BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 161858
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
21315 Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea 
Regional ha aprobado la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
PREÁMBULO
I
Pocas materias justifican mejor la razón de ser de una Administración Pública que el 
ejercicio de las que son propias de los servicios sociales.
Efectivamente, procurar la integración y mejorar la calidad de vida de las personas 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, así como de las personas 
mayores y con discapacidad, desarrollar una política integral de apoyo a la familia o 
proteger a los menores, entre otras, han de ser pilares que fundamenten la existencia de 
los poderes públicos.
El  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Región  de  Murcia,  aprobado  por 
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye, en su artículo 10, uno, 18, a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en este ámbito.
En el ejercicio de la misma, se promulgaron dos leyes de Servicios Sociales; la 
primera de ellas, la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, puso las bases de los Servicios 
Sociales en la Región de Murcia, perfilando un modelo y estableciendo lo que serían los 
objetivos fundamentales de la actuación administrativa. Posteriormente, la Ley 3/2003, 
de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia adaptó la 
política social a los nuevos tiempos y abrió la posibilidad de gestión de los servicios a 
toda la iniciativa social.
Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad dinámica que plantea nuevos 
retos y demanda nuevas respuestas de la Administración. Por eso, se hace necesaria la 
promulgación de otra ley de Servicios Sociales que atienda a las actuales exigencias y 
dé respuesta a los recientes desafíos que se plantean.
En efecto, resulta ineludible en el momento actual afrontar el cambio significativo del 
contexto, tanto social como normativo, que se viene produciendo desde la promulgación 
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, caracterizado, entre otros rasgos, por el crecimiento de 
las necesidades y demandas de atención, protección e integración social asociadas a 
situaciones de vulnerabilidad y de cronificación de las situaciones de exclusión social, 
por los cambios demográficos caracterizados por el crecimiento de la población, por los 
procesos migratorios, así como por el envejecimiento y el incremento del número de 
personas con limitaciones en su autonomía, que ha motivado la promulgación a nivel 
estatal de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y  e.
Atención a las Personas en situación de Dependencia; y por último, la propia práctica en  w.b
la prestación de los servicios sociales, caracterizada por la participación de las entidades  315ww
dpeú blalic ionsic, iya tuivnaa s mocaiyaol,r  epnre csueannctioa  adgee mntoedse qlouse  dceo mgepsletiómne bnatasna dlao sa cetnu alac icóanl iddea dlo, sd opnoddee rlaess 
nuevCaiesr tteacmneonloteg,í anso  apduqeudieer eonb vuianr psea pqeul er elale veasntrtuec.tura de nuestra sociedad, contemplada
desde la óptica de los servicios sociales, se encuentra vertebrada hoy en cuatro grandes
esferas o sectores: las Administraciones, las entidades del tercer sector de acción social, 
las  empresas  y  las  redes  primarias  o  informales  que  se  articulan  en  el  seno  de 
comunidad en torno al voluntariado.
Además,  en  el  año  2015  la  Organización  de  Naciones  Unidas  aprobó  la 
«Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible», definida como una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 
todos,  sin  dejar  a  nadie  atrás.  La  Agenda  cuenta  con  17  Objetivos  de  Desarrollo 
Sostenible que incluyen, entre otros, el objetivo 1 «Poner fin a la pobreza en todas su 
formas en el mundo» y el objetivo 10 «Reducción de la desigualdad en y entre los 
países».
Por su parte, en el marco de la «Estrategia Europa 2020» se establecieron tres 
prioridades  o  líneas  básicas  de  actuación  (economía  inteligente,  sostenible  e 
integradora),  que  se  refuerzan  mutuamente  y  pretenden  contribuir  a  que  la  Unión 
Europea y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y 
cohesión social. A tal fin, la Unión Europea estableció para el año 2020 cinco ambiciosos 
objetivos  en  materia  de  empleo,  innovación,  educación,  integración  social  y  clima/
energía, entre los que se encuentra el de «Luchar contra la pobreza y la exclusión 
social», que plantea reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación 
o riesgo de pobreza y exclusión social en todo el ámbito de la Unión, siendo necesario el 
acceso de todos a los recursos, derechos, y servicios necesarios para la participación en 
la sociedad, previniendo y abordando la exclusión social.
En  esta  tarea,  la  Unión  Europea  ya  estableció  en  2006  (Comunicación  de  la 
Comisión «Aplicación del programa comunitario de Lisboa, Servicios Sociales de interés 
general en la Unión Europea») el papel clave de los servicios sociales, por desempeñar 
una importante función en la sociedad y en la economía europea, y reconoció que el 
sector de los servicios sociales, situado en un entorno cada vez más competitivo, se 
encuentra en plena expansión e inmerso en un proceso de modernización que puede 
adoptar distintas formas. Entre ellas se alude a la introducción de métodos de evaluación 
comparativa y de control de calidad y la participación de los usuarios en la gestión, a la 
descentralización de la organización con el establecimiento de servicios a nivel local o 
regional, al desarrollo de marcos de colaboración entre los sectores público y privado y al 
recurso de otras formas de colaboración complementarias a la pública, como desafío de 
futuro de los servicios sociales en los Estados Miembros.
Durante  la  «Cumbre  Social  en  favor  del  empleo  justo  y  el  crecimiento» 
(Gotemburgo, 17 de noviembre de 2017) fue proclamado y firmado conjuntamente por el 
Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión el denominado 
«Pilar europeo de los derechos sociales», como declaración institucional, no vinculante, 
que recoge veinte grandes principios articulados en torno a dos grandes ejes: uno, 
relativo a las garantías de los trabajadores, defiende la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado de trabajo y la preservación de unas condiciones laborales justas; el 
otro reivindica un nivel de protección social adecuado y sostenible.
El Sistema de Servicios Sociales de España vive pues, en la actualidad, un momento 
clave  en  el  que  está  en  juego  su  consolidación  como  cuarto  pilar  del  Estado  del 
Bienestar; esto es, como un sistema público para la garantía universal de derechos 
sociales, dentro de las nuevas estrategias del bienestar social y, en particular, para 
asegurar  el  derecho  subjetivo  a  la  atención  social  básica  y  en  el  acceso  a  las 
prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales, y para afianzar los nuevos 
mecanismos de organización de la gestión de los servicios sociales. s
Por todo ello, se hace imprescindible la aprobación de una nueva ley dirigida a  oe.
superar la visión de los servicios sociales como recursos para colectivos especiales y  w.
avanzar en su consideración como servicios para todas las personas, que se utilizarán  315ww
tcruaatan ddoe  sied ednetinfi csaitru aacdieocnueasd daem ennetcee slaid afidn.a lAidl amd,i somboje ttiievmosp oy,  pceorní meesttrao  nsueecvtao rinaol rdmea  loses 
csoenrvciceipocsi ósno creiasliedsu,a al sdíe c loam aosi slotesn acgiae snotecsia ilm. plicados en los mismos, huyendo de la vieja  BOE-A-cable e
Se pretende, en definitiva, vertebrar un Sistema de Servicios Sociales entendido en 
cuanto generador de condiciones para la igualdad efectiva y real, así como para la 
adopción de medidas de acción positiva para la participación, autonomía personal y 
calidad de vida, que ha de constituirse como uno de los instrumentos básicos para 
garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio y acceso a todos los derechos. En 
última instancia, la finalidad que persigue este sistema es reducir e intentar eliminar las 
desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que 
conforman una sociedad democrática moderna, así como mejorar las condiciones de 
vida de todas ellas.
II
De esta manera, en este texto legislativo se reconocen como derechos subjetivos 
determinadas  prestaciones,  pudiendo  exigirse  ante  tribunales  y  en  el  ámbito 
administrativo, esto es, la concepción antitética de la antigua beneficencia, se establece 
un Catálogo de prestaciones del Sistema, se crea la Historia social única, que comienza 
en el nivel de los Servicios Sociales de Atención Primaria y que contendrá la información 
relevante sobre la situación y evolución del usuario. En esta historia social se incluirá el 
Programa  Individual  de  Atención  Social,  herramienta  diseñada  para  garantizar  la 
adecuada atención de las personas, familia o unidad de convivencia; para hacer efectivo 
ese Programa Individual de Atención Social, a cada persona que acceda al Sistema de 
Servicios Sociales se le asignará un profesional de referencia.
Para garantizar la coordinación entre administraciones públicas, se crea el Consejo 
de Coordinación Territorial de Servicios Sociales y se fomenta la participación ciudadana 
a través del uso de la tecnología de la información, uso de internet y las redes sociales; 
se reconoce como derecho de las personas usuarias recibir unos servicios de calidad, y 
para  ello  se  crea  el  Plan  de  Calidad  e  innovación,  como  instrumento  básico  para 
asegurar el desarrollo y aplicación a los criterios de calidad y la mejora continua.
Se va a promover la elaboración de un Código de Ética profesional que garantice que 
la actuación de los colectivos profesionales de los servicios sociales se ajuste a los 
principios de calidad, eficiencia y eficacia; se ha de fomentar, asimismo, la investigación 
científica en la materia y se establece un régimen de infracciones que va a afectar, no 
sólo a las entidades prestadoras, sino también a las personas usuarias de servicios y 
beneficiarios de prestaciones.
Todas estas novedosas medidas, entre otras contenidas en la ley, se adoptan a fin de 
procurar que los servicios sociales en la Región de Murcia se adecuen a las nuevas 
exigencias en esta materia.
III
La ley consta de once títulos y uno preliminar que establece el objeto de la ley, su 
ámbito de aplicación, elabora un elenco de definiciones precisas para la comprensión 
correcta del texto, define el Sector de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en el 
que se incluye el conjunto de servicios o prestaciones de titularidad pública o privada, 
dedicados a la promoción y el desarrollo pleno de las personas, la finalidad y objetivos 
del Sistema de Servicios Sociales, como conjunto de recursos de titularidad pública, fija 
los principios informadores de este sistema, entre los que destacan la igualdad efectiva, 
la  universalidad,  la  unidad,  la  atención  personalizada,  la  proximidad  y  la  calidad, 
reconoce el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas y definen los titulares del  e.
derecho a los servicios sociales asignándoles unos derechos y obligaciones. w.b
Este mismo título establece un catálogo de derechos y deberes y prevé una reserva  315ww
de dEeln toítmulion aI crieógnu dlae  elal sC eaxtáplroegsoio dnee sla u tpilriezastdaacsio enne se ld teelx Stoi.stema de Servicios Sociales de
clau aRlqeugiieórn  cdaes oM, vuarcni aa,  tdeenteerr mlai ncao nssuid ceorancteiónnid doe b gáasricaon tiazsaíd caosm. o las prestaciones que, en
Tras determinar la responsabilidad pública del Sistema de Servicios Sociales, el 
título II se dedica a la distribución competencial, distinguiendo entre las atribuidas al 
Consejo de Gobierno, a la consejería competente en la materia y a las entidades locales.
De conformidad con el título III, el Sistema de Servicios Sociales se va a organizar 
territorialmente en Áreas, en Zonas básicas de servicios sociales y Unidades básicas de 
Servicios  Sociales  y  estructurar  en  dos  niveles  de  atención,  Servicios  Sociales  de 
Atención  Primaria  y  en  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada,  estructura 
tradicional que ya apareció en la primera Ley de Servicios Sociales, asignándosele unas 
funciones precisas a cada uno de los niveles.
La ley garantiza la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los demás 
sistemas y servicios de protección social. A tal fin, se crea el Servicio de Información de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia, que va a garantizar la gestión integrada de la 
información generada en el Sistema.
Como quiera que los poderes públicos han de facilitar los medios suficientes para 
hacer frente a los gastos derivados de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el 
título V prevé las fuentes de financiación del Sistema de Servicios Sociales, así como la 
participación  económica  de  las  personas  usuarias  en  tal  financiación,  que  ha  de 
fundamentarse en los principios de universalidad, equidad, progresividad y redistribución.
El Plan Regional de Servicios Sociales ha de ser el instrumento de planificación 
básico a fin de ordenar las medidas y recursos necesarios para conseguir el éxito en el 
ejercicio de sus actuaciones administrativas, instrumento que irá acompañado del mapa 
que defina la implantación de las prestaciones del Catálogo.
La esencia de la democracia radica en que la organización de la política, y entre ella 
la política social, se haga de tal forma que los ciudadanos participen a través de canales 
auténticos,  institucionalizados  y  representativos  como  son  el  Consejo  Regional  de 
Servicios Sociales, los Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial, los Consejos 
Locales de Servicios Sociales, que han demostrado con el tiempo su eficacia como canal 
de participación, incorporándose a los mismos la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector 
de Acción Social, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el 
diálogo permanente entre la Comunidad Autónoma y las entidades del Tercer Sector del 
Acción Social, definidas en el artículo 2 de la Ley estatal 43/2015, de 9 de octubre, del 
mismo nombre. Pero, además, es preciso que se aprovechen para el ejercicio de este 
derecho fundamental los recursos que ofrece la tecnología de la información, como 
reconoce el título VII de la ley.
El derecho de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil a participar en la 
gestión de los servicios sociales se regula en el titulo VIII. Para hacer efectiva esta 
participación, se establece como modo de organización de la gestión el régimen de 
concierto  social  con  entidades  de  iniciativa  social  y  entidades  de  iniciativa  privada 
mercantil, y de convenios con entidades de iniciativa social.
Uno de los principios informadores del Sistema de Servicios Sociales es el de 
calidad, derecho de las personas usuarias y de aplicación a la totalidad de entidades 
tanto públicas como privadas.
Íntimamente relacionado con el ámbito de la calidad, se encuentra la materia del 
Registro y la Inspección de servicios sociales, que han de procurar que el acceso del 
usuario a los recursos se haga de acuerdo con los estándares exigibles.
El título XI recoge un régimen de infracciones y sanciones que ha de velar por la 
protección y la garantía de los derechos, no solo de las personas usuarias sino también 
de las entidades y personas responsables de los servicios, a fin de que se eliminen  s
conductas inadecuadas. oe.
Finalmente,  las  disposiciones  adicionales,  transitorias,  derogatoria  y  finales  w.
incorporan  previsiones  y  mandatos  específicos  para  garantizar  el  desarrollo  de  los  315ww
ealpermobeanctoiósn  ddeel  nSoirsmteams ar edgela mSeernvtiacriioass , Syo dciisaeleñsa nd ee l lcaa lRenedgaiórino  ddee  dMeusracrirao llqou beá sreicqou ideere lna 
ley, o establecen previsiones específicas de carácter transitorio sobre aspectos tan
relevantes como la financiación compartida o la provisión de las prestaciones hasta tanto 
se complete la total implantación de la misma.
IV
La  elaboración  de  este  proyecto  normativo  se  ha  caracterizado  por  un  amplio 
proceso de participación y consenso social, basado en todo momento en el principio de 
transparencia, tanto en la fase de consulta pública como en el trámite de información y 
audiencia ciudadana, haciendo partícipe a una multiplicidad de actores tanto del ámbito 
de los servicios sociales como de otros sistemas de protección social.
Esta ley se aprueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.Uno.18 del 
Estatuto  de  Autonomía  de  la  Región  de  Murcia,  que  atribuye  a  esta  Comunidad 
Autónoma  la  competencia  exclusiva,  incluyendo  la  potestad  legislativa,  la  potestad 
reglamentaria  y  la  función  ejecutiva,  en  materia  de  asistencia  y  bienestar  social, 
desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones de protección y 
tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria, 
promoción e integración de las personas con discapacidad, emigrantes y demás grupos 
sociales  necesitados  de  especial  protección,  incluida  la  creación  de  centros  de 
protección, reinserción y rehabilitación.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto:
a)  Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema de servicios sociales de 
carácter universal y reconocer el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, en las condiciones y términos 
específicamente previstos para cada una de ellas.
b)  Regular y ordenar el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, 
estableciendo el marco normativo al que han de ajustarse las actuaciones públicas y la 
iniciativa privada en materia de servicios sociales, fomentando y garantizando el derecho 
a su participación en la prestación de los mismos, mediante concierto social u otras 
formas de colaboración.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente ley se aplicará a los Servicios Sociales que se presten en el territorio de 
la Región de Murcia por:
a)  La Administración Regional.
b)  Las entidades locales.
c)  Otras entidades públicas.
d)  Las entidades de iniciativa social, las entidades de iniciativa privada mercantil y 
las personas físicas.
Artículo 3.  Definiciones. bo
1A.  efeAcuttoosn odme ílaa :p rLeas ecnatpea lceiyd,a sde  deen ticeonndtero plaorr,: afrontar y tomar, por propia iniciativa,  2021-21315n https://ww
pdreocpisiaiosn aessí  pcoemrsoo ndaele dse saacrerroclala rd lea sc óamctiov idviavdire ds eb áasciucaesrd doe c loan v ildaas  dnioarrmia.as y preferencias  BOE-A-cable e
2.  Necesidades  personales  básicas:  Son  las  necesidades  precisas  para  la 
subsistencia que afectan a la calidad de vida de la persona en términos de su autonomía 
personal, funcional e integración relacional.
3.  Necesidades sociales: Son las necesidades referidas a las relaciones familiares, 
interpersonales y de grupo, así como las relativas a la integración y participación efectiva 
en la Comunidad.
4.  Entidades  de  iniciativa  social:  Aquellas  entidades,  sean  constituidas  por 
organizaciones  no  gubernamentales,  asociaciones,  fundaciones,  organizaciones  de 
voluntariado, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, y en 
general el denominado Tercer Sector de Acción Social, a excepción de las entidades 
públicas  territoriales,  que  realizan  actividades  de  servicios  sociales.  Además,  se 
consideran entidades de iniciativa social las sociedades cooperativas calificadas como 
entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica.
5.  Entidades de iniciativa privada mercantil: Las personas jurídicas y las demás 
entidades privadas con ánimo de lucro que, con las acreditaciones correspondientes, 
puedan desarrollar actividad en el marco del Sector de Servicios Sociales.
6.  Inclusión social: El proceso necesario para posibilitar que personas en situación 
del vulnerabilidad o riesgo de exclusión social tengan la oportunidad de participar de 
manera plena en la vida social y puedan disfrutar de unos parámetros de calidad de vida 
adecuados y dignos.
7.  Intervención social: Actuación organizada cuyo objeto es prevenir, resolver o 
corregir los desajustes del sistema social en relación a la integración de las personas y 
grupos  sociales  a  partir  de  una  acción  consciente  y  planificada,  contando  con  la 
participación tanto de profesionales como de las personas a las que se dirige esta 
intervención.
Artículo 4.  El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
1.  El Sector de Servicios Sociales de la Región de Murcia comprende el conjunto 
de servicios, prestaciones, recursos y actuaciones, de titularidad pública o privada, que 
tengan por objeto la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas dentro de la 
sociedad para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
2.  El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia constituye una red 
pública y comprende el conjunto de servicios, prestaciones, recursos y actuaciones 
ofrecidos por:
a)  La Administración Regional.
b)  Las entidades locales.
c)  Otras entidades públicas.
d)  Las entidades de iniciativa social, las entidades de iniciativa privada mercantil y 
las personas físicas financiadas total o parcialmente con fondos públicos.
3.  Los  servicios,  prestaciones,  recursos  y  actuaciones  en  los  que  sean 
responsables o desarrollen entidades de iniciativa social, de iniciativa privada mercantil o 
personas físicas, aunque no formen parte del Sistema de Servicios Sociales, estarán 
sujetos a lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo que les resulte de 
aplicación,  así  como  a  la  inspección,  control  y  registro  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma.
4.  La participación de los servicios sociales de gestión de entidades de iniciativa  s
social y gestión de entidades de iniciativa privada mercantil en el Sistema de Servicios  oe.
rSseeogrcvio5iiacn.l ieaoslsL  y ads l ooedcc iialraaell  eccRcsoie rórdgeneis ó pnytio  tundcldoeaio reiMrdndatuiendr.ac picaiúó bsnle icrdaáe,   sytu osbdesa idsr eiaalarliisaz  ayar ácct uodamec piaolcenumeeser,d notsa ercriavoi ncr ieolass p, pelrcaetncoiu firdcsaeoc siló onys    2021-21315n https://www.
prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia corresponderá a
la consejería competente en materia de servicios sociales, para posibilitar la igualdad 
efectiva en el acceso al sistema.
6.  Las actuaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia serán 
desarrolladas en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas de 
protección social, por cuanto el bienestar social, la inclusión social, la cohesión social, la 
promoción  de  la  convivencia  y  el  fomento  de  la  participación  social  constituyen 
finalidades compartidas con otros sistemas.
7.  El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia tiene carácter de 
servicio público esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para 
satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de 
vida de la ciudadanía, según lo que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución 
Española.
Artículo 5.  Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales.
El Sistema de Servicios Sociales tiene como finalidad promover el bienestar social 
del  conjunto  de  la  población,  mediante  la  consecución  de  los  siguientes  objetivos 
fundamentales:
1.  Promover y garantizar a toda persona, grupo o comunidad la cobertura de las 
necesidades personales básicas y sociales, y sus aspiraciones, asegurando la igualdad 
de oportunidades, el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida, el 
acceso a los recursos, la promoción de la autonomía personal y funcional, la inclusión e 
integración social, la convivencia y la participación social.
2.  Analizar la realidad social y prevenir y detectar las situaciones de necesidad 
social de la población así como planificar y desarrollar estrategias de actuación, con 
especial  atención  a  situaciones  de  vulnerabilidad,  desprotección,  desamparo, 
dependencia, exclusión y urgencia y emergencia social.
3.  Promover  y  garantizar  la  distribución  equitativa  de  los  recursos  sociales 
disponibles.
4.  Fomentar la participación comunitaria, el apoyo mutuo, la acción voluntaria y las 
demás formas de intervención solidaria en los asuntos comunitarios como mecanismo 
para conseguir la cohesión social.
5.  Promover una atención integral propia de la intervención social que aborde los 
planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la 
comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una 
perspectiva interdisciplinar.
