BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 43  Miércoles 19 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 15683
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
2389 Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la 
mejora de la calidad en zonas turísticas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.  Las Illes Balears poseen una estructura productiva claramente marcada por la 
preponderancia del sector servicios, el cual conforma más del ochenta por ciento del 
producto interior bruto. Esta característica diferenciadora de la economía del archipiélago 
balear se basa principalmente en el peso de los sectores del comercio y la hostelería, 
ambos directamente relacionados con la actividad turística. Además, nuestra comunidad 
se ha convertido en un destino de preferencia en el mercado turístico europeo y mundial y 
es la quinta región europea con más pernoctaciones totales (residentes y no residentes) y 
la tercera con un número más elevado de pernoctaciones hechas por turistas no residentes.
Esta preferencia como destino en el mercado turístico europeo se ha debido, entre 
otras causas, al trabajo ingente en el campo de la promoción turística que han venido 
desarrollando los diversos organismos implicados (ayuntamientos, consejos insulares y 
Gobierno balear) y también a la mejora constante de los establecimientos turísticos 
propiciada por el sector privado. No obstante, no hay que olvidar que el mercado turístico 
es muy voluble (sometido a una competencia fuerte y cambiante) y que hay otros países 
del entorno del Mediterráneo que han apostado por el turismo como fuente de ingresos y 
han desarrollado importantes zonas turísticas.
2.  Desde hace unos años, estas campañas constantes de promoción y el esfuerzo 
del sector privado para mejorar sus productos y sus infraestructuras se han visto muy 
afectados por la publicación en los medios de comunicación de noticias referentes a 
comportamientos incívicos en determinadas zonas turísticas de Mallorca e Ibiza, la mayor 
parte de los cuales se debe al abuso del consumo de bebidas alcohólicas que, además de 
crear mucha inseguridad en los ciudadanos que viven en estos lugares, ha mermado 
considerablemente la calidad turística de estas zonas y ha contribuido a su deterioro y al 
surgimiento de una mayoría de negocios dirigidos al ocio nocturno, los cuales entran 
también en el ámbito de aplicación de este Decreto ley, cosa que ha promovido un modelo 
que ha hecho que las zonas afectadas pierdan la condición residencial o de centro de 
ciudadanía.
Asimismo, en los diarios y televisiones y otros medios de difusión, tanto locales como 
nacionales e internacionales, año tras año han aparecido noticias relacionadas con 
comportamientos incívicos de jóvenes turistas que han causado una profunda inquietud en 
el resto de ciudadanos, en el sector hotelero y en las administraciones implicadas y han 
desincentivado los esfuerzos dirigidos a crear comercios de calidad. Muy a menudo 
aparecen en estos medios de comunicación noticias relacionadas con jóvenes muertos o 
heridos (principalmente debido a la práctica del denominado «balcóning»); de la 
explotación y los abusos sexuales; de destrozos en el mobiliario urbano, o de peleas en la 
calle que dan lugar a gran cantidad de intervenciones sanitarias.
Respecto al consumo abusivo de bebidas alcohólicas, esta es una causa directa y 
decisiva de riesgo para la salud, que mantiene relación también directa con ciertas  e.
enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, hepáticas, mentales y neurológicas. En el  w.
año 2007, en España, el alcohol estuvo directamente relacionado con el 35,7% de los  89ww
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hombres) y del 11,6 % de los años de vida perdidos ajustados por calidad (17,3 % en
hombres). En la Unión Europea es considerado el tercer factor de riesgo de enfermedad y 
muerte prematura, solo superado por el tabaco y la hipertensión arterial (OMS-Oficina 
Regional para Europa. Handbook for action to reduce alcohol-related harm. 2009).
Para muchos grupos, especialmente los comprendidos en edades más tempranas, el 
ocio en general y especialmente el ocio nocturno se produce mayoritariamente asociado 
al consumo abusivo, entre otros, de bebidas alcohólicas. Pero, además, entre aquellos que 
practican estos estilos de vida se observa una baja percepción del riesgo asociado. Hay 
que señalar que son los adolescentes y los jóvenes menores de edad quienes más 
participan en los denominados «consumos recreativos».
Se tiene que incidir que todos estos comportamientos incívicos tienen lugar tanto en 
los establecimientos turísticos y comerciales como en los espacios públicos, espacios que 
se tienen que preservar como un lugar de encuentro, convivencia y civismo en el cual 
todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio 
y recreo, con pleno respecto a la dignidad y a los derechos de los otros. Como es obvio, 
para eliminar estos comportamientos se hace necesaria una actuación conjunta de todas 
las administraciones implicadas con competencias en la materia.
