BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50 Lunes 28 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 23592
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
3160 Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Llucmajor, para el cumplimiento de las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 17 de febrero de 2022 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior,  a  través  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  y  el 
Ayuntamiento de Llucmajor para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid,  23  de  febrero  de  2022.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Llucmajor, para el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 17 de febrero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Éric Jareño Cifuentes, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Llucmajor (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de 
fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de 
las atribuciones que le confiere el artículo 21.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en plaza de España 12, 07620 de Llucmajor (Islas Baleares).
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN bo
PrimQeuroe. la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer  Bc
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que  el  Real  Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así  como  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3 a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad  condicional;  la  libertad  vigilada  postpenitenciaria  que  es  competencia  de  la 
Administración Penitenciaria, y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los municipios, entre otras, 
como competencia propia, la evaluación e información de las situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. e.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica y  w.
administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las  60ww
Cseo mdeusnaidrraodlleasrá A cuotónn coamráacst,e rta vnotolu netna rsioe,r vbicaijoos l alosc faolrems acso my eon e lno sa stéurnmtoinso dse p irnetveirsétso sc oemn úlans, 
aledymesin, ispturadtiievnods oq uteen seurs clurigbaarn, .en todo caso, mediante los consorcios o los convenios  BOE-A-cable e
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Llucmajor para 
el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante 
la prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su 
ámbito competencial.
Segunda. Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1. El  Ministerio  del  Interior,  a  través  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo 
desarrollado  en  beneficio  de  la  comunidad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección 
de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad productiva 
ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso se dispensa a 
los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales obligatorias, la 
derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social 
únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo ello 
también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2. Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento.
Tercera. Compromisos que asume el Ayuntamiento.
1. El Ayuntamiento se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2. El Ayuntamiento, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.
3. La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro del Ayuntamiento.
4. El Ayuntamiento deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría  es
General de Instituciones Penitenciarias. bo
Cua1rt.a . ElD Aisyturinbtuacmióine ndteo  ldaesb pelaráz ares.mitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas
cAultmerpnlaimtiveansta ddoe  colan  loSse cdraettoasr ísao bGree nlaesr apll adzea s Iqnuseti tsuec iionndeicsa nP.enitenciarias,  el  anexo  II  BOE-A-cable e
2. Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido el Ayuntamiento de acuerdo con el 
anexo II de este convenio.
3. Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán al Ayuntamiento la información necesaria para el 
adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta. Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medias  Alternativas  de  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta. Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1. La actividad que realice el penado no será retribuida.
2. En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo  del  presente  convenio,  ni  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias ni para el Ayuntamiento.
Séptima. Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1. Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias del Ayuntamiento.
2. El Ayuntamiento informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a) Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b) Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c) Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del 
responsable de la ocupación.
d) Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, el Ayuntamiento deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y  e.e
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la  b
finalización del plan de ejecución. 60ww
Octava. Confidencialidad y protección de datos.
1. El  Ayuntamiento  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de 
Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el  Ayuntamiento.  Los  datos  objeto  de 
tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y número de jornadas de condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4. Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena. Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima. Comisión de Seguimiento.
1. Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes del Ayuntamiento que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Alcalde, respectivamente.
2. Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen. e.e
3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría  b
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que  60ww
actu4a.r á Lcao n Cvoozm piseióron  sidne v oStoe.guimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima. Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento.
Duodécima. Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29 /1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimotercera. Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos  e  instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público  Estatal.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el 
Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro 
años adicionales.
Decimocuarta. Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Alcalde 
de Llucmajor, Éric Jareño Cifuentes.
ANEXO I
Datos del Ayuntamiento
 
PERSONA DE CONTACTO 
 
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C.POSTAL   
 
   
ANEXO II
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado Universitario o equivalente   
* (2)  Estudios Primarios      Licenciado Universitario o equivalente   
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL     
 
(1) Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos.  o
(2) Marcar el nivel mínimo requerido o “Ninguno” si no se requiere especial cualificación  60ww