BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60325
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8802 Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de Valencia n.º VII a inscribir una escritura de elevación 
a público de acuerdos sociales de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don J.M.T., en representación de la sociedad «Aura, 
Sociedad Anónima de Seguros», contra la negativa del registrador mercantil de Valencia 
número VII, don Miguel María Molina Castiella, a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales de dicha sociedad.
Hechos
I
El día 9 de julio de 2019 se otorgó una escritura de elevación a público de acuerdos 
adoptados el 27 de junio de 2019 por la junta general de accionistas de la sociedad 
«Aura, Sociedad Anónima de Seguros», ante don Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, 
notario de Santa Coloma de Gramanet, con número 2.738 de protocolo, por los que se 
modifica el artículo 15 de los estatutos sociales, el cual queda redactado, en lo que 
interesa en este expediente, de la siguiente forma:
«(…) El cargo de consejero, por sus funciones deliberativas, será gratuito.
Los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir 
una retribución por la prestación de dichas funciones, que será determinada por el 
Consejo de Administración ajustándose a la política de remuneración de los Consejeros, 
y que se incluirá en un contrato que se celebrará entre el consejero y la Sociedad, que 
deberá contener todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el 
desempeño de funciones ejecutivas.
La remuneración de los consejeros ejecutivos podrá consistir en: una retribución fija, 
sistemas de previsión social, planes de ahorro, retribución en especie (utilización de 
vivienda  habitual,  de  vehículo,  suscripción  de  seguros),  indemnizaciones  por  cese 
conforme a las causas previstas en sus contratos y pactos de exclusividad, de no 
competencia post-contractual o de permanencia.
Se compensará asimismo a todos los Consejeros ejecutivos por los gastos de viaje, 
desplazamiento y otros necesarios para el desempeño de sus funciones.»
II
El 29 de octubre de 2019 se presentó en el Registro Mercantil de Valencia la referida 
escritura, bajo el asiento 1160 del libro diario de inscripciones 923, y fue objeto de 
calificación negativa en los términos que a continuación se transcriben únicamente en lo 
que ha sido objeto de impugnación:
«El Registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación,  oe.
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del  w.
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los  02ww
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos…
Fundamentos de Derecho:
Respecto a la nueva redacción del artículo 15 de los Estatutos Sociales, es necesario 
modificar la cláusula “La remuneración de los consejeros ejecutivos podrá consistir 
en:....” ya que el sistema de remuneración de los administradores no puede quedar a la 
elección de la Junta General, entre los varios previstos estatutariamente, sino que todos 
los sistemas previstos deberán aplicarse de modo cumulativo. Por lo que es necesario y 
conveniente  para  la  sociedad  fijar  exclusivamente  aquellos  sistemas  con  los  que 
efectivamente  se  pretenda  satisfacer  la  retribución  del  cargo.  Artículo  217  LSC  y 
RDGRN 7 de marzo de 2013 y 17 de junio de 2017, entre otras.
(…)
Es de advertir que, para la subsanación por vía telemática del presente documento, 
debera incluirse en el nuevo envío, tanto el documento subsanado como el subsanatorio.
Se han cumplido en su integridad los trámites previstos en el artículo 18 del Código 
de Comercio y 6 y 15 del Reglamento del Registro Mercantil (…)
En relación con la presente calificación: (…)
Valencia, 11 de noviembre de 2019. El Registrador n.° VII. Miguel María Molina 
Castiella.»
