BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Martes 16 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 40325
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
6188 Decreto-ley 5/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito de los 
servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19.
I
La Organización Mundial de la Salud declaró, el 11 de marzo de 2020, pandemia 
internacional la emergencia sanitaria global ocasionada por la COVID-19. La situación de 
emergencia de salud pública provocada por la expansión del virus en Europa y en el 
mundo, ha obligado a las diferentes autoridades sanitarias a promover medidas de 
contención extraordinarias, con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso de 
los sistemas públicos de salud.
Desde la declaración de la pandemia, y en el marco de las competencias que le 
atribuye el Estatuto de Autonomía, la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad 
Universal  y  Salud  Pública,  ha  ido  adoptando  de  forma  gradual  diversas  medidas 
excepcionales, que han tenido por objeto limitar la propagación de la COVID-19, y el 
contagio de la ciudadanía.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma, que ha sido 
sucesivamente prorrogado, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.
La  declaración  del  estado  de  alarma  establece  en  todo  el  territorio  del  Estado 
medidas temporales de limitación de la libre circulación de las personas y de contención 
en el ámbito social, educativo, cultural, recreativo, deportivo y de ocio, entre otros, con el 
fin de proteger la salud de la ciudadanía y reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Las  medidas  de  contención  y  las  limitaciones  a  la  movilidad  han  provocado 
alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de servicios públicos, como 
por ejemplo los sociales, y han generado disrupciones graves en la mayor parte de los 
sectores de este ámbito, que han sufrido con la limitación de las diferentes actividades 
de servicios, y que en muchos casos se han tenido que reprogramar para atender a las 
urgencias sociales provocadas por esta crisis.
Ante esta situación excepcional, es una obligación de los poderes públicos garantizar 
el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente 
aquellos que se derivan de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
Así mismo, constituye un deber de las autoridades públicas procurar que las medidas 
adoptadas  no  produzcan  daños  irreversibles  en  el  tejido  social,  impulsando  las 
actuaciones  urgentes  y  excepcionales  que  sean  necesarias  para  paliar  los  efectos 
negativos de la limitación de la movilidad y de la suspensión de gran parte de la 
actividad,  pero  también  de  la  adaptación  de  las  actuaciones  una  vez  finalice  esta 
situación.
II
En el ámbito social, la suspensión de la actividad presencial en la gran mayoría de 
los programas que se desarrollan, ha supuesto para las administraciones y para el tercer  e.
sector un reto sin precedentes. w.b
El tercer sector de acción social representa una esfera clave en las democracias  88ww
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ocupación de calidad, feminizado, sostenible, con valor añadido y no deslocalizable 
fundamental en la economía valenciana.
Los esfuerzos iniciales se han centrado en garantizar el derecho fundamental a la 
atención social constitucionalmente reconocido, especialmente en lo que se refiere a las 
prestaciones esenciales, con la adopción de medidas de emergencia, como por ejemplo 
una dotación presupuestaria excepcional para los servicios sociales municipales. Así 
mismo, se han adoptado medidas excepcionales con el objeto de paliar la incidencia 
negativa, derivada de la suspensión de los procedimientos administrativos, como por 
ejemplo  las  prórrogas  de  los  títulos  de  familia  numerosa  y  monoparental  o  de 
reconocimiento del grado de discapacidad.
Atendidas las necesidades inmediatas, y en el marco de las medidas administrativas 
y de contención fijadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hay que adaptar 
los mecanismos necesarios para afrontar la situación de emergencia social que ya 
estamos viviendo y que se derivará una vez finalice el estado de alarma.
En el ámbito de las actuaciones en el ámbito social, las medidas de contención 
adoptadas y la cancelación de actividades que suponen el contacto presencial, han 
significado la readaptación de los programas que desarrolla el tercer sector, para dar 
respuesta a las necesidades urgentes de los colectivos más vulnerables con los que 
trabajan,  una  situación  que  dificulta  la  ejecución  y  justificación  de  las  actividades 
realizadas en el marco de las subvenciones otorgadas por las diversas administraciones 
públicas.
Por eso, y además de poner en marcha medidas que favorecen la reprogramación y 
la reactivación de los proyectos, así como de las actividades objeto de la subvención, 
resulta necesario adoptar medidas de flexibilización en los procedimientos de ejecución y 
justificación de las actividades subvencionadas; medidas que, respetando las garantías 
que necesariamente tienen que adoptarse en el otorgamiento de subvenciones públicas, 
puedan contribuir a conservar puestos de trabajo y mantener la viabilidad económica de 
las entidades del tercer sector, cuyo papel es fundamental en estos momentos.
Esta norma tiene la finalidad de establecer medidas de flexibilización necesarias para 
favorecer el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones, evitando producir a las 
personas y entidades beneficiarias un perjuicio añadido a los efectos desfavorables de 
las restricciones impuestas por el estado de alarma y con el fin de dar respuesta a las 
necesidades  detectadas  en  la  crisis  social  y  económica  consecuencia  de  la  crisis 
sanitaria de la COVID-19. Esta flexibilización podrá contemplar el contenido de las 
actuaciones a realizar, el plazo y forma de ejecución y justificación de las mismas, así 
como en el anticipo del total de las cantidades concedidas.
III
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, faculta al 
Consell a adoptar, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, decretos leyes 
sometidos a debate y votación en las Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 
de la Constitución Española.
La adopción de medidas urgentes mediante un decreto ley ha sido avalada por el 
Tribunal Constitucional, siempre que exista una motivación expresa y razonada de la 
necesidad  y  de  la  urgencia,  que  permita  constatar  la  inoperancia  de  las  medidas 
adoptadas, si se dilatara la adopción de estas mediante la tramitación ordinaria de otros 
instrumentos normativos. s
Esta necesidad inaplazable surge, tal como requiere la jurisprudencia del Tribunal  e.
