BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72847
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10011 Sala Segunda. Sentencia 98/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo núm. 7028-2019. Promovido por don Gabriel Gavriluta en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de junio).
ECLI:ES:TC:2021:98
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7028-2019, promovido por don Gabriel Gavriluta, 
representado por el procurador de los tribunales don Francisco Codosero Rodríguez y 
asistido por la letrada doña Liliana Cureraru Dobrescu, frente las siguientes resoluciones: 
la  resolución  del  secretario  de  Estado  de  Justicia,  de  fecha  2  de  junio  de  2017 
(expediente 373-2016), que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado formulada por el recurrente, por el tiempo que estuvo en prisión provisional; la 
sentencia de 5 de marzo de 2019, de la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-
administrativo núm. 568-2017, que fue interpuesto frente a la resolución de la secretaría 
administrativa antes indicada; y la providencia de 17 de octubre de 2019, dictada por la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que 
inadmitió  a  trámite  el  recurso  de  casación  núm.  3028-2019,  interpuesto  contra  la 
sentencia identificada en primer lugar. Han intervenido la abogacía del Estado y el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  3  de  diciembre  de  2019,  el 
procurador  de  tribunales  don  Ángel  Francisco  Codosero  Rodríguez,  en  nombre  y 
representación  de  don  Gabriel  Gavriluta,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  e
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento. b
amp2a.r o Lsoosn , heenc hsíonst eys isa,n ltoesc esidgeunietenste ps:rocesales de los que trae causa la demanda de  2021-10011n https://ww
díasa 2) 5 Edel  dmeamrazon ddaen t2e0 1d4e  ya m15p adreo  jeusliotu vdoe  e2n0 1s5i,t uqauceió fnu ed ea cporrisdiaódna  perno veisl iopnroacl eednimtreie nlotos   BOE-A-cable e
ordinario núm. 1-2014, del Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, por su presunta 
participación en un delito de asesinato en grado de tentativa e incendio. Por sentencia de 
la  Sección  Segunda  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  (procedimiento  sumario 
ordinario 1213-2014), de fecha 15 de julio de 2015, el demandante de amparo, junto con 
otro acusado, fue absuelto de los delitos de los que venía siendo acusado.
En el fundamento jurídico segundo de la sentencia indicada se concluye del siguiente 
modo: «Como puede apreciarse de lo expuesto, todas las pruebas practicadas confluyen 
y tienen su fundamento en lo manifestado por el cuñado de las víctimas más de seis 
horas  después  de  que  se  produjera  el  incendio  y  tras  rectificar  sus  primeras 
manifestaciones, declaración que, como se ha explicado, es de todo punto insuficiente 
para enervar el principio de presunción de inocencia, por lo que procede la absolución de 
los acusados».
b)  Por el tiempo que estuvo en situación de prisión provisional, el demandante de 
amparo  presentó  ante  el  Ministerio  de  Justicia  reclamación  indemnizatoria  por 
responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo del art. 294.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (en adelante, LOPJ), por importe de 824 260 €. Por resolución del 
secretario de Estado de Justicia (por delegación del ministro de Justicia), de fecha 2 de 
junio de 2017, la reclamación fue desestimada, de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Estado. El motivo de la denegación fue que la absolución no se fundó en la 
inexistencia de los hechos imputados, requisito fijado por el art. 294 LOPJ, sino en la 
aplicación del principio de presunción de inocencia.
c)  En fecha 17 de agosto de 2017, el demandante interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la resolución anteriormente indicada, que fue registrado con el núm. 
568-2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. Por sentencia de fecha 5 de marzo de 2019, el referido recurso fue 
desestimado.  En  el  fundamento  jurídico  tercero  de  la  indicada  resolución  figura  el 
siguiente razonamiento:
«Partiendo de lo expresado en el fundamento jurídico anterior, en este caso no 
concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la Sala tercera del 
Tribunal Supremo para conceder una indemnización al amparo del artículo 294 LOPJ, ya 
que de la lectura de la sentencia absolutoria extractada en los antecedentes de hecho de 
esta sentencia no resulta afirmada la no existencia objetiva del delito de tentativa de 
asesinato e incendio. Por lo tanto, sin cuestionar que el recurrente ha sido absuelto en el 
proceso penal y sin hacer referencia a argumentos que directa o indirectamente afecten 
a la presunción de inocencia, nos limitamos a indicar que no concurre el presupuesto 
para que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado ya que artículo 294 LOPJ 
lo limita a los casos de existencia de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre 
por "inexistencia del hecho imputado", lo que no sucede en el supuesto examinado».