6.  Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos sociales, considerando 
y atendiendo a su diversidad, y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en 
las relaciones personales y familiares.
7.  Prestar unos servicios sociales de calidad.
8.  Fomentar la coordinación entre los diferentes sistemas de protección social.
9.  Garantizar o fomentar la accesibilidad real a toda la población, a través de 
diferentes actuaciones como pictogramas, carteles en lengua de signos o eliminación de 
barreras arquitectónicas para el acceso a recursos.
Artículo 6.  Reserva de denominación.
1.  Quedan reservadas a las Administraciones públicas de la Región de Murcia, en  s
el ámbito de sus respectivas competencias para su exclusiva utilización, las expresiones:  oe.
«Sistema  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de  Murcia»,  «Servicios  Sociales  de  w.
AMEtsueprncecicaiói»an,li  z«aPRdraiem dda erd ialea   RSdeeeg rvióliacni o dsRe e SMgoióucnrica ilaed»se,   «dCMe euAnrcttreioan »cd,i eó n«S SeEervsrvipcieciociosias Sl izoSacdoiaacli easdle eds  el adl ae R ReeAggtieóiónnnc  ióddnee    2021-21315n https://ww
Murcia»,  «Sistema  de  Información  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de  Murcia»,
«Catálogo del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia», «Programa  Bc
Individual de Atención Social de la Región de Murcia », en cualquiera de sus formas o 
combinaciones  o  cualquier  otra  que  pudiera  inducir  a  confusión  con  la  estructura 
territorial,  orgánica  y  funcional  del  citado  Sistema  de  Servicios  Sociales  o  con  las 
prestaciones del mismo.
2.  En función de su vinculación jurídica con el Sistema de Servicios Sociales de la 
Región  de  Murcia,  las  entidades  de  iniciativa  privada  que  formen  parte  del  mismo 
identificarán la pertenencia del servicio o centro de que se trate, seguido de la expresión 
«colaborador del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia».
A tal objeto, se arbitrará el procedimiento y logotipos autorizados para consolidar su 
imagen y propiciar el conocimiento de su existencia.
Artículo 7.  Principios Rectores.
El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, como estructura destinada 
a la consecución de los diferentes objetivos de las políticas públicas en materia de 
servicios sociales, estará orientado hacia la igualdad, equidad y la promoción de la 
justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y 
de la infancia, la no discriminación y la igualdad en la diversidad, y se regirá por los 
principios rectores que se enuncian a continuación:
a)  Universalidad:  Los  poderes  públicos  garantizarán  a  todas  las  personas  el 
derecho a acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad y justicia 
distributiva,  sin  que  ello  excluya  la  posibilidad  de  condicionar  dicho  acceso  al 
cumplimiento por las personas usuarias de determinados requisitos o de establecer, en 
su  caso,  la  obligación  de  una  contraprestación  económica  que  asegure  su 
corresponsabilidad.
b)  Igualdad efectiva: El acceso y utilización de los servicios sociales se producirá 
sin discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social que no 
constituya  requisito  para  aquellos,  sin  perjuicio  de  medidas  de  acción  positiva  que 
coadyuven a la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad.
c)  Responsabilidad pública: Los poderes públicos garantizarán la disponibilidad de 
los servicios sociales y el derecho de las personas a acceder a los mismos mediante la 
provisión  de  los  recursos  humanos,  técnicos  y  financieros  necesarios  y  bajo  los 
principios de eficacia, eficiencia y desarrollo sostenible. Asimismo se garantizará la 
correcta prestación de los servicios sociales que realice la iniciativa social y la iniciativa 
privada  mercantil  a  través  de  las  funciones  de  vigilancia,  control,  inspección, 
coordinación y cooperación con esta.
d)  Respeto a los derechos legalmente reconocidos de las personas: Toda actuación 
en materia de servicios sociales habrá de respetar la dignidad e intimidad, y los derechos 
de las personas, en especial, a participar en el proceso de toma de decisiones que les 
afecte mediante los cauces legalmente establecidos.
e)  Equidad: Se establecerá una política redistributiva de las prestaciones basada en 
criterios de justicia entre las personas y los grupos sociales.
f)  Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales actuarán 
preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias 
las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones 
sociales.
g)  Atención personalizada e integral y continuidad de la atención: Se garantizará 
una atención personalizada, es decir, ajustada a las necesidades particulares de la  e
persona  y  su  familia,  basada  en  la  valoración  integral  de  su  situación,  debiendo  bo
garantizarse  la  continuidad  de  la  atención,  aun  cuando  implique  a  distintas  315ww
bApurdiosmcrhiiad)n naisddtEor afm oclarpito oainndleesecsere arPrcm úilóaibenslni  ccytaoa s ep elao  bc siiinedissnateeedrmsectsiaaó rsdn .e:d  eEla lls a Ssp iesprteseromsnoaan sad see n u Sslaeu rarveriiscapisou see snSt aos cuai a eslenustso  rntneeonc deprseáidr sacoodnmeasol,,    OE-A-2021-21able en https://
familiar y social habitual y facilitando la atención a través de instituciones de carácter 
general, excepto cuando se requiera una atención personalizada.
i)  Proximidad  y  descentralización:  La  prestación  de  los  servicios  sociales  se 
realizará desde el ámbito más cercano a las personas, favoreciendo la permanencia en 
su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad, 
siempre que sea posible.
j)  Participación: Se promoverá y facilitará el derecho a la participación ciudadana, 
de forma individual o colectiva, en la definición, planificación, desarrollo, seguimiento, 
provisión y evaluación de los servicios sociales.
k)  Solidaridad, promoción de la iniciativa social y del voluntariado: Los poderes 
públicos promoverán y articularán la participación de la iniciativa social en el ámbito de 
los servicios sociales y fomentarán la colaboración solidaria de las personas y los grupos 
a través de las fórmulas que se consideren más oportunas, así como la participación de 
voluntariado organizado y la ayuda mutua.
l)  Planificación  y  Coordinación:  La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma 
deberá planificar los recursos del Sistema de Servicios Sociales con la colaboración de 
las entidades locales y coordinar las actuaciones de las Administraciones públicas entre 
sí en el ámbito de la Región, y de estas con los recursos tanto de la iniciativa social 
como  de  la  iniciativa  privada  mercantil  dependientes  de  ambas  planificaciones, 
garantizándose igualmente la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los 
otros sistemas y políticas públicas de protección social.
m)  Calidad: Se prestarán unos servicios sociales de calidad determinando para ello 
requisitos y estándares mínimos, incluyendo instrumentos de evaluación permanente 
que la promuevan.
n)  Investigación,  innovación  y  generación  de  conocimiento:  Se  promoverán  los 
procesos de análisis de la realidad social, la detección de necesidades y la generación 
del conocimiento, así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, que aporten valor, integrando la innovación e investigación y la ética en 
este ámbito de actuación de los poderes públicos.
ñ) Transparencia y publicidad: La consejería competente dará a conocer de forma 
proactiva la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, así como 
los resultados de su gestión, con carácter permanente y actualizado, de la forma más 
comprensible para las personas y mediante el Portal de Transparencia de la Comunidad 
Autónoma, facilitando así un amplio acceso a la información relevante de servicios 
sociales.
o)  Accesibilidad:  Las  Administraciones  competentes  en  materia  de  servicios 
sociales,  de  acuerdo  con  la  normativa  de  accesibilidad  universal,  promoverán  las 
condiciones para la accesibilidad a los recursos y la utilización de bienes, productos y 
servicios  del  Sistema  de  Servicios  Sociales,  en  aras  de  conseguir  la  igualdad  de 
oportunidades de las personas con dificultades de accesibilidad, a través de todos los 
objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos posibles, de manera que los mismos 
puedan ser utilizados de forma autónoma por cualquier persona.
Artículo 8.  Titulares del derecho.
1.  Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia:
a)  Las personas con nacionalidad española que residan en la Región de Murcia. e
b)  Las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que  bo
residan en la Región de Murcia. 315ww
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e)  Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de 
Murcia.
f)  Las personas con derecho de asilo a quienes se reconozca la condición de 
refugiado,  o  la  protección  subsidiaria  en  los  términos  que  establecen  los  tratados 
internacionales y la legislación en materia de extranjería.
g)  Las personas que, sin hallarse en los supuestos anteriores, se encuentren en 
situaciones de urgencia social que, en todo caso, tendrán garantizado el derecho a los 
servicios  de  información,  valoración,  diagnóstico,  orientación  y  cobertura  de  las 
necesidades personales básicas.
2.  Lo  establecido  en  los  apartados  anteriores  se  entiende  sin  perjuicio  de  los 
requisitos que se establezcan por la normativa para determinar las condiciones de 
acceso a las distintas prestaciones económicas y prestaciones de servicios.
Artículo 9.  Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales.
1.  Las  personas  usuarias  del  Sistema  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de 
Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, tendrán garantizado, además de 
los  derechos  constitucional  y  legalmente  reconocidos,  el  ejercicio  de  los  siguientes 
derechos:
a)  Acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, universalidad y 
dignidad.
b)  Recibir una atención personalizada e integral, adecuada a sus necesidades en el 
ámbito de los servicios sociales.
c)  Recibir  unos  servicios  de  calidad  que  fortalezcan  las  capacidades  de  las 
personas que acceden a los servicios sociales y de los grupos en que se integran, así 
como del entorno social. Y a obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean 
prescritos por los profesionales en los términos previstos en esta ley y en su normativa 
de desarrollo.
d)  A  la  intimidad  y  confidencialidad  de  todos  los  datos  e  informaciones  de  la 
intervención social que consten en su expediente, incluyendo la debida reserva por parte 
de las personas profesionales en el proceso de atención con respecto a la información 
de la que haya tenido conocimiento, de conformidad con la legislación vigente, así como 
a ser atendidos en espacios adecuados que garanticen dicha intimidad.
e)  Disponer de información suficiente, veraz y comprensible, sobre las prestaciones 
de servicios sociales y sobre los requisitos necesarios, y si así lo requiere, a recibir la 
información por escrito de forma entendible y ser atendidas bajo el principio de libertad 
de elección y de accesibilidad de la comunicación, para garantizar la correcta recepción 
y comprensión de la información y que su opinión pueda ser expresada y entendida de 
forma adecuada: con apoyos a la comunicación oral, con el uso de la lengua de signos y 
con cualquier otro sistema de mediación a la comunicación disponible.
f)  Acceder a su expediente individual e historia social en cualquier momento, de 
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
g)  Participar en la toma de decisiones que le afecten, individual o colectivamente, 
así como en la planificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Servicios Sociales, 
mediante los cauces legalmente establecidos.
h)  Dar instrucciones previas para situaciones futuras de incapacidad y a ejercer su 
derecho  a  la  autotutela  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  que  resulte  de  s
aplicación. oe.
adceu eAij))r  tdeonOT cecbinoóteennnr   leaParssr  iuimpgnonaasar iidebaovi lia ydpl auraoda fececisósa nidmo enobla  isdal iirsad tgeeen ml róeamsf.etiiscremon odc eiap  soeurn  s mietoul taáivcmoióbsn it opy e ndrseeoc lneoassil deSase drjevusisc tyiiof iasc  adSdiosocpsio,a nldeeesr    2021-21315n https://www.
de dicha evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible.
k)  Disponer  de  un  Programa  Individual  de  Atención  Social  y  a  una  atención 
individualizada que respete su identidad y dignidad.
l)  Escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en 
función de su disponibilidad, atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la 
persona profesional de referencia asignada y conociendo con antelación su posible 
participación económica.
m)  Renunciar  a  las  prestaciones  económicas  y  prestaciones  de  servicios 
concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento 
no voluntario por razón de trastorno psíquico y en relación con la tutela de personas 
menores de edad.
n)  Recibir una atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la 
Administración Pública competente.
ñ) Recibir atención de su profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la 
persona tenga graves dificultades para el desplazamiento.
o)  Presentar sugerencias, a formular quejas y reclamaciones sobre la atención y las 
prestaciones recibidas, y a obtener contestación a las mismas.
p)  Solicitar una segunda opinión profesional.
q)  Intervenir en los órganos de participación existentes en los términos establecidos 
por esta ley y su desarrollo reglamentario.
r)  A los derechos que estén establecidos en los reglamentos específicos de cada 
centro o servicio.
2.  En el caso de las personas menores de edad, el ejercicio de sus derechos se 
garantizará  a  través  de  sus  representantes  legales  y  en  el  caso  de  las  personas 
incapacitadas este ejercicio se realizará con el apoyo de sus representantes legales, en 
los términos previstos en la normativa vigente.
Artículo 10.  Deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
1.  Las  personas  usuarias  del  Sistema  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de 
Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, deberán cumplir los siguientes 
deberes:
a)  Cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en 
relación con las prestaciones económicas y prestaciones de servicios.
b)  Seguir el Programa Individual de Atención Social y las orientaciones establecidas 
en el mismo por el colectivo de profesionales competentes.
c)  Comparecer cuando sean requeridos y facilitar la información necesaria y veraz 
sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, así como comunicar las 
variaciones  en  las  mismas  y  que  pudieran  afectar  a  las  prestaciones  de  servicios 
sociales solicitadas y/o concedidas, salvo en caso de que tales datos ya obren en poder 
de las administraciones públicas.
d)  Destinar las prestaciones a la finalidad para las que hubieran sido concedidas.
e)  Contribuir, en su caso, a la financiación del coste de la prestación o del servicio, 
en los términos que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con su capacidad 
económica.
f)  Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización y 
del funcionamiento de las prestaciones y servicios de los que son usuarios, y, en su  s
caso, de las normas de convivencia vigentes en los mismos oe.
sperervshgitca))  i olosRRs see sossecpprieeavttliecaaisrro  .syla  q udutiielgiz nraeidrc aicbdoe rynr e lyco tsaa tmedneedrneetcerh  aloo sss u dsbe iie nlnodesics a dmceimouneáebssl e.uss uya lraioss i nys tdaelal cpioenrseosn adle  qluoes   2021-21315n https://www.
i)  Cumplir cualquier otro deber establecido en el resto del ordenamiento jurídico y, 
en especial, los previstos por la normativa específica que regule las prestaciones del 
Sistema de Servicios Sociales.
j)  Reintegrar las prestaciones económicas percibidas indebidamente.
k)  Los  deberes  establecidos  en  los  reglamentos  específicos  de  cada  centro  o 
servicio.
2.  En el caso de las personas menores de edad, el ejercicio de sus deberes se 
garantizará  a  través  de  sus  representantes  legales,  y  en  el  caso  de  las  personas 
incapacitadas, este ejercicio se realizará con el apoyo de sus representantes legales, en 
los términos previstos en la normativa vigente.
Artículo 11.  Carta de Derechos y Deberes.
1.  La consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta de 
Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la 
máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del Sistema de Servicios Sociales.
2.  La Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios 
sociales se redactará de forma sencilla y clara, utilizando un lenguaje comprensible y, si 
fuera necesario, se redactará con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.
TÍTULO I
El Catálogo y las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia
Artículo  12.  El  Catálogo  de  prestaciones  del  Sistema  de  Servicios  Sociales  de  la 
Región de Murcia.
1.  El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia es un instrumento de desarrollo uniforme y homogéneo del Sistema de Servicios 
Sociales  mediante  el  que  se  determinan,  ordenan  y  califican  las  prestaciones  del 
Sistema de Servicios Sociales, diferenciando entre:
a)  Prestaciones garantizadas, que serán exigibles como derecho subjetivo.
b)  Prestaciones condicionadas, que dependerán de la disponibilidad de recursos y 
del orden de prelación y concurrencia que al efecto se establezca, pudiendo, en su caso, 
determinarse la obligatoriedad de su existencia y su disponibilidad.
2.  En los términos que determine el Catálogo de Prestaciones del Sistema de 
Servicios  Sociales,  una  misma  prestación  podrá  ser  calificada  como  garantizada  o 
condicionada en razón al grupo de población o de necesidad a la que atienda.
3.  El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales deberá garantizar 
la adecuación y coherencia de su contenido con la planificación autonómica y el Mapa de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia, así como, en su caso, con la planificación 
local.
Artículo 13.  Contenido del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia.
El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales establecerá, para  oe.
cada una de las prestaciones sociales que ofrece cada nivel de atención, al menos, los  w.
siguientes aspectos: 315ww
a)  Naturaleza, denominación y definición.
bc))   TAidpmo idneis ptrraecsiótanc iPóúnb: lgicaar aan qtizuaiedna  coo mcopnedtiec isoun apdreas.tación.
d)  Objeto y necesidad a la que responde.
e)  Requisitos y procedimiento de acceso.
f)  Plazo de concesión, cuando proceda.
g)  Participación, en su caso, de las personas usuarias en la financiación.
h)  Causas de suspensión y extinción, cuando proceda.
Artículo  14.  Procedimiento  de  elaboración,  aprobación  y  revisión  del  Catálogo  de 
Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
1.  El Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia será 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, mediante Decreto, previo 
informe  del  Consejo  Regional  de  Servicios  Sociales,  garantizando  la  participación 
ciudadana, profesional y de las Administraciones Públicas implicadas, así como de la 
iniciativa  social  y  de  la  iniciativa  privada  mercantil,  Colegios  Profesionales, 
Universidades, organizaciones sindicales y empresariales.
2.  El Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia debe 
ajustarse a las necesidades de la población y el entorno, y en cuanto a las prestaciones 
económicas y prestaciones de servicios se refiere, podrá incorporar nuevas, modificar las 
existentes o retirar motivadamente aquellas que así se considere tras la aparición de 
evidencias en la evaluación de resultados.
3.  En todo caso, la evaluación del Plan Regional de Servicios Sociales incluirá la 
evaluación de la aplicación y desarrollo del Catálogo de Prestaciones del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Artículo 15.  Tipos de prestaciones.
1.  Las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales pueden ser de servicio y 
económicas.
2.  Son prestaciones de servicio las actuaciones profesionales orientadas a atender 
las necesidades sociales, psicológicas y educativas y favorecer la inclusión social de la 
población,  incluyendo  la  asistencia  tecnológica,  las  ayudas  instrumentales  y  las 
adaptaciones del medio físico.
3.  Son prestaciones económicas las aportaciones dinerarias de carácter periódico o 
pago único destinadas a personas en situación de necesidad personal y/o social.
4.  Las prestaciones se pueden combinar entre sí para conseguir los objetivos que 
se establezcan en función de la necesidad de cada grupo o individuo.
5.  El disfrute de las prestaciones podrá condicionarse, en su caso, a la colaboración 
activa de la persona usuaria en la intervención o en el proceso de integración social, o su 
participación en la financiación.
Artículo 16.  Prestaciones garantizadas.
1.  Sin perjuicio de las prestaciones que, en aplicación de la presente ley y de 
acuerdo  con  los  criterios  y  forma  en  ella  previstos,  puedan  ser  calificadas  de 
garantizadas, tendrán dicha condición, en los supuestos que para cada una de ellas se 
determinan:
a)  Las  de  información,  acogida,  diagnóstico  social,  orientación  social  y 
asesoramiento.
b)  Las  de  valoración,  planificación  individual  de  caso,  seguimiento  y 
acompañamiento social individualizado para casos que requieran especial intensidad en  e.
la atención. w.b
c)  La renta básica de inserción. 315ww
situadc) ionLeass  daey uurdgaesn cdiae syt ineamdearsg ean cliaa  saotecniacli óyn l adse p rneesctaecsiiodnaedse se cpoenrósmonicaaless d ebsátsinicaadsa se an 
aqueel)l asL masu jmereedsi dvaícst imesapse dceíf icvaiosle dnec iain tdeer vgeénnceióron  qfaume icliaarre pzacraan  ldae p rreocteucrscoiósn e dceo nmóemnicooress.
de edad en situación de riesgo o desamparo.
f)  La mediación familiar.
g)  La atención temprana dirigida a niños de 0 a 6 años con discapacidad o con 
riesgo de padecerla, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, 
el diagnóstico y la atención de casos.
h)  Los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia comprendidos en su catálogo, incluida la prevención, de acuerdo con la 
legislación vigente.
i)  La teleasistencia para las personas de más de ochenta años que la demanden.
j)  Las de protección jurídica y apoyo a las personas mayores con discapacidad y en 
situación de desamparo, en los términos que determine la legislación civil del Estado.
2.  Todas las prestaciones económicas y prestaciones de servicios enumerados en 
el apartado anterior tendrán carácter gratuito, salvo lo referido en las letras f) y h) que se 
rigen por su propia normativa.
3.  La renta básica de inserción y las ayudas previstas en las letras d) y g), cuando 
sean de naturaleza económica, no podrán ser objeto de cesión, embargo o retención, 
salvo los supuestos y con los límites establecidos en la legislación civil aplicable.
Artículo 17.  Derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del sistema.
1.  El acceso a las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia se configura como un derecho subjetivo cuando se cumplan los 
requisitos generales de acceso al sistema y los específicos que se regulan para cada 
prestación o servicio.
2.  La Administración Regional garantizará la satisfacción de los derechos subjetivos 
reconocidos  en  la  presente  ley  mediante  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  la 
cooperación y coordinación con las entidades locales.
Artículo 18.  Prestaciones condicionadas.
Las prestaciones condicionadas, que no tienen la naturaleza de derecho subjetivo, 
serán todas aquellas prestaciones sociales que no estén calificadas como garantizadas.
Artículo 19.  Prestaciones de gestión directa.
Sin perjuicio de la salvaguarda del principio de responsabilidad pública respecto de 
todas las prestaciones que reconoce la presente ley, quedan reservadas a la gestión 
directa por parte de las Administraciones Públicas, según su ámbito de competencias, 
las prestaciones siguientes:
1.  Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, en todo caso 
en el nivel primario, y con carácter preferente en el nivel especializado.
