BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22379
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2978 Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) estableció, en 
su artículo 46, los derechos y deberes de los y las estudiantes. Dicho artículo, en su 
apartado 2, determina que los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de 
las  propias  universidades  desarrollarán  dichos  derechos  y  deberes,  incluyendo  los 
mecanismos para su garantía.
Por  su  parte,  el  Estatuto  del  Estudiante  Universitario,  aprobado  por  Real 
Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, dio respuesta a la necesidad de desarrollar el 
régimen jurídico del estudiante universitario. Se completó de esta forma la articulación 
del binomio de protección de derechos y ejercicio de la responsabilidad por parte del 
estudiantado universitario.
La LOU establece que se deben crear las condiciones apropiadas para que los 
agentes  de  la  actividad  universitaria,  los  genuinos  protagonistas  de  la  mejora  y  el 
cambio, estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios, impulsen y 
desarrollen aquellas dinámicas de progreso que promuevan un sistema universitario 
mejor coordinado y de mayor calidad. Las normas de convivencia pacífica consensuadas 
en la comunidad universitaria son un elemento para la mejora del sistema universitario 
en su conjunto.
De hecho, el marco de convivencia universitaria de nuestra democracia actual está 
impregnado de los principios que configuran el sistema educativo en su conjunto. Ya la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que nuestro sistema 
educativo tiene entre sus fines conseguir una educación residenciada en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así 
como en la prevención de conflictos, la mediación y la resolución pacífica de los mismos. 
Asimismo, dispone que el sistema se orientará a la educación en el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por 
razón  de  nacimiento,  origen  racial  o  étnico,  sexo,  religión,  convicción,  edad, 
discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o 
circunstancia. Estos fines se establecen respecto del conjunto del sistema educativo,  e.e
incluyendo el nivel universitario. w.b
Por su parte, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección  78ww
dInet e2g2ra ld ec omntararz ola,  pVaiorale nlac iaIg duea ldGaédn eerfeoc, tievna  sdue  amrtuícjeurleos 4 y.1 ,h oym lab reLse,y  eOstragbálneiccean  3q/2u0e0 7e,l 
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mujeres y hombres así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia. También incluirá, dentro de sus principios de 
calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres, el fomento de la igualdad plena entre unas y otros y la formación para la 
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
No obstante, el anacrónico y preconstitucional Reglamento de Disciplina Académica 
de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes 
del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  aprobado  por  Decreto  de  8  de  septiembre 
de 1954, dado en El Pazo de Meirás, continúa vigente de manera parcial. El Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre el régimen del profesorado universitario ya 
derogó el citado Reglamento de Disciplina Académica en lo referido al personal docente. 
Pero,  dado  el  objeto  de  aquella  norma,  no  procedió  a  hacer  lo  propio  con  las 
disposiciones relativas al estudiantado. De modo que mientras que hoy día el personal 
docente y el personal de administración y servicios se rigen en cuanto a régimen 
disciplinario por lo dispuesto en la legislación aplicable a los empleados públicos, el 
estudiantado sigue sujeto a lo dispuesto por el referido Reglamento preconstitucional.
Aquel  Reglamento  de  Disciplina  Académica  está  diseñado  principalmente  para 
controlar el orden público en las universidades con caracteres propios de un Estado 
dictatorial. Por lo tanto, resulta a todas luces contrario a la protección de los bienes 
jurídicos e intereses propios del marco político, jurídico y social de nuestra democracia 
actual. La necesidad de expulsar expresamente esta norma de nuestro ordenamiento 
jurídico  democrático  viene  justificada  por  su  colisión  con  nuestra  Constitución,  los 
principios y valores democráticos, la libertad y el pluralismo religioso, la aconfesionalidad 
del  Estado  y  la  regulación  actual  del  sistema  universitario  español.  De  forma  más 
pragmática,  su  vigencia  supone  mantener  un  sistema  exclusivamente  punitivo,  que 
recoge sanciones desproporcionadas a la entidad de los hechos sancionados y mantiene 
un procedimiento sancionador ajeno a las garantías mínimas del régimen disciplinario en 
un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho.  Así,  considera  falta  grave  de  los 
«escolares»  las  «manifestaciones  contra  la  Religión  y  moral  católicas  o  contra  los 
principios e instituciones del Estado», y prevé como posible sanción su inhabilitación o 
expulsión, temporal o perpetua, para cursar estudios en todos los centros docentes o en 
todos  los  centros  del  distrito  universitario.  Además,  no  contiene  un  régimen  de 
prescripción de faltas o de plazos de caducidad; y al establecer como faltas leves 
«cualesquiera otros hechos» que, no estando comprendidos como faltas graves o menos 
graves, pudieran «causar perturbación en el orden o disciplina académicos», incumple 
los principios fundamentales de legalidad y tipicidad, dejando un amplio margen de 
discrecionalidad a quien ejerce la potestad disciplinaria.
En el contexto político y jurídico actual, la aplicación del Reglamento de Disciplina 
Académica está salpicada de numerosos problemas, derivados de la paradoja de que 
esté vigente y dé cobertura legal a normas disciplinarias en las universidades, pese a 
existir grandes dudas sobre su constitucionalidad, como expusieron las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 1988 y de 11 de abril de 1989. Por ello, su 
aplicación  ha  exigido  un  esfuerzo  permanente  para  adecuar  su  contenido  por  vía 
interpretativa.
Así, la vigencia de esta norma preconstitucional viene siendo utilizada en la práctica 
en  las  universidades  incluso  bien  entrado  el  siglo  XXI  para  sancionar  conductas 
relacionadas con «desórdenes públicos», «falta de probidad» o «difamación».
De la importancia y necesidad de su derogación ha dado cuenta el Defensor del 
Pueblo en varias ocasiones, como en sus informes de 1990, 2008 y 2012. En las  es
recomendaciones formuladas en dichos informes se ponía de manifiesto la necesidad de  o
aspaobaplorliitccrLicidatauaac ldirdaó oerlnam re o sendgun eavstrceacoi,rióg tiaaneas  lc sg ioCóirncano an mns dsiápeoeso njo uleéd nsmeda leli  acR n aEdoe esrgymtrl uoaradgme iacapechnrniaetóteozcnsoo   dy nUe ess nntuDiit svueitseciltc riuosispcinetliaaiónnrlno aio  q d dAuedeec e da llp idacEeé hrcsmamot ainmcadoanuor en mgc(iedCeana .EevdUri gaNuerníEnaitv) e,ue  nrqys u ivtecaau rchyiíaoaa,     OE-A-2022-2978able en https://www.
normativo que será suplido por esta ley que permitirá que en todas las Comunidades
Autónomas y universidades se produzca una efectiva igualdad en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. La ley reformula el modelo 
de convivencia en el ámbito universitario, regulando a nivel nacional una cuestión que ya 
se ha abierto paso en algunas universidades en el ejercicio de su autonomía.
