BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 21605
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2850 Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de 
sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal.
I
La disposición adicional cuarta de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se 
aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece en su apartado 1 que «los 
miembros la carrera fiscal se sustituirán entre sí, de acuerdo con lo dispuesto en este 
Estatuto, en las normas reglamentarias que lo desarrollen y en las instrucciones que, con 
carácter general, dicte el Fiscal General del Estado», recogiendo en su apartado 3 que 
«el régimen jurídico de los fiscales sustitutos y las fiscales sustitutas será objeto de 
desarrollo  reglamentario  en  términos  análogos  a  lo  previsto  para  magistrados  y 
magistradas suplentes y jueces sustitutos y juezas sustitutas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que será aplicable supletoriamente en esta materia».
II
La  Ley  Orgánica  8/2012,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  de  eficiencia 
presupuestaria  en  la  Administración  de  Justicia,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo cambios significativos en el 
régimen de sustituciones en la carrera judicial al objeto de garantizar la prestación del 
servicio público de la Justicia elevando los niveles de profesionalización, adoptando una 
serie de medidas respecto de los supuestos de vacantes, ausencia reglamentaria de 
titulares y medidas de refuerzo, a fin de que las resoluciones fueran dictadas en su 
mayoría por jueces profesionales, de forma que la actuación de jueces sustitutos y 
juezas sustitutas y magistrados o magistradas suplentes tuviera carácter excepcional.
Dicha reforma determinó la necesidad de desarrollar reglamentariamente el régimen 
de sustituciones en la carrera fiscal en sintonía con la regulación establecida para la 
carrera judicial, lo que se plasmó en el Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, por el que 
se regula el régimen de sustituciones en la carrera fiscal. En el mismo se estableció 
como regla general la de que «los miembros de la carrera fiscal se sustituirán entre sí y 
sólo, excepcionalmente, en los casos en que no sea posible garantizar de otro modo la 
adecuada  prestación  del  servicio  podrá  recurrirse  al  nombramiento  de  abogados  y 
abogadas  fiscales  sustitutos»,  a  fin  de  garantizar  una  mayor  profesionalización  y 
aprovechamiento de los recursos públicos.
El  régimen  retributivo  de  estas  sustituciones  está  regulado  en  el  Real 
Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en 
la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 
régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, con las modificaciones introducidas 
por el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre.
Por otra parte, en la actualidad, el régimen de selección, nombramiento y cese de los 
abogados y abogadas fiscales sustitutos se encuentra asimismo regulado en el Real  s
Decreto 634/2014, de 25 de julio. oe.
El presente real decreto, por el que se IIdIeroga el Real Decreto 634/2014, de 25 de  2022-2850n https://ww
jeunli oe,l  pMeirnsiisgtueeri oa dFeisccuaalr  ala l arse gsuollaucciióonn edse  qlause  sruesctoitmucieionndeas  lay  mexepdeidriaesn cdiae  parpáocytioc ao  dreefruiveardzao   BOE-A-cable e
de la aplicación del régimen actualmente vigente, adaptando asimismo dicha regulación
a los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico desde la publicación del 
real decreto que ahora se deroga.
Del mismo modo que en este último, se prioriza que la sustitución o el desempeño de 
la  medida  de  apoyo  o  refuerzo  se  realice  por  profesionales  de  la  carrera  fiscal, 
precisándose que ello podrá ser bien sin relevación de funciones, o bien con el traslado 
temporal de un o una fiscal de carrera, con relevación de funciones.
Se recoge esta figura del traslado temporal a fin de que la norma dedicada al régimen 
de sustituciones en el Ministerio Fiscal sistematice los distintos mecanismos de cobertura 
provisional de plazas, que por distintos motivos no se encuentran efectivamente ocupadas 
(ya por tratarse de vacantes o por ausencia de su titular), unificando en una misma 
disposición la regulación de todas las sustituciones profesionales.
La figura de las comisiones de servicio con relevación de funciones había sido 
materia objeto de instrucción de la Fiscalía General del Estado a fin de dar seguridad 
jurídica a su aplicación práctica. Sin perjuicio del desarrollo que se realice a través de las 
oportunas instrucciones por la Fiscalía General del Estado en el marco del principio de 
autonomía  organizativa  del  Ministerio  Público,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
disposición adicional cuarta ya mencionada de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, este real decreto pretende 
recoger los principios generales de los distintos tipos de sustitución profesional, a los 
efectos de ofrecer una visión de conjunto.
La  sustitución  profesional  con  relevación  de  funciones  o  traslado  temporal  en 
régimen de comisión de servicios con relevación de funciones, implica el traslado de un o 
una fiscal o abogado o abogada fiscal a una plaza, en régimen de comisión de servicios, 
para el desempeño de las funciones propias del puesto a ocupar.
La  sustitución  profesional  sin  relevación  de  funciones,  por  su  parte,  implica  el 
desempeño conjunto de todas las funciones propias del puesto de fiscal o abogado o 
abogada fiscal que se sustituye, en la misma o en otra fiscalía, además de las propias 
del puesto del que se sea titular.
Solo cuando no sea posible la sustitución o el desempeño de una medida de refuerzo 
por un o una fiscal profesional, se procederá a la sustitución externa por abogados o 
abogadas  fiscales  sustitutos.  En  la  regulación  del  procedimiento  de  selección  de 
abogados o abogadas fiscales sustitutos se ha buscado primar la experiencia práctica de 
quienes ya vienen ejerciendo efectivamente y de forma satisfactoria tales funciones en 
las  distintas  fiscalías,  otorgando  un  mayor  peso  en  la  valoración  de  méritos  al 
desempeño previo de funciones de abogado o abogada fiscal sustituto. En consonancia, 
se introduce de forma novedosa la necesidad de que los abogados o abogadas fiscales 
sustitutos que sean nombrados sin haber ejercido nunca con anterioridad funciones de 
sustitución en una fiscalía superen un curso de formación, con el fin de que obtengan los 
conocimientos necesarios para el desempeño cotidiano de las tareas que habrán de 
realizar cuando sean llamados o llamadas.
En aras a avanzar en la profesionalización del servicio, se precisa que los abogados o 
abogadas fiscales sustitutos no podrán ser llamados a desempeñar sus funciones en 
aquellas Fiscalías, cargos o puestos que hayan de cubrirse mediante nombramiento 
directo o discrecional. Asimismo, y salvo circunstancias excepcionales, tampoco actuarán 
ante la Audiencia Provincial, ni despacharán causas penales de especial complejidad ni 
asuntos propios de las especialidades, por entenderse que la mayor relevancia jurídica de 
tales cuestiones justifica que hayan de ser atendidas por fiscales de carrera.
IV bo
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prevista en la presente norma, los criterios de preferencia en la realización de sustituciones
o medidas de apoyo o refuerzo y el procedimiento para su solicitud y autorización. Bc
El título I recoge el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo entre los 
miembros de la carrera fiscal.
En su capítulo primero se regulan los supuestos de traslado temporal en régimen de 
comisión de servicios con relevación de funciones y el régimen al que se sujetarán. Una 
vez que se produzca el traslado temporal con relevación de funciones de un o una fiscal 
o abogado o abogada fiscal no podrá cubrirse la plaza que deje a través de un nuevo 
traslado temporal, a fin de evitar desplazamientos concatenados que alterarían de forma 
no querida la estabilidad de las plantillas.
En el capítulo segundo de este título se regulan las sustituciones o medidas de 
apoyo o refuerzo sin relevación de funciones. Con carácter general el sistema tendrá 
ámbito provincial y carácter voluntario, si bien podrá rebasarse el ámbito provincial y 
cuando las necesidades del servicio lo exijan podrá acudirse a la sustitución forzosa, con 
carácter excepcional en ambos casos.
El título II regula de forma más detallada que la norma anterior el régimen aplicable a 
los abogados o abogadas fiscales sustitutos. Destaca, en cuanto al procedimiento de 
selección, la introducción en el real decreto de la previsión relativa al cupo de reserva 
para ser cubierto por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento. Se detalla lo relativo al nombramiento, llamamiento y toma de posesión de los 
abogados o abogadas fiscales sustitutos, su régimen de incompatibilidades, derechos y 
deberes, así como el cese de los mismos. Finalmente se recogen previsiones respecto a 
la responsabilidad de los abogados o abogadas fiscales sustitutos y la posibilidad de que 
se acuerde la suspensión cautelar de funciones de estos.
