BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 242 Jueves 10 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 76006
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
10489 Resolución  de  8  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se 
publica  la  autorización  del  Ministro  de  Cultura  y  Deporte  a  la  Sociedad 
Española  de  Derechos  de  Autor,  Entidad  de  Gestión  de  Derechos  de 
Propiedad Intelectual, para actuar como entidad de gestión de los derechos 
reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), indica en su artículo 147 que las entidades 
legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio español y pretendan 
dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de 
carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de 
derechos  de  propiedad  intelectual,  deberán  obtener  la  oportuna  autorización  del 
Ministerio de Cultura y Deporte, con objeto de garantizar una adecuada protección de la 
propiedad intelectual. El citado artículo 147 del TRLPI establece asimismo que dicha 
autorización habrá de ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Con fecha 31 de agosto de 2020, el Ministro de Cultura y Deporte ha concedido a la 
Sociedad  Española  de  Derechos  de  Autor,  Entidad  de  Gestión  de  Derechos  de 
Propiedad Intelectual (SEDA), la autorización para operar como entidad de gestión en 
España.
Por tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, se ordena la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado», de la autorización del 
Ministro de Cultura y Deporte, de 31 de agosto de 2020, a la Sociedad Española de 
Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (SEDA), 
para  actuar  como  entidad  de  gestión  de  los  derechos  reconocidos  en  la  Ley  de 
Propiedad Intelectual, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 8 de septiembre de 2020.–La Directora General de Industrias Culturales, 
Propiedad Intelectual y Cooperación, P. S. (Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo), la 
Subdirectora General de Promoción de Industrias Culturales, Carmen Páez Soria.
ANEXO
Vista la solicitud presentada, el 13 de marzo de 2020, por la Sociedad Española de 
Derechos  de  Autor,  Entidad  de  Gestión  de  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  (en 
adelante,  SEDA),  se  dicta  la  presente  resolución  con  base  en  los  siguientes 
antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho:
Antecedentes de hecho
Primero.  Presentación de la solicitud.
El 13 de marzo de 2020, tuvo entrada en el Registro electrónico de este Ministerio un  b
escrito de SEDA mediante el que solicita la autorización para operar como entidad de  489ww
Ignetestleiócntu eanl,  Easppraoñbaa dpor epvoisr taR eeanl  eDl eacrtríectuol oL 1e4g7is ldaetilv toe x1t/o1 9re9f6u,n ddied o1 2d ed lea  aLberyil  d(ee nP raodpeieladnatde 
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de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por
sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derechohabientes; así como 
la protección de los derechos morales de los socios, la promoción cultural de sus obras y 
la difusión del repertorio».
Con su solicitud, SEDA acompaña los siguientes documentos:
Acta fundacional de SEDA (documento 2).
Certificado de representación de la editorial RIPLY, S.L., en SEDA (documento 3).
Certificado de representación de la editorial Carlito Ediciones Musicales en SEDA 
(documento 4).
Estatutos SEDA (anexos al acta fundacional) (documentos 5 y 6).
Tarjeta de identificación fiscal de SEDA (documento 7).
Propuesta de modificación de los Estatutos de SEDA (documentos 8 y 9).
Plan de viabilidad (documento 10).
La solicitud también viene acompañada de los siguientes anexos (los anexos 4 a 6 al 
documento no se adjuntaron, por error –según indica la propia SEDA–, a la solicitud 
de 13 de marzo de 2020; no obstante, SEDA corrigió este error el 26 de marzo de 2020 y 
remitió los anexos en cuestión):
Propuesta  de  externalización  de  servicios  de  gestión  colectiva  con  la  empresa 
Rightmos Solutions, S.L. (anexo 1).
Carta de compromiso de la entidad de gestión Société des Auteurs, Compositeurs et 
Éditeurs de Musique (SACEM) (anexo 2).
Carta dirigida al Ministro de Cultura y Deporte por varios autores y editores de obra 
musical apoyando a SEDA (anexo 3).
Cartas y escritos individuales de apoyo a SEDA (anexo 4).
