BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Viernes 10 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 109936
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14785 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2018.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2018, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a la Comunidad Autónoma de La Rioja a poner en marcha lo antes posible 
las siguientes medidas:
– Valorar posibles cambios normativos en la definición de los criterios de pertenencia 
de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las fundaciones y los 
consorcios públicos, teniendo en consideración no solo criterios patrimonialistas basados 
en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o 
patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de sus miembros, 
así como en la financiación de las actividades de la entidad, con el objetivo de que 
determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su 
vez  no  quedasen  extramuros  del  control  de  la  Administración  Autonómica  y  de  la 
aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, y 
para mitigar la fragmentación normativa existente.
– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su 
sector público, de acuerdo con lo previsto en el art 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, objeto que deberá quedar resuelto por 
los representantes de las administraciones autonómica y local que forman parte de la 
Junta de Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la adscripción de la entidad, 
lo que permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o local y su consecuente 
integración en uno o en otro sector público.
– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su 
sector público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, 
al no ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos en la Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
– Regular el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de 
agregación o consolidación de la Cuenta General, de acuerdo a lo establecido en la 
Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
– Dotar los servicios necesarios de los organismos autónomos autonómicos, de acuerdo 
con lo previsto en las respectivas disposiciones transitorias de sus leyes de creación, en 
orden  a  ejercer  las  competencias  que  dichas  normas  les  atribuyen  en  materia  de 
presupuestación,  contabilidad,  tesorería  y  patrimonio,  lo  que  facilitaría,  por  un  lado,  la  e.e
adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de estas entidades y, por  b
otra  parte,  daría  cumplimiento  a  la  obligación  de  rendición  de  sus  cuentas  anuales  785ww
indiv–id uRaeleviss.ar los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de los
ipnrgerseuspouse dstea rlaia sC, omla unAiddmadin Aisutrtaócnioómn aG, ye neenr apl ardtiec ullaa r, Cpoomr luon qiduaed  sed erbeefierírae  ad olatasr sceu edneta su nnao 
aplicación informática que  permitiera  la obtención de  datos históricos sobre los saldos
deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos 
contables en el que se normara el registro de las operaciones no presupuestarias, en el 
marco del sistema contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad.
– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada 
ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.
– Realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin 
dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera 
que  la  liquidación  presupuestaria  recoja  la  totalidad  de  obligaciones  y  derechos 
devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.
– Reforzar  los  mecanismos  de  coordinación  existentes,  con  los  recursos  ya 
disponibles,  entre  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuestos  de  la 
Administración General de la Comunidad y las unidades económicas responsables de 
las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar la planificación de la 
actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos anuales de la 
Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones de sus 
presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la 
liquidación de los mismos.
– Adoptar, en relación con la Universidad de La Rioja, las siguientes actuaciones:
a.  Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el 
que la Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se 
incorpore en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el 
sector  público,  con  respeto  a  la  autonomía  universitaria  en  su  vertiente  financiera 
reconocida  a  las  mismas,  de  manera  que  la  ley  habilitante  de  los  créditos  en  la 
Comunidad contenga también los aprobados por aquella.
b.  Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones.
– Modificar la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja con 
vistas  a  incluir,  tal  como  hace  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe 
sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del 
ejercicio del control financiero.
– Evaluar los puestos de trabajo desempeñados por contratados laborales temporales y 
funcionarios interinos durante periodos dilatados de tiempo, con el fin de determinar su 
naturaleza, coyuntural o estructural, que permita una planificación más eficiente de los 
recursos humanos y evitar situaciones de temporalidad excesivamente prolongadas.
– Formalizar un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del 
Organismo autónomo Servicio Riojano de Salud (SERIS) en el que se regule la prestación del 
servicio de asistencia sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades.
– Desarrollar normativamente las funciones de inspección de la sanidad concertada 
por parte de la consejería competente para implantar un sistema de evaluación objetivo 
mediante la definición de criterios e indicadores de medición.
– Registrar en un programa presupuestario específico la ejecución de las medidas 
en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres, lo que facilitará efectuar un 
adecuado seguimiento global de los proyectos, normalmente de carácter plurianual, 
desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la 
Mujer aprobado en la Comunidad. e
– Realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo sostenibles  bo
establecidos en la Agenda 2030 con los planes y programas estratégicos existentes en la  785ww
AdmPinailsatcraioc idóenl. Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel
Alonso Jiménez.
 
 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.413 
 
 
INFORME ANUAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
EJERCICIO 2018 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
22 de diciembre de 2020, el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 
2018, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al Parlamento de La Rioja, así como al 
Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
 

 
 
ÍNDICE 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.3. MARCO NORMATIVO. 
I.4. OBJETIVOS. 
I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.1. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
II.2.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma. 
II.2.2. Cuentas individuales de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma. 
II.3. CONTROL INTERNO. 
II.3.1. Control atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma. 
II.3.2. Sistemas y procedimientos de control interno. 
II.4. CUENTA GENERAL. 
II.4.1. Cuenta General del Sector Público Administrativo. 
II.4.2. Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. 
II.4.3. Cuenta General de las fundaciones autonómicas. 
II.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
II.5.1. Estabilidad presupuestaria. 
II.5.2. Sostenibilidad financiera. 
II.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.6.1. Preparación para la implementación, control y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
II.6.2. Gastos de personal. 
II.6.3. Medidas contra la morosidad en el sector público. 
II.6.4. Subvenciones y transferencias concedidas. 
II.6.5. Endeudamiento y avales. 
II.6.6. Gasto sanitario. 
II.6.7. Gasto educativo no universitario. 
II.6.8. Igualdad efectiva. 
II.6.9. Transparencia. 
II.6.10. Gestión Medioambiental. 
II.7 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. 
II.7.1. Informes de ejercicios anteriores. 
II.7.2. Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas. 
III. CONCLUSIONES. 
IV. RECOMENDACIONES. 
 
ANEXOS  w.b
 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ADER  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. 
AG  Administración General. 
Art.  Artículo. 
CA  Comunidad Autónoma.  
CAR  Comunidad Autónoma de La Rioja. 
CARE  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.  
CEIS  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil de La 
Rioja.  
CGSPE  Cuenta General del sector público autonómico empresarial. 
CGSPF   Cuenta General del sector público autonómico fundacional.  
CPFF  Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
DA  Disposición adicional. 
D.  Decreto. 
DG  Dirección General. 
FHC  Fundación Hospital de Calahorra.  
FRS  Fundación Rioja Salud. 
FUBESOR   Fundación Benéfico-Social de La Rioja.  
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado. 
INSALUD   Instituto Nacional de la Salud. 
IRVISA  Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.  
LFTCu  Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
LGS  Ley General de Subvenciones. 
LHPR   Ley de Hacienda Pública de La Rioja. 
LO  Ley Orgánica. 
LOFCA  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
LOEPSF  Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
LP  Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
MH  Ministerio de Hacienda. 
N/A  No aplicable. 
N/D  No se dispone de información. 
O.  Orden. 
OA/OOAA  Organismo autónomo/Organismos autónomos. 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible.  s
PEF  Plan Económico Financiero.  bo
PGC  Plan General de Contabilidad.  785ww
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública.
PRMD P  PReeraiol Ddoe cmreetdoi o de pago.
 
RDL  Real Decreto-ley. 
SERIS  Servicio Riojano de Salud. 
SNS  Sistema Nacional de Salud. 
UE  Unión Europea. 
   
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro 1. Entidades participadas por la CA. 
Cuadro 2. Presupuesto y Gasto Agregado. 
Cuadro 3. Gasto consolidado del Sector Público de la CA. 
Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias. 
Cuadro 5. Financiación de las modificaciones presupuestarias. 
Cuadro 6. Liquidación presupuesto de gastos. 
Cuadro 7. Variaciones interanuales presupuesto de gastos. 
Cuadro 8. Evolución gastos imputados mediante autorización Leyes de Presupuestos y LHPR. 
Cuadro 9. Ejercicio de imputación gastos mediante autorización LHPR. 
Cuadro 10. Gastos imputados mediante autorización LHPR. Efecto sobre resultado presupuestario 
del ejercicio. 
Cuadro 11. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
Cuadro 12. Derechos reconocidos por la Administración Autonómica. 
Cuadro 13. Efecto salvedades sobre resultado presupuestario. 
Cuadro 14. Balance de situación de la Administración Autonómica. 
Cuadro 15. Composición inmovilizado no financiero. 
Cuadro 16. Desglose de “Otro inmovilizado material” a 31 de diciembre de 2018. 
Cuadro 17. Desglose saldo inversiones financieras a largo plazo. 
Cuadro 18. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles. 
Cuadro 19. Créditos y valores representativos de deuda. 
Cuadro 20. Desglose derechos por prestaciones asistenciales. 
Cuadro 21. Antigüedad derechos por prestaciones asistenciales. 
Cuadro 22. Derechos pendientes de cobro. 
Cuadro 23. Saldo cuentas de tesorería. 
Cuadro 24. Patrimonio Neto. 
Cuadro 25. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. 
Cuadro 26. Compromisos de gastos de ejercicios posteriores. 
Cuadro 27. Efecto de las salvedades en el remanente de tesorería. 
Cuadro 28. Obligaciones reconocidas por los Organismos autónomos de la CA. 
Cuadro 29. Situación económica y financiera agregada del resto de entidades del sector público. 
Cuadro 30. Transferencias recibidas del resto de entidades integrantes del sector público administrativo. 
Cuadro 31. Sector empresarial autonómico. 
Cuadro 32. Situación económica y financiera agregada sector empresarial. 
Cuadro 33. Situación económica y financiera agregada del sector fundacional.  es
Cuadro 34. Transferencias y subvenciones recibidas sector fundacional.  b
Cuadro 35. Endeudamiento sector fundacional.  785ww
Cuadro 36. Necesidad de financiación.
CCuuaaddrroo  3378..  GEvaosltuocsi ódne  dpeelr nsºo ndael  edfeelc stievcotso rd peúl sbeliccoto ar uptúobnlóicmo iacou.t onómico.  BOE-A-cable e
 
Cuadro 39. Evolución del nº de efectivos del sector público administrativo. 
Cuadro 40. Clasificación del nº de efectivos del sector público administrativo. 
Cuadro 41. Evolución del nº de efectivos del sector público empresarial. 
Cuadro 42. Evolución del nº de efectivos del sector público fundacional. 
Cuadro 43. Evolución deuda comercial de la CA. 
Cuadro 44. Plazos medios de pago deudas comerciales. Total sector público. 
Cuadro 45. Plazos medios de pago deudas comerciales. Desglose por entidades. 
Cuadro 46. Evolución de las transferencias y subvenciones Administración General y ADER. 
Cuadro 47. Transferencias y subvenciones Administración General y ADER. 
Cuadro 48. Subvenciones a Federaciones Deportivas Riojanas. 
Cuadro 49. Subvenciones para la mejora de infraestructuras de riego. 
Cuadro 50. Deuda financiera. 
Cuadro 51. Anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Estado. 
Cuadro 52. Estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR. 
Cuadro 53. Cumplimiento límites LOFCA. 
Cuadro 54. Gasto sanitario no consolidado de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Cuadro 55. Gasto área de salud. 
Cuadro 56. Evolución gasto área de salud. 
Cuadro 57. Excedentes del ejercicio y déficit acumulado a 31/12/2018. 
Cuadro 58. Sanidad con medios ajenos. Evolución gasto. 
Cuadro 59. Evolución obligaciones reconocidas SERIS. 
Cuadro 60. Evolución gastos imputados 2016-2018 SERIS. 
Cuadro 61. Evolución gasto real SERIS. 
Cuadro 62. Plantilla orgánica y efectivos reales SERIS. 
Cuadro 63. Evolución gasto por suministros. SERIS. 
Cuadro 64. Sanidad concertada SERIS. Evolución gasto. 
Cuadro 65. Composición y variación gasto FHC. 
Cuadro 66. Composición y variación gasto FRS. 
Cuadro 67. Listas de espera quirúrgica y lista de espera de consultas de la CAR en 2018. 
Cuadro 68. Pacientes en espera y tiempo medio en la CAR. 
Cuadro 69. Opinión del usuario de atención primaria. 
Cuadro 70. Gasto en la enseñanza pública no universitaria. 
Cuadro 71. Evolución de Centros y Alumnos de Régimen General. 
Cuadro 72. Porcentaje de centros por debajo media en las competencias evaluadas, curso 2018-2019. 
Cuadro 73. Plan Integral de Apoyo a la embarazada. 
Cuadro 74. Igualdad hombres y mujeres. Efectivos 2018.  e.
Cuadro 75. Distribución de altos cargos, Parlamento Autonómico y las empresas públicas autonómicas.  785www.
C  uadro 76. Plan Integral de la Mujer. Previsiones presupuestarias.

 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
Gráfico 1. Evolución deuda financiera. Años 2012-2018. 
 
 
 
   
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, 
corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades 
Autónomas. 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
se procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente informe 
sobre los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja durante el ejercicio 2018. 
Esta actuación fiscalizadora figura en los programas de fiscalización del Tribunal de Cuentas para 
2019 y 2020 aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre de 2018 y el 19 
de diciembre de 2019, respectivamente, dentro del apartado I. “Fiscalizaciones en cumplimiento 
de un mandato legal concreto”. Las Directrices Técnicas fueron aprobadas mediante acuerdo del 
Pleno del Tribunal de 28 de noviembre de 2019.  
La presente fiscalización se enmarca dentro de los objetivos específicos 1.1 ”Realizar actuaciones 
que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las 
prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 “Contribuir al 
fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector 
público de la Comunidad Autónoma (CA) descritas en el apartado II.1 de este informe. El ámbito 
objetivo corresponde a la actividad económico-financiera de la CA y tiene como punto de partida 
las cuentas anuales rendidas por el conjunto de entidades anteriores. En este informe no se 
incorporan  los  resultados  del  análisis  efectuado  sobre  la  contratación  administrativa  de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) en el año 2018, al haberse aprobado dentro de los 
programas anuales de los ejercicios 2019 y 2020 como una fiscalización propia la relativa a la 
contratación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y Ciudades Autónomas sin órgano de 
control externo propio correspondiente al ejercicio 2018. 
El ámbito temporal se refiere al ejercicio 2018, sin perjuicio de las operaciones o hechos de 
ejercicios anteriores o posteriores que se analicen por su relación con el ejercicio fiscalizado. 
I.3. MARCO NORMATIVO 
El marco jurídico que regula la actividad económico-financiera de la CA en el ejercicio 2018 está  e.
compuesto, básicamente, por las siguientes disposiciones:  w.
A) Legislación autonómica
- Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de La Rioja.
-Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública Autonómica.
 
   
 
- Ley 17/1992, de 15 de junio, de creación de la Universidad de La Rioja. 
- Ley 6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja.  
- Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.  
- Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud.  
- Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.  
- Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.  
- Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja1.  
- Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja.  
- Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
- Ley 4/2006, de 19 de abril, del Instituto de Estudios Riojanos. 
- Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
- Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja. 
- Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
- Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del Consejo Económico y 
Social de La Rioja. 
- Ley 9/2013, de 21 de octubre, de suspensión de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo Riojano. 
- Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja. 
- Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
- Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 
- Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa. 
- Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. 
                                                  bo
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- Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. 
- Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
- Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2018. 
- Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018. 
B) Legislación estatal 
- Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
- Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
- Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
-  Ley  Orgánica  3/1994,  de  24  de  marzo,  de  ampliación  de  competencias  del  Estatuto  de 
Autonomía de La Rioja. 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril. 
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.  
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva para hombres y mujeres. 
- Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las  oe.
Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  y  se  w.
modifican determinadas normas tributarias.  785ww
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público.
 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital. 
- Ley 21/2010, de 16 de julio, de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificada por las Leyes Orgánicas 4/2012, de 28 de septiembre, 6/2015, de 12 de junio y 1/2016, 
de 31 de octubre. 
- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
-  Real  Decreto-ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo. 
- Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. 
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la  w.b
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  785ww
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
 
I.4. OBJETIVOS 
Los objetivos finales de la fiscalización son los siguientes: 
- Verificar si la Cuenta General de la Comunidad Autónoma (CA) y las demás cuentas anuales 
individuales de las entidades que integran el correspondiente sector público autonómico se han 
rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto al plazo, estructura y contenido.  
- Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y normas 
contables definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige 
la gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se 
estimen significativas.  
- Valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector 
público autonómico, en especial, las relativas a la gestión de los presupuestos del ejercicio.  
-  Comprobar  si  se  han  seguido  los  procedimientos  establecidos  para  la  determinación  y 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  regula  esta  materia,  así  como  verificar  la 
implantación  de  las  medidas  correctoras  propuestas  en  los  diferentes  Planes  Económico-
Financieros (PEF) y Planes de Reequilibrio presentados, en su caso.  
- Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de ejercicios anteriores 
elaborados por el Tribunal.  
Además, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como de las prescripciones de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
De  la  exposición  de  los  objetivos  anteriores  se  deduce  el  carácter  integral  de  la  presente 
fiscalización  (de  regularidad  y  operativa),  que  se  ha  realizado  conforme  a  las  Normas  de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas por su Pleno de 23 de diciembre de 2013.  
I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
Los  resultados  de  las  actuaciones  practicadas  se  pusieron  de  manifiesto  tanto  a  la  actual 
Presidenta de la CAR, como al que lo fue en el ejercicio fiscalizado, para que se formulasen las 
alegaciones y se presentasen cuantos documentos y justificantes se estimasen pertinentes, de 
conformidad con lo previsto en el art. 44 de la LFTCu.  
Dentro del plazo correspondiente a la prórroga concedida, se recibieron las alegaciones de la 
actual Presidenta de la Comunidad, que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado art. 44, se 
incorporan a este Informe. 
A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto y, en los 
casos en que se ha visto necesario se plantean las correspondientes consideraciones respecto al 
contenido  de  las  mismas.  No  se  formulan  observaciones  respecto  a  las  alegaciones  que 
constituyen meras explicaciones en relación con los hechos recogidos en el Informe y que, por 
tanto, no implican oposición al contenido del mismo. En cualquier caso, el resultado definitivo de la  e.
fiscalización es el expresado en el presente Informe.  w.b
 
 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.1. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
La actividad económico-financiera de la Comunidad en el ejercicio fiscalizado se regula en la Ley 
11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja (LHPR), por las disposiciones que 
sobre el área de la hacienda pública autonómica se recogen en el Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 y, supletoriamente, por la 
legislación del Estado en la materia, fundamentalmente, por la Ley General Presupuestaria. 
La estructura del sector público autonómico está recogida además de en la LHPR, que ha 
clasificado el sector público en tres sectores: administrativo, empresarial y fundacional, en la Ley 
3/2003,  de  organización  del  Sector  Público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja, 
configurándolo en tres grandes grupos de personificaciones jurídicas: el primero corresponde a la 
Administración General de la CA; el segundo se refiere a los Organismos públicos, clasificados en 
Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales; y en el tercer grupo se recogen las 
Sociedades públicas de la Comunidad y las Fundaciones y Consorcios públicos de la Comunidad, 
definiendo a estas últimas entidades como aquellas en cuya dotación participe mayoritariamente, 
directa  o  indirectamente,  el  Gobierno  de  La  Rioja  (Fundaciones)  o  en  las  que  la  posición 
mayoritaria en la Junta de Gobierno corresponda, directa o indirectamente, al Gobierno de La 
Rioja  (Consorcios).  La  LHPR  ha  incorporado  dentro  del  sector  público  de  la  CAR  a  las 
universidades de titularidad pública financiadas mayoritariamente por la Comunidad sin perjuicio 
de  las  particularidades  que  resulten  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades, y de su régimen de auto organización.  
Esta  definición  del  ámbito  subjetivo  del  sector  público  de  la  Comunidad  contrasta  con  la 
delimitación de entidades establecida para la formación de la Cuenta General de la CA, en la que 
la Intervención General ha seguido, con carácter general, los criterios del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), incluyendo no solo aquellas entidades en las que 
la CA participa mayoritariamente en sus fondos propios, sino también aquellas otras en las que 
ejerce  una  posición  de  dominio  a  través  del  control  de  sus  órganos  de  Gobierno  o  de  la 
financiación de sus actividades, lo que ha provocado discrepancias en el número de entidades 
incluidas en la Ley anual de presupuestos de 2018 y las integradas en las Cuentas Generales de 
la  CA para  dicho  año,  que  deberían  ser  superadas  mediante  la  oportuna  adaptación  de la 
normativa autonómica en esta materia. 
En este sentido, merece especial atención el caso particular del Consorcio de Aguas y Residuos 
de La Rioja (CARE). Como se expone con mayor detalle en los epígrafes II.4.1 y II.6.9, las 
cuentas anuales del consorcio no se han integrado en la Cuenta General de la CAR del ejercicio 
2018, tal como se indica en la Memoria de la misma, al no ostentar el control sobre el mismo en 
los términos establecidos en el art. 2.3 de la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público, a pesar de haber sido clasificado en materia de estabilidad presupuestaria dentro del 
“Sector Administraciones Públicas de la CAR”, a efectos del cálculo del déficit de la CAR. Por 
tanto, el criterio seguido en el presente informe ha sido el de considerar, transitoriamente, a dicha 
entidad  dentro  del  sector  público  de  la  CAR,  en  tanto  no  se  adapten  sus  estatutos  a  las 
previsiones recogidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
que  en  su  art.  120.2  establece  la  obligación  de  adscribir  cada  consorcio  a  una  concreta  s
Administración Pública de acuerdo con unos criterios de prioridad, actuaciones que no se habían  oe.
llevado a cabo por la Junta de Gobierno del mencionado Consorcio a noviembre de 2020.   w.
Penotri doatrda  ppúabrltiec,a l ae mcopnrefigsaurriaacl iórens duelta l ac oAngterandciicat odreia D ceosna rlrao laloc tEivcidoandó madicmo indies tLraat iRvaio djae s(AaDrroElRla)d cao pmoor 
elas Ctause enntati dGaedneesr,a al sdíe cl oSmecot ocro Pn úebl lircéog iAmdemni nciosntrtaatbivleo  dpeúb lalic Co oampulicnaidbaled .y  con su inclusión dentro de  BOE-A-cable e
 
En el siguiente cuadro se resume el número de Consejerías de la Administración General y de 
entidades en las que la Comunidad participaba mayoritariamente en 2018 en sus fondos propios, 
en sus órganos rectores o en la financiación de su actividad ordinaria, clasificados por subsectores 
de acuerdo con la estructura establecida en la Cuenta General de la Comunidad. 
Cuadro 1. Entidades participadas por la CA 
Entidad  Ejercicio 2018 
SECTOR ADMINISTRATIVO   
Administración General  8 
Organismos autónomos  2 
Entidades de Derecho Público2  3 
Consorcios  2 
Universidad  1 
SECTOR EMPRESARIAL   
Sociedades mercantiles  3 
SECTOR FUNDACIONAL   
Fundaciones  10 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En los anexos III.1, III.2 y III.3 se incluye la relación nominal de todas estas entidades. 
                                                  785ww
2d eE n2 0e dstea  jucaliote. goría, se incluye al Consejo Económico y Social que fue suspendido, pero no extinguido, por Ley 3/2012,
 
 
En el cuadro que se incluye a continuación, se refleja el presupuesto y el gasto agregado de las 
entidades integrantes de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional de la 
Comunidad, siendo preciso indicar que, tal y como se menciona en los epígrafes II.3, II.4.2 y II.4.3, 
en los Presupuestos Generales de la CAR del año 2018 no se integraron adecuadamente los 
presupuestos de explotación y capital de las sociedades y fundaciones públicas autonómicas, ni 
tampoco se recogió su liquidación en la Cuenta General de la CAR de dicho año, por lo que los 
datos relativos al gasto realizado han sido recabados directamente de las cuentas de resultados 
incluidas  en  las  cuentas  anuales  de  las  empresas  y  las  fundaciones.  Asimismo,  la  Ley  de 
Presupuestos de la CAR para 2018 tampoco contiene los créditos aprobados por la Universidad 
de La Rioja en dicho ejercicio, al no haberse desarrollado por parte de la Comunidad una 
normativa adecuada a fin de que el procedimiento por el que la Universidad aprueba de manera 
autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore en el procedimiento general establecido 
en la normativa autonómica para el sector público, con respeto a la autonomía universitaria en su 
vertiente financiera reconocida a la misma. 
Cuadro 2. Presupuesto y Gasto Agregado 
(miles de euros) 
ENTIDAD  Presupuesto  Gasto realizado 
SECTOR ADMINISTRATIVO  1.754.667  1.594.158 
Administración General  1.292.532  1.208.300 
Organismos autónomos  287.226  285.875 
Otros entes públicos  89.443  27.628 
Consorcios  37.787  28.417 
Universidad  47.679  43.938 
SECTOR EMPRESARIAL  0  14.442 
SECTOR FUNDACIONAL  0  65.331 
TOTAL  1.754.667  1.673.931 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
De acuerdo con los cálculos efectuados en la fiscalización, el gasto consolidado del sector público 
de la CA en el ejercicio 2018, una vez eliminadas las transferencias internas por aportaciones 
efectuadas desde la Administración General a cada una de las entidades integrantes del sector 
público autonómico, ascendió a 1.534.456 miles de euros, según se refleja en el siguiente cuadro: 
Cuadro 3. Gasto consolidado del Sector Público de la CA 
(miles de euros) 
Entidad  Gasto realizado 
Sector Administrativo  1.594.158 
Sector Empresarial  14.442 
Sector Fundacional  65.331 
Total Agregado Sector Público  1.673.931 
Eliminación Transferencias Internas  139.475 
Total Consolidado Sector Publico  1.534.456 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En  los  anexos  I.1-1  y  I.1-2  del  Informe  se  presenta  un  resumen  de  la  liquidación  de  los 
presupuestos de gastos y de ingresos del ejercicio 2018, de la Administración General de la CA y 
sus  Organismos  autónomos  (OOAA),  así  como  del  resto  de  entidades  participadas 
mayoritariamente  por  la  CA,  que  forman  parte  de  la  Cuenta  General  del  sector  público 
administrativo de la CA. El anexo I.1-3 recoge el resultado y el saldo presupuestario de todas 
estas entidades correspondiente al ejercicio 2018, y en los anexos I.1-4 y I.1-5 se refleja un 
resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2018 -balance y cuenta del resultado económico-
patrimonial- de todas estas entidades. 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- de las empresas públicas autonómicas. 
En los anexos I.3-1 y I.3-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 -balance y cuenta de pérdidas y ganancias- de las fundaciones públicas autonómicas. 
II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS  
II.2.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
De acuerdo con el art. 122 de la LHPR, la Cuenta General de la CAR se formará con los 
siguientes documentos: 
a) Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector.  es
bacsou)g nsre Ctaagudbaeaiclnipidóttaaand c  oiGor eneccenooseng rsyiado ldol iidssda peecolni só isnece li odcPnteolea rlsn a  sqpG uúceebun leileconor adt ale sesd maedr perCro elolalsensant are.i baniltl iidd(aaCddG edSse P qElua)e ,e  mdqeupberee nssa ea  epsfliopcraamrñ aolorláas ,  pamrsiení dcciiaopnmiotseo   delean    2021-14785n https://www.
 
 
c)  Cuenta  General  del  sector  público  fundacional  (CGSPF),  que  se  formará  mediante  la 
agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de 
contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
d) Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores 
documentos.  
El contenido y la estructura de la Cuenta General se establece en el art. 122 de la LHPR, no 
habiendo sido objeto de desarrollo hasta el momento la elaboración y los criterios de agregación o 
consolidación de la Cuenta General por parte de la CAR, siendo recomendable su aplicación de 
acuerdo con el marco contable establecido en la O. HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se 
regula la elaboración de la Cuenta General del Estado y en la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 
ámbito del sector público.  
La Cuenta General de la CAR para el ejercicio 2018, formada por la Intervención General de La 
Rioja, se rindió al Tribunal de Cuentas el 31 de octubre de 2019, dentro del plazo legalmente 
establecido, habiendo sido su remisión acordada por el Consejo de Gobierno de La Rioja, y se ha 
adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes 
de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades que se 
exponen en este epígrafe, así como de las señaladas en el subapartado II.4.  
En el examen de la estructura y el contenido de la Cuenta General de la Comunidad rendida para 
el ejercicio 2018 se han puesto de manifiesto las observaciones que se exponen a continuación, 
que en términos generales responden a la misma naturaleza que las señaladas sobre las Cuentas 
Generales de ejercicios anteriores en los Informes anuales correspondientes: 
- En relación con la Cuenta General del sector público administrativo del ejercicio 2018, se ha 
comprobado  que  la  Intervención  General  de  la  Comunidad  ha  recogido  en  los  estados 
consolidados las eliminaciones por transferencias internas entre la Administración General de la 
Comunidad y las entidades ADER, Universidad de La Rioja, Consejo de la Juventud y Consorcio 
para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS). No 
se han integrado las cuentas del CARE, al no ostentar el control sobre el mismo en los términos 
establecidos en el art. 2.3 de la O. HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. 
- Las Cuentas Generales de los Sectores empresarial y fundacional se han elaborado mediante la 
agregación de las cuentas anuales de las entidades que integran ambos sectores, habiéndose 
verificado que no se han incorporado el estado agregado de flujos de efectivo, ni el estado de 
patrimonio neto de las sociedades que integraban el sector empresarial autonómico.  
- La Intervención General de la CA no ha integrado en la CGSPF las cuentas anuales de la 
Fundación General de la Universidad de La Rioja, al encontrarse pendiente de clasificación por la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como entidad integrante del sector 
Administraciones Públicas a efectos de estabilidad presupuestaria. No obstante, el efecto derivado 
de la posible falta de agregación de esta entidad sobre la representatividad de la Cuenta General 
de la CA, así como sobre el déficit del conjunto de la Comunidad no se considera relevante, 
habida cuenta el volumen de gasto incurrido por la misma en el ejercicio fiscalizado. 
- La memoria de la Cuenta General no ha incluido determinada información contable relevante,  o
erlcaeon lmtairntepifv orlaoarm m dqaeiusc eolia ósdsn e d esecnto atgincdasaaso:dt loliead ssca  odqbnaua  escpe asrsreeg sd oiuen p tapeu rgpeerrssaetenasn ureitpaanu c celiaóos nrtmro edsisse mpd loeaan  ;eC dljauieesernc nntiectoai or amGs  ealpansos esd rtmeae lro;ri eodlacrife oimcsna;eo cynci ocimlainó ienelis qna utd oildae ya  i cmcvriaóéplndoo irrtdtaoaec;n  iócllooniass,     2021-14785n https://www.
presupuestos de explotación y capital de las entidades cuyo presupuesto de gastos tiene carácter
estimativo.  Bc
 
II.2.2. Cuentas individuales de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 
En la revisión y examen efectuado sobre el contenido y presentación de las cuentas anuales 
individuales rendidas se han obtenido los siguientes resultados: 
- El Consejo de la Juventud ha formulado las cuentas anuales en aplicación del Plan General de 
Contabilidad (PGC) de la CAR, aprobado por la O. 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, si bien se han puesto de manifiesto deficiencias y errores 
de formato en la presentación de los estados financieros que deben conformar las cuentas, así 
como  diferencias  no  conciliadas  entre  el  saldo  de  efectivo  y  los  correspondientes  registros 
auxiliares.  Asimismo,  se  han  detectado  deficiencias  en  los  procedimientos  administrativos, 
contables y presupuestarios seguidos por la entidad, debilidades en el control interno de los 
mismos, así como incumplimientos de su normativa reguladora y su Reglamento de Régimen 
Interno, que han motivado que la Intervención General de la CAR haya emitido en su informe de 
auditoría una opinión favorable con salvedades.  
- Las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad de La Rioja y la Fundación 
Dialnet correspondientes al ejercicio 2018 se han rendido acompañando a las cuentas de la 
Universidad de La Rioja, en cumplimiento del art. 84 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). 
- Como en años anteriores, no se han formulado las cuentas de los Organismos autónomos 
Servicio Riojano de Salud (SERIS) e Instituto de Estudios Riojanos, habiéndose rendido para 
estos Organismos únicamente la información correspondiente a la ejecución de sus presupuestos 
de  gastos  integrados  en  las  cuentas  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  como 
secciones  presupuestarias  independientes,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  las  Disposiciones 
transitorias octava y quinta, respectivamente, de sus Leyes de creación. Según se ha indicado en 
fiscalizaciones anteriores, estos Organismos, con personalidad jurídica independiente y recursos 
propios, deberían rendir sus cuentas anuales individuales de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 
34 y siguientes de la LFTCu y en su propia normativa de creación en la que se establece su 
sometimiento al régimen de contabilidad pública, lo que llevaría aparejada la obligación de rendir 
cuentas al Tribunal, en virtud de lo previsto en el art. 36 de la Ley 3/2003, de organización del 
Sector Público de la Comunidad, y en el art. 127 de la LHPR.  
- La memoria de las cuentas anuales rendidas por la Administración General ha presentado 
carencias, cuyo detalle se analiza en el sub epígrafe II.4.1.5.  
- El CEIS y el CARE han elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2018 siguiendo los principios 
recogidos en Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local aprobado en la O. 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. Respecto del CARE, la memoria ha omitido información relevante como la 
relativa, al medio ambiente o los procedimientos de adjudicación en la contratación pública. Por 
otra parte, tampoco ha incorporado separadamente una relación de las notas de la memoria sin 
contenido, tal como exige la norma de elaboración de las cuentas anuales número 11.a). 
- Las empresas públicas Valdezcaray, S.A., Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA) y 
La Rioja Turismo, S.A., así como las fundaciones autonómicas: Fundación Benéfico-Social de La 
Rioja (FUBESOR), Fundación General de la Universidad de La Rioja, Fundación Rioja Deporte y 
Fundación Riojana para la Innovación no han remitido junto a las cuentas anuales el informe 
previsto en el art. 121 de la LHPR, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter  es
económico-financiero que asumen estas entidades por su pertenencia al sector público.  o
-AL eCdymo mGinoeis ntsreear cahilóa n Ps reAeñsuautolpanudóeoms etiacnra iia ne,f ol qrcmuoeen sthe aansnidttaeo r eidonertelo snr,é clgaei smL HelenP  rRde eshu arl teaandbdaaicp aitóapndli ocd aeeb nlce lu oedsne mt afiossr mmeosast a stbéulrepmcleiidntooor siae a,n   dsluae    2021-14785n https://ww
forma que se han mantenido como fechas límite para la rendición de las cuentas individuales de
cada entidad y para la Cuenta General de la Comunidad, el 31 de agosto y 31 de octubre del  Bc
 
 
ejercicio siguiente al fiscalizado, respectivamente. Por tanto, es necesario indicar que en esta 
materia no se han observado las consideraciones establecidas en la Resolución aprobada por la 
Comisión Mixta de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización de la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  ejercicio  2016,  en  la  que  se  instaba  la  aprobación  de 
normativa específica a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del 
ejercicio siguiente al que se refieran. 
II.3. CONTROL INTERNO 
II.3.1. Control atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
La  Intervención  de  la  Comunidad  es  el  órgano  encargado  del  control  interno  de  la  gestión 
económica y financiera del sector público de la CAR, de acuerdo con el art. 130 de la LHPR. 
A) Función interventora 
El  modelo  de  función  interventora  implantado  en  la  Administración  General  de  la  CAR  ha 
consistido en la aplicación de la fiscalización previa limitada de los gastos, con las excepciones 
establecidas en el art. 142.1 de la LHPR, para los contratos menores, los gastos de carácter 
periódico,  los  gastos  pagados  mediante  anticipos  de  caja  fija,  los  gastos  y  subvenciones 
correspondientes a la celebración de procesos electorales, las transferencias nominativas, los 
fondos transferidos a los centros docentes públicos para el ejercicio de su autonomía de gestión, 
así como los gastos realizados por estos de los fondos recibidos con tal finalidad y finalmente los 
gastos que excluyan las leyes anuales de presupuestos.  
Respecto a la función interventora de los ingresos, se ha previsto la sustitución de la fiscalización 
previa e intervención de los derechos e ingresos de la tesorería por el control inherente a la toma 
de  razón  en  contabilidad,  con  la  excepción  de  las  devoluciones  de  ingresos  indebidos, 
estableciéndose  las  actuaciones  comprobatorias  posteriores  que  determine  la  Intervención 
General de la CAR.  
El art. 145 de la LHPR establece que si la Intervención General, al realizar la fiscalización o 
intervención, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el 
procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito, con cita de los 
preceptos legales en los que sustente su criterio. De acuerdo con la información facilitada, en 
2018 fueron objeto de reparos 119 operaciones de gasto por importe global de 10.485 miles de 
euros. 
Por otro lado, el art. 147 de la LHPR establece que en los supuestos en los que, con arreglo a lo 
establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese 
omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas 
actuaciones hasta que se subsane dicha omisión, siendo preceptiva la emisión de un informe por 
parte de la unidad de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja que tenga 
conocimiento  de  dicha  omisión,  que  se  remitirá  a  la  autoridad  que  hubiera  iniciado  las 
actuaciones, correspondiendo al titular de la consejería al que pertenezca el órgano responsable 
de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, en su caso, el 
sometimiento del asunto al Consejo de Gobierno para que adopte la resolución procedente. En 
cumplimiento de lo establecido en este artículo, en 2018 se resolvieron diez expedientes de  e.
convalidación de la omisión de la fiscalización previa.  w.b
B) Control Financiero y Auditoría Pública
Lauad Iitnotreírav ednec iólans  Gceuneenrtaals  hdae le jeejrecricdioc ioe l 2c0o1n8t rodle  finlaasn ceienrtiod amdeesd iaqnutee  lian teregaralinz aeciló nse actnoura lp údbel iclao   BOE-A-cable e
 
autonómico, habiéndose contratado para ello, cuando se ha requerido, los servicios externos de 
empresas privadas de auditoría. Conforme a este mandato se ha elaborado el plan de auditoría y 
actuaciones  de  control  financiero  de  2018,  que  ha  sido  aprobado  por  Resolución  de  la 
Intervención General de 1 de marzo de 2019.  
Dentro de los controles y actuaciones programados en el citado plan anual no se ha previsto la 
realización  de  auditorías  operativas  contempladas  en  el  art.  165  de  la  LHPR,  si  bien  la 
Intervención General de la CAR ha realizado controles financieros sobre ciertas áreas de gestión 
de  las  Consejerías,  tales  como  los  ingresos,  las  subvenciones,  los  pagos  a  justificar  o  la 
contratación pública. No obstante, el objetivo de estos controles no ha sido valorar el nivel de 
eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos públicos, sino verificar el 
grado de cumplimiento de la legalidad, especialmente en aquellos aspectos que no habían sido 
objeto  de fiscalización previa,  como los relativos  a  la contratación menor,  las subvenciones 
públicas, facturación y los anticipos de caja fija.  
En cuanto al grado de cobertura del plan de auditoría y control financiero respecto a las entidades 
integrantes del sector público de la CAR, sin incluir a la Administración General, aquellos han 
abarcado el 47 % del total de entidades del sector público autonómico a través de los controles 
financieros y auditorías realizados sobre el SERIS, el Instituto de Estudios Riojanos, la ADER, el 
Consejo  de  la  Juventud,  las  fundaciones  Rioja  Salud  (FRS),  Hospital  de  Calahorra  (FHC), 
FUBESOR y Rioja Deporte, así como sobre el CEIS, habiendo quedado fuera del mismo tres 
empresas públicas, seis fundaciones y un consorcio, si bien la importancia relativa de estas 
entidades respecto del volumen conjunto del gasto realizado se ha situado en el 10 %. No 
obstante, es preciso señalar que, de acuerdo con el art. 163 de la LHPR, la auditoría de cuentas 
que anualmente debe efectuar la Intervención General de la CAR abarca únicamente a los 
organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, los consorcios autonómicos, las 
fundaciones públicas de la CAR que estén obligadas a auditarse por su normativa específica, así 
como las sociedades públicas y las fundaciones públicas autonómicas que no estando sometidas 
a la obligación de auditarse de acuerdo a su normativa se hubieran incluido en el plan anual de 
auditorías y de actuaciones de control financiero. Por tanto, a excepción del CARE, las restantes 
fundaciones y sociedades mercantiles autonómicas no están sujetas a la auditoría de sus cuentas 
por la Intervención General en los términos previstos en el mencionado art. 163 de la LHPR, al no 
concurrir en ellas las circunstancias previstas en su normativa, a pesar de lo cual dispusieron del 
correspondiente informe de auditoría externo que ellas contrataron de forma privada. Finalmente, 
también  debe  indicarse,  que  el  Instituto  de  Estudios  Riojanos,  además  de  estar  sujeto  a 
fiscalización previa limitada, también es objeto de control financiero permanente por el interventor 
delegado en la Consejería a la que está adscrita y que el CARE está sometido al control interno 
desempeñado por un funcionario con habilitación de carácter nacional. 
Por otra parte, en el ejercicio fiscalizado también estaba ajena al control de la Intervención 
General la Universidad de La Rioja, al no estar incluida en el plan anual de control financiero y 
auditoría, si bien, las cuentas anuales del ejercicio de la Universidad y de sus dos fundaciones 
dependientes (Fundación Dialnet y Fundación General de la Universidad de La Rioja) fueron 
auditadas por una empresa externa independiente. No obstante, la consideración que tiene la 
Universidad de La Rioja como integrante del sector público autonómico exige incorporarla en el 
ámbito de los controles financieros de la CAR o, al menos, en el caso de que se acuerde la 
colaboración de empresas privadas en la realización de la auditoría pública, que se dicten normas 
respecto a los requisitos tanto en la elección de los servicios externos, como de los requisitos de 
actuación y la forma en que se lleve a cabo la tutela por parte de la Administración Autonómica.   e.e
En relación con el control de eficacia que debe llevar a cabo la Consejería de Industria, Innovación  785ww
y2dA 2edE  mdmmeinp alilasnet eorLar eascyo ió bp7nre/ e1ry 9m la9da 7eng,m eednásettsi eó 3 ón drl lgeeeavc onaoco ntsóau m bdrciiercae,ab cd otdei ve olcsasra e ryCar ocodlilnóeasn dge adej eespr tíoliaaór   nmlp adio seArm  DlasaEu , eR cno,p tnaaid r iatcnicdudi,ype aeap nceri enófadenleb iznreaecncrioa ió  eddnlee  ol C 2bco0loing1nsa9tre  oejsolle   qa udhrteea.     OE-A-2021-14able en https://
 
 
elaborado por una firma de consultoría privada un informe sobre la eficacia en la gestión de la 
concesión de ayudas durante el periodo 2011-2015, así como sobre el grado de consecución de 
los planes de actuación de la ADER, cuyos resultados se recogen en el epígrafe II.6.4.  
En los informes de control emitidos por la Intervención General de la CAR sobre las distintas 
entidades se recogen salvedades que vienen destacándose reiteradamente, sin que se tenga 
constancia de que, desde la Consejería de Hacienda, se haya remitido al Consejo de Gobierno de 
la CA el informe resumen elaborado por la Intervención de las principales conclusiones derivadas 
de los controles efectuados según lo previsto en el art. 137 de la LHPR.  
En línea con lo anterior, en la LHPR no se ha contemplado la obligación de remitir al Tribunal de 
Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y 
sancionadores derivados del ejercicio del control financiero, tal como hace la Ley General de 
Subvenciones para el Estado.  
Finalmente, debe indicarse que, aunque la mayor parte de las entidades integrantes del sector 
público autonómico vienen sometiendo a auditoría sus correspondientes cuentas anuales, el 
alcance de los informes de control es mucho más amplio y abarca aspectos de la gestión que no 
comprenden los primeros. Por ello, es necesario resaltar la relevancia que adquiere en muchos 
casos este control financiero ejercido sobre las entidades del sector público autonómico como 
garantía de su buen funcionamiento, teniendo en cuenta, asimismo, que la mayoría de estas 
entidades públicas no disponen de una unidad de auditoría interna propia en el seno de su 
organización.  
II.3.2. Sistemas y procedimientos de control interno 
En  cuanto  a  los  métodos  y  procedimientos  implantados  en  las  áreas  de  gestión  de  la 
Administración, se han detectado las siguientes debilidades y deficiencias: 
A) Planificación y dirección estratégica 
Las políticas públicas deben desarrollarse mediante la oportuna planificación estratégica en la que 
a través de planes y programas se definan los objetivos estratégicos y las líneas de actuación 
concretas derivadas de aquellos. Para una correcta evaluación de resultados, estos objetivos y 
líneas de actuación deben ser objeto de medición a través de indicadores de eficacia, eficiencia y 
calidad. Asimismo, estos instrumentos de planificación deben estar alineados y correlacionados 
con los presupuestos aprobados anualmente. 
En el ejercicio fiscalizado la Administración de la CAR disponía de un total de 66 planes y otros 
instrumentos de planificación de carácter sectorial, en los que se recogían las orientaciones 
estratégicas de la acción de gobierno en ese periodo. En la revisión efectuada se han obtenido los 
siguientes resultados: 
- Solo tres consejerías disponían de un plan estratégico global sobre toda su actividad. Las cinco 
consejerías restantes han desarrollado su actividad con base en planes nacionales o sectoriales. 
-  Las  consejerías  han  realizado  un  seguimiento  de  los  objetivos  anuales  y  plurianuales 
establecidos  en  dichos  planes,  iniciándose  un  proceso  de  correlación  con  los  programas  s
presupuestarios  aprobados.  No  obstante,  en  tres  consejerías  no  se  han  llevado  a  cabo  oe.
evaluaciones sobre la consecución de los objetivos recogidos en los citados programas y tan solo  w.
-e nC odno se sxece hpacnió pnu dbeli claa dCoo lnosse ijnefroíarm dees S dael uedv,a nluoa hcaiónn s riedaol ifzoardmoasl.iz ados contratos programa entre las  2021-14785n https://ww
consejerías y sus entidades dependientes, conforme a lo previsto en el art. 81 de la LHPR.
 
- Tan solo dos de las ocho consejerías habían implementado sistemas de evaluación de su 
gestión pública y únicamente una de ellas había realizado una evaluación de las políticas públicas 
de su competencia. 
- En ninguna consejería existe en la actualidad, ni está previsto, el desarrollo de un sistema de 
contabilidad analítica que facilite la presupuestación por objetivos. 
B) Procedimientos y registros contables  
El tratamiento contable y presupuestario previsto para los OOAA como servicios presupuestarios 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  dificulta  el  análisis  independiente  de  su  ejecución 
presupuestaria y situación patrimonial, e impide conocer los resultados de la actividad económico-
financiera desarrollada por cada entidad. Esta situación transitoria está amparada, como se ha 
señalado en el subapartado II.2 de rendición de cuentas, en las Disposiciones adicionales (DA) de 
sus Leyes de creación. 
Por otra parte, tal y como se detalla en el subepígrafe II.4.1.2.A, continúa siendo práctica habitual 
por parte de la CA tomar decisiones de gasto sin tener en consideración la condición limitativa del 
crédito presupuestario aplicando el procedimiento previsto en el art. 35.3 y 4 de la LHPR, que 
permiten el registro e imputación al presupuesto de un ejercicio de aquellos gastos incurridos o 
devengados  en  ejercicios  anteriores  como  consecuencia  de  compromisos  adquiridos  de 
conformidad con el ordenamiento jurídico, cuya aprobación se atribuye al Consejero de Hacienda, 
en el caso de que existiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia del gasto, o al 
Consejo de Gobierno, en caso contrario, lo que ha implicado reducir los créditos disponibles para 
atender gastos del año corriente y trasladar el reconocimiento de nuevas obligaciones a ejercicios 
posteriores.  
Finalmente, la Comunidad no dispone de un manual que describa el funcionamiento de cada una 
de las rúbricas no presupuestarias, ni la codificación de las mismas. 
C) Gestión patrimonial de los bienes y derechos 
El art. 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, obliga a inventariar los bienes y derechos que integran el patrimonio, haciendo constar, 
con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación, situación jurídica y el 
destino o uso de los mismos. La Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y la O. 2/2014, de 2 de enero, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, regulan los criterios y directrices para la formación, actualización y valoración del 
inventario general de bienes y derechos de la CAR, definiendo los bienes que lo constituyen, 
estableciendo las competencias de las diferentes Consejerías, organismos y entidades del sector 
público de la CAR y reforzando la coordinación entre la Intervención General y la Dirección 
General competente en materia de Patrimonio para facilitar el seguimiento de los bienes a través 
de una contabilidad patrimonial. 
Del análisis de la gestión de los bienes y derechos se pueden destacar los siguientes resultados: 
a) La incorporación de los bienes inmuebles a la nueva plataforma informática del inventario de 
bienes y derechos de la CA llevada a cabo en 2016 supuso una sustancial mejora en la gestión  e.e
del mismo al permitir el desglose entre el valor del suelo y el valor del vuelo de los bienes  b
inventariados  y  registrar  las  correspondientes  dotaciones  para  amortización,  que  han  sido  785ww
caañlocsu.l a das de forma lineal en base a su fecha de adquisición y considerando una vida útil de 50
 
 
b) Los registros de inventario y los saldos contables de las rúbricas correspondientes a los bienes 
inmuebles se encuentran, con carácter general, debidamente conciliados. No obstante, en 2018 
persistían las siguientes carencias y deficiencias que vienen motivadas, principalmente, por la falta 
de integración en la mencionada plataforma del resto de bienes y derechos de la CAR: 
-  En  relación  con  los  bienes  inmuebles,  no  se  han  incorporado  las  infraestructuras,  cuya 
competencia corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
- Tampoco se han incluido la totalidad de los bienes muebles e incorporales de la Administración 
General de la CAR, cuya formación es competencia de las diferentes Consejerías, al haberse 
incorporado  tan  solo  aquellos  bienes  cuya  gestión,  a  efectos  de  inventario,  se  realiza 
centralizadamente desde la Consejería de Administración Pública y Hacienda. Asimismo, tampoco 
se han incluido los bienes muebles e incorporales correspondientes a los organismos públicos de 
la CA. 
- Las diferentes Consejerías no disponían con carácter general de manuales o instrucciones 
internas en relación con la formación, actualización y valoración de los inventarios de bienes 
muebles y derechos de propiedad incorporal, competencias que tienen atribuidas por la Ley de 
Patrimonio de la Comunidad. Desde el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio se ha 
informado  de  que  se  está  trabajando  en  la  elaboración  de  unas  instrucciones  internas  que 
permitan la protocolización en la utilización por parte del personal de la nueva aplicación, así como 
la homogeneización de la confección de inventarios por las diferentes Consejerías. 
- Un 10 % de los bienes muebles e incorporales incluidos en el mismo figuraban con un valor nulo, 
al tratarse de elementos de elevada antigüedad.  
D) Sistemas de información: Esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad.  
El art. 156 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) indica que el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización 
de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley. Este esquema está constituido por los 
principios  básicos  y  requisitos  mínimos  que  garanticen  adecuadamente  la  seguridad  de  la 
información tratada. El RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el ENS en el ámbito de la 
Administración Electrónica tiene por objeto determinar la política de seguridad que se ha de 
aplicar en la utilización de los medios electrónicos. 
El creciente empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
por  parte  de  la  Administración,  al  objeto  de  desarrollar  su  actividad  y  el  ejercicio  de  sus 
competencias, y las crecientes ciberamenazas existentes, ha requerido por parte del Estado llevar 
a cabo una serie de medidas que garanticen la seguridad de los datos que a través de estos 
medios se dispongan. A este tenor, se aprobó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. A su vez, el ENS, aprobado por el RD 
3/2010, de 8 de enero, fue modificado y actualizado a través del RD 951/2015, de 23 de octubre, 
estableciéndose  un  plazo  de  dos  años  para  adecuar  los  sistemas  a  lo  dispuesto  en  dicha 
modificación. Es por tanto, a partir de octubre del 2017, cuando las distintas Administraciones 
debían estar preparadas, disponiendo de una política de seguridad que reuniese al menos los 
requisitos mínimos establecidos en los arts. 11 y siguientes de la citada norma. 
Mediante la O. 3/2014, de 9 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, se  e.
creó y reguló el Comité de Seguridad de la información del Gobierno de La Rioja, aprobándose  w.b
posteriormente el D. 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba con carácter general la  785ww
mPoalríctioca g dloeb aSl epgaurraid laad  gdees tliaó nI ndfeo rmla asceiógnu rdidea dla  dAed lma ininisfotrramcaiócnió nd ee nla  líCnAeaR .c oEnn  léol  esset ahbale dceidfion iedno  eell 
RElD D 3e/2c0re1t0o,  (rDec.)o neosc ideen daop cliocamcoió anc taiv olas  eAsdtmraitnéigsitcraocsi ólan  inGfoernmearacli ódne y  Lloas  Rsiiostjae mya sa  qlouse  loar gsaonpiosrmtaons. 
 
públicos adscritos a la misma, pudiendo los demás entes integrantes del sector público de la CAR 
aplicar esta política de seguridad cuando así lo acuerden o lo establezcan sus normas internas de 
funcionamiento.  
Del análisis realizado sobre el cumplimiento por la Administración Autonómica en el ejercicio 
fiscalizado de los requisitos exigidos en la normativa señalada se han obtenido los siguientes 
resultados: 
-  No  se  ha  formalizado  documentalmente  la  gestión  de  los  riesgos  para  los  sistemas  de 
información contable y los sistemas de gestión de los tributos propios de la CAR. Asimismo, en 
estos sistemas tampoco se dispone de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad, 
salvo para el caso de incidentes que afectan a datos de carácter personal, y de procedimientos de 
detección de debilidades, si bien, se cuenta con mecanismos de detección de vulnerabilidades 
para las infraestructuras sobre la que están soportados dichos sistemas.  
- No se han emitido certificaciones de cumplimiento del ENS en la CAR.  
- Tampoco se han establecido por parte de las Entidades de Derecho Público de la CAR los 
mecanismos de control exigidos en el RD 3/2010 para garantizar de forma real y efectiva el 
cumplimiento del ENS. 
El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos regulado por la Ley 11/2007, de 
22 de junio, reconoce la necesidad de asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones 
empleados por las Administraciones públicas, creándose en el art. 42.1 el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad  (ENI)  para  garantizar  el  adecuado  nivel  de  interoperabilidad  técnica  y 
organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas. Fruto de 
ello, se aprobó el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.  
A  nivel  autonómico,  mediante  la  O.  14/2012,  de  4  de  septiembre,  de  la  Consejería  de 
Administración  Pública  y  Hacienda  de  la  CAR  se  reguló  el  Catálogo  de  Procedimientos 
Administrativos aplicable en el ámbito de la Administración General (AG) y de los organismos 
públicos de la CAR. 
En la revisión de la situación en la que se encuentra la Comunidad respecto a los requerimientos 
legales establecidos en las citadas normas, se han puesto de manifiesto los siguientes resultados: 
- No se han establecido y publicado las condiciones de acceso y utilización de los servicios, así 
como  los  datos  y  documentos  en  formato  electrónico  puestos  a  disposición  de  otras 
Administraciones, según lo previsto en el art. 8 del RD 4/2010. La CAR ha desarrollado con 
posterioridad al ejercicio fiscalizado un borrador de modelo de gestión documental que tiene por 
objeto normalizar y establecer unos procesos de administración en el ámbito de la administración 
electrónica. En relación con el intercambio de datos con otros organismos públicos, se están 
siguiendo las directrices definidas por la Administración General del Estado (AGE) dentro del 
denominado esquema SCSP (sustitución de certificados en formato papel).  
-  La  Administración  de  la  CAR  ha  establecido  un  catálogo  electrónico  inventariando  los 
procedimientos  administrativos  y  servicios  de  acuerdo  con  la  taxonomía  del  Sistema  de 
Información Administrativa de la AGE, así como un catálogo electrónico inventariado de los  es
órganos administrativos, las oficinas de registro y oficinas de atención al ciudadano.  o
-A dNmo insies trhaac iaópnr oabuatodnoó my ipcuab, lhicaabdiéon udnoase p uotliíltiizcaad od ec ofimrmoa r eefleercetnrócniaic laa  dy edfien idcear ptifoicr alad oAsG pEr.o pia de la  2021-14785n https://ww
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- No se han establecido mecanismos de control para garantizar de forma efectiva el cumplimiento 
del ENI. 
- No se ha publicado la declaración de conformidad con el ENI y los posibles distintivos de 
interoperabilidad en la sede electrónica. 
- A pesar de que la CAR participa en los diferentes grupos de trabajo dependientes del Comité 
Sectorial de Administración Electrónica liderado por el Ministerio de Presidencia, no se han 
desarrollado las normas técnicas de interoperabilidad previstas en la DA primera del RD 4/2010. 
E) Gestión de la tesorería  
En la revisión de los procedimientos aplicados en la gestión de la tesorería, se han puesto de 
manifiesto los siguientes resultados: 
- La Administración de la CAR no dispone de unas normas internas o instrucciones escritas 
normalizadas sobre el funcionamiento de las cuentas bancarias y sus condiciones que puedan ser 
de utilización tanto a nivel interno como en las relaciones con las entidades financieras. 
- A nivel orgánico, continúa sin cubrirse la jefatura de la Sección de Tesorería, concentrándose 
estas funciones en el DG de la Oficina de Control Presupuestario. 
- La Administración de la CAR contabiliza en cuentas financieras auxiliares de tesorería todos los 
movimientos de las cuentas bancarias con reflejo contable, habiéndose comprobado al cierre del 
ejercicio fiscalizado que, en cuatro casos, estas cuentas se han mantenido con saldos de pequeño 
importe sin conciliar, incluso después de que las cuentas bancarias han sido canceladas. 
- El contenido de los certificados de las cuentas de anticipos de caja fija, pagos a justificar y 
cuentas restringidas de ingresos elaborados anualmente por la Oficina de Control Presupuestario 
presenta  carencias  significativas,  como  la  falta  de  información  del  saldo  existente  al  31  de 
diciembre de cada ejercicio en cada una de ellas y la conciliación de las posibles diferencias entre 
saldo contable y bancario, lo que dificultan el seguimiento y control de la tesorería.  
-  Los  certificados  relativos  a  las  cuentas  restringidas  de  ingresos  también  han  presentado 
información incorrecta y desactualizada. Así, al 31 de diciembre de 2018 se han incluido diez 
cuentas abiertas en entidades que han desaparecido o han cambiado de denominación como 
consecuencia de procesos de fusión y concentración del sector bancario y nueve cuentas que ya 
habían sido canceladas con anterioridad a esa fecha. 
F) Gestión de los ingresos  
Los  ingresos  de  la  Administración  General,  tanto  de  naturaleza  presupuestaria  como 
extrapresupuestaria, que se producen en cuentas bancarias abiertas a nombre de la Comunidad 
se registran en el denominado Sistema General de Ingresos (SGI). Desde este sistema auxiliar se 
aplican al presupuesto de ingresos aquellos cobros que tengan naturaleza presupuestaria y se 
registran en rúbricas específicas aquellos otros que sean no presupuestarios, identificándose para 
ello con una clave de valor. Sin embargo, el SGI constituye una herramienta informática obsoleta 
que no permite obtener a posteriori el detalle o composición del saldo de las rúbricas a una fecha  s
determinada, por lo que no es posible disponer de esta información al cierre de los ejercicios  oe.
fiscalizados, dificultando el análisis de los saldos y movimientos registrados a través del Sistema.  w.
 
