BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Sábado 9 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 31869
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4897 Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de 
Seguridad  Laboral  y  el  Plan  de  Desescalada  para  la  Administración  de 
Justicia ante el COVID-19.
La declaración de estado de alarma por razón de la alerta sanitaria generada por la 
propagación  del  COVID-19  ha  obligado  a  adoptar  medidas  sociales  de  contención 
inéditas en nuestra historia reciente. En el ámbito de la Administración de Justicia su 
aplicación ha llegado a suponer la reducción de su actividad a la atención estricta de los 
servicios esenciales en las fases más restrictivas de la movilidad de las personas.
El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, incluye 
numerosas referencias preventivas que deben aplicarse y combinarse con cualquier 
actuación  durante  el  periodo  de  transición  a  la  nueva  normalidad,  de  cara  a  la 
reincorporación del personal y la progresiva recuperación de la actividad ordinaria.
Con fecha 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para la 
consecución de la normalidad, previendo la reactivación de diversos sectores.
Uno de los ámbitos de actividad de servicio público que debe ser reactivado es el de la 
Administración de Justicia, cuyo funcionamiento ha quedado reducido en los últimos meses 
a la estricta atención de los servicios esenciales. Dicha reactivación pasa, en primer lugar, 
por  la  adopción  de  un  Esquema  de  Seguridad  Laboral,  cuya  observancia  resulta 
fundamental para proporcionar las máximas garantías de seguridad a todo el personal al 
servicio de la Administración de Justicia y, al propio tiempo, por el establecimiento de un 
Plan de Desescalada, con diferentes fases, que se activarán en función de las indicaciones 
de la autoridad sanitaria, y que permitirán incrementar de manera progresiva la prestación 
de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, hasta poder contar en la última 
fase con el 100% del personal en sus respectivas sedes de manera presencial y con 
el 100% del servicio público de justicia restablecido.
La presente orden se dicta en virtud de las funciones de coordinación de la actividad 
profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el Libro VI de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado, 
establecidas en el artículo primero de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la 
coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios 
regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo y en el artículo tercero, que habilita al Ministro de Justicia para adoptar cuantas 
disposiciones  sean  necesarias  para  garantizar  una  aplicación  homogénea  de  los 
servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de 
las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para la salvaguarda de la 
Salud Pública.
De  acuerdo  con  las  Comunidades  Autónomas  con  competencias  transferidas,  el 
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en consultas con los  s
Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, así como las  oe.
organizaciones sindicales, y de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad  w.
CPreimntrearlo S.anitaria en virtud de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, resuelvo: 2020-4897n https://ww
Se  aprueban  las  medidas  de  seguridad  laboral  para  mitigación  del  riesgo  de
propagación del COVID-19 contenidas en el anexo I.
Segundo.
Se aprueba el Plan de Desescalada contenido en el anexo II.
Se activa la Fase I del Plan con efectos desde el 12 de mayo de 2020.
Tercero.
Se aprueban los criterios para la asistencia en turnos de tarde contenidos en el 
anexo III.
Cuarto.
El Ministro de Justicia, previa comunicación a la Comisión de Coordinación, podrá 
modificar las fases comprendidas en el Plan de Desescalada, para adaptarlas a los 
cambios en los escenarios de lucha contra el COVID-19, siguiendo las recomendaciones 
e indicaciones de la Autoridad Sanitaria y siguiendo la metodología de trabajo de la 
Comisión de Coordinación de Justicia para el COVID-19.
Quinto.
Esta orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Sexto.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de  su  publicación  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 8 de mayo de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
ANEXO I
Medidas de seguridad laboral durante la pandemia COVID-19 y para la transición y 
recuperación progresiva de la actividad ordinaria de la Administración de Justicia
Con fecha 28 de febrero de 2020 el Ministerio de Sanidad publicó la primera versión 
del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2, que contiene las recomendaciones y medidas 
preventivas adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y 
minimizar los posibles contagios.
Siguiendo lo establecido en dicho Procedimiento, con fecha 23 de marzo el Ministro 
de Justicia dictó una Resolución sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia 
durante la pandemia COVID-19 que estableció, por una parte, una serie de medidas 
preventivas  en  relación  con  la  protección  colectiva,  la  organización  del  trabajo,  la 
protección  individual  y  el  entorno  físico  del  trabajo  y,  por  otra,  se  daban  unas 
indicaciones para casos positivos y/o de aislamiento.
