BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 23 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 88835
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
12379 Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  a  planes  de  innovación  y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera.
La  Estrategia  Europa  2020  {«Europa  2020-Una  estrategia  para  un  crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» [COM (2010) 2020]}, reafirma la política industrial 
como una de las prioridades estratégicas de Europa para la década: Si Europa quiere 
seguir ejerciendo un papel destacado en la economía mundial, su industria debe situarse 
en primer plano.
La Comisión Europea en su Comunicación COM (2017) 479 «Invertir en una industria 
inteligente,  innovadora  y  sostenible.  Estrategia  renovada  de  política  industrial», 
continuando  con  su  línea  argumental  sobre  la  industria  expresada  en  anteriores 
comunicaciones,  reafirma  el  papel  de  la  industria  como  motor  esencial  de  la 
productividad y la innovación y como una de las piedras angulares de la prosperidad 
económica en Europa. Y señala que, aunque la Unión Europea (en adelante, UE) cuente 
con una base industrial fuerte, los Estados miembros, las instituciones de la UE y, la 
propia industria han de hacer todo lo posible para mantener y reforzar el liderazgo 
industrial de Europa en la era de la globalización, marcada por los retos que plantea la 
sostenibilidad y la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos.
De forma más incisiva, la Comunicación COM (2020)102, Un nuevo modelo de 
industria para Europa, del 10 de marzo, considera que los próximos cinco años son 
decisivos para habilitar las condiciones necesarias para el profundo cambio que la 
industria  europea,  y  la  española,  necesitan:  ir  hacia  una  industria  competitiva, 
digitalizada y climáticamente neutral, arraigada en el modelo social europeo, que cree 
empleos de calidad y contribuya a la soberanía económica de la UE, poniendo el foco en 
los ecosistemas industriales.
Está demostrado que las naciones más ricas del mundo son aquéllas que poseen los 
sectores industriales más potentes, y que hay una clara correlación entre los países de 
nuestro entorno con mayor peso industrial y los que han soportado y están soportando 
mejor las fases adversas de los ciclos económicos.
El sector de la industria manufacturera contribuye significativamente a la economía, 
sobre todo en lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad. Nos 
encontramos en un momento en que se reconoce el importante papel que desempeñan 
la capacidad de producción nacional en la creación de innovación y la capacidad de 
aumentar  rápidamente  la  fabricación  de  nuevos  productos  mediante  el  uso  de 
tecnologías avanzadas. La innovación, la automatización y los procesos productivos 
sofisticados son la base de las estrategias industriales de éxito y han demostrado ser 
fundamentales en el mantenimiento de una posición de liderazgo.
La transformación de la economía hacia un modelo descarbonizado ofrece grandes 
oportunidades para el desarrollo y comercialización de nuevos productos y servicios.
Por otra parte, el crecimiento de la actividad industrial tiene evidentes externalidades 
positivas que no sólo benefician a las empresas del sector, sino al conjunto de la  s
economía basado en su efecto multiplicador como son el aumento de la productividad y  oe.
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economía y generador de cohesión social y territorial.
La capacidad de innovación es fundamental para atraer y mantener empleo de alta 
productividad y llevar adelante la transformación que se precisa en todos los sectores 
industriales para asegurar que puedan competir con éxito en la economía global.
A tal fin es preciso reforzar la capacidad de adaptación e innovación permanente de 
la industria, facilitando la inversión en nuevas tecnologías y asumiendo los cambios 
introducidos  por  el  aumento  de  la  digitalización  y  la  transición  a  una  economía 
hipocarbónica y más circular.
Es por tanto imprescindible para la industria invertir en mejorar la sostenibilidad y la 
eficiencia energética de sus procesos, así como en la investigación el desarrollo y la 
innovación y, así, competir desde una mejor posición en el mercado. La mejora de la 
competitividad aparece como resultado de abordar con éxito estos aspectos, que se 
deben ejecutar de manera permanente en las empresas y de completarlo con un enfoque 
acertado  sobre  los  procesos  clave,  planificando  las  inversiones  y  las  actuaciones 
estratégicas a desarrollar de manera realista, estableciendo objetivos y herramientas para 
su seguimiento, midiendo los resultados y generando compromiso en las personas que 
constituyen la base de todo tejido industrial capaz de competir con éxito.
Se trata de aprovechar el impulso que promueve toda evolución disruptiva para 
avanzar en los cambios que necesitan nuestra industria y nuestro modelo productivo. 
Aunque el mercado y la oferta de productos sean cada vez más globales, la demanda de 
empleo en la industria será siempre local, centrada en las plantas productivas y por ello 
hay  que  crear  las  condiciones  que  permitan  que  las  inversiones  en  tecnología  y 
conocimiento se realicen localmente y ofrezcan oportunidades de empleo de calidad.
El nuevo escenario global ofrece todas las oportunidades derivadas del surgimiento 
de una nueva revolución industrial, no sólo basada en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), la biotecnología y la nanociencia, sino también en la necesidad 
de apostar por nuevas tecnologías de fabricación capaces de competir con los enfoques 
tradicionales y de lanzar al mercado productos que permitan satisfacer las necesidades 
crecientes de los consumidores.
Se trata de contribuir al nuevo escenario para la industria nacional marcado por la 
consolidación de un tejido industrial capaz de crecer, innovador, sostenible y competitivo.
Si  bien  la  industria  es  el  sector  que  lidera  con  mayor  firmeza  las  actividades 
innovadoras en la economía española, encabezando la actividad privada en este ámbito, 
resulta  fundamental  el  apoyo  público  a  proyectos  que  promuevan  la  mejora  de  la 
competitividad a través de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la Investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), apoyando el necesario salto tecnológico que impone la 
descarbonización de la economía.
Las  Directrices  de  la  Nueva  Política  Industrial  Española  2030  determinan  la 
necesidad de una política industrial activa dirigida a contribuir a transformar nuestro 
modelo productivo y considera entre sus ejes de acción, la innovación y la sostenibilidad 
de la industria.
Una de las directrices generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, 
consiste en el impulso a la eficiencia energética en la industria y al desarrollo de 
tecnologías y de innovaciones en este campo para cada subsector industrial. En línea 
con uno de los pilares del mercado interior de la Energía de la UE, cuya construcción 
constituye una de las prioridades políticas de la Comisión Europea y que concibe la 
eficiencia y ahorro energéticos como una fuente de energía en sí misma, es conveniente 
fortalecer  los  instrumentos  ya  existentes  y  valorar  el  despliegue  de  actuaciones 
adicionales en materia de eficiencia especialmente adaptados a las particularidades de  s
la industria. oe.
Por todo lo explicado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la  w.
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante,  379ww
SdeGcIiPr,Y aM sEu)  fuonriceinótna  dseu  parcocdióunc caió lna  ym, epjoorr ata dneto l,a d ceo msup pertiotidvuidcatidv idaa ladr. gYo  ppalaraz oc odnesl esgeuctiro re, setes 
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Resulta  por  tanto  necesario  aprobar  unas  bases  reguladoras,  que  sirvan  para 
impulsar planes de sostenibilidad e innovación en el sector industrial, en el contexto de 
salida de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, alineados con los objetivos de 
reactivación de la economía general y el sector industrial en particular, y de la resiliencia 
del sector productivo nacional.
Además,  el  impulso  deberá  ser  coherente  con  el  marco  de  la  Unión  Europea, 
apuntando a una recuperación en clave ecológica, alineada con el Pacto Verde Europeo, 
sobre la base de la neutralidad climática y la economía circular y sostenible, que abre 
oportunidades en términos de modernización de la economía, atracción de inversiones, 
de una nueva reindustrialización y de generación de empleo de calidad.
Y para ello, resulta fundamental el apoyo gubernamental a proyectos que promuevan 
esta transformación, complementando así los esfuerzos empresariales en este ámbito de 
manera  que  las  empresas  puedan  asumir  los  riesgos  inherentes  a  las  actividades 
destinadas a conseguir su evolución a la economía digital.
Adicionalmente, este programa podría ser cofinanciado con fondos europeos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) remitido por el Gobierno a 
la Comisión Europea el pasado 30 de abril.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno traza la hoja de 
ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento 
económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. 
Este Plan recibirá la financiación de los fondos Next Generation EU, provenientes del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y de la Ayuda a la Recuperación para 
la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). Específicamente, en el caso de que 
se produjera la cofinanciación de esta línea de ayudas, se prevé que se incardinaría en 
el marco del componente 12, inversión 2, del PRTR finalmente aprobado.
La  ayuda  que  regula  esta  orden  se  estructura  en  una  línea  de  investigación, 
desarrollo  e  innovación  y  otra  línea  de  innovación  en  sostenibilidad  y  eficiencia 
energética, cuyos apoyos pueden ser concedidos en forma de préstamos, o de una 
combinación de subvenciones y préstamos. Los préstamos con varios años de carencia, 
revisten  particular  relevancia  en  el  caso  de  los  proyectos  innovadores  que  se 
desarrollarán  bajo  el  paraguas  de  este  programa,  ya  que  darán  sus  resultados 
productivos a tiempo de atender las correspondientes amortizaciones.
La orden se estructura en treinta y tres artículos distribuidos en dos capítulos, dos 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y cuatro 
anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones de carácter general, que se refieren 
a  aspectos  como  los  objetivos  generales,  los  tipos  de  actuaciones  financiables,  los 
beneficiarios,  las  características  de  la  ayuda  y  sus  límites;  el  segundo  regula  el 
procedimiento de gestión: órganos convocantes, forma de realizar la solicitud, proceso de 
evaluación, tramitación y pago, justificación y comprobación de la realización de las 
actuaciones, criterios de graduación de los posibles incumplimientos y la refinanciación de 
los préstamos. En los anexos se especifican las actividades incluidas en el ámbito de esta 
orden, las definiciones a efectos de aplicación de esta orden, los criterios de evaluación de 
las solicitudes y la metodología para la calificación financiera de la empresa.
Las  bases  de  las  ayudas  reguladas  en  esta  orden  se  dictan  al  amparo  del 
artículo 149.1. 15.ª de la Constitución.
