BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Viernes 11 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 18260
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
2221 Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre 
el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades 
psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de 
personas mayores y/o con discapacidad.
1. Introducción.
2. Conceptos básicos.
3. Normativa:
3.1 Normativa estatal.
3.2 Normativa autonómica.
4. Presupuestos que han de concurrir en la aplicación de las contenciones.
5. Intervención del Ministerio Fiscal en el control del uso de las contenciones:
5.1 Doctrina y normativa aplicable a las funciones de supervisión de privaciones de 
libertad del Ministerio Fiscal.
5.2 Visitas a los centros residenciales, sociosanitarios y unidades psiquiátricas. 
Actuaciones a desplegar por los/as Sres./as Fiscales.
5.3 En el marco de la cooperación institucional.
6. Cláusula de vigencia.
7. Conclusiones.
1. Introducción
La presente instrucción tiene por objeto reforzar la atención, en el marco de la 
función tuitiva del Ministerio Fiscal, de las personas mayores y/o con discapacidad, en 
cuanto colectivos especialmente vulnerables, ante la necesidad de velar por el efectivo 
reconocimiento y salvaguarda de su dignidad, presupuesto para el libre desarrollo de su 
personalidad  y  el  ejercicio  de  todos  los  derechos  y  libertades  que  les  son 
constitucionalmente reconocidos (art. 10 CE), en relación con el uso contenciones o 
sujeciones físicas y/o farmacológicas a las que pueden verse sometidos.
El obligado punto de partida lo encontramos en la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, 
ratificado por España el 23 de noviembre de 2007 y con entrada en vigor el día 3 de 
mayo de 2008, que proclama en su preámbulo el reconocimiento de la dignidad y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, empleando 
idénticos términos a los ya utilizados en el preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, texto que reitera en su artículo primero que todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Se trata de delimitar cuándo este reconocimiento universal de la dignidad humana 
respecto  de  estos  colectivos  puede  considerarse  comprometido  o  limitado  ante  la  s
utilización de contenciones o sujeciones físicas y/o farmacológicas, dado que estas  oe.
prácticas, si bien persiguen controlar complicaciones o consecuencias nocivas, no están  w.
afcío ssigcuna i,tv ivpeoszsi c,e oexlótecgn.i)tc.a asD  yed/reoiv  acridoeogs ngdioteisv ,al oms iaeennntdteeor  i(oalarc,c tseueraa cciimoionpneoesns e,p  qouutneeanm caiaacdtlmuuareacnsiót,e n i ntyrfea vcuacmliooárntaieccsaió,s n d yedace li svleaeass    2022-2221n https://ww
cqounet eensctaio npeuse ddee svdeers uen gar amvieramdean ctee natfreacdtaa dean  clao nd iegsntiadsa dp rdáec tliaca pse crsuoannad oe,n y laa  smeead pidoar  esnu   BOE-A-cable e
finalidad  o  por  su  praxis,  no  se  ajuste  a  los  casos  y  a  la  forma  exigible  a  esas 
restricciones,  al  incidir  y  limitar  derechos  fundamentales  como  la  libertad,  principio 
general que consagra la capacidad de autodeterminación o la autonomía para decidir 
conforme a sus intereses y preferencias (arts. 1.1 CE y 12 CDPCD ); la integridad física y 
moral (arts. 15.1 CE, 17 CDPCD y 3 CEDH); la libertad física o deambulatoria (arts. 17.1 
CE, 14 CDPC y 5.1 CEDH); la intimidad (arts. 18.1 CE y 8 CEDH); la protección a la 
salud (arts. 43 CE y 25 CDPCD) y la igualdad y no discriminación (arts. 14 CE, 5 CDPCD 
y 14 CEDH).
La instrucción se limita al uso de las contenciones en personas mayores y/o con 
discapacidad en los internamientos involuntarios realizados en las unidades de salud 
mental y su empleo en los centros residenciales y/o sociosanitarios.
Los argumentos tradicionalmente esgrimidos para avalar el uso de las medidas que 
limitan o eliminan derechos como los enunciados se han justificado so pretexto de la 
seguridad de la propia persona y su entorno. No obstante, en la actualidad asistimos a 
una progresiva concienciación acerca de la importancia de abordar la utilización de estas 
contenciones  tanto  en  unidades  psiquiátricas  o  de  salud  mental  como  en  centros 
residenciales y/o sociosanitarios. Las razones de seguridad y protección justificativas de 
su  utilización  se  ven  desplazadas  por  una  concepción  que  sitúa  a  la  persona,  su 
voluntad, deseos y preferencias en el centro de su cuidado, alejándose esta visión del 
excesivo proteccionismo que se ha venido manteniendo en relación con las personas 
que integran estos colectivos.
Este cambio conceptual, que precisa una toma de concienciación social que incluye 
a los profesionales encargados de la asistencia y cuidados y a las propias familias, ha de 
centrarse en la reflexión sobre las importantes diferencias entre cuidar y proteger, lo que 
exige no solo una adecuada evaluación de las capacidades de la persona sino también 
de las capacidades del propio sistema de cuidados. Con esta perspectiva surge el 
concepto de «trato», entendido como un pacto de cuidados que no solo considera la 
salud o el riesgo de la persona sino también la autonomía y las preferencias individuales 
como un bien a proteger. El «buen cuidado» no persigue eliminar el riesgo o peligrosidad 
sino «cuidar» con el mayor respeto, lo que conlleva aceptar cierto grado de riesgo, por lo 
que necesariamente ha de asociarse a protocolos de manejo de caídas, de conductas, 
un uso racional de fármacos, entre otros. En conclusión, se impone una reflexión sobre 
el recurso a la contención como única vía para lograr el objetivo del control, protección y 
seguridad de la persona, primando la búsqueda de alternativas más respetuosas con la 
dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud.
Esta evolución de planteamiento, centrada en el necesario reconocimiento de la 
dignidad humana, arranca a finales del siglo XX y se observa a través de los sucesivos 
pronunciamientos  por  parte  de  las  organizaciones  internacionales.  Así,  a  modo  de 
ejemplo, podemos citar los siguientes:
Los Principios en favor de las personas de edad, aprobados en el seno de la 
Asamblea General Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991, instan a los gobiernos a 
realizar  programas  que  posibiliten  a  estas  personas  vivir  en  entornos  humanos  y 
seguros, adaptables a sus preferencias y capacidades y de acuerdo con el sistema de 
valores  culturales  de  cada  sociedad.  Ello  estimula  una  concepción  revisionista, 
inconformista, impulsada por los avances que se van sucediendo en el sistema de 
derechos humanos, para que alcance a todos los colectivos, incluyendo especialmente a 
las personas mayores. s
El Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina (Convenio de Oviedo,  e.
de 4 de abril de 1997, en vigor en España desde el 1 de enero de 2000), en el que los  w.
Estados firmantes se comprometen a proteger al ser humano en su dignidad y su  21ww
imdeendticidinaad,,  resuspberataynad oe ls uc ionntesgernidtimadie yn tsou sn deecreescahroios  cpoanr are sepsetacsto  ain tlaesrv aepnlcicioanceiosn etsra dse  llaa 
ncaepceascaidraiad  pinafroar mexapcrióensa, r csoun cteomnspelanntidmoi enlotos»  seunp cuueysoto csa sdoe  hapberrás odnea sse rq puree s«tandoo  ptioern esun   BOE-A-cable e
representación o por la autoridad, y prevé la actuación médica en los supuestos urgentes 
de aquellas que sufren «trastornos mentales» y sus límites.
La Recomendación (2004)10, de 19 de febrero, del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, insta a los Estados miembros a la protección de los derechos humanos y la 
dignidad  de  las  personas  que  padecen  trastorno  mental,  establece  los  principios 
aplicables a la adopción de medidas de contención, señala que solo se podrán emplear 
en instalaciones adecuadas para prevenir daños inminentes a sí mismos o a terceras 
personas, y parte del principio de mínima restricción, siempre en proporción con el riesgo 
y solo bajo supervisión médica.
La Recomendación (2014)2, de 19 de febrero, del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa sobre la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, 
específicamente indica que «las personas mayores que reciben atención institucional 
tienen  derecho  a  la  libertad  de  movimiento.  Cualquier  restricción  deberá  ser  legal, 
necesaria y proporcionada y conforme con el derecho internacional. Deberán existir 
medidas  de  control  adecuadas  para  la  revisión  de  dichas  decisiones.  Los  Estados 
miembros deberán garantizar que cualquier limitación individual para una persona mayor 
se implementará con el consentimiento previo libre e informado de dicha persona, o 
como respuesta proporcional a un riesgo de daños. Finaliza el documento este apartado 
interesando que los Estados miembros deberán garantizar que existe una autoridad u 
organismo competente e independiente responsable de la inspección de las instituciones 
residenciales (tanto públicas como privadas) así como mecanismos de reclamación 
efectivos y de fácil acceso, y corregir cualquier deficiencia en la calidad de la atención».
La Resolución 2291 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
bajo el título ending coercion in mental health: the need for a human rights based 
approach, insta a reformar los sistemas de salud mental en toda Europa con el fin de 
adoptar  un  enfoque  basado  en  los  derechos  humanos  que  sea  compatible  con  la 
Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad, y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas 
afectadas, incluido su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento 
libre e informado. La Resolución exhorta al desarrollo, como un primer paso, de una hoja 
de ruta para reducir drásticamente el recurso a las medidas coercitivas.
