BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 24 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 143856
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
19305 Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 
determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.
I
El impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 motivó la 
adopción  desde  marzo  de  2020  de  importantes  medidas  de  política  económica 
orientadas a proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, en 
particular mediante distintos instrumentos de apoyo a la liquidez y solvencia de las 
empresas y autónomos. Menos de dos años después del inicio de la pandemia, los datos 
confirman la eficacia de las medidas adoptadas para evitar un impacto estructural sobre 
la economía. El avance del proceso de vacunación y la mejora de la situación sanitaria 
han permitido recuperar la movilidad, impulsando una recuperación de la economía y 
una mejora de la solvencia empresarial que ha ido cobrando mayor intensidad a lo largo 
del presente año.
No obstante, la persistencia de la pandemia en el entorno europeo y la vulnerabilidad 
de las empresas en los sectores más afectados en la incipiente fase de recuperación 
hacen precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales, con el fin de 
garantizar que las empresas viables podrán aprovechar plenamente las oportunidades 
que ofrece esta nueva etapa de expansión económica.
Así,  la  propia  Comisión  Europea  acaba  de  aprobar  la  sexta  adenda  al  Marco 
Temporal de Ayudas, prorrogando la vigencia de algunas de las medidas de apoyo a las 
empresas.  Y  ello  con  el  doble  objetivo  de  intensificar  el  proceso  de  recuperación 
económica y garantizar la seguridad jurídica de los operadores clarificando el marco 
normativo, ante medidas cuyo plazo de vigencia terminaba a finales de este año.
En este contexto, el presente real decreto-ley establece una serie de disposiciones 
cuya vigencia se extenderá más allá de diciembre de 2021, con el fin de proporcionar un 
marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas 
en esta fase de la recuperación. Esto se logrará mediante la extensión del plazo para las 
ayudas a la liquidez y la solvencia, la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los 
efectos  de  la  causa  de  disolución  empresarial,  la  extensión  de  la  moratoria  de  la 
obligación de declaración de concurso en el caso de desequilibrios patrimoniales, en 
tanto se apruebe el nuevo régimen concursal, así como el establecimiento de un marco 
claro durante 2022 para las inversiones extranjeras directas.
Igualmente, se hace preciso establecer disposiciones que garanticen un régimen de 
precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas, así como la viabilidad 
económica y financiera de las empresas comercializadoras de último recurso. En este 
sentido, se adoptan tres medidas urgentes en materia energética, particularmente en el 
ámbito de los hidrocarburos. En primer lugar, se amplía la cobertura para los suministros 
esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro, situación que se da, 
por  ejemplo,  ante  la  desaparición  súbita  de  la  comercializadora  con  la  que  tengan 
contratado el suministro. En segundo lugar, se refuerza la garantía de cobro por parte de las  s
comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficits que puedan surgir como  e.
consecuencia de la limitación del incremento de la tarifa de último recurso (TUR) de gas  w.
establecida por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes  305ww
pdaer gaa ms iyti gealer cetlr iicmidpaadc.t oP odre ú lalti mesoc,a plaadraa  fdoem pernetcairo es l ddeel sgpalise gnuaetu drael  lean i nlofrsa emsetrruccatduoras  dmein aocrcisetasos 
cplúábulsicuola sd ed er eecxacrlugsai vridáapdid ean  dloes  vceohnítcrautlooss  deelé scutrmicionsis, trsoe d ein etrsotdauccioen eusn dae  psreorhviibciicoi.ón de las  BOE-A-cable e
Por otro lado, ante la situación crítica que sufre el Mar Menor, la iniciativa del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marco de Actuaciones 
Prioritarias para recuperar el Mar Menor, iniciativa en colaboración con los Ministerios de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, Comercio y Turismo, y Ciencia e Innovación, 
abarca un amplio conjunto de medidas de distinta índole, orientadas a atajar la crítica 
situación  que  atraviesa  la  laguna,  con  unos  principios  orientadores  comunes:  la 
restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su 
dinámica natural, la restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación 
de soluciones basadas en la naturaleza. Mediante este real decreto-ley se instrumenta la 
declaración de interés general de determinadas obras necesarias para la protección y 
recuperación ambiental del Mar Menor.
Por último, el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes 
para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las 
comarcas mineras, fija el plazo para la extinción de la relación laboral para realizar las 
labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina 
antes del 31 de diciembre de 2021. Este plazo no permite acompasar el régimen de las 
ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración, de 
modo que se otorgue la cobertura pretendida a los trabajadores del sector.
La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, 
pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las 
necesarias labores de cierre y restauración, permitiendo el acceso de estas ayudas a 
aquellos  trabajadores  que  estén  realizando  labores  de  cierre  y  rehabilitación  en  el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.
II
Mediante  los  Reales  Decretos-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y 25/2020, 
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, se 
introdujeron, entre otras medidas dirigidas a hacer frente al impacto económico y social 
ocasionado por la pandemia, dos líneas de avales por importe de hasta 140.000 millones de 
euros, destinados a garantizar la financiación concedida a autónomos y empresas españolas 
afectados por los efectos económicos de la COVID-19.
En origen, la posibilidad de otorgar avales con cargo a tales líneas estaba limitada 
a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido inicialmente en el Marco 
Temporal de la Comisión Europea relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. Con ocasión de las 
sucesivas ampliaciones del Marco Temporal, como consecuencia de la extensión en el 
tiempo  del  impacto  económico  derivado  de  la  crisis  sanitaria,  se  ha  extendido  tal 
posibilidad en dos ocasiones: el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria, lo hizo hasta 30 de junio de 2021 y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de COVID-19, hasta 31 de diciembre de 2021.
