BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 158507
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21107 Real  Decreto  1125/2021,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de 
distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del 
vehículo  eléctrico  con  cargo  a  los  fondos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
I
El  7  de  octubre  de  2020,  el  Gobierno  presentó  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  entendido  como  un  proyecto  de  país  que  orienta  la 
modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la 
creación de empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la 
COVID,  dando  respuesta  a  los  retos  de  la  próxima  década.  El  nuevo  Fondo  de 
Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión 
sin precedentes. En efecto, el acuerdo del Consejo Europeo prevé financiación por 
hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, 
un 11 % del PIB de 2019.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad 
extraordinaria  para  nuestro  país,  comparable  a  los  procesos  de  transformación 
económica producidos a raíz de la incorporación a las Comunidades Europeas en los 
años 80 o la creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90, lo que 
permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que 
facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, 
digital,  inclusiva  y  social.  Se  pondrán  en  marcha  transformaciones  y  reformas 
estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente 
neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por el medio 
natural y eficientes en el uso de recursos.
Dentro de este Plan, la aceleración de la transición energética justa e inclusiva se 
constituye como elemento principal para la recuperación económica y como base para la 
reconstrucción de un modelo económico más sostenible y resiliente. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 
Largo Plazo 2050 (ELP), prevén un gran crecimiento de la generación renovable de 
electricidad, alcanzando el 74 % en 2030 y el 100 % antes de 2050, así como un 
porcentaje de renovables sobre el consumo energético del 42 % para el año 2030. La 
integración de grandes cantidades de energías renovables no gestionables y distribuidas 
requiere la transformación del sistema energético (centralizado y unidireccional) en uno 
distribuido, multidireccional, inteligente y flexible, desarrollando el almacenamiento y 
servicios de flexibilidad, empleando herramientas como la digitalización de las redes, el 
almacenamiento, los agregadores y la gestión de la demanda. Por tanto, el objetivo de 
esta línea de actuación, dentro del conjunto del Plan de Recuperación, Transformación y  e.
Resiliencia, es impulsar el desarrollo de proyectos e iniciativas relacionadas con tales  w.b
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los que disponga la Administración Pública que permitan la adecuada movilización de los
fondos para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Dentro de la Palanca 3 se 
incluye  como  Componente  8  las  «Infraestructuras  eléctricas,  promoción  de  redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento». Este componente prevé 
la actualización tecnológica de las redes de distribución de energía eléctrica de cara a la 
integración de las energías renovables, la gestión de la demanda, el desarrollo del 
agregador  independiente  y  los  recursos  energéticos  distribuidos  y  la  progresiva 
electrificación de la movilidad y el sector edificación.
Con el fin de implementar de una manera ágil los fondos y que estos tengan el mayor 
impacto posible en el incremento de la actividad, la digitalización y la descarbonización 
de la economía, se procede a implementar un mecanismo que permita a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica la modernización de sus redes y el desarrollo de 
infraestructuras que permitan la alimentación de los puntos de recarga de potencia 
superior a 250 kW ubicados en las vías públicas. Adicionalmente y con el fin de que 
estos fondos no consistan en un simple traspaso de fondos al sistema eléctrico y de 
incentivar a las empresas al empleo de los mismos, se permite a las empresas aumentar 
su volumen de inversión a cargo del sistema eléctrico en un volumen similar al de los 
proyectos susceptibles de ser financiados con los fondos europeos.
Es interesante destacar que existen estudios que señalan que las inversiones en 
redes de distribución generan cada año varias decenas de miles de empleos locales de 
alta cualificación técnica y que sustentan una cadena de valor industrial con un elevado 
número de suministradores nacionales, distribuidos por todo el territorio y formado por 
una gran cantidad de empresas, tanto grandes como PYME, como son los fabricantes de 
equipos, proveedores de servicios tales como ingenierías, empresas de montaje, obra 
civil, logística, proveedores de materias primas, aislantes, soldadura etc. Este hecho 
permite concluir que los efectos de este real decreto provoquen en la economía nacional 
un efecto arrastre que se capilarizará y afectará a un gran número de empresas y 
sectores.
Lo anteriormente expuesto demuestra que existen razones de interés público, social 
y económico, e incluso medioambientales que justifican la necesidad de impulsar la 
digitalización de las redes de distribución de energía eléctrica.
Por otro lado, los proyectos de inversión que se lleven a cabo en cumplimiento de 
este Real Decreto deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 (principio 
DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No  Significant  Harm»),  y  las  condiciones  del 
etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido 
en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan  de  recuperación  y  resiliencia  de  España.  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las 
condiciones  específicas  asignadas  previstas  en  la  Componente  8,  en  particular  la 
inversión 2 en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio 
DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los 
apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
En concreto, los proyectos de inversión que se lleven a cabo en cumplimiento de 
este real decreto contribuyen al cumplimiento del objetivo 127 del Anexo de la Propuesta 
de decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan  s
de recuperación y resiliencia de España. oe.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de I1I7 de noviembre, General de Subvenciones,  2021-2110n https://w
adseí  jcuolimo,o p eolr  aertl ícquuleo  s6e7  daep rsuue bRae gella Rmeegnltaom, eanptroo bdaed ola p Loer ye l3 R8e/2a0l 0D3e, cdreet o1 78 8d7e/ 2n0o0v6ie, mdeb r2e1,   BOE-A-cable e
General de Subvenciones, establecen que podrán concederse de forma directa y «con 
carácter  excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública». De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de 
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  las  normas  especiales  reguladoras  de  las 
subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a 
propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.
