BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138679
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18375 Pleno. Sentencia 172/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
avocado 4119-2020. Promovido por doña Felisa Portillo Sánchez respecto de 
las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  País  Vasco  que  desestimaron,  en  casación  y 
suplicación, su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez 
derivada  de  contingencia  común.  Vulneración  del  derecho  a  no  padecer 
discriminación por razón de discapacidad: diferencia de trato no prevista 
normativa  y  carente  de  justificación  objetiva  y  razonable  derivada 
exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación 
anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:172
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 4119-2020, promovido por doña Felisa 
Portillo Sánchez, contra la sentencia núm. 512/2020, de 24 de junio, dictada por el Pleno 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, desestimatoria del recurso de casación 
para  unificación  de  doctrina  núm.  1411-2018,  interpuesto  contra  la  sentencia 
núm. 81/2018, de 16 de enero de 2018, también impugnada, dictada por la misma Sala 
pero  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco,  recaída  en  el  recurso  de 
suplicación núm. 2487-2017, que había estimado el recurso de suplicación interpuesto 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) contra la sentencia 
núm. 194/2017, de 12 de julio del Juzgado de lo Social núm. 2 de San Sebastián, que, 
por el contrario, había estimado la demanda interpuesta por la ahora recurrente en 
amparo contra las resoluciones de la dirección provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Gipuzkoa, de 5 de octubre y 26 de diciembre de 2016, que le habían 
denegado el reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común. Ha sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes e.
1.  Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 31 de  375ww
angoomsbtore  dye  r2e0p2re0s, elnat apcrióonc urdaed odroañ ad eF eloliss at riPbourntaillloe s Sdáonñcah eVz,a lednetfiennad idLaó ppeoz r Veall elreotr, aedno 
jduodnic iaRlaefsa eql uGe oisríea  cGitoannz áelenz ,e li nteenrpcaubsoe zaremciuernstoo , dpeo ra mvpualnreor accoiónntr ad ela ss urse sodleurceiochnoess 
fundamentales a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (art. 14 CE), en relación 
con los arts. 9.2 y 49 CE; así como a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  La recurrente, doña Felisa Portillo Sánchez, nacida el 4 de septiembre de 1954, 
ejerció su profesión como vendedora de cupones para la entidad Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE), con alta en el sistema de Seguridad Social desde el 1 de 
septiembre de 1987. En fecha 31 de agosto de 2013 accedió a la situación de jubilación 
por discapacidad. Encontrándose en esa situación, en el mes de julio de 2016 solicitó 
del INSS el reconocimiento de la incapacidad permanente por contingencia común, en 
grado de gran invalidez o, subsidiariamente, la incapacidad permanente absoluta. En su 
solicitud alegó su discapacidad reconocida de más del 64 por 100, como consecuencia 
de su deficiencia visual severa, que requería la ayuda de una tercera persona.
b)  En el expediente tramitado ante el INSS consta el reconocimiento de un grado 
de discapacidad del 93 por 100, concedido por el Departamento de políticas sociales de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Igualmente, en el informe del equipo de valoración de 
incapacidades de la dirección provincial del INSS se reseña lo siguiente:
– Cuadro clínico residual: «ceguera de OD y AVOI: 0,10 con campo visual central 
menor de 10° Gastritis crónica moderada severa con presencia de metaplasia intestinal 
gástrica  incompleta.  Lumbalgia  crónica  mecánica,  estenosis  lumbar,  lumbociatalgia 
izda. DM/HTA/hipercolesterolemia. Hipopituitarismo y DNII.SD silla turca vacía».
– Limitaciones orgánicas y funcionales: «Deficiencia visual severa. Ceguera limitada 
para realizar tareas físicas de requerimiento moderado-leve, con adopción de posturas 
de flexoextensión de CV, manejo de pesos. Bipedestación mantenida sin posibilidad de 
cambio postural».
– Propuesta: «no calificación del trabajador […] como incapacitado permanente, por 
no  presentar  reducciones  anatómicas  o  funcionales  que  disminuyan  o  anulen  su 
capacidad laboral».
c)  El  día  5  de  octubre  de  2016  el  INSS  acordó  denegar  la  prestación  por 
incapacidad permanente, por las siguientes causas:
– «Porque la deficiencia visual severa que padece es previa al inicio de su actividad 
laboral de vendedora de cupones.
– Por  ser  en  la  fecha  del  hecho  causante  de  la  presentación  de  incapacidad, 
pensionista de jubilación, según lo dispuesto en los artículos 195.1 y 3, y 200.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre (BOE de 31-10)».
d)  En fecha 30 de noviembre de 2016, la recurrente presentó una reclamación 
administrativa previa que fue desestimada por resolución del INSS de 26 de diciembre 
siguiente. Los motivos que se hicieron constar en la desestimación fueron los siguientes: 
«No presentar nuevas pruebas médicas que hagan modificar la resolución recurrida, 
ratificando que se trata de un trabajador de la ONCE, que con anterioridad a su alta en 
el Sistema de la Seguridad Social presentaba patologías que hacían necesaria la ayuda 
de tercera persona, sin que dichas dolencias se hayan visto agravadas por unas nuevas 
lesiones que le impidiesen desarrollar el trabajo que venía desempeñando hasta su 
jubilación. En la actualidad (desde el 1/9/2013), se encuentra jubilado anticipadamente  es
en razón de su discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 de la Ley  o
General de la Seguridad Social». 375ww
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incapacidad permanente en grado de gran invalidez por contingencia de enfermedad
común», condenando al INSS al abono de la prestación correspondiente, sobre las 
bases indicadas en la propia sentencia.
En esta resolución, tras dejar constancia de los antecedentes fácticos y de las 
posiciones de las partes, el juzgado reproduce la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo sobre la «posibilidad de declarar la invalidez en situación de jubilación», con 
reseña parcial de la sentencia de 21 de enero de 2015, que se remite, a su vez, a 
las SSTS de 22 de marzo de 2006 y de 13 de junio de 2007. Conforme a esa doctrina, 
«al amparo de los arts. 195, 205 y disposición transitoria séptima del TRLGSS, no 
habiendo cumplido la parte actora la edad para causar la pensión de jubilación ordinaria 
(65 años y cuatro meses en el año 2016), debe entenderse que la misma puede ser 
afecta a una invalidez laboral».
A continuación, el juzgado define la gran invalidez y el grado de disminución visual 
requerido para determinar esa situación, por remisión a las sentencias de 22 de enero 
de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y de 31 de marzo de 2015 del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respectivamente. Además, a partir de la cita 
de la STS de 6 de noviembre de 2008 y de la doctrina contenida en ella, el órgano 
judicial de instancia recuerda que la situación a tener en cuenta es la que el trabajador 
presenta en el momento en que se inicia el expediente de incapacidad. De esta forma, la 
«patología previa a la afiliación no impedirá la calificación de IP "cuando se trate de 
personas minusválidas y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan 
agravado,  provocando  por  sí  mismas  o  por  concurrencia  con  nuevas  lesiones  o 
patologías, una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado 
en el momento de su afiliación"».
En el presente caso, el Juzgado de lo Social constata que la recurrente «padece ya 
una grave limitación visual, la cual, ya de por sí determinaría en la mayor parte de los 
casos una incapacidad laboral. De tal modo que, aun cuando la misma existiera ya en el 
momento de iniciar la actividad laboral, no por ello deben obviarse los inconvenientes y 
dificultades ínsitas a tal disminución visual, tanto en el orden laboral como en la vida 
diaria». Asume así el criterio expuesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco de 8 de abril de 2015, cuando señala que «negar a estos trabajadores 
que han llevado una dilatada vida laboral en esas duras condiciones personales la 
protección  económica  cuando  se  sienten  vencidos  por  unas  limitaciones  físicas  o 
psíquicas tan extraordinarias […], supone una lectura equivocada del modo en que ha de 
valorarse su capacidad laboral residual».
Concluye entonces el órgano judicial que «las personas ciegas, con independencia 
de su mejor o peor adaptación a la vida, o el haber desarrollado una dilatada vida 
laboral, objetivamente requieran la ayuda de terceros para los actos esenciales de la 
vida. Aun cuando se trate de una ayuda parcial y discontinua», el juzgado opta por 
declarar  la  situación  de  «gran  invalidez  con  independencia  de  que  la  situación  de 
ceguera  o  casi  ceguera  existiera  con  anterioridad  al  inicio  del  curso  laboral»,  aun 
cuando, según refiere, existieran dudas jurisprudenciales al respecto.
f)  La sentencia del Juzgado de lo Social fue recurrida en suplicación por el INSS. El 
recurso fue estimado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en sentencia 81/2018, de 16 de enero, que es objeto de impugnación en este 
procedimiento de amparo.
Para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el criterio sostenido en la 
instancia pasa por «equiparar [este] caso a los que se plantean con respecto de casos 
de jubilación anticipada por razón de extinción de contrato de trabajo por causa no  s
imputable al trabajador y la jurisprudencia a la sazón imperante». Sin embargo, la Sala  oe.
considera que «ni la letra ni el espíritu legislativo que rige su redacción permite tal  w.
asimilación». A su juicio, el «pilar sobre el que descansa la Ley es que se acceda a la  375ww
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art. 205.1 a) LGSS para acceder a la jubilación. La recurrente no tenía la edad que, de 
ordinario y en términos generales, suele ser la fijada para la jubilación ordinaria.
No obstante, se accedió «con plena legitimidad a esa jubilación con edad anticipada 
a la generalmente fijada y lo hizo por la vía excepcional prevista en el artículo 206 de 
la Ley General de la Seguridad Social». Este precepto regula dos supuestos distintos: la 
«jubilación anticipada por razón de actividad o en caso de discapacidad» tal y como 
literalmente dice su título. «En ambos casos se parte de que se genera el derecho a la 
prestación de jubilación con una edad rebajada con respecto de la que es la ordinaria 
para acceder a la jubilación en el régimen público de Seguridad Social». La Sala admite 
que existen tres sentencias del Tribunal Supremo (de fechas 21 de enero de 2015, 13 de 
junio de 2007 y 22 de marzo de 2006) que reconocen el derecho a pedir la incapacidad 
permanente a personas jubiladas anticipadamente, siempre que no se haya alcanzado la 
edad  ordinaria  de  jubilación.  Pero  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco 
considera que se trata de supuestos diferentes, ya que esos tres casos «se refieren a 
una jubilación anticipada por pérdida de empleo del trabajador por causa al mismo no 
imputable», es decir, se trata del supuesto previsto en el art. 207 LGSS, mientras que el 
caso que nos ocupa aparece regulado en el art. 206 LGSS. De hecho, «los efectos que 
en la prestación de jubilación genera esa petición anticipada también son distintos. En 
efecto, en aquellas situaciones, dada esa pérdida de empleo y la importante carrera 
previa de cotización que se supone al llegar a concretas edades, se permite a esa 
persona acceder a una jubilación en edad anterior a la ordinaria. Como contrapartida: 
hay una merma relevante en el importe de la prestación a cobrar si la comparamos con 
la prestación que correspondería caso de llegar a la edad ordinaria de jubilación. Este 
efecto no se produce en casos como el que son objeto de esta sentencia, donde no se 
prevé esa merma en la cuantía de la prestación en función de los años pendientes hasta 
llegar a la edad ordinaria».
Eso no significa que los dos casos previstos en el art. 206 LGSS no puedan, a su 
vez, beneficiarse de la vía del art. 207 LGSS, «pues no hay precepto legal que lo 
prohíba». Por ello, en estos casos también es «necesario determinar si a esa jubilación 
se ha accedido solo considerando la vía del artículo 206 o combinando ésta con la del 
artículo 207». En nuestro caso, no se discute que «estamos en el primer supuesto y, por 
tanto, […] no procede el efecto de merma en el importe de la prestación que sí que se 
produce  en  el  supuesto  del  artículo  207,  que  es  al  que  se  refieren  aquellas  tres 
sentencias […]. De ser un supuesto de concurrencia de ambas situaciones otro sería el 
sentido de esta sentencia […]. Pero no lo es».
En definitiva, «en estos concretos casos de acceso a la jubilación anticipada y por la 
exclusiva vía del artículo 206 y en relación al anticipo de la edad de jubilación por razón 
de discapacidad, lo razonable es fijar como tope para pedir la incapacidad permanente 
esa edad ordinaria, pero reducida también en aquellos percentiles que se consideraron 
para acceder a la jubilación» por razón de discapacidad.
g)  La ahora demandante de amparo interpuso recurso de casación para unificación 
de doctrina, que fue resuelto por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en 
la sentencia 512/2020, de 24 de junio, también impugnada ahora. Como señala en su 
fundamento jurídico primero, la cuestión controvertida es la presunta «vulneración de los 
arts.195 y 205.1 a) LGSS», solicitándose «el reconocimiento de prestación de gran 
invalidez por ceguera, tras haber accedido a la jubilación anticipada por aplicación de 
coeficientes reductores de la edad para personas con discapacidad. La cuestión versa, 
en definitiva, sobre la posibilidad de obtener el reconocimiento de una prestación de gran  s
invalidez  desde  una  situación  de  jubilación  por  discapacidad».  Como  sentencia  de  oe.
contraste se aporta la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid,  w.
de 29 de septiembre de 2017 (recurso 157-2017), concurriendo «la identidad necesaria  375ww
paraE al pTrreibcuianra ql uSeu psruesm poro dneusnecsiatimmiae netlo rse csuorns oco dnetr acadsicatociróions, »c.onfirmando así la sentencia
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deliberado y resuelto en la misma fecha, por concurrir identidad de objeto. A tal efecto, 
se señala que «del acceso a la prestación de incapacidad permanente se excluye a 
quien a la fecha del hecho causante ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, 
prevista en el art. 205.1 a) y reúna los requisitos para su reconocimiento.
Esta referencia a la edad de jubilación que se hace en los arts. 195, 196 y 200 de 
la LGSS, […] debe ser interpretada en atención al variado régimen jurídico que rodea a 
la protección de dicha contingencia. En efecto, la protección de la contingencia de 
jubilación que contiene el régimen jurídico del Sistema de la Seguridad Social no es 
único,  sino  que  en  él  se  regulan  diferentes  modalidades  que  atienden  a  diversas 
circunstancias, ya personales o profesionales. […]
Las diversas modalidades de jubilación tienen elementos comunes que, a su vez, se 
configuran de formas diferentes. Estos elementos comunes pero diferenciados vienen 
identificados con la edad de acceso a la protección, periodos de cotización y cuantía de 
la pensión.
El elemento configurador de la protección por jubilación que aquí interesa es el de la 
edad de acceso a la misma. Como hemos dicho, la edad general de jubilación es la 
de 67 años o 65, según se alcancen determinados periodos cotizados. Esta edad, o la 
que corresponda según el régimen transitorio (Disposición Transitoria 7.ª de la LGSS), 
puede verse alterada configurando otra modalidad de protección de la contingencia. Así, 
tenemos los supuestos en que la edad ordinaria pasa a ser otra diferente en razón de la 
actividad profesional o de la situación física del trabajador. La primera es la contemplada 
en el art. 206.1 y Disposición Adicional 20.ª de la LGSS y la segunda es la que aquí se 
está debatiendo, conocida como jubilación por discapacidad, del art. 206.2 de la LGSS. 
