BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 32222
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4399 Decreto-ley  24/2020,  de  23  de  diciembre,  de  medidas  extraordinarias  y 
urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 
del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  promulgo  y  ordeno  la  publicación  del 
Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los 
ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan 
cumplir.
ÍNDICE
Capítulo I.  Medidas en materia de vivienda protegida.
Sección 1.ª  Régimen de calificación de la vivienda protegida.
Artículo 1.  Regímenes de viviendas protegidas.
Artículo  2.  Destino,  ocupación  y  limitaciones  a  la  facultad  de  disponer  de  las 
viviendas protegidas.
Artículo 3.  Superficie útil de las viviendas protegidas.
Artículo 4.  Módulo Básico Canario.
Artículo 5.  Ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Artículo 6.  Precio máximo de referencia.
Artículo 7.  Precios máximos.
Artículo 8.  Duración e inscripción del régimen de protección.
Artículo 9.  Recalificación del régimen.
Artículo 10.  Derecho de tanteo y retracto convencional.
Artículo 11.  Calificación de viviendas y alojamientos protegidos y acceso a medidas 
de financiación.
Artículo 12.  Municipios de preferente localización.
Artículo 13.  Ámbitos territoriales declarados de precio máximo superior.
Sección 2.ª  Medidas adicionales en materia de vivienda.
Artículo 14.  Convenios de cesión de uso de viviendas desocupadas.
Artículo 15.  Dación en pago de viviendas protegidas de promoción privada.
Artículo 16.  Cesión temporal de uso a terceros de viviendas protegidas de promoción 
privada calificadas en régimen de venta.
Artículo 17.  Arrendamiento temporal de viviendas calificadas en régimen de venta.
Capítulo II.  Medidas en materia de transporte por carretera.
Artículo 18.  Visado de las autorizaciones de transporte por carretera. o
Capítulo  III.  Medidas  en  materia  de  cánones  en  puertos  de  titularidad  de  la  99ww
Comunidad Autónoma de Canarias.
portAuartríicausl od e1 la9 .C  oEmxuennicdiaodn eAsu tóanpolicmaab ldees  Caa ncaárinaosn.es  concesionales  en  instalaciones
Disposición adicional primera.  Consideración del Plan de Vivienda de Canarias 
como Plan Estratégico de Subvenciones.
Disposición  adicional  segunda.  Nombramiento  de  funcionarios  interinos  para  la 
ejecución de programas del Plan de Vivienda de Canarias.
Disposición adicional tercera.  Abono anticipado de las ayudas concedidas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio del procedimiento de adjudicación 
de las viviendas protegidas de promoción pública.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  2/2003,  de  30  de  enero,  de 
Vivienda de Canarias.
Disposición final segunda.  Mantenimiento del rango reglamentario de determinados 
preceptos.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia 
internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país y nuestra comunidad, 
fue preciso adoptar medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la 
propagación de la enfermedad. En ese sentido, los Reales Decretos, Decretos Leyes y 
Órdenes aprobados, permitieron hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y 
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, se entró́ 
en  una  etapa  de  nueva  normalidad,  durante  la  cual  los  poderes  públicos  y  las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y 
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control 
de  la  pandemia,  las  declaraciones  de  actuaciones  coordinadas  en  salud  pública 
acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las 
diferentes disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de 
riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar 
los  servicios  asistenciales  y  de  salud  pública,  ha  permitido  hasta  ahora  ofrecer 
respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución 
de la onda epidémica en Canarias.
En definitiva, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de 
salud pública. Estas medidas, junto con las adoptadas por otros países, están teniendo 
un impacto económico que se proyecta, en particular, sobre determinadas empresas y 
sectores  de  la  economía  española,  así  como  sobre  los  ciudadanos  de  las  zonas 
afectadas.
En particular, la situación laboral de Canarias refleja un panorama desolador. El paro  e.e
registrado del mes de octubre de 2020 se sitúa en 262.487 personas, siendo la tasa de  b
variación interanual del 24,92%. 99ww
sea Rdeesl u1l3ta,4 i%ns, olos tqeuneib lseu pqounee e ul npao rvcaerniatacjieó nd ed eh 2o,g3a5r epsu nctoons  tpoodrocse nstuusa lmesie cmobnr roess peenc ptoa raol 
perioEdl o3 5a%nte drieo r.la población de Canarias está en pobreza y exclusión social según el
informe AROPE «El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España 2008-2019» publicado por EAPN (European Anti Poverty 
Network) que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y 
de sus componentes, entre los años 2008 y 2019. A nivel estatal la tasa está en 
el 25,3%, es decir 2 de cada 8 personas, lo que suponen 11,8 millones de personas.
Numéricamente se puede decir que en Canarias 773.053 personas están en riesgo 
de pobreza y exclusión social, dos de cada seis personas en las Islas, dato que se 
incrementa al señalar que el 28,5% (unos 628.282) más estaría en riesgo de entrar en 
pobreza al vivir con menos de 641 €/mes. Asimismo, el 11,2% de la población en 
Canarias está en riesgo de pobreza severa, 247.378 personas viven con menos de 500 
€/mes. Por tanto, casi una tercera parte de la población en el Archipiélago estaba en 
situación de pobreza o de pobreza severa en 2019. Asimismo, el 3,9% de los canarios, 
86.000 personas, tienen privación material severa de recursos.
Por su parte, comprobando la renta per cápita, observamos que Canarias es la 
cuarta por la cola a nivel nacional, con 9.486 euros de renta media por persona, 2.194 
euros inferior a la media nacional, debido a que tenemos uno de los salarios más bajos 
de España.
Alrededor del 53,7% de la población canaria tiene alguna clase de dificultad para 
llegar a fin de mes, principalmente acentuada en las personas con mayor vulnerabilidad 
social.
La pandemia de la COVID-19 ha disparado la exclusión social en Canarias, que 
en 2019 afectaba al 35% de la población del Archipiélago, según el último informe 2020 
de la Fundación FOESSA y en la que ahora se ha visto sumida por el impacto de esta 
crisis sanitaria buena parte del 30,8 % que entonces estaba integrada en precario.
Ante este incremento de la pobreza en Canarias por el impacto social que ha tenido 
esta crisis sanitaria, deben tomarse medidas que eviten el avance de esta fractura social.
El impacto que en la situación económica y social acabe teniendo la emergencia 
sanitaria actual dependerá, en gran medida, de la movilización de recursos públicos y de 
la coordinación entre las políticas presupuestarias y las políticas públicas sectoriales 
como es, entre otras, la de la promoción pública de vivienda y la obra pública.
En este sentido, se hace necesario señalar que el Gobierno de Canarias, en sesión 
celebrada el día 1 de octubre de 2020, aprobó el Plan para la Reactivación Social y 
Económica de Canarias que pretende dar respuesta a la crisis derivada de la pandemia 
de  la  COVID-19,  con  el  fin  de  activar  medidas  específicas  atendiendo  a  las 
singularidades de Canarias y que incorpora los siguientes ejes de actuación en materia 
de vivienda social:
1.10  Ampliación del parque de vivienda destinado a alquiler social.
1.11  Apoyo al pago de alquileres.
Asimismo,  el  eje  5.20,  dentro  de  la  prioridad  estratégica  destinada  al  apoyo  a 
empresas y autónomos incluye, la inversión pública en edificación de vivienda pública 
protegida [a través del Instituto Canario de Vivienda y la empresa pública Viviendas 
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN)].
No cabe duda de que, ante estas circunstancias excepcionales, la actuación de los 
poderes  públicos  debe  estar  orientada  a  proteger  el  empleo,  ayudar  a  los  más 
vulnerables y mantener el tejido económico y productivo.
