BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47484
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6600 Sala Primera. Sentencia 54/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 1728-2019. Promovido por doña María Pilar Ruiz Lorente respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Tafalla (Navarra), en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resolución que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 
de  enero,  deniega  la  revisión  judicial  del  decreto  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia (STC 17/2020).
ECLI:ES:TC:2021:54
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1728-2019, promovido por doña María Pilar Ruiz 
Lorente, representada por el procurador de los tribunales don Álvaro-Ignacio García 
Gómez  y  asistida  por  el  abogado  don  Aitor  Tapias  Prieto,  contra  la  diligencia  de 
ordenación de 25 de enero de 2019 del letrado de la administración de justicia del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tafalla en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales 108-2018. Ha comparecido don Javier Sota Domínguez, 
representado por el procurador de los tribunales don Federico Pinilla Romero y asistido 
por el abogado don Pedro Madorrán Herguera. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  La demandante de amparo dirigió escrito a este tribunal, que tuvo entrada en su 
registro general el 18 de marzo de 2019, comunicando su voluntad de interponer recurso 
de amparo contra la resolución anteriormente indicada y solicitando la designación de 
procurador de oficio.
2.  Mediante diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2019 de la secretaría de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal se acordó conceder a la recurrente, por medio 
del abogado don Aitor Tapias Prieto, un plazo de diez días para que de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 2.1 y 4.2 del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18  es
de  junio  de  1996,  sobre  asistencia  jurídica  gratuita  en  los  procesos  de  amparo  o
carlaeop cnedusrerctrimietbunaicétnienod dnaaoa  lleed, f eseqe cu ateroma sdtpi efdia qenruo oen,  s oddutoiebfñibscaiaae ncMniadoaron rei,ea ls  adP speiilofmaesrci tsRetomru,io oiszr,e  eL fsaao,c cresoilinir tdatfeuar, er áeere nll  a dde iiolns meatisndicctmoirlii itosoa i ló ddnoeo b dnirnedatlene r treeploc oeucsanriscl ioiazó.aunrt o dsae;l    2021-6600n https://www.
Por escrito registrado el 15 de abril de 2019 la interesada se ratificó en su escrito de 
interposición de la demanda de amparo y solicitó la designación de procurador del turno 
de oficio.
3.  El secretario de justicia de la Sala Primera solicitó, con fecha 22 de abril de 2019, 
al decano del Colegio de Procuradores la designación del turno de oficio de procurador 
que represente a la recurrente en el recurso de amparo núm. 1728-2019.
Por escrito del Ilustre Colegio de Procuradores registrado el 22 de mayo de 2019 se 
designa como procurador a don Álvaro-Ignacio García Gómez.
4.  Por diligencia de ordenación de 27 de mayo de 2019 se tiene por hecha dicha 
designación.  Con  traslado  de  los  escritos  y  documentos  presentados  por  la  parte 
recurrente, al citado procurador don Álvaro Ignacio García Gómez, se le concede un 
plazo de treinta días para que bajo la dirección del letrado don Aitor Tapias Prieto 
formulen la correspondiente demanda de amparo con los requisitos prevenidos en el 
art. 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sin perjuicio del letrado a 
proceder,  en  su  caso,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  32  y  siguientes  de  la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Debiendo el recurrente 
facilitar a los citados profesionales, cuantos datos y documentos les sean necesarios 
para la formalización de la demanda.
5.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 10 de julio 
de 2019, el procurador de los tribunales indicado, en nombre y representación de doña 
María Pilar Ruiz Lorente, formalizó la demanda de amparo contra la resolución a la que 
se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
6.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Tafalla de 12 de 
enero de 2018 se cesó a la recurrente en la comunidad proindiviso que mantenía con 
don  Francisco  Javier  Sota  Domínguez.  En  ejecución  de  esa  sentencia  promovió 
expediente de ejecución ante el mismo juzgado que lo tramitó con el núm. 108-2018.
b)  Por auto de 3 de octubre de 2018 se dictó orden general de ejecución, tasando 
la finca que había sido objeto de la comunidad en 55 403,52 €. Ambas partes solicitaron 
la adjudicación del bien. Por diligencia de 6 de noviembre de 2018 se dio traslado a las 
partes para que ejercieran el derecho de sexteo, de la ley 374 del Fuero Nuevo de 
Navarra, mediante la consignación del precio de tasación mejorado en una sexta parte 
por lo menos. También ambas partes ejercitaron ese derecho, consignando el señor. 
