BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334  Miércoles 23 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 118708
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16824 Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 
ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
I
España afronta retos importantes en el ámbito de la vivienda, entre los que destaca la 
necesidad de dotarse de una legislación estatal en la materia que ofrezca soluciones 
estructurales y equilibradas, y que permitan avanzar en la garantía del derecho a una 
vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y, a nivel 
internacional, en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, que en su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho fundamental de 
todas las personas.
En este mismo plano estructural, se está avanzando con un gran número de 
Administraciones territoriales a través de diferentes acuerdos para incrementar de manera 
notable y en breve plazo el exiguo parque de vivienda social en alquiler que caracteriza 
nuestro país, tal y como se pone de manifiesto en el último boletín especial del Observatorio 
de Vivienda y Suelo, en el que se constata que dicho parque apenas llega a las 290.000 
viviendas en el conjunto de España, una cifra muy lejana a la necesaria para constituir un 
instrumento efectivo de apoyo social, y también muy alejada del nivel de desarrollo de este 
tipo de parque en los principales países de nuestro entorno.
Sin embargo, en estos momentos, además de trazar el marco general y reforzar los 
instrumentos públicos para abordar los retos de la vivienda, es preciso ofrecer respuesta 
inmediata a la grave situación de aquellas personas y hogares que están experimentando 
con mayor crudeza los efectos de la pandemia, en un contexto marcado por la declaración 
de un estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, que ha sido prorrogado en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y 
que se enfrentan a situaciones en las que uno de los derechos básicos como es la 
vivienda, corre serio peligro.
Para dar respuesta a esta situación, ya se han adoptado importantes medidas que han 
permitido aliviar la situación de muchos hogares, entre las que pueden destacarse las 
introducidas a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. Entre ellas, se puede subrayar la introducción de un periodo de suspensión del 
procedimiento de desahucio y de los lanzamientos, cuando afecten a arrendatarios 
vulnerables sin alternativa habitacional; la posibilidad de acogerse a una prórroga 
extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda que finalicen en este periodo, 
en los mismos términos y condiciones; en situaciones de vulnerabilidad, una prórroga o 
reducción del alquiler cuando el arrendatario sea un gran tenedor; una línea de ayudas 
transitorias de financiación, sobre la base de una línea de avales con garantía del Estado 
a través del ICO, que permite cubrir el pago de hasta seis mensualidades de alquiler; y se  es
ha incrementado notablemente la dotación del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,  o
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progresiva a la realidad y evolución de la situación, extendiendo su alcance material y
temporal, con objeto de mantener y reforzar la protección de los más vulnerables, entre  Bc
otros, a través del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo.
En este contexto, es preciso seguir avanzando a través de soluciones efectivas, 
ponderadas y equilibradas para asegurar la protección social de las personas y hogares 
en el ámbito de la vivienda y utilizar para ello el instrumento jurídico del real decreto-ley ya 
que el requisito de extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas se apoyan y 
justifican en sólidos motivos.
El primer motivo de urgencia y necesidad de las medidas deriva de la combinación de 
una situación sociosanitaria sin precedentes en nuestro país, que ha llevado a declarar el 
estado de alarma, y que ocasiona las más graves consecuencias en la salud de las 
personas, con la difícil situación económica y social por la que atraviesan un gran número 
de hogares, que pueden verse abocados a perder la vivienda en la que residen en el 
contexto de la pandemia, tratándose de una situación ante las que los poderes públicos 
deben actuar, activando todos los instrumentos de política social y de vivienda a su 
disposición.
Es esta debilidad de los instrumentos públicos para actuar ante estas situaciones el 
segundo motivo que justifica la urgencia y necesidad de las medidas. Como se indicaba 
anteriormente, el parque de vivienda social en España es particularmente escaso, ofreciendo 
cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, un porcentaje claramente insuficiente para que 
tenga capacidad de ofrecer soluciones rápidas a las situaciones de vulnerabilidad y 
tratándose de una realidad que se agrava en el actual contexto de crisis sanitaria.
Y, el tercer elemento que da fundamento a la urgencia y necesidad de las medidas es 
el mantenimiento en los últimos años, según los datos del Consejo General del Poder 
Judicial, de un número de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso adoptar 
medidas inmediatas con objeto de reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y 
los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la protección de las personas 
más vulnerables desde el punto de vista social y económico, a las que deben ofrecerse 
medidas de apoyo para superar su situación.
Por su parte, la urgencia y necesidad de las medidas adoptadas en materia de 
transporte vienen dadas por la particular situación en la que se encuentra la prestación del 
servicio de transporte colectivo que, en el contexto de la pandemia y del estado de alarma, 
requiere adoptar medidas urgentes para responder a la misma.
Se considera que dichas razones justifican sobradamente la aprobación de las medidas 
mediante real decreto-ley, ya que la urgente necesidad de dar respuesta a los hogares 
afectados, no admite la demora que supondría su tramitación mediante un proyecto de ley, 
por lo que es conforme con las previsiones del artículo 86 de la Constitución Española, pero 
a la vez resulten equilibradas y ponderen las circunstancias precisas del contexto.
En esta línea, es importante complementar el fondo social de vivienda, constituido por 
inmuebles de las entidades de crédito, plenamente operativo, con una iniciativa paralela o 
equivalente en el ámbito de las sociedades y fondos especializados en el alquiler 
residencial, instrumentando su participación reglada y favoreciendo su colaboración con 
las Administraciones territoriales competentes para dotar de nuevos instrumentos al 
servicio de las políticas sociales y de vivienda.
