BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47538
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6607 Sala Primera. Sentencia 61/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 6838-2019. Promovido por doña Esperanza de la Calle Gil respecto 
de la sentencia dictada, en suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Madrid  en  proceso  por  despido  disciplinario. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución 
judicial que desestima una pretensión indemnizatoria pese a reconocer la 
vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora cuyo ordenador 
fue objeto de monitorización. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:61
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 6838-2019, ha sido promovido por doña Esperanza de la 
Calle Gil, representada por el procurador de los tribunales don Felipe Iracheta Martín y 
asistida por la abogada doña Fe Elisa Quiñones Martín contra la sentencia de la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de 
septiembre de 2018, dictada en el recurso de suplicación núm. 351-2018, y frente al auto 
de fecha 24 de septiembre de 2019 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 4940-2018. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal y la entidad Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A. Ha sido ponente el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 26 de 
noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Felipe Iracheta Martín, actuando 
en nombre y representación de doña Esperanza de la Calle Gil, asistida por la letrada 
doña Fe Elisa Quiñones Martín, interpuso recurso de amparo contra las dos resoluciones 
citadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo, relevantes 
para la resolución del recurso, son los siguientes:
a)  La  demandante  de  amparo  venía  prestando  servicios  por  cuenta  y  bajo  la  e.
dependencia de la entidad Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A., desde el 19 de abril  w.
de 1979 con categoría profesional de project office.  En dicha empresa se aplicaban  07ww
neolercmtraósn icdoe,  quuseo  earcaenp tcaobnleo ciddea sl opso rs liast eremcausrr ednet ei nefno rammapciaórno,.  Edel  2i6n tdeern eatb ryil  ddee l 2c0o1r7r elao 
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buena fe contractual, desobediencia a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y 
ofensas a los mismos.
b)  El 8 de mayo de 2017, tras las correspondientes alegaciones, la empresa notificó 
por escrito a la demandante de amparo su despido disciplinario.
En lo que interesa –a los efectos del presente recurso de amparo–, en la carta de 
despido, bajo el epígrafe: «3. Incumplimientos laborales detectados: (i) transgresión de la 
buena fe contractual; (ii) desobediencia a las instrucciones de trabajo y; (iii) ofensas 
hacia  los  superiores  jerárquicos»,  se  contenía  el  punto  «3.1.  En  relación  con  la 
asignación de tareas», en el que se hacía referencia a una falta de compromiso por la 
trabajadora con las funciones y objetivos que la empresa le asignaba, así como la 
existencia de negativas a realizar las tareas que se le encomendaban, poniendo de 
manifiesto que la empresa le había expresado en algunas reuniones que el rendimiento 
en los últimos ejercicios (2013, 2014, 2015 y 2016) no había sido el esperado. También 
se  aludía  a  los  desencuentros  que,  en  diversas  reuniones  y  comunicaciones,  la 
recurrente había tenido con sus superiores jerárquicos, en relación con la posibilidad de 
la demandante de realizar los cometidos que la empleadora le asignaba. Ante tales 
circunstancias y que varios trabajadores, compañeros de la recurrente, habían puesto 
determinados hechos en conocimiento de la empresa, la empleadora decidió «poner en 
práctica el protocolo de monitorización de su equipo informático con el fin de determinar 
en qué empleaba su jornada laboral y más particularmente, cuál era su ocupación y si 
esta era lo suficiente completa como para no poder dedicar parte de su jornada laboral a 
las funciones que la Compañía le estaba encomendando» (sic). Se indicaba en la carta 
de despido que a raíz de la monitorización «se ha podido comprobar que usted dedicaba 
en torno a un 30 por 100 de su jornada laboral a labores profesionales, empleando el 70 
por 100 de la jornada restante a solventar cuestiones del ámbito de su esfera personal o, 
sencillamente, a no realizar labor alguna» (sic).
A continuación, se relata en la carta de despido que:
«[L]o  descrito  denota  que  usted  ha  incurrido  en  incumplimientos  laborales  muy 
graves. Concretamente usted se ha negado reiteradamente a realizar varias de las 
tareas  asignadas  por  la  compañía  bajo  el  pretexto  de  falta  de  tiempo,  cuando  ha 
quedado acreditado, mediante la monitorización de sus dispositivos electrónicos y la 
afirmaciones de varios de sus compañeros y superiores inmediatos, que usted disponía 
de tiempo suficiente durante su jornada laboral para poder desempeñar tales tareas y 
que, a mayor abundamiento, usted ha dedicado una parte de su jornada laboral (70 
por 100) a cuestiones personales y ajenas a su actividad laboral. Su comportamiento 
reviste, además, especial gravedad teniendo en cuenta que las sucesivas asignaciones 
(o reducción) de funciones han sido siempre a petición suya y con el fin de satisfacer 
continuas reclamaciones en tal sentido, demostrando de esta manera su mala fe y el 
abuso de confianza en el desempeño de su puesto de trabajo a la hora de despreciar el 
esfuerzo  realizado  por  la  dirección  de  la  compañía  al  preocuparse  y  atender  en 
reiteradas ocasiones sus inquietudes profesionales. Las actuaciones descritas suponen 
una indisciplina y desobediencia de la normativa e instrucciones de la compañía y de las 
ordenes emanadas de sus superiores jerárquicos, una grave transgresión de la buena fe 
contractual y un abuso de confianza en su puesto de trabajo» (sic).
Dentro del subepígrafe intitulado: «3.2. En relación con el trato y comportamiento con 
el resto de sus compañeros y superiores jerárquicos», se insiste en la negativa de la 
recurrente a desempeñar las tareas encomendadas y se refiere que el comportamiento  e
de la misma, durante su jornada laboral, ha ocasionado consecuencias en la relación con  bo
sus compañeros y superiores. Concluyendo que la actitud irrespetuosa que ha venido  07ww
«aidnocputrarinednod oc oinnc sluusso  ceonm opfaeñnesaross v ye rsbuapleesri,o preuse sc odnes stiutusy pea ulanbar acsla srea  deexsppreresniódne  dlae  ambasloal uftea, 
hfaaltbaie dned or etrsapnestgor eyd idcoon csoidne eralloc iólan b huaecniaa  fea qeuxeiglliabsle  peenr stoodnaa sr eclaocnió lna sc oqnutrea cftouraml»a. equipo,
Finalmente, en el epígrafe «4. Despido disciplinario» se refiere, que los hechos 
recogidos en el apartado 3 anterior constituyen varias faltas muy graves reguladas en «el 
artículo 54.2 b), c) y d) del Estatuto de los trabajadores, consistentes en: (i) Indisciplina o 
desobediencia en el trabajo; (ii) ofensas verbales al empresario y (iii) transgresión de la 
buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del puesto de trabajo, en 
relación con los deberes laborales básicos recogidos en el artículo 5 a), c) y f) del mismo 
cuerpo legal» (sic).
c)  El 20 de junio de 2017 la recurrente interpuso demanda laboral ante los juzgados 
de lo social. En la demanda tras exponer los hechos que consideró relevantes para 
sustentar su pretensión, dedicó la fundamentación de la misma a razonar: i) la existencia 
de la vulneración de su dignidad (art. 10.1 CE) y de su derecho fundamental a la 
intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE) como consecuencia de la 
monitorización del ordenador y de la entrada en su correo personal y en los correos 
electrónicos con su letrada; ii) la existencia de la vulneración de sus derechos a la 
integridad moral (art. 15 CE), del derecho al honor y a la propia imagen personal y 
profesional (art. 18.1 CE) y nuevamente de la dignidad humana (art.10.1 CE), como 
consecuencia del acoso laboral sufrido por la empresa.
A continuación, con cita del art. 183 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (en 
adelante LJS), solicitó «en atención a las circunstancias fácticas anteriormente descritas 
y a la suma gravedad de la lesión efectivamente producida» una indemnización por los 
daños materiales y morales producidos por la intromisión ilegítima llevada a cabo. Se 
refería  a  los  diferentes  parámetros  utilizados  para  cuantificar  los  daños  morales 
producidos, entre los cuales hacía alusión al importe de las multas que se preveían en el 
art. 40.1 c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, para los 
actos contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los 
trabajadores recogidos como infracciones muy graves en el art. 8.11 y 12 del mismo 
texto legal.
Terminaba su escrito solicitando del juzgado que se declarara: la vulneración de la 
garantía  de  indemnidad  y  de  los  derechos  fundamentales  al  honor,  propia  imagen 
personal  y  profesional,  integridad  del  trabajador,  intimidad  y  secreto  de  las 
comunicaciones, y que se condenara a la empresa a abonar una indemnización por 
daños morales de 51 439,4 €, así como que se declarara la nulidad del despido y 
consecuentemente la inmediata readmisión de la actora a su puesto de trabajo, o de 
manera  subsidiaria,  que  se  apreciara  la  improcedencia  del  despido  con  las 
consecuencias legales oportunas.
d)  La sentencia de 17 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. 19 de Madrid, estimó parcialmente la demanda apreciando la existencia de la 
vulneración de los derechos fundamentales de la demandante a la intimidad y al secreto 
de las comunicaciones, declarando la nulidad del despido, y condenó a la mercantil 
demandada a readmitir a la demandante, abonando los salarios dejados de percibir, y a 
pagar una indemnización de 6251 €.
La sentencia razona que el art. 90.2 LJS, señala que no se admitirán las pruebas que 
se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan 
violación  de  derechos  fundamentales  o  libertades  públicas.  Refiere  que  «la 
monitorización del ordenador de la demandante ha permitido a la empresa conocer y 
grabar todo lo que apareciese en su pantalla, y se ha traducido en el conocimiento de 
mensajes de correo electrónico, ajenos a lo laboral y por tanto personales, que la actora  s
remitió a familiares y a su asesora legal, como se desprende del contenido de la propia  oe.
carta de despido». Con cita de la STEDH de 5 de diciembre de 2017, caso Barbulescu c.  w.
Rumanía, concluye que la monitorización del ordenador de la demandante, en la forma  07ww
deens plrao poqruceio nealdloa s,s peo r hloiz oq,u en pou eedset aebnat enjudsetrisfiec,a dean  eyfe cstoe,  qvueer ifsiceó h aenn l escioonndaidcoio nseuss 
derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones.
A  tal  efecto  argumenta  que  la  política  de  uso  aceptable  de  los  sistemas  de 
información, de internet y del correo electrónico establecida en la empresa, que era 
conocida por la demandante, no prohibía de forma categórica todo uso personal de tales 
medios. Señala que si bien es cierto que se indica que el uso de los sistemas de 
información  debe  referirse  a  fines  estrictamente  profesionales,  con  exclusión  de 
cualquier uso comercial, lúdico o personal ajeno a la actividad del trabajador, ello se 
hace  «salvo  las  excepciones»  que  se  establecen  en  el  mismo  documento,  que 
expresamente  permiten  un  empleo  personal  tanto  de  internet  como  del  correo 
electrónico, si bien limitado a «un uso necesario, mínimo y razonable». La sentencia 
continua su razonamiento indicando que la posibilidad de la empresa de verificar y 
determinar el correcto uso de los dispositivos tecnológicos se efectuaría «siempre en 
cumplimiento de la legislación aplicable y respetando los principios de proporcionalidad, 
racionalidad e idoneidad y en defensa de intereses legítimos».
