BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 25 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34297
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5270 Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas 
medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y 
social del COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
La  pandemia  del  COVID-19  es  una  emergencia  sanitaria  y  social  mundial  que 
justifica la necesidad extraordinaria y urgente de adoptar medidas para hacer frente a las 
consecuencias de todo tipo derivadas de sus efectos. La Generalidad de Cataluña ha 
adoptado varias medidas desde que la Organización Mundial de la Salud declaró, el 
pasado 11 de marzo, la situación de pandemia. En primer lugar, el Gobierno aprobó el 
Decreto-ley  6/2020,  de  12  de  marzo,  de  medidas  urgentes  en  materia  asistencial, 
presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, a fin de paliar los efectos de 
la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Este fue seguido del Decreto-
ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica, que daba continuidad a las medidas. Posteriormente, se 
vio  necesario  efectuar  determinadas  adaptaciones  a  lo  que  establecía  este  último 
Decreto-ley  en  materia  de  contratación,  así  como  adoptar  otras  medidas 
complementarias  en  materia  de  subvenciones  y  ayudas,  medidas  extraordinarias 
aplicables a las personas jurídicas de derecho público del ámbito del sector público de la 
Generalidad de Cataluña y también medidas en materia tributaria, y se dictó el Decreto-
ley 8/2020, de 24 de marzo.
Este nuevo Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para hacer 
frente al impacto sanitario, económico y social derivado de la grave situación actual y se 
estructura  en  cuatro  capítulos,  cinco  artículos,  dos  disposiciones  adicionales,  una 
disposición transitoria y una disposición final.
En primer lugar, el capítulo I del Decreto-ley, de medidas en materia de gastos de 
personal, aprueba la medida extraordinaria y urgente para recuperar el importe del 
complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la 
Salud, establecido en el II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad 
sobre las condiciones de trabajo de este personal.
El  capítulo  II  establece  medidas  en  materia  mortuoria,  y  para  ello  añade  una 
disposición adicional a la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios. Teniendo 
en  cuenta  que  el  número  de  defunciones  en  Cataluña  se  ha  incrementado 
considerablemente debido al COVID-19, y a pesar de que hasta el momento no hay 
evidencias sólidas de que se produzca infección a partir de los cadáveres de personas 
fallecidas  por  COVID-19,  se  considera  adecuado  establecer  medidas  que  permitan 
agilizar el plazo para darles el correspondiente destino final, de conformidad con las  e.e
previsiones  normativas  que,  en  materia  de  servicios  funerarios  y  policía  sanitaria  b
mortuoria, resultan de aplicación. Asimismo, hay que asegurar que la prestación de los  70ww
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mientras  se  mantenga  la  urgencia  sanitaria,  los  servicios  funerarios  pueden  ser
declarados por la autoridad competente en materia de salud servicios de prestación 
forzosa.  Finalmente,  y  con  el  mismo  objeto,  se  considera  adecuado  establecer 
protocolos de tratamiento de los cadáveres afectados por COVID-19 y en materia de 
traslado para la realización de su destino final de inhumación e incineración.
El capítulo III, en ejercicio de las funciones de coordinación y control en el ámbito del 
deporte, establece medidas relativas de un lado a la suspensión de las asambleas 
generales de cualquier tipo de las entidades deportivas catalanas, previendo el régimen 
jurídico de aplicación una vez levantado el estado de alarma, suspendiendo igualmente 
las facultades de los órganos competentes para elegir juntas o comisiones directivas de 
estas entidades, finalmente se prevé la prolongación automática del mandato a aquellos 
órganos directivos que vean expirado su mandato durante el estado de alarma.