El 18 de noviembre de 2021 se aprobó la sexta enmienda del Marco Temporal de la 
Comisión Europea, que extiende su vigencia, con carácter general, hasta el 30 de junio 
de 2022. En este contexto, resulta oportuno alinear la regulación española a este nuevo 
plazo. Aunque no cabe duda de que el proceso de recuperación económica en nuestro  s
país está en marcha, persisten aún algunos de sus efectos y conviene mantener los  e.
apoyos a empresas y autónomos hasta que la recuperación esté más consolidada, con  w.
el fin de asegurar el proceso de reactivación económica. En consecuencia, mediante  305ww
peastrea  relaa l cdoenccreestoió-nle yd, es ea evsatlaebs lepcúeb llaic omsi spmaara f eacthean ddeer  3l0a sd en ejucneisoi ddaed e2s0 2d2e c olimquoi dleímz itee 
iRnevearl sDióenc rdeeto -aleuytó 8n/o2m02o0s,  yd ee m17p rdees amsa, rmzoo,d yif i1c adnedl oR eaaslí  Dloe cprreetvois-lteoy  e2n5 /l2o0s2 a0r,t ídceu l3o sd e2 9ju dlioe.l  BOE-A-cable e
Estos avales se otorgarán de conformidad con la normativa europea al respecto. En 
particular, la extensión del plazo de concesión en relación con los avales cuya base 
jurídica sea el Marco Temporal de la Comisión Europea no será de aplicación hasta que 
haya sido autorizada mediante Decisión de la Comisión Europea.
Igualmente, se extiende hasta el 30 de junio de 2022 el plazo para la devolución por 
parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla del remanente de 
las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo.
III
A través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la Ley 3/2020, 
de  18  de  septiembre,  de  medidas  procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó excluir las pérdidas 
de 2020 a los efectos de la determinación de causas de disolución de sociedades de 
capital. Gracias a dicha medida se logró evitar la liquidación de empresas que resultan 
viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que hubiera 
provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como sobre la 
preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La medida 
se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto económico de 
la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a financiación, pública 
o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
Dado  el  impacto  de  la  crisis  sanitaria  sobre  los  resultados  empresariales 
durante 2021, y en tanto culmina el proceso en marcha de reforma de la normativa 
concursal, resulta imprescindible extender este tratamiento durante un ejercicio adicional 
para que los objetivos perseguidos por la misma continúen vigentes. Se favorecerá así 
un crecimiento económico más vigoroso en los próximos meses, en el contexto de 
recuperación económica, al permitir la vuelta a la normalidad de las empresas viables, 
que irán retomando su ciclo productivo sin verse obligadas a invocar una medida que no 
estaría motivada por la realidad económica sino por una crisis de origen sanitario.
Por ello, se establece la prórroga exclusivamente durante el ejercicio 2021 de la medida 
excepcional  prevista  en  el  artículo  13  de  la  Ley  3/2020,  de  18  de  septiembre.  En 
consecuencia, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computarán 
las de los ejercicios 2020 y 2021, sin que surtan efecto las pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio neto hasta la mitad del capital social hasta el resultado del ejercicio 2022.
Asimismo, se extienden hasta el 30 de junio de 2022, las moratorias previstas en el 
artículo 6 de la citada Ley, para evitar el desencadenamiento automático de procesos 
concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas 
que  están  pasando  por  mayores  dificultades  como  consecuencia  de  la  situación 
económica generada por la crisis de la COVID-19, puedan restablecer su equilibrio 
patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.
Esta prórroga se corresponde con la ampliación del marco temporal de ayudas 
concedido por la Comisión europea en su Decisión de 18 de noviembre de 2021 y 
proporciona seguridad jurídica durante el periodo transitorio hasta que se complete la 
tramitación legislativa en curso para la modernización del régimen concursal español en 
el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y  s
del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,  e.
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia  w.
de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la  305ww
iqnuseo lvseen cima)o. dDifiiccah a lare fDorirmeact,i vqau e( UcEo)n s2tit0u1y7e/ 1u1n3o2  d(eD irloesc tihviato ss opbrerev isrteoess ternu cetul raPclaiónn  dee 
Rdoetcáunpdeorlaoc idóen , nTuraenvsofso rminastcriuómn eyn Rtoess iplieanrac iala,  mroedeestrrnuizcaturráa ceiló sni stteemmap rcaonnac udres ael mesppraeñsoals,   BOE-A-cable e
viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios personas físicas y 
agilizando y haciendo más eficientes los procesos concursales.
IV
En el contexto económico derivado de la crisis sanitaria, se produjo, entre otras 
medidas, la modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los 
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, por medio 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que añadió un nuevo artículo 7 bis de 
suspensión  del  régimen  de  liberalización  de  determinadas  inversiones  extranjeras 
directas en España.
Conforme al artículo 7 bis, las inversiones extranjeras directas se definen como 
aquellas que realicen los residentes en países fuera de la Unión Europea y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), o por residentes en países de la UE o de 
la AELC en caso de que los titulares reales residan fuera de la UE o de la AELC y que 
lleven al inversor a ostentar un 10 por ciento o más de la compañía española o una 
participación efectiva en su gestión y control.
Dada la extensión en el tiempo del impacto económico derivado de la crisis sanitaria, 
el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, amplió la protección establecida en el 
citado artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 julio, a las inversiones proveniente de la 
Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertas circunstancias. 
Dicho marco se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante el Real 
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión 
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.
Dada la persistencia de las algunas circunstancias que motivaron la adopción de esta 
medida, y con el objetivo de garantizar la protección de la seguridad, salud y orden 
públicos de nuestro país, así como la necesaria seguridad jurídica para los operadores, 
es preciso prorrogar la vigencia de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2022.
Así, a través del artículo primero de este real decreto-ley, se modifica la disposición 
transitoria  única  del  referido  Real  Decreto-ley  34/2020,  de  17  de  noviembre,  para 
prorrogar hasta la citada fecha de 31 de diciembre de 2022 el régimen transitorio por el 
que el régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras 
directas regulado en los apartados 2 y 5 del citado artículo 7 bis, se aplicará también a 
las  inversiones  extranjeras  directas  sobre  empresas  cotizadas  en  España,  o  sobre 
empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, 
realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas en 
España aquéllas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en 
un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.
Adicionalmente, esta medida se completa con la disposición adicional primera en la 
que se recoge un mandato al Gobierno para que provea de una suficiente dotación de 
recursos  humanos  a  la  unidad  de  gestión  competente  para  la  tramitación  de  las 
solicitudes de autorización administrativa de las operaciones de inversión extranjera, 
atendiendo al análisis de necesidades dentro de las disponibilidades presupuestarias 
existentes en cada ejercicio.