La gestión de estas ayudas se realizará por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  dado  que  cuenta  con  competencias  exclusivas  del  Estado  en  materia  de  s
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, siguiendo la  oe.
doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al alcance  w.
material y funcional de la competencia que el artículo 149.1. 15.ª de la Constitución  379ww
reseErvl aT raibl uEnsatal dCoo.nstitucional ha declarado que «resulta conforme a la Constitución que
eolt orEgsatmadieon troe gduele s, uablv eanmcipoanreos  deenl  dceitfainditoiv aa rctíocrureloc ta1m49e.n1t.e1 5o.ªr deCnEa,d alass  acl ofonmdiecinotnoe dse  dlae   BOE-A-cable e
investigación y desarrollo de innovaciones técnicas en el sector textil y de la confección» 
(STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 12; en parecidos términos, STC 175/2003, de 30 de 
septiembre, FJ 8). Según se recordó en la STC 90/1992, FJ 2.A), «la competencia 
estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la 
coordinación  general  de  la  actividad  resultante  del  ejercicio  de  las  competencias 
autonómicas  en  la  referida  materia,  sino  que  alcanza,  asimismo,  al  fomento  de  la 
investigación científica y técnica». Un pronunciamiento similar puede encontrarse en el 
fundamento jurídico 13.F) de la STC 13/1992, de 6 de febrero.
En todo caso, esta jurisprudencia señala que su ámbito es particularmente amplio, 
extendiéndose  al  organizativo,  y  al  mero  apoyo  o  estímulo,  sin  necesidad  de 
circunscribirse al apoyo de las actividades directamente conducentes a descubrimientos 
científicos o avances técnicos.
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su 
efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, 
ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, 
pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que 
es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta orden presentan 
características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así 
como en lo relativo a la madurez de las tecnologías con las que operan, que resulta 
imposible  anticipar  un  criterio  claro  de  distribución  de  los  fondos  adscritos  a  la 
convocatoria  entre  las  distintas  Comunidades  Autónomas.  Así,  estas  circunstancias 
impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas y 
exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar una cierta 
igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma, la armonización de los 
criterios que deben guiar la concesión de apoyos públicos al fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica en el sector industrial. Para la efectiva 
aplicación de dichos criterios es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso  a  los  recursos  públicos  destinados  a  incentivar  las  citadas  inversiones  en 
cualquier punto del territorio nacional. Por todo ello, resulta imprescindible una acción 
centralizada como la que se establece en la presente orden ministerial.
Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios del apoyo financiero a la 
inversión industrial regulados en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de los 
citados apoyos será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los 
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia  vinculadas  o  dependientes  de  aquélla,  los  ministros  correspondientes 
establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán  s
de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  oe.
jurídica, transparencia, y eficiencia. w.
El  ajuste  de  la  norma  propuesta  al  principio  de  necesidad  viene  dado  por  la  379ww
inmapcoiorntaensc iqau eq uloe  ttiieenneen p saoran  cuanp paaceíss  edle p aofsreoenrta ur nla sse ccrtiosris i nednu smtreiajol repso teconnted,i cyioan qeuse,  cloans 
empleos más estables y mejores salarios.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de 
evaluación  de  las  solicitudes  que  son  objetivos,  públicos  y  conocidos  previamente, 
muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de 
la evaluación al criterio del evaluador.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de 
modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías 
de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente 
del origen de la solicitud.
Esta  norma  no  supone  una  vulneración  del  principio  de  seguridad  jurídica  y  para 
asegurarlo se dispone de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.
Esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía 
del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la ejecución de 
planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria Manufacturera.
Artículo 2.  Financiación por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  Las  ayudas  objeto  de  esta  orden  que,  conforme  a  su  correspondiente 
convocatoria, se financien en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (en adelante, PRTR), se enmarcan en la inversión 2 del componente 12, 
contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos que se asocien a la misma en el 
PRTR que se apruebe definitivamente.
2.  A dichas convocatorias les será aplicable lo dispuesto en la normativa europea y 
nacional sobre el PRTR, y en especial el Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de 
la  Unión  Europea  para  apoyar  la  recuperación  tras  la  crisis  de  la  COVID;  el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 3.  Ámbito.
El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del territorio 
nacional.
Artículo 4.  Beneficiarios. e.
1.  Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las sociedades con  379ww
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de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público 
sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se 
encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 
del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial si las actividades 
para las que solicita ayuda financiera se encuadran en las actividades incluidas en el 
anexo I de esta Orden, y ha desarrollado dichas actividades al menos durante un periodo 
de  tres  años  contados  hasta  la  fecha  de  fin  de  plazo  de  solicitud.  Si  la  empresa 
solicitante fuese resultado de la escisión de otra empresa, se computará también el 
tiempo de desarrollo de dichas actividades dentro de la empresa matriz, siempre que la 
empresa solicitante continúe con el desarrollo de dichas actividades.
2.  En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de 
las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente 
concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas 
que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión 
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e 
incompatible con el mercado interior. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de 
beneficiario aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento 
general de exención por categorías) o sus posibles modificaciones.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a)  Realizar  las  actuaciones  y  adoptar  el  comportamiento  que  fundamenta  la 
concesión de la ayuda.
b)  Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c)  Colaborar  con  las  actuaciones  de  comprobación  y  control,  aportando  en 
cualquier momento que se solicite, cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.
d)  Comunicar a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (en adelante, DGIPYME) la obtención de cualquier otra financiación pública 
concurrente parcial o totalmente con los gastos subvencionables al amparo de esta 
orden.
e)  Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f)  Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones 
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
g)  Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento 
de  la  concesión  por  el  comercio  de  derechos  de  emisiones,  será  obligación  del 
beneficiario acreditar, para el año 2026, que dicha instalación emite gases de efecto 
invernadero  por  debajo  de  los  parámetros  de  referencia  (benchmark)  establecidos 
en 2021 para la asignación gratuita. e
h)  Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento  bo
de  la  concesión  por  el  comercio  de  derechos  de  emisiones,  será  obligación  del  379ww
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convocatorias y en las resoluciones de concesión de las ayudas.
Artículo 6.  Líneas de actuación y tipos de proyecto.
Serán susceptibles de ayuda los planes de innovación y de sostenibilidad, estructurados 
en uno o varios proyectos asociados a alguna de las siguientes líneas de actuación:
1.  Línea  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación:  Proyectos  de  investigación 
industrial, desarrollo experimental, y proyectos de innovación en materia de organización 
y procesos, según se definen a continuación:
a)  Investigación  industrial:  La  investigación  planificada  o  los  estudios  críticos 
encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para 
desarrollar  nuevos  productos,  procesos  o  servicios,  o  permitan  mejorar 
considerablemente  los  ya  existentes;  comprende  la  creación  de  componentes  de 
sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de 
laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así 
como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, 
para la validación de tecnología genérica.
b)  Proyectos  de  desarrollo  experimental:  La  adquisición,  combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, 
tecnológica,  empresarial  o  de  otro  tipo,  con  vistas  a  la  elaboración  de  planes  y 
estructuras  o  diseños  de  productos,  procesos  o  servicios  nuevos,  modificados  o 
mejorados.  Podrá  incluir,  por  ejemplo,  otras  actividades  de  definición  conceptual, 
planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las 
actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de 
documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.
El  desarrollo  experimental  podrá  comprender  la  creación  de  prototipos,  la 
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones 
reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras 
técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados.
El  desarrollo  de  prototipos  y  proyectos  piloto  que  puedan  destinarse  a  usos 
comerciales  también  estará  incluido  si  el  prototipo  es  necesariamente  el  producto 
comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo solamente a efectos 
de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas 
efectuadas  en  productos,  líneas  de  producción,  procesos  de  fabricación,  servicios 
existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan 
representar mejoras de los mismos.
c)  Proyectos de innovación en materia de organización: La aplicación de un nuevo 
método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o 
las relaciones exteriores.
No se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la 
empresa,  los  cambios  en  la  estrategia  de  gestión,  las  fusiones  y  adquisiciones,  el 
abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente  derivados  de  variaciones  del  precio  de  los  factores,  la  producción 
personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter 
estacional  u  otros  cambios  cíclicos  ni  el  comercio  de  productos  nuevos  o 
significativamente mejorados.
d)  Proyectos de innovación en materia de procesos. La aplicación de un método de  s
producción  o  suministro  nuevo  o  significativamente  mejorado  (incluidos  cambios  oe.
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mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de
variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los
usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos ni el 
comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por 
grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva 
con  pequeñas  y  medianas  empresas  (en  adelante  PYMES)  (definidas  según  lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
en la actividad objeto de ayuda y si las PYMES con las que colaboran corren con un 
mínimo  del  30  %  del  total  de  los  costes  subvencionables,  según  establece  dicho 
Reglamento, y sin perjuicio de lo que establezcan las posibles modificaciones del mismo. 
A todos los efectos, la responsable de la actuación frente a la Administración será 
únicamente la solicitante.
2.  Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética:
a)  Inversiones  con  carácter  innovador  destinadas  a  la  protección  del  medio 
ambiente que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:
i.  Inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de protección del 
medio ambiente derivado de sus actividades superando las normas de la Unión Europea, 
independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas 
que las de la Unión;
ii.  inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de protección del medio 
ambiente derivado de sus actividades en ausencia de normas de la Unión Europea.
Quedan  excluidas  de  esta  categoría  las  inversiones  destinadas  a  realizar  una 
adecuación de la entidad a normas de la Unión ya adoptadas, y que aún no hayan 
entrado en vigor.
b)  Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o energías 
renovables. Se considerarán aquellas inversiones destinadas a mejoras que permitan 
lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos de producción de la 
entidad o sustitución de fuentes de energía fósil por renovable.
Quedan  excluidas  de  esta  categoría  las  inversiones  destinadas  a  realizar  una 
adecuación de la entidad a normas de la Unión ya adoptadas, y que aún no hayan 
entrado en vigor.
Artículo 7.  Prioridades temáticas.
Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la 
industria manufacturera y habrán de adaptarse al menos a alguna de las siguientes 
prioridades temáticas:
1.  Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de 
valor.  Los  proyectos  presentados  en  esta  prioridad  temática  serán  proyectos  de 
sostenibilidad, eficiencia energética, investigación industrial, desarrollo experimental y/o 
innovación en materia de organización o de procesos orientados a:
a)  Diseño, evolución y/o implantación de sistemas productivos para la transición 
ecológica.
b)  Optimización de recursos, materias primas y reducción de residuos.
c)  Reutilización, reciclado y aprovechamiento materias primas secundarias.
d)  Ecodiseño, con criterios de economía circular (mayor vida útil, reparabilidad,  es
reciclabilidad). o
2.  Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y  379ww
treemduácticciaó ns edreá ne pmroisyioencteoss  cdoen staomstiennainbtileidsa. dL, oesf icpieronyceiac teonse rpgréetsicean,t aindvoess teigna ceisótna  inpdriuosrtidriaadl, 
odreiesanrtarodlloos  ae:xperimental  y/o  innovación  en  materia  de  organización  o  de  procesos  BOE-A-cable e
a)  Implementación  y  utilización  de  tecnologías  y  procesos  productivos  más 
eficientes y menos intensivos en el uso de energía y materias primas y/o con un menor 
impacto ambiental; mejoras eficiencia energética, reducción de consumo de energía, 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o de los contaminantes 
asociados a la actividad industrial.
b)  Implementación y utilización de tecnologías para la descarbonización como la 
utilización de nuevas fuentes de energía renovable o las tecnologías de almacenamiento 
de energía, incluso el hidrógeno y la pila de combustible, y captura y uso o valorización 
de CO .
