BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Miércoles 28 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 50277
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6922 Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Madrid n.º 53 a inscribir una escritura de 
manifestación y adjudicación de herencias.
En el recurso interpuesto por don Jesús María Morote Mendoza, notario de Palma de 
Mallorca, contra la negativa del registrador de la Propiedad de Madrid número 53, don 
Francisco Javier Gómez Jené, a inscribir una escritura de manifestación y adjudicación 
de herencias.
Hechos
I
El día 23 de julio de 2020 se autorizó por el notario de Palma de Mallorca, don Jesús 
María Morote Mendoza, una escritura de manifestación y adjudicación de herencias por 
fallecimiento de los cónyuges don F. M. I. y doña P. B. A, formalizada por sus cuatro hijos 
instituidos herederos.
En concreto interesa en este expediente la finca número 76.316 del Registro de 
la Propiedad número 53 de Madrid, inscrita a nombre de ambos cónyuges con 
carácter ganancial. Dicha finca fue incluida en su totalidad (por un valor de 140.000 
euros) en el inventario de la herencia de don F.M.I. –Exponen I, apartado b), primero 
de la escritura–; y en cuanto a una mitad indivisa en el inventario de la herencia de 
la viuda doña P.B.A. –el Exponen II, apartado b), primero de la escritura–.
Como resultado de las operaciones particionales de la herencia de don F. M. I. se 
adjudicó dicha finca en la forma prevista en la estipulación primera, apartado b), de la 
escritura, esto es, una mitad indivisa (por un valor de 70.000 euros) a favor de la viuda 
doña P. B. A. por su participación en la sociedad de gananciales, y «a cada uno de doña 
M. P., don L. F., don C. J. y don F. M. B. una cuarta parte indivisa del bien inventariado [la 
finca  registral  76.316]  y  del  ajuar  doméstico»;  valorado  cada  uno  de  estos  lotes 
en 18.025 euros (de los que 550 euros se corresponden con la cuarta parte del valor del 
ajuar).
En  la  estipulación  segunda,  se  concretaron  las  operaciones  particionales  de  la 
herencia de doña P. B. A., haciéndose constar en el apartado b) que se adjudicaban «a 
cada uno de doña M. P., don L. F., don C. J. y don F. M. B., una cuarta parte indivisa de 
los bienes inventariados [entre otros, la mitad indivisa de la finca registral 76.316], de las 
deudas de la herencia y del ajuar doméstico».
II
La escritura se presentó a inscripción el día 23 de noviembre de 2020, en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 53, causó el asiento 1577 del Diario 105, y fue objeto 
de la calificación siguiente:
«(…) Calificado el precedente documento, a la vista de su contenido‚ y del contenido 
del Registro, el Registrador que suscribe ha resuelto denegar la práctica de la inscripción 
a que aquél se refiere, en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Primero: Con fecha 23 de julio de 2020 se otorga escritura de "Manifestación y 
adjudicación  de  herencias  testadas",  la  cual  fue  presentada  telemáticamente,  ya 
liquidada  y  en  unión  de  complementarios  el  13  de  agosto  de  2020  causando  el 
asiento 72 del Diario 105, siendo denegada su inscripción por nota de 3 de septiembre 
de 2020.
Interpuesto Recurso Gubernativo contra la calificación el 8 de septiembre de 2020, 
mediante escrito de 14 de septiembre de 2020 se comunica al notario recurrente que se 
estima el recurso y se rectifica la calificación únicamente en lo que se refiere a la 
herencia de la madre, así como que subsiste el defecto en cuanto a la herencia del padre 
emitiendo nota de calificación con la rectificación referida. Con fecha 15 de septiembre 
de  2020  el  notario  recurrente  reitera  los  mismos  fundamentos  jurídicos  y  concluye 
solicitando se dé traslado del expediente de recurso a la Dirección General, lo que 
efectivamente se produce.
Por Resolución de 5 de noviembre de 2020 la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública  desestima  íntegramente  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación.
Segundo: Con fecha 11 de noviembre de 2020 el señor notario, haciendo uso de las 
facultades que le fueron conferidas en la escritura citada, presenta escrito de renuncia 
del asiento de presentación quedando por tanto cancelado el mismo en aplicación del 
artículo 433 del Reglamento Hipotecario.