V s
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, creó la Línea COVID de ayudas directas  w.b
a autónomos y empresas, dirigida a apoyar la solvencia del sector privado, mediante la  305ww
provLisai ógne as teiómn pyre esla sc oyn atruotló ndoem eossta d elín aeyau,d caosn d iurencat adso dtaec cióanr átcottearl  fdinea l7is.t0a0.0 millones de
eenucroasrg, ásen deonsceo,m peonr dcóo nas ilgaus ieconmteu, ndied alad eresa aliuztaócnióonm daes  yla as  claosr rceisupdoanddeise ndtee sC ceountav oyc Mateolriilalas, 
para  la  concesión  de  las  ayudas,  su  tramitación,  la  gestión  y  resolución  de  las 
solicitudes, el abono de las ayudas, así como la realización de los controles previos y 
posteriores al pago.
Tal y como se dispone en dicho real decreto-ley, antes del 31 de marzo de 2022, las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben reintegrar al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública el saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre 
de 2021.
Este plazo puede resultar insuficiente para aquellos casos en los que los beneficiarios 
hayan  interpuesto  un  recurso  en  vía  administrativa  contra  resoluciones  denegatorias 
dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
Por ello, se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en lo relativo a la 
Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de habilitar a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para poder efectuar los 
reintegros derivados de la no ejecución de las ayudas con anterioridad al anterior plazo 
previsto del 31 de marzo de 2022, y para que retengan las cantidades necesarias para 
hacer frente a los pagos que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los 
recursos en vía administrativa interpuestos contra resoluciones denegatorias dictadas antes 
del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
Tras resolver los recursos, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla deberán reintegrar al Tesoro Público, antes del 30 de junio de 2022, el resto de 
los saldos no ejecutados.
VI
En relación con la primera de las medidas de política energética referidas en el 
apartado I de este real decreto-ley, el Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que 
se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas 
natural, establece la obligación de suministro por parte de los comercializadores de 
último recurso, en los casos en que un consumidor sin derecho a acogerse a la tarifa de 
último recurso transitoriamente carezca de un contrato de suministro en vigor con un 
comercializador y continúe consumiendo gas. Esta obligación se extiende durante el 
plazo de un mes desde la finalización del contrato, transcurrido el cual se deberá 
proceder a la inevitable interrupción del suministro.
El artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural, establece una serie de servicios que se 
consideran  esenciales  tales  como  los  centros  sanitarios  y  hospitales,  guarderías  y 
colegios, asilos y residencias de ancianos, instituciones vinculadas a la defensa nacional, 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.
En el caso de estos suministros a servicios declarados como esenciales, la interrupción 
del suministro no es de aplicación, excepto en los casos de peligrosidad cierta para 
personas y bienes, lo que implicaría que el consumidor se encontrase en una situación de 
compleja solución en tiempo y forma por lo que podría seguir consumiendo gas sin contrato, 
algo que sería irregular. Por ello, en el caso de los consumidores esenciales, se considera 
imprescindible extender la obligación de suministro de los comercializadores de último 
recurso a estos clientes un máximo de 6 meses o, preferentemente hasta que los mismos 
dispongan de un contrato de suministro con un comercializador.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes  s
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas  e.
de gas y electricidad, introduce temporalmente, en su disposición adicional séptima, una  w.
limitación al incremento del coste del gas en la tarifa de último recurso (TUR) al objeto de  305ww
aditsepnousairc ilóan e axcdeicpiocnioanl asl ésputbimidaa  ddeel  lRose aplr eDceiocsre itnot-elernya 1ci7o/n2a0l2e1s,  ddeel  g1a4s  dnea tsueraplt.i eEmnb creo,n clirmeittoó,  llaa 
evastraiabclieócnió d uenl ava mloer tdoedlo cloogsítae  pdaer ala l am raetceuripae praricmióan e dne l ae statarsif ac adnet iúdlatidmeos  reenc uerls fou tduero g.as natural y  BOE-A-cable e
Con objeto de solventar diversos problemas contables que pudieran afectar a las 
comercializadoras  de  último  recurso,  se  modifica  el  apartado  sexto  de  la  citada 
disposición adicional al objeto de incluir al sistema gasista como garante subsidiario de 
las cantidades adeudadas. Esta garantía adicional permitirá contabilizar la deuda con la 
máxima  seguridad  posible.  No  se  contempla  en  ningún  caso  que  el  mecanismo 
establecido en el citado real decreto-ley de recuperación de la deuda pueda resultar 
insuficiente.
VII
Uno de los aspectos más críticos para el despliegue de la movilidad eléctrica es el 
desarrollo de una infraestructura de recarga pública de alta capacidad, que evite la 
sensación  de  «ansiedad  de  autonomía»,  que  detrae  a  muchos  compradores  de  la 
decisión de adquirir y usar los vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de 
larga distancia.
Las estaciones de servicio pertenecientes a redes de operadores al por mayor de 
productos  petrolíferos  pueden  estar  explotadas  directamente  por  éstos  o  pueden 
funcionar bajo un régimen de abanderamiento o franquicia mediante el cual el minorista 
explota la estación en nombre y cuenta del operador, a través de un vínculo contractual 
de suministro en exclusiva de carburante.
Los titulares de instalaciones abanderadas, normalmente pymes, que quieran instalar 
un punto de recarga pueden estar viéndose obligados a incluir el servicio de recarga 
eléctrica dentro del contrato de suministro en exclusiva, lo que puede suponer una 
barrera a la implantación de puntos de recarga.
Para eliminar dicha barrera, se prohíbe la inclusión del servicio de recarga eléctrica 
dentro del contrato de suministro en exclusiva de carburante que mantienen titular y 
operador, con objeto de que este último pueda instalar puntos de recarga por sí mismo o 
a través de un tercero distinto al operador petrolífero.
VIII
El Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una 
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 
mineras, instrumentó las medidas acordadas en el Acuerdo Marco para una Transición 
Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el 
periodo  2019-2027,  en  un  contexto  de  cierre  de  la  actividad  minera  extractiva  no 
competitiva de las empresas mineras de carbón, de conformidad con lo establecido en la 
Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas 
estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas.
Dicho Acuerdo, suscrito por el Ministerio para la Transición Ecológica, la central 
sindical UGT-FICA, la Federación de Industria de CC. OO., la Federación de Industria de 
USO y la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN, con fecha 24 de octubre 
de  2018,  se  configuró  como  un  nuevo  plan  estratégico  encaminado  a  lograr  una 
transición justa hacia un nuevo modelo energético, caracterizado por la descarbonización 
e impulso a las energías renovables, apoyando a las empresas que cerraban, dando 
cobertura a los trabajadores que perdían sus puestos de trabajo y respaldando a las 
comarcas mineras, entre otros de sus objetivos.
