deban  someterse  a  un  procedimiento  ordinario,  previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y, 
cuando sea necesario, detallará el contenido de los documentos ambientales que deban 
incorporarse al procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
En dichos documentos deberá incluirse un análisis sobre el impacto de los planes, 
programas y proyectos en la mitigación y adaptación al cambio climático.
2.  En los supuestos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, la solicitud 
del documento de alcance tendrá carácter potestativo. El promotor o la promotora deberá 
ajustarse  a  su  contenido  en  la  correspondiente  redacción  del  estudio  de  impacto 
ambiental si solicita la emisión de dicho documento.
En los supuestos de evaluación ambiental de planes y programas, dicha solicitud 
será obligatoria, debiendo el promotor o la promotora y el órgano promotor ajustarse a su 
contenido en la correspondiente redacción del estudio ambiental estratégico.
3.  El  alcance  de  la  evaluación  y  el  contenido  de  la  documentación  que  deba 
incorporarse  a  los  expedientes  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  serán 
adecuados y proporcionados al grado de detalle del plan o programa de que se trate. 
Serán coherentes con el tipo de efectos esperados y proporcionales a la magnitud de 
dichos efectos.
4.  Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos 
de  decisión,  el  alcance  de  la  evaluación  ambiental  en  cada  uno  de  ellos  deberá 
determinarse teniendo en cuenta la fase de decisión en la que se encuentra el plan o 
programa, para evitar la duplicidad de actuaciones. s
5.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados  oe.
desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el  w.
raaempsapbruiteaendstotaa lp  arei mslatresa rctoéo gdniesculo l ptaores s dreeenal tleiez saatdrutadícsiou p lood rey e  eli mlóarpbgaoacrnatoor   auamnm bdbioeiecnnuttamal le,s neetroná   ddseeu   uacnlca masnoec.s e.E dl epl laezsotu ddieo   2022-951n https://w
El cómputo de los plazos previstos en este apartado podrá suspenderse en los 
supuestos contemplados en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.  La  resolución  que  determine  el  alcance  de  la  evaluación  de  los  planes, 
programas y proyectos se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental.
7.  El  documento  de  alcance  perderá  su  vigencia  si,  transcurridos  cuatro  años 
contados desde la notificación del mismo al promotor o a la promotora, el estudio 
ambiental estratégico o el estudio de impacto ambiental, según corresponda, no se 
hubiera presentado para su tramitación ante el órgano sustantivo o ante el órgano 
promotor. En el caso de que el promotor o la promotora y el órgano promotor o, en su 
caso, el órgano sustantivo, coincidan en el mismo órgano de la Administración pública, el 
documento de alcance perderá su vigencia si, transcurrido el plazo citado de cuatro 
años, no se hubiera dado inicio al trámite de información pública.
8.  Podrá eximirse del pronunciamiento previo del órgano ambiental en cuanto al 
alcance de la evaluación y de la documentación, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente,  en  el  caso  de  aquellos  proyectos  cuyos  posibles  efectos 
ambientales sean de carácter simple o bien conocidos, o bien cuando se hayan emitido 
instrucciones técnicas suficientes para la evaluación de determinados tipos de proyectos.
Artículo 69.  Publicidad.
Las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de evaluación ambiental se 
publicarán en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica del órgano 
ambiental.
Asimismo, se dará publicidad a los actos administrativos u otros tipos de decisiones 
adoptadas  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  o  autorización  de  los  planes, 
programas  y  proyectos  sometidos  a  evaluación  ambiental,  en  los  términos  que  se 
desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 70.  Relaciones intercomunitarias y transfronterizas.
1.  En el supuesto de actuaciones sometidas a evaluación ambiental que, teniendo 
lugar en otra Comunidad Autónoma, pudieran tener efectos ambientales significativos en 
el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esta última solicitará de aquella 
Comunidad información sobre dicha actuación. Asimismo, en el supuesto de que una 
actividad  desarrollada  en  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  tenga  efectos 
significativos sobre el medio ambiente de otra Comunidad Autónoma colindante, aquella 
procederá a facilitar información sobre dicha actuación.
2.  En el supuesto de que la ejecución de las actuaciones contempladas en el 
Anexo II de esta ley pudiera causar efectos transfronterizos significativos sobre el medio 
ambiente de otro Estado, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco facilitará a las autoridades competentes del territorio afectado el estudio ambiental 
estratégico o, en su caso, el estudio de impacto ambiental que a tal efecto se elabore 
para  que  formulen  las  alegaciones  o  consideraciones  que  estimen  oportunas,  y 
posteriormente se les enviará copia de la resolución o informe definitivo, todo ello a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto 
en la normativa comunitaria y a lo regulado por las normas estatales.
Artículo  71.  Registro  de  personas  jurídicas  interesadas  en  los  procedimientos  de  es
evaluación ambiental. o
1.  Se  crea  el  Registro  de  Personas  Interesadas  en  los  Procedimientos  de  1w
pErvoacleudaicmióienn Atomsb dieen ltaasl  ap elorsso enfaesc tjousr íddiec agsa rsainn táiznairm loa  dpea rltuicciproa cqióune  ecufemctpivlaan  elno sl orse qcuitiasditooss 
elosst adbelerceicdhooss e dne e la acrcteícsuolo a 2 3la.1  indfeo rlma aLceiyó n2,7 d/2e0 0p6a,r tdicei p1a8c idóen  juplúiob,l icpao r yl ad qeu ea cscee sreog ual alna   BOE-A-cable e
justicia en materia de medio ambiente. El registro dependerá administrativamente del 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.  Las personas interesadas citadas en el apartado anterior deberán solicitar la 
inscripción  en  este  registro,  a  efectos  de  posibilitar  la  consulta  efectiva  en  los 
procedimientos  de  evaluación  ambiental.  Reglamentariamente  se  regulará  la 
organización, funcionamiento y acceso al Registro de Personas Jurídicas Interesadas en 
los Procedimientos de Evaluación Ambiental.
CAPÍTULO II
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas
Artículo 72.  Ámbito de la evaluación ambiental estratégica.
1.  Serán  objeto  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los  planes  y 
programas, así como sus modificaciones y revisiones, enumerados en el Anexo II.A que 
se adopten por una Administración pública y cuya elaboración venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
2.  Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada los planes y 
programas, así como sus modificaciones y revisiones, enumerados en el Anexo II.B que 
se adopten por una Administración pública y cuya elaboración venga exigida o amparada 
por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
Artículo 73.  Información pública y consultas.
El órgano promotor del plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria asegurará la participación pública en el procedimiento, mediante los trámites de 
información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente y, en 
cualquier caso, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días.
Artículo 74.  Naturaleza y contenido de la declaración ambiental estratégica.
1.  El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria concluirá con una 
declaración ambiental estratégica emitida por el órgano ambiental de acuerdo con lo 
establecido en la presente ley. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza 
de un informe preceptivo y vinculante.
2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde  la  recepción  de  la  solicitud  completa,  para  la  formulación  de  la  declaración 
ambiental estratégica. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos meses más, por razones 
justificadas debidamente motivadas.
3.  La declaración ambiental estratégica contendrá un resumen de los principales 
hitos del procedimiento, las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban 
incorporarse en el plan o programa que se apruebe o adopte y las directrices generales 
para  la  evaluación  ambiental  a  la  que  deban  someterse,  en  su  caso,  los  planes 
jerárquicamente inferiores y los proyectos contemplados en los planes y programas 
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
4.  La  declaración  ambiental  estratégica  perderá  su  vigencia  y  cesará  en  la 
producción de los efectos que le son propios si tras su publicación no se ha procedido a 
la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años. No será preciso  e.
emitir una resolución expresa por el órgano ambiental declarando la pérdida de vigencia  w.
de la declaración ambiental estratégica. 1w
de e5v.a luEanc iótanle asm cbaiesonsta, l edl epl rpolmano too rp roo glar apmroam, soatolvroa  qdueeb esroál icinitiec ialar  pnruóerrvoagmae dnete l ae vl itgráemncitiea 
al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un
nuevo plazo de vigencia de la declaración ambiental estratégica en los términos que se 
determinen reglamentariamente.
Artículo 75.  Naturaleza y contenido del informe ambiental estratégico.
1.  El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada concluirá con 
un informe ambiental estratégico emitido por el órgano ambiental de acuerdo con lo 
establecido en la presente ley, tras consultar a las administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas. El informe ambiental estratégico tendrá la naturaleza de un 
informe preceptivo y vinculante.
2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el 
apartado anterior y emitir el informe ambiental estratégico. El plazo de respuesta a las 
consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.
3.  El informe ambiental estratégico contendrá un resumen de los principales hitos 
del procedimiento y la determinación de si el plan o programa debe someterse o no a 
una  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria.  Tal  determinación  deberá  adoptarse 
ajustándose a los criterios recogidos en el Anexo II.C.
4.  Cuando el informe concluya determinando que el plan o programa no debe 
someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano 
ambiental establecerá en dicho informe los términos en los que deba adoptarse el plan o 
programa para garantizar que el plan o programa no pueda tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente.
5.  El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción 
de los efectos que le son propios si tras su publicación no se hubiera procedido a la 
adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de cuatro años. No será preciso 
emitir una resolución expresa por el órgano ambiental declarando la pérdida de vigencia 
del informe ambiental estratégico.
6.  En tales casos, el promotor o la promotora deberá iniciar nuevamente el trámite 
de evaluación ambiental del plan o programa, salvo que solicite la prórroga de su 
vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su 
caso, un nuevo plazo de vigencia del informe ambiental estratégico en los términos que 
se determinen reglamentariamente.
CAPÍTULO III
De la evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 76.  Ámbito de la evaluación de impacto ambiental.
1.  Serán  objeto  de  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  los  proyectos 
públicos o privados enumerados en el Anexo II.D.
2.  Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos 
públicos o privados enumerados en el Anexo II.E.
Artículo 77.  Información pública y consultas.
El  órgano  sustantivo  asegurará  la  participación  pública  en  el  procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria mediante los trámites de información pública y 
de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en  e.
los términos que se establezcan reglamentariamente y, en cualquier caso, por un plazo  w.
mínimo de treinta días. 1w
Artículo 78.  Naturaleza y contenido de la declaración de impacto ambiental.
1.  El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria concluirá con una
declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental de acuerdo con lo
establecido en la presente ley. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza 
de un informe preceptivo y vinculante.
2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud completa, para la formulación de la declaración de 
impacto ambiental. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos meses más por razones 
justificadas y debidamente motivadas.
3.  La declaración de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales 
hitos del procedimiento y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la 
realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, 
incluyendo las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y de seguimiento que 
deban adoptarse.
4.  La  declaración  de  impacto  ambiental  perderá  su  vigencia  y  cesará  en  la 
producción de los efectos que le son propios si tras su publicación no se hubiera 
comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. No será preciso emitir 
una resolución expresa por el órgano ambiental declarando la pérdida de vigencia de la 
declaración de impacto ambiental.
5.  En tales casos, el promotor o la promotora deberá iniciar nuevamente el trámite 
de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su 
vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su 
caso, un nuevo plazo de vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos 
que se determinen reglamentariamente.
Artículo 79.  Naturaleza y contenido del informe de impacto ambiental.
1.  El procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada concluirá con 
un informe de impacto ambiental emitido por el órgano ambiental de acuerdo con lo 
establecido en la presente ley, tras consultar a las administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas. El informe de impacto ambiental tendrá la naturaleza de un 
informe preceptivo y vinculante.
2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud completa, para realizar las consultas previstas en el 
apartado anterior y emitir el informe de impacto ambiental. El plazo de respuesta a las 
consultas realizadas por el órgano ambiental será de un mes.
3.  El informe de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos 
del procedimiento y la determinación de si el proyecto debe someterse o no a una 
evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria.  Tal  determinación  deberá  adoptarse 
ajustándose a los criterios recogidos en el Anexo II.F.
4.  Cuando el informe concluya determinando que el proyecto no debe someterse al 
procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria,  el  órgano  ambiental 
establecerá en dicho informe los términos en los que el proyecto deba ser aprobado para 
garantizar que el proyecto no pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
5.  El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción 
de los efectos que le son propios si tras su publicación no se hubiera comenzado la 
ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. No será preciso emitir una resolución 
expresa por el órgano ambiental declarando la pérdida de vigencia del informe de 
impacto ambiental.
6.  En tales casos, el promotor o la promotora deberá iniciar nuevamente el trámite 
de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su 
vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su  e.
caso, un nuevo plazo de vigencia del informe de impacto ambiental en los términos que  w.b
se determinen reglamentariamente. 1ww
TÍTULO SEXTO
Instrumentos de impulso de la mejora ambiental
Artículo 80.  Acuerdos medioambientales.
1.  Las  administraciones  públicas  promoverán  la  suscripción  de  acuerdos  para 
lograr la participación de todas las instancias de la sociedad en la protección del medio 
ambiente, bajo el principio de responsabilidad compartida.
2.  Los acuerdos que se suscriban deberán establecer objetivos en el marco de los 
principios del artículo 3 de esta ley, plazos para su consecución y sistemas para el 
seguimiento de sus resultados.
3.  Las administraciones públicas deberán publicitar los acuerdos que suscriban, 
manteniendo actualizada y disponible para el público la información que obre en su 
poder sobre ellos en las condiciones establecidas en el Título III de esta ley.
Artículo  81.  Fomento  de  la  participación  en  el  Sistema  Comunitario  de  Gestión  y 
Auditorías Medioambientales (EMAS).
1.  Las  administraciones  públicas  promoverán  la  adhesión  voluntaria  de  las 
organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Sistema Comunitario de 
Gestión  y  Auditorías  Medioambientales  (EMAS)  regulado  por  el  Reglamento  (CE) 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
2.  A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán 
medidas dirigidas a:
a)  Informar sobre los objetivos y requisitos del sistema.
b)  Apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones.
c)  Facilitar un enfoque gradual que conduzca a la adhesión al sistema.
d)  Considerar la adhesión al sistema en la elaboración de legislación y en su 
aplicación y cumplimiento en aras a reducir y suprimir requisitos normativos.
e)  Incorporar en los procedimientos de contratación pública la adhesión al sistema 
de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector 
público.
3.  El departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará la colaboración con 
sindicatos, asociaciones patronales, asociaciones de consumidores, organizaciones para 
la defensa del medio ambiente, instituciones locales y otras partes interesadas para 
promover la adhesión al sistema EMAS en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo 82.  Fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.
1.  Las administraciones públicas promoverán la utilización de la etiqueta ecológica 
de la Unión Europea regulada por el Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
2.  A fin de promover la utilización de la etiqueta ecológica se adoptarán medidas 
dirigidas a:
a)  Sensibilizar  e  informar  sobre  los  beneficios  de  la  utilización  de  la  etiqueta 
ecológica. e.
b)  Informar sobre los productos y servicios etiquetados y sobre sus lugares de  w.
venta o prestación. 1w
etiquce) taI neccoorlpóogricaar  deen  alocus eprdrooc ceodnim loie nqtuoes  edne  ecsotan tmraatatecriióan e sptúabblliecace  lala  untoilrizmaactiióvna  sdoeb rlae 
contratos del sector público.
3.  El departamento competente en materia de medio ambiente del Administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  impulsará  la  colaboración 
con asociaciones de consumidores, fabricantes, prestadores de servicios, comerciantes, 
asociaciones patronales, sindicatos y otras partes interesadas con el objeto de facilitar la 
adopción de las acciones señaladas en el apartado anterior.
Artículo 83.  Huella ambiental.
Las  administraciones  públicas  promoverán  la  utilización  en  sus  políticas  de  las 
metodologías reconocidas por la Unión Europea con el objetivo de medir y comunicar el 
comportamiento ambiental de productos u organizaciones en el ciclo de vida.
Artículo 84.  Compra pública verde.
1.  La  compra  y  contratación  pública  verde  tendrá  como  finalidad  optimizar  la 
coordinación con el mercado para garantizar que aquella incorpore la ecoinnovación y 
facilitar a su vez que las administraciones públicas hagan un uso más eficiente de los 
recursos. El Consejo de Gobierno Vasco aprobará un plan de compra pública verde en el 
que se recojan las directrices del sector público vasco en esta materia.
2.  Los órganos de contratación de las administraciones públicas y de los demás 
entes  del  sector  público  incluirán  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y 
prescripciones técnicas particulares de sus contratos de obras, servicios y suministros 
criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y cláusulas o condiciones 
que contribuyan a alcanzar los objetivos que se establecen en esta ley. Se promoverá 
especialmente la utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales 
reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización a medida que 
vayan desarrollándose criterios al respecto mediante decreto del Consejo de Gobierno 
Vasco. A tal efecto, las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, 
adaptarán sus instrucciones técnicas y documentos análogos para dar cumplimiento a lo 
establecido en este apartado.
En  particular,  se  podrán  incluir,  entre  otras,  consideraciones  que  persigan  la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; el mantenimiento o mejora de 
los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; 
una gestión más sostenible del agua y del origen de la madera; el fomento del uso de las 
energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases 
reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel, productos locales y la 
producción ecológica, siempre que estén vinculadas con el objeto del contrato y sean 
compatibles con el derecho comunitario.
3.  En la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras se indicarán los porcentajes 
de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de 
procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno 
de ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo 
que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.
4.  Asimismo, deberán establecerse los mecanismos de control adecuados y, en su 
caso, las cláusulas de penalización oportunas para garantizar el debido cumplimiento de 
las cláusulas ambientales establecidas en los pliegos y de las condiciones de ejecución 
previstas  en  el  contrato.  A  tal  efecto,  a  la  finalización  de  los  contratos  ejecutados 
deberán  adjuntar  justificación  documental  relativa  a  la  utilización  de  los  citados  es
materiales. bo
5.  Lo  previsto  en  este  artículo  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  con  lo  que  w
establece la legislación sobre contratos del sector público.
Artículo 85.  Ecoinnovación.
1.  Las  administraciones  públicas  impulsarán  la  ecoinnovación  empresarial  de 
producto y de proceso que permita aprovechar las oportunidades de mercado que 
genera el medio ambiente.
