BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7879
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1128 Pleno. Sentencia 194/2020, de 17 de diciembre de 2020. Recurso de amparo 
5199-2019. Promovido por don Josep Rull i Andreu respecto de los acuerdos 
de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como 
diputado. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público 
representativo y a la presunción de inocencia: STC 97/2020 [resoluciones 
parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del 
ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994)].
ECLI:ES:TC:2020:194
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5199-2019, promovido por don Josep Rull i Andreu 
contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 11 de junio de 2019, por 
el que se desestima la solicitud de reconsideración presentada contra el acuerdo del 
mismo órgano de gobierno de la Cámara de 24 de mayo de 2019, en relación con la 
declaración de suspensión como diputado del recurrente. Ha comparecido y presentado 
alegaciones el Congreso de los Diputados, representado por letrada de las Cortes 
Generales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional el 12 de septiembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Josep Rull i Andreu 
contra las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados reseñadas en el 
encabezamiento de la presente sentencia.
A)  Los hechos expuestos en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a)  El 21 de marzo de 2018, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal  e.
Supremo que instruía la causa especial 20907-2017 dictó auto de procesamiento contra,  w.
qdeuenilteirteon   doseter a rhesa bplelaelibrósano .neans ,p reisl iódne mparonvdisainotnea, l ednetosndcee esl  d2i3p udtaed mo adrezlo  Pdaer la2m01e8n,t op odre  uCn aptaolsuiñbale,   2021-1128n https://w
Supbe)r iorP doer  rSescohlluecsiwóing -dHeo 1ls2te dine  j(uRlieop dúeb l2ic0a1 8F,e ldae Prarli mdeer aA lSeamlaa ndiea )l oc oCnrsimidienraól  dineal dTmribisuinbalel   BOE-A-cable e
la  orden  europea  de  detención  y  entrega  respecto  del  anterior  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, investigado en la mentada 
causa especial. La referida orden fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
con base en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en relación con los 
delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. Se observa en la demanda de 
amparo que el tribunal alemán, entre otros argumentos, apreció que, en el contexto de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Derecho penal debe intervenir con 
mesura en las desavenencias políticas.
c)  Con fechas 25 y 26 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en sus opiniones 6/2019, relativa a don Jordi 
Cuixart i Navarro, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, y 12/2019 
atinente a don Josep Rull i Andreu, don Raül Romeva i Rueda y doña Dolors Bassa i Coll 
que la encarcelación de las citadas personas era arbitraria y que se estaba persiguiendo 
políticamente a los responsables de la minoría social a la que el recurrente pertenece.
d)  El 28 de abril de 2019 se celebraron elecciones a Cortes Generales. La Junta 
Electoral Provincial de Barcelona proclamó diputado al Congreso al señor Rull i Andreu 
que concurrió a los comicios en la candidatura electoral de Junts per Catalunya. El 21 de 
mayo el recurrente concurrió a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y 
participó en la votación para elegir a los miembros de la mesa de la Cámara.
e)  El  24  de  mayo,  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  acordó  declarar 
automáticamente suspendidos en el cargo y, por tanto, en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento de la Cámara, con efectos desde el 21 de mayo de 2019, 
al demandante de amparo, además de a los señores Oriol Junqueras i Vies, Jordi 
Sànchez i Picanyol y Jordi Turull i Negre por concurrir las circunstancias necesarias para 
la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Se 
acordó comunicarlo así a los afectados y al Tribunal Supremo y encomendar a la 
secretaría general de la cámara la adopción de las medidas cautelares oportunas.
f)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración, ampliada 
posteriormente, ante la mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 11 de 
junio de 2019.
B)  La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida 
como sigue:
a)  Se estiman infringidos los derechos reconocidos en los artículos 23.2 y 24.2 CE, 
en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 d) (sic), 23.1, 24.1, 25, 70 y 71 de la misma 
norma fundamental. Se consideran también infringidos el artículo 10.3 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE), en relación con sus artículos 5, 10.2 y 12 y con los Protocolos 
núm. 1 y 2 a dicho Tratado, así como el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1 al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que, conforme al artículo 6.3 TUE, 
forma parte, como principio general, del Derecho de la Unión Europea. Se invocan, 
asimismo, el artículo 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE), el artículo 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP) y el artículo 6 CEDH.
b)  Tras justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda 
comienza por referirse a los argumentos expuestos por la mesa del Congreso de los 
Diputados para rechazar el acuerdo de 11 de junio de 2019, la reconsideración de su 
resolución inicial y el acuerdo de 24 de mayo del mismo año, argumentos que no tienen 
una  justificación  jurídica  que  los  avale,  pues  ambos  pretenden  sustentarse  en  una  e
actuación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que es contraria a Derecho. Pero  bo
más allá de que esas decisiones del Tribunal Supremo son también nulas de pleno  w
dcoenretrcahroio,  ay  Deenr etcahl os eyn vtiudlon eeras tálons  dreecruercrhidoass  deenl  reacmuprraernot,e  loco na cionrddeapdeon dpeonrc ilaa  dmee lsoa q uees   2021-1128n https://w
pVuuelndear arne stoalmvebri éenl  dTerirbeucnhaols C roencostnitoucciidoonsa lp eonr  loresl aacritóícnu lcoosn 1 a0q.3u eTllUoEs  rye c4u8r.s1o Cs DdFeU aEm, ppaureos. 
este proceso constitucional no es ajeno al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
Europea. Por lo que hace al artículo 48.1, presunción de inocencia, se cita el artículo 2 
de la Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que 
señala que la misma es de aplicación a las personas físicas que sean sospechosas o 
acusadas en procesos penales, de modo que el Derecho de la Unión es también de 
aplicación en el presente recurso de amparo, pues el acuerdo de la mesa del Congreso 
de 11 de junio de 2019 asegura estar ejecutando una declaración de suspensión implícita 
que habría sido adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, auto de 14 de 
mayo de 2019, en el marco del proceso penal que se sigue contra el actor. Tampoco este 
proceso constitucional es ajeno al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en lo 
relativo al derecho reconocido en el artículo 10.3 TUE, precepto que reconoce el derecho 
de los ciudadanos a la participación en la vida democrática de la Unión, derecho al que 
los acuerdos impugnados privan de su efecto útil en relación con quien demanda, 
añadiéndose que el artículo 6.3 TUE también establece que los derechos reconocidos en 
el Convenio europeo de derechos humanos forman parte, como principios generales, del 
Derecho de la Unión. Se vulnera este Derecho en tanto que se priva al recurrente de su 
participación como diputado al Congreso en el control del Gobierno, en lo relativo a la 
representación del Estado español en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión, 
en relación con lo previsto en el artículo 10.2 TUE.
Por ello, a pesar de hallarnos ante una suspensión de un diputado de un parlamento 
nacional, la misma no es ajena al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, que 
atribuye  a  los  parlamentos  nacionales  una  participación  destacada  en  la  vida 
democrática de la Unión. Esta incidencia es relevante en relación con unos acuerdos, 
como los impugnados, que solo pueden ser recurridos en amparo ante el Tribunal 
Constitucional según el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y, 
respecto de los cuales, este tribunal es el juez ordinario de la Unión, competente para 
conocer de los derechos del recurrente derivados del Derecho de la Unión. Por ello, de 
acuerdo con el principio de primacía de ese Derecho, en el actual proceso y pese a lo 
previsto en el artículo 161.1 b) CE el tribunal no se puede limitar a determinar si por la 
mesa del Congreso de los Diputados se han vulnerado exclusivamente los derechos 
fundamentales a los que se refiere el artículo 53.2 CE, sin entrar a valorar, si se han 
vulnerado los derechos equivalentes derivados del Derecho de la Unión, pues ello 
supondría vulnerar los principios de equivalencia y efectividad, así como el derecho a la 
tutela judicial efectiva, (art. 47 CDFUE y art. 13 CEDH). Si el Tribunal Constitucional se 
negara a conocer de las acciones basadas directamente en los artículos 10.3 TUE y 48.1 
CDFUE, con el planteamiento de la correspondiente cuestión prejudicial ante el Tribunal 
de  Justicia  de  la  Unión  Europea  por  ser  normas  directamente  aplicables,  estaría 
vulnerando el principio de equivalencia y negando tanto el derecho de acceso a la 
jurisdicción y el citado principio de efectividad.
c)  Se afirma en la demanda que los acuerdos impugnados son nulos de pleno 
derecho, al no concurrir los presupuestos legalmente establecidos para la suspensión de 
los diputados afectados, con la consiguiente vulneración de los derechos reconocidos en 
el artículo 10.3 TUE y en el artículo 23 CE. Luego de transcribir los artículos 21 del 
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 384 bis LECrim, se alega que 
ninguno  de  los  tres  supuestos  previstos  en  el  primero  de  estos  preceptos  para  la 
suspensión de un diputado concurrió en este caso, como reconoció el acuerdo de la 
propia mesa de 11 de julio de 2019. Pese a ello acordó la suspensión con el pretendido 
amparo del citado artículo 384 bis LECrim, siendo trasladable aquí la opinión de la 
Comisión de Venecia sobre la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, en relación con  s
el artículo 92.4 b) LOTC, conforme a la cual, la suspensión de parlamentarios resulta  oe.
problemática, especialmente desde la perspectiva de su inmunidad. w.
S(i)e  aErgsu mimepnotas ibal ep aprtriro cdeed teord oa e lllao  lsou ssipgeuniesnióten:  de  un  diputado  al  Congreso  sin  la  2021-1128n https://w
trreapmreitsaecniótann dtee ly c loorsr edseproencdhioesn tdee s suupsli craetporreios,e nhtaabdiéons,d o(asret.  v1u0l.n3e rTaUdEo , eel niu rse lianc ioófnfi cciuomn  sduesl 
artículos 5, 10.2 y 12, Protocolos 1 y 2 y preceptos correspondientes del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el art. 23 CE). Esta vulneración 
no es solo del Reglamento del Congreso de los Diputados, pues su artículo 21.1.2, al 
señalar que para la suspensión de los derechos de los parlamentarios es necesaria la 
concesión del suplicatorio, no hace sino aplicar el artículo 71.2 CE sobre la inmunidad de 
los diputados electos. Aunque el artículo 384 bis LECrim no explicita la necesidad de 
autorización de la cámara, la misma es condición sine qua non para la existencia tanto 
de un auto de procesamiento válido como de una orden válida de prisión provisional 
contra un diputado, que sí son requisitos previstos en aquel precepto. Se añade que el 
artículo  751.2  LECrim  establece  la  obligación  del  Tribunal  Supremo  de  poner  en 
conocimiento de las cámaras «la causa que existiere pendiente contra el que, estando 
procesado, hubiese sido elegido senador o diputado a Cortes», a los efectos de que 
estas  resuelvan  lo  que  tengan  por  conveniente  en  orden  a  la  concesión  de  esa 
autorización, (arts. 71.2 CE y 753 LECrim). En este sentido, el artículo 6 de la ley de 9 de 
febrero de 1912, lex posterior respecto del artículo 753 LECrim, del que prescinde 
absolutamente el auto de 14 de mayo de 2019 del Tribunal Supremo, determina que 
«mientras  el  Senado  o  el  Congreso  no  resuelvan  sobre  la  autorización  pedida,  se 
suspenderán las diligencias de las causas, excepto las encaminadas a la reforma de los 
autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión o 
procesamiento». Así, la proclamación como electo, que lleva aparejada la adquisición de 
la  inmunidad,  determina  necesariamente  el  levantamiento  por  el  juez  o  tribunal 
competente de cualquier auto de procesamiento o de cualquier resolución de ingreso en 
prisión de un diputado en tanto la cámara no conceda autorización para proceder contra 
el mismo, (STC 90/1985, de 22 de julio), observándose que la amenaza de que el 
proceso penal sea utilizado con la intención de perturbar el funcionamiento de las 
cámaras o de alterar su composición, no desaparece por el hecho de que se haya 
iniciado ya la fase de juicio oral. Las medidas cautelares se pueden acordar en cualquier 
momento y asimismo su levantamiento, añadiéndose que el grupo de trabajo sobre la 
detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó, 
en su opinión 6/2019, que el demandante de amparo se hallaba en prisión provisional 
por motivos políticos. Todo ello no se ve alterado por el hecho de que el auto del Tribunal 
Supremo de 14 de mayo de 2019 considerara, de forma inconstitucional e ilegal, que no 
procedía el levantamiento del procesamiento del actor. La arbitrariedad de la decisión de 
la mesa es manifiesta si se tiene en cuenta lo que señala ese auto, al que se refieren y 
en  el  que  pretenden  fundamentar  su  declaración  los  acuerdos  impugnados,  pues 
mientras la resolución judicial niega la condición de «procesado» al recurrente a los 
efectos de solicitar el suplicatorio, el acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2019 lo 
considera «procesado» a los efectos del artículo 384 bis LECrim, de modo tal que, para 
la mesa, la condición de procesado estaría vigente para lo desfavorable, pero no para lo 
favorable, interpretación que responde a la persecución política a la que está siendo 
sometido el recurrente. En definitiva, habiendo adquirido este la condición de diputado 
desde su proclamación como tal, el auto de procesamiento dictado por el magistrado 
instructor el 21 de marzo de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 
Ley de 9 de febrero de 1912, no puede tener virtualidad alguna respecto de su cargo de 
diputado, a los efectos del artículo 384 bis LECrim, en relación con lo previsto en el 
artículo 21.1.2 RCD. Se cita el auto de 1 de diciembre de 1989 del Tribunal Supremo.