Para lograr esa cobertura y proteger a los trabajadores excedentes de la minería del 
carbón,  se  instrumentan  medidas  dirigidas  a  otorgar  nuevas  ayudas  sociales,  e.
flexibilizando sus condiciones y permitiendo unas prestaciones financiadas con cargo  w.b
esas ayudas sociales, a las que de otro modo no hubiesen tenido acceso. Se persigue  305ww
cimopna ecltloo,  qau seu u vne za,l teon n liívneel ad ceo dne lsoe pmrepvleisot oc opnolrle lava rreíafe reidna l aDse zcoisnióans  dmeinl Ceroanss, eyjao , dmei tpigoarr  seí,l 
muy desfavorecidas.
A ese régimen especial de ayudas sociales en el sector de la minería del carbón, se 
dedica  el  Título  I  del  referido  Real  Decreto-ley  25/2018,  de  21  de  diciembre,  que 
distingue entre las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada 
(reguladas  en  su  artículo  1),  y  las  ayudas  por  costes  laborales  mediante  bajas 
indemnizadas de carácter voluntario (previstas en su artículo 2); remitiéndose, en todo 
aquello  que  no  estuviese  expresamente  previsto,  a  lo  señalado  en  el  Real 
Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por 
costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre 
de  unidades  de  producción  de  las  empresas  mineras  del  carbón,  cuyo  ámbito  de 
vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.
En ambas líneas de ayudas se diferencia entre aquellos trabajadores cuya relación 
laboral se extingue con ocasión del cierre de la unidad productiva en la fecha límite de 31 
de diciembre de 2018, y aquellos otros que mantienen su vínculo laboral para realizar las 
labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina. 
Estos últimos, según la redacción actual del Real Decreto-ley, solo podrían acogerse a 
estas ayudas sociales en el plazo de 36 meses contado desde el 31 de diciembre 
de 2018, es decir, antes del 31 de diciembre de 2021.
Sin embargo, ese plazo resulta insuficiente y no responde a la situación de las 
empresas mineras beneficiarias de las ayudas por costes excepcionales destinadas a 
compensar  la  clausura  de  las  instalaciones  y  la  restauración  del  espacio  natural, 
amparadas  en  la  Orden  IET/594/2014,  de  10  de  abril,  cuyas  labores  de  cierre  y 
rehabilitación aún están en marcha y se prevé que se extiendan más allá del 31 de 
diciembre de 2021.
Las últimas ayudas para la restauración no se han terminado de resolver hasta 21 de 
agosto  de  2021  para  las  dos  últimas  explotaciones.  Es  esencial,  por  consiguiente, 
acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono 
de  labores  y  restauración  de  modo  que  se  otorgue  la  cobertura  pretendida  a  los 
trabajadores del sector.
La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, 
pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las 
labores de cierre y restauración (por otro lado, necesarias), permitiendo el acceso de 
estas ayudas a aquellos trabajadores que realicen labores de cierre y rehabilitación en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Esta 
fecha se corresponde tanto con la vigencia de la citada Orden IET/594/2014, de 10 de 
abril, como con la del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto.
IX
La intensificación de los usos del territorio que tienen lugar en la cuenca vertiente al Mar 
Menor, junto a los efectos del cambio global, han hecho que en poco tiempo haya sufrido 
varios  episodios  catastróficos,  como  son  las  mortalidades  masivas  de  peces  y  otros 
organismos marinos acaecidas en 2019 y, más recientemente, en agosto de 2021. Los 
sucesivos informes encargados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a las más prestigiosas instituciones científicas del país no dejan lugar a dudas: 
las causas de la degradación siguen actuando, su estado ecológico se sigue deteriorando y el 
ecosistema ha perdido su resiliencia, de forma que es difícil predecir los efectos de nuevas 
perturbaciones. Además, están presentes amenazas ciertas, como los restos que la minería 
metálica ha dejado en las Sierras Mineras, que pueden agravar la degradación de la laguna. s
Para  revertir  la  situación  de  deterioro  ecológico,  entre  otras  medidas  resulta  e.
necesario dar un impulso decidido a las obras de protección y recuperación ambiental  w.
del Mar Menor. La declaración de interés general de estas obras posibilita una acción  305ww
cbouoernd iensatdaad oy e dcoelcóidgiidcoa ,d ceo lna  luangousn ap rminecdipiaionste o erli ernetsatadbolreecsi mcioemntuon dees : slua  driensátmauicraa cnióantu rdael,l 
blaa sreasdtaasu reanc ilóan n ayt urreanleaztuar.alización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones  BOE-A-cable e
X
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y 
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las 
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En  las  medidas  que  se  proponen  concurren,  por  su  naturaleza  y  finalidad,  las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real 
decreto-ley.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con 
rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por 
razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
A este respecto, dada la permanencia de circunstancias que motivaron la adopción 
de las medidas, en todo caso de carácter temporal para afrontar los efectos del impacto 
económico  de  la  pandemia,  resulta  imprescindible  mantener  las  referidas  medidas 
temporales  objeto  de  extensión,  resultando  inviable  recurrir  a  los  procedimientos 
parlamentarios para su mantenimiento.
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de 
febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que 
habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una 
«relación directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de 
la extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por 
un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en 
cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la 
situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 
137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una situación concreta, 
dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una 
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por 
el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en 
el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación  de  prioridades  políticas  de  actuación  (STC,  de  30  de  enero  de  2019), 
centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de 
oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real 
decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento 
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 
237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas  e.
las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente  w.b
norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;  305ww
182/R1e9s9u7l,t ad eu 2rg0e dnete o cyt unbercee, sFaJr i3o) .extender los plazos de otorgamiento de avales con
yc a2r5g/o2 0a2 0la, sd elí n3e daes  jucloion,c deedsidtiansa dpoosr  al ogsa rRanetaizleasr  laD eficnraentocisa-cleióyn 8 c/o2n0c2e0d, iddae  a1 a7u dtóen ommaorzso y, 
empresas  españolas  afectados  por  los  efectos  económicos  de  la  COVID-19  y
sucesivamente ampliados conforme se ampliaba el Marco Temporal, primero hasta 30 de 
junio de 2021 y luego hasta 31 de diciembre de 2021.
