BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Martes 28 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 30514
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4691 Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para  la  tramitación  de  las  bases  reguladoras  y  normativa  específica  de 
subvenciones,  la  ejecución  de  determinadas  prestaciones  de  contratos 
administrativos  y  la  selección  de  personal  temporal  mediante  bolsas  de 
trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo 
para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, que, hasta el momento, ha sido prorrogado en dos ocasiones.
De  conformidad  con  el  artículo  6  del  citado  Real  Decreto,  cada  Administración 
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de 
sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las 
órdenes directas de la autoridad correspondiente. A esta norma, le han seguido una 
cascada de disposiciones adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan 
actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por 
razón  de  las  circunstancias  tanto  sociales  como  económicas  que  ha  generado  la 
situación. Así, en Extremadura se han dictado ya medidas en los ámbitos sanitario, 
educativo,  comercial,  del  empleo,  de  los  servicios  sociales,  de  la  función  pública, 
tributario, en materia de subvenciones y de los servicios públicos básicos.
En  esta  línea,  y  tratándose  de  una  situación  excepcional,  se  han  aprobado  y 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura hasta el momento cinco normas con rango 
de decreto-ley.
No obstante, dada la evolución de la situación sanitaria, la Junta de Extremadura 
considera  ineludible  seguir  arbitrando  medidas  urgentes  y  excepcionales, 
complementarias de las anteriores.
La incierta extensión de la pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un 
impacto negativo en nuestra economía, cuya cuantificación está sometida a un elevado 
nivel de incertidumbre. En estas circunstancias resulta esencial procurar minimizar en lo 
posible el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la 
situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y 
evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural.
Por otra parte, en una situación crítica como la actual, el ámbito de la investigación, 
desarrollo  e  innovación  científica  también  se  ha  visto  seriamente  afectado.  Las 
restricciones de movilidad y las medidas de cierre de centros de trabajo que ha sido 
necesario  implantar  están  afectando  profundamente  al  desarrollo  de  los  diferentes  s
proyectos  de  investigación  subvencionados  por  la  Junta  de  Extremadura  en  las  e.
entidades públicas beneficiarias. Igualmente, y por los mismos motivos, se ven afectados  w.
los programas de formación de personal investigador. 91ww
II
En primer lugar y en aras a apoyar la continuidad en la actividad productiva y el 
mantenimiento  del  empleo,  en  el  artículo  1  del  presente  decreto-ley,  desde  la 
Administración autonómica se adoptan nuevas medidas en apoyo de autónomos, 
pymes y empresas en general, y de las entidades públicas que, en el ámbito de la 
investigación, desarrollan actividades de I+D+i. Y se lleva a cabo con base en las 
competencias determinadas por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 
que,  en  su  artículo  9.1.7  establece  la  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad 
Autónoma en materia de fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad 
Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional. Además, el 
propio artículo 9.1, pero en su apartado 22 determina la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de investigación, desarrollo e innovación científica y 
técnica, en coordinación con el Estado y en cuanto a la coordinación de la actividad 
investigadora financiada con fondos públicos de la Comunidad Autónoma.
Recordemos que el artículo 5 del Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder 
al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 establecía la posibilidad que fuesen 
dictadas  reglas  para  efectuar  las  modificaciones  precisas  en  el  cumplimiento  y 
acreditación de aquellos requisitos y condiciones previstos en las bases reguladoras y 
las convocatorias e impuestos en las resoluciones de concesión, cuya ejecución, a 
consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el estado de 
alarma declarado, resulte imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos, 
pudiendo ello causar un grave perjuicio a los derechos o intereses de las personas 
beneficiarias. Con base en tal decreto-ley, por parte de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital fue elaborada la Orden de 7 de abril de 2020 en la que se 
establecen tales reglas respecto a las subvenciones del ámbito de la Dirección General 
de Empresa. El ámbito de aplicación del artículo 5 del Decreto-ley 3/2020 se refiere a 
subvenciones  ya  concedidas,  así  como  a  aquellos  expedientes  vinculados  a 
convocatorias de subvenciones efectuadas y pendientes de resolver a la entrada en 
vigor del estado de alarma. Sin embargo, el objeto del artículo 1 del presente decreto-ley 
es agilizar la tramitación de nuevos programas de ayudas y subvenciones que se puedan 
habilitar para paliar, en la medida de lo posible, la grave situación de autónomos y 
empresas como consecuencia de la crisis sanitaria y también la recuperación de la 
actividad de I+D+i. Por ello, se prescinde de varios trámites en el procedimiento de 
tramitación de las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a tales fines, con el 
objetivo de que se publiquen cuanto antes las convocatorias correspondientes.
