BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21560
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2940 Pleno.  Sentencia  13/2020,  de  28  de  enero  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 976-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 
28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Principios 
de soberanía nacional y supremacía de la Constitución: nulidad del precepto 
legal autonómico que atribuye al presidente de la Diputación General de 
Aragón la competencia para convocar el referéndum de ratificación de la 
reforma  estatutaria;  interpretación  conforme  con  la  Constitución  de  la 
declaración  de  interés  general  a  efectos  expropiatorios  de  los  bienes  y 
archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón y 
pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso de inconstitucionalidad 
(STC 158/2019).
ECLI:ES:TC:2020:13
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 976-2019, interpuesto por el presidente del 
Gobierno contra los siguientes preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 
de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón («Boletín Oficial de 
Aragón» núm. 132, de 10 de julio de 2018): art. 1, apartados 1 y 2; art. 2, apartados 1 y 2, 
letras d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto del término «pacto»]; art. 3; 
art. 4; art. 5, apartados 1 y 2, letra b); art. 7, apartado 1, letra c); art. 9; art. 10, apartado 1; 
art. 13; arts. 14 a 22; art. 25; art. 26, apartados 1, 2 y 3; art. 27; art. 32, letra a); art. 33, 
apartado 5; disposiciones adicionales segunda y tercera; y disposición final tercera. Ha 
sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 15 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro de este Tribunal el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los 
preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de  e
los  derechos  históricos  de  Aragón,  que  se  han  citado  en  el  encabezamiento.  La  bo
demanda hizo invocación expresa del art. 161.2 CE, en relación con el art. 30 de la Ley  40ww
lOa rlgeáyn iimcap udgenl aTdraib,u an afinl  Cdoen qsutietu sceio snuasl p(LeOndTieCr)a,  esuxc alupsliicvaacmióenn.te respecto del art. 7.1 c) de
El recurso se fundamenta en los siguientes argumentos:
A)  El abogado del Estado comienza con unas consideraciones generales sobre la 
ley impugnada que formula a partir del contenido del preámbulo y del art. 1, de los cuales 
destaca la proclamación de Aragón como «nacionalidad histórica de naturaleza foral», 
cuya participación en el proceso histórico de construcción de España «no ha supuesto 
renuncia a sus derechos históricos» y que es titular de unos derechos históricos cuya 
«actualización  es  legítima  de  acuerdo  con  la  disposición  adicional  primera  de  la 
Constitución  y  según  se  prevé  en  la  disposición  adicional  tercera  del  Estatuto  de 
Autonomía de Aragón».
Avanza que el modo en que la ley articula la actualización de los derechos históricos 
de Aragón es contrario, tanto a la norma fundamental, como al Estatuto de Autonomía de 
Aragón. Considera que parece pretender la sustitución del vigente Estatuto al regular ex 
novo  algunas  materias  propias  del  mismo  y  otras  que  lo  contradicen,  resultando, 
además, opuestas a la Constitución.
B)  La demanda se articula en torno a unas tachas generales, referidas a bloques de 
normas,  a  las  que  se  suman  argumentos  específicos  dirigidos  contra  preceptos 
concretos.
Las tachas generales se plantean en torno a preceptos agrupados de la siguiente 
forma: a)  los relacionados con la configuración de Aragón como comunidad autónoma 
y nacionalidad histórica, que se pretende incluir en el ámbito de la disposición adicional 
primera  de la Constitución; b)  los  que regulan  indebidamente  aspectos que  están 
reservados al Estatuto y a otras leyes orgánicas, conforme al art. 81.1 CE; y, por último, 
c)  los  que  infringen  competencias  estatales  en  materia  patrimonial,  procesal  y  de 
hacienda y justicia. Se advierte que quedan fuera de la impugnación aquellos que 
carecen de contenido prescriptivo.
a)  En relación con el primer bloque, el abogado del Estado invoca la STC 76/1988, 
de 25 de abril, según la cual la disposición adicional primera de la Constitución solo es 
aplicable al País Vasco y a Navarra. Cita, asimismo, la STC 88/1993, de 12 de marzo, que 
excluyó que la citada disposición fuera cláusula de garantía de la foralidad civil, materia en 
la que Aragón sí tiene derecho propio, pero no en virtud de la disposición adicional 
primera, referida a ciertas peculiaridades jurídico-públicas, sino del art. 149.1.8 CE. Añade 
que la disposición adicional tercera del Estatuto, que se remite a la disposición adicional 
primera  de  la  Constitución,  no  es  canon  de  validez  de  las  normas  estatutarias  o 
autonómicas. No es posible, por tanto, que Aragón sea definida como una Comunidad 
foral en el sentido que la Constitución ha dado a este término en su disposición adicional 
primera.
El abogado del Estado aduce, asimismo, con apoyo en los arts. 1.2 y 9 CE, que no 
cabe sostener que haya un pacto con valor originario y preconstitucional entre las 
comunidades autónomas, o entidades territoriales preexistentes, y el Estado, en el 
que se fundamente el poder constituido a partir de 1978, como tampoco cabe el 
reconocimiento de derechos preexistentes a la norma fundamental. Cita, al respecto, 
además de la mencionada STC 76/1988, las SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, 
FJ 4 a); 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4; 31/2010, de 28 de junio, FJ 10, 
y 259/2015, de 2 de diciembre, FJ 4.