2.  A tal efecto, el departamento competente en materia de medio ambiente de la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  promoverá  la 
introducción de tecnologías y materiales ambientalmente más eficaces en las actividades 
económicas. Para ello aprobará y actualizará periódicamente un listado de tecnologías y 
materiales cuyo uso podrá ser incluido en los contratos del sector público y también 
podrá ser considerado como criterio preferente tanto en el establecimiento de beneficios 
fiscales, como en la concesión de subvenciones a empresas para la realización de 
inversiones destinadas a la mejora ambiental, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia tributaria y subvencional.
Artículo 86.  Fiscalidad ambiental.
1.  Las  administraciones  públicas  vascas  competentes  en  materia  tributaria 
promoverán,  previa  consulta  al  departamento  con  competencias  ambientales  de  la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  el  uso  de  la 
fiscalidad  ecológica  y  de  otros  instrumentos  de  política  económica  ambiental  para 
contribuir a los objetivos de la presente ley, pudiendo determinar la dotación de una 
partida en sus presupuestos anuales, por importe equivalente a la recaudación obtenida, 
específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio 
ambiente.
2.  Las  administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco 
podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas 
fiscales y financieras:
a)  La  creación  de  tasas  por  la  emisión  de  las  autorizaciones,  licencias  y  la 
recepción de comunicaciones previas o declaraciones responsables contempladas en la 
presente ley.
b)  La creación de tributos u otros instrumentos fiscales que graven el desarrollo de 
las actividades que provoquen afecciones al medio ambiente.
c)  El  establecimiento  de  reducciones,  bonificaciones  o  exenciones  para  las 
actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos 
de esta ley y, en especial, aquellas que fomenten la prevención, la preparación para la 
reutilización y el reciclado de residuos.
Artículo 87.  Investigación, educación y formación.
1.  A fin de mejorar la base de conocimiento sobre el medio ambiente, los agentes 
públicos y privados compartirán y promoverán los esfuerzos de investigación en el marco 
de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, transfiriendo sus avances a las políticas 
públicas ambientales.
2.  Las  administraciones  públicas  impulsarán  la  educación  y  la  sensibilización 
ambiental en todos los sectores sociales mediante actuaciones que difundan y extiendan 
en  la  ciudadanía  y  en  el  conjunto  de  las  instituciones  conocimientos,  información, 
actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la mejora ambiental. 
Con tal finalidad, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en  e.
coordinación con otras administraciones públicas, elaborará programas de actuación en  w.b
materia de educación y sensibilización ambiental con objetivos específicos y medidas  1w
conc3r.e taAss pimarisam aolc, alnazsa arldoms.inistraciones públicas impulsarán la formación ambiental del
ppaerraso ngaalr aan stiuz asre rveilc iocu ym, epnlim cioelnatboo rdaeci ólna  cloeng ilsolsa caiógne ntaems bsioecnitaalel sy,  lap rdoem toovdeor  evl apleorrseosn ayl 
actuaciones de mejora ambiental.
Artículo 88.  Voluntariado ambiental.
1.  Las  administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco 
promoverán, en el ámbito de sus competencias, la participación de la ciudadanía en 
acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general en favor 
de la protección y mejora del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 17/1998, de 25 de junio, de Voluntariado, y el resto de normativa de aplicación. A tal 
efecto,  diseñarán  programas  para  el  desarrollo  de  actividades  de  conservación, 
restauración de la naturaleza y educación ambiental destinados a su realización por 
voluntarios, en aquellos centros y materias en los cuales su colaboración resulte idónea 
para los fines perseguidos por esta ley.
2.  Con  el  fin  de  fomentar  y  facilitar  la  acción  de  voluntariado  ambiental,  las 
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollarán las 
actuaciones de fomento previstas en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de Voluntariado, y 
especialmente las siguientes:
a)  La puesta en común de recursos y medios entre las organizaciones que cuenten 
con  voluntarios  y  voluntarias,  sobre  todo,  en  materia  de  formación  y  recogida  de 
información.
b)  La  convocatoria  de  programas  de  subvenciones  y  ayudas,  así  como  la 
suscripción  de  convenios  para  el  mantenimiento,  la  formación  y  la  acción  de  las 
organizaciones de voluntarios y voluntarias.
c)  La organización de campañas de información sobre voluntariado ambiental.
d)  La prestación de servicios de asesoramiento, información y apoyo técnico a las 
organizaciones.
e)  La aplicación de bonificaciones en el uso de medios públicos de transporte o en 
la entrada a espectáculos y equipamientos culturales de iniciativa pública.
f)  El establecimiento de medidas en el marco de la normativa laboral y fiscal.
g)  La implantación de medidas honoríficas para reconocer públicamente el trabajo 
voluntario.
Artículo 89.  Medidas de reconocimiento público.
Con  el  fin  de  reconocer  públicamente  a  la  ciudadanía  y  organizaciones  que 
contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el departamento competente en materia de 
medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
distinguirá  con  medidas  de  tipo  honorífico  dichas  actuaciones  con  la  periodicidad, 
ámbitos y categorías que reglamentariamente se establezcan.
TÍTULO SÉPTIMO
Inspección y control ambiental
CAPÍTULO I
Entidades de colaboración ambiental
Artículo 90.  Entidades de colaboración ambiental.
1.  Las  entidades  de  colaboración  ambiental  son  aquellas  personas  físicas  o  b
jurídicas, de carácter público o privado, que colaboran con las administraciones públicas  w
vceormifipceatceinótne,s v aelnid macaiótenr iya  cdoen tmroel ddieo  laams baicetnivtied,a pdaersa. el desempeño de las actuaciones de
2.  Las entidades de colaboración ambiental, a instancia de las administraciones 
públicas  o  cuando  así  se  establezca  normativamente,  desarrollarán  entre  otras  las 
siguientes funciones:
a)  Validación documental de los requisitos y datos necesarios para la solicitud de 
autorizaciones ambientales, licencias, comunicaciones y declaraciones responsables, 
renovaciones  y  modificaciones  de  las  anteriores,  tramitación  de  subvenciones  y 
cualesquiera otros documentos vinculados a trámites contemplados en la presente ley y 
en la normativa básica que, en su caso, resulte de aplicación.
b)  Verificación en dependencias de la actividad de la adecuación de los equipos e 
instalaciones  a  los  requisitos  establecidos  en  dichas  autorizaciones  o  licencias, 
tramitaciones administrativas o en la normativa ambiental aplicable.
c)  Toma de muestras, mediciones y análisis para la evaluación de conformidad de 
los distintos controles y verificaciones de funcionamiento de la actividad.
3.  El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco registrará las 
entidades  que  lo  soliciten,  de  conformidad  con  los  requisitos  necesarios  y  el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca, que estará ordenado a garantizar 
su  capacidad  técnica,  independencia  e  imparcialidad.  Dicho  registro  dependerá  del 
departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y contendrá los datos identificativos de cada 
una de las entidades de colaboración ambiental inscritas, el nivel de actividad y alcance 
de su actuación.
CAPÍTULO II
Inspección ambiental
Artículo 91.  Finalidad de la inspección ambiental y competencias inspectoras.
1.  La  inspección  ambiental  tiene  por  finalidad  garantizar  la  adecuación  a  la 
legalidad  ambiental  de  las  actividades  sometidas  a  esta  ley,  así  como  verificar  el 
cumplimiento  y  la  eficacia  de  las  condiciones  establecidas  en  las  autorizaciones  y 
licencias o comunicadas por las propias personas titulares.
2.  Corresponde  a  las  administraciones  públicas,  en  sus  respectivos  ámbitos 
competenciales, llevar a cabo la vigilancia e inspección ambiental sobre las actividades, 
actuaciones e instalaciones, públicas o privadas, incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley.
3.  En el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la Ertzaintza velará por el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de medio ambiente en coordinación con el personal al servicio de las administraciones 
públicas que sea designado para llevar a cabo las labores de vigilancia e inspección 
ambiental y con los cuerpos de policía local en el ejercicio de sus funciones en relación 
con las competencias locales en esta materia.
Artículo 92.  Deber de sometimiento a la actuación inspectora.
1.  Las personas titulares de las actividades o instalaciones sujetas a esta ley están 
obligadas a prestar la colaboración necesaria al personal que realice actuaciones de 
inspección  ambiental  al  que  se  refiere  el  artículo  93,  a  fin  de  permitirle  realizar  e.e
cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información  w.b
necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 1ww
prop2o. rciLoansa rp lae risnofonrams atcitiuólna rqeuse  dsee ala osb aligcativtoidriaad, epso dor áinn ssteañlaacliaorn leoss  asuspjeetactso sa  dees ltaa  mleiys,m aal 
qoutreo,s  ac usyua  jucoicniofi,d teenncgiaalnid acadr eáscttée rr eccoonnfiodceindcai alel geanl mloe nretela.tivo a los procesos industriales y
Artículo 93.  Ejercicio de la actividad de inspección ambiental.
1.  Las  labores  de  control,  vigilancia  e  inspección  ambiental  se  realizarán 
directamente  por  el  personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas  que  sea 
designado  a  tal  efecto.  Las  actuaciones  materiales  de  inspección  que  no  estén 
reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas o por 
otras  circunstancias  podrán  encomendarse  a  entidades  de  colaboración  ambiental 
debidamente  registradas  para  su  realización  en  nombre  de  las  administraciones 
públicas.
2.  El personal al servicio de las administraciones públicas que sea designado para 
realizar la actividad de inspección ambiental dispone de la consideración de agente de la 
autoridad para el ejercicio de las funciones que le son propias.
3.  El personal que realice actuaciones de inspección está facultado para recabar la 
exhibición  de  cualquier  documentación  ambiental  obrante  en  poder  de  los  sujetos 
sometidos a esta ley, así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin 
previo aviso, en las instalaciones y demás lugares en que se desarrollen las actividades 
incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Cuando para el ejercicio de sus 
funciones inspectoras fuera precisa la entrada en un domicilio deberá solicitarse la 
oportuna autorización judicial.
Artículo 94.  Acta e informe de inspección ambiental.
1.  En el transcurso de la visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los 
hechos, haciéndose constar las condiciones en las que se desarrolla la actividad, en su 
caso,  las  irregularidades  observadas  y  las  alegaciones  que  formule  la  persona 
responsable de los mismos. Asimismo, en el caso de que durante la visita de inspección 
se proceda a la toma de muestras o a la realización de mediciones, se deberá asegurar 
que estas actuaciones se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en las 
instrucciones técnicas aprobadas a tal fin.
2.  Las actas que el personal que realice actuaciones de inspección extienda en el 
ejercicio de sus facultades tendrán valor probatorio de los hechos que recojan, sin 
perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus 
derechos e intereses.
3.  Después de cada visita de inspección a actividades sujetas a los regímenes de 
autorización ambiental integrada y autorización ambiental única se elaborará un informe 
en el que se recogerán las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las 
condiciones de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y de los requisitos 
establecidos  en  la  normativa,  así  como  respecto  de  cualquier  ulterior  actuación 
necesaria. Esta actuación será potestativa en el caso de inspecciones a actividades 
sujetas a otros regímenes de intervención ambiental previstos en esta ley.
4.  El informe de la visita de inspección se notificará a la persona titular de la 
actividad o instalación en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que tenga lugar la 
visita.
5.  Cuando así lo exija la normativa sectorial correspondiente y de acuerdo, en todo 
caso, con lo establecido en la normativa sobre acceso del público a la información 
medioambiental, las administraciones públicas pondrán a disposición de la ciudadanía 
por medios electrónicos los informes relativos a las inspecciones realizadas en el plazo 
de cuatro meses a partir de la visita.
Artículo 95.  Planificación de la inspección ambiental. bo
teelanbe1or. r eal rLsáaings u piaeednrimtóedi nciciosantmrtaeecnniiodteno e:psl apnúebsl icdaes i,n sepne eccl iáómn baimtob dieen tsaul sq urees, pceocmtiov ams íncoimmop, edteenbceiraásn,   2022-951n https://w
a)  Área geográfica a la que es de aplicación.
b)  Principales aspectos medioambientales.
c)  Actividades sometidas a inspección.
d)  Procedimientos para elaborar los programas de inspecciones ambientales.
e)  Medios humanos destinados a las inspecciones.
f)  Sistemas de coordinación con otras autoridades encargadas de las inspecciones.
g)  Sistemas de evaluación del programa de inspecciones.
2.  De  acuerdo  con  los  planes  de  inspección,  las  administraciones  públicas 
elaborarán regularmente programas de inspección ambiental prefijadas que incluyan la 
frecuencia o el número de visitas para los distintos tipos de actividad.
3.  Los periodos entre visitas en instalaciones sujetas al régimen de autorización 
ambiental  integrada  se  basarán  en  una  evaluación  sistemática  de  los  riesgos 
medioambientales de las actividades y no superarán un año en aquellas actividades que 
planteen los riesgos más altos y tres en las que se planteen riesgos menores.
4.  La evaluación sistemática de los riesgos medioambientales citada en el apartado 
anterior se basará al menos en los siguientes criterios, sin perjuicio de aquellos otros que 
se establezcan reglamentariamente:
a)  La repercusión posible y real de las actividades sobre la salud humana y el 
medio ambiente y el riesgo de accidente.
b)  El historial de cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes para el 
ejercicio de la actividad y de los requisitos establecidos en la normativa.
c)  La participación de la persona titular de la actividad o instalación en el Sistema 
de Gestión y Auditoría Ambientales (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1221/2009.
Artículo 96.  Publicidad de las actuaciones de inspección ambiental.
Los planes de inspección ambiental, los programas de inspección ambiental y sus 
evaluaciones y los resultados de las actuaciones de inspección ambiental de actividades 
sujetas a los regímenes de autorización ambiental integrada y autorización ambiental 
única deberán ponerse a disposición del público, de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente ley y la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de 
medio ambiente.
TÍTULO OCTAVO
Restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños 
medioambientales
CAPÍTULO I
Restauración de la legalidad ambiental
Artículo 97.  Actividades sin autorización, licencia o comunicación previa.
1.  Cuando  una  actividad  se  encuentre  en  funcionamiento  sin  la  autorización, 
licencia o comunicación previa que sea preceptiva con arreglo a lo dispuesto en la 
presente  ley,  las  administraciones  públicas  competentes  para  su  otorgamiento  o 
recepción  de  su  comunicación  previa  podrán  ordenar  la  adopción  de  las  medidas 
previstas en los artículos siguientes y, además, llevarán a cabo alguna de las siguientes  e.e
actuaciones: b
esciaxtucseaoapc,)  iccóioonSnn mic aleleaedd siaié acdnnteditvbeoiid ldeeaal  dmpp arpeorunacdt eeqide ujisumees i teiilnfeniicgctoaiae dld iozdeasi c,ri nshnteooe,  r ppvreroeoqdncurceáeiód rsniimre áari  emsanu btspoieue n urtitnoiatu rl p laqala uru zenpo  as merqaeau s eqa.,up seliac rlavebogl eue laenrn icc caeas dsouas    OE-A-2022-95able en https://
b)  Si la actividad no pudiese legalizarse por incumplimiento de la normativa vigente 
aplicable procederá a su clausura definitiva, previa audiencia a la persona interesada.
c)  Cuando la actividad afectada se encuentre en el ámbito de aplicación de la 
Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la citada disposición.
2.  Además de la legalización o de la clausura, se podrá ordenar la adopción de 
medidas correctoras o la reposición de la situación alterada cuando no se hubieran 
producido daños significativos al medio ambiente, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 100 de este capítulo.
3.  En el caso de que se hayan producido daños ambientales significativos o de que 
exista una amenaza inminente de dichos daños se deberán adoptar las medidas de 
prevención,  evitación  y  reparación  de  daños  ambientales  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el capítulo siguiente.
4.  Las medidas y actuaciones anteriores se tomarán sin perjuicio de la aplicación 
del régimen sancionador previsto en el título siguiente.
Artículo 98.  Corrección de incumplimientos o deficiencias.
Advertidos incumplimientos de las condiciones impuestas en sus respectivos títulos 
habilitantes  o  de  las  medidas  que  se  comunicaron  previamente  para  minimizar  su 
impacto  ambiental,  así  como  deficiencias  en  el  funcionamiento  de  una  actividad  o 
instalación sometida a alguno de los regímenes de intervención ambiental previstos en 
esta ley, las administraciones públicas competentes para su otorgamiento o recepción 
requerirán  a  su  titular  que  los  corrija  conforme  al  procedimiento  establecido  en  el 
artículo  100,  en  un  plazo  acorde  con  la  naturaleza  de  las  medidas  correctoras  a 
implementar que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior 
a seis meses.
Artículo 99.  Suspensión de actividades.
Las administraciones públicas competentes, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 100, podrán ordenar la adopción de medidas preventivas y de evitación, 
incluyendo la paralización de las actividades que se encuentren en fase de construcción 
o de explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:
a)  Comienzo de la ejecución del proyecto de actividad o desarrollo de la misma sin 
contar con el correspondiente instrumento de intervención ambiental sin haber realizado 
el trámite de comunicación previa de actividad o sin haber sustanciado el preceptivo 
procedimiento de evaluación ambiental.
b)  Inexactitud u ocultación de datos esenciales, su falseamiento o manipulación 
maliciosa en el procedimiento de intervención o evaluación ambiental que corresponda.
c)  Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el correspondiente 
instrumento de intervención o evaluación ambiental o de las condiciones notificadas en la 
comunicación previa de actividad clasificada.
d)  Existencia  de  una  amenaza  inminente  de  producción  de  daños 
medioambientales o para la salud de las personas, así como de que una vez producidos 
puedan agravarse.
Artículo 100.  Procedimiento de restauración de la legalidad ambiental. e.
1.  La legalización o clausura de actividades o instalaciones, incluida la reposición  w
itddnreeac  muumniltaa pp clriimosócintieeu dndaeticmo ióusien non  p todaro elatcfediecrmadiediimnnacii,sei atnrsalta oty i v dolieam s  rpsaeuonsssctpaiicoeuinónraansdc ióioóndrn. e d dee m alaec dtlievidigdaaasldi deacsdo  praroemdcbrtáoienran staa cl ooer nde anr sceeal  smpor aervdciaoe    OE-A-2022-95able en https://
2.  El procedimiento de restauración de la legalidad ambiental deberá contemplar un 
trámite de audiencia al promotor o a la promotora o titular de la actividad y a las demás 
personas interesadas, en su caso, por un plazo no inferior a diez días ni superior a 
quince, durante el cual podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes.
