BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53751
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8149 Pleno.  Sentencia  65/2020,  de  18  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4362-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con el artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 
de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros 
primero,  segundo  y  tercero,  relativos  a  la  administración  tributaria  de  la 
Generalitat.  Límites  a  las  potestades  tributarias  de  las  comunidades 
autónomas;  competencias  sobre  relaciones  internacionales,  aplicación  y 
eficacia  de  las  normas  jurídicas,  procedimiento  administrativo  y  función 
pública: nulidad de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación 
del Código tributario, alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de 
plazos  de  prescripción,  ámbito  temporal  y  criterios  interpretativos  de  las 
normas  tributarias,  deberes,  obligaciones  y  potestad  calificadora  de  la 
administración tributaria autonómica, entendimientos con los contribuyentes y 
acceso a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos tributarios; 
interpretación  conforme  con  la  Constitución  de  diferentes  disposiciones 
generales, normas de actuación de la administración tributaria autonómica, 
composición y funciones de la Junta de Tributos de Cataluña y el recurso 
extraordinario para la unificación de criterio.
ECLI:ES:TC:2020:65
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4362-2017, interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra el art. 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de 
agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo 
y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat, publicada en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 7426, de 3 de agosto de 2017. Han 
comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Ha 
sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes w.b
abog1a. doM deedli aEnsteta deos,c reitno  rreepgriesstreandtoa cieónn  edsetle p rtreibsiudneanlt ee ld e8l  Gdeo bsieerpntoie,m inbtreer pdues o2 r0e1c7u,r seol 
ddee  1in cdoen asgtitousctioo,n daelild Cadó dcigoon trtari beult aarrito.  d5e d Ce altaa lLueñya  dy edl eP aaprlraombaecnitóon d dee  Cloasta lliubñroas  1p7r/im20e1r7o,, 
segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat, en cuanto
aprueba los siguientes preceptos: artículos 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6.1; 
111-7; 111-8.1, 3 y 5; 122-1, 122-2; 122-3.1 c); 122-4; 122-5; 122-6; 122-7 y 122-10.6, del 
libro primero, así como los artículos 217-3.3 d) y e) y 217-5.3 c); 221-1.1 y 4; 221-2.l d) y 
f); 222-4; 222-5; 223-1 y 223-2 y la disposición adicional tercera, apartado primero, del 
libro segundo. De conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros, en el recurso se 
hizo invocación expresa del art. 161.2 CE en relación con el art. 30 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC) en orden a la suspensión de la aplicación de los 
siguientes preceptos impugnados: arts. 122-10.6; 217-3.3 d) y e); 217-5.3 c); 223-1 
y 223-2 del referido Código.
Los fundamentos de Derecho del presente recurso, agrupados en cinco bloques, 
pueden resumirse como sigue:
A)  El  primer  bloque  expone  la  doctrina  de  este  tribunal  sobre  los  límites 
constitucionales de la potestad tributaria de las comunidades autónomas. Partiendo del 
reconocimiento constitucional del carácter instrumental de la autonomía financiera de las 
comunidades  autónomas,  entendida  como  capacidad  para  establecer  y  exigir  sus 
propios tributos y como aptitud para acceder a un sistema suficiente de ingresos para 
hacer efectiva su autonomía política (entre otras, STC 135/1992, de 5 de octubre, FJ 8), 
el abogado del Estado distingue entre el poder tributario «originario» o «primario» del 
Estado, que deriva directamente de la Constitución (art. 133.1 CE), y el poder tributario 
autonómico «derivado» o «secundario», cuyo ejercicio queda condicionado no solo por la 
Constitución sino también por los límites establecidos en las leyes del Estado a que se 
refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE («Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio 
de las competencias financieras […]» de las comunidades autónomas, que no es otra 
que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades 
autónomas: LOFCA).
De esta forma, haciendo una interpretación sistemática de los arts. 133, 149.1.14 
y  157.3  CE,  la  representación  procesal  del  recurrente  concluye  que  la  propia 
Constitución determina que el Estado es competente «para regular no solo sus propios 
tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de 
las  competencias  financieras  de  las  comunidades  autónomas  respecto  del  propio 
Estado» (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6); sin que las relaciones entre la hacienda 
autonómica y la estatal puedan sustentarse, como adujo la STC 31/2010, de 28 de junio, 
en el principio de reciprocidad, «dada la posición de superioridad del Estado y que a él le 
corresponde la coordinación en materia financiera, lo que lleva implícita la idea de 
jerarquía» (FJ 132).
Asimismo, la abogacía del Estado destaca que la competencia financiera de la 
Generalitat se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), tanto en su 
vertiente  de  autonomía  sobre  el  gasto  público  (art.  202.1  y  2  EAC),  como  en  la 
competencia para establecer tributos propios (art. 203.5 EAC), subrayando que es el 
propio Estatuto (art. 201.1 EAC) el que establece que «las relaciones de orden tributario 
y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente 
Estatuto  y  la  Ley  Orgánica  prevista  en  el  apartado  tercero  del  artículo  157  de  la 
Constitución». En consecuencia, será la LOFCA, ex arts. 157.3 CE y 201.1 EAC, la que 
configure las competencias financieras de la Generalitat.
De igual forma, la demanda subraya que la controversia que aquí se dilucida versa 
sobre la potestad tributaria de la comunidad autónoma, y no sobre la competencia de 
Cataluña para organizar su propia administración (art. 150 EAC) y, en concreto, su 
administración  tributaria,  recordando  que,  en  virtud  del  art.  204.4  EAC,  se  creó  la  e.
Agencia Tributaria de Cataluña mediante la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2007,  w.b
de 17 de julio. 49ww
una Fcinoamlmuneindtaed,  taeurmtóinnoam reac noord pauneddoe,  caosmuom hiri zmo álas  ScoTmCp 1e2te8n/2c0ia1s6,,  sdoeb 7re d lea sju lyioa,  rFeJc o6g, iqduaes 
uenn  psuro ceesdtaimtuiteon eton  leviggioslra, tpivoor  (saur tp. r8o7p.2ia  CaEu)to or iddaed r.e Pviuseiódne  cionnstsatirt,u pcoiorn saul p(auret.s t1o6, 6e lC iEni)c, iop edroe 
«no puede anticipar en sus normas los resultados de una tal hipotética modificación 
competencial».
B)  En  el  segundo  bloque  se  plantean  los  motivos  de  impugnación  contra  los 
preceptos recurridos del título I del libro primero del Código tributario, relativo a las 
«disposiciones preliminares y generales del Código tributario de Cataluña»: arts. 111-1; 
111-2; 111-3, 111-4; 111-5; 111-6.l; 111-7; y 111-8.1, 3 y 5.
El abogado del Estado alega la inconstitucionalidad de todos ellos al estar incluidos 
en el título I, que regula los aspectos comunes a la estructura y aplicación de las 
diversas figuras que integran un sistema tributario catalán. Alega que ni la Constitución ni 
la LOFCA atribuyen competencia a la comunidad autónoma para aprobar un código 
tributario  al  margen  del  sistema  tributario  español.  El  carácter  unitario  del  sistema 
tributario español deriva, a su juicio, no solo de la dicción del art. 31.1 CE («Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […] mediante un sistema tributario 
justo»), sino también de la exigencia constitucional de igualdad de los españoles, que se 
traduce en que «el sistema tributario debe estar presidido por un conjunto de principios 
generales comunes que garanticen la homogeneidad básica que permita configurar el 
régimen  jurídico  de  la  ordenación  de  los  tributos  como  un  verdadero  sistema» 
[STC 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]. Asimismo afirma que los principios y normas 
jurídicas generales del sistema tributario español quedan establecidos en la Ley 58/2003, 
de  27  de  diciembre,  general  tributaria  (LGT),  calificada  por  este  tribunal  como 
«verdadera norma de unificación de criterios que garantizan un mínimo de uniformidad 
en los aspectos básicos del régimen tributario» (STC 66/1998, de 18 de marzo) y «un 
tratamiento común ante las administraciones públicas» (SSTC 14/1986, de 31 de enero, 
y 73/2016, de 14 de abril).
De esta manera, se asevera que la regulación de las disposiciones generales del 
sistema tributario de Cataluña que realizan los preceptos impugnados, desplazando al 
sistema  tributario  estatal  y  sin  mención  alguna  a  la  Ley  general  tributaria,  es 
inconstitucional. Y ello porque la comunidad autónoma carece de competencia para 
regular los principios generales del sistema tributario, el sistema de fuentes, el principio 
de  reserva  de  ley,  los  plazos  y  su  cómputo,  o  el  ámbito  temporal  de  las  normas 
tributarias, bien porque se trata de aspectos básicos del régimen tributario común a 
todas las administraciones públicas, bien porque al contener disposiciones generales 
relativas a la aplicación y eficacia de las normas tributarias invade la competencia 
exclusiva del Estado ex art. 149.1.8 CE (STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 6). Según el 
abogado  del  Estado,  aplicando  la  doctrina  constitucional  sobre  la  lex  repetita 
(STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 6), tal tacha de inconstitucionalidad persistiría, 
aun en los supuestos en los que los artículos impugnados se limiten a reproducir el 
contenido de la normativa estatal, precisamente por su absoluta falta de competencia.
Una  vez  realizadas  estas  consideraciones  generales,  se  formulan  objeciones 
específicas a cada precepto impugnado:
a)  El art. 111-1 del Código tributario de Cataluña («Objeto y ámbito de aplicación del 
Código»),  al  señalar  que  el  código  establece  los  principios  generales  del  sistema 
tributario catalán, parte de la existencia de un sistema tributario autonómico paralelo al 
del Estado y al margen de él, y prescinde de las normas estatales establecidas en virtud 
de las competencias que le atribuye el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE.
En este mismo sentido, el art. 111-2 («Ámbito subjetivo del Código»), al circunscribir 
dicho ámbito de aplicación a los sujetos de derechos y obligaciones establecidos en la  e
normativa  tributaria  emanada  del  Parlamento  y  Gobierno  catalanes,  ignora  que  la  bo
administración tributaria catalana puede actuar como administración tributaria respecto  49ww
daert . 1tr4ib9u.1to.1s4  CcuEy.a  capacidad  normativa  corresponde  en  exclusiva  al  Estado  ex
estaAtaslí ,y  laa  oloms istriióbnu teons  easmtabtoasle psr e(pcueepstotos  qduee  csuoalolq usiee re xrecfleuryeen ecixap rae slaa mnoernmtea taiv lao str itbriubtuatroias 
locales del ámbito de aplicación del código) se debe, en opinión del abogado del Estado,
a la voluntad deliberada e inconstitucional de constituir un sistema tributario propio al 
margen del estatal, a no ser que este tribunal realice una interpretación de los mismos 
entendiéndolos implícitamente referidos al sistema de fuentes, estructura territorial y 
delimitación competencial diseñados en la Constitución de 1978.
b)  La  tacha  de  inconstitucionalidad  imputada  al  art.  111-3  CTC  («Principios 
fundamentales del sistema impositivo catalán») es que no corresponde al legislador 
autonómico regular los principios constitucionales, incluyendo el principio de simplicidad, 
pudiendo  adicionalmente  resultar  contradictorio  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  general 
tributaria dictada ex art. 149.1.14 CE. Según la representación procesal del recurrente, 
salvo que este tribunal incardine este precepto en el marco del art. 31.1 CE y de la Ley 
general tributaria, al reproducirse en la norma autonómica unos principios compartidos 
con la hacienda estatal, se corre el riesgo de entender que estos solo rigen con el 
contenido y alcance que prevea la disposición impugnada, ahondando con ello en la 
voluntad de desplazamiento del sistema tributario estatal.
c)  El art. 111-4, al regular el principio de reserva de ley en materia tributaria, debe 
reputarse inconstitucional por vulnerar el art. 149.1.14 CE. En primer lugar, directamente, 
dada la incompetencia de la comunidad autónoma para establecer el sistema de fuentes 
y los principios generales del sistema tributario; y, en segundo lugar, mediatamente, en la 
medida en que no recoge explícita ni implícitamente todas las materias sometidas al 
principio de legalidad formal en la normativa básica estatal (art. 8 LGT), incluyendo 
además una expresa remisión reglamentaria sobre las materias no enunciadas. Esta 
última  remisión  podría  conllevar,  a  juicio  del  abogado  del  Estado,  una  vulneración 
adicional del principio de reserva de ley en materia tributaria.
d)  Respecto al art. 111-5, que explicita que la Generalitat puede exigir sus tributos 
«de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes», el abogado del Estado 
solicita de este tribunal una interpretación conforme fijando el alcance y significado 
estricto de la referencia a la Constitución y las leyes, dado el contexto socio-político en el 
que se halla inmersa Cataluña. Así, trae a colación la intervención parlamentaria de la 
diputada ponente de la iniciativa en la sesión en la que se aprobó esta Ley, en la que tras 
una primera intervención en la que califica al código como «ley de país», termina 
afirmando: «Aprobando el Código tributario ponemos los fundamentos de una estructura 
de Estado —sí, lo han entendido bien: los fundamentos de una estructura de Estado—» 
(«Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña», XI legislatura, cuarto periodo, serie P, 
número 78, página 39).
e)  El art. 111-6, referido a los plazos y a su cómputo, aunque contiene una remisión 
genérica a «las leyes de los procedimientos tributarios» y a «la aplicación supletoria de 
las que regulan el procedimiento administrativo», solo podría entenderse ajustado a la 
Constitución si tal remisión implicara necesariamente la sujeción del precepto a lo que 
dispongan las normas básicas del Estado o a las dictadas por este en ejercicio de su 
competencia exclusiva ex art. 149.1.14 o 18 CE, en particular la Ley general tributaria.
f)  El  motivo  de  impugnación  del  art.  111-7  («Ámbito  temporal  de  las  normas 
tributarias») es la invasión del título competencial estatal contenido en el art. 149.1.8 CE. 
En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas 
corresponden  en  exclusiva  al  Estado,  no  como  una  competencia  básica  o  de 
coordinación legislativa, sino de modo absoluto, tal y como se afirma en la STC 33/2016, 
de 18 de febrero.
g)  Idéntica impugnación sostiene la demanda contra el art. 111-8, relativo a la 
interpretación  de  las  normas  tributarias,  del  que  únicamente  se  impugnan  los  s
apartados 1, 3 y 5. Adicionalmente, en primer lugar, el abogado del Estado aduce que el  oe.
apartado 1 no sería acorde al art. 12.1 LGT, que contiene una remisión en blanco al  w.
art.  3.1  del  Código  civil  (CC).  Y  ello  porque  aunque  los  criterios  interpretativos  49ww
úelntiummoe praoddorísa  emn olad inficoarmrsae  ayu ytoan nóom cicoain ccoidinirc. iEdann s beágsuincdaom elungtaer ,c olan  rleopsr edseel natrat.c 3ió.1n  CprCo,c eesstael 
dóergl arneocsu rerecnotneó mseic oc-eandtmrai neisntr aetli vaops acrotamdpoe 3te nqtuees  pdaercala lroas  vóirngcaunlaonst ed ela l ad aodctmrininais tdraec ilóons   BOE-A-cable e
tributaria  catalana  sin  hacer  distinción  entre  los  tributos  propios  de  la  comunidad 
autónoma y los tributos estatales cedidos que son gestionados por la administración 
tributaria autonómica. Por ello, en tanto que tal apartado 3 incluye a la Junta de Tributos 
de Cataluña como órgano generador de doctrina vinculante sin distinguir entre tributos 
propios  y  ajenos  (cedidos),  vulnera  el  orden  constitucional  de  distribución  de 
competencias en cuanto a tributos cedidos diseñado en el art. 20.5 LOFCA (que dispone 
que  la  función  unificadora  de  criterio  de  los  tributos  estatales  corresponde  a  la 
administración tributaria del Estado ejercida de acuerdo con la Ley general tributaria) y 
en el art. 45.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía (en adelante, Ley 22/2009), que establece la titularidad estatal de las 
competencias  (normativa,  de  aplicación  y  de  revisión  administrativa)  en  materia  de 
tributos cedidos. En este sentido, entiende el recurrente, será el ministro de Hacienda 
quien  dicte  disposiciones  interpretativas  y  aclaratorias  (art.  12.3  LGT),  la  Dirección 
General de Tributos la competente para contestar consultas [art. 88.5 LGT y 4.1 b) del 
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio] y el Tribunal Económico-Administrativo Central y 
la Sala Especial de Unificación de Doctrina emitirán doctrina con carácter vinculante 
(arts. 239.3, 242.4 y 243.5 LGT). Por último, el abogado del Estado resalta que el 
apartado quinto recoge una previsión sobre el alcance de los efectos de los criterios 
interpretativos no prevista en la Ley general tributaria y, por tanto, inconstitucional, salvo 
que este tribunal la interprete circunscrita exclusivamente a los tributos propios.
C)  En el tercer bloque se abordan los motivos de impugnación contra los preceptos 
recurridos del título II del libro primero del Código tributario, relativo a las «Disposiciones 
generales  sobre  la  administración  tributaria  de  la  Generalitat»:  arts.  122-1,  122-2, 
122-3.1 c), 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 y 122-10.6a.
En  términos  generales,  el  abogado  del  Estado  sostiene  que  todas  estas 
disposiciones vulneran el ámbito de regulación básica del Estado establecido en los arts. 
19.1 LOFCA y 45 a 59 de la Ley 22/2009. Y ello porque, si bien la comunidad autónoma 
tiene competencia en aplicación y sanción de tributos propios, en materia de tributos 
cedidos las competencias normativas de aplicación, sanción y revisión de los mismos 
son de titularidad del Estado (art. 45.1 de la Ley 22/2009) y, por tanto, se regirán ex 
art. 27.1 de la Ley 22/2009, «por los convenios o tratados internacionales, la Ley general 
tributaria, la ley propia de cada tributo, los reglamentos generales de desarrollo de la Ley 
general tributaria y de las leyes propias de cada tributo, las demás disposiciones de 
carácter  general,  reglamentarias  o  interpretativas  dictadas  por  la  administración  del 
Estado, y por las normas emanadas de la comunidad autónoma según el alcance y los 
puntos de conexión establecidos en esta Ley 22/2009». La representación procesal del 
presidente del Gobierno afirma también que el art. 2 de la Ley 16/2010, de 16 de julio, de 
cesión de tributos a Cataluña, no establece excepciones a la normativa básica general, 
al expresar que «el alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña son los establecidos en la Ley 22/2009».
A continuación, se exponen en la demanda los motivos de inconstitucionalidad de 
cada uno de los preceptos impugnados:
a)  El art. 122-1 del Código tributario de Cataluña recoge unos principios generales 
de actuación de la administración tributaria de Cataluña que, aun siendo diferentes de 
los establecidos en los arts. 31.1 CE y 3.1 LGT, pudieran reconocerse implícitamente  s
contenidos en el art. 3.2 LGT. Pero entiende la abogacía del Estado que ni siquiera en  oe.
este último caso sería constitucional tal disposición, puesto que la manifiesta falta de  w.
careortpmsr.op 1de4ute9cn.ir1c .ie1al,   a8cuo, tn1ot4ne ónymi d1ioc8 a Cd peEa  rlloaos sl e ppgrriisenlccaeirp psiotoosbs  rfuebn áedssaitcmao esm naetatselteraisata  d(lesesile  sn(iSdsotTe Ccmo a3m 4tpr1ieb/2tue0tna0cr5iioa, )  edlese t aim2t1ap l iddeeex    2020-8149n https://ww
diciembre).
b)  De  igual  forma,  el  art.  122-2  enumera  los  deberes  y  obligaciones  de  la 
administración  tributaria,  no  existiendo  un  precepto  semejante  en  la  Ley  general 
tributaria, donde se recogen las obligaciones de la administración en los arts. 30 a 33 y 
los derechos de los obligados tributarios en el art. 34. Según el recurrente, el precepto 
autonómico resulta inconstitucional aplicando la doctrina de la lex repetita, en tanto 
regula, por un lado, derechos de los contribuyentes afectando a las condiciones básicas 
de ejercicio del deber de contribuir del art. 31 CE y, por otro, aspectos propios de los 
procedimientos tributarios, aunque sea de forma semejante a la establecida en la Ley 
general tributaria; cuestiones ambas para las que una comunidad autónoma carece de 
toda competencia.
Asimismo, en obligaciones concretas, como el deber de contestar a las consultas 
planteadas [art. 122-2 l)] o de permitir el acceso del contribuyente a los datos fiscales 
propios que posea la administración [art. 122-2 o)], se mantiene en la demanda que, al 
no distinguir el precepto entre tributos propios y cedidos, la comunidad autónoma invade 
competencias estatales en materia de tributos cedidos. Primero, porque las consultas 
sobre  tributos  cedidos  no  son  objeto  de  delegación  en  favor  de  las  comunidades 
autónomas,  salvo  lo  que  se  refiera  a  cuestiones  en  relación  con  la  aplicación  de 
disposiciones dictadas por la comunidad autónoma [art. 55.2 a) Ley 22/2009] y, segundo, 
porque  la  administración  tributaria  catalana  carece  de  competencia  para  facilitar  al 
contribuyente  datos  fiscales  de  tributos  gestionados  por  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración Tributaria, aunque estén en su poder como consecuencia de intercambio 
de información entre administraciones.
c)  Conforme al art. 122-3.1 c) del Código tributario de Cataluña, la administración 
tributaria de la Generalitat tiene la potestad de realizar actuaciones de colaboración en 
virtud de las normas sobre asistencia mutua internacional que sean de aplicación. Tales 
normas  se  encuentran  en  los  arts.  167  bis  a  177  quaterdecies  LGT,  fruto  de  la 
trasposición de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la 
asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados 
impuestos, derechos y otras medidas.
Así, tras recordar la doctrina constitucional sobre el alcance de la competencia 
estatal del art. 149.1.3 CE sobre relaciones internacionales (SSTC 46/2015, de 5 de 
marzo; 85/2016, de 28 de abril, y 228/2016, de 22 de diciembre), el abogado del Estado 
arguye que el precepto autonómico se extralimita competencialmente porque, con la 
generalidad de sus términos, abarca cualquier tipo de colaboración sin distinción del 
ámbito territorial al que se pueda referir. Señala asimismo que la actuación autonómica 
en esta materia (colaboración en el ámbito internacional en virtud de las normas sobre 
asistencia mutua) debe incardinarse en la obligación general de colaboración con la 
administración del Estado establecida en los arts. 19.1 LOFCA y 61.5 de la Ley 22/2009, 
quedando reducida a facilitar los datos e información que sean necesarios para que el 
Estado cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa sobre asistencia mutua 
internacional que haya asumido el Estado en virtud de tratados internacionales o del 
Derecho de la Unión Europea.
d)  El art. 122-4 del Código tributario de Cataluña, regulador de la facultad de 
calificación de la administración tributaria, resulta inconstitucional por invasión de la 
competencia estatal para regular los principios fundamentales del ordenamiento tributario 
ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE. Y ello, en su primer inciso, por regular este principio 
esencial del ordenamiento tributario (la calificación) apartándose de lo previsto en el 
art. 13 LGT; y, en su segundo inciso, por disponer unos criterios que la administración  s
debe respetar en el ejercicio de esta facultad de calificación que no recoge de forma  oe.
explícita la Ley general tributaria. w.
e)  En relación con el art. 122-5, que atribuye facultades interpretativas con los  49ww
ceofemcptoest enptree veisnto ms aetenr iae l daer th. a1c1ie1n-8d a( tpaúmbbliicéan,  iam plau gDniaredcoc)i óanl  Gtietunlaerr ald edle  dTerpibaurttaoms eyn taol 
dCeoln saertj.o  1F4is9c.a1l. 1d4e  CCaEt alaulñ aco, nlat rraevperneisr eenlt aacirót.n  1d2e.l3 E sLtGadTo,  aqlueeg aa utrnibau vyuel neesraacsi ófna cmueltaddiaetas   BOE-A-cable e
interpretativas al Ministerio de Hacienda. Se arguye que, aunque el precepto configura 
tal potestad «en el ámbito de las competencias de la Generalitat», como el Código 
únicamente excluye de su ámbito los tributos locales (art. 111-1 del Código tributario de 
Cataluña),  esa  norma  de  atribución  de  la  facultad  interpretativa  tendría  virtualidad 
respecto a los tributos estatales cedidos que se exaccionan en Cataluña. A su juicio, solo 
una interpretación conforme de este tribunal que especificara su aplicación exclusiva a 
los tributos propios de la Generalitat podría salvar esta tacha de inconstitucionalidad.
f)  El art. 122-6 relativo a la potestad de obtención de datos con trascendencia 
tributaria por parte de la administración tributaria catalana adolece de cuatro vicios de 
inconstitucionalidad. En primer lugar, vulnera el principio de seguridad jurídica al omitir si 
los datos obtenidos pueden utilizarse en el ejercicio de la potestad sancionadora. En 
segundo lugar, invade la competencia del Estado sobre los elementos básicos de los 
procedimientos tributarios y la regulación de las obligaciones y derechos de los obligados 
tributarios, salvo que su alcance se circunscriba a los tributos propios de la Generalitat. 
En tercer lugar, quebranta el principio de territorialidad de las competencias autonómicas 
al no limitar el ámbito de dicho requerimiento de información. Finalmente, vulnera la 
competencia estatal sobre la regulación de sus propios tributos, que se reconoce en el 
art. 149.1.14 CE.
g)  Al art. 122-7, sobre el carácter reglado de los actos de la administración tributaria 
catalana y su impugnabilidad, se le imputa una infracción del art. 149.1.18 CE por incidir 
en las bases del procedimiento administrativo común (en concreto, del procedimiento de 
revisión) al referirse de forma genérica a unos sistemas alternativos de resolución de 
conflictos no reconocidos en la Ley general tributaria.
h)  Los «entendimientos» entre contribuyentes y la administración tributaria a que se 
refiere el apartado 6 del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, relativo a la 
colaboración  con  los  agentes  del  sistema  tributario,  se  impugnan  por  vulneración 
del 149.1.14 y 18 CE porque: (i) no están reconocidos en el sistema tributario español; y 
(ii) afectan a la indisponibilidad del crédito tributario previsto en el art. 18 LGT, pudiendo 
implicar condonaciones de obligaciones tributarias o renuncia de derechos económicos 
por la administración tributaria. Además, se alega que se trata de una materia en la que 
se debe garantizar a los contribuyentes un mínimo de uniformidad en el tratamiento que 
reciben de todas las administraciones públicas.
D)  En el cuarto bloque se exponen las quejas sobre los artículos impugnados del 
título II del libro segundo del Código tributario dedicado a la Junta de Tributos de 
Cataluña, en la medida que afectan a la revisión en vía económico-administrativa: arts. 
221-1, apartados 1 y 4; 221-2, apartados 1 d) y 1 f); 222-4; 222-5; 223-1; 223-2; y la 
disposición adicional tercera, apartado primero.
Con  carácter  preliminar,  la  demanda  recoge  el  alcance  de  las  competencias 
autonómicas  en  materia  de  revisión  en  vía  administrativa  reproduciendo  el  art.  20 
LOFCA y el art. 59 de la Ley 22/2009. Según la representación procesal del recurrente, 
las competencias autonómicas se limitan al ejercicio de la función revisora, por cuanto no 
pueden regular el procedimiento de revisión y sus modalidades, o nuevas categorías de 
procedimientos, sin invadir la competencia estatal sobre procedimiento administrativo 
común del art. 149.1.18 CE.
a)  El  abogado  del  Estado,  tras  reproducir  el  fundamento  jurídico  133  de  la 
STC  31/2010  relativo  a  la  atribución  de  competencias  revisoras  a  los  órganos 
económico-administrativos autonómicos (art. 205, párrafo primero, EAC), arguye que el  e
apartado  primero  del  art.  221-1  del  Código  tributario  de  Cataluña,  al  no  excluir  bo
expresamente  a  los  tributos  estatales  cedidos,  atribuye  a  la  Junta  de  Tributos  de  49ww
rCealatatilvuañsa  a ptaolteess ttardibeust osd,e l o rqeuveis isóonl o dpeo drlaías  hareccelra mlaa lceiyo neessta taelc oqnuóem reicgou-aled mla inciesstriaótniv daes 
lcoass otr,i baulteogsa  [alart sr.e p5r9e.s1e cn)t ayc i5ó4n. 1p rdoec elas aLl edye 2l 2p/r2e0s0id9e ny tea rtd. e2l  Gdeo blaie rLneoy,  1c6o/m20o1 e0l] . pErenc etopdtoo 
impugnado atribuye a esa junta de tributos la competencia en materia de reclamaciones
económico-administrativas sobre los tributos, sin límite específico alguno, amplía las 
competencias  autonómicas  a  la  revisión  de  todo  tipo  de  tributos  al  margen  de  la 
normativa básica estatal.
De  las  mismas  tachas  de  inconstitucionalidad  adolece,  según  el  recurrente,  el 
art. 221-2 del Código tributario de Cataluña, que dispone en el apartado 1 d) que la Junta 
conocerá de «los recursos extraordinarios de revisión que se interpongan contra los 
actos  administrativos  firmes  y  las  resoluciones  firmes  de  la  Junta  en  las  materias 
mencionadas». Y por lo que respecta al «recurso extraordinario para la unificación de 
criterio», que recoge el apartado 1 f) del art. 221-2 de la ley autonómica controvertida, el 
abogado del Estado mantiene que su establecimiento ex novo en el art. 223-1 del Código 
tributario  de  Cataluña  invade  la  competencia  estatal  en  materia  de  procedimiento 
administrativo común del art. 149.1.18 CE, por ser un recurso no previsto en el sistema 
de recursos de la Ley general tributaria, y análogo al actual «recurso extraordinario para 
la unificación de la doctrina» regulado en el art. 243 LGT; además de violentar el marco 
previsto en los arts. 20 LOFCA y 59 de la Ley 22/2009. Asimismo, el art. 223-2 del 
Código  tributario  de  Cataluña,  relativo  a  la  «resolución  de  fijación  de  criterio», 
estableciendo una figura similar a la prevista en el art. 229.1 d), 2 y 3 LGT para la 
adopción de resoluciones de unificación de criterio, es igualmente inconstitucional al 
carecer la comunidad autónoma de competencias para regular el procedimiento de 
revisión.
b)  Al  artículo  221-1.4  se  le  imputa  el  no  reconocimiento  explícito  de  la  labor 
unificadora del Estado, ejercida, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 228.4 LGT, por el 
Tribunal Económico-Administrativo Central y la Sala Especial para la Unificación de 
Doctrina, y su prevalencia sobre los criterios de la Junta de Tributos catalana. Asimismo, 
se alega que el art. 221-1.4 del Código tributario de Cataluña desconoce que, según la 
Ley general tributaria, son vinculantes para los tribunales económico-administrativos, 
para los órganos económico-administrativos de las comunidades autónomas y para el 
resto de la administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas: (i) la 
doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central 
(art.  239.4);  y  (ii)  los  criterios  establecidos  en  las  resoluciones  de  los  recursos 
extraordinarios de alzada para la unificación de criterio (art. 242.2) y de los recursos 
extraordinarios para la unificación de doctrina (art. 243.5).
c)  Respecto al art. 222-4, que regula la posibilidad de que la Junta de Tributos 
solicite, de oficio o a instancia del interesado, la práctica de prueba pericial dentro del 
procedimiento de revisión, el recurrente aduce que la comunidad autónoma carece de 
competencia para regular el procedimiento de revisión, ya que sus competencias se 
limitan exclusivamente al ejercicio de la función revisora en materia tributaria.
d)  La inconstitucionalidad del art. 222-5 del Código tributario de Cataluña referente 
al uso de medios electrónicos se fundamenta en la existencia de una norma estatal 
similar (el art. 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas) que tiene carácter básico, según la disposición 
final primera de dicha ley, por lo que la comunidad autónoma no tiene competencia para 
efectuar la remisión reglamentaria en él contenida al no tener atribuida la competencia 
legislativa.
e)  El apartado primero de la disposición adicional tercera del Código tributario 
permite comunicar directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña los datos obtenidos 
por una administración pública en el ejercicio, por delegación o encargo de gestión de los 
ayuntamientos catalanes, de las competencias de aplicación de los tributos locales. La  s
representación procesal del recurrente asegura que este precepto vulnera el principio de  oe.
reserva de datos tributarios establecido con carácter básico en el art. 95 LGT y, en  w.
consecuencia, viola el derecho a la intimidad del art. 18 CE. La cesión por las entidades  49ww
adretl.e 9g5a dLaGsT ,— coanu nloq uqeu es eela sni leontcraios  leagdaml idneisbtera icnitoenrperse tpaúrsbeli ceans —se nntiod o ensetág aptivreov aislt ase re ne steal 
úellt ipmreac uenpato n aourmtoan óremsitcroic tiinvvaa ddee  dlaesr eccohmosp edtee nlocsia sp aprrtiocpuilaasre dse.  Dloes  oatryau nptaarmtei,e natsoesv,e prau eqsutoe   BOE-A-cable e
que son ellos, en tanto titulares de las competencias de aplicación de sus tributos, a los 
que  les  corresponde  decidir  sobre  la  posible  cesión  de  datos  en  el  marco  de  las 
excepciones  del  art.  95  LGT.  También  mantiene  que,  si  bien  es  cierto  que  esta 
disposición adicional tercera prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña solo podrá 
solicitar tales datos en el ámbito de sus competencias y «de acuerdo con lo establecido 
en la legislación tributaria», esa remisión debería realizarse de forma expresa al art. 95 
LGT, solicitando una interpretación conforme de este tribunal en tal sentido.
E)  En  el  quinto  y  último  bloque,  dedicado  a  los  aspectos  competenciales  de 
autoorganización  de  la  Generalitat  sobre  la  estructura  funcionarial  de  la  Agencia 
Tributaria de Cataluña, se impugnan los arts. 217-3.3 d) y e), y 217-5.3 c) del Código 
tributario de Cataluña que contemplan un posible acceso por el turno de promoción 
interna a funcionarios que pertenezcan a cuerpos y escalas de otras administraciones 
públicas de los subgrupos A1 y A2, que tengan funciones tributarias asignadas, al cuerpo 
superior de inspectores tributarios de la Generalitat, y de funcionarios pertenecientes al 
subgrupo A2 al cuerpo superior de técnicos tributarios de la Generalitat. Con este 
sistema de acceso, afirma el abogado del Estado, se viola tanto el art. 23.2 CE como el 
art. 149.1.18 CE en relación con el art. 61.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del 
empleado público (TRLEEP).
Entiende  el  recurrente  que  la  regulación  de  acceso  a  dos  de  los  cuerpos  de 
funcionarios específicos de la agencia tributaria catalana adolece de inconstitucionalidad 
porque no se trata de una provisión de puestos por movilidad interadministrativa, como 
los contemplados en el art. 84 TRLEEP o en el art. 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la función pública, sino de un verdadero acceso a un 
cuerpo funcionarial distinto. Para ratificar estas afirmaciones, el abogado del Estado se 
basa: (i) en el Decreto Legislativo de la Generalitat 1/1997, de 31 de octubre, «por el que 
se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos 
legales vigentes en Cataluña en materia de función pública», donde se distingue entre la 
promoción interna como forma de acceso a un determinado cuerpo o escala que se 
reserva  a  los  funcionarios  que  prestan  sus  servicios  en  la  administración  de  la 
Generalitat (art. 59), de la movilidad interadministrativa regulada bajo la rúbrica del título 
V  «De  la  provisión  de  puestos  de  trabajo»;  y  (ii)  en  la  STC  238/2015,  de  19  de 
noviembre, cuyo fundamento jurídico 5 reproduce, alegando que los argumentos allí 
vertidos pueden extrapolarse mutatis mutandi al caso aquí controvertido. De ahí que las 
previsiones autonómicas impugnadas contemplen un supuesto de ingreso en un cuerpo 
funcionarial  nuevo,  y  no  un  supuesto  de  movilidad  interadministrativa  (porque  los 
funcionarios de otras administraciones no se limitan al desempeño de un puesto de 
trabajo), ni un supuesto de promoción interna pues se abre a funcionarios de otras 
administraciones.
2.  Por  providencia  de  12  de  septiembre  de  2017  el  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el presente 
recurso  de  inconstitucionalidad,  dando  traslado  de  la  demanda  y  documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, así como al Gobierno de la Generalitat y al 
Parlamento de Cataluña, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo 
de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que 
estimaren pertinentes. Asimismo, se acordó publicar la incoación del recurso en el  e
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».  bo
También se hizo constar que el presidente del Gobierno había invocado el art. 161.2 de  49ww
ldae lC cointasdtiotu cCióónd igreos, pleoc tqou ea  lporso daurtjos.  l1a2 s2u-1s0p.e6n; s2ió1n7 -d3e.3  sdu)  yv igee);n 2ci1a7 -y5 .a3p cli)c;a 2c2ió3n- 1d ye s2d2e3 -la2 
fye dcheasd dee l ain tfeercphoas diceió lna  dpeulb rleiccaucrisóon  (d8e d lea  sinecpotiaecmióbnr ee nd ee 2l «0B17o)le ptíanr aO lfaicsi apla drteel sE dsetal dporo»c peasroa, 
los terceros (13 de septiembre de 2017).
3.  Por escritos registrados en este tribunal los días 19 y 20 de septiembre de 2017, 
los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron los acuerdos 
de las mesas de sus respectivas cámaras de personarse en este procedimiento y ofrecer 
su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4.  Mediante escrito registrado el 28 de septiembre de 2017 en este tribunal, el 
letrado del Parlamento de Cataluña comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara de 
personarse  en  el  procedimiento  solicitando  una  prórroga  del  plazo  concedido  para 
formular alegaciones. Por providencia de 2 de octubre de 2017, se acordó tenerle por 
personado y prorrogarle en ocho días más el plazo inicialmente concedido.
5.  La abogada de la Generalitat de Cataluña, en escrito registrado en este tribunal 
el 5 de octubre de 2017, se personó en nombre de la misma, y solicitó una prórroga de 
ocho días en el plazo concedido para formular alegaciones, la cual le fue concedida 
mediante providencia de 6 de octubre de 2017.
6.  En fecha de 17 de octubre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal  el  escrito  de  alegaciones  que  formula  la  abogada  de  la  Generalitat,  en  la 
representación que legalmente ostenta, instando la íntegra desestimación del recurso 
por las razones que se exponen a continuación.
A)  Tras un resumen del objeto del recurso, de la finalidad del Código tributario 
según  su  preámbulo  y  de  los  motivos  de  impugnación,  se  examina  el  marco 
competencial de esta controversia. Para ello se invoca la doctrina constitucional sobre el 
poder tributario originario del Estado (con la Ley general tributaria como marco general 
del sistema tributario ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) y la doctrina de este tribunal sobre 
la potestad tributaria de las comunidades autónomas limitada ex Constitutione (arts. 
156.1 y 157.2 CE) y ex LOFCA, tanto en materia de tributos propios como en materia de 
tributos cedidos; y limitada esta última potestad, adicionalmente, en la Ley 22/2009, 
donde se determinan las competencias normativas autonómicas sobre aplicación de 
tributos cedidos y la supletoriedad de la Ley general tributaria en caso de su no ejercicio. 
Asimismo, se afirma que el Código tributario se ampara en la potestad tributaria de la 
Generalitat ejercida en virtud de las competencias asumidas en los arts. 201 a 205 EAC. 
Tal potestad tributaria consiste en una competencia normativa plena sobre sus tributos 
propios (art. 203.5 EAC) y una competencia normativa limitada sobre los tributos cedidos 
[art. 203.2 a) y b) EAC], de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes estatales 22/2009 
y 16/2010.
Según la abogada de la Generalitat, y basándose en la STC 31/2010, FFJJ 132 
y 133, de un lado, el art. 204 EAC reconoce a la comunidad autónoma: (i) competencia 
normativa  sobre  la  organización  de  su  propia  hacienda,  (ii)  potestad  para  crear  la 
Agencia Tributaria de Cataluña, y (iii) plena capacidad para determinar la regulación del 
ejercicio de las funciones de la Agencia respecto de la gestión, la recaudación y la 
inspección de los tributos propios y, por delegación del Estado, de los tributos estatales 
cedidos totalmente a la comunidad autónoma. Y, de otro lado, la Generalitat asume la 
potestad revisora de los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia sobre los 
tributos propios a través de sus propios órganos económico-administrativos (art. 205, 
párrafo primero, EAC), dejando la potestad revisora sobre los tributos cedidos a lo que 
establezca la legislación estatal de cesión.
B)  Con respecto a los preceptos impugnados de los títulos I y II del libro primero del  e.e
Código  tributario  (disposiciones  generales  sobre  el  sistema  tributario  y  sobre  la  b
administración  tributaria),  la  abogada  de  la  Generalitat  sintetiza  en  dos  reproches  49ww
mgeennecriaólne sa  llaa sC oqnusetjiatusc iaólne,g aald Easst.a tEunto  pdreim Aeurt olungoamr,í ar deech Caaztaa luqñuae  yc ao nla  lnao rommaistiivóan  bdáes iclaa 
peastraat aal ssí ee estsatéb leocbevria unnd os ieslt emmaar ctori bcuotmarpioe teanl cmiaal regne ne ld qeul ee sstea tianls. eDrtea  uenl  Claóddoig, op otrriqbuueta reios 
doctrina  constitucional  reiterada  que  es  innecesaria  la  mención  expresa  en  cada
precepto del marco normativo (SSTC 233/1999, FJ 39, y 208/2015, FJ 5). Y, de otro lado, 
porque esta concreta tacha de inconstitucionalidad predicada expresamente de los arts. 
111-1 y 111-2 del Código tributario de Cataluña (ámbito objetivo y subjetivo del Código 
tributario)  es  fruto  de  una  interpretación  aislada  de  tales  preceptos.  Una  lectura 
sistemática e integradora de estos artículos con el art. 111-5 del mismo texto legal (que 
repitiendo el art. 133.2 CE dispone que la Generalitat debe exigir sus tributos de acuerdo 
con la Constitución y las leyes) demuestra: (i) el pleno respeto al marco constitucional y 
estatutario vigente (sin que deba explicitarse que se trata de la Constitución de 1978); (ii) 
el sometimiento de la Generalitat a las leyes y principios básicos estatales en materia 
tributaria (LOFCA, Ley 22/2009 y Ley general tributaria); y (iii) la plena inserción del 
Código tributario en el sistema tributario estatal. Con lo cual, a su parecer, los arts. 111-1, 
111-2 y 111-5 del Código tributario de Cataluña no solo no vulneran la Constitución, sino 
que  incardinan  toda  la  regulación  del  Código  tributario  en  el  bloque  de  la 
constitucionalidad y en las normas básicas estatales vigentes.
En segundo lugar, la abogada de la Generalitat asegura que el hecho de que ni la 
Constitución ni la LOFCA prevean la ordenación del sistema tributario catalán en la 
forma de código no es motivo de inconstitucionalidad sino una opción del legislador 
catalán en pro de la seguridad jurídica. En efecto, como la Ley general tributaria no 
expresa  qué  aspectos  de  su  regulación  son  competencia  exclusiva  del  Estado  ex 
art. 149.1.14 CE, ni qué aspectos son básicos ex art. 149.1.18 CE y requieren desarrollo 
normativo autonómico, el legislador catalán ha considerado necesario incorporar ciertos 
aspectos transversales y generales del régimen tributario (arts. 111-1 a 111-8 del Código 
tributario de Cataluña) y de la administración tributaria (arts. 122-1 a 122-7 y 122-10 del 
Código tributario de Cataluña). A su juicio, tales preceptos: (i) no afectan ni perturban la 
aplicación de la norma básica estatal (generalmente la Ley general tributaria) sino que se 
ajustan a su contenido; (ii) son el hilo conductor que da coherencia al conjunto del 
Código tributario para alcanzar el objetivo de certeza y seguridad jurídica pretendido con 
el  Código  según  su  propio  preámbulo;  (iii)  reproducen  normas  estatales,  técnica 
legislativa que es constitucionalmente admisible siempre que la comunidad autónoma 
sea competente sobre la materia regulada y su finalidad sea dar sentido o inteligibilidad a 
la norma autonómica (STC 341/2005, de 21 de diciembre), condiciones que se dan en 
este caso; y (iv) no pretenden confrontar el ordenamiento catalán con el español, como 
tampoco  lo  hace  la  Ley  9/2006,  de  11  de  diciembre,  tributaria  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias,  que  va  más  allá  del  Código  tributario  al  regular  con 
especialidades los principios generales sobre la aplicación de tributos contenidos en la 
Ley general tributaria. Además, invocando la doctrina sentada en la STC 176/1999, 
de  30  de  septiembre  (cuyo  fundamento  jurídico  4  reproduce),  la  abogada  de  la 
Generalitat concluye que el hecho de que el Código tributario no distinga entre tributos 
propios  y  tributos  cedidos  no  lo  hace  inconstitucional,  puesto  que  el  principio  de 
conservación  de  las  normas  impide  entender  que  una  norma  rebasa  su  ámbito 
competencial si nada se dice en ella sobre el particular ni se alega sobre acto alguno que 
avale tal interpretación.
C)  Acto seguido, y a la luz de estas argumentaciones, se lleva a cabo un análisis 
sobre la constitucionalidad de cada precepto impugnado del título I del libro primero del 
Código tributario:
a)  El  art.  111-3  («Principios  fundamentales  del  sistema  tributario  catalán»)  no 
invade, según la abogada de la Generalitat, ninguna competencia estatal puesto que se  e
limita a transponer el contenido del art. 31.1 y 2 CE, añadiendo el principio de simplicidad  bo
contenido en el art. 3.2 LGT. Y es evidente, asevera, que estos principios no van a  49ww
cambb)i ar Esna lveol  qmuies munoa s menotdidifoic ascei óanr gduem lae Cntoan satciteurcciaó nd aesl í alort .e s1t1a1b-l4e zCcaT.C, que regula la
nreos erervcao gdee í nletye gerna mmeanteteri ae lt rciobnutteanriiad.o S di ebli eanrt .s 8e  LreGcTo ndoec feo rqmuae  eexsptar edsisap, ossei caifóirnm iam qpuueg ntaoddao 
su contenido se encuentra implícitamente ínsito en el art. 8 LGT (como reconoce el
recurrente), por lo que ni afecta ni perturba el precepto básico, sino que lo condensa. De 
igual  forma,  a  juicio  de  la  representación  de  la  Generalitat,  parece  preventivo  o 
prematuro  impugnar  la  remisión  al  reglamento  cuando  este  precepto  delimita  los 
aspectos cuya regulación debe hacerse por ley.
c)  Sobre  la  regulación  de  plazos  y  su  cómputo  contenida  en  el  art.  111-6,  la 
abogada de la Generalitat defiende su constitucionalidad, argumentando que el citado 
artículo se limita a hacer una remisión a las normas de procedimiento tributario que dicte 
el Estado o la comunidad autónoma, en función de la competencia, añadiendo que serán 
de  aplicación  supletoria  las  normas  de  carácter  básico  estatal  sobre  procedimiento 
administrativo.
d)  Asimismo, a juicio de la representación de la Generalitat, la regulación sobre el 
ámbito  temporal  de  las  normas  tributarias  establecido  en  el  art.  111-7  del  Código 
tributario de Cataluña es conforme a la Constitución porque reproduce las previsiones 
del art. 10 LGT con el objetivo de facilitar la comprensión e inteligibilidad del Código 
tributario.
e)  De igual forma, entiende la abogada de la Generalitat que el apartado primero 
del  art.  111-8  del  Código  (sobre  interpretación  de  las  normas  tributarias)  no  es 
inconstitucional por el mero hecho de no seguir la misma fórmula del art. 12 LGT 
(remisión al art. 3.1 CC) y reproducir literalmente los criterios interpretativos del art. 3.1 
CC. Reconoce, como alega el recurrente, que la Ley general tributaria y el Código 
tributario no serían iguales si el art. 3.1 CC variara, pero aduce que tal modificación 
parece muy difícil. Por su parte, el apartado quinto del art. 111-8 recoge una previsión 
sobre el alcance de los efectos de los criterios interpretativos no prevista en la Ley 
general tributaria que, según el recurrente, solo puede predicarse de los tributos propios, 
a lo que la abogada de la Generalitat opone que este apartado quinto se ajusta al 
art. 10.2 LGT, que prevé la irretroactividad de las normas tributarias salvo disposición en 
contrario. Por último, para la representación de la Generalitat, el hecho de que el 
apartado  tercero  señale  que  «la  doctrina  de  los  órganos  económico-administrativos 
competentes» es vinculante para la administración tributaria catalana sin hacer distinción 
entre los tributos propios y los tributos cedidos significa que la función unificadora de 
criterio que la administración tributaria catalana debe aplicar corresponde a los órganos 
económico-administrativos estatales en caso de tributos cedidos y a la Junta de Tributos 
de Cataluña en caso de tributos propios, de acuerdo con los arts. 221-1.4 y 223-1.5 del 
Código tributario de Cataluña.
D)  Posteriormente,  se  sintetizan  las  quejas  específicas  de  cada  precepto 
impugnado del título II del libro primero sobre «principios generales de la administración 
tributaria de Cataluña» y se exponen los siguientes argumentos adicionales en pro de su 
constitucionalidad:
a)  El art. 122-1 del Código tributario de Cataluña no invade, según la abogada de la 
Generalitat, ninguna competencia estatal puesto que enuncia los «principios generales 
de actuación de la administración tributaria de la Generalitat» que se hallan implícitos en 
el art. 3 LGT, que son inmanentes al art. 31 CE y que derivan del art. 203.6 EAC.
b)  El  art.  122-2  enumera  un  catálogo  de  deberes  y  obligaciones  de  la 
administración tributaria de la Generalitat, no expresamente reconocido en la Ley general 
tributaria,  pero  que  constituye  en  muchas  ocasiones  el  correlato  del  catálogo  de 
derechos de los obligados tributarios previsto en el art. 34 LGT, con lo que no perturba ni 
invade competencias estatales. Sostiene la abogada de la Generalitat que el único  e
ejemplo concreto de inconstitucionalidad que se alega en la demanda es respecto del  bo
deber de contestar a las consultas planteadas [art.122-2 l)], por no distinguir entre  49ww
tlari bduictocsió pnr odpeilo asp ya rctaeddoid ol)s n. oN ore obbasstaa netle á, mlab riteop creosmepnetatecniócnia dl ed ela l aG Geneenrearlaitalitta at.s Iengvuorcaa qnudeo 
lpar edcoecpttroin aso dbere l as uS áTmC b1it7o6 d/1e9 a9p9l,i cdaec ió3n0,  dsee  sperepstiuemmeb rqeu, eF Jn o4 ,r ecboamsao  enla ádma bsieto  dpicroep eion  deel 
la  competencia  de  la  Generalitat;  competencia  que  no  tiene  sobre  contestación  a 
consultas de tributos cedidos [art. 55.2 a) de la Ley 22/2009].
c)  Afirma el escrito de alegaciones que el art. 122-3.1 c) (sobre la potestad de la 
administración tributaria de la Generalitat de realizar las actuaciones de colaboración en 
virtud de las normas sobre asistencia mutua que sean de aplicación) es acorde a la 
Constitución porque tales actuaciones no son de asistencia en el ámbito internacional 
(no previsto en la LOFCA ni en la Ley 22/2009) sino, como expresa el propio apartado 
primero del art. 122-3 del Código tributario de Cataluña, de asistencia «en el ámbito de 
los tributos que gestiona, de acuerdo con la normativa aplicable y con sujeción a los 
procedimientos tributarios establecidos». Por tanto, la administración tributaria de la 
Generalitat solo podrá realizar las actuaciones de colaboración que la normativa estatal o 
autonómica le permita.
d)  A  favor  de  la  constitucionalidad  del  art.  122-4,  regulador  de  la  facultad  de 
calificación  de  la  administración  tributaria  de  Cataluña,  la  representación  de  la 
Generalitat sostiene, por un lado, que ese precepto tiene un contenido análogo al art. 13 
LGT y utiliza una expresión equivalente a la de su último inciso («con independencia de 
la forma o la denominación utilizadas por las partes para calificarlo»), por lo que no 
perturba la competencia estatal. Y, por otro lado, en su segundo inciso, el precepto 
enumera unos criterios que la Administración debe respetar en el ejercicio de esta 
facultad de calificación que, si bien no se recogen de forma explícita en la Ley general 
tributaria, son principios materialmente conformes con la Constitución y con el art. 203.6 
EAC.
e)  Aduce la abogada de la Generalitat que ni siquiera es necesaria la interpretación 
conforme que exige el recurrente del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña, que 
atribuye facultades interpretativas al titular del departamento competente en materia de 
hacienda pública, a la Dirección General de Tributos y al Consejo Fiscal de Cataluña, 
consistente en que se limite tal facultad al ámbito de los tributos propios so pena de 
vulneración del art. 149.1.14 CE. Así, aplicando la doctrina de la STC 176/1999, de 30 de 
septiembre, FJ 4, si nada se dice en el precepto, este no rebasa el ámbito propio de 
competencia de la Generalitat. Adicionalmente, concluye que el precepto impugnado es 
plenamente coherente con los arts. 12.3 y 88.5 LGT, puesto que ninguno de los dos 
determina  los  órganos  competentes  para  interpretar  las  leyes  y  reglamentos 
autonómicos en materia tributaria en el ámbito de competencia de la Generalitat.
f)  El art. 122-6, relativo a la potestad de obtención de datos con trascendencia 
tributaria por la administración tributaria catalana, solo es cuestionado, según la abogada 
de la Generalitat, en la medida que afecte a tributos del Estado, a lo que objeta que este 
artículo es plenamente acorde, primero, con el art. 93 LGT y, segundo, con la doctrina de 
la STC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4.
g)  A juicio de la representación de la Generalitat, tampoco invade competencias 
estatales el art. 122-7 del Código tributario de Cataluña, sobre el carácter reglado de los 
actos de la administración tributaria catalana y su impugnabilidad, al ser una copia 
prácticamente idéntica del art. 6 LGT que se recoge en el Código tributario con el 
objetivo de facilitar la comprensión e inteligibilidad del mismo.
h)  Sobre el «entendimiento» entre la Generalitat y los contribuyentes previsto en el 
apartado sexto del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, la representación 
autonómica alega que, si bien no se prevé en la Ley general tributaria, se adecua 
plenamente  a  la  norma  básica  de  procedimiento  administrativo  sobre  terminación 
convencional  contenida  en  el  art.  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  s
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. oe.