Aunque  no  cabe  duda  de  que  nos  hallamos  claramente  en  un  contexto  de 
recuperación económica, es necesario mantener los apoyos a empresas y autónomos 
para  consolidar  la  recuperación  económica.  Por  ende,  se  amplía  el  plazo  de 
otorgamiento de estos avales hasta 30 de junio de 2022, fecha a la que se ha extendido 
el Marco Temporal de Ayudas.
Asimismo, se extiende la vigencia de varias disposiciones que tienen por objeto 
lograr el reequilibrio patrimonial de empresas viables cuya situación económica se ha 
visto afectada por la extensión de la crisis económica derivada de la COVID-19, evitando 
su entrada en concurso. Por un lado, se amplía hasta 30 de junio de 2022, la exención 
del  deber  del  deudor  que  se  encuentre  en  estado  de  insolvencia  de  solicitar  la 
declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso 
necesario que presenten los acreedores.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida se justifica puesto que está 
próximo a vencer el plazo que se había concedido para la misma, hasta 31 de diciembre 
de 2021. En tanto se desarrolla un nuevo marco concursal y preconcursal resultante de 
la transposición de la Directiva de reestructuración e insolvencia, que establezca nuevos 
instrumentos  que  permitan  la  reestructuración  de  empresas  viables  y  modernice  la 
segunda  oportunidad  de  los  empresarios  personas  físicas,  es  necesario  y  urgente, 
extender las medidas que evitarían la entrada en concurso de empresas viables cuya 
situación patrimonial se ha visto afectada por la crisis derivada de la COVID-19.
En cuanto a la extensión al ejercicio 2021 del régimen previsto en el artículo 13.1 de 
la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, resulta igualmente extraordinaria y urgente su 
adopción si se quiere aportar estabilidad a los mercados, evitando que por efecto de la 
situación económica derivada de la pandemia numerosas empresas viables empiecen a 
presentar problemas que afecten a su estabilidad desde una perspectiva societaria.
Por otro lado, la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de una nueva 
prórroga  de  la  vigencia  del  régimen  transitorio  de  suspensión  de  liberalización  de 
determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países 
de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, se basa en el 
mantenimiento de las razones que llevaron a adoptar inicialmente dicha medida. En 
particular, cercano ya el vencimiento de dicha medida el 31 de diciembre próximo, 
continúa  siendo  patente  la  necesidad  de  salvaguardar  la  seguridad  jurídica  de  los 
operadores y la protección de la seguridad, salud y orden público en nuestro país en 
tanto se afianza la recuperación económica y se despejan las circunstancias derivadas 
de la pandemia de COVID-19.
Por lo anterior, se estima conveniente extender la misma durante todo 2022 con el 
objetivo  de  afianzar  la  seguridad  jurídica  y  añadir  certidumbre  a  los  operadores 
económicos.  En  un  contexto  económico  global  de  incertidumbre,  los  agentes 
económicos, en particular los inversores, necesitan un clima de inversión estable que 
favorezca decisiones con implicaciones a medio y largo plazo.
En este sentido, recordemos que las inversiones extranjeras directas objeto de esta 
regulación tienen un perfil claro de estabilidad y permanencia por lo que, habida cuenta 
del escaso plazo que resta para la finalización de la prorroga vigente, es especialmente 
importante proporcionar una rápida respuesta que aporte esa certeza en la toma de 
decisiones de inversión.
Concurre asimismo extraordinaria y urgente necesidad en la extensión, hasta el 30  s
de junio de 2022, del plazo previsto para la devolución por parte de las comunidades  oe.
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla al Estado del saldo no ejecutado ni  w.
comprometido a 31 de diciembre de 2021, correspondiente a las transferencias de  305ww
paryeuvdisatso  deirne clata sa cptureavliidsatads  peanra  erl eRaleizaal r Dloesc rreetoin-tleegy ro5s/2 0p2u1e ddee r e1s2u ltdaer  imnsaurzfioci.e nEtle  pplaazroa 
aquellos  casos  en  los  que  los  beneficiarios  hayan  interpuesto  un  recurso  en  vía
administrativa  contra  resoluciones  denegatorias  dictadas  antes  del  31  de  diciembre 
de 2021 y que estén pendientes de resolución.
En el caso de las tres medidas adoptadas en el ámbito energético la concurrencia de 
las referidas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad se justifica en lo 
siguiente:
En lo que se refiere a la extensión del suministro de gas natural a consumidores 
esenciales  que  no  dispongan  transitoriamente  de  contratos,  la  situación  actual  de 
elevados precios del gas natural, cuya cotización en los mercados internacionales se ha 
multiplicado por cuatro en los últimos meses, ha incrementado el riesgo de insolvencia y 
disolución  de  comercializadoras  de  gas,  como  consecuencia  de  las  mayores 
necesidades de tesorería requeridas para operar en los mercados en la actualidad. Se 
ha tenido conocimiento de casos de comercializadoras de gas natural que han tenido 
que cesar su actividad, dejando a sus clientes, algunos de ellos categorizados como 
esenciales, sin suministro.
Dado que muchos de estos suministros se corresponden con organismos públicos, el 
plazo de un mes previsto actualmente en la normativa durante el cual son suministrados 
por las comercializadoras de último recurso es claramente insuficiente para la licitación y 
adjudicación de un nuevo contrato en el mercado, lo que justifica la extensión de dicho 
plazo mediante un real decreto-ley.
En relación con el refuerzo de la garantía de cobro del déficit de la tarifa de último 
recurso de gas natural, resulta necesario y urgente establecerlo con una norma con 
rango  legal,  al  modificarse  el  Real  Decreto-ley  17/2021,  de  14  de  septiembre,  y 
establecerse  al  sistema  gasista  como  garante  de  último  recurso  de  las  cantidades 
adeudadas a las comercializadoras de último recurso.
Esta modificación legal debe estar operativa antes de la formulación de cuentas 
anuales de las compañías, de manera que esta deuda pueda ser calificada como un 
activo regulatorio, lo que exige su aprobación urgente mediante un real decreto-ley con 
entrada en vigor antes de finalizar este ejercicio.
El insuficiente desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica de alta capacidad 
está desincentivando la decisión de compra de vehículos eléctricos, lo que compromete 
la consecución de los objetivos de descarbonización del sector del transporte, pero 
también afecta negativamente al sector de la industria de la automoción, que tiene un 
peso  muy  significativo  en  la  economía  española,  en  términos  de  valor  añadido, 
exportaciones y empleo.