Posteriormente, el Protocolo de actuación para la coordinación de riesgos laborales 
en la Administración de Justicia ante el COVID-19, aprobado el 31 de marzo, tenía como  e.e
objetivo  principal  completar  la  coordinación  de  los  riesgos  laborales  y  promover  la  w.b
máxima operatividad de las estructuras y medios existentes mediante la descripción de  97ww
las aEcl tu1a1c iodnee sa bcroiln cdree ta2s0 2d0e  leols  Mdifineirsetnetreios  rdees pSoannsaidbaleds  paunbteli ceól  CuOnaV ID«G-1u9í.a de buenas
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marzo, por lo que resulta necesaria su adaptación al entorno laboral de la Administración 
de Justicia.
En  sus  aspectos  preventivos,  los  servicios  esenciales  de  la  Administración  de 
Justicia  durante  la  pandemia  COVID-19  deben  formularse  en  coordinación  con  las 
Comunidades Autónomas con competencias transferidas, con el Consejo General del 
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y, además, guiarse por las pautas y 
recomendaciones formuladas por el Ministerio de Sanidad, como institución competente 
para adoptar determinaciones sanitarias y de salud pública de interés general. Pero, 
además, es preciso preparar un nuevo escenario «post COVID-19», con sus fases de 
progresivo  desescalamiento  y  con  las  mismas  interlocuciones  mencionadas 
anteriormente,  en  la  aplicación  de  todas  las  nuevas  indicaciones  ofrecidas  por  la 
Autoridad Sanitaria en el periodo de transición, de cara a la reincorporación del personal 
y la recuperación de la actividad ordinaria.
En  desarrollo  de  lo  anterior  se  presentan  las  siguientes  medidas  de  seguridad 
laboral:
1.  Medidas preventivas para la Administración de Justicia.
1.1  Las  presentes  medidas  constituyen  el  marco  general  para  garantizar  la 
homogeneidad en la reincorporación gradual y asimétrica del personal a los centros de 
trabajo  teniendo  en  cuenta  su  compleja  estructura  territorial,  tipología,  relación  de 
dependencia de su personal y su necesaria adaptación a la evolución de la crisis 
motivada por el COVID-19.
1.2  Medidas de protección colectiva: las medidas de protección colectiva tienen 
como objetivo ofrecer una protección simultánea a las personas trabajadoras expuestas 
a un determinado riesgo. En cada centro de trabajo estas medidas se deben conocer y 
combinar entre sí para minimizar los riesgos de contagio.
Las medidas de protección colectiva se deben anteponer a las individuales. En todo 
caso se debe mantener la coordinación y compatibilidad de ambas para obtener mayor 
garantía de seguridad.
Las medidas de protección colectiva se recogen en los apartados 2 a 5.
1.3  Medidas de organización del trabajo: estas medidas afectarán a la organización 
ordinaria de la actividad laboral y se adoptan para minimizar el riesgo de contagio frente 
al COVID-19.
Las medidas de protección colectiva figuran en los apartados 6 y 7.
1.4  Medidas de protección individual: las medidas de protección individual tienen 
como objetivo preferente ofrecer una protección personal a las personas trabajadoras 
expuestas a un determinado riesgo.
Las medidas de protección individual deberán serán proporcionales al riesgo de la 
actividad laboral o profesional que desempeñe el trabajador. Se aplicarán cuando los 
riesgos para la salud y seguridad no puedan evitarse o limitarse lo suficiente mediante 
las medidas de protección colectiva o de organización del trabajo.
En  el  presente  documento  las  medidas  de  protección  individual  figuran  en  los 
apartados 8 a 10.
1.5  Cualquier decisión sobre la proporcionalidad de las medidas preventivas debe 
basarse en información sobre la evaluación de riesgo de exposición específica y la 
información aportada por las autoridades sanitarias.
Teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el Ministerio de Sanidad y la 
naturaleza de las actividades desarrolladas en el ámbito de la Administración de Justicia  e
se consideran como puestos de trabajo con baja probabilidad de exposición los que se  bo
desempeñan en el ámbito de la misma, con excepción de los que implican atención al  97ww
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las  medidas  de  protección  colectiva,  de  organización  del  trabajo  y  de  protección
individual para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas y 
aquellas otras que puedan concurrir en el lugar de trabajo o actividad laboral.