Cartas de socios de SGAE comunicando retirada de derechos digitales y copia 
privada (anexo 5).
Otorgamientos de mandatos de gestión a SEDA (anexo 6).
El 27 de abril de 2020, SEDA remitió, vía Registro electrónico, una carta de la 
Confederación Internacional de Sociedad de Autores y Compositores (CISAC) mediante 
la que se informa a SEDA de que el Comité de Gobierno Ejecutivo (EGC) acordó, el 22 
de abril de 2020, recomendar al Consejo de Administración de la CISAC la concesión a 
SEDA de una membresía provisional condicionada a la concesión de la autorización del 
Ministerio de Cultura y Deporte.
Segundo.  Suspensión del plazo máximo para resolver.
El 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, cuya disposición adicional tercera determinó la suspensión 
de los términos y la interrupción de los plazos de los procedimientos del sector público.
El 20 de abril de 2020, tuvo entrada en el registro electrónico de este Ministerio un 
escrito de SEDA mediante el que solicitaba la no aplicación, al presente procedimiento, 
de la referida suspensión de plazos administrativos, si bien el 1 de junio de 2020, en 
virtud del artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, se reanudó el cómputo de los plazos administrativos suspendidos, por  e.e
lo que, mediante Resolución de 10 de junio de 2020, se acordó no atender a la solicitud  b
efectuada por SEDA el 20 de abril de 2020 por pérdida de objeto. 489ww
Tercero.  Declaración de la condición de interesado.
Tras un análisis preliminar, se consideró que, dado el eventual ámbito de gestión de
SEDA, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el operador de gestión
independiente Unison Rights, S.L. (en adelante, «Unison») detentaban la condición de 
interesado  en  este  procedimiento  administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, «LPAC»). Por este motivo y de 
conformidad con los artículos 76 y 82 de la LPAC, el 12 de junio de 2020 se remitió 
escrito reconociendo la condición de interesado a la SGAE y a UNISON, dándoles 
traslado de la solicitud de SEDA junto con la restante documentación del expediente y 
concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones. Los dos interesados 
presentaron alegaciones dentro del plazo concedido.
Cuarto.  Trámite de audiencia a SEDA.
El 7 de julio de 2020 y de conformidad con el artículo 82 de la LPAC se dio trámite de 
audiencia a SEDA, poniéndole de manifiesto el expediente y concediéndole un plazo de 
diez  días  para  alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estimara 
pertinentes.
El 22 de julio de 2020 SEDA presentó un escrito de alegaciones mediante el que 
solicita «que se proceda a resolver el expediente, teniendo en cuenta las alegaciones 
formuladas por SEDA, en el sentido de autorizarla para operar como entidad de gestión 
colectiva,  sin  perjuicio  de  las  observaciones  y  exigencias  que  pueda  establecer  o 
condicionar la Administración a dicha actividad que esta entidad se compromete a 
realizar en el menor tiempo posible», y, por último, SEDA informó de la aprobación de 
una modificación de sus estatutos por asamblea general, reunida de forma extraordinaria 
el 17 de julio de 2020.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Sobre el reconocimiento de la condición de interesados.
El artículo 4.1.b) de la LPAC considera que tendrán la condición de interesado en un 
procedimiento  administrativo  «[l]os  que,  sin  haber  iniciado  el  procedimiento,  tengan 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte».
La SGAE y UNISON son operadores en el mercado de la gestión de derechos de 
explotación de propiedad intelectual, mismo mercado donde operaría SEDA (mercado 
que se amplía a los derechos de gestión colectiva obligatoria en el caso de la SGAE).
La concesión de una autorización para operar como entidad de gestión provoca una 
evidente modificación de las condiciones del mercado que, por lógica, afecta a los 
derechos del resto de operadores ya presentes en el mismo. Éste es el motivo por el que 
es  práctica  consolidada  de  este  Ministerio  dar  la  condición  de  interesados  a  las 
entidades y, ahora también, a los operadores de gestión independientes que ya están 
presentes en el mercado donde operaría la entidad solicitante.
