BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 85127
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11911 Resolución  de  15  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife n.º 4 a inscribir una 
escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Martínez del Moral, Notario de 
Santa Cruz de Tenerife, contra la negativa del registrador de la propiedad de Santa Cruz 
de  Tenerife  número  4,  don  Joaquín  Villatoro  Muñoz,  a  inscribir  una  escritura  de 
compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Santa Cruz de Tenerife don Francisco 
Javier Martínez del Moral el día 11 de marzo de 2020, con número 586 de su protocolo, 
don L., don M., don F., doña M.C.R.G. y doña M.J.R.G. vendieron a don J.M.M.G. y doña 
M.P.V.D. la finca número 17.831 del término municipal de Candelaria, que, según se 
expresa  en  dicha  escritura  «compran  y  adquieren  por  mitades  indivisas  para  el 
patrimonio privativo de cada uno de ellos el pleno dominio de la finca objeto de esta 
escritura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil». En la 
misma escritura se indica que están casados bajo el régimen de separación de bienes en 
virtud de escritura de disolución y liquidación de comunidad conyugal autorizada por el 
mismo notario el día tres de agosto de dos mil cinco, al número 1523 de protocolo, sin 
que puedan acreditar su «inscripción» en ese momento.
II
Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad número 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, fue objeto de la siguiente calificación:
«El Registrador que suscribe, previo examen y calificación de la escritura que más 
abajo se reseña en los hechos, de conformidad con los artículos 18 y 19.bis de la Ley 
Hipotecaria, ha dictado la siguiente resolución:
Hechos:
I.  A las 13:43 horas, del día 12 de marzo de 2020, bajo el Asiento 1170 del Libro 
Diario 34 (entrada 574 de este año), se presenta copia de la escritura autorizada el día 
once de Marzo del año dos mil veinte, por el Notario de Santa Cruz de Tenerife, Don 
Francisco Javier Martínez Del Moral, número de protocolo 586/2.020, (…)
II.  En el presente caso se presenta una escritura de compraventa en la que se hace 
constar literalmente:
a)  en la comparecencia, entre otros, los siguiente: bo
mesacyr"oiCturoerams  dode e p daeisrdtoeal udac, diócqnau syira eldinqotuesi.d –abLcaoijóso n c edóle n rycéuoggmimeusen nidd oadñdea  c soMen.pyPau.Vrga.aDcli .óa nu(… todr)ei z yab dideaon anen stJ e.eM en.l M ivn.ifGrrtau. sd(c …rdit)oe,    2020-1191n https://w
notario el día tres de agosto de dos mil cinco, al número 1523 de protocolo, sin que me
puedan acreditar su inscripción en este momento, vecinos de Santa Cruz de Tenerife - Bc
Santa Cruz De Tenerife (…); provistos de sus Documentos Nacionales de Identidad y 
Números de Identificación Fiscal, según me acreditan, (…), respectivamente."
b)  y en la "Estipulación Primera, lo siguiente:
"Primero.  Compraventa. - Doña M.C.R.G. y doña M.J.R.G. venden y transmiten a 
doña M.P.V.D. (…) y don J.M.M.G., que compran y adquieren por mitades indivisas para 
el patrimonio privativo de cada uno de ellos el pleno dominio de la finca objeto de esta 
escritura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil. -"
(Artículo 1323: El marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y 
derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos.)
Fundamentos de derecho:
1)  Con  arreglo  al  párrafo  primero  del  artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria  los 
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
La  calificación  registral  de  los  documentos  presentados  en  el  Registro  de  la 
Propiedad se entenderá limitada a los efectos de extender, suspender o denegar la 
inscripción,  anotación,  nota  marginal  o  cancelación  solicitada  y  no  impedirá  el 
procedimiento que pueda seguirse ante los Tribunales sobre la validez o nulidad del título 
o sobre la competencia del Juez o Tribunal, ni prejuzgará los resultados del mismo 
procedimiento, (artículo 101 del Reglamento Hipotecario).
2)  Nos encontramos ante una compraventa en la que la parte adquirente es un 
matrimonio formado por dos cónyuges casados en régimen de separación de bienes.
El régimen de separación, en este caso es de carácter convencional, dado que se ha 
originado en virtud de escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. No 
se acredita la inscripción de la misma en el Registro Civil.