En esta coyuntura, el Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado por el 
Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, adquiere una  e
doble  dimensión,  por  una  parte,  promueve  el  objetivo  de  combatir  la  emergencia  bo
habitacional que sufre el Archipiélago, y por otra, impulsa la reactivación económica de  99ww
CanEalr iPasla.n prevé acometer en los próximos cinco años miles de actuaciones de fomento
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La legislación internacional, europea, española y canaria consagra el Derecho a la 
Vivienda como un derecho básico para las personas. Así, el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; en el artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; y en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, de 1950 lo recogen entre sus postulados.
La Constitución Española de 1978 incorporó, en su artículo 47, el derecho de todos 
los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, 
encomienda  a  los  poderes  públicos  a  promover  las  condiciones  necesarias  y  a 
establecer las políticas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
En  lo  referente  a  nuestra  Comunidad  Autónoma,  el  Estatuto  de  Autonomía  de 
Canarias dedica el artículo 22 al derecho de acceso a la vivienda y ordena a los poderes 
públicos a garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su 
función social, así como al uso racional del suelo. Igualmente, recoge las competencias 
de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda. En concreto el artículo 143 dicta que 
le corresponde a la comunidad autónoma canaria la competencia exclusiva en materia 
de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la ordenación, 
planificación, gestión, fomento, protección, control de calidad, inspección y sanción en 
materia de vivienda; la promoción pública de vivienda; la regulación de la función social y 
habitacional de la vivienda; y la condiciones de accesibilidad de los edificios, así como 
las condiciones para la instalación de infraestructuras comunes y para la incorporación 
de innovaciones tecnológicas y de ahorro energético, en condiciones de sostenibilidad.
La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias distribuyó las funciones que 
comprende  la  citada  competencia  entre  las  diferentes  Administraciones  Públicas  al 
tiempo que creó, en su artículo 7, el Instituto Canario de la Vivienda como organismo 
autónomo encargado de la gestión de las competencias ejecutivas que en la materia 
corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, el artículo 73 de la citada Ley de Vivienda, configura el Plan de Vivienda 
como  instrumento  de  ordenación,  programación  y  coordinación  de  la  actividad  de 
fomento de vivienda y suelo que realicen las Administraciones Públicas competentes con 
el fin de atender las necesidades de vivienda existente en Canarias y hacer efectivo el 
derecho a una vivienda digna y adecuada.
Hoy es una necesidad construir viviendas protegidas de promoción pública y privada, 
garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a 
la vivienda de los colectivos con especiales dificultades, y en particular de las personas 
mayores de 65 años, y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de ahorro 
energético y cuidado del medio ambiente.
Para ello se alcanzó un gran Pacto Social y Político por el Acceso a una Vivienda 
Digna. Un Pacto que permite al Gobierno de Canarias, como a las Entidades Locales, 
establecer,  de  común  acuerdo,  los  objetivos  en  política  de  vivienda  y  las  líneas 
fundamentales de trabajo para avanzar en la consecución de los mismos.
En estos momentos, con la emergencia de salud pública que estamos viviendo, es 
una urgente necesidad poner en marcha las acciones y medidas contempladas en el 
Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, necesarias para proporcionar a la ciudadanía, 
a  las  familias,  una  vivienda  digna  y  adecuada  a  sus  necesidades,  impulsando  la 
reactivación económica de Canarias.
Debido a la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
la nueva oleada de la COVID-19, se está produciendo un fuerte impacto económico y  s
social que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos  oe.
que, en calidad de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que  w.
hacían frente al pago de sus alquileres. Este impacto afectará, sin duda también, a  99ww
deteLram idnealdicoasd aco sleitcutaivcoiósn e dsep eecmiaelmrgeenntcei av uslonceiraalb qleuse. atraviesa una parte importante de la
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dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas 
a una situación de precariedad.
En este contexto deben establecerse una serie medidas con el único objetivo de 
contrarrestar la situación de emergencia habitacional, destacando que el Gobierno de 
Canarias implementará una política dirigida a conseguir un parque público de vivienda 
suficiente a las demandas actuales.
A las medidas en materia de vivienda hay que añadir las que se adoptan en el ámbito 
del transporte por carretera de mercancías y de pasajeros ampliando el plazo de validez 
y emisión de los visados debido al retraso en la tramitación derivado de la situación de 
crisis sanitaria, ampliación que evitará un vencimiento de los plazos que produciría la 
pérdida de eficacia de la autorización de transporte, que es la que les permite seguir 
realizando su actividad, evitando de esta forma un importante perjuicio económico.
Asimismo, se adoptan medidas de exención aplicables a cánones concesionales 
para embarcaciones de recreo en instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, paliando en cierta forma el impacto de la crisis económica en el sector, 
derivada de la citada crisis sanitaria.
En definitiva, las medidas contenidas en este Decreto ley persiguen, por un lado, 
favorecer a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en 
aquellos que más lo necesitan y, de otra, reforzar la actividad económica, prestando 
apoyo a empresas y trabajadores autónomos.
II
Este Decreto ley se estructura en tres capítulos, diecinueve artículos, tres disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones 
finales.
En el Capítulo I, con la adopción de las medidas que, en materia de vivienda pública 
protegida aquí se implementan, se pretende conseguir un doble objetivo. Por una parte, 
dar una pronta y mejor respuesta a la situación de vulnerabilidad que padecen las 
personas que carecen de una vivienda habitual o que, disfrutando de una vivienda en 
alquiler, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les pudiera dificultar o 
impedir el pago de las rentas y, por otra, generar actividad económica y empleo en un 
sector tan importante para la recuperación económica como es el de la construcción.
En el contexto actual, el presente Decreto ley establece de forma excepcional, en el 
marco  del  Plan  de  Vivienda  de  Canarias  2020-2025,  un  conjunto  de  medidas  no 
económicas que permitirán facilitar el acceso a una vivienda digna a los sectores de 
población con menos recursos y más desfavorecidos; estableciendo precios máximos de 
venta y de adjudicación de las viviendas protegidas, así como la fijación de precios 
máximos  de  renta  en  los  arrendamientos.  Además,  se  establecen  los  criterios  del 
régimen de calificación de la vivienda protegida, que son necesarios para una eficaz y 
eficiente implementación del Plan, destacando la simplificación del régimen general de la 
vivienda protegida, que se reduce a uno solo, dado que, hasta ahora, se desglosaba en 
básico y medio; así como definiendo los parámetros básicos de protección, como la 
superficie útil y el establecimiento del Módulo Básico Canario (MBC) como valor de 
referencia para la determinación de los precios máximos de venta y arrendamiento 
mencionados anteriormente.
Asimismo,  se  implica  a  las  entidades  financieras,  a  sus  sociedades  de  gestión 
inmobiliaria, a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración  s
Bancaria, S.A. y a otras personas o entidades que operan en el sector inmobiliario que  e.
sea propietarios de, al menos, quince viviendas, con los que se promoverán convenios  w.
para conseguir un parque público de vivienda de acuerdo con las demandas actuales y  99ww
ddea r easdae fcouramdaa  irnecsrpeumeesntata ra  ulansa  noefecretasi ddaed easlt edrnea atilvoajasm hiaebnittoa cdioen paelerss odniagsn aos  uqnuied apdeersm ditea 
convivencia en situación de especial vulnerabilidad.
Mediante la disposición final primera del Decreto ley se establece una importante 
medida de agilización administrativa de la regulación e implementación de los programas 
o medidas con financiación pública contemplados en el Plan de Vivienda 2020-2025, 
atribuyendo la potestad reglamentaria de desarrollo de dicho Plan a la persona titular de 
la consejería competente en materia de vivienda.
Igualmente,  por  medio  de  la  disposición  adicional  tercera  se  autoriza  el  abono 
anticipado de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social  del  COVID-19  en  los  alquileres  de  vivienda  habitual,  de  conformidad  con  lo 
previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y 
económico para hacer frente al COVID-19. Se pretende con ello que la finalidad de 
dichas ayudas, de aliviar la situación económica de los solicitantes, no se vea demorada 
por los trámites de comprobación de la documentación acreditativa de los requisitos, 
habida cuenta del elevado número de solicitudes, y de la complejidad de dicha actividad 
de comprobación.
