BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Miércoles 21 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 90301
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12634 Real Decreto 905/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones en el ámbito de la transición ecológica financiadas 
con cargo a la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades.
El  Real  Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los 
departamentos ministeriales establece, en su artículo 14, que corresponderá al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un 
modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la 
política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial, así como 
la propuesta y ejecución de la política de agua como bien público esencial.
En el marco de estas competencias, el Ministerio asume las relaciones institucionales 
con las organizaciones y entidades representativas en los sectores medioambiental, 
energético y de reto demográfico. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, le  corresponde  fomentar el desarrollo  de las asociaciones que realicen 
actividades de interés general en el ámbito de sus competencias.
De este modo, en el año 2013, el extinto Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente  acordó  suscribir,  con  las  principales  organizaciones  no 
gubernamentales (en adelante, ONG) ambientales de ámbito estatal, un convenio para el 
fomento  de  la  protección  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo  de  actividades  de 
colaboración  y  representación  ante  la  Administración  General  del  Estado,  la  Unión 
Europea y organismos internacionales.
Este convenio, prorrogado el 7 de noviembre de 2017 por un plazo de cuatro años, 
reconoce a las ONG de conservación del medio ambiente Amigos de la Tierra España, 
Confederación de Ecologistas en Acción-CODA, WWF Asociación en defensa de la 
naturaleza y Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la condición de entidades 
colaboradoras del extinto Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hoy 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, las 
citadas asociaciones sin ánimo de lucro participan en los órganos colegiados de ámbito 
estatal que informan sobre la creación de legislación básica ambiental, la transposición 
de directivas y convenios internacionales, colaboran en actividades derivadas de la 
representación internacional, y apoyan al Ministerio en el desarrollo de las políticas 
ambientales.
A través de dicho convenio ambas partes acordaron un plan de actuaciones para la 
mejora del medio ambiente en el Estado español, a partir del fortalecimiento de las vías 
de  colaboración  entre  ellas,  mediante  una  serie  de  actuaciones  de  información, 
asesoramiento y representación de las mencionadas ONG en materia de protección del 
medio ambiente.
Esta estrecha colaboración tiene también su reflejo institucional en la pertenencia de  s
las  cuatro  entidades  al  Consejo  Asesor  de  Medio  Ambiente,  órgano  de  consulta  y  e.
participación en la elaboración y seguimiento de la política medioambiental, en virtud de  w.
lo previsto en el Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, por el que se regulan la  634ww
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reparto del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional centésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2018,  prorrogados  para  2020  por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019.
De este modo, se considera de interés social la concesión de subvenciones a las 
citadas entidades colaboradoras de este departamento ministerial para la realización de 
las siguientes actividades encaminadas a la protección del medio ambiente, con especial 
atención a aquellas áreas o aspectos que se hayan visto o se puedan ver afectados por 
la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19:
a)  La atención a las obligaciones que se deriven de su integración en los órganos 
colegiados de la Administración General del Estado en los que sean designadas en 
representación de los intereses ambientales de la sociedad civil.
b)  La elaboración de informes, estudios o investigaciones que les sean planteados 
por la Administración General del Estado en el marco de la resolución de concesión que 
se apruebe.
c)  La organización de actividades de formación.
d)  La actividad de fomento del voluntariado ambiental.
e)  La  realización  de  acciones  de  comunicación  en  redes  sociales  y  de 
concienciación e implicación de los ciudadanos.
Por su parte, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder de 
forma directa subvenciones a uno o a un conjunto de beneficiarios.
Las subvenciones reguladas en este real decreto se conceden por razones de interés 
público  y  social  que  dificultan  su  convocatoria  pública  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva. Estas dificultades, en concreto, derivan del hecho de que las organizaciones 
beneficiarias son las únicas participantes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el 
Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Además,  es  urgente  agilizar  el  cumplimiento  de  las  políticas  de  mejora 
medioambiental, así como garantizar la continuidad del esfuerzo que se viene realizando 
para preservar el medio ambiente y para incrementar la conciencia ambiental de la 
sociedad, en particular aquellas derivadas de la actual crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19, con fuertes repercusiones en el medioambiente.
El proceso de «desescalada» y progresiva recuperación de la actividad tras la crisis 
sanitaria debe combinar la recuperación de la actividad económica con la protección de 
la población frente a la COVID-19, sin que ambas prioridades impidan avanzar hacia 
modelos de producción y consumo más sostenibles, pero el temor a un eventual rebrote 
de la enfermedad en el proceso de desescalada puede desembocar en un incremento en 
la generación de residuos, derivado de un elevado consumo de productos de un solo 
uso, en especial, material de protección como mascarillas, guantes, entre otros, envases 
para alimentación u otros productos desechables. Muchos de estos productos, además, 
podrían ser de plástico y estar afectados por la normativa europea en materia de 
plásticos de un solo uso; en concreto, por la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente).