Por otra parte, debe tenerse presente que el Estado dispone de competencias sobre 
la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  y  la  Universidad  Internacional 
Menéndez Pelayo. En su condición de universidades públicas, estas instituciones se 
encuentran dentro del ámbito de la norma.
De este modo, esta ley ofrece un sistema integral de protección y garantía de la 
convivencia dentro del ámbito universitario adaptado completamente a los valores y 
principios democráticos. Estos valores y principios entroncan plenamente con las bases 
de convivencia en la universidad, donde no sólo debe desarrollarse una formación 
adecuada, sino que debe fomentarse que el estudiantado se beneficie del espíritu crítico 
y la extensión de la cultura, como funciones ineludibles de la institución universitaria. Es 
precisamente en el espacio universitario donde se desarrolla de forma especialmente 
intensa el ejercicio de algunos derechos fundamentales esenciales para el desarrollo de 
nuestra democracia, como son la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión, 
los  derechos  de  reunión,  asociación  y  manifestación,  y,  cómo  no,  la  libertad  de 
enseñanza, la libertad de cátedra y el derecho a la educación, entre otros.
Esta  ley  pretende  establecer  el  marco  adecuado  para  que  los  miembros  de  la 
comunidad universitaria, integrada por el estudiantado, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios, puedan llevar el ejercicio de estos derechos y 
libertades a su máxima expresión gracias a la creación y protección de unos entornos de 
convivencia fijados democráticamente por las propias universidades.
El fomento de la convivencia en el seno de la comunidad universitaria excede un 
régimen disciplinario y no puede afrontarse, al menos exclusiva ni preferentemente, 
mediante  el  mismo.  Por  tanto,  las  universidades,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía 
universitaria  consagrada  en  el  artículo  27.10  de  la  Constitución  Española,  han 
establecido  y  pueden  desarrollar  con  mayor  intensidad  medidas  y  actuaciones  que 
favorezcan y estimulen la convivencia activa y la corresponsabilidad entre todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, las universidades pueden potenciar 
el uso de medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, que 
pueden resultar más eficaces para afrontar determinadas conductas y conflictos entre 
miembros de la comunidad universitaria pertenecientes al mismo o diferente sector.
Finalmente, la ley establece unos mecanismos de sustitución de sanciones con los 
cuales se quiere reforzar el valor prioritario que se da a la educación en el ámbito de la 
convivencia universitaria.
II
La  ley  se  estructura  en  tres  títulos.  En  el  Título  Preliminar  se  establecen  los 
conceptos fundamentales sobre los que se asientan los mecanismos alternativos y el 
régimen disciplinario cuyo objeto es facilitar y hacer efectiva la convivencia en el ámbito 
universitario.
Ya  desde  el  primer  artículo  de  la  ley  se  afirma  la  utilización  preferente  de  las 
modalidades alternativas al sistema disciplinario para la resolución de los conflictos que 
alteren la convivencia o impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, 
investigación  y  transferencia  del  conocimiento.  Estas  modalidades  alternativas  y  el  s
régimen disciplinario se regulan con mayor detalle en los Títulos I y II, respectivamente. oe.
Esta ley será de aplicación para las universidades públicas del sistema universitario  w.
peCesoprnsavoñinvoeal.nl  cAdiaso icmceionsntme  obe,a  slaiens v eeunsnt iivgloeasrds oipdrr ainyd ceiespl i oppsre ivrcasodonantsae ln tiaddmeo sb aiéednnm  idneeisssttaara rrcloeiólyla.n r Eáynl   sesesurtsvu idcNiiaoonsrt maddaeos ,  ldaeesl    2022-2978n https://ww
universidades públicas son los destinatarios de las Normas de Convivencia, sin perjuicio
de la sujeción, en su caso, al régimen disciplinario que les corresponda y a la normativa 
laboral que rija su relación con la universidad.
La ley pretende sentar unas bases que cada universidad deberá trasladar a sus 
propias Normas de Convivencia, de obligado cumplimiento para toda la comunidad 
universitaria,  y  cuyo  contenido  mínimo  también  se  especifica.  Estas  Normas  de 
Convivencia  serán  instrumento  fundamental  para  favorecer  el  entendimiento,  la 
convivencia pacífica y el pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades 
públicas en el ámbito universitario. Cabe destacar que estas Normas de Convivencia se 
elaborarán  atendiendo  a  criterios  participativos  y  de  audiencia  de  la  comunidad 
universitaria.
De manera particular, las Normas de Convivencia deberán ajustarse a principios 
básicos como el respeto y protección a las personas afectadas, la protección de su 
dignidad, la imparcialidad y el trato justo a todas las partes, la confidencialidad, la 
diligencia y celeridad del procedimiento, entre otros. A su vez, deberán ajustarse a las 
normas sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de protección integral contra 
la violencia de género. En materia de violencia, discriminación o acoso sexual, por razón 
de sexo, por racismo o xenofobia o por cualquier otra causa, deberán incluir también 
medidas  de  prevención  primaria  y  secundaria,  y  dispondrán  de  procedimientos 
específicos para dar cauce a las quejas y denuncias. Para evitar el mantenimiento de los 
efectos nocivos mientras se tramitan los procedimientos, y para asegurar la eficacia de la 
resolución, se contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales e, igualmente, 
se prevé el desarrollo de medidas de acompañamiento psicológico y jurídico de las 
víctimas.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  los  derechos  y  previsiones  contenidas  en  la 
legislación laboral que resulte aplicable al personal docente e investigador y al personal 
de administración y servicios de las universidades.
El Título I emplaza a las universidades públicas y privadas a desarrollar medios 
alternativos de solución de los conflictos.
Los principios sobre los que se configurarán estos medios alternativos son los de 
voluntariedad,  confidencialidad,  equidad,  imparcialidad,  buena  fe  y  respeto  mutuo, 
flexibilidad, calidad y transparencia. Para garantizar estos principios y concretarlos en el 
marco de los procedimientos, se podrán elaborar manuales de actuación. Asimismo, las 
universidades podrán fomentar la formación técnica de las personas mediadoras.
Se  prevé  la  creación  en  el  seno  de  las  universidades  de  una  Comisión  de 
Convivencia, con representación paritaria de los distintos sectores.