(ii)  No  existe  resolución  judicial  decretando  la  medida  cautelar  prevista  en  el 
artículo 384 bis LECrim en relación con la condición de diputado del señor Rull i Andreu. 
Sin perjuicio de lo que después se dirá, y asumiendo, a efectos meramente dialécticos,  s
que tal precepto contenga una verdadera medida cautelar, es evidente que tal tipo de  oe.
medida en el proceso penal solo se puede decretar en resolución judicial y así lo habría  w.
reeenl fteaercneudneicdridoao s  eadl le ap urloatop  midoe e Ts9ar i dbdeue nj ua1lli 1oS  ddueep  r2ej0um1n8oio,   dedenel   ms2ua0 g1ai9su,t troaa dl dose ei nñs1at0lrau rcd teqo ur.je uI,nl iocal uudnseoq  ue2es0 t1oe9 l lo T earnidb musniutaesl    2021-1128n https://w
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resolución judicial, la resolución «implícita». Es evidente que las cámaras no tienen 
potestad jurisdiccional para aplicar las normas de la legislación procesal sin una previa 
resolución judicial, siendo obvio que, a diferencia de lo que sucedió con el auto de 9 de 
julio de 2018 en relación con el Parlamento de Cataluña, el auto de 14 de mayo de 2019 
no contiene comunicación alguna respecto a que el artículo 384 bis LECrim pueda 
resultar de aplicación al recurrente. A fin de acreditar que no se trata de una medida 
cautelar dictada en el seno de un proceso penal, se solicita como prueba que el tribunal 
se dirija al registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes 
para que certifique si por cualquier juez o tribunal se ha decretado la medida prevista en 
el artículo 384 bis LECrim en relación con la condición de diputado al Congreso del 
recurrente. El Congreso tiene plena autoridad para aplicar el artículo 21.1.2 de su 
Reglamento, pero aquel otro precepto requiere, para su aplicación, de la intervención de 
la autoridad judicial mediante un juicio de proporcionalidad y de necesidad.
(iii)  El recurrente no es un «individuo rebelde» a los efectos del artículo 384 bis 
LECrim. Lo mismo cabe decir respecto de la existencia de imputación válida, que no 
puede  existir  a  estos  efectos  sin  la  existencia  de  un  auto  de  procesamiento.  Aun 
entendiendo  que  la  Cámara  viniera  vinculada  por  la  existencia  de  un  auto  de 
procesamiento, y que no era procedente el suplicatorio, el recurrente no puede ser 
considerado un individuo rebelde a estos efectos, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional. Violentando las normas penales, el Tribunal Supremo imputa al actor un 
delito de rebelión como consecuencia de la organización del referéndum celebrado el 1 
de octubre de 2017, ante el que penden decenas de recursos de amparo, de esta parte o 
de otros procesados en la causa especial del Tribunal Supremo. La estimación de 
cualquiera de estos recursos en relación con la imputación de rebelión o sobre la 
pertinencia de la prisión provisional de cualquiera de los diputados afectados por los 
autos del instructor, de 9 de julio de 2018, y de la Sala de apelaciones, de 30 de julio del 
mismo año, habría de conllevar la estimación del actual recurso, por cuanto aquella 
imputación  y  esta  situación  de  prisión  son  condiciones  necesarias,  aunque  no 
suficientes, para la aplicación del artículo 384 bis; se transcriben determinados pasajes 
de la opinión, ya citada, del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como de la resolución de 12 de julio 
de 2018, del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.
Se añade que este precepto legal tiene su precedente inmediato en el artículo 22.1 
de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y 
elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 CE, norma que había perdido 
vigencia cuando se dictó la STC 199/1987, de 16 de diciembre, por lo que el tribunal 
declaró la desaparición sobrevenida de los recursos de inconstitucionalidad contra ella 
interpuestos.  Es  importante  recordar  que  el  ámbito  de  aplicación  de  aquella  Ley 
Orgánica  se  establecía,  en  su  artículo  1.1,  de  manera  prácticamente  idéntica  al 
artículo 384 bis LECrim. Y la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha 
desatendido la jurisprudencia constitucional aplicable, al llevar a cabo una interpretación 
del concepto «individuos rebeldes» contraria a la de la referida sentencia constitucional, 
de la que se desprende con claridad que este último precepto, introducido por la Ley 
Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, no se puede aplicar a cualesquiera procesados por el 
delito  de  rebelión,  sino  únicamente  a  aquellos  que  integren  el  concepto  de  banda 
armada, situación que no concurre en ninguno de los diputados afectados por los autos 
de 9 y 30 de julio «contra los que –dice en este punto la demanda–se recurre en 
amparo». Es cierto que la STC 199/1987 interpretaba la Ley Orgánica 9/1984, que en lo  s
que respecta a su artículo 22, precedente directo del artículo 384 bis, quedó sin vigencia  oe.
con anterioridad; pero no lo es menos que la disposición adicional única de la Ley  w.
aOqrurtgeícá ulanlo icju a5r i5s.p42r/ 1ud9de8e l8na c Ciaeo santals rbteitleuscpceieó cnt qosu eee se  na«tpelalincsda ebrrleáefn ea rh esenucc hiinaatses  rapa re estlataac  iLónenoy.r mOarg ádneic ad»e, sdaer rtoalll om oddeol   2021-1128n https://w
La ausencia, por ello, de uno de los requisitos que establece el artículo 384 bis (la 
consideración de los diputados afectados como «individuos rebeldes») ha de conllevar la 
nulidad de los acuerdos impugnados de la mesa del Congreso de los Diputados.
(iv)  El de diputado al Congreso es un cargo electo adquirido con posterioridad al 
auto de procesamiento y del tenor literal del artículo 384 bis LECrim se desprende que la 
suspensión allí establecida opera respecto de los cargos que el procesado ostentara en 
el momento en que concurran las circunstancias en él previstas, no respecto de los 
electos adquiridos con posterioridad, como es el caso presente. Se reitera que mientras 
el auto de 14 de mayo de 2019, del Tribunal Supremo, entiende que el recurrente no 
puede ser considerado procesado a los efectos del artículo 751 LECrim, la mesa del 
Congreso entiende que sí lo es a los efectos del artículo 384 bis.  O lo que es lo mismo: 
el recurrente es «procesado» a los efectos desfavorables, no a los favorables.
d)  El artículo 384 bis LECrim vulnera el derecho a la presunción de inocencia, así 
como el derecho a la legalidad penal.
En relación con el primero de estos derechos, se dice que la STC 71/1994, de 3 de 
marzo,  FJ  7,  desestimó  los  recursos  de  inconstitucionalidad  interpuestos  contra  la 
disposición controvertida, pero la interpretación del tribunal, según la cual la presunción 
de inocencia del art. 24.2 CE solo se puede llegar a violar por la condena sin pruebas o 
en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer sin las garantías debidas, 
se  encuentra  plenamente  superada  por  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  y  su 
interpretación  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.  La  aplicación  del 
artículo 384 bis contiene todos los elementos de una verdadera sanción anticipada, dado 
que, como ha reconocido el instructor (auto de 9 de julio de 2018), esa llamada medida 
cautelar no tiene por objeto ninguna finalidad asociada a garantizar el proceso penal en 
el marco del cual se adopta, por lo que, en tanto que tal sanción, la adoptada en este 
caso por la mesa de la cámara vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pero 
también el derecho a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal. Es de 
aplicación el artículo 3 de la ya citada directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del 
Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio, que establece que 
«los estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y 
acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley», lo que debe ser 
tomado en consideración al interpretar el artículo 24.2 CE. En este sentido, la pretendida 
suspensión automática adoptada por la mesa del Congreso no cumple ninguno de los 
requisitos  establecidos  por  el  Tribunal  General  de  la  Unión  Europea  para  que  las 
medidas cautelares sean compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, 
reconocido en el artículo 6.2 CEDH, en el artículo 48.1 CDFUE y en el artículo 3 de la 
directiva citada (sentencias de 2 de septiembre de 2009, asuntos acumulados T-37/07 y 
T-323/07; de 13 de septiembre de 2013, asunto T-592/11; de 20 de septiembre de 2016, 
asunto T-485/15, y de 20 de julio de 2017, asunto T-619/15). De acuerdo con esa 
jurisprudencia, si bien la presunción de inocencia no se opone a la adopción de medidas 
cautelares, sí exige que concurran tres requisitos –estar contempladas en la ley, haber 
sido adoptadas por autoridad competente y estar delimitadas en el tiempo–, aquí no 
cumplidos. Como ya se ha señalado, la suspensión a que alude el magistrado instructor 
en su auto de 9 de julio de 2018 no está prevista en la ley, al no resultar de aplicación a 
los diputados afectados; tampoco ha sido adoptada por la autoridad competente, pues el 
Tribunal Supremo no ha suspendido cautelarmente al recurrente como diputado, siendo 
incompetente la mesa del Congreso para acordarla, y se recuerda, además, que la  e.
causa especial 20907-2017 viene viciada de incompetencia desde su origen, en virtud de  w.b
clSoou ndpoirsecpimmuoeie snntooto  e hnaa l  esTli draiobrt uíccnouamllo p S5eu7tep.2ne trdeioe rhl  aEdssett aaJ teuulst otmi cdoiaem  Adeuent tooCn adotema líluaañ  dape,r o dCcelaa tmmalauocñdióaon,   qqcuuoeem  aeotl r diTbipuriuybetua ndsauol    2021-1128n https://w
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desde hace meses, siendo manifiesto el incumplimiento del plazo previsto para dictar
sentencia en el art. 203 LECrim, con la consecuencia de que no existe un verdadero 
término temporal para la suspensión o que se está extendiendo más allá del plazo 
legalmente previsto. Se añade que, pese a que la STC 71/1994, ya citada, señaló que la 
presunción de inocencia no es canon para enjuiciar una medida cautelar, la posterior 
jurisprudencia constitucional declara lo contrario (STC 33/1999, de 8 de marzo). La 
finalidad de prevención general solo es legítima y congruente con la pena, no con la 
adopción de medidas cautelares y lo que se pretende con la suspensión de los diputados 
afectados, así como con la prisión provisional, no es sino una finalidad de prevención 
general (el «acertado retorno al autogobierno», en los términos del auto del magistrado 
instructor,  de  21  de  marzo  de  2018).  Lo  que  pretende  el  instructor  es  aplicar 
anticipadamente las penas de prisión y, en el caso presente, de inhabilitación previstas 
para los condenados por rebelión (art. 473.1 del Código penal), con la consiguiente 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se añade que son trasladables a 
los autos de 9 y 30 de julio de 2018 las consideraciones del primero de los votos 
particulares a la STC 185/2016, de 3 de noviembre. Por lo demás, una interpretación no 
restrictiva del artículo 384 bis no implicaría que dichos derechos fundamentales no 
hubieran sido vulnerados, sino que determinaría la inconstitucionalidad de ese precepto, 
lo  que  obligaría  al  Tribunal  Constitucional  a  elevar  al  Pleno  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC).
e)  El  artículo  384  bis  LECrim  vulnera  el  artículo  70.1  CE  en  relación  con  su 
artículo 23.2 CE.
