BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126887
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16911 Resolución  de  9  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Colmenar Viejo n.º 1, por la que 
se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de determinadas 
fincas.
En el recurso interpuesto por don Alfonso García–Perrote Latorre, notario de Tres 
Cantos,  contra  la  calificación  del  registrador  de  la  Propiedad  de  Colmenar  Viejo 
número 1, don Ignacio del Río García de Sola, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de adjudicación de determinadas fincas.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 29 de abril de 2021 ante el notario de Tres 
Cantos,  don  Alfonso  García–Perrote  Latorre,  con  el  número  496  de  protocolo,  la 
cooperativa de viviendas denominada «Sierranova, S. Coop. Mad.» adjudicó, por mitad 
pro indiviso, dos fincas (una vivienda y una plaza de garaje) a don F. M. y doña M. F. P. 
R., casados, respectivamente, en régimen legal de gananciales, con doña M. M. M. R. y 
don V. R. G. G. En esta escritura se hacía constar lo siguiente:
«Carácter privativo de la adquisición:
Los cónyuges Don F. M. P. R. y Doña M. M. M. R. acuerdan que la mitad indivisa de 
las fincas objeto de la presente, tenga carácter privativo de Don F. M. P. R. y solicitan que 
se inscriba a nombre del citado adquirente por haber sido adquirido con tal carácter por 
acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa onerosa, por 
ser los fondos empleados para el pago de la mitad del valor de adquisición privativos del 
mencionado adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el art. 1358 del Código 
civil.
Los cónyuges Doña M. F. P. R. y Don V. R. G. G. acuerdan que la mitad indivisa de 
las fincas objeto de la presente, tenga carácter privativo de Doña M. F. P. R. y solicitan 
que se inscriba a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con tal 
carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa 
onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la mitad del valor de adquisición 
privativos de la mencionada adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el 
art. 1358 del Código civil».
II
Presentada  dicha  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Colmenar  Viejo 
número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación: s
«Número de Entrada / Año: /2021. w.b
Asiento/Diario: 1844/128. 911ww
NProotatorcioo:l oA:l f4o9n6s.o García–Perrote Latorre Tres Cantos –Madrid.
precEeld eRneteg isdtoracudmore ndteo , lhaa  Prerosupeieltdoa dn o qaudem istiur sscur ibines,c rpiprecivóion  eenx aloms eLnib ryo sc daelifli cAarccihóinvo  ddeel 
este Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo, número uno a su cargo en base a los 
siguientes:
Hechos: Con fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, el notario autorizante del 
documento  de  referencia  presenta  telemáticamente,  en  este  Registro,  escritura  de 
Documento Notarial en la que se solicita, en la estipulación primera, que se inscriban la 
participación en las fincas objeto de la adjudicación por mitades indivisas con carácter 
privativo a nombre de don F. M. P. R. y doña M. F. P. R., por haber sido adquirida con tal 
carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto como 
oneroso.
Fundamentos de Derecho
De  conformidad  con  los  artículos  429  y  434  del  Reglamento  Hipotecario,  el 
presentante o interesado deben manifiestar [sic] su conformidad o disconformidad con el 
despacho del documento practicándose la inscripción de sus participaciones en las 
fincas adjudicadas a nombre de don F. M. P. R. y doña M. F. P. R., por mitades indivisas 
con  carácter  privativo  por  confesión  de  su  cónyuge  en  virtud  de  los  siguientes 
fundamentos:
– No se acredita fehacientemente la procedencia de los abonos a la transmitente 
con fondos privativos tanto de don F. M. P. R. como de doña M. F. P. R., ni el acuerdo 
contractual entre los cónyuges, con expresión de su causa, objeto y contenido que 
identifique el pacto con causa onerosa.
– Disposiciones normativas: artículos 1315, 1316, 1317, 1318, 1323, 1324, 1344, 
1346 a 1348 y 1367 del Código Civil, y los artículos 94 y 95 del Reglamento Hipotecario, 
así como sentencia del Tribunal Supremo 10/2020 de 15 de enero, sala 1.ª de lo Civil, 
recurso 3147/2017.
– Motivación:  La  STS  10/2020  confirma  la  sentencia  dictada  por  la  Audiencia 
Provincial de Madrid de 9 de mayo de 2017, que reitera la exigencia de acreditación 
auténtica de la naturaleza privativa del precio pagado para la adjudicación de las fincas, 
siendo necesario para la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales con carácter 
privativo en el régimen de la sociedad de gananciales la prueba de la privatividad del 
precio  o  contraprestación  que  destruya  la  presunción  de  ganancialidad  en  las 
adquisisciones [sic] onerosas.
