BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72 Jueves 25 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 34380
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
4633 Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes 
medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo, que, por 
su  naturaleza,  deben  adoptar  rango  de  ley  y  que,  como  precisó  el  Tribunal 
Constitucional, no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales sino 
en leyes específicas. El debate doctrinal acerca de la naturaleza de las llamadas leyes 
de acompañamiento ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, que configuró este 
tipo de normas como leyes ordinarias cuyo contenido está plenamente amparado por la 
libertad de configuración normativa de que goza el legislador y que permiten una mejor y 
más  eficaz  ejecución  del  programa  del  Gobierno  en  los  distintos  ámbitos  en  que 
desarrolla  su  acción.  Desde  esta  perspectiva,  teniendo  presente  la  actividad  que 
desarrolla la Comunidad Autónoma de Galicia, cuyos objetivos se exponen en la Ley de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021, y con el objeto de 
contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de estos, la presente ley contiene un conjunto 
de medidas referidas a diferentes áreas de actividad que, con vocación de permanencia 
en el tiempo, contribuyan a la consecución de determinados objetivos de orientación 
plurianual  perseguidos  por  la  Comunidad  Autónoma  a  través  de  la  ejecución 
presupuestaria. Este es el fin de una norma cuyo contenido esencial lo constituyen las 
medidas de naturaleza tributaria, aunque se incorporan otras de carácter y organización 
administrativos.
II
La estructura de esta ley se divide en dos títulos: el primero, dedicado a las medidas 
fiscales y el segundo, a las de carácter administrativo. El título I, relativo a las medidas 
fiscales, está dividido en dos capítulos.
El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, en relación con 
las  tasas  sobre  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  en  las  modalidades  de  casinos, 
máquinas o aparatos automáticos y bingo, se establecen unas bonificaciones aplicables 
en este tributo para paliar los efectos que tuvo en el año 2020 la pandemia provocada 
por el SARS-CoV-2.
Ante esta situación, es necesario establecer un beneficio fiscal que coadyuve a la 
situación provocada en este sector. El beneficio fiscal establecido se calcula de una 
manera  homogénea  sobre  el  tributo  devengado  en  el  año  2020  y  se  aplicará 
inmediatamente en el año 2021, una vez que entre en vigor esta ley y con las primeras 
autoliquidaciones que deban presentar los sujetos pasivos afectados.
Igualmente,  se  modifica  el  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado  e.
por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el establecimiento de beneficios  w.b
fiscales  en  el  impuesto  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos  33ww
gdéoncuemroe.ntados  en  la  adquisición  de  vivienda  habitual  por  víctimas  de  violencia  de
EEln c ealp pítruimloe IrI,o r edlea teivlloo sa,  lsoosb trreib utatossa sp,r oppoiro us,n eas ptáa rintete sger apdroe vpéo re dl omsa pnrteecneimptioesn.to de los
tipos de las tasas de cuantía fija y, por otra, se introducen diversas modificaciones en la
Ley  6/2003,  de  9  de  diciembre,  de  tasas,  precios  y  exacciones  reguladoras  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia, consistentes tanto en la creación de nuevas tasas 
como  en  la  modificación  de  algunas  vigentes.  Además,  se  recogen  exenciones  y 
bonificaciones excepcionales en determinadas tasas portuarias dirigidas a paliar los 
efectos de la COVID-19 respecto de la hostelería radicada en los puertos dependientes 
de la Comunidad Autónoma.
El artículo 3 introduce modificaciones en la regulación del canon del agua y del 
coeficiente de vertido que, esencialmente, van dirigidas a prever el régimen aplicable a 
los  usos  previstos  en  la  Ley  8/2019,  de  23  de  diciembre,  de  regulación  del 
aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia, al establecimiento de una 
exención como medida excepcional dirigida a paliar los efectos de la COVID-19 en 
determinados sectores, así como a precisar la redacción del número 5 del artículo 56 de 
la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, con el objeto de reiterar la 
previsión, ya establecida a través del número 4 del citado artículo, por la cual se 
determina que el coeficiente corrector de volumen es de exclusiva aplicación al tipo de 
gravamen especial del canon del agua.
El título II, relativo a las medidas administrativas, está dividido en doce capítulos.
El capítulo I aborda diversas medidas en materia de empleo público. Por una parte, 
se llevan a cabo, además de modificaciones puntuales de carácter organizativo, otras 
modificaciones  referidas,  fundamentalmente,  a  los  permisos  del  personal  empleado 
público, que tienen por objeto adaptar la normativa autonómica a los últimos cambios 
que en este campo han sido introducidos en la normativa básica estatal. Se añade 
también una modificación puntual del Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de 
plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, que supone la reducción de 
los plazos de toma de posesión de ese personal en los destinos obtenidos en concurso 
de  traslados,  equiparándolos  así  al  establecido  para  el  personal  funcionario  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma. Concurren motivos de urgencia que 
justifican la citada modificación, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final 
primera, ya que la actual regulación está dificultando la planificación de la actividad e 
interfiere en el normal funcionamiento de las instituciones sanitarias, al tiempo que 
detrae efectivos disponibles de las listas de selección temporal para otros motivos de 
cobertura, como el refuerzo de unidades por incremento de la actividad asistencial, 
situación esta que se está viendo agravada en el contexto actual a causa de la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 y el incremento de la demanda asistencial 
por  parte  de  los  usuarios  del  Sistema  Público  de  Salud,  así  como  la  entrada  en 
funcionamiento de nuevas unidades. Por otra parte, se modifica la Ley 9/2017, de 26 de 
diciembre,  de  medidas  fiscales  y  administrativas,  con  la  finalidad  de  ampliar  los 
supuestos  que  dan  lugar  a  la  percepción  de  retribuciones  por  parte  del  personal 
estatutario del Servicio Gallego de Salud, en concepto de mejora de la prestación.
El  capítulo  II  contiene  diversas  disposiciones  en  materia  de  medio  ambiente  y 
territorio. Introduce, en primer lugar, modificaciones de la Ley del suelo que tienen como 
finalidad aclarar la prevalencia de la aplicación de la normativa sectorial cuando sea el 
caso, así como dotar de todas las garantías jurídicas la tramitación de los planes 
básicos  municipales  que  está  promoviendo  la  Comunidad  Autónoma  para  los 
ayuntamientos  de  menos  de  5.000  habitantes  que  no  cuentan  con  planeamiento 
urbanístico, permitiendo que tanto los planes especiales como las delimitaciones de 
suelo de núcleo rural vigentes en la actualidad en los respectivos ayuntamientos puedan 
quedar  incorporadas  en  dicho  plan,  lo  que  favorecerá  la  seguridad  jurídica  en  los  s
ayuntamientos  con  esas  delimitaciones  previas.  En  definitiva,  los  ajustes  que  se  oe.
proponen pretenden que la ordenación urbanística que resulte de los planes básicos  w.
municipales esté realmente adaptada al territorio y no le resulte ajena, de forma que,  33ww
aeuxctoenpócmioincaol meenn tleu,g apro ddreá ni npcororppoornaerrlases  dreiraejcutsatmese neten  slains  toerndeern aennz acsu ednetal  Plala nd ifbeáresnicteo 
realidad física de los distintos municipios.
También se introducen diversas modificaciones puntuales en el Reglamento de la 
Ley del suelo, al concurrir razones de urgencia que demandan su adopción inmediata 
por la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera respecto 
de las ulteriores modificaciones de esta. Estas modificaciones pretenden agilizar la 
tramitación  de  los  planes  básicos  municipales  en  beneficio  de  los  diferentes 
ayuntamientos implicados, ya que, de otro modo, el procedimiento tendría que quedar 
paralizado hasta que entrasen en vigor las nuevas previsiones y, posteriormente, se 
adaptasen los planes básicos a ellas. La urgencia de las modificaciones cobra una 
especial importancia en el contexto actual, en el que la paralización de los plazos 
administrativos derivada de la declaración del estado de alarma por la COVID-19 ya ha 
afectado de forma significativa a la tramitación de los planes básicos y ha supuesto un 
importante retraso en el cronograma previsto. Se trata, en definitiva, de poder continuar 
con todas las garantías jurídicas y con la mayor celeridad posible la tramitación de los 
planes ya adaptados a las nuevas necesidades detectadas.
Se incluyen, por otra parte, modificaciones en la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del 
patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, con las que se persigue conseguir 
una  mayor  precisión  en  las  definiciones  recogidas  en  la  propia  norma  y  en  los 
procedimientos  de  declaración  de  todos  los  espacios  naturales  regulados  en  ella. 
También se incluyen una serie de medidas de defensa y protección en materia de 
gestión de la Red Natura 2000 con el objeto de aclarar la interpretación de los usos 
permitidos, autorizables o prohibidos, relativos al mantenimiento de las redes de fajas de 
gestión de biomasa, así como la construcción de instalaciones de defensa forestal en 
determinadas zonas ZEC. Se trata así de aminorar la vulnerabilidad de las zonas que se 
busca  proteger  y  poder  acometer  las  próximas  campañas  de  incendios  con  unas 
mayores garantías para la mejora de la protección y de la gestión de los espacios 
protegidos.
Se modifica la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia, en lo referido a 
la  resolución  de  las  peticiones  relativas  a  la  declaración  de  explotación  cinegética 
comercial.
El capítulo III aglutina diversas medidas en materia de medio rural y modifica cinco 
leyes.
En primer lugar, se modifica la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa 
de la calidad alimentaria gallega, para acomodarla a la experiencia adquirida nos últimos 
años en la aplicación del régimen sancionador. Con la reforma de la Ley 3/2007, de 9 de 
abril, de prevención y defensa contra incendios forestales, se trata de conseguir un 
procedimiento más ágil e inclusivo en la práctica de la declaración de los perímetros de 
alto riesgo de incendios (PARI) y, particularmente, en lo que respecta a las actuaciones 
preventivas a lo largo de las vías de titularidad municipal para disminuir el riesgo de 
incendio forestal. Además, se amplía de quince días a treinta días naturales el plazo para 
que los titulares de las fincas o de los derechos de aprovechamiento realicen los trabajos 
preventivos. El nuevo plazo se considera necesario para que se puedan contratar y 
ejecutar los trabajos, ya que la experiencia muestra que el plazo anterior era insuficiente. 
En cuanto a la elaboración de los planes de prevención y defensa contra incendios 
forestales,  la  realidad  evidenciada  en  su  tramitación  aconseja  introducir  esta 
modificación, ya que son minoría los ayuntamientos que cuentan con planes municipales 
de ordenación municipal (PGOM) adaptados a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia. Por otra parte, en aquellos casos en que los PGOM estén en proceso de 
tramitación,  es  aconsejable  posibilitar  que  los  planes  municipales  de  prevención  y  s
defensa contra incendios forestales se basen en ellos, con la salvaguarda de que, una  oe.
vez aprobados los primeros, los planes puedan adaptarse a la nueva realidad. Respecto  w.
de las modificaciones de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con ellas  33ww
saes í pcroemteon ddeo taadra epl taterx ltao  ddeefi nuincaió nm daeyo arg ceonhteer feonrceisat ayl  ae lilma irneacro lgai drae feenre lnac lieag ais ldaectieórnm bináasdicaas, 
deexpnroemsiionnaecisó nq udee hl aRbíeagnis stroob rdeevi vAidgor uap aacnitoenrieosre sF omreosdtiafilceasc iodnee sG. eSseti ócna mCboian,ju andtae m(aáns,t elas   BOE-A-cable e
Registro  de  Sociedades  de  Fomento  Forestal)  con  el  objeto  de  incluir  todas  las 
agrupaciones  de  gestión  forestal  conjunta.  Finalmente,  se  matiza  la  disposición 
transitoria sexta, de tal forma que se les permita a los titulares de montes que no se 
hayan acogido a un instrumento de ordenación y gestión forestal (IOGF) antes de los 
plazos  estipulados  en  el  número  1,  poder  realizar  aprovechamientos  madereros 
comerciales, siempre y cuando se doten de tales instrumentos antes de realizar los 
pretendidos aprovechamientos. Las modificaciones introducidas en la Ley 6/2011, de 13 
de octubre, de movilidad de tierras, responden a la necesidad de hacer ajustes en la 
regulación de las aldeas modelo atendiendo a la experiencia adquirida y añadiendo la 
guía de ordenación productiva como documento técnico en el que se delimitan los usos 
productivos  más  idóneos  para  la  explotación  de  las  parcelas  incluidas  en  la  aldea 
modelo,  estableciendo  el  procedimiento  de  tramitación  y  aprobación.  Se  modifica, 
igualmente, la disposición adicional séptima de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de 
montes  vecinales  en  mano  común,  en  lo  referido  al  plazo  para  la  realización  de 
asambleas generales y a la prórroga del mandato de las juntas rectoras.
El capítulo IV, relativo a infraestructuras y movilidad, afecta a cuatro leyes. Por una 
parte, se modifica la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, para reflejar 
en ella expresamente las competencias de Augas de Galicia en materia de cooperación 
en concordancia con su importancia. Se modifica también la Ley 4/2013, de 30 de mayo, 
de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, con la finalidad 
fundamental de aclarar que no es exigible el requisito de disponer de local dedicado en 
exclusiva a la actividad de alquiler de vehículos con conductor en la concesión de 
autorizaciones para prestar servicios de alquiler con conductor.
Por lo que respecta a la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, se 
incluyen  diversas  modificaciones  puntuales  orientadas  a  dar  una  mayor  seguridad 
jurídica y a ganar agilidad para el administrado y rebajar la carga de trabajo para las 
administraciones. Entre ellas, destacan la reducción de la línea límite de la edificación 
para  ciertas  categorías  a  siete  metros,  la  aclaración  del  punto  desde  donde  debe 
medirse la zona de afección, la flexibilización del uso del dominio público viario y el 
dominio público adyacente (siempre bajo la premisa de proteger la integridad de la 
carretera y su seguridad vial), y el establecimiento de períodos de garantía inferiores a 
un año, que permitirán a los particulares tener depositadas las garantías exigidas por la 
normativa durante un período más corto.
Se modifica la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales y administrativas, en 
lo relativo a la adaptación de la explotación de los contratos de concesión de servicios 
públicos de transporte regular de viajeros.
El capítulo V incluye la modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca 
de Galicia, en el sentido de cambiar la denominación de los establecimientos auxiliares 
de cultivos marinos y recuperar la recogida en anteriores leyes. Se aclara así la situación 
de estos establecimientos y se insiste en su importancia para el cierre de la cadena que 
posibilita la llegada de los productos de la acuicultura a las personas consumidoras en 
las  condiciones  higiénico-sanitarias  precisas.  También  se  recogen  diversas 
modificaciones de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, con la 
finalidad de conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica, así como para asumir por 
parte de la Administración portuaria la gestión del servicio de recepción de residuos 
generados por buques con la finalidad de garantizar la disponibilidad de aquel.
El capítulo VI contiene la modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de 
servicios sociales de Galicia, que permitirá la aplicación de la medida de gratuidad del  s
segundo hijo o hija en escuelas infantiles a las familias con hijos menores de 3 años y  oe.
que tienen también hijos mayores de edad que conviven en el domicilio familiar. Por otra  w.
parte, la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, se modifica para cambiar la  33ww
pdleannoems iensatcraiótné gdiceo slo ms uannictiigpuaoless  pdlea naecsc eessibpielicdiaadle.s de actuación, que pasan a llamarse
Ley E5l/ 1c9a9p8ít,u dloe  V1I8I,  dreel adtiicvioe mab erem, pdleeo c oeo ipgeuraaldtiavads,  idnetr oGdaulciceia d, iqstuinet acso nmsoodlidifaicna claiosn mese deind alas   BOE-A-cable e
tendentes a la flexibilización del desarrollo de las reuniones por medios telemáticos 
implantadas con carácter temporal en el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la 
COVID-19, y que tan necesarias resultan en el contexto actual.
Si bien estas medidas mejoran notablemente las posibilidades para la celebración de 
reuniones en condiciones de seguridad, no bastan para garantizar en todos los casos a 
efectiva participación de las personas socias, habida cuenta de la brecha digital que 
subsiste entre la población más joven y urbana, de una parte, frente a la de edad más 
avanzada y del ámbito rural, de la otra. Por otro lado, la evolución reciente de la 
pandemia  en  el  territorio  gallego  no  permite  aún  vislumbrar  una  total  vuelta  a  la 
normalidad en la fecha en que estas medidas dejen de estar en vigor. En consecuencia, 
ante la ausencia de previsiones estatutarias al respecto, es preciso habilitar mecanismos 
que faciliten el ejercicio de los derechos de participación en la toma de decisiones 
societarias por parte de las personas socias. Una de las medidas que pueden ayudar a 
este objetivo es la realización por medios telemáticos, más allá del período ya habilitado 
por el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo. Si bien esta puede ser una solución 
válida y factible para muchas cooperativas, especialmente las de menor tamaño, no lo es 
para muchas otras, en las que el elevado número de personas socias, la avanzada edad 
de estas y el hecho de que residan en entornos rurales, pueden dificultar el acceso a la 
tecnología. Por ello, además de esta posibilidad, es necesario recoger otras medidas que 
facilitan la participación por medio de terceras personas, como son la designación de 
representante y las asambleas de delegados, soluciones que permiten reducir de forma 
muy significativa el número de personas asistentes en las reuniones presenciales o que 
deban tener acceso a los medios tecnológicos para participar en las reuniones. Del 
mismo modo, es preciso facilitar la realización de reuniones presenciales en condiciones 
de seguridad, habilitando la opción de utilizar instalaciones disponibles en localidades 
próximas, cuando no existan locales adecuados en la localidad en que la cooperativa 
tenga su domicilio social. Por otro lado, si bien el Real decreto ley 8/2020, de 17 de 
marzo, establece disposiciones específicas en cuanto al plazo para la adopción de 
acuerdos relativos a las cuentas anuales, existen numerosas decisiones que deben 
tomarse en un plazo determinado y cuya adopción pudo verse condicionada por las 
restricciones  impuestas  en  materia  de  circulación  y  reunión,  por  lo  que  hace  falta 
establecer un plazo para que puedan llevarse a cabo en aplicación de las nuevas 
medidas aprobadas en esta ley. Del mismo modo, la imposibilidad de realización de 
asambleas durante el estado de alarma y los distintos estadios de la nueva normalidad 
hace  necesario,  en  beneficio  de  la  seguridad  jurídica  y  para  no  comprometer  la 
capacidad  de  obrar  de  la  cooperativa,  prolongar  la  vigencia  por  el  tiempo  mínimo 
imprescindible de aquellos cargos cuyo nombramiento haya caducado durante este 
período. También se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones generales de la Comunidad Autónoma 
en  materia  de  igualdad,  con  la  finalidad  de  establecer  un  nuevo  sistema  de 
reconocimiento que unifique el procedimiento de certificación de un plan de igualdad y la 
Marca Gallega de Excelencia en Igualdad en un nuevo distintivo. Se realizan además 
modificaciones puntuales para adaptar este texto normativo a los cambios introducidos 
también mediante esta ley en materia de permisos a los empleados públicos.
Los capítulos VIII, IX y X contienen diversas modificaciones puntuales en materia de 
deportes,  subvenciones  y  transparencia  con  la  finalidad  de  corregir  errores  y 
disfunciones y conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica. s
El capítulo XI modifica puntualmente la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de  oe.
protección general de las personas consumidoras y usuarias, para reflejar en la norma  w.
un tipo sancionador específico de aplicación directa para cuando se produzcan cobros  33ww
indeEbli dcoasp hítaubloié nXdIoI sien tdroedculacrea ddoi vlae rasbaus simvioddaidfi cdaec idoenteesrm einna dmaast eprriáac tdicea sp.rocedimiento y
doerg acnriezaacciióónn  addem inlais trEasticvuoes.la P oGr aulnleag ap ardtee,  sAed mmoindisiftircaac ilóan L ePy ú4b/l1ic9a8,7 ,p daera 2 7i ndceo rmpoaryaor,,   BOE-A-cable e
fundamentalmente,  ajustes  de  naturaleza  organizativa.  También  se  modifica  la 
Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, con la 
finalidad de conseguir una mejora en la eficacia del servicio, una adecuada economía del 
procedimiento y una eficiente asignación de los recursos en cumplimiento del interés 
general y de los objetivos de la organización. Con la modificación de la Ley 5/2007, de 7 
de  mayo,  de  emergencias  de  Galicia,  se  busca  precisar  y  establecer  la  debida 
correlación entre las funciones que corresponden a la Agencia Gallega de Emergencias. 
La modificación de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público autonómico, tiene por objeto actualizar la regulación del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia. Así, se actualizan sus 
referencias normativas; se adecúa la regulación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, y al Real decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, 
normas aparecidas con posterioridad a la regulación inicial; se modifican determinadas 
cuestiones relativas al nombramiento y sustitución de sus miembros, con el objetivo de 
asegurar la cobertura de los puestos y el funcionamiento del Tribunal y una mayor 
concurrencia, teniendo en cuenta la experiencia y regulación de otras comunidades 
autónomas, así como que está próxima la primera renovación parcial a la que aplicar lo 
previsto en esta reforma; se refuerza la transparencia y control de los conflictos de 
intereses,  al  indicar  que  los  miembros  del  Tribunal  estarán  sujetos  al  régimen  de 
incompatibilidades que corresponde a los altos cargos de la Xunta de Galicia; y se 
promueve el funcionamiento del Tribunal de forma telemática y adaptada a los principios 
de la administración digital, con mención también a la reciente Ley 4/2019, de 17 de julio, 
de administración digital de Galicia, y favorecer la máxima eficiencia y posibilidad de 
acceso de los interesados. Finalmente, se introduce una disposición aplicable a las 
fundaciones de carácter ferial y con la que se pretende conseguir una mayor fidelidad al 
espíritu de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
En su parte final, la ley recoge cinco disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. La disposición 
adicional  primera  establece  un  complemento  personal  de  mantenimiento  de  las 
retribuciones en concepto de antigüedad aplicable al personal laboral fijo procedente de 
las entidades instrumentales del sector público autonómico. La disposición adicional 
segunda prevé una serie de medidas especiales que tienen por objeto garantizar la 
celebración  de  procesos  selectivos  y  de  provisión  en  el  contexto  de  la  COVID-19. 
También atendiendo a esta circunstancia, se incluyen una disposición adicional y una 
cuarta, que establecen medidas especiales, derivadas de la situación de emergencia 
sanitaria, en materia de listas de contratación del personal funcionario interino o laboral 
temporal y en relación con los procesos de selección de personal estatutario fijo del 
Servicio Gallego de Salud.
La disposición adicional quinta contiene previsiones específicas sobre el plazo de 
puesta en marcha y funcionamiento de las emisiones y pago de la tasa de servicio de 
comunicación  audiovisual  de  televisión  correspondiente  a  las  adjudicaciones 
transformadas en licencias, afectadas por diversas circunstancias que han condicionado 
el normal desarrollo y viabilidad de los proyectos correspondientes a los servicios de 
comunicación audiovisual de televisión, en particular, de aquellos de ámbito autonómico  s
y local, tal y como se habían concebido originariamente. oe.
Así, los cambios operados en el panorama audiovisual desde el otorgamiento de los  w.
títulos  administrativos,  las  secuelas  que  aún  arrastra  el  sector  audiovisual  como  33ww
ccoonncseencutreanccióian  ddee l asla  ingverarsvieo ncersis pisu belicciotanróiamsi,c laa,  apcoanri cilóan  dceo rurens npúomndeieron tceo nrseiddeurcacbiólen  dey 
scea naadlejusd dicea treolne vloissió cna tnraadleicsi oanuatloensó dmei cáoms byit olo ecsatlaetsa, l,a qsuí ec onmo oe xtiasmtíabnié enn l ae l ttriaenmspfoor mena cqiuóen   BOE-A-cable e
tecnológica de los medios de comunicación con la irrupción de nuevas plataformas 
televisivas multinacionales, son circunstancias con las que resulta extraordinariamente 
difícil competir.
Esta situación se ha visto agravada actualmente por la irrupción de la pandemia 
provocada por la COVID-19, cuya incidencia afecta de manera determinante al tejido 
empresarial, en este caso el del sector de los servicios de comunicación audiovisual de 
televisión, por lo que no es oportuno adoptar en estos momentos medidas que pudieran 
afectar a los activos y al patrimonio de las empresas, por ser contraproducentes para su 
subsistencia y su desarrollo, por lo que es aconsejable ampliar en dos años el plazo 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas 
fiscales, administrativas y de ordenación del servicio de comunicación audiovisual de 
televisión.
La disposición transitoria única prevé un régimen de aplicación a la Certificación 
Gallega  de  Excelencia  en  Igualdad  derivado  de  las  modificaciones  introducidas  al 
respecto en esta ley.
Por último, la ley recoge la derogación expresa de disposiciones concretas, así como 
de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en ella, una 
habilitación para su desarrollo normativo y la previsión sobre su entrada en vigor.
La presente ley se ajusta así a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público  autonómico  de  Galicia,  al  responder  las  medidas  previstas  en  ella  a  la 
satisfacción de necesidades de interés general con la debida proporcionalidad, eficacia y 
eficiencia, al recogerse en la norma los objetivos perseguidos a través de la misma y su 
justificación como exige el principio de transparencia, y al introducirse a través de la 
misma, conforme al principio de seguridad jurídica, las modificaciones precisas en las 
disposiciones vigentes.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del rey la Ley de medidas fiscales y administrativas.
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO I
Tributos cedidos
Artículo 1.  Bonificación de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.
1.  Se establecen las siguientes bonificaciones de la tasa sobre juegos de suerte, 
envite o azar:
a)  Casinos.
Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad 
casinos, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el importe equivalente al 20 % de 
la deuda tributaria devengada correspondiente al período impositivo del año 2020.
La aplicación de la bonificación deberán realizarla en la primera autoliquidación  e.
correspondiente al año 2021 que presenten en período voluntario, sin que esta pueda  w.
ser negativa. En caso de que no pudieren aplicar la bonificación de manera completa por  33ww
slae ra psluicpaerráionr  esnu  laims psourbtes igaul iiemnpteosrt ea uat oinliqgureidsaacr iodnee lsa  haaustotali qaugiodtaacrilóan., la cantidad que reste
el pEernío cdaos oim dpeo qsuiteiv oe l dseulj eatñoo p a2s0i2v1o,  npoo tdurvái esreo liqcuitea rp lrae sreencttaifirc naicnigóunn dae a luat oaliuqtuoildiqauciidóanc pióonr   BOE-A-cable e
presentada en la que se haya determinado la deuda tributaria correspondiente a la 
actividad desarrollada en el año 2020.
b)  Máquinas o aparatos automáticos.
Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad 
máquinas o aparatos automáticos, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el 
importe equivalente al 30 % de la cuota trimestral devengada en el tercer trimestre del 
año 2020, siempre que hayan estado en situación de alta en algún día de dicho período.
Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad 
máquinas o aparatos automáticos, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el 
importe equivalente al 30 % de la cuota trimestral devengada en el cuarto trimestre del 
año 2020, siempre que hayan estado en situación de alta en algún día de dicho período.
La  aplicación  de  las  bonificaciones  que  procedan  deberán  realizarla,  de  forma 
acumulada en su caso, en la primera autoliquidación correspondiente al año 2021 que 
presenten en período voluntario, sin que esta pueda ser negativa. En caso de no poder 
aplicar las bonificaciones de forma completa por ser superior su importe al importe a 
ingresar de la autoliquidación, la cantidad que reste la aplicarán en las subsiguientes 
autoliquidaciones hasta agotarla.
En caso de que el sujeto pasivo no tuviere que presentar ninguna autoliquidación por 
el período impositivo del año 2021, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación 
presentada correspondiente al tercer y/o al cuarto trimestre del año 2020.
c)  Bingo.
Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad 
bingo, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el importe equivalente al 20 % de la 
deuda tributaria devengada correspondiente al período impositivo del año 2020.
La aplicación de la bonificación deberán realizarla en la primera autoliquidación 
correspondiente al año 2021 que presenten en período voluntario, sin que esta pueda 
ser negativa. En caso de que no pudiesen aplicar la bonificación de manera completa por 
ser superior al importe a ingresar de la autoliquidación, la cantidad que reste la aplicarán 
en las subsiguientes autoliquidaciones hasta agotarla.
En caso de que el sujeto pasivo no tuviese que presentar ninguna autoliquidación por 
el período impositivo del año 2021, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación 
presentada en la que se haya determinado la deuda tributaria correspondiente a la 
actividad desarrollada en el año 2020.
2.  Se  habilita  a  la  persona  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de las bonificaciones 
establecidas en este artículo. Asimismo, la persona titular de la dirección de la Agencia 
Tributaria de Galicia podrá actualizar, de ser necesario, los modelos de autoliquidación 
de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar con el fin de adaptarlos a la 
regulación  de  dichas  bonificaciones,  y  dictar  las  instrucciones  para  completarlos, 
mediante resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia.
