BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 85120
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11910 Resolución  de  15  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora mercantil de Granada a inscribir la escritura de reducción 
del capital social de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don J.M.S.J., como administrador único de «Xamai 
España 2019, S.L.», contra la negativa de la registradora mercantil de Granada, doña 
María Cristina Palma López, a inscribir una escritura de reducción del capital social de 
dicha sociedad.
Hechos
I
En escritura autorizada el 9 de enero de 2020 por el notario de Málaga don Miguel 
Esteban Barranco Solís, con número 42 de protocolo, se elevaron a público los acuerdos 
adoptados por la junta general de la sociedad «Xamai España 2019, S.L.» el 26 de 
septiembre de 2019, por los que se reduce el capital social con la finalidad de restituir 
aportaciones a uno de los socios, no otorgante de dicha escritura, cuyas circunstancias 
identificativas, según consta en la certificación de tales acuerdos, son las siguientes: 
“Orchard Holliding, LLC”, domiciliada en (…) Washington D.C., EE.UU., debidamente 
constituida con arreglo a las leyes de Washington D.C., (District of Columbia) en los 
Estados  Unidos  de  Norte  América,  y  registrada  en  el  Departamento  de  Asuntos 
Regulatorios y de Consumo del Gobierno del Distrito de Columbia de Washington, con 
número de certificado 140269…».
II
Presentada dicha escritura el 18 de febrero de 2020 en el Registro Mercantil de 
Granada, causando el asiento 642, diario 152, fue objeto de la calificación negativa que a 
continuación se transcribe:
«La registradora mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro  Mercantil,  ha  resuelto  no  practicar  conforme  a  los  siguientes  hechos  y 
fundamentos de derecho.
Hechos: …
Fundamentos de derecho (Defectos):
1.  No  consta  el  NIE  español,  ni  tampoco  su  nacionalidad  al  tratarse  de  una 
sociedad extranjera, de la mercantil "Orchard Holdings LLC", entidad a la que se le 
restituyen sus aportaciones, ya que deberán de constar completas sus circunstancias de  e
identidad de conformidad con lo dispuesto en el art. 331.1 de la LSC, y art. 202 y 38.2  bo
del RRM. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en cuyo artículo 18.1 se dispone  0w
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del mismo Real Decreto en lo que se refiere a los extranjeros, viene a establecer que "el
número de identificación fiscal será el número de identidad de extranjero que se les 
asigne o se les facilite de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social,  y  su 
normativa de desarrollo".
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15° del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
En relación con la presente calificación:
Todos los defectos son subsanables salvo aquellos en los que expresamente se 
manifieste lo contrario.
Puede instarse la aplicación del cuadro de sustituciones…
Puede impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Mercantil…
Cabe interponer recurso…
Granada, a 2 de marzo de 2020. La Registradora.»
III
El  19  de  junio  de  2020,  don  J.M.S.J.,  como  administrador  único  de  «Xamai 
España 2019, S.L.», interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito en 
el que alega lo siguiente:
«Primero.  Falta de NIE español.
La primera incidencia resaltada por el Registrador es referente a la falta de NIE 
español de una entidad extranjera como es Orchard Holding LLC. Como su nombre 
indica,  su  estructura  societaria  y  demás  elementos  no  es  una  entidad  presente  o 
establecida en España por lo que el NIE no es necesario. Tampoco lo era cuando se 
realizaron las inversiones en la entidad española y por tanto no consta en el libro de 
socios y se ha llevado a cabo la operación sin identificar dicho dato por no existir y no ser 
necesario.
Se cita el art. 29.2 b) de la Ley 58/2003 respecto al NIE de la entidad Orchard 
Holding LLC que ni tan siquiera es administradora o tiene cargo societario alguno y 
únicamente fue socia y retira la titularidad de sus participaciones sociales por medio de 
este acuerdo de reducción de capital. Dicha reducción de capital no conlleva nada más y 
nada menos que retirar lo que era propio por lo que el fondo del asunto no contempla 
efecto tributario alguno y en todo caso es un fenómeno tributario no registral.
