BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103024
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14640 Sala Segunda. Sentencia 143/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 4181-2018. Promovido por don Josep Bru Segura y dos personas 
más en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de 
Barcelona en proceso sobre aceptación de herencia. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de incidente de nulidad de 
actuaciones fundada en la necesidad de interponer recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal.
ECLI:ES:TC:2020:143
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4181-2018, promovido por don Josep Bru Segura, 
doña Josefa Bru Segura y doña María Teresa Bru Segura, contra los siguientes actos de 
los  poderes  públicos:  (i)  la  providencia  de  la  Sección  Undécima  de  la  Audiencia 
Provincial de Barcelona, de 21 de diciembre de 2017, que inadmitió a trámite el incidente 
de nulidad de actuaciones contra la sentencia de dicho tribunal, de 3 de noviembre 
de 2017, estimatoria de recurso de apelación interpuesto de contrario; (ii) el auto de 13 
de abril de 2018, de la misma sección juzgadora, que denegó el recurso de aclaración 
promovido por los aquí recurrentes contra la resolución anterior, y (iii) el auto también de 
la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 18 de mayo de 2018, 
estimando parcialmente la aclaración solicitada por la misma parte procesal respecto del 
auto de 13 de abril de 2018. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y actuado como parte 
personada don Bernat Bosch Felip. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 20 de julio 
de 2018, el procurador de los tribunales don Luis Fernando Álvarez Wiese, actuando en 
nombre y representación de don Josep Bru Segura, doña Josefa Bru Segura y doña 
María Teresa Bru Segura, bajo la defensa del letrado don Jesús María Reina Gómez, 
interpuso demanda de amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 640www.
de  a2)0 14P, ora netsec reitol  Jduez glaa dporo cduer aPdorirma edrao ñaIn sEtlasnac iRai bneúram .S i3e rrdae f eIcghuaadlaod eal  3se1  dinet emrpaurszoo 
Fdeemlipa, ndima pdueg njuaincdioo  olrad ineasrcior itpuorar  dfoirnm aPdead rop oBrr ua Fmebliops,  ceoln t1ra8  sdue h eargmoasntoo  ddoen  1L9u9is4  Bdreu   BOE-A-cable e
manifestación y aceptación de herencia de sus padres, don José Bru Seroles y doña 
María Teresa Felip Pallerols. Conforme a dicho reparto, y en lo que aquí importa, don 
Luis recibió en propiedad una finca rústica procedente de la heredad denominada «La 
Massa», que se valoró entonces en la cantidad de 1 700 000 pesetas. En el escrito de 
demanda se pretendía, de un lado, la declaración de nulidad de la llamada cuarta 
trebeliánica (derecho a una cuarta parte de los bienes en los casos de aceptación de 
herencia fideicomisaria y bajo ciertos requisitos, institución regulada en los arts. 198 y ss. 
de la compilación de Derecho civil de Cataluña de 21 de julio de 1960) recibida por el 
demandado, alegándose la ausencia de inventario de los bienes; y de otro lado la 
anulabilidad de la adjudicación al demandado de aquella finca rústica por vicios del 
consentimiento, ex arts. 997, 1265, 1269 y 1270 del Código civil (CC), por haber actuado 
este  con  dolo  o  engaño  acerca  de  su  verdadero  valor  y  las  posibilidades  de 
edificabilidad,  al  hallarse  incluido  en  un  plan  parcial  urbanístico  de  Igualada  que 
necesariamente el demandado debía conocer cuando suscribió la escritura de reparto de 
bienes, no así el demandante.
b)  La secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Igualada dictó 
un decreto el 15 de abril de 2014, por el cual se admitió a trámite la demanda y se 
dispuso su tramitación por las normas del juicio ordinario (núm. 255-2014), ex art. 249 de 
la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), al haber alegado el actor que la controversia era de 
cuantía indeterminada (fundamento de Derecho cuarto del decreto).
c)  Por escrito presentado por la procuradora de la parte actora el 16 de abril 
de 2015, se comunicó al juzgado el hecho del fallecimiento de don Pedro Bru Felip el 17 
de marzo anterior, apareciendo como herederos sus hijos don Josep, doña María Teresa 
y doña Josefa Bru Segura, a cuyo efecto se solicitó la suspensión del proceso hasta que 
se pudiera acreditar su condición de herederos.
La secretaria judicial del juzgado a quo dictó diligencia de ordenación el 15 de junio 
de 2015, teniendo por acreditada la representación de la procuradora actuante, así como 
la condición de sucesores procesales de los tres hijos mencionados del demandante, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 16 LEC.
d)  El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Igualada dictó sentencia el 1 de 
septiembre de 2015 parcialmente estimatoria de la demanda, con declaración de nulidad 
de la escritura de manifestación y aceptación de herencia, «por haber concurrido vicio 
del consentimiento, consistente en dolo en su otorgamiento», y nulidad de todas las 
operaciones contenidas en la citada escritura y de los actos realizados en su ejecución; 
resultando por el contrario desestimada la petición de nulidad de la detracción de la 
cuarta trebeliánica.
e)  Contra dicha sentencia se interpusieron por ambas partes sendos recursos de 
apelación. Una vez recaído el conocimiento del recurso en la Sección Undécima de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (recurso de apelación núm. 75-2016), consta que con 
fecha 20 de abril de 2016 el letrado de la administración de justicia dictó un decreto por 
el que, accediendo a lo solicitado por la procuradora del demandado apelante don Luis 
Bru Felip, tuvo por acreditado el fallecimiento de este, así como la condición de heredero 
universal y consiguiente sucesor procesal de su hijo don Bernat Bosch Felip, a quien se 
tuvo por «personado y parte ocupando la misma posición que el causante».
Con fecha 3 de noviembre de 2017, la sección juzgadora dictó sentencia «estimando 
íntegramente»  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada,  con 
revocación íntegra de la sentencia de primera instancia, y desestimación íntegra de la 
demanda presentada, «absolviendo totalmente a la parte demandada» e imposición  s
a la actora de las costas de primera instancia, sin imposición de las de alzada. En  oe.
síntesis la audiencia estima el primer motivo del recurso de apelación de la parte  w.
demandada, que planteaba la caducidad de la acción de anulabilidad de la escritura de  640ww
mdeasndifee satnatceiós nd ye  ascuespctraibciirósne  dlae  leas hcreitruernac idae,  p1o9r 9c4u asnet oe ssteagbúan  eenl ctraibuuzannadl «oe eran  nIgoutoarliaod»a q uune 
ipnrdoucdeasob led ey  uar blaa nviizsatac»ió dne d teold Polsa nq udee  slea  hMaa lsesvaa,n yta qduoe u enn b laorsri oa ñnouse vpoo,s htearbioierensd o« hsuar gsiiddoo   BOE-A-cable e
de la finca rústica de referencia varias fincas urbanas, aunque no se haya edificado 
sobre ellas. Que, además, no hay elemento de prueba o indicio que sostenga que podía 
haber estado el actor bajo engaño continuado y eficaz. A criterio de la Audiencia, 
muchos  años  antes  de  la  fecha  en  que  la  demanda  de  instancia  sitúa  como  de 
conocimiento del valor real del inmueble (15 de febrero de 2013) y también de la fecha 
de  interposición  de  dicha  demanda,  habían  trascurrido  ya  los  cuatro  años  para  el 
ejercicio de la acción de anulabilidad. El conjunto de la prueba «desmonta la tesis del 
dolo  y  apunta  a  un  consortium  fraudis  entre  los  interesados,  una  simulación  del 
verdadero precio de los bienes de la herencia, con clara finalidad de elusión fiscal». En 
consecuencia, dice la sección competente que procede acordar la caducidad de la 
acción ex art. 1391 CC, lo que la releva de examinar los demás motivos del recurso, con 
los efectos que ya se han señalado en su dispositiva.