G) Recursos Humanos  
Las consejerías de la CAR no disponen de manuales internos de personal, al margen de la 
normativa reglamentaria, en los que se definan las funciones de los departamentos y los puestos 
de trabajo y se regulen aspectos tales como la tramitación de las nóminas, la forma de selección y 
contratación de personal o los controles regulares a llevar a cabo sobre las retribuciones o la 
detección de incompatibilidades.  
No se han regulado procedimientos para la solicitud y autorización anual de la masa salarial de las 
entidades del sector autonómico, ni tampoco se ha tutelado y controlado desde la Dirección 
General competente en materia de personal el cumplimiento de los límites retributivos, de las 
horas extraordinarias, así como de otros devengos que pudieran ser superiores a lo previsto en la 
normativa aplicable.  
La contratación del personal temporal en las entidades dependientes no ha estado acompañada 
de la previa supervisión, control y posterior autorización por parte de la Administración General 
conforme a los criterios señalados en las leyes anuales de presupuestos del Estado y de la CAR.  
Por lo que se refiere al grado de dotación de efectivos, todas las Consejerías han considerado que 
la plantilla real no es suficiente para realizar la carga de trabajo existente. 
En relación con la implantación de la denominada carrera profesional no se han realizado estudios 
para  determinar  el  impacto  a  medio  plazo  que  tendría  en  términos  económicos  la  carrera 
profesional y el desempeño profesional. Tampoco se han realizado análisis sobre las eventuales 
medidas de ahorro que pudieran compensar el incremento del coste adicional derivado de la 
implantación de la citada carrera, así como la evolución vegetativa del personal. 
H) Procedimientos de concesión y control de las subvenciones y ayudas públicas 
El D. 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público  de  la  CAR  establece  en  su  art.  8  que  los  órganos,  organismos  públicos  y  entes 
instrumentales que integran el Sector Público de la CAR que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones, 
que, previamente a su aprobación, requerirá informe de la Dirección General con competencias en 
materia de planificación presupuestaria, el cual deberá hacer referencia a la suficiencia de fuentes 
de financiación así como al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, 
que en ningún caso superará los tres años, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose  en  todo  caso  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria. 
Asimismo, establece que la gestión de las subvenciones debe realizarse de acuerdo con los 
principios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos.  
En el análisis de la gestión de las subvenciones analizadas se han puesto de manifiesto los 
siguientes resultados: 
- El 75 % de las consejerías no disponía en el ejercicio fiscalizado de manuales de procedimiento 
para la gestión de las líneas de subvención. Asimismo, ninguna consejería tenía implantados 
sistemas  que  permitan  detectar  la  posible  prescripción  del  derecho  de  la  Administración  a  e.
reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones, sin que se haya comunicado periódicamente  w.b
a la Intervención General de la CAR información de los reintegros iniciados y de su situación.   785ww
- En relación con las líneas de ayuda seleccionadas para su análisis en el ejercicio fiscalizado, no
cfeodnesrtaac iloan aeps rodbeapcoirótinv adse)  yu nla  mtraanmuiatal cdióen  phrao caeddoimleiceindtoo  ddee  uanpal iceascciaósna  psaergar elag agceiósntió dne  (fauynucdioanse as 
 
 
(ayudas para la mejora de infraestructuras de riego), acumulándose en los mismos técnicos dentro 
del mismo servicio las tareas de control administrativo y de control sobre el terreno. Como se 
expone con más detalle en el epígrafe II.6.3, el manual de procedimiento aprobado para la gestión 
de estas ayudas debería resaltar de una manera más precisa y explícita los controles a realizar 
por los técnicos para asegurar la segregación de tareas establecida en las bases reguladoras. 
- Los controles llevados a cabo por la unidad de auditoría interna de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente en el ejercicio de las funciones de auditoría de los fondos FEADER, 
así como los controles financieros facilitados por la Intervención General al amparo de la Ley de 
Hacienda y de la legislación comunitaria sobre acciones cofinanciadas con fondos europeos3 no 
han puesto de manifiesto incidencias técnicas, financieras ni de carácter administrativo relevantes.  
I) Gestión concertada del gasto sanitario con medios ajenos 
La prestación de servicios sanitarios con medios ajenos contemplada en el art. 90 de la Ley 
14/1986,  de  25  de  abril,  General  de  Sanidad,  establece  que  las  Administraciones  Públicas 
Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la 
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, debiendo tener en cuenta, con 
carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. Por su parte, el D. 
24/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, atribuye a la Secretaría General Técnica la tramitación 
de los conciertos sanitarios y convenios singulares de vinculación con arreglo a la legislación que 
en materia de contratación pública resulte aplicable; realizar el seguimiento de su ejecución y la 
evaluación de los mismos en coordinación con los órganos directivos pertinentes.  
En el análisis de la prestación sanitaria con medios ajenos pueden señalarse las siguientes 
observaciones:  
- Los manuales de derivación de pacientes elaborados en 2016 supusieron un avance en materia 
de concertación de servicios asistenciales con centros privados al definir unos protocolos de 
actuación  con  criterios  estrictamente  médicos  y  definir  las  funciones  prestacionales  y  de 
seguimiento de la facturación a realizar por los diferentes órganos y unidades administrativas 
intervinientes, tanto en relación con la asistencia sanitaria no concertada, como en relación con los 
contratos formalizados para la asistencia en centros de convalecencia, procedimientos quirúrgicos 
y transporte sanitario. No obstante, en estos manuales de instrucciones sigue sin detallarse la 
documentación que deben presentar las empresas concertadas, la cual se determina de modo 
individualizado en los pliegos correspondientes a los contratos formalizados.  
- No se ha acreditado la realización de estudios sobre el grado de utilización y ocupación de 
quirófanos y medios tecnológicos de diagnóstico en los servicios hospitalarios de la CAR. La 
Consejería de Salud, a este respecto, ha indicado que hay flexibilidad en la dotación de camas y 
quirófanos dependiendo de las necesidades de cada servicio, asignándose mensualmente en 
función de las demoras en las listas de espera quirúrgicas. Asimismo, se ha informado que está 
prevista  la  implantación  de  un  sistema  de  trazabilidad  de  paciente  quirúrgico  para  obtener 
información instantánea y automática de los datos de ocupación, cuellos de botella y puntos de 
mejora, entre otros. 
                                                  e.
3 Reglamento de ejecución (UE) 908/2014, de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del  785ww
Rotrtaerongssla pomarrgeeannntcoiis am(.U oEs),  lnaº  g1e3s0ti6ó/n2 0fi1n3a ndceiel rPaa, rlala mliqeunidtoa cEióunro dpee oc uye ndteals ,C loans sneojorm eans  rreellaactiivóans  cao nlo slo cso ontrrgoalensis, mlaoss  gpaaragnatdíaosre ys  lay 
 
- Los procesos seguidos por la CA para la fijación de las tarifas aplicables no han venido 
acompañados  de  unos  procedimientos  o  protocolos  normalizados  que  permitieran  dejar 
constancia formal de las tareas de estudio, análisis y evaluación en la determinación de las tarifas 
a aplicar en las condiciones económicas establecidas en la asistencia sanitaria concertada con 
entidades privadas. Así, pues, sigue considerándose necesaria la implantación de un sistema 
analítico de coste efectivo de los procedimientos sanitarios concertados.  
- Las tarifas fijadas en los contratos y conciertos formalizados para la prestación sanitaria con 
medios ajenos en clínicas privadas no han expresado, con carácter general, la clasificación 
internacional de enfermedades (CIE) y/o los grupos relacionados por diagnóstico (GRD) asociados 
a cada proceso, lo que resultaría útil tanto en la concreción de la asistencia a prestar en función 
del  diagnóstico  clínico  y  el  coste  del  procedimiento,  como  para  la  realización  de  análisis 
comparativos con otras CCAA o a nivel estatal, no existiendo constancia formal de la realización 
de tales análisis por parte de la CAR.  
- En cuanto a la comprobación del mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la 
adjudicación  de  los  contratos  o  conciertos  en  relación  a  la  autorización  de  funcionamiento, 
instalaciones, recursos humanos y equipamiento, tampoco se ha acreditado la aprobación de 
planes anuales al efecto. Sobre esta cuestión, la Administración de la CAR ha explicado que el 
Servicio de Ordenación y Seguridad es la unidad encargada del cumplimiento del D. 80/2009, de 
18  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  régimen  jurídico  y  el  procedimiento  para  la 
autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la CAR, realizándose 
inspecciones al inicio de la actividad de dichos centros, en la renovación de la autorización 
sanitaria, transcurridos cinco años y en cualquier momento en que se produzca una modificación 
en el centro por cambio del responsable sanitario, de sus instalaciones o cualquier otra situación 
que la normativa contemple. Las últimas actuaciones anteriores a la finalización del ejercicio 
fiscalizado han sido las llevadas a cabo en 2017 en la Clínica Los Manzanos, S.L. y en el 
Policlínico Ntra. Sra. de Valvanera de Logroño, en la Clínica Virgen del Carmen de Calahorra, así 
como en el Centro Sociosanitario “Los Jazmines” en Haro. 
Asimismo,  tampoco  se han  aprobado  o  publicado  estudios  sobre los  estándares  de calidad 
alcanzados en los centros concertados, si bien la Comunidad ha informado que, en general, salvo 
algún caso aislado en que la evolución del paciente no ha sido totalmente satisfactoria, los niveles 
de calidad han sido buenos. Ello basándose en un sistema consistente en citar a los pacientes del 
Sistema  Público  Sanitario  tras  una  intervención  quirúrgica  (procedan  tanto  de  un  centro 
concertado como de un centro propio) para una revisión en la que se evalúa la evolución tras la 
cirugía y su mejoría.  
- Por otra parte, la ausencia de un suficiente desarrollo normativo de la actividad de inspección 
contemplada en la Ley 2/2002, de 17 abril 2002, de Salud de la CAR, dificulta la evaluación del 
funcionamiento y las prestaciones desarrolladas por los centros concertados mediante criterios e 
indicadores de medición objetivos con base en la aprobación de planes de inspección que definan 
las estrategias y objetivos a conseguir.  
J) Transparencia y Buen Gobierno  
No ha sido objeto de desarrollo reglamentario, ni constan actuaciones en relación con el control 
ejercido  por  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  en  cumplimiento  de  las 
obligaciones en materia de transparencia sobre las consejerías y organismos públicos de la CAR,  e.
de acuerdo con lo establecido en el art. 4.1 de Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia  w.
y Buen Gobierno de La Rioja.  785ww
 
 
K) Supervisión continua 
De acuerdo con el art. 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua 
de sus entidades dependientes con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que 
justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 
La CAR no ha realizado actuaciones durante el ejercicio fiscalizado que dieran cumplimiento al 
citado artículo. Como hechos posteriores, la Ley 2/2020, de 30 de enero, de medidas fiscales y 
administrativas para el año 2020, ha modificado la LHPR para establecer en su art. 168.bis la 
supervisión continua de las entidades integrantes del sector público institucional de la CAR, de 
modo  que  todas  ellas  deberán  contar,  desde  el  momento  de  su  creación,  con  un  plan  de 
actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad 
de la entidad.  
Por tanto, las entidades regionales estarán sujetas desde su creación hasta su extinción a la 
supervisión continua de la Consejería de Hacienda, que ejercerá la Intervención General de la 
CAR, vigilando, entre otros requisitos, la subsistencia de las circunstancias que justificaron su 
creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de la causa de disolución prevista en la 
normativa del sector público aplicable, referida al incumplimiento de los fines que justificaron su 
creación, o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. Los resultados de 
la evaluación efectuada se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, 
según las conclusiones obtenidas, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta 
de transformación, adaptación o supresión del organismo público o entidad.  
Finalmente, a noviembre de 2020, no se habían desarrollado reglamentariamente las actuaciones 
de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 3º del art. 168.bis de la LHPR. 
L) Sistemas y procedimientos de control interno en las entidades dependientes 
Por lo que se refiere al análisis del control interno de las fundaciones y empresas del sector 
público autonómico, se han puesto de manifiesto los siguientes resultados: 
- Las fundaciones Rioja Deporte, San Millán de la Cogolla, Práxedes Mateo Sagasta, Riojana para 
la innovación, Dialnet y FUBESOR no han presentado los presupuestos de explotación y de 
capital en los términos establecidos en la LHPR y la O. 6/2017 de 20 de julio, de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos  Generales  de  la  CAR  para  2018.  Las  empresas  Valdezcaray,  S.A.,  La  Rioja 
Turismo, S.A.U. e IRVISA y las fundaciones FRS y FHC tampoco han hecho lo propio respecto al 
presupuesto de capital. 
Asimismo, no han sido elaborados los programas de actuación plurianual previstos en el art. 79 de 
la LHPR, en los que se deben reflejar los datos económico-financieros previstos para el ejercicio 
relativo al proyecto de Presupuestos Generales de la CAR y a los dos ejercicios inmediatamente 
siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. Tampoco se ha 
facilitado  la  información  de  carácter  complementario  que  debe  acompañar  a  los  citados 
documentos, tales como un plan de inversiones, un plan financiero en el que se cuantifiquen los  e.
recursos y las fuentes externas de financiación y una memoria de actuaciones. Ello ha supuesto  w.b
que, consecuentemente, no se haya elevado dicha información al Consejo de Gobierno, por no  785ww
deins ploanse rs odcei elad amdeissm  aa.u tLoan óamusiceansc iare dseta ,u neons  pcilearnteas  meceodnidóam, icsoig-nfinifiacnacdioe roas  dloes  aplcraensucep upelsutroiasn udael 
explotación y capital, puesto que su contenido integra, precisamente, en cada año la ejecución de
 
las previsiones inicialmente establecidas y permite calibrar las desviaciones que puedan haberse 
producido.  
- La O. 6/2017, de 20 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAR para 2018 no 
ha  previsto  que  dentro  del  presupuesto  de  explotación  y  capital  que  debían  presentar  las 
sociedades y fundaciones se acompañase un estado con las previsiones de flujos de efectivo en 
dicho ejercicio, acorde con los modelos de cuentas anuales definidos por el Plan General de 
Contabilidad  (PGC).  Asimismo,  no  consta  que  se  haya  acompañado  la  documentación 
complementaria prevista en los estados D.3 a D.7 recogidos en el anexo IV de la O. 6/2017.  
- Ninguna empresa autonómica había formalizado con la Administración General de la CAR un 
contrato programa o plan estratégico, manteniéndose vigentes en 2018 los suscritos con cinco 
fundaciones, sobre los que la Administración emite informes de control y evaluación. 
- En relación a los procedimientos de control interno y contabilidad de las empresas y fundaciones 
autonómicas, únicamente la Fundación Riojana para la Innovación y la FHC disponía de una 
unidad de auditoría interna, si bien cabe indicar que, en términos generales, la dimensión del resto 
de entidades es muy reducida, de modo que la creación de estas unidades puede no considerarse 
operativa. En las fundaciones: Práxedes Mateo Sagasta, Rioja Deporte y San Millán de la Cogolla, 
no existía un departamento económico o de administración, llevándose la contabilidad por una 
asesoría privada. En dos empresas y cuatro fundaciones no se había implantado un sistema de 
contabilidad analítica o de costes y tan solo cuatro fundaciones se habían adherido al registro 
contable de facturas. Por lo que se refiere a la gestión de deudores y cuentas a cobrar, una 
empresa y cinco fundaciones declaran tener aprobados procedimientos o normas escritas en los 
que se establecieran los criterios de deterioro de valor de los deudores que soportasen la dotación 
de la provisión por insolvencias y fundamentaran la correcta dotación de las mismas. Por otro 
lado, en el 38 % de los casos, las fundaciones y empresas públicas han informado disponer de 
algún procedimiento escrito normalizado para la autorización y conformación de las facturas 
presentadas por los proveedores. 
- En materia de gestión patrimonial de los bienes y derechos, el 54 % de las fundaciones y 
empresas  públicas  no  disponía  de  políticas  escritas  sobre  la  autorización  de  nuevas 
adquisiciones, ventas, traspasos o bajas de los elementos del inmovilizado. Por otro lado, ninguna 
de dichas entidades remite anualmente el inventario al Servicio de Protección y Defensa del 
Patrimonio de la CAR para su inclusión e integración en el inventario general de la Comunidad. 
- Sobre la gestión de los recursos humanos, la totalidad de las fundaciones y empresas públicas 
han declarado tener determinado el número y características de las personas que trabajan en ella, 
si bien, no en todos los casos se ha dispuesto de planes de formación y sistemas de evaluación 
de los cursos de formación impartidos. En relación con la plantilla real, tres fundaciones y una 
empresa han señalado que la misma no es suficiente para realizar la carga de trabajo existente. 
- En cuanto a la transparencia y buen gobierno, tres fundaciones y dos empresas no habían 
regulado  la  realización  periódica  de  controles  para  verificar  que  el  contenido  del  portal  de 
transparencia incorpora la información mínima exigida en la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 
 
 
II.4. CUENTA GENERAL  
II.4.1. Cuenta General del Sector Público Administrativo 
II.4.1.1. CONTENIDO, PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
La Cuenta General del sector público administrativo de la CA rendida para el ejercicio 2018 estaba 
formada por los documentos establecidos en el art. 122 de la LHPR, que han sido elaborados por 
la Intervención General de la Comunidad mediante la agregación de las cuentas anuales rendidas 
por las siguientes entidades: Administración General de la Comunidad, ADER, Universidad de La 
Rioja, Consejo de la Juventud y CEIS. 
En relación con el CARE y su adscripción como entidad del sector público autonómico debe 
indicarse  que,  como  se  explica  en  el  epígrafe  II.2.1,  la  Administración  Autonómica  no  ha 
considerado al Consorcio como integrante de su sector público al no mantener una posición 
mayoritaria  en  su  Junta  de  Gobierno.  No  obstante,  según  viene  señalándose  en  anteriores 
informes de fiscalización, esta situación contrasta con que haya sido clasificada por la IGAE 
dentro del cómputo del déficit de la Comunidad y con el hecho de que buena parte de la 
financiación pública recibida por el Consorcio proceda de las transferencias otorgadas por la CAR 
a través del canon de saneamiento de aguas residuales. Por tanto, tal como se expone en el 
subepígrafe II.4.1.7, los representantes de las Administraciones Autonómica y Local que forman 
parte  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Consorcio  deben  dar  una  solución  a  esta  cuestión,  en 
cumplimiento de lo previsto en Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
estableciendo en los estatutos del Consorcio la Administración pública a la que quede adscrito, y 
resolver por tanto su integración y clasificación en uno u otro sector. 
II.4.1.2. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
En el ejercicio 2018 el sistema contable implantado por la Comunidad se ha adaptado al nuevo 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de la CAR, aprobado por O. 18/2013, de 16 de 
diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, que toma como modelo de 
referencia el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por O. EHA/1037/2010, de 13 de 
abril, que fue concebido con el carácter de plan contable marco para todas las Administraciones 
Públicas. El ámbito subjetivo del nuevo Plan de la CAR se extiende a la Administración General y 
a todos aquellos organismos y entidades sometidos al régimen de contabilidad pública. 
Los créditos iniciales aprobados en la LP (Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma) del 
ejercicio  2018  han  ascendido  a  1.513.893  miles  de  euros,  financiados  con  los  derechos 
económicos a liquidar durante el ejercicio, estimados en 1.187.626 miles de euros, así como con 
el importe de las operaciones de endeudamiento reguladas en el art. 58.1 de la LP, cuantificadas 
en 326.266 miles de euros.  
En 2018 se autorizaron modificaciones de crédito por un importe neto de 65.865 miles de euros, 
situándose los créditos definitivos en 1.579.758 miles de euros. 
En  los  anexos  II.1-1  y  II.1-2  se  reflejan  las  diferentes  modalidades  de  modificaciones 
presupuestarias aprobadas en el ejercicio 2018, clasificadas por capítulos y secciones, según la 
información recogida en las cuentas anuales rendidas. Las modificaciones presupuestarias han  e.
supuesto un incremento de los créditos iniciales del 4 %, destacando el diferente signo de las  w.b
variaciones  y  significándose  el  incremento  experimentado  en  el  capítulo  4  Transferencias  785ww
ccoornrcieendtiedsa s( 1a4 e %m)p,r epsoars  ipmrpivoardtea sd. e 45.305 miles de euros, como consecuencia de las ayudas
 
Las modificaciones autorizadas se detallan a continuación, según los distintos tipos modificativos 
aprobados: 
Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias 
(miles de euros) 
Tipo  Importe  
- Ampliaciones de crédito  4.615 
- Transferencias de crédito  57.504 
- Créditos generados por ingresos  65.865 
- Modificaciones técnicas  22.879 
- Otras modificaciones (bajas)  (27.494) 
TOTAL  65.865 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
De  acuerdo  con  los  datos  facilitados  por  la  Administración  General  de  la  Comunidad,  las 
modificaciones registradas en el año 2018, que han supuesto un incremento de gasto, se han 
financiado con los recursos que se exponen a continuación: 
Cuadro 5. Financiación de las modificaciones presupuestarias 
(miles de euros) 
Créditos 
Ampliaciones  Incorporaciones  Modificaciones 
Recursos  generados por  Total 
de crédito  de crédito  técnicas 
ingresos 
REMANENTE DE TESORERÍA  0  0  0  0  0 
POR RECURSOS           
- Propios  0  0  0  0  0 
- Otras aportaciones públicas  0  42.859  0  0  42.859 
- Aportaciones privadas  0  11  0  0  11 
- Endeudamiento  0  22.995  0  0  22.995 
OTRAS FUENTES           
- Bajas por anulación  4.615  0  0  22.879  27.494 
TOTAL  4.615  65.865  0  22.879  93.359  e.e
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  785ww
 
 
A) Ejecución del presupuesto de gastos 
La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 por capítulos y secciones orgánicas se 
recoge  en  los  anexos  II.1-3  y  II.1-4,  según  su  clasificación  económica  y  orgánica, 
respectivamente. El presupuesto gestionado por la Administración Autonómica presentó unos 
créditos definitivos de 1.579.758 miles de euros, con un aumento respecto del ejercicio anterior del 
3 %. 
Cuadro 6. Liquidación presupuesto de gastos  
 (miles de euros) 
Capítulos  Créditos finales  Obligaciones reconocidas 
1. Gastos de personal  465.499  462.633 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios  269.480  245.184 
3. Gastos financieros  14.700  13.510 
4. Transferencias corrientes  379.064  359.320 
5. Fondo de contingencia  1  0 
6. Inversiones reales  55.267  40.178 
7. Transferencias de capital  103.473  85.735 
8. Activos financieros  11.955  7.319 
9. Pasivos financieros  280.319  280.296 
TOTAL  1.579.758  1.494.175 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 95 %, situándose las obligaciones reconocidas 
en 1.494.175 miles de euros, siendo la desviación más significativa la correspondiente a las 
inversiones reales, cuyo grado de ejecución fue del 73 %. 
En el siguiente cuadro se detallan las variaciones interanuales de la ejecución del presupuesto de 
gastos en el ejercicio, con indicación del grado de ejecución por tipo de operaciones. 
Cuadro 7. Variaciones interanuales presupuesto de gastos 
(%) 
Ejecución presupuesto de  Créditos definitivos   Obligaciones reconocidas  Grado de ejecución 
gastos  Var. interanual 2017-2018  Var. interanual 2017-2018  2018 
Total operaciones corrientes  2  3  96  s
Total operaciones de capital  14  12  79  w.b
Total operacioTnOesT AfinLa ncieras  23   288   9985   OE-A-2021-14able en https://
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
 
En la clasificación económica del gasto, destacan las operaciones corrientes, que representaron el 
72 %  de  las  obligaciones  reconocidas  en  el ejercicio,  frente  a  las operaciones  de  capital y 
financieras, con unos porcentajes aproximados del 9 % y 19 %, respectivamente. Desde el punto 
de vista de la clasificación orgánica, destacan la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
el SERIS y la sección de Deuda Pública, que se sitúan en porcentajes cercanos al 20 %.  
En el análisis realizado de las obligaciones reconocidas en 2018 se han puesto de manifiesto las 
siguientes observaciones: 
- La Administración General de la Comunidad ha aplicado el procedimiento legal previsto en el art. 
35 de la LHPR, que permite el registro e imputación al presupuesto de un ejercicio de aquellos 
gastos incurridos o devengados en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos 
adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuya aprobación se atribuye al Consejero 
de Hacienda, en el caso de que existiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia del 
gasto, o al Consejo de Gobierno, cuando no hubiera remanente de crédito en el citado ejercicio. 
En cuanto a su naturaleza, el 67 % del gasto se concentra en la Consejería de Salud por la 
facturación de recetas médicas y el 15 % en el SERIS por gasto farmacéutico de uso hospitalario, 
material sanitario y de laboratorio del complejo hospitalario de San Pedro y el resto, en otras 
consejerías.  
La evolución de los gastos imputados durante los ejercicios 2016 a 2019 mediante la autorización 
contenida en las Leyes de Presupuestos y la LHPR, se presenta en el siguiente estado: 
Cuadro 8. Evolución gastos imputados mediante autorización Leyes de Presupuestos y LHPR 
(miles de euros) 
Sección presupuestaria  2016  2017  2018  2019 
Administraciones Públicas y Hacienda  3.638  2.425  706  2.027 
Agricultura, Ganadería y Medio Natural  389  327  200  353 
Salud   1.699  12.144  12.198  12.167 
Educación, Formación y Empleo  252  60  73  100 
Fomento y Política Territorial  14  8  8  17 
Presidencia, Relaciones Institucionales   17  34  66  21 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  11.155  5.836  975  2.729 
Instituto de Estudios Riojanos  5  38  13  9 
Desarrollo Económico e Innovación  260  165  258  531 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia  1.534  361  408  102 
Total  18.963  21.398  14.905  18.056 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  b
Erdeeejnea  rlliceazil ac Aicsoidi ógm2nu0 iinye1 in8satt  erlyoa  scca iuóenanjtede rrdrcoieoi c rsieloaess    Cpecronoem nsloteuasnnb qtiidaluiza ealda d,s  oecos lbra essegeinfiris vcteaárajcneridróoconnisc  eeido  eislma   eppesouxtstoiatsserto erignnoa crleasiastso   dsop eboa lriggt eaiamnscdptiooioensrn etdegso e ad nlaee p ,r raseaduslo  uamsp ñeueonen so dtseoe,l     OE-A-2021-14able en https://
 
 
18.056 miles de euros, frente a los 14.905 miles de euros registrados por el mismo procedimiento 
en 2018. 
Cuadro 9. Ejercicio de imputación gastos mediante autorización LHPR 
(miles de euros) 
Ejercicio en el que se aprobó el registro e imputación presupuestaria 
Ejercicio en que se realizó el gasto 
2018  2019  Total 
Anteriores a 2016  168  10  178 
2016  315  23  338 
2017  14.422  68  14.490 
2018  0  17.955  17.955 
TOTAL  14.905  18.056  32.961 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Sobre la existencia de estos gastos e inversiones, debe señalarse que el procedimiento aplicado 
por la Administración Autonómica para su registro e imputación presupuestaria es una solución 
legal a una situación irregular, al haberse vulnerado los principios de anualidad presupuestaria y 
especialidad cuantitativa establecidos en el art. 42.2 y 3 de la LHPR. La imputación de estos 
gastos supone que anualmente parte de los créditos aprobados en el ejercicio corriente se 
encuentren comprometidos por gastos de ejercicios cerrados, no registrados, principalmente, por 
insuficiencia presupuestaria, en el ejercicio correspondiente. Como se ha señalado anteriormente, 
esta  incidencia  es  más  significativa  en  la  Consejería  de  Salud,  donde  el  porcentaje  del 
presupuesto de transferencias corrientes en el ejercicio fiscalizado comprometido por gastos 
generados en ejercicios cerrados se ha situado en el 9 %. 
En consecuencia, la correcta contabilización de los gastos e inversiones en los ejercicios en que 
se  devengaron,  considerando  las  regularizaciones  (imputaciones  presupuestarias)  sucesivas 
realizadas por la Administración Autonómica en el periodo analizado, supone que las obligaciones 
reconocidas por la Administración General en el ejercicio 2018 deban aumentarse en 3.050 miles 
de euros, tal y como se expone a continuación: 
Cuadro 10. Gastos imputados mediante autorización LHPR. Efecto sobre resultado presupuestario del 
ejercicio 
(miles de euros) 
Gastos devengados en  Obligaciones reconocidas en 
Efecto sobre resultado 
Ejercicio  el año registrados en  2018 por gastos devengados 
presupuestario del ejercicio 
ejercicios posteriores  en ejercicios anteriores 
2018  (17.955)  14.905  (3.050)  es
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  785ww
 
B) Ejecución del presupuesto de ingresos 
En  el  anexo  II.1-5  se  presenta  la  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  rendido  por  la 
Administración de la Comunidad para el ejercicio 2018, que refleja un grado de realización de las 
previsiones presupuestarias, excluido el crédito correspondiente al remanente de tesorería, del 
94 %, tal y como se refleja de forma resumida en el siguiente cuadro: 
Cuadro 11. Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(miles de euros) 
Derechos  %  % 
Previsiones reconocidos  Incremento  Desviación  %   Cobros  Grado de 
Capítulos  finales  netos  interanual  Realización  cumplimiento 
(A)  derechos  (B) – (A)  (B/A)  (C) 
(B)  reconocidos  (C)/(B) 
1. Impuestos directos  295.205  319.958  (2)  24.753  108  319.280  100 
2. Impuestos 
436.407  449.750  7  13.343  103  448.209  100 
indirectos 
3. Tasas, precios 
públicos y otros  31.659  30.397  28  (1.262)  96  24.263  80 
ingresos 
4. Transferencias 
423.951  340.730  (1)  (83.221)  80  337.542  99 
corrientes 
5. Ingresos 
827  1.255  24  428  152  1.255  100 
patrimoniales 
6. Enajenaciones de 
1.200  561  0  (639)  47  561  100 
inversiones reales 
7. Transferencias de 
35.092  31.005  70  (4.087)  88  28.160  91 
capital 
8. Activos financieros  4.264  4.292  591  28  101  4.292  100 
9. Pasivos financieros  351.153  305.068  4  (46.085)  87  303.462  99 
TOTAL  1.579.758  1.483.016  4  (96.742)  94  1.467.024  99 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Los principios rectores de la financiación de las CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía se 
establecen  en  la  LO  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas. 
El sistema de financiación autonómico aplicable en el ejercicio fiscalizado es el aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009 e incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico, fundamentalmente, en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se  es
regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades  bo
con Estatuto de Autonomía y en la LO 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley  785ww
8sEe/s1 t9aa8pd0roo,  abd acera o2dn2a  l adusen  ads iedspetit nileatamss Cb lreCeyA, edAse,  q sFuieienn adfniojac rliaao cnLi óeenyl   a2dl1ec/ a2lan0sc1 e0C ,yo d mceou 1nn6did idcaeido ejnusel isoA ,ud lteaó  nalaop mlciceaassbi.ól enE  endn ej u laltir oiCb duAetRo s.2  0d1e0l   OE-A-2021-14able en https://
 
 
El art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica, estableció, con ámbito estatal, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito, con un 0 % de gravamen. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificó en su art. 124 la Ley 
16/2012 estableciendo un gravamen del 0,03 % e introdujo una Disposición transitoria según la 
cual en tanto no se produjeran las modificaciones del sistema de financiación necesarias para su 
configuración como tributo cedido a las CCAA, el Estado haría llegar a estas, previos los acuerdos 
competentes, el importe del Impuesto acordado con cada una de ellas, que en el ejercicio 2018 ha 
ascendido para la CAR a 2.583 miles de euros. 
A continuación se presentan los derechos reconocidos por la Administración Autonómica en el 
ejercicio 2018, ordenados según las distintas fuentes de financiación: 
Cuadro 12. Derechos reconocidos por la Administración Autonómica 
(miles de euros) 
%  
Derechos 
Tipo de recursos  Importancia 
reconocidos 
relativa 
A. Sistema de financiación Ley 22/2009, ejercicio 2018  991.356  67 
1.   Tarifa autonómica IRPF  266.556  19 
2.  Impuesto Valor Añadido  270.654  18 
3.   Impuestos Especiales   113.996  7 
4.   Tributos Cedidos  75.704  5 
5.  Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales  56.799  4 
6.  Fondo de Suficiencia Global   207.647  14 
B. Otros recursos recibidos de la AGE  37.184  4 
7.  Liquidación definitiva recursos del Sistema de Financiación y Fondos de Convergencia 
44.484  4 
Autonómica 2016 
8.  Anticipos a CCAA. DA 36ª LPGE 2012  (9.883)  0 
9.   Otros recursos procedentes de la AGE  2.583  0 
C. Fondos Unión Europea  61.084  4 
10.   Fondos Estructurales  14.150  1 
11.   Política Agraria Común  46.776  3 
12.   Otros recursos  158  0 
D. Subvenciones y Convenios  34.267  2 
13.   Subvenciones gestionadas y Convenios suscritos con administraciones públicas y privados  34.267  2 
E. Tributos y otros recursos generados por la Comunidad Autónoma  54.056  3 
14.   Tributos propios  20.011  1 
15.   Prestación de servicios  14.030  1 
16.  Patrimoniales  1.255  0 
17.   Otros recursos  18.760  1  e.
F. Endeudamiento Financiero  305.069  20  785www.
18.  Recursos por operaciones de pasivos finanTcOieTrAosL   1.438035..001669   10200 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
 
La financiación autonómica se ha incrementado en su conjunto un 4 % respecto al ejercicio 
anterior hasta situarse en los 1.483.016 miles de euros. Los recursos procedentes del sistema de 
financiación establecido en la Ley 22/2009 han representado en 2018 un porcentaje global del 
67 % sobre el total de los derechos reconocidos en dicho año. Los ingresos procedentes de 
operaciones de endeudamiento han representado el 20 % de estos derechos. 
En el análisis realizado de los derechos reconocidos en el ejercicio fiscalizado se han puesto de 
manifiesto los siguientes resultados: 
a) En aplicación de las Disposiciones transitorias 8ª y 5ª de las leyes de creación de los OOAA 
SERIS e Instituto de Estudios Riojanos, en tanto no se dote a estas entidades de los servicios 
necesarios, la información correspondiente a la ejecución de los gastos y liquidación de los 
ingresos de las mismas, se integra dentro de las cuentas de la Administración General (AG) de la 
CAR. En lo que afecta a la vertiente de los ingresos, se ha comprobado que los procedimientos 
contables aplicados por la AG para el registro de los ingresos del SERIS no se han ajustado al 
PGCP de la CAR, al haberse contabilizado los derechos en función de los cobros realizados y no 
de acuerdo con la facturación emitida. 
Como se analiza con mayor detalle en el subepígrafe II.4.1.3.1.B, en el ejercicio 2018 se han 
devengado derechos por 309 miles de euros correspondientes a prestaciones asistenciales del 
SERIS, que no han sido aplicados al presupuesto de ingresos, y, por otro lado, se han aplicado 
416 miles de euros devengados en ejercicios anteriores, por lo que el resultado presupuestario se 
encuentra sobrevalorado en 107 miles de euros. 
b) Respecto a la contabilización de los fondos procedentes de la Unión Europea, la CAR ha 
reconocido  derechos  en  2018  por  un  total  de  4.756  miles  de  euros  correspondientes  a 
certificaciones de gasto de la Programación 2014-2020 presentadas en el ejercicio, de los que 
3.319 miles de euros correspondían a FEDER y 1.437 miles de euros a FSE. A 31 de diciembre 
de 2018 se encontraban pendientes de cobro 4.234 miles de euros, habiéndose verificado que 
418 miles de euros, procedentes del Programa Operativo de Empleo Juvenil (FSE), deben ser 
objeto de regularización por no ser realizables. Asimismo, se ha comprobado que los criterios de 
reconocimiento de derechos procedentes del FEDER aplicados en el ejercicio fiscalizado no han 
sido homogéneos, al registrarse en unos casos según criterio de caja y en otros siguiendo criterio 
de  devengo  en  función  de  las  certificaciones  de  gasto  presentadas.  Además,  una  de  las 
certificaciones ha dado lugar al registro contable de derechos de cobro 17 miles de euros en 
exceso respecto del importe total de ayuda UE incluida en la correspondiente solicitud, por lo que 
se encuentran sobrevalorados en dicho importe. Finalmente, la Administración no ha registrado en 
el presupuesto de ingresos como devoluciones de ingresos o en el de gastos como obligaciones 
reconocidas  un  total  de  107  miles  de  euros  resultantes  de  la  liquidación  negativa  de  la 
programación 2007-2013 correspondiente al FSE. 
C) Resultado presupuestario del ejercicio 
De acuerdo con los datos reflejados en la Cuenta General rendida, recogidos en el anexo II.1-6, el 
resultado y saldo presupuestarios registrados por la Administración General en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio fiscalizado presentaban, un déficit de 35.931 miles de euros y 11.159 
miles de euros, respectivamente. 
 
 
No obstante, el adecuado reflejo presupuestario de las salvedades analizadas en apartados 
anteriores, cuyo detalle se resume a continuación, supone aumentar el resultado y el saldo 
presupuestario en 3.699 miles de euros, tal y como se expone en el siguiente cuadro: 
Cuadro 13. Efecto salvedades sobre resultado presupuestario 
(miles de euros) 
Salvedades 
Epígrafe del 
Conceptos  ejercicio 
informe 
2018 
OPERACIONES NO FINANCIERAS     
- Efecto  neto  (aumento)  de  obligaciones  reconocidas  por  gastos  no 
contabilizados aplicados en ejercicios posteriores mediante el procedimiento  II.4.1.2.A)   (3.050) 
previsto en el art. 35 LHPR. 
- Derechos registrados por fondos europeos no realizables      II.4.1.2.B)  (542) 
- Derechos no registrados por servicios asistencias prestados por el SERIS   II.4.1.2.B)  (107) 
TOTAL SALVEDADES AL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO    (3.699) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.4.1.3. SITUACIÓN PATRIMONIAL. BALANCE 
La Administración de la CA aplica en la contabilidad financiera y patrimonial el PGCP de La Rioja, 
aprobado por O. 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda 
y mantiene implantado un sistema de información contable, denominado SICAP, en el que se 
integran la contabilidad patrimonial y presupuestaria. 
En  el  anexo  II.2-0.1  se  recoge  el  balance  de  situación  de  la  Administración  Autonómica 
correspondiente a 2018, cuyo detalle se recoge de forma agrupada en el cuadro siguiente: 
Cuadro 14. Balance de situación de la Administración Autonómica 
(miles de euros) 
ACTIVO  Importe   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Importe 
A) Activo no corriente  1.616.811  A) Patrimonio neto  (158.003) 
B) Activo corriente  122.588  C) Pasivo no corriente  1.329.148 
    D) Pasivo corriente  568.254 
Total activo  1.739.399  Total patrimonio neto y pasivo  1.739.399 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  s
Los activos totales se situaron en 1.739.399 miles de euros, de los que 1.378.022 miles de euros  w.b
(79 %) correspondían al inmovilizado material. El patrimonio neto ascendía a 158.003 miles de euros  785ww
nae dgeautdivaoss  cyo enl  epnatsidivaod sees  dsietu cór éedni t1o..8 97.402 miles de euros, de los que 1.342.980 miles correspondían
 
II.4.1.3.1. Activo 
A) Inmovilizado 
La composición y evolución del valor neto contable registrado para las rúbricas del inmovilizado no 
financiero en el ejercicio fiscalizado se detalla a continuación:  
Cuadro 15. Composición inmovilizado no financiero 
 (miles de euros) 
Grupo de elementos  Saldo a 31-12-17  Saldo a 31-12-18 
Propiedad industrial e intelectual  1.127  1.162 
Aplicaciones informáticas  30.038  31.693 
Otro inmovilizado inmaterial  14.910  15.479 
Total Inmovilizado intangible  46.075  48.334 
Terrenos  208.249  207.685 
Construcciones  380.629  372.498 
Infraestructuras  524.437  538.664 
Bienes del patrimonio histórico  34.304  34.692 
Otro inmovilizado material  213.956  219.672 
Construcciones en curso  2.558  4.811 
Total Inmovilizado material  1.364.133  1.378.022 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
a) En relación con las rúbricas de terrenos y construcciones se comprobado, tal y como se ha 
indicado en el subepígrafe II.3.2.3, que la nueva plataforma informática de gestión de patrimonio 
ha permitido a la Administración de la CAR, en una primera fase, registrar sus bienes inmuebles 
desglosando entre el valor del suelo y el valor de la construcción, posibilitando, además, el cálculo 
y registro de las dotaciones para amortización. De esta manera, la cuenta “Construcciones” 
presentaba al 31 de diciembre de 2018 un valor neto contable de 372.498 miles de euros, una vez 
deducida  la dotación  a  la  amortización  del  ejercicio  por importe  de  10.398 miles  de  euros, 
ascendiendo a su vez la amortización acumulada a 257.136 miles de euros. No obstante, en la 
revisión efectuada sobre estos activos se han puesto de manifiesto las siguientes salvedades e 
incorrecciones contables que ponen de manifiesto la falta de representatividad de dichas rúbricas: 
- Continúan pendiente de registro los 20 inmuebles recibidos de la Administración Estatal dentro 
del traspaso de funciones y servicios desarrollados por el INEM (Instituto Nacional de Empleo) y el  es
INSALUD (Instituto Nacional de la Salud), según lo dispuesto en los Reales Decretos 1379/2001 y  o
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de la Comunidad. En 2013, a través de una tasación efectuada por técnicos de la CAR, se efectuó
una  valoración  de  los  mismos  cuantificándose  en  42.927  miles  de  euros.  Asimismo,  de  la  Bc
 
 
información facilitada por el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio, se han detectado, al 
menos, otros 168 bienes cedidos a la CAR por el Estado, con un valor de adquisición de 70.335 
miles de euros, que también deben ser objeto de regularización y registro. Estas actuaciones, 
como se ha explicado, no han tenido reflejo en la contabilidad patrimonial, habiéndose informado 
en la fiscalización que serán regularizadas una vez esté plenamente operativa la mencionada 
plataforma de gestión del inventario, actualmente en fase de implementación, tal como se ha 
expuesto con más detalle en el epígrafe II.3.1. La correcta contabilización de estas operaciones 
supone el reflejo en las rúbricas de inmovilizado de acuerdo a la naturaleza de los bienes 
recibidos y el consiguiente aumento del patrimonio en dicho importe. 
Por otro lado, nueve bienes cedidos por la Administración del Estado a la CAR que figuraban sin 
valorar en el anexo del RD 848/1985, de 30 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la CAR en materia de conservación de la naturaleza continúan sin 
estar registrados ni en el Inventario general de bienes y derechos, ni en la contabilidad financiera. 
La CAR no facilitado información sobre estos bienes4. 
- Se han detectado, al menos, 62 inmuebles que fueron cedidos por la CAR a terceros y que no 
han sido objeto de registro contable de acuerdo a las normas contables recogidas en el PGCP de 
La Rioja, encontrándose a 31 de diciembre de 2018 sobrevaloradas las rúbricas de inmovilizado y 
los resultados de ejercicios anteriores por un importe neto contable de, al menos, 32.450 miles de 
euros. 
b) Respecto a las infraestructuras, la ausencia de unos registros de inventarios impide determinar 
si el saldo contable existente al cierre del ejercicio fiscalizado refleja la situación patrimonial de 
esos activos. El criterio seguido para su contabilización en el activo del balance ha sido tomar los 
datos obtenidos de la ejecución presupuestaria del capítulo 6 “Inversiones Reales”. 
                                                 
4 Los nueve bienes señalados que fueron transferidos de la Administración del Estado a la CAR en el RD 848/1985 son  s
los siguientes: a) Oficina del Servicio Provincial situada en la c/Belchite número 2 de Logroño; b) Garaje-almacén  e.
situado en la C/ General Primo de Rivera número 15 de Logroño; c) Garaje-almacén situado en la C/ Villegas número 38  w.b
de Logroño; d) Vivero "La Fombera" situado en Logroño; e) Vivero "AlbeIda" situado en AlbeIda de Iregua; f) Refugio de  785ww
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c) Dentro de la rúbrica “Otro inmovilizado material” se incluyen una serie de cuentas con un saldo 
conjunto al 31 de diciembre de 2018 de 219.672 miles de euros, cuyo desglose se recoge en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 16. Desglose de “Otro inmovilizado material” a 31 de diciembre de 2018 
(miles de euros) 
Otro inmovilizado material  Saldo a 31-12-18 
(214)  Maquinaria y utillaje  82.092 
(216)  Mobiliario  69.119 
(217)  Equipos procesos de información  43.257 
(218)  Elementos de Transporte  16.623 
(219)  Otro inmovilizado  8.581 
Total otro Inmovilizado material  219.672 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe II.3.2, no se dispone de manuales o instrucciones 
internas en relación con la formación, actualización y valoración de los inventarios de bienes 
muebles y derechos de propiedad incorporal, competencia que tiene atribuida cada Consejería por 
la Ley de Patrimonio de la CAR, de modo que los registros de inventario elaborados por las 
distintas unidades presentan mucha heterogeneidad y son incompletos. Un 10 % de los bienes 
muebles e incorporales incluidos en el inventario general figuraban con un valor nulo, al tratarse 
de elementos de elevada antigüedad. Asimismo, no se han realizado de forma periódica conteos, 
comprobaciones físicas y actualizaciones de todos los elementos inventariados, ni revisiones del 
valor  de  estos  activos.  Estas  deficiencias  y  salvedades  no  cuantificables  afectan  a  la 
representatividad de los activos registrados en esta rúbrica. 
d) Los bienes del patrimonio histórico presentaban un saldo en el balance a 31 de diciembre de 
2018 de 34.692 miles de euros. Estos bienes, a excepción de nueve elementos por un valor de 
3.323 miles de euros, no figuraban incluidos en el Inventario general de bienes y derechos de la 
CAR pese a que la DA segunda de la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la CAR 
establece que los bienes de titularidad autonómica incluidos en el Inventario del Registro General 
del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja constarán con esa calificación en el 
Inventario General de Bienes y Derechos. 
Por otra parte, el art. 21 de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja prevé que todos los bienes encuadrados en la misma sean objeto de 
anotación en el correspondiente Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de 
La Rioja, cuya gestión corresponde a la Consejería competente en materia de cultura, debiendo 
existir una coordinación con la Consejería competente en materia de Patrimonio, a los efectos de 
asegurar la coordinación con el Inventario General de Bienes y Derechos de la CAR. En la 
fiscalización,  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  ha  facilitado  unos  listados  sin  e.e
valoración con un total de 63 bienes denominados “Bienes de Interés Cultural”, dentro de los  b
cuales se encuentran los nueve elementos señalados en el párrafo anterior, que no pueden tener  785ww
la consideración de Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico. 
 
