BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22096
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2920 Sala  Primera.  Sentencia  5/2022,  de  24  de  enero  de  2022.  Recurso  de 
amparo  4120-2020.  Promovido  por  doña  María  Pilar  Furones  Furones 
respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese 
mismo orden jurisdiccional de Vitoria-Gasteiz, que desestimaron su demanda 
de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de 
discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente 
y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del 
hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la 
situación de discapacidad). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2022:5
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4120-2020, promovido por doña María Pilar Furones 
Furones, representada por la procuradora de los tribunales doña Valentina López Valero 
y asistida por el abogado don Rafael Goiría González, frente a la sentencia del Pleno de 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo núm. 563/2020, de 1 de julio, desestimatoria 
del recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1935-2018, interpuesto contra 
la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 
401/2018,  de  22  de  febrero,  que  había  estimado  el  recurso  de  suplicación  núm. 
196-2018, promovido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) 
y la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) contra la sentencia 
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz núm. 278/2017, de 16 de noviembre, 
estimatoria  de  la  demanda  interpuesta  por  la  ahora  recurrente  en  amparo  contra 
resoluciones de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Álava que le habían denegado el reconocimiento de la situación de gran invalidez 
derivada de contingencia común (autos núm. 372-2017). Han sido parte la letrada de la 
administración de la Seguridad Social y el abogado del Estado, en la representación que 
respectivamente ostentan, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes w.
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2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, y relevantes para su 
resolución, son, en síntesis, los siguientes:
a) La actora, nacida el 5 de febrero de 1954, prestó servicios para don MMG del 29 
de octubre de 1971 al 9 de agosto de 1975, afiliándose a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) el 1 de abril de 1996, y trabajando en dicha organización 
como vendedora de cupones. El Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral 
de Álava le reconoció con fecha 18 de enero de 1995 un 85 por 100 de disminución de 
su capacidad orgánica y funcional, siendo el diagnóstico «amaurosis bilateral, etiología: 
miopía magna y desprendimiento de retina». Pasó a la situación de jubilación el 30 de 
junio de 2015, habiendo anticipado la edad de jubilación por razón de discapacidad en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, al no ser 
capaz  de  responder  adecuadamente  a  los  requerimientos  de  su  trabajo,  que 
progresivamente habían ido en aumento.
b) El 26 de julio de 2016 presentó solicitud de reconocimiento de incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común, en grado de gran invalidez, con derecho a 
percibir una pensión del 150 por 100 de su base reguladora. Por resolución de la 
dirección provincial del INSS de Álava de fecha 3 de noviembre de 2016 se denegó su 
solicitud, por no suponer las lesiones que padece la actora una disminución de su 
capacidad laboral, al ser anteriores a la profesión valorada, puesto que en el momento 
de iniciar su actividad laboral como vendedora de la ONCE ya eran de entidad suficiente 
como para ser catalogadas como constitutivas de una gran invalidez. La decisión se 
fundó en el informe de valoración médica de 6 de septiembre de 2016 y en el dictamen-
propuesta del equipo de valoración de incapacidades de 2 de noviembre de 2016. En el 
primero de ellos se señalaba que la demandante de amparo presenta como deficiencias 
más significativas un déficit visual muy severo en el contexto de retinosis pigmentaria 
(según informe de la ONCE de 13 de febrero de 2013, la agudeza visual es irrealizable y 
el campo visual es menor de 10 grados en ambos ojos. Y, según informe oftalmológico 
del servicio de valoración de la Diputación Foral de Álava, de 22 de agosto de 2016, la 
agudeza visual es menor de 0,01), y un trastorno ansioso-depresivo de larga evolución 
en tratamiento. Como previsión de evolución se señala «déficit progresivo», indicando, 
además, que no existen posibilidades terapéuticas y que el tratamiento rehabilitador es el 
proporcionado en la ONCE. En cuanto a limitaciones orgánicas y funcionales, se recoge 
que presenta ceguera prácticamente total, con agudeza visual menor de 0,01 y campo 
visual menor de 10 grados en ambos ojos. La conclusión del informe es: «Limitación 
importante  en  el  ámbito  laboral  que  venía  desarrollando  hasta  hace  un  año 
(prejubilación) en relación a requerimientos laborales de mayor complejidad. Extremo 
este que debería valorarse por el EVI. Limitación para cualquier actividad laboral en 
general que requiera un resto útil de visión». El dictamen-propuesta, reconociendo la 
existencia  de  esas  lesiones,  propone  la  no  calificación  de  la  trabajadora  como 
incapacitada permanente, por tratarse de lesiones anteriores a la profesión valorada.
c) Frente a la anterior resolución promovió el 12 de diciembre de 2016 reclamación 
administrativa previa a la vía judicial laboral. Con fecha 7 de junio de 2017 se emitió 
informe ampliatorio del anterior informe de valoración médica, en el que se recogen los 
datos de exploraciones oftalmológicas realizadas a la actora a lo largo del tiempo, desde 
el 28 de enero de 1994 hasta el 11 de julio de 2016, para concluir que «al menos 
presenta pérdida visual desde los 12-13 años, cuando le fue diagnosticada una retinosis 
pigmentada, con datos de agudeza visual de 0,1 en ambos ojos en 1994, y menor de 0,1  s
desde 1997 (0,05 en 1997 y 0,001 a partir de 2009). Con respecto al campo visual es  e.
patológico desde el inicio, atípico al inicio para el diagnóstico con escotoma altitudinal y  w.
central  y  desde  2009  reducción  concéntrica  menor  de  10  grados».  El  equipo  de  20ww
veanl oerla qcuióen p droep ionncea pmaocdidifaicdaers  lae mpriotióp udeicsttaam eemnit-ipdrao peul e2s dtae  cnoonv iefemchbare  1d3e  d2e0 1ju6n, idoe dcela r2a0n1d7o, 
qduee a clause rledsoi ocnoens e dl ec ulaa dreroc lcalmínaicnot er eysae ñearadno .constitutivas de gran invalidez en el año 2009,  BOE-A-cable e
d) La reclamación previa fue desestimada por resolución de 21 de junio de 2017, en 
la que se argumentaba que había prescrito el derecho al reconocimiento de la prestación 
por haber transcurrido más de cinco años sin que hubiese empeorado su situación 
funcional, de conformidad con lo establecido en el art. 43 del texto refundido de la Ley 
general de Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (TRLGSS de 1994).