El fomento de la electrificación del transporte por carretera, así como la necesidad de 
acompañar desde la regulación al sector de la automoción, una de las principales 
palancas para la recuperación económica post COVID-19, justifican la concurrencia de la 
extraordinaria y urgente necesidad para la adopción de esta medida.
Por  último,  la  ampliación  del  plazo  a  31  de  diciembre  de  2025  para  que  los 
trabajadores que mantienen su vínculo laboral para realizar las labores de cierre y 
rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina puedan acogerse a las 
ayudas sociales del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, debe aprobarse con 
carácter urgente porque, de no habilitarse, obligaría a que este grupo de trabajadores 
tuviera que extinguir su relación laboral antes de 31 de diciembre de 2021, cuando parte 
de las labores de restauración que están realizando no han hecho sino empezar, por los 
plazos de adjudicación y consiguiente ejecución de las obras.
La extraordinaria y urgente necesidad de la declaración de obras públicas de interés 
general del Estado con la finalidad de protección y recuperación ambiental del Mar  e.
Menor se justifica por la situación crítica que padece la laguna. Existe un claro consenso  w.b
científico en relación con las causas que han motivado el actual deterioro al que se  305ww
peanrfraelenltoa  ceol nM laar  eMxepnaonrs, iócnu ydae d deegtreardmaicnióand asse  ahcati vaidcaedleersa daog rdíucoralanste y l ousr búaltnimaso,s a a ñlaoss ,q ueen 
vhiaeyn eq useu fsriuemndaor  oetpraisso dpiroess iodnee se udtreo ftiizpaoc imónin earvoa, ntzuarídsati,c ofr,u gtoa ndaedl eerox,c eestco.  Edel  Mnaurtr iMenetneosr, 
principalmente  nitratos  y  fosfatos  procedentes  de  la  agricultura  intensiva  y  otras
actividades humanas, los cuales llegan a la laguna a través de las cuencas vertientes del 
Campo de Cartagena. Así, en 2016 se produjo el evento conocido como «sopa verde» 
que acabó con la mayoría de las praderas de macroalgas y fanerógamas marinas de la 
laguna, y en 2019 se produjo una mortandad masiva de fauna marina debido a un evento 
anóxico posterior a unas lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena («Gota fría» o 
«DANA»). Durante el mes de agosto de 2021 ha sucedido otro evento de condiciones de 
hipoxia en varias localizaciones del Mar Menor, fruto de la eutrofización avanzada que 
sufre la laguna. Estas condiciones físico-químicas del agua han originado, aunque en 
menor  medida  que  en  2019,  un  nuevo  evento  de  mortandad  de  fauna  marina 
(principalmente, peces y crustáceos). Nuevamente, este evento es debido a la entrada 
de nitrógeno y fósforo de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el 
entorno de la albufera que provocaron un afloramiento masivo de fitoplancton iniciado en 
torno a la rambla del Albujón. Este exceso de fitoplancton ha limitado la entrada de luz y 
ha afectado tanto a la fotosíntesis como a la disponibilidad de oxígeno disuelto, lo cual 
ha desencadenado la mencionada mortandad de fauna.
Actualmente, el ecosistema lagunar del Mar Menor ha perdido su capacidad de 
regulación. El citado deterioro tiene como vehículo transmisor de la contaminación los 
recursos hídricos, que bien en forma de escorrentía superficial o bien como drenaje a 
través  del  acuífero  cuaternario  de  la  masa  de  agua  subterránea  del  Campo  de 
Cartagena, llegan a la laguna alternado dicho ecosistema.
En  el  conjunto  de  actuaciones  prioritarias  definidas  por  el  Ministerio  para  la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recuperar el Mar Menor, se incluye la 
realización de las obras de interés general enumeradas en la disposición adicional única. 
La restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y la creación del 
Cinturón Verde tiene como objetivo eliminar las afecciones directas y buscar un efecto 
tampón o amortiguador de impactos, así como una naturalización del entorno inmediato 
de la laguna. La renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y de la red de 
drenaje  general  de  la  cuenca  vertiente  al  Mar  Menor  se  orienta  a  garantizar  la 
funcionalidad del territorio, tanto en la respuesta frente a inundaciones como en la 
mejora de la biodiversidad y en el papel a jugar en la retención de nutrientes y otros 
compuestos, incluyendo la creación de corredores verdes asociados al Cinturón Verde, 
para dotar de conectividad a todo el sistema y red de drenaje del Campo de Cartagena. 
La restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de 
zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor tiene como objetivo 
evitar la contaminación de los suelos y el acuífero y evitar escorrentías superficiales de 
residuos mineros peligrosos que entren en el Mar Menor y deterioren su estado. La 
renovación de la impulsión de la rambla del Albujón pretende alcanzar una explotación 
próxima a su capacidad hidráulica, paliando la entrada de nutrientes por esta rambla, a la 
que surgen aguas subterráneas ricas en los mismos. El objetivo de las obras de mejora 
hidrológica y laminación de crecidas en la cuenca vertiente del Mar Menor es contribuir a 
minimizar el riesgo de inundaciones en los municipios ribereños, laminando además la 
entrada masiva de nitratos sin alterar la proporción de agua dulce y salada de la laguna.
Todas estas obras precisan de la declaración de interés general para iniciar de 
forma inmediata el desarrollo y ejecución de los proyectos urgentes y prioritarios 
que, con las características de cada uno que han quedado brevemente descritas, 
tienen en común la finalidad de frenar y revertir el grave deterioro ecológico de la 
laguna del Mar Menor.
Debe recalcarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las  s
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos  oe.
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni  w.
al Derecho electoral general. 305ww
liberEtand eess ted see nlotisd oc, iyu deand raenlaocsi órne gcounla dlao ps roehnib iecli ótnít udleo  aIf edceta cliaó nC ao lnosst itduecrieócnh oEss, pdaeñboelare, s lay 
«co1n.ºs) oli(d…ad) ae dstoec tTrinriab ucnoanl shtiatu creiocnhaal,z aqduoe  urensau minete rlpar eStaTcCió 1n3 e9x/2te0n1s6i,v ad ed e3 1d idceh oju llíimo i(teF Jq 6u)e,   BOE-A-cable e
supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular 
con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el 
título I de la Constitución; 2.º)  La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no 
se  reduzca  a  la  nada  la  figura  del  decreto-ley,  de  suerte  que  lo  que  se  prohíbe 
constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y 
libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales 
derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) 
El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de 
reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido 
‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo 
que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad 
afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
XI
El presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación recogidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 
Las razones de interés general y los objetivos se definen con claridad, en el caso de los 
cinco artículos: afianzar y consolidar asegurar la reactivación económica, la estabilidad 
de los mercados y garantizar la protección de la seguridad jurídica; mantener unas 
medidas que ha logrado evitar la disolución de empresas que resultarían viables en unas 
condiciones de funcionamiento de mercado normales; así como mantener los apoyos a 
empresas y autónomos hasta que la recuperación esté claramente asegurada. También 
en el supuesto de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
dispongan de los fondos necesarios hasta la resolución de los eventuales recursos 
pendientes de resolución. En todos los casos, se trata de los instrumentos idóneos para 
garantizar la consecución de los fines perseguidos.
