BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Lunes 21 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 74690
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
10260 Decreto-ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario, 
tributario, administrativo y financiero.
El artículo 67.6.a del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente Decreto-ley
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La grave situación sanitaria derivada de la pandemia mundial establecida por la 
Organización Mundial de la Salud y la posterior declaración del estado de alarma ha 
motivado la adopción de varias medidas urgentes, de tipo económico, sanitario, social, 
procedimental y de intendencia general, para hacer frente a sus efectos. El alargamiento 
de la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía hacen necesario aprobar un 
nuevo decreto ley con nuevas medidas adicionales de carácter presupuestario, tributario, 
administrativo y financiero para continuar paliando sus efectos.
Este Decreto ley se estructura en 2 capítulos, cinco disposiciones adicionales y dos 
disposiciones  finales.  El  capítulo  1  y  la  disposición  adicional  primera  y  segunda 
contienen varias medidas presupuestarias, el capítulo 2 establece medidas de carácter 
tributario y, finalmente, las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta contienen 
medidas financieras y la quinta medidas administrativas.
El capítulo 1, con un único artículo, establece que el 85% de la recaudación derivada de las 
sanciones  impuestas  por  los  órganos  competentes  del  Departamento  de  Interior  por 
incumplimientos de la normativa reguladora del primer estado de alarma decretado por la 
pandemia  causada  por  la  COVID-19,  denunciados  por  los  diferentes  ayuntamientos  de 
Cataluña, se tienen que transferir a los respectivos ayuntamientos a fin de que estos lo destinen 
a actuaciones de refuerzo en su tarea de prevención, seguimiento y lucha contra la pandemia.
De acuerdo con la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad 
pública de Cataluña, este se fundamenta en los principios de cooperación, colaboración, 
lealtad institucional y auxilio mutuo entre las autoridades, las administraciones y los 
servicios públicos con responsabilidades en el ámbito de la seguridad, y prevé los 
órganos de coordinación y de participación ciudadana.
Las autoridades y las administraciones locales –los alcaldes y los ayuntamientos– 
tienen un papel destacado en la participación en el diseño y el seguimiento de las políticas 
locales de seguridad y en la ejecución de las competencias que les son propios en este 
ámbito, sobre todo por medio de los servicios municipales y especialmente de las policías 
locales. Corresponde a la Generalidad garantizar la coherencia del sistema y del conjunto 
de políticas y mecanismos de coordinación que deriven de ella, asegurando una prestación  s
equivalente para el conjunto del territorio y de los ciudadanos y ciudadanas del país. oe.
El  Decreto  ley  22/2020,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  determinan  los  órganos  w.
competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora  260ww
pdreol ceesdteandtoe  dcee natrlaalrizmaar , lad encoumncpiaedteonsc iap ors alnocsi odniafedroernat ese nc ueel rpcoosn speojelircoi aldees , Inctoenrsioidr,e raól 
qtruaeta arscetú daen  seann Cciaotnaelusñ dae.rivadas de actos extendidos por los diferentes cuerpos policiales  BOE-A-cable e
El artículo 5 de la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad 
pública de Cataluña, determina que la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra y 
las policías de los ayuntamientos, con la denominación de policía local, policía municipal, 
guardia urbana u otros tradicionales, constituyen la policía de las instituciones propias de 
Cataluña.  Por  otra  parte,  el  apartado  4  de  este  mismo  artículo  establece  que  las 
relaciones entre los cuerpos de la policía de las instituciones propias de Cataluña se 
rigen por los principios que inspiran el sistema general de seguridad y, en particular, por 
los de complementariedad, coordinación, colaboración, cooperación y auxilio mutuo, 
especialmente dentro de las juntas locales de seguridad.
En el contexto actual de transmisión comunitaria del virus, la estrategia de lucha 
contra la COVID-19 comporta la adopción de varias medidas preventivas y de control, 
para proteger la salud de la ciudadanía y contener la propagación de la enfermedad, y 
los indicadores epidemiológicos y asistenciales obligan a mantener las medidas de 
limitación de actividades no esenciales y de control de la movilidad y a prorrogar las 
medidas preventivas, situación que requiere de una actuación policial para comprobar y 
denunciar los incumplimientos de estas, hecho que obliga a reforzar las actuaciones de 
los respectivos cuerpos policiales en su lucha contra la pandemia.