En el mismo sentido, la STS 295/2019, de 27 de mayo, dice: “El cónyuge que 
sostenga el carácter privativo de un bien adquirido a título oneroso, debe probar el 
carácter privativo del dinero empleado en su adquisición”.
Calificación
Se  suspende  la  inscripción  por  los  defectos  expresados  que  se  califican  como 
subsanables.
Queda prorrogado el asiento de presentación por plazo de sesenta días (…)
Contra esta nota de calificación puede (…)
En Colmenar Viejo, a 3 de junio de 2.021 (…)
Este documento ha sido firmado digitalmente por el registrador: don Ignacio del Río  s
García de Sola con firma electrónica reconocida». oe.
III
Contra la anterior nota de calificación, don Alfonso García–Perrote Latorre, notario de 
Tres Cantos, interpuso recurso el día 14 de junio de 2021 mediante escrito con los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«1.  Sobre la no acreditación fehaciente de la procedencia de los abonos a la 
transmitente con fondos privativos ni el acuerdo contractual entre los cónyuges con 
expresión de su causa objeto y contenido que identifique el pacto con causa onerosa.
Que, en cuanto a la existencia de acuerdo entre los cónyuges, no se entiende dicha 
afirmación del Sr. Registrador, puesto que en la escritura calificada, se ha hecho constar 
expresamente lo siguiente:
“Carácter privativo de la adquisición:
Los cónyuges Don F. M. R. P. y Doña M. M. M. R. acuerdan que la mitad indivisa de 
las fincas objeto de la presente, tenga carácter privativo de Don F. M. P. R. y solicitan que 
se inscriba a nombre del citado adquirente por haber sido adquirido con tal carácter por 
acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa onerosa, por 
ser los fondos empleados para el pago de la mitad del valor de adquisición privativos del 
mencionado adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el art. 1358 del Código 
civil.
Los cónyuges Doña M. F. P. R. y Don V. R. G. G. acuerdan que la mitad indivisa de 
las fincas objeto de la presente, tenga carácter privativo de Doña M. F. P. R. y solicitan 
que se inscriba a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con tal 
carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa 
onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la mitad del valor de adquisición 
privativos de la mencionada adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el 
art. 1358 del Código civil.”
Luego sí que existe acuerdo entre los cónyuges respectivos, en relación con la mitad 
indivisa que adquieren cada uno de ellos, y se expresa la causa onerosa de dicho 
acuerdo, por ser los fondos empleados para el pago de cada mitad indivisa privativos 
respectivamentre  [sic]  de  cada  uno  de  los  cónyuges  adquirentes  y  darse 
correspondencia entre ambos, fondos y carácter del bien, es decir, que no tiene causa 
gratuita, como ocurriría si los fondos empleados hubieran sido gananciales y no existiera 
derecho de reembolso.
Que dicho acuerdo excluye la aplicación de los preceptos que presuponen una 
adquisición conforme al juego de los principios de subrogación real y presunción de 
ganancialidad.
Como señaló la Resolución de 12 de junio de 2020 de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública:
“La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de  s
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda  oe.
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr.  w.
artículo 1315).” 911ww
Asimismo que:
“Este  Centro  Directivo  ha  admitido  que  los  cónyuges  pueden  atribuir  carácter
privativo a un bien ganancial, pacten o no compensación a cargo de los bienes privativos
y siempre que el desplazamiento pactado aparezca causalizado (cfr. Resoluciones de la 
Dirección general de los Registros y del Notariado de 25 de septiembre de 1990, 21 de 
enero de 1991 y 30 de julio de 2018).
Ciertamente, se han aducido doctrinalmente determinados argumentos en contra de 
tal posibilidad: que no hay un principio general ni artículo que admita la atribución de 
privatividad, en sentido inverso a la de ganancialidad a que se refiere el artículo 1355 del 
Código Civil, en virtud del cual los cónyuges puedan atribuir carácter privativo a los 
bienes adquiridos a título oneroso, ya que la confesión de privatividad del artículo 1324 
del Código Civil es en puridad un medio de prueba; que no puede confundirse la libre 
contratación entre los cónyuges (ex artículo 1323 del mismo Código), ni el principio 
informador  del  ‘favor  consortialis’  que  inspira  el  artículo  1355  con  la  confesión  de 
privatividad recogida en el artículo 1324, ya que ésta última es un medio de prueba; que 
el  interés  de  los  acreedores  de  la  sociedad  de  gananciales  debe  estar  protegido 
mediante una liquidación que contenga su inventario, por lo que, en consecuencia, la 
declaración de la privatividad tiene su marco en la confesión del artículo 1324, sin 
perjuicio de que se puedan producir transmisiones –con su causa– entre los cónyuges 
mediante donación, compraventa u otros contratos (ex artículo 1323).