Asimismo, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, en sus 
Directrices  sobre  el  art.  14  del  Convenio  de  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad (derecho a la libertad y seguridad de las personas con discapacidad), 
dispone: «VI. Protección de las personas con discapacidad privadas de libertad contra la 
violencia, los abusos y los malos tratos. 12. El Comité ha pedido a los Estados parte que 
protejan  la  seguridad  y  la  integridad  de  las  personas  con  discapacidad  que  estén 
privadas de libertad, entre otras cosas, eliminando el uso del tratamiento forzado, la 
reclusión y los diversos métodos de restricción en los centros médicos, incluidas las 
restricciones físicas, químicas y mecánicas. El Comité ha constatado que estas prácticas 
no son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes».
Pese a la evolución anteriormente expuesta, estamos ante una casuística que abarca 
situaciones claramente diferenciadas, superponiéndose en esta materia planteamientos 
legales, éticos y sociales.
Las debilidades detectadas en los centros de vida comunitaria y sociosanitarios de 
personas mayores, que han conllevado severas limitaciones de derechos fundamentales,  s
conducen a replantear el sistema asistencial y de cuidados, buscando la prevalencia de  e.
principios como autonomía (derechos/deberes), dignidad o atención centrada en la persona,  w.
los cuales exigen el avance en la excepcionalidad del uso de las sujeciones y su exclusiva  21ww
utilización bajo criterios médicos y, por tanto, sometidos a la legislación sanitaria.(1)
(1) La  mera  lectura  de  las  pautas  propuestas  por  el  Documento  de  Consenso  sobre  Sujeciones
Mecánicas y Farmacológicas aprobadas por el Comité Interdisciplinar de Sujeciones en el seno de la Sociedad  Bc
Española de Geriatría y Gerontología (2014) es buena muestra de su complejidad.
La preocupación por restringir el uso de sujeciones ha llevado a que incluso en la 
Orden  del  Ministerio  de  Sanidad  SND/265/2020,  de  19  de  marzo,  de  adopción  de 
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se incluya una previsión al 
respecto. En efecto, en el punto segundo apartado 8 se dispone que «el centro deberá 
atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a 
aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera 
que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de esa zona de aislamiento, 
evitando la utilización de sujeción mecánica o química».
La preocupación sobre el empleo de sujeciones es una constante en las memorias 
de las fiscalías. Son frecuentes las referencias de las secciones especializadas en sus 
visitas de inspección a estos centros.
La Fiscalía General del Estado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre las 
visitas  de  inspección  a  unidades  psiquiátricas  y  centros  sociosanitarios,  como  se 
abordará en el epígrafe correspondiente. En el seno de la actividad de los/as fiscales 
especialistas en el orden civil se elaboró, a partir de las conclusiones de sus jornadas 
celebradas en Alcalá de Henares los días 20 y 21 de septiembre de 2010, el Manual de 
buenas prácticas de los servicios especializados del Ministerio Fiscal en la protección de 
personas con discapacidad y apoyos. En este se establecía que «las sujeciones y 
contenciones mecánicas pueden afectar directamente a derechos fundamentales de las 
personas  con  discapacidad,  por  ello,  solo  deben  contemplarse  como  medida 
excepcional, respetar la autonomía y la dignidad de la persona, ser una medida temporal 
y llevarse a cabo por personal especializado tanto técnica como humanamente. Al 
menos deben realizarse siguiendo un estricto protocolo de garantías y, al menos en los 
casos de mayor afectación, la actividad debe ser controlable por la autoridad judicial para 
la valoración de que los mismos se realizan en interés de la persona con discapacidad y 
no por otros motivos de tranquilidad del tutor o del centro residencial. Esta necesidad de 
autorización judicial aumenta en el caso de oposición del tutor o representante del 
incapaz a la adopción de la medida. La utilización de estos procedimientos de forma 
incorrecta atenta directamente contra la dignidad, la integridad e incluso la vida de la 
persona afectada».
El  desiderátum  de  llegar  a  un  sistema  de  «sujeciones  cero»  dista  aún  de  ser 
alcanzado, por lo que es preciso establecer, mientras pervivan, sistemas de supervisión 
y control en la utilización de estos recursos para garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas afectadas, tarea a la que no puede ser ajena el Ministerio 
Público.
No es objetivo de la Fiscalía llevar a cabo una evaluación exhaustiva sobre la 
corrección médica (lex artis) en la utilización de sujeciones en cada caso y respecto de 
cada paciente pues excede notoriamente de los recursos, formación y función de los/as 
fiscales. Sin embargo, el Ministerio Fiscal, como garante constitucional de la defensa de 
los  derechos  fundamentales  de  la  ciudadanía,  y  muy  especialmente  de  los  más 
vulnerables, ha de fomentar una perspectiva de priorización de los derechos humanos en 
esta materia que, como ya se ha mencionado, alcanza a los profesionales del sector 
implicados. Esto exige una actuación proactiva para remover obstáculos, asumiendo 
funciones de supervisión y comprobación del cumplimiento de las pautas esenciales que 
deben ser respetadas en todo caso en la aplicación de las contenciones, evitando su 
utilización por conveniencia (ahorro de trabajo, esfuerzo o recursos) o que puedan 
responder o desembocar en un castigo o maltrato, y no centradas en el mejor beneficio  es
para la persona sometida o
ilBpnarid ooLeépPeptuiyaece rans1a dt4 daife/iesn2n  a0Etel0yisz  7pay,ar r e,dñd cpeaeoo ,  m3róc  saerdgurneáa dr cneajtuoelcel iircoov oan,c nneodscsneti sia tuIu pnelitadvnivreo aoes  e,st iltgl qao2au s2cme  i ódaptnetioee  donrbieceaiotr ,um ecdbsoéer mdebpi eocdú a ehbm, a l2iccics0oeoi0ómrss8n oe  y  dlma uec n erd enóáeacrm digóeobanm in ataiootl il  r a Ccmeionoslpfmetoaagritrtmiaoéal  de ddoseey,,      OE-A-2022-2221able en https://www.
autonómico  sobre  materias  relacionadas  con  implicaciones  éticas  relevantes,
encargándose igualmente de fijar los principios generales para la elaboración de códigos 
de buenas prácticas de investigación científica.
Por ello, a lo largo de la presente instrucción se harán sucesivas referencias a las 
recomendaciones del Comité de Bioética de España sobre el uso de contenciones 
mecánicas y farmacológicas en los ámbitos social y sanitario, de 7 de junio de 2016, que 
ya en esa fecha subrayaban que [e]l uso de contenciones en España es más frecuente 
que en los países de nuestro entorno. A fin de disminuir su prevalencia y que sólo se 
instauren las imprescindibles, antes de llegar a indicar las contenciones, se deben 
buscar alternativas (recomendación 1).
2. Conceptos básicos
Bajo la denominación sujeciones o contenciones pueden englobarse una pluralidad 
de medidas.
La OMS define la contención mecánica o física como «la restricción de movimientos 
mediante cualquier método manual, dispositivo físico o mecánico, material o equipo 
conectado o adyacente al cuerpo del paciente, que él o ella no puede sacar fácilmente».
El Comité de Bioética de España aporta un concepto amplio de contenciones físicas 
y farmacológicas, entendidas como medidas destinadas a privar a una persona de su 
libertad de movimiento.
Por su parte, el Decreto Foral 221/2011, de 28 de septiembre, por el que se regula el 
uso  de  sujeciones  físicas  y  farmacológicas  en  el  ámbito  de  los  Servicios  Sociales 
Residenciales de la Comunidad Foral de Navarra, entiende por sujeción la «intencionada 
limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad 
de sus movimientos, o su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su 
cuerpo, con cualquier método físico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, del 
que no puede liberarse con facilidad. También define las sujeciones farmacológicas 
como la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una 
persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, mediante cualquier 
fármaco».
De lo anterior podemos concluir que la contención se refiere a una medida de control 
del comportamiento a través de una limitación externa al sujeto ejercida por terceros bien 
a través del cuerpo (mecánica), bien a través de la sedación (farmacológica).
Los  ejemplos  de  contenciones  físicas  más  frecuentes  son  las  barras  laterales, 
cinturones (abdominal o pélvico), chalecos (torácico o integral), muñequeras y tobilleras. 
No  obstante,  de  acuerdo  con  el  variado  espectro  de  situaciones  de  contención 
observadas con la utilización de objetos o dispositivos, se incluyen: las barandillas de 
cama,  las  mesillas  incorporadas  a  la  silla,  dispositivos  textiles  (ropas  o  sábanas 
ajustables a la cama –habitualmente con velcro–, cierres o cremalleras que solo dejan 
libre una o varias partes del cuerpo. Incluso, pueden actuar como contención las butacas 
o sillas bajas, reclinables, sillas de ruedas frenadas delante de una mesa, es decir, la 
disposición del mobiliario si busca restricción, limitación o dificultad de movilidad). Es 
tradicional,  y  sigue  siendo  habitual,  el  uso  de  las  contenciones  físicas  referidas  a 
personas  mayores  para  evitar  caídas,  controlar  alteraciones  de  conducta  o  la 
interferencia con los tratamientos.
En  el  grupo  de  contenciones  farmacológicas  o  químicas  se  ubica  el  uso  de 
benzodiazepinas o antipsicóticos, es decir, psicofármacos con capacidad sedativa. El 
uso de las medicaciones se realiza de forma aguda (en una crisis) pero también de  s
manera continuada en el tiempo. Cabe señalar que, si bien los tratamientos pueden  oe.
dirigirse a disminuir síntomas específicos (por ejemplo, delirios o alucinaciones), en otras  w.
odcrceóarnesicicohono esds,e   lsalau   asedemedcpaulceaióodn a b fudasormctaaac ciuóonnló  gedifecea cl toods o pnsudisreat emsmuearngstee n a ssleiosdstea nctiocvinoaf.ll eicEst so ys p clraeoscn i splaarem lfieemnreittena cceiiaól sn u ddsoee    2022-2221n https://ww
usuarios y familias referidos a las distintas posibilidades de abordaje clínico.
