BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63309
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
8647 Instrucción 1/2021, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre 
criterios de actuación en los recursos contencioso-administrativos en relación 
con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2021.
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del día 5 de mayo de 2021 del Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, incluye una importante reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), que afecta al recurso de casación.
Dicha reforma se articula, sustancialmente, en dos decisiones de política legislativa:
La primera consiste en incorporar a la enumeración tasada de resoluciones que son 
susceptibles de recurso de casación los autos dictados por las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en los 
procedimientos  previstos  en  el  artículo  122  quater  LJCA,  es  decir,  en  materia  de 
autorización o ratificación de las medidas sanitarias necesarias y urgentes que afecten a 
derechos fundamentales cuando no se dirigen contra destinatarios individualizados.
La segunda novedad consiste en regular un procedimiento especial, que cabría 
calificar de rápido o abreviado, para la tramitación de ese recurso de casación. Es obvio 
que este tipo de medidas confluyen un factor de urgencia y temporalidad y un riesgo de 
dispersión  de  criterios  derivado  de  que  la  competencia  para  adoptarlas  puede 
corresponder a los distintos gobiernos, central o de cada una de las comunidades y 
ciudades autónomas, o incluso a autoridades sanitarias de rango territorial inferior. La 
combinación de esos factores, en un contexto tan delicado como es el del ejercicio y 
disfrute  de  los  derechos  fundamentales,  exige  no  solo  la  unificación  de  criterios 
interpretativos  y  aplicativos  que  permita  asegurar  la  preservación  del  principio  de 
igualdad en los términos del artículo 14 CE, sino que esa interpretación y aplicación igual 
de las leyes tenga lugar en tiempo hábil para la real y eficaz tutela de los derechos 
afectados.
En este aspecto procedimental, y dejando aparte alguna cuestión en materia de 
legitimación activa (art. 87 ter. 4) que no es relevante a los efectos que aquí interesan, la 
reforma de la LJCA se concreta, principalmente, en dos aspectos:
1.  Se  suprime,  para  estos  casos,  el  requisito  de  interposición  de  recurso  de 
reposición previo a la casación que en general exige el artículo 87.2. La dicción literal de 
la nueva norma no excluye posibilidad de interponerlo, sino su condición de requisito 
necesario. No obstante, resulta evidente que –al menos en lo que a la actuación del 
Ministerio  Fiscal  concierne–  la  propia  lógica  de  aceleración  del  procedimiento,  en 
atención a los intereses ya enunciados, aconseja que la utilización de esa vía de recurso 
quede  reservada  a  aquellos  supuestos  excepcionales  en  que  resulte  patente  la 
posibilidad de que la impugnación prospere, por versar sobre alguna cuestión (un error  e.e
obvio de apreciación, por ejemplo) distinta del estéril propósito de intentar que un órgano  b
judicial cambie de criterio inmediatamente después de haberse pronunciado, a partir de  47ww
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2.  El segundo y fundamental factor de aceleración viene dado, precisamente, por la 
supresión del trámite de preparación de la casación. El nuevo artículo 87 ter LJCA 
dispone en sus apartados 1 y 2 que el recurso se interpondrá directamente ante el 
Tribunal Supremo, debiendo el recurrente comunicar dicha interposición por escrito, en el 
mismo día, a la Sala a quo, que a su vez habrá de remitir testimonio de las actuaciones 
en el día siguiente hábil a la Sala Tercera del Alto Tribunal.
De acuerdo con el apartado 3 del mismo artículo, la interposición del recurso ha de 
formalizarse en el plazo de tres días desde la fecha de notificación del auto impugnado, 
cuyo  testimonio  deberá  acompañarse  al  propio  escrito  de  interposición.  Hay  que 
subrayar, además, que el contenido de dicho escrito no varía sustancialmente respecto 
de las reglas generales que rigen la casación ordinaria, en particular las referidas a la 
necesidad de señalar la cuestión de interés casacional sobre la que se interesa se fije 
doctrina y las pretensiones relativas al enjuiciamiento del auto recurrido.
Por todo ello, en caso de que sea el Fiscal quien recurre, la premura de estos plazos, 
la necesidad de practicar actuaciones simultáneas tanto ante el Tribunal Supremo como 
ante la Sala que ha dictado la resolución recurrida, y la imprescindible disponibilidad del 
tiempo y la información necesarios para que la Fiscalía del Tribunal Supremo pueda 
elaborar  y  presentar  el  escrito  de  interposición,  exigen  evidentemente  la  máxima 
celeridad  y  coordinación  en  las  actuaciones  de  los  órganos  del  Ministerio  Fiscal 
implicados.
De ahí que resulte imprescindible protocolizar un mecanismo de comunicación y 
remisión de documentación con carácter inmediato, que permita la realización de los 
trámites exigidos en tiempo hábil y con el contenido apto para la efectiva defensa de las 
pretensiones procesales del Ministerio Fiscal.
