BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47491
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6601 Sala Segunda. Sentencia 55/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 2563-2019. Promovido por la entidad mercantil Izo Corporate, S.L., 
respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid anulatoria de laudo arbitral. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable negativa judicial a proceder 
al archivo del proceso de anulación del laudo, instado por las partes tras 
alcanzar un acuerdo extrajudicial (STC 46/2020).
ECLI:ES:TC:2021:55
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2563-2019, promovido por la entidad mercantil Izo 
Corporate, S.L., contra el auto de 5 de marzo de 2019 y contra la sentencia de 13 de 
diciembre de 2018, ambos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, recaídos en el procedimiento de anulación de laudo arbitral núm. 45-2018. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-
Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal con fecha de 23 de abril de 2019, la 
entidad Izo Corporate, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
María  del  Valle  Gili  Ruiz  y  asistida  por  la  letrada  doña  Hannah  de  Bustos  Lanza, 
interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento.
2.  Los hechos y antecedentes procesales de los que trae causa la demanda de 
amparo son, en síntesis, los siguientes:
a)  La  demandante  de  amparo  Izo  Corporate,  S.L.,  con  sede  en  Madrid  y  la 
sociedad Socialtech, S.R.L., con sede en Buenos Aires, celebraron con fecha de 12 de 
diciembre  de  2013,  un  contrato  de  franquicia,  en  cuya  virtud  se  autorizaba  a  la 
franquiciada a utilizar en exclusiva, en Argentina y Uruguay, el sistema «Izo». Debido al  s
incumplimiento en el abono de determinadas cantidades, la mercantil Izo Corporate, S.L.,  e.
resolvió el contrato, a lo que dio su conformidad Socialtech, S.R.L. w.
b)  Con  base  en  la  cláusula  arbitral  pactada  en  el  contrato,  que  sometía  sus  01ww
Mdisacdrreidp ayn cciaosn  aso marebtiitmraijeen tdoe  al al aC láemgisalraac idóen  eCsopmaeñroclaio,  lIan tedrenmacainodnaanl,t ee nd el aa mciupdaarod  Idzeo 
Cenotrepnodraetre q, uSe. Lla.,  spolacinetdeaód d deemmaannddaa, drae cSlaomciaanltdeoch d, eSt.eRrm.Li.n, ahdaabsía c caonntitdinaudaedso d eej edciuntearnod, op olar   BOE-A-cable e
misma actividad, bajo otro nombre comercial, vulnerando de esta manera la cláusula de 
no competencia post-contractual acordada entre ambas. Por su parte, la demandada 
solicitó en su contestación, la nulidad del contrato por falta de objeto y error en el 
consentimiento.
c)  Con fecha 14 de abril de 2018, el árbitro único, designado por la Cámara de 
Comercio Internacional, tras practicar la prueba propuesta y admitida, dictó, al amparo de 
la  corte  de  arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional,  un  laudo  por  el  que 
condenaba a la mercantil argentina Socialtech, S.R.L., a abonar a la parte demandante la 
cantidad de 98 969,53 €, en concepto de pago de facturas impagadas y otros 120 000 €, 
en concepto de pago de la penalidad por violación del pacto de no competencia post-
contractual. Añadía a la condena anterior, la totalidad de los gastos administrativos del 
arbitraje  y  honorarios  del  árbitro  único,  así  como  el  pago  de  las  costas  legales  y 
honorarios por importe de 20 000 € y otros conceptos.
d)  Frente a dicho laudo, la mercantil condenada interpuso demanda de anulación 
parcial del laudo. Pretendía la anulación de la decisión XI que condenaba a Socialtech, 
S.R.L., a pagar a la demandante de amparo la penalidad por la violación del pacto de no 
competencia post-contractual (decisión VI del laudo). Fundaba la impugnación en la 
contravención del orden público ex art. 41.2 de la Ley de arbitraje (en adelante, LA) y, 
más concretamente, en la infracción de normas imperativas; en particular, de las normas 
europeas sobre el Derecho de la competencia.
e)  La  demandante  de  amparo  Izo  Corporate,  S.L.,  se  opuso  a  la  demanda, 
circunscribiendo su defensa frente a los puntos objeto de reproche y de anulación del 
laudo.
f)  Una vez efectuado el señalamiento para deliberación y fallo del tribunal, pero 
antes  de  dictarse  sentencia,  las  partes  de  común  acuerdo  presentaron  un  escrito 
conjunto por el que Socialtech, S.R.L., hacía constar su desistimiento del procedimiento 
al  que  Izo  Corporate,  S.L.,  prestaba  su  conformidad,  interesando  que  no  se  diera 
condena en costas.
g)  Con fecha de 13 de diciembre de 2018, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, por la que: (i) se denegó la solicitud de 
sobreseimiento  del  proceso;  (ii)  se  estima  la  demanda  de  anulación  planteada  por 
Socialtech, S.R.L., contra el laudo; (iii) se condena en costas a la demandante de 
amparo; (iv) se condena a la demandante de amparo a abonar las costas del arbitraje, 
aunque este punto no había sido solicitado por la actora, ni combatido durante el 
procedimiento de anulación.
A los efectos de la resolución del presente recurso de amparo, conviene destacar 
que, respecto de la solicitud de archivo que realizaron ambas partes de consuno, el 
órgano judicial afirma con rotundidad que el poder de disposición de las partes sobre el 
objeto del proceso «se supedita –obvio es decirlo– a que el objeto del juicio, la res in 
iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la voluntad de las partes 
para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones 
de interés general o en beneficio de tercero (art. 19.1 LEC)».