Artículo 2.  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Uno.  Se  añade  un  número  ocho  al  artículo  14  del  texto  refundido  de  las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos  es
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el  o
siguiente contenido: 33www.
vícti«mOacsh doe.  viToilpeon cdiae  dgera gvéanmeerno .aplicable en la adquisición de vivienda habitual por
En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el tipo de gravamen
aplicable a las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda 
habitual del contribuyente será del 3 %, siempre que este cumpla los requisitos 
siguientes:
1.  Que en la fecha de devengo del impuesto el adquirente se encuentre en 
alguna de las situaciones de violencia de género descritas en la Ley 11/2007, 
de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género.
2.  La acreditación de la situación de violencia de género se hará según lo 
dispuesto en la ley señalada en el apartado anterior.
3.  Que el precio de la vivienda no exceda los 150.000 euros.
4.  La adquisición de la vivienda deberá documentarse en escritura pública, 
en la cual se hará constar expresamente la finalidad de destinarla a constituir su 
vivienda habitual.
5.  En caso de que el inmueble haya sido adquirido por varias personas y no 
se hayan cumplido los requisitos señalados en los números anteriores en todos los 
adquirentes,  el  tipo  reducido  se  aplicará  a  la  parte  proporcional  de  la  base 
liquidable correspondiente al porcentaje de participación en la adquisición de los 
contribuyentes que sí los cumplan.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado ocho al artículo 15 del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el 
siguiente contenido:
«Ocho.  Tipo de gravamen aplicable en la adquisición de vivienda habitual por 
víctimas de violencia de género.
En  la  modalidad  de  actos  jurídicos  documentados,  cuota  variable  de  los 
documentos notariales, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, el tipo aplicable en las primeras copias de escrituras que 
documenten  la  adquisición  de  la  vivienda  habitual  del  contribuyente  o  la 
constitución de préstamos o créditos hipotecarios destinados a su financiación 
será del 0,5 %, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.  Que en la fecha de devengo del impuesto el adquirente se encuentre en 
alguna de las situaciones de violencia de género descritas en la Ley 11/2007, 
de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género.
2.  La acreditación de la situación de violencia de género se hará según lo 
dispuesto en la ley señalada en el apartado anterior.
3.  Que el precio de la vivienda no exceda los 150.000 euros.
4.  La adquisición de la vivienda deberá documentarse en escritura pública, 
en la cual se hará constar expresamente la finalidad de destinarla a constituir su 
vivienda habitual.
5.  En caso de que el inmueble haya sido adquirido por varias personas y no 
se hayan cumplido los requisitos señalados en los números anteriores en todos los 
adquirentes,  el  tipo  reducido  se  aplicará  a  la  parte  proporcional  de  la  base 
liquidable correspondiente al porcentaje de participación en la adquisición de los 
contribuyentes que sí los cumplan.» e.e
Tres.  El apartado siete del artículo 16 del texto refundido de las disposiciones  33ww
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, queda redactado como 
sigue:
«Siete.  Deducción por adquisición de vivienda habitual por personas con 
discapacidad, familias numerosas, menores de 36 años y víctimas de violencia de 
género en áreas rurales.
Los  contribuyentes  que  tengan  derecho  a  aplicar  los  tipos  de  gravamen 
reducidos regulados en los apartados Tres, Cuatro, Cinco y Ocho del artículo 14 
tendrán derecho a una deducción en la cuota del 100 % siempre que la vivienda 
se encuentre en alguna de las parroquias que tengan la consideración de zonas 
poco  pobladas  o  áreas  rurales.  A  estos  efectos,  una  orden  de  la  consejería 
competente en materia de hacienda determinará las parroquias que tengan esta 
consideración.»
Cuatro.  El apartado ocho del artículo 17 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, queda redactado como 
sigue:
«Ocho.  Deducción por adquisición de vivienda habitual y por constitución de 
préstamos  hipotecarios  destinados  a  su  financiación,  por  personas  con 
discapacidad, familias numerosas, menores de 36 años y víctimas de violencia de 
género en áreas rurales.
Los  contribuyentes  que  tengan  derecho  a  aplicar  los  tipos  de  gravamen 
reducidos regulados en los apartados Tres, Cuatro, Cinco y Ocho del artículo 15 
tendrán derecho a una deducción en la cuota del 100 % siempre que la vivienda 
se encuentre en alguna de las parroquias que tengan la consideración de zonas 
poco  pobladas  o  áreas  rurales.  A  estos  efectos,  una  orden  de  la  consejería 
competente en materia de hacienda determinará las parroquias que tengan esta 
consideración.»
CAPÍTULO II
Tributos propios
Artículo 3.  Tasas.
1.  Los tipos de las tasas de cuantía fija vigentes en la Comunidad Autónoma de 
Galicia no experimentarán ninguna actualización respecto a las cuantías exigibles en el 
momento de la entrada en vigor de esta ley.
Se consideran tasas de cuantía fija cuando no están determinadas por un porcentaje 
sobre una base o esta no se valora en unidades monetarias.
2.  La Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un nuevo apartado en el número 5 del artículo 23, que queda 
redactado como sigue:
«– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados 
en este artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como  e.
consecuencia  de  la  actividad  terrorista  y  así  lo  acrediten  mediante  sentencia  w.
judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal  33ww
acofencdtiivciidóand, ,s eul  ccóónnyyuuggee  doe l pfaelrlesocindao  yq uloes  hhaijyoas  dceo nlovsiv hideor idcoosn  ya fnaállelocgidao sre.»lación de
Dos.  En el número 4 del artículo 26, el apartado relativo a la tarifa E-2 queda 
modificado como sigue:
«–  En  la  tarifa  E-2,  la  utilización  de  explanadas,  alpendres,  cobertizos, 
almacenes,  depósitos,  locales  y  edificios,  con  sus  servicios  generales 
correspondientes,  no  explotados  en  régimen  de  concesión  o  autorización  del 
dominio público portuario definida en el artículo 59 de la Ley 6/2017, de 12 de 
diciembre, de puertos de Galicia.»
Tres.  En el número 6 del artículo 27, los apartados relativos a las tarifas X-4 y X-5 
quedan modificados como sigue:
«–  De  la  tarifa  X-4,  el  armador  del  buque,  consignatario  o  quien  en  su 
representación  realice  la  primera  venta,  así  como  los  depositarios  o  los 
responsables designados, cuando con ocasión de un procedimiento judicial o 
administrativo se haya acordado la retención, la conservación o el depósito de un 
buque, de la mercancía o de los medios de transporte o carga en la zona de 
servicio de un puerto.
El sujeto pasivo deberá hacer repercutir el importe de la tarifa X-4 sobre el 
primer comprador de la pesca, si lo hubiese, por lo que este queda obligado a 
soportar dicha repercusión, que se hará constar de manera expresa y separada en 
la factura o en el documento equivalente. Las controversias que se susciten entre 
el sujeto pasivo y el comprador repercutido serán de la competencia de la Junta 
Superior de Hacienda.
– De la tarifa X-5, con carácter solidario, el titular de la embarcación o su 
representante autorizado y, en su caso, el titular del derecho de uso preferente del 
amarre o del anclaje, así como los depositarios o los responsables designados, 
cuando  con  ocasión  de  un  procedimiento  judicial  o  administrativo  se  haya 
acordado la retención, la conservación o el depósito de un buque, de la mercancía 
o de los medios de transporte o carga en la zona de servicio de un puerto.
En las zonas de concesión o autorización cuyo titular se subrogue en la 
obligación  de  los  sujetos  pasivos,  en  los  términos  establecidos  en  la  regla 
decimoprimera, letra b), de esta tarifa X-5, el titular de la concesión o autorización 
será el sustituto del contribuyente y tendrá que cumplir en lugar de aquel las 
obligaciones formales y materiales derivadas de la obligación tributaria.»
Cuatro.  Se modifica el número 1 del artículo 30, que queda redactado como sigue:
«1.  Por los servicios generales y específicos establecidos en la tarifa 99 de la 
modalidad de actuaciones profesionales:
a)  En las tarifas generales, los barcos de guerra y las aeronaves militares 
nacionales.  Igualmente,  los  extranjeros  que,  en  régimen  de  reciprocidad,  no 
realicen operaciones comerciales y siempre que su visita tenga carácter oficial o 
de arribada forzosa.
b)  En  las  tarifas  generales,  las  embarcaciones  dedicadas  por  las 
administraciones  públicas  a  labores  de  vigilancia,  investigación,  protección  y 
regeneración  costera,  represión  del  contrabando,  salvamento,  lucha  contra  la 
contaminación  marítima,  enseñanzas  marítimas  y,  en  general,  las  misiones 
oficiales de su competencia. es
c)  En las tarifas generales, el material y las embarcaciones de la Cruz Roja  o
Española  dedicadas  a  las  labores  propias  que  tiene  encomendados  esta  33ww
cipnuosart indtpud)a coir ótEsenen .  dltaera  ttalear  ifdaAe de maspcinteiivcsiítdfriaaccdaie óEsn-  2ed,n epmlo arE rlcsaat auddtaiolsiz  aydc eidónentr  odl aeds el a assd uimnss intfaiinslaatrclaiidocaniodeneses sp  poúlrotbuclaaicrlaeiasss,,    OE-A-2021-46able en https://
que  impliquen  la  ocupación  de  superficie  descubierta  para  la  instalación  de
equipamientos urbanos y ornamentales, de seguridad, o de protección o mejora 
del medio ambiente, siempre y cuando esta superficie siga quedando afecta al uso 
público portuario de uso general no exclusivo y no sea objeto de explotación 
económica  directa  o  indirecta.  Quedan  excluidas  de  esta  exención  aquellas 
ocupaciones vinculadas a la realización de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.»
Cinco.  Se añade un nuevo número 6 en el artículo 30 con la siguiente redacción:
«6.  Quedarán exentos de la tasa del apartado 21 de la tarifa 30 relacionada 
en  el  anexo  2  los  sujetos  pasivos  que  tengan  la  condición  de  entidades  o 
asociaciones de carácter ambiental, cultural, educativo o deportivo y, en general, 
todas aquellas que, sin ánimo de lucro, aunque carezcan de personalidad jurídica, 
realicen actuaciones voluntarias de mantenimiento y conservación del dominio 
público hidráulico, de las definidas en el número 1 de la disposición adicional 
segunda  del  Decreto  1/2015,  de  15  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de la planificación en materia de aguas de Galicia y se regulan 
determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de 
aguas de Galicia. Para el reconocimiento de esta exención bastará con que se 
acompañe, junto con la declaración responsable, un documento acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos señalados.»
Seis.  Se  modifica  el  subapartado  17  del  párrafo  07  del  anexo  1,  que  queda 
redactado como sigue:
«Homologación e inscripción de modelos de otros aparatos de juego. 234,61.»
Siete.  Se  modifica  el  subapartado  8  del  párrafo  07  del  anexo  1,  que  queda 
redactado como sigue:
«Homologación de fichas, tarjetas magnéticas prepago u otros soportes 
234,61.»
físicos autorizados para máquinas tipo "C", "B" y "B especial".
Ocho.  Se elimina el subapartado 07 del párrafo 09 del anexo 1.
Nueve.  Se modifica el subapartado 07 del párrafo 11 del anexo 1, que queda 
redactado como sigue:
«Homologación y autorización de uso de material de juego de casino. 212,52.»
Diez.  Se  modifica  el  subapartado  00  del  párrafo  13  del  anexo  1,  que  queda 
redactado como sigue:
«Rifas, tómbolas y loterías.»
Once.  Se elimina el apartado g) del subapartado 02 del párrafo 17 del anexo 1.
Doce.  Se  modifica  el  subapartado  03  del  párrafo  51  del  anexo  1,  que  queda 
redactado como sigue:
«Establecimientos y lugares de apuestas:
– Autorización de tiendas de apuestas (por cada tienda). 1.062,6 e.
– Modificación o cancelación de tiendas de apuestas. 170,02 33ww
–b inAguotosr,i zcaacsiiónno sd,e r eincsintatolasc dióenp odreti veossp ayc aiousto driez aacpiuóens tteams peonr asla elonn aecst idveid jaudeegso ,  106,26
–fe Mriaoledsif.ic Paocrió cna od ae xmtiánqcuióinna d ien slata alaudtoar.ización. 106,26» BOE-A-cable e
Trece.  Se modifica el subapartado 09 del párrafo 04 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Registro Oficial de Operadores Profesionales de Vegetales:
– Inscripción en el Registro Oficial de Operadores Profesionales de 
63,76
Vegetales.
– Toma de muestras para su análisis en laboratorio, por cada muestra. 6,38
– Inspección oficial para la autorización de la emisión del pasaporte 
31,88»
fitosanitario.
Catorce.  Se  modifica  el  primer  párrafo  del  subapartado  01  del  párrafo  07  del 
anexo 2, que queda redactado como sigue:
«Actuaciones  sanitarias  de  control,  vigilancia  u  otras  realizadas  por 
incumplimiento de la normativa de aplicación o por pérdida de identificación del 
ganado, por realización de pruebas diagnósticas de programas oficiales fuera del 
período de revisión, así como las realizadas para la obtención y mantenimiento de 
la calificación sanitaria en cebaderos de bovino.»
Quince.  Se  modifica  el  primer  párrafo  del  subapartado  04  del  párrafo  07  del 
anexo 2, que queda redactado como sigue:
«Expedición  de  documentación  oficial  sanitaria  de  movimiento,  nacional  o 
intracomunitario, de animales vivos y productos de origen animal procedentes de 
la ganadería o de la acuicultura, salvo que sea realizada de forma telemática a 
través de las aplicaciones informáticas habilitadas accesibles en las consejerías 
competentes en materia de ganadería o acuicultura, a través de la aplicación del 
sistema Traces o que los operadores la obtengan directamente a través de estas 
aplicaciones.»
Dieciséis.  Se modifica el subapartado 08 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Inspección, toma de muestras o realización de informes técnicos la petición 
de parte de industrias, explotaciones u operador comerciales de ganado o   
acuicultura no previstos en los programas oficiales:
– Sin salir al campo, la industria, establecimiento o explotación. 30,52
– Con salida al campo, la industria, establecimiento o explotación. 172,35
– De ser necesario salir más de un día, por cada día de más. 141,92»
Diecisiete.  Se modifica el subapartado 09 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Autorización,  registro  y  renovación  de  autorizaciones  de  operadores 
comerciales, transportistas, medios de transporte o contenedores de ganado o de 
animales acuáticos y de centros de concentración de ganado:
– Autorización y registro inicial (excepto la autorización de centros de  10,26 w.b
concentración de ganado). 33ww
–g aRneandoov).ación (excepto la autorización de centros de concentración de  10,26
– Expedición de la acreditación de operador comercial (carné de tratante). 10,26
– Expedición de duplicado de la acreditación de operador comercial (carné de 
tratante), autorización de transportista, medios de transporte o contenedores  3,15
de ganado o de animales acuáticos.
– Autorización de centros de concentración de ganado. 113,88»
Dieciocho.  Se modifica el subapartado 14 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Solicitud de concesión de calificación sanitaria de explotaciones de ganado 
20,40»
y animales acuáticos.
Diecinueve.  Se suprime el subapartado 15 del párrafo 07 del anexo 2.
Veinte.  Se modifica el subapartado 16 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Autorización de veterinario para la expedición de autorizaciones de traslado 
de animales:
– Por autorización. 20»
Veintiuno.  Se modifica el subapartado 22 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«– Expedición de duplicados de documentos de identificación de ganado 
2,35
bovino (DIB) por pérdidas o procedencia de otros países comunitarios.
– Expedición con modificación de datos en la base de datos de animales por 
errores en la colocación de marcas auriculares, declaraciones erróneas de 
3,00»
madres, fechas de nacimientos u otros errores imputables a las personas 
ganaderas.
Veintidós.  Se modifica el subapartado 33 del párrafo 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Autorización  y/o  registro  de  explotaciones  avícolas,  cunícolas,  porcinas, 
apícolas y de peletería, excepto las de tipo autoconsumo (porcino, avicultura y 
apicultura), reducidas (porcino) y artesanales (avicultura):
– Por la gestión y tramitación del expediente de registro completo, incluyendo 
106,26
las visitas de inspección correspondientes.
– Por la gestión y tramitación del expediente de registro completo, incluyendo 
las visitas de inspección correspondientes en explotaciones de apicultura 
25,00
distintas de autoconsumo (se incrementa en 15 euros por cada asentamiento 
a partir del primero existente hasta un máximo de 85 euros).
– Por la gestión y tramitación de expedientes de ampliación, modificación de 
la primera inscripción o exenciones previstas en la normativa de aplicación,  53,14»
incluyendo las visitas de inspección correspondientes.
Veintitrés.  Se añade un nuevo subapartado 34 en el apartado 07 del anexo 2, que  oe.
queda redactado como sigue: w.
«pAoructionroiz.ación y registro del sistema de producción en fases en ganado  25,00»
Veinticuatro.  Se añade un nuevo subapartado 35 en el apartado 07 del anexo 2, 
que queda redactado como sigue:
«Autorización y registro de entidades integradoras en producciones 
25,00»
ganaderas.
Veinticinco.  Se añade un nuevo subapartado 36 en el apartado 07 del anexo 2, que 
queda redactado como sigue:
«Supervisión de toma de muestras para expedición de certificados de 
70,00»
exportación.
Veintiséis.  Se añade un nuevo subapartado 37 en el apartado 07 del anexo 2, que 
queda redactado como sigue:
«Supervisión de cuarentena de animales de compañía procedentes de 
30,00»
países terceros
Veintisiete.  Se modifica la denominación del apartado 01 del subapartado 01 del 
párrafo 24 del anexo 2, que queda redactado como sigue:
«01.  SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICA EN 
ONDAS MÉTRICAS CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA».
Veintiocho.  Se añade un apartado 03 en el subapartado 01 en el apartado 24 del 
anexo 2, que queda redactado como sigue:
«03.  SERVICIOS  DE  COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL  RADIOFÓNICA 
DIGITAL TERRESTRE LOCAL Y AUTONÓMICA.
TASAS POR LICENCIA, SEGÚN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE LA RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL TERRESTRE LOCAL EN GALICIA.
Referencia Denominación Tasa (€)
CL01C Coruña. 12.152
CL02C Coruña. 12.152
CL03C Santiago de Compostela. 5.657
CL04C Ribeira. 2.893
CL05C Carballo. 1.180
CL06C Pontes de García Rodríguez. 408
CL01LU Lugo. 4.176
CL02LU Monforte de Lemos. 863
CL03LU Fonsagrada. 290
CL04LU Viveiro. 1.238
CL05LU Vilalba. 352 s
CL01OU Ourense. 4.902 bo
CL02OU Verín. 790 33ww
CLO3OU Barco De Valdeorras. 726
CCLL0012PPOO PPoonntteevveeddrraa.. 1144..556688 BOE-A-cable e
Referencia Denominación Tasa (€)
CL03PO Estrada. 1.236
CL04PO Ponteareas. 1.387
RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  TERRESTRE  AUTONÓMICA  EN 
GALICIA.
Referencia Denominación Tasa (€)
FU-GAL Galicia (frecuencia única). 47.029
MF-GAL Galicia (multi-frecuencia). 47.029»
Veintinueve.  Se modifica el subapartado 02 del párrafo 24 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Arrendamiento, y sus sucesivas prórrogas, de licencias para prestadores de 
servicio  de  comunicación  audiovisual:  50  %  sobre  la  tasa  resultante  de  la 
adjudicación de la licencia.»
Treinta.  Se modifica el subapartado 01 del párrafo 44 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Análisis de biotoxinas marinas en moluscos y otros organismos procedentes 
 
de la pesca, el marisqueo y la acuicultura:
– Análisis de toxinas lipofílicas por cromatografía líquida con detección de 
101,16
espectrometría de masas (LC-MS/MS).
– Análisis de toxicidad tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia 
50,50
según el método de la AOAC.
– Análisis combinado en una misma muestra de toxinas lipofílicas por 
cromatografía líquida con detección de espectrometría de masas (LC-MS/
MS), análisis de toxicidad tipo PSP por cromatografía líquida de ultra-alta 
200,40
eficacia con detector de fluorescencia (UHPLC-FLD) según el método oficial 
AOAC 2005.06 y análisis de toxicidad de tipo ASP por cromatografía liquida 
de alta eficacia según el método de la AOAC.
– Análisis de toxinas PSP mediante cromatografía líquida de ultra-alta 
eficacia con detector de fluorescencia (UHPLC-FLD) según el método oficial  122,36»
de la AOAC-2005.06.
Treinta  y  uno.  Se  añaden  los  siguientes  apartados  en  el  subapartado  04  del 
párrafo 44 del anexo 2 con el siguiente tenor:
«– Análisis de PCB y pesticidas por cromatografía de gases/espectrometría 
489,5
de masas en tándem, GC-MS/MS.
– Análisis de PCB por cromatografía de gases/espectrometría de masas en 
311,97
tándem, GC-MS/MS.
– Análisis de pesticidas por cromatografía de gases/espectrometría de masas  e.
311,97» bo
en tándem, GC-MS/MS. w.
Treinta y dos.  Se modifica el subapartado 13 del párrafo 29 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Inscripción en el Registro de direcciones facultativas de actividades 
13,65»
mineras.
Treinta y tres.  Se añade el subapartado 18 del párrafo 29 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Inscripción en el Registro de solicitudes de derechos mineros. 20,96»
Treinta y cuatro.  Se modifica el párrafo 68 del anexo 3 en los siguientes términos:
«68. Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Administración 
hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia, por metro cúbico de agua  0,024»
captado.
Treinta  y  cinco.  Se  modifica  el  número  Uno  del  apartado  VI,  relativo  a  las 
exenciones y bonificaciones en el párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como 
sigue:
«Uno.  No se concederán bonificaciones ni exenciones en el pago de estas 
tarifas, excepto las previstas en las reglas de su aplicación. No obstante, quedan 
exentos del pago de las tarifas generales y específicas:
1.º)  En las tarifas generales, los barcos de guerra y las aeronaves militares 
nacionales. Del mismo modo, los extranjeros que, en régimen de reciprocidad, no 
realicen operaciones comerciales y siempre que su visita tenga carácter oficial o 
de arribada forzosa.
2.º)  En  las  tarifas  generales,  las  embarcaciones  dedicadas  por  las 
administraciones  públicas  a  labores  de  vigilancia,  investigación,  protección  y 
regeneración  costera,  represión  del  contrabando,  salvamento,  lucha  contra  la 
contaminación  marítima,  enseñanzas  marítimas  y,  en  general,  las  misiones 
oficiales de su competencia.
3.º)  En las tarifas generales, el material y las embarcaciones de la Cruz Roja 
Española  dedicadas  a  las  labores  propias  que  tiene  encomendadas  esta 
institución.
4.º)  En  la  tarifa  especifica  E-2,  por  la  utilización  de  las  instalaciones 
portuarias por parte de la Administración del Estado y de las administraciones 
locales, cuando se trate de actividades enmarcadas dentro de sus finalidades 
públicas, que impliquen la ocupación de superficie descubierta para la instalación 
de equipamientos urbanos y ornamentales, de seguridad, o de protección o mejora 
del medio ambiente, siempre y cuando esta superficie siga quedando afecta al uso 
público portuario de uso general no exclusivo y no sea objeto de explotación 
económica  directa  o  indirecta.  Quedan  excluidas  de  esta  exención  aquellas 
ocupaciones vinculadas a la realización de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.»
Treinta y seis.  Se suprime el número 5 de la regla cuarta de la tarifa X-1 contenida  e.
en el subapartado 01 del párrafo 99 del anexo 3. w.
Treinta y siete.  Se modifica el primer párrafo de la regla segunda de la tarifa X-4  33ww
sciognutee:nida en el subapartado 01 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como
«Segunda.  Son  sujetos  obligados  al  pago  el  armador  del  buque,
consignatario, o quien en su representación realice la primera venta. El sujeto
pasivo  deberá  hacer  repercutir  el  importe  de  la  tarifa  X-4  sobre  el  primer 
comprador de la pesca, si lo hubiese, por lo que este queda obligado a soportar 
dicha repercusión, que se hará constar de manera expresa y separada en la 
factura o en el documento equivalente.»
Treinta  y  ocho.  Se  modifica  la  regla  novena  de  la  tarifa  X-4  contenida  en  el 
subapartado 01 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Novena.  El  sujeto  pasivo  obligado  al  pago  deberá  presentar  para  la 
liquidación de esta tarifa, antes de empezar la descarga, la carga o el trasbordo, o, 
en todo caso, antes de abandonar el puerto, una declaración o un manifiesto de 
pesca, donde se indicará el peso de cada una de las especies que se van a 
manipular.
Si la actividad de lonja está gestionada mediante concesión o autorización de 
ocupación de dominio público, el titular estará obligado a declarar los datos de 
base  para  practicar  las  liquidaciones  y  abonar  la  correspondiente  cantidad  a 
Puertos de Galicia, teniendo la condición de sustituto del contribuyente.
Preferentemente,  Puertos  de  Galicia  realizará  la  liquidación  de  la  tarifa 
aplicable a la pesca sobre la base de los datos obtenidos de manera telemática 
por la consejería competente en materia de mar o por el titular de la concesión o 
autorización. No obstante, si no fuese posible practicar la liquidación de este 
modo, el titular de la concesión o autorización deberá remitir mensualmente a 
Puertos  de  Galicia,  con  el  formato  que  este  determine,  la  documentación 
necesaria para practicar dicha liquidación, que consistirá en una relación detallada 
del importe de las ventas efectuadas por cada embarcación o mariscador a pie, 
durante el mes.
Como  sustituto  del  contribuyente,  la  entidad  gestora  de  la  lonja  será 
beneficiaria de una reducción, que podrá repercutir total o parcialmente a los 
sujetos pasivos de la tasa, motivada por la carga derivada por su gestión de cobro, 
del 0,040 por 100, a aplicar sobre el importe de las ventas efectuadas en el 
período correspondiente.»
Treinta y nueve.  Se modifica la letra b) de la regla séptima de la tarifa X-5 contenida 
en el subapartado 01 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«b)  Para embarcaciones con base en el puerto, por semestres adelantados 
para el año 2021. La domiciliación bancaria podrá ser exigida por Puertos de 
Galicia de considerarlo conveniente para la gestión tarifaría de las instalaciones.»
Cuarenta.  Se añade una nueva tarifa X-6 en el subapartado 01 del párrafo 99 del 
anexo 3, que queda redactado como sigue:
«TARIFA X-6. SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS 
POR BUQUES.
Primera.  El  hecho  imponible  de  esta  tarifa  abarca  la  disponibilidad  del 
servicio de recepción de desechos de carga generados por buques, y, en su caso, 
su  prestación  efectiva,  y  dicha  tasa  será  aplicable,  en  la  cuantía  y  en  las 
condiciones que se indican más adelante, a todos los barcos que entren en las 
aguas del puerto. s
El hecho imponible de la tasa incluirá, asimismo, la emisión del certificado por  oe.
la prestación del servicio de recepción de desechos según lo dispuesto en el  w.
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de  33ww
nseorvvieicmiob sree gdúen  1s9u7 t3ip, ocloognívae.nio MARPOL, por la escala o el período incluido en el
Segunda.  El devengo de esta tasa se producirá cuando la embarcación entre 
en las aguas del puerto desde la fecha de autorización, o, en su defecto, cuando 
sea detectada su presencia.
Tercera.  Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tarifa los armadores o 
sus representantes o los consignatarios de los barcos que entren en las aguas del 
puerto por la disponibilidad de los servicios, por su prestación efectiva o por la 
emisión de los certificados correspondientes.
Para las embarcaciones deportivas y de ocio, serán sujetos pasivos, con 
carácter solidario, el titular de la embarcación o su representante autorizado y, en 
su caso, el titular del derecho de uso preferente del amarre o del anclaje. En las 
instalaciones incluidas en el ámbito de una concesión o autorización en la cual se 
prevea la obligación de prestar el servicio de recepción de desechos, Puertos de 
Galicia garantizará su efectiva prestación por parte del gestor de la instalación y 
emitirá el certificado correspondiente, siendo en este caso el importe de la tasa 
el 10 % de la cuantía indicada en la regla quinta.
Para las embarcaciones del sector de acuicultura, cuando se adhieran a un 
convenio por pertenencia a asociación profesional del sector, la asociación será el 
sustituto  del  contribuyente  y  tendrá  que  cumplir  en  el  lugar  de  aquel  las 
obligaciones formales y materiales derivadas de la obligación tributaria.
Son  responsables  subsidiarios  del  pago  de  la  tarifa  el  capitán  de  la 
embarcación y su patrón habitual.
Cuarta.  Las bases para la liquidación de esta tarifa serán, para los buques 
mercantes y los pesqueros con bandera no española, salvo que acrediten estos 
últimos la base u operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia,  los  metros  cúbicos  de  desechos  retirados,  y,  para  las  restantes 
embarcaciones, la eslora máxima en función del tipo de embarcación.
