BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47796
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6618 Pleno.  Sentencia  72/2021,  de  18  de  marzo  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 6835-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del 
estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. Competencias sobre 
legislación  civil,  mercantil  y  procesal,  ordenación  del  crédito  y  de  la 
economía: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos al 
documento justificativo de la contratación y clausulado de los contratos y de 
contratos de tracto continuado; nulidad del precepto legal sobre titulización de 
créditos y, por conexión o consecuencia, de la tipificación como infracción 
administrativa de la no comunicación de cesión de créditos a fondos de 
titulización.
ECLI:ES:TC:2021:72
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6835-2019, interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra los arts. 13 d), 17.2, 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, 
del  estatuto  de  las  personas  consumidoras  de  Extremadura.  Ha  comparecido  y 
formulado alegaciones el Gobierno de la Junta de Extremadura. Ha sido ponente el 
magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 26 de noviembre de 2019 se ha 
promovido recurso de inconstitucionalidad por el abogado del Estado, en representación del 
presidente del Gobierno, contra los arts. 13 d); 17.2; 28.6, y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de 
febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.
El recurso se fundamenta en los motivos que seguidamente se exponen.
Comienza  su  demanda  el  abogado  del  Estado  haciendo  referencia  al  objeto  y 
contenido de la Ley 6/2019. Aborda a continuación el encuadramiento competencial de 
las  cuestiones  suscitadas  en  el  recurso,  señalando  que  la  norma  tiene  por  objeto  e
garantizar la defensa, promoción y protección de los derechos y legítimos intereses de  b
los consumidores y usuarios, en cumplimiento del mandato del art. 51 CE y en ejercicio  18ww
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abogado  del  Estado  destaca,  por  un  lado,  los  referentes  a  la  legislación  procesal,
mercantil y civil (art. 149.1.6 y 8 CE) y las normas que limiten la competencia autonómica 
dictadas al amparo de títulos transversales del Estado, como son los recogidos en los 
apartados 1 y 13 del art. 149.1 CE.
Sobre el art. 13 d), considera que, al establecer como opción y no como obligación, 
que el documento justificativo de la contratación realizada esté en papel, equipara la 
factura en papel a la factura electrónica, contradice lo dispuesto en el art. 63.3 del texto 
refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 
(en  adelante  TRLGDCU).  Esta  disposición  estatal,  en  cumplimiento  del  mandato 
contenido en el art. 51 CE, incorpora en el ámbito de las competencias estatales el 
régimen general de protección de los consumidores y usuarios.
El mencionado art. 63.3 TRLGDCU, de conformidad con su disposición adicional 
primera, se ampara en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en materia 
de legislación, mercantil, procesal y civil, conforme al art. 149.1 6 y 8 CE. El precepto 
estatal prevé la obligatoriedad de la factura en papel y excepcionalmente su emisión en 
formato  electrónico,  cuando  se  cumplan  determinadas  condiciones;  en  concreto,  la 
factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente 
el consentimiento expreso del consumidor. Por el contrario, el precepto autonómico está 
negando al consumidor este derecho, al equiparar la factura en papel a la factura 
electrónica y, por tanto, dejándolo a elección del empresario.
Se cita por el abogado del Estado el informe de 18 de mayo de 2016, adoptado por 
unanimidad  de  todas  las  comunidades  autónomas,  y  con  el  informe  favorable  del 
Ministerio de Justicia, de acuerdo con el procedimiento establecido de interpretaciones 
normativas comunes en el ámbito del consumo, aprobado por la octava Conferencia 
Sectorial  de  Consumo,  en  el  que  se  determina  el  carácter  abusivo  de  la  práctica 
consistente en emitir y entregar facturas en formato electrónico tanto por defecto como 
en  base  a  la  incorporación  de  una  cláusula  general  predispuesta,  no  negociada 
individualmente e incluida en un contrato de adhesión, mediante la cual el consumidor 
acepta la factura electrónica, por tratarse de una renuncia injustificada a recibir factura 
en papel (art. 9.2 y disposición adicional segunda del Reglamento por el que se regulan 
las  obligaciones  de  facturación,  aprobado  por  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de 
noviembre y art. 86.7 TRLGDCU, y que se funda en el art. 149.1.14 CE, que atribuye al 
Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general).
Afirma  asimismo  que  las  condiciones  para  permitir  la  facturación  electrónica, 
contempladas  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  general  para  la  defensa  de  los 
consumidores y usuarios, no pueden ser objeto de regulación por norma autonómica, 
salvo  que  esta,  en  ejercicio  de  su  competencia  en  materia  de  defensa  de  los 
consumidores y usuarios, al establecer los datos informativos que deban contener las 
facturas, hiciera una reproducción o reiteración fiel de la norma estatal (STC 54/2018, 
FJ 9), supuesto que no se produce en el precepto impugnado.
Respecto a la regulación de las cláusulas abusivas de los contratos, incluidas en los 
arts. 17.2 y 28.6, afirma el abogado del Estado que el apartado 2 del art.17 está 
configurando un nuevo supuesto de cláusula abusiva, mientras que el apartado 6 del 
art. 28 extiende los efectos de abusividad, al señalar que si una cláusula de un contrato 
de prestación de servicios de tracto continuado es declarada abusiva, todos los sujetos 
que tengan contratos vigentes con cláusulas similares también lo son, incidiendo por 
tanto en el régimen de validez del contrato.
En relación con el art. 17.2 entiende que la regulación de lo que deba entenderse por  s
cláusulas  contractuales  abusivas  en  perjuicio  del  consumidor,  forma  parte  de  la  oe.
competencia estatal en materia de legislación civil ex art. 149.1.8 CE, al igual que la  w.
normación de las condiciones generales de contratación o de las distintas modalidades  18ww
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dispositivos preventivos o correctores de los eventuales abusos a que ciertos contratos 
puedan conducir, siempre que a través de tales normas no se produzca un novum en el 
contenido contractual; esto es, siempre que no se introduzcan derechos ni obligaciones en 
el marco de las relaciones contractuales privadas (STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 8).
Por otro lado, el art. 28.6 determina que se considere la abusividad como un vicio per se 
de una cláusula, cuando esta puede resultar abusiva en un contrato determinado y no serlo 
en otros (STS 241/2013, de 9 de mayo), dado que existen casos en los que estas cláusulas 
abusivas lo son únicamente por razones exógenas al contrato, y no procedería, en este 
caso, obligar a extender una circunstancia, que puede ser particular de uno o varios 
contratos, a la totalidad de los mismos, por lo que la regulación autonómica incurre en 
vulneración del art. 149.1.8 CE.
Se infringe asimismo el art. 149.1.6 CE, al regular los efectos de la sentencia 
declarativa de la abusividad, en la medida en que al deber de información añade el 
efecto de inaplicabilidad erga omnes de la cláusula declarada abusiva. Corresponde en 
exclusiva al Estado delimitar la noción de cláusula abusiva y, por ende, regular los 
efectos que produce su inclusión en un contrato, y a ello se refiere el art. 83 TRLGDCU, 
del que deriva que la declaración de nulidad afecta únicamente al contrato en que dicha 
cláusula abusiva se insertó.
Continúa  señalando  el  abogado  del  Estado  que  la  obligación  de  inaplicar  con 
carácter general y en relación con todos los contratos de tracto continuado vigentes, las 
cláusulas que hayan sido declaradas abusivas en el marco de un determinado contrato, 
supone hacer extensivos ope legis los efectos de una sentencia, a contratos distintos del 
que motivó el pronunciamiento judicial y a sujetos que no han sido parte en ese proceso. 
Se trata, por tanto, de una previsión de la que derivan efectos procesales, que dan lugar 
a  una  modificación  del  régimen  general  de  eficacia  de  las  sentencias,  que  no  es 
consecuencia de las particularidades del derecho sustantivo de la comunidad autónoma, 
e infringe lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE. Con arreglo a la legislación procesal 
aplicable en todo el territorio nacional (art. 221.1.2 de la Ley de enjuiciamiento civil) es la 
sentencia la que debe delimitar el alcance del fallo erga omnes, y ello siempre que el 
proceso  lo  hayan  promovido  las  asociaciones  allí  previstas,  no  en  otros  posibles 
supuestos.
