BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53688
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8141 Sala Segunda. Sentencia 57/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 5809-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:57
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5809-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 
fecha 27 de junio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución 
formulada  por  dicha  mercantil,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
108-2018; y contra el auto del mismo juzgado, de fecha 26 de septiembre de 2018, que 
desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera Assets Designated 
Activity Company, actuando como sucesora procesal de la entidad ejecutante, Banco de 
Sabadell, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., y asistida por la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo, y  o
a los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 41www.
contara)   Llaas  enmtidearcda Bntailnecso  dEeu rSoainbvaedreslilo, nSe.sA ., Iinnmteorpbuilisaor iadse mCanodsata d eS eujre, cuSc.ióLn.,  hiyp otPeecnarreiai 
IPnrvoepriseidoande sn, úSm.L. .3,  rdeela Ltiovarc aa.  lLaa  fcinacnat idinasdc rrietac lacmona deal  enrúam d. e4 23  144663,  e6n2  €e l dRee pgriisntcroip adle d leal   BOE-A-cable e
préstamo  impagado,  más  intereses  legales  y  costas,  resultando  la  primera  de  las 
demandadas la deudora hipotecaria y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute 
sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto, el día 20 de abril de 2018, por el que acordó el 
despacho de ejecución en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 108-2018; 
asimismo, resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman 
y que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la administración de 
justicia, «serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el 
artículo 553 LEC, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda 
personarse en la ejecución». Se advirtió además que contra dicha resolución no cabía 
recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». 
El decreto al que se hace referencia fue dictado por el letrado de la administración de 
justicia  del  juzgado  a  quo  en  la  misma  fecha,  el  cual  dispuso  la  expedición  de 
mandamiento de certificación de la finca al registro de la propiedad competente y el 
requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 26 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, relativa al proceso «EJH/
0000108/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 26 de abril a 11 de 
junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  en  fecha  10  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 11 de junio de 2018.
d)  Al día siguiente, el 11 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió 
al enlace remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación 
enviada por el Juzgado de Primera Instancia ejecutante, en relación con el procedimiento 
hipotecario núm. 108-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 22 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto, en 
fecha 27 de junio de 2018, con esta parte dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Antonio  Serrano  Caro  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó, en  s
su Fundamento de Derecho único, lo que sigue: oe.
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos  41ww
seesñtaablaledcoid poasr ae nla l ar emailsizmacai,ó yn  edne  euln a artcíctou lpor 1o3ce6s LaEl Cde,  qpuaert etr asnes pcruordriudcoi roá  plaa sparedcol uesl itóénr my inseo 
pqeured elará  plaa rotep oertjuenciudtaadd ad ep rueeadliez aor peol naecrtsoe d ea lq udee sspee tcrhaote . dEes teajbelceuccei óenl  aertníc ulolos  6t9é5rm LiEnoCs,   BOE-A-cable e
previstos en dicho artículo y en el término de diez días, a contar desde el siguiente 
notificación  del  auto  y  decreto  y  constando  en  el  presente  supuesto  que  la  parte 
ejecutada se ha opuesto pasado que ha sido el plazo que legalmente se le otorga, debe 
ser inadmitida su oposición por extemporánea, de conformidad con lo establecido en los 
preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal».
g)  Por la demandante de amparo se interpuso recurso de reposición contra el 
anterior  auto.  En  el  mismo  se  indica  que  la  comunicación  remitida  a  través  de  la 
dirección electrónica habilitada no puede entenderse más que como un aviso de puesta 
a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado; en este caso, 
desde el 26 de abril al 11 de junio de 2018. De ahí que al haber accedido a dicha 
comunicación el día 11 de junio de 2018, es en ese día cuando debe entenderse 
efectuada la notificación, siendo desde entonces cuando cabía computar el plazo de diez 
días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Por tanto, como el escrito de 
oposición se consignó el 22 de junio de 2018, antes de las 15:00 horas (último día del 
plazo legal), dicho escrito se interpuso de manera temporánea. Y que entenderlo de otro 
modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraría el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido en el art. 24.1 CE.
h)  Por  auto  de  26  de  septiembre  de  2018,  el  recurso  de  reposición  fue 
desestimado,  al  igual  que  el  interpuesto  por  la  otra  entidad  ejecutada,  con  los 
argumentos que constan en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC]. Interpretan los 
recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la notificación por 
medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario  accede  a  su 
contenido. Ahora bien, hierran en el plazo en el que puede acceder a su contenido a 
efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales desde la puesta 
a su disposición y ello por imperativo del artículo 43 de la citada LPACAP […]
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 26 de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el 11 de junio 
de 2018 (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución  en  fecha  22  de  junio  de  2018,  claramente  fuera  del  plazo  legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas, siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento, como ejecutada en el procedimiento  s
hipotecario de referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  oe.