d)  Frente  a  la  resolución  antes  referida,  el  demandante  interpuso  recurso  de 
casación, que fue inadmitido a trámite por providencia de fecha 17 de octubre de 2019, 
de la Sección Primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
3.  En la demanda de amparo, el recurrente impugna las resoluciones judiciales a 
que se hecho mención, al amparo de lo dispuesto en el art. 44 LOTC. Concretamente, 
denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), del 
derecho a la igualdad (art. 14 CE), del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una  s
resolución motivada. También invoca la vulneración del derecho a la legalidad penal  oe.
(aparertr.t t.Ee 32nn05e 2.zs 1cCí naCPt eE,a s )sui,si en«, naaed lo lo ar grpaealscincíui azrqrraseucenei ót aeen  n ldao ertsags luhteimensca ehhdnoeatsca a h p oqlorsuos eb nf aionpd eeosssse e q l dauai ecf  iegas eulqlírr u asea ea b eegslsru apiemvelatpcodiu faitpca aoddnreo »l s  ype( sáncirctore)an.nfdocei a1n, a ddneool    2021-10011n https://www.
obstante se pone en duda su inocencia, al considerar que existen indicios de culpabilidad
para denegar la indemnización reclamada, tal y como razonan las SSTEDH de 25 de
abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, y 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. 
España.  También  considera  que  la  desestimación  de  su  pretensión  comporta  una 
diferenciación sin causa justificada, respecto de aquellas personas a las que se les 
reconoce indemnización por dilaciones indebidas; así como señala que su privación de 
libertad ha supuesto un sacrificio en aras del interés general, que debe ser indemnizado 
por el Estado cuando se archive el procedimiento o se absuelva.
Finalmente,  interesa  que  se  declare  haber  lugar  al  recurso,  se  anulen  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  y  se  reconozca  la  violación  de  los  derechos 
fundamentales a la presunción de inocencia, a la libertad, a la igualdad y a la tutela 
judicial efectiva.
4.  Por providencia de 25 de enero de 2021, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó  admitir  el  presente  recurso  a  trámite,  al  apreciar  que  concurre  especial 
transcendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], ya que la posible vulneración denunciada pudiera provenir de la ley o de otra 
disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  acordó  dirigir  atenta 
comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional para que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 
568-2017; debiendo previamente emplazar, para que en el plazo de diez días puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
También dispuso dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no exceda 
de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al recurso de casación núm. 3028-2019.
5.  En virtud de escrito presentado el día 5 de febrero de 2021 en el registro de este 
tribunal, el abogado del Estado solicitó que se le tuviera por parte personada en el 
procedimiento, lo que así se acordó por diligencia de ordenación de 17 de febrero 
de 2021. En la misma diligencia se resolvió también dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en un plazo común de veinte días, 
formularan las alegaciones que estimaran pertinentes a su derecho, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6.  Por escrito registrado en este tribunal el día 10 de marzo de 2021, el Ministerio 
Fiscal presentó sus alegaciones. Tras compendiar los antecedentes de hecho relevantes 
y reflejar los derechos fundamentales que el recurrente invoca, trae a colación la doctrina 
establecida por el Pleno de este tribunal en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la 
STC 125/2019, de 31 de octubre, en los que se determinaron los efectos que sobre el 
recurso de amparo debía producir la STC 85/2019, que declaró la inconstitucionalidad de 
los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ  y  se  concretó  el  alcance  que  la  estimación  del  amparo  debía  producir.  En 
consecuencia, el fiscal estima que procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del 
recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a 
sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales de los arts.14 
y 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Por último sostiene que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha  s
de inconstitucionalidad, cabría entender que cuando el proceso penal concluya con un  oe.
eopqlbru osetnti eaeumnln tdcpeieoa, r msepecieañhnsaoatl oaad   odqla eu e eiann bdd seepo mrlliousn icóieziónsant.ca  iboSól noed bcesri edesao o  ebaesruneet so laema isSmápTtieiecCcno tt,8oo 5,e  l/ni2rb e0rtafe1ien 9prt oerno  oscqe eus deeae  crdrdáeee dslbapite erinre ápdnnoed rme a,en ppli lzisocaora clrsiicsóíi entsa ,o nlnlotoeos,     2021-10011n https://www.
criterios propios del derecho general de daños (como puede ser la compensatio lucri cum
damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima). Por ello, afirma que
«también en el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o 
incluso  rechazo  total  o  parcial  tomando  en  cuenta  las  particulares  circunstancias 
concurrentes  que  podrán  valorar  las  autoridades  administrativas  y,  en  su  caso, 
judiciales».
