BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21424
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2933 Sala Segunda. Sentencia 6/2020, de 27 de enero de 2020. Recurso de 
amparo 6354-2017. Promovido por don Antonio Carmona Vera respecto de 
los  autos  de  un  juzgado  de  vigilancia  penitenciaria  y  de  la  Audiencia 
Provincial de Córdoba, que desestimaron la impugnación de la resolución de 
la dirección del centro penitenciario de Córdoba denegando una petición de 
entrevista  periodística.  Vulneración  de  las  libertades  de  expresión  e 
información: denegación constitucionalmente ilícita de entrevista periodística 
en la que se aduce la eventual afectación a la intimidad de otros reclusos y al 
crédito profesional de los funcionarios, con su hipotética incidencia en la 
seguridad y buen orden del centro penitenciario.
ECLI:ES:TC:2020:6
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6354-2017, promovido por don Antonio Carmona 
Vera, representado por la procuradora de los Tribunales doña Amparo Ramírez Plaza y 
bajo la dirección del letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, contra el acuerdo de la 
dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, que denegó al 
interno, hoy recurrente en amparo, su solicitud de entrevistarse con un profesional de la 
comunicación; el auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de 
Córdoba el 18 de septiembre de 2017, que desestimó la queja del interesado contra el 
acuerdo anterior (expediente de queja núm. 978-2017) y el auto desestimatorio de la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de diciembre de 2017, en 
recurso de apelación núm. 1357-2017 contra el precedente auto. Ha intervenido el 
ministerio fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los tribunales doña Amparo Ramírez Plaza, en nombre y 
representación de don Antonio Carmona Vera, y bajo la dirección del letrado don Valentín 
J. Aguilar Villuendas, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales 
que se citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de 
febrero de 2018. e
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: 33www.
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LOGP), y en el artículo 49.5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento penitenciario (en adelante, RP).
La dirección del centro penitenciario de Córdoba notificó al interno el día 27 de 
octubre de 2016 que tal solicitud no podía ser valorada si no se procedía a acreditar 
debidamente  la  identidad  del  profesional  con  el  que  se  solicitaba  comunicar  y  se 
aportaba la motivación por la que solicitaba la asistencia del referido profesional.
En escrito de contestación a dicho requerimiento de fecha 23 de diciembre de 2016, 
el interno manifestó que ya había puesto a disposición del centro los datos necesarios 
del medio de comunicación para realizar las comprobaciones oportunas «que hubieran 
bastado para comprobar o requerir al citado medio lo necesario», pese a lo cual aportó 
copia del carnet de periodista y certificado del medio de comunicación al que pertenecía 
la  persona  para  cuya  visita  se  había  solicitado  autorización,  «cuyos  originales  se 
aportarán  en  el  momento  de  la  comunicación,  si  así  se  requiere».  Respecto  a  la 
motivación de la asistencia, señala que «en ningún precepto legal o reglamentario se 
establece dicha obligatoriedad. Al igual que no se justifica los motivos de la entrevista 
con un letrado o un médico, no hay necesidad ni oportunidad de dicho requerimiento». 
Es más, señala el interno que tal exigencia vulneraría lo dispuesto en el artículo 20 CE. 
En  cualquier  caso  —concluye  su  escrito—  «para  tranquilidad  de  la  administración 
penitenciaria,  este  solicitante  informa  que  no  tiene  intención  de  cometer  infracción 
penitenciaria  o  penal,  que  pueda  producir  alteración  en  la  vida  regimental  y  en  la 
ordenada convivencia del centro, ni por supuesto la divulgación de noticias o datos 
falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento».
El 26 de enero de 2017 se notificó al solicitante el acuerdo de la directora del centro 
penitenciario de Córdoba del día 25 de ese mismo mes y año, por el que se denegaba su 
solicitud, justificándose la denegación en «que al no presentar motivación que justifique 
la necesidad de dicha comunicación, no existen garantías suficientes que aseguren el 
mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento».
b)  Contra este acuerdo formuló el interesado, en fecha 24 de febrero de 2017, 
queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía (Córdoba) y, 
admitida  esta,  procedió  el  juzgado  a  solicitar  del  centro  penitenciario  que  emitiera 
informe sobre la cuestión planteada por el interno.
Por el citado centro se remitió entonces al órgano judicial escrito de fecha 14 de 
marzo de 2017, en el que se justificó la denegación de la autorización solicitada por el 
interno. En concreto, se argumentaba en estos términos:
«El informado [el recurrente] solicitó a la Dirección del Centro Penitenciario mediante 
escrito de fecha 09 de octubre de 2016 comunicar con un profesional de la información 
para realizar las funciones propias de su respectiva profesión.
Toda vez que esta Dirección tiene otorgada la potestad para resolver la cuestión 
planteada conforme a lo establecido en el art. 51.3 de la LOGP y 49.5 del Reglamento 
Penitenciario, al no disponer de datos suficientes para resolver sobre el fondo del asunto, 
se informó al interno con fecha 27/10/2016 sobre la necesidad, para poder resolver, de lo 
siguiente:
– Por un lado, acreditar debidamente al profesional periodista con el que solicita la 
comunicación. Dato este que aporta en su escrito de fecha 26/12/2016.
– Por otro lado, como siempre se requiere para cualquier comunicación con un 
profesional externo, la motivación de la necesidad de ser atendido en este caso por un 
profesional periodista, dada la repercusión pública propia del ejercicio profesional que  e
pudiera derivarse tanto para la seguridad como para el buen orden del establecimiento,  bo
así como para la salvaguarda, en su caso, de los derechos inherentes a otros internos  33ww
que pudieran verse afectados. Extremo ese que se niega el solicitante a aportar.
Teniendo en cuenta que el derecho que el informado pretende ejercer no se ve 
afectado, toda vez que:
– Realizó recientemente una comunicación oral con otro profesional periodista del 
mismo medio de comunicación el pasado 25/04/16 (si bien no utilizó los cauces legal y 
reglamentariamente  establecidos).  La  entrevista  resultante  de  esta  comunicación, 
publicada  el  pasado  04/06/2016,  puso  de  manifiesto  cuestiones  que  afectaron 
gravemente a la seguridad del establecimiento, tales como:
• El informado reveló datos procesales, penales y penitenciarios tanto personales 
como de otros internos, sin que conste autorización de los mismos, por lo que se vio 
afectado  el  derecho  fundamental  a  la  intimidad  de  estos  internos  (teniendo  la 
administración penitenciaria la obligación de garantizar el mismo).
• Las  manifestaciones  falsas  vertidas  sobre  los  profesionales  del  Equipo  de 
Tratamiento afectaron a su seguridad, dado que influyeron en la relación profesional de 
otros internos hacia estos profesionales, ya que desacreditó la actividad laboral de los 
mismos generando una actitud hostil y de confrontación hacia ellos tanto de internos 
como de sus familiares. Manifestaciones como estas podrían dar lugar a protestas que 
inciden negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, 
pudiendo alterarse la pacífica convivencia y rehabilitadora del conjunto de internos de 
este centro.
– Puede seguir ejerciendo su derecho por otros procedimientos.
En base a todo lo anterior, esta Dirección, al carecer de elementos necesarios para 
garantizar que no se vea afectada la seguridad y el buen orden del establecimiento, así 
como  la  salvaguarda  de  derechos  inherentes  a  otros  internos,  acuerda  denegar  la 
comunicación solicitada por el informado.»
La publicación a la que la dirección del centro hace referencia tenía el siguiente 
contenido:
«Acaba de cumplir 52 años, tiene seis hijos y diez nietos. El tiempo de cumplimiento 
de condena que pesa sobre él es de 58 años y 247 días. Aún le restan doce años y 
medio. Desde hace ocho meses, comparte celda con su hijo de 23 años, al que también 
le unen sus tres iniciales. Antonio C.V. puso su primer pie en prisión en 1979, tras robar 
un coche junto a un amigo. “No tiene sentido que tengan tanto tiempo en la cárcel a una 
persona como yo”, insiste pese a poder caer en la clemencia a la que se agarran tantos 
presos.  Pero  esta  versión  moderna  de  “En  el  nombre  del  padre”  tiene  unas 
características particulares que abren el debate, con la prisión permanente revisable a 
punto de cumplir un año en España, a lo que se denomina desde el punto de vista 
penitenciario como una cadena perpetua de hecho.
Recién estrenado junio, el calor es bastante sofocante ya en la prisión de Alcolea. 
Difícil imaginar las temperaturas en pleno verano. En el control de accesos, el acento 
cordobés resuena en cada conversación.
Muchas familias se saludan, es de suponer que de visitas anteriores. ¿Cuáles serán 
sus historias? La espera se alarga, casi una hora. Una puerta se cierra a la espalda 
antes de que se abra la siguiente mientras el nutrido grupo de padres, hermanos, 
amigos, espera el momento entre bromas. Llama la atención el alto número de menores, 
incluso algún bebé, que protagoniza la comunicación. Antonio espera en su cabina, la  es
que corresponde a su módulo. o
“Esto es desproporcionado. Llevo 32 años en la cárcel. No soy un asesino ni un  33ww
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“La desesperación del interno es tal que había dejado de intentar permisos durante 
un largo tiempo”, consta en un recurso previo. El pasado 3 de diciembre la Junta de 
Tratamiento de la Prisión de Córdoba le denegó nuevamente un permiso. El Juzgado de 
Vigilancia, primero, y la Audiencia, después, con el apoyo del fiscal, desestimaron su 
recurso en febrero y marzo.
“Condenado como si fuera un asesino”.
“Solo soy un ladrón. ¿Conmigo quieren una condena ejemplarizante? Yo no soy 
nadie. Tuve una evolución positiva en prisión, lo demostré. Jamás he herido a nadie con 
un arma y estoy condenado como si fuera un asesino. Por dios, acaba de salir Urrusolo 
Sistiaga de la cárcel a los 19 años después de participar en nueve asesinatos y dos 
secuestros. Yo ya he pagado por lo mío. Llevo seis años y medio sin ver la calle”, explica 
el interno en su cabina.
¿Qué dicen los jueces? “Somos conscientes de la necesidad de que una persona 
con ese horizonte penitenciario debe albergar alguna perspectiva de futuro que le evite 
caer en la desesperación, pero frente a ello también comprendemos, y esa es la labor de 
los técnicos que lo tienen bajo su supervisión y que evalúan el riesgo de reincidencia o 
quebrantamiento, que si en una nueva salida volviese a delinquir o no volviese al centro, 
todo lo que se hubiese avanzado hasta ahora se perdería”, argumenta la Audiencia, que 
también dice entender las “suspicacias” de la Junta de Tratamiento al respecto del 
permiso.
Esas “suspicacias” aluden a permisos disfrutados entre 2003 y 2005, a un tercer 
grado  concedido  en  2005,  a  una  libertad  condicional  de  2006,  revocada  en  enero 
de 2010. ¿Qué pasó entonces? A.C.V. parece derrumbarse un poco, por primera y única 
vez en los cuarenta minutos de encuentro. A la muerte de su esposa en 2009 se agarra 
tanto el interno para tratar de justificar la comisión de nuevos delitos, como los distintos 
tribunales para negarle un ápice de libertad. “He cometido muchos errores, pero eso 
pasó hace siete años”. Su recurso incide en que la recaída en las drogas y todos los 
nuevos hechos delictivos se realizaron entre noviembre de 2009 y enero de 2010. “Mi 
padre murió también aquel año. Yo no estaba bien. A nadie le ha hecho tanto daño como 
a mí todo eso. Llevo toda la vida en la cárcel. No tengo nada”. “Dada una oportunidad, la 
misma  se  aprovechó  exitosamente  durante  seis  años”,  recuerda  su  recurso,  que 
reflexiona así sobre su hipotética reincorporación a la sociedad: Antonio ve denegados 
sus permisos de salida porque “el riesgo actual de reincidencia es elevado” dada su 
“dilatada e intensa trayectoria delictiva”. El fiscal recoge en su informe de febrero que el 
interno ha cometido durante su vida numerosos robos con violencia, con tenencia ilícita 
de armas, lesiones, amenazas, que requieren “un mayor período efectivo”. “Se considera 
necesario mayor avance en su programa individualizado de tratamiento para que el 
permiso  pueda  tener  incidencia  positiva  y  no  ser  un  mero  beneficio  penitenciario”, 
argumenta el fiscal, que añade la “profesionalidad delictiva y lejanía de las fechas de 
cumplimiento”.