Esta tesis negativa fue rechazada ya por este centro en la citada Resolución de 25 
de septiembre de 1990, en los siguientes términos:
‘Por una parte, las normas jurídicas no pueden ser interpretadas desde la perspectiva 
de evitar el fraude de los acreedores, el cual, además, tiene suficiente remedio en las 
correspondientes acciones de nulidad y rescisión o en la aplicación de las normas que se 
hubiere tratado de eludir. Por otra, no puede desconocerse la proclamación, tras la 
reforma del Código Civil de 13 de mayo de 1981, de la libertad de contratación entre los 
cónyuges (principio recogido en el artículo 1.323 del Código Civil, respecto del cual, el 
artículo 1.355 del Código Civil no es sino una aplicación particular para una hipótesis 
concreta, de la que no puede inferirse, por tanto, la exclusión legal de los demás 
supuestos de contratación entre esposos) que posibilita a estos, para, actuando de 
mutuo acuerdo, provocar el desplazamiento de un concreto bien ganancial al patrimonio 
de uno de ellos por venta (vid. resolución de 2 de febrero de 1983), permuta, donación u 
otro título suficientemente causalizado y cuyo régimen jurídico vendrá determinado en 
función de esa específica causalización (609, 1.255, 1.261 del Código Civil), así pues, 
admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya ganancial, debe igualmente admitirse 
que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de determinado bien a tercero, puedan 
convenir que éste ingrese de manera directa y erga omnes en el patrimonio personal de 
uno de ellos a pesar de no haberse acreditado la privatividad de la contraprestación, 
siempre  que  dicho  negocio  conyugal  atributivo  (que  mantiene  su  sustantividad  y 
autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio adquisitivo) obedezca a una 
causa  adecuada  que  justifique  la  no  operatividad  del  principio  de  subrogación  real 
(1.347.3.º  del  Código  Civil)  cual,  por  ejemplo,  la  previa  transmisión  gratuita  de  la 
contraprestación a favor del cónyuge adquirente, el derecho de reembolso al que se 
refiere  el  artículo  1.358  del  Código  Civil,  etc..  Dicho  negocio  atributivo  no  debe 
confundirse con la confesión de privatividad, pues la virtualidad de ésta a efectos de la 
calificación del bien, sobre ser relativa en su ámbito subjetivo (artículo 1.324 del Código 
Civil),  queda  subordinada  a  la  realidad  o  inexactitud  del  hecho  confesado  (vid. 
artículo 1.234 del Código Civil).’”
Por tanto el acuerdo entre los cónyuges recogido en la escritura calificada obedece al  e
principio de la autonomía de su voluntad, que excluye la necesidad de la acreditación  bo
fehaciente de la procedencia privativa de los abonos a la entidad transmitente. 911ww
de 2F0u2n1d,a mdee nltao sq juuerí,d iecno sr eralaticfiicóand ocso np olra o tnroa  Reexpsoreluscióiónn  dpeo sltae ricoaru dsea  feqcuhea  a1l5e gdae  eenl eSror. 
Registrador, podemos destacar el siguiente pronunciamiento:
“Como puso de relieve esta Dirección General en Resolución de 30 de julio de 2018, 
el pacto de privaticidad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, 
tanto en los supuestos en que sea previa o simultánea a la adquisición, como en los 
casos en que sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de 
compraventa o donación entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida 
Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio 
ha de ser interpretada en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado 
suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación, o que la misma 
resulte  o  se  deduzca  de  los  concretos  términos  empleados  en  la  redacción  de  la 
escritura.”
Pues bien, en la escritura calificada se menciona expresamente la onerosidad de la 
aportación, o como dice a continuación la mencionada Resolución “...,en la escritura 
calificada queda explicitado el carácter oneroso del negocio entre los esposos”.
De ésta última resolución, cabe destacar además, que no se aceptó el argumento de 
la Sra. Registradora, según el cual, para destruir la presunción de ganancialidad hubiera 
sido necesario que en la escritura de compraventa se hubiera hecho constar un previo 
documento público (con citación de Notario, fecha y número de protocolo) por el que se 
alegara haber adquirido de forma privativa el cónyuge adquirente los fondos utilizados en 
la compra, puesto que, como señaló de forma diáfana la Notaria recurrente, por más 
títulos previos que se hicieran constar en ningún caso se podría inscribir por el principio 
de subrogación real, debido a la imposible trazabilidad o seguimiento de los mismos 
fondos, sino que por el contrario la solicitud de inscripción se enmarca en un ámbito 
totalmente diferente, como es la facultad de los cónyuges de atribuir carácter ganancial o 
privativo al bien o parte de los bienes adquiridos con independencia del origen de los 
fondos, sólo relevante a la hora de determinar el derecho de reembolso a la liquidación 
del régimen.