Los compradores, adquieren por mitades indivisas para el patrimonio privativo de 
cada uno de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil. 
No obstante, este precepto no ampara la citada adquisición, dado que el mismo se 
refiere a transmisiones y contratos celebrados entre los cónyuges. Aquí lo que existe es 
una adquisición por compra de dos cónyuges casados en régimen de separación de 
bienes, siendo la parte transmitente un tercero.
Conforme lo expuesto, respecto del citado documento no se ha acreditado la práctica 
de dicho asiento de indicación en el Registro Civil correspondiente, -con indicación del 
tomo v folio donde se haya practicado tal asiento-, (artículo 18 de la Ley Hipotecaria 
y 266, párrafo sexto del Reglamento del Registro Civil, 1.333 del Código Civil, 75 del 
Reglamento Hipotecario y demás preceptos concordantes).
Parte dispositiva
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación Joaquín 
Villatoro  Muñoz  Registrador  titular  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Santa  Cruz  de 
Tenerife Número Cuatro, acuerda:
1.º  Calificar el referido documento presentado, en los términos que resultan de los 
fundamentos jurídicos antes expresados.
2.º  Suspender la inscripción de hipoteca sobre las fincas pertenecientes a esta  es
demarcación registral. o
3.º  Notificar esta calificación en el plazo de diez días hábiles desde su fecha al  1w
plPorrseo scaeertndíctiamunlioetesn  td3oe2 Al2 d ddmoeci nulaims Ltereanyttio vH oyi pC oaotl emNcúaonrtai adr ieoy   l4aa0su  tAyo dr4imz2a innditese t,lra ad cLeieo cyno e3ns9f oP/2rúm0b1ild5ica,a dds e.c o1n d leo  opcrteuvbisreto,  deenl   OE-A-2020-1191able en https://w
Esta nota de calificación negativa, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 323 de 
la Ley Hipotecaria, lleva consigo la prórroga automática del asiento de presentación 
expresado,  por  un  plazo  de  sesenta  días  contados  desde  la  fecha  de  la  última 
notificación a que se refiere el párrafo precedente.
Contra esta calificación negativa, cabe lo siguiente: (…)
Santa Cruz de Tenerife, a siete de mayo del año dos mil veinte.
El Registrador. Joaquín Villatoro Muñoz».
III
El día 21 de mayo de 2020, el notario autorizante de la escritura solicitó calificación 
conforme al cuadro de sustituciones, correspondiéndole a doña María Crespo Álvarez, 
registradora de la Propiedad de La Gomera y El Hierro, quien el 1 de junio de 2020 
emitió la calificación siguiente:
«La Registradora que suscribe, previa calificación de los documentos presentados, 
de conformidad con los artículos 18 y 19 bis párrafo cuarto de la Ley Hipotecaria y 98 de 
su Reglamento y de los artículos 3 y 6 del Real Decreto 1.039/2.003, de 1 de agosto, 
habiéndose solicitado la calificación sustitutoria en base a la calificación negativa, ha 
decidido confirmar la calificación objeto de la presente, con arreglo a los siguientes:
Hechos: (…)
Fundamentos de derecho:
Se reiteran los Fundamentos de Derecho contenidos en la calificación ya emitida por 
el titular del Registro de La Propiedad de Santa Cruz de Tenerife Número Cuatro.
La escritura pública objeto de calificación apoya la innecesariedad de la inscripción 
de  las  capitulaciones  matrimoniales  por  las  que  los  transmitentes  se  acogieron  al 
régimen convencional de separación de bienes, en la aplicación del artículo 1323 del 
Código Civil. Como señala el registrador titular, este artículo resulta de aplicación en las 
relaciones patrimoniales entre cónyuges superando la anterior restricción que venía 
dándose en este ámbito. Debe su redacción a la modificación introducida en el Código 
Civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se introducen modificaciones en materia 
de matrimonio y adapta el articulado del Código Civil a los principios de igualdad entre 
los cónyuges que recogen los artículo 14 y 32 de la Constitución española.