2.  Elaboración del Programa Individual de Atención Social, que incluya los aspectos 
socioasistenciales, psicosociales y socioeducativos, la intervención en atención primaria, 
su seguimiento y evaluación.
3.  Ejercicio de las funciones del profesional de referencia y el equipo profesional de 
Servicios Sociales de Atención Primaria.
4.  Gestión de las prestaciones económicas y de servicio, garantizadas y previstas 
en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.
5.  Supervisión de medidas de internamiento no voluntario. e
6.  En  cuanto  a  los  Servicios  de  familia,  protección  y  adopción  de  menores  y  bo
ejecución de medidas judiciales: 315ww
ab))   LLaa  svuaploerarvcisióiónn d dee r ipersoggor aym daess adme pinatreor vdeen mcióenn ocroens .familias.
c)  La supervisión y coordinación de centros y programas de acogimiento familiar y
residencial. Bc
d)  La declaración de idoneidad de adoptantes.
e)  La supervisión y coordinación de centros y programas para la ejecución de 
medidas  judiciales,  la  supervisión  de  la  ejecución  de  las  medidas  judiciales  y  la 
representación de la entidad pública ante los órganos judiciales.
7.  Todas aquellas medidas y actuaciones de los servicios sociales que supongan 
ejercicio de autoridad.
TÍTULO II
Distribución de competencias
Artículo 20.  Responsabilidad pública.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene 
atribuidas las competencias en materia de servicios sociales en su ámbito territorial. En 
el ejercicio de dichas competencias le corresponde la gestión y ordenación de los 
servicios sociales, en los términos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.
2.  A las entidades locales les corresponde el desarrollo y la gestión del Sistema de 
Servicios Sociales, en los términos establecidos en la presente ley y en la normativa que 
sea  de  aplicación,  ejerciendo  sus  competencias  bajo  los  principios  generales  de 
coordinación y cooperación, que han de regir la actuación administrativa.
Artículo 21.  Competencias del Consejo de Gobierno.
Corresponde al Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales:
a)  Establecer las prioridades y líneas generales de la política en esta materia.
b)  Adoptar las iniciativas legislativas que correspondan.
c)  Efectuar  el  desarrollo  reglamentario  de  la  legislación  autonómica  de  su 
competencia.
d)  Garantizar la suficiencia financiera y técnica del Sistema de Servicios Sociales 
bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
e)  Aprobar el Plan Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
f)  Establecer las directrices, los criterios y las fórmulas de coordinación general del 
sistema  y  de  coordinación  transversal  entre  los  departamentos  de  la  Comunidad 
Autónoma para mejorar la gestión y eficacia.
g)  Cualquier  otra  que  le  sea  atribuida  por  la  presente  ley  o  por  el  resto  del 
ordenamiento jurídico.
Artículo  22.  Competencias  de  la  consejería  competente  en  materia  de  servicios 
sociales.
1.  Corresponde  a  la  consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales, 
directamente o a través del organismo autónomo que tenga adscrito:
a)  Desarrollar y ejecutar las directrices del Consejo de Gobierno en materia de 
servicios sociales.
b)  Elaborar anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general en 
materia de servicios sociales. s
c)  Elaborar el Plan Regional, el Mapa y el Catálogo de Prestaciones del Sistema de  oe.
Servicios Sociales de la Región de Murcia. w.
d)  Impulsar, planificar, coordinar y evaluar las políticas en materia de servicios  315ww
sociea)le sP erno mlao Cveorm luans idmaedd Aiduatsó nnoemceas.arias para garantizar los derechos de las personas
en relación al Sistema de Servicios Sociales.
f)  Gestionar los centros de servicios sociales de titularidad de la Administración 
Regional y los conciertos con entidades de iniciativa social y entidades de iniciativa 
privada mercantil, así como los convenios, subvenciones y ayudas de su competencia.
g)  Autorizar, acreditar y registrar los centros y entidades de servicios sociales.
h)  Ejercer la potestad inspectora y sancionadora en materia de servicios sociales, 
sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  a  otros  órganos,  pudiendo  recabar  la 
colaboración  de  las  entidades  locales,  especialmente  de  las  de  más  de  100.000 
habitantes.
i)  Establecer y evaluar los niveles y estándares de calidad exigibles a las entidades 
y centros de servicios sociales y desarrollar programas formativos para los colectivos 
profesionales que trabajan en el ámbito del Sistema de Servicios Sociales.
j)  Fomentar la investigación e innovación en este ámbito de la actividad pública.
k)  Coordinar  y  supervisar  los  servicios  sociales  prestados  por  las  entidades 
públicas y privadas de la Región, así como establecer los cauces de colaboración con 
las mismas.
l)  Impulsar, promover y coordinar la atención primaria de servicios sociales.
m)  Establecer  y  actualizar  los  instrumentos  necesarios  para  el  desarrollo  del 
Sistema de Información de Servicios Sociales.
n)  Fomentar la participación ciudadana en materia de servicios sociales y promover 
la corresponsabilidad y la participación social solidaria, especialmente a través de las 
organizaciones de voluntariado social en el ámbito regional.
ñ)  Fijar los precios públicos, en su caso.
o)  La gestión de los Servicios Sociales de Atención Primaria que no sean creados 
por las propias entidades locales, en aquellos municipios con población inferior a 20.000 
habitantes.
2.  Serán asimismo competencias específicas de la citada consejería, las siguientes:
a)  Los servicios de valoración y diagnóstico relativos al reconocimiento, declaración 
y calificación del grado de discapacidad y de dependencia, así como del reconocimiento 
de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
b)  Las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia como entidad pública competente para la protección de menores y de menores 
infractores.
c)  El diseño y gestión de las actuaciones tendentes al desarrollo de una política 
integral de atención y ayuda a la familia.
d)  La gestión de las actuaciones dirigidas a atender necesidades de personas 
mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y otras personas en 
situación de riesgo o exclusión social.
e)  El protectorado de las fundaciones asistenciales que desarrollen principalmente 
sus actividades en el ámbito de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
f)  Cualquiera otra que le sea atribuida de acuerdo con la legislación vigente, así 
como aquellas otras competencias que sean necesarias para la ejecución de esta ley y 
no estén expresamente atribuidas al Consejo de Gobierno o a otras administraciones 
públicas.
3.  Las competencias relacionadas en este artículo podrán ser objeto de delegación 
a las entidades locales en los términos previstos en la legislación de régimen local,  s
previa aceptación del municipio interesado, cumpliendo con la legislación de estabilidad  oe.
Rfpurenegcs4iiuóo.p nnu adAel,esq  tueMaexruiilsa rtc oayia n s  apooqas utrseaeen lle iobcls irel eidjeeoarnrdcg i acefininnoia s dlnmaec o iAefsurd nampc.iúionbnisleitcrsoa sec inó qnmu aedt,ee  reliaan   dCveoi rsmtueudrvn iicddiaeod s  dsAeousctcióaenlneotsmr,a atliez naddceri óálnna    2021-21315n https://www.
las competencias que sus respectivas normas de creación les atribuyan.
Artículo 23.  Competencias de las entidades locales.
1.  Corresponde a las entidades locales, en su ámbito territorial:
a)  Crear,  mantener  y  gestionar  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria, 
garantizando  el  equipamiento  y  personal  suficiente  y  adecuado  que  se  determine 
reglamentariamente.
b)  Crear, mantener y gestionar los Servicios Sociales de Atención Especializada 
que consideren necesarios dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con lo establecido 
en la planificación general del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
c)  Aprobar los planes y programas correspondientes a su ámbito territorial, de 
acuerdo con lo establecido en la planificación general del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.
d)  Promocionar y realizar investigaciones y estudios sobre los servicios sociales en 
el ámbito municipal.
e)  Gestionar  las  ayudas  económicas  municipales,  en  las  condiciones  que  se 
establezcan, y colaborar con la Administración regional en la tramitación administrativa e 
informe de las ayudas periódicas y no periódicas regionales.
f)  Coordinar la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros 
sectores vinculados a esta área, así como colaborar con otros sistemas y políticas 
públicas de protección social.
g)  Coordinar las actuaciones de las entidades de iniciativa social que desarrollen 
sus servicios en el municipio.
h)  Estudiar, detectar y prevenir las necesidades sociales que se produzcan dentro 
de su ámbito territorial, especialmente la detección precoz de las situaciones de riesgo 
en el ámbito de la infancia, y la prevención de situaciones de dependencia y riesgo o 
exclusión social.
i)  Atender inmediatamente a las personas en riesgo de exclusión social.
j)  Colaborar, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el desarrollo de los servicios 
sociales  cuando  se  requiera  una  actuación  conjunta  y,  en  especial,  en  materia  de 
protección  de  menores  y  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  la 
dependencia y de renta básica.
k)  Gestionar los servicios y prestaciones que le correspondan de acuerdo con esta 
ley y de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de 
Servicios Sociales.
l)  Participar  en  la  tramitación  administrativa  de  ayudas  cuya  gestión  sea 
competencia  autonómica,  cuando  así  lo  establezca  su  normativa  reguladora, 
especialmente mediante la emisión de los correspondientes informes.
m)  Recoger  información  relevante,  que  podrá  ponerse  a  disposición  de  las 
administraciones públicas para su utilización en la planificación y evaluación del Sistema 
de Servicios Sociales en función de su ámbito competencial.
n)  Participar  en  la  elaboración  del  Plan  Regional  de  Servicios  Sociales,  del 
Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios 
Sociales.
ñ)  Colaborar con la Administración Regional en el ejercicio de las facultades de 
autorización administrativa, acreditación, inspección y sancionador y en la gestión del 
Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia. e
o)  Crear y regular los consejos locales de servicios sociales, de acuerdo con lo  bo
establecido en esta ley. 315ww
jurídpic) o Eo l qreuset ol ed es ecaonm dpeelteegnacdiaass  adtreib uaicduaesr dpoo rc eosnt al ale lye gyi splaocr ieóln r ebsátsoi cdae le onr dmenaatemriiae ndteo 
régimen local.
2.  Las competencias enumeradas se ejercerán por los municipios por sí mismos o 
agrupados para la gestión compartida de los servicios, a través de las fórmulas de 
colaboración  interadministrativa  previstas  en  la  legislación  sobre  régimen  local.  La 
asociación de municipios deberá ajustarse a la distribución de zonas básicas de servicios 
sociales aprobada en el Mapa Regional.
TÍTULO III
Organización territorial y estructura de los servicios sociales de la Región de 
Murcia
CAPÍTULO I
Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales
Artículo 24.  Organización territorial.
1.  Los principios orientadores de la organización territorial del Sistema de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia son: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia 
en la satisfacción de las necesidades sociales y coordinación.
2.  El  Sistema  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de  Murcia  se  organiza 
territorialmente en:
a)  Áreas de Servicios Sociales.
b)  Zonas Básicas de Servicios Sociales.
c)  Unidades Básicas de Servicios Sociales.
d)  Otras divisiones territoriales.
3.  Esta organización territorial constituye el referente geográfico para la prestación 
de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializados.
4.  La organización territorial se recogerá en el Mapa de Servicios sociales de la 
Región de Murcia que apruebe el Consejo de Gobierno, y se establecerá de forma que 
propicie la coordinación con el resto de sistemas de protección social y, de manera 
especial, con el sistema sanitario, con el fin de facilitar la atención a la población.
Artículo 25.  Áreas de Servicios Sociales.
1.  El Área de Servicios Sociales constituye la demarcación territorial y organizativa 
general del Sistema de Servicios Sociales para la planificación, desarrollo y evaluación 
de las prestaciones de los dos niveles de atención del sistema.
2.  Las  áreas  de  servicios  sociales  se  delimitarán  atendiendo  a  criterios 
demográficos,  de  accesibilidad,  proximidad,  dispersión  geográfica  y  necesidades 
sociales.
3.  Cada área de servicios sociales se dividirá a su vez en varias zonas básicas.
4.  En las áreas se garantizará el desarrollo de todas las funciones de los servicios 
sociales de atención primaria. Para tal fin, dispondrán de un equipo de profesionales del 
área de servicios sociales cuyos perfiles darán respuesta a las situaciones de necesidad 
social de la correspondiente área.
Artículo 26.  Zonas Básicas de Servicios Sociales. e
mhparuebnsi1tieca.n inptteiLeonas,  . pZcooarnr aauc ntBeaár ísosit cimcaa ádsse   dpSeae rrtvepisrco ioxdisem l Sidmoacidsiam, leocs o one  sp uolanr  adu invpaiso ibaólgnar cutieóprnari ctoidórenia  l dacelo  nmmsuteintnuiocidsipa i o1ps0o .rq0 u0ue0n    2021-21315n https://www.
2.  Con  carácter  excepcional,  se  podrán  constituir  zonas  básicas  de  servicios
sociales con población inferior a 10.000 habitantes, cuando las necesidades específicas
así lo requieran, o cuando haya un número de profesionales mínimo adscrito a la zona, 
que se establecerá reglamentariamente.
3.  Los municipios de gran población, sujetos al régimen especial previsto en el 
título X de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
podrán configurar sus zonas básicas atendiendo a sus peculiaridades organizativas, 
demográficas, de demanda y dispersión.
4.  En cada Zona Básica de Servicios Sociales existirá un Centro de Servicios 
Sociales de Atención Primaria, desde donde se prestarán los servicios sociales de 
atención  primaria  y,  si  procede,  los  especializados  que  se  circunscriban  a  esta 
demarcación territorial.
5.  Las zonas básicas de servicios sociales podrán dividirse en unidades básicas de 
servicios sociales.
Artículo 27.  Unidades Básicas de Servicios Sociales.
1.  La  Unidad  Básica  de  Servicios  Sociales  se  configura  como  la  demarcación 
territorial que garantiza la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria a 
una población que no tenga la consideración de zona básica.
2.  La Unidad Básica de Servicios Sociales contará, al menos, con una Unidad de 
Trabajo Social que desempeñará, como mínimo, las funciones de atención básica de 
información, orientación, estudio y valoración de la situación social.
Artículo 28.  Otras divisiones territoriales.
De  forma  excepcional,  podrán  establecerse  otras  divisiones  territoriales  cuya 
creación se justifique por razón de necesidades específicas, con el objeto de prestar, al 
menos,  la  atención  básica  de  información,  orientación,  estudio  y  valoración  de  la 
situación social.
CAPÍTULO II
Estructura de los servicios sociales de la Región de Murcia
Artículo 29.  Niveles de atención del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia.
1.  El Sistema de Servicios Sociales se articula funcionalmente en una red de 
prestaciones y recursos, estructurada en dos niveles de atención:
a)  Servicios Sociales de Atención Primaria.
b)  Servicios Sociales de Atención Especializada.
2.  En el nivel primario de servicios sociales se integran los centros de servicios 
sociales,  que  dispondrán  de  los  equipos  profesionales  necesarios  para  ofrecer  los 
programas a que se refiere el artículo 32.
3.  En el nivel especializado de servicios sociales se ubican los Servicios Sociales 
de Atención Especializada, que comprenden todos aquellos centros y servicios sociales 
que, sobre la base de criterios de mayor complejidad, requieren una especialización que 
no esté encomendada a los Servicios Sociales de Atención Primaria.
4.  En el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales a que refiere  es
el artículo 12 se establecerán las prestaciones económicas y prestaciones de servicios  o
que conforman los dos niveles de atención del Sistema de Servicios Sociales. 315ww
Artículo 30.  Los Servicios Sociales de Atención Primaria.
nive1l .p rimLoasr ioS edrev isceiorvsi cSioosc isaolecsia dlees .Atención Primaria constituyen la estructura básica del  BOE-A-cable e
2.  Los Servicios Sociales de Atención Primaria serán de titularidad pública y de 
gestión directa, debiendo proporcionar una atención de carácter universal y global a las 
necesidades sociales garantizadas bajo los principios de igualdad en todo el territorio y 
de proximidad a las personas usuarias y a su entorno familiar y social.
3.  Los  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria  posibilitarán  el  acceso  de  las 
personas usuarias al conjunto del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia 
y  constituirán  el  nivel  de  referencia  para  la  valoración  de  las  necesidades,  la 
planificación, el seguimiento, la evaluación de la atención y la coordinación con otros 
agentes e instituciones presentes en el territorio al objeto de articular la respuesta a las 
necesidades individuales y sociales de atención.
4.  Los Servicios Sociales de Atención Primaria estarán referenciados a un territorio 
y  a  una  población  determinada  y  se  desarrollarán  desde  los  centros  de  Servicios 
Sociales de Atención Primaria.
Artículo 31.  Funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Son funciones a desempeñar por los Servicios Sociales de Atención Primaria:
a)  Ofrecer información, orientación y asesoramiento a las personas con relación a 
los derechos y los recursos sociales.
b)  Detectar las situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria.
c)  Valorar y realizar diagnósticos sociales, psicosociales y socioeducativos.
d)  Impulsar  y  desarrollar  proyectos  de  promoción  comunitaria  y  programas 
transversales de protección social.
e)  Fomentar la sensibilización sobre las situaciones de necesidad social.
f)  Prestar servicios de atención domiciliaria y soporte a la unidad familiar o de 
convivencia.
g)  Intervenir en los núcleos familiares o convivenciales en situación de riesgo social.
h)  Aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de 
los colectivos más vulnerables.
i)  Gestionar prestaciones de urgencia social.
j)  Valoración social de las situaciones de las personas y/o familias inmigrantes y 
emisión  en  su  caso,  de  informes  necesarios  para  obtener  la  autorización  inicial  o 
autorización de residencia.
k)  Proponer  la  aprobación  y,  en  su  caso,  revisión  del  programa  individual  de 
atención a la dependencia.
l)  Gestionar  la  tramitación  de  las  prestaciones  económicas  del  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma.
m)  Orientar el acceso a los servicios especializados.
n)  Coordinarse  con  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada,  con  los 
equipos profesionales de los demás sistemas de protección social, con las entidades del 
mundo  asociativo  y  con  las  que  actúan  en  el  campo  de  los  servicios  sociales, 
promoviendo el trabajo en red.
ñ)  Coordinarse con los servicios especializados en casos de catástrofe, emergencia 
social  y  en  las  crisis  emocionales  derivadas  de  la  misma,  cuando  afecten  a  la 
convivencia, al alojamiento y a la cobertura de necesidades básicas.
o)  Tramitar, hacer el seguimiento y ofrecer apoyos personalizados en el marco la 
Renta Básica de Inserción en cooperación con la Administración Regional.
p)  Prevenir, dar información, promover y facilitar la inserción social en materia de  e
menores, así como la intervención y seguimiento de aquellos casos que requieran  bo
actuaciones en su propio medio. 315ww
ldai riidgrqei)d) n otsiEfD icaseat ugscdarióuirarnpor o dlllsaae  ro e la vcpsoor lonluegeccrcitaóievmnso iaysd  sads doepecsrsiaae rdlvreoeesl nl.ionti tvdeoersv  leane rcnei óalnloid ssa odcd isiafoel.creianlt eesn  sáum ábmitboisto  dteer riatocrtiuaal cpiaórna,   OE-A-2021-21able en https://
s)  Cualquier otra que se le sea atribuida o encomendada por la normativa vigente.
Artículo 32.  Programas de Servicios Sociales de Atención Primaria.
1.  Las actuaciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria se articularán, al 
menos, a través de cuatro programas:
a)  Programa de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, 
ofrecerá intervención social a las personas que presenten demandas ante los servicios 
sociales.
b)  Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación  de  Dependencia,  que  tendrá  como  objetivo  posibilitar  a  las  personas  en 
situación de dependencia la permanencia en su medio habitual todo el tiempo que desee 
y  sea  posible.  Este  programa  podrá  estar  dirigido  también  a  personas  que  no  se 
encuentren en dicha situación, siempre que no se pueda conseguir este objetivo a través 
de otros programas.
c)  Programa de Prevención, Incorporación Social y Dinamización Comunitaria en 
atención primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de personas en 
riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos.
d)  Programa de Atención a la Infancia y Familia en atención primaria, que tendrá 
como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo 
personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social.
2.  Los Servicios Sociales de Atención Primaria promoverán la participación social y 
la acción del voluntariado en cada uno de los programas citados anteriormente.
3.  Estos cuatro programas serán de implantación obligatoria y progresiva en toda la 
Región de Murcia, estando condicionada su implantación por las ratios de población e 
incidencias de situación social que haya en cada zona básica de servicios sociales. En el 
supuesto de que no fuera viable la implantación de uno o varios de estos programas, se 
garantizará su prestación por el área a la que pertenezca la zona básica o por otras 
áreas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 33.  El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.
1.  El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria es un equipamiento de 
titularidad y gestión pública. Constituye la estructura física, administrativa y técnica de las 
zonas básicas de servicios sociales donde se facilita el acceso al Sistema de Servicios 
Sociales y se desarrollan los programas propios de atención primaria.
2.  Cada  Centro  de  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria  estará  dotado,  al 
menos, de un equipo interdisciplinar de profesionales y de personal administrativo, y 
dirigido por un profesional adscrito a los subgrupos A1 y A2, quedando así determinado 
con carácter preceptivo en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
3.  Las condiciones mínimas y los requisitos de los centros de servicios sociales de 
atención  primaria,  así  como  la  composición  de  los  equipos  interdisciplinares,  se 
establecerán reglamentariamente.
Artículo 34.  Los Servicios Sociales de Atención Especializada.
1.  Los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada  constituyen  el  nivel  de 
atención  específico  para  la  programación,  implantación  y  gestión  de  aquellas 
actuaciones que, atendiendo a las características concretas de la situación de necesidad 
de  la  población  a  las  que  van  dirigidas  o  a  su  mayor  complejidad,  requieran  una  e
especialización  que  no  estén  encomendadas  a  los  Servicios  Sociales  de  Atención  bo
Primaria. 315ww
deriv2a. cióEnl  adcec leosso S ae rvloicsi oSse Srvoicciioasle sS doeci aAlteesn cdieó nA Pternimciaórnia ,E as peexccieaplicziaódna d see l apsr osdituucaicráio npeosr 
dqeu eu srgee rnecfiiear es oecl iaarl,t íqcuuleo  s3e7 .e3s.tará a lo establecido por los protocolos de actuación a los
3.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  contratar,  concertar  o  convenir 
prestaciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada entre sí, así como con 
la iniciativa social y con la iniciativa privada mercantil que sea titular de dichos servicios o 
de los centros desde los que se prestan, salvo las funciones de valoración y diagnóstico 
que serán de exclusiva responsabilidad pública.