En definitiva, podemos concluir que la configuración como requisito imprescindible 
para la inscripción de los acuerdos del tipo del que es objeto de la presente, de la 
necesidad de en todo caso alegar títulos previos públicos por los que se habría adquirido 
de forma privativa los fondos que se hayan utilizado en la adquisición que contiene el 
acuerdo entre los cónyuges, o al menos alegar “algo al respecto”, supondría dejar 
prácticamente sin efecto toda la doctrina anterior y atribuir al Registrador un control 
cuasijudicial sobre la suficiencia  o insuficiencia de  dichas alegaciones previas para 
decidir  si  el  libre  acuerdo  entre  los  cónyuges,  está  o  no,  a  su  juicio,  lo  bastante 
fundamentado con manifestaciones varias. Todo lo anterior es, sin perjuicio en cualquier 
caso,  de  las  acciones  que  en  el  momento  de  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales, pudieran corresponder a acreedores y legitimarios en caso de demostrarse 
la falta de certeza sobre el hecho de realizarse la adquisición con dinero privativo, lo cual 
habría de hacerse, ahora sí, en el proceso judicial correspondiente y con todos los 
medios de prueba admisibles en el mismo.
2.  Que  no  se  aprecia  la  relación  o  cuando  menos  la  fundamentación  de  la 
calificación del Sr. Registrador, en las sentencias que cita.
La STS, sala de lo civil 10/2020, de 15 de enero, trata sobre la pretensión de uno de 
los cónyuges, en concreto el marido, de desvirtuar o dejar sin efecto, la manifestación 
que había realizado en una escritura de compraventa de un inmueble del año 1975, 
reconociendo  ser  privativo  de  su  esposa  del  dinero  empleado  en  la  adquisición. 
Pretensión que por las razones que considera dicha sentencia, fue desestimada. Por lo  e
que, ya sólo por la fecha de los hechos a los que se refiere, anterior incluso a la vigencia  bo
del propio art. 1324 del Código civil (cuya aplicación en cualquier caso se excluye en la  911ww
qeuscer intuorsa  occaulipfiac.ada precisamente por voluntad de los cónyuges), es intrasladable al caso
liquiYda claió nS TjuSd,i cisaal lad ed beie nloe sc igvailn, a2n9c5ia/2le0s1,9 e, stdáe  a2b7so ldueta mmeanytoe,  creerfceerennatdea  aco nu nla  ccaitsao  qudee 
de ella hace el Sr. Registrador, y fuera de contexto, al resaltar que dicha sentencia dice:
“El cónyuge que sostenga el carácter privativo de un bien adquirido a título oneroso, 
debe probar el carácter privativo del dinero empleado en la adquisición”, lo que podría no 
dejar de ser cierto en caso de pretensión unilateral de uno de los cónyuges en tal 
sentido, pero que vuelve a tener poco que ver con el supuesto de un acuerdo expreso 
entre cónyuges.
Es más, la mencionada sentencia del TS de 27 de mayo de 2019, fue alegada por el 
Notario recurrente en la antes citada Resolución de la DG y FP de fecha 12 de junio 
de  2020,  en  defensa  de  un  pacto  o  consentimiento  incluido  en  una  escritura  de 
compraventa por la que los cónyuges adquirentes consentían en la adquisición de la 
finca con carácter privativo de uno de ellos. Sentencia que, si bien se refería a un caso 
inverso al contemplado en la escritura que nos ocupa, como es el de la adquisición por 
un  cónyuge  para  la  sociedad  de  gananciales,  pero  con  dinero  privativo,  contiene 
diferentes  pronunciamientos  relativos  a  la  libertad  de  pactos  y  contratos  entre  los 
cónyuges, y por tanto de la consecuente restricción del juego de la presunción de 
ganancialidad, que fueron reseñados por extenso por el mencionado Notario recurrente y 
a cuya cita nos remitimos. Terminó concluyendo la sentencia referida que, cuando un 
cónyuge adquiere para la sociedad de gananciales, si demuestra que la adquisición se 
verificó con fondos propios (en sede judicial se entiende), tiene derecho al reembolso 
actualizado del valor en la liquidación de la sociedad de gananciales, debido a que en 
nuestro ordenamiento la donación no se presume, y aunque no se hubiera hecho reserva 
alguna en el momento de la adquisición.
