BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 2 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83576
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11635 Resolución  de  2  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador mercantil III de Sevilla a inscribir la escritura de reducción del 
capital de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don J. L. G. y por doña C. G. I. contra la negativa del 
registrador Mercantil III de Sevilla, don Juan Ignacio Madrid Alonso, a inscribir una 
escritura de reducción del capital de la sociedad «López Invernot, S.L.».
Hechos
I
En escritura autorizada el día 31 de enero de 2020 por el notario de Sevilla, don 
Miguel Ángel del Pozo Espada, con el número 166 de protocolo, se elevaron a público 
los acuerdos adoptados por la junta general (con asistencia de todos los socios) de la 
sociedad «López Invernot, S.L.» de fecha 7 de noviembre de 2019, reducción de capital 
y modificación parcial de los estatutos sociales de la misma. Mediante esta escritura el 
secretario del consejo de administración, don J. L. G., con intervención de la socia doña 
C. G. I., ejecutaba tales acuerdos, por los que se reducía el capital social en 6.971,74 
euros con la finalidad de restituir aportaciones a dicha socia, quien recibía 277.766,64 
euros mediante la adjudicación de un inmueble de la sociedad. Tales acuerdos fueron 
aprobados con el voto favorable de socios titulares de participaciones que representan 
el 80% del capital social y el voto en contra de los dos socios titulares de las restantes 
participaciones sociales, quienes expresaron que dicho acuerdo requería unanimidad de 
todos los socios y manifestaron su disconformidad con el valor de la restitución mediante 
la adjudicación de dicho bien inmueble.
En dicha escritura, los dos otorgantes antes referidos expresaban lo siguiente:
«Hacen constar los comparecientes, que el acuerdo de reducción de capital social, 
se ha adoptado con la mayoría prevista por la Ley de Sociedades de Capital para la 
reducción de capital social, artículo 199, punto a. Habiéndose adoptado el acuerdo con 
las mayorías legalmente exigibles no ha habido una violación del principio de igualdad de 
trato por lo que no existe justificación alguna para exigir el consentimiento unánime de 
todos los socios sitie la Ley no demanda. puesto que el artículo 329 de la Ley de 
Sociedades de Capital, sólo exige el consentimiento individual del socio afectado por la 
reducción, no siendo necesario el consentimiento de los socios. Doña E. y Don M., L. G., 
que votaron en contra del acuerdo, puesto que su parte de capital social no ha sido 
objeto  de  aguamiento  o  supresión,  y  su  posición  social  ha  sido  mantenida. 
manteniéndose su derecho de no decrecer en su parte social, es decir, no son titulares 
de participaciones afectadas por la reducción, siendo la única titular afectada la aquí 
compareciente Doña C. G. I., que presta su consentimiento individualizado. No hay pues 
disparidad de trato ni merma alguna de la posición de los socios disidentes en la  e
Sociedad, pues la conservan intacta, sin dilución ni supresión del porcentaje, sobre el  bo
capital que les correspondía con anterioridad a la adopción del acuerdo. Todo ello de  5w
cdoen dfoiercmisidéaisd  dceo nm alay oR edseo dluocsi ómni ld deie laci oDcihreoc.»ción General de los Registros y del Notariado,  2020-1163n https://w
II
Presentada el día 12 de febrero de 2020 la referida escritura en el Registro Mercantil 
de Sevilla, fue objeto de calificación negativa que se transcribe únicamente respecto de 
los extremos que son objeto de este recurso:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada con arreglo a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 1026/438.
F. presentación: 12/02/2020.
Entrada: 1/2020/3.036,0.
Sociedad: López Invernot S.L.
Autorizante: Pozo Espada, Miguel Ángel del.
Protocolo: 2020/166 de 31/01/2020.
Fundamentos de Derecho (defectos):
1.  (…).