Como  ya  se  ha  avanzado,  la  presente  instrucción  se  refiere  al  uso  de  las 
contenciones  en  personas  mayores  y/o  con  discapacidad  en  los  internamientos 
involuntarios realizados en las unidades de salud mental y su empleo en los centros 
residenciales y/o sociosanitarios.
Quedan al margen de esta instrucción el uso de contenciones en el ámbito sanitario 
u hospitalario cuando las mismas responden a necesidades de intervención aguda, 
constituyendo  un  ejemplo  la  actuación  en  las  unidades  de  cuidados  intensivos  en 
supuestos  de  inmovilización  por  sedación  tras  una  intervención  quirúrgica,  como 
tratamiento en un estado confusional agudo o ante una intoxicación en las áreas de 
urgencias.
En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, dentro del catálogo de servicios 
que recoge, se encuentra la denominada «residencia de personas mayores en situación 
de dependencia». El art. 25 señala que el servicio de atención residencial ofrece «desde 
un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario», que 
se  presta  «en  los  centros  residenciales  habilitados  al  efecto  según  el  tipo  de 
dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona». 
Estas  residencias  se  concretan  bajo  diferentes  denominaciones  en  las  CC.  AA  en 
distintos  tipos  de  recurso:  residencias,  mini-residencias,  centros  psicogeriátricos  (o 
secciones dentro de estos centros), centros sociosanitarios (sección de mayores, si está 
diferenciada), etc. Las previsiones del presente documento serán de aplicación a todas 
estas residencias, así como a las unidades psiquiátricas de hospitales y clínicas.
3. Normativa
3.1 Normativa estatal.
Como  se  adelantó,  se  carece  de  una  normativa  específica  reguladora  de  las 
contenciones a nivel estatal. No obstante, es de interés reseñar la regulación general y 
sectorial que incide sobre la adopción de estas restricciones.
El  carácter  inalienable  de  la  dignidad  de  todo  ser  humano  se  incorpora  en  el 
Convenio  de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  siendo  una  de  sus 
manifestaciones el derecho a la igual capacidad jurídica que proclama su art. 12, donde 
se  promociona  y  potencia  la  consideración  de  la  persona  con  discapacidad  como 
verdadero sujeto de derechos y no como su mero objeto de cuidados, lo que conlleva el 
respeto  a  su  voluntad,  derechos  y  preferencias,  evitando  los  abusos  e  influencias 
indebidas cuando precise de apoyos en ejercicio de su capacidad para la toma de 
decisiones.
Estos principios son recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, que en su art. 6 declara el 
respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, recogiéndose el principio de 
libertad en la toma de decisiones para lo cual la información y el consentimiento deberán 
efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, 
siguiendo las pautas marcadas por el principio de diseño universal, debiendo asegurarse 
además la prestación de apoyo para la toma de decisiones.
Entendiendo la contención como un acto médico sobre la conducta sintomática de un 
paciente, la norma sanitaria de referencia es la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de  e.
información y documentación clínica, que regula el consentimiento informado exigido en  w.
toda actuación en el ámbito de la salud y que requiere el consentimiento libre y voluntario  21ww
dpea rlaa  lpae arspolincaa caiófenc tdaed au nuan as uvjeezc ióqnu es eserá l eim hpar einsfcoinrmdiabdleo  loap porretusntaacmióenn tdee, la cnounnsceianntidmoi eqnuteo 
ainpfoarrmtaaddoo 6  pdoer l ealr tp. a9c ieesnttaeb loe,c ee nq useu  lcoass por, opfeosr iosnua lreesp rseasneintatarinotse  aldeogpatl.a rNáno  loabss mtaendteid, aesl   BOE-A-cable e
necesarias  para  la  salvaguarda  de  la  vida  o  la  salud  del  paciente  cuando  el
consentimiento haya de ser prestado por el representante legal, este no lo haga y por 
motivos de urgencia no pueda recabarse la autorización judicial.
Por su parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, centraliza la promoción 
de la autonomía como uno de los principales retos de la política social de los países 
desarrollados, tal y como consta en su preámbulo, imponiendo una serie de exigencias a 
las Administraciones Públicas en orden a elaborar planes de acción para las personas 
con discapacidad y para las personas mayores. Prevé la creación de un sistema de 
autonomía y atención a la dependencia en el que colaboren y participen todas las 
Administraciones Públicas, reconociendo en su art. 4.a) el derecho a disfrutar de los 
derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  con  pleno  derecho  a  su  dignidad  e 
intimidad, y en la letra g) el derecho a decidir sobre su ingreso en un centro residencial.
La LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia, introdujo en la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor (en adelante LOPJM), una reglamentación de esta materia referida a los centros 
de protección específicos de menores con problemas de conducta. En esta regulación se 
preveía su exclusiva ﬁnalidad educativa y los principios a que debía responder su uso: 
excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, 
aplicándose con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, 
siempre con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor.
La reciente reforma llevada a cabo por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, reitera dichos principios, pero 
imprime  una  mayor  restricción  en  la  utilización  de  las  medidas  de  seguridad,  con 
prohibición  expresa  de  la  contención  mecánica,  consistente  en  la  sujeción  de  una 
persona menor de edad a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las 
instalaciones o a objetos muebles (art. 21 ter LOPJM). La nueva regulación parte de la 
prioridad de las medidas de carácter preventivo y de desescalada (técnicas verbales de 
gestión  emocional),  quedando  como  último  recurso  excepcional  las  medidas  de 
contención física del menor que deberán ejecutarse bajo los principios rectores de 
excepcionalidad,  mínima  intensidad  posible  y  tiempo  estrictamente  necesario,  y  se 
llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la 
persona menor de edad.
Los arts. 27 a 29 detallan dichos principios generales subrayando la necesidad de 
motivación de su adopción por la dirección del centro, así como los supuestos de 
aplicación (como último recurso) y la exigencia de documentación de su uso en el libro 
registro de incidencias. Las medidas se adoptarán por el tiempo mínimo imprescindible, 
exigiendo  acompañamiento  continuo  o  supervisión  de  manera  permanente  por  un 
educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro y notificadas 
inmediatamente a la entidad pública y al Ministerio Fiscal.
Entendemos que los principios generales que la inspiran pueden predicarse de 
cualquier contención utilizada en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros 
residenciales y/o sociosanitarios, e inspirar el desarrollo de los protocolos que regulen su 
aplicación  práctica.  Excepcionalidad,  individualización,  necesidad,  proporcionalidad, 
idoneidad,  graduación,  mínima  intensidad  posible,  tiempo  estrictamente  necesario  y 
transparencia deberán regir la actuación de los profesionales de estos centros cuando 
sea necesario adoptar tales medidas, debiéndose llevar a cabo con el respeto debido a 
la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la persona.
3.2 Normativa autonómica. e.
A  nivel  autonómico  encontramos  disposiciones  normativas  donde  se  establecen  21ww
ddiisfetirnetnotse sm goraddeoloss  deen c orenlcarceicóinó nc soen  elxai gree gquulea ceiól nu sdoe d ela cso nstuejnecciioonneess , seean  alocso rdqaudeo  cpoonr 
el facultativo, dejando a salvo las situaciones de urgencia.
3.2.1 Andalucía.
El art. 65.2 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a 
las Personas con Discapacidad en Andalucía, dispone que «toda decisión o medida 
tomada por la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, 
restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberá ser aprobada por la 
autoridad judicial, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata 
adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo 
inmediato y, en todo caso, en un máximo de 24 horas».
Por  otra  parte,  la  Ley  9/2016,  de  27  de  diciembre,  de  Servicios  Sociales  de 
Andalucía, reconoce el derecho de los usuarios a no ser sometidos a ningún tipo de 
inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o 
farmacológicos  sin  prescripción  y  supervisión  facultativa,  salvo  que  exista  peligro 
inminente para la seguridad física de la persona usuaria o terceras personas [art. 11.m)], 
y tipifica como falta grave el uso de medidas de contención no homologadas o no 
prescritas por el personal facultativo [art. 126.1.c)].
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, 
reconoce el derecho a la integridad, física y moral, y a un trato digno tanto por parte del 
personal del centro o servicio como de los otros usuarios (art. 20.2) y tipifica como 
infracción grave «la vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que 
no constituya infracción penal» (art. 52 i).
3.2.2 Aragón.
La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, reconoce a las 
personas usuarias de los servicios sociales el derecho a no ser sometidas a ningún tipo 
de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos 
o farmacológicos  sin  prescripción  y supervisión facultativa, salvo que exista peligro 
inminente para la seguridad física de la persona usuaria o terceras personas [art. 7.1.o)].
El art. 62.2 de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las 
personas con discapacidad en Aragón, dispone que «toda decisión o medida tomada por 
la dirección del centro u organismo competente que suponga aislamiento, restricciones 
de libertades u otras de carácter extraordinario deberá ser aprobada por la autoridad 
judicial y, en todo caso, comunicada a la persona que ejerza la tutela legal, salvo que, 
por razones de urgencia, se hiciese necesaria la inmediata adopción de la medida, (…) 
en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo inmediato y, en todo caso, 
en un máximo de 24 horas».