Según relata su abogado a este periódico, “Antonio representa el mayor fracaso del 
Estado en política social. No se consiguió evitar que cometiera robos tras cumplir una 
condena; no se le supo integrar socialmente y en la actualidad lleva ocho años sin que 
ningún profesional se le acerque (educador, trabajador o psicólogo).
¿Cómo se puede esperar un cambio en una persona sin poner recursos y en este 
ambiente tan hostil? Antonio incumplió normas pero tantas como el Estado lo está 
haciendo con él, incumpliendo el mandato constitucional de reinserción”. Según expone 
Valentín Aguilar, “una medicina que no tiene éxito en general –la reincidencia tras pasar  s
por prisión es del 48 por 100 en hombres– es eliminada. Y en cualquier caso, si a un  oe.
paciente le sienta mal, es modificada. Esto es lo que le ocurre a Antonio”. w.
Su caso lo llevan desde la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. No le  33ww
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condena. No ha sido posible realizarle una acumulación jurídica por la ‘‘doctrina del 
cheque en blanco’, indica su abogado, y no tiene condenas ni contra la vida ni contra la 
libertad sexual. Cuenta con hojas meritorias, trabaja en el office de prisión desde hace 
dos años y es responsable de biblioteca y deportes, reconocen una y otra parte.
‘‘No se me valora el trabajo aquí. Con que haya uno de la Junta de Tratamiento que 
no quiera que salgas, no sales [...]. En materia criminal, la Ley favorable al reo tiene 
siempre preferencia. Lo dice la Constitución. Eso es de primero de Derecho. Aquí tienes 
que ganártelo y todo se basa en impresiones subjetivas de los funcionarios’’. Miradas 
amenazadoras, inmunidad total, se entrevé en las palabras de Antonio, que recuerda 
que ha sufrido torturas en la cárcel. Ha pasado por varias de ellas. ‘‘Las he pasado 
canutas, en los 80 eran verdugos auténticos’’. El interno observa ‘‘falta de interés real’’ 
en lo que supone la reinserción social. ‘‘Esa palabra la usan como algo rimbombante 
pero no saben qué significa. La reinserción no termina cuando sales de la cárcel. Hay 
que ofrecer una oportunidad. Falta humanidad. ¿Quién me va a dar un trabajo fuera de 
aquí? Somos seres humanos, no ciudadanos como se empeñan en decir los políticos’’.
‘‘La cadena perpetua de hecho ya existía en España’’.
Su abogado insiste en que ‘‘antes de la incorporación de la cadena perpetua había 
ya cientos de Antonios (más de 250) con acumulación de penas, cuya suma era superior 
a 40 años, máximo límite legal por condena.
La Abogacía Española ya dijo que no debían superar los 15 años porque afectaba a 
la salud’’. En ese sentido, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizó 
en 2015 un estudio, con 400 encuestas, de las que se pudo deducir que ‘‘la población 
que estaba a favor de la cadena perpetua es la que más desconocía el sistema penal, 
basándose en falsas creencias, y que los que estaban en contra lo conocían mejor. De 
hecho,  al  aportarle  algún  dato  nuevo,  a  modo  de  pregunta  reflexiva,  un  número 
importante cambiaba de opinión’’, recuerda el letrado.
‘‘Así pues, la cadena perpetua de hecho ya existía en España, en mayor número de 
lo  que  se  aplicará  la  prisión  permanente  revisable,  si  sigue  en  vigor,  pues  no  se 
condenará a tantas personas como ya hay. Ambas comparten que, teóricamente, pueden 
ser revisadas en la nueva y progresados de grado en la prisión de hecho.
Pero ya hemos comprobado cómo en la práctica esto no se ha llevado a cabo, por lo 
que  hacemos  una  previsión  segura  de  que  los  condenados  a  prisión  permanente 
revisable superarán con creces la media del resto de Estados de Europa que sí la tienen. 
¿Qué juez va a atreverse a darla? Si a Antonio, que no cometió delitos graves, no se 
atreven por miedo a un fracaso y a la crítica social, ¿quién va a hacerlo con una persona 
que cometió un hecho deleznable?’’, argumenta el abogado.
‘‘Lo último que me dijo la educadora es que apenas me conocía y que no podía 
pronunciarse a mi favor, ¿cómo va a opinar sobre mi posible salida alguien que no me 
conoce?’’.
Después  de  ocho  años  sin  contacto  con  algún  integrante  del  equipo  técnico 
(psicólogos, educadores, etc.), su abogado consiguió a través del juzgado que le vieran. 
‘‘Dolido y desencantado’’, afirma sentirse el interno. Antonio espera una salida a su 
situación.
‘‘Aquí no tratan de reinsertar, eso es mentira’’, lamenta al finalizar el encuentro, como 
si de su última palabra se tratara. ‘‘Es absurdo que piensen que volvería a reincidir. 
Ahora sólo quiero recuperar el tiempo perdido con mi familia’’. Sus hijas más pequeñas 
viven con su abuelo en Extremadura. Su pensamiento también se dirige a su madre, 
de 71 años. ‘‘No tiene sentido que me tengan tanto tiempo en la cárcel’’, concluye.  s
Quizás, como decía Morgan Freeman en Cadena Perpetua, espera algún día ‘‘nunca  oe.
más perder la esperanza”.» w.
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RP, dicha autorización es potestativa de la administración penitenciaria, por lo que tal
potestad, al configurarse como discrecional, no constituye un derecho subjetivo del 
interno y encuentra como límite la interdicción de la arbitrariedad, la cual no se produce 
al constatarse que el 25 de abril de 2016 el interno tuvo ocasión de mantener una 
entrevista con el mismo medio de información y la entrevista fue publicada el 4 de junio 
de 2016».
c)  Contra dicha resolución judicial se interpuso recurso de reforma mediante escrito 
de fecha 7 de abril de 2017, alegándose indefensión. De un lado, porque, habiéndose 
denunciado  la  infracción  de  derechos  fundamentales,  no  existía  en  la  resolución 
impugnada motivación alguna sobre la adecuación de la decisión adoptada por el centro 
penitenciario a los derechos cuya infracción se denuncia. Y, de otro, porque no se había 
dado traslado al interno del informe del centro penitenciario antes reproducido, siendo 
ello  relevante  porque  en  él  se  habían  introducido  hechos  nuevos  –referidos  a  la 
existencia de una entrevista anterior– que no se habían consignado en el acuerdo 
denegatorio impugnado, por lo que no se tuvo la ocasión de contestar al respecto, al no 
haber formado parte del debate inicial.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía, reconociendo que, 
efectivamente, el informe emitido por la dirección del centro penitenciario con fecha 14 
de marzo de 2017 había introducido «una serie de hechos que el recurrente ignoraba 
posiblemente», estimó el recurso de reforma mediante auto de 2 de mayo de 2017, 
declarando la nulidad del auto de 28 de marzo de 2017, dejándolo sin efecto en su 
integridad.  De  otro  lado,  se  declararon  impertinentes  las  diligencias  de  prueba 
propuestas por el interno y se requirió a las partes para que remitieran al Juzgado la 
publicación resultante de la entrevista anterior del interno con un periodista.
d)  Frente  a  dicho  auto,  se  formuló  recurso  de  apelación  mediante  escrito  de 
fecha 12 de mayo de 2017. A juicio de la representación procesal del recurrente, no 
bastaría con que se le dé conocimiento de la existencia de un elemento nuevo en el 
enjuiciamiento a efectuar por el juzgado de vigilancia penitenciaria, si no se le da, 
simultáneamente, la oportunidad de rebatirlo mediante la práctica de la prueba solicitada. 
De otro modo, dicho elemento habría de quedar fuera del debate.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba dictó auto el día 9 de 
junio de 2017 desestimando el recurso de apelación interpuesto, al entender la Sala que 
la estimación del recurso de reforma por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria 
necesariamente  había  de  llevar  a  retrotraer  las  actuaciones  del  juzgado  hasta  el 
momento inmediatamente anterior a decidir, por lo que por el juzgado debía procederse 
a dictar una nueva resolución una vez que el recurrente conociera el informe emitido por 
la dirección del centro penitenciario y, si lo estimara conveniente, alegara al respecto lo 
que tuviera por conveniente. En cuanto a la prueba denegada al interno, señala la 
Audiencia que podría solicitarse de nuevo «tanto si se recurre en reforma la resolución 
que se dicte, como posteriormente, si nuevamente es denegada, en apelación».
e)  De acuerdo con todo lo resuelto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 
de Andalucía dictó un nuevo auto, número 2927/2017, de 18 de septiembre de 2017, de 
desestimación de la queja formulada.
Argumenta el juzgado que la autorización o denegación de las comunicaciones con 
profesionales de diversa índole (entre ellos los periodistas) solicitadas por los internos es 
una cuestión discrecional que pertenece al ámbito de la administración penitenciaria y de 
su política, cuyo único requisito es su debida motivación y que esta sea razonable; amén 
de no infringir o vulnerar derechos fundamentales, cuya tutela obviamente compete a los 
juzgados de vigilancia penitenciaria en primera instancia. s
En el presente caso, entiende el juzgador que el acuerdo denegatorio de la dirección  oe.
del centro penitenciario estuvo debidamente motivado, pues se rechaza su solicitud  w.
debido  a  un  «mal  uso»  por  parte  del  periodista  inicialmente  acreditado  de  la  33ww
cpoumbluicnaicciaócnió dne a u4t odreiz ajudnai oc odne  a2n0te1r6io. rEidna de,s etal  dpíau b2li5c adceió anb rsiel  daef ir2m01a6 e, nq ueel  daiuot olu, gbaar joa  elal 
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junta  de  tratamiento,  que  pueden  poner  en  riesgo  el  buen  orden  del  régimen 
penitenciario  bajo  criterio  de  la  dirección,  siendo  esta  la  base  fundamental  de  la 
denegación.
Sería  aquí  –para  el  magistrado-juez  de  vigilancia  penitenciaria–  donde  puede 
producirse una colisión entre el buen orden y el régimen penitenciario y el derecho 
fundamental a la libertad de expresión y comunicación del art. 20 en sus distintas 
modalidades. Pero, en este sentido, recuerda que este «derecho fundamental no es 
ilimitado y mucho menos en el caso de las personas privadas de libertad como ya se 
recogió  en  una  STC  de  3  de  junio  de  1987»  sino  que  puede  ser  limitado 
reglamentariamente en función del buen orden del centro. Por ello y por considerar que 
el derecho fundamental a la comunicación (en su faceta del periodista) o de expresión 
(en lo relativo al interno) puede quedar limitado o suspendido por acuerdo de la dirección 
del centro en base a razones fundadas como es el caso».
f)  Contra esta resolución se presentó, en fecha 2 de octubre de 2017, recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, invocándose la vulneración de los 
derechos fundamentales a la libertad de expresión y de comunicación, señalándose, 
asimismo, que la resolución recurrida tuvo en cuenta de forma indebida una motivación 
no  incluida  en  la  resolución  administrativa  inicial  y  aportada  a  posteriori  por  la 
administración penitenciaria a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria.
La  Sección  Segunda  de  la  Audiencia  Provincial  de  Córdoba,  dictó  auto  núm. 
993/2017, de 26 de diciembre de 2017, por el que se desestimó el recurso de apelación 
interpuesto, confirmando el auto recurrido. Afirma la Audiencia que, teniendo en cuenta 
la motivación ampliada de la dirección del centro penitenciario, resulta creíble que las 
opiniones vertidas por el apelante en la entrevista publicada un año antes hubieran 
creado un clima de enfrentamiento entre técnicos e internos mediante el desprestigio de 
los  primeros  en  relación  con  su  papel  predominante  en  la  política  de  reinserción 
penitenciaria, con afectación del normal desenvolvimiento de las relaciones de esta 
índole. Por ello, se considera que la conducta desplegada por el apelante constituye un 
serio  ataque  al  buen  orden  penitenciario,  como  exigencia  de  orden  público  cuya 
alteración  constituye  una  causa  de  justificación  en  la  limitación  de  los  derechos 
fundamentales. Se niega, asimismo, que se haya producido vulneración alguna de la 
libertad de expresión, al haberse ejercido por el interno con anterioridad, manifestando al 
mismo medio sus impresiones y opiniones en el contexto carcelario y en relación con su 
concreta situación.