Por lo que se refiere al transporte por carretera de mercancías y de pasajeros, en el 
Capítulo II del Decreto ley se amplía, de forma excepcional y por una sola vez, el plazo 
bienal de obtención del visado de las autorizaciones de transporte por carretera ya que, 
como consecuencia de la suspensión de plazos decretada durante el estado de alarma, se 
ha producido una acumulación significativa de procedimientos en materia de transporte por 
carretera  que  ha  distorsionado  el  funcionamiento  normal  de  algunas  administraciones 
públicas  competente  para  su  tramitación,  alterándose  significativamente  el  calendario 
ordinario de tramitación de los visados desde mediados del mes de marzo hasta la fecha.
Consecuentemente, esta ampliación de plazo permitirá normalizar paulatinamente la 
actividad ordinaria de las administraciones públicas afectadas y aligerar los trámites 
administrativos  que  deben  atender  las  empresas  transportistas  y,  al  mismo  tiempo, 
tendrá  un  importante  efecto  económico  para  las  mismas,  ya  que  evitará  que  el 
vencimiento  de  los  plazos  produzca  la  pérdida  de  eficacia  de  la  autorización  de 
transporte, que es la que les permite seguir realizando su actividad. Adicionalmente, 
evitará que las empresas de transporte público pudieran incurrir en una infracción muy 
grave a la legislación vigente de transporte por carretera de Canarias, al realizar su 
actividad careciendo de autorización, por no haber obtenido el visado preceptivo.
En cuanto a los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 
Capítulo III del Decreto ley se establece una exoneración del 100% en determinados 
cánones concesionales desde el día 14 de marzo hasta el día 20 de junio de 2020, 
período de duración del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo; así como una exoneración parcial del 50% de los citados cánones 
desde  el  día  21  de  junio  hasta  el  día  31  de  diciembre  de  2020,  aplicables  a  las 
embarcaciones de recreo que realizan actividades turísticas; ya que sufrieron durante el 
estado  de  alarma  una  paralización  de  su  actividad  por  el  confinamiento  y, 
posteriormente, una ralentización de esta actividad turística especializada.
III
Este  Decreto  ley  se  dicta  teniendo  en  cuenta  la  atribución  de  competencias 
exclusivas prevista en los artículos 143, 160, 161, y 162 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, reformado mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
El apartado 1 del artículo 46 del citado Estatuto de Autonomía de Canarias dispone  s
que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con  e.
rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes. w.
En la presente situación concurren de manera evidente las circunstancias necesarias  99ww
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iCmapnaacrtioa se, csoen ócmonicsot ityu yseo cciaolm. Eol  Dune cirnesttor ulemye, ntrtaos  elas traetufotarmriaam deenl tEes tvaátulidtoo  dye  lAícuittoo,n osmiemíap dree   BOE-A-cable e
que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F.J. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.J. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.J. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F.J. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F.J. 10 y 137/2011, de 14 de 
septiembre, F.J. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se incluyen 
en este Decreto ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (sentencias del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 142/2014, 
de 11 de septiembre, F.J. 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades 
políticas  de  actuación  (sentencia  del  Tribunal  Constitucional  14/2020,  de  28  de  enero 
de 2020), y que son medidas de diversas naturaleza económica y social, que persiguen 
atenuar los efectos de la crisis y habilitar medios para afrontarlos de la mejor manera posible, 
de  manera  que  no  existe  un  uso  abusivo  o  arbitrario  de  este  instrumento  normativo 
(sentencias del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, F.J. 8; 237/2012, de 13 de diciembre, F.J. 4 y 39/2013, de 14 de febrero, F.J. 5).
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 46 del mencionado Estatuto de Autonomía de Canarias como 
presupuestos habilitantes para la aprobación de un decreto ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación. Así, de acuerdo con los 
principios de necesidad y eficacia, la iniciativa legislativa se fundamenta en el interés 
general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas excepcionales 
derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, tanto en los sectores 
productivos como en los colectivos más desfavorecidos, siendo este el momento de 
adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y constituyendo este 
Decreto ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es 
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para 
lograr el objetivo de garantizar el bienestar de los ciudadanos y minimizar el impacto en 
las  empresas  y  en  la  vida  de  las  personas  y  las  familias  ante  la  situación  actual 
excepcional. Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, el Decreto ley 
establece la regulación mínima imprescindible para el cumplimiento de sus fines y es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional, como de la Unión 
Europea. Las medidas que se introducen permiten generar un marco normativo estable, 
integrado y claro, adecuado a los fines que se persiguen. En cuanto al principio de 
transparencia,  se  exceptúan  los  trámites  de  consulta  pública  y  de  audiencia  e 
información públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación supletoria. Y, por último, respecto del 
principio de eficiencia, esta norma no impone cargas económicas o administrativas, 
antes  al  contrario,  se  adoptan  medidas  para  aliviar  las  circunstancias  sociales  y 
económicas excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el 
COVID-19, y para agilizar la tramitación de procedimientos y facilitar la participación de 
los ciudadanos en los mismos. s
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del citado Estatuto 
de Autonomía de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda,  previa  deliberación  del  Gobierno  en  su  reunión  celebrada  el  día  23  de 
diciembre de 2020, dispongo:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de vivienda protegida
Sección 1.ª Régimen de calificación de la vivienda protegida
Artículo 1.  Regímenes de viviendas protegidas.
1.  Los regímenes de viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de 
rehabilitación o reanudación de obras, cuyo destino sea la venta o el uso propio, se 
distinguirán según los ingresos de los adquirientes en:
a)  Régimen especial: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con 
ingresos de la unidad de convivencia que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (en adelante, IPREM).
b)  Régimen general: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con 
ingresos de la unidad de convivencia que no excedan de 4 veces el IPREM. Dicho 
umbral será de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría 
especial o de personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad 
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33% o ii) personas con discapacidad física o sensorial, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
2.  Por su parte, los regímenes de viviendas protegidas de nueva construcción o 
procedentes de rehabilitación o reanudación de obras, cuyo destino sea el arrendamiento, 
se distinguirán según los ingresos de los inquilinos en:
a)  Régimen especial: cuando se trate de viviendas destinadas a inquilinos con 
ingresos de la unidad de convivencia que no excedan de 2,5 veces el IPREM.
b)  Régimen  general:  cuando  las  viviendas  vayan  destinadas  a  inquilinos  con 
ingresos de la unidad de convivencia que no excedan de 4 veces el IPREM. Dicho 
umbral será de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría 
especial o de personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad 
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33% o ii) personas con discapacidad física o sensorial, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
3.  Las  viviendas  entregadas  mediante  documento  público  por  el  promotor  al 
propietario del suelo donde se edifiquen, en dación de pago por la compra del mismo 
podrán, en su caso, quedar exceptuadas de la calificación como viviendas protegidas, al 
no precisar de financiación cualificada para su adquisición.
Artículo 2.  Destino, ocupación y limitaciones a la facultad de disponer de las viviendas  e.e
protegidas. b
odetenol  re1gpl .ars omuppLiieeuantesat sorvti ooidv  eideo en la idpn aerqossum ciplrionirtcouoitr óeayng   dipodeaca urscap o damuerspsboere a prveáreonnnp  tdieoael.,  spctlioannzatorrsa emto áa dx edim oamolq icudiiellie ort r heoas cb amitluiefaicslae ycs i ópane  rpdmaearftininre itndivteeal    OE-A-2021-43able en https://
2.  Salvo en caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial o 
extrajudicial, las viviendas calificadas protegidas o sus anejos vinculados, no podrán ser 
objeto de transmisión intervivos o cesión de uso por cualquier título hasta transcurridos 
diez años desde la fecha de la calificación definitiva, sin la previa autorización por parte 
del Instituto Canario de la Vivienda que será otorgada, en los supuestos y según las 
condiciones y procedimientos establecidos al respecto, previo reintegro de las ayudas 
económicas obtenidas, incrementadas en los correspondientes intereses legales.