Más adelante reprocha a las partes que hayan olvidado que «la acción de anulación 
del laudo no subviene sólo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de 
un laudo, una vez suscitada ante el tribunal competente, no es materia disponible: la 
Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el allanamiento, ni la transacción 
sobre la validez de un laudo […]. Qué duda cabe de que existe un interés general, 
expresado de manera inequívoca por la ley en defensa de la institución misma del  s
arbitraje, en que la sola voluntad de las partes –su libre poder de disposición– no pueda  oe.
dar lugar a la anulación del laudo […]. Postulado que se representa tanto más evidente  w.
cuando se repara en la naturaleza que ostenta el laudo, esto es, en su condición de  01ww
r"eecqiueinvtaele SnTteC j u1r/i2s0d1ic8c,i odnea l1"1 ( rdeeit eernaedrao, ):u ncaab vaelmz emnátes,,  npoo rc ealb Ter idbeufneanld Cero nlas teitluimciionnaacli óenn  dseul 
oprodreqnuaem laies nptaor tjuersí daiscío l o– pqouri ereravnis oió nlo  od epcoird adne,c laalr amcaiórgne dne d neu llaidsa tda–x adteiv ausn ap rseevnisteionnceias  fdirem lae   BOE-A-cable e
ley  al  respecto  […].  Pues  lo  mismo  se  ha  de  mantener  sobre  la  imposibilidad  de 
convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo […]. Como 
tampoco es declinable –aun cuando medie renuncia o desistimiento– por el tribunal que 
está conociendo de la acción de anulación su deber de pronunciarse acerca de la validez 
o la nulidad del laudo cuando así le viene impuesto, en defensa del interés general, por 
prescripción expresa de la ley para salvaguardar el orden público, el respeto a los límites 
legal  e  infranqueablemente  impuestos  al  arbitraje  y  el  derecho  de  defensa  de  los 
litigantes (art. 41.2 LA)».
Prosigue la Sala el desarrollo de su argumento contrario al archivo de la causa, 
insistiendo en que «no es aceptable la pretensión de poner fin a un proceso de anulación 
de laudo en el que es objeto de enjuiciamiento, tras la correspondiente alegación y 
prueba, un motivo de anulación que, por razones de interés general, haya de ser 
examinado de oficio por este tribunal, cuyo análisis, en tales circunstancias, no puede 
quedar a lo que resulte del poder de disposición, de los pactos de los litigantes, so pena 
de vaciar de contenido, contra legem, lo dispuesto en el art. 41.2 LA –que, por cierto, 
constituye una de las principales novedades de la vigente Ley de arbitraje, por contraste 
con la de 1988, y es expresión de la armonización de nuestro Derecho con la normativa 
UNCITRAL. En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo 
arbitral, no se puede disponer por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al 
tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre o no la lesión 
de intereses tan generales que la ley no faculta, sino que impone al tribunal el deber de 
salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de 
contenido la prescripción terminante del art. 41.2 LA, que no es dable dejar al albur de la 
voluntad de las partes».
Por los motivos expuestos concluye que «no vale decir que las partes ya no tienen 
interés en que se resuelva acerca de la validez o de la nulidad del laudo: hay un interés 
público prevalente en que se analice y, en su caso, se depure la permanencia en el 
ordenamiento de un laudo potencialmente lesivo de derechos fundamentales: en tales 
situaciones, tratándose de laudos, el poder de disposición de las partes no prevalece 
sobre el interés público asociado a la resolución de la demanda de anulación que la 
propia Ley de arbitraje impone al tribunal […]. La Sala no duda de que los litigantes, en 
un momento dado, pueden "perder interés" en la prosecución del proceso por llegar a un 
acuerdo económico –que es lo que probablemente ha sucedido, y al que nada hay que 
objetar en el plano inter privatos–; lo que la Sala ha afirmado y afirma es que existe un 
interés general prevalente que hace que esos acuerdos no puedan ser utilizados –sin 
perjuicio de la eficacia que puedan tener inter partes– como cobertura fraudulenta –en 
fraude de ley– para evitar que un tribunal cumpla con el deber indeclinable que le asiste, 
ope legis, de pronunciarse sobre si el objeto indisponible que ante él se ha sometido –en 
nuestro caso, la parcial nulidad de un laudo por lesión de derechos fundamentales, 
principios constitucionales y normas de ius cogens–, debe entenderse existente, o no 
[…]. Y no vale decir al respecto, sin subvertir la realidad de las cosas, que lo único que 
se debate aquí es la validez de un pacto de no competencia post-contractual, lo cual 
sería ajeno a toda idea de interés general: amén de que esto no es cierto porque, como 
veremos, las reglas de defensa de la libre competencia preservan intereses generales de 
primera importancia –con incidencia directa en los derechos de los consumidores–, lo 
que se ha debatido en la causa, aquello sobre lo que se ha alegado y practicado 
abundante prueba, es si, con ocasión del contrato de franquicia litigioso, se ha llevado 
adelante un arbitraje que culmina con un laudo lesivo de los arts. 24.1 y 9.3 CE, y del  s
Derecho de la Unión sobre defensa de la competencia: decir que tales cuestiones no  oe.
afectan al orden público o, más ampliamente, al interés general en que el arbitraje se  w.
desarrolle con las debidas garantías –como "equivalente jurisdiccional" que es–, por el  01ww
shoebcrheo  mdaet eqruiae  dsiesp hoanyibalne  sseormíae ttiadnot oa,  llias ac oy nllsaindaemraecniótne , dceo mlao  Sdaalra  paolr  hbiuloe ndae  uunna  cpoantteranttoe 
"vpeerstiacrió sno bdree  pmriantceirpiaios" :d peo lrib dree fdinisicpióonsi,c ilóan c –oanrttr.o 2ve.1r sLiaA –q,u pee rsoe  essotom entoe  saig nairfbiciatr,a cjeo nh ato ddae   BOE-A-cable e
evidencia, que lo que suceda en el procedimiento arbitral sea igualmente disponible 
siempre  y  en  todo  caso:  un  postulado  semejante  contraviene  frontal,  clara  e 
inequívocamente la dicción terminante de los arts. 41.1 f) y 41.2 LA, y de los correlativos 
preceptos de la Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL) y del Convenio de Nueva York de 1958, por citar 
solo  dos  ejemplos  paradigmáticos  de  normas  internacionales.  Por  lo  demás,  el 
desistimiento que aquí se pretende ha de ser analizado –y tal es el tratamiento procesal 
que la Sala le viene dando– desde la perspectiva del art. 20 Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC), y no del art. 450 LEC, pues la acción de anulación –nemine discrepante– no es 
un genuino recurso. Un intento de desistimiento, conclusos los autos para sentencia, aun 
cuando en puridad ni siquiera es temporalmente posible una vez se haya iniciado la 
deliberación, ha de ser analizado a la luz de las precedentes reflexiones: aquí, dado el 
plazo de caducidad de la acción, el desistimiento no afecta solo al proceso –art. 20 
LEC–, de modo que el actor pueda promover nuevo juicio sobre el mismo objeto; el 
desistimiento –como ya dijimos en nuestra Sentencia 14/2017– afecta directamente y 
con carácter definitivo al enjuiciamiento del thema decidendi, como si de una renuncia a 
la acción se tratase, de suerte que, atendiendo a la realidad de las cosas –y no a su 
mera denominación– es inconcuso que ha de recaer –dicho "desistimiento"– sobre un 
objeto disponible –art. 19.1 LEC–, lo que, como hemos visto, no es el caso».