Tercero: Con fecha 23 de noviembre de 2020 se vuelve a presentar telemáticamente 
la escritura en este registro, causando el asiento 1577 del Diario 105. En los mismos 
términos que la calificada por nota de 15 de septiembre de 2020, esto es, sin adición o 
rectificación alguna.
Cuarto: Como ya se hizo constar en la nota de calificación a que se ha hecho 
referencia, en la citada escritura se formaliza la partición y adjudicación de las herencias 
causadas al fallecimiento de los cónyuges Don F.M.I. y Doña P.B.A. y se liquida la 
sociedad conyugal que formaban.
Según el documento que es objeto de calificación, en la herencia del citado Don 
F.M.I., se adjudica la finca número 76.316 A.C. de este Registro, perteneciente a ambos 
cónyuges con carácter ganancial, e inventariada con el número uno, como sigue: A la 
viuda Doña P.B.A., por su participación en la sociedad de gananciales, una mitad indivisa 
del bien inventariado…y a cada uno de Doña M.P., Don L.F., Don C.J. y Don F.M.B., una 
cuarta parte indivisa del bien inventariado.
Fundamentos de Derecho:
Único: Hay un error evidente en la adjudicación, pues en conjunto se adjudica más  es
del 100% del pleno dominio de la finca, concretamente un 150%. A la viuda el 50% (una  o
mitad indivisa) y a los hijos el 100% (el 25%, o una cuarta parte indivisa, a cada uno de  22ww
ldoesb ceEurlí aaetnrro rro)e.rf errairdsiec aa  elan r eqsutea nltaes m aitdajdu dinicdaivciisoan edse  lhae fcinhcaas,  ya  nloos a  ctoudaotr oe l hbiijeons  inyv ehnetraerdiaedroos.  OE-A-2021-69able en https://
Por todo lo cual, y en base a los anteriores hechos y fundamentos de derecho, he 
resuelto denegar la inscripción del título presentado.
Las calificaciones negativas del registrador podrán (…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Francisco 
Javier Gómez Jené registrador de Registro Propiedad de Madrid 53 a día tres de 
diciembre del dos mil veinte.»
III
Mediante escrito remitido telemáticamente al referido Registro de la Propiedad el 17 
de diciembre de 2020 el notario autorizante de la escritura, don Jesús María Morote 
Mendoza,  interpuso  recurso  contra  la  calificación  en  el  que  alega  los  siguientes 
fundamentos jurídicos:
«Primero.
Como cuestión previa hay que referirse a la presentación anterior por el notario 
autorizante  de  otro  recurso  en  relación  con  la  misma  escritura,  resuelto  de  forma 
desestimatoria  por  la  Dirección  General  mediante  Resolución  de  5  de  noviembre 
de 2020.
Dicha  Resolución  desestimó  el  recurso  por  motivos  meramente  formales,  sin 
pronunciarse sobre el fondo del asunto. En consecuencia (y permítase la analogía con el 
sistema jurisdiccional), carente de efectos de "cosa juzgada". En consecuencia, dicha 
Resolución puso fin a aquel procedimiento de recurso, pero no impide la presentación de 
un nuevo recurso para que el Centro Directivo se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
Adicionalmente, si lo anterior no fuera bastante, hay que consignar que el notario 
autorizante también es representante de los otorgantes, pues en la misma escritura se 
dice: "Y confieren mandato y en cuanto fuere preciso poder expreso al representante 
nombrado para que, ateniéndose al contenido de esta cláusula, efectúe cuantos trámites 
fueren precisos hasta obtener la inscripción del presente título en el Registro de la 
Propiedad".
Así pues, si se considerase agotada la vía de recurso del notario autorizante por 
causa de la Resolución desestimatoria del recurso de referencia, no puede considerarse 
en ningún modo que ello afecte al derecho de recurso de los otorgantes, pudiendo el 
representante de estos formalizarlo, tras haber presentado de nuevo el título en el 
Registro de la Propiedad para su inscripción.
Segundo.