Vista la gravedad de los datos epidemiológicos y asistenciales actuales que justifican las 
limitaciones que siguen siendo adoptadas en las sucesivas resoluciones por las que se 
prorrogan y, si procede, modifican las medidas en materia de salud pública para contener el 
brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el territorio de Cataluña, se encuentra 
justificado de manera extraordinaria y urgente la adopción inmediata de esta medida, con el 
fin de combatir eficazmente la pandemia en todo el territorio de Cataluña.
El capítulo 2, con 2 artículos, contiene medidas de carácter tributario. En primer 
lugar, el artículo 2 establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal del juego que 
grava las máquinas recreativas y de azar, con la finalidad de ajustar la carga fiscal a la 
reducción de la actividad que ha sufrido el sector. Esta bonificación es aplicable a las 
autoliquidaciones del primero y segundo trimestre del 2021, que se tienen que presentar 
del 1 al 20 del próximo mes de junio.
Por otro lado, con el objetivo de estimular la actividad económica y la competitividad 
de un ámbito particularmente castigado por el efecto del confinamiento y la incertidumbre 
en la economía del ocio, como es el sector turístico, el artículo 3 prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2022, la medida aprobada mediante el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, 
por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la 
Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19, que en el artículo 3 estableció una rebaja fiscal en el canon del agua, que 
consistía en no aplicar en el canon repercutido por las entidades suministradoras en sus 
facturas  o  en  el  liquidado  directamente  por  la  Agencia  Catalana  del  Agua, 
correspondiendo a consumos de los meses de abril a diciembre de 2020, los mínimos 
específicos para establecimientos hoteleros, campings y otros alojamientos de corta 
duración (3 m3 por plaza/mes) y pasar a aplicar los mismos mínimos generales de 6 m3 
mensuales previstos para personas usuarias domésticas y el resto de personas usuarias 
industriales.
El Decreto ley contiene cinco disposiciones adicionales.
La  disposición  adicional  primera,  de  contenido  presupuestario,  establece  dos 
propuestas que responden al objetivo de mejorar la gestión y la consecución de los 
objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, con la modificación del Decreto  s
ley  5/2021,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  oe.
implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y  w.
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operativos de FEDER y FSE y en el Plan de recuperación y resiliencia es necesario
agilizar al máximo la ejecución de los proyectos de gasto, adelantando crédito si es  Bc
necesario del mismo departamento o entidad. Los mecanismos de financiación que se 
han previsto desde el Estado todavía no se han desarrollado, lo cual pone en riesgo la 
consecución de los objetivos, especialmente respecto a los programas operativos de 
REACT-EU que finalizan en el 2023.
A  fin  de  que  este  adelanto  de  crédito  no  suponga  un  menor  gasto  de  los 
departamentos  a  medio  plazo,  se  ha  previsto  la  posibilidad  de  restituir  el  crédito 
avanzado una vez se ingresen en el Tesoro de la Generalitat los fondos europeos.
Los  créditos  restituidos  se  tienen  que  destinar  preferentemente  a  garantizar  el 
cumplimiento de los objetivos de programación de fondos europeos, pero también se 
podrán destinar a otros proyectos de recuperación y resiliencia económica y social por 
motivo de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, que quizás inicialmente 
se podrían haber quedado sin financiación de fondos europeos.
De esta manera se pretende maximizar la ejecución de los fondos europeos y también 
la ejecución de los proyectos que han sido seleccionados y que se vayan seleccionando en 
el futuro para transformar el tejido productivo, económico y social de Cataluña.
Con el fin de simplificar la gestión y garantizar que se cumplan los plazos de ejecución, 
se autoriza al departamento competente en materia de finanzas a autorizar o modificar 
compromisos  de  gasto  a  cargo  de  ejercicios  futuros,  siempre  que  el  importe  de  las 
anualidades no supere los 300.000 euros. Se prevé un volumen elevado de contratación 
con  impactos  plurianuales  de  los  proyectos  programados  en  el  marco  de  los  fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU que 
requieren una agilidad especial en el trámite, para cumplir con los objetivos programados.
Por otra parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley 4/2020, del 29 de 
abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020.