Igualmente hemos de destacar el razonamiento seguido por la Sala, al examinar el 
fondo de la cuestión debatida, y alcanzar la conclusión de que el laudo impugnado 
incurrió en una violación del orden público del art. 41.2 LA, por motivación arbitraria. Así, 
declara: «Por supuesto, esta Sala no prejuzga la validez o la nulidad de la cláusula de no 
competencia post-contractual en el contrato de franquicia suscrito por las partes el 12 de 
diciembre de 2013: lo que decimos es que la determinación de tal extremo no ha sido 
analizada ni motivada por el árbitro, de un modo patente, con arreglo a los parámetros 
de enjuiciamiento legalmente exigibles, de modo que, atendiendo a las reglas de carga 
de la prueba, pudiese verificar si ese pacto, prima facie, contrario a la libre competencia, 
había de reputarse, sin embargo, exonerado del alcance de la prohibición. Estamos, 
pues, ante un caso de motivación arbitraria o, incluso, meramente aparente, que se 
constituye en ratio decidendi de la decisión impugnada y, que por ello, lesiona el derecho 
a la tutela judicial efectiva de Socialtech, S.L.U., con la consiguiente infracción del orden 
público, que lleva a anular –sin perjuicio de lo que acto seguido se dirá–, el apartado 
tercero de la parte dispositiva del laudo (apartado XI.3)» (pág. 36 de la sentencia).
Es de advertir que la sentencia contiene un voto particular del presidente de la Sala, 
en el que manifiesta su discrepancia respecto a la denegación de archivo de la causa, 
entendiendo que lo correcto habría sido sobreseer, sin imponer las costas a ninguna de 
las partes.
h)  Contra  la  sentencia  se  promovió  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones, alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), causante de indefensión, en su vertiente de derecho a obtener una resolución 
judicial fundada en derecho, no incursa en irrazonabilidad y arbitrariedad. En el incidente 
de nulidad se denunció que sólo había dos lecturas de la sentencia para anular el laudo 
y ambas entrañaban una infracción del deber de congruencia y, en consecuencia, del 
derecho de defensa. Una opción era que la falta de motivación se tratase de una 
apreciación ex novo y de oficio, al amparo del art. 41.2 LA (sin dar audiencia, sin 
embargo, a las partes para pronunciarse, lesionando con ello su derecho de defensa). La 
otra posibilidad era que el tribunal entendiese que la valoración sobre la concurrencia de  s
motivación del laudo en estos puntos objeto de debate estaba comprendida dentro del  oe.
concepto de orden público, a pesar de que las partes hubieran circunscrito el debate a la  w.
vulneración del orden público exclusivamente en su vertiente de quiebra de normas  01ww
ijmuicpieor.a Itgivuaasl,m peenrtoe  nsuen caale pgoarb uan laa  fianlftraa cdcei ómno dtieval cpiróinnc dipeilo l adued oig, uqauldea ndo  asnet ep ulas ole eyn  (taerlta.  d1e4 
cCoEn)s, idpeuraedstoo  dqeu oef,i ciaol  qcuoen teral rlaiou ddoe  erloa  caocnatreacriidoo a le onr doetnra psú bolcicaos,i opnreess,c inlad ieSnadloa,  phoarb ílao   BOE-A-cable e
demás, del trámite de audiencia a las partes, con lo que se les privó de su derecho a 
realizar alegaciones.
i)  El  incidente  excepcional  de  nulidad  de  actuaciones  se  resolvió  por  auto 
desestimatorio  de  fecha  de  5  de  marzo  de  2019,  no  apreciándose  vulneración  de 
derecho fundamental alguno. La Sala razona que es lo mismo denunciar que el laudo 
incurre en una vulneración de normas de la competencia (en concreto, porque el árbitro 
único no entendió aplicable la normativa europea y esto fue lo estrictamente denunciado 
por Socialtech, S.R.L.), que considerar que la inaplicación de dicha normativa supone la 
falta de motivación del laudo. Por otro lado, el auto entiende que no se ha incurrido en 
incongruencia, porque «la causa de anulación invocada fue la infracción del orden 
público, que es la apreciada por la Sala», sin diferenciar entre las distintas violaciones 
subsumibles  dentro  del  concepto  de  orden  público  y  su  vinculación  con  normas 
concretas.
En el auto se declara: «La arbitraria motivación del laudo que la sentencia estima, sin 
quiebra alguna del ámbito objetivo del proceso de anulación suscitado por las partes ni la 
menor indefensión, da la razón a Socialtech, S.R.L., porque el árbitro ni siquiera analizó, 
como era su deber de acuerdo con el Derecho aplicable elegido por las partes y el 
sistema de fuentes a él correspondiente […]; razonamiento que hemos juzgado arbitrario 
por el conjunto de razones expuestas en el FJ 2.3 de la sentencia, puestas en conexión 
con los parámetros de enjuiciamiento previamente reseñados en ese mismo FJ 2» 
(página  5,  FJ  2  del  auto).  Y  más  adelante,  se  afirma  que:  «En  este  contexto 
argumentativo, de yerro patente sobre el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y 
de radical falta de análisis de si el pacto de no competencia post-contractual aquí litigioso 
era inválido […]» (FJ 4 del auto).
