BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 73175
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10020 Pleno. Sentencia 107/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de amparo 
2670-2017.  Promovido  por  don  Francesc  Homs  i  Molist  respecto  de  la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un 
delito de desobediencia. Alegada vulneración de los derechos a la presunción 
de inocencia, legalidad penal, segunda instancia y tutela judicial efectiva en 
relación con el derecho a la igualdad; supuesta vulneración de los derechos a 
un proceso con todas las garantías y a la prueba: inadmisión parcial del 
recurso  de  amparo;  denegación  de  prueba  testifical  y  documental  cuya 
relevancia en términos de defensa no se acredita.
ECLI:ES:TC:2021:107
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por el magistrado por don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado:
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2670-2017, promovido por don Francesc Homs i 
Molist, representado por el procurador de los tribunales don Ignacio Argos Linares, bajo 
la dirección de la letrada doña Esther Palmés Bosch, contra el auto de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2017, por el que se desestima el incidente 
de aclaración interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
núm. 177/2017, de 22 de marzo, pronunciada en la causa especial núm. 20249-2016, y 
se condena al demandante de amparo como autor de un delito de desobediencia del 
art. 410 del Código penal (CP). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 25 de mayo de 2017, el procurador 
de  los  tribunales  don  Ignacio  Argos  Linares,  en  nombre  y  representación  de  don 
Francesc Homs i Molist, y bajo la dirección de la letrada doña Esther Palmés Bosch, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el 
encabezamiento de esta sentencia. e
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: 020www.
de ma)a rzLoa,  pseronnteunncciiaa ddae  elan  Seal lsae dneo  lod eP elan acla duesal  Terisbpuencaial lS nuúpmre.m 2o0 2n4ú9m-2. 011767,/ 2c0o1n7d, edneó  2a2l 
daeumtoarinddaadn ated mdien isatmraptiavrao ,( acrot.m 4o1 0a uCtoPr) ,d ae  lau np edneali tdoe d me udletas odbee cdiinecnoc ima egsreasv,e c coonm uentaid cau pootar   BOE-A-cable e
diaria de doscientos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 
dos cuotas no satisfechas para el caso de impago, e inhabilitación especial para el 
ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así 
como para ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, durante un tiempo de 
un año y un mes.
Dicha sentencia declaraba como hechos probados los siguientes:
«Con  fecha  27  de  septiembre  de  2014,  el  "Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Cataluña", en su núm. 6715, publicó la Ley 10/2014, 26 de septiembre, de consultas 
populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. En el mismo diario 
oficial y con la misma fecha se publicó el decreto del presidente de la Generalitat de 
Cataluña  129-2014,  27  de  septiembre,  de  convocatoria  de  consulta  popular  no 
referendaria sobre el futuro político de Cataluña. En esta resolución se convocaba «la 
consulta sobre el futuro político de Cataluña que tendrá lugar el día 9 de noviembre 
de 2014» (art. 1). El objeto de la consulta era «[…] conocer la opinión de las personas 
llamadas a participar sobre el futuro político de Cataluña […], con la finalidad de que la 
Generalidad pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e 
institucional que le corresponde» (art. 2). En la consulta se formularía «[…] una primera 
pregunta y una segunda pregunta sucesiva, en los términos siguientes: a) ¿Quiere que 
Cataluña se convierta en un Estado? – Sí – No. En caso afirmativo: b) ¿Quiere que este 
Estado sea independiente? – Sí – No» (art. 2) y únicamente se podía responder a la 
pregunta de la letra b) en el caso de haber respondido «sí» a la pregunta de la letra a).
El art. 4 del decreto llamaba a participar en la consulta sobre el futuro político de 
Cataluña a «[…] las personas que sean mayores de dieciséis años el día de la votación 
presencial: a) que tengan la condición política de catalanes. Los catalanes residentes en 
el extranjero que hayan tenido como última vecindad administrativa la catalana y sus 
descendientes que mantengan la condición política de catalán deben estar previamente 
inscritos en el registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior; b) que sean 
nacionales  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  inscritos  en  el  registro  de 
población de Cataluña, que acrediten un año de residencia continuada inmediatamente 
anterior a la convocatoria de la consulta; c) que sean nacionales de terceros estados, 
inscritos en el registro de población de Cataluña, que acrediten residencia legal durante 
un periodo continuado de tres años inmediatamente anterior a la convocatoria de la 
consulta».
Al  amparo  del  art.  161.2  CE  el  Gobierno  de  la  Nación  interpuso  recurso  de 
inconstitucionalidad contra [...] la Ley 10/2014, 26 de septiembre. La admisión a trámite 
del recurso […] produjo como efecto legal asociado a esa resolución […] la suspensión 
de la vigencia de los preceptos impugnados desde el mismo día 29 de septiembre 
de 2014 para las partes del proceso y desde la publicación de la providencia en el BOE 
para los terceros. La orden de suspensión alcanzaba «a cuantos actos o resoluciones 
hayan podido dictarse en aplicación de los mismos […]».
El Gobierno de la Nación estimó también oportuno impugnar, además de la ley que le 
servía  de  aparente  cobertura,  el  acto  formal  de  convocatoria,  esto  es,  el 
Decreto 129/2014, 27 de septiembre. La impugnación fue admitida a trámite mediante 
providencia de 29 de septiembre de 2014 que […] suspendió el decreto y sus anexos 
desde el 29 de septiembre para las partes del proceso […].
El  procedimiento  de  impugnación  promovido  por  el  Gobierno  culminaría  con  la 
sentencia  del  Tribunal  Constitucional  32/2015,  25  de  febrero.  En  el  fallo  de  esta 
sentencia se acordaba «[…] declarar que el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de  e.
convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña y  w.b
sus anexos son inconstitucionales y nulos». En el último párrafo del FJ 3 se afirmaba que  020ww
L«eeyl  D10e/c2r0e1to4  y1,2 e9n/2 d0e1s4a,r raoll loc odnev eosctaar  leuyn, ae sctaobnlseucletar  laa l reagmuplaacrioó nd ees ploe ceífsictaab pleocr idlao q ueen  slea 
rreigfee rélan ducmon, saull tah abceorn vcoocnavdoac,a dvou lnuenr are flearsé ncdoummp estine nlcai apsr edceelp tiEvsat aaduoto reizna cmióant eersiata tdael, 
como  exige  el  art.  149.1.32  CE,  y  sin  seguir  los  procedimientos  y  garantías
constitucionalmente exigidos, que, como declara este tribunal en la sentencia 31/2015, 
de esta misma fecha, solo pueden ser aquellos establecidos por el legislador estatal, que 
es a quien la Constitución ha encomendado regular el proceso y las garantías electorales 
(art. 149.1.1 CE en relación con los arts. 23.1 CE, 81.1 CE y 92.3 CE y art. 149.1.32 
CE)».
Con anterioridad a que esa sentencia llegara a dictarse y a raíz de la suspensión 
provisional de la vigencia de las normas cuestionadas […] el Gobierno de la Generalitat 
desistió de la convocatoria de la llamada consulta popular no referendaria que autorizaba 
la Ley 10/2014 y que materializaba el Decreto 129/2014. Sin embargo, como quiera que 
persistía en la idea de celebrar la referida consulta el día 9 de noviembre de 2014, fecha 
que anunciaba el decreto suspendido, abandonó la cobertura inicialmente concebida 
para su celebración y anunció, en su lugar, un proceso de participación ciudadana para 
la misma fecha. Con tal objeto, el presidente de la Generalitat –no enjuiciado en la 
presente causa– realizó una comparecencia institucional en la que anunció ante los 
medios de comunicación la apertura de ese proceso y la fecha en el que este iba a tener 
lugar.
Al mismo tiempo, con el fin de dar amplia difusión al proceso abierto, el Departament 
de Gobernació de la Generalitat de Catalunya encargó la puesta en marcha de una 
página  web  denominada  www.participa2014.cat.  El  mismo  día  del  anuncio  por  el 
presidente de la Generalitat de la convocatoria del proceso, publicó que «el día 9 de 
noviembre de 2014, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña abre un proceso de 
participación ciudadana para que los catalanes y las catalanas y las personas residentes 
en Cataluña puedan manifestar su opinión sobre el futuro político de Cataluña».
