BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95527
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13455 Sala Primera. Sentencia 126/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 3098-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:126
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3098-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 17 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 67-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el 
auto del mismo juzgado, de 8 de abril de 2019, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  Ha  sido  parte  la  entidad  Pera  Assets 
Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el magistrado don Alfredo Montoya 
Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de mayo 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  bajo  la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
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Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda 
titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  67-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y reconociendo el alternativo derecho a oponerse a 
le ejecución en el plazo de diez días.
b)  Con fecha 21 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  6  de  Lorca  relativa  al  proceso 
«EJH/000067/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 21 de junio a 6 de 
agosto de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  El día 31 de julio de 2018, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., accedió 
al enlace remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación 
enviada por el juzgado de primera instancia ejecutor, en relación con el procedimiento 
hipotecario núm. 67-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
d)  El 29 de agosto de 2018 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución. Por auto 
de 17 de septiembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera de plazo.
El auto razonó en su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.–Se establece en el artículo 134 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), la 
improrrogabilidad de los plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, y previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución 
deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y 
decreto por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y 
constando en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado (sic) 
que ha sido el plazo que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por 
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
e)  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
presentaron sendos recursos de reposición contra el auto de 17 de septiembre de 2018 
basándose en la infracción de los arts. 135, 152, 160 y 162 LEC y del art. 24 CE. Dicho 
recurso fue desestimado por auto de 8 de abril de 2019, haciendo saber a las partes que 
esta resolución es firme y que contra la misma no cabe recurso alguno. Señala el auto 
que, «en el presente caso, consta que la notificación se puso a disposición de las 
recurrentes en fecha 21de junio de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 27 de 
julio de 2018 y 31 de julio de 2018 (fuera de los tres días que establece la normativa 
procesal), presentado los escritos de oposición a la ejecución en fecha 27 de agosto 
de 2018 y 29 de agosto de 2018 respectivamente, claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC, y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que  e.
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión». w.b
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hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en la causa, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre  el  auto  de  8  de  abril  de  2019  que  desestimó  el  recurso  de  reposición 
promovido contra el auto de 17 de septiembre de 2018 –y del que se resumen sus 
argumentos–,  se  rechaza  por  la  recurrente  que  el  juzgado  haya  fundamentado  su 
segunda  decisión  en  la  Ley  de  procedimiento  administrativo  común,  que  considera 
inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al 
respecto, no se dan en uno y otro ámbitos las mismas garantías procedimentales. 
Precisa que, en materia de notificación de actos procesales, existe propia normativa 
tanto en la Ley de enjuiciamiento civil, según ha expuesto, como en el haz de garantías 
que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas (sic) de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  67-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 5 de julio de 2019 se requirió 
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca para que en el plazo de 
diez días remitiera certificación indicativa de si el auto de 8 de abril de 2019, dictado en 
el proceso de ejecución hipotecaria 67-2018 y resolutorio del recurso de reposición 
interpuesto por la sociedad recurrente, ha adquirido firmeza o si, pese a indicarse en 
dicha resolución que contra la misma no cabía recurso alguno, ha sido planteado por la 
sociedad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.
Por diligencia de ordenación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 
de Lorca de 10 de julio de 2019 se hace constar que contra el auto de 8 de abril de 2019 
no se interpuso recurso, por lo que adquirió firmeza.
5.  La Sección Primera de este tribunal dictó providencia el 27 de enero de 2020 por 
la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental (STC 155/2009, FJ 2, b)»; (ii) dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin 
de  que,  en  plazo  de  diez  días,  emplace  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  e
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que puedan comparecer, si  bo
lo desean, en el presente recurso de amparo; y (iii) formar la correspondiente pieza  455ww
sepa6r.a dPa odre e ssucsriptoe npsreiósne.ntado en el registro de este tribunal el 13 de febrero de 2020, la
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  solicitó  se
tuviera a esta última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 28 de febrero de 2020, la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó tener por personada y parte 
en  nombre  y  representación  de  Pera  Assets  Designated  Activity  Company  a  la 
procuradora doña María Claudia Munteanu y dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 15 de abril de 2020, por el que interesó se dictara resolución estimatoria 
del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, que a su 
parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la necesidad 
de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su domicilio, 
como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 8 
de junio de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y declaración de nulidad de «todo lo 
actuado  desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando 
ejecución acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Lorca, en 
el juicio de ejecución hipotecaria 67-2018», y retroacción de las actuaciones al momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
contestar a la demanda». Considera la fiscal que procede hacer aplicación de la doctrina 
sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un supuesto similar, referido a un proceso 
laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación  subsidiaria  las  normas  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil., en especial los arts. 155 y 273.4, segundo párrafo, de los que se 
deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación. El resultado es que ambas resoluciones del 
juzgado sumieron a la recurrente en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, y además 
conculcaron el canon exigible de razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Primera de este tribunal 
núm.  25/2020,  de  24  de  febrero,  se  acordó:  «1.º  Denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
El  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones  o
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normas de procedimiento administrativo, que habría determinado la inadmisión a trámite
de los escritos de oposición a la ejecución, al considerarlos extemporáneos.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de 17 de 
septiembre de 2018 y 8 de abril de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
67-2018.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta  a  los  mismos  argumentos  que  defiende  aquí  la  recurrente,  con  fallo 
estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  distintos  a  lo  declarado  entonces, 
procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En el fundamento jurídico 3 de la STC 40/2020 se advierte que resulta de aplicación 
al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), 
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de emplazamiento personal 
del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de 
enjuiciamiento  civil  (directa  o  supletoriamente),  como  primera  comunicación  con  el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo presentado por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 17 de septiembre de 2018 y 8 de abril 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  67-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.