En este sentido, se tienen que mencionar los informes enviados por el Ayuntamiento y 
la Policía Local de Calvià; la Policía Local de Palma; la Policía Local de Llucmajor; la 
Delegación del Gobierno en las Illes Balears y la Consejería de Salud y Consumo, en 
cuanto a las incidencias sanitarias en las zonas turísticas afectadas por este decreto-ley y 
al gasto sanitario ocasionado. En estos informes se pone de manifiesto que hay razones 
urgentes y de interés general para que se disponga de un marco regulador autonómico 
que permita homogeneizar y dotar de una mayor eficacia a las diversas administraciones 
en la consecución de un modelo turístico sostenible y de calidad.
Algunas de las zonas afectadas por estos comportamientos incívicos se encuentran 
entre las declaradas zonas turísticas saturadas o maduras, las cuales se mencionan en el 
anexo de la aprobación definitiva de la delimitación provisional de las zonas aptas para la 
comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en Mallorca (BOIB 
núm. 93, de 28 de julio de 2018).
Todo ello se encuentra diametralmente en contra del objetivo de Gobierno de las Illes 
Balears, que va encaminado a mejorar la competitividad del sector turístico por medio de 
un turismo sostenible, responsable y de calidad en nuestras islas, objetivo que, por otra 
parte, es el que condujo a la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes 
Balears, mediante la Ley 2/2016, de 30 de marzo.
El Gobierno de las Illes Balears quiere cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y la Agenda balear 2030, que persigue un turismo más sostenible y respetuoso, 
tanto en el entorno como en la calidad de vida de turistas y residentes.
En consecuencia, con independencia de las reformas que se puedan llevar a cabo de 
la normativa general turística, se hace necesario afrontar con carácter inmediato esta 
situación con medidas que puedan ser efectivas a comienzos de la temporada turística 
siguiente, lo cual implica una intervención normativa y urgente de los poderes públicos 
desde varios puntos de vista, especialmente de la salud, la ordenación del comercio y la 
preservación de la buena imagen y la calidad turística de las Illes Balears.
3.  Por otra parte, dado que se incide sobre actividades de servicios (comercios y 
establecimientos turísticos) se tiene que hacer referencia a que la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante LGUM), establece unos 
principios sobre el libre acceso en las actividades de servicios y el ejercicio de estas, que 
se tienen que aplicar en cualquier actividad económica que se tenga que desarrollar en el  es
territorio nacional, y a ciertas limitaciones que se establecen en el ejercicio de actividades  o
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actividades de servicios y el ejercicio de estas: el orden público; la seguridad pública; la
protección civil; la salud pública; la preservación del equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social; la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios y de los trabajadores; las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales; la lucha contra el fraude; la protección del medio ambiente y 
del entorno urbano; la sanidad animal; la propiedad intelectual e industrial; la conservación 
del patrimonio histórico y artístico nacional, y los objetivos de la política social y cultural.
Es decir, los conceptos de orden público, salud pública, protección de los derechos, 
seguridad y salud de los consumidores y de los destinatarios de servicios son definidos 
como razones imperiosas de interés general.
En este caso, los reiterados comportamientos incívicos que se describen en los 
informes mencionados en los párrafos anteriores, que han creado una profunda inquietud 
en la ciudadanía, los sectores hotelero, de restauración, comercial y de servicios, y en las 
administraciones implicadas, hacen necesario establecer ciertas medidas que garanticen, 
entre otros, los imprescindibles orden y seguridad públicos, la protección y la salud de los 
consumidores y la protección de los derechos de las personas afectadas por los actos de 
incivismo que se producen en estas zonas. Por todo ello, se ha considerado que hay 
razones imperiosas de interés general que justifican la adopción de las medidas 
establecidas en este Decreto ley.
Asimismo, para garantizar la proporcionalidad que exige el artículo 5 de la LGUM, el 
ámbito de aplicación del Decreto ley, con excepción de lo que se prevé en las disposiciones 
adicionales primera y segunda de este Decreto ley, se limita a las zonas estrictamente 
necesarias donde, en el momento actual, se producen las conductas incívicas, debido a la 
gravedad de los hechos que se describen en los informes mencionados en los párrafos 
anteriores, y al ámbito temporal de cinco años, porque se pretende que después de este 
plazo ya no sean necesarias las medidas adoptadas por haberse conseguido el objetivo 
perseguido por este Decreto ley.
Las excepciones previstas en las disposiciones adicionales mencionadas en el párrafo 
anterior se refieren a la realización de prácticas peligrosas para la vida, la salud y la 
integridad física de los clientes en los establecimientos de alojamiento turístico, como 
también a la publicidad y las prácticas denigrantes que, por su especial gravedad para la 
salud y la integridad física de quienes realizan estas prácticas y para la protección de los 
derechos de las personas, generalmente mujeres, que sufren estos actos denigrantes 
hacia su persona, hacen necesario un tratamiento diferenciado.