Por ello, el importante y necesario papel que están llamados a desempeñar los grandes 
tenedores de vivienda públicos y privados, actores clave de un mercado que debe crecer y 
profesionalizarse ofreciendo las mayores garantías técnicas y jurídicas en las operaciones 
inmobiliarias, debe contar con un especial apoyo y reconocimiento público cuando su 
acción contribuya a generar un parque de vivienda a precios asequibles, especialmente en  e
aquellos ámbitos en los que es necesario recuperar el equilibrio de la oferta en alquiler. bo
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permite el desarrollo de actividades laborales, de educación, sanitarias y de turismo.
En España el transporte público interurbano de viajeros por carretera de competencia 
estatal es un elemento clave que garantiza una movilidad sostenible de todos los grupos 
de población en todo el Estado.
Ofrece unos elevados niveles de calidad y seguridad, consiguiendo un menor impacto 
ambiental y energético que otros modos concurrentes, constituyendo una fuente de 
generación de actividad económica y de empleo de primer orden a nivel nacional.
El transporte regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la 
Administración General del Estado tiene más de 4.300 paradas, atiende a 2.549 
poblaciones de más de 1.917 municipios españoles, transporta alrededor de 30 millones 
de viajeros, para lo que realiza aproximadamente 233 millones de kilómetros y utiliza más 
de mil autocares. Esta actividad se lleva a cabo por 49 empresas que facturan alrededor 
de 350 millones de euros al año.
No obstante, el sector del transporte de viajeros por carretera se ha visto gravemente 
afectado por la crisis sanitaria del COVID-19, la drástica reducción de la demanda durante 
el primer estado de alarma y confinamiento general, de entre el 90 % y el 100 %, ha 
generado graves problemas de liquidez en las empresas, poniendo en riesgo la viabilidad 
de los servicios en un sector intensivo en recursos humanos y capital.
Estos problemas de liquidez se trasladan a la solvencia empresarial, una vez que las 
medidas relacionadas con la inyección de liquidez o reducción de costes variables 
desaparezcan. Además, las medidas adoptadas por la administración sanitaria han 
provocado el incremento de costes asociados a la protección de los trabajadores y de los 
usuarios, mediante la utilización de equipos de protección individual, instalación de 
elementos de protección, desinfección y limpieza adicional de vehículos.
Superada la primera afección de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el transporte en 
autocar, se inició la denominada desescalada. Durante este periodo la demanda fue 
recuperándose lentamente hasta alcanzar niveles del 50 % respecto a la demanda del 
periodo equivalente de 2019. Sin embargo, durante el mes de agosto de 2020 se comenzó 
a observar una nueva caída de demanda a niveles del 35-40 % para el periodo equivalente 
del año 2019, que lejos de repuntar continúa estancada en esos niveles.
A esta situación se ha añadido un nuevo estado de alarma que ha permitido a las 
comunidades autónomas el cierre perimetral de sus territorios, restringiendo la movilidad 
intercomunitaria que es típica en los contratos de titularidad de la Administración General 
del Estado.
III
Asimismo, se significa que el artículo 51.1 de la Constitución Española establece que 
los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, 
protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos.
Para el efectivo cumplimiento de dicho mandato, se han de considerar las 
consecuencias provocadas en el ámbito social y económico por la pandemia del COVID-19, 
con graves repercusiones en diferentes ámbitos sectoriales, que han afectado 
especialmente a las relaciones de consumo y, en consecuencia, la protección de los 
consumidores y usuarios, cuya garantía en estas condiciones incumbe prioritariamente a 
los poderes públicos y obliga a la adopción de actuaciones específicas.
En tal sentido resulta urgente la adopción de medidas mediante el presente real 
decreto-ley, vinculadas, en particular, al auge de las relaciones comerciales a distancia, 
que se han visto incrementadas con motivo de la pandemia, lo que hace necesario eliminar  es
cuantas trabas puedan existir para el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores  bo
y usuarios. En este punto, cobran especial importancia las trabas económicas que puedan  824ww
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cuando se utiliza para ello la vía telefónica.
Por tanto, se procede a modificar el régimen hasta el momento existente, con la 
finalidad de garantizar que las oficinas y servicios de información y atención al cliente sean 
diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal 
y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos. Y se prevé que 
en el supuesto de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios 
una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, 
el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al 
coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.
En todo caso, en aquellos servicios básicos de interés general, será obligado que las 
empresas prestadoras de los mismos dispongan de un teléfono de atención gratuito al 
consumidor. Estas medidas garantizan su protección y defensa en la situación de la 
pandemia COVID-19, donde el confinamiento y la limitación de movilidad han supuesto 
que se acuda a la utilización de estos servicios desde los domicilios, por lo que resulta 
preciso su adaptación con la finalidad de que su utilización no resulte onerosa para los 
consumidores.
IV
El presente real decreto-ley se estructura en tres capítulos, tres artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y tres 
anexos.
El capítulo I recoge las diferentes medidas urgentes adoptadas para hacer frente a 
determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda.
El artículo 1 modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, con objeto de introducir importantes mejoras de carácter jurídico y 
social en el procedimiento de desahucio de la vivienda habitual.
En primer lugar, se modifica el artículo 1 del referido Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, introduciendo seguridad y garantías en la posibilidad de la persona arrendataria 
de una vivienda habitual de instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio 
o lanzamiento por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le 
imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que 
conviva, situación que, aunque pudiera no derivarse directamente de las efectos de la 
COVID-19, indudablemente se ha visto agravada por estos.