2
c)  Implementación de tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero de proceso.
d)  Desarrollo de nuevos productos de baja huella de carbono en su ciclo de vida.
3.  Materiales y productos avanzados. Los proyectos presentados en esta prioridad 
temática serán proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética, investigación industrial 
y/o desarrollo experimental.
4.  Innovación en procesos de calidad y seguridad. Los proyectos presentados en 
esta  prioridad  temática  serán  proyectos  de  sostenibilidad,  eficiencia  energética  y/o 
innovación en materia de organización y/o procesos orientados a:
a)  Nuevas metodologías de ensayos y validaciones.
b)  Mejoras de calidad respecto a lo establecido en normas y estándares.
c)  Trazabilidad de proceso y producto.
5.  Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3. Los 
proyectos presentados en esta prioridad temática serán proyectos de sostenibilidad, 
eficiencia energética y/o innovación en materia de organización y/o procesos derivados 
de  proyectos  de  investigación  industrial  y  desarrollo  experimental  en  el  ámbito  de 
materiales y productos avanzados.
Artículo 8.  Conceptos de gasto financiable.
1.  Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido 
el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las 
categorías detalladas en los siguientes apartados.
2.  Para los proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación se 
podrán financiar las siguientes partidas de gastos:
a)  Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y 
demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad 
pertinente. Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal con contrato laboral, 
personal autónomo socio de la empresa y personal autónomo económicamente dependiente, 
según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
La  convocatoria  podrá  establecer  el  coste  máximo  imputable  por  categoría 
profesional.
b)  Costes de instrumental y material inventariable. Solo se admitirán los gastos de 
amortización de ese instrumental o material inventariable, calculados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados, durante el periodo estrictamente necesario 
para el desarrollo del proyecto presentado, y dentro de los límites marcados por la 
resolución de concesión. e.e
Para ser financiables, los costes de instrumental y material inventariable deberán ir  w.b
asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de  379ww
las aLnotse ricoormsteesn ted ein daicmaodratisz.ación  y  material  inventariable  no  superarán  el  60  %  del
prescu)p uCesotsot efisn andceia bilnev.estigación  contractual,  conocimientos  técnicos  y  patentes
adquiridas  u  obtenidas  por  licencia  de  fuentes  externas  en  condiciones  de  plena
competencia.  Se  imputarán  a  este  concepto  los  gastos  de  colaboración  externa 
exclusivamente  derivados  del  proyecto,  así  como  otros  gastos  ocasionados  por  la 
prestación  de  servicios  TIC,  consultoría  para  el  diseño  o  rediseño  de  productos  o 
servicios derivados del proyecto por parte de terceros, y la adquisición de patentes que 
contribuyan a la ejecución del proyecto. Queda expresamente excluida cualquier forma 
de consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada.
3.  Para los proyectos de la Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética  podrán  financiarse  los  siguientes  conceptos  y  en  los  términos  que  se 
especifican a continuación:
a)  Aparatos  y  equipos  de  producción:  Adquisición  de  activos  fijos  materiales 
vinculados  a  la  producción  y  a  los  objetivos  del  proyecto.  Quedan  excluidos  los 
elementos de transporte exterior.
b)  Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de naves 
industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al 
proceso productivo.
c)  Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o 
conocimientos técnicos no patentados.
d)  Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o 
rediseño  de  procesos  directamente  vinculados  con  las  inversiones  vinculadas  a  la 
protección del medio ambiente o al incremento del nivel de eficiencia energética. Queda 
expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la 
gestión y tramitación de la financiación solicitada.
Para  ser  financiables,  los  costes  imputados  deberán  ser  costes  de  inversión 
adicionales necesarios para ir más allá de las normas de la Unión aplicables para 
incrementar  el  nivel  de  protección  medioambiental  relacionado  con  el  proceso  de 
producción o en ausencia de normas de la Unión, o bien para lograr un nivel más 
elevado de eficiencia energética del proceso productivo.
La determinación de los costes financiables se realizará de la siguiente forma:
i.  Cuando  los  costes  de  la  inversión  en  protección  medioambiental/eficiencia 
energética puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión 
separada,  estos  costes  relacionados  con  la  protección  medioambiental/eficiencia 
energética serán subvencionables;
ii.  En  todos  los  demás  casos,  los  costes  de  la  inversión  en  protección 
medioambiental/eficiencia energética se determinarán por referencia a una inversión 
similar,  menos  respetuosa  con  el  medio  ambiente/que  implique  menor  eficiencia 
energética, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda; la diferencia 
entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la protección 
medioambiental/eficiencia energética y será el coste financiable.
Los costes de edificación e instalaciones no podrán suponer más del 20 % del coste 
financiable del proyecto.
4.  Quedan excluidos de la consideración de gastos financiables:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior), 
excepto para calefacción/energía a base de gas natural que cumplan con las condiciones  es
establecidas en el anexo III de la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) de la  o
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en  379ww
vEpilsrattnuabtd a)  esdx edLcle alRu stser iaiógntnlvaa emmrnsieeoionn nttsooee  srb e iaeolapnlótl iigvcinoiacs  otaaa lm l aMiecneicovcáenanrensicsiisoo pmn eaeo rsi and  celeain nR ed: erisapcpdulaoopnsreaticarsaisó cp niaód rdenaed  y eic rRlea tsedraisadtisuali oemesni xececinanltu.o sv ideverat emrdeeesnirdoteu,  oeasn.l    OE-A-2021-12able en https://
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables; plantas existentes, donde la inversión
tiene el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para 
almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que 
tales inversiones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de 
residuos de las plantas o en una extensión de la vida útil de la planta.
c)  Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar 
daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
5.  Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente  tanto  en  la  memoria  siguiendo  el  modelo  que  se  establezca  en  la 
correspondiente convocatoria, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán 
imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud.
Solo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, 
con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.
6.  Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:
a)  El equipamiento físico asociado al presupuesto financiable deberá ir provisto del 
correspondiente marcado CE o declaración de conformidad y número de serie.
b)  Los  costes  de  adquisición  de  activos  fijos  de  segunda  mano  no  serán 
financiables.
c)  Para los gastos de colaboraciones externas, consultoría o ingeniería, no se 
podrán fraccionar las tareas que realice un mismo proveedor.
d)  En  el  caso  de  que  puedan  existir  operaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas al beneficiario, entendiéndose estas conforme a lo dispuesto en el artículo 68 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sólo serán admisibles aquellas 
inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se 
realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  La adquisición de empresas no es financiable.
f)  En  ningún  caso  se  consideran  gastos  financiables  los  impuestos  indirectos 
cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  según  establece  el 
artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g)  Cuando el importe del gasto supere las cuantías que se establezcan en cada 
momento en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.
h)  Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i)  En ningún caso serán financiables los gastos financieros derivados del pago 
aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, locales y obra 
civil, gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios, gastos de 
promoción y difusión del proyecto. e
j)  Respecto  a  las  subcontrataciones  entendidas  en  los  términos  que  define  el  bo
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá seguirse lo establecido en  379ww
la citada Ley.
Artículo 9.  Plazo de realización de las actuaciones.
Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados 
desde la fecha de resolución de la concesión.
Artículo 10.  Efecto incentivador.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, las ayudas reguladas en esta orden solo serán aplicables si tienen efecto 
incentivador sobre la actividad de la empresa objeto de la ayuda.
Se considera que la ayuda concedida tiene efecto incentivador si, antes del inicio de 
los trabajos del proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado la solicitud de ayuda.
Se entenderá por inicio de los trabajos, como se define en el artículo 2.23 del 
Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o bien el inicio de los 
trabajos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el 
pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es 
anterior;  la  compra  de  terrenos  y  los  trabajos  preparatorios  como  la  obtención  de 
permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de 
los trabajos; en el caso de los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en que 
se adquieren los activos vinculados directamente al establecimiento adquirido.
Artículo 11.  Presupuesto mínimo y máximo de conceptos financiables.
El presupuesto financiable mínimo y máximo se establecerá en las correspondientes 
convocatorias,  y  en  todo  caso  respetará  los  límites  previstos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
Artículo 12.  Régimen de concesión y características de la ayuda.
1.  El  régimen  de  concesión  será  el  de  concurrencia  competitiva,  conforme  al 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos 
o de una combinación de préstamos y subvenciones.
3.  Las correspondientes convocatorias establecerán la forma específica de la ayuda 
y el importe máximo en euros de subvención a conceder en función de la disponibilidad 
presupuestaria, que podrá estar ligado al tamaño de la empresa, la tipología de proyecto, 
la línea de actuación o el tipo de gasto financiable, respetando, en todo caso, los 
umbrales máximos previstos en el artículo 14 de esta orden, y de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles 
modificaciones vigentes en el momento de las convocatorias.
Artículo 13.  Características de los préstamos.
1.  Cuando las ayudas tengan la forma de préstamos sus características serán las 
siguientes:
a)  Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites 
establecidos en los artículos 12 y 14 de esta orden.
b)  Plazo de amortización: Diez años, con un plazo de carencia de tres años. s
c)  Tipo  de  interés  de  aplicación:  Se  establecerá  en  las  correspondientes  oe.
convocatorias, siendo en cualquier caso igual o superior al tipo de interés Euribor a un  w.
daeñ ola dp )cu obnElivcl oacdmaoét otporoidaro  oe ,l  deBena  nsacumo c oadrsetoi zE,a ascpli ómanñe as s caeongrtureeirrsiáop ro aen lds iues nicgtoeun ieacnel tsmeió enss. iastnetmeraio: r ala sla  acpurootabsa cidóen   2021-12379n https://ww
amortización de principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una
vez finalizado el plazo de carencia. La liquidación de los intereses será anual desde la  Bc
fecha de entrega del principal, satisfaciéndose anualmente junto, en su caso, con la 
cuota de amortización correspondiente al final de cada período. Los intereses de cada 
período se calcularán sobre el capital vivo al inicio del mismo y se devengarán desde la 
fecha de entrega del principal, entendiéndose como tal, la fecha en la que el Tesoro 
Público realiza la transferencia del importe concedido al beneficiario.