Por su parte, las fiestas y excursiones en barcos, donde se consumen bebidas 
alcohólicas, son una más de las recientes modalidades de ofertas de este tipo, que tiene 
la peculiaridad de trasladar sus efectos negativos también al mar y, dada su escasa 
regulación por la normativa turística, se hace necesario adoptar algunas medidas para 
paliar los efectos negativos de esta actividad (como son, por ejemplo, el elevado e 
incontrolado volumen de la música y los bullicios producidos por los mismos usuarios, que 
se ven, obviamente, incrementados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y 
otras sustancias) hasta que no se regule esta actividad.
En definitiva se considera que las limitaciones al ejercicio de determinadas actividades 
económicas que se contienen en este decreto-ley son proporcionadas y necesarias, dado 
que hay razones imperiosas de interés general, como son el orden público, la seguridad 
pública, la salud pública, la protección civil, la protección de los derechos, la seguridad y 
la salud de los consumidores, de los destinatarios de los servicios, las exigencias de 
buena fe en la transacción comercial, la protección del medio ambiente y del entorno 
urbano y los objetivos de política social y cultural, que hacen necesaria la adopción de  es
estas limitaciones. o
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básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de salud y sanidad.
De otra parte, el artículo 30.47 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears dispone 
que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios, en el marco de las bases y la ordenación de la actividad 
económica general y en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad, en 
los términos que disponen los artículos 38 y 131.
Respecto a comercio interior, el artículo 30.42 del Estatuto de autonomía establece 
que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en comercio interior, sin 
perjuicio de lo que disponen los artículos 38 y 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución, así como en ordenación de la actividad comercial.
Con relación al turismo, el artículo 30.11 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears 
establece que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en ordenación y 
planificación del sector turístico. También hay que destacar que el artículo 24 del Estatuto 
establece que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma tienen que reconocer la 
actividad turística como elemento económico estratégico de las Illes Balears y que el 
fomento y la ordenación de la actividad turística se tienen que llevar a cabo con el objetivo 
de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y al territorio.
De otra parte, el artículo 58.3 indica que en las competencias que los consejos 
insulares han asumido como propias el Gobierno de las Illes Balears puede establecer los 
principios generales sobre la materia garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria 
de los consejos. En este sentido, el artículo 70.3 dispone que son competencias propias 
de los consejos: «Información turística. Ordenación y promoción turística».
Asimismo, hay que añadir que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene 
competencias exclusivas en las materias siguientes: políticas de género (artículo 30.17); 
espectáculos y actividades recreativas (artículo 30.31); publicidad (artículo 30.37), protección 
de menores (artículo 30.39) y protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales 
protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado (artículo 30.46). Finalmente, 
dispone de competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de actividades 
clasificadas.
5.  El artículo 49 del Estatuto de Autonomía permite al Gobierno dictar medidas 
legislativas provisionales, en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y 
urgente, las cuales no pueden afectar materias determinadas. Se trata de una figura 
inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución española, el uso de la cual ha 
producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha 
insistido en que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria 
y urgente necesidad tiene que ser explícita y razonada, y que tiene que haber una 
«conexión de sentido» o relación de adecuación entre la situación excepcional y las 
medidas que se pretenden adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia 
inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la Sentencia 12/2015, de 5 de 
febrero, en la cual se recogen los pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la 
utilización de este instrumento normativo.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, en las sentencias 29/1986, de 20 de febrero, y 
237/2012, de 13 de diciembre, razona que no se tiene que confundir la eficacia inmediata 
de la norma provisional con la ejecución instantánea de esta y, por lo tanto, se tiene que 
permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan un posterior 
desarrollo normativo y de actuaciones administrativas de ejecución de aquellas.
La figura del decreto-ley es, en este caso, plenamente idónea para afrontar el grave 
impacto sobre la salud, la seguridad pública, la economía y la imagen del sector turístico 
de nuestras islas, y por la necesidad de aplicación inmediata en la temporada turística  es
próxima de las medidas previstas, cosa que hace inviable acudir al procedimiento  o
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Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
a propuesta del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, habiéndolo 
considerado el Consejo de Gobierno en la sesión del 17 de enero de 2020, dicto el 
siguiente decreto-ley.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Constituye el objeto de esta disposición establecer medidas urgentes que permitan 
a las administraciones públicas de las Illes Balears afrontar con eficacia los graves 
problemas que ocasionan, en las zonas turísticas determinadas en el artículo 2, las 
conductas incívicas y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, como también evitar 
la degradación de estas zonas turísticas y la alteración de la convivencia que originan 
estas conductas.
2.  Las normas establecidas en este decreto-ley son de aplicación a cualquier persona 
física o jurídica que lleve a cabo las actividades o actuaciones que menciona en los 
ámbitos o las zonas que determina.
Artículo 2.  Ámbito territorial.
