BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Lunes 9 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 98147
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13912 Sala Segunda. Sentencia 140/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 3499-2019. Promovido por don Fulgencio Solano Rodríguez y doña 
Eloísa Mira Rodríguez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de  primera  instancia  de  Cartagena  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): 
STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:140
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3499-2019, promovido por don Fulgencio Solano 
Rodríguez  y  doña  Eloísa  Mira  Rodríguez,  quienes  actúan  representados  por  la 
procuradora de los tribunales doña Cristina Sarmiento Cuenca y bajo la dirección del 
letrado don Carlos Francisco García Gil, contra la providencia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de Cartagena, de fecha 3 de junio de 2019, dictada en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 119-2014, por la que se desestimó el incidente de nulidad 
de actuaciones promovido por la demandantes, en fecha 31 de mayo de 2019. Ha 
comparecido la entidad Bankia, S.A., representada por la procuradora de los tribunales 
doña María Isabel Díez Almodóvar y asistida del letrado don Mariano Cartagena Sevilla. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  En fecha 5 de junio del 2019, la procuradora de los tribunales doña Cristina 
Sarmiento Cuenca, en nombre y representación de Fulgencio Solano Rodríguez y doña 
Eloísa Mira Rodríguez y con la asistencia del letrado don Carlos Francisco García Gil, 
interpuso demanda de amparo contra las resolución mencionada en el encabezamiento 
de esta sentencia.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes: es
a)  En fecha 18 de marzo de 2014, la entidad Bankia, S.A., presentó demanda de  w.
ejecución  hipotecaria  contra  don  Fulgencio  Solano  Rodríguez  y  doña  Eloísa  Mira  912ww
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la calle del Hospital núm. 11 de los Barreros, término municipal de Cartagena, inscrita en 
el Registro de la Propiedad núm. 2 de Cartagena, al tomo 2595, libro 598 de San Antón, 
folio 182 y finca 44.289.
Añade la entidad referida que desde el mes de julio de 2013 se hallaban pendientes 
de  pago  las  cuotas  de  amortización  o  preamortización  del  préstamo  con  garantía 
hipotecaria suscrito por los arriba indicados. Y como en el contrato a que se ha hecho 
mención se señalaron diferentes motivos de resolución, entre ellos, la falta de pago de 
una cuota cualquiera de amortización o preamortización, incluidos todos los conceptos 
que la integran, es por lo que interesó que se tuviera por interpuesta demanda ejecutiva 
contra el bien hipotecado.
b)  Dicha  demanda  fue  admitida  a  trámite  y  dio  lugar  a  la  incoación  del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 119-2014 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de Cartagena. Por de auto de fecha 5 de febrero de 2015 se acordó despachar 
ejecución a favor de la entidad demandante por un importe de 112 887,95 € de principal, 
805,51 € de intereses ordinarios vencidos, 15,88 € de intereses de demora vencidos más 
los que venzan hasta el límite pactado y un máximo de 5685,26 € para costas, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el art. 575.1 bis de la Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC).
c)  En fecha 14 de junio de 2016, los demandantes de amparo interesaron del Ilustre 
Colegio de Abogados de Cartagena que les fuera reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. Por decreto de fecha 16 de junio de 2016 se acordó suspender el curso 
de las actuaciones, hasta en tanto no se produjera el reconocimiento o la denegación del 
derecho a litigar gratuitamente y, en su caso, se procediera a la designación provisional 
de abogado y procurador.
d)  Por diligencia de ordenación de 14 de octubre de 2016 se tuvo por designados, 
como abogado y procurador de los demandantes de amparo, a las personas nombradas 
por los correspondientes colegios profesionales.
e)  Por decreto de 14 de octubre de 2016, se acordó sacar a subasta el inmueble al 
que anteriormente se ha hecho mención. Declarada desierta la subasta, por no haber 
concurrido ningún postor, por decreto de 24 de enero de 2018 se acordó que el mismo 
fuera adjudicado a la entidad Bankia, S.A., por el 60 por 100 del valor de tasación del 
inmueble.