4.  Las prestaciones y recursos de Servicios Sociales de Atención Especializada 
tendrán su referencia territorial en las áreas de servicios sociales.
Artículo 35.  Funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada.
1.  Son funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada:
a)  Valorar,  diagnosticar  e  intervenir  ante  situaciones  que  requieren  una  alta 
especialización de carácter interdisciplinar.
b)  Gestionar los servicios y centros de atención especializada en servicios sociales.
c)  Proveer de servicios, colaborar y asesorar técnicamente a los Servicios Sociales 
de Atención Primaria en las materias de su competencia.
d)  Coordinarse con los Servicios Sociales de Atención Primaria con los equipos 
profesionales de los demás sistemas de protección social, con la iniciativa social y otras 
que actúen en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Especializada.
e)  Realizar  actuaciones  preventivas  de  situación  de  riesgo  y  exclusión  social 
correspondientes a su ámbito de competencia.
f)  Valorar  y  reconocer  el  acceso  a  las  prestaciones  propias  de  este  nivel  de 
atención.
g)  Gestionar  los  servicios  y  prestaciones  que  se  atribuyen  a  este  nivel  en  el 
Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.
h)  Realizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones realizadas, en 
coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria.
i)  El estudio de la evolución y desarrollo de la realidad social en su respectivo 
ámbito  territorial  para  la  identificación  de  necesidades  de  intervención  social, 
prestaciones y recursos necesarios para dar respuesta a las mismas en las materias de 
su competencia.
j)  La  evaluación  de  resultados  de  las  actuaciones,  intervenciones  aplicadas  al 
ámbito de los Servicios Sociales de Atención Especializada.
k)  Cuantas  otras  tenga  atribuidas  o  les  sean  encomendadas  por  la  normativa 
vigente.
2.  La estructura física y medios necesarios para la adecuada prestación de los 
servicios especializados se establecerá reglamentariamente.
Artículo 36.  Relación entre los niveles de atención.
1.  La  relación  entre  los  niveles  de  atención  responderá  a  criterios  de 
complementariedad, desde una perspectiva de integración de acciones, para conseguir 
objetivos comunes.
2.  La responsabilidad de la coordinación de las actuaciones que se estén llevando 
a  cabo  respecto  a  una  misma  persona  o  unidad  familiar,  atendida  desde  las 
intervenciones que conforman los Servicios Sociales de Atención Primaria, será de 
estos, aunque se esté interviniendo complementariamente desde los Servicios Sociales 
de Atención Especializada, salvo que en las disposiciones normativas se establezca lo  e.
contrario. w.b
3.  Los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada  son  responsables  de  la  315ww
coordinación de las situaciones que se atiendan desde este nivel.
CAPÍTULO III
Urgencia y emergencia social
Artículo 37.  Urgencia social.
1.  Se  considera  urgencia  social  aquellas  situaciones  excepcionales  o 
extraordinarias y puntuales en las que, atendiendo a criterios profesionales, pudiera 
encontrarse una persona o grupo de personas que requieran una actuación inmediata y 
sin la que podría producirse un deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y 
desprotección.  Dichas  situaciones  se  determinarán  reglamentariamente  mediante 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
2.  La atención y respuesta a situaciones de urgencia social será prioritaria frente a 
cualquier otra. Cuando se requiera un servicio o prestación de atención especializada, 
este podrá prestarse sin que sea preciso para el acceso acreditar el cumplimiento de 
todos o algunos de los requisitos establecidos para ello.
3.  Para  la  atención  de  estas  situaciones  se  requiere  de  la  coordinación  y 
complementariedad de los dos niveles del Sistema de Servicios Sociales, para lo que se 
aprobarán protocolos de actuación en ambos niveles para asegurar una respuesta rápida 
y eficaz ante las situaciones de necesidad».
Artículo 38.  Emergencia social.
Se considera emergencia social aquella situación derivada de crisis social, catástrofe 
o accidente que requiera una atención inmediata y una coordinación de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria con los de Atención Especializada, cuando afecten a la 
convivencia,  alojamiento  y  cobertura  de  las  necesidades  básicas  de  las  personas, 
incluida la atención a las crisis emocionales derivadas de las mismas.
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 39.  Historia social única.
1.  Todas las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales tendrán una 
única historia social que se iniciará en el nivel de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria y recogerá el conjunto de la información relevante sobre su situación, evolución, 
así como el Programa Individual de Atención Social.
2.  Los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada  complementarán  la 
información de la historia social que asegure la actualización de la misma.
3.  La historia social constituirá uno de los instrumentos que permitirá la relación 
entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada, con la finalidad de 
conseguir  la  continuidad  y  complementariedad  de  las  intervenciones  que  se  deben 
aplicar desde los distintos niveles de actuación.
4.  La historia social única debe incluir, de forma clara, información relativa a cada 
ámbito profesional de atención interdisciplinar que intervenga en cada caso, incluyendo 
cualquier informe que pueda realizarse y quedando identificado cualquier profesional que 
intervenga.
Artículo 40.  Programa Individual de Atención Social.. b
agoca ucrnai1oind.n taiezdsEa  rld  eeuPs ncrpaooe gnacrvdíafieivmcceaauns ac Idinaoad,r  iilaveoitnsdet unaoacdblia jóesdnt ie va aocA so tfraeod nmeac leiccónaontnna z rSl,aa or  scvyeiaa gllloo úsrena sm c ilóelaands  i oshsone cerdricaiaselm psdoiideena nilbdatale e pssde,, i rsasleaosñí n aacidno, acmfla uomps ailióalrianas     OE-A-2021-21able en https://
personal, social, educativa y laboral.
2.  El Programa Individual de Atención Social recogerá al menos, los siguientes 
aspectos:
a)  Valoración  y  diagnóstico,  identificando  tanto  los  aspectos  carenciales  o 
dificultades, como las potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad 
familiar.
b)  Objetivos y metas a alcanzar.
c)  Prestaciones adecuadas, tanto de la atención primaria como de la atención 
especializada  y  de  otros  sistemas  de  protección  social,  así  como  del  colectivo  de 
profesionales implicados y de su profesional responsable.
d)  Calendario de actuación.
e)  Indicadores que permitan evaluar la consecución de los objetivos.
f)  Acuerdos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y profesionales 
implicados.
3.  El Programa Individual de Atención Social será consensuado con la persona 
interesada y su unidad familiar. Cuando en las situaciones de riego o desprotección 
social existiera desacuerdo o cuando la opción elegida por la persona usuaria no se 
ajuste a los requisitos establecidos en la norma que le sea de aplicación prevalecerá, en 
todo caso, el criterio técnico.
4.  El Programa Individual de Atención Social será elaborado desde el nivel de 
atención que se esté abordando la intervención, debiendo coordinarse, en su caso, con 
el otro nivel de atención.
Artículo 41.  Profesional de referencia.
1.  A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un 
profesional de referencia, con la finalidad de asegurar una atención global e integral.
2.  El  profesional  de  referencia  será  un  trabajador  o  trabajadora  social  de  los 
Servicios Sociales de Atención Primaria, en el contexto del trabajo desarrollado por el 
equipo interdisciplinar, que se responsabilizará de la historia social.
3.  Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios 
Sociales  de  Atención  Especializada,  se  designará  igualmente  un  profesional  de 
referencia de este nivel que se coordinará con el de Atención Primaria, a los efectos de 
información, seguimiento e intervención que procedan, así como de la actualización de la 
historia social.
4.  De  acuerdo  con  las  disponibilidades  del  sistema,  la  persona  usuaria  podrá 
solicitar motivadamente el cambio de profesional de referencia.
5.  Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que 
tenga atribuidas desde el nivel que se intervenga, las siguientes:
a)  Realizar la valoración y diagnóstico, identificando la situación, características 
socio-familiares y expectativas de la persona usuaria.
b)  Informar y orientar sobre los recursos disponibles en función de la situación y 
necesidades.
c)  Realizar la prescripción profesional de recursos y prestaciones sociales más 
adecuadas para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas.
d)  Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el 
proceso de atención, y llevar a cabo su evaluación.
e)  Elaborar  el  Programa  Individual  de  Atención  Social  y,  cuando  proceda,  e.
consensuarlo con el Equipo Interdisciplinar, conforme a los protocolos de coordinación  w.b
que sean necesarios. 315ww
persfo) naDsa ur sureasrpiause ys tgaasr ainntteizgarra llae sc oan tilnausi dsaitdu adcei olan easte ndcei ónne.cesidad que presenten las
g)  Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del Centro de 
Servicios Sociales cuando se requiera de una intervención más específica, así como, en 
su caso, hacia otros sistemas de protección social.
h)  Coordinar  el  registro  de  la  información  pertinente  en  la  historia  social  y 
mantenerla actualizada.
i)  Aquellas otras que se le asignen reglamentariamente.
6.  Para el ejercicio de las funciones contenidas en el apartado anterior, la persona 
profesional de referencia, que tendrá asignada una ratio de población a atender, además 
del  Equipo  Interdisciplinar  de  atención  directa  al  que  pertenece,  podrá  requerir  la 
intervención de profesionales de los Servicios Sociales de Atención Especializada y de 
profesionales  dependientes  de  otras  Administraciones  Públicas,  conforme  a  los 
protocolos de coordinación establecidos al efecto.
Artículo 42.  La Tarjeta de Información Social.
1.  Todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales dispondrán de 
una Tarjeta de Información Social que les identificará para el acceso al Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
2.  La  Tarjeta  de  Información  Social  podrá  ser  específica  de  este  sistema  o 
compatible con la del sistema sanitario u otra tarjeta electrónica, con el carácter de 
identificador general.
3.  La Tarjeta de Información Social posibilitará la continuidad y coherencia del 
itinerario de intervención social y deberá facilitar la homogeneidad de la información 
existente en el Sistema de Servicios Sociales.
4.  Esta tarjeta será personal e intransferible y en ella figurarán, entre otros, los 
datos personales, el centro, profesional de referencia y un código de identificación único.
5.  En ningún caso se dejará de atender a personas en situación de urgencia social 
por no disponer de Tarjeta de Información Social.
Artículo 43.  Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
1.  Se crea el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, 
cuya  titularidad  corresponderá  a  la  consejería  competente  en  materia  de  servicios 
sociales, que garantizará la gestión integrada de la información que se genere en el 
sistema, con el objeto de facilitar un conocimiento permanente y actualizado del mismo, 
así como facilitar la planificación y gestión de los recursos utilizados.
2.  El Sistema de Información de Servicios Sociales actuará como registro único de 
personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales, siendo de responsabilidad pública 
y de acceso compartido para todos los agentes y profesionales de dicho sistema.
3.  Las entidades que integran el Sistema de Servicios Sociales deberán aportar, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, los datos que hayan de ser objeto 
de inscripción.
4.  El Sistema de Información de Servicios Sociales recogerá la historia social y las 
prestaciones  del  Catálogo  que  esté  recibiendo  la  persona,  familia  o  unidad  de 
convivencia, así como las actuaciones o intervenciones que se realicen, con el objetivo 
de agilizar la comunicación entre servicios, evitar duplicidades y mejorar la atención de 
las personas destinatarias de los servicios sociales.
5.  A estos efectos la Administración autonómica garantizará un soporte informático  s
común sujeto al cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos  oe.
de carácter personal. w.
aretegnis6ct.ri óanrL  saso uAcsid adml adinteoilss St rieasnctei ómenla  nS doies pt eSrmeecravis icadireoá s  IoSnbfootcerimnaelaerc sie.óln c, osniseemnptirme ieyn tcou adned loa sv paeyarsno naa sr epcaibrair   2021-21315n https://ww
7.  El  Sistema  de  Información  tendrá  definidos  protocolos  de  conexión  que 
permitirán  la  integración  con  otros  sistemas  de  información  de  servicio  social 
municipales, autonómico y estatal, y en especial con otros sistemas de protección.
8.  Los datos contenidos en el Sistema de Información social podrán ser utilizados 
de  manera  estadística,  a  los  efectos  de  planificación  y  evaluación  de  las  políticas 
públicas, así como de los programas y prestaciones de servicios sociales; asimismo, 
ayudarán  a  la  visualización  de  aquellas  situaciones  sociales  que  apunten  a  la 
emergencia de nuevas necesidades competencia del Sistema de Servicios Sociales.
Artículo 44.  Identidad e imagen comunes.
1.  Se promoverá la identidad común del Sistema de Servicios Sociales por medio 
de la actuación común y coordinada de sus agentes, la elaboración de estrategias 
conjuntas de comunicación y la utilización de una imagen única.
2.  Los servicios integrados en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia se identificarán con los símbolos o anagramas de la Administración pública 
competente  para  su  provisión,  arbitrándose  un  procedimiento  que  favorezca  la 
consolidación de su imagen y el conocimiento por parte de la población.
TÍTULO IV
Coordinación entre Administraciones Públicas y entre sistemas de protección.
Artículo 45.  Coordinación entre Administraciones Públicas.
1.  Las Administraciones Públicas cuyo ámbito de actuación es la Región de Murcia 
se  prestarán  entre  sí  la  colaboración  necesaria  mediante  los  instrumentos  de 
cooperación previstos en la legislación vigente.
2.  La Administración regional colaborará con la Administración del Estado a través 
de los mecanismos que se establezcan al efecto en las materias de interés común 
referidas al ámbito de los servicios sociales.
3.  Las entidades locales competentes se acogerán a cualquiera de las fórmulas de 
colaboración legalmente establecidas para las mismas.
Artículo 46.  Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.
1.  Se  crea  el  Consejo  de  Coordinación  Territorial  de  Servicios  Sociales  como 
órgano  colegiado  encargado  de  garantizar  la  adecuada  coordinación  entre  la 
Administración regional y las entidades locales de la Región de Murcia en el sector de 
los servicios sociales.
2.  El Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales actuará en Pleno o 
en Comisión Permanente. A esta última corresponderá la preparación de las reuniones 
del Pleno y el ejercicio de las funciones que éste le delegue.
3.  El Pleno del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales tendrá la 
siguiente composición:
a)  Presidencia: desempeñada por la persona titular de la consejería competente en 
materia de servicios sociales o persona titular de un órgano directivo de la consejería en 
quien delegue.
b)  Secretaría: desempeñada por la persona titular del centro directivo competente  e.e
en servicios sociales o persona en quien delegue, con voz pero sin voto. b
c)  Vicepresidencia: desempeñada por un representante de las entidades locales,  315ww
qFueed esrearcáió nn odme bMraudnoic ippoior sl ad ep lear sRoengai óqnu dee d Mesuercmiap.eñe la Presidencia, a propuesta de la
d)  Vocales:
1.º  Cinco representantes de la Administración regional nombrados por la persona 
que desempeñe la Presidencia, a propuesta del Pleno del Consejo Regional de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia.
2.º  Un representante por cada uno de los ayuntamientos o, en su caso, de las 
mancomunidades de servicios sociales u otras agrupaciones de municipios de la Región 
de Murcia, propuesto por el Pleno del Consejo Regional de Servicios Sociales de la 
Región de Murcia, y un representante de la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia propuesto por esta, nombrados todos ellos por la persona que desempeñe la 
Presidencia.
4.  La Comisión Permanente del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios 
Sociales tendrá la siguiente composición:
a)  Presidencia: desempeñada por la persona titular de la consejería competente en 
materia de servicios sociales o persona titular de un órgano directivo de la consejería en 
quien delegue.
b)  Secretaría: desempeñada por la persona titular del centro directivo competente 
en servicios sociales o persona en quien delegue, con voz pero sin voto.
c)  Vicepresidencia: desempeñada por un representante de las entidades locales, 
nombrado por la persona que desempeñe la Presidencia, a propuesta de la Federación 
de Municipios de la Región de Murcia.
d)  Vocales:
1.º  Cinco representantes de la Administración regional designados por la persona 
titular de la consejería competente en materia de servicios sociales.
2.º  Cinco  representantes  de  las  entidades  locales,  designados  por  el  órgano 
competente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, de los que dos 
serán de los municipios de más de 100.000 habitantes.
5.  Son funciones del Pleno del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios 
Sociales:
a)  Coordinar acciones contempladas en los planes que impliquen la movilización 
conjunta de servicios o recursos de ambas Administraciones.
b)  Coordinar aspectos de desarrollo y trabajo profesional, en los centros y servicios 
sociales, en el ámbito de competencias de cada una de las Administraciones.
c)  Coordinarse  en  aspectos  relacionados  con  la  financiación  de  los  servicios 
sociales prestados por las entidades locales, debiendo emitir informe en la fijación de los 
módulos a que se refiere el artículo 52.
d)  Conocer  y  analizar  los  proyectos  de  disposiciones  de  carácter  general 
autonómicas  que  afecten  a  competencias  de  ejecución  o  gestión  de  los  servicios 
sociales de competencia municipal.
e)  Y, en general, fomentar la cooperación, información recíproca y coordinación 
entre la Administración autonómica y la local en materia de servicios sociales con la 
finalidad de alcanzar los fines y objetivos que se determinan en la presente ley.
6.  El Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales aprobará su propio 
reglamento de régimen interior, por mayoría de sus miembros, y se regirá por las normas  s
procedimentales que les sean de aplicación. oe.
Artículo 47.  Coordinación entre Sistemas de Protección. 315ww
1.  Se garantizará la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los
deedmucáasc isóins,t ememasp lye os,e rivnisceiorsc iódne  plarobtoercacl ióyn  sfoocrmiaal,c eiónn ,p ajrutsictuicliaar,  evni vloiesn dáam, biatocsc edseib silaidluadd,, 
garantía de ingresos y pensiones, y, en general, con cualesquiera otras políticas públicas
que pudieran confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención 
social.
2.  Con  ese  fin  se  facilitará  el  intercambio  de  información  e  intervención  para 
detectar  situaciones  de  alto  riesgo  social  y  garantizar  una  atención  integral  de  las 
personas en situación de necesidad.
3.  A los efectos de articular la cooperación y la coordinación entre el Sistema de 
Servicios Sociales y otros sistemas o políticas públicas orientadas a la consecución del 
bienestar social, las Administraciones públicas adoptarán las siguientes medidas:
a)  Establecerán en su seno cauces formales de cooperación a través de la creación 
de  órganos  de  cooperación  interadministrativa  u  otras  fórmulas  que  se  estimen 
convenientes.
b)  Arbitrarán  instrumentos  y  protocolos  conjuntos  de  actuación  y,  en  su  caso, 
convenios de colaboración, con o sin contenido económico, que garanticen la coherencia 
de las actuaciones y el más racional y eficaz aprovechamiento de los recursos, de la 
información y de los conocimientos.
4.  Cuando lo estimen conveniente, los órganos de las Administraciones públicas 
competentes para la articulación de los sistemas o políticas públicas orientadas a la 
consecución del bienestar social podrán establecer catálogos conjuntos de servicios y 
prestaciones.
5.  Se garantizará la consulta previa y el acuerdo con el Sistema de Servicios 
Sociales, a través de la consejería competente, antes de la atribución de funciones de 
otros sistemas y servicios de protección social que le afecten.
Artículo 48.  Atención integral de carácter social y sanitario.
1.  El  Sistema  de  Salud  y  el  Sistema  de  Servicios  Sociales  establecerán  los 
mecanismos de atención integral necesarios para dar respuesta a aquellas situaciones 
de las personas que, por la especificidad de la necesidad que presentan, requieran una 
atención complementaria de ambos sistemas.
2.  La atención integral comprenderá el conjunto de intervenciones destinadas a las 
personas que, por causa de graves problemas de salud, limitaciones funcionales o 
situaciones de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social de 
manera conjunta y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención.
3.  Para  facilitar  la  atención  integral  se  establecerán  planes,  protocolos  y 
procedimientos  comunes  de  valoración  y  diagnóstico,  de  derivación  entre  ambos 
sistemas y de intervención que permitan la continuidad de la atención de la persona.
4.  Para la mejor coordinación e integración de la intervención social y sanitaria, 
buscando  un  mejor  servicio  a  las  personas  atendidas  y  una  mayor  sinergia  y 
aprovechamiento de recursos, los servicios sociales y los servicios sanitarios, aislada o 
conjuntamente, podrán constituir dispositivos o unidades exclusivamente sociosanitarias, 
insertos en otros de carácter más amplio.
5.  Existirán estructuras de coordinación sociosanitaria, con el fin de garantizar la 
adecuada  atención,  continuidad  y  cuidados  de  las  personas,  cuya  composición  y 
funcionamiento se establecerá reglamentariamente.
TÍTULO V
Financiación del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia oe.
Artículo 49.  Garantía de financiación. 315ww
1.  La sostenibilidad del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es un
osobcjeiatilv oe np rioerl itamraior,c oq ued ea sluoms ep reinl cciopmiopsr odmei seos dtaeb silaidtaisdfa cperer slausp uneescteasriiad ady ess odsete antiebnilicdióand 
financiera.
2.  La Comunidad Autónoma garantizará la financiación necesaria para hacer frente 
a  los  gastos  derivados  del  ejercicio  de  sus  competencias  en  materia  de  servicios 
sociales, asegurando las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia.
3.  Las entidades locales deberán consignar en sus presupuestos las dotaciones 
necesarias para la financiación de los servicios sociales de su competencia, de acuerdo 
a la participación financiera que se establezca.
4.  El conjunto de las aportaciones de las personas usuarias serán complementarias 
de la financiación del Sistema de Servicios Sociales.