Concluye afirmando que, de conformidad con lo expuesto, los arts. 17.2 y 28.6 de la 
Ley 6/2019 incurren en un exceso competencial, al regular la abusividad de las cláusulas 
contractuales y las consecuencias que las mismas tienen en la validez de un contrato, por 
incidir en el contenido de los contratos, entendidos en su sentido material, siendo esta una 
cuestión reservada al Estado en virtud del art. 149.1.8 CE. Y a través de la regulación de 
los efectos de la sentencia, se incurre en invasión de la competencia exclusiva del Estado 
en materia de legislación procesal, en los términos del art. 149.1.6 CE.
Finalmente, en cuanto al art. 29, relativo a la titulización de créditos, el abogado del 
Estado considera que la norma pretende tipificar qué se entiende por «crédito titulizado», y 
comprende todos los supuestos de titulización, conlleven o no transmisión del crédito. 
Adopta así una tipificación propia y autónoma de este crédito, diferente de la establecida 
en la legislación mercantil estatal, en la que se regulan titulizaciones sin cesión de crédito, 
que en ningún caso estarían sujetas a comunicación al deudor. Considera pues que el 
precepto  infringe  la  competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  legislación  mercantil 
(art. 149.1.6 CE), pues la naturaleza de la titulización como operación mercantil entre la 
entidad de crédito y el correspondiente fondo de titulización, resulta indubitada (arts. 15 y 
ss. de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial). s
Señala que las titulizaciones pueden definirse como la técnica financiera a través de  oe.
la cual un conjunto más o menos homogéneo de derechos de crédito se convierte en  w.
títulos  susceptibles  de  negociación,  esto  es,  dispuestos  para  su  colocación  en  los  18ww
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el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario, regula los tres mecanismos de titulización utilizados 
hasta el momento: los bonos, las cédulas y las participaciones, por lo que existen tres 
modalidades de titulización: titulización con cesión del crédito, titulización con cesión del 
crédito mediante participaciones y titulización mixta.
El precepto controvertido, tras la definición propia del concepto de crédito titulizado, 
pretende regular el deber de la entidad financiera de informar con carácter previo, por 
escrito y de manera fehaciente a la persona deudora del crédito hipotecario, así como los 
extremos de la notificación. Se trata de cuestiones circunscritas a la legislación civil, 
sobre las que la comunidad autónoma carece de competencias, por lo que no puede 
ampliar la normativa existente mediante la regulación de nuevos derechos y obligaciones 
de las partes, como contempla el art. 29, actualizando el régimen jurídico del préstamo 
hipotecario e imponiendo una determinada obligación a una de las partes en un supuesto 
concreto, el de la cesión del crédito de titulización.
Recuerda el representante estatal que el Tribunal Constitucional ha afirmado que la 
competencia  autonómica  en  materia  de  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios 
comprende la de establecer y regular los datos informativos que deban contener, por 
ejemplo,  las  ofertas  de  venta,  siempre  que  se  refieran  a  derechos  que  vengan 
reconocidos en normas aprobadas por el legislador competente, que es el estatal al 
amparo del art. 149.1.8 CE. Así, solo cabría entender que el precepto autonómico resulta 
constitucional si, desde la perspectiva informativa que el Tribunal Constitucional ha 
considerado constitucionalmente admisible, hiciera un reproducción o reiteración fiel de 
la norma estatal, lo que no concurre en este supuesto, pues aunque el art. 29 de la 
Ley 6/2019 responde a la finalidad de proteger a los consumidores, no contempla 
derechos que vengan reconocidos por el legislador estatal al amparo del art. 149.1.8 CE, 
sino que introduce derechos y obligaciones en el marco de la relaciones contractuales 
privadas, por lo que se adentra a regular ámbitos reservados a la citada competencia 
exclusiva del Estado (STC 54/2018, FJ 9).
De acuerdo con el art. 242 del Reglamento Hipotecario, «del contrato de cesión de 
crédito hipotecario se dará conocimiento al deudor por los medios establecidos en el 
art. 222, a menos que hubiera renunciado a este derecho en escritura pública o se 
estuviera en el caso del art. 150 de la Ley». Esta normativa estatal, inserta en el ámbito 
de la legislación civil, supone reconocer la posibilidad de que el deudor renuncie en 
escritura pública al conocimiento de la cesión del crédito. Sin embargo, el art. 29 de la 
ley autonómica establece y regula una obligación de información –que, en caso de 
incumplirse es susceptible de conllevar una sanción– que no se vincula con derechos 
que vengan reconocidos en normas aprobadas por el legislador estatal, el cual ha 
reconocido  la  renunciabilidad  del  derecho  del  deudor,  por  lo  que  se  incide  en  la 
competencia del Estado en materia de legislación civil y mercantil.
Por último, considera el abogado del Estado que, de conformidad con lo dictaminado 
por el Consejo de Estado, la regulación autonómica conecta materialmente con las 
competencias  del  Estado  sobre  ordenación  del  crédito  y  ordenación  general  de  la 
economía, y afecta a la unidad de mercado, en particular en el mercado hipotecario (arts. 
149.1.11 y 13 CE). Así resulta del art. 29.3 e) que incluye como contenido del deber de 
información el relativo al precio de la transmisión, incluyendo las costas que le hubiere 
ocasionado y los intereses del precio, de conformidad con lo establecido en el art. 1535 
del Código civil; y ello en relación con el art. 28.2, que contempla como cláusula abusiva 
la renuncia al derecho de comunicación de cesión de créditos, así como a los derechos  s
de retracto y tanteo en contratos de crédito o préstamos de cualquier índole. Ello implica,  oe.
junto  a  un  deber  imperativo  de  información,  contrario  al  art.  222  del  Reglamento  w.
hipotecario, la imposición de la irrenunciabilidad del retracto, por la vía de calificar como  18ww
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lo que puede determinar una ruptura de la unidad del mercado de crédito, y tiene una 
particular intensidad a efectos del art. 149.1.13 CE.
2.  Por providencia de 10 de diciembre de 2019 el Pleno, a propuesta de la Sección 
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el 
presidente del Gobierno, representado por el abogado del Estado, en relación con los 
arts. 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las 
personas consumidoras de Extremadura; dar traslado de la demanda y documentos 
presentados,  conforme  dispone  el  artículo  34  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
presidentes, así como a la Asamblea de Extremadura y a la Junta de Extremadura, por 
conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaren  convenientes. 
También se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Diario Oficial de Extremadura».
3.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 18 de diciembre de 2019, la 
presidenta del Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara, por la que se 
persona en el proceso y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo 
mismo hizo la presidenta del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en 
este tribunal el día 20 de enero de 2021.
4.  La letrada de la Junta de Extremadura se personó en el proceso por escrito 
registrado en el tribunal el día 8 de enero de 2020, en el que expone que con fecha 27 
de diciembre de 2019 se ha firmado un acuerdo de la comisión bilateral de cooperación 
administración general del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación 
con la Ley 6/2019. La firma de dicho acuerdo, que adjunta a su escrito, supone, según la 
letrada autonómica, que ambas partes resuelven todas las discrepancias que dieron 
lugar al presente recurso de inconstitucionalidad, por lo que deja al mismo vacío de 
objeto  en  la  medida  en  que  por  la  comunidad  autónoma  de  Extremadura  se  está 
tramitando  la  reforma  legal  acordada.  Por  ello,  solicita  que  se  suspenda  el  plazo 
otorgado para oponerse y formular las alegaciones pertinentes en el presente recurso de 
inconstitucionalidad.
5.  Mediante providencia del Pleno de 13 de enero de 2020 se acuerda incorporar a 
las actuaciones el escrito de fecha 8 de enero de 2020 que presenta la letrada de la 
Junta de Extremadura, a quien se le tiene por personada en nombre de la misma, sin 
que haya lugar a la suspensión interesada, sin perjuicio de concederle una prórroga de 
ocho días más en el plazo concedido por providencia de 10 de diciembre de 2019, a 
contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario.
6.  El letrado de la Asamblea de Extremadura se personó en el proceso por escrito 
registrado el día 10 de enero de 2020, a los efectos de notificaciones.
7.  La letrada de la Junta de Extremadura cumplimentó el trámite de alegaciones 
conferido mediante escrito registrado el día 24 de enero de 2020.
