BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Sábado 28 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 27562
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
4156 Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla 
una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los 
ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.
El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, 
para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del 
Presidente  del  Gobierno,  el  Ministro  de  Sanidad  tendrá  la  condición  de  autoridad 
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás 
áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros 
designados como autoridad competente delegada a los efectos de este real decreto.
En  concreto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  4.3  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar 
las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su 
ámbito  de  actuación  como  autoridad  delegada,  sean  necesarias  para  garantizar  la 
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección 
de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas 
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio, cuyo párrafo b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones 
personales  obligatorias.  Para  ello,  no  será  precisa  la  tramitación  de  procedimiento 
administrativo alguno.
En estos mismos términos, los artículos 8.2 y 13.c) del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo habilitan a la autoridad delegada competente por razón del estado de alarma a 
la imposición de prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles para 
la consecución de las finalidades de este real decreto.
Asimismo, conforme al artículo 4.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a los 
efectos del ejercicio de las funciones derivadas del estado de alarma, la autoridad 
competente es el Gobierno, al resultar imprescindible que todas las disposiciones y 
medidas que en adelante sea necesario adoptar con ocasión del COVID-19, lo sean de 
acuerdo a los principios de coordinación y unidad de decisión. Por tanto, para garantizar 
la  coherencia  en  la  toma  de  decisiones,  asegurar  la  efectividad  de  las  medidas  y 
favorecer la cohesión y la equidad en el conjunto del territorio nacional, todas las 
disposiciones y medidas que en el ámbito autonómico sea preciso adoptar en relación 
con el estado de alarma ocasionado por el COVID-19, serán establecidas por el Ministro 
de  Sanidad  en  todos  aquellos  supuestos  en  los  que  este  actúe  como  autoridad 
competente delegada. Las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de 
estas medidas y disposiciones en el ámbito local.
Adicionalmente, el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé la 
adopción de medidas necesarias por empresas y proveedores que, no teniendo la  s
consideración de críticos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por  oe.
la  que  se  establecen  medidas  para  la  protección  de  infraestructuras  críticas,  son  w.
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de falta de personal que se está produciendo en los centros y entidades públicos y
privados acreditados que proveen de tales servicios sociales esenciales, se hace preciso  Bc
adoptar una serie de medidas en relación con los recursos humanos de este sector que 
garanticen la adecuada y debida asistencia de los señalados colectivos.
Las medidas que se contienen en la presente orden son las imprescindibles para 
hacer frente a la situación descrita y la competencia para su adopción, recae en el 
Ministerio de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 4 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
resuelvo:
Primero.  Objeto.
Esta orden tiene por objeto el establecimiento de medidas especiales en materia de 
recursos humanos para la garantía del correcto funcionamiento del sistema de servicios 
sociales en su conjunto y la continuidad de los mismos, en desarrollo y aplicación de lo 
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.  Ámbito de aplicación.
Esta orden es de aplicación a todos los centros y entidades que presten cualquiera 
de los servicios contenidos en el Catálogo de Referencia aprobado por Acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia el 16 de enero de 2013, con independencia de su titularidad, así como a 
sus  trabajadores  y  trabajadoras  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  de  su  relación 
contractual o administrativa.
A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  presente  orden,  los  centros  y  entidades  de 
titularidad privada a los que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de 
operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Tercero.  Régimen de prestación de servicios.
1.  El  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  (Imserso)  y  las  comunidades 
autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia en materia de servicios sociales 
podrán  adoptar  en  materia  de  servicios  sociales  las  medidas  necesarias  para  la 
protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y 
trabajadoras de los servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios, ya sea 
en razón de su duración o de su naturaleza.
Las medidas que se adopten deberán contribuir a la correcta prestación de los 
servicios sociales objeto de esta orden y deberán utilizar de manera racional los recursos 
humanos  disponibles.  Asimismo,  deberán  atender  a  los  principios  de  necesidad  y 
proporcionalidad.
Dichas medidas no serán de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado 
de gestación.
2.  El personal de los centros y entidades a que se refiere el apartado segundo 
contará con acreditación suficiente expedida por su entidad o empresa para que le sean 
de aplicación los supuestos pertinentes del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
3.  Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones  s
distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, si bien  oe.
preferentemente dichas funciones serán similares o análogas a las del puesto que se  w.
viene desempeñando y teniendo en cuenta la capacitación profesional. Asimismo, se  56ww
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para ser requerido en cualquier momento para la prestación de tareas presenciales, con 
excepción  de  aquellas  personas  que  se  encuentren  en  situación  de  aislamiento 
domiciliario por COVID-19. Lo anterior afecta también al personal administrativo mínimo 
imprescindible para el desarrollo de los servicios.
5.  Asimismo, podrán adoptase las medidas que se consideren precisas en materia 
de jornada de trabajo y descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de 
jornada.
Cuarto.  Medidas excepcionales para la contratación o reincorporación de personal.
1.  Es de inmediata aplicación el Acuerdo de 20 de marzo de 2020 del Consejo 
Territorial  de  Servicios  Sociales  y  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la 
Dependencia,  por  el  que  se  modifican  temporalmente  los  criterios  comunes  de 
acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia.
2.  Se autoriza, previa valoración por la autoridad competente de la oportunidad de 
la medida y de la idoneidad del trabajador, a la contratación temporal, a jornada parcial o 
completa,  de  personal  que  se  encuentre  cursando  el  último  año  de  los  estudios 
requeridos para la prestación de los correspondientes servicios en los distintos ámbitos 
del sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y que, en consecuencia, no se halle en posesión del preceptivo título 
académico o de la habilitación profesional correspondiente.
3.  El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio 
de funciones sindicales deberá reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus 
funciones en atención a la situación generada por el COVID-19.
La reincorporación de estos trabajadores no supondrá el cese del personal sustituto 
que pudiera existir.
Quinto.  Vigencia.
Lo previsto en esta orden será de aplicación hasta la finalización del estado de 
alarma  declarado  por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  y  sus  posibles 
prórrogas.
Sexto.  Régimen sancionador.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo,  el  incumplimiento  o  resistencia  a  las  medidas  adoptadas  en  virtud  de  lo 
establecido en la presente orden, será sancionado con arreglo a las leyes, en los 
términos previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Séptimo.  Desarrollo y ejecución.
Corresponde  al  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  (Imserso)  y  a  las 
autoridades  competentes  de  cada  comunidad  autónoma  dictar  las  resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, 
sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden.
Octavo.  Modificaciones presupuestarias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de  o
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y  56ww
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Dependencia para la financiación de las actuaciones previstas en la presente orden.
Noveno.  Efectos.
Esta orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Décimo.  Régimen de recursos.
Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Madrid, 26 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.