 
Las inversiones financieras a largo plazo presentaban, a 31 de diciembre de 2018, un saldo de 
190.455 miles de euros, con la siguiente naturaleza: 
Cuadro 17. Desglose saldo inversiones financieras a largo plazo 
(miles de euros) 
Denominación  Ejercicio 2018 
- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles  101.646 
- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público  32.036 
- Créditos y valores representativos de deuda  56.765 
- Otras inversiones financieras (fianzas y depósitos constituidos a largo plazo)  8 
TOTAL  190.455 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
La composición de las participaciones societarias que formaban parte de la cartera de valores a 
largo plazo de la Administración General al cierre del ejercicio 2018, se detalla a continuación para 
cada empresa, con indicación del grado de participación: 
Cuadro 18. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 
(miles de euros) 
Coste de  Grado de partic. 
Sociedades 
adquisición  (%) 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  5.334  95,3 
Logroño integración Ferrocarril 2002, S.A.  150  25 
La Rioja Turismo, S.A.U.  57.653  100 
Valdezcaray, S.A.  38.503  99,9 
TRAGSA  6  0,01 
TOTAL  101.646   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Sobre la situación y evolución de estas inversiones en el periodo fiscalizado, cabe destacar: 
- Las sociedad autonómica La Rioja Turismo, S.A.U. ha realizado en el ejercicio 2018 una 
ampliación de capital, totalmente suscrita y desembolsada por la Administración de la Comunidad, 
por importe de 650 miles de euros.   e.
- La sociedad Valdezcaray, S.A. se encontraba a cierre de ejercicio en el supuesto de reducción  785ww
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- La Administración Autonómica no ha dotado provisiones por la depreciación del valor registrado 
para la participación en las sociedades Valdezcaray, S.A. y La Rioja Turismo, S.A.U., correcciones 
valorativas que, de acuerdo con el valor teórico contable de las sociedades a 31 de diciembre de 
2018, ascendían a 19.973 miles de euros para la primera sociedad, y a 26.454 miles de euros 
para la segunda.  
Las inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público corresponden, por una 
parte, al importe de las dotaciones fundacionales de la CAR en las diferentes fundaciones del 
sector público riojano (167 miles de euros) y, por otra, a la asunción por parte de la Administración 
General de la CAR de la deuda financiera a largo plazo mantenida con esta por la FHC y FRS 
(31.869  miles  de  euros)  como  consecuencia  del  mecanismo  extraordinario  de  pago  a 
proveedores.  
En cuanto a la rúbrica de créditos a largo plazo, al cierre del ejercicio 2018, estos activos estaban 
integrados por derechos de cobro de la siguiente naturaleza y cuantía: 
Cuadro 19. Créditos y valores representativos de deuda 
 (miles de euros) 
Saldos 
Denominación 
31/12/2018 
Préstamos a Entidades Locales - vivienda  1.555 
Préstamos a particulares - vivienda  111 
Préstamos a consorcios de montes  1.007 
Préstamos a comunidades de regantes de La Rioja  219 
Préstamo a ADER5   20.265 
Préstamos ADER y La Rioja Turismo, S.A.U. al amparo del Mecanismo de Facilidad 
7.701 
Financiera 
Préstamo Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A., Refinanciación soterramiento  25.881 
TOTAL  56.739 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Al cierre del ejercicio fiscalizado los préstamos concedidos por la CAR a la ADER y a la sociedad 
pública autonómica La Rioja Turismo, S.A.U. para regularizar las obligaciones derivadas de su 
deuda  financiera  por  amortizaciones  mediante  la  adhesión  al  Fondo  de  Financiación  a 
Comunidades Autónomas a través del compartimento de Facilidad Financiera, ascendían a 4.293 
y 3.408 miles de euros, respectivamente. 
                                                  e.
5 El préstamo a la ADER se otorgó en aplicación del convenio suscrito en abril de 2014 entre la CAR, la ADER y el  785ww
Bliana vCnecArsoRi oE,n muerseo dpyie aconir tcdeue el aIln ncvtueea,r lsc ieoolnn G efoosn bpdieaorrsna or el adc eifbi niLdaaon scR idaioecjali óc,n iat ad tderao Pv béYasMn dcEeoS .l  ay  AeDmEpRre,s parse sdteó  mfineadniacniaac icóanp ditiarelizcatac iaó nla qsu eem oppreersaabsa pna eran 
 
 
B) Deudores 
En  el  anexo  II.2-1  se  presenta  un  resumen  de  la  situación  y  movimiento  de  los  deudores 
presupuestarios  para  el  ejercicio  2018,  con  indicación  de  su  antigüedad,  según  el  ejercicio 
presupuestario de procedencia, y de las modificaciones de los saldos iniciales aprobadas en el 
ejercicio, incluyéndose en la columna de disminuciones las rectificaciones a la baja de los saldos 
iniciales, los derechos anulados y las prescripciones e insolvencias aprobadas en el año. Se ha 
comprobado que los saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio coinciden con el detalle de 
deudores a dicha fecha aportado por la Administración de la Comunidad.  
Las cuentas a cobrar de deudores presupuestarios presentaban, al cierre del ejercicio 2018, un 
saldo de 46.948 miles de euros. 
En la revisión de los derechos pendientes de cobro se han puesto de manifiesto los siguientes 
resultados: 
1) El 34 % del saldo existente al 31 de diciembre de 2018 correspondía a deudas con origen en el 
propio ejercicio y el resto a derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, de los que un 
32 %  tenían  una  antigüedad  superior  a  cuatro  años,  para  los  que  la  Administración  de  la 
Comunidad debería proceder a su depuración. En cuanto a su naturaleza económica, el 74 % de 
los importes a cobrar al cierre del ejercicio tenían su origen en deudas tributarias, el 22 % en 
subvenciones recibidas, y el 4 % tienen otras naturalezas. Dentro de las subvenciones destacan 
los fondos procedentes de la UE que representan un 12 % del total de deudores. 
2) En la fiscalización se ha examinado una muestra de 15 expedientes de deudores, con una 
antigüedad superior a cuatro años, por una cuantía total de 6.502 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018, que representan el 14 % sobre el importe total de deudores a dicha fecha. 
A 31 de diciembre de 2018 se mantienen registrados derechos pendientes de cobro procedentes 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 financiado por el FSE por 739 miles de 
euros,  así  como  16  miles  de  euros  procedentes  del  FEOGA-Garantía  del  marco  de  acción 
comunitario 2000-2007, que no son realizables y deben darse de baja en contabilidad. 
Se ha comprobado que han sido objeto de baja contable, por el mismo motivo, 18 miles de euros 
reconocidos en la aplicación 610 “Enajenación de viviendas y locales comerciales” en el año 1996, 
procedentes  de  la  adjudicación  en  subasta  pública  de  un  local,  cuya  compra  no  llegó  a 
formalizarse, así como 11 miles de euros reconocidos en la aplicación “Transferencias del Instituto 
Nacional de la Mujer” en el año 1997, dentro de la tramitación de un expediente de generación de 
crédito por transferencias de ese Organismo siendo el crédito generado superior a la cantidad 
realmente recibida.  
Por otro lado, para los saldos deudores que se indican a continuación cabe hacer las siguientes 
observaciones: 
- Respecto a la rúbrica presupuestaria 74311 “Transferencias de capital de la Xunta de Galicia”, 
permanecen pendientes de cobro derechos reconocidos en el presupuesto 2004 por importe de 
120 miles de euros, cuyo deudor es la Sociedad de Gestión del Plan Jacobeo. Esta deuda 
corresponde  a  un  compromiso  de  aportación  de  la  entidad  deudora  para  la  adquisición  e 
instalación de una escultura y el acondicionamiento de su entorno en Logroño, tal como se  es
establecía en el convenio firmado el 19 de noviembre de 2004. El abono del importe total de la  o
ahdcaety uaaac ctduieóasnce iomfunbeeo srl esqaaudleizo ah hdaaoysa ptnao  irne tll eamr rCoummARepni detool   l2laa5  p cdraeens tcifderiabpdrce icóroon m ddpeer  ol2om0s0 ec5tiit,da asdi,on ds  qedusecero elncaoh cmoisée.n n dcoiosnea ldaa e sxoisctieendcaiad   2021-14785n https://www.
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de Grávalos y la CAR para la rehabilitación y puesta en explotación del balneario situado en dicha 
localidad. Las dificultades para la puesta en explotación del balneario y, consecuentemente, la 
demora en el cobro del canon concesional, así como la necesidad de subsanar ciertas deficiencias 
en las instalaciones durante 2017 y 2018, han impedido al Ayuntamiento hacer frente al pago a 
pesar de la concesión de distintos fraccionamientos, habiendo solicitado una nueva modificación 
del fraccionamiento de pago en 2019. Desde el Servicio de Tesorería y Política Financiera de la 
CAR se estima que la desproporción existente entre la deuda y los recursos de que dispone el 
Ayuntamiento hace que la solución deba orientarse a buscar plazos y garantías en el propio 
contexto de la actividad privada del balneario, de manera que el hacer frente a la deuda no 
condicione la posibilidad del Ayuntamiento de financiar la prestación de servicios públicos. Tras la 
demanda interpuesta por el adjudicatario solicitando una reducción del canon al 50 %, el 20 de 
mayo de 2020 la CAR ha concedido un nuevo fraccionamiento que extiende el periodo de pago 
hasta 2042. 
- En el concepto 380 “Reintegros de pagos de ejercicios anteriores” se mantienen derechos 
pendientes de cobro por 201 miles de euros, procedentes de un reintegro iniciado en 2003 por 
incumplimiento de las condiciones señaladas en la resolución de concesión de una subvención 
para la adquisición de activos fijos, debido a la disolución de la sociedad beneficiaria. En las 
comprobaciones  realizadas  se  ha  constatado  que  la  DG  de  Tributos  de  la  CAR  solicitó  al 
Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama información sobre el estado de la maquinaria propiedad 
de la sociedad, que estaba depositada en una nave municipal. Partiendo de esta información, el 
22  de  junio  de  2010  ese  órgano  directivo  emitió  diligencia  renunciando  al  embargo  del 
equipamiento, debido a su exiguo valor de realización y a que el mismo había permanecido 
inactivo sin ningún mantenimiento, y seguidamente, el 24 de enero de 2011, dictó acto de 
derivación de responsabilidad subsidiaria en las liquidadoras de la sociedad. En 2018, dicha 
Dirección General procedió a revisar las actuaciones relativas al expediente y se solicitó una 
nueva valoración de la maquinaria que, de acuerdo al informe externo emitido en diciembre de ese 
año, se valoró en 13 miles de euros, si bien, según se ha informado, no fue posible comprobar su 
funcionamiento ni acreditar para la totalidad del equipamiento su permanencia en dependencias 
municipales. A noviembre de 2020 no se tiene constancia de la realización de nuevas actuaciones 
encaminadas al cobro de los citados derechos de cobro derivados del reintegro incoado en 2003, 
si bien en alegaciones esa Dirección General ha informado que se van a realizar actuaciones para 
continuar con el procedimiento de apremio contra las liquidadoras de la mercantil deudora. 
- Se mantienen pendientes de cobro derechos reconocidos en 2008 y 2010 por 100 y 213 miles de 
euros, respectivamente, con origen en liquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales 
cuyos deudores son dos sociedades incursas en sendos procesos concursales que fueron objeto 
de archivo por inexistencia de bienes, para los que no existen, asimismo, posibilidades reales de 
cobro por lo que deben ser objeto de regularización. 
- A 31 de diciembre de 2018 permanecían pendientes de cobro unos derechos reconocidos en 
2016 en concepto de deudas tributarias derivadas del impuesto de sucesiones por importe de 
1.407 miles de euros, para los que se ha informado en alegaciones que todos los herederos 
conocidos han renunciado a la herencia, por lo que se ha comunicado al Estado para que lleven a 
cabo el procedimiento correspondiente para adjudicarse los bienes. 
3) En la revisión efectuada sobre los procedimientos contables aplicados por la Administración 
General de la Comunidad se ha puesto de manifiesto que el criterio seguido para el registro de los 
ingresos procedentes del SERIS no se ajusta al PGCP de la CAR, al contabilizarse los derechos  e
en función de los cobros realizados y no de acuerdo con la facturación emitida.  bo
 
 
De acuerdo con los registros auxiliares de dicho Organismo, a 31 de diciembre de 2018, existían 
derechos devengados no reconocidos pendientes de cobro por prestaciones asistenciales del 
SERIS por importe de 389 miles de euros, cuyo detalle por naturaleza se expone a continuación: 
Cuadro 20. Desglose derechos por prestaciones asistenciales 
(miles de euros) 
Descripción de los ingresos  Importe 
Asistencia a Compañías privadas  226 
Asistencia a particulares  82 
Accidentes de trabajo  41 
Juzgados  21 
Accidentes de tráfico  13 
Deuda del Estado  5 
Accidentes deportivos  1 
TOTAL  389 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
En cuanto a su antigüedad, el desglose, por ejercicios de procedencia, de los derechos por 
prestaciones  asistenciales  pendientes  de  cobro  no  contabilizados  a  31  de  diciembre  de  los 
ejercicios 2017 y 2018, es el que se indica a continuación. Como puede observarse el importe 
global de la deuda por estos conceptos ha disminuido un 22 % a lo largo de 2018: 
Cuadro 21. Antigüedad derechos por prestaciones asistenciales  
 (miles de euros) 
Pendiente  Pendiente  % 
Ejercicio 
31/12/2017  31/12/2018  Variación 
2010  21  21  0 
2011  1  0  (100) 
2012  3  2  (33) 
2013  2  0  (100) 
2014  6  6  0 
2015  2  2  0 
2016  1  1  0 
2017  460  48  (90) 
2018  0  309   
TOTAL  496  389  (22) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
4)  La  Administración  Autonómica  no  ha  dotado  provisiones  por  insolvencia  en  las  cuentas 
deudoras, con el consiguiente efecto sobre el resultado económico-patrimonial de cada ejercicio, 
ni ha incorporado en el cálculo del remanente de tesorería las minoraciones de los saldos 
deudores de dudoso cobro sobre el importe de los derechos pendientes de cobro. 
Al cierre del ejercicio fiscalizado, la Administración Autonómica mantenía unos saldos pendientes 
de cobro de 46.948 miles de euros, cuyo detalle por ejercicios de procedencia se expone en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 22. Derechos pendientes de cobro 
(miles de euros) 
Derechos pendientes de cobro al 31/12/2018 
Anteriores a 2015  2015  2016  2017  2018  TOTAL 
15.163  4.177  5.597  6.019  15.992  46.948  o
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  785ww
De  acuerdo  con  el  análisis  efectuado  sobre  la  evolución  de  la  realización  de  los  derechos
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deudas con cuatro años de antigüedad y el 98 % para los derechos de ejercicio corriente. Los 
porcentajes de cobro señalados determinan la existencia, al 31 de diciembre de 2018, de unos 
derechos de difícil recaudación de, al menos, 22.566 miles de euros. 
La composición y evolución de los deudores no presupuestarios, cuyos saldos conjuntos al cierre 
del ejercicio 2018 se situaron en 2.751 miles de euros, se resume en el anexo II.2-2. 
C) Tesorería  
El saldo de las cuentas de tesorería del balance de situación de la Administración General de la 
Comunidad al cierre del ejercicio 2018 asciende a 45.897 miles de euros, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 
Cuadro 23. Saldo cuentas de tesorería 
 (miles de euros) 
  Ejercicio 2018 
  Nº  Importe 
Cuentas operativas  25  45.653 
Cuentas de anticipos de caja fija  12  244 
TOTAL  37  45.897 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el anexo II.2-3 se recoge el movimiento de tesorería de la Administración General de la 
Comunidad durante el ejercicio 2018, de acuerdo con los datos reflejados en el estado de flujos de 
efectivo incluido en las cuentas anuales rendidas. Se ha comprobado la coincidencia del saldo 
final de este estado con el balance a 31/12/2018. 
En el análisis realizado sobre la situación y valoración de esta rúbrica, se ha constatado lo 
siguiente: 
- De acuerdo con la información obtenida en la fiscalización, al cierre del ejercicio 2018 no ha 
tenido el adecuado reflejo contable en rúbricas de tesorería de la Administración de la Comunidad 
el efectivo situado en 113 cuentas restringidas de recaudación y en 17 cuentas bancarias de 
fondos a justificar, cuyo saldo conjunto ascendía a 5  miles de euros y 11 miles de euros, 
respectivamente. El saldo existente en las cuentas de fondos a justificar corresponde a la cuenta 
de pagos de nóminas de servicios sociales por valor de 8 miles de euros y a la de gestión del 
telepeaje utilizado por el parque móvil por 3 miles de euros. La CAR justifica la no contabilización 
de estas cuentas por el hecho de que su saldo debería haberse transferido a 31 de diciembre a 
una cuenta operativa; sin embargo, no ha aportado conciliaciones de aquellas que presentan 
saldo6. 
                                                  s
6 A pesar de que en alegaciones se presenta un escrito del Director General de Control Presupuestario responsable de  w.
la Tesorería indicando que se remiten las conciliaciones de saldos en cuentas de pagos a justificar, la documentación  785ww
f2saa0cl1dil8iot,as dj uaan  3tso1o  dncoe un dn ilocoisse  mjmubsortviefii mcdaeien dnteitcoshs od d eael ñls oúa.l ltdimo ob atrnimcaersiotr ed ee nl acsa dtrae su ncau edneta esl laqsu,e  pperreos etondtaobs asnin s nailndgou an a3 1co dnec ildiaicciieómn bdree  ldoes 
 
- Respecto a las cuentas de anticipos de caja fija, la Comunidad ha remitido a petición del Tribunal 
un certificado de las mismas firmado por el DG de Control Presupuestario en el que se indica el 
número de cada una, pero no su saldo a 31 de diciembre de 2018. De acuerdo a los datos 
facilitados por la entidad financiera en que están abiertas las cuentas, la correspondiente a la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura presenta un saldo inferior al contable 
de mil euros. La Comunidad no ha facilitado las conciliaciones bancarias que fueron solicitadas 
durante la fiscalización7. 
II.4.1.3.2. Patrimonio neto y Pasivo 
A) Patrimonio neto 
El patrimonio neto registrado por la Administración Autonómica presentaba, al cierre de 2018, un 
saldo negativo de 158.003 miles de euros, cuya composición del saldo se muestra a continuación:  
Cuadro 24. Patrimonio Neto 
(miles de euros) 
  Ejercicio 2018 
Patrimonio aportado  183.023 
Patrimonio generado   (341.026) 
- Resultados de ejercicios anteriores  (318.914) 
- Resultado del ejercicio  (22.112) 
TOTAL  (158.003) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El resultado de ejercicios anteriores recoge el efecto de las amortizaciones acumuladas del 
inmovilizado material (257.136 miles de euros), cuyo cálculo se incorporó por primera vez en el 
ejercicio 2016 por importe de 222.508 miles de euros. 
B) Acreedores 
La evolución en el ejercicio 2018 de las obligaciones no financieras se resume en el anexo II.2-4 
en el que se presentan clasificadas por antigüedad de saldos. El importe total pendiente de pago 
al cierre del ejercicio fiscalizado ascendía a 201.307 miles de euros, de los que 128.886 miles de 
euros correspondían a obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente y el saldo restante 
procedía de ejercicios anteriores.  
Las obligaciones pendientes de pago tienen su origen principalmente en las transferencias de 
capital destinadas a la financiación de la actividad subvencionadora de la ADER.  
                                                  bo
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La  cuenta  patrimonial  413  recoge  los  acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  al 
presupuesto, cuya evolución en el ejercicio fiscalizado fue la siguiente:  
Cuadro 25. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
(miles de euros) 
Saldo al  Saldo 
Cargos  Abonos 
01/01/2018  31/12/2018 
13.601  13.490  15.175  15.286 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el análisis realizado se ha verificado que, tal y como se expone en el subepígrafe II.4.1.2.A, a 
31 de diciembre de 2018 la Comunidad no había registrado en la cuenta (413) obligaciones 
devengadas en el ejercicio 2018 y anteriores, un importe de, al menos, 2.770 miles de euros, que 
respondían principalmente a facturas de gastos sanitarios de naturaleza corriente que tuvieron 
entrada con posterioridad a la fecha de cierre del registro contable de facturas y por tanto fueron 
contabilizadas en el ejercicio siguiente. Por otro lado, la Comunidad no ha registrado la deuda 
contraída con la Administración General del Estado como consecuencia de las liquidaciones 
negativas del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, cuyo importe 
ascendía al cierre del ejercicio 2018 a 128.485 miles de euros.  
En el anexo II.2-5 se resumen las rúbricas de acreedores no presupuestarios, que presentan unos 
saldos al cierre del ejercicio 2018 de 55.957 miles de euros, con indicación de su composición y 
del movimiento de estas cuentas en el ejercicio. 
Según se ha expuesto en el epígrafe II.3.2, la Comunidad no dispone del detalle del saldo al cierre 
de cada ejercicio de las distintas rúbricas que integran los saldos acreedores y deudores no 
presupuestarios. Solo en aquellas cuentas que se encuentran vinculadas al Sistema General de 
Ingresos, que son en general movimientos de ingresos pendientes de aplicación, es posible 
obtener un listado con detalle del saldo a la fecha de impresión.  
II.4.1.4. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
La cuenta del resultado económico patrimonial rendida por la Administración Autonómica en el 
ejercicio fiscalizado, que se muestra en el anexo II.2-0.2, presenta un desahorro de 22.113 miles 
de euros, frente a los 19.649 miles de euros registrados en ejercicio 2017, con origen en el 
aumento de los resultados negativos de la gestión ordinaria por importe de 2.649 miles de euros 
(69 %),  con  especial  incidencia  en  las  transferencias  y  subvenciones  concedidas  que 
experimentan un aumento de 36.407 miles de euros (9 %). 
Como  se  ha  señalado  en  el  epígrafe  II.4.1,  relativo  al  análisis  de  las  liquidaciones  de  los 
presupuestos anuales y a la situación patrimonial de la Administración de la Comunidad, los 
gastos e ingresos registrados en el ejercicio analizado han presentado salvedades y limitaciones 
que afectan a la representatividad de la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2018, destacando por su importancia la falta de dotaciones por provisiones para insolvencias de 
las cuentas deudoras, la ausencia de depreciación de los elementos del inmovilizado, salvo para  es
las construcciones, así como la existencia de gastos devengados no registrados.  bo
 
II.4.1.5. MEMORIA 
La Memoria del ejercicio 2018 de la Administración de la Comunidad se integra dentro de sus 
cuentas anuales y se han formado de acuerdo con el modelo establecido en el PGCP de la 
Comunidad. 
En  la  revisión  efectuada  se  ha  comprobado  que  en  la  misma  no  se  ha  informado  sobre 
determinadas operaciones que, de acuerdo con su relevancia financiero-patrimonial, deberían 
haber sido objeto de detalle en la misma, entre las que destacan las siguientes: gastos con 
financiación afectada, bienes recibidos en adscripción, inmovilizado intangible, información sobre 
el destino de los gastos incurridos en el ejercicio para la protección y mejora medio ambiente, así 
como inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales. Respecto a los 
bienes destinados al uso general debería distinguirse entre las infraestructuras y bienes del 
patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer caso, y para el caso de los 
bienes  del  patrimonio  histórico,  diferenciando,  al  menos,  entre  construcciones  y  el  resto  de 
activos. 
Tampoco se han incluido las normas de reconocimiento y valoración, información actualizada de 
las operaciones de cobertura, así como una descripción de las contingencias y riesgos existentes 
y de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de ellos. 
En la fiscalización se ha solicitado información sobre los litigios, reclamaciones y procedimientos 
administrativos o jurisdiccionales de cualquier clase de los que era parte y tenía conocimiento la 
AG de la CAR en el ejercicio fiscalizado. Los servicios jurídicos han informado sobre  trece 
procedimientos judiciales por importe de 13.901 miles de euros en los que la CAR era parte 
demandada, habiéndose considerado remota la posibilidad de que surgieran obligaciones de pago 
derivadas de los procedimientos judiciales vigentes a 31 de diciembre de 2018. No obstante, en 
las  pruebas  realizadas  se  ha  verificado  que  en  dos  de  estos  procedimientos,  ambos  por 
responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  se  han  dictado  con  posterioridad  sendas 
sentencias desfavorables por 240 miles de euros, que no han sido recurridas en otra instancia 
superior por la AG de la CAR.  
A) Compromisos de gastos de ejercicios posteriores 
Los compromisos de gastos plurianuales presentados en la Cuenta General rendida ascendían, al 
cierre del ejercicio 2018, a 2.205.077 miles de euros, sin apenas variación respecto al ejercicio 
anterior. 
 
 
Como  se  aprecia  en  el  siguiente  cuadro,  desde  el  punto  de  vista  orgánico,  destacan  los 
compromisos de gasto correspondientes a la Sección Deuda Pública, con un saldo de 1.607.516 
miles  de  euros,  frente  a  los  1.553.543  miles  de  euros  del  ejercicio  anterior,  seguido  de  los 
compromisos en materia de salud (Consejería de Salud y Organismo autónomo SERIS) y la 
Consejería de Fomento y Política Territorial, con unos importes de 192.155 y 118.565 miles de 
euros, respectivamente.  
Cuadro 26. Compromisos de gastos de ejercicios posteriores 
(miles de euros) 
Ejercicios 
Consejería/Sección presupuestaria 
2022 y 
2019  2020  2021  TOTAL 
siguientes 
Deuda Pública  255.323  213.350  273.492  865.351  1.607.516 
Salud,  Políticas  Sociales  y  Servicio 
70.475  24.338  14.358  82.984  192.155 
Riojano de Salud (SERIS) 
Fomento y Política Territorial  31.141  19.711  40.635  27.078  118.565 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  44.024  19.094  7.436  45.185  115.739 
Educación, Formación y Empleo  55.186  15.941  49  0  71.176 
Otras Consejerías  57.760  30.175  11.053  938  99.926 
TOTAL  513.909  322.609  347.023  1.021.536  2.205.077 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Por  otro  lado,  como  se  ha  señalado  anteriormente,  es  necesario  indicar  que  junto  a  los 
compromisos futuros presentados en la Cuenta General rendida, la Comunidad también debe 
hacer frente a la devolución de la deuda generada a favor de Administración General del Estado, 
como consecuencia de la liquidación de los recursos del sistema de financiación correspondiente 
a los ejercicios 2008 y 2009 realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo importe 
ascendía, al cierre del ejercicio 2018 a 128.485 miles de euros.  
B) Estado de remanente de tesorería 
En el anexo II.2-9 se recoge el estado del remanente de tesorería al cierre del ejercicio 2018, 
aportado por la Administración Autonómica en la cuenta anual rendida. Esta magnitud presupuestaria 
está determinada por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los 
fondos líquidos al cierre del año, resultando un saldo negativo no afectado por 161.769 miles de 
euros, no figurando los recursos afectados pendientes de aplicación, al no haber sido cumplimentado 
el módulo de gestión de gastos con financiación afectada, no habiéndose incluido en consecuencia la 
información correspondiente en la Memoria de las cuentas anuales rendidas. La evolución negativa 
de  esta  magnitud  en  el  ejercicio  fiscalizado  obedece,  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  al 
mantenimiento de una elevada cuantía de obligaciones de naturaleza presupuestaria pendientes de  e.
pago,  en  su  mayor  parte  del  propio  ejercicio  corriente.  Finalmente,  como  se  ha  señalado  w.b
anteriormente, en la determinación de esta magnitud presupuestaria, la Comunidad no ha estimado  785ww
importe alguno para posibles saldos de dudoso cobro.
Edils mreinmuairnseen teen  d2e3 .2te4s5o rmeriíleas  ddeete remuirnoasd, oc opmoor  lcao nAsdemcuineinstcriaac idóen  lGase nsearlavle ddaed elas  eCxopmuuenstidaas de nd elboes 
 
apartados anteriores, por lo que esta magnitud presupuestaria pasaría a presentar un saldo negativo 
de 185.014 miles de euros. A continuación se resumen dichas salvedades, con indicación del 
epígrafe del Informe en el que se analizan: 
Cuadro 27. Efecto de las salvedades en el remanente de tesorería 
(miles de euros) 
Subepígrafe 
CONCEPTOS  Salvedades 
del informe 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO     
-  Derechos no registrados por servicios asistencias prestados por el SERIS   II.4.1.3.1.B)  389 
-  Derechos no realizables   II.4.1.3.1.B)  (313) 
-  Minoración de derechos por deudores de dudoso cobro  II.4.1.3.1.B)  (22.566) 
-  Derechos por fondos europeos no realizables     II.4.1.3.1.B)  (755) 
TOTAL SALVEDADES    (23.245) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.4.1.6. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
El sector administrativo de la CA estaba compuesto en el ejercicio fiscalizado por los Organismos 
SERIS e Instituto de Estudios Riojanos. En el anexo III.1 se indica el año de creación de estas 
entidades y los fines que tienen asignados, de acuerdo con sus Leyes de creación y adaptación a 
la Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad. 
Como se ha expuesto en el subapartado II.2, relativo a la rendición de cuentas, estos organismos, 
con personalidad jurídica independiente y recursos propios, deberían rendir sus cuentas anuales 
individuales de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34 y siguientes de la LFTCu y en su propia 
normativa de creación, en la que se establece su sometimiento al régimen de contabilidad pública, 
lo que llevaría aparejada la obligación de rendir cuentas al Tribunal, en virtud de lo previsto en el 
art. 36 de la Ley 3/2003, de organización del Sector Público de la Comunidad, y en el art. 129 de 
la LHPR. Como en años anteriores, la Comunidad ha rendido para estos organismos únicamente 
la información correspondiente a la ejecución de sus presupuestos de gastos integrados en la 
cuenta  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  como  secciones  presupuestarias 
independientes, de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones transitorias de sus Leyes de 
creación. 
 
 
De acuerdo con las liquidaciones del presupuesto rendidas, las obligaciones reconocidas por los 
OOAA de la Comunidad han ascendido en el ejercicio 2018 a 285.874 miles de euros, tal como se 
muestra a continuación: 
Cuadro 28. Obligaciones reconocidas por los Organismos autónomos de la CA 
(miles de euros) 
Organismo  Ejercicio 2018 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  284.829 
Instituto de Estudios Riojanos  1.045 
Total  285.874 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El 99,7 % del total de gastos reconocidos en el ejercicio fiscalizado por los OOAA de la CA 
correspondía al SERIS, dentro del cual los gastos de personal y los correspondientes a bienes 
corrientes y servicios, representaban el 65 % y 35 %, del total, con 183.896 y 99.136 miles de 
euros,  respectivamente.  En  el  subepígrafe  II.6.5.3  se  exponen  los  resultados  obtenidos  del 
análisis de la gestión de esta Entidad en el ejercicio fiscalizado. 
II.4.1.7. RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
En el ejercicio fiscalizado la CAR estaba integrada por las siguientes entidades sometidas al 
régimen de contabilidad pública: ADER, CEIS, CARE, Consejo de la Juventud y Universidad de La 
Rioja. En el anexo III.1 se indica el año de creación de estas entidades y los fines que tienen 
asignados, de acuerdo con sus Leyes de creación y adaptación a la Organización y Régimen 
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad. Las cuentas anuales de la Universidad de 
La Rioja son objeto de un análisis específico dentro de las actuaciones de fiscalización del 
Tribunal de Cuentas. 
 
La  situación  económica  y  financiera  de  estas  entidades,  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado, 
presentaba las siguientes magnitudes agregadas: 
Cuadro 29. Situación económica y financiera agregada del resto de entidades del sector público 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  Ejercicio 2018 
BALANCE 
 
ACTIVO TOTAL  395.363 
Inmovilizado  205.661 
Circulante  189.702 
PASIVO TOTAL  395.363 
Fondos Propios  336.377 
Acreedores a largo plazo  36.379 
Acreedores a corto plazo  22.607 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL   
Resultado actividad ordinaria  (3.063) 
Resultado de otras operaciones no financieras  (534) 
Resultado de las operaciones no financieras  (3.597) 
Resultado de las operaciones financieras  2.181 
Resultado neto del ejercicio  (1.416) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Los resultados agregados registrados por estas entidades en el ejercicio reflejan una pérdida de 
1.416 miles de euros frente a los beneficios de 1.171 obtenidos en el ejercicio anterior, debido a la 
negativa evolución del resultado en el CARE al pasar de unos resultados positivos en el ejercicio 
anterior de 4.409 miles de euros a unas pérdidas de 1.227 miles de euros en 2018 como 
consecuencia de la dotación de las amortizaciones de infraestructuras integrantes del inmovilizado 
material. 
El saldo agregado de los acreedores asciende, a 31 de diciembre de 2018, a 58.986 miles de 
euros, que incluye las deudas con entidades financieras por operaciones de endeudamiento de la 
Universidad de La Rioja y el Consejo de la Juventud, por unos importes de 4.340 y 40 miles de 
euros, respectivamente, con un decremento interanual del 4 %.  
El resultado presupuestario agregado asciende a 9.548 miles de euros frente a los 5.618 miles de  e.e
euros del ejercicio anterior, debido al aumento del resultado de la ADER por importe de 2.609  b
miles de euros.  785ww
Los presupuestos de ingresos del resto de entidades integrantes del sector público administrativo
de la CAR recogen unas transferencias corrientes y de capital recibidas de la Administración
 
 
General de la Comunidad en el ejercicio 2018 por un importe agregado de 71.715 miles de euros, 
tal como se muestra a continuación: 
Cuadro 30. Transferencias recibidas del resto de entidades integrantes del sector público 
administrativo 
 (miles de euros) 
Entidad  Transferencias recibidas  
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  19.159 
Consejo de la Juventud  53 
Consorcio  para  el  servicio  de  extinción  de  incendios,  salvamento  y 
4.206 
protección civil de La Rioja (CEIS) 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)   12.461 
Universidad de La Rioja   35.836 
Total  71.715 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Por lo que se refiere a la Universidad de La Rioja, con fecha 21 de marzo de 2016 se suscribió un 
Protocolo de financiación plurianual de la CAR a la Universidad de La Rioja para el período 
2016-2019, entre ambas partes, en el que se han recogido los compromisos económicos y las 
fuentes de financiación de la Universidad de La Rioja para dichos años, en dos modalidades: una 
financiación básica, sobre la que se aplicará un incremento anual del 2 %, siempre que no se 
supere en ningún caso el límite que determina la regla de gasto, y otra condicionada, destinada a 
financiar áreas relacionadas con la oferta docente de la Universidad de La Rioja, la renovación 
metodológica,  la  mejora  de  la  calidad  de  la  docencia,  la  investigación  y  la  gestión,  la 
internacionalización, así como la investigación y la transferencia del conocimiento. 
En relación con los consorcios participados por la CAR, como se ha señalado en el subapartado 
II.1, en el ejercicio fiscalizado la CAR participaba en el CARE y en el CEIS.  
En relación con el primero, es preciso señalar que a noviembre de 2020 continuaba sin llevarse a 
efecto la modificación de sus estatutos, necesaria para la adscripción de este Consorcio bien a la 
Administración de la Comunidad, bien a la Administración del Ayuntamiento de Logroño. 
La Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor con 
carácter general tuvo lugar el 2 de octubre de 2016, ha regulado con carácter básico para todo el 
Estado el régimen jurídico de los consorcios en los arts. 118 y siguientes, de forma análoga a lo 
expuesto. De esta manera, la ineludible adscripción a una de las administraciones consorciadas 
resulta precisa por cuanto somete a cada consorcio al régimen de presupuestación, contabilidad y 
control de la Administración Pública a la que estén adscritos y exige llevar a cabo una auditoría de 
las cuentas anuales atribuyendo su responsabilidad al órgano de control de la Administración a la 
que se haya adscrito el consorcio. Finalmente, según señala esta norma, los consorcios deberán 
formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de  e.
adscripción.  w.b
PAodrm cinoinsstriagcuiioennetes,  Aseu troenitóemraic laa  yn eLcoecsaidl aqdu eta nfotarms avne cpeasr tsee ñdael aldaa J duen taq udee l oGs orbeiperrensoe ndtealn Cteosn dseo rlcaios 
seusptae reenn tildaasd v, olluon tqaudee sp eenrmcoitnirtára dcaosn chlausirt as loab freec hsau  yc raersáucetelvr anp údbelifcinoi tivaaumtoennótme iclao  aod sclorcipacl ióyn  dseu 
 
consecuente integración en uno o en otro sector público. En tanto esta situación no se alcance, el 
criterio seguido en los informes anuales de fiscalización es el de considerar, transitoriamente, a 
dicha Entidad dentro del sector público de la CAR, en línea con el criterio de adscripción llevado a 
cabo  por  la  IGAE  como  integrante  del  sector  Administraciones  Públicas  y  su  consiguiente 
consideración a efectos del cálculo y determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la Comunidad. 
Por lo que se refiere al CEIS, cuyo objeto es la prestación en régimen de gestión directa del 
servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil, a pesar de que en 2017 se han 
modificado sus estatutos, declarando la adscripción del mismo a la CAR con sujeción al régimen 
de  presupuestación,  contabilidad  y  control  de  la  CAR;  se  ha  verificado  que  el  régimen 
presupuestario y contable aplicado por el Consorcio en dicho año ha sido el establecido en la 
legislación de régimen local al haber seguido el PGCP adaptado a la Administración Local, 
aprobado por la O. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del 
modelo normal de contabilidad local y la O. HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica 
la O. EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, que aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 
Sobre la adecuación de la ADER como entidad empresarial debe significarse que la Ley 3/2003, 
de 3 de marzo, recoge en la regulación de estas personificaciones jurídicas, en el Capítulo tercero 
de su Título II, que son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades 
prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de 
contraprestación, precisando que excepcionalmente, se les podrá encomendar mediante Ley de 
creación, la realización de actuaciones de fomento siempre y cuando las mismas se consideren 
accesorias de las funciones y competencias principales atribuidas a la Entidad. Como se viene 
señalando en fiscalizaciones anteriores, dado que la ADER tiene como actividad principal el 
fomento de la actividad económica de La Rioja, que se materializa en la gestión de diferentes 
líneas de subvenciones, debe concluirse que la Agencia no es asimilable al ámbito funcional 
establecido por la Ley 3/2003 para las entidades públicas empresariales. De hecho, el régimen 
contable aplicado por la Agencia es el de la contabilidad pública y su presupuesto de gastos tiene 
carácter limitativo.  
Por otro lado, las obligaciones reconocidas en el ejercicio ascienden a 27.551 miles de euros 
frente a unos créditos definitivos de 89.380 miles de euros, siendo de señalar, tal como se viene 
reiterando en ejercicios anteriores, el bajo grado de ejecución del presupuesto de gastos de la 
entidad (31 %), por lo que debería corregirse esta falta de representatividad de los créditos 
aprobados  aplicando  para  aquellas  operaciones  con  alcance  plurianual,  como  son  las 
subvenciones o ayudas de la Agencia a proyectos de inversión cuyo periodo de maduración o 
ejecución  supera  el  año  natural,  las  normas  de  gestión  presupuestaria  establecidas 
recurrentemente en las LP de la CA relativas a la asunción de compromisos de gastos de carácter 
plurianual,  que  posibilitan  anualizar  las  ayudas  conforme  al  programa  de  realización  de  la 
inversión subvencionable, lo que permitiría la adecuación de los créditos presupuestarios a la 
ejecución real de los proyectos subvencionados. 
II.4.2. Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma 
El sector empresarial de la CA estaba integrado en el ejercicio fiscalizado por tres sociedades 
públicas,  cuya  relación  nominal  así  como  el  detalle  de  los  objetos  sociales  y  los  años  de  s
 
 
constitución se recogen en el anexo III.2. Asimismo, la Administración Autonómica participaba 
directamente de forma minoritaria en otras dos sociedades8.  
La CGSPE de la CAR correspondiente al ejercicio 2018 se ha formado por la Intervención General 
de la CAR mediante la agregación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de las tres 
sociedades mercantiles en las que la Administración de la CA ostentaba al cierre del ejercicio una 
participación mayoritaria en su capital social. Como se ha expuesto en el subapartado II.2 relativo 
a la rendición de cuentas, en dicho estado no se han incorporado el estado agregado de flujos de 
efectivo ni el estado de cambios en el patrimonio neto. 
En relación con el contenido de la CGSPE, cabe señalar que la Memoria establecida en el art. 
122.1.d de la LHPR, no ha proporcionado información suficiente para explicar la composición de 
las partidas que integran el balance y la cuenta de resultados, existiendo importantes carencias, 
especialmente en relación con la liquidación de los presupuestos de explotación y capital de las 
sociedades. Esta deficiencia en materia de planificación de la actividad económico-financiera de 
las entidades que integran el sector público la CAR también supone un incumplimiento de lo 
establecido  en  el  art.  122.2  de  la  LHPR,  en  el  que  se  establece  que  la  Cuenta  General 
suministrará información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos, así como del grado 
de realización de los objetivos. 
La composición del sector empresarial autonómico en 2018 se presenta a continuación, con 
indicación de los porcentajes de participación pública en el capital social de cada empresa. 
Cuadro 31. Sector empresarial autonómico 
(%) 
Sector 
EMPRESAS  Otras  Total 
autonómico 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  95,69  4,31  100 
La Rioja Turismo, S.A.U.  100  0  100 
Valdezcaray, S.A.  99,99  0,01  100 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 se recogen el balance agregado y la cuenta de pérdidas y ganancias 
agregada que componen la Cuenta General rendida del sector empresarial de la Comunidad para 
el ejercicio 2018. 
                                                  785ww
82 0L0a2 ,A Sd.mAi.n yis utrna c0i,ó0n0 3G %en eenra Tl RpAarGtiSciApa. ba de forma directa en un 25 % en la sociedad Logroño Integración Ferrocarril
 
La situación económica y financiera del sector empresarial de la CAR, al cierre del ejercicio 
fiscalizado, presentaba las siguientes magnitudes agregadas: 
Cuadro 32. Situación económica y financiera agregada sector empresarial 
(miles de euros) 
Concepto / Descripción  Ejercicio 2018 
BALANCE   
- Activo total   70.692 
. No corriente  51.613 
. Corriente  19.079 
- Patrimonio neto  61.283 
- Pasivo no corriente  5.868 
- Pasivo corriente  3.541 
CUENTA DE RESULTADOS   
- Resultados de explotación   (3.018) 
- Resultados financieros  (70) 
- Resultados antes de Impuestos  (3.088) 
- Impuestos s/Bº  2 
- Resultado del ejercicio  (3.086) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Los resultados agregados del ejercicio registran un saldo negativo de 3.086 miles de euros, lo que 
supone una mejora del 28 % respecto de 2017, especialmente por el aumento de la cifra de la 
sociedad IRVISA, habiéndose alcanzado resultados negativos en las tres sociedades, destacando 
las pérdidas de la sociedad La Rioja Turismo, S.A.U. por importe de 1.942 miles de euros. Por otro 
lado, el patrimonio neto de la sociedad Valdezcaray, S.A. se encontraba a 31 de diciembre de 
2018 por debajo de las dos terceras partes del capital social, por lo que de acuerdo con lo previsto 
en el art. 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad debía reducir 
capital social.  
La  Administración  de  la  Comunidad  ha  reconocido  en  el  ejercicio  2018  obligaciones  por 
transferencias y subvenciones a favor de las sociedades La Rioja Turismo, S.A.U. e IRVISA por 
importe de 6.321 y 11 miles de euros, respectivamente. 
A 31 de diciembre de 2018 el endeudamiento con entidades de crédito de las empresas de la  b
Comunidad, de acuerdo con la información facilitada por la Administración Autonómica, ascendía  785ww
aEac n2u .le6ar1 df5ios c mcaiollienzsa  lcodi eóp ner eusvreoi shsto,a  c ceoonrmr elaps rpnooobnramddieaon  qdteuese  v elaanlso s rouap cteioórtanac linidoºan d9e  sad  deIRel  VPeIGnSdCAe,.u  qduaem dieisnptoo nsee  hqaune  rleag visatlroardaoc iódne   OE-A-2021-14able en https://
 
 
inicial de estos pasivos financieros se realice por su valor razonable, y posteriormente por su coste 
amortizado, imputándose los intereses devengados a la cuenta de pérdidas y ganancias por el 
método del tipo de interés efectivo.  
En  cuanto  al  control  de  las  empresas  públicas  autonómicas,  debe señalarse  que  todas  las 
sociedades han sometido a auditoría contable externa sus cuentas anuales del ejercicio 2018, 
cuyos  informes  presentaron  opiniones  favorables  sin  salvedades.  De  las  comprobaciones 
realizadas durante la fiscalización, se realizan las observaciones y hechos relevantes sobre las 
cuentas anuales que se indican a continuación, las cuales no alteran la opinión manifestada en los 
citados informes de auditoría. 
En primer lugar, es preciso señalar, como se ha indicado anteriormente, que todas las sociedades 
han presentado en 2018 y en ejercicios anteriores de forma recurrente unos resultados negativos 
significativos, incluso a nivel de explotación, lo que podría suponer un riesgo en cuanto a la 
capacidad de las empresas para continuar con su actividad desarrollada, así como respecto a la 
posible depreciación del valor razonable de sus activos en relación a su valor contable por la 
incapacidad de generar el flujo necesario de efectivo para la rentabilidad y amortización de sus 
activos.  
En este sentido, se ha evaluado a nivel global dicha situación deficitaria en el contexto de la 
titularidad pública autonómica de estas empresas, considerando a todas ellas como generadoras 
de economías externas positivas para la Comunidad. En el caso de La Rioja Turismo, S.A.U., a 
través de la dotación de servicios de infraestructuras generadores de actividad económica en 
general, en el sector turístico; en Valdezcaray, S.A., como motor económico de la comarca, 
generando empleo y riqueza en zona rural; y finalmente, en IRVISA, por la propia función social de 
facilitar el acceso a la vivienda de protección social en la CA. 
En relación con IRVISA, una de las actividades principales de la sociedad dentro de su objeto 
social es la promoción y rehabilitación de viviendas, realizando una función social para facilitar el 
acceso a la vivienda de protección social. Este sector de actividad se ha visto muy afectado por la 
crisis financiera que supuso una casi total paralización en su actividad de promoción, limitándose 
su actividad mercantil a la venta y alquiler de viviendas y otros inmuebles construidos en años 
anteriores al centrarse en el desarrollo de programas sociales como la denominada “Hipoteca 
Joven”, la bolsa de vivienda en alquiler del Gobierno de La Rioja, la gestión del Fondo Social 
Nacional de Viviendas de entidades financieras o la colaboración con la Red Social de familias 
desfavorecidas de La Rioja y la ventanilla única de viviendas. 
La evaluación de los riesgos en el contexto de la titularidad pública autonómica de la sociedad 
indica  que  estos  se  encuentran  suficientemente  atenuados  además  de  por  su  situación 
patrimonial, como consecuencia de los beneficios retenidos en reservas, por el carácter público de 
la sociedad en el desarrollo de la política social autonómica, lo que motiva el constatado apoyo 
financiero de la CAR. Todo ello sin perjuicio de que, a nivel estratégico, sea preciso analizar si la 
actividad de la empresa debe seguir dirigiéndose “al mercado” o si por el contrario se redirija “a la 
producción de  bienes y servicios”  con  un  carácter  puramente  social,  en  cuyo caso  debería 
cuestionarse la oportunidad de mantener su forma societaria. 
En  relación  con  la  sociedad  La  Rioja  Turismo,  S.A.U.,  dentro  del  epígrafe  del  inmovilizado 
destacan las instalaciones del Palacio de Congresos, con un coste de 35.955 miles de euros y una 
amortización acumulada de 12.338 miles de euros. Estos activos, puestos en funcionamiento en el  es
año 2004, se encuentran construidos en un terreno propiedad de la CAR, sobre el que se  bo
constituyó un derecho de superficie formalizado en 2003 a favor de la sociedad por un plazo de 50  785ww
alsdaoñe co Cuiseno;d amtar vaudann nlsiodocra uahdrcar,i ió drsneoi ng fdi iasincbtrihlnaeogd  duopen lacla ozm onoi,stt amrlaabos le .c meo dneiftnirctaeap creieol sntetearscre iópnnao s anafir eáicnnt dode eam l fnodirezmraeacc ióhanou. t doSem esá uthipcaae  rafcico sinees rat apl trnaoodp oide idsqapudoe n delaer    OE-A-2021-14able en https://
 
Por otra parte, cabe destacar que las inversiones en el Palacio de Congresos y en el Parque de 
Enciso se financian anualmente por medio de ampliaciones de capital de la CAR, que también se 
aplican  anualmente  a  cubrir  el  déficit  de  explotación  generado  por  los  recursos  turísticos, 
incluyendo el efecto del mayor gasto fiscal derivado del cambio normativo operado sobre la 
prorrata de IVA soportado.  
Finalmente, en cuanto a Valdezcaray, S.A., debe señalarse que el desarrollo de la actividad de la 
estación depende en gran medida de las precipitaciones de nieve, contando como complemento 
con  la  fabricación  artificial  de  nieve.  Por  ello,  la  sociedad  llevó  a  cabo  un  proyecto  de 
remodelación muy ambicioso desde el ejercicio 2000 al 2006, habiéndose realizado en ejercicios 
posteriores  de  forma  complementaria  una  serie  de  inversiones  y  mejoras  necesarias  para 
mantener las instalaciones en condiciones de uso y funcionamiento. Estas inversiones suponen 
más del 95 % de los activos totales de la sociedad y su mantenimiento y amortización constituyen 
partidas muy relevantes en la cuenta de resultados final.  
La sociedad, como se ha indicado, presenta de forma recurrente resultados contables negativos, 
incluso  a  nivel  de  explotación,  si  bien  los  flujos  de  caja  suelen  ser  positivos.  Así  pues, 
contemplando los resultados de la sociedad en una óptica de varios ejercicios, puede concluirse 
que, en conjunto, aunque la sociedad fuese capaz de generar los suficientes ingresos para 
atender  sus  gastos  corrientes,  resulta  improbable  que  pueda  asumir  el  coste  de  las 
amortizaciones contables y el de la renovación de los activos de la estación de esquí.  
En la fiscalización se han solicitado, pero no se han recibido, los estudios o análisis que, en su 
caso, se hubieran realizado respecto al impacto (externalidades positivas) que la estación haya 
generado, genere o vaya a generar como motor económico de la zona, creando riqueza y empleo, 
así como otros estudios de viabilidad y sostenibilidad económica o análisis coste-beneficio de la 
estación.  
II.4.3. Cuenta General de las fundaciones autonómicas 
El Estatuto de Autonomía de La Rioja incluye en su art. 8.1.34 entre las competencias exclusivas 
de la CA las referidas a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito 
territorial de la CA, sin perjuicio de las competencias que el art. 149 de la CE reserva al Estado. La 
CAR ha establecido una normativa propia para regular el funcionamiento y la actividad de las 
fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en su ámbito territorial a través de la 
Ley 1/2007, de 12 de febrero.  
En  2018  el  sector  fundacional  autonómico  estaba  formado  al  cierre  del  ejercicio  por  diez 
fundaciones en las que la Comunidad, directa o indirectamente, participaba mayoritariamente en 
sus dotaciones fundacionales, en sus patronatos o en la financiación de su actividad, y cuya 
relación nominal se detalla en el anexo III.3 junto con un resumen de sus fines fundacionales y la 
indicación de su año de creación. 
La CGSPF de la CAR, debe formarse, de acuerdo al art. 122.1.c) de la LHPR, mediante la 
agregación o consolidación de las cuentas de las entidades, que deben aplicar los principios de 
contabilidad recogidos en el RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas 
de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos, y en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las  e.
entidades sin fines lucrativos.  w.b
Lreas uCltGaSdoPsF  argernedgidaad ap. aEras toesl  eejestracdicoios  2fi0n1a8n ceiesrtoás i nhtaeng rasiddao  peolar beol rbaadloasn cpeo ra lgar eIngtaedrvoe yn claió ncu Genetnae rdael 
dFeu nlad aCcAioRn ems:e dFiaRnSte;  lFa HaCgr; egFaucnidóanc dióen l aSs acnu eMntiallsá na nduea lelas  inCdoivgiodlulaa;l eFsu rnednadcidióans  pPorrá lxaesd seisg uMieantteeos 
 
 
Sagasta; Fundación Tutelar de La Rioja; Fundación Rioja Deporte, Fundación Riojana para la 
Innovación; FUBESOR y Fundación Dialnet.  
Como ya se ha expuesto en el subapartado II.2 relativo a la rendición de cuentas, en las CGSPF 
la Intervención General de la CAR no ha integrado las cuentas anuales de la Fundación General 
de la Universidad de La Rioja, al encontrarse pendiente de clasificación en el inventario de entes 
dependientes de la CAR, si bien las cuentas de dicha fundación se remitieron al Tribunal como 
anexo a la Cuenta General de la Universidad de La Rioja.  
En relación con la Fundación General de la Universidad de La Rioja, tal y como ya se ha expuesto 
en anteriores informes de fiscalización, debe considerarse que pertenece al sector público de la 
CAR,  con  independencia  de  las  variaciones  que  hayan  podido  producirse  en  la  dotación 
fundacional, inicialmente aportada íntegramente por la Universidad, dado que esta última siempre 
ha ejercido desde el momento de su constitución el control efectivo sobre las decisiones del 
Patronato de la fundación, en la medida en que la mayoría de los miembros del patronato son 
nombrados y pertenecen a la misma, y la financia mayoritariamente. En este sentido, debe 
destacarse que la no consideración de dicha entidad como pública, dada su dependencia de la 
Universidad,  la  excluiría,  de  la  posibilidad  de  desarrollar  las  actividades  que  aquella  le  ha 
encomendado, particularmente la realización de contratos amparados en el art. 83 de la LOU. En 
consecuencia, con independencia de que la CA pueda valorar los posibles cambios normativos 
para la consideración de esta entidad como integrante del sector público autonómico, y sin 
perjuicio de la previsible clasificación de dicha entidad dentro del sector Administraciones Públicas 
a efectos de la determinación del déficit público de la Comunidad, le resultan aplicables las 
normas presupuestarias y de control establecidas para la misma.  
No obstante, el efecto derivado de la posible falta de agregación de la entidad señalada en los 
párrafos anteriores sobre la representatividad de la Cuenta General de la CA, así como sobre el 
déficit del conjunto de la Comunidad no se considera relevante, habida cuenta el volumen de 
gasto incurrido por la misma en el ejercicio fiscalizado.  
En  otro  orden  de  cosas,  la  ausencia  de  criterios  uniformes  en  la  determinación  del  ámbito 
subjetivo de las entidades dependientes del sector público de la Comunidad, ha provocado 
discrepancias entre las fundaciones incluidas en la LP para el ejercicio 2018 y las integradas por 
la Intervención General de la Comunidad en la CGSPF de dicho año.  
Por otra parte, la CGSPF, al igual que se ha indicado anteriormente para la CGSPE, no ha 
proporcionado información sobre la liquidación agregada de los presupuestos de explotación y 
capital, carencia en materia de planificación de la actividad económico-financiera de las entidades 
que integran el sector fundacional de la CAR, que supone un incumplimiento de lo establecido en 
el art. 122.2 de la LHPR. 
En los anexos I.3-1 y I.3-2 se presenta el balance agregado y la cuenta de resultados agregada de 
las fundaciones integradas en la Cuenta General rendida del sector fundacional de la Comunidad 
para el ejercicio 2018.  
 