notificaciones electrónicas y no mediante entrega de la documentación correspondiente  w.
peinrndim ipceaarcp ieeolmn eepnsla  lzqaau msee iedlene t odfa eec nisli utló a d locaam ucicsoialmi.o u Esnnoic ctaioacdli;óo ny c  eaelslleooc , ptrleaós nreiec caau,  qrrdueeen  teems aeanx ecporoamn euq nuqiecu aeac sicóicgneu dfiuóióe  l aaesll    2020-8141n https://ww
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado; fecha que, sin embargo, el
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  establece  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquélla «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su 
punto primero establece que «cuando las partes no actúen representadas por procurador 
o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación 
se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
Sobre el auto del 22 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su decisión en la Ley del 
procedimiento  administrativo  común,  norma  que  considera  «inaplicable  al  ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación de actos procesales resulta aplicable tanto la Ley de enjuiciamiento civil 
como  el  art.  24  CE,  que  reconoce  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva.  Alega, 
finalmente, que se ha producido también una vulneración del derecho a un proceso con 
todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  en  las  vertientes  del  derecho  a  la  defensa 
contradictoria y del derecho a la asistencia letrada, las cuales permiten en todos los 
órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin 
limitaciones a su defensa que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna 
de ellas. Afirma, asimismo, que el auto de 26 de septiembre de 2018 «huye de este tipo 
de consideraciones», al aplicar una normativa administrativa ajena al ámbito procesal y 
prescindir,  a  su  vez,  de  las  previsiones  del  art.  273  LEC  sobre  la  exigencia  de 
presentación en papel de la documentación referida al primer emplazamiento en la 
causa.
En consecuencia, solicita que este Tribunal Constitucional estime el recurso del 
amparo, acuerde la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y ordene reponer 
las actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
4.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, 
Sección Tercera de este Tribunal, de fecha 5 de septiembre de 2019, se acordó oficiar al 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, para que remitiera, a la 
mayor brevedad posible, certificación acreditativa de la interposición o no de un recurso 
de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o 
en alguna pieza separada, en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese 
juzgado con el número 108-2018; y si hubiera recaído resolución en el sentido apuntado, 
que se remita a esta Sala testimonio de la misma.
5.  Por  certificación  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  la  letrada  de  la 
administración de justicia hizo constar que en el procedimiento citado no se había 
interpuesto ningún recurso de apelación por las partes personadas.
6.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera de este  oe.
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en el  w.
hpmalaisynm tdeooa c uutnrnian  ape rosdbpele ecemisaatle   otrT aarsifbceuecnntaad lea n[ SucTniaaC  c fao1cn5es5tt/ai2tu 0dc0ei9o ,nu anFl  Jd( ea2rr,et .c ah5)]o0;  .1fyu  nLqdOuaeTm Cee)ln,  trayealc  suqorsuboere  p eeul le rqdeueceu  drnsaoor    2020-8141n https://ww
ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2, b)]».
Asimismo resolvió, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica 
reguladora  (LOTC),  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de que, en un plazo que no excediera de diez días, 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  108-2018;  debiéndose  emplazar 
previamente  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento  de  ejecución 
referenciado, excepto a la parte recurrente en amparo, por si quisieran comparecer en el 
presente  proceso  constitucional,  en  el  plazo  de  diez  días,  al  efecto  de  formular 
alegaciones. Finalmente, acordó: «De conformidad con la solicitud de la parte actora, 
fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión».
7.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el día 22 de noviembre 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en 
nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
sucesora procesal del Banco Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram 
Solís, solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y 
parte, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
8.  Por providencia de fecha 20 de enero del 2020, la Sección Tercera de este 
Tribunal resolvió tener por personada como parte comparecida en el presente recurso a 
la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en virtud de sucesión procesal 
verificada ex arts. 17 y 540 LEC (por remisión del art. 80 LOTC: ATC 473/2006, de 20 de 
diciembre, FJ 1), al resultar que el juzgado a quo ha admitido la sucesión procesal de 
esta entidad en la posición del Banco de Sabadell, S.A., por haber acreditado la cesión a 
su favor del crédito objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 108/2018 en 
el que se han dictado las resoluciones impugnadas en este amparo [art. 46.1 b) LOTC]; y 
dado que la acción emprendida para la reparación de los derechos fundamentales 
invocados en la demanda de amparo resulta, por su naturaleza, transmisible a terceros –
no personalísima– (STC 240/2001, de 18 de diciembre, FJ 4; AATC 242/1998, de 11 de 
noviembre, FJ 2, y 385/2004, de 18 de octubre, FJ 1).