2.  En el caso de que las ayudas se realicen a través de una combinación de préstamo 
y subvención, los prestamos tendrán las mismas características que en el apartado 1 de 
este artículo, pero su importe estará asimismo limitado por los límites de intensidad de 
ayuda total establecidos en los artículos 12 y 14 de esta orden, teniendo en consideración, a 
efectos del cálculo de la intensidad de ayuda, la subvención que se otorga.
3.  Aquellos beneficiarios que deseen realizar un pago a cuenta o una devolución 
anticipada  del  préstamo  deberán  iniciar  el  correspondiente  procedimiento  mediante 
presentación de solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, accediendo a través del registro electrónico.
Artículo 14.  Límites e intensidades máximas de ayuda.
1.  La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como 
máximo  del  80  por  ciento  sobre  el  presupuesto  financiable,  con  las  condiciones 
establecidas en el artículo 12 y las limitaciones establecidas en este artículo.
2.  El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo:
a)  Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas.
b)  Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas.
c)  Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para 
proyectos de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética.
d)  Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para 
proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación.
3.  El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado de acuerdo con los 
siguientes límites:
a)  El Riesgo Vivo Acumulado de la empresa con la Dirección General de Industria y 
Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME) no podrá superar en 5 veces los 
fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado.
b)  El  importe  nominal  del  préstamo  a  conceder  no  podrá  superar  la  cifra  de 
negocios media en los dos últimos ejercicios cerrados.
En el anexo II de esta orden se especifican las definiciones de fondos propios, riesgo 
vivo acumulado con la DGIPYME y cifra media de negocios.
4.  Se aplican los siguientes límites máximos a la cuantía de las ayudas concedidas:
a)  Para los proyectos predominantemente de investigación industrial, 20.000.000 
de euros por empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto 
ejecutado por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del 
artículo  187  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  este  límite  será 
de 40.000.000 de euros por empresa y proyecto.
b)  Para los proyectos predominantemente de desarrollo experimental, 15.000.000 
de euros por empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto  s
ejecutado por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del  e.
artículo  187  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  este  límite  será  w.
de 30.000.000 de euros por empresa y proyecto. 379ww
procce)s oPs,a 7ra.5 00lo.0s0 0 peruoryoesc ptoosr  emdper esian nyo pvraocyieócnt o.en  materia  de  organización  y
empdr)e saP ya rpar oloyse cptoro.yectos de protección del medio ambiente, 15.000.000 de euros por  BOE-A-cable e
e)  Para los proyectos de eficiencia energética, 10.000.000 de euros por empresa y 
proyecto.
5.  La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá 
expresarse en términos de su equivalente en subvención bruta. El tipo de interés que 
debe emplearse a efectos tanto del cálculo del coeficiente de actualización como del 
cálculo del importe de las ayudas en sí mismo, debe ser respectivamente, el tipo de 
actualización y el tipo de referencia aplicables en el momento de la concesión, tal como 
se establece en la Comunicación de la Comisión (2008/C 14/02) relativa a la revisión del 
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. La metodología de 
cálculo a seguir para la obtención del importe de la ayuda, en la que entran como 
factores los tipos de interés anteriores, será la indicada en la Comunicación de la 
Comisión (2008/C 14/02) o en la normativa que pudiera sucederle y de conformidad con 
el  anexo  I  de  las  Directrices  sobre  las  ayudas  de  Estado  de  finalidad 
regional (98/C 74/06), y utilizando los criterios de calificación financiera establecidos en 
el anexo IV de esta orden.
6.  Según  los  tipos  de  proyectos,  las  intensidades  brutas  máximas  serán  las 
siguientes:
Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención bruta 
equivalente a los beneficiarios
Tipos de proyectos
Pequeñas empresas y 
Empresas no pyme Medianas empresas
microempresas
Proyectos de  Hasta el 50 % del coste  Hasta el 60 % del coste  Hasta el 70 % del coste 
investigación  subvencionable del  subvencionable del  subvencionable del 
industrial. proyecto proyecto proyecto
Proyectos de  Hasta el 25 % del coste  Hasta el 35 % del coste  Hasta el 45 % del coste 
desarrollo  subvencionable del  subvencionable del  subvencionable del 
experimental. proyecto. proyecto. proyecto.
Proyectos de 
innovación en  Hasta el 15 % del coste  Hasta el 50 % del coste  Hasta el 50 % del coste 
materia de  subvencionable del  subvencionable del  subvencionable del 
organización y  proyecto. proyecto. proyecto.
procesos.
Proyectos de  Hasta el 40 % del coste  Hasta el 50 % del coste  Hasta el 60 % del coste 
protección del  subvencionable del  subvencionable del  subvencionable del 
medio ambiente. proyecto. proyecto. proyecto.
Proyectos de  Hasta el 30 % del coste  Hasta el 40 % del coste  Hasta el 50 % del coste 
eficiencia  subvencionable del  subvencionable del  subvencionable del 
energética. proyecto. proyecto. proyecto.
La intensidad de la ayuda para los proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental podrá aumentarse en 15 puntos porcentuales, hasta un máximo de 80 % si 
se  cumplen  algunas  de  las  condiciones  definidas  en  el  artículo  25.6.b)  del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
La intensidad de la ayuda para los proyectos de innovación en protección del medio 
ambiente y eficiencia energética podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales en el  es
caso de las inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del  o
artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y  379www.
cUeonnn i5ód nipc uiEonuntreoossp  epdaoe.rl caerntítcuualloe s1 0e7n,  eal pcaarstaod doe  3la, sle stritau acd),a ds eel nT zraotnaadso  adseis tFiduansc iqounea mcuiemntpola dne l alas   OE-A-2021-12able en https://
Artículo 15.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  La financiación pública total del proyecto, computada como suma de los recursos 
públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder 
del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable.
2.  Las ayudas reguladas en esta orden podrán acumularse con cualquier otra 
ayuda pública, siempre que se refiera a costes financiables identificables diferentes, así 
como con cualquier otra ayuda pública, correspondiente —parcial o totalmente— a los 
mismos costes financiables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de 
ayuda máxima o el importe de ayuda más elevado aplicables a dicha ayuda en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Artículo 16.  Régimen de garantías.
1.  Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en la Caja 
General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales,  encuadradas  en  las  Delegaciones  de 
Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se 
determinen  en  las  convocatorias  de  los  establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Caja 
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y por el 
importe que establece el apartado 2 de este artículo.
Se exigirá la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la 
resolución de concesión de la ayuda, estableciéndose un plazo de quince días hábiles 
para presentarla desde la notificación de su requerimiento, tanto para el préstamo como 
para la subvención propuesta, en su caso. La falta de constitución y acreditación ante el 
órgano competente de las garantías tendrá como efecto la consideración del solicitante 
como desistido de la solicitud.
2.  El importe de las garantías será de un porcentaje del préstamo propuesto y de 
un  porcentaje  de  la  subvención  propuesta,  ambos  fijados  en  las  correspondientes 
convocatorias.
3.  Las garantías serán liberadas, con carácter general, una vez que tenga lugar la 
acreditación de que se haya realizado la actividad objeto de la ayuda, según establece el 
artículo 29.4 de esta orden, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en 
su caso. Adicionalmente, las diferentes convocatorias podrán exigir a las empresas con 
una calificación financiera «Satisfactoria», calculada según la metodología establecida 
en el anexo IV de esta orden, el mantenimiento de las garantías hasta la devolución total 
del préstamo. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en 
la normativa de la Caja General de Depósitos.
4.  Las garantías se incautarán cuando se produzca el impago del reintegro que 
proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en esta 
orden de bases, y en especial de lo dispuesto en los artículos 30 y 31, en la convocatoria 
o en la propia resolución de concesión.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión
Artículo 17.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y resolver  e.
los procedimientos de concesión de los mismos, la persona titular del Ministerio de  w.
Industria,  Comercio  y  Turismo,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones  vigentes  sobre  la  379ww
mate2r. ia.El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es
lDaG DIPirYecMcEió)n. General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante,  BOE-A-cable e
3.  La DGIPYME y dentro de ella, la Subdirección General de Gestión y Ejecución 
de  Programas,  será  el  órgano  responsable  del  seguimiento  de  las  actuaciones 
financiadas.
Artículo 18.  Convocatorias e inicio del procedimiento.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden se articularán a través de las convocatorias 
que podrán responder a alguna de las siguientes modalidades:
a)  Convocatorias  anuales,  con  plazo  de  presentación  de  solicitudes  definido  y 
determinado, y con un procedimiento único de evaluación y resolución.
b)  Convocatoria  abierta,  de  carácter  anual,  con  un  calendario  que  especifique 
varios  plazos  de  presentación  de  solicitudes  a  los  que  se  corresponderán  varios 
procedimientos de evaluación y selección.
En el caso de convocatoria abierta, cuando no se haya agotado el importe máximo a 
otorgar en un periodo, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores 
resoluciones que recaigan en los siguientes periodos.
2.  El  procedimiento  para  la  concesión  de  dichas  ayudas  se  iniciará  de  oficio, 
mediante la publicación de la correspondiente convocatoria cuyo texto completo deberá 
publicarse en la Base Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el 
«Boletín Oficial del Estado».
3.  Las  convocatorias  podrán  establecer  ámbitos  sectoriales  específicos  de 
aplicación.
Artículo 19.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El resto 
de  comunicaciones  y  demás  documentación  exigible  relativa  a  los  proyectos  que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a 
través del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del citado Ministerio.
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  referido  Ministerio,  donde  podrá  consultar  los  documentos 
presentados y el estado de tramitación del expediente. La práctica de notificaciones 
electrónicas se ajustará a lo previsto en el art 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario 
de avisos por medio de correo electrónico, siendo éstos meramente informativos, sin que 
produzcan en ningún caso los efectos de una notificación. En la sede electrónica del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  los  interesados,  tras  identificarse 
electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les 
sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera 
ser requerida por el órgano actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás 
actos del procedimiento, tendrán lugar en el portal de ayudas y en la sede electrónica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y surtirá todos los efectos de la notificación  e.
practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en  w.b
relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. 379ww
notif4ic. acEionn easq ureellalocsio cnaasdoass  ecno nl odsi cqhuoe p truovcieedraim liuegnator  usen  rperaolcizeadriámni ebnatojo  dlae  mreoindtaelgidraod,  ldaes 
nLoetyif i3c9a/c2i0ó1n5 p, odre  c1o mdep aorcetucbernec.ia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la
5.  Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos y 
trámites electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán 
disponibles en el portal de ayudas o en la sede electrónica del citado Ministerio, a través 
del registro electrónico, y deberán ser obligatoriamente utilizados.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan 
transcurrido  más  de  cinco  años  desde  la  finalización  del  procedimiento  al  que 
correspondan. En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de 
Datos),  se  solicitará  el  consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  por  parte  del 
Ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos 
de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestará la 
negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente 
requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios 
de los requisitos a que se refiere el documento.