Alude, en primer lugar, al acuerdo de 27 de diciembre de 2019, firmado entre la 
administración general del Estado y la Junta de Extremadura, acuerdo que, a su juicio, 
resuelve las discrepancias que dieron lugar al presente recurso. El propio acuerdo 
señala que la validez del mismo se condiciona a que la comunidad autónoma apruebe y  es
publique las reformas legislativas contenidas en el mismo. Es por ello por lo que la  o
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  está  tramitando  con  la  mayor  diligencia  la  18ww
acrfaeodsfmmoeri imsndiióasent  r laetbrtgiialvaamalt e iatoraa pcllao ió drctneui u nfdleaaac  dhaLaa en fyi2ína 7  d dyde eep   amddraiaecr di leaiadm capbosrrem esdo tdaedec o i mó2ln0ee 1gjúo9atri,lal   d daee d l eotloa ssll  o fasosce rumrpveariroc dicqooeussse  op assúde bo ldipecetnoa csdru,eo eessnnp t uercaenu s eytloaan     OE-A-2021-66able en https://
artículo 8 se recogen las modificaciones de la Ley 6/2019. Por ello, estima que, a la 
fecha de dictarse sentencia, el proceso habrá perdido su objeto.
Para el caso, no obstante, de que no se hubiera aprobado la reforma en cuestión, 
formula las siguientes alegaciones.
En cuanto a la impugnación del art. 13 d), señala, tras aludir a las razones alegadas 
por el abogado del Estado para impugnarlo, que «esta administración ya ha aceptado la 
extralimitación competencial referenciada por la Abogacía del Estado. En el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de 27 de diciembre de 2019 la Junta de Extremadura pactó con la 
Administración  del  Estado  una  nueva  redacción  del  precepto  impugnado», 
desapareciendo por tanto el motivo de inconstitucionalidad alegado.
Sobre el art. 17 indica que las competencias autonómicas en materia de consumo 
ampararían esta regulación, la cual, en la misma línea que el texto refundido de la Ley 
general para la defensa de los consumidores y usuarios (arts. 8, 10 y 86), persigue 
reforzar la protección jurídica del deudor hipotecario cuando este sea un consumidor, lo 
que se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha considerado abusivas 
cláusulas de este tipo y también a la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo; y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Menciona también 
que «en el acuerdo de la comisión bilateral de 27 de diciembre de 2019, esta comunidad 
se  ha  comprometido  con  la  administración  general  del  Estado  en  promover  la 
correspondiente iniciativa legislativa para suprimir el primer párrafo del apartado 2 del 
artículo 17 de la Ley 6/2019».
La letrada autonómica niega la vulneración denunciada respecto al art. 28.6 de la 
Ley 6/2019. Expone que la obligación discutida deriva del incumplimiento de la normativa 
en materia de consumo por la inclusión de cláusulas abusivas de forma unilateral en las 
condiciones  generales  de  contratación,  que  rigen  su  relación  contractual  con  una 
pluralidad indeterminada de clientes. Incumplimiento que tiene graves consecuencias 
para la administración y los consumidores; consumidores que son conocidos únicamente 
por la empresa que ha sido parte en los contratos. Eso, a su vez, da lugar a la imposición 
de la obligación ahora cuestionada, en cuanto que la empresa es la única obligada a 
adoptar las medidas necesarias para corregir la situación alterada, no solo del contrato 
del consumidor afectado por la resolución, sino también a todos los clientes afectados. 
Considera que la comunidad autónoma goza de competencia para comprobar si, en las 
condiciones generales de contratación, relativas a los contratos celebrados con los 
consumidores  y  usuarios  en  los  diversos  sectores  (entre  ellos,  servicios  de  tracto 
continuado),  se  incluyen  cláusulas  abusivas,  de  tal  forma  que  se  haga  efectiva  la 
protección  de  los  legítimos  intereses  económicos  y  sociales  de  los  consumidores 
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios y demás normativa aplicable. Alude también a la modificación 
de este precepto, que se encuentra en fase de tramitación.
Finalmente, por lo que hace al art. 29 de la Ley 6/2019 señala que el legislador 
extremeño persigue reforzar la protección jurídica del deudor hipotecario cuando este 
sea un consumidor, sin que pueda prevalecer el art. 242 del Reglamento Hipotecario, por 
cuanto entiende que no se sobrepone a la normativa dictada en materia de consumo. 
Nuevamente menciona la modificación acordada en relación a este precepto, en el  s
sentido de clarificar reglamentariamente su aplicación. oe.
8.  Mediante providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y  18ww
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 13 d), 17.2, 28.6 y 29 de la 
Ley  6/2019,  de  20  de  febrero,  del  estatuto  de  las  personas  consumidoras  de 
Extremadura.
Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes, la demanda considera que los 
preceptos impugnados no responden a un adecuado ejercicio de las competencias 
autonómicas  en  materia  de  protección  de  los  consumidores  y  usuarios,  en  cuanto 
vulneran las competencias estatales en materia de legislación civil, mercantil y procesal, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.6 y 8 CE. Además se alega que el 
art. 29 infringe también las competencias estatales del art. 149.1.11 CE, sobre bases de 
ordenación del crédito y del art. 149.1.13 CE, respecto a las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.
Por su parte, la letrada de la Junta de Extremadura ha interesado la pérdida de 
objeto del recurso interpuesto y, en su defecto, su desestimación. Alude, en cuanto a lo 
primero, a un acuerdo de la comisión bilateral de cooperación administración general del 
Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, de 27 de diciembre de 2019, en relación 
con la Ley 6/2019. En virtud de tal acuerdo, aportado a los autos por la representación 
procesal de la Junta de Extremadura, ambas partes dan por resueltas las discrepancias 
que dieron lugar a la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, lo que 
queda condicionado a la introducción en la Ley 6/2019 de las reformas de los preceptos 
impugnados, en los términos contenidos en el citado acuerdo; reformas que, una vez 
aprobadas,  harían  desaparecer  el  objeto  del  recurso.  En  cuanto  a  los  concretos 
preceptos impugnados estima que la nueva redacción acordada sobre el art. 13 hace 
que no haya ya infracción competencial alguna, mientras que los restantes preceptos 
impugnados responden a un adecuado ejercicio de las competencias autonómicas en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios, reconocidas en el art. 9.1.18 de la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.  Expuestas las posiciones de las partes enfrentadas en el recurso, y antes de 
comenzar su resolución, es necesario hacer referencia a dos aspectos.
a)  El primero viene dado por la supuesta pérdida de objeto del recurso, al que alude 
la representación procesal de la Junta de Extremadura, en virtud de un acuerdo de la 
comisión  bilateral  de  cooperación  administración  general  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En tal acuerdo se habrían pactado las modificaciones a 
introducir  en  la  redacción  o  en  el  desarrollo  de  los  preceptos  impugnados,  con  la 
finalidad  de  solventar  las  diferencias  suscitadas  respecto  a  ellos,  y  así  hacer 
desaparecer sobrevenidamente la controversia planteada.
La STC 83/2020, de 15 de julio, FJ 6, recuerda la consolidada doctrina constitucional 
acerca del valor de los acuerdos de las comisiones bilaterales de cooperación, los cuales 
en  ningún  caso  pueden  impedir  el  pronunciamiento  de  este  tribunal  acerca  de  las 
infracciones constitucionales que se denuncian en el proceso (en sentido parecido, 
STC 106/2009, de 4 de mayo, FJ 3, y también SSTC 22/2015, de 16 de febrero, FJ 3, 
y 79/2017, de 22 de junio, FJ 10). Tampoco los eventuales acuerdos de tales comisiones 
pueden erigirse en parámetro de constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas en 
un recurso de inconstitucionalidad (STC 217/2016, de 15 de diciembre, FJ 6). s
Si esa es la doctrina para el caso de acuerdos ya llevados a la práctica, tanto más ha  oe.
de serlo en un supuesto como el presente en el que la modificación legislativa acordada  w.
mecinroctmruene slnattason  pcdiaaer  temdsie cdrteaezrl  cpalar,e  sdpeernestsdeee n ptlreao  csóeepsntoitc,e ann ic disaei. q uloSiesin ra p prhienarc jiupllieicogiosa  dddoee   ac laoe lnavtbraaolror areacnicó iónvn ig yo qrlu eeean lt ataedll    2021-6618n https://ww
institucional, lo cierto es que las alegaciones en torno al citado acuerdo nada aportan
desde la perspectiva discutida en este proceso constitucional, en el que de lo que se
trata  es  de  valorar  la  adecuación  de  los  preceptos  legales  impugnados,  y  todavía 
vigentes, a la delimitación de competencias que resulta de la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía de Extremadura. Tampoco el abogado del Estado ha desistido del recurso 
interpuesto,  con  lo  que  no  queda  sino  concluir  que  la  controversia  competencial 
suscitada entre las partes se mantiene en los términos en los que fue planteada.