La situación económica y financiera del sector fundacional de la CAR, al cierre del ejercicio 
fiscalizado, presentaba las siguientes magnitudes agregadas: 
Cuadro 33. Situación económica y financiera agregada del sector fundacional 
 (miles de euros) 
Concepto / Descripción  2018 
BALANCE 
 
- Activo total   51.320 
. No corriente  44.269 
. Corriente  7.051 
- Patrimonio neto  22.065 
- Pasivo no corriente  437 
- Pasivo corriente  28.818 
CUENTA DE RESULTADOS   
- Excedente de la Actividad  1.052 
- Excedente de las operaciones financieras  (63) 
- Excedente antes de impuestos  989 
- Impuestos s/Bº  0 
- Variación del P.N. reconocida en el excedente del ejercicio  989 
- Variación  de  patrimonio  neto  por  ingresos  y  gastos  imputados 
3.165 
directamente patrimonio neto 
- Ajustes y variaciones  (691) 
- Resultado del ejercicio  3.463 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El activo global del sector público fundacional asciende a 51.320 miles de euros, correspondiente 
en su mayor parte al inmovilizado de las FRS y FHC. El patrimonio neto aumenta un 19 % hasta 
situarse en 22.065 miles de euros en 2018, debido principalmente al excedente de la actividad de 
la FHC, que se sitúan en 659 miles de euros, frente a los 2.353 miles de euros negativos del 
ejercicio  anterior,  como  consecuencia,  principalmente,  del  aumento  de  las  subvenciones  de 
explotación recibidas de la CAR, así como del aumento de las donaciones concedidas a la FRS, 
especialmente las que tienen origen en la Fundación Amancio Ortega por importe de 2.622 miles 
de euros.  es
 
 
De acuerdo con la información facilitada por la CAR y la reflejada en sus cuentas anuales, las 
transferencias y subvenciones recibidas por las fundaciones han ascendido a un total de 61.428 
miles de euros, de las que 61.369 miles de euros fueron de procedencia autonómica, tal y como 
se expone a continuación: 
Cuadro 34. Transferencias y subvenciones recibidas sector fundacional 
 (miles de euros) 
Sector Administrativo 
Transf. y 
subvenciones 
FUNDACIONES  Transf. y  Transf. y  Total 
de otras Adm. 
subvenciones  subvenciones 
Publicas 
corrientes  de capital 
Fundación  Benéfico-Social  de  La  Rioja 
449  0  0  449 
(FUBESOR) 
Fundación Dialnet  403  31  0  434 
Fundación Hospital Calahorra (FHC)  37.500  756  3  38.259 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  39  0  0  39 
Fundación Rioja Deporte  260  0  0  260 
Fundación Rioja Salud (FRS)  19.823  450  0  20.273 
Fundación Tutelar de La Rioja  840  0  0  840 
Fundación General de la Universidad de La Rioja  69  0  46  115 
Fundación Riojana para la Innovación  237  0  10  247 
Fundación San Millán de la Cogolla  512  0  0  512 
TOTAL  60.132  1.237  59  61.428 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El endeudamiento financiero de las Fundaciones de la Comunidad se ha situado, al cierre del 
ejercicio 2018, en 101 miles de euros, cuya situación se presenta a continuación para cada 
entidad, clasificado por vencimiento: 
Cuadro 35. Endeudamiento sector fundacional 
(miles de euros) 
Fundación  Deudas Largo plazo  Deudas corto plazo  Total 
Fundación Dialnet  0  3  3 
Fundación Rioja Deporte  0  90  90  oe.
TOTAL  0  101  101  785ww
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
 
Por lo que se refiere al control de estas entidades, la Intervención General de la CAR ha realizado 
los controles financieros previstos en el art. 163 de la LHPR únicamente para las FRS, FHC y 
Fundación Rioja Deporte.  
Por otra parte, FUBESOR ha mantenido como actividad principal la gestión de la residencia de 
mayores Nuestra Señora del Valle de Cenicero, para lo que suscribió el 27 de diciembre de 2012 
un convenio de gestión con una empresa privada para la atención residencial de 34 plazas para 
personas mayores dependientes. El Patronato de la fundación acordó la extinción de la misma el 
29 de diciembre de 2017, habiéndose inscrito su liquidación en el Registro de Fundaciones de La 
Rioja el 23 de mayo de 2019. Los bienes fueron destinados a la Administración de la CAR, sin 
perjuicio  de  determinadas  fincas  e  inmuebles  que  fueron  cedidos  gratuitamente  a  varios 
ayuntamientos  de  Comunidad.  Por  Resolución  del  Consejero  de  Administración  Pública  y 
Hacienda, de fecha 7 de marzo de 2019, se aceptó la cesión gratuita en propiedad de los 
inmuebles y créditos, así como la posición acreedora y deudora que la fundación pudiera tener 
frente a terceros con respecto a dichos bienes. Asimismo, se acordó mediante la misma la 
subrogación de la CAR a todos los efectos en la misma posición en que se encontraba la 
fundación en el momento de extinción de su personalidad jurídica. 
Tras la extinción, la Intervención de la CAR realizó una auditoría de legalidad y económico-
financiera de dicha liquidación, en cuyo informe definitivo de fecha 5 de septiembre de 2019 se 
puso de manifiesto, por un lado, que la liquidadora no realizó las actuaciones necesarias para la 
formalización de la extinción del convenio de 27 de diciembre de 2012, entre la fundación y la 
mencionada empresa y, por otro, que las cuentas de liquidación presentadas no revelaron ninguna 
información acerca de la reclamación presentada el 3 de abril de 2019 por la citada firma por un 
importe de 2.923 miles de euros, en relación a la extinción del citado convenio que consideraba 
vigente. Ello determinó que no se dotara contablemente una provisión para cubrir los pasivos 
derivados de la posible estimación de la reclamación presentada.  
En relación con la Fundación Práxedes Mateo Sagasta, la Intervención General de la CAR, en 
virtud de lo establecido en el art. 161 de la LHPR, ha emitido un informe de actuación con fecha 
19 de diciembre de 2018 que ha sido remitido al Consejero de Administración Pública y Hacienda 
para su elevación al Consejo de Gobierno a efectos de dirimir sobre una serie de aspectos en los 
que la fundación estaba en desacuerdo. Estas cuestiones básicamente se resumen en  tres 
puntos: a) la necesidad de llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la adscripción 
de la fundación a la consejería con funciones en cultura y que se incluya dentro de los entes que 
forman parte del Sector Público de la CAR en el Portal de la Transparencia de la CAR; b) que se 
adapten sus estatutos señalando expresamente su pertenencia al sector público de la CAR; y c) la 
aprobación del presupuesto anual de la fundación y los presupuestos de explotación y de capital y 
el programa de actuación plurianual establecidos, respectivamente, en los arts. 78 y 79 de la 
LHPR, para su remisión a través de la consejería de la que dependa, a la consejería con 
competencias en materia de hacienda, de acuerdo con lo establecido en el art. 80 de la citada 
norma.  
Por su parte, las Fundaciones Dialnet, Fundación Riojana para la Innovación, Fundación General 
Universidad Rioja, Fundación Tutelar de La Rioja y Fundación San Millán de la Cogolla, que no 
están sujetas a la obligación de auditar sus cuentas anuales, también han sometido a auditoría las 
cuentas  anuales  del  ejercicio  2018,  habiéndose  expresado  en  todos  los  casos  una  opinión 
favorable. 
 
 
II.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.5.1. Estabilidad presupuestaria 
Se entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, la situación de 
equilibrio o superávit estructural, calculado conforme a la metodología utilizada por la Comisión 
Europea. 
A) Objetivo de estabilidad 
En el análisis realizado sobre las actuaciones de la CAR en el ejercicio 2018, en el marco de la 
estabilidad presupuestaria, se han obtenido los siguientes resultados: 
a) Perímetro de consolidación según los criterios del SEC 
Revisada  la  clasificación  efectuada  de  las  entidades  que  han  sido  incluidas  en  el  sector 
Administraciones Públicas de la CAR, se ha constatado que en el ejercicio fiscalizado no ha sido 
considerada a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria la Fundación 
General de la Universidad de La Rioja, al encontrarse en estudio por parte de la IGAE y, por tanto, 
pendiente de clasificación.  
No obstante, es preciso indicar que, dado su volumen de operaciones en el ejercicio fiscalizado, la 
posible inclusión de la entidad señalada anteriormente en el sector de Administraciones Públicas 
no hubiera tenido una incidencia relevante sobre la necesidad de financiación de la CA en 
términos sobre el PIB.  
b) Objetivo de Déficit 
Conforme a  lo  dispuesto  en  el art.  15  de la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el 7 de julio de 2017 el Consejo de Ministros aprobó para el 
año 2018 un objetivo de estabilidad para el sector CCAA del 0,4 % del PIB. Los objetivos 
individuales para las CCAA de régimen común fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de julio de 2017, quedando establecidos para cada una de ellas también en el 
0,4 % de su PIB regional.  
b.1) Cumplimiento del objetivo de déficit en la elaboración del presupuesto 
En la revisión efectuada se ha comprobado que en los presupuestos aprobados de la CAR para 
2018  no  se  han  incluido  dentro  de  su  ámbito  subjetivo  determinadas  entidades,  como  la 
Universidad de La Rioja o el CARE, que, por el contrario, sí formaron parte del mencionado 
perímetro  de  consolidación  y fueron  consideradas  posteriormente  por  la  IGAE  a  efectos  de 
determinar el déficit definitivo de la CAR una vez liquidado el presupuesto. Como se ha indicado 
en  el  subapartado  II.1,  estas  discrepancias  existentes  entre  el  ámbito  subjetivo  de  los 
presupuestos de la CA, las Cuentas Generales de la CA y el perímetro de consolidación a efectos 
de estabilidad presupuestaria vienen determinadas por la aplicación de diferentes criterios que 
deberían ser superados mediante la oportuna adaptación de la normativa autonómica en esta 
materia.  s
Por otra parte, en relación con los cálculos sobre el déficit del presupuesto inicial efectuados por la  w.
CAR en la memoria que acompaña a los presupuestos, se ha estimado para las Administraciones  785ww
dPeú b6li.c0a9s0,  mcoilne sin ddee peeunrdoes.n cNiao  doeb sltoa nsteeñ, atleandioe nedno  eel np ácrureanfota a an tleorsio er,n utensa  dcea pparecisduapdu edset ofi neasnticmiaactiióvno 
en términos consolidados el déficit alcanzaría una necesidad de financiación de 16.090 miles de
 
euros, que representa el -0,19 % del PIB regional a esa fecha, porcentaje en cualquier caso por 
debajo del límite de -0,4 % fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017. 
b.2) Cumplimiento del objetivo de déficit en la liquidación del presupuesto 
De acuerdo con el informe de 25 de octubre de 2019 emitido por el Ministerio de Hacienda (MH) 
sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2018, la CAR ha cumplido el objetivo de estabilidad fijado para dicho año al haber 
registrado una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional de 24 millones de 
euros, lo que representa un déficit del -0,3 % del PIB regional en dicho año, frente al objetivo 
antes mencionado del -0,4 %. En el siguiente cuadro se resume el cálculo de la necesidad de 
financiación elaborado por la IGAE para el ejercicio fiscalizado siguiendo los criterios establecidos 
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales:  
Cuadro 36. Necesidad de financiación 
(Millones de euros) 
1. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS  (19) 
1.1. Saldo presupuestario no financiero  (27) 
1.2. Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de Cuentas  8 
1.2.1. Transferencias de la Administración Central, de la Seguridad Social  10 
1.2.2. Transferencias de Fondos Comunitarios  8 
1.2.3.  Transferencias  internas  entre  unidades  administrativas  de  la  Comunidad  (1) 
Autónoma 
1.2.4. Impuestos cedidos  0 
1.2.5. Recaudación incierta  (5) 
1.2.6. Aportaciones de capital  (6) 
1.2.7. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto  0 
1.2.8. Otros ajustes  2 
2. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES QUE GESTIONAN 
(5) 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
2.1. Saldo presupuestario no financiero  0 
2.2. Ajustes al saldo presupuestario por aplicación del Sistema Europeo de Cuentas  (6) 
2.3. Capacidad o necesidad de financiación de unidades empresariales que gestionan 
1 
Sanidad y Servicios Sociales 
3. CAPACIDAD  O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES  EMPRESARIALES 
0 
EXCLUIDAS LAS QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
4. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1) + (2) + (3)  (24)  e.
% SOBRE EL PIB REGIONAL  (0,3)  785ww
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
Cmoamyoo  dhee c2h0o2s0 p ossotberreio reels ,g rsaed hoa d ceo mcupmropblaimdioe nqtuoe ,d esel goúbnje etilv oin fdoerm ees ptarboivliidsaiodn apl redseul pMuHe sdtaer i1a2,  ddee   BOE-A-cable e
 
 
deuda pública y de la regla de gasto de las CCAA en el ejercicio 2019, al que hace referencia el 
art. 17 de la LOEPSF, la CAR ha incumplido el objetivo de estabilidad establecido para dicho año, 
fijado por el Gobierno en el 0,1 % del PIB regional, al haberse registrado un déficit de 39 millones 
de euros, equivalente al 0,4 % del PIB regional. 
B) Regla de gasto 
De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la LOEPSF la variación del gasto computable 
de las CCAA no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía española calculada y publicada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que ha sido fijada para 2018 en el 2,4 %. 
La CAR ha cumplido en 2018 la regla del gasto, al haberse registrado una tasa de variación del 
gasto (1,7 %) inferior a la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la 
economía española  en dicho  año (2,4 %).  Se  ha  comprobado,  como  hechos  posteriores,  el 
cumplimiento de la regla de gasto por parte de la CAR para el ejercicio 2019.  
II.5.2. Sostenibilidad financiera 
Se  entiende por  sostenibilidad financiera  la capacidad para  financiar  compromisos  de  gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
A) Deuda comercial 
En el caso de la deuda comercial, se considera que existe sostenibilidad cuando el período medio 
de pago a los proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, 
plazo que para el año 2018 es de 30 días. 
Como se analiza con mayor detalle en el epígrafe II.6.2, el PMP de las deudas por operaciones 
comerciales del sector público administrativo de la CAR en el ejercicio 2018 no ha superado el 
citado plazo máximo.  
B) Objetivo de deuda pública 
El Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 estableció el objetivo de deuda pública de las CCAA 
para el ejercicio 2018 en el 24,1 % del PIB. Posteriormente, el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de julio de 2017 aprobó los objetivos individuales de deuda de las CCAA, fijándose para el 
caso particular de la CAR en el 18,2 % del PIB regional. No obstante, los mencionados acuerdos 
permitían rectificar los objetivos de deuda pública o contemplar como excepciones a los efectos de 
su cumplimiento el incremento del endeudamiento contraído con el Estado en el marco de nuevas 
dotaciones durante el ejercicio de los mecanismos adicionales de financiación, siempre que no se 
destinasen a financiar vencimientos de deuda financiera o déficit del ejercicio vinculado, así como 
por los incrementos de deuda derivados de reclasificaciones de entidades y organismos públicos 
en el Sector Administraciones Públicas siempre que no financien déficit del ejercicio. Ello permitió 
el incremento en el límite de deuda previsto para 2018 en 43 millones de euros, situándose 
finalmente el porcentaje del límite de deuda autorizado en el 19,3 % del PIB regional. 
Según el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública de la CAR, el  oe.
volumen de deuda pública de la CAR a 31 de diciembre de 2018, computada por el Banco de  w.
España de acuerdo con la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), ascendía a  785ww
1cu.5m9p1l immiiellnotnoe dse ld oeb jeeutirvoos ,d ee dqueuivdaale pnoter  paalr t1e9 d,1e  %la  CdAeRl  PpaIBra  rdeigcihoon aalñ, op. o niendo de manifiesto el
 
Como hechos posteriores, también se ha comprobado que el endeudamiento de la CAR al cierre 
del año 2019 ha cumplido con el objetivo de deuda fijado para dicho año.  
II.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.6.1.  Preparación  para  la  implementación,  control  y  seguimiento  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Sostenible 
gira  en  torno  a  cinco  ejes  centrales:  planeta,  personas,  prosperidad, paz  y alianzas  y está 
integrada por diecisiete ODS con 169 metas, que abordan las dimensiones económica, social y 
medioambiental de los mismos.  
La Agenda fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015. Como 
se desprende de la Resolución 70/1 de Naciones Unidas, en la implementación de la Agenda 
2030 es necesaria la intervención de varios actores, tanto públicos como privados. En el caso 
español, los principales son el Gobierno de España, las Cortes Generales, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales y las denominadas Entidades del Tercer Sector.  
En la Resolución de 14 de marzo de 2019 del Parlamento europeo, sobre el informe estratégico 
anual de implementación y cumplimiento de los ODS, se hace un llamamiento a una participación 
más intensa de las autoridades regionales y locales en todas las etapas de la implementación de 
dichos objetivos, esto es, planificación, programación, evaluación y control. 
Para un adecuado logro de los ODS, en la etapa inicial, las distintas Administraciones deben 
mostrar su compromiso con el cumplimiento de los ODS cuando estos recaigan en materias objeto 
de  su  competencia,  además  de  promover  la  concienciación  en  dicho  cumplimiento  entre  la 
sociedad y otros actores públicos. Adicionalmente, debe establecerse un sistema que permita la 
asignación de recursos financieros a los ODS y que sirva de apoyo a un plan o estrategia para su 
logro. Por último, debe contarse con un sistema de medición de resultados intermedios y finales, 
estableciendo indicadores relevantes con los hitos deseables en cada momento, en base a los 
cuales puedan, en su caso, reorientarse los esfuerzos y recursos para su logro. 
En la revisión efectuada sobre el grado de preparación para la implantación de los ODS en la CAR 
en el ejercicio fiscalizado se han puesto de manifiesto los siguientes resultados: 
A) Compromiso de la Administración Autonómica  
El compromiso político de la CAR con la Agenda 2030 y su implementación no se ha formalizado 
a través de un acuerdo o resolución del Consejo de Gobierno. Tampoco se ha desarrollado un 
marco normativo propio y estratégico en relación a los ODS. Las únicas referencias normativas 
son las recogidas en las Órdenes de elaboración de los Presupuestos de los ejercicios 2019, 2020 
y 2021, en las que, como posteriormente se analiza, se recoge la necesidad de alinear los 
programas de gasto y sus actividades con los ODS.  
B) Modelo de gobernanza: el diseño de las estructuras institucionales para la incorporación 
de los ODS y su coordinación  es
El modelo de gobernanza desarrollado por la CAR se ha basado en un liderazgo centralizado. En  w.
2RC0eo1lna8tcr oiloal nsPe rsce osImunpsputeiettuescntaicoriniaoas ld eeesn  la ym  CAaoctnecsrióieanj e drEíeax  tAdeegri eoHnr,ad casi ie 2nb0die3an0 p  arsereac a alaítar inab luienynee arlcoain ó Cnf oudnnesc eiloojens repísar  eads eul paPu reOesfstiocidisne aan  cldioaes,    2021-14785n https://ww
Oa DtraSv. éAs  pdaer tliar  DdeG j udleio C doeo 2p0e1ra9c liaó nC yo nDseerjeecríhao sd eH Pumaratincoipsa, caiósnu,m Cióo ocpoemrpaecitóenn cyia Dse erne clah ocso oHrudminaancoiósn,   BOE-A-cable e
 
 
de la realización de la hoja de ruta y sensibilización de la Agenda 2030. Posteriormente, en la 
reestructuración  llevada  a  cabo  en  julio  de  2020  este  departamento  pasó  a  denominarse 
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y su unidad de coordinación adoptó el 
nombre de DG de Cooperación y Agenda 2030. 
La  CAR  no  ha  instrumentado  en  el  ejercicio  fiscalizado  mecanismos  de  coordinación 
interdepartamental  a  través  de  la  creación  de  comités  o  comisiones  dentro  de  la  propia 
Administración dirigidas a coordinar la implantación de la Agenda 2030 en toda la acción de 
gobierno. Asimismo, no se han dictado instrucciones dirigidas a que, en caso de existir más de 
una Consejería u organismo público regional vinculado con la consecución de algún ODS, se 
estableciese una separación de responsabilidades para el logro de las metas. Finalmente, a nivel 
interterritorial, en 2018 tampoco se habían creado grupos de trabajo con los ayuntamientos de la 
Comunidad dirigidos impulsar la consecución de los ODS.  
C) Planificación estratégica de las acciones a desarrollar en materia de implementación de 
la Agenda 2030 
La planificación estratégica de las acciones a desarrollar en materia de implementación de la 
Agenda  2030  es  la  herramienta  principal  para  dotar  a  este  proceso  de  una  hoja  de  ruta 
consensuada y participada. En este sentido la CAR no ha aprobado un plan de acción o una 
estrategia  para  implementar  los  ODS.  De  la  información  reportada  por  la  Administración 
autonómica se constata que únicamente existe un compromiso político para la realización de una 
estrategia, denominada “I Estrategia Riojana de los ODS 2020-2025”, sin que tampoco se haya 
acreditado la realización de análisis o estudios en los que se relacione dicha estrategia con otros 
planes y programas existentes en la CA. Como posteriormente se analiza, todas las actuaciones 
llevadas a cabo en esta primera fase de planificación se han focalizado en la creación de una 
herramienta por la Oficina de Control Presupuestario para alinear los ODS con los presupuestos. 
Por otra parte, los procesos de participación y de recogida de principales intereses, contribuciones 
y necesidades de los diferentes actores son un elemento fundamental en la gestión, planificación y 
coordinación  sostenible.  De  la  información  facilitada  no  se  deduce  que  se  hayan  realizado 
actuaciones al respecto. 
D) Divulgación, sensibilización y promoción de los ODS 
Respecto a las medidas adoptadas para la difusión de los ODS y la participación e incorporación 
de los diversos grupos de interés de la sociedad regional, la Administración de la CAR ha llevado 
a cabo varias campañas de sensibilización y una iniciativa de sensibilización a los principales 
actores de la región, con especial hincapié en los empleados públicos regionales, a través de 
sendas jornadas llevadas a cabo en Logroño y en Ginebra, en los meses de noviembre y 
diciembre de 2019. 
E) Alineación de los presupuestos de la Comunidad a las políticas públicas de la Agenda 
2030 
La O. 6/2016, de 8 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de  La  Rioja  para  2017  supuso  un  cambio  significativo  en  la  forma  de  presentación  de  los  e.
programas funcionales, al establecer una nueva clasificación funcional y simplificar el número de  w.b
indicadores existentes, pero no fue hasta la Orden 44/2018, de 10 de julio, por la que se dictan las  785ww
nRoiormjaa psa rpaa real  alañ oe l2a0b1o9ra ccuióann ddoe  ploosr  pPrirmeseurap uveeszt osse  Greecnoegriaól elas  ndeec elas iCdaodm duen idaalinde Aaru tloósn opmroag rdaem Laas 
dcoeo grdaisntaoc yió snu dse a lcatsiv pidoalídtiecsa sc opnú bclaicdaas  ucnoon  ldoes  leonsu OncDiaSd, ocso ndfeo rNmaacniodnoe sa sUí nuind acso.n junto coherente de
 
En línea con lo anterior, se creó una plataforma denominada ARGO, en la que las distintas 
unidades gestoras de gasto fueron volcando los datos relativos a los programas. Posteriormente, 
se dejó de trabajar en ARGO y se implantó la denominada plataforma EGOB (evaluación para la 
gobernanza) cuya finalidad fue servir de herramienta para la alineación de los presupuestos 
(programas presupuestarios) con los ODS. De este modo, y de forma progresiva, se han ido 
correlacionando  los  ODS  con  los  programas  presupuestarios  y  con  las  dotaciones 
presupuestarias. 
No obstante, es preciso señalar que los avances señalados no han venido acompañados del 
desarrollo  normativo  de  un  sistema  de  seguimiento  de  los  programas  presupuestarios  con 
indicación de qué información debe reportarse anualmente por los gestores (Consejerías) a la 
Oficina de Control Presupuestario, el procedimiento normalizado para su envío, la elaboración 
periódica de unos estados previsionales y unos avances de resultados de los programas en el 
transcurso del ejercicio presupuestario, la confección de unos balances de resultados con la 
evaluación  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  una  vez  cerrado  el  presupuesto,  la 
realización de los oportunos controles intermedios y posteriores, así como la información y plazo 
en que deben reportarse al Consejo de Gobierno y/o al Parlamento Autonómico los resultados de 
la  evaluación  y  control  de  los  programas  presupuestarios  para  su  conocimiento  y  toma  de 
decisiones. 
Por otro lado, en cuanto a la definición y correlación de los ODS, se ha constatado que el número 
de indicadores diseñados sigue siendo muy elevado y que muchos de ellos son indicadores de 
actividad pero no de eficacia, cuya utilidad para la toma de decisiones es muy escasa, siendo 
preciso, a tal efecto, que se lleve a cabo un proceso de depuración de los indicadores por parte de 
los  propios órganos  gestores.  Posteriormente,  esta  depuración  debe  ir  acompañada  de  una 
evaluación posterior, en la que se pongan de manifiesto las desviaciones existentes y sus causas, 
de modo que todo ello sirva para establecer mecanismos de corrección que permitan alcanzar de 
forma eficiente los objetivos. 
F) Rendición de cuentas y participación del Parlamento de La Rioja en el seguimiento de 
los ODS 
La  rendición  de  cuentas  mediante  informes  de  progreso  de  las  acciones  y  de  la  situación 
representa la puesta a disposición pública de los avances realizados en la materia. En este 
sentido, dado que en el ejercicio fiscalizado la CAR todavía no había aprobado una estrategia 
para la implantación de los ODS, no se han emitido informes de evaluación o progreso propios en 
la CAR, más allá de haber facilitado la información anualmente solicitada por el Gobierno de 
España  a  efectos  de  la  elaboración  de  los  informes  anuales  nacionales  de  progreso  en  la 
implementación de la Agenda 2030. Finalmente, tampoco se ha establecido un mecanismo de 
información al Parlamento regional de las acciones llevadas a cabo. 
II.6.2. Gastos de personal 
Los gastos de personal del sector público de la CAR han representado en 2018 el 36 % del gasto 
consolidado  de  la  CA,  calculado  una  vez  eliminadas  las  transferencias  internas  por  las 
aportaciones efectuadas por la AG a las empresas y fundaciones autonómicas. 
 
 
El gasto en la AG de la CA y en las siguientes entidades integrantes de su sector público muestra 
un incremento respecto del ejercicio anterior del 2,3 %, situándose, a 31 de diciembre de 2018, en 
539.248 miles de euros. Este incremento responde, principalmente, a lo previsto en Ley de PGE 
para el ejercicio 2018, que autorizó un límite de incremento salarial para todo el personal de las 
Administraciones públicas del 1,5 % con respecto a las retribuciones percibidas por dicho personal 
en el ejercicio 2017, incrementado en un 0,25 % adicional, a partir del mes de julio, si se cumplían 
o superaban las previsiones del PIB para ese ejercicio. 
Cuadro 37. Gastos de personal del sector público autonómico 
(miles de euros) 
% 
  2017  2018  incremento 
interanual 
Administración General  274.341  278.294  1,4 
Organismos autónomos   178.228  184.339  3,4 
Otras entidades públicas administrativas  7.327  7.600  3,7 
Universidad  31.772  32.930  3,6 
Empresas públicas  2.555  2.598  1,6 
Fundaciones  32.421  33.487  3,2 
TOTAL  526.644  539.248  2,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Las plantillas se han mantenido a nivel global prácticamente en los mismos niveles que el ejercicio 
anterior, presentando la siguiente evolución por sectores: 
Cuadro 38. Evolución del nº de efectivos del sector público autonómico 
% 
2017  2018  incremento 
  interanual 
Sector público administrativo  12.819  12.793  (0,2) 
Sector empresarial  96  64   (33,3) 
Sector fundacional   749  779  4,0 
TOTAL  13.664  13.636   (0,1) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.6.2.1. SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO  oe.
EaAnndt meerinisoitsre,t  ramsceoicóttinov arG,d oelon spe orearf le, lcatot idvmooes en lorleor a arlee psp eorsseaicfrlie ódjnae nl d leiug nel orods e rcfeurpenumcnioetenn atdorei o dslae sly   0cpo,1en rt%srao tnaraeclsi opfniejeocs to jud bedi elainl dteeojr einerconis c liaoy    2021-14785n https://ww
pSeErRsoISn,a cl usyaon iatanráioli.s Lisa s per ádcettiaclala t oetna leidl asdu bdeepl ípgerarsfeo nIIa.6l .d5e.2 lo.Bs.  O  OAA correspondía a los efectivos del  BOE-A-cable e
 
A 31 de diciembre de 2018 los efectivos reales de este sector, se situaron en 12.793, tal y como 
se refleja en el siguiente cuadro:  
Cuadro 39. Evolución del nº de efectivos del sector público administrativo 
% 
  2017  2018  incremento 
interanual 
1. Administración General  7.895  7.824  (0,1) 
1.1. Personal Docente  3.894  3.950  1,4 
1.2. Resto Personal AG  3.991  3.874  (0,3) 
2. Organismos autónomos  4.091  4.110  0,4 
2.1. SERIS  4.077  4.098  0,5 
2.2. Instituto de Estudios Riojanos  14  12  (14) 
3. Otros entes administrativos  157  147  (6,4) 
4. Universidad de La Rioja  686  712  6,3 
TOTAL  12.819  12.793  (0,2) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En cuanto a su composición, el 32 % de los efectivos existentes a 31 de diciembre de 2018 
correspondían al SERIS, el 31 % era personal docente no universitario, un 30 % pertenecía al 
resto de personal al servicio de la Administración General y el 7 % restante formaba parte de las 
plantillas de otras entidades administrativas y de la Universidad de La Rioja. 
En atención a la tasa de reposición establecida en la LPGE para 2018 que, en concreto, para 
determinados sectores como el educativo y sanitario, ha alcanzado el 100 %, en 2018 se han 
convocado 609 plazas a través del D. 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2018, de las que 199 plazas han correspondido a personal 
no docente de la Administración General, 314 al personal docente y 96 al personal estatutario del 
SERIS, todas ellas al amparo de los supuestos contemplados en el art. 19 de la LP para 2018. 
Asimismo, a través del citado D. 44/2018 y del D. 6/2018, de 5 de abril, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de CAR, 
en 2018 también se han incluido un total de 265 plazas para personal docente no universitario y 
378 plazas para el SERIS.  
 
 
Respecto a la clasificación del personal de todo el sector administrativo, tal y como se refleja a 
continuación, a 31 de diciembre de 2018, el 89 % de los efectivos correspondía a personal 
funcionario y el 11 % a personal laboral. 
Cuadro 40. Clasificación del nº de efectivos del sector público administrativo 
% 
Clasificación Personal  2017  2018   incremento 
interanual 
1. Altos cargos  59  60  1,6 
2. Personal eventual  48  56  16,7 
3. Personal funcionario  11.319  11.299  (0,2) 
3.1. De carrera  7.335  7.098  (3,4) 
3.2. Interino  3.984  4.201  5,4 
4. Personal laboral   1.393  1.378  (1,1)  
4.1. Fijos  830  799  (3,8) 
4.2. Temporales  563  579  2,8  
TOTAL  12.819  12.793  (0,2) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el ejercicio fiscalizado se mantiene la tendencia creciente iniciada en 2013 del número de 
funcionarios interinos, tanto en la AG como en el SERIS, situándose su peso relativo sobre el total 
del personal funcionario a 31 de diciembre de 2018 en el 37 %, con un incremento interanual del 
5 %.  
De acuerdo con la información facilitada por la CA, al 31 de diciembre de 2018 había un total de 
101 funcionarios interinos y 21 contratados laborales temporales que vienen desempeñando 
funciones  en  ejecución  de  programas  y  a  través  de  contratos  de  obras  o  servicios, 
respectivamente, que dado su posible carácter estable y no provisional, deberían ser objeto de 
cobertura mediante la convocatoria de plazas a través de la correspondiente oferta de empleo 
público, así como a través de las modificaciones de la plantilla orgánica que fueran precisas.  
Por otra parte, a dicha fecha había 567 plazas vacantes de plantilla ocupadas con personal 
funcionario interino y laboral temporal, respecto de los cuales la Administración debería evaluar su 
carácter provisional o estable, de cara, en este último caso, a convocar los correspondientes 
procesos selectivos de personal, en cumplimiento del art. 10.4 del EBEP y de la DA decimoquinta 
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET). 
Asimismo, a la finalización del ejercicio 2018 se mantenían 86 laborales subrogados de la extinta 
Agencia del Conocimiento y la Tecnología y de la Entidad de Promoción, Certificación y Servicios 
Agroalimentarios que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2013, fueron  e.e
incorporados a la organización de recursos humanos de la AG de la CAR en condición de  b
personal laboral indefinido no fijo. A junio de 2020 aún no se habían sacado a oferta pública y  785ww
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Generales del Estado para 2017 y 2018, a lo largo de 2020.
 
Como consecuencia de las 51 sentencias y 81 autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Logroño en 2015 en las que se reconoció al personal funcionario de la AG 
de la CAR el derecho a disfrutar de los días hábiles adicionales de vacaciones consolidados antes 
del 1 de enero de 2012 correspondiente a los años 2012 a 2015 y el derecho a disfrutar de los 
días adicionales de asuntos particulares por razón de antigüedad consolidados antes del 31 de 
diciembre de 2012 correspondientes a las anualidades 2013 a 2015, la Administración de la CA 
dictó en el año 2017 un total de 294 resoluciones para la ejecución de autos recaídos en 
procedimientos de extensión de efectos de las mencionadas sentencias y dictó de oficio 71 
resoluciones reconociendo el mismo derecho en procedimientos de extensión de efectos de 
aquellas sentencias dictadas en 2015, habiendo contestado desfavorablemente a otras ocho 
reclamaciones en 2018. En la fiscalización no ha sido posible cuantificar el coste derivado de las 
contrataciones por sustitución para la cobertura de los servicios prestados como consecuencia del 
reconocimiento judicial indicado.  
En el sector sanitario, tal y como se detalla en el epígrafe II.6.5, el SERIS mantenía a 31 de 
diciembre de 2018 una extraplantilla de 732 efectivos, frente a los 749 del ejercicio anterior, 
habiendo disminuido las personas contratadas por acumulo de tareas que ocupaban puestos de 
naturaleza estructural, pasando de 46 en 2017 a 39 en 2018.  
Respecto a los procesos de selección de personal, en el ejercicio fiscalizado tan solo se ha 
interpuesto un recurso de reposición contra las convocatorias de procesos selectivos que fue 
desestimado, no habiendo reclamaciones o impugnaciones a los mismos. 
Los procedimientos aplicados para la realización de las pruebas selectivas y para la formación de 
las listas de espera, según la información aportada en la fiscalización, han seguido los criterios 
previstos en los anexos XII.1.A y IX.1.a, respectivamente, del acuerdo y convenio colectivo de la 
CAR, habiendo tenido lugar únicamente un recurso de reposición y tres reclamaciones respecto 
de  la  mencionada  confección  de  listas,  con  resultado  de  desestimación.  También  se  ha 
constatado la  presentación  de  diez  ofertas  genéricas  al Servicio  Público  de  Empleo  Estatal 
(SPEE) para la cobertura de diferentes vacantes, previo informe emitido por las Secretarías 
Generales de las Consejerías solicitantes. 
Al 31 de diciembre de 2018 se mantenían en comisión de servicio un total de 260 funcionarios, 
frente a los 239 existentes a la finalización del año anterior, de los que 54 se destinaron a la 
cobertura de puestos vacantes, 25 a puestos reservados y 181 eran de carácter forzoso. De 
acuerdo con el art. 7 del D. 78/1991 de 28 de noviembre, por el que se regula la provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la CAR, las 
comisiones de servicio pueden autorizarse por un periodo desde seis meses hasta un máximo de 
dos años, habiéndose superado el plazo de dos años en el caso de los forzosos, para los que está 
prevista su convocatoria en breve plazo, según informa la Comunidad sin mayor concreción. No 
se ha informado de este extremo en el portal de transparencia de la CAR. 
Finalmente, cabe indicar que el D. 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera 
horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de AG de la CAR y 
sus OOAA, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2017, estableció la implantación de un 
sistema de carrera profesional basado en la evaluación del desempeño, la valoración de forma 
objetiva  de  la  trayectoria  y  actuación  profesional,  la  calidad  de  los  trabajos  realizados,  los 
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, basado en los principios 
de igualdad, objetividad y transparencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo  e
del Acuerdo de Gobierno de 13 de mayo de 2016, por el que se ratificó el Acuerdo de la Mesa  bo
General de Negociación Colectiva, prevista en el art. 36 del EBEP, en materia de recuperación de  785ww
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correspondiente al ejercicio 2018 han ascendido a 4.229 miles de euros y se ha imputado a 2019, 
en  virtud  de  la  O.  APH/7/2019,  de  15  de  marzo,  de  convocatoria  para  la  evaluación  del 
desempeño del puesto de trabajo del funcionario de carrera de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus OOAA para los años 2018 y 2019.  
II.6.2.2. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
La evolución de las plantillas de las empresas públicas de la CA se expone en el cuadro que se 
acompaña a continuación, que muestra una disminución interanual en 2018 del 33 %, con origen 
principalmente, en la contratación de personal temporal en la sociedad Valdezcaray, S.A.: 
Cuadro 41. Evolución del nº de efectivos del sector público empresarial 
% 
Empresa  2017  2018  incremento 
s/2017 
-  Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  20  20  0 
-  La Rioja Turismo, S.A.U.  27  28  3,7 
-  Valdezcaray, S.A.  49  16   (67,4) 
TOTAL  96  64  (33,3) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Las entidades del sector público empresarial de la CAR no han solicitado ni se ha autorizado por 
la Administración General la masa salarial para el ejercicio 2018. Tampoco se ha acreditado la 
realización por aquella de comprobaciones para verificar el cumplimiento de los límites de la masa 
salarial de sus entidades dependientes en 2018, del número de horas extraordinarias, así como de 
otros devengos que pudieran ser superiores a lo previsto en la normativa autonómica aplicable en 
dicho año. Asimismo, la contratación temporal llevada a cabo por las citadas entidades durante el 
ejercicio  2018  no  ha  contado  con  informe  previo  de  la  Consejería  de  Hacienda,  tal  como 
establecen las DA octava, novena y décima de la LP de La Rioja 2018.  
II.6.2.3. SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL  
El 95 % de los trabajadores del sector fundacional pertenecen a las FHC y FRS, entidades que, 
junto al SERIS, gestionan la asistencia sanitaria de la CAR. En 2018 se observa un aumento del 
4 % en el número de empleados, con origen especialmente en la contratación de personal laboral 
fijo en la FHC y de personal laboral temporal en la FRS.  
 
La evolución del personal de las fundaciones participadas mayoritariamente por la CA en los 
últimos ejercicios, de acuerdo con la clasificación de su personal, ha sido la siguiente: 
Cuadro 42. Evolución del nº de efectivos del sector público fundacional 
Nº EMPLEADOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL  
(Efectivos reales a 31 de diciembre) 
Clasificación Personal 
% incremento 
2017  2018 
s/2017 
1. Altos cargos  6  6  0 
2. Personal laboral   743  773  4,0 
2.1. Fijos  442  467  5,6 
2.2. Temporales  301  306  1,6 
TOTAL  749  779  4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Al igual que se ha señalado anteriormente para el sector empresarial, la Administración General 
de la CAR no ha llevado a cabo actuaciones de tutela y control sobre sus fundaciones al objeto de 
verificar el cumplimiento de los límites retributivos e informar sobre las contrataciones temporales 
de acuerdo con lo previsto en las DA octava, novena y décima de la LP de La Rioja 2018.  
En relación con la FCH se mantienen las carencias señaladas en el informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2017 en lo relativo a la ausencia de un plan de ordenación de 
recursos humanos y de una relación de puestos de trabajo en la que se definan las características 
esenciales de cada puesto, especificando las funciones y responsabilidades inherentes al mismo. 
Asimismo, el último convenio colectivo aprobado fue el correspondiente al periodo 2008-2011, y 
no ha sido renovado, presentando rigideces que restan flexibilidad y eficiencia en la prestación de 
los servicios y especialmente en la gestión de los procesos de selección y contratación de 
personal. Finalmente, la coexistencia de dos sistemas de gestión asistencia sanitaria, por un lado 
la FHC y por otro el SERIS, con diferentes singularidades en materia de personal, ha planteado 
demandas organizativas para la integración del personal de la FHC en el SERIS que, en cualquier 
caso, deberían someterse a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la 
promoción profesional establecidos en el EBEP, respetando, asimismo, lo establecido en la DA 
trigésimo cuarta de la LPGE para 2017. 
II.6.3. Medidas contra la morosidad en el sector público 
La contracción de la actividad económica y la disminución de los recursos recaudados, unido al 
aumento en las exigencias para el acceso al crédito y las restricciones sobre el mismo, dieron 
lugar  a  la  acumulación  de  deudas  comerciales  y  retrasos  en  el  pago  de  las  obligaciones 
contraídas  por  las  Administraciones  públicas  territoriales  con  sus  proveedores  de  bienes  y 
servicios, con el consiguiente perjuicio para la liquidez de las empresas.  s
La necesidad de facilitar la puntualidad en los cobros y los procesos de reclamación fue abordada  w.
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morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  y  sus  sucesivas  modificaciones,  entre  las  que 
destacan las recogidas en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que incluyen, en primer término, la 
determinación de los plazos de pago en 30 días, la simplificación en el cómputo de los mismos, el 
incremento del tipo legal de interés de demora y la mejora de las condiciones de indemnización 
por costes de cobro. 
Asimismo, la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público, modifica la LOEPSF, ampliando el principio de sostenibilidad financiera para incluir no 
solo la deuda financiera, sino también el control sobre la deuda comercial de las Administraciones. 
La LOEPSF considera cumplido dicho principio, siempre que el periodo medio de pago (PMP) a 
los proveedores no supere el plazo máximo de 30 días previsto en la normativa sobre morosidad y 
establece, por otra parte, en su Disposición final segunda, que corresponde al MH el desarrollo de 
la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas  conforme  a  criterios  homogéneos  teniendo  en  cuenta  los  pagos  efectuados  y  las 
operaciones pendientes de pago. Ello dio lugar a la aprobación del RD 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se determina el cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas9 y las 
condiciones  y  el  procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación, 
previstos en la LOEPSF. 
La evolución de la deuda comercial de la CAR en el ejercicio fiscalizado refleja una tendencia a la 
baja, al pasar de 94.891 miles de euros a 1 de enero de 2018 a 90.860 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018, según se expone a continuación, diferenciando entre deuda sanitaria y no 
sanitaria:  
Cuadro 43. Evolución deuda comercial de la CA 
(miles de euros) 
Deuda comercial  31/12/2017  31/12/2018 
Sanitaria  53.442  51.635 
No sanitaria  41.449  39.225 
Total  94.891  90.860 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
                                                 
9 De acuerdo con la nueva metodología de cálculo establecida en este RD, el PMP mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos, computado a partir de los 30 días posteriores a la fecha de entrada de la 
factura en el registro administrativo, según consta en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la 
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, como indicador distinto respecto del 
periodo legal de pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales y en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  s
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según el cual la Administración tiene la obligación  e.
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los  w.b
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios  785ww
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II.6.3.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  
En el análisis realizado se ha puesto de manifiesto que, en el ejercicio 2018, el periodo medio de 
pago de las deudas por operaciones comerciales en los distintos subsectores administrativos de la 
CAR no ha superado el plazo máximo de 30 días establecido en la Ley 3/2004 y en el RD 
635/2014, tal y como se expone en el siguiente cuadro: 
Cuadro 44. Plazos medios de pago deudas comerciales. Total sector público  
  Periodo medio de pago a proveedores (2018) 
Sanidad  31,2 
Educación  14,7 
Servicios Sociales  19,0 
Resto sectores  14,0 
Total  24,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
A nivel individual, el detalle por entidades es el siguiente: 
Cuadro 45. Plazos medios de pago deudas comerciales. Desglose por entidades 
Entidades  Días 
Comunidad Autónoma de La Rioja (incluido SERIS)  15,1 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  17,8 
Consejo de la Juventud  4,9 
Universidad de La Rioja   14,0 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  8,8 
Consorcio del servicio de extinción de incendios salvamento y protección 
6,4 
civil de La Rioja (CEIS) 
La Rioja Turismo, S.A.U.  15,8 
Valdezcaray, S.A.  16,7 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  8,9 
Fundación Dialnet  42,8 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  93,7 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  3,9 
Fundación Rioja Deporte  9,9 
Fundación Rioja Salud (FRS)  88,1 
Fundación Riojana para la Innovación  15,7 
Fundación San Millán de la Cogolla  16,7 
Fundación Tutelar de Menores  5,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Finalmente, por D. 27/2013, de 13 de septiembre, se ha regulado el registro de facturas y el 
servicio de facturación electrónica del Gobierno de La Rioja, de utilización obligatoria a partir de 
enero de 2014 para la facturación electrónica de bienes, prestaciones o servicios en la CAR. 
II.6.3.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
La Administración de la Comunidad se adhirió en el año 2018 al Fondo de Facilidad Financiera,  e
habilitado por el MH para las CCAA previsto en el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas  bo
de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de  785ww
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atender las necesidades previstas en el art. 16 del RDL, que se distribuyen en tres tramos. Un 
primer tramo de 259.573 miles de euros destinado a financiar vencimientos de deuda en el 
ejercicio  2018,  uno  segundo  de  9.883  miles  de  euros  para  financiar  la  devolución  de  las 
liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009 y un tercero de 34.030 miles 
de euros destinado a financiar el déficit, habiéndose dispuesto a cierre de ejercicio un total de 
303.486 miles de euros. 
II.6.4. Subvenciones y transferencias concedidas 
El D. 14/2006, de 16 de febrero, regula el régimen jurídico de las subvenciones en el sector 
público de la CAR, estableciendo determinados aspectos complementarios a la Ley General de 
Subvenciones (LGS) necesarios para el funcionamiento de los procedimientos y actuaciones 
aplicables al gasto subvencional autonómico. 
La evolución de las transferencias y subvenciones registradas por la CAR en los últimos cinco 
ejercicios (2014-2018) refleja un aumento global del 6 %, tal y como se refleja a continuación: 
Cuadro 46. Evolución de las transferencias y subvenciones Administración General y ADER 
 (miles de euros) 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
 
2014  2015  2016  2017  2018 
Transferencias y subvenciones corrientes  302.100  316.901  334.858  345.334  361.324 
Transferencias y subvenciones de capital  96.180  110.853  88.243  92.114  101.042 
TOTAL  398.280  427.754  423.101  437.448  462.366 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el ejercicio fiscalizado, aproximadamente el 31 % de las obligaciones reconocidas en los 
capítulos  4  y  7  del  Presupuesto  de  gastos  de  la  Administración  General  y  la  ADER 
correspondieron a transferencias excluidas del régimen de la LGS, un 32 % a otras prestaciones y 
ayudas públicas, mientras que las subvenciones en sentido estricto representaron un 37 %, cuyos 
importes se reflejan a continuación: 
Cuadro 47. Transferencias y subvenciones Administración General y ADER 
 (miles de euros) 
  Obligaciones reconocidas. Año 2018 
Transferencias (art. 2.2 LGS)  141.099 
Otras prestaciones y ayudas públicas  148.819 
Subvenciones (LGS)  172.448  es
TOTAL  462.366  w.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
pEonr  lad erúpbernicdae n“cOiatr aes  ipnrseesrtcaicóino nseosc iya la (y2u4d.a1s6 2p úmbilliecas sd” es ee uhraons )in, clalu irdeoc elatas  pfarremstaaccéiountiecsa  eacboonnóamdaic aasl 
 
 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la CAR (74.758 miles de euros) y los conciertos educativos 
con centros concertados (49.899 miles de euros). La evolución interanual de estas prestaciones y 
ayudas presenta un ligero aumento de cuatro puntos porcentuales en 2018, debido básicamente 
al aumento de las prestaciones periódicas de inserción social.  
Las formas o procedimientos establecidos para la concesión de las subvenciones otorgadas por la 
CAR, de acuerdo con lo previsto en la LGS y en el D. autonómico 14/2006, son, por una parte, el 
procedimiento de concurrencia competitiva, que es el cauce ordinario y general de actuación a 
través del cual se individualiza el beneficiario y, por otra, el de concesión directa, procedimiento 
restringido a los supuestos de subvenciones nominativas, subvenciones impuestas por una norma 
de rango legal y, con carácter excepcional, subvenciones en las que se acreditan razones que 
dificultan su convocatoria pública. La regulación de las subvenciones nominativas se lleva a cabo 
mediante convenio y normativa propia, según establece el art. 22.2.a del D. 14/2006 y para las 
subvenciones directas en las que hay que acreditar razones de interés público, social, económico 
o humanitario u otras que dificulten la convocatoria pública, mediante Orden o Convenio, tal y 
como dispone el art. 28 quáter del D. 14/2006. Dentro de estas últimas destacan las ayudas 
tramitadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como ayudas directas 
financiadas con fondos FEAGA en el marco de la Política Agrícola Común, las ayudas otorgadas a 
través del Fondo de Cooperación Local y ayudas instrumentadas a través de convenios con 
entidades locales para el desarrollo de programas e inversiones en materia de servicios sociales 
destinadas a personas dependientes y en riesgo de exclusión social. 
En la fiscalización se han seleccionado para su análisis dos líneas de ayudas dirigidas a financiar 
las actividades de las Federaciones Deportivas Riojanas y a las explotaciones agrarias, en el 
marco de las medidas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020.  
A) Subvenciones a Federaciones Deportivas Riojanas 
Mediante la O. 11/2006, de 6 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se 
establecen las bases reguladoras y los procedimientos de concesión de subvenciones a las 
Federaciones Deportivas Riojanas en régimen de concurrencia competitiva, distinguiendo entre 
las que tienen un presupuesto anual de gasto igual o superior a 90.000 euros y las que lo tienen 
inferior a dicho importe. 
El objeto de las ayudas es la financiación de los gastos generales y programas deportivos de las 
federaciones, considerando como gastos subvencionables las ayudas a las entidades deportivas 
adscritas  a  la  federación  correspondiente  e  inscritas  en  el  Registro  General  de  Entidades 
Deportivas de la CAR cuya actividad se desarrolle mayoritariamente en la CAR y cuyo destino sea 
la realización y promoción de actividades estrictamente deportivas, o adquisición de material 
deportivo,  los  gastos  en  el  programa  de  tecnificación  y  en  actividades  propias,  los  gastos 
generales y de administración, los gastos financieros, de asesoría jurídica, notarial y los de 
amortización que respondan a la actividad de la federación y otros gastos corrientes. 
En relación con los criterios de concesión y graduación del importe de las ayudas establecidos en 
las bases reguladoras es de señalar que resultan excesivamente genéricos o ambiguos y no están 
vinculados a índices o parámetros susceptibles de medición objetiva, la cual, por otra parte, queda 
establecida en un rango de valores, sin que en las bases o en las convocatorias se indique la 
forma en que se pueden distribuir las puntuaciones dentro de cada rango. 
Mediante sendas Resoluciones de 22 de marzo de 2018 se han convocado ayudas por 356 miles  w.b
de euros para federaciones con presupuesto anual de gasto inferior a 90 miles de euros y por 605  785ww
meuilreoss .d e euros para federaciones con presupuesto anual de gasto superior o igual a 90 miles de
 
En la fiscalización se ha seleccionado una muestra de los ocho expedientes siguientes que han 
generado un gasto de 521 miles de euros, que representa el 54 % del total del gasto reconocido 
en esta línea de ayudas. 
Cuadro 48. Subvenciones a Federaciones Deportivas Riojanas 
(miles de euros) 
Solicitante  Presupuesto  Subv. concedida 
Federación Riojana de atletismo   93   71 
Federación Riojana de fútbol   199   161 
Federación Riojana de natación   57   47 
Federación Riojana de pelota   145   129 
Federación Riojana de balonmano   54   45 
Federación Riojana de ciclismo   39   22 
Federación Riojana de esgrima   20   8 
Federación Riojana de gimnasia   45   38 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el análisis de los expedientes seleccionados se ha constatado el correcto cumplimiento de las 
prescripciones establecidas en las bases reguladoras, excepto por lo siguiente: 
a) En el expediente de la Federación Riojana de Atletismo (FRA) no se ha aportado la declaración 
responsable de  hallarse al corriente en el cumplimiento  de obligaciones por reintegro de 
subvenciones y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la 
LGS, tal como establece el apartado 9.i) de la Resolución de convocatoria.  
b) En la justificación de los gastos generados en los Juegos Deportivos de la Rioja la Federación 
Riojana de Futbol (FRF) no ha aportado facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil por importe de 79 miles de euros en 
correspondencia con el presupuesto presentado. 
c) Las actividades relativas a los “programas de tecnificación” y “actividades propias”, llevadas a 
cabo por personal técnico que recibe por ello una remuneración de la FRF, se han justificado 
mediante recibís sin firmar por los perceptores por un importe global de 8 miles de euros.  
d) La Federación Riojana de Natación (FRN) no ha presentado en la justificación de la subvención 
el certificado acreditativo de los ingresos recibidos para la actividad subvencionada según lo 
dispuesto en el art. 9.1.d) de la O. 11/2006. 
e) En la justificación de las subvenciones de la Federación Riojana de Balonmano (FRB) y de la 
Federación Riojana de Ciclismo (FRC) no se han facilitado los certificados de sus presidentes  e.e
acreditativos de la realización de las actividades y del destino dado a las ayudas en los  b
apartados de gastos generales, programas de tecnificación y de actividades propias, tal y como  785ww
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no  existir  ni  en  estos  últimos  ni  en  la  memoria  de  actividades  información  aclaratoria  al 
respecto. 
f)  En  la  justificación  de  las  actividades  subvencionables  de  las  Federaciones  Riojanas  de 
Balonmano  (FRB)  y  de  Gimnasia  (FRG)  se  han  aportado  recibos  de  sus  respectivos 
presidentes por servicios de administración de juegos deportivos, en el primer caso, y por 
servicios de formación y labores de organización, comunicación y gestión, según lo acordado 
en el contrato de voluntariado, en el segundo caso, por importe de 3 miles de euros cada uno. 
Sin embargo, según lo dispuesto por el art. 24.3 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio 
físico y del deporte de La Rioja, el dinero que obtengan las entidades deportivas a través de 
subvenciones de las administraciones y entidades del sector público no se podrá destinar, ni 
total ni parcialmente, al abono de retribuciones o compensaciones del personal directivo, por lo 
que las bases reguladoras de estas subvenciones deberían haber establecido como gasto no 
subvencionable las retribuciones de los presidentes de las federaciones. 
B) Subvenciones para la mejora de infraestructuras de riego 
El Reglamento 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
establece las normas generales que rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el 
FEADER,  fijando  los  objetivos  a  los  que  debe  contribuir  la  política  de  desarrollo  rural  y 
estableciendo, entre otras medidas, la inversión en infraestructuras destinadas al suministro y 
ahorro de energía y agua. Por decisión de ejecución de la Comisión Europea de 26 de mayo de 
2015 se aprobó el Programa de Desarrollo Rural (PDR) para el periodo 2014-2020, en el que se 
estableció la estrategia a seguir en La Rioja en dicho ámbito temporal. 
El D. 44/2012, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente atribuye a la DG de Investigación y Desarrollo Rural el 
establecimiento y aplicación de ayudas económicas relacionadas con la reforma de las estructuras 
agrarias  y  las  de  infraestructura  rural,  incluidas  las  procedentes  de  otras  Administraciones 
Públicas nacionales o comunitarias, la elaboración y tramitación de planes y programas en materia 
de desarrollo rural así como el seguimiento de su ejecución y la gestión de ayudas de desarrollo 
rural que no corresponda a otros órganos de la CA por razón de la materia. 
Mediante la O. 21/2015, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, con 
carácter  de  subvención,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para  la  mejora  de 
infraestructuras de riego y otras subvenciones a Comunidades de regantes y comunidades de 
usuarios de agua, abarcando además de las inversiones financiables por FEADER a través del 
citado PDR otras ayudas referentes a Comunidades de regantes u otras comunidades de usuarios 
de agua cuya financiación corresponderá íntegramente a la CAR. 
Los beneficiarios son por tanto aquellas comunidades de regantes u otras comunidades de 
usuarios de aguas principalmente vinculadas al regadío que sean corporaciones de derecho 
público según el art. 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley de Aguas, que sean titulares o gestionen infraestructuras de regadío 
en los casos de inversiones en regadíos existentes, posean su correspondiente derecho de agua y 
su ámbito de actuación esté dentro del territorio de La Rioja. El objeto y finalidad de las ayudas es 
conseguir una mejora de la gestión de los recursos hídricos y, en particular, optimizar el agua 
disponible, mejorar la eficiencia global del sistema de riego, disminuir las demandas de agua,  e.
mejorar la rentabilidad de las explotaciones, aplicar nuevas tecnologías, mejorar el nivel de vida  w.
de los agricultores y mantener la población en el medio rural, mejorar la calidad del agua y mejorar  785ww
la situación ambiental de las explotaciones.
Eprnetvreis tlaoss  peons eibl lePsr otigproasm dae d ien vdeerssiaornroelslo s urubrvael ndceio Lnaa bRleiosj ac ocno nc acragrog oa  laa sF EmAeDdiEdRas,  sseo bcrieta rne geand íloass 
 
bases,  sin ánimo de  exhaustividad,  entre  otros,  la  modernización  o nueva transformación  y 
ampliación de zonas de riego, la mejora de las instalaciones eléctricas, incluidas inversiones para 
ahorro de energía y reducción del coste eléctrico, la implantación de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) para mejora de la gestión del agua y de la energía en la infraestructura, así 
como honorarios de proyecto y dirección facultativa. También serán subvencionables pero sin 
financiación FEADER las inversiones inferiores a 50 miles de euros relacionadas con la seguridad 
de presas o balsas, las inversiones en mejora de infraestructuras que conlleven un aumento de la 
eficiencia en la gestión y distribución del agua por goteo o aspersión, así como las inversiones en 
hardware y software no ligados a obras. No se considerarán subvencionables las infraestructuras 
de regadío cuya titularidad corresponda a personas jurídicas de derecho privado, los gastos 
corrientes de la Comunidad de regantes, las inversiones que están en periodo de garantía y cuya 
reparación sea con cargo a la garantía, las mejoras en infraestructuras para los que en los últimos 
cinco años se hayan recibido subvenciones, excepto que se produzca una mejora sobre dicha 
infraestructura o en supuestos en que se haya acreditado la existencia de catástrofes naturales y 
la generación de energías renovables fotovoltaicas debido a su alta rentabilidad.  
Se ha comprobado que las bases reguladoras contenidas en la O. 21/2015 y las resoluciones de 
convocatoria  determinan,  entre  otros  aspectos,  los  criterios  objetivos  de  otorgamiento  de  la 
subvención y la ponderación de los mismos, así como la forma de justificación por parte de los 
beneficiarios del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. 
Las bases reguladoras establecen, asimismo, para la tramitación e instrucción del procedimiento 
de concesión de las ayudas la constitución de una Comisión de Examen y Evaluación que, en 
base a los criterios de selección, determinará las solicitudes y presupuestos a subvencionar y 
formulará una propuesta previa de subvención. En la citada Comisión, cuyos miembros son 
designados por el titular de la DG con competencias en materia de desarrollo rural, participan 
además del personal técnico del Servicio de Infraestructuras Agrarias encargados de la gestión, 
un jefe de Servicio de la Consejería que tenga relación con las materias sobre las que versan los 
expedientes y el funcionario responsable de la coordinación del PDR, habiéndose comprobado en 
la fiscalización la efectiva constitución de la citada Comisión.  
 