Para  que  los  pactos  o  convenciones  celebrados  entre  los  cónyuges  tengan 
trascendencia  en  sus  relaciones  patrimoniales  con  terceros  deben  cumplirse  los 
requisitos de publicidad que recoge el artículo 1333 del Código Civil, artículo 77 de la Ley 
del Registro Civil, artículo 266 del Reglamento del Registro Civil y que la propia Dirección 
General reitera en sus resoluciones (resolución de 14 de diciembre de 2017, entre otras), 
para garantizar la oponibilidad de dichas convenciones frente a todos. Entiendo por ello 
que  la  inscripción  de  las  capitulaciones  matrimoniales  en  el  Registro  Civil  y  la 
incorporación en la escritura de dichos datos de inscripción son requisitos indiscutibles 
para defender la eficacia de esta compraventa.
Notificada esta calificación sustitutoria (…)».
IV
Don  Francisco  Javier  Martínez  del  Moral,  notario  autorizante  de  la  escritura,  e.e
interpuso recurso contra la calificación del registrador sustituido, mediante escrito que  w.b
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mitades indivisas para el patrimonio privativo de cada uno de ellos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil. No obstante, este precepto no ampara 
la  citada  adquisición,  dado  que  el  mismo  se  refiere  a  transmisiones  y  contratos 
celebrados entre los cónyuges. Aquí lo que existe es una adquisición por compra de dos 
cónyuges casados en régimen de separación de bienes, siendo la parte transmitente un 
tercero. Conforme a lo expuesto respecto del citado documento no se ha acreditado la 
práctica  de  dicho  asiento  de  indicación  en  el  Registro  Civil  correspondiente,  -con 
indicación del tomo y folio donde se haya practicado tal asiento-, (artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria y 266, párrafo sexto del Reglamento de Registro Civil, 1333 del Código Civil, 
75 del Reglamento Hipotecario y demás preceptos concordantes)... "
II.  El  principio  de  autonomía  de  la  voluntad  en  el  ámbito  de  la  relaciones 
patrimoniales interconyugales.
II.1.  El funcionario calificador invoca un problema sustantivo para abrir la puerta a la 
aplicación de un obstáculo formal.
Para  situarnos  en  el  escenario  concreto  en  que  se  desarrolla  el  otorgamiento, 
conviene atender a la cronología del mismo: el día 12 de marzo de 2020, a las puertas 
de  la  declaración  -ya  anunciada  por  el  Gobierno-  del  confinamiento  general  de  la 
población  española  para  hacer  frente  a  la  pandemia  del  Covid  19.  Los  cónyuges 
adquirentes  comparecen  a  la  compraventa  exhibiendo  una  copia  autorizada  de  la 
escritura configurativa del régimen de separación de bienes entre ellos, sin nota de 
publicación registral.
Evidentemente, posponer una adquisición más allá de la fecha del vencimiento arral 
hasta el día en que puedan volver a estar operativos los registros civiles, a los efectos de 
indicar al margen de la inscripción de matrimonio los capítulos postnupciales otorgados 
por los cónyuges, no era la solución óptima ni la querida por las partes. Tampoco era ni 
es necesario, por las razones que se argumentan seguidamente.
Es por ello que -ilustrados sobre las diferentes alternativas- optaron por adquirir 
prescindiendo del concreto régimen matrimonial de los compradores, con base en el 
principio  de  autonomía  de  la  voluntad  que,  con  carácter  general,  sanciona  el 
artículo 1255 del Código Civil [en adelante, CC] y, en particular, para la organización del 
patrimonio de los cónyuges, en el artículo 1323 del mismo texto legal. Y así se declaró 
expresamente en el título incorrectamente calificado.
II.2.  Este  precepto  autoriza  adquisiciones  prescindiendo  del  principio  de 
subrogación real (que opera para la atribuciones de ganancialidad, generando -o no, 
según  acuerdo-  un  crédito  de  reembolso  entre  masas  patrimoniales],  supera  las 
limitaciones -frente a acreedores y legitimarios- de la confesión de privatividad (bienes 
confesados privativos o, con mayor rigor técnico, presuntivamente privativos] y demás 
que operan sectorialmente cuando se trata de aplicar la disciplina de la comunidad de 
gananciales.
Vaya  por  delante,  prima  facie,  que  el  régimen  económico  de  los  cónyuges 
adquirentes, al tiempo de consumar la compraventa, es el de separación de bienes con 
plena eficacia ad intra, sin perjuicio de las limitaciones que puedan resultar respecto de 
terceros (de las que trataremos en el siguiente epígrafe].