Artículo 50.  Principios de financiación.
1.  La financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria se garantizará por 
la Comunidad Autónoma mediante los instrumentos de colaboración necesarios con las 
administraciones públicas responsables del Sistema de Servicios Sociales para asegurar 
una adecuada prestación de dichos servicios.
2.  La  financiación  de  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada 
corresponderá a la Administración que sea titular de los mismos, sin perjuicio de lo que 
se disponga por la legislación específica.
3.  La consejería competente en materia de servicios sociales deberá financiar las 
prestaciones  de  Servicios  Sociales  de  Atención  Especializada  correspondientes  a 
prestaciones  garantizadas  a  aquellas  personas  a  las  que  previamente  se  les  haya 
reconocido el derecho a dicha prestación.
4.  Igualmente corresponde a las entidades de iniciativa social y a las entidades de 
iniciativa privada mercantil la financiación de los servicios que sean de su titularidad.
Artículo 51.  Fuentes de financiación.
1.  El  Sistema  de  Servicios  Sociales  se  financiará  con  cargo  a  las  siguientes 
fuentes:
a)  Los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de 
Murcia.
b)  Los presupuestos de las entidades locales con competencias en materia de 
servicios sociales.
c)  Las aportaciones que, en su caso, realice la Administración General del Estado.
d)  Las aportaciones que, en su caso, realice la Unión Europea.
e)  Las aportaciones que realice cualquier otra organización, institución o entidad 
pública.
f)  Las aportaciones de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales.
g)  Cualquier otra aportación económica que, conforme al ordenamiento jurídico, se 
destine al Sistema de Servicios Sociales.
2.  Asimismo podrá financiarse con:
a)  Las aportaciones de las entidades de iniciativa social y de las entidades de 
iniciativa  privada  mercantil  para  el  mantenimiento  de  sus  programas,  prestaciones, 
centros y servicios integrados en el sistema.
b)  Las herencias, donaciones o legados de cualquier índole asignados a tal fin.
3.  En  cada  obra  pública  financiada  total  o  parcialmente  por  la  Comunidad  o
Aedloneus  t mlósanea aoitsepmcroiiaear tn yadt coesis óus nsem  rodivlre igce ailuoanrs oiA sssmdo, mcosiesian  laieisnustcrt.alóucnirioóámn u oRnsae,  gcpiuoaynrtoaid lp,a rq eeusqeuu psivueae ldsetenost etdi,ne aa erl ájme caeu nfcioniósan,n  dcmeiaal rt 0ein,r5iva epl rossuri opcneieernes    2021-21315n https://www.
A estos efectos tendrán la consideración de ampliables los créditos para operaciones
de capital a realizar en el Sistema de Servicios Sociales que específicamente así se
determinen  en  la  ley  de  presupuestos  de  cada  ejercicio.  Dichas  ampliaciones  se 
financiarán con las retenciones que se practiquen en cumplimiento de este artículo.
Artículo 52.  Financiación compartida.
1.  En  los  términos  previstos  en  este  artículo,  la  financiación  de  los  servicios 
sociales podrá ser, por razón de su naturaleza, compartida entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma y las entidades locales competentes en materia de servicios 
sociales.
2.  Sin perjuicio de la posibilidad de cofinanciar otros servicios, serán cofinanciados, 
en todo caso, por la Administración de la Comunidad Autónoma los Servicios Sociales de 
Atención Primaria.
3.  La consejería competente en servicios sociales distribuirá, para las finalidades y 
objetivos  que  apruebe,  los  créditos  presupuestarios  disponibles  para  atender  la 
cofinanciación de los servicios sociales en el sentido previsto en este artículo, a través 
de la fijación de un módulo tipo de coste y de los medios que puedan ser necesarios 
para su efectividad, que actuará como límite máximo de la financiación por parte de la 
Administración  regional,  realizándose  los  análisis  pertinentes  que  permitan  su 
determinación.
4.  La  fijación  de  estos  módulos  se  acordará  previo  informe  del  Consejo  de 
Coordinación Territorial de Servicios Sociales.
5.  En los supuestos de financiación compartida, los fondos aportados por otras 
fuentes de financiación distintas a la Administración regional y las entidades locales, se 
deducirán del coste total de la financiación a los efectos de determinar la distribución de 
esta.
6.  Las entidades locales podrán disponer la financiación complementaria adicional 
que  consideren  oportuna  para  la  atención  y  mejora  de  los  servicios  sociales  y 
prestaciones, debiendo actuar coordinadamente con las estructuras organizativas que 
correspondan.
7.  La financiación compartida se garantizará preferentemente a través de convenios 
de colaboración o cualquier otra fórmula prevista en el ordenamiento jurídico a fin de 
garantizar los principios de financiación expresados en la presente ley.
8.  La duración de los convenios para financiar los Servicios Sociales de Atención 
Primaria será de cuatro años, debiendo justificar las entidades locales la realización de 
todas  las  actuaciones  anuales  incluidas  en  los  mismos  para  recibir  la  financiación 
prevista.
9.  La Comunidad Autónoma garantizará, en todo caso, la prestación de un nivel 
mínimo de los Servicios Sociales de Atención Primaria en todo el territorio, en caso de 
que las corporaciones locales carezcan de los recursos suficientes o cuya gestión de los 
servicios sociales no se ajuste a los estándares de calidad establecidos.
10.  Los municipios podrán facilitar a la Comunidad Autónoma el suelo necesario 
para  la  construcción  de  los  nuevos  centros  de  servicios  sociales  previstos  en  la 
planificación autonómica, de acuerdo con lo previsto en la legislación específica en la 
materia.
Artículo 53.  Participación económica de las personas usuarias en la financiación de 
servicios sociales.
1.  La participación económica de las personas usuarias en la financiación de los  es
servicios sociales se establecerá mediante orden de la consejería competente en materia  bo
de  servicios  sociales,  debiendo  fundamentarse  en  los  principios  de  universalidad,  315ww
eSuqsouucai2idar.ali eadssA,   epslnraimo slga isr pemfirnseoiavs,n itdsacaeicad iocf iyinjóa ernresá dd nieq sleut rsneibe  urevccli oicóCnionlal..etávleong op daert icPipreasctiaócni oneecso ndóeml iScais tedme al adse  pSeerrsvoicniaoss   OE-A-2021-21able en https://
3.  Para la determinación de dicha participación se tendrá en cuenta, con carácter 
general, el tipo y coste del servicio, la capacidad económica de las personas usuarias y, 
en los casos y en la forma que reglamentariamente se determine, la de sus familiares o 
personas con las que convivan.
4.  En cualquier caso deberá garantizarse una cantidad mínima de libre disposición 
para  gastos  personales,  que  se  determinará  reglamentariamente  en  función  de  la 
naturaleza de los servicios y deberá actualizarse periódicamente.
5.  El importe de la aportación económica de la persona usuaria no podrá en ningún 
caso superar el coste real del servicio recibido.
6.  Ninguna persona podrá quedar excluida de las prestaciones que conforman el 
Sistema de Servicios Sociales por insuficiencia o carencia de recursos económicos. Del 
mismo modo, ni la calidad del servicio, ni la prioridad en la atención de los casos podrán 
estar determinadas por la participación económica de la persona usuaria.
Artículo 54.  Previsiones específicas en materia de financiación.
La  Comunidad  Autónoma  podrá  contribuir  a  la  financiación  de  los  programas 
desarrollados  por  las  entidades  de  iniciativa  social  que  se  adecuen  a  la  planificación 
autonómica de los servicios sociales. Para que ello sea posible deberán cumplir la normativa 
en materia de registro, autorización y acreditación de entidades, centros y servicios.
TÍTULO VI
Planificación en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 55.  Disposiciones generales.
Las  Administraciones  Públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 
deberán contar con una planificación específica en servicios sociales que incluya el 
conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias para lograr los objetivos de la 
política general de servicios sociales.
Artículo 56.  Plan Regional de Servicios Sociales.
1.  El Plan Regional de Servicios Sociales constituye el instrumento de planificación 
que tiene por objeto ordenar el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos de la política de servicios sociales.
2.  El  Plan  Regional  de  Servicios  Sociales  será  aprobado  por  el  Consejo  de 
Gobierno para un periodo de cuatro años, a propuesta de la consejería competente en 
materia de servicios sociales, previo informe del Consejo Regional de Servicios Sociales. 
En el proceso de elaboración se dará participación a todos los actores sociales y 
profesionales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales, procedentes de la 
Administración regional, local, de la iniciativa social y los colegios profesionales.
3.  Antes de la aprobación de un nuevo Plan Regional de Servicios Sociales deberá 
evaluarse el anterior para poder tener en cuenta las conclusiones de esa evaluación.
4.  El  Plan  Regional  de  Servicios  Sociales  incluirá,  al  menos,  los  siguientes 
extremos:
a)  Un diagnóstico de las necesidades sociales que deben atenderse desde los 
servicios sociales, así como las previsiones de su evolución. e.e
b)  Las líneas estratégicas, los objetivos a alcanzar y las acciones que han de  b
articularse para conseguirlos. 315ww
estacb)l ecLidoass .órganos  responsables  del  desarrollo  y  ejecución  de  las  acciones
de))   LUans c rmoneodgidraasm ad ed ec loaosr daicncaiocnióens .interdepartamental, interadministrativa y con la
iniciativa social.
f)  Los instrumentos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación sistemática y 
continua del plan.
g)  Los mecanismos necesarios para establecer las acciones precisas cuando el 
plan no se ajuste a los objetivos y acciones establecidos en el mismo.
h)  Las acciones formativas y de investigación e innovación en el ámbito de los 
servicios sociales.
i)  Criterios y objetivos de calidad y de accesibilidad universal.
j)  Financiación y previsiones económicas suficientes para el mantenimiento de los 
servicios, tanto públicos como convenidos o concertados con otras entidades.
5.  La consejería competente en servicios sociales revisará el grado de ejecución 
del Plan Regional de Servicios Sociales a los dos años de su aprobación, con el fin de 
tomar las medidas necesarias, en su caso, para asegurar el cumplimiento del mismo.
6.  El Plan Regional de Servicios Sociales podrá desarrollarse a través de planes 
sectoriales.
7.  El  Consejo  de  Gobierno  podrá  aprobar  planes  especiales  para  municipios, 
comarcas u otros ámbitos territoriales que, por circunstancias especiales, precisen de 
una acción coyuntural.
Artículo 57.  Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
1.  El Mapa de Servicios Sociales es un instrumento que define la implantación de 
las prestaciones que conforman el Catálogo en la estructura territorial del Sistema de 
Servicios Sociales, que concretará la delimitación geográfica y los núcleos de población 
que  integran  las  diferentes  áreas,  zonas  básicas  y  unidades  básicas  de  servicios 
sociales, las prestaciones sociales que se ofrecerán por cada uno de los niveles de 
atención, así como la ratio de profesionales por habitantes.
2.  El  Consejo  de  Gobierno  aprobará  mediante  Decreto  el  Mapa  de  Servicios 
Sociales  de  la  Región  de  Murcia,  previo  informe  no  vinculante  del  Consejo  de 
Coordinación Territorial de Servicios Sociales.
3.  El Mapa de Servicios Sociales se elaborará teniendo en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos:
a)  La población de referencia de las áreas de servicios sociales, los centros de 
servicios sociales, las zonas básicas de servicios sociales, las unidades básicas de 
servicios sociales y otras divisiones territoriales cuya creación se justifique por razón de 
necesidades específicas.
b)  Las características sociodemográficas básicas de la población de referencia.
c)  Los colectivos profesionales que conformarán los equipos para la atención de las 
prestaciones garantizadas.
d)  Las personas potencialmente demandantes y necesidades sociales.
e)  Las ratios de población por profesionales en función de la prestación social de 
que se trate.
f)  Las prestaciones del Catálogo a desarrollar según las unidades básicas, zonas 
básicas y áreas de servicios sociales, u otras divisiones territoriales.
4.  El Mapa podrá establecer índices correctores para la delimitación de zonas 
básicas  de  servicios  sociales  que  garanticen  una  distribución  equitativa,  así  como 
acordar  con  carácter  excepcional  y  de  forma  justificada,  su  creación,  modificación, 
agrupación, supresión o división en unidades básicas u otras divisiones territoriales. e.
5.  El Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia podrá establecer como  w.b
Zona Vulnerable de Intervención determinado territorio o núcleo de población que se  315ww
caractericen por una o varias de las siguientes situaciones:
ab))   ECsrotanri caidisaladd doe d lea  spuro ebnletomrnáotic.a.
c)  Poca participación de la comunidad.
d)  Alto porcentaje de exclusión social.
e)  Bajos niveles educativos.
f)  Persistencia de elevadas tasas de desempleo, baja tasa de actividad económica 
o fragilidad de las economías familiares.
g)  Concentración de colectivos vulnerables.
h)  Problemas de convivencia comunitaria o conflictividad social reiterada.
6.  El Mapa de Servicios Sociales se actualizará periódicamente para reflejar la 
respuesta del Sistema de Servicios Sociales a las situaciones de necesidad, así como 
las prestaciones del catálogo a desarrollar en los diferentes territorios. Se revisará, al 
menos, cada cuatro años.
TÍTULO VII
Participación social
Artículo 58.  Participación social.
1.  Las  Administraciones  Públicas,  en  el  marco  de  sus  competencias,  deberán 
fomentar la participación de la población en general, de los colectivos de usuarios, de 
profesionales de los servicios sociales, del tercer sector de acción social, de la iniciativa 
social,  de  la  iniciativa  privada  mercantil  y  de  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales más representativas en la planificación, gestión y evaluación del Sistema 
de Servicios Sociales.
2.  La participación prevista en el apartado anterior se articulará a través de los 
órganos y canales contemplados en el presente título, sin perjuicio de cuantos medios se 
consideren adecuados, o estén recogidos en la normativa vigente.
Artículo 59.  Órganos de participación social.
Los  órganos  de  participación  ciudadana  tendrán  carácter  consultivo  y  de 
asesoramiento al Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y serán los 
siguientes:
1.  Consejo Regional de Servicios Sociales.
2.  Consejos Asesores Sectoriales de Servicios Sociales.
3.  Consejos Locales de Servicios Sociales.
4.  Otros consejos, en su caso, de acuerdo con la organización territorial de los 
servicios sociales.
5.  Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia.
Artículo 60.  Consejo Regional de Servicios Sociales.
1.  El  Consejo  Regional  de  Servicios  Sociales  estará  adscrito  a  la  consejería 
competente  en  esa  materia  y  se  constituye  como  el  máximo  órgano  de  carácter 
consultivo y de participación social e institucional en materia de servicios sociales.
2.  Formarán parte del Consejo Regional de Servicios Sociales representantes de:
a)  La Administración regional.
b)  La Administración local. s
c)  Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. oe.
d)  Los colegios profesionales. w.
e)  Las asociaciones y entidades de iniciativa social más representativas del ámbito  315ww
de los servicios sociales.
3.  Serán funciones del Consejo Regional de Servicios Sociales:
a)  Emitir informe preceptivo previo sobre los anteproyectos de ley, proyectos de 
decreto y otras disposiciones de carácter general, así como sobre todos los instrumentos 
de planificación que se elaboren en materia de servicios sociales.
b)  Emitir los informes que le sean solicitados por la consejería competente en 
servicios sociales.
c)  Formular  propuestas  y  emitir  recomendaciones  a  la  Administración  regional 
orientadas a la mejora en la prestación de servicios sociales.
d)  Ser informado sobre el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma en 
materia de servicios sociales.
e)  Ser  informado  por  la  consejería  competente  en  servicios  sociales  del 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes que se aprueben en dicha 
materia.
f)  Ser informado de cada evaluación del Plan Regional de Servicios Sociales que 
realice periódicamente la consejería competente.
g)  Realizar el seguimiento de la aplicación del Plan Regional de Servicios Sociales 
y de los planes específicos.
h)  Emitir un informe sobre el Plan Regional de Servicios Sociales cuando finalice su 
vigencia temporal.
i)  Cualquier otra que le atribuya su normativa específica.
4.  Su  composición,  incluyendo  el  procedimiento  de  designación,  régimen  y 
funcionamiento serán establecidos de forma reglamentaria.
Artículo 61.  Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial.
1.  El Consejo de Gobierno podrá determinar, reglamentariamente, la creación de 
Consejos  Asesores  Regionales  de  carácter  sectorial,  debiendo  garantizarse  su 
coordinación con el Consejo Regional de Servicios Sociales.
2.  Su  composición,  régimen  y  funcionamiento  se  determinarán  de  forma 
reglamentaria.
Artículo 62.  Consejos Locales de Servicios Sociales.
1.  Los ayuntamientos, por sí mismos o asociados, en el ejercicio de su capacidad 
de organizarse, podrán determinar la constitución de consejos de servicios sociales, 
como órganos de carácter consultivo y de participación en relación con los servicios 
sociales dentro del ámbito competencial respectivo.
2.  La determinación de la composición y el régimen de funcionamiento de los 
consejos locales de servicios sociales es competencia de la respectiva entidad local, en 
el marco de lo establecido en esta ley, garantizando la participación de los agentes 
sociales  que  intervienen  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales,  así  como  la 
representación de la consejería competente en la materia.
Artículo 63.  Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de 
Murcia.
1.  Se creará la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social con la 
finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre  e
la Comunidad Autónoma y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, definidas en  bo
el artículo 2 de la Ley estatal 43/2015, de 9 de octubre, con el objetivo compartido de  315ww
idlRmoeegptgreuairólrms nai lnrda ae sd ucMoo sruhe regccsroiauinó.ponoc siym d ieela np tooinb cclaolucmsióioón n am cstáoosrc  vicaulla lnveeenr ae bntol eldasa  sqd ueefseduness na d edimxece llunoissdi oodsne esrseo,cc hiaeolvsmi taesnondcteioa  elenqs u laey    OE-A-2021-21able en https://
2.  A la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de 
Murcia le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
a)  Garantizar y fortalecer la interlocución del Tercer Sector en el diseño y aplicación 
de las políticas públicas de inclusión y cohesión social, participación y voluntariado, 
promoción de la solidaridad, derechos sociales, diversidad, integración social y empleo.
b)  Formular propuestas sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación de las 
políticas  dirigidas  a  los  colectivos  objeto  de  su  intervención,  en  el  ámbito  de  la 
Administración Regional.
c)  Conocer y debatir las iniciativas de las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social relativas a las medidas o actuaciones que afecten directamente a grupos de 
población en riesgo de pobreza, exclusión social o situación de vulnerabilidad social.
d)  Sin perjuicio de las funciones arriba referenciadas, la Administración Regional 
informará a la Mesa de Diálogo Civil de aquellos proyectos normativos o iniciativas 
relativas al Tercer Sector de Acción Social que les afecten.
3.  La Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de 
Murcia estará compuesta por:
a)  Representantes de la Administración Regional de las áreas que tengan relación 
con  los  sistemas  y  servicios  de  protección  social,  en  particular  en  los  ámbitos  de 
servicios sociales, salud, educación, empleo, inserción laboral y formación, vivienda, 
accesibilidad, garantía de ingresos y pensiones, y, en general, con cualesquiera otras 
políticas públicas que pudieran confluir con los servicios sociales en áreas concretas de 
la intervención social.
b)  Representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de la Región 
de Murcia.
Artículo 64.  Procesos de participación.
1.  La participación en los servicios sociales se efectuará también a través de los 
órganos colegiados creados al efecto en el ámbito respectivo de los diferentes sectores 
de la acción social, fomentándose la creación de aquellos dirigidos a la inclusión social, 
en cuyo seno podrán crearse comisiones específicas para las áreas que se estimen.
2.  La participación ciudadana en los servicios sociales podrá igualmente articularse 
a  través  del  movimiento  asociativo  y  mediante  los  procesos  participativos  que  la 
Administración regional y las entidades locales competentes en materia de servicios 
sociales dispongan para canalizar la información, la propuesta, el debate o la consulta en 
relación con las singulares actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación que 
les competan.
3.  Por parte de la Administración regional se fomentará también la participación 
individual  de  la  ciudadanía  a  través  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información, 
mediante encuestas, el uso intensivo de internet y las redes sociales, así como por 
cuantos mecanismos sean útiles para contribuir al desarrollo permanente de los servicios 
sociales de alta calidad en la Región de Murcia.
Artículo 65.  Participación en el ámbito de los centros.
1.  Todos los centros integrados en el Sistema de Servicios Sociales garantizarán la 
participación democrática de las personas usuarias, o en su caso de sus familiares o  e
representantes  legales,  en  su  funcionamiento  y  en  el  desarrollo  de  los  servicios  y  bo
actividades que en ellos se dispensen. 315ww
artic2u.l arR eeng claamdae nctaasroia mla epnatret icispea cidóent eprrmevinisatraá ne n leols a psaisrttaedmoa asn tey rioprr.ocedimientos  para
TÍTULO VIII
Iniciativa social e iniciativa privada mercantil en la prestación de los servicios 
sociales
CAPÍTULO I
Participación de las entidades de iniciativa social y de las entidades de iniciativa 
privada mercantil en la prestación de los servicios sociales
Sección 1.ª Participación y fomento de la iniciativa social
Artículo 66.  Participación de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en los 
servicios sociales.
1.  Se reconoce el derecho de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil o 
persona física, a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y 
servicios, y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
2.  Las entidades de iniciativa social y las entidades de iniciativa privada mercantil 
del Sector de Servicios Sociales quedarán sujetas al régimen de registro, autorización y 
gestión establecido en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.
3.  La actividad de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en materia 
de servicios sociales habrá de ajustarse a lo dispuesto en la presente ley, así como 
acomodarse a la planificación autonómica de los servicios sociales.
4.  Las entidades de iniciativa social y entidades de iniciativa privada mercantil no 
integradas en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia determinarán los 
precios de los servicios sociales que presten.