f)  En virtud de diligencia de ordenación de 20 de febrero de 2019, se señaló como 
fecha  de  lanzamiento,  para  el  caso  de  que  los  recurrentes  no  desalojaran 
voluntariamente la finca adjudicada, el día 2 de abril de 2019, a las 11:30 horas. Dicha 
diligencia fue suspendida para la fecha antes indicada, señalándose nuevamente para el 
día 6 de junio de 2019, a las 10:00 horas.
g)  Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2019, los demandantes de amparo 
interesaron que se tuviera por designado a don Carlos Francisco García Gil como nuevo 
abogado.  Por  diligencia  de  ordenación  de  fecha  3  de  junio  de  2019  se  tuvo  por 
designado al referido letrado.
h)  En fecha 31 de mayo de 2019, los recurrentes interpusieron incidente de nulidad 
de actuaciones al amparo de lo dispuesto en el art. 228 LEC, en el que alegaron la 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Tras 
sintetizar  el  actual  régimen  jurídico  al  que  se  sujeta  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, sostienen que, conforme al principio de primacía del Derecho comunitario, 
el juez nacional está facultado y obligado a aplicar el referido ordenamiento con carácter 
prevalente al Derecho nacional. En sintonía con este principio, destacan que una de las  s
constantes de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiste en  oe.
permitir que el juez nacional pueda, aun cuando no haya sido alegado por las partes,  w.
declarar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales cualquiera que sea el tipo de  912ww
pqruoec eddicimhoie tnrtibou yn aclu arelqcuuieerrdaa q quuee s eeal  clao nfatrsoel  ddee l opfricoicoe d«inmoi esnet oc oennf iqguuera s ec osmusoc uiten.  dAeñraedcehno 
del juez sino como una verdadera obligación», de suerte que no existen límites de
procedimiento o de plazos para llevar a cabo esa revisión. Refieren también que ese 
criterio ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional en su reciente STC 31/2019.
Más adelante, ponen de relieve la situación de emergencia y alarma social en la que 
se encuentran, dado los escasos recursos económicos con que cuentan, los problemas 
de salud que aquejan al demandante y la avanzada edad de ambos. También invocan el 
derecho a una vivienda adecuada que la CE reconoce (art. 10.2 CE), en sintonía con lo 
establecido  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados 
internacionales suscritos por España.
En relación con la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), los demandantes sostienen que la cláusula decimoséptima 
del contrato de préstamo hipotecario, tanto del contrato originario como de las sucesivas 
escrituras de ampliación y novación es abusiva y, por tanto, interesan que el órgano 
judicial declare su nulidad por tal motivo. El tenor de dicha cláusula, según se refleja en 
el incidente de nulidad, es el siguiente:
«El préstamo se considerara vencido y consiguientemente resuelto y la caja podrá 
ejercitar las acciones de todo tipo, incluso judiciales y de ejecución que correspondan 
frente  al  prestatario  y  demás  obligados  en  razón  del  presente  contrato  o  como 
consecuencia de las garantías prestadas a favor de la caja que podrá reclamar las 
cantidades adeudadas, tanto vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses 
incluso los de demora, gastos y costas procesales en los que se incluirán los honorarios 
de letrado y derechos de procurador, en los casos siguientes:
a)  La falta de pago de una cuota cualquiera de amortización incluidos todos los 
conceptos que la integran, solicitando expresamente las partes la constancia de este 
pacto en los libros del registro de la propiedad.
b)  El impago de un recibo de contribución o impuesto que grave la finca o fincas 
hipotecadas, aun cuando la prima o el recibo de contribución hayan sido pagados por la 
caja [...]».
En apoyo de dicha pretensión, los demandantes invocan la doctrina del Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea  en  la  interpretación  de  los  arts.  6  y  7  de  la 
Directiva 91/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (entre otras, SSTJUE de 26 de enero de 2017, 
asunto C-421/2014, y de 26 de marzo de 2019, asuntos acumulados C-70/2017 y 
C-179/2017);  la  doctrina  constitucional  reflejada  en  la  STC  31/2019  ya  citada; 
resoluciones de órganos judiciales nacionales; amén de la normativa que consideraron 
aplicable al caso.
i)  Por  providencia  de  fecha  3  de  junio  de  2019,  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones interpuesto obtuvo la siguiente respuesta: «no ha lugar a su admisión a 
trámite por preclusión, al no haber sido denunciada la abusividad de las cláusulas 
contractuales en su momento procesal oportuno (artículos 228.1 párrafo primero, 136 
y 207 LEC)».