Completan  la  norma  una  disposición  adicional,  una  disposición  transitoria,  una 
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que el mismo persigue un interés general al 
dotar de una regulación actualizada al régimen de sustituciones y medidas de apoyo en 
el Ministerio fiscal, y cumple estrictamente el mandato establecido en el artículo 129 de 
la citada ley, no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. 
Establece en una misma norma una regulación general sobre los distintos tipos de 
sustitución profesional, lo que facilitará su conocimiento y comprensión por quienes 
hayan de aplicarla o regirse por ella, habiéndose contado asimismo con la participación 
de los potenciales destinatarios en la elaboración del real decreto. No impone cargas 
administrativas innecesarias y con su aplicación se persigue racionalizar la gestión de los 
recursos públicos.
En la elaboración de esta disposición se ha cumplido el trámite de audiencia al que 
se refiere al artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha 
informado el Consejo Fiscal, de conformidad con el artículo 14.4.j) de la Ley 50/1981, 
de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de 
febrero de 2022,
DISPONGO:
TÍTULO PRELIMINAR e.e
Disposiciones generales sobre sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo 50ww
Artículo 1. Objeto.
Mini1s.t eriEol  Fpirsecsael nyt ee lr edaels deemcpreetñoo t ideen ela ps omr eodbijdeatos  rdeeg ualpaor yeol  roé rgeimfueenrz doe. sustituciones en el  BOE-A-cable e
2. El presente real decreto no se aplicará a las ausencias derivadas del ejercicio del 
derecho a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas, ni a las ausencias inferiores a 
diez días, salvo que estas tengan su origen en enfermedad acreditada del titular.
3. Tampoco será aplicable cuando la sustitución lo sea de un o una fiscal superior o 
de un o una fiscal jefe, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal.
Artículo 2. Supuestos de aplicación.
1. Procederá la sustitución, conforme a las normas del presente real decreto, para 
atender las necesidades funcionales que se crean en la fiscalía que corresponda, en las 
siguientes situaciones:
a) Plazas vacantes, en tanto que sean proveídas.
b) Ausencias reglamentarias de los titulares de su puesto de trabajo.
c) Situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo.
d) Reducción de jornada por causas justificadas.
2. Cabrá adoptar una medida de apoyo o refuerzo en la correspondiente fiscalía 
cuando resulte necesaria en situaciones de excepcional incremento de las funciones 
fiscales, cuando así lo aconseje la especial complejidad de uno o varios asuntos que 
deban ser despachados o cuando otras circunstancias debidamente justificadas hagan 
imposible su atención de forma ordinaria por los miembros de la plantilla.
Artículo 3. Criterios de preferencia.
1. En los supuestos señalados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 
anterior los miembros de la carrera fiscal se sustituirán entre sí, con o sin relevación de 
funciones. Solo excepcionalmente, en los casos en que no sea posible garantizar de otro 
modo  la  adecuada  prestación  del  servicio,  podrá  recurrirse  al  llamamiento  de  los 
abogados fiscales sustitutos a los que se refiere el título II.
En el supuesto de la letra d) del apartado 1 del artículo anterior, la sustitución en la 
parte equivalente a la reducción de jornada se realizará por fiscales de carrera, sin 
relevación  de  funciones,  y  solo  cuando  ello  no  fuera  posible  podrá  procederse  al 
llamamiento de un o una abogado fiscal sustituto.
2. Las medidas de apoyo o refuerzo serán ejercidas preferentemente por fiscales 
de  carrera,  con  o  sin  relevación  de  funciones,  y  solo  cuando  no  fuera  posible  su 
desempeño por fiscales de carrera se podrá acudir al llamamiento de abogados o 
abogadas fiscales sustitutos.
Artículo 4. Sustituciones profesionales y desempeño de medidas de apoyo o refuerzo 
por fiscales de carrera.
1. La sustitución profesional o el desempeño de una medida de apoyo o refuerzo 
con relevación de funciones conllevará el traslado temporal del fiscal o abogado o 
abogada fiscal a una plaza, en régimen de comisión de servicios, para el desempeño de 
las funciones propias del puesto a ocupar. Tales supuestos se regirán por lo dispuesto en 
el capítulo I del título I.
2. La sustitución profesional o el desempeño de una medida de apoyo o refuerzo  e.e
sin relevación de funciones implica, además de la realización de las funciones propias  b
del puesto del que se sea titular, el desempeño conjunto de las funciones propias del  50ww
spuupeusetos tqouse s es ere sguirsátnitu pyoer  olo  ldai srpeuaelizsatoc ieónn  eclo cnajupníttualo d IeI  dtealr etíatusl od eI. apoyo o refuerzo. Tales
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apoyo o refuerzo se realizará con relevación de funciones o sin relevación de funciones.
Artículo 5. La sustitución o desempeño de medidas de apoyo o refuerzo por abogados 
fiscales sustitutos.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán ser llamados para realizar 
tareas de sustitución, apoyo o refuerzo siempre que no sea posible acudir a la sustitución 
profesional o al desempeño por fiscales de carrera de la medida de apoyo o refuerzo.
2. Los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  en  ningún  caso  podrán 
desempeñar sus funciones en aquellas fiscalías, cargos o puestos que hayan de cubrirse 
mediante nombramiento directo o discrecional.
Artículo 6. Medidas de control presupuestario.
1. Los y las fiscales superiores o los y las fiscales jefes, antes de proceder al 
llamamiento  de  fiscales  de  carrera  o  de  abogados  y  abogadas  fiscales  sustitutos, 
solicitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado que comprobará si concurren 
los  presupuestos  que  establece  el  presente  real  decreto  y  en  particular  si  existe 
disponibilidad presupuestaria suficiente.
2. En ningún caso podrá autorizarse ninguna forma de sustitución o medida de 
refuerzo si no existe disponibilidad presupuestaria, dentro del marco establecido en el 
protocolo que anualmente suscribirán el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del 
Estado, a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar.
3. Una vez realizada la sustitución o la medida de apoyo o refuerzo, se procederá a 
su certificación por la Fiscalía General del Estado, quien lo comunicará al Ministerio de 
Justicia.
4. Corresponde a los y las fiscales superiores y a los y las fiscales jefes velar por la 
correcta ejecución de las sustituciones y las medidas de apoyo o refuerzo en su territorio, 
resolviendo las cuestiones que se puedan plantear, corrigiendo las irregularidades y 
promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.
Artículo 7. Procedimiento para la solicitud de las sustituciones.
1. El o la fiscal superior o fiscal jefe de la fiscalía donde se produzcan alguna de las 
situaciones previstas en el apartado 1 del artículo 2 no podrá proceder al llamamiento de 
fiscal de carrera o abogado o abogada fiscal sustituto sin solicitar autorización previa a la 
Fiscalía General del Estado, con la única excepción de lo previsto en el apartado 
siguiente.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 6, el o la fiscal 
superior o fiscal jefe podrá proceder al llamamiento inmediato para realizar la sustitución 
sin la previa autorización a que se refiere el apartado anterior únicamente en el caso de 
que se trate de una sustitución profesional, y cuando concurran además todos los 
siguientes requisitos:
a) Que la causa de la sustitución sea la enfermedad acreditada del titular.
b) Que su duración prevista sea inferior a diez días.
c) Que la inmediatez del llamamiento sea imprescindible para evitar la suspensión 
de  vistas  o  actuaciones  procesales  a  que  estuviera  citado  el  fiscal  sustituido  y  la 
tramitación de la previa autorización suponga un riesgo cierto de suspensión de dichas 
actuaciones.
El  llamamiento  inmediato  se  realizará  en  los  términos  establecidos  en  la  e.e
correspondiente instrucción de la Fiscalía General del Estado. w.b
Al mismo tiempo de efectuar el llamamiento, el o la fiscal superior o fiscal jefe deberá  50ww
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Artículo 8. Procedimiento para la solicitud de las medidas de apoyo o refuerzo.
1. La  solicitud  de  una  medida  de  apoyo  o  refuerzo  se  realizará  siempre  por 
conducto del fiscal superior, quien emitirá informe sobre la conveniencia de la adopción 
de la medida y procederá a su remisión a la Fiscalía General del Estado.
2. La solicitud de las medidas de apoyo o refuerzo se dirigirán a la Fiscalía General 
del Estado y deberán contener:
a) La explicación de la situación que atraviesa la fiscalía y de los motivos que 
hayan dado lugar a la misma.
b) El contenido concreto y la duración estimada de la medida de apoyo o refuerzo.
c) Indicación de si la medida debe ir acompañada o no de un refuerzo de la oficina 
fiscal.
3. La medida de apoyo o refuerzo podrá también ser autorizada, de oficio, por la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado.