Supuesto que, como se ha dicho es diferente del recogido en la escritura calificada, y 
que en último término perfila los posibles derechos de reembolsos o compensaciones 
entre  cónyuges,  si  al  tiempo  de  la  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  se 
demuestra en sede judicial, y por tanto, por los medios que en ella sean admisibles, la 
procedencia de los fondos empleados, sin alterar por ello la naturaleza del bien, pero que 
contiene importantes pronunciamientos sobre la libertad de pactos entre cónyuges, de 
los que al menos, nos permitimos reseñar los siguientes:
“Dada la amplitud con que el art. 1323 CC admite la libertad de pactos y contratos 
entre los cónyuges, son posibles acuerdos por los que se atribuya carácter ganancial a 
bienes privativos de uno de ellos (por ejemplo, por haber sido adquiridos antes de la 
sociedad, o adquiridos a título gratuito constante la sociedad, etc.).
c)  En este marco, en particular, el art. 1355 CC permite que los cónyuges atribuyan 
de común acuerdo carácter ganancial a un bien adquirido a título oneroso durante la 
vigencia de la sociedad de gananciales, con independencia de la procedencia de los 
fondos utilizados para la adquisición.
Se trata de la atribución de ganancialidad en el momento de la adquisición. El efecto 
del art. 1355 CC es que el bien ingresa directamente en el patrimonio ganancial. Si los 
fondos utilizados fueran gananciales, el bien adquirido sería ganancial por aplicación del 
art. 1347.3 CC. No haría falta la voluntad de las partes para atribuir al bien adquirido 
carácter ganancial.
Lo que permite el art. 1355 CC es que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a 
bienes que, de no existir tal acuerdo, serían privativos con arreglo a los criterios de 
determinación legal”.
Con  lo  que,  volvemos  a  reiterar,  alude  a  la  posibilidad,  fuera  del  principio  de 
subrogación real y del de presunción de ganancialidad, que un bien determinado tenga 
un carácter o naturaleza diferente del dinero que se hubiera empleado en su adquisición,  e
y precisamente por acuerdo entre los cónyuges.» bo
expeEdl ierengteis tar aedsoter  dCee nlatr oP Droirpeiecdtivaod. emitió inIfVorme el día 24 de junio de 2021 y elevó el  OE-A-2021-16able en https://
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 609, 1224, 1225, 1227, 1255, 1261, 1274 a 1277, 1278, 1279, 
1297, 1315, 1323, 1325, 1328, 1346, 1347, 1323, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 
1359 y 1361 del Código Civil; 4 y 125 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil 
Vasco; 9, 18, 21, 31, 34, 66 y 326 de la Ley Hipotecaria; 385 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 213 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto 
Refundido  de  las  Leyes  civiles  aragonesas;  51.6.ª,  90,  93,  94,  95,  96  y  101  del 
Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 
de julio de 1991, 26 de noviembre de 1993, 19 de abril y 29 de septiembre de 1997, 24 
de febrero, 27 de marzo, 25 de octubre y 20 de noviembre de 2000, 11 de diciembre 
de 2001, 26 de febrero y 17 de abril de 2002, 11 de junio de 2003, 8 de octubre de 2004, 
25 de mayo de 2005, 8 de octubre y 29 de noviembre de 2006, 27 de mayo de 2019 y 15 
de enero y 12 de febrero de 2020, y de la Sala Tercera, Sección Segunda, de 2 de 
octubre de 2001; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 12 de septiembre de 1937, 7 de junio de 1972, 10 de marzo de 1989, 14 de 
abril de 1989, 25 de septiembre de 1990, 21 de enero de 1991, 7 y 26 de octubre 
de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 21 de diciembre de 1998, 15 de 
marzo, 26 de mayo y 15 y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo y 7 de diciembre 
de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 12 de junio y 18 de septiembre 
de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio y 25 de octubre de 2007, 29 y 31 de marzo y 19 
de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 12 de junio 
de 2013, 2 de febrero y 13 de noviembre de 2017 y 24 de enero, 30 de julio y 7 de 
noviembre de 2018; y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 12 de junio y 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero y 8 de septiembre 
de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada,  una  cooperativa  de 
viviendas adjudica el pleno dominio de dos fincas (una vivienda y una plaza de garaje) a 
dos personas que lo adquieren por mitad pro indiviso, haciéndose constar por ellos y sus 
respectivos cónyuges –casados en régimen legal de gananciales– que acuerdan que 
cada una de esas mitades indivisas tenga carácter privativo del cónyuge adquirente «y 
solicitan que se inscriba a nombre del citado adquirente por haber sido adquirido con tal 
carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa 
onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la mitad del valor de adquisición 
privativos  del  mencionado  adquirente,  y  no  procederá  el  reembolso  previsto  en  el 
art. 1358 del Código civil».