III
Don  J.M.T.,  en  representación  de  la  sociedad  «Aura,  Sociedad  Anónima  de 
Seguros»,  interpuso  recurso  contra  la  anterior  calificación,  presentado  en  la  sede 
electrónica de la Oficina General del Ministerio de Justicia el 10 de diciembre de 2019, 
mediante escrito que causó entrada en el referido Registro Mercantil el 10 de enero 
de 2020. En el que alega los siguientes fundamentos jurídicos:
«Si bien es cierto que la resolución de la Dirección General de los Registros y el 
Notariado de 7 de marzo de 2013, entre otras, se pronuncian en este sentido, el de 
prever sistemas retributivos cumulativos, no alternativos, también lo es que la reciente 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018, en su Fundamento de 
Derecho  Sexto.19  recoge,  respecto  al  contrato  requerido  entre  el  Consejo  de 
Administración y el consejero, que: “La celebración de este contrato no solo permite 
concretar  los  distintos  conceptos  retributivos  de  la  remuneración  de  los  consejeros 
delegados o ejecutivos (lo que podía realizarse mediante un simple acuerdo del consejo 
de administración), sino que también se muestra como el medio adecuado de plasmar el 
consentimiento del consejero delegado o ejecutivo no solo en la aceptación del cargo 
sino también en su vinculación a los concretos términos retributivos y de toda índole en 
que se haya negociado su nombramiento, suficientemente desarrollados y detallados”.
En este mismo sentido la Sentencia establece que la necesidad de constancia 
estatutaria ha de ser “interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias de 
precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo” (Fundamento de Derecho sexto, pf. 23). 
Esta flexibilidad, como se recoge más adelante en la misma Sentencia, debe permitir 
“adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o ejecutivos a las cambiantes 
exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico en general”.
Entendemos que la posibilidad de que se opte por un concepto u otro retributivo, 
siempre de acuerdo con lo estipulado en el contrato entre el Consejo y el consejero,  s
debería ser considerado el mínimo de esta flexibilidad. oe.
De conformidad con los artículos 217.3 y 249 LSC sería la Junta General quien  w.
pdreetecLirsamasir níarae rlcíaai e denislt etmrsib áuxrecimsióoonl u ddceeio  elnosests am  rdiesemt rilobasu .cDióGnR yN,  ddeen tr3o1 d ed ee sotocstu blímrei tedse,  e2l0 C18o nys ejdoe  el8  qduee   2020-8802n https://ww
noviembre de 2018, posteriores a la Sentencia del Tribunal Supremo, marcan una clara
orientación a la flexibilidad. Reiteramos que, a nuestro criterio, el ámbito mínimo que se  Bc
puede dar a la flexibilidad propugnada por la Sentencia del Tribunal Supremo es que sea 
el contrato el que concrete cuáles son los conceptos retributivos que se aplican a los 
consejeros ejecutivos de entre los que establecen los estatutos.
Con  posterioridad  a  la  citada  sentencia  del  más  Alto  Tribunal  son  diversas  las 
sociedades que, en base a la flexibilidad propugnada y la nueva dirección interpretativa, 
han inscrito modificaciones estatutarias de redacción similar a la que Aura S.A. de 
Seguros presenta. Sirvan de ejemplo los estatutos públicos (abril 2019) de la sociedad 
Promotora  de  Informaciones,  S.A.  (Prisa  S.A.).  En  su  artículo  18.8  recogen:  “La 
remuneración de los consejeros ejecutivos podrá consistir en: una retribución fija; una 
retribución variable en función de la consecución de objetivos de negocio, económico 
financieros, estratégicos o de desempeño personal; sistemas de previsión y conceptos 
de retribución diferido, seguros; planes de ahorro; indemnizaciones; entrega de acciones 
de la Sociedad, de derechos de opciones sobre las mismas o de otros instrumentos 
retributivos referenciados al valor de la acción –previo acuerdo al efecto de la Junta 
General de Accionistas– y pactos de exclusividad, de no competencia post-contractual o 
de permanencia”.
En la misma línea, los estatutos sociales de Indra Sistemas S.A., en su artículo 272: 
“A  modo  enunciativo  y  sin  carácter  limitativo  la  remuneración  de  los  consejeros 
ejecutivos podrá consistir en: una retribución fija; una retribución variable en función de la 
consecución  de  objetivos  de  negocio,  económico  financieros,  estratégicos  o  de 
desempeño personal; sistemas de previsión y conceptos de retribución diferida, seguros; 
planes de ahorro; indemnizaciones; entrega de acciones de la sociedad, de derechos de 
opciones sobre las mismas o de otros instrumentos retributivos referenciados al valor de 
la acción –previo acuerdo al efecto de la Junta General de Accionista– y pactos de 
exclusividad, de no competencia post-contractual o de permanencia”.»