Se vulnera la reserva establecida en el primero de estos preceptos constitucionales, 
en la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional, y con ello los derechos 
reconocidos en el artículo 10.3 TUE y en el artículo 23.2 CE, y por ello procede elevar al 
Pleno cuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Tras citar determinado pasaje 
del fundamento jurídico 6 de la STC 71/1994, se observa que este precepto legal no 
responde a la naturaleza de la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares, tal 
y como ha sido definida por el tribunal en la STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3, y 
así lo reconoce el magistrado instructor en su auto de 9 de julio de 2018, al asegurar que 
tal  medida  «no  tiene  por  objeto  una  sujeción  personal  al  proceso  o  garantizar  los 
eventuales pronunciamientos económicos del procedimiento» y que la regla «no viene 
sino a prescribir, en negativo, uno de los ‘requisitos’ para el mantenimiento en el ejercicio 
de una función o cargo público», lo que pone de manifiesto que se trata de una norma 
que regula el régimen de incompatibilidades de los diputados. La pretendida distinción 
entre la permanencia en el cargo público que mantendría el recurrente y la permanencia 
en su desempeño, que sería inconciliable con su situación procesal, es artificial y no 
modifica la naturaleza del artículo 384 bis LECrim. En cualquier caso, resulta evidente 
que  de  nada  sirve  mantener  formalmente  el  cargo  si  quien  tiene  encomendada  la 
representación de los ciudadanos se ve absolutamente privado de desempeñarlo (se 
cita, en punto a la institución jurídica de la incompatibilidad, la STC 155/2014, de 25 de 
septiembre, FJ 2). Para acreditar que no se trata de una medida cautelar adoptada 
judicialmente, se reitera la solicitud como prueba de que el tribunal se dirija al registro 
central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, tras de lo cual se 
concluye que el artículo controvertido supone un verdadero fraude constitucional. Su 
caracterización como medida cautelar del proceso penal no pretende sino burlar la 
reserva que establece el artículo 70.1 CE, que ha querido que sea el legislador electoral 
el  que  determine  las  causas  de  incompatibilidad  que  impiden  a  los  representantes 
políticos  el  desempeño  simultáneo  del  mandato  parlamentario  en  determinadas  s
situaciones, como es la de prisión provisional (se cita la STC 72/1984, de 14 de junio,  oe.
FJ 3). El artículo 384 bis LECrim representa una «restricción en los esquemas de la  w.
rúinencpiocreamsmpeeannttiabtecil iiadó anlad p  niomolíp tdiocésa i»lbu,i gliedanar, d lfo odsrem lt éadrlemmseiennmotsep ,e dañe ou  ends edta ee rsúeelct ihmcoaa rd gseoe  odnputecrnaiócnnita ed,  eepll  octriae rmmgáops oe  leqenuc etqo u,d eisc ihnseao    2021-1128n https://w
ipnecrommapnaetzibcialid eand , sqituuea csioólno  dpeu epdreis icóonn tpernoevrissieo neanl . laS ele gtrisaltaac idóen  uenleac tvoerardl,a ndoe rean  claau psean dael.   BOE-A-cable e
Ninguna virtualidad tendría la reserva del artículo 70.1 CE si esta se pudiera burlar con la 
configuración de lo que es un supuesto de incompatibilidad como medida cautelar ex 
lege, siendo de recordar que incluso el cese en el cargo público derivado de una 
sentencia penal no firme se encuentra regulado, como causa de incompatibilidad en el 
artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
(LOREG).
f)  Los acuerdos impugnados han sido dictados por un órgano manifiestamente 
incompetente:
(i)  Se señala en primer lugar que, si el artículo 384 bis LECrim se ha de caracterizar 
como medida cautelar del orden penal, según pretenden tanto el auto del instructor, de 9 
de julio de 2018, como los acuerdos impugnados, es evidente que cualesquiera medidas 
cautelares  restrictivas  de  derechos  requieren  la  previa  adopción  de  una  resolución 
judicial, de modo que los acuerdos recurridos son arbitrarios, no tienen otra base jurídica 
que unas decisiones del Tribunal Supremo contrarias a Derecho y no cuentan con 
motivación válida alguna, vulnerándose así los derechos políticos del recurrente y los de 
los ciudadanos por los que fue elegido y a los que representa (art. 23 CE, art. 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y art. 25 PIDCP).
Se observa al respecto que el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019 no 
hace referencia alguna a la suspensión de los diputados y del senador afectados, de 
modo que deducir del traslado de esta resolución a las Cámaras que debían proceder a 
tal suspensión, requiere de una importante imaginación, haciéndose notar la diferencia al 
respecto con el auto de 9 de julio de 2018, que sí se refería a la suspensión en su parte 
dispositiva. Sorprende cómo la mesa del Congreso considera implícitamente equiparable 
lo acordado por ambos autos, teniendo en cuenta que en el de 9 de julio de 2018, el 
Tribunal Supremo se dirige directamente a la mesa del Parlamento de Cataluña para dar 
«plena efectividad» a la suspensión, mientras que en este caso es la mesa del Congreso 
la que decide, en su acuerdo de 23 de mayo, suspender al diputado en aplicación de la 
legislación procesal. Pero, más allá de que los acuerdos recurridos no tengan, como 
pretenden, amparo alguno en el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, los 
mismos también serían nulos, en razón de que la suspensión acordada por el Tribunal 
Supremo, de existir, debería haber seguido el cauce requerido por el Reglamento del 
Congreso  de  los  Diputados,  cuyo  artículo  48,  apartados  2  y  3,  establece  que  la 
suspensión compete al Pleno, previa elevación de propuesta razonada por la comisión 
del estatuto de los diputados. Cuando la mesa intenta justificar su actuación a partir de la 
competencia subsidiaria del artículo 31.1.7 RCD según el cual le corresponden aquellas 
funciones  «que  no  estén  atribuidas  a  un  órgano  específico»,  se  obvia  que  la 
competencia del Pleno es clara y por ello, mutatis mutandis, resulta aplicable a la 
suspensión de derechos la jurisprudencia sentada por la STC 7/1992, de 16 de enero, 
FJ 3, en relación con la declaración de incompatibilidad de un diputado y sus efectos.
(ii)  En cualquier caso, la mesa no es competente para adoptar una decisión relativa 
a la suspensión del recurrente, decisión que afecta al núcleo del estatuto del diputado, 
en contra de lo interpretado, al margen de lo previsto en el Reglamento, en el acuerdo 
de 11 de junio de 2019. El artículo 63.1 RCD, que establece que las sesiones del pleno 
serán públicas, dispone como excepción que no lo serán «cuando se traten cuestiones 
concernientes al decoro de la cámara o de sus miembros, o de la suspensión de un 
diputado», de modo que este precepto parte de la premisa de que la suspensión de los 
diputados es competencia del pleno.
g)  La suspensión decretada vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad  bo
y priva del contenido esencial del derecho de sufragio al recurrente y a sus electores, ello  w
esiln a prteícrujuloic i2o3 d Ce Ela.  Lvual nseitruaaccióiónn  pdoerl  edli paurttíacduolo r e3c8u4r rbeinst eL,E qCureim e sd eul nd ecarencdhidoa rteoc oopnoosciitdoor  eenn   2021-1128n https://w
sperissiioónne psr odveisl iopnleanl doe sddeel  hCaocneg rpersáoc ticdaem leonst eD dipoust aadñooss,,  lpeo hra  eimjepmepdloid od lea  ainsvisetsetnidcuiara a  dlaesl 
candidato  a  la  presidencia  del  Gobierno.  Tal  situación  amenaza  con  introducir  una
distorsión absolutamente desproporcionada, impropia de una democracia, y con alterar, 
hasta la sentencia, la composición de la Cámara. En el auto de 9 de julio de 2018, el 
magistrado instructor intentó salvar la desproporcionalidad manifiesta de la suspensión, 
sin conseguirlo, permitiendo contra legem que los cargos y funciones que correspondían 
a los procesados pudieran ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros 
integrantes  de  sus  respectivas  candidaturas;  si  se  hubiera  contemplado  así  en  el 
Reglamento, la desproporción es aún más evidente, si cabe. No existiendo suspensión 
alguna del diputado en el auto de 14 de mayo de 2019, la mesa es quien ha decidido 
dejar al Congreso con cuatro diputados electos menos, alterando su composición, y 
vulnerando los derechos de esos diputados y de los ciudadanos a los que representan.
Esta decisión, en la práctica, deja sin contenido el derecho de sufragio pasivo del 
recurrente, que invoca jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se 
puede establecer que una persona es elegible para, acto seguido, impedirle ejercer el 
cargo y mandato; el carácter desproporcionado de esta medida vulnera no solo el 
artículo 23 CE, sino también el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH, así como el 
artículo 25 PIDCP (se cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 20 de noviembre de 2018, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía). Esta arbitrariedad 
queda de manifiesto por el hecho de que el recurrente pudo participar en la sesión 
constitutiva del Congreso, incluida la elección de la presidencia y de los restantes 
miembros de la mesa, pues, de ser la suspensión un efecto automático, por ministerio de 
la ley, como pretende el acuerdo impugnado, resulta difícilmente explicable cómo habría 
podido el recurrente participar en esos actos, que claramente se integran en el ius in 
officium.  Esto  pone  de  relieve  que  no  nos  hallamos  ante  acuerdos  meramente 
declarativos, como pretende la cámara, sino ante una verdadera decisión de la misma al 
acordar la suspensión prescindiendo absolutamente de cualquier procedimiento.
h)  La vulneración del derecho fundamental a la participación política del recurrente 
trae causa de la vulneración de los derechos de los diputados, y por extensión de sus 
electores, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho de asociación, 
vulneraciones declaradas por el ya citado grupo de trabajo sobre la detención arbitraria 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras invocar la STC 10/1983, 
de 21 de febrero, FJ 2, se observa que el magistrado instructor vinculó expresamente, en 
su auto de 9 de julio de 2018, confirmado por el de 30 del mismo mes, la decisión de 
mantener la prisión provisional al hecho de no haber renunciado el recurrente a su 
actividad pública e, incluso, al de haber sido candidato en las elecciones al Parlamento 
de Cataluña, de 21 de diciembre de 2017, y haber sido elegido diputado. También en el 
auto  de  21  de  marzo  de  2018  el  magistrado  instructor  aseguraba  que  la  prisión 
provisional,  como  medida  cautelar,  se  adoptaba  con  el  objetivo  de  garantizar  «el 
adecuado retorno al autogobierno». Ello pone de manifiesto la ilegitimidad constitucional 
de las medidas cautelares adoptadas con anterioridad al auto de 9 de julio de 2018, de 
las que es corolario la pretendida suspensión como diputados al amparo del artículo 384 
bis LECrim, con manifiesto desprecio de los derechos a acceder en condiciones de 
igualdad a los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE). La finalidad de la suspensión que se pretende con los autos de 9 y 30 de 
julio de 2018 no es ninguna relacionada con el proceso penal, sino que es de tipo 
político: la alteración de la composición del Congreso de los Diputados, con desprecio 
también de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad y de la propia autonomía del 
Congreso (arts. 71 y 72 CE).
i)  La suspensión decretada vulnera el artículo 12 RCD, de conformidad con el cual  s
la presidencia del Congreso, «una vez conocida la detención de un diputado o cualquiera  oe.
otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato,  w.
yaa cdpuorepertrdaroorág  dadeteiv  1ain1sm  ddeeed  ilajaut noCi ocá umdaean rta2a 0sy 1 md9ee, d lsliedugasus me s ieaea mneb nnrtoeesnc»ed.se aEr rsqia usseo p rppararearna sd adelavnart egc uquaumredp alliamr  lmioesen stdoae ,ra ee cneh sostues    2021-1128n https://w
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Congreso de los Diputados. No ha habido en este caso ninguna actuación dirigida a 
salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros por parte de 
la presidencia; antes al contrario, se han vulnerado los derechos del recurrente y de los 
ciudadanos a los que representa, en beneficio de la actuación del Tribunal Supremo que 
no ha respetado la separación de poderes ni el Estado de Derecho. Al pretender que el 
Congreso se hallaría vinculado por una supuesta declaración implícita de suspensión, la 
mesa desconoce también la propia autonomía parlamentaria, estrechamente vinculada a 
la separación de poderes, citándose al respecto la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 17 de mayo de 2016, asunto Karacsony y otros c. Hungría.