1.7  Las  alternativas  para  mejorar  la  eficiencia  de  las  medidas  de  protección 
colectiva  se  adoptarán  por  los  titulares  de  los  edificios  y  sedes  judiciales,  y  se 
comunicarán  a  los  respectivos  servicios  de  prevención  para  su  idoneidad  en  su 
combinación con otras medidas y, posteriormente, a las Gerencias Territoriales u órganos 
equivalentes  en  las  CCAA  con  competencia  transferida  para  su  suministro  e 
implantación.
Las  personas  u  órganos  responsables  de  trabajadores  no  vinculados  al  mismo 
órgano administrativo titular de los edificios donde se realicen actividades laborales 
concurrentes, deberán garantizar el conocimiento y la coordinación de las medidas 
preventivas adoptadas.
De todas las medidas preventivas adoptadas en los edificios y sedes judiciales, así 
como  de  las  actividades  coordinadas,  en  su  caso,  se  participará  a  los  respectivos 
Comités de Seguridad y Salud.
1.8  La distribución, puesta a disposición y uso de las medidas de protección, se 
acompañará en todo caso de la información adecuada sobre su uso con objeto de 
concienciar al personal funcionario sobre su utilidad, forma de uso y consecuencias del 
mismo, permitiendo su utilización adecuada y responsable.
2.  La distancia social como medida principal de protección colectiva.
2.1  Se  procurará  establecer  distancias  mínimas  de  seguridad  de 
aproximadamente 2 metros en todos los espacios de trabajo.
Asimismo, se procurará mantener esta distancia social en las zonas de acceso, 
espera y espacios de atención al público para evitar la acumulación de personas.
2.2  Si es necesario, se modificará la disposición de los puestos de trabajo, la 
organización de la circulación de personas y la distribución de espacios respetando, en 
todo caso, las vías de evacuación.
2.3  Se utilizarán barreras físicas (mamparas, paneles, mobiliario...) para mantener 
una separación efectiva entre los puestos de trabajo cuando no se pueda garantizar la 
distancia entre los mismos.
La cantidad y tamaño de las mamparas separadoras, la fijación o variación de las 
cintas de seguridad, los balizamientos para garantizar la distancia social o los recorridos 
de los asistentes etc. dependerán de la distribución de los espacios comunes y los 
puestos de trabajo.
2.4  En el supuesto de que no pueda realizarse una distribución adecuada, habrá 
que tener en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo para la distribución de los 
turnos o para dejar, en la medida de lo posible, puestos vacíos.
2.5  El personal que ocupe un despacho (solo o compartido) y no atienda al público 
bastará que mantenga la distancia mínima de seguridad, en caso de recibir alguna visita.
2.6  Se limitará el número de trabajadores presentes en los espacios con menores 
garantías de renovación o recirculación del aire (ascensores, despachos sin impulsión de 
aire o con impulsión limitada, sótanos…).
3.  Medidas de protección colectiva en «atención al público».
3.1  La atención al público se realizará por vía telefónica (en la franja horaria que se 
determine) o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto que se publicará en la 
página web que se indique en cada ámbito territorial. e.
3.2  Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial  w.
será necesario obtener previamente la correspondiente cita de conformidad con los  97ww
prot3o.c3o loEs nq utoed aals e lfaesc tsoe sdee se sdteabbelerzácna inm.plementarse medidas que minimicen el contacto
entre el personal y los ciudadanos asistentes:
– Todo el público, guardará la distancia interpersonal.
– El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito mencionado de la distancia 
interpersonal de 2 metros.
– Se limitará el número de personas que accede y el tiempo de exposición al mínimo 
posible. Adicionalmente, las personas ajenas a la sede judicial comunicarán en el control 
de acceso de la entrada su recorrido, para evitar cualquier prolongación de su presencia.
– Se organizará el acceso de usuarios que permanecerán en el exterior del centro de 
trabajo  en  espera  de  acceder  cuando  lo  permita  el  aforo,  para  que  guarden 
rigurosamente la distancia de seguridad.
