BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 116085
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
16420 Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
económico,  financieras,  fiscal  y  administrativas  para  afrontar  la  crisis 
provocada por el COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 4/2020, 
de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, 
fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
PREÁMBULO
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En dicho contexto, el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, declaró el estado de alarma, en todo el territorio nacional, para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con una duración 
inicial de 15 días naturales y con posibilidad de prórroga. El Pleno del Congreso de los 
Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 
20 de mayo y 3 de junio de 2020, acordó conceder las mencionadas autorizaciones para 
prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta las 00:00 horas del 21 de junio 
de 2020. La citada norma contuvo medidas dirigidas principalmente a proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública.
Las restricciones a la libre circulación de las personas para evitar la propagación del 
virus y contener la enfermedad, impuestas en virtud del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se tradujeron inexorablemente en una 
perturbación  conjunta  de  demanda  y  oferta  para  la  economía  española,  que  está 
afectando a las ventas de las empresas, especialmente de los autónomos, generando 
tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdida de 
empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar 
soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada 
la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperación de la actividad.
El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció en su artículo 4 que la 
autoridad competente a efectos del estado de alarma sería el Gobierno de España y, en 
sus respectivas áreas de responsabilidad, las personas titulares de los ministerios de 
Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de 
conformidad con el artículo 6 del citado real decreto, cada Administración conservó las  e.
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios  w.b
para adoptar las medidas que estimase necesarias, en el marco de las órdenes directas  420ww
de laA natuet oersidtaa ds ictuoarrceióspno dned ieexnttree.ma gravedad, generada por la evolución del coronavirus
dCeO VdiIvDe-r1s9a,  írnedsoulleta,  ndeacnedsoa priroio mridaandte nae ar qlause lmlaes dqiduaes  pdeer scigaaránc tmerin eimxtirzaaorr deiln aimripoa yc tuor geenn tlae 
destrucción del empleo, de una manera muy especial sobre los autónomos y autónomas 
que han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios.
Asimismo se adoptan medidas dirigidas a la agilización y eficacia en la tramitación de 
los  procedimientos  administrativos,  y  otras  medidas  en  materia  presupuestaria,  de 
contratación y subvenciones, y en materia de personal que persiguen coadyuvar a 
minimizar el impacto de la crisis sanitaria y social y dar respuestas inmediatas a las 
necesidades que se presenten.
II
La  presente  ley  se  estructura  en  un  capítulo  preliminar  y  ocho  capítulos  más, 
comprensivos  de  un  total  de  26  artículos,  cuatro  disposiciones  adicionales,  una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el capítulo preliminar, relativo a las disposiciones generales, se fija el objeto de la 
norma y su ámbito de aplicación, que será el de los entes integrantes del sector público 
autonómico en los términos definidos en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la 
Hacienda Pública Canaria.
El capítulo I recoge una línea de ayuda de asistencia social, desvinculada de la 
acción protectora dispensada por el sistema de la Seguridad Social, basada en una 
subvención destinada a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que 
hubieran cesado obligatoriamente en su actividad por motivo de la declaración de alarma 
sanitaria para hacer frente al COVID-19. Recoge además, un programa de subvenciones 
en el ámbito del empleo, cuyo propósito será incentivar a las personas físicas y/o 
jurídicas,  que  mejoren  las  condiciones  contractuales  de  las  personas  trabajadoras 
afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por fuerza 
mayor, declarado como consecuencia de la crisis sanitaria. Asimismo, y con el mismo 
objetivo general, contempla un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, cuyo 
propósito  será  incentivar  la  contratación  de  personas  desempleadas,  por  parte  de 
personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar.
Todo ello a fin de que, de forma excepcional, el procedimiento de concesión de las 
mismas  se  pueda  incluir  en  el  acto  de  convocatoria  que  se  realice  por  el  órgano 
competente para resolver, pues no cabe duda que ha de imperar la eficacia que con 
carácter inmediato resulta exigible a la medida proyectada.
El  capítulo  II  contiene  las  medidas  en  materia  de  gestión  de  la  contratación 
administrativa, regulando el libramiento de fondos para hacer frente a los gastos que 
genere la adopción de medidas para hacer frente al COVID-19.
Se flexibiliza el modo de prestación de la garantía definitiva durante el periodo de 
alarma y se señalan normas específicas respecto a los efectos de la suspensión en 
función de la fase en la que se encontrara el procedimiento. De otro lado, y con el fin de 
asegurar los intereses públicos que puedan verse afectados o comprometidos por la 
suspensión de contratos, se contempla el procedimiento de urgencia como vía para 
minimizar las consecuencias de la parálisis temporal en la contratación pública. Por 
último, se establecen normas específicas respecto al control de inversiones durante el 
estado de alarma por parte de la Intervención General, con la finalidad de facilitar los 
trámites,  especialmente  el  acto  de  recepción  final,  de  suerte  que  se  posibilite  la 
continuidad de los servicios públicos afectados como, igualmente, el abono o los pagos 
al contratista una vez este haya cumplido su obligación contractual.
El  capítulo  III  tiene  por  objeto  agilizar  determinados  expedientes  de  gastos  s
vinculados a la crisis COVID-19, eximiendo de su trámite la autorización del Gobierno. e.
El capítulo IV contiene una serie de medidas en materia de gestión de ayudas y  w.
subvenciones, contemplándose la posibilidad de incrementar, siempre que exista crédito,  420ww
lpaa rcau aenlltoía a t olatas l rmegálxaism qau oe  esestñimalaad eal  daert ílcausl oc o1n4v.4o cdaetlo Driaesc rdeeto  s3u6b/v2e0n0c9io, ndees 3, 1s ind es umjeacrzióon, 
pdoer  eCl aqnuaer isaes ,e satal btleiecme peol  réqguime esne g efnleexriabli ldizea  sulab veinncciidoennecsi ad e dlae lC  ofamcutonri datedm Apuotóranlo mean   BOE-A-cable e
determinadas fases del expediente, incluida su justificación. Se contempla igualmente la 
posibilidad de anticipar el importe de las mismas, así como otras medidas destinadas a 
facilitar los trámites en este tipo de expedientes.