Con  cita  del  artículo  89.1  LOTC,  se  solicitó  práctica  de  prueba  documental, 
consistente  en  libramiento  de  oficio  al  registro  central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que se certificara si algún juez o tribunal ha 
decretado la medida prevista en el artículo 384 bis LECrim en relación con la condición 
de diputado del señor Rull i Andreu, así como de la documentación que se acompañaba 
a la demanda.
Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pide el otorgamiento del amparo y, en 
consecuencia, la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados y el 
reconocimiento  (i)  del  derecho  fundamental  del  diputado  recurrente  a  acceder  en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer su 
condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE); (ii) del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
CE); (iii) del derecho del recurrente a participar en la vida democrática de la Unión 
(art. 10.3 TUE), todo ello en relación con el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH y 
con el artículo 25 PIDCP, así como de los derechos conexos invocados; y (iv) del 
derecho del recurrente a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 48.1 CDFUE), así 
como derechos conexos invocados.
En primer otrosí con cita de los apartados 2 y 6 del artículo 56 LOTC, se interesó la 
suspensión cautelar de los acuerdos recurridos en amparo.
En segundo otrosí se solicitó que, caso de no estimarse directamente la demanda, se 
remitieran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cinco cuestiones prejudiciales 
cuyos respectivos objetos serían, en esencia, los siguientes: (i) si el artículo 10.3 TUE y 
el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH amparan el derecho de los parlamentarios 
nacionales a participar en la vida democrática de la Unión a través de los parlamentos 
nacionales, a los efectos, entre otros, de los artículos 5, 10.2 y 12 TUE y de los 
Protocolos 1 y 2, así como en los preceptos aplicables, TFUE, en particular respecto del 
control de la actuación de los gobiernos de los estados miembros en el Consejo Europeo 
y en el Consejo de la Unión y en lo relativo al control de subsidiariedad; (ii) si los 
derechos reconocidos en los artículos 10.3 TUE y 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH, 
en  relación  con  los  principios  de  necesidad  y  proporcionalidad,  se  oponen  a  la 
suspensión de un parlamentario nacional determinante de su imposibilidad absoluta de 
participar  en  la  actividad  parlamentaria  para  el  ejercicio  de  las  atribuciones  antes 
reseñadas; (iii) si el derecho a la presunción de inocencia del art. 48.1 CDFUE y la 
Directiva 2016/343/UE del Parlamento y del Consejo se opone a la suspensión temporal 
de un parlamentario nacional sometido a un proceso penal antes de que se haya dictado 
sentencia; (iv) si se opone al principio de equivalencia del Derecho de la Unión, en 
relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 47 CDFUE, así como al 
principio  de  efectividad,  el  que  el  Tribunal  Constitucional  se  niegue  a  considerar 
autónomamente las eventuales vulneraciones de derechos derivados del Derecho de la  s
Unión  equivalentes  a  los  derechos  establecidos  en  la  sección  primera  del  capítulo  oe.
segundo del título I de la Constitución, teniendo en cuenta que es el único órgano  w.
Cjeunori nsrdgeirlcaeccsiiooó nnda elc  aolonnst e eD le ipld uqeturaeedc osheso;   pyrue e(cvdo)e ns oiin cetiedl ropp roeinnnce irpe rilo ea cdruterícs euofl eocc ot4niv7tri daCa uDdn FadU edlE eD,c eissreieó cnoh pdooe nd leea   mlaa  eqUsuane iód nee,ll    2021-1128n https://w
Tdircibhuan dael cCisoinósnt intuoc cioanbaríl ai nualtdemrioitra  reac turársmoi.te dicho recurso, teniendo en cuenta que contra  BOE-A-cable e
2.  Por providencia de 2 de octubre de 2019, conforme al artículo 10.1 n) LOTC, y a 
propuesta del presidente el Pleno acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo, así como admitirlo a trámite, al apreciar que concurre en el mismo una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  del  tribunal 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)] y porque el asunto trasciende del caso concreto, 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. 
Se acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, que se 
dirigiera atenta comunicación a la presidenta del Congreso de los Diputados, a fin de 
que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la mesa del Congreso de 24 de 
mayo y 11 de junio de 2019, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo. En relación con la 
solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formulada en otrosí, el Pleno no 
apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 LOTC que justificara 
su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma, procedía formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectuasen alegaciones 
respecto de dicha petición. Así se acordó por nueva providencia del Pleno, de la misma 
fecha.
3.  Por auto de 29 de octubre de 2019, acordó el Pleno archivar la pieza separada 
de suspensión por pérdida sobrevenida de objeto, toda vez que, disueltos el Congreso 
de los Diputados y el Senado por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y 
habiendo perdido con ello la condición de diputado el recurrente, los efectos de los 
acuerdos  impugnados  se  han  agotado  en  el  momento  de  resolver  el  incidente  de 
suspensión.
4.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 14 de 
noviembre de 2019, la letrada de las Cortes Generales presentó alegaciones en nombre 
y representación del Congreso de los Diputados. Pueden resumirse como sigue:
A)  Se  inician  las  alegaciones  con  unas  consideraciones  generales  sobre  el 
artículo 55 CE y el artículo 384 bis LECrim:
a)  Tras observar que el fondo de la cuestión que la demanda plantea es la vigencia 
de determinados derechos fundamentales durante la situación de prisión provisional, se 
cita el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria, 
del que se desprende una regla general de conservación de esos derechos pese a la 
privación de libertad ambulatoria, pero también una previsión de excepción a la regla, 
basada en la incompatibilidad de esa privación con el pleno goce y ejercicio del derecho 
que  resulte  concernido,  circunstancia  a  valorar  casuísticamente  por  el  aplicador 
normativo. Esta disposición legal está separada diametralmente de lo establecido en el 
artículo 384 bis LECrim, norma mediante la que el legislador, con carácter automático y 
sin margen de arbitrio o criterio judicial, anuda la suspensión de funciones o cargos 
públicos de cualquier naturaleza a los criterios allí establecidos, cuya concurrencia es 
incuestionable en el caso que nos ocupa. Así se hizo por la mesa del Congreso, sobre la 
base del informe de la secretaría general de la Cámara, del mismo modo en que dicho 
precepto se aplicó por el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. Por lo que se  e.
refiere al artículo 55.2 CE, se observa que dentro de la habilitación de tal precepto cabe  w.
raqe uefees rtliaarss Le re eayf  elOare rLgneácyina iOsc arag» á.la nP inocoar r lm4o/ a1ta 9dn8et8o d,,  edesel a a2rrr5toí cldloue lod m e3la 8ay4ro t,bí cicsuu loey as5  5ud.ni2s p dCoeEssia c«riósroenl  loea ndnticeoinromdneaartlá ivenos  htdaeibrcelhecacteos    2021-1128n https://w
dTerilb aurntaícl uSlou p5r5e.2m Co Ed.e T 9ra sd ec itjualri ola d SeT 2C0 7118/ 1(c9a9u4s, ad ee s3p deec iaml a2r0zo9,0 s7e-2 s0e1ñ7a) las eq ureef ieelr ea uato q dueel   BOE-A-cable e
con esta medida se persigue preservar el orden constitucional, del mismo modo que el 
auto de la Sala de Apelación de 17 de marzo de 2018 justificó la prisión provisional al 
concurrir una situación calificada de «ruptura estructural del Estado de Derecho y de la 
convivencia social». La relevancia de estas consideraciones para analizar la legalidad de 
los acuerdos de la mesa ahora impugnados es evidente, pues tales acuerdos no son 
más que la consecuencia lógica de estar la mesa sujeta al automatismo del artículo 384 
bis,  cuyos  efectos  operan  ex  lege.  El  advenimiento  de  sentencia  en  la 
causa 20907-2017 no tiene efecto alguno para el enjuiciamiento de estos acuerdos, pues 
el que la condena haya sido finalmente por sedición, no por rebelión, no afecta a la 
correcta aplicación que en su día se hizo del artículo 384 bis LECrim.
b)  También como cuestión previa, se hace referencia a la relación especial de 
sujeción en la que se encuentra el interno en prisión (arts. 3.1 y 5 de la citada Ley 
Orgánica 1/1979). Esa relación, en el caso de la prisión, se desarrolla precisamente en 
un concreto centro penitenciario, dentro del cual es necesario garantizar y velar por la 
seguridad y el buen orden regimental del centro (STC 119/1996, de 8 de junio), lo que 
implica la necesidad de ajustarse a sus normas de régimen interior (STC 140/2002, de 3 
de junio), pues el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su 
autoridad sobre quienes ingresan en ella (STC 175/2000, de 26 de junio). Ello es 
relevante a la hora de justificar los acuerdos impugnados, ya que la mesa no puede 
ignorar, como dice el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1979, que en la situación de prisión 
preventiva, el diputado interno se encuentra «retenido» a disposición de la autoridad 
judicial, como autoridad de la que inmediatamente depende.
B)  Se examinan, a continuación, las alegaciones de haber violado los acuerdos 
recurridos el Derecho europeo, alegaciones que deben rechazarse, así como el posible 
planteamiento  de  la  cuestión  prejudicial  solicitada.  Las  competencias  de  la  Unión 
Europea son de atribución y su Derecho solo puede invocarse en supuestos en que la 
competencia de la Unión esté afirmada, citándose la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 26 de febrero de 2013 en lo relativo a los artículos 6.1 TUE y 51.2 
CDFUE. Aplicando esto al caso, se afirma que la Unión no tiene competencias en 
materia penal, como las aplicadas en el proceso del que derivan los acuerdos recurridos. 
Tampoco tiene competencias la Unión respecto de las condiciones de ejercicio del cargo 
representativo,  la  composición  y  funcionamiento  de  las  cámaras,  la  aplicación  del 
Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados,  las  situaciones  excepcionales  de 
suspensión de derechos fundamentales dentro de los estados nacionales o la aplicación 
ordinaria del Derecho por los órganos judiciales, competencias todas inequívocamente 
nacionales. De seguirse el criterio de la demanda, las competencias de la Unión se 
extenderían mucho más allá de lo que prevén sus propias normas, en cuanto el derecho 
a la participación en la vida democrática de la Unión del ciudadano legitimaría su 
intervención, y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las competencias 
nacionales  citadas  y  en  otras,  sirviendo  este  punto  de  conexión  de  criterio  de 
intervención,  tesis  que  serviría  de  amplísimo  título  para  intervenir  en  la  actividad 
parlamentaria. Un derecho del ciudadano a ejercitar en las instituciones de la Unión 
derivaría en un derecho o competencia de la Unión para supervisar y determinar el 
ejercicio  de  la  función  por  parlamentarios  nacionales,  incluido  su  estatus,  deberes, 
derechos  y  prerrogativas.  Los  principios  esenciales  de  las  relaciones  entre  ambos 
ordenamientos  serían  vulnerados  por  una  interpretación  no  coincidente  con  la 
consolidada. Si en el caso del artículo 10.3 TUE se puede sostener que el ámbito 
subjetivo del derecho es el de ciudadano de la Unión, no el parlamentario nacional, la  e.
referencia al artículo 48 CDFUE no es de aplicación, precisamente por no existir una  w.b
cvcouremlnaepr reuatned notc íetiuasl ooes c sdopemercepícfeihcteoans c.d iLeaa l,  lsapi umUepsnle iól ainns v edonics apccouiósyinco i dodene elassa  idnrrefor alllaoc c Cioóa nre tdjaee r nceoisc tipoeu  aeprdutíeecndu aloan mn ohp alipabure erldasees    2021-1128n https://w
cpoomr ptaenteton,c iraasz odnee sla  pUanraió ne.l  Optlraon tteaanmtoi esnet od idcee  ruensap eccutoe sdtieóln a rptríceujulod ic4i7a l,C pDuFeUsE n. oN oe xhisatye, 
infracción del Derecho de la Unión, siendo estrictamente nacionales las cuestiones a las 
que la demanda se refiere.