En  el  marco  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia,  la  Comisión  Europea  ha 
precisado,  sobre  el  concepto  de  ayuda  estatal  que,  para  todos  los  casos  de 
infraestructura de gas y electricidad, en los Estados miembros en los que los gestores de 
las redes de transporte y distribución disfrutan de un monopolio legal o natural y siempre 
que se cumplan una serie de requisitos, el apoyo a redes eléctricas inteligentes, no 
afectaría al comercio y se excluiría de la consideración de ayudas de estado.
Este  real  decreto  tiene  por  objeto  establecer  las  normas  reguladoras  para  la 
concesión directa de una subvención a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. 
El carácter singular de esta subvención se deriva, entre otras razones, del hecho de que 
con arreglo al artículo 39 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la 
actividad de distribución responde a los principios de red única y monopolio natural. Este 
motivo hace que sean únicamente estos actores quienes pueden digitalizar sus redes, 
puesto que, en un territorio concreto, son las únicas empresas encargadas de vehicular 
hacia los consumidores la energía procedente de la red de transporte y de la pequeña 
generación embebida en estas redes.
La concesión directa de esta ayuda no contraviene los principios comunitarios ya 
que,  si  bien  se  emplean  fondos  públicos  para  el  fomento  de  determinadas 
infraestructuras,  como  se  ha  comentado  estas  actuaciones  solo  pueden  ser 
desarrolladas por estas empresas en sus zonas de implantación. Adicionalmente, el 
hecho de ejercer esta actividad en régimen de monopolio natural hace que estas ayudas 
no afecten a mercado ni otorguen ninguna ventaja competitiva de unas empresas frente 
a otras. A lo anterior cabe añadir que este real decreto permite la solicitud de las ayudas 
a todas las empresas inscritas inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores a 
que se refiere el artículo 39.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Así pues, a la luz de las aclaraciones de la Comisión europea y una vez analizados 
los requisitos establecidos por esta para que no afecten al comercio, se considera que el 
sector de la distribución eléctrica española, el cual se ejerce en régimen de monopolio 
natural, cumple con las condiciones requeridas a tal efecto,
Asimismo, tal y como se ha señalado en el apartado I de esta exposición existen 
razones de interés público, social y económico e incluso medioambientales que hacen 
adecuado impulsar la digitalización de las redes de distribución de energía eléctrica.
III
Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios de buena regulación, a 
que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El  real  decreto  es  conforme  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  recogidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, esta disposición es  s
necesaria  y  eficaz  para  poder  articular  el  mecanismo  de  participación  de  la  e.
Administración General del Estado en la financiación de las actuaciones previstas por  w.
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garantiza  el  principio  de  seguridad  jurídica,  ya  que  la  norma  aborda  los  extremos 
exigidos  por  las  normas  que  regulan  este  tipo  de  subvenciones,  estableciendo  las 
previsiones necesarias y concretando el procedimiento para la concesión directa de la 
subvención, obligaciones de las partes, actuaciones a cofinanciar, etcétera, evitando 
dudas  interpretativas.  En  aplicación  del  principio  de  transparencia  se  han  definido 
claramente el alcance y objetivo, y atiende al principio de eficiencia, pues no supone 
cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de los recursos 
públicos  existentes,  favoreciendo  la  digitalización  y  modernización  de  las  redes  de 
distribución de energía eléctrica.
Se entiende satisfecho también el principio de seguridad jurídica dado que la norma 
es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y con el Derecho de la Unión.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  recoge  en  su 
artículo 61 que «Para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la 
convocatoria de estas subvenciones tan solo serán exigibles el informe de los Servicios 
Jurídicos  correspondientes,  y  el  informe  de  la  Intervención  Delegada  al  que  hace 
referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que, 
en todo caso será emitido en el plazo improrrogable de diez días naturales». Como 
consecuencia de lo anterior, y tal y como recoge el informe de los Servicios Jurídicos, la 
tramitación de este real decreto se ha ajustado a dicha disposición.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y del artículo 149.1. 13.ª y 25.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y las 
bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa  deliberación  de  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El  objeto  de  este  real  decreto  es  la  concesión  directa  de  subvenciones  a  las 
empresas  distribuidoras  de  energía  eléctrica  para  realizar  inversiones  en  proyectos 
innovadores de digitalización de redes de distribución y en infraestructuras para la 
recarga del vehículo eléctrico en puntos de potencia superior a 250 kW de acceso 
público que, de acuerdo con la normativa, el distribuidor tenga el deber de desarrollar y 
sufragar, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Asimismo, también es objeto de este real decreto la regulación del procedimiento de 
concesión y del régimen de justificación de dichas subvenciones.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el  bo
presente real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  7w
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en su caso la Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Asimismo, también serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a)  Las  normas  que  se  aprueben  en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular el Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del 
ámbito tributario y de litigios fiscales, el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 
de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
b)  La  normativa  que  regula  la  aplicación  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo», en particular el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Artículo 3.  Entidades beneficiarias.
Podrán  ser  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  reguladas  en  este  real 
decreto  las  empresas  distribuidoras  de  energía  eléctrica  inscritas  en  el  Registro 
Administrativo de Distribuidores a que se refiere el artículo 39.4 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre.
Artículo 4.  Concesión de las subvenciones.
1.  Atendiendo  al  carácter  singular  que  se  deriva  de  las  excepcionales 
circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren 
razones de interés público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, 
al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 
relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha Ley, se 
autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto a las 
entidades beneficiarias señaladas en el artículo 3.