4. En todos los supuestos en que se autorice una medida de apoyo o refuerzo, se 
comunicará al fiscal superior respectivo. Si el fiscal superior estimara que procede un 
refuerzo  de  la  oficina  fiscal,  conforme  a  la  letra  c)  del  apartado  segundo  de  este 
precepto, lo comunicará, según proceda, al Ministerio de Justicia o a la comunidad 
autónoma correspondiente.
TÍTULO I
Del régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo entre los miembros 
de la carrera fiscal
CAPÍTULO I
Del traslado temporal en régimen de comisión de servicios con relevación 
de funciones
Artículo 9. Supuestos.
1. La persona titular de la Fiscalía General del Estado, de oficio o a propuesta del 
fiscal jefe respectivo, y oído el Consejo Fiscal, podrá proponer al Ministerio de Justicia el 
traslado temporal, en régimen de comisión de servicios, de un o una fiscal o abogado o 
abogada fiscal para prestar servicio en la misma o en otra fiscalía con relevación de 
funciones.
2. Podrá acordarse el traslado temporal, previa convocatoria pública, cuando se 
produzcan ausencias legales o reglamentarias de la persona titular de la plaza cuya 
duración estimada no sea inferior a seis meses, cuando la ausencia derive de las 
comisiones de servicio a las que se refiere el artículo 350 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en los casos de medidas de apoyo previstos 
en el artículo 216 bis de dicha norma.
3. Asimismo, se podrá acordar el traslado del fiscal o abogado o abogada fiscal de 
mayor antigüedad en la carrera que ocupe plaza de tercera categoría en la misma fiscalía, 
cuando una plaza de segunda categoría estuviera vacante, hasta su normal provisión por 
concurso ordinario en la primera convocatoria que se efectúe, y en los supuestos previstos 
en el apartado anterior, si la duración estimada es inferior a seis meses. e.
Artículo 10. Régimen del traslado temporal. 50ww
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puesto que efectivamente desempeñe.
3. El traslado requerirá aprobación previa de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia del Ministerio de Justicia a efectos económicos. Si la toma de 
posesión  se  produce  en  el  mismo  mes  que  el  cese,  los  efectos  económicos  se 
producirán a partir del primer día del mes siguiente. Si la toma de posesión se produce 
en el mes siguiente al del cese, los efectos económicos serán desde el primer día del 
mes de la toma de posesión. En ningún caso el traslado de fiscalía dará derecho a 
indemnizaciones por razón de servicio.
4. Asimismo se requerirá la conformidad de la persona interesada e informe de la 
Inspección Fiscal y de quienes sean fiscales jefes de las fiscalías afectadas en relación a 
su procedencia, atendidas las necesidades del servicio y el estado del despacho de 
asuntos de la persona solicitante.
5. Los  traslados  temporales  se  resolverán  por  orden  de  antigüedad,  siendo 
necesario  que  las  personas  solicitantes  se  encuentren  en  servicio  activo  de  forma 
efectiva. Este criterio de estricta antigüedad no se aplicará para los traslados a plazas 
que se provean mediante nombramiento directo o discrecional, que se resolverán por los 
criterios propios de provisión de dichas plazas.
6. A los miembros del Ministerio Fiscal que se encuentren en esta situación con 
relevación  de  funciones  se  les  reservará  la  plaza  que  ocupasen  al  pasar  a  dicha 
situación. La adjudicación de plaza en un concurso ordinario de provisión de destinos 
determinará el cese del traslado temporal.
7. La plaza que deje el o la fiscal trasladado temporalmente no podrá ser cubierta 
mediante un nuevo traslado temporal, sino que se acudirá a la sustitución profesional sin 
relevación de funciones y en su defecto, para la cobertura de las necesidades generadas 
se podrá proceder al llamamiento de un abogado o abogada fiscal sustituto.
8. El  procedimiento  de  convocatoria  y  designación  se  regirá  por  lo  que  se 
establezca mediante instrucción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
CAPÍTULO II
De las sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo sin relevación de funciones
Artículo 11. Principios generales.
1. La sustitución profesional y el desempeño de medidas de apoyo o refuerzo sin 
relevación de funciones tendrá ámbito provincial y carácter voluntario.
2. No obstante, atendiendo a la distancia existente entre sedes de las distintas 
fiscalías o secciones territoriales, podrá rebasarse en la sustitución el ámbito provincial. 
Asimismo, excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo exijan, se podrá 
recurrir a la sustitución forzosa. En ambos casos deberá motivarse expresamente en la 
solicitud de autorización y recabarse el parecer de la fiscalía afectada.
Artículo 12. Desempeño de la sustitución o medida de apoyo o refuerzo.
1. Al objeto de permitir la participación en el régimen de sustituciones de todos 
aquellos miembros de la carrera fiscal que lo soliciten, cada llamamiento para realizar 
tareas de sustitución, de apoyo o refuerzo no podrá exceder de ciento ochenta días al año.
2. Cada fiscal o abogado o abogada fiscal no podrá asumir simultáneamente más 
de una sustitución o medida de refuerzo.
3. Los miembros de la carrera fiscal que, sin relevación de funciones, asuman  e
sustituciones  profesionales  o  desempeñen  medidas  de  apoyo  o  refuerzo,  tendrán  bo
derecho a la retribución especial prevista para el desempeño conjunto de las funciones  50ww
arFésisgigcimanlae, dnda rese  tacricobunue tirtvododo a dase   lloao s a dcligasuprrnueaer asdstoe j  ueldanisc  ilaacl o yLrr efeiyss cp1ao5ln,/ 2dy0i el0an3st ,ed sdis epa o 2os6ticr oido enm emise amqyuboer,o  lr aed gdeuel lsaMadrionrorisallte ednrie.ol   OE-A-2022-28able en https://
Artículo  13. Plan  anual  de  sustituciones  y  desempeño  de  medidas  de  refuerzo. 
Elaboración de las listas.
1. Los  y  las  fiscales  jefes  provinciales  deberán  remitir  al  fiscal  superior 
correspondiente, antes del 1 de noviembre de cada año, la lista provincial de personas 
candidatas a realizar las sustituciones o medidas de apoyo o refuerzo durante el año 
siguiente, para cuya elaboración deberán coordinarse adecuadamente con los y las 
fiscales jefes de área de su provincia. De la misma forma, el o la fiscal superior elaborará 
la lista de personas candidatas de la fiscalía de la comunidad autónoma.
2. Una vez elaboradas las listas, los y las fiscales superiores las remitirán a la 
Fiscalía General del Estado antes del 1 de diciembre. Los listados tendrán validez 
durante el año natural siguiente.
3. Podrán ser personas candidatas todos los y las fiscales de la plantilla que estén 
al corriente del despacho de los asuntos encomendados, circunstancia que corresponde 
apreciar al fiscal jefe. Las personas candidatas deberán indicar expresamente si están 
dispuestos a desempeñar sus funciones en otra fiscalía.
Los y las fiscales superiores y los y las fiscales jefes no podrán realizar sustituciones 
profesionales con derecho a retribución.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, si a lo largo del año 
resultara necesario, podrán incorporarse nuevos candidatos a las listas. Para la inclusión 
en las listas de nuevas personas candidatas se estará al procedimiento descrito en este 
artículo. La inclusión de nuevas personas candidatas en ningún caso afectará a las 
sustituciones  y  medidas  de  apoyo  o  refuerzo  ya  aprobadas  y  que  se  estén 
desempeñando.
5. El y la fiscal jefe habrá de dictar resolución motivada en caso de que no incluya a 
un solicitante en la lista de sustitución, y contra la misma se podrá interponer recurso de 
alzada ante el superior jerárquico.
Artículo  14. Reglas  para  el  llamamiento  de  candidatos  incluidos  en  las  listas  de 
sustitución o medidas de refuerzo.
1. Producida una de las situaciones previstas en el artículo 2, y una vez obtenida la 
autorización  de  la  Fiscalía  General  del  Estado,  el  fiscal  superior  o  el  fiscal  jefe 
seleccionará al fiscal que deba efectuar la sustitución o la medida de apoyo o refuerzo de 
acuerdo con los criterios y según el orden de llamamiento que se establezca en las 
instrucciones que dicte al efecto la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
2. Con carácter excepcional, si no existieran personas candidatas voluntarias en 
una fiscalía y razones de proximidad geográfica o la adecuada prestación del servicio así 
lo  aconsejen,  los  y  las  fiscales  jefes  podrán  proceder  al  llamamiento  de  fiscales 
integrados en la lista de otra provincia o, en su caso, de la fiscalía de la comunidad 
autónoma que hayan manifestado estar de acuerdo con este tipo de llamamiento, para lo 
que se coordinarán adecuadamente todos los y las fiscales jefes afectados.