3.  La  recurrente  Izo  Corporate,  S.L.,  denuncia  en  su  demanda  de  amparo  la 
concurrencia de varias vulneraciones de derechos fundamentales, que imputa tanto al 
auto de 5 de marzo de 2019, que desestimó el incidente de nulidad promovido por la 
demandante de amparo, como la sentencia de 13 de diciembre de 2018, que anuló 
parcialmente el laudo emitido por la Cámara de Comercio Internacional, ambos de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los derechos 
fundamentales que se entienden vulnerados por las resoluciones impugnadas son los 
siguientes:
(i)  Vulneración del derecho del art. 24.1 CE, relativo a la tutela judicial efectiva en 
sus vertientes del derecho a una sentencia congruente, la prohibición de arbitrariedad e 
indefensión y la garantía del derecho de defensa. Para la demandante de amparo, con 
cita de nuestra STC 20/1982, de 5 de mayo, extender el principio iura novit curia hasta 
entender que cualquier causa subsumible en la noción de orden público puede ser 
reconocida como parte del objeto procesal, implica una desviación del debate procesal, 
constitutiva  de  una  incongruencia  incontestable,  infractora  de  la  más  elemental 
contradicción y, por tanto, del derecho fundamental de defensa expresivo de la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE). Sostiene, por lo demás, que, en el ordenamiento jurídico 
español, la motivación del laudo no es una cuestión de orden público y que, en todo 
caso, el árbitro motivó la validez e incumplimiento del pacto de no competencia post-
contractual (desde el párrafo 258 hasta el 287 del laudo), demostrando el órgano judicial 
en su sentencia tan solo que no comparte la interpretación acogida por el árbitro único.
(ii)  Vulneración del art.14 CE, relativo al derecho a la igualdad ante la ley, por no 
haber dado trámite de audiencia para que las partes se pronunciaran sobre la arbitraria  e
motivación del laudo apreciada de oficio por la Sala. bo
(iii)  Vulneración  del  art.  24.1  CE,  relativo  a  la  tutela  judicial  efectiva,  en  sus  01ww
vvuelrntieernatceisó nd ed edle fruencdhaom ae nutnaal  dseernetcehnoc idae c iognugarludeandt ea,n dtee  lain tleeryd (icacrtió. n1 4d eC Ela) , aprobrit rlaa rfieadltaa dd ey 
addemmiasniódna ndtee ld ed easmisptiamroie netnot ieyn deel  naorvcehdivoos od een  lala  jcuaruisspar;u daelngcoi,a  paorbr itrloa l deespmaáñso, laq yu eq ulea 
supone una modificación de la doctrina mantenida hasta el momento por el propio 
órgano judicial.
(iv)  Vulneración del derecho consagrado en el art. 24.1 CE, relativo a la tutela 
judicial efectiva, en sus vertientes relativas al derecho a una sentencia congruente y de 
interdicción de la arbitrariedad, por la anulación de los puntos 4 y 5 del apartado XI del 
laudo por incongruencia extra petita, pues nunca se solicitó la nulidad del laudo en 
materia de costas del arbitraje y, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
se pronunció al respecto.
(v)  Se denuncia, por último, que la sentencia y el auto impugnados vulneran el 
fundamental derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de interdicción de la 
arbitrariedad, por afirmar que las normas europeas de Derecho de la competencia son 
normativa  imperativa  infringida  cuando,  sin  embargo,  el  ámbito  de  aplicación  del 
compromiso cae, por pacto, fuera del mercado europeo (siendo este, por lo demás, un 
hecho pacífico en la disputa arbitral y en el laudo).
4.  Mediante providencia de 29 de junio de 2020, la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, tras apreciar que en el mismo 
concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], porque plantea un problema o afecta a una faceta de un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
a)], así como porque trasciende del caso concreto y plantea una cuestión jurídica de 
relevante  y  general  repercusión  social  o  económica  [STC  155/2009,  FJ  2  g)].  De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación a 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que, en un 
plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones 
correspondientes  al  procedimiento  de  nulidad  de  laudo  arbitral  núm.  45-2018  y 
procediera al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso, excepto la 
parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en 
este proceso constitucional de amparo.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  29  de  septiembre  de  2020,  se  tienen  por 
recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con arreglo al art. 52 LOTC, se concedió al 
Ministerio Fiscal y a la demandante de amparo Izo Corporate, S.L., el plazo común de 
veinte días para que, con vista de las actuaciones, formulase las alegaciones que tuviera 
por convenientes.
6.  Con fecha de 3 de noviembre de 2019, tuvo entrada en este tribunal el escrito de 
alegaciones de la mercantil Izo Corporate, S.L., en el que, ratificándose íntegramente en 
el recurso de amparo presentado, interesa la estimación del recurso.
7.  El  12  de  noviembre  de  2020,  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones del fiscal ante el Tribunal Constitucional. En él se interesa la estimación del 
recurso de amparo, imputando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) a la sentencia de fecha de 13 de diciembre de 2018 y al auto de fecha de 5 
de mayo de 2019, dictados en el procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 
45-2018, seguido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, con nulidad de todo lo actuado posteriormente.
El Ministerio Fiscal comienza sus alegaciones sistematizando las vulneraciones del 
derecho a la tutela judicial efectiva e igualdad, invocadas por la demandante de amparo,  e.
referidas, en primer lugar, a la necesidad de motivación de los laudos arbitrales y a la  w.
posibilidad  de  su  control  judicial  como  cuestión  de  orden  público  (ex  art.  41  LA),  01ww
esus beral ydaen edxoa qmuien,a sr igpuriimenedroo  laaq duoeclltar incaa udsea e qsutee  trsiubpuonnagl, ae ll ac rmitearyioo rd ere atrnoáalciscisió mn ádse  reafceiocntoasl 
en el tiempo, pues anulado lo previo, ya no es necesario examinar lo posterior.
Así, el fiscal entiende que el enjuiciamiento que debe realizarse en el presente 
recurso de amparo ha de concentrarse en el examen de la sentencia impugnada, pues el 
auto de desestimación del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, al fin y al 
cabo, confirma en su totalidad aquel pronunciamiento. Por lo demás, en el análisis de la 
sentencia impugnada, a su juicio, la valoración debe concretarse, antes de nada, en la 
denegación de la petición de archivo de la causa formulada conjuntamente por ambas 
partes. Defiende que, haciéndolo de este modo, se producirá un efecto superior en 
cuanto a la fuerza anuladora de la sentencia de amparo, ya que si se concluye que la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera admitido esa 
petición, las otras decisiones que también se cuestionan, no habrían existido.