Por todo lo expuesto, se estima que concurren circunstancias excepcionales que 
acreditan las razones de interés público para la aprobación de la concesión directa de 
subvenciones, prevista en el artículo 22.2.c) y regulada en los apartados 2 y 3 del  e
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. bo
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,  634ww
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interés  público;  resulta  proporcional  porque  es  el  instrumento  necesario  para  la
consecución  del  fin;  y  garantiza  el  principio  de  seguridad  jurídica,  puesto  que  es 
coherente con dicha situación presupuestaria. Por último, en aplicación del principio de 
transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, y se ha realizado el 
trámite de audiencia e información pública previsto en el art. 26.6 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y atiende al principio de eficiencia, pues no supone 
cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos 
públicos existentes.
El gasto correspondiente a las cuatro subvenciones figura incluido en el calendario 
de  actuaciones  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico, 
correspondiente al segundo semestre de 2020, aprobado por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado sexto del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 2019, por el 
que  se  establecen  los  criterios  de  aplicación  de  la  prórroga  para  2020  de  los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019, se formaliza la distribución por secciones 
y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto público.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado, de la Oficina Presupuestaria, y de la Intervención Delegada; de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y del 
Ministerio de Hacienda, conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. También se ha realizado el trámite de información 
pública y audiencia previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 23.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de  protección, 
respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el informe del Ministerio de Hacienda, y 
previa  deliberación  del  Consejo  de  Ministros  en  su  reunión  del  día  13  de  octubre 
de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
excepcional  y  por  razones  de  interés  público  y  social,  de  cuatro  subvenciones  de 
carácter singular, a favor de las entidades beneficiarias que figuran en el apartado 1 del 
artículo 3, y para las actuaciones mencionadas en el apartado 2 del mismo artículo, 
destinadas a financiar actividades de defensa y protección del medio ambiente.
2.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones establecidas en este real 
decreto,  atendiendo  a  las  excepcionales  circunstancias  en  que  ha  de  realizarse  la 
actividad subvencionada, y dado que concurren razones de interés público y social que 
determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley  e.
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. w.
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Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
La concesión de las subvenciones objeto del real decreto se instrumentarán a través 
de las correspondientes resoluciones que, en su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias, se dicten 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Artículo 3.  Beneficiarios y actuaciones a financiar.
1.  Las  entidades  beneficiarias  de  estas  subvenciones  serán  las  siguientes 
organizaciones  no  gubernamentales  ambientales  de  ámbito  estatal,  declaradas  de 
utilidad pública:
a)  Amigos de la Tierra España.
b)  Confederación de Ecologistas en Acción-CODA.
c)  WWF. Asociación en defensa de la naturaleza.
d)  Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
2.  Las entidades beneficiarias, en coordinación con el Ministerio para la Transición 
Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  deberán  destinar  la  subvención  recibida  a  las 
siguientes  líneas  de  actuación,  con  especial  atención  a  aquellas  áreas  o  aspectos 
medioambientales que se hayan visto o se puedan ver afectados por la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19:
a)  La atención a las obligaciones que se deriven de su integración en los órganos 
colegiados de la Administración General del Estado en los que sean designadas en 
representación de los intereses ambientales de la sociedad civil.
b)  La elaboración de informes, estudios o investigaciones que les sean planteados 
por la Administración General del Estado en el marco de la resolución de concesión que 
se  aprueba,  entre  otras  materias  sobre  cambio  climático,  calidad  y  evaluación 
medioambiental, agua, costas y medio marino, biodiversidad y medio natural, parques 
nacionales, energía y reto demográfico.
c)  La organización de actividades de formación.
d)  La actividad de fomento del voluntariado ambiental.
e)  La  realización  de  acciones  de  comunicación  en  redes  sociales  y  de 
concienciación e implicación de los ciudadanos.
En la ejecución de estas actividades se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad 
medio ambiental y eficiencia energética.
Artículo 4.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias de cada una de las subvenciones establecidas en 
este real decreto estarán sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, llevarán a cabo las actividades previstas en el artículo 3, con el alcance 
que se determine en la resolución de concesión que se formalice de forma previa al pago 
de la subvención, y deberán dar cumplimiento a las obligaciones que se detallen.
2.  De conformidad con el artículo 95.1k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, las entidades beneficiarias podrán autorizar al órgano instructor o al 
concedente  para  consultar  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  si  se  e.
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias. w.
La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  conllevará  la  autorización  del  634ww
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No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
reglamento.
3.  Las actividades deberán llevarse a cabo en un plazo no superior a doce meses a 
contar desde la aprobación de la correspondiente resolución de concesión. También se 
podrán incluir gastos realizados a partir del 1 de enero del presente año.
Artículo 5.  Cuantía y financiación.
1.  La financiación de las subvenciones reguladas en el presente real decreto se 
realizará con cargo al crédito del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico vigente en 2020, que resulte de la aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 
de  noviembre,  General  Presupuestaria.  En  este  sentido,  está  previsto  que  las 
subvenciones se ejecuten con cargo a la aplicación presupuestaria «23.01.451O.486 
«Actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto 
de Sociedades».