El capítulo IV adopta diversas soluciones en el ámbito de las personas jurídicas de 
derecho  privado  sujetas  a  las  disposiciones  del  derecho  civil  catalán,  incluidas  las 
sociedades cooperativas, y en las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al 
régimen de propiedad horizontal durante la vigencia del estado de alarma. Así, se 
dispone la ampliación de los plazos legalmente previstos para la reunión de los órganos 
de estas entidades y la posibilidad de aplazar o modificar las reuniones convocadas con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma. Asimismo, se admite la celebración 
de reuniones y la adopción de acuerdos por medio de videoconferencia o de otros 
medios de comunicación y también la adopción de acuerdos sin reuniones, de acuerdo 
con los requisitos previstos por el Código civil de Cataluña y aunque los estatutos no lo 
prevean.  Finalmente,  se  dispone  la  ampliación  de  plazos  para  elaborar,  aprobar  y 
presentar cuentas anuales y otros documentos exigibles legalmente. En el ámbito de las 
cooperativas, además de las disposiciones relativas a la convocatoria y celebración de 
las reuniones y la adopción de acuerdos, también se regula la posibilidad de suspender 
de forma total o parcial la actividad cooperativizada, así como la prórroga del reembolso 
de las aportaciones de las personas socias de la cooperativa que causen baja durante la 
vigencia del estado de alarma. Las medidas de este capítulo se dictan al amparo de los 
artículos 124 y 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
En cuanto a las dos disposiciones adicionales, la primera introduce una precisión a lo 
previsto en el artículo 6.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, en el sentido que lo 
previsto en este artículo podrá ser llevado a cabo también haciendo uso de medios 
telemáticos y, finalmente, la segunda prevé un régimen extraordinario y restrictivo de 
extensión  de  los  efectos  de  la  fuerza  mayor  a  determinados  acontecimientos, 
condicionando a la resolución que se dicte por el departamento competente en materia 
de cultura.
En el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación 
deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que 
requiere la adopción con urgencia de medidas que palien, en lo posible, la situación 
creada y que no pueden aplazarse, incluso, mediante la utilización de medios legislativos 
de urgencia en un momento posterior.
Dada la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la 
necesidad extraordinaria y urgente que puede suscitar la grave situación de pandemia 
mundial decretada por la Organización mundial de la Salud, puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, en los términos del artículo 64 del 
Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por tanto, se  s
ha de hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la  oe.
consideración de urgentes y convenientes. w.
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y 
previa deliberación del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de gastos de personal
Artículo 1.
A partir del ejercicio 2020, el personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud 
percibe las retribuciones fijadas en el II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de 
Sanidad sobre las condiciones de trabajo del personal estatutario del Instituto Catalán de 
la Salud, en concepto de complemento de productividad variable referido al cumplimiento 
de los objetivos fijados para el año anterior.
CAPÍTULO II
Medidas en materia mortuoria
Artículo 2.
Se añade una disposición adicional a la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios 
funerarios.
«Disposición  adicional.  Condiciones  de  prestación  de  servicios  funerarios  y 
facultades  en  materia  de  policía  sanitaria  mortuoria  en  situaciones  de 
emergencia sanitaria grave.
1.  La prestación de los servicios funerarios en situaciones de pandemia, 
catástrofes y situaciones similares debe garantizar la continuidad y universalidad 
del servicio, así como los derechos de las personas usuarias, en el marco de las 
disposiciones que, en materia de salud pública, se adopten para garantizar la 
salud de las personas y reducir los riesgos de enfermedad o contagio.
A estos efectos, mientras se mantenga la situación de grave emergencia 
sanitaria,  los  servicios  funerarios  pueden  ser  declarados  por  la  autoridad 
competente en materia de salud servicios de prestación forzosa.
La  declaración  de  prestación  forzosa  implica  cualquiera  de  las  siguientes 
acciones:
a)  La posibilidad de asignar a cada hospital o centro residencial una empresa 
funeraria para la prestación del servicio, cuando existan razones justificadas o la 
posibilidad de derivación directa a una empresa en concreto, por lo que en este 
caso el derecho previsto en el artículo 3.1.h) de la presente Ley relativo a la libre 
elección de la empresa funeraria se podrá ejercer, si procede, una vez efectuado 
el traslado urgente del cadáver al domicilio mortuorio.
La  asignación  de  las  empresas  funerarias  en  los  hospitales  o  centros 
residenciales se efectuará a propuesta motivada de la entidad local territorial 
correspondiente.
b)  La determinación de un precio máximo que se debe ofrecer a los usuarios, 
en  función  de  la  modalidad  de  servicio,  y  que  abarque  la  prestación  básica  e
impuesta legalmente. Esto no excluye el derecho de las personas usuarias a  bo
pactar un servicio superior con el precio correspondiente al servicio pactado. 70ww
saluEds, tae  pprorepcuioe sstae  mdoettievramdian adreá  lap oern tpidaardte l odceal l ótergrraitnoori acl ocmorpreestepnotned ieenn tme.ateria de
La gestión del  servicio funerario se  debe hacer  en  el tanatorio (domicilio 
mortuorio), aunque el tipo de féretro se determinará en el momento de realizarse 
el transporte del cadáver desde el centro hospitalario, centro residencial u otro 
lugar de fallecimiento hasta el domicilio mortuorio.
