BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 3237
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
445 Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la 
emergencia climática y el impulso a las energías renovables.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos leyes son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Generalidad de Cataluña, haciendo uso de la competencia que le atribuye el 
artículo 111 del Estatuto de autonomía de Cataluña en materia de protección del medio 
ambiente, aprobó la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.
La competencia sobre la protección del medio ambiente se configura como una 
competencia compartida donde corresponde al Estado español la determinación de la 
normativa  básica  (artículo  149.1.23  de  la  Constitución).  Esta  normativa  básica,  sin 
embargo, no puede tener una extensión tal que impida a la Generalidad establecer 
políticas propias en este ámbito o que vacíe de contenido la competencia autonómica, 
principio que ha sancionado reiteradamente el Tribunal Constitucional y que recoge el 
artículo 111 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Este principio delimita el alcance de 
lo que se debe entender por normativa básica.
Sin embargo no se puede desconocer que el cambio climático, por su carácter 
complejo  y  transversal,  incide  también  en  otros  ámbitos  sectoriales.  Este  carácter 
transversal, reconocido expresamente por el artículo 46.3 del Estatuto, determina que la 
acción de los poderes públicos para hacer frente al cambio climático se debe desarrollar 
por medio de otros títulos competenciales que aluden a materias que se pueden ver 
afectadas por la lucha contra el cambio climático. Áreas y ámbitos como la energía, la 
vivienda, el urbanismo, la movilidad o los sectores industriales, se verán afectados de 
una manera u otra.
El artículo 133 del Estatuto otorga a la Generalidad la competencia compartida en 
materia de energía, competencia que incluye, en todo caso, el fomento y la gestión de 
las energías renovables y de la eficiencia energética. A estos efectos es necesario 
destacar la importancia de la energía en el conjunto de emisiones de gases de efecto 
invernadero en Cataluña. Así, según datos de 2017, el conjunto del ciclo energético 
(producción, transformación, transporte, distribución y consumo de energía) representa 
el 72% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y el 87% de las 
emisiones de dióxido de carbono. Estos datos muestran que para abordar la lucha contra 
las causas del cambio climático son clave las políticas energéticas de generación y 
distribución, y los modelos de consumo.
La actividad legislativa y reglamentaria posterior a la Ley 16/2017, del 1 de agosto,  e
del cambio climático, se ha orientado a poner en marcha instrumentos ya previstos en  bo
esta Ley y a regular nuevas herramientas jurídicas para dar respuesta a la emergencia  w
climLáotisc ain.strumentos ordinarios que ofrece la legislación en materia de medio ambiente,
eenxterergmíaa,  ay  ltaa mqbuieé ns ed eh au rlbleagnaisdmo.o E, ssteo sm iunestsrturamne nintossu fisceie ntietense np aqruae r eresfoolvrzear r,l ar esditeufainciiró no 
ampliar de manera urgente con el fin de encarar la emergencia climática con varios
elementos que permitan, en conjunto, incrementar de manera efectiva la producción de 
energía  mediante  energías  renovables  y  otras  medidas  que  permitan  reducir  las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Las previsiones del presente Decreto-ley emanan, al mismo tiempo, de diferentes 
mandatos del Parlamento de Cataluña, como la Moción 103/XII, sobre el plan de acción 
de los departamentos ante la emergencia climática; la Moción 104/XII, sobre la crisis 
ecológica  y  los  conflictos  ambientales  y  territoriales;  la  Moción  67/XII,  sobre  la 
salvaguardia del patrimonio natural, la protección del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático; la Moción 6/XII, sobre la transición energética; la Moción 119/XII, sobre 
la  emergencia  climática;  la  Moción  145/XII,  sobre  la  emergencia  climática,  y  la 
Resolución 546/XII, sobre la orientación política general del Gobierno.
La urgencia de las medidas a las que hace referencia el presente Decreto-ley resulta 
del análisis del contexto sobre el cual actúa, fundamentalmente sobre la necesidad de 
incrementar la generación de energías de origen renovable y la reducción de gases de 
efecto invernadero.
II
El Pacto Nacional para la Transición Energética (PNTE), aprobado por Acuerdo del 
Gobierno el 31 de enero de 2017 y que cuenta plenamente con el apoyo político y de la 
sociedad  civil  por  el  proceso  participativo  llevado  a  cabo  durante  su  elaboración, 
constituye el nuevo marco de desarrollo de la política energética catalana para hacer 
frente a los retos de la emergencia climática en los próximos años.
Así, el PNTE presenta un nuevo escenario que va más allá del objetivo de reducir el 
consumo de combustibles fósiles y la contribución de la energía nuclear, y plantea un 
nuevo escenario de cierre y abandono de estas fuentes energéticas, recogiendo el 
objetivo  específico  de  alcanzar  un  sistema  energético  con  energías  cien  por  cien 
renovables, fundamentalmente de proximidad, desnuclearizado y neutro en emisiones de 
gases de efecto invernadero en el horizonte 2050, tal y como se fija en los artículos 2 
y 19 de la mencionada Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.
La planificación territorial y los requerimientos ambientales deben ser coherentes con 
el aprovechamiento energético de los recursos naturales renovables y, al mismo tiempo, 
tienen que facilitar la ejecución de los proyectos a los agentes interesados. La acción 
coordinada  de  la  Administración  de  la  Generalidad,  la  participación  de  los  actores 
territoriales –especialmente de la Administración local– y, en general, de la sociedad civil, 
serán  imprescindibles  para  conseguir  verdaderamente  un  sistema  eléctrico  catalán 
fundamentado totalmente en las energías renovables.
El PNTI plantea un nuevo modelo energético más democrático, participativo y de 
generación  renovable  distribuida  donde  la  ciudadanía  y  las  personas  consumidoras 
deben situarse en el centro. Así, en el nuevo modelo energético propuesto, la ciudadanía 
y las empresas pasan a ser consumidoras activas con la posibilidad de poder consumir, 
generar,  almacenar  y  vender  energía  eléctrica  al  mismo  tiempo  que  gestionan  su 
consumo. El nuevo modelo tiene que permitir la agrupación y participación de estos 
productores/consumidores en comunidades locales de energía o como agregadores de 
energía. En el mismo sentido debe fomentarse la participación de la ciudadanía, las 
empresas y las administraciones locales en los proyectos energéticos que se implanten 
en el territorio.
Con respecto a la energía solar, vista su modularidad, su maduración tecnológica y la  s
caída  muy  significativa  de  los  costes,  debe  tener  la  consideración  de  herramienta  e.
principal en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Nacional para la Transición  w.
Energética  de  de  las  personas  consumidoras,  ya  que  les  permite  ser,  a  la  vez,  5w
geneErla cdaomraisn od ee se nlearrggíoa  yy  phaaryt icmipuacrh eon  teral bmaejorc atoddoa evínae rpgoért ichoa.cer: mientras la intensidad
deenseargrréotlilcoa  dfein alal sd een Ceragtíaalus ñrae nhoav adbislemsi nsuóildoo h caa lslei guand o2 1a, 5a%po ertna re ul np e8r,i5o%do d 2e0 l0a5 d-2e0m1a7n, deal   BOE-A-cable e
final de energía en el año 2017, lejos del 20% que marca la UE para el año 2020. La 
energía nuclear continua representando más de la mitad de la producción eléctrica de 
Cataluña y el sector transporte, que supone el 42,9% del consumo de energía final de 
Cataluña en el año 2017, sigue basándose mayoritariamente en combustibles derivados 
del petróleo. En conjunto, el consumo de combustibles fósiles y nucleares, sobre los 
cuales se fundamenta nuestro modelo energético actual, representa más del 90% del 
consumo de energía primaria de Cataluña.
III
En el año 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 16/2017, del 1 de agosto, 
del cambio climático, con el fin de alcanzar la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, hacer frente a la vulnerabilidad derivada de los impactos del cambio 
climático y favorecer la transición hacia una economía neutra en emisiones de CO , 
2
competitiva, innovadora y eficiente en el uso de los recursos.
La Ley 16/2017, del 1 de agosto, recogió los criterios del Pacto Nacional para la 
Transición Energética de Cataluña. En concreto, estableció como objetivos reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en 2030, en un 65% en 2040 
y en un 100% en 2050 y, entre sus finalidades específicas, incluyó en su artículo 2.2 la 
de contribuir a la transición hacia una sociedad donde el consumo de combustibles 
fósiles tienda a ser nulo, con un sistema energético descentralizado y con energías cien 
por cien renovables, fundamentalmente de proximidad, con el objetivo de conseguir un 
modelo económico y energético no dependiente de los combustibles fósiles ni nucleares 
en el año 2050. Los objetivos numéricos indicados fueron declarados inconstitucionales 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de junio.
IV
El marco descrito en los puntos anteriores fue completado el pasado 14 de mayo 
de 2019 con la aprobación por parte del Gobierno de la Declaración de emergencia 
climática.
El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, 
octubre 2018), sobre la importancia de no rebasar el límite de los 1,5 ºC de incremento 
de la temperatura media anual del planeta respecto de la época preindustrial, constituye 
una nueva alerta de la comunidad científica sobre la urgencia de actuar de manera 
decidida frente al cambio climático, y establece la necesidad de reducir las emisiones 
globales en torno al 45% el año 2030 respecto de los niveles de 2010 y alcanzar unas 
emisiones  netas  nulas  para  2050.  Igualmente,  el  último  informe  publicado  de  la 
Plataforma  Intergubernamental  sobre  Biodiversidad  y  Servicios  Ecosistémicos 
(IPBES-2019) alerta también de la situación de declive sin precedentes en que se 
encuentra la naturaleza del planeta y la aceleración del ratio de extinción de especies.