2.  La concesión de esta subvención se instrumentará mediante el procedimiento 
recogido en el capítulo II y estará sometido a los procedimientos de pago, justificación y 
mecanismos  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  subvención  regulados  en  el 
capítulo III.
Artículo 5.  Publicidad de las subvenciones. s
Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de  w.b
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demTáosd aay ruedfearse pnúcbiali caa sla. actuación objeto de las ayudas reguladas por este real decreto
en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera
medios  de  difusión  deberá  cumplir  con  los  requisitos  que  figuren  en  el  manual  o 
manuales de Imagen de los programas de incentivos que estará disponible en la web de 
la Secretaría de Estado de Energía, en el que figurarán el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
Asimismo, las instalaciones deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se 
indique en el manual o manuales de imagen.
Artículo 6.  Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos  que  se  obtengan  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales siempre que se cumplan con los principios establecidos 
en el artículo 7.3 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
CAPÍTULO II
Actuaciones financiables, procedimiento de concesión, cuantías y requisitos
Artículo 7.  Actuaciones a financiar.
1.  Con carácter excepcional, durante cada uno de los años del trienio 2021-2023, 
las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán invertir con cargo a los fondos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en activos para la digitalización 
de redes y en las infraestructuras para la alimentación de instalaciones destinadas a la 
conexión a las redes de distribución de puntos de recarga de vehículo eléctrico de 
potencia superior a 250 kW de acceso público que, de acuerdo con la normativa, el 
distribuidor tenga el deber de desarrollar y sufragar.
2.  Se  considerarán  instalaciones  elegibles,  y  por  tanto  serán  susceptibles  de 
financiarse con los fondos anteriormente mencionados, aquellas que, de acuerdo con el 
anexo  de  la  Circular  6/2019,  de  5  de  diciembre,  de  la  Comisión  Nacional  de  los 
Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, puedan ser catalogadas 
como inversiones en digitalización y automatización de las redes necesarias para la 
transición energética de tipo 2.
3.  En el caso de las inversiones destinadas a la recarga del vehículo eléctrico, solo 
podrán ser consideradas instalaciones elegibles aquellas instalaciones o refuerzos que la 
distribuidora tenga el deber de sufragar y que se destinen a la alimentación de puntos de 
recarga del vehículo eléctrico de potencia superior a 250 kW de acceso público.
4.  Las inversiones a las que se refieren en los apartados 2 y 3 deberán estar 
contempladas dentro de los planes de inversión y disponer de informe favorable de la 
Comunidad Autónoma donde se vayan a desarrollar.
Artículo 8.  Cuantía y financiación.
1.  La cuantía máxima procedente del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que podrá ser destinada a las inversiones señaladas en el apartado primero  e.
ascenderá a un total de 525 millones de euros para el periodo 2021-2023. De esa  w.
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energía eléctrica podrá proponer proyectos elegibles retribuibles que le permitan percibir 
cuantías con cargo a los fondos por un valor no superior al producto entre el volumen 
total  de  ayudas  anuales  y  el  coeficiente  resultante  entre  la  división  de  la  última 
retribución aprobada para la empresa y la de la totalidad de las empresas distribuidoras 
de energía eléctrica.
Artículo 9.  Procedimiento de solicitud y concesión de la ayuda.
1.  Las empresas distribuidoras presentarán como parte de los planes de inversión a 
los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el 
que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución de energía eléctrica y siguiendo el procedimiento previsto en el mismo, los 
proyectos susceptibles de la recepción de estos fondos de manera detallada en un 
anexo, acompañados de los informes de las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla respecto de las inversiones previstas en su territorio cuya autorización 
sea de su competencia. Así, estos planes se acompañarán de un anexo que deberá 
identificar cada proyecto y cada una de las instalaciones que lo componen mediante los 
códigos y/o identificadores que, en su caso, prevea la resolución de la Secretaría de 
Estado de Energía a la que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1048/2013, de 27 
de diciembre y de acuerdo, con los formatos que se indiquen en la normativa de petición 
de información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el caso 
de no existir códigos, deberá asignarse el literal «PRTR» que permita identificarlas como 
inversión susceptible de percepción de ayudas con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Las inversiones que integren estos proyectos estarán 
valoradas de acuerdo con los valores unitarios de inversión en vigor o con la mejor 
estimación de la inversión, si no existieran valores unitarios para esas actuaciones.
2.  La intensidad de financiación por aplicación de los fondos procedentes del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  ascenderá  al  50%  del  volumen  de 
inversión anual real ejecutado y puesto en servicio en activos elegibles, siendo el resto 
retribuido con cargo a los peajes del sistema eléctrico. En todo caso, el volumen total 
anual percibido por una empresa no podrá superar la cuantía señalada en el apartado 3 
de este artículo.
No obstante, si una vez analizadas las solicitudes de aprobación de los planes, 
existiesen fondos del plan no consumidos en ese año, estos podrán ser destinados a la 
financiación de actuaciones propuestas por otras empresas siempre que para estas 
empresas no se supere la intensidad señalada en el párrafo anterior. En el caso de que 
los  proyectos  adicionales  susceptibles  de  ser  financiados  presentados  por  otras 
empresas superen el excedente disponible, el reparto se realizará utilizando el criterio de 
proporcionalidad señalado en el artículo 8.2.