E)  Las impugnaciones relativas a la Junta de Tributos (título II del libro segundo)  49ww
egsirea n eónrg atonron o eac loan nóom diciost-iandcmióinn iestnrtarteiv loo s atruibtountoósm ciceod:i do(sa )a  lae l hocroan doec imeniecnotmo enddea rlela as 
rdeec llaam Gaecinoenreasli teact o(naórtm. 2ic2o1-a-1d.m1)i;n i(sbt)r aetilv acso ncoocnimtraie lnotso  adceto lso sd er elacu arsdomsi neisxttrraacoiródnin tarirbiousta driea 
revisión contra actos administrativos firmes y resoluciones firmes de la Junta [art. 221-2.1
d)];  y  (c)  el  conocimiento  del  recurso  extraordinario  para  la  unificación  de  criterio 
[art. 221-2.1 f) siempre del Código tributario de Cataluña].
La abogada de la Generalitat sostiene que la interpretación conjunta de los arts. 20 
LOFCA, 59 y 54.1 de la Ley 22/2009 y 2 de la Ley 16/2010, así como la interpretación 
que hizo la STC 31/2010 del art. 205, párrafo primero, EAC, comporta que la potestad 
revisora sobre los tributos cedidos por la Junta de Tributos de Cataluña quede sujeta a lo 
que disponga la legislación estatal sin necesidad de que se haga distinción expresa en el 
art. 221-1.1 del Código tributario de Cataluña entre tributos propios y cedidos, tal y como 
afirma la doctrina de la STC 176/2009, de 30 de septiembre, FJ 4. De igual forma, alega 
la representación de la Generalitat, debe interpretarse la competencia de la Junta de 
Tributos para conocer los recursos extraordinarios «de revisión» y «para la unificación de 
criterio» [art. 221-2.1 d) y f) del Código impugnado] y el carácter vinculante de la doctrina 
reiterada  de  la  Junta  de  Tributos  para  la  administración  tributaria  de  Cataluña 
(art. 221-1.4 ). Todo ello sin perjuicio de la vinculación de esta junta a los criterios que 
establezca  el  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  y  la  Sala  Especial  para  la 
Unificación de Doctrina ex art. 228.4 LGT.
Sobre el «nuevo» recurso extraordinario para la unificación de criterio creado por el 
art. 223-1 del Código tributario de Cataluña, la abogada de la Generalitat alega que no 
vulnera las bases del procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE). Se trata, 
primero, de un recurso preexistente en idénticos términos en el ordenamiento jurídico 
catalán desde la entrada en vigor del Decreto autonómico 158/2007; y, segundo, es una 
adaptación del «recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio» del 
art. 242 LGT (y no del art. 243 LGT como mantiene el recurrente), en cumplimiento del 
reconocimiento  por  el  art.  59  de  la  Ley  22/2009  de  la  competencia  del  órgano 
económico-administrativo  autonómico  para  conocer  en  única  instancia.  Además,  es 
coherente con el art. 228.4 LGT, puesto que corresponde a cada comunidad autónoma 
determinar la estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el 
ámbito de las reclamaciones económico-administrativas. Asimismo, y con base en el 
art. 228.4 LGT, esta parte entiende que el procedimiento para la unificación de criterio de 
la Junta que prevé el art. 223-2 del Código tributario de Cataluña no merece reproche 
constitucional, puesto que encaja en las competencias asumidas por la Generalitat en el 
art. 205 EAC y adapta el procedimiento previsto en el art. 229.1 d) LGT a la organización 
de la Junta de Tributos. Así, se trata de un procedimiento de unificación de criterio de los 
órganos económico-administrativos de la Generalitat, análogo al estatal y adaptado a la 
organización de la Junta de Tributos de Cataluña, cumple con lo previsto en el art. 228.4 
LGT, encaja en las competencias asumidas por la Generalitat en el art. 205 EAC y 
conduce  a  adoptar  unas  resoluciones  económico-administrativas  más  uniformes  y 
respetuosas con el principio de igualdad del art. 14 CE.
Por otra parte, se concluye que los arts. 222-4 y 222-5 (sobre el dictamen pericial y el 
uso  de  medios  electrónicos,  respectivamente)  no  vulneran  el  art.  149.1.18  CE 
(procedimiento administrativo común) porque reproducen normas básicas estatales de 
procedimiento  (arts.  77  y  16.5  de  la  Ley  39/2015,  respectivamente)  para  dar 
inteligibilidad y coherencia al Código tributario de Cataluña.
Respecto a los motivos de impugnación del apartado primero de la disposición 
adicional tercera del libro segundo del Código tributario, la abogada de la Generalitat, en 
primer lugar, rechaza que esa disposición vulnere el derecho a la intimidad del art. 18 
CE, desarrollado con carácter básico por el art. 95 LGT. Tras recordar la doctrina 
constitucional  sobre  la  cesión  de  datos  tributarios  de  una  administración  a  otra  s
(STC 233/2005, de 26 de septiembre), la representación de la Generalitat estima que,  oe.
aunque se considerara que esta cesión de datos tributarios a la Agencia Tributaria de  w.
Cataluña es una intromisión en la intimidad de los ciudadanos, se cumplen los dos  49ww
rpeoqruqiuseit opse resxigiguied ousn  pfoinr  clao ndsotictutrcinioan caol n(ssetirtvuicr ioan uanl:a e gsetás tipórne vtrisibtau taernia u enfaic alezy  eyx  easr tsle. g1í0tim3.a1 
eCxEp,o 2n0e3n.c6ia ElmAeCn tye  3s.i2  laL GATg).e nAcsiía,  eTlr inbiuvteal ridae  dceu mCpalitmaliueñnato  pduee dees todsir ipgririnseci paio sla as ucmueantrtoa   BOE-A-cable e
diputaciones provinciales y a los pocos consejos comarcales que ejercen funciones 
tributarias por delegación de los ayuntamientos, en vez de a los más de novecientos 
ayuntamientos catalanes, para obtener la información que precisa. En segundo lugar, la 
representación de la Generalitat niega que este precepto viole el art. 95 LGT porque este 
último no contemple la cesión de forma expresa; puesto que la disposición adicional 
impugnada cae dentro de la excepción del art. 95.1 b) LGT en la que expresamente se 
admite  la  cesión  de  datos  cuando  tenga  por  objeto  «la  colaboración  con  otras 
administraciones a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencia», desarrollándolo y cumpliendo sus dos requisitos: que los datos objeto de 
cesión se hayan obtenido en el desempeño de sus funciones tributarias y se destinen al 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  en  el  ámbito  de  sus  competencias. 
Finalmente,  a  juicio  de  la  abogada  de  la  Generalitat,  tampoco  se  invaden  las 
competencias de los ayuntamientos, puesto que las corporaciones locales no son los 
titulares de los datos con trascendencia tributaria (lo son los obligados tributarios) sino 
meros  gestores  o  responsables  de  su  tratamiento.  Por  ello,  concluye  que  resulta 
inapropiado otorgarles un poder de decisión sobre su cesión sin analizar el alcance de 
los arts. 94 y 95 LGT. Así, si la administración tributaria que actúa por delegación de los 
ayuntamientos  cede  datos  con  trascendencia  tributaria  a  la  Agencia  Tributaria  de 
Cataluña «no será porque lo decida a su libre antojo, sino porque la ley le obliga a 
hacerlo, cuando sea requerida para ello y se cumplan las condiciones para dicha cesión 
que fije la ley».
F)  Para rebatir la impugnación del posible acceso por el turno de promoción interna 
a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos tributarios de la Generalitat de 
funcionarios de cuerpos y escalas de otras administraciones de los subgrupos A1 y A2 
que tengan asignadas funciones tributarias [arts. 217-3.3 d) y e), y 217-5.3 c) del Código 
tributario de Cataluña], la abogada de la Generalitat afirma la plena competencia de la 
comunidad autónoma ex art. 136 b) EAC para regular la promoción interna en el acceso 
a cuerpos de funcionarios autonómicos como desarrollo normativo del art. 18 TRLEEP. A 
su juicio, el art. 59 del Decreto Legislativo 1/1997 no contempla la promoción interna 
para los funcionarios que presten servicios en otras administraciones, pero el art. 17 de 
dicho  decreto  legislativo  (relativo  a  la  habilitación  del  legislador  de  la  comunidad 
autónoma para la creación de cuerpos de funcionarios autonómicos) permite establecer 
especialidades  respecto  de  la  normativa  reguladora  de  la  función  pública  de  la 
administración de la Generalitat siempre que lo requieran las funciones del cuerpo 
[art. 17 e)]. Asimismo, el art. 2 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, «de modificación de la 
Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos 
tributarios  de  adscripción  exclusiva  a  la  Agencia»,  introdujo  un  art.  12  bis  en  la 
Ley 7/2007 (actual art. 213-2 del Código tributario de Cataluña) que permite establecer 
especialidades en la regulación del personal de la Agencia Tributaria respecto de la 
normativa reguladora de la función pública de la administración de la Generalitat. Una de 
esas especialidades se incluyó en el art. 3 de la Ley 9/2015 introduciendo, como art. 26.3 
d)  de  la  Ley  7/2007,  el  posible  acceso  mediante  promoción  interna  al  cuerpo  de 
inspectores tributarios de la Generalitat a funcionarios de otras administraciones del 
subgrupo  A2  con  funciones  tributarias  coincidentes  con  las  del  cuerpo  técnico  de 
gestores tributarios de la Generalitat; precepto este que el Código tributario no solo 
reproduce [art. 217-3.3 e)] y extiende para el acceso al cuerpo superior de técnicos 
tributarios de la Generalitat [art. 217-5.3 c)] sino que lo amplía a los funcionarios de otras 
administraciones del subgrupo A1 con funciones tributarias para el cuerpo superior de  e.
inspectores tributarios de la Generalitat [arts. 217-3.3 d)]. w.b
Tras la exposición de las razones que han llevado al legislador autonómico a  49ww
e(nsetacbelseidceard  eusrgtoesn tsei sdteem paesrs odnea al cccueasliofi caa dloa  afunntec ióenl  inpcúrbelmicean dtoe sddee f ulan cLioenye s9 /d2e0 1la5 
Aqugee nlocisa  pTrericbeuptatorisa  idmep uCgantaadluoñsa )n,o l ac oanbsotigtuaydean d neo lvae dGaedn ejurraídlitiacat .a Sseevgeurnad, op, rqimueer ola, 
representación procesal del recurrente no argumenta la vulneración del art. 23.2
CE que les imputa. Tercero, que su precedente normativo no fue impugnado ante 
este tribunal como sí lo fue, dando lugar a la STC 238/2015, el art. 4 de la referida 
Ley 9/2015 sobre integración voluntaria en los cuerpos de inspectores y gestores 
tributarios de la Generalitat. Y, finalmente, se alega que los argumentos de la 
referida STC 238/2015 no son extrapolables ya que los artículos aquí impugnados 
no  regulan  un  procedimiento  restringido  de  selección  de  funcionarios,  sino 
procesos  selectivos  abiertos  y  que  garantizan  la  libre  concurrencia,  si  bien 
estableciendo distintas condiciones en función de las capacidades y títulos que 
acrediten  las  personas.  A  los  funcionarios  que  provengan  de  otras 
administraciones se les permite participar en un proceso de promoción interna al 
considerar que ya tienen acreditado el mérito y la capacidad con la superación del 
correspondiente proceso de selección ante la otra administración que los acreditó 
como una «suerte de convalidación de título». Se cumplen así, según la abogada 
de  la  Generalitat,  los  principios  de  mérito  y  capacidad  (ya  demostrada)  y  la 
igualdad en el acceso, dado que la igualdad comporta tratar de forma distinta a 
los  que  están  en  diferente  situación.  La  única  peculiaridad  es  que  una  vez 
superadas  las  pruebas,  a  pesar  de  ser  funcionarios  públicos  de  otras 
administraciones, accederán por primera vez a ser también funcionarios de la 
Generalitat.  Otra  cosa,  afirma  la  abogada  de  la  Generalitat,  supondría  un 
menoscabo de la potestad del legislador catalán para regular cuestiones como la 
promoción interna que por razón de la especialidad de las funciones del cuerpo 
necesitan un tratamiento específico, de acuerdo con lo previsto en los arts. 17 e) 
del Decreto Legislativo 1/1997 y 213-1.2 del Código tributario de Cataluña.
G)  Terminan las alegaciones solicitando, por otrosí digo, el levantamiento inmediato 
de la suspensión de los arts. 122-10.6, 217-3.3 d) y e), 217-5.3 c), 223-1 y 223-2 del 
Código tributario de Cataluña, a fin de que recuperen su plena eficacia y aplicación.
7.  El letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente 
ostenta, presentó su escrito de alegaciones ante este tribunal el 19 de octubre de 2017, 
haciendo  suyas  las  alegaciones  de  la  abogada  de  la  Generalitat  resumidas 
anteriormente, así como la solicitud del levantamiento inmediato de la suspensión de los 
arts. 122-10.6, 217-3.3 d) y e), 217-5.3 c), 223-1 y 223-2 del Código tributario de 
Cataluña.
8.  Mediante providencia de 23 de octubre de 2017, el Pleno del Tribunal acordó 
incorporar a los autos los escritos de alegaciones de la abogada de la Generalitat y del 
letrado del Parlamento de Cataluña y dar traslado al abogado del Estado por cinco días 
para alegaciones sobre la solicitud del levantamiento de la suspensión de los preceptos 
impugnados arriba referidos.
9.  Evacuado  por  el  abogado  del  Estado  el  trámite  conferido,  mediante  el 
ATC 11/2018, de 7 de febrero, el Pleno del Tribunal acordó mantener la suspensión de 
los arts. 217-3.3 d) y e) y 217-5.3 c) del Código tributario de Cataluña y levantar la 
suspensión de los arts. 122-10.6, 223-1 y 223-2 del citado Código.
10.  Mediante escrito de 10 de diciembre de 2019, la representación letrada del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña planteó la recusación del magistrado de este 
tribunal don Andrés Ollero Tassara respecto a este y a otros procesos constitucionales 
pendientes de resolución. Formada pieza separada de recusación fue resuelta por el  e.e
ATC 17/2020, de 11 de febrero, que desestimó la recusación formulada en todos los  b
procesos. 49ww
mes1 y1 .a ñPo opra praro dveidliebnecraiac idóen  1y6 v odtea cjuiónnio d dee l a2 0p2re0s, esnet es eseñnatlóe necli ad.ía 18 de junio del mismo  OE-A-2020-81able en https://
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de inconstitucionalidad.
El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido formulado por el presidente del 
Gobierno contra el art. 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, 
del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y 
tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat (en adelante, Código 
tributario, o Ley 17/2017), en cuanto aprueba los artículos 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 
111-5, 111-6.1, 111-7, 111-8.1, 3 y 5, 122-1, 122-2, 122-3.1 c), 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 
y 122-10.6, todos ellos del libro primero, así como los artículos 217-3.3 d) y e), 217-5.3 
c), 221-1.1 y 4, 221-2.l d) y f), 222-4, 222-5, 223-1, 223-2 y la disposición adicional 
tercera apartado primero, todos estos a su vez del libro segundo.
El abogado del Estado alega una vulneración de los arts. 14, 23.2, 31.1, 133.1 y 2, 
156.1 y 157.3 CE, así como una invasión de las competencias estatales establecidas en 
las siguientes disposiciones constitucionales: el art. 149.1.1 CE sobre la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales; el art. 149.1.3 CE en 
materia de relaciones internacionales; el art. 149.1.8 CE sobre las reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas; el art. 149.1.14 CE en materia de hacienda 
general; y el art. 149.1.18 CE sobre procedimiento administrativo común, bases del 
régimen jurídico de las administraciones públicas y bases de régimen estatutario de los 
funcionarios públicos.
Por su parte, tanto la abogada de la Generalitat como el letrado del Parlamento de 
Cataluña,  en  los  términos  que  se  sintetizan  en  los  antecedentes,  solicitan  la 
desestimación del recurso por no concurrir ninguna de las tachas de inconstitucionalidad 
invocadas en el mismo, al haber actuado la Generalitat dentro de sus competencias en 
materia tributaria establecidas en los arts. 133.2, 156.1 y 157 CE, y en los arts. 201 
a 205 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de  Cataluña  (en  adelante,  EAC).  Asimismo,  se  afirma  la  plena  competencia  de  la 
comunidad autónoma para regular ex art. 136 b) EAC la promoción interna en el acceso 
a cuerpos de funcionarios autonómicos con pleno respeto a los arts. 18 y 61.1 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del estatuto básico del empleado público.
2.  Consideraciones previas.
Antes de abordar el examen de constitucionalidad de los preceptos autonómicos 
impugnados es preciso realizar las siguientes consideraciones previas:
A)  Presunción  de  constitucionalidad  de  las  leyes.  Debe  tenerse  presente  que, 
tratándose del control del legislador democrático, la presunción de constitucionalidad de 
las normas con rango de ley ocupa un lugar destacado en el enjuiciamiento de las 
cuestiones planteadas. De esta presunción cabe extraer dos consecuencias:
a)  De un lado, es doctrina constitucional reiterada que la obligación del recurrente 
de levantar la carga alegatoria en todos los procesos ante este tribunal supone no solo 
una exigencia de colaboración con la justicia, sino además una condición inexcusable 
inherente a la propia presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley, 
que no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación. De ahí que en un proceso  es
constitucional no pueda darse respuesta a impugnaciones globales carentes de una  o
razón suficientemente desarrollada [SSTC 100/2013, de 23 de abril, FJ 2 c); 101/2013,  49ww
F8d5eJ / 222E 03en1 ) d6, ee,e s dnateterb e 2r is8lo,e  tdrFnaeJtsi  da 1mob1,ru ;i lcd,4 heF4ab/J2se 2]0 .;1 s15e4,ñ 0da/e2la 0r51s e6d ,e dq meu ea2 r1ze odn,e   FejuJsl tioa4, ;  Fd3Je1 m/22,a0 yn1 d62a,7  /d2ne0o 11 78c, o ddneec  u1fer6rb edr eelr aofe , bcFraeJr rgo2a,;    OE-A-2020-81able en https://
argumental  mínima  para  permitir  a  este  tribunal  enjuiciar  todas  las  objeciones  de
constitucionalidad planteadas contra los preceptos autonómicos impugnados. Es el caso 
de la alegada vulneración del art. 14 CE, que aparece únicamente expuesta en el suplico 
del escrito de interposición, sin más fundamentación en el cuerpo del recurso, y referida 
a la totalidad de las disposiciones impugnadas.
Asimismo, este tribunal aprecia la falta de argumentación que sostiene la abogada de 
la Generalitat sobre la vulneración del art. 23.2 CE invocada contra los arts. 217-3.3 
y 217-5.3 del Código tributario, reguladores del sistema de promoción interna a dos 
cuerpos de funcionarios de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña 
(inspectores y técnicos tributarios). En la demanda, el abogado del Estado no explica en 
qué consisten las eventuales desigualdades contrarias al art. 23.2 CE que comporta el 
sistema de promoción interna diseñado por las normas aquí recurridas. De hecho, el 
escrito de interposición se limita simplemente a reproducir los razonamientos de la 
STC  238/2015,  de  19  de  noviembre,  que  declaró  inconstitucional  el  art.  4  de  la 
Ley  9/2015,  del  Parlamento  de  Cataluña,  de  12  de  junio,  de  modificación  de  la 
Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos 
tributarios  de  adscripción  exclusiva  a  la  Agencia,  que  establecía  un  sistema  de 
integración voluntaria de funcionarios públicos de otras administraciones en los cuerpos 
de  gestores  e  inspectores  tributarios  de  la  Generalitat.  Sin  embargo,  el  citado 
pronunciamiento resolvió exclusivamente la queja competencial que también se imputa a 
los artículos aquí impugnados (vulneración del art. 149.1.18 CE en relación con el 
art. 61.1 TRLEEP), dejando imprejuzgado el motivo sustantivo de impugnación (violación 
del art. 23.2 CE).
Por tanto, como este tribunal no puede reconstruir de oficio la demanda ni suplir las 
razones de los recurrentes cuando estas no se aportan en su recurso (entre otras 
muchas, SSTC 208/2014, de 15 de diciembre, FJ 4, y 55/2016, de 17 de marzo, FJ 2), 
las violaciones invocadas de los arts. 14 y 23.2 CE no serán objeto de enjuiciamiento en 
este proceso.
b)  De otro lado, desde la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 1, este tribunal viene 
afirmando que «siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la 
Constitución y la otra no conforme con ella, debe admitirse la primera con arreglo a un 
criterio hermenéutico reiteradas veces aplicado por este Tribunal» [SSTC 176/1999, 
de 30 de septiembre, FJ 3; 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7; 118/2016, de 23 de junio, 
FJ 3 d); 26/2017, de 16 de febrero, FJ 6, y 62/2017, de 25 de mayo, FJ 7], siempre que 
tales interpretaciones posibles sean «igualmente razonables» [SSTC 168/2016, de 6 de 
octubre, FJ 4 b); 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 8, 
por todas]. Este criterio, que constituye doctrina consolidada, implica que es necesario 
apurar  todas  las  posibilidades  de  interpretar  los  preceptos  de  conformidad  con  la 
Constitución y declarar tan solo la inconstitucionalidad de aquellos cuya incompatibilidad 
con  ella  resulte  indudable  por  ser  imposible  llevar  a  cabo  dicha  interpretación 
[SSTC 14/2015, de 5 de febrero, FJ 5; 17/2016, de 4 de febrero, FJ 4; 118/2016, de 23 
de junio, FJ 3 d); 26/2017, de 16 de febrero, FJ 6; 62/2017, de 25 de mayo, FJ 4, 
y 116/2017, de 19 de octubre, FJ 3]. No obstante, «la salvaguarda del principio de 
conservación de la norma encuentra su límite en las interpretaciones respetuosas tanto 
de  la  literalidad  como  del  contenido  de  la  norma  cuestionada,  de  manera  que  la 
interpretación  de  conformidad  con  los  mandatos  constitucionales  sea  efectivamente 
deducible, de modo natural y no forzado, de la disposición impugnada (STC 185/2014, 
de 6 de noviembre, FJ 7), sin que corresponda a este Tribunal la reconstrucción de la 
norma  en  contra  de  su  sentido  evidente  con  la  finalidad  de  encontrar  un  sentido  s
constitucional, asumiendo una función de legislador positivo que en ningún caso le  oe.
corresponde» [SSTC 14/2015, FJ 5; 118/2016, FJ 3 d); 20/2017, FJ 9; 26/2017, FJ 6;  w.
37/2017, FJ 4 e); 62/2017, FJ 7, y 116/2017, FJ 3]. Y, en todo caso, la búsqueda de las  49ww
cpaossoib aili dcaadseos y d ceo nin etel rdperebtiadcoi óranz coonnafmorimenet od.e los preceptos impugnados deberá realizarse
B)  Impugnación de preceptos ya vigentes en esta u otra comunidad autónoma, y no
recurridos por el Estado hasta el momento. Conviene, asimismo, realizar una precisión a
la vista de las alegaciones realizadas por los representantes del Parlamento y del 
Gobierno de Cataluña sobre la similitud o identidad de parte de los preceptos recurridos 
con la regulación ya vigente en la Comunidad Autónoma de Cataluña antes de la 
modificación realizada por la Ley 17/2017 ahora impugnada, o bien con normas vigentes 
en otras comunidades autónomas, y que no han sido recurridas ante este tribunal.
Estos argumentos se esgrimen en concreto: (i) en relación con la Ley 9/2006, de 11 
de diciembre, tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (no impugnada ante 
este tribunal), que, según la representación de la Generalitat, va más allá de lo dispuesto 
en los preceptos impugnados del libro primero del Código tributario sobre «principios 
generales del sistema tributario catalán y de la administración tributaria de Cataluña», al 
regular  con  especialidades  los  principios  generales  sobre  aplicación  de  los  tributos 
contenidos en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria; (ii) respecto del 
Decreto 158/2007, de 24 de julio, de regulación de la Junta de Finanzas de la Generalitat 
de  Cataluña,  que  creó  el  «recurso  extraordinario  de  unificación  de  criterio»  de 
competencia del órgano económico-administrativo autonómico, ahora reproducido en el 
art. 223-1 del Código tributario de Cataluña aquí impugnado; y (iii) respecto al art. 3 de la 
Ley  9/2015,  del  Parlamento  de  Cataluña,  de  12  de  junio,  de  modificación  de  la 
Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos 
tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, sobre el posible acceso por promoción 
interna al cuerpo de inspectores tributarios de la Generalitat de funcionarios de otras 
administraciones del subgrupo A2 con ciertas funciones tributarias, ahora reproducido en 
el art. 217-3.3 e) del Código tributario de Cataluña; medida que se ha extendido al 
cuerpo superior de técnicos tributarios de la Generalitat [art. 217-5.3 c) del Código 
tributario de Cataluña] y que se ha ampliado a los funcionarios de otros cuerpos o 
escalas de otras administraciones del subgrupo A1 con funciones tributarias para el 
cuerpo superior de inspectores tributarios de la Agencia Tributaria de Cataluña [arts. 
217-3.3 d) del Código tributario de Cataluña], impugnados todos en este recurso.
Tal y como hemos recordado de forma reiterada, cualquier consideración sobre la 
falta de impugnación de disposiciones o actuaciones previas de contenido idéntico o 
similar al del objeto del proceso resulta completamente irrelevante en el ejercicio de 
nuestra jurisdicción. Desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, este tribunal ha dejado 
sentado que «[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de pleno derecho de 
las normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, dentro del marco 
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, consecuencia de la 
prevalencia del aludido bloque constitucional, son razones que desautorizan cualquier 
alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado en tiempo el 
conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en el art. 62 o en el 
art. 33 LOTC» [en el mismo sentido, SSTC 111/2014, de 26 de junio, FJ 4; 36/2017, de 1 
de marzo, FJ 4; 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 2, y 17/2018, de 22 de febrero, FJ 2 
c)].
C)  Enjuiciamiento jurídico y no político. Finalmente, debemos reiterar que «nuestro 
enjuiciamiento es exclusivamente de constitucionalidad y no político, de modo que las 
intenciones del legislador, su estrategia o su propósito último no constituyen objeto de 
control, debiendo limitarnos a contrastar con carácter abstracto y, por lo tanto, al margen 
de su posible aplicación práctica, los concretos preceptos impugnados y las normas y 
principios  constitucionales  que  integran  en  cada  caso  el  parámetro  de 
constitucionalidad» [SSTC 49/2008, de 9 de abril, FJ 4; 118/2016, FJ 1 d), y 90/2017, 
de 5 de julio, FJ 10 c)]. De igual modo, y como ya se ha reiterado en la STC 128/2016,  e.
de 7 de julio, FJ 6 A), al examinar la disposición adicional vigésimo segunda («Plan  w.b
director de la Administración Tributaria de Cataluña») de la Ley del Parlamento de  49ww
lCaa StaTluCñ a5 23//22001175,,  ddee  1110  ddee  mmaarzyoo,,  dFeF JmJe 5d idya 8s  fAis)c, aelens l,a f inqaunec sieer aesn yju aicdióm ienli s«tpralatinv apsa, rya  eenl 
deestsrpulcietugruaes  ddee l a Ehsatcaideon»d,a  persotep iat»ri binucnlauli don oe na etel n«dpelarán  ecjeocmuoti voc rpitearriao  lai nptererppraertaactiióvon  dael 
«contexto» normativo y político en el que se dicta la Ley cuya validez se impugna. La ley
debe ser juzgada «por su enunciado, no a partir de los propósitos adelantados por 
quienes  no  están  jurídicamente  autorizados  para  hablar  por  la  cámara  ni  son,  en 
Derecho, autores de la norma» [STC 128/2016, FJ 6 A)]. Pretender analizar o inferir los 
verdaderos motivos que han estado en la aprobación de estos preceptos es llevar el 
debate al campo de las «intencionalidades políticas» (SSTC 77/2017, de 21 de junio, 
FJ 4; 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 y 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4), que 
deben quedar extramuros del enjuiciamiento constitucional (STC 19/2019, de 12 de 
febrero, FJ 3).
Asimismo, cabe añadir que en los tres libros del Código tributario de Cataluña 
aprobados por el art. 5 de la Ley 17/2017, ahora en liza, no se proclama la «soberanía 
fiscal»  de  Cataluña.  Huelga  decir,  por  tanto,  que  cualquier  argumentación  en  este 
sentido, por cautelar o preventiva, escapa del ámbito del presente recurso.
3.  Finalidad y contenido del Código y estructura de la sentencia.
Es necesario, a continuación, hacer referencia a la finalidad y contenido del Código 
tributario en el que se insertan los preceptos impugnados para estructurar el orden de 
enjuiciamiento de las diversas impugnaciones.
a)  Finalidad  del  Código.  Según  el  preámbulo  de  la  Ley  17/2017,  esta  ley 
autonómica, que consta de cinco artículos, prevé la elaboración de un código tributario 
de Cataluña, como ya se hizo con el Código civil catalán, para agrupar en libros, con los 
correspondientes títulos y capítulos, «las normas con rango legal que forman nuestro 
Derecho tributario»; código que se plantea «con carácter abierto, flexible y con vocación 
omnicomprensiva», «en permanente actualización», y que comprende «las disposiciones 
generales  del  sistema  tributario,  la  administración  tributaria  de  la  Generalitat  y  los 
impuestos, tasas y otros tributos aplicados por la Generalitat». Todo ello, se afirma, en 
aras de la seguridad jurídica, la simplicidad, la transparencia y la coherencia normativa.
Así, el art. 5 de la citada Ley aprueba únicamente los tres primeros libros de este 
código tributario. El libro primero contiene las normas generales aplicables al sistema 
tributario catalán y a la actuación de los organismos que forman la administración 
tributaria de la Generalitat. En los libros segundo y tercero del Código tributario se 
recogen las normas sobre organización y funcionamiento de la administración tributaria 
de Cataluña, de la que forman parte, entre otros, dos organismos de nueva creación (el 
Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de 
Cataluña) y dos ya existentes (la Agencia Tributaria de Cataluña y la Junta de Tributos 
de Cataluña, previamente denominada Junta de Finanzas). La anterior regulación de 
estas dos últimas instituciones (la Ley 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de 
Cataluña, y el Decreto 158/2007, de 24 de julio, de regulación de la Junta de Finanzas 
de la Generalitat de Cataluña) queda derogada en virtud de los apartados primero y 
segundo de la disposición derogatoria de esta Ley 17/2017.
b)  Contenido del Código.  En cuanto al contenido concreto de cada uno de los 
libros aprobados, el libro primero («Disposiciones generales del sistema tributario de 
Cataluña»),  sobre  el  que  versa  la  mayor  parte  de  las  impugnaciones  del  presente 
recurso de inconstitucionalidad, consta de dos títulos. El título I, rubricado «Disposiciones 
preliminares y generales del sistema tributario de Cataluña», delimita el ámbito objetivo y 
subjetivo de aplicación del código, establece los principios fundamentales del sistema 
impositivo catalán (tanto los materiales como el de reserva de ley), confirma la capacidad 
de la Generalitat para exigir tributos, regula el régimen de plazos y su cómputo, y recoge  s
diversos aspectos relativos a la eficacia y aplicación de las normas tributarias, tales como  oe.
el ámbito temporal de las normas tributarias o los criterios de interpretación (arts. 111-1  w.
alda e 1G 1e1es-nt1ae0 ra)a.d liEmtal ittn»íti,su etlrosa tIcaIi,bó slneo cbtrerieb e u«ntad srisiuap  co(aaspirctísitou. nl1oe2 sI1  lg-o1es n aoe br1aj2ele1tisv-5 os)so; ,b yl,ra ese  lnca o eamld pcmaeiptneíitsnutcrloiaa csIiI ó,y nl o latsr i bepusrttinraucrciiaptu idoreas    2020-8149n https://ww
generales  de  actuación,  los  deberes  y  obligaciones  y  las  potestades  de  dicha
administración,  atribuyéndole,  entre  otras,  facultades  de  calificación  e  interpretación
tributaria. También incluye normas sobre la obtención y comunicación de datos con 
trascendencia tributaria, el régimen de sus actos, la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos y la colaboración con otras administraciones públicas y con los 
agentes del sistema tributario (arts. 122-1 a 122-10).
El libro segundo del Código tributario dedica su título I a la Agencia Tributaria de 
Cataluña.  En  él  se  define  su  naturaleza  y  funciones,  sus  principios  generales  de 
actuación y el régimen jurídico de sus actos (arts. 211-1 a 211-4); su organización (arts. 
212-1  a  212-6);  su  personal  (arts.  213-1  a  213-4);  su  régimen  económico,  de 
contratación y patrimonial (arts. 214-1 a 214-5); el control financiero y de eficacia de su 
actuación (art. 215-1); la colaboración de la Agencia con terceros en materia tributaria 
(arts.  216-1  y  216-2);  la  identificación  y  regulación  de  los  cuerpos  tributarios  de 
adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña (art. 217-1 a 217-7), dando una 
serie de disposiciones comunes para tales cuerpos (arts. 218-1 a 218-3). De este título I 
únicamente es objeto de impugnación una cuestión relativa al acceso a los dos cuerpos 
superiores de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña.
Por su parte, el título II de este libro segundo, al que se imputan diversas tachas de 
inconstitucionalidad,  regula  la  Junta  de  Tributos  de  Cataluña  (órgano  económico-
administrativo autonómico anteriormente denominado Junta de Finanzas): el capítulo I 
aborda su naturaleza, régimen jurídico y funciones (arts. 221-1 y 221-2); el capítulo II 
determina  su  composición,  organización  y  funcionamiento  (arts.  222-1  a  222-5);  el 
capítulo III regula el recurso extraordinario para la unificación de criterio y la resolución 
de fijación de criterio (arts. 223-1 y 223-2) y el capítulo IV se limita a establecer que las 
resoluciones  de  la  Junta  son  susceptibles  de  recurso  contencioso-administrativo 
(art. 224-1).
El libro tercero del Código tributario, al que no se dirige impugnación alguna, regula 
en el título I, la creación del Consejo Fiscal de Cataluña, determinando en el capítulo I su 
naturaleza, régimen jurídico, composición y funciones (arts. 311-1 a 311-5); en el capítulo 
II su estructura orgánica (arts. 312-1 a 312-7); en el capítulo III su funcionamiento (arts. 
313-1 a 313-11); en el capítulo IV su régimen jurídico y económico (arts. 314-1 a 314-9); 
y en el capítulo V sus relaciones institucionales con otros entes (art. 315-1). Asimismo, 
en el título II de este libro tercero se establece ex novo el Instituto de Investigación Fiscal 
y Estudios Tributarios de Cataluña, regulando su naturaleza, régimen jurídico, finalidades 
y funciones en el capítulo I (arts. 321-1 a 321-3); su organización en el capítulo II (arts. 
322-1 a 322-7); su régimen de funcionamiento en el capítulo III (arts. 323-1 a 323-7); y su 
colaboración con otras administraciones tributarias y organismos análogos en el capítulo 
IV (art. 324-1).
c)  Estructura  de  la  presente  sentencia.  A  pesar  de  la  alegación  reiterada  de 
vulneraciones de los arts. 31.1, 133 o 156 CE, en el presente proceso no se cuestiona la 
adecuación  de  los  preceptos  autonómicos  impugnados  al  orden  constitucional 
sustantivo,  sino  al  sistema  de  distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las 
comunidades autónomas diseñado en el bloque de la constitucionalidad. Tan solo se 
plantean cuestiones de índole sustantiva con relación al art. 111-4 y al apartado 6 del 
art. 122-10 del Código tributario de Cataluña por infracción del principio de reserva de ley 
del art. 31.3 CE, y al art. 122-6 del Código tributario de Cataluña por violación del 
principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.
Así,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  una  controversia  fundamentalmente 
competencial,  y  dada  la  diversidad  de  contenido  de  los  artículos  recurridos,  esta 
resolución  se  estructurará  en  dos  bloques  en  función  del  marco  competencial  y  s
normativo concernido. En el primer bloque se analizarán las quejas en materia tributaria  oe.
imputadas al libro primero y al título II del libro segundo del Código tributario, en las que  w.
el  eje  de  la  discusión  versa  sobre  la  existencia  o  no  de  competencia  normativa  49ww
atruibtuotnaórmio,ic ap lassombared al of uqnudea mceiennttaíflmicaemnteen eten  slae  adcetnuoamlidianda  e«np alrate L egye n5e8ra/2l»0 0d3e, l dDe e1re7c dheo 
Cdiocmiemunbidrea,d  gAeuntóenraolm  tari bduet aCraiat alyu ñae,n  als eusst arbelegclaemr ennotromsa sd ter ibduetasraiarrso ldloe.  caErsátcot eer sg,e nsei ralal,   BOE-A-cable e
tanto materiales como formales, de ordenación y aplicación, para todos los tributos que 
conforman su hacienda, ha invadido las competencias estatales o, por el contrario, se ha 
ceñido  a  las  competencias  normativas  que,  en  materia  tributaria,  le  reconocen  la 
Constitución y las demás normas mencionadas en el art. 28.1 LOTC.
Este primer bloque sobre materia tributaria, que constituye el grueso del presente 
pronunciamiento, se dividirá a su vez en tres partes. La parte primera comenzará con el 
análisis de cuatro cuestiones previas: (i) la delimitación y el contexto de la presente 
controversia competencial (FJ 4); (ii) la distribución constitucional de competencias entre 
el Estado y las comunidades autónomas sobre los recursos tributarios que conforman la 
hacienda  autonómica  (FJ  5);  (iii)  los  criterios  para  el  encuadramiento  competencial 
(FJ 6); y (iv) los títulos competenciales que habilitan al Estado a establecer principios y 
normas generales, sustantivas y procedimentales, del sistema tributario español (FJ 7). 
En la segunda parte de este bloque se resolverán las cuatro quejas genéricas que el 
escrito de interposición plantea contra la totalidad de los artículos impugnados del libro 
primero y del título II del libro segundo del Código tributario (FJ 8). En la tercera parte se 
abordarán  las  impugnaciones  específicas  alegadas  con  relación  a  cada  precepto 
recurrido de este primer bloque: el enjuiciamiento se estructurará primordialmente por 
grupos de preceptos en función de su ubicación sistemática dentro del Código tributario, 
siguiendo el orden de impugnación del escrito de interposición, salvo que por razones de 
coherencia lógica proceda alterarlo (FFJJ 9 a 31).
Finalmente, en el segundo bloque se resolverá la cuestión competencial en materia 
de función pública suscitada con relación a varios preceptos del título I del libro segundo 
del Código tributario (FJ 32).
El alcance de cada impugnación, el contenido de cada disposición impugnada, así 
como los argumentos del abogado del Estado y de las partes recurridas, cuya síntesis ha 
sido expuesta en los antecedentes de esta resolución, serán precisados en el momento 
de abordar su análisis pormenorizado.
4.  Delimitación y contexto del objeto de la presente controversia.
Antes  de  iniciar  el  examen  del  primer  bloque  de  impugnaciones  sobre  materia 
tributaria dirigidas contra los preceptos del libro primero y del título II del libro segundo 
del Código tributario, conviene realizar una serie de consideraciones generales con la 
finalidad de acotar y contextualizar el objeto de esta controversia competencial:
a)  Diferencia entre hacienda pública y administración de hacienda pública. Debe 
recordarse  que  una  cosa  es  la  «hacienda  pública»,  entendida  como  conjunto  de 
derechos  y  obligaciones  de  contenido  económico  que  constituyen  el  patrimonio 
financiero de un ente público territorial (entre cuyos derechos de contenido económico se 
encuentran  los  tributos),  y  otra  distinta  la  «administración  de  hacienda  pública»  o 
«hacienda pública» subjetiva, entendida como conjunto de órganos de la administración 
(y entes de derecho público) encargados de su gestión; esto es, una función consistente 
en  convertir  a  través  de  procedimientos  administrativos  los  derechos  de  contenido 
económico (entre ellos, los tributos) en ingresos públicos con los que satisfacer el gasto 
público.
Como bien subraya el abogado del Estado, la controversia que aquí se dilucida no 
versa sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para organizar su 
propia administración (art. 150 EAC) y, en concreto, su administración tributaria (arts. 204 
y 205 EAC). En este sentido, la STC 31/2010, de 28 de junio, desestimó la impugnación,  s
sin realizar para ello interpretación de conformidad alguna, de un lado, del art. 204.1  oe.
EAC que habilita la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña para la aplicación de  w.
plloaassr  actr oilbanu datiopcsiloi cnpaercosipó qinou sde e de elso tlsaa b trGliebezunctaeo rslaa dl itLeaOl t EFys,C tpaAod ryo   dltaoe tlneaoglmramecainóttniev  adc eeedls iEtdasottasal  d(rFoeJ g( uy1l 3as2die)o;mr aapg rdeeen,  cleaisa co qe susíie,ó  nes)en,    2020-8149n https://ww
implantó mediante la Ley 7/2007, de 17 de julio, derogada ahora por la Ley 17/2017, y
cuya regulación se recoge actualmente en el título I del libro segundo del Código
tributario. De otro lado, este tribunal también confirmó la constitucionalidad del art. 205, 
párrafo primero, Estatuto de Autonomía de Cataluña («La Generalitat debe asumir, por 
medio  de  sus  propios  órganos  económico-administrativos,  la  revisión  en  vía 
administrativa de las reclamaciones […] contra los actos de gestión tributaria dictados 
por  la  Agencia  Tributaria  de  Cataluña»),  entendiendo  que  atribuye  a  los  órganos 
económico-administrativos autonómicos la competencia revisora de los actos dictados 
por la Agencia Tributaria de Cataluña, primero, sobre aplicación de los tributos propios 
de la Generalitat y, segundo, por delegación del Estado (y en las condiciones que 
establezca la LOFCA y la normativa estatal reguladora de la cesión), sobre aplicación de 
los tributos cedidos en su totalidad (STC 31/2010, FJ 133). Con la promulgación del 
Código tributario, este órgano ha pasado a denominarse Junta de Tributos y su régimen 
jurídico queda recogido en el título II del libro segundo de dicho código.
b)  La hacienda pública autonómica y los recursos tributarios que la integran. En 
consecuencia,  se  trata  de  una  controversia  sobre  hacienda  pública  autonómica, 
entendida en su acepción estricta o sustantiva y, dentro de ella, sobre el alcance de las 
competencias normativas de la comunidad autónoma sobre los recursos tributarios que 
forman su hacienda. En este sentido, este tribunal ya afirmó en la STC 14/1986, de 31 
de enero, que el hecho de que el art. 149.1.14 CE haya atribuido competencia exclusiva 
al Estado sobre hacienda general, «sin que figure en ningún momento entre las que 
pueden atribuirse a las comunidades autónomas la ‘hacienda regional’ o cualquier otra 
locución similar que induzca a subsumir las cuestiones de tal índole en el ámbito propio 
de las funciones a desarrollar por las comunidades autónomas (art. 148 de la C.E.), […] 
no es obstáculo a que deba admitirse que su hacienda privativa es materia propia de 
dichas comunidades» (FJ 2). Es más, de una lectura conjunta del art. 156.1 CE sobre 
autonomía financiera autonómica, del art. 157.3 CE sobre delimitación de competencias 
financieras autonómicas mediante ley orgánica y del art. 149.3 CE (al ser una materia no 
expresamente  atribuida  al  Estado  y  por  tanto  asumible  estatutariamente  por  las 
comunidades autónomas), se deprende que la hacienda privativa autonómica «es no 
tanto una competencia que se reconoce a las comunidades autónomas, cuanto una 
exigencia previa o paralela a la propia organización autonómica» (STC 14/1986, de 31 
de enero, FJ 2; citada, entre otras, en SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6, y 130/2013, 
de  4  de  junio,  FJ  5).  Y  así  se  ha  asumido  estatutariamente  por  las  comunidades 
autónomas  competencia  sobre  su  propia  hacienda  autónoma;  en  este  caso,  por 
Cataluña, en el actual art. 211 EAC, atribuyendo a la Generalitat competencia exclusiva 
«para  ordenar  y  regular  su  hacienda»,  «como  elemento  indispensable  para  la 
consecución  de  su  autonomía  política»  (STC  31/2010,  FJ  130),  si  bien  tanto  la 
Constitución (arts. 138, 156 y 149.1.14 CE) como la Ley Orgánica a la que se remite el 
art. 157.3 CE para delimitar el ejercicio de las competencias financieras autonómicas (la 
Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  comunidades 
autónomas) establecen los límites de tal exclusividad.
Debe precisarse que, pese a la garantía constitucional de la autonomía financiera 
conferida a las comunidades autónomas como instrumento para la consecución de su 
autonomía política (art. 156.1 CE), el art. 157.1 CE no diseña un concreto modelo de 
hacienda autonómica, ya que se limita a enumerar las distintas clases de rendimientos 
de que pueden disponer las comunidades autónomas para financiar su gasto público, 
entre los que se encuentran los derivados de «a) Impuestos cedidos total o parcialmente 
por el Estado» y de «b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales». Es, 
pues, la LOFCA la que, con carácter general y sobre los apoyos ofrecidos por la  s
Constitución, establece un modelo para todas las comunidades autónomas de régimen  oe.
común ex art. 157.3 CE, en el que se incluyen estos dos recursos tributarios [art. 4.1 b) y  w.
c)]. Esto mismo se dispone con carácter específico, para la hacienda de la Generalitat,  49ww
en eCl aabrte.  2a0s2i.m3 iasm) yo  ba) dEvAeCrt.ir que el art. 157.1 CE tampoco establece el sistema de
pduisetrdibeu csieórn  tditeu lacro mlap ectoemncuinaisd asdo bareu tólonso mdias,t inqtouse  rheacburrás oqs uteri bbuutasrcioasr  dneo  csuoyloo  epnro doutrcotos   BOE-A-cable e
preceptos constitucionales [art. 157.1 b) en relación con el art. 133.2 CE para los 
propios, y art. 157.1 c) en relación con los arts. 133.1 y 149.1.14 CE para los impuestos 
cedidos]  sino  también  en  el  bloque  de  la  constitucionalidad.  Concretamente,  en  la 
LOFCA, como norma estatal que delimita las competencias financieras autonómicas 
(SSTC 72/2003, de 10 de abril, FJ 5; 31/2010, de 28 de junio, FJ 130; 32/2012, de 15 de 
marzo, FJ 6, y 30/2015, de 19 de febrero, FJ 3) y en el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, cuyo art. 201.1 proclama que «[l]as relaciones de orden tributario y financiero 
entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la 
Ley Orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de la Constitución».
c)  Evolución  del  modelo  de  hacienda  autonómica.  Corresponde  abordar  la 
controversia  aquí  suscitada  teniendo  en  cuenta  la  evolución  experimentada  por  el 
sistema de financiación de las comunidades autónomas en los últimos años en relación 
con los recursos tributarios de que disponen y sus posibilidades de actuar sobre estos 
mismos recursos.
Dentro  del  marco  constitucional  flexible  y  abierto  que  regula  el  sistema  de 
financiación autonómica (arts. 156 a 158 CE), completado por la LOFCA ex art. 157.3 CE 
y los estatutos de autonomía, se han ido sucediendo diferentes modelos. Como ha 
señalado  este  tribunal,  a  partir  del  quinquenio  1997-2001  (con  la  consiguiente 
modificación de la LOFCA por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre; y con la 
aprobación de la nueva Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del 
Estado a las comunidades autónomas) se pasó de un modelo de hacienda autonómica 
de transferencias «en las que el grueso de sus ingresos procedían del presupuesto 
estatal,  a  través  del  porcentaje  de  participación  en  los  ingresos  del  Estado 
(SSTC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7; 68/1996, de 18 de abril, FJ 10, y 289/2000, de 30 
de  noviembre,  FJ  3)  a  una  concepción  del  sistema  presidida  por  el  principio  de 
‘corresponsabilidad fiscal’, potenciando la capacidad del sistema tributario para generar 
un sistema propio de recursos como fuente principal de los ingresos de Derecho público» 
[por todas, SSTC 289/2000, FJ 3; 168/2004, de 6 de octubre, FJ 4; 204/2011, de 15 de 
diciembre, FJ 8, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)].
Ahora  bien,  los  sucesivos  modelos  de  hacienda  autonómica  «corresponsable» 
implantados  desde  1997,  si  bien  amplían  notablemente  la  financiación  de  carácter 
tributario, no lo hacen a través del fomento o la ampliación del margen para la tributación 
autonómica propia, sino por la vía de la cesión de determinados tributos estatales.
De un lado, la capacidad de las comunidades autónomas para establecer y exigir sus 
propios tributos (art. 133.2 CE) en la que se traduce fundamentalmente la autonomía 
financiera autonómica en su vertiente del ingreso [por todas, SSTC 168/2004, de 6 de 
octubre, FJ 4, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a), con cita de las SSTC 176/1999, de 30 
de septiembre, FJ 4, y 96/2002, de 25 de abril, FJ 3] ha sido delimitada, como se verá, 
no  solo  por  la  Constitución,  sino  también,  y  más  intensamente,  por  la  LOFCA  ex 
art. 157.3 CE, por lo que nunca ha sido una fuente de ingresos públicos significativa. Una 
de las razones principales ha sido la prohibición de crear tributos autonómicos sobre 
«materias reservadas a las corporaciones locales» establecida en la redacción originaria 
del art. 6.3 LOFCA, que este tribunal interpretó en términos de «materia imponible» 
(manifestada en las SSTC 289/2000, 168/2004, 179/2006, 196/2012, 60/2013, 53/2014 
y 22/2015 y en los AATC 417/2005, 434/2005 y 456/2007), restringiendo con ello de 
forma notable el poder tributario de las comunidades autónomas. Así, el único signo 
favorable  a  la  autonomía  y  corresponsabilidad  autonómicas  en  materia  de  tributos 
propios en los sucesivos modelos de financiación implantados desde el ejercicio 1997 se  s
ha producido en el sistema vigente, con el cambio de contenido de esta prohibición del  oe.
art. 6.3 LOFCA por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de reforma parcial de la  w.