3.  El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá 
caducado.
4.  En casos de urgencia inaplazable, la autoridad competente podrá actuar sin 
necesidad  de  tramitar  el  procedimiento  administrativo  para  fijar  las  medidas  de 
prevención y evitación de daños o para exigir su adopción.
5.  Iniciado  el  procedimiento  de  restauración  de  la  legalidad  ambiental,  o  con 
carácter previo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de 
los intereses implicados, se podrán adoptar de forma motivada las medidas provisionales 
que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, 
de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
6.  Como medidas provisionales se podrán adoptar, además de la suspensión de 
actividades y las medidas correctoras de incumplimientos y deficiencias a las que se 
refieren los artículos anteriores, las previstas para el procedimiento sancionador en 
esta ley.
7.  También podrá adoptarse como medida provisional la suspensión del suministro 
de agua o de energía de aquellas actividades, instalaciones y obras a las que se haya 
ordenado  su  suspensión  o  clausura.  Para  ello,  se  notificará  la  oportuna  resolución 
administrativa a las empresas suministradoras de agua o de energía, que deberán 
cumplir dicho mandato en el plazo máximo de cinco días. La paralización de estos 
suministros  solo  podrá  levantarse  cuando  se  haya  eliminado  la  suspensión  de  la 
actividad y así lo notifique la Administración actuante a las empresas suministradoras.
8.  Asimismo, podrá exigirse a los promotores o a las promotoras o titulares de las 
actividades o instalaciones la prestación de una fianza que garantice la efectividad de las 
medidas provisionales impuestas.
Artículo  101.  Ejecución  forzosa  de  las  medidas  de  restauración  de  la  legalidad 
ambiental.
1.  La Administración pública competente, previo requerimiento, podrá proceder a la 
ejecución subsidiaria de las medidas correctoras cuando el promotor o promotora o la 
persona titular de la actividad o instalación, tanto en funcionamiento como en situación 
de suspensión temporal, se niegue a adoptarlas, especialmente cuando exista una 
amenaza inminente de daños graves al medio ambiente o a la salud de las personas. 
Los gastos de la ejecución subsidiaria podrán ser exigidos al promotor o a la promotora o 
a la persona titular de la actividad por la vía de apremio.
2.  Cuando  el  promotor  o  la  promotora  o  la  persona  titular  de  la  actividad  o 
instalación se niegue a la adopción de las medidas correctoras y no exista amenaza 
inminente de daños graves al medio ambiente o a la salud de las personas o el retraso 
en  la  adopción  de  las  medidas  no  ponga  en  peligro  dichos  bienes  jurídicos,  la 
Administración pública competente podrá imponer sucesivamente multas coercitivas.
La  imposición  de  dichas  multas  coercitivas  exigirá  que  en  el  requerimiento  de 
cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación 
y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser  e.
suficiente para cumplir la obligación impuesta. Cada multa coercitiva podrá ascender  w.b
hasta un importe máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las  1ww
mel eindciduamsp ali mejieecnutota qr.u Een l ae lh caa msoo dtivea qduoe,  puondar áve rze iitmerpauresest ap olar  lmapusltoas c doee rtcieitmivap os.e L masa nmteunltgaas 
ccooenrcceitpivtoa sd es soann ciinódne.pendientes  y  compatibles  con  las  que  se  puedan  imponer  en
CAPÍTULO II
Responsabilidad por daños medioambientales significativos
Artículo  102.  Responsabilidad  por  daños  medioambientales  significativos  y  de  su 
amenaza inminente.
1.  La  prevención,  evitación  y  reparación  de  los  daños  medioambientales 
significativos y las amenazas inminentes de los mismos ocasionados por actividades 
económicas o profesionales se llevará a cabo en la forma y condiciones previstas por la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
2.  La responsabilidad medioambiental que se exija en aplicación de la normativa 
señalada en el apartado anterior es compatible con el régimen de restauración de la 
legalidad ambiental y con el régimen sancionador administrativo previstos en esta ley o 
en  otras  leyes  sectoriales,  así  como  con  la  responsabilidad  penal  en  que  pudiera 
haberse incurrido, aunque los hechos que la originen sean los mismos.
3.  La responsabilidad por daños medioambientales podrá ser establecida mediante 
el procedimiento específico previsto en la normativa a la que se refiere el apartado 
primero de este artículo o, en caso de concurrir una infracción administrativa, a través del 
correspondiente procedimiento sancionador.
4.  Las operadoras y los operadores a los que así se requiera de acuerdo con la 
normativa de transposición de la directiva de responsabilidad medioambiental deberán 
disponer,  en  su  caso,  de  la  garantía  financiera  que  les  permita  hacer  frente  a  la 
responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que desarrollen.
Artículo 103.  Responsabilidad por daños medioambientales no significativos.
1.  Cuando la ejecución de un plan o proyecto o el ejercicio de una actividad 
produzcan daños medioambientales que no puedan ser calificados como significativos 
de conformidad con lo previsto en la normativa citada en el artículo anterior, las personas 
promotoras o las titulares estarán obligadas a adoptar las medidas reparadoras que el 
órgano competente determine y, en su caso, abonar la correspondiente indemnización 
por los daños y perjuicios causados a la Administración actuante, sin perjuicio de las 
sanciones penales o administrativas que, en cada caso, procedan.
2.  El  órgano  competente  determinará  la  forma  y  actuaciones  precisas  para  la 
reparación de los daños causados, fijando los plazos de iniciación y terminación de las 
operaciones y, en su caso, el plazo de abono de la indemnización que corresponda. La 
metodología de reparación prevista en la normativa sobre responsabilidad ambiental 
podrá aplicarse subsidiariamente.
3.  Transcurridos los plazos establecidos para la reparación de los daños causados, 
el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas y la ejecución 
subsidiaria de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de esta ley.
4.  La indemnización de los daños y perjuicios causados, así como los gastos de la 
ejecución subsidiaria, podrán ser exigidos por la vía de apremio.
5.  La determinación de los deberes de reposición y de indemnización a que se 
refiere este artículo se podrá realizar en el procedimiento de restauración de la legalidad  s
ambiental, en el procedimiento sancionador o mediante un procedimiento específico.  oe.
Dicha  determinación  podrá  realizarse  durante  un  plazo  de  quince  años  desde  la  w.
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Artículo 104.  Régimen competencial.
1.  Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco la resolución de los 
procedimientos  de  exigencia  de  responsabilidad  medioambiental  por  daños 
medioambientales  significativos  cuando  según  lo  dispuesto  en  la  legislación  de 
aplicación sea competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.  Las  administraciones  públicas  establecerán  aquellos  mecanismos  de 
colaboración que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias 
establecidas  en  materia  de  prevención,  evitación  y  reparación  de  los  daños 
medioambientales significativos y de su amenaza inminente. En todo caso, ajustarán sus 
actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración.
TÍTULO NOVENO
Régimen sancionador ambiental
Artículo 105.  Infracciones y sanciones.
1.  Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta ley 
las  acciones  u  omisiones  tipificadas  y  sancionadas  en  los  artículos  siguientes,  sin 
perjuicio de las infracciones tipificadas en las normas con rango de ley de aplicación en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco que regulan sectorialmente dichas materias.
2.  Las  infracciones  administrativas  establecidas  en  esta  ley  se  entienden  sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir 
las personas autoras.
Artículo 106.  Tipificación de infracciones.
1.  Las infracciones administrativas reguladas en la presente ley se clasifican en 
muy graves, graves y leves.
2.  Son infracciones muy graves los siguientes hechos:
a)  La  construcción,  el  montaje,  la  explotación  o  el  traslado  de  actividades  e 
instalaciones sin la preceptiva autorización ambiental integrada.
b)  La ejecución de una modificación sustancial de una actividad e instalación sin 
que se haya producido la modificación de su autorización ambiental integrada, siempre 
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya 
puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
c)  Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, 
siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se 
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
d)  Incumplir,  por  parte  de  actividades  e  instalaciones  sujetas  a  autorización 
ambiental integrada, las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas 
en el artículo 113 de esta ley cuando suponga un peligro, daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o la salud y la seguridad de las personas.
e)  El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de 
impacto ambiental.
f)  El  incumplimiento  de  las  medidas  impuestas  en  los  procedimientos  para  la  e.e
restauración de la legalidad ambiental y de responsabilidad por daños ambientales  w.b
significativos en los que se materialice el daño ambiental que se pretenda evitar o  1ww
contener.
3.  Son infracciones graves los siguientes hechos:
a)  La  construcción,  el  montaje,  la  explotación  o  el  traslado  de  actividades  e 
instalaciones  sin  la  preceptiva  autorización  ambiental  única  o  licencia  de  actividad 
clasificada  o  sin  haber  realizado  la  oportuna  comunicación  previa  de  actividad 
clasificada.
b)  La ejecución de una modificación sustancial de una actividad o instalación sin 
que  se  haya  producido  la  modificación  de  su  título  autorizatorio  por  parte  de  la 
Administración competente.
c)  El inicio de la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el correspondiente informe de 
impacto ambiental.
d)  El incumplimiento de las medidas provisionales y cautelares impuestas para la 
restauración de la legalidad ambiental o de las ordenadas en virtud del inicio de un 
procedimiento sancionador.
e)  La  aprobación  de  planes  o  programas  sometidos  a  evaluación  ambiental 
estratégica  ordinaria  sin  haber  obtenido  la  correspondiente  declaración  ambiental 
estratégica.
f)  El  incumplimiento  de  las  condiciones  ambientales  fijadas  en  la  autorización 
ambiental integrada, en la autorización ambiental única y en la licencia de actividad o de 
las  condiciones  incluidas  en  la  comunicación  previa  de  actividad  clasificada,  tanto 
durante el funcionamiento de la instalación o el desarrollo de la actividad como cuando 
se produzca el cierre o cese definitivo de las mismas.
g)  El incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la declaración 
ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto 
ambiental.
h)  El  incumplimiento  de  las  medidas  impuestas  en  los  procedimientos  para  la 
restauración de la legalidad ambiental.
i)  La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la 
documentación que se acompañe a la comunicación previa de actividad clasificada, la 
comunicación de inicio de funcionamiento o apertura, las solicitudes de autorización 
ambiental integrada o única o de licencia de actividad clasificada.
j)  La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la 
documentación preceptiva en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental.
k)  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  comunicación,  notificación  e 
información  establecidas  en  esta  ley,  en  los  títulos  habilitantes  otorgados  por  las 
administraciones públicas y en los pronunciamientos en el marco de los procedimientos 
de evaluación ambiental.
l)  La  obstrucción,  activa  o  pasiva,  a  la  labor  inspectora  de  la  Administración 
competente  o  la  negativa  a  facilitar  los  datos  que  sean  requeridos  a  titulares  de 
actividades o instalaciones.
m)  El incumplimiento de las condiciones exigidas a las entidades de colaboración o 
la realización por estas de actividades contrarias a lo dispuesto en la normativa que les 
resulte de aplicación.
n)  La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera o el 
suelo, de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de 
energía, incluso sonora, que suponga un deterioro de las condiciones ambientales o 
afecte al equilibrio ecológico en general y que se realice contraviniendo el ordenamiento 
jurídico. e.
4.  Son  infracciones  leves  las  señaladas  en  el  apartado  anterior  como  graves  w
scuupaunedsot opso rp asura e dsiccahsaa c ainlicfiicdaecnicóina. sobre el medio ambiente o las personas no se den los
Artículo 107.  Prescripción de las infracciones.
1.  Las infracciones a que se refiere el artículo anterior prescribirán en los siguientes 
plazos:
a)  Cinco años en caso de infracciones muy graves.
b)  Tres años en caso de infracciones graves.
c)  Un año en caso de infracciones leves.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
en que la infracción se hubiera cometido.
3.  En  los  supuestos  de  infracciones  continuadas,  el  plazo  de  prescripción 
comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto 
con el que la infracción se consuma. En los supuestos de infracciones permanentes, el 
plazo comenzará a contar desde el día en que se elimine la situación ilícita. En el caso 
de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por 
carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
Artículo 108.  Sanciones.
1.  Por la comisión de las infracciones administrativas previstas en el artículo 106 de 
esta ley se podrán imponer todas o alguna de las siguientes sanciones:
a)  Para las infracciones muy graves.
– Multas de 250.001 euros a 2.500.000 euros.
– Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
– Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período no inferior a 
dos años ni superior a cinco.
– Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior 
a un año ni superior a cinco.
– Cese definitivo o temporal de las actividades por un periodo no superior a los cinco 
años.
– Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni 
superior a dos.
– Pérdida definitiva de la condición de entidad colaboradora o pérdida temporal por 
un periodo no superior a seis años.
b)  Para las infracciones graves.
– Multa de 25.001 euros a 250.000 euros.
– Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de 
dos años.
– Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo máximo de 
un año.
– Cese temporal de las actividades por un periodo máximo de tres años.
– Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año.
– Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo máximo de tres 
años.
c)  Para las infracciones leves. es
– Multa de 600 euros a 25.000 euros. w.
–2 . ApCeuracinbdimo ielan toc.uantía de la multa resultare inferior al beneficio obtenido por la  2022-951n https://w
icmopmoisrtieó nd edle b lean einfficraioc coibótne,n liad os apnocri ólan  pseerrsáo naau minefrnatcatdoara, .como máximo, hasta el doble del
Artículo 109.  Graduación de las sanciones.
En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 
gravedad  de  la  infracción  y  la  sanción  aplicada,  considerando  especialmente  los 
siguientes criterios para la graduación de la sanción:
a)  La existencia de intencionalidad.
b)  La continuidad o persistencia en la conducta infractora por la comisión de más 
de  una  infracción  cuando  así  haya  sido  declarado  por  resolución  firme  en  vía 
administrativa.
c)  La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza 
tipificada  en  esta  ley,  cuando  así  haya  sido  declarado  por  resolución  firme  en  vía 
administrativa, en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de esta.
d)  Los daños o riesgos causados al medio ambiente o salud de las personas.
e)  El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
f)  La capacidad económica de la persona infractora.
g)  La adopción con antelación a la incoación de un expediente sancionador de 
medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el 
medio ambiente o salud de las personas se deriven de una determinada actuación 
tipificada como infracción.
Artículo 110.  Decomiso.
1.  Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar el decomiso 
de los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con los que se haya 
ejecutado,  de  los  objetos  que  constituyan  su  soporte  material  y  de  las  ganancias 
derivadas de la misma, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido 
experimentar.
2.  El decomiso no podrá acordarse cuando los efectos o instrumentos pertenezcan 
a  una  tercera  persona  de  buena  fe  no  responsable  de  la  infracción  que  los  haya 
adquirido legalmente, salvo que exista un riesgo inminente de daño ambiental o de 
riesgo para la salud de las personas.
Artículo 111.  Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por las infracciones previstas en esta ley prescribirán, en el 
caso de las muy graves, a los cinco años, las impuestas por las infracciones graves a los 
tres años, y las impuestas por las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que 
se impone la sanción.
Artículo 112.  Competencias.
1.  En las materias de competencia de las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco corresponderá el ejercicio de la potestad sancionadora al 
Consejo de Gobierno, por la comisión de las infracciones muy graves que conlleven una 
sanción de más de 1.500.000 de euros de multa o el cese o la clausura definitiva o 
temporal, total o parcial, de las actividades e instalaciones; al consejero o a la consejera 
competente en materia de medio ambiente, por la comisión del resto de infracciones muy 
graves y al viceconsejero o a la viceconsejera competente en materia de medio ambiente  e
u órgano que lo sustituya por la comisión de las infracciones graves y leves. bo
2.  En las materias de competencia foral y municipal, el ejercicio de la potestad  w
sdaisnpcoionngaadno aral r ecsoprercetsop sounsd enroár maa sl odse  oórrggaannizoasc iócno my pfuentecniotensa mdieen taoc.uerdo  con  lo  que
Artículo 113.  Medidas de carácter provisional.
1.  Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo, por 
propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora, podrá adoptar en cualquier 
momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que estime 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el 
mantenimiento daños o de los riesgos de su producción para el medio ambiente y para la 
salud humana. Dichas medidas deberán ajustarse a los principios de efectividad y de 
menor onerosidad y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las 
presuntas infracciones, y podrán consistir en:
a)  Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño o riesgo.
b)  Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
c)  Clausura temporal, parcial o total de la instalación.
d)  Suspensión o cese temporal de la actividad.
e)  El decomiso en los supuestos contemplados en el artículo 110.2.
2.  Con la misma finalidad, el órgano competente para instruir el procedimiento 
sancionador podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a 
la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones establecidas en 
la  legislación  sobre  el  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones 
públicas y demás normativa aplicable.
3.  No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia 
previa a las personas interesadas, salvo que concurran razones de urgencia inaplazable 
que aconsejen su adopción inmediata, basadas en la producción de un daño o riesgo 
grave para el medio ambiente o la salud humana. La medida provisional adoptada 
deberá ser revisada, ratificada o dejada sin efecto tras la audiencia a las personas 
interesadas.
Artículo 114.  Obligación de reparar e indemnización.
1.  Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, las personas infractoras estarán 
obligadas a adoptar las medidas reparadoras que el órgano competente determine y, en 
su caso, abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados a 
la Administración competente.
2.  La  persona  infractora  quedará  obligada  a  la  reparación  de  los  daños 
medioambientales en la forma y con el alcance que se establezca en la resolución 
sancionadora.  La  metodología  de  reparación  prevista  en  la  normativa  sobre 
responsabilidad medioambiental podrá aplicarse en este supuesto. En el caso de tratarse 
de daños medioambientales significativos, la reparación de los mismos se realizará en 
los términos de la normativa sobre responsabilidad medioambiental.
