BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Viernes 3 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 149493
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20039 Resolución  de  16  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles I de A Coruña, por 
la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales de una compañía, en relación con la retribución 
de los administradores.
En el recurso interpuesto por don J. I. F. P., administrador único de la compañía 
mercantil «Forno e Ferretería Foxo, S.L.», contra la nota de calificación emitida por el 
registrador Mercantil y de Bienes Muebles I de A Coruña, don Enrique Rajoy Brey, por la 
que resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales de dicha compañía, en relación con la modificación de un artículo 
estatutario respecto de la retribución de los administradores.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 25 de mayo de 2021 por el notario de Ferrol, don 
Pedro Luis García de los Huertos Vidal con el número 1.460 de protocolo, se procedió a 
elevar a público determinados acuerdos adoptados por la junta extraordinaria de socios 
de la compañía «Forno e Ferretería Foxo, S.L.» celebrada el día 2 de enero de 2021; a 
los efectos que aquí interesan, el acuerdo controvertido consistía en la modificación de 
un  artículo  estatutario  referido  a  los  modos  de  organizar  la  administración  y  a  la 
retribución de los administradores. El texto completo del artículo 13 de los estatutos 
sociales tras la modificación era el siguiente:
«La Administración de la Sociedad y su representación en juicio y fuera de él 
corresponderá  a  un  Administrador  Único,  a  varios  Administradores,  que  actuarán 
solidaria o conjuntamente, o a un Consejo de Administración, a elección de la Junta 
General. En el caso de varios administradores conjuntos, el poder de representación se 
ejercerá mancomunadamente por dos de ellos.
El cargo de Administrador es gratuito, por el desempeño de las facultades inherentes 
a dicho cargo que sean indelegables, según las leyes de sociedades de capital, No 
obstante, dicha gratuidad se entiende, sin perjuicio de cualquier otra retribución que, por 
prestaciones distintas a las indelegables como Administrador, pueda percibir la persona 
que ostente dicho cargo. En este caso, el importe máximo de la remuneración anual del 
conjunto  de  los  Administradores  deberá  ser  aprobado  por  la  Junta  General  y 
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.
Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre 
los distintos Administradores se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del 
Consejo de Administración, por decisión. de este, que deberá tomar en consideración las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero. e
La  Sociedad  podrá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  civil  para  sus  bo
Administradores.» 039ww
AsimEils motoo,r gsaem mieondtiofi cate recle arort ícduelo  la1 3e.ºs cdreit uloras  Etesntaíatu teols  cSooncteianleidso,  rseilgautiiveon tae :l a« rae)t ri(b…uc) ióbn) 
del cargo de Administrador, que pasará a ser gratuito y quedará íntegramente redactado
en la forma que consta en la certificación adjunta». Y, según la certificación de tales  Bc
acuerdos incorporada en la escritura, el punto del orden del día relativo a aquéllos era el 
siguiente:  «Primero.  Modificación  del  artículo  13.º  de  los  Estatutos  Sociales,  para 
precisar lo relativo a la retribución de los administradores».
II
Presentada el día 13 de julio de 2021 dicha escritura en el Registro Mercantil de A 
Coruña, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Don Enrique Rajoy Brey, Registrador Mercantil de A Coruña, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 94/3768.
F. presentación: 13/07/2021.
Entrada: 1/2021/4.448,0.
Sociedad: Forno e Ferreteria Foxo SL.
Autorizante: García de los Huertos Vidal, Pedro Luis.
Protocolo: 2021/1460 de 25/05/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1.  En cuanto a la nueva redacción del artículo 13.º de los Estatutos: Deberán 
indicar, en el caso de que la administración la ejerzan Administradores Solidarios o 
Mancomunados, o bien su número, o bien el número mínimo y máximo (Artículo 211 de 
la Ley de Sociedades de Capital y 185 del Reglamento del Registro Mercantil).
2.  Sin perjuicio de lo anterior, de la redacción del artículo no resulta el carácter 
retribuido o no del cargo de Administrador, ni la forma de retribución, en su caso 
(Artículo 217 de la L.S.C. y 185 del R.R.M).
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
En relación con la presente calificación: (…)
Coruña, A, a 20 de julio de 2021 (firma ilegible).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. I. F. P., administrador único de la 
compañía mercantil «Forno e Ferretería Foxo, S.L.», interpuso recurso el día 20 de 
agosto de 2021 contra la calificación referida.
Por oficio, de fecha 25 de agosto de 2021, titulado «notificación de calificación», se 
comunicó al recurrente la inadmisión del recurso en los siguientes términos:
«1.  No se procede a la tramitación del recurso de referencia, por el siguiente 
motivo, conforme a lo estipulado en el Art. 326 LH.ª, por no constar la autenticidad de la 
firma contenida en el escrito de recurso presentado, en cuanto a la persona que lo 
interpone, el Administrador Único, don J. I. F. P., al no aparecer amparada por firma  e
electrónica reconocida, conforme a lo establecido en los artículos 110 y siguientes de la  bo
Ley 24/2021, de 27 de diciembre [sic], 7 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, y 10 y 11  039ww
Dde.G  l.aS .JL.eF.yP .)3.9/2015,  de  1  de  octubre  (Resolución  de  9  de  junio  de  2021,  de  la
subs2a. naErsne  taenl tod eqfeucet on oa ptruanntsacduor,r asnu slopse npdlaiéznodso sqeu ee ls ep lainzdoic apna raa  clao nitninteurapcoisóinc,i ópno ddreál 
recurso contra la nota de calificación origen del recurso originario.»
Subsanado el defecto, a juicio del registrador, mediante lo que parecía ser una firma 
electrónica, fue admitido el recurso con el siguiente tenor literal:
«Que en fecha 20 de julio de 2021, y en relación con la escritura pública de elevación 
a público de acuerdos de la entidad mercantil Forno e Ferretería Foxo, S.L., de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil veintiuno del notario de Ferrol don Pedro Luis García de 
los  Huertos  Vidal  (número  de  protocolo  1460),  se  nos  ha  notificado  la  calificación 
negativa del Sr. Registrador Mercantil de A Coruña, de la misma fecha, del siguiente 
tenor: (…)
Y considerando, dicho sea, salvados los oportunos respetos y en términos de estricta 
defensa que con relación a los fundamentos de derecho de la denegación de inscripción, 
tanto el motivo primero, como el segundo, no se ajustan a Derecho, es por lo que se 
formula frente a los mismos el correspondiente recurso que se articula a medio del 
presente escrito y por los motivos que pasamos a exponer.
Motivos.
Primero.  La resolución impugnada considera como defecto que la nueva redacción 
del art. 13 de los Estatutos “Deberán indicar, en el caso de que la administración la 
ejerzan  Administradores  Solidarios  o  Mancomunados,  o  bien  su  número,  o  bien  el 
número mínimo y máximo (art. 211 de la Ley de Sociedades de Capital y 185 del 
Reglamento del Registro Mercantil)”.
Sorprende tal calificación pues en dicho aspecto, el art. 13 mantiene en su integridad 
la anterior redacción que en su día fue calificada y mereció la inscripción con dicha 
redacción. En efecto, si nos fijamos en la redacción señalada, la misma no ha variado en 
absoluto de la que ya consta inscrita en el Registro, con lo que no tiene sentido la 
denegación  señalada.  En  la  escritura  de  constitución  que  consta  inscrita  ya  en  el 
Registro,  el  art.  13.º,  relativo  a  la  Administración  de  la  Sociedad  reza  así:  “La 
Administración de la Sociedad y su representación en juicio y fuera de él corresponderá 
a  un  Administrador  Único,  a  varios  administradores,  que  actuarán  solidaria  o 
conjuntamente, o a un Consejo de Administración, a elección de la Junta General. En el 
caso  de  varios  administradores  conjuntos,  el  poder  de  representación  se  ejercerá 
mancomunadamente por dos de ellos”. Esto ya está inscrito, como se dice, y la nueva 
redacción nada varía a la ya inscrita en este sentido. De hecho, la Junta designó ya a un 
administrador único que es quien suscribe el presente escrito, lo que asimismo consta 
inscrito en el Registro, y al igual, en el caso de Consejo de Administración, consta 
inscrito  un  número  mínimo  y  máximo  de  componentes,  ya  en  la  misma  redacción 
estatutaria que acompañó a la escritura de constitución, con lo que carece de sentido la 
calificación negativa que impugnamos.