Respecto  a  este  primer  motivo  de  amparo,  el  fiscal  apoya  el  otorgamiento  del 
amparo. Subraya cómo muy recientemente este tribunal, en la STC 46/2020, de 15 de 
junio, se ha pronunciado sobre un asunto similar, declarando que la decisión de no 
proceder al archivo de un procedimiento de anulación del laudo, cuando las partes de 
común acuerdo así lo solicitan «es, cuando menos, irrazonable y vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)» (FJ 4). Así, en esta resolución se 
explicó muy claramente que «la petición de archivo pretende poner de relieve la pérdida 
de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como consecuencia del 
acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en efecto, 
el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es 
que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que 
justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera 
tan categórica que las partes no puedan alcanzar un acuerdo posterior al laudo ni que, 
de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como demandada 
decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a 
negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de 
laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin 
poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos que afecten a su interés para 
obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del terreno 
del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de 
anulación del laudo arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto».
Sin embargo, en la sentencia ahora impugnada, la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a pesar de que esta doctrina nace precisamente 
de la impugnación en amparo de una de sus sentencias, de nuevo, deniega el archivo de 
la causa con la excusa de llevar a cabo el control judicial del orden público ex art. 41.2 
LA. En tal sentido, explica el Ministerio Fiscal que si bien es cierto que la protección del 
orden público del art. 41.2 LA y la del interés general ex art. 22.1 LEC corresponde a los 
órganos judiciales, ello no significa que no exista la posibilidad de desistimiento de la 
acción por las partes. Sólo están prohibidos los acuerdos que perjudiquen a tercero, que 
versen sobre materias indisponibles o que afecten al interés general y, en este caso, «no 
hay una prohibición legal respecto al proceso de anulación de laudo, ni provoca ningún 
perjuicio a tercero, y no vemos el interés general que se ha visto garantizado al anular el 
laudo, anulación que sólo va a producir efectos respecto a las partes, o ni siquiera a ellas 
que ya han alcanzado una solución al margen del laudo y del arbitrio».
En segundo lugar, el fiscal se pronuncia sobre la alegada vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, en tanto que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha entrado a examinar la motivación del laudo, por entender que  s
forma parte de su deber de control del orden público ex art. 41.2 LA. El juicio de la  oe.
fiscalía sobre este punto es claro: la motivación de los laudos debe quedar extramuros  w.
de  la  revisión  judicial,  ya  que  lo  contrario  desvirtuaría  la  propia  naturaleza  de  la  01ww
ianmstpitluiacri óinnd aerbbiidtraaml, ecnotne  eel lr iceosngcoe, pytao  addev eorrtdideon  epnú blali cSoT. CA 4 p6e/2s0a2r 0d,e d ee ll1o5,  edle  ójurgnaion,o F jJu d3i,c diael 
hnao rmanaatilvizaa deou roepne sau a sl esnutpeunecsiato  lopsla nmteoatidvoos,  ednetel nádrbieitnrod op qaurae  ddeesbcióa rataprl iclaa ralap lyic caócmióon  ddeeb ilóa   BOE-A-cable e
hacerlo. Ahora bien, en este punto, sin embargo, el fiscal no aprecia la lesión del derecho 
fundamental alegado, pues  aunque puede  verse  lo  que califica de «un cierto afán 
expansivo de la noción de orden público», el argumento del órgano judicial, en realidad, 
tan sólo se dirige a justificar la incorrección de la decisión del árbitro de prescindir de las 
normas de ius cogens, lo que no puede tacharse de irrazonable o arbitrario.
Por lo que respecta a la denunciada vulneración del principio de igualdad ante la ley 
(art. 14.1 CE), consistente en haberse analizado de oficio la infracción del orden público 
(ex art. 41.2 LA), sin dar audiencia a las partes, el fiscal la rechaza abiertamente. 
Comparte, en este sentido, el razonamiento del órgano judicial expresado en el auto de 5 
de marzo de 2019, que desestimó el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
por cuanto fue la demandante quien introdujo el debate sobre la observancia por el laudo 
del orden público, al no haber aplicado las normas imperativas europeas y, por lo tanto, 
Izo Corporate, S.L., pudo defenderse de esta argumentación, como de hecho lo hizo, 
expresando las razones por las que entendía que no debían aplicarse.
El siguiente motivo de amparo que analiza el Ministerio Fiscal es el referido a la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
incongruencia extra petita, por haberse dejado sin efecto en la sentencia la condena al 
pago de los gastos y costas (puntos 4 y 5 del apartado XI del laudo), cuando tal petición 
no había sido solicitada en la demanda de anulación. Para el fiscal, este motivo no debe 
prosperar, pues lo discutido, tanto en sede arbitral como en sede judicial, no fue la 
condena a pagar las facturas debidas, sino la vigencia de la cláusula penal pactada por 
competencia desleal. Por consiguiente, a su juicio, es lógico que el reconocimiento que 
hace el árbitro de esta petición lleve aparejada tales consecuencias accesorias, como 
igualmente congruente es que la sentencia impugnada se pronuncie justamente en 
sentido contrario, declarando que dado que es improcedente el pago de la cláusula 
penal, también lo es la de los gastos y costas como obligaciones accesorias a la 
condena.
Por último, para el fiscal, debe ser rechazada la denuncia sobre arbitrariedad e 
incongruencia  (art.  24.1  CE),  en  las  que  habría  incurrido  el  órgano  judicial  en  su 
motivación  sobre  la  aplicabilidad  de  las  normas  europeas  sobre  defensa  de  la 
competencia –que provocaría en el caso concreto que no fuera aplicable la cláusula de 
penalización-. A su juicio, la Sala no invadió la competencia exclusiva de las partes de 
fijar el objeto del pleito, sino que se limitó a desarrollar lo que el laudo había dejado sin 
resolver o –a entender de la Sala- lo había hecho de modo insuficiente y erróneo. En 
este extremo, en opinión del Ministerio Fiscal, la decisión del órgano judicial podrá ser o 
no compartida pero, desde un mero control externo que es el que deberá llevar a cabo 
este Tribunal, no puede tacharse de arbitraria.