Artículo 67.  Fomento de la iniciativa social.
1.  La Administración regional fomentará la creación y desarrollo de entidades de 
iniciativa  social,  garantizando  su  actuación  coordinada  en  el  Sistema  de  Servicios 
Sociales según lo definido por la planificación estratégica de servicios sociales o los 
objetivos marcados por la normativa aplicable en cada caso.
2.  En las entidades de iniciativa social han de concurrir, junto a los rasgos que 
sirven de base a su definición del artículo 3.4, las características siguientes:
a)  Que sean de acción voluntaria: que cuenten con una base social conformada, 
total o parcialmente, por personas voluntarias, personas socias, personas que integran 
los órganos de gobierno u otras que colaboran con la entidad de manera voluntaria.
b)  Que formen parte de la sociedad civil y mantengan, desde su origen, un vínculo 
y compromiso estable con el territorio y con las personas, familias, grupos, colectivos o 
comunidades destinatarias de su actividad, o estén constituidas directamente por las 
propias personas y familias destinatarias, dirigiéndose a colectividades indeterminadas 
de personas y no a personas determinadas.
c)  Que tengan carácter privado: se encuentren institucionalmente separadas de la 
Administración y autogobernada, no pudiendo su órgano de gobierno estar participado, 
mayoritariamente, por empresas lucrativas o instituciones públicas.
d)  Que no tengan ánimo de lucro: aquella que en virtud de sus reglas constitutivas 
no  puede  distribuir  sus  beneficios  a  las  personas  que  la  controlan,  teniendo  que  e.
destinarlos bien a la realización de sus objetivos o a la reinversión en la misión de la  w.
organización,  bien  a  la  ayuda  a  personas  que  no  ejerzan  ningún  control  sobre  la  315ww
orgaen)i zaPcaiórntic.ipativa: que adopte formas de participación para la toma de decisiones,
conforme a lo que establece la normativa aplicable a su forma jurídica.
Artículo 68.  Fórmulas de colaboración.
1.  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán  establecer  conciertos,  convenios  u  otras  fórmulas  de  cooperación  para  la 
prestación  de  servicios  sociales  con  cualquier  entidad  prestadora  de  los  mismos 
recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales.
2.  Las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios con entidades de iniciativa 
social para la prestación de los servicios sociales de su competencia en los supuestos en que 
por razones de la singularidad del servicio de que se trate, o su carácter innovador y 
experimental, resulte la forma más idónea para su prestación y así se justifique.
Sección 2.ª Régimen de concertación social
Artículo 69.  Régimen de concertación.
1.  Las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios 
sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades de 
iniciativa social y con entidades de iniciativa privada mercantil, con los requisitos que se 
establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respeto a los principios 
de publicidad, transparencia y no discriminación.
2.  A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación 
de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control 
sean públicos.
3.  El  régimen  de  concierto  social  a  que  se  refiere  esta  ley  es  un  modo  de 
organización  de  la  gestión  de  los  servicios  sociales  diferenciado  de  la  modalidad 
contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.
4.  Por decreto se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales.
5.  Los criterios para la asignación del concierto para cada tipo de centro o servicio 
se establecerán en su normativa de desarrollo.
6.  En  el  caso  de  concierto  de  plazas  en  recursos  para  personas  mayores  y 
personas con discapacidad, se atenderá necesariamente a los principios de atención 
personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, libre 
elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad.
Artículo 70.  Objeto de los conciertos.
Podrán ser objeto de concierto:
1.  La  reserva  y  ocupación  de  plazas  para  su  uso  exclusivo  por  las  personas 
usuarias  del  Sistema  de  Servicios  Sociales,  cuyo  acceso  será  autorizado  por  las 
Administraciones Públicas competentes mediante los criterios previstos para ello.
2.  La gestión integral de prestaciones, servicios o centros, salvo las limitaciones 
previstas en el apartado 2 del artículo 30.
Artículo 71.  Requisitos de las entidades.
1.  Podrán suscribir conciertos con las Administraciones Públicas competentes en 
materia de servicios sociales de la Región de Murcia todas las entidades de iniciativa 
social y las entidades de iniciativa privada mercantil o persona física que presten los 
servicios objeto de concierto y que lo soliciten. e.e
2.  Para  poder  suscribir  conciertos,  las  entidades  solicitantes  deberán  reunir  b
necesariamente los requisitos que se establezcan en la normativa de desarrollo de esta  315ww
laecyr eyad,) ie tancH eióasnbp,ee prc aiarola:b ltae npirdeos talcai óno pdoerl tsuenrav icaiou otobrjieztaoc idóen  coandcmieirntois.trativa  o,  en  su  caso,  OE-A-2021-21able en https://
b)  Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales.
c)  Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de formalización del concierto. 
En concreto, en el caso de reserva y ocupación de plazas deberán acreditar la titularidad 
del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior 
a la vigencia del concierto.
d)  Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que, con carácter general o 
específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por 
el tipo de servicio objeto de concertación.
Artículo 72.  Formalización de los conciertos.
La  formalización  de  los  conciertos  se  efectuará  mediante  un  documento 
administrativo, denominado acuerdo de concierto, cuyo modelo será aprobado por el 
titular de la consejería competente en materia de servicios sociales.
Artículo 73.  Efectos del concierto.
1.  La formalización del correspondiente acuerdo de concierto a que se refiere el 
artículo anterior obliga al titular de la entidad concertada a la prestación del servicio o 
provisión de plazas en los términos estipulados en el citado acuerdo y al cumplimiento de 
la normativa aplicable al servicio o centro objeto del concierto desde el momento de su 
suscripción.
2.  Se podrá subscribir un único concierto para la reserva y la ocupación de plazas 
en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios 
cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta suscripción se efectuará 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 74.  Duración, renovación y extinción de los conciertos.
1.  La duración inicial de los conciertos será de un máximo de seis años. Dicho 
periodo de duración podrá renovarse, mediante acuerdo expreso de las partes adoptado 
con una antelación de tres meses antes de su vencimiento, por otro periodo máximo 
adicional de cuatro años.
2.  Los conciertos podrán ser objeto revisión y, en su caso, de modificación en los 
términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de concierto, cuando varíen 
las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones 
económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades.
3.  Extinguido el concierto por alguna de las causas que se establezcan en su 
normativa  de  desarrollo,  deberá  garantizarse  a  los  usuarios  por  parte  de  la 
Administración la continuidad en la prestación del servicio.
A  tal  efecto,  la  Administración  podrá  obligar  a  la  entidad  concertada  a  seguir 
prestando  el  objeto  de  concierto  social,  en  las  mismas  condiciones  que  se  venía 
prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad y en todo caso por un periodo 
máximo de nueve meses, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que a la fecha de extinción del concierto social no se hubiera formalizado un 
nuevo concierto, convenio o contrato que garantice la continuidad de la prestación del 
servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles  e.
para la Administración producidas en el procedimiento aplicable a dicha formalización. w.b
b)  Que existan razones de interés público para no interrumpir la prestación. 315ww
concci)e rtoQ,u ceo snetr aatcor eod icteo nevle inniicoi oq udee  ausne nguuerev ol ae xcpoendtiineunitdea dd eesnti nlaa dpor eas tlaa cfioórnm daelizl asceiróvnic dioe, 
csoonci auln.a antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de extinción del concierto
Artículo 75.  Participación de los usuarios en el coste de los servicios concertados.
1.  Será de aplicación en todo caso la normativa sobre precios públicos en el 
supuesto de servicios para los que esté prevista la participación de los usuarios en el 
coste del servicio objeto de concierto.
2.  Las entidades concertadas no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad 
alguna distinta al precio público por las prestaciones propias del sistema del servicio de 
que se trate.
3.  El cobro de cualquier otra cantidad por servicios complementarios al margen de 
los precios estipulados deberá ser autorizado por la Administración Pública competente 
en la prestación del servicio objeto de concierto.
4.  La consejería competente informará de todos los aspectos a que se refiere en los 
apartados anteriores a las personas usuarias con carácter previo al reconocimiento del 
derecho al acceso a la prestación.
Artículo 76.  Publicidad activa.
La consejería competente, para dar cumplimiento a sus obligaciones de publicidad 
activa en relación con los conciertos, publicará en el Portal de la Transparencia, como 
mínimo, la siguiente información:
1.  Las partes firmantes.
2.  Su objeto y plazo de duración.
3.  Las modificaciones y prórrogas realizadas.
4.  Las  prestaciones  a  que  se  obliguen  las  partes  y,  específicamente,  las 
obligaciones económicas que, en su caso, se hubieran acordado.
CAPÍTULO II
Voluntariado social
Artículo 77.  Fomento del voluntariado social.
1.  Se promoverá y fomentará la participación solidaria y altruista de los ciudadanos 
en acciones de voluntariado, a través de entidades públicas o de iniciativa social.
2.  La actividad voluntaria no implicará, en ningún caso, relación de carácter laboral 
o mercantil o contraprestación económica y no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo 
remunerado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.
3.  El régimen jurídico de actuación del voluntariado social será el establecido por la 
legislación estatal y autonómica correspondiente.
TÍTULO IX
La calidad de los servicios sociales
CAPÍTULO I
Calidad
Artículo 78.  La calidad de los servicios sociales. es
1.  La  prestación  de  unos  servicios  de  calidad  constituye  un  derecho  de  las  w.
pSeerrsv2oi.cn ioaLss o Susos cucriaaitreliearsiso  rsye ,g deuenl a ccdaoolinsds aeednc  udeeesnlt acS ilaies,yt e.umn ao bdjee tSiveor vpirciioorsit aSriooc iya luens  dseerbáenr  ddee l aSpilsicteamciaó nd ea   2021-21315n https://ww
la totalidad de entidades prestadoras de servicios sociales, tanto públicas como privadas.
Artículo 79.  Establecimiento de criterios de calidad.
1.  La calidad en los servicios sociales debe basarse en los criterios y estándares 
determinados  reglamentariamente  para  las  diferentes  prestaciones  del  Sistema  de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia, con el objeto de garantizar las condiciones 
adecuadas para su provisión.
2.  Corresponde a la consejería competente en servicios sociales promover dichos 
criterios y estándares de calidad para las diferentes prestaciones del sistema, así como 
el establecimiento de mecanismos de evaluación y garantía del cumplimiento, entre 
cuyos indicadores se incluirá la opinión y el grado de satisfacción manifestados por las 
personas usuarias sobre dichas prestaciones y su funcionamiento.
3.  La Administración Regional acreditará aquellos centros y servicios que reúnan 
los criterios y estándares de calidad a que se refieren los apartados anteriores, en los 
términos previstos en el artículo 94.
Artículo 80.  Modelo de atención y de intervención.
El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se basará en el enfoque 
comunitario y de proximidad de la atención, de acuerdo con los siguientes criterios:
1.  Adaptar  los  recursos  y  las  intervenciones  a  las  características  de  cada 
comunidad local, identificando previamente sus necesidades.
2.  Posibilitar la atención a las personas en su entorno habitual.
3.  Diseñar el tipo de intervención adecuada en cada caso sobre la base de una 
evaluación de necesidades.
4.  Asignar a cada persona o familia una persona profesional de referencia al objeto 
de garantizar la coherencia y la coordinación de las intervenciones.
5.  Garantizar el carácter interdisciplinar de la intervención.
6.  Incorporar el enfoque preventivo en todas las prestaciones, servicios, programas 
y actividades, actuando, en la medida de lo posible, antes de que afloren o se agraven 
los riesgos o necesidades sociales.
Artículo 81.  Innovación en servicios sociales.
Las Administraciones competentes en servicios sociales favorecerán e impulsarán 
las  actividades  de  innovación  y  la  cultura  innovadora  entre  los  distintos  agentes  e 
instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema y, particularmente, a 
través de la identificación y transferencias de buenas prácticas y experiencias de éxito.
Artículo 82.  Plan de Calidad e Innovación.
1.  El Plan de Calidad e Innovación es el instrumento básico para asegurar el 
desarrollo y aplicación de los criterios de calidad y la mejora continua.
2.  El Plan de Calidad e Innovación incluirá al menos, los siguientes contenidos:
a)  La definición de los objetivos de calidad.
b)  Los instrumentos y los sistemas de mejora.
c)  Los sistemas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias.
d)  Las cartas de servicios.
e)  Los criterios de calidad respecto a las instalaciones, prestación del servicio,  s
empleo, así como otros que se consideren según la naturaleza de la prestación. oe.
proffghe)))s   ioLnELaaal  lsse ipssml tadeenemdilif adisc aidassect edi ósmenu a gfo eymdr seeeun n cptaioaac srdct,eii coq ilnpuaeae iscjna inóson dyv e ear nec cifóeolanlr md meisanaec ceñiioólo nná ed msebc  dliooteons  t ldiapnesruo  lapco eesrs sdsooeesnr  vdailesco i osum sse uscjaooorrcliaeaia.cslt.eivso.s  2021-21315n https://www.
i)  Los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan.
3.  El Plan de Calidad e Innovación será aprobado por la consejería competente en 
materia de servicios sociales.
CAPÍTULO II
Profesionales de los servicios sociales
Artículo 83.  Principios de actuación de los colectivos profesionales de los servicios 
sociales.
1.  A los efectos de esta ley, se consideran colectivos profesionales de los servicios 
sociales  aquellos  que  tienen  como  dedicación  principal  desarrollar  actividades 
relacionadas con las funciones de los servicios sociales descritas en la presente ley.
2.  Estas figuras profesionales, como elemento esencial del Sistema de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia, gozarán de autonomía técnica en el ejercicio de sus 
funciones,  sin  perjuicio  de  su  integración  en  equipos  multidisciplinares,  y  sin  más 
limitaciones que las establecidas por la ley y con el cumplimiento de los objetivos, 
normas y procedimientos de la institución o entidad en la que se desarrolle su actividad.
3.  En su actuación se ajustarán a los principios de calidad, eficiencia y eficacia, así 
como a los deberes de la ética y la deontología profesional, en los términos establecidos 
en el Código de Ética Profesional a que se refiere el artículo 89.
4.  Cuando  las  personas  profesionales  del  Sistema  de  Servicios  Sociales  sean 
empleados o empleadas públicos, su actuación se regirá, además, por los principios 
inherentes a dicha condición, en los términos establecidos por la normativa que les sea 
de aplicación.
Artículo 84.  Formación y cualificación de los colectivos profesionales de los servicios 
sociales.
1.  Reglamentariamente se establecerán las titulaciones y cualificaciones idóneas 
para el ejercicio de las actividades profesionales en los servicios sociales, teniendo en 
cuenta para ello los objetivos y características de cada servicio, los requerimientos que 
resulten consecuencia de las determinaciones que disponga el Catálogo de Prestaciones 
del Sistema de Servicios Sociales, así como las exigencias de calidad y garantía de una 
cobertura adecuada a las necesidades de los destinatarios.
2.  La formación de profesionales del Sistema de Servicios Sociales integrará tanto 
los aspectos teóricos como los prácticos, y asegurará su preparación y capacitación 
adecuada, la mejora y actualización de sus competencias, y la calidad de su actuación.
3.  La Administración regional, en colaboración con otras administraciones públicas 
y  entidades  públicas  o  privadas,  promoverá  la  realización  de  las  actividades  de 
formación necesarias.
4.  La acción formativa será uno de los contenidos del Plan de Calidad e Innovación, 
debiendo prestarse especial atención a la organización de programas de formación 
permanente y continuada y a la realización de actividades prácticas.
5.  A efectos de acreditación se tendrá en cuenta la formación de los colectivos 
profesionales.
Artículo  85.  Derechos  de  los  colectivos  profesionales  del  Sistema  de  Servicios 
Sociales. s
Las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales, además de los que  w.
les reconoce el ordenamiento jurídico, tendrán con carácter específico los siguientes  315ww
derechos:
ba))   AD eusneam fpoermñaarc sióun a ccotinvtiidnauda  pyr oafdeesciounaadl ae na lc coonndtiecnioidnoe sd ed ela ig aucatlidviadda dy  dqiugen ihdaayda.n de
desarrollar.
c)  Conocer las herramientas técnicas y tecnológicas que hayan de emplear para su 
actividad profesional.
d)  Formar parte de los órganos de participación y a intervenir en los procesos de 
evaluación de los servicios, en los términos y condiciones previstos normativamente.
e)  Contar con los medios y apoyos necesarios para desarrollar su actividad con 
calidad, eficacia y eficiencia.
f)  Derecho al reconocimiento y acreditación de sus competencias profesionales.
g)  Gozar del respeto y el apoyo debidos.
h)  Estar informado sobre las competencias y funciones, así como sobre el marco de 
actuación del puesto de trabajo.
i)  Ser tratado con respeto y consideración en su trabajo por parte de los usuarios.
j)  Renunciar a prestar atención profesional ante situaciones de injurias, amenazas o 
agresiones físicas, verbales y de cualquier otra naturaleza, contra ellas, siempre que ello 
no  comporte  desatención,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  se  establezca 
reglamentariamente.
Artículo 86.  Deberes de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales.
Las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales, además de los que le 
impone la legislación aplicable, tendrán con carácter específico los siguientes deberes:
a)  Dispensar a las personas usuarias de los servicios sociales, a los responsables 
de estos servicios y a profesionales un trato digno y correcto, protegiendo su intimidad.
b)  Realizar una formación continua y adecuada al contenido de la actividad que 
hayan de desarrollar.
c)  Conocer las herramientas técnicas y tecnológicas que hayan de emplear para su 
actividad profesional.
d)  Contribuir a través de su práctica profesional al logro de los resultados sobre el 
empoderamiento de las personas para el pleno desarrollo de sus capacidades, la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar social de la población.
e)  Conocer y cumplir la normativa reguladora en materia de servicios sociales y, de 
modo particular, aquellas normas que afectan a los servicios y programas en los que 
desempeña su actividad profesional.
f)  Deber de confidencialidad de todas las informaciones de carácter personal que 
reciba en su intervención profesional por cualquier medio.
Artículo 87.  Estrategia de Ética en los Servicios Sociales.
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales  desarrollará  y 
aprobará una estrategia que permita introducir los principios éticos en las políticas 
sociales y en la provisión de los servicios sociales, facilitando un espacio común basado 
en valores compartidos entre ciudadanía, profesionales y la propia organización, bajo el 
enfoque de la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza entre todas las personas 
que están implicadas en el desarrollo de los servicios sociales.
2.  La Estrategia de Ética en los Servicios Sociales se elaborará con criterios de 
participación social y profesional.
3.  Los compromisos que establezca la Estrategia de Ética se trasladarán a todos 
los campos de la práctica profesional, incluidos la gestión de los servicios, la intervención 
social, la formación, la investigación y la innovación en servicios sociales. s
Artículo 88.  Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia. w.
com1o.  óSrgea ncore adreá  ecol nCsoumltait éy d ed eÉlitbiceara dceió nlo, s dSee rnvaictuiorsa leSzoac iainletesr ddies cliap lRineagr ióyn  aduet oMnoumrcíiaa 
feunn claio innatel,r vpeanrcai óenl  asnoácliiasli,s c yo nafsigeusroárnadmoiesen tao  edset olass e cfeucetsotsio cnoems od efo craor éátcicteor  déeti croe fqeureen scuiar.jan
2.  El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia estará 
adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
3.  El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia tiene por 
finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad de la 
intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, 
velando porque se garantice su dignidad y el respeto a su autonomía e intimidad.
4.  El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, sin perjuicio 
de las competencias que en materia de ética y deontología profesional correspondan a 
los colegios profesionales, tendrá las siguientes funciones:
a)  Sensibilizar  al  personal  que  trabaja  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales 
respecto de la dimensión ética de la práctica que desarrollan.
b)  Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se 
produzcan con ocasión de la intervención social, planteados por los profesionales del 
sistema de servicios sociales o a través de estos por las personas usuarias o sus 
representantes legales.
c)  Asesorar y orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas 
situaciones que con frecuencia generan conflictos de valor.
d)  Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación que traten de dar 
respuesta a las situaciones en que, con mayor frecuencia, se planteen conflictos éticos.
e)  Promover y colaborar en la formación en ética aplicada a la intervención social, 
del conjunto de profesionales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales.
f)  Impulsar, como órgano de referencia en ética dentro de la Región de Murcia, la 
formación  de  grupos  de  reflexión  ética  en  los  centros  y  entidades  del  Sistema  de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
g)  Elaborar y aprobar su reglamento interno de funcionamiento.
5.  Los informes y recomendaciones del Comité de Ética de los Servicios Sociales 
de  la  Región  de  Murcia  se  realizarán  siempre  por  escrito  y  no  tendrán  carácter 
vinculante.
6.  El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia tendrá una 
composición  multidisciplinar,  buscando  una  participación  equilibrada  de  las  diversas 
profesiones involucradas en el ámbito de la intervención social, figurando expertos en 
ética aplicada, así como profesionales expertos en servicios sociales con formación en 
ética impartida por una Administración Pública, Universidad o Colegio Profesional. Se 
asegurará la presencia entre dichos miembros de profesionales pertenecientes a las 
entidades locales con competencias en materia de servicios sociales y del Tercer Sector 
de Acción Social. El Presidente del Comité será elegido por sus miembros, de acuerdo 
con sus normas de funcionamiento interno.
7.  Reglamentariamente  se  determinará  la  composición,  funciones  y  el 
funcionamiento del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, 
aprobando el propio Comité sus normas de funcionamiento interno.
Artículo 89.  Código de Ética Profesional.
En el marco de la Estrategia de Ética en Servicios Sociales, la consejería competente 
en materia de servicios sociales promoverá, junto a las organizaciones profesionales y 
colegios profesionales, la elaboración de un Código de Ética Profesional que garantice la 
reflexión  ética  en  la  práctica  de  la  intervención  social,  el  efectivo  ejercicio  de  los  s
derechos de las personas usuarias y el cumplimiento de los principios rectores del  oe.