La sentencia no tenía pie de recurso.
f)  La  procuradora  de  los  actores  aquí  recurrentes  presentó  escrito  el  15  de 
diciembre de 2017, promoviendo la nulidad de la sentencia de apelación ex art. 241 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), al haber fundado su decisión «en un pronunciamiento arbitrario, 
ilógico e irrazonable acerca de la existencia de un hecho notorio y de un consortium 
fraudis  entre  las  partes».  Se  citan  en  apoyo  de  la  nulidad  sentencias  del  Tribunal 
Supremo que se refieren a su vez a este Tribunal Constitucional, diciendo que se 
produce la vulneración de aquel derecho fundamental cuando existe un «error manifiesto 
de carácter objetivo en la fijación de las premisas de las que parte la argumentación» de 
la sentencia, como aquí sucedería; citando a continuación doctrina constitucional sobre 
esta  vertiente  del  art.  24.1  CE  –derecho  a  una  resolución  jurídicamente  fundada– 
(«SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 
de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 
55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 325/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; 61/2008, de 26 de 
mayo, FJ 4»). En síntesis, en el escrito de nulidad se niega que exista un hecho notorio 
acerca de la situación urbanística de la finca rústica adjudicada al demandado, en los 
términos señalados en la sentencia de apelación; reitera que sí hubo engaño continuado 
y eficaz; y que no concurrió consortium fraudis entre las partes; todo ello con mención a 
los distintos medios de prueba obrantes en las actuaciones. El escrito pedía que se 
anulara la sentencia de 3 de noviembre de 2017, para que se dictara otra respetuosa con 
el derecho constitucional vulnerado.
g)  En respuesta a la solicitud de nulidad, la Sección Undécima dictó el 21 de 
diciembre de 2017 una providencia en la que acordó:
«Inadmito  a  trámite  la  petición  formulada  por  la  parte  consistente  en  promover 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones  a  fin  de  anular  la  sentencia  dictada  el  3  de 
noviembre de 2017, con el fin de que se dicte nueva sentencia en la que se respete el 
derecho constitucional que se entiende vulnerado. Y ello ya que, conforme al art. 228.1 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), solo excepcionalmente se podrá pedir la nulidad 
de actuaciones, siempre que la vulneración de un derecho fundamental no haya podido 
denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha 
resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, requisito este último 
que no se cumple en el presente supuesto.»
h)  Notificada la anterior resolución, la procuradora de los aquí recurrentes presentó 
escrito solicitando la aclaración de lo resuelto al amparo del art. 214 apartados 1 y 2 LEC  e
y art. 267 LOPJ, «en el sentido de especificar qué concreto/s recurso/s ordinario y/o  bo
extraordinario cabía interponer contra la citada sentencia, toda vez que (1) en la misma  640ww
enxop rsees ióens peenc iefisctóe  dúilctihmoo  ecaxtsroe,m doe, l eresc udrescoi rq, usei  pcraobcíead íaal,g dúenl  órergcaunrsoo  ancoten teral  qeulela ,d ecboína 
cinutaenrptíoan edresle  pyro cdeedl impliaeznoto p easrata breac ufirjaridr a( ccoonmfoorm ined eatle armrtíincualdoa  2y0, 8p.4o r LtEaCnt)o ,y  nqou ee x(c2e)d ílaa 
de 600 000 €».
i)  La sección competente dictó auto el 13 de abril de 2018 desestimando la petición 
de aclaración, señalando lo siguiente:
«Fundamento de Derecho:
Primero.  De conformidad con lo previsto en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), en relación con el artículo 214.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
los órganos judiciales no pueden variar las resoluciones que pronuncien después de 
firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de 
que adolezcan.
La aclaración puede realizarse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
publicación de la resolución, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal formulada 
dentro del mismo plazo. Mientras que los errores materiales manifiestos y los aritméticos 
en que incurran las resoluciones pueden ser rectificados en cualquier momento.
Segundo.  En el presente caso, no procede la aclaración solicitada en atención a 
la/s siguiente/s razones:»
El auto no trae más fundamentación, pasando a la parte dispositiva.
j)  Por el representante procesal de los recurrentes se dedujo escrito en solicitud de 
corrección del auto mencionado con base en los arts. 214.3 LEC y 267 apartados 3 y 4 
LOPJ, por cuanto: «En el fundamento de Derecho segundo se dice que "[e]n el presente 
caso, no procede la aclaración solicitada en atención a las siguientes razones:", y no 
consta nada más, es decir, que no se ha dado razón alguna. […]. En el presente caso, la 
corrección es sencilla, pues se trata de hacer constar las razones por las que no procede 
la aclaración solicitada».
k)  La sección ad quem dictó auto el 18 de mayo de 2018, estimando en parte la 
aclaración solicitada, razonando lo que sigue:
«Primero.  Ciertamente,  nuestro  auto  de  13  de  abril  de  2018  aparece  con  un 
fundamento Jurídico (2.º) en blanco, prácticamente.
Aunque son, en síntesis las mismas razones que las expuestas en la providencia 
de  21  de  enero  de  2017,  es  preciso  completar  esta  resolución  en  debida  forma 
transcribiendo  efectivamente  las  razones  de  la  sala  para  desestimar  la  petición  de 
aclaración  formulada  (que  no  aparece  por  razones  que  se  nos  escapan  –error  de 
transcripción o de tratamiento informático no advertido al firmar–).
Las razones son las siguientes:
"1.º)  Si bien es cierto que al cuerpo [sic] de la sentencia no contiene mención de 
posibles recursos y que ello es una mala práctica derivada de que se solía notificar con la 
notificación (y hasta era una labor reivindicada por los secretarios), nunca se ha pedido 
compleción de la misma a este efecto dentro del plazo de dos días del art. 215 LEC.
2.º)  La sentencia fue notificada en fecha 15-11-2017 a las dos partes. Nadie pidió 
aclaración alguna, como hemos visto, en plazo. En fecha 18-12-2017 se presenta un 
escrito interponiendo incidente de nulidad de actuaciones que ha sido inadmitido por 
entender que debieron articularse las supuestas causas de nulidad en o a través del 
recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  (plazo  veinte  días  hábiles  desde  la 
notificación, art. 470 LEC, de suerte que cuando se interpone el incidente ya ha precluído 
el plazo), recurso que solo puede admitirse si se interpone conjuntamente con el de 
casación (siendo la tramitación del litigio a todas luces por cuantía indeterminada solo 
cabía el recurso de casación por interés casacional). e.e
3.º)  Sigue entendiendo esta sala que no cabía dar entrada al incidente de nulidad  b
por cuanto no se había siquiera intentado recurrir. 640ww
pret4e.nºd) ienSdeo  qpuideió la  eenm is8o-r1a- 2d0e1b8ió  uinncalu ira lcolas rraeccióunrs odse q ulea  capbroíavnid econncitara  ldae s e2n1te-1n2c-ia2.0 L1o7 
hcuuabli enroa  peesd aidsoí,. ''por cuanto su aclaración debería de haberlo sido de la sentencia, si se
Segundo.  No proceden tampoco ahora más aclaraciones que las que se hacen 
aquí.»
l)  Notificada esta última resolución se interpuso el presente recurso de amparo.
3.  La demanda de amparo alega que la providencia de la Sección Undécima de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de diciembre de 2017, completada por auto 
de 13 de abril de 2018 que denegó la aclaración, y por otro posterior de 18 de mayo 
de 2018 que estimó parcialmente igual solicitud, vulneró el derecho de los recurrentes a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al haber inadmitido el incidente de nulidad de 
actuaciones presentado, incurriendo en arbitrariedad y carencia de toda motivación. Tras 
referirse  a  los  pronunciamientos  de  la  sentencia  de  apelación  de  3  de  noviembre 
de 2017, añade que esta no traía pie de recurso, «algo superfluo pues ya se sabía por 
esta parte que, siendo una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia 
Provincial  de  Barcelona,  contra  la  misma  podía  caber  la  interposición  de  recurso 
extraordinario por infracción procesal y/o casación, pero no de manera absoluta, sino 
solamente  si  se  daban  algunos  de  los  supuestos  establecidos  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil […]. Por ello, aunque en la sentencia se hubiese especificado que 
cabía  la  interposición  de  los  recursos  de  casación  y/o  extraordinario  por  infracción 
procesal,  esta  parte  tampoco  los  hubiera  interpuesto  por  entender  que  no  eran 
procedentes».
