BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Jueves 13 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 57013
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
7908 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas 
Prácticas  para  el  marco  de  renegociación  para  clientes  con  financiación 
avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia  empresarial  en  respuesta  a  la 
pandemia de la COVID-19.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de 2021, ha adoptado un 
Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  el  Código  de  Buenas  Prácticas  para  el  marco  de 
renegociación  para  clientes  con  financiación  avalada  previsto  en  el  Real  Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 11 de mayo de 2021,
Esta Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha resuelto disponer 
la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente 
resolución.
Madrid, 12 de mayo de 2021 – El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, Gonzalo García Andrés.
ANEXO
El Consejo de Ministros acuerda:
1.  Instruir  al  Instituto  de  Crédito  Oficial  (en  adelante,  ICO)  y  a  la  Compañía 
Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (en adelante CERSA), a que 
extienda, en pleno cumplimiento con las condiciones establecidas en el Real Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y en el anexo II de este 
Acuerdo, el vencimiento de los avales otorgados a empresas y autónomos en virtud de 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, así como de 
los correspondientes Acuerdos del Consejo de Ministros de desarrollo.
2.  Instruir a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.E. (en adelante CESCE), a que extienda, en 
pleno cumplimiento con las condiciones establecidas en el Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y en el anexo II de este Acuerdo, los vencimientos de la cobertura 
aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (Línea COVID I y Línea 
COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 
del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de  es
octubre de 2020. o
cgcmuoaambrrae3zpnro.lt ti,uim zrIayaine dssnea ttnrsodu   eisecrs elo c anacrl i notloaeInCssxv  Ooice eo,r IntnIaIa d n dil coCeeiso nE ne RepasSsrpteé aAe sr Atstaaytcamd uboaoelse sr dc CpoiadEa,na SrtlsteaiC crseiiE pon,oar  epetpisevl a orRraseaec,n  aio rqle nueDgeelue s lc acmrdadeeasot oonsf-  tileneednanyegn   5eac/linq2 a au0crlei2otóí,1scn , u  edlaponevo  a r21 pl0ee2l esl dl dnoeeosyl      OE-A-2021-7908able en https://www.
Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de 
fomento y liberalización de la actividad económica.
4.  Instruir al ICO, a CERSA y a CESCE, para que realicen las transferencias 
previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, con cargo al 
crédito extraordinario al Presupuesto previsto en el artículo 10 de dicho Real Decreto-ley, 
cuando concurran los supuestos establecidos en el anexo IV de este Acuerdo.
5.  Las medidas incluidas en los anexos III y IV del presente Acuerdo del Consejo de 
Ministros solo serán aplicables para deudores que hayan recibido un importe de ayuda 
pública inferior a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de 
la  pesca  o  acuicultura,  o  a  225.000  euros  si  la  empresa  pertenece  al  sector  de 
producción primaria de productos agrícolas, y se aplicarán hasta dichos límites. Para el 
cálculo de estos límites se tendrá en cuenta toda la ayuda pública recibida por el deudor 
bajo el punto 3.1 del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea. La 
empresa  o  autónomo  potencialmente  beneficiario  deberá  realizar  una  declaración 
responsable del conjunto de ayudas públicas recibidas hasta la fecha. Las medidas 
incluidas en el anexo II serán aplicables hasta los límites establecidos en los puntos 3.1 
y 3.2 del mismo y cumplirán en todo caso la normativa sobre ayudas de Estado de la 
Unión Europea.
6.  Mandatar  al  ICO,  CERSA  y  CESCE  para  que,  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes  a  la  adopción  de  este  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros,  dispongan  lo 
necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de los elementos en él contenidos.
7.  La  Comisión  de  Control  prevista  en  el  apartado  1  del  artículo  12  del  Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, tendrá la composición determinada en el anexo V 
de este Acuerdo.
8.  Las entidades financieras que hubieran canalizado o se hubieran beneficiado de 
los avales liberados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020 de 17 de marzo 
y 25/2020, de 3 de julio, o de la cobertura aseguradora de créditos de circulante por 
cuenta del Estado de CESCE (línea COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al 
amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, contarán 
con el plazo máximo de un mes para comunicar por escrito su adhesión al Código de 
Buenas  Prácticas  para  el  Marco  de  Renegociación  para  clientes  con  financiación 
Avalada (en adelante, Código de Buenas Prácticas) previsto en el anexo I de este 
Acuerdo. Los detalles para la comunicación de la adhesión se harán públicos en la 
página  web  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional.  La 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional publicará los nombres de las 
entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas, así como los nombres de aquellas 
que, habiendo canalizado avales públicos de los referidos en este Acuerdo del Consejo 
de  Ministros,  hubieran  tomado  la  decisión  de  no  adherirse.  Posteriormente,  y  con 
carácter excepcional, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional podrá 
autorizar la apertura de nuevos períodos de adhesión para aquellas entidades que 
hubieran reconsiderado su decisión inicial, y, tras el cierre de los mismos, actualizará la 
información publicada en su página web.
Las entidades financieras habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre su 
adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad de acogerse a lo dispuesto 
en el Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente a través de su red 
comercial de oficinas en la forma y en los términos que se recogen en el propio Código 
de Buenas Prácticas. s
9.  Las entidades adheridas a dicho Código de Buenas Prácticas remitirán al Banco  oe.
de España, con carácter trimestral, la información que les requiera la Comisión de  w.