2.  La cuantía global de estas subvenciones será de novecientos cincuenta y nueve 
mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y ocho céntimos (959.999,98 euros) 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El importe individual 
de cada una de las subvenciones previstas ascenderá, como máximo, a las cuantías que 
se indican a continuación:
a)  Amigos de la Tierra España: 137.142,85 euros.
b)  Confederación de Ecologistas en Acción-CODA: 274.285,71 euros.
c)  WWF. Asociación en defensa de la naturaleza: 274.285,71 euros.
d)  Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife): 274.285,71 euros.
3.  Con carácter previo a la concesión y pago, los solicitantes deberán aportar un 
presupuesto junto con los indicadores que se establezcan desde el órgano concedente, 
a fin de poder comprobar el buen fin de la subvención y evaluar su eficacia.
Artículo 6.  Formalización y pago de la subvención.
1.  El  pago de  las  subvenciones previstas  a  las entidades beneficiarias de las 
subvenciones establecidas en este real decreto se efectuará de acuerdo con lo previsto 
en las respectivas resoluciones que se aprueben con carácter previo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los que se 
determinarán  el  programa  de  actuaciones  a  realizar  y  el  procedimiento  para  la 
justificación de la subvención concedida en casa caso.
2.  Se establece la posibilidad de realizar pagos a cuenta cuando la naturaleza de la 
subvención así lo justifique, que podrán suponer la realización de pagos fraccionados 
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por 
una cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos 
anticipados con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
3.  El pago de las subvenciones se efectuará sin necesidad de constitución de 
fianza o garantía, si bien, con carácter previo al cobro de la subvención, las entidades 
beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en  e.
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  w.b
Subvenciones, así como no ser deudoras por procedimientos de reintegro. 634ww
Artículo 7.  Justificación.
1.  La  justificación  de  la  subvención  y  de  la  aplicación  material  de  los  fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el que se regula la justificación de subvenciones 
con aportación de justificantes de gastos, y conforme a los términos que se establezcan 
en las resoluciones previstas en el artículo 6. En este sentido, la cuenta justificativa 
contendrá la siguiente documentación:
– Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
– Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:
a)  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago.
b)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil  o  con  eficacia  administrativa  incorporados  en  la  relación  a  que  se  hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
c)  Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d)  Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a).
e)  Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
f)  Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, deba de haber solicitado el beneficiario.
g)  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
2.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, 
con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la 
justificación  del  gasto  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  tales  fondos  a  las 
actividades subvencionadas, según señala el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En ningún caso el importe total de las subvenciones percibidas podrá superar 
el coste de las actividades financiadas, en cuyo caso procederá efectuar un reintegro de 
la cantidad excedente.
3.  La cuenta justificativa deberá presentarse, como máximo, en el plazo de tres 
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
4.  Si así lo solicitan, los beneficiarios podrán acogerse a la posibilidad prevista en el 
artículo 74.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
relativa a la presentación de la cuenta con informe del auditor, siempre y cuando:
a)  La cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas 
inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
b)  El auditor de cuentas lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el 
alcance que se determine en las bases reguladoras de la subvención y con sujeción a 
las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga 
atribuidas las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la 
administración pública concedente.
c)  La cuenta justificativa incorpore, además de la memoria de actuaciones a que se  e.
refiere el apartado 1 del artículo 72 de dicho Reglamento, una memoria económica  w.
abreviada. 634ww
En este caso, la memoria económica contendrá un estado representativo de los
aggarsutopsa dionsc,u yrr,i deons s ue nc alsao ,r elaasl izcaacnitóidna ddees  liansic iaalcmtiveindtaed perse ssuupbuveesntacidoansa dya las,s  ddeebsvidiaacmioennetes 
acaecidas.
Artículo 8.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada, se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total,  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
órgano concedente.
Artículo 9.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias 
se  graduarán  y  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  título  IV  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título IV de su Reglamento.
Artículo 10.  Publicidad.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta 
subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá 
mencionarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como 
entidad financiadora, para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, 
conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Asimismo, en dicha publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de 
septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.
2.  La  información  sobre  las  subvenciones  concedidas  al  amparo  de  este  real 
decreto se hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los 
términos y a los efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo, y en el artículo 6 del Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 11.  Compatibilidad con otras subvenciones.
Las  subvenciones  son  compatibles  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o 
recursos  que  se  obtengan  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.
El  importe  de  la  subvención  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,  e.
supere el coste de la actividad subvencionada. w.b
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General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como, supletoriamente, por la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  y  por  lo  previsto  en  las  demás  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
convencionales  que  resulten  de  aplicación,  así  como  por  las  resoluciones  que  se 
aprueben.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado, la competencia sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre legislación 
básica en materia de protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de  protección, 
respectivamente.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 
adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