e) La  recurrente  en  amparo  presentó  demanda  contra  dicha  decisión,  cuyo 
conocimiento correspondió al Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz. En ella 
solicitó que se le declarara afecta de invalidez derivada de enfermedad común en el 
grado de gran invalidez, con derecho a percibir una pensión del 150 por 100 de su base 
reguladora, basando su pretensión en que, con las lesiones que padece, no le es posible 
realizar los actos esenciales de la vida, necesitando en todo momento la asistencia de 
una tercera persona.
f) La demanda fue estimada por sentencia del juzgado de lo social de 16 de 
noviembre de 2017, que revocó la resolución administrativa impugnada y declaró que la 
actora es beneficiaria de una prestación de incapacidad permanente en grado de gran 
invalidez, con una base reguladora de 1661 € mensuales, pagaderos en catorce pagas 
anuales,  en  un  porcentaje  del  100  por  100  sobre  la  base  reguladora  y  con  un 
complemento de 1131,47 €, abonable en cada una de las pagas, y con efectos desde 
el 26 de julio de 2016. El órgano judicial rechazó los motivos de oposición del INSS y de 
la TGSS, que alegaban la modificación sustancial de la demanda, el carácter previo de 
las  lesiones  a  la  afiliación  de  la  trabajadora  al  sistema  de  la  Seguridad  Social,  la 
prescripción, y que la demandante se encuentra jubilada desde el 30 de junio de 2015, 
habiendo anticipado la edad de jubilación por razón de discapacidad. Respecto a la 
primera cuestión, la sentencia razona que la demanda se basa en datos resultantes del 
expediente administrativo y no suponen la introducción de nuevas pretensiones sino la 
invocación de la aplicación de determinada normativa a partir de aquellos. En cuanto a la 
segunda, con apoyo en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo y en el informe del 
equipo  de  valoración  de  incapacidades,  reseña  la  sentencia  que  la  actora  trabajó 
de 1971 a 1975, veinte años antes de su afiliación a la ONCE, desconociéndose en 
dichas fechas cuál era su deficiencia visual, aunque ya se advirtiera que era de juventud, 
lo  que  no  obsta  a  su  consideración  evolutiva  ya  que  se  trata  de  una  patología 
degenerativa, como el propio informe indica. Por otra parte, y con cita de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015, recuerda que una agudeza visual inferior a 
una décima en ambos ojos se asimila a ceguera total a efectos de su consideración 
como gran invalidez, aunque se hubieran adquirido habilidades adaptativas necesarias 
para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin 
necesidad  de  ayuda  permanente.  También  se  rechaza  la  cuestión  relativa  a  la 
prescripción, remitiéndose a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
de 2 de mayo de 2017, que, ante idéntica cuestión, negó la existencia de prescripción 
«puesto que el hecho causante no se produjo la primera vez que se tiene constancia 
escrita de la casi ceguera completa sino cuando reclamó el reconocimiento». En cuanto 
a la posibilidad de declarar la gran invalidez en situación de jubilación, el juzgado de lo 
social aplica la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
enero de 2015, por referencia a otras anteriores, que concluye con la posibilidad de que 
los pensionistas de jubilación anticipada puedan ser beneficiarios de prestaciones de 
incapacidad permanente. De acuerdo con tal doctrina, afirma el juzgado que «al amparo 
de los artículos 195, 205 y la disposición transitoria séptima del TRLGSS, no habiendo  es
cumplido la actora la edad para causar la pensión de jubilación ordinaria (sesenta y cinco  o
edlaionleñ  c oqaS2sup0o ea1ce ci5hani)dal . a y2Ldad0ae  1 dlp s5eeTe)srrn,ma ibterdaurneonncblealiaenal d t efSoeu,u n euapt enauenacnrid l oaacerruc ratsadidveneai dd  qpoaJuo udsers e l taaaicluba ietoa onr m a ddgliee srs lma 2iedP7ano a dd ípdoesue   nee Vgosdartveasei enc esom ieln» brcv  rra(eidstl eieeddrcneeiolt zae2 .rdn 0aNec1di a7aand.  uadae efsoe tbcr8ast at adS  eaaa  l aaeu blndloraei,l     OE-A-2022-2920able en https://www.
g) Contra la anterior resolución interpusieron recurso de suplicación el INSS y la 
TGSS, que fue estimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2018, en la que revocó la sentencia de 
instancia y desestimó la demanda rectora del proceso. Señalando que es el mismo 
criterio sostenido en sus sentencias de 30 de mayo de 2017, 4 de julio de 2017, 21 de 
noviembre de 2017 y 16 de enero de 2018, argumenta la Sala que el pilar sobre el que 
descansa la Ley es el principio general de que se accede a la incapacidad permanente 
antes de acceder a la jubilación, pues si ya se está jubilado no cabe la incapacidad 
permanente. Apoya tal afirmación en el art. 195.1, segundo párrafo, del texto refundido 
de  la  Ley  general  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS), según el cual «No se reconocerá el 
derecho  a  las  prestaciones  de  incapacidad  permanente  derivada  de  contingencias 
comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista 
en el artículo 205.1 a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social». Este último precepto fija dicha edad en «sesenta y siete 
años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis 
meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a 
las pagas extraordinarias» (vale para el 2016, ya que se trata de una edad paulatina de 
incremento para la jubilación que termina en el 2026). Advierte la Sala que la actora 
accedió a la jubilación anticipada por la vía excepcional del art. 206 LGSS, con una edad 
rebajada por tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, supuesto 
para el que existe una remisión normativa a lo que se establezca en el reglamento de 
desarrollo, sin que el caso sea equiparable a los resueltos por el Tribunal Supremo en las 
sentencias citadas por la parte recurrida, en las que aquel admite que puedan pedir la 
incapacidad permanente personas jubiladas anticipadamente con respecto de lo que es 
la edad ordinaria de jubilación y siempre que lo pidan antes de llegar a los sesenta y 
cinco años, pero que se refieren a jubilación anticipada por pérdida de empleo del 
trabajador en edad cercana a la fecha ordinaria de jubilación, mientras que en este caso 
se estaría ante el acceso voluntario a jubilación anticipada por discapacidad, aplicando 
los coeficientes reductores previstos en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre. Y 
añade: «Lo que hemos dicho en nuestras precedentes sentencias y ahora reiteramos es 
que, en estos concretos casos de acceso a la jubilación anticipada y por la exclusiva vía 
del  artículo  206  y  en  relación  al  anticipo  de  la  edad  de  jubilación  por  razón  de 
discapacidad, lo razonable es fijar como tope para pedir la incapacidad permanente esa 
edad ordinaria, pero reducida también en aquellos mismos percentiles de días que se 
consideraron para acceder a la jubilación. Pues bien, la señora Furones Furones nació 
en 1954, tiene reconocido grado de discapacidad del 85 por 100 desde el año 1995, 
empezó a cotizar mucho antes, en el año 1971, y luego ya, comenzó a trabajar para la 
ONCE, solo desde el 1 de septiembre de 1996 en adelante, pasando a situación de 
jubilada en el año 2015, cuando claramente entonces no tenía la edad ordinaria de 
jubilación de sesenta y cinco años y tres meses que en tal año se le exigían pues no 
reunía cotizaciones iguales o superiores a los treinta y seis años (disposición transitoria 
séptima de la Ley general de la Seguridad Social). Entonces tenía sesenta y un años. 