3.  En su demanda de amparo, los recurrentes alegan que la providencia de fecha 3 
de junio de 2019, en cuya virtud fue inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones 
interpuesto en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 119-2014, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Cartagena, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin  indefensión  (art.  24.1  CE).  Sostienen  que  en  el  referido  incidente  de  nulidad 
invocaron el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado del contrato de  e.
préstamo  hipotecario,  del  que  trajo  causa  el  referido  procedimiento  judicial,  y  la  w.
consiguiente nulidad de la misma. Frente a esa alegación, el órgano judicial se limitó a  912ww
adfeirnmuanrc iaqduae  leal  apblaunstievaidmadie ndtoe  dlaes  ecslaá upsurelatesn scioónnt rahcatbuíaal epsr eecnlu ideol , maol mneon thoa bperor cesisdaol 
oportuno.
Los recurrentes recuerdan que la preclusión procesal apreciada por el órgano judicial 
fue rechazada en la STJUE de 26 de enero de 2017 (asunto Banco Primus), pues según 
la interpretación que dicha sentencia llevó a cabo respecto de la Directiva 93/13/CEE, se 
exige que «las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en 
un anterior control judicial del contrato controvertido, concluido con la adopción de una 
resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a 
instancia de parte o de oficio». Así pues, aquellos consideran que la respuesta dada por 
el órgano judicial no tiene en cuenta la primacía del Derecho europeo, al haber obviado 
conocer sobre la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, incurriendo, por 
ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de la norma aplicada al proceso.
Destacan que en el incidente de nulidad de actuaciones se denunció, además de la 
abusividad de la cláusula referida y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), que en las ejecuciones masivas llevadas a cabo por las entidades 
financieras también se vulnera el derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47 CE), 
en relación con el art. 11.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales.
A  continuación,  en  el  escrito  de  demanda  se  transcribe  en  su  integridad  la 
fundamentación jurídica de la STC 31/2019, de 28 de febrero, sin formular consideración 
adicional alguna en relación con el presente caso. Finalmente, interesan la estimación 
del presente recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE); la nulidad de la providencia de 3 de junio de 2019; así 
como la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente a esta resolución, a 
fin  de  que  se  dicte  una  nueva  que  sea  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
vulnerado. Por otrosí, solicitaron la suspensión del lanzamiento, a fin de evitar daños y 
perjuicios de imposible o difícil reparación.
Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2019, los recurrentes solicitaron que, 
con carácter urgente se acordara la suspensión cautelar del lanzamiento, dado que dicha 
diligencia se había señalado para el día 31 de octubre del 2019, a las 11:30 horas.
4.  Por providencia de 15 de octubre de 2019, la Sección Tercera del Tribunal 
Constitucional  acordó  la  admisión  a  trámite  del  presente  recurso,  al  apreciar  que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC)],  toda  vez  que  el  asunto  suscitado 
transciende del caso concreto, al plantear una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión económica y social [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Al haberse interesado previamente el envío de la certificación de las actuaciones 
judiciales, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC solamente se dispuso dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cartagena, a fin de que, 
en plazo que no exceda de diez días, procediera a emplazar a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento de ejecución núm. 119-2014, excepto la parte recurrente en 
amparo, para que, si lo desean, puedan comparecer en el presente recurso.
Al haberse interesado la suspensión del lanzamiento acordado por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Cartagena, que estaba señalado para el día 31 de octubre 
de 2019, a las 11:30, la Sección Tercera apreció la urgencia excepcional a que se refiere 
el art. 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, toda vez que dicha ejecución 
produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad 
al recurso de amparo, por lo que resolvió la suspensión cautelar del referido lanzamiento. 
Asimismo,  acordó  la  formación  de  la  correspondiente  pieza  separada  para  la 
sustanciación del incidente de suspensión. e.