IV
Mediante escrito de 31 de enero de 2020, el registrador elevó el expediente, con su 
informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 1255 del Código Civil; 23.e), 28, 217, 
218, 219, 220, 227, 228, 232, 236, 249, 249 bis, 260, 529 quindecies, 529 septdecies, 
529  octodecies,  529  novodecies  y  541  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital;  las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1992, 21 de abril de 2005, 27 de 
abril de 2007, 31 de octubre de 2007, 29 de mayo de 2008, 28 de septiembre de 2010, 
19  de  diciembre  de  2012,  18  de  junio  de  2013  y  26  de  febrero  de  2018;  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril 
de 2002, 12 de noviembre de 2003, 13 de marzo y 8 de mayo de 2012, 16 de febrero, 7 
de marzo, 3 de abril y 23 de mayo de 2013, 25 de febrero, 5 y 11 de marzo, 12 de mayo, 
17 de junio, 10 de julio y 26 de septiembre de 2014 y 19 de febrero, 12 y 25 de marzo, 1 
de abril, 5 y 16 de junio, 30 de julio, 7 y 17 de septiembre y 5 de noviembre de 2015, 10 
de mayo, 17 de junio y 2 de noviembre de 2016, 13 de septiembre de 2017 y 31 de 
octubre y 8 de noviembre de 2018.
1.  Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible determinada cláusula de 
los estatutos de la sociedad «Aura, Sociedad Anónima de Seguros» por la que se  e.e
dispone que, aun cuando el cargo de consejero será gratuito, los consejeros que tengan  b
atribuidas  funciones  ejecutivas  tendrán  derecho  a  percibir  una  retribución  por  la  02ww
parjuessttáancdióons ed ea  dliac hpaosl ítfiucnac idoen erse,m quunee rsaecriáó nd edteer mloisn acdoan speojre reols c, oyn sqeujoe  dsee  aindcmluiniriás treanc iuónn 
cloosn ctroantoc eqputoes s peo cr elolesb qraureá  peunetrdea  eolb cteonnesre juenroa  rye tlraib suoccióiend paodr,  eqlu dee dseebmepreáñ coo dnete nfuenrc tioodnoess 
ejecutivas.  En  la  misma  cláusula  se  añaden  los  distintos  conceptos  en  que  podrá 
consistir esa retribución.
El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, según expresa en 
su calificación, «el sistema de remuneración de los administradores no puede quedar a 
la elección de la Junta General, entre los varios previstos estatutariamente, sino que 
todos los sistemas previstos deberán aplicarse de modo cumulativo. Por lo que es 
necesario y conveniente para la sociedad fijar exclusivamente aquellos sistemas con los 
que  efectivamente  se  pretenda  satisfacer  la  retribución  del  cargo».  Cita  como 
fundamento el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado 7 de marzo de 2013 y 17 de junio 
de 2017.
2.  Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre el hecho 
de que se hayan inscrito cláusulas estatutarias análogas (si bien no especifica en qué 
Registro Mercantil), debe recordar que, como ha reiterado la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
calificadora de los documentos presentados a inscripción, no está vinculado por las 
calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros 
títulos, y ello por aplicación del principio de independencia en ese ejercicio de su función, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de 
legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, Resoluciones de 13 de marzo y 8 
de mayo de 2012, 5 y 11 de marzo y 10 de julio de 2014, 25 de marzo, 1 de abril, 5 y 16 
de junio, 7 y 17 de septiembre de 2015, 2 de noviembre de 2016 y 13 de septiembre 
de 2017, entre muchas otras).