–  Se  informará  a  los  usuarios  sobre  las  medidas  organizativas  (verbalmente, 
cartelería,  uso  de  pantallas,  altavoces,  ...)  y  su  obligación  de  cooperar  en  su 
cumplimiento.
La determinación de las medidas preventivas de protección colectiva los accesos, 
aforos, recorridos, separaciones, etc. será responsabilidad de los titulares de los edificios 
y sedes judiciales.
4.  Disposición de geles de base alcohólica o soluciones hidroalcohólicas.
4.1  Se dispondrá de geles de base alcohólica o soluciones hidroalcohólicas en 
lugares visibles y de fácil localización. Por ejemplo, en lugares próximos a las puertas de 
entrada y salida del edificio judicial, a las puertas de los ascensores, cercanos a las 
impresoras y fotocopiadoras de uso común, en los puestos de atención al público y/o 
control, etc.
Dichos geles deberán ser utilizados sistemáticamente por todas las personas tras 
rebasar la puerta de la sede judicial.
4.2  Únicamente en aquellas situaciones en las que no sea posible realizar un 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, como pueden ser tareas de atención 
continuada, en las que no resulta fácil el abandono momentáneo de la actividad, se 
facilitará gel hidroalcohólico en el mismo puesto de trabajo, para garantizar que se 
realiza una adecuada y frecuente higiene de manos.
5.  Medidas  de  protección  colectiva  en  las  indicaciones  generales  de  higiene, 
limpieza y condiciones ambientales de trabajo.
5.1  Se prestará una limpieza y desinfección frecuente, con especial atención a 
zonas de afluencia y uso común (zonas de espera, aseos, puntos de información, 
puestos de atención…).
5.2  Será necesario limpiar el área/mesa de trabajo usada por un empleado en cada 
cambio de turno. Para facilitar la limpieza se dejará la mesa de trabajo lo más ordenada 
y libre posibles, y se reducirán los instrumentos, documentos y utensilios que pueda 
haber sobre la misma a los estrictamente necesarios para el trabajo.
5.3  Se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección de las superficies y 
espacios de trabajo, con especial atención, entre otros, a pomos de puertas, pasamanos, 
interruptores, botones de ascensores, lavabos, suelos, teléfonos, medios telemáticos de 
uso común o compartido empleados para videoconferencias u otros usos, así como sus 
accesorios (mandos a distancia, micrófonos, auriculares o similares).
5.4  Para esta intensificación de las tareas de limpieza e higiene, los detergentes 
habituales serán suficientes, aunque también se podrá contemplar la incorporación de 
lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones 
de seguridad. e.e
5.5  Se intensificarán las medidas de aireación y ventilación de los lugares de  b
trabajo.  Se  reforzará  la  limpieza  de  los  filtros  de  aire  y  se  aumentará  el  nivel  de  97ww
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ventilación diaria no inferior a diez minutos para la adecuada renovación de aire.
5.7  La  gestión  de  los  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  del  modo 
habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.
5.8  Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se depositará en 
la fracción «resto» (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). Se debe evitar que los EPIs sean una fuente de 
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han 
sido retirados. Por tanto, después de su retirada, los EPIs desechables deberán tirarse 
en los contenedores distribuidos al efecto. Serán contenedores o papeleras con tapa, y 
que dispongan preferentemente de pedal.
5.9  En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su 
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u 
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
6.  Medidas  de  organización  del  trabajo  en  relación  con  las  adaptaciones  de 
horarios.
6.1  El centro de trabajo escalonará los horarios lo máximo posible si el espacio de 
trabajo  no  permite  mantener  la  distancia  interpersonal  en  los  turnos  ordinarios, 
contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.
6.2  En la medida de lo posible, se organizarán de forma escalonada las entradas y 
salidas del trabajo para evitar aglomeraciones en el transporte público y en los recintos 
de acceso a los centros de trabajo.
6.3  Se fijará el debido distanciamiento temporal de señalamientos o citaciones, en 
cuanto fuera posible, para evitar la acumulación de personas en las sedes y en las zonas 
de espera.
6.4  La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del 
riesgo.  Por  tanto,  la  reincorporación  a  la  normalidad  de  aquellas  actividades  que 
comporten riesgo de excesiva concentración de personas debería producirse en último 
lugar.