Junto a ellas existen otras modalidades en las que la contingencia puede retrotraerse –
con [lo] que se accede en un momento anterior al general– ante determinadas causas 
que  se  vinculan  a  circunstancias  diferentes  a  las  anteriormente  mencionadas, 
relacionadas con la vigencia del contrato de trabajo, y que incidirá en el coste de la 
protección (son las recogidas en el art. 207, 208, 215 y Disposición Transitoria 4.ª y 5.ª 
de la LGSS). Con ello queremos poner de manifiesto que la jubilación ordinaria no solo 
es la que establece el art. 205 sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual 
calificativo al constituirse como jubilaciones propias y autónomas, como son las del 
art. 206 de la LGSS y sin coste en la protección. […]
Pues bien, la expresión rebaja o reducción de la edad ordinaria de jubilación no 
puede entenderse en otro sentido que en el de sustituir el número de años de la general 
u ordinaria por otra que, en definitiva, también viene a constituirse como edad ordinaria 
de  jubilación  establecida  para  los  supuestos  expresamente  contemplados.  Por  ello, 
aunque la denominación de esa jubilación vaya acompañada en el texto legal del término 
"anticipada", esa edad no deja [de] ser una edad ordinaria para el colectivo al que se le 
aplica.
Distintos son los otros supuestos en los que la edad ordinaria de jubilación se puede 
retrotraer o adelantar por concretas circunstancias que afectan a la vigencia del contrato 
y no sustituye a la ordinaria –general o especial–.
Tal conclusión la vemos con nitidez si acudimos al Real Decreto 1539/2003 […]. En 
dicha norma, relativa a la discapacidad igual o superior al 65%, se dice que la edad 
ordinaria de jubilación, establecida entonces en los 65 años, "podrá ser reducida" en el 
caso de trabajadores minusválidos que acrediten un determinado grado de minusvalía. Y 
se justifica la reducción de la edad por el mayor esfuerzo o penosidad que pueda 
ocasionar  la  actividad  profesional  al  trabajador  discapacitado  […].  En  el  citado  RD  s
de 2003 ya se indica que el acceso a la jubilación de dicho colectivo lo es sin reducción  oe.
de la cuantía de la pensión». w.
Por otro lado, «es conveniente destacar que, junto a la reducción de la edad de  375ww
jaunbtiilcaicpiaódna, "e, nd elo fso trémrma iqnuoes,  qlause  peexrpsroensaas s bua ajor te. l3 á, mtabmitboi édne  raepgluiclaa ceiól na cdcee saoq uae lla R "Dju bniola csioólno 
ltaie njuebnil aucnióan e asnpteicciípfiacdaa e ednatdo ndcee sju ebxiliascteiónnte, ss,i ncoo mquoe b pieune dinednic bae lan esfeicniatersnec iad ere lcausr rriedgal.a Es sdteo   BOE-A-cable e
es, pueden causar la pensión de jubilación cuando alcancen su edad ordinaria –siempre 
inferior a los 67 años de edad– y también pueden anticipar la contingencia a un momento 
anterior acudiendo a las previsiones del art. 207 y 208».
A continuación, la resolución perfila la interpretación del art. 200.2 LGSS, para 
concluir que «la prestación de incapacidad permanente, en tanto que en ella entre en 
juego  como  requisito  para  su  reconocimiento  el  no  ostentar  la  edad  de  jubilación 
ordinaria,  no  podrá  reconocerse  cuando  se  haya  alcanzado  la  edad  ordinaria  del 
art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tales tengan establecida colectivos 
específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el 
allí establecido. La remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 a) no lo es a un 
simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una persona, se vincula 
también a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la posibilidad de 
generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la edad de 67 años 
(o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la incapacidad permanente, tal 
y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS».
Esta  sentencia  cuenta  con  un  voto  particular,  al  que  se  adhiere  una  segunda 
magistrada, que considera que el recurso debió ser estimado. El contenido de este voto 
particular se extracta a continuación, en la medida en que, por un lado, constituye la 
base del presente recurso de amparo, y por otro, el resto de las partes ha hecho 
referencia al mismo en sus respectivos escritos obrantes en autos. Los argumentos 
contenidos en ese voto particular son, en esencia, los siguientes: (i) la interpretación 
literal  del  art.  195  LGSS,  que  «no  prohíbe  el  acceso  a  dichas  prestaciones  [de 
incapacidad permanente] desde la situación de jubilación, siempre que la edad sea 
inferior a la señalada»; (ii) los antecedentes legislativos de la norma, de forma que los 
arts. 138.1 y 161 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, fueron modificados 
por el art. 8 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del 
sistema  de  Seguridad  Social,  introduciendo  una  redacción  del  precepto  que,  en  lo 
sustancial, se ha mantenido vigente hasta la actualidad, y que solo contempla como 
requisito para denegar las prestaciones de incapacidad permanente, en lo que ahora 
interesa, que se haya cumplido una determinada edad; (iii) la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas las normas, de manera que «siendo una realidad indiscutida 
el gran número de trabajadores que se encuentran en esta situación, cuando la norma –
actual artículo 195.1 de la LGSS– estableció las limitaciones para el acceso a las 
prestaciones de incapacidad permanente, lo hizo remitiendo a una concreta edad –67 
o 65 años– consciente de que existía un importante número de pensionistas de jubilación 
anticipada  que  no  tenían  dicha  edad  y,  por  lo  tanto,  podían  solicitar,  en  su  caso, 
prestaciones  de  incapacidad  permanente  derivadas  de  enfermedad  común»;  (iv)  la 
aparición del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, que «se limitó a 
regular  en  el  art.  195  el  contenido  del  art.  138»  y  «a  sustituir  la  remisión  […]  al 
apartado 1 a) del art. 161 LGSS […] por la remisión al art. 205.1 a)», sin introducir 
«ninguna referencia a los preceptos que regulan la jubilación anticipada, a pesar de que 
el legislador era consciente de las diversas modalidades» de esta situación, «pues no en 
vano había procedido a sustituir el artículo 161 bis que regulaba la jubilación anticipada 
por  los  artículos  206  –jubilación  anticipada  por  razón  de  actividad  o  en  caso  de 
discapacidad–, 207 –jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador– y 208 –
jubilación anticipada por voluntad del interesado–»; (v) la interpretación jurisprudencial 
del  precepto  a  partir  de  la  sentencia  de  Pleno  de  22  de  marzo  de  2006  s
(recurso 5069-2004, seguida, de la de 13 de junio de 2007, recurso 2282-2006 y 21 de  oe.
enero de 2015, recurso 491-2014), por la que se considera que el reconocimiento de la  w.
situación de incapacidad permanente no puede «denegarse por razón de la condición de  375ww
«bdeinsecfriicmiainriaoc idóen  jpuobril adciisócna paanctiicdiapda dpar odseclr idtae mpoarn dlaa nCteo»n;s t(ivtui)c isóen »e syt áp oinrc luorsri eanrdtso.  «e4n. 2u nca) 
dy e1 7in.1c adpeal cEidTa»d,  ypae qrmuea nseen etes,t áp doer nheagbaenrd oa clace «dpidoos ibail idlaa dju dbeil aacciócend earn taic liapsa dpar epstoarc itoenneesr   BOE-A-cable e
reconocida una situación de discapacidad», mientras que se reconoce a «jubilados 
anticipados por circunstancia distinta de la discapacidad, cuando la norma que disciplina 
el acceso a las prestaciones de incapacidad permanente, artículo 195.1 LGSS, no 
establece distinción alguna respecto a las distintas modalidades de jubilación anticipada, 
y sin que exista ninguna razón objetiva que justifique tal interpretación»; y (vii), aunque 
es cierto que los precedentes de esta Sala (SSTS de 21 de junio de 2015, 13 de junio 
de 2007 y 22 de marzo de 2006) contemplan «supuestos en los que la jubilación 
anticipada se produce en situación de pérdida de empleo […] no contienen alusión 
alguna a que procede solicitar la incapacidad desde la situación de jubilación anticipada 
únicamente en el supuesto de que derive de pérdida de empleo y no en otros casos». El 
voto  particular  concluye  afirmando  que  la  «recurrente  se  encuentra  jubilada 
anticipadamente  y  no  ha  cumplido  aún  la  edad  de  jubilación  establecida  en  el 
artículo 205.1 a) de la LGSS, por lo que tiene derecho a acceder la declaración de 
incapacidad permanente desde la situación de jubilación anticipada».
3.  La demanda de amparo identifica las resoluciones judiciales impugnadas y, tras 
una descripción de los antecedentes del caso, fundamenta el recurso en los siguientes 
argumentos:
a)  Se  ha  producido  una  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  a  la  no 
discriminación, reconocido en el art. 14 CE. La demandante se jubiló anticipadamente 
por reducción de edad generada por el esfuerzo y penosidad del trabajo que supone su 
realización con una capacidad visual muy reducida. La doctrina hasta entonces vigente 
permitía  acceder  a  la  incapacidad  permanente  desde  una  situación  de  jubilación 
anticipada, siempre que no se hubiera alcanzado la edad ordinaria de jubilación, como 
era  el  presente  caso.  La  norma  que  disciplina  el  acceso  a  las  prestaciones  de 
incapacidad permanente, artículo 195.1 LGSS, no establece distinción alguna respecto a 
las distintas modalidades de jubilación anticipada. La interpretación sostenida en las 
resoluciones  ahora  impugnadas  supone  que  no  existe  impedimento  alguno  para 
reconocer la incapacidad a una persona jubilada que no tiene la edad ordinaria de 
jubilación al momento de solicitarla, salvo que se trate de un discapacitado. Por lo tanto, 
sin  que  exista  ninguna  razón  objetiva  que  justifique  tal  interpretación,  se  estaría 
incurriendo en una discriminación por discapacidad proscrita por la Constitución, el 
artículo 4.2 c) y 17.1 ET, lesionando su derecho a la igualdad y a la no discriminación 
(art. 14 CE), además de vulnerar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, en concreto, 
sus artículos 3 (que prohíbe cualquier tipo de discriminación), 19 (sobre el deber de los 
Estados partes de adoptar medidas efectivas que permitan la inclusión de la persona 
discapacitada en la comunidad) y 25 (sobre el derecho a gozar del más alto nivel posible 
de salud sin discriminación por su discapacidad).
Además,  las  sentencias  recurridas  supondrán,  en  la  práctica,  una  restricción  al 
derecho de la jubilación anticipada de un colectivo que, actualmente, supera las 30 000 
personas, ya que corren el riesgo de no tener derecho al reconocimiento de la gran 
invalidez, también de otra incapacidad permanente, si cuando acaece la necesidad de la 
concurrencia de tercera persona para los actos más esenciales de la vida se encuentran 
jubilados por discapacidad, por lo que se verán privados de que se les reconozca tal 
grado de incapacidad que lleva aparejado el reconocimiento de un complemento de gran 
invalidez cuya finalidad es retribuir a esa tercera persona.
b)  A continuación, la demanda transcribe literalmente el voto particular formulado a  e
la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  objeto  de  impugnación,  haciendo  suyos  los  bo
argumentos expuestos, que ya han sido reseñados. 375ww
manct)e niLdao  edle cmriatenrdioa  scoosntetiennideo  upnoar  lrae lraecciuórnr ednete d. iAvesrí,s ases  creitsaonl ulacsio sneenst ejundciicaisa ldees l qTurieb uhnaanl 
yS u1p1e5r1io/2r0 d1e8 , Jdues 2ti6ci ad ed oec tCubarnea (rriaesc u8rs7o0 /n2ú0m18. ,6 1d4e- 23011 8d)e;  djeull iTor ib(ruencaulr sSou pneúrmio.r  d4e2 2J-u2s0ti1c8ia) 
de  La  Rioja  218/2018,  de  23  de  noviembre  (recurso  núm.  208-2018);  del  Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña 1064/2020, de 21 de febrero (recurso núm. 5318-2019); 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 755/2018, de 15 de noviembre (recurso 
núm. 202/2018); del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 227/2017, 
de  31  de  enero  (recurso  núm.  720-2016);  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Asturias 1177/2016, de 24 de mayo (recurso núm. 808-2016); del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria 830/2018, de 4 de diciembre (recurso núm. 582-2018); del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga 324/2017, de 22 de febrero 
(recurso núm. 1925-2016).
Entre estos pronunciamientos, la demanda destaca la argumentación expuesta en la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, en sus menciones más 
relevantes, se concreta de la siguiente manera: (i) la literalidad del párrafo segundo del 
art.  195.1  LGSS,  al  remitirse  a  la  edad  prevista  en  el  art.  205.1  a)  LGSS,  es 
absolutamente clara, lo que excluye el recurso a otro canon hermenéutico distinto del 
gramatical; (ii) si el legislador, consciente de las distintas modalidades de jubilación 
previstas en nuestro ordenamiento jurídico, y de la doctrina jurisprudencial que interpreta 
el  citado  art.  195.1  LGSS,  hubiera  querido  exceptuar  del  ámbito  de  aplicación  del 
precepto algún supuesto de jubilación anticipada, podría haberlo efectuado, cosa que no 
ha hecho; (iii) la previsión del art. 195.1 LGSS es una norma de seguridad social, de ahí 
que haya de ser objeto de una exégesis favorable a la protección de las situaciones de 
necesidad  amparadas  por  nuestro  sistema  público  y  garantizadas  por  la  norma 
fundamental,  en  cuanto  inherentes  al  estado  social  y  de  derecho,  y  no  de  una 
interpretación adversa y limitativa del acceso a la prestación de incapacidad permanente 
que es la que dicho artículo regula; (iv) lo que el precepto en cuestión establece es una 
regla restrictiva del acceso a la incapacidad permanente, motivo por el que no es 
susceptible de una interpretación que la circunscriba a supuestos distintos de los que en 
ella se contemplan.