5.  Mediante escrito presentado en fecha 23 de octubre de 2019, la entidad Bankia,  912ww
Sde.A t.r,i binutnearleessó d qouñea  sMea lreía t uIsvaiebreal  pDoíer zp Aerlmsoondaódvaa,r .bajo la representación de la procuradora
6.  Por diligencia de ordenación de fecha 3 de diciembre de 2019, de la secretaría
de la Sala Segunda de este tribunal, se acordó tener por personada y parte en el
procedimiento a la procuradora de los tribunales doña María Isabel Díez Almodóvar, en 
nombre y representación de Bankia, S.A. Asimismo, de conformidad con lo establecido 
en el art. 52.1 LOTC se dispuso dar vista de las actuaciones recibidas a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  En fecha 31 de diciembre del 2019 presentó sus alegaciones la entidad Bankia, 
S.A.,  en  las  que  interesa  la  desestimación  del  recurso  de  amparo,  con  expresa 
imposición de las costas del presente recurso a los demandantes de amparo. Descarta 
que estos últimos hayan sufrido indefensión, habida cuenta de que efectuaron un pago a 
cuenta de las cantidades reclamadas de 4395,59 €, lo que implica un «reconocimiento 
explícito de su situación de morosidad y obligación de pago»; que el 8 de mayo de 2015, 
los  demandantes  fueron  requeridos  de  pago  personalmente,  por  lo  que  tuvieron 
conocimiento efectivo del procedimiento de ejecución; y que en fecha 14 de octubre 
de 2016 les fueron designados abogado y procurador, al haberles sido reconocido el 
derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita.  También  refiere  que  los  demandantes  no 
recurrieron el decreto de adjudicación del inmueble a la entidad ejecutante, firme en 
fecha 8 de octubre de 2018, ni tampoco se opusieron a la petición de entrega de la 
posesión de la vivienda adjudicada, de fecha 11 de enero de 2019.
De todo ello la referida entidad colige que, pese a estar personados los demandantes 
de amparo desde el mes de octubre del 2016, el día 5 de junio de 2019 vuelven a 
designar un nuevo letrado –un día antes del señalado para la entrega de la posesión de 
la vivienda– y promueven un incidente de nulidad de actuaciones, en el que sostienen 
que no existen límites de procedimiento ni de plazo para revisar las cláusulas abusivas. 
A la vista de lo expuesto, afirma que los demandantes actuaron con absoluta dejadez y 
consintieron –actos propios– todo lo que en la ejecución se ha acordado. Por ello, no 
resulta admisible que años después de estar personados recaben el amparo del Tribunal 
Constitucional, cuando previamente han denotado un desinterés absoluto durante la 
tramitación de la ejecución. Sostiene también que, si dicho amparo se estimara, sería la 
parte ejecutante la que sufriría indefensión, pese haber intervenido en el procedimiento 
judicial ajustándose a la normativa vigente y con absoluta buena fe procesal.
Por último, señala que «el interés casacional» que se alega de contario estaría 
justificado  si  los  demandantes  no  hubieran  tenido  conocimiento  de  las  actuaciones 
llevadas  a  cabo  o,  incluso,  si  no  hubieran  estado  asesorados  por  un  abogado  y 
representados por un procurador; pero lo que no resulta aceptable es que hagan valer 
una indefensión que, en ningún caso, ha sido efectiva.
8.  El día 12 de enero del 2020 presentaron sus alegaciones los demandantes de 
amparo. Básicamente, reprodujeron las peticiones formuladas en el escrito de demanda 
y  reiteraron  los  argumentos  esgrimidos  en  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
interpuesto en sede judicial.
9.  En fecha 23 de enero de 2020 presentó las alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras 
compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y concretar 
los aspectos más relevantes de la pretensión de los demandantes, señala que el objeto 
del presente recurso consiste en dilucidar si cabe la revisión de las cláusulas abusivas 
«con independencia de la atacabilidad de las resoluciones, por la presencia de cosa 
juzgada de algunas de ellas, y del hecho de que esa revisabilidad dependa de la 
incitación de parte o venga impuesta al propio órgano judicial a ejercerla por sí mismo». s
Tras esa acotación, el fiscal lleva a cabo una aproximación al fenómeno de la  oe.