Artículo 115.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1.  Si las personas infractoras no procedieran a la reposición de la situación alterada 
y reparación de los daños en el requerimiento correspondiente, se podrá acordar la 
imposición de multas coercitivas sucesivas o la ejecución subsidiaria por cuenta de la 
persona  infractora  y  a  su  costa.  La  ejecución  subsidiaria  tendrá  prioridad  cuando 
concurra una amenaza inminente de daños graves para el medio ambiente o para la  e
salud de las personas. bo
2.  La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento  w
slae  minudlitqau eco eelr cpiltaivzao  qduee q upeu esdee d sisepro inmep puaersata e. l Ecnu mtopdliom iceanstoo , deel  lpal aozboli gdaecbióenrá y  slae rc usuafnictíiae ndtee 
pmaarnat ecnugmap elilr  inlac uomblpigliamciieónnt.o  Eqnu ee ll ac haas om doeti vqaudeo,,  puondar áv erez itiemraprusees ptao rl ala mpsuoltsa  dceo teiercmitpivoa ,q usee 
sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son independientes y 
compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.
3.  La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el diez por ciento 
del importe de la sanción fijada por la infracción cometida. En el caso de que el importe 
de la sanción fuera sensiblemente inferior al coste estimado del conjunto de las medidas 
de recuperación a ejecutar, el diez por ciento aplicable para el cálculo de la multa 
coercitiva vendrá referido a dicho coste de recuperación.
4.  La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales significativos se 
rige por lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad medioambiental.
Artículo 116.  Prohibición de contratar y de obtener subvenciones.
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas 
por infracciones graves y muy graves previstas en esta ley mediante resolución firme en 
vía administrativa no podrán contratar ni obtener subvenciones de las administraciones 
públicas y de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la 
sanción.
Artículo 117.  Procedimiento sancionador.
1.  En todo lo no previsto en el presente título será aplicable lo establecido en la 
correspondiente ley reguladora de la potestad sancionadora de las administraciones 
públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en la normativa básica estatal 
que regule aspectos sobre dicha materia.
2.  Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento sancionador, en 
los términos previstos en la legislación básica, cuando el órgano competente para iniciar 
dicho procedimiento considere que, de acuerdo a lo previsto en esta o en otras leyes 
ambientales, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
Artículo 118.  Publicidad.
1.  Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves previstas en esta 
ley o en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental se harán públicas 
en  forma  sumaria  en  el  boletín  oficial  correspondiente,  en  su  sede  electrónica  y, 
potestativamente,  a  través  de  los  medios  de  comunicación  social  por  parte  de  las 
autoridades  competentes  para  imponer  las  sanciones,  una  vez  sean  firmes  en  vía 
administrativa.
2.  Los  órganos  que  ejerzan  la  potestad  sancionadora  podrán  acordar,  cuando 
estimen  que  existen  razones  de  interés  público,  la  publicación,  en  el  diario  oficial 
correspondiente, en su sede electrónica y, potestativamente, a través de los medios de 
comunicación  social  que  considere  oportunos,  de  las  sanciones  impuestas  por  la 
comisión de infracciones graves una vez sean firmes en vía administrativa.
3.  En ambos casos, la publicación incluirá la identidad de la persona responsable, 
la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de 
reposición e indemnización exigidas, en su caso.
4.  El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco creará un 
registro de personas infractoras de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del  s
País Vasco, en el cual se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas, en  oe.
virtud de resolución firme, por parte de la Administración general de la Comunidad  w.
Autónoma Vasca. El objetivo exclusivo de este registro es disponer por parte del sector  1w
psaúnbclicioon edse  ilma pCuoemstuansi.d Rade gAlaumtóennotmaraia mdeel nPtea ísse V raesgcuola dráe  lian foorrgmaancizióanc ifóenh ayc fiuenncteio snoabmreie nlatos 
del citado registro.
Artículo 119.  Prestación ambiental sustitutoria.
1.  Las sanciones consistentes en multas, una vez que adquieran firmeza en vía 
administrativa, podrán ser sustituidas a solicitud de la persona sancionada por una 
prestación ambiental de restauración, conservación o mejora que redunde en beneficio 
del medio ambiente, en las condiciones y términos que determine el órgano sancionador 
que impuso la multa.
2.  A estos efectos, la persona infractora deberá solicitar la sustitución de la sanción 
económica por la prestación ambiental sustitutoria de valor, como mínimo, equivalente a 
la cuantía de la multa. La resolución sobre la solicitud deberá ser acordada y notificada a 
la  persona  interesada  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses,  pudiendo  entenderse 
desestimada en caso contrario.
3.  Los plazos de prescripción de las sanciones impuestas quedarán en suspenso 
durante los plazos de resolución de la solicitud de prestación ambiental sustitutoria 
anteriormente señalados.
4.  Reglamentariamente se delimitarán las posibles prestaciones, el plazo para su 
solicitud  desde  que  la  sanción  devenga  firme,  el  método  para  establecer  las 
equivalencias,  los  modos  de  ejecución  y  mecanismos  de  evaluación,  así  como  las 
consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.
Artículo 120.  Destino de las sanciones económicas.
Un importe equivalente a la recaudación obtenida por parte de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma del País Vasco por las sanciones que se impongan 
podrá ser destinada a la realización de los fines previstos en esta ley y, a tal efecto, 
podrá integrarse, en su caso, en la partida presupuestaria definida en el artículo 86.1 de 
la presente ley. El resto de administraciones públicas podrán determinar en idéntico 
sentido que un importe equivalente a las recaudaciones obtenidas integre una partida en 
sus presupuestos anuales específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas 
a la protección del medio ambiente.
Disposición adicional primera.  Dotación de medios.
Las  administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  de 
acuerdo  a  sus  competencias,  se  dotarán  de  los  recursos  humanos  y  materiales 
suficientes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos  en  la 
presente ley.
Disposición adicional segunda.  Impuesto sobre residuos.
En el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en 
el marco del Estatuto de Autonomía y del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, las instituciones competentes de la CAPV adoptarán las 
medidas de naturaleza tributaria que procedan en relación con la imposición del depósito 
de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Disposición adicional tercera.  Adecuación de estructuras orgánicas.
El  Consejo  de  Gobierno,  mediante  decreto,  procederá  a  la  adecuación  de  las 
estructuras  orgánicas  en  aquellos  departamentos  de  la  Administración  general  y  es
organismos autónomos en que resulte conveniente, a fin de disponer de los medios  bo
personales necesarios para llevar a cabo los fines de la presente ley. w
Disposición adicional cuarta.  Principios de aplicación a normas, planes y gestión de 
residuos.
En la elaboración de los planes de prevención y gestión de residuos y de las normas 
que regulen en la Comunidad Autónoma del País Vasco esta materia se deberán incluir 
disposiciones específicas para dar cumplimiento a los principios de autosuficiencia y 
proximidad que se regulan en el artículo 16 de la Directiva 2008/98 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre Residuos.
Disposición adicional quinta.  Comité para la Sostenibilidad y Medio Ambiente.
1.  Para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada Administración en 
la consecución de los objetivos previstos en esta ley, la Administración general de la 
Comunidad  Autónoma,  las  administraciones  de  los  territorios  históricos  y  de  los 
municipios con una población superior a 10.000 habitantes contarán cada una, bien con 
un comité para la sostenibilidad y medio ambiente o bien con entidades de similares 
características y funciones que pudieran existir.
2.  Las administraciones de la Comunidad Autónoma, de los territorios históricos y 
de los municipios deberán crear sus respectivos comités en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la presente ley.
3.  Cada Administración establecerá la composición y el funcionamiento de este 
comité,  y  deberá  garantizarse  la  presencia  equilibrada  de  mujeres  y  hombres,  de 
conformidad con lo previsto en los artículos 3.7 y 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos en curso.
Los procedimientos en curso a la entrada en vigor de la presente ley continuarán 
tramitándose conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación, salvo que 
el promotor o la promotora del expediente solicite de forma expresa la aplicación de los 
procedimientos contemplados en la presente ley, conservándose, a tal efecto, los actos y 
trámites ya realizados.
Disposición transitoria segunda.  Instalaciones existentes.
1.  Las  personas  titulares  de  las  actividades  o  instalaciones  que  cuenten  con 
autorizaciones ambientales integradas o licencias municipales de actividad clasificada o 
hayan presentado comunicaciones previas de actividad clasificada seguirán disfrutando 
de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia 
ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a esta a tenor de las resoluciones 
que recaigan en virtud de los procedimientos correspondientes y conforme a lo dispuesto 
en los apartados siguientes.
2.  Las actividades o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la presente ley 
que se encuentren incluidas en el Anexo I apartado B) deberán adaptarse al nuevo 
régimen jurídico de autorización ambiental única previsto en esta ley en el plazo de cinco 
años desde la entrada en vigor de la presente ley, de conformidad con los criterios y 
plazos dispuestos en esta disposición.
3.  Dicha adaptación se realizará por parte del órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley 
en  el  supuesto  de  que  la  persona  titular  de  la  actividad  o  instalación  remita  una  e.
declaración responsable en la que se asegure que las condiciones con base en las  w.b
cuales  se  emitieron  sus  títulos  ambientales  habilitantes  se  mantienen  en  términos  1w
anál4o.g oEs ne nlo lsa  saucptuuaelsidtoasd .en los que las citadas actividades o instalaciones hayan llevado
are mcaitbiro  umnao dmifiecmacoiroian edse sncor ipreticvoag didea sla se nm soudsif ictíatuclioosn easm rbeiaelniztaaldeass  hcaobnil irtaenspteesc,t os ea  ddeicbheorás 
títulos para su análisis y determinación, en su caso, por parte del órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre si procede o no la adaptación prevista en el 
apartado anterior sin tramitar el procedimiento de obtención de la autorización ambiental 
única. En caso de que el órgano ambiental así lo determine, dichas actividades e 
instalaciones deberán iniciar el procedimiento de obtención de dicha autorización que se 
regula en esta ley.
5.  La adaptación prevista en los apartados anteriores se realizará conforme a los 
siguientes criterios y plazos:
a)  En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley se 
habrán adaptado a la misma las actividades e instalaciones sujetas a autorización de 
tratamiento de residuos peligrosos.
b)  En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley se 
habrán  adaptado  a  la  misma  las  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la 
atmósfera sujetas a autorización que sean priorizadas por parte del órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c)  En el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente ley se 
habrán adaptado a la misma las actividades de tratamiento de residuos no peligrosos.
d)  En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente ley 
deberán estar adaptadas a la misma todas las actividades e instalaciones existentes.
A la entrada en vigor de esta ley, y de conformidad con los plazos establecidos, las 
administraciones  públicas  o  entes  públicos  que  hayan  tramitado  y  otorgado  sus 
correspondientes títulos habilitantes en procedimientos sectoriales ambientales relativos 
a  actividades  e  instalaciones  que  deban  adaptarse  al  nuevo  régimen  jurídico  de 
autorización ambiental única deberán trasladar copia de dichos expedientes al órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición transitoria tercera.  Materiales para la reutilización.
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 84 en 
relación con el porcentaje de utilización de subproductos, materias primas secundarias, 
materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización 
que deban utilizarse para la ejecución de contratos de obras, deberá alcanzar el 20 % en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley y el 40 % en el plazo de 
dos  años,  salvo  que  por  motivos  técnicos  justificados  estos  porcentajes  deban  ser 
reducidos.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación del artículo 7.c) 6 de la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre,  de  relaciones  entre  las  instituciones  comunes  de  la  Comunidad 
Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos.
Se da una nueva redacción al artículo 7.c) 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos 
forales de sus territorios históricos, que queda redactado de la siguiente forma: e
«6.  La  imposición  de  medidas  protectoras  y  correctoras  en  actividades  w.
sdsuoejl eic1ti0ata.s0  a0el0l  r aéhygauibmnitteaannm tdeieesn , ltioyc  eecnnoc riarloe dss epm oanucdntiiivecinidptaieod,s   csdliaeesm i1fpic0ra.e0d 0aq0 ue eon   nlmoosá  sam fheuacnbtieciti paaino tsem sdá ess  im daees ní uolons    2022-951n https://w
territorio  histórico  o  ente  público  extracomunitario,  y  sin  perjuicio  de  las
competencias atribuidas por la ley a los entes municipales.» Bc
Disposición final segunda.  Modificación del artículo 7.4 de la Ley 4/2019, de 21 de 
febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
Se da una nueva redacción al artículo 7.4 de la de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, 
de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que queda redactado 
de la siguiente forma:
«4.  Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los 
que se refiere el apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de 
evaluación  ambiental  estratégica  legalmente  establecidos,  no  será  necesario 
duplicar la información requerida en el apartado 3 que se haya recogido en el 
marco del estudio ambiental estratégico, o del documento ambiental estratégico, 
según proceda.»
Disposición final tercera.  Adecuación al régimen establecido en el texto refundido de la 
Ley  1/2006,  de  23  de  junio,  de  Aguas,  aprobado  mediante  Real  Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
1.  El procedimiento previsto en la presente ley para la autorización de los vertidos 
realizados por las actividades contempladas en los Anexos I.A y I.B al dominio público 
hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado no 
modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto 
de competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia 
de  protección  del  dominio  público  hidráulico.  En  particular,  no  se  alteran  las 
competencias relativas a la vigilancia e inspección, ni la potestad sancionadora.
2.  El organismo de cuenca correspondiente liquidará el canon de control de vertidos 
de acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la 
autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de 
aquel por el órgano autonómico competente para otorgarla.
Disposición final cuarta.  Adecuación al régimen establecido en la Ley 1/2006, de 23 de 
junio, de Aguas.
1.  El procedimiento previsto en la presente ley para la autorización de los vertidos 
realizados por las actividades contempladas en los Anexos I.A y I.B al dominio público 
hidráulico de las cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco y los 
vertidos de tierra al mar no modifica el régimen económico financiero previsto por la 
legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Agencia Vasca del Agua-Ura en materia 
de  protección  del  dominio  público  hidráulico.  En  particular,  no  se  alteran  las 
competencias relativas a a vigilancia e inspección, ni la potestad sancionadora.
2.  La Agencia Vasca del Agua-Ura liquidará el canon de control de vertidos de 
acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la 
autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de la 
agencia por el órgano autonómico competente para otorgarla.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 
del Territorio del País Vasco.
Se modifica la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País  e
Vasco, del modo siguiente: bo
OrdeI.n aScieó na ñdaedl eTe urrnit osreiog udnedl oP apíásr rVaafosc aol,  acrotníc ulalo s i3g udieen ltae  Lreedy a4c/c1i9ó9n0:, de 31 de mayo, de  2022-951n https://w
párr«aAfos iamnitsemrioor,  ase f inp odder áp raoccoerddearr  ala l as udsepcelanrsaiócnió nd edle p plarnoeyeacmtoiesn dtoe  sinetñearélasd op úebnli ceol   BOE-A-cable e
superior, de conformidad con el procedimiento y requisitos establecidos en los 
artículos  siguientes,  con  la  finalidad  de  introducir  en  dicha  planificación  las 
infraestructuras, dotaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social 
medioambiental para la Comunidad Autónoma del País Vasco, en garantía de su 
ejecución.»
II.  Se añade un nuevo artículo 3 bis a la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 
del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis.  Declaración de proyectos de interés público superior.
1.  Corresponde  al  Gobierno  Vasco,  a  propuesta  del  departamento 
competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco, la aprobación de 
los  proyectos  de  interés  público  superior.  La  declaración  de  interés  público 
superior se justificará en el procedimiento de aprobación de los proyectos por el 
interés general concurrente en la consecución de los fines de la Ley 10/2021, de 9 
de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
2.  Los proyectos de interés público superior deberán ser promovidos por la 
iniciativa pública, comprendiendo en ella las entidades, sean de naturaleza pública 
o privada, integradas en el sector público.
3.  La declaración de interés público superior, dado el excepcional interés 
general que conlleva, habilita para la integración del proyecto en el planeamiento y 
para su desarrollo y ejecución, y, en consecuencia:
a)  Comprenderá todas las obras correspondientes a la ejecución del proyecto 
objeto de la declaración.
b)  Implicará la modificación directa de los planes de ordenación del territorio 
cuando  sus  determinaciones  supongan  una  alteración  de  dichos  planes, 
integrando en su contenido la infraestructura objeto de la declaración.
c)  Sin perjuicio de sus efectos directos, como contenido de la ordenación 
territorial,  sus  determinaciones  vincularán  directamente  al  planeamiento  del 
municipio o municipios afectados, al que deberán incorporar las infraestructuras 
así declaradas.
4.  Los  proyectos  de  interés  público  superior  podrán  desarrollarse  en 
cualquier clase de suelo, con excepción del suelo no urbanizable de especial 
protección.»
III.  Se  añade  un  nuevo  artículo  3  ter  a  la  Ley  4/1990,  de  31  de  mayo,  de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 ter.  Otros efectos.
1.  La aprobación de los proyectos de interés público superior comportará la 
declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social  y  la  necesidad  de  urgente 
ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para la ejecución del 
proyecto, incluidos los enlaces y conexiones con las redes de infraestructura 
previstas en los planes de ordenación urbanística o en la planificación sectorial, en 
su caso, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación 
de servidumbres. s
2.  La aprobación de los proyectos de interés público superior determinará la  o
sujeción de sus promotoras o promotores y de las personas propietarias de los  w.
tueerqrburaeivnnaíoslseti ncatale ,r,  éagsl iimmemeennpo rdese ,  adqle uprelea cnhedoaesmf iynie adnnet ob esururebssa  nudírsbetaitcenorím sptiirnceoacscis ioroen egenus l acadcdooa ne  cna llsaao  l.epgriselcaicsiióónn   2022-951n https://w
3.  Las licencias y otras autorizaciones que fueran exigibles a las obras y 
actividades derivadas de la ejecución de los proyectos de interés público superior 
se  tramitarán  por  los  procedimientos  de  urgencia  que  prevea  la  legislación 
aplicable, o, en su defecto, con aplicación de criterios de prioridad y urgencia y, en 
concreto, la realización de los trámites ambientales exigibles.
4.  La ejecución de los proyectos de interés público superior se comprenderá 
en la excepción de los actos de control preventivo municipal establecida en la 
disposición adicional quinta de la presente ley.
5.  Las obras y actividades derivadas de la ejecución de los proyectos de 
interés público superior estarán sometidas a los procedimientos de evaluación de 
impacto  ambiental  regulados  en  la  Ley  10/2021,  de  9  de  diciembre,  de 
Administración Ambiental de Euskadi.»