El capítulo V fija las medidas en materia de gestión presupuestaria, articulando el 
contenido dispositivo preciso para poder agilizar, desde el área presupuestaria y ante la 
actual coyuntura, los trámites que permitan atender las necesidades de gasto público 
asociadas a la crisis del COVID-19 con la inmediatez que dicha situación demanda. Así, 
entre otras, se otorga la condición de ampliables, para determinados sectores, a los 
créditos destinados a atender los gastos generados con ocasión de la crisis, se autorizan 
operaciones  de  financiación  para  otorgar  liquidez  con  la  que  afrontar  los  gastos 
generados por el COVID-19 y se establecen medidas específicas de endeudamiento y 
avales para la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en 
Canarias, SA, habida cuenta de la necesidad de incrementar su capacidad económica 
para dar respuesta a la actual situación.
El capítulo VI contiene determinadas medida en materia de gestión administrativa, al 
objeto de dotar a la gestión pública y durante la vigencia del estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de la necesaria agilidad y capacidad de respuesta 
frente a la demanda urgente de soluciones derivadas de la crítica situación actual.
El capítulo VII contiene determinadas medidas en materia de personal que permiten 
conciliar la ejecución de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma 
de acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con la continuidad de los 
servicios  públicos  encomendados  a  la  Administración  pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias. A tal fin, se prevén medidas excepcionales de dependencia 
funcional  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y de las comunicaciones e informática, y asimismo de 
reasignación  de  efectivos  y  gestión  de  bolsas  de  trabajo  y  sustituciones,  a  fin  de 
responder de manera efectiva, y conforme a los principios constitucionales de eficacia y 
eficiencia, a los retos de una situación extraordinaria como la derivada del COVID-19. 
Asimismo  se  contempla  la  suspensión  temporal  de  amortización  de  anticipos 
reintegrables al personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo y al 
personal docente no universitario; a la vez que se prevé la aprobación, con anterioridad 
al 1 de abril de 2021, previa negociación en las correspondientes mesas de negociación, 
de un decreto por el que se regule la  prestación del servicio en la modalidad no 
presencial  mediante  la  fórmula  del  teletrabajo  para  el  personal  al  servicio  de  la 
Administración pública de Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades públicas 
adscritas, vinculadas o dependientes de su sector público.
El capítulo VIII se refiere a las medidas fiscales y educativas. Por un lado, persigue 
incrementar con nuevas medidas de carácter tributario, que se adicionan a las ya adoptadas 
recientemente  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  dirigidas  a  mitigar  las 
consecuencias que, en el ámbito tributario, derivan de las limitaciones de circulación y 
apertura  de  establecimientos  por  la  situación  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID-19,  contemplando  aquellas  actividades  cuya  tributación  no  se  vincula  con  el 
volumen real de operaciones, y en cuyo cálculo no se ha tenido en cuenta la merma de 
ingresos ocasionada tras el imprevisible cierre al público y, más en concreto, modificar, con 
carácter temporal, las cuotas fijas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, 
correspondientes a las máquinas o aparatos automáticos, de forma proporcional a los días 
de vigencia del estado de alarma. Por otro lado, contempla como medida de carácter 
educativo  la  adaptación  del  Plan  Canario  de  Infraestructura  Educativa,  al  objeto  de  s
adecuarse a las nuevas exigencias derivadas del impacto de la COVID-19, priorizando las  oe.
obras que requieran una implantación inmediata para adecuarse a las recomendaciones  w.
sanitarias que deban implementarse para el desarrollo de la actividad docente. 420ww
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disposiciones adicionales segunda y tercera garantizan, en una situación como la actual, 
en  la  que  las  medidas  de  distanciamiento  social  son  fundamentales  para  evitar  la 
propagación del virus, la celebración a distancia de cualesquiera órganos colegiados del 
Gobierno de Canarias, así como del conjunto de su sector público, con una mención 
específica al ámbito de la negociación colectiva. La disposición adicional cuarta regula 
un especial régimen jurídico para los Premios Canarias 2020 y 2021, afectados en la 
edición del 2020 por la declaración del estado de alarma provocada por la crisis sanitaria 
por el COVID-19, realizada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La disposición transitoria única, adapta el régimen de las ayudas concedidas al 
amparo del artículo 3.1 del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, modificado por el Decreto 
ley 10/2020, de 11 de junio; a la nueva regulación del artículo 3.1 de la presente ley, que 
regula la nueva línea de ayuda de asistencia social, desvinculada de la acción protectora 
dispensada por el sistema de la Seguridad Social, basada en una subvención destinada 
a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en Canarias, que 
hubieran cesado obligatoriamente en su actividad por motivo de la declaración de alarma 
sanitaria para hacer frente al COVID-19.
La disposición derogatoria única extiende su alcance a cuantas disposiciones legales 
o  reglamentarias  se  opongan  a  lo  establecido  en  la  presente  ley,  derogándose  en 
particular el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 
COVID-19, así como el Decreto ley 7/2020, de 23 de abril y el Decreto ley 10/2020, de 11 
de junio, ambos de modificación del primero.