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transpuesta a través de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y
otras  leyes  complementarias,  cuyo  texto  refundido  fue  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo  1/2007,  de  16  de  noviembre.  También  destaca  la  importancia  de  la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios y reestructuración de la deuda y alquiler social, en tanto que aumenta la 
protección  de  los  consumidores  y  garantiza  el  examen  ex  oficio  de  las  cláusulas 
abusivas por los tribunales.
Teniendo en cuenta ese contexto, el fiscal advierte que en el presente caso no se 
trata  de  dilucidar  sobre  el  carácter  abusivo  de  la  cláusula  a  que  se  refieren  los 
demandantes, pues lo realmente denunciado es que el órgano judicial se ha negado a 
examinar si dicha cláusula reviste ese carácter, al considerar que la pretensión es 
extemporánea o improcedente. Por ello, no le compete al Tribunal Constitucional dirimir 
sobre la abusividad de la cláusula y su nulidad, ya que ese cometido le corresponde al 
órgano judicial, quien no solo debe pronunciarse sobre ese aspecto, sino sobre la 
continuación del procedimiento sin aplicación de las cláusulas que, en su caso, deban 
ser expulsadas del contenido del contrato.
Tras hacer referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la primacía del 
Derecho comunitario, reflejada, entre otras, en las SSTC 145/2012, FJ 4, y 232/2015, 
FJ 6, el Ministerio Fiscal aborda el contenido de la providencia objeto de impugnación en 
el presente recurso. Al respecto, señala que el juzgador, «cuyas razones debemos 
reelaborar por su parca decisión» deniega la revisión del incidente porque no le es dable 
suplir la inactividad de la parte, que no se opuso a la ejecución dentro del plazo legal; y 
por  otro  lado,  porque  no  consideró  procedente  aplicar  retroactivamente  la  doctrina 
asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En relación con la primera 
cuestión, el fiscal sostiene que, aun cuando el juzgador no indica cuál es «el momento 
procesal oportuno», debe referirse al trámite de oposición a la ejecución, teniendo en 
cuenta que esa es la única oportunidad que se le brinda al ejecutado de intervenir. 
Frente a esa postura, invoca la doctrina establecida en la STJUE de 26 de enero 
de 2017, cuyo contenido parcialmente transcribe.
A continuación, el fiscal analiza si la resolución judicial impugnada se ajusta a la 
doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, al respecto 
concluye que la queja del demandante es fundada, pues la providencia combatida entra 
en claro conflicto con la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
efectúa respecto de la Directiva 93/13/CEE, toda vez que el órgano judicial no se había 
pronunciado  nunca  sobre  la  posible  abusividad  de  la  cláusula  decimoséptima  del 
contrato de préstamo hipotecario. Por todo ello, el fiscal considera que la inadmisión del 
incidente de nulidad planteado por los demandantes vulnera el derecho de estos a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
10.  Por diligencia de ordenación de fecha 12 de febrero de 2020, de la secretaría 
de  la  Sala  Segunda  de  este  Tribunal,  se  confirió  un  plazo  de  diez  días  a  la 
representación procesal de Bankia, S.A., a fin de que facilitara el nombre del letrado que 
la asiste en el presente recurso.
11.  Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2020, la entidad requerida designó al 
letrado don Mariano Cartagena Sevilla.
12.  Por providencia de fecha de 1 de octubre de 2020, se señaló para votación y 
fallo del presente recurso el día 6 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos es
1.  El presente recurso se interpone contra la providencia de fecha 3 de junio  w.
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vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), pues la
resolución judicial combatida inadmite la solicitud de revisión y ulterior declaración de  Bc
abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado del título de ejecución, al considerar 
extemporánea dicha solicitud; lo que contraviene la doctrina establecida por el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para  la  entidad  personada  Bankia,  S.A.,  el  recurso  debe  ser  desestimado  e 
impuestas las costas a los demandantes. Según expone, la petición de revisión por 
abusiva  de  la  cláusula  que  se  indica  en  el  escrito  de  demanda  se  ha  interesado 
extemporáneamente, toda vez que los demandantes se personaron en el procedimiento 
judicial en el mes de octubre de 2016; y pese a ello, instaron la nulidad de la cláusula de 
vencimiento anticipado cuando estaba ya fijada la fecha para el lanzamiento de la finca 
objeto de ejecución, habiendo consentido, en consecuencia, con la realización de las 
actuaciones procesales precedentes. Por todo ello, rechaza la existencia de indefensión.