LOFCA, en la que se asimilan las reglas de incompatibilidad con los tributos del Estado y  49ww
dimep olansib leen»t iyd andoe as  lalo «cmalaetse ri(aa ritm. p6o.n2i byle »6.. 3C oLnO eFllCo Ase)  ppraertae nqduióe,  sseeg úrne feiel rpaunn toa l 4.«4h.9e cdheol 
Adeclu esridsote m6/a2 00d9e,  fdinea 1n5c iadcei ójunl iod,e d elal sC ocnosmeujon iddea dPeosl ítiacuat óFnisocmaal sy  Fdien arnécgieimrae,n d ec oremfoúrnm  ay   BOE-A-cable e
ciudades con estatuto de autonomía (del que esta reforma de la LOFCA trae causa), no 
solo una mayor seguridad jurídica para «evitar los habituales conflictos constitucionales 
actuales […] con una delimitación similar a la que existe en relación con los tributos 
estatales»,  sino  también  una  posibilidad  de  «ampliar  el  espacio  fiscal  de  las 
comunidades autónomas» [SSTC 122/2012, de 5 de junio, FJ 3; 120/2018, de 31 de 
octubre, FJ 3; 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 a), y 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 a)].
De otro lado, en la actualidad los tributos cedidos tienen una importancia capital 
como recurso de las haciendas que, además de garantizar determinados rendimientos a 
estos  entes  territoriales,  les  permite  modular  el  montante  final  de  su  financiación 
mediante el ejercicio de competencias normativas en el marco de lo dispuesto en las 
correspondientes leyes de cesión de tributos. De esta manera, el sistema permite que las 
comunidades  autónomas  puedan,  por  sí  mismas,  incrementar  sustancialmente  los 
recursos con los que han de financiarse [STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a), con cita 
de la STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 8]. Es más, los principios de autonomía y 
corresponsabilidad se refuerzan en el vigente sistema de financiación establecido en la 
Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de reforma de la LOFCA y en la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias. Primero, manteniendo los tributos totalmente cedidos y 
aumentando  los  porcentajes  de  participación  en  los  tributos  cedidos  parcialmente; 
segundo,  manteniendo  las  competencias  autonómicas  de  ejecución  (potestades  de 
aplicación y sanción) de los tributos totalmente cedidos, incluyendo ahora la posibilidad 
de delegar la potestad de revisión en vía administrativa de los actos dictados por la 
comunidad  autónoma;  y,  finalmente,  ampliando  las  competencias  normativas  de 
determinados tributos cedidos parcialmente (como el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas) de cara a que tengan una mayor capacidad para decidir la composición 
y el volumen de ingresos de que disponen.
Es en este marco de una hacienda autonómica que, de acuerdo con el bloque de la 
constitucionalidad, se va haciendo progresivamente más corresponsable y autónoma, al 
haber ampliado sus competencias normativas sobre tributos propios y cedidos, en el que 
debe enmarcarse la controversia competencial que ahora se dilucida, que no es otra que 
determinar si las comunidades autónomas, y en concreto la Comunidad Autónoma de 
Cataluña,  pueden  dictar  normas  tributarias  de  carácter  general.  La  regulación 
autonómica de tales cuestiones no es un fenómeno nuevo ni aislado, dado que las leyes 
de  finanzas  o  haciendas  autonómicas,  que  regulan  esencialmente  aspectos 
presupuestarios  y  patrimoniales,  suelen  contener  previsiones  concretas  sobre  estas 
materias y cláusulas que expresan su competencia para regular sobre la aplicación de 
tributos propios (y cedidos en función de la ley de cesión), sin perjuicio de la aplicación 
de  las  normas  del  Estado  en  los  casos  en  que  sean  procedentes  o  afirmando  la 
supletoriedad del Derecho estatal en tales materias, sin más desarrollo. Lo que sí 
supone una novedad es la extensión y el detalle del Código tributario autonómico objeto 
de este proceso.
5.  Distribución  constitucional  de  competencias  tributarias  entre  el  Estado  y  las 
comunidades autónomas.
Debe comenzarse, pues, exponiendo la distribución establecida en el bloque de la 
constitucionalidad  entre  el  Estado  y  las  comunidades  autónomas  en  función  de  la 
naturaleza  propia  o  cedida  de  los  recursos  tributarios  que  constituyen  la  hacienda  e
autonómica. Una vez delimitada la potestad tributaria autonómica desde esta doble  bo
perspectiva, este tribunal podrá determinar cuál deba ser el ámbito de aplicación del  49ww
aCpóldiciag oa  tlroib quutaer idoe, ndoamdion aq,u sein e dl eafrint.i r1, 1«1s-i1st edmela C tróibduigtaor iaoq cuaí taimlápnu»g.nado, establece que se
A)  Poder tributario originario y derivado. El art. 133 CE reconoce potestad tributaria
a los entes públicos territoriales para que hagan efectivos los fines públicos que tienen
constitucional y legalmente encomendados; «poder tributario» que tradicionalmente se 
ha identificado con las competencias normativas sobre sus propios tributos. Y en el caso 
del Estado y las comunidades autónomas, dotados todos ellos de poder legislativo, se 
traduce en la creación y regulación ex lege de sus elementos esenciales y en su 
consiguiente desarrollo reglamentario. Así, el art. 133.1 CE atribuye al Estado una 
potestad «originaria» para establecer tributos, entendiendo dicho término como potestad 
únicamente sometida a la Constitución y, en concreto, limitada en su ejercicio por los 
principios materiales y formales de justicia tributaria contenidos en el art. 31 CE. En 
cambio, la potestad para establecer y exigir tributos que el art. 133.2 CE reconoce a las 
comunidades autónomas está doblemente condicionada: por la Constitución y las leyes.
B)  Encuadramiento de las competencias de las comunidades autónomas sobre sus 
propios tributos. La competencia autonómica sobre sus tributos propios, que puede 
implicar  tanto  «establecimiento»  (normación)  y  como  «exigencia»  (ejecución)  ex 
art. 133.2 CE, ha sido asumida como propia en todos los estatutos de autonomía y, en 
concreto, en el art. 203.5 EAC. Para su ejercicio las comunidades autónomas deben 
observar, por un lado, los límites constitucionales impuestos a todo poder tributario 
(art.  31  CE),  a  la  actividad  financiera  autonómica  en  general  (principios  de 
instrumentalidad, de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los 
españoles del art. 156.1 CE) y al poder tributario autonómico en particular (principios de 
territorialidad  y  neutralidad  del  art.  157.2  CE).  Por  otro  lado,  el  poder  tributario 
autonómico está sujeto también a los límites establecidos en las leyes del Estado a que 
se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE [por todas, SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 3; 
49/1995, de 16 de febrero, FJ 4; 54/2013, de 12 de abril, FJ 3 a), y 30/2015, de 19 de 
febrero, FJ 3].
a)  La LOFCA introduce límites adicionales a la competencia normativa autonómica 
a la hora de crear y regular sus tributos propios. Así, los arts. 6 a 9 LOFCA (prohibición 
de equivalencia con tributos estatales y locales, o el principio de «la tasa sigue al 
servicio») son expresión de la función de coordinación que impone al Estado el art. 156.1 
CE  «para  garantizar  que  el  ejercicio  del  poder  tributario  por  los  distintos  niveles 
territoriales sea compatible con la existencia de ‘un sistema’ en los términos exigidos por 
el artículo 31.1 CE» [SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; 19/2012, de 15 de febrero, 
FJ 3 b), y 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 c)]. En cuanto a las competencias ejecutivas en 
materia de tributos propios, la LOFCA se limita a su enunciación: (i) la aplicación de los 
tributos y la potestad sancionadora, para las que la comunidad autónoma «dispondrá de 
plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la 
colaboración  que  pueda  establecerse  con  la  administración  tributaria  del  Estado, 
especialmente  cuando  así  lo  exija  la  naturaleza  del  tributo»  (art.  19.1),  y  (ii)  «el 
conocimiento de las reclamaciones contra los actos administrativos que dicte en relación 
con  sus  tributos  propios,  que  corresponderá  a  sus  propios  órganos  económico-
administrativos» (art. 20.1). Tales competencias normativas y ejecutivas se asumen sin 
más precisiones en los arts. 203, 204 y 205 EAC, atribuyéndose la función aplicativa a la 
Agencia Tributaria de Cataluña y la función revisora a la actual Junta de Tributos.
b)  De  lo  expuesto  puede  afirmarse  que  el  bloque  de  la  constitucionalidad  en 
materia de tributos propios, compuesto por la LOFCA y el estatuto de autonomía, guarda 
silencio acerca de si la potestad tributaria autonómica engloba o no la adopción de sus 
propias normas generales, tanto de orden sustantivo como de orden formal, actualmente 
reguladas en la Ley general tributaria. La única excepción es la previsión incluida en el 
art. 20.4 LOFCA tras su reforma por la Ley Orgánica 3/2009, al instaurarse el actual  e.
sistema de financiación autonómica, que determina lo siguiente: «Lo dispuesto en los  w.b
apartados  anteriores  se  entiende  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  en  49ww
erexlcalcuisóinv a caol nE setal deos teanb leelc iamrtieícnutloo  1d4e9 .1lo.1s,  8p,r in1c4i pyio s1 8 yd en loar mCaosn stjuiturícdiiócna se sgpeanñeorlaal eesn, 
dsuissptoasnitcivioanse sy  trdibeu tparroiacse ddime ieEnsttoa,d od eyl,  essispteemcífaic atrmibeuntater,io e ne slpaa ñLoely,  5c8o/n2t0e0n3id, adse  e1n7  ldaes 
diciembre, general tributaria y su normativa de desarrollo, aplicables a y por todas las 
administraciones tributarias».
En este sentido, este tribunal ya ha afirmado que «el sistema tributario debe estar 
presidido  por  un  conjunto  de  principios  generales  comunes  capaz  de  garantizar  la 
homogeneidad básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de los 
tributos como un verdadero sistema y asegure la unidad del mismo, que es exigencia 
indeclinable de la igualdad de los españoles (por todas, STC 19/1987) y no resulta 
incompatible con las competencias tributarias de las comunidades autónomas y con la 
autonomía financiera y presupuestaria de las mismas (STC 19/1987)» [SSTC 116/1994, 
de 18 de abril, FJ 5, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)]. En dichos pronunciamientos se 
manifestó que «esos principios comunes, que rigen por tanto en todas las comunidades 
autónomas, con los que pretenden conseguirse los objetivos unitarios antes aludidos, 
son únicamente […] los consagrados en los preceptos constitucionales, estatutarios y 
legales  aplicables  en  cada  una  de  las  comunidades  autónomas  o  los  que  puedan 
inducirse de estos preceptos». Ciertamente, tras declarar de forma genérica que dichos 
principios comunes del sistema tributario español se encuentran en la Constitución, en 
los estatutos de autonomía y en las leyes, este tribunal de forma específica ubicó tales 
principios comunes únicamente en la Constitución y en las leyes pertenecientes al 
bloque  de  constitucionalidad  (estatutos  de  autonomía  y  LOFCA).  Ahora  bien,  esa 
restricción  específica  a  las  leyes  que  conforman  el  bloque  se  debía  en  aquellos 
pronunciamientos  a  que  dicha  doctrina  constitucional  fue  elaborada  al  hilo  de  la 
prohibición de crear y modificar tributos contenida en el art. 134.7 CE, que este tribunal 
circunscribió  exclusivamente  a  las  leyes  de  presupuestos  estatales:  la  eventual 
prohibición análoga aplicable a las leyes autonómicas de presupuestos solo puede 
encontrarse  en  coherencia  con  el  necesario  rango  normativo,  en  una  norma 
perteneciente al bloque de la constitucionalidad.
Así las cosas, y tomando como base esa doctrina constitucional, corresponde ahora 
concluir con relación al caso que nos ocupa que la Ley general tributaria proporciona 
parámetros de constitucionalidad para el enjuiciamiento de las leyes autonómicas, en 
cuanto contiene un conjunto de principios generales comunes aplicables a todos los 
entes  públicos  territoriales  «capaz  de  garantizar  esa  homogeneidad  básica  para 
configurar  el  régimen  jurídico  de  la  ordenación  de  los  tributos  como  un  verdadero 
sistema» [a la que hacen referencia las SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5, y 108/2015, 
de 28 de mayo, FJ 3 b)]. Es más, al igual que este tribunal ha declarado reiteradamente 
sobre  el  art.  6  LOFCA,  mediante  los  principios  y  normas  jurídicas  generales  de 
ordenación y aplicación de los tributos incluidos en la Ley general tributaria el Estado 
ejerce la función de coordinación que le exige el art. 156.1 CE «para garantizar que el 
ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la 
existencia de ‘un sistema tributario’ (art. 31.1 CE)» [SSTC 19/2012, de 15 de febrero, 
FJ 3 b); 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4; 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a); 26/2015, 
de 19 de febrero, FJ 4 b); 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 c), y 22/2019, de 14 de 
febrero, FJ 3 c)]. De esta forma, la Ley general tributaria, como ya ha declarado este 
tribunal, es una «verdadera norma de unificación de criterios a cuyo través se garantiza 
el mínimo de uniformidad imprescindible en los aspectos básicos del régimen tributario» 
(STC  66/1998,  de  18  de  marzo,  FJ  14,  citada  en  las  SSTC  161/2012,  de  20  de 
septiembre, FJ 7; 25/2016, de 15 de febrero, FJ 4, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 5).
No obstante, la referida doctrina constitucional también dejó claro que tales principios 
comunes  «no  cabe  derivarlos,  sin  más,  de  preceptos  que  regulen  exclusivamente  s
instituciones  del  Estado  ni  aplicarlos  por  analogía  a  las  comunidades  autónomas»  oe.
[SSTC 116/1994, de 18 de abril, FJ 5, y 108/2015, de 28 de mayo, FJ 3 b)], por lo que  w.
deberá determinarse en su caso, del vasto articulado de la Ley general tributaria, cuáles  49ww
sceoannte nloids opsr iny cqipuieo ss yo nla dse n oarpmlicaasc jiuórní daic taosd gaes nlearsa aledsm dienli sstrisatceimonae tsr ibtruibtaurtaior ieassp «aeñno lv eirntu edl lay 
LcoGnT e).l alcance que se deriva del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la Constitución» (art. 1.1  BOE-A-cable e
c)  Respecto a lo preceptuado en el mencionado art. 20 LOFCA conviene realizar 
una  precisión.  Es  cierto  que  se  trata  de  una  norma  referida  expresamente  a  las 
competencias autonómicas de revisión en materia tributaria. En efecto, tras reconocer 
competencias  revisoras  a  las  comunidades  autónomas  sobre  sus  propios  tributos 
(apartado  primero)  e  introducir  la  posibilidad  de  que  estas  asuman  competencias 
revisoras sobre los tributos estatales (apartados segundo y tercero), en el apartado 
cuarto  se  declara  que  «[l]o  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entiende  sin 
perjuicio de» la competencia exclusiva del Estado atribuida en el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 
CE sobre «los principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, 
del  sistema  tributario  español  […]  aplicables  a  y  por  todas  las  Administraciones 
tributarias», contenidos en la Ley general tributaria.
Sin embargo, ni la ubicación sistemática de dicha previsión en el art. 20 (relativo a las 
funciones  autonómicas  revisoras)  ni  su  tenor  literal  (con  referencia  expresa  a  los 
apartados anteriores) impiden que lo en ella establecido sea de aplicación no solo a la 
competencia revisora, sino también a las demás competencias, normativas y ejecutivas, 
que poseen las comunidades autónomas sobre sus propios tributos. Y ello porque es 
doctrina reiterada de este tribunal que los títulos competenciales «son indisponibles e 
irrenunciables, tanto para el legislador del Estado como para el de las comunidades 
autónomas; y que operan ope Constitutionis, con independencia de que uno u otro 
legislador hagan invocación explícita de las mismas» [por todas, SSTC 233/1999, de 16 
de diciembre, FJ 4 a); 33/2018, de 12 de abril, FJ 3, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6].
Por  ello,  en  materia  de  tributos  propios,  las  competencias  de  las  comunidades 
autónomas han de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 
CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las comunidades 
autónomas sobre el mencionado sector material, más allá de los límites impuestos en la 
Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas y en el respectivo estatuto 
de  autonomía.  Tal  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  competencia  para  regular  las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 CE), de la 
competencia para celebrar tratados internacionales sobre asistencia mutua en materia 
tributaria o para evitar la doble imposición y el fraude fiscal (art. 149.1.3 CE), de la 
competencia para regular en todo caso las reglas relativas a la eficacia y aplicación de 
las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), de la competencia que permite al Estado adoptar 
unas normas comunes sobre ordenación y aplicación de los tributos en virtud de su 
competencia sobre hacienda general (art. 149.1.14 CE) y de la competencia legislativa 
sobre procedimiento administrativo común y sobre legislación básica de régimen jurídico 
de  las  administraciones  públicas  (art.  149.1.18  CE).  En  suma,  las  comunidades 
autónomas podrán establecer y exigir tributos, como preceptúa el art. 133.2 CE, de 
acuerdo con la Constitución y con las leyes que el Estado promulgue en el ejercicio de 
sus competencias, entre las que se encuentran no solo la LOFCA y los estatutos de 
autonomía,  sino  también  aquellos  preceptos  de  la  Ley  general  tributaria  que,  ex 
art.  149.1.1,  8,  14  y  18  CE,  establezcan  «principios  y  normas  jurídicas  generales, 
sustantivas  y  de  procedimiento,  del  sistema  tributario  español»,  siempre  que  sean 
reconducibles efectivamente a los mencionados títulos competenciales estatales.
En  consecuencia,  cualquier  regulación  autonómica  de  carácter  general  sobre 
ordenación y aplicación de los tributos que contravenga los principios y normas jurídicas 
generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español, reservados ex 
Constitutione  al  Estado  y  regulados  actualmente  en  la  Ley  general  tributaria,  será  s
inconstitucional por invadir las competencias estatales (arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) y  oe.
por exceder asimismo el marco competencial a ellas reconocido para el establecimiento  w.
y exacción de sus propios tributos en los arts. 133.2 CE, 203.5 EAC y 6.1 LOFCA. 49ww
estaYta leesst oc emdiidsmoso  ae lsa st racoslmaduanbidlea,d essin  afuistóunraosm, acso mcuoa nsdeo v eesráta, sa el jeármzabnito,  pdoer  dloesle tgriabcuiótons, 
ldaes  cceosmiópne.tencias normativas, sustantivas y procedimentales, dentro del marco de la ley  BOE-A-cable e
C)  Encuadramiento de las competencias de las comunidades autónomas sobre 
tributos  estatales  cedidos.  Partiendo  de  lo  expuesto  en  el  epígrafe  anterior,  debe 
concretarse también la distribución del poder tributario estatal y autonómico en materia 
de tributos cedidos. La razón es que, en sus estatutos de autonomía, las comunidades 
autónomas también han asumido competencias en lo referente a tributos cedidos: en 
particular, Cataluña en el art. 203.2 de su Estatuto de autonomía.
a)  A  diferencia  de  los  tributos  propios  autonómicos,  se  trata  de  tributos  de 
titularidad estatal, fruto de la potestad tributaria originaria del Estado ex art. 133.1 CE y 
de su competencia exclusiva sobre hacienda general (art. 149.1.14 CE). En este sentido, 
como afirmó tempranamente la STC 181/1988, de 13 de octubre, es el Estado el que 
establece en la LOFCA, ex art. 157.3 CE, «la regulación esencial de la cesión» (FJ 3), 
actualmente recogida en los arts. 10, 11, 19.2 y 20.2, 3 y 5 LOFCA; y en las leyes 
reguladoras del sistema de financiación (la vigente Ley 22/2009) se complementa y 
desarrolla ese marco orgánico general que determina el régimen de cesión de tributos a 
las comunidades autónomas, regulando las condiciones y el alcance de la misma. Dicha 
cesión se produce para Cataluña con la promulgación de la Ley 16/2010, de 16 de julio, 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y 
de  fijación  del  alcance  y  condiciones  de  dicha  cesión,  que  modifica  la  disposición 
adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña, puesto que, como determina 
el art. 10.2 LOFCA, se entenderá efectuada la cesión «cuando haya tenido lugar en 
virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y 
condiciones de la misma se establezca en una ley específica».
En  lo  que  concierne  a  la  delegación  de  facultades  normativas  al  amparo  del 
art. 150.1 CE, tanto esta última ley ordinaria (en adelante, Ley 16/2010 o ley específica 
de cesión) como la Ley 22/2009, a la que la primera se remite, forman parte del bloque 
de la constitucionalidad ex art. 28 LOTC al delimitar competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas en materia de tributos cedidos [por todas, SSTC 161/2012, 
de 20 de septiembre, FJ 2 c), y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2]. Y lo mismo ha de 
valer en lo que respecta a las transferencias de facultades ejecutivas al amparo del 
art. 150.2 CE.
b)  Son, pues, tributos establecidos por el Estado y regulados principalmente por él, 
cuyo producto corresponde total o parcialmente a las comunidades autónomas (arts. 
203.2 EAC y 10.1 LOFCA), por lo que su cesión a las comunidades autónomas no 
implica «la transmisión de la titularidad sobre el mismo o sobre el ejercicio de las 
competencias inherentes al mismo» (SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 8; 35/2012, 
de 15 de marzo, FJ 7, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 3), como indica también el 
art. 45 de la Ley 22/2009. En la actualidad, el régimen legal de los tributos cedidos es 
sustancialmente  distinto  en  función  de  la  figura  impositiva  objeto  de  cesión.  Las 
diferencias entre impuestos cedidos se proyectan sobre la triple desmembración de la 
competencia que puede ejercerse sobre la materia tributaria: la competencia normativa, 
la competencia ejecutiva o administrativa (que incluye también las funciones de sanción 
y de revisión) y la competencia sobre el rendimiento o producto de la recaudación de 
dichos tributos.
c)  De un lado, el régimen de cesión contempla, primero, la atribución total o parcial 
de los rendimientos de estos tributos a las comunidades autónomas y, segundo, la 
posibilidad de que estas asuman, por delegación, determinadas competencias ejecutivas 
de aplicación de tributos (asistencia e información a los obligados tributarios, gestión, 
inspección y recaudación), la potestad sancionadora y las funciones de revisión en vía  e.
administrativa de los actos de aplicación y sanción dictados por estas administraciones  w.b
tributarias (arts. 19.2 y 20.2 LOFCA). Así, en virtud del art. 2.1 de la Ley 16/2010 y de los  49ww
ahratns.  s2id0o3 .a4s, u2m04id.1a sy  p2o0r5 l ap áCroramfou npirdimade rAou EtóAnCom, eas tdaes  Ccoamtaplueñtae,n ccioams oe jdeicsuptoivnaes  edl ealertg. a5d4a.1s 
ddee  llaa  LLeeyy  2222//22000099,,  ye cno tno deol sa lcloasn ctreib yu teons  lqause c oenl dEisctioandeos l ee scteadbele ctoidtaalsm eenn tleo se axcrtesp. t5o5 e an  5e9l 
impuesto especial sobre la electricidad. Esto es, en el impuesto sobre el patrimonio, en el
impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones,  en  el  impuesto  sobre  transmisiones 
patrimoniales  y  actos  jurídicos  documentados,  en  el  impuesto  especial  sobre 
determinados medios de transporte y en los tributos sobre el juego. Ahora bien, habrá 
que  esperar  al  traspaso  de  los  servicios  adscritos  tanto  a  la  gestión  del  impuesto 
especial  sobre  determinados  medios  de  transporte  como  a  la  resolución  de 
reclamaciones  económico-administrativas  de  los  actos  de  aplicación  de  tributos 
totalmente cedidos dictados por la Agencia Tributaria de Cataluña, para la asunción 
efectiva  de  tales  competencias  (disposiciones  transitorias  primera  y  segunda  de  la 
Ley 16/2010).
d)  De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150.1 CE y 19.2 LOFCA, a 
partir del sistema de financiación autonómica implantado en España en 1997, la cesión 
de  tributos  a  las  comunidades  autónomas  incluye  la  delegación  de  competencias 
normativas que en cada caso se indiquen al regular la cesión aplicable ratione temporis 
(por todas, SSTC 25/2016, de 15 de febrero, FJ 2, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 4). 
Actualmente «se atribuye a la Comunidad Autónoma de Cataluña la facultad de dictar 
para sí misma normas legislativas, en los casos y en las condiciones previstos en la 
Ley 22/2009 […]» (art. 2.2 de la Ley 16/2010). Estas competencias normativas consisten, 
por una parte, en la regulación de determinados elementos esenciales (tarifas, tipos, 
bonificaciones,  mínimos  exentos,  deducciones)  de  los  tributos  total  o  parcialmente 
cedidos  con  el  alcance  y  las  condiciones  establecidas  en  los  arts.  46  a  52  de  la 
Ley 22/2009, en función de la figura impositiva cedida. Por otra parte, se delegan 
competencias  normativas  procedimentales  en  tres  tributos  cedidos  totalmente,  cuya 
aplicación  y  revisión  asumen  las  comunidades  autónomas  por  delegación:  primero, 
competencias  de  gestión  (y  liquidación)  en  los  impuestos  sobre  sucesiones  y 
donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados [arts. 
19.2 c) y d) LOFCA y 48.2 y 49.2 de la Ley 22/2009] con el alcance del art. 55 de la 
Ley 22/2009; y, segundo, competencias de aplicación en los tributos sobre el juego 
(art. 50.2 de la Ley 22/2009) con el alcance de los arts. 55 a 58 de la Ley 22/2009. En 
este contexto, lo que deba entenderse por «gestión» y «aplicación» de tributos debe 
hacerse por referencia a los conceptos de la vigente Ley general tributaria, dado que, 
como declara la exposición de motivos de la Ley 16/2010, en el actual modelo de 
financiación autonómica, establecido por la Ley Orgánica 3/2009, de modificación parcial 
de  la  LOFCA,  se  ha  procedido,  en  materia  de  tributos  cedidos,  «a  realizar  las 
actualizaciones  terminológicas  necesarias  en  función  del  ordenamiento  tributario 
vigente».  A  esas  funciones  debe  añadirse  dentro  de  las  competencias  gestoras  la 
potestad sancionadora por expreso mandato del art. 55.1 c) de la Ley 22/2009, aunque 
técnicamente la sanción ya no forma parte de la deuda tributaria (art. 58.3 LGT).
e)  Llegados a este punto, debe plantearse cuál es la normativa aplicable a los 
tributos cedidos y, por ende, la distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas al respecto. Pues bien, en el art. 27.1 de la Ley 22/2009 se 
reconoce,  junto  a  las  normas  estatales  (Ley  general  tributaria  y  reglamentos  de 
desarrollo, y normativa propia de cada tributo), la aplicación «en los términos previstos 
en este título, [de] las normas emanadas de la comunidad autónoma competente según 
el alcance y los puntos de conexión establecidos en el mismo», especificando a renglón 
seguido que «[l]a terminología y conceptos de las normas que dicten las comunidades 
autónomas se adecuarán a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria». De 
tal precepto, interpretado a la luz del art. 53 de la Ley 22/2009 [«Si una comunidad 
autónoma  no  hiciera  uso  de  las  competencias  normativas  que  le  confieren  los  s
artículos 46, excepto la letra b) del apartado primero, a 52, se aplicará, en su defecto, la  oe.
normativa del Estado»], cabe extraer una primera conclusión: la Ley general tributaria se  w.
aplica a los tributos cedidos en función del alcance y las condiciones de la cesión, y del  49ww
neofercmtiavtoiv aesj erecnic ios u pocra spoa rctee diddea s.la sP ocro mtaunntoid, adseesrá  aduitróencotammaesn tdee  alpalsic acbolem, petatenntoc ialas 
qreugeu nlaoc ihóany sauns staidnoti voab jceotom doe  pcreoscieódni mnoernmtaal,t ivaa ;a aqsuíe clloosm oa sap eacqtuoesl lodse  alossp etrcitboust oesn  cloesd iqduoes   BOE-A-cable e
la comunidad autónoma no haya ejercido en todo o en parte la competencia normativa 
delegada.
Así, por ejemplo, precisamente porque no se han delegado a las comunidades 
autónomas competencias normativas sobre los procedimientos tributarios a pesar de 
haberse cedido las competencias ejecutivas de aplicación, sanción y revisión en vía 
administrativa,  la  Ley  general  tributaria  será  directamente  aplicable  en  cuanto  a 
procedimientos tributarios se refiere, al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte. Del mismo modo, las comunidades 
autónomas deberán aplicar la Ley general tributaria a los procedimientos de revisión 
administrativa con relación a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a los tributos sobre el 
juego,  no  solo  porque  así  lo  exprese  el  art.  59.2  de  la  Ley  22/2009,  sino 
fundamentalmente  porque  no  se  han  cedido  competencias  normativas  sobre  esta 
materia (arts. 48 a 50 de la Ley 22/2009). Igualmente será de aplicación en el ejercicio 
de  las  funciones  de  inspección  y  recaudación  con  relación  a  los  impuestos  sobre 
sucesiones  y  donaciones  y  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados, en cuanto no se han cedido competencias normativas al respecto (arts. 
48 y 49 de la Ley 22/2009).
f)  Precisamente  porque  las  comunidades  autónomas  deben  ejercer  las 
competencias normativas delegadas «en los términos que determine la Ley que regula la 
cesión de tributos» (art. 10.3 LOFCA) y esta se remite a lo dispuesto en la Ley 22/2009 
(art. 2.2 de la Ley 16/2010), pueden extraerse dos conclusiones adicionales.
Por un lado, para el ejercicio delegado de las competencias normativas de carácter 
sustantivo de los tributos total o parcialmente cedidos, consistente en la regulación de 
algún elemento de su estructura de acuerdo con los arts. 46 a 52 de la Ley 22/2009, la 
comunidad autónoma deberá respetar siempre la terminología y conceptos de la Ley 
general tributaria ex art. 27.1 in fine de la Ley 22/2009.
Por otro lado, para el ejercicio delegado de las competencias normativas de carácter 
procedimental de los tributos totalmente cedidos, que la Ley 22/2009 concreta en la 
«gestión»  (y  liquidación)  en  los  impuestos  sobre  sucesiones  y  donaciones  y  sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (arts. 48.2 y 49.2) y en la 
«aplicación» en los tributos sobre el juego (art. 50.2), deberá atenderse a los límites y 
condiciones de la cesión de las competencias administrativas de gestión y aplicación de 
los arts. 55 a 58 de la Ley 22/2009. Y ello para evitar interpretaciones que conduzcan a 
resultados ilógicos o absurdos, como lo sería el que una comunidad autónoma pudiera 
regular aspectos de la gestión o de la aplicación del tributo cedido, mientras que la 
administración tributaria de la misma comunidad no pudiera aplicar tales normas al 
carecer de competencias ejecutivas para ello (en sentido similar, la STC 161/2012, de 20 
de septiembre, FJ 7).
De ahí que, aunque se hayan delegado competencias normativas en inspección y 
recaudación  sobre  los  tributos  sobre  el  juego  (art.  50.2  de  la  Ley  22/2009),  las 
comunidades  autónomas  tendrán  un  margen  escaso  para  regularlas,  dadas  las 
condiciones  de  la  cesión  de  tales  competencias  administrativas  inspectoras  y 
recaudatorias recogidas en los arts. 56 a 58 de la Ley 22/2009: los aplazamientos y 
fraccionamientos  de  pago  de  los  tributos  cedidos  se  realizarán  por  la  comunidad 
autónoma «de acuerdo con la normativa del Estado» (art. 56.3 de la Ley 22/2009); la 
recaudación tributaria de dichos impuestos «se ajustará a lo dispuesto en la normativa 
del Estado» (art. 57.2 de la Ley 22/2009); y las funciones previstas en el art. 141 LGT en  s
materia  de  inspección  tributaria  se  llevarán  a  cabo  por  la  comunidad  autónoma  oe.
«aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las actividades inspectoras  w.
del Estado en materia tributaria» (art. 58.1 de la Ley 22/2009). 49ww
ampgli)a  eFni nmalamteerniate d, ela gs ecsotimónu ntridibaudteasri aa uetnó nloosm iamsp tuieensetons u snoab creo msupceetesniocniae sn oyr mdoantiavcai omneáss 
syo sboreb reel  tjruaengsom, ispiuoense se lp aaltcriamnocnei adlee sl ay  daecletogsa cjuiórníd idceo sc ideortcausm ceonmtapdeotes nyc iaesn  gloess totrriabsu toess   BOE-A-cable e
mayor. Ello es así, de un lado, en las competencias gestoras que se ceden sin referencia 
alguna  a  los  criterios  del  Estado  ni  a  la  normativa  estatal  en  el  art.  55.1  de  la 
Ley  22/2009:  la  realización  de  los  actos  de  trámite  y  la  práctica  de  liquidaciones 
tributarias [letra b)]; la calificación de las infracciones y la imposición de sanciones 
tributarias [letra c)]; la publicidad e información al público de obligaciones tributarias y su 
forma de cumplimiento [letra d)]; la aprobación de modelos de declaración [letra e)]; y, en 
general,  las  demás  competencias  necesarias  para  la  gestión  de  los  tributos  no 
expresamente excluidas de la delegación en el art. 55.2 de la Ley 22/2009 [letra f)]. Y, de 
otro, en relación con la incoación de expedientes de comprobación de valores «utilizando 
los mismos criterios que el Estado» del art. 55.1 a) de la Ley 22/2009, sobre lo que este 
tribunal  declaró  que  «en  abstracto,  una  norma  autonómica  podría  regular  la 
comprobación  de  valores,  sin  exceder  por  ello  el  ámbito  de  la  delegación  de 
competencias normativas, que expresamente incluye la gestión y liquidación de los 
tributos (arts. 48.2 y 49.2 de la Ley 22/2009)», pero con el límite infranqueable de no 
establecer medios de comprobación de valores distintos a los del Estado, ni modificar 
sustancialmente los que sean aplicables por el juego combinado entre el art. 57 LGT y 
las leyes estatales reguladoras de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (SSTC 161/2012, de 20 de 
septiembre, FJ 7; 25/2016, de 15 de febrero, FJ 4, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 5).
No obstante, conviene aclarar que, a la hora de regular este haz de competencias 
gestoras que se delegan sin condicionantes normativos estatales expresos, al igual que 
para ejercer las competencias normativas sustantivas delegadas, entrará en juego la 
cláusula del art. 20.4 LOFCA, que viene a recordar que las comunidades autónomas 
deben respetar aquellos preceptos de la Ley general tributaria que, ex arts. 149.1.1, 8, 
14  y  18  CE,  establecen  los  principios  y  normas  generales,  sustantivas  y 
procedimentales, del sistema tributario español. Primero, porque se trata de normas de 
coordinación que la Constitución exige al Estado (art. 156.1 CE) para garantizar que el 
ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la 
existencia de «un sistema tributario» (art. 31.1 CE); segundo, porque el carácter estatal 
que el art. 157.1 a) CE predica de los tributos cedidos (al incluirlos dentro del concepto 
amplio de «participaciones en los ingresos del Estado») no puede quedar borrado como 
consecuencia de una atribución de competencias normativas tan amplia que difumine la 
frontera que el bloque de la constitucionalidad ha trazado entre la tributación estatal 
cedida y la tributación autonómica propia; y, por último, porque entenderlo de otro modo 
conferiría paradójicamente a las comunidades autónomas un poder tributario mayor en 
relación con la regulación delegada de los aspectos sustantivos y procedimentales de los 
tributos estatales cedidos que en relación con la regulación sustantiva y procedimental 
de sus propios tributos.
Por lo tanto, la capacidad normativa autonómica con relación a los tributos cedidos 
vendrá condicionada no solo por los títulos competenciales que ope Constitutionis avalan 
al Estado a sentar unos principios y normas generales de ordenación y aplicación de 
todos los tributos que conforman el sistema tributario español, con independencia del 
ente territorial (estatal, autonómico o local) al que correspondan (básicamente, arts. 
149.1.1, 8, 14 y 18 CE), títulos competenciales que también operan para limitar la 
capacidad normativa autonómica con relación a sus propios tributos. También vendrá 
condicionada por el alcance y las condiciones establecidas expresamente en la ley 
específica de cesión. De ahí que cualquier regulación autonómica de carácter general, 
sustantiva o procedimental, que desborde el ámbito de cesión de los tributos estatales  s
será inconstitucional, por producirse automáticamente una invasión de la competencia  oe.
estatal sobre los mismos (art. 149.1.14 en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE). w.
ampDa)r o Rdee csaupsit ucloamciópne.t ePnuceiadse  ncoornmclautiirvsaes  qeune  mlasa tceorima utnriibduatdaerisa ,a buiteónn osmoabsre n sou psu etrdibeunt oasl 
porrodpeinoasc ibóine ny  saopblircea cloiósn t rdibeu ttorisb uctoesd idqouse ,p coor nefol rEmseta ad olo,  eesxtpaubelescteor,  sneoarmn adse  gceonmepraelteesn cdiea 
estatal. En consecuencia, al analizar los preceptos autonómicos aquí impugnados, debe
procederse primero a examinar si con ellos se invaden los títulos competenciales que 
atribuyen al Estado la fijación de los principios y normas generales de ordenación y 
aplicación del sistema tributario español, que básicamente son los arts. 149.1.1, 8, 14 
y  18  CE.  Si  la  respuesta  es  afirmativa,  la  concreta  disposición  autonómica  será 
inconstitucional  e  inaplicable  tanto  a  los  tributos  propios  como  a  tributos  estatales 
cedidos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Si no existe tal invasión competencial, y 
sin perjuicio de la plena validez de la norma autonómica respecto a los tributos propios, 
todavía deberá determinarse si excede o no del ámbito constitucional de la cesión para 
determinar si resulta también aplicable a los tributos cedidos.
En consecuencia, en tanto no vulneren los títulos competenciales que reservan al 
Estado la configuración de los principios y normas generales del sistema tributario 
español, los preceptos del Código tributario serán de aplicación a los tributos propios y, 
en función de lo que disponga la normativa de cesión, podrán ser de aplicación también 
a los tributos estatales cedidos. Esta conclusión general y preliminar no sustituye, claro 
está, al enjuiciamiento individualizado de cada una de las disposiciones impugnadas que 
nos demanda el recurrente, que constituye el objeto de este proceso y para lo cual, 
naturalmente, deberemos atender a su contenido concreto.
6.  Criterios para el encuadramiento competencial.
Con  anterioridad  a  la  exposición  de  la  doctrina  constitucional  sobre  los  títulos 
competenciales implicados, corresponde fijar los criterios que seguiremos al realizar el 
enjuiciamiento competencial de la controversia.
a)  En primer lugar, es preciso señalar que, en este proceso, cuyo objeto es una 
norma autonómica y en el cual se nos propone expresamente la Ley general tributaria 
como  norma  de  contraste,  este  tribunal  examinará  el  encuadramiento  competencial 
únicamente de aquellos preceptos de la Ley general tributaria que, por ser aplicables, 
sirvan  efectivamente  de  norma  de  contraste  y,  por  tanto,  su  análisis  sea  requisito 
indispensable para resolver las dudas de constitucionalidad que plantea el recurrente. En 
consecuencia, la determinación del encuadramiento competencial de todo el articulado 
de la Ley general tributaria queda fuera del presente proceso constitucional.
b)  Esta  labor  de  cotejo  y  contraste  se  llevará  a  cabo  entre  las  disposiciones 
autonómicas impugnadas y aquellos preceptos de la Ley general tributaria alegados en 
el escrito de interposición por regular (o por afectar a) las condiciones básicas que 
garantizan  la  igualdad  en  el  ejercicio  de  derechos  y  el  cumplimiento  de  deberes 
constitucionales (art. 149.1.1 CE), las relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE), las 
reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas y las fuentes del 
Derecho (art. 149.1.8 CE), la hacienda general (art. 149.1.14 CE) o el procedimiento 
administrativo común y las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas 
(art. 149.1.18 CE).
c)  Asimismo,  deberá  tenerse  en  cuenta  el  diferente  alcance  de  los  títulos 
competenciales  invocados.  Así  como  las  reglas  del  art.  149.1.8  y  14  CE  y  del 
procedimiento  administrativo  común  del  art.  149.1.18  CE  confieren  al  Estado  una 
competencia exclusiva, no ocurre lo mismo con la cláusula general del art. 149.1.1 CE 
(«condiciones básicas») y con las «bases de régimen jurídico de las administraciones 
públicas» del art. 149.1.18 CE. De ahí que el enjuiciamiento de las leyes autonómicas a 
la luz del art. 149.1.1 CE y de la normativa básica del art. 149.1.18 CE se convierte en un 
análisis de constitucionalidad mediata, que comienza con la identificación, por parte del 
recurrente,  de  la  ley  estatal  dictada  al  amparo  de  dichos  títulos  competenciales  y  e
supuestamente vulnerada [STC 32/2018, de 12 de abril, FJ 8, para condiciones básicas,  bo
y STC 137/2018, de 13 de diciembre, FJ 2 a), para bases]. Igualmente, es doctrina  49ww
cmoendsitaatnat eo  dined eirsetcet atr iebsu nnael cqeusea r«io[p q]aurea  ccoonncsutartraarn  lad oesx isctoenndciicaio dnee su: npao cr ounns tiltaudcoio, nqaulied alda 
nuonram nao ermstaa tablá isnifcrian gyi,d ap opro rt alan tole,y  daicuttaodnaó mleicgaít ismeaam, eenn teel  adlo balme psaernot iddoe lm caoterrreiaslp yo nfodriemnatel, 
título competencial que la Constitución reserva al Estado; y, por otro, que la contradicción
entre  ambas  normas,  estatal  y  autonómica,  sea  efectiva  e  insalvable  por  vía 
interpretativa» [por todas, STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 b)]. Este mismo método 
debe emplearse respecto a la competencia que el art. 149.1.1 CE atribuye al Estado, 
como ya quedó expuesto en las SSTC 94/2014, de 12 de junio, FJ 2, y 150/2014, de 22 
de septiembre, FJ 2.
d)  El correcto encuadramiento competencial de los preceptos estatales de la Ley 
general tributaria que se afirman vulnerados se ve dificultado por el hecho de que el 
art. 1.1 LGT, dedicado a la determinación del objeto y ámbito de aplicación de la ley, se 
limita a enumerar los títulos competenciales que la amparan sin precisar cuál de ellos 
proporciona específica cobertura a cada una de sus disposiciones («Esta ley […] será de 
aplicación a todas las administraciones tributarias en virtud y con el alcance que deriva 
del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la Constitución»). La única excepción se establece en 
el art. 1.2 LGT, pues en dicho precepto se indica que se encuadran en el art. 149.1.3 CE 
(relaciones internacionales) «los principios y las normas jurídicas generales» que regula 
la  Ley  general  tributaria  sobre  «las  actuaciones  de  la  administración  tributaria  por 
aplicación  en  España  de  la  normativa  sobre  asistencia  mutua  entre  los  estados 
miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble 
imposición  o  de  otros  convenios  internacionales»  (arts.  29  bis  y  177  bis  a  177 
quaterdecies LGT).
Aunque el legislador estatal podría haber identificado qué disposiciones de la Ley 
general tributaria se corresponden con una competencia exclusiva del Estado o revisten 
carácter básico o de condición básica y son, en consecuencia, de aplicación directa por 
las comunidades autónomas y qué disposiciones son, por el contrario, de aplicación 
exclusiva por el Estado, dicha imprecisión, como señala la STC 33/2018, de 12 de abril, 
FJ 3 b), «no es un vicio invalidante de la Ley (SSTC 135/2013, de 6 de junio, FJ 5, 
y 182/2013, de 23 de octubre, FJ 14)», ya que del principio de seguridad jurídica «no se 
deriva para el legislador la obligación de invocar expresamente el título competencial que 
ampara sus leyes» (por todas, STC 182/2013, de 23 de octubre, FJ 14). Además, es 
doctrina constitucional que «la cobertura competencial enunciada por la ley […] o la 
propuesta por las partes durante el proceso constitucional son meramente indicativas y 
no resultan vinculantes para este Tribunal» (por todas, SSTC 165/2016, de 6 de octubre, 
FJ 4, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6). Los títulos competenciales «son indisponibles e 
irrenunciables, tanto para el legislador del Estado como para el de las comunidades 
autónomas; operan ope Constitutionis, con independencia de que uno u otro legislador 
hagan invocación explícita de las mismas, o de que estos incurran en una eventual 
‘selección errónea del título que, por otra parte, en modo alguno puede vincular a este 
Tribunal’  (STC  179/1985,  de  19  de  diciembre,  FJ  4),  de  la  misma  forma  que, 
consiguientemente,  tampoco  puede  hacerlo  un  error  en  la  calificación  de  la  norma 
(STC 152/2003, de 17 de julio, FJ 7)» (SSTC 130/2013, de 4 de junio, FJ 14; 141/2014, 
de 11 de septiembre, FJ 7; 165/2016, de 6 de octubre, FJ 4; 15/2018, de 22 de febrero, 
FJ 5; 33/2018, de 12 de abril, FJ 3, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6).
e)  Asimismo, debemos reiterar que para realizar la operación de encuadramiento 
competencial de las normas en liza debe atenderse «tanto al sentido o finalidad de los 
varios títulos competenciales, como al carácter, sentido y finalidad de las disposiciones 
traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la 
regla competencial aplicable al caso» (entre muchas, SSTC 153/1989, de 5 de octubre, 
FJ 5; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 3; 236/2012, de 13 de diciembre, FJ 3; 45/2015, 
de 5 de marzo, FJ 3; 165/2016, de 6 de octubre, FJ 4; 62/2017, de 25 de mayo, FJ 7;  s
33/2018, de 12 de abril, FJ 3, y 65/2018, de 7 de junio, FJ 6). oe.
7.  Títulos competenciales que habilitan al Estado a establecer los principios y  49ww
normas generales del sistema tributario español.
la  dCoocntr ilnaa f incaolindsatditu dceio envailt asr orebirtee raecli oanlecsa nscuep ergfelunaesr,a el sdtee  trilbous natílt udlaorsá  pcoorm rpeeptreondcuiacildeas 
concernidos remitiéndose a los pronunciamientos en los que se contengan. No obstante,
en este fundamento jurídico se realizarán las consideraciones que resultan necesarias 
para el encuadramiento competencial de los «principios y normas jurídicas generales, 
sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español» establecidos en la Ley 
general tributaria y «aplicables a y por todas las administraciones tributarias» (art. 20.4 
LOFCA), sin perjuicio de lo que sobre dichos títulos se desarrolle más adelante al hilo del 
examen de las distintas impugnaciones.
A)  Reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas jurídicas (art. 149.1.8 
CE).  El segundo inciso del art. 149.1.8 CE reserva al Estado competencia exclusiva 
(«en todo caso») sobre «las reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas 
jurídicas».  Este  título  atribuye  al  Estado  la  ordenación  con  carácter  general  o  con 
relación a una determinada especie o grupo de disposiciones, como pueden ser las 
tributarias, de los siguientes aspectos: (i) la aplicación de las normas jurídicas en el 
tiempo (STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 6) o en el espacio (STC 57/2015, de 18 de 
marzo, FJ 8); (ii) las reglas de interpretación de las normas jurídicas (STC 83/1986, de 26 
de junio; FJ 3); y (iii) la definición de la figura del fraude de ley y la regulación de sus 
efectos (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 8). Todo ello sin perjuicio de que «las 
comunidades autónomas puedan incluir en sus normas privativas preceptos que en cada 
caso vengan a regular lo que afecte a la aplicación y eficacia de las mismas, con respeto 
de la ordenación emanada de la competencia exclusiva del Estado», pero sin disciplinar 
con carácter general lo que les es ajeno (STC 14/1986, FJ 6). En este sentido se dan por 
reproducidos los argumentos vertidos sobre este particular en las SSTC 14/1986, FJ 6; 
83/1986, FJ 3; 37/1987, FJ 8, y 57/2015, FJ 8.
B)  Bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE). 
Respecto al título relativo a las «bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas» (art. 149.1.18 CE), nos remitimos a lo dispuesto en el fundamento jurídico 4 de 
la STC 132/2018, de 13 de diciembre. No obstante, para el presente enjuiciamiento 
interesa realizar cuatro consideraciones.
En primer lugar, este título permite al Estado establecer con relación a todas las 
administraciones públicas y, en este caso, con relación a todas las administraciones 
tributarias: (i) los principios y reglas básicos sobre los aspectos organizativos y de 
funcionamiento de todas las administraciones, garantizando un régimen jurídico unitario 
para todas ellas; (ii) las normas sobre las potestades administrativas que se confieren a 
dichas entidades para el cumplimiento de sus fines; y (iii) las normas relativas a las 
relaciones interadministrativas.
En segundo lugar, el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se 
refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de los órganos de 
las administraciones públicas (donde adquiere mayor relieve y amplitud la competencia 
autonómica de autoorganización de su propia administración ex art. 150 EAC, y de su 
administración tributaria ex arts. 204 y 205 EAC), que en aquellas otras que inciden más 
directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afecten a la esfera de los 
derechos de los administrados. Y ello precisamente porque el objetivo fundamental, que 
no el único, de las bases del art. 149.1.18 CE es el de garantizar «a los administrados un 
tratamiento común ante ellas» (en este sentido, SSTC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3; 
97/2001, de 5 de abril, FJ 6; 1/2003, de 16 de enero, FJ 8; 130/2013, de 4 de junio, FJ 6; 
141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5; 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4; 91/2017, de 6 
de julio, FJ 5; 143/2017, de 14 de diciembre, FJ 2, y 33/2018, de 12 de abril, FJ 5).
En tercer lugar, las bases que se establezcan en virtud del art. 149.1.18 CE también  e
pueden responder a la consecución de otros intereses generales superiores a los de las  bo
respectivas comunidades autónomas que hagan igualmente necesario y justificado el  49ww
etrsibtaubtalericai mqieuneto  dreeg uunle nm ínloims o acsopmeúcnto dse noormgainnaizdaotri.v oAss í, ylo sd per ecfuenpctoiosn daem liae nLtoe y gdeen elraasl 
aodbmligiandisotrsa ctriiobnuetasr itorsib uy taerl iaesje, rclaicsi or edlea cliaosn epso teasdt aedxetrsa  addem iensistatrsa taivdams inai setlrlaacsi oantreibsu cidoans  leons 
el ámbito tributario pueden responder, asimismo, al cumplimiento igualitario del deber de
contribuir en todo el territorio nacional establecido con carácter genérico en el art. 31.1 
CE,  con  independencia  del  carácter  estatal  o  autonómico  del  tributo  en  el  que  se 
concrete  dicho  deber  constitucional,  dado  el  carácter  unitario  del  sistema  tributario 
español (art. 31.1 CE). También pueden tener como objetivo, como se apunta en el 
preámbulo  de  la  Ley  general  tributaria,  el  reforzamiento  de  las  garantías  de  los 
contribuyentes y la seguridad jurídica, la posibilitación de la utilización de las nuevas 
tecnologías y el establecimiento de mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, 
el control tributario, el cobro de las deudas tributarias y la disminución de los niveles de 
litigiosidad en materia tributaria.
Este tipo de normas con estos fines hacendísticos son básicas de acuerdo con el 
art. 149.1.18 CE y no se encuadran en el art. 149.1.14 CE, al ser aplicable la doctrina 
constitucional sentada en la STC 179/1985, de 19 de diciembre, sobre la incidencia de 
los arts. 149.1.14 CE y 149.1.18 CE en la distribución competencial entre el Estado y las 
comunidades autónomas en materia de haciendas locales. Y ello porque, aunque las 
comunidades autónomas no posean competencia para la creación y regulación de los 
tributos propios de las entidades locales (STC 31/2010, FJ 140), sí la tienen sobre sus 
propias haciendas como «una exigencia previa o paralela a la propia organización 
autónoma» (STC 14/1986, FJ 2). Así, según la doctrina constitucional arriba aludida, si la 
ley  estatal  tiene  que  modificar  con  fines  hacendísticos  el  régimen  jurídico  de  las 
administraciones locales, «deberá hacerlo de modo tal que no imposibilite el ejercicio de 
la facultad comunitaria para dictar normas de detalle» (STC 179/1985, FJ 1). En suma, 
estaremos ante normas básicas ubicadas en el art. 149.1.18 CE y no en el art. 149.1.14 
CE, exigiéndose a la regulación estatal que permita «establecer en su seno la distinción 
entre normas básicas y las que no tienen este carácter» (STC 179/1985, FJ 1). De la 
naturaleza de normas básicas participan las «normas abstractas destinadas a regular, 
con vocación de permanencia, un determinado género de relaciones» y no las medidas 
coyunturales adoptadas por el Estado que solo tienen sentido siendo consideradas y 
aplicadas como una unidad (STC 179/1985, FJ 1).