Por lo tanto, esta alegación de la Junta de Extremadura no puede ser tomada en 
consideración.
b)  En segundo término, es preciso delimitar el objeto del recurso en una doble 
perspectiva:
(i)  Respecto al art. 17.2 hay que entender que lo impugnado es únicamente su 
primer párrafo, al que el abogado del Estado ha ceñido sus alegaciones.
(ii)  Por otra parte, el abogado del Estado, al impugnar el art. 29, viene a sugerir que 
el no impugnado art. 28.2 incurre en la misma infracción constitucional que aquel. Dicha 
apreciación  no  puede  ser  atendida  por  dos  razones,  ambas  basadas  en  reiterada 
doctrina constitucional.
En primer lugar, en los supuestos en los que, como en el presente caso, se acuda al 
trámite  conciliatorio  previo  contemplado  en  el  art.  33.2  LOTC,  el  marco  de  la 
discrepancia o controversia es el que se establece «en el acuerdo sobre iniciación de las 
negociaciones,  que  es  objeto  de  publicación  oficial  y  se  comunica  al  Tribunal 
Constitucional. Este acuerdo es el que desempeña una función de delimitación del 
contenido  de  un  eventual  recurso  de  inconstitucionalidad  posterior»  (por  todas, 
STC 134/2020, de 23 de septiembre, FJ 2), En este caso, el acuerdo publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», núm. 128, de 29 de mayo de 2019, únicamente alude a los 
arts. 13, 17.2, 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, a los que queda circunscrito el proceso.
En segundo lugar, la demanda no puede ampliar el objeto del recurso (por todas, 
STC  68/2018,  de  21  de  junio,  FJ  2),  ni  tampoco  instar  la  declaración  de 
inconstitucionalidad por conexión o consecuencia que es, cuando proceda, prerrogativa 
de este tribunal, «sin que pueda ser objeto de pretensión de parte» (STC 49/2018, de 10 
de mayo, FJ 2).
3.  Tratándose de una controversia competencial, la primera cuestión a dilucidar es 
la relativa al encuadramiento de las disposiciones discutidas en el sistema constitucional 
y estatutario de distribución de competencias, concretando el alcance de los títulos 
competenciales que la enmarcan. Ello obliga a atender «al contenido de los preceptos 
controvertidos», así como «al carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas en 
conflicto» (STC 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3).
La Ley 6/2019 se afirma dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 9.1.18 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que atribuye a esta 
competencia  exclusiva  en  materia  de  «Consumo.  Regulación  de  las  medidas  de 
prevención, protección y defensa de los personas consumidoras y personas usuarias, de 
sus derechos y de los órganos y procedimientos de mediación. Lucha contra el fraude».
Ese encuadramiento de la Ley 6/2029 no es objeto de discusión por las partes y 
debe ser confirmado por este tribunal. Los preceptos impugnados establecen diversas 
medidas cuyo denominador común es regular cuestiones relativas a la protección de los 
consumidores  y  usuarios  en  ámbitos  diversos,  como  las  relativas  al  documento 
justificativo de la contratación realizada, la consideración de abusivas de determinadas 
cláusulas contractuales y la notificación de tal condición a los consumidores o el régimen  s
de cesión de créditos hipotecarios. Por tanto, desde un punto de vista general, habrá que  oe.
atender  a  «la  finalidad  sustantiva  principal,  a  la  cual  se  orienta  la  disposición  en  w.
lpeaon dtpreeromdtieocchsc oci»óo nn [sSdidTee Clro as5r  4qc/uo2en0 s1eu8l m,o ibddjeoe rtoe2 s4y   yfi dnueas luidmaaardiyo ods,;e   eFlaxJ t rree6gm uaola) ]qc. iuóCen o eqnlu foear bmhoaeg  asaidd oo d diimcehlp auE gspntraaeddmoai  sneaos,    2021-6618n https://ww
niega en su recurso, en la medida en que lo que plantea es que las normas dictadas con
esa  finalidad  protectora  exceden  del  ámbito  competencial  autonómico  y  vulneran 
determinadas competencias estatales.
De conformidad con el mandato recogido en el art. 51 CE, los poderes públicos 
deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los  mismos.  La  delimitación  de  competencias  entre  el  Estado  y  las  comunidades 
autónomas en la materia relativa a la defensa de los consumidores y usuarios no se 
define de manera expresa en los arts. 148 y 149 CE, por lo que debe considerarse, en 
principio, como una competencia asumible por las comunidades autónomas en sus 
Estatutos de Autonomía, tal como efectivamente ha hecho el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura en su art. 9.1.18.
No obstante lo anterior, la asunción como exclusiva de esta competencia por parte de 
la comunidad autónoma no excluye la capacidad estatal de incidir en la materia, dado 
que  la  competencia  estatutaria  tiene  que  cohonestarse  con  aquellos  títulos 
competenciales que puedan afectar a la misma y que la Constitución reserva al Estado 
en el art. 149.1 CE.
Es doctrina consolidada que el ejercicio autonómico de la competencia en materia de 
protección de los consumidores y usuarios ha de tener presente la regulación relativa a 
otras materias de competencia del Estado. Según dicha doctrina constitucional (por 
todas SSTC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 3, y 102/2018, de 4 de octubre, FJ 3), las 
competencias autonómicas en materia de defensa de consumidores y usuarios, no 
pueden dejar de atemperarse a la disciplina establecida por el Estado en el ejercicio de 
sus competencias propias, lo que significa que las competencias asumidas por las 
comunidades  autónomas  han  de  respetar  el  legítimo  ejercicio  de  las  del  Estado 
relacionadas en el artículo 149.1 CE. La STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 70, recuerda 
que  «la  materia  de  defensa  de  los  consumidores  es  un  ámbito  de  concurrencia 
competencial de títulos habilitantes diferentes, de manera que la atribución estatutaria de 
la competencia de carácter exclusivo a la comunidad autónoma no puede afectar a las 
competencias  reservadas  por  la  Constitución  al  Estado  (art.  149.1  CE),  que  se 
proyectarán cuando materialmente corresponda (STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 1), 
sin  necesidad  de  que  el  estatuto  incorpore  cláusulas  de  salvaguardia  de  las 
competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64)».
En concreto, a la vista de lo discutido en el proceso, procede recordar también que la 
STC 13/2019, de 31 de enero, FJ 3 B) b), afirma, citando la STC 54/2018, FJ 6 c), que la 
«estructura autonómica del Estado ha reservado, con alguna salvedad cualificada, el 
Derecho privado a la potestad central del Estado». De lo que se trata es de «verificar que 
a través de las normas autonómicas (en este caso, de protección de consumidores y 
usuarios) no se produzca un novum en el contenido contractual, o en otros términos, de 
que  no  se  introduzcan  derechos  ni  obligaciones  en  el  marco  de  las  relaciones 
contractuales privadas». Aun cuando las normas autonómicas «persigan, mediante el 
reforzamiento de las obligaciones del vendedor, la protección del consumidor y usuario, 
la determinación del contenido de los contratos y de las acciones por incumplimiento, 
saneamiento o resolución se inserta dentro de la competencia estatal exclusiva atribuida 
por los artículos 149.1.6 y 8 CE», concretamente en materia civil y mercantil.
Conforme a tales criterios hemos de resolver la controversia aquí planteada, teniendo 
presente que el abogado del Estado suscita en el recurso que la regulación autonómica 
no ha respetado los límites que, para el ejercicio de las competencias autonómicas, se 
derivan de lo dispuesto en diversos títulos estatales, como son los del art. 149.1.6, 8, 11  s
y 13 CE, singularmente los dos primeros. oe.
4.  El primero de los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona es el art. 13,  18ww
cuabpicíatudloo  reenf eerli dtoít ualo l aI,  prreolateticvcoió an  ldoes  dloesr einctheores sdees  leocso cnoónmsiucmosid yo rseosc, iay,le esn.  Econn éclr esteo ,r eegnu leal 
ecol n«sduomciudmoreenst,o d ijsupsotifnicieantidvoo  qduee  lpau ecdoen trreavtaecsitóirn l ar efoarlimzaad dae»  faacl tuqruae,  rteiecnibeon,  jduesrtieficchaon telo os 
cualquier otro formato siempre que reúna, entre otras, las características previstas en su
impugnado apartado d), según el cual «el documento justificativo puede estar en papel o 
en cualquier otro soporte, siempre que esté a disposición de la persona consumidora 
durante la totalidad del plazo legal de garantía».