El fiscal con sustento en la argumentación que se recoge en los antecedentes, 
solicita la estimación del recurso de amparo.
2.  Una vez expuestas las posiciones de los intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta, que no tiene 
por objeto dirimir si la cláusula contractual identificada por los recurrentes tiene o no 
carácter abusivo, pues esa cuestión se incardina dentro de los lindes de la legalidad 
infraconstitucional y, en consecuencia, su conocimiento corresponde a la jurisdicción 
ordinaria. Lo que nos corresponde esclarecer es si la negativa del órgano judicial a 
pronunciarse  sobre  el  referido  carácter  de  la  cláusula  aludida,  so  pretexto  de  la 
intempestiva petición de los recurrentes, vulnera o no el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por su eventual contradicción con lo estatuido por 
este tribunal.
Conforme a ese planteamiento dejaremos constancia, en primer lugar, de la doctrina 
asentada por este tribunal en relación con la temática suscitada; para, a continuación, 
proceder a cotejar la adecuación de la respuesta judicial a los postulados fijados en esta 
sede constitucional.
3.  Este  tribunal  ya  se  ha  pronunciado  sobre  una  cuestión  sustancialmente 
coincidente con lo que ahora nos ocupa; pues al igual que en el presente caso, en el 
supuesto  enjuiciado  en  la  STC  31/2019,  de  28  de  febrero,  se  resolvió  sobre  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión (art. 24.1 CE), con motivo de la 
decisión, adoptada por un órgano judicial en un procedimiento de ejecución hipotecaria, 
de «inadmitir el incidente de nulidad formulado por la demandante de amparo, en el que 
se invocaba la existencia en su contrato de préstamo de una cláusula abusiva, en 
concreto de vencimiento anticipado […] al decidirlo, según denuncia la parte, con base 
en una pretendida preclusión de su obligación de control […]» (fundamento jurídico 1).
Más adelante, en el fundamento jurídico 4 de la citada resolución reproducimos la 
doctrina expuesta en la STC 232/2015, de 5 de noviembre, según la cual:
«(i)  a este tribunal le corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía 
del Derecho de la Unión cuando "exista una interpretación auténtica efectuada por el 
propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea" [FJ 5 c)], (ii) el desconocimiento y 
preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia, "puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma 
aplicable al proceso", lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6) [FJ 5 c)], y (iii) prescindir por 
"propia, autónoma y exclusiva decisión" del órgano judicial, de la interpretación de un  s
precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para  oe.
hvualcneerrloa  eclo pnr inccairpáicot edre  vpirnimcualacníate d, eel sD edreeccihr oe ld eT rliab uUnnaiól nd eE uJruospteicaia [ FdJe 6 l ab )U]»n.ión Europea,  2020-13912n https://www.
Posteriormente, en el fundamento jurídico 5 se acoge la doctrina reflejada en la 
STJUE, de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., y Jesús Gutiérrez García, 
en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró:
«La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, modificada por la Ley 1/2013 y posteriormente por el Real Decreto-
ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria 
y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y por el Real Decreto-
ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que impide 
al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas 
de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de 
las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo 
eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del 
contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, 
ante  el  cual  el  consumidor  ha  formulado,  cumpliendo  lo  exigido  por  la  norma,  un 
incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, 
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el 
eventual carácter abusivo de esas cláusulas».