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 315www.
CAPÍTULO III
Investigación en los servicios sociales
Artículo 90.  Investigación y desarrollo en servicios sociales.
1.  Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales promoverán 
la investigación científica y el desarrollo en esta materia como instrumento para la mejora 
continua de la calidad de los servicios sociales, de acuerdo a los planes y políticas 
relacionados con la investigación en la Región de Murcia y en los ámbitos nacional y 
europeo.
2.  La investigación y la innovación en servicios sociales tendrán por objeto:
a)  El  estudio  y  análisis  de  los  problemas  sociales  y  sus  causas  y  de  las 
necesidades que puedan presentar los distintos grupos de población, con objeto de 
desarrollar estrategias de prevención y sensibilización.
b)  El estudio de las causas y los factores que inciden sobre la evolución de la 
demanda de servicios.
c)  El análisis de los costes y beneficios de los servicios sociales.
d)  El estudio y el diseño de las fórmulas de organización, gestión y evaluación del 
sistema de servicios sociales.
e)  El estudio y la implantación de innovaciones tecnológicas.
f)  Cualquier otro estudio y análisis que contribuya al mantenimiento y a la mejora 
continua y de calidad del sistema de servicios sociales.
3.  Se  promoverá  la  creación  y  el  uso  de  las  redes  e  infraestructuras  de 
colaboración  científica  accesibles  al  personal  investigador  murciano  bajo  una 
administración y gestión común.
4.  Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales promoverán 
una  cultura  participativa  en  las  redes  de  investigación  que  permita  fomentar  la 
cooperación común, identificar materias de investigación transversales y crear redes de 
conocimiento innovadoras en materia de servicios sociales.
TÍTULO X
Registro, autorización y acreditación
CAPÍTULO I
Artículo 91.  El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
1.  El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se configura como un 
instrumento básico de planificación y coordinación de los servicios sociales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que permite conocer los 
recursos disponibles y su mayor optimización.
2.  Con el fin de garantizar la adecuada ordenación de los servicios sociales y el 
conocimiento  actualizado  del  conjunto  de  recursos  existentes,  todas  las  entidades 
públicas y privadas, así como todos los servicios y centros dependientes de las mismas, 
deberán ser objeto de registro.
3.  El  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios  Sociales  se  configura  como  e.e
instrumento  de  naturaleza  pública,  y  el  acceso  al  mismo  deberá  ejercerse  en  los  b
términos  previstos  en  la  normativa  reguladora  del  régimen  jurídico  de  las  315ww
Adm4i.n isMtraecdioiannetes  Pdeúcbrleictaos d ye ld Celo Pnrsoecjoe ddiem Gieonbtoie Arndom sinei srtergautivlaor áC eolm cúonn.tenido, la estructura
y organización del Registro.
Artículo 92.  La autorización administrativa.
1.  La autorización administrativa es el acto mediante el cual la Administración 
regional comprueba y determina que el proyecto arquitectónico o funcional de un centro, 
la materialización del mismo o la puesta en funcionamiento de los servicios que no se 
presten a través de un centro, reúnen los requisitos exigidos en la normativa aplicable en 
la materia, facultando al titular de los mismos a realizar las actuaciones que se reflejan 
en la autorización y sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
2.  El procedimiento para la obtención de la autorización administrativa, así como la 
documentación a aportar en cada caso, serán objeto de desarrollo reglamentario.
3.  El otorgamiento de la autorización administrativa no sustituye ni presupone la 
concesión de otro tipo de permisos o licencias preceptivos para el inicio de la actividad, 
ni tampoco presupone el cumplimiento de cualquier otra normativa que resulte aplicable.
Artículo 93.  El régimen de la autorización administrativa.
1.  La  autorización  administrativa  constituirá  requisito  indispensable  para  la 
inscripción  del  centro  o  servicio  en  el  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios 
Sociales,  que  se  practicará  de  oficio  por  la  propia  Administración  regional  en  el 
procedimiento de autorización.
2.  No  obstante  lo  anterior,  los  centros  cuya  titularidad  corresponda  a  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  no  precisarán 
autorización administrativa y podrán inscribirse sin necesidad de esta, sin perjuicio del 
deber de cumplir los requisitos, condiciones y estándares que resulten aplicables por la 
normativa correspondiente.
3.  La autorización administrativa quedará supeditada al cumplimiento permanente 
de  los  requisitos  exigidos  para  su  obtención.  Su  incumplimiento  será  causa  de 
revocación de la autorización, previa incoación del correspondiente procedimiento, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades y sanciones que tal incumplimiento pudiera 
dar lugar.
4.  Sin la autorización de un centro, ningún servicio podrá entrar en funcionamiento, 
pudiendo acordarse el oportuno cierre del centro y el cese de la actividad del servicio, así 
como sancionarse la conducta contraria, de conformidad con lo establecido en el título XI 
de esta ley.
Artículo 94.  Acreditación administrativa.
1.  La  acreditación  administrativa  es  el  acto  por  el  cual  el  órgano  directivo 
competente  en  materia  de  Inspección  de  Servicios  Sociales  de  la  Administración 
Regional certifica, reconoce y garantiza que un centro o servicio previamente autorizado 
cumple  con  unos  determinados  niveles  de  calidad  e  idoneidad  para  las  personas 
usuarias,  conforme  a  los  criterios  que  se  determinen  por  el  Consejo  de  Gobierno 
atendiendo a criterios de eficacia, coste, calidad en el empleo y control de la gestión.
2.  Los  requisitos  específicos  y  condiciones  para  su  obtención,  renovación, 
revocación o suspensión así como el procedimiento correspondiente se establecerán 
reglamentariamente.  En  todo  caso,  deberá  verificarse  la  disposición  de  medios  y 
recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, así como el cumplimiento 
de la normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la  s
naturaleza  jurídica  de  la  entidad  como  por  el  tipo  de  centro  o  servicio  objeto  de  oe.
acreditación. w.
cqaupeí 3ttue. lnog,L aas sea  trraiebcautuliidzaaacrsioá lnnae sps co odr mela p acecotrenensdceitijaaescr iíódane c,  aoeumntop relioztsea ncttiéeór nme dnine ol acs e mneatsrttoaesbr,ila ee,c naitdi dotrasad veeésns   yed sle elp rsrveeicsriveoincsti.eo   2021-21315n https://ww
4.  Cuando resulte preceptiva la acreditación, ningún centro o servicio podrá entrar
en funcionamiento, pudiendo acordarse el oportuno cierre del centro y el cese de la  Bc
actividad del servicio, así como sancionarse la conducta contraria, de conformidad con lo 
establecido en el título XI de esta ley.
Artículo 95.  La inscripción registral.
1.  La  inscripción  en  el  Registro  es  el  acto  por  el  cual  se  da  publicidad  a  la 
autorización  otorgada  a  todas  las  entidades  públicas  o  privadas  a  efectos  de  su 
constancia oficial como entidad, servicio o centro de servicios sociales autorizado.
2.  La  inscripción  no  tendrá  efectos  constitutivos  ni  conferirá  a  las  personas 
interesadas más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa.
3.  La inscripción de las entidades, centros y servicios sociales será requisito para la 
celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda de la 
Administración Pública de la Región de Murcia.
4.  Las entidades inscritas en el Registro, con el fin de garantizar su permanente 
actualización, deberán poner al día sus propios datos y los relativos a los servicios y 
centros de su titularidad, cuando se produzcan modificaciones en los mismos.
CAPÍTULO II
Inspección de Servicios Sociales
Artículo 96.  La Inspección de Servicios Sociales.
La Inspección de Servicios Sociales, que tiene carácter público, tiene por objeto velar 
por  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  establecidos  en  la  normativa 
aplicable, y el apoyo e impulso de las medidas de calidad y mejora continua que han de 
regir  los  servicios  y  centros  del  Sector  de  Servicios  Sociales  en  el  territorio  de  la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1.  La función de inspección y control sobre los servicios sociales corresponde a la 
consejería competente en la materia, sin perjuicio de las competencias que puedan 
ejercer otros órganos de la Administración estatal, regional y local.
2.  La Inspección de Servicios Sociales podrá actuar de oficio o a instancia de parte.
3.  Están sometidas a la inspección todas las entidades, centros y servicios sociales 
que  desarrollen  su  actividad  en  la  Región  de  Murcia,  independientemente  de  su 
titularidad o lugar donde tenga su sede social o domicilio legal.
4.  Los titulares y personal de las entidades prestadoras de servicios sociales así 
como las personas usuarias estarán obligados a facilitar información, documentación y 
demás datos que le sean requeridos, así como prestar toda la colaboración precisa para 
el ejercicio de la actividad inspectora.
5.  La realización de la labor inspectora contará con el apoyo de los servicios de 
inspección adscritos a otros departamentos de la Administración regional, los cuales 
prestarán la colaboración que requiera el eficaz ejercicio de su función.
Artículo 97.  La actuación inspectora.
1.  La Inspección de Servicios Sociales, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la 
consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozará de plena independencia, 
objetividad e imparcialidad.
2.  La  Inspección  de  Servicios  Sociales  podrá  recabar,  cuando  lo  considere  e.e
necesario para el desempeño de su cometido, la cooperación de otras Administraciones  b
Públicas en los términos y las condiciones previstas en la normativa vigente. 315ww
ejerc3i.c ioE dl ep seursso fnuanlc ioinnsepse.ctor dispondrá de la debida acreditación que exhibirá en el
cuid4a.d o Eld ep ernsoo naolc ainssiopneacrt ort,r aesnto renl oesj erecnic ioe l defu nlac ioinnsapmeicecnióton , ddeel becreán ttreon eor  esseprevciciaiol 
inspeccionado, así como de tener la debida consideración a los usuarios e interesados, y 
guardar secreto y sigilo profesional.
5.  El personal inspector, como consecuencia de su función inspectora y de control, 
podrá proponer las medidas correctoras, de mejora y de promoción de la calidad que 
considere oportunas, lo que deberá constar en el acta correspondiente.
6.  Cuando el personal inspector aprecie razonablemente la existencia de riesgo 
inminente o perjuicio grave para la seguridad o salud de las personas usuarias, podrá 
proponer al órgano competente la adopción de las medidas provisionales a que se 
refiere esta ley.
Artículo 98.  Funciones de la Inspección.
La Inspección de los Servicios Sociales tendrá las siguientes funciones:
1.  Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias de los servicios 
sociales.
2.  Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente de los servicios sociales que 
se prestan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.  Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios sociales y 
formular propuestas de mejora en la calidad de los mismos.
4.  Asesorar e informar a los colectivos profesionales y entidades respecto a los 
requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para la prestación de los 
servicios sociales.
5.  Verificar el cumplimiento de la normativa sobre los requisitos mínimos materiales 
y funcionales que han de reunir los servicios y centros de servicios sociales.
6.  Proponer medidas provisionales o cautelares dirigidas a salvaguardar la salud y 
seguridad de las personas usuarias de los servicios sociales.
7.  Proponer al órgano competente la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador cuando comprobase la existencia de una posible infracción.
8.  Velar por que la provisión de las prestaciones económicas y prestaciones de 
servicios  sociales  se  preste  con  criterios  de  igualdad,  accesibilidad,  universalidad, 
calidad y eficacia.
9.  Supervisar el destino y la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos 
a personas físicas o jurídicas, por medio de ayudas, subvenciones, contratos, convenios, 
o cualquier otra modalidad de ayuda prevista en la normativa vigente, así como el 
seguimiento de los mismos.
10.  Proponer el cierre y el cese de la actividad de aquellos centros y servicios que 
no dispongan de la preceptiva autorización de funcionamiento, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 92 de la presente ley.
11.  Verificar la adecuación de los conciertos, los contratos de servicios sociales y 
otras formas de gestión de los fondos públicos, a los criterios establecidos por esta ley y 
sus disposiciones de desarrollo.
12.  Cualquier otra que le atribuya la normativa aplicable.
Artículo 99.  Personal de la Inspección.
1.  La inspección habrá de ser ejercida por funcionarios que ocupen puestos de 
trabajo que comporten el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo anterior.
2.  El personal inspector de servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones de  s
inspección, gozará de las siguientes facultades: oe.
a)  Acceder libremente, debidamente identificado, en cualquier momento, sin previa  315ww
neofeticfitcuaacrsióen ,e an  lopsre sseenrvciicaio sd esl otcitiaulleasr  qou ree sspeo pnrseasbtalen .d Lea sla  viesnittaidsa dde  pirnesspteacdcoiróan,  doe bdeer álna 
spoemrseotnidao q au ein qsupeedccei óan c caorginoc iddeie slae  mcoisnm eal,  deonm sicui laiou sdeen lcai ap. eSrsi oenl ae sfítsaibclae caimfeicetnatdoa ,o  dceebnetrráo 
obtener  el  expreso  consentimiento  del  titular  o,  en  su  defecto,  la  correspondiente 
autorización judicial.
b)  Efectuar,  en  su  caso,  las  comprobaciones  pertinentes  que  garanticen  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  para  la  autorización  y  la  acreditación  así  como  el 
mantenimiento de las mismas.
c)  Llevar a cabo cuantas pruebas, investigaciones o exámenes resulten necesarios 
para la función inspectora con objeto de comprobar lo dispuesto en la normativa vigente.
d)  Requerir  al  representante  legal  de  la  entidad  la  aportación  de  los  datos  y 
documentos que considere necesarios para su labor inspectora y entrevistarse con 
profesionales prestadores de los servicios sociales así como con las personas usuarias 
de los mismos, o con sus representantes legales, en su caso. Todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.
e)  Recabar el apoyo o ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el 
ejercicio de sus funciones.
f)  Requerir el apoyo de otros órganos administrativos con ámbitos competenciales 
concurrentes del territorio de la Región de Murcia.
g)  Solicitar, por motivos de especialidad técnica, los informes y asesoramientos 
adecuados para el correcto desarrollo de su actuación.
h)  Realizar  todas  las  actuaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  sus 
funciones.
3.  El número de efectivos destinados a las funciones de inspección se ajustará a 
las necesidades de la población de referencia en el territorio, estableciéndose una ratio 
mínima por número de habitantes de forma reglamentaria.
Artículo 100.  Planificación de las actuaciones inspectoras.
1.  Las  actuaciones  inspectoras  responderán  a  la  planificación  y  programación 
establecidas, sin perjuicio de las actuaciones derivadas de denuncias o propuestas de 
carácter extraordinario que se formulen.
2.  La consejería competente en materia de servicios sociales aprobará el Plan de 
Inspección en el que se recogerán los objetivos a lograr, los ámbitos de actuación, las 
acciones a desarrollar y el plazo de ejecución.
Artículo 101.  El deber de colaboración con la inspección de Servicios Sociales.
1.  Las  personas  titulares  de  las  entidades,  centros  y  servicios  sociales  están 
obligados  a  permitir  a  la  inspección  el  acceso  a  las  instalaciones,  a  facilitar  la 
información,  documentos,  libros,  soportes  informáticos  y  demás  datos  que  le  sean 
requeridos, así como a prestar toda la colaboración precisa para el ejercicio de la función 
inspectora.
2.  La Inspección podrá recabar, cuando lo considere necesario, la colaboración de 
otros departamentos de la Administración regional y de las entidades locales, así como 
de los titulares de los centros y servicios sociales y de otras colaboraciones que se 
estimen precisas para el cumplimiento de sus funciones, en los términos y condiciones 
previstas en la normativa vigente.
3.  El personal técnico de las Administraciones Públicas competentes en servicios 
sociales colaborará con la inspección  mediante el  cumplimiento del instrumento de 
colaboración correspondiente sobre las condiciones de funcionamiento de las entidades,  s
centros y servicios sociales, así como sobre la adecuación a la presente ley y sus  oe.
normas de desarrollo de las prestaciones que reciban las personas usuarias de su  w.
áomblibg4iat.o d atAesrs raiimt ocirosialmal,bo do, aralnard sco o ptnrea lrsasl aoindnsoap sae lc upcsieóurnsa oryina fasal c iidnliestapl re Slcait sointre fdomeraml  raedcseiuó lntSa yed rodv oidcceiuo lmsa seS nmotaicscimaiólaenss q. uees tláens   2021-21315n https://ww
sea requerida en relación con el disfrute de las prestaciones sociales.
5.  El personal inspector podrá requerir motivadamente la comparecencia de las 
personas relacionadas con el objeto de la inspección en la oficina pública al objeto de lo 
que se determine en la correspondiente citación.
6.  La inspección podrá fijar plazos para la presentación de la documentación o para 
la  comparecencia  personal  en  las  dependencias  administrativas.  Su  incumplimiento 
podrá ser considerado obstrucción a la labor inspectora.
Artículo 102.  Actas de inspección.
1.  El acta de inspección es el documento, en modelo oficial, en el que se recogen 
por escrito los datos relativos a la entidad, centro o servicio y el resultado de una 
concreta actuación inspectora, en el momento y lugar en el que se realiza la misma.
2.  Los  hechos  comprobados  por  el  personal  inspector  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones  se  formalizarán  en  las  correspondientes  actas,  que  gozarán  del  valor 
probatorio  conforme  a  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento 
administrativo común.
3.  Las actas de inspección deberán contener, al menos, los siguientes datos:
a)  Fecha, hora y lugar de actuaciones.
b)  Identificación del personal inspector.
c)  Identificación de la entidad, centro y/o servicio inspeccionado y de la persona 
responsable ante cuya presencia se lleva a cabo la inspección y ante la cual se extiende 
el acta.
d)  Hechos  y  circunstancias  relevantes  sobre  los  servicios  que  hayan  sido 
detectados en la inspección realizada.
e)  El incumplimiento de los requisitos normativamente establecidos y, en su caso, 
de las presuntas infracciones cometidas.
f)  Firma del inspector y de la persona responsable de la entidad prestadora del 
servicio así como la conformidad o disconformidad de esta última que podrá hacer 
constar cuantas manifestaciones considere necesarias.
4.  A efectos de la propuesta de inicio del procedimiento sancionador o disciplinario, 
cuando  se  aprecien  irregularidades  o  incumplimientos  con  indicios  racionales  de 
responsabilidad, las actas de inspección y sus correspondientes informes tendrán la 
consideración de actuaciones previas.
5.  Cuando los hechos conocidos a través de una actuación inspectora pudieran ser 
constitutivos de delito o infracción administrativa, el inspector lo hará constar en el acta y 
lo  pondrá  en  conocimiento  del  órgano  competente  para  la  incoación  del  oportuno 
expediente sancionador o, en su caso, del competente para su traslado a la autoridad 
judicial o Ministerio Fiscal.
TÍTULO XI
Régimen de infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 103.  Infracciones en materia de servicios sociales. e.
1.  Se consideran infracciones administrativas en materia de servicios sociales las  315ww
laecgcisiolanceisó ny a polmiciasbiolen easl  átmipibfiictoa ddaes l oys  ssearnvcicioionsa dsaosc iaelens .la presente ley y en el resto de
crite2ri.o s Ladse  inriferascgcoi onpeasra s ela c lasasilfuicda, ni netne glreidvaeds,  gprearvseosn ayl,  msueyg ugrridaaveds, , gdrea vaecduaedr dod ec olan 
alteración social producida por los hechos.
Artículo 104.  Sujetos responsables.
1.  Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las 
personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o 
culpa.
2.  Se  consideran  autores  de  las  infracciones  tipificadas  por  esta  ley  quienes 
realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta. 
También  tendrán  la  consideración  de  autores  quienes  cooperen  en  su  ejecución 
mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no hubiese podido llevarse a 
cabo.
3.  Las personas titulares de los centros y servicios responderán subsidiariamente 
por las acciones u omisiones de sus gestores, así como por las del personal a su 
servicio.
4.  Cuando  la  infracción  sea  cometida  conjuntamente  por  varios  sujetos 
responsables, estos responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan 
y de las sanciones que se impongan.
Artículo 105.  Concurrencia de sanciones.
1.  No  podrán  sancionarse  los  hechos  que  lo  hayan  sido  penal  o 
administrativamente  en  los  casos  en  que  se  aprecie  identidad  del  sujeto,  hecho  y 
fundamento.
2.  Cuando los hechos constitutivos de responsabilidad administrativa puedan ser, 
además, tipificados como delito en el Código Penal, se dará traslado al Ministerio Fiscal. 
En el caso de que se tenga conocimiento de la apertura de diligencias en el juzgado de 
lo penal, se deberá suspender la tramitación del expediente sancionador hasta que 
recaiga  la  correspondiente  resolución  judicial.  No  obstante,  seguirán  en  vigor  las 
medidas provisionales que se hubieran adoptado y hasta tanto se pronuncie sobre las 
mismas el juez competente.
3.  De no estimarse la existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el 
expediente sancionador tomando como base los hechos que la autoridad judicial haya 
considerado probados.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 106.  Infracciones leves.
Tienen el carácter de infracciones leves:
1.  En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales:
a)  Incumplir la normativa aplicable en materia de servicios sociales cuando no se 
derive perjuicio directo y concreto sobre las personas usuarias y dicho incumplimiento no 
esté tipificado como infracción grave o muy grave.
b)  No notificar en los plazos establecidos los cambios de titularidad o cese del 
servicio.
c)  Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su 
estado, funcionamiento, limpieza o higiene, sin que se derive de ello riesgo para la  es
integridad física o la salud de las personas usuarias y/o profesionales. bo
d)  Vulnerar el derecho de las personas usuarias a disponer, en función de la  315ww
snquaugteue erdr)aee lnebPczaia rase says t tyiasd rfqea uluc eentijpraa.o sa , dsyei sa tes cenorcvniaioc cioien,ra ,d deeen c uusnau d rcaea,g slsoai,mn e eql nuimteop  dionertte eer ndllooe   ylsa e dp eda erutrincivi pepanrc opicóeenrd jueimiccoiieonnsót oma i dclaea    OE-A-2021-21able en https://
persona usuaria.
f)  No disponer, para los servicios en los que así se exija, de un registro de personas 
usuarias o no tenerlo debidamente actualizado.
g)  En el caso de los centros residenciales, no suscribir el contrato correspondiente 
con las personas usuarias.
h)  No tener actualizado el expediente individual de las personas usuarias, siempre 
que no se vulneren los derechos de estas.
i)  No disponer o no facilitar las hojas de reclamaciones pertinentes.
j)  Obstruir la labor inspectora de forma que se retrase el cumplimiento de las 
obligaciones de información, comunicación o comparecencia.
k)  Cometer cualquier otra infracción que vulnere lo que dispone esta ley o sus 
normas de desarrollo y no constituya infracción grave o muy grave.