Sota Domínguez la cantidad de 67 400 € (la totalidad de la tasación más una sexta 
parte), y la señora. Ruíz Lorente la cantidad de 32 316,72 € (la mitad de la tasación más 
una sexta parte del total).
c)  Por decreto de la letrada de la administración de justicia de 14 de noviembre 
de 2018 se adjudicó la vivienda al señor Sota Domínguez por entender que solo él había 
cumplido lo acordado en la diligencia de ordenación.
d)  Frente a este decreto la recurrente en amparo formuló recurso de reposición por 
entender que también ella había cumplido lo establecido en la ley 374 del Fuero Nuevo, 
ya que no era procedente consignar la totalidad del valor de la vivienda, ya que la mitad 
le pertenecía. Por ello, considera que lo procedente, según la citada ley 374, era señalar 
una subasta entre los dos copropietarios para adjudicarle el bien al mejor postor, o al  e.e
menos otorgarle el resto del plazo para consignar la totalidad de la tasación más la sexta  b
parte, pues de otro modo se conculcaría su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. 00ww
justiec)ia  dPeosre sdteimcróe tloa  dreep o1s4ic idóen , drieciiteemrabnrdeo  dlea  n2e0c1e8s ildaa dle dtrea dcao ndseig nlaa ra ldam tointiasltirdaacdió dne  dlae 
tcaasdauccióidna dm ye joyraa dloa  hya breías paegcotota ad ol al ap orescibuirlirdeandte .d eT esrumbinsaanbaar ,e iln ddeiccare qtou ed iecile pnldaoz:o  «ecroan tdrea 
este  decreto  no  cabe  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  reproducir  la  cuestión
necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de decisión y, si no 
fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que 
se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella (art. 454 bis LEC)».
f)  En fecha 24 de enero de 2019 la recurrente en amparo presentó escrito en el que 
se reprodujo ante el órgano judicial la petición del recurso de reposición.
Por diligencia de ordenación de 25 de enero de 2019 la letrada de la administración 
de justicia acordó unir el escrito a los autos «sin efecto alguno ya que el decreto de 14 de 
diciembre de 2018 es firme».
7.  El  9  de  julio  de  2019  fue  presentada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional demanda de amparo contra la diligencia de ordenación de 25 de enero 
de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tafalla, alegando 
vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva.  La  recurrente  alega  las 
SSTC  72/2018,  de  21  de  junio,  y  58/2016,  de  17  de  marzo,  que  han  declarado, 
respectivamente, la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del artículo 188.1 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS), y del primer 
párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (LJCA), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 
judicial. Recuerda que dichos preceptos han sido declarados inconstitucionales porque al 
excluir  del  recurso  judicial  a  determinados  decretos  definitivos  del  letrado  de  la 
administración de justicia (aquellos que resuelven la reposición), se «cercena el derecho 
del justiciable a someter a la decisión última del juez o tribunal, a quien compete de 
modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus 
derechos e intereses y legítimos» (STC 58/2016, FJ 7).
8.  Mediante providencia de 16 de noviembre de 2020, la Sección Primera de este 
tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo presentado al apreciar que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como 
consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  acordó  dirigir  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tafalla a fin de 
que  procediese  a  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  a 
excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen 
comparecer, si lo desean, en el presente proceso constitucional.
9.  El 10 de diciembre de 2020 presentó escrito en el registro general del Tribunal 
Constitucional el procurador de los tribunales don Federico Pinilla Romeo, en nombre y 
representación, que acredita mediante documento apud acta que acompaña a su escrito, 
de don Javier Sota Domínguez. En su escrito solicita que se le tenga por comparecido y 
parte en el presente procedimiento y se entiendan con él las sucesivas actuaciones.
Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 17 de diciembre de 2020 se le 
tiene por personado y parte. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de 
todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría de esta sala, por 
un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que 
dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga. 