Por tanto, de no haber utilizado el cauce del artículo 206 de la Ley general de la 
Seguridad Social, la demandante en realidad se debiera haber jubilado en fecha 26 de 
septiembre de 2019. Si, conforme lo ya explicado, se restan esos más de cuatro años de 
días bonificados, se llega a finales del año 2014, que sería la fecha límite, cuando es lo 
cierto que la petición de incapacidad no se hace hasta bien terciado el año 2016.  es
Considerando lo dicho y si partimos de que la incapacidad permanente la pidió cuando  o
eudyasnict itifcmaihcod)aan acdt iaoFópb nroeae rn n d cltfaeeuo   nnSadc  oasidócleaintcsr  hieddnoneea t  ,pal loor f ou ydSnn icuddohnoacocsida i o[ala…  mdñe]eoin»els  .n Tltador ei bci nuoetnnedatrarpla duSd, suiccopoc elinaórs inoiad rcde tderoae rma laJ o ruesssc etuqincrutiseaeon   dcedeilae  r  Mecrecaaucsdurarsircdorii ó dddnaee  p bc2aeo9r na s  delleaar     OE-A-2022-2920able en https://www.
septiembre de 2017, y en la infracción de los arts. 195.1, párrafo último, y 205.1 a), 138.1
y 161.1 a) LGSS. El recurso fue desestimado por sentencia del Pleno de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2020, que entendió que la doctrina correcta se 
contiene en la sentencia recurrida. En los fundamentos de Derecho se afirma que la 
recurrente accedió a la jubilación anticipada por la vía excepcional del art. 206.2 LGSS, 
aplicándose  coeficientes  reductores  de  la  edad  de  jubilación  para  personas  con 
discapacidad,  que  no  es  este  el  caso  resuelto  en  las  sentencias  citadas  por  el 
magistrado de instancia (de 21 de enero de 2015 y anteriores), y que lo razonable es 
que, habiéndose accedido por esta vía excepcional, se fije como tope para acceder a la 
incapacidad permanente la edad ordinaria de jubilación reducida en los percentiles que 
se consideraron para acceder a la jubilación por discapacidad. La sentencia cuenta con 
un voto particular suscrito por dos magistradas, que entendían que debía estimarse el 
primer  motivo  del  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina,  casando  y 
anulando  la  sentencia  recurrida  y,  resolviendo  el  debate  planteado  en  suplicación, 
estimar  en  parte  el  recurso,  tan  solo  por  el  séptimo  motivo,  con  estimación  de  la 
demanda formulada respecto del pedimento de que la actora está afecta de incapacidad 
permanente en el grado de gran invalidez, con efectos desde la fecha de solicitud, y con 
derecho al percibo de la prestación correspondiente.
3. En su demanda, se queja la actora de la vulneración del derecho a la igualdad, 
sin discriminación por razón de circunstancia personal, como es la discapacidad, cuyo 
trato discriminatorio está prohibido por el art. 14 CE, en colisión frontal con la propia 
doctrina del Tribunal Supremo. Se estaría otorgando diferente trato a los que se jubilan 
anticipadamente por discapacidad, respecto de quienes lo hacen por otros motivos, 
mediante la realización de una interpretación de la normativa aplicable que no se ajusta 
a  los  criterios  hermenéuticos  de  nuestro  ordenamiento,  ni  a  las  exigencias 
constitucionales, ni a las del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) y de la 
Carta  de  los  derechos  fundamentales  de  la  Unión  Europea  (CDFUE),  existiendo 
pronunciamientos contradictorios de los Tribunales Superiores de Justicia, pues la mayor 
parte de los mismos, analizando hechos idénticos, aprecian en el supuesto de la actora 
el derecho al reconocimiento de la prestación por gran invalidez, salvo en el caso del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (cuya sentencia se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo). El 
Tribunal Supremo se apartaría en este caso de su previa doctrina, en la que consideraba 
que la única exclusión para acceder al reconocimiento de una pensión de incapacidad 
era  haber  cumplido  la  edad  ordinaria  de  jubilación.  La  infracción  del  derecho  a  la 
igualdad y no discriminación se produciría al declarar que va a apartarse de su doctrina 
por la mera situación de tratarse de una persona que está jubilada por discapacidad sin 
haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, lo que no ocurre con quien, teniendo 
lesiones constitutivas de incapacidad, solicita la misma estando jubilado anticipadamente 
sin alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siendo así que esa distinción no se deriva del 
art.  195.1  LGSS,  que  no  establece  diferencia  entre  las  distintas  modalidades  de 
jubilación  anticipada.  Se  estaría,  con  ello,  incurriendo  en  una  discriminación  por 
discapacidad, además de vulnerar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 (arts. 3, 19 
y 25).
