BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40  Martes 16 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 17951
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2365 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra, para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Con fecha 29 de enero de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la 
Fundación Universidad Pompeu Fabra para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 11 de febrero de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, 
la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Fundación Universidad Pompeu Fabra 
para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales
En Madrid, a 29 de enero de 2021.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
La Consejera de Justicia y presidenta del Centro de Estudios Jurídicos Especializados 
de la Administración de la Generalidad de Cataluña, honorable señora Ester Capella i 
Farré, actuando en nombre y representación de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña, en virtud de los dispuesto en el Decreto 3/2018, de 29 de mayo, por el que se la 
designa para tal cargo y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 12 de la 
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, habiendo sido autorizada para la firma del 
presente convenio por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de fecha 1 de  es
diciembre de 2020. bo
El Director General de la Fundación Universitat Pompeu Fabra, señor Jaume Badia  65ww
Prfdeeeucp jhCoreala,s  t1cea8olnu ndtña edac od iAómicnniite codimlnieoib   Brlsaeoo  dscFcieaUh l2P  eC0Fn1a, 4 rlear,e n epr laelva,vi çreatanud  dodfe sedc  aleha ea  lMs o2cse3r ri tcpduèoer,ad  f1 eep0brúe-rb1esl2r icoc, a o0d nd8eef0 e2l0ar02ind1 tBoe5sa .d repcleo nlro onetaal r,Pi oea ndt renolo nCmaotboler ege iony    OE-A-2021-23able en https://
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 
legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece, 
en el apartado B) de su Anexo, que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del mismo Anexo 
recoge que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al 
ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto.
El artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Cataluña establece que, en relación  es
con la Administración de Justicia, corresponde a la comunidad autónoma ejercer las  bo
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce y cuantas competencias  65ww
eerlaejsseet casreuttraltuailv.ct aitvAusas rslaie mca ai iólstanrmi  bddouire,ey le csDc eeiególp núTa,ní rti tumaelompl  uaIeIlrsIn todtíoc ey uld  clEoeo s oJ4trau6dts.uin2titca odic adei,óe lne  AD nduteertec olr ande opitcomrho ía2vasi7 s p8icóa/on2rma 0d 1pCee6 alt,oet asdn lemuci ñae2asd   idyso eesla   ne alenegccgoeuisssetlaoanrc,t iriodaósnne,     OE-A-2021-23able en https://
personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia en
Cataluña, y la coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la 
comunidad autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Pompeu Fabra es el de la preparación académica y 
profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento 
a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen los 
conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
Que la Fundación Universidad Pompeu Fabra (FUPF), en virtud de la competencia que 
tiene atribuida por el convenio entre la UPF y la FUPF para la gestión del Programa de 
Promoción y Empresa de 6 de junio de 2012 y de acuerdo con lo que establece la 
normativa reguladora de las prácticas externas para los estudiantes de la UPF, aprobada 
por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012, tiene encargada la gestión 
y la tramitación de las prácticas externas que realicen los estudiantes de la UPF.
Undécimo.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Duodécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad Pompeu Fabra pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de  s
la Comunidad Autónoma de Cataluña de conformidad con las siguientes oe.
PrimCeoran.s titOuybeje teol  yo cbojemtopr odmeli sporse dsee nlatCesL  pcÁaoUrntSevUse.nLiAoS la realización de prácticas externas  BOE-A-2021-23cable en https://
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad Pompeu Fabra y siempre de titulaciones relacionadas 
con profesiones de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por un lado, la Consejería de Justicia se compromete a permitir la realización de las 
prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del 
alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
La organización de las prácticas universitarias se llevará a cabo a través del Centro de 
Estudios Jurídicos y Formación Especializada, adscrito al Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña.
Por otro lado, la Universidad Pompeu Fabra se compromete a que la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad Pompeu Fabra 
que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad Pompeu Fabra que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad Autónoma de Cataluña estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, 
por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará 
suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que sea 
preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la 
Universidad Pompeu Fabra o concesión de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su 
colaboración al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Generalidad de 
Cataluña mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas 
correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como Anexo I al presente convenio.
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos  oe.