Los procuradores tendrán acceso a los escritos y documentos, a través de la sede 
electrónica de este tribunal. s
10.  Por escrito registrado el 25 de enero de 2021 presentó sus alegaciones la  w.
recurrente en amparo. En su escrito señala que la STC 15/2020, de 28 de enero, ha  00ww
deencjulaicriaadmoi einntcoo ncsitvitilu c(ioLnEaCl ),y  pnourl o cerel aprá rerasfao  pnroimrmearo  «duenl  aerst.p a4c5i4o  binism.1u ndee  laal  Lceoyn trdoel 
jbuarissed iac ceiostnaa sl ednet ednecteiarm coinnasdidaesr dae qcuisei osnue rse dcuerl sleot rdaed oa mdep alaro a ddembien issetrra ecisótnim daed oju.sticia». En  BOE-A-cable e
11.  El 26 de enero de 2021 presentó su escrito de alegaciones el procurador de los 
tribunales don Federico Pinilla Romeo, en nombre y representación de don Javier Sota 
Domínguez.
Señala que la STC 15/2020, a partir de la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad del art. 454 bis.1 LEC, ha establecido un régimen transitorio, en tanto que el 
legislador se pronuncie al respecto, por el cual frente al decreto del letrado de la 
administración de justicia cabe interponer recurso directo de revisión. Por ello entiende 
que este recurso de amparo queda sin contenido, dado que en la citada sentencia ya se 
indica la procedencia del recurso de revisión.
12.  El 10 de febrero de 2021 el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones 
en el que termina solicitando que se estime el recurso de amparo.
Señala que nos encontramos en este recurso ante una cuestión que ya ha sido 
objeto  de  pronunciamiento  reiteradamente  por  este  tribunal,  al  haberse  planteado 
diversos  recursos  de  amparo  que  cuestionaban  la  supuesta  irrecurribilidad  de  las 
decisiones de los letrados de la administración de justicia ante los órganos judiciales 
stricto sensu. Estos recursos de amparo dieron lugar a que por el propio Tribunal 
Constitucional se plantearan diversas cuestiones internas de inconstitucionalidad por 
entender que la posible vulneración del derecho fundamental pudiera provenir de la 
propia norma. Recuerda que estas circunstancias se fueron produciendo en los distintos 
órdenes jurisdiccionales. Así, en el orden jurisdiccional civil la STC 15/2020, de 28 de 
enero, declaró la inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC.
Tras reproducir el contenido de la STC 15/2020, indica que aunque el supuesto que 
analiza esta sentencia se inscribe en el marco de un proceso de ejecución dineraria, no 
hay razones para no hacerlo extensivo al caso que nos ocupa, si tenemos en cuenta que 
lo decisivo es que no se haya privado a la parte del preceptivo control judicial. La 
recurrente había solicitado que se considerara su derecho a que le adjudicara la vivienda 
tan bien constituido como el de la parte contraria, o, en otro caso, puesto que no agotó el 
tiempo para hacer la consignación económica, que vencía el día 16, cuando el decreto 
que se lo adjudica a la contraparte es del día 14, se le permitiera subsanar el defecto. 
Parece evidente, para el Ministerio Fiscal, que la cuestión que planteó excede del mero 
trámite procesal, ya que la interpretación de la ley 374 del Fuero Nuevo de Navarra 
forma parte de las decisiones de naturaleza claramente jurisdiccional. Por el contrario, el 
actuario decidió resolver la cuestión, a pesar de esa naturaleza.
Considera que esta es la decisión que nunca ha sido sometida a control judicial, ya 
que el instrumento procesal que utilizó la parte para obtener ese control fue el de solicitar 
por escrito, de fecha 24 de enero de 2019, que el juez resolviera esta controversia sobre 
la suficiencia de su consignación, y esta pretensión le fue denegada el día siguiente 25 
del mismo mes y año, por una diligencia que se limita a decir se una sin efecto alguno, y 
que no procede del juez sino de la propia letrada.
Insiste en que es cierto que la parte no acudió a la figura del recurso, sino que se 
limitó  a  la  petición  de  audiencia,  pero  eso  no  desvirtúa  la  esencia  de  petición  de 
pronunciamiento judicial, y es notoriamente conforme con lo que se desprende de la 
decisión adoptada por las distintas decisiones del Tribunal Constitucional en los diversos 
órdenes jurisdiccionales, por lo que concluye que la parte ejecutante vio cómo una 
pretensión, de indudable contenido relevante en el proceso, pues de ello dependía la 
resolución del pleito, se quedaba huérfana de respuesta judicial. Por todo ello, interesa 
que se otorgue el amparo solicitado.
13.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  marzo  de  2021,  se  señaló  para  bo
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año. 00ww
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la diligencia de ordenación de 25 de 
enero de 2019 dictada por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de 
Primera Instancia de Instrucción núm. 2 de Tafalla, en el procedimiento de ejecución de 
títulos judiciales 108-2018, por la que se acuerda unir a los autos, sin efecto alguno, el 
escrito presentado por la recurrente en amparo contra el decreto de la letrada de la 
administración de justicia del señalado juzgado, de 14 de diciembre de 2018, por el que 
se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra decreto de 14 de noviembre 
de 2018.
En la demanda se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), porque se considera que la resolución impugnada ha impedido el control 
judicial de una resolución del letrado de la administración de justicia, obviando la doctrina 
constitucional resultante de las SSTC 58/2016, de 17 de marzo y 72/2018, de 21 de 
junio, en las que, en circunstancias similares, se había declarado la inconstitucionalidad 
y nulidad del art. 102 bis.2 LJCA y el párrafo primero del art. 188.1 LJS, respectivamente; 
y reconociendo al propio tiempo la virtualidad de la vía impugnativa, que en los presentes 
autos se encuentra vedada.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso partiendo de la doctrina de la 
STC 15/2020, de 28 de enero.
2.  Doctrina  constitucional  sobre  el  art.  454  bis.1,  párrafo  primero,  LEC  y  su 
relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: STC 15/2020, de 28 de enero.
El art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC dispone que «contra el decreto resolutivo de la 
reposición  no  se  dará  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  reproducir  la  cuestión, 
necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si 
no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de 
que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella». La STC 15/2020, 
de  28  de  enero,  del  Pleno  de  este  tribunal,  que  estimó  la  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad núm. 2754-2019, declaró, precisamente, la inconstitucionalidad y 
nulidad de dicho precepto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado 
en el art. 24.1 CE.
La exclusión del recurso de revisión –y de cualquier otro recurso– en relación con los 
decretos no definitivos del letrado de la administración de justicia se desprende del 
propio texto del precepto citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de medidas de agilización procesal.
Al respecto, conviene recordar en primer lugar que, tal y como expusimos en el 
fundamento jurídico 3 de la STC 15/2020, con la constatación de que esa norma prohíbe 
la impugnación directa en revisión ante el juez o magistrado del decreto dictado por el 
letrado de la administración de justicia resolutorio del recurso de reposición promovido 
contra sus propias resoluciones, se puede concluir que «no cabe este control judicial 
directo frente a la generalidad de los dictados en el proceso civil, con independencia de 
la importancia del asunto resuelto por el decreto correspondiente». Pero además, que 
«tampoco cabe apreciar que este control judicial pueda obtenerse de manera real y 
efectiva  en  el  marco  del  propio  proceso  de  una  manera  indirecta  a  través  de 
instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos»; pues, aunque «el párrafo 
primero  del  art.  454  bis.1  LEC  establece,  como  alternativa  a  la  imposibilidad  de  e.
impugnación judicial directa, la posibilidad de "reproducir la cuestión, necesariamente, en  w.