El apartado 1 modifica la letra e) del apartado 7 del artículo 5 de la Ley. Esta letra se 
añadió con el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo  REACT-EU  para  la  Administración  de  la 
Generalidad de Cataluña y su sector público, para recoger un problema de gestión en el 
Catsalut derivado del hecho de avanzar crédito propio para cubrir gastos derivados de la 
pandemia. Visto que los efectos de la situación de crisis provocada por la pandemia 
conllevan también para el resto de los departamentos y entidades del sector público 
administrativo realizar gastos extraordinarios, así como la tramitación de los respectivos 
expedientes de contratación, con cargo a las partidas de gasto ordinaria o general, 
mientras no llegan los fondos extraordinarios para financiarlas, se considera necesario 
modificar el texto actual de este apartado para ampliarlo a todos los departamentos y 
entidades del sector público administrativo con el objetivo de mejorar la gestión y la 
eficiencia con la que se ejecuta el gasto con cargo a los fondos extraordinarios.
Por su parte, el apartado 2 de esta disposición adicional modifica el artículo 14 de la 
Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el 2020. Este artículo regula las transferencias o aportaciones a determinadas entidades, 
el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y la gestión de los remanentes de 
tesorería. En concreto, el apartado 4 sobre los remanentes de tesorería, dispone que a 
las entidades en que la Generalidad participa mayoritariamente, de manera directa o 
indirecta, en su capital o en la designación de la mayoría de representantes con derecho 
al voto de sus órganos de gobierno, de las entidades adscritas o a favor de las entidades 
que, sin cumplir estas condiciones, se clasifican como Administración pública de la 
Generalidad, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas (son las  s
entidades descritas en el apartado 1 de este artículo 14) que tengan remanente de  oe.
tesorería, se les tiene que efectuar una retención de las aportaciones y transferencias  w.
que estén previstas transferir. Estas entidades están afectadas por la retención de  260ww
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presupuesto totalmente, y eso ayude a la activación de la economía. Esta modificación 
es de carácter urgente, vista la proximidad de la fecha a fin de que estas entidades 
cumplan sus obligaciones de cierre contable.
La disposición adicional tercera modifica la Ley de creación de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, aprobada por la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. La Agencia en tanto que organismo al que le corresponde 
gestionar los recursos económicos y materiales destinados a la cooperación al desarrollo, 
requiere de instrumentos económicos de apoyo al sector de la cooperación, más allá de 
las medidas de fomento, como son las subvenciones, y más acuerdos con la nueva 
realidad  resultante  de  la  COVID-19,  que  implica  que  la  liquidez  de  los  agentes  de 
cooperación  y  de  la  economía  en  general  necesite  nuevos  elementos  financieros 
relacionados con los préstamos, avales y otras operaciones financieras de garantía en 
materia de cooperación al desarrollo. A tal efecto, se considera necesario ampliar las 
funciones de la Agencia a fin de que también pueda impulsar actuaciones en esta materia.
La Agencia nació al amparo de un modelo de gestión que ha evolucionado hacia 
estructuras más eficaces, ágiles y dinámicas y que contribuyen a aumentar los recursos 
destinados a la cooperación. Así, el bagaje internacional de la Agencia le ha permitido 
estar muy presente y activa en el marco de las licitaciones y subvenciones de la Unión 
Europea  y  también  en  la  definición  y  el  impulso  de  los  clústers  de  organismos 
internacionales,  de  dentro  y  de  fuera  de  la  Unión  Europea,  y  en  torno  a  ámbitos 
específicos.  Estos  nuevos  escenarios  requieren  buscar  nuevos  instrumentos  para 
facilitar que la Agencia se adapte a los nuevos espacios donde ha habido una evolución 
de la cooperación de calidad.
En la dinámica de estos nuevos instrumentos y nuevos escenarios, el proyecto del 
Plan anual de cooperación al desarrollo 2021 plantea la necesidad de impulsar una 
nueva línea de avales con entidades financieras éticas que, bajo el nombre «ICF-
Cooperación», ofrecería instrumentos de financiación a entidades sin ánimo de lucro 
vinculadas al tercer sector (ONGD, asociaciones, fundaciones o cooperativas) con sede 
social en Cataluña que impulsen proyectos de cooperación al desarrollo orientados al 
fortalecimiento de la economía social y solidaria en un ámbito local y colectivo.