Control, que incluirá, en todo caso los elementos señalados en el anexo V de este  08ww
Acu1e0rd. o.Las comisiones que recibirá ICO por la gestión de los avales a los que se
aplique alguna de las medidas incluidas en este Acuerdo del Consejo de Ministros, y las
condiciones en las que realizará esa administración se establecen en el anexo VI de este 
Acuerdo.
11.  Las medidas incluidas en el presente Acuerdo del Consejo de Ministros estarán 
sujetas a la normativa sobre Ayudas de Estado de la Unión Europea.
EXPOSICIÓN
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, recoge en su 
Título II un conjunto de medidas que tienen como objetivo reforzar la solvencia de 
aquellas empresas y autónomos que, a pesar de tener negocios viables, han visto 
deteriorada su situación financiera como consecuencia de la COVID-19. Las medidas 
propuestas pretenden aliviar la carga financiera de estas empresas, y se aplicarán dentro 
de  un  marco  de  colaboración  entre  las  entidades  financieras  que  concedieron  las 
operaciones de financiación con garantía o cobertura pública y el Estado.
Por ello, un componente imprescindible de este conjunto de medidas es el Código de 
Buenas Prácticas, al que se podrán adherir de forma voluntaria aquellas entidades que 
deseen cooperar con el Estado en el establecimiento de medidas que contribuyan a la 
formación de un ecosistema empresarial más resiliente y a la recuperación económica 
del país. Las entidades contarán con el plazo de un mes para comunicar su adhesión al 
Código de Buenas Prácticas, aunque, excepcionalmente, se podrían habilitar periodos 
de adhesión adicionales para aquellas que hayan reconsiderado su decisión. De este 
modo, las entidades financieras adheridas a este Código de Buenas Prácticas asumirán 
un  conjunto  de  compromisos  para  facilitar  la  renegociación  de  la  deuda  avalada, 
haciendo sus mejores esfuerzos para incluir la deuda no avalada, contraída por las 
empresas y autónomos entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
El  Estado  asume  un  nuevo  esfuerzo,  mediante  una  nueva  ampliación  de 
vencimientos de los avales públicos, el mantenimiento de los avales públicos en los 
casos en los que el préstamo subyacente se convierta en un préstamo participativo o la 
realización de transferencias para la reducción del principal pendiente de los préstamos 
avalados. En el caso de las ampliaciones de vencimientos de los avales públicos, la 
extensión resultará preceptiva para aquellos deudores que la soliciten y que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad, entre ellos, que su facturación en 2020 haya caído, al 
menos, un 30% con respecto a la de 2019. Aquellos deudores cuyo nivel de facturación 
hubiera caído menos de ese porcentaje, pero que cumplan con el resto de requisitos de 
elegibilidad, podrán gozar también de una extensión adicional del vencimiento de los 
préstamos con aval público, siempre y cuando medie Acuerdo con la entidad concedente 
de la financiación.
Además, este Acuerdo del Consejo de Ministros va más allá que los anteriores, 
previendo la adopción de medidas de refuerzo de la solvencia, como el mantenimiento 
del  aval  público  en  aquellos  casos  en  que  un  préstamo  ordinario  se  convierta  en 
préstamo participativo. En este caso, el deudor deberá cumplir con los mismos requisitos 
de elegibilidad que para la ampliación de vencimiento de los préstamos avalados y, 
además,  su  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  correspondiente  a  2020  presente  un 
resultado negativo después de impuestos. De este modo, se garantiza que este tipo de 
medida se aplica solo para aquellos deudores cuya situación financiera realmente lo 
requiere. s
La  realización  de  transferencias  para  la  reducción  del  importe  nominal  de  los  e.
préstamos con aval público constituye una medida innovadora en el seno de la Unión  w.
Europea, que otros países de nuestro entorno están empezando a considerar en este  08ww
madoompecinótno . dDe em  eesdtied asm oddeo p, rEessepravñaac iósne  dpeo nlae  sao lvlae nvcaian gduea redmiap rae snaisv eyl  aeuutróonpoemo oes.n  Slae 
pvaelromr itniroám aisnía lq udee  asquu edlleausd ae,m pprueesdaasn  ya acucetódneorm  ao se lqlau ep rreeqviuoi eAracnu eurndao  rceodnu clcaió ne netind aedl   BOE-A-cable e
financiera concedente de la financiación, que también habrá de asumir una reducción 
proporcional a la parte no cubierta por el aval.
Por  otro  lado,  las  entidades  adheridas  que  concedan  alguna  de  las  medidas 
recogidas en este Acuerdo del Consejo de Ministros se comprometerán a mantener 
abiertas las líneas de circulante del deudor beneficiado hasta 31 de diciembre de 2022.
Con el fin de cumplir el mandato establecido en el artículo 12.1 del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, se desarrolla la composición de la comisión de control del 
Código de Buenas Prácticas, que se reunirá con periodicidad trimestral y que analizará 
los datos relevantes provistos por el Banco de España.
En definitiva, las medidas contenidas en este Acuerdo del Consejo de Ministros 
suponen un nuevo esfuerzo conjunto por parte del Estado y del sistema financiero en 
preservar la solvencia del tejido productivo español.