Constitucional, «por razones difíciles de prever que requieran una acción normativa  w.
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el  88ww
dperol cjeudicimioi epnotolít idceo  uyr gdeen coiap opraturnai dlaa dt raqmueit accoiórnre sppaorlnadmee natla rGiao bdiee rlnaos  yle yqeuse» , syu psoen ed eurinvaa 
ordenación de las prioridades de actuación que requiere la situación de emergencia.
La  expansión  de  la  pandemia  de  la  COVID-19,  y  las  medidas  de  contención 
adoptadas por las autoridades sanitarias y por el Real Decreto 463/2020, justifican las 
circunstancias imposibles de prever y la necesidad de adoptar las medidas ya expuestas.
La emergencia social derivada de la crisis de la COVID-19, requiere de la adopción 
de medidas que contribuyan a que la intervención social que realizan las entidades del 
tercer sector, cuyo sostenimiento en gran parte se deriva de la actividad subvencionada 
por parte de las administraciones públicas, no se vea afectada y, de hecho, se pueda 
facilitar su actuación en estos momentos de gran necesidad. Ello justifica la urgencia y la 
legitimación para dictar un decreto ley que alcance «los objetivos marcados para el 
gobierno del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una 
acción normativa inmediata».
Por otro lado, la elaboración de la norma ha sido presidida por los principios de 
buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido, los principios de necesidad, de eficacia y de eficiencia han quedado 
acreditados con la exposición motivada de las razones de interés general que justifican 
la adopción de las medidas y la finalidad perseguida por cada una de ellas, evitando, así 
mismo, que las medidas adoptadas generen cargas innecesarias para las personas 
físicas  y  jurídicas  afectadas  por  estas.  Así  mismo,  de  acuerdo  con  el  principio  de 
proporcionalidad,  el  decreto  ley  contiene  la  regulación  imprescindible  para  la 
consecución de los objetivos expuestos.
De conformidad con el principio de seguridad jurídica, se ha velado por la coherencia 
de  la  norma  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  y,  en  cuanto  al  principio  de 
transparencia,  se  ha  prescindido  de  los  trámites  de  consulta  pública,  audiencia  e 
información  pública,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  excepcional  y  urgente 
consustancial a los decretos leyes, de acuerdo con lo que establece el artículo 133.4, de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Haciendo uso del artículo 44.4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se 
aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el 
artículo 28.c) de la Ley 30/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a 
propuesta conjunta de la Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, y del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, y previa deliberación del 
Consell, en la reunión de 29 de mayo de 2020, decreto:
Artículo único.  Régimen excepcional de ejecución de subvenciones en el ámbito de los 
servicios sociales.
En relación con las líneas de subvención identificadas en el anexo, y de aquellas 
otras que se aprueben en 2020 para entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los 
servicios sociales para paliar las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19:
1.  Se amplía hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo de realización de actuaciones 
subvencionables de los proyectos vinculados a las líneas de subvención referidas.
2.  Se anticipará el 100% del importe de la ayuda concedida, sin que sean de 
aplicación ni la limitación del artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; ni 
las excepciones del artículo 44 de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2020. e
Disposición final primera.  Habilitación. 88ww
desaSrero fllaacru ylt ae jeac ulata Vr iecsetper edseicdreentota-l eyy .Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas para
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana».
València, 29 de mayo de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–La 
Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra 
Jarque.–El Conseller de Hacienda y Modele Económico, Vicent Soler i Marco.
ANEXO
Línea Denominación Beneficiarios previstos
S5150000 Fomento de la Igualdad y del Asociacionismo de Mujeres. Entidades sin ánimo de lucro.
Programas de atención a mujeres en situación de exclusión  Entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales especializados 
S5340000
social. en mujer.
S1331000 Programa para la igualdad y la inclusión del pueblo gitano. Entidades sin ánimo de lucro.
Programas para la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, 
S5151000 Entidades sin ánimo de lucro.
bisexuales e intersexuales.
S5169000 Convenio Fundación Secretariado Gitano. Entidades sin ánimo de lucro.
S6489000 Programa escuelas de familias. Entidades sin ánimo de lucro.
S6735000 Programa de igualdad de trato y no discriminación. Entidades sin ánimo de lucro.
S7108000 Programas de promoción de la diversidad familiar. Entidades sin ánimo de lucro.
Programas acogimiento e intervención comunitaria para la 
S7672000 Entidades sin ánimo de lucro.
inclusión de personas migrantes.
S1121000 Programa Piloto de Patrocinio Comunitario’. Entidades sin ánimo de lucro.
S1827000 Programas de desarrollo comunitario. Entidades sin ánimo de lucro.
S6583000 Desarrollo del Voluntariado. Entidades sin ánimo de lucro.
S1327000 Centros de Día privados Infancia y Adolescencia. Entidades sin fin de lucro.
Programas de prevención y protección a la infancia y 
S4976000 Entidades sin ánimo de lucro de infancia y adolescencia.
adolescencia.
S5161000 Estancias vacacionales. Entidades sin ánimo de lucro.
S2188000 Programas de tercera edad y Asociacionismo. Instituciones sin fin de lucro.
S2737000 Actuaciones Enfermedades Neurodegenerativas. Entidades sin fin de lucro.
Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la 
S5245000 Fomento asociaciones y entidades juveniles.
juventud con ámbito de actuación a la CV.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8829, de 8 de junio de 2020)