IV.  Se añade un nuevo artículo 3 quater a la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 quater.  Determinaciones y documentación.
1.  Los proyectos de interés público superior contendrán los documentos que 
reflejen adecuadamente las siguientes determinaciones:
a)  Identificación  y  justificación  de  la  necesidad  de  su  objeto  y  de  su 
adecuación a los principios y fines de la actuación pública con relación al territorio.
b)  Identificación  de  la  Administración  o  entidad  pública  promotora  del 
proyecto.
c)  Justificación de su interés público superior, utilidad pública e interés social.
d)  Localización de las obras, delimitación de su ámbito y descripción de los 
terrenos en él comprendidos, en todos sus aspectos; comprensiva del término o 
términos municipales en que se sitúen y de sus características, tanto físicas como 
jurídicas.
e)  Descripción  y  características  técnicas  del  proyecto  y  del  impacto 
medioambiental y socioeconómico de su ejecución.
f)  Estudio paisajístico de los terrenos objeto del proyecto y de su entorno. 
Afección y propuestas de mitigación o corrección.
g)  Estudio de la adecuación del proyecto a los instrumentos de ordenación 
del territorio y de planeamiento urbanístico en vigor que le afecten e identificación 
de las determinaciones de estos que hayan de modificarse.
h)  Plazos de inicio y de ejecución de las obras y supuestos de caducidad.
i)  Estudio económico financiero justificativo de su viabilidad.
j)  Previsiones que resulten de los estudios de carácter técnico que sean 
exigibles.
2.  Reglamentariamente podrán determinarse requerimientos específicos para 
los  proyectos  de  interés  público  superior  en  función  de  su  naturaleza  y 
características.
3.  Los  proyectos  de  interés  público  superior  se  estructurarán  en  los 
siguientes documentos:
a)  Memoria descriptiva y justificativa.
b)  Planos a escala adecuada. El plano de la localización de las obras vendrá  e.e
georreferenciado. b
c)  Proyectos técnicos necesarios para la total definición de las obras.» w
V.  Se añade un nuevo artículo 3 quinquies a la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 quinquies.  Elaboración y aprobación.
1.  Los  proyectos  de  interés  público  superior  serán  tramitados  por  el 
departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco.
2.  La elaboración y aprobación de los proyectos de interés público superior 
seguirá los siguientes pasos:
a)  Presentación  de  la  solicitud  de  declaración  por  la  entidad  del  sector 
público  promotora  para  su  tramitación  y  aprobación  ante  el  departamento 
competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco, acompañada de la 
documentación especificada en el artículo anterior y de la que, en su caso, se 
establezca reglamentariamente.
b)  Aprobación  inicial  por  la  persona  que  ostente  la  titularidad  del 
departamento competente en materia de medio ambiente.
c)  Sometimiento a información pública e informe de los municipios afectados 
por plazo de dos meses. Previamente a abrir el período de información pública, 
debe estar publicado el expediente y la documentación anexa del proyecto de 
interés público superior en el portal de transparencia del Gobierno Vasco.
d)  Valoración de las alegaciones e informes recibidos por el departamento 
competente  en  materia  de  medio  ambiente,  introduciendo,  en  su  caso,  las 
rectificaciones estimadas procedentes.
e)  Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que 
será vinculante en relación con su adecuación a los principios y fines de la 
actuación pública con relación al territorio, estudio paisajístico de los terrenos y de 
su entorno y adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
en vigor que resulten afectados, e identificación de las determinaciones de estos 
que hayan de modificarse.
f)  Declaración del interés público superior del proyecto y aprobación definitiva 
por el Consejo de Gobierno Vasco.
g)  Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
3.  El acuerdo de aprobación, entre otros extremos, expresará:
a)  El  objeto  del  proyecto  de  interés  público  superior,  el  alcance  de  la 
declaración de interés público superior, las condiciones para su desarrollo y las 
obligaciones que deberá asumir la entidad pública promotora.
b)  La entidad del sector público encargada de la ejecución del proyecto.
c)  Acuerdo  de  redacción  de  la  modificación  del  planeamiento  territorial 
precisado de adaptación como consecuencia de la aprobación del proyecto de 
interés público superior.
d)  El plazo para la modificación del planeamiento urbanístico precisado de 
adaptación.»
VI.  Se añade un nuevo artículo 3 sexies a la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 sexies.  Concesión, revisión, modificación y caducidad. e
1.  El departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno  w.
pVardaoesycceouc atdocei óbdnee r dáine t releora éelsizj eapcrúu betalli dcsooe  gasuu lipome eiresiontarto by ld eeecvli dadoceu seaanrr,  rdaoic llshouo d  fpeinr olaaylsiez acotcboiró.a nDs, i cdinhefoo e rimnjefceou rmscoieób nrse ed reláal    2022-951n https://w
publicado en el portal de transparencia del Gobierno Vasco.
2.  Los proyectos de interés público superior podrán ejecutarse a través de 
concesión, de conformidad con la legislación de contratación del sector público.
3.  La revisión y modificación de los proyectos de interés público superior se 
ajustarán al procedimiento establecido para su aprobación; no obstante, para las 
modificaciones,  el  periodo  de  información  pública  y  audiencia  a  las 
administraciones públicas será de un mes.»
VII.  Se añade un nuevo artículo 3 septies a la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 septies.  Caducidad.
1.  Darán lugar a la caducidad de la declaración de los proyectos de interés 
público superior los siguientes supuestos:
a)  El transcurso de dos años desde su aprobación definitiva sin que se 
hubiera  iniciado  su  ejecución  o  cuando  iniciada  esta  se  interrumpiera,  sin  la 
concurrencia justificada de causa mayor, durante más de dos años.
b)  La imposibilidad sobrevenida e imprevisible de cumplir las previsiones 
contenidas en el proyecto.
c)  La modificación sustancial de las condiciones que motivaron la ejecución 
del proyecto.
La caducidad se declarará por decreto del Consejo del Gobierno Vasco, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrirse según las 
normas que sean de aplicación.
2.  Una vez producida la caducidad del proyecto:
a)  Los terrenos afectados recuperarán, a todos los efectos, la clasificación y la 
calificación urbanística que tuvieran con anterioridad a la aprobación del proyecto.
b)  La entidad del sector público responsable de su ejecución deberá realizar 
los trabajos precisos para reponer los terrenos al estado que tuvieran antes del 
comienzo de dicha ejecución.
c)  Las  personas  titulares  de  los  terrenos  que  hubieran  sido  objeto  de 
expropiación podrán solicitar su reversión de acuerdo con los requisitos y el 
procedimiento previstos en la legislación general reguladora de la expropiación 
forzosa.»
Disposición  final  sexta.  Modificación  de  la  Ley  4/2019,  de  21  de  febrero,  de 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
Se modifica la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 
Comunidad Autónoma Vasca, del modo siguiente:
I.  Se modifica el apartado tercero del artículo 17, del modo siguiente:
Donde dice:
«3.  Cada Administración pública vasca deberá lograr para el año 2030 que, en el 
conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías  s
renovables suficientes para abastecer el 32 % del consumo de la citada Administración,  oe.
incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.» w.
Dedbiere dc«et3ac.m ir:eCnated ao  Apdomr isnuis tpraacrtióicnip apcúibólnic ae nv aesnctaid addeebse rdáe ddiicsapdoanse r ap alar ap reol dauñcoc ió2n0 3d0e,   OE-A-2022-95able en https://
energía, de instalaciones próximas de aprovechamiento de energías renovables
suficientes para producir energía equivalente al 32 % del consumo anual de la 
citada  Administración,  incluyendo  sistemas  tanto  de  aprovechamiento  térmico 
como de generación eléctrica.»
II.  Se modifica el apartado primero del artículo 19 del modo siguiente:
Donde dice:
«1.  A fin de conocer, controlar y reducir los consumos energéticos de los 
edificios,  todos  los  edificios  existentes  de  titularidad  de  las  administraciones 
públicas vascas deberán contar con su correspondiente certificación energética de 
edificios  debidamente  inscrita  en  el  Registro  de  Certificados  de  Eficiencia 
Energética del País Vasco, en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de 
esta ley.»
Debe decir:
«1.  A fin de conocer, controlar y reducir los consumos energéticos de los 
edificios,  todos  los  edificios  existentes  de  titularidad  de  las  administraciones 
públicas vascas deberán contar con su correspondiente certificación energética de 
edificios  debidamente  inscrita  en  el  Registro  de  Certificados  de  Eficiencia 
Energética del País Vasco, con anterioridad al 21 de diciembre de 2022.
Se excluyen de esta obligación los edificios o partes de edificios aislados con 
una superficie útil total inferior a 50 m2 y los edificios enunciados en el artículo 2.3 
del Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética 
de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de 
control y registro.»
Disposición  final  séptima.  Modificación  de  la  Ley  4/2015,  de  25  de  junio,  para  la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Se modifica la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, del modo siguiente:
Se añaden dos apartados al artículo 49 de la ley, con la siguiente redacción:
«3.  La acreditación permanecerá vigente de forma indefinida en tanto se 
mantengan  las  condiciones  en  que  fue  otorgada.  La  modificación  de  dichas 
condiciones  podrá  conllevar,  a  su  vez,  la  modificación  o  revocación  de  la 
acreditación.
Asimismo,  la  acreditación  otorgada  podrá  ser  modificada  o,  en  su  caso, 
revocada, como consecuencia del establecimiento de nuevos requisitos que deban 
cumplir las entidades acreditadas en los términos y plazos que se fijen en la 
normativa que se apruebe.
4.  Las  entidades  acreditadas  deberán  remitir  bienalmente  al  órgano 
ambiental la siguiente información:
a)  Un informe que contenga las actuaciones realizadas en relación con el 
ámbito de la acreditación otorgada.
b)  Una  memoria  detallada  que  relacione  las  actividades  realizadas  en 
materia de formación de personal, mejoras en la gestión y cualquier otra referente  es
tanto a la organización de la entidad como a la de sus actividades exteriores, así  bo
como sugerencias de cambio para mejorar la eficacia de sus actuaciones. w
que Lcao rrreemspisoiónnd ad.»e la información deberá realizarse antes del 31 de mayo del año
Disposición final octava.  Habilitación normativa para adecuar los anexos.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que, mediante decreto y a solicitud del 
departamento competente en materia de medio ambiente, pueda modificar los anexos de 
esta ley con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable y a los requerimientos 
medioambientales o de carácter técnico que en su caso sean necesarios.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los cuatro meses de su completa publicación en el 
«Boletín Oficial del País Vasco».
Por  consiguiente,  ordeno  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Euskadi, 
particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2021.–El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria.
(Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 262, de 31 de diciembre de 2021)
ANEXOS
ANEXO I.A
Instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada
1.  Instalaciones de combustión.
1.1  Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW:
a)  Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en 
régimen especial en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos 
o biomasa.
b)  Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro 
equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su 
actividad principal.
1.2  Refinerías de petróleo y gas:
a)  Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
b)  Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y 
gases licuados del petróleo.
1.3  Coquerías.
1.4  Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
a)  Carbón.
b)  Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal 
igual o superior a 20 MW.
2.  Producción y transformación de metales.
2.1  Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el 
mineral sulfuroso.
2.2  Instalaciones  para  la  producción  de  fundición  o  de  aceros  brutos  (fusión 
primaria  o  secundaria),  incluidas  las  correspondientes  instalaciones  de  fundición 
continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
2.3  Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a)  Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto 
por hora.
b)  Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por 
martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c)  Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de dos toneladas de acero bruto por hora.
2.4  Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más 
de 20 toneladas por día.
2.5  Instalaciones:
a)  Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de  e
concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos,  bo
químicos o electrolíticos. w
cpmureoatdtabruol)ec  stot,Po spna oerdarle a d dlíraaae .sc fuuppsaeiórraan c eidóle n p ymlo meottoaro lesys   penrlo occ eafsedormrsoi osc ooosn,   2uin0nc altu ocsnaievpelaa dcliaad sa adpl eadareca i ófutnos,d ióoanss  íd loecs o mmdáeosm  ldáoess    OE-A-2022-95able en https://
2.6  Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos 
por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las 
líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.
3.  Industrias minerales.
3.1  Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
a)  i)  Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción 
superior a 500 toneladas diarias.
ii)  Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción 
superior  a  500  toneladas  diarias,  o  en  hornos  de  otro  tipo  con  una  capacidad  de 
producción superior a 50 toneladas por día.
b)  Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas diarias.
c)  Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción 
superior a 50 toneladas diarias.
3.2  Sin contenido.
3.3  Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
3.4  Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación 
de fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
3.5  Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 
en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno.
4.  Industrias químicas.
A efectos de la presente sección y de la descripción de las categorías de actividades 
incluidas en la misma, fabricación significa la fabricación a escala industrial, mediante 
transformación  química  o  biológica,  de  los  productos  o  grupos  de  productos 
mencionados del punto 4.1 al 4.6.
4.1  Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en 
particular:
a)  Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).
b)  Hidrocarburos  oxigenados,  tales  como  alcoholes,  aldehídos,  cetonas,  ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c)  Hidrocarburos sulfurados.
d)  Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e)  Hidrocarburos fosforados.
f)  Hidrocarburos halogenados.
g)  Compuestos orgánicos metálicos.
h)  Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i)  Cauchos sintéticos. e.
j)  Colorantes y pigmentos. w.b
k)  Tensioactivos y agentes de superficie. 1w
4.2  Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos 
como:
a)  Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o 
floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b)  Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, 
el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los 
ácidos sulfurados.
c)  Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.
d)  Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico 
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e)  No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo 
de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
4.3  Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de 
nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.4  Instalaciones  químicas  para  la  fabricación  de  productos  fitosanitarios  o  de 
biocidas, sea o no esta su actividad principal, e independientemente de cualquiera que 
sea la materia prima de partida o el proceso seguido, cuando impliquen transformación 
química o biológica.
4.5  Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la 
fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.
4.6  Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
5.  Gestión de residuos.
5.1  Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una 
capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes 
actividades:
a)  Tratamiento biológico;
b)  Tratamiento físico-químico;
c)  Combinación  o  mezcla  previas  a  las  operaciones  mencionadas  en  los 
apartados 5.1 y 5.2;
d)  Reenvasado  previo  a  cualquiera  de  las  operaciones  mencionadas  en  los 
apartados 5.1 y 5.2;
e)  Recuperación o regeneración de disolventes;
f)  Reciclado  o  recuperación  de  materias  inorgánicas  que  no  sean  metales  o 
compuestos metálicos;
g)  Regeneración de ácidos o de bases;
h)  Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i)  Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j)  Regeneración o reutilización de aceites;
k)  Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 
estanques o lagunas, etcétera).
5.2  Instalaciones  para  la  valorización  o  eliminación  de  residuos  en  plantas  de 
incineración o coincineración de residuos: es
a)  Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por  w.
hora; 1w
b)  Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
capa5c.3id adIn sdtea lamcáiosn dees  5p0a rtao nelala dealism pinoarc dióína , dqeu e loinsc lureysaind uuonsa  noo m  páes lidgero slaoss  sicgounie nutneas 
actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas:
a)  Tratamiento biológico;
b)  Tratamiento físico-químico;
c)  Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d)  Tratamiento de escorias y cenizas;
e)  Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos 
y electrónicos, vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
5.4  Valorización,  o  una  mezcla  de  valorización  y  eliminación,  de  residuos  no 
peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de 
las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas:
a)  Tratamiento biológico.
b)  Tratamiento previo a la incineración o coincineración.
c)  Tratamiento de escorias y cenizas.
d)  Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos 
y electrónicos, vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
e)  Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la 
instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad 
serán de 100 toneladas al día.
5.5  Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o 
que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con exclusión de los 
vertederos de residuos inertes.
5.6  Almacenamiento  temporal  de  los  residuos  peligrosos  no  incluidos  en 
el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en 
el apartado 5.1, 5.2 y 5.5, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo 
el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es 
generado.
5.7  Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total 
superior a 50 toneladas.
6.  Industria derivada de la madera.
6.1  Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:
a)  Pasta de papel, a partir de madera o de otras materias fibrosas;
b)  Papel o cartón, con una capacidad de producción de más de 20 toneladas 
diarias.
6.2  Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción 
superior a 20 toneladas diarias.
6.3  Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los 
siguientes tableros derivados de la madera, con una capacidad de producción superior 
a  600  m3  diarios:  tableros  de  virutas  de  madera  orientadas,  tableros  aglomerados, 
tableros de cartón comprimido o tableros de fibras.
7.  Industria textil. bo
mtraetra7cme.1rie iznaItncois óstnau)lpa ecori oepn laaerssa   1pe0al  trotainn eteella  ddtraeas t fadibmiaraireisan stoo.  pprroedvuioc to(osp teerxatcilieosn ecsu adned ola lvaa dcoa,p abclaidnaqdu edoe,   2022-951n https://w
8.  Industria del cuero.
8.1  Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
9.  Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
9.1  Instalaciones para:
a)  Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas 
al día.
b)  Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes 
materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de:
i)  Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados superior a 75 toneladas al día;
ii)  Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados 
superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera;
iii)  solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados 
como  por  separado,  con  una  capacidad  de  producción  de  productos  acabados  en 
toneladas por día superior a:
– 75 si «A» es igual o superior a 10, o.
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia 
animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo 
leche.
c)  Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche 
recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
9.2  Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos 
de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas al día.
9.3  Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que 
dispongan de más de:
a)  40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en 
excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.
b)  2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
c)  750 plazas para cerdas reproductoras.
10.  Consumo de disolventes orgánicos.
10.1  Instalaciones  para  tratamiento  de  superficie  de  materiales,  de  objetos  o 
productos  con  utilización  de  disolventes  orgánicos,  en  particular  para  aprestarlos, 
estamparlos,  revestirlos  y  desengrasarlos,  impermeabilizarlos,  pegarlos,  enlacarlos, 
limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de 
más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas al año. e.e
11.  Industria del carbono. ww.
com1b1u.s1t iónIn ost aglraacfiitoanceiósn .para  fabricación  de  carbono  sinterizado  o  electrografito  por
12.  Industria de conservación de la madera.
12.1  Conservación  de  la  madera  y  de  los  productos  derivados  de  la  madera 
utilizando  productos  químicos,  con  una  capacidad  de  producción  superior  a  75  m3 
diarios.  Se  excluye  el  tratamiento  para  combatir  las  alteraciones  cromógenas 
exclusivamente.