A raíz del anuncio, el Gobierno de la Generalitat asumió la iniciativa de distintas 
actuaciones  y  procedimientos  administrativos  dirigidos  a  hacer  realidad  la  votación 
anunciada  para  el  día  9  de  noviembre.  Los  trabajos  fueron  principalmente 
encomendados  a  contratistas  privados.  Conforme  a  esta  idea  se  desarrollaron  las 
siguientes actividades:
a)  Se  activó  la  web  institucional  a  la  que  ya  se  ha  hecho  referencia  –
www.participa2014.cat–, diseñada para hacer posible, entre otras funcionalidades, la 
inscripción del voluntariado.
b)  Se acordó que los institutos públicos de enseñanza secundaria, titularidad de la 
Generalitat, pusieran a disposición de los responsables del proceso participativo los 
locales en que pudieran desarrollarse las votaciones.
c)  Se encargaron el diseño y la fabricación del material que iba a ser empleado en 
la votación, organizándose su transporte, reparto y entrega en los distintos locales en los 
que iba a celebrarse la votación.
d)  El  Departament  de  la  Presidencia  dirigió  la  contratación  de  la  publicidad 
institucional.  Esta  fue  encargada,  apenas  dos  días  después  de  la  incoación  del 
expediente PR201471109, a la empresa Media Planning Group, S.A. La formalización del 
encargo  está  fechada  el  día  24  de  octubre  de  2014.  El  importe  facturado  por  la 
realización de estos trabajos supuso un gasto de 806 403,52 €.
e)  Se contrató la adquisición de 7000 ordenadores portátiles que, previa utilización 
de un software encargado por la Generalitat, iban a ser utilizados en el cómputo y control 
del proceso de consulta.
f)  Con fecha 29 de octubre de 2014, el Departamento de Governació i Relacions 
Institucionals interesó los servicios del centre de telecomunicaciones i tecnologíes de la  e
informació para el «apoyo al proceso de participación», fijando un presupuesto de 1 201 000 €.  bo
La factura se expidió el 3 de noviembre, finalmente por un importe de 698 685,15 €. 020ww
tecnPoalorgaí elas  edjee cluac iiónnfo rdmea claió  esnecloemccieionndóa  dreisctiibnitdaas,  eeml pcreenstares  dperi vtaedleacso, mcuonni caarcrieognleos  ai 
acuerdos-marco previamente suscritos. Así, a la empresa T-Systems le fue encargado,
con fecha 15 de octubre de 2014, el diseño de programas informáticos con un doble
objeto: a) registro de inscripción de acceso público: crear un registro web para que los 
voluntarios funcionarios y no funcionarios pudieran registrarse como tales y crear la 
propia web de consulta; b) registro de asistentes: desarrollar una aplicación para instalar 
en los ordenadores que serían utilizados el día de la votación. La aplicación tenía dos 
funcionalidades principales. La primera permitía registrar a quien votaba y comprobar 
que votaba en la mesa que le correspondía; la segunda hacía posible la extracción y 
consolidación de los datos obtenidos en los ordenadores que permitiese introducir el 
recuento  de  votos  y  extraer  el  resultado  agregado  de  la  mesa  en  un  formato  de 
presentación predeterminado.
Con fecha 17 de octubre de 2014, la misma empresa recibió como encargo diseñar 
un «registro de resultados y publicación». Se trataba de ir recibiendo telefónicamente los 
resultados  de  las  votaciones  en  las  distintas  mesas  de  votación  y  proceder  a  su 
inmediato tratamiento informático mediante una web interna de la Generalitat que, con el 
desarrollo de distintos criterios de cribado, iba a permitir el recuento y sistematización de 
los resultados agregados, porcentajes, distribución geográfica, etc.
En la búsqueda del mismo objetivo, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologíes de 
la Informació (CTTI) contrató con T-Systems para el fin de semana del 9 de noviembre, 
un servicio de apoyo veinticuatro horas al día, que también incluía adicionalmente un 
servicio  de  apoyo  a  los  técnicos  que  habían  participado  en  el  desarrollo  de  los 
programas.
La  recepción  de  los  ordenadores  portátiles  que  iban  a  ser  adquiridos  por  el 
Departamento de Ensenyament fue encomendada a la empresa Fujitsu, a la que también 
fue  encargada  la  instalación  de  los  programas  desarrollados  por  T-Systems,  la 
distribución de las unidades en los distintos centros de votación, el acondicionamiento de 
un call center en el propio CTTI para el día de la votación, ciertas tareas de apoyo 
remoto y presencial y, finalmente, la recogida ulterior de los portátiles una vez finalizada 
la jornada. También asumió el borrado del contenido de los ordenadores superada la 
fecha prevista para su utilización.
Para  hacer  posible  la  votación,  el  27  de  octubre  de  2014  el  Departament  de 
Presidencia, encabezado por el acusado don Francesc Homs, y el Institut d’Estadística 
de Catalunya […] firmaron un convenio de colaboración en el que se autorizaba al 
departamento de Presidencia para que tuviera acceso al registro de población a los 
efectos de crear una base de datos temporal cuya cláusula de vigencia (pacto 6) se 
decía  que  permanecería  en  vigor  «por  el  tiempo  indispensable  para  transmitir  la 
información básica y general del proceso de participación descrito que se abre el día 9 
de noviembre de 2014 [...]». En el pacto tercero del convenio se especificaba que los 
datos se utilizarían «únicamente para transmitir una carta del Muy Honorable Presidente 
Artur Mas Gavarró a los destinatarios indicados, con información básica del proceso de 
participación  referenciado  que  se  abre  el  día  9  de  noviembre  de  2014».  Como 
destinatarios de la información se señalaba a los «vecinos inscritos en los padrones 
municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña que sean mayores de 
dieciséis años el día 9 de noviembre de 2014». El fichero temporal fue efectivamente 
creado y luego cedido a la mercantil Unipost (empresa de mensajería a la que se 
encargó la distribución de la información), a través de un encargo de tratamiento de 
datos, previa autorización de subencargo por parte del departamento de Presidencia.
Para  el  urgente  envío  de  la  información  que  hiciera  posible  la  participación 
ciudadana,  el  31  de  octubre  de  2014  la  Entitat  Autónoma  del  Diari  Oficial  i  de 
Publicacions de la Generalitat remitió a la mercantil Unipost, especializada en servicios  s
de mensajería, una invitación para participar en la licitación para la prestación de los  oe.
servicios destinados a la ejecución de una «operativa institucional de transmisión de una  w.
información de interés ciudadano por imperiosa urgencia». La información a repartir  020ww
cloosn csiiustdíaa deann ousn aa  pcaarrttaic icpoanr  eenl  mla ecmonbsreutleta  odfeicl ia9l  ddee  nloav Gieemnberrea lsitiagtu eienn tqeu, ec itsaen deox hlao rptaábgain aa 
web www.participa2014.cat como fuente de información.
El departamento de Presidencia cedió a Unipost el fichero temporal de datos que se 
había creado a efectos de contener los destinatarios de la información a distribuir. El 
reparto de la correspondencia se inició el día 3 de noviembre de 2014 y siguió en los 
posteriores hasta completar la efectiva distribución de la correspondencia.
El 27 de octubre de 2014 el Departament de Governació solicitó a la compañía 
aseguradora  Axa  un  suplemento  de  la  póliza  de  seguro  de  accidentes  que  el 
Departament  d’Economia  i  Coneixement  tiene  contratada  para  el  personal  de  la 
Generalitat de Catalunya. El suplemento se solicitó para los voluntarios del proceso 
participativo: 1317 personas voluntarias que trabajarían los días 9 y 10 de noviembre, y 
más de 25 000 voluntarios que trabajarían exclusivamente el día 9 de noviembre. El 
suplemento fue expedido el día 4 de noviembre.
El 31 de octubre de 2014, puestas en marcha las iniciativas que acaban de ser 
descritas en el marco del llamado proceso de participación ciudadana, el Gobierno de la 
Nación presentó ante el Tribunal Constitucional una «impugnación de disposiciones 
autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia» contra «[...] las 
actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las 
catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre 
el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en los 
términos  de  la  convocatoria),  mediante  un  denominado  "proceso  de  participación 
ciudadana", contenidas en la página web participa2014.cat/es/index.html, y los restantes 
actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de 
dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, 
vinculada a la referida consulta».
El  «Boletín  Oficial  del  Estado»  publicó  con  fecha  5  de  noviembre  de  2014  la 
providencia del Tribunal Constitucional dictada el día anterior, mediante la que resolvió 
admitir a trámite la impugnación, acordando al mismo tiempo la suspensión de los actos 
impugnados desde el 31 de octubre de 2014 para las partes del proceso y desde su 
publicación  en  el  BOE  para  los  terceros,  así  como  las  restantes  actuaciones  de 
preparación de dicha consulta o vinculadas a ella.
El tenor literal de la providencia de 4 de noviembre de 2014 era el siguiente: «El 
Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda:
1.  Una  vez  comprobada  la  concurrencia  de  las  condiciones  procesales  de 
admisibilidad, admitir a trámite el escrito presentado por el abogado del Estado en 
nombre y representación del Gobierno de la Nación, de impugnación de disposiciones 
autonómicas (Título V LOTC) y, subsidiariamente, de conflicto positivo de competencia, 
contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los 
catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su 
opinión  sobre  el  futuro  político  de  Cataluña  el  día  9  de  noviembre  (y  en  los  días 
sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado "proceso de 
participación ciudadana", contenidas en la página web participa2014.cat/es/index.html, y 
los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la 
celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada 
jurídicamente, vinculada a la referida consulta.