La Generalidad de Cataluña, ante la nueva alerta dada por la comunidad científica y 
viendo con preocupación los impactos que el cambio climático tiene y tendrá en Cataluña 
y en todo el planeta, entendió que era necesario tomar una mayor conciencia del riesgo 
que representa. De hecho, aparte de los efectos evidentes sobre los ecosistemas, los 
efectos  previsibles  del  cambio  climático  pueden  perjudicar  notoriamente  nuestra 
economía  productiva,  desde  la  afectación  negativa  en  el  funcionamiento  y  el 
mantenimiento de muchas infraestructuras a importantes alteraciones de los entornos  s
donde se desarrollan actividades con demandas intensivas de agua o de energía. La  e.
afectación sobre la salud humana es otro elemento de especial preocupación, ya que el  w.
excesivo consumo de combustibles fósiles, en especial por el transporte en los ámbitos  5w
cuorbnatrnibousy, ea dae imncárse mdeen atagrr alovsa rn ievle elefse cdteo  NinOvexr yn aPdMer1o0  pao lra  sautms óesmfeisriao.nes de CO2, también
Al mismo tiempo, las políticas climáticas que plantean la necesidad de una transición
energética también se ven como una oportunidad de modernización económica y social  Bc
de Cataluña, expresada tanto en el PNTE como en la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del 
cambio climático.
En definitiva, la situación descrita plantea una serie de retos de enorme complejidad 
que el Gobierno de Cataluña afrontó el 14 de mayo de 2019 declarando formalmente la 
emergencia climática, uniéndose así a las instituciones políticas de todo el mundo que ya 
la  habían  declarado  e  impulsando  la  consecución  de  los  objetivos  en  materia  de 
mitigación establecidos en la Ley 16/2017, del cambio climático. Con esta finalidad, el 
Gobierno asumió los siguientes compromisos:
Adoptar las medidas de simplificación administrativa necesarias para eliminar los 
obstáculos que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos en materia de 
mitigación del cambio climático y transición energética.
Incrementar los incentivos y priorizar las políticas y los recursos públicos destinados 
a  la  necesaria  transición  hacia  un  modelo  energético  cien  por  cien  renovable, 
desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, 
que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán y garantice el derecho al 
acceso a la energía como bien común, como fija la Ley 16/2017, del cambio climático.
Priorizar, en las políticas públicas, las opciones con menor impacto climático y mayor 
contribución a la adaptación a las condiciones derivadas del cambio climático.
Adoptar las medidas necesarias para parar la preocupante pérdida de biodiversidad y 
promover la recuperación de los ecosistemas.
Identificar y acompañar los sectores de la economía que tienen que hacer una 
transición, sea para adaptarse a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, 
sea  para  transformarse  en  actividades  de  bajas  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero (GEI), en un marco general de apuesta por la economía circular y de 
creación de puestos de trabajo verdes.
Adoptar las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de aquellos sectores 
sociales más sensibles a los impactos del cambio climático y a aquellos otros a los 
cuales esta transición puede afectar en mayor grado.
Asumir un modelo de movilidad urbana basado, por una parte, en el transporte 
público, en el vehículo compartido y en los modos de micromovilidad y, por otra, en 
vehículos de emisión cero.
Declarar instalaciones de interés territorial estratégico las instalaciones fotovoltaicas 
que utilicen sistemas de captación de energía fotovoltaica avanzados y eficientes.
Elaborar, conjuntamente entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el 
Departamento de Empresa y Conocimiento, una estrategia territorial para la implantación 
de  las  instalaciones  de  energía  renovable,  fundamentalmente  eólica  y  fotovoltaica, 
necesarias  para  desarrollar  la  transición  energética  en  Cataluña  y  cumplir  con  los 
objetivos de la Ley 16/2017, del cambio climático, en materia de energía.
Instar al Parlamento a celebrar cada año un pleno monográfico sobre el cambio 
climático y su afectación en Cataluña y sobre las medidas de mitigación y adaptación 
que el Gobierno adopte, en especial las asociadas a la transición energética.
Revisar la legislación catalana vigente con la finalidad de detectar aquellas normas 
que favorezcan la emisión de gases de efecto invernadero o dificulten combatir los 
efectos del cambio climático.
V
En este marco global normativo de la Generalidad de Cataluña y con la voluntad de  e.e
acelerar el desarrollo de los instrumentos de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio  b
climático, se elabora el presente Decreto-ley de medidas urgentes con el fin de hacer  5ww
frenEtel  ap rleas eemnteer gDeenccreiat oc-lliemyá stiec ae.structura en cuatro capítulos.
EEll  ccaappííttuulloo  12  croenctoiegnee,  dlaes  fdoirsmpao seicsieonnceisa lg, elan emraoldeisfi.cación y precisión sobre diferentes
puntos  recogidos  en  la  Ley  16/2017,  del  cambio  climático,  en  aspectos  como  los
objetivos  de  utilización  de  las  energías  renovables  en  Cataluña,  la  irrupción  de  la 
movilidad eléctrica en el sector del transporte, el aprovechamiento del potencial de 
energías renovables en los puertos, o la limitación de la obtención de gas y/o petróleo 
mediante la fracturación hidráulica (fracking).
El capítulo 3 regula las medidas que, en relación con el objeto del Decreto-ley, 
requieren la modificación del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Consta de un artículo, el 5, que se divide en 
diez apartados. Son medidas cuya esencia se sitúa en los nuevos artículos que se 
añaden a la Ley de urbanismo, el 9 bis y el 48 bis. El resto de modificaciones de la Ley 
de urbanismo son subsidiarias de estos nuevos artículos para facilitar su interpretación 
sistemática.
El nuevo artículo 9 bis regula dos supuestos en materia de los usos del suelo y de las 
construcciones que son de aplicación directa, es decir, que no precisan la adaptación del 
planeamiento urbanístico vigente para que sean aplicables en los términos legalmente 
establecidos.  El  apartado  1  de  este  artículo  contiene  una  medida  para  facilitar  la 
implantación de instalaciones de aprovechamiento de la energía solar sobre las cubiertas 
de las construcciones y los espacios de las parcelas urbanas no ocupados por las 
construcciones en determinadas condiciones, sin que las determinaciones urbanísticas 
de los planes, vigentes o futuras, sean un obstáculo.
El apartado 2 del mismo artículo recoge, en esencia, un supuesto regulado en parte 
en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de urbanismo, en materia de servicios 
comunes de los edificios, que se derogan. En coherencia con el objeto del Decreto-ley 
este supuesto se amplía con otro regulado en la legislación en materia de suelo, relativo 
a las instalaciones que tienen por objeto reducir la demanda energética de los edificios. 
Con una diferencia sustancial respecto del precedente regulado en el artículo 97 de la 
Ley de urbanismo, en estos casos tampoco es exigible la adecuación del planeamiento 
urbanístico vigente para que las instalaciones a las que hace referencia se puedan 
implantar de acuerdo con el proyecto autorizado. En este sentido, son normas aplicables 
directamente mientras sean compatibles con las normas que protejan el patrimonio 
cultural y el resto de bienes protegidos por el planeamiento urbanístico de conformidad 
con el artículo 71 y concordantes de la mencionada Ley de urbanismo.
El nuevo artículo 48 bis, por remisión al nuevo apartado 5 bis del artículo 34, habilita 
los  proyectos  de  actuación  específica  en  suelo  no  urbanizable  para  implantar 
directamente infraestructuras relativas a los servicios técnicos a los que hace referencia, 
que forman parte del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios, cuando el 
planeamiento territorial y urbanístico no las prevé o, aunque las prevé, no las regula 
detalladamente. Supuestos en los que no es exigible para la formulación y autorización 
del proyecto la modificación del planeamiento urbanístico, ni aprobar un plan especial 
urbanístico autónomo o de desarrollo, tanto si se trata de una infraestructura de interés 
general como de interés local.
Conviene advertir que, aunque la finalidad primera del nuevo artículo es facilitar la 
implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables y de las redes de transporte y de distribución de esta energía, se ha optado 
por extender esta medida a otras infraestructuras de servicios técnicos cuya necesidad 
no siempre es fácil de prever desde el planeamiento urbanístico con la antelación 
suficiente. Se trata en definitiva de infraestructuras en supuestos donde su implantación 
es necesaria en suelo no urbanizable, admisibles siempre que las leyes no impidan la 
actuación o no esté prohibida expresamente por el planeamiento territorial y urbanístico  s
en razón de los terrenos afectados y, en consecuencia, conviene considerar que el  oe.
proyecto de actuación específica es el instrumento jurídico idóneo y suficiente para  w.
autorizar su implantación en los mencionados casos, después de valorar las diferentes  5w
acoltenr lnaa lteivgaissl apcoiósinb leens  lcau manadteor isae.a exigible la evaluación de impacto ambiental de acuerdo
instaFliancaiolmneens ted,e  epl rcoadpuíctuclioó n4  dhea ceen erergfeíare enlcéicat raic ala  psriomvpelnifiiecnatceió dne d een lear greíag uelóalcicióan  od es ollaasr   BOE-A-cable e
fotovoltaica y quiere dar respuesta a la parálisis de facto que ha experimentado la 
implantación de la energía eólica en Cataluña, estancada en una potencia instalada 
de 1270 MW cuando, a raíz de los trabajos de prospectiva energética, habría que 
multiplicar por diez esta cifra para alcanzar un modelo energético cien por cien renovable 
en el horizonte de 2050.