ANEXO I
Código de buenas prácticas para el marco de renegociación para clientes 
con financiación avalada
La  pandemia  de  la  COVID-19  ha  provocado  una  reducción  significativa  de  los 
ingresos de numerosas empresas y autónomos. El Estado ha desplegado un conjunto de 
medidas para paliar los efectos de esta situación y proteger el tejido productivo, para lo 
que ha contado con la colaboración imprescindible del sector financiero. Mediante este 
Código de Buenas Prácticas, se pretende articular una vía para que las entidades 
financieras continúen apoyando a empresas y autónomos, con el objetivo de que se 
facilite la continuidad de aquellos negocios que, siendo viables, han experimentado un 
deterioro en su situación financiera como consecuencia de la pandemia. Las medidas 
previstas  en  este  Código  de  Buenas  Prácticas  permitirán  el  mantenimiento  de  la 
actividad de empresas y autónomos que, sin ellas, estaría amenazada, todo ello sin 
perturbar la estabilidad financiera. El reforzamiento del tejido productivo permitirá, por el 
contrario, alcanzar una situación económica más fuerte, que reducirá, a medio y largo 
plazo, el riesgo de impago para las entidades financieras.
Este Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria para las sociedades de 
garantía recíproca, entidades de crédito y demás entidades financieras supervisadas por 
el Banco de España que contribuyan a la actividad de concesión de préstamos o créditos 
a empresas y autónomos con domicilio social en España. La adhesión a este Código 
supone, para la entidad adherente, la asunción de determinados compromisos para 
adoptar medidas sobre los préstamos concedidos a sus clientes y para mejorar la 
coordinación con otras entidades, con el fin de ofrecer alternativas a los clientes que 
tienen en común y cuya situación financiera ha resultado especialmente perjudicada por 
la pandemia.
Primero.
Las medidas recogidas en este Código de Buenas Prácticas serán de aplicación a 
solicitud  del  deudor.  La  conversión  del  préstamo  con  aval  público  en  préstamo 
participativo o la realización de transferencias para la reducción del valor nominal del 
préstamo  con  aval  público  habrá  de  producirse  en  el  marco  de  un  Acuerdo  de 
renegociación de deudas, en el que las entidades hagan sus mejores esfuerzos para 
incluir la totalidad de la exposición crediticia del deudor, tanto avalada como no avalada,  es
generada entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación del Real Decreto- o
ley 5/2021, de 12 de marzo. El deudor podrá solicitar la aplicación de una o varias de las  08ww
medidas, de una vez o de forma sucesiva.
Segundo.
La entidad financiera comunicará la realización de estas medidas, previo Acuerdo de 
los términos con la empresa o autónomo elegible, a ICO, CESCE o CERSA hasta el 1 de 
diciembre de 2021, en el caso de las extensiones de plazos de vencimiento y las 
conversiones de las operaciones de financiación en préstamos participativos que hayan 
recibido aval público, y hasta el 1 de diciembre de 2022, para las medidas de reducción 
de endeudamiento a que hace referencia el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19.
Tercero.
Las entidades que se adhieren al Código de Buenas Prácticas se comprometen a 
adoptar las siguientes medidas sobre las operaciones de financiación recogidas en el 
artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo:
1.  Extender, a solicitud del deudor que cumpla con los requisitos de elegibilidad 
detallados  en  el  anexo  II  de  este  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros,  el  plazo  de 
vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público. En el caso 
de deudores que no cumplieran con el requisito de caída mínima de facturación en 2020 
con respecto a 2019, la entidad se compromete a evaluar, a solicitud del deudor, la 
posibilidad de extender el plazo de las operaciones de financiación que han recibido aval 
público.
2.  La entidad acreedora considerará la posibilidad de convertir las operaciones de 
financiación con aval público en préstamos participativos no convertibles en capital, de 
Acuerdo con lo que se establece en el anexo III de este Acuerdo del Consejo de 
Ministros.
3.  La entidad valorará la reducción del principal pendiente de las operaciones de 
financiación con aval público, en los términos establecidos en el anexo IV de este 
Acuerdo. En el caso de que se produzca esa reducción de principal, la entidad podrá 
reclamar ante el avalista que le sea abonada la parte del importe en que se ha decidido 
reducir el principal pendiente de la operación que estaba cubierto por el aval, quedando 
a su cargo la reducción de la parte no avalada en la proporción que le corresponda.
4.  En la aplicación de las medidas recogidas en los tres puntos anteriores, las 
entidades  financieras  se  comprometen  a  examinar  el  conjunto  de  las  exposiciones 
crediticias del deudor, tanto avaladas como no avaladas, que se hubieran generado entre 
el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo. En caso de que se fuera a producir alguna modificación en los términos de las 
operaciones de financiación avaladas, las entidades tratarán de flexibilizar los términos 
de las operaciones de financiación no avaladas, con el fin de que la restauración de la 
posición de solvencia del deudor no descanse exclusivamente en las operaciones de 
financiación que cuentan con aval público.
5.  En el caso en que se implemente alguna de las medidas indicadas en los puntos 
anteriores, la entidad financiera se compromete a mantener las líneas de circulante que 
tenía concedidas al deudor beneficiario de las medidas, como mínimo, hasta el 31 de 
diciembre de 2022.
6.  Las entidades no podrán condicionar la concesión de ninguna de las medidas 
contenidas  en  este  Código  de  Buenas  Prácticas  a  la  comercialización  de  otros  s
productos. oe.
7.  En el caso de que la entidad conceda al deudor alguna de las medidas incluidas  w.
edaneu  mefiesnntaetno Cc, iósaidc liiogó onh  udabevi eaBrlauade, and aecsl o cPnocrsáetecdt iiddceaalss a , evnanol   ppuúonbd lriimác opin,o csrtriene  mpmeearnjyutaoicrr i oeq l duceeo  sloetesl   qadujeue sl atelses  o snpueepcroeanscagioranio eses,l    2021-7908n https://ww
en términos de cambio a tipo de interés variable, en el caso de conversión de la
operación financiera en préstamo participativo. Bc
8.  Con la salvedad de la obligación de ampliar vencimientos de las operaciones de 
financiación avaladas de los deudores que lo soliciten y cumplan con los requisitos 
señalados en el anexo II de este Acuerdo, la entidad decidirá sobre las medidas a 
adoptar en relación con las operaciones del deudor de Acuerdo con sus procedimientos 
internos y sus políticas de concesión y de riesgos.