Añade que el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril (en adelante, EAAr), es respetuoso con esta concepción y ya tiene en 
cuenta las particularidades históricas de Aragón, cuando dispone que la Comunidad  e
Autónoma ostenta una identidad propia dentro del sistema constitucional. En efecto, de  bo
acuerdo con el vigente art. 1.3 EAAr «[l]a Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del  40ww
ssuisste imnsati tcuocniosntietusc tiorandailc ieosnpaaleñso,l ,e ol sDteenretac hpoo rfo srua l hyi sstuo rciau lutunraa »id. eEnsttidea eds  perlo epsiata etunt ov ijruturídd idcoe 
deexp rleas aCdooms,u yn iedla údn icAou taódnmomisaib, leq. uPea rare eclo naobcoeg adsou  diedle Entsidtaaddo , plaro lpeiya  imenp uglonsa dtaé rimgninooras 
esta previsión, que solo puede contenerse en el Estatuto de Autonomía, y pretende
establecer un régimen jurídico de la comunidad, con una identidad y características 
contrarias al Estatuto y a la propia Constitución.
b)  Respecto a la reserva de ley orgánica, considera que se vulnera, tanto por 
regular indebidamente elementos propios del Estatuto conforme al art. 147 CE (cita la 
STC 247/2007, de 12 de diciembre), como por entrar en abierta contradicción con este, 
sin seguir el procedimiento de reforma previsto al efecto. De la lectura de la ley recurrida 
pareciera que quiere sustituir al Estatuto o erigirse en un Estatuto paralelo al vigente, lo 
que es completamente inconstitucional.
En segundo lugar, también se infringe la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE, en 
relación con el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos ex art. 23 CE y 
con el régimen electoral general. En este vicio incurre, en concreto, el art. 7.1 c) de la 
Ley, que aborda la regulación de la condición política de Aragón.
c)  Finalmente, se alega la infracción de las competencias estatales sobre archivos y 
registros (art. 149.1.28 CE), por la regulación sobre el archivo de la Corona de Aragón y 
el archivo del Reino de Aragón. Se citan las SSTC 14/2013, de 31 de enero, FJ 5, 
y 38/2013, de 14 de febrero, FJ 4, según las cuales hay que diferenciar la competencia 
para definir e integrar los elementos que componen el patrimonio documental y la 
competencia sobre los archivos que contienen dichos documentos. Se vulnera también 
la competencia en materia de legislación civil y procesal (art. 149.1.8 CE), al regular los 
principios de interpretación del derecho aragonés y al sustituir la denominación del 
procedimiento de habeas corpus por el «recurso de manifestación de personas», lo que 
no encuentra cobertura por la competencia que atribuye el art. 149.1.6 CE al Estado.
C)  A partir de las consideraciones generales anteriores, la demanda argumenta 
específicamente la inconstitucionalidad de una relación de preceptos de la Ley 8/2018, 
de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. No obstante lo 
anterior, únicamente se va a hacer mención en los antecedentes a los que no hayan sido 
ya objeto de pronunciamiento por este Tribunal, que, en su reciente STC 158/2019, 
de  12  de  diciembre,  declaró  inconstitucionales  y  nulos  los  siguientes:  arts.  1, 
apartados 1, 2 y 3; arts. 2 a 5; art. 6, apartado 1, inciso «como sucesores de las 
instituciones del antiguo Reino de Aragón», y apartado 3, inciso «al asilo»; art. 7, 
apartado 1, letra c); art. 8, letra b); art. 9; art. 10, apartados 1 y 2; art. 11, apartado 1; 
art. 14, apartados 1, 2 y 3; art. 15; art. 16, apartado 3; art. 18, apartado 1, inciso «tiene 
su origen histórico en la Diputación del Reino»; arts. 20, 21, 22 y 25; art. 26, apartados 1, 
2 y 3; art. 31; art. 32, letra a); art. 33, apartados 3 y 5; disposición adicional segunda, 
apartado 1, párrafo primero, inciso «y sus derechos históricos», y párrafo segundo; 
disposición adicional tercera; y disposición final tercera.
El  resto  de  los  preceptos  de  la  Ley  8/2018  a  los  que  se  refiere  el  escrito  de 
alegaciones del abogado del Estado son:
a)  Arts.  13  y  14  a  22.  Al  regular  la  «capitalidad»  y  las  «instituciones  de 
autogobierno»,  incumplen  la  reserva  estatutaria  contenida  en  el  art.  147.2  c)  CE. 
Mediante la regulación de estas instituciones básicas, parece articular un nuevo Estatuto 
de Autonomía, con pretensión de modificarlo o sustituirlo, competencia de la que carecen 
las Cortes de Aragón.
Específicamente, el abogado del Estado alega que, cuando el art. 15 dispone que las 
Cortes de Aragón velarán por la conservación, desarrollo y eficacia de los «derechos 
históricos», vuelve a incurrir en inconstitucionalidad, por los motivos ya esgrimidos.
Por su parte, el art. 16.3, que ordena al Justicia de Aragón elaborar un informe  e
específico anual sobre «las acciones llevadas a cabo, en cumplimiento de la presente  bo
ley, para la actualización y desarrollo de los derechos históricos, especialmente desde el  40ww
Geloabbioerrancoió nd ed eA ruang iónnfo»r mese  sinocbornes utintuac mionaatel ripao, rc ocmonoe exsió nla,  «daacdtuoa qlizuaec itóienn dee  ploosr  doebrjeetcoh olas 
históArdiceoms»á,s p, aerla  alart .q u1e8 .l3a,  cosomburnei dloasd  cóarrgeacneo ds ed ceo mcopnettreonl cdiae. la Diputación General de
Aragón, y el art. 19, que trata específicamente de la Cámara de Cuentas de Aragón,
omiten citar las funciones encomendadas al Tribunal de Cuentas por el art. 136 CE y su 
ley reguladora, incurriendo por ello en inconstitucionalidad.