2.  Dado que, la reducción de capital social acordada -mediante la amortización de 
las 116 participaciones sociales pertenecientes a la socia doña C. G. I., por devolución 
de aportaciones, concretamente la finca registral 29208 inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Chipiona-, no afecta por igual a todas las participaciones en que se 
encuentra dividido el capital social, es necesario, tal y como establece el artículo 329 de 
la Ley de Sociedades de Capital, el consentimiento de todos los socios (en este caso 
concreto, votan a favor el 80% y el 20% en contra). Esta modalidad de reducción no 
puede ser impuesta por la mayoría en perjuicio de la minoría de conformidad con las 
reglas sobre protección de los socios minoritarios. Los sujetos que han de emitir el 
consentimiento individual son los titulares de “esas” participaciones, que no son sólo 
aquellas que se amortizan; sino que por “esas” participaciones entendemos que se dirige 
hacia todas ellas. Por lo tanto, de acuerdo con el expresado artículo, el acuerdo de 
reducción que nos ocupa debe afectar por igual a todos los socios lo que conlleva que la 
alteración que de la posición jurídica resulte debe ser idéntica para todos ellos. Así 
ocurriría cuando el porcentaje de amortización sea el mismo para todos; si se respeta la 
paridad de los socios, no es exigible el consentimiento de todos ellos; es decir, si el 
acuerdo adoptado con las mayorías legalmente exigibles no supone una violación del 
principio de igualdad de trato, no existe justificación alguna para exigir un consentimiento 
adicional. Artículos 329, ya citado, 330 de la Ley de Sociedades de Capital, 201 del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil  y  RDGRN  de  16  de  mayo  de  2.018.  Defecto 
subsanable.
3.  La regla general en materia de reducción de capital social es que ésta debe 
restituirse a los socios en dinero “-… la suma que haya de abonarse…, artículo 318.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital-” y para que pueda efectuarse en “especie” si no está 
previsto  en  estatutos,  requiere  la  aprobación  unánime  de  los  socios  por  afectar  a 
derechos individuales de los socios (Ver RDGRN de 30-7-2015). Teniendo en cuenta que 
la restitución en especie, así como la valoración dada al bien no ha sido aprobada por  es
unanimidad, se suspende la inscripción del mismo. Defecto subsanable (…) o
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.º del RRM contando la  5w
presEenn tree lnaoctiaó nd eco cna lliafi cparecisóenn cteo nc alalif iccoancfioórnm: i(d…ad) de los cotitulares del Registro. 2020-1163n https://w
Sevilla, a 5 de Marzo de 2020 El Registrador.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. L. G. y doña C. G. I. interpusieron 
recurso el día 18 de junio de 2020 en el que alegaban los siguientes fundamentos de 
Derecho:
«Los que suscriben este recurso, en contra de la nota recurrida, citan los siguientes 
preceptos  legales  que,  como  fundamentos  de  derecho,  servirán  de  apoyo  a  las 
afirmaciones que más adelante realizarán:
– Artículos 3,1 y 1.281 del Código Civil.
– Artículos 63 y siguientes, 67, 72, 73 y siguientes, 77, 97, 103 160, 199, 204 y 
siguientes, 291, 292, 293, 294, 296, 300, 320, 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
– Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 16 de mayo 
de 2018.
Expuestos  los  anteriores  preceptos  legales  y  Resolución  como  fundamentos  de 
derecho, apoyan, en contra de la notificación de suspensión de inscripción por defectos 
recurrida, las siguientes afirmaciones:
1.ª  El acuerdo de reducción de capital social, fue adoptado con la mayoría legal 
reforzada prevista para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 199, 
letra a) de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual, la reducción del capital 
requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social. El acuerdo se adoptó con el voto 
favorable de socios que representaban el 80% del capital social.
2.ª  Una vez cumplida la mayoría reforzada legalmente exigible en la adopción del 
acuerdo, el acuerdo de reducción de capital social tuvo por finalidad la restitución de 
valor de las aportaciones mediante la entrega de un bien inmueble con el consentimiento 
individual del socio afectado.
Con ello han quedado protegidos los derechos del socio minoritario afectado que 
sale de la Sociedad, sin que exista perjuicio para el mismo.
Se  ha  cumplido  de  este  modo  lo  dispuesto  en  el  artículo  329  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital que establece:
“Cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no 
afecte por igual a todas las participaciones o a todas las acciones de la sociedad, será 
preciso, en las sociedades de responsabilidad limitada, el consentimiento individual de 
los titulares de esas participaciones y, en las sociedades anónimas, el acuerdo separado 
de  la  mayor  de  los  accionistas  interesados,  adoptado  en  la  forma  prevista  en  el 
artículo 293”.
El  Registrador  Mercantil  considera  que  cuando  la  Ley  habla  de  “esas” 
participaciones, se refiere a “todas” las participaciones sociales.
Por  el  contrario  los  que  suscribimos  el  presente  recurso  consideramos  que  si 
interpretamos  literalmente  el  precepto,  la  Ley  distingue  entre  dos  clases  de 
participaciones sociales, que son:
–Por un lado, las participaciones sociales afectadas por el acuerdo de reducción.
–Y por otro las participaciones sociales no afectadas por el acuerdo.
Cuando la Ley exige el consentimiento individual de “esas” participaciones sociales,  bo
se está refiriendo a las participaciones sociales afectadas por el acuerdo de reducción. 5w
cpcouanmrtsEipcenilpinr satiemccu ioliaean nnmettosoa   yiaoan rld ílaiavr iserde suftqoaourl  zeapd daenar oa l l ealgasaaf  elampcdtaeaorn tpitceecilip  óeanaxc icgioudibneelerle ds aoe c nsu doleaecr  idaaordlee,o dspsu,c icniócq niuóp ende ,er jlus naeicocrií oua eenrds,d  eo lp.aqrseu cei“ soodt reabssau”    OE-A-2020-1163able en https://w
En sede de Sociedades Anónimas no hay duda, pues la ley en el artículo 329 exige 
el acuerdo separado de la mayoría de los accionistas interesados adoptado en la forma 
prevista en el artículo 293.
A mayor abundamiento cabe decir que si la Ley de Sociedades de Capital hubiera 
querido exigir el consentimiento unánime de todos los socios, lo habría hecho y habría 
utilizado la expresión “todas” en lugar de la expresión “esas”. Siendo la regla general el 
principio mayoritario. Y así lo hace La Ley en diversos artículos, entre los que podemos 
citar los siguientes:
–El artículo 103, relativo a las modificaciones estatutarias lesivas, dispone que toda 
modificación  estatutaria  que  lesione  directa  o  indirectamente  los  derechos  de  las 
participaciones sociales o de acciones sin voto exigirá el acuerdo de la mayoría de las 
participaciones sociales o de las acciones sin vote afectadas.
–Los artículos 291 y 292 relativos a la tutela individual de los derechos de los socios 
en sede de Sociedades de Responsabilidad Limitada, exigen para la modificación de los 
estatutos que implique nuevas obligaciones para los socios y para la modificación que 
afecte a los derechos individuales de cualquier socio, el consentimiento de los afectados.
–El artículo 293 relativo a la tutela colectiva de los derechos de los titulares de clases 
de acciones en la sociedad anónima, exige para la modificación estatutaria que afecte a 
los  derechos  de  una  clase  de  acciones,  además  de  las  mayorías  legales,  el 
consentimiento de la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada.
–El artículo 294 relativo a la tutela individual de los socios colectivos en la sociedad 
comanditaria por acciones, establece:
“Cuando la modificación de los estatutos de la sociedad comanditaria por acciones 
tenga por objeto el nombramiento de administradores, la modificación del régimen de 
administración, el cambio de objeto social o la continuación de la sociedad más allá del 
término previsto en los estatutos el acuerdo será preciso que haya sido acordada por la 
junta  general,  con  los  requisitos  establecidos  en  esta  ley,  y  también  con  el 
consentimiento de todos los socios colectivos.”
En este supuesto la Ley establece claramente la necesidad del consentimiento de 
todos los socios colectivos.
– El  artículo  296,2  relativo  al  acuerdo  de  aumento  de  capital  social  realizado 
mediante la elevación el valor nominal de las participaciones o de las acciones exige el 
consentimiento de todos los socios, salvo en el caso de que se haga íntegramente con 
cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.
En  este  supuesto  la  Ley  también  establece  claramente  la  necesidad  del 
consentimiento de todos los socios.
El artículo 320 relativo al principio de paridad de trato, al establecer que cuando la 
reducción  tenga  por  finalidad  el  restablecimiento  del  equilibrio  entre  el  capital  y  el 
patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, deberá afectar 
por igual a todas las participaciones sociales o a todas las acciones en proporción a su 
valor nominal, pero respetando los privilegios que a estos efectos hubieran podido 
otorgarse en la ley o en los estatutos para determinadas participaciones sociales o para 
determinadas clases de acciones.
En  este  supuesto  la  Ley  también  establece  claramente  la  necesidad  del 
consentimiento de todos los socios.
Como vemos la Ley de Sociedades de Capital cuando quiere exigir el consentimiento  s
de todos los socios, lo exige claramente; y en los demás casos exige el consentimiento  oe.
de los socios afectados. 5ww.
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conforme con el artículos 3,1 del Código Civil relativo a la interpretación de las normas,
según el cual las normas e tienen que interpretarse según el sentido literal de sus
palabras,  en  relación  con  el  contexto  y  atendiendo  fundamentalmente  al  espíritu  y 
finalidad de la norma. Y el artículo 1.281 del Código Civil que también da preferencia a la 
interpretación literal en materia de contratos.
En el caso que nos ocupa los acuerdos de reducción de capital se han adoptado con 
la mayoría legal reforzada prevista en el artículo 199.a de la Ley de Sociedades de 
Capital, han votado a favor, la socio titular de las participaciones sociales afectadas por 
el acuerdo de reducción de capital social con devolución de aportaciones, que es Doña 
C. G. I.; y otros socios, sumando entre todos el 80% del capital social; votando en contra 
socios que representan un 20% del capital social, cuyas participaciones sociales no 
resultan afectadas por el acuerdo de reducción de capital, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 329 de la mencionada Ley.
Por ello también se da cumplimiento al artículo 97 de la Ley de Sociedades de 
Capital, que establece el principio de paridad de trato entre los socios, cuando establece:
“La sociedad deberá dar un trato igual a los socios que se encuentren en condiciones 
idénticas.”
Como hemos dicho la única socio afectada por la reducción de capital es Doña C. G. 
I., que ha prestado su consentimiento individual. El resto de los socios están en la misma 
situación de no estar están afectados por la reducción de capital; los cuales, unos han 
votado a favor y otros en contra, cumpliéndose las mayorías reforzadas exigidas por la 
Ley.
No hay una imposición de la mayoría en perjuicio de la minoría, pues se han 
cumplido las reglas sobre tutela individual de los derechos de los socios recogidas en el 
artículo 292 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece:
“Cuando la modificación afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los 
afectados.”
Lo que no cabe exigir es el consentimiento unánime de todos los socios para acordar 
la reducción del capital social por devolución del valor de aportaciones. Dicha exigencia 
supondría el establecimiento de una regla general de excepción al sistema establecido 
de determinación de las mayorías en el ámbito de las sociedades de capital, excepción 
que no encuentra amparo en el ordenamiento jurídico.
De este modo, el acuerdo adoptado con las mayorías legalmente exigibles, y con el 
consentimiento individual de la socia afectada, no supone una violación del principio de 
igualdad de trato, por lo que no existe justificación alguna para exigir un consentimiento 
adicional, de todos los socios, que la Ley no demanda.
La Ley sólo exige el consentimiento individual del socio afectado por la reducción, no 
siendo necesario el consentimiento de los socios, Doña E. y Don M., L. G., que votaron 
en contra del acuerdo, puesto que su parte de capital social no ha sido objeto de 
aguamiento o supresión, y su posición social ha sido mantenida, manteniéndose su 
derecho de no decrecer en su parte social, es decir, no son titulares de participaciones 
afectadas por la reducción, siendo la única titular afectada, Doña C. G. I., que prestó su 
consentimiento individualizado.
No hay pues disparidad de trato ni merma alguna de la posición de los socios 
disidentes  en  la  Sociedad,  pues  la  conservan  intacta,  sin  dilución  ni  supresión  del 
porcentaje, sobre el capital que les correspondía con anterioridad a la adopción del 
acuerdo. e.
Todo ello de conformidad con la Resolución de la Dirección General de los Registros  w.
tyr adne3sl m.Nª-io tTetaa rmaia bdDioéo,n ñd caeo  n1Cs6.i  ddGeer. a m Iea. ly cRoo edmgeoi s2 tr.c0ao1dn8os.re Mcueercnacniat il dqeu el ala  rveadlourcaccióiónn  ddea dcaa apli tbaile ns oqcuiea l sey   2020-1163n https://w
troedstoitsu cloiósn s odceio ss.us aportaciones sociales, tiene que ser aprobada por unanimidad por  BOE-A-cable e
Los que suscribimos este recurso consideramos que no es preciso que la valoración 
del bien entregado a Doña C. G. I. requiera que sea aprobada por unanimidad por todos 
los socios, puesto que el acuerdo fue adoptado con la mayoría legal reforzada prevista 
para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 199, letra a) de la Ley de 
Sociedades de Capital, habiéndose cumplido también lo dispuesto en el artículo 329 de 
la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  como  ha  quedado  expuesto  en  las  anteriores 
afirmaciones, a las que nos remitimos.
La  Ley  de  Sociedades  de  Capital  no  exige  en  los  reseñados  artículos  que  la 
valoración del bien sea aprobada por unanimidad de todos los socios. Lo que exige es 
que se cumpla la mayoría legal reforzada y que presten su consentimiento individual el 
socio afectado por la reducción. No establece una prevención especial en cuanto a la 
valoración del bien que se transmite al socio al que se restituyen sus aportaciones 
sociales corno consecuencia de la reducción de capital social.
A continuación vamos a ver el tratamiento que la Ley de Sociedades de Capital 
Social da a las diversas operaciones que tienen por objeto bienes inmuebles:
– Los artículos 63 y siguientes, en materia de aportaciones no dinerarias, exigen que 
en la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital social 
deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, 
la valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o 
participaciones atribuidas.
Si la aportación consistiese en bienes inmuebles, el aportante estará obligado a la 
entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos 
por el Código Civil para el contrato de compraventa.
En  sede  de  Sociedades  Anónimas  el  anónima  el  Artículo  67  exige  que  en  la 
constitución o en los aumentos de capital, las aportaciones no dinerarias, cualquiera que 
sea  su  naturaleza,  habrán  de  ser  objeto  de  un  informe  elaborado  por  un  experto 
independiente  designado  por  el  Registrador  Mercantil.  Y  el  informe  contendrá  la 
valoración de la aportación. El valor que se dé a la aportación en la escritura social no 
podrá ser superior a la valoración realizada por el experto.
Por lo tanto en sede de Sociedades de Responsabilidad Limitada el socio disidente, 
que no esté de acuerdo con la valoración del bien inmueble aportado a la Sociedad, no 
está protegido por ninguna norma que exija su consentimiento individual, ni aún menos 
que exija la unanimidad de todos los socios.
Y en sede de Sociedades Anónimas la protección que tiene el socio disidente en 
cuanto a la valoración del bien aportado, es el informe del Experto independiente.
– El artículo 72 relativo a las adquisiciones onerosas de bienes a título oneroso 
realizadas  por  una  sociedad  anónima  desde  el  otorgamiento  de  la  escritura  de 
constitución o de transformación en este tipo social y hasta dos años de su inscripción en 
el Registro Mercantil establece que habrán de ser aprobadas por la junta general de 
accionistas si el importe de aquéllas fuese, al menos, de la décima parte del capital 
social.
Con la convocatoria de la junta deberá ponerse a disposición de los accionistas un 
informe elaborado por los administradores que justifique la adquisición, así como el 
exigido en este capítulo para la valoración de las aportaciones no dinerarias. Será de 
aplicación lo previsto en el artículo anterior.
No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a las adquisiciones 
comprendidas en las operaciones ordinarias de la sociedad ni a las que se verifiquen en 
mercado secundario oficial o en subasta pública. e.
– Los  artículos  73  y  siguientes  lo  que  si  establecen  es  un  régimen  de  w.b
rareedssqppuooiennrsdaaenbr áilnaid lgasuodnl ideaan r pilaaamsrt iecsnioptceai ecfirdóeannd teeds ea s dleaem  srbeoosclpiseoadndasada  bymi lfierdedanidat enl timea  iltoaaspd oaar.ct arDeceeio dnmoerosed so ns ooq cudieai nleqesur aiderenia eslas,    2020-1163n https://w
realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura.
La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada, además, por cualquier socio que 
hubiera votado en contra del acuerdo siempre que represente, al menos, el cinco por 
ciento de la cifra del capital social.
No habrá responsabilidad si ha existido valoración pericial conforme a lo previsto 
para las sociedades anónimas.
– El artículo 77 establece también un régimen de responsabilidad en Sociedades 
Anónimas.
– El  artículo  160  en  materia  de  competencia  de  la  junta,  establece  que  es 
competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
f)  La  adquisición,  la  enajenación  o  la  aportación  a  otra  sociedad  de  activos 
esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación 
supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance 
aprobado.
– El artículo 300 relativo al aumento con cargo a aportaciones no dinerarias y en 
cuanto a la valoración de las mismas lo que exige es que al tiempo de la convocatoria de 
la junta se ponga a disposición de los socios un informe de los administradores en el que 
se describirán con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que 
hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las participaciones sociales o de las 
acciones que hayan de crearse o emitirse, la cuantía del aumento del capital social y las 
garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de los bienes 
en que la aportación consista.
En este supuesto la Ley lo único que exige es un informe de los administradores 
relativo entre otros aspectos a la valoración de los bienes y las garantías adoptadas para 
la efectividad del aumento de capital social.
Como vemos en ninguno de estos supuestos se exige un acuerdo unánime de todos 
los socios, ni se atribuye a los socios disidentes un derecho de veto.
Todo ello sin perjuicio de que los socios disidentes pueden ejercitar su derecho de 
impugnación del acuerdo de conformidad con los artículos 204 y siguientes de la Ley de 
Sociedades de Capital.
En base a las anteriores afirmaciones consideramos que el Registrador Mercantil 
debe practicar la inscripción solicitada, al no ser contraria a la Ley.»
IV
El día 13 de julio de 2020, el registrador Mercantil elevó el expediente a esta 
Dirección General con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1255 del Código Civil; 18 del Código de Comercio; 28, 97, 199, 
277, 278, 292, 317, 318, 320, 329 a 338, 353, 356, 358, 359 y 393.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital; 170, 184, 201.3 y 202 del Reglamento del Registro Mercantil, y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de 
noviembre de 1991, 21 de mayo de 1999, 27 de marzo de 2001, 24 de mayo de 2003, 16 
de noviembre de 2006, 25 de enero y 7 de diciembre de 2011, 18 de diciembre de 2012, 
26 de abril, 20 de noviembre y 10 de diciembre de 2013, 3 de febrero y 25 de septiembre 
de 2014, 8 de mayo, 30 de julio (1.ª) y 16 de noviembre de 2015, 12 de diciembre 
de 2016, 10 de mayo de 2017, 16 y 22 de mayo de 2018 y 9 de septiembre de 2019. e.e
1.  Mediante la escritura cuya calificación es impugnada, un administrador de la  b
seloonsc  i6ea.dc9ua7ed1r ,d«7oL4só  peaeudzro oIpnst vaedcroonnso  tp,l aoS r. fLilna.»a ,lj iucdnoatnda   ingdteeen rvereeransltc itipóuonirr   daloeps ol arq tasuoceic oisane ea srh eoadr uac dreiec cheualr  rcesanoptceiita,a ,le  jseqocucuieitaanl    2020-11635n https://ww
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que representan el 80% del capital social y el voto en contra de los dos socios titulares
de  las  restantes  participaciones  sociales,  quienes  expresaron  que  dicho  acuerdo 
requería unanimidad de todos los socios y manifestaron su disconformidad con el valor 
de la restitución mediante la adjudicación de dicho bien inmueble.
Los defectos expresados por el registrador que son objeto de impugnación son dos: 
a) dado que la reducción de capital social por devolución de aportaciones no afecta por 
igual a todas las participaciones en que se encuentra dividido el capital social, es 
necesario, tal y como establece el artículo 329 de la Ley de Sociedades de Capital, el 
consentimiento de todos los socios, y b) la regla general en materia de reducción de 
capital social es que debe restituirse a los socios en dinero y para que pueda efectuarse 
en «especie», si no está previsto en estatutos, requiere la aprobación unánime de los 
socios por afectar a derechos individuales de los socios; y en el presente caso la 
restitución en especie, así como la valoración dada al bien no ha sido aprobada por 
unanimidad.
2.  Entre las diversas posibilidades de modificación de los estatutos sociales, tiene 
especial relevancia la consistente en la reducción de la cifra capital social y, por las 
finalidades a que la misma puede responder (artículo 317.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital),  aquella  que  tiene  por  objeto  la  devolución  a  los  socios  del  valor  de  sus 
participaciones o acciones.
En este caso y dada la función de garantía que desempeña la cifra de capital, el 
ordenamiento adopta una serie de cautelas para que las expectativas de cobro de los 
acreedores sociales no se vean perjudicadas o disminuidas (artículos 331 a 337 de la 
Ley de Sociedades de Capital).
Junto  a  la  protección  de  los  intereses  de  terceros  ajenos  a  la  sociedad,  el 
ordenamiento se preocupa de la protección de los intereses de los socios en cuanto la 
reducción de la cifra de capital, y la subsiguiente, en su caso, amortización de las 
acciones o participaciones que lo representan, puede conllevar el perjuicio de la posición 
que ostentaban en la sociedad o, incluso, su expulsión del cuerpo social. Así ocurriría si 
el juego de las mayorías propio de las sociedades de capital no viniese debidamente 
moderado por la existencia de contrapesos que impidieran su ejercicio en perjuicio de los 
socios minoritarios. De aquí que la Ley de Sociedades de Capital exija no sólo el 
cumplimiento de las garantías inherentes a todo acuerdo de modificación de estatutos 
(artículo  318.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital),  sino  que  además  contemple 
medidas adicionales de protección de los socios con el fin de salvaguardar su posición 
jurídica. El artículo 329 de la Ley de Sociedades de Capital establece lo siguiente: 
«Cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no afecte 
por igual a todas las participaciones o a todas las acciones de la sociedad, será preciso, 
en  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada,  el  consentimiento  individual  de  los 
titulares de esas participaciones y, en las sociedades anónimas, el acuerdo separado de 
la  mayoría  de  los  accionistas  interesados,  adoptado  en  la  forma  prevista  en  el 
artículo 293».