Tal  régimen  debe  expresarse  en  la  comparecencia  del  instrumento  público  por 
exigencias del artículo 159 del Reglamento Notarial, cuyo párrafo cuarto reza como 
sigue:
"Se expresará, en todo caso, el régimen económico de los casados no separados 
judicialmente.  Si  fuere  el  legal  bastará  la  declaración  del  otorgante.  Si  fuese  el  e
establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente que se le acredite al notario  bo
su otorgamiento en forma auténtica. El notario identificará la escritura de capitulaciones y  1w
aelng usnuo c adseo l,o ss ur ecgounlsatdaonsc iean r elag ilsetyr,a el,n y q tueest ibmaosntaiarárá c oenl r héagcimere nco ancsrteadr ictaudáol ,d sea elvlloo sq uees "f.uere  2020-1191n https://w
anteI Va.4 l.a  aPuutoens obmieína,  deel  dlae fevcotlou nintavdo cinatdeor cpoonry eulg rael geisnt reald oárm cboitnos idsete  leans  naedgqauris eicfiicoanceisa  deex 
bienes,  considerando  que  tal  autonomía  solo  opera  ex  post,  confundiendo  el  acto 
traslativo (del tradens) con el adquisitivo (del adquipiens).
No aporta el funcionario ningún precepto ni invoca doctrina del Centro Directivo, 
jurisprudencia o sentencia de cualquier instancia para apuntalar su insólita conclusión; se 
limita lacónicamente a expresar, como dogma de fe, que "... este precepto [artículo 1323 
CC] no ampara la citada adquisición, dado que el mismo se refiere a transmisiones y 
contratos celebrados entre los cónyuges. Aquí lo que existe es una adquisición por 
compra de dos cónyuges casados en régimen de separación de bienes, siendo la parte 
transmitente un tercero... ».
Nadie duda que el transmitente es un tercero porque no está -ni puede estar- ligado 
por vínculo matrimonial con los adquirentes (españoles de origen y casados en España), 
pero lo cierto es que, precisamente, tratándose de un tercero en relación al matrimonio 
comprador, nada tiene que decir u oponer a la forma y manera en que los cónyuges 
deciden soberanamente estructurar su patrimonio consorcial, dado que en nada le afecta 
como hecho externo y ajeno a su esfera de actuación, a su poder de disposición y al 
sinalagma contractual.
Dicho  esto,  resta  expresar  que  el  artículo  1323  del  CC  opera,  bien  al  tiempo 
originario de la adquisición, bien como consecuencia de una redistribución patrimonial 
ulterior entre cónyuges. Esto es algo pacífico doctrinal y jurisprudencialmente. Por todas, 
sendas Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en lo 
sucesivo RDGSJFP), ambas de 12 de junio de 2020. que autorizan a los cónyuges 
comparecientes  casados  en  régimen  de  gananciales  en  el  acto  mismo  de  la 
compraventa y en ejercicio de su autonomía de la voluntad (ex. artículos 1323 y 1355 
CC) la adquisición definitiva (y no meramente presuntiva) del inmueble comprado con 
carácter  privativo  para  uno  solo  de  ellos,  sin  acreditar  -más  allá  de  la  simple 
manifestación- el carácter privativo de la contraprestación y sin asignarle el carácter de 
liberalidad o generar un derecho de reembolso (art. 1358 CC).
En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Cito, por todas, la 
reciente Sentencia de 27 de mayo de 2019 (Ponente excma. Sra. Parra Lucán), relativa 
a la atribución ganancial originaria -es decir, en el momento de la adquisición- de lo 
comprado por un solo cónyuge con su dinero privativo. La sentencia afirma hasta la 
extenuación que el acuerdo de los cónyuges en el momento mismo en que se verifica la 
adquisición es el elemento definitorio del carácter atributivo -ganancial o privativo- del 
inmueble adquirido.
Este efecto, por lo demás, se justifica de forma genérica dada la admisibilidad no 
sólo de las capitulaciones matrimoniales generales, sino también de los pactos por lo 
que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico en relación a determinados 
bienes.