De esta forma, se clarifica el procedimiento para asegurar la valoración por parte de 
los servicios sociales competentes de la situación de vulnerabilidad en la que pueda 
encontrarse el arrendatario, con objeto de que puedan aplicar de la forma más ágil y 
efectiva las medidas y acciones que sean más adecuadas para asegurar una solución 
habitacional a aquellos hogares vulnerables que no tengan una alternativa de vivienda 
digna, pero asegurando en el trámite la debida ponderación de la situación en que pueda 
encontrarse el arrendador.
En segundo lugar, se introduce un nuevo artículo 1 bis en el referido Real Decreto-
Ley 11/2020, de 31 de marzo, con objeto de dar respuesta a las situaciones en las que los 
procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente 
vulnerables sin alternativa habitacional, en los que se atribuye al Juez la facultad de 
suspender el lanzamiento, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto y 
las circunstancias, hasta que los servicios sociales competentes puedan ofrecer las 
soluciones más adecuadas que hagan frente a la carencia de una vivienda digna, en el 
contexto de la excepcionalidad del estado de alarma. es
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públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general concretando un
marco claro y detallado de los parámetros a considerar para llevar a cabo el reequilibrio
para paliar las consecuencias del COVID-19 tras la finalización del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El sector del transporte de viajeros por carretera se ha visto gravemente afectado por 
la crisis sanitaria del COVID-19. Superada la primera afección de la crisis sanitaria del 
COVID-19 sobre el transporte en autocar, se inició la denominada desescalada. Durante 
este periodo la demanda fue recuperándose lentamente hasta alcanzar niveles del 50 % 
respecto a la demanda del periodo equivalente de 2019. Sin embargo, durante el mes de 
agosto de 2020 se comenzó a observar una nueva caída de demanda a niveles del 35-40 % 
para el periodo equivalente del año 2019, que lejos de repuntar continúa estancada en 
esos niveles. A esta situación se ha añadido un nuevo estado de alarma que ha permitido 
a las comunidades autónomas el cierre perimetral de sus territorios, restringiendo la 
movilidad intercomunitaria que es típica en los contratos de titularidad de la Administración 
General del Estado.
Dada la fragilidad económica a la que se enfrentan las empresas contratistas de 
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal, 
es necesario preservar la actividad de los operadores de este tipo de movilidad para que, 
una vez superada la crisis y levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas 
tengan la capacidad de garantizar la prestación de servicios y preservar el sistema de 
transporte público en nuestro país, ofreciendo los niveles necesarios para atender la 
demanda de movilidad de las personas, como condición básica de su calidad de vida y 
para sus necesidades cotidianas, así como para acceder a servicios públicos básicos y a 
otros de carácter esencial.
En este sentido, el posible desequilibrio derivado de la reducción de la oferta y de 
demanda de estos servicios será más o menos acusado dependiendo de la estructura de 
costes del contrato afectado y de las medidas que haya adoptado la empresa para paliar 
en la medida de lo posible las dificultades de liquidez. Así, en el marco establecido, se 
recoge que se deberá tener en cuenta para calcular la reducción de ingresos la aplicación 
de expedientes de regulación temporal de empleo que afecten al personal mínimo 
vinculado al contrato y la disminución de costes por las expediciones no efectuadas dentro 
del marco del artículo 17 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, tomando como referencia el mismo período del año anterior, sin olvidar 
los costes adicionales soportados a fin de preservar la salud de los viajeros, motivados por 
la dotación al personal de equipos de protección individual, o la instalación de elementos 
de protección, desinfección y la limpieza adicional de vehículos.
Adicionalmente, se establece un procedimiento ágil para reequilibrar económicamente 
estos contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por 
carretera de uso general de competencia estatal, con la rapidez suficiente para evitar las 
cargas administrativas y sociales adicionales que pudiera conllevar, en algunos casos, la 
renuncia contractual y el consecuente abandono del servicio público, incluyendo para ello 
incluso un anticipo de la compensación final, con objeto de afrontar este riesgo del 
abandono del servicio.
VI
El capítulo III incorpora las medidas para la defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios. A tal efecto se procede, mediante el artículo 3, a la modificación 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de  es
noviembre. bo
Las modificaciones afectan a los artículos 21 y 49. 824ww
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consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija
geográfica o móvil estándar. A tal efecto, se determina que en el caso de utilizarse una 
línea telefónica de tarificación especial que suponga un coste para el consumidor o 
usuario, el empresario facilitará al consumidor, junto con la información sobre dicha línea 
telefónica de tarificación especial y en igualdad de condiciones, información sobre un 
número geográfico o móvil alternativo. Asimismo, se imponen determinados requisitos de 
estos servicios cuando se presten en relación con sectores básicos de interés general.
Adicionalmente, se modifica el artículo 49 en relación con el régimen de infracciones 
en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Por una parte, se introduce como 
un tipo infractor propio el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios 
de atención al cliente mientras que, por otra, se añade como tipo infractor a la introducción 
de cláusulas abusivas en los contratos la no remoción de sus efectos al ser estas cláusulas 
declaradas abusivas y, por tanto, nulas.
VII
Finalmente, se detalla a continuación el contenido de las disposiciones adicionales, 
transitoria y finales.
Con objeto de reforzar los instrumentos con los que cuentan los servicios sociales para 
hacer frente a estas situaciones, la disposición adicional primera establece la posibilidad 
de aplicación de las ayudas del «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente  vulnerables»  o  cualesquiera  otras  ayudas  del  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021, ello sin perjuicio de la habilitación de otros programas autonómicos o 
locales de ayuda que puedan establecerse para el mismo fin.