Tratándose de situaciones subjetivas comparables, aptas para realizar el juicio de 
igualdad, resulta evidente que la diferencia de trato denunciada carece de justificación 
objetiva y razonable que la legitime, incurriéndose por ello en vulneración del derecho a  s
la  igualdad,  sin  discriminación  por  razón  de  circunstancia  personal,  como  es  la  e.
discapacidad, cuyo trato discriminatorio está prohibido por el art. 14 CE. w.
A  continuación,  la  demandante  de  amparo  reproduce  los  argumentos  del  voto  20ww
Spaurptirceumlaor,  deisnc reel pqaunete s ae  lean steenndteían cqiau er esceu rdriedbai ód ecla sPaler nyo  adneu llaar  Slaa las eCnuteanrctaia d reelc Turrirbiduan ayl 
einsctaimpaarc idlaa dd epmeramnadnae fnotrem eunla edl ag rraedsop edcet og raaln p inevdaimlideenzto. de que la actora está afecta de  BOE-A-cable e
Se refiere la demanda, asimismo, a sentencias de otros tribunales superiores de 
justicia, aparte de las dos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid invocadas como 
referenciales, que se han decantado por reconocer la gran invalidez a personas ciegas 
que  estaban  jubiladas  anticipadamente.  Se  citan,  así,  las  sentencias  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Las Palmas, de 31 de julio de 2018 y de 26 de octubre de 2018; 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 23 de noviembre de 2018; 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 21 de febrero de 2020; la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de noviembre de 2018; la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 31 de enero 
de 2017; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 24 de mayo 
de 2016, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social 
con sede en Málaga, de 22 de febrero de 2017.
Hace hincapié la actora en que estamos ante la cláusula de no discriminación del 
segundo inciso del art. 14 CE, por «cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social»,  refiriéndose  al  canon  de  control  aplicable  en  estos  casos,  con  cita  de  la 
STC 126/1997, y afirmando que el padecimiento de una discapacidad constituye una 
circunstancia  personal  a  la  que  protege  el  art.  14  CE  contra  cualquier  forma  de 
discriminación.  Destaca  también  la  importancia  del  art.  49  CE,  mencionando  las 
SSTC 10/2014 y 18/2017.
Finalmente,  insiste,  en  conexión  con  el  art.  10.2  CE,  en  la  invocación  de  la 
Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de 
diciembre de 2006, y, en particular, de su art. 2, que proscribe toda discriminación, 
intencionada o no, por razón de discapacidad y añade, en el ámbito europeo, los arts. 21 
y 26 CDFUE, en cuanto al reconocimiento y protección de los discapacitados.
También se invoca en la demanda el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), aunque sin desarrollo argumental alguno.
4. Por providencia de 10 de mayo de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el recurso plantea un problema o 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)] y además el asunto suscitado trasciende del caso concreto 
porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o 
económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 
LOTC,  se  ordenó  dirigir  atenta  comunicación  a  las  salas  de  lo  social  del  Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a fin de que, en el plazo de 
diez  días,  remitieran  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1935-2018 
y al recurso de suplicación núm. 196-2018, respectivamente. Asimismo, se acordó dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz, para que, en 
plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 372-2017; debiendo previamente 
emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  dicho  procedimiento,  excepto  a  la 
recurrente en amparo, a fin de que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo 
desearan, en el presente proceso constitucional. Finalmente, se resolvió notificar la 
providencia al abogado del Estado, en representación de la administración interesada, 
para que pudiera comparecer en el procedimiento en el plazo de diez días.
5. El abogado del Estado, en la representación que ostenta, se personó en el  e.e
recurso de amparo mediante escrito presentado el 26 de mayo de 2021. w.b
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7. Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de 2 de junio de 2021 se 
tuvo  por  personada  a  la  letrada  de  la  administración  de  la  Seguridad  Social,  en 
representación del INSS y de la TGSS, teniéndose también por recibidos los testimonios 
de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Juzgado de lo Social 
núm. 3 de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dar vista de las actuaciones a la 
demandante de amparo, al Ministerio Fiscal y a la parte personada, por el plazo común 
de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
8. En fecha 29 de junio de 2021, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su 
escrito de alegaciones, en el que solicitó la estimación del recurso de amparo. Tras 
efectuar una exhaustiva descripción de los antecedentes del caso, así como de la 
legislación  aplicable,  el  informe  del  fiscal  se  estructura  en  dos  grandes  bloques 
argumentales. Por un lado, se expone la doctrina de este tribunal sobre las cuestiones 
planteadas en la demanda; y por otro, se realiza el juicio de aplicación de esa doctrina al 
caso concreto.
En la primera parte, el Ministerio Fiscal sistematiza la doctrina de este tribunal sobre 
el derecho a la igualdad, con reseña de la STC 91/2019, y sobre el derecho a la no 
discriminación, reproduciendo parcialmente la STC 51/2021. Seguidamente, puntualiza 
que «cuando se trata de un supuesto de discriminación del segundo inciso del art. 14 CE 
[…] el juicio sobre la misma no requiere de un término de comparación», según expresa 
la STC 108/2019, entre otras. Y también recuerda que «en cuanto a la intencionalidad 
lesiva,  es  doctrina  constitucional  consolidada,  que  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales puede darse, aunque esta no exista» [STC 108/2019, FJ 4 c), y 2/2017, 
FJ  6].  A  continuación,  el  fiscal  encuadra  el  objeto  del  recurso,  para  descartar  la 
sustantividad propia de la alegación sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, respecto de la interpretación de normas legales. Así, con expresa reseña de la 
doctrina  expuesta  en  la  STC  30/2017,  reiterada  en  la  STC  46/2020,  recuerda  que 
«cuando se alegue vulneración de derechos fundamentales sustantivos, no es suficiente 
con que la motivación [de las resoluciones judiciales] exista, no sea arbitraria, sea 
razonable y no contenga errores patentes, sino que el criterio de razonabilidad que [se] 
aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido por el canon propio del derecho 
sustantivo» (STC 131/2017, FJ 5). Finalmente, expone la doctrina sobre las prestaciones 
de la Seguridad Social, destacando el «amplio margen del legislador para configurar el 
sistema» (STC 41/2013, FJ 3).