El  Título  II  regula  el  régimen  disciplinario.  La  potestad  disciplinaria  de  las 
universidades se ejerce por la persona titular del Rectorado, que podrá delegarla en los 
términos de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Esta potestad está dirigida a corregir las infracciones del estudiantado 
que  alteren  gravemente  la  convivencia  o  que  impidan  el  normal  desarrollo  de  las 
funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
Los  principios  de  la  instrucción  del  procedimiento  son  los  de  independencia, 
autonomía y transparencia. La ley establece, asimismo, los principios sobre los cuales se 
ejercerá la potestad disciplinaria, destacando el principio fundamental de legalidad y 
tipicidad de las faltas y sanciones, eliminando, así, el amplio margen de discrecionalidad 
existente hasta el momento.
Si se considerase que el hecho podría ser constitutivo de delito, el procedimiento 
disciplinario  se  suspenderá  para  ponerlo  en  conocimiento  del  Ministerio  Fiscal.  No  es
obstante, la imposición de sanciones en vía administrativa o penal no impide, si tienen  o
pAderinsso itmepiLnlo iatsmno me laefruory cnu,  odcnl laaada m esmn iefeoeincsrdattmoei d, taa paq  rnusoctueoocse n sltdtaieetisum mi tmifipveapalnlato at donsle.ag  c aconpam orsásoaci bntleiaclirisd o eansddeau sncd cpaeioot ivnrq oelua seos    erreneel cs mupópouregnyras agandrboaoi lvrisd ecaasund,a cegnisord andovai essdcseoi  pryt lr iapnletuaever eiddasaes.     OE-A-2022-2978able en https://www.
las  sanciones  aplicables  por  la  comisión  de  una  falta  grave,  salvo  cuando  la  falta
cometida implique actuaciones fraudulentas en cualquiera de los ámbitos relacionados 
con el proceso de evaluación de los aprendizajes, y siempre respetando una serie de 
principios. No obstante, en ningún caso podrán estas medidas sustitutivas consistir en el 
desempeño  de  funciones  o  tareas  asignadas  al  personal  de  la  universidad  en  las 
relaciones de puestos de trabajo.
El articulado detalla también los criterios que servirán para ponderar la sanción y 
adecuarla  al  caso  concreto.  Se  regulan,  asimismo,  las  causas  de  extinción  de  la 
responsabilidad, y la prescripción de las faltas y de las sanciones.
Los principios fundamentales del procedimiento disciplinario, como la separación 
entre la fase instructora y la sancionadora, que deberán recaer en órganos distintos, que 
las personas presuntamente responsables puedan ser asistidas por una persona de su 
elección, o la necesaria motivación de la resolución, se van concretando en las fases del 
procedimiento que detallan los artículos 18 y siguientes.
Se prevé la posibilidad de suspender el procedimiento disciplinario en aquellos casos 
en que las partes hubieran manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento de 
mediación, y la Comisión de Convivencia hubiera decidido que resulta procedente. Si el 
procedimiento de mediación no tiene éxito, se reanudaría el procedimiento disciplinario.
Finalmente,  la  ley  señala  en  sus  disposiciones  adicionales  la  aplicabilidad  al 
estudiantado de centros universitarios de la Defensa, de la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional, especialmente para las infracciones de carácter académico no incluidas en el 
régimen disciplinario militar respecto de los dos primeros; la atribución de la potestad de 
ejecución forzosa de las universidades públicas; la previsión de que la entrada en vigor 
de la norma no generará un incremento de gasto público; y, por último, la obligación de la 
aprobación por las universidades de sus Normas de Convivencia en el plazo máximo de 
un año desde la entrada en vigor de la ley.
En  la  disposición  transitoria  única  se  establece  el  régimen  transitorio  de  los 
procedimientos disciplinarios, indicando que, a aquellos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la ley, les serán de aplicación las faltas y sanciones establecidas por 
la ley cuando resulten más favorables.
La disposición derogatoria acaba expresamente con la vigencia del Decreto de 8 de 
septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de 
los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del 
Ministerio de Educación Nacional.
Por último, se incluye una disposición final primera sobre el título competencial, 
mientras que la segunda recoge la habilitación normativa al Gobierno, la tercera versa 
sobre el establecimiento del régimen disciplinario en las universidades privadas y la 
cuarta se refiere a su entrada en vigor.
III
La elaboración y tramitación de esta ley se ha realizado conforme a los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que, 
en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones 
públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la norma, en coherencia con los 
valores y principios democráticos del resto de nuestro ordenamiento jurídico, deroga una  s
norma preconstitucional que no se adecúa al ordenamiento jurídico actual y establece un  oe.
sistema regulador de la convivencia universitaria adecuado al mismo. w.
rpergeutLelaanc dienó oncr umimbarpi rr,se uesn caidn idvceitbazl e c roeyns cspoteantta aneddlo or aq nuegel o np onri eneccxeiipssitoae rniod o ept raaprsar o mpaoeterdcnididoaensra  lmliadesa ndno esac lre escsidotranicdtteievnsae srq  udleea    2022-2978n https://ww
derechos o que impongan menos obligaciones a sus destinatarios.
Se cumple así mismo el principio de eficiencia, ya que la iniciativa normativa no 
establece cargas administrativas a los ciudadanos.
En aplicación al principio de seguridad jurídica, la ley es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, además de suponer la supresión de una norma que generaba 
incertidumbre en su interpretación y, por tanto, en su aplicación.
Por último, se da cumplimiento al principio de transparencia, toda vez que se han 
realizado los trámites de consulta pública previa y audiencia e información públicas. 
Además, la parte expositiva de esta ley y su correspondiente Memoria explican de modo 
adecuado y suficiente el contenido, así como las causas, objetivos y finalidades de la 
norma proyectada.
IV
La presente ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al 
Estado por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.18.ª y 30.ª de la 
Constitución  Española  que  atribuyen  al  Estado  competencia  exclusiva  sobre, 
respectivamente, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen  estatutario  de  sus  funcionarios  que,  en  todo  caso,  garantizarán  a  los 
administrados un tratamiento común ante ellas, así como el procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto establecer las bases de la convivencia en el 
ámbito universitario, fomentando la utilización preferente de modalidades alternativas de 
resolución  de  aquellos  conflictos  que  pudieran  alterarla,  o  que  impidan  el  normal 
desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y transferencia del 
conocimiento.