Expone a continuación la demanda que existen una serie de criterios aprobados por 
la Sala Primera del Tribunal Supremo en un pleno no jurisdiccional de 27 de enero 
de 2017, sobre admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción 
procesal, en cuya virtud la revisión del juicio de valoración de la prueba no es materia 
controlable en sede de tales recursos, excepto el error patente revestido de ciertos 
requisitos y a través del recurso extraordinario por infracción procesal. Continúa diciendo 
que  antes  de  la  fijación  de  esos  criterios  por  la  Sala  del  alto  tribunal,  en 
sentencias 77/2014, de 3 de marzo, y 304/2009, de 12 de mayo, atendida la doctrina 
constitucional, habían estimado la infracción procesal basada en «la existencia de un 
error manifiesto de carácter objetivo en la fijación de las premisas de las que parte la 
argumentación» de la resolución impugnada. Ahora bien, es también necesario en este 
caso determinar la procedencia del recurso de casación, el cual solo puede basarse en 
la infracción de normas sustantivas ex art. 477.1 LEC, y que conforme al punto 3.3 A) del 
acuerdo del pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017 de la Sala Primera antes 
mencionado, si se interpone recurso de casación este debe «respetar la valoración de la 
prueba contenida en la sentencia recurrida», sin poder pretender una revisión de los 
hechos probados ni fundarse en hechos distintos de los declarados probados en la 
recurrida.
Así las cosas, alega la demanda de amparo que el escrito solicitando la nulidad de 
actuaciones se articuló en la vulneración del derecho de los recurrentes a la tutela judicial 
efectiva, pues «la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona había fundado su 
decisión en un pronunciamiento arbitrario, ilógico e irrazonable acerca de la existencia de 
un hecho notorio y de un consortium fraudis entre las partes»; solicitando por ello la 
nulidad de dicha resolución y que se retrotrajeran las actuaciones al dictado de nueva 
sentencia respetuosa con el derecho vulnerado. Afirma la demanda que en este caso se 
cumplió con los requisitos para la procedencia del incidente de nulidad, ex art. 241 LOPJ, 
pues la vulneración denunciada la produjo la sentencia de la Audiencia Provincial, que no 
era susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, pues para ser posible esto último,  e
«era  necesario  estar  ante  alguno  de  los  supuestos  establecidos  en  la  Ley  de  bo
enjuiciamiento civil, y no se estaba, pues, según el acuerdo del Tribunal Supremo de 27 de  640ww
pernoecreos adlee s2 p0r1o7p iaasn tedse l crietacduors, oe le xintrtaeorérdsi ncaarisoa cpioonr ainl frnaoc cpióune dper ovceerssaal r ys, opborre  eclluoe, sctioonn eesl 
nreuceuvras o vdaelo rcaacsiaócni ópnr onboa stoer iap»u.e dLea  prreegteunladceiró nu ndae rle vreiscióunrs od ee lxotsra hoerdchinoasr iop ropboar dionsfr anci cuinóan 
procesal de los arts. 470 y ss. LEC se modula por lo establecido en la disposición final
decimosexta de la misma Ley, la cual exige interponer conjuntamente dicho recurso y el 
de casación salvo en los supuestos del art. 477.2, apartados 1 y 2, por tanto han de 
promoverse ambos cuando se trate del acceso por la vía del interés casacional como era 
el presente caso ex art. 477.2.3 LEC, al haberse fijado la controversia como de cuantía 
indeterminada y por tanto no exceder esta de los 600 000 €.
Prosigue argumentando la demanda que el recurso de casación solo permite «la 
revisión del derecho sustantivo aplicado o aplicable para resolver las cuestiones objeto 
de debate. Tal y como se infiere de la lectura conjunta de los artículos 477.1 y 481.1 y del 
apartado XIV de la exposición de motivos de la LEC», reservando el control de las 
normas procesales al recurso extraordinario por infracción procesal, entre ellas las que 
ordenan la actividad de valoración de las pruebas con las limitaciones ya indicadas, 
siendo este pronunciamiento el que se impugna de la sentencia de apelación, lo que 
«excede al ámbito del recurso de casación, circunscrito como se ha dicho al ámbito de 
los  sustantivo  [sic],  por  lo  que  no  constituiría  base  suficiente  para  sustentar  la 
interposición  del  recurso  de  casación  y  procedería  su  no  admisión,  además  con 
imposición de costas […]; planteado en un recurso de casación la aplicación de la 
doctrina del hecho notorio, hubiera sido improcedente». Por ello «el "interés casacional" 
nunca puede basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", 
como con reiteración se ha indicado por el Tribunal Supremo». Y no siendo recurrible en 
casación,  tampoco  hubiera  cabido  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal 
conforme a la «disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero, y regla 5, 
párrafo segundo, de la LEC». De todo esto ya era consciente dicha parte procesal, sigue 
diciendo la demanda, cuando se le notificó la sentencia de apelación de 3 de noviembre 
de 2017.
Luego de explicar el porqué de la solicitud de aclaración de la providencia de 21 de 
diciembre de 2017 que no indicaba qué recurso extraordinario cabía en vez del incidente 
de nulidad, y de la petición de complemento del auto que denegó la aclaración contra 
aquella, la demanda reitera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de 
los recurrentes debido a la inadmisión por la citada providencia de la nulidad de la 
sentencia  de  apelación,  partiendo  para  ello  la  Sección  ad  quem  «de  una  premisa 
objetivamente errónea» que convirtió la decisión en una «aplicación arbitraria de la 
legalidad»,  en  contra  de  lo  prohibido  por  la  doctrina  constitucional  (cita  las 
SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de 
marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, 
de 24 de marzo, FJ 6; 223/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 325/2005, de 12 de 
diciembre, FJ 2; 61/2008, de 26 de mayo, FJ 4, y 47/2009, de 23 de febrero, FJ 4). 
Consecuencia de esta «falta absoluta de motivación de la inadmisión del incidente de 
nulidad de actuaciones» es que se ha de «estimar el amparo, declarar la nulidad de la 
providencia y retrotraer las actuaciones, como ya mencionaron las SSTC 107/2011, 
de 20 de junio, FJ 5, y 153/2012, de 16 de julio, FFJJ 1 a 6». Petición que se traslada al 
suplico de la demanda.
4.  La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal 
Constitucional, dictó diligencia de ordenación el 25 de julio de 2018 concediendo plazo 
de diez días a la representación procesal de los demandantes de amparo para que 
acreditase fehacientemente la fecha de notificación de la resolución recurrida en amparo, 
con apercibimiento de contrario de poderse inadmitir el recurso. Dicho requerimiento 
quedó cumplimentado por escrito del procurador presentado el 5 de septiembre de 2018.
5.  Una  vez  recibidas  las  actuaciones,  la  Sección  Cuarta  de  este  tribunal  dictó  bo
providencia el 26 de noviembre de 2018 por la que acordó admitir a trámite el recurso,  640ww
L«OapTrCec) iapnodroq uqeu ee lc orneccuurrrseo  epnl aenl tmeais muno  upnroab elesmpeac ioa l tarfaescctean dae nucniaa  cfaocnesttait udcieo nuanl  (adret.r e5c0h.o1 
fundEanm lean mtali ssmobar ere eslo qluucei ónno  shea ya cdoorcdtróin dai rdigei re asttee ntrtiab ucnoaml u[SnTicCa c1i5ó5n/ 2a0 l0a9 S, FecJc 2ió an) ]U».ndécima
de la Audiencia Provincial de Barcelona, «a fin de que, en plazo que no exceda de diez
días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al 
rollo de apelación núm. 75-2016». Y de modo similar al Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Igualada para que en el mismo plazo remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones del procedimiento ordinario núm. 255-2014, «debiendo 
previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo 
desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, 
excepto la parte recurrente en amparo».