El motivo de la denegación de la inscripción aducido por el registrador es una 
cuestión  de  naturaleza  hermenéutica.  En  efecto,  se  plantean  dudas  sobre  la 
interpretación del apartado "b) Adjudicaciones" de la estipulación "Primera. – Herencia 
de Don F.M.I.", que dice literalmente:
"b) Adjudicaciones. – En pago de los respectivos haberes se hacen las siguientes 
adjudicaciones:
Doña P.B.A., por su participación en la sociedad de gananciales, una mitad indivisa 
del bien inventariado, por un valor de setenta mil euros (70.000,00 €).
A cada uno de Doña M.P., Don L.F., Don C.J. y Don F.M.B., una cuarta parte indivisa 
del bien inventariado y del ajuar doméstico. e
Se valora cada lote en…" bo
Entiende el Registrador que, si a la viuda se le había adjudicado, por su participación  22ww
aednj ulad iscoacrsieed aad c daed ag aunnaon dceia lleoss,  cuunaat rmo ihtaijdo sin ddeivl ismaa dtreiml úonniicoo u bniae nc uinavretan tpaarirated oin, dniov ispao d"ídaenl 
bien inventariado".
Tercero.
Para  interpretar  el  texto  en  el  que  se  plasman  acuerdos  entre  los  diferentes 
intervinientes  en  un  negocio  jurídico,  hay  que  seguir  los  criterios  generales 
hermenéuticos que el Código civil establece para la interpretación de las normas y, 
adicionalmente, los más particulares referentes a los contratos, que deben ser aplicados, 
analógicamente a toda clase de acuerdos o convenciones entre partes que actúan en el 
tráfico jurídico ejercitando la libre autonomía de su voluntad.
En cuanto a los primeros, el artículo 3 del Código civil establece como criterios, en lo 
que aquí importa: "el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, (…), 
atendiendo  fundamentalmente  al  espíritu  y  finalidad  de  aquellas".  De  ahí  deriva  el 
aforismo in claris non fit interpretatio.
Ciertamente, en pocos casos se hallará en el Diccionario de la lengua española una 
entrada que no contenga más de una acepción; y a ello hay que añadir las palabras cuyo 
contenido es solo referencial, sin que tengan contenido propio, sino solo en relación a 
otras palabras (así, los adjetivos o los pronombres). Todo ello daría lugar a inacabables 
disputas entre los usuarios de la lengua, no solo en términos jurídicos, sino incluso en el 
uso común del lenguaje, si no fuera porque las palabras se profieren o usan siempre en 
un determinado contexto, atendiendo al cual los equívocos se deshacen fácilmente, con 
buena voluntad de entendimiento.
No otra cosa recogen los artículos del Código civil referentes a la interpretación de 
los contratos:
Artículo 1281.
Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 
contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas.
Artículo 1282.
Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a 
los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.
En el presente caso, la duda interpretativa, según el registrador radicaría en qué 
debe entenderse por "inventario". En concreto parece entender que cuando se usa "bien 
inventariado" al adjudicar a los herederos únicos su parte en el caudal hereditario, se 
está usando con la misma referencia que al adjudicar a la viuda su parte en la sociedad 
de gananciales.
Pero resulta evidente que no es así, por cuanto hay en realidad en el negocio jurídico 
en cuestión dos inventarios: el primero, el del conjunto de bienes gananciales, y el 
segundo, el de los bienes que se integran en la herencia una vez disuelta la sociedad de 
gananciales y adjudicado su haber al cónyuge supérstite.
Ciertamente, por economía obvia de lenguaje, no es pertinente elaborar primero un 
inventario, el de los bienes de la sociedad de gananciales y, después, con la parte no 
adjudicada al cónyuge supérstite, elaborar un segundo inventario, que sería repetición 
ociosa de bienes que ya se hallaban en el inventario precedente.
Cuarto. e
En todo caso, para que se presente una duda hermenéutica debe haber dos (o más)  w.
oinbtejerEtponr e deteal  cipniorteensrepesrn eptteoa scciibaólsneo,s ,n.  oeE lv hpiadryeo npptireoom brleeegnmitseat,r  hasedi rosmro, eloen nhé ausytui c uocn aaalli gfiincutanecorip.órne,t aacfiiórmn ap oqsuibel,e s deeglú tne xstou   2021-6922n https://ww
interpretación, la adjudicación derivada del texto controvertido conduce a un absurdo,
pues significaría adjudicar el 150% de un bien, cuando es imposible, como bien apunta el 
propio registrador adjudicar más del 100%.