Por su parte, la disposición adicional se funda igualmente en el interés general que 
debe coadyuvar a la restauración ecológica del Mar Menor. Por último, las medidas de 
política energética se ajustan a las necesidades de viabilidad económica y financiera de 
las empresas comercializadoras de último recurso, a las de cumplimiento de los objetivos 
de extensión de la electrificación de la movilidad y a las de protección efectiva de los 
trabajadores  mineros  dedicados  a  la  restauración  ecológica  de  las  zonas  mineras, 
respectivamente.
Conforme  al  principio  de  proporcionalidad,  es  constatable  que  la  regulación 
contenida es la mínima imprescindible, ya que, en todos los casos, se trata de extender 
por un tiempo limitado la regulación que se ha demostrado eficaz para la consecución de 
los objetivos perseguidos, ante la continuidad en el tiempo de las circunstancias que 
motivaron su adopción.
Lo mismo sucede con las medidas para la restauración ecológica del Mar Menor y 
con las medidas que afectan al sector energético, en atención a las finalidades que 
motivan su regulación como se ha expuesto anteriormente.
Asimismo, las medidas de política energética tratan respectivamente de mejorar la  s
realidad de las empresas comercializadoras de último recurso, ajustar la extensión de la  e.
política de electrificación de la movilidad y mantener la política de protección de los  w.
trabajadores dedicados a trabajos de restauración ecológica de zonas mineras. 305ww
estaEbnili dcauda nbtuos caal dpari ndcuirpaion ted ee l steiegmurpidoa qdu eju, raíd dicíaa,  dlea  hnooyr,m sae  ecso nisdiódneeraa  npeacreas caorinos, esgieunird ola, 
ain telar nvaeczio ncaolh, eerne nretela ccioónn  ceol nm laa rAcEoL jCu.rídico nacional, de la Unión Europea e, incluso,  BOE-A-cable e
La transparencia queda garantizada, en la medida en que se trata de la extensión de 
regímenes ya vigentes, conocidos por el mercado y los agentes económicos y accesible 
a todos. Y en el caso de las medidas de restauración ecológica del Mar Menor, porque 
instrumentan determinadas actuaciones prioritarias definidas por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recuperar el Mar Menor.
Respecto de las medidas que afectan a la política energética, se trata de medidas 
que  coadyuvan  a  los  requisitos  de  transparencia  financiera  de  las  empresas 
comercializadoras de último recurso, a una mejora de la política de extensión de la 
electrificación en la movilidad y a un horizonte de certeza de la protección social de los 
trabajadores que siguen realizando las labores de restauración en zonas mineras.
Por último, en cuanto al principio de eficiencia, éste resulta evidente, al no incluirse 
en  ninguna  de  las  regulaciones  objeto  de  esta  norma  requisitos  adicionales  ni 
introducirse nuevas cargas con respecto de los que ya puedan existir.
Este real decreto-ley se estructura en nueve artículos, dos disposiciones adicionales 
y tres disposiciones finales, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 
10.ª,13.ª, 24.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las 
competencias exclusivas sobre la legislación mercantil, el comercio exterior y las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, 
a  propuesta  de  las  Ministras  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital,  de 
Justicia, de Hacienda y Función Pública, de Industria, Comercio y Turismo, y para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, 
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  El  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital  podrá 
conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 
de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el 
plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo 
de  Ministros,  sin  que  se  requiera  desarrollo  normativo  posterior  para  su 
aplicación.»
Artículo  segundo.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19.  El 
apartado 2 del artículo 29 queda redactado del siguiente modo:
«2.  El  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital  podrá  s
conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 30  e.
de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el  w.
plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo  305ww
daep licMacinióisnt.r»os,  sin  que  se  requiera  desarrollo  normativo  posterior  para  su
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia.
Uno.  El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6.  Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de 
acreedores.
1.  Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en 
estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, 
haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con 
los  acreedores  para  alcanzar  un  acuerdo  de  refinanciación,  un  acuerdo 
extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El 
cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto 
en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el 
día siguiente a dicha fecha.
2.  Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite 
las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de 
marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera 
presentado  solicitud  de  concurso  voluntario,  ésta  se  admitirá  a  trámite  con 
preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»
Dos.  Se modifica apartado 1 del artículo 13, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«1.  A  los  solos  efectos  de  determinar  la  concurrencia  de  la  causa  de 
disolución  prevista  en  el  artículo  363.1.e)  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. 
Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio  neto  a  una  cantidad  inferior  a  la  mitad  del  capital  social,  deberá 
convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el 
plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 
de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la 
sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»
Artículo cuarto.  Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria.
Se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre,  de  medidas  urgentes  de  apoyo  a  la  solvencia  empresarial  y  al  sector 
energético, y en materia tributaria, que queda redactada en los siguientes términos:
«El  régimen  de  suspensión  de  liberalización  de  determinadas  inversiones 
extranjeras directas en España regulado en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la 
Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022, a las 
inversiones  extranjeras  directas  sobre  empresas  cotizadas  en  España,  o  sobre 
empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros,  s
realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación  o
uEEnsu prmoaApeñ eeracaf aea ddcqeotuo  eLssliel badcrseue  nc eCudsoyatameriso er  aéroccgfiicocimii.oa Aenl ne ees sst pretaoasnsñtés oeinlt fo,ye  rectietnoon ,st gos, adesno ee   soncu otee ndnnso dpimdeaeirrcrtáaeil ir,po áa onsdro  msicnoiiavtcideli eeardsnsai  oaEdn esnespes acg ñeooaxtci.ztiaraacdnióajensr  eeanns    2021-19305n https://www.
directas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a
ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la
sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto 
o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la 
Unión  Europea  y  de  la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  diferentes  a 
España,  como  si  se  realizan  por  residentes  en  España  cuya  titularidad  real 
corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando 
estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un 
porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o 
cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.»