2.  Dar  traslado  de  la  demanda  y  documentos  presentados  al  Gobierno  de  la 
Generalitat de Cataluña, por conducto de su presidente, al objeto de que en el plazo de 
veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 de  s
la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC),  aporte  cuantos  documentos  y  oe.
alegaciones considere convenientes. 020www.
el  G3o. biIenrvnooc apdood rpáo r imel pGuogbniaerr naon etel  aertsícteu loT 1ri6b1u.n2a dl eC loan Cstoitnusctiiotuncaiól nl,a sc ond isaprroesgicloio anle csu ayl 
rimespoulugcniaocnieósn  praoddoupctea dlaa ss usppoer nslioósn  dóer glaasn aocst uadcei onleass  imcpoumgunnaiddaasd,e dse baieuntódnoo eml atrsib, untaall   BOE-A-cable e
ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses (arts. 161.2 CE 
y 77 LOTC). De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender 
los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, fecha de interposición del 
recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado” para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación de dicha 
consulta o vinculadas a ella.
4.  Comunicar al presidente de la Generalitat de Cataluña la presente providencia.
5.  Publicar la incoación de la impugnación en el "Boletín Oficial del Estado" y en el 
"Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya".
[…]».
La  providencia  transcrita,  en  la  que  junto  a  la  admisión  a  trámite  del  recurso 
promovido por el Gobierno de la Nación se acordaba la suspensión de las actuaciones 
impugnadas, fue publicada el día 5 de noviembre de 2014 y tuvo entrada en el registro 
oficial de la Generalitat el día 6 de noviembre. Además de la anotación formal en el 
registro, el mismo día 4 el presidente del Tribunal Constitucional remitió por correo 
electrónico  comunicación  en  la  que  ponía  en  conocimiento  del  presidente  de  la 
Generalitat,  adjuntando  el  archivo  correspondiente,  la  existencia  misma  de  esa 
resolución y una carta personal. El mensaje de correo electrónico fue remitido desde 
Presidencia del Tribunal Constitucional a las 13:19 horas del día 4 de noviembre a la 
Subdirección  General  de  Cuestiones  Constitucionales  del  Gabinete  Jurídico  de  la 
Generalitat, del departamento de Presidencia. Desde dicha subdirección general se 
acusó expresamente la recepción del correo y la documentación adjunta mediante correo 
electrónico de su titular enviado a las 13:47 horas.
El proceso de notificación de la citada providencia fue coincidente con la celebración 
por el Ejecutivo de la Generalitat de una sesión formal de Gobierno el mismo día 4 de 
noviembre. En esa reunión se acordó formular recurso de súplica contra la providencia, 
con subsidiaria petición de aclaración. De acuerdo con esa decisión, el servicio jurídico 
de la Generalitat promovió el correspondiente recurso con la subsidiaria solicitud de 
aclaración. En el cuerpo argumental de ese recurso la Generalitat solicitaba del Tribunal 
Constitucional una decisión rápida, pues «[…] si el Tribunal Constitucional no resuelve 
inmediatamente, tal omisión causará indefensión al haberse dejado pasar la fecha del 9 
de noviembre para la que se ha convocado el proceso participativo sin que este haya 
podido celebrarse» (encabezamiento del punto 6). De forma correlativa, en el petitum del 
recurso  se  solicitaba  que  se  tuviera  por  formulado  recurso  de  súplica  contra  la 
providencia de 4 de noviembre y sea dejada sin efecto de modo que «[...] pueda 
celebrarse el día 9 de noviembre el proceso participativo convocado sobre el futuro 
político de Cataluña».
El recurso formalizado, carente de efectos suspensivos, fue resuelto y desestimado 
por el Tribunal Constitucional mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2014.
En  aquellas  fechas  el  acusado  don  Francesc  Homs  i  Molist  formaba  parte  del 
Gobierno de la Generalitat, en su condición de consejero de la Presidencia y portavoz. 
Era el máximo responsable de los servicios jurídicos, así como de la coordinación 
interdepartamental y encargado de la publicidad institucional. En esa condición, como 
parte integrante de una estrategia de desatención y rechazo al mandato del Tribunal 
Constitucional –que había acordado la suspensión de las actuaciones impugnadas por el 
Gobierno de la Nación–, omitió toda orden que habría permitido paralizar el proceso e  s
impulsó actuaciones que contribuyeron de forma decisiva a su realización. La aportación  oe.
tapdacaentrli ttvoiaci,dci panuadoscea isósdo non  a ofsoutorbeocj esisat oodrel aodss ep u oanenlan s jaulplabiacmlieratsaem d gidoeue nb tpeourr.on ncaLae omsa coeci cneitdróateonle   secp soan nrqotciu ceaeirpf toaalardca aiodó rondes,en  n ael  made easq ntusaaeu dS sappa ueladdn eiseyli ó roqnTnu r deibte,eu  pnnlaoeasrrl     2021-10020n https://www.
Constitucional y activada como consecuencia del efecto legal asociado a la admisión a
trámite  del  recurso  promovido  por  el  Gobierno  de  la  Nación,  fue  contumazmente
desoída. Todo ello en el contexto de un acuerdo concertado entre el acusado y otros 
responsables políticos de la Generalitat dirigido a privar de toda eficacia vinculante a la 
orden de suspensión contenida en la tantas veces mencionada providencia de 4 de 
noviembre de 2014.
En el específico ámbito de su competencia, el acusado don Francesc Homs i Molist 
desarrolló  actividades  solo  explicables  por  su  inamovible  voluntad  de  convertir  la 
providencia  de  suspensión  en  un  enunciado  carente  de  toda  fuerza  ejecutiva.  Era 
conocedor de la orden de paralización emanada del Tribunal Constitucional, orden que 
había sido oficialmente notificada en los términos ya expresados en el anterior apartado 
y que motivó que en una reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat se valorara 
políticamente  su  alcance  y  decidiera  la  formalización  de  un  recurso  de  súplica  y 
subsidiaria aclaración. Su condición de jurista le hacía conocedor de su deber de no 
activar  aquello  que  había  sido  objeto  de  prohibición  expresa  por  el  Tribunal 
Constitucional.  Pese  a  todo  –a  diferencia  del  acatamiento  de  la  anterior  orden  de 
paralización que se contenía en la providencia de fecha 29 de septiembre de 2014, 
dictada por el mismo tribunal con ocasión de la impugnación por el Gobierno de la 
convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña–, el 
acusado  puso  el  espacio  competencial  que  le  correspondía  como  Consejero  de  la 
Presidencia  y  portavoz  del  Gobierno  al  servicio  del  compartido  propósito  de  llevar 
adelante lo que pasó a denominarse proceso de participación ciudadana.
La estrategia a la que se sumó el acusado don Francesc Homs, concertada con otros 
responsables políticos que no quedan afectados por esta resolución, incluía la adopción 
de decisiones dirigidas a enmascarar la realidad del proceso, haciendo descansar la 
iniciativa de esas decisiones en la supuesta espontaneidad de unos voluntarios que 
actuarían al margen de todo apoyo oficial. El acusado tuvo un papel decisivo en la 
aportación de los medios materiales y de la infraestructura indispensable para hacer 
realidad lo que había sido objeto de suspensión expresa por el Tribunal Constitucional.
En los días inmediatamente anteriores a la celebración de la consulta, concretamente 
durante los días 7 y 8 de noviembre, la empresa T-Systems, conforme a lo que le había 
sido  encargado  por  el  CTTI,  entregó  las  aplicaciones  informáticas  que  resultaban 
indispensables para el desarrollo de la votación. A su vez esas aplicaciones fueron 
puestas a disposición de otra entidad privada que procedió a su instalación en los 
ordenadores recién adquiridos para proporcionar cobertura al proceso.
Responsables ejecutivos de la empresa T-Systems, una vez conocida por los medios 
de comunicación la providencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión 
de las actividades relacionadas con el llamado proceso de participación, se dirigieron 
formalmente  al  CTTI,  haciendo  llegar  por  carta  a  su  director  gerente  las  dudas 
suscitadas en la empresa acerca del efecto que esa suspensión podía acarrear en los 
trabajos contratados. En esa misiva se interesaba una rápida respuesta «[…] en tanto 
que  este  es  un  asunto  sensible  para  nuestra  organización,  comprometida  con  el 
cumplimiento estricto de la legalidad al tiempo que con una excelente prestación de 
servicios».  El  acusado  don  Francesc  Homs,  conocidas  las  dudas  de  la  empresa 
contratada para prestar apoyo informático, hizo llegar al consejero de Empresa y Empleo 
(conseller de Empresa i Ocupació) su respuesta, aclarando que «[…] los servicios o las 
actividades relacionadas por (T-Systems) en su carta de 4 de noviembre no están 
explícitamente afectados por la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el día 4 
de noviembre de 2014». Ese mensaje, del que se dio traslado a la dirección de T-
Systems en carta fechada el día 6 de noviembre, se completaba con la puesta a  s
disposición del CTTI de los servicios jurídicos de la Generalitat, con el fin de ejercer ante  oe.
los tribunales las acciones que pudieran resultar procedentes para el caso en que  w.
algunos de los trabajos pactados llegara a ser incumplido. Ese mensaje fue determinante  020ww
de qLuae  tlaar eeam parseusma idinafo prmorá Tti-cSay dsetecmidsie r–au ncoan vtienzu arer cciobnid lao sla t rraebsapjouse.sta oficial del acusado
dqeufein irtievcao prdaarab ae l ldaess arrersoplloon dsea blailsid aacdteivsid ajudreídsi csauss pceonndtirdaaísd apso r peol rT rliab uneaml pCreosnas–tit urceiosnualtól.   BOE-A-cable e
De hecho, había recibido el encargo de elaborar los tres programas informáticos que 
harían posible la emisión y el recuento de votos. Dos de ellos fueron instalados en los 
ordenadores  portátiles  adquiridos  por  la  Generalitat  y  que  se  distribuyeron  por  las 
distintas  mesas  de  votación.  Su  puesta  en  funcionamiento  permitió  registrar  a  los 
participantes  conforme  depositaban  su  papeleta  y  consignar  informáticamente  los 
resultados de cada mesa. El tercer programa tenía como destinatario al CTTI, que se 
convirtió en el centro de recogida de datos para su posterior escrutinio y tratamiento.