Por último, la disposición final primera autoriza a la consejería competente en materia 
tributaria  a  modificar  los  plazos  de  presentación  de  declaraciones  y  autoliquidaciones, 
estableciendo  la  segunda  una  habilitación  a  los  órganos  competentes  en  materia  de 
contabilidad y presupuestos para dictar instrucciones sobre el suministro de información 
económico-financiera respecto de los gastos dirigidos a atender la crisis, facultando la tercera 
al Gobierno de Canarias y a los titulares de las consejerías en sus respectivos ámbitos de 
competencias  para  dictar  cuantas  disposiciones  fueran  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de esta ley y, la cuarta relativa a la entrada en vigor de la presente ley.
III
Esta ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del 
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, 
publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» el 3 de abril de 2020, toda vez que el 
Parlamento acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia.
CAPÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La  presente  ley  tiene  por  objeto  adoptar  diversas  medidas  extraordinarias  para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación. bo
plaú HblLaicaco iep anreudstaoe nPnótúemb lliieccoya   seCenar ánlo asdr ieaté .armpliicnaocsi ódne fain liad oasc teuna claió Lne dye 1 l1o/s2 0e0n6te, sd ein 1te1g draen tdeicsi edmelb sree,c tdoer   2020-16420n https://ww
CAPÍTULO I
Medidas de apoyo a autónomos y al empleo
Artículo 3.  Medidas para el sostenimiento del empleo y apoyo social.
1.  Se crea una nueva línea de ayuda de asistencia social, desvinculada de la acción 
protectora dispensada por el sistema de Seguridad Social, basada en una subvención 
destinada  a  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  propia  o  autónomas  residentes  en 
Canarias,  que  hubieran  cesado  obligatoriamente  en  su  actividad  por  motivo  de  la 
declaración  de  alarma  sanitaria  para  hacer  frente  al  COVID-19,  dotada  inicialmente 
con 11.000.000 de euros.
Dicha  línea  de  ayuda  se  financiará  con  el  crédito  procedente  de  la  aplicación 
presupuestaria 50.01 241K 470.02.00 Fondo 4050030, Línea de actuación 50400040.
2.  Con el objetivo general de luchar contra los negativos efectos que ha tenido la 
crisis sanitaria, social y económica producida por el COVID-19, se crea un programa de 
subvenciones, en el ámbito del empleo, cuyo propósito será incentivar a las personas 
físicas  y/o  jurídicas,  que  mejoren  las  condiciones  contractuales  de  las  personas 
trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por 
fuerza mayor, declarado como consecuencia de la crisis sanitaria.
Ambos  programas  de  subvenciones  se  financiarán  con  el  crédito  procedente  de  la 
aplicación  presupuestaria  50.01.241H.480.00.00,  Fondo  4050030,  Línea  de 
actuación 50400037; con una dotación inicial de quinientos mil (500.000) euros para las 
subvenciones en favor de las personas físicas y/o jurídicas que mejoren las condiciones 
contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal 
de empleo (ERTE), por fuerza mayor, y de cien mil (100.000) euros para las subvenciones, en 
el  ámbito  del  empleo,  cuyo  propósito  será  incentivar  la  contratación  de  personas 
desempleadas, por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar.
3.  Las citadas ayudas y subvenciones se concederán de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
atendiendo a la singularidad derivada del impacto económico y social del COVID-19, que 
permiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social, que 
dificultan la convocatoria pública de las mismas.
4.  El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud de la persona 
física  y/o  jurídica  interesada  dirigida  al  órgano  competente  para  resolver  sobre  el 
otorgamiento de estas subvenciones, en régimen de concesión directa.
La presentación de las solicitudes podrá ser precedida de un acto de convocatoria 
por parte del órgano competente para resolver, que tendrá el carácter de presupuesto de 
los distintos procedimientos que se inicien posteriormente.
5.  El  procedimiento  de  concesión  de  las  citadas  ayudas  y  subvenciones  será 
establecido por orden, de carácter reglamentario, de la persona titular de la consejería 
competente en materia de Empleo.
Excepcionalmente, en el caso de subvenciones de carácter no periódico, dicho 
procedimiento de concesión se podrá incluir en el acto de convocatoria que se realice 
por el órgano competente para resolver.
6.  El  procedimiento  para  la  aprobación  y  modificación  de  la  referida  orden 
departamental solo exigirá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la 
adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la 
secretaría  general  técnica  de  la  consejería  competente  en  materia  de  Empleo  que  e
deberá pronunciarse sobre la legalidad de la misma y el informe previo de la Intervención  bo
General, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 129.1 y 133 de la Ley 39/2015, de 1  420ww
Eednem  oepAcll estauoimrb;t íricaseums, líod o ce,8 olq .mP1u,reo old eceaterln ad dsiemi xcdicte)ae nmypt toenu n)aA,  ddddomeesl i  lnlaCoi ssoLt nrienasyfteo iv1jroom2  /CCe2s0oo 0mnd3seú,ul n ldCt iedvo eon4  sl dadeesejo   A CaGdbaemrninlai,ne rdriisaaetsllr   adSacee i oqErvnumiecepis ol se PeCoú  abrpenlrifaeciervairiosse .t doeesl    OE-A-2020-16able en https://
artículo 11.1.B.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
7.  Lo dispuesto en el apartado anterior también será aplicable al procedimiento de 
concesión de las subvenciones de carácter no periódico a que se refiere el segundo 
párrafo del apartado 5, a excepción de los preceptos mencionados de la ley reguladora 
del procedimiento administrativo común.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de gestión de contratación administrativa
Artículo 4.  Tramitación de emergencia.
1.  Las modificaciones de los contratos ya suscritos, necesarias para atender la 
protección de las personas y resto de medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias 
para hacer frente al COVID-19, se tramitará como procedimiento de emergencia.
2.  En los libramientos de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al 
COVID-19 que se realicen al amparo de un procedimiento de emergencia no operará la 
limitación relativa al tope de pagos individuales recogida en el apartado 74.1 e) de la 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, así como la contenida 
en el artículo 15.1 del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el 
régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 5.  Garantías.
