BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Martes 17 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 25715
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3784 Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, de necesidades financieras del sector 
público en prórroga presupuestaria y de modificación del texto refundido de la 
legislación  en  materia  de  aguas  de  Cataluña,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decreto ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falta de aprobación de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el  2020  ha  comportado  la  situación  de  prórroga  presupuestaria,  en  concreto  de  la 
Ley 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el 2017.
El  artículo  33  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  de  Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que, si por 
cualquier  motivo  el  1  de  enero  el  presupuesto  no  está  aprobado,  se  considerará 
prorrogado  automáticamente  el  del  año  anterior  en  sus  créditos  iniciales  hasta  la 
aprobación y la publicación de los nuevos en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».
Consecuentemente, mientras se mantenga la situación de prórroga presupuestaria 
en el ejercicio 2020 y, sin perjuicio del marco legal que comporta la situación de prórroga, 
se  tienen  que  adecuar  determinadas  necesidades  financieras  que,  en  razón  de  su 
urgente necesidad, no pueden aplazarse.
Estas situaciones financieras que necesiten endeudamiento público para su equilibrio 
tienen que ser autorizadas por una norma con rango legal, de acuerdo con el texto 
refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  de  Cataluña,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. Por lo tanto, el eventual decreto que regule la 
situación de prórroga resulta insuficiente para fijar las autorizaciones y los límites.
Además, se modifica el texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña para adaptar de manera inmediata las previsiones relativas al tipo de interés 
aplicable a los cambios producidos en los mercados financieros.
El artículo 1 de este decreto ley regula con suficiente detalle estas autorizaciones 
para endeudamiento, otorgamiento de avales y otras garantías que se ha estimado que 
serán necesarias para atender las necesidades públicas, en los diferentes apartados que 
se recogen.
El articulo 2 contiene las modificaciones del artículo 73.1 y del apartado 6 de la 
disposición adicional 17 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. El apartado 6 
de la disposición adicional 17 prevé el tipo de interés que es de aplicación en el colector  e.
de salmueras, tanto en lo relativa a la infraestructura existente como el resto pendiente  w.b
de ejecutar. La cuota de interés prevista impacta directamente en la posibilidad de  84ww
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solo se aplique a la infraestructura que se encuentra en servicio en la actualidad. Tal
hecho determina que sea necesario modificar el artículo 73.1 para influir la magnitud 
relativa a los tipis de interés en la regulación vigente.
En este caso, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la 
incongruencia del actual régimen jurídico de la exacción sustitutoria del canon del agua, 
respecto  de  la  realidad  en  la  cual  se  remite,  en  que  para  la  financiación  de 
infraestructuras ad hoc y la repercusión de su coste al beneficiario se establece un 
sistema alternativo fundamentado en magnitudes que no contemplan la variabilidad 
económica derivada de la aplicación de uno u otro tipo de interés.
La  disposición  adicional  prevé  la  autorización  a  los  departamentos  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y de Territorio y Sostenibilidad a llevar a cabo 
lo que sea necesario en período de prórroga para iniciar la tramitación del proyecto de 
mitigación del riesgo de inundación en el barrio de la Salut del término municipal de 
Salou. Este proyecto sectorial tiene como objeto mitigar las continuas inundaciones en el 
tramo final del barranco, en el término municipal de Salou, producidas por la actividad 
hidrológica del denominado Barranc de Barenys. Este hecho se ve agravado en la zona 
de la fachada marítima, concretamente en el barrio de La Salut, visto que las plantas 
bajas de los edificios existentes están por debajo de la alzada de la salida del agua al 
mar. Asimismo, y como consecuencia de las sentencias núm. 772 y 802 del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que declararon nulo el Plan Parcial Sector 3 Pomeres-
Barenys, dio origen a un acuerdo entre la Generalidad de Catalunya y el Ayuntamiento 
de Salou para la redacción de un proyecto constructivo de arreglo del Barranc de 
Barenys, proyecto que ha sido aprobado en fecha 9 de mayo de 2019 por la Agencia 
Catalana del Agua, dando solución a la problemática planteada, cuya ejecución resulta 
urgente vista la problemática expuesta de continuas inundaciones.