Quinta.  La cuantía de la tarifa será la siguiente:
a)  Para los buques mercantes y los pesqueros con bandera no española, salvo 
que acrediten estos últimos la base u operen habitualmente en un puerto dependiente 
de Puertos de Galicia, por cada una de las escalas que realicen en las que soliciten la 
recogida de desechos del anexo I y/o anexo IV incluidos en el Convenio internacional 
para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 1973, convenio 
MARPOL, el importe de la tasa será la resultante de aplicar los siguientes importes al 
volumen realmente recogido en cada servicio prestado:
1.  Recogida de desechos del anexo I.
Una cuantía fija de 555 €/ servicio por los primeros 5 m3.
Por cada m3 en exceso, sobre los primeros 5 m3, se incrementará 92,5 € por 
cada m3.
2.  Recogida de desechos del anexo IV.
Por cada m3 se aplicará una cuantía de 144 €/m3.
En el supuesto de que el buque no solicite ni el servicio de recepción de 
desechos  del  anexo  I  ni  del  anexo  IV  incluidos  en  el  convenio  MARPOL, 
independientemente del volumen de desechos recepcionados del anexo V del 
mismo convenio, se aplicará una cuantía fija de 90 € por escala.
b)  Para embarcaciones pesqueras y del sector de la acuicultura, que tengan  bo
base u operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de Galicia, se  33ww
aplicPaarráan  elamsb sairgcuaiecinotneess c pueasnqtíuaesr faijsa:s:
– Si eslora ≤ 10 m: 53,88 €/año.
– Si eslora > 10 m y ≤ 15 m: 70,05 €/año.
– Si eslora > 15 m y ≤ 20 m: 107,77 €/año.
– Si eslora > 20 m y ≤ 25 m: 161,65 €/año.
– Si eslora > 25 m: 269,41 €/año.
Para las embarcaciones auxiliares de acuicultura:
– Si eslora ≤ 10 m: 69,40 €/año.
– Si eslora > 10 m: 104,10 €/año.
La tarifa se liquidará anualmente por adelantado.
Para las embarcaciones pesqueras se liquidará empleando los datos de las 
embarcaciones de base en los puertos dependientes de Puertos de Galicia, y, en 
su defecto, podrá emplearse el registro de embarcaciones pesqueras de Galicia, 
elaborado por la consejería competente en materia de mar.
Para  las  embarcaciones  del  sector  de  acuicultura  que  se  adhieran  a  un 
convenio anual descrito en la regla décima de la tarifa X-1, decimoquinta de la 
tarifa X-2 y décima de la tarifa X-3, por pertenencia a una asociación profesional 
del sector, la liquidación de la tasa X-6 se podrá incluir en el citado convenio.
Para las embarcaciones pesqueras y del sector de la acuicultura que no 
tengan base ni operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia, se aplicarán las siguientes cuantías fijas por escala:
Para embarcaciones pesqueras:
– Si eslora ≤ 10 m: 16,84 €/escala.
– Si eslora > 10 m y ≤ 15 m: 21,89 €/escala.
– Si eslora > 15 m y ≤ 20 m: 26,94 €/escala.
– Si eslora > 20 m y ≤ 25 m: 50,51 €/escala.
– Si eslora > 25 m: 84,19 €/año.
Para las embarcaciones auxiliares de acuicultura:
– Si eslora ≤ 10 m: 21,69 €/escala.
– Si eslora > 10 m: 32,53 €/escala.
El certificado emitido por la escala de la embarcación de paso por el puerto 
tendrá validez por tres meses en cualquier puerto dependiente de Puertos de 
Galicia en ese período.
c)  Para las embarcaciones deportivas y de ocio, con base en un puerto 
dependiente de Puertos de Galicia, se aplicarán las siguientes cuantías fijas:
– Si eslora ≤ 8 m: 6,20 €/semestre.
– Si eslora > 8 m es ≤ 12 m: 18,59 €/semestre.
– Si eslora > 12 m: 22,31 €/semestre.
La liquidación se realizará conjuntamente con la tarifa X-5 por semestres (1.º 
y 2.º semestre del año) adelantados.
En el caso de embarcaciones deportivas y de ocio que no tengan la condición 
de embarcaciones de base en ningún puerto dependiente de Puertos de Galicia, 
se aplicará por cada escala la siguiente cuantía:
– Si eslora ≤ 8 m 1,29 €/escala. b
– Si eslora > 8 m y ≤ 12 m: 3,87 €/escala. 33ww
tend–Er álS  cvi eaerlstiidlfoiecrzaa  dp>oo  1re 2um mni t:im d4oe,6 sp5 eo €nr / elcasu caealsqlcaua.ielar  dpeu elrat oe dmebpaerncdaiceiónnte  ddee  pPauseor topso rd eel  Gpuaelicrtioa   OE-A-2021-46able en https://
en ese período.
La liquidación se realizará, según la declaración realizada por el gestor a 
Puertos de Galicia, conforme al procedimiento y formato que señale Puertos de 
Galicia.
Si la embarcación que entre en las aguas portuarias recala en una instalación 
náutico-deportiva cuyo título administrativo de concesión o autorización incluya la 
obligación de prestar el servicio de recogida de desechos incluido en el convenio 
MARPOL, el gestor de la instalación realizará la prestación del servicio con medios 
propios y emitirá el certificado por la escala correspondiente.
En este caso, tanto para las embarcaciones de base como de paso por el 
puerto, el gestor de la instalación se subrogará en la obligación de los sujetos 
pasivos en lo relativo a la tarifa X-6, y será de aplicación, en ambos casos, una 
reducción del 90 % a favor del gestor de la instalación, a aplicar sobre el importe 
total de la tarifa, que podrá repercutirla a los sujetos pasivos de esta como 
consecuencia de la carga derivada por la prestación del servicio y subrogación del 
pago.
d)  Para embarcaciones destinadas al tráfico de pasajeros interior o de ría, o 
cualquier otra, que no estén incluidas en los supuestos anteriores y que tengan 
base u operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de Galicia, se 
aplicarán las siguientes cuantías fijas:
– Si eslora ≤ 15 m: 120,28 €/año.
– Si eslora > 15 m: 240,55 €/año.
La tarifa se liquidará anualmente por adelantado.
En el caso de las restantes embarcaciones de esta tipología que no tengan 
base u operen habitualmente en un puerto de Puertos de Galicia se aplicarán por 
cada escala las siguientes cuantías:
– Si eslora ≤ 15 m: 37,59 €/escala.
– Si eslora > 15 m: 75,17 €/escala.
El certificado emitido por la escala de la embarcación de paso por el puerto 
tendrá validez por tres meses en cualquier puerto dependiente de Puertos de 
Galicia en ese período.
Sexta.  El abono de la tasa X-6 en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia, por los períodos indicados en la regla quinta de la presente tarifa en 
función de la tipología de la embarcación, exime del pago de la tarifa en otro 
puerto dependiente de Puertos de Galicia en ese período, por la disponibilidad o 
prestación del servicio de recogida de desechos de carga generados por buques.»
Cuarenta y uno.  Se modifica la regla primera de la tarifa E-2 contenida en el 
subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Primera.  Esta tarifa abarca la utilización de las instalaciones portuarias, 
incluyendo sus explanadas, alpendres, cobertizos, almacenes, depósitos, locales y 
edificios, con sus servicios generales correspondientes, y la lámina de agua por 
artefactos  o  estructuras  flotantes  que  no  tengan  consideración  de  barco,  no 
explotados en régimen de concesión o autorización de ocupación de dominio 
público.» s
Cuarenta y dos.  Se modifica la relación de puertos de la zona sur prevista en la  w.b
regla quinta de la tarifa E-2 contenida en el subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3,  33ww
que quGeudaa«r rdZeaod,n aVac itlsaaudxroo:á  cSnoa,m nCoxae msnigbxuoae,d :oPso-nTtreavgeodvrea ,y  APleddárna, sM Neeirgar,a sD.»omaio, Meloxo, Baiona, A  OE-A-2021-46able en https://
Cuarenta y tres.  Se modifica la regla novena de la tarifa E-2 contenida en el 
subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Novena.  La ocupación de superficies portuarias requerirá la autorización 
previa de Puertos de Galicia. En el caso de ocupación de superficie sin contar con 
esta autorización, la tarifa que se aplicará durante el plazo de ocupación será el 
quíntuplo de la que con carácter general le correspondería, sin perjuicio de que 
Puertos de Galicia pueda proceder a la retirada de los materiales depositados, por 
lo que pasará el correspondiente cargo y, en todo caso, el valor de los mismos 
responderá de los gastos de transporte y almacenamiento.»
Cuarenta y cuatro.  Se modifica la regla décima de la tarifa E-2 contenida en el 
subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Décima.  La utilización de las superficies conforme a esta tarifa implica la 
obligación para el usuario de que, cuando sean retiradas las mercancías o los 
elementos,  la  superficie  liberada  deberá  quedar  en  iguales  condiciones  de 
conservación y limpieza que tenía cuando se ocupó, y si no se hizo así Puertos de 
Galicia  podrá  efectuarlo  por  sus  propios  medios,  de  lo  que  pasará  el  cargo 
correspondiente. Las mercancías serán depositadas en la forma y con el orden y 
altura  de  estiba  que  determine  Puertos  de  Galicia,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones vigentes, observándose las precauciones necesarias para asegurar 
la estabilidad de los montones acomodados.»
 Cuarenta y cinco.  Se modifica la regla decimotercera de la tarifa E-2 contenida en 
el subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Decimotercera.  La  forma  de  medir  los  espacios  ocupados  con  las 
mercancías o con los elementos será por el rectángulo circunscrito exteriormente a 
la partida total de mercancías o elementos depositados, definido de forma que dos 
de sus lados sean paralelos al cantil del muelle y los otros dos normales a este, 
redondeando el número de metros cuadrados que resulte para obtener el número 
inmediato  sin  decimales.  Del  mismo  modo  se  procederá  en  cobertizos  y 
almacenes, para lo cual servirán de referencia sus lados.
En el supuesto de otras ocupaciones que no se produzcan en las cercanías 
del  cantil  Puertos  de  Galicia  realizará,  mediante  la  medición  del  rectángulo 
circunscrito que genere la ocupación, incluyendo en ese rectángulo las áreas de 
maniobra y tránsito que sean necesarias para la manipulación de la mercancía o 
de los elementos depositados, redondeando el número de metros cuadrados que 
resulte para obtener el número inmediato sin decimales.
En  el  supuesto  de  ocupaciones  vinculadas  a  un  título  administrativo  de 
utilización  de  las  instalaciones  portuarias  emitido  con  carácter  previo  a  su 
realización, la superficie será la autorizada, sin perjuicio de que por parte de 
Puertos  de  Galicia  se  puedan  realizar  los  ajustes,  las  comprobaciones  y 
modificaciones oportunas, y se liquide tomando como base la ocupación real.»
Cuarenta y seis.  Se modifica la regla decimonovena de la tarifa E-2 contenida en el 
subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Decimonovena.  En  las  superficies  ocupadas  por  mercancías  s
desembarcadas se tomará como base de la liquidación la superficie ocupada al  oe.
final  de  la  operación  de  descarga,  medida  según  se  establece  en  la  regla  w.
decimotercera. 33ww
de lPau eerxtpolso tdaec iGóna,l icdiae,c iadtierán dcieonndtaob ail ilzaa mr elajo rs ugpeesrtifóicnie d ep olar  tpaarirfatid ya as  loa  rbaiceino npaolidr aedl 
cargamento completo.
Esta superficie se irá reduciendo al levantar la mercancía, a los efectos del 
abono, por cuartas partes, con lo que se tomará la totalidad mientras no se levante 
el 25 % de la superficie ocupada; el 75 % cuando alcance el 25 %, sin llegar 
al 50 %; el 50 % cuando exceda del 50 %, sin llegar al 75 %, y el 25 % cuando 
exceda del 75 %, y hasta la total liberación de la superficie ocupada. En todo caso, 
este último cuarto se deberá contabilizar siempre por partidas. De considerarlo 
necesario, Puertos de Galicia podrá establecer otro sistema de medición con 
distintas graduaciones, o bien continuo, en función del proceso de levantamiento 
de la mercancía.
En las superficies ocupadas por mercancías con destino a ser embarcadas se 
aplicarán  criterios  de  graduación  crecientes  similares  a  los  anteriormente 
señalados para las mercancías desembarcadas.
En cualquier caso, solo se podrá considerar una superficie libre, a los efectos 
de esta tarifa, cuando quede en iguales condiciones de conservación y limpieza en 
que se ocupó y sea accesible y útil para otras ocupaciones.»
Cuarenta y siete.  Se modifica la letra b) de la regla quinta de la tarifa E-3 contenida 
en el subapartado 02 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«b)  Las cuantías de la tasa para las restantes instalaciones:
Las bases de cálculo de la tasa portuaria se definen según los conceptos de 
energía establecidos en referencia directa al cálculo de la factura eléctrica del 
mercado  minorista  español  establecido  en  el  Real  decreto  1164/2001  y,  en 
particular, a la tarifa PVPC simple de un único período 2.0 A establecida en el Real 
decreto 216/2014, con precios de los términos de peajes de acceso y margen de 
comercialización fijo vigentes, según la formulación siguiente:
Tasas E-3 en el período de devengo = (PA+EA) x Rv x IE + Ct.
Siendo:
– Concepto de potencia accesible (PA): resulta de la aplicación del precio de la 
potencia vigente en el año natural de devengo. Se fija para el ejercicio 2021 y 
siguientes una cuantía de 0,1152 €/kW.día, multiplicado por la potencia disponible 
de la instalación, que viene determinada por el calibre del interruptor general de 
protección de la línea de acometida (kW), multiplicado por los días comprendidos 
en el período de facturación.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa 
legalmente aprobada.
– Concepto de energía activa (EA): resulta de la aplicación del precio de la 
energía vigente en el año natural de devengo, multiplicado por la diferencia de 
lecturas del equipo de medida tomadas el primer día y el último del período de 
devengo en kWh.
El precio de la energía vigente en el año natural será una cuantía fija para todo 
el año natural, siendo este valor el precio medio de la energía publicado por el 
ministerio con competencia en materia de energía del período interanual calculado 
a partir del 1 de julio. Para el ejercicio 2021 y siguientes este valor medio es 
de 0,124677 €/kWh.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa  es
legalmente aprobada. o
– Recargo por el volumen de kWh consumidos (Rv): se establece un recargo  33ww
de la tarifa base consumida comprendida entre el 2 % y el 10 %, dependiendo
dicho  porcentaje  del  consumo  medio  diario  realizado  durante  el  período  de 
devengo, según la siguiente tabla:
Promedio de los kWh consumidos día durante el período liquidado Recargo ( %)
Igual o superior a 300 kWh/día. 10 %
Igual o superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día.  8 %
Igual o superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día.  6 %
Igual o superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día.  4 %
Igual o superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día.  2 %
Donde:
Rv = 1 + Recargo (%)/100.
–  Impuesto  eléctrico  (IE):  sobre  el  concepto  de  potencia  accesible  y  el 
concepto de energía activa será de aplicación el porcentaje correspondiente al 
impuesto  eléctrico  legalmente  establecido  por  el  organismo  competente.  El 
impuesto eléctrico para el ejercicio 2021 y siguientes es de un 5,11269632 %. No 
obstante,  en  el  supuesto  de  que  sufra  variaciones  durante  este  ejercicio,  se 
adaptará la formulación al impuesto vigente en el período de devengo.
Donde:
IE  =  1  +  Gravamen  impuesto  eléctrico  (%)/100  =  1+5,11269632/100  = 
1,0511269632. (14).
– Cuantía por puesta a disposición de contador (Ct): por los trabajos de 
conexión, desconexión y tramitación administrativa de instalación y seguimiento se 
establece una cuantía fija de 0,05 €/día en suministros efectuados en baja tensión 
y  de  0,5  €/día  en  suministros  efectuados  en  media  tensión,  por  los  días 
comprendidos entre el primero y el último del período de devengo.»
Cuarenta  y  ocho.  Se  modifica  el  segundo  párrafo  del  apartado  6.B.1  del 
subapartado 03 del párrafo 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«Se considerará que la intensidad de la actividad es alta cuando se desarrolle 
en los puertos de: Ribadeo, Burela, Celeiro, Ortigueira, Cedeira, Ares, Sada, 
Muros, Noia, Portosín, Porto do Son, Aguiño, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, 
Rianxo, Carril, O Xufre, Vilanova, Cambados-Tragove, O Grove, Pedras Negras, 
Portonovo, Sanxenxo, Combarro, Pontevedra, Bueu, Cangas, Moaña e Baiona.»
Cuarenta y nueve.  Se modifica el valor del coeficiente Ce de la fórmula de cálculo 
de la base imponible de la tarifa 05, apartado 02, contenida en el anexo 5, que queda 
como sigue:
«Ce= coeficiente por la clasificación técnica de la carretera:
1,20 en el caso de autopistas, autovías o vías para automóviles.
0,80 en el caso de vías convencionales.» e.e
3.  Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones excepcionales dirigidas 
a paliar los efectos de la COVID-19 respecto de la hostelería radicada en los puertos 
dependientes de la Comunidad Autónoma:
a)  Exenciones:
1.ª)  Tarifa E-2:
Estarán exentas las ocupaciones de superficie autorizadas para su destino como 
terraza de hostelería en el período de devengo comprendido desde la entrada en vigor 
del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y hasta el 
levantamiento de la declaración de situación de emergencia sanitaria de interés gallego 
efectuada por el Acuerdo del Consejo de la Xunta de 13 de marzo de 2020.
2.ª)  Tarifa portuaria por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 
servicios, en la modalidad de actividades auxiliares no estrictamente portuarias.
Estarán exentas las instalaciones, en el dominio público portuario, de terraza de 
hostelería vinculadas a una autorización de ocupación de superficie otorgada a tal fin, en 
el período de devengo comprendido entre la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la  COVID-19,  y  hasta  el  levantamiento  de  la 
declaración de situación de emergencia sanitaria de interés gallego efectuada por el 
Acuerdo del Consejo de la Xunta de 13 de marzo de 2020.
Las cantidades ya liquidadas e ingresadas por estas tasas en los períodos indicados 
podrán  ser  devueltas  a  solicitud  de  la  persona  interesada,  de  acuerdo  con  los 
procedimientos aplicables según la normativa tributaria.
b)  Bonificaciones en la tasa por utilización privativa, ocupación o aprovechamiento 
especial del dominio público portuario.
Será de aplicación una bonificación en la tasa respecto de las ocupaciones de 
dominio público portuario amparadas por una concesión o autorización en que se admita 
el uso hostelero.
La bonificación será de aplicación en el período comprendido desde el 1 de enero 
de 2021 hasta seis meses después del levantamiento de la declaración de situación de 
emergencia sanitaria de interés gallego efectuada por el Acuerdo del Consejo de la 
Xunta de 13 de marzo de 2020.
Para tener derecho a la bonificación deberá presentarse la correspondiente solicitud 
ante Puertos de Galicia, acompañada de la documentación acreditativa de un descenso 
en el importe neto de la cifra anual de negocio de la actividad de hostelería, en el período 
comprendido entre la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
el 31 de diciembre de 2020 de, al menos, un 30 % respecto al mismo período del año 
anterior.
El importe de la bonificación, para cada período de liquidación, será equivalente 
al 50 % de la cuantía de la tasa correspondiente al ámbito de ocupación del suelo 
portuario, obras o instalaciones destinadas exclusivamente al uso hostelero, en caso de 
que la actividad de hostelería sea desarrollada por la persona titular de la concesión o 
autorización del dominio público portuario. s
En el supuesto de que la actividad de hostelería sea realizada por un tercero en  oe.
virtud de una cesión por parte de la persona titular de la concesión o autorización, para  w.
que  esta  última  tenga  derecho  a  la  bonificación  deberá  presentar  con  la  solicitud,  33ww
addisemmináusc dióen  ldae dl oimcupmoreten tadcei ólan  caonntetrsa pinredsictaacdiaó,n  aqquuee lelal  tqeurcee aroc rqeudeit ed elas aarprolicllea cliaó na cdtiev iudnaad 
dlae  cheossitóenle. rEían d eesbtae  acbaosnoa, r eal  laim ppeorrsteo ndae t itlual abr odneif ilcaa ccoiónnc esseiórán  od ea uctuoarinztaíaci óenq euniv avliertnutde  dael   BOE-A-cable e
importe de la disminución aplicada, con el límite máximo previsto en el párrafo anterior, y 
la bonificación se aplicará en cada período de liquidación al que se extienda dicha 
disminución, con el límite máximo de vigencia de la bonificación fijado anteriormente.
Artículo 4.  Canon del agua y coeficiente de vertido.
1.  La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se modifica el número 5 del artículo 56, que queda redactado como sigue:
«5.  En aquellos casos en que el volumen de agua vertido sea distinto al 
volumen de agua consumido o utilizado, el tipo de gravamen especial en la 
modalidad de carga contaminante se verá afectado por un coeficiente corrector de 
volumen (CCV), que expresará la relación existente entre ambos volúmenes.
Para la aplicación de este coeficiente corrector de volumen es preciso, salvo 
las excepciones que se determinen reglamentariamente, que el obligado tributario 
disponga de aparatos de medida en las fuentes de abastecimiento de agua y en el 
vertido. En otro caso, este coeficiente tomará el valor de 1.
En caso de que la base imponible venga constituida por el volumen vertido, 
este coeficiente tomará el valor de 1.»
Dos.  Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:
«Artículo  59.  Usos  de  aguas  termales,  minero-medicinales  y  marinas  en  la 
actividad balnearia.
1.  La cuota del canon resultará de la adición de una parte fija y de una parte 
variable.
2.  La parte fija de la cuota será de 2,57 euros por contribuyente y mes.
3.  El tipo de gravamen de la parte variable en las aguas termales, minero-
medicinales y marinas destinadas a uso terapéutico será de 0,0085 euros por 
metro cúbico.
4.  Reglamentariamente  se  fijarán  las  condiciones  que  deben  cumplir  las 
aguas  para  tener  la  consideración  de  aguas  termales,  minero-medicinales  y 
marinas en la actividad balnearia.
5.  En las aguas termales para el aprovechamiento lúdico a las que resulte de 
aplicación la Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento 
lúdico  de  las  aguas  termales  de  Galicia,  la  cuota  del  canon  del  agua  se 
determinará de igual modo que el indicado en este artículo para los usos de aguas 
termales, minero-medicinales y marinas en la actividad balnearia.»
2.  Como  medida  excepcional  dirigida  a  paliar  los  efectos  de  la  COVID-19  en 
determinados sectores, se establece la siguiente exención aplicable al canon del agua y 
al coeficiente de vertido.
Quedan  exentos  del  pago  del  canon  del  agua  o  del  coeficiente  de  vertido  los 
consumos de agua correspondientes a los períodos de facturación comprendidos entre 
el 5 de noviembre de 2020 y la fecha en que se levante la declaración de situación de 
emergencia sanitaria de interés gallego efectuada por el Acuerdo del Consejo de la 
Xunta  de  13  de  marzo  de  2020,  ambas  fechas  incluidas,  en  los  siguientes  s
establecimientos, siempre que estos hayan disminuido significativamente su actividad en  o
ese período: w.
cafeate) ríaEss yta bbalerecism.ientos  de  restauración:  restaurantes,  salones  de  banquetes,
discbo)t ecLaoss,  psuibgsu,i ecnatfeéss  eessptaebclteácciumloie yn tfousra ndceh oosc.io  y  entretenimiento:  salas  de  fiestas,  BOE-A-cable e
c)  Hoteles y alojamientos turísticos.
d)  Albergues turísticos.
A  los  efectos  de  la  aplicación  de  la  exención,  se  entenderá  producida  una 
disminución significativa de la actividad en los establecimientos indicados cuando en el 
período de vigencia de la exención los consumos realizados sean iguales o inferiores 
al 25 % del consumo realizado en el período de facturación inmediatamente anterior al 5 
de noviembre de 2020.
En el caso de contribuyentes que no dispongan de contador de agua que permita 
determinar la variación de consumos por este medio, la disminución significativa de la 
actividad que dé derecho a la exención deberá acreditarse mediante la aportación por 
aquellos de los registros de alojamientos, de los servicios efectivamente realizados o del 
consumo eléctrico de los que se desprenda una disminución de la actividad en el período 
de vigencia de la exención de, al menos, el 75 % respecto de la actividad desarrollada en 
el período de facturación inmediatamente anterior al 5 de noviembre de 2020. En caso 
de que la disminución significativa de la actividad en los términos indicados en los dos 
párrafos  anteriores  solo  se  produzca  en  alguno  o  en  algunos  de  los  períodos  de 
facturación incluidos dentro del período de vigencia de la exención, la exención solo se 
aplicará en aquellos períodos de facturación en que tenga lugar la disminución. Las 
entidades suministradoras vendrán obligadas a no repercutir el canon del agua y, en su 
caso, el coeficiente de vertido, a los abonados que, conforme a lo previsto anteriormente, 
tengan derecho a la exención. Respecto de aquellos importes ya repercutidos en la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, las entidades suministradoras deberán regularizar 
tales importes en la primera facturación que realicen, con posterioridad a dicha fecha, a 
los abonados que sean beneficiarios de la exención. En el supuesto de contribuyentes 
que se abastezcan de fuentes propias de abastecimiento de agua, Augas de Galicia no 
liquidará el canon del agua y, en su caso, el coeficiente de vertido, correspondiente al 
período o períodos de facturación en que se tenga derecho a la exención.
La exención regulada en este artículo se tramitará a solicitud previa del interesado en 
la que justifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.
TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Empleo público
Artículo 5.  Modificación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
La Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Personal laboral.
El personal laboral al servicio de las administraciones públicas incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta ley se rige, además de por la legislación laboral y por  e.e
las normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de esta ley que así lo  b
dispongan. 33ww
diferNeon teo bdseta nlat em, eand rem abtieorlóiag idcea  pye lramcitsaonsc iad,e  enl apceimrsieonntaol , laabdoorpacl ióanl ,s deervl ipciroo gdeen iltaosr 
aadpmliciancisiótrna caio ensetse  ppúebrlsicoansa sl,e p roerg ilroá  tpaonrt olo,  lparse vpisretov iesino nlae sp rdeese lnat ele lgeiys, lancoi ósnie nladboo rdael 
sobre  las  suspensiones  de  los  contratos  de  trabajo  que,  en  su  caso, 
corresponderían por los mismos supuestos de hecho.»
Dos.  Se añaden las letras r), s) y t) al número 2 del artículo 14, con la siguiente 
redacción:
«r)  Ejercer  las  competencias  relativas  a  la  formación  de  los  empleados 
públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de 
las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otros órganos.
s)  Ejercer  las  competencias  relativas  a  la  inspección,  la  evaluación,  la 
auditoría, el control y la mejora del funcionamiento de los órganos, servicios y 
unidades de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de 
las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otros órganos.
t)  Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de jornada, 
horario, permisos y licencias del personal al servicio de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales 
del sector público autonómico.»
Tres.  Se suprimen las letras b), c) y 1 d) del artículo 15.
Cuatro.  Se añade el número 6 al artículo 104, con la siguiente redacción:
«6.  De conformidad con la legislación básica estatal, para hacer efectivo su 
derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan 
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su 
cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los 
hijos de los heridos y fallecidos, siempre que tengan la condición de funcionarios y 
de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los 
funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 
de  septiembre,  de  reconocimiento  y  protección  integral  a  las  víctimas  del 
terrorismo, contando con el previo reconocimiento del Ministerio del Interior o con 
una sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo 
propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, 
cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la 
comunidad  autónoma.  Aun  así,  en  tales  supuestos  la  Administración  pública 
competente estará obligada a comunicarle las vacantes situadas en la misma 
localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso, este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario 
para la protección y asistencia social integral de la persona a que se concede, ya 
sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la 
amenaza  a  que  se  encuentra  sometida,  en  los  términos  previstos 
reglamentariamente.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de 
sus  descendientes  y  los  de  cualquier  persona  que  esté  bajo  su  guarda  o 
custodia.»
Cinco.  Se modifican los números 3, 4 y 5 del artículo 106, que quedan redactados  e.e
como sigue: b
erpefredocup«tcoi3vcr.aci ói onLns auads le   dpfleauro  nsjtcoeuircosncn airaóedrntaira  ibsdou e vc íistocruatni bmeadsaje oser  enddc iealha ro ivom i odepledeo inrd caahisa oei rsandtes eqn  cucgoeiéam n speeslraoeo ct anitaseiel c yne ienscnatoe rngido red apriles,a mcrhaoino  hu aaac ci óellnaar     OE-A-2021-46able en https://
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo  que  sean  procedentes,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se 
determinen.
En  el  supuesto  enunciado  en  el  párrafo  anterior,  la  funcionaria  pública 
mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o 
menos.
