BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145187
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19507 Sala Segunda. Sentencia 178/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 7621-2019. Promovido por don Miguel Abellán Martínez respecto de 
los autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia  Nacional  y  un  juzgado  central  de  instrucción  en  el  curso  de 
diligencias  previas  por  posible  comisión  de  delitos  en  relación  con  la 
prestación de servicios odontológicos. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y 
a la asistencia letrada: STC 29/2021 (resoluciones judiciales que supeditaron 
la intervención como acusación particular a la utilización de la defensa y 
representación de alguna de aquellas otras previamente personadas).
ECLI:ES:TC:2021:178
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7621-2019,  promovido  por  don  Miguel  Abellán 
Martínez, contra el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional núm. 631/2019, de 15 de noviembre de 2019, por el que se desestima el 
recurso de apelación núm. 630-2019 interpuesto contra el auto del Juzgado Central de 
Instrucción núm. 5 de 2 de septiembre de 2019, por el que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra el auto de 27 de mayo de 2019, pronunciados en las 
diligencias previas núm. 70-2018. Han comparecido don Jesús Aldama León, doña María 
del Pino Pino, don Pedro Vergara González, doña Celia Estévez Rojas, doña Gertrudis 
Flores Carvallar, don Felipe Sáez Sánchez, don Juan Lucena Gómez, doña Martina 
Eugenia  Corujo  Batista,  don  José  Carlos  Sánchez  Zafra,  doña  María  del  Carmen 
Cerreño Garfia, don Ildefonso Domínguez Pavón, don Manuel Villalba Lancharro, doña 
Mercedes Miro Canela, doña María Francia Sarria Rech, don Emilio Aguayo Sánchez, 
don Juan David Goitia Rubio, don Ramón Pardo Bruno, doña Sara Bravo Mora, doña 
Carmen Pillado de las Heras, don Manuel Moya García, doña Inmaculada Ríos Molina, 
doña Gracia María Campos Rodríguez, don José Carlos Gómez Muñoz, don Francisco 
Romero Carrasco, don Juan Miguel Cuesta, doña Virginia María González, don Salvatore 
Lannino y doña María Gloria Castro Catalán. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes w.b
doña1 . CrDuzo nM Marigíau eSl oAbbrienlolá nG aMracíratí nye zb,a rjoe plrae saesnisttaednoc ipao dr elal  lpertroacduora ddoonra F deern laonsd tori bGuanbarleiesl 
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2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El Juzgado Central de Instrucción núm. 5, mediante auto de 17 de julio de 2018, 
incoó las diligencias previas núm. 70-2018 contra diversas personas y entidades por la 
supuesta  comisión  de  diversos  delitos  en  relación  con  la  prestación  de  servicios 
odontológicos.
El demandante de amparo, mediante escrito de 26 de febrero de 2019, se personó 
como acusación particular en las actuaciones mediante la representación y bajo la 
dirección de profesionales del turno de oficio, en tanto que beneficiario del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.
b)  Por  auto  de  27  de  mayo  de  2019  se  acordó  admitir  la  personación  del 
demandante de amparo sometida a la condición de que actuara con la misma defensa y 
representación  de  cualquiera  de  las  primeras  seis  acusaciones  particulares  que  ya 
constan personadas en la causa que libremente seleccione, debiendo comunicar al 
juzgado en el plazo de tres días la opción elegida siendo designada por el órgano judicial 
en caso contrario, pudiendo ejercerse la defensa de forma colegiada por los distintos 
letrados. El auto argumenta que el art. 113 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) 
posibilita que las distintas acusaciones particulares, si fuera posible, lo hagan bajo la 
misma  representación  y  dirección,  para  lo  que  es  necesario  una  convergencia  de 
intereses, que concurre en este caso, ya que los concretos perjuicios tienen idéntica 
naturaleza, como también el origen y la legitimación de su condición de perjudicados, 
siendo también común la identidad de las personas contra las que se pretende ejercer la 
acción penal y similares los hechos y calificación jurídica. Por otra parte, se destaca la 
necesidad de preservar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que se vería 
perjudicado en caso de admitirse todas las personaciones solicitadas con miles de partes 
procesales que harían inviable el procedimiento.
c)  El demandante de amparo interpuso recurso de reforma alegando la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 
CE), ya que la decisión judicial impugnada no le permitía hacer efectivo el ejercicio de la 
acusación particular mediante los profesionales del turno de oficio que le habían sido 
asignados como beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, obligándole a 
actuar  en  el  procedimiento  por  medio  de  profesionales  libremente  designados  por 
terceros.