Además, con objeto de asegurar la máxima colaboración interadministrativa y la 
efectividad de las medidas adoptadas, la misma disposición adicional primera establece 
que las comunidades autónomas informarán, con carácter mensual, al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, en tanto Departamento responsable de las políticas del 
Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión 
y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, sobre las comunicaciones 
recibidas, los informes emitidos, el plazo de emisión de estos y las medidas adoptadas por 
parte de los servicios sociales.
Por su parte, la disposición adicional segunda regula el derecho de propietarios y 
arrendadores a solicitar una compensación, para aquellos supuestos en los que las 
medidas establecidas por parte de los servicios sociales no puedan aplicarse en los tres 
meses siguientes a la emisión del informe previsto en el procedimiento establecido tanto 
en el artículo 1 como en el artículo 1 bis. De esta forma, se articula un procedimiento que 
evita que la demora de los poderes públicos a la hora de aplicar las medidas de protección 
social afecte a los legítimos intereses de los propietarios afectados, estableciendo una 
compensación que pueda cubrir el perjuicio ocasionado a lo largo del período que medie 
entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el 
órgano judicial o por finalizar el estado de alarma.
Y, con objeto de garantizar la efectividad de la aplicación de esta compensación, la 
disposición adicional tercera mandata al Gobierno a aprobar un Real Decreto para definir 
las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones que 
puedan proceder en su ámbito territorial.
Con el objetivo de garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, 
electricidad y gas natural, especialmente en las actuales circunstancias, se refuerzan las  es
medidas existentes de protección a través de la disposición adicional cuarta, en la que se  bo
adoptan las medidas para consolidar de manera eficaz la protección de los consumidores  824ww
veeusl ltsnruuDemcretai unebrislasettlas reo ,f lo e dfrneem n líeaónn,me meaer ignecíoona tn dre aeelsé l l camet srpaitcéorca bvo,r i eggezeafaens c tenetina veetolu r argdacéelt tsuyicaa aarl r.geouslltaaa ddaoo a  pdqaeur eaal lliaodrsem ncatoi,fn incsoau rmp yoi ddreorádre usscu iesr pnde elno fdso erqmrusaee    OE-A-2020-16able en https://
concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de
exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de 
protección para los consumidores domésticos. También será de aplicación la prohibición 
de la suspensión de suministro para aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la 
titularidad del contrato de suministro ni, por tanto, acceder a la condición de consumidor 
vulnerable o vulnerable severo, cumplan con el resto de requisitos establecidos en el 
artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por 
certificación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por 
mediadores sociales ante la empresa suministradora.
Además, el periodo durante el que esté en vigor esta medida no computará a efectos 
de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del 
suministro por impago establecidos en la normativa vigente.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida viene justificada por la situación 
excepcional derivada de la crisis sanitaria y económica, el carácter esencial de estos 
suministros para los hogares y la proximidad del invierno, que coincide con la época del 
año en la que mayor consumo energético se produce.
La disposición transitoria primera establece el régimen de aplicación de las 
modificaciones introducidas por el real decreto-ley a los procedimientos que se encuentren 
actualmente en tramitación en los órganos judiciales, así como de la compensación 
establecida a arrendadores y propietarios.
La disposición final primera establece los títulos competenciales que amparan al Estado 
para regular en esta materia: los apartados 1.ª, 6.ª, 8.ª, 13.ª, 18.ª y 21.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales; en 
materia de legislación procesal; en materia de legislación civil; en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; en materia de bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de legislación básica de contratos y 
concesiones administrativas; y en transportes terrestres, respectivamente.
Y, por último, la disposición final segunda establece la entrada en vigor del real decreto-ley.
VIII
El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con 
impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda 
la concurrencia material de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también 
formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación ordinaria de los textos 
normativos. Este real decreto-ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional contenida en múltiples sentencias entre las que cabría citar la 6/1983, de 4 
de febrero, F. 5; la 11/2002, de 17 de enero, F. 4, la 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 
la 189/2005, de 7 julio, F. 3), entre otras muchas. Su motivación material deriva de la 
necesidad de afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad 
de muchas personas arrendatarias de su vivienda habituales a consecuencia del actual 
escenario de paralización, pérdidas de empleos, reducciones sensibles de jornadas y 
salarios, etc. Y la extraordinaria y urgente necesidad forma parte del juicio político y de 
oportunidad que corresponde al Gobierno (nuevamente SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3). Las medidas adoptadas se consideran, 
además, las necesarias con carácter imprescindible para atender a los intereses generales 
afectados, existiendo (STC 139/2016 de 21 julio, FJ 3), «una conexión de sentido o  es
relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante  bo
y las medidas que en el decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982,  824ww
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Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
Algunos de sus preceptos, particularmente los artículos 2 y 3, plantean límites temporales, 
puntuales y excepcionales en el derecho de propiedad que encajan en la función social 
que aquel debe cumplir «entendida no como mero límite externo a su definición o a su 
ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo» (STC 37/1987, FJ 2.º), por lo que 
la regulación por medio de real decreto ley no puede entenderse como una afectación que 
haga desaparecer el derecho, que lo convierta en otra cosa, o que lo haga irreconocible 
(STC 89/1994 de 17 marzo, FJ n.º 5). Se respetan, además, los límites materiales del 
artículo 86.1 CE, en cuanto que no se regula el régimen general del derecho a la propiedad 
privada, sino que se modifica temporalmente un elemento puntual del mismo, relativo al 
aplazamiento en el cobro de la renta de alquiler.