La normativa tributaria, como cualquier norma es de general aplicación, pero los 
criterios y jerarquías de aplicación conllevan a que las normas del ámbito notarial, 
registral y mercantil son de preferencia aplicación. De estas normas se verifica que la 
identificación de los comparecientes es lo esencial y esta sociedad no es compareciente 
por lo que no es necesario su identificación por NIF para que el acto y operación llevada 
a cabo tenga efectos reales y efectivos y lleve a cabo su inscripción con efectos a 
terceros, especialmente porque de otra manera se bloquea el normal giro Mercantil y 
muy especialmente la aprobación de cuentas anuales que serán inadmitidas por el citado 
Registro Mercantil e impedirán la publicidad exigida normativamente.
No es que estemos propugnando la prevalencia y privilegio del giro mercantil sobre 
las normas tributarias, sino que es obstativo de la vida de la entidad a todos sus niveles, 
con el peligro de cierre de su hoja registral, respecto de la norma formal y necesaria de 
incorporar un NIF español respecto de una entidad extranjera que no ha comparecido en  e.
el documento notarial a inscribir en el Registro Mercantil. Pero sí instamos que es  w.b
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societaria devendrá en que no tenga vida y giro en el tráfico mercantil.
El Tribunal Supremo, ya consideró irrelevante la negativa a firmar el acta a efectos de 
entender válidamente constituida la junta como universal en su Sentencia de 16 de julio 
de 1994, declarando expresamente en la Sentencia de 29 de diciembre de 1999, lo 
siguiente: "mas en todo caso, aun cuando el acta de la Junta Universal no haya sido 
firmada por todos los socios, como prescribe el apartado 4.2 in fine del art. 97 RRM, no 
supone la pérdida de virtualidad del acta, sino un mero defecto que no alcanza a su 
validez, sin desdeñar que dichas firmas suponen una garantía de la veracidad del acta, 
en cuanto ratifican la presencia y aceptación de los socios", criterio éste confirmado por 
otras  sentencias  de  fecha  posterior  del  mismo  Tribunal,  como  la  de  18  de  marzo 
de 2002. Además, como indica la Sentencia del mismo órgano de 28 de febrero de 1989, 
"la certificación de acuerdos sociales emitida por quien tiene competencia para ello y sin 
dudarse sobre su firma, pues que aparece legitimada por Notario, ha de derivar sus 
efectos hacia la propia sociedad y hacia todos los accionistas". Y nos atrevemos a 
afirmar como desarrollo de la misma con efectos a cualesquiera tercero una vez quede 
inscrita en el Registro Mercantil.
Igualmente,  si  la  Dirección  General  del  Registro  y  Notariado  tuvo  ocasión  de 
pronunciarse sobre la misma cuestión en la Resolución de 17 de febrero de 1992 que el 
"primero de los defectos impugnados -no constar que el acta de la Junta ha sido firmada 
por los socios- carece de sólido fundamento, y ello por un doble motivo: a) Porque, aun 
cuando  el  acta  no  haya  sido  efectivamente  firmada  por  todos  los  socios  [como 
inequívocamente exige el art. 97.4 RRM, cuando de Juntas universales se trata], no por 
ello queda comprometida la validez y regularidad de los acuerdos adoptados, ni queda 
excluida la posibilidad de expedir certificaciones de su contenido. Tal omisión supone un 
mero  defecto  en  el  modo  de  documentar  los  acuerdos  de  los  órganos  sociales 
colegiados, que no trasciende a su validez intrínseca y aunque estas firmas implican 
indudablemente una garantía añadida de la veracidad del acta en cuanto ratifican la 
asistencia de todos los socios y la aceptación por ellos del orden del día, su omisión no 
restringe ni compromete la eficacia probatoria del acta en cuanto a estos extremos, que 
se funda en su adecuada aprobación y autorización (obsérvese a este respecto que las 
firmas de todos los socios en el acta de la Junta universal, ni siquiera se confunden con 
las formas de autorización a que se refiere el art. 99.2 RRM, y cuya omisión es la que 
impide expedir certificaciones de su contenido). b) Porque aunque tales firmas sean un 
dato necesario para la formación del acta, el hecho de su efectiva constancia o de su 
omisión no ha de recogerse en la certificación que sirve de base a la elevación a 
públicos de los acuerdos sociales, toda vez que -como se ha señalado- no afecta a la 
validez y regularidad de aquéllos (tal como se desprende de los arts. 107 y 112.2 del 
Reglamento del Registro Mercantil". Quiere ello decir que cualquier otro defecto formal, 
como la falta de NIF, no puede comprometer e impedir los efectos propios del acto u 
operación mercantil llevada a cabo sobre la que no existe lugar a dudas.