Esta iniciativa que ahora se quiere implantar tiene su origen en el Plan director de 
cooperación  al  desarrollo  2019-2022,  que  prevé  la  investigación  de  financiaciones 
complementarias a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la movilización de fondo 
adicionales para los objetivos de desarrollo: el impulso de incentivos y mecanismos de 
salvaguardia (avales, créditos, etc.) que permitan movilizar recursos provenientes de la 
banca ética y el apoyo a las estrategias de captación de nuevos socios o colaboradores.
Al mismo tiempo, el Plan director prevé actuaciones que tienen un alcance de país y 
que se relacionan con la mejora de la política pública catalana. Entre estas, destaca el 
trabajo  conjunto  con  relación  a  elementos  de  la  coherencia  de  las  políticas  para  el 
desarrollo, como el refuerzo del compromiso con el comercio justo y con las finanzas éticas.
En consecuencia y desde una perspectiva jurídica, para implementar este tipo de 
operación se requiere, en primer término, que la Ley de creación de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo prevea expresamente la competencia avaladora de la 
Agencia, es decir, la capacidad de la entidad de constituirse en prestadora de garantías, 
a fin de que de ella derive la posibilidad de constituir los fondos previstos en el Plan 
director y en el proyecto del Plan anual 2021. La urgencia de aprobar esta modificación 
viene  dada  por  la  necesaria  adecuación  legal  a  los  instrumentos  de  planificación 
operativa previstas por este ejercicio e iniciada el año 2020. s
La disposición adicional cuarta, de carácter financiero, introduce dos modificaciones  oe.
en el Decreto ley 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector  w.
público en prórroga presupuestaria. 260ww
GOVP/o4r6 /u2n0a2 1p, adrtee ,6 e dl ea paabrrtail,d op o1r  eml oqduifeic as ee la uatpoarirztaad ao  F2.ecr)r odcealr railretísc udleo  lúan iGcoe.n eErla Alidcaude rddeo 
aCuattoarliuzñaa l aa  coconnstsittuituciiór nla d es oucniead asodc iFeGdaCd  ManOóVnIimLIaD AdDe , mSeArc, ayd os ec oanp lrau edbeanno mloins aEcisótna tuFtGosC,   BOE-A-cable e
MOVILIDAD, SA, por tiempo indefinido, que tiene como objeto social principal la prestación 
de servicios de transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril, tanto nacional como 
internacional, incluyendo los servicios ferroviarios que se tengan que prestar sobre la Red 
Ferroviaria de Interés General, de acuerdo con la normativa ferroviaria.
El artículo único del Decreto ley 54/2020, de 29 de diciembre, en su apartado 2.c) 
autoriza a FGCRAIL, SA a hacer uso, durante el 2021, del endeudamiento con plazo de 
reembolso superior a un año, para adquirir el material móvil necesario para implantar un 
nuevo servicio de cercanías entre el aeropuerto y la ciudad de Barcelona, hasta un 
máximo de 120.000.000 euros con la autorización previa del Gobierno. Dado que se 
prevé que la adquisición del material móvil necesario para implantar un nuevo servicio de 
cercanías entre el aeropuerto y la ciudad de Barcelona lo realice la nueva sociedad 
constituida, FGC MOVILIDAD, SA, y no la sociedad FGCRAIL, SA, es necesario y 
urgente modificar el artículo mencionado con el fin de sustituir la referencia a FGCRAIL, 
SA, por la referencia a FGC MOVILIDAD, SA.
Por otra parte, como consecuencia de la modificación de la Ley de creación de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo introducida en la disposición adicional 
tercera de este Decreto ley, es necesario añadir un nuevo apartado, el 5.i) al artículo 
único del Decreto ley 54/2020, de 29 de diciembre, para dar cumplimiento a la normativa 
vigente que establece en el artículo 27 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de 
marzo,  del  Estatuto  de  la  empresa  pública  catalana,  que  los  requisitos  para  el 
otorgamiento de avales en caso de entidades de derecho público son los previstos en el 
artículo 9: «la prestación de avales efectuada por estas entidades debe ser regulada por 
la norma de creación respectiva y no puede sobrepasar el importe ni se puede aplicar a 
otras personas o a otros fines que las determinadas por la Ley de presupuestos del 
ejercicio correspondiente o por una ley especial.»