7.  Medidas de organización del trabajo a distancia y desplazamientos.
7.1  Se optimizará la utilización de los medios telemáticos disponibles con el objetivo 
de evitar desplazamientos físicos especialmente si el centro de trabajo no cuenta con 
espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.
7.2  Se limitará, en todo lo posible, los traslados de detenidos y presos a la sede 
judicial,  arbitrando  el  sistema  de  videoconferencia  o  cualquier  otro  que  permita  la 
comunicación bidireccional de sonido e imagen para su puesta a disposición judicial o la 
actuación procesal que corresponda.
7.3  Cuando  estén  previstos  desplazamientos  urgentes  e  inevitables  a  centros 
sanitarios, penitenciarios, de menores, residencias de ancianos o cualesquiera otros de 
similar naturaleza, se establecerá la debida coordinación con la dirección del centro 
garantizando  que  cuentan  con  medidas  de  protección  adecuadas  en  aras  de  una 
actuación con garantías de seguridad y sin riesgo. En el caso de que no pudieran 
obtenerse estas garantías, desde la propia sede judicial se facilitarán EPIs adecuados a 
los funcionarios que tuvieran que participar en estas actuaciones.
8.  Sobre la utilización de EPIs como principal medida de protección individual.
8.1  No será imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de  o
trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal. 97ww
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colectiva que evitan el contacto.
No  obstante,  en  ciertas  situaciones  de  baja  probabilidad  de  exposición  (como 
sucedería ante la falta de cooperación de una persona sintomática) es necesaria la 
protección respiratoria y guantes de protección.
8.3  Para las especificidades adicionales de los EPIs necesarios en exposiciones 
que no sean de baja probabilidad, será necesaria la confirmación del riesgo de la 
actividad con los respectivos servicios de prevención.
Este  es  el  caso  de  los  Institutos  de  Medicina  Legal  y  el  Instituto  Nacional  de 
Toxicología y Ciencias Forenses, en los que, por su actividad científico-técnica durante la 
autopsia y reconocimiento de personas vivas (médicos forenses) o durante el manejo, 
tratamiento y análisis de muestras de autopsia (médicos forenses, oficiales de autopsia y 
personal del INTCF), el personal de estos centros de destino de la Administración de 
Justicia  puede  estar  expuesto  a  material  infectivo.  De  ahí  que  algunos  de  sus 
trabajadores puedan tener mayor probabilidad de exposiciones de riesgo.
Las actividades en relación con las diligencias de levantamiento de cadáveres y los 
lanzamientos o los registros domiciliarios tienen consideración de exposición de bajo 
riesgo, que requerirán la utilización de EPIs adecuados.
Asimismo,  se  concretarán  otras  actividades  y  puestos  de  la  Administración  de 
Justicia que requieran medidas de protección individual.
8.4  El uso de mascarillas deberá considerarse como una medida complementaria y 
no como reemplazo de otras medidas preventivas (como, por ejemplo, el distanciamiento 
físico, la higiene de manos, el control de aforos, las adaptaciones organizativas, etc.).
8.5  Las mascarillas de protección respiratoria y/o guantes de protección, deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por otros medios de protección colectiva (ej. distancia social y/o mamparas) o medidas 
de organización del trabajo (ej. teletrabajo o distribución del horario).
8.6  Para las dotaciones de personal en la sede judicial, y en función de otras 
medidas preventivas de protección colectiva, se dispondrá de mascarillas y guantes en 
cantidad suficiente para la jornada, así como para salidas urgentes.
Se deberá hacer uso de este material con mesura y ponderación, valorando las 
circunstancias de cada caso.
Como referencia general, supeditada a las actuaciones que vayan a realizarse o a 
las  medidas  de  protección  colectivas  adoptadas,  se  distribuiría  únicamente  una 
mascarilla por persona/día y un par de guantes por persona/día.
En el caso de que al inicio o durante la jornada laboral el trabajador precisara un EPI 
y no lo obtuviera, porque no hubieran llegado o se hubieran agotado las existencias, lo 
pondrá en conocimiento del responsable titular del edificio en el que se ha producido esa 
carencia para su subsanación urgente. En ningún caso abandonará unilateralmente su 
puesto de trabajo sin haber agotado las medidas preventivas combinables existentes o 
que se le puedan ofrecer, o sin que se le informe del tiempo mínimo para corregir la 
deficiencia.