La disposición adicional primera contiene una modificación del Texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, 
de 4 de noviembre dirigida a facultar a la Administración hidráulica de la Generalidad de 
Cataluña para poder intervenir de manera inmediata en la parte catalana de las cuencas 
compartidas para prevenir o reparar daños al dominio público hidráulico en caso de que 
se  produzcan  episodios  extremos  como  lluvias  torrenciales,  inundaciones  o 
desbordamientos, contribuyendo a garantizar la seguridad de las personas y los bienes. 
Así, puede ejecutar directamente o colaborar con otras administraciones en actuaciones 
de prevención y reparación de los daños en el dominio público hidráulico que se deriven 
de este tipo de episodios excepcionales, cuyo carácter extremo y severidad se aprecia 
como una manifestación o consecuencia del cambio climático.
Por todo lo expuesto, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del 
Estatuto  de  autonomía  de  Cataluña;  a  propuesta  de  la  consejera  de  Empresa  y 
Conocimiento  y  del  consejero  de  Territorio  y  Sostenibilidad,  y  de  acuerdo  con  el 
Gobierno, Decreto:
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Esta norma tiene como objeto:
a)  Adoptar  medidas  urgentes  para  hacer  frente  a  la  situación  de  emergencia 
climática mediante una transición ecológica y energética que permita alcanzar en el más 
breve plazo posible los objetivos fijados en la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio 
climático.
b)  Modificar el Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto, para facilitar y simplificar la implantación de las 
instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar y eólica.
c)  Determinar los requisitos para la autorización de las instalaciones de producción 
de  energía  eólica  y  de  energía  solar  fotovoltaica;  definir  los  criterios  energéticos, 
ambientales, urbanísticos y paisajísticos que deben regir su implantación, y simplificar el 
procedimiento administrativo aplicable para su autorización.
CAPÍTULO 2
Medidas en materia de cambio climático
Artículo 2.  Modificación de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.
Se modifica la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático, en los siguientes 
términos:
2.1  Se añade un apartado 3 al artículo 5, con la siguiente redacción: b
isinnevvree «rrcnn3oaa.n ddgeeLrrruoooes  ana o t lealbosrjseg  tociqv ouponelsa   zsueoenn    ehmenas acectelee  mrnriaeaa frredicoreoe   nnrdeceediu aluat rce ovcn iisó elinoón sn d  eeeam spetairmsarittoiaésndigoeoincssae  a sde neudt ereogr ipgaoeasreaess.es»  st idedene e eenff eeqccutteoo    OE-A-2020-44able en https://
2.2  Se  modifica  el  apartado  3  del  artículo  7,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«3.  Los presupuestos de carbono tienen que incluir las contribuciones de 
cada uno de los sectores, de acuerdo con la contabilidad de los inventarios de 
emisiones a la atmósfera y de evacuadores de CO .»
2
2.3  Se modifican las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 19, que pasan a tener 
la siguiente redacción:
«a)  Promover las medidas necesarias en el ámbito del ahorro y la eficiencia 
energética para que el consumo final de energía el año 2030 sea un mínimo 
del 32,5% inferior respecto del tendencial, en el marco de la normativa estatal 
básica en materia de energía.»
«c)  Promover  las  medidas  necesarias  en  el  ámbito  de  las  energías 
renovables para que el consumo eléctrico de Cataluña provenga –en un 50% el 
año 2030 y un 100% el año 2050– de esas fuentes renovables, priorizando la 
proximidad  de  la  producción  eléctrica  de  origen  renovable  a  los  centros  de 
consumo.»
2.4  Se  modifica  el  apartado  4  del  artículo  19,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«4.  Los permisos de investigación para la obtención de gas y de petróleo de 
esquisto por fracturación hidráulica horizontal (fracking), incluyendo la relacionada 
con la obtención de gas metano de capas de carbón con utilización de fracturación 
inducida, no se pueden conceder en suelo urbano o suelo urbanizable, ni a una 
distancia inferior a 500 m de los núcleos urbanos. Asimismo, se deben limitar a los 
supuestos donde se garantice que no pueden resultar afectados:
a)  Los espacios que forman parte de la Xarxa Natura 2000.
b)  Los recursos hídricos superficiales o subterráneos y las zonas que hayan 
sido designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.
c)  Las zonas que sean objeto de protección especial, dentro del ámbito del 
distrito de cuenca fluvial de Cataluña (DCFC).»
2.5  Se  modifica  el  apartado  6  del  artículo  19,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«6.  La planificación energética y la de mitigación del cambio climático se 
deben elaborar de manera integrada. Hay que tener en especial consideración el 
principio de justicia social en aquellas personas, colectivos, sectores económicos y 
territorios que puedan resultar más afectados por la transición energética.»
2.6  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  21,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«2.  Los promotores de la planificación de los siguientes ámbitos sectoriales: 
agricultura, ganadería, gestión forestal, pesca, energía, transporte, gestión de  s
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo  e.
terrestre, utilización del medio marino, turismo, ordenación del territorio urbano y  w.
rural, o de los usos del suelo; y los promotores de los proyectos constructivos de  5w
ennueervgaísa ,i nrfersaiedsutorusc ytu aragsu ad eq upeu esreto ds,e saaerrroopllueenr teons , Ctraatnaslupñoar ted etebrerne sintrceo yrp foerraror,v eianr ioe,l 
emvaarlcuoa cdióen  ldae  eimvaplaucatcoi óanm baimenbtiaeln dtael  persotyraetcétogsic:a de planes y en el marco de la  BOE-A-cable e
a)  El análisis de su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático 
de  acuerdo  con  el  conocimiento  científico  actual.  Los  estudios  ambientales 
estratégicos de los planes y los estudios de impacto ambiental de los proyectos 
tienen que prever, cuando así lo determine el análisis de vulnerabilidad efectuado, 
medidas  de  adaptación  a  los  impactos  del  cambio  climático  así  como  su 
seguimiento y monitorización.
En el caso de los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras, este 
análisis debe evaluar, al menos, el impacto sobre la nueva infraestructura del 
incremento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y, en el caso 
de que sea pertinente –según  la tipología  de infraestructura–, de la falta de 
suministros.
b)  La evaluación de su contribución a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluido su impacto sobre el stock de carbono y la capacidad de 
evacuación del territorio afectado. Esta evaluación debe recoger, para cada una de 
las alternativas consideradas, una estimación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
En el caso de los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras, esta 
evaluación  debe  tener  en  cuenta  tanto  la  fase  de  construcción  como  la  de 
explotación.
c)  En el caso de los planes cuyo alcance sea el conjunto de Cataluña, estos 
deben incluir también un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero respecto de un año base de referencia. Esta obligación también es de 
aplicación para aquellos planes con un alcance territorial más reducido pero en los 
que la participación de sus emisiones respecto del total del ámbito en Cataluña 
sea significativa.»
2.7  Se  modifica  el  apartado  4  del  artículo  21,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«4.  El Gobierno debe desarrollar un plan de electrificación progresiva de los 
puertos competencia de la Generalidad de Cataluña con el fin de facilitar la 
conexión a la red eléctrica local de los barcos amarrados. Para el resto de puertos 
de Cataluña el Gobierno de la Generalidad debe impulsar los mecanismos de 
colaboración oportunos para que puedan disponer de esa conexión.»
2.8  Se  modifica  el  apartado  3  del  artículo  24,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«3.  El Gobierno debe establecer los incentivos y promover los acuerdos con 
el  sector  de  la  automoción  que  permitan  alcanzar  una  transición  hacia  una 
movilidad eléctrica de manera que el año 2030 los nuevos turismos, vehículos 
comerciales  ligeros  y  motocicletas  que  se  pongan  en  circulación  no  utilicen 
combustibles fósiles.»
2.9  Se  modifica  el  apartado  4  del  artículo  24,  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«4.  El  Gobierno  debe  establecer  incentivos  y  promover  acuerdos  con  el 
sector del transporte rodado para alcanzar una reducción de la dependencia de los 
combustibles fósiles el año 2040 del 50% respecto del año 2005.» es
2.10  Se añade un apartado 5 al artículo 51, con la siguiente redacción: w.
dota«c5ió. n dSee  lopsu medeednio sd teésctninicaor sr ye chuurmsoasn oesc noencóemsiacroioss  dpealr aF soun dgoe stCiólnim.»ático  a  la
Artículo  3.  Uso  del  coque  de  petróleo  y  carbón  para  usos  térmicos  en  estufas  o 
calderas en la industria.
3.1  A partir del 1 de enero de 2020, en las actividades incluidas en los anexos de la 
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, no 
se permite la implantación de nuevas instalaciones para usos térmicos que utilicen coque 
de petróleo o carbón como combustibles.
3.2  Las instalaciones de combustión para usos térmicos existentes en el momento 
de la entrada en vigor de esta norma que utilicen coque de petróleo o carbón tienen que 
ser sustituidas en un plazo de 4 años.