Por todo lo expuesto, el fiscal interesa que se declaren vulnerados el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia del recurrente (art. 24.2 CE) y el derecho a la 
igualdad (art. 14 CE); que se anulen las resoluciones judiciales y administrativas que 
denegaron  la  pretensión  del  demandante;  y  que  se  retrotraigan  las  actuaciones  al 
momento anterior al dictado de la resolución administrativa de 2 de junio de 2017, para 
que la administración resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial en términos 
respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados.
7.  Por escrito presentado el 10 de septiembre de 2020, formuló sus alegaciones el 
abogado del Estado. Tras resumir los antecedentes que consideró relevantes, interesa, 
en primer lugar, la inadmisión del recurso por haber sido interpuesto fuera del plazo de 
veinte días establecido en el art. 43 LOTC. Rechaza que nos hallemos ante un recurso 
de amparo dirigido frente a resoluciones judiciales, como pretende el demandante, pues 
la resolución que debe considerarse impugnada es la dictada por la administración, que 
denegó la indemnización a que se ha hecho referencia y que luego fue confirmada por 
las resoluciones judiciales. Es irrelevante a estos efectos, añade, que la STC 85/2019 
sea posterior a la desestimación de la pretensión del recurrente en vía administrativa, 
pues ello en nada altera la extemporaneidad del recurso de amparo.
En cuanto al fondo, trae a colación la STC 85/2019, de 19 de junio, que declaró la 
inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma causa» del art. 294.1 LOPJ. No obstante, señala que dicha sentencia deja 
incólume el inciso «siempre que se le hayan irrogado perjuicios» contenido en el mismo 
precepto. De esta constatación, deduce que la sola acreditación del tiempo pasado en 
prisión  preventiva  –seguida  de  absolución–  no  genera  un  derecho  automático  al 
resarcimiento, pues el interesado ha de probar los supuestos daños acaecidos, más allá 
solo del hecho de haber padecido prisión por un tiempo determinado, «de acuerdo con la 
aplicación de criterios propios del Derecho general de daños», conforme a los criterios 
asentados en el fundamento jurídico 13 de la indicada sentencia.
En aplicación de este criterio, entiende el abogado del Estado que, en el presente 
caso, a este tribunal no le corresponde «la determinación y valoración de la suficiencia 
de la prueba y de liquidación de los eventuales daños […], máxime en tanto que en el 
caso concreto no se han acreditado debidamente». Sostiene también que la eventual 
fijación de esos daños debe hacerse en un procedimiento autónomo, estrictamente 
sujeto a las reglas sustantivas y procesales del Derecho de daños; razones estas por las 
que interesa que, para el caso de estimarse el recurso, no se conceda al recurrente el 
montante de indemnización que haya podido solicitar en alguna instancia.
Rechaza, asimismo, que se haya producido la vulneración del derecho reconocido en 
el art. 14 CE por las razones invocadas en la demanda, pues los eventuales títulos por 
los que se generaría el derecho a la indemnización son distintos, al igual que los 
parámetros de comparación. También refuta que se haya producido vulneración del 
derecho reconocido en el art. 25.1 CE.
Por todo lo expuesto interesa que, para el caso de no acordarse la inadmisión del 
recurso  de  amparo,  se  desestimen  las  pretendidas  vulneraciones  del  derecho  a  la 
igualdad (art.14 CE) y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE); y «en lo demás, 
esto es, en lo que al derecho al resarcimiento por prisión preventiva luego seguida de  e.
absolución, y por ello la posible vulneración del art. 24 CE, se refiere, dicte ese Tribunal  w.b
Constitucional sentencia conforme a Derecho. Y caso de resultar la eventual sentencia a  011ww
ddeiclt aerx, pdeed iceanrtáec tae rl ae sintismtaantociraio  odpeolr taumnap:a rlao  vfoíarm audlmadinoi,s otrradteivnae,  heanb eidsae  ccuaesnot ala d reelt rcoaarcáccitóenr 
rdeisvpisoonre d ee l laa rjtu. ri2s9d4ic cLióOnP cJo, nyt esnicgiuoiseon-daod msiienmistprraeti veal,  caa fuinc ed ep rqoucee ddime eanctuael rdaod eccouna dloo ,q usee 
aprecie la extemporaneidad o no de la acción ejercitada, y sobre todo se acrediten los 
daños y perjuicios que en su caso se hubieran podido llegar a producir al recurrente».