4.  De conformidad con la legislación básica estatal, para hacer efectivo su 
derecho a la protección y a la asistencia social integral, el personal funcionario que 
haya  sufrido  daños  físicos  o  psíquicos  como  consecuencia  de  la  actividad 
terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de 
los heridos y fallecidos, siempre que tengan la condición de personal funcionario y 
de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como el 
personal funcionario amenazado en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del 
terrorismo, contando con el previo reconocimiento del Ministerio del Interior o con 
una sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o 
de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los 
términos que establezca la Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que 
resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a 
que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción 
terrorista, ya sea por la amenaza a que se encuentra sometida, en los términos 
previstos reglamentariamente.
5.  El personal funcionario con hijos o personas acogidas menores de doce 
años a su cargo o con familiares convivientes que, por enfermedad o avanzada 
edad, necesiten la asistencia de otras personas tiene derecho a la flexibilización 
de la jornada de trabajo dentro de un horario diario de referencia en los términos 
que reglamentariamente se determinen.
Idéntico derecho tendrá el personal funcionario que se encuentre en proceso 
de nulidad, separación o divorcio, desde la interposición de la demanda judicial o 
desde la solicitud de medidas provisionales previas hasta transcurridos tres meses 
desde dicha demanda o solicitud.»
Seis.  Se añade el número 6 al artículo 106 con la siguiente redacción:
«6.  Además de en los supuestos regulados en este artículo, el personal 
funcionario tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo o a otras 
adaptaciones  de  esta  en  los  supuestos  y  con  los  requisitos  que 
reglamentariamente se establezcan.»
Siete.  Se modifica el artículo 112, que queda redactado como sigue:
«Artículo 112.  Permiso por lactancia.
1.  Por lactancia de un hijo menor de doce meses, el personal funcionario 
tendrá derecho a una hora de ausencia del puesto de trabajo, que podrá dividir en 
dos fracciones. Este derecho podrá ser sustituido por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al  e.
final de la jornada, con la misma finalidad. w.b
El permiso recogido en este precepto constituye un derecho individual de los  33ww
gfuunacridoandaoriro os,  asciong qeudeo rp.ueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante,
acog2i.m  ieEnnt o,l oesl  dseurepcuheos toasl  pedrem isaod oppocri ólanc, tagnucaiar dpau ecdoen  ejefinrceesr sed ed uraadnotep ceiól na ñoo 
siguiente a la efectividad de la resolución judicial o administrativa de adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento, siempre que en el momento de esa 
efectividad el menor no haya cumplido los doce meses.
3.  Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta 
modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o del progenitor 
diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el nacimiento del 
menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados 
permisos.
4.  En los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple, la duración del permiso por lactancia se incrementará en 
proporción al número de hijos.»
Ocho.  Se modifican los números 2 y 3 del artículo 121, que quedan redactados 
como sigue:
«2.  La duración del permiso previsto en este artículo se ampliará en los 
casos y por los períodos que a continuación se determinan:
a)  Discapacidad del hijo o hija, dos semanas más, una para cada uno de los 
progenitores.
b)  Partos múltiples, dos semanas más para cada hijo a partir del segundo, 
una para cada uno de los progenitores.
c)  Partos prematuros y aquellos en los cuales, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, tantos días 
como el neonato se encuentre hospitalizado, hasta un máximo de trece semanas 
adicionales.
3.  En caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso 
podrá  llevarse  a  cabo,  a  voluntad  de  aquellos,  de  manera  interrumpida  y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta 
que el hijo o la hija cumpla los doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se 
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se 
realizará por semanas completas.»
Nueve.  Se modifica el número 1 del artículo 121, que queda redactado como sigue:
«1.  En los casos de parto, la madre funcionaria tiene derecho a un permiso 
retribuido  de  veintidós  semanas,  de  las  cuales  las  seis  semanas  inmediatas 
posteriores  al  parto  serán  en  todo  caso  de  descanso  obligatorio  e 
ininterrumpidas.»
Diez.  Se modifican los números 5 y 6 y se añade un número 7 en el artículo 121, 
que quedan redactados como sigue:
«5.  En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el período de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
6.  Del  permiso  previsto  en  este  artículo  se  puede  hacer  uso  a  jornada  e.
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y en  w.b
los términos que reglamentariamente se determinen. 33ww
desc7a. nsDou orabnligtea toerl iod, issferu pteo ddráe  peasrttiec ippaerr menis ocu, rusonsa  dvee zfo rfminaaclizióand oq ueel  cpoenrvíoodqou e dlae 
Administración.»
Once.  Se modifica el artículo 122, que queda redactado como sigue:
«Artículo  122.  Permiso  por  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o 
acogimiento.
1.  En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
tanto  preadoptivo  como  permanente  o  simple,  el  personal  funcionario  tiene 
derecho a un permiso retribuido de veintidós semanas. Seis semanas deberán 
disfrutarse  a  jornada  completa  de  forma  obligatoria  e  ininterrumpida 
inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
de acogimiento.
2.  La duración del permiso previsto en este artículo se ampliará en los casos 
y por los períodos que a continuación se determinan:
a)  Discapacidad del menor adoptado o acogido, dos semanas más, una para 
cada uno de los progenitores.
b)  Adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento  múltiple,  dos 
semanas más por cada menor adoptado o acogido a partir del segundo, una para 
cada uno de los progenitores.
3.  En caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización 
del descanso obligatorio posterior al hecho causante hasta que el hijo o hija 
cumpla los doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para 
cada período de disfrute, preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas 
completas.
4.  Del  permiso  previsto  en  este  artículo  puede  hacerse  uso  a  jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y en 
los términos que reglamentariamente se determinen.
5.  Durante  el  disfrute  del  permiso  previsto  en  este  artículo  el  personal 
funcionario  podrá  participar  en  los  cursos  de  formación  que  convoque  la 
Administración pública.
6.  Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente o simple, recogidos en este artículo son los 
que así se establezcan en la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.»
Doce.  Se modifica el número 2 del artículo 123, que queda redactado como sigue:
«2.  Con independencia de lo previsto en el número anterior, en los casos 
recogidos en este artículo, el permiso de adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento.»
Trece.  Se modifica el artículo 124, que queda redactado como sigue:
«Artículo  124.  Permiso  del  progenitor  diferente  de  la  madre  biológica  por  s
nacimiento, acogimiento, guarda con fines de adopción o adopción de un hijo o  o
hija. w.
adop1c. iónE nd leo su cna shoijso  doe  nhaijaci,m eiel nptoe,r saocnoagli mfuiennctioo,n agruioa rdqau ec onno f ineessté d eg oazdaonpdcoió nd eol 
peenr mesistao  pleoyr  tpieanrteo , daecroegcihmoi ean tuon,  gpuearrmdais oc orne tfriinbeusid doe  daed odpieccióisné ios  asdeompacnióans ,p rdeev islatos   BOE-A-cable e
cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo 
caso de descanso obligatorio.
Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los 
progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a 
partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, o 
de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o 
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso podrá ser distribuido por el progenitor que vaya a disfrutar del 
mismo,  siempre  que  las  seis  primeras  semanas  sean  ininterrumpidas  e 
inmediatamente  posteriores  a  la  fecha  del  nacimiento,  o  de  la  decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento o de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción.
En caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera 
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al 
parto hasta que el hijo o hija cumpla los doce meses. En el caso del disfrute 
interrumpido  se  requerirá,  para  cada  período  de  disfrute,  un  preaviso  de  al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas.
En  caso  de  que  se  optase  por  el  disfrute  del  presente  permiso  con 
posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor 
que  disfruta  de  este  último  permiso  solicitase  la  acumulación  del  tiempo  de 
lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del permiso 
regulado en el artículo 112, será a la finalización de ese período cuando se dará 
inicio  al  cómputo  de  las  diez  semanas  restantes  del  permiso  del  progenitor 
diferente de la madre biológica.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el período de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá 
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
2.  El permiso previsto en este artículo es independiente del uso compartido 
del permiso por parto o por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
3.  El personal funcionario que esté disfrutando del permiso por parto o por 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento puede hacer uso del 
permiso previsto en este artículo inmediatamente a continuación de la finalización 
del período de duración de aquel en los siguientes supuestos:
a)  Cuando la persona titular del derecho haya fallecido antes de la utilización 
íntegra del permiso.
b)  Si la filiación del otro progenitor no está determinada.
c)  Cuando en resolución judicial dictada en proceso de nulidad, separación o 
divorcio, iniciado antes de la utilización del permiso, se le haya reconocido a la 
persona que esté disfrutando del mismo la guarda del hijo o de la hija. e.
4.  Del  permiso  previsto  en  este  artículo  puede  hacerse  uso  a  jornada  33ww
lcoosm téprlemtain oos a q tuieem repgol apmarecniatal,r icaumaenndtoe  lsaes  dneetceermsidinaedne.s» del servicio lo permitan y en
Catorce.  Se modifican los números 4 y 5 del artículo 132, que quedan con la 
siguiente redacción:
«4.  Se  reconoce  el  derecho  a  la  fijación  de  un  período  alternativo  de 
vacaciones en los casos de coincidencia del período ordinario de vacaciones con 
los  permisos  por  lactancia,  parto,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o 
acogimiento,  o  de  otro  progenitor  por  parto,  adopción,  guarda  con  fines  de 
adopción o acogimiento de un hijo.
5.  Los permisos mencionados en el número anterior, así como los períodos 
de incapacidad temporal, pueden acumularse a las vacaciones. En estos casos, el 
derecho a las vacaciones podrá ejercerse incluso después del final del año natural 
a que estas correspondan.
Cuando  las  situaciones  de  permiso  de  maternidad,  incapacidad  temporal, 
riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute 
de las vacaciones dentro del año natural a que correspondan, o cuando, una vez 
iniciado  el  período  de  vacaciones,  sobrevenga  una  de  dichas  situaciones,  el 
período de vacaciones podrá disfrutarse aunque haya finalizado el año natural a 
que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a 
partir del final del año en que se originaron.»
Quince.  Se añade la letra f) al artículo 172 con la siguiente redacción:
«f)  Excedencia por razón de violencia terrorista.»
Dieciséis.  Se añade un número 9 al artículo 176, con la siguiente redacción:
«9.  En el caso de disfrute de esta excedencia por el período máximo de 
duración, el reingreso al servicio activo se solicitará con un plazo de antelación de 
un  mes  respecto  de  la  fecha  de  finalización  del  período  máximo  legalmente 
establecido para esta excedencia.»
Diecisiete.  Se modifica el número 1 del artículo 178, que queda redactado como 
sigue:
«1.  Finalizada la causa que determinó la declaración de una situación de 
excedencia voluntaria de las reguladas en este capítulo o el plazo máximo de 
duración de ella, el personal funcionario de carrera está obligado a solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, excepto en el supuesto previsto 
en el artículo 176.9. Una vez acordado el reingreso, está igualmente obligado a 
tomar posesión del correspondiente puesto de trabajo en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el reingreso. El 
incumplimiento de estas obligaciones determinará la declaración en la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular.»
Dieciocho.  Se añade un artículo 177 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 177 bis.  Excedencia por razón de violencia terrorista.
De acuerdo con la legislación básica estatal, el personal funcionario que haya 
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así 
como el amenazado en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de  es
septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo,  bo
contando  con  el  previo  reconocimiento  del  Ministerio  del  Interior  o  con  una  33ww
srigeeusnautDelletiencs ch nciaaoe  ncjeuedxdsicciacieoiradinale e fnipsrc maqiaruea e, s l taelea rnsápd  rvroaáíctu etdticomecrraiiezóscan hdd oyae    avay is odimlisestfnaercunnittcaaei arnd  idedse aog  cuéeinnan elp  rieeonrl.t íeotgideroam ld pdeoe  e exlanc  eptdaeenrnstoco inaqa eu nea    OE-A-2021-46able en https://
que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción
terrorista, ya sea por la amenaza a que se encuentra sometida, en los términos 
previstos reglamentariamente.»
Diecinueve.  Se  añade  una  disposición  adicional  decimoquinta  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta.  Valoración de determinados méritos.
Podrá valorarse como mérito en las bases de las respectivas convocatorias de 
concursos de traslados, promoción interna y de acceso a los grados del sistema 
transitorio previsto en el número 4 de la disposición transitoria octava, y también 
como mérito a los efectos de la confección de las listas de contratación temporal, 
la prestación de servicios de forma presencial en puestos de trabajo de los centros 
residenciales  o  sociosanitarios  dependientes  de  la  consejería  competente  en 
materia de política social, siempre que se trate de servicios prestados durante la 
situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, en las siguientes 
categorías profesionales del sistema de clasificación profesional del Convenio 
Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia: la categoría 
profesional 2 del grupo I; la categoría profesional 2 del grupo II; la categoría 
profesional 06 del grupo II; la categoría profesional 3 del grupo IV; la categoría 
profesional 4 del grupo IV; la categoría profesional 43 del grupo IV; la categoría 
profesional 44 del grupo IV; la categoría profesional 1 del grupo V y la categoría 
profesional 11, siempre que los servicios se hayan prestado durante la situación de 
emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, en puestos de trabajo de los 
centros residenciales o sociosanitarios dependientes de la consejería competente 
en materia de política social.»
Veinte.  Se añade un segundo párrafo al número 3 de la disposición transitoria 
primera con la siguiente redacción:
«El personal laboral fijo que poseyese dicha condición en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
público, y haya adquirido posteriormente otra categoría profesional como personal 
laboral  fijo  por  el  procedimiento  de  promoción  interna,  podrá  participar  en  el 
proceso  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  desde  esta  última  categoría 
profesional.»
Veintiuno.  Se añade una letra k) en el número 1 de la disposición transitoria octava, 
que queda redactada como sigue:
«k)  En relación con la consolidación del grado, el personal funcionario de 
carrera en la situación administrativa de servicios especiales, por cada dos años 
de servicios continuados, consolidará dos niveles superiores de grado personal al 
que poseyese, sin que, en ningún caso, pueda superar el nivel máximo que podría 
obtener en su cuerpo o escala de pertenencia.»
Veintidós.  Se añade una letra l) en el número 1 de la disposición transitoria octava, 
que queda redactada como sigue:
«l)  El personal funcionario de carrera que pase a desempeñar un puesto 
directivo en una entidad instrumental del sector público autonómico superior en  e.e
más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidará cada dos  w.b
años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyese,  33ww
sdiens eqmupee ñeand o.n»ingún  caso  pueda  superar  el  correspondiente  al  del  puesto
Veintitrés.  Se modifica el título y los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 
decimocuarta, que quedan redactados como sigue:
«Disposición  adicional  decimocuarta.  Segunda  actividad  del  personal 
perteneciente  a  las  escalas  de  agentes  forestales  y  agentes  facultativos 
medioambientales de la Xunta de Galicia y de las distintas especialidades de 
bomberos forestales de las diferentes escalas del Servicio de Prevención y 
Defensa contra Incendios Forestales.
1.  La segunda actividad del personal de las escalas de agentes forestales y 
agentes facultativos medioambientales de la Xunta de Galicia y de las distintas 
especialidades de bomberos forestales de las diferentes escalas del Servicio de 
Prevención  y  Defensa  contra  Incendios  Forestales,  que  en  todo  caso  será 
voluntaria, consistirá en pasar a realizar tareas que no impliquen una prestación 
directa de labores de extinción de incendios.
2.  Podrá solicitar pasar a la segunda actividad el personal de las anteriores 
escalas y especialidades que cumpla los requisitos que a continuación se indican:
a)  Haber cumplido los 60 años de edad.
b)  Haber  desempeñado  25  años  de  servicio  en  estas  escalas  o 
especialidades.
c)  Formular la solicitud en los términos previstos reglamentariamente.»
Artículo 6.  Modificación del Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de plazas de 
personal estatutario del Servicio Gallego de Salud.
El número 2 del artículo 30 del Decreto 206/2005, de 22 de julio, de provisión de 
plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, queda redactado como 
sigue:
«2.  La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los 
dos días hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada 
son de la misma área de salud, en el plazo de siete días hábiles si las plazas son 
de distinta área de salud dentro del Servicio Gallego de Salud o en el plazo de un 
mes si la plaza desempeñada corresponde a otro servicio de salud. A estos 
efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con 
independencia de que sea en condición de destino definitivo, adscripción o destino 
provisional o comisión de servicios.
En caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesión será de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del concurso.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición de la persona 
interesada,  los  plazos  a  que  se  refieren  los  párrafos  anteriores  podrán  ser 
prorrogados por el órgano convocante.»
Artículo 7.  Modificación de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.
El  artículo  6  de  la  Ley  9/2017,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  fiscales  y 
administrativas, queda redactado como sigue: e
«Artículo 6.  Protección de la maternidad y de la paternidad. 33ww
de mEal tpeernrsidoanda,l  peastteartnuitdaarido,  drieels gSoe rdvuicriaon tGea ellle egmo bdaer aSzaol,u rdie, sdguor adnutrea nlatse  lsait ulaacctiaonnceias 
natural y en los supuestos de adaptación de puesto por causa del embarazo o de
la realización de la lactancia natural, percibirá, en concepto de mejora de la  Bc
prestación, las retribuciones que correspondan hasta conseguir la totalidad de las 
retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo.
Asimismo, percibirá el promedio de las retribuciones variables abonadas en el 
año anterior al mes en que haya dado comienzo la correspondiente situación, en 
concepto de atención continuada derivada de la prestación de guardias, noches y 
festivos.
Lo dispuesto en este precepto será también de aplicación durante todo el 
período de duración de los permisos de maternidad y paternidad previstos en la 
legislación autonómica aplicable a los empleados públicos.»
CAPÍTULO II
Medio ambiente y territorio
Artículo 8.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Uno.  Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  Edificaciones existentes de carácter tradicional.
1.  Las edificaciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo 
de núcleo o de suelo rústico podrán ser destinadas a usos residenciales, terciarios 
o  productivos,  a  actividades  turísticas  o  artesanales  y  a  pequeños  talleres  y 
equipamientos.
2.  Previa obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística, 
y sin necesidad de cumplir los parámetros urbanísticos aplicables excepto el límite 
de altura, se permitirá su reforma, rehabilitación y reconstrucción y su ampliación, 
incluso en volumen independiente, sin que la ampliación pueda superar el 50 % 
del volumen originario de la edificación tradicional. En cualquier caso, deberán 
mantenerse las características esenciales del edificio, del lugar y de su tipología 
originaria.
3.  A los efectos de lo previsto en este artículo, se consideran edificaciones 
tradicionales todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana, con independencia de su tipología.
4.  Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las previsiones 
establecidas en las normativas sectoriales que resulten de aplicación.»
Dos.  Se añade un párrafo al número 1 del artículo 63, con la siguiente redacción:
«Asimismo,  los  planes  básicos  municipales  podrán  remitir  la  ordenación 
detallada de determinadas áreas a un plan especial aprobado con anterioridad 
declarándolo subsistente, identificándolo con claridad e indicando su fecha de 
aprobación y publicación. En este caso, la modificación de las determinaciones de 
dicho  planeamiento  seguirá  el  régimen  aplicable  a  la  modificación  del  plan 
especial.»
Tres.  Se modifica la letra a) del número 2 del artículo 63, que queda redactado 
como sigue:
«a)  Delimitación y categorización de los núcleos rurales existentes. oe.
A tal efecto, los planes básicos municipales delimitarán los núcleos rurales  33ww
eaxciuseterdnote cso ne nlo se lc rmiteurnioicsi peisot aeb leidciednotsif iceand eosst ae lne y eyl  ePnl asnu  nboársmicaot ivaau dtoen ódmesicaorr,o ldloe, 
cyo nlfoosr mcidaatedg coorniz asurásn c, arsaecgteúrnís ticcaosrr ey sspuo gnrdaad, o dceo mcoon storaliddaiccioiónna.l  o  común,  de
Asimismo, los planes básicos municipales podrán declarar subsistentes las 
delimitaciones de núcleos rurales aprobadas con anterioridad, incorporando la 
delimitación física y su parcela o parcelas mínimas. En estos casos y a los efectos 
de la aplicación del régimen jurídico general del suelo de núcleo rural y de las 
ordenanzas del Plan básico autonómico, se establecerá la correspondencia entre 
las diferentes áreas de las delimitaciones incorporadas y los tipos básicos de 
núcleo rural previstos en esta ley.»
Cuatro.  Se modifica la letra e) del número 2 del artículo 63, que queda redactada 
como sigue:
«e)  Las ordenanzas de edificación y uso del suelo contenidas en el Plan 
básico autonómico que sean aplicables.
Justificadamente,  los  planes  básicos  municipales  podrán  reajustar  dichas 
ordenanzas,  en  base  al  estudio  pormenorizado  del  territorio  y  al  análisis  del 
modelo de asentamiento poblacional.»
Cinco.  Se añade una letra f) al número 2 del artículo 63, con la siguiente redacción:
«f)  Delimitación  de  los  ámbitos  de  ordenación  remitida,  en  su  caso, 
identificando  con  claridad  el  instrumento  y  su  fecha  de  aprobación.  En  este 
supuesto, la normativa del plan básico municipal recogerá una ficha para cada 
ámbito que identifique el documento declarado subsistente.»
Seis.  Se modifica el número 3 del artículo 63, que queda redactado como sigue:
«3.  Los planes básicos municipales contendrán, como mínimo, los siguientes 
documentos:
a)  Memoria justificativa de sus determinaciones.
b)  Planos de información.
c)  Planos de ordenación urbanística.
d)  Catálogo de elementos a proteger.
e)  Normativa urbanística. Los planes básicos municipales incorporarán las 
ordenanzas de edificación y uso, según lo previsto en la letra e) del número 2 de 
este artículo.
f)  Informe ambiental estratégico.»
Siete.  Se  modifica  el  primer  párrafo  del  número  1  del  artículo  92,  que  queda 
redactado como sigue:
«Artículo 92.  Protección de las vías de circulación.
1.  Las construcciones y cerramientos que se construyan con obra de fábrica, 
vegetación ornamental u otros elementos permanentes en zonas no consolidadas 
por la edificación tendrán que desplazarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía 
pública a la que den frente.»
Ocho.  Se modifica el segundo párrafo del número 4 del artículo 96, que queda 
redactado como sigue:
«Esta garantía deberá constituirse mediante cualquiera de los mecanismos  e.
previstos en la legislación de contratos de las administraciones públicas. Será  w.b
beneficiaria de la misma la Administración actuante.» 33ww
Nueve.  Se añade un número 3 a la disposición transitoria tercera, con la siguiente 
redacción:
«3.  Lo  previsto  en  esta  disposición  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las 
previsiones establecidas en las normativas sectoriales que resulten de aplicación.»
Artículo 9.  Modificación del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre.
El Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por 
el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 82, que queda redactado como sigue:
«Artículo 82.  Cartografía.
1.  La documentación gráfica de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
deberá  ser  elaborada  en  formato  digital,  utilizando  como  soporte  una  base 
cartográfica  adecuada.  Cuando  no  se  disponga  de  una  base  suficientemente 
actualizada o detallada para el ámbito afectado, quien formule el planeamiento 
deberá elaborarla de conformidad con lo regulado en las Normas técnicas de 
planeamiento urbanístico de Galicia.
2.  La cartografía base que se actualice o elabore a escala 1/5.000 será 
puesta a disposición del Instituto de Estudios del Territorio, a los efectos de su 
comprobación. A tal efecto, coincidiendo con el momento de la solicitud de inicio 
de la evaluación ambiental estratégica, la cartografía a escala 1/5.000 de los 
instrumentos de planeamiento será enviada por el ayuntamiento al Instituto de 
Estudios del Territorio, al que corresponderá el control de calidad de la base 
cartográfica.
3.  La tramitación del instrumento de planeamiento podrá continuar con las 
sucesivas fases del procedimiento de elaboración hasta la aprobación definitiva, 
con independencia del proceso de comprobación.»
Dos.  Se modifica el artículo 63, que queda redactado como sigue:
«Artículo 63.  Edificaciones existentes de carácter tradicional.
1.  Las edificaciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo 
de núcleo o de suelo rústico podrán ser destinadas a usos residenciales, terciarios 
o  productivos,  a  actividades  turísticas  o  artesanales  y  a  pequeños  talleres  y 
equipamientos (artículo 40.1 de la LSG).
A  los  efectos  de  lo  señalado  en  el  punto  anterior,  se  entiende  por  uso 
residencial aquel uso en edificios concebidos principalmente para vivienda, incluso 
cuando contengan recintos donde se desarrolla una actividad económica, bien a 
través de una vivienda adaptada para el ejercicio de dicha actividad económica o 
bien en un recinto concebido expresamente para su ejercicio, por lo que nada 
obsta para que pueda desarrollarse más de un uso en la misma edificación.
2.  Previa obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística, 
y sin necesidad de cumplir los parámetros urbanísticos aplicables excepto el límite 
de altura, se permitirá su reforma, rehabilitación y reconstrucción y su ampliación,  s
incluso en volumen independiente, sin que la ampliación pueda superar el 50 %  oe.
del volumen originario de la edificación tradicional. En cualquier caso, deberán  w.
omraigniEntela nrielaímr s(iaeter tl íacsdu elco a 4raa0ltc.u2tre adr íes stliaec añLsaS laGeds)oe. ncrieasleuslt ad eel xeidgiifbicleio , ad ella lsu gaorb rya sd e dseu  triepfoolromgaía,   2021-4633n https://ww
rehabilitación, reconstrucción y ampliación que se pretendan llevar a cabo, y no
será óbice para su ejecución que la edificación tradicional supere tal parámetro 
antes de acometer las citadas obras.
En el caso de las edificaciones que no hayan agotado la posibilidad ampliatoria 
hasta el 50 % del volumen originario de la edificación tradicional permitido por la 
norma, podrán hacerlo en un momento posterior como respuesta a las nuevas 
necesidades de espacio que pudieren surgir.
3.  De conformidad con lo previsto en los artículos 36.2 de la Ley 2/2016, 
de 10 de febrero, y 51.2 de este reglamento, en el suelo rústico de especial 
protección será preciso obtener la autorización o el informe favorable del órgano 
que tenga la competencia sectorial correspondiente.
4.  A los efectos de lo previsto en este artículo, se consideran edificaciones 
tradicionales todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana, con independencia de su tipología (artículo 40.3 LSG).
Por edificación existente se entiende aquella que estuviese finalizada en la 
fecha indicada, y podrá adjuntarse, para acreditar tal aspecto, cualquier medio de 
prueba admisible en derecho. Asimismo, la construcción deberá presentar un 
grado de conservación tal que permita apreciar las características esenciales de 
su tipología originaria.
5.  Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las previsiones 
establecidas en las normativas sectoriales que resulten de aplicación (artículo 40.4 
LSG).»
Tres.  Se modifica el número 1 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
«1.  La  redacción  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  la 
efectuarán facultativos o facultativas con la correspondiente titulación universitaria 
(artículo 51.1 de la LSG).»
Cuatro.  Se modifica la letra c.1) del número 2 del artículo 138, con la siguiente 
redacción:
«c.1)  Planos de información, realizados sobre base topográfica, en los cuales 
se reflejará:
1.º  El perímetro del núcleo delimitado.
2.º  Los elementos catalogados y sus entornos de protección y zonas de 
amortiguamiento, en su caso.
3.º  Los  equipamientos  y  espacios  libres  y  zonas  verdes  existentes 
identificados por el plan, en su caso, con indicación de su carácter público o 
privado.
4.º  Trazado  y  características  de  las  redes  de  servicios  existentes  en  el 
núcleo, en su caso.
5.º  Las  afecciones  sectoriales  y  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio con incidencia sobre el núcleo.
6.º  Las edificaciones de carácter tradicional existentes, diferenciando las que 
no puedan tenerse en cuenta para que pueda considerarse una parcela como 
edificada, en los términos señalados en el artículo 35.1.d).»
Cinco.  Se añade un ordinal 7.º a la letra c.2) del número 2 del artículo 138, con la  es
siguiente redacción: o
«7.º  Las clases y categorías de suelo de los terrenos colindantes con el suelo  33ww
de núcleo delimitado.»
Seis.  Se añade un párrafo segundo al número 1 del artículo 148, con la siguiente 
redacción:
«Asimismo,  los  planes  básicos  municipales  podrán  remitir  la  ordenación 
detallada de determinadas áreas a un plan especial aprobado con anterioridad 
declarándolo subsistente, identificándolo con claridad e indicando su fecha de 
aprobación y publicación. En este caso, la modificación de las determinaciones de 
dicho  planeamiento  seguirá  el  régimen  aplicable  a  la  modificación  del  plan 
especial.»
Siete.  Se modifica la numeración del artículo 149, eliminando el número 1, pues no 
hay más numeración.
Ocho.  Se modifica la letra a) del artículo 149, que queda con la siguiente redacción:
«a)  Delimitación  y  categorización  de  los  núcleos  rurales  existentes 
(artículo 63.2.a) de la LSG).
