BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32 Sábado 6 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 13954
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1753 Resolución de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y 
Bankia, sobre cesión de información.
Suscrito el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Bankia sobre 
cesión de información, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado convenio, que figura como anexo 
de esta resolución.
Madrid, 27 de enero de 2021.–La Secretaria General Técnica, Blanca Cano Sánchez.
ANEXO
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Bankia sobre cesión 
de información
Madrid, a 22 de enero de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Gerardo  Gutiérrez  Ardoy,  director  general  del  Organismo 
Autónomo  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  O.  A.,  nombrado  por  Real 
Decreto 846/2018, de 6 de julio, competente para la firma del presente convenio según lo 
establecido en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y en el artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el 
que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público 
de Empleo Estatal.
De otra parte, don Salvador Noves Pernías, en representación de Bankia, en virtud 
de los poderes otorgados en fecha de 28 de junio de 2019 ante el notario de Madrid don 
Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñero, bajo el número 1444 de su protocolo, y don 
Francisco Jesús Siguero Iglesias, en representación de Bankia, en virtud de los poderes 
otorgados en fecha de 15 de marzo de 2013 ante el notario de Madrid don Antonio 
Pérez-Coca Crespo, bajo el número 1041 de su protocolo.
Reconociéndose mutuamente la competencia y capacidad para la firma de este 
documento,
EXPONEN
Primero.
La pandemia de COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 
pasado 11 de marzo, ha supuesto una emergencia sanitaria a nivel global cuyo impacto  e.
está resultando muy superior al inicialmente esperado. Ante la situación de emergencia  w.
de salud pública y pandemia internacional, se aprueba el Real Decreto 463/2020, de 14  53ww
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norma supuso la paralización de la actividad en diversos sectores, lo que ha implicado 
efectos negativos con un gran impacto económico y social.
La situación epidemiológica ha generado una crisis sanitaria como consecuencia 
del COVID-19 que en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han 
alterado  la  normalidad  en  el  desarrollo  de  las  relaciones  sociales,  económicas  y 
productivas. La suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al 
desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo 
coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.
Para tratar de paliar los efectos negativos el Gobierno ha estado tomando diversas 
medidas en varios Reales Decretos-leyes con incidencia en la economía, la sociedad y el 
empleo.
Entre las medidas reguladas, entre otros, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al  COVID-19,  el  Real  Decreto-ley  15/2020,  de  21  de  abril,  de  medidas  urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, o el Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 
del COVID-19, hay varias que requieren que los solicitantes acrediten ser perceptores de 
prestaciones por desempleo:
a)  Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo,
b)  Moratorias de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda 
habitual en situación de vulnerabilidad económica,
c)  Moratorias  a  los  créditos  y  préstamos  no  hipotecarios  que  mantengan  las 
personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo,
d)  Moratorias de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual,
e)  Préstamos acogidos a la línea de avales arrendamiento COVID-19, o
f)  Ayudas  transitorias  de  financiación  a  arrendatarios  de  viviendas  habituales 
localizadas en todo el territorio español.
Con el presente convenio se pretende agilizar, simplificar y facilitar la tramitación de 
estas  medidas,  tan  necesarias  en  el  momento  actual,  dadas  las  importantes 
consecuencias económicas, sociales y de empleo que está teniendo en nuestro país la 
pandemia del COVID-19.
Segundo.
Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal La gestión y el control de las 
prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre y el artículo 294 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Tercero.
La entidad financiera tiene por objeto, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito 
de los particulares, la instrumentalización de líneas de financiación que cumplan las 
condiciones, generales y particulares establecidas en la ley e identificadas en este  e.
convenio. w.b
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adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.
Quinto.
Que la suscripción del presente convenio mejora la eficiencia de la gestión pública, 
facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuye a la realización 
de actividades de utilidad pública.
Sexto.
Que  se  cumplen  los  trámites  preceptivos  que  establece  el  artículo  50  de  la 
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo lo anterior, reconociéndose las partes, en la representación que ostentan, 
capacidad suficiente para poder formalizar este convenio,
ACUERDAN
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es establecer la forma y condiciones en las que se 
desarrollará  la  colaboración  entre  el  SEPE  y  Bankia  para  la  instrumentación  de  la 
transmisión de la información sobre la situación de los perceptores de prestaciones por 
desempleo.
De esta forma, Bankia facilitará la relación de personas en las que es necesario 
conocer su situación como posibles beneficiarios de prestaciones por desempleo en los 
términos y condiciones que se recogen en el presente convenio.
La cesión de la información procedente de las bases de datos del SEPE tiene como 
exclusiva finalidad comprobar por parte de dicha entidad bancaria, la información que 
dicha  entidad  reciba  de  sus  clientes  y  que  los  clientes  aportan  con  ocasión  del 
establecimiento  de  relaciones  de  negocio  o  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en las diversas medidas aprobadas para paliar los efectos económicos y 
sociales derivados de la crisis del COVID-19, entre ellas se destacan:
a)  Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo regulada en el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y el 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo.
b)  Moratorias de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda 
habitual  en  situación  de  vulnerabilidad  económica,  regulada  en  el  Real  Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
c)  Moratorias  a  los  créditos  y  préstamos  no  hipotecarios  que  mantengan  las 
personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. 
Establecidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.
d)  Moratorias  de  deuda  hipotecaria  para  la  adquisición  de  vivienda  habitual  e.e
reguladas  por  el  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes  b
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el  53ww
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al CAO VlaIDs -a1n9t.eriores moratorias, cuando corresponda, se aplicará así mismo el régimen
especial para los acuerdos de moratoria alcanzados entre las entidades prestamistas y
sus clientes indicado en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 
adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo 
y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
e)  Préstamos acogidos a la línea de avales arrendamiento COVID-19 del artículo 9 
del Real Decreto-ley 11/2020.
f)  Ayudas reguladas en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se 
definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Por lo tanto, la presente colaboración está destinada a facilitar el acceso a dicha 
información  por  parte  de  las  citadas  entidades  y  evitar  que  los  beneficiarios  de 
prestaciones se la tengan que aportar para lo cual deberán prestar su consentimiento 
previo.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  De la entidad financiera:
a)  Utilizar  los  datos  obtenidos  únicamente  para  los  fines  establecidos  en  este 
convenio.
b)  Las peticiones de información que se realicen al SEPE necesitarán siempre la 
autorización firmada por el interesado y se referirán exclusivamente a las medidas 
extraordinarias establecidos en los reales decretos-leyes mencionados con anterioridad. 
Las autorizaciones firmadas por los interesados tendrán que ser custodiadas por la 
entidad financiera y entregadas al SEPE o a la Agencia de Protección de Datos cuando 
lo requieran, en un plazo de diez días a contar desde su solicitud.
c)  Cumplirán las obligaciones que adquieren al obtener la información y que se 
señalan en este convenio, el uso adecuado de la información así como las medidas de 
seguridad necesarias
2.  Del SEPE:
Poner a disposición de la entidad financiera, con una periodicidad que se acuerde, la 
información relativa a la condición de las personas como beneficiarios de prestaciones 
por desempleo, a la fecha en que se realiza la consulta.
Dicha información se facilitará mediante un procedimiento informático que permite 
establecer un proceso, con la periodicidad semanal o quincenal que se determine, de 
solicitud de datos por parte de la entidad financiera y de transmisión de información por 
el SEPE, cuyo objetivo es proporcionar la información relativa a la condición como 
beneficiario de prestaciones por desempleo.
Así, el SEPE se compromete a:
a)  Procesar los ficheros recibidos y contestar a los mismos en tiempo y forma.
b)  Para cada NIF localizado de los enviados por la entidad financiera, el SEPE 
informará a la fecha de la emisión del fichero sobre su situación como beneficiario de 
prestaciones por desempleo, sin que pueda derivarse responsabilidad alguna para el 
organismo por variación en la situación del fichero.
El intercambio de información se realizará en el marco de este convenio. e.
A  estos  efectos,  se  llevará  a  cabo  según  las  especificaciones  recogidas  en  el  w.
formulario para la formalización del intercambio de ficheros entre el SEPE y la entidad  53ww
finanEcnie troad ao  trcaavséos,  deel  TinCtePr/cIPa,m mbeiod iadnet ein Efodrimtraanc.ión se someterá a lo dispuesto en Ley
lOosrg dáenriceac h3o/s2 0d1ig8i,t adlees 5,  yd een d eicl iRemegblraem, ednet oP rGoetencecriaóln d dee P Droatetocsc ióPne rdseo nDaaletoss y,  Rgeagralanmtíae ndtoe   BOE-A-cable e
(UE) 2016/679, de 14 de abril de 2016, y se destinará exclusivamente a la finalidad del 
presente convenio.
Tercera.  Régimen económico.