3. Cuando el que haya de proceder al llamamiento sea el o la fiscal superior y no 
disponga  de  personas  candidatas  en  su  lista,  podrá  proceder  del  mismo  modo  al 
llamamiento de personas candidatas integradas en las listas provinciales del territorio de 
su fiscalía, con preferencia por la de la provincia en la que radique su sede.
4. El o la fiscal llamado a realizar una sustitución o refuerzo en otra fiscalía distinta 
a la de su destino dependerá funcionalmente del fiscal jefe del territorio en el que en 
cada momento actúe. e.e
5. El o la fiscal llamado para realizar una sustitución o medida de apoyo o refuerzo,  b
aunque hubiera sido incluido en el plan anual, no quedará obligado a su desempeño de  50ww
aincsutreurcdcoi óan  ldoes  ltaé rFmisincaolsía q Guee nseer ael sdtealb Elesztcaadno ,p ya rsain e pseterj usiucipou deest olo  epnr elvai sctoo rerens eplo nadrtiíecnutloe 
siguiente respecto del llamamiento forzoso.
Artículo 15. Reglas para el llamamiento forzoso.
1. Sólo en casos excepcionales, cuando no resulte posible la sustitución conforme 
a las reglas del artículo anterior y las razones del servicio así lo aconsejen, el fiscal 
superior o el o la fiscal jefe podrá proceder al llamamiento de cualquiera de los y las 
fiscales de su plantilla, conforme a los criterios establecidos en las instrucciones de la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado para este tipo de llamamientos.
2. En ningún caso podrá procederse al llamamiento forzoso de un o una fiscal para 
realizar una sustitución fuera de la fiscalía en la que ejerza sus funciones. Tampoco 
podrá acordarse el llamamiento forzoso para desempeñar una medida de apoyo o 
refuerzo.
3. Todo llamamiento forzoso se efectuará previa audiencia de los y las fiscales 
afectados  y  velando  para  que  las  tareas  de  sustitución  no  perjudiquen  el  normal 
desempeño de las funciones que tuvieran atribuidas.
4. El llamamiento forzoso requerirá también la autorización previa de la Fiscalía 
General del Estado. No podrá tener una duración continuada superior a los diez días.
TÍTULO II
Abogados o abogadas fiscales sustitutos
CAPÍTULO I
Funciones de los abogados y abogadas fiscales sustitutos
Artículo 16. Funciones.
1. Los o las abogados fiscales sustitutos desempeñarán actividades de sustitución, 
apoyo o refuerzo en la fiscalía para la que hayan sido llamados, realizando las funciones 
que les sean asignadas por el o la fiscal jefe, en virtud de sus potestades organizativas y 
de dirección.
2. El llamamiento de un abogado o una abogada fiscal sustituto en los términos que 
establece el presente real decreto para garantizar la adecuada prestación del servicio en 
la correspondiente Fiscalía no supondrá necesariamente la asunción de las funciones del 
fiscal de carrera cuya situación administrativa o ausencia reglamentaria haya generado 
la necesidad del llamamiento, sino de todas aquellas tareas que le sean encomendadas 
por el fiscal jefe.
3. Salvo  que  concurran  supuestos  excepcionales  que  deberán  motivarse 
expresamente, y en los términos que se definan en la correspondiente instrucción de la 
Fiscalía General del Estado, los abogados o las abogadas fiscales sustitutos no podrán:
a) Actuar ante la Audiencia Provincial en ningún tipo de procedimientos.
b) Despachar causas de especial complejidad en el orden jurisdiccional penal.
c) Despachar asuntos propios de las especialidades.
4. En todo caso, las funciones a las que se refiere el apartado anterior sólo podrán 
desempeñarse, acreditada la situación excepcional, por abogados o abogadas fiscales 
sustitutos que hayan ejercido como tales un tiempo mínimo de dos años dentro de los 
seis inmediatamente anteriores.
CAPÍTULO II
Del procedimiento de selección
Artículo 17. Convocatoria pública.
1. Cada año, a propuesta motivada de la persona titular de la Fiscalía General del 
Estado, la persona titular del Ministerio de Justicia determinará el número de abogados o 
abogadas fiscales sustitutos que deberán desempeñar tareas de sustitución, refuerzo o 
apoyo en cada fiscalía durante el siguiente año judicial y podrá, en su caso, realizar 
convocatoria pública para su selección mediante anuncio que se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».
2. En  ningún  caso  el  número  de  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos 
nombrados superará el 10 % de la plantilla total de fiscales de carrera, excluidas las 
plazas vacantes en el momento de la convocatoria. No obstante, cuando concurran 
excepcionales circunstancias de falta de titulares, podrá la persona titular del Ministerio 
de Justicia, a propuesta motivada de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, 
suspender temporalmente esta limitación.
3. Del total de plazas que se convoquen se reservarán el 5 por ciento, con la 
distribución territorial establecida en cada convocatoria, para ser cubiertas por personas 
con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. Las plazas no cubiertas por 
este cupo acrecerán las del turno general.
Artículo 18. Requisitos para participar en la convocatoria.
1. Para participar en la convocatoria se requerirá, con carácter general:
a) Ser español o española, mayor de edad y carecer de antecedentes penales.
b) Ser persona licenciada o graduada en Derecho y no estar incursa en las causas 
previstas en el artículo 44 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
c) No haber cumplido la edad de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 201.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ni cumplirla 
antes del inicio del año judicial al que se refiere la convocatoria.
d) Emitir declaración formal de no haber desempeñado en los dos últimos años, 
empleo, cargo o profesión incompatible en el territorio de la fiscalía en la que se pretenda 
el nombramiento como abogado o abogada fiscal sustituto, o declaración formal de 
haberlo  efectuado,  con  especificación  en  este  caso  del  empleo,  cargo  o  profesión 
incompatible,  o  de  cualquier  otra  circunstancia  de  la  que  derive  alguna  de  las 
incompatibilidades reguladas en el capítulo VI de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por 
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
e) No haber sido cesado por las causas previstas en los apartados e) y f) del 
artículo 38, si subsistieran las circunstancias que dieron lugar al cese.
f) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
g) No haber sido cesado como magistrado o magistrado suplente, juez sustituto o 
jueza sustituta o letrado o letrada de la administración de justicia sustituto o sustituta por 
falta de idoneidad o aptitud.
h) No  haber  sido  separado  mediante  procedimiento  disciplinario  de  la  carrera 
judicial, de la carrera fiscal, de un cuerpo del Estado, de las comunidades autónomas o  s
de las administraciones locales, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas en  e.
vía disciplinaria o judicial, salvo que haya sido debidamente rehabilitado. w.
i) No haber renunciado al llamamiento en los términos previstos en el artículo 28. 50ww
ejercj)i cioN op rhoafebseior nsaild oc osmaon caiobnoagdaod oo  os aanbcoiognaaddaa  fiesnc ale xspuesdtiiteuntote,  sdaislvcoip liqnuaeri os ep ohr asyua 
cancelado la anotación de la sanción o esta fuera susceptible de cancelación.
2. Quienes opten por el cupo de reserva para personas con discapacidad deberán 
además acreditar:
a) Que tienen una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento mediante 
certificación  del  Departamento  ministerial  competente  o,  en  su  caso,  del  órgano 
correspondiente de la comunidad autónoma con  la competencia transferida en esa 
materia.
b) La compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes 
a la función fiscal.
3. Las  instancias  y  documentos  que  acompañen  a  la  solicitud  habrán  de 
presentarse en la forma que se indique en la orden de convocatoria.
Artículo 19. La comisión de valoración.
1. La valoración de los méritos alegados por los y las aspirantes se efectuará por 
una comisión constituida por cinco miembros. Dos de ellos serán nombrados por la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado y otros dos por la persona titular de la 
Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia; la 
presidencia se ejercerá en cada proceso, de forma alternativa, por un miembro de la 
Fiscalía General del Estado o del Ministerio de Justicia.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona que 
ostente la presidencia de la comisión de valoración será sustituida por un miembro 
procedente del mismo órgano que aquella. Será nombrado secretario o secretaria uno de 
los miembros de la comisión de valoración. La condición de miembro de la comisión de 
valoración no tendrá carácter retribuido ni conllevará percepción de dietas.