3.2.3 Asturias.
La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, 
tipifica  como  faltas  muy  graves  prestar  una  asistencia  inadecuada  a  las  personas 
usuarias causándoles con ello un perjuicio grave [art. 57.c)], así como proporcionar a los 
usuarios un trato degradante que afecte a su dignidad [art. 57.f)].
3.2.4 Illes Balears.
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, reconoce 
como  derecho  de  las  personas  usuarias  de  servicios  residenciales  el  de  no  ser 
sometidas  a  ningún  tipo  de  inmovilización  o  de  restricción  física  o  tratamiento  es
farmacológico sin su autorización, a menos que haya peligro inminente para la seguridad  o
física de la persona usuaria o de terceras personas, o que haya prescripción facultativa,  w.
rseeonsm tareimctcebiróo nsa   clfaaísssi copase  brosa ojtonr aastsau mpuesieruvnaitsroiiaó snfa  [dramer ta.l co9os.l 1ós.gnei)cr]vo.i  cSisoeisn  c aop nrcesusidacelrqirpauc ieiiónrn frt aipmcocé ióddniec  amin umyy o sgvurilpaizevaercv iilósain ód noe,    2022-2221n https://ww
excepto en el supuesto que haya peligro inminente para la seguridad física de la persona
usuaria o de terceras personas [art. 129.1.s)].
3.2.5 Canarias.
La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, dentro de los 
derechos de los usuarios de centros y servicios de atención diurna/nocturna y estancia 
residencial, regula en su art. 11.j) el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de 
inmovilización mecánica, restrictiva o sujeción física o tratamiento farmacológico sin 
prescripción específica facultativa o del equipo multidisciplinar competente, salvo que 
exista peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras 
personas y durante el tiempo imprescindible en el que se prolongue esa situación.
La disposición adicional novena de la Ley 16/2019 establece que la restricción física 
o el tratamiento farmacológico requerirán de una supervisión continuada y su aplicación 
lo será de forma excepcional y por tiempo determinado, debiendo quedar debidamente 
documentadas en el expediente del usuario. Tanto la restricción o sujeción física como el 
tratamiento farmacológico habrán de obedecer siempre a los principios de necesidad, 
excepcionalidad, proporcionalidad y temporalidad y requerirán para su aplicación, salvo 
los supuestos de peligro inminente para la seguridad física del usuario o terceros, de la 
firma de la persona afectada o su representante legal mediante documento escrito de 
consentimiento informado, debiéndose comunicar dichas actuaciones al Ministerio Fiscal.
3.2.6 Cantabria.
Aún más ambicioso es el régimen de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y 
Servicios Sociales de Cantabria, cuyo art. 6.s) dispone que «las personas usuarias de 
centros y servicios de atención diurna/nocturna y estancia residencial tienen (…) derecho 
a no ser objeto de ningún tipo de restricción física o intelectual, por medios mecánicos o 
farmacológicos. Excepcionalmente, en tanto persista una urgente necesidad para la 
preservación de la integridad de la persona usuaria, sus cuidadores/as o de terceras 
personas, los centros y servicios podrán practicar medidas temporales de restricción 
física  o  intelectual,  siempre  con  supervisión  facultativa.  (…)  Durante  el  tiempo  de 
aplicación de la medida excepcional, que no excederá del necesario para la efectiva 
aplicación  de  medidas  alternativas,  las  personas  familiares  serán  periódicamente 
informadas sobre la misma y sus efectos sobre la persona usuaria».
La ley cántabra, en su disposición adicional sexta y bajo la rúbrica eliminación de 
contenciones en los centros y servicios de atención diurna/nocturna/ y de estancia 
residencial, dice que «[s]e autoriza a la Consejería competente en materia de servicios 
sociales para la disposición de las medidas necesarias para la efectividad del derecho 
reconocido en la letra s) del artículo 6 de esta ley, de forma que se cumpla la garantía del 
uso de sujeciones como último recurso excepcional, y la obligación de los equipos y 
servicios de atención a utilizar todas las técnicas y medios alternativos. Estas medidas 
incluirán el contenido mínimo y el ámbito temporal de eliminación de las sujeciones con 
arreglo al plan de cada centro a que se refiere el apartado. 2. Los centros y servicios de 
atención diurna/nocturna/ y de estancia residencial deberán elaborar un plan de centro 
de eliminación de sujeciones (…) En todo caso, la aprobación del plan de centro de 
eliminación  de  sujeciones  constatará  que  cualquier  medida  alternativa  que  pueda 
adoptarse, o incluso el último recurso a las sujeciones, persiguen el mejor interés de la 
persona usuaria objeto de las mismas».
La  disposición  transitoria  sexta  dispone  que  «la  efectiva  aplicación  del  derecho 
establecido en la letra s) del artículo seis se exigirá a partir de la aprobación del plan de 
centro de eliminación de sujeciones al que se refiere la disposición adicional sexta, en  es
los plazos que establezca la consejería competente en materia de servicios sociales. En  bo
tanto no se apruebe ese plan, pervive el derecho de la persona usuaria de centros y  21ww
pmlsoeeserl icvgmáicronioo itcisinvo mosas  ion n edofnea t rsemlea pras a csromualóje esgdtuaiicd  osaaess  g nsuaiinnrdig dopúaprndtea  sdftícipasriosicp  acdd ióeoenb  lr eaeyr s ádstnerui  cptrceeeirócrcvoneigs riafeóíssrns ic pefae a drcoseuo  ltinnafoatteirsvml.ae aE,c  tnsur aaaelzlvs,o otepn  qoasurdu eapm  ueeeexndsis itotolaas,     OE-A-2022-22able en https://
historia  personal,  precisarán  supervisión  facultativa  antes  de  veinticuatro  horas  y 
deberán comunicarse a sus familiares más cercanos y al Ministerio Fiscal».
3.2.7 Castilla-La Mancha.
La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 
prevé como infracción muy grave el trato degradante hacia las personas usuarias de las 
entidades y centros de servicios sociales que afecte a su dignidad o a su integridad física 
o psíquica [art. 87 a)], y como infracción grave el impedir el ejercicio de la libertad 
individual  en  el  ingreso,  permanencia  y  salida  de  un  centro  residencial,  salvo  lo 
establecido al efecto por la legislación vigente para menores y personas incapacitadas 
(art. 86 n).
3.2.8 Castilla y León.
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, 
sanciona como falta muy grave la conducta consistente en dispensar un trato vejatorio 
con  vulneración  de  la  integridad  física  o  moral  o  de  cualquiera  de  los  derechos 
fundamentales de las personas usuarias de los centros y servicios regulados en esta ley 
[art. 117 f)].
3.2.9 Catalunya.
Debe destacarse la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, cuyo 
art. 12.1.p) dispone que «los usuarios de servicios residenciales y diurnos (…) tienen 
derecho a (…) no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción de la 
capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción 
facultativa y supervisión, salvo que exista un peligro inminente para la seguridad física de 
los usuarios o de terceras personas».
La ley catalana tipifica como infracción muy grave inmovilizar o restringir la capacidad 
física  o  intelectual  de  los  usuarios,  por  medios  mecánicos  o  farmacológicos,  sin 
prescripción médica que indique la duración de la contención, las pautas de movilización 
y su revisión, con excepción de los supuestos de peligro establecidos por el art. 12.1.p. 
Constituye una infracción idéntica el hecho de no aplicar estas medidas en caso de que 
hayan sido prescritas [art. 98.n)].
3.2.10 Comunitat Valenciana.
La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana, reconoce en el apartado segundo de su art. 10 el derecho de los usuarios a 
no  ser  sometidos  a  ningún  tipo  de  inmovilización  o  restricción  física  o  tratamiento 
farmacológico  sin  prescripción  facultativa  ni  supervisión,  salvo  que  haya  peligro 
inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas. En este 
último caso, las actuaciones efectuadas se justificarán documentalmente y constarán en 
el expediente de la persona usuaria en la forma que se establezca reglamentariamente, 
y se comunicarán al Ministerio Fiscal.
En relación específica con las medidas de sujeción en residencias para personas 
mayores dependientes, el art. 47.2.i) de la Orden de 4 de febrero de 2005, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de  s
personas mayores, dispone que «a los usuarios solamente les podrán ser aplicadas  e.
medidas de sujeción, por prescripción facultativa motivada y expresa, con indicación de  w.
las horas que ha de llevarse a efecto, el tipo de sujeción y duración del tratamiento.  21ww
Hreapbrerás endtea ntceo nlecguarrl,i r ene ls uc ocnasseon, teim iinefnotrom áenxdporsees od ey e llpoo ar  leas fcarmitoil iad. eEl l museudaiori ou, tiloiz adsuo 
puasuraa rliao  os usjeuc rióenp redseebnetraán tceo lnetgaar l cnoon  plrae sctoer rseus pcoonndsieennttiem iheonmtoo, leolg caecniótnro.  pCoadsroá  deexi gqiru eq ueel   BOE-A-cable e
dicho rechazo conste por escrito».
3.2.11 Extremadura.
La Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, prevé como 
infracción muy grave la de dispensar tratos discriminatorios, degradantes o incompatibles 
con la dignidad de las personas usuarias, así como la restricción injustificada de sus 
libertades y derechos [art. 67.2 b].
3.2.12 Galicia.
La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, prevé como 
infracción  muy  grave  proporcionar  a  las  personas  usuarias  tratos  degradantes, 
discriminatorios o incompatibles con su dignidad, así como la realización de actuaciones 
que  supongan  violación,  restricción  o  impedimento  injustificado  de  sus  derechos 
fundamentales y libertades públicas [art. 82.a)].