Responde, asimismo, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 
necesidad y eficacia se apoyan en el interés general en el que se fundamentan las medidas 
de protección que se establecen para quienes son más vulnerables. El real decreto-ley 
guarda también el principio de proporcionalidad, porque contiene las medidas que se 
consideran imprescindibles para la consecución de los objetivos previamente mencionados 
(STC 139/2016 de 21 julio). Además, tal y como ha declarado reiteradamente el Tribunal 
Constitucional (sobre todo a partir de la capital STC 37/1987, fundamento jurídico 2.º) la 
consideración de la función social como conformadora del contenido mismo del derecho 
de propiedad exime de una indagación exhaustiva de la proporcionalidad o razonabilidad 
de la norma o de la prueba de sus presupuestos fácticos; bastando con que la finalidad de 
la norma se inserte con naturalidad en la función social de la propiedad para determinar la 
constitucionalidad de la misma. Es coherente con el vigente ordenamiento jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica y, por último, en cuanto al principio 
de transparencia, esta norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e 
información pública por tratarse de un decreto-ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de 
diciembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de vivienda
Artículo 1.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de 
desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente  es
vulnerables sin alternativa habitacional. o
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la finalización  824ww
deel ql euset asdeo d deec laalraar mela e dsetacdlaor addeo a plaorrm eal R peaaral D ceocnrteetnoe 9r 2la6 /p2r0o2p0a,g daec i2ó5n  ddee  oinctfuebccreio, npeosr 
cnaouviseamdbarse ,p eonr  teold SosA RloSs -jCuiociVo-s2 v, eprrboarlreosg qaudeo  vpeorrs eRne saol bDree crerectloa m9a5c6i/o2n0e2s0 d, ed ree n3t ad eo 
cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de
contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya 
suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el 
apartado 5 del artículo 441 de dicha ley, la persona arrendataria podrá instar, de 
conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión 
extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa 
habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse 
celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de 
alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
2.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones 
de vulnerabilidad económica descritas en las letras a) y b) del artículo 5 del presente 
real decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el 
artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de dicha 
acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de diez días podrá acreditar 
ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de 
vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del artículo 5 o en riesgo de situarse 
en ella, en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento.
3.  Una vez presentados los anteriores escritos, el Letrado de la Administración 
de Justicia deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes 
toda la documentación y solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido 
en el plazo máximo de diez días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad 
del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar 
por la administración competente.
4.  El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios 
sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se 
considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no 
debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se acreditara la vulnerabilidad 
por el arrendatario o bien debiera prevalecer la situación de vulnerabilidad del 
arrendador acordará la continuación del procedimiento. En todo caso, el auto que 
fije la suspensión señalará expresamente que, finalizado el estado de alarma, se 
reanudará automáticamente el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 
o se señalará fecha para la celebración de la vista y, en su caso, del lanzamiento, 
según el estado en que se encuentre el proceso.
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de 
suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las 
medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren 
adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de 
vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas 
dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo inmediatamente 
al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá dictar en el plazo 
máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento. e
5.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,  bo
de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona  824ww
ahersarccereSnitrdeo a  laaeta lnecrtgieoaanm pnduodenror ái lcas aui gmc usieóiatrnulam a ppcerrineóetvnsee e dqnneuitd aevacu  icólenonnen  rdcaeuebsr tliraleeid   saaeodrl lti cícecoicutnuolsodne  ódpnmeoti mrisc ulaiaes. »npmteoen drsaieó lpn ar.errseenndtaadcoiór np adreal   OE-A-2020-16able en https://
Dos.  Se añade un artículo 1 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 1 bis.  Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la finalización 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a 
las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Juez tendrá la facultad de suspender el 
lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de 
alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
2.  Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto,  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  que  procedan,  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 
está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el 
estado de necesidad se valorará adecuadamente el informe de los servicios sociales 
emitido conforme al apartado siguiente.
b)  Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda 
con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa 
habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
3.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien 
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en 
la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. En todo caso, la 
persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán acreditar, además, 
que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica 
descritas en la letra a) del artículo 5 del presente real decreto-ley mediante la 
presentación de los documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la 
Administración de Justicia, dará traslado de dicha acreditación al demandante o 
denunciante.
4.  El Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente 
a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará a dichos  es
servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, en el  o
que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan  824ww
faviijdvamide5oinn.  diesantA r ayce crlpei óoidnnnimt dacueodremaab pdllaeea  tsses inuptut oevar.i cveiióel nnJ uddeaez,   vytuo sdlneae sird aleabnsilt ididfiaeqdmu eádnse   lclaairs c pumenressdtoaindnaac siaq asu  eca ophnlaiccbuaitrrer e penontre  sllaa,    OE-A-2020-16able en https://
este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste
hasta la finalización del estado de alarma. Si el solicitante no acreditara la 
vulnerabilidad o no se encontrara entre las personas con derecho a instar la 
suspensión conforme a lo señalado en el apartado 2 o concurriera alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 6, el juez acordará mediante auto la 
continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez 
adoptadas dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo 
inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el plazo máximo 
de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento y 
el correspondiente lanzamiento.
6.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona 
demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7.  En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia 
debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea 
propietario.
b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona 
física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente 
acreditada.
c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de 
delito.
d)  Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando 
para la realización de actividades ilícitas.
e)  Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de 
titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la 
vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha 
vivienda.
f)  Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de transportes
Artículo 2.  Reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de 
transporte regular de viajeros por carretera de uso general para paliar las 
consecuencias del COVID-19 tras la finalización del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
1.  Por el periodo comprendido entre la finalización del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio de 2021, los contratos de  e.
gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general  w.b
de titularidad de la Administración General del Estado podrán ser reequilibrados  824ww
eacdoonpótamdiacsa mpeonr tee l pEosr talad os itpuaarcai ócno mdeb ahteircloh,o  úcnriecaad ya  epxocr luesl ivCaOmVeInDt-e1 9e ny  lloass  tméremdiidnaoss 
egestnaebrlaelceisd osso berne  edsatñeo asr ptíocur lfou.e Erzna  nminagyúonr  oc assoob rees ere dstearbelcehcoim pieondtroá  dfuenl deaqrusielib erino  leacso nnoórmmicaos 
que, en su caso, pudieran ser aplicables al contrato.