Por todos los motivos expuestos, el fiscal solicita que se proceda a otorgar el 
amparo, a declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la mercantil 
demandante de amparo y a anular las resoluciones impugnadas con retroacción al 
momento anterior a dictarse.
8.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de fecha de 13 de diciembre  bo
de 2018, así como el auto de 5 de marzo de 2019, ambos de la Sala de lo Civil y Penal  01ww
lmdaeuisld mTPorao iabr aqrub uniletaar al h lrS aenu cúrpuemerarr.le iio4znar5t ed-d2,oe 0  le1aJl8 u ó.asrtngicuailaan codi óejun dM idcaeidalr l,ild av,u urdlenoce araóídr bsoiustr  adelen rp eeoclr h polrao  aca elradb iitmturatieerlniaat  ojmu ddoeict iivnaaul cleiidófeancd t didveeal    OE-A-2021-66able en https://
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa en
irrazonabilidad  o  arbitrariedad.  Así,  sostiene  que  en  el  supuesto  sometido  a  la 
consideración del órgano judicial, el art. 41.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
arbitraje (en adelante, LA) no incluye el control de la motivación del laudo arbitral y que la 
anulación del laudo por arbitraria motivación se ha producido, porque el órgano judicial 
ha impuesto a los laudos el canon de control de motivación que le es aplicable a las 
resoluciones judiciales, sosteniendo erróneamente que un laudo que no supere dicho 
canon es contrario al orden público. Insiste en que en el arbitraje no tiene asiento el 
deber de motivación propio de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), así como que la 
motivación del laudo no es cuestión de orden público, por lo que no puede anularse por 
insuficiente motivación. Igualmente se impugna el auto de fecha de 22 de mayo de 2018, 
que desestima el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, al no haber reparado 
las lesiones denunciadas.
A esta queja añade otras cuatro más que, resumidamente, son: (i) la vulneración del 
art.14 CE, relativo al derecho a la igualdad ante la ley, por no haber dado trámite de 
audiencia para que las partes se pronunciaran sobre la arbitraria motivación del laudo, 
apreciada de oficio por la Sala; (ii) la infracción del art. 24.1 CE, relativo a la tutela 
judicial  efectiva,  en  sus  vertientes  de  derecho  a  una  sentencia  congruente,  de 
interdicción de la arbitrariedad y vulneración del fundamental derecho de igualdad ante la 
ley (art. 14 CE), por la falta de admisión del desistimiento y el archivo de la causa, algo, 
por  lo  demás,  novedoso  en  la  jurisprudencia  arbitral  española,  que  supone  una 
modificación de la doctrina mantenida hasta el momento por el propio órgano judicial; (iii) 
la violación del derecho consagrado en el art. 24.1 CE, relativo a la tutela judicial 
efectiva,  en  sus  vertientes  relativas  al  derecho  a  una  sentencia  congruente  y  de 
interdicción de la arbitrariedad, por la anulación de los puntos 4 y 5 del apartado XI del 
laudo por estar fuera del objeto procesal (incongruencia extra petita), pues nunca se 
solicitó la nulidad del laudo en materia de costas del arbitraje y el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, sin embargo, se han pronunciado al respecto; y, (iv) por último, se 
denuncia que la sentencia y el auto impugnados vulneran el fundamental derecho a la 
tutela judicial efectiva, en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad, por afirmar que 
las normas europeas de Derecho de la competencia son normativa imperativa infringida 
cuando, sin embargo, el ámbito de aplicación del compromiso cae, por pacto, fuera del 
mercado europeo (siendo este, por lo demás, un hecho pacífico en la disputa arbitral y 
en el laudo).
Por su parte, el Ministerio Fiscal entiende que debe estimarse el recurso de amparo. 
Advierte que en el presente caso el enjuiciamiento que debe realizarse ha de ceñirse al 
examen  de  la  sentencia  impugnada,  pues  el  auto  de  desestimación  del  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones tan sólo confirma aquel pronunciamiento. Dentro 
del análisis de la sentencia, primero, debe enjuiciarse la denegación de la petición de 
archivo de la causa formulada conjuntamente por ambas partes, porque de este modo, 
se produciría un efecto superior en cuanto a su fuerza anuladora, ya que si la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera decidido admitir esa 
petición, las otras decisiones que también se cuestionan en este recurso de amparo, no 
habrían existido.
Respecto a este motivo de amparo, el fiscal solicita el otorgamiento del amparo. Para 
apoyar su decisión se apoya en nuestra reciente STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4, en 
la que declaramos, en un asunto muy similar que también concernía a una sentencia de 
ese mismo órgano judicial, que la decisión de no proceder al archivo del procedimiento 
de anulación del laudo, cuando las partes de común acuerdo así lo solicitan es, cuando  s
menos, irrazonable y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión  oe.
(art. 24.1 CE). w.
En segundo lugar, entiende que por lo que respecta a la vulneración del derecho a la  01ww
truetseolalu cjuiodniceias l juedfeiccitaivleas (, aertn.  2ta4n.1to  CqEu)e,  lean  sseun tveenrctiiean itme pdueg ndaedreac hhoa  ae nltar amdoo tiav aecxióanm idnea rl alas 
emxo ativrta. c4i1ó.n2  dLeAl ,l aeul dMoi nails teesrtiiom Fairs cqaule,  sfoi rbmiean  psaurbtera dyea  squu ed elab emr odtiev accoinótnro dl ed elol so rladuedno psú dbelibceo   BOE-A-cable e
quedar extramuros de la revisión judicial, no aprecia la lesión del derecho fundamental 
alegado, pues aunque puede verse en el razonamiento del órgano judicial lo que califica 
de «un cierto afán expansivo de la noción de orden público», tal argumento tan sólo se 
dirige a justificar la incorrección de la decisión del árbitro de prescindir de las normas de 
ius cogens, lo que no puede tacharse de irrazonable o arbitrario.