A  tal  efecto,  los  planes  básicos  municipales  delimitarán  los  núcleos  rurales 
existentes en el municipio e identificados en el Plan básico autonómico, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
y en este reglamento, y los categorizarán, según corresponda, como tradicional o 
común, de conformidad con sus características y su grado de consolidación.
Asimismo, los planes básicos municipales podrán declarar subsistentes las 
delimitaciones de núcleos rurales aprobadas con anterioridad, incorporando la 
delimitación física y su parcela o parcelas mínimas. En estos casos y a los efectos 
de la aplicación del régimen jurídico general de núcleo rural y de las ordenanzas 
del Plan básico autonómico, se establecerá la correspondencia entre las diferentes 
áreas  de  las  delimitaciones  incorporadas  y  los  tipos  básicos  de  núcleo  rural 
previstos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero.»
Nueve.  Se  modifica  la  letra  e)  del  artículo  149,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«e)  Las ordenanzas de edificación y uso del suelo contenidas en el Plan 
básico autonómico que sean aplicables (artículo 63.2.e) de la LSG).
Justificadamente,  los  planes  básicos  municipales  podrán  reajustar  dichas 
ordenanzas, con base en el estudio pormenorizado del territorio y en el análisis del 
modelo de asentamiento poblacional.»
Diez.  Se añade una letra f) al artículo 149, que queda con la siguiente redacción:
«f)  Delimitación  de  los  ámbitos  de  ordenación  remitida,  en  su  caso, 
identificando  con  claridad  el  instrumento  y  su  fecha  de  aprobación.  En  este 
supuesto, la normativa del plan básico municipal recogerá una ficha para cada 
ámbito que identifique el documento declarado subsistente.»
Once.  Se modifica el número 1 del artículo 150, que queda redactado como sigue:
«1.  Los planes básicos municipales contendrán, como mínimo, los siguientes 
documentos:
a)  Memoria justificativa de sus determinaciones. e.
b)  Planos de información. w.
c)  Planos de ordenación urbanística. 33ww
ed))   NCoartámloagtiova d eu rebleamníestnictoas.  qLuoes  spel adneebse nb ápsroictoesg emr (uanritcícipualole 6s3 i.n3c) odrep olara LrSánG )l.as
ordef)n anInzfaosr mdee  eadmifbicieanctióanl e ys tursaoté, gsiecgoú.»n lo previsto en la letra e) del artículo 149. BOE-A-cable e
Doce.  Se añade un párrafo segundo a la letra a) del número 2 del artículo 152, con 
la siguiente redacción:
«En su caso, relación de las delimitaciones de núcleo rural, delimitaciones de 
suelo urbano o planes especiales aprobados con anterioridad, indicando la fecha 
de su aprobación.»
Trece.  Se modifica la letra e) del número 2 del artículo 152, que queda redactado 
como sigue:
«e)  Redes de comunicaciones y servicios existentes, en los núcleos rurales 
que delimite el plan y, en su caso, en aquellos que incorpore, y en el ámbito que se 
defina como suelo urbano consolidado, que permitan acreditar tal condición de 
urbano  cuando  se  haga  de  acuerdo  con  el  párrafo  a)  del  artículo  26,  con 
descripción de sus características principales.»
Catorce.  Se añade una letra f) al número 2 del artículo 152, con la siguiente 
redacción:
«f)  Otros datos informativos de interés para la redacción del plan básico 
municipal.»
Quince.  Se añade un ordinal 3.º al apartado e.1) del número 2 del artículo 153, con 
la siguiente redacción:
«3.º  En su caso, relación de las delimitaciones de núcleo rural aprobadas con 
anterioridad indicando su fecha de aprobación, y su incorporación o no al plan 
básico municipal.»
Dieciséis.  Se modifica el apartado e.2) del número 2 del artículo 153, que queda 
redactado como sigue:
«e.2)  Una ficha para cada uno de los núcleos rurales delimitados por el plan 
o, en su caso, incorporados, con el siguiente contenido mínimo:
1.º  Identificación: nombre, situación por parroquia y código asignado.
2.º  Tipo de núcleo: respecto del sistema de asentamientos de las Directrices 
de ordenación del territorio.
3.º  Superficie y grado de consolidación: superficie de núcleo delimitada y 
categoría  de  suelo  (común  y  tradicional),  número  de  parcelas  edificadas  y 
consolidación en función de lo establecido en el artículo 35.
En caso de que el análisis del modelo de asentamiento poblacional proponga 
una parcela mínima diferente de las recogidas en las ordenanzas tipo del Plan 
básico autonómico, según lo previsto en el artículo 149.1.e), figurará en este 
apartado la nueva parcela mínima aplicable para cada categoría de suelo del 
núcleo delimitado.
Para los núcleos que el plan básico municipal incorpore, se indicará la fecha 
de su aprobación previa, la superficie delimitada, y la correspondencia entre las 
diferentes áreas de la delimitación incorporada y los tipos básicos de núcleo rural 
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero.
4.º  Evolución: breve descripción de la evolución del núcleo, tendencias de  s
crecimiento/decrecimiento de la población. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta  oe.
los datos disponibles en el Instituto Gallego de Estadística. w.
ecoxinsd5tei.cºni ocinaCe ondn ed siecuil oenmcraeennctietmossi e dncaetotl a: leotnogtpaoodrngoorsa : fpíaoe,rx  issctuaesnn acvlieaasl o dredese   epalaegtmruimae,no tnosisiat uleansca,i tónunar atulcerosas leteqsru aeo,    2021-4633n https://ww
paisajísticos y otros.
6.º  Características  de  la  edificación:  breve  descripción  de  la  tipología 
predominante en el núcleo: tipo de edificaciones, usos, sistemas constructivos, 
materiales, alturas y otros.
7.º  Sistema viario: breve descripción del sistema viario del núcleo y de la 
pervivencia o no de la estructura de caminos tradicionales, muros de cierre y otros 
elementos.
8.º  Sistema de servicios urbanos: identificación y características principales 
de las redes de servicios existentes en el núcleo: de abastecimiento y evacuación 
de  aguas,  de  suministro  de  energía  eléctrica,  iluminación  pública,  gas, 
telecomunicaciones y otros, con análisis del estado de las redes e instalaciones en 
relación con las necesidades actuales.»
Diecisiete.  Se modifica el apartado e.3) del número 2 del artículo 153, que queda 
redactado como sigue:
«e.3)  Una serie de planos a escala mínima 1:2.000.
e.3.1)  Planos  de  información,  realizados  sobre  base  topográfica,  en  los 
cuáles se reflejará:
1.º  El perímetro del núcleo delimitado o, en su caso, incorporado, incluyendo 
una codificación que permita identificar estos núcleos como ámbitos incorporados.
2.º  Los elementos catalogados y sus entornos de protección y zonas de 
amortiguación, en su caso.
3.º  Los  equipamientos  y  espacios  libres  y  zonas  verdes  existentes 
identificados por el plan, en su caso, con indicación de su carácter público o 
privado, de conformidad con la codificación que figure en la parte II de la memoria, 
según el artículo 153.2.f.
4.º  Trazado  y  características  de  las  redes  de  servicios  existentes  en  el 
núcleo, en su caso.
5.º  Las  afecciones  sectoriales  y  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio con incidencia sobre el núcleo.
6.º  Las  edificaciones  de  carácter  tradicional  existentes,  identificadas  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33.
e.3.2)  Planos de ordenación, realizados sobre base parcelaria catastral, en 
los cuales se reflejará:
1.º  El  perímetro  del  núcleo  delimitado.  Diferenciación  de  los  ámbitos 
categorizados como tradicional y común.
En el caso de los núcleos rurales incorporados, los planos de ordenación 
reflejarán su perímetro, incluyendo una codificación que permita identificar estos 
núcleos como ámbitos incorporados, señalando la fecha de la aprobación de la 
delimitación de la que provengan. Asimismo, señalarán la correspondencia entre 
las diferentes áreas del núcleo incorporado y la categorización tradicional y común 
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de conformidad con la ficha del núcleo.
2.º  Trazado y características de la red viaria, con señalización del ancho y 
alineaciones de todas las vías.
3.º  Calificación  urbanística  de  todo  el  núcleo,  reflejando  la  ordenanza  u 
ordenanzas de aplicación en él de las establecidas en el Plan básico autonómico. es
4.º  Las clases y categorías de suelo de los terrenos colindantes con el suelo  o
de núcleo delimitado o, en su caso, incorporado.» 33ww
redaDciteacdioo cchoom. o Ssieg ume:odifica  la  letra  f)  del  número  2  del  artículo  153,  que  queda
«f)  Listado de las dotaciones urbanísticas existentes, señalando la clase y
categoría de suelo en que se encuentran y la ordenanza u ordenanzas del Plan
básico  autonómico  que  les  resulte  de  aplicación,  asignándoles  un  código 
alfanumérico para su identificación, indicando su carácter público o privado, y su 
superficie.»
Diecinueve.  Se añade una nueva letra g) en el número 2 del artículo 153 con la 
siguiente redacción:
«g)  Cualquier  otra  circunstancia  respecto  de  la  cual  se  imponga  una 
motivación  o  justificación  en  la  Ley  2/2016,  de  10  de  febrero,  o  en  este 
reglamento.»
Veinte.  Se añade un apartado a.5) y un apartado a.6) al artículo 154, con la 
siguiente redacción:
«a.5)  Identificación y localización de los espacios libres, zonas verdes y 
equipamientos  existentes,  diferenciando  su  carácter  público  o  privado,  de 
conformidad con la codificación que figure en la parte II de la memoria, según el 
artículo 153.2.f.
a.6)  En su caso, plano que refleje las delimitaciones precedentes de núcleos 
rurales, indicando su fecha de aprobación.»
Veintiuno.  Se modifica la letra a) del artículo 155, que queda redactado como sigue:
«a)  Planos relativos a la ordenación del territorio a escala mínima 1:5.000, en 
los cuales se recoja la clasificación y categorización del suelo de todo el municipio, 
incluyendo la identificación de las dotaciones urbanísticas con la codificación de la 
parte II de la memoria, conforme al artículo 153.2.f.»
Veintidós.  Se modifica el artículo 191, que queda redactado como sigue:
«Artículo 191.  Procedimiento de aprobación de las delimitaciones de suelo de 
núcleo rural.
1.  La tramitación de los expedientes de delimitación del suelo de núcleo rural 
se ajustará al siguiente procedimiento:
a)  En el caso de la delimitación en el núcleo de áreas de actuación integral, 
antes de iniciar la tramitación, los servicios técnicos municipales y las empresas 
suministradoras y/o distribuidoras deberán informar, a solicitud del ayuntamiento, 
en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia o necesidad de refuerzo y 
ampliación de las redes existentes. Transcurrido el plazo sin emitirse informe, 
podrá iniciarse el procedimiento.
b)  El ayuntamiento, tras su aprobación inicial, someterá el expediente de 
delimitación a información pública por un plazo mínimo de dos meses, mediante 
anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en dos de los periódicos 
de mayor difusión de la provincia. Asimismo, se les notificará individualmente a las 
personas titulares catastrales de los terrenos respecto de los cuales se proyecte 
una modificación en su clasificación urbanística.
El ayuntamiento deberá solicitar, en el momento que corresponda en cada 
caso, los informes sectoriales que resulten preceptivos de conformidad con la 
normativa vigente (artículo 78.2.a) de la LSG). es
c)  El expediente será aprobado provisionalmente por el órgano municipal  bo
competente para la aprobación del planeamiento general (artículo 78.2.b) de la  33ww
mdLeSe Gsuder))b.s a, nEciosl nmatyaoud pnoat ardame sqieduneet o rl aer serumeeciltevirpaác  sieóoln b erdexe psle ued xaieppnertodebi eaancl tieóó rncg oadmneofpin lceitotivoma e penen te eenl lt repe lgaeizsnot r mod ead teetr reilaas    OE-A-2021-46able en https://
consejería. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, se entenderá aprobado 
por silencio administrativo (artículo 78.2.c) de la LSG).
2.  En el supuesto de expedientes de delimitación que deban someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, se seguirán los trámites establecidos 
en el artículo 60 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en el artículo 144 de este 
reglamento, puntos 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13 (artículo 78.3 de la LSG).
3.  En el supuesto de expedientes de delimitación que deban someterse a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con carácter previo al sometimiento 
a información pública, se realizarán los siguientes trámites:
a)  El órgano municipal competente remitirá al órgano ambiental la solicitud 
de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, a la cual acompañará 
la delimitación propuesta y el documento ambiental estratégico, con el contenido 
establecido en la legislación vigente (artículo 78.4.a) de la LSG).
b)  El  órgano  ambiental,  en  el  plazo  de  dos  meses,  contado  desde  la 
recepción  de  la  documentación  completa,  formulará  el  informe  ambiental 
estratégico, tras identificar y consultar a las administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas por un plazo de dos meses. Entre los órganos que 
habrá  que  consultar  estará  el  competente  en  materia  de  urbanismo 
(artículo 78.4.b) de la LSG).
El  órgano  ambiental,  teniendo  en  cuenta  el  resultado  de  las  consultas, 
determinará en el informe ambiental estratégico si el expediente de delimitación 
del suelo de núcleo rural tiene o no efectos significativos en el medio ambiente. En 
el caso de no prever efectos significativos, el expediente podrá aprobarse en los 
términos que el propio informe establezca (artículo 78.4.b) de la LSG).
En el caso de prever efectos significativos sobre el medio ambiente, el informe 
determinará la necesidad de someter la delimitación del núcleo rural a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria
El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles 
para su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la sede electrónica del 
órgano ambiental (artículo 78.4.b) de la LSG).»
Veintitrés.  Se modifica el segundo párrafo del artículo 230, que queda redactado 
como sigue:
«Esta garantía deberá constituirse mediante cualquiera de los mecanismos 
previstos en la legislación de contratos de las administraciones públicas. Será 
beneficiaria de la misma la administración actuante.»
Veinticuatro.  Se  modifica  la  letra  a)  del  número  1  de  la  disposición  transitoria 
segunda, que queda redactada como sigue:
«a)  Al suelo de núcleo rural y a sus áreas de expansión se les aplicará 
íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo, excepto en lo que se 
refiere a las edificaciones tradicionales existentes, a las cuales será aplicable lo 
previsto en el artículo 63.
Se entiende que resultan de aplicación en este caso las mayores limitaciones 
que  se  regulen  en  el  planeamiento  respectivo,  referidas  a  los  parámetros 
urbanísticos o posibilidades de utilización, sin perjuicio del régimen jurídico general  es
del suelo de núcleo rural, que será, en todo caso, el establecido en los artículos 36  o
a 40.» 33ww
Artículo 10.  Modificación de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de 
la biodiversidad de Galicia.
La Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de 
Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 25 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«25.  Plaga ocasionada por fauna silvestre autóctona: aquella situación en 
que existe un deterioro del hábitat natural o de las especies de flora o fauna 
silvestres incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley, de tal modo que 
dicha  situación  sea  continua  en  el  tiempo  y  esté  por  encima  del  umbral  de 
tolerancia,  entendido  este  como  el  límite  a  partir  del  cual  la  densidad  de  la 
población de los individuos de fauna silvestre autóctona que conforman la plaga 
pueda ocasionar problemas ambientales, molestias o produzca o pueda producir 
perjuicios  económicos  o  daños  de  tal  intensidad,  extensión  o  naturaleza  que 
hagan necesaria la aplicación de medidas de control como medio más eficaz para 
combatirla.»
Dos.  Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.  Competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia el ejercicio de las funciones 
que esta ley atribuye a la Administración y al Parlamento autonómicos respecto de 
los espacios, de las especies (excepto en el caso de las especies altamente 
migratorias en el ámbito marino) y de los hábitats y de las áreas críticas situados 
en medio terrestre de la comunidad autónoma de Galicia, así como en medio 
marino cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio 
natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica 
existente.»
Tres.  Se  modifica  el  número  1  del  artículo  13,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«1.  La  consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  natural  podrá 
declarar la situación de plaga ocasionada por alguna especie de fauna silvestre 
autóctona cuando exista un deterioro del hábitat natural o de las especies de flora 
o fauna silvestres incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley, de tal 
forma que dicha situación sea continua en el tiempo y esté por encima del umbral 
de tolerancia, entendido este como el límite a partir del cual la densidad de la 
población de los individuos de fauna silvestre autóctona que conforman la plaga 
pueda ocasionar problemas ambientales, molestias o pérdidas económicas que 
produzcan o puedan producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad, 
extensión o naturaleza que hagan necesaria la aplicación de medidas de control 
como medio más eficaz para combatirla.»
Cuatro.  Se modifica el número 1 del artículo 41, que queda redactado como sigue:
«1.  La declaración de las reservas naturales será realizada mediante una ley 
del Parlamento de Galicia. es
Las microrreservas serán declaradas por un plazo de tiempo determinado,  bo
mediante un decreto aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta  33ww
dtPéeor mrl aivn ícoaos n drseeeg jlleaar míraee vncistoaimórniap  edtesee ne tsedta eessn am rmriocarlloaterrrráeia s sedurev  apcsro.o»ncseedrivmaiceinótno  ddeel  pdaetrcilmaroanciioó nn aytu rlaols.   OE-A-2021-46able en https://
Cinco.  Se añade una disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Medidas de defensa y protección en materia de 
gestión de la Red Natura 2000 de Galicia.
1.  Tendrá la consideración de uso o actividad permitida en los espacios 
protegidos Red Natura 2000 de Galicia el mantenimiento de las redes de fajas de 
gestión de biomasa por parte de las correspondientes personas responsables, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en las especificaciones técnicas relativas al mantenimiento de las redes de fajas 
de  gestión  de  biomasa  que  desarrolle  la  consejería  competente  en  materia 
forestal:
a)  En el caso de precisar del empleo de maquinaria, se prestará especial 
atención a que no se provoque la compactación, erosión o pérdida de la estructura 
del suelo. Para tal finalidad, podrán emplearse máquinas portátiles o pequeños 
tractores de ruedas con la potencia mínima que permita ajustar aperos mecánicos.
b)  Que  no  se  provoque  una  afección  apreciable  sobre  los  núcleos 
poblacionales de las especies de interés para la conservación.
2.  Tendrán la condición de usos o actividades autorizables en las zonas 1 de 
una zona especial de conservación o de una zona de especial protección para las 
aves de la Red Natura 2000 las construcciones o instalaciones destinadas a la 
defensa forestal, cuando no resulte posible su emplazamiento en las zonas 2 y 3 y 
siempre  que  quede  acreditada  la  compatibilidad  de  la  actividad  con  el 
mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats o de las 
especies protegidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.4 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, y 84 
de la Ley 5/2019, de 22 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de 
Galicia.»
Artículo 11.  Modificación de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.
El número 2 del artículo 27 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de 
Galicia, queda modificado como sigue:
«2.  La  persona  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de  caza 
dispondrá de un plazo de seis meses, contados a partir de la presentación de la 
solicitud, para resolver la petición y, en todo caso, el silencio será negativo. La 
consejería  competente  podrá  denegar  la  solicitud  por  razones  debidamente 
motivadas cuando razones de índole técnica, sanitaria, biológica, ambiental, de 
seguridad o social así lo recomienden.
Cuando la autorización afecte a espacios naturales protegidos, el promotor o 
promotora debe presentar un proyecto a los efectos de que el órgano ambiental 
decida en cada caso, de forma motivada, si dichos proyectos deben someterse o 
no a una evaluación de impacto ambiental.»
CAPÍTULO III
Medio rural
Artículo 12.  Modificación de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa 
de la calidad alimentaria gallega.
La Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria 
gallega, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 5 del artículo 67, que queda redactado como sigue:
«5.  Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones 
en  el  etiquetado,  los  documentos  de  acompañamiento,  los  documentos 
comerciales, los registros, la rotulación, la presentación y el embalaje de los 
productos alimentarios o de las materias y elementos para la producción y la 
comercialización alimentarias, si dichas inexactitudes, errores u omisiones no se 
refieren  a  indicaciones  obligatorias  o  no  afectan  a  su  naturaleza,  identidad, 
calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos.»
Dos.  Se modifica el número 18 del artículo 68, que queda redactado como sigue:
«18.  Cometer  inexactitudes,  errores  u  omisiones  en  los  datos  o 
informaciones  en  el  etiquetado,  los  documentos  de  acompañamiento,  los 
documentos comerciales, los registros, la rotulación, la presentación y el embalaje 
de los productos alimentarios o de las materias y elementos para la producción y 
la  comercialización  alimentaria  si  estas  inexactitudes,  errores  u  omisiones  se 
refieren a indicaciones obligatorias y afectan a su naturaleza, identidad, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.»
Tres.  Se modifica el número 31 del artículo 68, que queda redactado como sigue:
«31.  La reincidencia en la misma infracción leve en el término de un año. El 
plazo comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que la resolución 
adquiera firmeza en la vía administrativa.»
Artículo 13.  Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de incendios forestales de 
Galicia.
La Ley 3/2007, de 9 de abril, de incendios forestales de Galicia, queda modificada 
como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12.  Perímetros de alto riesgo de incendio.
1.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.5  para  las  zonas  de 
actuación prioritaria y urgente por existir una situación objetiva de grave riesgo 
para las personas o los bienes en los casos de incumplimiento por parte de las 
personas responsables de sus obligaciones de gestión de biomasa vegetal, se 
podrán  declarar  perímetros  de  alto  riesgo  de  incendios,  con  carácter  no 
permanente, basados en la información histórica y en los datos estadísticos sobre  e.e
la ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad poblacional, amenazas a los  w.b
ecosistemas forestales y protección del suelo frente a la erosión, aquellos lugares  33ww
iennc eqnudeio se lf oerestsatadloe sd, em  aebdaianndteo nroe ssoiglunciifóiqnu ed eu nla  aplteor sroiensag oti tudlaer  pdreo plaag adcirieócnc iódne 
cgoenntearnadl oc coonn  cloosm oppeotertnucnioass  inefno rmmeaste prirae vdioes .prevención  de  incendios  forestales,
2.  La  resolución  contendrá,  además  de  la  descripción  del  perímetro,  las 
medidas de gestión de la biomasa que se tendrán que llevar a cabo para la 
prevención de incendios forestales. Los trabajos se planificarán en márgenes de 
pistas, en áreas cortafuegos y en otras actuaciones encaminadas a romper la 
continuidad de los combustibles forestales, actuando sobre la biomasa tanto por 
medios manuales como mecánicos o mediante quemas controladas.
3.  Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia, en el Boletín 
Oficial del Estado y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en que esté 
radicado. Al titular catastral se le notificará la resolución con el perímetro de alto 
riesgo de incendio y las labores que deberán realizar los titulares de las fincas o 
de  sus  derechos  de  aprovechamiento  para  disminuir  el  riesgo  de  incendios 
forestales.
4.  Los titulares de las fincas o de los derechos de aprovechamiento en que 
tengan que realizarse los trabajos preventivos dispondrán de un plazo de treinta 
días  naturales,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  notificación,  para 
realizarlos y, en el caso de no hacerlo, la consejería con competencias en materia 
de  prevención  de  incendios  podrá  realizarlos  con  cargo  a  sus  presupuestos, 
atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración autonómica, al amparo de los 
principios de cooperación y colaboración administrativa en prevención y defensa 
contra incendios, podrá conveniar con los ayuntamientos la realización de los 
citados trabajos preventivos, en el marco de lo previsto en la normativa vigente, y, 
en concreto, en la legislación en materia de administración local y en la de 
prevención y defensa contra incendios.
Con  el  objetivo  de  promover  actuaciones  de  fomento  del  empleo  y,  en 
particular, las ligadas a los programas de formación y práctica profesional, los 
convenios a que se refiere el párrafo anterior podrán prever la realización de los 
trabajos preventivos a través de talleres duales de empleo organizados con tal fin 
por el ayuntamiento.»
Dos.  Se modifica el número 4 del artículo 16, que queda redactado como sigue:
«4.  Los  planes  municipales  podrán  ser  aprobados  para  la  totalidad  del 
territorio del ayuntamiento o progresivamente por fases.
Los ayuntamientos cuyos planes generales de ordenación municipal (PGOM) 
estén  en  trámite  de  aprobación  podrán  elaborar  sus  planes  municipales  de 
prevención y defensa contra los incendios forestales basándose en dichos PGOM. 
Después  de  su  aprobación  definitiva,  los  ayuntamientos  modificarán,  de  ser 
necesario, los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios 
forestales. Con carácter previo a la aprobación por parte de los ayuntamientos de 
las modificaciones introducidas en el plan, la dirección general competente en 
materia  de  prevención  de  incendios  forestales  emitirá  preceptivamente  y  con 
carácter vinculante su informe sobre dichas modificaciones.»
Tres.  Se modifica la letra c) del artículo 20 bis, que queda redactada como sigue:
«c)  En las instalaciones de producción de energía eléctrica eólica deberá 
gestionarse la biomasa en la superficie afectada de pleno dominio y vuelo, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan sectorial eólico de Galicia, alrededor de 
cada aerogenerador de producción de energía eléctrica eólica instalado. e.
Asimismo, en los caminos interiores de dichas instalaciones la gestión de la  w.
biomasa vegetal, en el estrato arbustivo y subarbustivo, se hará en los 5 metros  33ww
dreetsirdaed al ad ea árirsbtao leesx tdeeri olars  deeslp ecacimesin soe. ñEanla deasste e nú lltaim dois psouspiucieósnt oa,d nicoio nsael  teexricgeirráa .la
perjuEinc iola sd leínl enaesc deesa trriaon srpeosrpteet,o d isdteri bluacsi óens yp eecviaficcuaacicoiónne sd ed ee nlear gríae gelalémcternictaa,c isóinn   BOE-A-cable e
electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores, los árboles y otra 
vegetación, deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros desde la 
proyección  de  los  conductores  eléctricos  más  externos,  considerando  su 
desviación máxima producida por el viento según la normativa sectorial vigente. 
Además, en una faja de 5 metros desde el límite de la infraestructura no podrá 
haber árboles de las especies señaladas en la disposición adicional tercera.
En  las  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  solares  y  en  las 
subestaciones eléctricas deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros 
desde el último elemento en tensión y desde los paramentos de las edificaciones 
no destinadas a las personas. Además, en dicha faja no podrá haber árboles de 
las especies señaladas en la disposición adicional tercera.
Si en las subestaciones eléctricas existen edificaciones destinadas a albergar 
oficinas, almacenes o parque móvil, a dichas edificaciones les será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 21 para las edificaciones o viviendas aisladas.
Para todas las instalaciones indicadas en esta letra, la gestión de la biomasa 
incluirá  la  retirada  de  esta  por  parte  de  la  persona  que  resulte  responsable 
conforme al artículo 21 ter.
A estos efectos, la persona responsable deberá remitir al tablón de edictos del 
ayuntamiento un anuncio, con quince días de antelación a las operaciones de 
gestión de la biomasa, a los efectos de que los propietarios de los terrenos puedan 
ejecutarlas previamente, en el caso de estar interesados. Transcurrido dicho plazo 
sin  que  se  haya  hecho  la  correspondiente  gestión  de  biomasa,  la  persona 
responsable estará obligada a su realización. En caso de que el propietario del 
terreno no haya ejecutado la gestión de la biomasa y no le conceda permiso al 
titular de la instalación para realizar esta gestión, la persona titular de la instalación 
deberá comunicarlo al órgano competente en materia de prevención y defensa 
contra los incendios forestales para la adopción de las medidas oportunas, según 
lo previsto en el artículo 22, por ser de interés general evitar la generación y la 
propagación de incendios forestales. Desde el momento en que el titular de la 
instalación remita la mencionada comunicación al órgano competente, será el 
propietario  de  los  terrenos  el  que  pase  a  tener  la  condición  de  persona 
responsable a los efectos de lo previsto en esta ley.»
Cuatro.  Se modifica el número 3 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«3.  Cuando no pudiese determinarse la identidad de la persona responsable 
de la gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas prohibidas, 
cuando se ignore el lugar de notificación o cuando, intentada esta, no pudiese 
practicarse la notificación de la comunicación prevista en el número anterior, se 
hará por medio de un anuncio publicado en el "Diario Oficial de Galicia", en el 
"Boletín  Oficial  del  Estado"  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  ayuntamiento,  y 
contendrá los datos catastrales de la parcela. En estos supuestos, el plazo para el 
cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado".
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la publicación en el "Diario 
Oficial de Galicia" no supondrá ningún coste para las entidades locales, sin que 
pueda aplicarse ninguna tasa por dicha publicación.»
Artículo 14.  Modificación de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
La Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El artículo 47 ter queda redactado como sigue:
«Artículo 47 ter.  Fomento de la movilización de tierras a través del programa de 
aldeas modelo.
1.  En  las  aldeas  modelo  se  procurará  la  recuperación  de  la  actividad 
económica y social de los núcleos incluidos en ellas, con el objetivo de permitir su 
recuperación demográfica y la mejora de la calidad de vida de su población. A 
estos efectos, la consejería competente en materia de medio rural, a través de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, coordinará sus actuaciones, además de con 
los respectivos ayuntamientos, con las consejerías y entidades competentes para 
promover, entre otras finalidades, la recuperación de la capacidad agronómica del 
perímetro de la aldea modelo, la rehabilitación y recuperación arquitectónica y 
urbanística de su núcleo y la promoción del empleo.