3.  En los casos a los que se refiere el apartado anterior, el propietario y el futuro 
adquirente de la vivienda deberán dirigir solicitud conjunta de autorización de venta y de 
acceso  a  vivienda  protegida,  conforme  al  procedimiento  que  se  establezca,  por  la 
persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda, para segundas o 
posteriores transmisiones de viviendas protegidas de promoción privada en régimen de 
venta y primeras o posteriores transmisiones de viviendas protegidas para uso propio.
4.  El plazo para dictar y notificar la resolución de autorización de venta o cesión 
será de cuatro meses. Transcurrido el citado plazo sin que la resolución se haya dictado 
y notificado, se entenderá estimada la solicitud presentada.
5.  Las  limitaciones  a  las  que  se  refiere  este  artículo  deberán  constar  en  el 
correspondiente título de compraventa o en la declaración de obra nueva e inscribirse en 
el Registro de la Propiedad por medio de nota marginal, que producirá los efectos a los 
que se refiere el artículo 67.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Artículo 3.  Superficie útil de las viviendas protegidas.
1.  A  efectos  de  este  Decreto  ley  y  en  los  términos  del  artículo  4  del  Real 
Decreto  3148/1978,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  el  Real  Decreto 
ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda, se considera superficie útil de una 
vivienda:
a)  La superficie útil construida de la propia vivienda.
b)  La superficie útil de las piezas exteriores que estén unidas a la vivienda y estén 
cubiertas (terrazas o solanas cubiertas).
c)  La mitad de la superficie útil de las piezas exteriores que estén unidas a la 
vivienda  y  descubiertas  (terraza  descubierta,  solana  descubierta,  patio),  siendo 
protegible dentro de esta superficie solo hasta el equivalente a un 10% de la superficie 
cubierta de la vivienda.
2.  A efectos de este Decreto ley, se entiende por superficie útil de un anejo, la superficie 
útil que se encuentre cubierta y solo la mitad de la que se encuentre descubierta.
3.  Para  las  actuaciones  de  adquisición  de  vivienda  usada  y  rehabilitación  de 
vivienda  para  arrendar  en  defecto  de  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se 
entenderá por superficie útil el 85% de la superficie construida.
4.  Para poder acogerse a las medidas de financiación previstas en el Plan de 
Vivienda de Canarias 2020-2025, las superficies útiles de las viviendas tendrán que 
encontrarse entre los siguientes límites de acuerdo al número de sus ocupantes:
N.º de ocupantes Superficie útil mínima Superficie útil máxima subvencionable
3 40
75 e
4 45 oe.
5 55 99ww
678 678555 90 OE-A-2021-43able en https://
5.  Se podrá admitir un incremento de hasta un 10% de las superficies si ello resultara 
imprescindible  para  la  viabilidad  de  la  vivienda.  Cuando  se  trate  de  promociones  de 
terminación o reanudación de obras, rehabilitación o reforma, y se justifique su necesidad, a 
solicitud de la persona promotora podrá exceptuarse de la limitación contemplada en el 
apartado anterior, así como de las limitaciones sobre el diseño de la vivienda que resultan 
de aplicación, por resolución motivada de la persona titular de la Dirección del Instituto 
Canario de la Vivienda. En ningún caso se podrá superar los 125 metros cuadrados de 
superficie útil.
Cuando se trate de familias numerosas o integradas por personas con movilidad 
reducida o dependientes, dichas superficies podrán alcanzar también hasta 125 metros 
cuadrados.
6.  Cuando las viviendas se encuentren en una edificación que contemple estancias 
de uso comunitario distintas de las necesarias para el acceso, podrá incluirse la parte 
proporcional de dicha superficie, sin que la superficie útil total pueda superar el límite 
máximo de 90 metros cuadrados de superficie útil.
7.  En  el  caso  de  alojamientos,  la  superficie  útil  máxima  de  cada  una  de  las 
unidades habitacionales será de 45 metros cuadrados, permitiéndose que hasta un 25% 
de las unidades alcancen los 75 metros cuadrados.
Dispondrán de superficies destinadas a servicios comunes de al menos un 15% de la 
parte privativa, con las que conformarán un conjunto residencial integrado. Además, 
deberán contar con el mobiliario suficiente y adecuado para el uso a que se destinan.
8.  Cuando la promoción incluya anejos vinculados, podrán contabilizarse como 
máximo por vivienda o unidad habitacional:
a)  25 metros cuadrados de superficie útil para los garajes o anejos, en sótano o 
cerrados en superficie, y 20 metros cuadrados para dichos garajes en superficie de 
parcela y abiertos.
b)  En el caso de aparcamientos de motocicletas, 5 metros cuadrados de superficie útil 
en sótano o cerrados en superficie y 3 metros cuadrados en superficie de parcela y abiertos.
c)  8 metros cuadrados útiles para los trasteros.
Para lo no previsto en este apartado se estará a lo estipulado en el artículo 8 del 
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
9.  En las promociones de viviendas protegidas se atenderá a los requisitos del Real 
Decreto  Legislativo  1/2013,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social o norma que lo sustituya.
10.  Cuando la superficie útil real de una vivienda o anejo vinculado supere la 
superficie útil máxima admisible establecida en este Decreto ley, se computará como 
superficie subvencionable dicha máxima superficie útil admisible. Asimismo, mientras la 
vivienda ostente la calificación de vivienda protegida, el precio máximo de venta y el 
precio máximo de referencia para determinar la renta de alquiler se computarán de 
acuerdo a la superficie subvencionable.
Artículo 4.  Módulo Básico Canario.
El Módulo Básico Canario (MBC) es el valor que sirve como referencia para la 
determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas  s
objeto de las ayudas previstas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que  oe.
comprende el coste real promedio de la edificación y el coste proporcional del suelo.  w.
dPsueaptreaer rmefiscintieea  dPúoltasil n. c, Eolann f conurimanngetú íaan   decesa tsdeoi c,mh olóo dsmu ólpodr eupclooiod ssreá  nme sástxuaipbmeleorcase r  deloens   v9ve7an4lto,a0r,e0 s a€ d/emjsuetdatirbcoale ccciuóidanod sry a pdrooer n dteael    2021-4399n https://ww
Estado para los mismos conceptos en aquellas actuaciones cofinanciadas con fondos
del Plan Estatal de Vivienda, aprobado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo o 
norma que lo sustituya.
Dicho valor podrá ser modificado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, a propuesta 
de la consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 5.  Ámbitos territoriales de precio máximo superior.
En consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, 
como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de 
las viviendas libres, se declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior los 
términos municipales que se determinen de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de 
este Decreto ley.
En dichos ámbitos territoriales, el precio máximo de venta o de referencia de las 
viviendas  protegidas  podrá  incrementarse  un  3%  para  las  calificadas  en  Régimen 
Especial y un 6% para las calificadas en Régimen General, en relación con los precios 
máximos establecidos con carácter general.
Artículo 6.  Precio máximo de referencia.
1.  Para  las  viviendas  protegidas  de  promoción  privada,  el  precio  máximo  de 
referencia se utilizará para determinar la renta máxima de arrendamiento de una vivienda 
protegida y se calculará como el resultado de multiplicar el Módulo Básico Canario por la 
superficie útil de la vivienda y por un coeficiente que se fija en:
a)  1,25 para viviendas protegidas de régimen especial.
b)  1,45 para viviendas protegidas de régimen general.