3. La  comisión  de  valoración  elaborará  las  listas  provisionales  de  personas 
admitidas y excluidas y resolverá las reclamaciones que se puedan presentar contra las 
listas provisionales. Resueltas éstas, remitirá la lista a la persona titular de la Fiscalía 
General del Estado, a la que corresponde efectuar la propuesta de nombramiento a la 
persona titular del Ministerio de Justicia.
4. La constitución, funcionamiento y, en su caso, la abstención y recusación de los 
miembros de la comisión se regirá, en cuanto le sea de aplicación, por lo establecido en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 20. Criterios de selección.
1. La  lista  provisional  de  aspirantes  se  efectuará  con  el  siguiente  orden  de 
preferencia:
1.º Tendrán  preferencia  absoluta  las  personas  que  hubieran  aprobado  los  tres 
ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la Carrera 
Judicial  y  a  la  Carrera  Fiscal  por  el  turno  libre,  que  no  hubiesen  obtenido  plaza, 
siguiéndose el orden de la puntuación obtenida en la oposición.
2.º Las personas que hayan pertenecido en activo a la carrera judicial o fiscal por 
un periodo no inferior a diez años también tendrán preferencia con respecto al resto de 
candidatos para ser nombrados abogados o abogadas fiscales sustitutos.
3.º El orden de prelación del resto de personas candidatas será fijado por los 
méritos de cada aspirante de acuerdo con el baremo que a continuación se detalla:
a) El ejercicio efectivo y debidamente acreditado de funciones de sustitución se  bo
valorará con un máximo de 9 puntos: 50ww
con E0l ,6d0e sepmunpteoñs o pdoer  alañ of.u nLcoiósn  pdeeri oadboosg aadcou mou laabdoogs adqau ef isncoa l csoumsptilteutteon  seel  vaañloor asráe 
computarán a razón de 0,30 por cada seis meses, sin que en ningún caso se computen
periodos inferiores a los seis meses. Bc
El desempeño de la función de los antiguos fiscales de distrito sustitutos, siempre 
que  se  hayan  llevado  a  cabo  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley 
Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, de Integración de la Carrera Judicial y del 
Secretariado de la Administración de Justicia, se valorará con 0,30 puntos por año. Los 
periodos acumulados que no completen el año se computarán a razón de 0,15 por cada 
seis meses, sin que en ningún caso se computen periodos inferiores a los seis meses.
Las sustituciones en la carrera judicial se valorarán con 0,30 puntos por año. Los 
periodos acumulados que no completen el año se computarán a razón de 0,15 por cada 
seis meses, sin que en ningún caso se computen periodos inferiores a los seis meses.
El desempeño de la función de los antiguos jueces o juezas de distrito sustitutos, 
siempre que se hayan llevado a cabo con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, de Integración de la Carrera Judicial y del 
Secretariado de la Administración de Justicia, se valorará con 0,20 puntos por año. Los 
periodos acumulados que no completen el año se computarán a razón de 0,10 por seis 
meses, sin que en ningún caso se computen periodos inferiores a los seis meses.
Las sustituciones en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se 
valorarán con 0,20 puntos por año. Los periodos acumulados que no completen el año 
se computarán a razón de 0,10 por seis meses, sin que en ningún caso se computen 
periodos inferiores a los seis meses.
b) La participación en oposiciones. La superación, acreditada mediante la oportuna 
certificación, de los ejercicios orales y de los ejercicios escritos de desarrollo de temas en 
las pruebas de acceso por el turno libre de acceso a las carreras judicial o fiscal se 
valorará con 0,50 puntos por cada ejercicio superado, hasta un máximo de 2 puntos, o al 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, con 0,50 puntos por cada ejercicio 
superado, hasta un máximo de 1 punto. A tales efectos, no se considerará como mérito 
puntuable  la  superación  de  la  fase  de  concurso  que  se  establece  en  algunos 
procedimientos específicos de acceso a la carrera judicial.
c) Méritos  académicos:  Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor  o  Doctora  en 
Derecho  se  valorará  con  0,50  puntos.  En  ningún  caso  se  valorará  la  asistencia  a 
jornadas, la obtención de diplomas, la realización de trabajos o estudios o la superación 
de cursos que el candidato haya podido realizar dentro del programa de doctorado ni el 
segundo título de Doctor o Doctora.
Estar en posesión del título de licenciado o licenciada o graduado o graduada en 
Criminología se valorará con 0,20 puntos.
d) Ejercicio efectivo y debidamente acreditado de otras profesiones jurídicas: El 
desempeño de otras profesiones jurídicas se valorará con 0,10 puntos por cada seis 
meses acreditados, hasta un máximo de 1 punto. A estos efectos, se considerarán como 
profesiones jurídicas las de abogado o abogada del estado sustituto o sustituta o la del 
ejercicio libre de la abogacía o la procura.
Las profesiones de Abogacía y Procuraduría de los tribunales se valorarán como 
mérito  únicamente  si  concurren  los  siguientes  requisitos:  alta  y  colegiación  como 
ejerciente  durante  un  tiempo  mínimo  de  tres  años  en  el  colegio  profesional 
correspondiente,  y  acreditación,  mediante  certificación  del  letrado  o  letrada  de  la 
administración de justicia en cada caso, de la intervención como defensa letrada en, al 
menos, quince procedimientos judiciales distintos por cada seis meses que se pretenda 
hacer valer, o como representación procesal en, al menos, ciento veinte procedimientos 
judiciales distintos por cada seis meses que se pretenda hacer valer. s
Si, cursada la solicitud de certificación con indicación concreta y precisa de los  e.
procedimientos de referencia, no fuera cumplimentada en plazo por el órgano judicial,  w.
deberá acompañarse, además de una copia de la solicitud presentada, una declaración  50ww
juradNao  dsee  hvaabloerra arásu, ma idloos  deicfehcat odsir edcec ieósnt ele atrpaadrata od ore, plare psreensttaaccióiónn. de meros servicios de
caosnetseonríidao,  ajusrisídteicnoc iae nj urlaíd iacad moin misteradciaiócnió np únbi liclaa  oqcuuep ancoió ns udpeo npguaens tolas  rdeea l ays eesfoercíati voa   BOE-A-cable e
intervención ante órganos jurisdiccionales en defensa de alguna de las partes.
e) Actividades docentes: La docencia universitaria en las disciplinas de derecho 
constitucional,  penal,  civil,  administrativo,  laboral,  mercantil  y  procesal  se  valorará 
con 0,20 puntos por cada año de ejercicio, hasta un máximo de 1 punto. Para que este 
mérito sea puntuado se exigirá que la docencia se haya prestado como profesor en 
alguna de las modalidades previstas en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. Las distintas modalidades docentes contempladas en dicho 
cuerpo legal tendrán carácter taxativo. Se excluye la docencia impartida en centros 
extranjeros  en  España  conforme  a  los  sistemas  educativos  de  otros  países.  Se 
entenderá por año docente aquel en el que al menos se hubieran impartido 100 horas 
lectivas de docencia.
f) Derecho propio de la comunidad autónoma: El conocimiento del derecho propio 
de la comunidad autónoma, que deberá valorarse sobre la base de los títulos oficiales de 
la autoridad académica correspondiente que supongan un mínimo de 12 créditos o 120 
horas lectivas, se valorará con 0,90 puntos. Solo se tendrá en cuenta la puntuación 
obtenida por este mérito si la plaza solicitada corresponde a la comunidad autónoma en 
la que rija ese derecho propio.
g) Lenguas  cooficiales:  El  conocimiento  de  la  lengua  cooficial  propia  de  la 
comunidad  autónoma  distinta  del  castellano,  acreditado  mediante  un  título  oficial 
expedido por el organismo público competente, se valorará hasta un máximo de 0,90 
puntos. A tales efectos, se establecen tres niveles de conocimiento, básico, medio o 
superior, con una valoración de cada uno de ellos de 0,30 puntos.
Sólo se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por este mérito si la plaza solicitada 
corresponde a la comunidad autónoma en la que dicha lengua tenga carácter cooficial.
2. A igualdad de puntuación, tendrán preferencia quienes tengan mayor tiempo de 
ejercicio efectivo en el desempeño de funciones de sustitución en la carrera fiscal. De 
persistir el empate se resolverá a favor de aquel candidato que hubiera obtenido una 
mejor puntuación en la letra a) del apartado 3.º; si persistiera el empate se resolverá a 
favor de aquella persona candidata que hubiera obtenido mejor puntuación en la letra b) 
y así sucesivamente con el resto de los méritos del apartado 3.º hasta conseguir el 
desempate. Si aun así permaneciera el empate entre los candidatos, estos se ordenarán 
en la lista alfabéticamente, partiendo de la letra inicial de su primer apellido determinada 
por el sorteo que la Secretaría de Estado de Función Pública realiza anualmente para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que 
se celebren durante el año en la Administración General del Estado.