Segundo.  La resolución impugnada considera como defecto que de la redacción del 
art. 13 de los Estatutos “no resulta el carácter retribuido o no del cargo de Administrador, 
ni la forma de retribución, en su caso”, extremo con el que no podemos estar conformes.
Como consta en la escritura que se aporta, el acuerdo societario en orden a la nueva 
redacción del mencionado precepto es el siguiente:
“Primero.  Modificar el artículo 13.º de los Estatutos Sociales que pasa a tener la 
siguiente redacción: Artículo 13 - La Administración de la Sociedad y su representación 
en juicio y fuera de él corresponderá a un Administrador Único, a varios Administradores, 
que actuarán solidaria o conjuntamente, o a un Consejo de Administración, a elección de  e.e
la  Junta  General.  En  el  caso  de  varios  administradores  conjuntos,  el  poder  de  b
representación se ejercerá mancomunadamente por dos de ellos. 039ww
a diEclh coa rcgaor gdoe  qAudem isneisatnra dinodr eeles ggarbalteu,i tos,e pgoúrn e ll adse sleeymepse ñdoe  dseo claiesd faadceuslt addee sc ianphietarel,n tNeos 
opbresstatanctieo,n deisc hdais gtirnattausid aa dla sse i nednetileengdaeb,l essin c poemroju iAcidom dien iscturaadlqouri,e pr uoetrdaa  rpeetrribciubcirió lna  qpueers, opnoar 
que ostente dicho cargo. En este caso, el importe máximo de la remuneración anual del
conjunto  de  los  Administradores  deberá  ser  aprobado  por  la  Junta  General  y 
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.
Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre 
los distintos Administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del 
Consejo de Administración, por decisión de este, que deberá tomar en consideración las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
La  Sociedad  podrá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  civil  para  sus 
Administradores.”
A juicio de esta parte, una lectura correcta del indicado artículo estatutario no permite 
entender que exista una transgresión de los preceptos legales que indica la calificación 
del Sr. Registrador en el fundamento jurídico segundo.
En efecto, del examen de la redacción del artículo 13 que se pretende dar a los 
Estatutos, consta de forma suficiente, a juicio de esta parte, la determinación del carácter 
retribuido o no del cargo de administrador, además de definirse el sistema de retribución 
de forma ajustada a la Ley y a la jurisprudencia y doctrina recaída al respecto.
En  efecto,  en  primer  lugar  es  doctrina  reiterada  de  la  DGRN  que  cuando  la 
calificación del Registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de 
todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos 
jurídicos en los que se basa dicha calificación. Del análisis de la nota de calificación que 
nos  ocupa  es  evidente  que  la  calificación  está  insuficientemente  motivada  en  este 
particular aspecto.
A  estos  efectos,  es  preciso  destacar  que  las  innovaciones  introducidas  en  el 
procedimiento registral por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre, y 24/2005, de 18 de 
noviembre,  que  supusieron  la  modificación  de  numerosos  preceptos  de  la  Ley 
Hipotecaria, tuvieron por objeto la aplicación a dicho procedimiento de las mínimas 
garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente a una Administración cuando 
se  relaciona  con  ella;  así,  debe  recordarse  que  los  Registros  de  la  Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, son Administración a estos efectos.
Por ello, se modificó la Ley Hipotecaria en el sentido de exigir, por ejemplo, que la 
calificación  negativa  se  motivara  (párrafo  segundo  del  artículo  19  bis  de  la  Ley 
Hipotecaria), de modo que en dicha calificación se hicieran constar íntegramente las 
causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en hechos y 
fundamentos de derecho. Dispone así el referido art. 19 bis de la Ley Hipotecaria en la 
parte  que  aquí  interesa  que:  “La  calificación  negativa,  incluso  cuando  se  trate  de 
inscripción  parcial  en  virtud  de  solicitud  del  interesado,  deberá  ser  firmada  por  el 
Registrador,  y  en  ella  habrán  de  constar  las  causas  impeditivas,  suspensivas  o 
denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos y fundamentos 
de derecho, con expresa indicación de los medios de impugnación, órgano ante el que 
debe recurrirse y plazo para interponerlo, sin perjuicio de que el interesado ejercite, en 
su caso, cualquier otro que entienda procedente”.
El Legislador pretendió aplicar a la calificación del Registrador las mismas exigencias 
que pesan sobre cualquier órgano administrativo cuando dicta un acto administrativo, 
pues es evidente el paralelismo existente entre el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y, 
por ejemplo, los artículos 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  e.
y 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. w.b
En consecuencia, procede destacar que sobre el Registrador pesa el deber ineludible  039ww
dsuep monoeti vsainr os lua  cdaelnifeicgaaccióiónn  cduea nudno d eesre cdheo  cdaerál cctieurd andeagnaoti v–oin, spcuriepsc iósnu  dceoln hseecchuoe,n caicat on oo 
ncaelgifoiccaiod ojru, reídni coor ddeonc aulm ceunmtapdliom ieennt oe ld etí tsuulo d–e. bPeor rd ee lmlo,o tidveabr elan  ceaxliifgicirascei óna,l  lfausn cmioisnmaraios 
exigencias  y  requisitos  que  a  cualquier  órgano  administrativo  y  que  se  resumen,
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en 
tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida.
En el presente caso la más que manifiesta insuficiente motivación debería conllevar 
cuando menos la anulación de la calificación en este particular aspecto, y la devolución 
del  expediente  al  funcionario  calificador,  para  que  éste  volviera  a  calificar  el  título 
presentado cumpliendo con la exigencia de motivación, no obstante, cree esta parte que 
existen datos suficientes como para que se revoque su decisión en cuanto al fondo, pese 
a esa falta de motivación, por lo que por razones de economía procesal así se interesará 
en el súplica.
En efecto, es preciso señalar que en la redacción del citado artículo estatutario 
(art. 13) se expresa cuándo el cargo de administrador es retribuido y cuando no, así 
como  el  sistema  de  retribución  de  forma  congruente  con  la  ley  y  con  la  doctrina 
jurisprudencial  recaída  hasta  el  momento,  contemplando  genéricamente  todas  las 
hipótesis de la casuística del órgano de administración a fin de evitar innecesarias y 
sucesivas modificaciones estatutarias.
En efecto, si observamos la redacción del artículo 13, a los efectos que nos ocupan, 
este dispone: “El cargo de Administrador es gratuito por el desempeño de las facultades 
inherentes a dicho cargo que sean indelegables según las leyes de sociedades de 
capital.  No  obstante,  dicha  gratuidad  se  entiende,  sin  perjuicio  de  cualquier  otra 
retribución que, por prestaciones distintas a las indelegables como Administrador, pueda 
percibir la persona que ostente dicho cargo. En este caso, el importe máximo de la 
remuneración anual del conjunto de los Administradores, deberá ser aprobado por la 
Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.
Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre 
los distintos Administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del 
Consejo de Administración, por decisión de éste, que deberá tomar en consideración las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero.
La  Sociedad  podrá  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  civil  para  sus 
Administradores”.
En efecto, se dice que el cargo es gratuito en relación con las funciones que sean 
inherentes  e  indelegables  para  los  administradores  según  la  ley  de  sociedades  de 
capital. La norma aclara de forma precisa cuándo el cargo es así gratuito, añadiendo y 
aclarando que, así se entiende con meridiana suficiencia, cabe una retribución por 
prestaciones  diferentes  a  las  indelegables,  en  cuyo  caso,  las  funciones, 
responsabilidades y retribuciones serán fijadas contractualmente.