8.  En la correspondiente convocatoria se determinarán, en su caso, el portal de 
ayudas, registro electrónico y sede electrónica a que se hacen referencia en esta orden.
Artículo 20.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de ayuda, 
deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de ayudas deberá acreditar que en el momento de la 
presentación  de  la  solicitud  tiene  representación  suficiente  para  el  acto.  El 
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por 
desistido  de  la  solicitud,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  68  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 21.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación 
será el que establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no 
siendo éste superior a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación 
del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 22.  Formalización y presentación de solicitudes. o
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de  379ww
Ipnrdoucestdriiam ieyn tdoe,  yla e sPtaerqáune dñias pyo nMibeledsia pnaar aE smup cruemsap, limóregnatnaoc iócno my pperetesnetnet apcaiórna  einn sltar usire deel 
emleecdtiroósn eiclae cdtreóln iMcoinsi sdtee raioy uddea  Innedcuesstariraio, sC.omercio y Turismo, donde se dispondrán los  BOE-A-cable e
2.  La solicitud de ayudas deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de ayuda y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el portal de ayudas y la sede electrónica, que incluirá una declaración de 
otras ayudas concurrentes con la actuación presentada.
b)  Memoria descriptiva de la actuación, según la estructura y contenido establecido 
en la convocatoria, y firmada electrónicamente. Esta memoria podrá integrarse parcial o 
totalmente en el cuestionario electrónico definido en el apartado a) anterior, siempre que 
lo prevea la correspondiente convocatoria.
Para proyectos de la línea de sostenibilidad y eficiencia energética, la convocatoria 
determinará la documentación adicional que deberá acompañar a la memoria descriptiva 
de la actuación y que deberá presentarse para justificar la adicionalidad de los costes 
imputados al proyecto, que podrá incluir ofertas en firme de diferentes proveedores, 
referencias a estudios o informes de terceros, etc.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d)  Informe  de  riesgos  de  la  Central  de  información  de  Riesgos  del  Banco  de 
España (CIRBE) agregado de la deuda financiera de la entidad solicitante en el momento 
de la solicitud o con una antigüedad máxima de tres meses, contados desde la emisión 
de la CIRBE hasta la fecha de solicitud.
e)  Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, sólo en el caso en el que el solicitante no autorice que el órgano concedente 
obtenga  de  forma  directa  dicha  acreditación  a  través  de  certificados  electrónicos, 
conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f)  Cuentas anuales del ejercicio que se indique en la convocatoria, correctamente 
depositadas en el Registro Mercantil junto con el justificante de depósito, y si está 
obligado a ello, los pertinentes informes de auditoría.
g)  Acreditación de la declaración y liquidación del Impuesto de Sociedades en la 
forma que se especifique en la convocatoria.
h)  Para  proyectos  de  Investigación  industrial  y  Desarrollo  experimental,  será 
necesario aportar un informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por 
una entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
El  informe  determinará  la  naturaleza  tecnológica  de  las  actividades  del  proyecto, 
conforme a lo establecido en esta orden.
i)  Plan  Específico  de  Eficiencia  y  Transición  Energética,  con  la  estructura  y 
contenido y en los términos que se indiquen en las correspondientes convocatorias.
j)  Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine 
el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo». La evaluación 
sustantiva  se  realizará  siguiendo  las  directrices  y  modelos  establecidos  por  la 
Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), relativa a la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en la forma que se especifique 
en las correspondientes convocatorias. Adicionalmente, se podrá solicitar antes de la 
resolución de concesión la acreditación de dicho cumplimiento, mediante la presentación 
de un informe emitido por una entidad de certificación acreditada, y en los términos que 
se indiquen en las correspondientes convocatorias.
k)  Para las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de  e.
emisión  de  gases  de  efecto  invernadero,  informe  de  emisiones  del  último  período  w.b
disponible verificado por entidad acreditada. 379ww
l)  Las siguientes declaraciones responsables de:
esta1r .sº ujeNtao  ate unnear  odreduedna dse p roerc urepienrtaecgiróon  dpee nadyiuednates  troa sp ruénsata Dmeocsis cióonn  plrae vAiad mdein lias trCaocmióins,i ónni 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
2.º  Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
3.º  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.º  Que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y 
suministros y medio ambiente), y que se compromete a presentar en el momento de disponer 
de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
5.º  Que  entre  los  gastos  para  los  que  se  solicita  financiación,  no  existen 
operaciones con personas o entidades vinculadas al solicitante, o en caso contrario, 
declaración de la citada vinculación y de que la operación cumple lo dispuesto en el 
artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  En  este  caso,  sólo  serán  admisibles  aquellas 
inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se 
realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado
6.º  Que el solicitante pertenece o no a un grupo empresarial y en su caso, que 
ninguna de las entidades pertenecientes al grupo empresarial es deudora por reintegro 
de subvenciones.
7.º  En el caso de grandes empresas que realicen un proyecto de innovación en materia 
de organización o procesos, declaración de que el proyecto se realiza en colaboración de 
manera efectiva con PYME en la actividad objeto de ayuda y que las PYME con las que 
colaboran corren con un mínimo del 30 % del total de los costes subvencionables según 
establece el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y sin 
perjuicio de lo que establezcan las posibles modificaciones del mismo.
3.  Los interesados presentarán la solicitud de ayuda con firma electrónica de la 
persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de 
la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los 
documentos aportados junto a dicha solicitud, según lo dispuesto en el artículo 19 de 
esta orden.
En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia 
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes 
mancomunados.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación del requerimiento en la sede electrónica, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido  de  su  solicitud,  previa  resolución,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A esos efectos, se tendrá por 
subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, 
antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no 
así en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento, 
aunque tiendan a adverar el cumplimiento de dicho requisito.
5.  De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos [Reglamento 
(UE) 2016/649 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016], el solicitante 
deberá indicar en la solicitud, su consentimiento expreso para que el órgano concedente  e.
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y  w.b
frente a la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. 379ww
E6.n  cEals os odliec intaon cteo ndceebdeerrálo ,d deeclbaerarár,  aepno retal rc duiechstaio cnearrtiiofic daec iósno ljiucnitutod ,c ocnu alalq suoielirc ittuipdo. de
fqouned osos lipciútab liacyousd aq.u eA dheamyaá so, bdteebneidráo  aoc tsuoalilcizitaard eos tpaa drae cflianraanccióianr  slai se na cctuivaildqaudieers m poamrae nlatos 
ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
Asimismo, en el citado cuestionario de solicitud, el solicitante aportará información 
relativa al importe y condiciones de los préstamos vivos que hubiera obtenido de cualquier 
Administración y/o ente público, así como una breve descripción del objeto financiado.
7.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.
Artículo 23.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión 
en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras 
voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre 
aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
2.  La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este 
artículo. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 
y 100 puntos. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será 
necesario alcanzarlos para poder optar a la ayuda. En ningún caso se podrá conceder 
ayuda a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no 
alcance los referidos umbrales.
3.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia la 
solicitud que se haya presentado antes.
4.  Serán de aplicación los criterios del anexo III, con la ponderación que se indica 
sobre la puntuación total.
5.  En la aplicación de estos criterios se tomará en consideración:
a)  Calidad de la entidad y del equipo de trabajo: se valorará la definición de las 
tareas específicas a desarrollar por cada miembro del equipo de trabajo, así como la 
experiencia  previa  acreditada  del  personal  interno  y  las  entidades  participantes  en 
labores y tareas similares a las que se llevarán a cabo en las actividades en las que 
están involucradas el ámbito de aplicación del proyecto, con objeto de determinar que 
disponen de la capacitación necesaria para su ejecución.
b)  Calidad del plan de trabajo: se valorará la adecuada descomposición del plan de 
trabajo en paquetes y actividades, así como la coherencia con los objetivos finales y los 
hitos intermedios.
Se valorará la adecuada descripción e interrelación de cada paquete de trabajo, y de 
cada  actividad,  así  como  la  definición  de  requisitos  y  entregables  asociados  a  los 
anteriores. Asimismo, se considerará la adecuación del presupuesto a la estructura de 
proyecto anterior.
c)  Adecuada programación temporal del proyecto: se evaluará la adecuación de la 
programación temporal propuesta para cada paquete de trabajo y actividad teniendo en 
cuenta su definición, así como el presupuesto consignado en cada fase o hito y las 
coherencias de los costes imputados en cada actividad.
d)  Impacto  directo  en  la  industria  manufacturera:  priorizará  las  actuaciones 
realizadas por los beneficiarios clasificados en los apartados a) y b) del anexo I de esta  e
orden. bo
e)  Impacto directo del proyecto en la cadena de valor de proveedores y clientes: se  379ww
vccdauleiela onlvrittaaaerltsoáiv.r   aeSa l desime ot ecpdinaiacdcdhrtaooá    iqemaunl pe sac eocullte iocpn.irttoaayn, eteecn,t o cl atoe nvncagrlaeo,tr aadmcei óemnna,t enl,ae  rsaaod bdericreeu calatdasa  y e juemsfetpicfritecivasaac,is ó snop brcorueva elnaet ditcaoatrdiavesan  ayy    OE-A-2021-12able en https://
f)  Contribución del proyecto a la transformación digital: se valorará la contribución 
efectiva del proyecto a la mejora de la digitalización de los procesos. Se tendrá en 
cuenta, para la valoración, la adecuada justificación cuantitativa y cualitativa de dicho 
impacto.
g)  Coeficiente de valoración de riesgo económico – financiero: factor entre cero y 
uno que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el largo plazo 
teniendo  en  cuenta  la  situación  económico-financiera,  el  riesgo  acumulado  con  la 
DGIPYME y la proyección de la empresa y empresas relacionadas, el proyecto, y el 
mercado (incluyendo proveedores y clientes).
6.  Serán criterios excluyentes para ser objeto de ayuda, los que se indican a 
continuación:
a)  Solicitudes  cuyas  características  no  se  adecuen  a  alguno  de  los  requisitos 
siguientes:
i.  La consideración de beneficiarios según lo establecido en el artículo 4 de esta 
orden.
ii.  Las  líneas  de  actuación  y  los  tipos  de  proyectos  susceptibles  de  ayuda 
establecidos en el artículo 6 de la orden.
iii.  Las prioridades temáticas establecidas en el artículo 7 de la orden.
iv.  Cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo».
b)  Que las posibles ayudas no tengan efecto incentivador, tal y como se especifica 
en el artículo 10 de la presente Orden, que deberá ser justificado en la forma que 
establezcan las correspondientes convocatorias.