C)  Considera después la alegación sobre la nulidad de los acuerdos adoptados por 
no  concurrir  los  presupuestos  legalmente  establecidos  para  la  suspensión  de  los 
diputados afectados, vulnerándose con ello los derechos reconocidos en el artículo 10.3 
TUE. Comienza por observar que esta suspensión no es una medida cautelar ordinaria 
de las previstas en el ordenamiento, como sostiene la demanda, sino una restricción de 
derechos al amparo del artículo 55.2 CE. La finalidad de la norma habilitante de la 
suspensión está claramente vinculada con la defensa del orden constitucional, en cuanto 
a cargos públicos, es decir, a personas que ejercen potestad pública. Se resuelve así la 
contradicción  entre  la  condición  de  una  persona  como  ejerciente  del  poder  que  la 
Constitución y la ley le atribuyen y las atribuciones de responsabilidades por ataque al 
citado orden que se le hacen judicialmente. La demanda no analiza en ningún momento 
esa singularidad excepcional del artículo 384 bis ni su conexión con el artículo 55.2 CE y 
parte de la base falsa de que el acuerdo de la mesa es un acuerdo de suspensión más, 
como  el  de  los  supuestos  del  artículo  21  RCD.  Se  añaden  a  ello  las  siguientes 
consideraciones:
a)  En cuanto a la alegación de la procedencia del previo suplicatorio, con ella se 
soslaya  la  actividad  de  integración  o  relación  del  diputado  con  bandas  armadas  e 
individuos terroristas y rebeldes, lo que es esencial y deriva de la relación entre el 
precepto y el artículo 55.2 CE. La calificación viene dada por la actividad gravísima de 
destrucción del orden constitucional, lo que impide la integración del caso en el supuesto 
del  artículo  21.1.2  RCD,  norma  respecto  de  la  que  es  de  preferente  aplicación  el 
artículo 384 bis LECrim, más aun teniendo en cuenta la disposición adicional de la Ley 
Orgánica 4/1988. El automatismo que caracteriza la aplicación del artículo 384 bis 
significa que la suspensión es un efecto de la ley, no del Reglamento del Congreso de 
los  Diputados,  porque  la  ley  no  quiere  aplazamientos  o  dilaciones,  lo  que  es 
radicalmente incompatible con lo que supone el suplicatorio. Este último se plantea 
cuando un órgano judicial entiende que hay razones suficientes para continuar con el 
procedimiento penal y la inmunidad le impide continuar, lo que no tiene nada que ver con 
la mecánica del artículo 384 bis, en la que hay un efecto previo que no depende de la 
autorización de la cámara y que afecta no solamente a diputados, sino a los que 
ostentan función o cargo público, siendo evidente que respecto de estos últimos, no hay 
suplicatorio que pedir. No existe conexión entre este precepto y el artículo 21 RCD. La 
petición del suplicatorio no tiene efecto suspensivo, de manera que intentar encajar el 
supuesto del artículo 384 bis, de suspensión automática, en el artículo 21 RCD, donde 
esta suspensión no existe, es simplemente invalidar y anular aquel precepto. La primera 
es una norma procesal; la segunda, una norma aplicable a los diputados y conforme a la 
cual, además, la suspensión es de aplicación una vez concedida la autorización, en tanto 
que en el artículo 384 bis LECrim se parte de una situación en la que la persona ya 
aparece suspendida. Es importante reseñar que la potestad de determinar si el resultado 
de la investigación justifica la petición de alzamiento y se solicita la autorización a la 
cámara corresponde solo al Poder Judicial. En el caso presente, fue el auto de 14 de 
mayo de 2019 el que decidió que no procedía la petición de suplicatorio. Por tanto, no 
cabe imputar responsabilidad a la Cámara sobre la inexistencia de suplicatorio, pues su 
otorgamiento o no por la misma depende de que se le curse la previa petición judicial. 
Esta  alegación  es  ajena  al  objeto  del  recurso  y  debería  haberse  articulado  como 
impugnación del referido auto de 14 de mayo de 2019. e.
b)  En lo relativo al alegato de que no existe resolución judicial que decrete la  w.b
seaunl s inplase tnrluescyiót oncr,o  dsrreee  sslape oñcnaadluaes q aau,  eyq aeu lqi eaunret í ctleaun lofga a3c u8ll4ata  bdci osd mLeEp deCatreri mnecj eioacb uloicgbiaóje nat ilva Ca u onon  gaprceeasrseooc, nicmaoilme. noEt ole  Tnp rrsiebuvu idnsítaaol    2021-1128n https://w
qSuuep revimenoe n oa  pdueecdire e sl uasutittou ird ae  l1a4 m dees am eany oe l deej e2rc0i1ci9o.  dLea  soubsl igcaocmiópne tednecl iaPsa ryla emseton teos  dleo 
Cataluña, bajo su responsabilidad, no dependía del auto de 9 de julio de 2018 y la del
Congreso de los Diputados, también bajo su responsabilidad, tampoco dependía del auto 
de 14 de mayo de 2019. Es una suspensión por ministerio de la ley, que el órgano que 
tiene la competencia ejecuta, correspondiendo en ambos casos a las mesas de los 
parlamentos, al afectar a la suspensión de cargos electos. Pretender una ejecución del 
acuerdo de suspensión por el Tribunal Supremo estaría en clarísimo ultra vires, no por la 
condición especial o privilegiada de diputados y senadores, sino por la aplicación del 
principio de la separación de poderes y del de competencia. La demanda sostiene que, a 
diferencia de lo que ocurrió en el caso del Parlamento de Cataluña, en este no hay 
resolución expresa de declaración de la medida cautelar, pero ya se ha señalado que la 
suspensión del artículo 384 bis ya existía en el momento en el que, según la demanda, 
había que dictar otra. La vigencia legal de un estado o situación no depende de que 
deba reiterarse por una razón u otra y por ello mismo el auto de 14 de mayo de 2019 no 
estaba obligado a contener un pronunciamiento sobre la suspensión. Este auto se le 
comunicó a la Cámara, conforme a su parte dispositiva, «a los efectos procedentes»; y 
aunque es verdad que, en esa parte dispositiva no figuraba un acuerdo como el del auto 
de 9 de julio de 2018, ello fue quizá por considerar el tribunal que no era necesario, toda 
vez que los afectados se encontraban ya suspendidos. Sin embargo, en el cuerpo del 
auto hay una clara referencia a que el tribunal considera que la medida de suspensión en 
su  día  acordada  sigue  vigente,  al  hilo  de  rechazar  la  pretensión  de  varios  de  los 
procesados  de  que  la  nueva  condición  de  diputados  electos  exigía  la  petición  de 
suplicatorio. Por tanto, según el propio auto, que fue comunicado al Congreso a los 
efectos procedentes, que no pueden ser otros sino los relativos a la ejecución, las 
medidas de suspensión seguían vigentes en la nueva situación de diputados electos.
c)  Es inaceptable la interpretación que hace la demanda del artículo 384 bis LECrim 
en  lo  relativo  a  la  proposición  «individuos  rebeldes».  La  interpretación  de  la 
STC  199/1987  se  refirió  a  los  artículos  1  y  22  de  la  Ley  Orgánica  9/1984,  luego 
derogada, en la que existían diferencias sustanciales con el artículo 384 bis, ya que se 
refería  a  personas  integradas  en  bandas  armadas  o  relacionadas  con  actividades 
terroristas o rebeldes. El precepto en vigor se refiere a persona integrada o relacionada 
con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes y la referencia al individuo se 
autonomiza  con  toda  claridad  respecto  del  inicio  de  la  referencia,  adquiriendo 
sustantividad  propia.  Por  tanto,  las  consideraciones  de  la  referida  sentencia 
constitucional no son de aplicación en este caso, en cuanto no permite sostener que en 
todo caso es necesaria la integración en banda armada, conclusión que parece compartir 
la  demanda,  aunque,  pese  a  ello,  sostiene  que  la  sentencia  tendría  un  efecto 
interpretativo general que iría más allá de que se tratase de un precepto de la Ley 
de 1984. En cuanto a las referencias de la demanda a la resolución de 12 de julio 
de 2018, del tribunal de Schleswig-Holstein, se señala que las afirmaciones de esa 
resolución no permiten fundamentar la inexistencia del requisito de la rebelión a que se 
refiere el artículo 384 bis, en primer lugar porque el análisis se realiza en relación con el 
tipo penal aplicable en Alemania y, en segundo lugar, por no ser determinante ni tajante 
sobre la existencia o no de violencia y sobre el tipo penal de rebelión.
d)  Por lo que hace al alegato de la demanda de que el supuesto del artículo 384 bis 
LECrim no se puede referir a quien es cargo electo con posterioridad a la firmeza del 
procesamiento, se observa que la suspensión automática se produce respecto de todos 
los que estén en situación de prisión provisional y no se ve afectada por la adquisición 
sobrevenida de otra función o cargo público. Al tratarse de una norma de protección del 
orden constitucional, es indiferente que el cargo se haya adquirido en el momento del  s
procesamiento y prisión por los referidos delitos o después. Debe entenderse que el  oe.
artículo 384 bis se sigue aplicando en su integridad también a partir del momento en que  w.
apselr e ecisnepicpíritaiot u ls ade e oa slpatel incnaota rdmceióa n,m  qaduneeel  lrsoae  qignuuteen rdqmoui iteceranert geeo.s  L,y as  ilnion  tdceiosrpntirntercatiaroiconi óeensq  eduneivt arleald  edrílea nm úaam nsedoraso t eednse e cpro oqnsutirbeal reieasl    2021-1128n https://w
cmaergnociso,n aimdopse,d piru eqduae e jaelrgcueire unn,  ceanr gop rpisúióbnli cop roo vuinsiao nfuanl ciyó np proúcbeliscaad yo  elploo rc olno se l doebljietotos   BOE-A-cable e
de evitar un ejercicio torticero de los mismos o la reiteración de hechos punibles. Así 
deriva también del principio de conservación de los actos del Estado, judiciales en este 
caso. Debe tenerse en cuenta que los efectos de la suspensión del artículo 384 bis 
LECrim son los propios de la anticipación de la pena de suspensión de empleo o cargo 
público (art. 43 del Código penal), la cual, a diferencia de la inhabilitación absoluta 
(art. 41 del mismo cuerpo legal), solo contrae sus efectos a la suspensión del ejercicio de 
la función o cargo público y no a la incapacidad futura para acceder a otros, lo que 
explica la situación que se produce en este caso. Estando suspendido para un cargo el 
demandante ha podido acceder a otro, porque no lo impide el artículo 384 bis, pero, una 
vez  que  accede  al  cargo,  queda,  por  aplicación  del  precepto,  automáticamente 
suspendido en su ejercicio. En todo caso, la cesación de los efectos de la suspensión no 
se produciría por acceder a otros cargos durante el tiempo del procesamiento, como 
pretende  el  demandante,  sino  solo  por  la  ausencia  de  la  concurrencia  de  los 
presupuestos que la legitiman: por el sobreseimiento o absolución; por la conversión en 
sentencia firme de esta medida en la pena accesoria de suspensión de empleo y sueldo 
o por el desprocesamiento o puesta en libertad del procesado. En este caso, la sentencia 
del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, en la causa 20907-2017, fue la que 
provocó  la  cesación  de  los  efectos  del  artículo  384  bis,  al  transformar  la  anterior 
suspensión en pena de inhabilitación.
D)  El  alegato  de  infracción  de  la  presunción  de  inocencia  en  relación  con  la 
legalidad penal, es un reproche dirigido a la norma art. 384 bis LECrim y no a los 
acuerdos de la mesa, lo que excede de este pleito, sin embargo, por la confusión de la 
demanda al respecto, se entra en el análisis de la cuestión.
Tras citar la STC 71/1994, se señala que lo que puede llegar a violar la presunción 
de inocencia es solo la condena sin pruebas o en virtud de pruebas irregularmente 
obtenidas o hechas valer en la causa sin las garantías debidas. Se añade que la 
impugnación se refiere a la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, supuesto 
en el que es de aplicación una diferente causa de especial trascendencia constitucional, 
por cierto no invocada, en cuanto que se considera que es la propia norma la que 
infringe  los  preceptos  citados,  lo  que,  evidentemente,  constituye  un  defecto  de  la 
demanda, en cuanto no cita este supuesto de especial trascendencia constitucional. Al 
margen de esto, no hay en la demanda un juicio de inconstitucionalidad referido a la 
propia norma que explique de qué modo se han producido las supuestas infracciones. 