3.  Respecto del contenido del contrato que debe celebrarse entre la sociedad y el 
miembro del consejo de administración que sea nombrado consejero delegado o se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, es necesario tener en cuenta la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo. Como expresa el apartado III del Preámbulo de 
dicha Ley modificadora ésta tiene como antecedente directo el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de mayo de 2013 (publicado por Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo), 
por el que se crea una Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo, «para 
proponer las iniciativas y las reformas normativas que se consideren adecuadas para 
garantizar el buen gobierno de las empresas, y para prestar apoyo y asesoramiento a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores en la modificación del Código Unificado de 
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. El objetivo final de estos trabajos, tal y 
como indica el acuerdo, fue velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de 
gobierno y administración de las empresas españolas para conducirlas a las máximas 
cotas  de  competitividad;  generar  confianza  y  transparencia  para  los  accionistas  e 
inversores  nacionales  y  extranjeros;  mejorar  el  control  interno  y  la  responsabilidad 
corporativa  de  las  empresas  españolas  y  asegurar  la  adecuada  segregación  de 
funciones, deberes y responsabilidades en las empresas, desde una perspectiva de 
máxima profesionalidad y rigor». Añade que la citada Comisión presentó su informe el 14 
de octubre de 2013 y «Sobre la base del citado informe y respetando la práctica totalidad 
de sus recomendaciones se ha elaborado esta norma». En tal informe (apartado 4.10.1 –
«Normas aplicables a todas las sociedades de capital»–) la Comisión proponía «que los 
estatutos de las sociedades deberán establecer el sistema de remuneración de los 
administradores por sus funciones como administradores («por su condición de tal» –o  s
de «tales»–), y que podrán percibir una remuneración consistente en una retribución fija  oe.
o variable, en dinero o en especie, dietas de asistencia, participación en beneficios,  w.
retribución en acciones, sistemas de ahorro, cualquier otro mecanismo admisible o una  02ww
acodmmbininisatrcaiódno rdees  ddeisbtienrtáa ss emr oadparloidbaaddeas  pyo rq ulae  julan trae m(aurtníceuraloc i2ó1n7 a dneu alal  dLeSl Cc)o»n.j uYn taoñ addee l olos 
sréigguimieennte :d e« Proert riobturac iópna rdtee,  tloasm baidémn inreissturaltdao nreesc eqsuaeri,o  focrlamriafincdaor,  pcoanrt ec adreá cutenr  cgoennseerjaol , deel   BOE-A-cable e
administración, desempeñen funciones ejecutivas (en virtud de un nuevo título, sea este 
de  delegación  orgánica,  o  contractual  de  facultades).  La  fijación  de  su  retribución 
corresponde al Consejo de Administración si bien, dada su trascendencia y los posibles 
conflictos de interés a los que puede dar lugar, resulta conveniente una regulación 
específica en la que se introduzcan las cautelas apropiadas, como la exigencia de 
mayoría reforzada o la abstención de los consejeros interesados y la previsión de que el 
consejo se circunscriba necesariamente en su actuación a las decisiones que, en su 
caso –ya que su intervención no es obligatoria en sociedades no cotizadas– adopte la 
junta». Termina expresando que «para ello se propone, siguiendo el artículo 231.97.3 de 
la  PCM  [Propuesta  de  Código  Mercantil],  introducir  un  nuevo  apartado  3  en  el 
artículo 249 de la LSC que regule el régimen de aprobación y documentación de la 
retribución de consejeros por el desempeño adicional de funciones ejecutivas».