Pues bien, según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, si es retribuido 
el cargo de los administradores deberá constar, en todo caso, en los estatutos sociales el 
sistema  de  retribución.  La  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo  ha  afirmado  que  la 
exigencia de constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y el 
sistema de retribución aunque también tutela el interés de los administradores, tiene por 
finalidad primordial potenciar la máxima información a los accionistas a fin de facilitar el 
control de la actuación de éstos en una materia especialmente sensible, dada la inicial 
contraposición entre los intereses particulares de los mismos en obtener la máxima 
retribución posible y los de la sociedad en minorar los gastos y de los accionistas en 
maximizar los beneficios repartibles.
En la sentencia 441/2007, de 24 de abril, se dice que su finalidad es “proteger a los 
accionistas de la posibilidad de que los administradores la cambien (la retribución) por 
propia  decisión”;  y  la  sentencia  448/2008,  de  29  de  mayo,  que  “se  inspira  en  la  s
conveniencia de hacer efectivo el control de los socios sobre la política de retribución de  oe.
los  administradores,  mediante  una  imagen  clara  y  completa  de  ella”  (Sentencias  w.
número 893/2012, de 19 de diciembre, y número 412/2013, de 18 de junio). 039ww
NotaCroiandfoo rmhea baía l a vneonrimdoa tivmaa netnetnoinecnedso  virgeeitnetrea, dlaam Deirnetecc ióqnu eG  eenl ecraoln dcere tRoe gsiissttreoms ay  ddeel 
rdeettreibrumciinóann ddoe  sloi sd iacdhmo insiissttreamdoar ecso ndseisbteer íae ne sutanra  cplaarratimcipeancteió ne setanb lebceindeof iceino se, sctaotnu toloss,   BOE-A-cable e
límites legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de 
vida, planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega 
de acciones o derechos de opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se 
desee establecer. Así se ha venido manteniendo que el régimen legal de retribución de 
los  administradores  exige  que  se  prevea  en  estatutos,  de  forma  expresa,  que  el 
administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, y también la 
determinación de uno o más sistemas concretos para la misma.
Del mismo modo, conforme a la normativa entonces vigente, y en relación con las 
retribuciones de los administradores, la jurisprudencia recaída en las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2011 y 18 y 25 de junio de 2013, ha venido a 
establecer que para entender justificada y legítima la percepción por el administrador 
social de una retribución abonada por la sociedad pese a que el cargo sea gratuito según 
los  estatutos,  ha  de  resultar  probada  la  concurrencia  de  lo  que  dichas  sentencias 
denominan “elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra 
causa”,  que  ha  de  ser  preciso  y  cierto,  sin  que  sirvan  a  tales  efectos  situaciones 
ambiguas  de  realización  por  el  administrador  de  actividades  no  suficientemente 
precisadas que se sitúen en el ámbito de las actuaciones de gestión, administración y 
representación  de  la  sociedad,  porque  es  incompatible  con  el  citado  régimen  de 
transparencia y claridad que exige la normativa societaria
En  la  misma  línea,  la  DGRN,  conforme  a  la  normativa  entonces  vigente,  vino 
manteniendo que el administrador remunerado no podía recibir ninguna otra retribución 
extra-estatutaria por llevar a cabo la tarea de gestión y representación derivada de su 
nombramiento, por lo que no sería inscribible una cláusula estatutaria de una sociedad 
limitada que estableciese que los administradores o consejeros disfrutarán, por sus 
servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de 
sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o 
mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos.
Nos encontrábamos, entonces, limitados por una normativa que ha sufrido un radical 
giro en la Ley de Sociedades de Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo. En efecto, esta norma, 
entre otras cuestiones referentes al gobierno corporativo, modificó la Ley de Sociedades 
de Capital en materia de retribución de administradores. Por una parte, dotó de nueva 
redacción  a  los  artículos  217  a  219,  incrementando  su  densidad  preceptiva  con 
mantenimiento de los principios caracterizadores del régimen anterior, singularmente la 
reserva estatutaria y la competencia de la junta general para la fijación de las cuantías, si 
bien, con relación a estos dos aspectos, introduce la precisión de que el mandato se 
refiere a los “administradores en su condición de tales”.
La RDGRN de 17 de junio de 2016 advierte que, conceptualmente, deben separarse 
dos supuestos, el de retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y el 
de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo; a partir de esta afirmación señala 
que “las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino 
que varían en función del modo de organizar la administración”, de manera que, cuando 
se opta por la fórmula compleja de administración colegiada (consejo de administración), 
“las  funciones  inherentes  al  cargo  de  consejero  se  reducen  a  la  llamada  función 
deliberativa (función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante 
del colegio de administradores)”, mientras que “la función ejecutiva (la función de gestión 
ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su 
caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de  s
‘consejero’ como tal”, sino que tiene un carácter adicional “que nace de la relación  oe.
jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero  w.
delegado, director general, gerente u otro”, por lo que “la retribución debida por la  039ww
pcorenstrtaactoió dne d aed emsitnais fturancciióónn  qeujeec huativ dae n sou secsr ipbriro peilo p qleuneo  cdoenl sctoen esne jolo sc oens teal tcuotonss,e sjeinroo” .en el
estaLbale DciGdoR Nq ueen  Rdeebsoelnu cisóenp adrea r1s0e  ddeo ms asyuop duee s2to0s1:6  eyl  lad ed e re2t6ri bduec iaóbnr il ddee  2fu0n2c1io hnaens   BOE-A-cable e
inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de funciones extrañas a dicho 
cargo. Y, no sólo en el caso de órgano de administración colegiado sino también en los 
supuestos de administración simple pueden existir funciones extrañas al cargo. Estas 
funciones extrañas al cargo –es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y 
dirección  de  la  empresa–  tampoco  es  necesario  que  consten  en  estatutos,  sino 
simplemente en los contratos que correspondan (contrato de arrendamiento de servicios 
para regular las prestaciones profesionales que presta un administrador a la sociedad, 
contrato  laboral  común,  etc.,  en  función  de  las  labores  o  tareas  de  que  se  trate, 
abstracción hecha del posible margen existente para el contrato laboral de alta dirección, 
según la estructura del órgano de administración de que se trate). De las anteriores 
consideraciones y como ya afirmara la DGRN en la Resolución de 10 de mayo de 2016, 
se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca 
el carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no perciba 
retribución alguna por sus servicios como tal– añada que se le retribuirá por la prestación 
de otros servicios o por su vinculación laboral para el desarrollo de otras actividades 
ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherentes a aquel 
cargo.
En el presente caso la redacción del art. 13 de los Estatutos contempla el carácter 
gratuito  del  cargo  para  las  facultades  que  son  indelegables,  esto  es,  que  resultan 
inherentes a las facultades de gestión y representación propias del cargo, al mismo 
tiempo que contempla la posibilidad de retribución al administrador por la prestación de 
otros  eventuales  servicios  o  por  su  vinculación  laboral  para  el  desarrollo  de  otras 
actividades  ajenas  al  ejercicio  de  las  mencionadas  facultades  de  gestión  y 
representación inherentes al cargo. Una adecuada interpretación de la cláusula hace 
evidente que el cargo de administrador es gratuito para todos los administradores, sin 
perjuicio de la remuneración que puedan corresponderles por prestación de servicios 
ajenos  a  las  facultades  inherentes  e  indelegables  al  cargo  de  administrador  como 
pudiera  ser,  entre  otras,  la  formulación  de  las  cuentas  anuales.  Conforme  a  esa 
interpretación, y como en otros supuestos ya ha hecho la DGRN (por ejemplo, en la 
Resolución de 26 de abril de 2021) la cláusula, podría ser inscribible sin que observemos 
obstáculos insalvables para ello.
A juicio de esta parte, la resolución del registrador no respeta las modificaciones 
introducidas  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  por  la 
Ley 31/2014 e infringe los artículos 217 y 249 de la citada Ley. En esencia, el citado 
cambio normativo implica que nuestro Derecho positivo consagra la admisibilidad de la 
dualidad retributiva respecto de los administradores. De este modo, el artículo 217 
dispone que, si los estatutos establecen que el cargo de administrador sea remunerado, 
deberán determinar el sistema de remuneración, especificando los conceptos retributivos 
a percibir por los administradores “en condición de tales”. Por el contrario, en el caso que 
alguno de los miembros del consejo de administración o administradores sea nombrado 
consejero  delegado  o  se  le  atribuyan  funciones  ejecutivas,  se  debe  aplicar  el 
artículo  249,  por  lo  que  basta  con  que  se  suscriba  un  contrato  con  las  cautelas 
establecidas en los apartados tercero y cuarto del citado precepto. La remuneración, por 
tanto, no estará ya, en estos casos, sujeta a los estatutos y al acuerdo de la junta.