Artículo 24.  Comisión de Evaluación.
1.  Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución 
se encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La Comisión de Evaluación se integrará administrativamente en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y estará presidida por la persona titular de la Dirección 
General  de  Industria  y  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  órgano  instructor  del 
procedimiento.
3.  Serán  Vocales,  la  persona  titular  de  la  Subdirección  General  de  Políticas 
Sectoriales  Industriales,  la  de  la  Subdirección  General  de  Gestión  y  Ejecución  de 
Programas, la de la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales y la de la 
Subdirección de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos, así como una 
persona  representante  con  nivel  al  menos  de  vocal  asesor,  por  cada  uno  de  los 
siguientes órganos: Gabinete de la Subsecretaría del Departamento y Gabinete de la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Actuará como 
Secretario  un  funcionario  de  la  Dirección  General  de  Industria  y  de  la  Pequeña  y 
Mediana Empresa, que no tendrá la consideración de miembro de la descrita comisión, y 
que, por tanto, tendrá voz pero no voto, conforme a lo establecido en el artículo 19.4 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El nombramiento de los miembros del Comité de Evaluación se realizará de acuerdo 
con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por razones  e.e
fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible. b
4.  El régimen jurídico de la citada Comisión será el establecido en la sección  379ww
terce5r. a, Ldae l Ccaopmítiuslioó nII , pdoedl rtáít ucloo nptraerli mciunaanr ddoe  laas Lí elyo  4e0s/2ti0m1e5 , odpeo 1rt udneo o cctounb rela,  necesaria
qausies tteenncdiará nté vconzic,a p epraor an oe mvoittior .el informe e invitar a representantes de otros Organismos,
Artículo 25.  Instrucción del procedimiento y resolución.
1.  El  órgano  competente  para  la  instrucción  realizará,  de  oficio,  cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y 
del  informe  del  órgano  colegiado,  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional, 
debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días 
hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un 
plazo de diez días hábiles, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios 
actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las 
siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a)  Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el 
caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el 
órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos 
previstos en el artículo 21.2.e) de esta orden.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
interior.
c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
d)  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en  los  artículos  26  y  27  del  Reglamento  de  la  citada  Ley,  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración 
responsable del solicitante.
3.  Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a 
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta y acrediten 
el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de 
que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano 
obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos 
en el artículo 22.2.e) de esta orden.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se 
entenderá que el solicitante renuncia a la ayuda.
Además de la aceptación, para poder ser beneficiario, será necesario presentar, en 
un plazo máximo de quince días hábiles desde la Propuesta de Resolución Provisional, 
el justificante de aportación de garantías a las que se refiere el artículo 16 de esta orden, 
así como, en caso de ser requerido, un Informe emitido por una entidad de certificación  s
acreditada en el que se acredite que el proyecto cumple con el principio de «no causar  oe.
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solicita ayuda.
5.  En cualquier momento del procedimiento, si el Órgano Instructor detectara que 
ha  variado  el  cumplimiento  las  condiciones  necesarias  para  ser  beneficiario,  podrá 
requerir a los solicitantes la acreditación de las mismas para que en el plazo máximo de 
diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del requerimiento en la sede 
electrónica, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información 
requerida, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.4. En caso de no 
responder al requerimiento, no aportar la información requerida o hacerlo fuera de plazo, 
se le tendrá por desistido de su solicitud.
6.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver, éste dictará la correspondiente resolución en el plazo máximo de quince días 
hábiles, que será motivada y pone fin a la vía administrativa, según lo establecido en el 
artículo  63  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La  resolución  de  concesión,  además  de  contener  los  solicitantes  a  los  que  se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, a efectos de lo 
previsto  en  el  artículo  63.3  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
7.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas y en la sede 
electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo.  Adicionalmente,  cada 
beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los 
datos consignados en el formulario de solicitud.
8.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación es de seis 
meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto 
de la respectiva convocatoria. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese publicado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada la solicitud.
9.  La  ayuda  concedida  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
10.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
publicado la resolución de concesión.
11.  A la vista del informe que se indica en el artículo 22.2.h) de esta orden y del 
resultado de la propia evaluación, la resolución de concesión informará de manera 
expresa sobre la naturaleza fiscal de las actividades del proyecto como Investigación y 
Desarrollo o innovación tecnológica para su posible utilización por el beneficiario ante la 
Administración Tributaria.
Artículo 26.  Pago.
1.  El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por parte del 
órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en esta orden, 
así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre  e.
ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la  w.b
Seguridad Social, realizar sus correspondientes obligaciones de presentación de cuentas  379ww
raenstoel uecl iRóne gdiset rpor oMceerdceannctiila y d lea  rlieqiunitdeagcroió yn  edsetla Irm apl uceosrrtoie ndtee  Sdoec rieedeamdbeosl,s on od ese cru daeleusdqour ieproar 
oGteronse rparleéss tadmel oEss toa daon, tiacsipí ocso mcoon ncoe deidstoasr  saunjteetroio arm uennat eo rcdoenn  dcaer greoc uap eloras cPiórne spuepnudeiesntotes 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado interior.
2.  En  el  caso  de  que  no  conste  la  situación  del  beneficiario  respecto  a  las 
obligaciones reseñadas en el apartado anterior, se le requerirá para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del requerimiento en 
la sede electrónica, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o 
información requerida, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.4 de esta 
orden. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida 
del derecho al cobro de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el título I, capítulo V de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 89 de su Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  La ayuda regulada en esta orden se realizará en un solo pago anticipado, salvo 
que la convocatoria especifique otra cosa.
Artículo 27.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se 
recojan  en  la  resolución  de  concesión.  No  obstante,  cuando  surjan  circunstancias 
concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas 
recogidas en la resolución de concesión de la ayuda el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no 
afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la 
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros, ni afecte al cumplimiento 
del principio de «no causar un perjuicio significativo». Asimismo, el órgano concedente 
podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones financiadas con 
carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo dos meses antes de que finalice el 
plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto y deberá ser aceptado de forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. 
El plazo para la resolución será de seis meses desde la presentación de la solicitud. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
2.  Se  podrá  alegar  como  circunstancias  que  justifican  la  necesidad  de  una 
modificación de resolución las siguientes:
a)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en 
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
b)  Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos 
que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo 
con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la concesión de la 
ayuda.
c)  Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en 
los términos inicialmente definidos.
3.  En el caso de modificaciones significativas, o en el caso de que el centro gestor 
lo  considere  necesario,  podrá  solicitarse,  antes  de  la  concesión  de  la  modificación 
solicitada, un informe emitido por una entidad de certificación acreditada, que certifique  s
que  la  modificación  propuesta  cumple  con  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  oe.
sign4aif.)i c aNPtivoróo pr»ro.odgraásn  daeult oprliazzaors dee m juosdtiiffiiccaacciioónne dse q uloes  cpornolyleevcetons: que no respeten los límites  2021-12379n https://www.
easptraobblaedcoid opso r eRne ael l Daerctírceutolo  87807 /2d0e0l 6R, deeg la2m1 ednet oju lidoe. la Ley General de Subvenciones,
b)  La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o 
que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables 
las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre 
y cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto y reintegro del 
préstamo equivalente.
c)  Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual 
o superior al establecido en el artículo 31.3 para entender el incumplimiento total de los 
fines para los que se concedió la financiación.
d)  Dar autorización de nuevas condiciones a expedientes cuyos préstamos no 
estén al corriente de los pagos con el Ministerio o no cumplan sus obligaciones de 
presentación de cuentas en el Registro Mercantil.
e)  Cambios en los proyectos que supongan el incumplimiento del principio de «no 
causar un perjuicio significativo».
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad equivalente dentro de las siguientes categorías no requerirá la solicitud de 
modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que 
se especifican:
a)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad técnica y legal de acometerlas.
b)  En el caso de los gastos de personal, podrán sustituirse personas por otras con 
igual categoría profesional y funciones dentro de la empresa.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el portal de ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
7.  Si como consecuencia de la modificación de la resolución de concesión resultara 
un exceso de capital percibido en la concesión inicial, se procederá de manera inmediata 
a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora 
desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe 
del citado exceso.
Artículo 28.  Recursos.
Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de 
un  mes  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  o  ser  impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la fecha de publicación, conforme lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
La interposición de recursos de reposición deberá realizarse a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Artículo 29.  Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
1.  El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades 
financiadas en el marco de esta orden en los tres meses siguientes a la finalización de la 
actuación,  según  la  resolución  de  concesión  y  las  sucesivas  de  modificación  que  e
pudieran existir. bo
Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación  379ww
jiumsptirfoicrarotigvaab alen tdee e ql óuringcaen od ícaosm hpáebtielenste s, eéas tper eresqeunetaridráa ,a cl obne naepfeicricaibriiom pieanrato q duee  qeune e lla p flaalztao 
edset apbrleesceidnatas ceiónn l ad Laeryá  3l8u/g2a0r0 3a,  dlae  1e7xi gdeen ncoiav iedmelb rree.integro y demás responsabilidades
2.  La  justificación  se  realizará  según  la  modalidad  de  cuenta  justificativa,  con 
aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio. Asimismo, se deberán seguir las instrucciones y formularios indicados en 
la  Guía  de  Justificación  que  se  encontrará  disponible  en  el  portal  de  ayudas  del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En esta Guía de Justificación se definirán unos criterios relativos a la presentación 
adicional por muestreo de algunos documentos justificativos de inversión y pago.
Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión  se  deberá  presentar  por  vía  registro  electrónico  accesible  desde  la  sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con firma electrónica, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se 
regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de 
las subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de  los  justificantes  de  gasto  y  pago,  informes  de  auditoría,  etc.,  por  si  les  fueran 
requeridos posteriormente o en el momento de presentar la cuenta justificativa según lo 
establecido en el apartado 2 de este artículo por el órgano gestor y responsable del 
seguimiento  o,  al  realizar  las  actividades  de  control  legalmente  previstas,  por  la 
Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
3.  La DGIPYME, por sí misma o a través de las áreas funcionales de industria y 
energía integradas en las Delegaciones del Gobierno o de cualquier otro órgano o 
entidad que designe, verificará el cumplimiento del proyecto objeto de la ayuda y que 
ésta se ha aplicado a la concreta finalidad para la que fue concedida.
