BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Martes 24 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26747
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
4006 Resolución  de  20  de  marzo  de  2020,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la 
comprobación material de la inversión, durante el período de duración del 
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dentro de las medidas adoptadas para la contención de la situación de emergencia 
de  salud  pública  ocasionada  por  el  COVID-19,  en  el  ámbito  del  sector  público  se 
encuentra la de limitar a lo imprescindible las prestaciones de servicios presenciales, 
optando siempre que resulte posible por la modalidad de trabajo no presencial.
De conformidad con la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, de 10 marzo, por la que se adoptan las Medidas de Prevención y 
Protección de los Trabajadores y Continuidad de la Actividad del Ministerio, «En la 
medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose en todo caso la 
suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. Asimismo, se 
fomentará el uso de la videoconferencia».
Con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación 
excepcional, resulta procedente adecuar al máximo los procedimientos de control de 
manera  que,  sin  dejar  de  garantizar  los  objetivos  que  este  persigue,  se  interfiera 
mínimamente  en  la  gestión  ordinaria  sometida  ya  a  importantes  tensiones  por  la 
excepcionalidad de la situación.
En este mismo contexto, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, ha establecido un conjunto de medidas orientadas a asegurar las 
recomendaciones de aislamiento social previstas, así como el aseguramiento de una 
adecuada prestación de los servicios básicos esenciales. Entre ellas, limitaciones a la 
libertad de circulación de personas.
Todo ello lleva a la necesidad de contemplar medidas excepcionales, tal y como se 
está  haciendo  en  otros  ámbitos,  también  en  el  ámbito  del  control  de  la  gestión 
económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del 
Estado y, de modo particular, en la modalidad de control correspondiente a la función 
interventora en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión.
El artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, regula la comprobación material de la inversión y faculta al 
Interventor General de la Administración del Estado a dictar las resoluciones, circulares e 
instrucciones que estime oportunas en desarrollo de lo dispuesto en el mismo.
De conformidad con lo señalado en el apartado Decimotercero de la Resolución 
de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre 
el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión, «1.  Una vez recibida la comunicación de la correspondiente designación y, 
en su caso, los datos del asesor técnico designado, los representantes designados  s
planificarán y coordinarán con el órgano gestor correspondiente el desarrollo de los  oe.
trabajos de comprobación material, entre ellos, la determinación de la fecha en que  w.
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realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse dentro
del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se  Bc
determine  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  por  razón  de  sus 
características. Asimismo, en las encomiendas de gestión deberán respetarse los plazos 
previstos  en  la  normativa  aplicable  al  correspondiente  medio  propio  y/o  en  la 
documentación del encargo o encomienda».
Por su parte, la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 
de  marzo  señala:  «Se  suspenden  términos  y  se  interrumpen  los  plazos  para  la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en 
su caso, las prórrogas del mismo (…) No obstante lo anterior, el órgano competente 
podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción 
estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando 
el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. (…) Sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del 
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la 
continuación  de  aquellos  procedimientos  administrativos  que  vengan  referidos  a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o 
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios».
En virtud de lo anterior, esta Intervención General, dispone:
Primero.
En los casos en que el Interventor General de la Administración del Estado haya 
designado o designe un representante de la Intervención General y, en su caso, un 
asesor, para intervenir la comprobación material de la inversión, en uso de las facultades 
que corresponden a esta Intervención General, se autoriza a que los actos de recepción 
correspondientes a las entregas que se produzcan durante el periodo de duración del 
estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados 
por la Intervención General.
Segundo.
Cuando la fecha en la que vaya a tener lugar el acto formal de recepción de dichas 
entregas, fijada de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado Decimotercero 
de  la  de  la  Resolución  de  14  de  julio  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de 
la comprobación material de la inversión, esté comprendida en el periodo de duración del 
estado  de  alarma,  los  representantes  designados  por  la  Intervención  General 
comunicarán al gestor si, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior de esta 
Resolución, asistirán o no a dicho acto.
Tercero.
En los supuestos indicados en el apartado primero, cuando la comprobación de la 
inversión  se  realice  sin  la  asistencia  de  los  representantes  designados  por  la 
Intervención General, se justificará con un acta o con un certificado suscrito en los 
términos indicados en el apartado 8 del artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 
acuerdo con el que «la comprobación de la inversión se justificará con el acta de  s
conformidad  firmada  por  quienes  participaron  en  la  misma  o  con  una  certificación  oe.
expedida por el Jefe del centro directivo, dependencia u organismo a que corresponda  w.
recibir  o  aceptar  la  prestación  o  servicio,  en  la  que  se  expresará,  con  el  detalle  06ww
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comprobación  material  de  inversión,  el  órgano  gestor  deberá  remitir  al  Interventor 
designado en el menor plazo posible el acta de recepción o el certificado suscritos en los 
términos indicados en el párrafo anterior.
El representante de la Intervención designado deberá incorporar en la aplicación 
COREnet, por el procedimiento establecido, un ejemplar de dicho documento a los 
efectos del seguimiento de las designaciones efectuadas.
Cuarto.
La presente Resolución mantendrá su vigencia y efectos a lo largo de todo el periodo 
de duración del estado de alarma, restableciéndose el régimen ordinario de control en el 
ámbito concreto de la comprobación material de la inversión una vez finalizado el mismo.
Quinto.
La presente Resolución surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  20  de  marzo  de  2020.–El  Interventor  General  de  la  Administración  del 
Estado, Pablo Arellano Pardo.