6.  Con  fecha  21  de  enero  de  2019  la  procuradora  doña  María  Remei  Puigvert 
Romaguera, actuando según indicó en nombre de «don Bernat Bosch Serra (en sustitución 
por fallecimiento de don Lluis Bru Felip)», solicitó se le tuviera por comparecida con el 
carácter de parte demandada, entendiéndose con dicha profesional en lo sucesivo las 
actuaciones. Por nuevo escrito presentado el 5 de febrero de 2019, la misma procuradora 
puso en conocimiento de este tribunal que se había producido un error al transcribir el 
segundo apellido de su mandante, «cuando, en realidad y según resulta evidentemente del 
poder para pleitos, es Felip», solicitando así la rectificación del error.
7.  Con fecha 6 de febrero de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personado y parte a don Bernat Bosch Felip, «en sustitución procesal por fallecimiento 
de don Lluis Bru Felip», actuando a través de la procuradora ya mencionada, y de otro 
lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, 
por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  Con fecha 11 de marzo de 2019, la representante procesal de los recurrentes 
presentó  su  escrito  de  alegaciones  interesando  se  dictase  sentencia  otorgando  el 
amparo solicitado, con nulidad de la providencia de 21 de diciembre de 2017. El escrito 
reitera los argumentos de la demanda de amparo, añadiendo como dato nuevo la cita del 
ATC 65/2018, de 18 de junio, que transcribe parcialmente en su fundamento jurídico 4, 
bien que con el fin de resaltar las diferencias entre el objeto de su recurso, y el supuesto 
enjuiciado en esa resolución, que también se refería a la inadmisión a trámite de un 
incidente de nulidad de actuaciones pero por no haberse interpuesto recurso de casación 
contencioso-administrativo. En concreto, precisa el escrito de alegaciones que «en la 
jurisdicción contencioso-administrativa sí es posible interponer recurso de casación por 
cuestiones procesales».
9.  Con  fecha  18  de  marzo  de  2019,  la  representante  procesal  de  la  parte 
comparecida presentó sus alegaciones interesando que este tribunal dictase sentencia 
denegando el amparo, al no haber conculcado la providencia de la Sección Undécima de 
la Audiencia Provincial de Barcelona que se impugna, los derechos de los recurrentes. 
A criterio de la comparecida, lo que sucede es que aquellos dejaron transcurrir el plazo 
que tenían para interponer recurso de casación o extraordinario por infracción procesal 
ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de apelación, cuya nulidad pretenden por 
«caminos inadecuados» como es el del incidente de nulidad de actuaciones. Entiende el 
escrito que la resolución de la audiencia efectúa una «interpretación absolutamente 
adecuada del Derecho» y no incurre en causa de nulidad, pues inadmite un incidente 
«manifiestamente insostenible, extemporáneo e impertinente».
Como penúltimo punto, en lo que parece la formulación de un óbice procesal, señala 
el escrito de alegaciones que «habida cuenta de que el recurso adverso se admitió a  e.
trámite  ante  la  posibilidad  de  entenderse  que  en  el  mismo  concurre  una  especial  w.
trascendencia constitucional y plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho  640ww
fpuanrdtea mesepnetaral  sqouber ee l etrl ibquunea nl ocl ahraifyiq udeo,c tcruináal  sdeea  eesstea  etrsibpuencaial;l  thraabscidean dceunecnitaa  qduee  ejullsot,i feiqsutae 
lean a sdum riescióunrs ao ,t rláem reitseu dlteal  are ecsutras op ayrat eq udee,  daif ítceinl ocro mdep rlae nasrigóunm ceunátla sceióan e vsear ttirdaas cdeen cdoenntcraiar ioy   BOE-A-cable e
dónde radica lo novedoso del "problema" que supuestamente plantea el recurso que, a 
nuestro entender, es una falacia».
Finalmente, considera la parte comparecida que la estimación del amparo llevaría a 
retrotraer actuaciones para que la Audiencia Provincial de Barcelona tuviera que tramitar 
un incidente de nulidad «a todas luces […] inviable», porque ningún acto de los dictados 
ha causado las vulneraciones que alegan los recurrentes de amparo.
10.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 6 
de marzo de 2019, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo  solicitado,  con  reconocimiento  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE) de los recurrentes; la nulidad «de todo lo actuado desde la 
providencia de inadmisión del incidente de nulidad de 21 de diciembre de 2017», y la 
retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  inmediato  anterior  al  de  dictarse  dicha 
providencia, para que la Audiencia pronuncie otra acorde con el derecho vulnerado.
Tras la exposición de los hechos procesales relevantes en el caso, empieza la 
fundamentación jurídica del escrito precisando que el objeto del recurso comprende no 
solo la providencia de inadmisión del incidente de nulidad, sino también los dos autos 
posteriores de la audiencia que resolvieron las peticiones de aclaración y rectificación, 
los cuales forman un todo con aquella. Por el contrario, no plantea la demanda la 
impugnación de la sentencia de apelación, aunque se hayan indicado los motivos por los 
que  se  promovió  el  incidente  de  nulidad  contra  ella.  Recuerda  el  fiscal  algunas 
sentencias de este tribunal que confieren carácter autónomo a la lesión constitucional 
atribuida  a  resoluciones  de  inadmisión  a  trámite  de  incidentes  de  nulidad  (cita  y 
reproduce en parte la STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 2), siendo la faceta concernida 
del  art.  24.1  CE  en  este  caso  la  del  derecho  al  recurso,  cuya  invocación  debe 
considerarse implícita en la demanda pese a tratarse de un incidente de nulidad, el cual 
no es estrictamente un recurso. Cita en el mismo sentido la STC 142/2015, FJ 3. En esta 
faceta del derecho fundamental, añade, el control del Tribunal Constitucional es externo, 
verificando si la decisión de inadmisión no es arbitraria o manifiestamente errónea (con 
cita  de  la  STC  204/2014,  FJ  4).  En  el  presente  caso,  la  decisión  impugnada  de 
inadmisión «no carece de cierta motivación, aunque se haya tenido que acudir a los 
instrumentos de aclaración y complemento de la resolución, para que se exteriorizaran 
las razones del órgano judicial, por lo tanto, la cuestión radicará en comprobar que esa 
motivación no es arbitraria o manifiestamente errónea, coincidiendo con la pretensión de 
los recurrentes».
Dicho  lo  anterior,  el  escrito  del  fiscal  se  centra  en  analizar  los  términos  de  la 
respuesta dada por la audiencia para inadmitir el incidente de nulidad interpuesto, a 
partir del marco regulador de los recursos devolutivos ante la Sala Primera del Tribunal 
Supremo,  y  a  efecto  de  comparar  el  de  casación  en  el  orden  civil  y  contencioso-
administrativo, cita sobre este último el ATC 65/2018, de 8 de junio, FJ 2, que reproduce. 
Sobre la respuesta dada por la audiencia, constata en primer lugar que era correcto 
afirmar que la nulidad pretendida podía lograrse a través del recurso extraordinario por 
infracción  procesal,  siendo  este  el  cauce  ex  art.  469.1.4  LEC  para  denunciar  la 
vulneración de los derechos del art. 24.1 CE, tal y como alegaban los recurrentes había 
ocurrido al valorar la sentencia de apelación los medios de prueba. También es correcto 
que la audiencia reconociera que dicho recurso extraordinario tenía que interponerse con 
el  de  casación  «como  no  podía  ser  de  otra  manera  […]  dado  el  carácter  de 
indeterminado de la cuantía, limitado a la casación por interés casacional». Hasta aquí, 
continúa diciendo, la resolución (aclarada) «no solamente está suficientemente motivada,  e.
sino que además se adecúa a la legalidad». Que se reprochara a la parte que «no cabía  w.b
dar entrada al incidente de nulidad por cuanto no se había siquiera intentado recurrir»,  640ww
cuatirliázcatnedr ov alalo frraatsiveo ,« ianpterenctaiar brleec usrorlior» ,p oy r neol  laT ridbeu n«arle cSuurprirre»m, «op, adree cela  hcaocnecru mrreenncciiaó nd eall 
aindtemriétisd oc aesl arecciounrasol, , lsoi nq uqeu ep eoldlorí asu pproonvgoac aqru ae  elal  pplaarnttee aqmueie nutnoa f uveerza  riemcpurroricdeod ennot ele. fuera
No obstante, observa el escrito de alegaciones, «en todo caso el recurso de casación 
solo admite como motivo la infracción de las normas aplicables (art. 477.1 LEC), siendo 
esta  última  conclusión  la  que  no  aparece  recogida  ni  valorada  por  la  providencia 
complementada que resolvió la inadmisión del incidente de nulidad».