 
Las ayudas, tanto con financiación del FEADER como sin ella, han sido convocadas mediante las 
Resoluciones 1392/2016, de 26 diciembre y 115/2018, de 2 de febrero, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, habiendo dado lugar a obligaciones reconocidas por 
importe de 1.405 miles de euros y 89 miles de euros, respectivamente. En la fiscalización se ha 
seleccionado una muestra de siete expedientes de ayudas que han supuesto pagos por un total 
de 1.277 miles de euros, importe que representa un 85 % de las obligaciones reconocidas en la 
línea, como se detalla a continuación: 
Cuadro 49. Subvenciones para la mejora de infraestructuras de riego 
(miles de euros) 
Cofinanciación 
Beneficiario  Importe 
50 % FEADER10 
Comunidad de regantes Canal de Lodosa  978  Si 
Comunidad de regantes Los Pezales  199  Si 
Comunidad de regantes Rio Tuerto  24  Si 
Comunidad de regantes Villarta-Quintana  19  Si 
Comunidad de regantes Arenzana de Abajo  30  No 
Comunidad de regantes de Turrax  24  No 
Comunidad de regantes de Tricio  3  No 
Total  1.277   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el análisis de los expedientes seleccionados se ha comprobado el adecuado cumplimiento de 
lo dispuesto en las bases reguladoras, excepto por la inadecuada concentración de funciones 
llevada a cabo por los técnicos del Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Consejería, que han 
realizado  tanto  los  controles  administrativos  inherentes  a  la  instrucción  y  tramitación  del 
procedimiento  de  concesión,  justificación  y  liquidación  de  las  ayudas  para  la  mejora  de 
infraestructuras de riego, como posteriormente controles sobre el terreno para comprobar la 
realización de las inversiones, en contra de lo establecido en el art. 17 de la O. 21/2015, de 2 de 
junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las 
bases reguladoras11. 
                                                 
10 El PDR 2014-2020 establece una cofinanciación del 50 % por FEADER, un 13,30 % por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y un 36,70 % por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
11 El órgano gestor señala en alegaciones que los controles e inspecciones posteriores son realizados por personal del  s
servicio de auditoría interna de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ajeno al Servicio de  e.
Infraestructuras. Sin embargo, frente a lo alegado, es preciso aclarar que los controles realizados sobre el terreno para  w.b
verificar y acreditar la efectiva realización de las inversiones (controles estos que no forman parte de las inspecciones  785ww
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C) Control de eficacia de las líneas de ayudas de la ADER 
Como se ha señalado en el subepígrafe II.3.1, en cumplimiento del art. 22 de la Ley 7/1997, de 3 
de octubre, de creación de la ADER, que exige a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo 
la realización de un control de eficacia sobre la gestión económica desarrollada por la ADER, en 
febrero de 2019 se ha emitido un informe elaborado por una firma de consultoría privada sobre la 
eficacia en la gestión de la concesión de ayudas durante el periodo 2011-2015, en el que se han 
puesto de manifiesto los siguientes resultados: 
a) Existe una alta concentración de las ayudas comprometidas en torno a cinco líneas de ayuda 
(I+D+i/ activos fijos en pequeña y mediana industria agroalimentaria/ proyectos de inversión de 
pymes/ programa estratégico de comercio exterior/ convenios) que representan en torno al 62 % 
de la subvención total comprometida. El 38 % restante del total de subvención comprometida se 
ha repartido en porcentajes muy pequeños entre las otras 23 líneas.  
b)  Aproximadamente,  la  mitad  de  las  líneas  de  ayudas  han  superado  los  30  expedientes 
aprobados anualmente, y la otra mitad han tenido un número muy reducido de expedientes 
aprobados, que en ocasiones se han situado por debajo de una decena de expedientes, lo que 
implica dedicar esfuerzos de gestión a líneas de ayudas con una baja demanda a expensas de 
otras de líneas de ayudas más demandadas. 
c) En línea con lo anterior, se observan líneas de ayudas que exigen un esfuerzo importante en 
gestión, con un elevado número de expedientes (entre 150-200 al año), pero con unos importes 
promedio de ayuda pagada relativamente reducidos: entre 3.000 a 5.000 euros por expediente.  
d) En los expedientes ya abonados y cerrados, un porcentaje de reducción del abono en torno a 
un 15-20 % de la subvención inicialmente comprometida puede considerarse equiparable a los 
porcentajes de reducción del abono que se dan en líneas de ayudas similares gestionadas por 
otras administraciones estatales y regionales. Sin embargo, en la línea de ayuda al comercio 
exterior  el porcentaje de  subvención  abonada  respecto a  la  inicialmente  comprometida  baja 
sensiblemente, incluso por debajo del 50 % en varios años. Ese bajo porcentaje llama todavía 
más la atención si se tiene en cuenta el elevado número de expedientes cobrados en esta línea y 
obedece probablemente al carácter no plurianual de los gastos elegibles en esta línea.  
e) Más de la mitad del total de las subvenciones comprometidas en el conjunto de las 28 líneas de 
ayudas  gestionadas  por  ADER  durante  el  periodo  analizado  fueron  asignadas  a  los  cuatro 
sectores de actividad económica, considerados como prioritarios por la denominada Estrategia de 
Especialización  Inteligente  (RIS3)  de  La  Rioja:  agroalimentario;  calzado;  metalmecánico, 
automoción y fabricación avanzada; madera y mueble. En algunos de esos sectores, como el 
agroalimentario y el calzado, el porcentaje de subvención comprometida por la ADER ha sido 
incluso muy superior al peso porcentual de esos sectores en el conjunto del Valor Añadido Bruto 
de La Rioja, lo que muestra una clara apuesta de ADER por los sectores prioritarios del RIS3 de 
La Rioja. 
f) Desde el punto de vista de la distribución territorial de las ayudas, más de la mitad del total de 
expedientes aprobados, en el conjunto de las 28 líneas de ayudas gestionadas por ADER durante 
el periodo analizado, han correspondido a beneficiarios ubicados en la comarca de Logroño, lo 
que parece acorde con el grado de concentración del tejido empresarial en la capital riojana 
respecto al resto de la región.  es
 
 
II.6.5. Endeudamiento y avales 
II.6.5.1. ENDEUDAMIENTO  
II.6.5.1.1. Situación y evolución de la deuda financiera a 31 de diciembre de 2018 
El endeudamiento financiero de la CAR se situó al cierre del ejercicio 2018 en 1.590.309 miles de 
euros,  tal  como  se  refleja  a  continuación,  clasificado  por  los  distintos  sectores  o  entidades 
integrantes del sector público autonómico:  
Cuadro 50. Deuda financiera 
(miles de euros) 
% Importancia 
SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO  31/12/2018 
relativa 
Administración General  1.583.25312  99,55 
Consorcios y otras entidades  0  0 
Universidad  4.340  0,27  
Empresas públicas  2.615  0,16 
Fundaciones  101  0,01 
TOTAL  1.590.309  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
                                                  785ww
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A efectos del análisis anterior, dentro de la deuda de la AG de la CAR no se han considerado 
endeudamiento financiero los anticipos reintegrables concedidos por la AGE para el desarrollo de 
diversos planes y proyectos, cuyo importe pendiente de reembolso ascendía a 31 de diciembre de 
2018 a 8.783 miles de euros, según se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro 51. Anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Estado 
(miles de euros) 
Pte. de 
Año  % Tipo 
Importe  reembolso 
Convenio  concesión  Vencimientos  de 
anticipo  a 
anticipo  interés 
31/12/2018 
Convenio MITC Programa de Infraestructuras de 
2008  4.000  2012-2023  1.667  0 
Telecomunicaciones 
Convenio MCI Proyectos Mejora Campus 
2008  641  2012-2023  267  0 
Universitarios 
Convenio ME Proyectos Campus de Excelencia 
2010  580  2014-2025  332  1,414 
Internacional 2010 
Convocatoria MINECO ayudas a infraestructuras 
2014  18  2024-2025  10  0,52 
y equipamiento científico-técnico (13-4E-2393) 
Convocatoria MINECO ayudas a infraestructuras 
2014  247  2024-2025  152  0,52 
y equipamiento científico-técnico (13-4E-2452) 
Anticipo Ministerio de Educación de FSE 
2014  3.761  N/A  3.761  0 
Formación Profesional 
Anticipo Ministerio de Educación de FSE ESO  2015  1.104   N/A  1.104  0 
Programa orientación y refuerzo para el avance y 
2018  1.490  N/A  1.490  0 
apoyo en la educación 
TOTAL    11.841    8.783   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El 14 de diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, resolvió 
conceder a la CAR un importe de 2.980 miles de euros, relativo al Programa de orientación y 
refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyas actuaciones debieron realizarse entre el 1 
de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 y justificarse antes de 31 de mayo 2021. El Programa 
está financiado al 50 % por el FSE de manera que el Estado ha abonado el 50 % (1.490 miles de 
euros) en concepto de subvención y el otro 50 % en concepto de anticipo de la financiación FSE 
que se recibirá una vez justificado el gasto. El anticipo no genera intereses y se amortizará 
directamente cuando el Estado reciba la financiación del FSE. 
 
 
En cuanto a la evolución del endeudamiento del sector público autonómico, la deuda financiera de 
la CAR se ha incrementado un 52 % desde 2012. La evolución por años ha sido la siguiente: 
Gráfico 1. Evolución deuda financiera. Años 2012-2018 
1.600.000 1.590.309
1.569.360
1.500.000 1.491.894
1.400.000 1.438.633
ENDEUDAMIENTO
1.300.000 1.299.340
FINANCIERO (miles
de euros)
1.200.000
1.145.486
1.100.000
1.043.666
1.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.6.5.1.2. Estructura de la deuda de la Administración Autonómica 
La estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR en el ejercicio 
fiscalizado presenta la siguiente composición: 
Cuadro 52. Estructura de la deuda financiera de la Administración General de la CAR 
(miles de euros) 
01/01/2018  31/12/2018 
TIPO DE ENDEUDAMIENTO  %  % 
Importe  Importe 
Deuda pública  383.557  25  244.882  15 
Préstamos a largo plazo  1.129.403  72  1.314.371  83 
Operaciones de tesorería  46.995  3  24.000  2 
TOTAL  1.559.955  100  1.583.253  100 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.6.5.1.3. Detalle de las operaciones formalizadas en 2018 
La Administración de la CAR mantenía vivas a 31 de diciembre de 2018 cuatro emisiones de  e
deuda pública realizadas una en 2014, otra en 2016 y dos en 2017. El importe global de la deuda  bo
pública representa el 15 % de sus pasivos financieros al cierre del ejercicio, los préstamos a largo  785ww
pínlatezgor aeml e8n3t e% e ny  elausro osp. eraciones a corto el 2 %, habiéndose concertado todas las operaciones
 
En cuanto a los tipos de interés aplicados, todas las emisiones de deuda pública y el 69 % de los 
saldos vivos relativos a préstamos a largo plazo devenga intereses a tipo fijo. El resto de las 
operaciones vivas devengan un tipo de interés variable. Tres de los préstamos a largo plazo han 
sido objeto de operaciones de permuta financiera de tipos de interés habiéndose intercambiado 
interés variable por fijo.  
Respecto a las citadas operaciones de cobertura, la CAR mantenía vivas a 31 de diciembre de 
2018  tres  operaciones  de  permuta  financiera  de  tipos  de  interés  (swap  fijo  contra  variable) 
concertadas en 2010, 2013 y 2016 y cuyo vencimiento se producirá en 2023, 2025 y 2022, 
respectivamente.  
Como  consecuencia  de  la  evolución  descendente  de  los  tipos  de  interés  de  referencia, 
especialmente a partir del año 2012, las operaciones de cobertura han generado en 2018 un gasto 
global de 2.459 miles de euros.  
En cuanto a su registro contable, se ha comprobado que los gastos generados en 2018 en una de 
las  operaciones  de  cobertura,  por  un  importe  total  de  579  miles  de  euros,  no  han  sido 
debidamente contabilizados en la aplicación 1101.0111.349 “Compra de opciones y utilización de 
instrumentos de cobertura de tipos”, sino en el concepto correspondiente a los intereses de la 
operación cubierta por el importe neto de intereses y cobertura. Este procedimiento de registro es 
contrario al principio de imputación presupuestaria recogido en el PGCP de La Rioja, según el cual 
los gastos presupuestarios deben imputarse de acuerdo a su naturaleza económica y la finalidad 
que con ellos se pretende conseguir.  
En el anexo II.2-6 se detallan las emisiones de deuda pública efectuadas por la CAR, con 
indicación del saldo pendiente a 31/12/2018 valorado a coste amortizado. En el anexo II.2-7 se 
indica, por entidades, el número de operaciones de préstamo mantenidas en 2018, así como el 
capital pendiente de amortizar a 31/12/2018. 
II.6.5.1.4. Cumplimiento de los límites al endeudamiento financiero 
Las limitaciones para la concertación de operaciones de endeudamiento financiero se recogen a 
nivel general en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en 
la LOEPSF y a nivel particular en la LP de la CAR para 2018 y en los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Ministros y el CPFF. Adicionalmente, en 2015 y nuevamente en 2018, la Comunidad 
se ha adherido al compartimento de facilidad financiera del Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas regulado mediante RDL 17/2014, lo que implica el cumplimiento de las condiciones 
recogidas en esta norma. 
A) LEYES DE PRESUPUESTOS, RDL 17/2014 Y LOEPSF 
Respecto al cumplimiento de las previsiones y limitaciones establecidas en las LP de la CAR, en 
el RDL 17/2014 y en los acuerdos y normas sobre estabilidad presupuestaria para la formalización 
de operaciones de endeudamiento a largo plazo en el ejercicio 2018, cabe destacar que la única 
operación formalizada ha correspondido al préstamo contratado con el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) en calidad de agente financiero de la Administración General del Estado respecto a los 
recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Mediante Resolución de 26 de 
diciembre de 2017, la Secretaría de Estado de Hacienda aceptó la solicitud de adhesión al fondo  e.
presentada por la CAR. El 23 de febrero de 2018, el Consejo de Gobierno de La Rioja autorizó la  w.b
contratación del préstamo de deuda a largo plazo con el ICO al amparo del RDL 17/2014.  785ww
Respecto a las operaciones a corto plazo formalizadas en el ejercicio, el informe elevado al
Gobojbeiteivronso  dpeo rd éefli cMit Hpú eblli c1o3  yd dee uodcatu bprúeb ldicea  2y 0l1a7 r eegslata dbele cgíaas teol  ecnu melp elimjeirecnictioo  p2o0r1 6la,  pCoAr Rlo  dqeu el olas   BOE-A-cable e
 
 
Comunidad  no  precisó  autorización  del  Estado  para  concertar  las  operaciones  en  el  primer 
trimestre de 2018. Por otra parte, el informe provisional de 13 de abril de 2018 puso de manifiesto 
el incumplimiento de la regla de gasto para 2017. Como consecuencia de ello, la CAR presentó un 
plan económico-financiero para 2018-2019 que fue considerado idóneo por el CPFF el 31 de julio 
de 2018, momento a partir del cual la Comunidad no necesitó autorización para la operación a 
corto plazo concertada en octubre de 2018. 
Los arts. 58, 59 y 60 de la LP de la CAR 2018 establecen, para todas las entidades que integran el 
sector público de La Rioja, la necesidad de que la Oficina de Control Presupuestario autorice las 
operaciones  de  endeudamiento,  tanto  a  largo  como  a  corto  plazo,  de  forma  previa  a  su 
formalización.  En  la  fiscalización  se  ha  comprobado  que,  según  los  datos  facilitados  y  la 
información recabada de las cuentas anuales, en 2018 no se han formalizado nuevas operaciones 
por parte de las entidades dependientes, a excepción de la operación a corto plazo por 4.000 
miles de euros llevada a cabo por la Universidad de La Rioja, para la que se ha verificado su 
previa  autorización  por  Resolución  de  9  de  noviembre  de  2018  de  la  Oficina  de  Control 
Presupuestario.  
B) LOFCA 
De acuerdo con el art. 14.2.b) de la LOFCA, las CCAA podrán concertar operaciones de crédito 
por plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documenten, siempre que el 
importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda del 25 % de los 
ingresos corrientes de la CA. En el ejercicio 2018 la carga financiera se ha situado en el 23,48 %. 
A continuación se incluye la evolución del indicador de carga financiera en los últimos cinco 
ejercicios: 
Cuadro 53. Cumplimiento límites LOFCA 
(miles de euros) 
Concepto  2014  2015  2016  2017  2018 
Intereses de la deuda (a)  29.886  24.251  15.757  12.726  11.293 
Amortización de la deuda (b)  89.501  156.032  190.453  208.539  256.838 
Carga financiera (c) = (a+b)  119.387  180.283  206.210  221.265  268.131 
Ingresos corrientes (d)  960.069  992.755  1.069.157  1.115.116  1.142.090 
% Indicador de carga 
12,44  18,16  19,29  19,84  23,48 
financiera e= (c) / (d) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
C) OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA  
De  acuerdo  con  el  informe  de  25  de  octubre  de  2019  emitido  por  MH  sobre  el  grado  de  e.e
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  deuda  pública  w.b
correspondiente al ejercicio 2018, la deuda pública  de la CAR a  31 de diciembre de 2018  785ww
ceoumropsu, taedqau ivpaolre enlt eB aanl c1o9 d,1e  %Es pdaeñl aP sIBeg úreng liao nmale, topdoorcloegnítaa jdee li nPfeDrEio ra sacle nlímdióite a  a1u.5to9r0iz madilolo npeosr  deel 
Consejo de Ministros a efectos del cumplimiento del objetivo de deuda.
 
II.6.5.2. AVALES 
El art. 61.1 de la LP 2018 establece: “Con vigencia exclusiva para el año 2018, la Administración 
Pública podrá avalar a sociedades participadas por un importe máximo de 110.000 miles de euros 
con objeto de reestructurar la deuda de las mismas”. Asimismo, el art. 61.2 de la citada Ley prevé: 
“Con vigencia exclusiva para el año 2018, la ADER podrá conceder avales a las empresas por un 
importe global máximo de 100.000 miles de euros”. De acuerdo a las cuentas rendidas, ni la 
Administración, ni la ADER han hecho uso de estas autorizaciones. 
Respecto a las operaciones formalizadas en ejercicios anteriores, al cierre del ejercicio 2018 ni la 
Administración de la Comunidad, ni los organismos autónomos y entidades y empresas públicas 
mantienen riesgos por operaciones avaladas. 
II.6.6. Gasto sanitario 
El  Sistema  Público  de  Salud  de  La  Rioja  (SPSR)  se  estructura  en  niveles  progresivos  e 
interrelacionados de atención a la salud, con objeto de responder a las necesidades que la 
transferencia de la asistencia sanitaria operada por el RD 1473/2001, de 27 de diciembre, conlleva 
para la Administración Autonómica. El D. 121/2007, de 5 de octubre, organiza el SPSR en una 
demarcación territorial, denominada Área de Salud Única de La Rioja, que comprende 20 zonas 
básicas de salud. 
La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, organiza 
funcionalmente  la  asistencia  sanitaria  en  dos  niveles:  la  atención  primaria  y  la  atención 
especializada. Participando en ambos niveles, se presta la atención a las urgencias y emergencias 
sanitarias, así como a la salud mental y drogodependencias.  
Desde el punto de vista orgánico, la Ley 2/2002 atribuye a la Consejería competente en materia 
de salud todas las funciones que implican el ejercicio de la autoridad normativa y reguladora, así 
como la de financiación y aseguramiento del SPSR. De conformidad con lo previsto en el D. 
24/2015,  de  21  de  julio,  la  Consejería  de  Salud  es,  en  el  ejercicio  2018,  el  órgano  de  la 
Administración Pública de la CAR al que corresponden tales funciones. Para el desarrollo de sus 
competencias la Consejería se estructura en Secretaría General Técnica, DG de Salud Pública y 
Consumo y DG de Prestaciones y Farmacia.  
Dependiente de la Consejería, el SERIS es el OA integrado en el SPSR al que corresponde la 
provisión de servicios y la prestación de la sanidad pública en el ámbito de la CA.  
Por otra parte, se encuentran la FHC y la FRS. La primera es una institución sanitaria pública 
creada  al  amparo  del  RD  29/2000,  cuya  tutela  y  control  fue  asumido  por  la  CAR  por  RD 
1473/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la CAR de las funciones y servicios del 
entonces INSALUD. Tiene como cometido principal la gestión y administración del Hospital de 
Calahorra que presta servicio a la zona de La Rioja Baja. Desde que se hicieron efectivos los 
traspasos de funciones y medios el 1 de enero de 2002, los servicios sanitarios de la Fundación 
pasaron a depender de la CA.  
La FRS, creada en diciembre de 2001, lleva a cabo, fundamentalmente, tres tipos de actividades: 
la realización de prestaciones sanitarias asistenciales (medicina nuclear, oncología radioterápica y  s
cuidados paliativos); docencia e investigación; así como la gestión del banco de sangre. En virtud  e.
de lo establecido en la DA tercera de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y  w.
Administrativas  para  el  año  2012,  las  áreas  asistenciales  de  la  FRS  se  han  integrado  785ww
funcionalmente en el SERIS.
Sloes  rseufbleejap íag rcaofensti nsuigauciieónnt eesl ,g daesbtoie angdroe gdaedsota dcaer e qsutoes d ceunatrtroo  dceeln gtraosst oe nd e2 0la1 8C,o qnusee jseerí ad essea rinrocllluay eenn 
 
 
las transferencias realizadas a las fundaciones, que en 2018 ascendieron a 38.256 y 20.162 miles 
de euros a la FHC y FRS y en 2017 a 33.356 y 19.773 miles de euros a la FHC y FRS, 
respectivamente.  
Cuadro 54. Gasto sanitario no consolidado de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(miles de euros) 
  2017  2018 
Consejería Salud  161.753  174.988 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  282.043  284.829 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  35.560  37.425 
Fundación Rioja Salud (FRS)  22.821  21.958 
TOTAL  502.177  519.200 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
II.6.6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁREA DE SALUD  
En el ejercicio fiscalizado seguía vigente el III Plan de Salud de La Rioja aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2015 como eje sobre el que gira la planificación de las 
políticas sanitarias de la CAR en el periodo 2015-2019, así como distintos planes sectoriales 
cuyas actuaciones se coordinaban a través de grupos de trabajo integrados en el marco del III 
Plan de Salud, según lo previsto en el DA única del D. 51/2014, de 28 de noviembre. 
Desde el punto de vista orgánico, conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, el 22 de diciembre de 
2017, el SERIS firmó, como paso previo a la elaboración de un contrato programa, un acuerdo de 
gestión con la Consejería de Salud para 2017 en el que se establecieron unas líneas de actuación 
encaminadas a mejorar los resultados de la atención sanitaria. El 31 de octubre de 2018 se ha 
formalizado un nuevo acuerdo que incluye los compromisos de mejora para este ejercicio, y cuya 
evaluación se ha plasmado en el informe realizado con fecha 14 de mayo de 2019. Este último 
informe pone de manifiesto las mejoras producidas en 2018 respecto al tiempo necesario para la 
captura de datos objeto de evaluación y, en consecuencia, en el cumplimiento de las fechas de 
entrega. Sin embargo, el informe destaca un descenso de cinco puntos porcentuales en los 
compromisos de calidad y eficiencia del sistema, debido a que todavía permanecían pendientes 
de identificar, y por tanto de monitorizar y medir, un número elevado de prácticas clínicas que 
según las sociedades científicas sanitarias deben “no hacerse”. De la valoración realizada resulta 
un índice de adecuación a los compromisos para 2018 del 76,70 %, inferior al índice de 2017 que 
alcanzó el 81,5 %. 
En cuanto a la FRS, hasta 2017 su vinculación con el SPSR se instrumentaba a través del 
convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja el 8 de julio de 2002, el cual se actualizaba a través 
de adendas anuales. El 4 de septiembre de 2017, en aplicación de la Ley 40/2015, se suscribió un 
nuevo convenio para la prestación de servicios sanitarios avanzados, docencia, investigación, 
desarrollo e innovación de las Ciencias de la Salud. Con fecha 16 de julio y 18 de diciembre de  e.
2018 se han suscrito, respectivamente, las adendas tercera y cuarta a este convenio que fijan los  w.
compromisos asumidos por la Fundación y la financiación por parte de la Consejería de Salud,  785ww
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de Planificación, Evaluación y Calidad de las Secretaría General Técnica de la Consejería de
 
Salud, clasificados por áreas de actuación. Los resultados obtenidos reflejan el mantenimiento de 
altos estándares de calidad y buenos resultados en los indicadores de las áreas de gestión.  
Por otra parte, la FHC ha estado sujeta hasta 2017 al convenio marco de colaboración suscrito 
con el INSALUD en el que se había subrogado la CAR en base al RD 1473/2001, de traspaso de 
funciones y servicios en materia de salud. El 12 de diciembre de 2017 se formuló un nuevo 
convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y la FHC para la asistencia sanitaria a 
pacientes beneficiarios del SPSR. La contraprestación económica a percibir por la FHC por sus 
servicios  se  debe  fijar  anualmente  mediante  la  correspondiente  adenda.  Con  fecha  19  de 
diciembre de 2018 se firman las Adenda Tercera y Cuarta al citado convenio que se refieren, 
respectivamente, a la regulación de las actividades y financiación para el ejercicio 2018 y a la 
financiación adicional para el ejercicio 2018. En la estipulación tercera de la Adenda Tercera se 
establece que la Fundación desarrollará el contrato de calidad que se recoge en el anexo IV. 
Dicho contrato se estructura en dos grandes objetivos generales: 1) Mejora de la calidad del 
servicio sanitario y 2) Mejora de la calidad de la gestión. El informe de evaluación de este contrato 
ha sido emitido por el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de las Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud con fecha 2 de abril de 2019 y en él se ha establecido una 
puntuación global de 66,75 puntos sobre 100 respecto al cumplimiento de los objetivos previstos. 
Respecto a su ámbito subjetivo, el III Plan de Salud abarca todas las entidades que forman parte 
del sistema de salud de la CAR; esto es, el SERIS, la FHC y la FRS. No obstante, en el plan no 
hay una separación de objetivos y recomendaciones por cada una de las entidades o actores 
implicados al no realizarse un estudio diferenciado. La atención prestada por la FRS y la FHC se 
contabiliza como asistencia hospitalaria y no se diferencia de la implementación desarrollada en 
ese ámbito en la CAR por todos los provisores. Ello impide conocer cuál es la aportación de la 
actividad de cada institución a la situación de los indicadores, todo ello sin perjuicio de que la 
aportación en su conjunto sea la que permita valorar globalmente el cumplimiento de los objetivos 
del Plan. 
El Plan se organiza en torno a unos objetivos generales y específicos de carácter permanente que 
se concretan en una serie de recomendaciones de acuerdo a unas líneas de intervención y áreas 
de  trabajo.  A  su  vez,  contempla  una  batería  de  420  indicadores,  clasificados  por  líneas 
estratégicas de intervención. La consecución de los objetivos del Plan no se ha acompañado de 
un calendario de implantación, si bien para cada ejercicio se ha venido aprobando un plan de 
seguimiento en el que se priorizan las recomendaciones y se ajusta la valoración económica a la 
selección anual de las líneas de intervención. Así, en los cuatro primeros años de aplicación, 
ejercicios  2015  a  2018,  se  han  priorizado  484  recomendaciones,  sobre  el  total  de  las  632 
contempladas para los cinco años de vigencia del Tercer Plan de Salud. 
La evaluación llevada a cabo por el Comité de Seguimiento del Plan respecto a la situación a 31 
de diciembre de 2018 indica que en dicho ejercicio se priorizaron 238 recomendaciones, 68 de 
nueva implementación y 170 recurrentes de años anteriores, bien porque no se habían iniciado, 
bien  porque  eran  recomendaciones  de  implementación  anual.  De  las  238  recomendaciones 
priorizadas, 127 (53,4 %) se habían realizado, 79 (33,2 %) se habían puesto en marcha y 32 
(13,4 %) aún no se habían iniciado. 
Como ya se ha indicado, respecto al conjunto de los cuatro años de ejecución del Plan, del total 
de las 632 recomendaciones integradas en el mismo a 31 de diciembre de 2018 se habían 
priorizado 484 (76,6 %), de las que 270 (42,7 %) se han realizado, 156 (24,7 %) están iniciadas y  e
58 (9,2 %) no se han iniciado.   bo
hPcPeaoornrre   lboíenrbloe svaecasrosv ndcatuedral oairn rieoeten,s r ,v llaeocsáns  ncáicmóreenara, y syloo  drsdee isan  ebivnegeftrleeaersdsm.o  mesPd áoasdrd  eábe raserj eoaraassr l iadzdseae, c  leiatórnsan fb eraersmjcoeo,e  mdlhoaeasdnn ed psara icnleicocmainpneeazrsglae edrseno atr eelieszton ays d  aresesnige feuemnerem n2r eg0sde1iean8ndt edesseos.     OE-A-2021-14able en https://
 
 
tanto la mejora de la atención integral, potenciando la elaboración de protocolos, criterios de 
derivación y su difusión a los profesionales, como el impulso de las comunicaciones sobre el III 
Plan de Salud y la puesta en común de los resultados de su evaluación con los profesionales, de 
manera que su utilidad se haga más visible. Respecto a los sistemas de información también se 
ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los registros clínicos sobre aquellos eventos que 
son de interés para su monitorización y explotación, de manera que los gestores puedan adoptar 
decisiones mediante la evaluación de resultados. Asimismo, de cara a la evaluación final y al 
diseño de un nuevo plan, es fundamental potenciar la adecuada selección de indicadores que 
midan aquello que da lugar a un resultado en salud. 
II.6.6.2. CONSEJERÍA DE SALUD 
Mediante  D.  del  Presidente  6/2015  de  10  de  julio,  se  modifica  el  número,  denominación  y 
competencias de las Consejerías de la Administración General de la CAR. A la Consejería de 
Salud le corresponden desde ese momento las funciones en materia de sanidad, salud pública, 
farmacia y consumo. Las obligaciones reconocidas por la Consejería de Salud en 2018 ascienden 
a 174.988 miles de euros, superiores en un 8 % tanto a las reconocidas en 2016 como en 2017. 
La evolución del gasto en los ejercicios 2016 a 2018 se recoge en el siguiente cuadro de acuerdo 
a su clasificación orgánica: 
Cuadro 55. Gasto área de salud 
(miles de euros) 
  2016  2017  2018 
Secretaría General Técnica  78.345  77.610  89.095 
DG Salud Pública y Consumo  7.322  8.061  7.603 
DG Asistencia, Prestaciones y Farmacia  75.829  76.082  78.290 
Total área salud  161.496  161.753  174.988 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El detalle de la evolución de las principales partidas o componentes de gasto en los últimos tres 
ejercicios es el siguiente: 
Cuadro 56. Evolución gasto área de salud 
(miles de euros) 
2016  2017  2018 
 Receta farmacéutica  72.357  72.960  74.758 
Transferencias a Fundaciones Sanitarias  51.338  53.130  58.418 
Asistencia Sanitaria con medios ajenos  24.112  20.987  23.232  bo
Otros gastosT otal gastos de salud  11613..648996   11614..677563   11748..598808   2021-14785n https://ww
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas
 
La rúbrica “Otros gastos” recoge para 2018, principalmente, gastos de personal por 8.759 miles de 
euros, gastos de inversiones en edificios para uso en atención primaria por 4.552 miles de euros, 
gastos por compra de vacunas por 1.592 miles de euros y ayudas a familias relacionadas con la 
atención especializada (desplazamientos, prótesis, vehículos adaptados a minusválidos) por 1.290 
miles de euros. 
La Consejería ha aplicado en 2018 el procedimiento previsto en el art. 35.3 y 35.4 de la LHPR 
imputando a créditos del ejercicio corriente obligaciones generadas en ejercicios anteriores por un 
total de 6.074 miles de euros. 
A. Gasto farmacéutico no hospitalario 
La gestión de la prestación farmacéutica ambulatoria en La Rioja se encuentra instrumentada 
mediante el convenio de colaboración suscrito entre la CAR y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de La Rioja el 28 de abril de 2009. El gasto por este concepto asciende en 2018 a 74.758 miles de 
euros, y continúa siendo, como en ejercicios anteriores, el más significativo en la gestión de la 
Consejería de Salud. El incremento del mismo respecto a 2017 supone un 2,46 %, porcentaje 
similar al incremento del gasto agregado a nivel nacional. 
La  aprobación  del  RDL  16/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  para  garantizar  la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la 
DG de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, dio lugar a la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a la reducción del gasto 
farmacéutico de las CCAA. Estas medidas se centraron principalmente en la estimulación de la 
competencia  entre  los  proveedores,  la  exclusión  de  ciertos  medicamentos  de  la  prestación 
farmacéutica  del  SNS  y  la  participación  en  el  pago  a  satisfacer  por  los  ciudadanos  por  la 
prestación farmacéutica común.  
Debido al aumento experimentado en 2016 por la factura farmacéutica en la CAR, respecto a la 
media nacional, se acordó la puesta en marcha del Plan para la racionalización y reducción del 
gasto farmacéutico no hospitalario 2016-2017. El carácter general de las directrices incluidas en el 
mismo, no ceñidas a un ejercicio, ha  motivado que en la práctica  el plan siga siendo una 
referencia para el control del gasto y continúe aplicándose en función, principalmente, de la 
disponibilidad de personal para diseñar las actuaciones concretas y proceder a su seguimiento.  
Las actuaciones se han desarrollado en varios niveles, que han ido desde los profesionales 
médicos, pasando por la prescripción a través del programa Selene o a través de la receta 
electrónica,  y  terminando  en  las  oficinas  de  farmacia.  Respecto  a  los  facultativos,  se  han 
observado avances en las revisiones de las prescripciones realizadas atendiendo a distintos 
aspectos (posologías incorrectas, adecuación a fichas técnicas, posibles desprescripciones, etc.), 
así como en la adecuación de la prescripción de antibióticos al programa de antibióticos nacional 
(PROA).  También  se  ha  comprobado  la  incorporación  en  el  ejercicio  fiscalizado  de  nuevos 
indicadores de eficiencia y seguridad a los informes sobre prestación farmacéutica en ciertos 
grupos de medicamentos. En lo que se refiere a los sistemas de prescripción aplicados en 2018, 
ya sea a través de Selene o receta electrónica, se ha iniciado la consolidación de un módulo único 
de  prescripción  para  primaria  y  especializada  y  simultáneamente  se  ha  complementado  el 
programa Selene con la integración en él de una guía farmacoterapéutica de orientación para los 
facultativos con nuevas alertas sobre adecuación de las prescripciones a los indicadores de las 
fichas técnicas. Por último, con el fin de detectar posibles actuaciones fraudulentas en las oficinas  e.
de  farmacia,  se  ha  intensificado  la  inspección  y  control  de  las  dispensaciones  electrónicas,  w.
habiéndose iniciado en 2018 dos expedientes sancionadores como consecuencia de la comisión  785ww
de infracciones en la dispensación de medicamentos.
Lreas uDltGa ddoes  Hmuámsa nsiizgancifióicna,t iPvoress tdaecrioivnaedso sy  Fdaer mlaa ciima phlaa nintafocriómna ddoe  dluarsa nmtee ldai dfaissc ailmizapclaiónnta dqause  leons 
 
 
farmacia en 2018 han sido la reducción de ciertas prescripciones por la redefinición de varios 
indicadores (disminución del gasto en el grupo terapéutico del Olesartán valorado en 290 miles de 
euros), la desprescripción de ciertos medicamentos tras las revisiones efectuadas, la introducción 
de alertas en Selene13 (reducción del consumo de Fentanilo de liberación inmediata por 119 miles 
de euros o Denosumab por 13 miles de euros) y la baja de aquellas prescripciones, a través de la 
receta electrónica, en las que había transcurrido un tiempo razonable sin haber sido dispensadas, 
lo que a su vez reduce el posible riesgo sanitario derivado de tratamientos que se han modificado.  
B. Transferencias a las fundaciones sanitarias de la Comunidad 
Las obligaciones reconocidas por la Consejería de Salud por transferencias a las fundaciones 
FHC y FRS han ascendido a 38.256 y 20.162 miles de euros en el año 2018, superiores en un 
15 % y un 2 %, respectivamente, a las reconocidas en 2017. Estas aportaciones, destinadas a 
financiar la actividad ordinaria de las fundaciones, han permitido a las mismas, a diferencia de 
ejercicios anteriores, presentar a 31 de diciembre de 2018 excedentes positivos, si bien se 
mantienen un importante déficit acumulado en ejercicios anteriores. 
Cuadro 57. Excedentes del ejercicio y déficit acumulado a 31/12/2018 
(miles de euros) 
Fundación  Resultado del ejercicio  Déficit acumulado al 31/12/2018 
Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  659  (13.296) 
Fundación Rioja Salud (FRS)  39  (29.361) 
TOTAL  698  (42.657) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
C. Prestación de servicios con medios ajenos 
La prestación de servicios sanitarios con medios ajenos está contemplada en el art. 90 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, al establecer que las Administraciones Públicas 
Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la 
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Por otra parte, el D. 56/2008, de 10 
de octubre, por el que se regula la garantía de tiempos máximos de espera y el sistema de 
información sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja, establece en su art. 6.1 los 
plazos máximos de espera para los pacientes que requieran atención sanitaria especializada, de 
carácter programado y no urgente, en el ámbito del Sistema Público de Salud de La Rioja. 
De acuerdo con el D. 24/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería  de  Salud  y  sus  funciones  en  desarrollo  de  la  Ley  3/2003,  de  3  de  marzo,  de 
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, corresponde a la 
Secretaría General Técnica la tramitación de los conciertos sanitarios y convenios singulares de 
vinculación con arreglo a la legislación que en materia de contratación pública resulte aplicable; 
realizar el seguimiento de su ejecución y la evaluación de los mismos en coordinación con los  s
órganos directivos pertinentes.  e.
                                                  785ww
1d3e E Sl aplruodg draem Laa  SREioLjaE.N E está diseñado para la implantación definitiva de la Historia Clínica Única en el Sistema Público
 
Los gastos por asistencia con medios ajenos de la CAR registrados en el ejercicio 2018, sin 
considerar los servicios de hemodiálisis, terapias respiratorias y una pequeña parte de asistencia 
hospitalaria por convalecencia, que como se expone posteriormente fueron registrados por el 
SERIS,  han  ascendido  a  23.271  miles  de  euros,  cuya  evolución  temporal  se  muestra  a 
continuación:  
Cuadro 58. Sanidad con medios ajenos. Evolución gasto 
(miles de euros) 
DIAGNÓSTICO,  TRANSPORTE 
AÑO  A. ESPECIALIZADA  OTROS  TOTAL 
TRATAMIENTOS Y TERAPIAS  ESPECIAL 
2018  16.530  0  6.741  0  23.271 
2017  15.269  27  5.692  0  20.988 
2016  15.818  16  8.277  1  24.112 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
La asistencia especializada, que abarca principalmente los procesos quirúrgicos y procedimientos 
intervencionistas,  diagnósticos  y  terapéuticos,  la  atención  sanitaria  a  la  convalecencia  y  la 
rehabilitación  prestada  en  centros  socio-sanitarios,  constituye  el  principal  componente  de  la 
sanidad con medios ajenos (71 %), observándose un aumento respecto del ejercicio 2017 del 
11 %. 
Uno de los aspectos que adquiere especial importancia en la asistencia sanitaria concertada es la 
política de derivación de pacientes a los centros concertados, la cual está a su vez íntimamente 
relacionada con la situación de las listas de espera para cada uno de los procedimientos y 
prestaciones médicas ofrecidas por el sistema sanitario público de La Rioja. En el subepígrafe 
II.6.5.6 se analiza la evolución de las listas de espera y las medidas aplicadas para su reducción.  
La  derivación  de  pacientes  a  un  centro  privado  se  efectúa  cuando  los  recursos  propios, 
personales y materiales del sistema público no son suficientes para atender la demanda sanitaria. 
Como se ha señalado en el epígrafe II.3.2, no se tiene constancia de la existencia de estudios 
sobre el grado de utilización y ocupación de quirófanos y medios tecnológicos de diagnóstico en 
los servicios hospitalarios de la CAR, habiéndose informado que hay flexibilidad en la dotación de 
camas y quirófanos dependiendo de las necesidades en cada servicio y que la asignación se 
realiza mensualmente en función de las demoras en las listas de espera quirúrgicas.  
II.6.6.3. SERVICIO RIOJANO DE SALUD (SERIS) 
El Servicio Riojano de Salud (SERIS) se crea mediante la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de 
La Rioja, como OA de carácter administrativo encargado de la prestación de la sanidad pública en 
el ámbito de la Comunidad, encomendándole la dirección y gestión de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios titularidad de la Administración Autonómica que le sean adscritos, 
incluidos los bienes y derechos afectos a los servicios sanitarios transferidos de la Seguridad 
Social estatal. La transferencia se materializó en el ejercicio 2002, regulada por el RD 1473/2001,  es
de 27 de diciembre, momento desde el que el SERIS asumió las responsabilidades descritas.  o
Lqóaurg eao nregola sn Oidzreag cadinóirinse mcdcoeió l nas,ed caatdpoatra prptaaú cbsilóiucn o e iansustrtturoucnmtóumerani ctaood rdgaeá mfniniecidad oia ynp toelar   llaad  iLLsteeryyib  u31c//22ió00n00 35c,,  oddmee p 31e 1tde end cemi afael rbzerone,t rrmoe, o qtsiuvuóes    2021-14785n https://ww
modifica la citada Ley 2/2002, de Salud de La Rioja.
 
 
Con la experiencia acumulada en la gestión sanitaria y tras la apertura del Hospital San Pedro, 
centro de referencia para toda la Comunidad, mediante D. 121/2007 se estableció el Área de 
Salud Única en la CAR, al objeto de conseguir una simplificación organizativa del servicio público 
sanitario. Complementariamente, mediante D. 122/2007 se estableció la estructura orgánica y 
funciones del Área de Salud. Por D. 40/2017, de 15 de septiembre, se establece la estructura 
orgánica y funciones de la Gerencia del SERIS. 
La LP 2018, en su DA segunda establece, en consonancia con la DA novena de la LH, que el 
control interno de la gestión económico-financiera del SERIS se realizará de acuerdo a las 
actuaciones establecidas en el Plan anual de auditoría elaborado por la Intervención General de la 
Comunidad. Añade además que esta auditoría pública anual se enviará al Tribunal de Cuentas, 
así como toda la información puntual y desagregada que se le solicite. La Intervención General ha 
remitido al Tribunal el Informe Definitivo de Auditoría de fecha 5 de diciembre de 2019, relativo al 
ejercicio 2018. 
El SERIS, como OA administrativo, está sometido, en su régimen contable y presupuestario, al 
régimen  de  contabilidad  pública.  Su  presupuesto,  de  carácter  limitativo,  se  integrará  en  los 
Presupuestos Generales de la Comunidad. 
En el ejercicio fiscalizado el Organismo ha seguido sin formular sus cuentas anuales, habiéndose 
formado y rendido únicamente la información correspondiente a la ejecución de su presupuesto de 
gastos,  integrada  en  la  Cuenta  de  la  Administración  General  de  la  CA  como  una  sección 
presupuestaria independiente. Esta integración amparada en la Disposición transitoria octava de 
su Ley de creación, impide conocer el resultado presupuestario y económico-patrimonial de la 
Entidad en el ejercicio fiscalizado. 
Como se  viene señalando en anteriores informes de fiscalización, el SERIS no dispone de 
manuales de procedimientos sobre el control interno que delimiten las funciones de cada proceso 
significativo y las responsabilidades del personal asignado, a excepción de la unidad de inventario, 
el  área  de  cocina  y  la  unidad  de  hospitalización  a  domicilio.  Si  bien  desde  el  Servicio  de 
Planificación, Evaluación y Calidad se está trabajando en desarrollar un sistema de gestión de 
procesos tomando como referencia la norma ISO 900111/2000, sería conveniente plasmar en 
manuales los distintos procedimientos de control interno que mantiene implantados el Organismo. 
 