3.3  Quedan excluidos de la obligación del anterior apartado 2 aquellos dispositivos 
en  los  que  se  utilicen  los  productos  de  combustión  con  contacto  directo  para  el 
calentamiento, el secado o cualquier otro tratamiento de objetos o materiales. En estos 
casos debe elaborarse, antes de 4 años, un estudio de alternativas de utilización de 
otros combustibles, evaluando los costes y la aminoración del impacto ambiental.
Artículo 4.  Implantación de instalaciones de energías renovables en las actividades 
sujetas a autorización ambiental o a licencia ambiental.
La implantación de  instalaciones eólicas de  pequeña  potencia y solares en las 
actividades que disponen de autorización ambiental o de licencia ambiental de acuerdo 
con  la  Ley  20/2009,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  control  ambiental  de  las 
actividades, tiene la consideración de modificación no sustancial sin consecuencia para 
las personas ni para el medio ambiente. Estas modificaciones deben figurar en las actas 
de inspección ambiental o de control periódico.
CAPÍTULO 3
Medidas en materia de urbanismo
Artículo 5.  Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo.
5.1  Se añade un nuevo artículo, el 9 bis, al Texto refundido de la Ley de urbanismo, 
con el siguiente redactado:
«Artículo 9 bis.
Normas de aplicación directa sobre instalaciones para el aprovechamiento de 
la energía solar y la rehabilitación de edificaciones:
1.  Se admite la implantación de las instalaciones para el aprovechamiento de 
la energía solar mediante captadores solares térmicos o paneles fotovoltaicos, sin 
necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, en los siguientes casos:
a)  Sobre la cubierta de las edificaciones y otras construcciones auxiliares de 
estas,  incluidas  las  pérgolas  de  los  aparcamientos  de  vehículos,  cuando  las 
instalaciones no superen el metro de altura desde la cubierta plana o, en caso de 
cubierta inclinada, cuando los captadores o paneles se ubiquen adosados en 
paralelo. s
b)  En los espacios de las parcelas en suelo urbano, no ocupados por las  oe.
edificaciones y otras construcciones auxiliares de estas, cuando las instalaciones  w.
se destinen a reducir la demanda energética de la edificación y no superen el  5w
smuepterori odre a al 2ltu5r%a  ddee ssdue s luap rearsfiacniet en od eeld sifuicealob len.i comporten un empleo de la parcela
2.  Los  proyectos  de  obras  para  la  rehabilitación  de  edificaciones
preexistentes pueden comportar la autorización para ocupar, mientras subsista la
edificación,  suelos  reservados  a  sistemas  urbanísticos  o  terrenos  privados 
inedificables que sean indispensables para instalar ascensores u otros elementos 
relacionados con la accesibilidad de las personas, o para reducir como mínimo 
el 30% de la demanda energética anual destinada a la calefacción o refrigeración 
del edificio de acuerdo con lo que establece la legislación en materia de suelo, 
siempre que:
a)  Sea inviable técnica o económicamente cualquier otra solución.
b)  No se perjudique sensiblemente la funcionalidad del sistema urbanístico 
afectado o las condiciones de ventilación, soleamiento y vistas de las edificaciones 
vecinas.
En  estos  supuestos  no  es  necesaria  la  modificación  del  planeamiento 
urbanístico.
3.  En los casos a los que hacen referencia los apartados 1 y 2, los espacios 
ocupados por las mencionadas instalaciones no computan a efectos de aplicar las 
determinaciones de los planes urbanísticos que regulan la edificación de la parcela 
que puedan impedir su implantación.
4.  No son aplicables las normas de aplicación directa que establece este 
artículo cuando sean incompatibles con las normas de protección del patrimonio 
cultural o urbanísticas.»
5.2  Se añade un nuevo apartado, el 5 bis, al artículo 34 del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente redactado:
«5 bis.  A efectos del apartado 5, son servicios técnicos las infraestructuras 
de utilidad pública o de interés social correspondientes a:
a)  Las redes e instalaciones conexas de suministro de agua, de energía 
eléctrica y de gas, de saneamiento de aguas residuales, de alumbrado público y 
de telecomunicaciones.
b)  Las instalaciones de producción de energía eléctrica con una potencia 
superior a 100 kW conectadas a las redes de transporte o de distribución de 
electricidad.
c)  Las instalaciones destinadas a la gestión de residuos.»
5.3  Se modifica la letra d) del apartado 4 del artículo 47 del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la siguiente manera:
«d)  Las instalaciones y las obras necesarias para servicios técnicos y las 
otras instalaciones ambientales de interés público.»
5.4  Se modifica el apartado 1 del artículo 48 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Cuando las actuaciones específicas de interés público a las que hace 
referencia el artículo 47.4 se refieran a una infraestructura relativa a un sistema 
urbanístico y no estén previstas en el planeamiento territorial o urbanístico, se 
requiere la aprobación de un plan especial urbanístico autónomo que las ampare 
en el términos que establece el artículo 68, con las excepciones que prevé el 
artículo 48 bis. Con respecto al resto de actuaciones a las que hace referencia el  e
artículo 47.4, el proyecto que las ampare debe someterse a información pública.  bo
Tanto el proyecto como, en su caso, el plan especial urbanístico que se formule,  w
debean)  inUcnluair  laju ssitgifuicieancitóen d oecsupmeecníftiaccai ónd:e  la  finalidad  del  proyecto  y  de  la
compatibilidad de la actuación con el planeamiento urbanístico y sectorial.
b)  Un estudio de impacto paisajístico. Bc
c)  Un estudio arqueológico y un informe del Departamento competente en 
materia  de  cultura,  si  la  actuación  afecta  restos  arqueológicos  de  interés 
declarado.
d)  Un informe del Departamento competente en materia de agricultura si no 
es comprendido en un plan sectorial agrario.
e)  Un informe de la administración hidráulica, si la actuación afecta acuíferos 
clasificados, zonas vulnerables o zonas sensibles declaradas de conformidad con 
la legislación vigente, o masas de agua en mal estado o en riesgo de estarlo.
f)  Un informe del Instituto Geológico de Cataluña, si la actuación afecta 
yacimientos paleontológicos o puntos geológicos de interés.
g)  Los otros informes que exija la legislación sectorial.»
5.5  Se  añade  un  nuevo  artículo,  el  48  bis,  al  Texto  refundido  de  la  Ley  de 
urbanismo, con el siguiente redactado:
«Artículo 48 bis.
Especificidades de los proyectos de actuación específica relativos a sistemas 
urbanísticos de servicios técnicos.
1.  No obstante lo que dispone el artículo 48.1, se autorizan mediante la 
aprobación  de  un  proyecto  de  actuación  específica  aquellas  actuaciones  que 
comportan la implantación de infraestructuras relativas a un sistema urbanístico de 
servicios técnicos de los previstos en las letras a) y b) del apartado 5 bis del 
artículo 34, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a)  Cuando no estén previstas por el planeamiento territorial o urbanístico, se 
puede aprobar el proyecto de actuación específica, sin que sea exigible modificar 
el planeamiento urbanístico ni aprobar un plan especial urbanístico autónomo para 
amparar la actuación, siempre que las leyes no impidan la actuación y esta no 
esté prohibida expresamente por el mencionado planeamiento.
b)  Cuando estén previstas por el planeamiento territorial o urbanístico sin 
establecer la ordenación detallada, se puede aprobar el proyecto de actuación 
específica con sujeción a las determinaciones del mencionado planeamiento, sin 
que sea exigible aprobar un plan especial urbanístico de desarrollo.
2.  Con relación a las actuaciones a las que hace referencia el apartado 1, 
corresponde al Departamento competente en materia de urbanismo la instrucción 
íntegra del procedimiento de aprobación del proyecto en una sola fase, cuando la 
actuación afecte a terrenos de más de un término municipal. En este supuesto es 
preceptivo solicitar a las administraciones municipales afectadas que informen 
sobre  la  actuación  interesada.  Cuando  la  actuación  haga  referencia  a  la 
implantación de un parque eólico o a una planta solar fotovoltaica en los términos 
regulados en el capítulo 4 del Decreto-ley de 26 de noviembre de 2019, de 
medidas  urgentes  para  la  emergencia  climática  y  el  impulso  a  las  energías 
renovables, la aprobación del proyecto se tramita de acuerdo con el presente 
Decreto-ley.»
5.6  Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 57 del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la siguiente manera: es
«c)  Definir  la  estructura  general  que  sea  necesaria  adoptar  para  la  w.
ordenación  urbanística  del  territorio  y  establecer  las  pautas  para  realizar  el  5w
desarrollo, sin que esta definición impida formular:
autó1n.oº moPsro pyaercat oims pdlaen taarc toutarocsió enl emesepnetocísf icinat egyr apnltaense dse  elas peesctriuacletusr au grbeanneírsatli cdoesl 
territorio en los términos que regulan los artículos 48 bis y 68.
2.º  Proyectos amparados en las normas de aplicación directa del artículo 9 
bis para implantar instalaciones de producción de energía eléctrica que, por la 
potencia  instalada,  tengan  la  consideración  de  sistema  urbanístico  de 
equipamiento comunitario de servicios técnicos.»