2.  Las aldeas modelo se localizarán en zonas en abandono o infrautilización 
de  alta  o  especial  capacidad  productiva  para  uno  o  varios  cultivos  o 
aprovechamientos, y tendrán por objeto principal la vuelta a la producción de 
áreas de tierra agroforestal con buena capacidad productiva que alcanzaron con el 
paso del tiempo estados de abandono y/o infrautilización, recuperando de este 
modo una adecuada actividad económica agroforestal.
3.  Los ayuntamientos interesados en la declaración de una aldea modelo en 
su  término  municipal  deberán  presentar  una  solicitud  acompañada  de  una 
propuesta de perímetro de ella y de la documentación justificativa de los siguientes 
requisitos:
a)  Que el ayuntamiento justifique que dispone del acuerdo de los titulares de 
los  derechos  de  aprovechamiento  que  alcancen  el  mínimo  del  70  %  de  la 
superficie del perímetro propuesto de la aldea modelo, en el que deberá incluirse, 
al menos, el 70 % de los terrenos que, de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 de 
abril,  de  prevención  y  defensa  contra  los  incendios  forestales  de  Galicia,  se 
definan  como  fajas  secundarias  de  gestión  de  la  biomasa.  El  requisito  del 
porcentaje mínimo de superficie de la faja secundaria podrá ser excepcionado por 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural cuando, por razones de carácter técnico, 
agronómico o productivo, así se justifique.
Con  la  solicitud  los  ayuntamientos  presentarán  una  relación  de  personas 
titulares de derechos de aprovechamiento de las parcelas incluidas dentro de la 
propuesta de perímetro de aldea modelo, con indicación de las personas titulares 
que no fue posible localizar y las que rechazaron su inclusión.
Los titulares de los derechos de aprovechamiento sobre parcelas incluidas en 
el perímetro propuesto con facultades para arrendarlas con arreglo a legislación 
civil, y que voluntariamente acuerden adherirse a una aldea modelo, deberán 
asumir un compromiso de incorporación de dichas parcelas al Banco de Tierras 
para su cesión por un período mínimo de cinco años, incluyendo el permiso de 
entrada en ellas para la realización de las actuaciones preparatorias necesarias 
para materializar la cesión. e.
Esta cesión permitirá que el Banco de Tierras intermedie entre dichos titulares  w.b
de derechos de aprovechamiento con facultades arrendaticias y posibles personas  33ww
aedxpelcoutaaddoar aas e ldlaes  yd iac hsaus l imtieprireazsa, .después de fijar la ordenación productiva más
por Llaa  Acgeesniócnia s Ge arelleaglizaa dráe  mDeesdaiarnrotello l aR fuirrmala e dne e ul nq ume osdee ldoe ncloarrme alaliz fairdmoe azpar odbea ldoos 
compromisos asumidos, incluido el de la formalización por parte de los referidos 
titulares de derechos de aprovechamiento, de los contratos de arrendamiento con 
las  personas  arrendatarias  en  las  condiciones  que  resulten  de  aplicar  la 
correspondiente guía de ordenación productiva y del resultado del procedimiento 
de concurrencia para la selección de las personas arrendatarias previsto en la 
presente ley.
b)  Que el ayuntamiento se encuentre adherido al sistema público de gestión 
de la biomasa en las fajas secundarias definido en el artículo 21 quater de la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia.
c)  Que exista grave situación de abandono en un mínimo del 50 % del 
perímetro propuesto.
d)  Que  las  tierras  incluidas  en  el  perímetro  propuesto  posean 
mayoritariamente buenas características productivas.
4.  La concurrencia de los requisitos expuestos deberá ser evaluada por el 
órgano gestor del Banco de Tierras de Galicia, que deberá emitir a tal efecto un 
informe favorable.
5.  El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta 
de la persona titular de su dirección general, atendiendo a las solicitudes de los 
ayuntamientos  interesados  y  una  vez  incorporado  al  expediente  el  informe 
favorable  del  órgano  gestor  del  Banco  de  Tierras  de  Galicia,  formulará  la 
declaración  de  aldea  modelo,  y  se  iniciará  la  elaboración  de  una  guía  de 
ordenación productiva para su desarrollo. El ámbito de la zona de actuación se 
definirá por un perímetro de actuación integral, que podrá abarcar terrenos que no 
se recojan en la guía de ordenación productiva de la aldea modelo por estar ya en 
explotación o parcelas que han sido excluidas voluntariamente por las personas 
titulares.  En  cualquier  caso,  las  parcelas  excluidas  deberán  cumplir  con  los 
requisitos de limpieza y mantenimiento recogidos en esta ley.
6.  La declaración de aldea modelo determinará la asunción por parte de la 
consejería con competencias en medio rural de la limpieza de los terrenos de los 
titulares incluidos en su perímetro.
7.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  podrá  acometer,  total  o 
parcialmente,  las  actuaciones  técnicas  necesarias,  incluidas,  en  su  caso,  la 
redacción de los proyectos de obras e instalaciones y su ejecución para la primera 
puesta en producción de la actividad.
Las obras promovidas por los titulares de las propuestas seleccionadas en las 
actuaciones  de  ejecución  de  las  aldeas  modelo  deberán  obtener  los 
correspondientes títulos habilitantes de naturaleza urbanística establecidos en la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero. En caso de ser necesario, la Agencia Gallega de 
Desarrollo  Rural  podrá  proceder  a  solicitar  los  correspondientes  informes 
sectoriales. Dichos informes sectoriales deberán ser emitidos en un plazo de diez 
días,  sin  perjuicio  de  los  diferentes  plazos  que  puedan  establecerse  por  la 
legislación sectorial. De no ser emitidos en el plazo establecido todos los informes 
solicitados se continuará la tramitación, presentándose ante el ayuntamiento la 
documentación correspondiente para la ejecución de las actuaciones técnicas, 
obras o instalaciones.
8.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá recuperar los costes de 
acondicionamiento, limpieza y puesta en cultivo de las fincas que haya asumido  e.
atendiendo a las potencialidades productivas de la aldea modelo. En su caso, esta  w.b
previsión se recogerá en un acuerdo firmado con el arrendatario en el momento de  33ww
la fir9m. a Ldae  loasp rcoobnatrcaiótons  ddee  alrar enddeacmlarieanctióon.  de  aldea  modelo  y  de  la  guía  de
goerdsetinóanc dióen  lap rboidoumcatisvaa  ddee tlear malidneaará m qoudee lloo sq uteer rneon oess tdéen  liansc lufaidjaoss  seenc euln pdearríiamse tdreo 
de aldea modelo o que, incluidos en él, no se incorporen al Banco de Tierras,
puedan acogerse al sistema público de gestión de la biomasa definido en el 
artículo 21 quater de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia. En estos casos, si los titulares de los terrenos 
aceptan  su  incorporación  al  indicado  sistema,  la  Administración  autonómica 
aplicará la tarifa correspondiente durante el plazo de duración de dicho sistema.
10.  La  Agencia  Gallega  de  Desarrollo  Rural  promoverá  la  adopción  de 
acuerdos con operadores económicos con el objetivo de intentar garantizar la 
viabilidad económica de la aldea modelo mediante el compromiso, entre otros, de 
adquisición de las producciones resultantes de la puesta en valor de los terrenos, 
sin perjuicio de la libertad de contratación de las personas arrendatarias de los 
terrenos.
11.  La Agencia Gallega de Desarrollo Rural impulsará la creación de una red 
de aldeas modelo de Galicia como instrumento de colaboración funcional entre 
ellas, que tendrá los siguientes objetivos: la puesta en común de experiencias e 
información; la coordinación de producciones y la generación de sinergias entre 
las diferentes aldeas modelo; la promoción y puesta en valor de los productos 
procedentes de estas aldeas modelo y la consecución por estos de estándares de 
excelencia.»
Dos.  Se añade un artículo 47 quater con la siguiente redacción:
«Artículo 47 quater.  Guías de ordenación productiva.
1.  Las guías de ordenación productiva se configuran como un documento 
técnico  en  el  que  se  delimitarán  los  usos  productivos  más  idóneos  para  la 
explotación de las parcelas incluidas en la aldea modelo y serán elaboradas por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, con el siguiente contenido mínimo:
a)  La delimitación del perímetro.
b)  La relación de las parcelas incluidas en el perímetro y de las parcelas 
excluidas y sus causas de exclusión, así como la relación de las parcelas cuyas 
personas titulares no haya sido posible localizar, de acuerdo con la certificación 
del ayuntamiento, que podrán ser incorporadas cautelarmente al Banco de Tierras 
de Galicia, según lo dispuesto en el artículo 47 bis.
c)  La determinación de aquellos cultivos o aprovechamientos para los cuales 
exista  una  mayor  aptitud,  técnicamente  justificada,  desde  el  punto  de  vista 
económico,  técnico,  social  y  ambiental,  en  la  totalidad  o  en  una  parte  del 
perímetro, que serán considerados como preferentes, y aquellos otros que, sin 
presentar las anteriores características, no impliquen daños de carácter social o 
ambiental, que serán considerados secundarios.
d)  El parcelario interior, junto con la aptitud o aptitudes productivas de cada 
parcela, y la relación de personas firmantes junto con las parcelas afectadas.
e)  Los  plazos  de  arrendamiento  para  todos  los  grupos  de  cultivos  o 
aprovechamientos, con indicación expresa de que, por razones técnicas, sea 
necesaria una ampliación del período mínimo de cinco años.
f)  La descripción de las obras e infraestructuras necesarias para la puesta en 
producción  de  las  actividades  que  se  desarrollarán  en  la  aldea  modelo,  sin 
perjuicio  de  su  posterior  concreción  en  la  convocatoria  del  procedimiento  de 
concurrencia competitiva para la selección de propuestas de aprovechamiento de  s
las parcelas incorporadas a la aldea modelo. oe.
g)  Los  precios  mínimos  de  arrendamiento  que  resulten  aplicables  a  las  w.
ppaarrache )sl aus Lc seaos biódrnee s ulcalrtseip rqciouióre n ee nxd iasert ree lanusdn a cmaocmietunpatroco.imoniseos  ded ein cliomrppoierazaci ódne a l lBoas ncteor rdeen oTsie rrdaesl   2021-4633n https://ww
perímetro  que  resulta  preciso  acometer  con  carácter  previo  al  inicio  del
procedimiento de selección de las propuestas de aprovechamiento. Bc
2.  Los borradores de guías de ordenación productiva serán sometidos a un 
trámite de información pública por el plazo de un mes mediante anuncios que se 
publicarán  en  el  Diario  Oficial  de  Galicia,  en  el  tablón  de  anuncios  del 
ayuntamiento en que se sitúe la aldea y en la página web de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural, donde estará disponible toda la documentación. Concluido el 
trámite  de  información  pública,  se  evaluarán  todas  aquellas  alegaciones 
presentadas y se incorporarán, en su caso, las modificaciones procedentes en el 
contenido del borrador de la guía de ordenación productiva.
3.  El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, concluida la 
tramitación anterior, y a propuesta de la persona titular de su dirección general, 
aprobará la guía de ordenación productiva. Dicha aprobación será publicada en el 
Diario Oficial de Galicia, en el tablón de edictos de los ayuntamientos donde se 
sitúe la aldea modelo y en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.
4.  Una  vez  publicada  la  aprobación  definitiva  de  la  guía  de  ordenación 
productiva y concluidos los trabajos de limpieza del perímetro de actuación de la 
aldea modelo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procederá a realizar la 
convocatoria de un procedimiento de concurrencia competitiva para la selección 
de  propuestas  para  el  aprovechamiento  de  parcelas  incorporadas  a  la  aldea 
modelo,  estableciendo  los  requisitos  de  admisión  de  las  propuestas  de 
participación.
En  la  referida  convocatoria  se  determinarán  los  criterios  más  idóneos  de 
preferencia  para  la  selección  de  las  propuestas  de  aprovechamiento  de  los 
terrenos  incorporados  a  la  aldea  modelo  mediante  la  tramitación  de  un 
procedimiento de concurrencia competitiva. Entre otros, se podrán tener en cuenta 
los siguientes:
1.º  La  complementariedad  con  otros  proyectos  de  aldea  modelo  y  la 
generación de sinergias.
2.º  Las  orientaciones  productivas  definidas  como  preferentes,  que  se 
priorizarán respeto de las secundarias.
3.º  La ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes.
4.º  La producción ecológica.
5.º  Las propuestas que abarquen mayor superficie dentro del perímetro de la 
aldea modelo y las que asuman la realización de un mayor volumen de obras 
precisas y la asunción de los costes de su ejecución, según la guía de ordenación 
productiva para la implantación de actividades de explotación.
6.º  La continuidad con otras iniciativas de movilidad de tierras.
7.º  Las propuestas que sean presentadas por personas que manifiesten su 
compromiso de residir habitualmente en la aldea modelo.
8.º  La renta, otorgando la puntuación máxima a incrementos del 100 % sobre 
el precio unitario mínimo que figure en la guía de ordenación productiva. Este valor 
se  ponderará  proporcionalmente  para  aquellos  precios  comprendidos  entre  el 
precio base y el 100 % de incremento.
9.º  La incorporación a la actividad agraria, valorándose la creación de nuevas 
explotaciones, así como la incorporación de personas jóvenes y de mujeres que 
asuman la titularidad o cotitularidad de las explotaciones.
10.º  La aportación de tierras que ya formen parte del perímetro al ámbito de 
actuación de la aldea modelo. Obtendrán la puntuación máxima las personas que  e.
aporten tierras gestionadas por ellas mismas. w.b
iden5ti.f iquLea,s  copmroop umeísntiamso ,d leo s ptearrrteicnipoasc qióune  sdee bpererátenn dceonn taepnreorv eucnhaa r,m loesm courlitaiv oqsu eo 
laopsr odveercehcahmosie snotobsre c oerllroess,p eonn dlioesn tteésr myi nlao sr eensttaa bqlueeci dsoes  seanti slfaa rgáu íaa  lodse  toitrudleanreasc idóen 
productiva. También deberán adjuntar, si así se recoge en la convocatoria, un
proyecto básico de las obras que pretendan realizar para el desarrollo de su 
propuesta.
A los efectos de la valoración de las propuestas y su viabilidad, la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural podrá requerir cuanta documentación complementaria 
estime pertinente, incluida la presentación de un proyecto de ejecución de la 
actuación propuesta.
En el caso de presentarse propuestas que impliquen la cesión de terrenos por 
un plazo superior al mínimo de cinco años, antes de la selección de la propuesta 
deberá darse traslado a los titulares de los derechos sobre los terrenos para que 
presten su conformidad. En caso de que alguno de los titulares no acepte el plazo, 
se dará traslado a la persona proponente para que reformule su propuesta. En 
caso contrario, no podrá ser seleccionado.
6.  El  órgano  de  gestión  del  Banco  de  Tierras  de  Galicia  emitirá  una 
propuesta de selección de las propuestas admitidas en la que se justifique la 
aplicación de los criterios de prioridad establecidos en la convocatoria, de acuerdo 
con las previsiones de la guía de ordenación productiva de la aldea modelo. 
Corresponde  a  la  persona  titular  de  la  dirección  de  la  Agencia  Gallega  de 
Desarrollo Rural la resolución del procedimiento de selección, que también podrá 
declarar que este quede desierto, cuando las ofertas presentadas no cumplan los 
requisitos.
En el caso de no presentarse en plazo propuestas para el aprovechamiento de 
alguna de las parcelas, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá acordar la 
apertura de un nuevo plazo de presentación y se admitirán las propuestas que se 
presenten dentro del nuevo plazo atendiendo a su prioridad temporal, siempre que 
cumplan los requisitos de admisión del número cuatro de este artículo y el plazo 
de duración del compromiso de incorporación de los titulares de los derechos de 
aprovechamiento de las parcelas al Banco de Tierras.
7.  Se notificará a cada participante la estimación o desestimación de su 
solicitud con indicación de los recursos que procedan.
8.  Una  vez  resuelto  el  procedimiento  de  selección,  se  procederá  a  la 
incorporación de las parcelas al Banco de Tierras de Galicia y a la firma de los 
contratos de arrendamiento con la persona que haya formulado la propuesta 
seleccionada.»
Artículo 15.  Modificación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 4 del artículo 8, que queda con la siguiente redacción:
«4.  Agente forestal: de conformidad con el artículo 6 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de montes, se define como el funcionario que tiene la 
condición de agente de la autoridad perteneciente a las administraciones públicas 
que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación 
corporativa  específica,  tiene  encomendadas,  entre  otras  funciones,  las  de 
vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de 
policía  judicial  en  sentido  genérico,  tal  como  establece  el  apartado  6  del 
artículo 283 de la Ley de enjuiciamiento criminal, actuando de forma auxiliar de los 
jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las fuerzas  s
y cuerpos de seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica  oe.
reguladora.» w.
Dos.  El número 2 del artículo 54 queda con la siguiente redacción:
pres«e2n.t adLaa  y cao mcuonnitdinauda cpiórno prieemtairtiiará  eax alam Aindamráin isyt radcisiócnu tfiroár eslata l duoncau mpreonptuaecisótna 
con  plano  topográfico,  junto  con  toda  la  documentación  y  las  alegaciones
presentadas. Examinadas la documentación y la propuesta de deslindamiento 
provisional, la Administración forestal emitirá informe.»
Tres.  Se modifica la letra j) del número 1 del artículo 126, que queda con la 
siguiente redacción:
«j)  Registro de Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta, en el cual se 
inscribirán las agrupaciones forestales de gestión conjunta que voluntariamente se 
constituyan de acuerdo con los requisitos establecidos en esta ley. El registro de 
las sociedades de fomento forestal existente con anterioridad a la creación de este 
registro queda integrado en él.»
Cuatro.  Se  añade  la  letra  o)  al  número  1  del  artículo  126,  con  la  siguiente 
redacción:
«o)  Registro de Montes de Socios.»
Cinco.  Se añade una disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Montes de socios.
1.  De  conformidad  con  el  artículo  27  bis  de  la  Ley  43/2003,  de  21  de 
noviembre, de montes, son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde, 
en  pro  indiviso,  a  varias  personas  y  algunas  de  ellas  son  desconocidas,  con 
independencia de su denominación y de su forma de constitución.
2.  El régimen de organización y funcionamiento de estos montes será el 
establecido en dicho artículo 27 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes.»
Seis.  Se modifica el número 4 de la disposición transitoria sexta, que queda con la 
siguiente redacción:
«4.  Transcurridos los plazos establecidos en el número 1 sin que los montes 
o  terrenos  forestales  dispongan  de  un  instrumento  de  ordenación  o  gestión 
forestal,  quedan  prohibidos  los  aprovechamientos  comerciales  de  madera 
mientras no se doten de dicho instrumento. Se exceptúan de esta prohibición los 
aprovechamientos de obligada ejecución, los de madera quemada y las talas 
sanitarias.»
Artículo 16.  Plan forestal de Galicia.
A los efectos de la evaluación ambiental estratégica de la primera revisión del Plan 
forestal de Galicia, la consejería competente en la materia forestal presentará ante el 
órgano  ambiental  el  estudio  ambiental  estratégico  y  la  propuesta  final  del  plan  o 
programa, tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de 
información pública y de consultas ya realizados, en un plazo máximo de tres meses 
desde la entrada en vigor de esta ley, para su tramitación de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 17.  Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en 
mano común. es
Se añade una disposición adicional séptima con la siguiente redacción: w.
«Disgpeonseicraiólens  ya dpircóirornoagla  dseélp mtimanad. atoP ldaez ola s pjuanrata sl are ctroeraalisz.ación  de  asambleas
1.  Las asambleas generales de las comunidades de montes vecinales en
mano común, en lo que respecta a las obligaciones previstas en la Ley 13/1989,
de  10  de  octubre,  de  montes  vecinales  en  mano  común,  en  cuanto  a  su 
funcionamiento y gobernanza, podrán, en función de la evolución de la situación 
de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, aplazar la renovación de juntas 
rectoras, la actualización del censo de comuneros y del libro de contabilidad y la 
celebración anual de asambleas generales y, por tanto, la aprobación de actos de 
disposición y otras obligaciones normativamente previstas, como la comunicación 
anual de reinversiones.
2.  Respecto del mandato de las juntas rectoras de las comunidades de 
montes  afectadas  en  lo  relativo  a  su  renovación  por  la  emergencia  sanitaria 
existente, y cuya vigencia se haya visto afectada por las medidas excepcionales 
adoptadas desde el 14 de marzo de 2020, se entenderá prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2021, sin perjuicio de que puedan ser renovados o separados en 
cualquier momento anterior por el órgano competente.
Las juntas rectoras podrán tomar las decisiones que resulten indispensables y 
necesarias  para  la  buena  gobernanza  y  gestión  del  monte  vecinal  en  mano 
común.  Una  vez  finalizado  este  período  excepcional  deberán  informar 
extensamente a los comuneros de la totalidad de los acuerdos adoptados y de los 
motivos  que  justificaron  su  adopción,  y,  asimismo,  deben  ser  expresamente 
refrendados  en  la  primera  asamblea  general  que  tenga  lugar,  en  cuanto  la 
situación sanitaria lo permita.
Las modificaciones previstas en esta disposición serán aplicables directamente 
a las comunidades de montes en mano común con independencia de lo que 
dispongan sus estatutos. No obstante, cuando se pretenda modificar los estatutos 
vigentes, estos deberán adaptarse íntegramente a lo dispuesto en esta ley.»
CAPÍTULO IV
Infraestructuras y movilidad
Artículo 18.  Modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
Se añaden un número 9 y un número 10 al artículo 11 de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, con la siguiente redacción:
«9.  En  materia  de  desarrollo  sostenible,  la  realización  de  programas, 
proyectos y acciones de cooperación para la implementación de la Agenda 2030 y 
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de aguas.
10.  En materia de cooperación al desarrollo, la realización de programas, 
proyectos  y  acciones  de  cooperación  en  materia  de  aguas  acordes  con  la 
Estrategia gallega de acción exterior.»
Artículo 19.  Modificación de la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de 
personas en vehículos de turismo de Galicia.
La Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de 
turismo de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se suprime la letra a) del artículo 47.
Dos.  Se modifica el número 2 del artículo 53, que queda redactado como sigue:
«2.  Las personas titulares de autorizaciones administrativas para el ejercicio  bo
de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en  33ww
dGaeeuna t lomdicrisaiiazeta eñcreoiiasó, t nead mreuá nitnsr  aidóoninsbst,pil niugotsairvotdeo asy qs. vu aeal  iiddceeoznl otticefiamqru peoe rnea sl ttoqadu aoecs ta ivpliordosab dav,r ecáho ílncauf ocloromsn seae adje slracíasri  tccooosnm dapi ceidtoeincnheteas    OE-A-2021-46able en https://
En todo caso, dicho distintivo consistirá en un autoadhesivo vinilo que deberá 
colocarse en la parte delantera del vehículo, y será emitido a los titulares de los 
correspondientes títulos habilitantes por los órganos administrativos competentes 
para el otorgamiento o visado periódico de las correspondientes autorizaciones 
administrativas habilitantes.
Los  vehículos  no  podrán  llevar  ninguna  publicidad  ni  signos  externos 
identificativos, excepto el distintivo regulado en este artículo.»
Tres.  Se suprime el artículo 55.
Cuatro.  Se modifica la letra l) del artículo 61, que queda con la siguiente redacción:
«l)  La recogida de clientes en régimen de arrendamiento con conductor que 
no hayan contratado previamente el correspondiente servicio.»
Quinto.  Se modifica la letra j) del artículo 61, que queda redactado como sigue:
«j)  No disponer, en el caso de autorizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor, del número mínimo de vehículos o carecer de las características 
exigibles a estos, entre las que se incluye la utilización del distintivo regulado en el 
número 2 del artículo 53.»
Sexto.  Se suprime la letra j) del artículo 62.
Séptimo.  Se  suprime  la  letra  a)  del  número  2  de  la  disposición  transitoria 
decimoprimera.
Artículo 20.  Modificación de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
La Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se añade una nueva letra c) al número 2 del artículo 6, con la siguiente 
redacción:
«c)  Tramos antiguos de carreteras generados como resultado de la ejecución 
de una variante de trazado de la carretera original y que dispongan de calzada y 
conexión con la red viaria.»
Dos.  Se modifica el número 1 del artículo 10, que queda redactado como sigue:
«1.  Los catálogos de carreteras son los instrumentos públicos que sirven 
para identificar, inventariar, clasificar y, en su caso, categorizar funcionalmente las 
carreteras de las redes de cada administración titular.»
Tres.  Se añaden las letras e) y f) al número 6 del artículo 10, con la siguiente 
redacción:
«e)  El  cambio  de  categoría  funcional  de  carreteras,  cuando  no  se  haya 
tramitado un expediente al respecto.
f)  El resto de supuestos previstos reglamentariamente.»
Cuatro.  Se modifica la letra d) del número 7 del artículo 10, con la siguiente 
redacción:
«d)  El cambio de categoría funcional de una carretera, cuando se haya  e
tramitado un expediente al respecto.» bo
redaCcicnicóon.:  Se añade una nueva letra e) al número 7 del artículo 10, con la siguiente  2021-4633n https://ww
«e)  El resto de supuestos previstos reglamentariamente.»
Seis.  Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  Delimitación de la zona de afección.
La zona de afección está formada por dos franjas de terreno, una a cada orilla 
de la carretera, delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de 
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a ellas y medidas horizontal 
y ortogonalmente desde las líneas exteriores de la zona de dominio público, a una 
distancia de:
a)  Cien metros en el caso de autopistas, autovías y vías para automóviles.
b)  Treinta  metros  en  el  caso  de  carreteras  convencionales  y  elementos 
funcionales.»
Siete.  Se modifica la letra d) del número 1 del artículo 43, que queda redactada 
como sigue:
«d)  Excepcionalmente,  apoyos  de  redes  e  infraestructuras  aéreas  de 
servicios públicos cuando sean empleados de manera compartida con la red de 
alumbrado público fuera de sus tramos urbanos y siempre que no se trate de 
apoyos de redes eléctricas de alta tensión.
Asimismo,  reposición  de  apoyos  de  redes  e  infraestructuras  aéreas  de 
servicios públicos afectados por obras en la carretera, en caso de que estas obras 
sean promovidas por la administración titular de la carretera.»
Ocho.  Se modifica la letra g) del número 1 del artículo 43, que queda redactada 
como sigue:
«g)  Las  instalaciones  provisionales,  con  un  plazo  fijado,  asociadas  a 
actividades de interés, de uso o de acceso público, o para la realización de 
actividades  relacionadas  con  la  conservación  o  construcción  de  instalaciones 
industriales  o  de  edificaciones,  así  como  las  obras,  instalaciones  y  usos 
provisionales  de  interés  particular  en  terrenos  afectados  por  anteproyectos, 
proyectos de trazado y proyectos de construcción aprobados definitivamente y 
cuyas obras no se hayan iniciado.»
Nueve.  Se modifica la letra c) del número 2 del artículo 43, que queda redactada 
como sigue:
«c)  Excepcionalmente,  apoyos  de  redes  e  infraestructuras  aéreas  de 
servicios  públicos,  cuando  por  las  condiciones  orográficas  del  terreno  resulte 
técnicamente inviable retirarlos a mayor distancia o sean los apoyos extremos del 
vano de cruce aéreo sobre la plataforma, fuera de sus tramos urbanos y siempre 
que no se trate de apoyos de redes eléctricas de alta tensión.»
Diez.  Se añade una nueva letra d) al número 2 del artículo 43, con la siguiente 
redacción:
«d)  La  instalación  de  un  único  apoyo  perteneciente  a  una  red  o 
infraestructura aérea de servicios públicos para cada paso de la red aérea a 
canalización subterránea, y de subterránea a aérea.» s
Once.  Se modifica la letra d) del número 1 del artículo 44, que queda redactada  w.b
como sigue: 33ww
«d)  Cierres completamente diáfanos, sobre piquetes sin cimentación de obra
de fábrica.»
Doce.  Se modifica el número 2 del artículo 47, que queda redactado como sigue:
«2.  La competencia para autorizar la ejecución de obras, instalaciones o la 
realización  de  cualquiera  otra  actividad  en  la  zona  de  dominio  público  de  la 
carretera o en sus zonas de protección, así como para realizar las actividades de 
comprobación  de  aquellas  sujetas  a  declaración  responsable  en  lo  que  a 
legislación  sectorial  en  materia  de  carreteras  se  refiere,  corresponde  a  la 
administración titular de la carretera, excepto en la tala de arbolado, que tendrá 
que ser autorizada únicamente por el órgano competente en materia forestal, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o 
norma  que  la  sustituya,  previo  informe  preceptivo  y  vinculante  del  órgano 
competente de la administración titular de la carretera.»