A. Evolución del gasto 
La evolución de las obligaciones reconocidas por el Organismo desde su creación se expone a 
continuación atendiendo a su clasificación económica: 
Cuadro 59. Evolución obligaciones reconocidas SERIS 
 (Millones de euros) 
% Variac 
Ejercicio  2002  2006  2010  2012  2014  2016  2017  2018 
2002-2018 
Personal  74  139  186  165  169  175  178  184  149 
Bienes y servicios   32  50  84  133  92  102  102  99  209 
Gastos financieros  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Transferencias14  41  0  0  0  0  0  0  0  (100) 
Inversiones reales  5  20  1  1  0  1  2  2  (60) 
Total  152  209  271  299  262  278  282  285  88 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El SERIS ha aplicado el procedimiento previsto en el art. 35.3 y 35.4 de la LHPR que permite la 
imputación a créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, 
previa  autorización  del  Consejero  de  Hacienda,  siempre  que  exista  crédito  disponible  en  el 
ejercicio de procedencia, o del Consejo de Gobierno, en caso de que no lo hubiera. El volumen de 
obligaciones devengadas en ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto 2018 asciende a 975 
miles de euros, en tanto que el importe de las obligaciones devengadas a 31 de diciembre de 
2018 que han sido aplicadas al presupuesto 2019 se eleva a 2.729 miles de euros, de los que 
2.672 miles de euros corresponden al propio ejercicio 2018. Adicionalmente, en 2018 se han 
generado gastos por 78 miles de euros cuya convalidación no ha sido posible en 2019 porque el 
proveedor no emitió la factura correspondiente o su emisión fue posterior al último expediente 
remitido a convalidación al Consejo de Gobierno durante 2019. 
La imputación de gastos procedentes de ejercicios anteriores ha sido práctica común en el SERIS, 
si bien se había reducido en los ejercicios 2016 y 2017. En 2018 esta tendencia se invierte debido 
al incremento del gasto farmacéutico y otros productos sanitarios. Es especialmente significativo el 
incremento del gasto en productos farmacéuticos dispensados a través del Hospital de día cuyo 
consumo en 2018 (10.994 miles de euros) ha sido un 12,39 % superior al 2017 (9.782 miles de 
euros). 
                                                  bo
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Se incluye en el siguiente cuadro la evolución en los tres ejercicios de las obligaciones imputadas 
procedentes de ejercicios anteriores, así como las generadas en el ejercicio que se imputan al 
ejercicio siguiente: 
Cuadro 60. Evolución gastos imputados 2016-2018 SERIS  
(miles de euros) 
Presupuesto de gastos  2016  2017  2018 
Obligaciones reconocidas en el ejercicio  278.378  282.043  284.829 
(-) Obligaciones de ejercicios anteriores imputadas al ejercicio  11.155  5.836  975 
(+) Obligaciones del ejercicio imputadas al ejercicio siguiente  5.783  854  2.672 
(+) Obligaciones del ejercicio imputadas con posterioridad a 
0  0  78 
2019 
Obligaciones imputables al ejercicio  273.006  275.353   286.604  
Diferencia obligaciones imputables/reconocidas 
(5.372)  (6.690)  1.775 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
De  los  datos  anteriores  puede  deducirse  un  desfase  entre  el  registro  de  las  obligaciones 
reconocidas en el presupuesto y el gasto real ejecutado. En 2018 el importe de gasto real según el 
Organismo es superior en 1.775 miles de euros a las obligaciones reconocidas. Como puede 
observarse en el cuadro anterior, esta diferencia es consecuencia de reducir las obligaciones 
reconocidas en 2018 en el gasto total de ejercicios anteriores convalidado en 2018 (975 miles de 
euros) y aumentarlas en los gastos devengados en 2018 convalidados en el ejercicio 2019 o 
posteriores (2.750 miles de euros). 
En el siguiente cuadro se detalla la evolución del gasto real del Organismo devengado en el 
periodo 2002-2018: 
Cuadro 61. Evolución gasto real SERIS 
(Millones de euros) 
% Variac. 
Ejercicio  2002  2006  2010  2012  2014  2016  2017  2018 
2002-2018 
Personal  90  139  186  165  169  175  178  184  104 
Bienes y servicios   39  56  88  88  89  96  97  101  159 
Gastos financieros  0  0  0  0  1  0  0  0  0  s
Transferencias  54  0  0  0  0  0  0  0  (100)  w.b
InversionTeost rael ales  1885   21250   2751   2541   2590   2732   2772   2872   (6530)   OE-A-2021-14able en https://
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  Bc
Como se observa, desde el traspaso de competencias sanitarias a la CAR en 2002 hasta el 
ejercicio 2018 el gasto refleja un incremento del 53 %, si bien es preciso indicar que desde el 
 ejercicio 2005 las transferencias destinadas al pago de las recetas de farmacia ambulatoria 
pasaron a corresponder a la Consejería de Salud, por lo que el aumento real del gasto del SERIS 
en dicho periodo, descontando las obligaciones por transferencias de farmacia ambulatoria, se 
situaría en el  114 %. La tendencia creciente del gasto se mantuvo hasta el ejercicio 2010, 
momento a partir del cual se produjo una ligera reducción del mismo, más significativa en el 
ejercicio 2012 (6,6 %), como consecuencia de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal 
establecidas en los Planes Económico-Financieros presentados por la CAR. En los ejercicios 
posteriores el nivel de gasto se ha ido incrementando. En 2018 el gasto se ha elevado ligeramente 
respecto a 2017 con un incremento del 4 %.  
B. Gastos de personal 
De acuerdo con los datos facilitados por el Organismo, a 31 de diciembre de 2018, el número de 
efectivos reales del SERIS ascendía a 4.098, cuyo detalle y clasificación por tipo de contratación 
se expone en el anexo III.1 del informe. A continuación se presenta una comparación entre la 
plantilla orgánica del Organismo y los efectivos reales a 31/12/2018: 
Cuadro 62. Plantilla orgánica y efectivos reales SERIS15 
EFECTIVOS REALES 
PLANTILLA 
PERSONAL 
ORGÁNICA  En  Plantilla 
Directivos  Extraplantilla  TOTAL 
formación  Estructural 
Directivo  0  12  0  0  0  12 
Facultativo  809  0  0  692  148  840 
Sanitario No Facultativo  1.877  0  0  1.738  407  2.145 
No Sanitario  845  0  0  761  177  938 
En Formación16   0  0  163  0  0  163 
TOTAL SERIS  3.531  12  163  3.191  732  4.098 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
El personal del SERIS tiene mayoritariamente carácter estatutario al proceder del INSALUD y se 
rige actualmente por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del “Estatuto Marco  del personal 
estatutario de los servicios de salud”. 
Debido al carácter estructural que el exceso de empleo estatutario temporal había adquirido en 
ejercicios  anteriores  en  algunas  categorías,  y  en  cumplimiento  de  la  Resolución  de  23  de 
diciembre de 2015 del SERIS, por la que se ordenó la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial 
del Organismo, en el año 2016 se adoptaron una serie de medidas, ya iniciadas en 2015, 
consistentes en reducir el número de efectivos con contrato eventual en puestos de trabajo 
estructurales.   e.e
                                                  bo
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El 23 de diciembre de 2016 se aprobó el V Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERIS, 
con vigencia desde 1 de enero de 2017 hasta 31 diciembre de 2019, contando entre sus objetivos 
el redimensionamiento de la plantilla y la revisión de las categorías estatutarias, la ocupación de la 
plantilla en niveles superiores al 90 %, la reforma de la relación de puestos de trabajo y la 
correspondiente  modificación  de  la  normativa  que  afecta  a  estos  aspectos.  Respecto  al 
redimensionamiento de la plantilla, que estaba prevista para junio 2017, se ha procedido, a través 
de las LP 2017 y 2018, a la amortización de un total de 46 plazas y a la creación de 75, más 
adecuadas a las necesidades reales del SERIS. Por otra parte, mediante Resolución de 5 de junio 
de 2018, la Consejería de Salud aprueba la primera modificación de la plantilla correspondiente a 
los centros del SERIS que implica la amortización de seis plazas y creación de otras siete en el 
Hospital San Pedro.  
De acuerdo a los objetivos definidos en el V Plan, se ha procedido a la revisión de las categorías 
estatutarias. Mediante D. 2/2018, de 19 de enero, se han creado dos nuevas categorías y se ha 
modificado una tercera. En diciembre de 2018, se ha iniciado la tramitación de otro Decreto para 
la creación de nuevas categorías en el ámbito del SERIS. En cuanto al objetivo de reforma de la 
relación de puestos de trabajo, el 9 de mayo de 2019 se inició la tramitación del expediente 
administrativo y el 24 de mayo se emitió en informe de la DG de Control Presupuestario relativo al 
mismo, sin embargo, el expediente quedó en suspenso tras la convocatoria de elecciones al 
Parlamento de La Rioja. Por último, respecto a la modificación de la normativa en materia de 
personal, la Ley 2/2018, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018, con objeto de 
paliar la falta de médicos en determinadas especialidades, ha reformado a través de su art. 8, el 
Decreto 2/2011 en lo relativo a los procesos de selección, de manera que podrán acceder a la 
condición de personal estatutario aquellos extranjeros que aun no cumpliendo ciertas condiciones 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, tengan la titulación requerida 
para el acceso a una especialidad médica. Queda pendiente la revisión global del Decreto 2/2011 
prevista en el Plan. 
La DA tercera del D. 48/2017 que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2017, de conformidad 
con  el  art.  19.Uno.6  de  la  LPGE  para  2017,  determinó  que  las  convocatorias  de  procesos 
selectivos de plazas objeto de estabilización en la Administración General de la CAR y sus OOAA 
se  establecerían  por  Decreto,  debiendo  ser  aprobados  en  los  ejercicios  2017  a  2019.  En 
cumplimiento de ello, la CAR ha aprobado mediante el D. 6/2018, de 5 de abril, la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal correspondiente a personal docente no 
universitario y personal estatutario del SERIS. Conforme a los principios establecidos en la LPGE 
para 2017 se han identificado un total de 471 plazas correspondientes a personal del SERIS 
susceptibles de ser incluidas en decretos de estabilización, de las que el D. 6/2018 incluye 378 
correspondientes a diferentes categorías. Adicionalmente, dentro de los límites de reposición 
recogidos  en  la  LP  para  2018,  el  D.  44/2018,  de  27  de  diciembre,  de  la  Consejería  de 
Administración Pública y Hacienda, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2018 
que contempla la existencia de una promoción interna vertical de hasta 45 plazas para el personal 
estatutario del SERIS y determina que no se realizarán nombramientos de personal estatutario 
temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en 
sectores prioritarios o relativos a servicios públicos esenciales. 
El SERIS ha informado que el volumen de extraplantilla a 31 de diciembre de 2018, ascendía a 
732 efectivos, de los que 378 tenían nombramiento eventual en acumulo de tareas. A su vez, 39 
de estos se encontraban desempeñando puestos de naturaleza estructural. Estas cifras constatan 
la tendencia iniciada en 2016 de reducción de puestos de naturaleza estructural ocupados por  e.e
eventuales, habiéndose disminuido desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2018 un total de  b
21 puestos.  785ww
Para la contratación de personal con carácter temporal, y conforme a los criterios del Pacto de la
Mdee sma aSyeoc tdoeri a2l,0 e1l7 S lEaR fIoSr mhaa ccióonn vdoeca dlisot amse ddiea netem prelesoo lutecimonpeosra dl ep a2r7a  dpee drsicoienmalb rneo  dfea c2u0lt1a6ti vyo 3 1y 
 
 
facultativo respectivamente, que sustituirán a las convocadas en 2013. Con fecha 22 de febrero de 
2019, el SERIS ha informado que respecto al personal sanitario no facultativo y personal no 
sanitario ya se están utilizando las nuevas bolsas de empleo. Respecto al personal facultativo de 
las 46 categorías convocadas, a julio de 2020, por motivos de compatibilidad asistencial con las 
funciones  de  miembro  de  la  comisión  de  baremación,  continúan  pendientes  de baremar  14 
categorías.  
Finalmente, la Resolución 9/2017, de 24 de febrero, de la Presidencia del SERIS, aprobó el 
modelo de reconocimiento de grado de la carrera y desarrollo profesional del personal del SERIS. 
Mediante Resolución de 1 de marzo de 2017, del mismo órgano, se convocó el procedimiento de 
reconocimiento para los grados I, II, III y IV para el año 2017. Dicho reconocimiento se ha hecho 
público, respecto al personal sanitario y no sanitario, mediante sendas resoluciones de agosto y 
diciembre de 2018, fijando sus efectos económicos desde el 1 de enero de 2017. Respecto a este 
proceso, la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia del SERIS ha estimado un coste de la 
carrera profesional para el personal fijo de 2.281 miles de euros, de los que 1.834 miles de euros 
se abonaron en el ejercicio 2017 y 447 miles de euros se han pagado en 2018. Sin embargo, 
posteriormente mediante sentencia de 12 de abril de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la Resolución 9/2017, 
lo que ha supuesto el reconocimiento del complemento de grado también al personal funcionario y 
estatutario  temporal,  mediante  Resolución  de  1  de  octubre  de  2019,  si  bien  con  efectos 
económicos de 1 de enero de 2017. El SERIS ha estimado el coste de ejecución de la citada 
sentencia en 2.360 miles de euros.  
C. Aprovisionamientos: especial referencia al gasto farmacéutico hospitalario 
Las obligaciones reconocidas en 2018 por la adquisición de suministros ascendieron a 78.251 
miles de euros, lo que representa el 79 % de los gastos corrientes en bienes y servicios del 
Organismo en dicho año. Destacan por su volumen los gastos correspondientes a productos 
farmacéuticos (39.031 miles de euros), otro material sanitario (11.594 miles de euros), material de 
laboratorio (9.926 miles de euros) e implantes para consumo y reposición (6.923 miles de euros). 
Se detalla a continuación la evolución de estos gastos en los tres últimos ejercicios: 
Cuadro 63. Evolución gasto por suministros. SERIS 
(miles de euros) 
Desglose tipo de suministro  2016  2017  2018 
Productos farmacéuticos  43.058  40.466  39.031 
Otro material sanitario  10.468  12.001  11.594 
Material de laboratorio  9.840  10.794  9.926 
Implantes para consumo y reposición  6.601  6.258  6.923 
Otros suministros  10.588  11.015  10.777 
Total gasto por suministros  80.555  80.534  78.251  s
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  w.b
Cseormvioci osse  phoar  in9d7i5c amdiole asn dteer ieourmroesn qteu,e e sne e ml aañnot e2n0í1a8n  ssein  ccoonnvtaalbidilaizraorn  agla csiteorsre c oderrli eenjetercsi ceino  b2i0e1n7e,s l oy 
qOurgea rneipsmreos epnatraa  u2n0 118 .%   del presupuesto definitivo del capítulo 2 del presupuesto de gastos del
 
Respecto a las adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos hospitalarios, en línea 
con lo señalado en ejercicios anteriores, cabe indicar que estas adquisiciones no se han ajustado 
estrictamente a los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, si bien debe 
tenerse en cuenta que el 71 % de las obligaciones reconocidas en 2018 por adquisición de 
medicamentos  corresponde  a  150  especialidades  exclusivas  para  las  que  existe  un  único 
proveedor.  
Para los medicamentos no exclusivos, el SERIS ha mantenido un procedimiento, que el propio 
Organismo  denomina  “negociado”,  por  el  que  se  convoca  a  los  laboratorios  farmacéuticos 
proveedores a la presentación de sus ofertas de suministro de medicamentos al Hospital San 
Pedro, a FHC, a FRS, a los Centros de Salud de Asistencia Primaria, a los Centros de asistencia 
social y al 061-ambulancias. A las ofertas, que deben presentarse cerradas, se les aplican unos 
criterios de selección que además de la oferta económica valoran aspectos como el compromiso 
de servicio para 2018, los plazos de entrega y la solución de problemas en el ejercicio anterior. 
Las ofertas recibidas y las distintas fases del proceso de selección se recopilan en un documento 
denominado “Compra Centralizada de Medicamentos”. Una vez acordadas las condiciones, los 
pedidos de medicamentos se realizan a través de un sistema informático basado en un control 
automatizado de existencias, a través del cual cuando dichas existencias se sitúan por debajo de 
un determinado nivel, se genera automáticamente el pedido.  
En desarrollo de lo dispuesto en la DA cuarta del RDL 16/2012, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, se creó la Plataforma Central de Compras, liderada por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA) en la que participan también el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y las CCAA, que se reunió por primera vez en junio 2012. Las CCAA podrán, 
mediante  la  formalización  de  los correspondientes  acuerdos  marco,  adherirse al  sistema  de 
adquisición centralizada estatal de medicamentos y productos sanitarios. 
En 2018 la CAR ha realizado adquisiciones basadas en tres acuerdos marco firmados con 
INGESA para la adquisición agregada del factor VIII de coagulación recombinante (506 miles de 
euros), de medicamentos inmunosupresores (1.171 miles de euros) y de antirretrovirales (1.104 
miles de euros). A mayo de 2020 seguían pendientes de resolver otros acuerdos promovidos por 
el INGESA, a los que la CAR se había adherido, para la adquisición de medicamentos oncológicos 
y terapia ocular.  
Fuera de los procedimientos promovidos desde la Administración central, la CAR ha tramitado, a 
nivel autonómico, mediante procedimiento negociado sin publicidad, un contrato para la compra 
centralizada del medicamento inmunosupresor exclusivo Adalimumab (Humira). Mediante este 
contrato se han realizado en 2018 adquisiciones por 1.172 miles de euros. 
Durante la fiscalización del ejercicio 2018 se ha comprobado que el Organismo  ha seguido 
impulsando medidas para mejorar la eficacia del gasto farmacéutico hospitalario. Las principales 
acciones desarrolladas han sido: 
-  Selección de medicamentos en la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 
-  Inclusión de nuevos protocolos (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón) y 
recomendaciones de equivalencia terapéutica. 
-  Autorización de fármacos de alto impacto presupuestario por el grupo de trabajo de Evaluación  bo
de Medicamentos (en 2018, 601 informes técnicos sobre medicamentos de alto impacto y 74  785ww
-  Rsoebvriesi ómne ddiecsadmee enlt oOs besne rsvitautaocriioo ndees  mesepdeiccaiamleesn).t os genéricos y biosimilares para favorecer el
acceso temprano a los mismos (en 2018 se han introducido genéricos de 31 especialidades y
biosimilares de 14).
 
 
-  Realización de informes de consumo con distinta periodicidad para analizar desviaciones. Se 
elaboran listados de consumo por unidades clínicas que son enviados a los jefes de servicio 
para su revisión y valoración. 
Adicionalmente a lo indicado para los productos farmacéuticos, la CAR ha formalizado contratos 
de suministro con distintos proveedores a los que se ha adherido el SERIS respecto a energía 
eléctrica y gas natural, material de oficina, servicios de seguridad y servicios postales. Finalmente, 
por lo que se refiere a la adquisición de suministros de productos alimenticios, el volumen de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio por este concepto ha ascendido a 1.242 miles de euros. 
De este importe, 1.070 miles de euros se han adquirido mediante procedimientos abiertos y 172 
miles de euros mediante diversos contratos menores.  
D. Prestación de servicios con medios ajenos 
Los gastos por asistencia concertada prestada por el SERIS han ascendido en el ejercicio 2018 a 
2.342 miles de euros, con la siguiente evolución temporal: 
Cuadro 64. Sanidad concertada SERIS. Evolución gasto 
(miles de euros) 
AÑO  A. ESPECIALIZADA  HEMODIALISIS  TRAT. Y TERAPIAS  TOTAL 
2016  42  1.773  685  2.500 
2017  17  1.836  661  2.514 
2018  10  1.671  661  2.342 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
A  través  del  SERIS  se  encuentra  externalizada  la  prestación  de  servicios  de  hemodiálisis 
ambulatoria, servicios que debieron haber sido prestados por la Consejería de Salud, y cuyo 
origen se remonta al concierto suscrito en 1984 entre el extinto INSALUD y un centro privado, en 
el que se subrogó la CAR en virtud de lo previsto en el RD 1473/2001, de 27 de diciembre, sobre 
traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Con posterioridad a esta 
fecha el SERIS y la empresa han establecido cláusulas adicionales referentes a la actualización 
del precio de los servicios. El importe de las obligaciones reconocidas por el SERIS en 2018 ha 
ascendido a 1.005 miles de euros.  
El contenido de este concierto no ha recogido todos los extremos previstos en el art. 98 de la Ley 
2/2002, y su ámbito temporal contraviene lo establecido en el art. 278 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, según el cual los contratos de gestión de servicios públicos 
no podrán tener carácter perpetuo o indefinido, debiéndose fijar necesariamente en las cláusulas 
su duración, así como la de las prórrogas de que puedan ser objeto, sin que el plazo total, 
incluidas las prórrogas, pueda exceder los diez años de duración. Según se ha informado desde la 
Consejería de Salud, en el Plan director del Complejo Hospital San Pedro de La Rioja se incluye la 
ampliación en el Servicio de Hemodiálisis, de puestos y consultas técnicas, estando prevista para 
finales de 2020 una primera fase, condicionada a las disponibilidades presupuestarias.  s
Por  otro  lado,  el  SERIS  también  gestiona  un  servicio  de  diálisis  peritoneal  y  hemodiálisis  w.
domiciliaria  basado  en  dos  contratos  de  suministros  suscritos  en  2016  con  dos  compañías  785ww
perni v2a0d1a8s  ppoarr a6 6la6  pmreilestsa cdieó ne udreo sd.i cAhsaim aissimstoe,n ecina ,2 q0u1e6  htaamn bgiéenn esrea dfoor munaalisz óo bulnig caocniotnraetso  rdeec osneorvciicdiaoss 
poabrliag alaci opnreess teanci ó2n0 1d8e p toerr aimpipaosr tree sdpei r6a6to1r imasil eas  ddeo meuicriolios.,  que han supuesto el reconocimiento de
 
II.6.6.4. FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA (FHC) 
La FHC es una institución sanitaria pública creada al amparo del RD 29/2000, de 14 de enero, 
sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, cuya tutela y control fueron 
asumidos por la CAR por RD 1473/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso de las funciones y 
servicios del entonces Instituto Nacional de Salud. Tiene como cometido principal la gestión y 
administración del Hospital de Calahorra que presta servicio a la zona de La Rioja Baja. La CAR 
había  asumido,  como  consecuencia  del  traspaso  de  servicios  y  funciones  del  INSALUD,  el 
Convenio  de  Colaboración  firmado  en  2001  entre  la  Fundación  y  dicho  Instituto.  El  12  de 
diciembre de 2017, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que constituye normativa básica para las administraciones autonómicas, se ha firmado un 
nuevo Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y la 
Fundación para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del sistema público de salud de La 
Rioja. 
Como  ya  se  ha  indicado  en  el  apartado  II.6.5  la  extensión,  condiciones  y  contraprestación 
económica a la FHC por la prestación asistencial a los beneficiarios del SPSR se fija anualmente 
mediante la correspondiente Adenda al Convenio. Las Adendas tercera y cuarta, relativas al 
ejercicio 2018, se han firmado el 19 de diciembre de ese año. 
La  Fundación  desarrolla  su  actividad  en  el  edificio  del  Hospital  de  Calahorra  (La  Rioja), 
perteneciente a la Tesorería de la Seguridad Social, por el que no paga ninguna contraprestación. 
En  fecha  31  de  diciembre  de  2018  el  valor  que  figura  en  el  balance  en  relación  a  estas 
instalaciones corresponde a las ampliaciones realizadas sobre el edificio actual y a la construcción 
del nuevo edificio administrativo, puesto que a dicha fecha no se ha recibido el documento de 
cesión a la Fundación del inmueble original. 
En el siguiente cuadro se detalla de forma resumida la composición de los gastos de la fundación 
en 2018: 
Cuadro 65. Composición y variación gasto FHC 
 (miles de euros) 
Variación 
Rúbricas de gasto  Ejercicio 2017  Ejercicio 2018 
% 
Gastos de personal  20.696  21.724  5 
Aprovisionamientos  12.625  13.310  5 
Dotación amortización  550  562  2 
Otros gastos actividad  1.673  1.818  9 
Gastos financieros  5  0  (100) 
Gastos extraordinarios  11  12  9 
TOTAL  35.560  37.426  5  s
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  w.
Cinocmreom epnuteaddeo  eanp r2e0c1ia8r suen  5e n%  erel scpueacdtoro a la enjteerrcioicri,o  e2l0 1v7o.lu Eml emna ytootra vl odluem geans dtoe  gdaes tloa  cForHreCs psoen dhea, 
caopmroov isieonn amaiñeonsto sa (n3t6e r%io)r.e  s,  a  los  gastos  de  personal  (58 %),  seguido  del  gasto  en
 
 
Dentro de los aprovisionamientos son especialmente significativos los gastos de farmacia que 
representan, al igual que en el ejercicio 2017, el 17 % del gasto total de la Fundación. Otra parte 
importante  del  gasto  en  aprovisionamientos  lo  constituyen  los  “trabajos  realizados  por  otras 
empresas”, que suponen un 11 % del gasto de la FHC, de los que aproximadamente la mitad 
corresponden a la prestación sanitaria concertada con entidades privadas para la asistencia 
especializada, de diagnóstico y de tratamiento y terapias (2.362 miles de euros). Los gastos por 
compras de farmacia (6.224 miles de euros) se han incrementado en 2018 un 6 % respecto al 
gasto de 2017, y los correspondientes a trabajos realizados por otras empresas (4.265 miles de 
euros) en un 3 %. 
El informe emitido en cumplimiento del art. 121.3 de la LHPR refleja en 2018 una desviación en el 
gasto por aprovisionamientos del 26 %, debido principalmente a los gastos en farmacia, y en los 
gastos de personal del 10 % consecuencia de una previsión insuficiente respecto a la plantilla 
existente. 
Para la adquisición de productos farmacéuticos que no tienen el carácter de exclusivos, la FHC se 
ha integrado en la negociación anual centralizada coordinada por el SERIS. 
La  Fundación  mantiene,  asimismo,  en  2018,  cuatro  contratos  para  la  adquisición  de 
medicamentos  inmunosupresores,  formalizados  a  través  de  la  adhesión  a  acuerdos  marco 
integrados en el procedimiento de compras agregadas del Sistema Nacional de Salud liderado por 
el INGESA. Las compras realizadas en 2018 a través de estos contratos ascienden a 403 miles de 
euros. 
Respecto a los gastos por suministros y otros servicios, la Fundación mantiene en 2018 la 
contratación del suministro de gas, energía eléctrica, material de oficina y papel de impresión y 
escritura, servicios de seguridad y vigilancia y servicios postales a través de acuerdos marco 
formalizados para todo el sector público de La Rioja. 
En relación a la situación financiera de la FHC, debe señalarse que en el ejercicio 2018 la entidad 
ha recibido de la Administración General de la CAR transferencias nominativas por un total de 
38.256 miles de euros, de las que 37.500 miles de euros se han destinado a financiar gastos 
corrientes y 756 miles de euros a gastos de capital. Respecto a las subvenciones corrientes, el 
presupuesto asignado inicialmente por la Consejería de Salud a la fundación para el ejercicio 2018 
ascendía a 31.800 miles de euros; sin embargo, mediante las  Adendas tercera y cuarta al 
Convenio de Colaboración, firmadas entre ambas partes el 19 de diciembre de 2018, se ha 
establecido una financiación adicional de 5.700 miles de euros. 
De acuerdo a la Estipulación Quinta de la Adenda Tercera al Convenio de Colaboración, el 
Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud ha elaborado, con fecha 15 de abril y 14 de mayo de 2019, la propuesta de liquidación 
económica del ejercicio 2018 por la prestación de asistencia sanitaria a beneficiarios del sistema 
público de salud en el Hospital de Calahorra y un informe complementario a la misma. El resultado 
de esta propuesta de liquidación pone de manifiesto que la cuantía económica abonada a la 
Fundación en base al Convenio es superior en 2.051 miles de euros al importe total de gasto por 
actividad asistencial más inversión realizado por esta, diferencia que deberá ser compensada a 
favor de la Consejería en los siguientes abonos. La Fundación ha presentado alegaciones a este 
resultado que no han sido estimadas indicando que el gasto considerado se ajusta a los preceptos 
de las cláusulas del Convenio pero no a la actividad real realizada a lo largo del ejercicio 2018.   es
Con independencia de la liquidación del Convenio, el excedente del ejercicio 2018 reflejado en las  785ww
dCnreeeus geplaanetstciav tssoivu saAb mvnreeuennagctlieesiost)rn. a edEdseso  tsrelea  c ceiFabnmuid nbadliosoa s cd dieóee n ljta eee rnAcsdi dcepmionosicsn iiaitsi 2vtsr0oae 1c e6hión an  y6 dd 5ee9b2  i0ldma1o 7iC lep Asri( Rn2dc .e1eip 0nae4 lu2m r0oey1s n8,t .e2 f .Tr3aee5ln n8itnie ec nrmaed imolleo eessn n te odcx eucd eeendle te1uan5r otl oe%sss,     OE-A-2021-14able en https://
resultados de ejercicios anteriores, la FHC presenta a 31 de diciembre de 2018 un excedente
 
acumulado negativo de 13.296 miles de euros. No obstante, la contabilización de las aportaciones 
de fondos recibidas de la AG de la CAR para la compensación de pérdidas dentro de los fondos 
propios de la Fundación, supone que, a pesar de los excedentes negativos acumulados, el total de 
fondos propios de la FHC sean positivos a 31 de diciembre de 2018 en 3.796 miles de euros. 
II.6.6.5. FUNDACIÓN RIOJA SALUD (FRS) 
La FRS fue creada en diciembre de 2001, siendo sus principales actividades la promoción, 
prestación y gestión de recursos y servicios sanitarios, la docencia e investigación de las Ciencias 
de la Salud, la promoción de la salud en cualquiera de sus vertientes, en especial de la salud 
pública y comunitaria, y la gestión del banco de sangre. Se rige por la Ley 1/2007, de 12 de 
febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal y demás 
disposiciones legales de aplicación. 
El 4 de septiembre de 2017, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que constituye normativa básica para las administraciones autonómicas, se ha 
firmado un nuevo Convenio de Colaboración con el Gobierno de La Rioja para la prestación de las 
actividades de servicios sanitarios avanzados, docencia, investigación, desarrollo e innovación de 
las ciencias de la salud. La actualización de las condiciones de este convenio debe fijarse 
anualmente mediante adendas. Con fecha 16 de julio de 2018, se firma la Adenda Tercera y, con 
fecha  19  de  diciembre  de  2018,  la  Adenda  Cuarta  que  se  refieren,  respectivamente,  a  la 
regulación  de  la  prestación  de  las  actividades  y  financiación  para  el  ejercicio  2018,  y  a  la 
financiación adicional para este mismo ejercicio. 
Por otro lado, el 31 de octubre de 2012, se firmó un convenio de colaboración entre la FRS y el 
SERIS para la ordenación e integración de las áreas asistenciales dentro del OA en dos fases: 
una  integración  funcional  inicial,  sin  modificación  del  régimen  jurídico,  económico  y  de  los 
derechos adquiridos por el personal, y una posterior integración orgánico-estructural. 
Una vez superada la integración funcional de las unidades y personal, permanece pendiente la 
segunda fase del proceso de integración, no habiéndose realizado a noviembre de 2020 ninguna 
actuación para avanzar en el proceso, debido, según se ha informado, a la dificultad de integrar en 
el ámbito del SERIS a los trabajadores de la Fundación, que tienen la condición de personal 
laboral, frente al régimen estatutario al que está sujeto el personal del SERIS. Sin embargo, 
carece de sentido mantener dos regímenes de personal distintos para trabajadores que prestan 
los mismos servicios y realizan labores asistenciales similares, por lo que esta situación debería 
homogeneizarse y regularizarse a través de los oportunos procedimientos de convocatoria de 
plazas a concurso público. 
Respecto  a  las  Cuentas  Anuales  de  la  FRS  del  ejercicio  2018,  estas  fueron  inicialmente 
formuladas el 27 de marzo de 2019. Sin embargo, dentro del trámite de alegaciones de los 
informes  provisionales  de  auditoría  y  complementario  al  de  auditoría  de  cuentas  anuales, 
elaborados por la Intervención General, aquellas fueron reformuladas el 12 de junio de 2019 para 
subsanar ciertos errores materiales. Es, a estas últimas, a las que se refieren los informes 
definitivos de la Intervención General y el presente informe. 
Durante los ejercicios 2010 a 2017, con la excepción del 2015, la Fundación ha acumulado  s
excedentes negativos que se reflejan en el balance a 31/12/2018 por un total de 29.400 miles de  e.
euros.  La  viabilidad  económico-financiera  de  la  Fundación  está  garantizada  por  el  apoyo  w.
financiero por parte de la CAR que, para 2018, se ha materializado en transferencias recogidas en  785ww
lcao rLriPen t2e0s1 8y  4p5o0r  mimilpeos rtdee  deeu ro1s8 .e8n6 2t ramnislefesr ednec iaesu rdoes  c(a1p8i.t4a1l)2,  mmáilse su ndae f ineaunrocsia ceinó ns audbivceionncaiol npeosr 
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por 39 miles de euros, y el ajuste negativo, por 652 miles de euros, consecuencia del cambio de 
criterio en el registro de la entrega a cuenta del ejercicio 2017, derivado del contrato para la 
explotación  del  aparcamiento  de  vehículos  del  Centro  de  Investigación  de  La  Rioja,  no  ha 
permitido recuperar los fondos propios, que continúan siendo negativos al cierre del ejercicio en 
6.042 miles de euros. 
En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos de gasto de la FRS en los dos últimos 
ejercicios: 
Cuadro 66. Composición y variación gasto FRS 
 (miles de euros) 
Rúbricas de gasto  Ejercicio 2017  Ejercicio 2018 
Gastos de personal  9.687  9.566 
Aprovisionamientos  8.400  8.755 
Dotación amortización  979  955 
Otros gastos de explotación  3.531  2.657 
Ayudas monetarias y otros  48  23 
Otros resultados  1  0 
Gastos financieros  172  1 
Diferencias de cambio  3  1 
TOTAL  22.821  21.958 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Los gastos de personal se han reducido en 121 miles de euros en 2018 debido en parte a la 
imputación en 2017 de 480 miles de euros correspondientes a la reactivación de la carrera y 
desarrollo profesional con efecto 1 de enero de 2017. En 2018 se ha registrado por este concepto 
únicamente el gasto correspondiente a la carrera y desarrollo profesional del personal temporal, 
convocada en 2018, derecho que fue reconocido mediante sentencia judicial. 
La rúbrica de aprovisionamientos se ha incrementado en 2018 en 355 miles de euros. En esta 
rúbrica se incluyen los trabajos realizados por otras empresas que suponen el 32 % del gasto total 
de la FRS, y cuyo incremento respecto a 2017 se eleva a 196 miles de euros, destacando la 
asistencia concertada por la FRS, que ha supuesto un gasto en 2018 de 6.691 miles de euros, 
correspondiente en su práctica totalidad a los servicios de diagnóstico por imagen, prestados 
mediante técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología 
convencional. 
En 2010 la FRS y la empresa CIBIR, S.L. firmaron un contrato para la explotación, conservación y 
mantenimiento del aparcamiento de vehículos del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja,  e
estableciéndose en los pliegos, entre otros supuestos, que la Fundación debería restablecer el  bo
equilibrio económico financiero del contrato cuando la demanda real fuera inferior en más de un  785ww
2co5n %tra ato .l as previsiones, hecho este que ha sido confirmado desde el inicio de la ejecución del
 
El 19 de septiembre de 2013, se adoptaron entre ambas partes unos acuerdos complementarios 
al contrato para fijar un periodo transitorio en la explotación del aparcamiento, desde 1 de enero 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, durante el cual la FRS se comprometió a abonar a la 
concesionaria una cuantía anual máxima integrada por el importe de la dotación a la amortización 
contable de cada año y los costes anuales financieros de la explotación, minorada en el valor del 
canon anual por los servicios prestados por la FRS y los posibles resultados positivos de la 
Sociedad concesionaria. Estos acuerdos fueron modificados el 8 de junio de 2016 en lo relativo al 
plazo del periodo transitorio que quedó prorrogado hasta 30 de abril de 2018. 
A partir de la fecha indicada se abrió un periodo de tres meses en que ambas partes debían 
negociar la continuidad o resolución del contrato. El 30 de agosto de 2018 sin haber llegado a un 
acuerdo la Fundación remitió un burofax a la empresa en el que proponía la resolución del 
contrato  a  cambio  de  una  compensación  económica  de  1.083  miles  de  euros.  La  empresa 
respondió  que  aceptaría  una  resolución  de  mutuo  acuerdo  conforme  al  Acuerdo  de  19  de 
septiembre de 2013, que fijaría la compensación en un importe de 9.267 miles de euros. 
Con base en los arts. 319.2, 294 c) y la Disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Consejera de Salud ha resuelto con fecha 19 de diciembre de 2018 iniciar el 
procedimiento para la resolución del contrato mediante rescate, fijándose un precio para el mismo 
de 2.503 miles de euros, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del procedimiento.  
La Fundación ha dotado una provisión por 9.267 miles de euros para cubrir la compensación 
económica reclamada por la concesionaria, calculada en base al punto 4 del Acuerdo de 19 de 
septiembre de 2013. Se ha comprobado, como hechos posteriores, que tras la realización del 
trámite de audiencia al interesado y la solicitud de todos los informes preceptivos, entre los que se 
encuentra el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, evacuado el 19 de septiembre de 2019, 
la Consejera de Salud ha resuelto, con fecha 29 de noviembre de 2019, declarar la extinción del 
contrato de concesión administrativa demanial suscrito el 7 de julio de 2010 entre la FRS y 
Aparcamiento CIBIR, S.L., y ha fijado en 664 miles de euros la cantidad que la FRS debe abonar a 
la concesionaria en concepto de rescate. La Resolución establece, asimismo, como límite para la 
recuperación de la posesión del aparcamiento, la fecha de 16 de diciembre de 2019. Ante la 
negativa de la concesionaria a desocupar el parking se ha iniciado un proceso de desahucio que 
ha finalizado en julio 2020. 
II.6.6.6. ASISTENCIA SANITARIA.  EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS  DE ESPERA Y MEDIDAS 
APLICADAS PARA SU REDUCCIÓN 
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
consagró el derecho de los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria en sus CCAA de residencia 
en un tiempo máximo, de acuerdo a los criterios marco definidos en el Consejo Interterritorial del 
SNS, disponiendo que fuesen las CCAA quienes definieran los tiempos máximos de acceso a su 
cartera de servicios dentro de dicho marco y el RD 605/2003, de 23 de mayo, fija medidas 
homogéneas para el tratamiento de la información de las listas de espera en el SNS. 
Por otra parte, el D. 56/2008, de 10 de octubre, regula la garantía de tiempos máximos de espera 
y el sistema de información sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja, entendiendo por 
lista  de  espera  el  conjunto  de  pacientes  que,  en  un  momento  determinado,  se  encuentran 
pendientes  de  una  intervención  quirúrgica,  consulta  o  prueba  diagnóstica,  cuya  demora  es  s
 
 
atribuible a la organización y recursos disponibles17. El Sistema Público de Salud de La Rioja, lo 
constituyen, a los efectos del citado Decreto, el conjunto de centros asistenciales dependientes del 
SERIS, así como de entidades públicas y privadas que, en virtud de disposición o pacto, queden 
obligados a la prestación de los servicios sanitarios que se determinen respecto a los beneficiarios 
de asistencia sanitaria pública a cargo del SERIS. 
La Comunidad cuenta con un registro único de pacientes de lista de espera con un sistema 
mediante el cual los pacientes pueden consultar su inclusión informáticamente a través del portal 
de información sanitaria.  
En 2017 se pusieron en marcha dos programas enfocados a la reducción de los tiempos medios 
de espera. Uno más global, en relación con los procesos quirúrgicos en el SERIS (Hospital San 
Pedro) y otro, más específico, para la atención de fracturas de cadera antes de 48 horas. Según 
ha informado la CAR, los resultados han sido satisfactorios, al haber disminuido significativamente 
la  demora  media  quirúrgica  y  el  número  de  pacientes  pendientes  de  intervención  y  haber 
aumentado el nivel de complejidad de las cirugías. Asimismo, en relación a las consultas externas 
del área quirúrgica, en 2018 se han puesto en marcha las denominadas “consultas de alta 
resolución” en el área de traumatología y ortopedia, con una disminución  significativa en la 
demora de consultas y con una reducción considerable de las consultas sucesivas. Entre las 
dificultades para lograr unos mejores resultados la CAR ha señalado la carencia de experiencia 
del personal de enfermería en determinadas cirugías con especial complejidad y la falta de 
disponibilidad de camas.  
                                                  e.
17 Los plazos máximos de respuesta establecidos en el D. 56/2008 en relación con los pacientes que requieran atención  785ww
sepala nrcaiat aslaroi a red eaesl ippzearoccciiaóelndiz idmaedi eapn,r tudoeesb  caqasur iádrúciarteggrinc póorssot,ig c4raa5sm  deaísadpsoe  cpyi aanrloaiz  auedrlg aaescn.c tee,s oq uae dparinm eesratasb lceocnidsouslt adse  dlae  saigsuisiteenntcei am easnpeerac:i a1li0z0a ddaía ys  3e0n 
 
A continuación se expone de modo resumido a efectos comparativos la información sobre tiempos 
de espera por especialidades publicadas por el Sistema de Información sobre listas de espera en 
el SNS para 201818: 
Cuadro 67. Listas de espera quirúrgica y lista de espera de consultas de la CAR en 2018  
(%) 
  Media de los Sistemas Salud 
CAR 
de las CCAA 
Tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 
15  15 
habitantes 
Tiempos medios de espera quirúrgica (días)  43  129 
Porcentaje de pacientes con más de seis meses 
0,2  20 
de espera quirúrgica (%) 
Tasa de pacientes en espera para consultas por 
55  62 
1.000 habitantes  
Tiempo medio de espera para consultas (días)  44  96 
Porcentaje de pacientes con más de 60 días de 
65  44 
espera para consultas (%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Los tiempos medios de espera quirúrgica y para consultas de la CAR son significativamente 
inferiores a la media del SNS. El porcentaje de pacientes con más de sesenta días en espera para 
consulta en la CAR es superior a la media del SNS, mientras que el porcentaje de pacientes con 
más de seis meses de espera quirúrgica es netamente inferior al alcanzado en el SNS. 
                                                  785ww
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Por lo que se refiere a la evolución temporal de estas listas, concretamente en relación con la 
CAR, de acuerdo con los datos publicados por el Sistema de Información sobre listas de espera 
en el SNS, la evolución del número y días de espera en la prestación de servicios sanitarios en el 
ejercicio fiscalizado y los tres precedentes, responde al siguiente desglose: 
Cuadro 68. Pacientes en espera y tiempo medio en la CAR 
  2015  2016  2017  2018 
Número de pacientes en espera para consultas 
10.927  16.248  20.721  17.127 
externas 
Tiempo  medio  de  espera  para  consultas 
26  32  51  44 
externas (días)  
Número  de  pacientes  en  espera  para 
4.719  4.870  4.354  4.557 
intervenciones quirúrgicas 
Tiempo medio de espera para intervenciones 
45   49  55  43 
quirúrgicas de los pacientes (días)  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Se observa un descenso significativo respecto del ejercicio anterior en el número de pacientes en 
espera y en el tiempo de espera para consultas externas. Por su parte, pese al aumento interanual 
en 2018 del número de pacientes en listas de espera para intervenciones quirúrgicas, el tiempo 
medio  de  espera  ha  disminuido  notablemente  en  el  ejercicio  fiscalizado,  acentuándose  la 
diferencia a nivel global respecto del SNS, siendo las especialidades de traumatología (51 días) y 
urología (48 días) en las que tiene lugar la mayor espera, frente a los 135 días y 113 días, 
alcanzados, respectivamente en el SNS. 
Finalmente, en relación con la percepción por los usuarios de la calidad del servicio prestado en 
atención primaria, en el siguiente cuadro se muestra, de acuerdo con los datos ofrecidos en los 
estudios 8817 y 8818 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros Sanitarios 2017 y 
2018), la opinión de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de 
cabecera (o de familia) de la sanidad pública de La Rioja: 
Cuadro 69. Opinión del usuario de atención primaria 
(%) 
  2017  2018 
Buena /Muy buena  90,7  85,9 
Regular / Mala  9,5  13,3 
Muy mala  2,4  0,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  s
II.6.7. Gasto educativo no universitario  785www.
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orgánicas que, conforme al apartado 1 del art. 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el art. 149.1.30ª y de la Alta Inspección para su cumplimiento y 
garantía. 
A través del RD 1826/1998, de 28 de agosto, se hizo efectivo, desde el 1 de enero de 1999, el 
traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria de la Administración 
del Estado a la CAR. Estas funciones y servicios fueron asumidas adscribiéndose a la entonces 
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes por D. 73/1998, de 29 de diciembre. 
Las competencias educativas están repartidas entre la AGE, que ejecuta las directrices generales 
del Gobierno sobre política educativa y regula los elementos o aspectos básicos del sistema y la 
administración autonómica, que desarrolla las normas estatales y tiene competencias ejecutivo-
administrativas de gestión del sistema educativo en su propio territorio. 
Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se introdujo 
una nueva reforma del sistema educativo, modificando la organización anterior para estructurar las 
enseñanzas no universitarias en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y la Educación Secundaria Postobligatoria19.  
Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), modificó la Ley anterior introduciendo como principales cambios: el aumento de la 
autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las 
evaluaciones externas de fin de etapa, determinadas modificaciones de la oferta educativa y una 
flexibilización de las trayectorias. Con fecha 21 de diciembre de 2016 se aprobó el RDL 5/2016, de 
9  de  diciembre,  a  través  del  cual  se  ha  modificado  el  calendario  de  implantación  de  las 
evaluaciones externas de fin de etapa hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del 
Pacto de Estado social y político por la educación. 
En el ejercicio 2018, el gasto total registrado en materia educativa en la CAR ha ascendido a 
291.187 miles de euros, de los que 246.112 miles de euros (un 84,6 %) correspondían a la 
educación no universitaria y 45.075 miles de euros (15,4 %) a la educación universitaria.  
                                                  785ww
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Atendiendo exclusivamente al gasto en enseñanza no universitaria, la evolución del gasto en la 
Administración de la CAR en el periodo 2016-2018, por nivel educativo y otros conceptos, ha sido 
la siguiente: 
Cuadro 70. Gasto en la enseñanza pública no universitaria 
(miles de euros) 
Desglose por niveles y conceptos de gasto   2016  2017  2018 
 Infantil y Primaria  86.709  90.651  94.568 
 Educación Secundaria y Formación Profesional   102.145  100.916  104.753 
 Enseñanzas de Régimen Especial  10.247  10.458  10.738 
 Educación Especial  13.191  13.601  14.028 
 Educación de Adultos  2.582  2.717  2.744 
 Servicios Complementarios   4.645  5.645  5.695 
 Educación Compensatoria  3.608  3.781  3.795 
 Actividades extraescolares y anexas  1.093  1.241  1.263 
 Formación y perfeccionamiento del profesorado  734  424  434 
 Investigación educativa  493  1.013  1.111 
 Becas y ayudas  1.826  1.254  1.219 
 Gastos de Administración General  5.819  5.206  5.764 
TOTAL  233.092  236.907  246.112 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
Como se puede observar, el gasto total en educación se ha incrementado un 1,6 % en 2017 y un 
3,8 %  en  2018  respecto  del  año  anterior,  habiéndose  concentrado  en  2018  un  42,5 %  en 
Educación Secundaria y Formación Profesional y un 38,4 % del mismo en Educación Infantil y 
Primaria.  
 
En el siguiente cuadro se refleja el conjunto de centros de régimen general que impartieron 
enseñanzas no universitarias en la CAR en los cursos 2017/2018 y 2018/2019, por tipología y 
número de alumnos: 
Cuadro 71. Evolución de Centros y Alumnos de Régimen General 
2017-2018  2018-2019 
Curso 
Nº Centros  Alumnos  Nº Centros  Alumnos 
Pública  118  34.958  118  35.002 
Concertada   29  16.404  29  16.610 
Privada  35  2.345  34  2.273 
TOTAL  182  53.707  181  53.885 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
A) LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES 
El régimen económico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAR se ha 
regulado desde el traspaso de las competencias en materia de educación por el RD 2723/1998, 
de 18 de diciembre y su Orden de desarrollo de 23 de septiembre de 1999. La Comunidad no ha 
regulado específicamente esta materia hasta la aprobación del D. 16/2018, de 18 de mayo, por el 
que  se  regula  la  autonomía  de  gestión  económica  de  los  centros  docentes  públicos  no 
universitarios de La Rioja, cuya principal novedad ha sido ajustar el presupuesto de los centros 
educativos al año natural, de forma análoga al conjunto de entidades públicas de la CAR. 
Por otra parte, los centros concertados han seguido rigiéndose por las Leyes Orgánicas 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), por el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado 
por RD 2377/1985, de 18 de diciembre. 
La CAR dispone, a nivel operativo, de una aplicación informática, denominada “Pagos de La 
Rioja”, cuya implantación se llevó a cabo en 2016, que recoge la gestión económica de los centros 
docentes  y  la  rendición  de  las  cuentas  de  gestión.  Este  programa  no  permite  realizar  un 
seguimiento del principio de devengo en la contabilización de los ingresos, ni dejar constancia a 
través de validaciones o listas de chequeo de las actuaciones de control realizadas sobre los 
centros docentes. A su vez, al no estar asociada y condicionada la contabilización del gasto a la 
disponibilidad presupuestaria, el programa registra los gastos independientemente de los importes 
presupuestados, pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito disponible. También 
cabe señalar que se trata de una aplicación que funciona de forma individual en cada centro sin 
conexión telemática con los servicios centrales de la Consejería. 
En el ejercicio fiscalizado, las comprobaciones internas llevadas a cabo por la DG de Educación 
han tenido por objeto la revisión de las cuentas de gestión rendidas por los centros docentes 
públicos y los presupuestos aprobados, si bien estos controles y cruces formales han seguido sin  s
estar acompañados de otras actuaciones destinadas a verificar la corrección de los saldos de las  oe.
cuentas rendidas por los centros docentes, el respeto de las modificaciones aprobadas a los  w.
pcdorein natcrciaputiaoecsrdi óoyn   cnpooúnrbm lsicauass,   pmprleáassnu eapslul áae nsdtueaa rllioeasss  ,c doaens tíar oculodemisto ofri ínaea.l n Dccuiiecmrhopaslsi m ecfieaecrnettuona cddiaoess ,l  apc oonrm olarom  Isanettie vvravie eennnec  iómsnea ñtGaeelrainane ddroae,l    2021-14785n https://ww
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debiendo compaginar aquella con sus labores propias docentes y de atención al alumnado, así 
como que, en muchos casos, su elección no es voluntaria y la continuidad en el tiempo de estos 
cargos es limitada. En septiembre de 2020, se encontraba en trámite de aprobación una Orden de 
desarrollo del D. 16/2018 en la que se prevé la realización, por parte del Servicio de gestión 
económico-presupuestaria  de  la  Dirección  General  con  competencia  en  materia  de  centros 
docentes, de planes de revisión y control de la gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios, a fin de evaluar el cumplimiento de la normativa de gestión económica y 
de los objetivos programados. 
De acuerdo con los datos facilitados en la fiscalización, todos los centros docentes públicos 
aprobaron  el  presupuesto  y  la  cuenta  de  gestión  del  ejercicio  2018,  si  bien  seis  y  uno, 
respectivamente, lo presentaron fuera de plazo previsto.  
En cuanto a los controles financieros realizados por la Intervención General, cabe señalar el 
reducido alcance del plan de auditoría del año 2018, que se ha materializado en la realización de 
un solo control correspondiente a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Según se ha 
informado en la fiscalización,  el resto de controles previstos se han incorporado al plan de 
auditoría del año 2019, debido, además de al retraso aludido, a que en 2018 la cuenta de gestión 
dejó de estar referida al curso escolar y se adaptó al curso natural. En la revisión efectuada sobre 
el mencionado control se han puesto de manifiesto deficiencias e incumplimientos, entre los que 
por su importancia destacan: la falta de aprobación del presupuesto equilibrado, sin que se 
produjera ninguna modificación posterior; la aplicación del principio de caja y no de devengo en el 
registro de los gastos; la ausencia de una memoria justificativa económica según lo previsto en el 
art. 6 del RD 2723/1998; la ausencia de conciliaciones periódicas de la tesorería; la obtención de 
ingresos sin el suficiente detalle del importe facturado por las actividades prestadas a los alumnos, 
por la adquisición de material o uso de taquillas; así como deficiencias y carencias significativas 
en el contenido de los libros auxiliares, como el libro de inventario, el libro de la cuenta bancaria 
de actividades y el libro de actas del Consejo Escolar. 
B) LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de centros que han quedado por debajo de la 
media en cada una de las competencias evaluadas en las diferentes pruebas individualizadas 
correspondientes al curso 2018/2019 conforme a la LOMCE. 
Cuadro 72. Porcentaje de centros por debajo media en las competencias evaluadas, curso 2018-2019 
(%) 
  Competencia  Competencia  Competencia 
lingüística en  lingüística en  Competencia  en ciencia y  Competencia 
español  inglés  matemática  tecnología  social y cívica 
3º Primaria  20.24  No evaluada  14.29   No evaluada   n/a 
6º Primaria  21.95   21.95   21.95   24.39   n/a 
4ª ESO  25.00    15.00  30.00(*)  5.26(**)  n/a   15.00  
(*) Matemáticas académicas; (**) Matemáticas aplicadas  e.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  w.
 
En cuanto al seguimiento llevado a cabo por la Inspección Educativa sobre los resultados de 
rendimiento y los planes de mejora previstos en el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria, se han obtenido los siguientes resultados: 
- A través de los formularios y planes de mejora recibidos, se observa que los centros están 
sensibilizados en la mejora continua de los resultados de sus alumnos. Así, un 85 % de los 
centros han considerado que merecía la pena mejorar algún aspecto de los resultados, y solo el 
15 % de centros han considerado que los resultados obtenidos eran lo suficientemente buenos y 
no necesitaban cambiar lo que estaban haciendo. 
- Casi todos los claustros de profesores (90 %) y las comisiones de coordinación pedagógicas 
(80 %) analizaron los resultados de las evaluaciones obtenidos en 2018, y en menor medida lo 
hicieron los consejos escolares (75 %). También se observa una adecuada transmisión de los 
resultados a las familias y la puesta a disposición de los equipos docentes. 
- Un 85 % de los centros establecieron algún plan de mejora de las competencias clave para el 
curso 2017/18, si bien analizando los mismos, se observa como alrededor de un 16 % no son 
planes específicos, quedándose en descripciones de algunas medidas ya utilizadas en el centro 
que  se  refuerzan  después  del  análisis  de  resultados.  Casi  todos  los  planes  establecidos 
incorporaron objetivos de mejora tanto de la competencia lingüística como de la matemática y en 
un 60 % de los casos se aplicaron en todos los niveles de la Educación Primaria, siendo 3º el 
curso más presente en los planes. 
- Pese a lo señalado anteriormente, tan solo el 30 % de los centros que formalizaron planes lo 
reflejaron en la programación general anual (PGA), y solo el 25 % reflejó en la memoria final del 
centro una reflexión sobre los planes de mejora implantados. 
II.6.8. Igualdad efectiva 
II.6.8.1. MARCO GENERAL 
En el ejercicio fiscalizado, la normativa aplicable a la CAR en esta materia estaba integrada por la 
LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 1/2012, de 
12 de junio, por la que se establece y regula en el ámbito de la CAR una red de apoyo a la mujer 
embarazada. 
Como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las Administraciones territoriales, en 2017 se 
aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género suscrito entre los distintos grupos 
parlamentarios,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales  representadas  en  la 
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  que  incluyó  un  conjunto  de  medidas 
estructuradas  en  diez  ejes  de  acción  con  incidencia  en  los  ámbitos  de  sensibilización  y 
prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y 
protección a las víctimas; asistencia y protección de los menores; impulso a la formación de los 
distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las Administraciones Públicas y 
otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres; 
compromiso económico y seguimiento del pacto. 
A su vez, a nivel regional, en 2018 seguía vigente, al haber sido tácitamente aprobado, el IV Plan  s
Integral de la Mujer para el periodo 2011-2014, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de  e.
13 de mayo de 2011. Entre las medidas del plan destaca el acceso a la información en el ámbito  w.
rural y el fomento del uso de las nuevas tecnologías para alcanzar la igualdad de oportunidades,  785ww
pinrseesrtcainódno l aebsopreacl iadle a ltaesn cmióunj,e reens .m Saete hriaa  cdoem epmropbleaod,o a q luaes  eanc ceiosntee sp elannc anmo insaed haasn a  cfoanvtoermecpelar dloa 
eexjepcruecsiaómn ednet elo sm oebcjaentiivsomso ms adrec aedvoasl uya lcai ócno ryre scecgióunim diee nlatos  deesspveicaícfiicoonse sp.a ra asegurar la adecuada
 
 
Por otra parte, en desarrollo de la Ley 1/2012, surgida por una iniciativa legislativa popular con la 
finalidad crear en la CAR una red solidaria de ayuda a las mujeres embarazadas, en el año 2016 
se aprobó el Plan Integral de Apoyo a la embarazada en situación de riesgo social, que incluye 
cinco  líneas  estratégicas,  doce  objetivos  y  53  acciones  y  medidas  específicas,  en  las  que 
participan las diversas áreas de gobierno de La Rioja, abarcando, entre otras, actuaciones de 
información  y  sensibilización,  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo,  acceso  al  empleo  y 
adecuación de las condiciones laborales, escolarización en la primera infancia o la mejora del 
conocimiento sobre las situaciones de riesgo social en el embarazo y la crianza. La memoria 
económica del plan abarca el periodo 2016-2019 con un presupuesto total de 6.118 miles de 
euros, tal como se muestra a continuación: 
Cuadro 73. Plan Integral de Apoyo a la embarazada 
(miles euros) 
Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto  Presupuesto 
Áreas 
2016  2017  2018  2019  Total 
Salud  24  26  24  26  100 
Servicios Sociales  293  520  520  520  1.853 
Educación  3.369  260  260  260  4.149 
Vivienda  4  4  4  4  16 
Total  3.690  810  808  810  6.118 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Por  otra  parte,  el  grupo  transversal  de  género,  constituido  por  representantes  de  todas  las 
consejerías  del  gobierno  autonómico,  y  cuya  misión  principal  es  promover  la  aplicación  del 
principio de igualdad, ha emitido un informe denominado “Diagnóstico de Género de la CAR” en el 
que se recogen, entre otros aspectos, unas serie de recomendaciones generales y líneas de 
trabajo, entre las que destacan la creación en la Administración de un Servicio de Igualdad, que 
permita identificar el presupuesto destinado a la igualdad de género en la Comunidad, y la 
elaboración del I Plan de Igualdad de la CAR. Asimismo, se plantearon unas recomendaciones de 
carácter más específico como la sensibilización y formación del profesorado, universitario y no 
universitario, en materia de igualdad, la orientación profesional sin sesgos de género, así como la 
consecución  de  que  la  profesión  docente  infantil  sea  más  atractiva  para  los  hombres  o  la 
incorporación al currículo escolar de una educación sexual, exenta de prejuicios y estereotipos 
sexistas.  Como  hechos  posteriores,  se  ha  comprobado  que,  fruto  de  las  recomendaciones 
señaladas, en 2019 se ha aprobado el I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres 
de La Rioja, aplicable al periodo 2019-2022. 
 
II.6.7.2. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXO Y ACTIVIDAD 
La distribución de efectivos de la Administración Autonómica en el ejercicio fiscalizado por áreas 
de actividad y sexo se expone en el cuadro inserto a continuación en el que se muestra un mayor 
porcentaje  de  mujeres  frente  a  los  hombres,  manteniéndose  estos  porcentajes  en  términos 
similares respecto a los últimos ejercicios, siendo los sectores de la docencia no universitaria y la 
sanidad donde más se concentra el empleo femenino.  
Cuadro 74. Igualdad hombres y mujeres. Efectivos 2018 
(%) 
Consejerías y sus OOAA  Docencia no Universitaria  Instituciones sanitarias 
EJERCICIO 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
2018  37  63  29  71  20  80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
En el siguiente cuadro, se detalla la distribución por sexos de los altos cargos de la Administración 
de la CAR, la composición de los miembros de su Asamblea Autonómica, así como los Consejos 
de Administración de las empresas públicas de la CA: 
Cuadro 75. Distribución de altos cargos, Parlamento Autonómico y las empresas públicas 
autonómicas  
Mujeres  Hombres 
Administración y puesto 
Nº  %  Nº  % 
Presidente/a y Consejeras/os  3  33  6  67 
Administración Autonómica 
Direcciones, Secretarías 
17  49  18  51 
Generales y otros altos cargos 
Diputadas/os  16  48  17  52 
Parlamento Autonómico 
Mesa de la Cámara  3  60  2  40 
Miembros de los Consejos de 
Empresas públicas autonómicas  6  21  22  79 
Administración 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Con excepción de los miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas 
autonómicas,  para  la  Administración  y  resto  de  entidades  dependientes  se  observa  una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en la DA primera 
de la LO 3/2007, según la cual “se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres 
y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el  s
60 % ni sean menos del 40 %”.  e.
 