Vuelve a continuación a la casación contencioso-administrativa y al ATC 65/2018, 
de 18 de junio, en su fundamento jurídico 5, donde se señala que no corresponde al 
recurrente de turno sino a la Sala Tercera del Tribunal Supremo determinar si concurre o 
no en cada caso el interés casacional objetivo del recurso, con evidente similitud con la 
necesaria «trascendencia constitucional» del recurso de amparo, abarcando el control de 
aquella  sala  tanto  la  propia  justificación  del  interés  casacional  ofrecida,  como  su 
concurrencia  material.  En  este  punto  retorna  el  fiscal  al  caso  aquí  planteado  para 
recordar que los recurrentes adujeron la imposibilidad de interponer recurso de casación 
con base en la vulneración de un precepto jurídico, como exige el art. 477 LEC, cuestión 
que supone un prius, y puede ser controlada por el órgano judicial a quo conforme 
señaló el ATC 65/2018. La distinción entre la justificación del interés casacional objetivo, 
que ha de hacerse en el escrito de preparación, y su existencia material, se evidencia 
también en el ATC 132/2018, de 19 de diciembre, FJ 2, que reproduce, también a 
propósito  de  la  inadmisión  de  un  recurso  de  casación  contencioso-administrativo, 
rechazado en concreto por defectos en el escrito de preparación.
Luego de estas consideraciones, el fiscal defiende sin embargo las diferencias del 
recurso de casación en los órdenes civil y contencioso-administrativo para sustentar la 
realidad  de  la  vulneración  constitucional  denunciada  en  la  demanda:  «La  doctrina 
anterior, unido al hecho de que la regulación del recurso de casación en el orden 
jurisdiccional civil difiere bastante del orden contencioso-administrativo, nos tiene que 
llevar a pronunciarnos en favor del otorgamiento del amparo, pues no olvidemos que la 
respuesta que le dio la Audiencia Provincial de Barcelona a los recurrentes, les remitió al 
recurso extraordinario de infracción procesal […], si bien es cierto que la propia Sala 
reconocía que ese recurso se supedita a la posibilidad de plantear conjuntamente la 
casación, lo que no ocurre en la LEC de igual manera que en el ámbito contencioso 
administrativo, donde, como pone de manifiesto el ATC 65/2018, de 18 de junio cabe 
denunciar  infracciones  procesales».  Además,  la  Sección  juzgadora  advirtió  a  los 
recurrentes que dada la cuantía indeterminada del pleito el acceso debía serlo por el 
motivo de interés casacional, y siendo esto así, «hay algo a lo que la Audiencia no les da 
respuesta o se la da insuficientemente, y es al requisito previsto, con carácter general 
para toda casación, en el párrafo 1 del art. 477 LEC, que el motivo único del recurso sea 
la infracción de norma, y no era eso lo que pretendían alegar, sino incorrecta valoración 
de la prueba, lo cual era sabido por la Audiencia, pues en ello se basaba el contenido del 
incidente de nulidad».
Termina sus alegaciones el fiscal reiterando «la distinción entre requisitos previos y el 
propio requisito de la concurrencia del interés casacional objetivo, que se desprende de 
la doctrina del ATC 132/2018, de 19 de diciembre, tendríamos que concluir que la 
respuesta de la audiencia es errónea porque obligaría a los recurrentes a una alegación 
en la motivación que haría inadmisible el recurso de casación por falta de un requisito 
formal y previo al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el interés casacional, 
provocando que se inadmitiera el recurso de amparo por indebido agotamiento del 
trámite judicial, con los consiguientes efectos negativos que denuncian en el recurso de 
amparo, posible condena en costas, cierre del posible recurso de amparo».
11.  Por la representación procesal de los recurrentes se presentó escrito el 3 de  e.
diciembre de 2018 interesando la suspensión de las resoluciones impugnadas, así como  w.b
la de la sentencia de apelación de 3 de noviembre de 2017. Mediante providencia de la  640ww
Scoercrecisópno Cnduiaerntate  dpeie ezsat es etrpibaurandaal d, ec o1n0c eddei édnicdioesmeb dree ndtero 2 d0e1 8e, llsae  uanc oprldaózo l ad ea paelretguarac idoen elas 
raa tilfaicsá npdaorstees e. n Lsous  sorelicciuturrde;n mteise ntprraess eqnutea reoln f isecsacl riintote reesl ó1 l7a  ddeen egdaiccieiómnb dree  lad em e2d0id1a8 
de suspensión, y que se acordara la anotación de la demanda de amparo.
La Sala Segunda de este tribunal dictó ATC 2/2019, de 9 de enero, por el que 
resolvió  denegar  la  suspensión  solicitada,  ordenando  la  anotación  preventiva  de  la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad núm. 1 de Igualada.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  15  de  octubre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso.
Se interpone el presente recurso de amparo alegándose la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva de los recurrentes (art. 24.1 CE), provocada por la decisión de la 
Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona de inadmitir a trámite el 
incidente de nulidad de actuaciones formulado por aquellos contra la sentencia dictada 
en apelación por dicho tribunal. Inadmisión fundada en que a su parecer resultaba de 
necesaria interposición en el caso el recurso extraordinario por infracción procesal junto 
con el de casación ante el Tribunal Supremo, y era improcedente en cambio la vía 
utilizada del incidente del art. 241 LOPJ. La parte comparecida en este amparo plantea 
la inadmisión del recurso y en su defecto su desestimación, mientras que el fiscal ante 
este  tribunal  ha  interesado  la  estimación  de  la  demanda;  todos  con  base  en  sus 
respectivas alegaciones que se han resumido en los antecedentes.
2.  Óbice de inadmisibilidad.
Así planteado el debate, ha de resolverse en primer término el óbice procesal que 
opone  la  parte  comparecida  por  inexistencia  del  requisito  material  de  la  especial 
trascendencia constitucional del presente recurso de amparo [art. 50.1 b) LOTC]. En los 
términos con que dicha objeción se argumenta, que es sin más negar esa especial 
trascendencia, procede su desestimación recordando nuestra reiterada doctrina en cuya 
virtud «es a este tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso 
justifica  una  decisión  sobre  el  fondo  en  razón  de  su  especial  trascendencia 
constitucional, que encuentra su momento procesal idóneo en el trámite de admisión 
contemplado en el art. 50.1 LOTC» [últimamente, SSTC 46/2019, de 8 de abril, FJ 3 c); 
54/2019, FJ 3 c); 58/2019, FJ 3 c); 59/2019, FJ 3 b), las tres últimas de 6 de mayo, 
y 3/2020, de 15 de enero, FJ 4, así como las anteriores que ahí se citan].
Como se hizo constar en la providencia de admisión a trámite, hemos considerado 
que  el  presente  recurso  tiene  especial  trascendencia  constitucional  porque  en  los 
términos de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, plantea un problema o afecta a una 
faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal. En 
concreto,  y  desde  la  perspectiva  del  derecho  al  recurso  (art.  24.1  CE),  suscita  el 
problema de si frente a una sentencia de apelación que se dice ha vulnerado el derecho 
a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, cabe exigir a esta la interposición de 
recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo en el orden jurisdiccional civil, entre 
ellos el de casación por interés casacional, con la consiguiente exclusión a limine del 
incidente de nulidad de actuaciones como cauce apto para la reparación del derecho. 