8.  El día 24 de marzo de 2021 presentó sus alegaciones el recurrente en amparo. 
Tras poner de manifiesto los aspectos que consideró relevantes de la sentencia recaída 
en el proceso penal y de la dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  lleva  a  cabo  un  repaso  de  la  evolución 
jurisprudencial y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del tribunal 
constitucional,  mención  de  las  STC  8/2017  y  10/2017  y,  especialmente  de  la 
STC 85/2019, pues a raíz de su contenido no existe obstáculo alguno para acoger lo 
interesado  en  la  demanda,  cuyas  pretensiones  reitera,  no  sin  antes  formular  unas 
consideraciones sobre la determinación de la cuantía indemnizatoria.
9.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso tiene por objeto: la resolución de la secretaria de Estado de 
Justicia, de fecha 2 de junio de 2017 (expediente 373-2016), que denegó la reclamación 
de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el recurrente, por el tiempo que 
estuvo en prisión provisional; la sentencia de 5 de marzo de 2019, de la Sección Tercera 
de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el 
recurso  contencioso-administrativo  núm.  568-2017,  que  fue  interpuesto  frente  a  la 
resolución de la secretaría administrativa antes indicada; y la providencia de 17 de 
octubre  de  2019,  dictada  por  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió a trámite el recurso de casación núm. 
3028-2019, interpuesto contra la sentencia identificada en primer lugar. Resumidamente, 
el demandante, alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE), del derecho a la igualdad (art. 14 CE), a la libertad (art. 17 CE) y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), al haberle sido denegada la indemnización por el tiempo que 
permaneció en prisión provisional, pese a resultar ulteriormente absuelto por sentencia.
La abogacía del Estado interesa la inadmisión del presente recurso, al haberse 
interpuesto extemporáneamente, más allá de los veinte días que establece el art. 43.2 
LOTC. Subsidiariamente, interesa que se desestimen las vulneraciones del derecho a la 
igualdad (art. 14 CE) y del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE); y en relación con 
la posible vulneración del art. 24 CE, que se dicte sentencia conforme a Derecho y, si 
fuera estimatoria, se ordene la retroacción del expediente a la instancia oportuna.
El Ministerio Fiscal, con sustento en los argumentos que detalladamente se han 
expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar 
que se ha vulnerado el derecho del demandante a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE) y a la igualdad (art. 14 CE).
2.  Óbice de admisibilidad por extemporaneidad de la demanda.
La abogacía del Estado ha alegado un óbice procesal que, de estimarse, daría lugar 
a la inadmisión del recurso sin entrar en el fondo de la demanda. Así pues, procede dar 
respuesta a este motivo, pues de concurrir el déficit referido procedería, sin necesidad de  e
ulterior análisis y sin que a ello se oponga que el procedimiento haya alcanzado el  bo
trámite  de  sentencia,  la  inadmisión  de  la  demanda  de  amparo  (entre  muchas,  011ww
SenSeTrCo,  4F4J/ 220).13, de 25 de febrero, FJ 2; 126/2013, de 3 de junio, FJ 2, y 2/2015, de 19 de
invoHcaedmoo sla  dveu lncoenravceinóinr  dcoenl  dlear eacbhoog aac ílaa  dperel sEusntcaiódno  deen  iqnuoec esnic isao l(aamrt.e n2t4e. 2s eC Eh)u, baie rlaa 
igualdad (art. 14 CE) y a la libertad (art. 17 CE), pese a los términos de la demanda, el
presente recurso amparo debería entenderse dirigido contra la resolución administrativa 
que deniega la pretensión indemnizatoria formulada por el demandante, ya que las 
resoluciones judiciales se habrían limitado a no reparar las lesiones aducidas. Este 
criterio, ampliamente refrendado por nuestra doctrina, se acoge expresamente en la 
STC 125/2019, FJ 3: «las lesiones alegadas no proceden de la sentencia de la Audiencia 
Nacional,  sino  de  la  resolución  administrativa  denegatoria.  El  recurso  de  amparo 
planteado es un recurso frente a una decisión lesiva del poder ejecutivo, la de no 
indemnizar, que no se ha reparado por el órgano judicial ante el que se denunció su 
carácter  vulnerador  de  derechos  fundamentales,  de  modo  que  debe  entenderse 