Artículo 21. Causas de exclusión del proceso de selección.
1. Serán causas de exclusión del proceso de selección de abogados o abogadas 
fiscales sustitutos:
a) El cese como abogado o abogada fiscal sustituto por causa de incapacidad, 
incompatibilidad o prohibición contemplado en el apartado e) del artículo 38 si subsisten 
las causas que dieron lugar al mismo.
b) El cese por falta de aptitud o idoneidad como abogado o abogada fiscal sustituto 
de conformidad con lo establecido en el apartado f) del artículo 38.
c) El cese como juez sustituto o jueza sustituta, magistrado o magistrada suplente o 
letrado o letrada de la administración de justicia sustituto por falta de idoneidad o aptitud.
d) La renuncia de la persona interesada a un llamamiento en el periodo de vigencia  es
del nombramiento sin causa justificada o la renuncia, aunque sea justificada, por motivos  o
distintos,  a  dos  llamamientos  consecutivos  en  los  términos  establecidos  en  el  50ww
paarrnotoífcteeua)slc oioió n2Hna8a dl.b 3ece. orla m ssoai dnaocb ioósgnaa ond coei osotna aa fdbuooe graoa  dsaus safcinseccpiaotilnb saleud sdate it ucdtaiosn,c cispeallialnvcaoiró iaqnmu.ee nstee  hpaoyar  csaun ceejleardcoic iloa   OE-A-2022-28able en https://
2. La causa descrita en la letra a) del apartado anterior supondrá la exclusión de la 
persona interesada en todos los procesos de selección que se convoquen de manera 
inmediatamente posterior a su producción, siempre que subsistan las causas que dieron 
lugar al cese.
Las causas establecidas en las letras b) y c) del apartado anterior supondrán la 
exclusión de la persona interesada en los tres siguientes procesos de selección.
La causa establecida en la letra d) del apartado anterior supondrá la exclusión de la 
persona interesada en el siguiente proceso de selección.
3. La comisión de valoración notificará a cada aspirante excluido la resolución 
motivada por la que se le excluya del proceso selectivo.
Artículo 22. Publicación de las listas provisionales.
1. Una vez recibidas las solicitudes, dentro de los dos meses siguientes a la 
finalización  del  plazo  de  presentación  previsto  en  la  convocatoria,  la  comisión  de 
valoración hará pública en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la de las 
fiscalías de las comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área en su 
caso, las listas provisionales, que contendrán una relación de las personas aspirantes 
admitidas en el proceso, la valoración de cada uno de sus méritos y la puntuación total 
obtenida.  Igualmente  figurará  la  relación  de  las  personas  aspirantes  excluidas  con 
indicación de la causa de exclusión.
2. Las personas aspirantes que hubieran optado a plazas de abogados o abogadas 
fiscales sustitutos de distintas fiscalías quedarán incluidos únicamente en la lista de 
aquella fiscalía en la que hubieran obtenido mejor posición.
3. Dentro de los diez días siguientes a la publicación de dichas listas provisionales, 
las  personas  aspirantes  admitidas  y  excluidas  podrán  formular  alegaciones  ante  la 
comisión de valoración.
4. Las personas aspirantes admitidas solo podrán formular alegaciones referidas a 
la valoración de méritos que hayan quedado acreditados, respecto de los cuales no se 
admitirá ninguna documentación complementaria. El referido trámite de alegaciones no 
podrá comportar la invocación ni acreditación de otros méritos distintos de los que se 
hicieron constar en la solicitud.
5. Las personas aspirantes excluidas podrán formular alegaciones sobre la causa 
que ha motivado su exclusión.
Artículo 23. Propuesta de la comisión de valoración.
1. A la vista de las alegaciones formuladas, previa audiencia la persona interesada 
cuando así lo solicite, la comisión de valoración resolverá en un plazo de diez días las 
reclamaciones  y  elaborará  la  propuesta  de  lista  definitiva  de  personas  aspirantes 
seleccionadas de conformidad con el orden de preferencia establecido en el presente 
real decreto, según la puntuación total obtenida, ordenada de mayor a menor, teniendo 
en cuenta, a su vez, el orden de preferencia manifestado por el interesado. La comisión 
de valoración remitirá la citada lista a la persona titular de la Fiscalía General del Estado 
para su publicación en la sede de la Fiscalía General del Estado y en las de las fiscalías 
de las comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área en su caso y a 
efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. La resolución motivada por la que se excluya definitivamente a una persona 
aspirante del proceso será notificada al interesado. e.e
Artículo 24. Propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. 50ww
FiscLaal,  pperorspoonnad rtáit uala rl ad ep elars oFnisac atliítau laGr edneelr aMl dineisl tEersiota ddoe,  pJuresvtiicai aa umdeiedniacniat ed eelx Cpoosnisceiójon 
motivada  el  nombramiento  de  los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  para  el
siguiente año judicial.
CAPÍTULO III
Del nombramiento
Artículo 25. Aprobación de la lista de abogados fiscales sustitutos.
1. A la vista de la propuesta formulada por la persona titular de la Fiscalía General 
del  Estado,  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Justicia  efectuará  o  denegará 
motivadamente los nombramientos y elaborará una lista de abogados o abogadas fiscales 
sustitutos designados para cada fiscalía provincial. Así mismo podrán elaborarse listas 
para las fiscalías de área en las que razones de volumen de plantilla así lo aconsejen.
2. Los  nombramientos  de  los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación expresa de los recursos que 
quepan contra la resolución de nombramiento.
3. Todos los abogados o abogadas fiscales sustitutos nombrados por el Ministerio 
de Justicia para el siguiente año judicial, siempre que no hayan desempeñado con 
anterioridad funciones de sustitución en una fiscalía, deberán acreditar, cuando sean 
llamados, que han superado el curso de formación en formato electrónico que convocará 
al efecto el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. El curso tendrá lugar 
una vez efectuada la publicación de los nombramientos en el «Boletín Oficial del Estado» 
y la superación del mismo será certificada por el Centro de Estudios Jurídicos.
Artículo 26. Lista de reserva general.
1. Cuando por circunstancias extraordinarias derivadas de renuncias de abogados 
o  abogadas  fiscales  sustitutos  designados  o  cuando  el  incremento  de  plantilla  lo 
aconseje, se podrán efectuar nombramientos de nuevos abogados o abogadas fiscales 
sustitutos  para  lo  que  reste  del  año  judicial  entre  las  personas  participantes  que 
presentaron  solicitud  para  tomar  parte  en  la  convocatoria  y  que  no  pudieron  ser 
nombrados por la limitación de plazas. Dichas personas aspirantes integrarán una lista 
de reserva, común a todas las Fiscalías, ordenada conforme a la puntuación obtenida y a 
las fiscalías seleccionadas por los abogados o abogadas fiscales sustitutos.
2. La Fiscalía General del Estado gestionará y dará publicidad suficiente a esta lista 
de reserva.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos que no hayan desempeñado con 
anterioridad funciones de sustitución en una fiscalía y que formen parte de la lista de 
reserva habrán de realizar el curso de formación al que se refiere el apartado 3 del 
artículo 25 desde el momento de su llamamiento y haberlo superado con carácter previo 
a su nombramiento y toma de posesión.
Artículo 27. Prórroga del nombramiento.
1. La persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo 
Fiscal, podrá realizar propuesta motivada a la persona titular del Ministerio de Justicia de 
los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  que  pueden  ser  prorrogados  en  cada 
fiscalía,  por  una  sola  vez,  para  el  siguiente  año  judicial.  En  ningún  caso  serán 
prorrogados en sus funciones los abogados o abogadas fiscales sustitutos que hayan 
sido cesados o cesadas de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título II.
2. A la vista de la propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado,  s
la persona titular del Ministerio de Justicia efectuará o denegará motivadamente la  e.
prórroga del nombramiento. w.
3. La resolución de prórroga de los nombramientos de los abogados o abogadas  50ww
dfisec aloless  rseucsutristuotso sq suee  pquubelipcaanrá  ceonn terla « dBioclheatí nr eOsfoicluiacli ódne.l  ELas tapdróor»r ocgoan  isned ichaacráió ne xetxepnrseivsaa 
gtaemnbeiréanl  reaf elorisd aa beong eald aorstí cou laob aongtaedriaosr  yfi secna llae sl isstuas dtietu rtoess eirnvcalu dideo csa edna  flias claisltíaa  ad ela r qeuseer vsae   BOE-A-cable e
refiere el artículo siguiente.