En cuarto y último lugar, es preciso advertir, como ya se hizo en la STC 130/2013 
para la esfera del gasto público respecto a la actividad subvencional (FJ 5), que, dado 
que la actividad financiera (tributaria, en el caso que ahora nos ocupa) se desarrolla por 
las administraciones públicas, no resulta fácil deslindar las normas básicas de régimen 
jurídico de las administraciones públicas que el Estado puede establecer ex art. 149.1.18 
CE del denominado «marco general de todo el sistema tributario» que el Estado puede 
dictar al amparo del art. 149.1.14 CE, por lo que para proceder a una calificación 
competencial correcta «tendremos en cuenta como criterio interpretativo que, cuando se 
esté abordando la regulación de los derechos y obligaciones de contenido económico de 
las administraciones públicas, nos encontraremos ante preceptos que tienen su anclaje 
en el art. 149.1.14 CE» [SSTC 130/2013, FJ 5; 135/2013, de 6 de junio, FJ 3 c), 
y 41/2016, de 3 de marzo, FJ 3]. Con arreglo a esta doctrina, la determinación de la 
cuantía de los intereses de demora, actualmente recogida en el art. 26.6 LGT, en cuanto 
regulación del objeto de una obligación tributaria material accesoria (art. 25.1 LGT) y de 
un elemento eventual de la deuda tributaria (art. 58.2 LGT), debe ser considerada una 
regla sustantiva de hacienda general encuadrable en el art. 149.1.14 CE y no, como 
afirmamos  en  el  fundamento  jurídico  11  de  la  STC  14/1986  (y,  aplicando  dicho 
pronunciamiento, en la STC 81/2003, de 30 de abril, FJ 6), una norma básica de régimen 
jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE). Y el mismo razonamiento ha 
de valer, como se verá en el fundamento jurídico 31 de la presente sentencia, para  s
encuadrar la regulación de las causas de interrupción de la prescripción tributaria en el  oe.
art. 149.1.14 CE, y no en el art. 149.1.18 CE como estableció la STC 14/1986, FJ 12. w.
alcaCnc) e Pdreo clead icmoimenpteot enacdima ineixsctrlautsivivoa  cdoeml úEns ta(daort . so1b4r9e. 1p.1ro8c eCdEim).i enCtoo na drmeilnaicsitórna tivaol 
cbo) mdeú nla ( aSrTt. C1 4393./12.01188 C, Ede),  1se2  ddae  paobrr irl,e yp reond uecli dfuon ldoa smeeñnatloa djuor eídnic eol  4fu nddea lma eSnTtoC  j5u5rí/d2i0co1 85, 
de 24 de mayo. De lo allí expuesto, y sin perjuicio de lo que se desarrollará en el 
fundamento jurídico 26 de esta resolución, se puede resaltar lo siguiente:
a)  De  un  lado,  el  constituyente  reserva  en  exclusiva  al  Estado,  primero,  los 
principios o normas que «definen la estructura general del iter procedimental que ha de 
seguirse para la realización de la actividad jurídica de la administración» (STC 227/1988, 
FJ 32), esto es, la regulación del procedimiento entendido en sentido estricto (iniciación, 
ordenación, instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, recepción y registro 
de documentos); y, segundo, las normas que «prescriben la forma de elaboración, los 
requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los 
actos  administrativos,  incluyendo  señaladamente  las  garantías  generales  de  los 
particulares en el seno del procedimiento» (STC 227/1988, FJ 32). Estos principios y 
normas de procedimiento administrativo común quedan contenidos en la Ley general 
tributaria,  adaptados  a  las  especialidades  del  ámbito  tributario,  como  apunta  su 
preámbulo, «garantizando a los contribuyentes un tratamiento similar ante todas las 
administraciones tributarias» en consonancia con el art. 149.1.18 CE. Y ello porque la 
Ley general tributaria contiene los procedimientos administrativos especiales ratione 
materiae  de  aplicación  y  revisión  de  los  tributos  estatales  (de  ahí  su  grado  de 
exhaustividad), de los cuales tan solo aquellas disposiciones normativas que regulen 
trámites y requisitos procedimentales equivalentes a los calificados por este tribunal 
como procedimiento administrativo común, y actualmente contenidos, entre otras, en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones  públicas,  serán  directamente  aplicables  a  y  por  todas  las 
administraciones tributarias. Este Tribunal ya ha admitido en anteriores pronunciamientos 
que el Estado está habilitado en virtud del art. 149.1.18 CE para establecer normas 
comunes  de  procedimiento  específicas  para  procedimientos  administrativos  ratione 
materiae [STC 61/1997, FJ 25 c)], por lo que la competencia estatal en materia de 
procedimiento  administrativo  común  no  se  detiene,  única  y  exclusivamente,  en  la 
regulación  de  la  institución  desde  una  perspectiva  abstracta  y  desvinculada  de  los 
procedimientos especiales (STC 130/2013, FJ 8).
b)  De  otro  lado,  es  doctrina  reiterada  de  este  tribunal  que  la  Constitución  no 
atribuye  en exclusiva  al  Estado la regulación  de los  procedimientos administrativos 
especiales ratione materiae, «al tratarse de una competencia conexa a las que el Estado 
o las comunidades autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo de 
cada actividad o servicio de la administración» (por todas, STC 227/1988, FJ 32); así que 
«cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una comunidad 
autónoma,  a  esta  cumple  también  la  aprobación  de  las  normas  de  procedimiento 
administrativo destinadas a ejecutarla» (STC 227/1988, FJ 32). En consecuencia, como 
la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencia exclusiva para la creación y 
exigencia de sus propios tributos (arts. 133.2 CE, 203.5, 204.1 y 205, párrafo primero, 
EAC  y  6.1,  19.1  y  20.1  LOFCA),  también  le  corresponde  la  regulación  de  los 
procedimientos administrativos en materia tributaria.
Ahora bien, el ejercicio de esa competencia normativa autonómica está sujeto a un 
triple condicionamiento. En primer lugar, «deberán respetarse en todo caso las reglas de 
procedimiento  establecidas  en  la  legislación  del  Estado  dentro  del  ámbito  de  sus 
competencias» (STC 227/1988, FJ 32). De ahí que, en materia tributaria, corresponda 
acatar los preceptos de la Ley general tributaria que contengan lo que el art. 20.4 LOFCA 
ha denominado «principios y normas jurídicas generales de procedimiento del sistema 
tributario  español»,  que  se  integran  no  solo  por  las  normas  de  procedimiento  e.
administrativo común ex art. 149.1.18 CE sino también, como se verá después, por  w.b
normas de procedimiento de hacienda general ex art. 149.1.14 CE, por ser todas ellas  49ww
cdoirmecutnaimdaedn tea uatópnliocambale sh ae na suy mpiodro  lcaosm cpoemteunncidiaa,d eens  vaiurttuódn odmeal sa.r tE. n1 5s9e.1g ucn)d oE AluCg, apr,a rlaa 
peastratibculelacerird a«dleass  dneol rmdearse chdoe  spursotcaendtiivmoi edneto  Caadtamluinñiast raot ivdoe   lqause  esspee cdiaelridivaedne sd ed e lalas 
organización de la Generalitat» (en este caso, de la organización de la administración
tributaria autonómica). Y, en tercer lugar, en caso de que esas normas autonómicas de 
procedimiento tributario resulten controvertidas, será preceptivo que se ofrezca ante este 
tribunal  la  pertinente  justificación  sobre  la  necesidad  de  un  desarrollo  normativo 
autonómico al venir habilitado por el ejercicio de dicho título competencial (STC 16/2003, 
de 30 de enero, FJ 10, con cita de la STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5, en relación con 
el art. 149.1.6 CE).
c)  Por lo que se refiere al posible establecimiento autonómico de especialidades 
procedimentales ratione materiae sobre los tributos estatales cedidos, debe añadirse 
que,  además  de  someterse  al  triple  condicionamiento  mencionado,  la  comunidad 
autónoma también debe respetar las condiciones fijadas en la ley estatal de cesión. En 
consecuencia,  esas  especialidades  procedimentales  autonómicas:  (i)  deben  afectar 
únicamente  a  aquellos  tributos  cedidos  cuya  gestión  le  haya  sido  delegada  a  la 
comunidad autónoma, puesto que carece de sentido regular lo que no se puede aplicar; 
(ii) deben referirse a procedimientos tributarios para cuya regulación el sistema de 
financiación autonómica diseñado en el bloque de la constitucionalidad haya cedido 
competencias normativas a la comunidad autónoma; y (iii) deben basarse, con arreglo al 
citado art. 159.1 c) EAC, bien en las particularidades de la organización administrativa de 
la Generalitat, bien en las especialidades de Derecho sustantivo que haya promulgado la 
comunidad autónoma sobre la estructura del tributo cedido en el legítimo ejercicio de las 
competencias normativas sustantivas delegadas en la ley estatal de cesión.
d)  Este Tribunal es consciente de la dificultad que entraña en muchas ocasiones 
discernir a qué título competencial pertenecen los preceptos de la Ley general tributaria 
que  establecen  los  requisitos  y  trámites  procedimentales  que  constituyen  los 
denominados «principios y normas jurídicas generales de procedimiento del sistema 
tributario español», «aplicables a y por todas las administraciones tributarias», a los que 
se  refiere  el  art.  20.4  LOFCA.  En  esos  casos,  para  el  correcto  encuadramiento 
competencial del precepto impugnado acudirá a la finalidad normativa prevalente, como 
se explica en el fundamento jurídico 26.
D)  Hacienda general (art. 149.1.14 CE).  Importa subrayar una vez más, conforme 
a la doctrina de este tribunal y por lo que se refiere exclusivamente a la materia tributaria, 
que  el  Estado  tiene  atribuida  la  competencia  exclusiva  sobre  «hacienda  general» 
(art. 149.1.14 CE), así como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley 
(art. 133.1 CE), lo que, unido a que también corresponde al legislador orgánico la 
regulación del ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas 
(art. 157.3 CE), determina que aquel «sea competente para regular no solo sus propios 
tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de 
las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio 
Estado» [STC 192/2000, FJ 6; citada, entre otras, en SSTC 16/2003, de 30 de enero, 
FJ 11; 72/2003, de 10 de abril, FJ 6; 31/2010, de 28 de junio, FJ 10; 32/2012, de 15 de 
marzo, FJ 6; 130/2013, de 4 de junio, FJ 5; 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b), 
y 33/2018, de 12 de abril, FJ 5 a)].
De esta forma, el Estado está constitucionalmente habilitado para establecer, dentro 
del denominado «marco general de todo el sistema tributario», normas generales de 
ordenación y aplicación de todos los tributos que conforman el sistema tributario español 
para garantizar la igualdad en las condiciones del cumplimiento del deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos que el art. 31.1 CE establece con carácter general 
para todos los ciudadanos del territorio nacional. Y ello porque «es consecuencia del 
art. 31.1 CE […] la unidad del sistema tributario en todo el territorio nacional como  e.
indeclinable exigencia de igualdad de los españoles» (STC 19/1987, FJ 4, en materia de  w.b
haciendas locales, trasladable plenamente a las haciendas autonómicas). 49ww
comDpee teunncaia  peaxrctleu,s ihveam poasra  rdeiictetarra duon  cqouneju n«teol  daer tn. o1rm49a.s1 .[1…4 ] CquEe  cporonpfioerrcei oanle nE estl amdaor clao 
ljeuyrí dilcoos  pparrinac liap ioess trcuocntu raa rrye gfulon ciao nlaoms iecnutaol edse l sseis tehma ad ter ibruetgairri o,l ao rmdeantearniad o trmibeudtaiarniate» 
[SSTC 19/2012, FJ 3 b), y 26/2015, FJ 4 b); con cita de las SSTC 19/1987, FJ 4,
y 135/1992, de 5 de octubre, FJ 6]. Esto, unido a que la regulación sustantiva de los 
derechos y obligaciones de contenido económico de las administraciones públicas tiene 
su  anclaje  en  el  art.  149.1.14  CE  (por  todas,  STC  130/2013,  FJ  5),  trae  como 
consecuencia  que  el  Estado  recoja  en  la  Ley  general  tributaria,  al  amparo  del 
art. 149.1.14 CE, lo que el art. 20.4 LOFCA denomina «principios y normas jurídicas 
generales sustantivas del sistema tributario español», introduciendo los conceptos y la 
terminología del Derecho tributario material que hagan del tributo un instituto jurídico 
reconocible en todo el territorio nacional. Así, entre otros, su concepto, las categorías 
tributarias, los elementos esenciales y accesorios que componen su estructura, los 
distintos tipos de obligados tributarios, las clases de obligaciones tributarias materiales 
(principal, a cuenta, accesorias y entre particulares) y formales derivadas del tributo 
como relación jurídica compleja, las formas de extinción de las mismas, o el régimen de 
los recargos y de los intereses de demora.
De otra parte, el art. 149.1.14 CE ampara al Estado a la hora de introducir reglas 
procedimentales específicas de hacienda general que impongan criterios directamente 
vinculados con el cumplimiento igualitario del deber constitucional de contribuir en todo el 
territorio  nacional,  sin  descender  a  la  previsión  de  trámites  de  pura  gestión. 
Precisamente en el ejercicio de la función estatal de coordinación entre haciendas 
(art. 156.1 CE), el Estado puede legítimamente dictar, ex art. 149.1.14 CE, principios y 
normas  jurídicas  generales  de  procedimiento  en  el  ámbito  tributario  con  el  fin  de 
«garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea 
compatible con la existencia de ‘un sistema tributario’ (art. 31.1 CE)» [entre otras, y en 
relación con el art. 6 LOFCA, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b); 210/2012, de 14 
de noviembre, FJ 4; 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a); 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b); 
120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 c); 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 c); 22/2019, de 14 de 
febrero, FJ 3 c), y 43/2019, de 27 de marzo, FJ 3], introduciendo requisitos y trámites 
específicos  dirigidos  a  asegurar  el  adecuado  y  efectivo  cumplimiento  del  deber  de 
contribuir en condiciones de igualdad en todo el territorio, con independencia del carácter 
estatal o autonómico del tributo en el que se concrete dicho deber constitucional y de 
cuál sea el ente público territorial, estatal o autonómico, que lo establezca o exaccione.
Ahora bien, la apreciación de que la ordenación general de la tributación exija una 
cierta dosis de homogeneidad técnica derivada de la configuración constitucional de la 
materia tributaria como una unidad (sistema) no impide afirmar al mismo tiempo que el 
Estado no puede ir más allá de una competencia de coordinación con las haciendas 
autonómicas en la regulación de los aspectos comunes a la estructura y aplicación de los 
diversos tributos (art. 156.1 CE), pues el bloque de la constitucionalidad presupone la 
existencia de las mismas como «exigencia previa o paralela a la propia organización 
autonómica» (STC 14/1986, FJ 2) y de su autonomía financiera (tributaria) ex art. 156.1 
CE. Por ello, este título debe ser ejercido de forma que salvaguarde en todo caso la 
propia existencia del poder tributario autonómico, de manera que la coordinación no 
llegue  a  tal  grado  de  desarrollo  que  produzca  un  vaciamiento  de  la  competencia 
autonómica que la Constitución les reconoce directamente (art. 133.2 CE), y que han 
asumido como propias todos los estatutos de autonomía (arts. 203.2 y 5 EAC), pues 
como  afirmamos  tempranamente  «ninguno  de  los  límites  constitucionales  que 
condicionan dicho poder tributario (y, sin duda, el art. 149.1.14 CE lo es) puede ser 
interpretado de tal manera que haga inviable el ejercicio de aquella potestad tributaria» 
[entre otras, SSTC 150/1990, FJ 3; 289/2000, FJ 3; 210/2012, FJ 4; 53/2014, FJ 3 a); 
26/2015, FJ 4 b); 120/2018, FJ 3 c); 4/2019, FJ 3 c), y 22/2019, FJ 3 c)]. s
E)  Condiciones básicas que garanticen la igualdad (art. 149.1.1 CE).  Finalmente,  w.b
por lo que se refiere al alcance y contenido de la competencia estatal sobre la regulación  49ww
edle  lcausm «pcloimndieicnitoon edse b ádseicbaesr»e sq uceo gnasrtaitnutcicioenna llae si,g usaeld adda enn  ealq eujíe rpciocri o rdeep rdoedrueccihdooss  y leons 
eful nadrat.m 1e4n9to.1s. 1ju rCídEic: o(si)  3n yo  5r edsee rlava S TalC E 2s7ta/2d0o1 7u,n d eá m16b itdoe  mfeabtreerrioa,l  tseinnioe nqduoe  plroe sheanbtieli tqau ae 
condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas con el fin de garantizar la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus  deberes  constitucionales;  (ii)  no  responde  a  la  lógica  de  las  bases  estatales-
legislación autonómica de desarrollo; (iii) no debe ser entendido como una prohibición de 
divergencia autonómica; (iv) se limita al establecimiento de las condiciones básicas 
imprescindibles o necesarias para garantizar la igualdad, por lo que su regulación no 
puede suponer una normación completa y acabada del derecho o deber de que se trate; 
y (v) en ausencia de normativa estatal introduciendo dichas condiciones básicas, las 
comunidades autónomas podrán ejercer sus competencias sin impedimentos y sin por 
ello vulnerar el art. 149.1.1 CE. No obstante, de cara al presente enjuiciamiento interesa 
realizar varias precisiones adicionales.
a)  En el ámbito de los tributos en particular, nada impide al Estado regular las 
condiciones básicas ex art. 149.1.1 CE para garantizar en todo el territorio nacional, bien 
el cumplimiento igualitario del deber de contribuir con tributos al sostenimiento del gasto 
público (art. 31.1 CE), bien el ejercicio igualitario de los derechos constitucionales. En 
efecto, por lo que se refiere a los tributos autonómicos, este tribunal ha afirmado que el 
art.  149.1.1  CE  no  habilita  al  Estado  a  crear  las  tasas  autonómicas  (propias)  por 
prestación de servicios públicos de atención social en el ámbito del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia, pero sí a establecer en la ley unas condiciones 
básicas para garantizar la igualdad en todo el territorio español en el cumplimiento del 
deber  constitucional  de  contribuir  con  dicho  «copago»  a  la  financiación  del  mismo 
(art. 149.1.1 CE en relación con el art. 31.1 CE; STC 27/2017, FJ 4). De igual forma, por 
lo  que  respecta  al  impuesto  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados (tributo totalmente cedido a las comunidades autónomas de régimen 
común, y concertado o convenido en el País Vasco y Navarra), la exención para las 
confesiones religiosas que hubieran firmado un acuerdo de cooperación con España, 
respecto de los bienes o derechos adquiridos destinados a actividades religiosas o 
asistenciales, fue considerada por este tribunal como una «condición básica» establecida 
por la ley estatal «dirigida a salvaguardar la uniformidad en el tratamiento tributario de las 
confesiones religiosas reconocidas en España y, por tanto, en el ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad religiosa en su vertiente externa y colectiva» (art. 149.1.1 CE en 
relación con el art. 16.3 CE; STC 13/2018, de 8 de febrero, FJ 4).
b)  En relación con los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario 
español contenidos en la Ley general tributaria, debe añadirse ahora que el legislador 
estatal, al amparo del art. 149.1.1 CE, puede regular condiciones básicas que garanticen 
el ejercicio igualitario de los derechos constitucionales que puedan verse afectados por 
la  ordenación  general  de  todos  los  tributos.  En  este  sentido,  podrían  considerarse 
condiciones básicas del art. 149.1.1 CE con relación al derecho a la inviolabilidad del 
domicilio (art. 18.2 CE) y al derecho a la protección de datos de carácter personal 
(art. 18.4 CE), respectivamente, las establecidas en los arts. 113, 142.2 y 169.4 LGT 
(autorización judicial de la entrada en el domicilio) y en los arts. 93 a 95 LGT (obtención 
de terceros de información con trascendencia tributaria y el carácter reservado de tales 
datos). Así, sobre el precepto de la Ley general tributaria de 1963 que establecía la 
autorización judicial de la entrada en el domicilio al órgano de recaudación (art. 130), 
aunque al hilo de delimitar el contenido material de las leyes de presupuestos, este 
tribunal señaló que, si bien tal regulación tiene incidencia en una materia propia de 
hacienda general (recaudación ejecutiva de tributos), «es ante todo y sobre todo una 
norma de atribución a un órgano judicial de una función garantizadora de un derecho 
fundamental, la inviolabilidad del domicilio, y de fijación de las condiciones del ejercicio  e.
de  dicha  competencia»  (STC  76/1992,  de  14  de  mayo,  FJ  4,  reproducido  en  w.b
SSTC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4, y 123/2016, de 23 de junio, FJ 3). En una  49ww
mla isSmTCa  i1m9p5u/1g9n9a4ci,ó dne s 2o8b rdee l ojusn liíom, itseosb rmea ltoesr iaalretss.  d1e11 la.3  leyy 1 d2e8 .p5r edseu lpau aensttiogsu,a s Lee pyr ogneunnecraiól 
ttrriibbuuttaarriiaa  y(p cooterrsetlaadti vaad ombilnigisatcraiótinv ad ed efa creilqitaurelari mpioern ptoa rdtee  dinef odremtearcmióinna dcaosn  ptrearsscoennadse) nccoian 
relación al ejercicio del derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE).
c)  Ahora bien, más difícil se presenta la posibilidad de que el art. 149.1.1 CE sea el 
título habilitante para que una ley estatal, como la Ley general tributaria, al regular el 
régimen jurídico aplicable a todos los tributos, establezca condiciones básicas para el 
cumplimiento igualitario del deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE). Teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con nuestra doctrina, el contenido de las «condiciones básicas» 
ha de ser el imprescindible o necesario para garantizar la igualdad, y dada la función 
uniformadora en el cumplimiento del deber constitucional de contribuir que cumplen las 
normas generales sustantivas y procedimentales de hacienda general y las bases de 
régimen jurídico de las administraciones públicas, debe descartarse, en principio, la 
cláusula del art. 149.1.1 CE en relación con el art. 31.1 CE como cobertura general de la 
Ley  general  tributaria,  pues  esta  queda  absorbida  por  las  competencias  que  le 
corresponden  al  Estado  ex  art.  149.1.14  y  18  CE,  más  específicas  y  que  pueden 
proyectarse con mayor amplitud e intensidad.
8.  Impugnaciones generales sobre el primer bloque de preceptos recurridos.
Establecido ya el marco competencial concernido, estamos en posición de iniciar el 
enjuiciamiento de este primer bloque que, como se dijo, gira en torno a la existencia o no 
de  competencia  normativa  autonómica  sobre  la  denominada  «parte  general»  del 
Derecho tributario. Cuatro son, esencialmente, las quejas de carácter general que se 
dirigen contra los dos títulos del libro primero del Código tributario sobre «Disposiciones 
generales del sistema tributario de Cataluña» (relativos a las «disposiciones generales 
del  Código  tributario  de  Cataluña»  y  a  las  «disposiciones  generales  sobre  la 
administración tributaria de la Generalitat», respectivamente), que se hacen extensivas a 
los artículos impugnados del título II del libro segundo referentes a la Junta de Tributos 
de Cataluña, por ser estos últimos, como afirma el abogado del Estado, un complemento 
de regulación orgánica instrumental para la realización de las funciones de carácter 
sustantivo atribuidas por los preceptos impugnados del libro primero.
A)  Establecimiento de un código. Desde un punto de vista formal, el recurrente 
cuestiona la ordenación del «sistema tributario catalán» en la forma de código, no 
prevista ni en la Constitución ni en la LOFCA; pretensión codificadora que tiene por 
objeto una regulación completa y cerrada del Derecho tributario aplicable en Cataluña.
A este respecto interesa resaltar que nada obsta para que el legislador catalán, como 
el  de  cualquier  otra  comunidad  autónoma,  en  aras  de  la  seguridad  jurídica,  la 
coherencia, la simplicidad y la transparencia, lleve a cabo un esfuerzo de sistematización 
normativa con el fin de incluir en un único texto legal todas las normas con rango de ley 
que integran su Derecho tributario. Así, la pretensión denunciada por el abogado del 
Estado, que asimismo queda plasmada en el preámbulo de la Ley 17/2017, de elaborar 
un código de legislación tributaria de Cataluña no es, en sí misma, inconstitucional (en 
este sentido, STC 132/2019, de 13 de noviembre, sobre el libro sexto del Código civil de 
Cataluña). No obstante, tales competencias normativas deben ser ejercidas respetando 
los principios y normas generales del sistema tributario español establecidos por el 
Estado en el ejercicio de sus competencias ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE; y, en el caso 
de los tributos cedidos, adicionalmente, dentro del marco y límites introducidos por el 
Estado en el ejercicio de su potestad originaria ex arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE en la 
ley específica de cesión. De ahí que la labor de este tribunal en este proceso consista 
precisamente en determinar si las normas contenidas en el Código tributario y aquí 
impugnadas se adecuan al sistema de distribución de competencias tributarias entre el  s
Estado y las comunidades autónomas diseñado en la Constitución y en el bloque de la  oe.
constitucionalidad; o si, por el contrario, lo contravienen o lo perturban. Y ello sin que  w.
cdCoiómrdreeignsosp ioó«nnpd uade ese  cnfeoocr treuesac rce iósvtnae l otTérarcicbniuiócnnaa , la o‘ljgpuuoenrzta ud nesid olabadr e co a lliadu aticldiad ltaiéddca nddi ceoa   ladasec  ilelearystoe  lset yé(ecSsnT’i,cC oe  n3d 4se1u / 1dt9rici9ph3loe,    2020-8149n https://ww
de 18 de diciembre, FJ 2; con posterioridad, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9),
sino ‘vigilante de su adecuación a la Constitución’ (STC 40/2018, de 26 de abril, FJ 8)» 
[STC 119/2018, de 31 de octubre, FJ 2 b)].
B)  Falta  de  diferenciación  entre  tributos  propios  y  estatales  cedidos  en  los 
preceptos impugnados. Ante la omisión en los preceptos del Código de distinción alguna 
entre tributos propios y tributos estatales cedidos, el abogado del Estado denuncia una 
vulneración del marco competencial y normativo estatal en materia de tributos cedidos 
(arts. 133.1, 157.3 y 149.1.14 CE; arts. 19 y 20 LOFCA; Ley 22/2009 y Ley 16/2010) al 
entender que los preceptos del Código se aplican a estos dos recursos tributarios que 
conforman la hacienda autonómica, en la medida en que: (i) el apartado primero del 
art. 111-1 del Código tributario de Cataluña («Objeto y ámbito del Código») determina 
que «[e]l Código tributario de Cataluña establece los principios generales del sistema 
tributario de Cataluña» pero no define qué entiende por «sistema tributario catalán»; y (ii) 
la única exclusión explícita del ámbito del Código son los tributos locales (apartado 
segundo  del  art.  111-1  del  Código  tributario  de  Cataluña).  A  la  misma  percepción 
conducen también, aunque el recurrente no se refiere a ellos, algunos fragmentos de la 
exposición de motivos de la Ley 17/2017, su art. 2.1, así como la dicción de diversos 
preceptos del Código que contienen referencias expresas a los tributos aplicados por la 
administración autonómica de la Generalitat. Y ello porque tributos aplicados son tanto 
los  propios  como,  en  el  actual  sistema  de  financiación  autonómica,  los  tributos 
totalmente cedidos a la Comunidad Autónoma de Cataluña (excepto el impuesto especial 
sobre la electricidad) en los que esta ha asumido, por delegación, la aplicación de los 
mismos.
Una vez examinada la distribución de competencias normativas entre el Estado y las 
comunidades autónomas en materia de tributos cedidos en el fundamento jurídico 5 C), y 
a la vista del contenido de estos tres primeros libros en el fundamento jurídico 3 B), 
puede adelantarse que el Código tributario se aplica principalmente a los tributos propios 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que únicamente serán de aplicación a los 
tributos estatales cedidos aquellos concretos preceptos del Código que versen sobre 
aspectos normativos que hayan sido delegados en la ley específica de cesión, siempre 
que esos preceptos autonómicos se hayan dictado con el alcance y las condiciones 
impuestas en dicha ley estatal. De acuerdo con esta interpretación conforme, que se 
llevará al fallo, el art. 111-1 del Código tributario de Cataluña no es inconstitucional. Esta 
interpretación conforme del precepto que define el ámbito de aplicación del Código 
tributario  no  implica  necesariamente  la  constitucionalidad  de  los  demás  preceptos 
impugnados en este proceso; ahora bien, el enjuiciamiento de dichos preceptos no 
puede realizarse más que de forma individualizada, y su examen se llevará a cabo en los 
fundamentos jurídicos siguientes de esta resolución.
C)  Falta de referencia expresa a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a 
la Ley general tributaria en el Código. El abogado del Estado alega que con este Código 
se pretende regular un sistema tributario al margen tanto del sistema tributario español, 
que es único, tal y como establece el art. 31.1 CE («un sistema tributario»), como de los 
preceptos  constitucionales  que  le  sirven  de  base.  Primero,  teniendo  en  cuenta  el 
contexto socio-político en el que es aprobada la Ley 17/2017, y, segundo, dada la 
omisión absoluta dentro del articulado del Código de cualquier referencia expresa a la 
Constitución,  al  bloque  de  la  constitucionalidad  que  delimita  la  distribución  de 
competencias tributarias entre el Estado y las comunidades autónomas (Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y LOFCA) y a las normas que, con base en los arts. 133,  e
149.1.1, 8, 14 y 18 y 157 CE, dicta legítimamente el Estado para regular los principios y  bo
normas  generales  de  ordenación  y  aplicación  del  sistema  tributario  español  49ww
e(psrpinecciípfiaclam, ednete u, nl al adLoe,y  dgeel ninecriaslo  tdrieblu taarrti.a )1.1 1E-1s tad eilm Cpóudgingaoc tiórinb utsaer iop rdeed iCcaa tadlueñ afo rqmuea 
spirsotcelmama atr iqbuueta r«io[e ]dl eC Códaitgaolu ñtraib»u; tya,r idoe d oet rCo,a dtaelul ñaart . e1s1t1a-b2le dceel  lCoós dpigrion cciopniotsro gveerntiedroa,l esso bdreel 
el ámbito subjetivo del Código, en cuanto ambos omiten referencia alguna a la norma
estatal, desconociendo, a juicio del abogado del Estado, que la administración tributaria 
de  Cataluña  aplica  tributos  cuya  competencia  normativa  es  exclusiva  del  Estado. 
Asimismo, se formula una queja similar respecto al art. 111-5 del Código tributario de 
Cataluña relativo a la capacidad de la Generalitat para exigir tributos.
a)  Teniendo en cuenta que el control que lleva a cabo el Tribunal es un control 
eminentemente «objetivo», que deja al margen las intenciones o finalidades del autor de 
la disposición autonómica impugnada, según jurisprudencia constitucional reiterada [por 
todas, SSTC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 c), y 136/2018, de 13 de diciembre, 
FJ 4], debe concluirse con la abogada de la Generalitat que este Código no puede 
entenderse promulgado al margen de la Constitución, del bloque de la constitucionalidad, 
ni de las disposiciones de la Ley general tributaria que, ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, 
sean de aplicación directa a las comunidades autónomas, por el mero hecho de que el 
articulado del mismo no se remita expresamente a ellas. Dos son las razones que 
fundamentan esta conclusión.
En primer lugar, todas las disposiciones del Código (y en concreto, los arts. 111-1 
y 111-2 del Código tributario de Cataluña) deben ponerse en relación con el art. 111-5, 
que expresamente declara que «[l]a Generalitat puede exigir tributos de acuerdo con la 
Constitución y las leyes». De una interpretación sistemática de su articulado se deduce 
que el Código tributario se inserta dentro del marco constitucional vigente y, por tanto, 
dentro del sistema de distribución de competencias tributarias que deriva del bloque de 
la  constitucionalidad  (Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  LOFCA  y,  en  materia 
normativa de tributos cedidos, la Ley 22/2009 y la ley específica de cesión).
En  este  sentido,  partiendo  de  la  efectiva  inserción  del  Código  tributario  en  un 
ordenamiento  jurídico  compuesto,  no  constituyendo  pues  un  elemento  aislado  e 
incomunicado en el mundo del Derecho, el hecho de que esta ley autonómica guarde 
silencio acerca del estatuto de autonomía y la LOFCA no desvirtúa la anterior conclusión. 
Este  Tribunal  ya  ha  puesto  de  relieve  que  el  papel  de  la  LOFCA  «en  el  sistema 
constitucional  de  reparto  de  poder  tributario  deriva,  como  es  lógico,  de  la  propia 
Constitución (art. 157.3 en relación con los arts. 133.2 y 149.1.14 CE), sin que sea 
necesario que la competencia del Estado sea reiterada específicamente en cada una de 
las normas sobre la materia» (STC 208/2012, de 14 de noviembre, FJ 5). Y esto mismo 
puede predicarse, sin duda, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como, en cuanto 
a la cesión de tributos se refiere, de la Ley 22/2009 y de la ley específica de cesión, 
puesto que la Constitución y el bloque de la constitucionalidad rigen, por su propia 
primacía,  con  independencia  de  su  mención  expresa  en  la  legislación  estatal  o 
autonómica.
En segundo lugar, la falta de referencia explícita a la Ley general tributaria tampoco 
merece tacha de inconstitucionalidad «si se interpreta que ese silencio no es sinónimo 
de  una  exclusión,  respecto  de  la  que  la  comunidad  autónoma  carece  de  toda 
competencia, puesto que la aplicación o no de tal normativa no está a la disponibilidad 
de  lo  que  pueda  establecer  la  comunidad  autónoma  sino  a  lo  que  derive  de  la 
Constitución  y  del  bloque  de  la  constitucionalidad,  sin  necesidad  de  cláusulas  de 
salvaguardia» [SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 14 a), y 135/2006, de 27 de abril, 
FJ 6]. Y el silencio de la ley autonómica sobre la aplicación de la legislación estatal no 
puede significar nunca la exclusión de esta si su aplicación viene exigida por el bloque 
de la constitucionalidad, como resulta en el presente caso, pues el art. 20.4 LOFCA 
establece  que  la  Ley  general  tributaria  contiene  principios  y  normas  generales, 
sustantivos y procedimentales, del sistema tributario español ex art. 149.1.1, 8, 14 y 18  e.
CE, «aplicables a y por todas las administraciones tributarias». w.b
b)  Ahora bien, debe estimarse parcialmente el primer motivo de inconstitucionalidad  49ww
Ccoanta rlueñlaac ieósn  aapll icaarbt.l e1 1a1 l-a2s  dpeelr sConóadsig foís itcriabsu tya rjuior íddieca Cs ayt aal ulañsa  e(n«tEidla dCeósd isgino  ptreibrsuotanraiolid adde 
jGuroíbdiiecarn ao  leaxsi gqeu ee lla  cnuomrmplaimtiviean ttroib udtea roiab laigparociboandeas  ptorirb uetl aPriaarsla mo ernetcoo ny odcees aerlr oelljaedrcaic pioo rd eel 
derechos en el ámbito tributario»), en lo que se refiere al inciso «aprobada por el
Parlamento y desarrollada por el Gobierno», por cuanto apunta a una normativa tributaria 
aplicable en Cataluña únicamente integrada por normas de procedencia autonómica. 
Eliminado ese inciso, debe concluirse por las razones anteriormente expuestas que la 
ausencia de referencia expresa a la normativa estatal en el resto del contenido del 
precepto no implica que a las personas y entidades a las que sea de aplicación el Código 
tributario  no  les  sea  de  aplicación  la  normativa  tributaria  estatal  y,  a  mayor 
abundamiento, aquellos principios y normas generales del sistema tributario español 
recogidos en la Ley general tributaria. Es más, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones y derechos tributarios derivados de la normativa autonómica a los que se 
refiere el art. 111-2 del Código tributario de Cataluña, sobre tributos propios o estatales 
cedidos, tanto los obligados tributarios como la administración tributaria de Cataluña 
deberán  aplicar  las  normas  autonómicas  en  conjunción  con  las  normas  estatales. 
Cuestión  distinta  es  que  las  obligaciones  y  derechos  tributarios  se  hayan  creado 
respetando la distribución constitucional de competencias; cuestión que solo será objeto 
de la presente sentencia en la medida en que el precepto del Código tributario que los 
contemple haya sido impugnado.
c)  Igualmente, debe descartarse la inconstitucionalidad del art. 111-5 del Código 
tributario  de  Cataluña  («La  Generalitat  puede  exigir  tributos  de  acuerdo  con  la 
Constitución y las leyes») impugnado por no especificar que la Constitución a la que 
alude es la de 1978 y que las leyes a las que se refiere son las estatales. En primer 
lugar,  porque  Constitución  vigente  solo  hay  una,  no  exigiéndose  para  su  pleno 
reconocimiento referencia temporal alguna. En segundo lugar, porque la Generalitat 
exigirá tributos «de acuerdo con la Constitución y las leyes» al ser esa la dicción literal, 
sin más especificaciones, del art. 133.2 CE, que el art. 111-5 del Código tributario de 
Cataluña  reproduce  parcialmente  con  referencia  concreta  a  la  Generalitat  y  a  la 
exigencia de tributos. Y, por último, la capacidad de la Generalitat para exigir tributos 
debe ejercerse efectivamente de acuerdo con la Constitución y las leyes, entendiendo 
que entre esas «leyes» se incluyen tanto las leyes estatales como las autonómicas. 
Entre las estatales se encuentran, como expresa el abogado del Estado, la LOFCA, el 
estatuto de autonomía, la ley específica de cesión y la Ley 22/2009 a la que esta última 
se remite, así como aquellos preceptos de la Ley general tributaria (y solo estos) que 
contengan principios y normas comunes vinculantes para las comunidades autónomas 
sobre la aplicación de los tributos que conforman el sistema tributario español. Además, 
la  Generalitat  deberá  adecuarse  a  las  normas  que,  sobre  aplicación  de  tributos, 
eventualmente introduzca el legislador autonómico dentro del marco diseñado por la Ley 
general tributaria y, en su caso, dentro de los límites adicionales impuestos en la ley 
específica de cesión.
d)  Una  vez  se  ha  concluido  que  el  Código  tributario  se  inserta  en  el  marco 
competencial y normativo vigente, debe precisarse que no existen en puridad sistemas 
tributarios autonómicos originarios e independientes del sistema tributario español, sino 
partes o subsistemas de un sistema tributario que es único y que el art. 31.1 CE erige en 
principal instrumento para el efectivo cumplimiento del deber constitucional de todos de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Como ya se ha dejado constancia, 
este sistema exige un régimen jurídico de ordenación de tributos presidido por una serie 
de principios generales comunes ligados al carácter unitario del mismo y a la exigencia 
constitucional de igualdad de todos los españoles, y que son perfectamente compatibles 
con la existencia de una hacienda autonómica propia y con la autonomía financiera de 
las  comunidades  autónomas  [STC  108/2015,  de  28  de  mayo,  FJ  3  b)];  principios  s
generales  comunes,  sustantivos  y  procedimentales,  que  se  han  establecido  en  la  oe.
Constitución, en el bloque de constitucionalidad (estatutos de autonomía y LOFCA) y, ex  w.
arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, en la Ley general tributaria. Así, tras el constituyente en el  49ww
aerl t. c3o1m CpEe,t eenst ee n ptoadrao  ceals oe estl alebgleiscliamdieonr teos tadtea l, loorsg ápnricinoc uip ioorsd incaormio,u yn enso  egl eanuetroanleósm icdoe, 
ordenación y aplicación de los tributos que rijan en todos los subsistemas (estatal,
autonómico y local) que integran el sistema tributario español, en ejercicio de la función 
de coordinación que le impone el art. 156.1 CE.
Ello no obstante, nada impide a la Comunidad Autónoma de Cataluña establecer 
unos principios generales de su subsistema tributario, generales en tanto comunes y 
aplicables a todos los tributos que conforman su hacienda, precisamente con el fin de 
que constituyan un verdadero conjunto ordenado, coherente y coordinado. Ahora bien, 
precisamente porque el subsistema tributario catalán se integra en el sistema tributario 
español y porque el Código tributario de Cataluña se inserta en un ordenamiento jurídico 
tributario compuesto, el legislador autonómico tendrá un doble condicionamiento a la 
hora de establecer los principios y normas específicas que rijan su subsistema: en primer 
lugar, su compatibilidad con el contenido de los principios materiales y formales de 
justicia tributaria establecidos en la Constitución y en el bloque de la constitucionalidad; 
y, en segundo lugar, su adecuación al orden constitucional de competencias que, en 
cuanto a principios y normas generales de ordenación y aplicación del sistema tributario 
español se refiere, el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE atribuye al Estado y se contienen 
actualmente en la Ley general tributaria. Así interpretado, debe excluirse, también desde 
esta perspectiva, la inconstitucionalidad del inciso del art. 111-1 del Código tributario de 
Cataluña  en  cuanto  dispone  que  «[e]l  Código  tributario  de  Cataluña  establece  los 
principios generales del sistema tributario de Cataluña». Esta interpretación conforme del 
art. 111-1 del Código tributario de Cataluña se hará constar también en el fallo.
D)    Repetición  de  normas  estatales  en  el  Código  tributario.  Finalmente,  el 
abogado del Estado afirma que, siendo el objeto del libro primero del Código tributario la 
regulación de los aspectos comunes a la estructura y aplicación de las diversas figuras 
que integran un sistema tributario catalán, esa regulación queda fuera del ámbito de las 
competencias  normativas  autonómicas.  El  reproche  principal  a  buena  parte  de  los 
preceptos recurridos no es su contradicción a la Constitución por contravenir lo dispuesto 
en la Ley general tributaria (principios y normas generales del sistema tributario español 
de acuerdo con el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE), sino por reproducir lo dispuesto en esta 
ley  estatal,  generalmente  de  forma  literal,  careciendo  la  comunidad  autónoma  de 
competencia para ello.
La Generalitat y el Parlamento de Cataluña rechazan genéricamente la referida 
impugnación alegando que los preceptos del libro primero del Código: (i) se dictan en el 
ejercicio de sus competencias normativas en materia tributaria, que le permiten tanto 
configurar sus propios tributos y regular los tributos cedidos de acuerdo con la ley estatal 
de cesión (arts. 201 a 203 EAC), como establecer la organización institucional necesaria 
para gestionarlos y hacerlos efectivos (arts. 150, 204 y 205 EAC); y (ii) son plenamente 
compatibles con la normativa «básica» estatal. No solo no se obvian, a juicio de las 
partes  recurridas,  los  principios  y  normas  jurídicas  generales  del  sistema  tributario 
español recogidos actualmente en la Ley general tributaria, sino que, debido a la no 
explicitación en la Ley general tributaria de qué artículos son básicos ex art. 149.1.18 y 
cuáles son de competencia estatal exclusiva de hacienda general (art. 149.1.14 CE), se 
ha considerado necesario incluir en el libro primero del Código aspectos generales y 
transversales del sistema tributario y de la administración tributaria (en el título I y II, 
respectivamente)  con  el  objeto  de  darle  coherencia.  Y  esa  reproducción  es 
constitucionalmente  legítima,  según  la  Generalitat  y  el  Parlamento  de  Cataluña, 
aplicando la doctrina constitucional de la lex repetita a una materia como la tributaria, en 
la que tanto el Estado como las comunidades autónomas ostentan competencias.
a)  La  doctrina  constitucional  de  la  lex  repetita  distingue  dos  supuestos  de  bo
reiteración autonómica de normas estatales en función de la exclusividad o no de la  49ww
ccoonmspeectueenncciaia se justraídtaicl ass.obre  la  materia  de  la  norma  transcrita,  con  diferentes
mateErnia es l epnri mlaesr  squupeu elsat oc, oemnu enli dqaude  alau tróenporomdau cccaiórne csee  dceo nccoremtap eetne nncoiarms,a s« lare lfaatlitvaa sd ea 
habilitación  autonómica  debe  conducirnos»,  como  regla  general,  «a  declarar  la
inconstitucionalidad  de  la  norma  que  transcribe  la  norma  estatal,  salvo  supuestos 
excepcionales, como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo», sobre repetición de 
normas estatales procesales [art. 149.1.6 CE; por todas, SSTC 341/2005, de 21 de 
diciembre, FJ 9, y 51/2019, de 11 de abril, FJ 6 a)].
Un precepto autonómico será inconstitucional por invasión competencial siempre que 
regule cuestiones que le están vedadas, con independencia de la compatibilidad o 
incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada por el Estado, 
dado que en virtud de la doctrina sobre la lex repetita al legislador autonómico le está 
prohibido reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. 
«Y, con mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de 
cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no 
forman parte de su acervo competencial» [por todas, SSTC 54/2018, de 24 de mayo, 
FJ 6 c), y 13/2019, de 31 de enero, FJ 2]. Así lo ha declarado este tribunal en materias 
de inequívoca competencia exclusiva estatal: (i) sobre legislación civil (art. 149.1.6 CE), 
tanto en supuestos en que las comunidades autónomas carecen de derecho civil foral 
[SSTC 150/1998, de 2 de julio, FJ 4, o 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 10 d)] como en 
supuestos relativos a las materias que «en todo caso» competen en exclusiva al Estado 
(SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 19; 14/1986, de 31 de enero, FFJJ 5 y 6, 
y 61/1992, de 23 de abril, FJ 4 b)]; (ii) sobre legislación penal del art. 149.1.6 CE 
(STC 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3); (iii) sobre legislación laboral del art. 149.1.7 CE 
(STC 159/2016, de 22 de septiembre, FFJJ 3 y 4); y (iv) sobre seguridad pública del 
art. 149.1.29 CE (STC 172/2013, de 10 de octubre, FJ 5).
Ahora  bien,  la  proscripción  de  la  «reproducción  de  normas  procesales  por  el 
legislador autonómico (leges repetitae) no debemos extenderla a aquellos supuestos en 
que  la  reiteración  simplemente  consista  en  incorporar  a  la  normativa  autonómica, 
ejercida esta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento 
procesal  general  con  la  sola  finalidad  de  dotar  de  sentido  o  inteligibilidad  al  texto 
normativo  aprobado  por  el  parlamento  autonómico»  (STC  47/2004,  FJ  8).  En 
consecuencia,  si  la  comunidad  autónoma  establece  especialidades  procesales 
necesarias para su derecho sustantivo propio, ejerciendo su competencia estatutaria en 
materia procesal en coherencia con la competencia exclusiva estatal sobre legislación 
procesal, podrá repetir de forma legítima normas generales procesales para dar sentido 
a la ley autonómica que las incluye [SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; 341/2005, 
de 21 de diciembre, FFJJ 9 y 10 c); 135/2006, de 27 de abril, FFJJ 3 d) y 12; 2/2018, 
de 11 de enero, FJ 4 c); 54/2018, de 24 de mayo, FFJJ 6 y 7, y 13/2019, de 31 de enero, 
FJ 2 b)].
Esta excepción a la regla general de la inconstitucionalidad de la lex repetita en 
materias de competencia exclusiva estatal puede igualmente trasladarse a la reiteración 
de normas estatales de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) que 
persiguen dotar de sentido a las normas autonómicas de procedimientos administrativos 
ratione  materiae,  así  como  a  la  reproducción  de  normas  tributarias  generales, 
sustantivas o procedimentales, de hacienda general (art. 149.1.14 CE) que se dirigen a 
dar inteligibilidad a la regulación autonómica sobre tributos propios y cedidos establecida 
en el legítimo ejercicio de su potestad tributaria.
El  segundo  supuesto  de  lex  repetita  que  distingue  la  doctrina  constitucional 
(STC 341/2005, FJ 9) se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se 
encuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como la 
comunidad  autónoma,  generalmente  preceptos  básicos  estatales  reproducidos  por  s
normas  autonómicas.  En  este  supuesto  «la  consecuencia  no  será  siempre  la  oe.
inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda  w.
producir en el caso concreto» (FJ 9). Así, según sintetiza la STC 51/2019, tal reiteración,  49ww
pcoanrad isceiorn aedsm: (isi)i bqleu ed elas dreep erol dpuucnctoió nd ed vei slatas  cboanssetistu ecsiotantaall,e dse tbeenrgáa d caor msaot ifsinfaaclicdiaódn  ah adcoesr 
más  comprensible  el  desarrollo  normativo  que  realiza  la  comunidad  autónoma  en
ejercicio de sus competencias propias; y (ii) que la reproducción de la normativa básica 
sea fiel y no incurra en alteraciones más o menos subrepticias de la misma [FJ 6 a)].
Esta doctrina, que se ha utilizado fundamentalmente en la distribución competencial 
bases-desarrollo, también ha sido aplicada por este tribunal con relación a la repetición 
de normas estatales que establecen condiciones básicas para el ejercicio igualitario de 
los derechos constitucionales [art. 149.1.1 CE; SSTC 341/2005, FJ 10 a), b) y e), 
y 135/2006, FJ 3 c)].
b)  Coincidiendo las partes en conflicto no solo en las premisas de la doctrina 
constitucional de la lex repetita sino también en su aplicación a la presente controversia 
competencial, la cuestión a dilucidar aquí es si los preceptos autonómicos impugnados 
que reproducen la Ley general tributaria versan sobre materia compartida, la tributaria, 
como afirman las partes recurridas, o, por el contrario, como sostiene el abogado del 
Estado,  se  trata  de  materias  sobre  las  que  la  comunidad  autónoma  carece  de 
competencia.
Ya se ha señalado que la potestad tributaria autonómica debe coexistir con las 
competencias que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede 
condicionar, lícitamente, la competencia de las comunidades autónomas sobre dicho 
sector  material,  más  allá  de  los  límites  impuestos  en  la  LOFCA.  De  ahí  que  las 
comunidades autónomas deban respetar también, a la hora de crear y exigir sus propios 
tributos, los principios y normas generales comunes de ordenación y aplicación de 
tributos que el Estado ha establecido en la Ley general tributaria en el ámbito de las 
competencias que le ha atribuido el art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE. Así, podría afirmarse que 
los tributos autonómicos propios constituyen una materia en la que concurren títulos 
habilitantes  estatales  y  autonómicos.  Esto  significa,  de  un  lado,  que  la  atribución 
estatutaria  de  la  competencia  con  carácter  exclusivo  a  la  comunidad  autónoma 
(art. 203.5 EAC) no puede afectar a las competencias reservadas al Estado por la 
Constitución  (art.  149.1  CE),  que  se  proyectarán  asimismo  sobre  esta  materia,  sin 
necesidad de que el estatuto establezca cláusulas de salvaguardia. Y, de otro, que los 
principios y normas de carácter general, sustantivos y procedimentales, del sistema 
tributario español, que condicionan e inciden sobre materia tributaria autonómica, son 
inequívocamente de competencia estatal (art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE).
Por ello, en los casos de alegación de la doctrina de las leges repetitae, además de 
comprobar si existe la reproducción denunciada, habrá que realizar el encuadramiento 
competencial  en  el  art.  149.1  CE  de  los  preceptos  de  la  Ley  general  tributaria 
reproducidos en los artículos impugnados, puesto que tanto el recurrente como las 
partes recurridas convienen en la competencia estatal sobre la materia regulada en ellos. 
En definitiva, si se trata de competencia exclusiva del Estado sobre reglas de aplicación 
y  eficacia  de  normas  jurídicas  (art.  149.1.8  CE),  la  disposición  autonómica  será 
inconstitucional; pero si la norma autonómica contiene materia encuadrable en otros 
títulos  de  competencia  estatal  (art.  149.1.1,  14  y  18  CE),  se  afirmará  su 
constitucionalidad siempre que sea una reproducción fiel de la norma estatal y sirva para 
dotar de sentido a los preceptos del Código tributario promulgado.
9.  Impugnaciones específicas de los arts. 111-3 («Principios fundamentales del 
sistema impositivo catalán») y 111-4 («Principio de reserva de ley»).