4.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de los 
fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación determinará, en su 
caso,  el  acuerdo  de  la  procedencia  de  reintegro  a  los  efectos  establecidos  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Una vez emitida la certificación acreditativa definida en el apartado anterior, y en 
su caso, realizado el reintegro de la cantidad no justificada, se permitirá la subrogación 
de una entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del 
beneficiario.
6.  El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, así como 
al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al 
control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
Artículo 30.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación  de  devolver  los  importes  percibidos  más  los  intereses  de  demora 
correspondientes, e intereses financieros si proceden, en el momento de detectarse el  e.
incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la Ley 38/2003,  w.b
de  17  de  noviembre,  y  en  el  título  III  de  su  Reglamento  aprobado  por  Real  379ww
DecErent oc 8o8n7c/r2e0to0 6s,e d ec o2n1s didee jrualrioá. incumplimiento de los requisitos establecidos en esta
iomrdpeang,o  y dgeel nebreanreáf iceila crioor reesnp ocnadsioe ntdee  reqiunete gersot ays  eel sdteérne cehfoe cati vinacsa, uctaura lgqauriearnatí adse a nlotes 
siguientes casos:
a)  La no satisfacción de dos cuotas consecutivas de amortización del principal o de 
los intereses debidos en dos periodos consecutivos supondrá el vencimiento anticipado 
del préstamo.
b)  La  resistencia,  excusa,  obstrucción  o  negativa  a  las  actuaciones  de 
comprobación que pueda realizar el centro gestor desde el momento del pago de la 
ayuda  hasta  que  se  produzca  el  cierre  administrativo  del  expediente,  así  como  el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  contables,  registrales  o  de  conservación  de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las 
actividades financiadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
c)  Las descapitalizaciones o las disminuciones de aportaciones de socios de la 
empresa  beneficiaria,  durante  los  ejercicios  correspondientes  al  año  del  pago  del 
préstamo y los dos siguientes, que hagan que el préstamo concedido incumpla los 
límites establecidos en el artículo 14 de esta orden, exigiéndose el reintegro del exceso 
de préstamo concedido para cumplir con los citados límites de financiación.
d)  La obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
e)  El  incumplimiento  total  del  objetivo,  de  la  actividad  o  del  proyecto  que 
fundamentan la concesión de la ayuda.
f)  El incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el artículo 29 de esta orden.
g)  El  incumplimiento,  para  aquellos  proyectos  desarrollados  en  instalaciones 
reguladas en el momento de la concesión por el comercio de derechos de emisiones, del 
objetivo de acreditar, para el año 2026, que dicha instalación emite gases de efecto 
invernadero  por  debajo  de  los  parámetros  de  referencia  (benchmark)  establecidos 
en 2021 para la asignación gratuita.
2.  Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el título IV de su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia 
de subvenciones y ayudas públicas.
Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo 
con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad 
sancionadora  por  incumplimiento  se  ejercerá  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 66 de la misma Ley.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento sancionador y su notificación 
será de seis meses contados de la fecha en que se firme el acuerdo de iniciación del 
procedimiento sancionador.
3.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles.
Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo 
ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro,  e.
las  obligaciones  incumplidas,  la  causa  del  procedimiento  entre  las  previstas  en  el  w.b
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el importe a reintegrar junto a los  379ww
inter4e.s eDs ed e cdoenmfoorrmai.dad  con  el  artículo  90  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
dSeuvbovleunccióionn evso, luanptraorbiaa daoq puoerll aR eqaul eD  eecsr etroe a8li8z7a/d2a0 0p6o, rd ee l2 1b ednee fjiucliiaor,i os es ienn tieeln dper epvoior 
requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se produzca por
alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, los intereses de demora y financieros se calcularán hasta el momento en que 
se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a 
utilizar por la Administración General del Estado.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 31.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización  de  los  gastos  financiables,  de  la  obligación  de  justificación  o,  en  las 
instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio de derechos de 
emisiones, del objetivo de acreditar, para el año 2026, que dicha instalación emite gases 
de  efecto  invernadero  por  debajo  de  los  parámetros  de  referencia  (benchmark) 
establecidos  en  2021  para  la  asignación  gratuita,  dará  lugar  al  reintegro  del  pago 
anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en 
que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización del proyecto financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
3.  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento  total  para  cada  uno  de  los  proyectos  que  componen  el  plan,  el 
equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización del presupuesto 
financiable del proyecto, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión o para la determinación de 
condiciones específicas de la resolución de concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
d)  En las instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio 
de derechos de emisiones, el incumplimiento del objetivo de acreditar, para el año 2026, 
que dicha instalación emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de 
referencia (benchmark) establecidos en 2021 para la asignación gratuita.
5.  Adicionalmente, en el caso de proyectos de innovación realizados por grandes 
empresas, se considerará que existe incumplimiento total si, tomando como base el  e.e
importe  de  los  gastos  validados  como  financiables,  el  porcentaje  del  coste  de  b
colaboración con empresas consideradas como PYMES es inferior al 30 %. 379ww
Artículo 32.  Refinanciación de los préstamos concedidos.
1.  Los beneficiarios de concesiones de préstamos otorgados con base en esta
norma, podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización, cuando concurran
causas  económicas  sobrevenidas  que  no  pudieron  preverse  en  el  momento  de  la 
solicitud,  y  que  no  fuesen  previsibles  con  anterioridad,  aplicando  toda  la  diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional.
La solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la 
resolución de concesión. El plazo para la resolución será de seis meses desde la 
presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada la solicitud.
2.  La  solicitud  deberá  presentarse  al  menos  dos  meses  antes  del  primer 
vencimiento del préstamo que se quiere modificar, y deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de 
atender al calendario de pagos vigente. Esta justificación deberá incluir una explicación 
cualitativa y cuantitativa de las causas que han generado la situación a que se refiere el 
apartado 1, una valoración económica y financiera, las cuentas anuales del ejercicio 
anterior  a  la  solicitud,  así  como  un  balance  y  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias 
provisionales justo antes de que se produjese la situación que motivan la solicitud, y un 
plan de actuación para paliar esos efectos.
b)  En  el  caso  de  que  el  plazo  de  realización  de  las  inversiones  no  hubiera 
finalizado,  deberá  incluirse  una  memoria  técnica  y  económica  justificativa  de  las 
inversiones realizadas con cargo al préstamo hasta ese momento y desglosado por 
partidas. Se incluirá una tabla con los datos de las inversiones y gastos ejecutados 
(facturas  y  pagos),  así  como  de  los  compromisos  de  gasto  realizados,  todo  ello 
debidamente acreditado.
c)  Una  declaración  responsable  de  que  la  empresa  está  al  corriente  de  sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por reintegros 
de  ayudas  o  préstamos  con  la  Administración,  y  de  que  ha  cumplido  con  sus 
obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
d)  El detalle de la modificación del cuadro solicitada.
3.  No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes casos:
a)  Que  no  exista  una  afectación  suficientemente  acreditada  que  justifique  esa 
modificación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o deudas por reembolso 
de préstamos con la Administración.
d)  Que  la  empresa  no  tenga  cumplidas  sus  obligaciones  de  presentación  de 
cuentas ante el Registro Mercantil.
e)  Que  el  vencimiento  de  deuda  sea  consecuencia  de  un  reintegro  por 
incumplimiento o renuncia.
f)  Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de justificación 
de  inversiones,  no  exista  un  grado  de  avance  suficiente  y  que  no  garantice  el 
cumplimiento de los objetivos comprometidos en la resolución de concesión.
4.  Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:
a)  Aumento del plazo máximo de amortización. e.e
b)  Aumento  del  plazo  máximo  de  carencia,  si  aún  no  se  hubiera  producido  b
vencimiento de alguna cuota de principal. 379ww
artíccu)l o.Otras modificaciones que cumplan con lo establecido en el apartado 5 de este
5.  Las modificaciones que se concedan se realizarán de forma que se respeten los
mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que en el
momento de la concesión. La ayuda equivalente se calculará en el momento de la 
concesión de la modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán realizarse 
modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los préstamos.
6.  Una vez estudiada la solicitud, se notificará una propuesta de modificación del 
calendario de reembolso para que, en el plazo de diez días hábiles, el solicitante acepte 
la propuesta o presente las alegaciones que estime oportunas. En el caso de que se 
presenten alegaciones, se notificará una segunda y definitiva propuesta de modificación 
de calendario de reembolsos, la cual solo podrá ser aceptada o rechazada por el 
beneficiario, sin perjuicio de que el beneficiario pueda presentar una nueva solicitud de 
refinanciación.
7.  La presentación de una solicitud de refinanciación no supone la suspensión de 
los vencimientos de los préstamos. Si se produjera el vencimiento de alguna cuota antes 
de dictarse la resolución de modificación del calendario de reembolsos, ésta seguirá el 
procedimiento recaudatorio habitual establecido.
Artículo 33.  Publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas a partir 
de  las  convocatorias  que  se  deriven  de  esta  orden  deberán  incluir  que  han  sido 
financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una 
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma Ley.
Disposición adicional primera.  No incremento del gasto público en el funcionamiento de 
la Comisión de Evaluación.
El funcionamiento de  la  Comisión de  Evaluación  será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa.
Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto de personal.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, 
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las 
bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera.
Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para el fomento y la 
coordinación general de la investigación científica y técnica. es
Disposición final segunda.  Normativa aplicable. 379www.
aplic1a. cióEnn  tlood oe slota nbole cpirdeov iseton  enla  esLteay o r3d8e/n2 0o0 e3n,  ldaes  re1s7p edceti vanso vcioenmvborcea,t oGriaesn esrearlá  ddee 
SSuubbvveenncciioonneess , ya epnro ebla dRoe gplaomr eRnetaol  dDee lcar eLteoy  83887//22000036,,  ddee  1271 d ed en ojuvliieom, absreí , cGomenoe reanl  dlae   BOE-A-cable e
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  sexta  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los préstamos financieros 
que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica, y, en su 
defecto, por las prescripciones de la citada Ley que resulten adecuadas a la naturaleza 
de estas operaciones.