2. Asimismo, la ley establece el régimen disciplinario del estudiantado universitario. 
El  régimen  disciplinario  del  personal  docente  e  investigador  y  del  personal  de 
administración y servicios se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Lo  dispuesto  por  esta  ley  será  de  aplicación  a  la  comunidad  universitaria, 
integrada por  el  estudiantado, el personal  docente  e investigador y el personal de 
administración  y  servicios  de  las  universidades  públicas  del  sistema  universitario 
español, y de sus centros públicos adscritos, con las siguientes particularidades:
a) El Título Preliminar y el Título I serán de aplicación al estudiantado, al personal 
docente e investigador y al personal de administración y servicios, en estos dos últimos 
casos cualquiera que sea la vinculación jurídica de dicho personal con la universidad,  s
salvo que se trate de comportamientos o conductas que tengan la consideración de  oe.
faltas según su régimen disciplinario o puedan ser constitutivas de delito. w.
b) El Título II será de aplicación al estudiantado, incluido aquel en situación de  78ww
amdomviilnidisatdra, ciqóune dya snedrov iceioxsc,lu ciduoy oe rl épgeimrseonn adli sdciopcliennatreio  es ei nrveegsirtáig apdoor r loy  deisl ppueersstoon eanl  dseu 
normativa específica.
2. Las  universidades  privadas  y  los  centros  adscritos  privados  aprobarán  sus 
Normas de Convivencia, con base en los principios y directrices de convivencia que para 
el ámbito universitario establece esta ley.
Artículo 3. Normas de Convivencia.
1. Con el fin de favorecer el entendimiento, la convivencia pacífica y el pleno 
respeto  de  los  valores  democráticos,  los  derechos  fundamentales  y  las  libertades 
públicas en el ámbito universitario, las universidades públicas y privadas aprobarán sus 
propias Normas de Convivencia, que serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la comunidad universitaria, tanto respecto de sus actuaciones individuales, 
como colectivas.
2. Las  Normas  de  Convivencia  de  las  universidades  públicas  y  privadas 
promoverán:
a) El respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad, la inclusión y la adopción 
de medidas de acción positiva en favor de los colectivos vulnerables;
b) la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de 
enseñanza y la libertad de cátedra;
c) la eliminación de toda forma de violencia, discriminación, o acoso sexual, por 
razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, características 
sexuales, origen nacional, pertenencia a grupo étnico, discapacidad, edad, estado de 
salud,  clase  social,  religión  o  convicciones,  lengua,  o  cualquier  otra  condición  o 
circunstancia personal o social;
d) la transparencia en el desarrollo de la actividad académica;
e) la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de 
acuerdo con su función de servicio público;
f) el respeto de los espacios comunes, incluidos los de naturaleza digital;
g) la  utilización  del  nombre  y  los  símbolos  universitarios  de  acuerdo  con  los 
protocolos establecidos.
3. Las Normas de Convivencia de las universidades públicas y privadas incluirán, 
asimismo, medidas de prevención y respuesta de acuerdo con un enfoque de protección 
de los derechos humanos frente a la violencia, la discriminación, o el acoso por las 
causas señaladas en el apartado 2. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
deberán ser interpretados conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por su parte, la discriminación por racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte en 
el  ámbito  universitario  deberá  interpretarse  de  acuerdo  con  el  artículo  1  de  la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, 
y en relación con el artículo 8.j) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
En cuanto a la discriminación por razón de discapacidad en la esfera universitaria, 
esta deberá interpretarse conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 7, 63 y siguientes 
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
su  inclusión  social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de 
noviembre.
4. Las universidades elaborarán esta regulación con la participación y audiencia de 
todos los sectores de la comunidad universitaria a través de sus respectivos órganos de 
representación, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros procesos de participación o  es
consulta, en coordinación con las unidades de igualdad y de diversidad, y teniendo en  o
cuenta  diagnósticos,  protocolos  y  planes  previos  o  cualesquiera  otros  instrumentos  78ww
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Artículo  4. De  las  medidas  de  prevención  y  respuesta  frente  a  la  violencia,  la 
discriminación o el acoso.
1. Las Normas de Convivencia establecerán disposiciones relativas a las medidas 
de prevención y respuesta frente a la violencia, discriminación, o acoso por las causas 
señaladas en el artículo 3.2.c), que serán de aplicación al estudiantado, al personal 
docente e investigador y al personal de administración y servicios, cualquiera que sea el 
instrumento jurídico de vinculación con la universidad, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa laboral o del régimen disciplinario que corresponda.
En el desarrollo de estas disposiciones, las Normas de Convivencia incorporarán el 
enfoque de género y deberán ajustarse a las normas sobre igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y de protección integral contra la violencia de género.
2. Estas  disposiciones  incluirán  medidas  de  prevención  primaria  como  la 
sensibilización, la concienciación y la formación, para fomentar el reconocimiento y 
respeto a la diversidad y la equidad en el ámbito universitario; medidas de prevención 
secundaria para actuar sobre contextos, circunstancias y factores de riesgo, y evitar que 
se  produzcan  las  situaciones  de  violencia,  discriminación,  o  acoso  por  las  causas 
señaladas en el artículo 3.2.c); y procedimientos específicos para dar cauce a las quejas 
o denuncias por situaciones de violencia, discriminación, o acoso que pudieran haberse 
producido. Asimismo, deberán favorecer medidas de acompañamiento a las víctimas en 
su recuperación.
Además, estas disposiciones preverán que cuando se considere que los hechos 
denunciados  podrían  ser  constitutivos  de  delito,  se  suspenderá  el  procedimiento 
disciplinario regulado en el artículo 19, poniéndolo en conocimiento de la autoridad 
judicial o del Ministerio Fiscal.
3. Estas  disposiciones  incluirán  también  la  posibilidad  de  que  los  órganos  o 
unidades responsables de su implementación, en cualquier momento del procedimiento 
de actuación, adopten las medidas provisionales que se consideren oportunas para 
evitar el mantenimiento de los efectos de dicha situación, y asegurar la eficacia de la 
resolución  que  pudiera  recaer.  Cuando  se  trate  de  comportamientos  o  conductas 
consideradas como faltas en el régimen disciplinario del personal al servicio de las 
universidades, se aplicará dicha normativa en materia de medidas provisionales.
Asimismo,  deberán  prever  medidas  adecuadas  y  herramientas  oportunas  para 
garantizar a las víctimas, en todo momento, la información sobre sus derechos y un 
acompañamiento psicológico y jurídico que favorezca su recuperación.