Durante la vigencia del período de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y sus prórrogas, la garantía definitiva prevista en el artículo 107 de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrá constituirse, con 
independencia  de  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares, 
mediante retención en el precio, practicada sobre el importe del primer libramiento o, en 
caso de no ser suficiente, de los libramientos sucesivos.
Artículo 6.  Suspensión de la tramitación de procedimientos de contratación.
1.  De  conformidad  con  la  suspensión  de  términos  y  la  interrupción  de  plazos 
dictada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
respecto a los expedientes de contratación pública que se encuentren en tramitación por 
los órganos de contratación de la administración autonómica, previa motivación, serán 
aplicables las siguientes normas:
a)  En aquellos expedientes que no tengan publicada su convocatoria o licitación, el 
órgano  de  contratación  podrá  continuar  la  tramitación  de  los  actos  preparatorios, 
avanzando hasta la resolución de aprobación del gasto, en cuyo caso los plazos de 
presentación de ofertas se entenderán automáticamente interrumpidos, por lo que los 
plazos señalados en los pliegos y/o anuncios de licitación no comenzarán a contarse 
hasta el momento en el que se levante la suspensión asociada a la declaración del 
estado de alarma. e.e
b)  En aquellos expedientes que al momento de la declaración del estado de alarma se  b
encontrasen con la convocatoria o licitación publicada y en fase de presentación de ofertas  420ww
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del estado de alarma, en fase de examen y evaluación de aquellas, podrá continuarse,
mediante resolución motivada, con su tramitación hasta el momento inmediato anterior a 
la adjudicación del contrato, en que deberán entenderse suspendidos los plazos para las 
actuaciones administrativas posteriores.
2.  Los expedientes de contratación relacionados con situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables 
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, no 
se verán afectados por las anteriores medidas de suspensión. La continuación de estos 
procedimientos será acordada motivadamente por el órgano de contratación.
Artículo 7.  Tramitación por procedimiento de urgencia.
1.  Se aplicará el procedimiento de urgencia en la tramitación de expedientes de 
contratación que hubieran sido iniciados con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o que hubieran sido 
iniciados  una  vez  decretado  el  mismo,  siempre  que  no  se  haya  tramitado  por 
contratación de emergencia ni se hubiera aprobado el expediente de contratación.
2.  Asimismo, se podrá aplicar el procedimiento de urgencia en la tramitación de 
expedientes de contratación que aunque iniciados después de finalizado el estado de 
alarma, puedan ver peligrada su finalidad o ver comprometido el interés público, como 
consecuencia de los retrasos generales derivados de la duración del estado de alarma.
Artículo 8.  Comprobación material de la inversión.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, se suspenderán las actuaciones de control relativas a la comprobación 
material durante la ejecución que señala el artículo 84 y siguientes del Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, aprobado por Decreto 76/2015, de 7 de mayo.
En las actuaciones de control relativas a la comprobación material a la finalización, 
permanecerá vigente la obligación para el centro gestor de solicitar a la Intervención 
General la designación de representante, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
artículo 85 del reglamento citado. Si en la fecha fijada para el acto formal de recepción 
continuara la declaración de estado de alarma, los representantes designados por la 
Intervención General comunicarán al gestor si asistirán o no a dicho acto.
En los supuestos indicados en el párrafo anterior, la comunicación de no asistencia 
facultará al órgano gestor a la realización del acto de comprobación de la inversión sin 
los representantes designados por la Intervención General, que se justificará con un acta 
suscrita en los términos indicados en el apartado 2 del artículo 86 del Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, debiendo remitir al interventor designado en el menor plazo posible el acta 
de recepción junto con el resto de la documentación generada en la comprobación.
CAPÍTULO III
Medidas de agilización de la gestión de expedientes de gastos
Artículo  9.  Normas  especiales  de  autorización  de  gastos  en  materia  de  ayudas  y 
subvenciones.
1.  Durante el período de estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020,  b
de 14 de marzo, y en relación con los gastos que en materia de subvenciones y ayudas  420ww
csreis tirsa msaitneinta priaar ao cpaasliioanr alodsa  epfeocr toesl  CeOcoVnIóDm-1ic9o, sn oy  friensaunlctaieráro se xdigeirbivlea dlao sa dueto lraiz asictuióanc ipóonr  deel 
Gdeo bPierernsou ppureesvtisotsa  Gene neel raapleasr taddeo l a1  Cdeolm aurtnícidualod  2A7u dtóen loam Lae yd 1e9 C/2a0n1a9r,i adse  p3a0r ad e2 0d2ic0ie, menb relo, 
que se refiere a subvenciones directas.
2.  Mientras dure el estado de alarma, será suficiente su aprobación por el titular del 
departamento competente.
3.  De estos expedientes habrá de darse cuenta al Gobierno en el plazo de 1 mes 
desde su aprobación.
Artículo 10.  Habilitación al Gobierno para la autorización de pagos anticipados de 
carácter extrapresupuestarios.
El Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en 
materia de Hacienda, podrá autorizar pagos anticipados de carácter extrapresupuestario 
con cargo a los contratos que se celebren por el procedimiento de emergencia.
En este sentido, se habilita a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
para dictar las instrucciones precisas para la tramitación de los mismos, a efectos de 
determinar la remisión de información previa al mencionado centro gestor a efectos de la 
previsión de liquidez de Tesorería, así como del concepto extrapresupuestario imputable.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de gestión de ayudas y subvenciones
Artículo 11.  Medidas para la mejora de la gestión de ayudas y subvenciones derivadas 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1.  Durante  el  período  de  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se podrá incrementar, siempre que exista crédito, la 
cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a 
las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.  En las bases reguladoras que se tramiten en ejecución de medidas para hacer 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 se deberá prever, como regla general, la 
realización de convocatorias abiertas. En caso de no contemplarse dicha previsión, 
deberá motivarse su imposibilidad.