El abogado del Estado sostiene que el art. 13 d), al establecer como opción y no 
como obligación, que el documento justificativo de la contratación realizada esté en 
papel, equiparando la factura en papel a la factura electrónica, contradice la normativa 
estatal recogida en el art. 63.3 TRLGDCU, en donde se prescribe que «en los contratos 
con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su 
caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario 
haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor». Afirma que se 
trata de una cuestión que no puede ser objeto de regulación autonómica. La letrada de la 
Junta de Extremadura no ha negado la vulneración competencial denunciada, estimando 
que la misma quedará subsanada con la reforma del precepto acordada en el seno de la 
comisión  bilateral  de  cooperación  administración  general  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
El art. 13 d) de la Ley 6/2019 regula las características que ha de tener el documento 
justificativo  de  la  contratación  realizada  y  permite  que  sea  el  empresario  el  que 
determine el formato en que el documento justificativo ha de ser entregado, exigiendo 
únicamente que se encuentre a disposición del consumidor durante un determinado 
plazo.
Este precepto se aplica a las relaciones entre personas consumidores y empresas, 
entendiendo por consumidores las personas que actúen con un propósito ajeno a su 
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión [arts. 1 y 2 a) de la Ley 6/2019]. De 
un  modo  similar,  el  texto  refundido  de  la  Ley  general  para  la  defensa  de  los 
consumidores  y  usuarios  considera  contratos  con  consumidores  y  usuarios  los 
realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario (art. 59.1), sometidos, en lo 
no previsto en él o en leyes especiales, por el derecho común aplicable a los contratos 
(art. 59.2).
Respecto  a  un  tipo  concreto  de  contrato  celebrado  con  consumidores,  la 
STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 4 c), indica que «el Derecho de consumo es una 
materia multidisciplinar y con cierta autonomía que no se integra ni encaja por completo 
en el Derecho civil, ni en el mercantil y tan siquiera se adapta en su totalidad en el 
Derecho privado, pues recordemos que el mandato de protección al consumidor está 
dirigido a todos los poderes públicos. En este sentido el Derecho de consumo constituye 
per se un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos jurídicos 
cuya finalidad es garantizar al consumidor frente al empresario una posición de equilibrio 
en  el  mercado  en  todas  aquellas  relaciones  jurídicas  y  negociales  en  la  que  sea 
destinatario final de los bienes y servicios. Ahora bien, que actualmente el Derecho del 
consumo haya ganado su propia autonomía no significa que parte de las normas que 
integran el estatuto del consumidor no gocen de naturaleza civil. Eso ocurre, como se ha 
adelantado  en  el  fundamento  jurídico  2,  con  el  contrato  de  compraventa  con 
consumidores en el que el comprador actúa un propósito ajeno a su actividad negocial, 
es decir, por motivos ajenos a una finalidad de lucro que no está relacionada con su 
oficio, empresa o profesión».
Resulta pues de aplicación aquí la doctrina de la STC 132/2019, FJ 2, según la cual 
«en el caso del contrato de compraventa ha de primar su carácter civil, pues dirigiendo la 
atención hacia el consumidor, que es el principal sujeto y protagonista de la protección 
que dispensa el mandato constitucional, su posición en el contrato de compraventa es  s
típica de las relaciones civiles, porque actúa con una finalidad esencialmente privada y  oe.
sin ánimo de lucro, de tal suerte que el bien adquirido queda en su propio círculo sin  w.
reintroducirlo en el mercado ni destinarlo a su profesión u oficio. Este mismo criterio  18ww
taepnagrae cen aretucroagleidzoa  emn eerlc aarntt.i l3 2la6  dceolm Cpórdaivgeon tdae  cdoem  eefreccioto qsu ed eedxipcraedsoasm eanl tec oenxsculumyoe  qdueel 
comprador o de persona por cuyo cargo se adquieren».
Por  tanto,  de  la  doctrina  constitucional  dictada  en  torno  a  la  compraventa  de 
consumo,  se  desprende  el  principio  de  que  los  contratos  celebrados  por  los 
consumidores  con  las  empresas  tienen,  en  principio,  naturaleza  civil  a  efectos 
competenciales; y así lo ha considerado también el legislador estatal, por cuanto los 
define y dispone que se rigen por el derecho común aplicable a los contratos, a la par 
que afirma que tal regulación se ampara, entre otros, en el art. 149.1.8 CE (disposición 
final primera 3 TRLGDCU).
Insertada  la  regulación  cuestionada  en  la  materia  civil  es  clara  la  vulneración 
competencial en la que incurre, la cual ni siquiera es negada por la representación 
procesal de la Junta de Extremadura. El Estado ostenta competencia exclusiva en 
materia de derecho civil, competencia que abarca por entero la legislación civil, sin más 
posible excepción que la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades 
autónomas de sus derechos civiles especiales o forales, allí donde existan, y siempre 
que no se trate de las materias reservadas «en todo caso» al Estado por el propio 
art. 149.1.8 CE (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FFJJ 17 a 19; 88/1993, de 12 de 
marzo, FJ 1; 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1, y 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 6). Por 
otra parte, la pertenencia de las normas relativas a los contratos de consumo a la 
materia civil hace que deba confrontarse con la reserva estatal sobre las bases de las 
obligaciones contractuales a que hace referencia el art. 149.1.8 CE (como, por otro lado, 
ya declararon las SSTC 71/1982 y 132/2019, en relación a la compraventa de consumo).
El precepto impugnado regula las obligaciones del empresario y los correlativos 
derechos  del  consumidor  en  punto  a  la  justificación  documental  de  la  contratación 
realizada; contrato que ya hemos insertado en la materia civil. Por consiguiente, esta 
regulación, emanada de una comunidad autónoma que carece de derecho civil propio (a 
salvo de la competencia en materia de «conservación, defensa y protección del Fuero de 
Baylío e instituciones de derecho consuetudinario», prevista en el art. 9.4 del Estatuto de 
Autonomía  de  Extremadura,  que  no  concurre  en  el  presente  caso),  invade  la 
competencia estatal en materia de legislación civil (art. 149.1.8 CE) y además, en cuanto 
altera el régimen de derechos y obligaciones de las partes del contrato en lo relativo a la 
forma de acreditar la contratación realizada, afecta a las bases de las obligaciones 
contractuales, reservadas en todo caso al legislador estatal (SSTC 71/1982, FFJJ 17 
a 19, y 132/2019, FJ 6). Se trata, por tanto, de la regulación de cuestiones que no 
pueden ser contempladas en la norma autonómica.
La misma conclusión se alcanza si se aplica el criterio de la STC 54/2018, FJ 9 a), 
según la cual, la competencia en materia de defensa de los consumidores y usuarios 
habilitaría al legislador autonómico para incluir, a efectos meramente informativos, los 
datos  que  deban  contener  las  facturas.  Sin  embargo,  so  pena  de  vulnerar  las 
competencias estatales, el precepto autonómico habría de limitarse, en este caso, a 
hacer una reproducción o reiteración fiel de la norma estatal, lo que no se ha producido.
Así pues, el art. 13 d) de la Ley 6/2019., al establecer como opción y no como 
obligación que el documento justificativo de la contratación realizada esté en papel, 
contradice la normativa estatal recogida en el art. 63.3 TRLGDCU que es de aplicación a 
los contratos celebrados entre un consumidor y un empresario, y dictada al amparo de 
las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y 
civil, conforme al artículo 149.1.6 y 8 CE. La regla estatal prescribe que en los contratos 
celebrados por los consumidores y usuarios, el empresario está obligado a entregar un 
documento  justificativo  en  papel.  Para  que  el  empresario  pueda  sustituir  dicho 
documento  por  una  factura  electrónica,  es  preciso  que  el  consumidor  o  usuario  s
manifieste de forma expresa su conformidad con dicha sustitución, de tal modo que la  oe.
opción por uno u otro formato depende de la decisión de este. El art. 13 d) no se ajusta  w.
al esquema descrito, pues niega al consumidor extremeño un derecho que la norma  18ww
epsotra ttaanl tloe,  rdeecjoan loac oep, ceiónn c upaonr tuon qau ue  oetqrau iap adriasp loas fiacciótunr ad eel ne mpappreesl aar iloa. factura electrónica y,
Consecuentemente el art. 13 d) de la Ley 6/2019 es inconstitucional y nulo.
