BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 9 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 151475
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20344 Resolución  de  22  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Vitoria n.º 3 a inscribir una escritura de 
aportación a la sociedad de gananciales.
En el recurso interpuesto por don M. A. B., en nombre y representación de doña P. G. 
C., contra la negativa del registrador de la Propiedad de Vitoria número 3, don Alberto 
Montes O’Connor, a inscribir una escritura de «aportación a la sociedad de gananciales».
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 31 de marzo de 2021 por la notaria de Vitoria, 
doña  Blanca  Palacios  Guillén,  con  el  número  1.262  de  protocolo,  se  formalizó  la 
aportación por doña P. G. C. de determinada finca a la «sociedad de gananciales» 
pactada con don R. E. M. con quien integraba una pareja de hecho inscrita en el Registro 
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual se acreditaba 
mediante certificación de dicho Registro incorporada al título en la que constaba que 
existía el siguiente «pacto regulador de las condiciones económicas de la pareja: Bienes 
Gananciales».
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Vitoria número 3, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada N.º: 1524 del 06/04/2021 a las 11:58.
Asiento N.º: 1236 del Diario: 65 Presentado el 06/04/2021.
Presentante: Tecnotramit SL.
Interesados: R. E. M./P. G. C.
Protocolo N.º: 1262/2021.
Notario: Blanca Palacios Guillén.
Asunto: Devolución por falta de subsanación de Defecto/s.
Presentado testimonio electrónico expedido por la misma notario autorizante con 
fecha treinta de junio de dos mil veintiuno de Diligencia de subsanación de igual fecha –
en la cual se hace constar el estado civil de los otorgantes–, no se altera la calificación 
anteriormente notificada por no haber sido subsanados los defectos indicados en el 
escrito previamente notificado.
La calificación anteriormente notificada es la siguiente:
“Registro de la Propiedad 3 de Vitoria-Gasteiz.
Notificación de calificación negativa. e.
Presentante: Tecnotramit SL. w.b
Protocolo N.º: 1262/2021. 344ww
NAsoiteanritoo:  NB.lºa:n 1c2a3 P6 adlaecl iDoisa rGiou:i l6lé5n..
Hechos
I.  La  escritura  de  referencia  fue  presentada  telemáticamente  el  día  6  de  abril 
de 2021 suspendiéndose la práctica de las operaciones de calificación e inscripción por 
no acreditarse la presentación del título en la Oficina Liquidadora y en el Ayuntamiento 
para liquidación del [sic] los tributos, correspondientes. El 5 de mayo del corriente ha 
sido  presentada  carta  de  pago  del  impuesto  de  transmisiones  y  justificación  de 
presentación a liquidación del impuesto municipal.
II.  En la escritura objeto de calificación se formaliza la aportación por D.ª P. G. C. de 
una finca radicante en la demarcación de este Registro de la Propiedad a la sociedad de 
gananciales pactada con D. R. E. M. con quien integra una pareja de hecho inscrita en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual se 
acredita mediante certificación del Registro incorporada al título.
III.  En el título no consta el estado civil de los otorgantes, –defecto subsanado–
Fundamentos de Derecho
Primero.
El apartado a) de la regla novena del artículo 51 del Reglamento Hipotecario impone 
la identificación de los adquirentes en la inscripción, haciendo constar los siguientes 
datos o circunstancias: “Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y 
apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor, de edad o, en otro caso, la 
edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, 
casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se 
inscriba  a  los  derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  el  régimen 
económico  matrimonial  y  el  nombre  y  apellidos  y  domicilio  del  otro  cónyuge;  la 
nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con 
las circunstancias que lo concreten.
El  estado  civil  y  el  matrimonio,  en  su  caso,  determinan  el  carácter  privativo  o 
ganancial de la adquisisión [sic] o el régimen aplicable a la misma en caso de ser otro el 
régimen legal vigente entre los cónyuges conforme a su legislación personal, común foral 
o extranjera o a lo pactado en capitulaciones matrimoniales inscritas en el Registro Civil. 
La exigencia legal de determinación registral de tales datos se funda en el interés de 
terceros en conocer el carácter de la adquisición determinado por el estado civil y, en su 
caso, por el régimen económico matrimonial.
La vigencia de una pareja de hecho entre dos personas no resulta determinante del 
estado  civil  de  las  mismas.  No  implica  que  los  unidos  en  tal  relación  sean 
necesariamente solteros, casados, viudos, separados o divorciados, dato jurídicamente 
relevante e independiente de su condición de integrantes de la pareja.
Segundo.