3.  En el caso de que, habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la convocatoria, no se hubiera resuelto al cierre del ejercicio, se conservarán 
todos los actos a efectos de su resolución en el ejercicio presupuestario siguiente, 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
4.  Se podrá acordar la suspensión y prórroga de plazos para la realización de la 
actividad objeto de las subvenciones concedidas y que, por su naturaleza, se sigan 
viendo afectadas por las consecuencias de la declaración del estado de alarma.
5.  Respecto a las condiciones de justificación, tanto en el caso de subvenciones 
tramitadas a través de convocatorias con concurrencia, como las tramitadas por el 
procedimiento de subvenciones directas:
5.1  Se podrá establecer la justificación como condición previa a la concesión.
5.2  La modalidad de justificación, cuando no se haya previsto lo dispuesto en el 
apartado anterior, será la cuenta justificativa simplificada, sin sujeción al umbral previsto 
en el apartado 1 del artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
6.  Se podrá suspender, prorrogar y modificar el cumplimiento de las condiciones de  e.e
justificación de las subvenciones. Dichas actuaciones deben llevarse a cabo antes de  w.b
que se haya producido el vencimiento del plazo de justificación. 420ww
antic7i.p o Edle ó prgaagnoo d ere lsapso mnsisamblaes ,d ea ulna  cgueasntidóon  ndoe  elsatsu vsieurbav ecnocnitoenmepsl apdood rinái ceiasltmabelnetcee. rD eel 
Fdiicnhaan cmieorad iafic laocsi óenfe chtaobsr ád ed lea  dparersveis iócune dneta li qau ildae Dz ierenc Tceiósno rGereían.eral del Tesoro y Política
CAPÍTULO V
Medidas en materia de gestión presupuestaria
Artículo 12.  Medidas extraordinarias de carácter presupuestario.
1.  Corresponderá al titular del departamento competente en materia de Hacienda la 
habilitación de los créditos adecuados para proporcionar la cobertura necesaria que 
permita hacer frente a la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
2.  En particular, podrá ordenar la retención y no disponibilidad de los créditos 
presupuestarios  que  tengan  la  consideración  de  disponibles,  o  aprobar  las 
modificaciones  presupuestarias  oportunas  que  den  cobertura  a  las  medidas  de 
contingencia que se adopten para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Queda 
exceptuada la reasignación de los créditos entre diferentes secciones presupuestarias, 
cuya autorización corresponde al Gobierno.
3.  Tendrán la condición de ampliables los créditos presupuestarios destinados a 
atender  los  gastos  necesarios  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en especial los que afectan a los sectores sanitario, 
educativo y social, así como al sector productivo.
A tal efecto, la vinculación de los créditos de los capítulos 2, 4, 6 y 7, que se amplíen 
en  virtud  de  este  apartado,  se  establecerá  a  nivel  de  sección,  servicio,  programa, 
capítulo, línea de actuación o proyectos de inversión y código fondo. Se excluye la 
aplicación de la vinculación establecida en el párrafo anterior a los créditos del capítulo 2 
del Servicio Canario de la Salud cuya vinculación será la establecida en el artículo 7 de 
la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el 2020.
4.  Excepcionalmente, cuando no sea posible ampliar crédito con las asignaciones 
disponibles  de  las  distintas  secciones  presupuestarias,  podrá  ampliarse  crédito  sin 
cobertura hasta el límite de las obligaciones que se precise reconocer relacionadas con 
los gastos derivados de las medidas adoptadas en la crisis COVID-19 dentro de los 
límites que se establezcan en los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto. El Gobierno tomará las medidas oportunas para que estas modificaciones sean 
compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de 
gasto.
Los  créditos  ampliados  al  amparo  de  este  apartado  tendrán  las  vinculaciones 
previstas en el apartado anterior.
5.  Las medidas establecidas en el presente artículo podrán ser adoptadas durante 
el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2020.
Artículo 13.  Endeudamiento a corto plazo.
1.  De manera excepcional, con objeto de garantizar la liquidez necesaria de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se podrán concertar 
operaciones de financiación por plazo no superior a un año con el límite máximo del 20% 
de los créditos iniciales de gasto no financiero del ejercicio presupuestario.
2.  De conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, corresponderá al titular del departamento 
competente en materia de Hacienda disponer la concertación de estas operaciones de 
financiación. s
3.  Hasta tanto se formaliza la contratación de estas operaciones de financiación, las  oe.
necesidades de la Tesorería, derivadas de las diferencias de vencimientos de sus pagos  w.
essoe illniecgcitrcueidos nodase,d l aptisotu dplraaárrn ad  aectle edlneedbperaarrsrt ealo mcsoe cnno torar nectsoicpmioppnoedsti eednnett eela ses nc e omnntatirdtaeatrodiase  sdd eefi  nHeasantcaciseie nordapase. rqauceio nheasy,a np resivdiao   2020-16420n https://ww
Artículo 14.  Medidas específicas en materia de endeudamiento y avales para empresa 
pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 100 quater de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, de manera excepcional, se autoriza a la 
empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA, a concertar 
operaciones de crédito para la financiación de gastos originados en el Sistema Canario 
de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, hasta un importe máximo de 12.000.000 de euros.
En relación con estas operaciones de crédito, no resultará exigible el procedimiento 
establecido en la orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se regula el procedimiento de autorización para la contratación por 
los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto 
estimativo de préstamos o de líneas de crédito con entidades de crédito.