3.2.13 Comunidad de Madrid.
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
reconoce a toda persona que acceda a los servicios sociales el derecho a que se 
respeten sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en centros 
donde se les presten cuidados, con garantía plena de su dignidad e intimidad [art. 4.l)]. 
El art. 63.3 por su parte, dice que «las medidas dispuestas por el sistema de servicios 
sociales  para  la  atención  a  las  situaciones  de  dependencia  tendrán  como  objetivo 
preferente la población afectada por una situación de dependencia severa o grave y 
estarán guiadas por los principios siguientes: a) Respeto a la autonomía y a la dignidad 
de la persona dependiente».
Debe  reseñarse  asimismo  la  Resolución  106,  de  27  de  enero  de  2017,  de  la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre instrucciones sobre el uso de 
sujeciones físicas y químicas para aplicación en los centros hospitalarios del ámbito del 
Servicio Madrileño de Salud, y en desarrollo de la misma, las recomendaciones para la 
elaboración de protocolos y registros documentales de sujeciones de la Viceconsejería 
de Humanización de la Asistencia Sanitaria, de diciembre de 2017. En ellas se recogen 
los principios esenciales: el derecho a no ser sometidos a sujeciones por conveniencia o 
disciplina y solo en caso de grave e inminente riesgo para su integridad o la de terceros y 
con respeto a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica.
3.2.14 Murcia.
La Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia, tipifica como sanciones graves dificultar o impedir a los usuarios de los servicios, 
el  disfrute  de  los  derechos  reconocidos  por  la  normativa  vigente  (art.  52.7)  y  la 
vulneración  del  derecho  a  la  integridad  física  y  moral,  siempre  que  no  constituya 
infracción penal (art. 52 8).
3.2.15 Navarra.
La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, contempla en su 
Título I el catálogo de derechos y deberes de los destinatarios de los servicios sociales, 
estableciendo en su art. 8, como uno de los derechos de las personas usuarias de  e.e
servicios residenciales, el de no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o de  b
restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa y supervisión,  21ww
sdaelbvioé nqduoes ee xjuisstatif icpaerli gdroo ciunmmeinnetanltme epnatera  elan  seel geuxrpideaddie fnísteic ad edl eul suusauraiori ol aos  daec tutearccieornoess, 
aelf ecMtuinaidsatesr,i oe n Flais fcoarlm. aE qsutee  sper eecsetapbtole zceas  redgelsaamrreonlltaadrioa mpeonrt e,e yl  amsiemniscmionoa cdoom uDneiccarerstoe 
Foral 221/2011.
A su vez debe tenerse presente la Orden Foral 186/2014, de 2 de abril, por la que se 
aprueba el Protocolo para el Uso de Sujeciones en los Centros Residenciales de Tercera 
Edad y Discapacidad.
3.2.16 País Vasco.
El art. 91.e) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, incluye 
dentro del catálogo de las infracciones la de someter a las personas usuarias a cualquier 
tipo de inmovilización o restricción física o farmacológica sin prescripción médica y 
supervisión, a excepción de los supuestos en los que exista peligro inminente para la 
seguridad física de esta o de otras personas, así como silenciar o encubrir dichas 
actuaciones.
3.2.17 La Rioja.
El art. 85.b) de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, 
tipifica como infracción muy grave someter a las personas usuarias de los centros o 
servicios  a  cualquier  tipo  de  inmovilización  o  restricción  física  o  farmacológica  sin 
prescripción médica y supervisión, a excepción de los supuestos en los que exista 
peligro inminente para la integridad física de estas o de otras personas, así como 
silenciar o encubrir dichas actuaciones.
4. Presupuestos que han de concurrir en la aplicación de las contenciones
Una perspectiva integradora permite describir los presupuestos que han de orientar 
la utilización de las restricciones, predicables en todo el territorio nacional sin perjuicio 
del texto de cada disposición autonómica:
1.) El respeto a la dignidad, a la libertad y a la promoción de la autonomía de la 
persona, lo que implica que todo procedimiento de restricción debe estar precedido por 
un intento de contención verbal u otras estrategias menos invasivas, y posteriormente 
registrado para una evaluación por el equipo terapéutico en relación con las causas de 
su fracaso. Conviene, en todo caso, remarcar la importancia de actuaciones preventivas 
o anticipatorias (sobre el entorno, con cuidados específicos y adaptados, etc.), frente a 
las reactivas.
La  Recomendación  n.º  4  del  Comité  de  Bioética  establece  que  «ante  las 
circunstancias en las que se encuentran las personas a las que se les indica una 
contención, debemos ser exigentes en la humanización de su atención, de forma que 
cuidar no pueda ser sólo aplicar unos protocolos y mantener unos registros».(2)
(2) Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, (resolución 46/91, de 16 de 
diciembre) les reconoce el de poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando 
residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su 
dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y 
sobre la calidad de su vida. Conforme al apartado 11 del Principio 11 de la A/RES/46/119, de 17 de diciembre 
de 1991, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre los principios para la protección de los enfermos 
mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (en adelante, principios para la protección 
de los enfermos mentales): «un paciente sometido a restricción o reclusión será mantenido en condiciones 
dignas y bajo el cuidado y la supervisión inmediata y regular de personal cualificado».
La Convención, a través del derecho a la igual capacidad jurídica proclamada en el  s
art. 12, promociona y potencia la consideración de la persona con discapacidad como  e.
verdadero sujeto de derechos y no como su mero objeto de cuidados, lo que conlleva el  w.
respeto a su voluntad, derechos y preferencias. Podrá precisar, sin embargo, de apoyos  21ww
aplo setjuelracdicoios , deev istaun cdaop alocsid aabdu esons l ae  toinmfluae dnec iadse cinisdioenbeidsa qsu. eL ad eimbepno retannmcaiar cdaers per obmajoov eesr olas 
caountosneocmueían cdiae  talam pbeiérns odnea  lyo ss up opsaturtliacdipoasc iqóune  ei rrimadpilaicna cdióen  lae nC osnuv epnrocipóino  acu ildaa nduoe veas   BOE-A-cable e
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
2.) Nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o 
tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa, salvo que exista peligro inminente 
para la seguridad física del usuario o de terceros.
La Recomendación n.º 3 del Comité de Bioética dispone que «en relación con la 
prescripción de las contenciones, en el momento actual es competencia exclusiva del 
facultativo, tanto físicas como farmacológicas. No obstante, si en el momento de decidir 
la contención mecánica y siendo una situación de urgencia, no se puede contactar con el 
médico, el personal de enfermería podría iniciar el procedimiento comunicándolo al 
médico con la menor demora posible».
Deben descartarse las órdenes facultativas genéricas de tratamiento: «contención 
mecánica si precisa». Toda contención debe valorarse de forma individualizada.
Conviene asimismo tener en cuenta que la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, «apuesta por una atención sanitaria integral, lo 
que  supone  la  cooperación  multidisciplinaria,  la  integración  de  los  procesos  y  la 
continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre los 
procesos asistenciales atendidos por los distintos titulados o especialistas: médicos, 
graduados universitarios en enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional».(3)
(3) En el mismo sentido, el Documento de Consenso sobre sujeciones mecánicas y farmacológicas de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en su página 28 recoge que «no obstante, más allá del propio 
acto de la prescripción, es conveniente que esta situación excepcional no sea decidida por un solo profesional 
de forma unitaleral; sino que en su indicación participe el resto de los miembros del equipo interdisciplinar 
(médico, enfermero, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, etc.)».
3.) La concurrencia del consentimiento informado y documentado en los términos 
ya descritos, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica (arts. 8 y 9).
Atendidas las circunstancias del caso, la documentación podrá ser previa, coetánea 
o posterior a la medida. El principio general de documentación de actuaciones, como ya 
se ha mencionado, está actualmente recogido en el art. 15 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre. Dicha actuación se constituye como una garantía para el paciente, para el 
profesional sanitario y de transparencia del sistema.
Los requisitos en la actuación sanitaria en este ámbito no se han visto modificados 
por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, puesto 
que  remite  expresamente  a  la  regulación  legal  preexistente  tanto  en  materia  de 
internamiento involuntario como en el consentimiento informado en el ámbito de la salud 
o en otras leyes especiales (art. 287.1. in fine CC). Ello tiene específicas repercusiones 
en orden a los criterios para la toma de decisiones cuando no sea posible contar con la 
voluntad del paciente. El cambio de orientación llevado a cabo en la legislación civil pone 
el  acento  en  la  teoría  del  juicio  sustitutivo  para  el  caso  de  consentimiento  por 
representación: la búsqueda de lo que la persona hubiera llegado a decidir de acuerdo 
con su trayectoria vital, sistema de creencias y valores con el fin de adoptar la decisión 
que habría tomado la persona para el caso de no precisar representación (art. 249 CC). 