La  vigencia  de  una  relación  de  pareja  de  hecho  entre  dos  personas  y  su 
formalización en un registro administrativo como son los registros de parejas de hecho, 
sin perjuicio de sus efectos entre las partes, cuya libertad individual les permite pactar 
entre ellos las relaciones patrimoniales que tengan por conveniente, carece de eficacia 
respecto de terceros, como explica la resolución de 7 de febrero de 2013 de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado.
Es decir, sin perjuicio de que los adquirentes, al amparo del principio de autonomía  es
de la voluntad puedan establecer, con validez entre las partes, los pactos que tengan por  o
conveniente, como admite el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de mayo de 1998,  344ww
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favor de quienes integran una pareja de hecho por ser este un régimen económico 
matrimonial cuya vigencia frente a terceros exige la celebración del matrimonio.
Por lo que, en consideración a los anteriores hechos y fundamentos jurídicos se 
deniega la inscripción de la finca como bien ganancial.
La falta de expresión de la condición de solteros, casados, viudos, separados o 
divorciados de los otorgantes es un defecto subsanable. La aportación a gananciales, sin 
perjuicio de su validez entre partes, no lo es por los motivos indicados. Sería inscribible 
la transmisión de una mitad indivisa en condominio ordinario.
Contra la presente calificación registral cabe (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Alberto Juan 
Montes O’connor registrador/a de Registro Propiedad de Vitoria-Gasteiz 3 a día quince 
de Julio del año dos mil veintiuno».
III
Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la 
Propiedad de Éibar, doña Gemma María Celdrán Canto, quien, con fecha 11 de agosto 
de 2021, confirmó en todos sus extremos la calificación del registrador sustituido.
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don M. A. B., en nombre y representación de 
doña P. G. C., interpuso recurso el día 9 de septiembre de 2021 mediante escrito con las 
alegaciones siguientes:
«(…) Que, dicho documento, al ser la aportación contenida en el mismo uno de los 
hechos  sujetos  a  inscripción  en  atención  al  artículo  1  de  la  Ley  Hipotecaria,  fue 
presentado para su inscripción, siendo calificado negativamente, en primer lugar por el 
Sr.  Registrador  de  Vitoria-Gasteiz  número  3,  D.  Alberto  Montes  O’Connor,  y 
posteriormente  ratificada  dicha  calificación  negativa  mediante  calificación  sustitutoria 
emitida por la señora Registradora de Éibar, Gemma Celdrán Canto, al considerar 
ambos que los integrantes de una pareja de hecho pueden establecer los pactos que 
consideren a fin de regular las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su 
unión, sin que quepa inscribir la adquisición de un bien inmueble con carácter ganancial 
a favor de los integrantes de una pareja de hecho por ser éste un régimen económico 
matrimonial que sólo estará vigente frente a terceros previa celebración de dicha unión 
matrimonial.
Que  conforme  a  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 7 de febrero de 2013, los convivientes de una pareja de hecho pueden 
regular las consecuencias de su estado como tengan por conveniente.
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la Ley 2/2003 de 7 de mayo 
reguladora de las parejas de hecho en el País Vasco, las parejas de hecho tienen 
absoluta libertad de regulación de las relaciones personales y patrimoniales derivadas de 
su unión.
Que, en consecuencia de lo anterior, la exigencia de la existencia de un vínculo 
matrimonial para la admisión de la aplicabilidad de un determinado régimen patrimonial, 
y con ello de la inscripción del correspondiente título de propiedad, sería constitutivo de  e.e
un hecho discriminatorio, tal y como ha puesto de relieve el Defensor del Pueblo en  w.b
relación al caso de referencia, pues le impediría dar cumplimiento a la libertad de  344ww
dreisgpuolascicióionn dees  alonst eerfioercetoss. de su unión, libertad que le es reconocida en aplicación de las
solicEitna  cqounes esceu epnrocciae,d ya  dae  lac oinnsfocrrmipicdiaódn  cdoen  lac ueasnctroit uarnat edcee daep,o yrt accoimóno  ap alart es oinctieerdeasda ddae, 
gananciales indicada en el punto primero, por cuanto es su voluntad que la finca objeto
de dicho documento pertenezca a ambos intervinientes en régimen de gananciales, tal y 
como  queda  manifestado  de  forma  expresa  e  inequívoca  en  el  documento  cuya 
inscripción se insta».
V
Mediante escrito, de fecha 18 de septiembre de 2021, el registrador de la Propiedad 
de Vitoria número 3, don Alberto Montes O’Connor, elevó el expediente a este Centro 
Directivo, con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 10.1 y 149.1.8.ª de la Constitución Española; 1255 y 1365 del 
Código Civil; 4 y 5 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 2/2003, 
de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco;  los  artículos  1,  18,  325  y  326  de  la  Ley  Hipotecaria;  385  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil; la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; las Sentencias del 
Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 1990, 12 de septiembre de 2009 y 23 de 
abril de 2013; las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1995, 27 de mayo 
de 1998, 18 de febrero 2003, 12 de septiembre de 2005, 8 de mayo de 2008 y 15 de 
enero  de  2018;  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 7 de febrero y 12 de junio de 2013, 22 de julio de 2016, 2 de febrero 
de 2017 y 11 de junio de 2018, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 21 de junio de 2021.
1.  El título cuya calificación es objeto de este recurso es una escritura, otorgada por 
los integrantes de una pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  por  la  que  una  de  tales  personas  –ahora 
recurrente– aporta determinada finca a la «sociedad de gananciales». En esta escritura 
se incorpora certificación de dicha inscripción en la que consta que existe el siguiente 
«pacto regulador de las condiciones económicas de la pareja: Bienes Gananciales».
El registrador deniega la inscripción solicitada porque entiende que no cabe inscribir 
la adquisición de bienes inmuebles con carácter ganancial a favor de quienes integran 
una pareja de hecho, al ser este un régimen económico-matrimonial cuya vigencia frente 
a terceros exige la celebración del matrimonio.
La recurrente alega que, conforme al artículo 5 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco las parejas de hecho tienen absoluta libertad de 
regulación de las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su unión, por lo que 
la  exigencia  de  la  existencia  de  un  vínculo  matrimonial  para  la  admisión  de  la 
aplicabilidad de un determinado régimen patrimonial, y con ello de la inscripción del 
correspondiente título de propiedad, sería constitutivo de un hecho discriminatorio.
2.  Como indicó este Centro Directivo en Resolución de 11 de junio de 2018, cabe 
recordar que el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de mayo de 1998, confirmada 
por otras de fecha posterior (Sentencias de 18 de febrero 2003, 12 de septiembre 
de 2005, 8 de mayo de 2008, o 15 de enero de 2018) afirmó que: «(...) Naturalmente que 
cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su estado como tengan por 
conveniente,  respetando  los  límites  generales  del  artículo  1.255  C.c.;  o  bien  que 
conductas significativas o de actos con ese mismo carácter patenticen que quieran 
constituir una sociedad o una comunidad de bienes (...)». e.e
En  el  mismo  sentido  se  pronunció  el  Tribunal  Constitucional,  en  la  Sentencia  b
número 93/2013, de 23 de abril, dictada a propósito del recurso de inconstitucionalidad  344ww
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esfera jurídica de ese espacio propio, ordenando por sí mismos su ámbito privado, el
conjunto de derechos, facultades y relaciones que ostenten, si bien dentro de ciertos 
límites impuestos por el orden social, ya que la autonomía privada no es una regla 
absoluta. Así, el art. 1255 del Código civil plasma el principio de autonomía de la 
voluntad en las relaciones contractuales privadas, y dispone que los contratantes pueden 
establecer  todos  los  pactos,  cláusulas  y  condiciones  que  tengan  por  conveniente 
“siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”».
Los convivientes pueden alcanzar pactos tendentes a regular las consecuencias 
patrimoniales  de  su  unión,  siempre  que  no  sean  contrarias  a  los  referidos  límites 
generales. Así, podrán pactar válidamente entre ellos que les sean de aplicación las 
normas que disciplinan, en general, los distintos regímenes económicos-matrimoniales, y 
en concreto el de la sociedad de gananciales, bien por remisión a los artículos que 
regulan dicho régimen económico matrimonial, bien por la adopción de pactos concretos 
que  tradujeran  en  el  convenio  entre  convivientes  las  normas  de  la  sociedad  de 
gananciales.
3.  No obstante, debe recordarse el criterio sentado por esta Dirección General en 
Resolución de 7 de febrero de 2013.
Ciertamente, no está regulada en las leyes una aplicación genérica y en bloque del 
estatuto ganancial al régimen de convivencia, incluso cuando haya sido objeto de un 
pacto expreso de remisión. En este sentido, resulta difícil extender una organización 
jurídica basada en el carácter público del estatuto conyugal a unas relaciones personales 
que, desde el punto de vista jurídico –no así desde el social–, destacan precisamente, 
por lo contrario. Esto es así por los siguientes motivos: a) la imposibilidad de crear una 
sociedad de gananciales –que es un régimen económico-matrimonial– sin matrimonio; b) 
falta de publicidad de la misma frente a terceros, y c) la imposibilidad de pactar entre los 
convivientes  capítulos  matrimoniales;  y,  dado  que  los  regímenes  económicos-
matrimoniales sólo pueden establecerse a través de capitulaciones matrimoniales, de 
ello se derivaría que los convivientes no pueden pactar que entre los mismos rijan las 
normas  reguladoras  de  un  régimen  económico  como  es  el  de  la  sociedad  de 
gananciales. Así pues, carece de sentido aplicar a las uniones extramatrimoniales el 
régimen legal supletorio de la sociedad de gananciales, incluso mediante pacto expreso 
de los convivientes.