4. En  el  desarrollo  de  estas  disposiciones,  las  universidades  asegurarán  que 
cualquier actuación frente a situaciones de violencia, discriminación, o acoso por las 
causas señaladas en el artículo 3.2.c) se ajustará a los siguientes principios:
a) Enfoque de género: las determinaciones de las Normas de Convivencia incluirán 
un  enfoque  de  género  fundamentado  en  la  comprensión  de  los  estereotipos  y  las 
relaciones de género, sus raíces y sus consecuencias en la aplicación y la evaluación del 
impacto de las disposiciones de esta ley. Dicho enfoque de género, además, incorporará 
una  perspectiva  interseccional  para  asegurar  los  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad o cualquiera otra desigualdad social.
b) Respeto y protección a las personas: se procederá con la discreción necesaria 
para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas, que podrán ser 
asistidas por algún representante u otro acompañante de su elección, a lo largo del 
procedimiento. e.e
c) Confidencialidad:  las  personas  que  intervengan  en  el  procedimiento  tendrán  w.b
obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deberán transmitir ni  78ww
dpirvouclegsaor  dinef oinrmveasctiiógna csióonb rdee  elal sc qounete tneidnog adne c olanso cdiemnieunntcoia.s presentadas, resueltas o en
denudn) ciaDdilaig ednecbiae ráyn  cseeler rirdeaadli:z aldaa sin vceosnt iglaac idóenb iyd a lap rorefessoilouncaiólind asdo, bdreil iglean cciao ndy ucstian 
demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor 
tiempo posible respetando las garantías debidas.
e) Imparcialidad y contradicción: el procedimiento deberá garantizar una audiencia 
imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas; todas las personas 
que intervengan en el procedimiento actuarán de buena fe en la búsqueda de la verdad y 
el esclarecimiento de los hechos denunciados.
f) Prevención y prohibición de represalias: tanto durante el curso del procedimiento 
como al término de este, se adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier 
clase de represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como 
testigos o participen en una investigación sobre violencia o acoso sexual, acoso por 
razón  de  sexo  y  por  cualquier  otra  circunstancia,  en  los  términos  previstos  en  la 
normativa aplicable.
TÍTULO I
De los medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia
Artículo 5. Medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia.
Sin perjuicio del desarrollo que en el ámbito de sus competencias pudieran llevar a 
cabo las Comunidades Autónomas, las universidades desarrollarán en sus Normas de 
Convivencia medios alternativos de solución de los conflictos de la convivencia basados 
en la mediación, para ser aplicados antes y durante el procedimiento disciplinario. Los 
medios que se desarrollen se ajustarán, en todo caso, a los principios de voluntariedad, 
confidencialidad,  equidad,  imparcialidad,  buena  fe  y  respeto  mutuo,  prevención  y 
prohibición de represalias, flexibilidad, claridad y transparencia.
Artículo 6. Comisión de Convivencia.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, las universidades crearán 
una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del 
estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y 
servicios.
Las universidades, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán las disposiciones 
relativas a la organización y funcionamiento de dicha Comisión, así como en relación con 
el nombramiento e incompatibilidades de sus miembros y los motivos de abstención y 
recusación en los procedimientos en los que intervengan.
TÍTULO II
Del régimen disciplinario
Artículo 7. Del régimen disciplinario.
Esta  ley  determina  las  faltas  y  sanciones  aplicables  al  estudiantado  de  las 
universidades  públicas,  sin  perjuicio  de  las  regulaciones  establecidas  por  las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
Artículo 8. Potestad disciplinaria. s
1. Se  atribuye  a  las  universidades  públicas  la  potestad  de  sancionar  b
disciplinariamente las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que  78ww
dimepl icdoanno ceilm nioernmtoa, l sdine spaerrrjoulilcoi od ed ela las  rfuenspcioonnseasb dilied addo cdeen ccaiará, cintevre sctiivgila oc iópne nya lt rqaunes fpeuredniecriaa 
derivarse de tales infracciones.
2. La  persona  titular  del  Rectorado  será  competente  para  ejercer  la  potestad 
disciplinaria, que podrá delegar en los términos de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La instrucción de los procedimientos se llevará a cabo por el instructor o instructora 
que designe la persona titular del Rectorado. En todo caso, sus actuaciones se regirán 
por los principios de independencia, autonomía y transparencia.
El órgano sancionador podrá apartarse de la propuesta de resolución del instructor o 
instructora,  de  forma  motivada  y  ateniéndose  a  los  hechos  considerados  probados 
durante la fase de instrucción.
3. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y 
de retroactividad de las favorables a la persona presuntamente infractora.
c) Principio de responsabilidad.
d) Principio de proporcionalidad, referido tanto a la clasificación de las faltas y 
sanciones, como a su aplicación.
e) Principio de prescripción de las faltas y las sanciones.
f) Principio de garantía del procedimiento.
4. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario se considerase que el 
hecho podría ser constitutivo de delito, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal.
5. No  podrán  sancionarse  los  hechos  que  lo  hayan  sido  penal  o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento.
Artículo 9. Responsabilidad disciplinaria.
1. El  estudiantado  de  las  universidades  públicas  queda  sujeto  al  régimen 
disciplinario establecido en este Título respecto de la actividad desarrollada en las 
instalaciones, sistemas y espacios de la universidad.
2. El  estudiantado  que  colaborara  en  la  realización  de  actos  o  conductas 
constitutivas de falta muy grave también incurrirá en responsabilidad disciplinaria.
Artículo 10. Faltas disciplinarias.
1. Las faltas disciplinarias de esta ley se califican como muy graves, graves y leves.
2. Sin perjuicio de la regulación establecida por las Comunidades Autónomas, las 
universidades, reglamentariamente, podrán introducir especificaciones o graduaciones a 
las infracciones que, sin constituir otras nuevas, ni alterar la naturaleza o límites de las 
que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas, 
respetando los principios de la potestad sancionadora.
Artículo 11. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:
a) Realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias, 
física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las  es
personas. bo
b) Acosar o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad  78ww
unnaicvicdeo))rn  saitlADa, cripsioaecs.rratiemrn isneeanxrcu ipaao lmar  egrnarutzeóp noo   pédotenr i scraeozx, óoen,d  aoddrei,e  snceltaxaosce.ió ns osceiaxlu, adli,s cidaepnatcididaadd d, ee sgtaédnoe rdoe,  osraigluedn,   OE-A-2022-29able en https://
religión o creencias, o por cualquier otra causa personal o social.
e) Alterar,  falsificar,  sustraer  o  destruir  documentos  académicos,  o  utilizar 
documentos falsos ante la universidad.
f) Destruir y deteriorar de manera irreparable o sustraer obras catalogadas del 
patrimonio histórico y cultural de la universidad.
g) Plagiar  total  o  parcialmente  una  obra,  o  cometer  fraude  académico  en  la 
elaboración del Trabajo de Fin de Grado, el Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral. 