Por lo tanto, por reducción al absurdo, la interpretación del registrador no puede ser 
tomada en consideración.
Por  lo  tanto,  la  única  que  cabe  es  la  que  resulta  del  contexto:  que  "el  bien 
inventariado", cuya mitad se adjudica al cónyuge supérstite, es el bien inventariado en el 
inventario de la sociedad de gananciales, mientras que "el bien inventariado" que se 
reparten los hijos por cuartas partes es el bien inventariado en el caudal relicto, resultado 
y consecuencia de la previa disolución de la sociedad de gananciales. De esa forma se 
entiende perfectamente que no hay adjudicaciones del 150% de un bien, sino del 50% a 
la viuda por su participación en la sociedad de gananciales, y, posteriormente, del 
restante 50% (que es el bien inventariado en la herencia como resultado de la disolución 
de la sociedad de gananciales) entre los cuatro hijos por cuartas partes indivisas, siendo 
estas porciones una octava parte del inmueble y, a la vez, una cuarta parte del bien o 
derecho inventariado (un 50% del inmueble).
Eso es evidente de toda evidencia, por otro lado, atendiendo a que, habiendo en el 
inventario de la sociedad de gananciales del fallecido y el cónyuge supérstite un solo 
inmueble, valorado en 140.000 euros (como se recoge explícitamente en la escritura) y 
correspondiendo al cónyuge supérstite al disolverse la sociedad de gananciales 70.000 
euros, la adjudicación a dicho cónyuge tiene que ser la mitad de la finca. La otra mitad, 
valorada en 70.000 euros, e incrementada en el ajuar doméstico (2.100 euros), se 
reparte por cuartas partes entre los hijos, arrojando un valor de 18.025 a cada uno, es 
decir la cuarta parte de la finca más la cuarta parte del ajuar doméstico a cada uno. 
Estas cifras se recogen expresamente en la escritura, por lo que disipan cualquier 
interpretación diferente, por absurda y, además, incongruente con el contexto jurídico y 
numérico en el que se halla el texto controvertido.
Quinto.
En última instancia, la cuestión está meridianamente clara, pues se trata de la 
adjudicación de dos herencias previa la disolución de la sociedad de gananciales, en las 
que ambos progenitores, en sus respectivos testamentos, instituían herederos por partes 
iguales a sus cuatro hijos. Estos, por su parte, acuerdan no hacer lotes con distintos 
bienes, sino adjudicarse cada uno de ellos los bienes de ambas herencias, por cuartas 
partes indivisas.
Esa voluntad es manifiesta y, aunque cupiesen otras interpretaciones teóricas del 
texto del acuerdo particional (lo que, como se ha argumentado ya por extenso, no 
sucede en el presente caso, por conducir tales teóricas interpretaciones al absurdo) 
entraría en juego el artículo 1281 del Código civil: "Si las palabras parecieren contrarias a 
la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas".
No se ve, pues, obstáculo alguno que impida la inscripción en el Registro, en los 
términos convenidos por los herederos, cuya intención es evidente. Pues el obstáculo 
que impediría la inscripción sería la oscuridad en la intención de los herederos al hacer el 
reparto  hereditario,  si  se  presentasen  distintas  alternativas  hermenéuticas  que 
impidiesen establecer con claridad cuál era la voluntad de aquellos.