En los días inmediatamente anteriores al desarrollo de la votación, se desplegó una 
intensa actividad administrativa, controlada y dirigida por el acusado. Este, con el apoyo 
de otros responsables políticos ahora no enjuiciados, hizo posible que se impartiera en la 
sede del CTTI un curso acelerado de formación a aquellos voluntarios que iban a 
encargarse del recuento de votos. Permitió también que la empresa Fujitsu –a través de 
otras entidades subcontratadas– instalara en los 7000 ordenadores los tres programas 
informáticos  a  los  que  antes  hemos  hechos  referencia.  Adoptó  las  prevenciones 
necesarias para que fueran instalados por Fujitsu en el CTTI todos los medios materiales 
precisos para el recuento y procesamiento de datos. Se habilitó un call center para 
comunicar todas las incidencias que fueran produciéndose a lo largo de la jornada. 
Además  de  la  infraestructura  que  hizo  posible  la  transferencia  de  información,  la 
empresa Fujitsu se encargó de instalar –con el apoyo de otras empresas informáticas 
subcontratadas–  las  computadoras  en  los  distintos  centros  en  los  que  se  habían 
habilitado mesas de votación, comprobando con carácter previo su plena operatividad.
También dentro del ámbito de decisión del acusado, el departamento de Presidencia 
contrató con la empresa Focus, S.A., –que a su vez subcontrató con Fira de Barcelona– 
la puesta en marcha del pabellón italiano de Montjuic, que fue habilitado como centro 
internacional  de  prensa,  lugar  desde  el  que  el  vicepresidente  daría  a  conocer  los 
resultados. Las obras de montaje se desarrollaron los días 7 y 8. Concluida su misión 
durante la jornada del día 9, fue desmontado al día siguiente.
En el desarrollo de las actividades de contratación indispensables para llevar a efecto 
las  actividades  que  fueron  objeto  de  suspensión  por  el  Tribunal  Constitucional,  el 
acusado don Francesc Homs arbitró los medios necesarios para hacer posible el reparto 
masivo de la correspondencia oficial necesaria para la efectividad de la consulta. A tal fin 
la Entitat Autonoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, integrada en la 
estructura orgánica de la secretaría del Gobierno del departamento de la Presidencia, 
adjudicó el contrato a la entidad mercantil Unipost, empresa a la que fueron cedidos 
previamente los datos contenidos en un fichero temporal de titularidad pública. Ese 
reparto de publicidad e información institucional se prolongó en días posteriores al 4 de 
noviembre, con pleno conocimiento por parte del acusado de que estaba infringiendo la 
suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
El departamento de Presidencia adjudicó a la entidad Media Planning Group la 
campaña publicitaria necesaria para la difusión del proceso. Se trataba de insertar 
anuncios oficiales en medios de comunicación, internet, pantallas de cine, autobuses y 
marquesinas. La campaña dio sus primeros pasos en los últimos días del mes de 
octubre  y  se  prolongó  incluso  después  de  la  suspensión  acordada  por  el  Tribunal 
Constitucional. Ello fue posible por la pasividad del acusado que, siendo consciente del 
alcance de la prohibición, omitió toda actuación tendente a acatar la resolución de la que 
tenía pleno conocimiento.
En la misma línea de contumaz rechazo a la providencia del Tribunal Constitucional, 
el acusado don Francesc Homs remitió una carta al Consell de l’Audivisual de Catalunya  s
en la que, ratificando comunicaciones previas en el mismo sentido cursadas por el  oe.
secretari  de  comunicació  del  Govern,  denunciaba  la  negativa  de  algunas  emisoras  w.
nacionales  –Onda  Cero,  Cadena  Ser  y  Cope–  a  insertar  gratuitamente  anuncios  020ww
refeLriad ocse ale lbar paacirótinc ipdaec ióensa e nc oenl spuroltcae seol .día 9 de noviembre es un hecho notorio. Su
dimepsualrsroól ltoo dfuoe a pqouseilblole q, ueen trrees uolttraabsa  rnaezcoenseasr,i op opra rlaa  spue retijneaczu caiócntu ay,c ipóanr adleella amceunstaed, oo,m qiutieó   BOE-A-cable e
las actuaciones que le eran exigible y que, de haberlas adoptado, habrían permitido dar 
cumplimiento a lo proveído por el Tribunal Constitucional. Con fecha 11 de junio fue 
dictada por el Tribunal Constitucional la sentencia 138/2015. Esta resolución fue el 
desenlace del proceso de impugnación promovido por el Gobierno de la Nación, en cuyo 
ámbito se había dictado la tantas veces citada providencia de 4 de noviembre de 2014, 
cuya imperatividad fue despreciada por el acusado […]».
b)  La representación procesal del don Francesc Homs i Molist interpuso incidente 
de aclaración contra la sentencia condenatoria de 22 de marzo, basándose en los 
siguientes motivos: i) aclaración en orden a determinar si la pena de inhabilitación 
especial para el cargo electivo en el ámbito estatal era aplicable también al ejercicio de 
cargo público en el ámbito europeo; ii) aclaración del término «funciones de gobierno» al 
entender el recurrente que el concepto era genérico y poco conciso; iii) inclusión en el 
fallo de un pronunciamiento específico en el que se absolviera al señor Homs del delito 
de prevaricación administrativa del que había sido acusado, y por el que la sentencia de 
instancia no había condenado.
c)  Por auto de 6 de abril de 2017, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró 
no haber lugar a la aclaración solicitada. Dicho auto explicitaba que: i) la pena de 
inhabilitación especial para cargo electivo impuesta al recurrente incluía la imposibilidad 
de ejercer las funciones de eurodiputado en el Parlamento Europeo; ii) no era, además, 
necesario especificar el contenido del concepto «funciones de gobierno» al ser el mismo 
suficientemente claro y preciso, y iii) tampoco procedía recoger un pronunciamiento 
absolutorio por el delito de prevaricación administrativa por el que había acusado el 
Ministerio Fiscal, toda vez que dicho delito se encontraba en un concurso de normas 
(art. 8.3 CP) con el delito de desobediencia por el que finalmente había sido condenado. 
En  consecuencia,  no  se  estaba  ante  una  absolución  del  delito  de  prevaricación 
administrativa, sino ante un rechazo de la punición conjunta de ambas infracciones.
3.  El demandante de amparo solicita la nulidad de las dos resoluciones juridiciales 
objeto del recurso por haber vulnerado los derechos fundamentales a obtener la tutela 
judicial efectiva reconocidos en el art. 24.1 CE; el derecho a la doble instancia penal 
reconocido en los arts. 24.2 CE, 6 Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), 
y 14.2 Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP); el derecho a la 
presunción de inocencia reconocido en los arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH, y 14.2 PIDCP; el 
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art 24.1 CE, en relación con el 
derecho a la igualdad reconocido en los arts. 14 CE, 13 y 14 CEDH, y 14 PIDCP; y el 
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa reconocido en el 
art. 24 apartados 1 y 2 CE.
El  recurrente  realiza  un  tratamiento  unificado  de  los  tres  primeros  motivos  tras 
afirmar que la acusación formulada obedecía a criterios de oportunismo político. Explicita 
que, a pesar de manifestar su voluntad de renunciar al aforamiento, fue juzgado en única 
instancia por el Tribunal Supremo por su condición especial de aforado, privándosele, en 
consecuencia, de la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio ante un órgano superior. 
En  base  a  ello,  y  teniendo  en  cuenta  la  realidad  política  del  momento,  se  habría 
lesionado su derecho a la doble instancia penal reconocido en el art 24.2 CE, art. 6 
CEDH, art. 2 del protocolo núm. 7 CEDH, y art. 14.5 PIDCP. El hecho de que la 
sentencia combatida solo sea susceptible de recurso de amparo provoca, por otra parte, 
que quien deba ser el segundo grado jurisdiccional es el presunto ofendido por el delito, 
ya  que  la  resolución  supuestamente  desobedecida  emana,  precisamente,  de  este 
tribunal, situación que derivaría en una vulneración del principio nemo iudex in causa sua  e.