El registrador de la Propiedad suspende la inscripción solicitada por entender, en 
esencia, que las referidas mitades indivisas sólo pueden inscribirse con carácter privativo 
por confesión de los respectivos cónyuges de los adquirentes, pues no se acredita 
fehacientemente la procedencia de los abonos a la transmitente con fondos privativos de 
los adquirentes, ni el acuerdo contractual entre los cónyuges, con expresión de su causa, 
objeto y contenido que identifique el pacto con causa onerosa.
El notario recurrente alega que no se entiende la afirmación del registrador, dado el 
contenido de la estipulación contenida en la escritura sobre el carácter privativo de la 
adquisición, toda vez que existe acuerdo entre los cónyuges respectivos, en relación con 
la mitad indivisa que adquieren cada uno de ellos, y se expresa la causa onerosa de 
dicho acuerdo, por ser los fondos empleados para el pago de cada mitad indivisa  e
privativos  respectivamente  de  cada  uno  de  los  cónyuges  adquirentes  y  darse  bo
correspondencia entre los fondos y el carácter del bien, es decir que no tiene causa  911ww
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alude a la posibilidad, fuera del principio de subrogación real y del de presunción de
ganancialidad, de que un bien determinado tenga carácter o naturaleza diferente del 
dinero que se hubiera empleado en su adquisición, y precisamente por acuerdo entre los 
cónyuges. Asimismo, alega el recurrente que esta Dirección General ha admitido la 
inscripción de adquisiciones análoga a la presente en Resoluciones de 12 de junio 
de 2020 y 15 de enero de 2021.
2.  La  cuestión  planteada  en  este  recurso  debe  resolverse  según  las  citadas 
Resoluciones de esta Dirección General de 12 de junio de 2020 y 15 de enero y 8 de 
septiembre de 2021, relativas a casos análogos.
La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico matrimonial, de 
tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según el cual se hacen comunes 
las ganancias obtenidas y se atribuye carácter consorcial o ganancial a los bienes 
adquiridos a título oneroso con cargo al acervo común, constante su vigencia. Esta 
última idea expresa lo que se conoce como el llamado principio de subrogación real, 
enunciado con carácter general en el Código Civil según los artículos 1347.3.º («son 
bienes gananciales (…) Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común») 
y 1346.3.º («son privativos de cada uno de los cónyuges (…) Los adquiridos a costa o en 
sustitución  de  bienes  privativos»).  Sin  embargo,  este  principio  no  es  de  aplicación 
universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador ha considerado como 
prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, como pueden ser el de la 
accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de la autonomía de la voluntad (cfr. 
artículo 1355 del Código Civil) o el del carácter del propio bien del que deriva el derecho 
a la adquisición (cfr. artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).
Bien es verdad que en las adquisiciones onerosas, en caso de que no se aplique el 
denominado principio de subrogación real (con arreglo al cual los bienes adquiridos 
tienen la misma naturaleza privativa o ganancial que tuviesen los fondos utilizados o la 
contraprestación satisfecha), para evitar el desequilibrio entre los distintos patrimonios de 
los cónyuges, surge como contrapeso el correspondiente derecho de reembolso (a favor 
del patrimonio que sufraga la adquisición) consagrado en el artículo 1358 del Código 
Civil.
La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo 1315).
El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a 
los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, con independencia de 
cuál  sea  la  procedencia  y  la  forma  y  plazos  de  satisfacción  del  precio  o 
contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio reconocimiento de la autonomía 
privada, y constituye una manifestación más del principio de libertad de pactos que se 
hace  patente  en  el  mencionado  artículo  1323.  Precisamente  la  aplicación  de  este 
principio hace posible también que, aun cuando no concurran los presupuestos de la 
norma del artículo 1355, los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes 
que fueran privativos. Así lo admitió esta Dirección General en Resolución de 10 de 
marzo de 1989 que, respecto del pacto específico de atribución de ganancialidad a la  s
edificación realizada con dinero ganancial sobre suelo privativo de uno de los cónyuges,  oe.
afirmó que «aun cuando la hipótesis considerada no encaje en el ámbito definido por la  w.