3.  La resolución de la Secretaría de Estado de Energía que, conforme a lo previsto 
en el artículo 16.5 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre apruebe los planes 
de inversión correspondiente a cada uno de los años del periodo 2021-2023, deberá 
hacer referencia expresa a las siguientes cuantías:
a)  Cuantía máxima del volumen de inversión a ejecutar el año n, ligado a la 
retribución que podrá ser reconocida a la empresa el año n+2.
b)  Cuantía  máxima  del  volumen  de  inversión  a  ejecutar  el  año  n,  que  será 
financiada  con  cargo  a  los  fondos  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia. e
4.  El año siguiente al de puesta en servicio de los activos elegibles, el volumen  w.
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segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la  reactivación  económica,  se  Bc
incrementará en una cantidad equivalente al 100 % del volumen de inversión prevista 
que será ejecutada y puesta en servicio en activos elegibles y que hayan sido nominados 
para la percepción de ayudas en la resolución señalada en el apartado anterior. Esta 
cuantía también deberá estar recogida en la resolución de la Secretaría de Estado de 
Energía y no se consolidará en los límites de inversión máximos de las empresas para 
otros años.
Si finalmente la empresa distribuidora no pusiera en servicio en el año previsto los 
activos a que se comprometió en el plan de inversiones y que fueran a ser financiados 
con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 
volumen anual de inversión con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico del 
año siguiente de dicha empresa al que se hace referencia en el artículo 16.1 del Real 
Decreto  1048/2013,  de  27  de  diciembre,  o  en  su  caso  en  la  disposición  adicional 
segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, se minorará automáticamente en 
un una cantidad equivalente al 100 % del volumen de inversión real no ejecutado y no 
puesto en servicio en activos elegibles.
5.  A los efectos previstos en los apartados anteriores, para la determinación de los 
volúmenes máximos de inversión con derecho a retribución con cargo al sistema de cada 
una de las empresas distribuidoras a que hace referencia el artículo 16.2, si no se 
dispusiera de la retribución aprobada para el año anterior, se tomarán como referencia 
las últimas retribuciones aprobadas.
6.  En todo caso, para poder acceder a los fondos previstos en este real decreto las 
empresas deberán presentar junto a los planes de inversión:
a)  Programas de mejora de la calidad de atención al consumidor mediante el 
empleo de herramientas digitales que deberán implementarse en el trienio 2021-2023, y 
que incluirán, al menos, una sede electrónica que permita la gestión de expedientes 
incluyendo aquellos relativos a los permisos de acceso y conexión para instalaciones de 
autoconsumo,  así  como  para  infraestructura  de  recarga  de  vehículo  eléctrico.  Este 
programa se considerará parte esencial de las inversiones, y se podrá reintegrar la 
ayuda si no se cumple con esta obligación.
b)  Un plan estratégico con las estimaciones de impacto sobre el empleo, la cadena 
de valor industrial y la contribución a una mayor penetración de nueva generación 
renovable, que se hará público en la página web del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. Este plan deberá incluir, al menos, lo siguiente:
1.º  Descripción general de las inversiones a realizar.
2.º  Estrategia de compras y contratación.
3.º  Estimación  de  empleo  directo  e  indirecto  creado  durante  el  proceso  de 
construcción y puesta en marcha de las instalaciones y durante la operación de las 
mismas, distinguiendo entre el ámbito nacional e internacional.
4.º  Oportunidades  para  la  cadena  de  valor  industrial  nacional  y  comunitaria. 
Incluyendo un análisis sobre el porcentaje que representa la valoración económica de la 
fabricación  de  equipos,  suministros,  montajes,  transporte  y  resto  de  prestaciones 
realizadas por empresas localizadas en los citados ámbitos territoriales, en relación con 
la inversión total a realizar.
5.º  Estrategia de economía circular en relación con el tratamiento de los equipos al 
final de su vida útil.
6.º  Análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida de las instalaciones, 
incluyendo fabricación y transporte de los equipos principales que las componen. e
7.º  Descripción  detallada  y  cuantitativa  de  en  qué  medida  las  inversiones  bo
planteadas facilitan la integración de renovables en red. 7w
o pe8r.mº anEenn tseus ,c qauseo ,s dee ssoclruipcicoiónna nd ceotanl laladsa i nyv ecursaionntiteast ivpala ndtee aladsa sc.ongestiones, puntuales  2021-2110n https://w
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significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
7.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  con  carácter  general  con  las 
obligaciones,  europeas  y  nacionales,  relativas  a  la  financiación  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y en particular:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero.
b)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
c)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para evaluar los indicadores, 
hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d)  Asumirán  el  mantenimiento  de  una  adecuada  pista  de  auditoría  de  las 
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento 
de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos 
que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la 
normativa nacional y de la Unión Europea.
e)  Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
f)  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018.
g)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. En concreto, 
en aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, en función 
de las características de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos 
medioambientales definidos en dicho Reglamento. Adicionalmente, se comprometerán a 
que:
1.º  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código 
LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE.
2.º  Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados 
con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de  s
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. oe.
3.º  En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición  7ww.
esenl e4lco.t ºiv rae.Lfeorsid doi sae ñolas  dneo rlmosa  eIdSifOic io2s0 y8 8la7s  ptéacrnai ceavsa dluea cr onlas trcuacpcaiócnid aapdo ydeen  dlae scmircounlatarjied aod   2021-2110n https://w
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el
uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 
el reciclaje.
5.º  Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones  previstas  en  esta  medida  no  contengan  amianto  ni  sustancias  muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.
6.º  Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
8.  Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se 
deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
a)  Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos: se aplicará la 
regulación nacional que garantiza la preservación de la calidad del agua y evita el estrés 
hídrico, además, los proyectos estarán sujetos a un estudio individualizado de impacto 
ambiental, de acuerdo a la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 13 de diciembre de 2011.
b)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: los proyectos 
estarán sujetos a Evaluación de Impacto ambiental según la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, en su caso.
Artículo 10.  Régimen de pago.