El  recurso  fue  desestimado  por  auto  de  2  de  septiembre  de  2019  dando  por 
reproducidos los argumentos expuestos en el auto impugnado.
d)  El demandante de amparo interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con 
el núm. 630-2019 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, reiterando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y el derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), vinculado a que no se le permitía hacer efectivo el 
ejercicio de la acusación particular mediante los profesionales del turno de oficio que le 
habían sido asignados como beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
e)  Por auto núm. 631/2019, de 15 de noviembre de 2019, se desestima el recurso 
de apelación con fundamento en que (i) no cabe apreciar una restricción indebida del 
derecho de defensa letrada por no permitirle elegir a su propio letrado, o, como es el 
caso, respetar la designación de uno de oficio, obligándole a personarse bajo otra 
dirección letrada ya personada, pues en la confrontación entre el derecho a no sufrir 
dilaciones indebidas y el derecho de defensa no cabe permitir la personación de todos y  e.
cada uno de los perjudicados, que se calcula en varias decenas de miles, que abocaría a  w.b
la imposibilidad de manejo procesal de la causa; y (ii) «se garantiza la defensa colegiada  507ww
speo rc looo qrduien en oc osne  lloess  yoab pligears ao ncaadmobsi»a r( rdaez odniraemccieiónnto l ejutrraíddiac,o d seebgieunnddoo )s.er su letrado el que
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obligaciones  de  los  profesionales,  abogados  y  procuradores,  designados  de  oficio,
reseñando que desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma 
real y efectiva "[…] hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se 
trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en estas 
se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la 
instancia […]", sin embargo dicho precepto no es un compartimento estanco sino una 
norma de necesaria exégesis integradora con el resto, armonizándolas, y respetando el 
orden procesal, por lo que, en definitiva, no resulta incompatible con los modulaciones 
dispuestas en aras de la economía procesal y agilidad en la tramitación que evite 
dilaciones indebidas, ello sin perjuicio de las medidas a adoptar por el Instructor respecto 
a las personaciones con beneficio de justicia gratuita, sobre lo que el auto impugnado no 
se pronuncia» (razonamiento jurídico tercero).
3.  El demandante de amparo solicita que se estime el recurso de amparo por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita;  y  del  derecho  a  la  asistencia  letrada 
(art. 24.2 CE), declarándose la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas con 
retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
los derechos fundamentales vulnerados.
La invocación del art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, y del art. 24.2 CE, desde la perspectiva del derecho de defensa, la 
fundamenta en que se acuerda imponer al demandante de amparo, beneficiario del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, la carga procesal de litigar conjuntamente con 
una de las seis primeras acusaciones personadas en el procedimiento, concurriendo la 
circunstancia que tales representaciones procesales lo son de afectados que no gozan 
del referido beneficio. Ello determina que los argumentos relativos a la preservación del 
derecho a mostrarse parte en la causa, a evitar dilaciones indebidas y un macroproceso 
cuando los intereses de los afectados son sustancialmente iguales decaen en la medida 
en que, aun teniendo acogida legal, impide a quien goza del derecho a litigar de manera 
gratuita a ejercitarlo, privándolo irracional e injustificadamente del mismo, con afectación 
de su derecho a la tutela judicial efectiva.