Asimismo, se incluye en este artículo 1 a la actividad de los Agentes económicos y 
sociales  en  su  conjunto,  dada  la  importancia  que  los  mismos  representan  como 
instrumentos de gestión pública necesarios que a través de la actividad financiera del 
sector público supone la concesión de subvenciones. Ello permitirá dar respuesta a las 
demandas sociales y económicas del sector empresarial, desarrollando adicionalmente 
su labor de interlocución en los procesos de concertación y planificación de actuaciones 
y políticas socioeconómicas que decida acometer la Junta de Extremadura. Así, la 
importancia  del  significado  que  nuestra  Constitución  otorga  a  las  Organizaciones 
Sindicales  y  Asociaciones  Empresariales  en  la  participación  institucional  como 
instrumentos de gestión pública, se manifiesta en varios preceptos, y de forma singular 
en el título preliminar, que en el artículo 7 establece que «los sindicatos de trabajadores y  e.
las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses  w.b
económicos y sociales que les son propios». Esta previsión constitucional tiene su  91ww
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de cohesión y desarrollo».
Por otra parte, el artículo 2 trata de hacer frente a la situación producida por la 
imposibilidad material de impartir actividades de modo presencial en la ejecución de 
contratos administrativos consistentes en programas formativos, de asesoramiento o 
consultoría, dirigidos a emprendedores, autónomos o empresas. Por ello, a fin de que 
pueda cumplirse el objeto del contrato, se habilita la posibilidad de que los contratistas 
soliciten impartir tales actividades mediante teleformación. Ha de tenerse presente 
que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, otorga a la Comunidad, 
en el artículo 9.1.1, la competencia exclusiva en materia de creación, organización, 
régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, la organización de su propia 
Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan. Además de 
ello,  conforme  al  artículo  10.1.1  del  mismo  Estatuto  nuestra  Comunidad  tiene  la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y contratación del sector público.
Con la medida del artículo 3 se propicia la aceptación de las ofertas de trabajo, 
garantizando al trabajador que acepta en las difíciles condiciones actuales, un puesto de 
trabajo y que previsiblemente pudiera tener una duración superior a 3 meses, que no va 
a  salir  perjudicado  en  sus  expectativas  laborales  presentes  ni  futuras,  pues  se 
reincorporará a la lista de espera en la posición que le correspondería por orden de 
puntuación. Se trata simplemente de la suspensión de su vigencia, no de su derogación, 
para lo cual se considera necesario e imprescindible acudir a la figura del decreto-ley 
dada la necesidad de inmediatez de la medida propuesta. La Comunidad Autónoma de 
Extremadura  tiene  competencias  en  el  ejercicio  de  la  competencia  de  desarrollo 
normativo y ejecución en cuanto al régimen estatutario de los empleados públicos, en 
virtud de lo dispuesto en artículo 10.1.1 del Estatuto de Autonomía, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  medidas  que  deben  adoptarse  con  la  mayor 
celeridad  posible  y  que  no  pueden  esperar  a  una  tramitación  administrativa  y 
parlamentaria ordinarias, a fin de hacer frente a las situaciones citadas con la mayor 
prontitud posible.
III
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de 
Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad 
de  las  circunstancias  en  la  que  nos  encontramos,  nadie  duda  de  la  extraordinaria 
necesidad de recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a 
contener dicha situación, y en esta especial gravedad, además, es necesario una rápida 
actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que permite 
una actuación de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las 
circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente vienen a 
justificar la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren 
en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación 
parlamentaria, puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y 
perdería su esperada eficacia, en tal caso.
La medida del artículo 1 se adopta por razones de interés público con la finalidad de  s
prescindir  de  la  realización  de  determinados  trámites  que,  de  llevarse  a  cabo,  e.
ralentizarían  la  consecución  de  los  objetivos  pretendidos.  Objetivos  que  deben  ser  w.
cumplidos en estos momentos y que no pueden esperar a una tramitación ordinaria en  91ww
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marzo, de Participación Institucional de los Agentes Sociales más representativos de 
Extremadura, alcanzan mayor sentido en la situación generada por el COVID-19, donde 
su intervención, asesoramiento y opinión resulta vital para resolver de una forma ágil e 
inmediata las necesidades de las empresas y autónomos y, en consecuencia, permiten 
que las decisiones que se adopten sean adecuadas para el sector al que se dirigen. Por 
lo tanto, esas subvenciones y ayudas es necesario incluirlas en el artículo 1 del presente 
decreto-ley.
Lo  pretendido  con  el  artículo  2  debe  ser  de  aplicación  inmediata  por  razones 
sanitarias y de salud pública, por razones obvias. Se trata de evitar la propagación de la 
pandemia y evitar nuevos contagios. Luego será demasiado tarde.