Se entenderá como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendente a 
falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizado como requisito 
para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico.
h) Incumplir  las  normas  de  salud  pública  establecidas  para  los  centros 
universitarios,  sus  instalaciones  y  servicios,  poniendo  en  riesgo  a  la  comunidad 
universitaria.
i) Suplantar a un miembro de la comunidad universitaria en su labor propia o 
prestar  el  consentimiento  para  ser  suplantado,  en  relación  con  las  actividades 
universitarias.
j) Impedir el desarrollo de los procesos electorales de la universidad.
k) Haber sido condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso 
que  suponga  la  afectación  de  un  bien  jurídico  distinto,  cometido  en  los  centros 
universitarios, sus instalaciones y servicios, o relacionado con la actividad académica de 
la universidad.
Artículo 12. Faltas graves.
Se consideran faltas graves:
a) Apoderarse indebidamente del contenido de pruebas, exámenes o controles de 
conocimiento.
b) Deteriorar gravemente los bienes catalogados del patrimonio histórico y cultural 
de la universidad.
c) Impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o 
transferencia del conocimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.
d) Cometer fraude académico, definido éste de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11.g).
e) Utilizar indebidamente contenidos o medios de reproducción y grabación de las 
actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual.
f) Incumplir  las  normas  de  seguridad  y  salud  establecidas  por  los  centros 
universitarios y sus instalaciones y servicios.
g) Acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad.
Artículo 13. Faltas leves.
Se consideran faltas leves:
a) Acceder  a  instalaciones  universitarias  a  las  que  no  se  tenga  autorizado  el 
acceso.
b) Utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de 
general conocimiento.
c) Realizar actos que deterioren los bienes del patrimonio de la universidad.
Artículo 14. Sanciones. e.
1. Las sanciones de la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves. La  78ww
grav2e.d aSd ind ep lear jfuailctaio c doem elat idreag duelatecriómnin easráta lbalse csiadnac pioonre lsa sq uCeo rmesuunlitdeand aepsl iAcaubtólenso.mas, las
ulansi vsearsnicdiaodneess,  eresgtalabmleecnidtaarsi apmoer netes,t ap oledyrá nq uinet,r osdinu cciro nesstpiteucirif icoatrcaiso nneuse ov agsr,a dnui aacltioenraers  laa 
naturaleza  o  límites  de  las  que  la  ley  contempla,  contribuyan  a  la  más  precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.
3. Son sanciones aplicables por la comisión de faltas muy graves:
a) Expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera 
cometido la falta. La sanción con expulsión deberá constar en el expediente académico 
hasta su total cumplimiento.
b) Pérdida  de  derechos  de  matrícula  parcial,  durante  un  curso  o  semestre 
académico.
4. Son sanciones aplicables por la comisión de faltas graves:
a) Expulsión de hasta un mes de la universidad en la que se hubiera cometido la 
falta.  Esta  sanción  no  se  podrá  aplicar  durante  los  períodos  de  evaluación  y  de 
matriculación según hayan sido definidos por cada universidad.
b) Pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria en el semestre académico en el 
que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera cometido.
La pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a los derechos relativos a las 
becas en los términos previstos en su normativa de desarrollo.
5. La amonestación privada es la sanción aplicable por la comisión de faltas leves.
6. Cuando se trate de las sanciones aplicables por la comisión de una falta grave, 
el órgano sancionador podrá proponer una medida sustitutiva de carácter educativo o 
recuperador, en los términos previstos por el artículo 20.
Artículo 15. Graduación de las sanciones.
El órgano competente para sancionar concretará la sanción dentro de su gravedad 
adecuándola  al  caso  concreto,  siempre  de  forma  motivada,  según  el  principio  de 
proporcionalidad y ponderando de conformidad con los siguientes criterios:
a) La intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El ánimo de lucro.
d) El  reconocimiento  de  responsabilidad,  mediante  la  comunicación  del  hecho 
infractor  a  las  autoridades  universitarias  con  carácter  previo  a  la  iniciación  del 
procedimiento disciplinario.
e) La reparación del daño con carácter previo a la iniciación del procedimiento 
disciplinario.
f) Las circunstancias personales, económicas, de salud, familiares o sociales de la 
persona infractora.
g) El grado de participación en los hechos.
h) Realizar las acciones por cualquiera de las causas de violencia, discriminación o 
acoso referidas en el artículo 3.2.c).
Artículo 16. Otras medidas.
1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la resolución 
del procedimiento disciplinario podrá declarar la obligación de:
a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior en el plazo que se fije. e.
b) Indemnizar los daños por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el  w.b
deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije. 78ww
2. Las  indemnizaciones  que  se  determinen  tendrán  naturaleza  de  crédito  de
Derecho público y su importe podrá ser exigido por el procedimiento de apremio.
Artículo 17. Extinción de la responsabilidad.
1. La  responsabilidad  disciplinaria  derivada  del  régimen  previsto  en  esta  ley, 
quedará extinguida por:
a) El cumplimiento de la sanción o de la medida sustitutiva.
b) La prescripción de la falta o de la sanción.
c) La pérdida de la vinculación del o de la estudiante con la universidad.
d) El fallecimiento de la persona responsable.
2. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas 
graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y 
al año.
3. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse a partir de su 
comisión, o del día en que cesa su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El 
plazo de prescripción de las sanciones se iniciará desde la firmeza de la resolución 
sancionadora.
Artículo 18. Principios del procedimiento disciplinario.
El procedimiento disciplinario se regirá por los siguientes principios:
a) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 
necesario procedimiento.
b) El procedimiento deberá establecer la debida separación entre la fase instructora 
y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.
c) Se ajustará a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno 
respeto  a  los  derechos  y  garantías  de  defensa  de  la  persona  presuntamente 
responsable.
d) A  lo  largo  de  todo  el  procedimiento,  la  o  las  personas  presuntamente 
responsables podrán estar asistidas por una persona de su elección, a quien el instructor 
o instructora deberá tener al tanto del desarrollo del procedimiento.
e) Respecto de aquellos casos que involucren conductas que pudieran constituir 
violencia, discriminación o acoso, serán de aplicación los principios previstos en el 
artículo  4.4.  Asimismo,  deberán  garantizarse  medidas  adecuadas  y  herramientas 
oportunas  para  el  acompañamiento  psicológico  y  jurídico  de  las  víctimas.  Las 
universidades promoverán que dicho acompañamiento se realice, preferentemente, por 
personas del mismo sexo de la víctima si esta así lo manifiesta, aplicando los protocolos 
específicos correspondientes.
Artículo 19. Procedimiento disciplinario.