En definitiva, según la demanda, «admitir el criterio contenido [en las resoluciones 
impugnadas] supondría dar un trato diferente a quienes por razón de discapacidad 
acceden anticipadamente a la jubilación, frente al resto de trabajadores en igual situación 
pero por distinta causa, para aplicar una norma que limita el derecho a una prestación en 
una interpretación extensiva de la misma, que como se ha visto, la doctrina del Tribunal 
Supremo  no  respalda  para  otras  situaciones  en  igualdad  de  condiciones  que  mi 
representada jubilada por discapacidad, excluyéndole de la jurisprudencia recaída al 
efecto  aplicando  un  trato  desigual  a  la  trabajadora  derivado  de  una  circunstancia 
personal como es la discapacidad cuyo trato discriminatorio está prohibido por el art. 14 
de la CE».
d)  Seguidamente, la demanda recuerda la jurisprudencia de este tribunal sobre el 
derecho a la igualdad, con reseña de la doctrina contenida en las SSTC 253/2004, 
117/2011, 149/2017 y 91/2019; así como sobre el principio de no discriminación, recogida 
en las SSTC 126/1997 y 69/1991, entre otras. Más en concreto, en relación con la 
circunstancia personal de la discapacidad, cita las SSTC 269/1994 y 10/2014, que 
expresamente reconocen esta situación como englobada en el objeto de protección del 
art. 14 CE. Tras destacar la importancia del mandato recogido en el art. 49 CE, como 
recuerda la STC 18/2017, la recurrente se ampara en la normativa internacional, con cita 
expresa de los siguientes instrumentos: arts. 1, 2 y 5.3 de la Convención de las Naciones 
Unidas  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  de  13  de  diciembre 
de 2006; los arts. 21 y 26 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea; y la Decisión 2010/48/CE, del Consejo, de 26 de noviembre de 2009. s
En la demanda se contiene una mención genérica a la vulneración del derecho a la  oe.
tutela judicial efectiva, sin mayor concreción ni desarrollo argumental. w.
A los efectos de lo dispuesto en los arts. 49.1 y 50.1 b) de la Ley Orgánica del  375ww
Tcorinbsutnitaulc ioCnoanl sdteitlu creiocnuarsl o (pLoOr TrCem), isilóan  ad elmosa ncdriate riojuss teifxicpau eslato se esnp elaci aSl TCtr a1s5c5e/n2d0e0n9c, iay 
fmuánsd amene nctaoln csroebtroe,  eplo qrquuee  nose h apyla dnotecatr in«au nd ep reosbtele mtriab uon alu»n a[S TfaCc e1t5a5 /d2e0 0u9n,  FdJe r2e cah)]o.   BOE-A-cable e
Además, sin referencia expresa a esos criterios, la demanda también señala que la 
cuestión planteada «afectará a decenas de miles de pensionistas», y que actualmente 
«se está tratando desigual, en supuestos absolutamente idénticos, a los demandantes 
según la Sala sea de una u otra Comunidad Autónoma».
Finaliza el escrito de recurso solicitando expresamente que se declare la vulneración 
del derecho «a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por 
razón de discapacidad (art. 14 CE)», y que se le restablezca en su derecho, anulando las 
sentencias impugnadas y, subsidiariamente, la retroacción de las actuaciones «hasta el 
momento previo al dictado de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de fecha 16 de enero de 2018 recaída en el recurso de 
suplicación núm. 2487/2017, a fin de que se dicte una nueva resolución respetuosa con 
el  derecho  fundamental  vulnerado,  sin  apreciar  la  circunstancia  de  estar  jubilada 
anticipadamente por discapacidad no habiendo cumplido la edad ordinaria de jubilación 
al iniciarse el expediente administrativo de incapacidad permanente».
4.  Por medio de providencia de 24 de marzo de 2021, la Sección Cuarta de la Sala 
Segunda de este tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que 
en el mismo concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), por los 
siguientes motivos:
«1.º  El presente recurso plantea un problema o faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
2.º  El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión 
jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».
En la misma providencia se ordenaba remitir atenta comunicación a las Salas de lo 
Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco así como 
al Juzgado de lo Social núm. 2 de San Sebastián, a fin de que, en el plazo de diez días, 
remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1411-2018, del recurso de 
suplicación núm. 2487-2017, y de los autos núm. 68/2017, respectivamente. Del mismo 
modo, se debía emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la 
parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en 
el recurso de amparo.
5.  En fecha 22 de abril de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal escrito 
presentado por la señora letrada de la administración de la Seguridad Social, en nombre 
y representación del INSS, solicitando que se le tuviera por comparecida y parte en las 
actuaciones.
6.  Por diligencia de ordenación de 30 de abril de 2021, la secretaría de justicia de 
la Sala Segunda tuvo «por personado y parte en el procedimiento a la Letrada de la 
Administración  de  la  Seguridad  Social,  en  nombre  y  representación  del  INSS, 
acordándose entender con ella las sucesivas actuaciones». Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dispuso dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que 
pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  En fecha 4 de junio de 2021, la representación de la recurrente en amparo 
presentó su escrito de alegaciones. Además de reiterar los argumentos ya expuestos en  es
la  demanda,  refuerza  la  motivación  mediante  la  referencia  al  Real  Decreto  o
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de  375ww
lrEdaein ssL ceecrñioyma ndgicnoerasenc teioeór,nan  l s ladey e  S cladTit eaCrne e x3cil/goh2eso0 ns1a c8dri,ate s s .lo aab2 sr  leamp sel) ar, s ado3uen tofaairns)i di cycai oód4nne   sddd ieesp lc alaacr paitda aicsdlaicod a aaptdeda xocytip oddc aeilóde n,sg  uae dll, in epec rilxlnuopcssriie pósin«oa a smdjuoeesc ntineateosl.     OE-A-2021-18able en https://
razonables» que sean necesarios para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
Del mismo modo, se cita la doctrina contenida en las SSTEDH de 30 de abril 
de 2009, asunto Glor c. Suiza, § 80; de 22 de marzo de 2016, asunto Guberina c. 
Croacia, §73; y de 23 de marzo de 2017, asunto A.-M.V. c. Finlandia, § 73; así como 
la STEDH de 23 de febrero de 2016, asunto Çam c. Turquía, § 65 y 69.
Y, finalmente, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, señala que el propio 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene utilizando la Convención ONU de 2006 
como fuente interpretativa de la Directiva 2000/78/CE, en particular, en lo relativo al 
derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad en el trabajo [en este 
sentido, SSTJUE de 11 de abril de 2013 (C-335/11 y C-337/11 acumulados), asunto HK 
Danmark y otros, § 37 a 41, 47 y 93; de 18 de marzo de 2014, Gran Sala (C-363/12), 
asunto Z c. A Government department and the Board of management of a community 
school, § 76 y 77; de 18 de diciembre de 2014 (C-354/13), asunto Fag og Arbejde (FOA) 
c. Kommunernes Landsforening (KL), § 53, 54, 64 y 65; de 1 de diciembre de 2016 
(C-395/15), asunto Mohamed Daouidi c. Bootes Plus, S.L., y otros, § 42 a 45, y de 9 de 
marzo de 2017 (C-406/15), asunto Petya Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za 
privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, § 36].
8.  En fecha 9 de junio de 2021, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su 
escrito de alegaciones, en el que solicitó la estimación del recurso de amparo.
Tras hacer una exhaustiva descripción de los antecedentes del caso, así como de la 
legislación  aplicable,  el  informe  del  fiscal  se  estructura  en  dos  grandes  bloques 
argumentales. Por un lado, se expone la doctrina de este tribunal sobre las cuestiones 
planteadas en la demanda; y por otro, se realiza el juicio de aplicación de esa doctrina al 
caso concreto.
En  la  primera  parte,  el  Ministerio  Fiscal  efectúa  un  notable  esfuerzo  de 
sistematización de la jurisprudencia de este tribunal sobre el derecho a la igualdad, con 
reseña de la STC 91/2019, y sobre el derecho a la no discriminación, reproduciendo 
parcialmente la STC 51/2021. Seguidamente, puntualiza que «cuando se trata de un 
supuesto de discriminación del segundo inciso del art. 14 CE […] el juicio sobre la misma 
no requiere de un término de comparación», según expresa la STC 108/2019, entre 
otras.  Y  también  recuerda  que  «en  cuanto  a  la  intencionalidad  lesiva,  es  doctrina 
constitucional consolidada, que la vulneración de los derechos fundamentales puede 
darse, aunque esta no exista» [STC 108/2019, FJ 4 c) y 2/2017, FJ 6]. A continuación, el 
fiscal  encuadra  el  objeto  del  recurso,  para  descartar  la  sustantividad  propia  de  la 
alegación sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, respecto de la 
interpretación de normas legales. Así, con expresa reseña de la doctrina expuesta en 
la  STC  30/2017,  reiterada  en  la  STC  46/2020,  recuerda  que  «cuando  se  alegue 
vulneración  de  derechos  fundamentales  sustantivos,  no  es  suficiente  con  que  la 
motivación [de las resoluciones judiciales] exista, no sea arbitraria, sea razonable y no 
contenga errores patentes, sino que el criterio de razonabilidad que [se] aplica a los 
derechos del art. 24 CE queda absorbido por el canon propio del derecho sustantivo» 
(STC 131/2017, FJ 5). Finalmente, expone la doctrina sobre las prestaciones de la 
Seguridad  Social,  destacando  el  «amplio  margen  del  legislador  para  configurar  el 
sistema» (STC 41/2013, FJ 3).
El segundo bloque argumental del informe se dedica a la aplicación de toda esa 
doctrina al caso concreto. Respecto de la vulneración del art. 14 CE, el fiscal señala que 
la interpretación sostenida en las resoluciones impugnadas no está exenta de lógica:  e.
«como  los  demás  trabajadores  pueden  jubilarse  anticipadamente  pero  con  unos  w.b
descuentos en su pensión de jubilación, y sin embargo a los discapacitados se les  375ww
dpeerremcitheo sju [b…ila],r slae  ead audn ad ee ddaicdh ain fjuebriiolar caió lna  "oarndtiinciapraiad ad"e d jeu bloilsa ctrióanb asjaind oerseas  ddiissmcainpuacciiótand does 
epsa rala  loorsd intraarbiaa japdaorare esl lonso,  pduisecsa pleasc istaudpoosn,e  alpoos ymanisdmo oes sdae raercghuomse qnutaec ilóan e deand  eol rdpirnimareiar 
párrafo  del  […]  art.  3  del  RD  1539/2003.  Y  además  interpretan  que  la  remisión
del art. 195.1 al 205.1 a) [LGSS], en realidad lo es a la edad de jubilación ordinaria de 
cada  colectivo».  La  «diferente  situación  (a  su  favor)  en  la  que  se  encuentran  los 
trabajadores  discapacitados  jubilados  anticipadamente  por  aplicación  del  art.  206 
[LGSS]» podría justificar que no exista «vulneración del derecho a la igualdad al tratar de 
un modo diferente a los trabajadores discapacitados, porque no habría un término de 
comparación válido […], pues no es la misma situación de partida en la que están los 
trabajadores discapacitados, frente a los que no lo son, cuando, en ambos casos, estén 
percibiendo la pensión de jubilación con una edad menor de 65 años».
Sin embargo, el fiscal recuerda que «no se trata simplemente del derecho a la 
igualdad […], sino de un supuesto de prohibición de discriminación». Por lo tanto, el 
«canon de constitucionalidad es distinto y más estricto». A juicio del Ministerio Público, 
«con la interpretación […] que se hace en las sentencias impugnadas, esa diferencia de 
trato  favorable  a  los  trabajadores  discapacitados  (plenamente  justificada  con  los 
argumentos  de  mayor  penosidad  laboral  y  de  menor  esperanza  de  vida)  que  se 
establece  en  la  ley,  se  vuelve  en  contra  de  los  mismos  precisamente  en  los 
supuestos […] en los que mayor necesidad de ayuda padecen». De esta forma, no es 
que «la argumentación de las sentencias impugnadas se considere arbitraria o ilógica, 
sino que […] no tiene en cuenta el contenido esencial del derecho a la no discriminación, 
entendido como que una norma o interpretación de la misma no puede dar lugar a que el 
factor  de  diferenciación  suponga  un  trato  peyorativo  para  el  grupo  de  personas 
amparadas por la prohibición del art. 14 CE».
Para  el  fiscal,  la  «interpretación  a  la  que  llegan  las  sentencias  impugnadas  al 
entender que el art. 206.2 LGSS establece una edad ordinaria de jubilación específica 
para los discapacitados, en sí misma es lógica y razonable, pero utilizar ese argumento 
para impedir que se extienda hasta la edad de 67 o 65 años prevista en el art. 205.1 a) la 
posibilidad de concederles la pensión por incapacidad permanente del art. 195, a pesar 
de que realmente tengan los requisitos de dependencia para tener derecho a ella, les 
produce un trato desigual perjudicial, respecto del colectivo ordinario de trabajadores que 
pueden acceder a la prestación de incapacidad permanente (incluida la gran invalidez 
que aquí se reclama), aunque estén jubilados anticipadamente, siempre que no hayan 
alcanzado los 67 años, o los 65 años en los términos establecidos por el art. 205.1 a) y la 
disposición transitoria séptima de la LGSS. El hecho de que los discapacitados tengan 
derecho a la pensión por jubilación, completa, a una edad inferior a la de los demás 
trabajadores […] no resulta suficiente para justificar la interpretación cuestionada. […] 
Sería necesario que el precepto legal que regula la concesión de la prestación por 
incapacidad permanente no permitiera una interpretación diferente a la perjudicial para 
los discapacitados». Y, en este punto, concluye el fiscal que los arts. 195 y 205 LGSS 
pueden ser interpretados «de modo que no den lugar a una diferencia entre personas 
discapacitadas y las que no lo son, pues ni el art. 195 cuando se remite al 205, ni este 
cuando establece las edades límite de 65 o 67 años, hacen ninguna mención a las 
personas discapacitadas, luego de estos preceptos no resulta el establecimiento por la 
ley de una diferencia de trato para los discapacitados. Por otra parte, ni el art. 206.2, ni el 
Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, que lo desarrolla, establecen ninguna 
limitación  específica  a  las  personas  discapacitadas  que  obtengan  la  pensión  de 
jubilación,  para  que  luego  puedan  acceder  a  las  presentaciones  por  incapacidad 
permanente». Por lo tanto, siendo «posible [y] también razonable […] una interpretación 
distinta  […],  que  sea  conforme  con  el  contenido  esencial  del  derecho  a  la  no 
discriminación,  [y]  que  evite  […]  un  trato  diferente  y  perjudicial»  para  el  colectivo  s
discapacitado, el Ministerio Fiscal considera que se ha vulnerado el derecho a la no  oe.
discriminación reconocido en el art. 14 CE. w.
Por todo ello, el fiscal interesa la estimación del recurso y el otorgamiento del amparo  375ww
raa zlaó nre dceu rrdeisnctea,p adceicdlaadra, ncdoon  qeul ec osnes higau iveunltnee rraedstoa bslue cdimerieecnhtoo  ean n sou  sdeer rdeicshcori my,i naa dtaal  pfionr, 
qdueel J suez gdaedcola dree  llao  Snuolcidiaal.d de las resoluciones impugnadas, quedando firme la sentencia  BOE-A-cable e
9.  En fecha 11 de junio de 2021, la letrada de la administración de la Seguridad 
Social, en representación del INSS, presentó escrito de alegaciones en el registro de 
este tribunal solicitando la desestimación del recurso de amparo.