1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su actuación como 
entidad colaboradora, creará una cuenta específica para el pago de las inversiones 
efectuadas  con  cargo  a  los  fondos  procedentes  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Los  gastos  ocasionados  por  esta  cuenta  específica  serán  deducidos  del  saldo 
existente en dicha cuenta.
2.  La Secretaría de Estado de Energía, procederá antes del 30 de diciembre de 
cada  año  al  ingreso  en  la  cuenta  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia de la cantidad señalada para dicho año en el artículo 8.1.
3.  Las empresas distribuidoras remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia antes del 25 de julio del año siguiente al de ejecución y puesta en 
servicio de las inversiones, o en su caso, la fecha que establezca la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, la siguiente información que acredite la ejecución de 
los proyectos puestos en servicio con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia:
a)  Autorización de explotación si esta fuese necesaria.
b)  Auditoría técnico económica de los proyectos objeto de las ayudas que recoja 
una valoración técnica del proyecto finalmente ejecutado, de los resultados alcanzados y 
de  la  adecuación  a  los  objetivos  perseguidos.  Esta  auditoría  también  recogerá  un 
informe económico de los costes en que se haya incurrido para la ejecución del proyecto. 
Como parte de este informe de auditoría, las empresas deberán remitir un reporte 
especial que acredite el cumplimiento de los compromisos señalados en el artículo 9.6.
c)  Facturas acreditativas de los costes incurridos.
4.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Dirección  e.e
General de Política Energética y Minas antes del 1 de octubre del año siguiente al de  b
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efectuarse con cargo a dichos fondos.
En dicho informe y para cada una de las empresas, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia deberá:
a)  Comprobar que los perceptores de fondos harán mención del origen de esta 
financiación  y  velarán  por  darle  visibilidad,  incluido,  cuando  proceda,  mediante  el 
emblema  de  la  Unión  y  una  declaración  de  financiación  adecuada  que  indique 
«financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», así como referencia al Ministerio 
para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  y  al  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de acuerdo con el manual de imagen que se publicará en la 
web  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía,  en  particular  cuando  promuevan  las 
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
b)  Garantizar  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo» y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los 
proyectos y de manera individual para cada actuación.
c)  Comprobar que los perceptores de fondos cumplen con el objetivo autonomía 
estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena 
de  suministro  teniendo  en  cuenta  el  contexto  internacional  y  la  disponibilidad  de 
cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la 
solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y 
software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
d)  Comprobar que los perceptores de fondos han creado en España todo el empleo 
necesario para la realización de la actividad, la cual deberá haber sido realizada con 
personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional, extremo que 
deberá ser acreditado documentalmente.
Asimismo, en el informe correspondiente a las instalaciones puestas en servicio en el 
año 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comunicar el 
número de proyectos factibles de concesión de ayudas antes del 31 de diciembre 
de 2023, con cargo al presupuesto recogido en el artículo 8 para el periodo 2021-2023.
Estas actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
deberán recogerse como obligaciones derivadas de su carácter de entidad colaboradora 
en un Convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Energía cuyo contenido 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se 
adjunta como Anexo al presente Real Decreto.
A  los  efectos  de  la  acreditación  del  requisito  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, las entidades 
beneficiarias podrán autorizar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
para que esta, en su calidad de entidad colaboradora, realice la consulta directa de dicha 
información a las Administraciones Tributaria y de Seguridad Social.
5.  La Secretaría de Estado de Energía dictará, antes del 1 de noviembre, resolución 
por la que se aprueban las cantidades finalmente autorizadas. Dicha resolución será 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y se notificará a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la cual, en un plazo no superior a dos meses desde la 
comunicación de la misma, procederá al pago de las cantidades a cada una de las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica. e
6.  Si el 31 de diciembre del año 2024, la cuenta específica para el pago de las  bo
inversiones efectuadas con cargo a los fondos procedentes del Plan de Recuperación,  7w
Tcuraennstafo srmeraácnió tnra yn sRfeersidilioesn cpioar  dlais pCuosmieirsaió dne N saacldioon aplo dsieti vloos,  lMose rfcoanddooss  ye xCisotmenpteetse ennci ad iach laa   2021-2110n https://w
Secretaría de Estado de Energía.
Artículo 11.  Régimen de incumplimientos y reintegros.
Si, con posterioridad a la ejecución de los pagos que realice la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia conforme a lo previsto a los apartados anteriores, y 
como consecuencia del cálculo de la retribución de la actividad de distribución, de 
inspecciones  o  de  otra  información,  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia detectase que el volumen final de inversión ejecutado por alguna empresa 
es inferior al declarado y al aprobado por la resolución de pagos de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, pondrá estos hechos en conocimiento de esa Dirección 
General, la cual lo comunicará a la empresa para que esta pueda hacer las alegaciones 
que considere oportunas.
Una vez recibidas las alegaciones y analizadas las mismas, si estas no justificasen 
las diferencias reportadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
se notificará a la empresa la obligación de proceder a la devolución del importe recibido 
incorrectamente y se pondrá en conocimiento a las autoridades de gestión y control de 
los fondos de la Unión Europea que proceda.
De igual modo, en caso de incumplimiento del «no causar perjuicio significativo», del 
etiquetado climático o de las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del 
Componente  8  la  empresa  distribuidora  de  energía  eléctrica  beneficiaria  deberá 
reintegrar las cuantías percibidas.
Disposición transitoria única.  Planes de inversión del ejercicio 2021 y 2022.