Por  último,  dentro  de  este  bloque,  el  abogado  del  Estado  también  considera 
inconstitucional  el  art.  21,  que  invade  la  reserva  estatutaria,  al  disponer  que  los 
municipios y comarcas integran el sistema institucional de Aragón.
b)  Art. 27. Dispone que la Diputación General de Aragón unificará en un solo fondo 
todos los restos documentales que fueron conservados en el Archivo del Reino de 
Aragón.  El  abogado  del  Estado  recuerda  que  es  una  institución  histórica  que  se 
encontraba en el antiguo Palacio de la Diputación, junto a la Lonja de Zaragoza, fundada 
en el año 1437, que desapareció casi totalmente durante los denominados Sitios de 
Zaragoza. Y formula idéntico reparo que sobre el art. 26, en cuanto a su incidencia en las 
competencias exclusivas estatales del art. 149.1.28 CE.
c)  Disposición adicional segunda. Esta norma prevé en su apartado 1 que «[l]os 
bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón y 
que pertenecieron a la Diputación General, a las Cortes, al Justicia, al Consejo de 
Aragón, a la Audiencia y al Maestre Racional del Reino de Aragón se declaran de interés 
general para la Comunidad Autónoma de Aragón a los efectos expropiatorios, con el fin 
de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos».
Dicha redacción no respeta las competencias del Estado, en la medida en que parte 
de estos bienes pueden estar custodiados en archivos o museos de titularidad estatal y 
no  se  incluye  ninguna  cláusula  de  salvaguardia  de  las  competencias  del  Estado. 
Además, es contraria al principio de territorialidad de las normas previsto en el Estatuto 
de Autonomía de Aragón, pues alcanza a bienes situados fuera de la comunidad. La 
inconstitucionalidad se extiende al apartado 2 de la misma disposición adicional, que 
dispone que será condición de la expropiación la declaración oficial del bien y archivos 
como «singulares» para la identidad de Aragón por parte de la Diputación General, que 
conllevará la necesidad de ocupación, conforme a la ley de expropiación forzosa.
2.  Por providencia de 26 de febrero de 2019, el Pleno del Tribunal, a propuesta de 
la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar 
traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 
LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Diputación General y a 
las Cortes de Aragón, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse 
en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaren  convenientes;  así  como 
publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» (lo que tuvo lugar en 
el núm. 56, de 6 de marzo de 2019) y en el «Boletín Oficial de Aragón» (que lo fue en el 
núm. 50, de 13 de marzo de 2019).
Asimismo, se tuvo por invocado el artículo 161.2 CE respecto del artículo 7.1 c) de la 
ley impugnada, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produjo la 
suspensión de la vigencia y aplicación del citado precepto.
3.  Por escritos registrados en este Tribunal los días 8 y 15 de marzo de 2019, los 
presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, respectivamente, comunicaron 
los  acuerdos  de  las  mesas  de  las  diputaciones  permanentes  de  las  cámaras  de 
personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
4.  Mediante escrito registrado el día 3 de abril de 2019, el letrado de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se personó en el proceso y solicitó una prórroga del plazo para 
formular alegaciones; petición a la que se accedió mediante providencia de esa misma  s
fecha, prorrogándole en ocho días el plazo de alegaciones inicialmente conferido, a  oe.
contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario. w.
Cort5e.s  dPeo rA mraegdóino  cdoem uunn iecsóc reitlo a pcureesrednot addeo  lae l cmámismaroa  ddíea  p3e rdseo naabrrsile,  eeln l eetrl apdroo cdees ola ys 
sTorilbicuitnóa lu nmae dpiraónrrtoeg par odveild pelnaczioa  pdaer a4  fodrem ualbarri l,a lpergoarcroiognáensd;o ale l oe nq uoec haocc eddíaiós  eell  Pplleanzoo  ddeel   BOE-A-cable e
alegaciones inicialmente conferido, a contar desde el día siguiente al de expiración del 
ordinario.
En su escrito de alegaciones, que tuvo entrada en el registro el 15 de abril de 2019, 
solicitaba la desestimación íntegra del recurso con base en los razonamientos que se 
resumen a continuación:
A)  Como cuestiones preliminares, alega que el recurso es inadmisible en todo lo 
que se refiere a mandatos y orientaciones políticas sin impacto jurídico directo dado que 
no  son  admisibles  las  impugnaciones  cuya  finalidad  sea  obtener  declaraciones 
preventivas (STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 2), ni puede confundirse el control de 
constitucionalidad  con  un  juicio  de  intenciones  políticas  (STC  239/1992,  de  17  de 
diciembre, FJ 2). Tampoco puede versar el reproche de inconstitucionalidad sobre meros 
mandatos  u  orientaciones  de  carácter  político  dirigidos  a  las  propias  instituciones 
aragonesas para que demanden reformas del ordenamiento jurídico (STC 247/2007, 
de 12 de diciembre, FJ 15). Recuerda que el control de constitucionalidad no es un 
control político ni de oportunidad (STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 3). Asimismo, 
con cita de la STC 89/1984, de 28 de septiembre, FJ 7, argumenta que la reserva 
estatutaria, que repetidamente invoca la demanda, no tiene carácter absoluto.
B)  Efectúa,  a  continuación,  unas  consideraciones  generales  sobre  la  ley 
impugnada:
a)  En  primer  lugar,  su  finalidad  es  afirmar  y  proteger  la  identidad  aragonesa, 
adaptándola al nuevo entorno. Añade que la ley desarrolla un precepto del Estatuto 
(disposición adicional tercera) que ya estaba recogido en el texto original de 1982 y que 
se ha mantenido en todas sus revisiones. Tras una exposición de los antecedentes 
históricos y de los debates parlamentarios en torno a la disposición adicional primera de 
la Constitución, destaca que el texto finalmente aprobado deja abierta la posibilidad de 
considerar  que  hubo  más  territorios  forales  que  los  vasco-navarros,  cuya  mención 
expresa únicamente se recoge en la disposición derogatoria. La actualización de los 
derechos históricos no exige que se lleve a cabo mediante la reforma constitucional o 
estatutaria, sino en el marco de estas normas.
b)  Seguidamente, sostiene que los derechos históricos de Aragón tienen base en lo 
previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en la disposición adicional primera de 
la Constitución, cuya tramitación parlamentaria permite afirmar que es abierta y no se 
ciñe al País Vasco y Navarra.
La STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, no cierra la vía a la actualización de los 
derechos  forales;  solo  indica  que  la  foralidad  civil  no  precisa  sustentarse  en  la 
disposición adicional primera de la Constitución, dado que tiene base suficiente en el 
art. 149.1.8 CE. Tampoco la STC 76/1988, de 26 de abril, aunque se refiere a los 
territorios de Navarra y País Vasco, excluye expresamente al resto.
La evolución de la jurisprudencia constitucional permite identificar: (i)  una primera 
etapa  que  impide  deducir  de  los  derechos  históricos  específicas  competencias  no 
incorporadas a los Estatutos (STC 11/1984, de 2 de febrero); (ii)  una segunda etapa, 
abierta con la STC 76/1988, que acoge una caracterización dinámica de la foralidad, 
permitiendo proteger un régimen de autogobierno territorial en el que quepa reconocer el 
régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos; y (iii)  una tercera etapa 
que  habilita  a  la  disposición  adicional  primera  de  la  Constitución  como  título 
competencial (STC 214/1989, de 21 de diciembre), aceptando depurar las competencias 
de la comunidad foral en virtud de su historia (SSTC 140/1990, de 29 de septiembre;  e
148/2006, de 11 de mayo, y 195/2006, de 22 de junio), y dando valor a la investigación  bo
de las competencias ejercidas en el pasado (STC 159/1993, de 6 de mayo). 40ww
ConAstsitíu pcuióens,  –ecl oEnsctalutuyteo– y l olas  ddoecrtericnhao ds ehl iTstróibruicnoasl  dCeo nAsrtaitguócnio ntiaeln.en su fundamento en la
sobecr)a nCíao nnasicdioenraa,l , epnr imrealcaícaió dne  clao nC olanss tiitmucpiuógnn ya cdieorneecsh ob aas laad aaus toenno mloísa , pqruinec ihpaioys q udee 
tener en cuenta la relevante orientación de la STC 31/2010, de 28 de junio, que introdujo
una técnica de interpretación conforme, que permite considerar el contexto jurídico, 
rechazando la impugnación global de preceptos similares a los aquí recurridos, cuando 
no idénticos.
C)  La parte principal de las alegaciones del letrado de las Cortes de Aragón se 
dedica a rebatir la impugnación de cada precepto en particular, si bien únicamente se 
recogen en los antecedentes los argumentos relativos a los preceptos de la Ley de las 
Cortes de Aragón 8/2018 que no han sido enjuiciados ni declarados inconstitucionales y 
nulos por la STC 158/2019, de 12 de diciembre:
a)  Art. 13. Se limita a reproducir el art. 3.3 EAAr, según el cual la capital de Aragón 
es  Zaragoza.  En  favor  de  una  interpretación  flexible  de  la  reserva  estatutaria,  la 
STC 89/1984, admitió que el Estatuto de Castilla y León no fijara la capital autonómica 
sino que se remitiera a un posterior acuerdo de las Cortes de dicha Comunidad.
b)  Arts. 14 a 22. Al regular las instituciones de autogobierno no pretende alterar las 
reconocidas en el Estatuto. La impugnación está escasamente fundada y entra en el 
terreno  del  control  de  oportunidad,  pues  las  Cortes  son  libres  de  relacionar  estas 
instituciones en una ley autonómica. No hay innovaciones respecto al Estatuto, como 
resulta de un examen de detalle: (i)  El art. 14 enumera las instituciones que constituyen 
el precedente de las actuales, sin modificarlas ni ampliar sus competencias. La mención 
a  la  precedencia  del  apartado  4  se  refiere  solo  a  las  autoridades  aragonesas, 
manifestación de la competencia exclusiva sobre autogobierno (art. 71.1 EAAr); (ii)  El 
art. 15 únicamente incluye un mandato político, excluido del control constitucional; (iii) 
El art. 16 reproduce el art. 59 EAAr y la regulación autonómica preexistente, añadiendo 
aspectos  propios  del  autogobierno  autonómico  (art.  71.1  EAAr);  (iv)  El  art.  17 
reproduce parte de los arts. 46 a 52 EAAr. La convocatoria del referéndum sobre 
reformas estatutarias se corresponde con el art. 115.7 EAAr; (v)  El art. 18 contiene una 
mera referencia histórica, reproduciendo en lo restante los arts. 96 a 98, 33 y 53.4 EAAr; 
(vi)  El art. 19 reproduce el art. 112 EAAr, confiriendo a la Cámara de Cuentas la 
denominación histórica de Maestre Racional, sin modificar el texto estatutario; (vii)  El 
art. 20 no contiene modificaciones de lo dispuesto en los arts. 67 a 69 EAAr y en la 
normativa general sobre el Tribunal Superior de Justicia; (viii)  El art. 21 realiza unas 
referencias  a  las  principales  entidades  locales  con  mayor  proyección  histórica,  sin 
modificar el régimen jurídico de la organización territorial aragonesa; (ix)  El art. 22 es 
un mandato general con fines identitarios, sin consecuencias jurídicas. Su impugnación 
entra de lleno en la ya mencionada razón de inadmisibilidad, por su carácter preventivo y 
de control de oportunidad política.
c)  Art. 27. Solo contiene un mandato a la Diputación General de Aragón para que 
unifique los restos del antiguo archivo del Reino de Aragón, reiterando lo que ya prevé la 
Ley de las Cortes de Aragón 6/1986, de 28 de noviembre, de archivos de Aragón, similar 
a las de otras comunidades autónomas sobre esta materia. No se produce la invasión 
competencial denunciada.