 
II.6.7.3. RECURSOS AFECTADOS Y ACTUACIONES 
El IV Plan Integral de la Mujer se ha estructurado en cinco áreas del Gobierno de La Rioja 
mediante la adopción de 49 objetivos y 145 medidas dirigidas a cinco ámbitos de actuación, con la 
previsión presupuestaria que se expone a continuación: 
Cuadro 76. Plan Integral de la Mujer. Previsiones presupuestarias 
Violencia  Presupuesto 
Mujer en  Minorías e  Inclusión  Total 
Área  de  Discapacidad  (miles de 
general  inmigración  social  medidas20 
género  euros)  
Servicios 
16  19  2  7  3  47  4.616 
Sociales 
Educación  6  1  1  1  1  7  6.265 
Salud  32  5  8  5  6  45  29.071 
Justicia e Interior  0  16  0  0  0  16  3.611 
Empleo  21  2  5  1  1  30  34.955 
Total medidas  75  43  16  14  11  145   
Presupuesto 
67.599  7.025  3.215  472  207    78.518 
(miles de euros) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
Como se viene señalando, la CAR no ha establecido un programa presupuestario específico para 
registrar las acciones recogidas en el citado plan que, como se ha señalado anteriormente, ha 
sido prorrogado sirviendo de base para ejecutar las medidas llevadas a cabo en 2018. A nivel 
orgánico, la Administración autonómica ha informado desde la Consejería de Servicios Sociales y 
a la Ciudadanía de las acciones que le son propias, destacando, entre otras, las destinadas a la 
red de realojamiento de mujeres víctimas de violencia de género en situación de riesgo social o 
jóvenes gestantes que se ven obligadas a abandonar su domicilio, o la formalización de convenios 
con asociaciones de mujeres rurales, que han generado en su conjunto unas obligaciones de 771 
miles de euros.  
Por otra parte, de acuerdo con el reparto aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018 de los compromisos económicos fijados en el Pacto de Estado contra la 
violencia de género, la CAR ha recibido un total de 1.523 miles de euros, que han sido totalmente 
ingresados en el ejercicio fiscalizado. No se ha acreditado la presentación, antes del 31 de marzo 
del 2019, del informe final referido a los proyectos o programas llevados a cabo en desarrollo del 
citado pacto para la violencia de género, cuyo contenido debe recoger, al menos, información 
sobre la denominación de cada proyecto/programa realizado, la fecha de puesta en marcha y de 
realización de cada proyecto, el grado de consecución de los objetivos previstos, los datos 
estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, información económica, grado de ejecución 
del  presupuesto,  otras  colaboraciones  obtenidas,  así  como  una  valoración  que  incluya  las  es
dificultades encontradas y las propuestas a realizar.  o
 2 0   E n    a  lg  u n  a  s   á  r e a  s   l o s    o b  j e t i v o  s   y   m   edidas afectan a varios sectores.  2021-14785n https://ww
 
II.6.9. Transparencia 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno 
(LTAIBG), estableció en su Disposición final novena un plazo máximo de dos años para la 
adaptación de los órganos de las CCAA a las obligaciones en ella contenidas.  
En desarrollo de la legislación básica estatal y para dar cumplimiento al mandato referido en el 
párrafo anterior, se dictó la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno 
de La Rioja (LTBGR), vigente desde el 18 de septiembre de 2014, excepto el contenido del título 
2º relativo a la transparencia, en vigor desde el 10 de diciembre de 2014. No obstante, la 
Disposición final única estableció que todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley disponían hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones 
derivadas de esta Ley. 
La LTBGR se ha estructurado en cuatro grandes partes: una primera que comprende las normas 
comunes relativas al alcance y ámbito de aplicación de la ley, las unidades de transparencia y los 
sujetos obligados a suministrar información. Otra parte, que constituye su núcleo fundamental, en 
la que se regula la transparencia de la actividad pública, que abarca tanto las obligaciones de 
publicidad activa, como el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y a la 
participación ciudadana. Una tercera, sobre las obligaciones de buen gobierno aplicable a los altos 
cargos de la CAR. Y finalmente, una parte de contenido más técnico dedicado a los principios 
generales de reutilización de la información del sector público y aplicación de software abierto con 
respecto a los programas y aplicaciones informáticos que sean propiedad de la CAR. 
En relación con el desarrollo de las unidades de transparencia y el control de la obligación de 
suministro de información, se ha comprobado que la Administración de la CAR no ha regulado el 
establecimiento  de  controles  sobre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  suministro  de 
información según lo previsto en el art. 4.1 de la LTBGR. Asimismo, aunque el 75 % de las 
consejerías habían articulado directrices internas sobre el tipo de formatos a utilizar para la 
publicación de la información en el Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, no se han 
establecido los sistemas e instrumentos de colaboración necesarios para que toda la información 
relacionada con la transparencia resulte accesible desde el citado portal. 
Por otra parte, todas las consejerías, excepto la Consejería de Educación y Empleo, habían 
designado la unidad o unidades que ejercerán las competencias en materia de trasparencia 
establecidas en el art. 4.2 de la LTBGR21.  
En materia de publicidad activa, la principal herramienta es el portal de transparencia, que se 
configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que 
tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones 
relacionadas con la CA de manera totalmente gratuita. La Administración General implantó en 
2012 el primer portal de trasparencia de la CAR, siguiendo en su diseño y contenido la estructura 
que tenía predefinida la organización Transparencia Internacional. Con la entrada en vigor de la 
LTBGR, el portal se adaptó a los requerimientos de la misma, habiéndose publicado la nueva 
estructura del portal en diciembre de 2015 con los nuevos contenidos previstos en la citada Ley. 
                                                 
21 Según el art. 4.2 de la LTBGR, en cada consejería, organismo o entidad de las relacionadas en el art. 2.1.a) de esta  e.
Ley se designará, de entre las unidades existentes, la que ejercerá las competencias establecidas en esta ley relativas a  w.b
la transparencia, pudiendo designarse más de una unidad. En concreto, será competente para recibir y tramitar las  785ww
srmeoasliptceoitruniadssae.b s lep rdeev ivsetalasr  epno re el l tíctuumlo pIlIim qieunet oa fdeec tleans  aolb láigmabciioton edse ld eólr gcaunmop, liomrgieanntois mdeo  laos  ennotirdmaads  avl igqeunet epse ertne nlaesc ecnit ayd alas 
 
 
En la revisión efectuada del contenido de la información regulada en el Capítulo I del Título I de la 
LTBGR “Transparencia. Publicidad Activa”, se ha constatado el cumplimiento por parte de la 
Administración General de la CAR de todos los requerimientos de publicidad contenidos en los 
arts. 8 a 10 de la mencionada Ley, a excepción de determinada información de relevancia jurídica, 
como las memorias e informes que conforman los expedientes de los textos normativos.  
En cuanto al resto de entidades comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTBGR, 
de las pruebas efectuadas a junio de 2020, se han obtenido los siguientes resultados: 
-  El Consejo de la Juventud y la Fundación Riojana para la Innovación no disponían de un portal 
propio de transparencia.  
-  La ADER y la Universidad de La Rioja no han publicado en el portal de transparencia los 
planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.  
-  La Fundación General de la Universidad de La Rioja, la Fundación Práxedes Mateo Sagasta y 
la Fundación Rioja Deporte no recogen en su portal de transparencia los presupuestos de la 
entidad. 
-  A excepción del SERIS, la ADER, la FRS, la FHC, la Universidad de La Rioja y la Fundación 
Tutelar de La Rioja, las entidades del sector público de la CAR no han publicado en el portal de 
transparencia información sobre los procesos selectivos de personal. 
-  Salvo la Universidad de La Rioja, La Rioja Turismo, S.A. e IRVISA, no se ha incluido, en su 
caso, la identificación de los miembros de los órganos de representación del personal, el 
número de liberados sindicales, así como la identificación de la organización sindical a la que 
pertenecen.  Asimismo,  salvo  la  Universidad  de  La  Rioja  e  IRVISA  no  se  ha  publicado 
información  estadística  para  valorar  el  grado  de  cumplimiento  y  calidad  de  los  servicios 
prestados o las actividades realizadas. 
-  No se ha informado sobre retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 
responsables de las entidades públicas de la CAR, a excepción de la Universidad de La Rioja, 
FHC, FRS, Fundación Tutelar de Menores, IRVISA y el Consejo Consultivo de La Rioja. 
-  A excepción de la ADER, el Consejo Consultivo de La Rioja y la FRS, el resto de entidades del 
sector público autonómico no han publicado en sus portales de transparencia la información 
sobre las cuentas bancarias prevista en la Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para 
la Administración de La Rioja. 
En relación con el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública el art. 13 de la 
LTBGR prevé que el mismo se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación 
básica del Estado, siendo competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los 
órganos de la consejería que posean la información solicitada.  
En el ejercicio fiscalizado, se presentaron ante la Administración autonómica 58 solicitudes de 
información pública frente a las 40 presentadas en el ejercicio 2017. De ellas 47 fueron estimadas, 
cinco desestimadas, cuatro inadmitidas, en dos hubo desistimiento por parte del interesado. 
Según ha informado la CAR, el plazo medio de resolución se ha situado en 44 días.  es
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.6 de la LTAIBG, la competencia para conocer de las  w.
rTceorcamlnapsmeptaaecrneiocnnicaei asa   y(uf nrBe ónuretegn a anG oroe ebssioeplruenccoií,of incseoas.lv  Loea ne  DnmA aa tqceuuraeiarll toads ed  setur alpanu scepistaatordesan  ecLniea y)q  puceoer rmrlaeisste pC oaCn dlAaeAsr á Ca CatrliA bCAuoy onapsnte adjroi c pdhoear    2021-14785n https://ww
lma acteornias tidtuec rióenc ladme aucnio nóergs aanlo C pornospeijoo  od,e  aTltrearnnsaptiavraemnceinat ey,  Blau eant riGbuocbiióenrn od.e  Llaa sC AcoRm oppettóe npcoiar se setna   BOE-A-cable e
 
segunda vía mediante la firma del convenio con el citado Consejo, con fecha 22 de febrero de 
2016. 
En 2018 se interpusieron ante el citado Consejo cinco reclamaciones por parte de ciudadanos a 
los  que  no  se  les  estimó  previamente  su  solicitud  de  información.  El  Consejo  estimó  una 
reclamación, desestimó dos, bien por no atender a información pública o bien para facilitar el 
acceso a información conforme a los criterios establecidos en la LTAIBG e inadmitió otras dos, 
una por extemporánea y otra por quedar su objeto fuera del alcance del ámbito de aplicación de la 
LTAIBG. 
II.6.10. Gestión Medioambiental 
El  sistema  de  reparto  competencial  en  materia  de  medio  ambiente  derivado  del  bloque  de 
constitucionalidad atribuye al Estado la normativa básica y a las CCAA las competencias de 
desarrollo normativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente. En esta línea, el 
Estatuto de Autonomía de La Rioja ha otorgado a esta Administración, además de la competencia 
para el desarrollo legislativo, la ejecución de competencias en materia de protección del medio 
ambiente, paisajes, espacios naturales protegidos y ecosistemas. 
De acuerdo con la mencionada atribución estatutaria, se promulgó la Ley 5/2002, de 8 de octubre, 
de Protección del Medio Ambiente de La Rioja y, en desarrollo de la misma, se dictó el D. 
62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I de la 
Ley  5/2002,  ambas  derogadas  por la  Ley  6/2017,  de  8  de  mayo,  de  Protección  del  Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Asimismo, la CAR ha desarrollado normativa 
sectorial propia en materia de patrimonio forestal, protección de especies y ecosistemas, entre las 
que destacan las siguientes leyes: la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de La Rioja; la Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los animales; la 
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de conservación de Espacios Naturales de La Rioja; y la Ley 2/2006, 
de 28 de febrero, de pesca de La Rioja. 
Por otra parte, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas ha contemplado, entre las metas asociadas a su objetivo número 15 (ODS 15), velar por la 
conservación,  el  restablecimiento  y  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas  terrestres  y  los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales. 
A) PROTECCIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL 
La Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la CAR, ha establecido dos 
niveles de control para aquellas actividades, instalaciones, planes y programas que pudieran tener 
un efecto sobre el medio ambiente. Por una parte, un régimen de intervención administrativa o 
control preventivo, y por otra, una serie de actuaciones de inspección y control posterior. 
Las  intervenciones  administrativas  se  han  articulado  a  través  de  tres  instrumentos:  las 
autorizaciones ambientales integradas (AAI)22 las evaluaciones ambientales (a través de la figura 
                                                  785ww
2R2i oLjaas,  dAeAsIa rsroonll eanq auleglulansa  aduet olarisz aaccitoivniedsa deexsig iindcalus idaa lsa  eimn pella anntaecxioó nIV y d eexl pDlo. t6a2c/i2ó0n0 d6e,  dines 1ta0l adceio nnoevsie qmuber ee.n  el caso de La
 
 
de la evaluación de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas) y las licencias 
de actividad23. 
Respecto  a  las  primeras,  en  la  fiscalización  se  ha  comprobado  que  los  57  titulares  de 
instalaciones  con  AAI  en  funcionamiento  en  2018,  dentro  del  ámbito  territorial  de  la  CAR, 
presentaron el informe anual de funcionamiento y seguimiento de las instalaciones exigido en las 
resoluciones de autorización otorgadas por la Administración de la CAR. Estos informes fueron 
objeto de revisión por los técnicos de dicho órgano ambiental y en las instalaciones se llevó a 
cabo una comprobación in situ en el marco del programa anual de inspección para dicho ejercicio.  
En relación con las evaluaciones ambientales, la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación  ambiental  (LEA),  señala  en  su  Disposición  final  undécima,  a  los  efectos  de  su 
aplicación  como  legislación  básica,  que  las  CCAA que  dispusieran de  legislación  propia  en 
materia de evaluación ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un 
año desde su entrada en vigor, adaptación que en el caso de La Rioja se realizó con cierto retraso 
a través de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la CAR, que ha 
establecido un esquema similar para los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
(EIA)24 y evaluación ambiental estratégica (EAE)25. Del total de las 46 actividades con declaración 
de impacto ambiental vigentes 2018, se ha comprobado que dos de ellas no presentaron los 
correspondientes informes de seguimiento según lo exigido en el programa de vigilancia, a pesar 
de haber sido requerido en varias ocasiones por la Administración Autonómica. 
En el caso de expedientes sometidos a EAE, según se establece en el art. 51.1 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, serán los órganos sustantivos o los órganos que, en 
su caso, designen las CCAA respecto de los planes o programas que no sean de competencia 
estatal, quienes deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su 
aplicación o ejecución. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos 
establecidos en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un 
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del 
informe ambiental estratégico, que incluirá un listado de las comprobaciones realizadas respecto 
de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental.  
Dado que en la CAR no se ha designado a ningún organismo específico para la realización de 
esta  tarea,  los órganos  responsables  del seguimiento  ambiental  de los planes y programas 
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica han sido los propios órganos 
sustantivos. En concreto, en el 98 % de los casos, al ser los planes y programas de naturaleza 
urbanística, su seguimiento ambiental ha recaído en los correspondientes ayuntamientos de la 
Comunidad. 
En  la  revisión  efectuada,  se  ha  comprobado  que  no  se  han  articulado  procedimientos  de 
coordinación e intercambio de información entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental a 
efectos de conocer el grado de cumplimiento de los programas de vigilancia ambiental integrantes 
de los proyectos evaluados, observándose que no existe un registro o plataforma única en la que 
se controle de forma periódica tanto la obligación de presentar los informes de seguimiento como 
                                                 
23 Las licencias de actividad se otorgan por los ayuntamientos con objeto de verificar si la instalación o la modificación 
sustancial de una actividad reúne aquellos requisitos exigibles para evitar daños al medio ambiente y el entorno urbano,  s
la seguridad o la salud públicas o el patrimonio histórico.  e.
2s4e  Leassti mEIaAn  slaosn  caoqnuseelclouse npcroiacse dqiumei eunnt odse tqeurme iinnacdluoy epnro eyel cctoon, juinnsttoa ldaec ióens tou daioctsiv, iidnafodr mcaeuss até sconbicroes e yl  mcoendsiou latamsb eienn ltoes.  que  785www.
2d5e L palsa nEeAsE y  sporong uranm inasst rpuúmbelinctoos .d e prevención para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones
 
de cumplir las actividades con declaración de impacto ambiental. Esta carencia supone que el 
órgano medioambiental (que en el periodo fiscalizado ha sido la DG de Calidad Ambiental y Agua) 
no haya dispuesto de información sobre el seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental 
y de los informes de impacto ambiental que deben llevar a cabo los órganos sustantivos según lo 
dispuesto en el art. 52 de la LEA. 
Por otra parte, del análisis de la estructura de la Consejería se aprecia que, en los casos en que el 
papel de órgano sustantivo o promotor de programas o proyectos sujetos a evaluación ambiental 
también le corresponde, es decir, cuando coincide, las unidades administrativas se ubican en la 
misma  Dirección  General  que  el  órgano  medioambiental,  por  lo  que  a  priori  no  se  da  una 
adecuada separación de funciones. No obstante, dada la dimensión de la Comunidad, y a efectos 
de llevar a cabo una segregación de funciones, en estos casos se han considerado a los servicios 
como unidades administrativas competentes e independientes.  
B) CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y LOS MONTES 
El órgano competente en esta materia en el periodo fiscalizado era la DG del Medio Natural 
(DGMN) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien tenía atribuidas sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en el art. 7 D. 28/2015, de 21 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
A nivel estratégico, la CAR ha dispuesto en 2018 de distintos instrumentos de planificación. Por 
una parte, el Plan de Conservación del Medio Natural de La Rioja (PCMN) vigente desde 2004, 
como elemento básico de gestión del medio natural de La Rioja que incluye las acciones de 
gestión forestal y de protección de la biodiversidad en la Comunidad, y por otra, el Plan de 
Desarrollo Rural de La Rioja (PDR) y el Programa Operativo FEDER 2014-2020, este último 
respecto a los proyectos para los que la DGMN ha solicitado financiación. A su vez, por debajo de 
estos, existen distintos planes parciales de gestión y ordenación de los recursos naturales de las 
zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000, así como una pluralidad de planes 
relativos a las diferentes especies de flora y fauna en la CAR. 
Por otra parte, en lo relativo a la gestión de los montes, la Comunidad ha aprobado la Ley 2/1995, 
de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, con la finalidad, 
de establecer el régimen legal para la protección y mejora de la flora y el patrimonio forestal de La 
Rioja, sin perjuicio del carácter básico de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (LM), 
modificada por Ley 21/2015, de 20 de julio.  
Según el art. 22 de la LM, la CA debería contar con un Registro de montes de titularidad privada, 
pero solo mantiene un registro para los declarados de utilidad pública, los cuales representan un 
62 % de la superficie arbolada de la CAR y en torno a un 35 % del territorio de la CAR. El resto de 
montes lo constituyen otros montes públicos no declarados de utilidad pública, pertenecientes a 
los ayuntamientos y los montes privados, cuya importancia económica es baja, salvo en el caso 
de las choperas, que en conjunto no llegan a las 2500 hectáreas de superficie. 
Tampoco se han dictado instrucciones para la ordenación y aprovechamiento de montes, tal y 
como  prevé  el  art.  32  de  la  LM,  si  bien  se  están  aplicando  las  instrucciones  estatales  de 
ordenación de montes arbolados. A noviembre de 2020 no había culminado la implantación de la 
consulta de los montes de la CAR, tanto públicos como privados. 
A diferencia de otras CCAA, La Rioja no contaba con un registro regional de infractores, donde  w.b
inscribir a las personas físicas y jurídicas sancionadas en virtud de resolución administrativa firme  785ww
pinofrra dcetotererms,i ninafdraacsc iionnfreasc ccioomneest iddaes l ay  sleagnisclioacnieósn  imdep umeosntatess, ,c osni sbtiaenn  etond loas b laosse d daeto dsa rteolsa tdiveo gse as tilóons 
de sanciones de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica.
 
 
Finalmente, el D. 114/2003 ha regulado el denominado fondo de mejoras forestales en montes de 
utilidad pública propiedad de entes locales y montes propios de la CAR, al que se refiere el art. 38 
de la LM. De acuerdo con la información facilitada, el saldo del fondo existente al 31 de diciembre 
de  2018  ascendía  a  5.558  miles  de  miles  de  euros,  que  estaba  registrado  en  cuentas  no 
presupuestarias de la CAR.  
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA CAR 
La Directiva 2008/98/CEE Marco de Residuos del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de 
noviembre de 2008 fija como objetivo principal la protección del medio ambiente y la salud 
humana, enfatiza la importancia de utilizar unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y 
reciclado de residuos que permitan reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. En 
España, la trasposición de dicha Directiva al ordenamiento jurídico español, se realizó mediante la 
Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. En su art. 14.2, queda recogida la 
necesidad de que las CCAA posean planes autonómicos de gestión de residuos actualizados, en 
conformidad con la Ley y el Plan Estatal de Residuos, como instrumento marco de gestión, donde 
queda recogida la estrategia general a seguir, así como la estructura, orientaciones y objetivos 
que se persiguen.  
Por D. 39/2016, de 21 de octubre, se aprobó el Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 
(PDR), de cuyo análisis y seguimiento en el ejercicio fiscalizado se han obtenido los siguientes 
resultados: 
Respecto a la evolución de los indicadores incluidos en el PDR referidos a los objetivos fijados en 
el  horizonte  temporal  intermedio  de  2020,  se  observa  un  comportamiento  heterogéneo 
dependiendo del tipo de residuos. Por ejemplo, en los residuos domésticos y comerciales la tasa 
de recogida se ha incrementado hasta alcanzar en 2018 la cifra de 1,13 kg por habitante y día, 
frente al objetivo de 1 kg/hab/día fijado para 2020. Todo ello a pesar de que, según los datos 
recabados de distintos inventarios, esta cifra de La Rioja continúa siendo una de las más bajas de 
todas las CCAA. Por el contrario, los residuos de construcción y demolición han alcanzado, según 
la información facilitada por los gestores de estos residuos en sus memorias, el objetivo de 
reciclaje del 70 % (18 % reciclado y 63 % relleno). En los residuos sanitarios generados en 2018 
se mantienen unos niveles bastante estables respecto a los años anteriores, si bien en ellos no se 
ha definido ningún objetivo, lo que impide verificar la eficacia de las actuaciones desarrolladas. 
En cuanto a la realización del gasto del PDR, el grado de ejecución del presupuesto en 2018 ha 
alcanzado el 71 %, observándose una tendencia al alza frente a los dos ejercicios anteriores, pero 
con unos desequilibrios muy acusados para cada uno de los programas. Así, mientras que los 
programas de residuos urbanos y residuos de construcción y demolición han presentado unos 
niveles  de  ejecución  muy  altos  (un  259 %  y  94 %,  respectivamente),  por  el  contrario,  los 
programas de residuos industriales y agropecuarios han mantenido un cumplimiento muy bajo 
(2 %). En los programas de prevención, recogida, reciclado y eliminación se constata una mayor 
igualdad, salvo en el programa de reciclado, si bien su imputación es más difícil de asignar puesto 
que su ejecución presupuestaria puede asignarse tanto a recogida como a reciclado. No obstante, 
debe señalarse que en este análisis solo se ha tenido en cuenta el gasto contemplado en el 
presupuesto de la CAR, al no haberse dispuesto de datos relativos al grado de ejecución de los 
compromisos de gasto previstos en el PDR para la iniciativa privada, la cual representa un total 
del 26 % del presupuesto global del citado plan.  s
Como consideración final, debe tenerse en cuenta que debido al amplio ámbito temporal del PDR,  w.
las medidas previstas inicialmente pueden ser objeto de modificación o incluso supresión después  785ww
daep olayo r enaolrizmaactiióvno  ddee  eínvdaolulea cfiioscnaels u i notetrromse qduiaes, .e Ans oimcaissmioon,e ms,u ecxhcaesd dee e el sátmasb imtoe cdoidmapse rteeqnuciiearl edne  ulan 
CdeA Rlo.s P roers iodturao sp afirjated,a ess  epnr elaciss od icreocntsriicdeesra br áesnic eals d eesstaarbrolellcoi ddaes l aesn  mele PdiDdaRs  indtee rpvrieevneennc, iócno my og esset ihóan 
 
señalado, un conjunto de actores implicados en la ejecución de las medidas, afectando no solo a 
las Administraciones Públicas, en este caso autonómica y local, sino también a la iniciativa y 
gestión privada. Todo ello dificulta el seguimiento y evaluación de los objetivos establecidos en el 
plan. 
D) ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE GESTIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
La CAR no dispone de un plan energético formalmente aprobado, ni desarrollado en la práctica. 
En el año 2015 la Administración Autonómica elaboró un borrador, en el que participó un grupo de 
investigación de termodinámica aplicada, energía y construcción de la Universidad de La Rioja, 
que no fue aprobado ni por la consejería competente en materia de energía, ni por el Consejo de 
Gobierno de La Rioja, en el que se recogían los retos y principales líneas estratégicas que 
servirían de base para el futuro plan de energía.  
Este documento de trabajo cuyo ámbito temporal abarcaba los ejercicios 2015-2020 tenía como 
objetivos principales garantizar la seguridad y calidad en el suministro eléctrico; el respeto al 
medio ambiente, con un peso destacado de las energías renovables; y mejorar la eficiencia de la 
utilización  de  la  energía.  Para  el  cumplimiento  de  esos objetivos  se diseñaron cinco  líneas 
prioritarias de actuación y dos transversales, que no fueron desarrolladas a través de un cuadro 
de mando, con un sistema de indicadores para la medición de los objetivos. Asimismo, no se llegó 
a definir un plan de seguimiento que contemplase el diseño, la ejecución, el control, la mejora y la 
revisión permanente de las medidas propuestas. Tampoco se ha dispuesto de un inventario 
energético de recursos. 
Desde el punto de vista orgánico, la unidad competente en el ejercicio 2018 era la DG de Energía, 
que adolecía de falta de personal suficiente para realizar actuaciones adicionales al cumplimiento 
de aquellos aspectos exigidos en la normativa básica en esta materia, como la emisión de las 
certificaciones energética, la llevanza y control de los registros de las auditorías energéticas o la 
tramitación de la producción de energía. 
II.7 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  
II.7.1. Informes de ejercicios anteriores 
En este apartado se realiza el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe 
anual  de  fiscalización  de  la  CA  correspondiente  al  ejercicio  2017  y  anteriores  que  siguen 
pendientes de implantación, debiendo tenerse en consideración, por un lado, que la mayor parte 
de estas corresponden a recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores, y por otro, que a 
la fecha de aprobación de dicho informe (19 de diciembre de 2019), la Cuenta General de la CA 
del año 2018 ya había sido formulada y rendida. En relación con el grado de adecuación por parte 
de la CA cabe indicar: 
 
 
1.  La  CA  debería  valorar  posibles  cambios  normativos  en  la  definición  de  los  criterios  de 
pertenencia  de  las  entidades  a  su  sector  público,  especialmente,  en  el  caso  de  las 
fundaciones  y  los  consorcios  públicos,  teniendo  en  consideración  no  solo  criterios 
patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su 
dotación fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de 
sus miembros, así como en la financiación de las actividades de la entidad. Ello determinaría 
que determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez 
no quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la 
normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, a la vez que reduciría la 
fragmentación normativa existente. 
No se aprecian avances en este aspecto por lo que se mantiene la recomendación. 
2.  Deberían efectuarse las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de 
facilitar el acercamiento en el tiempo del control externo a efectuar por el Tribunal de Cuentas. 
Con  la  promulgación  de  la  LHPR,  que  ha  adaptado  en  los  mismos  términos  a  su 
Administración Autonómica el contenido del régimen de rendición de cuentas establecido en la 
Ley General Presupuestaria, la cual hasta entonces le resultaba aplicable de forma supletoria, 
se han manteniendo como fechas límite para la rendición de las cuentas individuales de cada 
entidad y para la Cuenta General de la Comunidad, el 31 de agosto y 31 de octubre del 
ejercicio siguiente al fiscalizado, respectivamente. Por tanto, en esta materia no se han 
observado las consideraciones señaladas en las que se instaba a la aprobación de normativa 
específica a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del 
ejercicio siguiente al que se refieran. No obstante, debe indicarse un avance significativo por 
lo que respecta a las cuentas de la Administración General del Gobierno de La Rioja al haber 
sido rendidas a este Tribunal con fecha 24 de junio de 2019. 
3.  La Administración Autonómica no ha considerado al CARE como integrante de su sector 
público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, al no 
ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos en la O. HAP/1489/2013, de 
18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público. No obstante, esta situación contrasta con que 
los resultados anuales de dicha Entidad sean integrados en el cómputo de la capacidad o 
necesidad de financiación de la Comunidad. Así pues, y en relación con lo previsto en el art. 
120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta 
situación deberá quedar resuelta por los representantes de las Administraciones Autonómica y 
Local que forman parte de la Junta de Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la 
adscripción de la Entidad, lo que permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o 
local y su consecuente integración en uno o en otro sector público. 
A noviembre de 2020 no se ha acreditado la adopción de acuerdo alguno para la adscripción 
definitiva de la Entidad a uno u otro sector, por lo que debe reiterarse la recomendación en los 
mismos términos. 
 
4.  El  contenido,  la  estructura,  las  normas  de  elaboración  y  los  criterios  de  agregación  o 
consolidación de la Cuenta General no han sido, hasta el momento, reguladas por parte de la 
Comunidad, siendo recomendable su desarrollo de acuerdo con el marco contable establecido 
en  la  O.  HAP/1489/2013,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  aprueban  las  normas  para  la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, acogiéndose a 
la posibilidad recogida en el art. 122.3 de la LHPR, promoviendo la elaboración y rendición de 
una Cuenta General única, como instrumento útil en la mejora de la información sobre la 
situación económica, financiera y patrimonial, sobre los resultados económico-patrimoniales y 
sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de realización de los objetivos. 
No ha tenido lugar hasta la fecha el desarrollo normativo autonómico, persistiendo por tanto la 
recomendación, si bien es preciso señalar, como se ha analizado en el epígrafe II.2.1, que en 
la práctica en la Cuenta General de la CAR se han presentado unos estados consolidados de 
la  Administración  Pública  con  eliminación  de  las  transferencias  internas  entre  la 
Administración General de la Comunidad y sus entidades dependientes. 
5.  La Administración Autonómica debería dotar los servicios necesarios de los Organismos 
autónomos  autonómicos,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  las  respectivas  Disposiciones 
transitorias de sus Leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas 
les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que 
facilitaría, por un lado, la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de 
estas entidades y, por otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus 
cuentas anuales individuales. 
La integración de los OOAA en el ámbito de la Administración General de la Comunidad, tanto 
desde  el  punto  de  vista  presupuestario,  como  del  control  interno,  tesorería  y  recursos 
humanos fue una de las medidas de racionalización y eficacia del gasto público contempladas 
por la Administración Autonómica en los PEF y Plan de ajuste presentados en ejercicios 
anteriores.  Una  vez  aplicadas  tales  medidas  de  corrección  y  en  la  medida  en  que  las 
disponibilidades presupuestarias así lo permitan, la Comunidad debería dotar los servicios 
necesarios a los que se hace mención en esta recomendación, puesto que el tratamiento 
contable  y  presupuestario  previsto  actualmente  para  los  OOAA  como  servicios 
presupuestarios de la Administración de la Comunidad dificulta el análisis independiente de su 
ejecución  presupuestaria  y  situación  patrimonial,  e  impide  conocer  los  resultados  de  la 
actividad económico-financiera desarrollada por cada entidad. Por tanto la recomendación no 
ha sido cumplida y debe mantenerse. 
En cualquier caso, debe indicarse que, actualmente, los dos únicos OOAA existentes son el 
SERIS y al Instituto de Estudios Riojanos, al haberse extinguido en el marco del proceso de 
reordenación del sector público autonómico los OOAA Servicio Riojano de Empleo e Instituto 
Riojano de la Juventud. 
6.  Deberían revisarse los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de 
los ingresos de la Comunidad Autónoma, y en particular, por lo que se refiere a las cuentas no 
presupuestarias,  la  Administración  General  de  la  Comunidad  debería  dotarse  de  una 
aplicación  informática  que  permitiera  la  obtención  de  datos  históricos  sobre  los  saldos 
deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos 
contables en el que se normara el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco 
del sistema contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad.  e
No  se  observan  avances  en  los  sistemas  de  información  señalados,  por  lo  que  debe  785ww
mantenerse la recomendación en los mismos términos.
 
 
7.  La Administración General de la Comunidad debería definir los criterios y establecer los 
cálculos oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro. 
No ha habido avances en el ejercicio fiscalizado. 
8.  Deberían reforzarse los mecanismos de coordinación existentes entre la DG de Planificación y 
Presupuestos de la Administración General de la Comunidad y las unidades económicas 
responsables  de  las  empresas  y  fundaciones  autonómicas  que  permitan  mejorar  la 
planificación de la actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos 
anuales de la Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones 
de sus presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la 
liquidación de los mismos. 
La  aprobación  de  la  Instrucción  de  26  de  junio  de  2013  de  la  Oficina  de  Control 
Presupuestario por la que se establecían los formatos de la documentación a remitir por las 
entidades  integrantes  del  sector  empresarial  y  fundacional  para  la  elaboración  de  los 
presupuestos generales de la CAR del ejercicio 2014 supuso un avance significativo en esta 
materia. No obstante, en el ejercicio fiscalizado se ha observado que los estados incluidos en 
los presupuestos aprobados para 2018 han seguido sin presentarse de forma completa y han 
adolecido  de  falta  de  homogeneidad,  por  lo  que  se  considera  necesario  mantener  la 
recomendación. 
9.  En  relación  con  la  Universidad  de  La  Rioja,  se  estima  necesario  que  por  parte  de  la 
Administración de la Comunidad se adopten las siguientes actuaciones: 
a)  Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el que la 
Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore 
en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público, 
con  respeto  a  la  autonomía  universitaria  en  su  vertiente  financiera  reconocida  a  las 
mismas, de manera que la ley habilitante de los créditos en la Comunidad contenga 
también los aprobados por aquella. 
b)  Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en la LOU, de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
No se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo las actuaciones señaladas, por lo que 
se mantiene la recomendación en los mismos términos. 
10. Debería modificarse la Ley de Hacienda Pública de La Rioja para incluir, tal como hace la Ley 
General de Subvenciones para el Estado, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de 
forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores 
derivados del ejercicio del control financiero. 
No  han  tenido  lugar  los  cambios  normativos  propuestos  por  lo  que  se  mantiene  la 
recomendación. 
11. En materia educativa no universitaria, debería reforzarse la revisión y el control económico de 
los mismos, tanto por la Consejería de Educación como por la Intervención General de la 
Comunidad.  es
Como se ha indicado en el epígrafe II.6.7, si bien en 2018 las comprobaciones internas y los  w.
cacoecntnuttrarooclsieo snd eoysc  ecdrneutsectesin,s a efdola rsmre aas lpeveset roilf liecdvaear  dllaoa ssc  oamr roceadcbicfioicó anhc adionen  elsoses g asupaidrldooo bssai dnda ees ls atasa  rc louasec onpmtaripsn acrñiepanioddsoid say s d nepo oorrmt rlaoasss    2021-14785n https://ww
par seesputpieumesbtraer iadse,  2a0s2í 0c osme oe necl ocunmtrapbliam eienn ttorá dmeit ela  dneo ramparotibvaac eiónn m uantae rOiar ddeen c doen tdraetsaacrióronl lop údbelilc Da,.   BOE-A-cable e
 
16/2018, de 18 de mayo, por el que se regula la autonomía de gestión económica de los 
centros docentes públicos no universitarios de La Rioja en la que se prevé la realización, por 
parte  del  Servicio  de  gestión  económico-presupuestaria  de  la  Dirección  General  con 
competencia en materia de centros docentes, de planes de revisión y control de la gestión 
económica de los centros docentes públicos no universitarios, a fin de evaluar el cumplimiento 
de la normativa de gestión económica y de los objetivos programados. La aprobación de esta 
norma supondrá un refuerzo significativo del control económico ejercido por la Consejería de 
Educación sobre los centros docentes de la CAR dando cumplimiento a esta recomendación.  
12. Debería formalizarse un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del 
Organismo autónomo SERIS en el que se regulase la prestación del servicio de asistencia 
sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades. 
Como se ha señalado en el epígrafe II.6.5, el 22 de diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, el SERIS ha firmado sendos acuerdos de gestión con la Consejería de Salud en los que 
se han definido unas líneas de actuación encaminadas a mejorar los resultados de la atención 
sanitaria en la CAR, como paso previo a la formalización del contrato programa del servicio de 
asistencia sanitaria, momento en el que considerará cumplida esta recomendación.  
13. Las funciones de inspección de la sanidad concertada deberían acompañarse del adecuado 
desarrollo  normativo  que  permita  la  implantación  de  un  sistema  de  evaluación  objetivo 
mediante la definición de criterios e indicadores de medición. 
Continúa sin llevarse a cabo el citado desarrollo normativo por lo que se considera preciso 
reiterar la recomendación en los mismos términos. 
14. La ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres debería 
ser objeto de registro en un programa presupuestario específico, que permitiera efectuar un 
adecuado  seguimiento  global  de  los  proyectos,  normalmente  de  carácter  plurianual, 
desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la 
Mujer aprobado en la Comunidad. 
En el presupuesto del ejercicio 2018 se han mantenido las mismas condiciones de registro de 
las  medidas  en  materia  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  llevadas  a  cabo  por  las 
diferentes unidades gestoras de la Administración, por lo que se mantiene la recomendación. 
II.7.2.  Resoluciones  de  la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado  para  las  Relaciones  con  el 
Tribunal de Cuentas 
Mediante la Resolución de 27 de febrero de 2019 aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la 
CAR,  ejercicio  2016,  se  instaba  a  esta  a  asumir  las  conclusiones  y  seguir  todas  las 
recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. 
Adicionalmente a las mencionadas recomendaciones, también se instaba a la CA a reducir el 
déficit en el ámbito sanitario, a introducir criterios de mayor transparencia y control en la gestión 
de  las  fundaciones  y  consorcios  públicos,  así  como  en  la  gestión  de  las  subvenciones, 
particularmente  las  gestionadas  a  través  de  la  ADER,  aspectos  estos  que  serán  objeto  de 
seguimiento en las fiscalizaciones de ejercicios posteriores.   e.
 
 
III. CONCLUSIONES 
III.1. ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
1.  La definición del ámbito subjetivo del sector público de la Comunidad establecida en la Ley 
3/2003, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR), 
contrasta con la delimitación de entidades establecida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, que es la seguida por la Intervención General para la formación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma, incluyendo no solo aquellas entidades en las que 
participa mayoritariamente en sus fondos propios, sino también aquellas otras en las que la 
Comunidad ejerce una posición de dominio a través del control de sus órganos de gobierno o 
de la financiación de sus actividades. Ello ha provocado discrepancias en el número de 
entidades incluidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2018 y las 
integradas en la Cuenta General de dicho año, que deberían ser superadas mediante la 
oportuna adaptación de la normativa autonómica en esta materia (subapartado II.1). 
III.2. RENDICIÓN DE CUENTAS  
2.  La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2018 se ha rendido al Tribunal de 
Cuentas dentro del plazo previsto en el art. 123.1 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de 
Hacienda Pública de La Rioja, y se ha adaptado, en términos generales, a los principios y 
normas contables contemplados en los planes de contabilidad que le son de aplicación, sin 
perjuicio  de  las  siguientes  observaciones  y  salvedades,  así  como  de  las  incorrecciones 
contables señaladas en el subapartado II.4 del Informe (subapartado II.2). 
a)  No se han integrado en la Cuenta General del sector público autonómico administrativo del 
ejercicio las cuentas del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE). 
b)  No se han agregado en la Cuenta General del sector público autonómico fundacional del 
ejercicio las cuentas de la Fundación General de la Universidad de La Rioja. 
c)  Las Cuentas Generales de los sectores autonómicos empresariales y fundacionales no 
han proporcionado información sobre la liquidación agregada de los presupuestos de 
explotación y capital de las empresas y fundaciones de la Comunidad Autónoma.  
d)  La memoria de la Cuenta General no ha incorporado toda la información necesaria para 
completar y ampliar el contenido de los balances, cuentas de resultados y estados de 
liquidación de los presupuestos. 
3.  La memoria de las cuentas anuales rendidas por el CARE ha omitido información relevante 
como la relativa al medio ambiente o los procedimientos de adjudicación en relación con la 
contratación administrativa (epígrafe II.2.2). 
III.3. CONTROL INTERNO 
4.  El grado de cobertura del plan de auditoría y control financiero de la Intervención General de la 
Comunidad respecto a las entidades integrantes del sector público de la CAR en el ejercicio 
fiscalizado, sin incluir a la Administración General, ha sido del 47 %, si bien la importancia  e.e
relativa de las entidades no incluidas respecto del volumen conjunto del gasto realizado se ha  b
situado en el 10 % (epígrafe II.3.1).  785ww
5.  Los informes de control emitidos por la Intervención General han seguido recogiendo en
tcéornmtrinooless  gaennteerriaolreess , lassin  mqiusem asse  steanlvgead acdoenss taqnucei a vdieen elan  rdeemsitsaicóánn ddoessed er elaite rCaodnasmeejenrtíea  deen 
 
Hacienda al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de un informe resumen de las 
principales conclusiones derivadas de los controles efectuados según lo previsto en el art. 137 
de la LHPR (epígrafe II.3.1). 
6.  A nivel de planificación estratégica, solo tres de las ocho consejerías existentes en el ejercicio 
fiscalizado disponían de un plan global sobre toda su actividad y solo dos habían implantado 
sistemas de evaluación de su gestión pública. Asimismo, a excepción de la Consejería de 
Salud, el resto de departamentos no han formalizado contratos programa con sus entidades 
dependientes. Tampoco existe, ni está previsto, el desarrollo de un sistema de contabilidad 
analítica que facilite la presupuestación por objetivos (epígrafe II.3.2). 
7.  Se  mantienen  carencias  y  debilidades  en  materia  de  gestión  patrimonial  entre  las  que 
destacan la ausencia de unos inventarios completos de bienes y derechos, la inexistencia de 
políticas escritas para las adquisiciones, ventas, traspasos, bajas y actualizaciones de los 
bienes muebles, la no realización de conteos y comprobaciones periódicas de los elementos 
del activo, así como la ausencia de manuales o instrucciones internas para la formación y 
aprobación de los inventarios.  
Por  otra  parte,  aunque  el  desarrollo  reglamentario  de  los  criterios  y  directrices  para  la 
formación,  actualización  y  valoración  del  Inventario  general  de  bienes  y  derechos  de  la 
Comunidad y la creación de una nueva plataforma informática, en fase de implantación, ha 
supuesto un avance significativo y ha permitido calcular y registrar en el ejercicio fiscalizado 
las dotaciones de amortización de las construcciones, así como facilitar la conciliación del 
citado inventario con el sistema contable, persiste la falta de integración en aquella del resto 
de bienes y derechos de la Comunidad (epígrafe II.3.2). 
8.  El 75 % de las Consejerías no contaban con manuales de procedimiento para la gestión de las 
líneas de subvención y ninguna Consejería disponía de sistemas que permitan detectar la 
posible prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las 
subvenciones,  ni  han  comunicado  periódicamente  a  la  Intervención  General  de  la  CAR 
información de los reintegros iniciados y de su situación (epígrafe II.3.2).  
9.  No ha sido objeto de desarrollo reglamentario, ni constan actuaciones en relación con el 
control a ejercer por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia sobre las Consejerías y Organismos públicos de 
la CAR (epígrafe II.3.2).  
10. No se han emitido certificaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ni se 
ha formalizado documentalmente la gestión de los riesgos para los sistemas de información 
contable y los sistemas de gestión de los tributos propios de la CAR. Así mismo, tampoco se 
ha  aprobado  una  política  de  gestión  de  documentos  electrónicos,  ni  se  han  establecido 
mecanismos  de  control  para  garantizar  de  forma  efectiva  el  cumplimiento  del  Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (epígrafe II.3.2). 
11. No se han regulado procedimientos para la solicitud y autorización anual de la masa salarial 
de las entidades del sector autonómico, ni tampoco se han tutelado y establecido mecanismos 
de suministro de información y control de los límites retributivos y devengos establecidos en la 
normativa aplicable para dichas entidades. Asimismo, la contratación del personal temporal 
por parte de estas entidades dependientes tampoco ha estado acompañada de la previa  es
supervisión por parte de la Administración General conforme a los criterios señalados en las  o
leyes anuales de presupuestos del Estado y de la CAR (epígrafe II.3.2).   785ww
12. fLisac aAlidzmadinoi sqtruaec iróeng udleen  leal  eCjeormciucnioid daed  lan os uhpae rvdiessióanr rcoollnatdinou an orremcoagsi daap elicna ebll easrt .e 8n1 .e2l  deej elarc Liceioy 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, como hechos
posteriores, la Ley 2/2020, de 30 de enero, de medidas fiscales y administrativas para el año  Bc
 
 
2020, ha modificado la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja para 
establecer en su art. 168.bis la supervisión continua de las entidades integrantes del sector 
público institucional de la CAR, de modo que todas ellas deberán contar, desde el momento de 
su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las 
cuales se desenvolverá la actividad de la entidad (epígrafe II.3.2).  
13. Las sociedades y fundaciones autonómicas continúan adoleciendo de debilidades derivadas 
de la deficiente elaboración de unos presupuestos de explotación y capital y unos programas 
de actuación plurianuales, así como de la ausencia de unos adecuados mecanismos de 
coordinación con la Administración General (epígrafe II.3.2). 
III.4. CUENTA GENERAL  
14. Del análisis realizado se desprende que la Cuenta General de la Comunidad se ha presentado 
de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, así 
como que la gestión presupuestaria se ha desarrollado según las normas que la rigen, si bien 
han de realizarse las salvedades y observaciones que se recogen a continuación (subepígrafe 
II.4.1.1). 
15. El resultado y el saldo presupuestarios registrados por la Administración Autonómica en 2018 
presentaron un déficit de 35.931 y 11.159 miles de euros, respectivamente. No obstante, la 
correcta  consideración  de  las  salvedades  e  incorrecciones  contables,  señaladas  en  el 
subepígrafe  II.4.1.2,  procedentes,  principalmente,  de  gastos  de  naturaleza  sanitaria  no 
registrados y de prestaciones asistenciales no contabilizadas, supone aumentar el déficit del 
resultado presupuestario y el saldo presupuestario en  3.699 miles de euros (subepígrafe 
ll.4.1.2.C).  
16. Las rúbricas del balance de la Administración General presentaban, a 31 de diciembre de 
2018, las siguientes incorrecciones contables (subepígrafe ll.4.1.3): 
a) La  Administración  General  de  la  Comunidad  no  ha  determinado  ni  contabilizado  la 
amortización y depreciación de los activos del inmovilizado, salvo para las construcciones. 
b) Se  han  detectado  bienes  cedidos  por  la  Administración  General  de  la  Comunidad  a 
terceros  por  valor  de  32.450  miles  de  euros  que  no  han  sido  objeto  de  adecuada 
contabilización, encontrándose sobrevalorados los resultados de ejercicios anteriores en 
dicho  importe.  Asimismo,  tampoco  han  sido  registrados  bienes  transferidos  por  la 
Administración  del  Estado  a  la  Comunidad  por  113.262  miles  de  euros,  que  deben 
incrementar la rúbrica de patrimonio en dicho importe. 
c) Los derechos pendientes de cobro de la Administración General se encontraban por un 
lado  infravalorados  en  389  miles  de  euros  al  no  haberse  registrado  prestaciones 
asistenciales del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y por otro sobrevalorados en 313 miles 
de euros al recoger saldos antiguos por deudas de naturaleza tributaria sin posibilidad de 
cobro y en 755 miles de euros con origen en fondos europeos no realizables.  
d) La dotación a la provisión por deudores de dudoso cobro se encontraba infravalorada, al 
menos, en 22.566 miles de euros. El saldo de la rúbrica de inmovilizado financiero por 
participación en sociedades mercantiles, cuyo coste registrado a 31 de diciembre de 2018  e.
ascendía a 101.646 miles de euros, se encontraba sobrevalorado a dicha fecha en 46.427  w.b
miles de euros, al no haberse dotado las oportunas provisiones por la depreciación del  785ww
vTaulroisr mreog, iSst.rAa.dUo.  de las participaciones en las sociedades Valdezcaray, S.A. y La Rioja
 
e) La  Comunidad  no  ha  registrado  en  el  epígrafe  de  acreedores  del  balance  la  deuda 
contraída  con  la  Administración  General  del  Estado  como  consecuencia  de  las 
liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 
2009, la cual ascendía, al cierre del ejercicio 2018, a 128.485 miles de euros miles de 
euros. 
17. El resultado económico patrimonial de la Administración General de la Comunidad reflejó en 
2018 un desahorro de 22.113 miles de euros. Esta magnitud está afectada por salvedades 
entre las que, por su importancia, destacan la ausencia de dotaciones por provisiones para 
insolvencias de las cuentas deudoras y la ausencia de depreciación de los elementos del 
inmovilizado, salvo para las construcciones (subepígrafe II.4.1.4). 
18. El remanente de tesorería de la Administración de la Comunidad, a 31 de diciembre de 2018, 
presentó un saldo negativo de 161.769 miles de euros, encontrándose sobrevalorado, al 
menos, en un importe de 23.245 miles de euros, como consecuencia, principalmente de la 
falta de registro de los saldos deudores de dudoso cobro (subepígrafe II.4.1.5). 
19. El bajo grado de realización del presupuesto de gastos de la ADER, que ha caracterizado la 
gestión  presupuestaria  de  la  Entidad  desde  su  creación,  constata  que  el  presupuesto 
aprobado ha excedido sus necesidades reales de gestión, situación que se ha traducido en 
elevados  remanentes  de  crédito,  que  se  incorporan  sucesivamente  a  presupuestos  de 
ejercicios  futuros,  lo  que  motiva  que  los  estados  anuales  correspondientes  a  la 
presupuestación de la Entidad no sean representativos de la actividad programada para cada 
ejercicio (subepígrafe ll.4.1.7). 
20. La Cuenta General del sector empresarial ha reflejado unas pérdidas en 2018 por un importe 
global  de  3.086  miles  de  euros  correspondiente  a  las  tres  sociedades  participadas 
mayoritariamente por la Administración de la Comunidad (epígrafe ll.4.2). 
21. El patrimonio neto de la sociedad Valdezcaray, S.A. ha continuado en 2018 por debajo de las 
dos terceras partes del capital social, sin que se haya reducido en el ejercicio siguiente su 
capital  social  para  restablecer  el  patrimonio,  según  lo  previsto  en  el  art.  327  del  Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (epígrafe ll.4.2). 
22. La falta de integración de las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad de 
La Rioja dentro de la Cuenta General del sector fundacional se debe a que dicha entidad 
continúa  pendiente  de  clasificación  por  el  Comité  Técnico  de  Cuentas  Nacionales.  No 
obstante, el efecto derivado de esta carencia sobre la representatividad de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma, así como sobre el déficit del conjunto de la Comunidad es 
prácticamente irrelevante (epígrafe II.4.3). 
III.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
23. La Comunidad Autónoma de La Rioja ha cumplido el objetivo de estabilidad fijado para el 
ejercicio  2018  al  haber  registrado  unas  necesidades  de  financiación  en  términos  de 
contabilidad nacional de 24 millones de euros, lo que representa un déficit del -0,3 % del PIB 
regional, frente al objetivo del -0,4 % establecido para dicho año (subepígrafe II.5.1.A).  
24. La Administración de la Comunidad ha cumplido en 2018 la regla del gasto establecida en el  e.
art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al haber  w.b
sido la variación del gasto computable en dicho año inferior en siete décimas a la tasa de  785ww
rMeifneirsetnerciioa  ddee  Eccreocniommieían tyo  Cdoeml PpIeBt itaiv midaedd io(s upblaezpoí gdrea fela  IIe.5co.1n.oBm). ía española determinada por el
 
 
25. La Comunidad ha cumplido en 2018 el objetivo de deuda fijado en el 19,3 % del PIB regional, 
al  haberse  registrado  al  31  de  diciembre  de  dicho  año  un  volumen  de  deuda  pública, 
computada  por  el  Banco  de  España  de  acuerdo  con  la  metodología  establecida  en  el 
Protocolo de Déficit Excesivo, de 1.591 millones de euros, equivalente al 19,1 % del PIB 
regional (subepígrafe II.5.2.B). 
III.6.  ANÁLISIS  DE  LA  GESTIÓN  ECONÓMICO-FINANCIERA  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
26. El compromiso político asumido por la Comunidad para la implementación de la Agenda 2030 
no se ha formalizado a través de un acuerdo o resolución del Consejo de Gobierno. Tampoco 
se ha desarrollado un marco normativo propio en relación a los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (epígrafe II.6.1).  
27. No se ha aprobado un plan de acción o una estrategia con las actuaciones previstas para 
implantar los ODS en la Comunidad, ni se ha establecido un mecanismo de información al 
Parlamento regional de las acciones llevadas a cabo (epígrafe II.6.1). 
28. Los gastos de personal de la Administración General y de las entidades del sector público de 
la Comunidad han ascendido en 2018 a 539.248 miles de euros, lo que ha representado el 
36 % del gasto consolidado del conjunto del sector público de la Comunidad en dicho año, con 
un incremento interanual de 2 puntos (epígrafe II.6.2). 
29. La Administración General disponía a 31 de diciembre de 2018 de un total de 567 de plazas 
vacantes de plantilla que estaban siendo ocupadas con personal funcionario interino y laboral 
temporal, respecto de las cuales no se había evaluado su carácter provisional o estable, de 
cara, en este último caso, a convocar los correspondientes procesos selectivos de personal en 
cumplimiento del art. 10.4 del Estatuto Básico del Empelado Público y de la Disposición 
adicional decimoquinta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (epígrafe II.6.2).  
30. A la finalización del ejercicio fiscalizado se mantenían en comisión de servicio un total de 260 
funcionarios, de los que 181 habían superado el plazo límite de dos años establecido en el 
art. 7 del Decreto 78/1991 de 28 de noviembre por el que se regula la provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (epígrafe II.6.2). 
31. La Administración de la CAR no dispone de estudios o análisis con el impacto económico a 
medio plazo que supone la implantación del sistema de carrera horizontal y la evaluación del 
desempeño  del  personal  funcionario.  El  gasto  generado  por  estos  complementos  en  el 
ejercicio 2018 ha ascendido a 4.229 miles de euros, que han sido abonados en 2019 (epígrafe 
II.6.2). 
32. La  deuda  comercial  de  la  CAR  en  el  ejercicio  fiscalizado  ha  disminuido  en  términos 
interanuales un 4 %, situándose a 31 de diciembre de 2018, en 90.860  miles de euros 
(epígrafe II.6.3). 
33. El periodo medio de pago global a proveedores del sector público calculado conforme a la 
nueva metodología establecida en el RD 635/2014, de 25 de julio, se ha situado en 24,2 días, 
por debajo del plazo máximo de 30 días marcado en la normativa sobre morosidad (epígrafe  e.
II.6.3).  w.b
34. FLain aAndcmieirnais tprarecvióisnt od ee nl ae Cl oRmeauln iDdaedc reseto -hleay  a1d7h/e2r0id1o4 , edne e l2 6a ñdoe 2 d0i1c8ie malb Freo,n ddoe  dmee dFiadcaislid adde 
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atender  a  vencimientos  de  deuda  (259.573  miles  de  euros),  a  la  devolución  de  las 
liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009 (9.883 miles de euros) y a 
las necesidades de financiación del déficit público generado (34.030 miles de euros) (epígrafe 
II.6.3). 
35. Los  criterios  de  concesión  y  graduación  del  importe  de  las  ayudas  otorgadas  a  las 
federaciones deportivas establecidos en las bases reguladoras han adolecido de excesiva 
generalidad y ambigüedad y no han estado vinculados a índices o parámetros susceptibles de 
medición objetiva. Asimismo, en la revisión de las cuentas justificativas presentadas por los 
beneficiarios  de  esta  línea  de  ayudas  se  han  puesto  de  manifiesto  deficiencias  en  la 
acreditación  y  justificación  de  los  gastos,  así  como  la  imposibilidad  de  comprobar,  en 
determinadas ayudas, la vinculación entre las actividades subvencionadas y los documentos 
justificativos aportados al no existir, ni en estos últimos, ni en la memoria de actividades 
presentada información aclaratoria al respecto (epígrafe II.6.4).  
36. El  endeudamiento  financiero  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  se  situó  a  31  de 
diciembre de 2018 en 1.590.309 miles de euros, habiendo experimentado un incremento en 
los seis últimos ejercicios del 60 % (subepígrafe II.6.5.1). 
37. La carga financiera de la deuda crediticia pública ha respetado en el ejercicio fiscalizado el 
límite del 25 % establecido en el art. 14.2.b) de la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas al situarse en el 23,5 %, si bien es preciso señalar que dicho índice 
en 2018 ha experimentado un crecimiento interanual de 3,7 puntos (subepígrafe II.6.5.1).  
38. La evaluación del III Plan de Salud de La Rioja correspondiente al periodo 2015-2019 ha 
puesto de manifiesto la ausencia de una separación de objetivos y medidas para cada una de 
las entidades integrantes del Sistema de Salud Pública de La Rioja [Servicio Riojano de Salud 
(SERIS),  Fundación  Rioja  Salud  (FRS)  y  Fundación  Hospital  de  Calahorra  (FHC)]. 
(subepígrafe ll.6.6.1).  
39. Las transferencias realizadas en 2018 desde la Consejería de Salud a las Fundaciones FHC y 
FRS,  que  han  ascendido  a  38.256  y  20.162  miles  de euros,  respectivamente,  han  sido 
insuficientes para financiar la actividad ordinaria de estas dos fundaciones, registrándose un 
excedente  conjunto  negativo  a  31  de  diciembre  de  ese  año  de  42.657  miles  de  euros 
(subepígrafe ll.6.6.2).  
40. En la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos hospitalarios no exclusivos se 
ha  mantenido  el  procedimiento  seguido  en  ejercicios  anteriores,  consistente  en  una 
negociación anual con los proveedores de productos farmacéuticos solicitándoles la remisión 
de ofertas y efectuándose una selección en base a criterios económicos, al compromiso de 
servicio, el plazo de entrega y la solución de problemas surgidos en ejercicios anteriores, no 
ajustándose estrictamente a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (subepígrafe ll.6.6.3).  
41. Los tiempos medios de espera quirúrgica y de consultas generados en La Rioja en 2018 (43 y 
44 días, respectivamente) han roto la tendencia creciente de los últimos años al experimentar 
un  descenso  respecto  a  2017  de  55  y  51  días,  respectivamente,  siendo,  asimismo, 
significativamente  inferiores  a  la  media  del  Sistema  Nacional  de  Salud  (129  y  96  días, 
respectivamente), con la excepción del porcentaje de pacientes con más de 60 días en espera  es
para consulta, que ha sido un 48 % superior a la media de las Comunidades Autónomas  o
(subepígrafe ll.6.6.6).  785ww
42. pLraess ucpoumesptroosb ayc icouneenst asfo drme agleess tiórne adlieza ldoass  cepnotrro sla d oCceonntseesje príúab lidcoes  Eded ulcaa cCióonm usnoidbared  hlaons 
seguido sin estar acompañadas de otras actuaciones destinadas a verificar la corrección de
los saldos de las cuentas rendidas por los centros docentes, el respeto de las modificaciones  Bc
 
 
aprobadas  a  los  principios  y  normas  presupuestarias,  así  como  el  cumplimiento  de  la 
normativa en materia de contratación pública (epígrafe II.6.7).  
43. Los  resultados  de  las  pruebas  de  evaluación  llevadas  a  cabo  en  el  curso  académico 
2017-2018  han  sido  analizadas  por  el  90 %  de  los  claustros  de  profesores  habiéndose 
establecido planes de mejora en el 85 % de los centros al considerar que era preciso mejorar 
algún aspecto de los resultados. No obstante, solo el 30 % de los centros formalizaron dichos 
planes en su programación anual y alrededor de un 16 % no eran planes específicos, sino 
descripciones  de  algunas  medidas  ya  utilizadas  por  los  centros  reforzadas  después  del 
análisis de resultados (epígrafe II.6.7). 
44. Los altos cargos de la Administración General de la CAR y de las entidades del sector público 
han respetado la composición equilibrada de hombres y mujeres26 prevista en la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, a excepción de los miembros de los Consejos de 
Administración de las empresas públicas autonómicas (epígrafe II.6.8). 
45. La información en materia de publicidad activa reflejada por la Administración General de la 
Comunidad en su Portal de Transparencia en julio de 2020 cumplía, en términos generales, 
con las premisas establecidas en la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y 
Buen Gobierno de La Rioja (epígrafe II.6.9). 
46. Respecto  a  las entidades  integrantes  del  sector  público  de  La Rioja,  se han puesto  de 
manifiesto carencias especialmente en cuanto a la información relativa a los presupuestos, los 
procesos de selección de personal, a la publicación de planes y programas e información 
estadística  para  valorar  el  grado  de  cumplimiento  y  calidad  de  los  servicios  prestados. 
Asimismo, el Consejo de la Juventud y la Fundación Riojana para la Innovación no disponían a 
la citada fecha de un portal propio de transparencia (epígrafe II.6.9). 
47. En materia de gestión medioambiental no se han articulado procedimientos de coordinación e 
intercambio de información entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental lo que implica 
que este no disponga de información sobre el seguimiento de las declaraciones de impacto 
ambiental y de los informes de impacto ambiental que deben llevar a cabo los órganos 
sustantivos según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (epígrafe II.6.10).  
48. El grado de ejecución del gasto del Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 en 2018 
se ha situado en un 71 % sobre el presupuesto previsto para dicho año, pero con unos 
desequilibrios muy acusados entre los programas de residuos urbanos, de construcción y 
demolición y los de residuos industriales y agropecuarios (epígrafe II.6.10).  
49. La Rioja no cuenta con un plan energético formalmente aprobado, ni con un organismo propio 
que gestione la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma, sin que tampoco se haya 
desarrollado normativa propia sobre esta materia (epígrafe II.6.10). 
III.7  SEGUIMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES  SEÑALADAS  EN  INFORMES  DE 
FISCALIZACIÓN ANTERIORES Y EN LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA PARA 
LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
50. Respecto a las recomendaciones señaladas en Informes de fiscalizaciones anteriores, en  e.
términos  generales  se  aprecian  pocos  avances,  que  se  han  centrado  principalmente  en  w.b
 2 6   L a  s   p  e r s  o n  a  s   d  e   c  a d  a   s  e x  o   n  o   d  e   ben superar el 60 % ni ser inferiores al 40 %.  2021-14785n https://ww
 
materia de planificación sanitaria, constatándose que la mayor parte de las recomendaciones 
no han sido objeto de seguimiento, por lo que se reiteran en el presente Informe (epígrafe 
ll.7.1). 
51. En la Resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal 
de Cuentas de 27 de febrero de 2019, en relación con el Informe anual de fiscalización de la 
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  correspondiente  al  ejercicio  2016,  último  ejercicio 
fiscalizado debatido por dicha comisión, se ha instado a aquella a asumir las conclusiones y 
seguir  todas  las  recomendaciones  del  informe  de  fiscalización  del  Tribunal  de  Cuentas 
(epígrafe ll.7.2). 
   