(con cita de las SSTC 51/1985, 166/1993). w.b
El demandante de amparo consigna que se ha vulnerado su derecho a la presunción  020ww
deele mineoncteon scuiab jeytaiv oq udee l dinej ulsat op nrueecbeas apriroa cptaicraad laa  anpor epcuiaecdieó ni ndfee rliars ceo rlare scpoonncduirerenntec ifaig udreal 
edne licotbueadl.i eAnscíi,a e la rl ecmuarrnednot e daec tsuuó  ccoonm pplreonmai scoo ndveic cgióonb iedren oo,b r«anr oc ohnafobriemned oa  dtoemreacdhoo , eyl 
ejecutivo ninguna de las medidas a su alcance, ni habiendo acudido a un incidente de
ejecución,  no  recibido  él  requerimiento  personal  alguno  y,  por  ende,  no  siendo 
destinatario concreto de la providencia, ni habiendo recibido tampoco orden concreta ni 
expresa» dirigida a suspender la convocatoria de 9 de noviembre de 2014. Señala el 
recurrente que la finalidad del amparo no es plantear al Tribunal Constitucional una 
nueva valoración de la prueba, sino determinar si «existió, o no, una clara falta de 
motivación, y/o razonamiento lógico-deductivo respecto de todas aquellas cuestiones de 
debate planteadas en el mismo acto del plenario, y si por tanto se lesionaron las 
garantías constitucionales». Entiende la demanda que solo la repercusión de lo acaecido 
el 9 de noviembre de 2014 justifica la acción de persecución de los hechos. Se insiste en 
que la consulta solo fue suspendida, en la modalidad en que se había convocado, tras el 
recurso interpuesto por el Gobierno el día 4 de noviembre de 2014 ante el Tribunal 
Constitucional, y la admisión a trámite por providencia frente a la que se interpuso 
recurso de súplica el 7 de noviembre, solicitándose aclaración de la providencia en 
cuestión  puesto  que  no  aludía  a  ninguna  orden  concreta  de  hacer  u  omitir  como 
resultaba preceptivo. Sin haber recibido respuesta, y sin que se produjera ninguna 
comunicación,  requerimiento  o  acto  alguno  judicial  o  administrativo  tendente  a  la 
suspensión del acto, el Govern siguió cumpliendo con el mandato recibido de dar voz a 
la ciudadanía, como siguió haciéndolo el señor Francesc Homs i Molist, con la plena 
convicción de obrar conforme a derecho al no haber recibido orden expresa alguna, 
directamente dirigida a él, respecto de comportamiento alguno a evitar. Así la sentencia 
condenatoria habría hecho pivotar el conocimiento del deber de acatar, es decir, el 
elemento subjetivo del injusto en la existencia de la suspensión previa acordada sobre el 
Decreto 129/2014 de 27 de septiembre, que fue plenamente acatada y en el contenido 
del recurso de súplica interpuesto por los servicios jurídicos de la Generalitat en fecha 7 
de  noviembre  de  2014  contra  la  providencia  de  este  Alto  Tribunal  de  fecha  4  de 
noviembre de 2014. A juicio del recurrente en amparo, esto sería insuficiente, ya que la 
utilización  de  un  acatamiento  previo  de  una  resolución  evidentemente  concreta 
(suspensión  de  un  articulado  concreto,  basado  en  preceptos  legales  distintos  y 
dimanante de un recurso de inconstitucionalidad distinto) y de la utilización de unos 
medios retóricos por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat en su recurso de 
súplica no pueden conducir solo y per se a la lógica convicción de un indudable actuar 
doloso por parte del recurrente. Considera, en definitiva, que no concurren los elementos 
del tipo finalmente aplicado dada la inexistencia de una orden expresa, concreta, y 
terminante, y la no realización de un apercibimiento de las consecuencias derivadas del 
incumplimiento.
También se afirma que ante iguales situaciones de incumplimiento verificadas por el 
Gobierno español no se ha procedido, ni siquiera, a incoar procedimiento penal. Por ello, 
la sentencia vulneraría, además, el principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  toda  vez  que  ante  situaciones  iguales  de 
incumplimiento de resoluciones de este tribunal no se habrían activado los mecanismos 
penales que si han sido activados en este caso. En el desarrollo de este motivo, el 
demandante de amparo esgrime implícitamente –aunque no exista enunciación formal– 
la posible vulneración del principio de legalidad al sostener que la conducta enjuiciada no 
reúne los elementos del tipo del art. 410 CP tal y como tradicionalmente han sido 
acogidos por la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se remite, a 
estos efectos, al acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2014 por la junta de fiscales 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde se 
consideró discutible la concurrencia de dichos elementos objetivos y subjetivos. s
Concluye denunciando la inadmisión no motivada de una amplia actividad probatoria  oe.
de descargo que era pertinente y que fue propuesta en el escrito de conclusiones  w.
provisionales. Así, el demandante de amparo propuso un abundante material probatorio  020ww
G–doebcielarrnaoc,i oEnxecsm  toe.s tSifirc. adleosn  dReal faEexl cCmaot.a láS r.P odloon,  mMinairsiatrnoo  dRe aJjouys tiBcirae,y ,E  xpcremsoid. eSntre.  ddoenl 
PEédrueazr dod eT olrores s CDoublcoes  LOifarinhtuee, lf,i spcarel sgideennetrea l ddeell  ETsrtiabduon,a ly  Cdeoln Estxitcumcioo.n Sarl–. ,d osnie Fnrdaon ceisscteo   BOE-A-cable e
inadmitido por el tribunal sentenciador de una manera insuficientemente motivada. Las 
testificales planteadas eran trascendentes para la resolución del objeto de litigio y fueron 
propuestas en el momento procesal oportuno.
El recurrente considera que la especial trascendencia constitucional de la demanda 
radicaría en la no existencia de doctrina constitucional consolidada sobre las cuestiones 
planteadas, así como la constatación de un conflicto de trascendencia excepcional por la 
discusión jurídica debatida y la repercusión del pronunciamiento sobre aspectos de 
relevancia social evidentes. Ello porque «viene relacionado con el interés constatado por 
el  pueblo  de  Catalunya  de  poder  ejercer  su  fundamental  derecho  a  la  libertad  de 
expresión  y  de  participación  política  y,  en  concreto,  respecto  a  su  futuro  como 
Comunidad Autónoma, lo que se ha venido plasmado en las diferentes decisiones 
tomadas  por  el  Parlament  de  Catalunya  […]  constituido  a  través  de  la  votación 
democrática de los catalanes y las catalanas, alguna de las cuales han sido declaradas 
inconstitucionales por este Alto Tribunal al que nos dirigimos». De una manera implícita, 
el recurrente también se refiere a las particulares circunstancias de la invocación del 
derecho a la doble instancia penal, que genera una situación inédita: si bien, en teoría, el 
Tribunal Constitucional podría valorar la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia, asumiendo la competencia de segundo grado procesal, ello resulta imposible 
en este caso, puesto que es el propio Tribunal Constitucional el ofendido por la supuesta 
desobediencia a una providencia dictada por él mismo. También alega como causa de 
especial trascendencia constitucional el incumplimiento general y reiterado de la doctrina 
constitucional,  al  dictarse  resoluciones  judiciales  que  vulneraron  las  garantías 
constitucionales y los derechos fundamentales del demandante de amparo.
4.  A propuesta de la Sala Primera, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó, en 
reunión celebrada el 18 de septiembre de 2018, y conforme establece el art. 10.1 n) 
LOTC, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
5.  El Pleno de este tribunal, por providencia de 2 de octubre de 2018, acordó 
admitir a trámite la demanda de amparo tras apreciar que ofrece especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
(STC 155/2009, FJ 2 a)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se 
acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de 
que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones, y se emplazó a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que 
pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
6.  La secretaría de justicia del Pleno de este tribunal, por diligencia de 29 de 
octubre de 2018, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas, 
y al Ministerio Fiscal, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho 
convenga, por un plazo de veinte días, de conformidad con el art. 52 LOTC.
7.  El recurrente, mediante escrito registrado el 7 de diciembre de 2018, se ratificó 
en todas las alegaciones contenidas en su demanda.
8.  El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 10 de diciembre de 2018, interesó 
que se inadmitiera el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa respecto 
de algunas de las pretensiones y, que se desestimasen las demás o, en caso de no 
apreciarse el óbice procesal, que se desestimaran la totalidad de las pretensiones de  e.e
fondo. b
ipinmroepcvuaeiat)na  cb[ilaPaer,o t .rva  ul 4olnl4 aqe.s1ur  aeqac ui)hó,ea njcea edns e  alrr leed dlleaaerctefiievócachntso o  c aapo  rnloal ac e eslesv agualulr ntnd ede5ra a0l ca.i1in óf santal at)and  ceLdilOae   TdpaeCegrn]oe,a tcalsh mo(oasi e tlainae t noqlea ud  eeep  lsr leaefs irsvíuacína act la,ijóu mndsb eicirdéiíaaenl     OE-A-2021-10able en https://
aplicable una falta de invocación temprana), y vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva,  al  no  haber  procedido  el  recurrente  a  interponer  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones frente a la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo. Por el 
contrario, sí considera correctamente agotada la vía judicial en la queja referente a la 
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. El 
trato diferenciado respecto a esta última queja obedece a que, en este caso, la lesión ya 
había sido objeto de denuncia durante la tramitación del procedimiento, habiendo sido 
inadmitida la prueba en el auto de 6 de febrero de 2017 –que resolvía sobre la admisión 
de pruebas propuestas por las partes– y confirmada esta decisión en la sentencia de 22 
de marzo de 2017 (FJ 1). Por lo tanto, se habría respetado la subsidiariedad del recurso 
de amparo.
b)  En lo relativo a la alegada lesión del derecho a la doble instancia penal (art. 24.2 
CE), el Ministerio Fiscal puntualiza que el recurrente tenía la condición de aforado para 
su enjuiciamiento por disposición de los arts. 71.3 CE y 57.2 LOPJ. Siendo aforado, la 
inexistencia de un recurso contra la sentencia dictada en primera instancia se justificaría 
en que la misma habría sido emitida por el órgano jurisdiccional superior en todo el 
territorio nacional, lo que resulta acorde, no solo con la jurisprudencia de este tribunal, 
sino también por la previsión del art. 2 del protocolo núm. 7 CEDH.
c)  Respecto de la lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa (art. 24.1 y 24.2 CE), el fiscal considera que la respuesta dada por el 
Tribunal  Supremo  a  las  peticiones  de  prueba  –testificales  y  documental–  de  la 
representación procesal del señor Homs se encontraban plenamente motivadas, lo que 
permitía encuadrar la denegación dentro de los márgenes valorativos que corresponden 
al órgano enjuiciador.
d)  En lo concerniente a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la 
igualdad, y a la presunción de inocencia, el fiscal se opone a los argumentos dados por 
el demandante de amparo en base a las siguientes consideraciones: i) el recurrente no 
ha cumplido la carga de aportar un término de comparación valido que permita al 
Tribunal  Constitucional  valorar  si  se  ha  producido  una  vulneración  del  principio  de 
igualdad. Las sentencias referenciadas en la demanda se refieren a supuestos que 
presentan  importantes  diferencias  con  el  sometido  a  este  tribunal;  ii)  la  sentencia 
combatida establece de una manera explícita los elementos a partir de los cuales se 
obtiene la convicción de la participación y culpabilidad del recurrente; iii) la resolución 
impugnada razona detalladamente la concurrencia de los elementos objetivos del tipo de 
desobediencia (art. 410.1 CP), y iv) la sentencia desgrana las circunstancias anteriores, 
coetáneas,  y  posteriores  a  los  hechos  que  justifican  la  concurrencia  del  elemento 
subjetivo del injusto en la persona del recurrente, es decir, su negativa contumaz y 
abierta a acatar el contenido de la resolución del Tribunal Constitucional.
9.  Por providencia de 11 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si las resoluciones 
impugnadas, que han condenado al demandante de amparo como autor responsable de 
un delito de desobediencia (art. 410 CP) a la pena de cinco meses de multa, con una 
cuota diaria de doscientos euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos  es
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el  bo
ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico, y local, por un año y  020ww
2piug4rnue. a1smlu dyena s2cd,i4 ó (.hn2aa  rCtdn. e E1v )4iu.n lConceEer)an, dcyoi aa  s (uuat irltdi.z ea2rre4 lc.o2hs o Cm Eae )d,la ioa s sl eadg etu upntredulaae  bijnaus dptiaceniractilin aee fnpetecentsiva pal a ((raaarr tts.. u 22 4d4.e.21f e CnCsEEa)) ,,(  aaar  tllsaa.    OE-A-2021-10able en https://
El recurrente considera: i) que, a pesar de manifestar su voluntad de renunciar al 
aforamiento, fue juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo por su condición 
especial de aforado, por lo que se habría lesionado su derecho a la doble instancia penal 
reconocido en los arts. 24.2 CE, 6 CEDH, 2 del protocolo núm. 7 CEDH, y 14.5 PIDCP; ii) 
que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, ya que de la prueba 
practicada no puede inferirse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto necesario 
para la apreciación de la correspondiente figura delictual; iii) que la sentencia vulnera el 
principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
toda  vez  que,  ante  situaciones  iguales  de  incumplimiento  de  resoluciones  de  este 
tribunal, no se habrían activado los mecanismos penales que si han sido activados en 
este  caso.  En  el  desarrollo  de  este  motivo,  el  demandante  de  amparo  esgrime 
implícitamente –aunque no exista enunciación formal– la posible vulneración del principio 
de legalidad al sostener que la conducta enjuiciada no reúne los elementos del tipo del 
art. 410 CP tal y como tradicionalmente han sido acogidos por la jurisprudencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y iv) que se habría vulnerado su derecho a 
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, al denegarse inmotivadamente 
pruebas  testificales  propuestas  y  determinantes  para  desarrollar  la  estrategia  de 
defensa.
El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión del recurso por concurrir el óbice procesal 
de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) en relación con el art. 50.1 a) 
LOTC]  respecto  a  tres  de  los  motivos  alegados.  Subsidiariamente  solicita  la 
desestimación de todos los motivos de la demanda de amparo.
2.  Requisitos para la admisibilidad.
a)  Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de 
amparo  debemos  pronunciarnos  sobre  la  concurrencia  de  los  requisitos  para  su 
admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de este tribunal, pues, como hemos 
declarado en otras ocasiones (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2) los defectos 
insubsanables  de  que  pudiera  estar  afectado  el  recurso  de  amparo  no  resultan 
subsanados  porque  haya  sido  inicialmente  admitido  a  trámite  (por  todas,  también, 
SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma 
que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 
pueden volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de 
parte,  dando  lugar  a  un  pronunciamiento  de  inadmisión  por  la  falta  de  tales 
presupuestos,  sin  que  para  ello  constituya  obstáculo  el  carácter  tasado  de  los 
pronunciamientos  previstos  en  el  artículo  53  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de 
junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC], antes de acudir ante este tribunal solicitando la 
protección de los derechos fundamentales pretendidamente vulnerados. Asimismo, se 
exige que se haya puesto de manifiesto «denunciado formalmente» la lesión del derecho 
fundamental en el proceso, si hubo oportunidad, tan pronto como esta hubiera sido 
conocida por la parte [art. 44.1 c) LOTC], contribuyendo también con ello a la efectividad 
del carácter subsidiario del amparo constitucional.
b)  En relación a ello, y como ha quedado reseñado, el Ministerio Fiscal aduce que  e
el recurso incurre, respecto a las quejas relativas a la vulneración del derecho a la  bo
segunda instancia penal (art. 24.2 CE), a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE) en  020ww
prerelascuiónnc iócno nd ee l indoecreenchcioa  a(a lrat.  i2g4u.a2l dCaEd ),( aernt.  e1l4 ó CbiEce),  pyr oac elas avlu dlnee fraalctaió nd ed aegl odtearmeciehnot oa  dlae 
ilnac ivdíean tjued dicei anl uplidreavdi ad e[a arct.t u4a4c.i1o nae)s  LdOelT aCrt].  2a4l 1n oL OhPaJb efrre natceu ad ildao s elan tepnacrtiea  dreicctuardrae nptoer  aell 
Tribunal Supremo en fecha 22 de marzo de 2017. Aduce además el Ministerio Fiscal, con
cita de jurisprudencia de este tribunal, que la utilización del instrumento procesal de la 
aclaración  de  sentencia  (art.  267  LOPJ)  no  constituye  un  auténtico  mecanismo  de 
impugnación que pueda servir como medio para agotar la vía judicial cuando, como es el 
caso, se denuncia la irrazonabilidad de los argumentos de la sentencia.
c)  Hemos declarado reiteradamente que el incidente de nulidad de actuaciones 
constituye un instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá 
remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 CE que 
no hayan «podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y 
siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» 
(art. 241.1 LOPJ). De modo que, en el ámbito de aplicación reseñado, su función en 
materia de tutela de derechos es la misma que puede desempeñar un recurso ordinario, 
cuando es posible interponerlo (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3).
De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, en estos supuestos, para agotar la vía 
judicial, es necesario interponer incidente de nulidad de actuaciones ante el órgano 
judicial que dictó la resolución que se estima lesiva de derechos fundamentales. En 
definitiva, y como ya hemos consignado en diferentes ocasiones, el incidente de nulidad 
de actuaciones, a partir de la reforma introducida en el art. 241 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ) por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, es el instrumento 
idóneo para obtener ante la jurisdicción ordinaria la reparación de aquellas vulneraciones 
de los derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 CE, que se entiendan cometidas 
en  resolución  judicial  frente  a  la  que  la  ley  procesal  no  permita  ningún  recurso 
(ATC 73/2015, de 21 de abril, FJ 2). Así, este precepto exige para la admisibilidad del 
incidente que la vulneración de que se trate no haya podido denunciarse antes de recaer 
resolución que ponga fin al proceso y que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario. En consecuencia, no será necesario que el recurrente reitere 
una queja a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración ya 
denunciada con anterioridad, deviene manifiestamente improcedente a tenor del indicado 
precepto.