El  Registrador  parece  entender,  aunque  sin  motivarlo  suficientemente,  que  la 
redacción del citado artículo vulnera el principio de reserva estatutaria, pues entiende 
que tanto la existencia de remuneración como el concreto sistema de retribución de los 
administradores son circunstancias que necesariamente deben constar en los estatutos  s
sociales, ya sea en el momento de su constitución o con posterioridad en las respectivas  oe.
modificaciones. Es más, cabe entender que lo que quiere decir el Registrador es que la  w.
reserva estatutaria se extiende a toda retribución. 039ww
admCinoismtroa daonretess  hhae mteonsid ore feesripdeoc, iael ni necli dreéngciima elna  jLueríyd ic3o1 /2d0e1 4la,  dreem 3u ndeera cdiiócnie mdber el oys 
particularmente  en  relación  a  si  la  reserva  estatutaria  que  proclama  en  términos
generales el artículo 217 de la Ley se extiende o no a la retribución de los consejeros o 
administradores con funciones ejecutivas.
El artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 10 de julio, disponía lo siguiente:
“1.  El  cargo  de  administrador  es  gratuito,  a  menos  que  los  estatutos  sociales 
establezcan lo contrario determinando el sistema de retribución.
2.  En la sociedad de responsabilidad limitada, cuando la retribución no tenga como 
base una participación en los beneficios, la remuneración de los administradores será, 
fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general de conformidad con lo previsto 
en los estatutos.”
La  necesidad  de  que  el  sistema  de  retribución  de  los  administradores  sociales 
constase en los estatutos también estaba contemplada en los artículos 130 de la Ley de 
Sociedades  Anónimas  de  1989  y  en  el  artículo  66  de  La  Ley  de  Sociedades  de 
Responsabilidad  Limitada  de  1995.  Esa  exigencia  legal,  definida  como  “reserva 
estatutaria”,  implica  que  los  estatutos  han  de  definir  el  régimen  retributivo  de  los 
administradores, especificando todos los conceptos que lo integran, sin que puedan 
delegar esa competencia en la junta general o en otros órganos de la sociedad. Sólo la 
cuantía de la retribución, a falta de una previsión específica en los estatutos, puede 
determinarse por la junta general.
Durante la vigencia del texto reformado e, incluso, bajo el imperio del artículo 130 del 
TRLSA,  se  vino  sosteniendo  doctrinalmente  que  era  posible  concebir  un  régimen 
diferenciado  para  los  consejeros  delegados  o,  en  general,  para  los  consejeros  o 
administradores con funciones ejecutivas, a los que no se aplicaría el principio de 
reserva estatutaria en materia de retribución. Habría que distinguir, según los partidarios 
de esa interpretación, entre los consejeros o administradores con funciones meramente 
deliberativas o de supervisión, de un lado, y los consejeros o administradores que 
asumen  funciones  ejecutivas  o  de  gestión  ordinaria  de  la  sociedad,  de  otro.  La 
retribución de los primeros vendría determinada por los estatutos, en tanto que para los 
consejeros  ejecutivos  su  retribución  no  estaría  sujeta  a  la  exigencia  de  cobertura 
estatutaria, al menos en las funciones que exceden de las meramente deliberativas o de 
control. El mismo acuerdo de delegación debe determinar las condiciones retributivas, 
sin sujeción a lo previsto en los estatutos (artículo 141 de la LSA de 1989 y 249 del 
TRLSC). Sin embargo, en la medida que el artículo 217 de la Ley (artículo 130 de la 
LSA) aludía a la retribución de los administradores, sin distinguir en atención a las 
funciones desempeñadas, de forma mayoritaria se venía entendiendo que la retribución 
de  los  consejeros  ejecutivos  o  administradores  no  podía  quedar  al  margen  de  los 
estatutos (la llamada doctrina del vínculo).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013 recopila la jurisprudencia 
sobre el fundamento de la reserva estatutaria y la necesidad de dar un tratamiento 
unitario a la retribución del administrador. Extractamos a continuación los pasajes más 
relevantes de la Sentencia:
“Esta Sala ha afirmado que la exigencia de que consten en los estatutos sociales el 
carácter  retribuido  del  cargo  de  administrador  y  el  sistema  de  retribución  ‘aunque 
también tutela el interés de los administradores, tiene por finalidad primordial potenciar la 
máxima información a los accionistas a fin de facilitar el control de la actuación de éstos 
en una materia especialmente sensible, dada la inicial contraposición entre los intereses  s
particulares de los mismos en obtener la máxima retribución posible y los de la sociedad  oe.
eepanso lt roe ms p siraneoconpcrtiaiiaodr no dli:ose lstcaa i ssgsi aeódsnnett»o el;san   ycyp i aolad s4 eibs4 eil1loind/s2ta e0adn0c c7dci,aei o  dnq4eiu4s e2t8a 4/ls2o  d0see0 na 8a d,m bmdraieilnx,  iia2smtf9riirz amdaderao   rlqoemussa  eylba ose ,ucn a eqfmifunicebai oilei«dsns a erd(e l apien asrsre pt«itbirprilabreo usetc eni–óg enelan)r     2021-20039n https://www.
conveniencia de hacer efectivo el control de los socios sobre la política de retribución de
los administradores, mediante una imagen clara y completa de ella»’ (sentencia de la
Sala 1.ª del Tribunal Supremo núm. 893/2012, de 19 de diciembre de 2011, recurso núm. 
1976/2008). En el caso allí enjuiciado se trataba de una sociedad anónima, pero los 
razonamientos son igualmente aplicables a la sociedad limitada, como es la demandada.
Este criterio legal, que persigue que los socios estén correcta y suficientemente 
informados sobre la entidad real de las retribuciones y compensaciones de todo tipo que 
percibe el administrador social, se refleja también en otros preceptos, como los que 
regulan las cuentas anuales, en las que deben recogerse, en lo que aquí interesa, los 
sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase que los administradores hubieran 
percibido de la sociedad. Esta finalidad de fomentar la transparencia y lo que se ha 
venido  a  llamar  una  ‘gobernanza  empresarial  sana’  está  también  presente  en  las 
Recomendaciones 2004/913/CE, 2005/162/CE y 2009/385/CE de la Comisión Europea y 
en los códigos de buen gobierno elaborados por las autoridades reguladoras.”
La misma Sentencia de junio de 2013 reitera la doctrina jurisprudencial, sintetizada 
en la Sentencia de 9 de 29 [sic] de mayo de 2008, sobre el tratamiento que debe darse a 
aquellas retribuciones contrarias a previsiones estatutarias, que se pretenden justificar 
en contratos de alta dirección, afirmando, en principio, el tratamiento unitario de la 
retribución en los siguientes términos:
“La jurisprudencia ha ido perfilando en los últimos tiempos una doctrina contraria a la 
posibilidad de que la retribución del administrador de las sociedades de capital se 
sustraiga  a  la  transparencia  exigida  en  los  artículos  130  del  Real  Decreto 
legislativo 1.564/1989 y 66 de la Ley 2/1995, por el expediente de crear un título 
contractual de servicios de alta dirección con causa onerosa, en tanto no sea posible 
deslindar  esa  prestación  de  la  debida  a  la  sociedad  por  el  administrador  en  el 
funcionamiento de la relación societaria.
Para admitir la dualidad de regímenes jurídicos de la retribución, uno contractual y 
otro  estatutario,  esto  es,  para  no  aplicar  el  establecido  en  la  legislación  de  las 
sociedades de capital a la retribución convenida a favor del administrador como alto 
cargo, las sentencias de 5 de marzo de 2004 y 21 de abril de 2005 exigieron la 
concurrencia de un elemento objetivo de distinción entre las actividades debidas por una 
y otra causa.”