8.7  En  el  caso  de  que  las  medidas  colectivas  y  de  organización  expuestas 
anteriormente  no  sean  suficientes,  también  se  dotará  de  mascarilla  higiénica  al 
justiciable/detenido, así como al acompañante, si su presencia fuera necesaria, cuando 
sea imprescindible el acceso a la sede y no dispusieran de ella. Deberán tener la 
mascarilla durante todo el recorrido que deban realizar en la sede judicial.
Sin embargo, los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán 
disponer y usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.
8.8  Las mascarillas se cambiarán si se humedecen y no se reutilizarán si son de un  s
solo uso, evitando tocarla durante su utilización. oe.
Los guantes se desecharán diariamente o tras rotura o deterioro, evitando tocarse la  w.
cara cuando se lleven puestos. Los guantes, una vez extraídos, no se pueden reutilizar. 97ww
tal fiAnm. bos equipos se depositarán, tras su uso, en un contenedor/papelera habilitada a
8.9  Se  utilizarán  guantes  de  protección  siempre  que  se  maneje  paquetería  o 
recepción de documentación, así como cuando en el desarrollo de las tareas las manos 
puedan quedar sucias y no pueda accederse a limpieza con agua y jabón.
8.10  Se asegurará una correcta protección individual del personal encargado de la 
limpieza. Todas las tareas de limpieza se realizarán con mascarilla y guantes de un solo 
uso. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, será 
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua 
y jabón, durante 40-60 segundos.
8.11  La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de 
entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para 
evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
9.  Medidas de protección individual en caso de sintomatología o contacto estrecho.
9.1  Si se hubiera estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas 
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas 
a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o se 
hubiera  compartido  espacio  sin  guardar  la  distancia  interpersonal  con  una  persona 
afectada por el COVID-19, no se debería acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia 
de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar 
un seguimiento y control médico del trabajador por si aparecen signos de la enfermedad.
9.2  Los médicos del Sistema Público de Salud emitirán los partes de baja y alta en 
todos los casos de afectación por coronavirus (incluso para los funcionarios que tengan 
médico  de  cabecera  en  una  compañía  concertada  con  MUGEJU),  tanto  en  las 
situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los trabajadores/as que por su 
situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten.
9.3  Exclusivamente para los casos de aislamiento preventivo y con el fin de facilitar 
a  los  servicios  de  atención  primaria  la  tramitación  de  la  baja  inicial  por  IT  o  su 
confirmación,  desde  los  Servicios  de  Prevención  se  remitirá  la  fecha  de  inicio  del 
aislamiento domiciliario durante 14 días. No obstante, en las nuevas situaciones de 
aislamiento preventivo que puedan surgir, se posibilitará la continuidad de la actividad 
laboral en la modalidad de «teletrabajo».
10.  Medidas  de  protección  individual  de  personas  especialmente  sensibles  o 
vulnerables.
10.1  Los  trabajadores  que  puedan  ser  consideradas  como  especialmente 
sensibles, deberán comunicarlo a su Servicio de Prevención para la calificación de la 
actividad ordinaria de su puesto en relación con su exposición al COVID-19.
10.2  El Servicio de Prevención deberá evaluar la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus, y emitirá informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección que puedan adoptarse. Para ello, 
tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar 
el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
10.3  Mientras  no  se  haya  realizado  la  evaluación  mencionada  en  el  apartado 
anterior,  los  trabajadores  que  aleguen  cualquiera  de  las  circunstancias  de  salud 
antedichas,  no  prestarán  sus  servicios  de  forma  presencial;  pero  nada  impide  que 
puedan continuar su actividad ordinaria en la modalidad de teletrabajo, si los medios 
disponibles lo permiten.
11.  Medidas informativas adicionales para trabajadores y público en general. b
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visibles, en el acceso del público al local, zonas próximas a los puestos de atención, 
zonas de espera y de paso y confluencia de público y trabajadores.
11.3  Asimismo, se colocarán carteles sobre la forma de lavarse las manos en aseos 
y zonas comunes.