Las medidas establecidas en este decreto-ley son de aplicación únicamente en las 
zonas donde se producen los graves comportamientos incívicos, que son las siguientes:
a)  En el municipio de Calvià: Toda la zona que afecta a las calles delimitadas en el 
anexo 1 de este decreto-ley.
b)  En el municipio de Palma: Toda la zona que afecta a las calles delimitadas en el 
anexo 2 de este decreto-ley.
c)  En el municipio de Llucmajor: Toda la zona que afecta a las calles delimitadas en 
el anexo 3 de este decreto-ley.
d)  En el municipio de Sant Antoni de Portamany: Toda la zona que afecta a las calles 
delimitadas en el anexo 4 de este decreto-ley.
CAPÍTULO II
Medidas específicas
Artículo 3.  Medidas para establecimientos de alojamiento turístico y viviendas objeto de 
comercialización turística.
1.  Las empresas turísticas de alojamiento y las empresas comercializadoras de 
estancias turísticas en viviendas tienen que informar a los clientes, de manera expresa y 
de la cual quede constancia, de las prohibiciones establecidas en el punto 2 de este 
artículo, así como de las sanciones que impone este decreto-ley y de la obligación de 
expulsión inmediata en caso de que las prácticas prohibidas se lleven a cabo.
2.  Quedan prohibidas las prácticas peligrosas para la vida, la salud y la integridad 
física de los clientes en los establecimientos de alojamiento turístico y en las viviendas 
objeto de comercialización turística. En todos los casos se consideran prácticas  s
peligrosas, entre otras, pasar de un balcón o ventana a otro, o lanzarse o precipitarse  e.
desde lugares no adecuados a piscinas, al vacío o a cualquier elemento (la práctica del  w.
denominado «balcóning»). Los clientes que las realicen tienen que ser expulsados del  89ww
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los cuerpos y fuerzas de seguridad.
3.  Los establecimientos de alojamiento turístico solo pueden vender bebidas 
alcohólicas de forma individual y al mismo precio que figure en la lista de precios que 
tienen expuesta. Estos establecimientos no pueden ofrecer bebidas alcohólicas incluidas 
en un precio global, excepto hasta un máximo de tres unidades de bebida alcohólica por 
cliente y servicio de comida o cena. Esta limitación queda exceptuada si se integra en un 
contrato comercial con el establecimiento con motivo de seminarios, congresos, 
conferencias, convenciones o ferias y, asimismo, si se llevan a cabo acontecimientos o 
celebraciones de bodas, comuniones o bautizos, siempre que el número mínimo de 
asistentes supere las veinte personas y se alquile para la celebración un espacio del 
establecimiento, como salas o restaurantes.
También queda excepcionada si se trata de contrataciones vinculadas con los 
programas de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
4.  Los establecimientos de alojamiento turístico solo pueden comercializar las 
habitaciones por días enteros. Queda prohibida la comercialización de las habitaciones por 
horas, con excepción de las contrataciones que se puedan llevar a cabo con compañías 
aéreas para el descanso de sus trabajadores o de los pasajeros, en casos de retrasos o 
cancelaciones de vuelos.
Artículo 4.  Publicidad de bebidas alcohólicas.
1.  Se prohíbe la publicidad, por cualquier medio, que tenga como objetivo y finalidad 
incentivar el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y hacer cualquier 
oferta en este sentido, como por ejemplo barra libre, free bar, happy hour, 2 x 1, 3 x 1 u otros 
análogos.
2.  Se prohíbe la publicidad de las denominadas rutas etílicas (pub crawling), donde 
el objetivo es el recorrido por diferentes locales de ocio en los cuales se incluyen 
consumiciones de bebidas alcohólicas de forma continuada y en un mismo día.
3.  La publicidad de bebidas alcohólicas tiene que respetar, en todos los casos, las 
limitaciones siguientes:
a)  No puede estar dirigida específicamente a personas menores de edad. Tampoco 
se puede utilizar la imagen o la voz de personas menores de edad en los anuncios y las 
informaciones de este tipo de publicidad en ningún formato.
b)  No se puede asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico, a 
la conducción de vehículos o al manejo de armas, ni dar la impresión de que este consumo 
contribuye al éxito social o sexual, ni sugerir que tiene propiedades terapéuticas o efectos 
estimulantes o sedantes, o que constituye un medio para conseguir cualquier mejora.
Artículo 5.  Exposición de bebidas alcohólicas.
1.  Se prohíbe la exposición de bebidas alcohólicas en las zonas exteriores de los 
establecimientos comerciales, como también en mostradores exteriores o ventanas que 
den al exterior.
2.  Se prohíbe el suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas, 
salvo que se encuentren en la parte interior de establecimientos que estén autorizados 
para la venta de estas bebidas y controlados por una persona encargada del cumplimiento 
de las condiciones que establece la legislación vigente. La persona titular de la actividad 
es la responsable directa.