El  demandante  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una cuestión novedosa sobre la que no hay jurisprudencia constitucional y es de 
relevante y general repercusión social por la cantidad de afectados por los hechos que 
están siendo objeto de investigación.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 17 de febrero de 2021, 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; y en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, requerir atentamente de los órganos judiciales la remisión de 
testimonio o copia adverada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días 
en el citado proceso de amparo. Igualmente, se acordó formar la oportuna pieza para la 
tramitación del incidente sobre suspensión que fue resuelta mediante ATC 39/2021, 
de 19 de abril, denegándola.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de  s
ordenación de 28 de abril de 2021, acordó tener por personados a don Jesús Aldama  oe.
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Carmen  Cerreño  Garfia,  don  Ildefonso  Domínguez  Pavón  y  don  Manuel  Villalba
Lancharro, representados por la procuradora de los tribunales doña Cruz María Sobrino
García;  doña  Mercedes  Miro  Canela,  doña  María  Francia  Sarria  Rech,  don  Emilio 
Aguayo Sánchez, don Juan David Goitia Rubio, don Ramón Pardo Bruno, doña Sara 
Bravo Mora y doña Carmen Pillado de las Heras, representados por la procuradora de 
los tribunales doña María Rocío Sampere Meneses; don Manuel Moya García y doña 
Inmaculada Ríos Molina, representados por la procuradora de los tribunales doña Adela 
Gilsanz  Madroño;  doña  Gracia  María  Campos  Rodríguez,  don  José  Carlos  Gómez 
Muñoz, don Francisco Romero Carrasco, don Juan Miguel Cuesta, doña Virginia María 
González y don Salvatore Lannino, representados por la procuradora de los tribunales 
doña María Luisa Martínez Parra; y doña María Gloria Castro Catalán, representado por 
el procurador de los tribunales don Ignacio Cuadrado Ruescas.
6.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de 
ordenación de 20 de mayo de 2021, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
7.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  24  de  junio  de  2021,  formuló 
alegaciones interesando que se estime el amparo por la vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita (art. 119 CE), y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), con anulación de las 
resoluciones impugnadas y retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva 
resolución que sea respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos.
El Ministerio Fiscal, tras poner de manifiesto que el objeto del presente recurso es 
idéntico al resuelto por la STC 29/2021, de 15 de febrero, concluye la necesidad de la 
estimación del recurso en coherencia con dicho pronunciamiento.
8.  La procuradora de los tribunales doña Cruz María Sobrino García, por sendos 
escritos registrados el 4, 16 y 22 de junio de 2021, formuló alegaciones en nombre de 
sus  representados,  excepto  don  Manuel  Villalba  Lancharro,  adhiriéndose  a  los 
argumentos  de  la  demanda  y,  además,  en  relación  con  don  Juan  Lucena  Gómez, 
solicitando que los efectos de la estimación del recurso de amparo se le extienda por 
estar en la misma situación que el recurrente.
9.  La  procuradora  de  los  tribunales  doña  Adela  Gilsanz  Madroño,  por  sendos 
escritos registrados el 15 y 24 de junio de 2021, formuló alegaciones en nombre de sus 
representados, adhiriéndose a los argumentos de la demanda.
10.  El procurador de los tribunales don Antonio Nicolás Vallellano, por sendos 
escritos registrados el 16, 21 y 22 de junio de 2021, formuló alegaciones en nombre de 
sus  representados,  excepto  doña  Gertrudis  Flores  Carvallar,  adhiriéndose  a  los 
argumentos de la demanda y, además, en relación con don Jesús Aldama León, doña 
María del Pino Pino y don Pedro Vergara González, solicitando que los efectos de la 
estimación del recurso de amparo se le extienda por estar en la misma situación que el 
recurrente.
11.  La procuradora de los tribunales doña María Rocío Sampere Meneses, por 
sendos escritos registrados el 24 de junio de 2021, formuló alegaciones en nombre de 
sus representados, excepto don Ramón Pardo Bruno, doña Sara Bravo Mora y doña 
Carmen Pillado de las Heras, adhiriéndose a los argumentos de la demanda.