5.  Procede ahora resolver las impugnaciones relativas a los arts. 17.2 y 28.6, 
relativos a las cláusulas abusivas incluidas en determinados contratos.
a)  El art. 17 de la Ley 6/2019, al regular el clausulado de los contratos a suscribir 
entre consumidores y empresas, afirma en el párrafo primero del apartado segundo, al 
que el abogado del Estado ha ceñido sus quejas, que «se considerará, en todo caso, 
cláusula abusiva la renuncia al derecho de comunicación de cesión de créditos, así como 
a los derechos de retracto y tanteo en contratos de créditos o préstamos de cualquier 
índole».
La demanda alega que este primer párrafo del apartado segundo del art. 17 de la 
Ley  6/2019  está  configurando  un  nuevo  supuesto  legal  de  cláusula  abusiva, 
contraviniendo con ello la doctrina constitucional que afirma que la consideración de una 
cláusula contractual como abusiva, en la medida en que incide sobre la validez del 
contrato, está reservada al Estado. La letrada de la Junta de Extremadura ha negado la 
vulneración  denunciada,  tanto  por  considerarla  amparada  en  las  competencias 
autonómicas en materia de defensa de los consumidores y usuarios, como por apreciar 
que la norma se limita a trasladar previsiones que ya se establecen en el texto refundido 
de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (arts. 8, 10 y 86) y en 
la normativa de la Unión Europea.
La STC 54/2018 vino a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos 
del Código de consumo de Cataluña, entre ellos el art. 251-6, por cuanto, al enumerar 
una serie de cláusulas consideradas abusivas en los contratos de créditos y préstamos 
hipotecarios, invadía las competencias estatales, al estimar que «una regulación sobre lo 
que debe entenderse por cláusulas abusivas en la contratación, introduciendo en esta 
área del derecho, innovaciones» corresponde al Estado ex artículo 149.1.8 CE.
Concretamente, en su fundamento jurídico 8 señala que «desde la STC 71/1982, 
de 30 de noviembre, hemos dejado sentado que el fenómeno de las cláusulas abusivas, 
aun siendo capital para la defensa de los consumidores y usuarios, forma parte de la 
competencia estatal ex artículo 149.1.8 CE: [s]i los preceptos tuvieran que interpretarse 
en el sentido de que establecen una regulación sobre lo que debe entenderse por 
cláusulas  abusivas  en  la  contratación,  introduciendo,  en  esta  área  del  derecho, 
innovaciones en lo que es –y debe ser– una regulación general, como comprendida en lo 
que dispone el art. 149.1.8 de la Constitución, la conclusión tendría que ser la de negar 
competencia al legislador autonómico, pues el tratamiento de la materia, y las soluciones 
al respecto, deben ser una, y la misma, para cualquier parte del territorio del Estado. El 
decidirse por la técnica de la cláusula definitoria general, entendiendo que son abusivas 
aquellas que entrañan en el contrato una posición de desequilibrio en el comportamiento 
contractual en perjuicio de los consumidores, o por la técnica de listado de cláusulas 
abusivas, o por la de complementar la cláusula general definitoria con una lista de 
cláusulas abusivas, y cuál es la sanción que comportan –que son temas capitales en el 
Derecho de la contratación–, requiere regulaciones uniformes, sin que pueda invocarse 
el título competencial del art. 10.28 del Estatuto del País Vasco, pues prevalece aquí el 
preferencial del precepto constitucional que hemos dicho, a cuyo tenor el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de legislación civil, a salvo la propia de la comunidad 
autónoma  en  el  ámbito  del  derecho  civil,  foral  o  especial.  La  regulación  de  las 
condiciones generales de contratación o de las modalidades contractuales corresponde 
al legislador estatal (FJ 14). En el mismo sentido, la STC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 
b) determinó, que establecer a través de un sistema de listado de exclusiones lo que se 
entiende por cláusulas abusivas en un determinado tipo de contrato, tratándose de un  e.
tema  capital  del  derecho  de  contratación,  queda  comprendido  dentro  del  título  w.b
competencial del artículo 149.1.8 CE, que requiere regulaciones uniformes en todo el  18ww
tdeerfreitnosriao ,d eplo cr olnos uqmueid ohra y  ddee l purseuvaarlieoc»e.r sobre el título competencial más genérico de
consCidoenrfaorrsmee  aab udsicivhaas  deosc turninaa  cluae dsetitóenr mqiunea ccióonm pneotrem eaxticvlau sdivea lmase nctleá uasl uElassta qduoe,  edl ecbueanl 
debe delimitar tanto el concepto de cláusula abusiva, como definir las que cumplen tal
condición (al respecto, arts. 82 y ss. TRLGDCU). Concepto que no puede quedar a 
disposición de una norma autonómica que, al amparo de la competencia en materia de 
protección de los consumidores y usuarios, califique a todos los efectos como abusivas 
determinadas cláusulas, con independencia de si tienen o no tal consideración en la 
normativa estatal aplicable.
Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, esta impugnación debe ser 
estimada, por cuanto el párrafo impugnado atribuye la condición de abusiva a la cláusula 
de renuncia al derecho de comunicación de cesión de créditos, regulando el contenido 
de una categoría cuya delimitación corresponde en exclusiva al Estado.
No impiden alcanzar esta conclusión las alegaciones de la Junta de Extremadura 
acerca de la reproducción o traslación al derecho autonómico de lo previsto en normas 
estatales o de la adecuación del precepto al derecho de la Unión Europea.
Respecto  a  lo  primero,  nada  hay  en  el  precepto  que  indique  que  la  supuesta 
reproducción únicamente tiene efectos informativos, por lo que, sin necesidad de entrar a 
examinar si tal traslación efectivamente se produce, es de aplicación la doctrina según la 
cual «la reproducción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional 
cuando la comunidad autónoma carece de la correspondiente competencia, salvo que –
lo que no es el caso– la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el 
entendimiento del precepto (SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8, y 8/2016, de 21 de 
enero, FJ 3). Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está vedado 
reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. Y, con 
mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de cualquiera 
otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no forman parte 
de su acervo competencial» [STC 54/2018, FJ 6 c)].
En cuanto a lo segundo, las normas que han de servir de pauta para la resolución de 
estos conflictos son exclusivamente las de Derecho interno que establecen el orden de 
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas [por todas 
STC 87/2019, de 20 de junio, FJ 6 a)].
Por lo tanto, el primer párrafo del art. 17.2 de la Ley 6/2019 es inconstitucional y nulo.
b)  En segundo lugar se impugna el art. 28.6 que, al regular los contratos de tracto 
continuado, dispone lo siguiente:
«6.  Si alguna de las cláusulas de un contrato de prestación de servicios de tracto 
continuado es declarada abusiva, la empresa debe informar de ello a las/os clientes con 
contratos vigentes que la incluyan y debe comunicarles que esta cláusula dejará de 
aplicarse  en  los  términos  establecidos  por  la  resolución  o  sentencia  judicial.  Esta 
comunicación  debe  hacerse  constar,  al  menos,  en  la  factura  o  liquidación 
inmediatamente posterior a la declaración de abusividad.»
El abogado del Estado alega, por un lado, que se vulnera el art. 149.1.8 CE en la 
medida en que el precepto considera la abusividad como vicio per se de una cláusula, 
cuando existen casos en los que, de serlas, lo son únicamente por causas exógenas al 
contrato, como podría ser una insuficiencia de información. Por otra parte, el precepto 
impugnado obliga a inaplicar con carácter general, y en relación con todos los contratos 
de tracto continuado vigentes, las cláusulas incluidas en un determinado contrato que 
hayan sido declaradas abusivas en el marco de tal contrato. Obligación de no aplicación 
que extiende los efectos de una sentencia a contratos distintos de aquel que motivó el 
pronunciamiento  judicial,  vulnerando  las  competencias  estatales  en  materia  de 
legislación  procesal.  La  letrada  de  la  Junta  de  Extremadura  se  ha  opuesto  a  tal  e
planteamiento, señalando que la comunidad autónoma es competente para sancionar la  bo
utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios, y que la  18ww
ftiénramliidnaods  ddeel  plrae cerepstoo luecsi,ó an  poa rtsire dnete lnac idae cjluadraicciaiól,n  idmep aobnuesr ivuidnaad  sdeer iuen ad ec láoubsluiglaa ceionn leoss 
lmosín cimonassu am liad oermesp.resa que ha introducido dicha cláusula en los contratos celebrados con
El adecuado examen de la impugnación planteada exige diferenciar los contenidos 
de este art. 28.6.