Artículo 6.  Venta de bebidas alcohólicas. o
1.  Se prohíbe la oferta, el suministro o la venta de bebidas alcohólicas a menores de  89ww
edad2 .e nE cnu acluqauliqeur ieesr teasbtlaebcliemciiemniteon.to en el que haya venta de bebidas alcohólicas, tanto
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ningún tipo de oferta como, por ejemplo barra libre, free bar, happy hour, 2 x 1, 3 x 1 u otras
análogas. Los establecimientos de restauración pueden incluir hasta un máximo de tres 
unidades de bebida alcohólica en la oferta de sus menús de comida o cena. Esta limitación 
queda exceptuada, si se integra en un contrato comercial con el establecimiento con 
motivo de seminarios, congresos, conferencias, convenciones o ferias y, asimismo, si se 
llevan a cabo acontecimientos o celebraciones de bodas, comuniones o bautizos, siempre 
que el número mínimo de asistentes supere las veinte personas y se alquile para la 
celebración un espacio del establecimiento, como salas o restaurantes.
3.  Se prohíben los autodispensadores de bebidas alcohólicas. En todos los casos los 
dispensadores de bebidas alcohólicas que pueda haber en los establecimientos tienen que 
ser utilizados únicamente por el personal para vender la bebida al precio expuesto.
4.  Se prohíbe la publicidad, la organización, la venta y la realización de las 
denominadas rutas etílicas (pub crawling), donde el objetivo es el recorrido por diferentes 
locales de ocio en los cuales se incluyen consumiciones de bebidas alcohólicas de forma 
continuada y en un mismo día. También queda prohibido que desde las zonas 
determinadas en el artículo 2 se trasladen o devuelvan clientes a fin de que participen en 
estos tipos de excursiones u otros acontecimientos en los cuales el objetivo principal es 
el consumo de alcohol.
5.  Los establecimientos de alojamiento turístico, bares, restaurantes y locales de ocio 
tienen que adoptar las medidas necesarias para impedir que los usuarios extraigan 
bebidas alcohólicas subministradas en el establecimiento para consumirlas fuera de este.
6.  Los establecimientos comerciales en los cuales haya venta de bebidas alcohólicas 
tienen que permanecer cerrados entre las 21:30 horas y las 8:00 horas del día siguiente.
Artículo 7.  Prácticas denigrantes.
Se prohíbe cualquier tipo de práctica que cosifique o hipersexualice a la persona, 
especialmente a la mujer, con la finalidad de inducir al consumo de alcohol o a la entrada 
a un establecimiento como bares, restaurantes, locales de ocio y a cualquier 
establecimiento abierto al público. Asimismo, se prohíbe utilizar como reclamo ropa o 
adoptar una actitud que suponga menosprecio, desconsideración, sumisión o denigración 
hacia las personas, especialmente las mujeres.
Artículo 8.  Fiestas y excursiones en barcos.
Se prohíben las actuaciones siguientes en barcos, en cuanto a la celebración de 
fiestas o acontecimientos multitudinarios con suministro de alcohol:
a)  Su publicidad o comercialización en zonas afectadas por este decreto-ley.
b)  Que se recojan o devuelvan clientes en estas zonas para trasladarlos al puerto 
correspondiente.
c)  Que los barcos entren en las aguas interiores limítrofes en estas zonas.
CAPÍTULO III
Planificación, coordinación y colaboración
Artículo 9.  Planificación, coordinación y colaboración.
1.  Las administraciones competentes en materia de turismo, salud, consumo y 
comercio de la comunidad autónoma pueden elaborar planes de actuación conjunta para 
asegurar el cumplimiento de las medidas que dispone este decreto-ley. e.
2.  Para implementar los planes a que hace referencia el apartado anterior tienen que  w.
coordinar las actuaciones con los consejos insulares y los municipios afectados. 89ww
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este decreto-ley.
Artículo 10.  Comisión y Subcomisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.
1.  Se crea la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas como 
órgano colegiado que tiene como objetivo el seguimiento y la coordinación de las medidas 
establecidas en este Decreto ley. Está adscrita a la consejería de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears con competencias en materia de turismo.
2.  Está integrada por un representante de cada una de las consejerías competentes 
en materia de turismo, salud, consumo y comercio, y por un representante de cada uno de 
los ayuntamientos comprendidos en el ámbito territorial de este decreto-ley (Palma, 
Llucmajor, Calvià y Sant Antoni de Portamany). A las reuniones de la Comisión puede ser 
invitado un representante de la Delegación del Gobierno. Preside la Comisión el consejero 
o consejera competente en materia de turismo, y actúa como secretario o secretaria de la 
Comisión quien lo sea de la consejería competente en materia de turismo. La misma 
Comisión tiene que establecer sus normas de funcionamiento.
3.  Se crea la Subcomisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas como 
órgano colegiado que tiene como objetivo el seguimiento de las medidas establecidas en 
este decreto-ley y elevar propuestas de coordinación a la Comisión mencionada en el 
punto 1. Está adscrita a la consejería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con 
competencias en materia de turismo.