Respecto al resto de vulneraciones, el fiscal descarta su existencia, tal como ha 
quedado señalado en los antecedentes de hecho de esta resolución.
Finaliza concluyendo que las resoluciones judiciales impugnadas en el presente 
recurso de amparo han incurrido en la vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), por motivación irrazonable, al no haberse procedido al archivo de la causa tras el 
desistimiento de las partes.
2.  Sistemática del análisis de las vulneraciones alegadas por la parte demandante.
Para entrar a valorar el fondo del asunto, debemos pronunciarnos antes de nada 
sobre las alegaciones del Ministerio Fiscal, relativas a la necesidad de concretar las 
vulneraciones de derechos fundamentales invocadas en el recurso de amparo, que han 
sido múltiples, así como sobre las resoluciones judiciales afectadas por las mismas.
Este tribunal comparte con el fiscal la idea de que el enjuiciamiento que debe 
realizarse en el presente recurso, ha de ceñirse al examen de la sentencia de 13 de 
diciembre de 2018, dado que el auto de 5 de marzo de 2019, en definitiva, ratifica sus 
argumentos y, por ello, desestima el incidente excepcional de nulidad de actuaciones 
planteado  contra  aquella  sentencia.  Ahora  bien,  en  caso  de  que  se  llegara  al 
convencimiento de que con el dictado de la sentencia se ha producido alguna de las 
vulneraciones de derechos fundamentales alegados por la demandante de amparo, los 
efectos de tal declaración se extenderían a dicho auto, al haber persistido el órgano 
judicial en su planteamiento y no haber restablecido el derecho de la parte.
Por otro lado, al analizar sentencia impugnada, tal como propone el Ministerio Fiscal, 
nuestro primer enjuiciamiento debe versar sobre la posible vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), causada por la denegación de la petición de archivo 
de la causa formulada conjuntamente por ambas partes.
En efecto, procediendo de forma ordenada y coherente, se observa que conforme a 
la lógica de la «mayor retroacción», si valoramos, en primer lugar, este motivo de 
amparo, se producirá, en caso de estimarse la vulneración del derecho fundamental, un 
efecto superior en cuanto a su fuerza anuladora, ya que si este tribunal alcanza la 
conclusión de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
debió haber admitido la petición de archivo, ya no será necesario examinar el resto de 
decisiones  que  se  cuestionan  en  este  recurso  de  amparo.  En  consecuencia, 
procederemos, en primer término, a examinar la queja relativa a la denegación del 
archivo de la causa, asegurando con ello no solo la más amplia tutela de los derechos 
fundamentales, sino también su correspondencia con los motivos que confieren especial 
trascendencia constitucional al presente recurso de amparo (SSTC 152/2015, de 6 de 
julio, FJ 3, y 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2, por todas).
3.  La posibilidad de desistimiento en el procedimiento de impugnación del laudo 
arbitral.
El análisis de la primera de las cuestiones planteadas, ya se ha dicho, debe partir 
necesariamente de la queja relativa a la posible vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no  e.
incursa en irrazonabilidad o arbitrariedad por la negativa del órgano judicial a archivar el  w.
procedimiento, una vez que las partes alcanzaron un acuerdo sobra la resolución del  01ww
confRlicetsop.ecto a ella, debemos compartir la posición de la demandante de amparo y del
Mdein jiusnteiori,o  aF ilsac aqlu. eC oemn oe sstuec emdoióm eenn teol  ansousn rteom qiutiem doiso,  luhgeamro as  nduee satfriarm SaTrC q 4u6e/ 2h0a2 0si,d doe,  1d5e   BOE-A-cable e
nuevo,  una  interpretación  extensiva  e  injustificada  del  concepto  de  orden  público 
contenido en el art. 41.1 f) LA, realizada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, la que ha impedido a los recurrentes ejercer su derecho 
de disposición sobre el objeto del proceso de anulación del laudo arbitral.
Pues  bien,  este  tribunal  no  puede  más  que  reiterar  lo  declarado  en  aquella 
STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4, esto es, que «debe reputarse contrario al derecho a 
la tutela judicial efectiva de los recurrentes el razonamiento del órgano judicial que niega 
virtualidad a un acuerdo basado en el poder dispositivo de las partes sin que medie 
norma prohibitiva que así lo autorice, imponiendo una decisión que subvierte el sentido 
del  proceso  civil  y  niega  los  principios  en  que  se  basa,  en  concreto,  el  principio 
dispositivo o de justicia rogada».
La razón, insistimos, es clara y no requiere de distinta, ni de mayor argumentación 
que la ofrecida en la STC 46/2020:
«A diferencia de lo razonado [por la Sala], la petición de archivo pretende poner de 
relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como 
consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada 
dado que, en efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que 
parece incontrovertible es que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de 
obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, 
no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar un 
acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto 
demandante como demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal 
línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen 
en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de 
desencadenar  el  proceso,  pero  sin  poder  hacer  valer,  a  posteriori,  los  cambios 
sobrevenidos que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de 
entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de las partes en un 
proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma 
legal prohibitiva a dicho respecto.
En tal sentido recordemos que el proceso civil regulado en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus 
intereses  privados  o,  lo  que  es  lo  mismo,  para  iniciar  la  actividad  jurisdiccional, 
determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, 
sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida 
responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este principio dispositivo 
hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, "Del 
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones", pone ya 
de relieve cuál es la clave sustancial sobre la que gira el proceso civil. La misma 
exposición de motivos se expresa en estos términos al declarar que "la nueva Ley de 
enjuiciamiento  civil  sigue  inspirándose  en  el  principio  de  justicia  rogada  o  principio 
dispositivo, del que se extraen todas su razonables consecuencias, con la vista puesta, 
no solo en que, como regla general, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos 
e  intereses  legítimos  de  determinados  sujetos  jurídicos,  a  los  que  corresponde  la 
iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, sino en que las cargas 
procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial 
que  piden,  pueden  y  deben  configurar  razonablemente  el  trabajo  del  órgano 
jurisdiccional en beneficio de todos. De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa 
de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses  e.
legítimos". Es cierto que la forma natural de finalización del proceso civil es mediante  w.b
sentencia dictada como consecuencia de un debate contradictorio entre las partes, lo  01ww
pqrueec isparemseunptoen ed eq uees ee l pcoodnefrli cdtoe  pdeisrspiossteic ihóans tdae  ella sfi npaal rdteesl  pqruoec ecsoon. sAahgorara  ebl iepnri,n cfriuptioo 
rdeisspooluscitiióvno ,j uedli cpiarlo qceuseo,  spinu eednetr afri naa rliezsaor lvaenrt esso bdree  edl ifcotnadrsoe d esel natseunnctioa,  rae flterajev élas  vdoelu nutanda 
de las partes de ponerle fin, por no subsistir el interés legítimo que subyace en la 
pretensión de tutela.