Procede  ahora  solventar  las  impugnaciones  específicas  alegadas  contra 
determinados preceptos del título I («Disposiciones preliminares y generales del Código 
tributario de Cataluña») del libro primero («Disposiciones generales del sistema tributario  e
de Cataluña»). Siguiendo el orden del Código tributario, debe comenzarse por resolver  bo
las  dudas  de  constitucionalidad  que  se  plantean  con  relación  a  los  arts.  111-3  49ww
d(«eP Crinactaipluioñsa  f(u«nRdeasmeervnata dlees l edye»l )s.istema impositivo catalán») y 111-4 del Código tributario
a)  El abogado del Estado considera que el art. 111-3 del Código tributario de
Cataluña,  al  establecer  que  «[l]os  principios  fundamentales  del  sistema  impositivo
catalán son los de generalidad, suficiencia, justicia, igualdad, capacidad contributiva, 
progresividad,  equidad,  no  confiscatoriedad  y  simplicidad»,  regula  los  principios 
constitucionales  del  art.  31  CE,  añadiendo  el  principio  de  simplicidad,  y  que  dicha 
regulación puede resultar contradictoria con lo dispuesto al respecto en la Ley general 
tributaria ex art. 149.1.14 CE. Alega asimismo que con esa reproducción autonómica se 
produce el efecto pernicioso de entender que los principios enumerados solo rigen en la 
medida y con el alcance que establezca la normativa autonómica.
En este sentido, ya en la STC 40/1981, de 18 de diciembre, este tribunal afirmó no 
desconocer «los inconvenientes que resultan de utilizar una técnica consistente en la 
reiteración en normas de rango inferior de lo que se establece por norma de rango 
superior, teniendo en cuenta que, independientemente de la mayor o menor frecuencia 
de su uso, esta técnica duplicativa se presta a un margen de inseguridad y error […] y 
siempre  queda  sometida  a  la  necesidad  de  atender  en  su  día  a  las  eventuales 
modificaciones de las normas superiores así ‘incorporadas’ al ordenamiento de rango 
inferior» [FJ 1 c)]. Ello no obstante, es doctrina constitucional consolidada que, si bien no 
es  técnicamente  correcto  que  las  leyes  transcriban  el  contenido  de  preceptos 
constitucionales, su mera reproducción no resulta inconstitucional [SSTC 40/1981, FJ 1 
c), y 76/1983, de 5 de agosto, FJ 23].
Por tanto, el art. 111-3 del Código tributario de Cataluña es acorde a la Constitución 
por cuanto es una mera transcripción, que no regulación, de los principios materiales de 
justicia tributaria y del gasto público establecidos en el art. 31.1 y 2 CE, salvo los 
principios de suficiencia y simplicidad. Ahora bien, debe destacarse que el principio de 
suficiencia es inherente a la autonomía financiera que el art. 156.1 CE reconoce a las 
comunidades autónomas. Y sobre el principio de simplicidad, aunque la Generalitat y el 
Parlamento de Cataluña lo incluyen en el art. 3.2 LGT en el que se recogen los principios 
de aplicación del sistema tributario (proporcionalidad, eficacia y limitación de costes 
indirectos derivado del cumplimiento de las obligaciones formales), lo cierto es que 
también puede entenderse implícitamente contenido en el principio de eficacia que el 
art. 103.1 CE predica de la actuación de la administración pública. De ahí que la 
inclusión  de  los  principios  de  suficiencia  y  simplicidad  en  el  art.  111-3  del  Código 
tributario de Cataluña sea asimismo constitucional.
Tampoco puede acogerse la alegación de la parte recurrente de que esta mera 
reiteración de los principios del art. 31.1 y 2 CE en el art. 111-3 del Código tributario de 
Cataluña condicione o pueda condicionar su vigencia en la medida y con el alcance que 
establezca la normativa autonómica. En primer lugar, porque ni el citado precepto ni 
ningún otro del Código tributario contienen regulación alguna de esos principios; en 
segundo  lugar,  porque  este  tribunal  no  puede  realizar  declaraciones  preventivas  o 
cautelares ante una hipotética regulación autonómica de los principios constitucionales 
[sobre impugnaciones preventivas, SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 2; 204/2011, de 15 
de diciembre, FJ 8; 184/2012, de 17 de octubre, FJ 7 a), y 132/2018, de 13 de diciembre, 
FJ 5 b)].
b)  Cuestión distinta se suscita en la impugnación del art. 111-4 del Código tributario 
de Cataluña sobre la reserva de ley en materia tributaria, cuya dicción es la siguiente:
«1.  Los tributos de la Generalitat se crean por ley.
2.  Deben predeterminarse o delimitarse por ley los elementos esenciales de los 
tributos,  entendidos  como  los  elementos  que  los  identifican  y  los  relativos  a  su 
cuantificación.
3.  La ley establece la obligación tributaria y fija su contenido, que debe ajustarse a  e.
los principios materiales de justicia tributaria. w.b
4.  Se regulan por ley los procedimientos tributarios, el procedimiento sancionador  49ww
dtreib ustua rdioe sya lrorso lplor opcoerd ivmíaie rnetogsla mdee nretavrisiaió. nT aamdmbiiénnis tsraet irveag duela na cptoosr  tlreiby ultoasr iopsro, cseind pimeirejunitcoios 
pdaer uan p prerovecendiri mo ireenstool vdeer  alopsli ccaocnifólinc tdoes  olo sc otrnibtruotvoesr soi assa ntrcibiountaardioosr  ys uarngtiedso sd ee nla e fl indaelsizaarrcoióllno 
de estos, en el marco del respeto al principio de no disponibilidad del crédito tributario y 
al resto de principios del Derecho tributario.
5.  El contribuyente debe poder conocer con suficiente precisión, mediante la ley, el 
alcance de sus obligaciones fiscales.
6.  Debe establecerse por ley la creación de los entes con personalidad jurídica 
propia que conforman la administración tributaria de la Generalitat.»
El recurrente denuncia el menoscabo de la competencia estatal sobre hacienda 
general (art. 149.1.14 CE), por un lado, porque el precepto establece el sistema de 
fuentes  y  los  principios  generales  del  sistema  tributario,  careciendo  la  comunidad 
autónoma de competencia para ello; y, por otro, porque estos apartados del art. 111-4 del 
Código tributario de Cataluña entran en colisión con el art. 8 LGT («reserva de ley») al no 
recoger ni expresa ni implícitamente todas las materias sometidas en él al principio de 
legalidad. Igualmente se objeta que esta norma autonómica, al contener una remisión 
reglamentaria sobre lo no regulado en ella, provoca además una vulneración del principio 
de reserva de ley del art. 31.3 CE.
La Generalitat y el Parlamento de Cataluña argumentan de contrario que la norma 
autonómica ni afecta ni perturba la norma «básica» estatal (art. 8 LGT) al contener de 
forma implícita lo en ella establecido. Asimismo, califican de prematura la impugnación 
de  la  remisión  reglamentaria,  puesto  que  la  disposición  recurrida  solo  delimita  los 
aspectos a regular por ley.
Expuestas las alegaciones, el enjuiciamiento debe partir de tres consideraciones. La 
primera se refiere a que la falta patente de argumentación específica con relación al 
apartado sexto del art. 111-4 del Código tributario de Cataluña no permite entender 
levantada la carga alegatoria en este proceso constitucional, no pudiendo este tribunal 
reconstruir  de  oficio  la  demanda  ni  suplir  las  razones  del  recurrente  [por  todas, 
SSTC 85/2016, de 28 de abril, FJ 2, y 142/2018, de 20 de diciembre, FJ 2 b) y las en 
ellas citadas]. Nuestro examen quedará, por tanto, circunscrito a los apartados primero a 
quinto del art. 111-4 del Código tributario de Cataluña. La segunda consideración es que 
los apartados primero a quinto del precepto impugnado no regulan el sistema de fuentes 
en materia tributaria, puesto que no establecen el orden de prelación de las normas 
aplicables en este concreto ámbito sectorial. De haberlo hecho, y «siendo el orden de 
fuentes  en  un  ordenamiento  compuesto  el  establecido  en  el  bloque  de  la 
constitucionalidad» (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 5), sería una disposición 
constitucionalmente ilegítima al poseer una naturaleza meramente interpretativa de dicho 
bloque y, por tanto, sin contenido material alguno. Finalmente, resulta evidente que los 
apartados impugnados tampoco desarrollan o fijan el contenido de los principios del 
sistema tributario en general, más allá del mandato al legislador tributario autonómico de 
«ajustarse a los principios materiales de justicia tributaria» (apartado tercero) o actuar 
«en el marco de respeto de […] [los] principios del Derecho tributario» (apartado cuarto). 
La temática en ellos abordada se conecta esencialmente con la reserva de ley en 
materia tributaria.
En realidad, el problema constitucional que subyace a la impugnación formulada por 
el abogado del Estado no es tanto si la Generalitat tiene competencia para establecer 
reservas formales como si los apartados primero a quinto del art. 111-4 del Código 
tributario de Cataluña, al interpretar el alcance de la reserva de ley en materia tributaria, 
están interpretando el art. 31.3 CE. Debemos convenir con la demanda en que, si el 
legislador autonómico regulara la reserva de ley en materia tributaria, entraría en un 
ámbito vedado al legislador, pues no le corresponde ni interpretar la Constitución ni  e.
definir las categorías y principios constitucionales. w.b
La  mera  constatación  de  que  este  es  el  caso  debe  llevarnos  a  declarar  la  49ww
Cinócdoingsot itturicbiuotnaariloid daed  Cya tnaululiñdaa.d de los apartados segundo a quinto del art. 111-4 del
soloE dne ebfeemctoos,  deex clalu idr eacll aarapcairótand doe  pirnimcoenrsot.i tuAc iloan avliisdtaad  dye ln cuolidnatedn iqduoe  dseel  naorts.  d11e1m.4a nddeal 
Código tributario de Cataluña, cabe apreciar que el legislador catalán no ha interpretado
un  concepto  constitucional;  simplemente  ha  establecido  límites  adicionales  a  los 
resultantes de la Constitución (art. 31.3 CE) y el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(art. 203.5). De la misma manera que este Estatuto ha impuesto al legislador fiscal 
catalán límites adicionales a los derivados del art. 31.3 CE (STC 107/2015, de 28 de 
mayo, FJ 2), nada impide que la ley autonómica ordinaria restrinja todavía más el 
espacio correspondiente al reglamento respecto de tributos cuya regulación corresponda 
a la Comunidad Autónoma de Cataluña. De modo que el precepto impugnado no ha 
pretendido  interpretar  el  significado  de  aquellas  previsiones  constitucionales  y 
estatutarias  ni  recortar  el  alcance  de  la  reserva  de  ley  establecida  por  ellas. 
Consecuentemente, procede desestimar la impugnación del art. 114-4, apartado primero, 
del Código tributario de Cataluña.
10.  Impugnación del art. 111-7 («Ámbito temporal de las normas tributarias»), el 
apartado  primero  del  art.  111-8  («Interpretación»)  y  el  art.  122-4  («Facultad  de 
calificación»).
Se  impugnan  el  art.  111-7  del  Código  tributario  de  Cataluña,  relativo  al  ámbito 
temporal  de  las  normas  tributarias,  y  el  apartado  primero  del  art.  111-8  sobre  la 
interpretación de las normas tributarias, en tanto que repiten los arts. 10 LGT y 3.1 CC, 
respectivamente, invadiendo la competencia exclusiva del Estado para establecer «en 
todo  caso,  las  reglas  relativas  a  la  aplicación  y  eficacia  de  las  normas  jurídicas» 
(art. 149.1.8 CE). Pese a su ubicación en el título II del libro primero del Código relativo a 
disposiciones generales sobre la administración tributaria de la Generalitat, procede 
examinar asimismo en este fundamento jurídico el art. 122-4 del Código tributario de 
Cataluña, relativo a la facultad de calificación de la administración tributaria autonómica.
A)  Convienen las partes de este proceso que el art. 111-7 del Código tributario de 
Cataluña contiene una reproducción literal del art. 10 LGT sobre las reglas de vigencia 
de las normas tributarias: en el apartado primero, la regla general del art. 2.1 CC; en el 
apartado segundo las dos reglas especiales sobre la entrada en vigor de las normas 
aplicables a los tributos periódicos y a los tributos de devengo instantáneo; y en el 
apartado tercero, la regla general del 2.2 CC sobre la irretroactividad de las leyes 
tributarias, y la regla especial de la retroactividad in bonam partem de las normas 
reguladoras de las infracciones y sanciones tributarias y de los recargos. A favor de la 
constitucionalidad del precepto recurrido las representaciones autonómicas únicamente 
alegan  que  el  objetivo  de  su  inclusión  en  el  Código  es  facilitar  su  comprensión  e 
inteligibilidad.
a)  Este tribunal dejó sentado por primera vez el contenido de la competencia sobre 
las «reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas» que el art. 149.1.8 
CE reserva en exclusiva al Estado en la STC 14/1986, FFJJ 4 a 6, al hilo de la 
impugnación de los preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 12/1983, de 22 de junio, 
de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco, relativos a la vigencia y 
a la eficacia derogatoria y suspensiva de las leyes de presupuestos de dicha comunidad. 
De la misma se extraen dos conclusiones aplicables al caso que ahora nos ocupa.
De un lado, sin necesidad de remitirse «a lo que por tal entiende el Código civil al 
rubricar algunos capítulos de su título preliminar, bastará con recordar que —aparte otras 
instituciones que aquí no importan— no otra cosa que ordenación de la aplicación y 
eficacia habrá que reputar a todo aquello que se concrete en disciplinar la aplicación de 
las normas jurídicas en el tiempo» (FJ 6), que es lo que realizaban los preceptos de la  e.
ley vasca allí enjuiciados, y lo que realiza aquí el art. 111-7 del Código tributario de  w.
Cataluña al regular con carácter general la entrada en vigor de las normas tributarias. 49ww
mateDreia  ortersoe lravdaod,a  ael xscelurs liavas mreegnltaes  asl oEbsrtea daop,l iyc ancoió «na y t íetufilcoa dceia  pdoes iblailsid ando rdmea se sjtuarbídleiccaesr 
quunea s labsa sceosm ou ndiidsacidpelisn aar uutónnao cmoaosrd ienmacitiaónn  c[…on]  scea riáncfiteerre  dlae  imgepnoesriabliildidaadd,  doe  inacdlmusitoir  c[…on]   BOE-A-cable e
destino a una determinada especie o grupo de disposiciones, normativa rectora de esta 
materia» (FJ 6). Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas «puedan 
incluir en sus privativas normas preceptos que en cada caso vengan a regular lo que 
afecte a la aplicación y eficacia de las mismas, con respeto de la ordenación emanada 
de la competencia exclusiva del Estado» (FJ 6).
b)  En aplicación de la doctrina anterior debe declararse la inconstitucionalidad y 
nulidad  del  art.  111-7  del  Código  tributario  de  Cataluña,  porque  al  contener  una 
regulación de carácter general sobre el ámbito de aplicación temporal de las normas 
tributarias,  invade  la  competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  reglas  relativas  a  la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas establecida en el art. 149.1.8 CE. Esta 
conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que este precepto autonómico no 
contradiga sino que reitere fielmente lo dispuesto al respecto en la ley estatal (art. 10 
LGT)  con  la  sola  finalidad  de  dotar  de  sentido  o  inteligibilidad  al  texto  normativo 
aprobado por el Parlamento autonómico. Y ello porque, en aplicación de la doctrina de la 
lex repetita, está proscrita de forma incondicionada la reproducción en la legislación 
autonómica de normas estatales sobre materias sobre las que la comunidad autónoma 
carece de competencia (por todas, SSTC 341/2005, FJ 9, y 13/2019, FJ 2); y, en 
concreto, se prohíbe la repetición autonómica de normas sobre materias reservadas «en 
todo caso» al Estado ex art. 149.1.8 CE [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 19; 
14/1986, de 31 de enero, FFJJ 5 y 6, y 61/1992, de 23 de abril, FJ 4 b)].
B)  En cuanto a la impugnación del apartado primero del art. 111-8 del Código 
tributario de Cataluña, sobre interpretación de normas tributarias, por incompetencia 
legislativa autonómica sobre las reglas relativas a la eficacia y aplicación de las normas 
jurídicas (art. 149.1.8 CE), ambas partes confirman que la dicción de la disposición 
recurrida («Las normas tributarias se interpretan según el sentido propio de los términos 
usados en las mismas, de acuerdo con el contexto, la evolución legislativa y la realidad 
social y económica del tiempo en que deben ser aplicadas, atendiendo principalmente a 
su espíritu y finalidad») es prácticamente idéntica a la del art. 3.1 CC, al que se remite en 
blanco  el  art.  12.1  LGT  («Las  normas  tributarias  se  interpretarán  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el apartado primero del artículo 3 del Código Civil»).
El abogado del Estado afirma que, al no haberse seguido la misma fórmula del 
art. 12.1 LGT en la norma autonómica (remisión en blanco al art. 3.1 CC), los criterios 
interpretativos en ella contenidos podrían divergir de los aplicables en virtud del art. 12.1 
LGT ante una eventual modificación del art. 3.1 CC. En su defensa, las partes recurridas 
califican de «difícil» dicha modificación.
Planteada la cuestión en estos términos, esta debe resolverse teniendo en cuenta 
dos premisas. De una parte, corresponde al Estado en exclusiva establecer las reglas 
sobre la aplicación de las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE), «lo que comprende, por el 
propio significado del vocablo y por la interpretación sistemática del mismo en relación 
con el capítulo II del título preliminar del Código civil, las reglas sobre la ‘interpretación’ 
de las normas» (STC 83/1986, de 26 de junio, FJ 3). Y, de otra parte, la invasión 
competencial del art. 149.1.8 CE se produce por la sola razón de que el precepto 
autonómico regula materias de competencia exclusiva estatal, con independencia de la 
compatibilidad o incompatibilidad con la norma del Estado. Y ello porque, al carecer de 
competencia,  la  comunidad  autónoma  no  puede  establecer  disposición  alguna  al 
respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación 
que quedaría vedada por la doctrina de la lex repetita expuesta en el fundamento 
jurídico 8 D). e.
Por tanto, procede pues estimar la impugnación y, en consecuencia, declarar la  w.b
inconstitucionalidad y nulidad del apartado primero del art. 111-8 del Código tributario de  49ww
Cnoartmalausñ at rpibour tareriiatesr aer xlo sa rct.r it1e2ri.o1s  LdGe Tin, tesriepnredtoa ceiósna  amplaictaebrilae sc coomnp ceateráncctiae r egxecnluesraivl aa  dlaesl 
Estado (art. 149.1.8 CE).
C)  Como se indicó más arriba, procede examinar asimismo en este fundamento 
jurídico  el  art.  122-4  del  Código  tributario  de  Cataluña,  referido  a  la  facultad  de 
calificación de la administración tributaria autonómica.
a)  El apartado primero del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña dispone lo 
siguiente:  «La  administración  tributaria,  en  el  desarrollo  de  las  funciones  de 
comprobación o investigación, debe calificar los hechos, actos o negocios efectuados por 
el obligado tributario de acuerdo con la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio 
efectuado con independencia de la forma o la denominación utilizadas por las partes 
para calificarlo».
Según la representación procesal del recurrente, la comunidad autónoma vulnera la 
competencia estatal que le confieren los títulos contemplados en el art. 149.1.1, 8, 14 
y 18 CE para regular un principio fundamental del ordenamiento tributario, como la 
calificación, apartándose de lo previsto en el art. 13 LGT: «Las obligaciones tributarias se 
exigirán  con  arreglo  a  la  naturaleza  jurídica  del  hecho,  acto  o  negocio  realizado, 
cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y 
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez». Frente a ello, las 
partes recurridas arguyen que la no inclusión de la frase final del art. 13 LGT («y 
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez») en el apartado primero 
del precepto autonómico recurrido no perturba la competencia estatal.
Siendo  los  títulos  competenciales  indisponibles,  y  la  cobertura  competencial 
propuesta por las partes meramente indicativa y no vinculante para este tribunal (por 
todas, STC 65/2018, FJ 6), el establecimiento con carácter general del principio de 
prevalencia  de  la  sustancia  sobre  la  forma  para  la  correcta  calificación  de  las 
obligaciones tributarias se encuadra competencialmente, sin duda, dentro de las «reglas 
de aplicación y eficacia de las normas jurídicas» que competen exclusivamente al Estado 
ex art. 149.1.8 CE por los siguientes motivos.
En primer lugar, la calificación consiste en analizar si un determinado supuesto real 
(hecho, acto o negocio jurídico realizado) encaja en el supuesto normativo abstracto y, si 
el resultado es positivo, en subsumir aquel en este. Se trata, pues, de una operación 
esencialmente interpretativa, y estrechamente relacionada a su vez con las normas 
reguladoras de la simulación y del denominado «conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria» (antiguo fraude a la ley tributaria); técnicas todas ellas destinadas a corregir, 
con carácter general, conductas de elusión fiscal. Y, en segundo lugar, este tribunal ya ha 
declarado que el Estado retiene la competencia exclusiva para regular las reglas de 
interpretación de las normas jurídicas (STC 83/1986, FJ 3), y para definir la figura del 
fraude de ley y regular sus efectos jurídicos (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 8), 
porque son «reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas», de 
cualesquiera  normas  jurídicas,  civiles  o  no,  cuya  definición  y  alcance  han  sido 
encomendados  por  el  constituyente  al  legislador  estatal  en  el  inciso  segundo  del 
art. 149.1.8 CE. Por todas estas razones, la regulación con carácter general de la 
calificación de las obligaciones tributarias participa de la misma naturaleza a efectos 
competenciales que el resto de las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, sean civiles o no, en virtud del art. 149.1.8 CE.
Por tanto, corresponde declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado primero 
del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña precisamente por reiterar parcialmente el 
concepto  de  calificación  establecido  en  el  art.  13  LGT,  invadiendo  el  ámbito  de 
competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.8 CE.
b)  Idéntica vulneración de la competencia estatal en el establecimiento de los  e.
principios fundamentales del ordenamiento tributario ex art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE se  w.b
alega también, sin más argumentación, respecto del apartado segundo del art. 122-4 del  49ww
Cadómdiignois ttrraibcuiótanr iotr ibduet aCraiata aluuñtoan, óemn iecal  qau ela s eh oernau dnec iaenje lrocse rp rsiun cfiapciouslt aqdu ed ed ecbael ifriecsapceiótna:r  llaa 
nperecseusnidcaiódn  ddee  pbruueenbaa  fey  ddee  loms octiovnatcriióbnu yepnotre sp ayr ted e dleo s lao balidgmadinoiss trtraibciuótna ritorisb,u ltaa rdiae,b ildoas 
procedimientos que correspondan para determinar las normas, actos o negocios que se
haya intentado evitar o esconder, las calificaciones de las otras administraciones y 
jurisdicciones relevantes en la materia, y el resto de criterios que determine la normativa 
y la jurisprudencia.
Una vez que hemos concluido que las reglas sobre la facultad de calificación entran 
dentro  de  la  materia  reservada  «en  todo  caso»  al  Estado  ex  art.  149.1.8  CE, 
forzosamente debemos declarar también la inconstitucionalidad del apartado segundo 
del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña. En efecto, por la misma razón que una 
comunidad  autónoma  no  puede  regular  la  facultad  de  calificación  aun  reiterando 
parcialmente el concepto establecido en una norma estatal, tampoco puede introducir 
criterios específicos para realizar la facultad de calificación, con independencia de su 
contenido y de su compatibilidad con las normas estatales.
En consecuencia, la impugnación del art. 122-4 del Código tributario de Cataluña 
debe ser íntegramente estimada.
11.  Impugnación de los arts. 122-1 («Principios generales de actuación») y 122-2 
(«Deberes y obligaciones»).
Emprendiendo  ya  el  análisis  de  las  impugnaciones  específicas  del  título  II 
(«Disposiciones generales sobre la administración tributaria de la Generalitat») del libro 
primero  del  Código  tributario  («Disposiciones  generales  del  sistema  tributario  de 
Cataluña»), cumple ahora examinar los motivos de inconstitucionalidad dirigidos contra 
los arts. 122-1 y 122-2 del Código tributario de Cataluña, por cuanto, según se aduce en 
el recurso, repiten sin competencia alguna los principios generales de actuación y los 
deberes y obligaciones de la administración tributaria de la Generalitat.
A)  El abogado del Estado denuncia que los «principios generales de actuación de 
la administración tributaria de la Generalitat» enumerados en el art. 122-1 del Código 
tributario de Cataluña, si bien difieren de los previstos en los arts. 31.1 CE y 3.1 LGT 
para la ordenación de los tributos, podrían entenderse implícitamente contenidos en los 
principios reguladores de la aplicación del sistema tributario del art. 3.2 LGT y, por tanto, 
ser inconstitucionales al reproducir regulación básica estatal careciendo de competencia 
para ello. De contrario, las representaciones autonómicas alegan que tales principios 
derivan de los arts. 31 CE, 3 LGT y 203.6 EAC («El ejercicio de la capacidad normativa 
en el ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los principios de equidad y 
eficiencia. En su actuación tributaria, la Generalitat promueve la cohesión y el bienestar 
social, el progreso económico y la sostenibilidad medioambiental»).
Salvo la repetición de principios como la seguridad jurídica o la confianza legítima 
derivada de la misma (art. 9.3 CE), cuya validez reside en la propia repetición del texto 
constitucional,  el  resto  del  precepto  autonómico  impugnado  contiene  una  larga 
enumeración glosada de principios [apartados a) a j)] que deben inspirar la actuación de 
la administración tributaria de la Generalitat, entre los que se encuentran el principio de 
buena fe [apartado e)] o el respeto de los derechos y garantías del contribuyente 
[apartado d)]; la vocación de servicio, la importancia de la profesionalidad, la calidad, la 
transparencia, el rigor, la equidad, la ética y la solidaridad en el cumplimiento fiscal 
[apartado a)]; la mejora de la cultura y la conciencia fiscal del conjunto de ciudadanos o 
la facilitación y el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 
[apartado b)]; el esfuerzo permanente por cumplir el deber de alcanzar la observancia 
general del ordenamiento tributario y la lucha contra la evasión y elusión fiscales con el 
uso de un sistema de inspección justo [apartado c)]; la garantía de una atención y  s
resolución adecuada y ágil de las consultas, quejas, recursos y reclamaciones de los  oe.
usuarios del sistema fiscal [apartado f)]; la concienciación al conjunto de la sociedad de  w.
ll[aaa spi amrrpteaoladrcotai onhnc)]ei;a s l ad ceao spnua nglcoaisór  nim cdopenu tleraisb ctuouyslet u[nartape asd retay ld ao dc egam)li]dá; aslad   opyp rdoeemra oldaco iiórnenns o dveda ecbli óunesi nseatnes m lpaar á pcrtertiiscbtauastca ieróionn    2020-8149n https://ww
del servicio público [apartado i)]; y la transparencia y la rendición de cuentas a la
sociedad en relación con la aplicación de los tributos y con el uso público de los recursos 
conseguidos mediante la contribución fiscal [apartado j)].
Teniendo en cuenta el contenido del precepto autonómico debe rechazarse el motivo 
de inconstitucionalidad alegado. En primer lugar, porque el artículo se limita a enunciar 
meras pautas de actuación administrativa que no pueden encuadrarse en los principios 
de ordenación de los tributos establecidos en los arts. 31.1 CE, 203.6 EAC y 3.1 LGT. En 
todo caso, solo algunas de estas directrices pueden considerarse derivación de alguno 
de los principios de aplicación de los tributos contenidos en el art. 3.2 LGT (principio de 
proporcionalidad,  de  eficacia,  y  de  respeto  de  los  derechos  y  garantías  de  los 
contribuyentes),  que  contempla  principios  básicos  de  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas, en este caso tributarias (art. 149.1.18 CE).
En efecto, el art. 122-1 del Código tributario de Cataluña se limita a recoger unas 
normas  de  buena  conducta,  cuyos  destinatarios  son  los  órganos  y  entidades  que 
conforman la administración tributaria de la Generalitat, unas veces con una incidencia 
clara en su funcionamiento interno (calidad, profesionalidad, rigor, ética, esfuerzo por 
hacer  cumplir  el  ordenamiento  tributario,  o  innovación,  rapidez  y  agilidad  en  sus 
actuaciones), y otras más conectadas con las relaciones con los obligados tributarios 
(como el fomento de la cultura fiscal y del cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad, o la promoción de 
buenas prácticas en las relaciones con los contribuyentes). Todo ello porque, como se 
expone  en  el  preámbulo  de  la  Ley  17/2017,  «el  tiempo  presente  pide  una  nueva 
administración tributaria, moderna, eficaz y eficiente, con vocación de servicio a la 
ciudadanía  y  con  capacidad  de  suministrar  los  servicios  tributarios  que  requiere 
Cataluña».
En segundo lugar, porque los principios generales de actuación que se establecen en 
el art. 122-1 con respecto a la administración tributaria de la Generalitat no implican, a la 
vista de su contenido y dado que no se ha formulado alegación alguna en este sentido, 
una separación o desviación sustancial respecto a los principios y criterios que son 
comunes a todas las administraciones públicas tributarias y cuya fijación corresponde, 
como venimos reiterando, al legislador estatal.
En  consecuencia,  queda  descartada  la  vulneración  del  orden  constitucional  de 
competencias y, en concreto, la invasión autonómica de las bases de régimen jurídico de 
las administraciones públicas que establece la Ley general tributaria, ex art. 149.1.18 
CE, en garantía de un tratamiento jurídico unitario aplicable a todas las administraciones 
tributarias. Debe, pues, desestimarse la impugnación del art. 122-1 del Código tributario 
de Cataluña.
B)  Se cuestiona, con carácter general, la enumeración de deberes y obligaciones 
de la administración tributaria de la Generalitat del art. 122-2 del Código tributario de 
Cataluña, primero, por no estar prevista en la Ley general tributaria, salvo alguna de ellas 
en los arts. 30 a 33 LGT; y, segundo, por cuanto el art. 34 LGT recoge los correlativos 
derechos  de  los  obligados  tributarios.  Con  esta  relación  de  obligaciones  de  la 
administración, aduce el abogado del Estado, el art. 122-2 del Código tributario de 
Cataluña repite lo dispuesto en la Ley general tributaria invadiendo la competencia 
estatal:  primero,  porque  al  regular  los  derechos  de  los  contribuyentes  afecta  a  las 
condiciones básicas del ejercicio del deber de contribuir del art. 31 CE; y, segundo, 
porque regula en el mismo sentido que la Ley general tributaria determinados aspectos 
de los procedimientos tributarios para los que carece de competencia.
El enjuiciamiento de este precepto requiere agrupar en cuatro bloques los quince  s
deberes y obligaciones de la administración tributaria de la Generalitat [apartados a) a o)]  oe.
en  función  de  su  encuadramiento  competencial  y  de  las  consecuencias  de  ello  w.
derivadas: 49ww
a)  En primer lugar, ninguna tacha de inconstitucionalidad puede predicarse de seis
deen  leols  adret.b 1e2re2s-2 y  doebll igCaócdioignoe str idbeu tlaar iaod dmein Cisatrtaacluióñna :t rlilbeuvtaarr iaa  dcea blao  Glaesn earcatulitaact iocnoenste ndied olas 
forma menos gravosa posible [apartado a)]; informar y asistir a los obligados tributarios
en el cumplimiento de sus obligaciones [apartado b)]; contestar a las consultas tributarias 
formuladas, y aplicar las contestaciones de esas consultas cuando el supuesto de hecho 
sea asimilable [apartados l) y m), respectivamente]; informar sobre el valor a efectos 
fiscales de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión, 
con relación a los tributos que gestiona [apartado n)]; y habilitar el acceso a los datos 
fiscales propios [apartado o)].
Este Tribunal estima que el precepto de la Ley general tributaria (art. 34.1) aportado 
por el abogado del Estado como parámetro de control de constitucionalidad mediata del 
art. 122-2 del Código tributario de Cataluña posee carácter básico de acuerdo con el 
art. 149.1.18 CE (bases de régimen jurídico de las administraciones públicas) desde la 
doble perspectiva formal y material, salvo en lo que respecta, como se señalará a 
continuación, a los siguientes aspectos: (i) el derecho al carácter reservado de los datos 
con trascendencia tributaria, ubicado en el art. 149.1.1 CE en relación con el art. 18.1 y 4 
CE;  (ii)  los  derechos  de  contenido  económico  que  recoge  por  tratarse  de  normas 
sustantivas de hacienda general (art. 149.1.14 CE), y (iii) los derechos de carácter 
estrictamente  procedimental en  él  contenidos,  encuadrables en el art. 149.1.18 CE 
(procedimiento administrativo común).
En efecto, de un lado, el carácter formalmente básico del resto de los derechos 
enumerados  en  el  art.  34.1  LGT  (no  procedimentales  y  carentes  de  contenido 
económico)  se  desprende  del  art.  1.1  LGT  cuando  dispone  que  tal  ley  «será  de 
aplicación a todas las administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se 
deriva del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18 de la Constitución», aunque hubiera resultado del 
todo oportuno la identificación en la propia ley del título concreto en el que se ampara el 
art. 34.1 LGT (en sentido similar, STC 89/2017, FJ 8).
De otro lado, este precepto es materialmente básico por cuanto no solo afecta a los 
derechos e intereses de los administrados, sino porque precisamente establece un 
catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios para el mejor y 
efectivo cumplimiento del deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE), como ya hizo 
en su día la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, 
con el objeto, según su preámbulo, de «mejorar sustancialmente la posición jurídica del 
contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio de las situaciones jurídicas de la 
administración tributaria y de los contribuyentes y reforzar la seguridad jurídica en el 
marco tributario». Estos derechos adquieren virtualidad en el ámbito de aplicación de los 
tributos, de imposición de sanciones tributarias y de revisión en vía administrativa, 
conformando todos ellos un mínimo común denominador aplicable a todos los obligados 
tributarios en sus relaciones con todas las administraciones tributarias ex art. 149.1.18 
CE. Aunque algunos de estos derechos básicos contemplados en el art. 34.1 LGT son, 
como se verá a continuación, reproducción de derechos básicos de los administrados 
actualmente recogidos con carácter general en la Ley 39/2015, otros son de específico 
carácter tributario: derecho de información y asistencia en el ejercicio de los derechos y 
obligaciones  tributarias,  y  de  información  con  carácter  previo  a  la  adquisición  o 
transmisión de bienes inmuebles [letras a) y n)]; derecho a utilizar las lenguas oficiales 
en el territorio de su comunidad autónoma en sus relaciones con la administración [letra 
d)]; derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal de la administración 
tributaria [letra f)]; derecho a ser tratado con el debido respeto, y a formular quejas y 
sugerencias en relación con el funcionamiento de la administración tributaria [letras j) y 
p)]; derecho a que las actuaciones administrativas sean lo menos gravosas posible [letra 
k)]; o derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten  s
aplicables [letra o)]. oe.
En virtud de lo expuesto, debe afirmarse que los seis apartados del art. 122-2 del  w.
Código tributario de Cataluña antes reseñados [letras a), b), l), m), n) y o)] no contienen  49ww
erencuomneorcaimciióenn tnoi  dreeg lualsa coibólnig aalcgiounneas s aodbmrei nloisst radteivreacsh ionsh ebráesnitceoss  ad elol sa mrt.i s3m4o.1s .L TGrTa,t ásnindoo seel 
daeu tóunnoam ams aetxe raiar t. d1e4 9c.1o.m18p eCteEn, cdiae bec odmespeasrttiidmaa rseen tlrae  imepl uEgsntaacdióon  yd el aloss  caopmarutandidoasd ae)s,   BOE-A-cable e
b), l), m), n) y o) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña, al ser fruto del ejercicio 
legítimo de la competencia autonómica de desarrollo legislativo de las bases de régimen 
jurídico de las administraciones públicas establecido en el art. 159.2 EAC. Todo ello sin 
perjuicio  de  lo  que  este  tribunal  haya  de  establecer  específicamente  para  las 
obligaciones administrativas contenidas en los apartados l) (contestar a las consultas 
formuladas) y o) (habilitar el acceso a los datos fiscales propios), que son objeto de 
impugnación por otros motivos y que se abordan en los fundamentos jurídicos 12 B) 
y 14, respectivamente.
b)  En segundo lugar, distinta respuesta merecen las letras d) y g) del art. 122-2 del 
Código tributario de Cataluña que reproducen, respectivamente, la obligación de la 
administración autonómica de cumplir con las obligaciones de contenido económico 
derivadas  del  tributo  enumeradas  con  carácter  general  en  el  art.  30.1  LGT,  y  la 
regulación de la obligación de reembolsar el coste de las garantías establecida en el 
art. 33.1 y 2 LGT; obligaciones administrativas que son correlato de los derechos de 
contenido económico establecidos en los apartados b) y c) del art. 34.1 LGT.
El  art.  30.1  LGT  establece  los  diferentes  tipos  de  obligaciones  de  contenido 
económico derivadas del tributo, que pueden surgir a favor de los obligados tributarios en 
cumplimiento de su deber constitucional de contribuir: realizar devoluciones derivadas de 
la normativa de cada tributo o de ingresos indebidos, satisfacer los intereses de demora 
y  reembolsar  el  coste  de  las  garantías.  En  consecuencia,  el  establecimiento  en  el 
art. 30.1 LGT de las obligaciones de contenido económico a cargo de la hacienda pública 
tiene su anclaje, conforme a nuestra doctrina, en el art. 149.1.14 CE (en este sentido, por 
todas, STC 130/2013, FJ 5). Y del mismo encuadramiento competencial debe participar 
el art. 33.1 y 2 LGT en tanto que regula in extenso la obligación de reembolsar el coste 
de  las  garantías.  Ambos  preceptos  estatales  son  normas  de  carácter  sustantivo 
comprendidas en el denominado «marco general de todo el sistema tributario» que el 
art. 149.1.14 CE habilita al Estado a crear en virtud de su competencia exclusiva sobre 
hacienda general.
En estos casos, aplicando la excepción expuesta en el fundamento jurídico 8 D) a la 
regla general de la doctrina de la lex repetita en materias de competencia exclusiva, los 
apartados d) y g) del precepto autonómico impugnado, en tanto reproducciones fieles y 
literales de las normas sustantivas de hacienda general establecidas en los arts. 30.1 
y 33.1 y 2 LGT, únicamente tendrían validez constitucional en tanto que dotaran de 
sentido a la regulación contenida en el Código. Así, precisamente porque no existe en 
los  tres  primeros  libros  del  Código  tributario  hasta  ahora  promulgados  regulación 
adicional  de  dichas  obligaciones  administrativas,  su  reiteración  en  la  disposición 
autonómica  recurrida  carece  de  sentido  y,  por  tanto,  debe  declararse  la 
inconstitucionalidad y nulidad de los apartados d) y g) del art. 122-2 del Código tributario 
de Cataluña.
c)  En tercer lugar, los apartados c), e), f), h), i) y j) del art. 122-2 del Código 
tributario de Cataluña recogen, en forma de obligaciones de la administración tributaria 
de  la  Generalitat,  principios  generales  de  procedimiento  administrativo  común 
establecidos para los procedimientos tributarios en la Ley general tributaria: facilitar el 
desarrollo de los procedimientos tributarios, en especial el trámite de audiencia y la 
presentación de alegaciones y recursos [art. 122-2 c) del Código tributario de Cataluña y 
art. 34.1 l) y m) LGT]; resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los 
procedimientos tributarios, y motivar los actos administrativos [art. 122-2 e) del Código 
tributario de Cataluña y art. 103.3 LGT]; resolver los procedimientos tributarios en los  s
plazos establecidos y asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de estos  oe.
plazos [art. 122-2 f) del Código tributario de Cataluña y arts. 103 y 104 LGT]; informar a  w.
las  personas  y  entidades  que  lo  soliciten  sobre  el  estado  de  tramitación  de  los  49ww
aprrto. ce3d4i.m1 ieen)t osL GeTn] ;l osc eqrtuifeic saer ayn  peanrttree g[aarrt . c1o2p2ia-2  dhe)  dleals C  dóedciglaor atrcibiountaersio  yd ed oCcautamlueñnato ys 
pCróedsiegnot atdriobsu taa riloa  addem Cinaistatrlaucñiaó ny,  ya rdt.e v3o4l.v1e rg l)o sy  dso)c uLmGTen];t oys  noori geinxaigleirs  la[a rat.p 1o2rt2a-c2ió in)  ddeel   BOE-A-cable e
documentos que ya obren en poder de la administración tributaria [art. 122-2 j) del 
Código tributario de Cataluña y art. 34.1 h) LGT].
Al tratarse de normas de procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE) de 
competencia exclusiva del Estado, como regla general, la doctrina constitucional de la 
lex repetita proscribe su reiteración en normas autonómicas. No obstante, como se 
expuso en el fundamento jurídico 8 D), excepcionalmente, la comunidad autónoma podrá 
reproducir fielmente los «principios y normas jurídicas generales de procedimiento del 
sistema tributario español», aunque sean de competencia exclusiva del Estado (arts. 
149.1.14  y  18  CE),  para  dotar  de  coherencia  e  inteligibilidad  a  la  regulación  que 
promulgue  en  el  legítimo  ejercicio  de  su  competencia  estatutaria  para  regular  las 
especialidades procedimentales que se deriven de las particularidades de su derecho 
sustantivo propio (que, en este caso, es la materia tributaria de su competencia) o de las 
especialidades de la propia organización de la Generalitat [art. 159.1 c) EAC].
En  consecuencia,  comoquiera  que  el  Código  no  regula  procedimiento  tributario 
alguno a cuya mejor comprensión pueda coadyuvar la transcripción de tales principios de 
procedimiento administrativo común de competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.18 
CE carece de sentido, por lo que los apartados c), e), f), h), i) y j) del art. 122-2 del 
Código tributario de Cataluña deben declararse inconstitucionales y nulos.
d)  Finalmente,  el  apartado  k)  del  art.  122-2  del  Código  tributario  de  Cataluña 
contiene la obligación de la administración tributaria de la Generalitat de guardar reserva 
de los datos con trascendencia tributaria obtenidos de los obligados tributarios. Para 
resolver  la  impugnación  de  este  apartado  debemos  recordar  algunos  corolarios  de 
nuestra  doctrina.  Por  un  lado,  los  datos  con  trascendencia  tributaria  relativos  a  la 
situación  económica  de  una  persona  pertenecen  a  la  esfera  de  la  intimidad 
constitucionalmente protegida del art. 18.1 CE (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 9; 
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7, y 47/2001, de 15 de febrero, FJ 8), además de 
constituir datos de carácter personal protegidos también por el derecho fundamental que 
deriva del art. 18.4 CE (SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 5; 143/1994, de 9 de 
mayo, FJ 6; 292/2000, de 30 de diciembre, FJ 9, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 5). Por 
otro lado, el deber de colaboración con la administración tributaria, en el que se inserta la 
obligación de facilitar a la misma datos de terceros con trascendencia tributaria, y la 
correlativa potestad administrativa para comprobar e investigar, tienen su fundamento en 
el deber constitucional de contribuir a través de «un sistema tributario justo» (art. 31.1 
CE; SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3, y 76/1990, de 26 de abril, FJ 3). Por 
último, el deber de terceros de suministrar información tributaria supone una intromisión 
constitucionalmente legítima en el derecho fundamental a la intimidad del sujeto pasivo 
al estar justificada en la lucha contra el fraude fiscal y en la protección del citado deber 
de contribuir (STC 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 5). De todo ello se concluye que 
«el deber de comunicación de datos con relevancia tributaria se convierte, entonces, en 
un instrumento necesario, no solo para una contribución justa a los gastos generales 
(art. 31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz, modulando el contenido 
del  derecho  fundamental  a  la  intimidad  personal  y  familiar  del  art.  18.1  CE» 
(STC 233/2005, FJ 5, con cita de resoluciones anteriores).
Asimismo,  siendo  la  previsión  legal  de  una  medida  limitativa  de  derechos 
fundamentales una de las condiciones para su legitimidad constitucional, este tribunal ha 
señalado en el fundamento jurídico 7 E), con base en lo afirmado en la STC 195/1994 
sobre la constitucionalidad del antecesor del art. 93 LGT ex art. 134.2 CE, que el 
legislador estatal ha establecido en los arts. 93 a 95 LGT unas condiciones básicas que  s
garantizan el ejercicio igualitario del derecho a la intimidad y a la protección de datos de  oe.
carácter personal de todos los obligados tributarios (art. 18.1 y 4 CE), con independencia  w.
del ente público territorial que ejercite su potestad de obtención de información con  49ww
ttoradsocse nddee nccoinat rtirbibuuirt aar iatr apvaérsa  dhea c«eur ne fseicsttievmo ae l trcibuumtaprliimo iejunsttoo »d e(la drte. b3e1r. 1c oCnEst)i.t uYc iodnea le dsee 
carácter de condición básica participa, sin duda, el derecho al carácter reservado de los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la administración tributaria que reconoce la 
letra i) del art. 34.1 LGT.
Siendo el art. 34.1 i) LGT el parámetro de constitucionalidad mediata al que debe 
ceñirse  este  tribunal  por  ser  el  único  alegado  por  la  representación  procesal  del 
recurrente, debe desestimarse la impugnación de la letra k) del art. 122-2 del Código 
tributario de Cataluña. Y ello porque, al no oponerse ni contravenir el derecho de los 
obligados tributarios contenido en dicha letra i) del precepto estatal como condición 
básica  para  garantizar  la  igualdad  en  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales 
establecidos en los apartados primero y cuarto del art. 18 CE, no invade la competencia 
del Estado establecida en el art. 149.1.1 CE.
12.  Impugnación  del  art.  122-5  («Facultades  para  interpretar»),  la  letra  l)  del 
art.  122-2  («Deberes  y  obligaciones»)  y  el  apartado  quinto  del  art.  111-8 
(«Interpretación»).
Corresponde en este punto resolver las dudas de constitucionalidad imputadas a los 
preceptos del Código tributario relativos a las disposiciones interpretativas dictadas por la 
administración  tributaria  de  la  Generalitat  (art.  122-5),  a  las  contestaciones  a  las 
consultas tributarias planteadas a la administración tributaria autonómica [letra l) del 
art. 122-2], y a la vigencia de los criterios interpretativos dados por esta administración 
(apartado quinto del art. 111-8).
A)  Se  impugna  el  art.  122-5,  cuyo  apartado  primero  atribuye  a  determinados 
órganos administrativos autonómicos, «en el ámbito de competencias de la Generalitat» 
y «en los términos establecidos por el presente Código respecto de cada uno de estos 
órganos», la facultad de dictar disposiciones interpretativas, aclaratorias y explicativas de 
las normas tributarias y de emitir dictámenes. Estos órganos son, para la emisión de 
dictámenes, el Consejo Fiscal de Cataluña, y, para la producción de disposiciones 
interpretativas, la persona titular del departamento competente en materia de hacienda 
pública, la Dirección General de Tributos y el órgano competente en materia de tributos 
integrado  en  la  estructura  orgánica  del  departamento  competente  en  materia  de 
hacienda. Estas disposiciones interpretativas, según el apartado segundo del artículo 
autonómico  impugnado,  deben  publicarse  en  el  «Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya»  y,  según  su  apartado  tercero,  producen  los  efectos  que  establece  el 
art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, cuyo párrafo cuarto prescribe que «[l]as 
disposiciones interpretativas vinculan a todos los órganos de la administración tributaria 
de la Generalitat encargados de aplicar los tributos».
a)  Denuncia  el  recurrente  una  vulneración  de  la  competencia  estatal  sobre 
hacienda  general  del  art.  149.1.14  CE,  en  primer  lugar,  por  cuanto  el  precepto 
autonómico recurrido contraviene lo dispuesto en el art. 12.3 LGT para los tributos 
estatales, que atribuye las facultades interpretativas «en el ámbito de las competencias 
del Estado» al ministro de Hacienda y a los órganos de la administración tributaria a los 
que  se  refiere  el  art.  88.5  LGT  (párrafo  primero),  debiendo  las  disposiciones 
interpretativas publicarse en el boletín oficial que corresponda (párrafo cuarto), y ser de 
obligado cumplimiento para todos los órganos de la administración tributaria, si las dicta 
el ministro, o ser vinculantes solo para los órganos de aplicación de los tributos en los 
demás casos (párrafos segundo y tercero). En segundo lugar, y subsidiariamente, el 
abogado del Estado alega que el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña habría 
invadido, al menos, la competencia exclusiva del Estado para establecer sus propios  e.
tributos (art. 149.1.14 CE), desbordando el marco competencial de la cesión de tributos  w.
diseñado en el bloque de la constitucionalidad, al no distinguir entre tributos propios y  49ww
cediAd olsa. luz de las alegaciones presentadas, el enjuiciamiento de este tribunal debe
ctreibñuirtsaeri ae xdcel ulsai vGameneenrtael itaa t ldae  altari bfuacciuólnta da  ddee tdeircmtainr addisopso sóircgioanneoss  idnete rlpar eatadtmiviansis tdraec ilóans   BOE-A-cable e
normas en materia tributaria «en el ámbito de las competencias de la Generalitat» (así 
como su publicación oficial y sus efectos), dejando de lado los dictámenes que, ex 
apartado 1 k) del art. 311-5 del Código tributario de Cataluña, puede emitir el Consejo 
Fiscal de Cataluña, a los que también hace referencia el apartado primero del art. 122-5 
del Código tributario de Cataluña.
b)  La primera queja sobre la vulneración mediata del art. 149.1.14 CE por obviar lo 
dispuesto en el art. 12.3 LGT «en el ámbito de competencias del Estado» no puede 
prosperar. Del art. 12.3 LGT no puede inferirse ningún principio o norma integrante del 
denominado  «marco  general  de  todo  el  sistema  tributario»  cuya  competencia 
corresponde al Estado ex art. 149.1.14 CE [por todas, SSTC 192/2000, FJ 6, y 33/2018, 
FJ 5 a)]. Como ya declaró este tribunal al analizar la prohibición exclusivamente estatal 
contenida en el art. 134.7 CE, los principios o normas comunes del sistema tributario 
español  «no  cabe  derivarlos  sin  más  de  preceptos  que  regulen  exclusivamente 
instituciones  del  Estado,  ni  aplicarlos  por  analogía  a  las  comunidades  autónomas» 
[SSTC 116/1994, FJ 5, y 108/2015, FJ 3 b)]. Por tanto, el art. 12.3 LGT no contiene 
mandato alguno aplicable a las comunidades autónomas, al dirigirse únicamente al 
Estado, atribuyendo la facultad de dictar disposiciones interpretativas de las leyes y 
normas en materia tributaria que promulgue el propio Estado en el ámbito de sus 
competencias al ministro de Hacienda y a los órganos de la administración tributaria del 
Estado  competentes  para  contestar  a  las  consultas  tributarias  ex  art.  88.5  LGT 
(actualmente, la Dirección General de Tributos), dotando de distintos efectos vinculantes 
a  las  disposiciones  interpretativas  en  función  del  órgano  emisor,  y  exigiendo  su 
publicación oficial.
Así, en cuanto a disposiciones interpretativas de normas tributarias se refiere, el 
apartado  primero  del  art.  122-5  del  Código  tributario  de  Cataluña  es  al  ámbito  de 
competencias tributarias de la Generalitat lo que el art. 12.3 LGT es al ámbito de 
competencias  tributarias  del  Estado.  Se  trata  en  ambos  casos  de  normas  de 
funcionamiento  de  cada  una  de  estas  administraciones  tributarias  y  de  atribución 
específica de funciones interpretativas a determinados órganos de estas, con claros 
efectos ad intra al ser vinculantes para los órganos encargados de aplicación de los 
tributos  y  no  para  los  obligados  tributarios.  Y  en  este  sentido,  corresponde  a  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,  en  virtud  de  su  competencia  exclusiva  para 
organizar su propia administración (art. 150 EAC), y en concreto su propia administración 
tributaria  (arts.  204  y  205  EAC),  la  atribución  específica  de  la  facultad  de  dictar 
disposiciones  interpretativas  o  aclaratorias  de  las  normas  que  dicte  en  el  legítimo 
ejercicio de su potestad tributaria a los concretos órganos o entidades con personalidad 
jurídica propia que conforman su administración tributaria.
Queda pues descartada la extralimitación competencial de la comunidad autónoma, 
puesto que el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña no regula aspecto alguno 
integrante del denominado «marco general de todo el sistema tributario» de competencia 
exclusiva estatal en virtud del art. 149.1.14 CE.