Como pone de relieve la misma Resolución, mediante pacto expreso se puede 
admitir la posibilidad de que los convivientes, valiéndose de los medios de transmisión 
ordinarios –sea permuta, donación, sociedad civil o incluso irregular–, puedan conseguir 
que todos o parte de los bienes de titularidad de uno de ellos lleguen a pertenecer a 
ambos «pro indiviso», sujetándose a las normas generales de la comunidad ordinaria y 
de la contratación. Junto a lo anterior es evidente que en el momento de adquirir un bien 
o derecho concreto puede adquirirse en comunidad por ambos convivientes, versando 
dichos pactos sobre bienes o derechos concretos. Cabe una comunidad de bienes entre 
los convivientes, si queda acreditado que tenían una inequívoca voluntad de hacer 
común la vivienda. De no acreditarse el pacto expreso o tácito de constitución de una 
comunidad, deviene obligado concluir su inexistencia. A falta de pacto expreso, las 
participaciones en esa comunidad serán por partes iguales.
Además, como recuerda la misma Resolución de 7 de febrero de 2013, el documento 
donde consten los pactos será inscribible en el Registro de Parejas de Hecho, pero 
nunca perjudicarán a terceros. Tales consideraciones se expresan respecto de la Ley 
andaluza de parejas de hecho, pero, según la Resolución de 11 de junio de 2018 antes 
citada, deben considerarse también aplicables a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora  s
de las parejas de hecho, del País Vasco, por cuanto su contenido en este punto es  oe.
prácticamente idéntico (pues fija la plena libertad de pactos para establecer el régimen  w.
económico de la relación de la pareja estable y de la compensación por disolución, así  344ww
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el carácter de registro jurídico. Lo mismo ocurre con el Registro Civil, y de la Exposición 
de Motivos de la Ley 20/2011, de 21 de julio, se deduce de forma clara el carácter 
jurídico de este Registro. Esta circunstancia hace que los documentos y títulos que 
contienen  los  actos  y  negocios  que  resulten  inscritos  en  estos  Registros  hagan 
publicidad en perjuicio de terceros de los derechos que resulten de los mismos. A 
diferencia de éstos, el Registro de Parejas de Hecho es un Registro administrativo y por 
tanto su contenido no perjudica a tercero.
Según los razonamientos precedentes, este Centro Directivo (en un caso en que se 
planteaba si podía inscribirse una compra de vivienda en favor de los integrantes de una 
pareja de hecho con carácter privativo y por mitades indivisas por mero acuerdo de 
aquéllos, habida cuenta de que tal pareja, con ocasión de su inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho del Gobierno Vasco, acordó expresamente someterse al régimen 
económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales  previsto  por  el  Código  Civil) 
concluyó en la citada Resolución de 11 de junio de 2018 que el régimen de la sociedad 
de gananciales no resulta de aplicación a los efectos de la publicidad «erga omnes» 
consustancial al Registro de la Propiedad, a pesar de haber sido pactado expresamente, 
sin  que  pueda  admitirse  lo  que  ha  sido  calificado  por  algún  sector  doctrinal  y 
jurisprudencial  como  «matrimonio  parcial»,  limitado  únicamente  a  los  efectos 
económicos;  si  bien  ello  no  obsta  para  que,  en  aras  a  la  voluntad  expresamente 
declarada  de  los  convivientes  de  hacer  comunes  los  bienes  adquiridos  durante  la 
convivencia, puedan éstos inscribirse a nombre de aquéllos, pero deberá realizarse por 
medio de figuras como la de la sociedad particular, universal o la comunidad de bienes.
A estas consideraciones debe añadirse que el régimen de gananciales no sólo afecta 
a los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí, sino que se proyecta a las 
relaciones con terceros y en el tráfico jurídico, por lo que requiere dotar a dicho régimen 
de  la  suficiente  publicidad  mediante  el  correspondiente  registro  jurídico  (cfr. 
artículo 149.1. 8.ª de la Constitución Española).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.