En relación con la segunda declaración efectuada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el fundamento jurídico 6 figura el siguiente razonamiento, acerca de 
la exigencia de control judicial respecto de las cláusulas abusivas:
«Este Tribunal considera que de la segunda declaración efectuada en la STJUE 
de 26 de enero de 2017, transcrita en el fundamento jurídico anterior, se desprende que 
las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior 
control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución 
con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia 
de parte o de oficio. Como apunta el fiscal, lo determinante es si el juez estaba obligado 
al examen de oficio y cuál es el momento en que este examen le era exigible. Así que, 
declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación del órgano judicial 
de conocer, bien de oficio o a instancia de parte, del posible carácter abusivo de una 
cláusula contractual, poco importa el momento y cómo llegaron a él los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para verse compelido a hacerlo. Por ello, el órgano 
judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición –expresión 
utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, en este caso a través de un 
incidente de nulidad, se encuentra obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la 
cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un 
anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Es importante destacar, en este sentido, que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
el  artículo  6,  apartado  1,  de  la  Directiva  93/13/CEE,  que  prevé  que  las  cláusulas 
abusivas no vincularán al consumidor, es (i) "una disposición imperativa que pretende 
reemplazar  el  equilibrio  formal  que  el  contrato  establece  entre  los  derechos  y  las 
obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre  s
estas (véanse, en particular, las sentencias de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y  oe.
yGeA qbu5urt5iiilév) "raG r(leeSaznrTc tNJeíaU a,arE aC  ndl-aj1eos6   2y9d6 /oi1 sdt4rpeo,o  sesE,ni UcCei:or-Co1n: 5e2d4s0e/ 1 12n450a:,21 cC0i7o-9,n3 9aa0,pl 7eaa/s1rpt 5aaq dryutoa eC d4, -o13e )02n y83  /,e(1 ili5y )  ,o" ddEredeU eb2:neC1a :c m2do0iene1 sn6ditd:io9ce 8ireja0umr,r síbaderpi ecua onrd taaei nd nt2ooe0srr mn15o6a3,,     2020-13912n https://www.
tienen rango de normas de orden público (véanse las sentencias de 6 de octubre
de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartados 51 y 52, y
de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980,  apartado  54)"  (STJUE  de  26  de  enero  de  2017,  apartado  42). 
Precisamente ha sido en este contexto en el que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
‘el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE […] tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias 
de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia 
citada, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 58)’ (STJUE de 26 de enero de 2017, apartado 43).
De ahí que no quepa considerar, como así hace el órgano judicial, que el plazo para 
denunciar la existencia de cláusulas abusivas había precluido, por no haber formulado 
oposición a la ejecución en el plazo legal establecido de diez días. El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea obliga al juez nacional a apreciar el eventual carácter abusivo de 
una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con fuerza de cosa juzgada, 
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, siempre 
que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada previamente. Y, por supuesto, 
permite que el consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo 
que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de control de oficio por el 
órgano judicial. En este caso, la sentencia Banco Primus, S.A., aportaba los elementos 
de hecho y de Derecho que permitían, en el caso de que así procediera, declarar 
abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Pero, es más, la recurrente denunció su 
abusividad ‘cumpliendo con lo exigido en la norma’, a excepción del plazo de diez días 
previsto legalmente para la oposición (art. 556.1 LEC) que, tras el pronunciamiento del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el órgano debió interpretar a la luz de lo 
dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia, que motivó el planteamiento del 
incidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.
Tampoco es conforme con lo declarado por la jurisprudencia europea, entender que 
en los casos en los que el carácter abusivo de una determinada cláusula ha sido 
confirmado por el Tribunal de Justicia con posterioridad al plazo para poder formular 
oposición, el incidente de nulidad no sea el cauce para ello o sea extemporánea su 
formulación. Se ha de tener en cuenta que una vez finalizado dicho plazo, si el órgano 
judicial no controló de oficio la posible abusividad de la cláusula, al recurrente no le 
queda más cauce procesal que su denuncia […]».
Por último, respecto del deber de motivación de las resoluciones judiciales, este 
tribunal ha sostenido, que:
«El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener 
de los jueces y tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con 
las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también puede ser de 
inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano 
judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras 
muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de 
venir impuesta en el art. 120.3 CE es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de 
que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su 
control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, 
FJ 3, y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4. También es doctrina reiterada la de que el 
derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía  e
frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de  bo
junio, FJ 2, y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6). 912ww
contEelnloe r imlopsl iceale, meenn tporsi mye rra zluognaers,  qduee j uliac ior eqsuoelu cpieórnm hitaan  dceo neosctaerr  cmuoátlievsa dhaa, ne ssi ddoe lcoirs, 
c2r5it/e2r0io0s0 , judreíd 3ic1o sd eq ueen efruon, dFaJm 2e)n; tya ne nla s deegcuinsdióon  lu(SgSarT, Cq u5e8 l/a1 9m9o7t,i vdaec i1ó8n  deest ém faurnzdoa, dFaJ  e2n; 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(SSTC  61/1983,  de  11  de  julio,  y  5/1986,  de  21  de  enero,  entre  otras  […]» 
(STC 172/2004, de 18 de octubre, FJ 3).