 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Como resultado de los trabajos de fiscalización, se incluyen las siguientes recomendaciones, que 
con carácter general vienen recogiéndose en los sucesivos informes de fiscalización sobre la 
Comunidad Autónoma que realiza este Tribunal, sin que se haya producido su implantación, total 
o parcial, tal como se ha indicado al analizar el grado de seguimiento de las mismas, razón por la 
que se reiteran:  
1.  La Comunidad Autónoma debería valorar posibles cambios normativos en la definición de los 
criterios de pertenencia de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las 
fundaciones  y  los  consorcios  públicos,  teniendo  en  consideración  no  solo  criterios 
patrimonialistas  basados  en  la  participación  mayoritaria  del  Gobierno  de  La  Rioja  en  su 
dotación fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de 
sus miembros, así como en la financiación de las actividades de la entidad. Ello determinaría 
que determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez 
no quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la 
normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, a la vez que reduciría la 
fragmentación normativa existente. 
2.  La Administración Autonómica no ha considerado al CARE como integrante de su sector 
público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, al no 
ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos en la Orden HAP/1489/2013, 
de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público. No obstante, esta situación contrasta con que los 
resultados  anuales  de  dicha  entidad  sean  integrados  en  el  cómputo  de  la  capacidad  o 
necesidad de financiación de la Comunidad. Así pues, y en relación con lo previsto en el art 
120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta 
situación deberá quedar resuelta por los representantes de las Administraciones Autonómica y 
Local que forman parte de la Junta de Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la 
adscripción de la Entidad, lo que permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o 
local y su consecuente integración en uno o en otro sector público. 
3.  El  contenido,  la  estructura,  las  normas  de  elaboración  y  los  criterios  de  agregación  o 
consolidación de la Cuenta General no han sido hasta el momento reguladas por parte de la 
Comunidad, siendo recomendable su desarrollo de acuerdo con el marco contable establecido 
en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. 
4.  La  Administración  Autonómica  debería  dotar  los  servicios  necesarios  de  los  Organismos 
autónomos  autonómicos,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  las  respectivas  Disposiciones 
transitorias de sus Leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas 
les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que 
facilitaría, por un lado, la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de 
estas entidades y, por otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus 
cuentas anuales individuales. 
5.  La Administración General de la Comunidad debería dotarse de una aplicación informática que 
permitiera la obtención de datos históricos sobre los saldos deudores y acreedores, así como 
proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en el que se normara el  e
registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema contable auxiliar que  bo
tiene implantado la Administración de la Comunidad.   785ww
6.  cLáal cAuldoms ionpisotrratucnióons  pGaeran edreatle rdmei nlaar  Ceno mcaudnaid eajde rcdieciboe lroías  sdaeldfionsir  dleousd ocrrietesr dioes  dyu deosstoa bcloebcreor.  los  OE-A-2021-14able en https://
 
7.  La Comunidad Autónoma debe realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga 
posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, 
de manera que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos 
devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.  
8.  Deberían reforzarse los mecanismos de coordinación existentes entre la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos de la Administración General de la Comunidad y las unidades 
económicas responsables de las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar 
la planificación de la actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos 
anuales de la Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones 
de sus presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la 
liquidación de los mismos. 
9.  En  relación  con  la  Universidad  de  La  Rioja,  se  estima  necesario  que  por  parte  de  la 
Administración de la Comunidad se adopten las siguientes actuaciones: 
a)  Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el que la 
Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore 
en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público, 
con  respeto  a  la  autonomía  universitaria  en  su  vertiente  financiera  reconocida  a  las 
mismas, de manera que la ley habilitante de los créditos en la Comunidad contenga 
también los aprobados por aquella. 
b)  Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en la LOU, de 
acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
10. La Comunidad debería realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo 
sostenibles  establecidos  en  la  Agenda  2030  con  los  planes  y  programas  estratégicos 
existentes en la Administración, como paso previo a la elaboración de un plan de acción o una 
estrategia para implementar dichos objetivos. Asimismo, debería instrumentar mecanismos de 
coordinación interdepartamental a través de la creación de comités o comisiones dentro de la 
propia Administración dirigidas a coordinar la implantación de la Agenda 2030 en toda la 
acción de gobierno. 
11. Debería modificarse la Ley de Hacienda Pública de La Rioja para incluir la obligación de remitir 
al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de 
reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero. 
12. La Comunidad debería proceder a evaluar la naturaleza de los puestos de trabajo que vienen 
siendo desempeñados por contratados laborales temporales y funcionarios interinos durante 
periodos dilatados de tiempo, con el fin de determinar su naturaleza, coyuntural o estructural, 
que permita una más eficiente planificación de los recursos humanos y evitar situaciones de 
temporalidad excesivamente prolongadas. 
13. Debería formalizarse un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del 
Organismo autónomo SERIS en el que se regulase la prestación del servicio de asistencia 
sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades. 
14. La Consejería de Salud debería desarrollar normativamente las funciones de inspección de la  es
sanidad concertada para implantar un sistema de evaluación objetivo mediante la definición de  o
criterios e indicadores de medición.  785www.
15. aLpao rCtaocniosneejesr íya  pdroep uHeastcaiesn ddea  toyd oAs dlomsi nóisrgtraancoiósn y  Porúgbalincias,m  ousn aim  pvleicza dtoesn,i ddaesb eerína  rceugeisnttraa r leans 
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los proyectos, normalmente de carácter plurianual, desarrollados por los diferentes órganos 
gestores contemplados en el Plan Integral de la Mujer aprobado en la Comunidad. 
 
Madrid, 22 de diciembre de 2020 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
 
 
ANEX OS 
RELACIÓN ANEXOS 
 
I.  CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
  I.1-1  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Liquidación de los presupuestos de gastos. 
  I.1-2  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Liquidación de los presupuestos de ingresos. 
  I.1-3  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Saldos presupuestarios.  
  I.1-4  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Balances.  
  I.1-5  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. Cuentas del resultado económico-patrimonial. 
  I.2-1  SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. Balances. 
  I.2-2  SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. Cuentas de pérdidas y ganancias. 
  I.3-1  SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. Balances. 
  I.3-2  SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. Cuentas de pérdidas y ganancias. 
 
II.  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
  II.1-1  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica. 
  II.1-2  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica. 
  II.1-3  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 
  II.1-4  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica. 
  II.1-5  Liquidación del presupuesto de ingresos. 
  II.1-6  Saldo presupuestario del ejercicio 
 
  II.2-0.1  Balance. 
  II.2-0.2  Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
  II.2-1  Deudores presupuestarios. 
  II.2-2  Deudores extrapresupuestarios. 
  II.2-3  Estado de flujos de efectivo. 
  II.2-4  Acreedores no financieros. Presupuestarios.  e.e
  II.2-5  Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios.  785ww
  II.2-6  Pasivos financieros: Empréstitos.
  II.2-7  Pasivos financieros: Préstamos.
 
  II.2-8/1  Pasivos financieros: Operaciones a largo plazo formalizadas en 2018. 
  II.2-8/2  Pasivos financieros: Operaciones a corto plazo formalizadas en 2018. 
  II.2-9  Remanente de tesorería. 
 
III.  ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. 
  III.1  Año de creación y Fines de las Entidades. Sector Público Administrativo. 
  III.2  Año de constitución y Objeto social. Sector Público Empresarial. 
  III.3  Año de creación y Fines fundacionales. Sector Público Fundacional. 
 
 
 
 
  Anexo I.1-1 
 
 
       
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
 
Liquidación de los presupuestos de gastos 
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Subsectores 
iniciales   netas  finales  reconocidas 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
1.513.893  65.865   1.579.758  1.494.175  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 
       
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  43.413  45.967   89.380  27.551  
-  Consejo de la Juventud  63  0   63  77  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  26.341  5.647   31.988  23.185  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
5.798  0   5.798  5.232  
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES 
       
-  Universidad de La Rioja  43.400  4.280   47.680  43.938  
TOTAL   1.632.908  121.759   1.754.667  1.594.158  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
   
        
  Anexo I.1-2 
   
 
       
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Liquidación de los presupuestos de ingresos 
(miles de euros) 
     Previsiones   Modificaciones   Previsiones    Derechos 
Subsectores 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
1.513.893   65.865   1.579.758   1.483.016  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS         
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
43.413   45.967   89.380   26.302  
(ADER) 
-  Consejo de la Juventud  63   0   63   63  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  26.341   5.647   31.988   29.124  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS)  5.798   0   5.798   5.700  
UNIVERSIDADES         
-  Universidad de La Rioja  43.400   4.280   47.680   45.512  
TOTAL  1.632.908   121.759   1.754.667   1.589.717  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
 
 
  Anexo I.1-3 
 
 
     
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Resultados y saldos presupuestarios 
 
(miles de euros) 
         
Variación neta 
Resultado  Saldo 
Subsectores  pasivos 
presupuestario  presupuestario 
financieros 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
(35.931)   24.772   (11.159)  
AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS       
-  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  2.834   (4.083)   (1.249)  
-  Consejo de la Juventud  (14)   0   (14)  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  5.939   0   5.939  
-  Consorcio para el servicio de extinción de incendios, 
salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS)  468   0   468  
UNIVERSIDADES       
-  Universidad de La Rioja  321   1.253   1.574  
TOTAL  (26.383)   21.942   (4.441)  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
Anexo I.1-4 
     
           
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Balances 
(miles de euros) 
             
ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
PASIVO  
Subsectores 
ACTIVO NO  ACTIVO  PATRIMONIO 
CORRIENTE  CORRIENTE  NETO  NO 
CORRIENTE 
CORRIENTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 
1.616.811   122.588   (158.003)   1.329.148   568.254  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
OTRAS ENTIDADES 
ADMINISTRATIVAS           
-   Agencia de Desarrollo Económico 
28.035   107.380   104.282   21.388   9.745  
de La Rioja (ADER) 
-  Consejo de la Juventud  1   47   0   0   48  
-  Consorcio de Aguas y Residuos de 
127.184   73.014   189.173   8.101   2.924  
La Rioja (CARE) 
-  Consorcio para el servicio de 
extinción de incendios, salvamento  5.341   1.271   6.105   0   507  
y protección civil de La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES           
-  Universidad de La Rioja  45.100   7.990   36.817   6.890   9.383  
TOTAL  1.822.472   312.290   178.374   1.365.527   590.861  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
 
 
nexo I.1-5   Resultado neto del ejercicio  (22.113)     203   3   (1.227)   858     (1.253)   (23.529)  
A  
 ultado de peraciones ancieras  (15.756)     1.599   (2)   531   16     37   (13.575)  
Ress ofin
a
  l
 Resultado de las operaciones no financieras  (6.357)     (1.396)   5   (1.758)   842     (1.290)   (9.954)  
   
   RATIVO  -patrimonial   Resultado de otras operacioneno financieras  137     (554)   (8)   8   0     20   (397)  
T o
     OR PÚBLICO ADMINIS el resultado económic (miles de euros)    e la gestión Resultado de aria la gestión ordinaria Gastos  1.174.774 (6.494)      21.842 (842)   68 13   29.187 (1.766)   4.842 842      44.961 (1.310)   1.275.674 (9.557)   ades fiscalizadas 
   SECT Cuentas d  Resultados dordin Ingresos  1.168.280    21.000  81  27.421  5.684    43.651  1.266.117  os por las entid
         Denominación  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS  OTRAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS  -  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  - Consejo de la Juventud  - Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE)  - Consorcio para el servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil de La Rioja (CEIS)  UNIVERSIDADES  - Universidad de La Rioja  TOTAL  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitad    OE-A-2021-14785able en https://www.boe.es
2-1  TE  7   0   4   1  
xo I.      RIEN 29 3.03 21 3.54
e R
An O  CO
V   
SI
PA TE  8  9   1   8  
  NO RIEN 2.80 3.05 5.86
R
O
C
    
ONIO O  553  199   531   283  
MT 1. 1. 8. 1.
RINE 1 3 1 6
T
A
P
        
TE  7  2   0   9  
N 4 3 0 7
E 0 5 5 0
AL  RRI 14. 4. 19.
   ARI  VO   CO   
MPRES s  ros)  ACTI RIENTE  611   2.756   8.246   1.613  
E e u R 3 1 5
CO  anc de e O CO as 
   ÚBLI Bal miles    N    alizad
P ( sc
R  s fi
O e
d
T a
EC ntid
S S  as e
CA or l
BLI s p
Ú do
P a
Denominación  ANTILES Y ENTIDADES  Vivienda, S.A. (IRVISA)  U.  TOTAL  a partir de los datos facilit  
S MERCALES  no de la  mo, S.A. S.A.  n propia 
           SOCIEDADEEMPRESARI - Instituto Rioja - La Rioja Turis - Valdezcaray,  Fuente: Elaboració     2021-14785n https://www.boe.es
  cve:  Verifi
exo I.2-2    Resultado del ejercicio  (698)   (1.942)  (446)  (3.086) 
n    
A ultados aciones umpidas  0   0   0   0  
Resopernterr
    i  
      Resultados operaciones continuadas    (698)   (1.942)   (446)   (3.086)  
estos Bº  2   0  0   2  
pus/ 
m
      I  
SARIAL  ancias  Resultados antes de impuestos  (700)   (1.942)  (446)   (3.088) 
   E n    
EMPR as y ga euros)  ultados ncieros  (56)   (13)  (1)   (70)  
   TOR PÚBLICO  ntas de pérdid (miles de   xplotación  ResfinaOtras rúbricas    (644)   (8.622)   (445)   (9.711)   ades fiscalizadas 
   SEC Cue  sultados de e venciones    0   6.693   0   6.693   s por las entid  
e b o
R u d
  S   cilita
a
DES  SA)  datos f
  A VI s 
         Denominación  SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDPÚBLICAS EMPRESARIALES  - Instituto Riojano de la Vivienda, S.A. (IR - La Rioja Turismo, S.A.U.  - Valdezcaray, S.A.  TOTAL  Fuente: Elaboración propia a partir de lo      OE-A-2021-14785able en https://www.boe.es
xo I.3-1    RIENTE  32   255   1.466   9.066   2   229   17.699   15   0   54   28.818  
e R
n O
A O  C
V
 SI
A E 
P NT 0   7   5   6   0   1   7   0   1   0   7  
E 5 1 0 5 3
RI 3 4
R
O
C
O 
N
     
O 
ONIO  7   7   3   6   9   5   0   7   8   3   5  
TRIMNET 89 27 6 5.68 1 12 11.91 13 2.59 35 22.06
A
   L   P
A
   O FUNDACION nces  e euros)   TIVO  CORRIENTE  306   441   988   1.971   21   350   2.188   132   276   378   7.051   s fiscalizadas 
TOR PÚBLIC Bala (miles d AC O CORRIENTE  623   148   546   12.797   0   5   27.728   20   2.373   29   44.269   por las entidade
C N s 
  E   do
S a
cilit
Denominación  Benéfico-Social de La Rioja (FUBESOR)  Dialnet  General de la Universidad de La Rioja   Hospital de Calahorra (FHC)  Práxedes Mateo Sagasta  Rioja Deporte  Rioja Salud (FRS)  Riojana para la Innovación  San Millán de la Cogolla  Tutelar de La Rioja  TOTAL  Elaboración propia a partir de los datos fa  
ón  ón  ón  ón  ón  ón  ón  ón  ón  ón  e: 
ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci ndaci Fuent e.es
u u u u u u u u u u o
      F F F F F F F F F F w.b
  
cve:  Verifi
exo I.3-2  Rdo Total, Variac. del PN en el ejercicio  (20)  112  32  1.353  0  9  1.989  (4)  (161)  153  3.463 
n
A Ajustes y ariaciones  0  (26)  0  0  0  0  (652)  (7)  (6)  0  (691) 
V
  Variac. de PN por ingresos y gastos imputados directamente al PN  0  0  0  694  0  (2)  2.602  (3)  (126)  0  3.165 
  Variac. del PN reconocida en el excedente del ejercicio  (20)  138  32  659  0  11  39  6  (29)  153  989   
os  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
estBº 
s  pus/ 
  a m
S  ci I
  NDACIONES PÚBLICA as de pérdidas y ganan (miles de euros)  Excedente del ejercicio  Excedente de Excedente las antes de operaciones impuestos financieras  0 (20)  (2) 138  (53) 32  0 659  0 0  (7) 11  (1) 39  0 6  0 (29)  0 153  (63) 989   scalizadas
FU Cuent ctividad  Otras úbricas  (367)  (250)  (145)  37.016)  (39)  (242)  21.233)  (296)  (577)  (847)  61.012)  entidades fi
  a a r ( ( ( as 
cedente de l bvenciones  347  390  230  37.675  39  260  21.273  302  548  1.000  62.064  cilitados por l
Ex Su s fa
at
La  s d
    Denominación  Fundación Benéfico-Social de La Rioja (FUBESOR)  Fundación Dialnet  Fundación General de la Universidad de Rioja   Fundación Hospital de Calahorra (FHC)  Fundación Práxedes Mateo Sagasta  Fundación Rioja Deporte  Fundación Rioja Salud (FRS)  Fundación Riojana para la Innovación  Fundación San Millán de la Cogolla  Fundación Tutelar de La Rioja  TOTAL  Fuente: Elaboración propia a partir de lo OE-A-2021-14785able en https://www.boe.es
o II.1-1  Total odificac.  9.187   3.332   (6.893)  45.305   0   50.931   (4.854)  (2.769)  (7.623)  862   21.695   22.557   65.865  
x m
n
A a
es  ativs  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
n g
Otras dificacio Nevas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
  mo siti
P
  a  Bajas  0  9.892  427  125  0  10.444  50  0  50  0  17.000  17.000  27.494 
c
 OMOS  económi Habilitac. de crédito  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
N n 
    ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓ ficaciones de créditos presupuestarios. Clasificació (miles de euros)  Transferencias de Créditos Incorporac. crédito Ampliacionegenerados remanentes s de crédito por de crédito ingresos NegativaPositivas s  0 17.390 8.216 13 0  5.452  11.194 3.441 19 0  427  348 7.241 0 0  4.615  17.842 9.533 32.506 0  0 0 0 0 0  10.494  46.775 28.432 32.538 0  0 1.815 6.793 174 0  0 8.915 19.950 8.266 0  0  10.730 26.743 8.440 0  0 0 1.030 1.892 0  17.000  0 1.300 22.995 0  17.000  0 2.330 24.887 0  27.494  57.504 57.504 65.865 0   acilitados por las entidades fiscalizadas
Modi Créditos extraordinarios y suplementos de créditos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  artir de los datos f
p
  Capítulos  1- Gastos de personal  2- Gastos corrientes en bienes y servicios  3- Gastos financieros  4- Transferencias corrientes  5- Fondo de Contingencia  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  6- Inversiones reales  7- Transferencias de capital  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  8- Activos financieros  9- Pasivos financieros  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL  Fuente: Elaboración propia a  OE-A-2021-14785able en https://www.boe.es
cve:  Verifi
xo II.1-2  Total modificac.  0   238   37.045   14.998   1.649   758   16.740   (2.924)  (34)  11.516   10   (16.239)  2.108   65.865  
n s 
A Otras dificaciones  vas Negativa 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
mo siti
P
   Bajas  0  0  0  0  0  0  17.427  0  0  5.452  0  0  4.615  27.494 
  ca  Habilitac. de crédito  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 TÓNOMOS  ción orgáni Incorporac. remanentes de crédito  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 MOS AU Clasifica Créditos generados por ingresos  0  0  40.591   16   0  0  24.887   159   61   0  10   12   129   65.865  
   ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANIS Modificaciones de créditos presupuestarios.  (miles de euros)  Créditos Transferencias de extraordinariocrédito Ampliaciones y s de crédito Positivasuplementos Negativas s de créditos  0 0 79 79  0 0 248  10   0 0 5.456  9.002   0 0 16.391  1.409   0 0 9.713  8.064   0 0 4.180  3.422   0 17.427 208  8.355   0 0 1.627  4.710   0 0 75  170   0 5.452 12.988  1.472   0 0 0 0   0 0 1.486  17.737   0 4.615 5.052  3.073   0 27.494 57.503  57.503   e los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
d
    Secciones  01 Parlamento  03 Consejo Consultivo de La Rioja  05 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  06 Salud   08 Educación, Formación y Empleo  09 Fomento y Política Territorial  11 Deuda Pública  12 Administración Pública y Hacienda  14 Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior  15 Servicio Riojano de Salud (SERIS)  17 Instituto de Estudios Riojanos  19 Desarrollo Económico e Innovación  20 Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia  TOTAL  Fuente: Elaboración propia a partir  2021-14785n https://www.boe.es
 
  Anexo II.1-3 
   
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica 
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
1-  Gastos de personal  456.312  9.187  465.499  462.633  2.866 
2-  Gastos corrientes en bienes y servicios  266.147  3.333  269.480  245.184  24.296 
3-  Gastos financieros  21.593  (6.893)   14.700  13.510  1.190 
4-  Transferencias corrientes  333.760  45.304  379.064  359.320  19.744 
5-  Fondo de contingencia  1  0  1  0  0 
   TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.077.813  50.931  1.128.744  1.080.647  48.097 
6-  Inversiones reales  60.121  (4.854)   55.267  40.178  15.089 
7-  Transferencias de capital  106.242  (2.769)   103.473  85.735  17.738 
   TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  166.363  (7.623)   158.740  125.913  32.827 
8-  Activos financieros  11.093  862  11.955  7.319  4.636 
9-  Pasivos financieros  258.624  21.695  280.319  280.296  23 
   TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  269.717  22.557  292.274  287.615  4.659 
   TOTAL   1.513.893  65.865  1.579.758  1.494.175  85.583 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
 
    Anexo II.1-4 
   
 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica 
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Secciones 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
01 Parlamento  5.176  0  5.176  4.692  484 
03 Consejo Consultivo de La Rioja  370  238  608  474  134 
05 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  108.255  37.046  145.301  133.344  11.957 
06 Salud   164.420  14.998  179.418  174.988  4.430 
08 Educación, Formación y Empleo  309.665  1.649  311.314  297.656  13.658 
09 Fomento y Política Territorial  74.439  758  75.197  62.543  12.654 
11 Deuda Pública  279.320  16.740  296.060  294.930  1.130 
12 Administración Pública y Hacienda  60.631  (2.924)   57.707  47.709  9.998 
14 Presidencia, Relaciones Institucionales y 
9.356  (35)   9.321  7.574  1.747 
Acción Exterior 
15 Servicio Riojano de Salud (SERIS)  274.617  11.516  286.133  284.829  1.304 
17 Instituto de Estudios Riojanos  1.082  10  1.092  1.045  47 
19 Desarrollo Económico e Innovación  67.288  (16.239)   51.049  42.425  8.624 
20 Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
159.274  2.108  161.382  141.966  19.416 
Justicia 
TOTAL   1.513.893  65.865  1.579.758  1.494.175  85.583 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
  Anexo II.1-5 
 
 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Liquidación del presupuesto de ingresos 
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidos 
1-  Impuestos directos  295.205  0  295.205  319.958 
2-  Impuestos indirectos  436.407  0  436.407  449.750 
3-  Tasas, precios públicos y otros ingresos  31.308  351  31.659  30.397 
4-  Transferencias corrientes  391.646  32.305  423.951  340.730 
5-  Ingresos patrimoniales  827  0  827  1.255 
   TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.155.393  32.656  1.188.049  1.142.090 
6-  Enajenación de inversiones reales  1.200  0  1.200  561 
7-  Transferencias de capital  26.770  8.322  35.092  31.005 
   TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  27.970  8.322  36.292  31.566 
8-  Activos financieros  4.264  0  4.264  4.292 
9-  Pasivos financieros  326.266  24.887  351.153  305.068 
   TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  330.530  24.887  355.417  309.360 
    TOTAL   1.513.893  65.865  1.579.758  1.483.016 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
 
  Anexo II.1-6 
 
 
     
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Saldo presupuestario del ejercicio 
(miles de euros) 
         
Derechos  Obligaciones 
Conceptos   reconocidos  reconocidas  Importes 
netos  netas 
1. Operaciones no financieras  1.173.656  1.206.560   (32.904) 
 
2. Operaciones con activos financieros  4.292  7.319  (3.027) 
 
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)  1.177.948   1.213.879   (35.931) 
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS  305.068  280.296  24.772 
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)      (11.159) 
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería       0 
 
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio 
    0 
en gastos con financiación afectada 
 
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con 
    0 
financiación afectada  
 
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5)     (11.159) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
 
Anexo II.2-0.1  Ej. corriente Ej. anterior  (158.003) (135.890)  183.023 183.023   (341.026)  (318.913)   0 0   0 0   1.329.148 1.262.033  0 0  1.329.148 1.262.033   0 0  568.254 613.721  0 0  275.308 316.779  0 0  292.946  296.942  0 0  1.739.399 1.739.864 
y  y 
s  o  o 
e p p
ent gru gru
VO   s pendi o, multi o, multi agar 
  SMOS AUTÓNOMOS  PATRIMONIO NETO Y PASI TRIMONIO NETO  Patrimonio aportado  Patrimonio generado  Ajustes por cambios de valor  Otros incrementos patrimonialede imputación a resultados  SIVO NO CORRIENTE  Provisiones a largo plazo  Deudas a largo plazo  Deudas con entidades del grupasociadas a largo plazo.  SIVO CORRIENTE  Provisiones a corto plazo  Deudas a corto plazo  Deudas con entidades del grupasociadas a corto plazo.  Acreedores y otras cuentas a p Ajustes por periodificación   TOTAL PASIVO   
ANI )  PA I.  II.  III.  IV.  PA I.  II.  III.  PA I.  II.  III.  IV.  V. 
G os A)              B)           C)                   
R e  ur
 ERAL Y O Balanc miles de e Ej. anterior  1.599.191  46.075   1.364.133   0   185.462   3.521   140.673  0   0   76.041   0   0   0   64.632     1.739.864   calizadas
N ( s
 ACIÓN GE Ej. corriente  1.616.811  48.334  1.378.022  0  187.529  2.926  122.588  0  0  76.691  0  0  0  45.897    1.739.399  as entidades fi
TR or l
 NIS des  des  dos p
ADMI entida entida ntes  acilita
    ACTIVO   A) ACTIVO NO CORRIENTE    I. Inmovilizado Intangible    II. Inmovilizado Material    III. Inversiones Inmobiliarias  IV. Inversiones financieras a largo plazo en   del grupo, multigrupo y asociadas    V. Inversiones financieras a largo plazo   B) ACTIVO CORRIENTE    I. Activos en estado de venta    II. Existencias    III. Deudores y otras cuentas a cobrar.  IV. Inversiones financieras a corto plazo en   del grupo, multigrupo y asociadas    V. Inversiones financieras a corto plazo     VI. Ajustes por periodificación    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivale         TOTAL ACTIVO       Fuente: Elaboración propia a partir de los datos f 2021-14785n https://www.boe.es
 
  Anexo II.2-0.2-1/2 
 
     
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Cuenta del resultado económico-patrimonial 
(miles de euros) 
Ejercicio  Ejercicio 
DEBE 
corriente  anterior 
A)  TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA  1.168.280  1.124.757 
1.         Ingresos tributarios y cotizaciones sociales  773.910  750.622  
   a.      Impuestos  769.062  746.106  
   b.     Tasas  4.848  4.516  
   c.     Otros ingresos tributarios  0  0  
   d.     Cotizaciones sociales  0  0  
2.        Transferencias y subvenciones recibidas  371.589  355.647  
   a.      Del ejercicio  371.589  355.647  
      a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  68.489  62.256  
      a.2) transferencias   303.100  293.391  
a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 
0  0  
      financiación específica de un elemento patrimonial 
   b.     Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  0  0  
   c.     Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  0  0  
3.        Ventas netas y prestaciones de servicios  14.569  11.056  
   a.      Ventas netas   0  0  
   b.     Prestación de servicios  14.569  11.056  
4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
0  0  
      fabricación y deterioro de valor 
5.        Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  0  0  
6.        Otros ingresos de gestión ordinaria  8.212  7.432  
7.        Excesos de provisiones  0  0  
 
B)  TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA  (1.174.774)  (1.128.602) 
 
8.        Gastos de personal  (462.633)  (452.569)  
   a.     Sueldos, salarios y asimilados  (378.442)  (372.142)  
   b.     Cargas sociales  (84.191)  (80.427)  
9.        Transferencias y subvenciones concedidas  (450.397)  (413.990)  
10.        Aprovisionamientos  0  0   s
   a.     Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos  0  0   bo
    b .      Da pertoevriiosrioon daem vieanlotor sd e mercaderías, materias primas y otros  0   0    2021-14785n https://ww
        
 
        Anexo II.2-0.2-2/2 
           
11.        Otros gastos de gestión ordinaria  (249.773)  (249.968)  
   a.     Suministros y servicios exteriores  (247.217)  (247.745)  
   b.     Tributos  (2.556)  (2.223)  
12.        Amortización del inmovilizado  (11.971)  (12.075)  
Ejercicio  Ejercicio 
DEBE 
corriente  anterior 
I.     Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (6.494)  (3.845) 
13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
(3.423)  (111)  
      financiero y activos en estado de venta 
   a.     Deterioro de valor   0  0  
   b.     Bajas y enajenaciones  (3.423)  (111)  
   c.     Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  0  0 
14.        Otras partidas no dinerarias  3.560  1.270  
   a.     Ingresos  3.560  1.270  
   b.     Gastos  0  0  
II.     Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  (6.357)  (2.686) 
15.        Ingresos financieros  365  484  
   a.     De participaciones en instrumentos de patrimonio  0  0  
      a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0  0  
      a.2) En otras entidades  0  0  
   b.     De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  365  484  
      b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0  0  
      b.2) Otros  365  484  
16.        Gastos financieros  (14.402)  (13.229)  
   a.     Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0  0  
   b.     Otros  (14.402)  (13.229)  
17.        Gastos financieros imputados al activo  0  0  
18.        Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  0  0  
   a.     Derivados financieros  0  0  
   b.     Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados  0  0  
c.  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
0  0  
      para la venta 
19.        Diferencias de cambio  0  0  
20.  Deterioros de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
(1.719)  (4.218)  
      financieros 
   a.     De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0  0   oe.
   b.     Otros  (1.719)  (4.218)   785ww
IIVII..        RReessuullttaaddoo  d(Aeh loasrr oo poe draecsiaohnoersr ofi)n naentcoi edreals e (j1e5rc+i1c6io+ 1(I7I++1III8)+ 19+20)  ((1252..715163))   ((1169..966439))   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  
 
 
  Anexo II.2-1 
   
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Deudores presupuestarios 
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Saldos 
Años  Saldos netos  Cobros  Saldos finales 
iniciales 
Aumentos  Disminuciones 
2014 y anteriores  19.095  58  1.806  17.347  2.184  15.163 
2015  5.037   27  594  4.470  293  4.177 
2016  6.114   9  234  5.889  292  5.597 
2017  16.651   762  1.014  16.399  10.380  6.019 
2018    0  0  1.483.016  1.467.024  15.992 
TOTAL  46.897   856  3.648  1.527.121  1.480.173  46.948 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
   
 
  Anexo II.2-2 
     
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Deudores extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
             
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos 
inicial  final 
Depósitos para tasaciones  6  0  5  11  5  6 
Deudores reintegro de nóminas  1.398  0  188  1.586  86  1.500 
Otros deudores  3  0  24  27  0  27 
Anticipos Parlamento de La Rioja  556  0  4.900  5.456  5.144  312 
Licencias de obras  409  0  556  965  284  681 
Pagos pendientes aplicación Ppto. gastos  9  0  149  158  139  19 
De intereses de devoluciones  0  0  190  190  154  36 
Anticipo extraordinario FHC  0  0  4.000  4.000  4.000  0 
Anticipos de caja fija (varios)  0  0  3.268  3.268  3.268  0 
Otros pagos pendientes de aplicación  51  0  618  669  499  170 
TOTAL  2.432  0  13.898  16.330  13.579  2.751 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
 
 
  Anexo II.2-3 
 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Estado de flujos de efectivo 
(miles de euros) 
     
Concepto    
I  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  6.068 
A) Cobros  3.360.341 
 
B) Pagos  3.354.273 
 
II  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (49.892) 
C) Cobros   4.852 
 
D) Pagos  54.744 
 
III   FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  25.089 
E) Aumentos en el patrimonio  0 
 
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  0 
 
G) Cobros por emisión de pasivos financieros  305.282 
 
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  280.193 
 
IV  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN  0 
I) Cobros pendientes de aplicación  0 
 
J) Pagos pendientes de aplicación  0 
 
V  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  0 
VI  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
(18.735) 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I+II+III+IV+V) 
   Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  64.632 
   Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  45.897 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
    e.
 
  Anexo II.2-4 
 
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Acreedores no financieros. Presupuestarios 
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Saldos  Saldos 
Años  Saldo neto  Pagos 
iniciales  finales 
Aumentos   Disminuciones 
2012  0  0  0  0  0  0 
2013  16.968  0  0  16.968  16.868  100 
2014  19.778  0  3  19.775  1.810  17.965 
2015  20.863  0  0  20.863  1  20.862 
2016  17.903  0  1.556  16.347  100  16.247 
2017  131.657  0  0  131.657  114.410  17.247 
2018    0  0  1.213.879  1.084.993  128.886 
TOTAL  207.169  0  1.559  1.419.489  1.218.182  201.307 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
 
 
  Anexo II.2-5 
     
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
             
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificac.  Abonos  Total  Cargos 
inicial  final 
Ingresos de valores anulados  556  0  4.274  4.830  4.497  333 
Fondo de mejora en montes  5.129  0  736  5.865  308  5.557 
C/C Propiet. Gestión y Recaudación  14.385  0  60.241  74.626  65.363  9.263 
Hacienda Pública acreedora IRPF  6.292  0  37.887  44.179  39.123  5.056 
Seguridad Social acreedora  (40.612)   0  134.291  93.679  131.882  (38.203) 
Servicio Riojano de Salud. Retenciones IRPF  3.896  0  29.487  33.383  29.384  3.999 
Servicio Riojano de Salud. Retenciones SS  39.752  0  45.591  85.343  44.308  41.035 
Créditos a corto plazo  0  0  46.995  46.995  46.995  0 
Otros acreedores  19.332  0  176.105  195.437  174.754  20.683 
Ingresos pendientes de aplicación (SGI)  815  0  14.838  15.653  15.168  485 
Ingresos cuentas restringidas  67  0  1.518.750  1.518.817  1.518.598  219 
Otros ingresos pendientes de aplicación  6.558  0  107.530  114.088  106.558  7.530 
TOTAL  56.170  0  2.176.725  2.232.895  2.176.938  55.957 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
 
  Anexo II.2-6 
   
 
             
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Pasivos financieros: Empréstitos 
(miles de euros) 
                 
Pendiente a 
Pendiente 
%Tipos  Intereses  coste 
Fecha de  Importe  a coste 
Denominación  de  Aumentos  s/T.I.E no  Amortizac.  amortizado 
emisión  nominal  amortizado 
Interés  explícitos  31 de 
1 de enero 
diciembre 
21-03-13  CaixaBank, S.A.  0,0437  30.000  30.000  0  0  30.000  0 
30-04-13  CaixaBank, S.A.  0,0431  10.000  10.000  0  0  10.000  0 
10-10-13  BBVA  0,0378  30.000  30.548  0  (548)   30.000  0 
10-10-13  CaixaBank, S.A.  0,0378  8.000  8.146  0  (146)   8.000  0 
01-07-14  BBVA  1,8604  30.000  29.987  0  5  0  29.992 
01-07-14  B Santander  1,8604  20.000  19.991  0  4  0  19.995 
01-07-14  Natixis  1,8604  20.000  19.991  0  4  0  19.995 
10-07-14  Bankia  1,8604  15.000  14.996  0  1  0  14.997 
24-05-16  BBVA  0,1340  45.000  44.991  0  6  0  44.997 
30-05-16  HBSC France  0,1600  60.000  59.991  0  9  60.000  0 
27-09-16  HBSC France  0,1101  25.000  25.077  0  (47)   0  25.030 
03-04-17  HBSC France  0,4150  30.000  29.960  0  12  0  29.972 
03-04-17  Cecabank  0,4150  30.000  29.960  0  12  0  29.972 
28-12-17  Bankia  0,6960  30.000  29.919  0  13  0  29.932 
TOTAL  383.000  383.557  0  (675)   138.000  244.882 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
 
 
Anexo II.2-7 
 
     
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Pasivos financieros: préstamos 
(miles de euros) 
Préstamos  Pendiente de 
Pendiente de 
dispuestos   amortización 
Prestamista  amortización  Disposic.  Amortizac. 
al 31 de 
al 1 de enero 
Nº  Total  diciembre 
Abanca  1   45.000   45.000   0   0   45.000  
BBVA  1   70.000   70.000   0   0   70.000  
Banco de Crédito Local  2   13.500   3.150   0   800   2.350  
Banco Español de Crédito  1   25.000   7.812   0   3.125   4.687  
Banco Europeo de Inversiones  5   245.000   185.944   0   40.330   145.614  
Banco Pastor  1   23.000   7.390   0   2.941   4.449  
Banco Popular  4   81.000   81.000   0   17.000   64.000  
Banco Sabadell  3   78.000   78.000   0   0   78.000  
Banco Santander Central-Hispano  3   216.250   185.725   0   7.575   178.150  
Bankia  3   33.896   81.329   0   0   81.329  
Bankinter  1   30.000   30.000   0   0   30.000  
Caixabank  1   20.000   6.875   0   2.500   4.375  
Caja Rural de Navarra  1   20.000   20.000   0   0   20.000  
Depha Bank  1   20.000   8.846   0   1.538   7.308  
Dexia Sabadell Banco Local  3   35.015   14.569   0   1.791   12.778  
Ibercaja  3   45.500   14.077   0   3.885   10.192  
Instituto de Crédito Oficial  3   614.364   289.685   303.487   37.033   556.139  
Total largo plazo  37   1.615.525   1.129.402   303.487   118.518   1.314.371  
Banco Santander Central-Hispano  2   140.000   16.995   123.005   140.000   0  
Bankia  1   30.000   0   30.000   6.000   24.000  
CaixaBank  2   60.000   30.000   30.000   60.000   0  
Caja Rural de Navarra  1   20.000   0   20.000   20.000   0  
Ibercaja  1   20.000   0   20.000   20.000   0  
Unicaja  1   20.000   0   30.000   30.000   0  
Total corto plazo  8   290.000   46.995   253.005   276.000   24.000   e.
Préstamos del Estado  8   11.841   7.755   1.490   462   8.783   785ww
TOTAL  53   1.917.366   1.184.152   557.982   394.980   1.347.154 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas  
 
  Anexo II.2-8/1 
 
 
       
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Pasivos financieros: Operaciones a largo plazo formalizadas en 2018 
(miles de euros) 
             
Importe  % 
Tipo de   Entidad  Capital vivo a 
operación   Prestamista  formalizado  31/12/2018  Carencia  Tipo de  Amortización 
en 2018  interés 
s/tramo de  8 cuotas 
Préstamo LP  ICO  303.487   303.487   2 años 
disposición  anuales 
TOTAL PTOS. LARGO PLAZO  303.487   303.487        
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
 
  Anexo II.2-8/2 
   
 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Pasivos financieros: Operaciones a corto plazo formalizadas en 2018 
(miles de euros) 
             
Importe 
Fecha de 
Entidad  límite  Capital vivo  Fecha de 
Tipo de operación   vencimiento/ % Interés 
Prestamista  concertado  a 31-12-18  formalización 
reembolso 
en 2018 
Banco 
Póliza de crédito  70.000   0   07/02/2018  07/02/2019  4,50 
Santander 
Euribor + 
Póliza de crédito  Bankia  30.000   24.000   19/02/2018  19/02/2019 
0,36 
Euribor + 
Póliza de crédito  Caixabank  30.000   0   29/10/2018  28/10/2019 
0,10 
Póliza de crédito  Ibercaja  30.000   0   30/01/2018  30/01/2019  7,00 
Póliza de crédito  Unicaja  20.000   0   02/03/2018  01/03/2019  4,90 
IMPORTE TOTAL PTOS. CORTO 
180.000  24.000 
PLAZO       
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
   
       
  Anexo II.2-9 
 
 
   
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Remanente de Tesorería 
(miles de euros) 
       
Conceptos   Importes    
1.  Derechos pendientes de cobro    40.247 
   del Presupuesto corriente  15.992   
   de Presupuestos cerrados  30.956   
   de operaciones no presupuestarias  1.533   
   de dudoso cobro  0   
   cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  (8.234)   
2.  Obligaciones pendientes de pago    247.913 
   del Presupuesto corriente  128.989   
   de Presupuestos cerrados  72.419   
   de operaciones no presupuestarias  47.723   
   pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  (1.218)   
3.  Fondos líquidos    45.897 
I.  Remanente de Tesorería afectado    0 
II.  Remanente de Tesorería no afectado    0 
III.  Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)    (161.769) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
   
 
 
  Anexo III.1 
 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Año de creación y Fines 
     
Año de 
Sector Público Administrativo  Fines 
creación 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS       
Prestación  de  la  sanidad  pública  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad, encomendándole la dirección y gestión de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios titularidad 
Servicio Riojano de Salud (SERIS)  2002 
de la Administración Autonómica que le sean adscritos, 
incluidos los bienes y derechos afectos a los servicios 
sanitarios transferidos de la Seguridad Social estatal. 
Investigación,  promoción,  difusión  y  divulgación  de  la 
Instituto Estudios de Riojanos  2006 
ciencia y cultura riojanas y de sus valores. 
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Promover  el  desarrollo  económico  de  la  Comunidad, 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
1997  incrementar  y  consolidar  el  empleo  y  corregir  los 
Rioja (ADER) 
desequilibrios intraterritoriales. 
Defender los intereses globales de la juventud, impulsar su 
participación en el desarrollo de la Comunidad Autónoma, 
Consejo de la Juventud  1986 
promocionar el asociacionismo y promover el conocimiento 
de la cultura e historia de La Rioja. 
La  prestación  de  los  servicios  de  saneamiento  y 
depuración de aguas residuales, la gestión integral de 
residuos,  la  construcción  y/o  explotación  de 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
1998  infraestructuras municipales de abastecimiento de agua 
(CARE)  
potable,  que  le  sean  encomendadas  por  los  entes 
consorciados y la administración y distribución del canon 
de saneamiento. 
Consorcio para el servicio de extinción de 
Prevención y extinción de incendios, el salvamento y la 
incendios, salvamento y protección civil de  1999 
protección civil de La Rioja. 
La Rioja (CEIS) 
UNIVERSIDADES 
La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, 
la técnica y la cultura, la preparación para el ejercicio de 
actividades  profesionales  que  exijan  la  aplicación  de 
procedimientos y métodos científicos, tecnológicos o de 
creación artística, el apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, la difusión del conocimiento y 
Universidad de La Rioja  1992 
la  cultura,  la  formación  y  promoción  de  su  personal 
docente, investigador y de administración y servicios, el 
fomento de la formación integral de los miembros de la  e.e
comunidad universitaria, el estímulo del asociacionismo  bo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados puhonurim vlaeasrn seoitnsat riydio ad deye l ase  fpli sacfzoa. mlizeandtaos  del  respeto  a  los  derechos    2021-14785n https://www.
    
  Anexo III.2 
 
 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
Año de constitución y Objeto social 
 
   
Empresas públicas  Año constitución  Objeto social 
Rehabilitación  y  promoción  de  viviendas. 
Proyecto, construcción y conservación de las 
Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVISA)  1990 
infraestructuras  de  carreteras  de  titularidad 
autonómica. 
Promoción del turismo en La Rioja, promover y 
La Rioja Turismo, S.A.U.  2000 
gestionar equipamientos turísticos 
Promoción, constitución y explotación de las 
instalaciones turísticas y deportivas de toda 
Valdezcaray, S.A.  1974 
índole  para  las  actividades  de  esquí  y 
montaña en el municipio de Ezcaray. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas 
 
 
 
 
   
 
 
  Anexo III.3 
 
ENTI DADES DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
Año de creación y Fines fundacionales 
     
Año 
Fundación  Fines fundacionales 
creación 
Promoción de la acción social ayudando a personas en 
Fundación Benéfico-Social de La Rioja  riesgo  de  exclusión  social.  Promoción  y  financiación  de 
2006 
(FUBESOR)  actividades formativas de estudio y recreativas. Financiación 
de proyectos de carácter docente e investigador. 
Recopilar  y  facilitar  el  acceso  a  contenidos  científicos, 
Fundación Dialnet  2009  favorecer la cooperación internacional para potenciar el uso 
del español y la innovación tecnológica. 
Fundación General de la Universidad de La  Colaborar con la Universidad de La Rioja para promover su 
1997 
Rioja  consolidación académica. 
Actividades de asistencia sanitaria especializada, promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación 
Fundación Hospital Calahorra (FHC)  2000 
para los habitantes de La Rioja Baja y cualquier otro usuario 
que lo solicite. 
Documentar y difundir la vida y obra de Práxedes Mateo 
Sagasta en sus aspectos: político, profesional y humano y 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta  2002 
colaborar con otras organizaciones que persigan iguales 
fines. 
Promocionar, desarrollar, proteger y patrocinar el deporte, 
Fundación Rioja Deporte  2004  apoyar a los deportistas riojanos, así como, organizar y 
gestionar actividades y eventos deportivos. 
Provisión y prestación de servicios sanitarios, promoción de 
la salud y prevención de enfermedades, con significación 
especial de las patologías oncológicas y de aquellas de 
Fundación Rioja Salud (FRS)  2001 
mayor prevalencia o importancia para la salud pública, a 
través  de  programas  propios  o  concertados  con  otras 
entidades. 
Difundir la cultura de la innovación como herramienta de 
Fundación Riojana para la Innovación  2010 
desarrollo social y económico de La Rioja. 
Favorecer la protección y cuidado del medio natural de San 
Millán de la Cogolla y los monasterios de Suso y Yuso; 
investigar, documentar y difundir los orígenes de la Lengua 
Fundación San Millán de la Cogolla  1998 
Castellana; difundir el castellano en el mundo; así como 
fomentar el desarrollo social, económico, cultural y turístico 
de San Millán de la Cogolla y su entorno. 
Ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de 
edad  incapacitadas  judicialmente,  cuando  la  autoridad 
judicial  encomiende  su  ejercicio  a  la  Comunidad  y  la  e
Fundación Tutelar de La Rioja  2003  e.
administración de sus bienes. Guarda y protección de los  o
bienes  de  los  menores  desamparados  tutelados  por  la  w.
Comunidad.  785ww
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las entidades fiscalizadas