CAPÍTULO IV
Del llamamiento y de la toma de posesión
Artículo 28. Llamamiento y efectos de la renuncia al mismo.
1. El llamamiento de los abogados o abogadas fiscales sustitutos se efectuará por 
riguroso orden de puntuación entre los nombrados para cada fiscalía. El o la fiscal jefe, 
antes de proceder al llamamiento conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, lo 
someterá  a  la  aprobación  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  que  comprobará  que 
concurren los requisitos establecidos en el presente real decreto y, en particular, que 
existe crédito presupuestario suficiente para proceder al llamamiento.
2. La notificación a quien hubiera sido llamado es competencia, en todo caso, del 
fiscal jefe de la fiscalía en la que se vayan a prestar los servicios, quien lo documentará 
en el correspondiente expediente. En la notificación del llamamiento se hará constar que 
el abogado fiscal sustituto puede cesar en virtud de lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 38.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos dentro del plazo posesorio podrán 
rechazar el llamamiento por causas debidamente justificadas, en cuyo caso pasarán a 
ocupar  el  último  lugar  de  la  lista  de  personas  seleccionadas,  pero  siempre  con 
preferencia a los abogados o abogadas fiscales sustitutos incorporados a la lista de 
reserva. Sin embargo, una vez producida la segunda renuncia consecutiva, siempre que 
no obedezca a la misma causa, se entenderá que renuncian a futuros llamamientos 
durante  la  vigencia  del  nombramiento  y,  en  su  caso,  de  la  prórroga,  y  no  podrán 
participar en el siguiente proceso de selección que se convoque.
Cuando la renuncia obedezca a enfermedad acreditada, riesgo por embarazo, o 
situaciones de nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un 
hijo o hija, o lactancia en los plazos a los que se refieren los correspondientes permisos 
para tales situaciones, el abogado o abogada fiscal que renuncie mantendrá su puesto 
en la lista sin relegación, por tanto, al final de la misma.
4. Cuando los abogados o abogadas fiscales sustitutos no justifiquen el rechazo de 
forma fehaciente se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia 
del nombramiento y, en su caso, de la prórroga y no podrán participar en el siguiente 
proceso de selección que se convoque.
5. El abogado o abogada fiscal sustituto que haya renunciado al llamamiento por 
causa justificada habrá de comunicar al fiscal jefe de la fiscalía correspondiente el cese 
de la causa que le impidió acceder al llamamiento y su disponibilidad para ser llamado 
de nuevo. En otro caso, cuando deba hacer un nuevo llamamiento, el o la fiscal jefe no 
llamará  al  abogado  o  abogada  fiscal  sustituto  que  haya  renunciado,  aunque  le 
correspondiera por turno de orden, hasta transcurrido el plazo de dos meses desde su 
renuncia justificada.
6. Agotada la lista de personas nombradas publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado», el fiscal jefe se dirigirá a la Fiscalía General del Estado para que se le autorice 
el llamamiento de un abogado o abogada fiscal sustituto de los que integran la lista de 
reserva general. Efectuado el llamamiento como abogado o abogada fiscal sustituto de 
una  fiscalía,  si  la  persona  llamada  nombrada  o  renuncia  justificadamente,  quedará 
adscrito a la misma para lo que reste del año judicial y de la prórroga en su caso, 
integrándose  en  la  lista  de  reserva  de  dicha  fiscalía  para  nuevos  llamamientos,  si 
procedieran, por lo que no podrá ser llamada para desempeñar sus funciones en otra  e.e
fiscalía distinta. b
7. Sólo se acudirá para un nuevo llamamiento a la lista de reserva de cada fiscalía  50ww
cnuinagnudnoo  ndoe  lsoesa q upeo shiabylea nq usied or enaolmiceb ralad ossu estnit ulac ilóisnt ao p ulab limcaeddaid ean  deel  «aBpooleyotí no O rfiecfiuael rdzeol 
Estado».
Artículo 29. Toma de posesión y juramento o promesa.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cuyo llamamiento haya sido autorizado 
por la Fiscalía General del Estado tomarán posesión, dentro de los tres días siguientes a 
la recepción de la notificación, ante el o la fiscal jefe correspondiente, quien comprobará 
que no concurre en ellos ninguna de las situaciones previstas en los artículos 57 a 59 de la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal. En caso de estar incursos o incursas en alguna causa de incompatibilidad o 
prohibición, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de este real 
decreto.  En  todo  caso,  los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  deberán  hacer 
manifestación veraz de que no concurre en ellos causas de incompatibilidad.
En el mismo acto prestarán juramento o promesa de guardar y hacer guardar la 
Constitución y las Leyes y desempeñar fielmente las funciones fiscales, si no lo hubieran 
hecho con anterioridad.
CAPÍTULO V
Régimen de incompatibilidades, derechos y deberes de los abogados o abogadas 
fiscales sustitutos
Artículo 30. Incompatibilidades y prohibiciones.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos, durante el ejercicio efectivo de sus 
funciones, estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en 
el capítulo VI del título III de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
2. Los que en el momento de ser llamados o llamadas a prestar servicios en una 
fiscalía vinieren ejerciendo empleo, cargo o profesión incompatible, deberán optar, en el 
acto de toma de posesión, por uno u otro cargo y cesar en la actividad incompatible, 
siempre que, por la naturaleza de esta, puedan ejercer como abogados o abogadas 
fiscales sustitutos en el territorio donde hayan sido nombrados.
Los  abogados  o  abogadas  fiscales  sustitutos  que  desempeñen  alguna  de  las 
actividades descritas en el artículo 57 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, susceptibles de ser compatibles 
deberán solicitar la compatibilidad en el momento de ser publicada la lista para prestar 
servicios en la fiscalía, aportando la documentación justificativa de la misma de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos que hayan emitido declaración 
formal de haber desempeñado actividad, cargo o profesión incompatible conforme a lo 
dispuesto en el apartado d) del artículo 18.1, prestarán especial observancia al deber de 
abstención, comunicando con carácter inmediato al fiscal jefe respectivo toda aquella 
circunstancia que pueda constituir una causa de abstención de conformidad con la 
normativa aplicable.
Artículo 31. Deberes en el desempeño de sus funciones.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cumplirán fielmente las tareas que les  oe.
encomienden, con prontitud y eficacia, conforme a los principios de unidad de actuación  w.
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Asimismo, tendrán la obligación de asistir a las Juntas cuando sean convocados por
el o la fiscal jefe, con voz, pero sin voto. Bc
Artículo 32. Permisos y licencias.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán disfrutar de los siguientes 
permisos y licencias, debidamente adaptados a las particularidades de la naturaleza 
temporal y transitoria de su relación de servicios:
a) De unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles durante cada año 
natural, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio 
durante el año fuere menor, salvo que las necesidades del servicio lo impidan.
b) De una licencia de quince días por razón de matrimonio.
c) De  licencia  en  caso  de  parto,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o 
acogimiento, con la duración y condiciones que establezca la legislación general en esta 
materia.
d) Por  nacimiento,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento,  el 
progenitor o la progenitora distinto de la madre biológica tendrá una licencia de dieciséis 
semanas de duración.
e) Derecho a una reducción de jornada de una hora por lactancia de un hijo o hija 
menor de doce meses.
f) Derecho a reducir la jornada hasta un máximo de dos horas por nacimiento de 
hijos e hijas prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados 
a continuación del parto.
g) Las abogadas fiscales sustitutas embarazadas tendrán derecho a la concesión 
de permiso para la realización de exámenes prenatales y de técnicas de preparación al 
parto.
h) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge, de persona a la 
que estuvieran unidos por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, derecho a una licencia de tres días, cuando 
el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles, si se produce en 
localidad distinta.
Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, 
cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en 
segundo grado de afinidad o consanguinidad.
i) De licencia por enfermedad, habiéndose de comunicar y acreditar esta por el 
abogado o abogada fiscal sustituto al fiscal jefe del que dependa.
2. El régimen retributivo por licencia será el previsto para los miembros de la 
carrera fiscal de conformidad con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se 
regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.
Artículo 33. Formación.
Además de la formación inicial a la que se refiere el artículo 25.3, los abogados o 
abogadas  fiscales  sustitutos  podrán  participar  en  cursos  o  programas  formativos 
relacionados con sus funciones, impartidos por el Centro de Estudios Jurídicos, en su 
modalidad a distancia u online.