5.7  Se derogan los apartados 3 y 4 del artículo 97 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo.
5.8  Se modifica el apartado 1 del artículo 109 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.  La  aprobación  de  un  plan  urbanístico,  de  un  polígono  de  actuación 
urbanística,  de  un  proyecto  de  urbanización,  de  un  proyecto  de  actuación 
específica de acuerdo con el artículo 48 bis, o de un proyecto de delimitación de 
suelo  para  el  patrimonio  público,  de  acuerdo  con  el  artículo  161,  implica  la 
declaración de utilidad pública de la finalidad a la que se destinan los bienes 
afectados, así como la necesidad de ocupar los bienes o adquirir los derechos 
indispensables para la finalidad de la expropiación. La expropiación tiene que 
abarcar todas las superficies e instalaciones necesarias para garantizar el pleno 
valor, el rendimiento y la funcionalidad de los bienes de que son objeto.»
5.9  Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 110 del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada de la siguiente manera:
«b)  Para la ejecución de los sistemas urbanísticos de carácter público, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 34.8 y 113, incluidos los sistemas 
urbanísticos de equipamiento comunitario de servicios técnicos amparados en un 
proyecto de actuación específica de conformidad con el artículo 48 bis.»
5.10  Se añade una nueva letra, la o), al apartado 1 del artículo 187 del Texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con la siguiente redacción:
«o)  Las  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica,  excepto  las 
relativas a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, en los términos que 
establece el artículo 9 b.»
5.11  Se añade una nueva letra, la h), al artículo 187 bis del Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente redactado:
«h)  Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles 
solares fotovoltaicos en los términos que establece el artículo 9 bis.»
CAPÍTULO 4
Regulación de la autorización de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica proveniente de energía eólica y de energía solar fotovoltaica
Sección 1. Disposiciones comunes
Artículo 6.  Ámbito de aplicación.
6.1  El presente capítulo es de aplicación a las siguientes instalaciones, situadas  e
sobre el terreno en suelos clasificados como no urbanizables: bo
daeult oavci)oe nnsPtoua,m rdqoeu, e uscn eoaón lpsicotiottuesin:d cianiass  taspulaopcrei orinouern s a d a1ee0 pr0or ogkdeWunce ecrai óidnnof erd reio oer  leouc ntigraiuc iadlaa egdnr ua p5 pa0ac rMitóirnW  d,e dc leoa n f ueoes rtszoians    2020-445n https://w
interconectados eléctricamente y con un único punto de conexión a la red de transporte o
distribución  de  energía  eléctrica.  Forman  también  parte  del  parque  eólico  las  Bc
infraestructuras de evacuación eléctrica, la subestación del parque y los accesos de 
nueva construcción o la modificación de los ya existentes.
b)  Plantas solares fotovoltaicas: instalaciones de producción de electricidad a partir 
de la energía solar mediante el efecto fotoeléctrico, con o sin autoconsumo, de una 
potencia superior a 100 kW e inferior o igual en 50 MW, constituidas por un conjunto de 
módulos destinados a la captación de la energía solar interconectados eléctricamente y 
con un único punto de conexión a la red de transporte o de distribución de energía 
eléctrica.  Forman  parte  también  de  la  planta  solar  fotovoltaica  los  inversores,  la 
subestación de la planta, las infraestructuras de evacuación eléctrica y los accesos de 
nueva construcción o la modificación de los ya existentes.
6.2  Los parques eólicos y las plantas solares fotovoltaicas que reúnen los requisitos 
descritos en el apartado anterior pero se sitúan sobre el terreno en un tipo de suelo 
diferente al no urbanizable, se rigen por las previsiones de este capítulo sólo con 
respecto a la autorización energética y a la evaluación de impacto ambiental, que se 
tramitan de manera conjunta. Para la obtención de la autorización urbanística se rigen 
por la legislación urbanística que les sea aplicable.
Artículo 7.  Criterios generales para la implantación de parques eólicos y plantas solares 
fotovoltaicas.
7.1  Los parques eólicos y las plantas solares fotovoltaicas se deben situar en 
emplazamientos compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico que reúnan las 
condiciones idóneas desde el punto de vista técnico, económico, energético, ambiental, 
urbanístico y paisajístico, y en las zonas que reúnan los siguientes requisitos:
a)  No afectación significativa sobre el entorno de influencia, sobre el patrimonio 
natural, la biodiversidad y sobre el patrimonio cultural.
b)  Adecuación a las directrices y objetivos de ordenación territorial y de paisaje.
c)  Minimización  del  impacto  territorial  generado  por  nuevos  accesos  a  las 
instalaciones o por la modificación de los existentes.
d)  Minimización del impacto territorial generado por líneas eléctricas de conexión en 
la red eléctrica, buscando la proximidad en la red eléctrica más idónea y evitando que 
discurran por espacios de elevado valor natural.
7.2  El carácter agrícola o forestal del terreno no constituye, por sí mismo, un 
obstáculo para su implantación, siempre que se respeten los criterios del apartado 
anterior.
7.3  Las líneas eléctricas de evacuación deben disponer de apoyos no peligrosos 
para la avifauna y de cables de tierra dotados de salvapájaros.
Artículo 8.  Criterios específicos para la implantación de parques eólicos.
8.1  En la elección del emplazamiento de los parques eólicos será necesario:
a)  Minimizar la afectación en los terrenos de elevado valor natural, la afectación 
sobre las especies amenazadas o especialmente vulnerables a los parques eólicos, así 
como los puntos estratégicos para el paso migratorio de las aves y evitar las áreas 
críticas de las rapaces amenazadas.
b)  Evitar  lugares  de  elevado  impacto  paisajístico  y  de  elevada  significación  o  s
relevancia para la sociedad de acuerdo con los catálogos de paisaje. o
c)  Tener en cuenta el impacto acumulativo derivado de la concentración de parques  w.
eólic8o.2s  enS ed ectoenrmsiidneardaans z poanratess n doe cl otemrrpitaotribiole.s con la implantación de parques eólicos los  2020-445n https://w
leassp aacvieoss  n(ZaEtuPraAl)e sy  dleo se sepsepcaicailo psr ontaetcucriaólne s( EinNcPluEid),o lsa se nzo enla sP EdeIN e sdpee csiuapl eprrfoicteiec ciniófne rdioer   BOE-A-cable e
a 1.000 ha. No obstante, a través de estudios y análisis específicos, que deben reflejarse 
en un plan territorial sectorial, se puede modificar y precisar este criterio.
Artículo 9.  Criterios específicos para la implantación de plantas solares fotovoltaicas.
9.1  En la elección del emplazamiento de las plantas solares fotovoltaicas hay que 
tener en cuenta los siguientes criterios:
a)  El respecto a la matriz biofísica del territorio, teniendo en cuenta el criterio de 
proporcionalidad con el entorno y el modelo parcelario preexistente.
b)  La adaptación al terreno donde se ubiquen, el mantenimiento de los trazados de 
los caminos existentes y la no modificación de forma significativa de su recorrido, la 
configuración de los márgenes y otros elementos existentes como el arbolado de interés, 
torrentes, riegos y similares, aunque eso suponga que el ámbito de la planta tenga que 
ser discontinuo.
c)  La minimización de los movimientos de tierras de manera que las placas se 
sitúen prioritariamente sin cementado continuo y sobre el terreno natural.
d)  El mantenimiento de una separación mínima de las vallas en caminos y espacios 
especialmente frecuentados.
e)  La no afectación significativa en suelos de alto valor agrológico o de elevado 
interés agrario.
9.2  Se consideran zonas no compatibles con la implantación de plantas solares 
fotovoltaicas los espacios naturales incluidos en la Xarxa Natura 2000, excepto si las 
plantas están destinadas al autoconsumo, u ocupan menos de 3 ha, o se sitúan en un 
municipio que no disponga de otra tipología de suelo. No obstante, a través de estudios y 
análisis  específicos,  que  deben  reflejarse  en  un  plan  territorial  sectorial,  se  puede 
modificar y precisar este criterio.
Artículo 10.  Ponencia de energías renovables.
10.1  La Ponencia de energías renovables es un órgano colegiado que tiene como 
funciones analizar la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y plantas solares 
fotovoltaicas,  desde  el  punto  de  vista  de  su  emplazamiento,  y  llevar  a  cabo  las 
actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de parques 
eólicos y de plantas solares fotovoltaicas.
10.2  La Ponencia de energías renovables la integran cinco representantes del 
Departamento competente en materia de medio ambiente, uno de los cuales ejerce la 
presidencia, tres representantes del Departamento competente en materia de energía, 
dos representantes del Departamento competente en materia de urbanismo y paisaje, un 
representante  del  Departamento  competente  en  materia  de  cambio  climático,  un 
representante del Departamento competente en materia de patrimonio cultural y un 
representante del Departamento competente en materia de agricultura.
10.3  Para el análisis de la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y 
plantas solares fotovoltaicas se constituye, en el seno de la Ponencia, un grupo de 
trabajo específico integrado por dos representantes del Departamento competente en 
materia de energía, dos representantes del Departamento competente en materia de 
urbanismo y paisaje, dos representantes del Departamento competente en materia de 
medio ambiente y cambio climático y un representante del Departamento competente en 
materia de agricultura. e.
Artículo 11.  Consulta previa sobre la viabilidad del emplazamiento de un parque eólico  5w
fotovo1o1 ul.t1na aic paLl aadsne tbpaee snros lofaonrr amfosu toilnavtroe lurtaenisacaa dc.aosn seunlt ai mpprelavniata ar  ulan  Ppoanrqeunec iae ódliec oe noe rugníaas p rlaenntoav asbolleasr   OE-A-2020-44able en https://
sobre la viabilidad del emplazamiento proyectado para la instalación. De manera optativa
pueden solicitar también que la Ponencia se pronuncie sobre la amplitud y nivel de 
detalle del estudio de impacto ambiental del futuro proyecto.