1.  Con carácter excepcional, para el ejercicio 2021 y 2022, las empresas que 
deseen ejecutar inversiones susceptibles de ser financiadas con cargo a los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
a)  Podrán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una 
adenda a sus planes de inversión de 2021 y de 2022 hasta dos meses después de la 
aprobación de este real decreto en el que se detallen las actuaciones adicionales en 
digitalización. Junto a las adendas deberán presentarse los programas previstos en el 
artículo 9.6. Estas adendas deberán acompañarse de los informes de las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla respecto de las inversiones previstas en su 
territorio cuya autorización sea de su competencia.
b)  En las adendas presentadas, podrán computarse con cargo al ejercicio 2021 
inversiones puestas en servicio desde el 1 de enero del año 2021 hasta el 31 de 
diciembre del año 2021.
c)  La Comisión Nacional remitirá informe a la Secretaría de Estado de Energía en 
un plazo de tres meses desde la aprobación de la presente norma.
d)  La Secretaría de estado de Energía dictará la resolución conforme a lo previsto 
en el artículo 16.5 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre y a los criterios del 
artículo 3 del presente real decreto.
e)  Los  fondos  correspondientes  a  2021  podrán  ingresarse  en  la  cuenta  de  la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con posterioridad a la fecha 
indicada en el apartado 2 del artículo 10 y en cualquier caso antes del 30 de diciembre 
de 2022.
2.  No obstante lo previsto en el artículo 8, si una vez analizados las solicitudes de 
aprobación de los planes y los planes de inversión aprobados existiesen fondos del plan 
no consumidos en los ejercicios 2021 o 2022, estos serán destinados a la financiación de  e.
actuaciones para el ejercicio 2023. w.b
Disposición final primera.  Título competencial. 2021-2110n https://w
de lEas tCe ornesatli tduecciórent oE ssep adñicotlaa ,a lq aume paatrroib duey elo  aels tEasbtlaedciod ol ae nc oeml apretítceunloci a1 4e9x.1c.l u1s3iv.ªa  y p2a5r.aª 
determinar  las  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica, y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
2021-2110n https://w
ANEXO
Convenio para la colaboración en la gestión de las subvenciones directas a 
empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de 
digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras 
para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia
REUNIDOS
De una parte, doña Sara Aagesen Muñoz, Secretaria de Estado de Energía del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nombrada para este cargo 
en virtud del Real Decreto 98/2020, de 17 de enero, actuando por delegación de la 
Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1  de  la  Orden 
TEC/1425/2018,  de  17  de  diciembre,  de  delegación  de  competencias,  vigente  de 
acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 500/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de  28  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  básica  de  los 
departamentos ministeriales.
Y de otra, doña Cani Fernández Vicién, Presidenta de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en cuyo nombre y representación actúa, en uso de las 
facultades  que  tiene  atribuidas  por  el  artículo  15.2.i)  del  Estatuto  Orgánico  de  la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 657/2013, de 30 de agosto.
En virtud de la representación que ostentan, y reconociéndose mutuamente plena 
capacidad para actuar y suscribir el presente Convenio,
EXPONEN
Primero.
La  Secretaría  de  Estado  de  Energía,  como  órgano  superior  dependiente  del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejerce las competencias de 
la  Administración  General  del  Estado  en  el  ámbito  de  la  energía  según  el  Real 
Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Segundo.
Entre dichas competencias, el artículo 2.1.a) del mencionado Real Decreto 500/2020 
concede a la Secretaría de Estado de Energía las competencias en desarrollo de la 
política energética y minera, en línea con el objetivo de garantizar la seguridad de 
suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas 
eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el 
cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los  es
recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas  bo
futuras,  la  utilización  de  la  energía,  la  protección  de  los  consumidores  energéticos  7w
gevuunla nmredareatenbr lireaes le aync eiólrang  érdetiidcreauc.ctcai ócno nd ela lsa  cpoombpreeztean ecinaesr gdéet iclaa ,A adsmí inciosmtraoc icóuna lGeseqnueirearla d oetlr oEss tqaudeo   OE-A-2021-2110able en https://w
Tercero.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 12 que los órganos concedentes de subvenciones pueden servirse de entidades 
colaboradoras  para  la  gestión  de  aquéllas,  pudiendo  ejercer  tales  funciones  las 
entidades  que  reúnan  las  condiciones  de  que  se  establezcan  y  cumplan  con  los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la citada norma legal.
Cuarto.
Por  otra  parte,  la  CNMC  cumple  los  requisitos  para  actuar  como  entidad 
colaboradora  de  acuerdo  con  los  términos  establecidos  en  el  artículo  12  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para actuar en nombre y 
por cuenta de la Secretaría de Estado de Energía a todos los efectos relacionados con la 
subvención,  entrega  y  distribución  de  fondos  públicos,  que,  en  ningún  caso,  se 
considerarán integrados en el patrimonio de la CNMC.
Quinto.
La Secretaría de Estado de Energía ha convocado una línea de subvenciones para la 
concesión directa de ayudas destinadas a empresas distribuidoras de energía eléctrica 
inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores a que se refiere el artículo 39.4 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
Sexto.
Con el fin de mantener el debido equilibrio económico de las prestaciones recíprocas 
entre la Secretaría de Estado de Energía y la CNMC en su función como entidad 
colaboradora, procede deducir del saldo existente en la cuenta específica para pago de 
las inversiones efectuadas con cargo a los fondos procedentes del Plan de Recuperación 
Transformación  y  Resiliencia  a  la  que  se  refiere  el  artículo  10  del  Real 
Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula concesión de subvenciones 
directas  a  las  empresas  distribuidoras  de  energía  eléctrica  para  la  realización  e 
inversiones  de  digitalización  de  redes  de  distribución  de  energía  eléctrica  y  en 
infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Séptimo.