Artículo 34. Régimen de Seguridad social.
Una vez efectuada la toma de posesión, se procederá a su inmediata comunicación  e.e
al Ministerio de Justicia, quien procederá a dar de alta al abogado o abogada fiscal  w.b
sustituto en el Régimen General de la Seguridad Social y a los efectos de su inclusión en  50ww
la nómina correspondiente.
Artículo 35. Afiliación en asociaciones para la defensa de sus intereses.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán constituir y formar parte de 
asociaciones  propias  para  la  defensa  de  sus  intereses  profesionales  en  todos  los 
aspectos y de forma análoga al régimen previsto en el artículo 54 de la Ley 50/1981, 
de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para 
las asociaciones profesionales de fiscales.
Artículo 36. Régimen general de retribuciones.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos tendrán derecho a las retribuciones que 
reglamentariamente se determinen, en la parte proporcional al tiempo de sustitución o de 
medida de apoyo o refuerzo desempeñada.
También tendrán derecho a las retribuciones variables previstas en el artículo 13.2 de 
la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial 
y fiscal, siempre que hubiesen realizado sustituciones o medidas de apoyo o refuerzo 
durante todo el semestre al que se refiera dicha retribución.
Artículo 37. Inspección y evaluación.
1. Los y las fiscales superiores y los o las fiscales jefes respectivos ejercerán 
respecto de los abogados o abogadas fiscales sustitutos las competencias de inspección 
y dirección previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuidando de que su actuación se realice con la 
debida atención y diligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo y adoptando en 
cada caso las medidas que resulten oportunas.
2. Si a lo largo del año judicial el o la fiscal jefe comprobara que concurre alguna de 
las circunstancias previstas como causa de cese del abogado o abogada fiscal sustituto 
en los apartados d), e) y f) del artículo siguiente, lo pondrá en conocimiento de la 
Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado mediante un informe motivado, al 
que acompañará toda la documentación en la que se funde.
3. De la misma manera, si el o la fiscal jefe comprobara que el abogado o abogada 
fiscal sustituto pudiera haber cometido alguna de las faltas disciplinarias tipificadas en la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal,  lo  comunicará  inmediatamente  a  la  Inspección  Fiscal.  De  idéntica  manera 
procederán los o las fiscales superiores en el ejercicio de sus funciones inspectoras 
ordinarias.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los o las fiscales jefes remitirán a la Inspección Fiscal 
de la Fiscalía General del Estado, dentro de los treinta primeros días del año natural, un 
informe preciso y detallado sobre la actividad desarrollada por los abogados o abogadas 
fiscales sustitutos que hayan sido llamados a desempeñar sus funciones en la fiscalía.
CAPÍTULO VI
Cese de los abogados o abogadas fiscales sustitutos
Artículo 38. Motivos del cese.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cesarán por alguna de las siguientes 
causas: e.
a) Por transcurso del plazo para el que fueron nombrados o nombradas. 50ww
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c) Por renuncia al cargo aceptada por el o la fiscal jefe respectivo.
d) Por pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos, una vez 
sea firme.
e) Por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de Justicia que 
declare la concurrencia de alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o 
prohibición establecidas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
f) Por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de Justicia cuando se 
advierta en ellos falta de aptitud o idoneidad, bien por dejar de atender diligentemente los 
deberes del cargo o, por el incumplimiento consciente de las funciones propias del cargo, 
sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que hubieran podido incurrir.
g) Por el cumplimiento de la edad de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 201.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 39. Tramitación del cese.
1. En  los  tres  primeros  supuestos,  la  causa  de  cese  se  documentará  en  el 
correspondiente expediente por el o la fiscal jefe, poniendo el mismo en conocimiento de 
la Fiscalía General del Estado. De la misma forma procederá con antelación suficiente a 
la fecha de jubilación para que por la Fiscalía General del Estado se dé traslado al 
Ministerio de Justicia.
2. Cuando se den las causas previstas en los apartados d), e) y f) del artículo 
anterior, por la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, a instancia del fiscal 
superior o del fiscal jefe respectivo, se incoará una información sumaria con el informe 
de estos y la documentación en la que se funde la causa de cese.
3. Incoada la información sumaria y practicadas las diligencias que se consideren 
oportunas, si se estima que pudiera estar justificado el cese, se concederá un plazo de 
ocho días al abogado o abogada fiscal sustituto para que formule las alegaciones que 
estime oportunas y, formuladas estas o transcurrido el plazo concedido sin efectuarlas, 
se oirá al respecto al Consejo Fiscal.
4. La información sumaria concluirá con una resolución motivada de archivo o 
propuesta de cese dirigida por la persona titular de la Fiscalía General del Estado a la 
persona titular del Ministerio de Justicia.
5. La persona titular del Ministerio de Justicia resolverá sobre el cese propuesto y, 
si  lo  acordara,  la  resolución  se  publicará  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  con 
indicación expresa de los recursos que puedan interponerse contra la misma.
6. La tramitación de la información sumaria no se prolongará en ningún caso más 
de seis meses y estará sometida a las normas de procedimiento de las administraciones 
públicas.
CAPÍTULO VII
De la responsabilidad de los abogados o abogadas fiscales sustitutos
Artículo 40. Responsabilidades de los abogados o abogadas fiscales sustitutos.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos estarán sujetos, en todo lo que sea 
adecuado a la naturaleza de su condición, a las mismas responsabilidades penales, 
patrimoniales y disciplinarias que los miembros del Ministerio Fiscal.
Artículo 41. Responsabilidad disciplinaria. bo
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Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fiscal  les  sean  de  aplicación,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad penal o patrimonial que pueda derivar de tales infracciones. Bc
2. Por razón de las faltas cometidas se podrán imponer al abogado o abogada 
fiscal sustituto las sanciones previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con las siguientes particularidades:
a) La separación comportará la revocación de su nombramiento, a cuyo fin la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado remitirá a la persona titular del Ministerio 
de Justicia la correspondiente propuesta.
b) La sanción de advertencia podrá ser impuesta por el fiscal jefe respectivo, previa 
información sumaria con audiencia del interesado.
3. El tiempo máximo para la tramitación del expediente disciplinario será de un año 
y se aplicará el mismo procedimiento y las mismas garantías que al de los o las fiscales 
de carrera.
CAPÍTULO VIII
De la suspensión cautelar
Artículo 42. Suspensión cautelar de funciones.
Ante la gravedad de los hechos que den lugar a la incoación de una información 
sumaria de cese por los supuestos contemplados en los apartados d), e) y f) del 
artículo 38 o a la incoación de un expediente disciplinario a un abogado o abogada fiscal 
sustituto, la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta de quien lo 
instruya en cada caso, podrá acordar la suspensión cautelar de funciones que no podrá 
ser superior a seis meses.
La  resolución  por  la  que  se  acuerde  la  suspensión  cautelar  de  funciones  será 
notificada inmediatamente al Ministerio de Justicia.
Disposición adicional única. Instrucciones generales de la persona titular de la Fiscalía 
General del Estado.
La persona titular de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este real decreto y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, podrá dictar instrucciones de carácter general en relación 
con la organización y gestión de las sustituciones, los criterios de actuación de las 
fiscalías, así como con el contenido de las propuestas de adopción de medidas de apoyo 
o refuerzo.
Disposición transitoria única. Nombramientos vigentes.
Las listas de abogados o abogadas fiscales sustitutos que se encuentren vigentes a 
la entrada en vigor del presente real decreto conservarán su validez hasta la finalización 
del año judicial al que se refiera su vigencia. Los llamamientos, funciones y el estatuto de 
los abogados o abogadas fiscales sustitutos incluidos en dicha lista se regirán por lo 
establecido en este real decreto desde la fecha de su entrada en vigor.
La superación del curso de formación al que se refiere el artículo 25.3 sólo será 
exigible a aquellos abogados o abogadas fiscales sustitutos que sean nombrados de 
acuerdo a los procesos de selección que se convoquen con arreglo a las disposiciones  e
de este real decreto. b
DispQouseicdióan d deerrooggaadtoo rieal  úRneicaal .D eDcererotog a6c3ió4n/2 n0o1r4m, adteiv a2.5 de julio, por el que se regula el
régimen de sustituciones de la carrera fiscal.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la 
Constitución,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  exclusiva  en  materia  de 
Administración de Justicia.
Disposición final segunda. Normativa de aplicación supletoria.
Será de aplicación, en lo no previsto en este real decreto, con carácter supletorio y 
en lo que resulte procedente, lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen de 
sustituciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Justicia,
MARÍA PILAR LLOP CUENCA