11.2  La  consulta  sobre  la  viabilidad  del  emplazamiento  y  la  solicitud  de 
pronunciamiento sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental 
deben efectuarse a través de la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) adjuntando la 
siguiente documentación:
a)  Un anteproyecto donde se definan las características y emplazamiento concreto 
de los aerogeneradores o placas fotovoltaicas, la descripción del recurso eólico existente 
en el caso de un parque eólico, el trazado soterrado de las líneas eléctricas interiores, la 
línea eléctrica de evacuación, la subestación del parque o de la planta, el edificio de 
control, los viales de acceso y de servicio y los plazos de ejecución del proyecto.
b)  Un estudio que realice un diagnóstico territorial y del medio afectado por el 
proyecto  y  justifique  la  adecuación  del  proyecto  del  parque  eólico  o  planta  solar 
fotovoltaica a los criterios de los artículos del 7 al 9 del presente Decreto-ley.
c)  Un  estudio  que  justifique  las  principales  alternativas  consideradas  y  que 
contenga un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
11.3  La  Ponencia  tiene  que  dar  traslado  de  la  consulta  al  ayuntamiento  o 
ayuntamientos donde se proyecta la actividad y al resto de administraciones públicas 
afectadas.
11.4  En el caso de que la consulta incluya la petición de la determinación de la 
amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, la Ponencia tiene que 
consultar también a las personas y entidades interesadas.
11.5  La Ponencia, en el plazo de 3 meses, debe pronunciarse sobre la viabilidad de 
la propuesta y, cuando así se haya solicitado, sobre la amplitud y nivel de detalle del 
estudio de impacto ambiental. El acuerdo de la Ponencia tiene que indicar los términos y 
condiciones en las que se puede implantar la actividad. La decisión de la Ponencia agota 
la vía administrativa y es susceptible de ser impugnada, potestativamente, mediante 
recurso de reposición ante la misma Ponencia.
11.6  El pronunciamiento favorable indica que no existen elementos determinantes 
que, ya de inicio, se puedan considerar insalvables o desaconsejen la ubicación. El 
pronunciamiento favorable no garantiza que, en el marco del proceso de evaluación del 
impacto ambiental y de la tramitación del proyecto, no puedan surgir nuevos elementos 
que puedan afectar a su autorización.
11.7  Si transcurrido el plazo de 3 meses a contar desde la presentación de la 
consulta no se ha recibido respuesta de la Ponencia, la persona promotora puede iniciar 
los trámites de aprobación del proyecto de acuerdo con lo que establece la Sección 2 del 
presente Decreto-ley.
11.8  La persona promotora dispone de un plazo de dos años, a contar desde la 
respuesta a la consulta sobre la viabilidad del emplazamiento, para presentar el proyecto 
de  autorización  del  parque  eólico  o  planta  solar  fotovoltaica.  En  el  caso  de  que 
transcurrido ese plazo no se haya presentado el proyecto, debe efectuarse nuevamente 
la consulta previa.
11.9  El acuerdo de no viabilidad de la Ponencia en el trámite de la consulta previa 
tiene la consideración de circunstancia impeditiva de construcción de la instalación no 
imputable a la persona promotora a los efectos de excepción de ejecución de la garantía 
económica para tramitar la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, sin 
perjuicio del resto de causas de excepción de ejecución de la garantía que prevea la  e
normativa básica estatal. bo
Sección 2. Autorización de los parques eólicos y de las plantas solares fotovoltaicas
Artículo  12.  Intervenciones  administrativas  necesarias  para  la  implantación  de  los 
parques eólicos y las plantas solares fotovoltaicas.
12.1  La autorización de los parques eólicos y de las plantas solares fotovoltaicas 
requiere la intervención de los departamentos competentes en materia de energía, de 
urbanismo y paisaje y del Departamento competente en materia de medio ambiente.
12.2  Las intervenciones administrativas descritas se llevan a cabo a través de un 
procedimiento conjunto que integra:
a)  Desde  la  vertiente  energética,  la  autorización  administrativa  previa  y  de 
construcción del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica.
b)  Desde la vertiente urbanística y paisajística, la aprobación de un proyecto de 
actuación específica de interés público en suelo no urbanizable.
c)  Desde la vertiente ambiental, la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica, cuando esta sea exigible de acuerdo 
con lo que establece la normativa básica en la materia.
12.3  La intervención administrativa se debe realizar sobre el conjunto del proyecto 
que incluye también, entre otros, la línea eléctrica de evacuación, la subestación del 
parque o la planta y los viales de acceso y de servicio.
12.4  En  el  caso  de  solicitudes  para  un  proyecto  híbrido  que  combine  las 
tecnologías fotovoltaica y eólica, se realiza una tramitación conjunta, teniendo en cuenta 
los criterios de los artículos 7 al 9 del presente Decreto-ley y, en caso que corresponda, 
se obtiene una única autorización conjunta.
Artículo 13.  Capacidad de la persona solicitante.
La persona que solicite la autorización para la implantación de un parque eólico o 
una planta solar fotovoltaica tiene que cumplir los requisitos de capacidad que establece 
la normativa básica del sector eléctrico.
Artículo 14.  Solicitud de autorización administrativa para la implantación de un parque 
eólico o de una planta solar fotovoltaica.
La persona promotora del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica tiene que 
presentar la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción en la Oficina de 
Gestión Empresarial. Se debe aportar también la documentación exigida por las diferentes 
normativas sectoriales y que se detalla en los anexos del presente Decreto-ley.
Artículo 15.  Información pública y consultas.
15.1  El Departamento competente en materia de energía y los departamentos 
competentes  en  materia  de  urbanismo,  paisaje  y  de  medio  ambiente  tienen  que 
comprobar, en el plazo de un mes, la suficiencia e idoneidad de la documentación 
aportada por la persona promotora. En el caso de que sea necesario, deben solicitar la 
enmienda y mejora de la documentación aportada, de acuerdo con lo que establece la 
normativa general de procedimiento administrativo. Al dar respuesta a la suficiencia e 
idoneidad de la documentación aportada, el órgano ambiental tiene que comunicar al  s
Departamento  competente  en  materia  de  energía  la  relación  de  entidades  y  oe.
administraciones que deben ser consultadas a los efectos de la evaluación de impacto  w.
caomnbt1aie5rn .2tda el.sEdl eD elap acrtoammpernotboa ccoiómnp edtee nltae  esnu fmiciaetnecriiaa  dee  eidnoenregiídaa, de nd eel  plala zdoo dcuem uenn mtaecsió na   2020-445n https://w
aportada por la persona promotora, tiene que someter la documentación presentada al
trámite de información pública durante un periodo mínimo de 30 días. El anuncio de  Bc
información  pública  tiene  que  detallar  que  aquella  tiene  efectos  en  los  siguientes 
procedimientos  administrativos:  procedimiento  para  la  obtención  de  la  autorización 
administrativa previa y de construcción del parque eólico o la planta solar fotovoltaica y, 
si procede, para su declaración de utilidad pública; procedimiento para la autorización del 
proyecto  de  actuación  específica  de  interés  público  en  suelo  no  urbanizable,  y 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto del parque eólico o de la 
planta solar fotovoltaica.
15.3  Paralelamente al trámite de información pública, el órgano competente en 
materia de energía efectúa el trámite de audiencia a las administraciones y entidades 
que puedan resultar afectadas y solicita a los organismos y empresas de servicios 
públicos o de interés general que emitan informe sobre la parte que los pueda afectar. En 
todo caso, debe consultarse al Departamento competente en materia de patrimonio 
cultural. Estos informes se tienen que emitir en el plazo de un mes. Si no se emiten en el 
plazo  señalado,  se  pueden  proseguir  las  actuaciones  correspondientes.  Cuando  la 
persona  promotora  haya  solicitado  la  declaración  de  utilidad  pública  se  consideran 
también personas interesadas las personas titulares de los bienes y derechos afectados. 
En todos los casos, el órgano competente en materia de energía tiene que solicitar 
informe  al  ayuntamiento  o  ayuntamientos  en  cuyo  ámbito  se  pretenda  implantar  el 
parque eólico o la planta solar fotovoltaica.
15.4  El Departamento competente en materia de energía tiene que dar traslado de 
las alegaciones e informes recibidos en los trámites de audiencia, consulta e información 
pública a la persona promotora, quien debe dar respuesta en el plazo de 30 días.
15.5  El Departamento competente en materia de energía, en el plazo de 15 días, 
tiene  que  dar  traslado  de  las  alegaciones  e  informes  recibos  en  los  trámites  de 
audiencia, consulta e información pública y las respuestas de la persona promotora a los 
departamentos  competentes  en  materia  de  urbanismo  y  paisaje  y  de  evaluación 
ambiental y a los ayuntamientos afectados a fin de que, en el plazo de un mes, puedan 
formular sus observaciones.
Artículo 16.  Evaluación de impacto ambiental del proyecto.
16.1  Corresponde a la Ponencia de energías renovables emitir la declaración de 
impacto ambiental o informe de impacto ambiental del proyecto en el plazo máximo de 
cuatro meses desde que disponga de todo el expediente administrativo tramitado por el 
órgano competente en materia de energía.