9.  En la evaluación de las medidas a aplicar a sus deudores, la entidad seguirá el 
criterio de seleccionar aquella que mejor se adecue en lo posible a las necesidades de 
las empresas y autónomos, a la vez que asegure el mejor uso de los recursos públicos.
10.  Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de 
gestión del riesgo estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad, e incorporarán 
esta señalización a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.
11.  Las entidades adheridas a este Código de Buenas Prácticas colaborarán entre 
sí de buena fe para llegar a Acuerdos entre ellas, de forma que sea posible alcanzar una 
solución efectiva para aquellos deudores que mantengan operaciones con más de una 
entidad.
12.  Las medidas adoptadas al amparo de este Código de Buenas Prácticas no 
serán causa de vencimiento anticipado para ninguna de las operaciones que el deudor 
mantenga con la entidad adherida.
Cuarto.
Cuando un deudor solicite de una entidad financiera adherida a este Código de 
Buenas Prácticas la aplicación de una medida de las previstas en él, distinta de la 
extensión obligatoria de plazos de vencimiento para los deudores que lo soliciten y 
cumplan con los requisitos de elegibilidad del anexo II de este Acuerdo, la entidad debe 
solicitarle que aporte una declaración responsable que refleje la relación de todas las 
operaciones financieras a las que se refiere el artículo 6 de del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, que mantenga con el resto de las entidades financieras.
El deudor deberá dirigir siempre su solicitud a la entidad financiera adherida al 
Código de Buenas Prácticas con la que tenga una mayor posición global de deuda con 
aval público, en los términos recogidos en el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, considerando el importe de financiación pendiente avalada. La entidad 
financiera que tenga la mayor posición acreedora con aval público respecto al deudor 
asumirá la labor de coordinación e información al resto de entidades acreedoras, que 
tomarán una decisión conjunta y vinculante sobre las medidas que aplicarán a las 
operaciones de la empresa o autónomo, de forma que las posibles pérdidas que se 
asuman se repartan entre las entidades acreedoras de forma equilibrada y proporcional 
a las exposiciones de cada una de las entidades. Para ello, la entidad financiera que 
tenga la mayor posición acreedora con aval público contará con el plazo de un mes, 
desde la recepción de toda la documentación necesaria por parte del deudor, para 
informar de la petición al resto de acreedores adheridos y realizar una propuesta sobre 
las medidas que se podrían aplicar a las operaciones de financiación, tanto avaladas 
como no avaladas, contraídas por el deudor entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de 
publicación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Bastará, para que la decisión sea vinculante para todos los acreedores adheridos en 
lo referente exclusivamente a la financiación avalada, con el Acuerdo del acreedor o 
acreedores que representen más del 50 % del importe pendiente de las operaciones 
avaladas del deudor, para las medidas recogidas en el anexo III de este Acuerdo y 
del 66 % para las medidas del anexo IV de este Acuerdo. Si el deudor fuera una PYME o  e.
un  autónomo  y  no  se  alcanzaran  los  porcentajes  anteriores,  bastaría  para  que  el  w.b
Acuerdo de renegociación relativo a las medidas de los anexos III y IV de este Acuerdo  08ww
fduoesr aa cvrineceudloarnetse,  peanr ae le cl acsoon jduenlt oa ndeex loa sII Ie, not idloasd terse sc oanc rqeueed olare dse, ceins ióenl  csaes oa ddoepl tea,n epxoor  lIoVs, 
addehuedroidr.os que cuenten con la mayor participación en la deuda pendiente avalada del
En el caso de la deuda no avalada, sólo será obligatorio aplicar las medidas si 
el 100 % de los acreedores adheridos prestan su conformidad a las medidas. De no ser 
así, dependerá de cada entidad el aplicar o no medidas respecto de las mismas.
De estas reglas de coordinación se excluyen las operaciones avaladas que cuenten 
con garantía real. Será necesario, además, para aplicar las medidas acordadas a las 
operaciones que cuenten con coobligados, fiadores, avalistas o garantes de cualquier 
clase que éstos, expresamente ratifiquen el mantenimiento de sus obligaciones.
Para que las medidas previstas en los anexos III y IV sean efectivas, todas las 
entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas estarán obligadas a formalizar un 
Acuerdo de renegociación con el deudor sobre las operaciones financieras avaladas 
correspondientes.
Las comunicaciones de las medidas previstas en los anexos III y IV que sean 
acordadas en el marco del Acuerdo de renegociación, se realizarán por cada entidad 
participante  en  dicho  Acuerdo  de  renegociación  a  ICO,  CESCE  o  CERSA,  según 
proceda. Para que se considere correctamente realizada, es necesario que todas las 
entidades hayan efectuado la comunicación para todas sus operaciones con aval público 
sujetas al Acuerdo de renegociación. Las comunicaciones de las medidas previstas en el 
anexo II se realizarán por cada entidad respecto de las operaciones avaladas que tenga 
el cliente con la entidad.