Asimismo, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrán presentar 
las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal.
9.  Mediante escrito de fecha 27 de febrero del 2020 presentó sus alegaciones la 
entidad codemandada, quien interesa la denegación del amparo. Niega que se haya 
producido la lesión constitucional alegada, al entender que lo que realmente pretende la 
recurrente es dilatar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Tras invocar el principio 
de  improrrogabilidad  de  los  plazos  procesales  que  reconoce  el  art.  134  LEC  y  la 
obligación, a cargo de las personas jurídicas, de relacionarse con la administración de 
Justicia por medios electrónicos, a partir del 14 de enero del 2017 [disposición transitoria 
cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC y art. 273.3 a) LEC], 
muestra su conformidad con la decisión adoptada por el órgano judicial en los dos autos 
impugnados.  Para  la  codemandada,  la  presentación  del  escrito  de  oposición  a  la 
ejecución  se  realizó  «claramente  fuera  del  plazo  legalmente  establecido  en  el 
artículo 556.1 LEC». Siendo por tanto correcta la remisión de la notificación a través de  s
la  dirección  electrónica  habilitada,  ésta  debía  tenerse  por  efectuada  una  vez  oe.
transcurridos tres días hábiles, sin que la entidad destinataria accediera a su contenido  w.
jcuornisfdoircmcieo nparle dveél  Pell eanrot.  d1e6 l2a. 2S aLlaE CC uya,r tean d einl tTerliebcucnióanl S duep reemsteo , pdree 6ce dpeto ju, lieol  daec u2e0r1d6o. no  2020-8141n https://ww
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en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo, si bien hizo 
especial  hincapié  en  la  «recientísima  Sentencia  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Constitucional STC 47/2019, de 8 de abril de 2019 […], que no solo confirma todo lo 
dicho en nuestro escrito de interposición del recurso de amparo, sino que lo refuerza, en 
el sentido de que, tratándose del primer emplazamiento o citación al demandado, éste ha 
de efectuarse en el domicilio del litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, y que 
todas las normas a que se hace mención en el Auto recurrido, para nada cuestionan el 
carácter imperativo de esa obligación». A tal efecto, el escrito reprodujo gran parte de los 
fundamentos jurídicos 2 a 4 de dicha STC 47/2019, cerrando con esto sus alegaciones.
11.  La fiscal presentó escrito de alegaciones el día 11 de marzo de 2020. Tras 
resumir los acontecimientos procesales que considero de interés y el fundamento de la 
pretensión de la entidad recurrente, descarta la eventual concurrencia de óbices por falta 
de agotamiento de la vía judicial y por prematuridad del recurso. En cuanto al fondo, 
considera que el recurso suscita dos aspectos relacionados con el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE): si la argumentación dada por el órgano 
judicial para justificar la comunicación procesal a través de la dirección electrónica 
habilitada  se  ajusta  al  parámetro  de  razonabilidad  establecido  por  la  doctrina 
constitucional,  teniendo  en  cuenta  de  que  se  trataba  de  la  primera  citación  y 
emplazamiento de la demandada; y, en segundo lugar, si la actividad desarrollada en 
sede judicial se acomoda a las exigencias derivadas del deber de asegurar que el acto 
de comunicación sirva a su principal propósito; esto es, garantizar que la parte pueda 
acceder al proceso, todo ello a la luz de la doctrina sentada por este Tribunal en la 
STC 47/2019, de 8 de abril. Y ello por la similitud del caso allí enjuiciado con el presente 
supuesto,  pues  si  en  la  referida  sentencia  se  resolvió  sobre  un  asunto  del  orden 
jurisdiccional  laboral,  no  obstante  se  aplicaron  normas  supletorias  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil, las mismas que ahora están concernidas.
Tras sintetizar los argumentos dados por la juzgadora, principalmente, que al ser 
persona  jurídica  la  demandante  de  amparo,  estaba  obligada  a  relacionarse  con  la 
administración de justicia por medios electrónicos, la fiscal trae a colación lo establecido 
en el art. 155.1 LEC; concretamente, que «cuando […] se trate del primer emplazamiento 
o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio 
de  los  litigantes»,  precepto  este  que,  como  recuerda  la  STC  47/2019,  regula  una 
excepción  al  régimen  general  de  las  notificaciones  telemáticas,  sin  distinguir  entre 
obligados y optantes, para aquellos supuestos en los que la notificación va dirigida a 
quien todavía no se ha constituido en parte y es llamado al proceso por primera vez, 
exigiéndose la remisión de la notificación a su domicilio a fin de garantizarle el correcto 
acceso a la jurisdicción. También invoca el apartado 4 del art. 273 LEC, cuyo segundo 
párrafo dispone que «únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía 
telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento 
del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días 
siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes». Como se afirma en la 
STC 47/2019, de 8 de abril, FJ 4, la finalidad que racionalmente se infiere de ese 
mandato no es otra que la de trasladar al demandado las copias presentadas en papel. 