Expone que las razones dadas por la empresa para la monitorización del ordenador 
de la demandante, esto es, determinar en qué empleaba su jornada laboral y más 
particularmente, cuál era su ocupación, no justificaban, por su carácter innecesario y 
desproporcionado, una intervención del ordenador que ha permitido el acceso a los 
correos personales de la trabajadora, en relación con los cuales subsistía con arreglo a 
las propias normas de la empresa una expectativa de intimidad. Razona que el objetivo 
de la empresa, que se orientaba a determinar la carga de trabajo de la demandante y su 
dedicación al mismo, hubiera podido alcanzarse por otras vías menos invasivas, tales 
como el control de los resultados del trabajo de la demandante (que no se olvide que se 
desarrollaba en el centro de trabajo) o por medio de la exigencia de una dación de 
cuenta por parte de la actora de las tareas realizadas durante su jornada, incluso de 
forma diaria durante un cierto periodo.
Tras ello concluye que el despido de la demandante debe calificarse como nulo, de 
acuerdo con el art. 55.5 de la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante LET), al 
haberse producido con vulneración de los derechos fundamentales antes indicados. La 
sentencia no se detiene tras dicha afirmación, sino que por una parte examina el resto de 
las imputaciones contenidas en la carta de despido y refiere que o bien no han quedado 
acreditadas o no revisten la gravedad necesaria para justificar un despido. Y, por otra 
parte, descarta que la empresa demandada haya acosado a la demandante.
Finalmente, la sentencia con cita del art. 183.1 LJS, cuyo texto reproduce, señala 
que  es  obligado  pronunciarse  sobre  la  indemnización  que  debe  corresponder  a  la 
trabajadora.  Razona  que  el  importe  de  la  indemnización  debe  atender  a  las  dos 
finalidades que prevé el art. 183.2 LJS, y, acudiendo al criterio basado en la ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social, estima que debe fijarse una indemnización 
de 6251 €, «correspondiente al importe mínimo establecido por su artículo 40.1 para una 
falta muy grave (artículo 8.11), sin que se aprecie, en cambio, motivo para establecer una 
cantidad superior».
e)  Ambas partes interpusieron recurso de suplicación. La sentencia de la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de 
septiembre de 2018, en primer lugar, examinó y desestimó el «motivo primero y único» 
del recurso de la demandante por entender que de los hechos no resultaba acreditada la 
existencia de acoso laboral. Por otra parte, la sentencia también desestimó los dos 
primeros  motivos  formulados  por  la  entidad  mercantil,  por  los  que  pretendía  la 
modificación del relato de hechos probados, así como el tercer motivo en el que se 
postulaba que se declarara lícita la prueba resultante de la monitorización del ordenador.  s
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia consideró, con cita de la sentencia  oe.
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 febrero de 2018 y razonando del  w.
mismo modo en que lo realizó la sentencia recurrida, que la prueba obtenida con la  07ww
mdeorneictohroizsa fcuinódna mdeeln toarledse.nador,  era  ilícita  por  haber  sido  obtenida  con  violación  de
interAp uceosntoti nupaocr iólna,  lean tsideandte nmciear ceaxnatmil, inean  ele lm  oqtuiveo  sceu aartloe gdaebla r elcau risnofr adcec isóunp lidcea cilóons   BOE-A-cable e
artículos 20.3, 54.2 c), 54.2 d), 55.4 y 55.5 LET, y de los artículos 90.2 y 108.2 de la LJS, 
el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ). La empleadora 
afirmaba, que aun desechando el documento en el que constaba el resultado de la 
monitorización  por  haber  sido  declarado  ilícito,  se  debía  estimar  la  procedencia  o 
subsidiariamente la improcedencia del despido y no su nulidad. La sentencia, estima 
dicho motivo. Argumenta que la prueba derivada de la monitorización del ordenador fue 
obtenida violentando los derechos fundamentales de la demandante, y por tanto, la 
misma  no  puede  surtir  ningún  efecto.  Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  consecuencias 
jurídicas que ello debe comportar en relación con la calificación del despido: declarar su 
nulidad –aplicando el art. 55.5 LET– como realizó la sentencia del juzgado de lo social, o 
bien declarar su procedencia o improcedencia, según hayan quedado o no probados los 
incumplimientos contractuales alegados en la carta de despido valorando el resto de las 
pruebas no excluidas, se inclina por esta última calificación. A tal fin indica:
«Y en este sentido cabe mantener –acogiendo parcialmente este motivo de recurso– 
que no procede la calificación de despido nulo, puesto que no se ha probado que la 
decisión  extintiva  acordada  por  la  empresa  demandada,  en  si  misma  considerada, 
pretendiera  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  o  libertades  públicas  de  la 
trabajadora, ni que el móvil del empresario al acordar el despido respondiera a una 
causa vulneradora de esos derechos fundamentales lo que legalmente llevaría aparejada 
la nulidad del despido, cuestión distinta de la sucedida en este supuesto en que el 
empresario, al intentar comprobar el comportamiento de su empleada y obtener pruebas 
de algunos de sus incumplimientos para tratar de justificar un despido, ha obtenido de 
forma ilícita tal prueba con vulneración de derechos fundamentales, no pudiendo de esta 
manera  confundirse  el  despido  con  violación  de  derechos  fundamentales  con  la 
infracción de derechos fundamentales para la obtención de la prueba de parte de los 
hechos en los que se basó la empleadora para adoptar tal sanción. Y así, una vez 
eliminados del enjuiciamiento todos los hechos acreditados mediante la monitorización 
del ordenador (vinculados básicamente a la posible existencia de una trasgresión de la 
buena fe contractual y abuso de confianza e incluso indisciplina/desobediencia), sí existe 
prueba  hábil  e  idónea  de  la  realidad  de  otros  hechos  que,  calificados  como 
incumplimientos contractuales laborales fueron imputados a la trabajadora, pero que 
como correctamente se razona en la sentencia –fundamento de derecho cuarto– los 
mismos  no  alcanzan  las  notas  de  gravedad  y  culpabilidad  que  el  Estatuto  de  los 
Trabajadores exige en su art. 54 ni pueden encajar en la tipificación que de las faltas 
muy graves hace el convenio colectivo […]. Debe, por tanto, concluirse que no ha 
quedado acreditada causa de despido alguna, procediendo la estimación de la demanda 
–en  su  petición  subsidiaria–  y  en  consecuencia,  la  declaración  del  despido  como 
improcedente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 55.4 LET y 108 LJS, con las 
consecuencias legales inherentes a dicha calificación establecidas en los artículos 56 
LET y 109 LJS, no habiendo resultado controvertido el hecho probado primero en el que 
como se fija un tiempo de servicios prestados desde el 19 de abril de 1979 así como un 
salario anual de 51439,40 € brutos con prorrateo de pagas extraordinarias. Y ello sin 
perjuicio de lo que haya podido fijarse en relación con la ejecución del pronunciamiento 
de nulidad del despido acordado en la sentencia dictada por el juzgado de lo social 
(readmisión  de  la  demandante  y  abono  de  los  salarios  desde  el  despido  hasta  la 
readmisión).»
Finalmente, la sentencia retoma el examen del recurso de la trabajadora en su  e
«motivo primero y único». En dicho motivo, amparándose en lo prevenido en el art. 193  bo
letra c) LJS, invoca el incumplimiento del art. 183 LJS y de la sentencia de la Sala de lo  07ww
uSnoac iainl ddeeml nTirzibaucnióanl  Sduep 5re1m 4o3, 9d,4e0 5 € d eb ruotcotus bore u dne  a2ñ0o1 7d,e  ys asolalircioit,a  oq, useu bsesi dfiijaer iaa mseun ftaev olar 
ilnad seemnnteiznacciaió na lq uceo nsseid eesratimr eq uaed edcicuhaad ai npdoerm enl itzriabcuinóanl . sDei cvhinoc muloót,i vtoa netso  deens elsat imdeamdoa npdoar 
como en la sentencia, a la existencia de una vulneración por la empresa de derechos
fundamentales de la trabajadora «y como tal lesión no ha existido (no hay prueba del 
acoso  laboral  y  el  despido  ha  sido  calificado  de  improcedente),  no  procede 
indemnización alguna y en consecuencia no procede entrar a conocer de este aspecto 
del recurso, que debe ser desestimado al faltar el presupuesto del que se parte en el 
mismo».
f)  Ambas partes formalizaron recurso de casación para la unificación de doctrina, y 
ambos recursos fueron inadmitidos por auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
de 24 de septiembre de 2019.
3.  En fecha 26 de noviembre de 2019, se registró en este tribunal la demanda de 
amparo interpuesta por la representación de la demandante contra la sentencia de la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 
de septiembre de 2018, dictada en el recurso de suplicación núm. 351-2018, y frente al 
auto de fecha 24 de septiembre de 2019 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, imputando a dichas resoluciones la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones (arts. 18.1 y 3 CE), e interesando que se acordara la nulidad de ambas 
resoluciones judiciales y se declarase la vulneración de los derechos invocados, así 
como la nulidad del despido, ordenando la devolución de las actuaciones al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, para que resuelva el motivo segundo del recurso de 
suplicación conforme al art. 193 c) LJS.
La demandante no comparte la respuesta que le han dado el Tribunal Superior de 
Justicia y el Tribunal Supremo en relación con las consecuencias jurídicas de la nulidad 
de la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, 
en lo que a la calificación del despido se refiere. Afirma, que como indicó el juzgado de lo 
social, no estamos solamente ante un supuesto de ineficacia absoluta de la prueba, que 
es nula, sino de nulidad de cuantos actos y medidas traigan causa de ella, de modo que 
el despido ha de calificarse como nulo. A tal fin reproduce el art. 55.5 LET, e indica que la 
primera causa de nulidad del despido es que tenga su origen en una discriminación 
proscrita constitucionalmente y, la segunda causa, distinta, es que dicho despido se 
produzca, con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, 
que «es exactamente lo que aquí se ha producido». En tal sentido indica que todos los 
«criterios de interpretación gramatical, lógica y teleológica aplicables (art. 3.1 del Código 
civil además del criterio último y superior, que es el de interpretación conforme a la 
Constitución), conducen a considerar que la nulidad del despido tiene en el art. 55.5 LET 
un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación de dicha vulneración 
en el acto del despido» (sic).