La entidad con mayor posición global de deuda con aval público deberá conservar la 
información y documentación sobre todos los elementos exigibles y que conformen el 
Acuerdo de renegociación de la deuda financiera con avales públicos para cada una de 
las operaciones avaladas que tenga el cliente con todas las entidades intervinientes en la 
renegociación.
ANEXO II
Alargamiento del plazo de vencimiento de los avales
Primero.
Las medidas recogidas en este anexo solo resultarán de aplicación a las entidades 
que se hubieran adherido al Código de Buenas Prácticas incluido en el anexo I.
Segundo.
Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública igual o inferior 
a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o 
acuicultura, o a 225.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria 
de productos agrícolas, el plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o 
de la cobertura aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea 
COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de 23 de octubre de 2020, se extenderá:
– Para  aquellas  operaciones  que  hayan  sido  objeto  de  extensión  de  plazo  de 
vencimiento al amparo del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, o de los 
Acuerdos de la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado, por un periodo adicional  s
máximo de dos años, siempre y cuando el vencimiento total de la operación avalada no  e.
supere los diez años desde la fecha de formalización inicial de la operación. w.
– Para el caso de operaciones que no se hubiesen beneficiado de las extensiones  08ww
dneo vipelmazbore ,d eo  evne nlcoism iAecnutoe rdeossta bdlee cliad aCs omenis ióenl  Rdee aRl ieDsegcorse top-oler yc u3e4n/2ta0 2d0e,l  Edes ta1d7o , dlea 
extensión del vencimiento podrá producirse por un máximo de cinco años, siempre y
cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los diez años desde la 
fecha de formalización inicial de la operación.
Las entidades financieras extenderán el plazo de vencimiento de las operaciones 
avaladas al amparo de estos Reales Decretos-leyes por el mismo plazo que se extienda 
el aval público o la cobertura aseguradora.
Las condiciones aplicables y requisitos para cumplir en las extensiones de plazo de 
avales son los siguientes:
A partir de la siguiente fecha de pago de la comisión por el aval, reaval o 
cobertura por la entidad al ICO, CERSA o CESCE, respectivamente, se 
aplicará la misma comisión que tenía la operación en el momento anterior a 
Remuneración  esta operación de extensión del vencimiento. Asimismo, la entidad debe 
del aval y de la  aplicar al cliente, desde la misma fecha, el mismo coste de financiación que 
financiación. tenía la operación en el momento inicial de su formalización.
El coste de la financiación podrá verse incrementado exclusivamente para 
repercutir el incremento en el coste del aval, calculado para el periodo 
comprendido entre el inicio de la operación y la nueva fecha de vencimiento.
No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo del Consejo de 
Ministros. Las condiciones de este anexo serán incorporadas en la adenda al 
contrato marco que las entidades hayan formalizado con ICO.
Otros trámites. El ICO y CERSA informarán con carácter mensual al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de la adopción de esta medida en 
relación con las líneas de avales de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 
25/2020.
Tercero.
Para  aquellos  deudores  que  reciban  un  importe  de  ayuda  pública  superior 
a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o 
acuicultura, o a 225.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria 
de productos agrícolas, el plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o 
de la cobertura aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea 
COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de 23 de octubre de 2020, se extenderá:
– Para  aquellas  operaciones  que  hayan  sido  objeto  de  extensión  de  plazo  de 
vencimiento al amparo del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, o de los 
Acuerdos de la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado, por un periodo adicional 
máximo de dos años, siempre y cuando el vencimiento total de la operación avalada no 
supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la operación.
– Para el caso de operaciones que no se hubiesen beneficiado de las extensiones 
de  plazo  de  vencimiento  establecidas  en  el  Real  Decreto-ley  34/2020,  de  17  de 
noviembre, o en los Acuerdos de la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado, la 
extensión del vencimiento podrá producirse por un máximo de cinco años, siempre y 
cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los ocho años desde la 
fecha de formalización inicial de la operación.
Las entidades financieras extenderán el plazo de vencimiento de las operaciones  bo
avaladas al amparo de estos Reales Decretos-leyes por el mismo plazo que se extienda  08ww
el avLaals p cúobnlicdoic ioo nlae sc oabpelirctuarbale ass ey gruerqaudiosirtao.s para cumplir en las extensiones de plazo de
avales son los siguientes:
Se aplicará a partir de la extensión de plazo la siguiente tabla de remuneraciones. Adicionalmente, se abonará para cada 
operación el importe que corresponda por la diferencia entre el coste del aval aplicado antes de esta extensión de plazo de 
vencimiento y el coste de aval aplicado tras la extensión, calculado para el periodo desde el inicio de la operación hasta la 
extensión del vencimiento.
PYMES y 
autónomos,  Grandes empresas,  Grandes empresas, 
 
cobertura  cobertura hasta 70 % cobertura hasta 60 %
hasta 80 %
Avales con vencimiento 
20 pb 30 pb 25 pb
hasta 1 año.
Avales con vencimiento 
superior a 1 año y hasta 3  30 pb 60 pb 50 pb
años.
Remuneración del 
Avales con vencimiento 
aval y de la 
superior a 3 años y hasta 5  80 pb 120 pb 100 pb
financiación.
años.
Avales con vencimiento 
superior a 5 años y hasta 6  80 pb 125 pb 110 pb
años.
Avales con vencimiento 
superior a 6 años y hasta 7  169 pb 260 pb 235 pb
años.
Avales con vencimiento 
superior a 7 años y hasta 8  188 pb 285 pb 260 pb
años.
La entidad debe aplicar al cliente, desde la misma fecha, el mismo coste de financiación que tenía la operación en el momento 
inicial de su formalización. El coste de la financiación podrá verse incrementado exclusivamente para repercutir el incremento 
en el coste del aval, calculado para el periodo comprendido entre el inicio de la operación y la nueva fecha de vencimiento.
No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo del Consejo de Ministros. Las condiciones de este anexo serán 
incorporadas en la adenda al contrato marco que las entidades hayan formalizado con ICO.
Otros trámites.
El ICO y CERSA informarán con carácter mensual al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la adopción 
de esta medida en relación con las líneas de avales de los Reales decretos-leyes 8/2020 y 25/2020.
Cuarto.
Las ampliaciones de vencimientos de las operaciones financieras con aval público 
señaladas en los puntos anteriores serán obligatorias para la entidad financiera cuando 
se  cumplan  los  siguientes  requisitos,  además  de  los  requisitos  establecidos  en  la 
Disposición adicional cuarta «Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del 
Real Decreto-ley 5/2021:
a)  Que haya mediado solicitud del deudor.
b)  Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de 
noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por 
la entidad al mismo cliente.
c)  Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros  es
de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de  o
solicitud de la extensión. 08ww
neixntgeedún))ns  i óiQQmn.uupeea  gelaol   dedeneut iddlaoa rdo n pfoien reaasnctciéóie nsr uaaj evntaool a ahd aauy nac  pocrnoo mceelu ddniemicuaieddnootr o ae c nloa nl aec nufetrisdcahalad.  cdoen lcae dseonlicteit udde ld aev laal   OE-A-2021-79able en https://
f)  Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de adopción 
de este Acuerdo del Consejo de Ministros.
g)  Que la solicitud por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 15 de 
octubre de 2021.
h)  Que  el  deudor  cumpla,  para  solicitar  la  extensión  del  aval,  con  los  límites 
establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.
i)  Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos 
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la 
ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados 
haya sido la Hacienda Pública.
j)  Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos 
de Acuerdo con el régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con 
respecto a 2019.
Quinto.
Aquellos deudores que cumplan con los requisitos recogidos en las letras a) hasta i) 
del apartado anterior, pero cuya facturación, en los términos indicados en la letra j) 
anterior en 2020 con respecto a 2019 hubiera caído menos de un 30 %, podrán gozar de 
la ampliación de vencimientos de la financiación con aval público siempre y cuando 
medie Acuerdo por parte de entidad acreedora concedente de la financiación.
Sexto.
Las entidades y los deudores podrán acordar en todo caso la ampliación de los 
plazos de carencia de la operación, debiendo comunicar la entidad asimismo al ICO, 
CESCE o CERSA dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de diciembre de 2021.
Séptimo: Las entidades dispondrán de un máximo de 45 días naturales para resolver 
la solicitud del deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicar al ICO, a 
CERSA o a CESCE la solicitud de la modificación de los términos del aval. Será posible 
comunicar al ICO, a CERSA o a CESCE una o varias solicitudes de modificación de los 
términos del aval hasta el 1 de diciembre de 2021. Esta comunicación se realizará de 
Acuerdo con el procedimiento que sea establecido por el ICO, CERSA y CESCE y sea 
comunicado a las entidades financieras.
ANEXO III
Conversiones en préstamos participativos
Primero.
Las medidas recogidas en este anexo solo resultarán de aplicación a las entidades 
que se hubieran adherido al Código de Buenas Prácticas incluido en el anexo I.
Segundo.
Se mantendrá el aval público de aquellas operaciones de financiación que cuentan 
con aval otorgado por la Administración General del Estado o por cuenta del Estado y  e.e
que se conviertan por Acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa en  b
préstamos participativos no convertibles en capital, regulados en el artículo 20 del Real  08ww
Dfoemcerenttoo- lye yli be7r/1a9liz9a6c, iódne  d7e  lad ea cjtuivniidoa, ds eocboren ómmeicdaid.as urgentes de carácter fiscal y de
Las condiciones aplicables y requisitos para el mantenimiento del aval en los casos 
de conversión en préstamos participativos no convertibles en capital son los siguientes:
Requisitos  de  elegibilidad  del  deudor.  Con  el  fin  de  resultar  elegible  para  la 
realización de esta operación, deberán cumplirse los siguientes requisitos, además de 
los requisitos establecidos en la disposición adicional cuarta «Condiciones de elegibilidad 
de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021:
a)  Que haya mediado solicitud del deudor, que deberá ser persona jurídica.
b)  Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de 
noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por 
la entidad al mismo cliente.
c)  Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros 
de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de 
solicitud de la conversión.
d)  Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval 
ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la solicitud de la 
conversión.
e)  Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal.
f)  Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de adopción 
de este Acuerdo del Consejo de Ministros.
g)  Que la solicitud por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 15 de 
octubre de 2021.
h)  Que el deudor cumpla, para solicitar la conversión, con los límites establecidos 
en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.
i)  Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos 
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la 
ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados 
haya sido la Hacienda Pública.
j)  Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, para de Acuerdo con el régimen que se 
aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019.
k)  Que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente al ejercicio 
2020, presente un resultado después de impuestos negativo.
Estos requisitos deberán cumplirse por el cliente respecto de todas las entidades 
adheridas al Código de Buenas Prácticas regulado en el anexo I de este Acuerdo con las 
que el cliente tenga operaciones avaladas.
Remuneración  del  aval.  El  coste  del  aval  será  el  aplicado  a  la  operación  de 
financiación con anterioridad a la conversión prevista en este Acuerdo.
Otros trámites: No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo del Consejo 
de Ministros. Las condiciones de este anexo serán incorporadas en la adenda al contrato 
marco que las entidades hayan formalizado con ICO.
Tercero.
Las entidades dispondrán de un máximo de cuarenta y cinco días naturales para 
resolver la solicitud del deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicar al 
ICO, a CERSA o a CESCE la solicitud de la modificación de los términos del aval. Será  e.
posible comunicar al ICO, a CERSA o a CESCE solicitudes de modificación de los  w.b
términos del aval hasta el 1 de diciembre de 2021. Esta comunicación se realizará de  08ww
Acocmueurndioca cdoon a e lla psr eoncetiddaimdieesn tfoin aqnucei esreaas. establecido por el ICO, CERSA y CESCE y sea
ANEXO IV
Realización de transferencias
Primero.
Las medidas recogidas en este anexo solo resultarán de aplicación a las entidades 
que se hubieran adherido al Código de Buenas Prácticas incluido en el anexo I.
Segundo.
Para  la  concesión  de  las  ayudas  previstas  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, será necesario que la entidad financiera concedente de la 
operación y el deudor alcancen un Acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, 
avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco, siempre y cuando esta se 
hubiera generado entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de aprobación de este 
Acuerdo del Consejo de Ministros. Como resultado de este Acuerdo, se determinará el 
importe en que habrá de reducirse la deuda con aval público del deudor, sin que las 
transferencias previstas en el citado artículo 9 puedan superar los límites establecidos en 
los apartados tercero y cuarto de este Anexo. La entidad financiera deberá asumir una 
reducción del principal pendiente del préstamo equivalente al menos al porcentaje que 
supone la parte del préstamo no cubierta por el aval por el importe en que se vea 
reducido el principal pendiente del préstamo.
En el caso de operaciones reavaladas por CERSA, el Acuerdo deberá contar con la 
aprobación de la Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante, SGR), además del de la 
entidad  financiera  concedente  de  la  operación  de  financiación.  Los  importes  de  la 
reducción del principal de la operación financiera se repartirán entre (1) CERSA, cuya 
transferencia ascenderá al porcentaje de reaval otorgado a la SGR, (2) la SGR, que 
asumirá la parte avalada del préstamo no cubierta por el reaval de CERSA y (3) la 
entidad concedente de la operación, que asumirá una reducción del principal pendiente 
del préstamo equivalente al porcentaje no cubierto de la operación. La cantidad de la 
transferencia será aquella que determinen el deudor, la SGR y la entidad financiera 
concedente de la financiación, en su caso, siempre y cuando no supere los límites 
establecidos en los apartados tercero y cuarto de este Anexo.
Tercero.
Se concederán las transferencias previstas en este anexo para las operaciones 
avaladas que hayan sido acordadas entre las entidades y la empresa o autónomo 
elegible, y la SGR en su caso, en el marco de los Acuerdos de renegociación de la 
deuda  avalada  formalizados  según  corresponda,  sin  perjuicio  de  comprobaciones 
posteriores que sobre sus condiciones de elegibilidad realicen ICO, CESCE y CERSA, 
en virtud de lo establecido en el Convenio previsto en el apartado quinto de este anexo.
En  todo  caso,  deberán  cumplirse  los  requisitos  establecidos  en  la  Disposición 
adicional  cuarta  «Condiciones  de  elegibilidad  de  empresas  y  autónomos»  del  Real 
Decreto-ley 5/2021, para lo que el beneficiario aportará certificado tributario acreditando 
su  cumplimiento.  Será  necesario,  además,  para  la  concesión  de  las  transferencias 
previstas  en  este  anexo,  que  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  del  deudor, 
correspondiente al ejercicio 2020, presente un resultado después de impuestos negativo 
y que la facturación, entendida como volumen de operaciones anuales declarado o  e.
comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al IVA o  w.b
tributo equivalente, tanto en el caso de empresas como autónomos, haya caído un  08ww
dmeínuidmoor  ndoe lp o3d0r%á  heanb e2r0 2s0id oc ocno nrdeesnpaedcoto  mae d2i0a1n9te.  Asesnimteisnmciao , fiprmarea  proers udletalirt oesl ecgoinbtlera,  elal 
eHjaecciuecniódna,  Pinúsbollivcean cyi ac pounntriab lela o  Saelzgaumridieandto  Seonc ilaols,  qnui ep uonr od edleit oloss  dseu jefrtuosst rpaecrijóund icdaed olas 
haya sido la Hacienda Pública.
Cuarto.
Con carácter general, las transferencias no podrán superar el 50% del principal 
avalado  pendiente  de  cada  operación,  incluido  en  su  caso,  el  principal  vencido, 
impagado o con el aval ejecutado si lo hubiere de cada operación avalada acogida al 
Acuerdo de renegociación de deudas acordados entre cada entidad y la empresa o 
autónomo elegible. La transferencia podrá llegar hasta el 75 % de dicha cuantía para los 
casos en que la caída de la facturación, entendida como volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente 
al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para 
autónomos de Acuerdo con el régimen que se aplique, en 2020 con respecto a 2019, sea 
superior al 70 %.
En  caso  de  que  las  operaciones  que  reciban  las  transferencias  tengan  avales 
ejecutados de los liberados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y del 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o de la cobertura aseguradora de créditos de 
circulante por cuenta del Estado (línea COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al 
amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, el ICO, 
CESCE o CERSA detraerán de la transferencia a realizar los importes necesarios para la 
cancelación de la deuda derivada del aval ejecutado. Ello no afectará a la asunción por la 
entidad financiera de la reducción del principal que le corresponde.
