BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246 Jueves 14 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 125168
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16650 Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, para la formación sanitaria especializada en Ciencias de la 
Salud en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid, 
Salamanca  y  Palencia;  de  Burgos,  Ávila,  Segovia  y  Soria  y  de  León 
(Ponferrada) y Zamora.
Con fecha 1 de octubre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para la formación sanitaria 
especializada en Ciencias de la Salud en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Valladolid, Salamanca y Palencia; de Burgos, Ávila, Segovia y Soria y de 
León (Ponferrada) y Zamora.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León para la formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid, Salamanca y 
Palencia; de Burgos, Ávila, Segovia y Soria y de León (Ponferrada) y Zamora
REUNIDOS
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, de acuerdo con el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
La Presidenta de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, doña Verónica 
Casado Vicente, nombrada por Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las Consejerías de la Junta 
de Castilla y León y de conformidad con el artículo 6 del Decreto 42/2016, de 10 de 
noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia 
Regional  de  Salud  y  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  establecidas  en  el 
artículo 31.d) de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que 
a cada uno le están conferidas, reconociéndose entre sí la capacidad legal necesaria 
para suscribir el presente Convenio y a tal efecto e.
MANIFIESTAN 650ww
Primero.
Que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia,
de acuerdo con el artículo 149.1.5 de la Constitución Española.
Segundo.
Que  el  Ministerio  de  Justicia  tiene  asumidas,  en  el  territorio  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, las competencias en materia de personal al servicio de la 
Administración  de  Justicia  correspondiéndole  la  organización  y  supervisión  de  los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) de Valladolid, 
Salamanca y Palencia; de Burgos, Ávila, Segovia y Soria y de León (Ponferrada) y 
Zamora de sus medios técnicos.
Tercero.
Que  los  IMLCF  son  órganos  técnicos,  cuya  misión  principal  es  auxiliar  a  la 
Administración  de  Justicia  en  el  ámbito  de  su  disciplina  científica  y  técnica  de 
conformidad con dispuesto en el artículo 479.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del  Poder  Judicial  y  en  el  artículo  1  de  su  Reglamento,  aprobado  por  Real 
Decreto 386/1996, de 1 de marzo, que en su artículo 13, determina además, que el 
Ministerio de Justicia podrá establecer conciertos con entidades sanitarias públicas y 
privadas, así como con otras instituciones, dirigidas a la utilización de locales, servicios y 
medios tecnológicos de interés médico legal para el normal funcionamiento de dichos 
Institutos.
Cuarto.
Que la Orden JUS/2968/2002, de 18 de noviembre, la Orden JUS/3344/2002, de 20 
de diciembre, y la Orden JUS/3346/2002, de 20 de diciembre crean el Instituto de 
Medicina Legal de Valladolid, Salamanca y Palencia y el Instituto de Medicina Legal de 
Burgos, Ávila, Segovia y Soria y el Instituto de Medicina Legal de León (Ponferrada) y 
Zamora respectivamente, atribuyéndoles, entre otras, las siguientes funciones:
a)  La práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y 
de laboratorio.
b)  La realización de actividades de docencia e investigación relacionadas con la 
medicina forense.
Quinto.
Que la modificación del artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por la 
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, conlleva la exigencia, como requisito necesario para 
el  acceso  al  Cuerpo  de  Médicos  Forenses,  del  título  de  especialista  en  Medicina 
Forense. El acceso a este título de especialista debe articularse a través del sistema de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Sexto.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al 
título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, 
establece que el acceso al título comprenderá una formación tanto teórica como práctica 
e  implicará  una  participación  personal  y  progresiva  del  residente  en  la  actividad  y 
responsabilidades propias de la especialidad y se adaptará a los criterios recogidos en el 
artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones  s
sanitarias. oe.