Reproduce en su apoyo la STC 125/2018, de 26 de noviembre, en relación con el 
despido de un trabajador con vulneración del legítimo ejercicio del cargo representativo 
derivado de la asistencia a plenos municipales (art. 23.2 CE) y la STC 92/2008 en la que 
se  consideró  que  las  resoluciones  judiciales  que  declararon  como  improcedente  el 
despido de una trabajadora embarazada, en lugar de nulo, habrían vulnerado su derecho 
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por la interpretación efectuada por los órganos 
judiciales del art. 55.5 LET, en la redacción dada al mismo por la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Alega que la exigencia de motivación es más intensa cuando está implicado en el 
proceso un derecho fundamental sustantivo, y cuestiona que la sentencia del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Madrid  no  conceda  la  indemnización  solicitada  por  daños 
morales basándose en que la misma se vinculó tanto en la demanda y en la sentencia a  e.
la existencia de una vulneración por la empresa de derechos fundamentales de la  w.b
trabajadora y como tal lesión no ha existido (no hay prueba del acoso laboral y el  07ww
despFiidnoa lhmae snitdeo,  ccoanlifcicluaydeo  sdeeñ iamlapnrodcoe qdueen t«el)a n ion tperropcreetdaec ilóan i nindceomrrneizcatac idóen  ruencala nmoarmdaa. que
cdaessoa,r raoll lneo u ont odregraerc uhnoa f upnrodtaemcceinótna le sfeucsttiavnat idveoc plaureadned ov unlunleor aerl  perl oaprito.  2a4c.t1o  CdeE ,d ecospmidoo e qsu eel 
vulnera dichos derechos fundamentales, haciendo una interpretación del artículo 55 LET
en coherencia con el art. 18 CE, que es precisamente lo que en este proceso se 
cuestiona».
4.  Por providencia de 19 de octubre de 2020, la Sala Primera acordó la admisión a 
trámite de la demanda de amparo, al apreciar que concurría en la misma una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso planteaba un problema o 
afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. En esa providencia se dispuso también que, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se 
requiriera atentamente al Juzgado de lo Social núm. 19 de Madrid, a la Sección Cuarta 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como a la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, para que en el plazo de diez días, remitieran testimonio 
de las actuaciones correspondientes al procedimiento de despido núm. 737-2017 y al 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4940-2018.
5.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 28 de diciembre de 2020, el 
procurador de los tribunales don Jaime Briones Méndez, en representación de Amadeus 
Soluciones Tecnológicas, S.A., asistido del letrado don Mario Barros García, formuló 
alegaciones oponiéndose al otorgamiento del amparo solicitado.
En primer lugar, precisa que formalmente la demanda se dirige contra el auto de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo y también contra la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, aclara que únicamente 
se atribuye a esta última la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en relación con su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones 
(art. 18.1 y 18.3 CE), por no haber declarado la nulidad automática de su despido, pues 
el  auto  del  Tribunal  Supremo  se  limitó  a  inadmitir  el  recurso  de  casación  para  la 
unificación de doctrina por falta de contradicción.
Añade que la consecuencia de la obtención de una prueba de forma ilícita se 
encuentra tasada en el ordenamiento jurídico y consiste en la eliminación de la misma 
del procedimiento judicial (arts. 11.1 LOPJ y 90.2 LJS). Considera que la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid superó con creces el estándar de razonabilidad y 
motivación  reforzada  utilizado  por  el  Tribunal  Constitucional  para  valorar  las 
vulneraciones del art. 24.1 CE, sin que el Tribunal Constitucional pueda crear una nueva 
causa de nulidad del despido que opere de forma objetiva y automática.
Sostiene que la demanda de amparo no hace ni el menor esfuerzo en argumentar las 
razones  por  las  que  las  resoluciones  impugnadas  son  supuestamente  arbitrarias, 
manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente. Entiende que los argumentos 
utilizados por la sentencia impugnada para declarar la improcedencia del despido son 
perfectamente razonables –como con nitidez se extrae de su sola lectura– y, en modo 
alguno, incurren en arbitrariedad o en un error patente que sea reprochable en sede 
constitucional,  por  lo  que  se  encuentran  extramuros  del  control  del  Tribunal 
Constitucional  en  sede  del  art.  24.1  CE.  Ello  debiera  conducir,  a  su  juicio,  a  la 
desestimación del recurso de amparo.
Continúa insistiendo en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
cumple con las exigencias de motivación reforzada al resolver el conflicto que afecta a 
los derechos fundamentales. Y en tal sentido, la sentencia reconoce en su fundamento 
jurídico segundo, que la obtención de una de las pruebas utilizadas por la empresa para 
acreditar uno de los incumplimientos imputados a la actora en su carta de despido, no se 
respetaron  los  derechos  a  la  intimidad  y  al  secreto  de  las  comunicaciones  de  la  e
recurrente. Recalca que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cumple con creces la  bo
exigencia de motivación al alcanzar esta conclusión con base en un repaso de copiosa  07ww
jdueri s3p rdued eanbcriial  deeu ro2p0e0a7 ,( ScSasToE DCHo pdlaen 2d5  cd.e R jueninioo  dUen 1id9o9)7, , ccoanssot itHuaclifoonradl  c(.S RSeTinCo  9U9n/1id9o9,4 y, 
117433//21091914,,  1128/260/21020, 09,6 /27001/220, 0224, 1/128051/22,0 7002/,2 01143/,2 09033/2, 01132 6y/ 2101053/2, 01839)/ 2y0 0o6rd, in1a5ri9a/ 2(S00T9S, 
de 8 de febrero de 2018). Alcanzada esta conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid motiva también de forma reforzada que la consecuencia aparejada a ese hecho 
es la nulidad de la prueba conforme a los arts. 90.2 LJS y 11.1 LOPJ. Y, abunda en su 
defensa de la sentencia impugnada, al indicar que la misma cumple con las exigencias 
de motivación reforzada al exteriorizar y justificar que no concurren ninguno de los 
supuestos de nulidad que prevé el art. 55.5 LET.
Finalmente sostiene que al Tribunal Constitucional no le corresponde crear una 
nueva  causa  de  nulidad  del  despido  como  pretende  la  recurrente.  Añade  que  la 
demanda pretende que se realice una interpretación vinculante del art. 55.5 LET que 
obligue a declarar nulos todos los despidos en los que alguna de las pruebas, de las 
varias utilizadas por la empresa para acreditar alguno de los incumplimientos imputados 
a  un  trabajador,  haya  sido  obtenida  afectando  en  cualquier  medida  los  derechos 
fundamentales. Los pronunciamientos habidos en suplicación en esta materia se han 
mostrado mayoritariamente partidarios de expulsar del procedimiento judicial la prueba 
obtenida de forma ilícita (de los que es buena muestra, según indica, la sentencia del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid),  procediendo  a  calificar  el  despido  como 
procedente o improcedente, sin tomar en consideración dicha prueba. Dicha conclusión 
deriva de la ausencia de conexión legislativa entre la ilicitud de la prueba y la calificación 
del despido disciplinario, pues en un caso se actúa sobre la fuente de prueba y en el otro 
sobre  la  calificación  del  despido.  La  nulidad  queda  reservada  cuando  el  móvil  del 
despido sea la vulneración de derechos fundamentales. Cuestiona los precedentes que 
la demanda cita para sostener su pretensión (SSTC 92/2008 y 125/2018), bien porque 
en el primer caso la decisión extintiva estuvo motivada por el ejercicio legítimo del 
derecho de participación política, bien porque en el segundo de los casos se invadía el 
ámbito de la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, lo que ocasionó críticas 
por parte de la doctrina. Añade que el recurso de amparo pierde de vista el objeto propio 
del amparo constitucional, y que en el mismo se reclama del Tribunal Constitucional que 
resuelva la controversia en esta materia a modo de «supercasación», una vez que el 
Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina. De 
hacerlo  así,  el  Tribunal  Constitucional  se  estaría  inmiscuyendo  en  cuestiones  de 
legalidad  ordinaria,  invadiendo  el  ámbito  funcional  que  corresponde  en  su  máxima 
expresión al Tribunal Supremo.
Termina sus alegaciones descartando que el amparo tenga la especial trascendencia 
constitucional apreciada, pues la calificación del despido es una materia de legalidad 
ordinaria y otorgar el amparo implicaría reconstruir el marco jurídico de las causas de 
nulidad del despido, cuya competencia solo corresponde al legislador.
6.  La demandante de amparo formula sus alegaciones mediante escrito presentado 
el 29 de diciembre de 2020, en el cual reitera los argumentos expuestos en la demanda 
de amparo, insistiendo en su oposición a la interpretación efectuada por los órganos 
judiciales del art. 55.5 LET.
7.  El  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  presentó  sus  alegaciones  mediante 
escrito registrado el 14 de enero de 2021 interesando el otorgamiento del amparo y que 
se declarara vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones, (arts. 18.1 y 18.3 CE). Y, en consecuencia solicita que se declare la 
nulidad de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Sección Cuarta 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del auto de fecha 24 
de septiembre de 2019, dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. e
El  Ministerio  Fiscal  tras  exponer  los  antecedentes  procesales  que  considera  bo
relevantes, comienza su razonamiento delimitando el objeto del recurso de amparo. A tal  07ww
eTfreibcuton asle Sñaulpar eqmueo  eclo rnespirsotech een q uneo  lhaa dbeemr acnodrrae geifdeoc túlaa  vaul lanuetroa cdieó nla q Suael ale d ere lpor oScohcaia la d leal 
csoenncterentcaia a d eesl tTar iúblutimnaal  Sreuspoeluricoiró nd.e E Jlulos tsicinia p deerj uMicaiod rdide,  qpuoer  leol  qeuvee netlu oabl jreetcoo dneolc rimecieunrstoo  dsee 
la vulneración se proyecte también sobre el auto del Tribunal Supremo. A continuación,
se  refiere  al  contenido  de  la  demanda  de  amparo  y  a  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional que considera aplicable. En concreto, en relación con el contenido y 
alcance del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones y sus diferencias, 
reproduce parcialmente el fundamento jurídico 4 de la STC 170/2013 y el FJ 3 B) de la 
STC 18/2020, y aplica tales derechos, mediante la cita de las SSTC 214/2012, de 17 de 
diciembre,  y  170/2013,  de  7  de  octubre,  a  la  relación  laboral  y  en  concreto  a  la 
posibilidad de que la empresa vigile y controle a través de medios informáticos el 
cumplimiento de las obligaciones del trabajador.
Por otra parte, con apoyo en las SSTC 74/2007, de 16 de abril; 124/2009, de 18 de 
mayo, y 30/2017, de 27 de febrero, expone la doctrina del Tribunal Constitucional relativa 
al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en lo que a la 
motivación de las resoluciones judiciales y a la interpretación que de las normas legales 
realizan los tribunales ordinarios.