En primer lugar, se asumen como hechos los recogidos en la sentencia del Tribunal 
Supremo ahora impugnada. En segundo término, se hace un análisis de la legislación 
aplicable (arts. 195, 205 y 206 LGSS, y Reales Decretos 1539/2003, de 5 de diciembre, 
y 1851/2009, de 4 de diciembre), así como de la doctrina de este tribunal sobre los 
derechos a la tutela judicial efectiva (STC 61/2021) y a la igualdad y no discriminación 
(STC 91/2019).
Expuesto  lo  anterior,  la  representación  del  INSS  aborda  la  cuestión  de  fondo, 
afirmando  que  no  existe  vulneración  del  art.  14  CE  porque  la  situación  de  los 
trabajadores discapacitados no es comparable, a efectos de acceso a la pensión de 
incapacidad  permanente  con  anterioridad  a  la  edad  ordinaria  de  jubilación,  con  la 
situación del resto de trabajadores. En esta línea, reitera la argumentación desarrollada 
en la sentencia impugnada del Tribunal Supremo, con la que «coincide absolutamente», 
mientras que «no considera acertados» los razonamientos vertidos en el voto particular, 
que también reseña ampliamente.
10.  Por  providencia  de  17  de  septiembre  de  2021,  la  Sala  Segunda  acordó 
proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo.
11.  Mediante providencia de 5 de octubre de 2021, el Pleno del Tribunal acordó 
recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo y señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de la sentencia 
núm. 512/2020, de 24 de junio, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo,  que  desestimó  el  recurso  de  casación  para  unificación  de  doctrina 
núm. 1411-2018, interpuesto contra la sentencia núm. 81/2018, de 16 de enero de 2018, 
también impugnada, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, recaída en el recurso de suplicación núm. 2487-2017, y por la que se estimó 
el recurso de suplicación interpuesto por el INSS contra la sentencia núm. 194/2017, 
de 12 de julio, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de San Sebastián, que, por el 
contrario, había estimado la demanda interpuesta por la ahora recurrente en amparo 
contra las resoluciones de 5 de octubre y 26 de diciembre de 2016, dictadas por la 
dirección provincial del INSS de Gipuzkoa.
En  síntesis,  las  resoluciones  impugnadas  denegaron  el  reconocimiento  de  la 
situación de gran invalidez derivada de contingencia común porque, en el momento de la 
solicitud, la demandante se encontraba en situación de jubilación anticipada por razón de 
discapacidad. Esta situación supone un nuevo límite de edad que, en tales supuestos, se 
convierte  en  la  edad  ordinaria  de  jubilación,  por  lo  que  no  procede  reconocer  la 
incapacidad permanente de quien ya está en situación de jubilada.
El recurso considera que el criterio interpretativo seguido por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y por el Tribunal Supremo vulnera el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación reconocido en el art. 14 CE. En la línea expuesta en el voto particular  s
emitido frente a la sentencia del Tribunal Supremo, entiende que le ha sido denegada  oe.
esta prestación frente a otros supuestos en que se ha reconocido, sin que concurra  w.
rloasz ócPnao soro bssj,eu st ievpa ah raateblg,íu anl aca u rmqeuppelri edjusoes etnilft iarqecuqieóu nies sidttoee  ld treIaN etSadmSa diei nnpttreoer vedissiftaeo r eelann t ede,el  aase rpts.e t2ism0a5ar .c1dió ean )q  LudGee,lS  eSrne. ctuordsoos,   2021-18375n https://ww
mostrando su expresa conformidad con la interpretación de la norma realizada por las
resoluciones impugnadas. Bc
Finalmente, el Ministerio Fiscal interesa la estimación del amparo. Tras admitir la 
razonabilidad del criterio expuesto en las resoluciones impugnadas, considera que esta 
interpretación de la norma, si bien no vulnera el derecho a la igualdad del primer inciso 
del art. 14 CE, sí supone una discriminación por razón de discapacidad proscrita en el 
segundo inciso del mismo precepto. Se establece una distinción no prevista en el texto 
legal, que perjudica sin razón objetiva alguna a un colectivo especialmente protegido.
2.  Delimitación del objeto del recurso.
La demanda alega, como núcleo central de su pretensión, la vulneración de los 
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la no discriminación, reconocidos en 
el art. 14 CE. Pero, también, invoca la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24 CE. Por ello, para una correcta delimitación del objeto de este recurso es 
necesario hacer las siguientes consideraciones previas:
a)  En primer lugar, debemos descartar la expresada lesión del derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE, toda vez que la demanda no lo invoca como motivo 
autónomo,  ni  tampoco  aporta  carga  argumental  propia  que  requiriera  de  un 
enjuiciamiento separado de la queja. La demandante se ha limitado a realizar una mera 
mención de este derecho pero sin desarrollo argumental alguno.
La lectura del escrito rector del recurso no deja ninguna duda sobre cuál es su 
contenido esencial. Por lo tanto, coincidimos con el Ministerio Fiscal en que la alegación 
sobre el derecho a la tutela judicial efectiva es meramente instrumental de las anteriores, 
careciendo de sustantividad propia.
Además, cuando se invoca la vulneración de derechos fundamentales sustantivos, 
«no es suficiente con que la motivación [de las resoluciones judiciales] exista, no sea 
arbitraria,  sea  razonable  y  no  contenga  errores  patentes»,  que  es  el  canon  de 
constitucionalidad propio del derecho a la tutela judicial efectiva. En esos casos, «el 
criterio de razonabilidad que [se] aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido 
por el canon propio del derecho sustantivo» (STC 131/2017, de 13 de noviembre, FJ 5). 
Se entiende así que la vulneración del derecho fundamental sustantivo que, en su caso, 
se determine llevará aparejada o implícita la infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva.
b)  Tampoco podemos localizar en el principio de igualdad ante la ley (art. 14, inciso 
primero, CE) el objeto de la lesión que denuncia la demandante toda vez que, como 
reiteradamente ha declarado este tribunal, la cláusula general de igualdad de todos los 
españoles ante la ley, se configura como «un derecho subjetivo de los ciudadanos a 
obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige 
que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias 
jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente 
justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, 
de  acuerdo  con  criterios  y  juicios  de  valor  generalmente  aceptados,  y  cuyas 
consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas» [por todas, STC 91/2019, 
de 3 de julio, FJ 4 a)].
Por  otro  lado,  el  régimen  jurídico  de  la  jubilación  anticipada  por  razón  de 
discapacidad  presenta  unos  contornos  específicos  que,  como  analizaremos  más 
adelante,  difieren  de  otros  supuestos  de  jubilación  anticipada  originados  por  otras 
causas, lo que permite colegir que las resoluciones impugnadas, en cuanto expresivas 
de la facultad reconocida a los órganos de la jurisdicción ordinaria en el art. 117.3 CE,  s
han realizado una interpretación de la legalidad vigente que parte de la tesis de que los  oe.
dtavéáerrtllm.i  dd1ione4sor  eCspc oEhdr,oeq  p uacoe or lqmasuo pienga  unrdaaoifcl edisóraeend n  ttdreeaenst  a.l u aEdn neaa  spcf looiscrnimatsucaeaió ccinunio ejudnnseect siialf aic,y  a nleodoyta r,p maruseee cnddoteeen   ojhducaibfidbeilolraae crnesiótneen   e daale  nup utnriincamiaspe  avrsd uiitanlun caenicsroaioo c nsdióoeennsl     2021-18375n https://www.
que son idénticas, sino que se trata de manera desigual a situaciones que son distintas.
El régimen jurídico de la jubilación anticipada por razón de discapacidad presenta 
unos contornos específicos que permitirían un tratamiento singularizado en el acceso a 
la prestación por incapacidad permanente. Sin embargo, como acertadamente pone de 
manifiesto el Ministerio Fiscal, el recurso planteado no se puede reconducir a justificar 
una distinción en el trato derivada de una situación diferenciada en su origen. El canon 
de enjuiciamiento aplicable para la resolución de este amparo no es el propio del 
derecho a la igualdad, sino el del principio de no discriminación. La cuestión a resolver 
implica  una  valoración  sobre  si  la  interpretación  realizada  por  las  resoluciones 
impugnadas genera, per se, una diferencia de trato no prevista en la norma y, en su 
caso, responde a una justificación objetiva y razonable.
Por todo ello, nuestro análisis se centrará en la alegada vulneración del art. 14 CE, 
en su vertiente del derecho a no ser discriminado «por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social»; en este caso por razón de la discapacidad personal 
padecida por la recurrente.
3.  El principio de no discriminación: Doctrina constitucional.
Una vez identificada la queja de la recurrente, que se apoya en la denunciada 
vulneración del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de la discapacidad 
que padece, a los efectos del reconocimiento de una prestación de jubilación derivada de 
una  situación  de  incapacidad  permanente,  cuando  la  actora  se  encontraba  ya  en 
situación laboral de jubilada, deberemos exponer con carácter previo la doctrina de este 
tribunal sobre el mencionado principio de no discriminación reconocido en el art. 14 CE.
A)  El principio de no discriminación.
«La virtualidad del art. 14 CE no se agota […] con la proclamación del derecho a la 
igualdad  con  la  que  se  inicia  su  contenido,  sino  que  a  continuación  el  precepto 
constitucional se refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de 
discriminación. Esta referencia expresa a tales motivos o razones de discriminación no 
implica  el  establecimiento  de  una  lista  cerrada  de  supuestos  de  discriminación 
(STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 6), pero sí representa una explícita interdicción de 
determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la 
acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en 
posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que 
reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 5; 166/1988, de 26 de 
septiembre, FJ 2, y 145/1991, de 1 de julio, FJ 2).
En la STC 200/2001, FJ 4, también señalamos que, a diferencia del derecho a la 
igualdad,  que  no  postula  ni  como  fin  ni  como  medio  la  paridad  y  solo  exige  la 
razonabilidad de la diferencia normativa de trato, "las prohibiciones de discriminación 
contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación 
establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la 
parificación,  de  manera  que  solo  pueden  ser  utilizadas  excepcionalmente  por  el 
legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en 
el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor 
rigor  respecto  a  las  exigencias  materiales  de  proporcionalidad";  y  que  "en  tales 
supuestos la carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre 
quien asume la defensa de la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos 
que quedan genéricamente dentro de la cláusula general de igualdad del art. 14 CE, al 
venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el art. 14 CE concreta para  e.
vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la  w.
religión, el nacimiento y las opiniones"» [STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 b)]. 375ww
de lPoso rd oetrreoc lhaodso ,f u«nedsa dmoecntrtianlae sr epitueeraddea d ya rcsoen satuannqteu ed en oe setxei sTtraib "uinntaeln qcuioen alali dvaudln elersaicviaó"n. 
aLrat . i5d3e.a1  CdEe ) eesse lnoc iqaulied asdu bdyealc ed eerne cehsoa  d(eolc trcinoan tecnoindsot ituecsieonncaila. l Ya el s qquuee , seen  reeffeiecrteo , eell   BOE-A-cable e
examen de constitucionalidad que es propio del recurso de amparo, como se infiere del 
art. 53 CE, gravita alrededor de la garantía de dicho contenido esencial, esto es, supone 
un examen sobre si el mismo ha sufrido o no, sobre si han quedado o no afectadas las 
facultades  o  posibilidades  de  actuación  necesarias  para  que  el  derecho  sea 
recognoscible como perteneciente al tipo abstracto y preexistente al que pertenece, y sin 
las cuales dejaría de pertenecer a ese tipo y tendría que pasar a quedar comprendido en 
otro, desnaturalizándose, y, además, sobre si ha sido dañado el contenido del derecho 
que es absolutamente necesario para que los intereses jurídicamente protegibles, que 
dan vida al mismo, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, en 
suma,  se  rebasa  o  se  desconoce  el  contenido  esencial  cuando  el  derecho  queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable 
o lo despojan de la necesaria protección (por todas, STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8).
Todo ello descarta, como exigencia para la apreciación de la lesión, la exigencia de la 
concurrencia de una "intencionalidad" lesiva en el agente que haya afectado al derecho. 
Lo  único  relevante  es  que  el  contenido  esencial,  definido  como  se  expuso,  haya 
resultado o no menoscabado. […]. La STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 6, recordaba ese 
parámetro reiterado en nuestra doctrina, caracterizador de todo juicio sobre la incidencia 
sobre un derecho fundamental, y que consiste, por tanto, en que puede declararse la 
lesión  del  derecho  fundamental  aunque  no  haya  ánimo  lesivo,  en  este  caso 
discriminatorio,  al  bastar  la  objetividad  del  perjuicio»  [STC  108/2019,  de  30  de 
septiembre, FJ 4 c)].
Finalmente, hay que recordar que la «prohibición de discriminación no exige un 
contraste con nadie, con un tercero, sino solo la verificación de la concurrencia del factor 
protegido  y  el  perjuicio  que  a  él  haya  quedado  asociado.  Utilizando  declaraciones 
literales  de  nuestra  doctrina:  la  prohibición  de  discriminación  "no  requiere 
necesariamente  un  término  de  comparación,  por  más  que  la  discriminación  pueda 
concretarse en desigualdades de trato que pueden ser objeto de contraste o necesitar de 
este  para  ser  apreciadas  (por  todas,  STC  171/2012,  de  4  de  octubre,  FJ  5)" 
(STC 104/2014, de 23 de junio, FJ 6)» [STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 4 d)].
B)  El principio de no discriminación por razón de discapacidad.
«La  discapacidad  constituye  una  circunstancia  personal  que  el  artículo  14  CE 
protege contra cualquier forma de discriminación (tal y como recuerda la STC 3/2018, 
de 22 de enero, con cita, entre otras, de la STC 269/1994, de 3 de octubre). Las medidas 
que se instrumentan para procurar la igualdad de oportunidades y la integración social y 
profesional de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas de acción positiva, 
tienen  una  estrecha  conexión  con  el  mandato  contenido  en  el  artículo  9.2  CE  y, 
específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE que, sin reconocer derechos 
fundamentales, ordena a los poderes públicos realizar una política de integración de las 
personas  con  discapacidades  físicas,  sensoriales  y  psíquicas,  que  les  ampare 
"especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos" (entre otras, las SSTC 10/2014, de 27 de enero, FJ 4, y 18/2017, de 2 de 
febrero, FJ 3).
La aplicación de la cláusula del artículo 10.2 CE conlleva que, en este tipo de casos, 
el tribunal otorgue especial relevancia exegética a la Convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada el 23 
de noviembre de 2007, y cuya entrada en vigor para España se produjo el 3 de mayo 
de 2008. La Convención protege en su artículo 1 a quienes "tengan deficiencias físicas,  e
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas  bo
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de  375ww
dcoisncdaipcaiocnideasd c"o, n alanste d e"mcuáasl"q. uYie pr rodsicsrtiibneci óenn,  sue xacrltuícsuiólon  2 ola  "rdeisstcrricimciiónna cipóonr  pomr omtiovtoivso  ddee 
rdeisccoanpoaccimidiaedn toq,u eg otceen goa  eejle rpcriocpioó, seiton  oig ueal ldeafedc tdoe  dceo nodbisctiaocnuelsiz, adr eo  toddeojasr  lsoisn  deeferecctoh oesl 
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables"; señalando el artículo 5.3 que los Estados parte "adoptarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables".