d)  Disposición adicional segunda. Esta norma, que declara de interés general para la 
Comunidad Autónoma de Aragón ciertos bienes y archivos a los efectos expropiatorios, es 
respetuosa  con  el  art.  33  CE  y  el  Estatuto  de  Autonomía,  cuyo  art.  77.16  confiere 
competencias a la Comunidad de Aragón en materia de expropiación forzosa, desarrollada 
en este aspecto por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de patrimonio cultural de Aragón. La 
demanda, basada en el posible uso de esta norma para bienes custodiados en archivos o 
museos de titularidad estatal, es preventiva, por lo que debe rechazarse. e
6.  Mediante escrito de 22 de abril de 2019, presentó sus alegaciones el letrado de  w.
slaig uDiiepnutteasc imóno tiGvoesn:eral de Aragón, interesando la desestimación del recurso, por los  2020-2940n https://ww
dispAo)s iciLóan  caudeicsitoiónna l pprrinimciepraal  dees  dlae tCeormnsintiatur csiói nla  yl eeyn  imlap duigsnpaodsiac iópnu eaddeic aiomnpaal rtaerrscee rean d elal   BOE-A-cable e
Estatuto de Autonomía de Aragón. La respuesta –a su juicio– debe ser afirmativa, a la 
vista de la claridad de ambas normas. Añade que la disposición adicional tercera del 
Estatuto tiene una redacción casi idéntica a la disposición adicional primera del Estatuto 
de Autonomía del País Vasco.
Aduce  que  el  abogado  del  Estado  no  cuestiona  la  inconstitucionalidad  de  la 
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero pretende, en 
fraude de ley, discutir per saltum (puesto que no ha sido impugnada) una norma que data 
de 1982 y se ha mantenido tras varias reformas estatutarias.
A juicio del letrado del gobierno autonómico es indiscutible que Aragón, en cuanto 
territorio foral, puede actualizar sus derechos y solo podrá ser objeto de recurso el 
alcance y límites de dicha actualización.
B)  La  disposición  adicional  tercera  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón  es 
plenamente constitucional por las siguientes razones: i)  en los debates constitucionales 
se descartó citar expresamente a las provincias vascas y navarra en la disposición 
adicional primera de la Constitución; ii)  desde el primer Estatuto aragonés de 1982 esta 
Comunidad afirmó la actualización de sus derechos históricos; iii)  esto se mantiene en 
el Estatuto de 2007, pese a que hubo una enmienda para su supresión; iv)  el Tribunal 
Constitucional  no  se  ha  pronunciado  expresamente  en  contra  del  carácter  foral  de 
Aragón  ni  ha  declarado  inconstitucional  la  disposición  adicional  tercera  del  referido 
Estatuto, apoyándose la tesis del abogado del Estado únicamente en pronunciamientos 
obiter dicta; v)  la historia jurídica no cuestiona que Aragón es un territorio foral, sin que 
pueda entenderse la interpretación generosa que se ha mantenido para las provincias de 
Guipúzcoa y Álava, cuya foralidad en todo caso es posterior a los Decretos de Nueva 
Planta, y el criterio tan restrictivo seguido con Aragón; vi)  no es correcto afirmar que 
después de dichos decretos desapareciera todo el «Derecho público» en Aragón, citando 
por  ejemplo  la  reserva  de  plazas  a  favor  de  los  aragoneses  en  las  principales 
instituciones  de  gobierno,  incluidas  las  reformadas  Cortes  de  Castilla,  así  como  la 
aplicación del derecho procesal aragonés; además, debe relativizarse la importancia de 
la  división  entre  Derecho  público  y  privado;  y  vii)  no  se  pretende  amparar  la 
competencia sobre Derecho civil en la disposición adicional primera de la Constitución, 
pero esta sí acoge la existencia del Derecho foral de Aragón en cuanto derecho histórico 
del pueblo aragonés.
C)  No se pueden aceptar los argumentos generales que esgrime el abogado del 
Estado, por las siguientes razones:
a)  La ley impugnada no pretende dejar la Constitución al margen, sino que respeta 
plenamente la soberanía nacional en que se basa. Tampoco fundamenta la autonomía 
de  Aragón  en  un  pacto  entre  instancias  territoriales  anterior  a  la  Constitución.  La 
afirmación de Aragón como nacionalidad histórica es coherente con el art. 2 CE y el 
art. 1 EAAr, sin que en ningún apartado de la ley se mencione el término «soberanía».
Ahora bien, tampoco puede desconocerse el fundamento histórico que ha llevado a 
la  creación  de  muchas  comunidades  autónomas,  tanto  las  regiones  como  las 
nacionalidades. El propio art. 143 CE da importancia a las características históricas 
comunes  de  las  provincias  que  han  conformado  las  distintas  comunidades.  Las 
referencias a la historia también se advierten en otros preceptos constitucionales como 
los arts. 57, el 149.1.8 y la propia disposición adicional primera de la Constitución.
b)  El  reconocimiento  de  los  derechos  históricos  de  Aragón,  conforme  a  la 
disposición  adicional  primera  de  la  Constitución,  no  debe  interpretarse  como  una 
situación de privilegio, sino como manifestación de su identidad histórica foral y el  e.
respeto a la misma dentro de la Constitución. Los derechos históricos no son un título  w.b
autónomo del que puedan deducirse competencias específicas. Así pues, los derechos  40ww
haidsitcóiorincoasl  persimtáenr ae nla  laq uCe opnestrimtuicteió ns uy  ancotu afuliezarac iódne  deellnat,r os iednedl om alar cpor ocpoian stditiuscpioosniaciló ny 
estactu) taRrioe.specto a que el Estatuto sea la única vía para la actualización de los derechos
históricos, debe matizarse que el Tribunal Constitucional ha venido admitiendo que dicha
actualización se lleve a cabo, tanto por normas estatales como autonómicas, incluso en 
virtud de actos y convenios. Ha exigido –aclara– una mención general a la existencia del 
régimen foral en los estatutos, tal y como hace la disposición adicional tercera del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Junto a esta, el preámbulo del Estatuto así como 
diversos artículos del mismo tienen referencias a los contenidos mínimos de la foralidad 
aragonesa, citando como ejemplo los arts. 1.1 (definición de Aragón como nacionalidad 
histórica); 1.3 (identidad propia); 2 (territorio histórico); 3 (símbolos tradicionales); 7 
(lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón); 22 (patrimonio histórico y artístico); 71.2 
(derecho civil); 71.6 (organización territorial propia); 108 (convenio bilateral económico-
financiero) y disposición final primera (archivo de la Corona de Aragón).