4.  La Subcomisión está integrada por los mismos miembros que la Comisión además 
de un representante de cada una de las federaciones de vecinos, un representante de 
cada una las asociaciones sectoriales más representativas de las zonas afectadas, como 
también un representante de las asociaciones sindicales y empresariales más 
representativas.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador
Artículo 11.  Procedimiento sancionador.
1.  Las denuncias o los actos de inspección formulados por la Policía Local, la Guardia 
Civil, la Policía Nacional y los inspectores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
y de los consejos insulares tienen valor probatorio, salvo prueba en contra, de los hechos 
constatados, de la identidad de quien los ha cometido y, si procede, de la notificación de la 
denuncia o acta, sin perjuicio del deber de aportar todos los elementos probatorios que 
sean posibles sobre el hecho constatado.
2.  Los inspectores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los consejos 
insulares están facultados, cuando sea necesario, para adquirir bienes o servicios bajo una 
identidad encubierta, con el fin de detectar infracciones reguladas en este decreto-ley y 
obtener pruebas de ello.
3.  Los inspectores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de turismo, salud, 
consumo y comercio, en el ejercicio de sus funciones y si detectan cualquier infracción 
contenida en este decreto-ley, pueden levantar acta y proponer, si procede, medidas 
cautelares, si bien, para la instrucción del procedimiento, el acta se tiene que enviar al 
órgano competente que se determina en el artículo 19.
4.  El procedimiento sancionador se tiene que instruir y resolver de acuerdo con el 
régimen sancionador que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los principios y disposiciones que  e
se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. bo
Artíc1u. lo E1n2 .l osM seudpiudeasst ocsa udtee lianrferasc.ciones muy graves, el órgano competente para resolver
el procedimiento puede ordenar con carácter cautelar el cierre del establecimiento donde
se haya cometido la infracción o adoptar cualquier otra medida cautelar de las previstas en  Bc
el artículo 56 de la Ley 39/2015, hasta que se dicte la resolución que ponga fin al 
procedimiento.
2.  En el supuestos de infracciones muy graves y si el responsable es el titular del 
establecimiento, el personal con funciones de policía o los inspectores, al extender el acta 
o denuncia, pueden proponer la medida cautelar de cierre del establecimiento donde se 
haya cometido la infracción. En estos casos, el órgano competente para resolver tiene que 
adoptar o rechazar de manera motivada la propuesta de medida cautelar, en el plazo 
máximo de diez días desde la recepción de la propuesta. La medida cautelar tiene que ser 
ratificada, rechazada o modificada en el acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador, que se tiene que hacer en los quince días siguientes a la adopción de la 
medida. Quedan sin efecto aquellas que, vencido el plazo, no se han ratificado.
3.  Las medidas cautelares, salvo que se levanten, permanecen vigentes hasta la 
resolución firme en vía administrativa, con independencia de los cambios de titular que se 
puedan producir en el establecimiento.
Artículo 13.  Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:
a)  El incumplimiento, por los establecimientos de alojamiento turístico y viviendas 
objeto de comercialización turística, de la venta de bebidas alcohólicas de forma individual 
y al mismo precio que figura en la lista de precios, tal como determina el artículo 3.3.
b)  Los incumplimientos de las prohibiciones que se contienen en el artículo 6 de este 
decreto-ley.
c)  Las prácticas denigrantes establecidas en el artículo 7.
d)  La publicidad, la difusión, la comercialización o la realización de fiestas o 
acontecimientos multitudinarios en barcos donde haya suministro de bebidas alcohólicas, 
en los términos establecidos en el artículo 8.
e)  Las infracciones graves, si veinticuatro meses antes de cometerlas la persona 
responsable de estas ha sido sancionada mediante resolución definitiva en vía 
administrativa por infracción tipificada como grave.
Artículo 14.  Faltas graves.
Se consideran faltas graves:
a)  El incumplimiento, por los establecimientos de alojamiento turístico y viviendas 
objeto de comercialización turística, de las medidas establecidas en el artículo 3.1.
b)  El incumplimiento de la prohibición de las prácticas peligrosas para la vida, la 
salud y la integridad física que se contienen en el artículo 3.2 de este decreto-ley.
c)  La no expulsión, por los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas 
objeto de comercialización turística, de los clientes que incumplan la prohibición establecida 
en el artículo 3.2.
d)  El incumplimiento de la prohibición relativa a comercializar habitaciones por horas 
establecida en el artículo 3.4 por los establecimientos de alojamiento turístico.
e)  El incumplimiento de las medidas sobre publicidad establecidas en el artículo 4.
f)  El incumplimiento de la exposición de bebidas alcohólicas que contiene el artículo 5.1.
g)  El incumplimiento de la prohibición de instalación de máquinas suministradoras de 
bebidas alcohólicas que contiene el artículo 5.2 de este decreto-ley. s
h)  Las infracciones leves, si veinticuatro meses antes de cometerlas la persona  e.
responsable de estas ha sido sancionada mediante resolución definitiva en vía  w.
administrativa por infracción tipificada como leve. 89ww
Artículo 15.  Faltas leves.