2.  En el caso de alojamientos, para la determinación del precio, se incluirá la 
repercusión de la superficie útil destinada a estancias o servicios comunes, excluidos los 
de mero tránsito, hasta un máximo del 30% de la superficie privativa cuando el uso sea 
exclusivo  para  las  personas  residentes,  pudiéndose  alcanzar  hasta  90  metros 
cuadrados.
3.  Cuando la promoción incluya anejos vinculados, el precio máximo del metro 
cuadrado  de  superficie  útil  computable  será  del  60%  del  correspondiente  al  metro 
cuadrado útil de la vivienda, en el caso de los garajes o anejos o aparcamientos de 
motocicletas, en sótano o cerrados en superficie, así como para los trasteros; o del 50% 
en los demás supuestos. Dichos precios máximos serán, asimismo, aplicables a los 
restantes garajes, anejos, aparcamientos de motocicletas y trasteros, aunque no estén 
vinculados en proyecto ni registralmente a la vivienda.
4.  En el caso de que se trate de municipios de precio máximo superior, el precio de 
referencia se incrementará en el porcentaje establecido al efecto para el régimen que 
corresponda de acuerdo al artículo 5.
5.  Los precios máximos aludidos deberán asimismo figurar en la calificación o 
declaración provisional y no podrán modificarse, salvo cuando la modificación obedezca 
a alteraciones sobrevenidas de las superficies computables de la vivienda y sus anejos, 
y se hallen dentro de los máximos establecidos o cuando la vivienda no se vendiera o 
arrendara  en  el  plazo  máximo  de  un  año  desde  el  otorgamiento  de  la  calificación 
definitiva. En este último caso, el precio total máximo hasta que dicho arrendamiento o 
venta se produzca será el que corresponda en el momento de la transmisión a una 
vivienda de similares características y ubicación. e.
6.  La renta máxima anual dependerá de la duración del régimen de arrendamiento  w.b
y se determinará como un porcentaje del precio máximo de referencia en el momento de  99ww
celebrar el contrato:
ab))   SSii  llaa  dduurraacciióónn  eess  aa  1205  aaññooss::  54,,05%%
7.  Las viviendas objeto de subvención destinadas a arrendamiento a diez años 
podrán ser objeto de un contrato de arrendamiento con opción a compra, característica 
que vendrá expresamente reflejada tanto en la clasificación provisional como definitiva.
En este supuesto, el inquilino que haya mantenido esta condición al menos durante 
cinco años podrá adquirir la vivienda una vez que esta última haya estado en régimen de 
arrendamiento desde su calificación definitiva, al menos por diez años.
El precio máximo de venta una vez transcurridos diez años no podrá superar el 
precio  máximo  legal  de  referencia  para  una  vivienda  de  similares  características  y 
ubicación en el momento de la transmisión.
Cuando el arrendamiento sea a diez años con opción de compra, se podrá acordar 
entre  las  partes  una  deducción  en  el  precio,  en  concepto  de  pagos  parciales 
adelantados, de un porcentaje de la suma de los alquileres satisfechos por el inquilino. 
En régimen general este porcentaje será como mínimo del 15%.
En el supuesto de que el inquilino no ejerciera la opción de compra, el titular de la 
vivienda podrá mantenerla en régimen de arrendamiento o proceder a su venta según el 
precio máximo establecido.
8.  El titular de una vivienda objeto de subvención destinada a arrendamiento a 25 
años  podrá,  una  vez  transcurrido  dicho  periodo,  mantenerla  en  régimen  de 
arrendamiento o proceder a su venta según el precio máximo legal de venta para una 
vivienda de similares características y ubicación en el momento de la transmisión.
9.  Para las viviendas protegidas de promoción pública, la renta máxima inicial anual 
no podrá superar el 3% del precio máximo de referencia.
10.  Los precios máximos de venta y referencia podrán ser modificados por Acuerdo 
del Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de 
vivienda.
Artículo 7.  Precios máximos.
Los precios máximos aplicables se determinarán en el momento de la formalización 
del correspondiente contrato, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.  El precio máximo de la primera transmisión del pleno dominio de la vivienda es el 
precio de referencia, determinado en el artículo 6 de este Decreto ley.
2.  Para segundas y posteriores transmisiones el precio de venta de las viviendas 
protegidas será el que las partes libremente acuerden que, en ningún caso, podrá 
superar el de venta de la vivienda protegida de nueva construcción en el momento de la 
transmisión, correspondiente a un programa asimilable.
3.  En caso de cesiones de uso, el precio máximo será el establecido en el plan de 
vivienda vigente en el momento de la cesión.
4.  El precio máximo de transmisión de viviendas promovidas sobre un derecho de 
superficie o sobre las que se haya establecido una cesión del uso se calcula en base a la 
siguiente fórmula:
0,8 * precio de referencia * t / T
Siendo «t» el número de años que restan de uso y «T» el número de años de la 
cesión de uso.
El precio máximo se actualizará en función de la evolución del índice de precios al  s
consumo desde la fecha de la calificación definitiva de la vivienda. oe.
Este importe será el máximo en caso de que la contraprestación a percibir por la  w.
cesión del uso o el derecho de superficie se contemple en un único pago. En el caso de  99ww
qnuoe p olad rcáo nsturpaeprraers tealc 4ió%n  asneu raela dliec ed imchead icaannteti dpaadg.os anuales, el importe máximo a percibir
Artículo 8.  Duración e inscripción del régimen de protección.
1.  Las promociones de viviendas y alojamientos que se acojan a las medidas de 
financiación previstas en el ámbito del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, estarán 
sujetas a un régimen de protección pública que excluye la descalificación voluntaria, 
incluso en el supuesto de subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial 
del préstamo.
2.  La duración del régimen de protección, que en cada caso corresponda, deberá 
constar  en  los  correspondientes  títulos  de  compraventa  o  de  adjudicación  o  la 
declaración de obra nueva, en el supuesto de promoción individual para uso propio, e 
inscribirse en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo regulado en el artículo 7 del 
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
3.  Salvo  los  casos  en  los  que  los  programas  del  Plan  de  Vivienda  de 
Canarias  2020-2025  establezcan  una  duración  determinada  para  el  régimen  de 
protección, en general la duración será de 30 años.
Artículo 9.  Recalificación del régimen.
La  recalificación  de  promociones  completas  o  individualizadas  de  viviendas 
protegidas para venta como viviendas protegidas para alquiler, conllevará, para las 
viviendas,  la  adopción  del  régimen  y  condiciones  propias  de  este  uso  y,  para  el 
propietario, la asunción de las obligaciones y responsabilidades propias de este régimen; 
así como la obtención de la ayuda o subvención correspondiente.
Artículo 10.  Derecho de tanteo y retracto convencional.
1.  Estarán sujetos a los derechos de tanteo y retracto en favor del Instituto Canario 
de la Vivienda o, en su caso, de la entidad pública promotora, las segundas o posteriores 
transmisiones onerosas de las viviendas protegidas y sus anejos cuando el conjunto de 
las ayudas otorgadas por las administraciones públicas haya sido igual o superior al 15% 
del precio de las viviendas al tiempo de su adquisición. Se estará para ello a lo dispuesto 
en los artículos 65 a 67 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
2.  El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercitar estos derechos a favor de 
terceros inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Canarias, en los términos que se establezca en la normativa reguladora del mismo.
3.  En el supuesto de subasta de la vivienda protegida para hacer frente al pago de 
deudas del titular, la autoridad administrativa responsable deberá notificar al Instituto 
Canario de la Vivienda el procedimiento iniciado, identificando al titular y a la vivienda 
que se pretende subastar, así como la cuantía de la deuda pendiente de pago y, en su 
caso, los intereses devengados, en orden a posibilitar el ejercicio por parte del citado 
organismo autónomo, del derecho preferente de adquisición.