12.  El procurador de los tribunales don Ignacio Cuadrado Ruescas, por escrito  oe.
registrado el 24 de junio de 2021, formuló alegaciones adhiriéndose a los argumentos de  w.
la demanda. 507ww
13.  La procuradora de los tribunales doña María Luisa Martínez Parra, por sendos
reespcrreitsoesn traedgoisst raaddhoisri éenl d2o4s ed ae  lojusn aiorg udme e2n0to2s1 ,d efo lram duelóm aanledgaa.ciones en nombre de sus
14.  El demandante de amparo, por escrito registrado el 21 de junio de 2021, 
formuló alegaciones ratificándose en las expuestas en su escrito de demanda.
15.  Por  providencia  de  21  de  octubre  de  2021  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional fijada por la STC 29/2021, 
de 15 de febrero.
El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado los derechos del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) –en su dimensión del derecho a la asistencia jurídica gratuita– y a la asistencia 
letrada (art. 24.2 CE). Aquel aduce que en las diligencias previas incoadas con motivo de 
unos hechos de los que había sido víctima, el juez condicionó su personación como 
acusación  particular  a  que  actuara  sirviéndose  de  la  defensa  y  representación  de 
cualquiera de las primeras seis acusaciones particulares personadas, las cuales tenían 
representantes de libre elección, añadiendo que se podía ejercer la defensa de forma 
colegiada por los distintos letrados. El recurrente –sin controvertir la potestad de ordenar 
la acumulación de las representaciones y de la dirección letrada establecida por el 
art. 113 LECrim– impugna la decisión judicial adoptada en el caso alegando tener una 
posición que no es idéntica a la de las partes con representantes de libre elección, 
puesto que tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y se le habían 
designado profesionales del turno de oficio.
El objeto de este recurso ya ha sido objeto de resolución en la STC 29/2021, de 15 
de febrero, ante la invocación de estos mismos derechos por otra persona, también 
beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a la que se impuso la misma 
condición para su personación en las diligencias previas.
Este tribunal concluyó en la citada STC 29/2021, FJ 5, que esa decisión judicial 
vulneraba los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y a la asistencia letrada (art. 24.2 
CE), destacando (i) que la condición de beneficiario del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita  implica,  en  principio,  un  peculiar  estatus  delineado  por  la  jurisprudencia 
constitucional  y  por  la  normativa  reguladora  que  afecta  a  múltiples  situaciones  y 
relaciones del beneficiario del derecho tanto dentro como fuera del proceso; (ii) que el 
entramado de intereses que configura este estatus puede verse afectado de manera 
directa o indirecta por la exigencia de que la parte actúe, aunque sea de manera 
coordinada, mediante profesionales de libre designación por terceras personas; y (iii) que 
no se excluye la posible existencia de medidas alternativas que, sin detrimento de los 
fines que legitiman la aplicación del art. 113 LECrim, conlleven un menor sacrificio de las 
garantías procesales de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
como  es  la  fórmula  de  actuación  conjunta  bajo  una  o  varias  representaciones  y 
asistencias por profesionales del turno de oficio, todos ellos seleccionados, designados y 
sometidos en su actuación a idéntica normativa legal.
En coherencia con dicho pronunciamiento, resulta procedente la estimación de este 
recurso de amparo por las vulneraciones aducidas de los derechos a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 
CE), y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), lo que determina la anulación de las  es
resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de las actuaciones para que se  bo
pronuncie una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales que el  507ww
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hacerles extensible el fallo, sin perjuicio de las decisiones que autónomamente puedan 
adoptar los órganos judiciales sobre el particular.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Miguel Abellán Martínez y, en consecuencia:
1.º  Reconocer los derechos del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y 
a la asistencia letrada (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecer su derecho y, a tal fin, anular los autos del Juzgado Central de 
Instrucción núm. 5 de 27 de mayo y 2 de septiembre de 2019, pronunciados en las 
diligencias previas núm. 70-2018; y el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional núm. 631/2019, de 15 de noviembre de 2019, pronunciado en 
el recurso de apelación núm. 630-2019.
3.º  Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de recaer la 
primera de las resoluciones mencionadas, a fin de que se pronuncie otra que sea 
respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.