13.  Tratamiento de aguas.
13.1  Tratamiento  independiente  de  aguas  residuales,  no  contemplado  en  la 
legislación sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada 
en el presente anexo.
14.  Captura de CO .
2
14.1  Captura  de  flujos  de  CO   procedentes  de  instalaciones  incluidas  en  el 
2
presente anexo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, 
de 29 de diciembre, de Almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
ANEXO I.B
Actividades e instalaciones sometidas a autorización ambiental única
Siempre que se trate de actividades no incluidas en el apartado A de este Anexo I, se 
someterán a autorización ambiental única, las siguientes actividades e instalaciones:
1.  Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos 
peligrosos.
2.  Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos no 
peligrosos.
3.  Actividades  o  instalaciones  sujetas  a  autorización  como  potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera.
4.  Actividades o instalaciones que generen gases de efecto invernadero y que de 
conformidad con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, deberá contar con 
autorización de emisión.
5.  Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y 
expresa de la Agencia Vasca del Agua/URA por realizar vertidos industriales de clase 3 
(*) directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líquidos, sólidos o de 
cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio 
público hidráulico o marítimo-terrestre.
6.  Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y 
expresa del organismo de cuenca por realizar vertidos industriales de clase 3 (*) directos 
o  indirectos  de  aguas  y  de  productos  residuales,  líquidos,  sólidos  o  de  cualquier 
naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico.
(*) Según Anexo IV (Cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos) 
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el  s
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. e.
7.  Estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales  con  una  capacidad  superior  a  w
lsAoauslt uó18dn0.  o0dm.e0O a0lat r0sda  hesp ale bParsiactoatíisnnv atiVdesaas.-sdeceqosu,  ipvqauuleeedn, atenas  t.ecnrieter reiofe cdtoesl  aónrgáalongoo sa smobbireen etal l mdeed iol aa mCboiemnuten idy alad   OE-A-2022-95able en https://
ANEXO I.C
Actividades e instalaciones sometidas a licencia de actividad clasificada
Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A y B de este 
Anexo  I,  se  someterán  a  licencia  municipal  de  actividad  clasificada  las  siguientes 
actividades e instalaciones:
1.  Actividades extractivas.
2.  Instalaciones nucleares y radiactivas.
3.  Instalaciones productoras de energía eléctrica, incluyendo las instalaciones de 
captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica, con una potencia 
instalada superior a 100 kW.
Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos 
urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.
4.  Industrias en general.
5.  Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o 
pintado a pistola y similares.
6.  Talleres y obradores varios (mantenimiento y reparación de vehículos a motor y 
similares,  carpinterías,  caldererías,  montaje,  mecanización,  obradores  de  panadería, 
pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, 
excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y la superficie 
específicamente destinada a la producción supere los 300 m2.
7.  Actividades  o  instalaciones  de  almacenamiento,  comercio  y  exposición  que 
dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables 
en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, 
y 1.000 kg en el resto de suelos.
8.  Estaciones  de  servicio  y  parque  de  suministro,  instalación  distribuidora  o 
instalación análoga de combustibles líquidos o gaseosos.
9.  Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas 
en cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros.
10.  Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya 
ejecución se prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a 
obras de infraestructura lineal.
11.  Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua 
potable.
12.  Piscifactorías.
13.  Mataderos.
14.  Los establecimientos destinados a salas de fiestas, discotecas, discotecas de 
juventud, disco-bares, karaokes, bares especiales, pubs o similares, así como las plazas 
de toros permanentes.
15.  Otros  establecimientos  de  espectáculos  públicos  o  actividades  recreativas, 
siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:
– Disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.
– Disponer de algún recinto catalogado de riesgo especial alto de acuerdo con la 
normativa técnica en vigor.
– Que se trate de edificios de valor cultural cuyas características arquitectónicas no 
permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con carácter  s
general. e.
– Que se trate de establecimientos de régimen especial conforme a la normativa de  w.
espectáculos y actividades recreativas. 1w
16.  Centros de culto con una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.
de g1a7n. adEox mploatyaocri)o on eesx gpalontaacdieornaess  ye cqourirvaalleesn tdeosm séesgtúicno sla ds ep mroápso rdceio n2e0s U qGuMe  s(eu niniddaicdaens 
en el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que
lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior 
a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo 
urbano industrial.
18.  Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de 
más de 4 UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre 
que todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial.
19.  Otras actividades que, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, puedan 
tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud.
ANEXO I.D
Actividades e instalaciones sometidas a comunicación previa de actividad 
clasificada
Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A, B y C de este 
Anexo I, se someterán a comunicación previa de actividad clasificada las siguientes 
actividades e instalaciones:
1.  Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y 
transformación de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada 
superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW.
Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos 
urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.
2.  Talleres y obradores varios (mantenimiento y reparación de vehículos a motor y 
similares,  carpinterías,  caldererías,  montaje,  mecanización,  obradores  de  panadería, 
pastelería, catering...), salvo los incluidos en los puntos 5 y 6 del Anexo I.C.
3.  Actividades  o  instalaciones  de  almacenamiento,  comercio  y  exposición  de 
productos y materiales no incluidas en el punto 7 del anexo anterior.
4.  Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no 
superen los 50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una 
estación de servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga.
5.  Guarderías de vehículos cuya superficie construida supere los 100 m2.
6.  Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, 
centros sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros 
de seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias.
7.  Hoteles, pensiones, albergues, casas de agroturismo, residencias comunitarias, 
residencias de personas mayores y establecimientos similares.
8.  Establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas que no se 
encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada.
9.  Centros de culto que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada.
10.  Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en el 
anexo en el que se prevén las instalaciones y actividades sujetas a licencia municipal de 
actividad clasificada.
11.  Centros de transformación.
12.  Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, 
bancos de datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y 
estaciones base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o informático de la 
información,  estaciones  radiotelefónicas  y  radiotelegráficas,  emisoras  de  radio  y 
televisión y centrales de control de alarmas) y similares. es
13.  Instalaciones complementarias: bo
111333...123    SIInnasslttaaasllaa dcceiioo cnnaeelssd  eddreea  sac.áirme aarcaosn fdriicgioornífaicdaos.. 2022-951n https://w
13.4  Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e 
instalaciones  de  rayos  X  con  fines  de  diagnóstico  médico,  de  acuerdo  con  la 
reglamentación que resulte de aplicación.
14.  Cementerios y tanatorios sin crematorio.
15.  Rellenos de tierras y rocas con una capacidad de hasta 500.000 m3 cuya 
ejecución se prolongue por un tiempo inferior a un año, excepto aquellos vinculados a 
obras de infraestructura lineal.
16.  Otras actividades que puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio 
ambiente.
ANEXO I.E
Criterios para la consideración de una modificación de una actividad o instalación 
como sustancial
1.  Cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de 
capacidad establecidos, cuando estos existan, en el Anexo I.A, o si ha de ser sometida al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa 
sobre esta materia.
2.  Un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción de la instalación 
en unidades de producto.
3.  Un incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de 
agua, materias primas o energía.
4.  Un incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los 
contaminantes atmosféricos que figuren en la autorización o del total de las emisiones 
atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores, así como la introducción de 
nuevos contaminantes en cantidades significativas.
5.  Un  incremento  de  la  emisión  másica  o  de  la  concentración  de  vertidos,  al 
dominio público hidráulico, de cualquiera de los contaminantes o del caudal de vertido 
que figure en la autorización, así como la introducción de nuevos contaminantes en 
cantidades significativas.
6.  Un  incremento  de  la  emisión  másica  superior  al  25  %  o  del  25  %  de  la 
concentración de vertidos de cualquiera de las sustancias prioritarias de acuerdo con la 
normativa de aguas o del 25 % del caudal de vertido que figure en la autorización, así 
como la introducción de nuevas sustancias prioritarias de acuerdo con la normativa de 
aguas, cuando su destino no es el dominio público hidráulico.
7.  La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos 
en la autorización original, o el incremento de los mismos, que obliguen a elaborar el 
informe  de  seguridad  o  los  planes  de  emergencia  regulados  en  el  Real 
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan  sustancias 
peligrosas, así como el incremento de aquellos en cualquier cantidad para su uso 
habitual y continuado en el proceso productivo, cuando estén sujetos a convenios o 
acuerdos internacionales para su disminución o eliminación.
8.  Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas 
al  año  siempre  que  se  produzca  una  modificación  estructural  del  proceso  y  un 
incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre 
la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada. es
9.  Un  incremento  en  la  generación  de  residuos  no  peligrosos  de  más  de  50  bo
toneladas al año, siempre que represente más del 50 % de residuos no peligrosos,  w
cirneocsinliud1ciu0dino.o essr  aaElcoul istóo cnrrai ezdmsaeiddb rauieo.os side uinno esre tdel esd,f uiccnaacdlicoaun lúaandmiociesa nmstoeo nbtrdeee  a lal ut rcnaaatan mtiidnieasndtat olma dcáeióx inrme sadi dedu eo sinp ncroiond epurecalcicgiióórnon s dooes    OE-A-2022-95able en https://
que la transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de 
residuos peligrosos.
11.  Una modificación en el punto de vertido que implique un cambio en la masa de 
agua superficial o subterránea a la que fue autorizado.
ANEXO II.A
Planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria
Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes planes 
y programas y sus revisiones que se adopten o aprueben por una Administración pública 
y cuya elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria 
o por acuerdo del Consejo de Gobierno:
1.  Directrices de ordenación del territorio.
2.  Planes territoriales parciales.
3.  Planes territoriales sectoriales.
4.  Planes generales de ordenación urbana.
5.  Planes de sectorización.
6.  Otros planes y programas cuando sean el marco para la autorización en el futuro 
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la 
agricultura,  ganadería,  silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,  minería,  industria, 
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio 
público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 
ordenación del territorio urbano y rural o al uso del suelo.
7.  Otros planes y programas cuando, de forma directa o indirecta, solos o en 
combinación  con  otros  planes,  programas  o  proyectos,  puedan  afectar  de  forma 
apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección 
de  conformidad  con  la  normativa  de  conservación  del  patrimonio  natural.  No  será 
necesaria  la  evaluación  ambiental  de  los  planes  y  programas  que  únicamente 
establezcan disposiciones para la gestión del lugar, salvo que se encuentren en alguno 
de los demás supuestos de este Anexo II.A.
8.  Otros planes y programas recogidos en el Anexo II.B, cuando así lo decida el 
órgano ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada, o bien a solicitud del promotor o de la promotora.
9.  Las  revisiones  y  modificaciones  de  cualquier  plan  o  programa,  cuando 
constituyan el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos 
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a alguna de las materias recogidas en el 
apartado 6 de este anexo, o bien, cuando puedan afectar de forma apreciable a alguno 
de los espacios recogidos en el apartado 7 de este anexo, en los términos especificados 
en dicho apartado.
ANEXO II.B
Planes y programas que deben someterse al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada
Serán objeto de una evaluación ambiental simplificada, al objeto de determinar si  s
pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los siguientes planes y  e.
programas  que  se  adopten  o  aprueben  por  una  Administración  pública  y  cuya  w.
elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por  1w
acuerdo del Consejo de Gobierno:
de z1o.n aLs odse p rleadnuecsi dya p eroxtgernasmióans. del Anexo II.A que establezcan el uso, a nivel municipal,
2.  Las modificaciones de los planes y programas del Anexo II.A que sean de 
carácter menor, conforme a la definición de modificaciones menores del Anexo II.G.
3.  Los planes y programas que, estableciendo el marco para la autorización en el 
futuro  de  proyectos,  no  cumplan  los  demás  requisitos  de  los  apartados  6  y  7  del 
Anexo II.A.
ANEXO II.C
Criterios para determinar cuándo un plan o programa sometido a evaluación 
ambiental estratégica simplificada debe someterse a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria
1.  Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a)  La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.
b)  La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 
incluidos los que estén jerarquizados.
c)  La  pertinencia  del  plan  o  programa  para  la  integración  de  consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d)  Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e)  La  pertinencia  del  plan  o  programa  para  la  implantación  de  la  legislación 
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o 
programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos 
hídricos.
2.  Las  características  de  los  efectos  y  del  área  probablemente  afectada, 
considerando en particular:
a)  La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b)  El carácter acumulativo de los efectos.
c)  El carácter transfronterizo de los efectos.
d)  Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 
accidentes).
e)  La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas).
f)  El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.  Las características naturales especiales.
2.  Los efectos en el patrimonio cultural.
3.  La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.  La explotación intensiva del suelo.
5.  Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
ANEXO II.D
Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria es
Serán  objeto  de  una  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  los  siguientes  w.
proy1e.c toLso:s proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los  2022-951n https://w
fgrraucpcoiosn qaudeo sfo, rmalacna npcaernte  dloes  esutme bArnaelexso  IrI.eDc,o agsidí ocso meon  lodsi cphroosy ecatpoas rqtaudeo, se nmcoendtiraánntdeo slea 
acumulación  de  las  magnitudes  o  dimensiones  de  cada  uno  de  los  proyectos 
considerados individualmente.
2.  Los proyectos que se ajusten a las especificaciones recogidas en los grupos de 
este Anexo II.D cuando sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos y cuya utilización esté prevista para un plazo igual o 
superior a dos años.
3.  Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado, ejecutado o en 
proceso de ejecución cuando, por sí sola o por acumulación con otras modificaciones del 
mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los grupos de este 
Anexo II.D.
4.  Otros proyectos recogidos en el Anexo II.E, cuando así lo decida el órgano 
ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, o bien a solicitud del promotor o de la promotora.
Grupo D1.  Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
1.a)  Proyectos  para  destinar  áreas  naturales  o  seminaturales  a  la  explotación 
agrícola  o  aprovechamiento  forestal  maderero  que  impliquen  la  ocupación  de  una 
superficie igual o superior a 25 hectáreas.
1.b)  Proyectos de transformación de áreas agrícolas o forestales, naturales o no, en 
explotaciones agrícolas de regadío que impliquen la ocupación de una superficie igual o 
superior a 50 hectáreas.
1.c)  Instalaciones  para  la  acuicultura  intensiva  que  tengan  una  capacidad  de 
producción igual o superior a 500 toneladas al año.
1.d)  Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas que 
igualen o superen la capacidad equivalente a 250 UGM, de acuerdo con la tabla de 
equivalencias recogida en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se 
establecen  las  normas  técnicas,  higiénico-sanitarias  y  medioambientales  de  las 
explotaciones ganaderas o que tengan las siguientes capacidades:
– 40.000 plazas para aves de corral.
– 300 emplazamientos para cerdas de cría.
– 300 plazas para ganado vacuno de leche en régimen intensivo o semintensivo.
1.e)  Proyectos  de  liberación  intencional  en  el  medio  ambiente  de  organismos 
genéticamente modificados, de conformidad con la Directiva 90/220/CEE.
Grupo D2.  Industria extractiva.
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 
necesarias  para  la  extracción,  tratamiento,  almacenamiento,  aprovechamiento  y 
transporte  del  mineral,  así  como  acopios  de  estériles,  balsas,  líneas  eléctricas, 
abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso.
2.a)  Explotaciones nuevas de yacimientos minerales y otros recursos geológicos y 
sus instalaciones.
2.b)  Instalaciones nuevas dedicadas a la extracción de turba.
2.c)  Ampliaciones de explotaciones existentes o que han tenido lugar en el pasado, 
cuando supongan una nueva ocupación de superficie de extracción en una extensión 
igual o superior a una hectárea. s
2.d)  Depósitos de productos intermedios o estériles procedentes de la extracción y  oe.
tratamiento de minerales metálicos. w.
2.e)  Instalaciones nuevas para la extracción de petróleo y gas natural. 1w
cuan2d.fo)  laA cmapnltiaidcaiodn dees  dpero edxupclcoiótanc iqounee ss uepxiosnteen ltae sa mo pqluiaec hióann  steean idigou alul goa rs eunp eerli opra as a5d0o0, 
toneladas por día en el caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso
del gas, o bien, cuando se realicen en medio marino, cualquiera que sea la cantidad de 
producción.
2.g)  Perforaciones  para  la  exploración  o  investigación  de  hidrocarburos, 
almacenamiento de CO , almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, 
2
que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.
Grupo D3.  Industria energética.
3.a)  Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de empresas que produzcan 
únicamente  lubricantes  a  partir  de  petróleo  bruto),  así  como  las  instalaciones  de 
gasificación  y  de  licuefacción  de  al  menos  500  toneladas  de  carbón  de  esquistos 
bituminosos al día.
3.b)  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 
de 50 MW o más.
3.c)  Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento 
o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de 
investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), 
cuya potencia máxima no supere 1 kW de duración permanente térmica).
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como 
tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear, y de los otros elementos 
radiactivamente  contaminados,  ha  sido  retirada  de  modo  definitivo  del  lugar  de  la 
instalación.
3.d)  Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
3.e)  Instalaciones diseñadas para:
1.  La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.  El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta 
radiactividad.
3.  El depósito final del combustible nuclear gastado.
4.  Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
5.  Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez 
años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto 
del de producción.
3.f)  Instalaciones para el transporte de petróleo y sus derivados, gas o productos 
químicos, con un diámetro igual o superior a 800 mm y una longitud igual o superior 
a 10 km contados de forma continua o discontinua y tuberías para el transporte de flujos 
de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones 
de bombeo asociadas; no se computarán los tramos situados en suelo urbano.
3.g)  Construcción de líneas de transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 100 KV, con una longitud igual o superior a 1 km, y sus subestaciones 
asociadas,  salvo  que  las  líneas  discurran  íntegramente  en  subterráneo  por  suelo 
urbanizado o por vías de comunicación existentes.
3.h)  Ampliación de las zonas de servidumbre de líneas aéreas para la transmisión 
de energía eléctrica que supongan la restricción para el desarrollo de la cubierta arbórea 
y/o arbustiva en un pasillo en torno a la línea, con una longitud igual o superior a 5 km, 
contados de forma continua o discontinua.