B)  Arguye también el abogado del Estado que, aunque el apartado primero del 
art. 122-5 del Código tributario de Cataluña atribuya la referida facultad interpretativa a la 
administración tributaria catalana «en el ámbito de la competencia de la Generalitat», 
como  los  únicos  tributos  expresamente  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  este 
Código son los tributos locales (apartado segundo del art. 111-1 del Código tributario de 
Cataluña), la omisión de distinción alguna entre tributos propios y estatales cedidos, 
provoca una vulneración del ámbito constitucional de cesión ex art. 149.1.14 CE, al  e.
permitir a la administración tributaria de la Generalitat dictar disposiciones interpretativas  w.b
sobre  los  tributos  estatales  cedidos  cuyo  pago  exige  la  comunidad  autónoma  por  49ww
deleIgdaécnitóicno. desbordamiento de las competencias autonómicas en materia de tributos
yc eedsidtaotsa ledse bcieddoi dao lsa,  fsaelt aim dpeu tdaif ear lean ocbialicgióanci óenn  ilma pnuoermstaa  aa ulato andómmiincias teranctrióen t rtirbibuutotas rpiar odpeio las 
Generalitat en la letra l) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña de contestar a las
consultas planteadas por los obligados tributarios; puesto que el art. 55.2 a) de la 
Ley 22/2009 únicamente delega en las comunidades autónomas la competencia para la 
contestación de las consultas reguladas en los arts. 88 y 89 LGT cuando se trate de 
cuestiones sobre tributos cedidos referidas a las disposiciones normativas que haya 
dictado  la  comunidad  autónoma  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  normativas 
delegadas.
a)  Para solventar este reproche conviene partir de una premisa ya expuesta en 
fundamentos jurídicos anteriores. A pesar de la indefinición de su ámbito objetivo de 
aplicación  («sistema  tributario  catalán»),  hemos  declarado  que  el  Código  será 
plenamente aplicable a los tributos autonómicos propios, y solo en función de lo que 
disponga la normativa de cesión, también a los tributos estatales cedidos: interpretación 
de conformidad del art. 111-1 que fue formulada en los fundamentos jurídicos 8 B) y 8 C) 
de esta sentencia y será llevada también al fallo. Con el trasfondo de esa interpretación 
de conformidad, procede ahora destacar que la no distinción en el apartado primero del 
art. 122-5 y en la letra l) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña entre tributos 
propios  y  cedidos  no  implica  per  se  una  invasión  de  los  términos  y  condiciones 
establecidos  en  la  ley  específica  de  cesión.  Al  contrario,  debe  entenderse  que  los 
preceptos  autonómicos  impugnados  atribuyen  facultades  interpretativas  a  su 
administración tributaria única y exclusivamente «en el ámbito de las competencias de la 
Generalitat», con independencia de que en la norma impugnada haya previsión expresa 
al respecto (apartado primero del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña) o no [letra 
l) del art. 122-2 del Código tributario de Cataluña].
Sentado lo anterior, debe afirmarse que la competencia para dictar disposiciones 
interpretativas en materia tributaria (o para contestar a las consultas tributarias) es 
consustancial a la competencia normativa en este sector material. Así, tanto el Estado 
como  las  comunidades  autónomas,  en  tanto  titulares  de  poder  tributario,  poseen 
potestad para elaborar disposiciones interpretativas, aclaratorias o explicativas, o para 
contestar  a  las  consultas  que  se  les  planteen,  sobre  las  normas  tributarias  que 
promulguen  en  el  ámbito  de  sus  competencias.  Las  disposiciones  interpretativas  y 
contestaciones  en  materia  tributaria  que  adopten  las  comunidades  autónomas  solo 
vincularán a los órganos de la administración tributaria autonómica.
b)  La facultad estatal de ofrecer interpretaciones «oficiales» o autorizadas sobre la 
normativa reguladora de los tributos cedidos dictada por el propio Estado deriva de los 
arts. 133.1 y 149.1.14 CE, sea elaborando disposiciones administrativas de carácter 
interpretativo  ex  art.  12.3  LGT  (interpretaciones  oficiales,  generales  y  dotadas  de 
publicidad),  sea  contestando  a  las  consultas,  vinculantes  o  no,  que  planteen  los 
obligados tributarios ex arts. 88 y 89 LGT (interpretaciones autorizadas, más concretas y 
a las que se aplica la obligación de difusión periódica por el Ministerio de Hacienda ex 
art. 86.2 LGT). Debe resaltarse que, en el caso de los tributos cedidos totalmente a las 
comunidades  autónomas  en  los  que  también  se  delega  su  aplicación,  estas 
competencias de la administración del Estado para dictar disposiciones interpretativas y 
para resolver las consultas tributarias, ambas sobre las normas sobre tributos cedidos 
que promulgue el Estado, si bien suponen cierta injerencia estatal en la aplicación que 
de estos tributos realizan las comunidades autónomas, constituyen un instrumento de 
coordinación estatal ex art. 156.1 CE para lograr un mínimo de unidad o coherencia en la 
actuación administrativa autonómica de aplicación de estos tributos en todo el territorio 
español.
c)  De  igual  forma,  las  facultades  interpretativas  de  la  administración  tributaria  e.
autonómica, tanto para dictar disposiciones interpretativas como para resolver consultas  w.b
concretas, son inherentes o conexas a la potestad tributaria que la comunidad autónoma,  49ww
epxro apriot.s 1 (3a3rt..2  2C0E3.,5 h Ea AaCsu) mcoidmoo e enn s mu aEtsetraiatu dtoe  dtreib Auutotos ncoemdiídao, sta pnotor  deenl emgaatceiórina  ddeel  tEribstuatdoos 
p(aorrt . la2s0 3p.a2r tEeAs Ce)n.  cPoonr fltiacntoto, ,p oers tceu tarnibtuon eall  cnoon tpeuneiddoe  dceo mlapsa drtiisr plaoss icpioosniecsio naedsm iandisotpratatidvaass 
de carácter interpretativo que puede dictar la administración tributaria de la Generalitat
de acuerdo con el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña, o el de las contestaciones 
a las consultas tributarias que la administración autonómica debe realizar según la letra l) 
del art. 122-2 del Código, no versará únicamente sobre las normas autonómicas relativas 
a sus tributos propios, sino también sobre las normas que eventualmente promulgue la 
comunidad autónoma sobre tributos cedidos en el legítimo ejercicio de las competencias 
normativas delegadas en la ley específica de cesión. Precisamente la atribución de 
determinadas competencias normativas a las comunidades autónomas sobre los tributos 
cedidos  ha  traído  consigo,  como  determina  el  art.  55.2  a)  de  la  Ley  22/2009,  la 
consiguiente cesión de la competencia para resolver las consultas tributarias que versen 
sobre la aplicación de las normas autonómicas dictadas dentro del marco de cesión 
establecido para cada figura impositiva cedida.
De ahí que la administración tributaria de la Generalitat, al aplicar por delegación los 
tributos estatales totalmente cedidos, quedará vinculada no solo por las disposiciones 
interpretativas (art. 12.3 LGT) y por las contestaciones a las consultas tributarias (arts. 88 
y 89 LGT) que de las normas estatales sobre tales tributos dicte la administración 
tributaria del Estado, sino también por las que dicte la propia administración tributaria de 
la  Generalitat  sobre  las  normas  autonómicas  promulgadas  por  delegación  sobre 
determinados aspectos de tales tributos en los términos establecidos en la ley específica 
de cesión [arts. 122-5 y 111-8.4 del Código tributario de Cataluña, para disposiciones 
interpretativas; y letra l) del art. 122-2, para contestaciones a consultas].
Debe  desestimarse,  por  tanto,  la  impugnación  por  desbordamiento  del  ámbito 
competencial  de  cesión  de  tributos  por  parte  de  la  comunidad  autónoma,  y  la 
consiguiente violación de los arts. 133.1, 157.3 y 149.1.14 CE por la letra l) del art. 122-2 
y por el art. 122-5 del Código tributario de Cataluña.
C)  Por último, la parte recurrente afirma la inconstitucionalidad del apartado quinto 
del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, salvo que este tribunal lo entienda 
circunscrito exclusivamente al ámbito de los tributos autonómicos propios. Y ello porque 
dicho apartado, al prescribir que «[e]n caso de modificación de una disposición, el nuevo 
criterio interpretativo no es aplicable a las situaciones producidas durante la vigencia del 
anterior,  salvo  previsión  expresa  y  justificada  en  sentido  contrario»,  contiene  una 
regulación del alcance de los criterios interpretativos no prevista en la Ley general 
tributaria.  Por  su  parte,  las  representaciones  autonómicas  alegan  que  el  precepto 
autonómico se ajusta a lo dispuesto en el art. 10.2 LGT, que establece la regla general 
de la irretroactividad de las normas tributarias salvo previsión expresa en contrario, la 
entrada en vigor de las mismas en función de la existencia o no de periodo impositivo en 
el tributo regulado, y la retroactividad in bonam partem de normas sobre sanciones y 
recargos tributarios.
a)  El menoscabo de la competencia exclusiva estatal sobre «las reglas de eficacia 
e interpretación de las normas jurídicas» (art. 149.1.8 CE) aducido por el abogado del 
Estado en la impugnación de este apartado quinto, efectuada conjuntamente con otros 
apartados del mismo artículo 111-8 del Código tributario de Cataluña relativos a la 
interpretación y con el art. 111-7 del Código tributario de Cataluña sobre el ámbito 
temporal de las normas tributarias, debe descartarse por no ser esa la materia regulada 
en él. En primer lugar, porque, de una lectura conjunta de los apartados cuarto y quinto 
del  art.  111-8  de  la  ley  impugnada,  se  deduce  con  claridad  que  los  «criterios 
interpretativos»  a  los  que  alude  el  apartado  quinto  son  los  adoptados  por  la 
administración tributaria de la Generalitat en caso de modificación de las disposiciones  e
interpretativas (art. 122-5 del Código tributario de Cataluña) sobre las normas que dicta  bo
la comunidad autónoma en el legítimo ejercicio de su potestad tributaria; por lo que el  49ww
ainptearrptaredtoa ciróenc udreri dlaos  nnoo rmreags ujluar ídeicna s mqoudeo e l aalgrtu. n1o4 9.l1a.s8  CreEg lraess ersvuas t«aennti vtaosd o scoabsroe»  laal 
Eámstbaidtoo  (tSemTCp o8r3a/l 1d9e8 6,lo FsJ  c3r)it.e Erino ss eignutenrdpore ltuagtiavro, sp odreq ulea,  aaudnmqiuneis terascteió anp atrritbaudtoa rriae gduela  leal 
Generalitat, no contiene reglas de competencia exclusiva estatal relativas a la aplicación
de las normas jurídicas en el tiempo (STC 14/1986, FJ 6) puesto que las disposiciones 
interpretativas del art. 122-5 del Código tributario de Cataluña no participan de esa 
naturaleza jurídica.
b)  Así las cosas, si, como se ha afirmado en el apartado B) de este fundamento 
jurídico, las comunidades autónomas, en tanto titulares de potestad tributaria, tienen 
competencia para dictar disposiciones administrativas de carácter interpretativo sobre las 
normas tributarias que promulguen en el ámbito de sus competencias, ya sean estas 
propias o delegadas; también serán competentes para fijar el alcance temporal de los 
criterios  interpretativos  que,  de  las  normas  autonómicas  sobre  tributos  propios  y 
estatales  cedidos,  elabore  su  administración  tributaria.  Siempre  que,  eso  sí,  dicha 
competencia tributaria autonómica se ejercite, primero, en coherencia con el ámbito 
temporal de las normas tributarias establecido por el Estado en el art. 10.2 LGT ex 
art. 149.1.8 CE, como efectivamente se ha hecho en el apartado quinto impugnado 
estableciendo la irretroactividad de los criterios interpretativos de las normas jurídicas 
modificadas salvo previsión expresa y justificada. Y, segundo, que su ejercicio respete 
las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas que ex art. 149.1.18 CE 
establezca el Estado en  materia de  criterios  interpretativos de las administraciones 
tributarias para garantizar un tratamiento común a los administrados en todo el territorio 
español.
c)  En este sentido, ya se ha expuesto anteriormente que la Ley general tributaria 
solo  establece  regulación  sobre  las  disposiciones  administrativas  de  carácter 
interpretativo que dicte la administración tributaria del Estado sobre las normas estatales 
(art.  12.3).  Al  no  introducirse  en  la  Ley  general  tributaria  límites  adicionales  ex 
art. 149.1.18 CE a la competencia autonómica para dictar disposiciones interpretativas 
de las normas que esta promulgue en el ámbito de su competencia sobre tributos 
propios y estatales cedidos, debe desestimarse la impugnación del apartado quinto del 
art. 111-8 del Código tributario de Cataluña porque no vulnera el orden constitucional de 
competencias en cuanto a disposiciones interpretativas se refiere.
13.  Impugnación  del  art.  122-6  («Obtención  y  comunicación  de  datos  con 
trascendencia tributaria»).
El art. 122-6 del Código tributario de Cataluña establece que «[l]a administración 
tributaria de la Generalitat puede obtener de terceros datos con trascendencia tributaria 
por procedimientos de captación de información de carácter general o periódico, o de 
carácter individual, de acuerdo con lo establecido por el presente Código, con la finalidad 
de  utilizarlas  en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  aplicación  de  los  tributos  o  de 
recaudación en período ejecutivo que tiene atribuidas por ley».
Cuatro son los motivos de inconstitucionalidad que se alegan respecto a dicho 
precepto: (i) la infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE); (ii) la invasión 
de  la  competencia  estatal  sobre  regulación  de  obligaciones  y  derechos  de  los 
contribuyentes,  y  sobre  elementos  básicos  de  los  procedimientos  tributarios;  (iii)  la 
extraterritorialidad del ámbito de aplicación de la norma autonómica y, por ende, del 
ejercicio de la potestad administrativa autonómica de obtención de información; y (iv) la 
vulneración de la competencia estatal sobre la regulación de sus propios tributos, que se 
incluye en el contenido del art. 149.1.14 CE (hacienda general).
A)  En  primer  lugar,  debe  rechazarse  la  vulneración  del  principio  de  seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE). Alega el abogado del Estado que este artículo crea incertidumbre  s
sobre su ámbito de aplicación al no prever expresamente la utilización de los datos  oe.
obtenidos  por  la  administración  tributaria  de  la  Generalitat  para  el  ejercicio  de  su  w.
afpunontteceicsoetnadedes n st[ae…ns c] ioosbnotaleodn opidroaod,s r ácnpo omsro e rla su í taillodiz mahdianocisset r paeaclr ióaan r lta. t r9eib5fue.1tcat irvLiaaG  Tae pn(l i«ceLaloc siód ned sadeteom spl,o esiñn ofto rirbdmueet osss, u oos    2020-8149n https://ww
recursos  cuya  gestión  tenga  encomendada  y  para  la  imposición  de  sanciones  que
procedan  […]»).  Sin  embargo,  esta  incertidumbre  queda  disipada  interpretando  el
precepto autonómico impugnado en conexión con el art. 122-2 k) del Código tributario de 
Cataluña, que establece que la administración tributaria de la Generalitat debe «[g]uardar 
reserva, en los términos establecidos legalmente, de los datos, informes o antecedentes 
que haya obtenido, que solamente pueden ser utilizados para aplicar los tributos o los 
recursos cuya gestión tenga encomendada y para imponer sanciones, sin que puedan 
ser entregados o comunicados a terceros, excepto en los supuestos establecidos por 
ley». En suma, el Código tributario contempla que la administración tributaria de la 
Generalitat utilice los datos con trascendencia tributaria que obtenga, sea de terceros o 
del propio obligado tributario, para imponer sanciones en materia tributaria en el ámbito 
de sus competencias.
B)  En segundo lugar, tampoco puede compartirse la interpretación realizada por la 
representación  procesal  del  recurrente  al  declarar,  sin  más  argumentación,  que  el 
art. 122-6 del Código tributario de Cataluña regula tanto obligaciones y derechos de los 
contribuyentes  como  elementos  básicos  de  los  procedimientos  tributarios,  materias 
ambas de competencia exclusiva del Estado, salvo que este tribunal reduzca su alcance 
a los tributos propios de la Generalitat.
En  efecto,  de  la  dicción  literal  del  precepto  controvertido  tan  solo  se  extrae  la 
atribución específica a la administración tributaria de la Generalitat de la potestad para la 
obtención de terceros de datos con trascendencia tributaria para la realización de las 
funciones  de  aplicación  de  tributos  y  de  imposición  de  sanciones  que  tiene 
encomendadas legalmente. Así, siendo la obtención de información con trascendencia 
tributaria una competencia conexa o estrechamente vinculada a la de aplicación de los 
tributos, la comunidad autónoma tendrá competencia para recabar de terceros tales 
datos con la finalidad de dar cumplimiento a la función de aplicación de tributos y 
ejercitar  su  potestad  sancionadora  en  materia  tributaria  en  el  ámbito  de  sus 
competencias. Y la administración tributaria autonómica es competente para el ejercicio 
de dichas potestades-función tanto en el marco de sus propios tributos (arts. 19.1 
LOFCA y 204.1 EAC) como en el de los tributos estatales cuyo rendimiento le ha sido 
cedido totalmente y cuya aplicación le ha sido delegada en la ley específica de cesión 
(arts. 19.2 LOFCA, 204.1 EAC, 54.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010).
C)  En tercer lugar, el abogado del Estado aduce que el art. 122-6 del Código 
tributario de Cataluña no especifica su ámbito territorial de aplicación al establecer una 
obligación  genérica  de  los  terceros  de  comunicar  información  con  trascendencia 
tributaria a la administración tributaria de la Generalitat. A su juicio, solo la limitación 
espacial a su propio territorio que efectúe este tribunal podría salvar la constitucionalidad 
del precepto, debiéndose encauzar a través de los órganos competentes del Estado la 
obtención de información de sujetos pasivos que se encuentren fuera de ese ámbito.
a)  Conviene precisar que el art. 122-6 del Código tributario de Cataluña contempla 
las dos modalidades de obtención de información correspondientes a los dos deberes de 
información impuestos a los obligados tributarios en el art. 93.2 LGT. Primero, el deber 
de información «por suministro» o con carácter general, derivado de una prescripción 
normativa que obliga a determinadas personas o entidades con carácter periódico a 
proporcionar datos de sus relaciones financieras, económicas o profesionales con otras 
personas  (arts.  93.1  y  4  y  94  LGT)  a  través  de  las  denominadas  declaraciones 
informativas; y, segundo, el deber de información «por captación» o a requerimiento 
individualizado de los órganos de la administración (arts. 93.2 y 3 y 94 LGT) en el  s
ejercicio de las funciones de inspección tributaria [art. 141 c) LGT: «La inspección  oe.
tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: […] c) La  w.
lrroeesca alitzuriadbcauictóoinós n,d  edtr eaib cautcutauareciariod n(oae rcst.o  dn1e 6 loo2b .1ete,s ntsacebigóleuncn diddeoo  i npefánor rrmloasfao c,ai órdtníec  ruelalloa sLc eio9yn3 a gyde an9se4 rc adole nt  rleiabs uatatpa llrieciaay:»c i«]ó Tyno  dddeoe    2020-8149n https://ww
obligado tributario deberá poner en conocimiento de la administración, cuando esta así lo
requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria [...]»).
b)  Como  ya ha  declarado este tribunal, no puede entenderse que una norma 
rebasa el ámbito de competencia territorial de quien la dicta «si nada se dice en ella 
sobre el particular y nada se alega, además, sobre acto alguno que pueda justificar tal 
interpretación» (SSTC 176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3), por lo que el principio de 
conservación de las normas no permite apreciar la inconstitucionalidad del art. 122-6 del 
Código tributario de Cataluña por esta causa. Y ello porque la ausencia de cláusulas 
expresas de salvaguardia de las competencias correspondientes al ámbito propio de otro 
ente  público  «no  constituye  por  sí  misma  razón  suficiente  para  declarar  la 
inconstitucionalidad de una disposición» (STC 141/2013, de 11 de julio, FJ 6).
Ello  no  obstante,  debe  precisarse  que  el  ámbito  espacial  del  ejercicio  de  esta 
competencia administrativa no es el que define el abogado del Estado. Precisamente 
porque  en  el  ámbito  tributario  se  adopta  el  principio  de  territorialidad  en  sus  dos 
vertientes (principio de residencia efectiva y principio de la fuente u origen de la riqueza), 
el ejercicio de la potestad autonómica de obtención de información de terceros con 
trascendencia tributaria viene condicionada principalmente por la naturaleza personal o 
real del tributo, propio o cedido, para cuya aplicación (gestión, inspección o recaudación) 
utilice la administración autonómica los datos que le comuniquen.
En efecto, si el tributo configura una obligación real de contribuir, esto es, si grava 
manifestaciones de capacidad económica (renta, patrimonio o consumo) producidas en 
su territorio, la administración tributaria autonómica será competente para exigir de 
terceros información con trascendencia tributaria sobre los índices de riqueza gravados, 
con independencia de que el contribuyente resida o no en la comunidad autónoma. En 
cambio, si el tributo establece una obligación personal de contribuir, esto es, si grava al 
contribuyente residente en la comunidad autónoma por todas las manifestaciones de 
riqueza que realice con independencia del territorio en el que se localice el índice de 
riqueza que causa el gravamen, la información con trascendencia tributaria que podrá 
solicitar del tercero será ciertamente referida a personas o entidades residentes en la 
comunidad autónoma pero sobre manifestaciones de riqueza gravadas con el tributo 
producidas dentro o fuera del territorio autonómico.
En definitiva, la administración tributaria autonómica tiene potestad para obtener de 
terceros  información  sobre  los  índices  de  riqueza  generados  dentro  del  territorio 
autonómico  por  contribuyentes  de  tributos  reales  que  no  residen  en  la  comunidad 
autónoma y sobre los índices de riqueza generados fuera del territorio autonómico por 
contribuyentes de tributos personales que residen en la comunidad, siempre que sea 
competente para la aplicación de esos tributos.
Ahora  bien,  como  la  potestad  administrativa  de  obtención  de  información  con 
trascendencia tributaria prevista en el art. 122-6 del Código tributario de Cataluña se 
dirige a los terceros, y no a los sujetos pasivos de los tributos que aplica la comunidad 
autónoma, la limitación de esa potestad vendrá referida al ámbito espacial en el que se 
encuentre ese tercero informante. Por ello, por un lado, la administración tributaria de la 
Generalitat podrá obtener de terceros ubicados en el territorio autonómico la información 
a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, sea de forma general y periódica 
fijada normativamente, sea de forma individualizada y concreta a requerimiento de los 
órganos inspectores y recaudadores de dicha administración. Por otro lado, si bien la 
normativa autonómica que establezca, con carácter periódico, la obligación de terceros 
de informar a la administración tributaria de la Generalitat deberá tener como únicos  s
destinatarios los terceros ubicados en el territorio autonómico, lo cierto es que nada  oe.
obsta a que los órganos inspectores y recaudadores de la administración tributaria de la  w.
Generalitat  realicen  requerimientos  individualizados  de  información  a  terceros  no  49ww
spioturqaudeo sin etenr psrue tatenrdrioto erilo a rsto. b5r8e. 3h deech loas L eimy p2o2n/2ib0le0s9  par olad uluczid does  laesn  fluan ccioomneusn iidnasdp.e cYt oerallos 
eennu mmaetreardiaa st reibnu tealr iaar t.d e1 4l1a sL GcoTm, suonliod a«dlaess  aacututóancoiomnaess  fcuoemrap rdoeb asduo rtaesr reito irniove»s [tyig andoo rlaass   BOE-A-cable e
actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos 
del art. 141 c) LGT] «serán realizadas por la Inspección de los Tributos del Estado o la 
de las comunidades autónomas competentes por razón del territorio, a requerimiento de 
las comunidades autónomas, de conformidad con los planes de colaboración que al 
efecto se establezcan». Y a pesar de que el art. 58.3 de la Ley 22/2009 es una 
concreción del deber general de colaboración establecido entre ambas administraciones 
en el art. 19.2 LOFCA para los tributos cedidos, la previsión puede deducirse también del 
deber general de colaboración entre la administración del Estado y las administraciones 
autonómicas impuesto para la aplicación de los tributos propios en el art. 19.1 LOFCA 
«especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo».
D)  Finalmente, el abogado del Estado aduce que el art. 122-6 del Código tributario 
de  Cataluña  invade  la  competencia  estatal  para  establecer  sus  propios  tributos 
(art. 149.1.14 CE) al disponer, sin distinción expresa entre tributos propios y cedidos, que 
la obtención administrativa de información de terceros, en sus dos modalidades, se 
llevará a cabo «de acuerdo con lo establecido por el presente Código».
a)  Corresponde, pues, a este tribunal determinar para la aplicación de qué tributos 
puede la administración tributaria de la Generalitat ejercer su potestad de obtener de 
terceros información con trascendencia tributaria «de acuerdo con lo establecido por el 
presente  Código».  Y  ello  porque  ante  varias  interpretaciones  posibles  igualmente 
razonables, el principio de conservación de la ley impone la aplicación de la técnica de la 
interpretación conforme, por lo que habiendo otra interpretación que siendo igualmente 
razonable resulta conforme a la Constitución, debemos descartar aquellas que den lugar 
a que el precepto incurra en inconstitucionalidad (por todas, SSTC 51/2019, FJ 7, 
y 76/2019, FJ 8).
b)  Por un lado, dado que la comunidad autónoma posee potestad para la creación y 
exigencia de sus propios tributos, nada obsta para que la obtención de terceros de datos 
con trascendencia tributaria por la administración autonómica se realice «de acuerdo con 
lo establecido por el presente Código», sea la obtención general y periódica, sea a 
requerimiento individualizado de sus órganos inspectores y recaudadores. Siempre, eso 
sí, que la regulación autonómica respete las condiciones básicas establecidas por el 
Estado en los arts. 93 a 95 LGT, ex art. 149.1.1 CE, para garantizar la igualdad de todos 
los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos fundamentales a la intimidad 
personal y familiar y a la protección de datos de carácter personal (art. 18.1 y 4 CE), con 
independencia de la administración tributaria que ejercite la potestad de obtención de 
terceros de información con trascendencia tributaria para el cumplimiento efectivo del 
deber de todos de contribuir a través de un sistema tributario justo (art. 31.1 CE); sin 
perjuicio, claro está, de las demás normas estatales que también sean de aplicación en 
esta  materia  con  fundamento  en  los  apartados  decimocuarto  y  decimoctavo  del 
art. 149.1 CE, según se indicó en el fundamento jurídico 5 D) de esta resolución.
c)  Por  otro  lado,  sobre  los  tributos  estatales  totalmente  cedidos  de  gestión 
autonómica, y partiendo de lo dispuesto en el fundamento jurídico 5 C) sobre los límites 
a la capacidad normativa y ejecutiva de las comunidades autónomas en materia de 
tributos cedidos fijados en el bloque de la constitucionalidad, conviene advertir que la 
obtención  de  terceros  de  datos  con  trascendencia  tributaria  por  la  administración 
autonómica se realizará «de acuerdo con lo establecido por el presente Código», ex 
art. 122-6 del Código tributario de Cataluña, dependiendo de dos factores: la modalidad 
de obtención de información y, dentro de ella, la figura impositiva cedida de la que se  e
trate. bo
En  primer  lugar,  la  comunidad  autónoma  no  tiene  competencia  para  regular  la  49ww
madomdainliidstaradc dióen  otrbibteuntacriióan.  Edne  eteferccteor,o ds addeo  qinufeo rmel aecjieórnc ic«iop odre c easpata pcoiótne»st apdo ra dpmarinteis tdraet ivsau 
rseeg uelafecciótúna a pdleicnatbrole  dae l osla rse qauceturiamciieonnteoss  inddei viidnuspaelizcacdióons  dye  riencfoarumdaacciióónn  at rtiebructearroiass ,q ulea 
realicen los órganos inspectores y recaudadores de la administración tributaria de la
Generalitat  para  la  aplicación  delegada  de  los  tributos  totalmente  cedidos  será 
necesariamente la contenida en la Ley general tributaria, y no la que eventualmente se 
incorpore al Código tributario autonómico. Y ello porque así queda establecido en el 
modelo  vigente  de  financiación  autonómica  diseñado  en  el  bloque  de  la 
constitucionalidad.  Primero,  porque  no  se  han  cedido  competencias  normativas  en 
materia de inspección y recaudación en cuatro de los cinco tributos cedidos de gestión 
autonómica afectados: el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones,  el  impuesto  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (arts. 
47, 48.2, 49.2 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010). Y, segundo, porque en los 
tributos  sobre  el  juego,  si  bien  se  ceden  competencias  normativas  en  materia  de 
aplicación de tributos sin referencia expresa a la normativa estatal (art. 50.2 de la 
Ley 22/2009), por un lado, el art. 58.1 de la Ley 22/2009 delega el ejercicio de las 
funciones inspectoras del art. 141 LGT (entre las que se encuentra la obtención de 
información a requerimiento individualizado de terceros) expresando que deben aplicarse 
«las  normas  legales  y  reglamentarias  que  regulen  las  actuaciones  inspectoras  del 
Estado en materia tributaria»; y, por otro lado, el art. 57.2 de la Ley 22/2009 determina 
que la recaudación tributaria de los tributos cedidos que lleve a cabo la comunidad 
autónoma «se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado». Así las cosas, de una 
lectura  del  art.  122-6  del  Código  tributario  de  Cataluña  conforme  al  bloque  de  la 
constitucionalidad se deduce que la previsión «de acuerdo con lo establecido por el 
presente Código» no será aplicable a la modalidad de obtención de información «por 
captación»  por  la  administración  tributaria  de  la  Generalitat  en  materia  de  tributos 
estatales cedidos de gestión autonómica.
En  segundo  lugar,  la  comunidad  autónoma  tendrá  competencia  para  regular  la 
modalidad de obtención de terceros de información «por suministro» por parte de su 
administración tributaria dependiendo del tributo cedido de gestión autonómica de que se 
trate.  La  cesión  de  esta  potestad  administrativa  de  obtención  de  información  debe 
extraerse de la cláusula de cierre del art. 55.1 f) de la Ley 22/2009: «En la gestión 
tributaria de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de los tributos sobre el 
juego,  del  impuesto  especial  sobre  determinados  medios  de  transporte  […] 
corresponderá  a  las  comunidades  Autónomas:  […]  f)  En  general,  las  demás 
competencias necesarias para la gestión de los tributos». Aquí, como se observa, la 
ejecución de esta potestad administrativa se cede sin referencia expresa alguna a la 
normativa  estatal.  En  este  sentido,  dado  que  la  ley  estatal  de  cesión  también  ha 
delegado, sin condicionamiento alguno, las competencias normativas sobre gestión del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y de los tributos sobre el juego (arts. 48.2, 49.2 y 50.2 de la 
Ley  22/2009  y  2.2  de  la  Ley  16/2010),  las  eventuales  declaraciones  informativas 
generales  y  periódicas  que  establezca  la  comunidad  autónoma  para  la  aplicación 
delegada de esos tributos podrán crearse de acuerdo con las normas que eventualmente 
se introduzcan en el Código ex art. 122-6 del Código tributario de Cataluña; siempre que, 
al igual que las declaraciones informativas de los tributos autonómicos propios, tales 
normas respeten las condiciones básicas establecidas en los arts. 93 a 95 LGT, así como 
las demás disposiciones estatales que también sean de aplicación en esta materia con 
fundamento en los apartados decimocuarto y decimoctavo del art. 149.1 CE, según se 
indicó en el fundamento jurídico 5 D) de esta sentencia. En cambio, como el Estado no  s
ha cedido competencias normativas de gestión sobre el impuesto sobre el patrimonio y el  oe.
impuesto  especial  sobre  determinados  medios  de  transporte  (arts.  47  y  51  de  la  w.
Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 26/2010), la regulación aplicable para el establecimiento  49ww
aou ctoolneócmtivicoos  d(dee dcelabrearceiosn geesn ienrfoarlemsa yti vpaesr)i órdeiscpoesc dtoe  ain tfaolremsa tcriibóunt oas  dseetreár mlain caodnates npidears eonn alas 
Ley general tributaria, y no la que eventualmente se recoja en el Código.
d)  En consecuencia, en razón a lo expuesto, ha de concluirse que el ámbito de 
aplicación de la previsión «de acuerdo con lo establecido por el presente Código» del 
art. 122-6 del Código tributario de Cataluña ha de entenderse circunscrito, de un lado, a 
la  obtención  de  información  de  terceros  con  trascendencia  tributaria  en  sus  dos 
modalidades con relación a los tributos propios de la Generalitat y, de otro, en materia de 
tributos cedidos, a la obtención de información con trascendencia tributaria, de carácter 
general y periódica, y no por requerimientos administrativos individualizados, para la 
aplicación delegada del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de los tributos sobre el 
juego por parte de la administración tributaria de la Generalitat. Interpretada en esos 
términos, la previsión impugnada no es contraria a la Constitución, y así se dispondrá en 
el fallo.
14.  Impugnación del art. 122-2 o) («Deberes y obligaciones»).
Con relación a la impugnación del apartado o) del art. 122-2 del Código tributario de 
Cataluña, que impone a la administración tributaria de la Generalitat la obligación de 
«[h]abilitar al contribuyente, con las debidas cautelas, el acceso a los datos fiscales 
propios actualizados de los que disponga», el abogado del Estado plantea que ese deber 
no puede extenderse a los datos sobre tributos que gestiona el Estado que obren en 
poder de la administración tributaria autonómica como consecuencia de intercambios 
interadministrativos de información en materia tributaria.
La representación procesal del recurrente se limita a alegar que el apartado o) 
impugnado infringe la Ley general tributaria y la Constitución, sin mayor especificación, y 
afirma sin más la incompetencia de la administración tributaria de la Generalitat para 
facilitar al contribuyente datos fiscales propios correspondientes a tributos gestionados 
por  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  (AEAT)  que  le  hayan  sido 
entregados  a  la  administración  tributaria  autonómica  mediante  intercambio 
interadministrativo de información, dado que la norma impugnada no distingue entre 
tributos propios y cedidos de gestión autonómica.
Teniendo en cuenta que los datos facilitados por la AEAT sirven para la aplicación de 
todos  los  tributos,  propios  y  cedidos,  que  gestiona  la  administración  tributaria 
autonómica, podría rechazarse la mera alegación del abogado del Estado de que el 
art. 122-2 o) del Código tributario de Cataluña vulnera la competencia estatal. En todo 
caso, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones.
De un lado, los datos en los que el abogado del Estado ha centrado su queja obrarán 
en  poder  de  la  administración  tributaria  autonómica  fruto  del  cumplimiento  de  la 
obligación  general  entre  administraciones  tributarias,  estatal  y  autonómicas,  de 
intercambio de la información que precisen para el cumplimiento de las funciones de 
aplicación de los tributos, y para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia 
tributaria, en el ámbito de sus competencias; obligación que impone el bloque de la 
constitucionalidad, de forma expresa en materia de tributos cedidos en el art. 61.2 a) de 
la Ley 22/2009, como concreción del deber genérico de colaboración interadministrativa 
impuesto en los arts. 19.2 LOFCA y 61.1 de la Ley 22/2009 [«En particular, dichas 
administraciones: a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten, 
estableciéndose los procedimientos de intercomunicación técnica precisos»], y que cabe 
deducir igualmente para los tributos autonómicos del deber general de colaboración 
interadministrativa impuesto al respecto en el art. 19.1 LOFCA («La aplicación de los 
tributos y la potestad sancionadora respecto a sus propios tributos corresponderá a la  e
comunidad autónoma [...], sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la  bo
administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del  49ww
tribuDtoe» o).tro lado, el actual modelo «de colaboración social» de aplicación de los tributos
aseu toblaiqsuai,d aecnio pnreims eyr  dlueg alor,s  edne lbae rceosl abdoer ascuiómnin cisiutrdoa ddaen ain fcoormn alac iógne nceorna liztraacsicóenn ddeen lcaias 
tributaria, suya y de terceros, por los obligados tributarios, y, en segundo lugar, en el
fortalecimiento de las actuaciones administrativas de asistencia e información de los 
obligados tributarios para el ejercicio de sus derechos tributarios y el cumplimiento 
espontáneo y tempestivo de sus obligaciones tributarias materiales y formales.
Siendo, pues, los particulares quienes asumen principalmente la aplicación de los 
tributos  en  el  modelo  diseñado  en  la  Ley  general  tributaria,  y  teniendo  en  él  la 
administración tributaria una función asistencial ex ante y una eventual función de control 
ex  post  (gestión,  inspección  y  recaudación),  la  facilitación  al  contribuyente  por  la 
administración tributaria de la Generalitat, con las debidas cautelas, de los datos fiscales 
propios  actualizados  de  los  que  disponga,  prevista  en  el  art.  122-2  o)  del  Código 
tributario de Cataluña, siempre que tenga por objeto la aplicación por el sujeto pasivo de 
los tributos cuya gestión tiene encomendada la comunidad autónoma en el bloque de la 
constitucionalidad (los tributos autonómicos propios y los tributos totalmente cedidos que 
aplique  por  delegación  estatal),  no  vulnera  los  arts.  19.1  y  2  LOFCA  y  61  de  la 
Ley 22/2009, puesto que no se hace un uso indebido de los datos cedidos por el Estado 
en virtud del ya mencionado deber de colaboración interadministrativa.
En  efecto,  por  una  parte,  la  obligación  de  intercambio  de  información  entre  la 
administración tributaria del Estado y las de las comunidades autónomas tiene como 
única finalidad la aplicación de los tributos de los que sea competente cada ente público 
territorial (arts. 19.1 y 2 LOFCA y 61 de la Ley 22/2009) y, según el art. 83.1 LGT, la 
aplicación de los tributos comprende no solo las actividades administrativas dirigidas a la 
información  y  asistencia  a  los  obligados  tributarios  y  a  la  gestión,  inspección  y 
recaudación,  sino  también  las  actuaciones  de  los  obligados  en  el  ejercicio  de  sus 
derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y, por otra parte, aunque el 
abogado del Estado no lo alegue, solo si la administración tributaria autonómica facilita 
los datos fiscales propios del contribuyente, proporcionados o no por la AEAT, para que 
aquel aplique los tributos que la comunidad gestiona, podrá entenderse que la previsión 
autonómica aquí impugnada respeta el carácter reservado de los datos obtenidos por la 
administración tributaria. Este carácter reservado queda establecido, como condición 
básica estatal ex art. 149.1.1 CE con relación a los apartados primero y cuarto del art. 18 
CE, en el art. 95.1 LGT, por el que «solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación 
de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las 
sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo 
que la cesión tenga por objeto: b) La colaboración con otras administraciones tributarias 
a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias». 
Esta interpretación conforme se llevará al fallo.
15.  Impugnación del apartado primero de la disposición adicional tercera del libro 
segundo («Obtención de información por la Agencia Tributaria de Cataluña»).
Procede en este fundamento jurídico el enjuiciamiento del apartado primero de la 
disposición  adicional  tercera  del  libro  segundo  del  Código  tributario,  relativo  a  la 
obtención de información por la Agencia Tributaria de Cataluña, que prescribe que «[l]os 
datos con trascendencia tributaria que han sido obtenidos por una administración pública 
para  el  ejercicio  de  sus  funciones  en  materia  de  gestión,  liquidación,  inspección  y 
recaudación de los tributos como consecuencia de delegaciones de competencias o 
encargos de gestión realizados por ayuntamientos catalanes pueden ser comunicados 
por aquella administración directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña cuando esta, 
de acuerdo con lo establecido por la legislación tributaria, solicite los datos para el 
control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias». e
A este respecto, el abogado del Estado asevera que esta disposición autonómica  bo
viola el derecho a la intimidad del art. 18 CE al vulnerar el principio de reserva de datos  49ww
itnrifbourmtaaricoisó ne sptaobr lelacsid eon ctiodmadoe sb álsoiccaol eesn  deel leagrta. d9a5s.,1  aLuGnqTu. eY  seellaon  pootrrqause  aldam ciensisiótrna cdioen teasl 
cpoúmbloic atsit,u lnaore se sdtáe  plare vciosmtap eetxepnrceisaa mdeelnetgea dean  deel  aarpt.l ic9a5c iLóGn Td, es iesunsd op rloosp ioasy utnritbaumtoiesn tlooss 
competentes para autorizar la posible cesión de los datos con trascendencia tributaria
que obtenga el ente público delegante cuando se den los supuestos de excepción del 
art.  95.1  LGT.  Además,  el  precepto  autonómico  invade  la  competencia  de  los 
ayuntamientos catalanes en materia de aplicación de sus propios tributos, al sustituir su 
consentimiento o autorización en la eventual cesión de datos a la Agencia Tributaria de 
Cataluña por el de la entidad local de ámbito superior que los ha obtenido al gestionar 
tales  tributos  locales  por  delegación  o  encargo  de  gestión  de  los  ayuntamientos 
catalanes.
A)  El examen de las quejas planteadas debe partir de dos premisas fundamentales. 
En primer lugar, debe recordarse, como se ha hecho en el fundamento jurídico 11 B) d), 
que el deber de comunicación de datos con relevancia tributaria es un instrumento 
necesario, no solo para una contribución justa a los gastos generales (art. 31.1 CE), sino 
también  para  una  gestión  tributaria  eficaz,  modulando  el  contenido  del  derecho 
fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE (STC 233/2005, FJ 5); y 
que es el legislador estatal, en concreto en los arts. 93 a 95 LGT, el que legitima 
constitucionalmente esa medida limitativa de derechos fundamentales estableciendo ex 
art. 149.1.1 CE unas condiciones básicas que garantizan el ejercicio igualitario del 
derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal de todos los 
obligados tributarios (art. 18.1 y 4 CE), con independencia del ente público territorial que 
ejercite su potestad de obtención de información con trascendencia tributaria.
En segundo lugar, como explicita el abogado del Estado, de conformidad con el 
art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el 
art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL), establece que las 
entidades locales pueden delegar en otras entidades locales, en cuyo territorio estén 
integradas, las facultades de aplicación de sus propios tributos. Estas entidades pueden 
ser las diputaciones provinciales o las comarcas. En caso de delegación, declara el 
art. 7.3 TRLHL, el ejercicio de las facultades delegadas de aplicación de tales tributos 
«habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o 
técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las 
que prevé la Ley general tributaria». Por otro lado, el art. 8 TRLHL, si bien establece en 
el  apartado  primero  un  deber  genérico  de  colaboración  entre  las  administraciones 
tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales en 
materia de tributos locales, a la hora de realizar concreciones de ese deber genérico en 
el apartado segundo, se extiende al deber de colaboración de las entidades locales en la 
aplicación  de  los  tributos  que  gestionan  otras  administraciones  tributarias  en  los 
siguientes términos: «En particular, dichas administraciones: a) Se facilitarán toda la 
información que mutuamente se soliciten […] c) Se comunicarán inmediatamente, en la 
forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia para los 
tributos y demás recursos de derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de 
manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los 
respectivos servicios de inspección». Todo ello, reza el art. 8.2 in fine TRLHL, «sin 
perjuicio del régimen legal al que están sometidos el uso y la cesión de la información 
tributaria».
Así, sea porque los ayuntamientos deleguen las facultades de aplicación de sus 
propios tributos en entidades locales de ámbito superior ex art. 7.1 TRLHL, sea porque 
establezcan con ellas fórmulas de colaboración para el ejercicio de tales facultades ex 
art. 8.1 TRLHL, las administraciones tributarias de los entes locales tienen la obligación 
de intercambiar con el resto de administraciones tributarias ex art. 8.2 a) TRLHL la  e.
información obtenida en el ejercicio de sus funciones de aplicación de tributos, teniendo  w.b
en cuenta siempre lo dispuesto en el art. 95.1 LGT (arts. 7.3 y 8.2 in fine TRLHL). Así, el  49ww
caortn. d9ic5i.o1n eLsG T,b árespicraosd:u c(idi)o  eeln  ecal rfáucntdear mreensteor vjuardídoi cod ea ntleorsi or,d aetsotsa bloebcete nlaidso ssi gupioern telas 
apdomteisntiasdtr adceió onb ttreibnuctióanri ad een i nefol remjearcciiócnio  ddee  lsau as dfmuninciisotnraecsi;ó n(i i)t rieblu ctaarriáac t(eyr  dfienla clisotrare dlaeti vlao 
deber de colaboración ciudadana) a la exclusiva utilización de los datos obtenidos para
aplicar los tributos, e imponer las sanciones, cuya gestión tenga encomendada; y (iii) las 
excepciones al carácter reservado de los datos obtenidos por la administración tributaria 
permitiendo, por lo que aquí interesa, la cesión a terceros cuando tenga por objeto «la 
colaboración  con  otras  administraciones  tributarias  a  efectos  del  cumplimiento  de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias» [art. 95.1 b) LGT].
B)  Expuesto lo anterior, debe concluirse que la disposición autonómica impugnada 
no vulnera el derecho a la intimidad de los obligados tributarios del art. 18 CE. Y ello 
porque no prevé, como afirma la representación del recurrente, una cesión de datos a la 
Agencia Tributaria de Cataluña no contemplada en la lista tasada de excepciones al 
carácter reservado de la información tributaria del art. 95.1 LGT. El supuesto de cesión 
de datos con trascendencia tributaria a la Agencia Tributaria de Cataluña que prevé el 
apartado primero de la disposición adicional tercera —la llevada a cabo por los entes 
locales supramunicipales que los obtienen en el desempeño por delegación o encargo 
de gestión de las facultades de aplicación de los tributos propios de los ayuntamientos 
catalanes— queda efectivamente cubierta por la excepción del art. 95.1 b) LGT.
a)  En  primer  lugar,  porque  la  «administración  pública»  a  la  que  se  refiere  el 
precepto autonómico, que es la que obtiene los datos «para el ejercicio de sus funciones 
en  materia  de  gestión,  liquidación,  inspección  y  recaudación  de  los  tributos  como 
consecuencia de delegaciones de competencias o encargos de gestión realizados por 
ayuntamientos catalanes», debe ser considerada administración tributaria a los efectos 
del art. 95.1 LGT. Este precepto se refiere a la administración que obtiene información 
tributaria para el desempeño  de sus  funciones y  que puede cederla en supuestos 
tasados (en este caso, a otras administraciones tributarias) como la «administración 
tributaria» en abstracto; y el art. 5.1 LGT aclara que, «a los efectos de esta Ley», la 
administración tributaria está integrada por los órganos y entidades de derecho público 
que desarrollen las funciones de aplicación y revisión de tributos, y el ejercicio de la 
potestad sancionadora derivada de tal aplicación, en el ámbito de competencias del 
Estado,  de  las  comunidades  autónomas  y  de  las  entidades  locales.  Por  tanto,  la 
administración pública supramunicipal que, por delegación de competencias o encargos 
de  gestión  realizados  por  ayuntamientos  catalanes,  desarrolla  las  funciones  de 
aplicación de los tributos propios de esos ayuntamientos es administración tributaria 
cedente ex art. 95.1 LGT.
b)  En segundo lugar, porque la información con trascendencia tributaria susceptible 
de ser cedida debe haber sido obtenida por la administración tributaria cedente «en el 
desempeño de sus funciones» (art. 95.1 LGT), como lo es la que el precepto autonómico 
permite solicitar a la Agencia Tributaria de Cataluña directamente a las administraciones 
públicas que asumen, por delegación de competencias o por encargo de gestión, la 
aplicación de los tributos propios de los ayuntamientos catalanes.
c)  En tercer lugar, porque la administración tributaria cesionaria deberá destinar la 
información que le proporcione la administración tributaria cedente «al cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias» [art. 95.1 b) LGT], como recoge 
expresamente la disposición recurrida al referirse a la solicitud que, «de acuerdo con lo 
establecido por la legislación tributaria», realice la Agencia Tributaria de Cataluña «para 
el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias». 
Y, si bien esa referencia a la legislación tributaria no lo es expresamente al art. 95 LGT, 
como aduce el abogado del Estado, ese silencio no puede ser sinónimo de exclusión 
inconstitucional de la normativa estatal, puesto que la aplicación o no de la misma «no 
está a la disponibilidad de lo que establece la comunidad autónoma sino a lo que se  e.
derive  de  la  Constitución  y  del  bloque  de  la  constitucionalidad,  sin  necesidad  de  w.b
cláusulas de salvaguardia» [SSTC 173/1998, FJ 14 a), y 135/2006, FJ 6]. Este es el caso  49ww
dqeu ela  gaaprlaicnaticcieónn  dlae l iagrut.a l9d5a dL GeTn  ael le setjaebrcleiccieor  dlaesl  cdoenrdeicchioon eas  lbaá sinictaims ideax da rdt.e 1 4to9d.1o.s1  CloEs 
ocebdligaa deoxsc etpricbiuotnaarilomse n(atert . i1n8fo rCmEa)c cióonn  cinodne pteransdceenncdiae ndceia l at raibdumtainriias trdaeci ólno st rimbuistamrioas ,q uael 
operar los títulos competenciales ope Constitutionis (por todas, STC 65/2018, FJ 6).
C)  Finalmente, debe rechazarse el reproche adicional relativo a la invasión de la 
competencia de los ayuntamientos catalanes en materia de aplicación de sus propios 
tributos, debido a la sustitución del consentimiento de los mismos por el de los entes 
locales supramunicipales respecto a la cesión de datos con trascendencia tributaria a la 
Agencia Tributaria de Cataluña. Y ello por cuanto la cesión de información tributaria 
obtenida en el ejercicio de sus funciones por las entidades locales encargadas, por 
delegación o por otra fórmula de colaboración, de la aplicación de los tributos propios de 
los ayuntamientos catalanes directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña, prevista 
en  la  disposición  autonómica  recurrida,  no  es  una  facultad  discrecional  sino  una 
concreción de la obligación general de intercambio de información en materia tributaria 
de las administraciones tributarias de las entidades locales derivada del art. 8.2 a) 
TRLHL; obligación que, en todo caso, deberá realizarse respetando las condiciones 
básicas del art. 95.1 b) LGT, que no prevé la autorización de la administración tributaria 
cedente cuando le solicite información otra administración tributaria para su utilización 
exclusiva en la aplicación de los tributos cuya gestión tiene encomendada. Es más, en 
casos de intercambio de información entre administraciones tributarias el art. 95.1 b) 
LGT  prescinde  del  consentimiento  de  los  titulares  de  tales  datos  (los  obligados 
tributarios), modulando el contenido de su derecho fundamental a la intimidad personal y 
familiar,  en  aras  de  otros  fines  constitucionalmente  legítimos,  como  lo  son  una 
contribución justa a los gastos generales y una gestión tributaria eficaz (art. 31.1 CE). 
Esa vocación de eficacia en la actuación administrativa en general (art. 103.1 CE), en la 
gestión tributaria (arts. 31.1 CE y 3.2 LGT) y en la capacidad normativa autonómica en el 
ámbito  tributario  (art.  203.6  EAC),  quedan  plasmados  en  el  precepto  autonómico 
recurrido al permitir que la Agencia Tributaria de Cataluña, de acuerdo con el art. 95.1 
LGT y a los solos efectos de su utilización en la aplicación de los tributos cuya gestión se 
le  encomienda,  solicite  directamente  a  las  entidades  supramunicipales  que  por 
delegación  o  encargo  de  gestión  aplican  los  tributos  propios  de  los  ayuntamientos 
catalanes,  y  no  a  cada  uno  de  los  ayuntamientos  catalanes,  la  información  con 
trascendencia tributaria que obtengan en el ejercicio delegado de esas facultades de 
aplicación.
16.  Impugnación del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña («Carácter reglado 
e impugnabilidad de los actos»).
También se impugna el art. 122-7 del Código tributario de Cataluña, que se refiere al 
carácter reglado de los actos de aplicación de tributos, de imposición de sanciones y de 
revisión administrativa dictados por la administración tributaria de la Generalitat, y su 
impugnabilidad en la vía administrativa y jurisdiccional «en los términos establecidos por 
las leyes, sin perjuicio de los sistemas alternativos de resolución de conflictos regulados 
por la normativa tributaria».