En definitiva propugnamos que la falta de acreditación del NIF no necesariamente 
conduce a denegar, en primer lugar, la autorización de la escritura, como así ha sucedido 
quedando autorizada notarialmente, sino también por las mismas razones, la inscripción 
por  el  Registrador  correspondiente,  porque,  de  lo  contrario,  perderían  sentido  las 
siguientes normas:
– Art. 24 Ley del Notariado.
En las escrituras públicas a las que se refieren este artículo y el artículo 23 de esta 
Ley, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración tributaria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, la información relativa a las  e.
operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el  w.b
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Art. 27: 2. En particular, deberá incluirse o comunicarse el número de identificación 
fiscal  en  las  siguientes  operaciones  con  trascendencia  tributaria:...  b)  Cuando  se 
pretenda adquirir o transmitir valores representados por medio de títulos o anotaciones 
en  cuenta  y  situados  en  España.  En  estos  casos,  las  personas  o  entidades  que 
pretendan la adquisición o transmisión deberán comunicar, al tiempo de dar la orden 
correspondiente, su número de identificación fiscal a la entidad emisora o intermediarios 
financieros  respectivos,  que  no  atenderán  aquella  hasta  el  cumplimiento  de  esta 
obligación, de acuerdo con el art. 109 Ley 24/1988, del Mercado de Valores.–... c) 
Cuando  se  formalicen  actos  o  contratos  ante  notario  que  tengan  por  objeto  la 
declaración, constitución, adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio y 
los demás derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o contrato con 
trascendencia  tributaria.  En  estos  casos,  se  deberá  incluir  en  las  escrituras  o 
documentos  el  número  de  identificación  fiscal  de  las  personas  o  entidades  que 
comparezcan  y  los  de  las  personas  en  cuya  representación  actúen.  -  Cuando  se 
incumpla esta obligación los notarios deberán presentar a la Administración tributaria la 
declaración informativa regulada en el artículo 51".
Art. 51: "Obligación de informar sobre personas o entidades que no han comunicado 
su  número  de  identificación  fiscal  o  que  no  han  identificado  los  medíos  de  pago 
empleados al otorgar escrituras o documentos donde consten los actos o contratos 
intervenidos por los notarios,
1.  El Consejo General del Notariado deberá presentar de forma telemática a la 
Administración tributaria una declaración informativa mensual, en la que se incluirá el 
nombre y apellidos de los comparecientes o de las personas o entidades en cuya 
representación actúen en el otorgamiento de escrituras o documentos en los que se 
formalicen  actos  o  contratos  que  tengan  por  objeto  la  declaración,  constitución, 
adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio y los demás derechos 
reales  sobre  bienes  inmuebles  o  cualquier  otro  acto  o  contrato  con  trascendencia 
tributaria, en las que se den las siguientes circunstancias:
a.  Que no hayan comunicado su número de identificación fiscal.
b.  Que no hayan identificado los medios de pago empleados por las partes, cuando 
la  contraprestación  haya  consistido  en  todo  o  en  parte  en  dinero  o  signo  que  lo 
represente.
2.  Cada  declaración  informativa  se  presentará  antes  de  finalizar  el  mes  y 
comprenderá las operaciones realizadas durante el mes precedente."