4.  Una  vez  reflejado  el  parámetro  al  que  debemos  sujetarnos  para  dirimir  la 
presente litis, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial.
a)  Como queda reflejado en los antecedentes de esta resolución, la providencia 
que inadmite el incidente de nulidad se limita a proclamar el carácter extemporáneo de la 
solicitud de los demandantes y a enumerar unos preceptos, a saber los arts. 228.1 
párrafo primero, 136 y 207 LEC, por este orden. Tan magra respuesta no alcanza el 
umbral mínimo de motivación establecido por nuestra doctrina, pues la nuda cita de esos 
artículos, sin argumento explicativo alguno, impide conocer las razones por las que lo 
pretendido por los recurrentes se consideró extemporáneo. Y ello, porque los preceptos 
de la Ley de enjuiciamiento civil que el juzgador invoca en la providencia combatida se 
refieren a la preclusión (art.136); a las resoluciones definitivas, resoluciones firmes y la 
cosa juzgada formal (art. 207); y a la admisibilidad de los incidentes de nulidad de 
actuaciones (art. 228.1, párrafo primero). Pero, de su dicción literal no se extraen las 
razones por las que el incidente de nulidad interpuesto para recabar el control de una 
cláusula  potencialmente  abusiva  fue  considerado  intempestivo  ni,  por  ende,  queda 
reflejado cuál habría sido el momento procesal idóneo para formular esa solicitud.
b)  Pero al margen de lo anterior, la inadmisión a trámite del incidente de nulidad es 
contraria a la doctrina de este tribunal. Sobre el órgano judicial recae la obligación de 
llevar a cabo un efectivo control sobre la abusividad de las cláusulas contractuales de los 
contratos  celebrados  con  los  consumidores,  en  los  términos  establecidos  en  el 
fundamento jurídico 3 de esta resolución. Sin embargo, en el presente caso el juzgador 
rehusó  revisar  la  cláusula  de  resolución  por  vencimiento  anticipado  del  título  de 
ejecución que dio lugar a la incoación del procedimiento judicial, sin que tal decisión se 
fundara en el hecho de que, en un estadio procesal anterior, hubiera ya examinado, de 
oficio o a instancia de parte, la posible abusividad de la referida cláusula.
5.  Así pues, la providencia impugnada en esta sede constitucional ha lesionado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los recurrentes ( art. 24.1 CE), no 
solo por la falta de motivación material a que se ha hecho mención, sino porque la 
decisión de no atender la revisión interesada por aquellos «(i) infringió el citado principio 
de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva 
decisión,  de  la  interpretación  impuesta  y  señalada  por  el  órgano  competente  para 
hacerlo con carácter vinculante; (ii) incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y 
arbitraria de una norma aplicada al proceso […]» (STC 31/2019, FJ 9).
En atención a lo expuesto, procede estimar el presente recurso de amparo, con la 
consiguiente declaración de la nulidad de la providencia que inadmitió el incidente de 
nulidad de actuaciones, de fecha 3 de junio de 2019. También procede acordar la 
retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la citada resolución, a fin 
de que, en congruencia con lo interesado en el incidente de nulidad de actuaciones, el 
órgano judicial resuelva sobre la denunciada abusividad de la cláusula de resolución por 
vencimiento anticipado, de manera respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En  atención  a  todo  lo  expuesto,  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  POR  LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Fulgencio Solano Rodríguez y 
doña Eloísa Mira Rodríguez y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandantes de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
providencia de 3 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de Cartagena, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 119-2014.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la citada resolución, para que, en los términos establecidos en el 
fundamento jurídico quinto de esta sentencia, el órgano judicial dicte una nueva que sea 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 3499-2019
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3499-2019,  el  cual  a  mi  juicio  debió  ser 
desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda 
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.