La  STC  3/2018,  de  22  de  enero,  destaca  que  "según  el  Convenio  existe 
discriminación por razón de la discapacidad tanto si se acredita un propósito de causar 
perjuicio a la persona por el mero hecho de ser discapacitada, como si se constata que 
se ha producido un resultado (el ‘efecto’, en palabras del art. 2) debido a la acción de un 
responsable, que causa la ‘distinción, exclusión o restricción’ de alguno de los derechos 
de quien es discapacitado, sin que tenga que concurrir la afectación de ninguna otra 
circunstancia personal. De allí, la importancia que la propia Convención confiere a quien 
tiene a su cargo el evitar esas barreras restrictivas, de emplear los ‘ajustes razonables’ 
que  eviten  el  resultado  discriminatorio,  esto  es,  ‘las  modificaciones  y  adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando  se  requieran  en  un  caso  particular,  para  garantizar  a  las  personas  con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales’ (art. 2)" (STC 3/2018, de 22 de enero, 
FJ 5).
El modelo de protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, 
previsto en la Convención de la ONU, tiene reflejo en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Respecto de esta 
disposición,  el  tribunal  ha  subrayado  que  "a  partir  de  una  definición  similar  de  la 
discapacidad en el artículo 4 (aunque emplea el término ‘previsiblemente permanente’, 
en vez de ‘a largo plazo’ de la Convención, y reconoce en todo caso como tal, a la que 
haya sido reconocida en un ‘grado igual o superior al 33 por 100 […]’), se consagra 
también el principio de no discriminación por razón de la discapacidad [art. 3 c)], sea 
directa como indirecta [art. 2 c) y d)], así como la exigencia a las autoridades para la 
adopción de ‘los ajustes razonables’ que se requieran [arts. 2 m) y 66]" [STC 3/2018, 
FJ 5 c)]. Ajustes que se definen como "las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la 
accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos" [art. 2 m)].
El  tribunal  también  ha  observado  que,  en  el  marco  del  Convenio  europeo  de 
derechos humanos (CEDH), el Tribunal de Estrasburgo ha declarado que el principio de 
no  discriminación  consagrado  en  el  artículo  14  CEDH  se  refiere  también  a  los 
discapacitados, a través de la cláusula final de dicho precepto, incluyéndolos dentro de 
los grupos que considera como "particularmente vulnerables" (entre otras, SSTEDH 
de 30 de abril de 2009, asunto Glor c. Suiza, § 80, de 22 de marzo de 2016, asunto 
Guberina c. Croacia, §73, y de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, § 73). 
A tal efecto, reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad como fuente para la interpretación de las garantías del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de 1950 (STEDH de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, 
cit., §74), tomando también de la Convención la exigencia a los Estados parte para que 
adopten  los  "ajustes  razonables"  (que  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos 
denomina "acomodo razonable") que resulten necesarios para evitar la discriminación  s
(STEDH de 23 de febrero de 2016, asunto Çam c. Turquía, § 65 y 69). oe.
En relación con el Derecho de la Unión Europea, la STC 3/2018, FJ 5, recuerda que  w.
el art. 21 de la Carta de derechos fundamentales incluye la discapacidad como uno de  375ww
"loresc foancotocree sy e xrepsrepseotas  deel  dperoretecchcoió nd ec olnatsr a pdeirsscorinmaisn adciisocnaepsa, cmitaiednatsra" s aq ubee neel faicritaícruselo  d2e6 
mdee dniodvaise mpabrrae  sdue  i2n0te0g9r,a chiaó ni.n tPeogrr asduo  plaar tCe,o nlav eDneccióisnió dne 2 l0a1s0 N/4a8c/CioEn,e sd eUl nCidoanss esjoo,b dree  l2o6s   BOE-A-cable e
derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento de la Unión. Como 
resultado,  el  propio  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  viene  utilizando  la 
Convención ONU de 2006 como fuente interpretativa de la Directiva 2000/78/CE, en 
particular en lo relativo al derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad en 
el  trabajo  [en  este  sentido  SSTJUE  de  11  de  abril  de  2013,  C-335/11  y  C-337/11 
acumulados, asunto HK Danmark y otros, § 37 a 41, 47 y 93; de 18 de marzo de 2014, 
Gran  Sala,  C-363/12,  asunto  Z  c.  A  Government  department  and  the  Board  of 
management of a community school, § 76 y 77; de 18 de diciembre de 2014, C-354/13, 
asunto Fag og Arbejde (FOA) c. Kommunernes Landsforening (KL), § 53, 54, 64 y 65; 
de 1 de diciembre de 2016, C-395/15, asunto Mohamed Daouidi c. Bootes Plus, S.L., y 
otros,  §  42  a  45,  y  de  9  de  marzo  de  2017,  C-406/15,  asunto  Petya  Milkova  c. 
Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, § 36].
Por lo que se refiere al derecho a los "ajustes razonables" necesarios para evitar 
situaciones de discriminación, el Tribunal Constitucional ha abordado esta cuestión en 
los ámbitos de la educación, de la tutela judicial y del acceso a la asistencia o servicios 
sociales en los siguientes términos: (i) En relación con el derecho a la educación la 
STC 10/2014, de 27 de enero, estableció que la administración educativa debe tender a 
la escolarización inclusiva de las personas discapacitadas y, tan solo cuando los ajustes 
que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables, podrá 
disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial, debiendo 
en  este  último  caso,  por  respeto  a  los  derechos  fundamentales  y  bienes  jurídicos 
afectados, exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción y considerado 
inviable la integración del menor discapacitado en un centro ordinario (FJ 4). (ii) En 
relación con la salvaguarda del derecho de defensa del presunto discapacitado psíquico 
durante la instrucción penal, la STC 77/2014, de 22 de mayo, declaró que "la existencia 
de  indicios  de  que  dicho  acusado  pueda  sufrir  trastornos  mentales  que  limiten  su 
capacidad de comprensión y, por tanto, de la relevancia de las consecuencias legales de 
su incomparecencia, impone a los órganos judiciales un deber positivo de desarrollar la 
actividad necesaria para despejar cualquier duda al respecto" (FJ 2). (iii) Finalmente, en 
la STC 3/2018 el tribunal estimó el amparo a favor de una persona, con discapacidad 
psíquica severa, a la que por ser mayor de sesenta años se había denegado la inclusión 
en un programa de atención individualizada en un centro de asistencia para personas 
con discapacidad, prescindiendo de toda valoración médica sobre su estado y sus 
necesidades de tratamiento especializado, declarando en este caso que "la exigencia de 
‘ajustes  razonables’  […]  pasaba  justamente  por  asegurar  la  prestación  del  servicio 
asistencial adaptado a sus necesidades de discapacidad; reconociendo la administración 
en el requerimiento efectuado por este tribunal, que dispone de centros para ello"; en un 
caso, además, en el que el aplicador primario de la norma disponía de posibilidades para 
no incurrir en un resultado discriminatorio» [STC 51/2021, de 15 de marzo FJ 3 a)].
C)  La  doctrina  sobre  la  igualdad  y  no  discriminación  en  el  ámbito  de  las 
prestaciones de la Seguridad Social.
El  «alcance  de  las  obligaciones  que  [el  art.  41  CE]  impone  a  los  poderes 
públicos, […] se encuentra sintetizado en las SSTC 197/2003, de 30 de octubre, FJ 3, 
y 213/2005, de 21 de julio, FJ 3.
a)  La Constitución ha recogido y consagrado en su art. 41 la evolución que han 
experimentado los sistemas contemporáneos de seguridad social, de tal suerte que la  s
protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad se concibe como "una  oe.
dfcmuoeant iyctzioitaóu,cn lFai óJrndi d1 eap7l dr,o  Eeepnssiatttara eddt aoeol"lt  ,r(s aSesrSog).TmuCrpo i é1pn0rid3vo/a1sd9eo8 ,3 es, nud peeb ru2ae2dn ada e p opnrao rlvtaeie  dmilnabá remc,o icFrarJe  sd3pe;o  ylna d 6fe5un/n1cc9iiaó8 n7p , prderoest tea2cc1ti óodnrea-   2021-18375n https://www.
b)  El art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de establecer –o
mantener– un sistema protector que se corresponda con las características técnicas de
los mecanismos de cobertura propios de un sistema de seguridad social. En otros 
términos, el referido precepto consagra en forma de garantía institucional un régimen 
público  "cuya  preservación  se  juzga  indispensable  para  asegurar  los  principios 
constitucionales, estableciendo [...] un núcleo o reducto indisponible por el legislador" 
(STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3), de tal suerte que ha de ser preservado "en términos 
recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo 
y lugar" (SSTC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4; y 76/1988, de 26 de abril, FJ 4).
c)  Salvada  la  mencionada  limitación,  el  derecho  que  los  ciudadanos  puedan 
ostentar en materia de seguridad social es un derecho de estricta configuración legal, 
disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema en 
atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia 
viabilidad y eficacia de aquel (STC 65/1987, ya citada, FJ 17, entre otras). Este amplio 
margen de libertad reconocido al legislador por el Tribunal Constitucional en relación con 
prestaciones sociales que tienen fundamento constitucional en el art. 41 CE descansa, 
en efecto, en el hecho de tratarse de recursos económicos necesariamente escasos en 
conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las 
necesidades y deberes de los grupos sociales» (SSTC 65/1987, FJ 17; 134/1987, de 21 
de julio, FJ 5; 97/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
361/1993, de 3 de diciembre, FJ 2, y 197/2003, de 30 de octubre, FJ 3, entre otras).
A modo de síntesis podemos reproducir parte del fundamento jurídico 3 de la ya 
citada STC 197/2003:
"[E]l art. 41 CE convierte a la seguridad social en una función estatal en la que pasa 
a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad, pero tales 
situaciones  han  de  ser  apreciadas  y  determinadas  teniendo  en  cuenta  el  contexto 
general en que se producen y en conexión con las circunstancias económicas, las 
disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales. No 
puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la importancia relativa de las 
situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, 
el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las modifique para adaptarlas a 
las necesidades del momento (STC 65/1987). Los arts. 41 y 50 CE no constriñen al 
establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios idénticos, ni a la 
regulación  de  unos  mismos  requisitos  o  la  previsión  de  iguales  circunstancias 
determinantes del nacimiento del derecho (STC 114/1987). La identidad en el nivel de 
protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de 
vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, 
cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 
y 27/1988), ni vulnera el principio de igualdad."
En la misma STC 197/2003 advertimos que, si bien la cobertura de las situaciones de 
necesidad de los colectivos sociales "es un ideal claramente deseable a la luz de los 
principios rectores de la política social y económica que nuestra Constitución asume en 
sus arts. 41 y 50 y que han de informar la legislación positiva –art. 53.3 CE–", "este 
Tribunal Constitucional no debe interferir con decisiones singularizadas susceptibles de 
alterar el equilibrio económico financiero del conjunto del sistema, salvo que la diferencia 
de tratamiento controvertida esté desprovista de toda justificación objetiva y razonable 
(STC 184/1993, de 31 de mayo, FJ 6)"» [STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 5].
«Ahora bien, la libertad del legislador para modular la acción protectora del sistema 
de seguridad social en atención a circunstancias económicas y sociales está sometida al 
necesario respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del  e.
principio de igualdad y no discriminación (STC 61/2013, FJ 6)» [STC 91/2019, de 3 de  w.b
julio, FJ 6]. 375ww
4.  Enjuiciamiento del caso.
a)  Consideraciones preliminares.
La resolución del presente recurso de amparo no exige la valoración de elemento 
fáctico alguno. Los términos del debate planteado entre las partes permiten prescindir de 
datos como la efectiva concurrencia de una discapacidad, su gravedad intrínseca, su 
inicio y/o persistencia en el tiempo, su paulatina agravación o la necesidad de apoyo de 
una tercera persona. Aunque la denegación inicial de la prestación por incapacidad 
permanente hacía referencia a algunos de estos extremos (como se recoge en el informe 
del equipo de valoración de incapacidades y en las resoluciones del INSS de 5 de 
octubre y 26 de diciembre de 2016), lo cierto es que no solo la sentencia del Juzgado de 
lo Social, sino también la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
coinciden  en  señalar  la  concurrencia  de  los  presupuestos  fácticos  necesarios  para 
reconocer a la recurrente el derecho a una prestación por incapacidad permanente. En 
consecuencia, el objeto de este recurso se centra en una cuestión estrictamente jurídica, 
consistente en determinar si la interpretación de la LGSS realizada por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, y validada por el Tribunal Supremo, supone o no 
una  vulneración  del  derecho  a  no  ser  discriminada  la  recurrente  por  razón  de 
discapacidad (art. 14 CE).
La interpretación de la normativa prestacional sujeta objeto de esta controversia 
puede resumirse de la siguiente manera:
(i)  El art. 195.1, párrafo segundo, de la LGSS (texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, norma vigente aplicable a este caso) 
señala que «no se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente 
derivada  de  contingencias  comunes  cuando  el  beneficiario,  en  la  fecha  del  hecho 
causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1 a) y reúna los requisitos para 
acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social». Por su parte, el 
art. 205.1 a) LGSS, al que se remite el precepto anterior, fija esa edad en los «sesenta y 
siete años […], o sesenta y cinco cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses 
de cotización»; además, este último artículo ha de ser complementado, en su caso, con 
la disposición transitoria séptima del citado texto refundido, que establece una aplicación 
paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización.
(ii)  Las SSTS (Sala de lo Social) de 22 de marzo de 2006, 13 de junio de 2007 y 21 
de enero de 2015, reconocieron el derecho a obtener la prestación por incapacidad 
permanente a quienes, estando ya en situación de jubilación anticipada, no hubieran 
alcanzado la edad prevista en el art. 138.1, párrafo segundo LGSS [hoy art. 205.1 a)], es 
decir, la edad establecida con carácter general para acceder a la situación de jubilación 
contributiva.