Del mismo modo, en caso de que sea otra la parte recurrente –por regla general, la 
autoridad solicitante– conviene habilitar un mecanismo de anticipación que permita a la 
Fiscalía del Tribunal Supremo preparar con el mayor margen de tiempo posible su 
eventual oposición al recurso que dicha parte pueda interponer.
Por  lo  que  se  refiere  a  la  naturaleza  de  los  plazos  procesales  mencionados, 
obviamente sin perjuicio de las reglas generales que rigen en la materia (arts. 182 y ss. 
LOPJ), el nuevo artículo 87 ter. 5.  LCJA contempla la posibilidad de solicitar en el 
escrito de interposición del recurso de casación que se habiliten los días inhábiles. Hay 
que concluir, por tanto, que esta posibilidad se ciñe a los plazos de tramitación del 
recurso de casación una vez interpuesto, y no incluye, por consiguiente, los plazos que 
conciernen a la propia interposición. Por tanto, los plazos a los que pueda concernir esta 
Instrucción han de considerarse referidos en todo caso a días hábiles.
En atención a las precedentes consideraciones, y con el fin de dar debido y eficaz 
cumplimiento a las funciones del Ministerio Fiscal en el marco del nuevo recurso de 
casación regulado por Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, las/los Ilmas./Ilmos. 
Sras./Sres. Fiscales deberán ajustarse a las siguientes pautas de actuación:
I.  Los procedimientos a los que se refiere el artículo 122 quáter LJCA que tengan 
por  objeto  la  aprobación  o  ratificación  de  medidas  restrictivas  de  derechos 
fundamentales con destinatarios no individualizados, subsiguientes a la terminación del 
vigente estado de alarma, se pondrán en conocimiento del Fiscal de Sala Delegado para 
el orden contencioso-administrativo, a quien deberán dirigirse, por las vías habituales de 
comunicación de la red de Fiscales especialistas, o a través de los Fiscales Jefes o 
Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, las observaciones, consultas o 
dudas que puedan suscitarse acerca de la posición que cada caso concreto debe  e.
adoptar el Fiscal. w.b
II.  Una vez que la Sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional  47ww
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Delegado para el orden contencioso-administrativo, a través de la dirección de correo 
electrónico fiscalia.ts.contencioso@fiscal.es.
Dicha comunicación habrá de efectuarse improrrogablemente en el mismo día en 
que se produzca la notificación judicial, y la Fiscalía remitente deberá asegurarse a 
través  de  cualquier  medio  idóneo  (confirmación  telefónica,  etc.)  de  que  dicha 
comunicación ha sido efectivamente recibida en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
III.  En caso de que la resolución judicial sea disconforme con la posición adoptada 
o las pretensiones formuladas por la Fiscalía, se acompañará a la copia del Auto:
3.1  Copia del acto o disposición administrativa en que se contienen las medidas 
sometidas a autorización o ratificación.
3.2  Una breve exposición las razones por las que, a juicio de la Fiscalía actuante en 
la instancia, procede o no interponer recurso de casación, y, en caso de que lo entienda 
procedente, cuál es la cuestión de interés casacional que, según su criterio, debería 
concretamente ser objeto de pronunciamiento por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
3.3  La  documentación  complementaria  que  la  Fiscalía  remitente  juzgue 
indispensable para la formación de criterio sobre la controversia planteada.
IV.  Si  la  resolución  judicial  es  disconforme  con  las  pretensiones  de  la 
Administración sanitaria solicitante, sea cual sea la posición del Fiscal se remitirá al 
Fiscal de Sala, en esa misma comunicación o, en su defecto, a la mayor brevedad, 
cualquier  documentación  disponible  –escrito  de  solicitud,  documentos  o  informes 
adjuntos, etc.– que permita conocer y concretar los motivos y la fundamentación jurídica 
de la pretensión formulada por dicha Administración.
V.  Una vez recibida la documentación mencionada, en el caso de que la resolución 
recaída haya sido contraria a la posición del Fiscal, la Fiscalía del Tribunal Supremo 
decidirá sobre la interposición del recurso de casación, y, si considera procedente dicha 
interposición procederá a formalizarla ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Una 
vez interpuesto el recurso, lo comunicará por escrito, en esa misma fecha, a la Fiscalía 
de origen, cerciorándose de la efectiva recepción de la comunicación, para que dicha 
Fiscalía proceda en el mismo día, a su vez, a formular ante el Tribunal a quo el escrito 
previsto en el artículo 87 ter. 2. LJCA.
A la referida comunicación la Fiscalía del Tribunal Supremo acompañará copia del 
escrito de interposición del recurso, a efectos de conocimiento de la Fiscalía de origen.
Asimismo, en los casos en que la Fiscalía que intervino en la instancia se haya 
mostrado partidaria de la interposición del recurso de casación y la Fiscalía del Tribunal 
Supremo  decida  no  interponerlo,  la  Fiscalía  del  Tribunal  Supremo  informará 
sucintamente por escrito de los motivos de su decisión.
Madrid, 5 de mayo de 2021.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García.