Refiere que la doctrina constitucional sobre los efectos de la prueba obtenida con 
vulneración de derechos fundamentales se plasma fundamentalmente en los procesos 
penales y está vinculada al principio de presunción de inocencia. En esencia afirma que 
las pruebas directamente obtenidas infringiendo un derecho fundamental no pueden ser 
tenidas en cuenta en juicio, deben ser tratadas como si no existieran, y que las pruebas 
que  se  derivan  de  las  anteriores,  cuando  existe  entre  ambas  una  conexión  de 
antijuridicidad, tampoco tendrán eficacia alguna para fundar una condena. Las demás 
pruebas que se presenten en el juicio podrán ser tenidas en cuenta y deberá valorarse 
si, por sí mismas, sin tener en cuenta las pruebas anuladas, son suficientes para 
desvirtuar la presunción de inocencia. (STC 184/2013 de 23 de octubre FFJJ 2 y 4). 
Añade que, si bien el principio de presunción de inocencia no es trasladable al ámbito de 
la relación laboral en supuestos de sanciones disciplinaria, ello no quiere decir que con 
carácter  general,  los  criterios  constitucionales  sobre  prueba  ilícita  no  puedan  ser 
aplicados al mismo. Continua afirmando que «en ese sentido un documento u otro medio 
de prueba obtenido con vulneración de derechos fundamentales no podrá ser tenido en 
cuenta, no podrá utilizarse para probar los hechos en los que el empresario justifique el 
despido, de tal modo que si es la única prueba de dichos hechos o si las otras se derivan 
de ella con la conexión antes mencionada, esos hechos se tendrán por no probados; 
pero  si  hubiera  otros  medios  de  prueba,  estos  podrían  ser  analizados  con  total 
separación de los anteriores, para ver si son suficientes para probar por si mismos los 
hechos que se aleguen».
Sostiene que la STC 196/2004, de 15 de noviembre, en relación a la calificación de 
un despido disciplinario, en el cual se alegaba un motivo de despido, basado en hechos 
que se descubrieron mediante una actuación de la empresa realizada con violación de 
derechos fundamentales, consideró que  conforme  a constante doctrina del Tribunal 
Constitucional (SSTC 38/1981, de 23 de noviembre; 114/1989, de 22 de junio; 186/1996, 
de 2 de noviembre; 1/1998, de 12 de enero; 57/1999, de 12 de abril; 20/2002, de 28 de 
enero, o 49/2003, de 17 de marzo), la reparación de la lesión de un derecho fundamental 
que  hubiese  sido  causado  por  el  despido  laboral,  debe  determinar  la  eliminación 
absoluta de sus efectos, es decir, la nulidad del mismo. Sin embargo, apunta el fiscal en 
sus  alegaciones,  que  «en  todas  las  sentencias  citadas  en  esa  frase,  se  enjuician 
procesos en que la vulneración del derecho fundamental se produce en el despido 
mismo, puesto que en ellos se despide al trabajador por un acto lícito de este, hecho en 
el ejercicio de derechos fundamentales (libertad sindical o libertad de expresión)».
A continuación, el fiscal aplica la doctrina al caso concreto. Indica que la recurrente  s
no está invocando una vulneración autónoma de los derechos a la intimidad y al secreto  oe.
de las comunicaciones, pues dicha vulneración ya ha sido reconocida por los órganos  w.
judiciales. La demanda de amparo lo que sustenta es que, habiéndose reconocido la  07ww
evixotlraaceió dne d lea  tmaliessm ad esreucphoonse ne nu nlaa  sinetnetrepnrectiaa ciimónp udgenl aadrat.,  5lo5s. 5e fLeEcTto se nq uree lalac iósne ncteonnc eial 
adretr. e1c1h.o1s .L LOoP qJu ey  e9s0 .r2e aLlmJSe,n tqeu eo bnjeot oe dse  ciomnpfourgmnea ccióonn  eenl  pcroimnteern liudgoa re, seesn ceila el fdeec toe sqtuoes   BOE-A-cable e
la ilicitud de la prueba debe producir en cuanto a la calificación del despido. Razona, que 
las SSTC 92/2008, de 21 de julio, y 125/2018, de 26 de noviembre, alegadas por la 
demandante, no pueden ser consideradas precedentes determinantes para resolver el 
problema que se plantea en la demanda. En este proceso los hechos alegados para el 
despido  no  han  sido  realizados  por  la  trabajadora  en  ejercicio  de  ningún  derecho 
fundamental, ni en su despido se ha producido discriminación u otro ataque a la igualdad 
u otro derecho fundamental, se la despide por falta de rendimiento (motivo respecto del 
cual se aporta la prueba ilícita), y por el comportamiento con sus superiores y sus 
compañeros.
Añade que la interpretación literal del art. 55 LET, no obliga a estimar que cualquier 
despido disciplinario en cuya carta de despido y/o en el proceso de impugnación, se 
aporte  por  el  empresario  una  prueba  obtenida  con  vulneración  de  derechos 
fundamentales suponga automáticamente la declaración de ese despido como nulo. 
Considera que dicha interpretación sería demasiado radical pues supondría dar los 
mismos efectos de despido nulo a supuestos diferentes: 1. En la STC 196/2004, la 
nulidad del despido resulta no solo porque así lo dijo esta sentencia, que es de obligado 
acatamiento, sino porque la causa única del despido surge de la violación del derecho 
fundamental aunque no sea el hecho de despedir lo que viola un derecho fundamental, 
sino que la violación es anterior al despido, y este no existiría sin esa violación previa, de 
tal modo que no resulta lógico desligar esta del despido; 2. Cuando la vulneración del 
derecho fundamental se produce al obtener una de las pruebas de los hechos en los que 
la empresa fundamenta una de las causas del despido. En este caso, parece procedente 
separar a su vez, entre dos supuestos diferentes: a) Cuando del resto de las pruebas 
obtenidas lícitamente, se justifique la existencia de una infracción laboral, no resulta 
acertado  considerar  que  la  causa  del  despido  sea  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales. Así resulta del propio art. 55.5 en su último párrafo; b) cuando, como ha 
sucedido en este caso, el empresario en su carta de despido alegue varios motivos para 
despedir al trabajador, es decir varias infracciones laborales de este, pero la única 
infracción  que  tiene  gravedad  suficiente  para  ser  sancionada  con  el  despido,  es 
precisamente la que resulta de los hechos acreditados con la prueba obtenida con 
vulneración  de  derechos  fundamentales,  en  tal  caso,  la  interpretación  que  resulta 
congruente con el art. 55.5 LET es declarar la nulidad del despido.
Afirma que no se considera errónea la tesis de la sentencia impugnada consistente 
en que procede distinguir entre el despido con violación de derechos fundamentales y la 
infracción de derechos fundamentales para la obtención de prueba de los hechos en los 
que se basó la empleadora para justificar el despido, pero al aplicarla al caso, se ha 
interpretado el art. 55.5 LET vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) en relación con los derechos sustantivos invocados, al desligar el despido de la 
violación de los derechos fundamentales cometida.
Finalmente examina la vulneración atribuida a la sentencia al dar respuesta a la 
segunda  causa  del  motivo  «primero  y  único»  del  recurso  de  suplicación  de  la 
demandante,  relativa  a  la  indemnización  por  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales. Considera el fiscal que se ha producido una vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva,  porque  la  afirmación  de  que  no  ha  existido  vulneración  de 
derechos fundamentales de la trabajadora supone una argumentación incongruente o 
ilógica ya que al analizar el motivo tercero y el cuarto del recurso de la empresa, afirma 
tajantemente que se vulneraron sus derechos fundamentales al realizar la monitorización 
del ordenador de resultas de la cual se obtuvo la prueba que justificaría el despido.  s
Añade que aunque lo que quiera argumentar la sentencia es que no hay vulneración de  oe.
derechos  fundamentales  en  el  acto  mismo  del  despido,  seguiría  apreciándose  w.
arbitrariedad en la decisión de no pronunciarse sobre la indemnización al inaplicar el  07ww
art. 183 LJS, y ello con independencia de la calificación del despido como improcedente.
vota8c.i ónP doer  lap rporveidseenncteia s ednet e1n1c iad eel  dmíaa r1z5o  ddeel  m2i0sm21o  msee ss ey ñaañlóo .para la deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  Delimitación del objeto de la demanda de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige formalmente contra el auto de fecha 24 de 
septiembre de 2019 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que inadmitió 
el recurso de casación para unificación de doctrina, así como contra la sentencia de la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 
de  septiembre  de  2018,  que  estimando  parcialmente  el  recurso  de  suplicación 
interpuesto por la entidad empleadora Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A., contra la 
sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social  núm.  19  de  Madrid,  calificó  el  despido  de  la 
demandante de amparo como improcedente revocando la nulidad del mismo, y dejó sin 
efecto la indemnización que por vulneración de los derechos fundamentales se había 
otorgado en la sentencia dictada por el juzgado de lo social a favor de la recurrente de 
amparo. Del contenido de la demanda se desprende, sin embargo, de acuerdo con las 
alegaciones del Ministerio Fiscal y de la entidad empleadora, que el recurso de amparo 
centra su controversia constitucional en la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, al inadmitir el recurso de casación, se limita a confirmar.
Tal como ha quedado expuesto, de las alegaciones de las partes resulta que el 
objeto del recurso de amparo, que entendemos dirigido contra la sentencia de la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es doble: por 
una parte determinar si es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en  relación  con  los  derechos  a  la  intimidad  (art.  18.1  CE)  y  el  secreto  de  las 
comunicaciones (art. 18.3 CE) la interpretación que del art. 55.5 LET realiza dicha 
sentencia cuando –pese a confirmar que una de las pruebas ha sido obtenida con 
vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 
y  3  CE)–  califica  el  despido  de  improcedente  en  lugar  de  nulo;  y  por  otra  parte, 
determinar si el razonamiento que esa misma sentencia efectúa al desestimar la solicitud 
de indemnización, contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) desde 
la perspectiva del derecho a una respuesta motivada y razonada.
La  demandante  de  amparo,  por  las  razones  que  se  han  expuesto  en  los 
antecedentes afirma la que concurren tales vulneraciones. El Ministerio Fiscal, tal y como 
se ha indicado, comparte esta conclusión. Sin embargo, la representación de la entidad 
Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A., solicita la desestimación del recurso de amparo 
al referir que lo planteado por la demandante es una cuestión de interpretación de la 
legalidad ordinaria que debe situarse extramuros del control del Tribunal Constitucional, 
sin que tan siquiera se haya justificado por la demandante que la interpretación del 
art. 55.5 LET, efectuada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sea arbitraria, 
irrazonable o inmotivada.
2.  Sinopsis  sobre  el  desarrollo  de  las  vulneraciones  invocadas.  Existencia  de 
trascendencia constitucional de la demanda de amparo.
Antes de entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en este proceso de amparo, 
es necesario adelantar cuál va a ser el itinerario argumental por el que va a discurrir el 
razonamiento de esta sentencia.