El segundo bloque argumental del escrito de alegaciones del fiscal se dedica a la 
aplicación de toda esa doctrina al caso concreto. Respecto de la vulneración del art. 14 
CE, señala que la interpretación sostenida en las resoluciones impugnadas no está 
exenta de lógica: «como los demás trabajadores pueden jubilarse anticipadamente pero 
con unos descuentos en su pensión de jubilación, y sin embargo a los discapacitados se 
les permite jubilarse a una edad inferior a la ordinaria de jubilación sin esa disminución 
de  derechos  […],  la  edad  de  dicha  jubilación  "anticipada"  de  los  trabajadores 
discapacitados es la ordinaria para ellos, pues les supone los mismos derechos que la 
edad ordinaria para los trabajadores no discapacitados, apoyando esa argumentación en 
el primer párrafo del […] art. 3 del Real Decreto 1539/2003. Y además interpretan que la 
remisión del art. 195.1 al 205.1 a) [LGSS], en realidad lo es a la edad de jubilación 
ordinaria de cada colectivo». La «diferente situación (a su favor) en la que se encuentran  s
los trabajadores discapacitados jubilados anticipadamente por aplicación del art. 206  e.
[LGSS]» podría justificar que no exista «vulneración del derecho a la igualdad al tratar de  w.
un modo diferente a los trabajadores discapacitados, porque no habría un término de  20ww
tcroambapjaardaocrieósn  dviásclidaop a[c…ita],d pouse, sfr ennot ee as  lloas m qiusem an os iltou ascoinó,n c duea npdaor,t iedna  aemn blao sq cuaes eosst,á ens tléons 
percSibinie nedmob laar pgeon, seiól nf isdcea jlu breilacucieórnd ac oqnu uen a« neod asde m terantoar  dsiem spelesmenetnat ey  cdinecl od aeñreocsh»o. a la  BOE-A-cable e
igualdad […], sino de un supuesto de prohibición de discriminación». Por lo tanto, el
«canon de constitucionalidad es distinto y más estricto». A juicio del Ministerio Público, 
«con la interpretación […] que se hace en las sentencias impugnadas, esa diferencia de 
trato  favorable  a  los  trabajadores  discapacitados  (plenamente  justificada  con  los 
argumentos  de  mayor  penosidad  laboral  y  de  menor  esperanza  de  vida)  que  se 
establece en la ley, se vuelve en contra de los mismos precisamente en los supuestos 
[…] en los que mayor necesidad de ayuda padecen». De esta forma, no es que «la 
argumentación de las sentencias impugnadas se considere arbitraria o ilógica, sino que 
[…]  no  tiene  en  cuenta  el  contenido  esencial  del  derecho  a  la  no  discriminación, 
entendido como que una norma o interpretación de la misma no puede dar lugar a que el 
factor  de  diferenciación  suponga  un  trato  peyorativo  para  el  grupo  de  personas 
amparadas por la prohibición del art. 14 CE».
Para  el  fiscal,  la  «interpretación  a  la  que  llegan  las  sentencias  impugnadas  al 
entender que el art. 206.2 LGSS establece una edad ordinaria de jubilación específica 
para los discapacitados, en sí misma es lógica y razonable, pero utilizar ese argumento 
para impedir que se extienda hasta la edad de sesenta y siete o sesenta y cinco años 
prevista en el art. 205.1 a) la posibilidad de concederles la pensión por incapacidad 
permanente del art. 195, a pesar de que realmente tengan los requisitos de dependencia 
para tener derecho a ella, les produce un trato desigual perjudicial, respecto del colectivo 
ordinario  de  trabajadores  que  pueden  acceder  a  la  prestación  de  incapacidad 
permanente (incluida la gran invalidez que aquí se reclama), aunque estén jubilados 
anticipadamente, siempre que no hayan alcanzado los sesenta y siete años, o los 
sesenta y cinco años en los términos establecidos por el art. 205.1 a) y la disposición 
transitoria séptima de la LGSS. El hecho de que los discapacitados tengan derecho a la 
pensión por jubilación, completa, a una edad inferior a la de los demás trabajadores […] 
no resulta suficiente para justificar la interpretación cuestionada. […] Sería necesario que 
el precepto legal que regula la concesión de la prestación por incapacidad permanente 
no permitiera una interpretación diferente a la perjudicial para los discapacitados». Y, en 
este punto, concluye el fiscal que los arts. 195 y 205 LGSS pueden ser interpretados «de 
modo que no den lugar a una diferencia entre personas discapacitadas y las que no lo 
son, pues ni el art. 195 cuando se remite al 205, ni este cuando establece las edades 
límite de sesenta y cinco o sesenta y siete años, hacen ninguna mención a las personas 
discapacitadas, luego de estos preceptos no resulta el establecimiento por la ley de una 
diferencia de trato para los discapacitados. Por otra parte, ni el art. 206.2, ni el Real 
Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, que lo desarrolla, establecen ninguna limitación 
específica a las personas discapacitadas que obtengan la pensión de jubilación, para 
que luego puedan acceder a las prestaciones por incapacidad permanente». Por lo tanto, 
siendo  «posible  [y]  también  razonable  […]  una  interpretación  distinta  […],  que  sea 
conforme con el contenido esencial del derecho a la no discriminación, [y] que evite […] 
un  trato  diferente  y  perjudicial»  para  el  colectivo  discapacitado,  el  Ministerio  Fiscal 
considera que se ha vulnerado el derecho a la no discriminación reconocido en el art. 14 
CE.
Por lo que se refiere a la queja relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, el fiscal 
entiende que la queja carece de sustantividad propia y, en todo caso, considera que no 
se ha producido la lesión de tal derecho, porque nos encontramos ante resoluciones que 
contienen una fundamentación que expresa las razones, no arbitrarias ni ilógicas, por las 
que adoptaron su decisión, aunque la actora no lo considere acorde con el contenido 
esencial del derecho fundamental sustantivo cuya vulneración también se denuncia.