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital en materia de gobierno corporativo, altera sustancialmente el régimen retributivo 
de los administradores de las sociedades de capital. El artículo 217 queda redactado de 
la siguiente manera:
“Artículo 217.  Remuneración de los administradores.
1.  El  cargo  de  administrador  es  gratuito,  a  menos  que  los  estatutos  sociales 
establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
2.  El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos 
retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán 
consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
a)  una asignación fija,
b)  dietas de asistencia,
c)  participación en beneficios,
d)  retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, es
e)  remuneración en acciones o vinculada a su evolución, o
j)  indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por  039ww
el ingc)u mlpolsim siiesntetom daes  dlaes  afuhnocrrioon oe sp rdeev iasidómn iqnuisetr ased ocro ynsideren oportunos.
en s3u.  coEnld iimcipóonr tdee  mtaálexsim doe bdeer láa  sreerm aupnreorbaacdióon p aonr ulaa lj udnetla c goennjuenratol  yd ep elorms aandemcienrisát rvaigdeonretes   BOE-A-cable e
en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, 
la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por 
acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, 
que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada 
consejero.
4.  La  remuneración  de  los  administradores  deberá  en  todo  caso  guardar  una 
proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que 
tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El 
sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para 
evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.”
Los apartados tercero y cuarto del artículo 249, por su parte, disponen lo siguiente:
“3.  Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero 
delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título. será necesario 
que  se  celebre  un  contrato  entre  este  y  la  sociedad  que  deberá  ser  aprobado 
previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras 
partes  de  sus  miembros.  El  consejero  afectado  deberá  abstenerse  de  asistir  a  la 
deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse 
como anejo al acta de la sesión.
4.  En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución  por  el  desempeño  de  funciones  ejecutivas.  Incluyendo,  en  su  caso,  la 
eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a 
abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de 
ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones 
ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su 
caso, por la junta general.”
El criterio del Registrador demandado parece ser el de la imperatividad absoluta en 
esta materia del principio de reserva estatutaria, exigiendo que tanto la existencia de la 
remuneración como el concreto sistema de retribución deben constar necesariamente en 
los estatutos sociales. Tal criterio, aunque respetable, no puede ser compartido.
A  juicio  de  esta  parte,  y  con  apoyo  en  jurisprudencia  consolidada,  la  Reforma 
de  2014  desdobla  el  régimen  retributivo;  uno,  de  carácter  general,  aplicable  a  los 
administradores “en su condición de tales”, y otro específico para los consejeros o 
administradores ejecutivos, que se regula en el artículo 249 de la Ley. La reserva 
estatutaria del artículo 217 sólo es predicable a la retribución de los consejeros o 
administradores no ejecutivos. Sólo respecto de estos los estatutos han de establecer si 
el cargo es remunerado y determinar, en su caso, el sistema de remuneración (apartado 
primero). Y a la junta general le corresponde fijar el importe máximo de la remuneración 
del conjunto de los administradores, permaneciendo vigente en tanto no se apruebe su 
modificación (apartado tercero). En el caso que nos ocupa, la redacción deja claro que el 
cargo de administrador es gratuito en relación con las funciones indelegables como tales 
administradores, por lo que al no existir retribución huelga señalar nada más al respecto 
y por ello no se viola el art. 217 LSC. Cierto que en el artículo se contempla que los 
administradores puedan ejercer funciones (funciones ejecutivas) que serán retribuidas en 
la forma que se señala, pero tal posibilidad existe y es congruente con la ley, como  s
estamos viendo. Los consejeros ejecutivos tienen la condición de administradores, pero  oe.
ee“aalnr dt ítmceaumli nlocpias letr2ráoa1c d7teod, rre es ssóul”la o,r   etlsmaoencu tunoece xiórepannlci c ióa“een ln  sn iao sp ssuaee r t acseodusnojtead tbaipcl eriaóicm nlea e srduo een x acig toaedmlenisosct ”iian escqn iódu neee l  l aesrnaettpí rcaeuar lñtoaqa du2doi1ee 7 nt.eea Esrl c net eéerjorefme rccidnetoeon,l     2021-20039n https://www.
funciones  ejecutivas  y  los  que  son  simples  administradores,  tal  y  como  se  venía
apuntando antes de la Reforma. La expresión “en su condición de tales” no puede ser
baladí o superflua, sino que se introduce en la Ley con el propósito de delimitar y 
restringir la reserva estatutaria en el sistema de remuneración de los administradores. El 
artículo  529  duedecies  contempla  precisamente  esa  distinción  o  categorías  de 
consejeros  para  las  sociedades  cotizadas;  son  “consejeros  ejecutivos  aquellos  que 
desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su grupo, cualquiera que sea el 
vínculo jurídico que mantengan con ella” y son “consejeros no ejecutivos los restantes”. 
A los administradores “en su condición de tales” también parece referirse el artículo 1.3, 
apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, para excluir del ámbito de la Ley “la 
actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero 
o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma 
jurídica  de  sociedad  y  siempre  que  su  actividad  en  la  empresa  solo  comporte  la 
realización de cometidos inherentes a tal cargo”.
El artículo 249.3.º y 4.º establece un régimen propio de remuneración del consejero 
ejecutivo, separado del régimen general del artículo 217, para el que no existe reserva 
estatutaria ni intervención de la junta en la determinación del importe máximo. Se regula 
por un contrato celebrado con la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros,  debiendo  abstenerse  el  consejero  afectado  de  la  deliberación  y  de  la 
participación en la votación. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que 
pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en 
su  caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas  funciones  y  las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución 
a sistemas de ahorro.
El propio artículo 249 establece sus propias cortapisas a la retribución del consejero 
ejecutivo, distintas, por tanto, de las reservas del artículo 217: el consejero no podrá 
percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en el contrato y “este deberá ser conforme con la política 
de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.” Que el contrato deba 
sujetarse a la “política de retribuciones aprobada en la junta” conlleva además que no 
deba ajustarse a otras limitaciones previstas en los estatutos.
Es más, la Dirección General de los Registros y del Notariado sigue prácticamente el 
mismo criterio, que se fijó, inicialmente, en su resolución de 30 de julio de 2015 y que ha 
sido reiterado después en las resoluciones de 5 de noviembre de 2015, 10 de mayo 
de 2016 y 17 de junio de 2016. Reproducimos a continuación los fundamentos de esta 
última resolución:
“A tal efecto, no pueden ignorarse las modificaciones introducidas sobre esta materia 
en la Ley de Sociedades de Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 
que se modifica aquélla para la mejora del gobierno corporativo. Esta reciente ley 
modificadora tiene en este punto como antecedente directo el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de mayo de 2013 (publicado por Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo), 
por el que se crea una Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo, en 
cuyo  informe  de  14  de  octubre  de  2013  proponía  en  el  apartado  4.10.1  (‘Normas 
aplicables a todas las sociedades de capital’) ‘que los estatutos de las sociedades 
deberán establecer el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones 
como administradores ('por su condición de tal' –o de 'tales'–), y que podrán percibir una 
remuneración consistente en una retribución fija o variable, en dinero o en especie, 
dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución en acciones, sistemas de 
ahorro, cualquier otro mecanismo admisible o una combinación de distintas modalidades  e.
y que la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada  w.b
por la junta (artículo 217 de la LSC)’. Y añade lo siguiente: ‘Por otra parte, también  039ww
raedsmulitnais tnraedcoerseasr ioq ucel,a rfioficrmara, ncdoon  pcaartreá cdteer  ugne nceornasl,e joe l dreé gaimdmenin isdtera creiótrnib, udceiósne mdpee ñleons 
fcuonnctiroancetusa le jdeecu tfiavcausl ta(edne sv)i.r tuLda  dfieja ucinó nn udeev os utí turelot,r ibsuecai óens teco drree sdpeolengdaec iaóln  Coorgnásneijcoa ,d oe 
Administración si bien, dada su trascendencia y los posibles conflictos de interés a los
que  puede  dar  lugar,  resulta  conveniente  una  regulación  específica  en  la  que  se 
introduzcan  las  cautelas  apropiadas,  como  la  exigencia  de  mayoría  reforzada  o  la 
abstención de los consejeros interesados y la previsión de que el consejo se circunscriba 
necesariamente  en  su  actuación  a  las  decisiones  que,  en  su  caso  –ya  que  su 
intervención no es obligatoria en sociedades no cotizadas– adopte la junta’. Termina 
expresando  que  ‘para  ello  se  propone,  siguiendo  el  artículo  231.  97.3  de  la  PCM 
(Propuesta de Código Mercantil), introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 249 de la 
LSC  que  regule  el  régimen  de  aprobación  y  documentación  de  la  retribución  de 
consejeros por el desempeño adicional de funciones ejecutivas’.