la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por  00ww
erel seoslutacdióon  ddee filnoisti vaau tpoasr,a s qeu peo sderá s osolvleicnittaer  emne edlilaan" te[… e]s, ctraitlo p oasnitbeisli ddaed  qnuoe s asteis fdaiccete  elan 
teofdeoctsiv lao»s. casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a la tutela judicial  BOE-A-cable e
La sentencia rememorada –y las posteriores SSTC 17/2020, de 10 de febrero, 
33/2020,  de  24  de  febrero,  145/2020,  de  19  de  octubre,  y  162/2020,  de  16  de 
noviembre–  tiene  su  origen  en  un  proceso  de  ejecución  civil,  destacándose  en  su 
fundamento jurídico 4, que, en semejante marco procedimental, no está contemplada ni 
«la realización de comparecencias (audiencia) ante el titular del órgano judicial, excepto 
en el incidente de oposición a la ejecución (arts. 560 y 695 LEC)», que posibiliten 
«reproducir la cuestión […] en la primera audiencia ante el tribunal»; ni tampoco cabe su 
planteamiento por escrito »antes de que se dicte la resolución definitiva para que se 
solvente en ella», meramente, porque «[e]n el proceso de ejecución, no resulta posible 
identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en el 
proceso de declaración, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las partes, 
ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex lege 
cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC)». De 
modo que tampoco era posible un control judicial indirecto, como prevé el precepto 
cuestionado.
La STC 15/2020 concluye señalando en su fundamento jurídico 3 que «[e]n definitiva, 
el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya 
que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados de la 
administración de justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional. En 
coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad del precepto 
cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, 
y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial 
procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutivo de la 
reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio artículo 454 bis LEC».
3.  Aplicación de la doctrina al caso: vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
Los mismos razonamientos que han determinado la nulidad del párrafo primero del 
art. 454.bis.1 LEC efectuada por la STC 15/2020 son los que deben conducir a la 
estimación del presente recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva de la recurrente.
La recurrente en amparo, de acuerdo con lo indicado en el pie de recurso del decreto 
por el que se desestimó el recurso de reposición que trascribió el contenido del párrafo 
primero del art. 454 bis LEC –«[c]ontra este decreto no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de reproducir la cuestión necesariamente en la primera audiencia ante el tribunal tras la 
toma de la decisión y si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar 
mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en 
ella (art. 454 bis LEC)»–, solicitó por escrito de 24 de enero de 2019 que el juez 
resolviera la controversia sobre la suficiencia de su consignación. Esta pretensión le fue 
denegada por una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia 
de 25 de enero de 2019 que se limita a decir que se «una el escrito a las actuaciones sin 
efecto alguno» porque el decreto de 14 de diciembre de 2018 que desestimó el recurso 
de reposición es firme.
La recurrente se limitó a la petición de audiencia en lugar de acudir a la figura del 
recurso, pero, como señala el Ministerio Fiscal, ello no desvirtúa la esencia de petición 
de  pronunciamiento  judicial.  Nos  encontramos  ante  una  decisión  del  letrado  de  la 
administración  de  justicia  que  concierne  a  cuestiones  relevantes  en  el  marco  del 
proceso, pues de ella despendía la resolución del pleito, y que, sin embargo, quedaron  e
excluidas de respuesta del titular de la potestad jurisdiccional. bo
En consecuencia, de acuerdo con la doctrina expuesta, procede estimar la queja de  00ww
clao nrececudrerre netle a, mfupnadraod sao leicni talad ov,u clnoenr adceiócnla rdaec iósnu  ddee rneuclhidoa da  dlae  tluat edliali gjeundciciaia li mepfeucgtinvaad, ay. 
pCioem doe e freecctuorss od edrievla ddoesc rdeeto l ad ees tliam alectiróand ad ed lae  dlae maadnmdian,i sptrroacceiódne  daec ojrudsatric liaa  ndueli d1a4d  ddeel 
diciembre de 2018 y retrotraer las actuaciones para que el órgano judicial le confiera la
posibilidad de interponer recurso de revisión frente al referido decreto, de acuerdo con lo 
establecido en la STC 15/2020, FJ 3.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Pilar Ruiz Lorente y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la actora a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del pie de recurso del 
decreto de 14 de diciembre de 2018 y de la diligencia de ordenación de 25 de enero 
de 2019, dictados por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 2 de Tafalla en el procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales núm. 108-2018.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado del 
decreto de 14 de diciembre de 2018, para que el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 2 de Tafalla provea a la reparación del derecho fundamental vulnerado, 
en los términos que se especifican en el último párrafo del fundamento jurídico 3 de esta 
sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.