Por todo ello, el fiscal interesa la estimación del recurso y el otorgamiento del amparo  es
a la recurrente, declarando que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminada por  o
qrdauezel ój unsz egd daeed dcoil sadcreea  plolaa  scnoiducaliiaddl,a. dc odne  elal sc orenssoigluucieionntee sr eimstapbulgencaimdaiesn, toq ueend asnud od efriremcheo l ay ,s ean ttaeln fcinia,   2022-2920n https://www.
Soc9ia.l , Eenn  freecphrae s3e0n tadcei ójunn idoe dl eI N2S0S21, , plare sleetnratód ae dsecr iltao  addem ianliesgtraacciioónne ds e sloal icSiteagnudroid alad   BOE-A-cable e
desestimación del recurso de amparo.
En primer lugar, se asumen como hechos los recogidos en la sentencia del Tribunal 
Supremo ahora impugnada. En segundo término, realiza un análisis de la legislación 
aplicable (arts. 195, 205 y 206 LGSS, y Reales Decretos 1539/2003, de 5 de diciembre, 
y 1851/2009, de 4 de diciembre), así como de la doctrina de este tribunal sobre los 
derechos a la tutela judicial efectiva (STC 61/2021) y a la igualdad y no discriminación 
(STC 91/2019).
Expuesto  lo  anterior,  la  representación  del  INSS  aborda  la  cuestión  de  fondo, 
sosteniendo que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora, 
pues las resoluciones impugnadas se encuentran motivadas y fundadas en Derecho. Por 
otro lado, afirma que no existe vulneración del art. 14 CE, porque la situación de los 
trabajadores discapacitados no es comparable, a efectos de acceso a la pensión de 
incapacidad  permanente  con  anterioridad  a  la  edad  ordinaria  de  jubilación,  con  la 
situación del resto de trabajadores. En esta línea, reitera la argumentación desarrollada 
en la sentencia impugnada del Tribunal Supremo, con la que «coincide absolutamente», 
mientras que «no considera acertados» los razonamientos vertidos en el voto particular, 
que también reseña ampliamente.
10. El 5 de julio de 2021 presentó su escrito de alegaciones la representación de la 
recurrente en amparo. Además de reiterar los argumentos ya expuestos en la demanda, 
refuerza su fundamentación mediante la referencia al Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En concreto, se 
citan los arts. 2 m), 3 a) y 4 del citado texto legal, expresamente reseñados en la 
STC 3/2018, sobre la definición de la discapacidad, el principio de no discriminación y la 
exigencia a las autoridades para la adopción de los «ajustes razonables» que sean 
necesarios para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
Del mismo modo, se cita la doctrina contenida en las SSTEDH de 30 de abril 
de 2009, asunto Glor c. Suiza, § 80; de 22 de marzo de 2016, asunto Guberina c. 
Croacia, §73, y de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, § 73; así como la 
STEDH de 23 de febrero de 2016, asunto Çam c. Turquía, § 65 y 69.
Y, finalmente, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, señala que el propio 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene utilizando la Convención de la ONU 
de 2006 como fuente interpretativa de la Directiva 2000/78/CE, en particular, en lo 
relativo al derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad en el trabajo [en 
este sentido, SSTJUE de 11 de abril de 2013, HK Danmark y otros, asuntos acumulados 
C-335/11 y C-337/11, § 37 a 41, 47 y 93; de 18 de marzo de 2014, Z c. A Government 
department y The Board of management of a community school, Gran Sala, asunto 
C-363/12,  §  76  y  77;  de  18  de  diciembre  de  2014,  Fag  og  Arbejde  (FOA)  c. 
Kommunernes  Landsforening  (KL),  asunto  C-354/13,  §  53,  54,  64  y  65;  de  1  de 
diciembre de 2016, Mohamed Daouidi c. Bootes Plus, S.L., y otros, asunto C-395/15, § 
42 a 45, y de 9 de marzo de 2017, Petya Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za 
privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, asunto C-406/15, § 36].
11. El 5 de noviembre de 2021 tuvo entrada en este tribunal escrito del abogado del 
Estado  en  el  que  señala  que  se  personó  con  fecha  26  de  mayo  de  2021  en  el 
procedimiento, a pesar de lo cual no se le ha dado traslado para alegaciones, a cuyo 
efecto interesa la remisión del expediente.
12. Por diligencia de ordenación de 8 de noviembre de 2021, la secretaría de  bo
justicia de la Sala Primera de este tribunal, a la vista del escrito presentado por la  20ww
LAreObcoTibgCiad,c aílsae,   pdcueodln icEeersadta ieódf oeu,c ntlu aap rtlau lazvoos   apdloeerg  avpeceiionrsntoeen sda qídauase  y pa, a esruna   dvqeiurrteeuc,d h codo enc o lonv ivsditniasie pdruaeen s.ltaos  eanc teula acriot.n 5e2s   OE-A-2022-29able en https://
13. A través de escrito presentado el 11 de noviembre de 2021, el abogado del 
Estado manifestó que no se van a efectuar alegaciones adicionales a las que ya constan 
en defensa de la resolución objeto de impugnación, y confirmada por los tribunales de 
justicia. Interesó que se dictara una sentencia conforme a Derecho.
14. Por providencia de 20 de enero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demandante de amparo dirige su impugnación contra la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 401/2018, de 22 de febrero, 
que estimó el recurso de suplicación núm. 196-2018, promovido por el INSS y la TGSS 
contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz núm. 278/2017, 
de 16 de noviembre, estimatoria de la demanda interpuesta por la ahora recurrente en 
amparo contra resoluciones de la dirección provincial del INSS en Álava que le habían 
denegado el reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común (autos núm. 372-2017). También impugna la sentencia del Pleno de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo núm. 563/2020, de 1 de julio, que desestimó el recurso de 
casación para unificación de doctrina núm. 1935-2018, promovido por la actora contra la 
anterior resolución.
En  síntesis,  las  resoluciones  impugnadas  denegaron  el  reconocimiento  de  la 
situación de gran invalidez derivada de contingencia común porque, en el momento de la 
solicitud, la demandante se encontraba en situación de jubilación anticipada por razón de 
discapacidad. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco entendieron que esta situación supone un nuevo límite de edad que, en supuestos 
como el que nos ocupa, se convierte en la edad ordinaria de jubilación, por lo que no 
procede reconocer la incapacidad permanente de quien ya está en situación de jubilada 
anticipadamente.