Finalmente,  la  disposición  adicional  quinta  modifica  el  artículo  17  del 
Decreto 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto social y gestión delegada en 
la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y artículo 5 del Orden TSF/218/2020, 
de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública con el fin de ampliar el plazo máximo para publicar la convocatoria 
pública de provisión de seis meses a un año.
Durante la pandemia ha sido necesario recorrer al procedimiento de emergencia 
previsto al Decreto 69/2020, de 14 de julio y a la Orden TSF/218/2020, de 16 de 
diciembre, con el fin de garantizar una atención inmediata a las personas usuarias en 
situación de urgencia social y vulnerabilidad, que en algunos casos han sufrido el cierre 
de los centros donde residían y ha habido que hacer un traslado de emergencia. Por 
este motivo, en los casos en que hay un peligro grave para la integridad o la vida de las 
personas usuarias, se ha manifestado que hace falta disponer de un plazo más amplio 
antes de la nueva provisión ordinaria y en todo caso garantizar la continuidad en la 
atención de las personas usuarias. En las circunstancias actuales y ante las necesidades 
que se han puesto de manifiesto de dar una respuesta ágil y eficiente a la ciudadanía en 
el acceso y la prestación de unos servicios sociales de calidad dentro del actual Sistema 
Público de servicios sociales, se vuelve imprescindible establecer una nueva redacción 
de los artículos relativos al procedimiento de emergencia del Decreto 69/2020, de 14 de 
julio, y de la Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios 
de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.
Todas las medidas expuestas determinan que sea imprescindible aprobar de forma 
inmediata este Decreto ley para la consecución de los objetivos planteados con la  s
celeridad que requiere el calendario señalado, objetivo que no podría ser alcanzado  oe.
mediante la tramitación de un procedimiento legislativo ordinario. w.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  de  5  de  noviembre,  de  la  260ww
plergeissildaetinvacisa  pdreo vlais iGoneanleersa libdaajdo  yla d efol rGmoab ideern od,e eclr eGtoo blieeyrn oe np uceadseo  ddicet aur ndais pnoesciecsioidnaeds 
eqxutera roerqduiniearreia l ay a udrogpecnióten.  uErng eensttee  dcea msoe, dliad anse cpeasliiadtaivda se.s la crisis económica y sanitaria,  BOE-A-cable e
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, a propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Medidas presupuestarias
Artículo 1.
Destino del 85% de la recaudación derivada de las sanciones impuestas por los 
órganos competentes del Departamento de Interior por incumplimientos de la normativa 
reguladora del primer estado de alarma decretado por la pandemia causada por la 
COVID-19, denunciados por los ayuntamientos de Cataluña.
1.1  El 85% de la recaudación derivada de las sanciones impuestas por los órganos 
competentes  del  Departamento  de  Interior  por  incumplimientos  de  la  normativa 
reguladora del estado de alarma decretado por la pandemia causada por la COVID-19, el 
día 14 de marzo de 2020, y levantado el día 21 de junio de 2020, denunciados por los 
ayuntamientos de Cataluña, se tiene que transferir al respectivo ayuntamiento a fin de 
que éste lo destine a actuaciones de refuerzo en su tarea de prevención, seguimiento y 
lucha contra la pandemia.
1.2  Se autoriza al departamento competente en materia de economía y hacienda a 
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento a 
lo que se establece en este artículo, y adoptar las medidas que sean oportunas para 
hacer efectiva la transferencia a los ayuntamientos que se prevé.
CAPÍTULO 2
Medidas tributarias
Artículo 2.
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Máquinas recreativas y de azar.
Con  efectos  del  1  de  enero  del  2021,  y  para  los  periodos  de  autoliquidación 
correspondientes al primero y segundo trimestre del 2021, se establecen en la cuota de 
la  tasa  fiscal  sobre  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar  que  grava  las  máquinas 
recreativas y de azar los porcentajes de bonificación siguientes:
1.  Máquinas  recreativas  y  de  azar  instaladas  en  establecimientos  de  juego 
(casinos, bingos y salones de juego): bonificación del 80% en las cuotas de ambos 
trimestres señalados.