Como consecuencia de ello, la Ley 31/2014, entre otras cuestiones referentes al 
gobierno corporativo, modificó la Ley de Sociedades de Capital en materia de retribución 
de administradores. Por una parte, dotó de nueva redacción a los artículos 217 a 219, 
incrementando  su  densidad  preceptiva  con  mantenimiento  de  los  principios 
caracterizadores  del  régimen  anterior,  singularmente  la  reserva  estatutaria  y  la 
competencia de la junta general para la fijación de las cuantías, si bien, con relación a 
estos  dos  aspectos,  introduce  la  precisión  de  que  el  mandato  de  refiere  a  los 
«administradores en su condición de tales». Por otra parte, dentro del mismo Título VI, 
pero en este caso en el Capítulo VI, dedicado al consejo de administración, se incluyeron 
dos apartados (3 y 4) en el artículo 249, de contenido hasta entonces inédito en este 
lugar, referentes a la retribución de consejeros ejecutivos; en ellos se prevé que, cuando 
un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesaria la celebración de 
un contrato previamente aprobado por el propio consejo con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, que deberá ser incorporado como anejo al acta de la sesión, a 
la que el designado deberá abstenerse a de asistir y votar, y se especifica que en tal 
contrato, que habrá de «ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su 
caso, por la junta general», deberán detallarse «todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su 
caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas  funciones  y  las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución 
a sistemas de ahorro», de manera que «el consejero no podrá percibir retribución alguna 
por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén 
previstos en ese contrato». Y finalmente, dentro del Título XIV, atinente a las sociedades 
anónimas  cotizadas,  se  añade  una  nueva  Sección,  la  Tercera,  relativa  a  las 
«especialidades de remuneración de los consejeros» e integrada por los artículos 529 
sexdecies  a  529  novodecies,  donde  expresamente  se  atribuye  al  consejo  de 
administración  la  competencia  para  «fijar  la  retribución  de  los  consejeros  por  el 
desempeño de funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos con la 
sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.3 y con la política de 
remuneraciones de los consejeros aprobada por la junta general».
4.  La reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014 fue interpretada por la doctrina 
mayoritaria en el sentido de que la competencia del consejo de administración para fijar 
las retribuciones de los consejeros ejecutivos regía tanto para las sociedades cotizadas 
como para las no cotizadas, criterio del que también ha participado la Dirección General 
de los Registros y del Notariado. Así, la Resolución de 30 de julio de 2015 declaró que el  s
contrato era el lugar donde habrían de detallarse «todos los conceptos por los que pueda  oe.
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su  w.
caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas  funciones  y  las  02ww
aca nstiisdtaedmeass  a daeb oanhaor rproo»r , laa scolacriaenddaod  eqnu ec oenlc e«patort ídceu lop ri2m4a9s. 4d ee sxeiggeu rqou oe  dlea  cpoonltírtiibcuac iódne 
rreettrriibbuucciioonneess  dseetaa llaapdrao,b (a…da),,  neon  nseuc ecsaasroia,m peonrt el ad ejubnet ac ognesntaerr ael,n  ploesro e setsaatu tpoosl»ít,i cean  dlea   BOE-A-cable e
misma línea se pronunció la Resolución de 5 de noviembre de 2015. Con mayor detalle, 
la Resolución de 17 de junio de 2016 advierte que, conceptualmente, deben separarse 
dos supuestos, el de retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y el 
de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo; a partir de esta afirmación señala 
que «las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino 
que varían en función del modo de organizar la administración», de manera que, cuando 
se opta por la fórmula compleja de administración colegiada (consejo de administración), 
«las  funciones  inherentes  al  cargo  de  consejero  se  reducen  a  la  llamada  función 
deliberativa (función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante 
del colegio de administradores)», mientras que «la función ejecutiva (la función de 
gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en 
su caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de 
“consejero” como tal», sino que tiene un carácter adicional «que nace de la relación 
jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero 
delegado, director general, gerente u otro», por lo que «la retribución debida por la 
prestación de esta función ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el 
contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero».
