BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 59585
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
8270 Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la 
transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de 
la minería del carbón.
La  pandemia  provocada  por  la  COVID-19  ha  supuesto  una  importante  crisis 
económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a 
escala  europea.  Para  dar  respuesta  a  medio  plazo,  se  ha  puesto  en  marcha  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción 
de las economías en el mundo post COVID-19, a partir de 2021. Con la aprobación del 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
(en adelante Mecanismo), que financiará este Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española con el 
objetivo de hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la COVID-19, así como 
los impactos económicos que conlleva. Entre los objetivos del Mecanismo europeo, 
además de la recuperación de la economía tras la pandemia y, consecuentemente, la 
creación  de  empleo  con  carácter  inmediato,  se  persigue  un  cambio  en  el  modelo 
productivo e impulsar transformaciones que permitan avanzar hacia un nuevo modelo 
económico y social para Europa y poder hacer frente, desde nuestras perspectivas, a los 
nuevos desafíos del futuro. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se 
garantice el cumplimiento de hitos intermedios y de metas pertinentes, en los plazos que 
se establezcan.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2021, tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por 
la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes y en la mejora y recuperación 
del medio ambiente, siendo la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales 
del Plan en nuestro país. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia incluirá un Componente 10 «Estrategia de Transición Justa» que incorpora un 
programa de inversiones C10I1 que incluye el «Plan de restauración ambiental para 
explotaciones mineras en cierre o abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales 
térmicas» y que se complementará con un  programa  de recapacitación profesional 
asociado al mismo para la recualificación profesional de los trabajadores excedentes de 
la minería del carbón, de centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares.
Este  programa  se  enmarca  en  la  Comunicación  de  la  Comisión  al  Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo, que impulsa 
una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna,  s
eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse  e.
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté  w.
disociado del uso de recursos, y no haya personas ni lugares que se queden atrás. 70ww
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modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la 
política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial. Por otro 
lado, el artículo 2.8.a) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, adscribe a 
dicho departamento, a través de la Secretaría de Estado de Energía, el Instituto para la 
Transición Justa, O.A. Entre sus funciones, el artículo 4.i) de sus estatutos, aprobados 
por Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, establece que le corresponde «contribuir, 
mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y ejecución, a la restauración, 
entre otras, de las zonas degradadas por la actividad minera, así como a las afectadas 
por el cierre de centrales térmicas o nucleares».
Este Real Decreto tiene como objeto regular la concesión directa de subvenciones a 
las comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León 
para que, de conformidad con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado  por  actividades  mineras,  lleven  a  cabo  la  restauración  de  unidades  de 
producción de empresas en concurso de acreedores o liquidación de la Decisión de la 
Unión Europea 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las 
ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. La 
definición de este Real Decreto responde a un trabajo técnico previo realizado por el 
Instituto para la Transición Justa, O.A., en el que se ha analizado la situación jurídico-
administrativa  de  dichas  empresas  y  otros  aspectos  tales  como  la  caracterización 
minero-ambiental de las unidades de producción afectadas, la situación ambiental de las 
mismas, los riesgos para las personas y los impactos medioambientales y su intensidad. 
Se ha seguido para ello la metodología desarrollada por el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) en la colaboración que desarrolló con el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para la restauración ambiental 
de la región de El Bierzo.
La aplicación a estas ayudas se realizará mediante un régimen de concesión directa a 
las comunidades autónomas mencionadas de conformidad con los artículos 22.2 c) y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al estar acreditadas 
razones de interés público, económico y eminentemente social. Cuatro son, principalmente, 
los argumentos que justifican la aplicación de este régimen para estas ayudas.
En primer lugar, el interés público de los proyectos por la necesidad de afrontar los 
problemas medioambientales que, en el caso de la minería del carbón, precisan de 
intervenir en tres ámbitos de forma prioritaria: la descontaminación de los terrenos para 
poder desarrollar nuevas actividades sin poner en riesgo la salud de las personas y el 
equilibrio de los ecosistemas, el impacto de las explotaciones mineras a cielo abierto 
como cicatrices en el paisaje y, por último, la descontaminación de cauces fluviales y 
masas de agua y la recuperación de los recursos naturales de las zonas degradadas tras 
el cierre de las explotaciones mineras. Al respecto, muchas de las empresas mineras se 
encontraban en una situación de concurso de acreedores o liquidación a la fecha de 
cierre de las explotaciones en diciembre de 2018, lo que ha provocado que dichas 
empresas incumplan sus obligaciones de restauración ambiental. Esta es la razón por la 
que  no  han  emprendido  las  labores  de  restauración  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad de las explotaciones abandonadas, que la inactividad no produce efectos 
sobre el medio ambiente (por ejemplo, controlar el vertido de aguas acidificadas a los  s
cauces de los ríos) y, finalmente, la recuperación del paisaje en aquellos lugares en los  oe.
que las explotaciones lo eran a cielo abierto. w.
En segundo lugar, su interés público, económico y eminentemente social. Además de  70ww
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que está provocando un aumento del paro de larga duración y de carácter estructural que 
afecta a los desempleados con menor nivel de educación o con competencias muy 
específicas como es el caso de los excedentes de la minería del carbón. Por ello, estas 
ayudas pretenden contribuir a paliar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo entre 
los excedentes mineros, tanto de trabajadores directos como de las empresas auxiliares.
En tercer lugar, el hecho de que los beneficiarios de estas ayudas sean comunidades 
autónomas,  a  quienes  les  corresponde  la  ejecución  subsidiaria  de  los  trabajos  de 
restauración,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  41.5  del  Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, hace necesaria la intervención estatal para posibilitar 
que las administraciones autonómicas ejecuten dichas labores. Ello porque, a pesar de 
que la legislación en nuestro país desde el año 1982, establece la obligación de las 
empresas mineras de depositar ante las autoridades mineras avales con los que cubrir 
los posibles incumplimientos en las labores de restauración, las cantidades consignadas 
a modo de garantía ambiental no son suficientes para cubrir las labores de restauración 
por parte de la Administración autonómica a precios de mercado.
Por último, su interés público y económico, derivado de la necesidad de culminar el 
proceso de reestructuración y cierre de las minas de carbón priorizando, además del 
empleo, las instalaciones con mayor riesgo para la seguridad e impacto medioambiental 
de empresas en liquidación y concurso incluidas en el Plan de Cierre del Gobierno de 
España,  y  responder  con  ello  a  los  compromisos  y  obligaciones  de  restauración 
asumidas ante la Comisión Europea. Estas ayudas completan a las reguladas por la 
Orden IET/594/2014 de 10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de 
diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el 
desarrollo sostenible de las comarcas mineras, destinadas a empresas, y deben permitir 
concluir el cierre ordenado de las minas de carbón en España.
Por todo ello, y con objeto de agilizar y dotar de mayor efectividad a la ejecución de los 
proyectos  de  restauración,  se  han  analizado  y  revisado  los  instrumentos  de  gestión 
utilizados para actuaciones similares desde el antiguo Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A. A la vista de 
lo  anterior,  se  ha  considerado  imprescindible  la  elaboración  de  un  nuevo  marco  de 
regulación que agilice la gestión y asegure el cumplimiento en plazo de los objetivos que se 
incluyan, para esta inversión, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se 
aseguren, con ello, los correspondientes ingresos financieros desde la Unión Europea.
Dado  que  el  ámbito  de  aplicación  del  régimen  de  ayudas  afecta  a  unidades  de 
producción minera singulares y concretas en tres comunidades autónomas, en beneficio de 
su efectividad y operatividad se impone la necesidad de regular un marco general para 
estas ayudas, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial 
del gasto ni es posible definir a priori el coste de cada uno de ellos. La rehabilitación de 
entornos afectados por la actividad minera y energética obliga al estudio particular de cada 
caso  y  a  la  definición  de  proyectos  que  ponderen  las  numerosas  y  muy  diversas 
circunstancias que concurren en cada explotación y los requerimientos que se derivan de 
las características de su entorno natural, variables de un lugar a otro. Con esta regulación, 
las comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León, 
beneficiarias de estas ayudas, quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en relación a esta inversión y a los 
mecanismos  de  gestión  y  control  establecidos  en  el  Reglamento  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia de la UE, a la normativa interna que se establezca para la 
gestión, seguimiento y control del mismo, así como a las obligaciones y compromisos  s
asumidos en el Plan de Cierre de minas de carbón no competitivas del Gobierno de España. oe.
Este Real Decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación  w.
que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  70ww
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por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Es conforme también con 
el principio de proporcionalidad toda vez que no contiene restricciones de derechos ni 
impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir. Se adecua, igualmente, al principio de seguridad jurídica 
en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente 
con los planes y normativa vigente en materia de minería y medio ambiente y establece 
estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento. La norma cumple con el 
principio de transparencia ya que han participado en su elaboración los potenciales 
destinatarios. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en 
la  memoria  que  la  acompaña.  Finalmente,  se  encuentra  acreditado  el  principio  de 
eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas y racionaliza, 
en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia  de  legislación  básica  sobre  protección  del  medioambiente  y  las  bases  del 
régimen minero y energético.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha 
sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado, siéndole además de 
aplicación lo establecido en los artículos 60 y siguientes de dicho Real Decreto-ley, 
relativos a la tramitación de subvenciones financiables con fondos europeos.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto, carácter singular de las ayudas y finalidad.
1.  Este Real Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León 
para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que deben realizar de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por actividades mineras.
2.  Las  ayudas  reguladas  en  este  Real  Decreto  se  otorgarán  en  régimen  de 
concesión directa, con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, 
social y económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la 
misma  Ley,  y  el  artículo  67  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, atendiendo al carácter singular que 
se deriva de las excepcionales circunstancias que afectan a las zonas de transición justa 
en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19, y 
dado que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la 
improcedencia de su convocatoria pública.
3.  Su finalidad es doble: en primer lugar, financiar los proyectos de restauración en  e.
áreas  degradadas  y  contaminadas  afectadas  por  la  actividad  del  carbón  o  por  w.
actividades mineras abandonas que supongan la existencia de procesos de deterioro  70ww
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auxiliares  y  la  creación  de  actividad  económica  en  los  territorios  afectados  por  la 
transición energética a través de estos proyectos, de modo que contribuyan a la fijación 
de la población al territorio, creando empleos a corto plazo.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Las ayudas a que se refiere este Real Decreto se regirán por lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás legislación que resulte de aplicación.
2.  Estas  ayudas  estarán  sometidas  al  Reglamento  (UE)  número  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las comunidades 
autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León.
2.  Las comunidades autónomas podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial 
de los proyectos de restauración mediante los procedimientos de licitación correspondientes o 
proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.
En  ningún  caso  podrá  concertarse  la  ejecución  de  las  actividades  a  entidades 
incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Artículo 4.  Ámbito de aplicación y actuaciones financiables.
1.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., otorga estas ayudas con la doble 
finalidad  antes  mencionada,  y  en  el  marco  de  los  compromisos  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia por lo que para el otorgamiento de las 
mismas  tendrá  en  cuenta  el  cumplimiento  de  los  objetivos  medioambientales  y  de 
restauración ambiental, en particular del pleno cumplimiento del principio de «no causar 
daño significativo» (do no significant harm (DNSH) y el etiquetado climático y digital 
asignado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero  de  2021.  Asimismo,  se  tendrán  en  cuenta  los  plazos  de  ejecución  de  las 
actuaciones, el empleo previsto en labores de restauración ambiental en especial de los 
trabajadores inscritos en la bolsa de trabajo del Instituto para la Transición Justa, O.A., 
creada  de  conformidad  con  la  disposición  adicional  segunda  del  Real  Decreto-
ley  25/2018,  de  21  de  diciembre,  los  riesgos  en  materia  de  seguridad  y  daño 
medioambiental de las unidades y el marco del Plan de cierre de la minería del carbón 
del Reino de España antes mencionado. e.
2.  Las  comunidades  autónomas  podrán  presentar  proyectos  para  unidades  de  w.b
producción  de  las  que  son  responsables  subsidiarias,  de  rehabilitación  del  espacio  70ww
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de o3c.i o, Lsause loa yinudduasst riiarál nu  odtriroigs idqause  sae  hcuubbireirr alno sp regvaissttoos.  directos  en  que  incurran  las
comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León, en
aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, con ocasión de las labores de 
restauración que lleven a cabo, entre las que se encuentran:
– Medidas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y 
explotación de carbón (remodelado de terreno, procesos de revegetación, rehabilitación 
de pistas mineras, accesos y entornos afectados para su adaptación paisajística y 
estabilidad,  rellenos  superficiales,  medidas  para  evitar  la  posible  erosión  y  para  la 
protección del paisaje, medidas en el entorno natural del área de afección para una 
mejor integración ecológica, etc.).
– Medidas  para  la  rehabilitación  de  los  servicios  e  instalaciones  anejos 
(desmantelamiento y rehabilitación de zonas de preparación, plantas de concentración y 
de beneficio de la explotación, desmantelamiento y rehabilitación de zonas de estaciones 
auxiliares tales como naves, edificios, obra civil, etc., así como las instalaciones de 
residuos mineros y las instalaciones para la gestión de aguas de mina, canalizaciones, 
recuperación de balsas de decantación, adecuación de vertidos, etc.).
– Redacción y dirección del proyecto (incluyendo la preceptiva dirección facultativa 
de los proyectos y coordinación de seguridad y salud en las fases de ejecución).
La rehabilitación podrá incorporar mejoras, tanto de carácter ambiental como para la 
protección de la biodiversidad, incrementando los objetivos y obligaciones establecidos 
en la normativa y podrá, en su adecuación para los usos finales del suelo, incorporar 
inversiones destinadas a facilitar nuevas actividades económicas.