El presente convenio no implica la asunción de coste alguno para la Administración 
Pública.
De la ejecución del presente convenio no cabe derivarse reclamación alguna al SEPE.
Cuarta.  Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y su régimen 
jurídico vendrá determinado por las estipulaciones previstas en el propio convenio. El 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que pudiesen surgir entre ambas partes en la ejecución o interpretación del 
presente  convenio.  Por  otra  parte,  no  incluye  prestaciones  que  revistan  naturaleza 
contractual de ninguna índole.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se crea una comisión mixta de seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La comisión de seguimiento velará por el cumplimiento del presente convenio así 
como de los compromisos adquiridos por los firmantes, y resolverá, en su caso, las 
cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que pudieran presentarse en la 
ejecución y desarrollo de este convenio. Las decisiones de la comisión de seguimiento 
se adoptarán por unanimidad.
La  comisión  de  seguimiento  estará  formada  por  cuatro  representantes,  dos 
designados por Bankia y otros dos por parte del SEPE, el director general del SEPE o 
las personas en las que este delegue. La comisión se reunirá al menos una vez por año 
y siempre que cualquiera de las partes lo estime oportuno, con un plazo máximo de 
quince  días  tras  la  solicitud  de  convocatoria.  Las  reuniones  de  la  comisión  de 
seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.
La comisión de seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente convenio, 
por lo establecido, para los órganos colegiados, en la sección 3.ª del capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.  Protección de datos y confidencialidad.
Las partes se someten a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al resto de normativa vigente 
en materia de protección de datos personales en todos los supuestos en los que pueda 
darse tratamiento, cesión o comunicación de datos, entre las partes o a un tercero, en 
ejecución de lo dispuesto en este convenio.
La cesión ordinaria de datos en el ámbito del pago de las prestaciones y subsidios 
por  desempleo  se  produce  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.1.a)  del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo  e.e
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos  w.b
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  53ww
DireEctniv tao d9o5 /4c6a/sCoE s ye  ccuummpplleir ácno nlo las sp rreinsctaipniotess  rdeigsuploasdicoiso neens  eclo anrtteícnuidloa s5 e dne el lR meigslmamo.ento
pGeernseornaal ledse  yP arlo rteescpcioónns adbel eD daetol ms idsem ola. Unión Europea relativo al tratamiento de datos
En caso de pérdida o fuga de información se notificará al SEPE.
Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en 
este  convenio  y  a  no  difundirlos  ni  cederlos  a  terceros,  en  cumplimiento  con  lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre.
La  entidad  financiera  será  responsable  frente  al  SEPE  y  frente  a  terceros  de 
cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los 
datos  cedidos,  eximiendo  al  SEPE  de  cualquier  responsabilidad  a  este  respecto. 
El SEPE podrá repetir contra las entidades cesionarias por cualquier indemnización que 
deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
La entidad financiera deberá realizar las actividades de control que garanticen la 
debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier otra actividad 
encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los ficheros en que 
aquéllos figuren incluidos.
La entidad cesionaria se compromete a que cada petición cursada al SEPE quede 
justificada con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con Ia 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidad con traslado, si procede, 
a la autoridad judicial correspondiente.
Séptima.  Efectos y vigencia del convenio.
El presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará 
eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, será publicado en el 
plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». El 
convenio tendrá una vigencia de seis meses, pudiendo acordar los firmantes, antes del 
vencimiento del plazo, una prórroga expresa por un período adicional de otros seis 
meses.
Octava.  Extinción, resolución y modificación.
La  extinción  y  resolución  del  convenio  se  regulará  según  lo  establecido  en  el 
artículo 51 y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
En los casos de incumplimiento el requerimiento será comunicado al responsable de 
la comisión mixta, de acuerdo con el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y 
a  la  otra  parte.  Si  transcurrido  el  plazo  indicado  en  el  requerimiento  persistiera  el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de 
la causa de resolución y comunicará su decisión de resolver el convenio.
El  convenio  podrá  ser  modificado  por  acuerdo  unánime  de  las  partes  que  se 
formalizará mediante adenda, de conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En prueba de conformidad con lo expresado en el presente convenio, lo firman por  oe.
duplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Gerardo Gutiérrez Ardoy,  w.
DEsirteactatol.r– SGalevandeorar l Nodveel s POerrgnaíansis,m eon  reApuretósneonmtaoci ónd edle  BSaenrkviiac.io  Público  de  Empleo  2021-1753n https://ww