3.  Antes de señalar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, el 
recurrente realiza una consideración general, de acuerdo con la cual enmarca sus quejas 
en la violación del derecho a transmitir información, garantizado en el art. 20.1 d) CE y –
en conexión con este– del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Porque el 
interno solicitó a la dirección del centro penitenciario expresamente poder comunicar con 
un profesional de la prensa en ejercicio para transmitirle cierta información para que, tras 
su adecuado tratamiento, fuera difundida a través de la prensa.
Por ello, considera que el derecho en juego es la libertad de información en su 
sentido más amplio. No se trataría de ejercer la libertad de expresión en el seno de la 
prisión, sino de comunicar a la sociedad, con vocación de contribuir a la creación de la 
opinión pública que, conforme a la doctrina constitucional, está en la base de toda 
sociedad democrática (STC 68/2008, FJ 3).
La vulneración del derecho fundamental, a su juicio, se habría consumado mediante  e
distintas lesiones y en diversos momentos procesales. bo
En concreto, se alegan las siguientes vulneraciones de derechos: 33ww
ejerc(ii)c ioA d eel xdperreescahros ea  lya  par etvraian isnmdiictiar ciinófno rdmeal ccioónnt e(naidrtoíc duelo l a2 c0o.1m uCnEic)a, cpióonr,  vsuolmneertaecr ióenl 
que se atribuye a la denegación de la solicitud del interno en vía administrativa y que no
habría sido reparada en la vía jurisdiccional ordinaria.
Cuando el recurrente solicitó la comunicación con el periodista, la dirección del 
centro penitenciario le respondió indicando que conforme al art. 51.3 LOGP y art. 49.5 
RP su solicitud no podía ser valorada por no aportar motivación por la que solicita la 
asistencia del referido profesional. El recurrente respondió al requerimiento negándose a 
revelar el contenido de la entrevista solicitada, pero garantizando que no tenía intención 
de cometer infracción penitenciaria ni divulgar noticias o datos falsos. Pese a ello, su 
petición fue denegada. Añade el recurrente que pretendía comunicar con un periodista 
para  facilitarle  información  de  interés  público,  sin  que  lo  haya  podido  realizar  por 
habérsele sometido a una restricción o censura previa. Admite que se le puede limitar el 
derecho por la seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario, pero no 
puede hacerse depender la autorización del contenido mismo de la comunicación.
En cualquier caso, la motivación de denegación de la solicitud –que «al no presentar 
motivación  que  justifique  la  necesidad  de  dicha  comunicación  no  existen  garantías 
suficientes  que  aseguren  el  mantenimiento  de  la  seguridad  y  buen  orden  del 
establecimiento»–, se considera, por injustificada, contraria al derecho invocado, pues el 
interno dejó manifiesto que no pretendía cometer ninguna infracción penitenciaria ni 
divulgar noticias o datos falsos que pudieran poner en peligro dichos bienes jurídicos.
(ii)  Libertad de expresión e información (artículo 20.1 CE), en conexión con el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y a un proceso con todas las 
garantías,  por  incongruencia,  vulneración  que  se  atribuye  al  Juzgado  de  Vigilancia 
Penitenciaria número 8 de Andalucía.
Según el recurrente, el auto del juzgado de vigilancia está lejos de cumplir con el 
canon  de  motivación  reforzada  exigible  a  cualquier  resolución  judicial  que  limita  el 
ejercicio  de  un  derecho  fundamental.  El  órgano  no  se  adentra  en  la  alegación  de 
desproporcionalidad  de  la  lesión  de  su  derecho  fundamental.  Los  términos  de  la 
resolución son tan amplios y superficiales que pueden valer para cualquier tipo de queja 
relativa a la denegación de una comunicación.
Al estimarse el recurso de reforma frente a dicha resolución, la administración, a 
solicitud del juzgado, añadió nuevas razones para la denegación: ya no era solo por no 
haber anunciado el contenido de la entrevista, sino por haberse producido una entrevista 
anterior que habría afectado al buen funcionamiento de la prisión. Al añadirse este nuevo 
motivo, se produce una «reconstrucción de la motivación», sin una mínima conexión con 
la  anterior.  Considera  el  recurrente  que  no  cabe  introducir  un  nuevo  motivo 
absolutamente ajeno al que se indicó expresamente en la resolución impugnada, en la 
que se admite un informe relativo a una entrevista realizada años antes y se funda en el 
mismo su resolución legitimadora de la actuación administrativa, en vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE) y, a su través, de la libertad de 
transmitir información (art. 20.1 CE).
(iii)  Libertad de expresión e información (artículo 20.1 CE), en conexión con el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por error en la motivación acerca 
de la arbitrariedad de la medida restrictiva del derecho y en el consecuente juicio de 
proporcionalidad.  Esta  última  vulneración  se  atribuye  principalmente  al  Juzgado  de 
Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía, pero se predica también de la resolución 
dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Córdoba, en tanto en cuanto no habría reparado la previa vulneración cometida por el 
Juzgado.
En su auto de 18 de septiembre de 2017, tomando ya en cuenta el informe aportado 
por el centro penitenciario y valorando sus argumentos junto a los de la resolución  e.
denegatoria inicial, se vuelve a rechazar la queja del recurrente. Se indica en el mismo  w.b
que la denegación de comunicaciones está solo sometida a un deber de motivación, que  33ww
aennt eerisotreid acda s«ob asjeo  ecl opnrseitdeexrtao  dseu frieciaelniztaer,  upnoar qcuríeti cean a  llaa  peonlíttriecvai sptean iqteunec iaturivao  enlu ggaern ecroanl, 
psee raspoonratla dne d laat ojusn ptae rdseo ntraalteasm dieen uton» .interno determinado y de algunos otros así como del
Para el recurrente, en cambio, esta motivación sería insuficiente por incongruente, 
teniendo en cuenta que nunca fue sancionado por dicha entrevista, pues, aunque el 
centro lo intentó, la sanción fue anulada por el juez de vigilancia por razones formales.
En cuanto a la Audiencia Provincial, en las declaraciones anteriores del interno, 
aprecia un «serio ataque» al buen orden penitenciario, por lo que viene a reconocer los 
contenidos críticos de una entrevista anterior como causa suficiente para la limitación del 
derecho  a  la  libertad  de  comunicación.  Pero  el  recurrente  entiende  que  sus 
manifestaciones se encontraban amparadas por su libertad ideológica y de expresión, 
por lo que, de darse por buena la argumentación de la Sala, se estaría permitiendo una 
censura ideológica.
Por todo ello, se concluye en la demanda de amparo que la argumentación judicial 
no supera el juicio de proporcionalidad, existiendo, además, medidas menos lesivas del 
derecho fundamental, como ofrecer al mismo periodista la propia versión de la dirección 
de  la  prisión,  ordenar  la  presencia  de  un  funcionario  durante  la  realización  de  la 
entrevista para controlar que no se divulgan datos personales de nadie, etc.
4.  En la demanda se justifica la especial transcendencia constitucional del recurso 
afirmando que, la cuestión que se plantea a través del presente recurso de amparo, se 
incardina en el supuesto citado en el apartado a) del fundamento jurídico 2 de la 
mencionada STC 155/2009: «el de un recurso que plantee un problema o una faceta de 
un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del 
Tribunal Constitucional». Se argumenta de forma detenida y detallada con el objeto de 
evidenciar que este tribunal no ha resuelto nunca la cuestión nuclear que se plantea en 
este recurso: «en qué condiciones y bajo qué requisitos puede restringirse a un recluso 
que mantenga una entrevista con un medio de comunicación».
5.  Por escrito registrado el 5 de noviembre de 2018, la procuradora doña Amparo 
Ramírez Plaza, en representación del hoy recurrente de amparo, informó de hechos 
acaecidos a la presentación del recurso y que considera pudieran ser de interés a la hora 
de determinar su admisibilidad.
El primero de ellos se refiere a la queja interpuesta el 26 de octubre de 2016 ante el 
Defensor  del  Pueblo  por  la  Asociación  Pro  Derechos  Humanos  de  Andalucía  y  la 
Asociación de Prensa de Sevilla, en relación con los hechos que dan lugar al recurso de 
amparo. Tal queja fue ampliada el 22 de febrero de 2018 y, tras el procedimiento 
correspondiente, en fecha 8 de octubre de 2018 la oficina de dicha institución comunicó 
al  letrado  del  hoy  recurrente  en  amparo,  como  coordinador  de  la  Asociación  Pro 
Derechos Humanos de Andalucía unas recomendaciones dirigidas a la administración 
penitenciaria que, en esencia, se referían a la conveniencia de arbitrar un desarrollo 
normativo infrarreglamentario relativo a la regulación de las comunicaciones orales de 
las personas privadas de libertad con profesionales.
En segundo lugar, se da cuenta de la publicación en el «Boletín Oficial del Senado» 
de la respuesta del Ministerio del Interior a la pregunta formulada por el Defensor del 
Pueblo  en  relación  con  la  cantidad  de  entrevistas  de  internos  con  medios  de 
comunicación  autorizadas  en  los  centros  penitenciarios  españoles  entre  los 
años 2015-2017. La contestación del Gobierno, de 23 de abril de 2018, ponía de relieve 
que no había habido en ese período ninguna entrevista autorizada, si bien se realizaron 
reportajes  donde  voluntariamente  se  habría  entrevistado  algún  interno  de  forma 
voluntaria.  Se  indicaba,  asimismo,  que  todas  las  resoluciones  de  la  administración 
desestimatorias habían estado fundadas y motivadas en Derecho, por cuestiones de  e
orden y seguridad del establecimiento. bo
eascpoer6dc.ó ia lLl atar a aSsdcemecncisidóióennn  cTiaea r cctreoárnmas itdtieteu  cdeioesntl ear elT, crpiuborusrqnoua eld,  eep lo arrme pcpruoarvrsoiod,  epanlapcnriaete cdaiae nu 2dn9o p  rdqoeub elee nmceoarno oc du aerrf ee2c 0tua1n 9aa,    2020-2933n https://ww
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal
[STC 155/2009, FJ 2 a)]. Constando ya la recepción del testimonio de las actuaciones
judiciales y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba, a fin de que emplazara a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el 
plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo.
7.  Por diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2019, se acordó dar vista de las 
actuaciones recibidas a la parte recurrente y al ministerio fiscal por plazo común de 
veinte días para que, dentro de los mismos, pudieran presentar las alegaciones que 
estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representación  procesal  del  recurrente  de  amparo  presentó  escrito  de 
alegaciones de 7 de abril de 2019, en el que se remitía íntegramente a lo expuesto en el 
escrito de amparo en su día formalizado.
9.  El ministerio fiscal, por escrito registrado el 9 de abril de 2019, formuló alegaciones, 
comenzando su escrito por señalar que se trata de un recurso de amparo mixto, por lo que 
centra su análisis en la primera queja formulada, referida a la resolución administrativa del 
centro penitenciario de Córdoba ya mencionada, que no es otra, a su parecer, que la 
supuesta vulneración del derecho a transmitir información (artículo 20.1 CE).
Tras justificar que el recurrente es titular de este derecho de libertad y realizar unas 
consideraciones  generales  acerca  de  su  dimensión  institucional,  se  afirma  que  la 
restricción  de  los  derechos  de  los  reclusos  habrá  de  ser  justificada,  necesaria  y 
proporcional con el fin perseguido: velar por la seguridad y buen orden regimental del 
centro penitenciario.
En este caso, aunque se aludió a dicho fin previsto en la ley penitenciaria, no se 
expresaron las específicas razones por las que se entendió existente ese riesgo, que, 
conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tendrían que haber 
sido «relevantes y suficientes». Por ello, no solo se habría vulnerado la libertad de 
información del interno, sino que también se habría frustrado indebidamente el derecho 
de la colectividad a recibir la información, en cuanto derecho constitutivo de un valor 
esencial en un Estado democrático.
Para el ministerio fiscal, en nada cambiaría esta conclusión la circunstancia de que el 
centro penitenciario informara posteriormente al juzgado de vigilancia penitenciaria sobre 
el probable «mal uso» de la comunicación por parte del periodista, habida cuenta de que 
tal  argumentación  no  fue  esgrimida,  aun  habiendo  podido  serlo,  en  la  resolución 
recurrida.
Por todo lo anterior, concluye el escrito del ministerio fiscal interesando que se 
otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho fundamental a la libertad de 
información  [art.  20.1  d)  CE],  anulándose  el  acuerdo  de  la  dirección  del  centro 
penitenciario  de  Córdoba  de  25  de  enero  de  2017,  así  como  las  resoluciones 
jurisdiccionales  impugnadas,  en  cuanto  confirmaron  la  resolución  administrativa,  sin 
necesidad de entrar a considerar las vulneraciones de derechos fundamentales que en la 
demanda de amparo se les atribuyen.