Con carácter excepcional el procedimiento a aplicar será el siguiente:
a)  Solicitud, suscrita por la empresa, de autorización para la contratación de la 
operación  dirigida  al  titular  de  la  dirección  general  competente  en  materia  de 
endeudamiento. La solicitud especificará la operación de que se trate y sus principales 
características. Junto con la solicitud, se presentará el borrador del contrato que haya de 
documentar la operación, suscrito por la entidad de crédito correspondiente.
b)  Informe de la dirección general competente en materia de endeudamiento, con 
objeto de analizar los aspectos financieros de la operación.
c)  La  autorización  de  la  operación  se  efectuará  mediante  orden  del  consejero 
competente en materia de Hacienda, a propuesta de la dirección general competente en 
materia de endeudamiento.
2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 102 de Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria, de manera excepcional, la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias podrá conceder su aval a la empresa Gestión de 
Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA, para la concertación de las 
operaciones de crédito a que se refiere el presente artículo.
En relación con este aval, no resultará exigible el procedimiento establecido en el 
Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Regulación de Avales de la Comunidad Autónoma, 
y en la orden de 10 de marzo de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
dictan determinadas normas de desarrollo del Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de 
Regulación de Avales de la Comunidad Autónoma.
Con carácter excepcional el procedimiento a aplicar será el siguiente:
a)  Propuesta  del  consejero  del  departamento  con  competencia  en  materia  de 
sanidad, sin que sea necesario el informe favorable de dicha consejería.
b)  Informe de la dirección general competente en materia de endeudamiento, con 
objeto de analizar los aspectos financieros de la operación a avalar.
c)  La  dirección  general  competente  en  materia  de  endeudamiento  elevará  la 
propuesta de orden que corresponda al consejero competente en materia de Hacienda.
El aval se presumirá otorgado con carácter solidario.
Por  el  aval  otorgado,  la  Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias  renunciará  expresamente  al  beneficio  de  excusión  que  establece  el 
artículo 1830 del Código Civil. e.e
El aval otorgado no devengará a favor del Tesoro de la Comunidad Autónoma de  b
Canarias ningún tipo de comisión. 420ww
Artículo 15.  Inversión y justificación de fondos europeos.
A  efectos  de  la  inversión  y  justificación  de  los  fondos  correspondientes  a  los
programas europeos se priorizarán las actuaciones cofinanciadas de los programas que
permitan luchar contra los efectos de la crisis sanitaria COVID-19. Asimismo, se llevarán 
a cabo modificaciones en los programas operativos con el fin de incluir actuaciones que 
se consideren necesarias para tal fin.
CAPÍTULO VI
Medidas en materia de gestión administrativa
Artículo 16.  Medidas en materia de suspensión de plazos administrativos.
1.  En  el  marco  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a las 
personas titulares de los departamentos del Gobierno de Canarias y a las personas 
titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector 
público autonómico, en el ámbito de sus competencias, mediante resolución motivada, y 
entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión 
de  los  plazos  administrativos  de  los  procedimientos  administrativos  en  los  casos 
previstos en dicho real decreto.
2.  Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado anterior 
decidir  motivadamente  la  continuación  o  incluso  el  inicio  de  los  procedimientos 
administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos 
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios. En estos casos, no será necesario obtener la conformidad de las 
personas interesadas.
Artículo 17.  Tramitación de procedimientos con motivo de la crisis sanitaria.
1.  La adopción de actos, disposiciones de rango reglamentario, suscripción de 
convenios y otras medidas cuya competencia corresponda al Gobierno de Canarias o a 
sus miembros, directamente destinados a atender situaciones de emergencia sanitaria o 
social derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que deban adoptarse 
mientras esté vigente el estado de alarma, ajustará su tramitación a las normas del 
procedimiento  administrativo  común,  así  como,  en  su  caso,  a  las  demás  normas 
procedimentales establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, sin que 
resulten  preceptivos  los  trámites  adicionales  previstos  en  normas  o  instrucciones 
aprobadas  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  virtud  de  sus  propias 
competencias. Los efectos de las disposiciones que en tal caso se aprueben limitarán su 
vigencia al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso y motivadamente, a un 
periodo adicional imprescindible para la consecución de los efectos pretendidos.
2.  Los miembros del Gobierno que aprueben actuaciones en virtud del apartado 
anterior darán cuenta al Consejo de Gobierno en el término de un mes desde su 
aprobación.
CAPÍTULO VII
Medidas en materia de personal
Artículo 18.  Medidas en materia de prevención de riesgos laborales. s
1.  Durante la vigencia de la presente ley, todo el personal adscrito a los diferentes  w.b
unidades y servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Canarias,  420ww
eLxacbeopratol,  eels tpaerársno nbaalj od ela  ldai rCecocnisóenj eyr ícao doerd iSnaanciiódna dd ey  ldae Dl Iirnesctictuiótno  GCeannearraiol  ddee  lSa eFguunricdiaódn 
PAúubtólincoam, ay  dseu  Cámanbaitroia sd ey  aspulisc aocrigóann issemráo sl aa uAtdómnoinmisotsra, ccióonn  peúxbcelicpac iódne  dlae l Cáommbuitnoi ddaedl 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Sanidad.
2.  A la Dirección General de la Función Pública le serán adscritos los medios 
personales y materiales precisos para el desempeño de las funciones en materia de 
prevención de riesgos laborales.
Artículo 19.  Medidas en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y 
de las comunicaciones e informática.
1.  Todo el personal perteneciente a los cuerpos/escalas o categorías profesionales 
del área de Informática y Telecomunicaciones, incluido el personal de apoyo, adscrito a 
las diferentes consejerías de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y sus organismos autónomos, a excepción de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de 
Salud, constituirá un área funcional única bajo la dirección y coordinación de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
2.  A la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías le serán 
adscritos  los  medios  personales  y  materiales  precisos  para  el  desempeño  de  sus 
funciones.