D)  Entrando en las impugnaciones específicas que el letrado del Gobierno de 
Aragón formula a los diferentes preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, 
siguiendo el precedente de lo recogido en estos antecedentes respecto de lo alegado por 
las  otras  partes,  únicamente  se  hace  mención  a  los  artículos  no  declarados 
inconstitucionales y nulos por la STC 158/2019, de 12 de diciembre:
a)  Art. 13. Se limita a reproducir el art. 3.3 EAAr, según el cual la capital de Aragón 
es Zaragoza. No se vulnera la reserva del art. 147.2 c) CE, que se refiere a la sede de 
las instituciones autonómicas, no a la capital, pudiendo no coincidir. En todo caso, la 
reproducción de normas autonómicas, cuando se justifica por razones sistemáticas, no 
es inconstitucional.
b)  Arts. 14 a 22. No hay una impugnación individualizada, por lo que no se cumple 
con el art. 33 LOTC. La alegación genérica de incumplimiento de la reserva estatutaria 
debe rechazarse por lo ya argumentado respecto de las anteriores impugnaciones. El 
recurso contra los arts. 15 y 16 de la Ley 8/2018, basado en la referencia que incorporan 
a los derechos históricos, debe rechazarse por lo argumentado en general sobre esta 
cuestión.
Acerca del art. 19 de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, la mención al Tribunal 
de Cuentas del Estado no es necesaria, pues dicha institución ya se deja a salvo en la 
ley reguladora de la Cámara de Cuentas. Respecto a que el presidente de dicho órgano 
pase a denominarse Maestre Racional, es una competencia amparada en la capacidad 
de autoorganización reconocida por el art. 71.1 EAAr. Por último, al mantenerse la 
denominación de la institución, que es la Cámara, se respeta el art. 147.2 c) CE.
En lo concerniente al art. 21, sobre municipios y comarcas, el título VI EAAr incluye 
los municipios y comarcas como instituciones de Aragón, debiendo recordarse que esta 
comunidad tiene competencias en materia de régimen local.
c)  Art. 27. Se trata de una norma de autoorganización, referida a los fondos del 
antiguo archivo del Reino de Aragón, que son competencia de la Diputación General de 
Aragón, por lo que no hay tacha alguna de inconstitucionalidad.
d)  Disposición  adicional  segunda.  La  declaración  de  interés  general  para  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  de  ciertos  bienes  y  archivos  a  los  efectos 
expropiatorios se ajusta a la competencia autonómica que reconoce el art. 77.16 EAAr. Y 
la extraterritorialidad respecto a los bienes que hayan salido del territorio de Aragón sin 
un título válido se fundamenta en el art. 22.2 EAAr. Debe darse por sentado que esta 
competencia se ejercerá con respeto a las de otras administraciones.
7.  Mediante ATC 62/2019, de 18 de junio, se acordó mantener la suspensión del 
art. 7.1 c) de la Ley impugnada. s
8.  La  STC  158/2019,  de  12  de  diciembre,  ha  resuelto  el  recurso  de  w.
inconstitucionalidad núm. 5212-2018 planteado contra la Ley autonómica 8/2018 por 117  40ww
dpiapructiaaldmoesn dtee.l grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, estimándolo
9.  Por providencia de 28 de enero de 2020, se señaló para deliberación y votación
de la presente sentencia esa misma fecha.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El  presidente  del  Gobierno  interpone  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  los 
siguientes preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de 
actualización de los derechos históricos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» núm. 
132, de 10 de julio de 2018): art. 1, apartados 1 y 2; art. 2, apartados 1 y 2, letras d) y e) 
[en este último caso exclusivamente respecto del término «pacto»]; art. 3; art. 4; art. 5, 
apartados 1 y 2, letra b); art. 7, apartado 1, letra c); art. 9; art. 10, apartado 1; art. 13; 
arts. 14 a 22; art. 25; art. 26, apartados 1, 2 y 3; art. 27; art. 32, letra a); art. 33, 
apartado 5; disposiciones adicionales segunda y tercera; y disposición final tercera.
Al recurso se oponen los representantes procesales de las Cortes de Aragón y de la 
Diputación General de Aragón, que solicitan su íntegra desestimación, por las razones 
que detalladamente se han expuesto en los antecedentes.
2.  La STC 158/2019, de 12 de diciembre: Pérdida parcial sobrevenida de objeto del 
recurso.
La STC 158/2019, de 12 de diciembre, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 5212-2018, formalizado contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, 
de  actualización  de  los  derechos  históricos  de  Aragón  por  117  diputados  del  grupo 
parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, que lo ha estimado parcialmente. En 
concreto, ha declarado que son inconstitucionales y nulos los siguientes artículos, apartados 
o incisos de la citada ley: arts. 1, apartados 1, 2 y 3; arts. 2 a 5; art. 6, apartado 1, inciso 
«como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón», y apartado 3, inciso «al 
asilo»; art. 7, apartado 1, letra c); art. 8, letra b); art. 9; art. 10, apartados 1 y 2; art. 11, 
apartado 1; art. 14, apartados 1, 2 y 3; art. 15; art. 16, apartado 3; art. 18, apartado 1, inciso 
«tiene su origen histórico en la Diputación del Reino»; arts. 20, 21, 22 y 25; art. 26, 
apartados 1, 2 y 3; art. 31; art. 32, letra a); art. 33, apartados 3 y 5; disposición adicional 
segunda,  apartado  1,  párrafo  primero,  inciso  «y  sus  derechos  históricos»,  y  párrafo 
segundo; disposición adicional tercera; y disposición final tercera.