(iii)  En el supuesto que nos ocupa, la recurrente se encontraba en situación de 
jubilación por aplicación de lo previsto en el art. 206.2 LGSS, que regula la jubilación 
«anticipada […] en caso de discapacidad». Conforme a este precepto, «la edad mínima 
de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1 a) podrá ser 
reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 
ciento,  en  los  términos  contenidos  en  el  correspondiente  real  decreto».  El  Real 
Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, establece los «coeficientes reductores de la edad 
de  jubilación  a  favor  de  los  trabajadores  que  acreditan  un  grado  importante  de 
minusvalía». Según los criterios fijados en el art. 3 de esta norma, la recurrente accedió  s
a la situación de jubilación en agosto de 2013, cuando tenía cincuenta y ocho años de  oe.
eeendnta eed(nil,v d a)ye r str.soL e1lai c9sci5 toós.m1e l,ano  pt ieunánncrcraaai pafmoas  cesiirmdeaagp rduue ngpsdneeoañrm daLa aGdsne Sec Snuotn,ne  sp neiodúnrem  jrruaeelnrimoo   iqdsduieeóe tn2 e l0raam1 l 6riaen, rfacetd.or oen2 n 0dsc5eei.a s1a e añan o)tla saL   y(Ges ddSeoasSsde,   nacntñoaoon  yspte .usneieiddtaee    2021-18375n https://www.
o sesenta y cinco), sino como la edad que, en el caso concreto, se establezca como la
mínima para tener derecho a la pensión de jubilación. La recurrente se encontraba en
situación  de  jubilación  anticipada,  conforme  a  la  normativa  específica  que  le  era 
aplicable. Por lo tanto, su edad de jubilación no es la prevista, con carácter general, en el 
art. 205.1 a) LGSS, sino la resultante de aplicar los coeficientes reductores establecidos 
en el art. 206.2 LGSS y concretados en el RD 1539/2003. Como quiera que la regla 
general es que no procede la incapacidad permanente de quien ya está jubilado, se le 
denegó  la  incapacidad  permanente  porque,  en  el  momento  de  su  solicitud,  ya  se 
encontraba en situación de jubilación, aunque no hubiera alcanzado la edad prevista en 
el art. 205.1 a) LGSS.
Sea como fuere, en lo que ahora interesa, el art. 195.1, párrafo segundo LGSS 
establece como requisito para acceder a una prestación de incapacidad permanente no 
haber alcanzado la «edad prevista en el art. 205.1 a)» LGSS.
b)  El criterio del Tribunal Supremo sobre el posible acceso a una prestación por 
incapacidad permanente de quien se encuentra en situación de jubilación anticipada.
Como ya se ha expuesto, las SSTS (Sala Cuarta) de 22 de marzo de 2006 (recurso 
núm. 5069-2004), 13 de junio de 2007 (recurso núm. 2282-2006) y 21 de enero de 2015 
(recurso núm. 491-2014), reconocieron la posibilidad de acceder a la prestación por 
incapacidad permanente a quienes se encontraban en situación de jubilación anticipada, 
siempre que no hubieran alcanzado la edad de jubilación prevista, con carácter general, 
en el entonces vigente art. 161.1 a) LGSS [hoy art. 205.1 a)].
En efecto, la STS de 22 de marzo de 2006 (FJ tercero) proclama que «el pensionista 
de jubilación anticipada que no ha cumplido aún los 65 años [edad establecida en el 
art. 161.1 a) LGSS], tiene derecho a que se le reconozca pensión de incapacidad 
permanente, si reúne los requisitos que la ley exige a este fin». En apoyo de este criterio 
se fundamenta lo siguiente: (i) la redacción entonces vigente del art. 138.1, párrafo 
segundo LGSS [actual art. 195.1, párrafo segundo LGSS], de la que «parece claro que el 
acceso a las pensiones de incapacidad permanente […] solo se veda o impide a quienes 
han cumplido 65 años. De ahí que, si todavía no se ha alcanzado esta edad, no hay 
razón para denegar la incapacidad permanente aun cuando el solicitante sea pensionista 
de jubilación anticipada»; (ii) el cambio normativo provocado entre el anterior art. 143 
(antes 145) y la nueva redacción del art. 138.1, párrafo segundo LGSS, tras la reforma 
llevada a cabo por la Ley 24/1997, de 15 de julio. La redacción anterior hablaba de «la 
edad  mínima  establecida  para  la  pensión  de  jubilación»,  mientras  que  el  nuevo 
art.  138.1,  párrafo  segundo  LGSS  (cuyo  texto  –se  insiste–  es  idéntico  al  vigente 
art.  195.1,  párrafo  segundo  LGSS),  «se  limita  a  remitirse  a  la  edad  que  fija  el 
art. 161.1 a) [actual art. 205.1 a)] […] lo cual no es, ni mucho menos, lo mismo, pues los 
términos reflejados en ese art. 143 permiten pensar que en él se incluía cualquier edad 
que diese lugar a la obtención de una pensión de jubilación anticipada, cosa que queda 
descartada por las expresiones del art. 138.1, párrafo segundo»; (iii) este criterio «no se 
opone […] [a] la regla general que proclama […] que quien tiene derecho a obtener la 
pensión de jubilación no puede acceder a la de invalidez permanente». La cuestión se 
reconduce «al momento a partir del cual esa imposibilidad produce sus efectos», que 
ahora se fija «en el cumplimiento de los 65 años»; (iv) la «dicción literal del párrafo 
segundo del art. 138.1 LGSS», en conjunción con el principio interpretativo establecido 
en el art. 3.1 CC, es decir, que las normas «se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras […]». Del mismo modo, «no puede olvidarse que el núcleo esencial de esta 
norma […] contiene una disposición sumamente restrictiva y reductora de los derechos 
de los beneficiarios de la acción protectora de la Seguridad Social, pues […] veda el  e
acceso a la pensión de incapacidad permanente a personas que, sin ese mandato,  bo
tendrían derecho a la misma. Y una norma de tales características no puede ser objeto  375ww
adcec iuónna d ien tlear pmreistmacaió snu paomnpel iam eor mexatre on srievdau, cyiar,  eqnu es imtoidlaor  cpuroapnotorc sióen ,a lmosp ldíee reelc hcoasm dpeo  ldoes 
bdeen eenfiecrioa rdioes  2d0e1 5la,  Ssee greumriditaiedr oSno cai alal» d. oLcatsri nSaS eTxSp upeossttae reionr elas ,a dnete 1ri3o rd.e junio de 2007 y 21
c)  Análisis de las resoluciones impugnadas.
En el caso de autos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
considera que el criterio general establecido por el Tribunal Supremo en esas sentencias 
anteriores es aplicable al supuesto de «jubilación anticipada por pérdida de empleo del 
trabajador por causa al mismo no imputable» (actual art. 207 LGSS), no al supuesto de 
jubilación anticipada por discapacidad. Aunque ambos casos pueden ser compatibles, 
pues  «no  hay  precepto  legal  que  lo  prohíba»,  en  el  asunto  enjuiciado  se  trata 
exclusivamente de un supuesto de jubilación por razón de discapacidad que tiene un 
régimen  jurídico  específico  que,  además,  y  en  el  aspecto  económico,  resulta  más 
beneficioso que el resto de las jubilaciones anticipadas.
Sobre la base de estos parámetros, entiende la Sala de suplicación que se puede 
distinguir entre ambas situaciones. Y, por ello, considera que «lo razonable es fijar como 
tope para pedir la incapacidad permanente esa edad ordinaria, pero reducida también en 
aquellos percentiles que se consideraron para acceder a la jubilación» por razón de 
discapacidad, lo que justifica la denegación de la prestación de incapacidad permanente, 
aunque no haya alcanzado la edad establecida en el art. 205.1 a) LGSS.
La sentencia del Tribunal Supremo avala ese criterio, al resolver un recurso de 
casación para unificación de doctrina, cuyo objeto es determinar «el alcance que debe 
otorgarse a la situación de quienes estando en situación de jubilación anticipada por 
discapacidad igual o superior al 65 % pretenden acceder a la incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez». El argumento principal consiste en realizar una interpretación 
de lo que significa la remisión a la edad recogida en el art. 205.1 a) LGSS. Para la Sala 
Cuarta, esta referencia a la edad está indisolublemente unida al régimen jurídico de la 
jubilación. La edad no es un factor aislado de este régimen, sino que es uno de los 
elementos que lo configuran, junto con los periodos de cotización y la cuantía de la 
pensión. La conjunción de todos ellos determina un concreto régimen de jubilación, que 
no es único, sino que atiende a la variedad de contingencias asociadas a circunstancias 
personales o profesionales. Por tanto, en esta materia, la edad no puede ser entendida 
como una mera referencia a un número o un hecho biológico, sino a un elemento que, 
junto con otros, conforman el régimen jurídico que determina la posibilidad de acceder a 
la pensión de jubilación. Para el Tribunal Supremo, aunque en el caso concreto se 
denomine jubilación «anticipada» por discapacidad, esa edad no deja de ser una «edad 
ordinaria» para el colectivo al que se aplica. En consecuencia, se deniega la prestación 
por incapacidad permanente porque, en el caso concreto, ya se ha alcanzado la edad de 
jubilación que, específicamente, está prevista para la situación de discapacidad.
d)  Enjuiciamiento y resolución: Estimación del recurso de amparo.
Las resoluciones impugnadas consideran que la doctrina establecida en las SSTS 
de 22 de marzo de 2006, 13 de junio de 2007 y 21 de enero de 2015, no es aplicable a 
los supuestos de jubilación anticipada por razón de discapacidad.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala expresamente 
que esa doctrina se refería a los supuestos de jubilación anticipada por causa no 
imputable al trabajador, actualmente regulados en el art. 207 LGSS. Por su parte, la 
sentencia del Tribunal Supremo ahora impugnada no hace esa concreta afirmación, pero 
sí señala que esos precedentes no se referían al supuesto de jubilación anticipada por 
razón de discapacidad.
Sin  embargo,  la  propia  heterogeneidad  de  los  asuntos  abordados  en  esos  s
precedentes jurisprudenciales permite constatar que la doctrina allí expuesta no hacía  oe.
mrdgeiesafnecregraerepannalci cdidaiade dala .d c  urEnintloe   rshiimoue pcpiunhlietocesa rtbdpoaer e, c tqonaunetiecvcr oeen steaoosr  ityasa embq leeuancebit,doe opr, d oqaeru rnael o  e eustsanatn est c ortaie,ps sosoo e ldu deece si aotjasnuubebnlsielt acojucísadi ó dicncei oabanlieen svrtia.oc  cMiqpauaácedsiód abna i rpe donaer,l     2021-18375n https://www.
todo lo contrario. Como se ha reseñado, el Tribunal Supremo consideró que, si la ley no
establecía otro criterio que el de la edad para tener derecho a percibir una prestación por
incapacidad  permanente,  no  se  debía  impedir  acceder  a  esa  prestación  a  quien 
cumpliera ese requisito, aunque se encontrara en situación de jubilación anticipada. Es 
decir, se utilizó un criterio interpretativo basado en la estricta literalidad de la norma, sin 
atender a factores como el fundamento o la finalidad de este tipo de prestaciones, ni a 
las  causas  o  presupuestos  de  la  jubilación  anticipada,  ni  a  su  carácter  forzoso  o 
voluntario, ni a su régimen económico o a la posible capacidad laboral asociada a esa 
situación. En síntesis, se aplicó el principio de que «donde la ley no distingue, no se 
debe distinguir».
Por el contrario, las sentencias ahora impugnadas parecen haberse conducido por un 
parámetro valorativo diferente. La ley o los precedentes jurisprudenciales no distinguen, 
a estos efectos, entre diversos supuestos de jubilación anticipada. Sin embargo, el 
criterio  ahora  aplicado  supone,  de  facto,  una  diferenciación.  Como  se  ha  podido 
observar, las sentencias objeto de este recurso se refieren de forma específica a la 
jubilación  anticipada  por  discapacidad.  No  hacen  una  nueva  interpretación  de  un 
precepto con vocación de generalidad que, por lo tanto, pudiera ser aplicable a los otros 
tipos de jubilación anticipada. Lo que realizan es una labor hermenéutica que conlleva, 
como resultado, que los supuestos de jubilación anticipada por discapacidad queden 
excluidos del acceso a la prestación por incapacidad permanente, frente a los otros 
supuestos de jubilación anticipada que sí podrían acogerse a esa prestación. Y lo hacen 
mediante  la  ponderación  de  algunos  criterios  que,  al  menos,  requieren  de  alguna 
precisión axiológica.
En efecto, las resoluciones cuestionadas inciden, entre otros argumentos, en que el 
régimen de jubilación anticipada por discapacidad no solo es diferente del resto de 
supuestos de jubilación anticipada, sino que también es más beneficioso desde el punto 
de vista económico. Sin embargo, este tipo de factores no responden a los principios que 
han de presidir la interpretación de la legislación vigente, y que responden a los valores 
que son objeto de protección por la normativa nacional e internacional.
Como ya se ha expuesto, la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, el art. 14 CEDH y los 
arts. 21 y 26 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, constituyen el 
marco normativo de referencia de nuestro ordenamiento en materia de discapacidad. 
Asimismo, los arts. 49 y 50, en relación con los arts. 9.2 y 10.1, todos de la CE, y dentro 
aquellos de los principios rectores de la política social y económica, imponen a los 
poderes públicos sendos mandatos: (i) de «realizar una política de integración de las 
personas  con  discapacidades  físicas,  sensoriales  y  psíquicas,  que  les  ampare 
"especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a los ciudadanos"» 
[STC 51/2021, de 15 de marzo, FJ 3 a) y las sentencias que allí cita]; y (ii) de garantizar, 
«mediante  pensiones  adecuadas  y  periódicamente  actualizadas,  la  suficiencia 
económica de los ciudadanos durante la tercera edad». Por último, el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
completa el marco normativo.
El  fundamento  de  este  abanico  de  instrumentos  normativos  es,  por  un  lado, 
garantizar la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad en todos los 
órdenes de la vida, de forma compatible con su situación; y por otro, la lucha contra 
cualquier forma de discriminación. El objetivo de asegurar el más pleno disfrute de los 
derechos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos ha de conllevar, en 
determinados supuestos, la adopción de «medidas de acción positiva» [art. 2 g) del texto  s
refundido de 2013] o de «ajustes razonables» [art. 2 m)], porque solo de esa forma se  oe.
podrá garantizar la finalidad pretendida. Así lo establece el art. 5, apartados 3 y 4 de la  w.
Convención,  cuando  señala  que  los  «ajustes  razonables»  tienen  como  objetivo  375ww
d«ipsrcormimoinvearto lraia isg u[…ald] alads  ym eelidmidinaasr  elasp deicsícfircimasin qauceió ns»e,a nd en efocremsaa riqause p «anrao  ascee lceornasr iod elroagrráanr 
ilgau aiglduaadld amde ddiaen thee echstoe  tdipeo  ldaes  mpeerdsidoansa,s  cucaolnq udieisr cdaipfearceindcaida» d. eU trnaat o vqeuze  gnaor arenstipzoanddaa  laa   BOE-A-cable e
una causa objetiva y justificada podría suponer una forma de discriminación, prohibida 
expresamente en el art. 3 c) y en el art. 3 b) de la Convención, entre otros preceptos.