16.2  La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental tienen 
que  tener  el  contenido  que  establece  la  normativa  vigente  en  la  materia  y  deben 
publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en la sede electrónica 
del órgano ambiental.
Artículo 17.  Aprobación urbanística del proyecto.
Una vez efectuada la evaluación de impacto ambiental del proyecto, la Comisión 
Territorial de Urbanismo, en el plazo de un mes, debe aprobar definitivamente el proyecto 
de actuación específica en suelo no urbanizable.
Artículo 18.  Otorgamiento de la autorización sustantiva en materia de energía.
18.1  El órgano competente en materia de energía, en el plazo de un mes contado  s
desde la comunicación de las resolución de los trámites ambiental y de aprobación  oe.
urbanística, debe emitir la resolución sobre la solicitud de autorización administrativa  w.
previa, de declaración de utilidad pública, si ha sido solicitada, y de construcción del  5w
parq1u8e.2 e ólLicao  aou dtoer ilzaa pcliaónnt aa dsmolianri sfotrtaotvivoalt apirceav.ia y de construcción del proyecto ejecutivo
tditeull apra rnqou eh ae óolbictoe noi ddoe  plare pvliaanmtae nstoel alor sfo ptoevrmoltisaoicsa  dneo  apcuceedseon  ys ecro noetoxrigóand eans  slai sla r epdeersso ndae   BOE-A-cable e
transporte o distribución correspondientes. Esta previsión no es de aplicación a las 
instalaciones de autoconsumo sin excedentes.
18.3  La resolución dictada por el órgano competente en materia de energía se 
notifica al ayuntamiento o ayuntamientos correspondientes y tiene que hacerse pública al 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Artículo 19.  Garantía de restitución de los terrenos a su estado original.
19.1  La persona promotora de un parque eólico o de una planta solar fotovoltaica 
queda obligada a restituir los terrenos en su estado original al finalizar la actividad. Con 
la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligación, debe constituir una garantía 
suficiente, por alguna de las formas admitidas en la legislación de contratos del sector 
público,  a  disposición  del  Departamento  competente  en  materia  de  urbanismo.  La 
resolución que apruebe el proyecto de actuación específica correspondiente tiene que 
fijar el importe y plazo para constituirla. El importe de la fianza se fija considerando el 
coste real del desmantelamiento. Esta fianza consta en la autorización sustantiva en 
materia de energía.
19.2  La eficacia del proyecto de actuación específica queda demorada hasta la 
constitución de la garantía a que hace referencia el apartado 19.1 anterior. La falta de 
constitución de la garantía en el plazo fijado comporta que la aprobación del proyecto de 
actuación específica quede sin efecto.
Artículo 20.  Autorización de explotación de los parques eólicos y de las plantas solares 
fotovoltaicas.
La persona titular del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica, una vez acabada 
la construcción, tiene que solicitar la autorización de explotación y la inscripción en el 
Registro  de  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  de  Cataluña  y  en  el 
Registro  de  autoconsumo  de  energía  eléctrica,  mediante  la  Oficina  de  Gestión 
Empresarial, aportando la documentación que especifique el portal de tramitación.
Artículo 21.  Transmisión de la autorización en materia de energía.
21.1  La autorización administrativa para la ejecución de un parque eólico o una 
planta solar fotovoltaica se pueden transmitir si concurren los siguientes requisitos:
a)  El parque eólico o la planta solar fotovoltaica están ejecutados en su totalidad y 
cuentan con el acta de puesta en marcha definitiva.
b)  La persona adquirente reúne las condiciones exigidas a la persona titular de la 
autorización.
21.2  La transmisión tiene que ser autorizada por el órgano competente en materia 
de energía.
21.3  La resolución sobre la transmisión de la autorización se dicta y notifica en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. 
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  resuelto  la  solicitud,  se  entiende  que  la 
transmisión es denegada.
21.4  La resolución que se dicte se debe notificar al ayuntamiento o ayuntamientos 
correspondientes.
21.5  La persona adquirente se subroga en todas las obligaciones y derechos de la  e
persona transmisora y tiene que constituir una nueva garantía de restitución de los  bo
terrenos  a  su  estado  original,  en  sustitución  de  la  constituida  anteriormente  por  la  w
persona transmisora.
Artículo 22.  Caducidad y revocación de la autorización en materia de energía.
22.1  El incumplimiento del plazo previsto en la autorización para construir y poner 
en servicio la instalación comporta su caducidad y la pérdida de los beneficios que se 
deriven.
22.2  La caducidad no opera de manera automática, sino que hace falta la previa 
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente en el que se debe dar 
audiencia a la persona titular de la instalación y al ayuntamiento o ayuntamientos donde 
se emplaza el parque eólico o la planta solar fotovoltaica.
22.3  El  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  dimanan  de  las 
autorizaciones  otorgadas  puede  suponer  la  revocación.  En  el  procedimiento  de 
revocación  debe  darse  audiencia  a  la  persona  titular  de  la  instalación  y  a  los 
ayuntamientos afectados.
Artículo 23.  Modificaciones de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas.
23.1  Las modificaciones de parques eólicos y de plantas solares fotovoltaicas ya 
autorizadas, independientemente de si están ya construidos o no lo están, pueden tener 
carácter no sustancial o sustancial.
23.2  Se  consideran  modificaciones  no  sustanciales  las  que  reúnen, 
simultáneamente, los siguientes requisitos:
a)  Mantenimiento o disminución del número de aerogeneradores del parque eólico 
o de la superficie ocupada por la planta solar fotovoltaica.
b)  Mantenimiento de la potencia total del parque eólico o la planta solar fotovoltaica 
o un incremento de esta de hasta un 10%.
c)  Si se propone un cambio en la ubicación de los aerogeneradores del parque 
eólico, este debe efectuarse dentro de la misma área geográfica inicialmente prevista, 
con un límite de tolerancia de 500 metros y sin que se pueda rebasar el ámbito objeto del 
proyecto  de  actuación  específica  autorizado,  ni  afectar  en  ningún  caso  directa  o 
indirectamente a ningún espacio de la Xarxa Natura 2000.
23.3  Las modificaciones no sustanciales de parques eólicos y de plantas solares 
fotovoltaicas deben ser comunicadas al órgano competente en materia de energía a 
través de la Oficina de Gestión Empresarial utilizando el formulario que se detalla y 
aportando la documentación que se especifica en el mencionado portal de tramitación.
23.4  Las modificaciones de parques eólicos y de plantas solares fotovoltaicas que 
no  reúnan  los  requisitos  descritos  en  el  apartado  2  del  presente  artículo  tienen, 
inicialmente, la consideración de modificaciones sustanciales. Las personas titulares que 
quieran llevar a cabo una modificación de este tipo pueden formular una consulta previa 
a la Ponencia de energías renovables sobre el carácter sustancial o no sustancial de la 
modificación proyectada. Esta petición se tiene que presentar a través de la Oficina de 
Gestión Empresarial con la documentación técnica que se especifica en el portal de 
tramitación. Especialmente es necesario aportar una auditoría ambiental que reúna los 
requisitos establecidos al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Esta documentación será enviada a la Ponencia de energías renovables, que 
debe consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, 
de acuerdo con lo que prevé la normativa de evaluación de impacto ambiental.
23.5  En el caso de que la Ponencia de energías renovables considere que se trata 
de una modificación no sustancial, debe comunicarlo al Departamento competente en  e.
materia de energía a fin de que apruebe la modificación. w.b
23.6  En el caso de que la Ponencia considere que se trata de una modificación  5w
sDuesctraentoci-alel,y ,h arye fqeuree nsteesg uira  lolsa str áminitteersv ednecsiocrniteoss  eand mloisn isatrrtaíctiuvlaoss  1n4e acel s1a8r iadse l ppraersae ntlea 
implantación de los parques eólicos y de las plantas solares fotovoltaicas.
Disposición adicional primera.  Modificación del Texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de 
noviembre.
Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 8, que queda redactada de la 
siguiente manera:
«b)  En Relación con las partes del territorio que corresponden a cuencas 
hidrográficas  compartidas  con  otras  comunidades  autónomas,  administrar  y 
controlar los aprovechamientos hidráulicos, ejercer la función ejecutiva de policía 
del dominio público hidráulico y tramitar los expedientes que se refieran a ese 
dominio, salvo el otorgamiento de concesiones de agua. Le corresponde también 
ejecutar,  directamente  o  en  colaboración  con  otras  administraciones,  las 
actuaciones de prevención de daños al dominio público hidráulico causados por 
lluvias torrenciales, inundaciones, desbordamientos u otros fenómenos extremos, 
así como su reparación.»
Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de 
prevención y control ambiental de las actividades.
– 1.  Se modifica el título del artículo 32, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Declaración de impacto ambiental de actividades extractivas.»
– 2.  Se suprime el apartado 1 del artículo 32.
– 3.  Se suprime todo el apartado 1, Energía, del anexo I.3.
– 4.  Se suprime el epígrafe 1.13 del anexo III.
Disposición transitoria primera.  Solicitudes de autorización de parques eólicos y plantas 
solares fotovoltaicas en trámite.
Las solicitudes de autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas que 
ya se hayan presentado a trámite en el momento de la entrada en vigor de la presente 
disposición se rigen por la normativa anterior.
Disposición transitoria segunda.  Modificaciones de parques eólicos ya autorizados en 
espacios de la Xarxa Natura 2000.