Vistas las situaciones planteadas y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, 
del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno 
puede dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto ley, en los 
términos del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña;
La norma del Decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se 
tiene que hacer un uso de él prudente y limitado a las situaciones que realmente 
merecen la consideración de urgentes y convenientes.
Este Decreto-ley contiene dos artículos, una disposición adicional y una disposición 
final de entrada en vigor. El artículo 1 da respuesta a las necesidades financieras 
inaplazables de determinadas entidades del sector público, y se considera adecuado 
prever la autorización de los avales y las garantías que sean necesarios para el 2020. Y 
el artículo 2 corrige una carencia detectada en el texto refundido de la legislación sobre 
aguas que perjudica el interés público desde el momento en que el ente que ejecuta las 
obras  tiene  que  endeudarse  para  financiarlas.  Finalmente  la  disposición  adicional 
contiene una autorización a los efectos de iniciar con urgencia la tramitación de un 
expediente administrativo, respecto de un proyecto constructivo que por el grave riesgo 
de inundación que tratar de paliar, resulta inaplazable.
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y 
con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
Artículo 1.  Previsiones en materia financiera.
1.1  Se  autoriza  al  Gobierno,  en  las  condiciones  y  los  términos  que  fija  la 
Ley 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el 2017, desde la entrada en vigor de este Decreto ley y, mientras se mantenga la  e.
situación  de  prórroga  presupuestaria  a  lo  largo  del  2020,  para  que  haga  uso  de  w.b
operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, con la limitación que el saldo  84ww
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normativa de estabilidad presupuestaria.
1.2  Con respecto a las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector 
público:
a)   Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a hacer uso, durante el 2020, del 
endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, en cualquier modalidad, para 
financiar sus operaciones de capital, con la limitación que el saldo de deuda viva a plazo 
de  reembolso  superior  a  un  año  el  31  de  diciembre  de  2020  no  supere  el  límite 
de 4.000.000.000,00 de euros.
b)  Se  autoriza  al  ente  de  abastecimiento  de  Agua  Ter-Llobregat  a  hacer  uso, 
durante 2020, del endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, que puede 
aumentar por el importe que se derive de la asunción de los pasivos financieros de la 
Generalidad de Cataluña subrogados en el 2012 de la extinta ATLL pública, hasta un 
máximo de 374.522.094,82 euros.
1.3  Las  entidades  que,  de  acuerdo  con  las  normas  del  Sistema  Europeo  de 
Cuentas, hayan sido clasificadas en el sector Administración pública de la Generalidad 
no pueden formalizar operaciones que comporten un incremento de endeudamiento 
respecto de lo que tenían autorizado el 31 de diciembre de 2019, salvo los casos 
siguientes:
a)  El Consorcio Hospitalario de Vic, que puede aumentar su deuda por el importe 
que derive del proceso de integración de la Fundación Hospital Sant Jaume de Manlleu 
en el Consorcio por medio de la aportación de activos y pasivos, hasta un máximo 
de 5.648.718,50 euros.
b)  La entidad de derecho público que asuma la prestación de los servicios públicos 
de salud a la ciudad de Reus y su área de influencia, que puede aumentar su deuda por 
el  importe  que  derive  de  la  asunción  de  los  pasivos  financieros  derivados  de  la 
construcción  del  Hospital  Universitario  Sant  Joan  de  Reus,  hasta  un  máximo 
de 53.902.681,01 euros. Este importe se podrá incrementar por el valor de mercado de 
las operaciones de cobertura asociadas a la construcción del Hospital Universitario Sant 
Joan de Reus.
c)  La entidad Parc Científic de Barcelona, que puede aumentar su deuda por el 
importe de la refinanciación de las cuotas vencidas de los préstamos recibidos por la 
entidad en virtud de las convocatorias dirigidas a parques científicos y tecnológicos 
hechas desde el año 2000, hasta un máximo de 30.587.000 euros.
d)  La entidad Fira 2000, S.A., que puede aumentar su deuda hasta un máximo 
de 38.225.000 euros.
1.4  Se autoriza al Gobierno, desde la entrada en vigor de este Decreto ley y, 
mientras se mantenga la situación de prórroga presupuestaria a lo largo del 2020, a 
autorizar los avales siguientes:
a)   Se autoriza al Gobierno a conceder el aval de la Generalidad en sustitución de 
los avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas a operaciones de crédito y 
cobertura de riesgo de tipo de interés de Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, 
SAU, o añadir a su aval en superposición de garantía de los que confirió en su día el 
Instituto Catalán de Finanzas, sea de forma global u operación por operación.
b)   Se autoriza al Gobierno a prestar el aval, durante el ejercicio del 2020, a las 
operaciones de préstamo o adelantos reembolsables concedidos por la Administración 
general del Estado en el Parque Científico de Barcelona en virtud de las convocatorias  e.e
dirigidas  a  parques  científicos  y  tecnológicos  hechas  desde  el  año  2000,  o  a  su  b
refinanciación para otras entidades. El importe máximo de este aval es de 55.500.000,00  84ww
de ecu)r osS.e autoriza al Gobierno a prestar el aval, durante el ejercicio del 2020, a las
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virtud de las convocatorias dirigidas a parques científicos y tecnológicos hechas desde el 
año 2000. El importe máximo de este aval es de 6.200.000,00 euros.
d)   Se autoriza al Gobierno a prestar avales hasta una cuantía máxima global, en 
el  2020,  de  25.000.000  de  euros,  en  garantía  de  las  operaciones  financieras  que 
suscriban las cooperativas con sección de crédito inscritas en el Registro General de 
Cooperativas. Estas operaciones financieras tienen que tener como objeto el retorno a 
sus titulares de los fondos depositados en las secciones de crédito, siempre que los 
socios  hayan  acordado  la  baja  de  la  sección  de  crédito  correspondiente  antes  de 
formalizar el aval. Este aval cubre como máximo el 75% de la operación de financiación, 
y los miembros del consejo rector de la cooperativa tienen que garantizar en todo 
momento el porcentaje complementario, ampliando estas garantías a los socios de la 
cooperativa y a la cooperativa misma si así lo determina la entidad que otorga la 
financiación en función del riesgo de cada operación.
e)   Se autoriza al Gobierno a prestar el aval en Circuitos de Cataluña, SL frente al 
contrato promotor con Formula One World Campionship Limited (FOWC), con el fin de 
garantizar el pago de los derechos contractuales para la organización del gran premio de 
la Fórmula 1 para el año 2020. Este aval no puede superar los 24.807.292,20 dólares 
americanos.
f)  Se autoriza al Gobierno a prestar el aval a favor de las entidades del sector 
público de la Generalidad que forman parte del ámbito de aplicación de esta ley ante 
cualquier instancia, o contraaval ante la entidad financiera garante, en el marco de las 
actuaciones de comprobación e inspección del impuesto sobre el valor añadido que lleva 
a cabo la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El importe máximo de este aval 
no puede superar los 50.000.000 de euros.
g)  Se autoriza al Gobierno a prestar el aval ante los órganos de la Administración 
tributaria  estatal  o  contraaval  ante  la  entidad  financiera  garante,  hasta  un  máximo 
de 12.000.000 de euros, con el fin de garantizar los fraccionamientos, aplazamientos o 
suspensión de los actos de gestión tributaria en relación con la constitución de derechos 
de superficie y derechos de arrendamiento ligados a los mismos.
h)   En el caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de 
entidades de derecho público y sociedades mercantiles totalmente participadas por la 
Generalidad, con aval de la Generalidad o sin aval, se autoriza al Gobierno a otorgar el 
aval  de  la  Generalidad  a  las  operaciones  que  se  produzcan  resultantes  de  las 
modificaciones, la refinanciación o la sustitución.
i)  Se autoriza a la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(AGAUR) a prestar el aval, durante el ejercicio 2020, a favor de las entidades financieras 
que hayan firmado el correspondiente convenio de colaboración y en garantía del riesgo 
de los préstamos formalizados por estudiantes universitarios para financiar el importe de 
la  matrícula  universitaria.  El  importe  máximo  de  este  aval  no  puede  superar 
los 4.000.000 de euros.
1.5  Se autoriza al Gobierno, desde la entrada en vigor de este Decreto-ley y, 
mientras se mantenga la situación de prórroga presupuestaria a lo largo del 2020, a 
autorizar las garantías siguientes:
a)  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una 
cuantía máxima global de 50.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas 
(ICF) para el otorgamiento de préstamos por el fomento del comercio y el desarrollo del 
sector industrial. A este efecto el Departamento de Empresa y Conocimiento tiene que  e
tener formalizado un convenio con el ICF para constituir un fondo de garantía con cargo  bo
a los presupuestos del Departamento de Empresa y Conocimiento. 84ww
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efecto el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación tiene que tener
formalizado un convenio con el ICF para constituir un fondo de garantía con cargo a los 
presupuestos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
c)  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una 
cuantía máxima global de 12.418.126,10 de euros, a favor del ICF para el otorgamiento 
de préstamos para la financiación de las empresas de la economía social de Cataluña. A 
este efecto el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias tiene que tener 
formalizado un convenio con el ICF para constituir un fondo de garantía con cargo a los 
presupuestos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
d)  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una 
cuantía máxima global de 5.703.772 de euros, a favor del ICF para el otorgamiento de 
préstamos para la financiación de proyectos culturales. A este efecto el Departamento de 
Cultura tiene que tener formalizado un convenio con el ICF para constituir un fondo de 
garantía con cargo a los presupuestos del Departamento de Cultura.
e)  Se autoriza a la Agencia de la Vivienda de Cataluña a prestar garantía, durante 
el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 42.500.000 de euros, a favor del 
Instituto  Catalán  de  Finanzas  (ICF)  para  el  otorgamiento  de  préstamos  para  la 
rehabilitación de edificios de viviendas con comunidades de propietarios. A este efecto la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña tiene que tener formalizado un convenio con el ICF 
para constituir un fondo de garantía con cargo a los presupuestos de la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña.
Artículo 2.  Modificaciones del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.
2.1  Se añade la letra e) al artículo 73.1 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, con el texto siguiente:
«e)  Tipo de interés.»
2.2  Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional decimoséptima del texto 
refundido que queda redactado de la manera siguiente:
«6.  La cuota de la amortización de la fase 1 del colector de salmueras del 
Llobregat, se detalla en el anexo 8. Esta cuota se determina de acuerdo con el 
método  francés  en  función  de  los  datos  reales  de  inversión  certificadas  con 
relación al ejercicio, considerando un periodo de amortización de veinticinco años 
y el más bajo de los dos tipos de interés euríbor a doce meses más quinientos 
puntos básicos, o bien el valor asignado en el último contrato de financiación de la 
Agencia Catalana del Agua.
Adicionalmente, se revisa también para la explotación en función de los gastos 
reales certificados por el prestador del servicio y de los caudales efectivamente 
vertidos.»
Disposición adicional.
Se autoriza a los departamentos de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y 
de Territorio y sostenibilidad a adoptar durante el período de prórroga de la Ley 4/2017, 
del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, los 
acuerdos y medidas que sean necesarios para la tramitación del proyecto de mitigación 
del  riesgo  de  inundación  en  el  barrio  de  la  Salut  del  término  municipal  de  Salou  e
(Tarragonès) clave LME.00101/01.P-AP19-02 y para llevar a cabo las expropiaciones  bo
necesarias para la ejecución de este proyecto. 84ww
Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya». Bc
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto-ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 21 de enero de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8048, de 23 de enero de 2020. 
Convalidado por Resolución 736/XII, del Parlamento de Cataluña, publicado en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8068, de 20 de febrero de 2020).