2.  Resto de máquinas recreativas: bonificación del 50% en las cuotas de ambos 
trimestres señalados.
Artículo 3.
No  aplicación  de  mínimos  de  facturación  específicos  de  canon  del  agua  en 
establecimientos hoteleros, campings y otros alojamientos de corta duración en relación 
con facturas y liquidaciones correspondientes al periodo de consumo comprendido entre  es
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. o
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los meses de enero del año 2021 y diciembre del año 2022, ambos incluidos, no se
aplican  los  mínimos  de  facturación  previstos  en  especial  por  estos  tipos  de
establecimientos en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 67 del texto refundido de 
la legislación en materia de aguas de Cataluña, sino los mínimos generales de 6 metros 
cúbicos  mensuales  por  usuario  industrial  y  asimilable,  previstos  en  la  letra  a  del 
apartado 2 del artículo 67.
Disposición adicional primera.  Modificación del Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por 
el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU 
para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público.
1.  Se añade el artículo 4bis al Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, con el texto siguiente:
«Artículo 4 bis.  Restitución de créditos.
4bis.  En el caso de que los proyectos elegibles que pueden ser financiados 
con los fondos REACT-EU ya se hayan iniciado o ejecutado con cargo a créditos 
no vinculados a los fondos mencionados, el consejero o consejera competente en 
materia  de  finanzas,  con  los  informes  previos  de  la  Dirección  General  de 
Presupuestos y del órgano competente en materia de fondos europeos, podrá 
restituir estos créditos, para financiar en todo caso proyectos destinados a la 
recuperación y resiliencia económica y social con motivo de la crisis provocada por 
la  pandemia  de  la  COVID-19  y  preferentemente  a  cumplir  los  objetivos  de 
programación de fondo europeos. Los mencionados créditos se identificarán con 
un código de fondo de financiación específica.»
2.  Se añade el apartado 4 al artículo 7 del Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, con 
el texto siguiente:
«7.4  Corresponde al departamento competente en materia de finanzas la 
autorización y la modificación de compromisos de gasto con cargo a presupuestos 
de ejercicios futuros de proyectos programados en el marco del Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU,  siempre  que  el  importe  de  las 
anualidades futuras no supere los 300.000 euros.»
Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley 4/2020, del 29 de abril, de 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020.
1.  Se modifica la letra e) del apartado 7 del artículo 5 de la Ley 4/2020, de 29 de 
abril, que queda redactada de la siguiente manera:
«e)  De los créditos procedentes del servicio presupuestario DD10 "Gastos 
diversos departamentos. Fondos extraordinarios DGP del VEH" para atender las 
necesidades  derivadas  de  la  pandemia,  que  vinculan  con  el  crédito  inicial, 
independientemente  del  origen  de  crédito  y  del  código  de  financiación,  y  de 
acuerdo con los criterios del apartado 1.»
2.  Se modifica el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2020, del 29 de abril, que 
queda redactado de la manera siguiente:
«4.  En caso de que el 31 de diciembre de 2020 las entidades a que hace 
referencia  el  apartado  1  tuviesen  un  remanente  de  tesorería  derivado  de  un  e.e
exceso de ingresos cedidos, transferencias o aportaciones de la Generalidad o de  b
las entidades de su sector público no obtenidas en concurrencia, el departamento  260ww
ecostmapbeletceindtoes  epno r mlaa tIenrtiear vdeen cifóinna nGzeanse rpaúl, bplicoadsrá,  deefe catucaure rudnoa  croente nlcoisó nc rditee rliaoss 
eanptoidrtaadceiosn easf eyc ttraadnassf erteiennceians  pqrueev ilsotso  doetpoargrtaarm  eennt oesl  a2 l0o2s1 q, uep oers teáln  iamdpsocrrtitea sq luaes 
determine  la  Intervención  General,  puede  efectuar  una  retención  de  las
aportaciones y transferencias que los departamentos a los que están adscritas las 
entidades afectadas tienen previsto otorgar el 2021, por el importe que determine 
la Intervención General, salvo que por ley, contrato programa o por otros acuerdos 
del Gobierno se haya establecido que tienen que tener otro destino.»