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida. w.
b)  Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter  65ww
vinoclulunidtaarsio e, nd ulorasn ptlea nsue sp deerí oedsotu ddeio fso rsmina pceiórnju yic qiou dee, a suun m teenniecinódno p looss tmeriisomr eons  feinl eSsu,p nleom eesntátno 
Emuerdoipdeao e na lq Tuíetu qlou.e dEesnta p slaezgausn ddias pmonoidbalelisd audn as óvleoz  saeprláic addea a lap lipcraimcieórna  emno edla lcidaasdo. y en la  BOE-A-cable e
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la Universidad Pompeu Fabra.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán una duración de 50 horas, realizándose en horario de 
mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona 
responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña o los juzgados y tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado 
del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún 
caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase 
mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen 
las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia y la Comunidad Autónoma de Cataluña no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad Pompeu Fabra, en aquellos casos no cubiertos por el 
seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se  o
realicen las prácticas externas. 65www.
lpíneersabcos))n   daeAM q dfauoonerpmt eteaanjerce ruicrón enca  olp aana ctDrataiictr ueltaodcs  c aciqóocuntniev  d alhae a e plnnae  sslra isdpsoor ánt ascaret eilcoeaa cspsc  eqieoruxsnetoae nsdrneaoa sslse /aq,  esus.nei cs oeemj edireecsneidgnen lnaa,n  it,nu ehtone rrlíeaan  ftyoe rscm oaan  l ealnas    OE-A-2021-23able en https://
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas estas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente convenio.
f)  Entregar la memoria final en el plazo previsto a la persona que desempeñe la 
tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las prácticas externas curriculares y la 
correspondiente mención favorable en las prácticas externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerán la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a y Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el Centro de Estudios Jurídicos Especializados, donde consten las 
horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado 
según la persona o personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad Pompeu Fabra emitirá un documento acreditativo a la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el 
programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados por las disposiciones 
y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación. bo
econEEónl m priercelaas cpeióannrtae c  nocinno gnlauvsne ano idboeli g nlaaocs i opcnaoerntsell esc.voan teomblpiglaadcaios neens  lafi ndaisnpcoiseircaiósn  oa dcicoinotnraalp qreusintatac idóenl   2021-2365n https://ww
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía  Bc
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente convenio, la 
Universidad Pompeu Fabra se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración 
prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido 
en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos 
miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a representante de 
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña que forma parte de la 
representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se reunirá al 
menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y 
vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio.
1.  El presente convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en 
el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo. e.e
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. b
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  65ww
alguEnno  dees tleo sc afirsmo,a nctueasl.quiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
rceoqmuperroimmiiseonsto q upea rsae  qcuoen sciduemrapnl ain ecunm upnli ddoest. eErmstein aredqou eprliamzioe nctoo ns elraás  coombluignaiccaiodnoe as  loa 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben el presente convenio por cuadruplicado ejemplar en el lugar y 
fecha señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo 
Moreno.–La Consejera de Justicia i Presidenta del CEJFE, Ester Capella i Farré.–El 
Director General de la Fundación Universidad Pompeu Fabra, Jaume Badia Pujol.
ANEXO
 
En ……………………………, a …… de …………………… de ……       
 
Datos del estudiante seleccionado 
Nombre y apellidos:  DNI:  
Titulación que cursa:   Centro:  
Domicilio:   Municipio:  Provincia:   Cód. postal:  
Teléfono móvil:   Teléfono fijo:   E-mail:  
Datos del juzgado o tribunal dónde se realizará la práctica 
Denominación:  
Domicilio del juzgado o tribunal se realizará la práctica:  
Municipio:   Provincia:  
Descripción de la práctica 
Ref. convocatoria:  Modalidad de la práctica:  Centro gestor:  
Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:   Total meses:  
Horario:  
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del juzgado o tribunal :   E-mail:   Teléfono:  
Tutor de la universidad:   E-mail:   Teléfono:  
Proyecto formativo (tareas a desarrollar): 
Declara: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera 
tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así 
como conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
Por parte del juzgado o tribunal donde  Por parte del estudiante,  Por parte de la universidad,  oe.
se realiza la práctica,  w.
 Fdo.  Fdo.  Fdo.