3.  Los departamentos y organismos autónomos de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias conservarán las competencias que les otorga la 
normativa vigente en la gestión ordinaria de sus servicios y personal en la materia objeto 
del presente artículo para adoptar las medidas que estimen necesarias en el marco de 
las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos de la presente ley y sin 
perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores.
Artículo 20.  Medidas extraordinarias de movilidad de los empleados públicos.
1.  Al objeto de dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear 
con  ocasión  de  la  situación  generada  por  el  COVID-19,  así  como  sus  efectos 
económicos y sociales y la respuesta de la Administración pública, la Dirección General 
de la Función Pública ofertará entre los empleados públicos de la Administración, con 
independencia del vínculo jurídico funcionarial o laboral que ostenten, la posibilidad de 
efectuar una movilidad funcional de carácter voluntaria, en jornada total o parcial, con 
destino al departamento u organismo autónomo que haya efectuado el requerimiento, así 
como con destino a áreas y unidades funcionales, programas o proyectos que requieran 
de medidas de refuerzo.
2.  Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, por parte de la Dirección 
General de la Función Pública se podrá proceder a una movilidad forzosa para la 
realización de funciones, tareas o responsabilidades, que podrán ser distintas a las 
correspondientes a su puesto de trabajo o función habitual en el mismo o en distinto 
departamento u organismo público cuando, por causa de su mayor volumen temporal u 
otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que 
desempeñe con carácter permanente los puestos de trabajo o funciones que tengan 
asignadas.
Los empleados públicos que hayan sido objeto de esta movilidad se mantendrán en 
esa situación hasta que finalice las causas que la originaron.
La movilidad prevista en este apartado y en el anterior deberá respetar, en todo caso, 
el cuerpo y especialidad para el caso del personal funcionario, y la categoría profesional 
si se trata de personal laboral.
3.  En todo caso, el personal objeto de movilidad funcional continuará percibiendo  es
las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, que serán abonadas por el  bo
departamento u organismo público donde venía prestando servicios. 420ww
rpdeaesr pt4eloa. n  dsLeEaelbly  i lipinddecaerusdl mo Ednpiaslsitlmc aitpioeulbintnojteao tr oBida áe dsp eirclao oscm  edfoduevenlin lcidtEieoam ndcep oslnfe,u faontdarcmorioe enaP asaú l  bolodl i careeorsás, tp aaolbupnlgersoacabribd aioladi d oea lnadp  eeoselr  x taeiRgsxeeitgonan clr aieadDf uaednsce drp eidotloaor     OE-A-2020-16able en https://
legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Artículo 21.  Medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de 
personal funcionario y laboral de administración general.
En todo caso, la selección del personal que integre dichas bolsas de trabajo deberá 
realizarse respetando los principios de igualdad, mérito y publicidad.
Artículo 22.  Reincorporación del personal de administración general con dispensa por 
realización de funciones sindicales.
La reincorporación del personal que cuente actualmente con dispensa de asistencia 
al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales, que venga motivada por el 
desempeño de funciones relacionadas con la ejecución de las medidas adoptadas por el 
Gobierno de Canarias ante la situación generada por el COVID-19, no implicará el cese 
del personal sustituto.
Artículo  23.  Suspensión  temporal  de  la  amortización  de  anticipos  reintegrables  al 
personal  al  servicio  del  sector  público  con  presupuesto  limitativo  y  al  personal 
docente no universitario.
1.  El  personal  al  servicio  del  sector  público  con  presupuesto  limitativo  tendrá 
derecho, con las condiciones establecidas en la disposición adicional décima de la 
Ley  19/2019,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2020, a un periodo de carencia de tres meses en el 
reintegro de las cuotas de amortización de los anticipos reintegrables concedidos a los 
empleados públicos y que estén pendientes de amortización.
2.  El periodo de carencia indicado será acordado, previa solicitud del empleado 
público, por el órgano que tenga atribuida la competencia en materia de gestión de 
personal y nómina respecto de la persona solicitante.
La solicitud deberá formularse durante el mes siguiente a la entrada en vigor de la 
presente disposición, haciéndose efectiva en la primera nómina que sea posible.
3.  El plazo de devolución se reactivará automáticamente una vez transcurrido el 
periodo máximo de tres meses de moratoria. El periodo de moratoria, de tres meses, 
incrementará en el mismo número el plazo de meses de devolución pendiente del 
anticipo reintegrable concedido inicialmente.
4.  La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dictará las 
normas necesarias para la ejecución de lo establecido en este precepto.
Artículo 24.  Prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula 
del teletrabajo.
El Gobierno, con anterioridad al 1 de abril de 2021, aprobará, previa negociación en 
las  correspondientes  mesas  de  negociación,  un  decreto  por  el  que  se  regule  la 
prestación  del  servicio  en  la  modalidad  no  presencial  mediante  la  fórmula  del 
teletrabajo para el personal al servicio de la Administración pública de Comunidad 
Autónoma de Canarias y las entidades públicas adscritas, vinculadas o dependientes 
de su sector público.
CAPÍTULO VIII
Medidas fiscales y educativas e.e
Artículo 25.  Cuotas fijas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar  420ww
o azc1ao. rr rceEosnrpr eolasn padouientnodtliieqe unait dema áacq iómunián tqariusm inoea sastpr aaolr  adatepo aslar aa ttuaotssoa ma fuáisttcoicamol sás.toicbores , lodse vjueenggoasd ad ee sl udeíart e1,  eennveirteo   OE-A-2020-16able en https://
de 2020, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados tributarios las 
cuotas fijas siguientes:
– Máquinas tipo «B» o recreativas con premio:
a)  Cuota trimestral: 722,00 euros.
b)  Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más jugadores 
de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea independiente del realizado 
por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
– Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la 
letra a) anterior.
– Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.283,00 euros, más el resultado de 
multiplicar  por  521,00  el  producto  del  número  de  jugadores  por  el  precio  máximo 
autorizado para la partida.
– Máquinas de tipo «C» o de azar. Cuota trimestral: 902,00 euros.
2.  En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado 
para la partida en máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria 
de 722,00 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará 
en 15,70 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado 
exceda de 20 céntimos de euro.
3.  Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia tributaria 
a establecer las cuotas fijas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, 
correspondiente  a  máquinas  o  aparatos  automáticos,  devengada  el  día  1  de  abril 
de 2020, debiendo tener en cuenta los días de vigencia del estado de alarma durante el 
segundo trimestre natural del año 2020.
Artículo 26.  Adaptación del Plan Canario de Infraestructura Educativa.
Al objeto de adecuarse a las nuevas exigencias derivadas del impacto del COVID-19 
en  la  actividad  educativa,  se  procederá  a  la  adaptación  del  Plan  Canario  de 
Infraestructura  Educativa,  priorizando  las  obras  que  requieran  una  implantación 
inmediata para adecuarse a las recomendaciones sanitarias que deban implementarse 
para el desarrollo de la actividad docente.
Disposición adicional primera.  Suministro de información en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Todos los entes suministrarán a la consejería competente en materia de Hacienda la 
información económico-financiera que se requiera en relación a los efectos derivados de 
las actuaciones acometidas en relación al COVID-19, así como toda la información que 
resulte necesaria para el cumplimiento de las disposiciones previstas en materia de 
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  o  para  atender  cualquier  otro 
requerimiento  de  información  exigido  por  la  normativa  o  instituciones  nacionales, 
comunitarias o internacionales.
En este sentido, todos los gastos extraordinarios necesarios para atender la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 deberán estar identificados y clasificados 
de forma diferenciada.
Disposición  adicional  segunda.  Utilización  de  medios  telemáticos  para  las  oe.
convocatorias y reuniones de los órganos colegiados del Gobierno de Canarias. 420www.
integTroadnotse slo dse ól rsgeacntoosr  pcoúlbelgicioa daoust odneól mGiocboi,e srneo  pdoed rCáann caorinasst,i tausirí,  ccoomnvoo ceal rr,e csetole dbera er nsteuss 
dseisstaionnceias,,  asudso pmtaire macburoesrd poos dyr árne meinticr oanctrtaasrs ea  deins tadnisctiinat.o Es nl ulagsa rseess sioienmesp rqeu ey  cceulaenbdreon s ea   BOE-A-cable e
asegure  por  medios  electrónicos,  considerándose  también  tales  los  telefónicos,  y 
audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de 
sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la 
sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos el 
correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
Disposición adicional tercera.  Utilización de medios telemáticos para las convocatorias 
y reuniones de negociación colectiva.
Las mesas de negociación contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público 
así  como  los  comités  y  comisiones  contempladas  en  el  III  Convenio  Colectivo  del 
Personal  Laboral  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  se  podrán  constituir, 
convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia. En las 
sesiones  que  se  celebren  distancia,  sus  miembros  podrán  encontrarse  en  distintos 
lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también 
tales los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los 
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así 
como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad 
de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios 
electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
Disposición adicional cuarta.  Premios Canarias.
1.  Con carácter extraordinario y simbólico, el premio Canarias 2020 se otorga a 
toda la sociedad de las islas.
2.  Se  traslada  al  año  2021  la  edición  de  los  Premios  Canarias  de  2020, 
correspondiente a las modalidades de Bellas Artes e Interpretación, Investigación e 
Innovación y Patrimonio Histórico, y las ediciones anuales siguientes seguirán el orden 
establecido en la disposición adicional de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios 
Canarias.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de la línea de ayuda para personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
1.  La  ayuda  contemplada  en  el  apartado  1  del  artículo  3  de  la  presente  ley, 
sustituye a la ayuda regulada en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto ley 4/2020, de 2 
de abril, modificado por n o deducir una nueva solicitud.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas, con el alcance temporal y material derivado de la disposición 
final cuarta de esta ley, cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo 
establecido en la presente ley.
2.  En particular queda derogado el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar 
la crisis provocada por el COVID-19, el Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, y el Decreto 
ley 10/2020, de 11 de junio.
Disposición final primera.  Autorización para modificar los plazos de presentación de  e.e
declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes. b
Caco amnmSauernoi aidcasiafu.icctiaoorrn izeaslo  ays   slaop lilpcaiezturosdsoe nsa dd eeti t ulolpasr ret rsdibeeun ttloaasc  icgóoenns stieodjneear ídaod sce ocpmlaorpra elcatie oCnnoteems ,eu nn iadmuatadot leAiqruiuatió dntaroicbmiuoatna edrsiea,    OE-A-2020-16able en https://
Disposición final segunda.  Habilitación para dictar instrucciones sobre suministro de 
información económico-financiera.
Se habilita a las personas titulares de la Intervención General y de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
las  instrucciones  que  se  precisen  para  determinar  el  procedimiento,  contenido  y 
periodicidad  del  suministro  de  información  necesaria  en  materia  de  estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  así  como  establecer  los  criterios  para  la 
identificación y clasificación de los gastos extraordinarios necesarios para atender la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los cuales deberán estar 
identificados y clasificados de forma diferenciada.
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Canarias y a los titulares de las consejerías en sus 
respectivos  ámbitos  de  competencias  para  dictar  cuantas  disposiciones  fueran 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias y las medidas contenidas en la misma con carácter general mantendrán su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.  Los artículos 3 y 23 tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
3.  En todo caso tendrán vigencia indefinida las disposiciones adicionales segunda, 
tercera cuarta y la disposición final primera.
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Canarias, 26 de noviembre de 2020.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 248, de 4 de diciembre de 2020)