El procedimiento disciplinario se desarrollará en las siguientes fases, de acuerdo con 
lo establecido, en su caso, por las Comunidades Autónomas y las universidades:
a) El  procedimiento  se  iniciará  siempre  de  oficio  por  la  persona  titular  del 
Rectorado, bien por propia iniciativa, a petición razonada de otro órgano, o por denuncia. 
Será la persona titular del Rectorado la encargada de incoar el procedimiento mediante 
la correspondiente resolución, en la que nombrará al instructor o instructora. s
El  acuerdo  de  incoación  del  procedimiento  deberá  contener,  como  mínimo:  la  oe.
identificación  de  la  persona  o  personas  presuntamente  responsables;  los  hechos  w.
rscéuogcrriimensteapnmo neddneete rl aebse;s xtleapn ucdeiesóstnoi gsno, a crsieóucn u sdpaeocl sióiinbnsl;et r uecl ctoaórlri fgioca anincois ótnrcu ocmtyop reat leacn otne s eadxnepc rióelans  a reiqnsudoeicl uaccipóióunnd  ieddreeall    2022-2978n https://ww
procedimiento;  así  como  la  indicación  del  derecho  a  formular  alegaciones  y  a  la
audiencia, el plazo para ello, y el requerimiento para que las personas involucradas en el  Bc
procedimiento  disciplinario  manifiesten  su  voluntad  de  acogerse,  en  su  caso,  al 
procedimiento de mediación.
El acuerdo de incoación del procedimiento se notificará a la persona o personas 
interesadas en el procedimiento.
b) El  instructor  o  instructora  ordenará  la  práctica  de  cuantas  diligencias  sean 
adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de 
cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción.
Como primeras actuaciones, el instructor o instructora procederá a recibir declaración 
a la o las personas presuntamente responsables y a evacuar cuantas diligencias se 
deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del procedimiento y de 
lo que aquéllas hubieran alegado en su declaración.
Las partes dispondrán de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de que pretenden valerse.
A  la  vista  de  las  alegaciones  realizadas  y  la  prueba  propuesta,  el  instructor  o 
instructora podrá realizar de oficio las actuaciones necesarias para la determinación de 
los hechos que pudieran constituir infracción, recabando los datos e informaciones que 
pudieran resultar relevantes.
Si a la vista de lo actuado, el instructor o instructora considera que no existen indicios 
de la comisión de una falta, o no hubiera sido posible determinar la identidad de las 
personas posiblemente responsables, propondrá el archivo del expediente.
c) Concluida la práctica de las pruebas, en aquellos casos en que las partes 
hubieren manifestado oportunamente su voluntad de acogerse a un procedimiento de 
mediación, el instructor o instructora remitirá el expediente a la Comisión de Convivencia 
que decidirá si resulta procedente, o bien si devuelve el expediente al instructor o 
instructora para que formule el correspondiente pliego de cargos. En el primer caso, lo 
comunicará a las partes y se suspenderá el procedimiento disciplinario. Si se llegara a un 
acuerdo en el marco del procedimiento de mediación, el instructor o instructora archivará 
el  expediente;  en  caso  contrario,  continuará  con  la  tramitación  del  procedimiento 
disciplinario.
En el segundo caso, o bien si las partes no hubieren manifestado su voluntad de 
acogerse a un procedimiento de mediación, el instructor o instructora formulará el pliego 
de cargos.
d) El pliego de cargos incluirá los hechos imputados con expresión, en su caso, de 
la falta presuntamente cometida, de las sanciones que puedan ser de aplicación y, si 
procede, acordará el mantenimiento o levantamiento de las medidas provisionales.
El pliego se notificará a la persona o personas presuntamente responsables que 
dispondrán  de  un  plazo  de  diez  días  para  formular  sus  alegaciones,  aportar  los 
documentos e informaciones que consideren oportunos para su defensa, y proponer la 
práctica de pruebas.
Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor o instructora 
podrá acordar la práctica de las pruebas que considere oportunas y dará audiencia al 
interesado, en el plazo de diez días.
e) El  instructor  o  instructora  formulará,  dentro  de  los  diez  días  siguientes,  su 
propuesta  de  resolución  en  la  que  se  fijarán  los  hechos  de  manera  motivada, 
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, y se 
determinará  la  infracción  que  constituyan  y  la  persona  o  personas  que  resulten  es
responsables, especificándose la sanción que se propone que se imponga y las medidas  o
ecppoxrlaoinszvvLtoiiesae in rodapinee riano nltpfeedrusa iee cezsqcn tiua óde nsíd ua oes s  e rdre eepshsfapeuoronabluns iecasaira óalebnyngi   lisaadaerpad  odnoar,op tnpatttiarrefo id cploaoeo.rs lán  S didanir oá slac taer uu lm pjcuaetierocrcnsriho tooi vonsdo a e  idenle e sxiltinp nresuefxotcdrprtuioemecrndtaaotieac rind cotaoune, ae. nqisntu soeqt r uutceeco ntnodesrrsaiádt i emnuroeen     OE-A-2022-2978able en https://www.
pertinentes, y que no hubiera podido aportar en el trámite anterior.
Transcurrido el plazo de alegaciones, hayan sido o no formuladas, el instructor o 
instructora remitirá la propuesta al órgano competente para resolver, que adoptará su 
resolución en el plazo de diez días. El órgano competente para resolver podrá devolver 
el expediente al instructor o instructora para la práctica de las diligencias que resulten 
imprescindibles para la resolución.
Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción 
revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará 
al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 
quince días.
La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser motivada y 
decidirá todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, y aquellas otras 
que resulten del procedimiento.
f) El procedimiento podrá finalizar por la resolución sancionadora, el archivo, el 
reconocimiento  voluntario  de  la  responsabilidad,  la  declaración  de  caducidad,  el 
desistimiento de la universidad o por imposibilidad material por causas sobrevenidas.
g) Para aquellos casos en que a juicio del instructor o instructora existan elementos 
suficientes para considerar que los hechos pudieran dar lugar a una falta leve, se podrá 
prever  un  procedimiento  abreviado  o  simplificado,  con  reducción  de  los  plazos  y 
simplificación de los trámites, en los términos de lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
h) La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá expresar los recursos 
que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas y, en su caso, en la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma.
i) Si de la resolución sancionadora resultara que la persona infractora ha obtenido 
fraudulentamente un título oficial expedido por la universidad, ésta declarará de oficio la 
nulidad de dicho acto en los términos de la revisión de oficio prevista por la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
Artículo 20. Medidas sustitutivas de la sanción.