La prestación básica debe permitir optar entre entierro o incineración, siempre 
que haya disponibilidad.
En caso de imposibilidad de incinerar por falta de capacidad operativa de las 
instalaciones correspondientes, se puede proceder a la inhumación provisional, sin 
perjuicio de la posterior exhumación e incineración realizadas de conformidad con 
la normativa de sanidad mortuoria.
Igualmente, en caso de imposibilidad de enterramiento por falta de espacio en 
los cementerios, se podrá optar por la incineración, a menos que sea necesario 
autorización  judicial.  Se  respetará,  siempre  que  sea  posible,  la  pluralidad  de 
convicciones religiosas, filosóficas o culturales.
c)  La  prestación  del  servicio  deberá  adecuarse  a  las  condiciones 
establecidas  por  las  autoridades  sanitarias  en  materia  de  policía  sanitaria 
mortuoria y cualquier otra que resulte aplicable.
2.  A efectos de la adopción  de  medidas  en  materia de policía sanitaria 
mortuoria:
a)  Las facultades administrativas en materia de policía sanitaria mortuoria las 
ejerce la persona titular de la Secretaría de Salud Pública. El órgano mencionado 
también  puede  delegar  el  ejercicio  de  las  facultades  mencionadas  en  este 
apartado en otros órganos, que pueden ser también de la Administración local.
b)  Se habilita a la Secretaría de Salud Pública para ejercer la coordinación de 
las  competencias  sobre  servicios  funerarios  y  para  imponer  obligaciones 
adicionales de carácter excepcional y transitorio a las entidades relacionadas con 
la prestación de estos servicios, sin perjuicio de las requisas o expropiaciones 
urgentes que convenga adoptar.
c)  El ejercicio y el contenido de los derechos de las personas usuarias de los 
servicios funerarios quedan condicionados a los requerimientos de salud pública 
que establezca la Secretaría de Salud Pública, que adoptará todas las medidas 
posibles para hacerlos efectivos.
El  Gobierno  de  la  Generalidad,  a  través  de  los  órganos  en  cada  caso 
competentes, establecerá los mecanismos adecuados de asistencia psicológica, 
acompañamiento y apoyo a la gestión del duelo de las personas afectadas.
En la adopción de estas medidas, siempre que sea posible, se tendrá en 
cuenta la pluralidad religiosa.
3.  De acuerdo con las previsiones que establezca la normativa en materia de 
policía sanitaria mortuoria, la Secretaría de Salud Pública puede disponer:
a)  La clasificación de cadáveres en grupos, según la causa de fallecimiento, 
incluyendo los cambios de clasificación y la adaptación de los requisitos que sean 
de aplicación, de acuerdo con la evolución de las circunstancias.
b)  El transporte urgente de los cadáveres al cementerio de la localidad o, si 
procede,  a  otros  cementerios  cercanos,  para  su  inhumación  o  incineración 
inmediatas.
c)  El transporte de cadáveres mediante cualquier medio adecuado, con la  e.
adaptación, si procede, de los requerimientos establecidos reglamentariamente. w.
d)  La prohibición los velatorios en todo tipo de instalaciones, así como las  70ww
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f)  La  habilitación  de  espacios  como  domicilios  mortuorios  otros  que  los 
velatorios y los cementerios, estableciendo las condiciones higiénicas y sanitarias.
g)  La prohibición de realizar prácticas sobre cadáveres.
h)  La  autorización  de  inhumaciones  fuera  de  cementerios  comunes 
estableciendo las condiciones higiénicas y sanitarias.
i)  La adopción de todas aquellas medidas adicionales que sean necesarias 
para  garantizar  la  salud  pública  y  la  de  todas  las  personas,  familiares  o 
prestadores de servicios afectados.»
CAPÍTULO III
Medidas relativas al funcionamiento de las entidades deportivas en Cataluña
Artículo 3.