Cuestión sobre la que no hay establecida doctrina, siendo de observar que este tribunal 
ha reconocido ya dicha especial trascendencia en situaciones similares a la que aquí nos 
ocupa, tanto en la casación penal entonces vigente (SSTC 91/2015, de 11 de mayo, 
y 142/2015, de 22 de junio), como en la actual casación contencioso-administrativa por  e.
interés casacional ante el Tribunal Supremo (ATC 65/2018, de 18 de junio, FJ 2). Nada  w.b
aduce la parte comparecida en su escrito, que justifique un cambio de criterio sobre la  640ww
concurrencia en este caso del requisito citado.
3.  Consideraciones previas al análisis del fondo.
Para  una  correcta  delimitación  de  la  materia  que  ha  de  ser  objeto  de  nuestro 
enjuiciamiento,  procede  formular  unas  consideraciones  previas  al  estudio  de  la  queja 
planteada:
a)  Aunque formalmente la demanda de amparo solamente impugna la providencia 
de 21 de diciembre de 2017 que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones 
formalizado por los recurrentes contra la sentencia de apelación, tiene razón el fiscal en su 
escrito de alegaciones al entender que tal impugnación ha de considerarse extendida a los 
autos dictados por la misma Sección ad quem el 13 de abril y 18 de mayo de 2018, por 
cuanto ante el silencio de la providencia sobre qué recursos extraordinarios cabían contra 
su sentencia, la parte interesó una respuesta expresa que no obtuvo en el primero de esos 
dos autos (por un «error de transcripción o de tratamiento informático no advertido al 
firmar», según la Sección) pero sí en el segundo de ellos, permitiendo a los recurrentes al 
menos conocer de qué recursos se trataba según el parecer del tribunal, confirmando así el 
desacierto de la inadmisión acordada en la providencia.
Por el contrario, no se interpone el presente recurso de amparo contra la sentencia 
de apelación, de la que precisamente se defiende el derecho a agotar primero el control 
de la reparación del derecho fundamental vulnerado, dentro de la jurisdicción ordinaria.
b)  Respecto  de  la  faceta  del  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) que habría sido conculcada por las resoluciones impugnadas y que hemos 
de analizar más adelante, tanto los propios recurrentes en su escrito de alegaciones del 
art. 52 LOTC, como el fiscal ante este tribunal en el mismo trámite, coinciden en señalar 
que  es  la  del  derecho  al  recurso,  no  aquellas  otras  vertientes  del  derecho  a  una 
resolución  fundada  en  Derecho  o  a  la  motivación  –que  parecen  invocarse  en  la 
demanda–. En efecto, es doctrina reiterada del tribunal la que declara que si bien no se 
trata técnicamente de un recurso porque este se articula frente a resoluciones judiciales 
no firmes y el incidente de nulidad de actuaciones procede frente a resoluciones que ya 
han alcanzado firmeza, la faceta del derecho al recurso (art. 24.1 CE) es la concernida 
cuando se trata de decisiones de inadmisión de tales incidentes, también cuando este 
asunto  se  erige  en  queja  autónoma  de  la  demanda  de  amparo  (al  efecto, 
SSTC 153/2012, de 16 de julio, FJ 2; 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 3; 91/2015, de 11 
de mayo, FJ 3, y 142/2015, de 22 de junio, FJ 2). Dos de las posibles formas de 
vulneración  del  derecho  son  el  carácter  arbitrario  o  irrazonable  de  la  decisión  de 
inadmisión, que es lo alegado por los recurrentes.
c)  La respuesta a la queja constitucional que plantean los recurrentes requerirá, 
como luego ha de verse, de unas referencias al marco regulatorio de los recursos 
extraordinarios en el orden jurisdiccional civil y de la interpretación que de dicho marco 
ha hecho la Sala Primera del Tribunal Supremo. Queda sin embargo excluido de nuestro 
examen todo lo referente a la adecuación de esas normas y de esos criterios desde la 
óptica del derecho fundamental invocado, adecuación que no ha sido cuestionada por 
los recurrentes, en concreto la imposibilidad de plantear exclusivamente un recurso 
extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de apelación sino el tener que 
hacerlo, conjuntamente, con el recurso de casación, al ser la vía de acceso la del interés 
casacional del art. 477.2.3 y 477.3 LEC. Nuestro análisis, distintamente, se ciñe a 
determinar si era procedente efectuar la exigencia de esa interposición conjunta, como 
ha hecho la Sección de la Audiencia en las resoluciones recurridas, excluyendo con ello 
la posibilidad de ejercer ella misma el control de la vulneración del derecho fundamental  e
resolviendo el incidente de nulidad de actuaciones solicitado. bo
d)  Dentro de la misma concreción de objeto de este recurso, condicionado por las  640ww
qreuseodluacni onfueesr aq ued es ed iembpauteg nalans  y peal rtoicrduelanr idjuardisedsi ccdioenl ala geont aeml iqeuneto  esdtea s lhoas n rreeccuarísdoos, 
neoxtrrmaoartidviansa rpiorso ceensa loetsro qsu eó radqeuníe sc ojmurois deisc clóiognicaole sn,o  lhoas n csuiadloe sa psliec ardigaesn.  Epno rp adritfiecruelanrt,e sy 
como  sostienen  tanto  los  recurrentes  como  el  Ministerio  Fiscal,  no  cabe  hacer  un
tratamiento unitario del recurso de casación por interés casacional en los órdenes civil y 
contencioso-administrativo,  con  la  consecuencia  de  tener  que  exigir  siempre  el 
agotamiento de aquel por serlo este otro, tal y como ha apreciado el ATC 65/2018, de 18 
de junio.
4.  Doctrina aplicable.
Sentado lo anterior y para la adecuada resolución de la queja contenida en el escrito 
de demanda, procede identificar en este momento la doctrina constitucional relevante:
a)  En  primer  lugar,  en  lo  que  atañe  al  control  constitucional  por  la  posible 
vulneración del derecho al recurso (art. 24.1 CE), hemos dicho que a este tribunal «no le 
corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre admisión de recursos, 
salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara con base en una causa 
legalmente inexistente o mediante un "juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error 
fáctico patente" (SSTC 55/2008, de14 de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3)» 
[STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2 A) c)].
En  particular,  cuando  se  trata  de  recursos  devolutivos  extraordinarios  cuya 
competencia corresponde resolver al Tribunal  Supremo, nuestra doctrina de control 
constitucional, relativa al recurso de casación pero predicable con igual fuerza de otros 
recursos extraordinarios que le han sido confiados por las leyes procesales, como puede 
ser justamente el recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil, es que 
comporta un control «si cabe, más limitado […]. Por una parte, porque la resolución 
judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de 
interpretar la ley –también, evidentemente, la procesal–, con el valor complementario que 
atribuye a su jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, 
declara que "toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en 
todos  los  órdenes  salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales 
(artículo  123.1  CE),  complementa  el  ordenamiento  jurídico,  conforme  señala  el 
artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los jueces y 
tribunales". Por otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso 
especial o extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados –
numerus clausus– y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y 
forma y a los presupuestos comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros 
intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de 
donde se sigue que su régimen procesal es más estricto por su naturaleza de recurso 
extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 
100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3)» [STC 7/2015, FJ 2 A) 
c); en el mismo sentido, SSTC 115/2017, de 19 de octubre, FJ 5 d); 98/2020, de 22 de 
julio, FJ 2 B), y 99/2020, de 22 de julio, FJ 2 A) d)].
b)  Por  lo  que  hace  a  la  inadmisión  judicial  de  un  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones  promovido  contra  una  resolución  de  instancia  contra  la  que  no  cabe 
interponer recurso ordinario (como el de apelación), aduciendo para ello el órgano 
judicial que la parte debió impugnar dicha resolución por el cauce de los recursos 
extraordinarios, tiene declarado este tribunal:
(i)  En primer lugar, que el protagonismo otorgado al incidente de nulidad por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que reformó el art. 241 LOPJ, «acentuando su función 
como primeros garantes de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y 
con el fin de lograr que la tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal  e.