La demandante de amparo considera que el criterio interpretativo seguido por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Tribunal Supremo (este último 
apartándose  de  su  previa  doctrina)  vulnera  el  derecho  a  la  igualdad  y  a  la  no 
discriminación por razón de circunstancia personal, como es la discapacidad, reconocido 
en el art. 14 CE. Afirma que le ha sido denegada prestación por incapacidad permanente 
frente a otros supuestos en que se ha reconocido, sin que concurra razón objetiva y 
razonable alguna que justifique este tratamiento diferente, a pesar de que, en todos los 
casos, se había cumplido el requisito de edad previsto en el art. 205.1 a) LGSS. Invoca 
también el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque, como ha quedado recogido en 
los antecedentes, sin desarrollo argumental alguno, más allá de afirmar que tal lesión se 
produce por haber impedido a la actora obtener el reconocimiento de la gran invalidez.
Por su parte, la representación del INSS interesa la desestimación del recurso, 
mostrando su expresa conformidad con la interpretación de la norma realizada por las 
resoluciones  impugnadas.  El  abogado  del  Estado,  también  personado  en  este 
procedimiento, ha solicitado que se dictara una sentencia conforme a Derecho.
Finalmente, el Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo, pues la 
interpretación realizada por las resoluciones impugnadas supone una vulneración del 
derecho de la actora a no ser discriminada por razón de discapacidad, proscrita en el  e.e
segundo inciso del art. 14 CE. b
otor2g.a mAiepnlitcoa dceiól na mdpea rlao .doctrina establecida en la STC 172/2021, de 7 de octubre:
exclEusl iveanmjueicniatem, ieennt ol ad edle treercmuisnoa csióonm edteid os i ah an useidstor av uclonnesriaddeora oci ónno  seel  hdae redceh oc ednetr alra,   BOE-A-cable e
demandante de amparo a no ser discriminada por razón de su discapacidad (art. 14 CE),
pues, como bien advierte el fiscal, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ha de 
ser descartada, toda vez que, aparte de que la demanda no lo invoca como motivo 
autónomo con sustantividad propia, su mención no va acompañada de la imprescindible 
argumentación, con lo cual se habría incumplido con la carga que el art. 49.1 LOTC 
imponía a la recurrente en tal sentido.
Aclarada esta cuestión, es preciso recordar aquí cuál ha sido la argumentación que 
ha llevado a las resoluciones judiciales impugnadas a denegar la pretensión de la 
demandante de amparo. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco  estimatoria  del  recurso  de  suplicación  promovido  por  el  INSS  y  la  TGSS, 
considera que el pilar sobre el que descansa la Ley, según resulta del art. 195.1 LGSS es 
el principio general de que se accede a la incapacidad permanente antes de acceder a la 
jubilación, pues si ya se está jubilado no cabe la incapacidad permanente, y que la 
actora accedió a la jubilación anticipada por la vía excepcional del art. 206 LGSS, con 
una edad rebajada por tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, sin 
que  el  caso  sea  equiparable  a  los  resueltos  por  el  Tribunal  Supremo  en 
pronunciamientos anteriores, referidos a supuestos de «jubilación anticipada por pérdida 
de empleo del trabajador por causa al mismo no imputable» (actual art. 207 LGSS), 
mientras que en este caso se estaría ante el acceso voluntario a jubilación anticipada por 
discapacidad,  aplicando  los  coeficientes  reductores  previstos  en  el  Real 
Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, que resulta más beneficioso que el resto de las 
jubilaciones anticipadas. Sobre la base de estos parámetros, entiende la Sala que se 
puede distinguir entre ambas situaciones, y que «lo razonable es fijar como tope para 
pedir la incapacidad permanente esa edad ordinaria, pero reducida también en aquellos 
mismos percentiles de días que se consideraron para acceder a la jubilación» por razón 
de  discapacidad,  lo  que  justifica  la  denegación  de  la  prestación  de  incapacidad 
permanente, aunque la actora no hubiera alcanzado la edad establecida en el art. 205.1 
a) LGSS.
Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió el recurso de casación 
para la unificación de doctrina –también impugnada en amparo– avaló ese criterio, 
argumentando  que  la  remisión  a  la  edad  recogida  en  el  art.  205.1  a)  LGSS  está 
indisolublemente unida al régimen jurídico de la jubilación. Para el órgano judicial la edad 
no es un factor aislado de este régimen, sino que es uno de los elementos que lo 
configuran, junto con los periodos de cotización y la cuantía de la pensión. La conjunción 
de todos ellos determina un concreto régimen de jubilación, que no es único, sino que 
atiende  a  la  variedad  de  contingencias  asociadas  a  circunstancias  personales  o 
profesionales. Por tanto, en esta materia, la edad no puede ser entendida como una 
mera referencia a un número o un hecho biológico, sino a un elemento que, junto con 
otros, conforman el régimen jurídico que determina la posibilidad de acceder a la pensión 
de  jubilación.  Entiende  el  Tribunal  Supremo  que,  aunque  en  el  caso  concreto  se 
denomine jubilación «anticipada» por discapacidad, esa edad no deja de ser una «edad 
ordinaria» para el colectivo al que se aplica. En consecuencia, deniega la pretensión de 
la actora porque, en el caso concreto, ya se había alcanzado la edad de jubilación que, 
específicamente, estaba prevista para la situación de discapacidad.