1. Las universidades podrán prever medidas de carácter educativo y recuperador 
en sustitución de las sanciones establecidas por esta ley para las faltas graves, siempre 
que se garanticen plenamente los derechos de la persona o personas afectadas, y de 
conformidad con los siguientes principios:
a) Que exista manifiesta conformidad por parte de la persona o personas afectadas 
por la infracción, y por parte de la persona infractora.
b) Que la medida sustitutiva de la sanción esté orientada a la máxima reparación 
posible del daño causado, y que se garantice su efectivo cumplimiento.
c) Que la o las personas infractoras reconozcan su responsabilidad en la comisión 
de la falta, así como las consecuencias de su conducta para la o las personas afectadas, 
y para la comunidad universitaria.
d) Que, en su caso, la persona o personas responsables muestren disposición para 
restaurar la relación con la o las personas afectadas por la infracción. Dicha restauración 
se facilitaría siempre que la persona afectada preste su consentimiento de manera 
expresa. e.e
2. Dichas  medidas  podrán  consistir  en  la  participación  o  colaboración  en  78ww
radye cedltasievec iimdroeanpldaeeecsñsi ood  fneode rpesmu  aiefnutssivnttoaictsusio ,cd niceoeu nstlrta auloebra salt,jea ousr.e,  oadtser a ssaa slsiugimdn aipladúrabeslsi c. aaE,l  ndp enepirnosgrotúnivnaa ls c,ad dseeo   leapx otduernnáisvnieó crnso iundnsaiidvs etirres neit nal raeiasl    OE-A-2022-29able en https://
Las universidades determinarán la duración de estas medidas.
Artículo 21. Medidas provisionales.
1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, la persona titular del 
Rectorado, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para 
la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada 
las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. En este caso, las 
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo 
de  iniciación  del  procedimiento,  que  deberá  efectuarse  dentro  de  los  quince  días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo 
caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo 
o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de 
las mismas.
2. En cualquier momento del procedimiento disciplinario, el instructor o instructora 
podrá, de forma motivada, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias 
para evitar el mantenimiento de los efectos de la falta y asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer.
3. La adopción de dichas medidas podrá tener lugar de oficio o a solicitud de las 
personas posiblemente afectadas.
4. Dichas medidas tendrán carácter temporal, deberán ser proporcionadas y podrán 
ajustarse, de forma motivada, si se producen cambios en la situación que justificó su 
adopción. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga fin al 
procedimiento.
5. La adopción de medidas provisionales no supondrá prejuzgar sobre el resultado 
del procedimiento.
Artículo 22. Procedimiento ante la Comisión de Convivencia.
1. Recibido el expediente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19.c), la 
Comisión de Convivencia decidirá si procede la tramitación ante ella por la vía del 
procedimiento de mediación, o si debe inhibirse devolviendo el expediente al instructor o 
instructora del procedimiento disciplinario para que continúe con su tramitación.
2. El procedimiento de mediación ante la Comisión de Convivencia se desarrollará 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la universidad.
3. Si el procedimiento de mediación concluyera sin acuerdo o no resolviese la 
totalidad de las cuestiones planteadas, la Comisión devolverá el expediente al instructor 
o instructora del procedimiento disciplinario para que continúe con su tramitación por su 
objeto total o parcial.
4. El  acuerdo  total  o  parcial  alcanzado  por  las  partes  como  resultado  del 
procedimiento de mediación, será confidencial, deberá constar por escrito y ser firmado 
por las partes, conservando cada una un ejemplar y trasladando otro a la Comisión de 
Convivencia para que conste en el expediente.
5. Las Normas de Convivencia de cada universidad desarrollarán el procedimiento 
relativo a la custodia y seguimiento de los acuerdos alcanzados.
6. El inicio del procedimiento de mediación supondrá la suspensión del cómputo de 
los plazos de caducidad y prescripción del procedimiento disciplinario. Dicha suspensión 
se mantendrá mientras dure el procedimiento de mediación.
Disposición adicional primera. Centros universitarios de la Defensa, de la Guardia Civil 
y de la Policía Nacional. e.e
Esta ley se aplicará al estudiantado que curse sus enseñanzas en el sistema de  78www.
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compatible con la condición de militar, y especialmente en las infracciones de carácter
académico no incluidas en los regímenes jurídicos que rigen para las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil.
Asimismo,  la  presente  ley  será  de  aplicación  al  estudiantado  que  curse  sus 
enseñanzas en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, en todo 
aquello que sea compatible con la condición de instituto armado de naturaleza civil, y 
especialmente en las infracciones de carácter académico no incluidas en su régimen 
jurídico.
Disposición adicional segunda. Potestad de ejecución forzosa.
Se reconoce a las universidades públicas la potestad de ejecución forzosa de los 
actos  administrativos  establecidos  en  esta  ley,  de  acuerdo  con  los  procedimientos 
legalmente establecidos.
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.
La presente ley no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal sin 
perjuicio  de  lo  que  se  disponga  anualmente  en  las  correspondientes  leyes  de 
presupuestos en relación con las retribuciones y tasa de reposición del personal al 
servicio del sector público.
Disposición  adicional  cuarta. Aprobación  de  las  Normas  de  Convivencia  y  de  las 
medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.
En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley y en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4, las universidades públicas y privadas 
aprobarán sus Normas de Convivencia, que incluirán las medidas de prevención y 
respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso. Las universidades podrán 
incorporar a dichas Normas de Convivencia aquellas medidas de análoga naturaleza que 
tuvieran vigentes, en todo caso ajustándolas a lo dispuesto por esta ley.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos disciplinarios.
A los procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley, les serán de aplicación las faltas y sanciones establecidas por la presente ley 
cuando resulten más favorables.
Sin perjuicio de lo anterior, dichos expedientes continuarán su tramitación conforme 
al mismo procedimiento con el que se iniciaron.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta ley, y 
en  particular,  el  Decreto  de  8  de  septiembre  de  1954,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y 
de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
La  presente  ley  se  dicta  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  149.1.18.ª 
y 149.1.30.ª de la Constitución Española que atribuyen al Estado competencia exclusiva  s
sobre, respectivamente, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas  oe.
y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los  w.
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Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. Bc
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Corresponde al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a las universidades, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final tercera. Régimen disciplinario en las universidades privadas.
En el marco de lo dispuesto en la normativa básica del Estado y en la normativa de 
las  Comunidades  Autónomas  con  competencias  en  esta  materia,  las  universidades 
privadas y los centros adscritos privados gozarán de autonomía para establecer su 
propio régimen disciplinario y determinar el órgano al que corresponda el ejercicio de las 
facultades disciplinarias en sus respectivas normas.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 24 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN