BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Viernes 23 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 90956
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
12768 Ley 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 54.9 apartado a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y 
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha establece que el Consejo Consultivo debe 
ser consultado en las reclamaciones de patrimonial que tramite la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya cuantía sea «superior a seiscientos 
un euros».
En el citado precepto se hace referencia a la preceptividad del dictamen en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta, pero no se 
hace alusión a los que tramiten las Corporaciones Locales.
Hasta la modificación del artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, no resultaba preceptiva la intervención de este órgano en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial tramitados por Entidades Locales de la región al no existir 
un precepto legal, ni en la Ley 30/1992, ni en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que 
obligara a ello.
Tras la nueva redacción dada al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, el precepto pasó a 
establecer  expresamente  la  obligación  de  solicitar  en  el  procedimiento  general  el 
dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas fueran de cuantía igual o superior 
a 50.000 € o a la que se estableciera en la correspondiente legislación autonómica, 
resultando dicho artículo aplicable a las Entidades Locales al estar incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A raíz de esta modificación el Pleno del Consejo Consultivo adoptó un acuerdo el 25 
de enero de 2012 en el que fijaba el criterio de que su dictamen debía ser solicitado 
conforme  al  artículo  142.3  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  y  a  los 
artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales 
de Castilla-La Mancha en cuantía superior a seiscientos un euros.
Todo lo anterior ha motivado que el número de expedientes de responsabilidad 
patrimonial que se dictaminan se venga incrementado cada año hasta llegar a suponer 
en 2019 casi el 78 % del total de los asuntos dictaminados. Esta situación ha provocado 
un fuerte incremento de la carga de trabajo de este órgano que sobrepasa los medios 
personales de que dispone lo que viene ocasionando un retraso en la emisión en plazo 
de sus dictámenes.
Por  lo  expuesto  se  considera  conveniente  elevar  la  cuantía  mínima  de  los 
expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por la Administración Regional y  s
las  Entidades  Locales  que  deban  ser  dictaminados  por  este  órgano  consultivo  oe.
a 15.001 euros. w.
Por todo ello, presentamos la siguiente modificación de la Ley 11/2003, de 25 de  768ww
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Artículo único.
El artículo 54, punto 9, apartado a), de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha pasa a tener la siguiente redacción:
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las 
Entidades Locales, cuando la cuantía de la reclamación sea superior a quince mil 
un euros.
Disposición final.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha».
Toledo, 19 de junio de 2020.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 132, de 3 de julio de 2020)