Artículo quinto.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19.
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, que queda redactado del siguiente modo:
«Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla procederán al 
reintegro  al  Tesoro  Público  de  los  importes  correspondientes  conforme  a  los 
siguientes apartados:
a)  Con  anterioridad  a  31  de  diciembre  de  2021  deberán  reintegrar  la 
diferencia entre el importe asignado a la Comunidad Autónoma o Ciudad por este 
Real Decreto-ley y el importe máximo derivado de las solicitudes recibidas.
b)  Asimismo, con anterioridad a 31 de diciembre de 2021, podrán reintegrar 
la diferencia entre el importe máximo derivado de las solicitudes y el importe 
adjudicado, sin perjuicio de que puedan retener los fondos necesarios para hacer 
frente a los pagos que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los 
recursos  en  vía  administrativa  interpuestos  contra  resoluciones  denegatorias 
dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.
c)  En todo caso, el resto del saldo no ejecutado se deberá reintegrar antes 
del 30 de junio de 2022.
Antes de 30 de junio de 2022, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública un estado de 
ejecución, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
remitir junto con la información enumerada en este apartado, informe de sus 
respectivos órganos de intervención y control en el que se acredite y certifique el 
importe de los reintegros.»
Artículo  sexto.  Modificación  de  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  sector  de 
hidrocarburos.
El artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se 
modifica de la siguiente manera: e
Uno.  Se añade una letra c) al punto 1 con el siguiente tenor literal: 305www.
pres«tac)c iónN od e psoedrvráicnio sc odnet erencearr gcal áeuléscutlraicsa  dae v eehxíccululossiv.»idad  en  lo  relativo  a  la
Dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 43 bis que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«4.  Lo dispuesto en el presente artículo, a excepción de lo establecido en la 
letra c) del apartado 1, no será de aplicación cuando los bienes o servicios 
contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean 
plena propiedad del proveedor.»
Artículo séptimo.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de 
medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo 
sostenible de las comarcas mineras.
El Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una 
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 
mineras, se modifica de la siguiente manera:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  1  que  pasa  a  tener  la  siguiente 
redacción:
«2.  La extinción de la relación laboral que dará lugar a estas ayudas podrá 
producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, o dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, para 
aquellos trabajadores que realicen labores de cierre y rehabilitación del espacio 
afectado por el cierre de la mina.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 2 en los términos siguientes:
«2.  Los  trabajadores  que  puedan  causar  derecho  a  estas  ayudas  y 
contribuyan en las labores de restauración, seguridad y clausura de la explotación 
minera  podrán  ver  extinguida  su  relación  laboral  con  posterioridad  al  cierre 
efectivo de la unidad de producción el 31 de diciembre de 2018, dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.»
Artículo octavo.  Modificación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural 
en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Se  modifica  del  apartado  6  de  la  disposición  adicional  séptima  del  Real 
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas 
y electricidad, que pasa a tener la siguiente redacción:
«6.  No se podrá poner fin al procedimiento de recuperación de las cantidades 
adeudadas hasta que las comercializadoras de último recurso hayan recuperado 
la totalidad de las mismas, incluyendo, en su caso, los intereses correspondientes.
La facturación de la tarifa de último recurso responderá de estos pagos, y en 
su defecto, estos tendrán la consideración de desajuste entre ingresos y costes 
del  sistema  gasista,  conforme  a  lo  dispuesto  en  al  artículo  61  de  la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.»
Artículo noveno.  Modificación del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se 
regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas 
natural.
Se modifica el apartado 3, del artículo 2 del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, 
por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del 
gas natural, que pasa a tener la siguiente redacción:
«3.  Adicionalmente, el comercializador de último recurso perteneciente al 
grupo empresarial propietario de la red en una zona de distribución, o en el caso 
de  que  no  exista,  el  comercializador  de  último  recurso  con  mayor  cuota  de 
mercado en la comunidad autónoma, deberá atender el suministro de aquellos 
consumidores que, sin tener derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, 
transitoriamente  carezcan  de  un  contrato  de  suministro  en  vigor  con  un 
comercializador y continúen consumiendo gas.
Esta obligación se extiende únicamente durante el plazo de un mes desde la 
finalización del contrato del cliente.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor disponga de un contrato en 
vigor de suministro con un comercializador, se procederá según lo previsto en el 
artículo 55 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
En el caso de que el consumidor se trate de un servicio esencial, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
la obligación de suministro del comercializador de último recurso, se extenderá 
hasta un máximo de seis meses o preferentemente, hasta que el consumidor 
disponga de un contrato de suministro en vigor con una comercializadora.»
Disposición adicional primera.  Autorizaciones administrativas de las operaciones de 
inversión extranjera.
Con el fin de garantizar la adecuada tramitación de las solicitudes de autorización 
administrativa de las operaciones de inversión extranjera, el Gobierno adoptará las 
medidas necesarias para dotar a la unidad de gestión competente de los recursos 
humanos  necesarios,  atendiendo  al  análisis  de  necesidades  dentro  de  las 
disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
Disposición adicional segunda.  Declaración de interés general de determinadas obras 
de protección y recuperación ambiental del Mar Menor.
1.  Se declaran de interés general de la Administración General del Estado las 
siguientes obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor:
a)  Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del 
Cinturón Verde.
b)  Restauración  de  emplazamientos  mineros  peligrosos  abandonados  y 
restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor.
c)  Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores 
verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas 
afectadas por la minería. e
d)  Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón. bo
e)  Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las  305ww
área2s.  deL raiess goob rpaost eninccialul isdiagsn ifiecna tiveos tdae  dinisupnodsaicciióónn  dlele lvaa cruáenn cima pvleícrtiitean tlea  ddele Mclaarr aMceiónno r.de
utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
3.  Las obras incluidas en esta disposición se financiarán con cargo al Presupuesto 
de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición  final  primera.  Salvaguardia  del  rango  de  ciertas  disposiciones 
reglamentarias.
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-
ley, puedan realizarse respecto al Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, podrán 
efectuarse por normas con rango de real decreto.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 10.ª, 
13.ª, 24.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva 
sobre la legislación mercantil, el comercio exterior y las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, obras públicas de interés general y 
bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN