BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Martes 1 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 108406
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
15381 Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad,  por  la  que  se  publica  Convenio,  para  el  año  2020,  entre  la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, en materia de drogodependencias y con cargo 
al fondo de bienes decomisados.
Suscrito el 19 de noviembre de 2020, Convenio entre la Delegación del Gobierno del 
Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 19 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández.
ANEXO
Convenio para el año 2020 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Islas Baleares en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados
En Madrid, a 19 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Juan Ramón Villalbí Hereter, Delegado del Gobierno para el Plan 
Nacional  sobre  Drogas,  nombrado  mediante  Real  Decreto  1002/2020,  de  10  de 
noviembre (BOE número 297, de 11 de noviembre) en nombre y representación del 
Ministerio de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de mayo 
de 2020 del Ministro de Sanidad de delegación de firma en la persona titular de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
De  otra,  doña  Patricia  Gómez  Picard,  Consejera  de  Salud  y  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, debidamente facultada para este acto en 
virtud del cargo para el que fue nombrada mediante Decreto 10/2019, de 2 de julio, de la 
Presidenta de la comunidad autónoma de las Illes Balears, actuando en nombre y 
representación  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  en  virtud  de  la 
delegación de firma del Presidente de las Illes Balears otorgada por Decreto 25/2003, 
de 24 de noviembre (BOIB n.º 166, de 29 de noviembre de 2003) otorgada de acuerdo 
con los artículos 11 y 80 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, previa autorización del 
Consejo de Gobierno.
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el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Sanidad,  y  se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales y la Consejería de Salud y Consumo 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears desarrolla las competencias en esta 
materia.
Que la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, en reunión celebrada el 6 de julio 
de 2020, con base a las atribuciones conferidas en el artículo 6 de la Ley 17/2003, de 29 
de mayo, acordó asignar a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears la cantidad 
de 294.000,00 euros procedentes del Fondo de bienes decomisados.
En virtud de ello
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo para el 
desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. La Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los referidos programas y 
la Comunidad Autónoma de Baleares asume el compromiso material de su ejecución, 
siendo éste el objeto del presente convenio.
Segundo.  Obligaciones de las partes.
Que la actuación de la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma 
de les Illes Balears en el año 2020 se concretará en el desarrollo del programa:
– Programa de atención de drogodependencias y otras adicciones en sus diferentes 
ámbitos de actuación: 294.000,00 €
Que el Ministerio de Sanidad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas) financiará la realización de estos programas, según lo acordado por la Mesa de 
Coordinación  de  Adjudicaciones,  con  un  total  de  294.000,00  euros  con  cargo  al 
concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora de este 
Fondo. El abono de esta cantidad se realizará a partir de que el convenio surta efectos, 
es  decir,  desde  la  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicación en el BOE, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la Consejería de Salud y 
Consumo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  les  Illes  Balears  remitirá  a  la  Mesa  de 
Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarrollo de los 
programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la 
ejecución de los mismos.
Tercero.  Vigencia y efectos.
La vigencia del presente Convenio se establece desde su inscripción en el Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado con una duración hasta el 31 
de diciembre de 2020, surtiendo los efectos en los términos previstos en el apartado 8  es
del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  o
Público. 381ww
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Cuarto.  Extinción del Convenio.
El  presente  Convenio  se  extinguirá  por  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución de las previstas en el 
artículo 51.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto.  Comisión de seguimiento.
Para  el  seguimiento  de  lo  previsto  en  el  presente  convenio  se  constituye  una 
Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las 
partes firmantes, que será presidida por un representante de una de las partes, actuando 
el otro representante como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
– Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del 
presente convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello.
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del convenio.
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Sexto.  Resolución de controversias.
Ambas partes se comprometen a solventar las controversias que pudieran suscitarse 
en la interpretación o ejecución del presente Convenio a través de la Comisión de 
Seguimiento. En su defecto las mismas serán de la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Séptimo.  Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
Tal y como establece el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  y 
compromisos  asumidos  por  cada  una  de  las  partes  tendrá  como  consecuencia  la 
extinción del Convenio.
Octavo.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre 
que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas 
en el Convenio.
Ésta se hará durante la vigencia del convenio, y mediante la correspondiente Adenda 
de modificación.
Noveno.  Régimen jurídico.
El contenido del presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. e
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