El siguiente Convenio afectará a la concesión de ayudas previstas por el Real 
Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula concesión de subvenciones 
directas  a  las  empresas  distribuidoras  de  energía  eléctrica  para  la  realización  de 
inversiones  de  digitalización  de  redes  de  distribución  de  energía  eléctrica  y  en 
infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia.
Octavo.
Ambas partes consideran que, por las razones expuestas de eficacia en la gestión y 
con el fin de conseguir la mejor prestación de servicios a los beneficiarios de las ayudas  s
y de conformidad con los artículos 12 a 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  oe.
General de Subvenciones, es procedente la firma del presente Convenio, ajustándose a  w.
las siguientes 2021-2110n https://w
CLÁUSULAS
Primera.  Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco general de colaboración 
entre  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  y  la  CNMC,  en  condición  de  entidad 
colaboradora  para  la  gestión  de  la  concesión  de  ayudas  directas  a  las  empresas 
beneficiarias.
Las convocatorias afectadas serán las de ayudas que concede la Secretaría de 
Estado de Energía en virtud del Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que 
se regula concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica para la realización e inversiones de digitalización de redes de distribución de 
energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a 
los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las prestaciones de la entidad colaboradora la recepción de solicitudes presentadas 
por los interesados, la gestión con los solicitantes y la entrega de los fondos a los 
destinatarios finales cuando proceda, según los términos establecidos en el real decreto 
de concesión de ayudas y en las cláusulas de este Convenio.
Segunda.  Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que 
van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.
Las subvenciones a gestionar por la entidad colaboradora están reguladas por la 
normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo,  será  de  aplicación  la  Ley  24/2013,  de  26  de  diciembre,  del  Sector 
Eléctrico,  y  su  normativa  de  desarrollo  y  las  demás  normas  vigentes  que  resulten 
aplicables, en especial la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Tercera.  Prestaciones de la CNMC.
1.  Aplicará el procedimiento aprobado en el real decreto de concesión directa, en la 
gestión y tramitación de las subvenciones reguladas.
2.  Trasladará a los interesados, cuando proceda y así lo recoja el real decreto de 
concesión directa señalado en la cláusula primera, las comunicaciones relativas a los 
procedimientos  de  concesión  en  el  curso  de  cada  convocatoria  y  trasladará  a  la 
Secretaría de Estado de Energía respecto de dichas convocatorias las comunicaciones 
remitidas por los interesados.
3.  Verificará la comprobación del cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de 
los requisitos que establezca el real decreto de concesión directa señalado en la cláusula 
primera  para  el  cobro  de  subvenciones.  Para  ello  emitirá  informes  relativos  a  la 
documentación presentada por aquéllos, los cuales serán remitidos a la Secretaría de 
Estado de Energía con carácter previo al pago de las ayudas.
4.  Entregará a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios 
establecidos en las bases reguladoras de la subvención recogidas en el real decreto de 
concesión directa señalado en la cláusula primera y en este Convenio.
5.  Reintegrará a la Secretaría de Estado de Energía los fondos no entregados a los  s
beneficiarios por incumplimiento de los requisitos y obligaciones generales para el cobro  oe.
de subvenciones que establece la normativa de subvenciones y el real decreto de  w.
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Secretaría de Estado de Energía en las condiciones establecidas en el real decreto de 
concesión directa.
7.  Canalizará, en su caso, los reintegros de los beneficiarios que incumpliesen las 
condiciones y requisitos para el otorgamiento de la subvención, de conformidad con el 
artículo 14.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8.  Custodiará  los  documentos  originales  acreditativos  de  los  gastos  y  pagos 
realizados por los beneficiarios, que le hayan sido entregados por ellos y los pondrá a 
disposición de los órganos de comprobación, control y fiscalización de subvenciones.
9.  Se someterá a las actuaciones de comprobación respecto de la gestión de 
dichos fondos, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
10.  Realizará  cualesquiera  otras  actuaciones  asignadas  en  el  real  decreto  de 
concesión directa señalado en la cláusula primera.
Cuarta.  Plazo de duración del Convenio de colaboración.
El presente Convenio entrará en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», estando vigente durante cuatro años a contar desde el día siguiente a dicha 
fecha,  sin  perjuicio  de  la  extensión  en  el  tiempo  de  las  actuaciones  de  control, 
fiscalización o liquidación del mismo.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo, los firmantes del Convenio 
podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta tres años de duración. La suma del 
plazo inicial y las prórrogas no podrán superar un total de siete años.
La comunicación de la voluntad de prórroga deberá producirse antes de los quince 
días previos a la finalización del plazo inicial o prorrogado, debiendo acordarse de forma 
expresa.
Quinta.  Medidas  de  garantía  que  sea  preciso  constituir  a  favor  del  órgano 
administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2.a) del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la entidad colaboradora queda exonerada de la 
obligación de constituir garantía a favor de la Secretaría de Estado de Energía, dada su 
condición de organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.
Sexta.  Informe sobre el contenido de los planes de inversión por parte de la CNMC.
La CNMC a la vista de las solicitudes presentadas en los términos y plazos que se 
fijen en el real decreto de concesión directa señalado en la cláusula primera y en el 
marco del procedimiento previsto en el mismo, elaborará un informe en el que se harán 
constar las observaciones correspondientes en aquéllas solicitudes que, a juicio de la 
entidad,  carezcan  de  los  requisitos  necesarios  para  su  aceptación,  conforme  el 
procedimiento señalado en el real decreto de concesión directa.