Como consecuencia de ello, después de las modificaciones introducidas en la Ley de 
Sociedades  de  Capital  por  la  Ley  31/2014,  si  los  estatutos  establecen  el  carácter 
retribuido del cargo de administrador deberán determinar el sistema de remuneración 
especificando el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores ‘en 
su condición de tales’ (artículo 217, apartados 1 y 2). Pero, por otra parte, se dispone 
que si un miembro del consejo de administración es nombrado consejero delegado o se 
le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título será necesario que se celebre un 
contrato entre éste y la sociedad, en el cual se detallarán todos los conceptos por los que 
pueda obtener una ‘retribución por el desempeño de funciones ejecutivas’, incluyendo, 
en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución 
a sistemas de ahorro, además, dicho contrato ‘deberá ser conforme con la política de 
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general’ (artículo 249, apartados 3 y 4).
3.  En definitiva, conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución 
de funciones inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de funciones 
extrañas a dicho cargo.
El sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. 
Ahora  bien,  debe  tenerse  en  cuenta  que  las  funciones  inherentes  al  cargo  de 
administrador  no  son  siempre  idénticas,  sino  que  varían  en  función  del  modo  de 
organizar  la  administración.  Básicamente  hay  cuatro  modos  de  organizar  la 
administración, una compleja y las demás simples. La compleja es la colegiada, cuando 
la administración se organiza como consejo. En ese caso las funciones inherentes al 
cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función de estrategia y 
control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores); el 
sistema de retribución de esta función o actividad es lo que debe regularse en estatutos. 
Por el contrario, la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria que se desarrolla 
individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso contractual de facultades 
ejecutivas) no es una función inherente al cargo de ‘consejero’ como tal. Es una función 
adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del nombramiento 
como consejero por la junta general que nace de la relación jurídica que surge del 
nombramiento  por  el  consejo  de  un  consejero  como  consejero  delegado,  director 
general, gerente u otro. La retribución debida por la prestación de esta función ejecutiva 
no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de 
suscribir el pleno del consejo con el consejero. Por el contrario, en las formas de 
administración  simple  (administrador  único,  dos  administradores  mancomunados  o 
administradores  solidarios),  las  funciones  inherentes  al  cargo  incluyen  todas  las 
funciones anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos casos, 
el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben 
constar en estatutos (artículo 217.2 de la Ley de Sociedades de Capital). s
Sin embargo, y aunque no sea el caso del presente recurso, cabe precisar que  oe.
también en esos supuestos referidos de administración simple pueden existir funciones  w.
extrañas al cargo. Estas funciones extrañas al cargo –es decir, las que nada tienen que  039ww
veesrta ctuotno sl,a  gseinsoti óns imy pdlieremcecnióten  deen l a loesm pcreosnatr–a ttoasm pqouceo  ecso rnreecsepsoanrdioa nq ue(c ocnotnrsatteon  edne 
aadrrmenindiastmraiednotro  ad ela  sseorcviiecdioasd ,p acoran trraetgou llaarb olarsa l pcroemstúanc,io entecs.,  perno ffeusniocnióanle dse q luaes  plarbeostrae su on   BOE-A-cable e
tareas de que se trate) lo único que no cabría es un contrato laboral de alta dirección, 
porque en ese caso las funciones propias del contrato de alta dirección se solapan o 
coinciden con las funciones inherentes al cargo de administrador en estas formas de 
organizar la administración (Resolución de 10 de mayo de 2016).
4.  De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula 
estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador –
con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal– 
añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será remunerado mediante la 
formalización del correspondiente contrato. Y a esta remuneración por el ejercicio de 
funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, constituyen un plus respecto de las 
inherentes  al  cargo  de  administrador  'como  tal'  no  es  aplicable  la  norma  del 
artículo 217.2 de la Ley de Sociedades de Capital que impone la reserva estatutaria del 
sistema de retribución de los administradores en cuanto tales. Por ello, ninguna objeción 
puede  oponerse  a  la  disposición  estatutaria  que  exige  que  el  importe  de  dicha 
remuneración se acuerde anualmente en junta general de socios; previsión que, por lo 
demás, se ajusta a la exigencia legal de que el referido contrato sea 'conforme con la 
política  de  retribuciones  aprobada,  en  su  caso,  por  la  junta  general'  (artículo  249, 
apartado 4 i.f. de la misma Ley).”
Cree por todo ello esta parte que debe ser estimado el recurso y revocarse la 
calificación del Registrador en cuanto al punto impugnado.
Tercero.  A mayor abundamiento, la escritura que motivó la calificación eleva a 
público un acuerdo de reducción de capital y la correlativa modificación de estatutos, 
acuerdos respecto a los que la calificación nada refiere, cuando se interesó la inscripción 
siquiera fuera parcial de la misma; luego si no existen obstáculos en relación con el 
acuerdo de reducción y modificación estatutaria subsiguiente, pues nada se menciona al 
respecto en la calificación, no debería haber existido óbice para su inscripción.
Por todo lo expuesto,
Intereso que por presentado este escrito, con sus copias, tenga por promovida la 
correspondiente  impugnación  y  recurso  frente  a  la  calificación  efectuada  por  el 
Registrador Mercantil de A Coruña don Enrique Rajoy Brey de fecha 20 de julio de 2021, 
a que se refiere el presente recurso e identificada en el mismo, en relación con la 
escritura pública de elevación a público de acuerdos de la entidad mercantil Forno e 
Ferretería Foxo, S.L., de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno del notario de 
Ferrol don Pedro Luis García de los Huertos Vidal (número de protocolo 1460), que debe 
ser revocada en cuanto a los defectos identificados bajo los números 1) y 2) de su 
fundamentación jurídica, esto es, “Deberán indicar, en el caso de que la administración la 
ejerzan  Administradores  Solidarios  o  Mancomunados,  o  bien  su  número,  o  bien  el 
número  mínimo  y  máximo”,  y  “no  resulta  el  carácter  retribuido  o  no  del  cargo  de 
Administrador, ni la forma de retribución, en su caso”, y así se interesa a la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, declarándose la improcedencia de los 
referidos defectos señalados en la nota de calificación registral, revocando la misma en 
este  aspecto,  y  ordenando  la  inscripción  de  la  escritura  calificada  en  su  totalidad, 
incluyendo los acuerdos de reducción de capital y modificación estatutaria correlativa.»
IV
El día 20 de septiembre de 2021, el registrador Mercantil emitió el informe previsto en  oe.
el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, donde declaraba haber dado traslado del recurso al  w.
nqhouáteba ilre,i oly   iacnoufontorfmirrimzea anabt eaq  uedele  cl soteínt utreleonf iidecorae lid fieecl a saduro tn ícyou tanlo o d 3eh2 ac7ba eldirfei c raelacc iióbLnied.yo  U Hsniuaps ov taeelzce agmraiáacs io,n node eesb see  nere l itttéerrármamrinsiteeo    2021-20039n https://ww
procesal oportuno para, a la vista del recurso, incluir argumentos en defensa de la nota
de calificación, conducta que atenta contra la consideración debida al administrado y  Bc
comporta una vulneración de su derecho de defensa. En el caso examinado en este 
expediente,  el  exceso  argumentativo  llega  incluso  a  tratar  de  suplir  la  incorrecta 
descripción del defecto advertido y la consecuente falta de fundamentación de la nota.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9 de la Constitución Española; 19 bis, 326 y 327 de la Ley 
Hipotecaria; 20 del Código de Comercio; 23, 211, 217, 218, 219, 249, 249 bis y 529 
duodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 7 y 158 del Reglamento del Registro 
Mercantil; la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018; las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de octubre de 1993, 15 de 
abril de 1997, 10 de junio y 27 de agosto de 1998, 11 de febrero y 9 de marzo de 1999, 6 
de junio de 2002, 23 de marzo, 29 de junio y 7 de julio de 2011, 12 de mayo de 2014, 30 
de julio y 5 de noviembre de 2015, 10 de mayo y 17 de junio de 2016 y 27 y 31 de 
octubre, 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2018, y las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio de 2020 y 26 de abril, 25 de 
mayo, 9 de junio y 7 de julio de 2021.