Se parte de la base de que la suspensión no es propiamente una medida cautelar de 
aseguramiento, sino de preservación del orden constitucional, señalándose, que en la 
demanda no se menciona solamente la inconstitucionalidad del precepto, sino otras 
actuaciones, como las de la mesa de la Cámara o la Sala de lo Penal, por lo que existe 
cierta confusión de reproches. En lo que se refiere a la vulneración del derecho a la 
legalidad penal, no se sabe en qué entra en conflicto con el precepto, pues ninguna 
concreción se ofrece, salvo la referencia a la naturaleza de las medidas cautelares y a la 
condición de sanción, directa o indirecta. El artículo 384 bis LECrim, aunque no sea 
norma penal, contiene una estructura del precepto completa y conforme al principio de 
legalidad, sin que pueda confundirse el efecto legal de una situación sostenida por un 
procesamiento firme, descrita con precisión y sin dudas en la interpretación, con una 
norma vaga o ambigua, sin perjuicio de que el principio de legalidad se refiere a la norma 
penal material, no a la procesal. El artículo 384 bis LECrim es un precepto completo, en 
el sentido de que no requiere ninguna determinación o remisión a otra norma, pues las 
condiciones de aplicación son claras y precisas. Parece que la demanda está planteando  e.
una suerte de cuestión de inconstitucionalidad sobre la figura de la prisión provisional y  w.b
ailnabo ocsleiucnsiócpniea,n  ysp ioólern g saedlired lua ndaa rpt íeicnnusaltoilt, u e3cn8ió 4nla   bqlíiunse e aav li donelao  l alorses  cspoprreirntiaecrnip teiloosss   ddopecrlit nrDicnieparileoecssh  qodu epe e panrbaeols guganancra ipónontir s tdsaue,    2021-1128n https://w
todoE e) lloR treasspceiecntod ea  clao nd emnuucnhcoia e dl eo binjefrtaoc dceió ens dtee  plale nitoor.mativa sobre incompatibilidades la
demanda opone que es incorrecto afirmar que un procesamiento por delitos como los
que  se  imputan  en  este  caso  sea  asunto  de  incompatibilidad.  La  compatibilidad  o 
incompatibilidad se refieren a una actividad posible y lícita, no a situaciones como las 
descritas  en  el  artículo  384  bis  LECrim.  No  se  puede  conceder  o  denegar  la 
compatibilidad con la situación de prisión o con la condición de procesado, pues son 
cuestiones  absolutamente  heterogéneas.  El  precepto  controvertido  no  trata  de 
incompatibilizar la función parlamentaria, sino de proceder a una suspensión ex lege de 
una persona, diputado o no, por la concurrencia de los requisitos que el precepto 
menciona. No hay restricción derivada de actividades lícitas, pero incompatibles con el 
cargo  por  razón  de  conflicto  de  intereses,  imparcialidad  u  otros  motivos,  sino  una 
suspensión por razones de orden público constitucional, sin que, como reconoce la 
demanda, exista aquí derecho de opción. Tampoco existe concordancia con el supuesto 
del artículo 6.2 b) LOREG, relativo al cese en el cargo público por la existencia de 
sentencia  no  firme  del  orden  penal.  En  este  caso,  no  hay  sentencia,  sino  un 
procesamiento. La reserva del artículo 70 CE no se puede relacionar con las situaciones 
derivadas de la sujeción a procedimiento penal, que están mencionadas en el supuesto 
de suspensión, pero no en el apartado relativo a las incompatibilidades del cargo. Las 
consecuencias de determinadas resoluciones judiciales no se pueden integrar en las 
actividades del diputado; menos aún si se trata de la privación de libertad, pues es esta 
la determinante de la limitación al ejercicio del cargo, no al revés.
F)  Por lo que se refiere a la supuesta incompetencia del Congreso de los Diputados 
y de su mesa, se afirma que la competencia del primero viene establecida en su 
Reglamento, por mandato del artículo 72 CE. La demanda sostiene que la cámara o su 
mesa se han constituido en autoridad judicial y que los acuerdos impugnados han 
incurrido en ultra vires, pero ya se ha dicho que esta suspensión se produce por 
ministerio de la ley. Es la ley, no la mesa, la que determina la suspensión y lo que los 
autos judiciales o la mesa hacen es constatarla y, en su caso, notificarla a quien proceda. 
No se trata de si la mesa tiene o no competencia para acordar la suspensión, pues esta 
opera ex lege y no de otro modo cabe entender la redacción del acuerdo cuando emplea 
la expresión «declarar automáticamente suspendidos», esto es, por puro efecto del 
artículo 384 bis.  Toda la impugnación está fundada sobre un error básico, que confunde 
una  ejecución  por  un  órgano  competente  de  una  suspensión  automática  con  una 
suspensión acordada por ese órgano. Esto es así incluso para el órgano judicial. El auto 
de 9 de julio de 2018 no declara ni constituye nada, sino simplemente constata la 
producción de un efecto. Lo mismo cabe decir del acuerdo de la mesa. Su competencia 
no es la de acordar la suspensión, sino algo completamente diferente, incardinable en su 
competencia  genérica  de  órgano  de  gobierno  para  «adoptar  cuantas  decisiones  y 
medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la 
cámara» art. 31.1.1 RCD, operando la cláusula residual de ejercer también todas las 
funciones «que no estén atribuidas a un órgano específico» art. 31.1.7 RCD. Además, el 
artículo 31.1.5 RCD le atribuye la función de decidir la tramitación de todos los escritos y 
documentos de índole parlamentaria, entendiendo por tramitación dar el curso de los 
citados documentos conforme a la ley, en este caso conforme al artículo 384 bis, que 
vinculaba a la mesa. No se puede olvidar que esta adoptó su acuerdo en ejercicio de tal 
competencia  de  calificación,  al  examinar  los  escritos  de  los  grupos  parlamentarios 
Popular, Ciudadanos y Vox, que solicitaban la suspensión de los diputados sometidos a 
prisión preventiva. El acuerdo de calificación, por otro lado, no es constitutivo. Tampoco 
cabe invocar que esa competencia tenga alguna relación con la del Pleno sobre el 
estatuto de los diputados, que en su mayor parte son resolutivas. El Pleno no tiene  s
intervención alguna en esta cuestión, y tampoco la comisión del estatuto del diputado. oe.
G)  Se examina, a continuación, la alegación de vulneración de los principios de  w.
rdneeefmcieeraseni,dd adade   cfiyota rm peraon p ineocsrcitdeioe npnautalnidl,t oay d e clyo a nud fteuoln  ddceao mn9tee nndtiedo o jdu ilesiosc eudnteibc il2ae0l,  1ad8 el,al  e dpneo rseeilbc qihliuode a ddee ld  eisn ussfturrausgctiittoou.rc  iLósaen    2021-1128n https://w
ceonn ltae mfupnlcai óenn  deel  amuaton edrea  1p4le ndae  ym taeymop doera 2lm01e9n.t eL, aa ldeegmánadnodsae  cqounefu ensdae  paoqsuiíb illaid saudp nuoe sstea   BOE-A-cable e
proporcionalidad de los acuerdos de la mesa, que eran solo de ejecución y adopción de 
las medidas internas necesarias, con la cuestión, más compleja y polémica, que nada 
tiene que ver con los acuerdos impugnados, de la proporcionalidad y necesidad de la 
prisión provisional, sobre la que ya se pronunció de manera favorable el auto de la Sala 
de apelación de 17 de marzo de 2018, ello no es objeto de este recurso. De nuevo en la 
fase de juicio oral se plantearon solicitudes de libertad provisional, citándose la STEDH 
en  el  asunto  Selahattin  Demirtas  c.  Turquía,  y  en  varias  resoluciones  se  volvió  a 
desestimar esta petición, como en los autos de 25 de enero y de 14 de mayo de 2019, 
cuyas fundamentaciones en parte transcribe la letrada de las Cortes Generales. Esta 
cuestión no ha sido objeto de los acuerdos de la mesa. Son objeto de este pleito estos 
últimos acuerdos, que aunque sean una consecuencia de las decisiones judiciales, se 
diferencian  de  ellas.  No  cabe  considerar  desproporcionados  dichos  acuerdos 
parlamentarios, pues se limitaron a constatar el efecto legal producido por el artículo 384 
bis LECrim y a adoptar las medidas de ejecución derivadas de ese efecto. Además son 
las que jurídicamente van asociadas a la pérdida de la condición de diputado y así se 
explica razonadamente en el informe del secretario general.
En cuanto a la cuestión de la posible sustitución del cargo electo, estos acuerdos son 
conformes a Derecho, y ello sin perjuicio de que en algunos parlamentos autonómicos 
exista la posibilidad de sustitución, lo que es una clara anomalía del ejercicio personal e 
indelegable del cargo. Ni esto es lo habitual ni tiene fundamento constitucional. La 
referencia a una supuesta intangibilidad absoluta de la composición de la Cámara que se 
pretendería  garantizar  por  medio  de  la  sustitución  supone  una  clara  infracción  del 
mandato representativo, pues la Constitución parte de que no se vota a un partido o a 
una agrupación de electores, sino a un candidato integrado en una de esas formaciones, 
que no pierde su individualidad. Las modificaciones en la composición de la Cámara por 
circunstancias externas a la misma y causadas por el mismo diputado, no se deben 
considerar blindadas jurídicamente frente a este tipo de consecuencias, pues no se 
establece en ningún precepto constitucional o legal una obligación incondicional de 
sustitución por otro diputado afín. La existencia de un derecho al ejercicio del cargo 
nunca  ha  sido  incondicionada  y  las  sentencias  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos a las que la demanda se refiere versan sobre un caso distinto como el 
presente, en el que la prisión se ha producido, lo que condiciona su participación en la 
cámara. La detención o prisión es una privación justificada de la libertad más elemental y 
siempre ha regido la regla le criminel tient le civil en état, es decir, la primacía de la 
jurisdicción penal en caso de contradicción con las decisiones de otras jurisdicciones. 
Reconocer  una  excepción  por  la  convocatoria  a  los  trabajos  parlamentarios  sería 
absurdo, excepción, además, que tendría que ser general a la par que discriminatoria 
respecto de los detenidos o preventivos que no tienen esa condición. No se produjo la 
suspensión en el momento en que se adquiría la condición de diputado, lo que se le 
permitió llevar a cabo y por tanto, la participación en la sesión estaba justificada por la 
necesidad de cumplimiento de los requisitos para adquirir plenamente la condición de 
diputado. No se puede concluir que esa intervención perpetúe la citada condición a 
efectos de tener derecho a participar en las actividades de la Cámara. Se adquiere la 
condición y se suspende automáticamente por ministerio de la ley. Respecto de ese 
automatismo, la invocación del canon de proporcionalidad no parece pertinente y no se 
justifica esa afirmación en ningún momento. En cualquier caso, debe descartarse que en 
este supuesto la suspensión tuviera el efecto pernicioso de provocar alteraciones no 
queridas en la composición de la cámara, a cuyo efecto se cita el auto de 14 de mayo  s
de 2019, FJ 2.6. oe.
Debe ser descartada también la imputación de arbitrariedad pues la producción de  w.
dauernbm eitarfeancrditaoa. n letLego ad leq e uanem  vpsiraetur odp  srdoeed  huuacn eas  itneuosar dmuoan v aso ilnuc onrentapsrreioaccmuheeenn cdteiea.  indceo nusntiatu csiiotunaacliidóand  enno  plau eqduee s eerl   2021-1128n https://w
del Hde) reEchno c udaen taos oac liaa caióleng, asdea  oinbfrsaecrcviaó nq udee  leals  elifbeecrttoa dael sq iudee oslóeg ihcaa  yv edneid eox phraecsieiónnd oy   BOE-A-cable e
referencia no se produce por la opción ideológica soberanista, sino por la integración o 
relación con individuo rebelde. El hecho de que la Constitución no determine un régimen 
de  democracia  militante  no  deroga  la  norma  penal  que,  sometida  al  principio  de 
legalidad, debe ser observada siempre y protege los bienes jurídicos más importantes. Si 
las  conductas  que  dan  lugar  a  los  procedimientos  judiciales  son  lesivas  del  orden 
constitucional, en cuanto atentan a su fundamento, nada tiene ello que ver con la libertad 
de expresión, que no ampara las situaciones de peligro anticonstitucionales (clear and 
present danger test, en el caso Schenk vs. United States, de 1919, del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, con semejanzas evidentes con el caso planteado aquí). Las 
acciones  que  dieron  lugar  al  reproche  penal  han  ocurrido  y  suponen  un  peligro 
anticonstitucional que no queda amparado por la libertad ideológica. Tampoco es un 
problema  de  la  llamada  democracia  militante,  sino  de  respeto  al  orden  objetivo 
constitucional, citándose las SSTC 48/2003, de 12 de marzo, y 52/2017, de 15 de junio. 