10.  Por providencia de 23 de enero de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos s
1.  Objeto del recurso y posición de las partes. w.b
recuSrreegnúten  csoen hsaid epruae svtuoln deera rdealise vseu  elinb elortsa da ndtee ceexdperensteiósn d ee  ihnefocrhmoa dceió ne s(taar tr. e2s0o.l1u cCióEn),,  eall 
ehla bmeorlme eimntpoe ddied oi nlate drpiroencceiró nla d edle cmeanntrdoa p ednei teanmcpiaarrioo,  emn aenl tqeunee rs eu nean coennttrraebvias tian tecronno  eunn 
profesional de la prensa, en concreto, un periodista del diario digital «eldiario.es». En
conexión con tal infracción, se achaca a las resoluciones judiciales dictadas por el 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba y por la Audiencia Provincial de 
Córdoba la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías por 
incongruencia (respecto de la primera de ellas) y a la tutela judicial efectiva por error en 
la motivación acerca de la arbitrariedad de la medida restrictiva del derecho y en el 
consecuente juicio de proporcionalidad (respecto de ambas resoluciones). Se solicita la 
declaración de nulidad, tanto de estas decisiones judiciales, como del acuerdo de la 
directora del centro penitenciario del que traen causa y el reconocimiento al recurrente 
de su derecho a expresarse y a transmitir libremente información sin ser sometido a 
censura previa.
El ministerio fiscal, tal y como ha quedado expuesto también en los antecedentes, 
solicita que se otorgue el amparo por haberse vulnerado el citado derecho, instándose la 
anulación del acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero 
de  2017,  así  como  de  las  resoluciones  jurisdiccionales  impugnadas,  en  cuanto 
confirmaron  la  resolución  administrativa,  sin  entrar  a  enjuiciar  las  vulneraciones  de 
derechos fundamentales que en la demanda de amparo se atribuyen a estas últimas.
2.  Amparo mixto. Carácter prioritario de la impugnación del acto administrativo.
Como advierte el fiscal en su escrito de alegaciones, nos encontramos ante un 
recurso  de  amparo  mixto,  resultado  de  la  acumulación  de  distintas  pretensiones 
impugnatorias en una misma demanda: aquella cuyo origen se encuentra inicialmente en 
la administración penitenciaria (art. 43 LOTC) y aquellas que se imputan a la actividad 
judicial posterior promovida contra la resolución administrativa (art. 44 LOTC). En estos 
casos, como hemos recordado, entre otras, en las SSTC 113/2008, de 29 de septiembre 
(FJ 2); 169/2012, de 1 de octubre, FJ 1, y 59/2011, de 3 de mayo, FJ 1, la impugnación 
del acto administrativo tiene un carácter prioritario, «pues la comisión de una lesión 
constitucional en el transcurso del proceso judicial no impide que el acto administrativo 
siga siendo el verdadero objeto del proceso de amparo que finalmente deviene en mixto, 
sin que exista razón para demorar [un] enjuiciamiento de un acto administrativo ya 
recurrido en amparo» (STC 113/2008, FJ 2). Lo contrario, como pusimos de manifiesto 
en la STC 5/2008, de 21 de enero, FJ 3, «haría de peor condición a quien además de 
haber padecido una vulneración de sus derechos originada por la administración hubiera 
sufrido otra lesión añadida, causada por el órgano judicial, frente a quien solo ha sufrido 
la primera, pues así como este obtendría una reparación inmediata en sede de amparo, 
aquel vería retrotraída la causa a la jurisdicción ordinaria para que allí se repare la lesión 
sufrida al intentar corregir la lesión administrativa originaria. Lo cual tendría un efecto 
retardatorio para la tutela del derecho sustantivo en juego que hemos rechazado en 
numerosas ocasiones (así, SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 2; 307/2006, de 23 
de octubre, FJ 2, y 62/2007, de 27 de marzo, FJ 2)».
De acuerdo con dicha doctrina, comenzaremos nuestro enjuiciamiento por la lesión 
que se imputa al acuerdo de la directora del centro penitenciario de Córdoba del día 25 
de enero de 2017, por el que se denegaba la solicitud del hoy recurrente en amparo para 
ser visitado y comunicar con un profesional de la información. Solo en el caso de que, 
tras  el  oportuno  análisis,  se  concluya  que  dicho  acto  no  vulneró  los  derechos 
fundamentales  del  solicitante  resultaría  procedente  pronunciarse  acerca  de  las 
vulneraciones que se achacan en la demanda a las resoluciones judiciales posteriores.
3. Los términos de la denegación de la comunicación solicitada. Premisas para su  s
control de constitucionalidad. oe.
Como se ha visto en los antecedentes de la presente resolución, el recurrente alega  33ww
qinufoer mlaa ciaódnm, ainuisntqraucei óenn  eple ánmitebnitcoia driea  shua d evruelcnheora ad otr asnussm itliirb einrtfaodrmesa cidóen  (eaxrtpícreusloió 2n0 .e1 
iCnEfo)r,m  pauceiosn epsr edtee nindtíear écso pmúubnliiccoa rp acroan q uuen,  trpaesr isoud isatdae cpuaardao  htraactaemrleie nllteog, alar s odpifiunniodnieersa  ea   BOE-A-cable e
través de la prensa. El ejercicio de tales derechos habría sido cercenado, por haber sido 
sometido  a  una  restricción  o  censura  previa,  alegando  la  directora  del  centro 
penitenciario en su resolución denegatoria de la comunicación solicitada que, «al no 
presentar  motivación  que  justifique  la  necesidad  de  dicha  comunicación  no  existen 
garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del 
establecimiento».  Para  el  demandante  de  amparo  tal  argumento  no  justificaría  la 
restricción,  pues  el  interno  dejó  de  manifiesto  que  no  pretendía  cometer  ninguna 
infracción penitenciaria ni divulgar noticias o datos falsos que pudieran poner en peligro 
dichos bienes jurídicos.
De acuerdo con la motivación ampliada ofrecida por la administración penitenciaria a 
solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria, la justificación de la denegación se 
apoyaría sobre un supuesto «mal uso» de una comunicación realizada por el recluso un 
año antes con ese mismo medio, pues como resultado de aquella se publicó un artículo 
que contenía parte de la entrevista en la que, en opinión del centro, se habría vulnerado 
el derecho fundamental a la intimidad de otros internos (teniendo la administración 
penitenciaria la obligación de garantizar el mismo). Asimismo, se habría desacreditado a 
los profesionales del equipo de tratamiento mediante afirmaciones falsas acerca de su 
actividad laboral, lo que, a su vez, habría creado un ambiente hostil en el centro, 
afectando «gravemente a la seguridad del establecimiento».
Para el recurrente de amparo tal fundamentación no sería admisible pues, al margen 
de que esta no fue expresada en la resolución administrativa inicial, no sería coherente 
con  el  hecho  de  que  el  interno  no  resultó  sancionado  por  el  contenido  de  dicha 
publicación –pues aunque lo fue en vía administrativa, la sanción fue anulada en la vía 
jurisdiccional, sin entrar en el fondo, por una incorrecta tipificación–, por lo que este no 
puede ser el motivo de la denegación de la nueva comunicación solicitada.
En definitiva, para el demandante de amparo, se habría impedido ilegítimamente el 
ejercicio de su libertad de información y expresión al habérsele negado –en una suerte 
de censura previa– mantener la comunicación solicitada con un periodista, por la única 
razón de haber ejercido esas libertades en una entrevista anterior, cuyo contenido no fue 
del agrado de la dirección del centro en la que se encontraba interno.
Se trata, por tanto, de pronunciarse sobre la legitimidad constitucional de una medida 
concreta, la denegación por parte del centro penitenciario de la comunicación solicitada 
por  el  interno  que  incide  negativamente  en  su  libertad  de  expresión  e  información 
(art. 20.1 CE).
Para poder dar adecuada respuesta a la queja del recurrente, resulta necesario 
establecer una serie de premisas, que expondremos a continuación.
A)  Los reclusos como titulares de los derechos del art. 20 CE.
Dadas las circunstancias que concurren en este caso, resulta obligado plantearse, en 
primer lugar, si un interno en un establecimiento penitenciario puede ser titular de las 
libertades de expresión e información y, de ser así, cuáles son los límites a su ejercicio.
Al respecto, ha de recordarse que este Tribunal ha señalado desde la STC 6/1981 
(FJ 4) que la titularidad de los derechos del art. 20 CE no corresponde solo a los 
periodistas,  sino  a  todos  los  ciudadanos  (así  se  recuerda,  entre  otras,  en  la 
SSTC 223/1993, de 30 de junio, FJ 2; 23/1995, de 30 de enero, FJ 3; 199/1999, de 8 de 
noviembre, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2). Y ello, incluso cuando estos no 
lleven  a  cabo  por  sí,  directamente,  la  difusión  pública  del  material  noticiable, 
trasmitiéndolo  a  profesionales  del  periodismo  para  que  procedan  a  su  ulterior  e
publicación. Porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá  bo
iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo a dicho material  33ww
(STCS e6g/1ú9n8 h8a,  daefi r2m1a ddeo  erenieterora, dFaJm 5e).nte el Tribunal, las personas condenadas a una pena
dlóeg icparmiseiónnte ,s soun  etjeiturclaicrieos  viednee  ldaesl imlibitaedrtoa dpeosr  edl eh eecxhpor edseió qnu ee  loisn froercmluascoiósn p, osaeuennq uuen, 
status libertatis sustancialmente más reducido que el de los ciudadanos libres, que viene
definido por lo dispuesto en el art. 25.2 CE, de acuerdo con el cual, estos gozarán de los 
derechos fundamentales del capítulo segundo del título primero de la Constitución, «a 
excepción  de  los  que  se  vean  expresamente  limitados  por  el  contenido  del  fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria» (en este sentido, STC 11/2006, 
de 16 de enero, FJ 2).
Por ello, el marco normativo constitucional, de acuerdo con el cual un condenado a 
pena de prisión recluido en un establecimiento penitenciario puede ejercer su libertad de 
expresión e información, no viene determinado únicamente por lo dispuesto en el art. 20 
CE, sino además por el art. 25.2 CE, pues es este precepto el que constituye la norma 
específica aplicable a los derechos fundamentales de los reclusos que adquieren un 
status propio que se configura, de acuerdo con este último precepto constitucional, como 
una relación de sujeción especial (por todas, STC 11/2006, de 16 de enero, FJ 2, en 
relación con el derecho a recibir información de los reclusos).
a)  Delimitación de estos derechos conforme a lo establecido en el art. 20 CE: el 
respeto a otros derechos, especialmente, el derecho al honor y a la intimidad. La 
dimensión  institucional  de  las  libertades  de  expresión  e  información  y  su  posición 
preferente.
Resulta indudable que el ejercicio de las libertades contenidas en el art. 20 CE puede 
colisionar, en ocasiones, con otros derechos fundamentales, especialmente y por lo que 
aquí interesa, con los derechos al honor y a la intimidad que, por mandato del art. 20.4 
CE, constituyen un límite externo al correcto ejercicio de aquellas (STC 12/2012, de 30 
de enero, FJ 6). A su vez, las libertades de expresión e información se encuentran entre 
los  «límites  naturales»  de  los  derechos  al  honor  y  a  la  intimidad  de  terceros 
(STC 190/2013, de 18 de noviembre, FJ 3).
Los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y 
a  comunicar  libremente  información  veraz  se  encuentran  tan  cercanos  que,  en 
ocasiones, resultará imposible deslindarlos dentro de un mismo acto de comunicación. 
No obstante, la jurisprudencia de este Tribunal se ha detenido en delinear los contornos 
de cada una de ellas a fin de determinar cuáles pueden ser sus límites en el caso 
concreto.
La reciente STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 a), recoge nuestra jurisprudencia 
consolidada respecto al primero de esos derechos, recordando que tiene por objeto la 
libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual 
deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este 
derecho  comprende  la  crítica  de  la  conducta  de  otro,  aun  cuando  la  misma  sea 
desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 
de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; 
SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, asunto Handyside c. Reino Unido, § 49 y de 8 de 
julio de 1986, asunto Lingens c. Austria § 41), pues «así lo requieren el pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe ‘‘sociedad democrática’. 
(SSTEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42; de 29 de febrero 
de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 43, y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern 
Taulats y Roura Capellera c. España, § 30).
Junto a ello, también hemos señalado que «la libertad de expresión es más amplia 
que la libertad de información al no operar en el ejercicio de aquella el límite interno de 
veracidad que es aplicable a esta» (STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2), lo que se 
justifica en que «tiene por objeto presentar ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos 
que no se prestan a una demostración de su exactitud» (STC 51/1989, de 22 de febrero,  e.
FJ 2). En definitiva, el reconocimiento de la libertad de expresión garantiza el desarrollo  w.b
de una comunicación pública libre que permita la circulación de ideas y juicios de valor  33ww
minhaerzroe,n tFeJ  a3l ; p2r0in/1ci9p9io2 , ddee  le1g4i tdimei dfeabdr edreom, FoJc rá3t;i c9a/2 (0p0o7r,  tdoed a1s5,  dSeS TeCne r6o/1, 9F8J1 4, )d. eE n1 6e sdtee 
fsoernmtiadcoi,ó mn edree clae  oepsipneiócnia pl úpbrolitceac cyi ófanc ciloitnas qtiutuec i«oenla cl iluad daidfuasnioó np duee didae faosrm qaure  licborleamboernetne  as ulas 
opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos» (SSTC 159/1986,
de 16 de diciembre, FJ 6; 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). Entre ellas, hemos incluido no 
solo  los  juicios  de  valor  de  ámbito  político  o  los  que  se  refieren  directamente  al 
funcionamiento de las instituciones públicas (STEDH de 13 de noviembre de 2003, 
asunto Scharsach y News Verlagsgesellschaft c. Austria, § 30), sino también los que 
tienen por objeto la valoración crítica del modelo de sociedad y su evolución. En esta 
misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, en los 
ámbitos del discurso político y de las cuestiones de interés general, el art. 10.2 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (CEDH) no queda apenas espacio para la restricción de la libertad de 
expresión, que prevalecerá frente a posibles afectaciones del derecho al honor (SSTEDH 
de 29 de marzo de 2016, asunto Bédat c. Suiza, § 49 y de 13 de marzo de 2018, asunto 
Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 32 y jurisprudencia en ellas citada).
En concreto —y por lo que aquí interesa—, sobre la crítica a la pericia profesional en 
el desempeño de una actividad, hemos advertido que esta no ha de confundirse, sin 
más, con un «atentado al honor» (por todas, STC 9/2007, de 15 de enero). Solo escapan 
a la protección del art. 18.1 CE «aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas 
a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación 
personal,  al  repercutir  directamente  en  su  consideración  y  dignidad  individuales, 
poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su 
probidad  o  su  ética  en  el  desempeño  de  aquella  actividad;  lo  que,  obviamente, 
dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha 
cuestionado la valía profesional del ofendido» (STC 180/1999, FJ 5).
En  supuestos  en  los  que  las  frases  proferidas  constituyen  una  crítica  referida 
específicamente a la labor profesional de un funcionario público, el Tribunal ha dicho que 
se amplían los límites permisibles. El canon de análisis correspondiente exige prestar 
especial atención, entre otras cosas, a las circunstancias concretas o contexto en que las 
expresiones debatidas se vierten, su contenido, la mayor o menor intensidad de las 
frases; su tono humorístico o mordaz; el hecho de afectar al honor del titular del cargo no 
en su faceta íntima y privada, sino en relación con su comportamiento como titular de 
una función pública; la existencia o inexistencia de animus iniuriandi; el interés general o 
la relevancia pública de las manifestaciones, expresiones o ideas exteriorizadas, y, por 
encima  de  todo,  si  contribuyen  o  no  a  la  formación  de  la  opinión  pública  libre 
(SSTC 107/1988, de 8 de junio; 105/1990, de 6 de junio; 171/1990, de 12 de noviembre; 
85/1992, de 8 de junio;15/1993, de 18 de enero, y 3/1997, de 13 de enero entre otras).
En el caso de que el objeto de las críticas sea alguna institución pública o una clase 
del Estado, sin minusvalorar la importancia de su dignidad, reputación o autoridad moral, 
gozan frente a estas libertades de un nivel de garantía más débil que el que corresponde 
al  honor  de  las  personas  de  relevancia  pública,  máxime  cuando  las  opiniones  o 
informaciones  que  pueden  atentar  contra  tales  valores  se  dirigen  no  contra  una 
institución, clase o cuerpo como tal, sino indeterminadamente contra los individuos que 
pertenezcan o formen parte de los mismos en un momento dado (STC 51/1989, de 22 de 
febrero, FJ 2), siempre que no se ponga en cuestión su probidad pública (STC 371/1993, 
de 13 de diciembre, FJ 8). Así, por ejemplo, hemos considerado cubierta por la libertad 
de expresión la crítica de la desidia municipal, al no existir una intención de injuria o de 
menosprecio, sino ejercicio legítimo del derecho a la crítica del funcionamiento de las 
instituciones públicas (STC 170/1994, de 7 de junio, FJ 4).
En cuanto a la libertad de información y su posible colisión con el derecho a la 
intimidad de terceros, para que la emisión de una noticia o información goce de la  s
máxima protección del art. 20.1 d) CE y prevalezca, por ello, sobre este último, hemos  oe.
establecido dos condiciones, que también han sido exigidas por el Tribunal Europeo de  w.
Derechos Humanos, entre otras muchas, en las sentencias de 17 de diciembre de 2004  33ww
S(acsuutnetlnoi cCuu cm. Rpâunmâa nyi aM).azâré c. Rumanía) y 31 de enero de 2006 (asunto Stângu y
«verLaac epsr»im, qeurae  edne  nduiecshtaras  dcoocntrdinicaio hneems ocso hnescishtoe  eeqnu ivqaulee ntloe s tara hnesmchitoidso « csoenatrna shtaedcohso»s   BOE-A-cable e
con la debida diligencia profesional, por todas, STC 107/1988. Así, este Tribunal ha 
hecho recaer sobre los autores de la noticia un «deber de diligencia en la comprobación 
de la veracidad de la información [que] no se satisface con la pura remisión a fuentes 
indeterminadas que, en ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento 
de dicho deber, pues al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia, también asume 
la veracidad o inveracidad, en cuanto que la obligación de contrastar la verosimilitud de 
la noticia es un deber propio y específico de cada informador» (STC 172/1990, de 12 de 
diciembre; y en parecidos términos, SSTC 6/1996, de 16 de enero, y 21/2000, de 31 de 
enero).
La  otra  condición  para  que  la  información  goce  de  la  protección  constitucional 
consiste  en  que  recaiga  sobre  «hechos  noticiables»,  esto  es,  sobre  materias  de 
relevancia pública que sean de interés general, ya sean por las materias a que se refiere 
o por las personas que en ellos intervienen; contribuyendo, en consecuencia, a la 
formación de la opinión pública (por todas, STC 18/2015, de 16 de febrero, FFJJ 4 y 5).
Respecto de ambas libertades, ha de recalcarse, pues, que es precisamente cuando 
su ejercicio versa sobre materias que contribuyen a la formación de una opinión pública 
libre cuando su protección constitucional opera con la mayor eficacia, máxime cuando se 
ejercitan por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado 
de  formación  de  opinión  que  es  la  prensa,  entendida  en  su  más  amplia  acepción 
(STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4). Y ello porque, de acuerdo también con nuestra 
constante jurisprudencia, el art. 20 de la norma fundamental, además de consagrar el 
derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, 
garantiza el interés constitucional de la formación y existencia de una opinión pública 
libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa 
y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un 
sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre 
y democrática (STC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4). Para que el ciudadano pueda formar 
libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha 
de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas 
e incluso contrapuestas» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, reiterada por la 
STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6). En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia en el asunto Handyside c. 
Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, al afirmar que estas libertades, reconocidas en 
el art. 10.1 CEDH, constituyen uno de los fundamentos esenciales de una sociedad 
democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso, por lo que, si bien 
dichas libertades pueden estar sometidas a restricciones «previstas por la ley», estas 
han de venir justificadas por una «necesidad social acuciante» (STEDH de 13 de marzo 
de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 31, interpretando el 
sentido del art. 10 § 2 CEDH ) y han de ser interpretadas siempre de forma restrictiva (en 
el mismo sentido SSTEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42; 
de 29 de febrero de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 43; de 10 de diciembre 
de 2007, asunto Stoll c. Suiza, § 101; de 13 de julio de 2012, asunto Movimiento raeliano 
suizo c. Suiza, § 48; y de 23 de abril de 2015, asunto Morice c. Francia, § 124). Esta 
dimensión  objetiva  o  institucional  de  estos  derechos-libertad  les  dota  de  una 
preeminencia en nuestro ordenamiento jurídico frente a otros derechos o bienes jurídicos 
en  conflicto,  que  ha  vuelto  a  ser  recordada  de  forma  explícita,  entre  otras,  en  la 
STC 18/2015, de 16 de febrero, FJ 4).
Estas libertades aparecen, así, como uno de los fundamentos indiscutibles del orden  s
constitucional  español,  colocadas  en  una  posición  preferente  y  objeto  de  especial  oe.
protección (STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3), y necesitadas de un «amplio espacio»  w.
(SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5; 297/2000. de 11 de diciembre, FJ 4; 127/2004,  33ww
dcoem 1o9  pdaer aju lqiou,e F pJu 4e)d, ae sd edseecnirv, oulnv eármseb istoin  eaxnegnotos tudrea cso, aecsctoió ens l,o s sinu ftiicmieidnetezm ye snitne  tgeemnoerr.o Dsoe 
aohpíin iqounee sd cisounasdtiitru ylaa  duinli gleímnittee,  cyo npsotrit uecliloon alel geítsimenac, iatlr aqnusem eisl ióanrt . d2e0  iCnfEo rimmapcoinoen eas  toy ddoes   BOE-A-cable e
los poderes públicos y, en particular, al juez penal en nuestro Estado democrático [en 
esta línea, por todas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 287/2000, de 11 de 
diciembre, FJ 4; 127/2004, de 19 de julio, FJ 4; 9/2007, de 15 de enero, FJ 4; 253/2007, 
de 7 de noviembre, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 d); asimismo, STEDH, de 23 de 
abril de 1992, asunto Castells c. España, § 46].
Ese valor preferente cuando las libertades de expresión e información acercan al 
conocimiento  general  hechos  u  opiniones  relevantes  para  la  comunidad,  tiene  una 
especial  manifestación  respecto  a  las  personas  que  ejercen  funciones  públicas  o 
resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, pues deben soportar un mayor 
riesgo  de  interferencia  en  sus  derechos  que  las  personas  privadas,  en  aras, 
precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos, situaciones u opiniones 
que interesan a la comunidad, residiendo en tal criterio el elemento final de valoración 
para dirimir, en estos supuestos, el eventual conflicto entre las pretensiones de expresión 
o información y otros derechos fundamentales (en sentido parecido, STC 127/2003, 
de 30 de junio y las que allí se citan). Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha destacado que, en estos casos, el factor decisivo en la ponderación entre la 
protección de los derechos ajenos y estas libertades estriba en la contribución de lo 
publicado a un debate de interés general (por todas, STEDH de 24 de junio de 2004, 
asunto Von Hannover c. Alemania, § 65 y 76).
b)  La exigencia de una previsión legal que sirva de base para la limitación de los 
derechos de los reclusos derivada del art 25.2 CE. En particular, la denegación de 
comunicaciones con profesionales de la información.
El  derecho  a  expresarse  y  a  comunicar  información  de  los  reclusos  viene 
determinado, no solo por el art. 20 CE, sino también por el art. 25.2 CE. Este no 
constituye  únicamente  una  fuente  de  limitación  o  restricción  de  los  derechos 
fundamentales de los presos, sino que incorpora, además, una cláusula de garantía 
«que permite preservar, en el ámbito de la relación de sujeción especial que vincula al 
privado de libertad con la administración penitenciaria a cuyo sometimiento se halla, el 
ejercicio de los derechos fundamentales que se reconocen a todas las personas en el 
capítulo  segundo  del  título  I  CE;  bien  que  aquí  ‘‘con  las  modulaciones  y  matices’ 
recogidas en dicho precepto constitucional» [STC 128/2013, de 3 de junio, FJ 3 y, en el 
mismo sentido, STC 145/2014, de 22 de septiembre, FJ 7 b)]. Así, por lo que ahora 
interesa, dicho precepto exige, según señalábamos en la STC 58/1998, de 16 de marzo 
(FJ 3) que, cuando de la limitación de un derecho fundamental de un preso se trata y su 
ejercicio no se encuentra restringido expresa o implícitamente en el fallo condenatorio 
que condujo a la prisión (como es este el caso), tal limitación se prevea en la ley 
penitenciaria, que, a su vez, ha de dictarse —no ha de olvidarse— «de acuerdo con la 
Constitución» (STC 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 2).