La regulación de la jubilación anticipada por razón de discapacidad contenida en el 
art. 206.2 LGSS responde al instrumento de las «medidas de acción positiva». Estas 
medidas se definen como «aquellas de carácter específico consistentes en evitar o 
compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr 
la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los 
ámbitos de la vida [entre otros] social […] [y] laboral […], atendiendo a los diferentes 
tipos y grados de discapacidad» [art. 2 g) del texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social]. En este contexto, 
se han establecido unos «coeficientes reductores de la edad de jubilación» (art. 206.3 
LGSS), que tienen como «fundamento el mayor esfuerzo y la penosidad que ocasiona 
para  un  trabajador  minusválido  la  realización  de  una  actividad  profesional  […],  sin 
reducción de la cuantía de la pensión», según declara el preámbulo y concretan los 
arts. 3 y 5 del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
La argumentación de las resoluciones impugnadas parece dar a entender que, de 
admitirse a su vez el acceso a la prestación por incapacidad permanente desde la 
situación  de  jubilación  anticipada,  se  estaría  produciendo  una  especie  de  «doble 
discriminación positiva». Sin embargo, no estamos en presencia de una superposición 
de medidas positivas, sino de fases y planos valorativos diferentes. Así, las medidas de 
acción positiva entran en juego en el momento de determinar las condiciones de la 
jubilación  anticipada,  para  compensar  las  dificultades  en  el  ejercicio  laboral  de  las 
personas con discapacidad. Sin embargo, una vez concedida, no debería producirse 
discriminación alguna entre las diversas situaciones de jubilación anticipada, es decir, un 
tratamiento desigual sin base legal ni causa objetiva y justificada. De lo contrario, se 
produce la paradoja de que la medida de acción positiva establecida para el acceso a 
una determinada situación se convierte, al mismo tiempo, en una discriminación negativa 
en relación con las otras personas que se encuentran en esa situación. Se trataría de 
una especie de efecto inverso de una medida de discriminación positiva. La medida 
dejaría de ser adecuada para la finalidad pretendida, porque no permitiría conseguir la 
igualdad  real  y  efectiva  entre  quienes  parten  de  una  situación  que,  en  origen,  es 
diferente, generando una nueva situación de desigualdad entre quienes ya han sido 
igualados por la norma.
Por  otro  lado,  las  resoluciones  impugnadas  parecen  desnaturalizar  el  término 
«jubilación anticipada», para asimilarlo a una «jubilación ordinaria», pero únicamente en 
el caso de las personas con discapacidad. Se dice que la jubilación anticipada de estas 
personas no es, en realidad, una jubilación anticipada, sino la jubilación ordinaria en 
función de sus circunstancias específicas. Sin embargo, la regulación vigente no parece 
abonar esta tesis, no solo desde el punto de vista meramente gramatical, sino también 
desde el análisis del propio fundamento de la regulación, derivada de su ubicación 
sistemática.  Bajo  la  denominación  de  «jubilación  en  su  modalidad  contributiva» 
(capítulo  XIII  del  título  II  de  la  LGSS),  los  arts.  206,  207  y  208  recogen  diversas 
modalidades  de  jubilación  «anticipada».  El  art.  206  regula  dos  supuestos,  el  de 
determinados «grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente  penosa,  tóxica,  peligrosa  o  insalubre»  (apartado  1),  y  el  de  las 
«personas  con  discapacidad»  (apartado  2).  Por  su  parte,  el  art.  207  contempla  el 
supuesto de «jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador», mientras que 
el art. 208 recoge la figura de la «jubilación anticipada por voluntad del interesado». En  s
cada precepto se establecen los requisitos y los criterios generales para acceder a esa  oe.
situación  y  para  el  cálculo  de  la  prestación  correspondiente.  La  variedad  y  w.
heterogeneidad de este régimen jurídico determina que, realmente, el elemento común  375ww
daen tictoipdaodsa »e, setoss  qsuuep, uceosnto si,n dqeupee nldoesn ceian gdloebl am  boatijvoo  loa  ddee nloam  cinaaucsiaó,n  sdee  pr«ojudbuiclaec ióunn 
naod eslaen atacmojiaenn too  ndoe  slae  epduaedd adne  ajucboiglaecr ióan u ensot adbel elocisd as,u pcoune sctoasrá ecstepre gceífnicearmale, nptaer ap rqeuviiesntoess.   BOE-A-cable e
En este marco sistemático, la jubilación «anticipada» solo puede interpretarse como lo 
que su propia denominación indica, una jubilación que se anticipa a la prevista, en 
general,  para  aquellos  en  quienes  no  concurre  ninguna  de  las  circunstancias  que 
permiten acogerse a esa modalidad. Eso no significa que, necesariamente o de forma 
automática, su naturaleza se transmute hacia una modalidad de jubilación ordinaria que, 
por motivos obvios, queda fuera de su ámbito de aplicación.
Lo cierto es que el legislador, en el ejercicio legítimo de su libertad de configuración 
del sistema, no ha establecido otro requisito que el de una determinada edad para 
acceder a la prestación de incapacidad permanente [art. 195.1, párrafo segundo LGSS, 
por remisión al art. 205.1 a) LGSS], de forma que no impide su acceso desde una 
situación de jubilación anticipada, ni distingue entre las causas o presupuestos de ese 
tipo de jubilación para acceder a la incapacidad permanente. Tampoco ha establecido 
cautela o modulación alguna para el cálculo de la edad a estos efectos, como sí ha 
hecho, por ejemplo, en el caso de la jubilación anticipada por causa no imputable al 
trabajador [art. 207.1 a) último inciso LGSS], o en el caso de la jubilación anticipada por 
voluntad del interesado [art. 208.1 a), último inciso LGSS]. En ambos supuestos, para el 
cálculo de la edad de jubilación no resultan de aplicación «los coeficientes reductores a 
que se refiere el artículo 206». Nada de esto se incluye en el art. 195.1, párrafo segundo 
LGSS ni en el art. 205.1 a) del mismo texto legal.
Por lo tanto, si la ley no hace distinción alguna en esta materia, el establecimiento de 
una  diferencia  de  trato  para  los  supuestos  de  jubilación  anticipada  por  razón  de 
discapacidad  podría  suponer  una  discriminación  proscrita  por  el  principio  general 
reconocido en el art. 14, segundo inciso, CE.
Ahora  bien,  el  principio  de  no  discriminación  solo  entra  en  juego  y  resulta  de 
aplicación cuando no existe una diferencia objetiva y razonable en el trato diferenciado, 
que no es lo mismo –como hemos visto– que una diferencia entre los términos de una 
comparación, que es el criterio propio del derecho a la igualdad.
En el caso que nos ocupa, la distinción podría provenir de la situación de jubilación 
anticipada o de la situación de incapacidad permanente. Se trataría de apreciar un 
motivo objetivo y razonable que justificara la diferencia de trato entre la recurrente y el 
resto de las personas que se encuentren en situación de jubilación anticipada o de 
incapacidad permanente, de manera que se pudiera excluir toda discriminación. Sin 
embargo, no existe justificación alguna para distinguir entre las diversas situaciones de 
jubilación anticipada, porque lo relevante es que se cumple el único requisito exigido por 
la  norma  para  acceder  a  la  prestación  por  incapacidad  permanente,  que  es  una 
determinada edad, según el tenor literal del art. 195.1, párrafo segundo LGSS, por 
remisión al art. 205.1 a) LGSS. Y tampoco existe razón objetiva alguna para excluir a la 
recurrente  de  la  situación  de  incapacidad  permanente.  De  hecho,  las  resoluciones 
judiciales admiten que concurren los requisitos y los presupuestos para reconocer esta 
situación. En este caso, además, de forma especialmente motivada en atención a las 
circunstancias físicas de la demandante, que exigen el apoyo de una tercera persona 
precisamente para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades más básicos en 
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, en coherencia con los principios 
y valores que inspiran la normativa nacional e internacional en materia de discapacidad.
En  definitiva,  la  interpretación  de  las  resoluciones  impugnadas  produce  como 
resultado  una  discriminación  no  justificada  para  la  recurrente  con  discapacidad. 
Conforme a ese criterio interpretativo, toda persona que se encuentre en situación de 
jubilación anticipada podría acceder a una prestación por incapacidad permanente, salvo  s
las personas con discapacidad, a pesar de cumplir el único requisito exigido por la  oe.
normativa, que es una determinada edad. Se genera con ello una diferencia de trato no  w.
prevista en la norma, sin justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente del  375ww
hsietucahcoi ódne d hea dbiesrc aapcacceiddiaddo. a una situación de jubilación anticipada precisamente por su
sentEeln cmiaosti vimo pdueg naamdpaas.ro debe ser estimado, lo que lleva aparejada la nulidad de las  BOE-A-cable e
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Felisa Portillo Sánchez y, en su 
virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  no  sufrir 
discriminación por razón de su discapacidad (art. 14 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de las 
sentencias núms. 81/2018, de 16 de enero, y 512/2020, de 24 de junio, dictadas, 
respectivamente, por las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco y del Tribunal Supremo, recaídas en los recursos, de suplicación núm. 2487-2017 
y de casación para unificación de doctrina núm. 1411-2018, dejando firme la sentencia 
núm. 194/2017, de 12 de julio, del Juzgado de lo Social núm. 2 de San Sebastián.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Andrés Ollero Tassara en relación con la 
sentencia de 7 de octubre de 2021 dictada en el recurso de amparo avocado al Pleno 
núm. 4119-2020
Dos aspectos me han llevado a no coincidir con la mayoría de los magistrados a la 
hora de abordar la posible estimación de este recurso de amparo.
1.  En primer lugar la pretendida vulneración del artículo 14 CE, que daría paso a 
una discriminación de los aún considerados por la Constitución –es de desear que por 
poco tiempo– «discapacitados».
Para que pueda hablarse de discriminación a la luz del artículo 14 CE, según la 
reiterada doctrina del Tribunal, es preciso partir de situaciones de igualdad, a las que se 
habría aplicado un trato diferente sin fundamento objetivo y razonable.
Concepto distinto de discriminación sería el derivado de una actitud pasiva a los ojos 
del artículo 9.2 CE, que –como es bien sabido– no contaría prima facie con el respaldo 
protector del recurso de amparo aunque, afortunadamente, ha acabado encontrándolo 
de  modo  repetido,  por  la  entrada  en  juego  de  la  llamada  función  promocional  del 
derecho, a través de acciones positivas que han generado un beneficioso baipás hacia el 
citado artículo 14 CE.
2.  En segundo lugar di por sentado en la deliberación que el recurso presentado no 
abría un concurso entre los magistrados sobre su mayor o menor sensibilidad respecto a 
los ciudadanos que soportan una mayor dificultad de desenvolvimiento, dramática en el  e.
caso que nos ocupa. Considero, más bien, que lo que nos ha planteado es cuál es el  w.b
campo de juego del poder legislativo, que este tribunal cuidadosamente debe respetar.  375ww
tDraotyo  pao rs situupaucieosnteos q uoeb vliaa mgeennetero dsiidspaadr edse,l  lpeegriosl andoo rp pieunesdoe  qllueev adrliech aa  cpoonsfeibriilri duand  ideésntéti caol 
oaplcoarntucnei ddaed  lad et acroema pqruoeb alra,  yCao nqsuteitu ecinó nq uneo sl oast raibnuteyece; dceonmteos  tedned sráu  esle nptreonpcioia  Tlrleibguan aal 
calcularse en unos 30 000 los posibles beneficiados gracias a su apuesta. La opción 
asumida por la mayoría es sin duda generosa.
3.  Comenzando por aspectos de detalle, me ha resultado sorprendente la –por 
prolongada– llamativa cita de la STC 51/2021, de 15 de marzo, FJ 3 a), que además 
nada  tiene  ver  que  ver  con  el  problema  planteado,  ya  que  se  refiere  a  «ajustes 
razonables» en el trabajo de ciudadanos en activo, mientras que la recurrente estaba ya 
tempranamente jubilada.
4.  El  régimen  de  jubilación  de  los  trabajadores  no  es,  como  es  bien  sabido, 
uniforme. Incluso, como la propia sentencia –en su fundamento jurídico 4 e)– reconoce, 
tampoco lo es el de la jubilación anticipada. No es idéntico el trato legislativamente 
previsto para los trabajadores que se plantean jubilarse prematuramente por razones 
ajenas a toda discapacidad, que han de superar determinado límite de edad y asumir 
recortes en su pensión, que el de los que se acogen a la vía excepcional prevista por 
limitaciones de salud, que pueden hacerlo con notable anterioridad y recibiendo el cien 
por cien de su pensión. Una clara acción positiva que el legislador ha asumido con 
acierto.
La sentencia, sin embargo, entiende que la interpretación de la legalidad ordinaria 
que  realizan  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  produce  como  resultado  «una 
discriminación  no  justificada  para  la  recurrente  con  discapacidad»  [FJ  4  d)].  En 
consecuencia,  estima  el  recurso  de  amparo,  declarando  que  ha  sido  vulnerado  su 
derecho fundamental «a no sufrir discriminación por razón de su discapacidad (art. 14 
CE)». Apreciación que, por lo ya indicado, no comparto.
En  su  argumentación  la  sentencia  no  distingue  en  su  razonamiento  decisorio 
[FJ 4 d)] el juego del principio de igualdad en la ley, que exigiría la existencia de una 
igualdad entre los apuntados regímenes, derivando de ello una supuesta discriminación 
odiosa (por motivo de discapacidad). En realidad los razonamientos que sustentan la 
estimación del recurso de amparo apelan en la práctica al juego de cláusula general de 
igualdad, comparando las dos modalidades legales de jubilación anticipada. Exige –
ignorando su diverso alcance– para quienes ya se beneficiaron, de modo anterior y con 
mayores réditos, la posibilidad de un incremento adicional, imponiendo al legislador una 
acción superpositiva.
El principio de igualdad en la ley se configura –conforme a reiterada jurisprudencia 
constitucional– como un derecho de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga a 
los poderes públicos a respetarlo y exige que los supuestos de hecho iguales sean 
tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas. Para introducir diferencias entre 
ellos, tiene que existir una justificación suficiente, que aparezca al mismo tiempo como 
fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados.
El juicio de igualdad es por lo demás de carácter relacional, lo que exige verificar si, 
como consecuencia de la medida cuestionada, se ha introducido directa o indirectamente 
una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas. Para ello las situaciones 
subjetivas  sometidas  a  comparación  ha  de  ser,  efectivamente,  homogéneas  o 
equiparables, de modo, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso 
(por todas, SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6; 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5; 
181/2000, de 29 de junio, FJ 10, y 1/2001, de 15 de enero, FJ 3).