norma del artículo 1355 del Código Civil (que contempla la posibilidad de asignar de  911ww
omnoedroo sdoe, fitnaintivtoo  seil  hcaurbáiecrteer  ignadneatenrcmiainl ascoilóanm esonbter er elsap neacttuor daele zloas  dbeie nlae sc oandtqraupirrideostsa cai ótíntu alol 
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vez que los amplios términos del artículo 1323 del Código Civil posibilitan cualesquiera 
desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y, por ende, entre sus patrimonios 
privativos y el consorcial, siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los 
medios legítimos previstos al efecto –entre los cuales no puede desconocerse el negocio 
de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada 
jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con 
sus propios elementos y características–, y cuyo régimen jurídico vendrá determinado 
por  las  previsiones  estipuladas  por  los  contratantes  dentro  de  los  límites  legales 
(artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del 
Código Civil». Este criterio ha sido posteriormente confirmado en Resoluciones de 14 de 
abril de 1989, 7 y 26 de octubre de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 15 
y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 
12 de junio y 18 de septiembre de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio de 2007, 29 y 31 
de marzo y 19 de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 
13 de noviembre de 2017, 30 de julio de 2018.
Ciertamente, según la referida doctrina de este Centro Directivo, los elementos 
constitutivos del negocio por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios 
privativos y el consorcial han de quedar precisados debidamente, también respecto de la 
causa de la transferencia patrimonial, que no puede presumirse a efectos registrales. 
Ahora bien, como se indicó en la referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha 
exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos 
términos. En este sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 
gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los concretos 
términos empleados en la redacción de la escritura, toda vez que «los referidos pactos 
de atribución de ganancialidad tienen la finalidad de ampliar el ámbito objetivo del 
patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, y por 
ello están trascendidos por la relación jurídica básica –la de la sociedad de gananciales, 
cuyo sustrato es la propia relación matrimonial–. Se trata de sujetar el bien al peculiar 
régimen de afección propio de los bienes gananciales, en cuanto a su administración, 
disposición, cargas, responsabilidades, liquidación que puede conducir a su atribución 
definitiva a uno u otro cónyuge, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, o sus 
respectivos herederos». A lo que se añadió que cabe «entender que el desplazamiento 
patrimonial  derivado  del  negocio  jurídico  de  atribución  de  ganancialidad  tiene  una 
identidad causal propia que permite diferenciarlo de otros negocios jurídicos propiamente 
traslativos del dominio, como la compraventa, la permuta (el cónyuge que aporta no 
espera obtener un precio u otra contraprestación), o la donación (la aportación no se 
realiza por mera liberalidad). Por ello, se llega a afirmar que encuentran justificación en 
la denominada “causa matrimonii”, de la que, históricamente puede encontrarse algunas 
manifestaciones como la admisión de las donaciones “propter nupcias” de un consorte al 
otro –a pesar de la prohibición general de donaciones entre cónyuges–, o la antigua 
dote. Y es que, aun cuando no puedan confundirse la estipulación capitular y el pacto 
específico sobre un bien concreto, la misma causa que justifica la atribución patrimonial 
en  caso  de  aportaciones  realizadas  mediante  capitulaciones  matrimoniales  (cfr.  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1993, según la cual “Siendo los 
capítulos por su propia naturaleza actos jurídicos cuyo tratamiento es el de los onerosos, 
difícilmente podría ser impugnado como carente de causa”; y la Resolución de 21 de 
diciembre de 1998) debe considerarse suficiente para justificar los desplazamientos 
patrimoniales derivados de pactos extracapitulares de ganancialidad, sin necesidad de  s
mayores especificaciones respecto del elemento causal del negocio. En ambos casos se  oe.
trata de convenciones que participan de la misma “iusta causa traditionis”, justificativa del  w.
desplazamiento patrimonial “ad sustinenda oneri matrimonii”». 911ww
priva3t.i voE as tuen  Cbeiennt rgoa Dnairneccitaivl,o p ahcat eand om nitoid oco qmupee nlossa ccióónn yau cgaersg op udeed loesn  baietrnibeusi rp rcivaaráticvtoesr 
y siempre que el desplazamiento pactado aparezca causalizado (cfr. Resoluciones de 25
de septiembre de 1990, 21 de enero de 1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de 
diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021).