Séptimo. 650ww
Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4  apartado  3  del  Real
Desepcerectiaol i7s0ta4 /e2n0 2M0e, ddieci n2a8  Ldeeg jaull ioy , Fpoorre enls eq upeo sr ee le ssitsatbelmecae d eel  raecsciedseon caial ,t íteuslota bdlee cmeé qduiceo /laa 
dirección  del  Instituto  de  Medicina  Legal  y  Ciencias  Forenses  remitirá  solicitud  de
acreditación como unidad docente a la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad para su instrucción acompañada del correspondiente Convenio o 
acuerdo  adoptado  al  respecto  con  las  autoridades  sanitarias  competentes  de  las 
comunidades autónomas, para la realización del período de rotación de dos años a que 
se refiere el artículo 3.3 del mencionado Real Decreto.
Octavo.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al 
título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, 
contempla que el sistema de residencia comprenderá un período formativo de cuatro 
años que serán cursados en las unidades docentes (en adelante UD) acreditadas de los 
IMLCF. No obstante, los residentes tienen la obligación de realizar períodos de rotación 
en los dispositivos docentes con los que exista un Convenio previo del Sistema Nacional 
de Salud, en las especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un contenido 
cuyo conocimiento resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de 
aquellos, pudiendo acceder a sus medios de formación, investigación y consulta. En su 
totalidad, estos períodos de rotación se desarrollarán durante un período de dos años 
dentro del período formativo de cuatro años de la especialidad.
Noveno.
Que los IMLCF de Valladolid, Salamanca y Palencia; de Burgos, Ávila, Segovia y 
Soria y de León (Ponferrada) y Zamora están dotados de personal cualificado y de los 
medios  apropiados  para  la  constitución  de  una  unidad  docente  para  la  formación 
sanitaria  especializada  (en  adelante  FSE)  en  Ciencias  de  la  Salud  que  le  permita 
desarrollar el programa formativo de la especialidad en Medicina Legal y Forense en 
aquellas  materias  acordes  con  las  competencias  y  actividades  que  el  Instituto 
desempeña, así como colaborar en la FSE de otras especialidades en Ciencias de la 
Salud.
Décimo.
Que la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla 
y León, atribuye a la Gerencia Regional de Salud, personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines de provisión de servicios y gestión 
de  centros  y  establecimientos  sanitarios  en  desarrollo  de  los  programas  de  salud 
destinados a la protección y mejora del nivel de salud de la población.
Undécimo.
Que la Gerencia Regional de Salud dispone de centros formativos, asistenciales, de 
investigación, unidades administrativas y dispositivos docentes acreditados para la FSE 
en Ciencias de la Salud.
Duodécimo.
Que la situación antes descrita determina la conveniencia de suscribir el presente 
Convenio  con  el  que  se  pretende  sentar  las  bases  para  canalizar  las  necesarias 
relaciones de colaboración que deben existir entre la unidad docente del IMLCF y las  es
distintas  unidades  docentes  del  Servicio  de  Salud,  que  actuarán  como  dispositivos  o
docentes acreditados. 650ww
presEenn tev irCtuodn vdeen iol,o  queexp rueegsutola,  lalass  replaarcteiosn eess tdime acno lacboonrvaecnióienn tqeu ela d efobremna elizxaisctiiór ne ndtreel 
todos los intervinientes, por lo que estipulan las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer el compromiso escrito de 
colaboración  para  la  FSE  en  Medicina  Legal  y  Forense  y  otras  especialidades  en 
Ciencias de la Salud, entre el Ministerio de Justicia y la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  Obligaciones comunes. Sin perjuicio de los compromisos establecidos en las 
cláusulas precedentes y de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre FSE, son obligaciones comunes a todos los firmantes de este 
Convenio:
– Colaborar en la impartición de los programas oficiales de las especialidades en 
Ciencias  de  la  Salud  posibilitando  la  inclusión  de  las  unidades  y/o  los  dispositivos 
dependientes de cada una de ellas en los distintos programas formativos.
– Garantizar el cumplimiento tanto del programa formativo como del Plan de Gestión 
de  la  Calidad  Docente  (PGCD)  de  la  Entidad  Titular  en  cuanto  a  la  planificación, 
seguimiento y evaluación del residente.