A pesar de tratarse de un principio básico que rige el régimen jurídico del proceso 
civil, las decisiones recurridas […] parten del error de entender que la voluntad de las 
partes se dirigía a disponer del objeto del procedimiento de anulación (que se integra por 
las causas de nulidad invocadas), del cual las partes no pueden disponer libremente 
cuando está presente un elemento de orden público –lo cual es un argumento correcto–. 
Por el contrario, resulta obvio que la pretensión era la de manifestar a la sala su 
ausencia de interés en proseguir con el litigio, al haber obtenido un acuerdo sobre las 
obligaciones patrimoniales reconocidas en el laudo, cuyo carácter de derecho privado 
patrimonial no se discute y de ahí su petición de archivo del proceso. En este punto, este 
tribunal  comparte  el  argumento  de  los  recurrentes  y  del  Ministerio  Fiscal  […].  Las 
decisiones recurridas no deslindan el terreno del litigio subyacente (aún pendiente, a 
pesar de la existencia de un laudo, pues de otro modo no tendría sentido la búsqueda de 
un acuerdo extrajudicial) del objeto del procedimiento de anulación, obviando que son 
presupuestos de la estimación de la demanda no solo la existencia del vicio de anulación 
que  se  invoca,  sino  también  la  existencia  del  interés  legítimo,  cuestión  esta  que 
pertenece al estricto ámbito subjetivo de las partes, máxime cuando no se acredita la 
existencia de intereses de terceros en juego. Por esa razón, con independencia de que 
la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión 
de fondo es jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, 
para que haya una decisión, se requiere que las partes acrediten su interés en litigar. 
Podría  discutirse  la  cuestión  en  caso  de  petición  unilateral  de  una  de  las  partes, 
controvertida por la contraria. Pero, en el presente recurso de amparo, demandantes y 
demandados  pidieron  al  unísono  el  archivo  (desistimiento)  del  proceso  como 
consecuencia de la pérdida de interés en seguir litigando tras alcanzar el acuerdo 
transaccional» (FJ 4).
Pues bien, en el presente caso observamos que las partes, estando pendiente aún el 
proceso  anulatorio,  alcanzaron  un  acuerdo  extrajudicial,  lo  que  es  perfectamente 
admisible,  y  Socialtech,  S.R.L.,  desistió  del  procedimiento,  lo  que  igualmente  es 
admisible, según lo dispuesto en el art. 20 LEC. Como acertadamente expresa el voto 
particular de la sentencia impugnada y comparten tanto el Ministerio Fiscal, como la 
demandante de amparo, en este caso no existe un interés público ni privado afectado 
por el desistimiento. Pero lo que aún es más importante y sobre lo que debemos hacer 
hincapié: el pronunciamiento judicial sobre el desistimiento precede necesariamente al 
análisis de una posible vulneración del orden público ex art. 41.2 LA, por lo que el órgano 
judicial no puede ampararse en su deber de velar por el orden público y por el interés 
general para rechazar una solicitud de archivo.
Por lo demás, cabe rechazar la existencia de un fraude de ley, que el órgano judicial 
concreta en la intención de las partes de eludir el control judicial del laudo y obstaculizar 
su deber de garantizar el cumplimiento de los derechos que integran el orden público, 
pues como bien se afirma en el voto particular referido y este tribunal comparte, el cierre 
anticipado de este procedimiento no creaba una situación contraria a la ley, ni producía 
perjuicios para intereses públicos, ni privados. La razón es sencilla: «el laudo resuelve un 
conflicto entre particulares y los criterios aplicados en el laudo, aunque fueran erróneos 
[…] no crean un precedente de obligado cumplimiento, ni tienen mayor repercusión que 
entre las partes de este procedimiento. El interés, por tanto, que subyace en el rechazo 
del desistimiento se contrae al propio interés de esta Sala de pronunciarse sobre las  e.
cuestiones debatidas por las partes, a pesar de la nula intención de estas, lo que no  w.b
puede considerarse un interés público legítimo, y más aún cuando contaría las reglas de  01ww
dqiusep ossoilcuicóino ndaerll op, rcoocmesoo e csi veill  fyin p dueeld per oinceclsuos,o a lc areltaerr aurn l ocso ancfluicetord oesn tare l olos sq uliteig haannte lsle, gmadáos 
e imEpno nceor nac ulunsaió dne,  leasst ep atrrtiebsu nlaasl  ceonsttiaesn ddee l qcounet rlaar iod»e.cisión del órgano judicial de no
proceder  al  archivo  de  la  causa  fue  contraria  al  canon  de  razonabilidad  de  las
resoluciones judiciales y, por ello, vulneró el derecho fundamental de la demandante de 
amparo Izo Corporate, S.L., a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Así pues, procede 
la anulación de ambas resoluciones judiciales impugnadas, debiendo remontarse la 
retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia de 13 de 
diciembre  de  2018,  que  rechazó  archivo  del  procedimiento,  por  desistimiento  de 
Socialtech,  S.R.L.,  solicitado  por  las  partes  demandante  y  demandada  en  el 
procedimiento de anulación de laudo arbitral núm. 45-2018.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad mercantil Izo Corporate, S.L., 
y en consecuencia:
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE).
2.º  Restablecer a los recurrentes en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de 
la sentencia de 13 de diciembre de 2018 y el auto de 5 de marzo de 2019, ambos de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el 
procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 45-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  primera 
resolución  citada  para  que  se  resuelva  de  forma  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales cuya vulneración se declara.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.