3.  Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, 
o las posibles modificaciones que lo sustituyan.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 16 de julio de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Actividades incluidas en el ámbito de esta Orden
a)  Actividades  de  producción  a  escala  industrial  encuadradas  en  la 
sección C-Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
b)  Actividades de valorización a escala industrial encuadradas en la sección 38.3x 
de  la  CNAE  2009,  siempre  que  dispongan  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la 
correspondiente autorización de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique 
como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión de 
la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11 y R12 (con exclusión del desmontaje, la 
clasificación,  el  secado,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la  combinación  o  la 
mezcla), según definiciones establecidas en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.
c)  Actividades complementarias a la producción industrial. Se entenderá que se 
trata de actividades complementarias a la producción industrial, si se llevan a cabo 
mayoritariamente como servicios de apoyo a empresas manufactureras (incluidas en las 
CNAE 10 a 32) en sus procesos de producción industrial. Se entenderá como tal las 
siguientes:
i.  Actividades de envasado y empaquetado a escala industrial encuadradas en la 
CNAE 82.92, con excepción de las actividades de embalaje de paquetes y la envoltura 
de regalos;
ii.  Actividades de depósito y almacenamiento a escala industrial incluidas en la 
CNAE  52.10,  a  excepción  de  los  servicios  de  digitalización  y  almacenamiento  de 
archivos y documentos; e.
iii.  Actividades  de  reparación  a  escala  industrial  de  maquinaria  y  equipo  w.b
encuadradas en la división 33 de la sección C de la CNAE, siempre y sólo cuando se  379ww
ipnrcolpuoidracsio neenn la sd icChNoAs Es 1e0rv aic i3o2s) , dair aelcgtuanmae ndtee  laas  alac tiivnidduasdterisa  emncaunaudfaracdtuarse rean  (laa cCtiNviAdaEd 3e5s 
(trsautmaminiiesntrtoo  ddee  eangeuragsía  pealérac truicsao,  ignadsu,s vtraiaplo or  yd ea irdee asacolinnidziaccioiónna ddoe) , aog au ala dse a cmtiavrid oa daegsu daes 
subterráneas para obtener agua como producto principal, encuadradas en la CNAE 36; a
excepción de las actividades de reparación y el mantenimiento de armas de fuego y 
munición (incluida la reparación de armas para actividades deportivas y recreativas), 
reparación y el mantenimiento de carros de supermercado, reparación de extintores, 
reparación  y  mantenimiento  de  tractores  agrícolas,  reparación  y  mantenimiento  de 
maquinaria  agropecuaria  y  forestal,  máquinas  expendedoras  automáticas,  cajas 
registradoras, fotocopiadoras, reparación de calculadoras, electrónicas o no, reparación 
de  máquinas  de  escribir,  reparación  de  equipos  de  radiación,  electromédicos  y 
electroterapéuticos, de equipos e instrumentos ópticos, reparación y mantenimiento de 
equipos  de  alumbrado  eléctrico  y  reparación  y  mantenimiento  de  dispositivos  de 
cableado portador o no de corriente para circuitos eléctricos. También quedan excluidas 
las actividades encuadradas en las CNAE 33.19 y 33.20.
En ningún caso se considerarán como actividades complementarias a la producción 
industrial las actividades de intermediación o las que tengan como destino el consumidor 
final.
d)  Actividades de servicios a la industria:
i.  Diseño industrial: Actividades de ingeniería y diseño de maquinaria, materiales, 
procesos industriales y plantas industriales, encuadradas en las CNAE 71.12
ii.  Ensayos y análisis técnicos encuadrados en la CNAE 71.20, con excepción de (i) 
la explotación de laboratorios policiales, (ii) el análisis arqueobotánico, (iii) la inspección 
de tuberías petrolíferas, (iv) la certificación de productos, incluidos bienes de consumo, 
vehículos motorizados, aeronaves, contenedores presurizados, plantas nucleares, (v) la 
inspección  técnica  de  vehículos,  (vi)  las  pruebas  de  composición  y  pureza  de  los 
minerales  o  (vii)  las  pruebas  y  medición  de  los  indicadores  medioambientales: 
contaminación del aire y del agua.
ANEXO II
Definiciones a efectos de aplicación de esta orden
A los efectos de los límites de la financiación establecidos en el artículo 14, de los 
criterios de valoración establecidos en anexo III, así como para la calificación financiera 
establecida en el anexo IV, se aplicarán los siguientes conceptos:
1)  Riesgo  vivo  acumulado  con  la  DGIPYME.  Se  define  como  el  total  de  los 
préstamos concedidos por la DGIPYME al solicitante más el total de los préstamos 
solicitados en las convocatorias de la DGIPYME pendientes de resolver, menos las 
devoluciones de principal realizadas, menos la parte de préstamo cubierta por garantías 
considerados al finalizar el periodo de solicitud.
2)  Riesgo vivo previo con la DGIPYME. Riesgo vivo acumulado sin considerar los 
préstamos solicitados por la empresa en las convocatorias de la DGIPYME pendientes 
de resolver.
3)  Cifra media de negocios: Se define como el valor medio de la cifra de negocios 
de la entidad solicitante en los dos últimos ejercicios cerrados.
4)  Fondos propios: Compuestos por capital, prima de emisión, reservas, acciones y 
participaciones  en  patrimonio  propias,  resultados  de  ejercicios  anteriores,  otras 
aportaciones de socios, resultado del ejercicio, dividendo a cuenta y otros instrumentos 
de patrimonio neto. En la definición anterior y a los efectos de esta orden, no se tendrán 
en cuenta elementos no dinerarios cuando no exista su correspondiente tasación. e.
5)  Resultado económico bruto: Suma del importe neto de la cifra de negocios,  w.b
variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, trabajos  379ww
erexaplliozatadcoiósn ,p ogr aslato se mdpere sap erpsaornaa l,s u otaroctsiv og, aasptorso visdieo naemxipelnottoasc,ió no,t roism pinugtarecisóons   ddee 
subv6e) ncRioenseusl tdaed oin emcoovniólimzaicdoo  nneot ofi:n Ranecsiuelrtoa dyo o dtrea se,x yp loottraocsió rne.sultados.
7)  Deuda neta total: Suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente menos 
las provisiones, menos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes y menos las 
inversiones financieras a corto plazo.
8)  Deudores comerciales: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del activo 
corriente.
9)  Acreedores comerciales: Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del 
pasivo corriente.
10)  Deudas a medio y largo plazo: Pasivo no corriente menos provisiones a largo 
plazo, menos pasivos por impuesto diferido, menos periodificaciones a largo plazo.
ANEXO III
Criterios de evaluación de las solicitudes
Puntuación  Umbral de 
Criterio
máxima puntuación
A)  Adecuación a las prioridades temáticas, a los 
tipos de proyectos susceptibles de ayuda y los 
beneficiarios establecidos en la orden; y             Criterio excluyente
cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio 
significativo».
B)  Efecto incentivador de la ayuda.            Criterio excluyente
C)  Viabilidad económica y financiera [La puntuación 
se obtiene multiplicando la suma de c.1) a c.11) por el              30             15
coeficiente c.12)].
c.1)  Activo corriente/Pasivo corriente. 1,5  
c.2)  Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios. 3  
c.3)  Activo/Pasivo. 3  
c.4)  Cifra neta de negocios/Total activo. 3  
c.5)  Resultado económico neto/Total activo. 3  
c.6)  Resultado económico bruto/Total deuda neta. 3  
c.7)  Activo corriente/Total activo. 1,5  
c.8)  Fondos propios/Total patrimonio neto y pasivo. 3  
c.9)  Deudas a medio y largo plazo/Total patrimonio neto 
3  
y pasivo.
c.10)  Inmovilizado material/Activo no corriente. 3  
c.11)  Resultado económico neto/Gastos financieros. 3  
c.12)  Coeficiente de valoración del riesgo económico-
1  
financiero.
D)  Viabilidad técnica de la propuesta.             40             20
d.1)  Calidad de la entidad y del equipo de trabajo. 10  
d.2)  Calidad del plan de trabajo. 20   e.e
d.3)  Adecuada programación temporal del proyecto. 10   w.
Ete)c nIomlópgaicctao. socioeconómico y proyección              30      Sin umbral
e.1)  Impacto directo en la industria manufacturera. 10 
Puntuación  Umbral de 
Criterio
máxima puntuación
e.2)  Impacto directo del proyecto en la cadena de valor 
10  
de proveedores y clientes.
e.3)  Contribución del proyecto a la transformación 
10  
digital.
Cálculo del subcriterio «Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero». 
El subcriterio c.12) Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero, es un 
factor entre 0 y 1 que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el 
largo plazo.
Se calculará mediante la multiplicación sucesiva de los valores obtenidos en los 
siguientes parámetros, redondeando el cálculo a dos decimales:
Valor del 
ID Descripción
factor
Riesgo por cuota vencida con antigüedad superior a 39 meses, o cuyo titular 
R1 esté declarado en quiebra, concurso de acreedores o presente un deterioro  0
notorio e irrecuperable de su solvencia según informe CIRBE presentado.
Riesgo por cuota vencida con antigüedad superior a tres meses según 
R2 0,8-1
informe CIRBE.
Riesgo por crecimiento no ordenado del activo y sus inmovilizados frente a 
R3 0,8-1
los pasivos históricos.
Riesgo por excesiva exposición del préstamo a la incertidumbre de evolución 
R4 0,8-1
de la facturación.
R5 Riesgo por excesiva exposición de la DGIPYME como acreedor principal. 0,8-1
R6 Riesgo por retraso en pagos anteriores en deudas con DGIPYME. 0-1
Riesgo por inconsistencia entre Impuesto sobre Sociedades y cuentas 
R7 0,8-1
presentadas en registro mercantil.
R8 Riesgo por evolución de cuentas en el último ejercicio no justificada. 0,8-1
ANEXO IV
Metodología para la calificación financiera de la empresa.
Para la calificación financiera de la empresa se aplicarán los siguientes criterios, que 
generarán una puntuación total distribuida en el rango entre 0 y 30 puntos:
Puntuación 
Criterio
máxima
c.1)  Activo corriente/Pasivo corriente. 1,5
c.2)  Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios. 3
c.3)  Activo/Pasivo. 3 es
c.4)  Cifra neta de negocios/Total activo. 3 w.b
cc..56))   RReessuullttaaddoo  eeccoonnóómmiiccoo  nberutoto/T/Tootatal la dcetiuvdoa. neta. 33 2021-12379n https://ww
c.7)  Activo corriente/Total activo. 1,5
c.8)  Fondos propios/Total patrimonio neto y pasivo. 3
Puntuación 
Criterio
máxima
c.9)  Deudas a medio y largo plazo/Total patrimonio neto y pasivo. 3
c.10)  Inmovilizado material/Activo no corriente. 3
c.11)  Resultado económico neto/Gastos financieros. 3
    Total. 30
La calificación financiera del beneficiario en función de la anterior puntuación, a 
efectos de cálculo de la Subvención Bruta Equivalente, será:
Calificación 
Puntuación
financiera
Menor o igual a 19. Satisfactoria.
Mayor que 19 y menor o igual que 24. Buena.
Mayor que 24. Excelente.