Ciertamente la opinión del registrador acerca de si la redacción de la escritura es 
más o menos afortunada, y la pretensión de aquel de que se modifique la redacción de la 
misma más a su gusto en ningún caso puede constituir un defecto que motive una 
negativa a inscribir.» e
IV 22ww
iensacdrEimtlo irt ieddgeoi  s2ptr9oa rdqdouere  ed milcaii etimóm ibsinmrfeoa rd meees  c2yr0 irt2ue0rma. i Etiyóna   edflu iceehx opo ebidnjeifeotonrm tede ea   aeulesntgaea  c Cqaeulinfeitc roae clD ióriernec cuptrrisváooc  tmdiceaebmdeiea snnetteer    OE-A-2021-69able en https://
idéntica el 15 de septiembre de 2020 cuya impugnación fue objeto de la Resolución de
esta Dirección General de 5 de noviembre de 2020, que desestimó el recurso, si bien sin 
entrar en el fondo del mismo, por no haber alegado el recurrente argumento alguno 
contra dicha calificación.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3, 1281 y 1282 del Código Civil; 324, 326, 327 y 328 de la Ley 
Hipotecaria; 115.1.b) y 116.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  108  del  Reglamento 
Hipotecario; 153 del Reglamento Notarial; las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 26 de mayo de 2000, 22 de julio de 2005, 10, 17 y 19 de 
julio y 9 de diciembre de 2006, 14 de marzo y 26 de junio de 2007, 10 de enero, 27 de 
marzo, 21 de abril y 29 de septiembre de 2008, 2 de marzo y 10 de junio de 2009, 16 de 
octubre de 2010, 1 de octubre de 2015, 30 de octubre y 20 de noviembre de 2017, 6 de 
junio y 31 de julio de 2018 y 13 de marzo, 22 de mayo y 29 de noviembre de 2019; y las 
Resoluciones de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de 
febrero, 29 de octubre y 5 de noviembre de 2020.
1.  Mediante la escritura cuya calificación es objeto de impugnación se formaliza la 
partición y adjudicación de las herencias de dos cónyuges por sus cuatro hijos instituidos 
herederos.
Respecto de la herencia del padre –fallecido en el año 1999– se inventaría un único 
bien (una finca urbana, valorada en 140.000 euros) que era ganancial; y, mediante 
liquidación de la sociedad de gananciales, se añade que en pago de los respectivos 
haberes se adjudica a la viuda –fallecida el 18 de febrero de 2020–, por su participación 
en la sociedad de gananciales, una mitad indivisa de ese único bien inventariado (por un 
valor de 70.000 euros); y «a cada uno» de los cuatro hijos «una cuarta parte indivisa del 
bien inventariado», por un valor respectivo de 17.500 euros (al que se suma 525 euros 
más por el ajuar).
El registrador, en la calificación impugnada, expresa que hay un error evidente en la 
adjudicación, pues en conjunto se adjudica más del 100% del pleno dominio de la finca, 
pues las adjudicaciones hechas a los cuatro hijos y herederos deberían referirse a la 
restante mitad indivisa de la finca, y no a todo el bien inventariado.
El notario recurrente alega que hay que seguir los criterios generales hermenéuticos 
que el Código Civil establece para la interpretación de las normas y, adicionalmente, los 
más particulares referentes a los contratos, que deben ser aplicados, analógicamente a 
toda clase de acuerdos o convenciones entre partes; y la intención de los herederos es 
clara: después de incluir una mitad indivisa del inmueble en el haber ganancial de la 
viuda, se adjudican la mitad indivisa restante por cuartas partes.
2.  Como  cuestión  previa,  de  procedimiento,  debe  analizarse  la  alegación  del 
registrador en su informe según la cual el recurso debe ser inadmitido porque la misma 
escritura ya fue objeto de una calificación prácticamente idéntica el 15 de septiembre 
de 2020 cuya impugnación fue objeto de la Resolución de esta Dirección General de 5 
de noviembre de 2020, que desestimó el recurso.
Ciertamente, como ha puesto de relieve este Centro Directivo reiteradamente (vid., 
por  todas  la  Resolución  de  27  de  febrero  de  2020)  la  posibilidad  admitida  en  el 
artículo 108 del Reglamento Hipotecario, de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado  el  asiento  de  presentación  anterior,  y  la  subsiguiente  petición  de  nueva 
calificación, no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso  e.e
contra  la  calificación  cuestionada,  ya  se  trate  de  un  recurso  potestativo  ante  esta  b
Dirección General, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del juicio  22ww
rveecrabiagla ( csfer.r áa rdtíecfuinloit iv3a2,4 s dine  ploas Libeilyid aHdip doete creaprirao)d, upcuire sla  emn istamleas  pcreatseonss ilóan .r eDseosludceió lnu eqguoe, 
dneo  pcarebsee ndtuarcainótne  dlae l pteítnudloe, nscinia  qdueel  rseecau arsdom, ipsuibeles  elan  etxails steitnucaicai ódne  suignu deo bvilgee pnrtoec eeld iamsiieennttoo 
registral –en virtud de la existencia de dos asientos de presentación– respecto de un
mismo título (cfr. Resolución de 10 de junio de 2009). Pero tampoco cabe una vez 
recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no 
haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses 
previsto para ello (cfr. artículo 328 de la Ley Hipotecaria).
