BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Lunes 17 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 4253
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
705 Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de programas de 
intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas 
alternativas.
Habiéndose suscrito el 23 de diciembre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior,  a  través  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el 
Departamento  de  Políticas  Migratorias  y  Justicia  del  Gobierno  de  Navarra  para  el 
desarrollo de programas de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas 
y medidas alternativas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución,
Madrid,  11  de  enero  de  2022.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
del Gobierno de Navarra para el desarrollo de programas de intervención en el 
medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas
Madrid, a 23 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias, nombrado por Real Decreto de nombramiento 504/2018, de 18 de junio, 
actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, según 
lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de 
abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones 
efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del 
presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Eduardo Santos Itoiz, Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia del Gobierno de Navarra, nombrado por Decreto Foral de la Presidencia de la 
Comunidad Foral de Navarra 28/2019, de 6 de agosto, y competencia en virtud del 
artículo 90.2.b) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral, con domicilio a 
estos efectos en la Avenida San Ignacio 1, 31002 de Pamplona.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el 
Código  Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de 
condena. Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala 
el nuevo texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución 
de  la  pena  pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)», 
desapareciendo el artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 
relativo a los deberes y prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de 
condena. En concreto, el artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en 
programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del 
medio  ambiente,  de  protección  de  los  animales,  de  igualdad  de  trato  y  no 
discriminación y otros similares cuando sean cometidos sobre la mujer, por quien sea 
o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación 
similar  de  afectividad,  aun  sin  convivencia.  Por  su  parte,  en  su  apartado  7.º  se 
establece la posibilidad de participar en programas de deshabituación al consumo de 
alcohol,  drogas  tóxicas  o  sustancias  estupefacientes  o  de  tratamiento  de  otros 
comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene  e.
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. w.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la  5w
Sdee clraesta rcíoam Gpeenteenracli adse  dIen steitjuecciuocnióens  Pdeen iltae nlecgiaisrilaasc idóenl  pMeinniitsetenrciioa rdiae l eInsttaetraiol,r , teall  eyj ecrcoimcioo 
eRsetgalbalmeceennto l aP eLneiyte nOcrigaárinoi,c aap r1o/1b9a7d9o,  pdoer  e2l 6R edael  Dseepctrieetmo b1r9e0, /1G9e9n6e,r dael  P9 edneit efenbcriearroia., y el  BOE-A-cable e
Quinto.
Que conforme al artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de 
derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la 
competencia.
Igualmente, según el apartado tercero del citado artículo, la suscripción de convenios 
deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de 
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Sexto.
Que  la  Ley  Orgánica  de  Reintegración  y  Amejoramiento  del  Régimen  Foral  de 
Navarra, en su Artículo 58,1, a), contempla que corresponde a Navarra la ejecución de la 
legislación  del  Estado  en  materia  penitenciaria,  lo  que  ha  conllevado  el  ejercicio 
continuado en el tiempo de aspectos determinados de tales competencias, incluyendo la 
participación en la aportación de recursos y programas para el cumplimiento de penas y 
medidas no privativas de libertad.
Igualmente, en virtud del decreto foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, 
corresponde al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección 
General de Justicia, la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, 
fomentando  y  desarrollando  una  ejecución  penal  que  propicie  la  reparación  a  las 
víctimas, la reinserción y la limitación de los delitos, en el ámbito de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto estas funciones han 
quedado adscritas al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, creado por el 
Decreto Foral 9/2021, de 10 de febrero (BON de 26 de febrero de 2021).
Séptimo.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Octavo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Noveno. e.e
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como  w
iivfmgiinoupalaelliilcndeacasri daso .e  ipn Etaconridde aicdr i eldaefai nnss io tecicvoli aenc,dd oaeumdsc  ptyauo,s nre taeas nmpc euiuecennias tfltoumió tuendrn eodtl  eeyp,   edlsaneusatm eAdnaode ,m rim tuirnapnistoaatr rntpaadocnosico ibindaleee ss  e oePscvpúiiatibarlal ri cel landas e .l raae gpqreuetesici oióhnnae  sdd eey    OE-A-2022-70able en https://
Décimo.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1.  El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2.  El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad».
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Undécimo.
Que los manuales de los talleres y programas objeto del presente convenio se pueden 
encontrar en el siguiente enlace https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-
documental/publicaciones de la página web de instituciones penitenciarias, y han sido 
incluidas en el catálogo de publicaciones oficiales del Ministerio del interior.