Constitucional sea realmente subsidiaria, es puesta en conexión en nuestra doctrina con  w.
el requisito de la especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) de la Ley Orgánica  640ww
dqeule  T–rdibeu nnaol  tCeonnesr teitul cciaosnoa le (sLpOeTciCa)l ]t,r apsuceesn ddeebnec iate ncoenrsseti teunci ocnuaeln–t as ee ntr aetla prírao cdees ola j uúdltiicmiaal 
qvíuae ,q uceu paenrdmoi tireíal  lpal arenpteaaramciieónnt od ed leal  vuinlnceidreancitóen  ddee nunnucliidaadda . Pdoer  ealclotu haecmioonse ss erñeaslaudlteo   BOE-A-cable e
procedente, su inadmisión supone una preterición del mecanismo de tutela pertinente 
ante la jurisdicción ordinaria; que no puede considerarse el incidente como un mero 
trámite formal previo  al  amparo constitucional  sino  como un verdadero instrumento 
procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá remediar aquellas lesiones de 
derechos fundamentales que no hayan "podido denunciarse antes de recaer resolución 
que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario" (art. 241.1 LOPJ), o, en fin, que el órgano judicial debe 
realizar, salvo que se den las causas de inadmisión de plano, en cuyo caso podrá 
realizarse una motivación sucinta (art. 241.1 LOPJ), una interpretación no restrictiva de 
las causas de admisión, tramitar el incidente y razonar suficientemente, en todo caso, la 
decisión adoptada» (STC 91/2015, de 11 de mayo, FJ 2).
(ii)  Y en segundo lugar y en conexión directa con lo anterior, hemos precisado que la 
motivación que necesariamente ha de ofrecer el órgano judicial competente para inadmitir el 
incidente de nulidad, aunque sea sucinta, debe precisar el recurso extraordinario que a su 
parecer  cabría  interponer,  teniendo  para  ello  en  cuenta  las  posibilidades  reales  de 
procedencia de tal recurso en el caso concreto, habida cuenta su regulación legal. El no 
hacerlo así conlleva la vulneración del derecho al recurso de la parte demandante de amparo 
(SSTC 91/2015, de 11 de mayo, FJ 3, y 142/2015, de 22 de junio, FJ 4).
c)  En un asunto que se presenta formalmente como de desestimación por auto de 
un incidente de nulidad, también por señalar el órgano judicial a la parte que debió 
imponer  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  contra  la  correspondiente 
resolución, otorgamos el amparo por la invocada lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva, dado que «como advierten el recurrente y el Ministerio Fiscal, en el presente 
caso el recurso extraordinario por infracción procesal era un recurso manifiestamente 
improcedente,  pues,  aunque  no  sea  irrazonable  ni  plantee  objeciones  de 
constitucionalidad  interpretar  que  en  la  disposición  final  decimosexta  LEC  2000  la 
procedencia  del  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  se  vincula  a  que  la 
sentencia de segunda instancia también resulte recurrible en casación, no es razonable 
concluir,  como  lo  hace  el  auto  impugnado,  que  en  este  supuesto  la  sentencia  de 
apelación  resultaba  recurrible  por  la  vía  del  interés  casacional  contemplado  en  el 
art. 477.2.3 LEC» (STC 223/2005, de 12 septiembre, FJ 3).
d)  Resulta también útil traer a colación los pronunciamientos de este tribunal sobre 
el recurso extraordinario por infracción procesal y su tratamiento en el plano de los 
óbices procesales que pueden afectar a la demanda de amparo. En síntesis, venimos 
señalando en esta materia lo que sigue:
(i)  No cabe apreciar el incumplimiento del requisito de agotamiento de la vía judicial 
previa  al  amparo  [art.  44.1  a)  LOTC]  cuando  no  se  ha  interpuesto  dicho  recurso 
extraordinario, siendo que el mismo solo podía interponerse conjuntamente con el de 
casación,  y  este  último  a  su  vez  no  cabía  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil y a los criterios de interpretación de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo: entre otras, SSTC 34/2010, de 19 de julio, FJ 2; 10/2012, de 30 de enero, 
FJ 2, y 106/2013, de 6 de mayo, FJ 3.
(ii)  En cambio, la demanda de amparo puede resultar extemporánea (art. 44.2 
LOTC) si la vía judicial se ha alargado indebidamente por la interposición de un recurso 
extraordinario por infracción procesal, cuya improcedencia en el caso «era manifiesta, 
perceptible sin necesidad de esfuerzo interpretativo alguno, máxime si se tiene en cuenta 
que los demandantes estaban asistidos por abogado» (STC 10/2006, de 16 de enero,  e
FJ 3). También en este sentido la STC 17/2008, de 31 de enero, FJ 2, aunque ahí el  bo
óbice no prosperó porque la demanda se formalizó dentro de plazo. Y en el caso de la  640ww
rSeTsCol u1c1i4ó/n2 0im09p,u gdnea 1d4a  dtrea íma auyno ,p iFeJ d 3e,  rseíc suers aop ererrcóión eeol  óqbuiec ec opnudeusj,o a au nlaq upea reten  ap rpinrecsipeinot alar 
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interponerlo.
De modo consecuente, el tribunal ha declarado que en los supuestos donde no cabe 
interponer recurso de casación o extraordinario por infracción procesal, «con arreglo a 
los consolidados criterios interpretativos al respecto de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo […] no puede reprocharse al demandante de amparo que entendiese que la 
sentencia de apelación no era recurrible en casación (y, por tanto, tampoco cabía recurso 
extraordinario por infracción procesal). Antes al contrario lo cierto es que el recurrente 
hizo en este caso lo que le era razonablemente exigible»; esto es, no interponerlos: 
STC 11/2009, de 12 de enero, FJ 3.
En resumen, de todo lo expuesto en el presente fundamento jurídico se colige 
claramente que el recurso extraordinario por infracción procesal no procede siempre 
contra resoluciones de segunda instancia; que en determinados casos, concretamente 
cuando  la  vía  de  acceso  es  la  del  interés  casacional,  se  exige  legal  y 
jurisprudencialmente  su  interposición  conjunta  con  el  de  casación,  y  que  en  tales 
situaciones si no es posible fundar este último –el recurso de casación– en alguno de los 
motivos  previstos  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil,  no  cabe  tampoco  promover  el 
extraordinario por infracción procesal, aunque aisladamente considerado se cumpliera 
con el objeto que le es propio (el control de las infracciones procesales recogidas en el 
art. 469 LEC).
5.  Aplicación de la doctrina al caso planteado.
El examen de las circunstancias concurrentes en el presente recurso, puestas en 
relación  con  la  doctrina  de  referencia,  ha  de  traer  consigo  y  así  se  adelanta,  la 
estimación de la demanda de amparo, teniendo en cuenta para ello lo siguiente:
a)  Los recurrentes han señalado en sus escritos procesales ante este tribunal, que 
prescindiendo del hecho de que la sentencia de apelación no incluía un pie de recurso, 
aunque  así  hubiese  sido  tampoco  habrían  interpuesto  el  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal, ya que este debía acompañarse con el de casación, y a criterio de su 
defensa no concurría ninguno de los motivos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil 
para la procedencia de este último. Se apoyan en esta consideración, en primer lugar, en 
el tenor de la disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero, y en las reglas 2 
y 5 del párrafo segundo LEC, cuya intelección ciertamente ofrece pocas dudas:
«1.  En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia 
para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, 
por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean 
susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477.
[…]
2.ª Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin 
formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se 
refieren los números 1 y 2 del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley.