En primer lugar, se abordará en el presente fundamento, el óbice de admisibilidad del 
recurso aducido por la representación de la entidad Amadeus Soluciones Tecnológicas, 
S.A., quien alega que el recurso de amparo carece de trascendencia constitucional pues  e.
la  calificación  del  despido  es  una  materia  de  legalidad  ordinaria  ajena  al  Tribunal  w.
Constitucional. A continuación, se dedicará el fundamento jurídico tercero a delimitar el  07ww
ldae creaclihfioca fcuinódna dmeel dnetaslp oid loo sc odmeore icmhporso cfuenddeanmtee, netna lleusg aqru dee p nuueldoe, ne fevectrusaed cao pnocer rlan idSoasla p doer 
lqou eS opcuiaeld dee sl eTrrviibr udnea ls Susutpeenrtioo ra d lea  Jquusetjiac iad ed lea  Mreacdurrirde. nPtere, csies aedxop oenl ddreár eecnh oe l ffuunnddaammeennttaol   BOE-A-cable e
jurídico cuarto el contenido y alcance de este, dedicando el fundamento jurídico quinto a 
su  aplicación  al  caso  concreto.  Por  último,  se  abordará  la  segunda  de  las  quejas 
formuladas por la demandante de amparo, esto es, se determinará si el razonamiento 
que esa misma sentencia efectúa al desestimar la solicitud de indemnización contraviene 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho a 
una respuesta motivada y razonada.
Comenzando por la objeción planteada por la mercantil empleadora relativa a la falta 
de especial trascendencia constitucional de la demanda, debe adelantarse que la misma 
no  puede  prosperar.  Este  tribunal  ha  tenido  ocasión  de  aclarar  que  la  Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha configurado en el artículo 50.1 b) LOTC, una nueva 
condición  de  admisibilidad:  la  necesidad  de  que  el  recurso  tenga  una  «especial 
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la 
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» (STC 11/2011, 
de 28 de febrero, FJ 2, entre otras muchas). Por tanto, dicha condición no se erige en 
requisito para la estimación de la demanda en la sentencia, como pudiera inferirse de la 
alegación de la entidad mercantil, sino como presupuesto de su admisión a trámite. Por 
ello «el momento procesal idóneo para el análisis del cumplimiento de este requisito 
material  de  admisibilidad  es  el  trámite  de  admisión  de  la  demanda  de  amparo 
(SSTC 126/2013, de 3 de junio, FJ 2; 170/2013, de 7 de octubre, FJ 2, y 191/2013, de 18 
de noviembre, FJ 2), correspondiendo únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar 
en cada caso la existencia o inexistencia de esa "especial trascendencia constitucional"» 
(STC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2).
Ciertamente, es conveniente explicitar la aplicación de la especial trascendencia 
constitucional «en los asuntos declarados admisibles con el fin de garantizar una buena 
administración de justicia» (sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón contra España, §37), 
haciendo  de  este  modo  «recognoscibles  los  criterios  de  aplicación  empleados  al 
respecto» (STC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3). En la providencia de admisión de la 
demanda se indicaba que este tribunal apreciaba la especial trascendencia porque el 
recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina del tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Procede ahora 
precisar lo que este tribunal pretende abordar a través de esta sentencia para que dicho 
criterio pueda obtener su materialización en el presente caso.
Tanto el juzgado de lo social, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Madrid,  han  aceptado  la  exclusión  probatoria  de  la  prueba  documental 
derivada de la monitorización del ordenador de la demandante de amparo, al tratarse de 
una prueba obtenida con vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE). Lo que se pretende determinar ahora, y este es el 
problema del derecho fundamental invocado sobre el que debe aclararse la doctrina, es 
si  aparece  reconocible,  como  una  consecuencia  constitucionalmente  derivada  del 
contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con 
los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE), y por 
tanto, exigible en términos constitucionales, que el despido de la demandante de amparo 
sea calificado como nulo, en un caso como el presente en que una de las pruebas con 
las  que  se  pretendía  justificar  dicho  despido  vulneró  estos  últimos  derechos 
fundamentales.
3.  Derechos  fundamentales  concernidos  en  la  calificación  del  despido  laboral  e.
realizada por los órganos judiciales. w.b
vulnCeroamcioó ns ed ehla  daedreelcahnota dao l ala  tudteemlaa njuddaicnitael  deefe acmtivpaa r(oa rat.l e2g4a. 1q uCeE s) ee hna r eplraocdióunci dcoo nu neal 
ldae rineecfhicoa ac iala  ainbtsimoliudtaad d ye  alal  spercureebtoa  ddee blaes  ccoonmlleuvnaicr atcaimonbeiésn (,a art .s 1u8 j.u1i cyio 3,  lCa Ec)a elifnic taacnitóon  qdueel 
despido como nulo. Por su parte, el Ministerio Fiscal, de modo más matizado y con
distintos argumentos, comparte también que la calificación del despido como nulo es 
consecuencia obligada de la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de los 
derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE). Por el 
contrario, la entidad Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A., desvincula la calificación 
del  despido  de  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  vulnerados  con  la 
obtención de la prueba declarada nula y considera que debe aplicarse el canon de 
motivación del art. 24.1 CE.
Así determinada la cuestión, conviene precisar cuáles son los derechos fundamentales 
que pueden verse concernidos por la calificación del despido laboral realizada por la 
jurisdicción ordinaria. Debemos adelantar desde este momento que del contenido esencial 
de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 
y 3 CE), cuya lesión extraprocesal ha sido reconocida tanto por la sentencia del Juzgado de 
lo Social núm. 19 de Madrid, como por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, no dimana ni una exigencia, ni un derecho subjetivo que pueda amparar la 
calificación del despido disciplinario de la demandante de amparo como nulo. Ello no 
significa sin más, como veremos, que la decisión relativa a la calificación del despido sea 
ajena o indiferente al ámbito de los derechos fundamentales, en concreto al derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En tal sentido, este tribunal ha tenido ocasión de referir en la STC 114/1984, de 29 
de noviembre (recientemente recordada en el FJ 2 de la STC 97/2019, de 16 de julio, 
dictada  por  el  Pleno),  en  relación  –en  aquella  ocasión–  con  la  regla  de  exclusión 
probatoria en el ámbito de un despido laboral, con argumentos que son trasladables al 
presente  caso  en  relación  con  la  calificación  del  despido  disciplinario,  que  «el 
razonamiento del actor parece descansar en la equivocada tesis de que existe una 
correlación  lógica  y  jurídica  entre  la  posible  lesión  extraprocesal  de  su  derecho 
fundamental y la pretendida irregularidad procesal de admitir la prueba obtenida a partir 
de aquella lesión. Sin embargo, el acto procesal podrá haber sido o no conforme a 
Derecho, pero no cabe considerarlo como atentatorio, de modo directo, de los derechos 
reconocidos en el art. 18.3 de la Constitución. […] Si se acogiese la tesis del recurrente 
habría que concluir que el contenido esencial de todos y cada uno de los derechos 
fundamentales abarcaría no ya sólo la esfera de libertad o la pretensión vital en que los 
mismos se concretan, sino también la exigencia, con alcance de derecho subjetivo de no 
reconocer eficacia jurídica a las consecuencias de cualquier acto atentatorio de tales 
derechos» (STC 114/1984, FJ 1).
Proyectada dicha doctrina constitucional a la cuestión planteada, podemos afirmar 
que no puede proclamarse que entre la calificación del despido y la reconocida lesión 
extraprocesal  de  un  derecho  fundamental  pueda  afirmarse  la  existencia  de  una 
«consecutividad  lógica  y  jurídica».  Dicho,  en  otros  términos,  no  existe  un  derecho 
constitucional a la calificación del despido laboral como nulo, por lo que la pretensión de 
la actora no puede tener sustento en una vulneración de los derechos reconocidos en el 
art. 18.1 y 3 CE. Tampoco puede imputarse a la resolución impugnada una conculcación 
de los derechos de la recurrente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, 
máxime cuando han sido los órganos judiciales quienes han reconocido que dicha 
vulneración se produjo con la monitorización del ordenador de la trabajadora.
De lo que se colige con facilidad que el planteamiento realizado por la demandante 
de  amparo  en  el  presente  recurso  debe  ser  corregido,  debiendo  desenvolverse  el 
examen de la cuestión planteada desde el prisma y alcance del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), también invocado por la recurrente. s
4.  Contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). w.b
tutelLaa  jucdoinccialul seiófenc taivnate (raiortr.  n2o4s.1 l leCvEa) .a H reemcoorsd aarf ierml caodnot eqnuied oe ly  daelcreacnhcoe  fduenld daemreecnhtaol  aa  llaa 
tfuutnedlaa djausd iceina lD eefreecctihvoa» « (eSxSigTeC  q9u9e/ 2l0a0s0 r,e dseo lu1c0i odnee as bjruild, iFciJa l6e,s  ya 1l 4d4e/c2i0d0ir3 l,o dse l i1tig4i odse  sjuelaion, 
FJ 2), lo que significa, como hemos advertido en la STC 184/1992, de 16 de noviembre,
FJ  2,  reiterando  consolidada  doctrina  de  este  tribunal,  que  «una  aplicación  de  la 
legalidad  que  sea  arbitraria,  manifiestamente  irrazonada  o  irrazonable  no  puede 
considerarse fundada en Derecho y lesiona, por ello, el derecho a la tutela judicial 
(SSTC 23/1987, 24/1990 y 25/1990)».
Según consolidada y unánime doctrina constitucional, el derecho a obtener la tutela 
judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho a obtener de los 
jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las 
pretensiones  oportunamente  deducidas  por  las  partes  en  el  proceso  (por  todas, 
STC 38/2011, de 28 de marzo, FJ 3). Lo que significa, en primer lugar, que la resolución 
judicial ha de estar motivada, es decir, debe contener los elementos y razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en 
segundo lugar, su motivación debe estar fundada en Derecho (SSTC 276/2006, de 25 de 
septiembre, FJ 2, y 64/2010, de 18 de octubre; FJ 3) o, lo que es lo mismo, que sea 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de 
la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). En resumidas cuentas, el 
art. 24.1 CE impone a los órganos judiciales «no sólo la obligación de ofrecer una respuesta 
motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, esta ha de tener contenido 
jurídico y no resultar arbitraria» (STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3).
Conviene  no  obstante  recordar  que  en  esa  misma  doctrina  constitucional  está 
igualmente dicho que el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE «no incluye 
un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las 
disposiciones legales, salvo que afecte al contenido de otros derechos constitucionales 
distintos al de tutela judicial efectiva» (recientemente, entre otras, SSTC 3/2011, de 14 de 
febrero, FFJJ 3 y 5, y 183/2011, de 21 de noviembre, FFJJ 5 y 7). Y que la simple 
discrepancia de las partes con una resolución judicial, aun fundada en otra interpretación 
posible de la legalidad aplicada, incluso por plausible que esta resulte, no convierte el 
correspondiente razonamiento judicial en arbitrario o manifiestamente irrazonable ni, 
menos aún, obliga a este tribunal a elegir entre las interpretaciones posibles cuál es la 
que  debe  prevalecer  (SSTC  59/2003,  de  24  de  marzo,  FJ  3;  221/2003,  de  15  de 
diciembre, FJ 4; 140/2005, de 6 de junio; FJ 5, y 221/2005, de 12 de septiembre, FJ 5).
5.  Aplicación de la doctrina al caso concreto.
Como se ha expuesto la demandante de amparo considera que la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado su derecho a 
la tutela judicial efectiva porque todos los criterios de interpretación aplicables, así como 
la doctrina derivada de las SSTC 125/2018, de 26 de noviembre, y 92/2008, de 21 de 
julio, conducen a determinar que la nulidad del despido prevista en el art. 55.5 LET tiene 
un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación de la vulneración de 
un derecho fundamental. La empleadora no comparte dicho planteamiento y reprocha a 
la recurrente de amparo que no haya realizado esfuerzo alguno para argumentar las 
razones  por  las  que  las  resoluciones  impugnadas  son  supuestamente  arbitrarias, 
manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente. Por otra parte afirma que la 
sentencia cuestionada cumple con las exigencias de motivación reforzada. Finalmente, 
el Ministerio Fiscal, aunque no considera errónea la tesis de la sentencia impugnada, por 
la que procede distinguir entre el despido con violación de derechos fundamentales y la 
infracción de derechos fundamentales para la obtención de prueba de los hechos en los 
que se basó la empleadora para justificar el despido, expone que al aplicarla al caso se 
han lesionado los derechos de la recurrente de amparo, pues cuando la única infracción  e
que tiene gravedad suficiente para ser sancionada con el despido ha sido obtenida  bo
vulnerando derechos fundamentales, la interpretación que resulta congruente con el  07ww
art. D55e bLeEmTo ess  rleac qourdea dr ectueárml hinaa  slaid doe lcal aarragcuiómne dnetal cdióensp pidoor  clao mquoe n lual os.entencia de la Sala
ddeeb líoa  Ssoecri acl adleifli cTardibou ncaolm Sou piemrpiorro cdeed Jeunsteti ciean d elu gMaard rdide  hnau lcoo. nsCidoenrsaiddeor aq ulea  esl ednetespnicdiao 
impugnada que la decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en si misma
considerada,  no  pretendía  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  o  libertades 
públicas de la trabajadora, y que el móvil del empresario al acordar el despido no 
respondió a una causa vulneradora de los derechos fundamentales lo que legalmente 
llevaría aparejada la nulidad del despido. Distingue por tanto los supuestos en que la 
decisión extintiva vulnera un derecho fundamental, de aquellos otros en los que el 
empresario, al intentar comprobar el comportamiento de su empleada y obtener pruebas 
de algunos de sus incumplimientos para tratar de justificar un despido, ha vulnerado los 
derechos fundamentales de la trabajadora. Indica que no puede confundirse el despido 
con violación de derechos fundamentales, con el despido en el que ha habido una lesión 
de los derechos fundamentales en el proceso de obtención de la prueba.
La argumentación sostenida en la sentencia impugnada es expresión de una toma de 
posición por el órgano judicial, en relación con el problema interpretativo que suscita en 
la jurisdicción ordinaria la exégesis de la literalidad del art. 55.5 LET, cuando indica que: 
«será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales  y  libertades  públicas  del  trabajador».  Dicha  cuestión  relativa  a  la 
interpretación de la legalidad ordinaria se contrae a determinar si en el caso de que se 
acredite en el procedimiento laboral que una fuente de prueba utilizada para justificar el 
despido se ha obtenido vulnerando derechos o libertades fundamentales, dicha ilicitud 
debe proyectarse sobre la calificación del despido, de tal manera que este debe ser 
declarado nulo –planteamiento defendido en términos generales por la demandante de 
amparo y con carácter más limitado por el Ministerio Fiscal– o sí por el contrario la ilicitud 
de la prueba únicamente produce como efecto su expulsión del acervo probatorio por 
aplicación del art. 90.2 LJS –y también del art. 11.1 LOPJ– del que resulta que «no se 
admitirán  pruebas  que  tuvieran  su  origen  o  que  se  hubieran  obtenido,  directa  o 
indirectamente,  mediante  procedimientos  que  supongan  violación  de  derechos 
fundamentales o libertades públicas», sin que dicha exclusión probatoria pueda afectar a 
la calificación del despido, que será declarado improcedente o procedente en función de 
que existan o no otras pruebas, planteamiento este defendido en la sentencia impugnada 
y apoyado por la entidad empleadora.
No es esta sentencia el marco adecuado para exponer los elaborados argumentos 
favorables y contrarios a cada una de las dos interpretaciones del mencionado precepto, 
que, incluso utilizando los mismos métodos de interpretación alcanzan conclusiones 
opuestas. Basta destacar en este punto, que la sentencia impugnada distingue aquellos 
supuestos en que la decisión extintiva vulnera un derecho fundamental –en cuyo caso 
necesariamente procede la declaración de nulidad del despido–, de aquellos otros en 
que  el  despido  no  ha  ocasionado  dicha  vulneración,  al  haberse  derivado  esta  del 
proceso de obtención de pruebas, por lo que podrá ser calificado como procedente o no, 
en función de que existan pruebas desconectadas de la obtenida con violación de 
derechos fundamentales y libertades públicas (art. 90.2 LJS).
Dicha distinción, contraria a trazar una correlación entre la nulidad de la fuente de 
prueba  y  la  nulidad  del  despido,  no  merece  ser  calificada  de  arbitraria  o  de 
manifiestamente irrazonable. Ninguna de las partes lo ha hecho tampoco. Tan es así 
que, a falta de un pronunciamiento del máximo intérprete de la legalidad ordinaria 
(art. 123.1 CE), tal planteamiento es compartido por muchos pronunciamientos dictados 
por otros tantos tribunales superiores de justicia (sin ánimo exhaustivo, por citar algunas 
sentencias  de  las  salas  de  lo  social  de  dichos  tribunales  más  recientes:  STSJ  de 
Canarias, de 24 de enero de 2020, recurso de suplicación núm. 899-2019; SSTSJ de  s
Baleares, de 22 de enero de 2020, recurso de suplicación núm. 286-2019 y 12 de junio  oe.
de 2020, recurso de suplicación núm. 378-2020; STSJ de Castilla la Mancha, de 12 de  w.
enero de 2018, recurso de suplicación núm. 1416-2017). Ahora bien, debe indicarse que  07ww
dpiocrh ala t erseicsu drrisetnat ed ey  seenr  upnaárnteim peo er ne lla  Mjuirnisisdtiecrcioió nF oisrcdainl,a rtaiam, pbuiéens  tlaie nceo naclcuosgióidna d eenfe nodtridoas 
Jpurosntiucinac i(apmorie tnotdooss d lea  oStrTaSsJ t adnet aCs astaallausñ ad,e d leo  s4o dceia lj udnei od idvee r2so0s1 9T,r irbeucnuarsleos  dSeu pseurpiolicreasc iódne   BOE-A-cable e
núm. 969-2019; y la STSJ del País Vasco, de 27 de febrero de 2018, recurso de 
suplicación núm. 226-2018).
Tampoco puede afirmarse, como bien destacan en sus alegaciones el Ministerio 
Fiscal y la representación de Amadeus Soluciones Tecnológicas, S.A., que la pretensión 
de la demandante de amparo de que se declare la nulidad del despido pueda tener 
sustento en las citadas SSTC 125/2018 y 92/2008. En efecto, en los casos examinados 
por dichas sentencias la decisión extintiva del contrato de las trabajadoras vino motivada 
bien por el ejercicio legítimo de su derecho de participación política reconocido en el 
artículo 23.2 CE, bien por razones de discriminación por sexo, sin que se apreciara la 
ilicitud de prueba alguna.
Por otra parte, no puede considerarse que la declaración de nulidad pretendida 
pueda ampararse en la STC 196/2004, de 15 de noviembre. En esta sentencia se 
reconoció que la prueba del despido disciplinario se sustentaba en el resultado de una 
exploración  clínica  obtenida  con  vulneración  del  derecho  a  la  intimidad  personal 
(art. 18.1 CE) y se acordó la nulidad del despido basándose en «constante doctrina de 
este tribunal (entre otras, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre; 114/1989, de 22 de junio; 
186/1996, de 25 de noviembre; 1/1998, de 12 de enero; 57/1999, de 12 de abril, 
20/2002;  de  28  de  enero,  o  49/2003,  de  17  de  marzo),  pero,  como  argumenta  el 
Ministerio Fiscal, ninguna de las sentencias en las que sustenta la dicha nulidad, se 
refirieren a un supuesto de prueba ilícita, sino de extinción de la relación laboral por 
razones discriminatorias y/o lesivas de los derechos a la libertad sindical y de la libertad 
de expresión.
Llegados a este punto podemos descartar la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva. Como se ha adelantado en el fundamento anterior, el parámetro de 
constitucionalidad que debe ser empleado en estos casos es el de la existencia de una 
aplicación de la legalidad ordinaria que sea arbitraria, manifiestamente irrazonada o 
irrazonable, advirtiendo que nos encontramos ante un control externo que no comporta 
formular un juicio de interpretación de la legalidad ordinaria aplicable, tarea propia de la 
jurisdicción ordinaria, sino que corresponde examinar si la interpretación que en este 
caso  concreto  han  realizado  los  órganos  judiciales  a  través  de  las  resoluciones 
impugnadas, es contraria al derecho a obtener una resolución judicial que sea fundada 
en derecho (SSTC 99/2000, de 10 de abril, FJ 6, y 144/2003, de 14 de julio, FJ 2).
Bajo esta premisa, la solución adoptada por la resolución impugnada desvinculando 
la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales de la 
calificación del despido, tiene anclaje positivo en nuestro ordenamiento jurídico, sin que 
pueda ser calificada de arbitraria o manifiestamente irrazonable. Ciertamente, existen 
otras interpretaciones posibles, como la defendida por la actora, o la exegesis ecléctica 
que de modo profuso y pormenorizado expone el Ministerio Fiscal, pero no es objeto del 
recurso de amparo ni corresponde a este tribunal, que no es una tercera instancia, 
decidir  cuál  de  esas  interpretaciones  es  la  correcta,  pues  en  tal  caso  se  estaría 
efectuando un control de mera legalidad, rectificando la interpretación y aplicación de las 
normas legales realizadas por los jueces y tribunales en el ejercicio exclusivo de la 
potestad que les reconoce el artículo 117.3 CE, excediéndonos del objeto propio del 
amparo, que es determinar si en ese ejercicio se ha violado o no alguna garantía 
constitucional. De admitir lo contrario, el recurso de amparo quedaría transformado en 
una nueva instancia revisora con merma de las competencias que constitucionalmente 
corresponden a la jurisdicción ordinaria (SSTC 79/1996, de 20 de mayo, FJ 3, y 16/2002, 
de 28 de enero, FJ 5), y al propio tiempo se desvirtuaría la naturaleza propia del proceso  s
constitucional de amparo. oe.