Por lo tanto, es procedente el reconocimiento de la condición de interesado en el 
presente procedimiento a la SGAE y a UNISON de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4.1.b) de la LPAC.
Segundo.  Competencia para resolver.
Es competente para resolver el presente procedimiento administrativo el Ministro de 
Cultura y Deporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 155.1.a) del TRLPI, en relación  s
con el artículo 4, párrafos 1.g) y 2.b) del Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el  o
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte. 489www.
Tercero.  Legitimación para solicitar la autorización.
El artículo 147 del TRLPI reconoce legitimación para solicitar la autorización para 
operar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual en España a las 
entidades «legalmente constituidas».
SEDA, persona jurídica, se ha constituido como asociación sin ánimo de lucro al 
amparo del artículo 22 de la Constitución Española, según se desprende de su acta 
fundacional y del artículo 2 de sus Estatutos.
Cuarto.  Valoración de las condiciones de la autorización.
El  artículo  147  del  TRLPI  exige  a  «las  entidades  legalmente  constituidas  que 
pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación 
u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares 
de derechos de propiedad intelectual» la obtención de la «oportuna autorización del 
Ministerio de Cultura [y Deporte]».
La  concesión  de  esta  autorización  administrativa  se  concede  cuando  la 
documentación  que  acompañe  la  solicitud  permita  verificar  la  concurrencia  de  las 
siguientes condiciones exigidas por el artículo 148.1 del TRLPI:
«a)  Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos 
en el [título IV del libro III del TRLPI].
b)  Que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la 
entidad  solicitante  reúne  las  condiciones  necesarias  para  asegurar  la  eficaz 
administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en todo el 
territorio español.
c)  Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección de la 
propiedad intelectual.»
Asimismo, el artículo 148.2 del TRLPI especifica que «para valorar la concurrencia 
de las condiciones establecidas en los [apartados] b) y c) [anteriores], se tendrán, 
particularmente, en cuenta como criterios de valoración, la capacidad de una gestión 
viable de los derechos encomendados, la idoneidad de sus estatutos y sus medios 
materiales para el cumplimiento de sus fines, y la posible efectividad de su gestión en el 
extranjero, atendiéndose, especialmente, a las razones imperiosas de interés general 
que constituyen la protección de la propiedad intelectual».
A)  Cumplimiento por los Estatutos de SEDA de los requisitos establecidos en el 
título IV del libro tercero del TRLPI. El análisis del cumplimiento por los Estatutos de la 
entidad solicitante de los requisitos establecidos en el TRLPI, debe realizarse tanto 
comprobando  que  se  cumpla  con  el  contenido  mínimo  que  queda  detallado  en  el 
artículo 159 de dicho texto legal como comprobando la adecuación del conjunto del 
articulado a los preceptos del mismo.
Los Estatutos analizados han sido los resultantes de la modificación aprobada por la 
Asamblea general de SEDA, reunida de forma extraordinaria el 17 de julio de 2020 y que 
fueron aportados al expediente durante el trámite de audiencia.
Se  observa  que  los  Estatutos  de  SEDA  no  contienen  de  forma  exhaustiva  el 
contenido exigido por el artículo 159 del TRLPI, presentando parte de su articulado 
deficiencias concretas en su contenido o una regulación que no se adecúa exactamente 
a los preceptos establecidos en el título IV del libro III del TRLPI. No obstante lo anterior,  e.e
se considera que dichas deficiencias no son suficientes para justificar una denegación de  b
la autorización solicitada, ello sin perjuicio de que SEDA, a la mayor brevedad posible,  489ww
odpeobret upnraosc ecdoenrs efocrumeanlcmiaesn qteu ea  plaro cmeoddeinfic eanc iDóne rdeech sou esn E csatasotu dtoes  neon h eascee rsloe.ntido, con las
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del siguiente requisito establecido en el artículo 148.1.b) del TRLPI, esto es, asegurar la
eficaz administración de los derechos de los nuevos titulares cuya gestión le sería 
encomendada a SEDA en todo el territorio español, debe valorarse a tenor de las pautas 
o criterios que a tales efectos se indican en el artículo 148.2 del TRLPI, así como de 
otros criterios que se consideren oportunos, puesto que el contenido de ese artículo del 
TRLPI no es cerrado.