4.  Tendrán  la  consideración  de  gastos  subvencionables  los  previstos  en  el 
artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así  como  en  el  artículo  83.3  de  su  reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, se prevé un máximo del 1 por ciento del presupuesto 
establecido en el Convenio con las comunidades autónomas por el que se conceden las 
ayudas, como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Tendrán  la  consideración  de  costes  indirectos  los  siguientes  gastos  de  gestión, 
incluyendo el coste de las actuaciones preparatorias previas que fueran necesarias para 
la realización de las actividades correspondientes:
a)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  la 
tramitación de los expedientes de contratación o encargos con medios propios con su 
evaluación administrativa y técnica, así como su adjudicación;
b)  el coste de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones 
de control y verificación e inspección de la ejecución de los proyectos de restauración;
c)  el coste de las actividades específicas de promoción y difusión de los programas, 
no teniendo esta consideración las campañas de comunicación;
d)  los costes de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que 
resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una 
relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la 
gestión de los proyectos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o 
a través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de 
duración determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas, tanto 
técnico como administrativo, en el que se incurra para prestar los servicios especificados 
en  los  apartados  a),  b)  y  c)  de  este  apartado,  incluyendo  la  cuota  patronal  de  la 
Seguridad Social y otros costes similares de los contratos, siempre que este personal  s
esté dedicado exclusivamente a la gestión temporal de los proyectos de restauración, y  oe.
siempre que pueda imputarse el número de horas de trabajo a cada uno de ellos, para  w.
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6.  No podrán financiarse con cargo a las ayudas reguladas en este Real Decreto las 
actuaciones realizadas por las empresas que hubieran recibido ayudas con cargo a la Orden 
IET/594/2014, de 10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, 
destinadas a empresas. Las actuaciones de rehabilitación de espacios podrán, sin embargo, 
complementar las actuaciones realizadas por las empresas hasta su liquidación.
7.  Serán financiables las actuaciones que sean desarrolladas desde la formalización 
de la subvención a través del convenio o adenda al mismo hasta el 31 de mayo de 2026, 
para que pueda certificarse antes del 31 de agosto de 2026 el cumplimiento de los hitos y 
objetivos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) número 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
Artículo 5.  Incompatibilidad de las ayudas.
Las  ayudas  reguladas  en  este  Real  Decreto  no  serán  compatibles  con  otras 
subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.
Artículo 6.  Financiación.
1.  Las ayudas estarán dotadas con una cuantía inicial de ciento cincuenta millones 
de euros (150 millones de euros) para el periodo 2021-2023 y se financiarán con cargo a 
los créditos presupuestarios del Instituto para la Transición Justa, O.A., vigentes en cada 
ejercicio económico. Se imputarán al programa 420C «Transición justa. Mecanismo de 
recuperación y Resiliencia». Este presupuesto podrá ser objeto de financiación con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la medida que los programas de incentivos 
aprobados  por  este  Real  Decreto  resulten  incluidos  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  que  se  apruebe  por  las  instituciones  europeas 
competentes. Alternativamente se financiará con cargo al programa 423O «Desarrollo 
económico de las comarcas mineras del carbón» y al programa 456N «Transición Justa» 
del presupuesto de gastos del Instituto para la Transición Justa, O.A., de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias.
2.  El importe del convenio y de cada proyecto quedará determinado en el convenio 
por el cual se canalizarán estas subvenciones, e irá destinado a financiar la totalidad del 
proyecto, al que se descontará el importe de la ejecución de los avales depositados por las 
empresas de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.
3.  En el caso de que se presenten proyectos en una determinada anualidad por un 
importe  superior  a  la  disponibilidad  presupuestaria  prevista,  se  otorgarán  las 
subvenciones  en  función  de  su  contribución  a  los  fines  y  objetivos  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los demás criterios que se establecen 
en el artículo 4.1 de este Real Decreto.
Artículo 7.  Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones.
1.  Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C10I1: «Plan de restauración 
ambiental de zonas afectadas por la transición energética» dentro del Componente 10 
«Transición Justa» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Política 
Palanca 3. «Transición energética justa e inclusiva» correspondiente al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las ayudas estarán sujetas al cumplimiento,  s
ejecución y realización del objetivo y los hitos fijados en el Plan de Recuperación,  oe.
Trasformación y Resiliencia que para la inversión C10I1 se aprueben definitivamente. Se  w.
prevé  que  el  objetivo  a  alcanzar  para  el  periodo  del  Plan  sea  la  restauración  70ww
de 22.0. 00L ahse cctáormeausn.idades autónomas se comprometen a ejecutar las actuaciones en
Pplaarzlaom peanrtao  aEduerocupaeros ey  ad ello  Cdoisnpsueejos,t od ee n1 2e ld eR efgelbarmereon, top o(rU eEl)  cnuúaml eerl oc o2n0j2u1n/t2o4 1d ed elal   BOE-A-cable e
inversión deberá estar en curso antes del mes de diciembre de 2022 para que España 
opte al reembolso del 70 %, por lo que las comunidades autónomas deberán haber 
comprometido el 70 % del gasto antes de esa fecha.