El precepto supone una aplicación concreta del artículo 97 de la propia ley, precepto 
que consagra en nuestro ordenamiento el principio de paridad de trato entre los socios al 
establecer: «La sociedad deberá dar un trato igual a los socios que se encuentren en 
condiciones idénticas».
Además, el artículo 330 de la misma ley establece que: «La devolución del valor de 
las aportaciones a los socios habrá de hacerse a prorrata del valor desembolsado de las 
respectivas participaciones sociales o acciones, salvo que, por unanimidad, se acuerde 
otro sistema»; norma que es manifestación del principio de paridad a la ejecución del  s
acuerdo (a igual aportación igual devolución), salvo que unánimemente se acuerde otra  oe.
cosa. w.
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refiere el precepto. Es más, el principio de paridad de trato va más allá, pues no sólo 
implica la formulación de la misma regla a todos los socios, sino que su aplicación debe 
garantizarlo. No basta pues con aplicar una regla que en principio sea idéntica para 
todos los socios si el resultado obtenido implica una disparidad de trato.
El registrador entiende que la operación de reducción de capital con devolución del 
valor de aportación, al ser un supuesto eminentemente voluntario de reducción, no 
puede ser impuesta por la mayoría en perjuicio de la minoría de conformidad con las 
reglas sobre protección de los socios minoritarios.
Ciertamente, dispone el artículo 292 de la Ley de Sociedades de Capital lo siguiente: 
«Cuando la modificación afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los 
afectados». Ahora bien, de ello no puede deducirse una regla general de exigencia de 
consentimiento unánime del conjunto de los socios para acordar cualquier reducción del 
capital social por devolución del valor de aportaciones. Dicha exigencia supondría el 
establecimiento  de  una  regla  general  de  excepción  al  sistema  establecido  de 
determinación de las mayorías en el ámbito de las sociedades de capital, excepción que 
no  encuentra  amparo  en  el  ordenamiento  jurídico.  Deben  pues  distinguirse 
adecuadamente los requisitos de formación de la mayoría previstos en general por la ley 
para  la  reducción  del  capital  social  -artículo  199.a),  para  las  sociedades  de 
responsabilidad limitada-, con la aplicación de  reglas especiales en aquellos casos 
concretos en que, por la concurrencia de circunstancias igualmente especiales, la ley 
exige requisitos adicionales.
La protección de los derechos de la minoría en el ámbito de la reducción de capital 
por restitución del valor de las aportaciones encuentra su desarrollo en los artículos 329 
y 330 expuestos más arriba, que sólo son de aplicación en el supuesto que los mismos 
prevén. De este modo, si el acuerdo adoptado con las mayorías legalmente exigibles no 
supone una violación del principio de igualdad de trato, no existe justificación alguna 
para exigir un consentimiento adicional que la ley no demanda. Como puso de relieve la 
Resolución de 23 de noviembre de 1991 (en un supuesto de reducción por pérdidas pero 
cuya doctrina, con las debidas adaptaciones a la regulación actual, es perfectamente 
aplicable al presente -cfr. artículo 320 de la Ley de Sociedades de Capital): «(…) si bien 
la reducción de capital social por vía de amortización de determinadas acciones, es un 
cauce ciertamente peligroso por cuanto puede facilitar la exclusión de la sociedad de los 
socios respectivos, no puede rechazarse la inscripción en el Registro Mercantil de tales 
hipótesis, so pretexto de la no expresión de los motivos perseguidos por la reducción, 
pues tal exigencia no goza del adecuado respaldo normativo, y no resulta coherente con 
las características y modo de formación de la voluntad social, ni con la soberanía que se 
reconoce a la Junta General para regir la vida social y, en especial, para acordar la 
reducción ahora cuestionada (vid. art. 164-3.º de la Ley de Sociedades Anónimas), sin 
más  límites  que  el  escrupuloso  cumplimiento  de  los  requisitos  y  exigencias 
expresamente  previstos  al  efecto  (vid.  arts.  144  y  148  de  la  Ley  de  Sociedades 
Anónimas y 170 del Reglamento del Registro Mercantil); todo ello sin perjuicio del 
derecho de impugnación del respectivo acuerdo (vid. art. 115 de la Ley de Sociedades 
Anónimas), y del respeto a las cautelas y garantías que la ley prevé, en orden a la 
fijación y pago del valor que haya de desembolsarse a los titulares de las acciones 
amortizadas, a cuya observancia queda supeditada la inscripción de la reducción (vid. 
artículos 147 de la Ley de Sociedades Anónimas y 170-5 del Reglamento del Registro 
Mercantil)». s
Así lo ha sostenido igualmente esta Dirección General en aquellos supuestos en que  oe.
la denominada «operación acordeón», de reducción a cero de capital social seguida del  w.