La reserva de ley prevista en el art. 25.2 CE ha de entenderse en sentido formal, de 
manera  que  toda  limitación  de  derechos  fundamentales  consignada  de  forma 
independiente en el reglamento penitenciario ha de considerarse inconstitucional por 
contraria a la previsión del art. 25.2 CE. Con mayor razón, entonces, a la administración 
penitenciaria  no  le  está  permitido  restringir  a  voluntad  los  derechos  fundamentales 
durante la ejecución de la pena, pues solo pueden ser limitados mediante ley o sobre la 
base de una ley.
Esta vinculación positiva de la administración penitenciaria a la legislación en la 
materia derivada de la garantía contenida en el art. 25. 2 CE, viene recogida en el art. 3 
RP,  en  el  que  se  recuerda  que  «la  actividad  penitenciaria  se  desarrollará  con  las  s
garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley» (apartado  oe.
primero) y, en cuanto a los derechos de los internos, que estos «solo podrán ser  w.
restringidos cuando lo dispongan las leyes» (apartado segundo). 33ww
profTeaslieosn aelexsig aecnrceiadsit ardeossu ldtaen l aa pplriecnasbale s« ean  llao  rdeelanceigoancaidóon  cdoen  lsaus  accotimviudnaidc»a,c ieonn ecsu acnotno 
qpurees oess,t ap osr ulpoo qnuee  urneas ullitma ituanc ipórne sduep uloess tod ehraebcihliotasn tdee i neexxpcruessaióbnle  ed ein dfoicrhmaa cdieónne gdaec ilóons   BOE-A-cable e
una previsión clara y terminante en la legislación penitenciaria, tal y como disponen, 
respecto a todos los derechos, los arts. 25.2 CE y el 8.2 CEDH (en parecidos términos, 
en relación con los derechos a la intimidad y a la defensa, STC 183/1994, de 20 de junio, 
FJ 5). Dicha previsión legislativa ha de venir justificada, además, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por una «necesidad social 
acuciante» (STEDH de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. 
España, § 31).
B)  La exigencia de motivación y proporcionalidad de las resoluciones que restrinjan 
los derechos o libertades de los reclusos.
Las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los 
límites  constitucionales  y  legales,  deberán  estar  motivadas  de  manera  suficiente  y 
razonable. En la STC 175/1997, de 27 de octubre, FJ 4 se insiste en la importancia y 
necesidad  de  la  motivación  de  los  acuerdos  restrictivos  de  derechos  en  el  ámbito 
penitenciario, no solo porque ello permite acreditar las razones que justificaron la medida 
sino, además, porque constituye el único medio para constatar que la ya limitada esfera 
jurídica del ciudadano interno en un centro penitenciario, no se restringe o menoscaba 
de forma innecesaria, inadecuada o excesiva. De este modo, la falta, insuficiencia o 
irrazonabilidad de la motivación afecta a la propia justificación del supuesto habilitante 
para la restricción del derecho.
También  apuntaba  dicha  resolución  que,  la  exigencia  constitucional  de 
proporcionalidad de la medida, se encuentra en estrecha relación con la exigencia de 
motivación,  cuya  importancia  recuerda  también  el  art.  71.1  RP  a  la  administración 
penitenciaria  a  la  hora  de  adoptar  medidas  de  seguridad.  La  valoración  de  la 
proporcionalidad se descompone, a su vez, en tres juicios: el de idoneidad, sobre la 
adecuación de la medida para el fin propuesto (que ha de ser constitucionalmente 
legítimo y estar previsto por la Ley); el de necesidad o subsidiariedad sobre la posibilidad 
de  acudir  a  otro  recurso  menos  gravoso  para  el  derecho  fundamental,  y  el  de 
proporcionalidad en sentido estricto, sobre la ponderación entre los beneficios o ventajas 
para el interés general y los perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. En 
definitiva,  se  trata  de  averiguar  si  las  razones  esgrimidas  justifican  realmente  la 
restricción del derecho.
Pero el análisis de la proporcionalidad cuenta con un prius lógico, que radica en la 
finalidad  de  la  medida  controlada,  pues  solo  a  partir  de  la  identificación  y  licitud 
constitucional de la misma, es posible analizar si la medida concretamente enjuiciada 
restringe proporcionadamente o no el derecho fundamental afectado.
4.   El juicio de constitucionalidad del acuerdo recurrido en amparo.
Una vez vistos los términos en los que se produce la denegación de la comunicación 
solicitada por el hoy recurrente en amparo y los parámetros constitucionales a tener en 
cuenta en su enjuiciamiento, procede ahora llevar a cabo este conforme a la doctrina 
constitucional precedentemente expuesta. El análisis ha de incluir necesariamente la 
interpretación de los preceptos legales aplicables a las comunicaciones de los internos y, 
más en concreto, los referidos a su posible denegación, en cuanto que los preceptos en 
juego afectan a derechos y libertades fundamentales (STC 73/1983, de 30 de julio, FJ 7).
A)  La motivación inicial.
Según ya ha sido expuesto, en el acuerdo administrativo recurrido se contiene la  o
motivación que, en un primer momento, ofrece la dirección del centro, apoyando la  33ww
ddslauees ln  aceecosgtmtiaavcuibdinlóaeincdc ai»dmc eyiio e lanne etscosgo  prmdimeeun ineliotinecsdna ioccni itaólearnri on ism ocospal iosccosioti anbdd ie«lai dpp earrondof  deldousescio  iramnsraeatsl enl.a ste5  can1oce.3mrre  LuldaOni tiasGcedaPgoc usiyó r eni4dn.9a .dl5o   yRre Pela,l  cqbiuouene anrde oogr udcleoannn    OE-A-2020-29able en https://
Conforme a la doctrina que se acaba de exponer, para determinar si en este caso la 
fundamentación  de  la  resolución  administrativa  recurrida  resulta  acorde  con  las 
exigencias constitucionales, se hace necesario comprobar si la misma puede encontrar 
apoyo en la legislación penitenciaria. Para ello, siguiendo la argumentación ofrecida por 
la dirección del centro penitenciario, acudiremos en primer lugar al marco legal regulador 
de las comunicaciones con profesionales y, en segundo lugar, nos referiremos a la 
garantía de la seguridad y el buen orden del centro penitenciario como límite de los 
derechos de los reclusos derivado de la Ley Orgánica general penitenciaria.
a)  La regulación de las comunicaciones de internos con profesionales.
En el art. 51 LOGP se regula la autorización de comunicaciones a los internos. El 
precepto  distingue  varias  modalidades  de  comunicación,  que  son  de  muy  distinta 
naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados 
(STC 183/1994, de 20 de junio, FJ 5).
El apartado primero del art. 51 LOGP se refiere a las comunicaciones con familiares, 
amigos y representantes acreditados de organismos internacionales e instituciones de 
cooperación  penitenciaria.  Se  señala  en  este  apartado  que  «los  internos  estarán 
autorizados a comunicar (con ellos) periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia 
lengua […] salvo en los casos de incomunicación judicial». En el segundo párrafo del 
dicho apartado primero se determina que «estas comunicaciones… no tendrán más 
restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de 
seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento».
Por  su  parte,  el  apartado  segundo  del  art.  51  LOGP  hace  mención  a  las 
comunicaciones con el abogado defensor y con el procurador que le represente, que 
habrán de celebrarse «en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o 
intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo».
Por último –y por lo que aquí interesa–, el apartado tercero establece que «en los 
mismos  departamentos  podrán  ser  autorizados  los  internos  a  comunicar  con 
profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los asistentes sociales 
y  con  sacerdotes  o  ministros  de  su  religión,  cuya  presencia  haya  sido  reclamada 
previamente». Ninguna mención se realiza acerca de las condiciones en las que se 
pueden  denegar  estas  comunicaciones,  refiriéndose  únicamente  el  precepto  a  su 
eventual intervención, señalando que podrá producirse «en la forma que se establezca 
reglamentariamente».
Pues bien, el reglamento penitenciario se refiere a este tipo de comunicaciones en el 
art.  49  en  términos  similares  a  los  recogidos  en  la  ley  orgánica,  bajo  la  rúbrica 
«Comunicaciones con autoridades o profesionales». En su apartado quinto, se señala 
que serán «los notarios, médicos, ministros de culto y otros profesionales acreditados, 
cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la dirección del 
establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión», 
los que «podrán ser autorizados para comunicar con aquel en local apropiado». Nada se 
dice  en  este  artículo  acerca  de  su  posible  denegación,  suspensión  o  intervención. 
Tampoco la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 24-1996, 
de 16 de diciembre, relativa a las comunicaciones de los internos, contiene ninguna 
aclaración al respecto.
Sin  embargo,  el  artículo  43  RP,  rubricado  «restricciones  e  intervenciones»  y 
refiriéndose, con carácter general, a las «comunicaciones orales» reguladas en el art. 51 
LOGP, señala que cuando estas «deban ser restringidas en cuanto a las personas,  e
intervenidas o denegadas, el director del establecimiento, con informe previo de la junta  bo
de  tratamiento  si  la  restricción,  intervención  o  denegación  se  fundamenta  en  el  33ww
tcruaetanmtai eanlt oju, eloz  adceo vrdigairlaán acsiaí  eenn  reel scoaluscoi ódne m poetnivaaddoas,  oq uae  lsae  anuototirfiicdaardá  jauld iicnitaelr ndoe,  ldaa nqduoe 
daeppliceanbdlae  as i lasse c otrmatuan icdaec iodneetesn cidoons  poro fperseiosnoasl»e.s ,D dicahdoo s plroesc etéprtmo inpoosd rgíean écroicnossid eerna rlsoes 
que  se  encuentra  redactado,  pero  en  lo  que  se  refiere  a  la  denegación  de  las
comunicaciones, dicha interpretación se encontraría con el obstáculo de que no existe 
remisión legal respecto a las condiciones de la misma, pues, como hemos visto, el 
art. 51.3 LOGP, remite al reglamento únicamente la regulación de «la forma» en que se 
puede llevar a cabo la «intervención» (y no la «denegación») de las comunicaciones con 
profesionales. Así parece haberlo entendido la dirección del centro penitenciario en este 
caso, al sostener la denegación de la comunicación sobre la base de lo dispuesto en el 
art. 49.5 RP y no en el art. 43 RP.
Del repaso a la legislación aplicable se extrae que la regulación referida a las 
comunicaciones con ministros de culto y con profesionales acreditados es, de entre 
todas las referidas a las comunicaciones de los internos, la menos garantista, pues no se 
prevé  ni  los  casos  ni  las  formas  en  que  estas  pueden  ser  denegadas,  quedando 
completamente al margen de la decisión o de su posterior convalidación por el juez de 
vigilancia penitenciaria, figura creada precisamente, y entre otras finalidades, para la 
salvaguarda de los derechos de los privados de libertad, así como para la corrección de 
«los  abusos  y  desviaciones  que  en  el  cumplimiento  de  los  preceptos  del  régimen 
penitenciario puedan producirse» (art. 76.1 LOGP).
Sin embargo, la exigua regulación legal no puede interpretarse, como lo ha hecho en 
este  caso  la  administración  penitenciaria  –y  después,  también  los  órganos 
jurisdiccionales que han resuelto en la vía ordinaria los recursos planteados por el 
recurrente en amparo–, en el sentido de que el art. 51.3 LOGP prevea un tipo de 
comunicaciones  de  autorización  discrecional  por  parte  de  la  dirección  del  centro 
penitenciario. Pues, tal interpretación resulta incompatible con la vinculación positiva a la 
ley de la administración penitenciaria a la hora de limitar los derechos de los reclusos, de 
manera que el silencio legal no puede entenderse como un espacio de inseguridad 
jurídica en el que aquella tiene libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino, 
todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos.