Cualquier otra infracción de las obligaciones que se contienen en este decreto-ley y
que no esté calificada como falta grave o muy grave.
Artículo 16.  Sanciones.
1.  A las infracciones muy graves les corresponde una sanción entre 60.001 y 600.000 
euros.
2.  A las infracciones graves les corresponde una sanción entre 6.001 y 60.000 euros.
3.  A las infracciones leves les corresponde una sanción entre 1.000 y 6.000 euros.
Artículo 17.  Sanción accesoria.
1.  En los casos de infracciones muy graves y en consideración a las circunstancias 
que se presenten, puede imponerse, además de la multa y como sanción accesoria, el 
cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de 
realizar la actividad durante el plazo máximo de tres años.
2.  El local o establecimiento tiene que permanecer cerrado durante todo el plazo que 
se imponga en la resolución, con independencia de los cambios de titular que se puedan 
producir.
Artículo 18.  Gradación de las sanciones.
1.  Las sanciones que se impongan tienen que ser graduadas teniendo en cuenta la 
naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, considerando especialmente 
los criterios siguientes:
a)  La intencionalidad.
b)  El número de personas afectadas.
c)  El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
d)  La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
e)  La trascendencia del daño o el perjuicio causado a la imagen turística.
f)  La posición del infractor en el mercado.
g)  La categoría del establecimiento o las características de la actividad.
2.  Las sanciones donde haya menores de edad implicados se tienen que imponer a 
partir del grado medio y añadiendo, si procede, las circunstancias mencionadas en el 
punto anterior.
Artículo 19.  Órganos competentes.
Son competentes para iniciar y resolver los expedientes sancionadores los consejeros 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o el consejero o 
consejera del consejo insular competente en materia de turismo. A estos efectos son 
competentes:
1.  El consejero o consejera competente en materia de turismo, en cuanto a las 
sanciones derivadas de los incumplimientos de los artículos 3, 6.4, 6.5, 7 y 8.
2.  El consejero o consejera competente en materia de salud, las sanciones derivadas 
de los incumplimientos de los artículos 5.2, 6.1, y 6.3.
3.  El consejero o consejera competente en materia de consumo, las sanciones 
derivadas de los incumplimientos de los artículos 4, 6.2 y 20.
4.  El consejero o consejera competente en materia de comercio, las sanciones 
derivadas de los incumplimientos de los artículos 5.1 y 6.6. s
Artículo 20.  Publicidad del régimen sancionador. w.
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decreto-ley.
Artículo 21.  Personas responsables.
1.  Son personas responsables de las infracciones administrativas las personas 
físicas y jurídicas, públicas o privadas, que incurran en las acciones u omisiones tipificadas 
como tales en este decreto-ley.
2.  La persona titular de la explotación, empresa o actividad turística o comercial es 
responsable administrativamente de las infracciones que cometan los trabajadores 
empleados o terceras personas que, sin tener vinculación laboral, lleven a cabo 
prestaciones comprendidas en los servicios contratados por estos.
3.  La persona titular de la explotación, empresa o actividad a quien se haya impuesto 
una sanción como consecuencia de la infracción cometida por el personal empleado o 
terceras personas que presten servicios contratados, puede ejercitar las acciones de 
repetición que le correspondan contra los autores materiales de la infracción que ocasione 
la sanción.
4.  Son responsables principales de las infracciones cometidas por menores hasta 
catorce años los padres, tutores o guardadores.
5.  Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, cuando comete la infracción un 
menor de edad, son responsables subsidiarios los padres, tutores o guardadores.
Artículo 22.  Extinción de la responsabilidad.
La muerte de la persona responsable extingue la responsabilidad.
Disposición adicional primera.  Ámbito territorial.
Las medidas establecidas en el artículo 3.2 y en el artículo 7 son de aplicación en todo 
el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sin la limitación temporal 
establecida en la disposición final tercera.
Disposición adicional segunda.  Fiestas en barcos.
No se pueden presentar nuevas declaraciones responsables por las empresas titulares 
de embarcaciones de transporte marítimo de carácter turístico o recreativo que organicen 
fiestas o bailes a bordo, a las cuales hace referencia el artículo 147 del Decreto 20/2015, 
de 17 de abril, de principios generales y directivos de coordinación en materia turística; de 
regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes 
Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, 
dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Illes Balears.
Esta limitación se tiene que mantener hasta que no se regule la actividad de fiestas o 
acontecimientos multitudinarios en barcos.
En todos los casos, la limitación establecida en esta disposición no puede exceder el 
plazo de dos años.
Disposición transitoria única.  Venta de bebidas alcohólicas.