De lo expuesto resulta que la determinación en cada caso del remedio legalmente 
posible y, por tanto, exigible a los efectos del debido agotamiento de la vía judicial previa 
dependerá de la concreta vulneración que el recurrente denuncie en amparo y a que 
resolución atribuya su causación. A estos efectos debe recordarse que corresponde 
estrictamente a la demanda la fijación del objeto procesal del recurso de amparo, tanto 
en cuanto a la individualización del acto o la disposición cuya nulidad se pretenda, como 
respecto de la razón para pedirla o causa petendi (SSTC 235/1994, de 20 de julio, FJ 1; 
26/1995, de 6 de febrero. FJ 3; 124/1999. de 28 de junio, FJ 1; 205/1999, de 8 de 
noviembre,  FJ  4,  y  224/2007,  de  22  de  octubre,  FJ  2)  sin  que  sean  viables  las 
alteraciones introducidas con ulteriores alegaciones (SSTC 109/1997, de 2 de junio, 
FJ 1, y 39/1999, de 22 de marzo, FJ 2), dirigidas a completar y. en su caso, reforzar la 
fundamentación  del  recurso,  mas  no  a  ampliarlo  o  variarlo  sustancialmente 
(STC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 2).
d)  En relación con el incidente de aclaración, también hemos afirmado que no 
puede  utilizarse  como  remedio  de  la  fundamentación  jurídica,  para  corregir  errores 
judiciales  de  calificación  jurídica  o  para  subvertir  las  conclusiones  probatorias 
previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una 
resolución judicial por otra de signo contrario, salvo que excepcionalmente el error 
material consista en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de 
cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en sus  s
fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial (por todas, SSTC 218/1999,  oe.
de 29 de noviembre, FJ 3; 305/2006, de 23 de octubre, FJ 5, y 19/2008, de 31 de enero,  w.
FJ 2). Esto es, el cauce excepcional de la aclaración que arbitra el art. 267 LOPJ debe  020ww
lvimezit aqrusee  ae l laó rfguanncoió nju edsicpiaelc, ífaicl ae xreppliacarar deolr as epnatriad ol ad qeu seu sse  peanlacbureanst rao  easdtiacbiolencaird olo,  tqoudea 
afanlttaesrieo,r mo eanlt ere mctaifnicifaers tuand oe roro rra zmoantaedrioa,l , sdine breea mlizoavr eurnsea  neune evla  maparrecoci ainctieórnp rdeet avtaivloo radcei ólno   BOE-A-cable e
o  interpretación  en  Derecho,  en  cuyo  caso,  de  llevarla  a  efecto,  se  produciría  un 
desbordamiento de los límites de ese mecanismo que no permite un juicio valorativo, ni 
operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni 
supone resolver cuestiones discutibles u opinables (por todas, STC 31/2004, de 4 de 
marzo, FJ 6).
e)  Aplicando  esta  doctrina  al  caso  presente,  procede,  respecto  de  las  quejas 
relativas  a  la  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  (art  24.2  CE), 
legalidad penal (art. 25 CE), segunda instancia (art. 24.2 CE), y tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la igualdad (art. 14 CE) apreciar el óbice 
procesal de falta de agotamiento propuesto por el Ministerio Fiscal.
Como ya hemos consignado anteriormente, «el requisito de agotar todos los recursos 
utilizables en la vía judicial ordinaria que establece el art. 44.1 a) LOTC deriva de la 
necesidad de respetar la subsidiariedad del recurso de amparo, dado que, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 53.2 CE, la tutela general de los derechos y libertades corresponde, 
en primer lugar, a los órganos del poder judicial. Consecuencia de lo anterior es que, 
cuando existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter y 
naturaleza para tutelar la libertad o derecho que se entiende vulnerado, tal recurso ha de 
interponerse antes de acudir a este tribunal; es preciso, por tanto, que se apuren las 
posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del 
derecho fundamental que se estima lesionado, de suerte que cuando aquellas vías no 
han sido recorridas, el recurso de amparo resultará inadmisible (entre muchas otras, 
SSTC 133/2001, de 13 de junio, FJ 3; 190/2001, de 1 de octubre, FJ 2; 39/2003, de 27 
de febrero, FJ 3; 192/2003, de 27 de octubre, FJ 2; 36/2004, de 8 de marzo, FJ 2; 
103/2004, de 2 de junio, FJ 2; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 5; 60/2005, de 14 de 
marzo, FJ 2; 288/2005, de 7 de noviembre, FJ 1; 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, 
y 85/2006, de 27 de marzo, FJ 2)» (STC 144/2007, de 18 de junio, FJ 2).
Pues bien, en el caso presente el demandante, considerando que la sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2017 adolecía de conceptos indeterminados, 
promovió una «solicitud de aclaración» en donde ponía de manifiesto la necesidad de: i) 
especificar si la pena de inhabilitación especial para el cargo electivo en el ámbito estatal 
era aplicable también al ejercicio de cargo público en el ámbito europeo, ii) aclarar el 
término «funciones de gobierno» al entender el recurrente que el concepto era genérico 
y poco conciso, iii) incluir en el fallo de un pronunciamiento especifico en el que se 
absolviera al señor Homs del delito de prevaricación administrativa del que había sido 
acusado, y por el que la sentencia de instancia no había condenado. Tal solicitud fue 
rechazada por auto de fecha 6 de abril de 2017 donde se daba una adecuada respuesta 
a  las  pretensiones  formuladas  por  el  recurrente.  Consecuentemente,  del  propio 
contenido del escrito de aclaración, y de la respuesta dada por el Tribunal Supremo, 
podemos concluir que la procedencia del incidente era clara ya que no se pretendía, en 
modo  alguno,  rebatir  los  argumentos  dados  por  la  sentencia  de  instancia  sino,  al 
contrario,  se  denunciaba  la  existencia  de  conceptos  oscuros,  errores  materiales,  u 
omisiones.
Por  lo  tanto,  el  incidente  de  aclaración  interpuesto  no  constituía  un  medio  de 
impugnación apto para agotar la vía judicial. A esta conclusión se llega no solamente 
porque  los  argumentos  enarbolados  en  el  mismo  distaban  mucho  de  las  lesiones 
posteriormente alegadas ante este tribunal, sino porque, además, y como ya hemos 
señalado, el incidente de aclaración no puede ser conceptualizado como una vía apta 
para denunciar el desacuerdo con la fundamentación jurídica y fáctica contenida en la  e.
sentencia. En definitiva, el demandante de amparo debería haber acudido al incidente de  w.b
nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ para agotar en debida forma la vía judicial  020ww
fpurnedviaam, epnuteasl toi nqvuoec aedrao  eel nre mlae ddioe mpraoncdeas ald aed eacmuapdaoro p. arAal  renpoa rhaar blae rlleos ióhne cdheol  daesreí,c heol 
dloesm reacnudrasnotse  udteil izaambpleasr oe sntoa bhlae cdidaod oe nd eebl idaort .c 4u4m.1p laim) iLeOntToC a, l nrie, qpuoirs ictoo ndseigl uaigeonttaem, biernintod ód ea 
la Sala la posibilidad de reparar el vicio denunciado, salvaguardando, de este modo, el
carácter subsidiario del recurso de amparo al que, como hemos señalado, responde 
dicho requisito.
En  base  a  todo  ello  cabe  concluir  que,  denunciándose  ante  este  tribunal  la 
vulneración  de  una  serie  de  derechos  que,  en  caso  de  haberse  producido,  serían 
directamente imputables a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el demandante 
de amparo debería haber acudido previamente al incidente de nulidad de actuaciones 
previsto en el art. 241 LOPJ por lo que, no habiéndolo hecho así, su queja no puede ser 
analizada  en  este  momento  por  la  jurisdicción  de  amparo,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC (por todas, SSTC 108/1999, y 105/2001). Debemos 
reiterar, en este sentido, que el referido requisito procesal no es caprichoso, sino que 
responde a la finalidad de dar a la jurisdicción ordinaria la posibilidad de reparar las 
vulneraciones de derechos fundamentales que puedan cometerse en vía judicial y de 
reservar al recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional el carácter subsidiario 
que le atribuye la Constitución (por todas, SSTC 72/2002, y 39/2003).
Se declara, por tanto, la inadmisión del recurso, ex art. 50.1 a) LOTC, con relación a 
estos motivos de la demanda: lesión de los derechos a la segunda instancia penal 
(art. 24.2 CE), derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), derecho a la igualdad 
(art. 14 CE), derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y derecho a la 
legalidad penal (art. 25.1 CE). Este óbice, sin embargo, no sería aplicable a la queja 
relativa a la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, toda vez que, respecto a este motivo, se habría recibido adecuada respuesta 
no solamente en el fundamento jurídico primero de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2017, sino también, y con carácter 
previo, en el auto dictado por ese mismo órgano el 6 de febrero de 2017 (auto que 
resolvía sobre la admisión e inadmisión de todas las pruebas propuestas para el acto del 
juicio oral).