2.  En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones 
y de las personas profesionales de los servicios sociales:
a)  Incumplir la normativa aplicable en materia de servicios sociales cuando no se 
derive perjuicio directo y concreto sobre otras personas físicas o jurídicas y no proceda 
su calificación como infracción muy grave o grave.
b)  Incumplir las normas, requisitos y procedimientos establecidos, así como no 
seguir el programa y las orientaciones de profesionales de los servicios sociales, de 
forma  que  se  desvirtúe  la  finalidad  de  la  intervención  social,  siempre  que  dicho 
incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.
c)  Faltar levemente a la consideración debida a la persona responsable de la 
dirección, a los miembros del personal del servicio o centro, a las personas usuarias o a 
los visitantes.
d)  Utilizar de forma inadecuada las instalaciones o perturbar las actividades del 
servicio,  alterando  las  normas  de  convivencia  y  respeto  mutuo  y  perjudicando  la 
convivencia.
Artículo 107.  Infracciones graves.
Tienen el carácter de infracciones graves:
1.  En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales:
a)  Impedir el acceso en condiciones de igualdad a las personas destinatarias de los 
servicios sociales.
b)  Incumplir  el  deber  de  confidencialidad  y  el  deber  de  reserva  de  los  datos 
personales, familiares o sociales de las personas usuarias.
c)  No salvaguardar el derecho a la dignidad y a la intimidad de las personas 
usuarias.
d)  Incumplir, cuando sea de aplicación, la obligación de elaborar un programa 
individual  de  atención  social  de  las  personas  usuarias  o  elaborarlo  o  aplicarlo 
incumpliendo las prescripciones legales establecidas al efecto.
e)  Impedir el ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida 
de un servicio o centro residencial, salvo lo establecido al efecto por la legislación 
vigente para las personas menores de edad y las personas incapacitadas.
f)  Incumplir o alterar el régimen de precios de los servicios, sin haberlo notificado o 
sin haber obtenido la autorización administrativa pertinente.
g)  Proceder al cierre de un centro o servicio sin haberlo comunicado previamente al  e.e
órgano competente en materia de Registro de Servicios Sociales. b
h)  Abrir y tener en funcionamiento centros o servicios careciendo de la autorización  315ww
paedrescounaadsa u, ssuieamriapsr ey /oq upero fneos iosnea ldeesr.ive perjuicio para la integridad o la salud de las
necei)s arNiaos  psaorma elate crosnec, esoibósnt adceu llaiz aaur toori zaimcipóend.ir  las  actuaciones  de  comprobación
j)  Obstaculizar o impedir la actividad inspectora siempre que no esté tipificada como 
falta muy grave.
k)  Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de 
personal aplicables en función de la tipología del centro o del servicio siempre que no 
esté tipificado como infracción leve.
l)  Incrementar, sin la preceptiva autorización, el número de plazas de los centros.
m)  Incumplir las instrucciones que, sobre las necesarias correcciones, hayan sido 
dictadas por la inspección.
n)  Alterar de forma dolosa los aspectos sustantivos para el otorgamiento de la 
autorización de los centros o establecimientos de servicios sociales.
ñ)  Prestar una asistencia inadecuada, causando graves perjuicios a la persona 
usuaria.
o)  Las irregularidades en la administración, custodia, y manejo de fondos y bienes 
de  las  personas  usuarias  de  las  entidades,  centros  y  servicios  por  parte  de  sus 
directores, administradores o personas responsables.
p)  Haber sido sancionado en el término de un año por resolución firme en vía 
administrativa por la comisión de tres o más infracciones leves.
q)  El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro 
derecho recogidos en la normativa aplicable, sin estar previsto en otros apartados de 
este artículo, cuando se derive riesgo, daño o perjuicio para la integridad física y moral, 
seguridad o salud de las personas usuarias y no constituya infracción muy grave.
2.  En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones 
económicas, y de las personas profesionales de los servicios sociales:
a)  Faltar gravemente a la consideración debida a la persona responsable de la 
dirección, a los miembros del personal, a las personas usuarias y los visitantes.
b)  Ocasionar daños graves en los bienes y equipamientos del centro o perjuicios 
notorios al normal desarrollo de los servicios o a la convivencia del centro.
c)  El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro 
derecho recogidos en la normativa aplicable, sin estar previsto en otros apartados de 
este artículo, cuando se derive riesgo, daño o perjuicio de las entidades prestadoras, o 
para la integridad física y moral, seguridad o salud de profesionales y otros usuarios y no 
constituya infracción muy grave.
Artículo 108.  Infracciones muy graves.
Tienen la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
1.  En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales que 
intervienen en la provisión y/o prestación de servicios sociales:
a)  Proceder a la apertura y tener en funcionamiento centros o servicios careciendo 
de la autorización adecuada, con perjuicio para la integridad o la salud de las personas 
usuarias y/o profesionales.
b)  Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su 
estado, funcionamiento, limpieza o higiene, derivándose de ello perjuicio grave para la 
integridad física o la salud de las personas usuarias y/o profesionales.
c)  Obstruir la labor inspectora impidiendo el acceso a las dependencias del centro, 
o ejercer resistencia reiterada o coacción o cualquier otra forma de presión sobre los  e.e
inspectores de servicios sociales o las personas denunciantes, ya sean profesionales,  b
usuarias, familiares o visitantes, así como encubrir dichas actuaciones. 315ww
físicda)  o Sfaormmeatceor lóag liacsa  pseinrs opnreassc urispucaiórnia sm aé dciucaal qyu iesur ptieprov idsieó nin, msoinv ilcizuamcpiólinr  oe l repsrotrtiocccoiólon 
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actuaciones.
e)  Someter a las personas usuarias a cualquier tipo de maltrato físico o psíquico, 
así como silenciar o encubrir dichas actuaciones.
f)  Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de 
personal  que  correspondan  al  servicio  en  función  de  su  tipología,  cuando  dicho 
incumplimiento ponga en peligro la salud o seguridad de las personas usuarias y/o 
profesionales.
g)  Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de 
personal aplicables en función de la tipología del centro o del servicio, siempre que no 
esté tipificado como infracción grave.
h)  El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro 
derecho recogidos en esta norma, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, 
si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los 
usuarios de servicios sociales, o de gran trascendencia social.
2.  En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones 
económicas y de las personas profesionales de los servicios sociales:
a)  Agredir físicamente o infligir malos tratos a la persona responsable del centro, a 
los miembros del personal, o a las personas usuarias o visitantes.
b)  Sustraer bienes del centro, del personal, de las personas usuarias o de las y los 
visitantes.
c)  Ocasionar daños o perjuicios muy graves en los bienes e instalaciones o en el 
normal desarrollo de los servicios o en la convivencia del centro.
d)  El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro 
derecho recogidos en esta norma, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, 
si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los 
entidades prestadoras o profesionales y otros usuarios de servicios sociales, o de gran 
trascendencia social.
Artículo 109.  Prescripción de las infracciones.
1.  Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los cinco años, 
las graves a los tres años y las leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
en que la infracción se hubiese cometido. En el caso de infracciones continuadas o 
permanentes, el plazo comenzará a computar desde la finalización de la conducta 
infractora.
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un 
procedimiento administrativo sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 110.  Sanciones principales.
1.  Las infracciones tipificadas en materia de servicios sociales darán lugar a la 
imposición de las siguientes sanciones: e.e
a)  Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 3000 euros. Para el caso  315ww
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caso de infracción de las personas usuarias multa de hasta 3000 euros.
2.  La revisión o modificación de las cuantías de las sanciones fijadas en este 
artículo se establecerá reglamentariamente.
Artículo 111.  Sanciones accesorias.
1.  En  los  supuestos  de  infracciones  graves  o  muy  graves  de  las  personas  y 
entidades prestadoras de servicios sociales, el órgano sancionador podrá acordar, con 
carácter complementario, y atendiendo al principio de proporcionalidad, las siguientes 
sanciones:
a)  La inhabilitación para el ejercicio de las actividades contempladas en esta ley 
durante los tres años siguientes en el caso de las infracciones graves y durante cinco 
años en las muy graves, con la consiguiente revocación, en su caso, de la autorización 
administrativa correspondiente y/o la acreditación.
b)  La prohibición de financiación pública en el ámbito de los servicios sociales por 
un periodo de entre uno y tres años para las graves y de tres a cinco años para las muy 
graves.
c)  La suspensión de la prestación del servicio, total o parcial, por un período entre 
uno y tres años para las faltas graves y de tres a cinco años para las faltas muy graves.
d)  En el caso de falta muy grave, la clausura definitiva de centros, establecimientos, 
servicios o inhabilitación definitiva para el ejercicio de actividades en servicios sociales, 
que llevará implícita la revocación de la autorización administrativa correspondiente.
2.  En  el  caso  de  infracciones  cometidas  por  las  personas  usuarias,  se  podrá 
acordar apercibimiento o suspensión de los derechos como usuario de la prestación por 
un período no superior a treinta días en el caso de infracciones leves, no superior a 
noventa días en el caso de infracciones graves y por tiempo igual o inferior a un año 
cuando se hayan cometido infracciones muy graves.
Artículo 112.  Graduación de las sanciones.
1.  Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás 
sanciones, se deberá mantener la proporción adecuada entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción o sanciones aplicadas, para lo cual se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:
a)  El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b)  El incumplimiento de requerimientos previos.
c)  La continuidad o persistencia de la conducta infractora.
d)  El  riesgo  generado,  el  daño  o  perjuicio  causado  y  el  número  de  personas 
afectadas.
e)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución administrativa 
firme.
f)  La existencia de reiteración, por la comisión de una segunda infracción de distinta 
naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución 
administrativa firme.
g)  La trascendencia económica y social de la infracción.
h)  El cumplimiento por iniciativa propia de las normas infringidas, y en su caso el 
restablecimiento  de  la  situación  establecida  en  la  normativa  vigente,  en  cualquier  e
momento  del  procedimiento  administrativo  sancionador  si  aún  no  se  ha  dictado  bo
resolución. 315ww
ley e2s.  sSuip eelr iboer nae fliac ios aenccoiónnó mpieccou qnuiaer iare squulete  led ec uonrrae sinpforancdcei,ó ne sttipai fpicuaeddae  pionrc rlae mperenstaernstee 
hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
3.  Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de 
otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción 
más grave cometida.
Artículo 113.  Reducción de la sanción.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para 
resolver aplicará reducciones del 30 % sobre el importe de la sanción propuesta. Las 
reducciones se determinarán en el acuerdo de inicio y su efectividad estará condicionada 
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la 
sanción.
Artículo 114.  Prescripción de las sanciones.
1.  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las 
graves a los tres y las leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse a partir del día 
siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción 
o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
3.  La interrupción de la prescripción se produce por el inicio del procedimiento de 
ejecución,  con  el  conocimiento  de  la  persona  o  entidad  interesada,  volviendo  a 
reanudarse el citado procedimiento cuando esté paralizado por causa no imputable a la 
persona o entidad infractora por plazo superior a un mes.
CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador
Artículo 115.  Procedimiento sancionador.
1.  El  plazo  máximo  para  dictar  y  notificar  la  resolución  de  un  expediente 
sancionador será de nueve meses.
2.  El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente de acuerdo 
con los principios establecidos en las leyes reguladoras del procedimiento administrativo 
común y en sus normas de desarrollo.
Artículo 116.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para el inicio de los expedientes sancionadores será el 
centro directivo que tenga atribuida la competencia en materia de inspección de servicios 
sociales. En el acuerdo de inicio del expediente sancionador se determinará el órgano 
instructor del procedimiento.
2.  El órgano competente para resolver será:
a)  El Consejo de Gobierno para la imposición de las siguientes sanciones:
1.º  La de clausura definitiva del centro, establecimiento o servicio.
2.º  La de multa por importe superior a ciento cincuenta mil euros.
b)  Corresponde  al  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de  servicios 
sociales, la imposición de las siguientes sanciones: e.e
1.º  La  de  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  actividades  en  servicios  sociales,  315ww
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c)  Corresponde al titular del centro directivo competente en materia de inspección 
de servicios sociales, la imposición de las sanciones no atribuidas expresamente en los 
párrafos anteriores a otros órganos.
3.  Cuando  por  la  comisión  de  una  infracción  correspondan  sanciones  cuya 
imposición esté atribuida a órganos distintos, en virtud de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, el de rango superior avocará la facultad del órgano de menor rango.
Artículo 117.  Medidas provisionales.
1.  Antes  del  inicio  del  procedimiento  sancionador,  el  órgano  administrativo 
competente para iniciar o instruir el procedimiento podrá adoptar, de oficio o a instancia 
de  parte,  las  medidas  provisionales  que  estime  necesarias  en  caso  de  urgencia 
inaplazable y para evitar situaciones de riesgo para las personas. Estas medidas podrán 
consistir en la suspensión temporal, total o parcial, de la prestación del servicio o de la 
realización  de  actividades,  o  en  la  prohibición  temporal  de  aceptación  de  nuevas 
personas usuarias, pudiendo llegar incluso, al cierre temporal o parcial del centro si se 
considerar imprescindible.
2.  Las medidas provisionales deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por 
el  correspondiente  acuerdo  de  inicio  del  procedimiento  sancionador,  el  cual  debe 
producirse en el plazo máximo de quince días desde la adopción de las medidas.
3.  Iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, 
podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas 
provisionales  que  estime  oportunas  para  asegurar  la  eficacia  de  la  resolución  que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
4.  Los  plazos  de  suspensión  y  clausura  provisional  serán  computados  como 
cumplimiento de la sanción, si esta recayese.
5.  Durante  la  tramitación  del  procedimiento  deben  levantarse  las  medidas 
provisionales  si  desaparecen las causas  que motivaron su adopción. La resolución 
definitiva del expediente debe ratificar o dejar sin efecto la medida adoptada.
Artículo 118.  Resolución.
1.  La  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento  sancionador  será  motivada  y 
resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.
2.  En todo caso, la resolución final deberá manifestarse expresamente sobre:
a)  La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia de la 
resolución en tanto sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su caso.
b)  La obligación de reposición de la situación a su estado originario.
c)  La  determinación  de  indemnización  de  daños  y  perjuicios  derivados  de  la 
infracción cometida.
Disposición adicional primera.  Ingresos derivados de la imposición de sanciones.
Los  ingresos  que  se  deriven  de  la  imposición  de  las  sanciones  económicas 
establecidas en el título XI generarán crédito en los programas presupuestarios de 
servicios sociales.
Disposición adicional segunda.  Reforzamiento de los servicios de inspección. bo
slae rpvAriec sifoitnas  cdsióoenc oi adbleete snl opesrr e suvenisr vtnaicisvi oeesln  e peloesrvt aala dl eoay c,d taeus aeíc fciiócoanmc ioina s pepanera cl taogsra are avdnaetil zulaaa rc Aiuodnnm eaisdn eidscetru aaccdaióolidn ca orden gtdrieoo ln leaonls,    2021-21315n https://ww
por parte del Consejo de Gobierno se harán las previsiones necesarias en las relaciones
de puestos de trabajo de la consejería con competencia en políticas sociales para el  Bc
reforzamiento  de  las  plantillas  de  personal  de  los  servicios  de  inspección, 
incrementándose progresivamente hasta alcanzar una ratio de un inspector o inspectora 
por cada 200.000 habitantes en el plazo máximo de cuatro años.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos sancionadores en tramitación.
Los procedimientos sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor 
de la presente ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación 
vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones 
sancionadoras  de  la  presente  ley  favorezcan  al  presunto  infractor,  en  cuyo  caso 
resultarán estas de aplicación.
Disposición  transitoria  segunda.  Organización  territorial  del  Sistema  de  Servicios 
Sociales de la Región de Murcia.
1.  La organización territorial de los servicios sociales existente a la entrada en vigor 
de esta ley continuará vigente hasta que sea aprobado el Mapa de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia previsto en el artículo 57.
2.  La  consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales  podrá  aprobar 
mediante orden una zonificación provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26, 
que  establezca  las  zonas  básicas  de  servicios  sociales  con  una  población  de  al 
menos 10.000 habitantes, de forma excepcional las zonas básicas de servicios sociales 
con población inferior a 10.000 habitantes y las unidades básicas de servicios sociales u 
otras divisiones territoriales.
3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 26, hasta tanto no se apruebe el Mapa 
de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se establece provisionalmente en 5 el 
número de profesionales mínimo para la consideración de zona básica de servicios 
sociales.
Disposición transitoria tercera.  Composición de los equipos interdisciplinares.
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo establecido en el artículo 33.2 en 
cuanto a la composición de los equipos interdisciplinares, con el fin de garantizar la 
calidad de las prestaciones, la proximidad territorial y la cobertura de las necesidades 
sociales de los territorios, se incrementarán progresivamente el número de profesionales 
de los equipos interdisciplinares hasta alcanzar, en el plazo máximo de tres años, las 
siguientes ratios mínimas según el número de habitantes:
a)  Menos de 10.000 habitantes: 1 profesional por cada 1900 habitantes.
b)  Entre 10.000 y 19.999 habitantes: 1 profesional por cada 2400 habitantes.
c)  Entre 20.000 y 49.999 habitantes: 1 profesional por cada 2900 habitantes.
d)  Entre 50.000 y 99.999 habitantes: 1 profesional por cada 3400 habitantes.
e)  Más de 100.000 habitantes: 1 profesional por cada 3900 habitantes.
Disposición  transitoria  cuarta.  Porcentajes  de  financiación  compartida  entre  la 
Administración regional y las entidades locales.
Para la financiación de los equipos interdisciplinares, los porcentajes de financiación 
compartida a través de convenios de colaboración entre la Administración Regional y las 
entidades locales, para los Servicios Sociales de Atención Primaria, previstos en el  es
artículo 50, se modificarán progresivamente hasta alcanzar, en un plazo máximo de  bo
cinco años, los siguientes porcentajes según el número de habitantes: 315ww
y 20a %)  eMnetidnaods edse l o2c0a.l0e0s.0 habitantes y Mancomunidades: 80 % Comunidad Autónoma
b)  Entre 20.000 y 49.999 habitantes: 60 % Comunidad Autónoma y 40 % entidades
locales. Bc
c)  Más  de  50.000  habitantes:  45  %  Comunidad  Autónoma  y  55  %  entidades 
locales.
Disposición transitoria quinta.  Provisión de las prestaciones a partir de la entrada en 
vigor de la ley.
Hasta el establecimiento de la estructura territorial fijada en el Capítulo I del título III 
de la presente ley con la aprobación del Mapa de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia previsto en el artículo 57, las Administraciones Públicas seguirán proveyendo las 
diferentes prestaciones de la forma efectuada hasta el momento, sin que ello afecte a la 
aplicación de las previsiones que no requieran su posterior desarrollo normativo.
Disposición derogatoria única.
1.  Quedan derogadas, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente 
ley, y de forma expresa, la Ley 3/2003, de 10 de abril, de Sistema de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia.
2.  Hasta  que  se  proceda  a  la  aprobación  del  desarrollo  reglamentario  de  la 
presente ley, serán de aplicación las normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo 
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, en lo que no sean contrarias a lo dispuesto en la 
presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas.
Disposición final primera.  Actualización de la cuantía de las sanciones económicas.
La cuantía de las sanciones de naturaleza económica previstas en el título XI, así 
como de los límites allí establecidos, podrá actualizarse conforme al índice de precios al 
consumo, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería 
competente en materia de servicios sociales.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa y ejecutiva.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de servicios 
sociales, en el ámbito de las respectivas competencias previstas en esta ley, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias en orden al desarrollo y ejecución de la misma, 
de conformidad con los preceptos de la parte dispositiva en los que así se indique.
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario y Planificación.
1.  El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia procederá, a propuesta de la 
consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de un año a 
partir de la entrada en vigor de esta ley, a la aprobación del Plan Regional de Servicios 
Sociales.
2.  El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería 
competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de un año a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, procederá a la elaboración y aprobación mediante decreto 
del Mapa de Servicios Sociales y la Carta de Derechos y Deberes de las personas 
usuarias de los servicios sociales.
3.  El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería 
competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de dos años a partir de  es
la entrada en vigor de esta ley, procederá a la elaboración y aprobación de los siguientes  o
desarrollos normativos: 315ww
ab))   ELal  Cuargtáelnocgioa  dseo cSiael.rvicios Sociales de la Región de Murcia.
atencc)i ónC pornimdiacrioian.es  mínimas  y  requisitos  de  los  centros  de  servicios  sociales  de  BOE-A-cable e
4.  El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería 
competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de dos años a partir de 
la entrada en vigor de esta ley, procederá a regular los requisitos mínimos en cuanto a 
condiciones materiales y de funcionamiento de los centros en materia de servicios 
sociales y composición de los equipos interdisciplinares.
5.  El  proceso  de  desarrollo  reglamentario  previsto  en  esta  ley  ha  de  quedar 
concluido en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la misma.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su completa publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia». No obstante, aquellas previsiones que requieran un 
desarrollo reglamentario específico producirán efectos el mismo día en que cada uno de 
ellos entre en vigor».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 29 de julio de 2021.–El Presidente, Fernando López Miras.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 174, de 30 de julio de 2021)