1.  En  este  expediente  debe  decidirse  sobre  la  inscripción  de  una  cláusula 
estatutaria referida al órgano de administración de una sociedad de responsabilidad 
limitada que, a juicio del registrador Mercantil, presenta dos problemas. Primero, la falta 
de  concreción  del  número  de  administradores,  tanto  si  son  solidarios  como 
mancomunados  o,  en  su  defecto,  el  mínimo  y  el  máximo  de  los  que  podrán  ser 
nombrados. Es importante destacar, como así se hace en el recurso, y no ha sido 
cuestionado por el registrador en su informe, que el párrafo controvertido no era una 
novedad del acuerdo de la junta general que se eleva a escritura pública, sino que 
estaba inscrito en los mismos términos que ahora generan la controversia desde la 
constitución  de  la  sociedad  el  año  2007,  es  decir,  antes  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. El segundo defecto atiende al régimen de retribución de los 
administradores, al entender el registrador que la cláusula no es suficientemente clara, 
pues,  de  un  lado,  señala  la  gratuidad  del  cargo  de  administrador,  solo  por  «el 
desempeño de las facultades inherentes a dicho cargo que sean indelegables», pero, de 
otro lado, dispone la posible existencia de una posible retribución, cuyos conceptos no 
detalla, por «prestaciones distintas a las indelegables como Administrador».
2.  El primer defecto no puede ser confirmado. Al tiempo de inscribirse la cláusula 
cuestionada la doctrina de esta Dirección General era que, a diferencia de lo dispuesto 
para las sociedades anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no 
exigía la especificación estatutaria del número de administradores ni, en su defecto, del 
número máximo y mínimo (Resoluciones de 15 de abril de 1997, 10 de junio y 27 de 
agosto de 1998, y 11 de febrero de 1999). La situación cambia con el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, pues su artículo 23, letra e), extiende a la sociedad 
limitada la misma exigencia de concreción numérica que antes se establecía únicamente 
para la sociedad anónima (Resoluciones de 23 de marzo de 2011 y 29 de junio de 2011). 
Pero  este  cambio,  como  tal,  solo  podía  afectar  a  las  sociedades  de  constitución 
posterior,  o  que  expresamente  reformaran  a  partir  de  ese  momento  esa  cláusula 
estatutaria. Como tal, el nuevo texto legal no generó deber alguno de adaptación a un 
marco  jurídico  que,  por  la  propia  naturaleza  de  la  refundición,  tampoco  podía  e.e
considerarse nuevo. Por consiguiente, ningún motivo hay para privar a la cláusula de la  b
presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil. Además, tampoco existe  039ww
munoad oc odnet rlaad qicuceió enn c aolng unnoar mocaa simiópne erasttiav aD iarecctucaiól nq Guee nheargaal  hiam dpeonsiobmlei nsaud oa p«laicdaacpiótanc,i óanl 
laedgmali»n is(Rtraedsoolruecsi ólan  sdoec 2ie7d adde  nooc tuvberned r2á0 1c8o)n.s Striemñpidleam peonr teu,n aal  dhiaspceors iecli ónno mesbtaratumtaierniat oq duee 
obligaría, caso de optar por un número distinto, a modificar antes los estatutos, con
sometimiento a exigencias más rigurosas de procedimiento y de mayorías. En ese 
sentido, la sociedad tiene derecho a mantener aquel régimen especial, solo por razón de 
la fecha de la inscripción.
El problema que se plantea es de orden puramente formal, pues, al tener que incluir 
literalmente  la  nueva  redacción  del  artículo  de  los  estatutos  que  se  modifica 
(artículo 158.1.5.º del Reglamento del Registro Mercantil), la parte no alterada también 
se recoge en la nueva redacción íntegra total del artículo afectado, generando la falsa 
impresión de que también es objeto de reforma, pero basta una mera comparación entre 
la antigua y la nueva redacción del precepto estatutario para determinar qué parte 
cambia  y  qué  parte  se  mantiene.  Respecto  de  esta  segunda  no  hay  propiamente 
modificación estatutaria, aunque se incluya en la nueva versión. Conviene no olvidar que 
el mandato de transcripción íntegra solo responde a la finalidad de evitar dudas y errores 
que pudieran surgir si, para integrar alguna de las normas de los estatutos, fuera 
necesario acudir a distintos asientos donde obrasen de forma fragmentaria apartados, 
párrafos o palabras sueltas, añadidas o modificativas de la redacción original, tarea que 
no puede encomendarse de oficio al registrador (Resolución de 9 de marzo de 1999). 
Pero ese objetivo de mayor claridad registral no puede trocar en reforma de los estatutos 
lo que la sociedad realmente no ha querido cambiar. En nuestro caso, consta con total 
claridad  que  la  sociedad  solo  pretendía  modificar  el  régimen  de  retribución  de  los 
administradores, nada más, así que el registrador, en cuanto al resto no alterado, debe 
atenerse a lo que ya estaba inscrito.
Es una situación similar a la que se genera por la refundición de los estatutos, en 
particular cuando responde a una mera finalidad de nueva ordenación y sistematización 
de normas o reglas vigentes, pero sin dar cumplimiento a un deber de adaptación 
legalmente impuesto. En este segundo caso la presunción de validez del acto inscrito no 
puede limitar la calificación respecto de aquellas reglas estatutarias que no experimentan 
variación en relación con su contenido registral, «pues tal presunción ya no puede operar 
con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a cuya luz se 
han de examinar aquellas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración 
de la voluntad social de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico» 
(Resolución de 6 de junio de 2002). Pero en nuestro caso, ni hay un deber legal de 
adaptación, ni la sociedad pretende una nueva ordenación de una norma vigente, sino 
que, simplemente, incluye en el artículo estatutario la parte no modificada, para dar 
cumplimiento a una exigencia reglamentaria de claridad registral. Siendo así, y como 
dijera la Resolución de 21 de octubre de 1993, «el principio de seguridad jurídica, cuya 
garantía asume directamente el art. 9.3 CE, y la presunción de exactitud y validez del 
contenido de los asientos registrales –arts. 20 CCom. y 7 del Reglamento del Registro 
Mercantil– vedan al registrador la posibilidad de entrar de nuevo, so pretexto de una 
refundición derivada de la modificación de otros extremos de los mismos estatutos cuya 
validez no se cuestiona, a calificar la legalidad del contenido ya inscrito de los mismos y 
que resulta inalterado en esa refundición».
3.  En relación con el segundo defecto, esta Dirección General ha tenido ocasión de 
pronunciarse, repetidamente, sobre la materia en diversas Resoluciones citadas en los 
«Vistos» de la presente, de las que resulta que el concreto sistema de retribución de los 
administradores debe estar claramente establecido en estatutos, determinando si dicho 
sistema  consiste  en  una  participación  en  beneficios,  con  los  límites  legalmente 
establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, planes de 
pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o  s
derechos de opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer,  oe.
en  particular  tras  las  modificaciones  introducidas  sobre  esta  materia  en  la  Ley  de  w.
Sociedades de Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se  039ww
pmroodniufinccai amaqieunétlola d ep alar aS elcac iómne Pjorirma erdae dl eg loab Siearlnao d ec loor pCoirvailt idveol,  Tryi bupnoaslt eSruioprrmemenot ee n dseul 
Sentencia de 26 de febrero de 2018.