3.  Derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para la defensa.
Para la resolución de esta cuestión conviene recordar la consolidada doctrina de este 
tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 
CE), derecho inseparable del derecho mismo de defensa (SSTC 169/1996, de 15 de 
enero, FJ 3, y 73/2000, de 26 de marzo, FJ 2). Las líneas principales de esta doctrina 
pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
a)  Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el 
ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una 
actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir 
cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la 
recepción y práctica de las que sean pertinentes (por todas, SSTC 168/1991, de 19 de 
julio; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de 
septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 205/1998, de 26 de 
octubre, o 96/2000, de 10 de abril), entendida la pertinencia como la relación entre los 
hechos probados y el thema decidendi (STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b)  Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la 
prueba  se  haya  solicitado  en  la  forma  y  momento  legalmente  establecidos 
(SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 94/1992, de 11 de 
junio,  o  52/1998,  de  3  de  marzo),  siendo  solo  admisibles  los  medios  de  prueba  s
autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de  oe.
ddneioc vileiacem)sm  bpbrCrerueo;e )r.b8rea9ss/1p, 9on9no5d ,ep  udade il eo6ns  djduoee e csjeutsen  iyoT ;tr ribi1bu6un4na/a1l l9eC9so6 ne, sl dteitexu ac2mio8en nad les s ouobscrtetiut ulbairr e leo; g c8ao9lir/dr1ae9dg9 ir7y  ,l pade aertc int1iev0ind cdaiead    2021-10020n https://www.
desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el
contrario, este tribunal sí es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas
en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la 
decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la 
legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable 
al órgano judicial (en este sentido, SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, 
de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de 
febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2, 
y 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
d)  Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en 
una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea «decisiva en 
términos  de  defensa»  (SSTC  1/1996,  de  15  de  enero,  FJ  2;  219/1998,  de  17  de 
diciembre, FJ 3, y 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5). A tal efecto, hemos señalado que la 
tarea  de  verificar  si  la  prueba  es  decisiva  en  términos  de  defensa  y,  por  tanto, 
constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante 
un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige 
que  el  recurrente  haya  alegado  y  fundamentado  adecuadamente  dicha  indefensión 
material  en  la  demanda,  habida  cuenta  de  que,  como  es  notorio,  la  carga  de  la 
argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero, 
y 218/1997, de 4 de diciembre).
e)  La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente 
ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se 
pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3, 
y 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la 
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, 
argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría 
haberle  sido  favorable,  de  haberse  aceptado  y  practicado  la  prueba  objeto  de 
controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, 
FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3, y 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo 
en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera 
admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este 
motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, 
FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2, y 69/2001, de 17 de 
marzo, FJ 28).
4.  Aplicación de la jurisprudencia sobre el derecho a un proceso con todas las 
garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, al supuesto de 
hecho del actual recurso de amparo.
En el caso sometido a nuestro enjuiciamiento el demandante de amparo propuso la 
práctica  de  determinadas  pruebas  de  descargo  en  su  escrito  de  conclusiones 
provisionales siendo las mismas rechazadas por auto de fecha 6 de febrero de 2017. 
Tras reiterar dicha petición en el trámite de cuestiones previas al juicio, la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo se pronunció definitivamente, y en contra de su admisión, en 
la sentencia de 22 de marzo de 2017 (FJ 1). La prueba propuesta consistía en la práctica 
de una serie de testificales correspondientes a autoridades que ocupaban cargos de 
responsabilidad  a  fecha  de  los  hechos,  así  como  la  incorporación  al  plenario  de 
testimonio del documento en que se recogían las conclusiones de la junta de fiscales del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que se proclamaba la falta de viabilidad 
de la acción penal por los hechos sucedidos con ocasión del proceso que culminó el 
día 9 de noviembre de 2014. El recurrente reitera la necesidad de la práctica de dicha  e
prueba en la medida que las citadas testificales tenían como objeto acreditar la evolución  bo
de la posición política mantenida por el ejecutivo, que pasó de una «pacífica aceptación  020ww
Cdeo nlas tiintuicciiaotnivaal,» y a a l ala p rpeesteicniótanc idóen  sdues puenn rseiócunr sdoe l d«ep irnoccoenssot itduec ipoanratliicdipaadc aiónnte c eiul dTardibaunnaa»l 
convEonc aedl por peaseran teel  9ca dseo ,n loav dieemnebgrea cdieó n2 0d1e4 l.a prueba va ligada en el razonamiento judicial
a  otra  decisión  de  mayor  trascendencia  que  es,  precisamente,  el  dictado  de  una
sentencia condenatoria. Para el recurrente el examen de la razonabilidad de la prueba 
estaría íntimamente conectado con el razonamiento judicial, que determina el dictado de 
un  pronunciamiento  condenatorio  por  el  delito  de  desobediencia  (art.  410  CP). 
Consecuentemente, el juicio sobre la motivación de la resolución judicial en orden a la 
denegación de la prueba solo adquiere sentido si se pone el mismo en relación con los 
hechos  que  dieron  lugar  a  la  incoación  del  procedimiento  y,  posteriormente,  al 
pronunciamiento condenatorio de 22 de marzo de 2017. Estos hechos constituían, según 
lo  consignado  en  la  sentencia  combatida,  en  la  realización  de  una  serie  de  actos 
tendentes a celebrar «el proceso de participación ciudadana» –convocado para el 9 de 
noviembre  de  2014–  a  pesar  de  existir  una  suspensión  provisional  de  los  mismos 
acordada por providencia de 4 de noviembre de 2014.
Con fundamento en este relato fáctico, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
concluyó (FJ 1) que «nada de lo interesado mediante la declaración de esos testigos 
puede afectar al tratamiento jurídico de los hechos imputados. Ni el carácter especial del 
proceso –cuya singularidad no es discutible–, ni el criterio político –de haber llegado a 
existir–, ni las razones que puedan explicar la sobrevenida sustitución al frente de la 
Fiscalía  General  del  Estado,  pueden  resultar  determinantes  a  la  hora  de  subsumir 
penalmente los hechos declarados probados. Lo mismo puede decirse de la revindicada 
presencia del presidente del Tribunal Constitucional para que explique por qué no se 
ajustó en la resolución dictada al petitum hecho valer en su recurso por la abogacía del 
Estado. Carece de sentido, y es manifiestamente improcedente, exigir una explicación 
sobre  las  razones  por  las  que  el  Tribunal  Constitucional  no  asumió  en  su  estricta 
literalidad la pretensión del abogado del Estado. Y lo que es más importante, aun cuando 
esas razones llegarán a conocerse, en nada afectarían a la prueba de los hechos sobre 
los que se formula la acusación ni, por supuesto, a su calificación jurídica».
Y,  en  relación  con  la  no  incorporación  del  documento  donde  se  recogían  las 
conclusiones de la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia, señalaba la Sala 
Segunda que, además de que el referido documento obraba ya en las actuaciones, la 
decisión del Ministerio Fiscal de ejercitar las acciones penales derivadas de los hechos 
debía «de obtenerse de la interposición de la querella que está en el origen de esta 
causa, sin que la realidad de esa decisión pueda verse devaluada mediante la artificiosa 
propuesta de valoración de los trabajos preparatorios que ilustraron la decisión del 
máximo responsable de la Fiscalía General del Estado».
Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que no se acredita una indefensión 
derivada de la no admisión de la prueba interesada, no solamente porque la respuesta 
dada por el Tribunal Supremo resulta suficientemente motivada, y ajustada a derecho, en 
cuanto a las causas de la denegación, sino porque, a mayor abundamiento, la prueba no 
era relevante en términos de defensa. Tal y como señala la sentencia impugnada, los 
hechos por los que ha resultado finalmente condenado el demandante de amparo se 
fundamentan en la omisión de dar el debido cumplimiento a un mandato de suspensión 
dictado por el Tribunal Constitucional. Las razones que llevaron al Gobierno a impugnar 
la convocatoria del «proceso de participación ciudadana», los avatares procesales que 
concluyeron con la providencia de 4 de noviembre de 2014, o las posibles discrepancias 
jurídico-sustantivas  que  pudiesen  existir  en  el  seno  del  Ministerio  Fiscal  sobre  la 
tipificación penal de los hechos, son cuestiones meramente accesorias que en nada 
afectan a la acción por la que el demandante ha sido finalmente condenado, ni a su 
calificación jurídica.
En  definitiva,  los  elementos  probatorios  propuestos  por  el  recurrente  son  s
intrascendentes  e  irrelevantes  para  la  causa,  pues  nada  aportaban  para  excluir  la  oe.
tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad de la conducta por la que ha sido finalmente  w.
condenado. De ello se deriva la desestimación de este motivo de amparo. 020ww
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir el presente recurso de amparo promovido por don Francesc Homs i 
Molist en cuanto a las quejas relativas a la lesión de los derechos a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), a la legalidad penal (art. 25 CE), a la segunda instancia penal 
(art. 24.2 CE), y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la 
igualdad (art. 14 CE).
2.º  Desestimar el recurso de amparo en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.