Los datos globales sobre el desarrollo del Plan deberán estar disponibles a 30 de 
junio de 2023 para preparar el 30 % del reembolso restante, por lo que a tal fecha las 
CC.AA. deberán haber autorizado el gasto del 30 % restante. Conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero, el cumplimiento de todos los hitos y objetivos debe quedar verificado antes 
del 31 de agosto de 2026 para permitir que el último pago por parte de la Comisión 
Europea pueda realizarse antes del 31 de diciembre de 2026. Por ello, la restauración de 
las hectáreas comprometidas en cada proyecto debe haberse realizado y certificado de 
conformidad con anterioridad al 31 de mayo de 2026 para que pueda presentarse para la 
verificación global del Plan.
Las comunidades autónomas deberán incluir estas obligaciones en las licitaciones o 
encargos  a  medios  propios  que  realicen  para  la  ejecución  de  los  trabajos.  Deberán, 
asimismo, incluir en los instrumentos jurídicos medidas para prevenir, detectar, comunicar y 
corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
3.  La contratación de excedentes o desempleados inscritos en la bolsa de trabajo 
del Instituto para la Transición Justa, O.A., creada de conformidad con la disposición 
adicional segunda del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre figurará en el 
convenio y será condición para la concesión de la subvención.
Las  comunidades  autónomas  deberán  incluir  a  su  vez  esta  previsión  en  las 
licitaciones o encargos que, para la ejecución de los trabajos efectúen, tanto para las 
empresas adjudicatarias o medios propios como para las empresas subcontratistas de 
los mismos dentro del marco establecido en la legislación básica estatal en materia de 
contratación pública.
4.  Las comunidades autónomas garantizarán el pleno cumplimiento del principio de 
«no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH) y el etiquetado 
climático  y  digital,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y 
por el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos.
Artículo 8.  Instrucción y trámites para la concesión de la ayuda.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de ayudas será la 
persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para 
la Transición Justa, O.A.
2.  Las comunidades autónomas podrán formular sus solicitudes para la primera 
anualidad en el plazo máximo de dos meses tras la publicación de este Real Decreto en 
el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  y  en  los  dos  primeros  meses  del  año  para  los 
ejercicios 2022 y 2023 mediante escrito dirigido a la persona titular de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, O.A., que se presentará a través de la sede electrónica 
del Instituto para la Transición Justa, O.A., (https://sede.transicionjusta.gob.es/) pudiendo 
presentar como máximo un proyecto de restauración por unidad de producción.
No obstante, en aquellos casos en los que exista una íntima conexión geominera 
entre unidades de explotación a cielo abierto y explotaciones subterráneas en las que, 
tanto por las exigencias de las soluciones y actuaciones previstas desde la perspectiva 
de la seguridad minera, como por la posible articulación de nuevos usos, se podrá  e.
presentar un único proyecto que agrupe distintas unidades de producción. w.b
Del mismo modo, en el caso de que una unidad de producción esté emplazada en  70ww
mauutnóincoipmioass  dpeo ddráo sp rceosmenutnaidr audne psr oayuetóctnoo mpaarsa  ddiifcehraesn tuensi,d caaddeas  duen ap rdoed ulcacsi ócno menu nlaid paadretes 
de la que sea responsable.
3.  La solicitud se acompañará de la siguiente documentación con objeto de poder 
determinar los términos del convenio por el cual se instrumentará la subvención:
a)  Memoria descriptiva del proyecto. Se efectuará una descripción de las distintas 
actuaciones propuestas para llevar a cabo la restauración de conformidad con el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, de las zonas degradadas por la actividad minera del 
carbón,  indicando  la  previsión  del  remodelado  del  terreno  según  principios 
geomorfológicos,  de  creación  de  suelo  para  los  nuevos  usos  y  de  revegetación 
(preferentemente  con  ecotipos  locales),  gestión  de  los  residuos  de  las  industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras 
y del pleno cumplimiento del principio DNSH, tanto de los efectos directos del proyecto 
como del ciclo de vida del mismo y sus impactos indirectos que pudieran producirse 
fuera del proyecto o tras la realización del mismo a partir de la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» establecida en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).
La memoria describirá la instrumentación jurídica y el calendario de gestión del 
proyecto por parte de la comunidad autónoma, detallando el compromiso de ésta en el 
cumplimiento de los plazos de cara al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tal y 
como se señala en el artículo anterior.
Además, la memoria detallará el objetivo perseguido por cada proyecto en relación con el 
número de hectáreas a rehabilitar y el número de empleos que se crearán con la ejecución 
del mismo (se detallará la contratación de excedentes mineros y empleo local previsto).
b)  Cuantificación  de  la  inversión  necesaria  para  la  corrección  de  las  zonas 
afectadas, diferenciando los siguientes grupos de actuaciones si proceden:
− Remodelado del terreno.
− Procesos de revegetación.
− Otras actuaciones de rehabilitación y de adecuación a nuevos usos.
− Desmontaje de instalaciones y gestión de residuos.
− Redacción y dirección del proyecto y otros gastos indirectos.
La cuantificación irá acompañada de un informe relativo a los costes generales del 
proyecto de restauración en relación a las bases de datos de la construcción y proyectos 
similares  o,  en  su  caso,  tarifas  de  medios  propios,  aprobados  por  las  consejerías 
correspondientes de las comunidades autónomas de cara a su justificación ante la 
Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c)  Importe total de las garantías financieras o equivalentes constituidas por las 
empresas y depositadas o consignadas ante la autoridad minera competente y las que, 
en su caso, hayan sido incautadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio y que se afectarán al proyecto.
d)  Resumen  de  las  actuaciones  de  restauración  realizadas  en  la  unidad  de 
producción objeto del proyecto por las empresas que hubieran recibido ayudas con cargo 
a la Orden IET/594/2014, de 10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, 
de 21 de diciembre.
e)  Certificación, por parte de la autoridad minera competente, de que la unidad o 
unidades de producción al completo a la que se refiere el proyecto se encuentra en 
proceso de cierre total de la unidad y de todas sus instalaciones o, en su caso, informe 
del estado de hecho de la completa paralización sine die de las actividades extractivas.
f)  Cronograma detallado de las fases y actuaciones a realizar y determinación de  s
indicadores de ejecución con objeto de asegurar y adecuar los proyectos a las condiciones  oe.
fijadas para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. w.
en nghe))g  oIDcnieafoccrliamórnea  ccroieónlna  ltoidvseo  p qarou lpeoi ses tetae rrcirouesen pnoatsar  a(cs loiatun ra eccaoiólminzpa drcoeióm ntiit sudoleas r loifdosar tdmr aaybl/moa jeoansc)tue.e redsotasb elexcisidteonst ecso ny   2021-8270n https://ww
las administraciones locales afectadas para impulsar las actuaciones del proyecto y de
que  el  proyecto  ha  obtenido  todas  las  autorizaciones  necesarias  para  aquellas
actuaciones que, más allá de la propia restauración, fueran precisas y detalle de las 
mismas en el escrito.
4.  El órgano instructor podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o 
datos  aclaratorios  que  estime  necesarios  para  poder  redactar  el  convenio  para  la 
resolución de la ayuda.
Artículo 9.  Concesión de las subvenciones.
1.  La concesión de las subvenciones se realizará mediante los convenios que suscriba 
la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., y las 
consejerías competentes de cada comunidad autónoma. Los convenios tendrán carácter 
plurianual e incluirán en anexo los proyectos a realizar, su calendario y su financiación.
2.  Las solicitudes de subvenciones para nuevos proyectos en la segunda y tercera 
anualidad darán lugar a las correspondientes adendas en las que se incluirán en nuevos 
anexos los proyectos a realizar y su financiación.
3.  Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
4.  Con carácter previo a la firma del convenio y de las adendas anuales deberá 
efectuarse la aprobación y el compromiso del gasto en los términos previstos en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, o en las normas presupuestarias de las restantes 
administraciones públicas.
5.  Para su tramitación, les serán de aplicación las medidas de agilización previstas 
en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
6.  Cada convenio consignará, como mínimo, los siguientes extremos:
a)  Proyectos  a  realizar  y  presupuesto  total  y  avales  ejecutados  afectados  a 
cada proyecto.
b)  Previsiones en relación al número de hectáreas a rehabilitar y de contratación de 
desempleados (excedentes mineros y empresa auxiliares) y población de la zona.
c)  Calendario de financiación.
d)  La composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de seguimiento 
del convenio.
e)  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la subvención y condiciones 
de suministro y publicación periódica de información relativa a indicadores.
f)  El calendario para la justificación de la subvención.
g)  Anexos para cada uno de los proyectos de rehabilitación:
En cada uno de estos se detallará: El objetivo de la inversión y calendario e hitos que 
se establezcan para alcanzar el compromiso de hectáreas a restaurar con el proyecto en 
los plazos señalados en el artículo 7.2, y del cumplimento de los plazos de ejecución. 
Incluirán  asimismo  el  programa  de  actuaciones,  el  presupuesto  desglosado  y  el 
calendario detallado de ejecución.
7.  Las modificaciones, prórrogas o variación de los plazos de los proyectos deberán ser 
válidamente formalizados por ambas partes mediante la firma de la adenda correspondiente.
8.  Las comisiones de seguimiento de los convenios podrán acordar modificaciones 
técnicas de los proyectos sin que sea preciso una modificación del convenio cuando 
concurran las siguientes circunstancias: e.
−  Que  el  cambio  no  afecte  a  los  objetivos  definidos  en  el  convenio  ni  altere  los  70ww
pará−m eQtruoes  bláassi comso tdeinfiicdaocsi oenne csu eonbtae dy edzectaernm ian ancateuss paasr as loab croenvceensidióans d eq ulae s unbov epnucdióien.ron
preverse en el momento de la solicitud.
− Que el cambio no afecte al cumplimiento del número de hectáreas y los hitos de 
ejecución fijados en el Convenio para el cumplimiento del calendario establecido en el 
artículo 7.2.
− Que el cambio no suponga un incremento de la ayuda concedida.
− Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos, 
salvo en el supuesto de circunstancias sobrevenidas y siempre que no afecte a los 
plazos fijados en el artículo 7.2.
A efectos de poder valorar en la comisión de seguimiento el grado de ejecución 
correspondiente  y  a  los  efectos  de  poder  determinar  el  grado  de  ejecución  del 
presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas 
deberán presentar en la comisión los correspondientes informes con la periodicidad que 
se establezca en el Convenio.
Artículo 10.  Pago de las ayudas.
1.  El abono de la subvención objeto del convenio se podrá efectuar, una vez 
firmado  éste  o  la  adenda  anual,  en  pagos  anticipados  anuales  acordados  en  el 
Convenio, mediante libramiento de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  por  requerirse  la  entrega  de  fondos  como  financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a subvención. El abono 
podrá  efectuarse  en  un  único  pago  a  la  firma  del  Convenio  en  función  de  las 
disponibilidades presupuestarias.
2.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, las comunidades autónomas quedan exoneradas de la constitución de garantías 
por su condición de administración pública.
Artículo 11.  Justificación, liquidación del pago y reintegro de los importes no utilizados.
1.  La justificación se realizará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y en particular de la disposición adicional novena de su Reglamento de 
desarrollo. El convenio que se suscriba detallará el régimen y documentación justificativa 
de esta subvención.
2.  En todo caso, la justificación constará de la siguiente documentación:
a)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención, por el que 
se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de su finalidad y de los compromisos 
asumidos tanto en el número de hectáreas restauradas como de empleo creado.
b)  Informe del técnico competente de la Consejería sobre la ejecución técnica de 
los trabajos con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
c)  El expediente íntegro de contratación de las obras o servicios o encargo a medio 
propio debidamente foliado y sellado que garantice la integridad del mismo. En caso de 
que el expediente se remita en formato electrónico, deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá  una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  del  proyecto  y  las 
certificaciones acreditativas del pago.
e)  Informe  emitido  por  el  órgano  de  intervención  y  control  de  la  comunidad  e.
autónoma  correspondiente,  que  acredite  la  veracidad  y  la  regularidad  de  la  w.b
documentación justificativa de la subvención. Dicha declaración además deberá reflejar  70ww
tcoodnovse nloios  rdealatotisv aq uae  lpoesr mgaitastno sv eirnifdiciraerc tqouse  yn os us ec ohrare ssuppoenrdaednoc ilaa  tcaanntotid caodn i mlopsu tcaodsat easl 
lcaosn asicdteuraacdioonse cso snu eblv iemnpcoiortnea tboletasl,  esjeinc upteardjuoic cioo mdeo  lcaosn d eel mpáesrí oodboli geanc qiounee ss ed eh ajuns rteifaicliazcaidóon 
establecidas por este Real Decreto y por la normativa aplicable.
3.  El plazo de justificación será el establecido en el convenio, no pudiendo ser 
superior a seis meses, a partir de la finalización de la actuación.
4.  La  Subdirección  General  de  Estrategia  y  Planificación  del  Instituto  para  la 
Transición  justa,  O.A.,  comprobará  la  documentación  aportada  y  podrá  recabar  la 
aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios 
para  poder  proceder  a  la  correspondiente  liquidación  respecto  a  las  cantidades 
transferidas  a  cuenta  y  a  la  instrucción,  si  fuera  preciso,  del  correspondiente 
procedimiento de reintegro de los importes no utilizados.
Artículo 12.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las  Comunidades  Autónomas  del  Principado  de  Asturias,  de  Aragón  y  de 
Castilla y León, en cuanto beneficiarias de estas subvenciones, quedarán sujetas a las 
obligaciones previstas en el convenio al que se refiere el artículo 9 de este Real Decreto. 
Entre  dichas  obligaciones  se  incluirán  las  del  mantenimiento  y  conservación 
medioambiental de los terrenos afectados por los residuos mineros.
2.  Desde la concesión de esta subvención quedará prohibida cualquier actividad de 
extracción de carbón en los terrenos rehabilitados.
3.  Las comunidades autónomas beneficiarias quedan sujetas a las obligaciones 
establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como al régimen de contratación establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. Entre otras obligaciones, el convenio deberá incluir el compromiso 
del cumplimiento de los objetivos fijados y los hitos para esta Inversión del Componente 
C10I1 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los hitos y objetivos concretos que 
haya de cumplir el beneficiario, el calendario para el cumplimiento de los mismos y los 
indicadores que permitan valorar el cumplimiento de los hitos y objetivos previstos y el 
seguimiento de la inversión en el tiempo.
4.  Las comunidades autónomas tendrán la obligación de mantener la adecuada 
pista de auditoría relativa a la medición de los indicadores y de conservación de la 
documentación soporte, conforme a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento 
(UE) número 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga  el  Reglamento  (CE)  número  1083/2006  del  Consejo,  o  disposición  que  lo 
sustituya, así como a elaborar una cuenta justificativa final tanto en lo que respecta a los 
importes  utilizados  como  a  los  hitos  y  objetivos  conseguidos,  tras  el  cierre  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, tras todos los posibles controles 
nacionales y comunitarios que sobre las medidas financiadas con éste puedan recaer.
5.  Las comunidades autónomas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actuaciones mediante la inclusión de la 
imagen institucional del Instituto para la Transición Justa, O.A., y de la que se establezca 
para  los  programas  financiados  por  el  Mecanismo  Europeo  de  Recuperación  y 
Resiliencia en particular lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
y  el  Plan  de  Reconstrucción,  Transformación  y  Resiliencia,  así  como  de  leyendas  e.
relativas  a  la  financiación  pública  en  carteles,  placas  conmemorativas,  materiales  w.b
impresos, medios electrónicos o audiovisuales, así como en menciones realizadas en  70ww
medios de comunicación.
Artículo 13.  Inspección y control.
1.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá realizar cuantas inspecciones 
sean precisas para comprobar y verificar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y 
objetivos a que están sometidas las ayudas reguladas en este Real Decreto.
2.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
3.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Reconstrucción,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
sea de obligado cumplimiento.
Artículo 14.  Reintegro e incumplimiento de objetivos e hitos.
1.  El saldo no comprometido a la fecha de finalización de los plazos establecidos en 
el apartado 2 del artículo 7 de este Real Decreto deberá reintegrarse al Instituto para la 
Transición Justa, O.A. El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante 
la adjudicación de los correspondientes contratos o a la formalización del encargo al 
medio propio.
2.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca un 
incumplimiento por las administraciones beneficiarias de las obligaciones establecidas en 
el convenio, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
3.  A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i), se considerarán también causas 
de reintegro las siguientes:
a)  Se  procederá  al  reintegro  total  de  la  ayuda  si  se  constata,  durante  las 
actuaciones de comprobación de la ayuda, de que los objetivos, productos, servicios o 
gastos justificados no se corresponden con lo acordado en el convenio, en particular en 
relación a los compromisos en materia de creación de empleo, o que se corresponden 
con  los  resultados  de  otros  proyectos  subvencionados  con  fondos  públicos,  o  que 
hubieran  sido  desarrollados  con  anterioridad  a  la  solicitud  de  la  ayuda,  ya  sean 
imputables a la empresa minera en liquidación, a la comunidad autónoma beneficiaria o 
a las entidades subcontratadas, lo que evidenciaría la no aplicación de la ayuda a los 
fines para los que fue concedida.
b)  La falta de presentación de la documentación justificativa de una anualidad en el 
seno de la comisión de seguimiento o la inactividad durante una anualidad.
4.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
6.  En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de 
los hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución 
comprometida para alcanzar el objetivo de rehabilitar 2.000 hectáreas previsto para la 
inversión  C10I1  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  las 
comunidades  autónomas  deberán  reintegrar  los  fondos  recibidos  al  Tesoro  Público  e.
consecuencias de los eventuales incumplimientos de conformidad con lo establecido  w.b
para  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  en  el  artículo  7  séptima  de  la  70ww
aLñeoy  21012/210. 2E0l,  pdreo ce3d0i mdiee ndtoic ideem brerein,t edgero  Par eessutpouse esfteocst oGs esnee rraelegsu ladreál  pEosr taOdrod epna drae  leal 
persona titular del Ministerio de Hacienda.
Disposición adicional única.  Gastos de personal.
Las medidas previstas en este Real Decreto no podrán suponer incremento de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 4 de este Real Decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia  de  legislación  básica  sobre  protección  del  medioambiente  y  las  bases  del 
régimen minero y energético.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de mayo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