Dicha sentencia declara, respecto de las sociedades no cotizadas, que «la relación 
entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no 
es de alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida y la DGRN, en el sentido de 
que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos 
se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos 
se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta 
la reserva estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 
y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los 
requisitos  específicos  para  el  caso  de  participación  en  beneficios  o  remuneración 
vinculada a acciones de los arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de 
carácter cumulativo», de suerte que el régimen general será el contenido «en los arts. 
217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos 
los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el artículo 249 «contiene las 
especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que 
deberán  firmar  un  contrato  con  la  sociedad,  que  sea  aprobado  por  el  consejo  de 
administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la 
abstención del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero 
cuyo contenido ha de ajustarse al “marco estatutario” y al importe máximo anual de las 
retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo 
de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia 
para  decidir  la  distribución  de  las  remuneraciones  correspondientes  a  los 
administradores», así como respetar también «los criterios generales establecidos en el 
art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 
TRLSC  cuando  se  establezcan  como  conceptos  retributivos  los  previstos  en  tales 
preceptos legales» (fundamento 21).
No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que «la consideración 
conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de 
administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que 
la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución 
de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá 
tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y 
la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o 
ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o 
ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia 
que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias 
de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que 
las  sentencias  más  recientes  de  esta  sala,  aun  referidas  a  la  anterior  normativa 
societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria». Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez 
la reserva estatutaria sobre retribución de consejeros, suavizando las exigencias de 
precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a determinar los 
confines  de  la  flexibilidad  propugnada,  limitándose  a  señalar  que  la  atribución  de 
competencia al consejo de administración para fijar la retribución de los consejeros 
ejecutivos «supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía –dentro del marco 
estatutario– a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter 
principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual  s
del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé  oe.
el art. 217.3 TRLSC», y que ese «ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario  w.
entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los  039ww
csoonciseedjeardoess  dye ldeegla dtorásf icoo   eecjeocnuótimvoicso  ae nl agse ncearmalb, iacnotmesp aegxinigáenndcoilaos  cdoen   llaass  dperobpidiaass 
garantías  para  los  socios,  que  no  deben  verse  sorprendidos  por  remuneraciones
desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual 
que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales».
Debe advertirse que la cláusula impugnada judicialmente en el caso analizado por el 
Alto Tribunal en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 excluía categóricamente toda 
reserva estatutaria y competencia de la junta general de la sociedad respecto de la 
remuneración de los consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de 
administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la 
remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de 
las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de 
previsión  estatutaria  alguna  de  mayor  precisión  del  concepto  o  conceptos 
remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la 
Ley de Sociedades de Capital». Por ello, esta Dirección General, en la Resolución de 31 
de octubre de 2018 (cfr., también las Resoluciones de 8 de noviembre y 12 de diciembre 
de 2018 y 4 de junio de 2020), consideró inscribibles otras cláusulas estatutarias que no 
incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva estatutaria para acoger 
ciertos  extremos  relacionados  con  los  emolumentos  de  los  consejeros  ejecutivos  o 
nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su 
cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones 
adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 
de la Ley de Sociedades de Capital.
Como ya puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 5 de noviembre 
de 2015, de la literalidad del referido artículo 249 se deduce que es necesario que se 
celebre  un  contrato  entre  el  administrador  ejecutivo  y  la  sociedad,  que  debe  ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con los requisitos que establece 
dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos los conceptos por los 
que  pueda  obtener  una  retribución  por  el  desempeño  de  funciones  ejecutivas, 
incluyendo,  en  su  caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o 
de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso 
del artículo apartado 4 del mismo artículo 249 «(...) deberá ser conforme con la política 
de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general». Pero la referencia a ese 
contrato  y  esa  política  de  retribuciones  no  necesariamente  deben  constar  en  los 
estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria.
Por ello, este Centro Directivo, con las anteriores aclaraciones, y en la línea de 
flexibilidad que en la interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades 
de Capital patrocina la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 
y siguen las citadas Resoluciones, ha admitido que aun cuando los distintos conceptos 
retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos 
sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y 
la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos 
de los conceptos retributivos fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza la 
debida protección de los socios, por cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos 
retributivos y se aprueba en junta general el importe máximo de la remuneración anual 
del conjunto de los administradores, con la adaptación a las necesidades de la práctica 
por cuanto se atribuye al consejo de administración la competencia de elegir, caso por 
caso,  entre  los  distintos  conceptos  retributivos  previstos  en  los  estatutos  aquellos 
concretos que deben incluirse en el contrato al que se refiere el artículo 249 de la Ley de  s
Sociedades de Capital, sin necesidad de modificación estatutaria alguna (Resolución  oe.
de 7 de julio de 2021). w.
4.  A la vista de lo anterior, la situación que genera la cláusula estatutaria debatida  039ww
rperseuclotan izaalg oe sptea raCdeónjticroa . DSiri epcrteivteon, dlaié rcaamlifoicsa acipólnic anre lgaa dtivoac trhinaab rfílae xdibel es qeur ec,o hnefimrmoasd vai sstoin, 
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argumentos sostenidos en el recurso, pues no tiene en cuenta la sentencia citada del 
Tribunal Supremo, ni la doctrina al respecto de esta Dirección General. Pero realmente la 
cuestión es otra. La cláusula en cuestión no pretende fijar un marco estatutario de 
retribución de los consejeros ejecutivos, sino un marco de gratuidad total para cualquier 
administrador,  independientemente  de  la  estructura  del  órgano,  es  decir,  sea  o  no 
consejero. El problema surge porque, con una redacción manifiestamente mejorable, 
incorpora una referencia a la indelegabilidad de las facultades inherentes al cargo de 
administrador,  como  criterio  delimitador  de  las  tareas  por  las  cuales  no  puede  ser 
retribuido como tal administrador, pero en ningún momento se habla en ese párrafo de 
consejo o de consejeros (sí en el siguiente), solo de administradores. En su tenor literal 
la cláusula no está referida a la delegación de facultades en el seno de un consejo, sino 
a los cometidos que solo el administrador puede desempeñar, por ser inherentes al 
cargo  (no  solo  en  el  caso  de  órgano  colegiado,  también  en  los  supuestos  de 
administración simple pueden existir funciones extrañas al cargo, Resolución de 25 de 
mayo de 2021).
Es evidente que los estatutos, después de haber proclamado la gratuidad del cargo, 
pueden disponer la retribución del administrador por otros servicios o por su vinculación 
laboral para el desempeño de otras actividades ajenas al ejercicio de las facultades de 
gestión y representación inherentes a aquel cargo, siempre que quede suficientemente 
claro que se trata de esos otros cometidos (Resoluciones de 10 de mayo de 2016 y 26 
de abril y 25 de mayo de 2021).
En el presente caso la redacción de la cláusula estatutaria objeto de debate podría 
haber  sido  más  clara  en  ese  sentido.  Pero,  interpretada  en  su  conjunto  (vid.  la 
Resolución de este Centro Directivo de 12 de mayo de 2014) y del modo más adecuado 
para que produzca efecto, resulta indubitado que el cargo de administrador es gratuito 
para  todos  los  administradores,  sin  perjuicio  de  la  remuneración  que  pueda 
corresponderles «por prestaciones distintas a las indelegables como Administrador», que 
no cabe sino entender que se trata de servicios o relaciones laborales ajenos a las 
facultades inherentes al cargo de administrador, sin que nada se exprese que conduzca 
a concluir, como hace el registrador en su calificación, que aquellos sean derivados de 
su condición de administradores. Que al final esta retribución extragestora quede sujeta 
al control de la junta general en cuanto a la fijación de su límite máximo, o que se 
distribuya a criterio de los mismos administradores, en consideración a las funciones y 
responsabilidades que individualmente asuman, pero necesariamente al margen de la 
gestión y representación propias del cargo, ya que esta exclusión es presupuesto de la 
misma  retribución,  no  ha  de  verse  como  un  indicio  de  remuneración  oculta  por 
administrar, sino como una peculiaridad a la cual se han de someter los administradores 
que estén dispuestos a prestar esos otros servicios. Por ello, este defecto también debe 
ser revocado.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y 
revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  oe.
Pública, Sofía Puente Santiago. 039www.