Este derecho al reequilibrio económico del contrato está condicionado a que el servicio 
se esté prestando a la entrada en vigor de este real decreto-ley y continúe prestándose al 
menos hasta el 31 de diciembre de 2021. El incumplimiento de este compromiso obligará 
al contratista a devolver la compensación económica recibida, para lo cual se instará el 
correspondiente procedimiento de reintegro.
2.  El reequilibrio se determinará teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la 
disminución de la demanda de viajeros entre el 22 de junio de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, ambos inclusive, todo ello calculado conforme a lo dispuesto en el anexo I de 
este artículo. Se tendrá en cuenta asimismo la disminución de los costes de explotación 
por reducción de expediciones, los costes laborales respecto a los soportados en el 
periodo de referencia, los costes fijos por los kilómetros no recorridos y los nuevos costes 
soportados con motivo de la desinfección de los vehículos adscritos. El periodo de 
referencia será el periodo equivalente del año 2019.
3.  La solicitud de reequilibrio se presentará ante la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el plazo de veinte 
días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y exclusivamente con el 
contenido especificado en la letra a) del apartado A y en las letras a), b) y c) del apartado B 
del anexo II.
4.  Sin perjuicio de la solicitud prevista en el punto anterior, antes del 31 de agosto del 
año 2021, deberá remitirse a la Dirección General de Transporte Terrestre los datos y el 
resto de la documentación referida en el anexo II.
5.  Será imprescindible para reconocer el derecho al reequilibrio que la empresa 
contratista acredite estar al corriente en la cumplimentación y remisión de la siguiente 
información a la Dirección General de Transporte Terrestre:
a)  Datos estadísticos declarados de acuerdo con la Resolución de 6 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se determina la información de 
explotación que las empresas contratistas de los servicios públicos de transporte regular 
de viajeros por carretera de uso general de competencia estatal deben proporcionar.
b)  Cuenta de explotación del contrato para el año 2019 de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo.
6.  La resolución se dictará por la Dirección General de Transporte Terrestre antes 
del 31 de octubre de 2021, transcurrida la cual podrá entenderse desestimada. La 
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
7.  Esta actuación se financiará con las disponibilidades presupuestarias existentes 
en  el  presupuesto  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y Agenda  Urbana 
correspondiente. En el supuesto de que la disponibilidad presupuestaria sea inferior a la 
suma de las cuantías de las compensaciones calculadas según el anexo I, el importe 
asignado a cada solicitud se distribuirá proporcionalmente al importe disponible.
8.  Antes del 31 de mayo de 2021, se abonará a cada contratista que presente la 
solicitud de reequilibrio, la cantidad que corresponda de conformidad con el anexo III, 
como anticipo de la compensación a la que tuviera derecho de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo. En el momento de dictar la resolución se instará el 
correspondiente procedimiento de reintegro si el anticipo hubiese superado el importe de 
la compensación. La entrega de este anticipo no requerirá la presentación de aval o 
garantía. Los diversos pagos del anticipo quedarán expresamente exceptuados de las 
limitaciones recogidas en el apartado Tercero de la Orden EHA/4261/2004, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al  s
ejercicio 2005. e.
9.  La gestión se atribuye al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a  w.
través de la Dirección General de Transporte Terrestre de la Secretaría General de  824ww
Tejreacnuscpióonrt edse  yla sM toravnilisdfaedre. nAc itaasle dse  eefsetcet ofosn, dlao ,c coomnfpoertmeen caia lo psa crrait ererisoosl veexrp rleas aasdiogsn aecni óens tey 
aprrtoíccueldoa, na seín c roemlaoc ipóanr aa  alapsr ocbitaard laoss  tgraanstsofse rye nacuitaosri,z caor rlroess pcoomndperroám ais loas p ye rlisqounidaa tcitiuolnaer sd qeu lae 
Dirección General de Transporte Terrestre. La ordenación e instrucción del procedimiento 
se realizará por el órgano competente de dicha Dirección General.
10.  El procedimiento completo se efectuará a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la siguiente dirección: https://
sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_
SECTORIALES/TTE_CTRA/CONCESIONES_PERMANENTES/REEQUILIBRIO_
COVID19.
El medio de publicación de todos los actos administrativos del procedimiento, surtiendo 
en todo caso los efectos de notificación, será la Sede Electrónica del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
11.  Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros 
por carretera de uso general de titularidad de la Administración General del Estado verán 
incrementada la antigüedad máxima de los vehículos adscritos en quince meses.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de defensa de los consumidores y usuarios
Artículo 3.  Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las 
empresas pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que 
éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una 
clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte 
duradero. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a 
cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la 
posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.
Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados 
utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en 
su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos.
Se deberán identificar claramente los servicios de atención al cliente en relación 
a las otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la utilización de 
este servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial 
de todo tipo.
En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y 
usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el 
contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y 
usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija 
geográfica o móvil estándar.