Séptima.  Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las  s
diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones. e.
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real decreto de concesión directa.
Octava.  Período de entrega de los fondos a la CNMC y condiciones de depósito hasta 
su entrega posterior a los beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Energía, procederá antes del 30 de diciembre de cada 
año al ingreso en la cuenta de la CNMC de la cantidad establecida en el artículo 8.1 del 
Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de estas 
subvenciones.
Novena.  Condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas 
por el órgano administrativo concedente.
La entrega de fondos a los beneficiarios está condicionada al cumplimiento por parte 
de estos de los requisitos y obligaciones previstas en la normativa reguladora.
La entidad colaboradora comprobará el cumplimiento y efectividad de las condiciones 
o requisitos determinantes para su otorgamiento, tal y como se prevé en la cláusula 
sexta del presente Convenio, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
La CNMC efectuará directamente el pago a los beneficiarios finales en los términos 
señalados por el real decreto de concesión directa.
Décima.  Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las 
condiciones  para  el  otorgamiento  de  las  subvenciones  y  requisitos  para  la 
verificación de la misma.
Los solicitantes acreditarán ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas en la forma establecida en ella.
Undécima.  Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones 
aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los 
fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega 
de los fondos a los beneficiarios.
La justificación de la actividad o del cumplimiento del requisito por parte de los 
beneficiarios se efectuará de acuerdo con lo previsto en cada convocatoria de ayudas y 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La CNMC no podrá 
transferir fondos a los beneficiarios sin la previa comprobación de la documentación 
justificativa aportada por ellos.
Duodécima.  Determinación de los libros y registros contables específicos que debe 
llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención 
y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
La CNMC deberá llevar cuantos libros y registros específicos sean precisos para 
proporcionar a la Secretaría de Estado de Energía y a los beneficiarios la información 
que se determina como necesaria durante la ejecución del presente Convenio.
La CNMC gestionará la documentación justificativa aportada por los beneficiarios 
finales de la subvención de acuerdo con lo previsto en cada convocatoria.
La  CNMC  estará  obligada  al  reintegro  de  los  fondos  en  el  supuesto  de 
incumplimiento  por  parte  de  los  beneficiarios  de  los  requisitos  y  obligaciones 
establecidas  para  la  concesión  de  la  subvención  y,  en  todo  caso,  cuando  los  es
beneficiarios incurran en los supuestos regulados en el artículo 37 de esta ley General  bo
de Subvenciones. 7w
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Decimotercera.  Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento 
de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 26 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Se estará a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 26 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el caso de que la entidad colaboradora o los beneficiarios 
incumplan requisitos u obligaciones fijadas en la normativa reguladora o se den los 
supuestos regulados en el artículo 37 y sea procedente el reintegro de los fondos objeto 
de subvención.
Decimocuarta.  Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones 
de comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de 
la Ley 38/2003, de 26 de noviembre, General de Subvenciones.
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 38/2003, de 26 de noviembre, 
General de Subvenciones, la entidad colaboradora deberá someterse a las actuaciones 
de comprobación que respecto de la gestión de los fondos recibidos.
La comprobación podrá afectar a cualquiera de las actuaciones en la ejecución de 
las  obligaciones  contenidas  en  el  presente  Convenio  o  en  las  normas  reguladoras 
aplicables.
Decimoquinta.  Modificación y extinción del Convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo expreso de las partes, 
siempre que la modificación no afecte a aspectos sustanciales y se formalice antes de la 
finalización del plazo de duración del mismo.
Serán causas de extinción del presente Convenio:
1.  El transcurso de su plazo de duración o de sus prórrogas.
2.  El incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de algunos de los 
firmantes, de conformidad con el artículo 51.2, letra c), de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este caso, cualquiera de las partes 
deberá haber requerido previamente a la otra para que cumpla en un determinado plazo 
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, se 
entenderá resuelto el Convenio.
3.  La imposibilidad sobrevenida de su realización.
4.  El mutuo acuerdo entre las partes o la decisión motivada de una de ellas, que 
deberá comunicarse por escrito a la otra parte con, al menos, diez días de antelación a la 
fecha prevista de finalización. Esta decisión de resolución no podrá afectar a aquellas 
actividades que estuviesen en ejecución.
5.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio, establecido en el 
artículo  51.2,  letra  d)  de  la  Ley  40/2015.  Los  efectos  de  la  resolución  serán  los 
establecidos en el artículo 52 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre.
Decimosexta.  Seguimiento del Convenio.
Con el objeto de realizar un seguimiento y resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio, se constituye una Comisión  e
de Seguimiento, constituida por un representante de cada una de las partes. bo
Se designarán, al menos, dos representantes de la Secretaría de Estado de Energía,  7w
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responsables de ambas partes con el fin de introducir modificaciones en su texto o en la 
ejecución del mismo.
Podrá actuar mediante reuniones presenciales, o por los medios telemáticos y/o 
electrónicos oportunos que garanticen su adecuado funcionamiento. La Comisión de 
Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, a iniciativa de cualquiera de las partes, 
constando en acta las conclusiones o acuerdos alcanzados.
Decimoséptima.  Protección de datos y transparencia.
Las actuaciones reguladas en el presente Convenio no vulnerarán lo establecido en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).
Asimismo, el Convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal 
de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso y Buen Gobierno (artículo 8.1.b).
Decimoctava.  Naturaleza y régimen jurídico.
El  presente  Convenio  es  de  naturaleza  jurídico-administrativa  y  se  rige  por  lo 
establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el resto de la normativa a la que se 
hace referencia en la cláusula segunda.
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