– Impulsar la coordinación de las unidades y dispositivos acreditados de cada una 
de las partes informándose mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de 
los residentes, a fin de decidir conjuntamente sobre su adecuada integración con la 
actividad asistencial del Instituto o dispositivo docente de que se trate.
2. Obligaciones del Ministerio de Justicia.
– Promover  la  acreditación  de  las  unidades  según  los  requisitos  generales  de 
acreditación  establecidos  por  la  dirección  General  de  Ordenación  Profesional  del 
Ministerio de Sanidad.
– Colaborar en la FSE de todas aquellas especialidades a las que puede resultar de 
interés, poniendo a disposición de la comunidad autónoma de Castilla y León, las 
unidades y dispositivos docentes dependientes del Ministerio de justicia, en los términos 
que fijen las Guías o Itinerarios Formativos de la especialidad correspondiente.
Para ello, será necesaria la celebración de acuerdos concretos de colaboración 
docente  en  los  que  se  fijen  los  objetivos,  el  programa  y  la  capacidad  docente 
correspondiente para cada especialidad.
– Informar a los residentes de Medicina Legal y Forense de sus obligaciones hacia la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León durante sus rotaciones:
• Cumplir la normativa vigente establecida por la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.
• Cumplir el horario y las actividades previstas en el programa de rotaciones y 
respetar  las  normas  de  funcionamiento  interno,  seguridad  y  prevención  de  riesgos 
laborales de la misma.
• Colocar en lugar visible de su uniforme la tarjeta identificativa que le será facilitada, 
que será devuelta una vez finalizado su período formativo. e.e
• Guardar  confidencialidad  en  relación  con  la  información  interna  del  centro  y  b
guardar  secreto  profesional  sobre  sus  actividades,  durante  su  estancia  y  una  vez  650ww
pfinaacileiznatdea. ésta. La confidencialidad será extensible incluso en caso de fallecimiento del
Deli•n cPureensteenst aSre axul ainleicsio. de su estancia la certificación negativa del Registro Central de
3.  Obligaciones de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León:
En virtud del presente Convenio, la Gerencia Regional de Salud se compromete a:
a)  Posibilitar el acceso de los/las médicos/as residentes de la especialidad en 
Medicina Legal y Forense a:
– los medios de formación, investigación y consulta de que dispone el Servicio de 
Salud, de acuerdo con las directrices que se establezcan en el programa formativo 
elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad.
– los recursos del programa de FSE del Servicio de Salud, incluidas las actividades 
del programa transversal y complementario del residente (PTCR).
b)  Colaborar con el IMLCF en la elaboración de la Guía o itinerario formativo.
c)  Velar por la adecuada integración del residente en el centro sanitario de que se 
trate, posibilitando la realización de guardias en las condiciones previstas legalmente 
para el personal residente.
Tercera.  Capacidad de la Unidad Docente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 
y se desarrollan determinados aspectos del sistema de FSE, la capacidad de la Unidad 
Docente, entendida como el número máximo de residentes que pueden formarse a un 
mismo tiempo en la misma, será la que se determine en la resolución definitiva de 
acreditación que dicte el Ministerio de Sanidad, dadas las características docentes, 
asistenciales e investigadoras de la Unidad.
Cuarta.  Control de calidad de la formación impartida.
Las unidades competentes de la Gerencia Regional de Salud velarán por la calidad 
de la formación impartida en la Unidad Docente, pudiendo acordar la realización de 
auditorías para conocer, evaluar y adoptar las medidas que se estimen necesarias, con 
vistas a garantizar el adecuado funcionamiento de la misma.
