BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95406
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13439 Sala Segunda. Sentencia 110/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 6035-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:110
La  Sala  Segunda  del  Tribunal  Constitucional  compuesta  por  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, en el recurso de amparo núm. 
6035-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., ha dictado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6035-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., contra los autos de fecha de 10 de julio de 2018 y de 28 de 
septiembre  de  2018,  dictados  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción 
número 3 de Lorca, en los autos del proceso de ejecución hipotecaria 96-2018. Han 
intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad Pera Assets Designated Activity Company. Ha 
sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  El 16 de noviembre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca 
Berriatua Horta en representación de la mercantil Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S. L., y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso ante 
este  tribunal  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  mencionadas  en  el 
encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes:
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca se tramita, a  e.
instancia de Banco de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias  w.
Costa Sur, S. L., y Penrei Inversiones, S.L., proceso de ejecución hipotecaria núm. 96-2018. 439ww
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Inmobiliarias Costa Sur, S. L., NIFB73258006. La notificación estará disponible en su 
dirección electrónica habilitada única desde el 08-05-2018 hasta el 23-06-2018. Si no 
procediera a su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, 
según la normativa aplicable. Para que conste como leída, por favor acceda a http://
notificaciones.060.es Asunto: Jdo. 1 Inst. e Instr. n. 3 de Lorca EJH/00000096/2018».
c)  El 5 de julio de 2018 la sociedad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
formuló oposición a la ejecución despachada.
d)  Por auto de 10 de julio de 2018 se acordó su inadmisión por presentación 
extemporánea, tomando como fecha de notificación el 8 de mayo de 2018.
e)  La sociedad ejecutada interpuso recurso de reposición en la consideración de que, 
las diligencias de notificación y requerimiento no habían sido realizadas el día 8 de mayo 
de 2018 sino el 23 de junio de 2018, y que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica habilitada no podía entenderse más que un aviso de puesta a disposición o 
descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde 28 de abril al 13 
de mayo de 2018). Entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 
y 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraba el art. 24 CE.
f)  El recurso fue resuelto por auto desestimatorio de 28 de septiembre de 2018, al 
entender el órgano judicial que dada su condición de persona jurídica, tiene obligación 
de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 
14.2 Ley 39/2015 y del art. 373.3 LEC. Sostiene igualmente que la ejecutada y determina 
que la recurrente yerra en el plazo en el que puede acceder a su contenido a efectos de 
la práctica de la notificación, «el cual es de diez días naturales desde el puesta a su 
disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas» que reproduce.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos de 10 de julio de 2018 y de 28 de 
septiembre de 2018, impugnados la vulneración del derecho fundamental de la sociedad 
recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías y sin indefensión 
(art. 24, apartados 1 y 2 CE). La interpretación de la legislación procesal habría privado 
injustamente  a  la  recurrente  de  su  derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución 
hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer  emplazamiento,  debió  realizarse  del  modo 
tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, 
no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de 
su finalidad constitucional. La demandante de amparo solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 10 de julio de 2018, a fin de que el juzgado admita 
a trámite su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la 
suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Segunda de este tribunal 
acuerda  admitir  a  trámite  el  recurso,  apreciando  que  reviste  especial  trascendencia 
constitucional [art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], toda vez que 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina  de  este  tribunal  [STC  155/2009,  FJ  2  a)].  Acuerda  igualmente  dirigir  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de que, en 
el  plazo  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes a la ejecución hipotecaria núm. 96-2018 y emplace a quienes hubieran sido  e
parte en el proceso del que trae causa el presente recurso de amparo. bo
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suspensión cautelar solicitada y ordena la anotación preventiva de la demanda de amparo en
el registro de la propiedad.
6.  Mediante escrito de 3 de diciembre de 2019, la entidad Pera Assets Designated 
Activity Company, hace constar que la entidad Banco Sabadell, S.A., le ha cedido el 
crédito hipotecario y que, en virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones 
deben continuarse con ella. Solicita que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se 
entiendan con ella las diligencias sucesivas del presente recurso de amparo.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 17 de febrero de 2020, el secretario de 
justicia de la Sala Segunda tiene por personada y parte en el presente proceso a la 
mercantil Pera Assets Designated Activity Company y, conforme al art. 52 LOTC, da un 
plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes para la vista del expediente y la 
formulación de las alegaciones que a su derecho convengan.