El precepto se refiere a los contratos de prestación de servicios de tracto continuado, 
respecto a los que prescribe, en primer lugar, la obligación de informar de la existencia 
de una cláusula declarada abusiva a los clientes con contratos vigentes que la incluyan.
Se trata de un deber de información que en nada afecta a la competencia estatal 
para determinar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, ni tampoco interfiere 
en el ámbito material del contrato, ni modifica la posición jurídica de las partes. Por el 
contrario, se enmarca en el ámbito del derecho de los consumidores y usuarios a la 
protección  frente  a  la  inclusión  de  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  [art.  8.1  b) 
TRLGDCU] y en el derecho a la información, regulado en el art.17.1 TRLGDCU, que 
obliga a los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, a asegurar 
que los consumidores y usuarios dispongan de la información precisa para el eficaz 
ejercicio de sus derechos. El precepto impugnado, al imponer al empresario la obligación 
de poner en conocimiento de sus clientes la declaración del carácter abusivo de una 
cláusula, viene así a concretar la genérica previsión de la norma estatal, en un ámbito en 
el que la comunidad autónoma ostenta competencias, que, en esta ocasión, se han 
ejercido sin menoscabo o perturbación de las estatales.
Sin  embargo,  a  la  anterior  obligación  de  información,  el  precepto  añade  una 
segunda, consistente en comunicar a los clientes que una concreta cláusula incluida en 
su contrato, y que ha sido declarada abusiva, «dejará de aplicarse en los términos 
establecidos por la resolución o sentencia judicial».
Esta  segunda  previsión  del  precepto  impugnado  persigue  hacer  extensivos  los 
efectos de la declaración del carácter abusivo de una determinada cláusula en un 
contrato a todos aquellos en vigor que contengan esa misma cláusula, en los que, por 
mandato expreso del precepto autonómico, dejará de aplicarse de forma generalizada, 
debiendo el empresario informar de ello a los clientes.
Este inciso incurre en una doble vulneración competencial.
Vulnera, por un lado, las competencias estatales en materia de legislación civil, a 
cuyo amparo, y según acabamos de exponer en el apartado a) de este fundamento 
jurídico, corresponde al Estado delimitar tanto el concepto de cláusula abusiva como los 
efectos que produce en un contrato la inclusión de una cláusula de tal carácter (art. 83 
TRLGDCU).
Por otra parte, al disponer la inaplicación de la cláusula en todos los contratos regula 
los efectos de la sentencia o decisión judicial que la declaró abusiva, por cuanto hace 
extensivos  ex  lege  sus  efectos  a  contratos  distintos  de  aquel  que  motivó  el 
pronunciamiento judicial, con lo que infringe las competencias estatales en materia de 
legislación procesal del art. 149.1.6 CE.
La legislación procesal es una «competencia general» del Estado [SSTC 80/2018, 
de 5 de julio, FJ 5 a), y 13/2019, FJ 2 b)] que responde a la necesidad de salvaguardar la 
uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, 
FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2, y 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c)]; y una 
competencia  autonómica  «de  orden  limitado»  circunscrita  a  «las  necesarias 
especialidades  que  en  este  orden  se  deriven  de  las  particularidades  del  derecho 
sustantivo de las comunidades autónomas» [STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 16 B)].
El  art.  9.1.5  del  Estatuto  de  Autonomía  atribuye  a  la  comunidad  autónoma  la 
competencia  exclusiva  sobre  «Normas  procesales  derivadas  del  derecho  propio», 
conforme a la doctrina constitucional, no es una competencia «vinculada a la garantía y  s
promoción del derecho sustantivo autonómico, sino una salvedad competencial que solo  oe.
se justifica caso por caso» [STC 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 7 i), citando la  w.
STC 80/2018, de 5 de julio, FJ 5]. 18ww
defeCnosrar edsep olnad ele y« aeln  lesgui slcaadsoor  iamuptoungónmadicao,  oof,r eecne r slua  dsueffieccieton,t ea  juqsutiifeicnaecsi óans usmobarne  llaa 
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‘necesarias especialidades’» [SSTC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5; 47/2004, de 25 de 
marzo, FJ 4; 21/2012, de 16 de febrero, FJ 7, y 80/2018, de 5 de julio, FJ 5 a)]. Para 
entender  justificada  la  aplicación  de  la  salvedad  competencial  contenida  en  el 
art. 149.1.6 CE deben completarse tres operaciones. Primero, «ha de determinarse cuál 
es el Derecho sustantivo autonómico que presenta particularidades». Segundo, «hay que 
señalar respecto de qué legislación procesal estatal y, por tanto, general o común, se 
predican las eventuales especialidades de orden procesal incorporadas por el legislador 
autonómico». Finalmente, «ha de indagarse si, entre las peculiaridades del ordenamiento 
sustantivo autonómico y las singularidades procesales incorporadas por el legislador 
autonómico en la norma impugnada, existe una conexión directa tal que justifique las 
especialidades procesales» [STC 13/2019, de 31 de enero, FJ 2 b) y doctrina allí citada].
La aplicación de esta doctrina conlleva que la competencia para dictar esta norma no 
pueda encontrarse amparada en la salvedad prevista en el art. 149.1.6 CE. La letrada de 
la  Junta  de  Extremadura  no  ha  justificado  una  peculiaridad  del  derecho  sustantivo 
autonómico a la que pudiera asociarse el inciso cuestionado, ni ha razonado cuáles son 
las especialidades procesales, ni, en consecuencia, argumentado acerca de la eventual 
conexión  directa  entre  la  peculiaridad  del  ordenamiento  sustantivo  autonómico  y  la 
singularidad procesal.
Procede, pues, estimar la impugnación y declarar que el inciso «y debe comunicarles 
que esta cláusula dejará de aplicarse en los términos establecidos por la resolución o 
sentencia judicial» del art. 28.6 de la Ley 6/2019 es inconstitucional y nulo.
6.  Finalmente se cuestiona el art. 29, relativo a la titulización de créditos, el cual 
dispone que:
«1.  Se consideran créditos titulizados aquellos préstamos hipotecarios concertados 
por  personas  consumidoras,  dentro  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, con una entidad financiera que se halle sujeta a la supervisión del Banco 
de España, que con posterioridad hayan sido cedidos por cualquier título a un fondo de 
titulización  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  2/1981,  de  25  de  marzo,  de 
regulación del mercado hipotecario y en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de 
sociedades y fondo de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, 
así como la normativa que la desarrolla.
2.  Las  entidades  financieras  descritas  en  el  apartado  anterior  que  pretendan 
realizar una cesión a un fondo de titulización deberán informar con carácter previo, por 
escrito y de manera fehaciente a la persona deudora del crédito hipotecario.
3.  La notificación de esta información contendrá todos los datos que permitan la 
identificación  de  manera  sencilla  y  comprensible:  a)  De  la  cesión,  transmisión  o 
titulización del crédito. b) De los datos de la entidad cesionaria. c) De la fecha prevista 
para dicha constitución. d) De cuando los datos figuren en un documento en el que se 
haga referencia a más de un crédito, identificar el documento, página o anexo donde 
figuren concretamente los datos que afectan a la persona consumidora. e) Del precio de 
la transmisión, incluyendo las costas que le hubiera ocasionado y los intereses del precio 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1535 del Código civil.»
Para el abogado del Estado el precepto autonómico lleva a cabo una delimitación 
conceptual de la noción de «crédito titulizado», imponiendo a la entidad financiera que 
pretenda llevar a cabo la titulización la obligación de informar previamente y por escrito al 
deudor hipotecario y detallando el modo concreto en que debe notificarse la información.  s
De este modo, la ley extremeña establece una regulación que incide de manera directa  oe.
en el ámbito de una operación financiera como es la titulización de créditos y, con ello, en  w.
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coordinación de la planificación de la actividad económica. La letrada de la Junta de
Extremadura  defiende,  en  cambio,  que  la  competencia  en  materia  de  defensa  de 
consumidores y usuarios permite reforzar la protección jurídica del deudor hipotecario.