Asimismo,  dicha  sentencia  ha  declarado  que,  salvo  el  inciso  «y  sus  derechos 
históricos» que declara contrario a la Constitución, «el párrafo primero del apartado 
primero de la disposición adicional segunda no es inconstitucional, siempre que se 
interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 8 j)» [en realidad, es el 
fundamento jurídico 7 j)].
De acuerdo con reiterada doctrina constitucional [por todas, SSTC 111/2016, de 9 de 
junio, FJ 2 a) y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 3 b)], la expulsión del ordenamiento jurídico 
de los preceptos indicados determina la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo 
que  a  ellos  respecta.  Por  consiguiente,  nuestro  ámbito  de  enjuiciamiento  quedará 
circunscrito a las normas de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de 
actualización de los derechos históricos de Aragón impugnadas por el presidente del 
Gobierno que no han sido anuladas por la STC 158/2019.
3.  Enjuiciamiento  del  objeto  subsistente:  aplicación  de  la  doctrina  de  la 
STC 158/2019.
A la vista de lo indicado en el fundamento jurídico precedente, el objeto del presente 
proceso  constitucional  se  contrae  a  los  siguientes  preceptos  de  la  Ley  es
autonómica 8/2018: art. 13; art. 14, apartado 4; art. 16, apartados 1 y 2; art. 17; art. 18,  o
salvo el inciso ya anulado «tiene su origen histórico en la Diputación del Reino» del  40ww
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Para el análisis de tales preceptos debemos aplicar la doctrina establecida por la 
STC  158/2019,  abordando  adicionalmente,  en  su  caso,  los  argumentos  de 
inconstitucionalidad no examinados en ella:
a)  El art. 13 («Capitalidad») se impugna por regular una materia reservada al 
Estatuto  de  Autonomía.  Como  hemos  recordado  en  la  STC  158/2019,  FJ  6,  la 
Constitución recoge una reserva de Estatuto que comprende los contenidos mínimos 
recogidos en el art. 147.2 CE y en otras previsiones constitucionales que expresamente 
remiten a los estatutos de autonomía. Sin embargo, esta reserva no impide al legislador 
aragonés,  en  ejercicio  de  la  competencia  de  organización  de  sus  instituciones  de 
autogobierno  que  le  reconocen  los  arts.  148.1.1  CE  y  71.1  EAAr,  desarrollar  las 
previsiones estatutarias, siempre que respeten su contenido.
Pues bien, el art. 13 de la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, 
que dispone que la ciudad de Zaragoza es la capital de Aragón y la sede permanente de 
las instituciones autonómicas, sin perjuicio de que puedan reunirse en otros lugares de 
su territorio, con arreglo a las leyes (apartado 1) y prevé para ella un régimen especial 
aprobado por ley autonómica (apartado 2), coincide con lo prescrito en los arts. 3.3, 35, 
54 y 87 EAAr, por lo que se ajusta al canon expuesto, de manera que la impugnación 
debe ser desestimada.
b)  El recurso del presidente del Gobierno impugna en bloque los arts. 14 a 22, que 
integran  el  capítulo  de  la  Ley  dedicado  a  las  «instituciones  de  autogobierno»,  por 
vulnerar la reserva estatutaria del art. 147.2 CE. Más allá de esta denuncia genérica, la 
demanda solo ofrece una argumentación específica respecto de ciertos preceptos.
En concreto, respecto del apartado 4 del art. 14 («Instituciones forales históricas») 
–único apartado de dicho artículo que subsiste tras la STC 158/2019– no se detalla el 
motivo de su inconstitucionalidad. Dicho precepto regula la precedencia en los actos 
oficiales entre las autoridades e instituciones aragonesas, disponiendo que tenga en 
cuenta  su  carácter  histórico.  Como  en  el  caso  anterior,  tal  mandato  encuentra 
fundamento  en  la  competencia  exclusiva  sobre  autogobierno  (art.  71.1  EAAr)  sin 
vulnerar la disposición adicional primera de la Constitución, como se deriva de la 
STC 158/2019, FJ 5 g). Por tanto, debemos desestimar su impugnación.
c)  Del art. 16 («El Justicia de Aragón») la demanda solo justifica específicamente la 
inconstitucionalidad del apartado 3, que ya ha sido anulado por la STC 158/2019. En 
cuanto a los apartados 1 y 2, el abogado del Estado no aporta ningún razonamiento que 
apoye su inconstitucionalidad aparte del genérico de regular una materia reservada al 
Estatuto. Este planteamiento no puede ser aceptado toda vez que las funciones del 
Justicia de Aragón que recoge el apartado 1 son sustancialmente las mismas que 
dispone el Estatuto de Autonomía de Aragón (art. 59.1); y la previsión del apartado 2 de 
que  actúe  como  mediador  entre  las  instituciones  aragonesas  y  de  estas  con  los 
ciudadanos, en los términos legalmente previstos, es un desarrollo de la regulación 
estatutaria del Justicia, acorde con el canon anteriormente expuesto. En este sentido, el 
propio Estatuto (art. 60) prevé que una ley de las Cortes de Aragón «concretará las 
funciones del Justicia». La impugnación se desestima.
d)  El art. 17 («La Presidencia de Aragón») enuncia las funciones del presidente 
(apartado 1); singulariza la de promulgar las leyes aragonesas en nombre del rey y 
convocar, también en su nombre, el referéndum de ratificación de la reforma estatutaria 
(apartado 2); y dispone que el presidente responderá políticamente ante las Cortes de 
Aragón, a través de la cuestión de confianza y la moción de censura (apartado 3).
En relación con la convocatoria del referéndum de ratificación de la reforma estatutaria,  e.
el art. 115.7 EAAr atribuye dicha competencia al Gobierno de Aragón y no al presidente. Por  w.b
tanto, al disponer que lo convoque el presidente, el art. 17.2, párrafo segundo, entra en  40ww
cinocnotnrasdtiitcucciióonn acl oyn n ulalo .n oErlm reas teos dtaetlu atartr.i a1 7d ec ofnocrumear dqau, es,in  caolnteforarmcióen  aal lgcuannao,n c oanp llioc apbrleev, isetos 
en loes)  arAts . i4d5é nat i5c2a  dceol nEcslutastiuótno , lpleogr alo  eqsutee  laT rimibpuunganl arceisópne dcetob ed reelc haartz.a r1s8e,. dedicado a la
Diputación  General  de  Aragón.  Una  vez  que  la  STC  158/2019  ha  declarado
inconstitucional y nulo el inciso del apartado 1, que situaba el origen histórico de dicha 
institución en la Diputación del Reino, el resto del precepto viene a enumerar, en sus 
apartados  1  (prescindiendo  del  inciso  eliminado)  y  2,  las  funciones  del  gobierno 
autonómico; y, en los apartados 3 y 4, los órganos a cuyo control se somete (con cita de 
las Cortes, el Justicia, la Cámara de Cuentas y los juzgados y tribunales de justicia). En 
todos los casos lo hace con pleno respeto a las previsiones del Estatuto (arts. 53, 59, 63 
y 112). Por tanto, la tacha de inconstitucionalidad debe ser desestimada.
f)  La demanda denuncia específicamente que, al citar el art. 18.3 de la Ley los 
órganos de control del Gobierno autonómico y al referirse el art. 19 a la Cámara de 
Cuentas de Aragón como órgano de fiscalización externa, se omite toda alusión al 
Tribunal de Cuentas y a las competencias que le atribuyen –como supremo órgano 
fiscalizador económico-financiero del Estado y del sector público– el art. 136 CE y la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Esta queja de inconstitucionalidad tampoco puede ser acogida. El silencio de una ley 
autonómica sobre la aplicación del bloque de la constitucionalidad no merece tacha, 
puesto que el mismo rige por su propia primacía, con independencia de su mención 
expresa en la legislación estatal o autonómica, según reiterada doctrina constitucional 
[entre otras muchas, SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 14 a); 135/2006, de 27 de abril, 
FJ 6, y 208/2012, de 14 de noviembre, FJ 5].
En cualquier caso, aunque dicha salvaguardia no sea necesaria, el art. 112.1 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón instituye la Cámara de Cuentas de Aragón como 
órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón «sin perjuicio de las competencias que la 
Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas». Y así lo ratifica la Ley 11/2009, de 30 de 
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, cuyo art. 3.2 dispone que sus funciones 
se  «entienden  sin  perjuicio  de  las  legalmente  atribuidas  al  Tribunal  de  Cuentas, 
correspondiéndole también las que le sean delegadas por este en los términos previstos 
por su Ley Orgánica».
g)  El art. 27 («El Archivo del Reino de Aragón») se impugna por las mismas 
razones ya analizadas y descartadas por la STC 158/2019, FJ 7 f), a la que ahora hemos 
de remitirnos para desestimar el recurso del presidente del Gobierno en este punto.
h)  De  igual  forma,  la  disposición  adicional  segunda  («Declaración  de  interés 
general a efectos expropiatorios») ha sido enjuiciada por la citada STC 158/2019, sin que 
el abogado del Estado aporte ningún motivo de inconstitucionalidad diferente de los que 
hemos  analizado  en  ella.  Por  consiguiente,  debemos  remitirnos  a  su  fundamento 
jurídico 7 j) para reiterar la interpretación conforme del apartado 1, párrafo primero (en la 
parte subsistente tras anularse el inciso «y sus derechos históricos») y para desestimar 
la impugnación del apartado 2.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Declarar que el recurso de inconstitucionalidad núm. 976-2019, interpuesto por 
el presidente del Gobierno, ha perdido sobrevenidamente su objeto para los siguientes 
artículos, apartados o incisos de artículos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018,  e.
de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón: w.b
––  aarrtt..  12,,  aappaarrttaaddooss  11  yy  22., letras d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto
de la–  maertnsc. i3ó ny  «4p.acto» que era impugnada].
– art. 5, apartado 1 y apartado 2, letra b).
– art. 7, apartado 1, letra c).
– art. 9.
– art. 10, apartado 1.
– art. 14, apartados 1, 2 y 3.
– art. 15.
– art. 16, apartado 3.
– art. 18, apartado 1, inciso «tiene su origen histórico en la Diputación del Reino».
– art. 20.
– art. 21.
– art. 22.
– art. 25.
– art. 26, apartados 1, 2 y 3.
– art. 32, letra a).
– art. 33, apartado 5.
– disposición adicional segunda, apartado 1, párrafo primero, inciso «y sus derechos 
históricos» y párrafo segundo.
– disposición adicional tercera.
– disposición final tercera.
2.º  Declarar que el art. 17, apartado 2, párrafo segundo, es inconstitucional y nulo.
3.º  Declarar  que  el  párrafo  primero  del  apartado  1  de  la  disposición  adicional 
segunda no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos 
en el fundamento jurídico 3 h) de esta resolución, que se remite a lo ya establecido por 
este Tribunal en el fundamento jurídico 7 j) de la STC 158/2019, de 12 de diciembre.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.