formulado por el cauce dispuesto en el art. 43 LOTC, y no por el previsto en el art. 44 
LOTC (en sentido análogo, STC 10/2017, FJ 3). Y a esa categorización no obsta, como 
ya ha reiterado este tribunal en otras ocasiones, el hecho de que el recurrente haya 
articulado defectuosamente la presente demanda por el cauce del art. 44 LOTC, al 
imputar exclusivamente las vulneraciones a la resolución judicial, y no por el cauce del 
art. 43 LOTC, dirigiéndola contra la resolución administrativa, que es el acto del que 
habrían derivado, en su caso, las vulneraciones aducidas, toda vez que en la demanda 
ha quedado suficientemente identificado y fundamentado su objeto (SSTC 98/2003, de 2 
de junio, FJ 1; 124/2005, de 23 de mayo, FJ 1; 184/2006, de 19 de junio, FJ 2, 
o 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 3)». Si fuera así, necesariamente deberíamos 
apreciar la extemporaneidad que preconiza la abogacía del Estado y, en consecuencia, 
inadmitir el recurso de amparo.
No obstante, concurre un factor que auspicia una solución contraria. En la demanda 
de amparo también se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada que, en el 
presente  supuesto,  solo  podría  entenderse  dirigida  respecto  de  las  resoluciones 
judiciales combatidas. Por tanto, pese a que la denuncia por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva está abocada al fracaso, dada la falta de desarrollo argumental en 
la demanda, su planteamiento determina que en el presente recurso rija el plazo de 
treinta días establecido en el art. 44.2 LOTC; lapso temporal que, teniendo en cuenta la 
fecha de presentación de la demanda (3 de diciembre de 2020) y la fecha de notificación 
de la última resolución judicial (21 de octubre de 2020), ha sido respetado en el presente 
caso. Por todo lo expuesto, se desestima el óbice planteado por la abogacía del Estado.
3.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos 
debemos  remitirnos.  En  concreto,  en  el  fundamento  jurídico  4  se  determinaron  los 
efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los 
incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ por la STC 85/2019, de 19 de junio, para concluir que procede otorgar el amparo 
en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa —a la 
que atendieron los órganos administrativos y judiciales por estar entonces vigente— 
materializan  la  misma  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que 
tienen su fuente».
En consecuencia, se estima el presente recurso de amparo por la vulneración de los  e
derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE),  bo
reconociendo  el  derecho  del  recurrente  a  que  la  decisión  sobre  su  solicitud  de  011ww
einxdigeemnnciizaasc icóonn sstietu caidoonpatlees,  deen  locus aanrttos . a1 4s yu s2 4c.r2it eCriEo ss erñeacltaodreass,  edne  laasc uSeSrTdCo  8c5o/n2 0l1a9s 
yim p1u2g5n/2a0d1a9s.  yA  dseu  lav erze, soplruoccieódne  dealc osredcarre tnauriloid adde  dEes taladso  ddoes  Jruesstoicliuac ioqnuees  djeundeicgióa lelas 
indemnización, de dos de junio de 2017, para que la administración resuelva de nuevo la 
cuestión planteada conforme a las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Gabriel  Gavriluta,  por 
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Declarar la nulidad de la resolución del secretario de Estado de Justicia, de 2 de 
junio de 2017, por las que se deniega la indemnización solicitada por el demandante, en 
concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de 
absolución; de la sentencia de 5 de marzo de 2019, de la Sección Tercera de la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso 
contencioso-administrativo  núm.  568-2017,  y  de  la  providencia  de  17  de  octubre 
de 2019, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, que inadmitió a trámite el recurso de casación núm. 3028-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa  de  2  de  junio  de  2017,  para  que  se  resuelva  la  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  de  forma  respetuosa  con  los  derechos  fundamentales 
vulnerados, en los términos establecidos en el fundamento jurídico tercero de esta 
resolución.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.