Mientras  se  mantenga  el  estado  de  alarma,  en  ejercicio  de  las  funciones  de 
coordinación y control en el ámbito del deporte, se adoptan las siguientes medidas:
a)  Se  suspende  la  realización  de  asambleas  generales,  tanto  ordinarias  como 
extraordinarias, de las entidades deportivas de Cataluña, dejando sin efecto cualquier 
convocatoria que ya haya sido acordada y comunicada y que se tenga previsto realizar a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley. Una vez levantada la suspensión, 
por razones de seguridad jurídica y evitar situaciones de indefensión, se deberán volver 
a convocar y comunicar, respetando los períodos establecidos legalmente.
b)  Se suspende la facultad para convocar por parte de los órganos competentes 
procedimientos electorales para elegir la Junta Directiva o la Comisión Directiva de las 
entidades  deportivas  en  Cataluña.  Los  procedimientos  electorales  en  curso  quedan 
suspendidos hasta el levantamiento del estado de alarma. En el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha en que se levante la suspensión, las juntas electorales de las 
entidades deportivas deben aprobar y publicar la reformulación del calendario que habrá 
de  regir  el  procedimiento,  respetando  los  plazos  previstos  para  cada  fase  del 
procedimiento  electoral  pendiente  de  realizar  que  hubiera  aprobado  el  órgano 
convocante y de acuerdo con lo que determina la normativa vigente en materia de 
deportes sobre esta materia.
c)  El mandato de los órganos directivos de las entidades deportivas en Cataluña 
que expire durante el estado de alarma se prolonga automáticamente hasta que se 
pueda convocar y realizar el correspondiente procedimiento electoral, de acuerdo con lo 
que determina el apartado b de este artículo.
d)  Son nulas de pleno derecho las actuaciones que vulneren lo dispuesto en los 
apartados anteriores.
CAPÍTULO IV
Medidas relativas a las personas jurídicas de derecho privado, juntas de 
propietarios en régimen de propiedad horizontal y en las cooperativas catalanas
Artículo 4.  Medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las 
disposiciones del derecho civil catalán, incluidas las sociedades cooperativas, y a las 
juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal  s
durante la vigencia del estado de alarma. oe.
4.1  Durante la vigencia del estado de alarma actual, los plazos previstos legalmente  70ww
psuajreat olas  rae ulansió dni sdpeo sloicsi oónrgeas ndoesl  cdoelreegciahdoo csa dtael álans,  ipnecrlusiodnaass  lajusr ísdoiccaiesd daed edse rceocohpoe praritvivaadso, 
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prórrogas. Las reuniones convocadas antes de la declaración de este estado que deban 
tener lugar con posterioridad a esta declaración pueden ser objeto de aplazamiento o de 
modificación en cuanto al lugar, medio, día y hora de celebración por quien las ha 
convocado. Si se ha decidido el aplazamiento o la normativa reguladora del estado de 
alarma imposibilita la celebración de la reunión, esta se debe volver a convocar dentro 
del mes siguiente a la fecha de levantamiento de este estado.
4.2  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, durante la vigencia del estado 
de alarma los órganos mencionados en el apartado anterior podrán reunirse y adoptar 
acuerdos por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque sus estatutos 
no lo prevean. Asimismo, los órganos de gobierno y sus comisiones delegadas también 
pueden adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 312-7 
del Código civil de Cataluña, aunque los estatutos no lo prevean, siempre que lo decida 
la persona que los preside o lo soliciten al menos dos miembros.
4.3  Los plazos previstos legalmente para elaborar, aprobar y presentar cuentas 
anuales y otros documentos exigibles se entienden suspendidos a partir de la fecha de 
declaración del estado de alarma, y  su cómputo se reanuda a partir de la fecha de 
finalización del estado de alarma o de sus prórrogas.
4.4  Los plazos legales o estatutarios para la convocatoria y celebración de las 
reuniones  de  las  juntas  de  propietarios  en  las  comunidades  sujetas  a  régimen  de 
propiedad horizontal quedan suspendidos a partir de la fecha de declaración del estado 
de alarma, y  su cómputo se reanuda a partir de la fecha de finalización del estado de 
alarma o de sus prórrogas. Las reuniones ya convocadas que deban celebrarse durante 
la vigencia de este estado quedan suspendidas y se tienen que volver a convocar dentro 
del mes siguiente a su levantamiento, a menos que sea posible llevarlas a cabo por los 
medios establecidos en el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. Durante la 
vigencia  del  estado  de  alarma,  queda  admitida  también  la  posibilidad  de  adoptar 
acuerdos sin reunión, a instancia de la persona que preside la junta, si se cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña.