Disposición  adicional  tercera.  Modificación  de  la  Ley  de  creación  de  la  Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, aprobada por la Ley 31/2002, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Se modifica el artículo 51.2 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«2.  La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo tiene atribuidas las 
funciones siguientes:
a)  Ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo, según las 
directrices  establecidas  por  el  órgano  competente  de  la  Administración  de  la 
Generalidad.
b)  Gestionar  los  recursos  económicos  y  materiales  destinados  a  la 
cooperación al desarrollo.
c)  Otorgar y gestionar préstamos, avales y otras operaciones financieras de 
garantía en materia de cooperación al desarrollo.
d)  Asesorar a la Administración de la Generalitat sobre la planificación de la 
política catalana de cooperación al desarrollo.
e)  Las que le atribuyan las disposiciones vigentes.»
Disposición adicional cuarta.  Modificación del Decreto ley 54/2020, de 29 de diciembre, 
de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria.
1.  Se modifica el apartado 2.c) del artículo único del Decreto ley 54/2020, de 29 de 
diciembre, que queda redactado de la manera siguiente:
«c)  Se autoriza a FGC MOVILIDAD, SA, a hacer uso, durante el 2021, del 
endeudamiento  con  plazo  de  reembolso  superior  a  un  año,  para  adquirir  el 
material móvil necesario para implantar un nuevo servicio de cercanías entre el 
aeropuerto y la ciudad de Barcelona, hasta un máximo de 120.000.000 euros, con 
la autorización previa del Gobierno.»
2.  Se añade el apartado 5.i) al artículo único del Decreto ley 54/2020, de 29 de 
diciembre, con el siguiente texto:
«i)  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio 2021, 
hasta una cuantía máxima global de 500.000 euros, a favor del ICF para otorgar 
avales y préstamos para financiar entidades sin ánimo de lucro vinculadas al 
tercer sector (ONGD, asociaciones, fundaciones o cooperativas) con sede social 
en Cataluña que impulsen proyectos de cooperación al desarrollo orientados a 
fortalecer la economía social y solidaria en un ámbito local y colectivo. A tal efecto 
la  Agencia  Catalana  de  Cooperación  al  Desarrollo  debe  tener  formalizar  un 
convenio  con  el  ICF  para  constituir  un  fondo  garantía  con  cargo  a  los 
presupuestos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.»
Disposición  adicional  quinta.  Modificación  del  Decreto  69/2020,  de  14  de  julio,  de 
acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública y de la Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión 
de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.
1.  Modificación  del  artículo  17.2  del  Decreto  69/2020,  de  14  de  julio,  de 
acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública.
Se modifica el artículo 17.2 del Decreto 69/2020, de 14 de julio, que queda redactado 
de la siguiente manera:
«17.2  Estos servicios sociales se tienen que incluir en una convocatoria 
pública de provisión que se debe publicar en el plazo máximo de un año, a contar 
desde la resolución de provisión del concierto social o la gestión delegada por el 
procedimiento de emergencia. La provisión de emergencia mantendrá la vigencia 
hasta la formalización del nuevo concierto o gestión delegada.»
2.  Modificación del artículo 5.2 de la Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para 
la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.
Se modifica el artículo 5.2 de la Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, que queda 
redactado de la siguiente manera:
«5.2  Estos  servicios  sociales  se  tienen  que  incluir  en  una  convocatoria 
pública de provisión que se debe publicar en el plazo máximo de un año, a contar 
desde la resolución de provisión del concierto social o la gestión delegada por el 
procedimiento de emergencia. La provisión de emergencia mantendrá la vigencia 
hasta la formalización del nuevo concierto o gestión delegada.»
Disposición final primera.  Rango normativo de determinados preceptos.
1.  El apartado 1 de la disposición adicional quinta de este Decreto ley mantiene 
rango  reglamentario  de  Decreto  a  los  efectos  de  su  desarrollo,  modificación  y 
derogación.
2.  El apartado 2 de la disposición adicional quinta de este Decreto ley mantiene 
rango reglamentario de Orden a los efectos de su desarrollo, modificación y derogación.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 27 de abril de 2021.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la 
Presidencia de la Generalidad y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i 
Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8398, de 29 de abril de 2021. 
Convalidado por Resolución 7/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat  s
de Cataluña» número 8427, de 7 de junio de 2021) e.