[…]
5.ª Si se tramitaren conjuntamente recurso por infracción procesal y recurso de 
casación, la sala examinará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de 
recurso de casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por infracción 
procesal. Cuando el recurso por infracción procesal se hubiese formulado fundando 
exclusivamente su procedencia en el número 3 del apartado segundo del artículo 477, la 
sala resolverá si procede la admisión o inadmisión del recurso de casación, y si acordare 
la inadmisión, se inadmitirá, sin más trámites, el recurso por infracción procesal. Solo en  e.
el caso de que el recurso de casación resultare admisible, se procederá a resolver sobre  w.
la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.» 640ww
En el caso, consta como se indicó en los antecedentes que el juzgado a quo fijó el pleito 
como de cuantía indeterminada. Lo que conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo a la fecha en la que se dictó la providencia aquí impugnada y 
todavía hoy, el acceso al recurso de casación solo puede hacerse por la vía del interés 
casacional de los arts. 477.2.3 y 477.3 LEC (por ejemplo, AATS de 20 de diciembre de 2017 
–recurso núm. 2374-2015–; 24 de enero de 2018 –recurso núm. 1391-2015–; 30 de mayo 
de 2018 –recurso núm. 832-2016–; 1 de julio de 2020 –recurso núm. 605-2018–; 16 de 
septiembre de 2020 –recurso núm. 2400-2018–, y 23 de septiembre de 2020 –recurso 
núm. 2672-2018–). Así también lo reconoce el auto de la audiencia de 18 de mayo de 2018, 
que deviene impugnado en el presente recurso.
b)  Se apoyan también los recurrentes, pues dicen haberlo tenido en cuenta y nada 
hay que haga pensar lo contrario, en el acuerdo de 27 de enero de 2017 de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, «sobre criterios de admisión de los recursos de casación 
y  extraordinario  por  infracción  procesal».  Este  acuerdo  del  pleno,  que  sustituye  al 
aprobado por dicho órgano el 30 de diciembre de 2011, tras una experiencia de cinco 
años y ante la modificación del trámite de admisión del recurso de casación por la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ha sido objeto de amplia publicidad pues su finalidad no 
es solo la de servir de herramienta interna de trabajo de la sala, sino también para mejor 
conocimiento  de  los  operadores  jurídicos,  entre  ellos  los  abogados.  Así  se  dice 
expresamente en el preámbulo:
«Ha de tenerse en cuenta que estos criterios de admisión forman parte del sistema 
de recursos, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 150/2004, 
114/2009  y  10/2012,  entre  otras).  Conviene  que  sean  claros,  comprensibles  y 
razonablemente  concisos,  en  aras  de  su  mejor  utilización  por  sus  destinatarios 
principales: los letrados de la administración de justicia y magistrados de las audiencias 
provinciales ante quienes se interponen los recursos y deben decidir inicialmente sobre 
su admisibilidad; el gabinete técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que hace 
las propuestas de admisión; y los profesionales de la abogacía, que tienen que redactar 
y formalizar tales recursos.»
Por tanto, si no son solo sus destinatarios los magistrados y el gabinete técnico de la 
Sala  Primera  del  Alto  Tribunal,  o  los  magistrados  que  integran  las  secciones  de 
apelación civil que tienen encomendada la primera fase de control sobre la procedencia 
de ambos recursos, sino también los abogados que «tienen que redactar y formalizar 
tales recursos», no escapa que una de las finalidades con ello pretendidas, es la de 
intentar evitar la presentación de recursos de casación o extraordinarios por infracción 
procesal que, ex ante, no cumplen con alguno o varios de los necesarios criterios de 
admisibilidad, siendo previsible que acabarán en inadmisión.
A la defensa jurídica de los recurrentes le correspondía pues la responsabilidad de 
valorar  la  procedencia  del  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  contra  la 
sentencia de apelación, aparte de por las restricciones que se imponen para la revisión 
limitada de la valoración de la prueba en esta sede (en los términos que alega la 
demanda y recoge el apartado I.1.4 del meritado acuerdo, y que ya se aplicaban con 
anterioridad a este –STC 56/2013, de 11 de marzo, FJ 3–) las cuales se daban por 
cumplidas; también por la circunstancia de que no era posible formalizarlo de manera 
exclusiva sino junto con un recurso de casación, debiendo fundarse este último, como 
exige el art. 477.1 LEC y el apartado I.2 del acuerdo del pleno de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, «en la infracción de normas sustantivas aplicables para resolver las 
cuestiones objeto del proceso». e.
Y  en  el  caso  del  interés  casacional,  solamente  por  alguna  de  las  infracciones  w.b
recogidas en los submotivos del art. 477.3 LEC, de cuya acreditación también se ocupa  640ww
edle ataclulee ryd od dee  scirsitteermioast idzaec aiódnm iqsuióen  odferle pclee neos dtee  ilnas Straulma ePnritmo eirnate. rEpnre rteaatilvidoa, dt,a enlt og raddeo  ldoes 
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inobservancia, que luego se plasman en diversidad de resoluciones de la sala, refuerzan
la tesis de que ambos recursos no pueden considerarse de interposición automática o 
indiscriminada por el interesado «a reserva de lo que al final suceda», sino que, antes al 
contrario, únicamente son procedentes y deben interponerse si concurren todos los 
requisitos que la ley determina y la jurisprudencia clarifica.
c)  Al señalar la sección competente de la Audiencia Provincial en el auto de 18 de 
mayo de 2018, que el recurso que a su parecer los recurrentes debían haber interpuesto 
en vez del incidente de nulidad, era el extraordinario por infracción procesal junto con el 
de casación, la sala está dando por sentado que ambos recursos eran procedentes para 
su admisión. Este juicio podría haberse sustentado, de concurrir el acceso a la casación 
por los apartados 1 o 2 del art. 477.1 LEC, que no requiere verificar otro extremo sino, 
respectivamente, que la controversia se dictó en un declarativo ordinario para la tutela de 
derechos civiles fundamentales distintos a los del art. 24 CE, o que la causa se fijó como 
de cuantía determinada y en un importe superior a los 600 000 €. Por el contrario, 
tratándose del acceso por interés casacional, el órgano judicial no puede sustituir a la 
parte interesada, dando por hecho que la resolución por él dictada infringe jurisprudencia 
del Tribunal Supremo (lo que obligaría a precisar cuál sería esa), o que ha resuelto 
puntos o cuestiones donde existe efectivamente jurisprudencia contradictoria de las 
audiencias provinciales (tendría entonces que decir no solo cuál es esa doctrina, sino 
superar  el  requisito  exigido  jurisprudencialmente  de  identificar  dos  resoluciones  de 
distintas secciones, que defiendan los criterios opuestos) o, en fin, que ha habido una 
infracción (y cuál) de una norma que no lleva más de cinco años en vigor.
Ni el reproche de la audiencia por no haber pedido los recurrentes que se completara 
el pie de recurso de la sentencia guarda relación con el problema realmente suscitado 
(que tales recursos no cabían aquí), ni la afirmación apodíctica de que esos recursos sí 
procedían,  son  válidos  para  haber  cercenado  el  derecho  al  recurso  de  la  parte, 
formalizada adecuadamente mediante su escrito de nulidad de actuaciones. Menos 
todavía puede sostenerse, como hace el auto de 18 de mayo de 2018 y la parte 
comparecida en sus alegaciones, que el incidente de nulidad se dedujo porque ya se 
había pasado el plazo para promover los recursos extraordinario por infracción procesal 
y de casación. Se dedujo porque era el único procedente.
La conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes (art. 24.1 
CE) comporta, como se dijo ya, la estimación de la demanda de amparo y trae como 
consecuencia la nulidad de las tres resoluciones dictadas por la sección competente en 
este  punto,  así  como  la  necesaria  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediatamente anterior al dictado de la providencia de 21 de diciembre de 2017, para 
que  dicho  tribunal  emita  otra  resolución  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por don Josep Bru Segura, doña Josefa Bru 
Segura y doña María Teresa Bru Segura, por vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal 
derecho. e.
2.º  Declarar la nulidad de la providencia dictada por la Sección Undécima de la  640ww
Acoumdioe nlac inau Plidroavdi ntacmialb idéen  d2e1  ldoes  aduictoiesm dber e1 3d dee 2 a0b1r7il  d(ree c2u0r1s8o  yd 1e8  adpee mlacaiyóon  d7e5 2-2001186.), así
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al dictado de la 
mencionada providencia, para que el tribunal competente pronuncie otra resolución que 
resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.