La prohibición de venta de bebidas alcohólicas por los establecimientos de alojamiento 
turístico incluidas en un precio global, establecida en el artículo 3.3, o en el artículo 6.2 en 
relación con los establecimientos de restauración, no es de aplicación, si se acredita que 
este servicio ha sido vendido o reservado, tanto directamente como a través de entidades 
intermediarias, antes de la entrada en vigor de este decreto-ley. En ningún caso es de  e.e
aplicación esta excepción a partir del día 1 de enero de 2021. b
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Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilitan el Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares para que, en el 
ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias para el desarrollo y la 
ejecución de este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Ampliación del ámbito territorial.
El Gobierno de las Illes Balears, mediante Decreto, puede modificar el ámbito territorial 
de este decreto-ley, si hay razones suficientemente motivadas y existen informes de la 
Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Consejería de Salud y Consumo o la 
Delegación de Gobierno que así lo aconsejen.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor y duración.
Este decreto-ley entrará en vigor el mismo día de la publicación en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears» y tendrá una vigencia de cinco años.
Palma, 17 de enero de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–El 
Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela Vázquez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 10, de 23 de enero de 2020; convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 17, 
de 8 de febrero de 2020)
ANEXO 1
Calvià
1.  De la calle de la Marina hasta la avenida de Pere Vaquer Ramis y hasta la 
intersección de esta calle con la calle del Galió.
2.  La calle del Galió hasta la intersección con la calle de Góngora.
3.  La calle de Góngora hasta la intersección con la calle de Quevedo.
4.  La calle de Quevedo hasta la intersección con la calle de Greco.
5.  La calle de Greco hasta la intersección con la avenida del Notari Alemany.
6.  La avenida del Notari Alemany hasta la avenida de Magaluf, esquina con la calle 
del Contralmirall Riera.
7.  La calle del Contralmirall Riera hasta la fachada marítima.
8.  Toda la fachada marítima hasta la intersección con la calle de Marina.
ANEXO 2
Palma
1.  La calle de la Fita hasta la calle de Bellavista-H y la intersección con la calle del 
Canonge Mateu Rotger continuando hasta la carretera Militar y la intersección con la 
avenida de América.
2.  Continuación por la avenida de América y la avenida de Fra Joan Llabrés y la calle 
del Mar d’Aral.
3.  Continuación por la calle de Samil hasta la calle del Sargàs y la intersección con 
la calle de la Fotja.
4.  Continuación por la calle de la Fotja hasta llegar a la calle de Samil.
5.  Continuación por la calle de Samil hasta la intersección con el camino de Can 
Alegria.
6.  Continuación por el Camino de Can Alegria hasta la carretera del Arenal.
7.  Todo el frontal de la playa de la carretera del Arenal continuando por la calle de 
Cartago hasta la calle de la Fita.
ANEXO 3
Llucmajor
1.  La avenida de Europa.
2.  La avenida de Miramar, incluida la playa del Arenal.
3.  La calle de Antoni Galmés.
4.  La calle de Antoni Maria Alcover.
5.  La calle de Balears.
6.  La calle Berga desde la avenida Miramar hasta la calle Balears.
7.  La calle de Fra Juníper Serra.
8.  La calle de Girona.
9.  La Calle del Gran i General Consell, desde el centro comercial (calle del Terral) 
hasta la avenida de Miramar.
10.  La calle de Josep Maria Quadrado.
11.  La calle de Maria Antònia Salvà, desde la avenida de Miramar hasta la calle de 
Balears.
12.  La calle de la Marineta.
13.  La calle del Marquès de la Romana.
14.  La calle Pere d’Alcántara Penya.
15.  La calle Platja.
16.  La calle de los Republicans.
17.  La calle de Roses, incluido el Caló de Sant Antoni.
18.  La calle de la Salut.
19.  La calle de Sant Bartomeu, desde la calle de Costa i Llobera hasta la avenida de 
Europa.
20.  La calle de Sant Bartomeu, desde la calle de Costa i Llobera hasta la calle de 
Formentera.
21.  La calle de Sant Cristòfol, desde la calle de los Trencadors hasta la avenida de 
Miramar.
22.  La calle del Terral, desde la calle de los Trencadors hasta la avenida de Miramar.
23.  La calle del Torrent.
24.  La calle de los Trencadors, desde la avenida de Europa hasta la calle de Sant 
Cristòfol.
25.  El paseo de Alfons XIII, incluida Sa Cova Verda.
26.  La plaza de la Reina Maria Cristina.
ANEXO 4
Sant Antoni de Portmany
1.  La calle del General Balanzat, esquina con la calle de Madrid continuando por la 
calle de Miramar hasta la esquina con la calle de Ramon y Cajal.
2.  La calle de Ramon y Cajal hasta la esquina con la calle de la Soledat y bajada por 
la calle Ample hasta la calle de Cervantes.
3.  La calle de Cervantes hasta la intersección con la avenida de Isidor Macabich.
4.  La avenida de Isidor Macabich hasta la calle de Madrid, esquina con la calle del 
General Balanzat.