3.i)  Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos 
o químicos, con una capacidad igual o superior a 200.000 toneladas. s
3.j)  Parques eólicos que tengan 5 o más aerogeneradores con una potencia total  e.
igual o superior a 10 MW. Parques eólicos que se sitúen a menos de 2 km de otro  w.
parque  eólico,  siempre  que,  considerando  sus  magnitudes  conjuntas,  se  igualen  o  1w
seuópliceoresn l alos si nusmtablaraciloens easn dteerdioicreasd.a As  alo lsa  egfeencetoras cdióen e dseta e nleocrtmricai dsaed  cao npsairdteirr adreá nla  peanreqrugeías 
eólica,  a  través  de  un  conjunto  de  varios  aerogeneradores,  interconectados
eléctricamente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos 
y control, con medición de energía propia y con conexión a la red general.
3.k)  Instalaciones de energía fotovoltaica que conlleven una ocupación de terreno 
igual o superior a 15 hectáreas. Se entenderán incluidas las instalaciones de la misma o 
de  distintas  personas  titulares  que,  aun  ocupando  una  superficie  menor,  sean 
colindantes con otra instalación fotovoltaica, siempre que la superficie total ocupada por 
las distintas instalaciones sea igual o superior a 15 hectáreas.
Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos 
urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.
Grupo D4.  Industria metálica y del mineral.
4.a)  Instalaciones para la extracción de metales en bruto no ferrosos a partir de 
minerales,  de  concentrados  o  de  materias  primas  secundarias  mediante  procesos 
metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
4.b)  Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
4.c)  Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice 
alguna de las siguientes actividades:
1.  Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en 
bruto por hora.
2.  Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
3.  Aplicación  de  capas  protectoras  de  metal  fundido  con  una  capacidad  de 
tratamiento de más de dos toneladas de acero bruto por hora.
4.d)  Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más 
de 20 toneladas por día.
4.e)  Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, 
con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, 
restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de cuatro toneladas para 
el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
4.f)  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales 
plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las 
líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea igual o superior a 30 metros 
cúbicos.
4.g)  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos,  con 
capacidad igual o superior a 5.000 toneladas por año de mineral procesado.
4.h)  Nuevas instalaciones destinadas a la fabricación de cemento, cal y óxido de 
magnesio.
4.i)  Ampliación de las instalaciones destinadas a la fabricación de cemento por 
molienda que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 500 
toneladas diarias.
4.j)  Ampliación  de  las  instalaciones  destinadas  a  la  fabricación  de  clínker  que 
suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 500 toneladas 
diarias si se realiza en hornos rotatorios, o bien igual o superior a 50 toneladas diarias si 
se realiza en hornos de otro tipo.
4.k)  Ampliación de las instalaciones destinadas a la producción de cal que suponga 
un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 50 toneladas diarias.
4.l)  Ampliación  de  las  instalaciones  destinadas  a  la  producción  de  óxido  de  e.
magnesio que suponga un aumento de la capacidad de producción igual o superior a 50  w.
toneladas diarias. 1w
capa4c.mid)a d Idnes tfaulsaicóino nigeusa pl aor asu lpae fraiobrr iac a2c0ió tno ndeela vdiadsri oa,l  dinícal.uida la fibra de vidrio, con una
4.n)  Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción 
de fibras minerales, con una capacidad de fundición igual o superior a 20 toneladas 
al día.
4.o)  Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 
en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una 
capacidad de producción igual o superior a 75 toneladas por día y una capacidad de 
horneado igual o superior a cuatro metros cúbicos por horno, siempre que la densidad de 
carga por horno sea igual o superior a 300 kg por metro cúbico.
4.p)  Coquerías.
4.q)  Astilleros, exceptuando las instalaciones no incluidas en el sector de industria 
metálica.
Grupo D5.  Industria química, petroquímica, textil y papelera.
5.a)  Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias, mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:
1.  Productos químicos orgánicos:
i)  Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos).
ii)  Hidrocarburos  oxigenados,  tales  como  alcoholes,  aldehídos,  cetonas,  ácidos 
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
iii)  Hidrocarburos sulfurados.
iv)  Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
v)  Hidrocarburos fosforados.
vi)  Hidrocarburos halogenados.
vii)  Compuestos orgánicos metálicos.
viii)  Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
ix)  Cauchos sintéticos.
x)  Colorantes y pigmentos.
xi)  Tensioactivos y agentes de superficie.
2.  Productos químicos inorgánicos:
i)  Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o 
fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
ii)  Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos 
sulfurados.
iii)  Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.
iv)  Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico 
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
v)  No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo 
de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
3.  Fertilizantes  a  base  de  fósforo,  nitrógeno  o  potasio  (fertilizantes  simples  o  s
compuestos). oe.
4.  Productos fitosanitarios y de biocidas. w.
5.  Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico. 1w
6.  Productos explosivos.
blan5q.ube) o, Inmstearlcaecriioznaecsió np)a roa  peal rtara tealm  tieeñnitdoo  pdreev ifoib r(aosp eora cpiorondeusc ttoasle ste xctoilmeso  ceul alnadvaod ola, 
capacidad de tratamiento sea igual o superior a 10 toneladas diarias.
5.c)  Instalaciones  para  el  curtido  de  pieles  y  cueros  cuando  la  capacidad  de 
tratamiento sea igual o superior a 12 toneladas de productos acabados por día.
5.d)  Nuevas instalaciones industriales para la producción de pasta de papel, de 
papel y cartón y para la producción y tratamiento de celulosa.
5.e)  Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción de pasta de 
papel cuando supongan un aumento de la producción de cualquier magnitud.
5.f)  Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción de papel y cartón 
cuando supongan un aumento de la producción igual o superior a 200 toneladas diarias.
5.g)  Ampliaciones de instalaciones industriales para la producción y tratamiento de 
celulosa cuando supongan un aumento de la producción igual o superior a 20 toneladas 
diarias.
Grupo D6.  Proyectos de infraestructuras.
6.a)  Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo 
trazado.
6.b)  Variante de población y modificaciones de trazado, ensanchado o realineado 
de  autopistas,  autovías  y  carreteras  convencionales  en  una  longitud  continua  o 
discontinua superior a 3 km.
6.c)  Construcción de líneas de ferrocarril de largo recorrido.
6.d)  Variante de trazado, ensanchado o realineado de una línea de ferrocarril en 
una longitud continua o discontinua igual o superior a 10 km.
6.e)  Aeropuertos con pistas de despegue/aterrizaje de una longitud igual o superior 
a 2.100 metros; la evaluación se hará extensiva a sus accesos.
6.f)  Ampliaciones de aeropuertos, cuando supongan una ocupación del suelo de 
un 50 % o más de la superficie actual o siempre que igualen o superen la superficie de 5 
hectáreas.
6.g)  Puertos comerciales, pesqueros, vías navegables y puertos deportivos.
6.h)  Ampliaciones  de  puertos  que  supongan  una  ampliación  de  la  superficie 
abrigada de un 50 % o más de la superficie actual, o siempre que dicha ampliación sea 
igual o superior a 5 hectáreas.
6.i)  Ampliaciones  de  puertos  que  supongan  una  nueva  ocupación  del  dominio 
público marítimo-terrestre y/o de la zona de servidumbre de protección de una superficie 
igual o superior a 5 hectáreas en total.
6.j)  Ampliaciones  de  puertos  que  supongan  la  admisión  de  barcos  de  arqueo 
superior a 1.350 toneladas cuando antes no se admitían.
6.k)  Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con 
exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior 
a 1.350 toneladas, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la delimitación de 
los espacios y usos portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del texto refundido de 
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
6.l)  Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
sea igual o superior a los 500.000 metros cúbicos, incluyendo las tareas de extracción de 
arena.
6.m)  Proyectos para ganar tierras al mar.
6.n)  Emisarios, oleoductos y gasoductos submarinos.
Grupo D7.  Proyectos de infraestructura hidráulica, de gestión y tratamiento del  s
agua y actuaciones en dominio público hidráulico. oe.
7.a)  Presas que igualen o superen la altura de 10 metros hasta la coronación o la  1w
capa7c.bid) adO dtera esm  binaslstael adcei o1n0e0s.0 0d0e msteintraodsa csú baic osr.etener  el  agua  o  a  almacenarla
pheercmtóamneetnrotesm ceúnbtieco csu.ando el volumen de agua almacenada sea igual o superior a 10  BOE-A-cable e
7.c)  Recrecimiento  de  presas  cuando  supongan  un  aumento  de  la  superficie 
máxima de la lámina de agua de un 25 % o superior, o bien dicha superficie sea igual o 
superior a 5 hectáreas.
7.d)  Aprovechamientos de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos cuya 
descarga natural suponga, al menos, el 50 % de los caudales de estiaje de los cursos 
fluviales de su influencia o que tengan relación directa con el mantenimiento de la lámina 
de agua de las zonas húmedas conspicuas o del nivel piezométrico subsuperficial de los 
criptohumedales, y siempre que supere alguno de los siguientes umbrales:
1.  Si el volumen anual de extracción supera el 25 % de la recarga anual del 
acuífero.
2.  Si el volumen de agua ya extraído supera el 50 % de la recarga anual del 
acuífero y el nuevo aprovechamiento supera un volumen anual de, al menos, el 10 % de 
dicha recarga.
3.  Si la recarga artificial supera el 50 % de la recarga natural anual del acuífero.
7.e)  Cualquier  aprovechamiento  de  aguas  subterráneas  o  recarga  artificial  de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 5 
hectómetros cúbicos.
7.f)  Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de 
agua trasvasada sea superior a 10 millones de metros cúbicos al año, excluidos los 
trasvases de agua potable por tubería.
7.g)  Encauzamientos  fluviales  y  modificaciones  de  trazado  de  cauces  que 
supongan la actuación sobre al menos 250 metros de longitud de cauce en estado 
natural.
7.h)  Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad igual o superior 
a 50.000 habitantes-equivalentes, tal como se define en el punto 6 del artículo 2 de la 
Directiva 91/271/CEE.
7.i)  Aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica; la evaluación se hará extensiva a las obras de instalaciones y estructuras 
necesarias  para  la  detracción,  transporte,  almacenamiento,  aprovechamiento  y 
devolución de agua, así como a las infraestructuras de urbanización y caminos de 
acceso.
Grupo D8.  Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
8.a)  Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a 
eliminar  definitivamente  residuos  radiactivos.  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se 
entenderá por almacenamiento permanente de residuos radiactivos, cualquiera que sea 
su duración temporal, aquel que esté específicamente concebido para dicha actividad y 
que se halle fuera del ámbito de la instalación nuclear o radiactiva que produce dichos 
residuos.
8.b)  Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos, así 
como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito 
de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la 
posible emisión de contaminantes.
8.c)  Instalaciones  industriales  fijas  para  la  valorización  de  residuos  peligrosos, 
incluida la gestión de aceites usados, de una capacidad de más de 10 toneladas de 
residuos admitidos por día.
8.d)  Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos no peligrosos o  e.
de  eliminación  de  dichos  residuos  mediante  tratamiento  químico  o  cualquier  otro  w.
tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes, con una capacidad  1w
igua8l .oe )s upVeerritoerd ae r5o0s  todnee rlaedsaidsu does  rneos idpueoligsr aodsomsi,t ideoxsc lpuoidro dsí al.os residuos inertes, que se
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reciban  10  toneladas  al  día  o  más,  o  que  tengan  una  capacidad  total  de  25.000 
toneladas o más.
8.f)  Ampliaciones de vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos 
inertes, que se originen en operaciones de gestión de residuos domésticos o de residuos 
industriales, cuando supongan un aumento en la cantidad de residuos que se puedan 
admitir de 10 toneladas al día o más, o de un total de 25.000 toneladas.
Grupo D9.  Otros proyectos.
9.a)  Pistas  y  circuitos  permanentes  de  carreras  y  de  pruebas  para  vehículos 
motorizados que se desarrollen en el exterior con una superficie igual o superior a una 
hectárea.
9.b)  Parques temáticos con una superficie igual o superior a 5 hectáreas.
9.c)  Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 25 hectáreas siempre que implique la eliminación de la cubierta 
arbustiva o arbórea en una superficie igual o superior a una hectárea, medida de forma 
continua o discontinua, o bien, en cualquier caso, si el cambio de uso del suelo afecta a 
una superficie igual o superior a 50 hectáreas.
A  efectos  de  la  presente  ley,  se  entenderá  por  cambio  de  uso  del  suelo  la 
transformación de cualquier uso de suelo rural entre sí (agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización de los recursos naturales) o la 
transformación del uso de suelo rural en suelo urbanizable.
9.d)  Instalaciones para la captura de flujos de CO  con fines de almacenamiento 
2
geológico y emplazamientos de almacenamiento, de conformidad con la Ley 40/2010, 
de 29 de diciembre, de Almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de 
instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO  sea igual o 
2
superior a 1,5 Mt.
9.e)  Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea igual o superior a 100.000 
metros cúbicos y dragados marinos o en estuarios cuando el volumen extraído sea igual 
o superior a 200.000 metros cúbicos.
Grupo D10.  Proyectos en espacios protegidos.
En este apartado se recogen umbrales y especificaciones para los proyectos que se 
desarrollen en espacios protegidos o con algún régimen de protección, recogidos en el 
artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
10.a)  Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el 
grupo 8 de este Anexo II.D, así como de residuos inertes o materiales de extracción de 
origen fluvial, terrestre o marino que ocupen una superficie igual o mayor a una hectárea.
10.b)  Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola  o  aprovechamiento  forestal  maderero  que  impliquen  la  ocupación  de  una 
superficie igual o mayor 10 hectáreas.
10.c)  Proyectos  de  transformación  en  regadío  o  de  avenamiento  de  terrenos, 
cuando afecten a una superficie igual o mayor a 10 hectáreas.
10.d)  Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea igual o superior a 7.000 
metros cúbicos anuales, y dragados marinos o en estuarios cuando el volumen extraído  s
sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos anuales. oe.
10.e)  Tuberías para el transporte de petróleo y sus derivados, gas o productos  w.
qakmulmí,ma ciyce ontsua, bmceoiernína tuso n  pdgaieároaml óeegtlri coot ri,ga uninascpl loour istdeua psde erlia osrfl  uaej o8sst0a 0cd imeo nmed siyó  xudidneoa   blodonemg bictueadorb  ioganusoao lc oica odsnua psf;ei nrineoosr   ads e3e    2022-951n https://w
computarán los tramos situados en suelo urbano.
10.f)  Líneas  para  la  transmisión  de  energía  eléctrica  con  una  longitud  igual  o 
superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.
10.g)  Parques  eólicos.  A  los  efectos  de  esta  norma  se  considerarán  parques 
eólicos las instalaciones dedicadas a la generación de electricidad a partir de la energía 
eólica,  a  través  de  un  conjunto  de  varios  aerogeneradores,  interconectados 
eléctricamente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos 
y control, con medición de energía propia y con conexión a la red general.
10.h)  Aeropuertos  y  sus  ampliaciones,  no  recogidos  en  el  grupo  6  de  este 
Anexo II.D.
10.i)  Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales, 
usos residenciales, centros comerciales y aparcamientos, que ocupen una superficie 
igual o superior a una hectárea.
10.j)  Instalaciones hoteleras con capacidad de al menos 30 plazas, en suelo no 
urbanizable.
10.k)  Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
10.l)  Parques temáticos con una superficie igual o superior a una hectárea.
10.m)  Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro igual 
o mayor de 800 mm y una longitud igual o superior a 10 km.
10.n)  Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 
suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
10.o)  Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía 
solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios 
existentes y que ocupen una superficie de más de 3 hectáreas.
10.p)  Instrumentos de gestión forestal, conforme a la normativa en materia de 
montes, en montes de titularidad pública y en montes protectores, que afecten a una 
superficie igual o superior a 10 hectáreas.
10.q)  Caminos  agroforestales  en  una  longitud  continua  o  discontinua  igual  o 
superior a 3 km.
ANEXO II.E
Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada
Con exclusión de todos los proyectos recogidos en el Anexo II.D, serán objeto de una 
evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes proyectos:
1.  Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los 
grupos que forman parte de este Anexo II.E, así como los proyectos que, encontrándose 
fraccionados,  alcancen  los  umbrales  recogidos  en  dichos  apartados  mediante  la 
acumulación  de  las  magnitudes  o  dimensiones  de  cada  uno  de  los  proyectos 
considerados individualmente.
2.  Los proyectos de este Anexo II.E que sirvan exclusiva o principalmente para 
desarrollar  o  ensayar  nuevos  métodos  o  productos;  los  proyectos  similares  del 
Anexo II.D cuya utilización esté prevista para un plazo inferior a dos años.
3.  Otros proyectos, distintos a los del Anexo II.D, cuando, de forma directa o 
indirecta, solos o en combinación con otros planes, programas o proyectos, puedan 
afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un 
régimen de protección, de conformidad con la normativa de conservación del patrimonio  es
natural. bo
4.  Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado, ejecutado o en  w
proceso de ejecución, cuando, por sí sola o por acumulación con otras modificaciones
del mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los grupos de este 
Anexo II.E o cuando suponga:
1)  Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2)  Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3)  Un incremento significativo en la generación de residuos.
4)  Un incremento significativo en la utilización de los recursos naturales.
5)  Una afección a espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, 
de conformidad con la normativa en materia de conservación del patrimonio natural.
6)  Una afección significativa al patrimonio cultural.
Grupo E1.  Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
1.a)  Proyectos  para  destinar  áreas  naturales,  seminaturales  o  incultas  a  la 
explotación agrícola, cuya superficie sea igual o superior a 10 hectáreas.
1.b)  Proyectos de concentración parcelaria cuando afecten a una superficie mayor 
de 50 hectáreas.
1.c)  Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie igual o superior a 25 hectáreas, y 
talas de masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.
1.d)  Instrumentos  de  gestión  forestal,  conforme  a  la  normativa  de  montes,  en 
montes de titularidad pública y en montes protectores, que afecten a una superficie igual 
o superior a 10 hectáreas, no incluidos en el Anexo II.D.
1.e)  Repoblaciones con especies exóticas y talas de masas forestales en una 
superficie superior a cinco hectáreas cuando afecten a áreas de interés especial 
establecidas en los planes de gestión de especies de fauna y flora catalogadas, a 
hábitats de interés comunitario y a zonas protegidas por los planes hidrológicos.
1.f)  Los siguientes proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
1.  Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie igual o 
superior a 50 hectáreas.
2.  Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie igual o superior a 10 hectáreas.