Por tanto, la propia norma establece la forma de llevar a cabo posible la operación 
mercantil  llevada  a  cabo:  reducción  de  capital,  y  la  identificación  en  su  caso  por 
transcendencia  tributaria  del  afectado  aunque  no  compareciente  como  es  Orchard 
Holding  LLC.,  correspondiente  a  la  obligación  de  informar  por  vía  del  art.  51 
RD 1065/2007 respecto a la falta de acreditación de NIF o en su caso de la propia 
operación a los efectos oportunos.
F.L, citando el argumento empleado por OCP en su Comunicación 1/2008, viene a 
identificar que la obligación notarial y registral es de actividad y no de resultado (decía la 
comunicación que toda obligación parte de la actividad profesional o empresarial del 
otorgante basándose en sus manifestaciones), de modo que, en este caso, el notario lo 
hará constar así en el instrumento público que autorice o inscriba, así como lleve a cabo 
las demás obligaciones o acciones que correspondan. e.
A.M. afirma que la cuestión fundamental es el titular real lo que de manera clara y  w.
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título por declaración del titular real.
Por tanto ni formalmente, la falta de acreditación del NIF de la entidad Orchard 
Holliding LLC, ni materialmente, la existencia de una operación oculta a la Hacienda 
Pública o a las medidas de control de blanqueo de capitales, conllevan la suspensión y 
no inscripción de la operación mercantil de reducción de capital llevada a cabo.
Segundo.  Además de lo anterior, no podemos olvidar que una vez si fuera ello 
necesario se comunicara a la Agencia Tributaria, ésta procederá de oficio a otorgar NIF 
de oficio conforme al art. 19 RD 1065/2007,11evando a cabo la finalidad buscada por el 
Registro Mercantil. La Administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta 
en el Censo de Obligados Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que 
corresponda.
En definitiva tenemos que advertir que la norma citada por el Sr. Registrador para 
suspender la inscripción, además de ser tributaria y no técnicamente mercantil o registral 
que  impida  la  inscripción  correspondiente,  no  es  directamente  aplicable  sin  una 
interpretación  conjunta  con  el  Reglamento  de  desarrollo  y  por  tanto  habiéndose 
habilitado vías de actuación diferentes a la tomada por el Sr. Registrador (obstativa de 
inscripción del título notarial) como es la comunicación a la Agencia Tributaria del título 
notarial y además existir la opción de otorgar NIF exigido por la propia Agencia Tributaria 
no  puede  impedirse  el  giro  en  el  tráfico  habitual  mercantil  de  la  sociedad  Xamai 
España 2019 S.L., que es lo que ocurriría en caso de no inscribirse la reducción de 
capital que consta en el título que se presenta a inscripción.
Tercero.  Se ha suspendido el plazo de presentación de este recurso por disposición 
del RD 463/2020 y por tanto se presenta en plazo y forma una vez que se ha dispuesto 
la continuidad de los plazos correspondientes».
IV
El 7 de julio de 2020, la registradora elevó el expediente, con su informe, a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 24 de la Ley del Notariado; 331 de la 
Ley de Sociedades de Capital; 35.4 y 29.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; 4.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social; 38 y 202 del Reglamento 
del Registro Mercantil; 3.1, 4.2, 18.1, 20.1 y 23.1 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de 
julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos; 62.b) del Reglamento del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 1993, 20 de abril y 2 de octubre 
de 1998, 14 de julio y 20 de octubre de 2000, 22 de marzo de 2001, 1, 21, 22 y 23 de 
febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 2 de abril, 4 de mayo, 13 y 28 de octubre y 18 
de noviembre de 2005, 25 de julio de 2006, 31 de enero, 21 de marzo y 25 de octubre 
de 2007, 14 de abril, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 3, 25 y 26 de enero y 10 de 
mayo de 2011, 18 de enero, 28 de febrero, 22 de mayo y 16 y 20 de julio de 2012, 15 
y 25 de febrero y 10 de diciembre de 2013, 20 de enero de 2014 y 12 de diciembre 
de 2016. e.
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acuerdos-  es  una  sociedad  extranjera  domiciliada  en  los  Estados  Unidos  de 
Norteamérica, constituida con arreglo a las leyes de Washington, D. C..
