BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Viernes 7 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 12385
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
1887 Resolución  de  14  de  enero  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 14 de enero de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.  De  conformidad  con  las  negociaciones  previas  celebradas  por  el  Grupo  de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, 
de  fecha  18  de  julio  de  2019,  para  el  estudio  y  propuesta  de  solución  de  las 
discrepancias competenciales manifestadas en relación con la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria, ambas partes 
las consideran solventadas en razón a los siguientes compromisos:
a)  Ambas partes coinciden en considerar que las definiciones contenidas en las letras 
b) y e) del artículo 4 de la 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria, deben 
interpretarse sin perjuicio de la plena y directa aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en su propio ámbito 
de aplicación. En consecuencia, la inclusión en la definición de «cadena alimentaria» del 
transporte se circunscribe, como indica el inicio del propio artículo, al ámbito de aplicación 
de la ley canaria, esto es, en cuanto a la calidad alimentaria. Por consiguiente, los productos 
estarán sujetos a las obligaciones y control establecidos en la norma autonómica a los 
efectos de calidad alimentaria en el transporte, y ello sin perjuicio de las obligaciones a que 
los operadores quedan sujetos en materia de reequilibrio de la cadena alimentaria conforme 
a la citada ley estatal. Del mismo modo, la ausencia en la definición de «comercialización» 
de los animales vivos –por remisión a lo previsto en la letra p) de dicho artículo– se 
cohonesta con la referida Ley 12/2013, de 2 de agosto, por cuanto éstos estarán sujetos a  e.
las reglas de las operaciones de comercialización en cuanto a los fines de dicha norma,  w.
pero no a los de calidad alimentaria. 87ww
«recbo)n ocAimmibeansto p naartceiso ncaoli npcroidveisni oenna li»n tehrap rdeeta er nqtueen dlae rrseef ehreecnhcaia  ac osnut edneidnao meinn aecl ióarnt íccuolnot e3n2id aal 
eemn plale naorárm eant ieval e bváesnitcuaa l– dye esuarroropleloa r–e,g qlaume eenst a«rpioro dteec laci ónno rnmaac.ional transitoria». Este término se  BOE-A-cable e
c)  Ambas partes coinciden en sostener que la regulación de los artículos 37 y 38 se 
entiende referida a los pliegos de condiciones. Así, cuando el artículo 37 señala que el 
control «se basará en un examen del sistema de autocontrol implantado por el operador, 
comprobando que ofrece suficientes garantías de que es adecuado para verificar que el 
producto cumple con el pliego de condiciones o normas específica del régimen de 
calidad» y que se verificará el sistema de autocontrol, la norma canaria no pretende 
reducir ese sistema a un examen del mecanismo de autocontrol implantado por el 
operador, sino que se va a verificar el cumplimiento del pliego de condiciones, que es a 
lo que la normativa europea y nacional básica obligan. Del mismo modo, cuando en el 
artículo 38 se alude a la suspensión y retirada de la certificación por incumplimiento del 
sistema de autocontrol, estas consecuencias jurídicas se refieren no a cualquier fallo en 
el sistema de autocontrol, sino al incumplimiento del pliego de condiciones.
2.  En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este 
Acuerdo y concluida la controversia planteada.
3.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de Canarias».