En consecuencia, ha de concluirse que la regulación legal de las comunicaciones 
controvertidas no ofrece cobertura que pueda considerarse bastante para la denegación 
recurrida, ya que no cumple con los requisitos, expuestos.
b)  La obligación de la institución penitenciaria de garantizar la seguridad y el buen 
orden del centro como límite ínsito en la Ley Orgánica general penitenciaria.
Pero, como acabamos de ver, la denegación de la comunicación se justifica también 
porque «al no presentar (el recluso) motivación que justifique la necesidad de dicha 
comunicación, no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la 
seguridad y buen orden del establecimiento».
Al respecto ha de recordarse que, según nuestra jurisprudencia, la limitación de 
derechos de los reclusos puede venir justificada por la salvaguarda del buen orden y la 
seguridad  del  centro.  Porque,  como  repetidamente  hemos  destacado  (entre  otras, 
SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 y 116/2002, de 20 de mayo, FJ 5), su garantía 
constituye  una  obligación  esencial  de  la  institución  penitenciaria  recogida  en  la 
legislación penitenciaria en varios de sus preceptos [v. gr., arts. 18, 22.3, 26 d), 29.2, 
36.3, 41.1, 43.4, 45 y 51.1 LOGP].
La peculiaridad específica de la regulación constitucional y legal de la relación de los 
presos con  la  administración penitenciaria, contempla  la convivencia ordenada y la 
seguridad interna como uno de sus objetivos principales (art. 41.1 de la propia Ley 
Orgánica general penitenciaria). Por ello, resulta incuestionable que la seguridad del 
centro y, por tanto, del personal que presta servicios en el mismo y, en su caso, de los  e
restantes  internos,  así  como  el  buen  orden  del  centro  constituyen  un  límite  a  los  bo
derechos de los reclusos no solo constitucionalmente legítimo, sino incluso justificado en  33ww
eald mcionnistetrxatcoi ónd ep elnai terneclaiacriióan ( peosr ptoedcaiasl,  SdTeC   s1u1j/e2c0ió0n6 , FqJu e5 ).preside  la  actuación  de  la
FJ 6S)i nq ueem lbaa ragpoe, lahceimóno sa  duenc lianrtaedréos t agmenbeiérna l (cpoomr too deass ,e lS bTuCe n5 7o/1rd9e9n4 ,y d lea  2s8e gduer ifdeabdr edroe,l 
establecimiento penitenciario no puede, por sí sola, legitimar una medida limitativa de
derechos, pues «si bastara, sin más, la afirmación de ese interés público para justificar el 
sacrificio del derecho, la garantía constitucional perdería, relativizándose, toda eficacia» 
(STC  37/1989,  FJ  7).  Para  que  la  limitación  de  derechos  sea  constitucionalmente 
admisible es precisa la existencia de motivos específicos que justifiquen, en el caso 
concreto, que el interés general se hallaba en peligro, es decir, que existe un conflicto 
real de intereses entre el ejercicio del derecho por parte del preso y el orden y la 
seguridad del centro.
Y esto es precisamente de lo que carece la resolución recurrida, en la que no se 
explicitan  motivos  «relevantes  y  suficientes»  por  los  cuales  se  considera  que  la 
seguridad y el buen orden del centro penitenciario se pondrían en peligro de realizarse 
una nueva comunicación por parte del interno con un profesional de la prensa (en este 
sentido,  STEDH  de  21  de  junio  de  2012,  asunto  Schweizerische  Radio  und 
Fernsehgesellschaft SRG c. Suiza). Tampoco se justifica cómo la falta de explicación por 
el interno de la finalidad de la entrevista que pretendía llevar a cabo con un periodista 
podía afectar a dichos bienes jurídicos, ni se hace ninguna mención a los concretos 
problemas de seguridad que pudieran justificar la finalidad de la medida, ni de las 
circunstancias individualizadas que permitirían cumplir con dicha finalidad. Se alude, en 
definitiva, a genéricos motivos de seguridad y buen orden, que no se concretan en 
relación con las circunstancias particulares del recluso y del centro, de manera que no se 
aportan los elementos necesarios para hacer posible el juicio de proporcionalidad.
Esa  deficiencia  en  la  motivación  bastaría  para  entender  que  la  resolución 
administrativa impugnada habría vulnerado el derecho a expresarse y la libertad de 
información del interno y, con ello, que habría frustrado indebidamente la libertad de 
información  del  periodista  con  el  que  pretendía  entrevistarse  y  el  derecho  de  la 
colectividad  a  recibir  la  información  resultado  de  la  misma,  en  cuanto  derecho 
constitutivo de un valor esencial en un Estado democrático. Pues, como señala el 
ministerio  público  en  sus  alegaciones,  en  nada  cambiaría  esta  conclusión  la 
circunstancia de que el centro penitenciario ofreciera posteriormente al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria unas explicaciones adicionales, ya que tal argumentación no fue 
esgrimida, aun habiendo podido serlo, en la resolución recurrida.
Sin embargo, habida cuenta de que en esas explicaciones añadidas se desvela la 
verdadera finalidad por la cual se denegó al recurrente la comunicación solicitada y a ella 
se refiere en gran parte la queja de amparo, dicha motivación no puede dejar de ser 
analizada, con el objeto de determinar si tal finalidad fue constitucionalmente legítima y, 
de ser esto así, si la medida adoptada fue proporcionada a efectos de alcanzar dicha 
finalidad.
B)  Las  explicaciones  adicionales:  el  pretendido  «mal  uso»  de  la  libertad  de 
expresión por parte del recluso y la finalidad de la denegación de la comunicación 
solicitada. La necesaria ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en juego.
En  la  motivación  adicional  que  el  centro  hizo  llegar  al  Juzgado  de  Vigilancia 
Penitenciaria a solicitud de este, se intentan subsanar los vicios que aquejaban a la 
resolución impugnada, tratándose de explicar por qué «la dirección no cuenta con los 
elementos necesarios para garantizar que no se vea afectada la seguridad y el buen 
orden del establecimiento, así como la salvaguarda de derechos inherentes a otros 
internos» y, en definitiva, «las razones por las que se acuerda denegar la comunicación 
solicitada por el informado».
En primer lugar, se niega que la libertad de expresión del recluso se haya visto  e
afectada, pues «había realizado ya una comunicación oral con otro profesional periodista  bo
del mismo medio de comunicación el pasado 25 de abril de 2016». En la entrevista  33ww
rpersoucletasnatlees d, ep eensatale sc oym puennicitaecnicóina,r iopsu btlaicnatod ap eerl s4o ndaele sju ncioom doe  d2e0 1o6tr,o ss ei nrteevrneolasr,o ns ind aqtuoes 
caofencsttaadrao  aeul todreizreacchióon  fduen dloasm menistmalo as , lpao rin ltoim qiudea,d a  djuei ceios tdoes  lain tdeirrencocsi.ó nA ddeeml cáesn, treon,  sdeic vhioa 
publicación se habrían vertido manifestaciones falsas acerca de los profesionales del
equipo de tratamiento que habrían afectado a su seguridad, dado que influyeron en la 
relación  profesional  de  otros  internos  hacia  estos  profesionales,  al  desacreditar  la 
actividad laboral de los mismos generando una actitud hostil y de confrontación hacia 
ellos tanto de internos como de sus familiares. Manifestaciones como estas –se afirma– 
«podrían dar lugar a protestas que inciden negativamente en el buen orden interior y en 
la  seguridad  de  los  funcionarios,  pudiendo  alterarse  la  pacífica  convivencia  y 
rehabilitadora del conjunto de internos de este Centro».
Al  no  haber  accedido  el  interno  a  desvelar  sobre  qué  asuntos  versaría  la 
comunicación solicitada y cuál era su finalidad, entiende la dirección que no contaba 
«con los elementos necesarios para garantizar que no se vea afectada la seguridad y el 
buen orden del establecimiento, así como la salvaguarda de derechos inherentes a otros 
internos».
En definitiva, de la argumentación añadida al acuerdo original se extrae, como 
advirtió el juez de vigilancia penitenciaria a la vista de la misma, que la denegación de la 
comunicación se basa en un pretendido «mal uso» de la libertad de expresión por el 
recluso en una entrevista previa, parte de cuyo contenido fue objeto de publicación en un 
diario digital. Porque, con ella, el interno habría excedido los límites de esa libertad, 
exceso que se cifra por la dirección del centro en la afectación del derecho a la intimidad 
de otros reclusos, al revelar datos personales de estos, así como en las manifestaciones 
falsas vertidas respecto al equipo de tratamiento que habrían provocado un descrédito 
de su actividad profesional y, con ello, habrían puesto en peligro la seguridad y buen 
orden del establecimiento.
Así las cosas, la finalidad del acuerdo denegatorio sería la de impedir que contenidos 
similares  a  los  ya  publicados,  pudieran  terminar  publicándose  nuevamente,  ante  la 
incertidumbre sobre el contenido de la nueva comunicación solicitada y los efectos que 
su publicación podría conllevar para la seguridad y el orden en el centro.
Para  determinar  si  dicha  finalidad  resulta  constitucionalmente  legítima,  se  hace 
necesario llevar a cabo una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en liza. En 
primer  lugar,  nos  referiremos  a  la  libertad  de  expresión  e  información,  para  pasar 
después a valorar el papel de los otros derechos y bienes jurídicos protegidos opuestos 
por la administración penitenciaria, en concreto, el derecho a la intimidad de otros 
reclusos, el crédito profesional de los funcionarios de prisiones y, con este último, la 
seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario.
a)  La libertad de expresión e información.
Para el juicio constitucional concreto de la publicación que provoca la resolución 
denegatoria impugnada, han de analizarse, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, 
las distintas circunstancias que concurren en el caso.
Concretamente,  respecto  a  las  expresiones  del  recluso  recogidas  en  dicha 
publicación que contienen ciertas informaciones y opiniones, se debe tener en cuenta 
que se trata de un interno de larga duración en un centro penitenciario y lo declarado se 
inscribe en el contexto de una queja o reivindicación en relación con su situación 
penitenciaria que quiere hacer llegar a la opinión pública. Por ello, no cabe sino constatar 
que tales expresiones presentan una clara conexión con la finalidad de la publicación y 
no  pueden  considerarse  desconectadas  de  la  misma  ni,  por  tanto,  gratuitas 
(STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 7).
Tampoco  ha  de  desdeñarse  la  incidencia  sustancial  que  el  ejercicio  de  estos 
derechos puede tener en el desarrollo de la personalidad de los internos, que viene  e
también  destacado  en  el  art.  25.2  CE  y  adquiere  suma  relevancia  en  orden  al  bo
cumplimiento de la finalidad, no exclusiva, de reinserción social de las penas privativas  33ww
dmeá sli baellráta dde q luoes  emsutarobsle dceel  ecle pnrtrimo epre innicteisnoc iadreio d, idcheo s uasrt ípceunlos.a Mmeiedniatonste,  idlae aesx tey roiopriinzaiocnióens,, 
eaxscí lcuosmivaom ceonnt ela  arle cmeupncdióon  cya rccoemlaurinoi cya ceióllno  dlee  ipneformrmitaec imóna,n teel nperresseo  enno  cqounetdaac tore dcuocni deol 
exterior y, en definitiva, prepararse para su futura vida en el seno de la sociedad (en
sentido  parecido,  respecto  a  la  comunicación  oral  y  escrita  con  terceros,  las 
SSTC 175/1997, de 27 de octubre, FJ 2 y 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 2). No otro 
es el sentido de la previsión contenida en los arts. 3 LOPG y 4 RP, en los que, como 
consecuencia de la obligación de la administración penitenciaria de respetar en su 
actividad la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los 
mismos no afectados por la condena, se declara el derecho de estos «al ejercicio de los 
derechos  civiles,  políticos,  sociales,  económicos  y  culturales,  salvo  cuando  fuesen 
incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena» y «a las 
relaciones con el exterior previstas en la legislación».
Asimismo, ha de atenderse al hecho de que sus expresiones, en gran parte, se 
refieren al ejercicio de una función pública para la implementación de la reeducación y 
reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad, lo que supone una 
extensión de la libertad implicada [STC 110/2000, de 5 de mayo; en el mismo sentido, 
STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y SSTEDH de 7 de diciembre de 1976 asunto 
Handyside c. Reino Unido, § 24, y de 8 de julio de 1986 asunto Lingens c. Austria, § 41]. 
En este contexto, como es de sobra conocido, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, el 
Tribunal Constitucional solo ha excluido del derecho a expresar libremente opiniones, 
ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE] las expresiones indudablemente injuriosas sin 
relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su 
exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6) y ha 
mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese 
ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto.