H.5.  Tales conclusiones que derivan del artículo 1323 del CC son de aplicación con 
independencia del régimen económico matrimonial, legal o paccionado de los cónyuges, 
habida cuenta que forma parte de lo que se ha venido a denominar régimen económico 
matrimonial primario, cuya naturaleza imperativa y de orden público matrimonial no es 
discutida, en tanto manifestación del superior valor de libertad de los cónyuges, para la 
fijación  y  determinación  de  sus  relaciones  económicas  (en  el  mismo  sentido, 
artículos 9.3,1315,1325 y 1328 CC).
Pues bien, los razonamientos expresados, sustentados por las Resoluciones del 
Centro Directivo y la doctrina del Tribunal Supremo, referentes a la primacía de la 
autonomía  de  la  voluntad  sobre  las  disposiciones  del  concreto  régimen  económico  s
matrimonial,  a  la  hora  de  atribuir  una  determinada  pertenencia  a  una  adquisición  oe.
inmobiliaria,  son  argumentos  suficientes  para  corregir  el  criterio  del  funcionario  w.
caartlíicfNiucoalo do o2br6s, 6trae nvdtoeecl,  aaRr  efloagr lctaiaomlriife,i cnteatorcm iódinne a yrR edemegcoilsast rreaosr  tCleai  vrineil scacurlr isbsoiub fpiiljiuadenasddto od,  eqalu dteíet umdloáe.sb,a latim inoasp, liacaucni óenn d leal   2020-1191n https://w
hipótesis dialéctica de que los cónyuges, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, no
hubieran acordado la adquisición del bien con carácter privativo y por mitades indivisas, 
con independencia del régimen económico de su matrimonio.
III.  Ámbito  de  aplicación  de  la  falta  de  indicación  del  régimen  económico 
matrimonial en el Registro Civil
El artículo 266 del Reglamento de Registro Civil [en adelante, RRC), impone la previa 
indicación al margen de la inscripción de matrimonio de los capítulos y demás hechos 
que afecten al régimen económico matrimonial, a la inscripción que tales títulos puedan 
provocar en otros registros públicos.
El Centro Directivo ha definido el ámbito de aplicación de este precepto en los 
términos que resumimos seguidamente:
1.º  No es de aplicación a los capítulos otorgados por matrimonios no inscritos en el 
registro  civil  español  RDGRN  9  de  enero  de  2018.  puesto  que  la  eficacia  de  las 
capitulaciones es independiente de su publicidad [STS 10 de marzo de 1998). Con ello 
decae el argumento de la registradora sustituía que declara expresamente, sin el menor 
rigor jurídico, que "... la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro 
Civil y la incorporación en la escritura de dichos datos de la inscripción son requisitos 
indiscutibles (sic) para defender la eficacia de esta compraventa... ".
2.º  Tampoco es de aplicación, en general, a los títulos que siendo inscribibles en el 
registro de la propiedad no se reflejan en el Registro Civil, como puede ser la escritura 
de compra de un inmueble RDGRN 20 febrero 1985, 16 noviembre 1994, 24 abril 2003 
y 28 abril 2005.
Así, la Resolución de 16 de noviembre de 1994 advierte que "... Entre los hechos que 
afectan al régimen económico a que se refiere el citado precepto [artículo 266 RRC] no 
está la compra de un bien porque ni este hecho se reflejan en el Registro Civil ni por sí 
afecta al régimen o estatuto a que están sujetas las relaciones económicas conyugales... "
Tradicionalmente  se  ha  entendido  que  el  artículo  266  del  RRC  se  refiere 
exclusivamente a los supuestos en que sean las mismas capitulaciones o el mismo 
hecho que afecte al régimen económico del matrimonio el que haya de reflejarse tanto 
en el registro civil como en el registro de la propiedad. La previa indicación en el registro 
civil se exige -continúa afirmando la Resolución de 16 de noviembre de 1994- "... por 
afectar el cambio de régimen económico a la titularidad del bien separación judicial... ". 
Este es el caso de las RRDGRN de 22 de febrero y 28 de abril de 2005 y 14 de 
diciembre de 2017 [ésta última referente a la inscripción de una escritura de disolución 
de matrimonio y liquidación de comunidad de gananciales].