En  definitiva,  la  argumentación  de  la  sentencia  impugnada  que  desvincula  la  w.
calificación del despido de la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos  07ww
afusní dqaumee lnat arleecsu, rnreon pteu endoe  esmerp lteilad atdaale sd ec aalribficitaratirviao so  aml amnaifnieifsetsatmare nsute  dirisraczreopnaanbcleia.  Tcaonn  elas 
Fseisnctaeln rceiafi edree  lqau eS anloa  sdee  cloo nSsoidceiarla d eerlr óTnriebau nlaa lt eSsuisp edreio lra d see nJutesnticciiaa ,i my peul gpnraodpaio  pMoirn lias tqeurieo   BOE-A-cable e
se distingue entre el despido con violación de derechos fundamentales y la infracción de 
derechos fundamentales para la obtención de prueba de los hechos que justificaron el 
despido.
6.  Examen de la segunda de las vulneraciones planteadas por la demandante de 
amparo.
Como  hemos  adelantado  dedicaremos  este  fundamento  a  examinar  si  el 
razonamiento que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de  Madrid  efectúa  al  desestimar  la  solicitud  de  indemnización,  contraviene,  como 
defiende la demandante de amparo y el Ministerio Fiscal, el derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE),  desde  la  perspectiva  de  derecho  a  obtener  una  respuesta 
motivada y razonada.
Es preciso recordar que en la demanda laboral que dio inicio al procedimiento ante la 
jurisdicción ordinaria, la recurrente de amparo tras dedicar su razonamiento a justificar la 
existencia de la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la 
monitorización del ordenador y del supuesto acoso laboral sufrido por la empresa, con 
cita del art. 183 LJS, solicitó una indemnización de 51 439,4 € por los daños materiales y 
morales  producidos  por  la  intromisión  ilegítima  producida.  Debe  precisarse  que  el 
art. 183.1 LJS indica que «cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el 
juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le 
corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus 
derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la 
vulneración  del  derecho  fundamental,  como  de  los  daños  y  perjuicios  adicionales 
derivados». La demandante propuso para efectuar la cuantificación de la indemnización 
tomar como referencia las multas que se prevén en el art. 40.1 c) del el texto refundido 
de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para los actos contrarios al respeto de la 
intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores recogidos como 
infracciones muy graves en el art. 8.11 y 12 del mismo texto legal. El apartado once de 
dicho precepto sanciona los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la 
intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores, y el apartado doce del 
mismo, las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones o las 
decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa 
o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.
La sentencia de 17 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
19 de Madrid, pese a descartar la existencia de acoso laboral, apreció la existencia de la 
vulneración de los derechos fundamentales de la demandante a la intimidad y al secreto 
de las comunicaciones, como consecuencia de la monitorización del ordenador de la 
demandante de amparo y, en lo que ahora interesa, condenó a la mercantil demandada a 
pagar una indemnización de 6251 €. La sentencia indicó a tal efecto, con cita del 
art.  183.1  LJS,  que  era  obligado  pronunciarse  sobre  la  indemnización  que  debía 
corresponder  a  la  trabajadora,  y,  acudiendo  al  criterio  basado  en  la  Ley  sobre 
infracciones  y  sanciones  en  el  orden  social,  consideró  que  debía  fijarse  una 
indemnización  en  la  mencionada  cantidad,  «correspondiente  al  importe  mínimo 
establecido por su artículo 40.1 para una falta muy grave (artículo 8.11), sin que se 
aprecie, en cambio, motivo para establecer una cantidad superior». e
De lo hasta aquí expuesto se desprende con claridad que la demandante de amparo  bo
solicitó una indemnización global de 51 439,4 € por las vulneraciones de sus derechos  07ww
flaubnodraaml esnutfarildeos  yd eqriuvea dlaas  sdeen telan cima odneitlo rJizuazcgiaódno  ddeel  olord eSnoacdiaolr  nyú md.e l1 9s udpeu eMstaod raidco, sleo 
dreecroenchoocisó  eful nddearemcehnot aale pse rdceib irl au nad eimndaenmdanniztaec ióan  ldae  6in2ti5m1i d€a dp ory  laa vl ulsneecrraectioó n ddee  llaoss 
comunicaciones, ocasionada por la monitorización del ordenador.
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al 
resolver el recurso de suplicación interpuesto por la demandante de amparo, confirmó la 
decisión del juzgado de lo social en relación con la existencia de una vulneración de los 
derechos de la trabajadora a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 
y  3  CE)  ocasionados  por  la  monitorización  de  su  ordenador,  y  también  ratificó  el 
pronunciamiento relativo a la inexistencia de acoso laboral por parte de la empresa. Pero 
al resolver sobre la solicitud de indemnización de 51 439,40 € brutos o un año de salario, 
o, subsidiariamente la que la sala de lo social estimara adecuada, desestimó la fijación 
de cualquier indemnización, negando incluso la reconocida por el juzgado de lo social, al 
considerar que dicha indemnización se había vinculado, tanto en la demanda como en la 
sentencia, a la existencia de una vulneración por la empresa de derechos fundamentales 
de la trabajadora «y como tal lesión no ha existido (no hay prueba del acoso laboral y el 
despido ha sido calificado de improcedente), no procede indemnización alguna y en 
consecuencia no procede entrar a conocer de este aspecto del recurso, que debe ser 
desestimado al faltar el presupuesto del que se parte en el mismo».
Debe  indicarse,  compartiendo  los  argumentos  del  Ministerio  Fiscal,  que  dicha 
decisión ha supuesto una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado 
en el art. 24.1 CE, al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una 
resolución  motivada  y  fundada  en  derecho  sobre  el  fondo  de  las  pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en el proceso. En efecto, el argumento utilizado 
en la resolución impugnada para denegar la indemnización consistente en afirmar que no 
ha existido vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora, debe ser calificado 
de incongruente, ilógico y contradictorio, pues la propia sentencia reconoce, al examinar 
el motivo tercero y el cuarto del recurso de la entidad empleadora, que se vulneraron los 
derechos fundamentales de la trabajadora al monitorizar su ordenador. De este modo 
resulta  que  la  sentencia  afirma  la  existencia  de  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales a los efectos de confirmar la exclusión de la prueba derivada de la 
monitorización del ordenador, y al mismo tiempo niega esa vulneración cuando tiene que 
decidir sobre la indemnización solicitada. Dicha incongruencia no puede salvarse con la 
referencia a que la vulneración no la haya ocasionado el acto mismo del despido y en 
consecuencia este haya sido declarado improcedente, pues el art. 183.1 LJS cuando 
dispone que la sentencia que declare la existencia de una vulneración de un derecho 
fundamental debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, no hace depender 
el  reconocimiento  de  la  indemnización  de  la  calificación  del  despido,  sino  del 
reconocimiento de que la trabajadora ha sufrido discriminación u otra lesión de sus 
derechos fundamentales y libertades públicas, y ello con independencia de la calificación 
del despido.
7.  Alcance de la vulneración del derecho a la tutela judicial reconocido.
En conclusión, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, al resolver el recurso de suplicación interpuesto por la demandante de 
amparo, y desestimar la fijación de cualquier indemnización, con la argumentación de 
que no se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente 
ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que procede 
estimar parcialmente el presente recurso de amparo, con la consiguiente declaración de 
nulidad de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid dictada el 13 de septiembre de 2018, en el recurso de suplicación 
núm. 351-2018, y acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado  e
de la citada resolución, a fin de que, en congruencia con lo interesado en el recurso de  bo
suplicación en relación con la indemnización solicitada por la demandante, el órgano  07ww
judicFiainl arlemseunetlvea  ddeeb me ainnedriac arressep eqtuuoes ala c onnu elidl adde rencoh os feu nedxatmieenndtea l avlu lanuetroa dod.el  Tribunal
Scounptrream lao , sqeunet einnacdiam diteió  seul preliccaucrsióon d, ey  cqausea chióan s pearvraid loa,  uennif iceascteió cna dseo ,d opcatrrain aag inottearrp luae svtíoa 
judicial previa al amparo (STC 57/1999, de 12 de abril, FJ 12), y al que no se le reprocha 
vulneración autónoma de derecho alguno.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por doña Esperanza de la Calle Gil y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la sentencia 
dictada el 13 de septiembre de 2018 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 351-2018, y 
acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la citada 
resolución, a fin de que, en congruencia con lo interesado en el recurso de suplicación, 
en relación con la indemnización solicitada por la demandante por la vulneración de los 
derechos  a  la  intimidad  y  al  secreto  de  las  comunicaciones  (art.  18.1  y  3  CE) 
ocasionados  por  la  monitorización  de  su  ordenador,  el  órgano  judicial  resuelva  de 
manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6838-2019
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, y con pleno respeto a la 
opinión  de  la  mayoría  reflejada  en  la  sentencia,  formulo  el  presente  voto,  dejando 
constancia  de  los  fundamentos  de  mi  posición  discrepante  con  el  fallo  y  con  los 
razonamientos que lo sustentan.
Mi desacuerdo se centra en la respuesta que se da a la primera queja planteada por 
la demandante de amparo, que denunció la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los derechos fundamentales a la intimidad y al 
secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE), por entender que la ineficacia de la 
prueba, por haberse obtenido con vulneración de estos últimos derechos fundamentales, 
debería conllevar la calificación del despido como nulo. La sentencia de la que disiento 
ha desestimado tal queja, entendiendo que lo que se discute es una cuestión de mera 
legalidad ordinaria y, aplicando el canon propio del derecho a obtener una resolución 
fundada  en  Derecho,  concluye  que  la  argumentación  de  la  sentencia  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que desvincula la calificación del despido de la nulidad 
de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales «no puede ser tildada  e.e
de arbitraria o manifiestamente irrazonable». En mi opinión, por el contrario, debería  b
haberse otorgado también el amparo por este motivo, como solicitó el Ministerio Fiscal,  07ww
pleogra 1llai.ds a rdLa ozo orqndueinesa  qrsiuaee.   sEpoal mspoer otaíba el exampl oaen xseaorm.breen  lad ec oensstied etrraibcuiónna l qnuoe  edse buenna  temneerra  locsu edsetrióenc hdoes   OE-A-2021-66able en https://
fundamentales y sobre las consecuencias que ha de producir su vulneración, es una
cuestión que entra de lleno dentro de las competencias de este tribunal, y que no puede 
ser eludida invocando la legalidad ordinaria, pues no resulta indiferente la interpretación 
que se dé al art. 55.5 LET, en la medida en que se está refiriendo a discriminaciones 
contrarias a la Constitución y a la violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas  del  trabajador  o  de  la  trabajadora.  Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  una 
resolución judicial que se encuentra cualificada en razón de los derechos fundamentales 
a cuya efectividad sirve, en este caso, el precepto legal cuya interpretación discute la 
actora, «sin que a este tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través 
del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se 
impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el 
derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede producirse un efecto derivado o 
reflejo  sobre  la  reparación  del  derecho  fundamental  cuya  invocación  sostenía  la 
pretensión ante el órgano judicial, con independencia de que la declaración de la lesión 
sea sólo una de las hipótesis posibles» (SSTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3; 112/2004, 
de 12 de julio, FJ 4; 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3, y 196/2005, de 18 de julio, FJ 3). 