En el ámbito sanitario, sin perjuicio del deber de tener en cuenta ese aspecto como parte 
del  respeto  a  su  dignidad  personal,  se  encuentra  subsistente  el  criterio  del  mayor  es
beneficio para la vida o la salud del paciente en virtud de esta remisión expresa al  o
consentimiento en el ámbito de la salud. 21ww
dfdoeer  mlaaSac iLu  lceeaoyr dmp 4oep1 rrc/se2oon0nns0 ais2b u,pl e drpe eyrs o 1eap4ndia teda ce yau  nllagibodurvanei ea avm  odsbliusurcensa) ta.npdea cc(eaidsrati.dd a4, d eselo scb oyren s sdeee nlreteim cahiyeoun ddtoae r iánin faofo rrmtomamadacoiró  sdnee s chaisanirioátan rdeiaes    OE-A-2022-22able en https://
La  Recomendación  n.º  9  del  Comité  de  Bioética  establece  que  «cualquier 
contención, como intervención médica que es exige siempre el consentimiento previo del 
paciente, excepto en dos situaciones: que exista un riesgo para la salud pública o que 
nos hallemos ante una urgencia vital y, además, simultáneamente, se dé la circunstancia 
de que el paciente no esté en condiciones de poder tomar decisiones. Fuera de estos 
supuestos la intervención debe ser consentida por el paciente, o en caso de incapacidad 
debe  de  ser  prestado  consentimiento  por  representación».  Por  su  parte  la 
Recomendación n º 12 señala que «el consentimiento informado debe ser explícito para 
la  situación  y  en  el  mismo  momento  en  el  que  se  va  a  tomar  la  decisión,  no 
considerándose válidos los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo».
4.) Atender  a  los  principios  de  cuidado,  excepcionalidad,  necesidad, 
proporcionalidad,  provisionalidad  y  prohibición  del  exceso,  debiendo  aplicarse  las 
contenciones con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, 
eludiendo aplicaciones rutinarias, especialmente en relación con personas mayores.
El Comité Europeo para la prevención de la tortura ha señalado que la contención 
mecánica ha de ser limitada en el tiempo; debería durar minutos y no horas, ya que «una 
vez superada la situación de urgencia que ha obligado al uso de medidas de represión el 
paciente debería ser inmediatamente liberado». Una contención prolongada equivale, 
según  el  Comité,  a  malos  tratos.  Precisamente  por  ello  sería  conveniente  que  los 
establecimientos implantaran un plazo máximo, que no pudiera ampliarse a menos que 
otro médico también lo ratificara expresamente.
Las medidas de sujeción deben ser objeto de supervisión en todo caso a fin de evitar 
efectos colaterales perjudiciales. Debe quedar constancia documental de la supervisión.
La Recomendación n.º 6 del Comité de Bioética apunta que «las contenciones se 
aplicarán  sólo  el  tiempo  estrictamente  necesario,  y  siempre  se  hará  de  forma 
proporcional, garantizando el bienestar de la persona contenida y con las precauciones 
necesarias para causarle el mínimo daño». (4)
(4) Como indica el Documento de Consenso, reiteradamente citado, es aconsejable un plan de cuidados 
específicos complementarios que contemplen la posterior evaluación facultativa periódica y supervisión del 
personal de enfermería: ayuda a la higiene, comprobación de constantes vitales, cambios posturales, contacto 
verbal, ofrecimiento de alimentos o líquidos.
5.) El uso de las sujeciones vendrá determinado cuando no haya funcionado otro 
método de prevención o, en supuestos de riesgo inminente y grave para la persona o 
para terceros. En las personas con problemas de salud mental se trata de atender 
episodios de descompensación en cuadros de agitación psicomotora y/o alteraciones de 
conducta graves que entrañan dichos riegos, siendo estas situaciones habitualmente 
excepcionales  en  personas  mayores.  Su  uso  con  la  finalidad  de  mantener  la 
sedestación, levantamiento de la cama o interacción social puede estar indicado en 
personas con discapacidad física muy inhabilitante.
Por ser incompatible con la dignidad de la persona y no responder a los fines de 
estas medidas debe entenderse totalmente proscrita la utilización de las mismas con 
fines de disciplina o por conveniencia (ahorro de trabajo, esfuerzo o de recursos).
5. Intervención del Ministerio Fiscal en el control del uso de las contenciones
5.1 Doctrina y normativa aplicable a las funciones de supervisión de privaciones de 
libertad del Ministerio Fiscal. es
La función de inspección de centros de internamiento y asistenciales se enmarca en  w.
dldaee alr etMrcibhinuoiscsti óefunrin oad lFa Mmisicenanislt talealer isdo e dF etiso cmloasal  rdc epiu aadrcatetdu aeanncoi olson.s eE spl  rcaoorctme. so3o  pEsa OrterMolanFtui vsroe lscib oaeglre tea estitnsa,t drdeoe  lfcaeisvn islf uoynr  cedinoe n llooesss    2022-2221n https://ww
demás que establezca la ley en defensa de la legalidad y del interés público o social
(apartado 6) y la de intervenir en los procesos civiles cuando esté comprometido el  Bc
interés  social  o  cuando  pueda  afectar  a  personas  menores,  con  discapacidad  o 
desvalidas  en  tanto  se  provee  de  los  mecanismos  ordinarios  de  representación 
(apartado 7).
La preocupación de la Fiscalía General del Estado por salvaguardar la legalidad de 
los internamientos y el respeto a los derechos fundamentales de los internados ya se 
puso  de  manifiesto  en  la  Circular  de  la  FGE  núm.  2/1984,  de  8  de  junio,  sobre 
internamiento de presuntos incapaces, y en la Instrucción de la FGE núm. 6/1987, de 23 
de noviembre, sobre control por el Ministerio Fiscal de los internamientos psiquiátricos. 
Esta  última  instaba  a  los  fiscales  para  que  extremaran  el  celo  al  respecto  de  los 
internamientos psiquiátricos involuntarios y de su necesario control con el fin tanto de 
que se ajustaran a la legalidad, como de evitar que se prolongaran de modo indefinido 
en el tiempo cuando ya no eran necesarios, y se encomendaba a los fiscales realizar 
visitas periódicas a los establecimientos públicos y privados que tuvieran internados 
enfermos psiquiátricos, revisando sus expedientes al objeto de evitar posibles ingresos 
indebidos.
La Instrucción de la FGE núm. 3/1990, de 7 de mayo, sobre régimen jurídico que 
debe de regir para el ingreso de personas en residencias de la tercera edad, consideraba 
imprescindible  la  autorización  judicial  cuando  las  personas  mayores  no  tuvieran 
facultades para prestar su consentimiento al ingreso o permanencia y exhortaba a los 
fiscales a visitar cuando lo estimasen oportuno y con la natural prudencia las residencias 
de sus respectivos territorios, así como examinar los expedientes de los internados.
La Circular de la FGE núm. 1/2001, de 5 de abril, relativa a la incidencia de la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del fiscal en los procesos civiles, además 
de interpretar el art. 763 LEC y el procedimiento para la autorización del internamiento, 
disponía que «a pesar de que la Ley encomiende de manera particular al Juez el control 
de la ejecución de la medida, no puede el Fiscal permanecer ajeno a las vicisitudes del 
internamiento. Al contrario (…) se exige del Fiscal una actitud vigilante, que conlleva 
desde la posibilidad de pedir informes sobre la evolución del internamiento, con la 
periodicidad que se considere oportuna y que será en ocasiones inferior a la establecida 
en la Ley, hasta la necesidad de visitar periódicamente los centros de internamiento e 
interesarse por la situación de los internos, facultad reconocida a los Fiscales por el 
art.  4.2  EOMF  (…)  se  recuerda  la  plena  vigencia  de  las  restantes  obligaciones 
encomendadas a los/las Sres./Sras. fiscales por la Instrucción 3/1990».
La Circular de la FGE núm. 2/2017, de 6 de julio, sobre el ingreso no voluntario 
urgente por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores, 
también alude a las visitas de inspección al hacer referencia a que «los Sres. Fiscales, 
en sus visitas de inspección, comprobarán que se cumpla la garantía de control judicial 
en los casos en los que las personas mayores hubieran iniciado el ingreso en el centro 
residencial  de  forma  voluntaria,  cuando  se  produjera  la  situación  de  demencia 
sobrevenida». Esta circular contiene una completa cláusula de vigencia en relación con 
los documentos anteriores sobre la materia.
En el marco de esa labor inspectora del Ministerio Fiscal a que hacen referencia los 
instrumentos reseñados debe incluirse la supervisión de la utilización de contenciones en 
unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios con 
el objeto de garantizar el pleno respeto a la dignidad y a los derechos constitucionales 
básicos de los usuarios y residentes y evitar desviaciones en el uso de tales medios.
Si bien existe una específica previsión legal de comunicación inmediata al Ministerio 
Fiscal de las sujeciones empleadas en centros de protección de menores (arts. 21 ter 6  es
y 28.3 LOPJM), la ausencia de una previsión legal en el contexto que analizamos sugiere  o
alqdapueslec icni Eslaooinodrs mnal aecsa e sCtis nvocitanromos np suac rnrueyeidt sotrcaaenrdssióp  imFdsceooiiócnbrnaacr elsi af  Naqsucau tuinveliloaz tna rartotciaiev i cónasune,e e n qndp uteoraee bnsv l iauége j anelsac cue iióco svonnteem e dzsaue ,sn s pccioceoolaocnmc t oiupdó nuecnieot ceadnarle mr u fnianis nl ca daMapedll siaincdasaiesr rr stsoleaaelrlslio vo p es aaFdurrajmiaesdc cóeeainosvli n ciltdeaoaess.r     OE-A-2022-2221able en https://www.
daños graves, de forma inminente, a la propia persona o a terceros, en circunstancias de 
extraordinaria necesidad o urgencia (art. 15 del Decreto Foral 221/2011).
Aún con mayor vocación de generalidad, en Canarias, el apartado segundo de la 
disposición  adicional  novena  de  la  Ley  16/2019  establece  que  las  actuaciones  de 
restricción o sujeción física o farmacológica «se comunicarán al Ministerio Fiscal».