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supresión, y a que su posición social, no mediando su consentimiento, sea mantenida -
derecho de no decrecer en su parte social-».
3.  Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto del presente recurso, debe 
ser confirmado el primer defecto señalado por el registrador, pues aun cuando el acuerdo 
de reducción del capital social por restitución del valor de aportaciones ha sido adoptado 
con la mayoría exigida por el artículo 199.a) de la Ley de Sociedades de Capital, debe 
entenderse que supone, en los términos de los artículos 329 y 330 de la propia ley, una 
violación del principio de paridad de trato que los mismos formulan.
Los recurrentes sostienen que, al exigir el artículo 329 «el consentimiento individual 
de los titulares de esas participaciones», se refiere a la socia titular de las participaciones 
que se amortizan y no a los titulares de las restantes. Pero esta interpretación no puede 
ser aceptada, pues aun cuando la redacción de este precepto legal sea menos clara que 
la de su precedente (artículo 79.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
de 1995 que exigía «el consentimiento de todos los socios»), lo cierto es que existe 
disparidad de trato entre esa socia a quien se reembolsa el valor de su participación y los 
restantes socios, que no reciben nada y, por tanto, son afectados, toda vez que su 
posición en la sociedad queda alterada, de modo que debe aplicarse el artículo 292 de la 
Ley de Sociedades de Capital, que requiere el consentimiento unánime para cualquier 
modificación que afecte a los derechos individuales de cualquier socio.
4.  Respecto del segundo de los defectos impugnados, es cierto que la regulación 
de la Ley de Sociedades de Capital en sede de reducción de capital por restitución del 
valor de aportaciones no contiene una previsión expresa de que su ejecución haya de 
llevarse a cabo mediante la entrega de una cantidad de numerario a cada uno de los 
socios a los que afecte. La anterior afirmación no empaña el hecho de que la propia ley 
muestra indicios suficientemente convincentes de que la situación natural que establece 
es precisamente la de reembolso en dinero; el propio concepto de restitución del valor a 
que se refieren los artículos 317, 329 y 330 del texto legal hace referencia al carácter de 
equivalencia que cumple el dinero como medida de valor. Confirma lo anterior el hecho 
de que la propia ley expresamente lo contemple en el supuesto del pago de cuota de 
liquidación en el artículo 393.1: «Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán 
derecho  a  percibir  en  dinero  la  cuota  resultante  de  la  liquidación»,  o  que  resulte 
implícitamente del régimen de restitución del valor en los supuestos de separación o 
exclusión de socios (vid. artículo 353.2, que se refiere al precio de cotización como valor 
de restitución, o los artículos 356, 358 y 359 en los que se hacen funcionalmente 
equivalentes los conceptos de valor, precio, reembolso y pago).
Así resulta del Reglamento del Registro Mercantil, cuyo artículo 170 dispone que, 
para su inscripción, en la escritura de reducción del capital debe consignarse «(…), en su 
caso, la suma que haya de abonarse a los accionistas», o el artículo 201.3, que respecto 
de la reducción con restitución del valor se refiere a «la suma dineraria (…) que haya de 
entregarse a los socios». De todo ello puede deducirse, en palabras de la Resolución de 
este Centro Directivo de 30 de julio de 2015 (1.ª), que: «La regla general es la de 
percepción en dinero (…) del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante la 
reducción del capital social (vid. el artículo 318 de la misma Ley, que alude a “la suma 
que haya de abonarse”)». No obstante, como añade la misma Resolución (y las de 16 de 
mayo de 2018 y 9 de septiembre de 2019), debe admitirse con base en el principio de 
autonomía de la voluntad -artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital- que los 
estatutos prevean otra cosa o que, por unanimidad, se hubiere acordado lo contrario (vid. 
respecto de la reducción del capital, el artículo 201.3.1.º del Reglamento del Registro  s
Mercantil, que se refiere a «la suma dineraria o la descripción de los bienes que hayan  oe.
de entregarse a los socios», y, para el caso análogo de pago en especie de la cuota de  w.
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registrador en la calificación impugnada respecto de la adjudicación del inmueble -y su
valoración- como restitución del valor de las participaciones amortizadas (cfr. los citados 
artículos 292, 329 y 330 de la Ley de Sociedades de Capital).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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