Trece.  Se modifica el número 2 del artículo 51, que queda redactado como sigue:
«2.  El plazo de garantía será de un (1) año como máximo desde la fecha del 
acta de conformidad, en su caso. La garantía será independiente de las tasas que, 
con  carácter  general,  se  devenguen  por  la  tramitación  del  expediente  de  la 
autorización y sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya podido incurrir 
por el incumplimiento de las condiciones establecidas en aquella.»
Catorce.  Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:
«Artículo 54.  Régimen general y competencia.
La competencia para la ejecución de las medidas de protección de la legalidad 
viaria previstas en este capítulo corresponde a la administración titular de la 
carretera,  que  podrá  requerir  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  cuando  resulte 
necesario para su ejecución.»
Quince.  Se  añade  una  nueva  disposición  transitoria  cuarta,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria cuarta.  Tramos urbanos en planeamiento no adaptado.
En los suelos incluidos en el ámbito de los núcleos rurales, delimitados, al 
amparo de la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adaptación de la del suelo a 
Galicia, en planes urbanísticos aprobados definitivamente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y no 
adaptados a la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia, independientemente de su clasificación 
como suelo urbano, a efectos de esta ley, los tramos de carreteras que discurran 
por estos suelos tendrán la consideración de tramo urbano cuando se cumplan las 
condiciones que para el suelo de núcleo rural se establecen en el artículo 7.»
Artículo 21.  Modificación de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales y 
administrativas.
El  artículo  80  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  febrero,  de  medidas  fiscales  y 
administrativas, queda redactado como sigue:
«Adaptación de la explotación de los contratos de concesión públicos de  o
transporte regular de uso general o mixtos por razón de integración de servicios o  33www.
mejoUrnaos.  enL laa  Aexdpmlointaisctiróanc.ión podrá introducir, en cualquier momento, alteraciones
od em  soedrifvicicaiocsio npeúsb elicno lsa sd ceo ntrdaicnisopnoerste d er eegxuplalort adceió nu sdoe  lgoesn ceornatl raot osm dixeto cso, nccoens iólna   BOE-A-cable e
finalidad de atender la demanda de transporte generada por personas usuarias de 
los servicios públicos de transporte que oferte la Xunta de Galicia.
Dos.  Identificada la necesidad de modificar las condiciones de prestación de 
un  servicio  público  de  transporte  regular  de  viajeros  de  uso  general  de  la 
competencia de la Xunta de Galicia, a los procedimientos de adaptación de sus 
condiciones  de  prestación  iniciados  de  oficio  por  el  responsable  del 
correspondiente contrato de concesión, y a los iniciados a solicitud de interesado, 
les resultarán de aplicación las siguientes especialidades:
1.  El responsable del contrato podrá dictar una medida cautelar de carácter 
ejecutivo en la que dispondrá su prestación por parte de la empresa contratista 
elegida para tal fin, conforme a lo previsto en los correspondientes contratos de 
concesión  de  servicios  públicos  de  transporte.  Esta  medida  cautelar  tendrá 
carácter ejecutivo y será de obligado cumplimiento para el contratista, que deberá 
adaptar la explotación del servicio en el plazo que en ella se establezca.
2.  Sin perjuicio del indicado carácter ejecutivo de la medida ejecutiva de la 
Administración, desde su recepción el concesionario dispondrá del plazo de diez 
días para la formulación de alegaciones. Por este mismo plazo, la Administración 
dará audiencia a cualquier otro interesado.
3.  Cuando la modificación de las condiciones de explotación implique la 
creación de una nueva parada, o la modificación de una ya existente, sin perjuicio 
del  carácter  ejecutivo  de  las  medidas  cautelares  que  se  pudieren  adoptar 
conforme a lo establecido anteriormente, se dará audiencia al titular de la vía en el 
plazo señalado en el punto anterior.
En el caso de formulación de alegaciones que impliquen la negativa a la 
creación o a la instalación de una parada, el titular de la vía deberá presentar una 
o varias alternativas en que justifique el mantenimiento de una análoga o mejor 
funcionalidad para las personas usuarias.
4.  Analizados las alegaciones formuladas, en su caso, el responsable del 
contrato dictará la resolución definitiva.
Tres.  Mediante una resolución conjunta de los departamentos de la Xunta de 
Galicia con competencia en materia de transportes y cada uno de los ámbitos 
sectoriales objeto de integración, se establecerán protocolos administrativos de 
actuación para la recepción, validación y aprobación de las nuevas demandas de 
prestación de servicios de transporte público.
Cuatro.  Igualmente, en los términos previstos en esta ley y en la normativa 
básica de aplicación, la mejora en las condiciones de prestación del servicio 
público de transporte, la implantación de soluciones de explotación innovadoras 
como la gestión bajo demanda, o la integración de servicios de transporte, se 
considerarán causas de interés público justificativas de la modificación de oficio de 
los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general 
que estén en explotación, en los términos previstos en el segundo párrafo del 
artículo 3.1 de la Ley 10/2016, de 19 de julio, de medidas urgentes para la 
actualización del sistema del transporte público de Galicia, previa audiencia del 
contratista.
En estos casos, la Administración deberá prever las compensaciones que 
resulten esenciales para, manteniendo las condiciones de equilibrio económico de 
los indicados contratos y el principio de riesgo y ventura que les es propio, resarcir  e
al contratista por las nuevas obligaciones de servicio público que se le impongan.» bo
CAPÍTULO V
Mar
Artículo 22.  Modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia.
La Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El número 8 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«8.  Establecimientos  auxiliares  de  cultivos  marinos:  son  aquellos 
establecimientos que tienen como función principal la depuración, la expedición, el 
almacenamiento, el mantenimiento, la clasificación y la regulación comercial de los 
cultivos marinos y, en su caso, de otros productos pesqueros, con la finalidad de 
posibilitar su llegada a las personas consumidoras en las condiciones higiénico-
sanitarias que la ley demanda.»
Dos.  El número 12 del apartado F) del artículo 137 queda redactado como sigue:
«12.  La  tenencia,  la  consignación,  el  almacenamiento,  el  transporte,  la 
exposición y la primera venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, 
de  productos  pesqueros  prohibidos  o  de  talla  o  peso  inferiores  a  los 
reglamentarios. En los supuestos en que estas conductas afecten a las diferentes 
especies  de  moluscos  y  se  realicen  en  lonja  o  en  cualquiera  de  los 
establecimientos autorizados para la primera venta, el volumen total vendido de 
talla o peso inferior al mínimo en un día deberá ser superior al 10 % del total 
comercializado para esa especie. En caso de que este porcentaje sea inferior o 
igual al 10 %, y su captura se considere no intencionada, se considerará infracción 
leve, y no podrá ser objeto de comercialización.»
Tres.  El número 6 del apartado G) del artículo 137 queda redactado como sigue:
«6.  La  tenencia,  la  consignación,  el  transporte,  el  tránsito,  el 
almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las 
formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso 
inferiores a los reglamentarios.
En los supuestos en que estas conductas afecten a las diferentes especies de 
moluscos  y  se  realicen  en  lonja  o  en  cualquiera  de  los  establecimientos 
autorizados para la primera venta, el volumen total vendido de talla o peso inferior 
al mínimo en un día deberá ser superior el 10 % del total comercializado para esa 
especie. En caso de que este porcentaje sea inferior o igual al 10 %, y su captura 
se considere no intencionada, se considerará infracción leve, y no podrá ser objeto 
de comercialización.»
Artículo 23.  Modificación de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia.
La Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El artículo 48 queda redactado como sigue: s
«Artículo 48.  Obras de dragado. w.
en e1l .d oTmoidnaio  epjeúcbuliccioó np odretu oabriroa ss udjeet od raalg áamdob ioto  edl ev earptildicoa cdieó np rdoed uecsttoas l edye r edqraugearidráo 
paeurtojuriicziaoc dióen o dtreo sP uinefrotroms edse  pGreavliicsitao ss oebnr ela  lale gbiasslaec dióenl  cvoigrerenstep.ondiente proyecto, sin
Conforme a lo dispuesto en la legislación de puertos del Estado y de la marina 
mercante, cuando las obras de dragado o el vertido de los productos de dragado 
puedan  afectar  a  la  seguridad  de  la  navegación  en  la  zona  portuaria, 
particularmente en los canales de acceso y en las zonas de fondeo y maniobra, se 
exigirá informe previo y favorable de la Administración marítima. Asimismo, el 
vertido fuera de las aguas del dominio público portuario de los productos de los 
dragados deberá ser autorizada por la Administración marítima, contando con el 
informe previo de las administraciones con competencias concurrentes por razón 
de la materia o del ámbito.
2.  Los  proyectos  de  dragado  incluirán  un  estudio  de  la  gestión  de  los 
productos de dragado que tendrá en cuenta las características del material y de 
las  zonas  de  dragado,  vertido  o  colocación.  Se  dará  prioridad  a  los  usos 
productivos frente al vertido al mar. El contenido de los estudios se ajustará a lo 
regulado en la normativa y en la legislación de aplicación en la materia.
3.  Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a 
otros proyectos, al procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación de 
impacto ambiental, se tendrá en cuenta lo recogido en este artículo respecto de 
los informes y autorizaciones necesarias, en el curso de dicho procedimiento.»
Dos.  La letra b) del número 1 del artículo 71 queda redactada como sigue:
«b)  Concesiones de puertos e instalaciones náutico-deportivas, construidos o 
no por particulares, excepto cuando el solicitante sea un club náutico o entidad 
náutica deportiva sin fines lucrativos, siempre, en este caso, que las condiciones 
de la concesión establezcan una limitación del 20 por ciento para el número de 
puestos de atraque destinado a embarcaciones con eslora superior a 12 metros.»
Tres.  La letra e) del número 2 del artículo 73 y el último párrafo del número 2 
quedan redactados como sigue:
«e)  La  ampliación  del  plazo  inicial  de  la  concesión  cuando  el  título  de 
otorgamiento no prevea la posibilidad de prórroga, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 67.2, o cuando se prevea la realización de una inversión relevante, que en 
todo caso sea superior al diez por ciento del valor actualizado de la inversión 
inicial reconocida.
En el cómputo de los límites establecidos se tendrán en cuenta los valores 
acumulados de las modificaciones anteriores.»
Cuatro.  Se añade un nuevo número 3 al artículo 102 con la siguiente redacción:
«3.  A  los  efectos  de  documentación  requerida  para  la  solicitud  de  una 
autorización temporal de uso de puestos de atraque, se estará a lo establecido en 
el artículo 24 del Decreto 130/2013, de 12 de agosto, por el que se regula la 
explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náutico-
deportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, no siendo de 
aplicación el artículo 61 de esta ley, salvo el número 1, letras a) y g).»
Cinco.  El número 3 del artículo 107 queda redactado como sigue:
«3.  En el caso de existir un concesionario, la persona titular deberá abonar a 
este las tarifas por prestación de servicios diversos aprobadas por Puertos de  e.
Galicia. Dichas tarifas deberán ser abonadas por el período completo autorizado  w.b
con un mínimo de seis meses, que deberán ser naturales, sin que el concesionario  33ww
aetsrtaéq oubel iagnatdeos  ad erle tiinetmegproa re csatanbtildeacidd oa.l»guna en el caso de abandono de la plaza de
Seis.  La letra b) del número 1 del artículo 110 queda redactada como sigue:
«b)  Por el impago de una liquidación en concepto de tasa portuaria X-5 
durante un plazo de seis meses, que deberán ser naturales, con independencia de 
que su abono sea exigido de manera directa por la Administración portuaria o de 
que exista una subrogación en el pago por parte de un concesionario conforme a 
lo establecido en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones 
reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente con que no se haya 
efectuado el ingreso en período voluntario. Una vez iniciado, podrá acordarse su 
archivo si antes de dictar la resolución se produce el abono íntegro de la deuda, 
incluidos los intereses y las cargas derivados del procedimiento de apremio, y se 
constituye la garantía que al respecto y de manera discrecional pueda fijar Puertos 
de Galicia.»
Siete.  El número 4 del artículo 111 queda redactado como sigue:
«4.  Los servicios prestados en los puertos solo podrán limitarse o denegarse 
en los casos en que las personas usuarias no reúnan las condiciones establecidas 
en esta ley, o en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones 
reguladoras  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  en  los  reglamentos 
correspondientes,  en  los  pliegos  generales  de  los  servicios  o  en  el  título 
correspondiente.  La  información  sobre  los  servicios  y  las  condiciones  de 
prestación se realizará de acuerdo con la legislación que protege a las personas 
consumidoras y usuarias.»
Ocho.  El número 1 del artículo 113 queda redactado como sigue:
«1.  Son  servicios  portuarios  generales  aquellos  servicios  comunes  que 
permiten  la  realización  de  operaciones  de  tráfico  portuario,  cuya  titularidad  y 
prestación  se  reserva  Puertos  de  Galicia  y  de  los  cuales  se  benefician  las 
personas usuarias del puerto sin necesidad de solicitud, salvo en el caso de 
aquellos servicios generales de los puertos cuyo régimen de prestación establezca 
la necesidad de formular solicitud previa por parte del usuario.»
Nueve.  Se modifica la letra h) y se añaden las letras i) y j) al número 2 del 
artículo 113, que quedan redactadas como sigue:
«h)  El  servicio  de  recepción  de  desechos  generados  por  buques,  que 
comprende la recepción de desechos y residuos de los anexos I, IV, V o VI del 
Convenio MARPOL 73/78.
i)  El  servicio  de  recogida  de  desechos  generados  en  los  puertos,  que 
comprende todos aquellos residuos producidos por la realización de la actividad 
económica, industrial o comercial que se desarrolla en estos.
Quedan excluidos, entre otros, los desechos que se deriven de la actividad 
comercial,  industrial  y  de  servicios  desarrolladas  por  los  usuarios  y  sectores 
portuarios, por cualquier título que ampare su operatividad en los puertos, entre 
ellos  los  residuos  de  tipo  industrial,  de  la  construcción,  los  subproductos  de 
animales tipo sandach y los sanitarios.
j)  Cualquier otro servicio común que, por su vinculación con la seguridad  s
portuaria, sea declarado como servicio general por orden de la persona titular de  oe.
la consejería competente en materia de puertos.» w.
Diedze.  «uS6se.o   aEñolab dslieegr avutinoc rinoioú ,dm eee rrxeocc e6ep patcol i aórnntí ocdsue l olso 1us1p d4ue,e sqseutocesh q ouspe rgdeeavn isreetrodasad cotesa ndp oo lrca ol omsn oob rsumiqgauuteievs:a s edráe   OE-A-2021-46able en https://
aplicación.»
Once.  Se suprime la letra d) del número 3 del artículo 115.
Doce.  Se modifica el número 4 del artículo 116, que queda redactado como sigue:
«4.  Las autorizaciones se otorgarán con carácter específico e individualizado 
para cada uno de los servicios que se enumeran en el artículo 115.3, excepto en lo 
relativo a los servicios técnico-náuticos, que podrán acumularse en una única 
autorización por motivos derivados de la demanda de personas usuarias existente 
en un puerto o en un área portuaria determinada.»
Trece.  El número 3 del artículo 127 queda redactado como sigue:
«3.  Las personas titulares de concesiones y autorizaciones están obligadas a 
desarrollar labores de vigilancia de sus instalaciones, adoptando las medidas 
oportunas para la prevención de infracciones y presentando de manera inmediata 
denuncia de producirse estas. Asimismo, prestarán asistencia a Puertos de Galicia 
en el ejercicio de la potestad de inspección, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 130/2013, de 12 de agosto, por el que se regula la explotación de los 
puertos  deportivos  y  de  las  zonas  portuarias  de  uso  náutico-deportivo  de 
competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  y  los  reglamentos  de 
explotación de cada puerto.»
CAPÍTULO VI
Política social
Artículo 24.  Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de 
Galicia.
Se modifica el número 5 y se añade un número 6 a disposición adicional novena de 
la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, con la siguiente 
redacción:
«5.  La  consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales  adoptará 
medidas tendentes a promover y fomentar que las entidades públicas distintas de 
las recogidas en los números anteriores de este artículo, así como las entidades 
privadas que sean titulares o que gestionen escuelas infantiles de 0-3 años, 
apliquen para el segundo hijo o hija de la unidad familiar y sucesivos/as una 
bonificación del 100 % de la contraprestación pecuniaria que tengan establecida 
por  la  atención  educativa.  Entre  tales  medidas  podrá  encontrarse  el 
establecimiento de subvenciones. En estos casos será a cargo de las entidades la 
cuantía de la bonificación en lo que exceda de la cuantía de la subvención 
otorgada por la Administración autonómica.
6.  A  los  efectos  de  la  aplicación  de  lo  previsto  en  esta  disposición,  se 
entenderán incluidos en el concepto de unidad familiar los hijos e hijas mayores de 
dieciocho años que convivan en el domicilio familiar.»
Artículo 25.  Modificación de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
El número 4 del artículo 5 de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, 
queda redactado como sigue: s
«4.  Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público  w.b
existentes,  así  como  las  respectivas  instalaciones  de  servicios  y  mobiliario  33ww
purriboarindoasd,e ds eqbueerá tne nsderár  aedna cputaednotas  lag rmadauyaolrm eefnictaec, iad ey  alac uceorndcou rcreonnc iuan oa  eol rdtreánn sditoe 
pdeer jupiecrioso dnea slo sy p llaazso sr eegsltaasb leyc icdoonsd eicni olan enso rmpraetvivisat absá sriceag leasmtaetnatla driea mapelnictaec, ióyn .sin
A  tal  efecto,  los  entes  locales  tendrán  que  elaborar  planes  estratégicos 
municipales de accesibilidad con formulación de las actuaciones para adaptar las 
vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público a las normas de 
accesibilidad. Con esta finalidad, los proyectos de presupuestos de los entes 
públicos deberán contener, en cada ejercicio presupuestario, las consignaciones 
específicas  para  la  financiación  de  estas  adaptaciones,  dentro  de  las 
disponibilidades presupuestarias.»
CAPÍTULO VII
Empleo e igualdad
Artículo 26.  Modificación de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de 
Galicia.
1.  La  Ley  5/1998,  de  18  de  diciembre,  de  cooperativas  de  Galicia,  queda 
modificada como sigue:
Uno.  Los números 1, 2 y 3 del artículo 35 quedan redactados como sigue:
«1.  Con carácter general, la asamblea general tendrá lugar en la localidad 
donde radique el domicilio social de la cooperativa. Se establecen las siguientes 
excepciones:
a)  Que se realice de forma telemática.
b)  Que la asamblea tenga el carácter de universal, en cuyo caso podrá tener 
lugar en cualquier localidad.
c)  Que en los estatutos se fije otro lugar de reunión o se habilite al órgano de 
administración para fijar uno distinto.
d)  Que, por circunstancias sobrevenidas, en la localidad donde radique el 
domicilio  social  de  la  cooperativa  no  exista  un  local  que  permita  el  normal 
desarrollo  de  la  asamblea  en  condiciones  de  seguridad.  El  órgano  de 
administración tendrá que motivar suficientemente esta circunstancia, así como la 
idoneidad de la localidad escogida en términos de facilidad de comunicación 
respecto de la localidad donde la cooperativa tiene el domicilio social o donde 
reside la mayoría de las personas socias.
2.  Tendrán derecho a asistir a la asamblea general aquellas personas socias 
que lo sean en la fecha de realización de aquella.
La asamblea general quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando estén presentes o representados la mayoría de los votos, y en segunda 
convocatoria cuando estén presentes o representadas, al menos, personas socias 
que tengan el 10 % de los votos o 100 votos.
Para la segunda convocatoria los estatutos sociales podrán fijar un quorum 
superior, sin superar el establecido para la primera. También podrán establecer 
que,  cualquiera  que  sea  el  número  de  personas  cooperativistas  presentes  o 
representadas  en  la  asamblea,  esta  quedará  válidamente  constituida  en  la 
segunda convocatoria.
Sirve alcanzar estos quorums al inicio de la sesión para que la presidencia la 
declare válidamente constituida. e
3.  Las reuniones de la asamblea general podrán desarrollarse íntegramente  bo
por videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan la participación a  33ww
aceducjiescatreancsnidcocoio.i a  Et,do nedo  al laosd s ce lod anefsovr reopmccehaarot sosomr nipaiaxo tssra  e pq (adupreerttee e sdrdemeenbi cnlaaiaansrl  á psnyee  rlrops osoc nrop anlmasv zoeqocdusaieo,d  slaaa sssti e sftloteearmnnmg áataetsinlc e oymp sloo)á,sst ii csbmaiielmoidmdeapondrst e edd  eeay     OE-A-2021-46able en https://
la asamblea.
Cuando se convoquen reuniones de la asamblea general para su realización 
por medios telemáticos, el órgano de administración deberá adoptar las medidas 
necesarias para garantizar:
a)  La verificación de la identidad de las personas asistentes.
b)  La acreditación de la representación con que actúan, en su caso.
c)  El ejercicio del derecho de participación con voz y voto, según proceda.
d)  El sentido de los votos emitidos y su cómputo, teniendo en cuenta el voto 
plural cuando proceda.
e)  El secreto de los votos, cuando deban tener tal carácter.»
Dos.  El número 8 del artículo 36 queda redactado como sigue:
«8.  Aunque los estatutos no lo prevean, las personas socias podrán hacerse 
representar  por  otras  personas  socias.  Una  misma  persona  podrá  actuar  en 
representación de hasta diez personas socias.
En  caso  de  que  la  persona  representante  asista  a  la  reunión  de  forma 
presencial,  la  representación  se  acreditará  mediante  autorización  por  escrito 
autógrafo o poder especial suscrito por el representado o representada. En caso 
de que participe por medios telemáticos, la convocatoria deberá establecer la 
forma en que se debe acreditar la representación.
En cualquier caso, la representación debe otorgarse para cada asamblea, y 
debe ser verificada por el órgano de intervención de la cooperativa o, en su 
defecto, por la presidencia y la secretaría.»
Tres.  El número 1 del artículo 39 queda redactado como sigue:
«1.  Los  estatutos  podrán  prever  que  las  competencias  de  la  asamblea 
general se ejerzan mediante una asamblea de segundo grado, integrada por los 
delegados designados en juntas preparatorias.
Aunque los estatutos no lo prevean, también se podrá aplicar esta modalidad 
cuando en una cooperativa concurran circunstancias que dificulten la presencia 
simultánea de todas las personas socias en la asamblea general. El órgano de 
administración justificará de forma suficiente esta circunstancia y establecerá los 
criterios de adscripción de las personas socias a las juntas preparatorias, que se 
comunicarán junto con la convocatoria.»
Cuatro.  Se añade una disposición adicional décima con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  décima.  No  existencia  de  quorum  en  segunda 
convocatoria.
Excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2021, y con independencia de 
la  modalidad  de  realización  de  la  reunión,  las  asambleas  generales  de  las 
cooperativas a las que le sea de aplicación la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de 
cooperativas  de  Galicia,  quedarán  válidamente  constituidas  en  segunda 
convocatoria  cualquiera  que  sea  el  número  de  cooperativistas  presentes  o 
representados, aunque los estatutos no lo hayan establecido.»
Cinco.  Se  añade  una  disposición  adicional  decimoprimera  con  la  siguiente 
redacción: e.e
«Disposición adicional decimoprimera.  Plazo para la realización de asambleas  33ww
la Leg1ye.  n5eL/1raa9sl9e a8ss,  yad mper bó1lr8er oadgse a g ddeiceni eelormaslb enrsoe m,d debe rla acmso oiceponeotorpaset.rivaatisv adse  aG laalsic qiau, eq usee ad edbei earpalnic atecnióenr   OE-A-2021-46able en https://
lugar en una fecha posterior al 14 de marzo de 2020 y que no se pudieron realizar
en cumplimiento de las medidas dictadas para hacer frente a la pandemia de la 
COVID-19, podrán celebrarse con fecha límite del 31 de diciembre de 2021.
2.  Aquellos  nombramientos  para  cargos  de  los  órganos  sociales  de  las 
cooperativas a las que sea de aplicación la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de 
cooperativas de Galicia, cuya vigencia haya finalizado después del 14 de marzo 
de  2020  se  entenderán  prorrogados  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021,  sin 
perjuicio  de  que  puedan  ser  renovados  o  separados  en  cualquier  momento 
anterior por el órgano competente.
3.  Las  modificaciones  previstas  en  el  número  anterior  serán  aplicables 
directamente a las cooperativas con independencia de lo que dispongan sus 
estatutos. No obstante, cuando se pretenda modificar los estatutos vigentes, estos 
deberán adaptarse íntegramente a lo dispuesto en esta ley.»
Artículo  27.  Modificación  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2015, de 12 de febrero.
El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de igualdad, aprobado por el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, 
queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica la denominación del capítulo III del título III, que pasa a ser: «La 
certificación Gallega de Excelencia en Igualdad».
Dos.  Se modifica el artículo 72, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 72.  Obtención de la Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad.
1.  La Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad es un distintivo a 
través del cual la Xunta de Galicia da reconocimiento a aquellas empresas que 
destaquen en la aplicación de las políticas de igualdad.
2.  Podrán optar a la calificación de la Certificación Gallega de Excelencia en 
Igualdad, para sus productos o para sus servicios, las empresas, sean de capital 
privado o sean de capital público, que tengan su domicilio en Galicia o con 
agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en Galicia, siempre 
y cuando, al mismo tiempo, hayan contratado personal en Galicia.
3.  Con el fin de obtener la Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad, 
las empresas deberán presentar, como mínimo, en la consejería competente en 
materia de trabajo:
a)  La  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  parámetros 
establecidos reglamentariamente para la obtención de la Certificación Gallega de 
Excelencia en Igualdad.
b)  El plan de igualdad junto con el informe de seguimiento y evaluación. La 
evaluación deberá hacerse una vez que transcurra un año desde la aprobación del 
plan de igualdad.
c)  Inscripción del plan de igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las autoridades laborales de las 
comunidades autónomas.
d)  Registro retributivo, de conformidad con el Real decreto 902/2020, de 13  e.
de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. w.b
e)  Otros documentos previstos reglamentariamente. 33ww
4.  El expediente será tramitado por la unidad administrativa de Igualdad de la
cmoendsiedjaesrí aju zcgoumep ceotennvteen ieennt ems,a tseorliiac itdaerá  tlroasb ainjofo, rmquees,  qaudee mreágsla mdee nctauraianmtaesn toet rsaes 
establezcan.
5.  En cuanto se haya solicitado toda la citada información se remitirá una 
copia  del  expediente  al  órgano  superior  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad, que emitirá informe 
preceptivo.
6.  A propuesta de la unidad administrativa de Igualdad y a la vista del informe 
emitido por el órgano superior de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma  competente  en  materia  de  igualdad,  la  consejería  competente  en 
materia de trabajo concederá la Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad, 
especificando en la resolución los derechos y las facultades consecuentes a su 
obtención.
7.  Reglamentariamente  se  determinará  la  denominación  e  imagen  de  la 
certificación; los plazos, procedimientos y requisitos para su concesión, utilización, 
renovación y revocación; así como los derechos y las facultades derivados de su 
obtención.»
Tres.  Se modifica el artículo 73, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 73.  Prohibiciones de obtención y revocación de la Certificación Gallega 
de Excelencia en Igualdad.
1.  La Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad no se concederá, en 
ningún  caso,  a  una  empresa  sancionada  por  resolución  administrativa  o 
condenada por sentencia judicial, en los dos años anteriores a la solicitud, por 
discriminación en el empleo o por una publicidad sexista.
2.  La Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad será retirada en cuanto 
la empresa sea sancionada en resolución administrativa o sea condenada en 
sentencia judicial por discriminación en el empleo o por una publicidad sexista.
3.  Mientras no sean firmes la resolución administrativa o la sentencia judicial, 
se suspenderá necesariamente el procedimiento de concesión y, en su caso, se 
podrá acordar la suspensión de los derechos y de las facultades inherentes a la 
Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad.»
Cuatro.  Se suprimen los artículos 74, 75 y 76.
Cinco.  Las referencias contenidas en esta norma a la Marca Gallega de Excelencia 
en  Igualdad  se  entenderán  realizadas  a  la  Certificación  Gallega  de  Excelencia  en 
Igualdad.
Seis.  El artículo 89 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 89.  Permiso por lactancia.
1.  La Administración pública gallega reconoce al personal a su servicio el 
derecho a una hora de ausencia del puesto de trabajo que podrá dividir en dos 
fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal 
en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la 
jornada, con la misma finalidad.
El permiso recogido en este precepto constituye un derecho individual del 
personal, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, 
guardador o acogedor.