A)  La parca argumentación del abogado del Estado se centra exclusivamente en el 
inciso final del precepto «sin perjuicio de los sistemas alternativos de resolución de 
conflictos regulados por la normativa tributaria», al que atribuye una vulneración de la 
competencia  exclusiva  estatal  sobre  procedimiento  administrativo  común  del 
art. 149.1.18 CE por referirse a unos «sistemas alternativos de resolución de conflictos» 
no  previstos  en  la  Ley  general  tributaria.  Los  letrados  autonómicos  basan  la 
constitucionalidad del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña en que la primera parte 
de  este  precepto,  no  impugnada  en  este  recurso,  reproduce  el  art.  6  LGT  s
(«Impugnabilidad de los actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones»)  oe.
con el fin de dotar de sentido y coherencia al Código. w.
rtreibsouCltuaircrciioóu nnd sedc reCit oalo,t aspl uucñeoasn,, f ldiceetlob see  nctjrouibnicuvitaeamnriioiressne t aoq  ulaoels   loúqslut imed eosn eoi nmrceiinsfiaoed reod,se  la sli asertets.m ta1ar2 s2i n-ac7llt uedirdneoal sti Cveoónsd  idugeno    2020-8149n https://ww
precepto que determina la impugnabilidad de los actos de aplicación de tributos y de
imposición de sanciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, son los que
establezca la legislación en materia revisora, administrativa y contenciosa. Teniendo en 
cuenta que, en la actualidad, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma de Cataluña han 
establecido sistemas alternativos de resolución de conflictos en materia tributaria en vía 
de  revisión,  ni  tampoco  lo  hace  el  art.  122-7  del  Código  tributario  de  Cataluña, 
corresponde  ahora  determinar  qué  ente  público  territorial  es  competente  para 
establecerlos y, por tanto, a qué «normativa tributaria» se refiere el inciso impugnado. Y 
ello  porque,  en  aplicación  del  principio  de  conservación  de  las  normas,  la  no 
especificación del art. 122-7 del Código tributario de Cataluña de la titularidad de la 
normativa tributaria reguladora de tales sistemas no permite entender que el inciso 
autonómico impugnado rebase su propio ámbito de competencias si «nada se alega, 
además, sobre acto alguno que pueda justificar tal interpretación» (SSTC 97/1983, FJ 4; 
176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3). Por lo demás, la compatibilidad de tales instrumentos 
alternativos de resolución de conflictos con los principios constitucionales de justicia 
tributaria dependerá de su eventual y concreta formulación legal; controversia esta última 
que, por preventiva, queda extramuros del presente proceso.
B)  Por  lo  que  respecta  a  la  revisión  contencioso-administrativa,  tanto  la 
«normativa»  que  establezca  soluciones  extrajudiciales  de  conflictos  tributarios  que 
comporten un «equivalente jurisdiccional» como la que introduzca tales mecanismos de 
forma «intrajudicial», tendrá naturaleza procesal. Situando consiguientemente el debate 
competencial en el art. 149.1.6 CE, la legislación procesal es una «competencia general» 
del Estado [SSTC 80/2018, de 5 de julio, FJ 5 a), y 13/2019, FJ 2 b)] que responde a la 
necesidad  de  salvaguardar  la  uniformidad  de  los  instrumentos  jurisdiccionales 
[SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2, y 173/1998, 
de 23 de julio, FJ 16 c)]; y una competencia autonómica «de orden limitado» circunscrita 
a «las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades 
del derecho sustantivo de las comunidades autónomas» [STC 80/2018, FJ 5 a)] que, en 
este caso, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha asumido en virtud del art. 130 EAC.
Este tribunal ya se ha manifestado, en primer lugar, sobre la incompetencia de las 
comunidades autónomas para introducir sistemas alternativos de resolución de conflictos 
que supongan un «equivalente jurisdiccional» [SSTC 15/1985, de 26 de enero, FJ 9 b); 
62/1991, de 22 de marzo, FJ 5; 118/1996, de 27 de junio, FJ 23; 146/1996, de 19 de 
septiembre, FJ 6; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 12; 31/2010, de 28 de junio, FJ 54, 
y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 22]; y, en segundo lugar, sobre la inconstitucionalidad 
adicional de tales procedimientos sustitutivos de la vía judicial si son de aplicación 
obligatoria para alguna de las partes en conflicto por vulnerar el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24 CE), «al impedir el acceso a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son 
los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado (art. 117 CE)» (por todas, STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 4).
Sin  embargo,  no  hay  pronunciamiento  constitucional  sobre  la  distribución  de 
competencias para la introducción de tales fórmulas con carácter voluntario dentro del 
proceso. Según nuestra doctrina, la competencia de las comunidades autónomas al 
amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir 
en  su  ordenamiento  normas  procesales  por  el  mero  hecho  de  haber  promulgado 
regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar 
el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e 
intereses  que  materialmente  regulen.  Como  indica  la  expresión  «necesarias 
especialidades» del art. 149.1.6 CE, tan solo pueden introducir aquellas innovaciones  e.
procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial,  w.b
de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en  49ww
[vSirStuTdC d 7e1 /l1a9s 8p2a, rFtiJc u2la0r;i d8a3d/1e9s8 d6e, lF DJ e2r;e 1c2h1o/ 1c9re9a2d, od ep o2r8  ldae p sreopptiaie mcobmreu, nFidJa 4d;  a1u2t7ó/n1o9m99a, 
cdoer r1e sdpeo njudliioe,n dFoJ  a5l;  le4g7i/s2l0a0d4o,r  FauJ to4n; ó2m/2i0co1 8o, , FeJn  4s uc )d;e 1fe3c/2to0,1 a9 ,q FuiJe n2e bs )a, syu m44a/n2 0la1 9d,e FfeJn 4sa], 
de la ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de
alterar  las  reglas  procesales  comúnmente  aplicables  por  venir  requeridas  por  las 
particularidades del Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la 
ley se puedan desprender o inferir esas «necesarias especialidades» [SSTC 127/1999, 
FJ 5; 47/2004, FJ 4; 21/2012, de 16 de febrero, FJ 7; y 80/2018, FJ 5 a)].
En consecuencia, en materia procesal, la legislación reguladora de las soluciones 
alternativas de conflictos tributarios a la que se refiere el art. 122-7 del Código tributario 
de Cataluña deberá ser estatal por regla general, salvo que se trate de «necesarias 
especialidades»  procesales  que  no  supongan  un  «equivalente  jurisdiccional»,  sean 
voluntarias y deriven de las «particularidades del derecho sustantivo de las comunidades 
autónomas»,  que  son  las  únicas  cuestiones  procesales  abiertas  al  legislador 
autonómico, de acuerdo con los arts. 149.1.6 CE y 130 EAC. En suma, las «necesarias 
especialidades»  procesales  autonómicas  solo  podrán  conectarse  con  las 
«particularidades» que se deriven del Derecho sustantivo autonómico aplicable a los 
tributos propios y, en su caso, de los aspectos sustantivos delegados con relación a los 
tributos cedidos. Solo en el supuesto de que existieran esas particularidades del Derecho 
tributario autonómico y con la debida justificación de la necesidad de alterar, en atención 
a ellas, las reglas procesales comúnmente aplicables, podría ser de aplicación una 
eventual regulación procesal autonómica de soluciones alternativas de resolución de 
conflictos tributarios dentro del proceso.
C)  Por lo que se refiere a la revisión administrativa en materia tributaria, las leyes 
que regulen estos mecanismos alternativos de solución de conflictos tributarios como 
sustitutivos  del  recurso  potestativo  de  reposición  o  de  la  reclamación  económico-
administrativa deberán ser en la actualidad necesariamente estatales.
a)  En primer lugar, es cierto que este tribunal ha declarado que el establecimiento 
autonómico de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, siempre que no 
impidan el acceso a la jurisdicción y se caractericen por su voluntariedad no imponiendo 
su aplicación por la sola voluntad de una de las partes, no vulnera la competencia estatal 
en materia de legislación procesal del art. 149.1.6 CE en los supuestos en que tal 
regulación  autonómica  procesal  especial  se  justifique  en  alguna  particularidad  del 
Derecho sustantivo propio (por todas, SSTC 102/2018, de 4 de octubre, FJ 4; 5/2019, 
de 17 de enero, FJ 5, y 21/2019, de 14 de febrero, FJ 7).
Ahora  bien,  la  STC  31/2010  consideró  que  el  art.  106.2  EAC  «no  incluye 
necesariamente entre ‘los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en 
la resolución de conflictos’ aquellos que, como el arbitraje, comportan un equivalente 
jurisdiccional o constituyen un presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdicción, 
de manera que, así entendidos, referidos a fórmulas de autocomposición extrajudicial, 
como  la  conciliación  o  la  composición,  aquellos  instrumentos  y  procedimientos  no 
merecen objeción alguna en su confrontación con el artículo 149.1.5 y 6 CE» (FJ 54). 
Aplicando  esta  doctrina  constitucional,  las  comunidades  autónomas  carecen  de 
competencia  para  implantar  un  procedimiento  alternativo  de  resolución  de  disputas 
tributarias sustitutivo de la vía económico-administrativa, puesto que, al convertirse ese 
procedimiento  alternativo  en  la  preceptiva  vía  administrativa  previa  a  la  judicial, 
constituiría un presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdicción, invadiendo la 
competencia estatal en materia de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE (en este 
sentido, sobre la inconstitucionalidad del establecimiento autonómico de la mediación 
obligatoria previa a la vía judicial en materia civil, STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 7, 
con base en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 54). e
b)  En segundo lugar, la posibilidad de sustituir el recurso potestativo de reposición  bo
previo a la vía económico-administrativa introduciendo también potestativamente alguna  49ww
dees  edsirteacst atémcennictea sa apllticearnbaleti vaa sla ess  ccoommupneidteandceias  daeult óEnsotamdaos..  YE ne lléol  psoer qeuseta ebll eacrte.  2u1n3a  LliGstTa 
ptarsoacdead imdiee nltooss  emsepdeicoisa ledse  dree vriesvióisni óne,n  evl íare caudrmsoin idsetr arteivpao seicnió nm ay telarisa  rtericblaumtaaricai o(nloess 
económico-administrativas),  quedando,  pues,  descartada  la  aplicación  supletoria,  ex
art. 7.2 LGT («[t]endrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho 
administrativo»), del art. 112.2 de la Ley 39/2015, que establece la posibilidad legal, 
estatal o autonómica, de sustitución del recurso de alzada y del recurso potestativo de 
reposición con ciertas condiciones. Así, el citado art. 213 LGT, al enumerar de forma 
cerrada los medios de revisión en vía administrativa en materia tributaria, establece una 
«norma  general  de  procedimiento  del  sistema  tributario  español»  de  inexcusable 
competencia  estatal,  tanto  si  se  considera  procedimiento  administrativo  común 
(art. 149.1.18 CE) como si se considera norma procedimental incardinada en hacienda 
general (art. 149.1.14 CE), por lo que la comunidad autónoma carece de competencia 
para  implantar  mecanismos  alternativos  de  solución  de  conflictos,  sustitutorios  o 
complementarios, de los medios de revisión legalmente previstos por el Estado.
Cuestión  distinta  es  la  posibilidad  de  las  comunidades  autónomas  de  introducir 
alguno de estos mecanismos en la fase de instrucción de los recursos y reclamaciones, 
siempre  que  se  establezcan  con  carácter  voluntario  y  respeten  tanto  el  iter  de 
procedimiento administrativo común como los eventuales requisitos procedimentales de 
hacienda general establecidos en la Ley general tributaria. Ahora bien, la articulación 
autonómica de dichos mecanismos no puede quebrantar el principio de indisponibilidad 
de  las  obligaciones  tributarias  y  debe  promulgarse  en  el  legítimo  ejercicio  de  su 
competencia estatutaria para regular las especialidades procedimentales que se deriven 
de  las  particularidades  de  su  derecho  sustantivo  (propio  o  delegado)  o  de  las 
especialidades de la propia organización de la Generalitat [art. 159.1 c) EAC]. Y en este 
caso, las especialidades sustantivas tributarias que deben justificar, en su caso, la 
introducción de estas especialidades procedimentales se circunscriben a sus propios 
tributos, y en este ámbito deberán ser aplicadas, dado que las comunidades autónomas 
carecen de competencia normativa en materia de revisión de los tributos estatales 
totalmente cedidos que aplican y revisan en vía administrativa por delegación [art. 59.2 
de la Ley 22/2009 («El ejercicio de la función revisora en vía administrativa delegada 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria») así como, para Cataluña, art. 2 de la Ley 16/2010].
D)  En definitiva, teniendo en cuenta que el inciso impugnado no regula por sí 
mismo sistema alternativo alguno de resolución de conflictos tributarios en vía revisora y 
reiterando que la no inclusión de una cláusula de salvaguardia de las competencias 
estatales existentes en la materia no puede implicar la atribución de una competencia 
autonómica de la que no se dispone, una vez esclarecida la distribución competencial 
sobre  la  posible  creación  de  estos  mecanismos  procede  desestimar  la  tacha  de 
inconstitucionalidad dirigida contra la previsión contenida en el último inciso del art. 122-7 
del Código tributario de Cataluña.
17.  Impugnación  del  apartado  sexto  del  art.  122-10  del  Código  tributario  de 
Cataluña («Colaboración con los agentes del sistema tributario»).
Se  recurre  también  el  apartado  sexto  del  art.  122-10  del  Código  tributario  de 
Cataluña que, en un precepto dedicado a la colaboración con los denominados «agentes 
del sistema tributario» (entre ellos, los asesores fiscales), establece lo siguiente:
«La administración tributaria de la Generalitat puede llegar a un entendimiento con 
los contribuyentes que permita determinar derechos y obligaciones tributarias que se 
desprenden de la actividad ejercida o de un determinado tipo de transacciones o de 
operaciones cuyo régimen fiscal suscite controversias doctrinales. El contribuyente debe  e.
cumplir sus obligaciones fiscales en consonancia con lo estipulado en el entendimiento.» w.
estaAblleegcaid oes l ena bloosg aadpoa rtaddeol sE dsetcaidmoo cuunaart ov yu ldneecraimcioócnt avdoe  delol sa rtt.í t1u4lo9s.1  cCoEm, ppeuteesntcoi aqluees 
tinadleissp «oennibteilniddaimd ideenlt ocrsé»d nitoo  terisbtuátna rpiore (vaisrtt.o 1s8 e LnG eTl )s. isLtoesm leat rtaridbousta ariuot oensópmañicool sy  aadfeuccteann  qau ela, 
si bien esta figura no está contemplada en la Ley general tributaria, el apartado sexto
aquí impugnado se adecua a la norma básica de procedimiento administrativo común 
sobre  terminación  convencional  de  procedimientos  incluida  en  el  art.  86  de  la 
Ley 39/2015.
De la lectura del apartado impugnado se extrae la conclusión de que la norma 
autonómica contiene una regla sustantiva y no procedimental, puesto que no regula el 
cauce formal a través del que se concreta la actuación administrativa para hacer efectivo 
el cumplimiento de obligaciones tributarias o el ejercicio de derechos en materia fiscal. 
En efecto, el art. 122-10.6 del Código tributario de Cataluña no establece técnicas de 
terminación convencional de procedimientos de aplicación de tributos como defienden 
las representaciones autonómicas, sino la posibilidad genérica de que la administración 
tributaria autonómica llegue a «entendimientos» con los contribuyentes acerca de la 
determinación de sus derechos y obligaciones tributarias en los casos en los que el 
régimen  fiscal  de  determinadas  operaciones,  transacciones  o  actividades  suscite 
«controversias doctrinales», con el consiguiente deber del contribuyente de cumplir tales 
obligaciones tributarias «en consonancia con lo estipulado en el entendimiento»; se den 
estos «entendimientos» en el seno de un procedimiento de aplicación de tributos o no.
Dada la generalidad de los términos en los que la ley autonómica habilita a las partes 
de la obligación tributaria a determinar de forma convencional la cuantía de la misma en 
los  supuestos  en  que  la  norma  tributaria  aplicable  sea  objeto  de  controversias 
doctrinales, caben dos interpretaciones posibles del precepto impugnado, ambas en 
relación con el principio de indisponibilidad de las obligaciones tributarias (art. 18 LGT: 
«[e]l crédito tributario es indisponible salvo que la ley establezca otra cosa») derivado del 
principio constitucional de legalidad tributaria.
De  un  lado,  si  el  precepto  autonómico  impugnado  permite,  en  supuestos  de 
controversia doctrinal del régimen fiscal aplicable, determinar mediante pacto o convenio 
la  deuda  tributaria  del  contribuyente  apartándose  del  régimen  tributario  sustantivo 
«controvertido» que, según la ley, correspondería a los hechos considerados, procede 
afirmar que el precepto vulnera el art. 31.3 CE, al establecer una habilitación en blanco 
para  el  pacto  en  materia  tributaria  al  margen  de  la  ley  y  de  la  Constitución, 
deslegalizando la obligación tributaria. Y ello por cuanto que ni el tributo como obligación 
ex lege, ni sus elementos esenciales sujetos a la reserva constitucional de ley, están a 
disposición de la autonomía de la voluntad de las partes. En este sentido, el apartado 
sexto del art. 122-10 del Código tributario de Cataluña, al autorizar de forma genérica a 
la administración autonómica a negociar libremente con el contribuyente el importe de 
sus obligaciones fiscales en caso de régimen fiscal controvertido (y al margen de él), 
estaría atribuyendo a la voluntad conjunta de las partes una eficacia constitutiva de 
obligaciones tributarias equivalente a la de la propia ley de ordenación material del 
tributo, sustituyendo injustificadamente la fuerza de ley por el acuerdo entre las partes.
De  otro  lado,  si  el  precepto  autonómico  impugnado  permite,  en  supuestos  de 
«controversia doctrinal» del régimen fiscal aplicable, la intervención de la voluntad de 
ambas partes de la relación jurídica para llegar de forma concordada a la determinación 
de  la  obligación  tributaria  del  contribuyente  aplicando  precisamente  ese  régimen 
tributario  sustantivo  «controvertido»  que,  según  la  ley,  corresponde  a  los  hechos 
acaecidos, el precepto podría ser compatible con el art. 31.3 CE siempre que se den dos 
condiciones. En primer lugar, cabrán fórmulas administrativas de tipo acordado para 
determinar el quantum, como ha afirmado la doctrina tributarista tradicional, siempre que 
se asegure en todo caso el imperio de las normas sustantivas reguladoras de los 
elementos esenciales de la obligación tributaria. Esto es, los elementos esenciales del  s
tributo, identificadores y cuantificadores, se definen en la ley, y solo su concreción puede  oe.
confiarse a fórmulas administrativas de tipo concordado. Y, en segundo lugar, tales  w.
fórmulas acordadas deberán tener una base legal; esto es, deberá ser una ley la que  49ww
emsetacabnleiszmcao sc,o ans ís ucfoicmieon tesu  parelccaisnicóen  ylo se fescutpouse. sCtoosn  eenll oq, uloes  saec upeureddoes  atecnuddeirn tae se ast olas 
cdoemteorm dinearocgióanc idóen  ldae  olbalsig naocirómna str ibtruibtaurtiaar ianso;  ssuinpoo,n peonr  seul  dcoisnptoranriiboi,li dlaa dc, oennctreencdióidna  dees tlaa   BOE-A-cable e
misma como consecuencia de la indeterminación normativa fruto de la técnica jurídica 
empleada. Y ello porque precisamente es en el ámbito de la concreción de aquellos 
elementos del tributo que la ley predetermina (cumpliendo la reserva constitucional de 
ley relativa y, en su caso, flexible en materia de elementos esenciales del tributo) con 
base  en  conceptos  jurídicos  indeterminados  o  que  ofrecen  cierto  grado  de 
discrecionalidad en su apreciación o que son susceptibles de concreciones cuantitativas 
o cualitativas no unívocas, donde estas fórmulas concordadas pueden tener cabida.
Ahora bien, antes de enjuiciar si el apartado sexto impugnado habilita con suficiente 
precisión el supuesto en el que tales «entendimientos» pueden operar en el ámbito de 
las competencias tributarias autonómicas (existencia de controversias doctrinales sobre 
el régimen fiscal aplicable a determinadas operaciones, transacciones o actividades), 
conviene precisar que el establecimiento legal de los supuestos en los que se puede 
acudir a fórmulas acordadas para la concreción de elementos de la obligación tributaria 
predeterminados legalmente es competencia exclusivamente estatal ex art. 149.1.14 CE 
(hacienda general) a fin de obtener un tratamiento unitario en todo el territorio español.
No  existiendo,  pues,  interpretación  posible  acorde  con  la  Constitución,  debe 
declararse la inconstitucionalidad y nulidad del apartado sexto del art. 122-10 del Código 
tributario de Cataluña, bien por vulnerar el art. 31.3 CE, bien por introducir ex novo sin 
competencia alguna un supuesto de «entendimiento» entre la administración tributaria de 
la Generalitat y el contribuyente, invadiendo así la competencia estatal exclusiva sobre 
hacienda general (art. 149.1.14 CE).
De conformidad con el art. 40.1 LOTC, esta declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad «no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa 
juzgada»  en  los  que  se  haya  hecho  aplicación  de  la  mencionada  disposición. 
Correspondiendo a este tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 
de febrero, FJ 11), razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este caso 
acotar todavía más esos efectos: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición  impugnada  producirá  efectos  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente 
sentencia,  sin  que,  por  tanto,  resulten  afectados  por  ella  los  «entendimientos» 
previamente aprobados ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, 
hayan o no devenido firmes en la vía administrativa [en sentido similar, STC 111/2016, 
de 9 de junio, FJ 8 f)].
18.  Impugnación del apartado 1 c) del art. 122-3 («Potestades»).
Se recurre la letra c) del apartado primero del art. 122-3 del Código tributario de 
Cataluña en la que, entre las potestades que la administración tributaria de la Generalitat 
puede  realizar  «en  el  ámbito  de  los  tributos  que  gestiona»  y  «de  acuerdo  con  la 
normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos tributarios establecidos», se 
encuentra la de efectuar «las actuaciones de colaboración en virtud de las normas sobre 
asistencia mutua que sean de aplicación». Respecto a dicho precepto autonómico el 
abogado del Estado arguye que, al abarcar cualquier clase de colaboración, incluye la de 
colaborar en el ámbito internacional, invadiendo así la competencia exclusiva estatal 
sobre  relaciones  internacionales  (art.  149.1.3  CE).  A  su  juicio,  la  actuación  de  la 
comunidad  autónoma  en  esta  materia  debe  encuadrarse  en  el  deber  genérico  de 
colaboración con la administración tributaria del Estado de los arts. 19.1 LOFCA y 61.5 
de la Ley 22/2009 («El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de 
las comunidades autónomas en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación 
de  la  presente  Ley  en  cuanto  afecten  a  las  competencias  tributarias  de  ellas»),  e
limitándose a facilitar la información que sea necesaria para que el Estado español  bo
cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa internacional y comunitaria  49ww
sobrae)  asPisatrean creias omlvuetur ae sintate rcnoanctrioonvaelr sqiuae d heab ea spuamrtiirdsoe. de las siguientes consideraciones.
Conforme  a  reiterada  doctrina  constitucional,  «las  comunidades  autónomas  pueden
llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes
para el ejercicio de sus competencias, siempre que no invadan la competencia exclusiva 
del Estado del art. 149.1.3 CE, u otras competencias estatales, ni perturben la dirección 
de la política exterior que incumbe al Gobierno español según el artículo 97 CE» (por 
todas, STC 102/2017, de 20 de julio, FJ 6). Asimismo, el Derecho de la Unión Europea 
no altera el orden constitucional y estatutario de reparto de competencias entre el Estado 
y las comunidades autónomas (por todas, STC 45/2001, de 15 de febrero, FJ 7). De ahí 
que se exija la existencia de una competencia autonómica como base habilitadora para 
la realización de actividades con proyección exterior (STC 165/1994, de 26 de mayo, 
FFJJ 6 y 8) o para la ejecución del Derecho de la Unión Europea (STC 111/2012, de 24 
de mayo, FJ 12).
El Tribunal ha identificado, sin ánimo exhaustivo, como competencia exclusiva del 
Estado ex art. 149.1.3 CE la celebración de tratados (ius contrahendi), la representación 
exterior del Estado (ius legationis), la creación de obligaciones internacionales y la 
responsabilidad internacional del Estado. Las relaciones internacionales a las que se 
refiere el artículo 149.1.3 CE son relaciones entre sujetos internacionales regidas por el 
Derecho internacional. Esto supone, necesariamente, que las actividades con proyección 
exterior  que  pueden  llevar  a  cabo  las  comunidades  autónomas  deben  entenderse 
limitadas a aquellas que no impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no originen 
obligaciones inmediatas y actuales frente a los poderes públicos extranjeros, no incidan 
en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de este frente a estados 
extranjeros u organizaciones internacionales o supranacionales (SSTC 165/1994, de 26 
de mayo, FFJJ 5 y 6; 31/2010, de 28 de junio, FJ 125; 46/2015, de 5 de marzo, FJ 4; 
85/2016, de 28 de abril, FJ 3; 228/2016, 22 de diciembre, FFJJ 2 y 4, y 102/2017, FJ 6).
No obstante, la doctrina constitucional ha rechazado que el art. 149.1.3 CE permita al 
Estado extender su competencia a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o 
aplicación de los tratados internacionales y, en particular, del Derecho de la Unión 
Europea, puesto que supondría un vaciamiento de las competencias que la Constitución 
y  los  estatutos  de  autonomía  atribuyen  a  las  comunidades  autónomas  (por  todas, 
SSTC 236/1981, de 12 de diciembre, FJ 9; 79/1992, de 28 de mayo, FJ 1, y 148/1998, 
de  2  de  julio,  FFJJ  4  y  8).  Ahora  bien,  precisamente  por  la  aptitud  de  generar 
responsabilidad  internacional,  las  comunidades  autónomas  no  pueden  desarrollar 
normativamente motu proprio las obligaciones que el Estado ha asumido en el ejercicio 
de sus competencias sobre relaciones internacionales en los instrumentos de Derecho 
internacional público por él suscritos (STC 46/2015, de 5 de marzo, FJ 5).
b)  Las normas de asistencia mutua a las que hace referencia el art. 122-3.1 c) del 
Código  tributario  de  Cataluña  son  tanto  las  derivadas  de  acuerdos  internacionales 
bilaterales o multilaterales como las adoptadas en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, el Estado español, con motivo de la transposición de diversas 
directivas europeas, introdujo en la Ley general tributaria un conjunto de normas relativas 
a actuaciones en materia de asistencia mutua a través del Real Decreto-ley 20/2011, 
de  30  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  tributaria  y 
financiera para la corrección del déficit público. Asimismo, se incorporó un nuevo título VI 
rubricado «Actuaciones derivadas de la normativa sobre asistencia mutua» en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, a los efectos de 
desarrollar los preceptos legales en esta materia (arts. 198-207).
Dicha regulación interna posee carácter omnicomprensivo al ser de aplicación a toda  s
actuación  de  asistencia,  colaboración,  cooperación  o  análoga  que  preste,  reciba  o  oe.
desarrolle el Estado español con la Unión Europea, otras entidades internacionales o  w.
supranacionales y otros estados (art. 1.2, párrafo segundo, LGT), con independencia  49ww
ctaonmtoo  ddee  llaa  mnoordmaali diandte rdnea caisoinsatel noc iad ea dlam Uinnisiótrna tiEvau rodpee laa  qduee l as eq utrea ted.e rAivseí,  laab aorbcliag atacniótno 
aladso paccitóuna cdioen ems eddeid acso ocpaeuratecliaórne sd iori grideacsa uad alaci órne caeujedcauctiivóan)  dceo mcroé dliatoss  a(cntoutaifcicioanceiosn edse,   BOE-A-cable e
intercambio  de  información  (previa  solicitud,  automática  o  espontánea)  que  sean 
necesarias para la liquidación de los tributos. En este sentido, la competencia en materia 
de  aplicación  de  los  tributos  derivada  de  la  normativa  internacional  o  europea  de 
asistencia mutua corresponde ex art. 5.3 LGT a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y el art. 1.2 in fine LGT señala el art. 149.1.3 CE (relaciones internacionales) 
como título competencial habilitador del Estado para legislar sobre asistencia mutua.
c)  Expuesto lo anterior, debe analizarse el contenido del art. 122-3.1 c) del Código 
tributario  de  Cataluña,  en  el  que  se  atribuye  a  la  administración  tributaria  de  la 
Generalitat  la  competencia  ejecutiva  consistente  en  realizar  «las  actuaciones  de 
colaboración en virtud de las normas sobre asistencia mutua que sean de aplicación», 
siempre «en el ámbito de los tributos que gestiona» y «de acuerdo con la normativa 
aplicable y con sujeción a los procedimientos tributarios establecidos».
En primer lugar, siendo la asistencia mutua, como su nombre indica, recíproca, la 
letra c) aquí impugnada se centra en las eventuales actuaciones de colaboración que, en 
el marco de la normativa internacional y europea de asistencia mutua, pueda llevar a 
cabo la administración tributaria autonómica en la recaudación y en el intercambio de la 
información necesaria para la aplicación de los tributos de otros estados o de los 
recursos  de  entidades  internacionales  o  supranacionales.  Quedan  fuera,  pues,  del 
ámbito de la potestad administrativa autonómica impugnada, y del enjuiciamiento de este 
tribunal,  las  eventuales  actuaciones  de  colaboración  de  otros  estados  (o  entidades 
internacionales o supranacionales) en la aplicación de los tributos gestionados por la 
administración autonómica en virtud de tal normativa internacional o europea sobre 
asistencia mutua en materia fiscal.
En segundo lugar, aunque la asistencia deriva de los compromisos internacionales 
que  ha  adquirido  el  Estado  español  ex  art.  149.1.3  CE  (ius  contrahendi)  y  del 
cumplimiento  del  Derecho  de  la  Unión  Europea,  la  materia  aquí  concernida  es  la 
asistencia o colaboración en la aplicación de los tributos de otros estados o de los 
recursos de otras entidades internacionales o supranacionales. Es pues el Estado, por 
razón de la materia, el que «debe adoptar las medidas necesarias para que puedan ser 
ejecutadas  las  obligaciones  que  se  deriven  de  los  tratados  y  los  convenios 
internacionales ratificados por España o que vinculen al Estado en el ámbito de sus 
competencias» (STC 46/2015, de 5 de marzo, FJ 5). En este caso, en la Ley general 
tributaria se recogen una serie de normas sustantivas y procedimentales de hacienda 
general  (art.  149.1.14  CE),  de  normas  básicas  de  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) y de condiciones básicas en el ejercicio del 
derecho a la intimidad personal en el tratamiento reservado de la información obtenida 
en materia de asistencia mutua (art. 149.1.1 CE en relación con el art. 18 CE) para hacer 
efectiva la obligación estatal de asistir a otros estados y organismos internacionales y 
supranacionales en la aplicación de los tributos o derechos de crédito de titularidad de 
estos últimos [arts. 1.2, 5.3, 17.4, 26.2 e), 28.6, 29 bis, 35.6, 62.6, 65.6, 68.5, 80 bis, 81.1 
y 2, 83.1, 95.6, 106.2, 177 bis a 177 quaterdecies, 181.1 g), 203.7 y disposición adicional 
decimoséptima de la Ley general tributaria]. Y, a mayor abundamiento, las comunidades 
autónomas carecen de competencia estatutaria sobre asistencia en la aplicación de los 
tributos  de  otros  estados  o  de  los  recursos  de  otras  entidades  internacionales  o 
supranacionales,  ni  existe  al  respecto  previsión  alguna  en  la  LOFCA  ni  en  la 
Ley 22/2009; puesto que la potestad tributaria autonómica se limita al establecimiento y 
exigencia de sus propios tributos, y a los aspectos normativos y de aplicación y revisión 
de los tributos estatales cedidos de conformidad con la ley específica de cesión (arts.  s
203.2 y 5, 204.1 y 205, párrafo primero, EAC). oe.
En  tercer  lugar,  que  el  Estado  sea  el  responsable  del  cumplimiento  de  las  w.
obligaciones derivadas de un convenio ante otro estado, la comunidad internacional o la  49ww
Uinnsitóitnu cEiounreosp ecae nntora ilmesp l(icSaT qCu 5e4 l/a1 9e9je0c,u dceió n2 8d edbea m llaervzaor,s eF Ja  3c)a. bPoo er xecllluos, invaadmae nimtep ipdoer  qsuues 
elasst ac ovmerutineindtaed dees  alau taósnisotmenacsi,a e mn ulatu ma,e pduidead aenn  qreuael izaasrí  laoc pturaecvieoan elas  ndoer mcoaltaivbao reasctaiótna l epna real   BOE-A-cable e
marco  de  la  normativa  internacional  y  europea  de  asistencia  mutua.  El  deber  de 
colaboración de las administraciones tributarias autonómicas con la AEAT, para que esta 
asista a otros sujetos de Derecho internacional en la aplicación de sus tributos, no deriva 
del art. 19 LOFCA, que regula el deber de colaboración interadministrativa para la 
aplicación de los tributos estatales y autonómicos, y no de los tributos de otros estados; 
ni tampoco tiene su base en el art. 61.5 de la Ley 22/2009, en el que se prevé que el 
Estado arbitre mecanismos de colaboración autonómica en los acuerdos internacionales 
que afecten a competencias tributarias autonómicas en materia de tributos cedidos. 
Debe  extraerse,  primero,  del  deber  genérico  de  colaboración  interadministrativa  del 
art. 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y, 
segundo,  de  la  regulación  reglamentaria  estatal  que  expresamente  prevé  dicha 
colaboración interadministrativa en materia de asistencia mutua (arts. 204 a 207 del 
Reglamento  general  de  gestión  e  inspección  tributaria,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1065/2007).
En efecto, en el marco normativo que las instituciones centrales del Estado han 
diseñado en la Ley general tributaria y el Reglamento general de inspección tributaria 
para el cumplimiento del Derecho internacional y del Derecho de la Unión Europea en 
esta vertiente de asistencia mutua consistente en la colaboración en la aplicación de los 
tributos extranjeros, se establece que las relaciones ad extra se encauzan a través de la 
AEAT (art. 5.3 LGT), sin perjuicio de que ad intra las comunidades autónomas puedan 
colaborar aportando a la AEAT la información que estas puedan haber obtenido en el 
ámbito de sus competencias tributarias y que el Estado español precise suministrar a 
otro  estado  u  organización  internacional  o  supranacional.  Así,  existen  reglas  de 
colaboración interna entre la administración estatal y las autonómicas, en materia de 
asistencia  mutua,  para  cumplir  con  las  actuaciones  de  asistencia  a  otros  estados 
derivadas  de  la  normativa  internacional  y  europea,  en  función  de  la  modalidad  de 
tramitación del intercambio de información. En particular, (i) todas las solicitudes de 
asistencia (y concretamente el intercambio de información previa solicitud) se tramitan a 
través de la AEAT, que podrá requerir del órgano correspondiente, según el objeto de la 
asistencia,  la  colaboración  necesaria,  incorporándose  unos  plazos  máximos  de 
respuesta entre los órganos que presten tal colaboración (art. 204 del Reglamento 
general de gestión e inspección tributaria); (ii) en las tramitaciones de intercambios 
automáticos de información, se prevé la remisión de la información al órgano competente 
de la AEAT para que esta la transmita al otro estado (art. 205 del citado reglamento 
general);  y  (iii)  en  las  tramitaciones  de  intercambio  espontáneo  de  información,  se 
introduce el deber de todo órgano de comunicar al órgano competente de la AEAT 
cualquier información que considere útil para otro estado en el marco de la asistencia 
mutua (art. 206 del reglamento general). Finalmente, todas estas comunicaciones de 
información  a  la  AEAT  se  efectuarán  preferiblemente  por  medios  electrónicos, 
informáticos o telemáticos (art. 207 del Reglamento general de gestión e inspección 
tributaria).
d)  Así las cosas, en relación con la impugnación del art. 122-3.1 c) del Código 
tributario de Cataluña por invasión de competencias estatales, debe señalarse que es 
contrario  al  principio  de  conservación  de  las  normas  entender  que  una  norma 
autonómica rebasa su ámbito competencial «si nada se dice en ella sobre el particular y 
nada  se  alega,  además,  sobre  acto  alguno  que  pueda  justificar  tal  interpretación» 
(SSTC 176/1999, FJ 4, y 74/2000, FJ 3). De ahí que sea este ámbito, que marca la 
normativa estatal, de colaboración ad intra con la AEAT en materia de asistencia en la  s
aplicación de tributos de otros estados, y que en materia de intercambio de información  oe.
supone el suministro interno y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a la  w.
AEAT de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que la administración  49ww
tqruibeu tsaer iad edbee l ae nGteenndeerar lictairtc uhnasycar iotab tlean pidoote «setand e al dámmibniitsot rdaetiv lao sa utrtiobnuótoms icqau ed eg ersetaiolinzaar» ,l aasl 
actuaciones de colaboración en virtud de las normas internacionales y comunitarias
sobre asistencia mutua a que se refiere el art. 122-3.1 c) del Código tributario de 
Cataluña. Esta interpretación conforme se llevará al fallo.
19.  Orden de enjuiciamiento de las impugnaciones específicas del título II («La 
Junta de Tributos de Cataluña») del libro segundo.
Las  tachas  de  inconstitucionalidad  que  se  predican  de  la  mayor  parte  de  los 
preceptos autonómicos impugnados del título II del libro segundo del Código tributario, 
dedicado a la Junta de Tributos de Cataluña, se basan en una invasión del orden 
constitucional de distribución de competencias en materia de revisión en vía económico-
administrativa con relación a los tributos estatales cedidos, al haber establecido una 
regulación al margen del bloque de la constitucionalidad (arts. 20 LOFCA, 59 de la 
Ley 22/2009 y 2 de la Ley 16/2010). Y, aunque no lo explicite el abogado del Estado, si 
prosperasen  las  imputaciones  vertidas  sobre  dichos  preceptos  autonómicos,  con  la 
vulneración de los aludidos arts. 20 LOFCA, 54.1 y 59 de la Ley 22/2009 y 2 de la 
Ley 16/2010 la comunidad autónoma habría invadido asimismo la competencia exclusiva 
del Estado para establecer y exigir sus propios tributos, desbordando el ámbito de la 
cesión estatal (art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE).
De  ahí  que  proceda,  primero,  determinar  las  competencias  autonómicas  sobre 
revisión en vía económico-administrativa de los tributos cedidos en el actual sistema de 
financiación (fundamento jurídico 20), para después resolver con arreglo a este marco 
competencial las impugnaciones concretas contra los apartados primero y cuarto del 
art. 221-1 («Junta de Tributos de Cataluña») y los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 
(«Funciones de la Junta de Tributos de Cataluña») [fundamentos jurídicos 21, 22 y 23 
A)]. Precisamente por identidad en la queja denunciada corresponde igualmente enjuiciar 
con este mismo canon la constitucionalidad del apartado tercero del art. 111-8 del Código 
tributario de Cataluña («Interpretación») [fundamento jurídico 23 B)].
Quedará, pues, pospuesto el análisis de los arts. 223-1 y 223-2 del Código tributario 
de  Cataluña,  sobre  el  «recurso  extraordinario  para  la  unificación  de  criterio»  y  la 
«resolución de fijación de criterio», y de los arts. 222-4 y 222-5 del Código tributario de 
Cataluña, relativos al «dictamen pericial» y al «uso de los medios electrónicos». Y ello 
porque el motivo de impugnación alegado adicionalmente contra esos preceptos, por 
cuanto  regulan  determinados  aspectos  del  procedimiento  de  revisión  en  materia 
tributaria, es la incompetencia legislativa autonómica sobre procedimiento administrativo 
común y la consiguiente invasión de la competencia exclusiva estatal (art. 149.1.18 CE). 
Por  razones  sistemáticas,  las  cuestiones  planteadas  en  la  demanda,  el  marco 
competencial  aplicable  y  el  orden  de  enjuiciamiento  de  estos  últimos  preceptos  se 
expondrán en el fundamento jurídico 24.
20.  Marco competencial en materia de revisión en vía económico-administrativa de 
los tributos cedidos en el actual sistema de financiación autonómica establecido en el 
bloque de la constitucionalidad.
Las reclamaciones económico-administrativas se configuran en los arts. 226 y 249 
LGT, ex art. 149.1.14 CE, como un recurso administrativo especial y de interposición 
preceptiva y previa al acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa contra cualquier 
acto dictado por una administración tributaria, abstracción hecha de lo preceptuado para 
los tributos locales en la Ley 7/1985, ya citada, reguladora de las bases del régimen 
local. En este punto, las competencias de los órganos económico-administrativos del 
Estado y de las comunidades autónomas sobre la revisión en vía administrativa de los  e.
actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones tributarias, en lo que  w.
concierne  al  conocimiento  de  las  reclamaciones  económico-administrativas,  se  han  49ww
redistribuido en el actual sistema de financiación autonómica.
aproab)a cHióans tdae  lala  rLeefoyr m2a2 /2o0p0e9ra, deal  cernit elari oL OdeF CaAtri bmuecidóina ndtee l lae jeLrecyic Oior gdáen liaca c o3m/2p0e0t9e nyc ilaa 
revisora en vía administrativa era la naturaleza propia o cedida del recurso tributario de
la hacienda autonómica cuya exacción originaba la reclamación. Así, se instauró en la 
LOFCA  un  sistema  de  estricta  separación  material  entre  los  órganos  económico-
administrativos autonómicos, competentes para conocer las reclamaciones sobre los 
tributos propios de la comunidad, y los órganos económico-administrativos del Estado, 
competentes para conocer de las reclamaciones relativas a los tributos cedidos [art. 20.1 
a) y b) LOFCA, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre]. 
De este modo, fue expresamente excluido de la delegación estatal de competencias 
revisoras  a  las  comunidades  autónomas  el  conocimiento  de  las  reclamaciones 
económico-administrativas  contra  los  actos  de  gestión  tributaria  emanados  de  la 
administración  autonómica  sobre  los  tributos  estatales  cedidos  [art.  51.3  b)  de  la 
Ley  21/2001,  de  27  de  diciembre,  por  la  que  se  regulan  las  medidas  fiscales  y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, al que se remite el art. 2 de la 
Ley 17/2002, de 1 de julio, antigua ley específica de cesión]; «exclusión expresa de los 
tributos  cedidos  por  el  Estado  a  la  Generalitat»  que  se  trasladó  a  los  preceptos 
autonómicos  que  regulaban  las  materias  objeto  de  las  reclamaciones  económico-
administrativas contra los actos dictados por la administración tributaria de la Generalitat 
cuyo conocimiento se atribuyó a la entonces Junta de Finanzas de la Generalitat de 
Cataluña en sus sucesivos decretos reguladores [arts. 2 a) del Decreto 73/2003, de 18 
de marzo, de regulación de la Junta de Finanzas de la Generalitat de Cataluña y del 
posterior Decreto 158/2007, de 24 de julio, que regula la Junta de Finanzas de la 
Generalitat de Cataluña].
En la STC 192/2000, FFJJ 8 y 9, este tribunal afirmó la compatibilidad de esta 
centralización de las reclamaciones sobre tributos cedidos en los órganos económico-
administrativos estatales [art. 20.1 b) LOFCA] con la autonomía política y financiera de 
las  comunidades  autónomas  (arts.  137  y  156.1  CE)  siempre  que  se  admitiera  la 
legitimación activa de las mismas para impugnar judicialmente las resoluciones de los 
tribunales  económico-administrativos  estatales  relativas  a  los  actos  administrativos 
autonómicos sobre aplicación de tributos cedidos (en el mismo sentido, SSTC 176/2002, 
de 9 de octubre, FFJJ 5 y 6; 201/2002, de 28 de octubre, FFJJ 4 y 5; 10/2003, de 20 de 
enero, FFJJ 3 y 4, y 106/2004, de 28 de junio, FJ 2).
b)  Dada la libertad del legislador estatal para configurar el modelo de financiación 
autonómica, dentro de los márgenes que la Constitución le otorga y respetando los 
principios  y  las  competencias  financieras  autonómicas  en  ella  establecidas 
(singularmente en el art. 157 CE), y ahondando con ello en un modelo de hacienda 
autonómica corresponsable, en el actual sistema de financiación diseñado en la LOFCA 
(mediante la Ley Orgánica 3/2009), el reparto Estado-comunidades autónomas de la 
competencia revisora en vía económico-administrativa se establece en función de la 
administración tributaria que dicte el acto de aplicación del tributo o de imposición de la 
sanción tributaria (art. 20.1 y 2 LOFCA). Así, los órganos económico-administrativos 
autonómicos podrán conocer de las reclamaciones de todos los actos de aplicación de 
tributos y de imposición de sanciones que dicte la administración tributaria autonómica, 
sea  con  relación  a  sus  propios  tributos  (cuya  revisión  le  corresponde  ex  art.  20.1 
LOFCA),  sea  con  relación  a  los  tributos  estatales  cedidos  que  esta  aplique  por 
delegación  estatal  (cuya  asunción  tiene  carácter  potestativo  para  la  comunidad 
autónoma ex art. 20.2 y 3 LOFCA).
c)  Esta  potestativa  asunción  autonómica  de  competencias  revisoras  sobre  los 
tributos cedidos queda supeditada a dos condiciones. De un lado, a su establecimiento  s
en una ley estatal (art. 20.2 LOFCA) y a su ejercicio «en los términos establecidos por la  oe.
ley en la que se fije el alcance y condiciones de la cesión de tributos por parte del  w.
Estado» (art. 20.3 LOFCA). Por ello, este tribunal declaró que el art. 205, párrafo  49ww
epcriomneórmo,i coE-AaCdm  i(n«iLsatr atGiveonse, rlaal irteavt isdióenb ep ora slau mvíiar,  apdomri nmisteradtioiv ad dee  lsauss  repcrloapmioasc ioónregsa n[…os] 
uconnat rnao lromsa a cdteo sa sduen gceiósnti ódne  tcriobmutpaeritae ndciciatasd eons  pcoura nlato A ag elan crieav Tisriióbnu taardiam dineis Ctraattiavlau ñdae» )s euss   BOE-A-cable e
propios tributos, pero tan solo una norma de organización en materia de revisión de 
tributos cedidos, dado que la atribución autonómica del ejercicio de tal competencia 
revisora  de  titularidad  estatal  solo  puede  establecerse  por  una  ley  del  Estado 
(STC 31/2010, FJ 133). De otro lado, tal competencia, de ser asumida por la comunidad 
autónoma, se ejercerá, primero, teniendo en cuenta que «[l]a función unificadora de 
criterio en los tributos estatales corresponde a la administración tributaria del Estado que 
la ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria» (art. 20.5 LOFCA); y, segundo, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración 
adicionales que, cuando la naturaleza del tributo así lo aconseje, puedan establecerse 
entre el Estado y las comunidades autónomas (art. 20.3 in fine LOFCA).
d)  En desarrollo de lo anterior, es la Ley 22/2009 la que determina, en primer lugar, 
los tributos cedidos cuya aplicación y revisión son objeto de delegación, en concreto 
todos los cedidos totalmente, excepto el impuesto especial sobre la electricidad: el 
impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte y los tributos sobre el juego (art. 54.1). En 
segundo lugar, el art. 59.1 c) de la Ley 22/2009 introduce dos modalidades de delegación 
de la vía económico-administrativa con diferente alcance, a elección de la comunidad 
autónoma. En la primera opción [primer párrafo del art. 59.1 c)], el Estado se reserva la 
facultad de revisar en segunda instancia las resoluciones de los órganos económico-
administrativos autonómicos a través del recurso de alzada ordinario ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central. En la segunda opción [segundo párrafo del art. 59.1 
c)]  se  prescinde  de  dicha  reserva,  correspondiendo  a  los  órganos  económico-
administrativos autonómicos, de una parte, el conocimiento en única instancia de las 
reclamaciones sobre los actos de la administración tributaria autonómica en materia de 
tributos cedidos, sin alzada ordinaria ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, 
y, de otra, el conocimiento del recurso extraordinario de revisión contra actos firmes de 
su  administración  tributaria  y  contra  resoluciones  firmes  de  sus  propios  órganos 
económico-administrativos  [tercer  párrafo  del  art.  59.1  c)  LGT].  De  estas  dos 
modalidades, en el segundo párrafo del art. 2.1 de la Ley 16/2010 se declara que la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con los arts. 205 EAC y 20.2 y 3 LOFCA, 
asume  la  competencia  para  la  resolución  de  las  reclamaciones  económico-
administrativas en única instancia en los términos del segundo y tercer párrafo del 
art. 59.1 c) de la Ley 22/2009; optando, pues, por la delegación estatal amplia de 
competencias revisoras en vía económico-administrativa en materia de tributos cedidos.
e)  El reparto competencial expuesto no varía por el hecho de que, por la falta de 
traspaso de los servicios y funciones adscritos a la competencia revisora económico-
administrativa  de  los  tributos  estatales  cedidos,  no  se  haya  producido  la  asunción 
efectiva de la función por la Comunidad Autónoma de Cataluña y siga siendo ejercida en 
la  actualidad  por  los  tribunales  económico-administrativos  estatales  (disposición 
transitoria  segunda  de  la  Ley  16/2010).  Y  ello  porque  es  doctrina  constitucional 
consolidada  que  los  decretos  de  transferencias  «no  atribuyen  ni  reconocen 
competencias,  sino  que  traspasan  servicios,  funciones  e  instituciones;  no  son  en 
consecuencia  normas  determinantes  del  sistema  constitucional  de  distribución  de 
competencias, compuesto exclusivamente por la Constitución, los Estatutos y, en su 
caso, las demás disposiciones atributivas de competencias, cuyas prescripciones no 
pueden ser alteradas ni constreñidas por las disposiciones de los decretos de traspasos» 
(STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 10; reiterada, entre otras, en las SSTC 9/2001, de 18 de  s
enero, FJ 6; 44/2007, de 1 de marzo, FJ 6; 28/2016, de 18 de febrero, FJ 6, y 194/2016,  oe.
de 16 de noviembre, FJ 2). w.
Cata2l1u.ñ a»Im).pugnación  del  apartado  primero  del  art.  221-1  («Junta  de  Tributos  de
El reproche que se efectúa al apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de
Cataluña,  que  establece,  por  lo  que  aquí  interesa,  que  «[l]a  Junta  de  Tributos  de
Cataluña  es  un  órgano  colegiado  que  resuelve  las  reclamaciones  económico-
administrativas y otros recursos en materia tributaria […] que se interponen contra las 
actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Generalitat», se centra en 
que,  al  no  excluir  expresamente  a  los  tributos  cedidos  como  hacía  la  normativa 
autonómica anterior, atribuye al órgano económico-administrativo autonómico la potestad 
de revisión en vía administrativa no solo de los tributos propios sino también de cualquier 
tributo estatal, con independencia del orden competencial vigente establecido por la 
normativa básica del Estado.
a)  Nuestro análisis debe partir de tres premisas: (i) la distribución de competencias 
sobre revisión en vía administrativa en materia tributaria se contiene en el bloque de la 
constitucionalidad en los arts. 205 EAC, 20 LOFCA y 54.1 y 59 de la Ley 22/2009, así 
como en el art. 2.1 de la ley específica de cesión; (ii) como se ha expuesto en el 
fundamento jurídico 8 C), el hecho de que el precepto aquí impugnado guarde silencio 
sobre  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  la  LOFCA,  la  Ley  22/2009  y  la  ley 
específica de cesión no obsta para su efectiva integración en el marco constitucional 
vigente, puesto que la Constitución y el bloque de la constitucionalidad rigen, por su 
propia primacía, con independencia de su mención expresa en la legislación estatal o 
autonómica vigente; y (iii) el principio de conservación de la ley impone la aplicación de 
la técnica de la interpretación conforme ante varias interpretaciones posibles igualmente 
razonables,  descartando  aquellas  otras  con  las  que  el  precepto  incurra  en 
inconstitucionalidad [SSTC 168/2016, FJ 4 b); 55/2018, FJ 11 f); 97/2018, FJ 7; 51/2019, 
FJ7, y 76/2019, FJ 8, por todas].
b)  El hecho de que el precepto autonómico determine que la Junta de Tributos de 
Cataluña  conocerá  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  «contra  las 
actuaciones realizadas por la administración tributaria de la Generalitat», sin distinguir 
entre los distintos tributos estatales cedidos ni entre los tributos estatales cedidos y no 
cedidos, no implica, como asevera el abogado del Estado, que esté atrayendo para sí la 
competencia revisora de todo tipo de tributos recaudados en Cataluña al margen del 
bloque de constitucionalidad. Como este bloque rige sin necesidad de cláusulas de 
salvaguardia,  debe  convenirse  que  el  ámbito  de  las  reclamaciones  económico-
administrativas  contra  los  actos  de  la  administración  tributaria  autonómica  que  el 
apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña atribuye a la Junta de 
Tributos de Cataluña se extiende no solo a los dictados en materia de tributos propios 
sino también a los dictados en materia de tributos estatales totalmente cedidos de cuya 
aplicación y revisión se encarga por delegación estatal (arts. 2.1 de la Ley 16/2010, 54.1 
y 59.1 de la Ley 22/2009). Quedan fuera, en cambio, de la potestad administrativa de 
revisión de esta Junta de Tributos reconocida en el apartado primero del art. 221-1 del 
Código  tributario  de  Cataluña  las  reclamaciones  económico-administrativas  y  otros 
recursos en materia tributaria relativos al resto de tributos estatales cedidos, y ello 
porque la ley específica de cesión no ha delegado esa competencia ejecutiva.