El régimen jurídico de las denominadas titulizaciones está fijado por la Ley 5/2015, 
de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que regula esta cuestión en 
sus arts. 15 a 42. La Ley 5/2015, se afirma, dictada de conformidad con lo previsto en el 
art. 149.1.6, 11 y 13 CE (disposición final undécima). A dicha titulización de créditos, en 
cuanto relativos a créditos hipotecarios, les resulta también de aplicación las previsiones 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero, modificada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, y 
el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, de desarrollo de la anterior. El objeto de las 
titulizaciones de los créditos hipotecarios es su cesión, a un fondo de titulización (con 
salida del balance de la entidad de crédito), en forma de títulos garantizados con los 
activos de los créditos concedidos y susceptibles de negociación en los mercados de 
capitales a cambio de un precio financiado por un bono emitido por el propio fondo, con 
el fin de obtener recursos líquidos para la entidad de crédito. En el caso concreto de la 
titulización hipotecaria se trata de la conversión de créditos hipotecarios en valores 
susceptibles de ser enajenados a un tercero. Estos créditos hipotecarios pueden ser 
movilizados mediante la emisión de las denominadas cédulas, bonos o participaciones 
hipotecarias (arts. 11 a 18 de la Ley 2/1981 y 13 a 34 del Real Decreto 716/2009).
No contienen estas tres normas estatales previsión alguna relativa a la obligación de 
las entidades financieras que pretendan ceder un préstamo hipotecario a un fondo de 
titulización de informar de esta circunstancia al deudor de dicho préstamo. Ello se 
compadece adecuadamente con el régimen general aplicable a la cesión de créditos 
que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1526 y siguientes del Código civil, 
puede realizarse sin el consentimiento y aun sin el conocimiento del deudor. Siempre 
teniendo presente que la transmisión del crédito, cuando tales créditos concedidos son 
objeto de titulización, no puede causar perjuicio al deudor hipotecario, el cual, caso de 
que desconozca la cesión, queda en todo caso liberado con el pago hecho al acreedor 
originario (art. 1527 del Código civil).
De la doctrina de la STC 54/2018, FFJJ 6 c) y 9, que reitera la STC 13/2019, FJ 3 C), 
se deriva que el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios, tienen como límite, entre otros, que no se produzca un novum 
en el contenido contractual; o en otras palabras, que no se introduzcan derechos ni 
obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas, ya que, en caso 
contrario, se estaría adentrando a regular ámbitos reservados a la competencia exclusiva 
del  Estado  por  el  art.  149.1.6  y  8  CE,  lo  que  bastaría  para  concluir  en  su 
inconstitucionalidad.  En  aplicación  de  esta  doctrina,  la  STC  54/2018  declaró  la 
inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos del Código de consumo de Cataluña. 
El ya mencionado art. 251-6, al enumerar una serie de cláusulas consideradas abusivas 
en los contratos de créditos y préstamos hipotecarios, que invadía las competencias 
estatales por cuanto que «una regulación sobre lo que debe entenderse por cláusulas 
abusivas en la contratación, introduciendo en esta área del derecho, innovaciones» 
corresponde al Estado ex artículo 149.1.8 CE (FJ 8). También el art. 262-6.2, que fijaba 
en catorce días naturales el plazo de la oferta vinculante del prestamista, invadía las 
competencias  del  Estado:  «los  preceptos  que  afectan  y  modulan  el  régimen  de 
perfeccionamiento y de la eficacia de los contratos pertenecen a la titularidad estatal, ex 
artículos 149.1.6 y 8 CE» [FJ 9 a)]. Igualmente el art. 263-2.4, que disponía que el 
prestamista no podrá conceder el crédito o préstamo hipotecario, si el resultado de la  s
evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo: «La norma catalana  oe.
introduce en efecto una prohibición de contratar que desborda el ámbito competencial  w.
autonómico, pues […] este tiene como límite, entre otros, que no se produzca un novum  18ww
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julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza  energética,  en  la  medida  en  que  establecían  un  determinado  régimen 
obligacional del fiador en los préstamos con garantía hipotecaria para la compra de 
vivienda y una regulación sustantiva, relativa al importe que ha de pagar el deudor para 
liberarse del crédito hipotecario sobre vivienda.
La introducción ex novo de obligaciones en una relación contractual privada también 
sucede  aquí,  por  cuanto  el  precepto  extremeño  modifica  el  régimen  del  préstamo 
hipotecario  en  cuanto  que  impone  a  una  de  las  partes,  el  cedente  de  un  crédito 
hipotecario; una obligación de notificación hasta ahora no regulada que se corresponde 
con  un  correlativo  derecho  de  información  sobre  la  transmisión,  que  la  norma 
autonómica otorga al consumidor que ha obtenido el crédito hipotecario ahora cedido. El 
art. 29 de la Ley 6/2019 delimita un concepto de titulización a partir del cual construye y 
regula  una  obligación  de  información,  que  ha  de  hacerse  por  escrito  y  de  modo 
fehaciente, cuyo incumplimiento se tipifica como infracción grave (art. 73.41) sancionable 
con multa de 3001 a 15000 €, pudiendo sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el 
quíntuplo del valor de los bienes y servicios objeto de infracción (art. 75.1). En definitiva, 
lo que es un derecho para el consumidor se convierte en deber de la entidad financiera, 
cuyo incumplimiento puede ser objeto de una sanción administrativa por parte de las 
autoridades autonómicas.
Esta obligación impuesta a una de las partes en un supuesto concreto no se vincula 
con derechos que vengan reconocidos en normas aprobadas por el legislador estatal, 
competente  para  regularlos.  Este  ha  reconocido  la  renunciabilidad  del  derecho  del 
deudor  a  tomar  conocimiento  de  la  cesión  del  crédito  hipotecario,  en  los  términos 
previstos en el art. 242 del Reglamento hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de 
febrero de 1947 y con independencia de que tal renunciabilidad no pueda ser impuesta 
al consumidor so pena de ser considerada abusiva por limitar sus derechos (art. 85.4 
TRLGDCU y sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, de la Sección Primera de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo).
La imposición de la obligación de informar previamente a la persona deudora del 
crédito hipotecario responde a la finalidad de proteger a los consumidores, pero incurre 
en  la  misma  infracción  competencial  que  ya  apreciamos  en  las  sentencias  que 
acabamos  de  mencionar.  Se  trata  de  una  cuestión  que  afecta  a  las  relaciones 
contractuales privadas, en cuanto se refiere a la regulación de nuevos derechos, los del 
deudor cedido, y obligaciones, la de la entidad financiera cedente, en el seno de un 
contrato de crédito hipotecario. Por tal motivo, su regulación ha de entenderse reservada 
al Estado, no pudiendo la comunidad autónoma imponer un deber en este sentido, 
amparándose para ello en sus competencias en materia de consumo. Conforme al canon 
ya  expuesto  anteriormente,  la  comunidad  autónoma  no  puede,  al  ejercer  sus 
competencias sobre dicho sector material, dejar de acomodar su normativa a la que el 
Estado ha dictado al amparo de sus competencias exclusivas, como son las que derivan 
de los arts. 149.1.6 y 8 CE.
Por tanto, el art. 29 de la Ley 6/2019 es inconstitucional y nulo. También lo es, por 
conexión o consecuencia ex art. 39.1 LOTC, el art. 76.41 que tipifica como infracción 
grave «la no notificación en plazo por las entidades que hayan cedido un crédito a un 
fondo de titulización previsto en el artículo 29 de la presente ley».
La estimación de este primer motivo de inconstitucionalidad hace que no resulte ya 
necesario pronunciarse sobre las restantes vulneraciones que la demanda imputa a este 
concreto precepto de la Ley 6/2019. s
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra los arts. 13 d), 17.2, 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, 
del  estatuto  de  las  personas  consumidoras  de  Extremadura,  y,  en  consecuencia, 
declarar:
1.º  Que  los  arts.  13  d),  el  primer  párrafo  del  art.  17.2,  el  inciso  «y  debe 
comunicarles que esta cláusula dejará de aplicarse en los términos establecidos por la 
resolución o sentencia judicial», del art. 28.6 y los arts. 29 y 76.41 de la Ley 6/2019, 
de 20 de febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura, son 
inconstitucionales y nulos.
2.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.