La excepción a que se ha hecho referencia también se reconoce expresamente en la 
STC 6/2019, de 17 de enero.
De  todo  ello,  la  fiscal  concluye  que,  en  sintonía  con  los  argumentado  en  la 
STC 47/2019, el hecho de no haber tenido en cuenta el contenido de los arts. 155.1 
y 273.4 LEC empece de por sí la razonabilidad de la argumentación judicial, ya que  e.
ninguno  de  los  fundamentos  dados  obvia  la  aplicación  del  régimen  jurídico  que,  w.b
singularmente, se establece en esos preceptos para los actos de comunicación que  41ww
ncoonrmstaitsu ypeanr a elal  rpersimoleurc ióenm dpelal zraemcuiersnoto d ed ere plao sidceiómna snudpaudsao.  uEnsaa v uelrnreórnaecaió ns edleelc dcieórne cdheo 
aco nosbttietunyeer  uunnaa e xreigsepnuceias tdae rriavzaodnaa ddeal,  amrt.o 2ti4v.a1d Ca Ey.  fundada  en  Derecho,  que  también
A continuación, la fiscal afirma que el juzgado no solo ignoró la aplicación de los arts. 
155 y 273 LEC, al no efectuar la primera notificación de manera personal, pues tampoco 
obró con la diligencia exigible para evitar la indefensión y garantizar la posibilidad de 
contradicción  el  proceso.  En  el  supuesto  aquí  analizado,  la  notificación  llegó  a 
conocimiento de la destinataria en el momento en que accedió a la página a la que se le 
derivó desde el servicio de notificaciones, lo que hizo en el plazo en el que este le indicó 
estaría disponible; sin embargo, la juez no tuvo en cuenta que la información contenida 
en el aviso que efectuó el servicio de notificaciones electrónicas llevó a creer a la 
ejecutada que, durante todo ese tiempo, podía acceder a ella, y así lo hizo el último día 
señalado al efecto; a partir de ahí, y siguiendo, también, las indicaciones del propio auto 
por el que se despacha ejecución y que es objeto de la notificación, en el plazo de diez 
días formuló oposición.
Una vez tuvo conocimiento de estos datos, a través de la interposición del recurso de 
reposición, si la juzgadora hubiera estimado el referido recurso y, en consecuencia, 
hubiera admitido a trámite la oposición a la ejecución, habría entonces subsanado la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ocasionado por no haberse efectuado 
la notificación en el domicilio del ejecutado de conformidad con el art. 155 LEC. Pero, al 
no obrar de ese modo, aquélla perpetuó la vulneración a que se ha hecho referencia.
Por todo lo expuesto, la fiscal interesa el otorgamiento del amparo a la entidad 
recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE nulidad de todo lo actuado desde la notificación 
efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de 
Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  3  de  Lorca,  en  el  juicio  de  ejecución 
hipotecaria  108-2018,  y  retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediato  anterior  a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución».
12.  Finalmente, mediante providencia de fecha 11 de junio de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre, 
inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, 
al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común. En concreto, en el presente recurso se 
impugnan los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, de fechas 27 de 
junio  de  2018  y  26  de  septiembre  de  2018,  recaídos  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria núm. 108-2018.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  el  primer 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  e.e
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil,  b
singularmente el art. 155.1. Aduce, además, otras dos quejas por lesión del derecho a un  41ww
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demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En ella, su fundamento jurídico 3 resuelve la queja de fondo por lesión del art. 24.1 
CE, derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al respecto se 
afirma que resulta de aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus 
SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la  conculcación  de  aquel  derecho  fundamental»,  tal  y  como  ya  ha  declarado  este 
Tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos  laborales,  civiles  y 
concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el 
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el computó del plazo para 
presentar el escrito de oposición en normas del procedimiento administrativo común, que 
son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con 
el  plazo  del  art.  556  LEC.  Todo  lo  cual  determina  la  estimación  del  amparo  por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (art. 24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo,  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar  la  nulidad  de  los  autos  de  fechas  27  de  junio  de  2018  y  26  de 
septiembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 
de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 108-2018, así como la nulidad de 
las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través 
de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Fernando 
Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.