39.  No obstante lo anterior, una reciente resolución de 13 de febrero de 2020, se 
considera  exigible  la  previa  indicación  [inscripción  en  terminología  inexacta  de  la 
Resolución] a la compraventa otorgada unilateralmente por uno de los cónyuges sin 
acuerdo del otro. "... pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que 
se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el 
Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad 
(artículo 32 de la Ley Hipotecaria], al publicar cada Registro una realidad distinta... "
Y, en fin, tampoco es necesaria la previa indicación del régimen económico en el 
registro civil cuando los cónyuges adquieren un inmueble con independencia de su 
régimen económico matrimonial general, ya legal, ya paccionado. Este es el caso que se 
debate en este recurso.
Así resulta de la STS de 27 de mayo de 2019 y las Resoluciones de la Dirección 
General de 12 de junio de 2020 que han sido comentadas en el epígrafe anterior.  e
Cuando los cónyuges no adquieren conforme a su régimen económico matrimonial, sino  bo
en virtud del principio de autonomía de la voluntad [artículos 1255 y 1323 del CC],  1w
seusj eptraenfedroe netle r éag ilmase nn odrem laos  addeqlu riérigdiom ae nlo e dciosnpóumesictoo  e[sne eal  daert ígcaunloa 3n9ci2a ldeesl,  CdeC ,s eelp aacrauceiródno,   2020-1191n https://w
cdoen psatartnicciipaa dceió ens een r éggainmaennc ieans  eol  creugailsqturoie rcaiv oil,t rpoo] ry ,lo e qnu leo  nqou ep uaehdoera e cxoisnticri ecronlies,i óanje ennot rae  llaa 
inscripción del título en el registro de la propiedad con el régimen económico general de 
los cónyuges -publicado o no- en el registro civil».
V
Mediante escrito de 2 de julio de 2020, el registrador de la propiedad elevó el 
expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1218, 1255, 1323 y 1333 del Código Civil; 2 y siguientes de la Ley 
del Registro Civil; 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 266 del Decreto de 14 de 
noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil; 159 
del Reglamento Notarial; la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2019; y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de 
febrero y 28 de abril de 2005, 22 de marzo de 2010, 14 de diciembre de 2017; y de este 
Centro Directivo de 13 de febrero y 12 de junio de 2020.
1.  Debe determinarse en este expediente si es o no necesario acreditar la previa 
indicación en el Registro Civil de una escritura de capitulaciones matrimoniales en la que 
unos cónyuges pactan el régimen económico-matrimonial de separación de bienes, para 
que un bien adquirido por compraventa pueda ser inscrito con carácter privativo a su 
favor. Según se expresa en la escritura de compraventa, los cónyuges «compran y 
adquieren por mitades indivisas para el patrimonio privativo de cada uno de ellos el pleno 
dominio de la finca objeto de esta escritura de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1323 del Código Civil».
Cuestión análoga ha sido recientemente abordada en la Resolución de este Centro 
Directivo de 13 de febrero de 2020 (B.O.E. de 24 de junio), con un criterio que debe 
ahora reiterarse.
2.  El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige en su párrafo sexto, que 
en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– 
produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse 
los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado 
el hecho), que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie 
del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por 
defecto subsanable.
La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación 
(artículo 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros 
(artículo 1218 del Código Civil, en combinación con el artículo 222.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última que conduce al rechazo de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad sin la previa indicación del régimen económico matrimonial en 
el Registro Civil, pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se 
produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el 
Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad 
(artículo 32 de la Ley Hipotecaria), al publicar cada Registro una realidad distinta.
3.  No constando en el presente caso la mencionada acreditación por ninguno de los 
medios  expresados,  no  puede  procederse  a  practicar  la  inscripción  solicitada.  No 
constituye obstáculo a esta conclusión el hecho de que los cónyuges afirmen en la 
escritura calificada que compran para su patrimonio privativo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil, pues dicha consecuencia es efecto natural  e.
del régimen de separación de bienes que tiene eficacia entre los cónyuges desde el  w.b
Docotiornersgciatdivmeoria eecnnito osn uedsse  R qleausseo ,lc uacrpeioistnupeleascc tdiooe n 1ed2se, l d seri énjug niqmiuoee dn e p ud2ee0d 2a0gn,a  cntiartaandsclaiaasdl eapsros,r e ee lax rp erecesustreóre  nseutsept.eu esCtoe nltaros   2020-1191n https://w
confEirnm acro lnas ceacluifeicnacciiaó,n  eimstpau gDniraedcac.ión  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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