Pues bien, a la vista de los anteriores argumentos, se ha de señalar que el Pleno de 
este tribunal ya ha resuelto un asunto idéntico al que nos ocupa en la STC 172/2021, 
de 7 de octubre, que estimó el recurso de amparo de la allí recurrente, por considerar 
que las resoluciones judiciales impugnadas en aquel caso, de contenido igual a las que 
aquí se cuestionan, habían vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de  es
discapacidad. Por consiguiente, hemos de aplicar aquí el mismo criterio establecido en  o
aerderxictsa.ho mE1alu4n incs  CáiedonniEncdt,hee oposnl a ocersiaaxj u,a d ldlmqeeicugseiedaan erl de r aaesl  a clrau e iepcmsreopdprnuasucep gllsueantsc aarit ódeievnafnae sd  r sieddu ea(q i  fguusluaeena  ndnlpteaoersmo nl ahce iinabaret i oces iplólj ouemnsrt ía addnrieccq.o ou d en4i so acramr ilqmoaustiíni  vaaorcsg iieóun nmte ercdnnueateloc ssirot eiondfnaeealr  ilnd(al)oas,     OE-A-2022-2920able en https://www.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York
el 13 de diciembre de 2006, el art. 14 CEDH y los arts. 21 y 26 CDFUE) e interno (los 
arts. 49 y 50, en relación con los arts. 9.2 y 10.1, todos de la CE, a los que se une, en el 
plano de la legalidad ordinaria, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social) de referencia en nuestro ordenamiento en 
materia de discapacidad. Y señala que el fundamento de ese conjunto de instrumentos 
normativos es «por un lado, garantizar la igualdad real y efectiva de las personas con 
discapacidad en todos los órdenes de la vida, de forma compatible con su situación; y 
por otro, la lucha contra cualquier forma de discriminación. El objetivo de asegurar el 
más pleno disfrute de los derechos en igualdad de condiciones con el resto de los 
ciudadanos ha de conllevar, en determinados supuestos, la adopción de "medidas de 
acción positiva"», noción esta última a la que responde «[l]a regulación de la jubilación 
anticipada por razón de discapacidad contenida en el art. 206.2 LGSS». Sin embargo, la 
interpretación realizada por los órganos judiciales produce «la paradoja de que la medida 
de acción positiva establecida para el acceso a una determinada situación se convierte, 
al mismo tiempo, en una discriminación negativa en relación con las otras personas que 
se encuentran en esa situación», por lo cual, «dejaría de ser adecuada para la finalidad 
pretendida».
Tras referirse a las distintas modalidades de jubilación anticipada que contempla la 
LGSS, advierte la STC 172/2021 que «el legislador, en el ejercicio legítimo de su libertad 
de configuración del sistema, no ha establecido otro requisito que el de una determinada 
edad  para  acceder  a  la  prestación  de  incapacidad  permanente  [art.  195.1,  párrafo 
segundo, LGSS, por remisión al art. 205.1 a) LGSS], de forma que no impide su acceso 
desde  una  situación  de  jubilación  anticipada,  ni  distingue  entre  las  causas  o 
presupuestos de ese tipo de jubilación para acceder a la incapacidad permanente. 
Tampoco ha establecido cautela o modulación alguna para el cálculo de la edad a estos 
efectos», como sí ha hecho en otros supuestos. «Por lo tanto, si la ley no hace distinción 
alguna en esta materia, el establecimiento de una diferencia de trato para los supuestos 
de jubilación anticipada por razón de discapacidad podría suponer una discriminación 
proscrita por el principio general reconocido en el art. 14, segundo inciso, CE».
La conclusión a la que llega la sentencia es que, en el caso resuelto, «no existe 
justificación alguna para distinguir entre las diversas situaciones de jubilación anticipada, 
porque lo relevante es que se cumple el único requisito exigido por la norma para 
acceder a la prestación por incapacidad permanente, que es una determinada edad, 
según el tenor literal del art. 195.1, párrafo segundo LGSS, por remisión al art. 205.1 a) 
LGSS. Y tampoco existe razón objetiva alguna para excluir a la recurrente de la situación 
de  incapacidad  permanente.  De  hecho,  las  resoluciones  judiciales  admiten  que 
concurren los requisitos y los presupuestos para reconocer esta situación. En este caso, 
además, de forma especialmente motivada en atención a las circunstancias físicas de la 
demandante, que exigen el apoyo de una tercera persona precisamente para garantizar 
el ejercicio de sus derechos y libertades más básicos en igualdad de condiciones que el 
resto de los ciudadanos, en coherencia con los principios y valores que inspiran la 
normativa nacional e internacional en materia de discapacidad». En suma, concluye la 
sentencia  que  «la  interpretación  de  las  resoluciones  impugnadas  produce  como 
resultado  una  discriminación  no  justificada  para  la  recurrente  con  discapacidad. 
Conforme a ese criterio interpretativo, toda persona que se encuentre en situación de 
jubilación anticipada podría acceder a una prestación por incapacidad permanente, salvo 
las personas con discapacidad, a pesar de cumplir el único requisito exigido por la  es
normativa, que es una determinada edad. Se genera con ello una diferencia de trato no  o
psshuireteu cevahLiscsoatit i óamdan epae d lcnihcei óaa ladnbc i,ies ónprcno oaa rrmpdc aehcac ae,li abdds eiadianrdon  »v jtueua.srl nituoiefnrirc aada docsociiót turlnaian scoa ib óreajnesl  topidvlreuae c sjyiueo bnnraitelaezsc o rinjeóuacndbu icalresina,o tlie dcdseipe riai mvadampadu papga rnereoaxc dcidsalueassbm ieevela  ncdmoteeenr nedptcuoehcr oi drs  eaual     OE-A-2022-2920able en https://www.
la no discriminación por razón de discapacidad de la actora. Para restablecerla en su
derecho, bastará con declarar la nulidad de las sentencias de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de febrero de 2018, y de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 2020, adquiriendo con ello firmeza –tal 
como señala el fiscal en sus alegaciones– la sentencia, de 16 de noviembre de 2017, del 
Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Pilar Furones Furones y, en 
consecuencia:
1.º Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  no  sufrir 
discriminación por razón de su discapacidad (art. 14 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia núm. 
401/2018, de 22 de febrero, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, dictada en el recurso de suplicación núm. 196-2018, y de la sentencia núm. 
563/2020, de 1 de julio, del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recaída 
en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1935-2018, dejando firme la 
sentencia núm. 278/2017, de 16 de noviembre, del Juzgado de lo Social núm. 3 de 
Vitoria-Gasteiz dictada en los autos núm. 372-2017.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 4120-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y fallo de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 4120-2020, que ha conducido a la estimación de 
la demanda.
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular 
que suscribí a la STC 172/2021, de 7 de octubre, en la que se resolvió el recurso de 
amparo cabecera de esta misma serie, por lo que me remito a lo expuesto entonces.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.