Del mismo modo, en Cantabria, el art. 6 de la Ley 2/2007 dispone que la medida de 
contención «será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal en el plazo más breve de 
tiempo, en todo caso antes de las 24 horas de su inicio, debiendo informar sobre el 
riesgo para la integridad física a proteger, el tipo de sujeción y el tiempo previsto de 
aplicación».
En Cataluña, para los supuestos en que se apliquen contenciones sin prescripción 
facultativa por existir un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de 
terceras personas, el art. 12.1 p) de la Ley 12/2007 prevé que «las actuaciones deben 
justificarse documentalmente, deben constar en el expediente del usuario o usuaria y 
deben comunicarse al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo establecido por la legislación».
En  la  Comunidad  Valenciana,  el  art.  10.1  de  la  Ley  3/2019  también  prevé  la 
comunicación al Ministerio Fiscal de la inmovilización o restricción física o tratamiento 
farmacológico aplicada sin prescripción facultativa en los casos de peligro inminente para 
la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas.
5.2 Visitas a los centros residenciales, sociosanitarios y unidades psiquiátricas. 
Actuaciones a desplegar por los/as Sres./as. Fiscales.
El art. 4.2 EOMF dispone que el Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus funciones, 
podrá  visitar  en  cualquier  momento  los  centros  o  establecimientos  de  detención, 
penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar 
los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente.
El  Manual  de  Buenas  Prácticas  del  Ministerio  Fiscal  señala  que  se  deberán 
establecer en cada fiscalía las pautas de actuación necesarias y encaminadas a que por 
los/as fiscales encargados de la protección de las personas con discapacidad se proceda 
a la inspección periódica de los centros, residencias o pisos tutelados.
Sobre la necesidad de girar visitas de inspección trata asimismo la Instrucción de la 
FGE núm. 4/2016, de 22 de diciembre, sobre las funciones del Fiscal delegado de la 
especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad de las 
Comunidades Autónomas, que declara que «pese a la carencia de personal y el elevado 
número de centros a inspeccionar, esta tarea ha constituido una actividad importante de 
los Fiscales especialistas».
La Instrucción de la FGE núm. 4/2016 dispone igualmente que los/as Sres./as. 
Fiscales Delegados/as de las CC. AA prestarán especial atención a aquellas cuestiones 
–como las visitas de inspección– que exigen una actuación planificada y consensuada.
En el curso de las inspecciones que los/as Sres./as. Fiscales realicen a los centros 
residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad, 
así como a las unidades psiquiátricas, uno de los capítulos que necesariamente deberá 
ser supervisado es el relativo a la aplicación de sujeciones y, en el caso de que se 
apliquen, verificarán que concurren los presupuestos recogidos en el epígrafe 4 de la 
citada instrucción y concretamente comprobarán:
1.) Que existe una prescripción médica bien para su adopción inicial, bien mediante 
su ratificación por el titular médico con la mayor premura, en el caso de aplicación de  es
urgencia y que se establezcan las pautas de vigilancia permanente de esa medida y el  bo
establecimiento de controles periódicos a fin de determinar su continuidad. 21ww
tsaunpteo2Lr .av) l iasR iQóeinncud.oeim ceaelc nciódenan,ct rioóe nld  ipsnrp.oºo cn2ee d didmeeli  euCnnto opm roidtéteo  cdionelso tB apuioaréraatci cieóaln  u dsdiosep  doelna esla  sac o seunsjteetocnisco inoeenfese csqt oucseo  pmqruoee v esluaa    OE-A-2022-22able en https://
indicación  y  el  procedimiento  de  instauración  de  las  contenciones,  así  como  su
supervisión,  han  de  estar  debidamente  protocolizados  y  dichos  protocolos  deben 
evaluarse periódicamente, siendo recomendable para ello la participación de los Comités 
de Ética.
3.) Que  se  deje  constancia  documental  de  la  indicación,  el  uso  y  el  tipo  de 
contención aplicada respecto de cada paciente, especificando la duración. Observada la 
mayor incidencia del uso de contenciones en fines de semana y durante la noche, se 
incidirá sobre esta cuestión en la evaluación para alejar motivos económicos o de ratios 
que puedan condicionar su uso.
La Recomendación n.º 7 del Comité de Bioética dispone al efecto que «la indicación, 
el uso y el tipo de contención habrán de ser registrados siempre en la historia clínica o 
documento equivalente».
4.) Que se respete la normativa sobre consentimiento informado, con especial 
interés en los supuestos de personas que no pueden consentir por sí mismas o precisan 
de apoyos para prestarlo.
A  tales  efectos,  la  práctica  de  recabar  simples  consentimientos  en  blanco  del 
paciente o de los familiares, con genéricas menciones a la necesidad llegado el caso del 
uso de la contención, deberá considerarse contraria a la normativa.
En aras a promover un modelo respetuoso con la dignidad de la persona, centrado 
en ella y libre de sujeciones, sin perjuicio de que no sea el principal objetivo de las 
inspecciones y visitas a los centros y siempre que ello fuera posible, los/as Sres./as. 
Fiscales recogerán en sus actas:
i) La  disponibilidad  de  medidas  y  actividades  preventivas,  cuidadoras,  o 
rehabilitadoras, orientadas a procurar bienestar a la persona que disipan o disminuyen la 
incidencia del recurso a la contención y que mejoran la calidad de vida de la persona.
ii) La existencia de planes específicos de mejora de la utilización de contenciones o 
plan de centro de eliminación.
iii) Las actividades desarrolladas o programadas para la formación y sensibilización 
del personal encargado de aplicarlas.
iv) La conformación de grupos multidisciplinares, con intervención de todos los 
profesionales involucrados, de la persona y de la figura de apoyo, así como de sus 
familiares, sería un modelo a tomar en cuenta para mayor garantía de los derechos 
humanos comprometidos.
v) La realización de análisis integral de cualquier incidente grave (daño o muerte) 
producido  por  una  contención,  a  modo  de  «evento  centinela»,  como  parte  de  una 
práctica de mejora progresiva en las prácticas y en la organización (Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations).
Asimismo,  los/as  Sres./as.  Fiscales  oficiarán  a  los  servicios  de  inspección 
competentes a fin de que informen sobre aquellos centros inspeccionados por dichos 
servicios en los que hayan detectado el uso de sujeciones sin adecuarse a los principios 
informadores de los protocolos aplicables, en concreto: ausencia de prescripción médica, 
control periódico, supervisión y documentación. Será oportuno solicitar la remisión a 
Fiscalía de aquellas quejas que se hayan recibido de usuarios o familiares relacionadas 
con el empleo de contenciones, tanto en el propio servicio de inspección como en los 
servicios de atención al paciente de las Administraciones con competencia en el sector.
Respecto de aquellos centros de los que no se disponga de información actualizada, 
los/as Sres./as. Fiscales interesarán de la dirección del centro o residencia la remisión 
periódica del listado de contenciones aplicadas, tipo de sujeción utilizada, prescripción  e.e
médica, duración, controles realizados y consentimientos informados exigidos, copia del  w.b
protocolo de adopción de sujeciones mecánicas e iniciativas hacia el modelo basado en  21ww
hdaeyreacnh roesc ihbuidmoa dneo su.s Auasrimioiss mo ofa, mdielibaererás  rseollaicciitoanrsaed alas  creomn iesli óenm dpele aoq duee lclaosn tqeunecijoans eqsu.e se
conoCcuimaniednot op odre  cloam  aupnliiccaacciióónn  ddee  lousn ac esnutjreocsió on  pqoure  cnuoa lqsuei ear juvsíate  sae  lllae gnaorarm aa titvean eyr 
principios  aplicables,  los/as  Sres./as.  fiscales  podrán  promover  el  ejercicio  de  las
facultades judiciales de control y vigilancia tanto de la guarda de hecho como de la 
curatela por medio del oportuno expediente de jurisdicción voluntaria (arts. 265 y 270 CC 
y  arts.  3.1,  4,  43.2,  52.1  LJV).  También  podrán  instar  la  supervisión  judicial  del 
internamiento, requiriendo la emisión de informes actualizados, pudiéndose solicitar por 
el/la fiscal la adopción de medidas cautelares ex art. 762 LEC, que en los supuestos de 
internamiento involuntario por aplicación del art. 763 LEC, corresponderá solicitar ante la 
autoridad judicial encargada de su supervisión.
Atendida  la  entidad  de  los  hechos,  se  procederá  a  comunicarlos  al  órgano 
sancionador  correspondiente,  si  los  mismos  pudieran  subsumirse  en  una  infracción 
administrativa.
Debe recordarse aquí que si bien no existe una norma general expresa al respecto y 
solamente en casos concretos la ley prevé que el Ministerio Fiscal comunique a la 
autoridad administrativa extremos de los que tengan conocimiento y de los que puedan 
derivarse  consecuencias  administrativo-sancionadoras,  cabe  de  esta  regulación 
fragmentaria  extraer  un  principio  general  de  comunicación  interorgánica  o 
interinstitucional (Instrucciones de la FGE núm. 10/2005, 1/2009 y 4/2016; Circulares de 
la FGE núm. 1/2002, 4/2013 y 1/2016).