Queda claro, por consiguiente, que lo que ha sido sometido al enjuiciamiento de este 
tribunal dista mucho de ser una cuestión de simple legalidad ordinaria desprovista del 
imprescindible empaque constitucional. Por el contrario, la doctrina reseñada, que este 
tribunal ha mantenido en no pocos supuestos de interpretación y aplicación del art. 55.5 
LET, obligaba a profundizar en si el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia era 
constitucionalmente aceptable o no, sin limitarse a enjuiciarlo desde el simple prisma del 
derecho a obtener una resolución que no sea arbitraria, irrazonable o incursa en error 
patente. En efecto, constituye doctrina consolidada de este tribunal que las exigencias 
del derecho a la tutela judicial efectiva «son distintas y más estrictas, "reforzadas" (por 
todas, SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 164/2003, de 29 de septiembre, FJ 5; 
63/2005, de 14 de marzo, FJ 3, y 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3), cuando, a pesar de 
que la decisión judicial no verse directamente sobre la preservación o los límites de un 
derecho fundamental, uno de estos derechos, distinto al de la propia tutela judicial, esté 
implicado (STC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2), esté vinculado (STC 180/2005, de 4 de 
julio, FJ 7), conectado (SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 11/2004, de 9 de febrero, 
FJ 2, y 71/2004, de 19 de abril, FJ 4), o en juego (SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7, 
y 115/2003, de 16 de junio, FJ 3), o quede afectado (SSTC 186/2003, de 27 de octubre, 
FJ 5, y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 3) por tal decisión. En tales condiciones, lo que el 
art. 24.1 CE exige para entender que se ha dispensado una tutela suficiente y eficaz es, 
además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente 
con el derecho fundamental que está en juego (SSTC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2, 
y  63/2005,  de  17  de  marzo,  FJ  3),  que  exprese  o  trasluzca  "una  argumentación 
axiológica que sea respetuosa" con su contenido (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3)» 
(STC 92/2008, de 21 de julio, FJ 6). La sentencia de la que disiento ha olvidado por 
completo  este  canon  y  ha  tratado  la  cuestión  como  un  supuesto  más  de  posible 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siguiendo, por ello, un camino 
erróneo a la hora de abordar el análisis del problema que se le planteaba.
2.  Partiendo de la doctrina anterior, este tribunal no puede soslayar, como punto de 
partida,  que  la  empresa  de  la  actora  monitorizó  su  ordenador  para  controlar  su 
rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, accediendo incluso al contenido 
de sus correos electrónicos privados, y que, a partir de esa ilícita actuación, vulneradora 
de sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones –como 
reconocieron los órganos judiciales–, procedió a su despido disciplinario, principalmente  e.
por la causa derivada de esa monitorización, a la que añadió alguna otra accesoria de  w.b
escasa entidad, insuficiente por sí sola para determinar el despido. Según mi criterio, no  07ww
sdee cjiussiótinfi ceax tlian tiavrati fqicuioes av udlnisetrinac uiónn  dqeuree crheoa lfiuzan dealm Ternibtuanl ayl  aSquupeellroiosr  cdaes oJsu setnic ilao se nqturee  llaa 
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protección de los derechos fundamentales. No podemos olvidar que nuestra doctrina ha
proclamado reiteradamente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de 
los derechos fundamentales (por todas, STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 4). Por 
tanto, cuando dicho precepto se refiere a que el despido es nulo siempre que «se 
produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador», 
ha de entenderse que dicha violación puede tener lugar en cualquier fase del proceso 
que deriva en la definitiva decisión extintiva, porque esa es la exégesis del precepto más 
acorde con su efectividad, y, si se acepta el criterio de la resolución impugnada, se 
degrada  el  valor  y  la  importancia  de  los  derechos  fundamentales,  cuya  lesión,  de 
admitirse esa tesis, podría no llevar aparejada en muchos supuestos la inexcusable 
reacción reparadora.
Lo relevante, por tanto, en el caso que nos ocupa, es que el despido se genera a 
partir de una patente y grave vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente 
a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, es decir, que se produce con violación 
de tales derechos, pues no cabe hacer abstracción del método seguido para respaldar el 
despido,  escindiéndolo  de  este  como  si  fueran  actos  separables,  siendo  así  que 
presentan una unidad de acción y de intención para obtener un resultado determinado. 
No basta, por ello, con declarar que la prueba es ilegal, como si de un procedimiento 
penal se tratara, y se estuviera examinando la cuestión desde la perspectiva de la 
presunción  de  inocencia.  Se  ha  procedido  al  despido  vulnerando  dos  derechos 
fundamentales de la actora y eso no puede tener otra consecuencia que la declaración 
de su nulidad.
Así lo estableció la STC 196/2004, de 15 de noviembre, ante un supuesto en el que 
se había despedido a una trabajadora a partir de un análisis clínico del que se obtuvieron 
datos  relativos  al  consumo  de  estupefacientes,  sin  que  se  le  hubiera  informado 
previamente de la finalidad de aquel. La diferencia con este caso es que en aquel 
supuesto no se reconoció en suplicación la vulneración del derecho a la intimidad (que sí 
había advertido el juzgado de lo social), que hubo de ser declarada por este tribunal, 
mientras que aquí se reconoce paladinamente en vía judicial la vulneración de los 
derechos fundamentales pero no se le da (en suplicación) el alcance que merece. Lo que 
sí es trasladable a este amparo es, precisamente, el efecto que en aquella sentencia se 
dio a la vulneración del derecho fundamental. En su fundamento jurídico 10 se afirma 
que «según constante doctrina de este tribunal (entre otras, SSTC 38/1981, de 23 de 
noviembre; 114/1989, de 22 de junio; 186/1996, de 25 de noviembre; 1/1998, de 12 de 
enero; 57/1999, de 12 de abril; 20/2002, de 28 de enero, o 49/2003, de 17 de marzo), la 
reparación de la lesión de un derecho fundamental que hubiese sido causado por el 
despido laboral, debe determinar la eliminación absoluta de sus efectos, es decir, la 
nulidad del mismo», lo que le llevó a acordar la anulación de la sentencia impugnada y 
declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social, que sí había declarado la 
nulidad del despido en aplicación del art. 18.1 CE.
La sentencia a la que formulo este voto trata de salvar este escollo descalificando la 
STC 196/2004 con el argumento de que ninguna de las sentencias en las que se 
sustenta la misma se refería a un supuesto de prueba ilícita. Pero, aunque ello fuera así, 
no se puede ignorar el hecho de que dicho pronunciamiento sí trataba de un caso de 
prueba ilícita, y establecía una clara doctrina sobre el modo de proceder en supuestos 
como ese, doctrina que se desatiende, en un claro overruling, sin pasar por el preceptivo 
trámite de elevar el recurso al Pleno de este tribunal, como exige nuestra ley reguladora 
en su art. 13 para modificar una doctrina previa «cuando una Sala considere necesario 
apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el  s
tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno». oe.
3.  No puede enervar la anterior calificación del despido como nulo el dato de que se  07ww
pinluclruicyaeurasanl . oAtrnotse  heesceh roasz oenna mlaie ncator tad ed ela  dseesnpteidnoc,i ac doem ola  sqi usee d itsractraerpao ,d dee buon  rdeecsoprdidaor 
aaqquueí lllao sd odcetsripniad oess tdaibslceicpildinaa rpioosr  eesnt elo tsri bquunea, l fsreonbtree  alo lso sd einsdpiicdiooss  «dpel ulerisciaóuns daele su»n,  deesrtoe cehso, 
fundamental, el empresario alcanza a probar que el despido obedece realmente a la
concurrencia de incumplimientos contractuales del trabajador que justifican la adopción 
de la medida extintiva (STC 48/2002, de 25 de febrero, FJ 8). La STC 7/1993, de 18 de 
enero, en su FJ 4, resume dicha doctrina, señalando que, cuando se ventila un despido 
«pluricausal», en el que confluyen, una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros 
eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo 
pueda considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales «que el 
empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable», y 
que  esta  «permita  excluir  cualquier  propósito  discriminatorio  o  contrario  al  derecho 
fundamental invocado». En tales casos, «el empresario ha de probar, tanto que su 
medida es razonable y objetiva, como que no encubre una conducta contraria a un 
derecho fundamental, debiendo alcanzar necesariamente dicho resultado probatorio, sin 
que baste el intentarlo».
Pues bien, en este supuesto no tiene cabida dicha doctrina, ya que, como la propia 
sentencia  impugnada  reconoce,  el  empleador  no  ha  acreditado  la  concurrencia  de 
circunstancias suficientes para proceder al despido disciplinario al margen de la que trae 
causa  de  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  de  la  actora;  esto  es,  la 
sentencia admite, de forma que no deja lugar a dudas, que no existe causa para 
despedir disciplinariamente a la recurrente, porque, al margen del motivo respaldado por 
la flagrante lesión de los derechos fundamentales de la recurrente a la intimidad y al 
secreto de las comunicaciones, el empleador no ha demostrado la existencia de causas 
objetivas y razonables suficientes que hubieran permitido despedirla disciplinariamente. 
Así lo ha entendido también el Ministerio Fiscal, para el que las otras circunstancias no 
son hechos de tanta gravedad como para constituir una infracción laboral susceptible de 
ser sancionada con el despido, que únicamente estaría justificado en virtud de los que 
son el resultado de la actividad vulneradora de los derechos fundamentales, de manera 
que el despido se encuentra en conexión directa con la violación de los derechos, ya 
que, al margen de esta, no hay un verdadero motivo de despido.
Por consiguiente, no hay más despido que el producido con vulneración de los 
indicados derechos fundamentales, lo que debería haber determinado que este tribunal 
estimara también el primer motivo de amparo, al existir una clara vulneración del art. 24.1 
CE, en relación con el art. 18.1 y 3 CE, por parte de la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en cuanto no mantuvo que el despido debía considerarse nulo, tal y 
como, de manera acertada, entendió el juzgado de lo social.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.