Se señala que algunas constituciones han regulado el abuso de derechos fundamentales 
(art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn); y en este caso los derechos y libertades 
citados no pueden servir de justificación para las acciones que han dado lugar a la 
suspensión.  La  libertad  ideológica  no  ampara  los  hechos  que  se  refieren  en  las 
actuaciones previas que han dado lugar a la demanda de amparo, observándose que el 
límite a los derechos reconocidos en el párrafo primero del artículo 16 CE es el orden 
público protegido por la ley STC 46/2001, de 15 de febrero.
I)  Por lo que se refiere a la de infracción del artículo 12 RCD, en relación con la 
actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados en orden a salvaguardar los 
derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros, se señala que lo que se hizo 
fue defender la necesidad de que la cámara actúe conforme a Derecho, que es el 
fundamento de su prerrogativa. Sin adecuación a la Constitución y a la ley no hay 
prerrogativa, ni de la cámara ni de sus miembros. La autonomía parlamentaria a la que 
hace referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 17 de 
mayo de 2016, en el asunto Karacsony y otros c. Hungría, no es una licencia para 
vulnerar el ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Ello determina que las facultades de la 
presidencia en relación con el artículo 12 RCD no están desvinculadas de la licitud o 
ilicitud de las actuaciones que eventualmente hubieran afectado el ejercicio del mandato 
del diputado por una actuación judicial o gubernativa.
Se concluyó con la súplica de que se desestimara la demanda de amparo en su 
integridad.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 22 de 
noviembre de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Pueden resumirse en 
los términos siguientes:
A)  Se comienza abordando las siguientes cuestiones, que pueden calificarse de 
preliminares:
a)  Aunque el demandante ha perdido la condición de diputado por la disolución de 
las Cortes Generales (Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre) y, posteriormente, 
por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, se estima que subsiste el objeto del recurso de amparo y la necesidad de 
pronunciamiento sobre la pretensión deducida, puesto que el recurso se interpone contra 
los acuerdos de la mesa del Congreso que declararon la suspensión en el ejercicio del 
cargo que en aquel momento ostentaba, ello con independencia del alcance que, en su  s
caso, pudiera tener un pronunciamiento estimatorio. oe.
b)  El examen de la pretensión de amparo debe quedar delimitado a los actos y  w.
pqdauerecliapsmaio,e npneotsar  rstiiaonn,  vtosa,ul olparu  depeso tslaeibsy i leidlemasadion dnaeed soe sn dtdreea  rl doaes r eeóncrgjhuaoicnsioa srf, u dane d talraamsv eécnsá tmadleae rsua nsq  lrueeegc iusrlreasatoivl mdaese, n astemin p qsaournoe    2021-1128n https://w
atribuidas a previas decisiones o resoluciones de órganos jurisdiccionales, aunque se
alegue que en tales decisiones puede estar el origen de las lesiones de derechos
fundamentales  producidas,  posteriormente,  por  las  decisiones  o  acuerdos 
parlamentarios. Las decisiones o resoluciones de los órganos jurisdiccionales a las que 
se  atribuye  lesión  de  los  derechos  fundamentales  del  recurrente  solo  podrán  ser 
enjuiciadas acudiendo a la vía del artículo 44 LOTC, tras el agotamiento previo de la vía 
judicial, como ha hecho el demandante con respecto a las decisiones de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo relativas a la aplicación del artículo 384 bis LECrim, (recurso 
de amparo 5222-2018).
El Ministerio Fiscal afirma que el presente recurso presenta identidad en el objeto, en 
la pretensión de amparo deducida y en los argumentos que la sustentan con los recursos 
de amparo 5196-2019 y 5199-2019, por lo que las alegaciones en los mismos deben ser 
coincidentes.
c)  La alegación de una supuesta vulneración del derecho a participar en la vida 
democrática de la Unión Europea (art. 10.3 TUE, en relación con el artículo 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y el artículo 25 PIDCP), que la demanda dice debe ser 
examinada de manera autónoma, se presenta por el propio recurrente supeditada al 
ejercicio  del  cargo  parlamentario.  De  conformidad  con  el  artículo  10.3  TUE,  los 
ciudadanos están representados en la democracia representativa que es la Unión a 
través del Parlamento Europeo y por tanto su participación en la vida democrática de la 
Unión se produce, bien directamente, si se presentan y son elegidos miembros de dicho 
Parlamento, bien a través de esos miembros elegidos por los ciudadanos. Se añade que 
la vulneración del artículo 10.3 TUE que también se alega en relación con el artículo 69 
TFUE o con el Protocolo 1 al TFUE, sobre el cometido de los parlamentos nacionales, no 
es propiamente una vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en la vida 
política de la Unión, pues estos están representados por los miembros del Parlamento 
Europeo. Lo que se plantea por el recurrente es realmente una vulneración mediata, en 
cuanto está referida a la vulneración de las funciones de colaboración o de control sobre 
sus gobiernos de los parlamentos nacionales, supuesta lesión esta cuyo examen no 
puede realizarse de manera autónoma respecto de la suspensión del ejercicio del cargo 
de diputado nacional (art. 23 CE). La supuesta vulneración del derecho a la participación 
en la vida democrática de la Unión solo podría ser admitida si se apreciase que la 
suspensión en el ejercicio del cargo de parlamentario nacional carece de legitimidad 
constitucional.
B)  Se considera, a continuación, la aducida lesión del derecho al ejercicio en 
condiciones de igualdad del cargo de representación política, enjuiciamiento que debe 
hacerse partiendo de la propia autonomía parlamentaria (art. 72 CE) y de la naturaleza 
de ese derecho fundamental como de configuración legal (art. 23.2 CE). Se señala lo 
siguiente:
a)  En cuanto a la inadecuación del procedimiento seguido para la declaración de 
suspensión y la necesidad de previa autorización de la cámara con tramitación de 
suplicatorio  (art.  21.1.2  RCD),  el  demandante  traslada  al  amparo  parlamentario  los 
mismos argumentos esgrimidos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para 
solicitar la suspensión del juicio oral en tanto se solicitaba tal autorización, argumentos 
desestimados por la sala en auto de 14 de mayo de 2019, notificado a la mesa del 
Congreso a los efectos procedentes, lo que dio lugar al inicio del expediente sobre los 
acuerdos ahora impugnados. Se observa que el artículo 21 RCD, al establecer los casos 
en  que  un  diputado  puede  ser  suspendido,  acoge  los  supuestos  de  naturaleza 
parlamentaria,  lo  que  no  excluye  que  puedan  existir  otros  motivos  de  suspensión  e
legalmente previstos. Dado que en este caso la sala de lo penal rechazó que fuera  bo
procedente la solicitud de autorización a la cámara, no cabe estimar que la mesa debiera  w
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previa autorización por la cámara del objeto de un suplicatorio. La discrepancia con la
resolución jurisdiccional que rechaza la procedencia de formular esa autorización no 
puede ser planteada a través del recurso de amparo parlamentario, sino a través del 
cauce del artículo 44 LOTC.
b)  Se rechaza que los acuerdos de la mesa que declaran la suspensión automática 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 384 bis LECrim sean nulos, por haber sido 
adoptados en contra del Reglamento del Congreso de los Diputados, careciendo de 
competencia, con arbitrariedad o sin motivación. La mesa ha ejercido su competencia 
residual (art. 31.1.7 RCD) motivadamente, en particular en su acuerdo de 11 de junio. 
Esta declaración de suspensión producida ex lege no puede considerarse ilegítima. No 
se está ante un supuesto de suspensión de naturaleza parlamentaria. También ha de 
descartarse que estos acuerdos sean nulos porque no exista previa resolución judicial 
expresa que se pronuncie sobre la aplicabilidad de la medida de suspensión, pues 
estando vigente la suspensión establecida en el artículo 384 bis, la mesa se limitó a 
declarar esa vigencia y efectividad de la suspensión. El pronunciamiento judicial previo 
no solo debe estimarse implícito en el auto de 14 de mayo de 2019, como dice la mesa, 
sino que también cabe deducirlo de la reiteración expresa que de dicho auto se hace por 
la sala en el oficio de 22 de mayo de 2019, en contestación a la solicitud de la presidenta 
del Congreso sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim.
c)  En contra de los acuerdos impugnados, el recurrente alega otras cuestiones que 
resultan ajenas a la decisión parlamentaria, en las que lo que se pone de manifiesto su 
desacuerdo con la interpretación y aplicación que del precepto procesal han hecho los 
órganos  de  la  jurisdicción  penal.  Sobre  estas  cuestiones,  interpretación  del  inciso 
«individuos rebeldes» del artículo 384 bis o su exclusiva aplicabilidad a los cargos que el 
procesado «estuviera ostentando», no cabe hacer ninguna consideración en el presente 
amparo parlamentario, debiendo ser suscitadas a través de los recursos legalmente 
procedentes frente a las resoluciones judiciales que determinaron la concurrencia de los 
presupuestos y operatividad del artículo de referencia, así lo ha hecho el recurrente en el 
recurso de amparo 5222-2018. Los acuerdos de la mesa se limitan a constatar que, 
conforme a las resoluciones del Tribunal Supremo, concurrían los presupuestos del 
artículo 384 bis LECrim, sin que le fuera dado a la Cámara entrar a revisar tales 
decisiones jurisdiccionales. Sin perjuicio de ello, en lo que concierne a la alegación sobre 
los cargos públicos respecto de los que opera la medida de suspensión, la mesa declara 
la suspensión con efectos de 21 de mayo, que es el momento en el que el recurrente, 
procesado por delito de rebelión y en prisión preventiva, estaba ostentando de modo 
pleno el cargo de diputado, por lo que también desde el punto de vista de una aplicación 
literal  y  lógica,  se  estaba  suspendiendo  el  ejercicio  del  cargo  que  «se  estaba 
ostentando» por el demandante.
d)  Tampoco los acuerdos son arbitrarios o desproporcionados. La finalidad legítima 
de la suspensión que contempla el artículo 384 bis LECrim se pone de manifiesto en la 
STC 71/1994, con arreglo a la cual la necesidad y proporcionalidad de la suspensión 
resulta  de  la  valoración  que  hace  el  legislador  sobre  el  riesgo  que  para  el  orden 
constitucional representa la continuidad en el ejercicio de cargos y funciones públicos de 
aquellos a los que, formal y provisoriamente, se atribuye el haber actuado gravemente 
contra  el  orden  democrático.  El  hecho  de  que  el  recurrente  acudiera  a  la  sesión 
constitutiva de la Cámara, el 21 de septiembre, no revela la no necesidad de la medida, 
sino que responde a lo resuelto por la sala en su auto «de 14 de julio de 2018» (sic), al 
autorizar la salida del centro penitenciario a los procesados cuya situación de prisión se 
mantenía para que asistieran a las sesiones constitutivas del Congreso o del Senado, a  s
fin de hacer posible la adquisición de la condición plena de diputado o senador, cargos  oe.
para  los  que  resultaron  electos  y  de  los  que  no  eran  privados  por  la  medida  de  w.
ssduuessl ppceeannrssgiióóonn .,r  elAap  rlmae semedniedtsaaat i nvnooo  e lnse o dc eoesrsrpe rsoappboosnrocdliuíoatno ar,e dva(ifs,u apnrud elaasm  peerlno dtpoeo rrecjuciorhíndoai cfluiodn ad6da  myd enene tclaael  saiydl aae djec rdicteaic diloaa    2021-1128n https://w
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que, sin perjuicio de que la misma no sea definitiva pues fue elevada a la Gran Cámara 
el 18 de marzo de 2019, la Sala de lo Penal se pronunció sobre la proporcionalidad de la 
medida de prisión y descartó, en su auto de 14 de mayo de 2019, que la doctrina 
invocada fuera trasladable a los procesados, por no darse las mismas circunstancias 
objeto de examen en aquella sentencia.