En concreto, el presente convenio permitirá la efectiva puesta en marcha de los 
siguientes Programas:
– Programa de Intervención Básica en Medio Abierto.
– Programa Puente de Mediación Social.
– Programa Puente Extendido.
– Programa Regener@r.
– Programa Cuenta Contigo.
– Taller CONVIVIR-10 Herramientas básicas para vivir en comunidad.
– Taller de diálogos restaurativos. Responsabilización y reparación del daño.
– Programa Integra.
– Programa Encuentro.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha de talleres y 
programas de intervención, que podrán estar dirigidos tanto a condenados a privación de 
libertad  en  régimen  abierto,  como  a  aquellos  condenados  a  penas  y  medidas  e.e
alternativas, que dependan del Centro de Inserción Social, Centro Penitenciario o del  w.b
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas adscrito a estos, dentro del ámbito  5ww
competencial propio de la Comunidad Autónoma.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar el desarrollo de los programas de intervención, mediante la derivación 
de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por condenas a 
medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de libertad que 
así lo requieran.
2.  Proponer a los/as penados/as que desarrollarán el programa de que se trate.
3.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación del programa de intervención a desarrollar.
4.  Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del programa.
5.  Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del programa.
6.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del programa a los destinatarios del mismo.
7.  Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando el programa se desarrolle 
en un Centro de Inserción Social.
Tercera.  Compromisos que asume el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
de la Comunidad Foral de Navarra.
El  Departamento  de  Políticas  Migratorias  y  Justicia  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra,  a  través  de  su  Servicio  de  Ejecución  Penal  y  Justicia  Restaurativa,  se 
compromete a:
1.  Desarrollar los programas conforme a los modelos y manuales establecidos por 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con los principios 
constitucionales, así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas.
2.  Aportar a los y las profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del 
Programa objeto del presente convenio.
Cuarta.  Obligaciones económicas o contractuales.
El  presente  convenio  no  generará  obligaciones  de  carácter  económico  para  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
No  obstante,  para  el  Departamento  de  Políticas  Migratorias  y  Justicia  de  la 
Comunidad Foral de Navarra podrían derivarse los gastos necesarios para el desarrollo 
del Programa objeto del convenio.
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, 
funcionarial  o  estatuaria  entre  los  profesionales  que  realicen  el  programa  y  la 
Administración Penitenciaria.
Quinta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo. s
Sexta.  Confidencialidad y protección de datos. w.
Nav1a.r raE  ls eD ecpoamrtparmoemnetote  dae  Pmoalíntitceanse rM  iegnra tsoericarse tyo  Jtuosdtoicsi a lodse  ldaa tCoos meu niindfaodrm Faocriaoln dees 
cfaocnilciteardnoiesn tepso r a lal a Seejcerceutcairóían   dGeel neorbajel tod ed eIln sptriteusceionntee sc oPnevneinteion.c iaErnia sp ayrt icquulaer , sseearán 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo
el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra 
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en 
todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente 
convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de 
Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y 
Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, 
de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  introduce  en  nuestro  sistema  penal,  y  se 
clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI y copia de 
los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Séptima.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.
Las obligaciones asumidas por el Gobierno de Navarra se estiman en 5.520 euros 
anuales imputables a la partida «Fomento de la reinserción» con código F20001 F2100 
2279 112110, financiándose en 2022 y siguientes con las partidas que, con idéntica o 
similar denominación, y condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
se  habiliten  en  los  presupuestos  de  gastos  de  los  ejercicios  referidos  de  los 
Presupuestos del Gobierno de Navarra.
Octava.  Comisión de Seguimiento. e.e
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida  w
preopr rdeoses nrteapnrteesse dneta nlat eost rdae p laar Stee fcirrmetaanrítae  Gqeunee srearl ádne  nInosmtibturcaidoonse sp oPre enli tSenecciraertiaarsio y  Gpoern edroasl 
de Instituciones Penitenciarias y por el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de la 
Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la 
Comunidad Foral de Navarra.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos  e  instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público  Estatal.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Igualmente, el texto definitivo será publicado en el Portal de Transparencia de la 
Administración General del Estado de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG).
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra  s
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años  oe.
adicionales. w.
Duodécima.  Causas de extinción.
la LeSyo n4 0c/a2u0s1a5s,  ddee  1e dxtein occiótunb dree.l presente convenio las establecidas en el artículo 51 de
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario 
General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El  Consejero  de 
Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos Itoiz.