En todo caso, el abono de las ayudas estará limitado al agotamiento de los fondos 
disponibles para el pago de las mismas, fijado en 3.000 millones de euros por el 
artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Dichas ayudas se imputarán a 
la aplicación presupuestaria 27.04.931M.470 «Línea para la renegociación de deuda 
financiera  COVID  con  aval  del  Estado»  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y 
Financiación Internacional..
El importe global de transferencias para operaciones con aval gestionado por ICO, 
CESCE o CERSA será el siguiente:
– 2.750 millones de euros para avales gestionados por ICO.
– 100 millones de euros para avales gestionados por CESCE.
– 150 millones de euros para avales gestionados por CERSA.
Para cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, las 
propuestas  de  pago,  según  la  distribución  anterior,  se  realizarán  con  cargo  al 
ejercicio 2021, sin perjuicio de que ICO, CESCE y CERSA puedan proceder a su 
ejecución en 2021 y 2022.
En 2023, ICO, CESCE y CERSA deberán reintegrar los fondos no empleados.
Quinto.
Solo se podrá realizar una solicitud de transferencia por las entidades a cada uno de 
los gestores de avales (ICO, CESCE o CERSA) para cada operación avalada. Esta 
comunicación se realizará de Acuerdo con el procedimiento que sea establecido por el 
ICO, CERSA y CESCE y sea comunicado a las entidades financieras.
De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el ICO, CESCE o CERSA se constituyen como entidades colaboradoras 
para que, actuando en nombre y por cuenta de la de la Secretaria General de Tesoro y 
Financiación Internacional, entreguen y distribuyan los fondos previamente transferidos,  e.
para  lo  que  se  suscribirán  los  correspondientes  convenios  previstos  en  la  citada  w.b
Ley 38/2003. 08ww
de dCeEuRdSa As ere ahlaizyaarná  alacso trrdaandsofe yre nlac iaSsG aR  lahsa SyaG Rpa ugnaad ov eaz  llaas  eonpteidraadc iocnoensc eddee rnetdeu dccei ólna 
osup ecraascoió, np olar  etosttaal.idad del importe de la referida reducción, excepto la parte asumida, en
Sexto.
El  plazo  máximo  para  la  ejecución  de  los  Acuerdos  de  reducción  de  deuda  y 
comunicación de las transferencias a ICO, CESCE o CERSA será el 1 de diciembre 
de 2022.
ANEXO V
Composición de la Comisión de Control del artículo 12.1 del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 marzo
Primero.
Dentro de los veinte días siguientes a la adopción de este Acuerdo del Consejo de 
Ministros, se celebrará la sesión constitutiva de la Comisión de Control del artículo 12.1 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Segundo.
La composición de la Comisión de Control es la siguiente:
– El Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, que presidirá la 
Comisión.
– Un vocal designado por el Instituto de Crédito Oficial.
– Un vocal designado por CESCE.
– Un vocal designado por CERSA.
– Un vocal designado por la Directora General de Política Económica.
– Un vocal designado por la Asociación Española de Banca.
– Un vocal designado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro.
– Un vocal designado por la Unión de Cooperativas de Crédito.
– Un vocal designado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros.
– Un vocal designado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía 
Recíproca.
– La  Directora  del  Gabinete  Técnico  y  de  Análisis  Financiero  de  la  Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional, que actuará como secretaria, con voz 
pero sin voto.
Banco de España podrá designar un observador en la Comisión, que tendrá voz pero 
no voto.
ANEXO VI
Información para permitir el seguimiento de la implementación del Código de 
Buenas Prácticas
El Banco de España remitirá al Presidente y al secretariado de la Comisión a que se 
refiere el anexo anterior la información requerida por la Comisión al menos cinco días 
antes de cada reunión de la citada Comisión. Esta información se presentará de manera 
agregada por entidad y como mínimo, deberá incluir los siguientes elementos:
– El número y volumen de las operaciones para las que se ha concedido una  e.e
extensión de su plazo de vencimiento, de Acuerdo con lo establecido en el punto 1 del  w.b
apartado tercero del Código de Buenas Prácticas, así como su plazo medio antes y  08ww
desp–u éEsl  ndúem eesrao e, xvtoelunmsióenn y plazo medio de las operaciones para las que, habiendo sido
dsoelniceitgaaddaa .por  el  deudor  una  extensión  en  su  plazo  de  vencimiento,  esta  ha  sido
– El número y volumen de las operaciones que se han transformado en préstamos 
participativos, de Acuerdo con lo establecido en el punto 2 del apartado tercero del 
Código de Buenas Prácticas, así como su vencimiento medio, antes y después de la 
mencionada conversión.
– El número y volumen de las operaciones para las que, habiendo sido solicitada por 
el deudor su conversión en préstamo participativo, esta ha sido denegada.
– El número y volumen de las reducciones del principal pendiente realizadas de 
Acuerdo con lo establecido en el punto 3 del apartado tercero del Código de Buenas 
Prácticas, el volumen de esas reducciones cubierta por aval público, y el porcentaje 
medio que supone sobre el principal pendiente.
– El número y volumen de las reducciones del principal pendiente solicitadas por los 
deudores y denegadas por la entidad financiera. El número de reclamaciones tramitadas 
por la entidad por la denegación de la aplicación de alguna de las medidas del Código de 
Buenas  Prácticas,  desglosándolas  entre  extensiones  del  plazo  de  vencimiento, 
conversiones en préstamos participativos, reducciones del principal pendiente u otros.