El juego de las acciones positivas invita con frecuencia a la parificación, lo que 
implica la necesidad de emplear en el juicio de legitimidad constitucional un canon 
mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de  e
proporcionalidad (SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; 209/1988, de 10 de  bo
noviembre, FJ 6; 126/1997, de 3 de julio, FJ 8; 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 27/2004,  375ww
deen tr4e d oet rmasa)r.zo, FJ 3; 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5, y 3/2018, de 22 de enero, FJ 4,
interLpar edtaivteivros idaasudm died ar epgoírm uennae sp lyuara sliedñaadl addea ó srgea angousd jiuzdai cciaolmeso.  cNoon seenc uvaennoci as ed ehla j uveisgtoo 
obligado el Tribunal Supremo a abordar una casación para unificación de doctrina. En
efecto, los órganos judiciales pueden vulnerar el art. 14 CE si aplican las normas con un 
criterio interpretativo que produzca, o no corrija, tratos discriminatorios en relación con 
otras  situaciones  válidamente  comparables,  siempre  que  la  norma  a  aplicar  sea 
susceptible de distinta interpretación que, siendo admitida en Derecho, conduzca a 
eliminar la desigualdad injustificada que pueda producirse [SSTC 34/2004, de 8 de 
marzo, FJ 3; 154/2006, de 22 de mayo, FJ 8, y 9/2010, de 27 de abril, FJ 3 d), por todas]. 
No deja de resultar significativo que las tres sentencias del Tribunal Supremo que 
establecen la compatibilidad legal de jubilación anticipada y solicitud de incapacidad 
absoluta se refirieran al peor tratado de los dos regímenes a que nos hemos referido; 
mientras que el presente recurso de amparo solo ha encontrado apoyo en dos votos 
particulares formulados al respecto.
5.  En mi opinión, por tanto, ni la interpretación de la legalidad que realizan las 
sentencias impugnadas en amparo quebranta el principio de igualdad ni provoca una 
discriminación por razón de discapacidad.
Conviene advertir, en primer lugar, que la sentencia de la que discrepo establece la 
comparación entre la situación de quienes se han acogido a la modalidad de jubilación 
anticipada por causa de discapacidad (art. 206 de la Ley general de Seguridad Social y 
Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre) y la de quienes se han acogido a la 
modalidad de jubilación anticipada por voluntad del interesado (art. 208 de la Ley general 
de Seguridad Social), que llamaremos jubilación anticipada «ordinaria», para simplificar. 
La sentencia obvia así que existen otras modalidades de jubilación anticipada, cada una 
sujeta a su régimen jurídico específico: por razón de la actividad, por causa no imputable 
al  trabajador,  por  tener  la  condición  de  mutualista,  etc.  Estamos,  en  suma,  ante 
regímenes jurídicos diversos, establecidos por el legislador dentro de su legítimo margen 
de configuración, que no son válidamente comparables a efectos de trabar el juicio de 
igualdad que requiere el art. 14 CE.
La interpretación que sostienen las sentencias impugnadas en amparo pone de 
relieve que la recurrente ha planteado el juicio de igualdad sobre situaciones sometidas a 
regímenes jurídicos diversos, lo que resulta ajeno a la protección dispensada por el 
art. 14 CE; tanto desde la perspectiva del principio de igualdad en la ley como desde la 
que atañe a la interdicción de discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social.
En efecto, la recurrente en amparo se acogió en su día a la modalidad legal de 
jubilación anticipada por tener una discapacidad superior al 65 por 100 (art. 206 de la 
Ley general de Seguridad Social y Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre). Se trata 
sin duda de una medida más beneficiosa, como ya hemos indicado, pues permite 
adelantar la jubilación incluso hasta los 52 años de edad, frente a la modalidad de 
jubilación anticipada «ordinaria», establecida en los 63 o 65 años de edad, dependiendo 
del periodo cotizado, conforme a lo dispuesto en el art. 205.1 de la Ley general de 
Seguridad Social. A la vez no ha sufrido penalización en el importe de su pensión, a 
diferencia de quienes han accedido a la jubilación anticipada «ordinaria», cuya pensión 
es objeto de una reducción por aplicación de los coeficientes previstos en el art. 208.2 de 
la Ley general de Seguridad Social.
Este trato normativo más favorable, en razón de la discapacidad, resulta sin duda 
constitucionalmente legítimo, sin que sea –a mi juicio– constitucionalmente exigible, 
proyectarlo a supuestos o situaciones no previstas por la norma; lo que quedaría a juicio 
del legislador, sin que corresponda hacerlo a la jurisdicción ordinaria, ni tampoco a este 
Tribunal Constitucional. e.
Estamos pues en presencia de regímenes jurídicos diversos de jubilación anticipada,  w.b
cada uno de ellos sujeto a la normativa que le resulta aplicable; bastante más diversa y  375ww
csoemntpelnecjaia sq uime plou gqnuaed laas s eenn taemncpiaa rdoe e lnat rqeune e dni sccorelispioó nd ecjoan e enlt rpervinecr.i pEios tod ee xigculuayldea qdu een l alas 
ley o con la interdicción de discriminación por razón de discapacidad; por lo que este 
recurso de amparo debería haber sido desestimado.
En consecuencia, me considero obligado a formular este voto particular.
Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 4119-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y fallo de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 4119-2020, que han conducido a la estimación de 
la demanda.
1.  A mi juicio, el recurso de amparo hubiera debido ser desestimado, porque ni la 
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de junio de 2020, que 
confirmó la del mismo orden de jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, de 16 de enero de 2017, ni esta última, incurrieron en una vulneración del 
artículo 14, inciso primero CE, por haber realizado una interpretación de los preceptos 
legales aplicados contraria al derecho a la igualdad ante la ley, en perjuicio de la 
recurrente en amparo, ni tampoco esa interpretación supone una discriminación de la 
recurrente, en razón de su discapacidad, contraria a la prohibición enunciada en el inciso 
segundo de ese mismo precepto constitucional.
2.  Todos los argumentos sometidos a debate tanto en vía administrativa como ante 
los órganos judiciales de lo social previos a la decisión de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, versaron sobre problemas de interpretación de la ley en términos de 
legalidad ordinaria, sin plantear su posible compatibilidad con el artículo 14 CE más allá 
de su mera cita en el escrito de casación presentado. Tampoco el Tribunal Supremo lo 
hace, y solo el voto particular que acompaña la sentencia de este último alto Tribunal, 
además de exponer los argumentos de legalidad ordinaria que justificarían la estimación 
del recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto, contiene una escueta 
alusión, dentro de su argumento segundo, 4, sexta, en la que se apunta que una 
solución distinta estaría incurriendo en una discriminación por discapacidad proscrita en 
la Constitución.
Y, siguiendo la línea indicada en este voto particular, es como el recurrente en este 
amparo plantea su demanda, en la que trascribe ese voto y afirma, con escasas razones 
añadidas, que tanto la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
como  la  del  Tribunal  Supremo  han  vulnerado  el  artículo  14  CE,  tanto  por  una 
interpretación de las leyes aplicadas contraria al principio general de igualdad, como por 
suponer una discriminación del recurrente en razón de su discapacidad, lo que obliga a 
examinar separadamente cada una de las vertientes del derecho proclamado en ese 
proyecto constitucional.
3.  Toda vez que la rúbrica del artículo 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social (LGSS) se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad o  e
por razón de edad, y toda vez que el artículo 195.1, párrafo segundo LGSS prohíbe el  bo
reconocimiento del derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de  375ww
cpoonr thinagbeenr caialcsa nczoamduon leas e ad alods r ebqeuneerfiidcaia priaorsa  qeulleo  heunb eiel raarntí coublote 2n0id5o.1 l aa )j,u lbai lsaecniótenn ocriad indaer liaa 
lqouse b deinscerfeicpiaod coosn dseid elar aju qbuilea ceióllno  aenxctilcuipyea ddae,  ala  loasp liqcuaec iósne  dreef iearqeune llloas p arorthícibuilcoisó n2 0a6 t,o 2d0o7s 
o 208 LGSS.
Sin embargo, esa remisión a la edad fijada en el artículo 205.1 a) LGSS, a mi juicio, 
no puede obviar la diferente naturaleza de la denominada jubilación anticipada por razón 
de actividad o en caso de discapacidad del citado art. 206, de la anticipada por voluntad 
del interesado del art. 208 LGSS, o la derivada de los diversos supuestos incluidos en la 
anticipada por causa no imputable al trabajador, que se relacionan en el artículo 207 
LGSS.
A diferencia de los supuestos de los arts. 207 y 208, la jubilación anticipada regulada 
en el artículo 206, tiene una evidente finalidad tuitiva del trabajador, que parte en esos 
supuestos de que el desempeño de su trabajo sea especialmente penoso, bien por las 
características  del  trabajo  que  ha  de  desarrollarse  (art.  206.1),  bien  por  las 
circunstancias personales del trabajador, que hacen que la prestación de su actividad 
resulte  particularmente  difícil  (art.  206.2),  incluso,  en  ambos  casos,  con  riesgo  de 
mortalidad o de reducción de su esperanza de vida.
Esta  diferencia,  determina  que,  frente  a  lo  dispuesto  para  los  jubilados 
anticipadamente por causas no imputables a ellos o por su propia voluntad, los jubilados 
con arreglo al artículo 206 tienen derecho a una pensión de jubilación en las mismas 
condiciones que los que se hubieran jubilado por cumplir las condiciones previstas en el 
artículo 205, a diferencia de los demás supuestos de jubilación anticipada previstos en el 
texto refundido de la LGSS.
A mi juicio, esto significa, de acuerdo con las resoluciones impugnadas en este 
recurso de amparo, que para los discapacitados, lo mismo que para los que llevan a 
cabo  actividades  declaradas  reglamentariamente,  penosas,  tóxicas,  peligrosas,  o 
insalubres, la edad ordinaria de jubilación no es la establecida en el artículo 205.1, sino 
la  que  resulte  de  aplicar  este  artículo  206,  y  que  es  una  interpretación 
constitucionalmente  irreprochable  considerar  que  la  prohibición  impuesta  en  el 
artículo 195.1, párrafo segundo alcanza también a estos últimos.
Buena prueba de ello es la Disposición adicional única del Real Decreto 1539/2003 
por el que se establecen los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de 
los trabajadores que acrediten un grado importante de discapacidad (65 por 100 o 
superior),  de  donde  resulta  que  los  trabajadores  comprendidos  en  el  ámbito  de 
aplicación de esa disposición tienen una edad ordinaria diferente a la que se aplica como 
regla general, y, además, pueden beneficiarse de las reglas de jubilación anticipada 
existentes en el momento en que se aprobó el Real Decreto 1539/2003. Por su parte, el 
artículo 206.3 LGSS, relativo a la jubilación anticipada por razón de actividad en caso de 
discapacidad, señala en su párrafo segundo que «los coeficientes reductores de la edad 
de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la 
exigida  para  acceder  a  la  jubilación  parcial,  a  los  beneficiarios  establecidos  en  el 
artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada». Es decir, se 
reconoce la posibilidad de que estos trabajadores accedan a la jubilación anticipada, 
aunque a esos efectos se tendrá en cuenta la edad real del trabajador.
Es significativo, a estos efectos que la disposición adicional vigésima LGSS que se 
refiere a la edad de jubilación de los miembros de la Ertzainza, no habla, pese a tener 
correspondencia con el artículo 206.1, de la jubilación anticipada de los miembros de 
este cuerpo, sino de la reducción de su edad de jubilación respecto de la ordinaria 
señalada  en  el  artículo  205.1.  De  la  misma  forma  que  el  artículo  2  del  Real 
Decreto 383/2008, habla no de la jubilación anticipada de los bomberos sino de la 
reducción de su edad de jubilación. Y el Real Decreto 1851/2009, que se refiere a los 
trabajadores con discapacidad del 45 por 100 o superior, tampoco habla de su jubilación  s
anticipada sino de la anticipación de su edad de jubilación. oe.
4.  Si, a mi juicio, la jubilación denominada anticipada en el artículo 206 LGSS tiene  375ww
cuanrae cnea tduera fluenzdaa meseenntcoi alalm aelnetgea cdióifne rednetl er edceu rrlae nrteec doen oqcuidea h ae ns ulofrsid oa rutíncual odsis c2r0im7 inoa c2ió0n8 
pao er srtaozsó dno dse  úsltuim doissc appreacceidpatods p yo rcqoune  cao terafibciaejnatdeosr erse djuubcitloardeoss  daenl tiicmippaodrtaem deen tseu c poennfosrimóne, 
es  decir,  en  peor  situación  económica  que  aquella,  el  Tribunal  Supremo  sí  les  ha
reconocido el derecho a acceder a la jubilación por incapacidad permanente o gran 
invalidez desde aquella situación si esas contingencias se habrían producido antes de 
llegar a la edad prevista en el artículo 205.1.
La regulación del artículo 206 responde a la inspiración del principio rector enunciado 
en el artículo 49 CE, que obliga a los poderes públicos a amparar a las personas con 
discapacidad («disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos») para el disfrute de los 
derechos que, también conforme a otro principio rector, el que contiene el artículo 41 CE, 
se atribuyen a todos los ciudadanos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Y 
lo hace el legislador, precisamente reconociendo a los que se jubilan antes de la edad 
ordinaria en razón de su discapacidad, los mismos derechos que aquellos. Pero si estos 
últimos  no  pueden  acceder  a  la  declaración  de  incapacidad  permanente  una  vez 
alcanzada esa edad, no puede considerarse discriminatorio que a los que obtuvieron en 
razón de su discapacidad, una jubilación de la misma cuantía que aquellos, se les 
aplique la regla general de que alcanzada la edad de jubilación no puede accederse a la 
jubilación por incapacidad permanente. Lo que en ningún caso postulan las resoluciones 
impugnadas  es  que  quepa  negar  la  jubilación  por  incapacidad  permanente  a  todo 
trabajador con discapacidad que se hubiera acogido al régimen voluntario de jubilación 
anticipada del art. 208 LGSS, con merma al hacerlo del importe de su prestación.
Se trata de unas reglas que se aplican no solo a los que han visto reducida la edad 
ordinaria de jubilación en razón a su discapacidad sino también a todos aquellos que se 
han beneficiado de esa reducción por desarrollar una actividad peligrosa o de especial 
penosidad, por lo que no puede hablarse en esta caso de un trato específico a los 
discapacitados que pueda calificarse como discriminatorio.
No puedo compartir la conclusión de la sentencia del Pleno de este tribunal que 
considera que conforme el criterio interpretativo de las resoluciones impugnadas, «toda 
persona que se encuentre en situación de jubilación anticipada podría acceder a la 
prestación de una incapacidad permanente, salvo las personas con discapacidad, a 
pesar de cumplir el único requisito exigido por la normativa, que es una determinada 
edad». Tampoco pueden acceder a esa prestación los que se hayan acogido a lo 
dispuesto en el apartado 1 del mismo artículo 206 porque a todos ellos al alcanzar la 
edad que en cada caso corresponda se les concede el derecho a percibir una pensión de 
jubilación en las mismas condiciones y con la misma cuantía que los que se hayan 
jubilado al alcanzar la edad prevista en el artículo 205.1 a).
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado 
y rubricado.