Los  parques  eólicos  ya  autorizados  y  en  funcionamiento  que  se  sitúan  total  o 
parcialmente en espacios de la Xarxa Natura 2000 pueden ser objeto de modificaciones 
que supongan una aminoración de su impacto ambiental. Estas modificaciones se rigen 
por  las  previsiones  del  apartado  4  del  artículo  23  del  presente  Decreto  ley.  La 
modificación sólo se puede llevar a cabo si la Ponencia de energías renovables da su 
conformidad.
Disposición derogatoria.  Normativa que se deroga.
Se derogan las disposiciones siguientes:
a)  El Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía 
eólica en Cataluña. es
b)  El  Decreto  147/2009,  de  22  de  septiembre,  por  el  que  se  regulan  los  o
procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e  w.
iDnestcacrel)a tcoi Eo3nl0 e5as/r2 tfí0oc0tuo6lvo,o  dl3tea3 i1.c38a  sdd eee nlj u CRlioae.tgallaumñae.nto  de  la  Ley  de  urbanismo,  aprobado  por  el  2020-445n https://w
Disposición  final  primera.  Autorización  para  la  modificación  de  la  regulación  de  la 
autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica proveniente de 
energía eólica y de energía solar fotovoltaica.
El  Gobierno,  a  propuesta  de  las  personas  titulares  de  los  departamentos 
competentes en materia de energía, medio ambiente y urbanismo, puede modificar, por 
decreto, las previsiones del capítulo 4 del presente Decreto-ley.
Disposición final segunda.  Autorización para la modificación de los anexos de este 
Decreto-ley.
La documentación prevista en los anexos puede ser modificada mediante una orden 
de los consejeros competentes en cada materia.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y ciudadanas a los que sea de aplicación 
este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento, y que los tribunales y las autoridades a 
los que corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 26 de noviembre de 2019.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–La Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón i 
Feixas.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 8012, de 28 de noviembre de 2019. 
Convalidado por Resolución 687/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» número 8028, de 20 de diciembre de 2019)
ANEXO 1
Documentación exigida por la normativa energética
a)  Parques eólicos:
1.  Documentación acreditativa de la capacidad legal, técnica y económica de la 
persona solicitante.
2.  Proyecto ejecutivo correspondiente al parque eólico y a las instalaciones de 
interconexión con la red eléctrica, firmado por técnico/a competente, y que deberá incluir, 
como mínimo, la documentación e información suficiente sobre:
a.  La titularidad de la instalación y agentes actuantes.
b.  Emplazamiento de la instalación, incluyendo los accesos, vías próximas, zona de 
implantación,  y  coordenadas  UTM  de  cada  uno  de  los  aerogeneradores;  y  la 
transcripción de su ubicación sobre cartografía oficial y coordenadas UTM de la línea 
poligonal que circunscribe la instalación.
c.  Objeto y alcance del proyecto.
d.  Antecedentes que motivan la promoción de la instalación objeto de autorización.
e.  Descripción de la instalación y de los equipos principales.
f.  Datos de viento: se incluirá una descripción del recurso eólico existente mediante  e.e
medidas o un estudio de modelización que confirme la existencia de recurso suficiente. b
g.  Cálculos  justificativos:  especificaciones  técnicas  de  los  materiales  y  equipos  w
ny ecceenstaroriso sd ep atrraan lsaf ocromnasctriuócnc eió inn sdtea lalac iionnsteasla dceió cno; nceáxlcióunlo e dne r elídn;e aresd eelsé cdteri cpause sdtea  BaT t iey rAraT; 
cálchu.l osP dlaen laifi coabcraió nci,v pilr.esupuesto y estudio técnico-económico.
i.  Planos a escala 1:25.000 (relativos al emplazamiento de los aerogeneradores, 
líneas  eléctricas  interiores  soterradas  del  parque  eólico,  línea  de  evacuación, 
subestación y edificio de control, los viales de acceso y de servicio). Estos planos serán 
a escala 1:5.000 cuando puedan verse afectados bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico y paleontológico.
j.  Planos en una escala adecuada para definir con detalle constructivo suficiente los 
aspectos relacionados con los cimientos, zanjas, cunetas, entre otros.
k.  Plano de conjunto del aerogenerador.
l.  Esquema eléctrico unifilar de la instalación de potencia, incluyendo todos los 
puntos  de  interconexión,  tanto  con  la  empresa  eléctrica  como  con  la  instalación 
existente.
m.  Esquema  de  la  instalación  de  contaje  energético  según  el  Reglamento  de 
puntos de medida.
n.  Red de tierras.
o.  Estudio de seguridad y salud.
3.  Declaración de las características técnicas de la instalación.
4.  Declaración del/de la técnico/a competente, si procede.
5.  Declaración responsable, firmada por el facultativo competente que ha firmado el 
proyecto  ejecutivo,  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  normativa  que  le  sea  de 
aplicación.
6.  Documentación acreditativa del otorgamiento de acceso y punto de conexión en 
la red eléctrica.
7.  Separata para cada una de las administraciones públicas afectadas, organismos 
y, si procede, empresas de servicios públicos o de servicios de interés general.
8.  Relación de bienes y derechos afectados, si el solicitante pide el reconocimiento 
de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa e imposición de servidumbres.
9.  Cualquier otra documentación que conforme a la legislación vigente sea exigible.
b)  Plantas solares fotovoltaicas:
1.  Documentación acreditativa de la capacidad legal, técnica y económica de la 
persona solicitante.
2.  Proyecto  técnico  correspondiente  a  la  planta  solar  fotovoltaica  y  a  las 
instalaciones de interconexión con la red eléctrica firmado por técnico competente y que 
tendrá que incluir, como mínimo, la documentación e información suficiente sobre:
a.  La titularidad de la instalación y agentes actuantes.
b.  Emplazamiento de la instalación, incluyendo los accesos, vías próximas, zona de 
implantación y las coordenadas UTM; referencia catastral de la parcela.
c.  Objeto y alcance del proyecto.
d.  Antecedentes que motivan la promoción de la instalación objeto de autorización.
e.  Descripción de la instalación y de los equipos principales.
f.  Bases de diseño.
g.  Cálculos  justificativos:  características  de  los  módulos  y  campo  fotovoltaico; 
viento, dimensionado de, y estructuras; estudio energético y medida; cálculo de líneas 
eléctricas de BT y AT y centros de transformación e instalaciones de conexión en red, si 
es de aplicación; cumplimiento de la legislación electrotécnica aplicable.
h.  Planificación, presupuesto y estudio técnico-económico.
i.  Plano  de  emplazamiento  y  situación.  Indicación  del  emplazamiento  de  la  e.
instalación que permita el acceso de forma inequívoca, indicando los accesos. w.
j.  Plano/s  general/es  en  planta  y  alzado  suficientemente  anchos  a  escala,  5w
cdoisnpvoesnicieiónnte d ee  loinsd eicqaunipdoos ,c lootsa sa peasreantocsia yle lsa,s  dcoonndeex iosnee sin pdriiqnuceipna leels .emplazamiento y la
de inkt.e rcEosnqeuxeiómna,  tealnétcot rcicoon  ulan iefimlapr rdees ala e ilnéscttarilcaac icóonm doe  cpoonte lan cinias tianlcaluciyóenn edxoi stotednotes .los puntos  BOE-A-cable e
l.  Esquema de la instalación de contaje energético según el Reglamento de puntos 
de medida.
m.  Red de tierras.
n.  Estudio de seguridad y salud.
3.  Declaración sobre las características técnicas instalación.
4.  Declaración del/de la técnico/a competente, si procede.
5.  Declaración responsable, firmada por el facultativo competente que ha firmado el 
proyecto  ejecutivo,  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  normativa  que  le  sea  de 
aplicación.
6.  Documentación acreditativa del otorgamiento de acceso y punto de conexión en 
la red eléctrica.
7.  Separata para cada una de las administraciones públicas afectadas, organismos 
y, si procede, empresas de servicios públicos o de servicios de interés general.
8.  Relación de bienes y derechos afectados, si el solicitante pide el reconocimiento 
de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa e imposición de servidumbres.
9.  Cualquier otra documentación que conforme a la legislación vigente sea exigible.
ANEXO 2
Documentación exigida por la normativa urbanística
– 1.  Proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable 
regulado en el artículo 48 bis del Texto refundido de la Ley de urbanismo, con la 
documentación  determinada  en  el  artículo  48.1  de  este  Texto  refundido  y  en  el 
artículo 57.1 del Reglamento de la Ley de urbanismo.
– 2.  El proyecto de actuación especifica de interés público incorporará el informe 
de impacto e integración paisajística con el contenido regulado en el artículo 21 del 
Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de 
junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje.
ANEXO 3
Documentación ambiental necesaria para la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto
– 1.  Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y las cantidades de los 
residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
– 2.  Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa 
cero o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
– 3.  Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 
flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 
factores  climáticos,  el  cambio  climático,  el  paisaje,  los  bienes  materiales  –incluido  el 
patrimonio cultural– y la interacción entre todos los factores mencionados durante las fases 
de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o el abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red  s
Naturaleza 2000, se tiene que incluir un apartado específico para la evaluación de sus  e.
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. w.
– 4.  Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos  5w
adve–r s5o.s  sPorborger aeml ma eddeio v iagmilabniecniate a.mbiental.
– 6.  Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.