Asimismo, y para el supuesto de subasta judicial, se estará a lo que disponga la 
legislación que le resulte de aplicación; ello sin perjuicio de la notificación que, en este 
caso, deberá practicar el Registro de la Propiedad correspondiente al Instituto Canario 
de la Vivienda en cumplimiento del artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.  El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercitar dichos derechos para sí o a 
favor de otras administraciones públicas, o de las sociedades mercantiles promotoras de 
las  mencionadas  viviendas  protegidas,  participadas  íntegramente  por  dichas  s
administraciones públicas, con destino a terceros inscritos en el Registro Público de  oe.
Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, en los términos que se establezca en  w.
plaú nbol5icr.m a aEdtielv  adc eorermegcpuhrlaaodv eodnreat a td aednle tme loais smy  vori.veiterancdtaos  dperboeterág idfaigsu rea ri nesxcprirbeisrsaem eenn tee l eRne glais teros cdrietu rlaa   2021-4399n https://ww
Propiedad.
6.  En el caso de transmisión o disposición de viviendas protegidas realizadas sin la 
preceptiva autorización administrativa, dicha circunstancia se hará constar en el Registro 
de la Propiedad en la forma en la que legalmente proceda.
7.  Las viviendas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo, adquiridas 
por el Instituto Canario de la Vivienda en ejercicio del derecho de tanteo y retracto, 
podrán ser descalificadas como viviendas protegidas de promoción privada y calificadas 
a continuación como viviendas de promoción pública, siempre que se cumplan los 
correspondientes requisitos.
Artículo 11.  Calificación de viviendas y alojamientos protegidos y acceso a medidas de 
financiación.
1.  Para acceder a las medidas de financiación previstas en el Plan de Vivienda de 
Canarias  2020-2025  para  la  actuación  protegida  consistente  en  la  promoción  de 
viviendas protegidas de nueva construcción, será necesario que el promotor solicite la 
declaración  o  calificación  provisional  de  actuación  protegida.  Sin  embargo,  la 
presentación por parte del interesado de la solicitud de subvención al programa aludido 
supondrá la solicitud implícita de la calificación provisional. Asimismo, la presentación de 
la solicitud de justificación de la subvención concedida supondrá, análogamente, que se 
solicita la calificación definitiva.
No obstante, se podrá presentar por separado ambas solicitudes, bien para los 
mencionados supuestos o para otros incluidos entre las ayudas de dicho Plan.
2.  Junto con la solicitud se deberá acompañar la documentación que se determine 
por Resolución del Instituto Canario de la Vivienda, reguladora del Procedimiento de 
Calificación de Vivienda o alojamiento Protegido. Esta Resolución será publicada en el 
Boletín Oficial de Canarias.
3.  El Instituto Canario de la Vivienda pondrá a disposición de los interesados en sus 
dependencias o en sede electrónica los modelos de solicitud que se prevean para cada 
actuación.
4.  Presentada la solicitud de declaración o calificación de actuación protegida y de 
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan, 
y  verificado  por  parte  del  Instituto  Canario  de  la  Vivienda  el  cumplimiento  de  los 
requisitos generales y específicos exigidos para cada tipo de actuación, se procederá, en 
su caso, a dictar la correspondiente resolución de calificación; así como, en su caso, al 
reconocimiento del derecho a acceder a las correspondientes medidas de financiación.
5.  En el supuesto de que en la regulación específica de una actuación protegida se 
requiera el visado de un contrato, este se llevará a cabo mediante diligencia del Instituto 
Canario de la Vivienda. El visado del contrato supondrá la calificación como protegida de 
la correspondiente actuación.
6.  La  resolución  de  calificación  o  declaración  provisional  habrá  de  dictarse  y 
notificarse en el plazo de seis meses desde la presentación de la correspondiente 
solicitud. La práctica del visado del contrato deberá realizarse en el plazo de tres meses.
Transcurridos  los  plazos  indicados  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  la 
correspondiente resolución se entenderá estimada la solicitud de calificación, así como el 
visado del contrato.
7.  En  el  marco  del  Plan  de  Vivienda  de  Canarias  2020-2025  no  se  podrán 
subvencionar las promociones privadas de vivienda protegida en régimen de venta, lo 
cual no impedirá la solicitud por parte de los promotores y, si procede, la correspondiente 
calificación de dichas promociones. e.
8.  Los promotores de viviendas libres que se encuentren terminadas, o que estén  w.b
previstas en proyectos de reparcelación debidamente inscritos en el Registro de la  99ww
cPuroapleiesqduaide rcao np earsnotenraiosr idoa de nati dlaad eens trqaudea  heany avnig oard dqeuli ripdroe sae nlotes  Dperocmreototo rleeys,  oa saí  cootrmoos 
apdaqrau irvieenntteas  od icahlqausi lveirv, iesniedmasp,r ep odqruáen  dsioclhicaitsa r vsivui ecnadliafisc acciuómn pcloamn oc ovniv ielonsd arse qpuroistietogsid adse, 
superficie máxima útil, habitabilidad, destino, uso, calidad, precios de venta o renta por
metro cuadrado útil y requisitos de acceso que se establecen en la normativa específica 
de vivienda protegida de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
9.  A efectos de agilizar los procedimientos, el Instituto Canario de la Vivienda, 
previo acuerdo con las entidades locales y otras partes interesadas, podrá suscribir el 
instrumento de colaboración que proceda para que, en uso de los mecanismos de 
cooperación  y  coordinación  entre  las  administraciones  públicas  y  de  los  medios 
electrónicos,  el  procedimiento  de  concesión  de  la  calificación  de  una  actuación 
subvencionable se realice de forma simultánea con la concesión de las correspondientes 
licencias municipales.
Artículo 12.  Municipios de preferente localización.
1.  Al objeto de determinar los municipios de preferente localización de viviendas 
protegidas a que hace referencia el artículo 26.1 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias, se atenderá a los siguientes criterios:
a)  Municipios que son capitales insulares.
b)  Municipios cuya población supera los 100.000 habitantes.
c)  Municipios cuya población ha crecido en los últimos cinco años más que la 
media del Archipiélago y en los que la construcción de viviendas durante los cinco años 
anteriores al momento de la observación no es capaz de satisfacer la demanda de 
vivienda originada por el incremento de población de esos municipios más la de los 
demandantes de vivienda inscritos en el registro correspondiente.
2.  La  relación  de  municipios  señalada  en  el  apartado  anterior  se  determinará 
mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 13.  Ámbitos territoriales declarados de precio máximo superior.
1.  Se  definen  como  ámbitos  territoriales  de  precio  máximo  superior  aquellos 
municipios en los que la renta media de alquiler es superior a la media de la Comunidad 
Autónoma en su conjunto. Para su determinación se estará a la estadística más reciente 
que publique el Instituto de Estadística de Canarias relativa al importe medio por alquiler, 
o, en su defecto, la publicada por el ministerio competente en materia de vivienda o por 
la Administración pública u organismo autónomo competente en materia de estadística.
2.  Por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de 
vivienda se determinarán los ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Sección 2.ª Medidas adicionales en materia de vivienda
Artículo 14.  Convenios de cesión de uso de viviendas desocupadas.
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Vivienda, implementará 
una  política  tendente  a  conseguir  un  parque  público  de  vivienda  suficiente  a  las 
demandas actuales y, para ello, podrá suscribir convenios de colaboración con las 
entidades  financieras,  las  sociedades  inmobiliarias  bajo  su  control,  la  Sociedad  de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., y otras personas 
o entidades que operan en el sector inmobiliario que sea propietarios de, al menos, 15 
viviendas, para incrementar una oferta de alternativas habitacionales dignas que permita 
dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de  e.e
convivencia en situación de especial vulnerabilidad. Estos convenios podrán tener por  b
objeto la cesión de uso de viviendas desocupadas por parte de sus titulares. 99ww
Artículo 15.  Dación en pago de viviendas protegidas de promoción privada.