Con el artículo 3 se pretende disponer de los recursos humanos necesarios, en 
cantidad y calidad, para hacer frente a las necesidades surgidas como consecuencia de 
la situación epidemiológica, especialmente en los centros sociosanitarios, es vital para el 
mantenimiento de un nivel adecuado de los servicios públicos que esta Administración 
tiene encomendados, para lo cual, se hace necesario suspender, durante el tiempo que 
dure esta situación, la aplicación de determinados preceptos normativos que pudieran 
llegar a disuadir a potenciales trabajadores de aceptar la oferta de trabajo ofrecida por la 
Administración.  Al  adoptar  esta  medida  los  potenciales  empleados  públicos  verán 
aumentadas sus expectativas de estabilidad laboral y, en consecuencia, se mostrarán 
más proclives a aceptar las ofertas de trabajo, coadyuvando a la erradicación de la 
pandemia. La tramitación ordinaria de una modificación del Decreto 201/1995, de 26 de 
diciembre, haría perder la finalidad de la misma.
Por lo tanto, la norma cumple los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 
del Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la numerosa jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, 
en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de 
marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6 , y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo 
a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de 
prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes»).
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de  necesidad  y  eficacia,  al 
establecerse  una  identificación  clara  de  los  fines  perseguidos  y,  por  ello,  ser  el 
instrumento  más  adecuado  el  decreto-ley  para  garantizar  la  consecución  de  estos. 
Asimismo, preside la norma el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados  e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, al establecer claramente el marco 
normativo de actuación y garantizar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque no se 
imponen cargas administrativas.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  a  propuesta  conjunta  de  la  Vicepresidenta 
Primera  y  Consejera  de  Hacienda  y  Administración  Pública  y  del  Consejero  de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en  s
su sesión de 17 de abril de 2020, dispongo: oe.
Artículo  1.  Especialidades  en  la  tramitación  de  bases  reguladoras  y  normativa  91ww
específica de subvenciones.
y noDrmuraatnivtea  eels pperecsífeicnate d eej esrucbicvioe npcrieosnuepsu ye satayuridoa, se np úlab ltircaams itqauceió ens dtéen b vaisnecsu laredgausl acdoonr aesl 
desarrollo económico y social de la región, así como las que vayan dirigidas de manera
directa a paliar los efectos causados por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 en 
las empresas y autónomos, en su actividad productiva; a la actividad de los Agentes 
económicos y sociales; y a las entidades públicas que desarrollan actividades de I+D+i, 
se entenderá que concurren graves razones de interés público para prescindir de la 
realización de los trámites de presentación de sugerencias, consulta pública previa, 
audiencia e información pública. Los informes acerca del régimen de pagos anticipados o 
a cuenta y exención de garantías al que se refiere el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el 
informe vinculante de Fondos europeos al que se refiere el artículo 13.1 de la Ley 
1/2020,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  para  2020,  se  entenderán 
favorables si no consta oposición expresa al mismo emitida en el plazo de cinco días 
desde su solicitud. Tampoco será preciso recabar informes preceptivos establecidos por 
la legislación autonómica salvo el de la Abogacía General y la Intervención General de la 
Junta de Extremadura.
Artículo 2.  Medidas excepcionales en la ejecución de determinadas prestaciones de 
contratos administrativos.
En la ejecución de los contratos administrativos celebrados por la Administración de 
la  Comunidad  Autónoma  y  su  sector  público  referidos  a  la  puesta  en  marcha  de 
programas  formativos,  de  asesoramiento  o  consultoría,  dirigidos  a  emprendedores, 
autónomos o empresas, cuando la realización de actividades de carácter presencial 
resulte manifiestamente imposible como consecuencia de las medidas adoptadas para la 
gestión de la crisis sanitaria, podrá llevarse a cabo tal actividad, mientras perduren los 
efectos de la referida crisis sanitaria, podrá llevarse a cabo a distancia o mediante 
teleformación si así lo autoriza el responsable del contrato tras solicitud de la empresa 
contratista. Ello podrá tener lugar en los casos en los que sea técnicamente posible y no 
suponga una modificación del precio establecido.
Artículo 3.  Medidas excepcionales en relación con la selección de personal temporal 
mediante bolsas de trabajo.
Los  aspirantes  que  pertenezcan  a  las  bolsas  de  trabajo  de  cualquier  cuerpo/
categoría y especialidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que, durante el tiempo que se encuentre vigente el estado de alarma, 
aceptaran una oferta de trabajo dirigida a dar respuesta a las necesidades derivadas de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalice el contrato 
laboral o nombramiento interino se reincorporarán a la correspondiente bolsa en la 
posición que les corresponda aunque la duración del contrato o nombramiento exceda 
de tres meses, excepcionando así lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 29 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  aprobado  por  Decreto  201/1995,  de  26  de 
diciembre.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución. e.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas  91ww
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necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 17 de abril de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 75, de 20 de abril de 2020)