4.5  Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la entrada 
en vigor del estado de alarma.
Artículo 5.  Medidas concretas aplicables a las cooperativas catalanas.
5.1  De forma excepcional y durante el período de estado de alarma, el consejo 
rector  puede  convocar  asambleas  extraordinarias  con  la  antelación  mínima  que 
considere pertinente, siempre teniendo en cuenta la urgencia del acuerdo a adoptar. En 
todo caso, será responsabilidad del consejo rector adoptar las medidas pertinentes, en 
atención a las circunstancias concretas de cada sociedad cooperativa, para que los 
socios puedan recibir la convocatoria y concurrir a la sesión de la asamblea que podrá 
hacerse  por  videoconferencia  u  otros  medios  de  comunicación,  con  las  garantías 
pertinentes. A estos efectos, la convocatoria de la reunión de la asamblea deberá hacer 
constar la concurrencia de las razones que han motivado hacer la convocatoria con una 
antelación inferior a 15 días, previsto en el artículo 44 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de 
cooperativas.
5.2  De forma excepcional y durante el período de estado de alarma, el Consejo 
Rector, según las circunstancias concretas de cada cooperativa, podrá disponer otros 
mecanismos diferentes a los establecidos en el artículo 48.2 de la Ley de cooperativas 
con relación a la obligación de poner a disposición de los socios el número de votos  e.
sociales que corresponde a cada socio. w.b
5.3  De forma excepcional con relación a lo establecido en el artículo 134 de la 
Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas, durante todo el periodo de estado de alarma, 
el  consejo  rector  podrá  acordar  la  suspensión  total  o  parcial  de  la  actividad 
cooperativizada de todos los socios trabajadores, socios de trabajo, o trabajadores o de 
una parte de estas, cuando se den los siguientes requisitos:
a)  Que la cooperativa tenga más de 100 socios trabajadores, socios de trabajo o 
trabajadores.
b)  Que no sea posible hacer la asamblea ni de forma presencial, ni telemática, 
debido a las medidas sanitarias a seguir para llevar a cabo reuniones y a la falta de 
medios telemáticos.
A estos efectos, será necesario que en el acuerdo se motive la concurrencia de los 
requisitos indicados.
5.4  El reembolso de las aportaciones de los socios de la cooperativa que causen 
baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran 
seis meses desde que finalice el estado de alarma.
5.5  Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la entrada 
en vigor del estado de alarma.
Disposición adicional primera.
Lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación 
parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, podrá ser llevado a cabo también 
haciendo uso de medios telemáticos.
Disposición adicional segunda.
1.  En los casos de suspensión o aplazamiento de los eventos culturales que, por su 
relevancia, envergadura o naturaleza internacional, requieren una preparación especial y 
dependen en gran medida de la movilidad de los asistentes, incluso, cuando se prevé 
que tengan lugar después del levantamiento del estado de alarma, les será de aplicación 
el supuesto de la fuerza mayor siempre que se den los requisitos siguientes:
a)  Que estuvieran programados y la venta de localidades iniciada antes del día 13 
de marzo de 2020.
b)  Que todas o parte de las actuaciones preparatorias que sean necesarias para 
garantizar la celebración en las fechas programadas, obligatoriamente deban llevarse a 
cabo dentro del periodo del estado de alarma, o que la modificación de las que se han 
hecho antes de que sea factible, como consecuencia del estado de alarma. A tal efecto, 
se consideran actuaciones preparatorias, entre otras, las contrataciones logísticas o 
artísticas, la obtención de licencias o derechos de ocupación.
2.  Lo establecido en el apartado anterior quedará condicionado al hecho que el 
Departamento de Cultura determine, mediante resolución y a instancia de parte, los 
eventos  culturales  que  cumplen  estos  requisitos  en  función  de  su  repercusión 
económica, mediática y cultural, el gran número de entradas vendidas en el momento de 
declararse el estado de alarma y el mantenimiento de futuras ediciones.
Disposición transitoria. s
Lo dispuesto en este Decreto-ley será vigente hasta que no se levante el estado de  w.
alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado  70ww
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Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto-
ley  cooperen  en  su  cumplimiento  y  que  los  tribunales  y  autoridades  a  los  que 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 27 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8098, de 28 de marzo de 2020. 
Convalidado por el Resolución 758/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)