Las recomendaciones consideradas en esta Guía se pondrán en conocimiento de los 
respectivos servicios de prevención de riesgos laborales y de los Comités de Seguridad 
y Salud para su conocimiento y traslado.
ANEXO II
Plan de Desescalada-Inicio de la reincorporación programada
Fases de desescalada
Se establecen cuatro fases de incorporación presencial del personal incluido en el 
ámbito de aplicación de la presente orden que preste servicio en los centros de destino 
establecidos en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder 
Judicial:
a)  Fase 1.  «Inicio de la reincorporación programada»: acudirán a cada centro de 
trabajo entre un 30 y un 40% de los efectivos que presten servicio en ellos.
b)  Fase 2.  «Preparación para la reactivación de los plazos procesales»: se iniciará 
cuando haya transcurrido al menos una semana desde el inicio de la fase I. Acudirán a 
cada centro de trabajo entre un 60 y un 70% de los efectivos que presten servicio en 
ellos, en turnos de mañana y tarde, si así se establece.
c)  Fase  3.  «Actividad  ordinaria,  con  plazos  procesales  activados»:  se  iniciará 
siempre que hayan transcurrido al menos dos semanas desde el inicio de la fase II. 
Acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos que presten servicio en ellos, 
en turnos de mañana y tarde, si así se establece.
d)  Fase 4.  «Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de 
alarma»: se iniciará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias 
que permitan retornar a la situación de funcionamiento anterior a dicha declaración. 
Acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos en su jornada ordinaria.
Criterios de aplicación de la Fase 1
1.  Presencia en turnos.
El porcentaje de personal que atenderá los turnos en esta fase (30-40%) se calculará 
sobre la plantilla efectiva de cada órgano o servicio, con las siguientes modulaciones:
– Los Juzgados y Fiscalías en servicio de guardia deberán contar con toda la 
dotación de personal que preste el servicio de guardia para atender debidamente el 
servicio.
– En los demás órganos judiciales, fiscales, Institutos de Medicina Legal, Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se atenderá a la naturaleza y necesidades 
de cada uno de ellos, así como las concretas funciones o materias legalmente atribuidas 
a cada órgano o conjunto de órganos.
– En el caso de las Gerencias Territoriales de Justicia, se estará a las medidas  s
acordadas por la Subsecretaría de Justicia para el personal de la Administración General  oe.
del Estado. w.
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caso  contrario,  deberán  acudir  un  día  de  cada  dos,  aplicándose  los  criterios  de
sustitución ordinaria si fuera preciso. Bc
– El personal destinado en Registro Civil deberá asistir en su totalidad cuando el 
Letrado de la Administración de Justicia responsable considere que es imprescindible 
para la correcta prestación del servicio.
– El personal de limpieza, el adscrito a las guardias de los equipos técnicos de 
menores y los oficiales de autopsia deberán seguir prestando sus servicios al 100%.
Cuando el número de personas que deban realizar el turno no puedan asignarse 
dentro del porcentaje establecido, la totalidad de ellas deberán asistir en el plazo de tres 
días, aun en porcentajes desiguales.
2.  Procedimiento de revisión por razones del servicio.
Los responsables funcionales de los órganos o servicios podrán acordar la presencia 
de un porcentaje de personal superior al indicado cuando se encuentre justificado por 
necesidades del servicio, y siempre previa autorización de la Secretaría General de la 
Administración de Justicia o del órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ostente competencias en la materia.
La solicitud será comunicada a las autoridades respectivas a través del responsable 
superior correspondiente.
No podrá autorizarse esta mejora cuando sea incompatible con los criterios de salud 
laboral sobre ocupación de los espacios.
3.  Exclusión formal de participación en turnos.
No podrá ser llamado a formar parte de estos turnos:
– El  personal  que  tenga  reconocidos  permisos  por  patologías  susceptibles  de 
agravarse por efecto del COVID-19, en tanto no se verifique por la autoridad competente 
en qué condiciones puede prestar servicio en situación de seguridad, y siempre que la 
administración competente las garantice.
– El personal que tenga reconocidos permisos por razón de deber inexcusable, sin 
perjuicio de su preferencia para formar parte de los turnos de tarde, si ese horario se 
ajusta  a  sus  necesidades  y  procediese  su  establecimiento  excepcional.  Durante  la 
vigencia de la fase I los Secretarios de Gobierno y los responsables de las Comunidades 
Autónomas  requerirán  a  los  interesados  la  justificación  documental  que  consideren 
pertinente que acredite la concurrencia de los presupuestos para su concesión y la 
imposibilidad de compatibilizar por completo el deber inexcusable con la asistencia al 
puesto de trabajo.