Nada de ello se da en este caso, en el que las expresiones vertidas por el periodista 
o el interno en el artículo publicado carecen del propósito de infligir una ofensa gratuita, 
no apreciándose extralimitación o desmesura a la hora de exponer hechos y opiniones 
(STC 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 5).
Por tanto, son expresiones que en el contexto antes definido en el que las libertades 
de  expresión  e  información  gozan  de  una  protección  preferente,  forman  parte  del 
derecho a la sana crítica a las instituciones y funcionarios públicos, los cuales han de 
soportarla en el contexto de una sociedad democrática (STC 297/1994, FJ 7).
A esa posición preeminente o de mayor protección constitucional contribuiría el 
hecho de que tales expresiones se incluyen en un artículo de un diario firmado por un 
profesional de la información que trata de trasladar a la sociedad una reflexión acerca de 
un debate de interés público, cual es el de la, por entonces, recientemente implantada 
prisión  permanente  revisable  y,  con  ocasión  de  esta  y  más  en  general,  sobre  la 
reinserción  en  el  sistema  penitenciario  español.  En  él  se  contienen  opiniones  del 
periodista  firmante  del  artículo,  intercalándose  con  algunas  otras  obtenidas  del 
entrevistado  —sobre  su  propia  percepción  de  la  política  de  reinserción  y  del  trato 
recibido en prisiones a lo largo de su vida—, así como de su abogado, de algún órgano 
judicial y de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Igualmente, se plasman 
ciertas impresiones personales del periodista derivadas de su percepción directa cuando 
tuvo ocasión de acceder al centro penitenciario para realizar la entrevista (la larga 
espera, el ambiente provocado por las personas allí presentes, el calor reinante, la 
actitud del entrevistado…). También se ponen de manifiesto datos de hecho, obtenidos 
unos  de  la  diversa  documentación  manejada  y  otros  de  las  distintas  personas 
entrevistadas, entre ellos, el hoy recurrente en amparo, mostrándose así una particular 
diligencia por parte del profesional de la información para asegurar la veracidad e 
imparcialidad de la publicación. Se trata, por tanto, de un artículo de los llamados «de  s
opinión», en los que no resulta fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y  oe.
opiniones de la simple narración de unos hechos [por todas, STC 38/2017, de 24 de  w.
abril, FJ 2 b)]. Pero tal deslinde resulta ahora innecesario, pues lo importante a efectos  33ww
dpeú bsliuc ae.special protección constitucional es su finalidad o vocación de influir en la opinión
instiPtuocri otnoadlo c oemlloo,  eelel meejenrtcoic ciola vdee  peasrata lsa  fliobremrtaacdióens  dsee  umnau eosptirnai óanq puúí belinca  sluib rdei meseennscióianl   BOE-A-cable e
en todo Estado democrático, conectando así las libertades de expresión del recluso y del 
periodista con el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, así como 
opiniones de diversa índole.
b)  La afectación de lo publicado al derecho a la intimidad de otros reclusos, al 
crédito profesional de los funcionarios penitenciarios y, como consecuencia de esto 
último, a la seguridad y buen orden del centro.
Frente a estas libertades en su dimensión preferente, la afectación del derecho a la 
intimidad a la que alude la administración penitenciaria en su resolución no presenta en 
este caso la entidad suficiente para constituir un límite a su ejercicio. No cabe concluir 
otra cosa, si tenemos en cuenta que el artículo únicamente hace mención al hecho de 
que un hijo del entrevistado comparte celda en la actualidad con este, que el hoy 
recurrente tenía legitimidad suficiente para trasmitir este dato al periodista –pues el 
mismo forma parte de su intimidad familiar– y que ni el entrevistado ni su hijo aparecen 
identificados con nombres y apellidos (aquel se identifica únicamente por su nombre de 
pila, al que se añaden las iniciales de sus apellidos y su hijo es designado únicamente 
por sus iniciales). A ello ha de añadirse que no consta que el aludido realizara queja o 
acción alguna en defensa de su derecho.
En  cuanto  al  descrédito  que  habrían  sufrido  los  profesionales  del  equipo  de 
tratamiento debido a «las manifestaciones falsas» vertidas en el artículo, tampoco puede 
alzarse como límite al ejercicio de las libertades de expresión e información. En primer 
lugar, porque no se aclara por qué las manifestaciones del interno recogidas en la 
publicación serían falsas. Además, en muchos casos, esas manifestaciones consistían 
en apreciaciones subjetivas acerca del cumplimiento de la finalidad de reinserción de los 
penados, no solo del interno (con base en su experiencia personal al respecto), sino 
también del firmante del artículo o de otros de los entrevistados. Tales apreciaciones 
estarían  cubiertas  por  la  libertad  de  expresión,  respecto  de  la  cual,  según  hemos 
recordado anteriormente, no rige la exigencia de veracidad y han de ser admitidas, como 
ya se ha razonado, dentro de la sana crítica a las instituciones y sus funcionarios, pues, 
pese a poder ser molestas o incómodas, no pueden considerarse ofensivas o injuriosas.
Según  el  acuerdo  impugnado,  el  descrédito  profesional  de  los  funcionarios  del 
centro, a su vez, habría afectado a su seguridad, al influir en la relación de otros internos 
con estos profesionales, al generar «una actitud hostil y de confrontación hacia ellos 
tanto de internos como de sus familiares». Además, entiende la directora del centro que 
«manifestaciones como estas podrían dar lugar a protestas que inciden negativamente 
en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, pudiendo alterarse la 
pacífica convivencia y rehabilitadora del conjunto de internos de este centro».
Tales objeciones resultan igualmente inhábiles para limitar la libertad de expresión e 
información en este caso. En primer lugar, porque, habiéndose recogido en un diario 
digital, difícilmente pudieron influir decisivamente esas manifestaciones en la relación de 
los funcionarios de prisiones con otros internos, pues estos no tienen acceso a redes de 
comunicación de acuerdo con lo establecido en el art. 129.2 RP. Y, en segundo lugar, 
porque no se aporta en el acuerdo recurrido ni siquiera un indicio conforme al cual se 
pudiera  prever  la  existencia  de  manifestaciones  o  protestas  que  incidieran 
negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, «con 
alteración de la pacífica convivencia y rehabilitadora» del conjunto de internos del centro. 
Tampoco se pone de manifiesto que se hubiera producido ninguna acción en este 
sentido, ni se mencionan los concretos problemas de seguridad que pudieran justificar la  e
finalidad de la medida, ni las circunstancias individualizadas que permitirían cumplir con  bo
dicha finalidad. Se alude, nuevamente, a genéricos motivos de seguridad y buen orden,  33ww
qceunet rnoo.  Esne  octroansc rpeatlaanb reans,  rneola sceió onf rceocne nl aloss  cmirocutivnossta enscpiaesc ípfiacortsic pualarrae sju sdteifilc raer,c leuns oe l yc adseol 
creoanlc dreet oin, tqeurees eesl  ienntetrreé se lg deenreercahl os ea  heaxlplarebsaa ersne  pye laig trroa,n essm idtier cinir,f oqrmuea ceixóins tdae ul np rceosnof lyic teol 
orden y la seguridad del centro.
C)  La ilicitud constitucional de la finalidad de la denegación, que exime del análisis 
de proporcionalidad.
De todo lo dicho se desprende que el interno, mediante la comunicación mantenida 
con un periodista en fecha 25 de abril de 2016 y la publicación posterior de parte de su 
contenido, ejerció legítimamente su libertad de expresión e información. Por esa razón, 
resulta inadmisible a la luz de la doctrina constitucional ya expuesta, que la denegación 
de una nueva comunicación con ese mismo medio informativo se basara, de facto, en un 
supuesto «mal uso» de esa libertad, como dan a entender la administración penitenciaria 
y, después, los órganos judiciales que resolvieron los distintos recursos interpuestos por 
el recluso. Porque la denegación se puede interpretar como reacción por haber ejercido 
esas  libertades  en  un  sentido  que  no  fue  del  agrado  de  la  dirección  del  centro 
penitenciario, siendo su verdadera finalidad evitar una nueva publicación cuyo contenido 
pudiera volver a disgustarle.
Se  cercenó,  así,  la  posibilidad  de  ejercer  estos  derechos  mediante  una  nueva 
comunicación, con el consiguiente efecto disuasorio del legítimo ejercicio de la libertad 
de  expresión,  pese  a  que,  paradójicamente,  la  resolución  administrativa  recurrida 
concluye  señalando  que  este  «puede  seguir  ejerciendo  su  derecho  por  otros 
procedimientos» que, sin embargo, no se especifican.
La denegación de la comunicación afectó, también, a los derechos de ciudadanos 
libres:  en  concreto,  a  la  libertad  de  información  del  profesional  de  la  prensa  que 
pretendía comunicar con el interno, así como al derecho de los ciudadanos a ser 
informados de asuntos de público interés. Por ello, no le falta cierta razón al recurrente 
cuando advierte en la denegación de la comunicación una suerte de censura previa, al 
haber impedido injustificadamente que el recluso pueda expresarse en relación con su 
situación procesal y penitenciaria, haciendo llegar a la opinión pública su propia visión de 
la política penitenciaria. Pues, independientemente de su encaje técnico en la figura 
contemplada en el art. 20.2 CE, lo cierto es que, en este caso concreto, existe una 
coincidencia esencial con la característica que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, la 
define (v., por todas, la STC 86/2017, de 4 de julio, FJ 5): que se trata de un control 
previo o ex ante de contenidos no amparado constitucionalmente. En tal sentido, debe 
recordarse una vez más que el fin último que alienta la prohibición de toda restricción 
previa de la libertad de expresión en su acepción más amplia no es sino prevenir que el 
poder  público  pierda  su  debida  neutralidad  respecto  del  proceso  de  comunicación 
pública  libre  garantizado  constitucionalmente,  vital  para  el  Estado  democrático, 
disponiendo  sobre  qué  opiniones  o  qué  informaciones  pueden  circular  por  él,  ser 
divulgadas, comunicadas o recibidas por los ciudadanos y provocando, con ello, un 
indeseable efecto disuasorio sobre el ejercicio de tales libertades (SSTC 52/1983, de 17 
de junio, FJ 5; 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3, y 187/1999, de 25 de octubre, FJ 5).
Habiendo concluido, pues, que la finalidad del acuerdo impugnado no resulta legítima 
constitucionalmente, no procede ya analizar si este restringió proporcionadamente o no 
el  derecho  fundamental  afectado,  pues,  según  hemos  recordado  más  arriba,  tal 
legitimidad constituye la conditio sine qua non para poder llevar a cabo dicho análisis 
(por todas, la ya citada STC 11/2006, FJ 5).
5.  Conclusión:  el  acuerdo  impugnado  lesionó  las  libertades  de  expresión  e 
información del recurrente en amparo.
De lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores no cabe sino concluir que el  s
acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, por  oe.
el que se denegaba al hoy recurrente en amparo una comunicación con un profesional  w.
dpaeecrcnelsadariatmaridseeon  tdonesu ,ll aoid  inepfaoosrr m yv aoucplinóinenir oa«nre enss  luoms r eeddlaieacrnieotcenh aolads o p c«aoalan b esraux,p  arecelt sievasirdc aryidt o» d o(iaf urctnu. da5ilr1q .u3lii beLrrOe omGtrePon)  tmeh ae dldoieos    2020-2933n https://ww
de reproducción» [art. 20.1 a) CE] y «a comunicar libremente información veraz por
cualquier medio de difusión» [art. 20.1 d) CE].
Igualmente nulos han de declararse los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
núm. 8 de Andalucía de 18 de septiembre de 2017 y de la Audiencia Provincial de 
Córdoba  de  26  de  diciembre  de  2017,  en  cuanto  confirmaron  dicho  acuerdo 
administrativo, sin que sea necesario ya entrar a valorar las demás quejas planteadas 
respecto de estas resoluciones judiciales, ni realizar ninguna consideración acerca de la 
valoración que en ellas se contiene, al quedar sustituida por la contenida en la presente 
sentencia.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por don Antonio Carmona Vera y, en consecuencia:
1.º  Reconocer al recurrente sus derechos a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE] y a comunicar libremente información 
veraz [art. 20.1 d) CE], en los términos establecidos en esta resolución.
2.º  Anular el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de 
enero de 2017, así como los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de 
Andalucía de 18 de septiembre de 2017 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 
de diciembre de 2017.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.