No obstante, se da en el presente supuesto una circunstancia que permite mantener 
la admisión del recurso y entrar en la cuestión planteada en el mismo, pues en la referida 
Resolución de 5 de noviembre de 2020, como reconoce el registrador en su referido 
informe, este Centro Directivo no pudo entrar en el fondo de la calificación respecto del 
defecto ahora reiterado porque entonces el recurrente no adujo argumento o fundamento 
alguno para combatirlo. Por ello, se afirmó que el recurso no cumplía los requisitos 
establecidos en el artículo 326, párrafo segundo, apartado c), de la Ley Hipotecaria, al 
exigir que se expresen los hechos y fundamentos de Derecho en que se basa la 
impugnación;  y  que  el  artículo  115.1.b)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige expresar: 
«b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación». Por ello, en puridad de 
conceptos, dicha omisión era causa de inadmisión del recurso –cfr. artículo 116.e) de la 
Ley 39/2015: «Carecer el recurso manifiestamente de fundamento». Y, es doctrina de 
esta Dirección General que la inadmisión del recurso por incurrir en defectos formales no 
impide una nueva presentación del título para someterlo a nueva calificación y, ante ésta, 
sea  igual  o  distinta  de  la  anterior,  interponer  el  oportuno  recurso  (artículo  108  del 
Reglamento Hipotecario y Resoluciones de 21 de abril y 22 de julio de 2005, 10 de julio 
y 9 de diciembre de 2006, 14 de marzo de 2007 y 10 de enero y 29 de septiembre 
de 2008).
Por ello, conforme al principio pro actione (vid., entre otras, Resoluciones de 30 de 
octubre y 20 de noviembre de 2017, 6 de junio y 31 de julio de 2018 y 13 de marzo, 22 
de mayo y 29 de noviembre de 2019), se considera procedente admitir el recurso contra 
la calificación y valorar si ésta es o no conforme a Derecho.
3.  En  relación  con  la  cuestión  sustantiva  planteada,  es  cierto  que  el  correcto 
ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, que 
deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del 
mismo  cuando,  de  su  simple  lectura  o  de  su  contexto,  no  quepa  albergar 
razonablemente  duda  acerca  de  cuál  sea  el  dato  erróneo  y  cuál  el  dato  correcto. 
Además, debe tenerse en cuenta la indudable conveniencia del mantenimiento de la 
validez de los actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, 
así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de 
trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan garantías adicionales (cfr., entre 
otras muchas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 17 y 19 de julio de 2006, 26 
de junio de 2007, 2 de marzo de 2009, 16 de octubre de 2010 y 1 de octubre de 2015).
Ahora bien, lo que no puede hacer el notario autorizante de la escritura calificada es 
trasladar al registrador la responsabilidad de la subsanación del error padecido en el 
presente caso (error que resulta evidente de la realización de una mera operación 
matemática) cuando con una simple diligencia, conforme artículo 153 del Reglamento 
Notarial –sin intervención de los otorgantes de la escritura, atendiendo a los medios que 
para ello dispone el notario–, se daría adecuada respuesta al problema planteado, sin 
necesidad de cualquier actuación posterior, como la interposición del presente recurso, 
que provoca lo que precisamente las citadas Resoluciones aconseja evitar: la reiteración 
de trámites innecesarios que no proporcionan garantía adicional alguna y retrasan la 
inscripción solicitada. s
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en los términos que  w.b
resultan de los anteriores fundamentos jurídicos. 22ww
anteC oenl trJau zegsatad ore sdoel ulcoi óCn ilvoisl  ldeeg allam ecnatpeit alel gditiem alad oPsr opvuiendceian  dreecl ulrurigr amr eddoianndtee  draedmicaan deal 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.