5.  Con posterioridad a las reseñadas Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, se dictó por la Sección Primera de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo la Sentencia de 26 de febrero de 2018, en la que, apartándose de lo 
que venía siendo el criterio mayoritario, declara, con respecto a las sociedades no 
cotizadas, que «la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por los arts. 218 
y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida 
y la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean 
consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los 
consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de 
modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del art. 217, la intervención 
de la junta de los arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la 
remuneración del art. 217.4 y los requisitos específicos para el caso de participación en 
beneficios o remuneración vinculada a acciones de los arts. 218 y 219», sino que la 
relación entre ellos es «de carácter cumulativo», de suerte que el régimen general será 
el contenido «en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los 
administradores,  incluidos  los  consejeros  delegados  o  ejecutivos»,  mientras  que  el 
artículo 249 «contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros 
delegados  o  ejecutivos,  que  deberán  firmar  un  contrato  con  la  sociedad,  que  sea 
aprobado por el consejo de administración con el voto favorable de dos terceras partes 
de sus miembros y con la abstención del consejero afectado tanto en la deliberación 
como en la votación, pero cuyo contenido ha de ajustarse al “marco estatutario” y al 
importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de 
su cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de 
administración  su  competencia  para  decidir  la  distribución  de  las  remuneraciones 
correspondientes  a  los  administradores»,  así  como  respetar  también  «los  criterios 
generales establecidos en el art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos 
previstos  en  los  arts.  218  y  219  TRLSC  cuando  se  establezcan  como  conceptos 
retributivos los previstos en tales preceptos legales» (fundamento 21).
No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que «la consideración 
conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de 
administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que  s
la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución  oe.
de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá  w.
tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y  02ww
elaje acturitbivuocsió, na pdroeb laar  ccoomn pceatreánccteiar  ppraercae, petniv oe lu cna csoon tdrea tod ecsoignn laors  ccoonnsseejjeerrooss  ddeelleeggaaddooss  oo 
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que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias 
de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que 
las  sentencias  más  recientes  de  esta  sala,  aun  referidas  a  la  anterior  normativa 
societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria». Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez 
la reserva estatutaria sobre retribución de consejeros, suavizando las exigencias de 
precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a determinar los 
confines  de  la  flexibilidad  propugnada,  limitándose  a  señalar  que  la  atribución  de 
competencia al consejo de administración para fijar la retribución de los consejeros 
ejecutivos «supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía ·dentro del marco 
estatutario· a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter 
principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual 
del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé 
el art. 217.3 TRLSC», y que ese «ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario 
entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos  a  las  cambiantes  exigencias  de  las  propias 
sociedades  y  del  tráfico  económico  en  general,  compaginándolo  con  las  debidas 
garantías  para  los  socios,  que  no  deben  verse  sorprendidos  por  remuneraciones 
desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual 
que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales».
6.  Debe advertirse que el criterio mantenido por la Sección Primera de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 es el único 
pronunciamiento dictado en tal sentido. Y la cláusula impugnada judicialmente en el caso 
analizado  por  el  Alto  Tribunal  excluía  categóricamente  toda  reserva  estatutaria  y 
competencia de la junta general de la sociedad respecto de la remuneración de los 
consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de administrador no será 
retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que 
tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones 
ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión 
estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello 
en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de 
Capital». Por ello, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la Resolución 
de 31 de octubre de 2018, ha considerado inscribibles otras cláusulas estatutarias que 
no incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva estatutaria para acoger 
ciertos  extremos  relacionados  con  los  emolumentos  de  los  consejeros  ejecutivos  o 
nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su 
cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones 
adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 
de la Ley de Sociedades de Capital.
7.  Hechas  las  anteriores  aclaraciones,  y  en  la  línea  de  flexibilidad  que  en  la 
interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital patrocina la 
referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 y sigue la citada 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de octubre 
de 2018, debe admitirse que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los 
consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán 
éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para  s
que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos  oe.
retributivos fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza la debida protección  w.
de los socios, por cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos retributivos y se  02ww
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incluirse en el contrato al que se refiere el artículo 249 de la Ley de Sociedades de 
Capital, sin necesidad de modificación estatutaria alguna.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  el  recurso  y  revocar  la 
calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  4  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.