El defecto objeto de impugnación consiste en que, según expresa la registradora en 
su calificación, no consta el número de identidad de extranjero (N.I.E.) de la sociedad a 
la que se restituyen sus aportaciones, exigencia que, a su juicio, resulta de lo establecido 
en los artículos 331.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 38.2 y 202 del Reglamento del 
Registro Mercantil, y 18.1 y 20.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
2.  Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor 
de las exigencias legales para su reducción ha de observarse escrupulosamente en la 
medida que puede comprometer las expectativas de cobro de los acreedores sociales, 
riesgo que existe claramente cuando la reducción del capital social comporta disminución 
del patrimonio neto por realizarse devoluciones a los socios. El sistema ordinario de 
reducción con restitución del valor de aportaciones sociales gira, básicamente, en torno a 
la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la 
sociedad hasta el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus 
aportaciones (cfr. artículo 331, apartados 1 a 3, de la Ley de Sociedades de Capital), lo 
que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades 
percibidas  por  cada  uno  de  ellos  con  su  correspondiente  publicidad  registral 
(artículo 331.4 de la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones de este Centro 
Directivo de 3 y 25 de enero de 2011, 10 de diciembre de 2013 y 12 de diciembre 
de 2016, entre otras). Por ello, el Reglamento del Registro Mercantil, en el artículo 201.3, 
dispone que «cuando la reducción de capital hubiera tenido por finalidad la restitución de 
aportaciones,  en  la  escritura  se  consignarán  además:  (…)  2.º  La  identidad  de  las 
personas a quienes se hubiere restituido la totalidad o parte de las aportaciones sociales 
(…)». Y, según el artículo 202.3.º del mismo Reglamento (además de lo establecido en el 
citado  artículo  331.4  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital),  ésta  es  una  de  las 
circunstancias que deben hacerse constar en la inscripción, de modo que deberán 
quedar reflejados en el asiento los datos de identidad exigidos por el artículo 38 del 
citado Reglamento.
Tratándose de personas físicas extranjeras este artículo 38 exige que se haga 
constar el «número de identificación de extranjeros, el de su pasaporte, el de su tarjeta 
de residencia, o de cualquier otro documento legal de identificación, con declaración de 
estar vigentes». Añade el precepto que «se consignará el número de identificación fiscal, 
cuando se trate de personas que dispongan del mismo con arreglo a la normativa 
tributaria», norma que resulta aplicable tanto a nacionales como a extranjeros. Y si se 
trata de personas jurídicas, según el mismo artículo reglamentario, se indicarán los datos 
de  identificación  registral  y  «el  número  de  identificación  fiscal,  cuando  se  trate  de 
entidades que deban disponer del mismo con arreglo a la normativa tributaria», exigencia 
ésta también aplicable a las personas jurídicas extranjeras.
Por tanto, a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban 
constar en la hoja abierta a la sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será 
obligatorio que conste un número de identificación fiscal.
3.  La  norma  que  regula  en  la  actualidad  la  obligatoriedad  del  número  de 
identificación fiscal para personas físicas y jurídicas es el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, en cuyo artículo 18.1 se dispone que: 
«Las personas físicas y jurídicas, así como los obligados tributarios a que se refiere el  s
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrán un  oe.
número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia  w.
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fiscal español asignado a las personas jurídicas extranjeras. Por su parte el artículo 23.1 
del mismo Reglamento establece que las personas jurídicas «que vayan a ser titulares 
de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación 
de un número de identificación fiscal. En el caso de que no lo soliciten, la Administración 
tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de Obligados Tributarios y 
a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda».
4.  En el presente caso, la escritura calificada contiene un acto del que ser derivan 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, pues a la socia única de que se 
trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, como por 
ejemplo  la  que  deriva  del  artículo  62.b)  del  Reglamento  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  aprobado  por  Real 
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, según el cual estará obligado al pago del impuesto a 
título de contribuyente, en la reducción de capital social, los socios por los bienes y 
derechos recibidos.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1191n https://w