En el supuesto de utilizarse, de acuerdo con el párrafo anterior, una línea 
telefónica de tarificación especial que suponga un coste para el consumidor o  e
usuario, el empresario facilitará al consumidor, junto con la información sobre dicha  bo
línea telefónica de tarificación especial y en igualdad de condiciones, información  824ww
sicnoutbaerlrNqeéuo sui  enogr be ncsnúatemasrnoaet,lre ,od  l elago se ua oneng mttreeáplrféiirocfeoros,n  aoeos n m d pelóor vesais lt estaaunldtpceoiurórnenaas stat iovld soce .od lneos sus emmrividsiocmiro ogssr  addteue ibtcoea.rr áAán ce tedsrtiso bpsá oesnfieeccro,t  oedsne,    OE-A-2020-16able en https://
tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de
suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte 
aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, 
así como aquellos que legalmente se determinen.»
Dos.  En el apartado 1 del artículo 49 se da nueva redacción a la letra i) y se añade 
una letra p), quedando redactadas del modo siguiente:
«i)  La introducción de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no 
remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o 
sancionado tal hecho en vía administrativa».
«p)  El incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de 
atención al cliente incluidas en esta norma.»
Disposición adicional primera.  Informes de las administraciones públicas y servicios 
sociales que de ellas dependan.
1.  Los informes de los servicios sociales mencionados en los artículos 1 y 1 bis del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, podrán 
ofrecer una solución habitacional alternativa aplicando las ayudas del «Programa de ayuda 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables» o cualesquiera 
otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; sin perjuicio de las que puedan 
establecer para el mismo fin las administraciones públicas autonómicas y locales.
2.  Para conocer y evaluar la eficacia de las medidas propuestas los servicios sociales 
para atender las situaciones de vulnerabilidad a que se refieren los referidos artículos 1 y 1 
bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, las 
comunidades autónomas deberán informar, con carácter mensual, al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, sobre las comunicaciones recibidas, los informes 
emitidos, el plazo de emisión de estos y las medidas sociales adoptadas. Para ello, antes 
del 31 de enero de 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobará por 
Orden Ministerial un modelo para transmitir esa información, asegurando en todo caso el 
acceso por parte de todas las administraciones públicas afectadas.
Disposición  adicional  segunda.  Derecho  de  arrendadores  y  propietarios  a  la 
compensación.
1.  Los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
tendrán derecho a solicitar una compensación en los términos previstos en los apartados 
siguientes cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha 
en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas 
para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas 
vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.
2.  La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de 
vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices 
de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas  s
del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite  e.
haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la  w.
suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el  824ww
epestracidboie nddeo a elal armrrean. dNaod oor,b lsat acnotme,p esni sdaiccihóon  vcoanlosri sftuireár ean s ruepnetari odre jaa dlaa  dree nptear cqibuier  dvuinraienrtae 
el m3is. moL ap esroíolidcoitu sde ñdael acdoom apnetenrsioarcmióenn tpeo mdráás  ploress geanstatorss ec ohrarisetnat eusn. mes después de la  BOE-A-cable e
vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de la compensación 
que considere procedente sobre la base de los criterios indicados anteriormente.
4.  Los propietarios de las viviendas afectadas por las medidas adoptadas conforme 
al artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, tendrán derecho a solicitar una compensación si durante los tres meses 
siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las 
medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, tales medidas 
no se hubieran adoptado por la Administración competente y siempre que los propietarios 
acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio económico al 
encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en 
el inmueble.
5.  Si se acreditara la concurrencia de perjuicio económico en los términos 
establecidos en el apartado anterior, la compensación consistirá en el valor medio que 
correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, 
determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras 
referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos 
corrientes de la vivienda que acredite haber asumido su propietario, por el período que 
medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante 
por auto o por finalizar el estado de alarma.
6.  La solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la 
vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
debiendo formular el titular de la vivienda una exposición razonada y justificada de la 
compensación que considere procedente sobre la base de los criterios indicados 
anteriormente.
Disposición  adicional  tercera.  Utilización  de  los  recursos  del  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021.
En el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
el Gobierno aprobará por real decreto las medidas necesarias para que las comunidades 
autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado 
por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, a fin de hacer frente a las compensaciones 
que puedan proceder en su ámbito territorial según lo establecido en los artículos 1 y 1 bis 
de este real decreto-ley. En el mismo real decreto se establecerá el procedimiento que se 
seguirá para la presentación, tramitación y resolución de solicitudes.
Disposición adicional cuarta.  Garantía de suministro de agua y energía a consumidores 
vulnerables.
1.  Mientras esté vigente el actual estado de alarma no podrá suspenderse el 
suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que 
concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de 
exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de 
protección para los consumidores domésticos. Para acreditar la condición de consumidor 
vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la 
presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono 
social de electricidad.
2.  Asimismo, para los consumidores anteriores, el periodo durante el que esté en  e.
vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el  w.b
requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos  824ww
en la3 .n oTrmamatbiviéan v sigeernát ed.e aplicación la prohibición de la suspensión de suministro descrita
econn etrla atop adreta sduom 1in ais taroq,u ceullmosp lcaonn csounm liodso rreesq uqisuieto, sn qou peu ddaienn ddeor eacchreod aitla rre clao ntiotucliamriideandto  ddeel 
la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3
del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por certificación de 
dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante 
la empresa suministradora, a la que se acompañará:
a)  Fotocopia del NIF o NIE del consumidor del punto de suministro de la vivienda, así 
como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con 
vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de 
parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda.
b)  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los 
citados en la letra a). Para dicha solicitud, no se requerirá el consentimiento de las 
personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
A los efectos de lo previsto en este apartado, serán mediadores sociales las entidades 
del Tercer Sector de acción social que tengan la consideración de entidades del Tercer 
Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
El tratamiento de los datos personales de los consumidores por parte de los servicios 
sociales competentes o, en su caso, por los mediadores sociales, así como de las 
empresas suministradoras, se hará con el consentimiento del consumidor y de conformidad 
con lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales.
Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable a los procedimientos en curso.
1.  Las modificaciones introducidas en el artículo 1 del presente real decreto-ley, 
afectarán a los procedimientos de desahucio que puedan iniciarse desde la entrada en 
vigor del mismo, así como a aquellos procedimientos que se encuentren en curso en los 
órganos judiciales, aun cuando ya se hubiera decretado la suspensión conforme a las 
redacciones anteriores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
No obstante lo anterior, no se aplicará la suspensión prevista en el artículo 1 del 
referido Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, a aquellos procedimientos de 
desahucio que se hubieran suspendido conforme a lo previsto en dicho artículo en los que 
se hubiera acordado la reanudación por quedar acreditada la vulnerabilidad económica del 
arrendador conforme a lo previsto en el apartado 4 del citado artículo.
2.  La compensación establecida en la disposición adicional tercera será aplicable, en 
los términos y condiciones establecidos, a todos los procedimientos en los que se dicte la 
suspensión desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, que se acojan a lo previsto 
en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los 
apartados 1.ª, 6.ª, 8.ª, 13.ª, 18.ª, 21.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, 
que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; en materia de legislación procesal;  es
en materia de legislación civil; en materia de bases y coordinación de la planificación  o
gAaendedemnmreiginrnéaisitlsi tcrtdaoreat,i  cvrleiaaoss npa; eecesctnit vi viPtdraaúamnbdesl ipnecotcaeros.tne ósy m tedicrera e;ls eetrgnei ssm;l ayac tieeónrni a m bdaáetse irbciaaa s dedese  b dacesol enrsét rgdaietmol esrén g yji umcríeodnnic cmoe isndieeor nolea yss    2020-16824n https://www.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Metodología del cálculo de la cuantía compensatoria en los contratos de gestión 
de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso 
general de competencia estatal
1.  Cálculo del resultado del periodo que transcurre entre el 22 de junio de 2020 y 
el 30 de junio de 2021:
Ingreso (n) – Coste(n)= Resultado (n)
Siendo:
Ingreso (n): ingresos vinculados a la actividad declarados por el contratista para el 
periodo n.
Coste (n): costes declarados para el periodo n.
El valor absoluto de los costes del periodo comprendido entre el 22 de junio de 2020 y 
el 30 de junio de 2021 no podrá superar el valor de la expresión:
[[0,35 * kms.recorridos (n – 1)] + [0,65 * kms.recorridos (n)]] * 1,34 €
2.  Cálculo del resultado del periodo equivalente del año 2019:
Ingreso (n – 1) – Coste (n – 1) = Resultado (n – 1)
Siendo:
Ingreso (n – 1): ingresos contabilidad analítica (n – 1).
Coste (n – 1): costes anuales de contabilidad analítica (n – 1).
n–1: período equivalente del año 2019.
3.  Cálculo de la cuantía total de la compensación económica:
Compensación económica = Resultado (n – 1) – Resultado (n)
(No existirá derecho a compensación si el resultado fuera negativo.)
La cuantía total de la compensación económica del periodo comprendido entre el 22 
de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021 no podrá superar la diferencia entre costes e 
ingresos del periodo.
ANEXO II
Contenido de la solicitud y documentación que debe acompañarla 
en los procedimientos relativos a la compensación económica de los contratos 
de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera 
de uso general de competencia estatal
A)  Los solicitantes deberán incluir, en todo caso, en su solicitud los siguientes datos, 
ordenados como se indica:
a)  Nombre o denominación social y número de identificación fiscal, datos de la persona  e.
que actúa en representación del solicitante, en su caso, y código y denominación del contrato. w.b
b)  Ingresos, viajeros, viajero-kilómetro e ingreso-kilómetro obtenidos entre el 22 de  824ww
junioc )d e C2o0s2t0e sy  seol p3o0r tdaed ojusn eion  deel  p2e0r2io1d.o analizado. Coste-km calculado.
de))   VReehsíuclutalod-ok iolóbmteentirdoo r edceol rpreidroiosd eon a enla pliezaridood.o analizado.
B)  Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a)  Certificado de la cuenta bancaria IBAN a la que realizar el anticipo a cuenta, 
firmado y sellado por la entidad de crédito.
b)  Certificado de la AEAT de cumplimiento de las obligaciones tributarias, de fecha 
posterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
c)  Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, de fecha posterior a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley.
d)  Informe de verificación contable de los ingresos y costes soportados realizado por 
experto independiente entre el 22 de junio de 2020 y el 30 de junio 2021.
ANEXO III
Metodología de cálculo del anticipo de la compensación de los contratos 
de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera 
de uso general de competencia estatal
El anticipo a cuenta se entregará a cada empresa contratista que solicite el reequilibrio 
del contrato que gestiona de acuerdo a la siguiente expresión:
Anticipo a cuenta (€) = Importe total anticipo * (Vehículo-km año 2019/Vehículo-km 
año 2019 total contratos)
Siendo:
Importe total anticipo: Importe total del anticipo para todos los contratos de competencia 
estatal.
Vehículo-km año 2019: vehículo-km recorridos en el contrato en el año 2019 declarados 
por la empresa contratista.
Vehículo-km año 2019 total contratos: vehículo-km recorridos en todos los contratos de 
competencia estatal en el año 2019 declarados por las empresas contratistas.
El importe total del anticipo ascenderá a un máximo de 11.500.000 euros para todos 
los contratos y no podrá superar en ningún caso la partida presupuestaria disponible.