C)  Se  alega,  a  continuación,  sobre  la  aducida  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia y del derecho a la legalidad penal (arts. 24.2 y 25.1 CE):
a)  Se reitera que la reproducción en el presente recurso de las alegaciones sobre 
lesión de derechos fundamentales atribuidas por el recurrente a los autos del Tribunal 
Supremo que se pronunciaron sobre la efectividad de la medida del artículo 384 bis debe 
considerarse una indebida utilización del amparo parlamentario. Ello no obstante, se 
argumenta sobre la atribución de tales lesiones a la mesa del Congreso.
b)  En cuanto a la indebida aplicación automática del artículo 384 bis LECrim, se 
observa que la doctrina constitucional ha establecido la compatibilidad de la presunción 
de inocencia con la adopción de medidas cautelares (STC 71/1994, FJ 7). En el caso 
presente no estamos ante una medida cautelar cuya efectividad se haga depender del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional con el margen de apreciación que corresponde a 
los tribunales y sujeta al juicio racional de ponderación, sino que la apreciación sobre la 
proporcionalidad de la medida en relación con la finalidad legítima que la justifica, ha 
sido realizada por el legislador. Por lo que se refiere a la invocación en la demanda de 
los artículos 6.2 CEDH, 48.1 CDFUE y 3 de la Directiva 2016/343/UE, así como de la 
jurisprudencia del Tribunal General de la Unión que no se refiere a medidas cautelares 
en un proceso penal, sino a las adoptadas por un órgano de la propia Unión, se observa 
lo siguiente:
(i)  El recurrente no alega tanto una falta de previsión legal de la medida, sino su 
desacuerdo con la aplicación, que entiende solo procede en caso de procesamiento de 
individuos rebeldes relacionados con bandas armadas. Lo que en realidad supone esta 
alegación es la impugnación de la interpretación y aplicación hecha por los órganos 
judiciales, que debe ser rechazada, no solo porque tal interpretación y aplicación es 
cuestión de legalidad ordinaria, sino porque la posible revisión de las mismas es ajena a 
las facultades de la mesa del Congreso.
(ii)  El  recurrente  reitera  la  falta  de  competencia  de  la  mesa  para  aplicar  el 
artículo 384 bis, pero la mesa se limitó a constatar la vigencia y efectividad de tal 
precepto en base a las resoluciones del Tribunal Supremo. Respecto de la alegación 
sobre la incompetencia del Tribunal Supremo para conocer de la causa especial contra el 
diputado  recurrente,  debe  descartarse  que  la  misma  pueda  ser  traída  al  presente 
recurso. Frente a las correspondientes decisiones se han podido utilizar los recursos 
procedentes, antes de acudir al amparo constitucional.
(iii)  No es cierto que la medida carezca de toda delimitación temporal. Se trata de 
una medida provisional cuya delimitación temporal está vinculada a la concurrencia de 
los presupuestos a los que se conecta, de modo que cualquier variación en el delito por 
el que fue procesado o en la situación de prisión determinará que la medida quede 
automáticamente sin efecto, como se puso de manifiesto en el auto de 9 de julio 
de  2018.  En  cualquier  caso,  la  medida  quedó  sin  efecto  al  disolverse  las  Cortes 
Generales y posteriormente, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de 
octubre de 2019. Se rechaza asimismo que la medida vulnere la presunción de inocencia  s
por estar únicamente justificada en razones de prevención general, reiterándose que no  oe.
se trata de una medida cautelar sujeta a la apreciación de los jueces, sino establecida de  w.
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no puedan continuar desempeñando funciones o cargos públicos cuyo ejercicio aparece
conectado con el interés colectivo, se cita de nuevo la STC 71/1994.
c)  En cuanto a la solicitud de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre 
el propio artículo 384 bis LECrim, se indica que no cabe considerar que este precepto 
vulnere directamente los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, 
sin  que  el  recurrente  haya  justificado  que  concurran  nuevas  circunstancias  que 
justifiquen que el tribunal deba plantearse de nuevo un examen de constitucionalidad de 
la medida de suspensión del ejercicio de funciones o cargos públicos respecto de la ya 
realizada en la STC 71/1994. En lo que al principio de legalidad se refiere, el recurso no 
ofrece ningún argumento de desarrollo autónomo que permita conocer las razones por 
las que se considera vulnerado este derecho fundamental. Tan solo cabría poner esta 
supuesta vulneración en relación con la denuncia de falta de previsión legal de la medida 
de suspensión para garantizar la presunción de inocencia, lo que se refiere realmente a 
una discrepancia con la interpretación y aplicación judicial de los presupuestos a los que 
el precepto legal vincula la aplicación de la medida cautelar. Por lo que debe igualmente 
desestimarse una vulneración del principio de legalidad.
d)  La  demanda  se  refiere  también  al  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad sobre el mismo artículo 384 bis LECrim por infracción de la reserva 
de  ley  orgánica  electoral  –art.  70.1  CE–  para  las  causas  de  inelegibilidad  e 
incompatibilidad de diputados y senadores, infracción de la que resultaría la vulneración 
del derecho enunciado en el artículo 23.2 CE. Este alegato debe rechazarse, no solo 
porque el recurrente emplea este planteamiento de manera alternativa tras sostener que 
la suspensión tiene naturaleza de medida cautelar que infringiría los derechos de los 
artículos 23.2, 24.2 y 25 CE, sino porque no cabe atribuir a la suspensión la naturaleza 
de una causa de incompatibilidad. Esto es así porque la suspensión que se considera, 
no  solo  abarca  todos  los  cargos  públicos  representativos,  sino  también  los  no 
representativos, sin distinción; porque, en segundo lugar, no cabe, como el recurrente 
reconoce, ejercitar derecho de opción; y porque, por último, el hecho de que esta 
suspensión  no  responda  al  libre  ejercicio  de  la  potestad  jurisdiccional,  al  resultar 
imperativa ex lege, ni tenga como finalidad garantizar el buen fin del proceso, no le 
otorga la naturaleza de una causa propia del régimen de incompatibilidades, citándose, 
de nuevo, la STC 71/1994.
D)  Por lo que se refiere al alegato de haberse violado los derechos de libertad 
ideológica, de expresión y de asociación (arts. 16.1, 20.1 y 22 CE), se señala que el 
recurrente trata, a través del amparo parlamentario, de articular una nueva instancia en 
la que exponer las supuestas vulneraciones producidas por las resoluciones judiciales, 
que no pueden ser enjuiciadas a través de un recurso como el presente, cuyo objeto son 
solo  las  decisiones  y  acuerdos  de  los  órganos  parlamentarios.  En  el  recurso  de 
amparo  4855-2018,  interpuesto  contra  los  autos  de  9  y  30  de  julio  de  2018,  los 
recurrentes  alegaron  la  vulneración  de  estos  derechos  fundamentales,  lo  que  fue 
rechazado por la fiscalía, a cuyas alegaciones se remite ahora. Sin embargo, en el 
recurso de amparo 5222-2018, interpuesto por el actual recurrente contra esos mismos 
autos, no se alegó la vulneración de estos derechos que ahora se invocan. Esta falta de 
denuncia previa supone que el recurrente trataría de hacer valer per saltum dichas 
lesiones, sin que las haya denunciado en aquel recurso de amparo. Tampoco alegó la 
vulneración de estos derechos en la solicitud de reconsideración del acuerdo de 24 de 
mayo de 2019, que declaró la suspensión automática.
Concluye con la solicitud de que se desestimara el recurso en la totalidad de sus 
motivos.
6.  Por providencia de 15 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y  bo
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año. w
2021-1128n https://w
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Se impugnan en este recurso, por el cauce del art. 42 LOTC, las resoluciones de la 
mesa del Congreso de los Diputados, dictadas respectivamente, el 24 de mayo y el 11 de 
junio de 2019. Mediante el primero de estos acuerdos, el órgano de gobierno de la 
cámara  declaró  «automáticamente  suspendidos  en  el  ejercicio  del  cargo  y  en  los 
derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso» a cuatro diputados, 
entre ellos al ahora recurrente en amparo, con efectos desde el 21 de mayo del mismo 
año,  fecha  en  la  que  adquirieron  tal  condición,  por  concurrir  las  «circunstancias 
necesarias para la aplicación» del art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim). El segundo de los acuerdos desestima la solicitud de reconsideración instada 
por el recurrente, junto a otros diputados, y confirma su acuerdo inicial.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta sentencia, ambos actos 
parlamentarios habrían producido, a decir de la demanda, la infracción de los derechos 
fundamentales del recurrente a la presunción de inocencia y al ejercicio de su cargo de 
diputado de los arts. 24.2 y 23.2 CE, en relación, este último derecho, con el enunciado 
en el apartado primero del mismo precepto, así como, en conexión con estas lesiones 
principales, la conculcación, también, de otros derechos susceptibles de amparo, los 
enunciados en los arts. 16.1, 20.1 a), 22, 24.1 y 25.1 CE, preceptos junto a los que se 
invocan, los arts. 9.3, 70.1 y 72.2 CE; determinadas reglas del Derecho de la Unión y 
otras enunciadas en tratados internacionales a los que remite el art. 10.2 CE, además de 
los  preceptos  del  Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados  que  se  estiman  de 
pertinente consideración. Se pide el reconocimiento de los derechos que así se dicen 
violentados  y  la  consiguiente  anulación  de  los  actos  impugnados;  la  promoción  de 
cuestión interna de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC) sobre el art. 384 bis LECrim y el 
planteamiento de cuestiones prejudiciales de interpretación ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea acerca de la acomodación o no de las resoluciones impugnadas, o 
del precepto legal en el que buscaron fundamento, al Derecho de la Unión que en la 
demanda se invoca (art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea).
Tanto la representación del Congreso de los Diputados como el Ministerio Fiscal han 
pedido, según los términos resumidos en lo que antecede, la íntegra desestimación del 
recurso de amparo. Han expuesto, asimismo, determinadas objeciones formales frente a 
parte de lo aducido en la demanda, reparos que afectarían no tanto a la viabilidad del 
recurso  como  tal,  cuanto  a  la  procedencia  de  algunas  de  sus  fundamentaciones 
jurídicas.
2.  Cuestión procesal previa.
La impugnación por el recurrente de la suspensión parlamentaria en su cargo de 
diputado no ha perdido objeto de manera sobrevenida por el hecho de que cesara 
definitivamente en esa condición tras la disolución de la Cámara y la convocatoria de 
elecciones por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, (art. 68.4 CE), antes de que 
recayera, el 14 de octubre del mismo año, sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en la causa especial núm. 20907-2017, en la que fue condenado a diez años y 
seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta y que hubiera deparado 
por sí, de no mediar aquella disolución, idéntico resultado [STC 97/2020, de 21 de julio, 
FJ 2 A)].
3.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 97/2020, de 21 de julio. b
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que  ahora  se  debe  resolver  se  interpusieron  contra  los  acuerdos  de  la  mesa  del
Congreso de los Diputados de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, de acuerdo con los 
cuales, como se ha señalado, «quedaban automáticamente suspendidos en el ejercicio 
del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso» 
cuatro diputados, entre ellos quien hoy demanda amparo.
En el presente recurso se plantean por la letrada de las Cortes Generales y por el 
Ministerio Fiscal los mismos reparos que en el recurso núm. 5196-2019. El tribunal no 
comparte los mismos, por las mismas razones que se expusieron en la STC 97/2020, 
FJ 2 B), a la que hemos de remitimos.
A su vez, dado que, como se ha señalado, el objeto y la fundamentación de este 
recurso de amparo coinciden en su integridad con los del recurso que fue resuelto por la 
citada STC 97/2020, procede remitirse a la misma, dar por reproducidos los fundamentos 
jurídicos  de  esta  sentencia  y,  en  consecuencia,  desestimar  el  presente  recurso  de 
amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Josep Rull i Andreu.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
2021-1128n https://w