1.  Los titulares de viviendas protegidas de promoción privada situados en el umbral
de  la  exclusión  que  no  puedan  hacer  frente  al  pago  de  las  cuotas  de  préstamos
hipotecarios suscritos para la adquisición de las mismas, podrán adoptar con la entidad 
financiera  acreedora  un  acuerdo  judicial  o  extrajudicial  de  dación  en  pago,  de 
conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de 
Canarias y el Real Decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, previa autorización expresa del 
Instituto Canario de la Vivienda; sin la cual no podrá suscribirse la correspondiente 
escritura pública, ni practicarse la inscripción de la transmisión en el Registro de la 
Propiedad correspondiente.
2.  La autorización conjunta para efectuar la dación en pago será otorgada a las 
partes interesadas cuando el titular de la vivienda cumpla, al menos, con los siguientes 
requisitos:
a)  Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecución 
hipotecaria, siendo su única vivienda en propiedad y no poseer ningún miembro de la 
unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria, la titularidad 
de ninguna vivienda.
b)  Tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios.
c)  Que el lanzamiento pueda generar una situación de emergencia o exclusión social.
d)  Cumplir los siguientes requisitos de carácter económico:
1.º  Que el procedimiento de ejecución hipotecaria sea consecuencia del impago de 
un préstamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda.
2.º  Que  las  condiciones  económicas  de  la  persona  hayan  sufrido  un  importante 
menoscabo,  provocando  una  situación  de  endeudamiento  sobrevenido  respecto  a  las 
condiciones y circunstancias existentes cuando se concedió el préstamo hipotecario. Se 
entenderá que las circunstancias económicas han sufrido un importante menoscabo cuando 
el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado 
por, al menos, 1.5 y ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares.
3.º  Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere en tres veces el 
IPREM.
3.  Dichos  requisitos  deberán  acreditarse  mediante  la  aportación  de  la 
documentación oportuna, sin que sea exigible el reintegro de las ayudas y beneficios 
fiscales recibidos.
4.  El titular de la vivienda, si lo solicita, podrá permanecer durante un plazo de dos 
años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta por metro 
cuadrado útil de la vivienda que no exceda a la establecida para una vivienda protegida 
de las mismas características calificada a la firma del contrato.
5.  Las resoluciones de autorización de dación en pago tendrán una vigencia de 4 
meses  contados  a  partir  de  su  notificación,  transcurridos  estos,  las  mismas  se 
considerarán caducadas a todos los efectos.
Artículo 16.  Cesión temporal de uso a terceros de viviendas protegidas de promoción 
privada calificadas en régimen de venta.
1.  Las viviendas protegidas calificadas definitivamente en régimen de venta no 
podrán  alterar  su  uso  para  ser  destinadas  a  arrendamiento.  No  obstante,  podrá 
autorizarse la cesión de uso a terceros, con carácter temporal, siempre que se trate de 
viviendas protegidas que hayan superado los diez años desde su calificación definitiva y 
que concurra justa causa debidamente justificada y apreciada por la Administración 
Pública. e.
2.  A estos efectos se entienden como justas causas que justifiquen la autorización  w.b
del cambio de uso temporal, las siguientes: 99ww
a)  Las dificultades económicas surgidas por el impago de al menos dos cuotas de
amobr)ti zaEcli ócna dmebl ipor édseta mlooc ahliipdoatde cdaeri or eqsuied egnracviae  ldae vl ivtiiteunladra .de  la  vivienda  por  motivos
laborales, académicos o de salud.
c)  La existencia de denuncia por violencia de género o informe acreditativo de los 
servicios  especializados  del  Gobierno  de  Canarias  cuando  la  persona  titular  o 
beneficiaria de la vivienda protegida sea víctima de violencia de género, siempre que 
exista denuncia y la salida de la vivienda sea una de las medidas adoptadas o a adoptar 
para asegurar su seguridad e integridad.
3.  La autorización de la cesión temporal del uso de la vivienda a terceros estará 
condicionada a la previa comprobación, por los servicios del Instituto Canario de la 
Vivienda, de que la relación de arrendamiento que se suscriba cumpla con los siguientes 
requisitos:
a)  Las personas que accedan a la vivienda deberán reunir los mismos requisitos 
establecidos para acceder a una vivienda protegida.
b)  El plazo máximo de la autorización temporal no podrá superar una anualidad, 
prorrogable por idéntico período hasta un máximo de cinco.
c)  La renta a abonar no podrá superar el 5% del precio máximo de referencia fijado 
para una vivienda usada, en el momento de suscribir el contrato.
4.  En  cualquier  caso  deberá  garantizarse  al  propietario  la  recuperación  de  su 
vivienda, una vez finalicen las circunstancias excepcionales que motivaron su cesión 
temporal.
5.  Transcurridos  diez  años  desde  la  calificación  definitiva,  no  será  necesario 
acreditar motivos para la autorización de la cesión de uso a terceros, sin perjuicio de que 
sí se requerirá la concurrencia de los criterios del apartado anterior.
Artículo 17.  Arrendamiento temporal de viviendas calificadas en régimen de venta.
1.  El Instituto Canario de la Vivienda podrá autorizar a los promotores de viviendas 
protegidas calificadas definitivamente para venta en el marco de los planes de vivienda, 
y que no hubieran sido transferidas en el plazo de un año desde la calificación definitiva, 
a que las pongan en arrendamiento. Asimismo, podrán solicitar esta autorización las 
personas jurídicas que hayan adquirido viviendas protegidas calificadas en régimen de 
venta, por vía judicial o extrajudicial, hasta que se produzca su transmisión.
Las rentas máximas aplicables serán las establecidas en este Decreto ley para las 
viviendas de nueva construcción en régimen de arrendamiento. El precio de venta, 
transcurrido el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento, será el que corresponda 
en ese momento a una vivienda protegida de nueva construcción calificada para venta 
en la misma ubicación.
2.  Asimismo,  el  Instituto  Canario  de  la  Vivienda  articulará  medidas  para  la 
reducción de los plazos máximos de tramitación y resolución de estos procedimientos.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de transporte por carretera
Artículo 18.  Visado de las autorizaciones de transporte por carretera.
1.  Las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar 
en el año 2020 y no se hubieran visado, podrán hacerlo, asimismo, en el año 2021. Las 
autorizaciones de transporte ya visadas en el año 2020 se deberán visar en el año 2023. es
2.  Las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar  bo
en el año 2021, se deberán visar en el año 2022. 99ww
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CAPÍTULO III
Medidas en materia de cánones en puertos de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias
Artículo 19.  Exenciones aplicables a cánones concesionales en instalaciones portuarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En  el  año  2020  se  establecen  las  exenciones  temporales  que  se  indican  a 
continuación para las embarcaciones de recreo encuadradas en la Lista 6 definida en el 
artículo  4  del  Real  Decreto  1027/1989,  de  28  de  julio,  sobre  abanderamiento, 
matriculación de buques y registro marítimo.
a)  El 100% del canon concesional devengado desde el día 14 de marzo, fecha en 
la que se decretó el inicio del estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, hasta el día 20 de junio de 2020, en que se dio por finalizado.
b)  El 50% del canon concesional desde el día 21 de junio hasta el día 31 de 
diciembre de 2020.
Disposición adicional primera.  Consideración del Plan de Vivienda de Canarias como 
Plan Estratégico de Subvenciones.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 tiene la consideración de plan estratégico 
de subvenciones, a efectos de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones o normas que los sustituyan.
Disposición  adicional  segunda.  Nombramiento  de  funcionarios  interinos  para  la 
ejecución de programas del Plan de Vivienda de Canarias.