Con el objetivo de acreditar la capacidad de SEDA para la administración de los 
derechos cuya gestión le puedan encomendar los titulares de derechos de propiedad 
intelectual, esta presentó junto con su solicitud de autorización un plan de viabilidad 
(documento 10, en adelante «PDV»), en el que SEDA expone las pautas o criterios que 
le permitirán asegurar la eficaz administración, de los derechos cuya gestión le sería 
encomendada, en todo el territorio español.
C)  Favorecimiento de los intereses generales de la protección de la propiedad 
intelectual. El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª) en 
su sentencia de 20 de julio de 2006 afirmó lo siguiente:
«Lo que propicia la Ley de Propiedad Intelectual, al contemplar que la gestión de los 
derechos reconocidos en la misma se desarrolle por entidades asociativas, cuyos socios, 
como determina el artículo 146.4, deben ser titulares de derechos de los que haya de 
gestionar la entidad, lo que propicia la existencia de una pluralidad de entidades de 
acuerdo con la concurrencia de intereses de sus asociados, que junto al hecho de que 
en ningún momento la Ley establece la previsión o exigencia de que se constituya una 
única entidad por cada tipo de titularidad o derecho, lleva a concluir que la denegación 
de la autorización en modo alguno puede fundarse en la concurrencia de entidades de 
gestión. Ello no impide que al valorarse la constitución de una nueva entidad, respecto 
del favorecimiento de los intereses de protección de la propiedad intelectual, se tenga en 
cuenta como un factor más la homogeneidad, equilibrio y proporcionalidad en la gestión 
de tales derechos, como beneficiosa para los propios titulares y la seguridad jurídica de 
los usuarios.»
De  conformidad  con  lo  señalado  por  el  Tribunal  Supremo,  debe  recordarse  la 
existencia actual de dos entidades de gestión (SGAE y DAMA) que gestionan el mismo 
tipo de derechos respecto a un mismo colectivo de titulares: los autores de la obra 
audiovisual.
De lo señalado por el propio Tribunal Supremo se puede inferir que, si bien la mera 
concurrencia de entidades no puede ser el único motivo de denegación, también es 
cierto que la posible concurrencia de entidades de gestión no puede ser entendida por sí 
sola como un elemento relevante de apoyo a una posible autorización sino que, más 
bien, ésta deberá estar basada en una serie de criterios que acrediten que se favorecen 
los intereses de la propiedad intelectual. Prueba de ello es que el Tribunal Supremo se 
refiere a la homogeneidad, equilibrio y proporcionalidad en la gestión de los derechos por 
parte de la entidad como aspectos beneficiosos para los titulares, y que también aportan 
seguridad jurídica a los usuarios, como elementos que deberán valorarse para verificar 
que se están favoreciendo los intereses generales de la propiedad intelectual.
Analizada la documentación presentada por SEDA, se considera que en su solicitud 
concurren las condiciones previstas en el artículo 148.1 del TRLPI, teniendo en cuenta 
los criterios de valoración contenidos en el artículo 148.2 del TRLPI, para concederle la 
autorización para operar como entidad de gestión en España.
Como consecuencia de ello, resuelvo: s
Conceder a la Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de  w.
Derechos de Propiedad Intelectual (SEDA), la autorización para operar como entidad de  489ww
Ignetestleiócntu eanl,  Easpproabñaad por epvoirs Rtae eanl  Deel carretítcou Lloe g1i4s7la dtiveol  t1e/x1t9o9 r6e,f udned 1id2o d dee a lbar iLl.ey de Propiedad
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabe
interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo,  la  presente  resolución  podrá  ser  recurrida,  potestativamente,  en 
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presentación 
del mencionado recurso podrá efectuarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 
de la indicada ley, o a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, 
siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez.
Notifíquese a los interesados.
Madrid, 31 de agosto de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel 
Rodríguez Uribes.