A efectos de esta ley, se entenderá por consolidación de regadíos las acciones 
que  afectan  a  regadíos  infradotados  de  agua,  bien  por  falta  de  agua,  bien  por 
pérdidas  excesivas  en  las  conducciones,  y  que  tienen  como  fin  completar  las 
necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran acciones de mejora de 
regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada de agua, sobre 
la que se prevén acciones tendentes al ahorro de agua o mejoras socioeconómicas de 
las explotaciones.
1.g)  Instalaciones  para  la  acuicultura  intensiva  que  tengan  una  capacidad  de 
producción igual o superior a 50 toneladas al año.
1.h)  Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas que 
igualen o superen la capacidad equivalente a 150 UGM, de acuerdo con la tabla de 
equivalencias recogida en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se 
establecen  las  normas  técnicas,  higiénico  sanitarias  y  medioambientales  de  las 
explotaciones ganaderas.
1.i)  Caminos agroforestales en una longitud continua o discontinua igual o superior 
a tres km no incluidos en el Anexo II.D. e.e
Grupo E2.  Industrias de productos alimenticios.
2.a)  Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales, confituras y almíbares, para la fabricación de cerveza y malta, de féculas, de 
harina de pescado y de aceite de pescado, siempre que en la instalación se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.  Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.  Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.  Que ocupe una superficie de, al menos, una hectárea.
2.b)  Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y 
vegetales en las que se dé alguno de los siguientes casos:
1.  Cuando  la  materia  prima  sea  animal,  exceptuada  la  leche,  y  tengan  una 
capacidad  de  producción  superior  a  75  toneladas  por  día  de  productos  acabados 
(valores medios trimestrales).
2.  Cuando la materia prima sea vegetal y tengan una capacidad de producción 
superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
3.  Cuando se empleen tanto materia prima animal como vegetal y tengan una 
capacidad  de  producción  superior  a  75  toneladas  por  día  de  productos  acabados 
(valores medios trimestrales).
Valor medio trimestral: teniendo en cuenta los días de producción efectiva, se hará la 
media de 90 días consecutivos de máxima producción.
2.c)  Instalaciones industriales para la fabricación de productos lácteos, siempre que 
la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (media de 
los valores diarios a lo largo de un año natural).
2.d)  Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con 
una capacidad de producción de canales igual o superior a 50 toneladas por día.
2.e)  Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a 
las 300 toneladas.
Grupo E3.  Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.
3.a)  Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 
estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:
1.  Perforaciones geotérmicas a una profundidad igual o mayor a 500 metros.
2.  Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
3.  Perforaciones para el abastecimiento de agua a una profundidad igual o mayor 
a 120 metros.
4.  Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.
3.b)  Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y 
pizarras bituminosas.
3.c)  Exploración mediante sísmica marina.
3.d)  Extracción  de  materiales  mediante  dragados  marinos,  excepto  cuando  el 
objeto del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
3.e)  Dragados fluviales y en estuarios cuando el volumen extraído sea superior  s
a 25.000 metros cúbicos anuales y 50.000 metros cúbicos anuales, respectivamente  oe.
(proyectos no incluidos en el Anexo II.D). w.
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3.g)  Ampliaciones de explotaciones existentes o que han tenido lugar en el pasado.
3.h)  Instalaciones industriales en el exterior, complementarias de la actividad de 
extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
Grupo E4.  Industria energética.
4.a)  Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.
4.b)  Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica con un voltaje 
igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud igual o superior a 1 km, salvo que 
discurran  íntegramente  en  subterráneo  por  suelo  urbanizado,  así  como  sus 
subestaciones asociadas.
4.c)  Almacenamiento  de  gas  natural  sobre  el  terreno.  Tanques  con  capacidad 
unitaria igual o superior a 200 toneladas.
4.d)  Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
4.e)  Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles.
4.f)  Instalaciones para el transporte de petróleo y sus derivados, gas o productos 
químicos que tengan una longitud igual o superior a 5 km y tuberías para el transporte de 
flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico; no se computarán 
los tramos situados en suelo urbano.
4.g)  Parques eólicos. A los efectos de esta norma se considerarán parques eólicos 
las instalaciones dedicadas a la generación de electricidad a partir de la energía eólica, a 
través  de  un  conjunto  de  varios  aerogeneradores,  interconectados  eléctricamente 
mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos y control, con 
medición de energía propia y con conexión a la red general.
4.h)  Instalaciones de energía fotovoltaica que conlleven una ocupación de terreno 
igual o superior a 5 hectáreas. Se entenderán incluidas las instalaciones de la misma o 
de  distintas  personas  titulares  que,  aun  ocupando  una  superficie  menor,  sean 
colindantes con otra instalación fotovoltaica, siempre que la superficie total ocupada por 
las distintas instalaciones sea igual o superior a 5 hectáreas.
Quedan excluidas las instalaciones de energía fotovoltaica que se sitúen en terrenos 
urbanizados ya consolidados, o bien sobre edificios preexistentes.
4.i)  Instalaciones para la fabricación industrial de briquetas de hulla y lignito.
4.j)  Instalaciones para la producción de energía en medio marino.
Grupo E5.  Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
5.a)  Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
5.b)  Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
5.c)  Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
5.d)  Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación 
de motores para vehículos.
5.e)  Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
Grupo E6.  Industria química, petroquímica, textil y papelera.
6.a)  Instalaciones industriales para la producción de productos químicos y para el 
tratamiento de productos intermedios.
6.b)  Instalaciones  industriales  para  la  producción  de  pesticidas  y  productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
6.c)  Instalaciones  industriales  de  almacenamiento  de  productos  petrolíferos, 
petroquímicos y químicos con una capacidad igual o superior a 100 metros cúbicos. es
6.d)  Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base  o
de elastómeros. w
Grupo E7.  Proyectos de infraestructuras.
7.a)  Proyectos que requieran la urbanización de suelo para zonas industriales.
7.b)  Proyectos que requieran la urbanización de suelo para zonas residenciales y 
comerciales fuera de áreas urbanizadas que ocupen una superficie igual o mayor a una 
hectárea.
7.c)  Construcción de variantes de población, modificación de trazado, duplicaciones 
de calzada y ensanches de plataformas de carreteras, autovías y autopistas en una 
longitud continua o discontinua inferior a 3 km.
7.d)  Variantes y modificaciones de trazado, ensanchado o realineado de una línea 
de ferrocarril en una longitud continua o discontinua inferior a 10 km y superior a 1 km.
7.e)  Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones ferroviarias de transbordo 
intermodal y de terminales ferroviarias intermodales de mercancías.
7.f)  Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, 
que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeras y de pasajeros.
7.g)  Aeródromos,  según  la  definición  establecida  en  el  artículo  39  de  la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
7.h)  Obras de alimentación artificial de playas que requieran la construcción de 
diques y espigones.
7.i)  Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 
alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y 
otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de 
tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
7.j)  Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
sea igual o superior a los 100.000 metros cúbicos, incluyendo las tareas de extracción de 
arena.
Grupo E8.  Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
8.a)  Instalaciones destinadas a retener el agua con capacidad de almacenamiento, 
nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
8.b)  Cualquier  aprovechamiento  de  aguas  subterráneas  o  recarga  artificial  de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es superior a 0,5 hectómetros 
cúbicos e inferior a 5 hectómetros cúbicos.
8.c)  Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de 
agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos al año, excluidos los trasvases de 
agua potable por tubería y los trasvases para la reutilización directa de aguas depuradas.
8.d)  Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad igual o superior 
a 10.000 habitantes-equivalentes, tal como se define en el punto 6 del artículo 2 de la 
Directiva 91/271/CEE.
8.e)  Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o 
adicional igual o superior a 3.000 metros cúbicos al día.
8.f)  Instalaciones  de  conducción  de  redes  primarias  de  abastecimiento  con  un 
diámetro igual o superior a 800 mm y una longitud igual o superior a 3 km que discurran 
total o parcialmente por suelo no urbanizado.
8.g)  Instalaciones de conducción de las redes primarias de saneamiento de longitud 
superior a 3 km, incluidos los sistemas de depuración, que discurran total o parcialmente 
por suelo no urbanizado.
Grupo E9)  Otros proyectos. e.
9.a)  Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. w
reali9z.ab )e n Ienls etaxltaecriioonr eos f udeera  edleim zionnaacisó nin dou svtraialolerisz.ación  de  residuos,  si  la  actividad  se
de o9r.icg)e n Inflsutvailaalc, iotenreress ttererr eos tmreasr inpoa raq ueel  voecrutipdeon o u dneap sóuspitoe rdficei em iagtuearila ole ss udpee reioxtrr aac cuinóan 
hectárea.
9.d)  Instalaciones  de  almacenamiento  de  chatarra,  de  almacenamiento  de 
vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos, si 
la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
Se exceptúan las actividades de almacenamiento de chatarra localizadas en puertos, 
relacionadas con actividades de estiba y desestiba.
9.e)  Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
9.f)  Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
9.g)  Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas.
9.h)  Campamentos  permanentes  para  tiendas  de  campaña  o  caravanas  con 
capacidad mínima de 500 huéspedes o con una superficie superior a 3 hectáreas.
9.i)  Parques temáticos.
9.j)  Urbanizaciones  de  vacaciones  e  instalaciones  hoteleras  fuera  de  suelo 
urbanizado y construcciones asociadas.
9.k)  Campos de tiro con arma de fuego con una superficie igual o superior a una 
hectárea.
9.l)  Campos de golf con una superficie igual o superior a una hectárea.
9.m)  Proyectos  que  supongan  un  cambio  de  uso  del  suelo  e  impliquen  la 
eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea en una superficie entre 5 y 25 hectáreas.
9.n)  Nuevas vías ciclistas-peatonales en una longitud continua o discontinua igual o 
superior a 2 km que discurran por áreas no urbanizadas.
ANEXO II.F
Criterios para determinar cuándo un proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada debe someterse a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria
1.  Características de los proyectos: las características de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a)  Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
b)  La acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados.
c)  La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad.
d)  La generación de residuos.
e)  La contaminación y otras perturbaciones.
f)  Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en 
cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los 
conocimientos científicos.
g)  Los riesgos para la salud humana (por ejemplo, debido a la contaminación del 
agua, del aire, o la contaminación electromagnética).
2.  Ubicación  de  los  proyectos:  la  sensibilidad  medioambiental  de  las  áreas 
geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo 
en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
a)  El uso presente y aprobado del suelo.
b)  La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa 
de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y 
la biodiversidad). e.
c)  La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas  w.b
siguientes: 1w
1.  Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos.
23..   ZÁorenaass  dceo smteornatsa ñy am ye ddeio  bmoasqriuneo..
4.  Reservas naturales y parques.
5.  Áreas  clasificadas  o  protegidas  por  la  legislación  del  Estado  o  de  las 
Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
6.  Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el proyecto, o en las que se 
considere  que  se  ha  producido  un  incumplimiento  de  dichas  normas  de  calidad 
medioambientales.
7.  Áreas de gran densidad demográfica.
8.  Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9.  Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
10.  Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación 
hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.
3.  Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los 
proyectos  en  el  medio  ambiente  deben  considerarse  en  relación  con  los  criterios 
establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre 
los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, en particular:
a)  La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y 
tamaño de la población que pueda verse afectada).
b)  La naturaleza del impacto.
c)  El carácter transfronterizo del impacto.
d)  La intensidad y complejidad del impacto.
e)  La probabilidad del impacto.
f)  El inicio previsto y la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
g)  La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o 
aprobados.
h)  La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.
ANEXO II.G
Definiciones a efectos de la evaluación ambiental
A efectos de lo dispuesto en la presente ley en materia de evaluación ambiental, se 
entenderá por:
a)  administraciones  públicas  afectadas:  Aquellas  administraciones  públicas  que 
ostentan competencias sobre materias tales como la salud humana, la biodiversidad, 
geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, paisaje, patrimonio cultural y otros 
aspectos de la calidad del medio ambiente que puedan ser afectados por la ejecución del 
plan, programa o proyecto sometido a evaluación ambiental.
b)  Declaración ambiental estratégica: Informe preceptivo y vinculante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se 
pronuncia a efectos de evaluar los aspectos ambientales y de establecer las condiciones 
que deben incorporarse a un plan o programa en orden a garantizar la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales.
c)  Declaración de impacto ambiental: Informe preceptivo y vinculante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la 
integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que 
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos  e.
naturales  durante  la  ejecución  y  la  explotación,  y,  en  su  caso,  el  cese,  el  w.b
desmantelamiento o demolición del proyecto. 1w
objedto)  dDetoecrmumineanr tola  daem pallictuadn cdee:  laP reovnaulnucaicaimónie anmtob ideenlt aól,r gaasní oc oammob liae netsapl eqcuifeic aticeinóen  yp oerl 
gradeo)  deE dsteutdailole  daeml beisetnutdailo  easmtrbaiteéngtiaclo e: stDraotcéugmiceon yt od etlé ecsntiucdoi oe dne  eiml pqauceto  saem bidieennttaifli.can,
describen y analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de la aplicación de un plan o programa, se analizan las alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables, y se determinan las condiciones que 
deberán incorporarse al plan o programa con el fin de prevenir, corregir o, en su caso, 
compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente, así como las necesarias para 
el seguimiento ambiental.
f)  Estudio de impacto ambiental: Documento en el que se identifican, describen y 
analizan  los  posibles  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  que  puedan 
derivarse  de  un  proyecto,  se  analizan  las  alternativas  razonables,  técnica  y 
ambientalmente viables y se determinan las medidas necesarias para prevenir, corregir y, 
en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente, así como las 
necesarias para el seguimiento ambiental.
g)  Evaluación ambiental: Proceso a través del cual se analizan los posibles efectos 
significativos  de  los  planes,  programas  y  proyectos  sobre  el  medio  ambiente,  con 
carácter previo a su adopción, aprobación o autorización, y se establecen medidas 
protectoras,  correctoras  y/o  compensatorias,  así  como  medidas  de  vigilancia  y 
seguimiento ambiental, todo ello en orden a la protección del medio ambiente.
h)  Informe  ambiental  estratégico:  Informe  preceptivo  y  vinculante  del  órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada y que se 
pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan 
o programa.
i)  Informe  de  impacto  ambiental:  Informe  preceptivo  y  vinculante  del  órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada y que se 
pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del 
proyecto.
j)  Medidas  preventivas  o  protectoras:  Medidas  propuestas  inicialmente  por  el 
promotor o por la promotora del plan, programa o proyecto e impuestas finalmente por el 
órgano ambiental en orden a evitar efectos significativos sobre el medio ambiente.
k)  Medidas correctoras: Medidas propuestas inicialmente por el promotor o por la 
promotora  del  plan,  programa  o  proyecto  e  impuestas  finalmente  por  el  órgano 
ambiental, en orden a disminuir la magnitud o la extensión de los efectos sobre el medio 
ambiente, de forma que estos dejen de ser significativos a medio o largo plazo.
l)  Medidas compensatorias: Medidas excepcionales, propuestas inicialmente por el 
promotor o por la promotora del plan, programa o proyecto e impuestas finalmente por el 
órgano  ambiental,  en  orden  a  compensar  los  efectos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente que no puedan evitarse o corregirse (impactos residuales).
m)  Medidas compensatorias Red Natura 2000: Medidas específicas reguladas en el 
artículo  46.5  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y 
Biodiversidad, en orden a garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 
quede protegida.
n)  Modificaciones menores de los planes y programas: Cambios en las previsiones 
de  planes  o  programas  ya  adoptados  o  aprobados  que  no  constituyen  variaciones 
fundamentales del ámbito de actuación, de las estrategias, directrices y propuestas o de 
su  cronología  pero  producen  diferencias  en  los  efectos  ambientales  previstos  con 
respecto a los derivados del plan o programa que se modifica o en su zona de influencia.
o)  Órgano ambiental: Órgano de la Administración pública competente para la 
emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de 
evaluación  ambiental,  para  la  determinación  del  alcance  de  las  evaluaciones 
ambientales, para la exención de dicho pronunciamiento y para establecer la vigencia de  s
las declaraciones e informes ambientales. oe.
p)  Órgano promotor: Órgano de la Administración pública competente para iniciar el  w.
procedimiento de formulación y/o aprobación de un plan o programa. 1w
comqp)e teÓnrcgiaa npoa ras uasdtoapnttaivro o:  aÓprrgoabnaor  dedfein itliav amAednmtein iusntr apclaiónn  o ppúrobglicraam  aq,u pea roas ateuntotari zalar 
doe calparroabciaórn  urens ppornosyaebclteo ,o  oco mpaurnaic accoinótnr oplarer vilaa.  actividad  de  los  proyectos  sujetos  a  BOE-A-cable e
Cuando  un  proyecto  se  vea  afectado  por  diversos  conceptos  que  precisen 
autorización, aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de 
otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración pública, se considerará 
órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la obra o actividad que 
motiva el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, con prioridad 
sobre  los  órganos  que  ostentan  competencias  sobre  actividades  instrumentales  o 
complementarias respecto a aquellas.
r)  Planes  y  programas:  El  conjunto  de  estrategias,  directrices  y  propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente sino a través 
de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos.
Se considerará que un plan o programa es el marco para la autorización en el futuro 
de proyectos cuando contenga criterios o condicionantes con respecto al tipo, a la 
ubicación, a las dimensiones o al funcionamiento de los proyectos mediante los cuales 
se prevea su ejecución.
A  efectos  de  la  evaluación  ambiental  estratégica,  no  se  considerarán  planes  o 
programas  las  disposiciones  de  carácter  general  que  únicamente  propongan  o 
desarrollen normas de protección del medio ambiente.
s)  Procedimiento  sustantivo:  Procedimiento  administrativo  que  culmina  con  el 
pronunciamiento del órgano sustantivo en orden a la adopción o aprobación definitiva de 
un  plan  o  programa,  o  para  la  autorización  o  aprobación  de  un  proyecto,  o  bien, 
procedimiento en el que deben sustanciarse los trámites de declaración responsable o 
de comunicación previa.
t)  Proyecto: Cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una 
obra, una construcción o una instalación, así como su desmantelamiento o demolición; o 
cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la 
explotación  o  al  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  incluidos  el  suelo,  el 
subsuelo, las aguas y los seres vivos.