Los programas a ejecutar en el marco Plan de Vivienda de Canarias tendrán la 
consideración de programas de carácter temporal para el nombramiento de funcionarios 
interinos, a efectos de lo previsto en el artículo 10.1.c) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  mediante  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o norma que lo sustituya.
Disposición  adicional  tercera.  Abono  anticipado  de  las  ayudas  concedidas  para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 
de vivienda habitual.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se autoriza el abono 
anticipado en el caso de beneficiarios que se encuentren en situación de desempleo o 
ERTE en el momento del pago de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, sin que 
sea exigible la presentación de garantía, y sin perjuicio de la posterior comprobación de 
la acreditación del cumplimiento por parte de los beneficiarios, de los requisitos previstos 
en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en la Orden ministerial TMA/336/2020,  s
de 9 de abril y en la Resolución de concesión. oe.
En caso de incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario, procederá el  w.
rape rionladt euegcxriroi,g  deyen  clpaiao  ar dyeuto ddareo dsspe o laoncssu aebgriadlisdota ocdso  npg eoelrn  pelroroasc dedodasim ñopieson rt yo l aple egarajpulmliiccieaoncsti eóq neu sedt aesb elee cshitdaaoysa,  nam sípe ocdodidmidaoos    2021-4399n https://ww
excepcionales; sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de
los mismos pudiera dar lugar, de conformidad con lo previsto en el citado Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio del procedimiento de adjudicación de 
las viviendas protegidas de promoción pública.
Hasta tanto se regule el procedimiento para adjudicar las viviendas protegidas de 
promoción pública por la persona titular de la consejería competente en materia de 
vivienda, será de aplicación el procedimiento previsto en el Decreto 138/2007, de 24 de 
mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de 
promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en el presente Decreto ley.
2.  En particular, se deroga el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se 
establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública 
de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. La eficacia de dicha derogación queda 
demorada hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación del procedimiento 
para  adjudicar  las  viviendas  protegidas  de  promoción  pública,  a  que  se  refiere  la 
disposición transitoria única de este Decreto ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda 
de Canarias.
La  Ley  2/2003,  de  30  de  enero,  de  Vivienda  de  Canarias  se  modifica  en  los 
siguientes términos:
Uno.  Se añade un nuevo párrafo segundo, al apartado 2 del artículo 6, del siguiente 
tenor:
«Asimismo,  previo  convenio  con  el  Instituto  Canario  de  la  Vivienda,  los 
ayuntamientos podrán asumir la ejecución del Plan de Vivienda en su municipio 
respectivo, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario de la 
Vivienda, directamente, o a través de los organismos o entidades vinculados o 
dependientes integrantes de su sector público institucional.»
Dos.  El apartado 3 del artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Reglamentariamente, en el marco del Plan de Vivienda, mediante orden 
de la persona titular de la consejería competente en materia de vivienda, se 
determinarán las actuaciones a ejecutar, las modalidades de ayuda pública, sus 
características,  y  los  requisitos  para  acceder  a  las  mismas,  incluyendo  las 
garantías necesarias para la afectación del suelo a los fines señalados en el 
anterior artículo.»
Tres.  El apartado 2 del artículo 47 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  El procedimiento para adjudicar las viviendas protegidas de promoción 
pública se regulará reglamentariamente mediante orden de la persona titular de la  es
consejería competente en materia de vivienda, pudiendo adoptar la modalidad de  o
baremación, sorteo o cualquier otro sistema que se estime adecuado para dar  99www.
cumplimiento a los principios regulados en el apartado 1 de este artículo.»
Cuatro.  Los apartados 2 y 5 del artículo 48 quedan redactados en los siguientes 
términos:
«2.  El procedimiento y requisitos para la adjudicación de las viviendas de 
promoción pública, será desarrollado mediante orden de la persona titular de la 
consejería competente en materia de vivienda y se ajustará a los principios de 
objetividad, publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad.»
«5.  El Gobierno de Canarias, atendiendo a las circunstancias sociales y 
económicas, podrá favorecer el acceso a la propiedad de viviendas de titularidad 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  calificadas  en  compraventa,  a 
arrendatarios del parque público de viviendas, teniendo derecho a que se les 
aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas 
abonadas por alquiler hasta el momento de la resolución del arrendamiento en los 
términos que se determine reglamentariamente, previa solicitud de los mismos y 
estudio económico de la unidad familiar por el Instituto Canario de la Vivienda.»
Cinco.  El apartado 1 del artículo 68 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Procederá el desahucio administrativo contra arrendatarios, adjudicatarios u 
ocupantes de las viviendas protegidas, o sometidas a un régimen de protección 
pública, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, que 
sean de titularidad pública, cuando hayan sido sancionados por la comisión de dos 
infracciones graves de las previstas en el artículo 105 o de una infracción muy 
grave de las previstas en el artículo 106.
En  caso  de  falta  de  pago  de  las  rentas  pactadas  en  el  contrato  de 
arrendamiento o de las cantidades a que esté obligado el adjudicatario en el 
acceso diferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean exigibles por 
servicios, gastos comunes o cualquier otra establecida en la legislación vigente, 
podrá instarse la reclamación de las cantidades adeudadas mediante la aplicación 
del procedimiento de recaudación en materia tributaria, con carácter previo al 
inicio del procedimiento de desahucio.»
Seis.  Los apartados 2 y 3 del artículo 69 quedan redactados en los siguientes términos:
«2.  En  cualquier  caso,  la  consejería  competente  en  materia  de  políticas 
sociales, en coordinación con los servicios sociales municipales del ayuntamiento 
en que esté sita la vivienda, adoptará las medidas oportunas para garantizar que 
las personas afectadas por el desahucio administrativo no queden en situación de 
exclusión social.»
«3.  El  procedimiento  de  desahucio  se  notificará  al  interesado  y  se  le 
concederá  un  plazo  de  15  días  para  que  formule  alegaciones,  presente  la 
documentación  que  estime  oportuna  y  proponga  cuantas  pruebas  considere 
pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por 15 días, el instructor 
elevará  la  correspondiente  propuesta  de  resolución.  Se  podrá  prescindir  del 
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado.»
Siete.  El artículo 71 queda redactado en los siguientes términos: es
«Artículo 71.  Precinto cautelar. 99www.
a doCmuiacnildioo  heal bdietusaalh uyc pioe srme adneebnat ea  lsain s ahnacbióenr  iombpteuneisdtoa  lpao rp nreoc deepstitvinaa ar ulato vriivziaecnidóan 
administrativa  de  desocupación,  el  órgano  competente  para  resolver  podrá
acordar el precinto cautelar de la vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer.»
Ocho.  El apartado 1 del artículo 76 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Para la ejecución de los objetivos definidos por el Plan de Vivienda, a 
propuesta del Instituto Canario de la Vivienda, la persona titular de la consejería 
competente en materia de vivienda aprobará los programas específicos de cada 
una de las actuaciones incorporadas en aquel.»
Nueve.  Se añade una nueva letra cc) al artículo 105 con la siguiente redacción:
«cc)  El impago, durante seis meses consecutivos o doce alternos, de las 
rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades a que esté 
obligado el adjudicatario en el acceso a la propiedad; así como de los importes 
que  sean  exigibles  por  servicios,  gastos  comunes  o  cualquier  otra  cantidad 
establecida en la legislación vigente, salvo que la falta de pago traiga causa de 
sucesos imprevisibles o que, previstos, fueran inevitables.»
Disposición final segunda.  Mantenimiento del rango reglamentario de determinados 
preceptos.
Los preceptos reglamentarios que sean modificados de forma expresa o tácita por el 
presente Decreto ley mantendrán su rango normativo original.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 23 de diciembre de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis 
Vera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 267, de 28 de diciembre de 2020. Convalidado por Acuerdo 
del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 26, de 8 de febrero de 2021)