4.  Realización de funciones mediante teletrabajo.
El personal que no deba prestar servicio en un turno concreto deberá realizar sus 
funciones mediante teletrabajo siempre que lo haya solicitado voluntariamente y se le 
haya proporcionado dispositivos con accesos securizados a los sistemas y aplicaciones 
de  gestión  procesal  o  un  medio  de  acceso  a  los  mismos  desde  sus  dispositivos 
personales en similares condiciones.
ANEXO III
Criterios para la cobertura de turnos de tarde en la Administración de Justicia
Establecimiento de turnos o
El establecimiento de turnos de tarde será determinado exclusivamente por cada una  97ww
de laLsa  aaddmoipncisiótrna cdioen eesst ac ommepdeitdean teesst aerná s mu oátmivbaidtoa  deex aclcutsuiavcaimóne.nte por la necesidad de
aCtOenVdIDer- 1l9o.s  criterios  de  las  autoridades  sanitarias  necesarios  para  hacer  frente  al  BOE-A-cable e
Características de los turnos
El turno de mañana siempre contará con una dotación superior al del turno de tarde.
Como regla general, y siempre que lo permitan las recomendaciones sanitarias, en el 
turno de mañana asistirá entre el 70 y el 80% del personal que deba acudir en cada fase 
de desescalada, y en el de tardes entre el 20 y el 30%.
Participación en los turnos de tarde.
La participación en los turnos de tarde será voluntaria.
Corresponde  al  responsable  funcional  de  cada  órgano  o  servicio  determinar  el 
personal que debe participar en los mismos, teniendo en cuenta su voluntariedad.
La modificación de las preferencias expresadas deberá comunicarse con al menos 
una semana de antelación a su efectividad.
Cuando existan una pluralidad de interesados superior a las plazas precisas para 
cubrir el turno de tarde, tendrán preferencia los funcionarios que tengan reconocido el 
permiso  por  deber  inexcusable  por  razón  de  cuidado  de  menores  o  mayores 
dependientes.
En su defecto, la preferencia se reconocerá por la mayor antigüedad en el órgano o 
servicio de destino.
Si no existieran voluntarios suficientes en el órgano judicial, podrá acordarse la 
cobertura del turno de tarde por voluntarios del mismo cuerpo que presten servicio en el 
partido judicial, que quedarán excluidos del turno de su propio órgano.
Solo cuando tampoco de esta forma se cubriera el turno de tarde podrá establecerse 
un turno forzoso rotatorio entre el personal del órgano o servicio.
Horario de las jornadas.
Cuando se establezcan turnos de mañana y tarde, el horario del turno de mañana 
será de seis horas entre las 7:30 y las 14:00 horas, y el de tarde de cuatro horas y treinta 
minutos entre las 15:00 y las 20:00 horas.
Se garantizará en todo caso el periodo de una hora entre la finalización del turno de 
mañana y el inicio del turno de tarde para proceder a la limpieza de los espacios de 
trabajo compartidos, sin perjuicio de la flexibilidad en la entrada y la salida del personal.
No se podrá iniciar la labor de turno de tarde en tanto no se haya producido la 
limpieza de las dependencias en que deban prestar servicio los funcionarios que lo 
integren.
Actuaciones en jornada de tarde.
Durante la jornada de tarde no se prestará con carácter general servicio de atención 
al público o profesionales sin perjuicio de su procedencia cuando se haya acordado 
previamente la celebración de actuaciones en ese horario.
Cuando  excepcionalmente  se  deban  realizar  actuaciones  y  estas  requieran  la 
presencia de personal de un cuerpo específico que no haya solicitado voluntariamente el 
turno de tarde, deberán ser atendidas por personal de otros órganos del mismo cuerpo 
que lo haya solicitado.
Permisos por actividades formativas.
La asignación al turno de mañana o tarde será compatible con la solicitud y disfrute  e
de los permisos por actividades formativas procedentes conforme a la normativa de  bo
función pública. 97ww