En  el  caso  de  que,  como  consecuencia  de  dichas  auditorías,  se  acuerde  la 
desacreditación de la Unidad Docente, se procederá según lo previsto en el artículo 26.4 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Quinta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
Sexta.  Relación Laboral de Residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 704/2020, de 28 de 
julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina 
Legal y Forense por el sistema de residencia, durante el período formativo de residencia 
para el acceso al título de especialista en Medicina Legal y Forense, los residentes 
quedarán sometidos a la relación laboral de carácter especial regulada en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de  e
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin perjuicio de la  bo
normativa específica de la Administración de Justicia que les sea de aplicación. 650ww
residEesntac iar eelanctrieó ne l lMabinoirsatel rqiou deed aJruás teicsiata yb leelc rideas,id ednutrea.nte todo el período formativo de
contLinausa dreat,r sibeurcáino nfiensa ndcieald aress didireencttea,m  einnctleu ypeonr deol  Mlainsi stceorirore dsep oJnudsiteicniate.s  a  la  atención
Séptima.  Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento y control 
integrada por cuatro miembros designados por el Ministerio de Justicia, tres de los 
cuales  serán  quienes  ostenten  la  Dirección  del  IMLCF  de  Valladolid,  Salamanca  y 
Palencia; la Dirección del IMLCF de Burgos, Ávila, Segovia y Soria y la Dirección de 
León (Ponferrada) y Zamora y cuatro miembros designados por el Servicio de Salud, 
siendo  uno  de  ellos  el  titular  del  órgano  competente  en  Formación  Sanitaria 
Especializada o persona en quien delegue No obstante, podrán asistir, con voz, pero sin 
voto el personal cualificado que determinen la partes.
2.  Sus funciones serán:
a)  Interpretar y resolver cuantas dudas puedan surgir en la ejecución del presente 
Convenio.
b)  La  aprobación  de  protocolos  operativos  para  la  ejecución  de  concretos 
programas de colaboración que se vayan demandando a instancia de cualquiera de las 
partes signatarias, que permitan la colaboración entre la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León y los IMLCF de Valladolid, Salamanca y Palencia; de Burgos, Ávila, 
Segovia y Soria y de León (Ponferrada) y Zamora para conseguir un mayor progreso 
técnico y científico de los trabajos de unos y otros equipos; y también en el uso del 
material, instrumental y maquinaria electrónica disponible por parte del personal de 
ambas entidades, dentro de los cometidos asignados a cada una de ellas.
c)  Seguimiento y evaluación del desarrollo del mismo.
d)  Proponer la revisión y/o modificación e incorporación de adendas del Convenio 
cuando se produzca cualquier circunstancia que altere el contenido del mismo o que 
interese que figuren como anexos al presente Convenio.
e)  Las propuestas de corrección y/o mejora de los programas de formación.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona 
con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro  e
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal  bo
en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, y será objeto de publicación en  650ww
el «B2.o leTtíenn Odrfáic iauln dae l vEigsetandcoia»  edne  ecl upalatzroo  daeñ odsie zy  dípaosd hráá bsileers  dperosrdreo gsaud foo rma asliuza ctéiórnm.ino
mmeeds iadnet ea natecluaecridóon  ae xlap reexspoi rpaocrió ing udael l pCeorínovdeon idoe. 4 años, que deberá formalizarse con un
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
4.  La plena efectividad de este Convenio se supeditará a la acreditación definitiva 
de las UD por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, actuación que será 
debidamente notificada a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. No obstante, 
la inscripción del Convenio en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación del Sector Público Estatal, momento en el cual el Convenio adquiere 
eficacia,  permitirá  adoptar  las  decisiones  previas  a  la  acreditación  que  se  estimen 
necesarias para la puesta en marcha y organización de las mencionadas Unidades.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  mencionado,  el  presente  Convenio  se  extingue  por  el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la mencionada Ley.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
En  todo  caso,  la  resolución  del  Convenio  no  afectará  a  la  finalización  de  las 
actividades que estuvieran en ejecución, estableciéndose por las partes, a propuesta de 
la Comisión de seguimiento y control, un plazo improrrogable para su finalización.
2.  En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49.e) 
y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no 
se prevé ningún tipo de indemnización.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de  e.
lo previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  w.b
Régimen Jurídico del Sector Público. 650ww
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será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio, 
tomándose como fecha de formalización del mismo, la fecha del último firmante.–La 
Ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca.–La Presidenta de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, Verónica Casado Vicente.