Si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se procederá a la 
incoación de las correspondientes diligencias de investigación. Una contención física o 
química realizada completamente al margen de los principios enunciados puede ser 
susceptible de tipificarse como tratos degradantes del art. 173.1 CP o delito de maltrato 
del núm. 2 del mismo precepto. El art. 173.2 CP incluye, dentro de los sujetos pasivos 
del tipo de maltrato habitual, a las personas que por su especial vulnerabilidad se 
encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Los accidentes o decesos de personas en el contexto de una contención deberán ser 
objeto  de  investigación,  instando  la  inmediata  judicialización  en  caso  de  que  fuera 
necesario solicitar la adopción de medidas cautelares o la práctica de diligencias que 
precisen autorización judicial.
5.3 En el marco de la cooperación interinstitucional.
Dentro  de  las  funciones  de  coordinación  atribuidas  a  los/as  Sres./as.  Fiscales 
Delegados/as autonómicos/as por la Instrucción de la FGE núm. 4/2016, sobre las 
funciones del fiscal delegado de la especialidad civil y de protección jurídica de las 
personas  con  discapacidad  de  las  comunidades  autónomas,  se  resaltaron  tanto  la 
coordinación y unificación de criterios de actuación de los fiscales destinados en la 
Comunidad Autónoma en el despacho de procedimientos civiles y en el tratamiento legal 
de la protección jurídica de las personas con discapacidad, como la participación en los 
mecanismos de coordinación con las autoridades administrativas con competencias en la 
materia.
Esta coordinación se torna imprescindible y ha generado indudables frutos tanto en 
esta materia (por ejemplo, en los protocolos de ingresos involuntarios en unidades de 
hospitalización psiquiátrica) como en otras ramas de la protección jurídica de colectivos 
vulnerables. La citada instrucción recuerda expresamente la Instrucción de la FGE núm. 
3/1990, de 7 de mayo, sobre régimen jurídico que debe de regir para el ingreso de 
personas  en  residencias  de  la  tercera  edad,  que  recomendaba  la  necesidad  de 
coordinación  con  los  servicios  de  inspección  administrativos  de  las  Comunidades 
Autónomas para la comunicación al fiscal de aquellas deficiencias observadas por sus 
propios servicios de inspección, por si de ellas pudiera derivarse responsabilidad penal. e.e
Por su parte, el art. 33.1 CDPD recoge la necesidad de establecer mecanismos de  w.b
coordinación  para  facilitar  la  adopción  de  medidas  relativas  a  la  aplicación  de  la  21ww
pCeornsvoennacsi ócno, nc udyisoc aaprta. c2id5a.dd ) aetexnigceió na  dloes  lap romfeissmioan acleaslid daed  qlau es aalu dla sq udee mpáress tpeenr sao nlaass 
ssoebnrseib illaiz abcaisóen  dree supne cctoo ndseen tliomsi ednetore clibhroes  eh uinmfoarnmoasd, ol,a  ednitgren idoatrda,s  lfao ramuatos nmomedíaia nyt el alas 
necesidades  de  las  personas  con  discapacidad  a  través  de  la  capacitación  y  la
promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado.
Los/as  Sres./as.  Fiscales  Delegados/as  autonómicos/as  impulsarán,  dentro  del 
marco  de  sus  competencias,  las  actuaciones  de  coordinación  necesarias  con  los 
diversos servicios de inspección afectados (sanidad y servicios sociales) con la finalidad 
de  priorizar  el  control  eficaz  del  uso  de  sujeciones  por  parte  tanto  de  los  centros 
residenciales de mayores y personas con discapacidad como las unidades psiquiátricas 
y sanitarias.
Asimismo,  los/as  Sres./as.  Fiscales  Delegados/as  autonómicos/as  informarán 
anualmente a los/las Fiscales Superiores y al/la Fiscal de Sala Coordinador/a de los 
servicios de protección de las personas con discapacidad y mayores sobre el uso de 
contenciones en los ámbitos sanitario y social en el respectivo territorio.
6. Cláusula de vigencia
La presente instrucción no afecta a la vigencia de las circulares e instrucciones 
anteriores en lo que no resulte expresamente afectado por la nueva regulación de la 
Ley 8/2021, de 4 de junio.
7. Conclusiones
1.ª En el marco de la función tuitiva que el Ministerio Fiscal ostenta respecto de las 
personas mayores y/o con discapacidad, los/as Sres./as. Fiscales velarán por el efectivo 
reconocimiento y salvaguarda de su dignidad en relación con el uso contenciones o 
sujeciones físicas y/o farmacológicas a las que puedan verse sometidos.
2.ª Los principios básicos que han de orientar la utilización de contenciones en 
unidades psiquiátricas o de salud mental y en centros residenciales y/o sociosanitarios 
serán los de cuidado, excepcionalidad, necesidad apreciada por prescripción facultativa, 
proporcionalidad,  provisionalidad  y  prohibición  de  exceso,  constituyendo  el 
reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona el eje 
vertebrador en la interpretación de toda esta materia.
3.ª En el curso de las inspecciones que realicen a unidades psiquiátricas o de salud 
mental y en centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con 
discapacidad,  los/as  Sres./as.  Fiscales  comprobarán  la  aplicación  que  haya  podido 
efectuarse de medidas de contención conforme a las siguientes pautas:
i) Nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o 
tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que 
exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros. En este caso, lo 
acordará el profesional responsable conforme al protocolo correspondiente, sin perjuicio 
de la ratificación y/o rectificación posterior del titular.
ii) Para  la  aplicación  de  una  contención  será  imprescindible  la  prestación  de 
consentimiento informado por el paciente o, en su caso, por su representante legal, 
conforme a las previsiones de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, con las excepciones previstas en la misma. El consentimiento 
informado deberá ser explicito para cada situación y para cada persona, y referido al 
momento en que se va a tomar la decisión, no siendo válidos los consentimientos 
genéricos ni los diferidos en el tiempo. e.
iii) El centro debe disponer de un protocolo para el uso de las sujeciones que  w.b
prevea tanto la indicación como el procedimiento de instauración de las contenciones y  21ww
esust asubpleecrivmisieiónnto.  Ddeeb ceonn terostleasb lpeecerirósdeic poasu ata fsin d dee v digeitlearnmciian apre srum caonnetninteu iddea de.sa medida y el
espeivc)i ficLaan dcoo rlare icntdai cdaoccióunm, eenl tuascoió yn  tidpeo  dlae  mcoendtiednac iaópnl iyc asdua d ruersapceiócnto. de cada paciente,
4.ª Los/as Sres./as. Fiscales oficiarán a los servicios de inspección competentes a 
fin de que les informen sobre aquellos centros inspeccionados por dichos servicios en los 
que hayan detectado el uso de sujeciones sin adecuarse a los principios informadores de 
los  protocolos  aplicables,  en  concreto:  ausencia  de  prescripción  médica,  control 
periódico, supervisión y documentación.
5.ª Respecto  de  aquellos  centros  de  los  que  no  se  disponga  de  información 
actualizada, los/as Sres./as. Fiscales deberán interesar de la dirección del centro o 
residencia la remisión periódica del listado de contenciones aplicadas, tipo de sujeción 
utilizada,  prescripción  médica,  duración,  controles  realizados,  consentimientos 
informados exigidos y copia del protocolo de adopción de sujeciones mecánicas.
6.ª Si por la comunicación del centro o residencia o por cualquier otra vía se llegara 
a tener conocimiento de la aplicación de una sujeción en condiciones que implique un 
incumplimiento de la normativa vigente o sus principios inspiradores, el Ministerio Fiscal 
podrá promover el ejercicio de las facultades judiciales de control y vigilancia tanto de la 
guarda de hecho como de la curatela por medio del oportuno expediente de jurisdicción 
voluntaria (arts. 265 y 270 CC y arts. 3.1, 4, 43.2 y 52.1 LJV). También podrán instar la 
supervisión judicial del internamiento, requiriendo la emisión de informes actualizados, 
pudiéndose solicitar por el/la fiscal la adopción de medidas cautelares ex art. 762 LEC, 
que en los supuestos de internamiento involuntario por aplicación del art. 763 LEC, 
corresponderá solicitar ante la autoridad judicial encargada de su supervisión.
7.ª Si  se  pusiere  de  manifiesto  una  utilización  desviada  de  los  medios  de 
contención, atendida la entidad de los hechos, se comunicará al órgano sancionador 
correspondiente, si los mismos pudieran subsumirse en una infracción administrativa.
Si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se procederá a la 
incoación de las correspondientes diligencias de investigación.
8.ª Los/as Sres./as. Fiscales Delegados/as autonómicos/as impulsarán, dentro del 
marco  de  sus  competencias,  las  actuaciones  de  coordinación  necesarias  con  los 
diversos servicios de inspección afectados (sanidad y servicios sociales) con la finalidad 
de  priorizar  el  control  eficaz  del  uso  de  sujeciones  por  parte  tanto  de  los  centros 
residenciales de mayores y personas con discapacidad, como las unidades psiquiátricas 
y sanitarias. Asimismo, informarán anualmente a los Fiscales Superiores y al/a la Fiscal 
de Sala Coordinador/a de los servicios de protección de las personas con discapacidad y 
mayores sobre el uso de contenciones en los ámbitos sanitario y social en el respectivo 
territorio.
En razón de todo lo expuesto, con el propósito de cumplir las obligaciones que 
nuestro ordenamiento jurídico impone al Ministerio Público en garantía de los derechos 
de  las  personas  usuarias/pacientes  de  centros  residenciales  y/o  sociosanitarios  y 
unidades  psiquiátricas,  los/as  Sres./as.  Fiscales  se  atendrán  en  lo  sucesivo  a  las 
prescripciones de la presente instrucción.
Madrid,  19  de  enero  de  2022.–La  Fiscal  General  del  Estado,  Dolores  Delgado 
García.