2.  En  los  supuestos  de  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o 
acogimiento, el derecho al permiso por lactancia puede ejercerse durante el año  e.
siguiente a la efectividad de la resolución judicial o administrativa de adopción,  w.b
guarda con fines de adopción o acogimiento, siempre que en el momento de esa  33ww
efec3ti.v idSaed  eplo mdreán osro nlicoi thaar ylaa  csuumstpitluidcoió lno sd deol cteie mmepsoe sd.e lactancia por un permiso
mreotrdibauliiddaod  qsuee p aocdurám duilsef ruetna rj oúrnniacadmase nctoem ap pleatartsir  deel  tliae mfinpaol izcaocriróens pdoenl dpieernmteis. oE psotar 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o del progenitor
diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el nacimiento del 
menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados 
permisos.
4.  En los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple la duración del permiso por lactancia se incrementará en 
proporción al número de hijos.»
Siete.  El artículo 94 queda modificado como sigue:
«Artículo 94.  Permiso del otro progenitor por nacimiento, acogimiento, guarda 
con fines de adopción o adopción de un hijo o hija.
1.  En los casos de nacimiento, acogimiento, guarda con fines de adopción o 
adopción de un hijo o hija, el personal de la Administración pública gallega que no 
esté disfrutando del permiso por parto, acogimiento, guarda con fines de adopción 
o adopción previsto en esta ley tiene derecho a un permiso retribuido de dieciséis 
semanas,  de  las  cuales  las  seis  semanas  inmediatas  posteriores  al  hecho 
causante serán en todo caso de descanso obligatorio.
Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los 
progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a 
partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples, del que se disfrutará a partir de la fecha del 
nacimiento o de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines 
de adopción o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso podrá ser distribuido por el progenitor que vaya a disfrutar de él 
siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente 
posteriores a la fecha del nacimiento o de la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción.
En caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera 
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al 
parto hasta que el hijo o hija cumpla los doce meses. En el caso del disfrute 
interrumpido  se  requerirá,  para  cada  período  de  disfrute,  un  preaviso  de  al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas.
En  caso  de  que  se  optase  por  el  disfrute  del  presente  permiso  con 
posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor 
que  disfruta  de  este  último  permiso  solicitase  la  acumulación  del  tiempo  de 
lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del permiso 
regulado en el artículo 112, será a la finalización de este período cuando se dará 
inicio  al  cómputo  de  las  diez  semanas  restantes  del  permiso  del  progenitor 
diferente de la madre biológica.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
permiso se ampliará en tantos días como el neonato esté hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el período de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. e
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas  bo
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá  33ww
pdaerl tp32ice..i  prmaEEri slle  oppn eep lroromssro  ipscnaouar rlts poqor eousv  edpi seoet rosf o ateérdmn od apeisccsfiitóóreunn t ,aaq gnrutudíecao ucr dlodoane  evlc soop qneinu rfdemine lieaspso eA  nddpdemoi eari nndptioesapt rrdctaoieóc lin oóu  nosp. oao crc ooagmdimoppaiecrntióitdono.,   OE-A-2021-46able en https://
guarda con fines de adopción o acogimiento puede hacer uso del permiso previsto
en este artículo inmediatamente a continuación de la finalización del período de 
duración de aquel en los siguientes supuestos:
a)  Cuando  la  persona  titular  del  derecho  hubiese  fallecido  antes  de  la 
utilización íntegra del permiso.
b)  Si la filiación del otro progenitor no está determinada.
c)  Cuando en resolución judicial dictada en proceso de nulidad, separación o 
divorcio, iniciado antes de la utilización del permiso, se le hubiese reconocido a la 
persona que esté disfrutando de él la guarda del hijo o de la hija.
4.  Del  permiso  previsto  en  este  artículo  puede  hacerse  uso  a  jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y en 
los términos que reglamentariamente se determinen.»
CAPÍTULO VIII
Deporte
Artículo 28.  Modificación de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia.
La Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica la letra h) del número 1 del artículo 5, que queda redactada como 
sigue:
«h)  Aprobar  los  estatutos  de  las  entidades  deportivas,  así  como  los 
reglamentos electorales, los reglamentos de licencias y los reglamentos relativos 
al funcionamiento interno de las federaciones deportivas.»
Dos.  Se modifica la letra e) del artículo 47, que queda redactada como sigue:
«e)  Régimen de adopción de acuerdos y medios para su impugnación.»
Tres.  Se modifica el número 1 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«1.  Realizar  o  solicitar  auditorías  financieras  o  de  gestión  u  operativas, 
inspeccionar los libros y documentos oficiales que compongan la contabilidad y 
organización de la federación, para lo cual se podrá solicitar de los órganos 
federativos toda la información que se juzgue conveniente sobre estos y, en 
general, sobre las decisiones o los acuerdos adoptados por la presidenta o por el 
presidente, por la asamblea general o por cualquier otro órgano, unipersonal o 
colegiado, de la estructura federativa.»
Cuatro.  Se modifica el número 6 del artículo 61, que queda redactado como sigue:
«6.  La Administración autonómica podrá someter la gestión, la contabilidad y 
el estado económico-financiero de las federaciones deportivas gallegas a una 
auditoría  o  verificación  contable,  previa  o  posteriormente  a  la  concesión  de 
subvenciones y ayudas, conforme a lo estipulado en el artículo 57.1. Asimismo, la 
Administración  autonómica  establecerá  mecanismos  o  planes  de  viabilidad 
respecto  de  las  federaciones  deportivas  cuyos  indicadores  presenten  una 
situación que pueda comprometer su viabilidad.» e.e
Cinco.  Se modifica la letra a) del número 1 del artículo 93, que queda redactado  33ww
como sigu«ea:)  Disciplina deportiva.»
Seis.  Se suprimen las letras b), k) y l) del artículo 117.
CAPÍTULO IX
Subvenciones
Artículo 29.  Modificación de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
La Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Se modifica la letra a) del número 2 del artículo 2, que queda redactada como sigue:
«a)  Las prestaciones previstas en el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  general  de  subvenciones,  destinadas  a  personas  físicas,  y  las 
prestaciones  autonómicas  y  municipales  de  naturaleza  similar  a  estas  o  de 
carácter asistencial.»
CAPÍTULO X
Transparencia y buen gobierno
Artículo 30.  Modificación de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 
gobierno.
Se modifica el número 5 del artículo 45 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno, que queda redactado como sigue:
«5.  En un mes desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha 
comunicación, el centro directivo competente en materia de función pública deberá 
pronunciarse sobre la compatibilidad de la actividad privada que se va a realizar y 
deberá  comunicarlo  tanto  a  la  persona  afectada  como  a  la  entidad  en  que 
pretenda prestar sus servicios. Las resoluciones que reconozcan la compatibilidad 
con actividad privada serán publicadas en el Portal de transparencia y Gobierno 
abierto.
La Oficina de Incompatibilidades y Buenas prácticas será la competente para 
la instrucción del procedimiento. Como trámite preceptivo, deberá solicitar informe 
a la consejería u organismo en que la persona declarante haya cesado como alto 
cargo. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días.
Cuando la Oficina de Incompatibilidades y Buenas prácticas considere que la 
actividad privada que pretende desarrollar la persona que ocupó el alto cargo 
vulnera lo establecido en los números 1 y 3 de este artículo, se lo comunicará a la 
persona interesada y a la entidad en la cual pretende prestar servicios, y les 
concederá un plazo máximo de diez días para que realicen las alegaciones que 
juzguen oportunas al respecto. Analizadas las alegaciones, la Oficina propondrá a 
la persona titular del centro directivo competente en materia de función pública la 
resolución que proceda.»
CAPÍTULO XI
Consumo
Artículo 31.  Modificación de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección 
general de las personas consumidoras y usuarias.
Se añade un número 43 al artículo 82 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de 
protección general de las personas consumidoras y usuarias, con la siguiente redacción:
«43.  No devolución a los consumidores de las cantidades indebidamente 
cobradas, en especial como consecuencia de la aplicación de cláusulas abusivas, 
o la realización de prácticas abusivas.»
CAPÍTULO XII
Procedimiento y organización administrativos
Artículo 32.  Modificación de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la Escuela 
Gallega de Administración Pública.
La Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la Escuela Gallega de Administración 
Pública, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica la letra a) del número 1 del artículo 3, que queda redactada como 
sigue:
«a)  Colaborar en la realización de las pruebas selectivas para el acceso a la 
condición de personal empleado público al servicio de la Administración general 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  convocadas  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la normativa de empleo público aplicable, y de otras administraciones 
públicas que, mediando convenio, se lo encomienden, con excepción del personal 
docente y sanitario.»
Dos.  Se modifica la letra f) del número 3 del artículo 7, que queda redactada como 
sigue:
«f)  En representación del personal empleado público, una persona, con la 
condición  de  personal  empleado  público,  designada  por  cada  una  de  las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación 
de  los  Empleados  Públicos  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia.
Su renovación tendrá lugar cada vez que se celebren elecciones sindicales en 
el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
Tres.  Se modifica el número 1 del artículo 8, que queda redactado como sigue:
«1.  El funcionamiento del Consejo Rector se ajustará a lo que dispone, en 
materia de órganos colegiados, la normativa básica estatal y la Ley 16/2010, de 17 
de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 
sector público autonómico de Galicia.» s
Cuatro.  Las  referencias  contenidas  en  la  Ley  4/1987,  de  27  de  mayo,  a  la  b
Consejería de la Presidencia, al consejero de la Presidencia y Administración Pública y  33ww
mal acteornias edjeer oa ddmei nlais trParceisóind epnúcbialic ase y  ean tlean pdeerrsáonn ah etictuhlaasr  dae  lala  ccoonnsseejjeerrííaa  ccoommppeetteennttee  eenn 
materia de administración pública, respectivamente.
Artículo 33.  Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de 
Seguridad Pública.
El  artículo  17  de  la  Ley  1/2007,  de  15  de  enero,  de  la  Academia  Gallega  de 
Seguridad Pública, queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Régimen de revisión de actos administrativos.
1.  Los  actos  administrativos  dictados  por  los  órganos  de  gobierno  y 
administración  de  la  Academia  Gallega  de  Seguridad  Pública  agotan  la  vía 
administrativa y podrán ser objeto de recurso de reposición ante el mismo órgano 
que los haya dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
2.  El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse ante el órgano 
administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso, que también será el 
competente  para  su  resolución,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  específico 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.
3.  Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia 
de interior y justicia, respecto de los actos dictados por los órganos superiores de 
gobierno de la Academia, la competencia para resolver los procedimientos de 
revisión de oficio de los actos administrativos nulos, declarar la lesividad de los 
actos anulables y revocar los actos de gravamen o desfavorables.»
Artículo 34.  Modificación de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia.
El artículo 23 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, queda 
redactado como sigue:
«Artículo 23.  Órganos unipersonales.
1.  La presidencia de la Agencia Gallega de Emergencias corresponderá, por 
razón de su cargo, a la persona titular de la consejería de adscripción.
2.  La vicepresidencia corresponderá a la persona titular del centro directivo 
de la consejería de adscripción, competente en materia de protección civil y 
emergencias,  que  designe  la  persona  titular  de  esta  última  consejería. 
Corresponderá  a  la  persona  titular  de  la  vicepresidencia  la  dirección  y 
coordinación de las funciones atribuidas a la Agencia Gallega de Emergencias.
3.  La gerencia es el órgano ejecutivo de la Agencia Gallega de Emergencias 
y le compete su gestión ordinaria. La persona titular de la gerencia será nombrada 
y removida por el Consejo Rector, a propuesta de la presidencia, y su cargo será 
incompatible con cualquier otra actividad pública o privada.»
Artículo 35.  Modificación de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del 
sector público autonómico.
La  Ley  14/2013,  de  26  de  diciembre,  de  racionalización  del  sector  público 
autonómico, queda redactada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 2 del artículo 35 bis, que queda redactado como sigue: s
«2.  El  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  w.b
Autónoma de Galicia es competente para: 33ww
a)  El conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de
cdoen ctroantatrcaitóons  ad eqlu see sceto rre pfiúebrelinco e, l paorrtí clau loq u4e4  sdee  tlraa sLpeoyn 9e/n2 0a1l 7o,r ddeen 8a mdeie nntoov ijeumrídbirceo, 
español  las  directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de las reclamaciones referidas en el 
artículo 119 y 120 del Real decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes  por  el  que  se  incorporan  al  ordenamiento  jurídico  español  diversas 
directivas  de  la  Unión  Europea  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública  en 
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales.
b)  La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a 
que se refieren el artículo 49 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, y el artículo 120.1.b) del Real decreto ley 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
c)  Cualquier  otra  competencia  que  le  atribuya  la  normativa  de  la  Unión 
Europea, la normativa estatal básica o la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.»
Dos.  Las letras a), c) y d) del número 3 del artículo 35 bis quedan redactadas como 
sigue:
«a)  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las 
entidades del sector público autonómico que tengan la consideración de poder 
adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  contratos  del  sector  público,  por  la  que  se  trasponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.»
«c)  Las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia  y  sus  entes,  organismos  y  entidades  vinculados  o  dependientes  que 
tengan la consideración de poder adjudicador, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 
por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.»
«d)  Las  entidades  contratantes  del  ámbito  territorial  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia recogidas en el artículo 5.1 del Real decreto ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.»
Tres.  Los números 2, 3, 8 y 9 del artículo 35 ter quedan redactados como sigue:
«2.  Las  resoluciones  del  Tribunal  se  adoptarán  por  mayoría  de  sus 
miembros.  En  el  caso  de  empate,  decidirá  el  voto  del  presidente.  Todos  los 
miembros tienen derecho a formular su voto particular razonado mediante escrito 
que se adjuntará a la resolución.»
«3.  El presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera que cuente 
con  título  de  licenciatura  o  grado  en  Derecho  y  que  haya  desempeñado  su  e.
actividad profesional por tiempo superior a diez años, y se valorará su experiencia  w.
profesional en el ámbito de la contratación pública.» 33ww
com«p8o.s icEiónn  lad ed esgigénnaecroió n edqeu ililborsa dma,i emsbergoúsn  delol  Tprirbeuvnisatlo  see np roeclu raDráe cruentao 
ldeigspisolastiicvioo n2e/s2 01le5g,a dlees 1 2d ed e lafe bCreormo,u pnoidra edl  qAuuet ósneo amparu edbea  eGl atelicxitao  reenfu nmdiadtoe rdiae  ldaes   BOE-A-cable e
igualdad, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.»
«9.  El  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia  podrá  incrementar  el  número  de 
vocales  que  tengan  que  integrar  el  Tribunal  cuando  el  volumen  de  asuntos 
sometidos a su conocimiento lo aconseje, siempre que cumplan los requisitos 
señalados en los puntos anteriores, o adoptar otras medidas de refuerzo que 
estime oportunas.»
Los actuales números 3, 4, 5, 6, 9 y 10 pasan a ser, respectivamente, los números 4, 
5, 6, 7, 10 y 11.
Cuatro.  Se modifican los números 1, 3 y 4 del artículo 35 quater, que quedan 
redactados como sigue:
«1.  La duración del mandato de los miembros del Tribunal será de seis años. 
A pesar de lo anterior, la primera renovación del Tribunal se realizará de forma 
parcial  a  los  tres  años  del  nombramiento.  Respecto  de  ello,  se  determinará, 
mediante sorteo, el miembro que deba cesar, salvo que alguno voluntariamente se 
quiera acoger a esta expiración de su mandato.»
«3.  En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de alguno 
de  los  miembros  del  Tribunal,  el  órgano  colegiado  podrá  constituirse  con  la 
asistencia de los restantes. A estos efectos, el presidente será sustituido de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 16/2010, de 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 
sector público autonómico de Galicia.
No obstante, en el caso de que la ausencia pueda preverse de larga duración, 
el Consejo de la Xunta de Galicia podrá nombrar un sustituto de forma temporal 
que reúna los mismos requisitos requeridos para la persona titular.»
«4.  Los  miembros  del  Tribunal  desarrollarán  su  función  en  régimen  de 
dedicación exclusiva, y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades que 
corresponde a los altos cargos de la Xunta de Galicia.»
Cinco.  Se modifica el artículo 35 quinquies, que queda redactado como sigue:
«Artículo 35 quinquies.  Régimen de funcionamiento.
1.  Serán aplicables al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal 
las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector  público;  de  la  Ley  16/2010,  de  17  de  diciembre,  de  organización  y 
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia, y el resto de la normativa aplicable.
2.  Las  resoluciones  que  dicte  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratación 
Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia agotan la vía administrativa y 
contra ellas podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
3.  La  presentación  de  los  escritos  de  interposición  de  los  recursos  y 
reclamaciones, de alegaciones o de solicitudes de la competencia del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia se 
hará por medios electrónicos.
4.  Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos 
competentes  para  resolver  los  recursos,  los  órganos  de  contratación  y  los 
interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos, y de acuerdo  e.
con lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de  w.b
Galicia, en lo que sea de aplicación. 33ww
direc5c. iónE le lseicsttreómniac ad hea bniolittaifdicaa cai olonse se feecletoctsr ódneicl aasrt ícduel oG 5a1l.i1ci.ae ) Ndeo tilfaic Lae.gya 9l /2e0s1 7la, 
de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
6.  El Tribunal tendrá una página web con enlaces a los formularios para la 
presentación telemática de los recursos de su competencia a través de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, y donde, con la periodicidad que se estime 
conveniente, se publiquen las resoluciones que resuelvan aquellos. También se 
procurará la elaboración de una memoria anual de actividad para publicar en la 
web.
7.  En el caso de impago de las multas previstas en el artículo 56.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el organismo 
o centro directivo competente de la Xunta de Galicia iniciará el procedimiento 
administrativo de apremio. El importe de la multa impuesta se ingresará en todo 
caso en el Tesoro público.
8.  El  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia podrá elaborar y aprobar su propio reglamento interno, que 
deberá publicarse en el "Diario Oficial de Galicia".»
Artículo 36.  Fundaciones de carácter ferial de Galicia.
Las fundaciones de carácter ferial en las que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el número 1 del artículo 113 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 
organización  y  funcionamiento  de  la  Administración  general  y  del  sector  público 
autonómico de Galicia, o que deban ser adscritas a la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 129 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y que no hayan 
efectuado la adaptación de los estatutos de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de 
la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, deberán 
adaptarlos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, 
y, en particular, a lo dispuesto en su artículo 113.3 en cuanto a la composición de sus 
órganos de gobierno, de forma que la designación de la mayoría de los miembros 
corresponda a la Administración pública autonómica.
Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta ley sin que el órgano de 
gobierno de la fundación de carácter ferial haya aprobado la modificación prevista en el 
párrafo anterior, deberá convocarse una reunión extraordinaria del respectivo órgano de 
gobierno con este objeto, a instancia de los miembros designados por la Administración 
autonómica y/o entidades instrumentales del sector público autonómico, en la que el 
acuerdo de la modificación estatutaria se adoptará por mayoría de voto de los miembros 
del órgano de gobierno ponderado en función del porcentaje de participación en el fondo 
patrimonial de las administraciones, entidades o instituciones que los hayan designado.
Disposición  adicional  primera.  Complemento  personal  de  mantenimiento  de  las 
retribuciones en concepto de antigüedad.
El personal laboral fijo procedente de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico  de  Galicia  que,  mediante  el  procedimiento  establecido  en  el 
Decreto 129/2012, de 31 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico aplicable a 
personal de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico de  es
Galicia, que sean objeto de creación, adaptación o extinción, se integre como personal  bo
laboral fijo de la Xunta de Galicia y que, en virtud de su convenio colectivo de origen,  33ww
pGmpeeaisrrlscmicoibioana ,ac  elto enndn ccedeo rpánitn codte eeepgrntero ac ecdhli eoóC  naoa nn etuvisgnetü naceiboodl emaCcdpoid llueeonmc ateeisvnn oct  oaÚl anan tdiicddiocaisi doppenoasasr alis c euieó pln ienp rdeitoerrsarpeonesnsn aiadtol i elrlaainasbt  eoep rsdartielma ldb eecler oaclam id dpXaeluse  nmpdtaoeic rndh teeool     OE-A-2021-46able en https://
Decreto 129/2012, de 31 de mayo. Este complemento consistirá en la diferencia positiva
entre la cantidad percibida por antigüedad en el momento anterior a dicha integración y 
la cantidad resultante de aplicar lo establecido en el número 5 del artículo 12 de dicho 
decreto.
Este complemento permanecerá con la misma cuantía independientemente de las 
variaciones en los restantes conceptos retributivos y se mantendrá incluso en el caso de 
funcionarización de este personal laboral integrado.
Disposición adicional segunda.  Medidas especiales en materia de procesos selectivos 
o de provisión derivadas de la situación de emergencia sanitaria.
Se entenderá que la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la 
COVID-19 constituye una causa de fuerza mayor que justifica, en aquellos procesos 
selectivos o de provisión que, por dicha causa, no puedan desarrollarse regularmente, y 
tanto si están convocados en el momento de la entrada en vigor de esta ley como si son 
convocados  con  posterioridad,  la  adopción  motivada  por  la  persona  titular  de  la 
consejería competente en materia de función pública, educación o sanidad, según el 
personal de que se trate, entre otras, de las siguientes medidas:
a)  La ampliación de los distintos plazos de realización de los ejercicios de los 
procesos selectivos hasta que la situación derivada de la pandemia permita un adecuado 
desarrollo de ellos.
b)  La realización de los ejercicios de los procesos selectivos en distintos turnos, con 
distintos ejercicios sobre el mismo temario, así como la realización de los ejercicios en 
distintas sedes, distribuyéndose las personas aspirantes de la forma que determine el 
órgano convocante de los procesos, siempre que, en todo caso, quede garantizado el 
respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al 
empleo público.
c)  La fijación de fechas alternativas para la realización de ejercicios de procesos 
selectivos  a  personas  aspirantes  que  no  puedan  participar  en  ellos  en  la  fecha 
inicialmente señalada por estar cumpliendo una medida de aislamiento o en cuarentena 
que tengan prescrita por ser persona infectada por COVID-19 o contacto estrecho, 
debiendo fijarse la fecha alternativa con garantías de no alteración del desarrollo normal 
del correspondiente proceso selectivo.
d)  La ampliación de los distintos plazos para la resolución de los procesos de 
provisión.
e)  La posibilidad de alterar el orden de realización de las pruebas de los procesos 
selectivos.
f)  La adopción de cualquier otra medida, debidamente justificada, a propuesta de la 
autoridad sanitaria autonómica competente.
Disposición adicional tercera.  Medidas especiales en materia de listas de contratación 
de personal laboral temporal o de personal funcionario interino derivadas de la 
situación de emergencia sanitaria.
Como  consecuencia  de  las  circunstancias  excepcionales  ocasionadas  por  la 
declaración de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia derivada de la pandemia de la COVID-19, y para garantizar la 
prestación de funciones relacionadas con la atención a dicha emergencia, se adoptan las 
siguientes medidas en materia de listas de contratación de personal laboral temporal o  s
de personal funcionario interino: oe.
1.  En el supuesto de no existir aspirantes en las listas para la contratación temporal  33ww
d2e d peel grsrounpaol  IlIa yb o3r adle dl eg rluap Xou InVt,a o d, ee nG asulic ciaa,s eon,  plaasra c aetl engoomríbarsa pmrioefnetsoio dnea lpeesr s2o dneall  ginruteproin Io, 
pdaer ac ueel rdpeosse om peesñcaol acso ne qcauriváaclteenr ttersa nas itloarsi oi nddeic paldaazsa,s  preosderárv asodlaicsi taa rspee rsdoirneaclt afumnecnioten adreiol 
Servicio Público de Empleo, sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos, o
acudir opcionalmente a la relación de penalizados de la categoría profesional, cuerpo o 
escala correspondiente que hayan solicitado la reincorporación, o a los integrantes de las 
listas que hayan solicitado la inclusión durante el año en curso, en caso de que no estén 
publicadas las listas definitivas y les corresponda ser admitidos, o a la relación de 
penalizados que no hayan solicitado la reincorporación.
Además, en puestos pertenecientes a la categoría profesional de auxiliar de clínica 
(IV-3), se podrá acudir a personal de otras listas de contratación temporal del grupo IV 
que estén en posesión del título de formación profesional de grado medio de técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería o equivalente.
Excepcionalmente, en caso de que no fuere posible la cobertura de puestos de la 
categoría profesional de auxiliar de clínica (IV-3) por los procedimientos previstos en los 
párrafos anteriores, podrán seleccionarse candidatos que hayan cursado y superado los 
estudios correspondientes para la obtención del título de grado medio de técnico en 
cuidados  auxiliares  de  enfermería  o  equivalente,  y  lo  acrediten  documentalmente, 
siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos para el acceso a la categoría.
2.  Cuando  por  la  inexistencia  de  personal  integrante  de  las  listas  para  la 
contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, en las categorías 
profesionales 2 del grupo I, 2 del grupo II, y 3 del grupo IV, o para el nombramiento de 
personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a 
personal funcionario de cuerpos o escalas equivalentes, no existan candidatos que estén 
en posesión del certificado acreditativo del nivel de conocimiento de la lengua gallega 
correspondiente, podrán ser seleccionados candidatos que carezcan de él, siempre que 
cumplan los restantes requisitos exigidos para el acceso a la categoría de que se trate.
3.  El  período  de  penalización  en  las  listas  para  el  nombramiento  de  personal 
interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a personal 
funcionario y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia tendrá 
una duración de seis meses.
4.  La solicitud de reincorporación formulada por las personas integrantes de las 
listas que hayan solicitado previamente la suspensión de las citaciones, por no estar 
prestando  servicios  a  través  de  ellas,  producirá  efectos  al  día  siguiente  al  de  su 
presentación.
5.  Lo establecido en esta disposición tiene vigencia limitada a la duración de la 
declaración de situación de emergencia sanitaria de interés gallego efectuada por el 
Acuerdo del Consejo de la Xunta de 13 de marzo de 2020.
Disposición  adicional  cuarta.  Medidas  especiales,  derivadas  de  la  situación  de 
emergencia sanitaria, en materia de procesos de selección fija convocados por el 
Servicio Gallego de Salud.
En las convocatorias de los procesos selectivos para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud, de las categorías sanitarias y de 
gestión y servicios con atención directa al usuario, que se aprueben a partir de la entrada 
en vigor de la presente disposición se valorará como mérito la prestación efectiva de 
servicios durante la situación de emergencia sanitaria originada por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), en los términos que se determinen y previa negociación con 
las organizaciones sindicales.
Lo dispuesto en el apartado anterior no resultará de aplicación a los procesos 
actualmente en tramitación en los que la fecha límite para el cómputo de méritos de la 
fase de concurso sea anterior a la declaración de la situación de emergencia sanitaria. e.
Disposición adicional quinta.  Ampliación del plazo para la puesta en marcha de las  33ww
ceomrriseisopnoensd yie nptaeg ao  ldaes  alad jtuadsiac adceiol nseesr vtircainos dfoer mcoamdausn iecna cliicóenn caiuadsi.ovisual de televisión
El  plazo  para  responder  de  las  obligaciones  y  para  materializar  los  compromisos
asumidos en las ofertas presentadas y para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el pliego de bases y en la normativa reguladora para la puesta en marcha de 
las emisiones y pago de la tasa indicado en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2017, 
queda ampliado en dos años, que se contarán desde la finalización del plazo anterior.
Disposición transitoria única.  Aplicación del régimen de vigencia de la Certificación 
Gallega de Excelencia en Igualdad.
Mientras  no  se  efectúe  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Certificación  Gallega  de 
Excelencia en Igualdad se mantendrá en vigor lo dispuesto sobre esta materia en el 
Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las 
empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas de empleo en todo lo que 
no se oponga a esta ley y entendiendo las referencias a la Marca Gallega de Excelencia en 
Igualdad como realizadas a la Certificación Gallega de Excelencia en Igualdad.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Queda expresamente derogado el número 1 de la disposición adicional primera 
de  la  Ley  5/2017,  de  19  de  octubre,  de  fomento  de  la  implantación  de  iniciativas 
empresariales en Galicia.
2.  Quedan, asimismo, derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificaciones reglamentarias.
Las previsiones del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, y del Decreto 206/2005, 
de 22 de julio, de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, 
que son objeto de modificación por la presente ley podrán ser modificadas por una norma 
del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final segunda.  Adaptación del Plan director de la Red Natura 2000 de 
Galicia.
Las medidas previstas en la nueva disposición adicional sexta de la Ley 5/2019, de 2 
de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, resultarán de aplicación 
en los espacios protegidos Red Natura 2000 de Galicia desde el momento de la entrada 
en vigor de esta ley, sin perjuicio de la ulterior adaptación del Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia, aprobado por el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se 
declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de 
Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, a las previsiones 
contenidas en dicha disposición adicional.
Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilita al Consejo de la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de esta ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
1.  Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial  s
de Galicia». e.
2.  Se exceptúa de la anterior previsión la regulación de la nueva tarifa X-6, relativa  w.
al servicio de recepción de desechos generados por buques, que entrará en vigor el 1 de  33ww
enero de 2022.
Santiago de Compostela, 28 de enero de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 19, de 29 de enero de 2021)