8.  El 19 de marzo de 2020, tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de la 
recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y transcribe 
en parte los fundamentos jurídicos de la STC 47/2019, de 8 de abril.
9.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal con fecha 
de 18 de marzo de 2020. Solicita el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la 
vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
Señala, en primer lugar, que si bien a este tribunal no le corresponde determinar los 
medios de comunicación procesal admitidos, lo que sí debe comprobar es que ofrezcan las 
garantías suficientes para acreditar que cumplen su cometido, que no es otra que la de 
procurar el acceso de las partes al procedimiento (STC 6/2019, de 17 de enero). Tras analizar 
las distintas normas procesales en materia de actos de comunicación (arts. 553, 135, 152.2, 
155, 156, 158, 163 y 273 todos ellas de la Ley de enjuiciamiento civil), concluye que las 
comunicaciones y aportaciones de documentos, tanto desde el órgano judicial hacia las 
partes como a la inversa, se realiza como una obligación para algunas partes como los 
profesionales de la justicia y las personas jurídicas, y como un derecho para los que pudiendo 
optar lo hacen así. Sin embargo, esa obligación no es tan radical que no admita excepciones, 
la más relevante de las cuales es que se trate de la primera notificación, pues en este caso lo 
que está en juego es la más elemental de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva, y 
en este caso, el legislador no ha sido ajeno a esta importancia y ha establecido la excepción, 
que se traduce en la obligatoriedad de la notificación personal en el domicilio, y respecto a las 
copias, su aporte en papel (STC 6/2019).
En  definitiva,  de  acuerdo  con  la  STC  47/2019,  el  art.  155  LEC  contempla  una 
especialidad: cuando se trata del primer emplazamiento o citación del demandado, los actos 
de comunicación deben realizarse mediante su remisión al domicilio de los litigantes. En esta 
norma se establece una excepción al régimen general de las notificaciones telemáticas, sin 
distinguir entre obligados y optantes. Esta interpretación se correspondería con el apartado 
segundo del art. 273.4 LEC, que especifica que «únicamente los escritos y documentos que 
se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o 
requerimiento del demandado o ejecutado, se deberán aportar en soporte papel, en los tres 
días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes». Como indica la 
STC 47/2019, FJ 4, la finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la 
de trasladar al referido demandado las copias presentadas en papel. A la vista de tales 
preceptos y de la referida STC 47/2019, el fiscal concluye que el juzgado no debió prescindir 
de la notificación personal, por lo que habría vulnerado el art. 24.1 CE. En tal sentido, parece  s
claro que el juez erró al desconocer la aplicabilidad de los arts. 155 y 274 LEC al caso  oe.
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hubiere optado por el mecanismo de notificación que mejor asegurara el resultado, pero
justamente hizo lo contrario: optar por dar validez a la notificación en la dirección electrónica 
habilitada sin tener ninguna constatación de que la misma hubiera llegado a su destinatario.
Por  todo  ello  –como  se  ha  dicho–  interesa  el  otorgamiento  del  amparo  y  la 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la notificación 
telemática para que se le dé a la recurrente la posibilidad de contestar a la demanda.
10.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 10 de julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 96-2018. Según la 
entidad mercantil demandante de amparo, una interpretación irrazonable de la legislación 
procesal le habría privado injustamente de su derecho a formular oposición a la ejecución 
hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de pago y alternativo 
derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de manera personal en su 
domicilio social con entrega en papel de la documentación, y no mediante el servicio de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.
El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad 
formal de los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad 
constitucional. Todo ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la 
demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, 
en consecuencia, la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al 
momento procesal oportuno, previo al dictado del auto de 10 de julio de 2018, a fin de 
que el juzgado admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, ha estimado un recurso de 
amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y 
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de primera instancia e 
instrucción  de  Lorca.  Corresponde,  en  consecuencia,  dar  por  reproducidos  los 
fundamentos jurídicos de aquella sentencia y, en consecuencia, declarar que los autos 
de 10 de julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Lorca han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en 
amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la 
nulidad  de  los  autos  recurridos,  así  como  de  todo  lo  actuado  en  el  procedimiento 
hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al emplazamiento de la entidad 
mercantil solicitante de amparo a través de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido e.
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones  439ww
Inmo1b.ºi liaDriaesc lCaroasrt aq uSeu r,h Sa . sLi.d, oy , veunl nseur avdirotu de:l derecho fundamental de la recurrente en
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 10 de julio de 2018 y 28 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 96-2018, 
así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.