Ciertamente, se han aducido doctrinalmente determinados argumentos en contra de 
tal posibilidad: que no hay un principio general ni artículo que admita la atribución de 
privatividad, en sentido inverso a la de ganancialidad a que se refiere el artículo 1355 del 
Código Civil, en virtud del cual los cónyuges puedan atribuir carácter privativo a los 
bienes adquiridos a título oneroso, ya que la confesión de privatividad del artículo 1324 
del Código Civil es en puridad un medio de prueba; que no puede confundirse la libre 
contratación entre los cónyuges (ex artículo 1323 del mismo Código), ni el principio 
informador del «favor consortialis» que inspira el artículo 1355 con la confesión de 
privatividad recogida en el artículo 1324, ya que ésta última es un medio de prueba; que 
el  interés  de  los  acreedores  de  la  sociedad  de  gananciales  debe  estar  protegido 
mediante una liquidación que contenga su inventario, por lo que, en consecuencia, la 
declaración de la privatividad tiene su marco en la confesión del artículo 1324, sin 
perjuicio de que se puedan producir transmisiones –con su causa– entre los cónyuges 
mediante donación, compraventa u otros contratos (ex artículo 1323).
Esta tesis negativa fue rechazada ya por este Centro en la citada Resolución de 25 
de septiembre de 1990, en los siguientes términos: «Por una parte, las normas jurídicas 
no pueden ser interpretadas desde la perspectiva de evitar el fraude de los acreedores, 
el cual, además, tiene suficiente remedio en las correspondientes accione de nulidad y 
rescisión o en la aplicación de las normas que se hubiere tratado de eludir. Por otra, no 
puede desconocerse la proclamación, tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo 
de 1981, de la libertad de contratación entre los cónyuges (principio recogido en el 
artículo 1.323 del Código Civil, respecto del cual, el artículo 1.355 del Código Civil no es 
sino una aplicación particular para una hipótesis concreta, de la que no puede inferirse, 
por tanto, la exclusión legal de los demás supuestos de contratación entre esposos) que 
posibilita a estos, para, actuando de mutuo acuerdo, provocar el desplazamiento de un 
concreto bien ganancial al patrimonio de uno de ellos por venta (vid. resolución de 2 de 
febrero de 1983), permuta, donación u otro título suficientemente causalizado y cuyo 
régimen jurídico vendrá determinado en función de esa específica causalización (609, 
1.255, 1.261 del Código Civil), así pues, admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya 
ganancial, debe igualmente admitirse que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de 
determinado bien a tercero, puedan convenir que éste ingrese de manera directa y erga 
omnes en el patrimonio personal de uno de ellos a pesar de no haberse acreditado la 
privatividad de la contraprestación, siempre que dicho negocio conyugal atributivo (que 
mantiene su sustantividad y autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio 
adquisitivo)  obedezca  a  una  causa  adecuada  que  justifique  la  no  operatividad  del 
principio de subrogación real (1.347.3.º del Código Civil) cual, por ejemplo, la previa 
transmisión gratuita de la contraprestación a favor del cónyuge adquirente, el derecho de 
reembolso  al  que  se  refiere  el  artículo  1.358  del  Código  Civil,  etc.  Dicho  negocio 
atributivo no debe confundirse con la confesión de privatividad, pues la virtualidad de 
ésta a efectos de la calificación del bien, sobre ser relativa en su ámbito subjetivo 
(artículo 1.324 del Código Civil), queda subordinada a la realidad o inexactitud del hecho 
confesado (vid. artículo 1.234 del Código Civil)».
Como puso de relieve este Centro en Resolución de 30 de julio de 2018, el pacto de 
privatividad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, tanto en los 
supuestos en que la convención sea previa o simultánea a la adquisición, como en los 
casos en que sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de  s
compraventa o donación entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida  oe.
Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio  w.
ha de ser interpretada en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado  911ww
rseusfiucliteen toe  qsuee  dseed muzecnac iodnee  lolas  ocnoenrocrseidtoasd  oté rgmraintuoisd aedm dpel elaa daopso retanc iólan , reod qaucec iólan  mdiesm  laa 
escritura.
En  el  presente  caso  debe  concluirse  que  los  cónyuges,  por  pacto,  están 
determinando el carácter privativo de los bienes comprados por el respectivo consorte, 
abstracción hecha de que no se haya acreditado el carácter privativo de la participación 
indivisa adquirida mediante aplicación directa del principio de subrogación real por faltar 
la prueba fehaciente del carácter privativo del dinero empleado (a falta en el Derecho 
común de una presunción legal como la establecida en el artículo 213 del Código de 
Derecho Foral de Aragón), de modo que los cónyuges otorgantes, en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad, excluyen el juego de la presunción de ganancialidad del 
artículo 1361 del Código Civil; y, como alega el recurrente, en la escritura calificada 
queda explicitado el carácter oneroso del negocio entre los respectivos esposos.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.