Asimismo, con relación a los demás tributos estatales no cedidos que se recaudan 
en la comunidad autónoma por el Estado, si bien es cierto que el art. 19.3 LOFCA 
permite a este delegar su aplicación, sanción y revisión, también lo es que el art. 20.2 
LOFCA dispone expresamente que, para que las comunidades autónomas ejerzan la 
función  revisora  en  vía  administrativa  de  los  actos  de  la  administración  tributaria 
autonómica  en  relación  con  los  tributos  estatales  (cedidos  y  no  cedidos),  lo  debe 
establecer así una ley del Estado.
En suma, al no haberse operado legalmente ninguna delegación estatal adicional de  e.
competencias de aplicación y revisión administrativa respecto de los tributos estatales  w.b
cedidos parcialmente y del impuesto especial sobre la electricidad (único tributo estatal  49ww
tdoetalelmgaednote  ecne dliadso  am ilsams acso),m  unni idreasdpeesc atou tódneo mloass  tcruibyuat oasp leicsatacitóanle sy  rneov iscióend idnoos ,s e« lhaas 
caacbtueanc,i oenxe sa rrte. a2li2z1a-d1a.s1  pdoerl  lCa óaddigmoin tirsitbruatcaiórino  tdrieb uCtaartiaa ludñea l,a  «Greecnlaemraalictaiot»n ecso netcrao nlaósm qicuoe-
administrativas y otros recursos en materia tributaria» a resolver por la Junta de Tributos
de Cataluña serán aquellas dictadas con relación a los tributos autonómicos propios 
(arts. 205, párrafo primero, EAC y 20.1 LOFCA) y a los tributos estatales totalmente 
cedidos cuya aplicación, potestad sancionadora y revisión ha sido delegada, ex arts. 
54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 (y en virtud de los arts. 204.1 y 205, párrafo primero, EAC 
y 19.2 y 20.2 LOFCA) en el art. 2.1 de la ley específica de cesión: esto es, el impuesto 
sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte y los tributos sobre el juego. Entendido en estos 
términos, el apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña no es 
contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.
c)  Finalmente, debe señalarse que el precepto autonómico impugnado es fruto de 
la potestad autonómica de autoorganización de su propia administración (arts. 150 y 205 
EAC), puesto que especifica qué órgano, de los cuatro que componen su administración 
tributaria  (art.  121-5,  apartado  primero,  del  Código  tributario  de  Cataluña),  será  el 
encargado de ejercer las competencias revisoras en vía administrativa que, en materia 
de tributos propios, ha asumido en virtud de los arts. 205, párrafo primero, EAC y 20.1 
LOFCA; y que, en materia de los tributos totalmente cedidos que ella misma aplica, ha 
asumido en virtud de la delegación estatal recogida en el art. 2.1 de la ley estatal 
específica de cesión, en coherencia con los arts. 54.1 y 59.1 c) segundo párrafo de la 
Ley  22/2009.  Dicha  potestad  autonómica  de  autoorganización  también  ha  quedado 
plasmada en el art. 228.4 LGT, al prescribir que «[c]orresponde a cada comunidad 
autónoma […] determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función 
revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas».
22.  Impugnación de los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 («Funciones de la Junta 
de Tributos de Cataluña»).
Idéntica tacha de inconstitucionalidad se reprocha a los apartados 1 d) y 1 f) del 
art. 221-2 del Código tributario de Cataluña que señalan que la Junta de Tributos de 
Cataluña  tiene  conocimiento  «[d]e  los  recursos  extraordinarios  de  revisión  que  se 
interpongan contra los actos administrativos firmes y las resoluciones firmes de la Junta 
en las materias mencionadas» [apartado 1 d)] y «[d]el recurso extraordinario para la 
unificación de criterio» [apartado 1 f)]. Según la representación procesal del recurrente, 
la comunidad autónoma asume la competencia revisora de estos concretos recursos 
sobre cualquier tipo de tributo (propio, estatal cedido o estatal no cedido) al margen de la 
ley estatal de cesión debido, primero, a que el apartado 1 f) no distingue expresamente 
entre tributos y, segundo, a que las «materias mencionadas» a que hace referencia el 
apartado 1 d) son las seis enumeradas en el apartado 1 a) del mismo precepto para las 
reclamaciones económico-administrativas, que, en lo que aquí interesa, incluyen «[l]a 
aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias» sin distinción entre 
tributos.
a)  En este sentido, por las mismas razones expuestas en el fundamento jurídico 
anterior, debe realizarse una interpretación conforme del apartado 1 d), circunscribiendo 
conforme al bloque de la constitucionalidad el objeto de conocimiento de este recurso 
extraordinario de revisión por la Junta de Tributos de Cataluña a los tributos autonómicos 
propios (arts. 205, párrafo primero, EAC y 19.1 y 20.1 LOFCA) y a los tributos estatales 
cedidos totalmente a la comunidad autónoma cuya aplicación y revisión le hayan sido 
legalmente delegadas (arts. 205 EAC, 19.2 y 20.2 y 3 LOFCA, 54.1 y 59.1 de la  s
Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010). Esta interpretación se llevará al fallo. oe.
Aunque no lo alegue el abogado del Estado, el precepto autonómico determina que  w.
eateld nmrdeircnáui srptsoroar  tioevbxotjsera tofoir rmndoien sas»ori loos  idlnae s d riresevtsiinosgilóuunciri  odenene tsqr euf ierlmo cseo snd oidczetac dadi oclsah  apJ uoJunr ntlaata  d asedi nmTori nitbaisumttrobasicé idónen l  oCtsra ib«tuaatlcuatñroiaas    2020-8149n https://ww
estatal y de la Generalitat. Esta indiferenciación tampoco provoca la inconstitucionalidad
de esta norma. Y ello no solo interpretando este precepto de acuerdo con el bloque de
constitucionalidad en el que se integra, pues los arts. 205, párrafo primero, EAC y 20.1 
y  2  LOFCA  se  refieren  a  la  revisión  administrativa  de  los  actos  tributarios  de  la 
administración autonómica; sino también haciendo una interpretación conjunta con el 
apartado primero del art. 221-1 del Código tributario de Cataluña, que confía a la Junta 
de Tributos el conocimiento de «las reclamaciones económico-administrativas y otros 
recursos en materia tributaria […] contra las actuaciones realizadas por la administración 
tributaria de la Generalitat».
Adicionalmente, se reprocha al apartado 1 d) una vulneración del art. 59.1 de la 
Ley  22/2009  al  atribuir  a  la  Junta  de  Tributos  el  conocimiento  de  este  recurso 
extraordinario  de  revisión.  Esta  queja  debe  rechazarse  igualmente,  dado  que  es 
precisamente el art. 59.1 c) de la Ley 22/2009 el que dispone que, en el caso de 
asunción  autonómica  de  la  competencia  para  la  resolución  de  las  reclamaciones 
económico-administrativas relativas a los tributos cedidos en única instancia, como se 
establece en el art. 2.1 in fine de la Ley específica de cesión, corresponderá al órgano 
autonómico  competente  el  conocimiento  de  los  recursos  extraordinarios  de  revisión 
contra los actos administrativos firmes de su administración tributaria y las resoluciones 
firmes de sus propios órganos económico-administrativos. Asimismo queda plasmado en 
el art. 229.1 e) LGT, en el que, entre las competencias atribuidas al Tribunal Económico-
Administrativo Central, se encuentra el conocimiento de «los recursos extraordinarios de 
revisión, salvo los supuestos a los que se refiere el artículo 59.1 c) último párrafo de la 
Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía». De ahí que sea el 
legislador  autonómico,  en  este  caso  en  el  art.  221-2.1  d)  del  Código  tributario  de 
Cataluña, el que, en uso de sus facultades de autoorganización (arts. 150 y 205 EAC), 
atribuya específicamente a un concreto órgano económico-administrativo autonómico, 
ahora denominado Junta de Tributos de Cataluña, dicha competencia en materia de 
tributos cedidos; competencia que ha asumido en virtud de la ley estatal de delegación, y 
con el contenido y el alcance en ella establecidos.
b)  Asimismo,  y  también  sobre  la  base  de  la  argumentación  vertida  en  el 
fundamento jurídico 21 b), debe acudirse a la técnica de la interpretación conforme en la 
impugnación dirigida contra el apartado 1 f), si bien en este supuesto, conforme al bloque 
de la constitucionalidad, el objeto de conocimiento de este recurso extraordinario para la 
unificación de criterio por la Junta de Tributos de Cataluña debe circunscribirse a los 
tributos autonómicos propios (arts. 205, párrafo primero, EAC y 19.1 y 20.1 LOFCA), sin 
extenderse a los tributos estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma cuya 
aplicación y revisión le han sido legalmente delegadas (arts. 205 EAC, 19.2 y 20.2 y 3 
LOFCA, 54.1 y 59.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010). Todo ello debido a que 
el art. 20.5 LOFCA reserva a la administración tributaria del Estado la función unificadora 
de  criterio  en  los  tributos  estatales,  incluyendo  los  cedidos,  prescribiendo  que  «la 
ejercerá  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  general 
tributaria». De ahí que la Ley 22/2009, en su disposición final tercera, modificara la Ley 
general  tributaria  en  materia  de  reclamaciones  económico-administrativas  para 
adecuarla a las nuevas competencias revisoras autonómicas y estatales en materia de 
tributos cedidos establecidas en el vigente sistema de financiación autonómica.
Así,  por  un  lado,  dio  nueva  redacción  al  art.  242  LGT,  regulador  del  recurso 
extraordinario de alzada para la unificación de criterio, para que pudiera interponerse 
contra  las  resoluciones  de  los  órganos  económico-administrativos  autonómicos  que 
hayan sido dictadas en única instancia en aplicación de la modalidad de delegación en  s
materia de revisión que ha asumido la Comunidad Autónoma de Cataluña ex art. 2.1 de  oe.
la Ley 16/2010. Y, por otro, en coherencia con el art. 59.1 c) de la Ley 22/2009, que cede  w.
únicamente el conocimiento del recurso extraordinario de revisión del art. 244 LGT a las  49ww
ccoommupneitdeandceiass  raeuvitsóonroams aesn  vqíuae e choanyóamni coo-apdtamdion isptroart ivau nean  úansiucan ciinósnt anacmiap, lima oddiefic al aesl 
caortn. oc2i2m9i.e1n tod )d eL «GloTs  rpeacruar soastr iebxutirra oardl inTarribiousn dael  rEecvoisnióónm, iscaol-vAod mlosin sisutrpautievsot osC ae nlotrsa lq ueel   BOE-A-cable e
se refiere el artículo 59.1 c) último párrafo de la Ley 22/2009, por la que se regula el 
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades 
con estatuto de autonomía, y de los extraordinarios de alzada para la unificación de 
criterio»  sin  salvedad  alguna.  Esa  atribución  al  Tribunal  Económico-Administrativo 
Central, sin excepciones y en concordancia con los arts. 20.5 LOFCA y 59.1 c) de la 
Ley 22/2009, ha quedado clarificada en la nueva redacción del art. 229.1 d) LGT, tras su 
modificación por la Ley 34/2015, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria: «El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá: 
[…]  d)  Como  consecuencia  de  su  labor  unificadora  de  criterio,  de  los  recursos 
extraordinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de esta 
Ley».
En consecuencia, no habiéndose previsto en la ley estatal específica de cesión la 
delegación en los órganos económico-administrativos autonómicos del conocimiento del 
recurso extraordinario para la unificación de criterio en materia de tributos estatales 
totalmente  cedidos  de  aplicación  y  revisión  autonómica,  y  competiendo  al  Tribunal 
Económico-Administrativo Central su conocimiento [arts. 229.1 d) y 242 LGT], la Junta 
de Tributos de Cataluña será competente para conocer, ex art. art. 221-2.1 f) del Código 
tributario  de  Cataluña,  del  recurso  extraordinario  para  la  unificación  de  criterio 
establecido en el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña única y exclusivamente con 
relación  a  sus  propios  tributos,  como  se  verá  en  el  fundamento  jurídico  28.  Así 
interpretado, el apartado 1 f) del art. 221-2 del Código tributario de Cataluña no es 
inconstitucional, lo que se llevará al fallo de esta sentencia.
23.  Impugnación del apartado cuarto del art. 221-1 («La Junta de Tributos de 
Cataluña») y el apartado tercero del art. 111-8 («Interpretación»).
a)  También se recurre el apartado cuarto del art. 221-1 del Código tributario de 
Cataluña, cuyo tenor literal establece lo siguiente: «Los criterios que de modo reiterado 
establezca la Junta de Tributos de Cataluña vinculan a los órganos de la administración 
tributaria y de recaudación de ingresos de derecho público de la Generalitat y las 
entidades de derecho público, vinculadas a esta o que dependan de la misma. A tal 
efecto, debe hacerse constar en las correspondientes resoluciones que se trata de 
doctrina reiterada». Sobre este apartado cuarto se alega una invasión de la distribución 
de competencias revisoras en materia de tributos cedidos.
La asunción con carácter general, y sin exclusión alguna, de la naturaleza vinculante 
de los criterios reiterados de la Junta de Tributos de Cataluña sería contraria al orden 
constitucional de distribución de competencias en esta materia, en cuanto obvia la 
función  unificadora  de  criterio  que  corresponde  en  materia  de  tributos  estatales  al 
Tribunal Económico-Administrativo Central y a la Sala Especial para la Unificación de 
Doctrina ex art. 228.4 LGT. El carácter vinculante atribuido a los criterios reiterados de la 
Junta  de  Tributos  de  Cataluña,  con  independencia  de  que  se  trate  de  cuestiones 
relacionadas con tributos propios o cedidos, excedería del marco establecido en el 
art. 20.5 LOFCA, que prescribe que «la función unificadora de criterio en los tributos 
estatales corresponde a la administración tributaria del Estado que la ejercerá conforme 
a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, general tributaria». En esta línea, 
el precepto autonómico desconocería que, en concordancia con la función estatal de 
unificación de criterio en los tributos estatales cedidos de gestión y revisión autonómica 
del  art.  20.5  LOFCA,  son  vinculantes  para  los  órganos  económico-administrativos 
autonómicos  y  para  el  resto  de  la  administración  tributaria  de  las  comunidades  e
autónomas: (i) la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico- bo
Administrativo Central (art. 239.8 LGT); (ii) los criterios establecidos en las resoluciones  49ww
dEec olnoós mreiccou-rAsdoms ienxistrtraaotrivdoin aCreionst rdael  (aalrzta. d2a4 2p.a4r aL GlaT u);n iyfi c(aiici)i ólno sd ec ricterirteiorsio  vpeorrti deol sT reibnu nloasl 
rUenciufircsaocsió ne xdtrea Dorodcintrainriao s(a rpta. r2a4 3la.5  uLnGifTic)a.ción de doctrina por la Sala Especial para la
No obstante, el precepto impugnado también admite una interpretación acorde al 
orden competencial, en la medida en que el carácter vinculante de la doctrina reiterada 
del órgano económico-administrativo autonómico se relacione exclusivamente con la 
potestad de la comunidad autónoma para establecer sus propios tributos. De esta forma, 
el art. 221-1.4 del Código tributario de Cataluña no es contrario a la Constitución siempre 
que  su  ámbito  de  aplicación  se  circunscriba  para  la  administración  tributaria  de  la 
Generalitat a los criterios reiterados que establezca la Junta de Tributos de Cataluña en 
materia de tributos propios, y así se dispondrá en el fallo.
b)  En cambio, ninguna vulneración del art. 20.5 LOFCA, por no distinguir entre 
tributos propios y cedidos de gestión autonómica, puede reprocharse al apartado tercero 
del art. 111-8 del Código tributario de Cataluña, que dispone que «[l]a administración 
tributaria de la Generalitat debe aplicar las normas tributarias de acuerdo con la doctrina 
establecida por los órganos económico-administrativos competentes y la jurisprudencia 
de los tribunales». Y ello porque la norma no establece, como asevera el abogado del 
Estado,  que  el  órgano  económico-administrativo  competente  sea  exclusivamente  la 
Junta de Tributos de Cataluña en materia de tributos propios y cedidos. Así, de la dicción 
literal de este apartado tercero se deduce con claridad que la administración tributaria 
autonómica deberá aplicar las normas tributarias de acuerdo con la doctrina del órgano 
económico-administrativo competente, que será la Junta de Tributos de Cataluña en 
caso  de  tributos  propios  y  el  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  y  la  Sala 
Especial  para  la  Unificación  de  Doctrina  en  caso  de  tributos  estatales  cedidos  de 
aplicación  y  revisión  autonómica  delegada.  Por  ello,  debe  desestimarse  esta 
impugnación.
24.  Planteamiento para la resolución de la impugnación de los preceptos del título II 
del libro segundo relativos la Junta de Tributos de Cataluña.
Corresponde ahora enjuiciar el resto de preceptos recurridos del título II del libro 
segundo del Código tributario (arts. 222-4, 222-5, 223-1 y 223-2 del Código tributario de 
Cataluña) siguiendo el orden de impugnación establecido en el recurso. El recurrente 
denuncia que los referidos preceptos invaden la competencia exclusiva del Estado sobre 
procedimiento  administrativo  común  (art.  149.1.18  CE).  Alega  al  respecto  que,  en 
materia tributaria, las competencias autonómicas se limitan al ejercicio de la función 
revisora en vía administrativa, por lo que estos entes públicos territoriales carecen de 
potestad normativa para regular aspecto alguno de los procedimientos administrativos 
revisores de los tributos (arts. 20 LOFCA y 59 de la Ley 22/2009).
A  efectos  sistemáticos,  este  análisis  de  constitucionalidad  comenzará  con  la 
delimitación de las competencias autonómicas sobre regulación de los procedimientos 
tributarios de revisión y, en concreto, del procedimiento económico-administrativo, en 
función de la naturaleza propia o cedida de los tributos que conforman su hacienda en el 
actual  sistema  de  financiación  autonómica  (fundamentos  jurídicos  25  y  26).  Tras 
sintetizar asimismo el marco normativo actualmente vigente en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en materia de reclamaciones económico-administrativas con relación a sus 
propios tributos (fundamento jurídico 27), se resolverán las cuestiones controvertidas 
aplicando el orden constitucional de competencias anteriormente expuesto (fundamentos 
jurídicos 28 a 30).
Finalmente, se examinará la impugnación dirigida contra el apartado primero del 
art.  111-6  del  Código  tributario  de  Cataluña  relativo  a  los  plazos  y  a  su  cómputo 
(fundamento jurídico 31). Pese a ubicarse en el título I del libro primero del Código y  e
referirse a todo tipo de procedimientos tributarios, el reproche de constitucionalidad  bo
alegado  es  similar,  por  lo  que  debe  ser  resuelto  con  los  mismos  parámetros  49ww
com2p5e.t enMciaarlceos . competencial  en  materia  de  regulación  de  la  revisión  en  vía
administrativa de los tributos cedidos en el actual sistema de financiación autonómica
establecido el bloque de la constitucionalidad.
De entrada, debe convenirse con el abogado del Estado que la potestad autonómica 
tributaria no incluye la competencia normativa en materia de revisión administrativa 
sobre los tributos estatales cedidos de aplicación y revisión autonómica delegada. Ahora 
bien, la razón no es, como entiende la representación procesal del recurrente, porque 
con  ello  se  invada  la  competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18 CE), sino porque el actual sistema de financiación 
autonómica diseñado en el bloque de la constitucionalidad no lo permite. En efecto, la 
Ley 22/2009, por un lado, no delega en los arts. 47 a 51 competencias normativas en 
materia  de  revisión  administrativa  sobre  aquellos  tributos  totalmente  cedidos  cuya 
aplicación y revisión encomienda a las comunidades autónomas ex art. 54.1; y, por otro, 
al determinar el alcance de la delegación de la competencia ejecutiva revisora sobre 
tales tributos, se afirma expresamente que «[e]l ejercicio de la función revisora en vía 
administrativa delegada deberá ajustarse a lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria» (art. 59.2). Dichas previsiones han sido asumidas 
en el art. 2 de la ley específica de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.
Este Tribunal ya declaró, al hilo de los tributos estatales integrantes del régimen 
económico y fiscal de Canarias, que «la comunidad autónoma no puede reivindicar la 
competencia para regular los procedimientos administrativo-tributarios relativos a los 
tributos estatales […] al no ostentar título alguno que la habilite para regular su régimen 
sustantivo» (SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 10, y 72/2003, de 10 de abril, FJ 4). 
Como  allí  se  sostuvo,  al  ser  tributos  creados  por  el  Estado  en  el  ejercicio  de  la 
competencia exclusiva que le confiere el art. 149.1.14 CE (hacienda general) en relación 
con el art. 133.1 CE (potestad tributaria originaria del Estado), es al Estado a quien en 
principio corresponde su desarrollo y ejecución, salvo que decida delegar la competencia 
al amparo del art. 156.2 CE o bien ceder la aplicación (o revisión) del tributo ex art. 157.1 
a) CE (STC 16/2003, FJ 10). En el sistema de financiación autonómica vigente el Estado 
ha delegado la función revisora de los tributos estatales totalmente cedidos excepto con 
respecto al impuesto especial sobre la electricidad, pero no la competencia para regular 
los procedimientos administrativos de revisión.
De  una  interpretación  conjunta,  natural  y  no  forzada,  del  bloque  de  la 
constitucionalidad (arts. 20 LOFCA, 47 a 51 y 59.2 de la Ley 22/2009 y 2.2 de la 
Ley 16/2010) y de los arts. 223-1, 223-2, 222-4 y 222-5 del Código tributario de Cataluña, 
en tanto reguladores de determinados aspectos del procedimiento administrativo revisor 
en materia tributaria, se extrae que dichos preceptos autonómicos no son de aplicación 
al  ejercicio  de  las  funciones  revisoras  que  en  materia  de  tributos  cedidos  tiene 
encomendadas la Junta de Tributos de Cataluña ex arts. 205, párrafo primero, EAC, 54.1 
y 59.1 de la Ley 22/2009 y 2.1 de la Ley 16/2010; debiendo, por tanto, el órgano 
económico-administrativo autonómico ejercitar su competencia revisora de acuerdo con 
las  normas  contenidas  en  el  título  V  de  la  Ley  general  tributaria  (art.  59.2  de  la 
Ley 22/2009).
En suma, acudiendo a la técnica de la interpretación conforme, los arts. 223-1, 223-2, 
222-4 y 222-5 del Código tributario de Cataluña no serán contrarios a la Constitución si 
su ámbito de aplicación se restringe a la revisión en vía administrativa de los tributos 
autonómicos propios; siempre, eso sí, que la regulación autonómica no incurra en otros 
vicios  de  inconstitucionalidad,  como  pueda  ser  el  menoscabo  de  la  competencia 
exclusiva  estatal  sobre  procedimiento  administrativo  común  (art.  149.1.18  CE)  o  la 
contravención de las normas procedimentales de hacienda general (art. 149.1.14 CE).  s
Esta será la cuestión para analizar en los fundamentos jurídicos siguientes. oe.
26.  Marco  competencial  en  materia  de  regulación  de  la  revisión  en  vía  49ww
aedstmabinleisctridaoti vean  deel  blolosq utreib dueto lsa  acountosntiótumciicoonsa lpidraodp.ios en el actual sistema de financiación
En lo que a los tributos autonómicos propios se refiere, debe destacarse que la
potestad tributaria autonómica incluye la competencia normativa en materia de revisión
administrativa y, en concreto, sobre las reclamaciones económico-administrativas sobre 
los tributos propios. Conforme a la doctrina reiterada de este tribunal, la Constitución no 
reserva  en  exclusiva  al  Estado  la  regulación  de  los  procedimientos  administrativos 
especiales ratione materiae, al entender que se trata de una «competencia conexa a las 
que,  respectivamente,  el  Estado  o  las  comunidades  autónomas  ostentan  para  la 
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la administración»; de 
manera que «cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a 
una comunidad autónoma, a esta cumple también la aprobación de las normas de 
procedimiento  administrativo  destinadas  a  ejecutarla»  (SSTC  227/1988,  de  29  de 
noviembre, FJ 32; 98/2001, de 5 de abril, FJ 8, y 53/2017, de 11 de mayo, FJ 3, entre 
otras). Por ello, habiendo asumido la comunidad autónoma competencia exclusiva para 
la creación, regulación y exigencia de sus propios tributos (arts. 133.2 CE, 203.5 y 204.1 
EAC  y  6.1,  19.1  y  20.1  LOFCA),  también  a  ella  compete  la  regulación  de  las 
especialidades procedimentales en materia de revisión en vía económico-administrativa 
de los actos de aplicación y sanción de tales tributos. No obstante, esta afirmación 
requiere una doble matización.
a)  En primer lugar, la doctrina constitucional también subraya que en la regulación 
autonómica  de  los  procedimientos  administrativos  en  materias  de  su  competencia 
«deberán  respetarse  en  todo  caso  las  reglas  del  procedimiento  establecidas  en  la 
legislación  del  Estado  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias»  (por  todas, 
STC 227/1988, FJ 32). Y en el ámbito tributario, el art. 20.4 LOFCA dispone que los 
denominados «principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, 
del  sistema  tributario  español  […]  aplicables  a  y  por  todas  las  administraciones 
tributarias», primero, son competencia exclusiva del Estado y, segundo, se contienen en 
la Ley general tributaria y en su normativa de desarrollo. En concreto, por lo que 
respecta  a  la  revisión  administrativa  de  los  tributos,  esas  normas  se  ubican, 
principalmente, en el título V de la Ley general tributaria dedicado a la revisión de los 
tributos.
De una parte, «este Tribunal ha admitido que, en virtud del art. 149.1.18 CE, el 
Estado establezca normas comunes de procedimiento específicas para procedimientos 
administrativos ratione materiae, como, por ejemplo, el trámite de información pública en 
el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos [STC 61/1997, FJ 25 c)], lo 
que indica que la competencia del Estado en materia de procedimiento administrativo 
común no se detiene, única y exclusivamente, en la regulación de la institución desde 
una perspectiva meramente abstracta y desvinculada de los procedimientos especiales» 
(STC  130/2013,  FJ  8).  En  este  sentido,  constituirán  normas  de  procedimiento 
administrativo  común  en  materia  tributaria  y,  en  concreto,  en  el  procedimiento 
económico-administrativo, aquellos preceptos contenidos en la Ley general tributaria que 
establezcan «los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del 
iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la 
administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y 
eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, 
incluyendo señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del 
procedimiento» (por todas, SSTC 227/1988, FJ 32, y 50/1999, FJ 3). O lo que es lo 
mismo, a efectos tributarios, tendrán la consideración de procedimiento administrativo 
común del art. 149.1.18 CE aquellas disposiciones de la Ley general tributaria que 
regulen trámites y requisitos procedimentales equivalentes a los así calificados por este 
tribunal y actualmente contenidos, entre otras, en la Ley 39/2015. e.
De otra parte, las competencias estatales de adopción de normas procedimentales  w.b
no se agotan en las que con carácter general le atribuye el art. 149.1.18 CE, sino que el  49ww
eEjsetrazdao  latasm cboiémnp eptueendceia sd icntoarrm raetqivuaissi toqsu eo  lterá cmointefise rperno coetdroims etníttualloess  ceosmpepceítfeicnocsia cleusa.n Ldao 
reexliagceionnciaa  scoolnos ctiotunc iloan gaal rdaen tuían  dperol cperidnicmipieion tdoe a Edsmtaindisot rdaeti vDo e[raerct.h o1 0(5a rat.)  1y. 1c )C CEE) ]y  ndoe  slae 
objetividad, la eficacia y la legalidad de la actuación administrativa (arts. 103.1 y 106.1
CE). También está vinculada a la garantía de otros importantes valores constitucionales, 
como la participación de los ciudadanos [arts. 9.2, 23.2 y 105 a) CE], la protección por la 
administración  de  los  derechos  fundamentales  (art.  53.1  CE),  la  audiencia  de  los 
interesados [art. 105 c) CE] y la tutela efectiva de los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos e intereses, con anterioridad a la que constitucionalmente garantizan los jueces 
y tribunales (art. 24.1 CE). En suma, las normas procedimentales no solo tienen como 
finalidad garantizar, en abstracto, el acierto, la legalidad y la eficacia de la actuación 
administrativa, sino que también ofrecen una vía idónea para conseguir otros fines con 
relevancia  constitucional.  De  ahí  que  la  competencia  para  adoptar  normas 
procedimentales específicas pueda venir amparada también por los títulos que atribuyen 
al Estado competencias sobre otras materias.
Así, al amparo de las competencias en materia de hacienda general que le atribuye 
el art. 149.1.14 CE, el Estado puede establecer trámites o requisitos procedimentales 
específicos, con el fin de garantizar el cumplimiento igualitario, en todo el territorio 
nacional, del deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE) y el establecimiento de un 
cauce a través del cual el Estado pueda ejercer sus potestades de coordinación de las 
haciendas autonómicas (art. 156.1 CE).
No obstante, una cosa es que el Estado, debido a la configuración constitucional de 
la  materia  tributaria  como  un  verdadero  sistema  (art.  31.1  CE)  cuya  función  de 
coordinación se le encomienda (art. 156.1 CE), esté legitimado para establecer más 
trámites y requisitos de obligado cumplimiento autonómico que en otros procedimientos 
administrativos sectoriales, al entrar en juego el art. 149.1.14 CE; y otra muy distinta que 
todas y cada una de las normas procedimentales actualmente contenidas en el título V 
de la Ley general tributaria (y en su regulación de desarrollo) sean siempre de aplicación 
directa a las comunidades autónomas ex art. 149.1.14 y 18 CE. Y ello porque el alto 
grado de exhaustividad de la regulación estatal sobre la vía económico-administrativa, al 
constituir el procedimiento tributario aplicable en el ámbito de competencias revisoras del 
Estado, anularía por completo la competencia normativa de las comunidades autónomas 
sobre las especialidades procedimentales en materias de su competencia.
b)  En segundo lugar, el hecho de que el Estado tenga competencia para establecer, 
ex art. 149.1.14 y 18 CE, normas sobre procedimiento común económico-administrativo, 
no  impide  a  las  comunidades  autónomas  regular  especialidades  procedimentales 
económico-administrativas  aplicables  exclusivamente  a  sus  propios  tributos  ratione 
materiae. Esto significa que la regulación autonómica se habrá efectuado en el legítimo 
ejercicio de su competencia estatutaria sobre procedimiento administrativo, únicamente 
si trae causa de las particularidades de sus tributos propios y/o de la organización de su 
propia administración tributaria [art. 159.1 c) EAC], y así se justifica.
27.  Marco normativo actualmente vigente en la Comunidad Autónoma de Cataluña 
en materia de reclamaciones económico-administrativas en relación con sus propios 
tributos.
En la actualidad, salvo lo dispuesto en los arts. 223-1, 223-2, 222-4 y 222-5 del 
Código tributario de Cataluña, aquí impugnados, la Comunidad Autónoma de Cataluña 
no ha regulado ningún procedimiento de revisión en vía administrativa, ni parte de él, 
aplicable a sus propios tributos; razón por la que la disposición final quinta del libro 
segundo del Código tributario establece que «sigue siendo aplicable el marco legislativo 
vigente», «[m]ientras no se modifica la legislación en materia de revisión en la vía 
administrativa de los actos y actuaciones a los que se refiere el art. 221-2 del Código  e
[funciones  de  la  Junta  de  Tributos  de  Cataluña]  y  no  entran  en  vigor  las  normas  bo
reglamentarias que se puedan dictar en el desarrollo del título II». Ese «marco legislativo  49ww
jvuiglioe,n tqeu»e,  qreugeu lraig lea  tJraunnstait odreia mFiennatnez, aess d eel  Cdaistpaulueñsato,  qeune ,e la  Dseuc vreetzo,  1re5m8/i2tí0a0 c7o, nd eca 2rá4c tdeer 
trreagnlasimtoerinot oa  dlae  nporromcaetdivima ieesnttaot ael nso blarse  lrae cmlaamtearicaio enne sta netcoo nlaó mGeicnoe-aradlmitaint insotr aatpivraosb aeran  uenl 
ámbito de los tributos propios de la Generalitat [disposición transitoria primera: «Mientras
la  Generalitat  de  Cataluña  no  apruebe  un  reglamento  de  procedimiento  en  las 
reclamaciones económico-administrativas, se aplicará el Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en el 
ámbito de los tributos propios de la Generalitat mientras no se oponga al que establece 
este Decreto, teniendo en cuenta que allí donde dice ‘Tribunal Económico-Administrativo 
Central’ y ‘tribunales económico-administrativos regionales’, debe entenderse Junta de 
Finanzas, y donde dice ‘órganos unipersonales’, debe entenderse los miembros de la 
Junta  que  actúen  de  forma  unipersonal,  con  respecto  a  las  resoluciones  de 
inadmisibilidades o cuestiones incidentales o en el archivo de actuaciones en caso de 
caducidad, renuncia, desistimiento o satisfacción extraprocesal, y sala o pleno para el 
resto de resoluciones  correspondientes  al  procedimiento abreviado»]. Así, en lo no 
regulado en los cuatro artículos introducidos en este del Código tributario de Cataluña 
aquí recurridos (arts. 222-4, 222-5, 223-1 y 223-2 del Código tributario de Cataluña), los 
procedimientos  de  revisión  administrativa  que  aplica  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cataluña en materia de tributos propios son los previstos en la normativa estatal.
28.  Impugnación de los arts. 223-1 («Recurso extraordinario para la unificación de 
criterio») y 223-2 («Resolución de fijación de criterio»).
Una vez sentada la doctrina constitucional sobre la distribución competencial sobre la 
regulación  de  la  vía  económico-administrativa  en  materia  de  tributos  autonómicos 
propios, procede analizar en primer lugar las impugnaciones de los arts. 223-1 y 223-2 
del Código tributario de Cataluña, que prescriben lo siguiente:
«Artículo 223-1.  Recurso extraordinario para la unificación de criterio.
1.  Las resoluciones dictadas por la Junta de Tributos de Cataluña pueden ser 
impugnadas mediante el recurso extraordinario para la unificación de criterio por los 
órganos de dirección de los departamentos y de las entidades de derecho público 
vinculadas a los mismos o que dependan de ellos, competentes por razón de la materia, 
cuando las consideren gravemente dañosas y erróneas o cuando entre las salas o los 
órganos  unipersonales  se  apliquen  criterios  distintos  a  los  utilizados  por  los  otros 
órganos de la Junta.
2.  Es competente para resolver este recurso el pleno de la Junta de Tributos, al que 
deben ser convocados el presidente del Consejo Fiscal de Cataluña y el titular del 
órgano  competente  en  materia  de  tributos  integrado  en  la  estructura  orgánica  del 
departamento competente en materia de hacienda.
3.  El plazo para interponer el recurso es de tres meses a contar desde el día 
después de la notificación de la resolución.
4.  La resolución debe dictarse en el plazo de seis meses y debe respetar la 
situación jurídica particular derivada de la resolución objeto de recurso, y unificar el 
criterio aplicable.
5.  Los criterios establecidos en las resoluciones de estos recursos son vinculantes 
para la Junta de Tributos y para la administración tributaria y de recaudación de la 
Generalitat, y deben publicarse.»
«Artículo 223-2.  Resolución de fijación de criterio.
1.  Cuando se hayan producido resoluciones de una sala de la Junta de Tributos de  e.
Cataluña o de un órgano unipersonal que no se adecuen a los criterios sostenidos por  w.b
otra sala u órgano unipersonal, o que tengan especial trascendencia, el presidente de la  49ww
dJuenbtea  repsuoeldvee r perlo pmleonvoe rd ela l aa Jduonptcai.ón de una resolución para la fijación de criterio, que
aleg2a.c ioPnreesv ipaomr eunnt ep laaz ol ad er eusno mluceisó na  ldoes  ófrigjaacnióons  ddee  dicrreitcecriióon  ddeeb leo s ddaerpsaer tatrmámenitteo s,d oe 
de las entidades de derecho público vinculadas a los mismos o que dependan de ellos, 
competentes por razón de la materia.
3.  Los criterios que se fijen son vinculantes para el resto de órganos de la Junta de 
Tributos y para la administración tributaria y de recaudación de la Generalitat, por lo que 
deben publicarse, y, en cualquier caso, debe respetarse la situación jurídica particular 
derivada de las resoluciones previas.»
Considera el abogado del Estado que dichas disposiciones autonómicas vulneran la 
competencia  estatal  sobre  procedimiento  administrativo  común.  Primero,  porque  el 
art. 223-1 del Código tributario de Cataluña regula un recurso no previsto en la Ley 
general tributaria de forma análoga al «recurso extraordinario para la unificación de 
doctrina» contenido en el art. 243 LGT; y, segundo, porque el art. 223-2 del Código 
tributario de Cataluña extiende los supuestos en los que la Junta de Tributos de Cataluña 
puede dictar resoluciones de unificación de criterio, de forma similar a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del actual art. 229.1 d) LGT sobre los supuestos de extensión de las 
resoluciones  de  unificación  de  criterio  que  puede  dictar  el  Tribunal  Económico-
Administrativo Central. Todo ello, alega el recurrente, careciendo, ex arts. 149.1.18 CE, 
20 LOFCA y 59 de la Ley 22/2009, de competencia para regular tal materia.
De contrario, la representación procesal del Parlamento y del Gobierno catalán 
fundamenta su defensa en la plena competencia de la comunidad autónoma, en virtud 
de los arts. 59 de la Ley 22/2009 y 228.4 LGT, para adaptar a la organización de la Junta 
de Tributos de Cataluña el «recurso extraordinario de alzada para la unificación de 
criterio» del art. 242 LGT y la extensión de la unificación de criterio del segundo párrafo 
del art. 229.1 d) LGT, en los arts. 223-1 y 223-2 del Código tributario de Cataluña, 
respectivamente.
A)  Sobre el recurso extraordinario para la unificación de criterio regulado en el 
art. 223-1 del Código tributario de Cataluña conviene destacar que se trata del recurso 
administrativo equivalente al «recurso extraordinario de alzada para la unificación de 
criterio» del art. 242 LGT (y no al «recurso extraordinario para la unificación de doctrina» 
del art. 243 LGT como mantiene el recurrente) en el ámbito de competencias de la 
Generalitat; esto es, siendo el pleno de la Junta de Tributos de Cataluña el órgano 
económico-administrativo competente para resolverlo, y las resoluciones de la Junta 
sobre tributos propios de la Generalitat, cuando estas sean gravemente dañosas y 
erróneas o cuando entre las salas o los órganos unipersonales de la misma se apliquen 
criterios distintos a los utilizados por los otros órganos de la Junta, su único objeto de 
conocimiento.
Esta limitación material del objeto del recurso autonómico a las resoluciones de la 
Junta sobre tributos propios viene avalada por una doble ausencia de delegación estatal 
en  materia  de  los  tributos  cedidos  de  aplicación  y  revisión  autonómica:  la  de  las 
competencias  normativas  de  revisión  administrativa  (arts.  47  a  51  y  59.2  de  la 
Ley 22/2009 y 2.2 de la Ley 16/2010), como ya se ha apuntado en el fundamento 
jurídico 25, y la del ejercicio de la función revisora sobre unificación de criterio sobre 
dichos tributos (art. 20.5 LOFCA). De ahí que sea el Tribunal Económico-Administrativo 
Central el único órgano económico-administrativo competente para conocer del recurso 
extraordinario de unificación de criterio de las resoluciones de la Junta de Tributos de 
Cataluña en materia de tributos cedidos cuando estas sean gravemente dañosas y 
erróneas o cuando se apliquen criterios distintos a los utilizados por otros órganos 
económico-administrativos. Y lo hará de acuerdo con el régimen jurídico previsto en el  e
art.  242  LGT  [art.  229.1  d)  LGT:  «1.  El  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  bo
conocerá: […] d) Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos  49ww
Leextyr»a]o.rdinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de esta
fundDaem eesnttao  fjourrmídaic coa b2e6 , ceoln calruti.r  2q2u3e-,1 a pdleicl aCndóod iglao  dtoricbturitnaar ioc odnes tiCtuactiaolnuañla s ecñoanltaiednae e unn eal 
especialidad procedimental ratione materiae al adaptar el recurso previsto en el art. 242
LGT a las competencias materiales y de autoorganización administrativa autonómica. La 
regulación impugnada ha sido establecida en el legítimo ejercicio de la competencia 
estatutaria de la comunidad sobre el procedimiento administrativo [art. 159.1 c) EAC] y, 
por ende, sin invasión de la competencia estatal exclusiva sobre los principios y normas 
jurídicas generales de procedimiento del sistema tributario español (art. 149.1.14 y 18 
CE). Tal interpretación conforme, que se llevará al fallo, se basa en tres consideraciones:
a)  En primer lugar, este recurso autonómico no está previsto en la Ley general 
tributaria por cuanto el «recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio» 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Central del art. 242 LGT no es de aplicación 
directa a las comunidades autónomas ex art. 149.1.14 o 18 CE. En efecto, aunque su 
apartado primero determine, sin distinción expresa entre tributos autonómicos y estatales 
cedidos, que su objeto de conocimiento es, por lo que aquí interesa, la unificación de 
criterio  de  las  resoluciones  de  los  órganos  económico-administrativos  autonómicos 
dictadas en única instancia, quedan fuera del mismo las resoluciones de la Junta de 
Tributos de Cataluña en materia de tributos propios de la Generalitat. Y ello porque otra 
interpretación del art. 242.1 LGT invadiría la competencia exclusiva autonómica para 
revisar  los  actos  relativos  a  sus  propios  tributos  a  través  de  sus  propios  órganos 
económico-administrativos (art. 20.1 LOFCA y 205, párrafo primero, EAC) y, por tanto, su 
autonomía financiera y tributaria (art. 156.1 CE).
Precisamente por esta razón queda justificada la necesidad de introducir en materia 
de tributos autonómicos propios un recurso extraordinario para la unificación de criterio 
de las resoluciones contradictorias, erróneas o gravemente gravosas dictadas por los 
diversos órganos de la Junta de Tributos, que debe conocer el pleno de la Junta. Según 
el preámbulo de la Ley 17/2017, que aprueba el Código, con el mantenimiento de la 
regulación del recurso extraordinario para la unificación de criterio en el art. 223-1 del 
Código tributario de Cataluña «se pretende reforzar la vía económico-administrativa 
como  procedimiento  de  revisión  de  la  legalidad  de  los  actos  de  la  administración 
tributaria» y «reducir la litigiosidad tributaria»; finalidades ambas que, efectivamente, en 
materia  de  tributos  propios,  se  consiguen  unificando  el  criterio  de  las  resoluciones 
contradictorias, dañinas y erróneas de la Junta de Tributos ante el propio pleno de la 
misma a través del recurso extraordinario aquí impugnado.
b)  En segundo lugar, si bien los recursos extraordinarios previstos en los arts. 242 
LGT y 223-1 del Código tributario de Cataluña difieren en cuanto al órgano económico-
administrativo  competente  para  su  conocimiento  (Tribunal  Económico-Administrativo 
Central y pleno de la Junta de Tributos, respectivamente) y en cuanto a la naturaleza 
cedida  o  propia  de  los  tributos  de  revisión  autonómica  sobre  la  que  versan  las 
resoluciones  del  órgano  económico-administrativo  autonómico  cuyo  criterio  debe 
unificarse a través de tales recursos, de un análisis comparativo de dichos preceptos se 
extrae  que  ambos  recursos  administrativos  se  ejercitan  (i)  por  las  mismas  causas 
tasadas:  resoluciones  de  los  órganos  económico-administrativos  autonómicos 
gravemente dañosas o erróneas, o que aplican criterios diferentes; (ii) por los mismos 
sujetos  legitimados:  órgano  de  dirección  de  la  administración  tributaria  autonómica 
competente en la materia; y (iii) en el mismo plazo de interposición: tres meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Igualmente, la resolución de 
ambos  recursos  tiene  carácter  vinculante  para  la  Junta  como  para  el  resto  de  la 
administración  tributaria  autonómica  y  debe  respetar  la  situación  jurídica  particular 
derivada de la resolución recurrida. De ahí que no pueda considerarse que el art. 223-1 
del  Código  tributario  de  Cataluña  contravenga  los  «principios  y  normas  jurídicas  e.
generales procedimentales del sistema tributario español» de aplicación directa a las  w.b
comunidades autónomas ex arts. 149.1.14 y 18 CE (art. 20.4 LOFCA). 49ww
desvci)r túaEnn  tlae rcceorn yc luúsltiiómno  alungtearri,o lra. sD deo su nd ifleardeon,c ilaas  seuxpisretesniótens  deenl trteé ramminboo s« arelzcaudrsao»s  dneol 
naol mheecnh iou ridse d eqlu ree cluar sJou natuat odneó mTircibou otobse ddeec eC, acotamluoñ afu nredsaumeelvneta ne nla sú npicaart eisn srteacnucriraid alass, 
reclamaciones  económico-administrativas  en  materia  de  tributos  propios  desde  la
entrada en vigor del art. 3 del ya derogado Decreto 158/2007, de 24 de julio, de 
regulación  de  la  Junta  de  Finanzas  de  la  Generalitat.  Por  tanto,  se  trata  de  una 
adaptación legítima del «recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio» 
del art. 242 LGT a las especialidades de la organización de la administración tributaria de 
la Generalitat [art. 159.1 c) EAC]; especialidades de organización administrativa que 
asimismo se encuentran legitimadas en la potestad de autoorganización de la comunidad 
autónoma sobre su propio órgano económico-administrativo (arts. 150 y 205, párrafo 
primero, EAC).
De otro lado, se observa una diferencia sobrevenida en el plazo de resolución de 
ambos recursos: seis meses en el autonómico y tres meses en el estatal. Esto es debido 
a que el precepto impugnado trae causa del art. 10 del Decreto 158/2007, que introdujo 
este recurso en el ámbito autonómico, y para tributos propios, a imagen y semejanza del 
recurso estatal del art. 242 LGT en su redacción original; recurso autonómico cuyo 
régimen jurídico ha permanecido inalterado en el art. 223-1 del Código tributario de 
Cataluña, con dos adiciones: (i) el deber de convocar para la resolución del recurso al 
«presidente del Consejo Fiscal de Cataluña y al titular del órgano competente en materia 
de tributos integrado en la estructura orgánica del departamento competente en materia 
de hacienda» (en el apartado segundo), y (ii) el deber de publicar las resoluciones de 
unificación de criterio (en el apartado quinto). En cambio, el art. 242 LGT ha sufrido dos 
modificaciones  desde  su  promulgación  en  2003  y  la  más  reciente,  mediante  la 
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, por la que se reforma parcialmente la Ley general 
tributaria, reduce el plazo de resolución del recurso de seis a tres meses.
Expuesto lo anterior, y no siendo el art. 242 LGT directamente aplicable a las 
comunidades autónomas, debe señalarse que este tribunal ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre la distribución competencial del régimen de los plazos de resolución 
de los procedimientos administrativos en la STC 166/2014, de 22 de octubre, en la que 
se cuestionó la constitucionalidad de una ley autonómica que establecía un cómputo del 
plazo máximo para resolver los procedimientos de revocación de las subvenciones 
autonómicas que difería del contemplado en el art. 42.3 de la antigua Ley 30/1992. Así, 
es competencia exclusiva estatal, al formar parte del procedimiento administrativo común 
(art. 149.1.18 CE), el establecimiento de la obligación de dictar resolución expresa en un 
plazo  determinado,  la  regulación  de  las  consecuencias  del  incumplimiento  de  esa 
obligación y la determinación del dies a quo para el cómputo de dicho plazo máximo 
(FJ 6). Ello no obstante, se reconoce la competencia de la comunidad autónoma para 
determinar el concreto plazo máximo para resolver los procedimientos administrativos 
que  regule  en  materias  de  su  competencia.  En  este  sentido,  se  afirmó  que  la 
competencia autonómica procedimental ratione materiae «debe impedir que con amparo 
en el art. 149.1.18 CE el Estado pueda imponer a las comunidades autónomas un plazo 
inalterable para cumplir esa obligación de resolver, pues con ello podría fácilmente 
cercenar, dificultar o incluso impedir el funcionamiento de estas, o lo que es lo mismo, 
menoscabar su autonomía» (FJ 6).
Por  tanto,  aplicando  esta  doctrina  al  caso  que  nos  ocupa,  la  determinación 
autonómica de un plazo de resolución en el recurso extraordinario de unificación de 
doctrina regulado en el art. 223-1 del Código tributario de Cataluña, distinto del previsto 
en el recurso equivalente estatal, no vulnera la competencia estatal sobre procedimiento 
administrativo  común  (art.  149.1.18  CE),  siempre  que  este  recurso  autonómico  se 
circunscriba a los tributos propios sobre los que ostenta competencia material.
B)  Idéntica interpretación conforme, que también se llevará al fallo, procede realizar  e.
respecto del art. 223-2 del Código tributario de Cataluña, al regular igualmente una  w.b
especialidad procedimental ratione materiae [art. 159.1 c) EAC]. 49ww
exteDnesi óunn d ela sduop,u epsretocsis paamrae ndtiec tapro rre snoolu caiopnliecas rdsee  uan ifliacas cicóonm duen cidriatedreios  aanutetó enlo Tmriabsu nalal 
Edeclo Cnóómdiigcoo -tAridbmutianriisot rdaeti vCoa Ctaelunñtraa l indterlo sdeugcuen ldao e pxáternrasfioó nd eelq auritv.a 2le2n9t.e1  dde)  LloGsT s, uepl uaerts. t2o2s3 e-n2 
los que el pleno de la Junta de Tributos, a solicitud de su presidente, puede dictar
resoluciones de unificación de criterio en el ámbito exclusivo de los tributos propios de la 
Generalitat. Tal como exige nuestra doctrina recogida en el fundamento jurídico 7 C) b) 
de esta sentencia, esa extensión se justifica, además, como expresa el preámbulo de la 
ley que aprueba el Código tributario, en el refuerzo de la vía económico-administrativa y 
en la reducción de la litigiosidad tributaria a obtener con las resoluciones de unificación 
de criterios de la Junta de Tributos.
De otro lado, el régimen jurídico previsto para esa extensión en el art. 223-2 del 
Código tributario de Cataluña respeta los principios y normas jurídicas generales de 
procedimiento del sistema tributario español establecidas en el título V de la Ley general 
tributaria ex art. 149.1.14 y 18 CE (art. 20.4 LOFCA), ya que el legislador autonómico 
extrapola mutatis mutandi a su ámbito de competencias materiales y organizativas la 
extensión  de  la  unificación  de  criterios  prevista  en  el  precepto  homónimo  estatal 
[art.  229.1  d),  segundo  párrafo,  de  la  Ley  general  tributaria]  siendo  idénticos  los 
requisitos,  los  supuestos  de  extensión,  los  sujetos  legitimados  para  su  solicitud,  el 
trámite de alegaciones, el plazo del trámite de alegaciones y las consecuencias de las 
resoluciones de unificación de criterio.
29.  Impugnación  del  art.  222-4  del  Código  tributario  de  Cataluña  («Dictamen 
pericial»).
Con relación a los medios de prueba en los procedimientos de revisión administrativa 
sustanciados ante la Junta de Tributos de Cataluña, se impugna el art. 222-4 del Código 
tributario de Cataluña, relativo al dictamen pericial, que establece lo siguiente:
«1.  La Junta de Tributos de Cataluña puede solicitar excepcionalmente, de oficio o 
a instancia de las personas interesadas que han comparecido en la reclamación, la 
práctica  de  una  prueba  pericial  sobre  cuestiones  técnicas  no  jurídicas  que  sean 
relevantes y hayan sido planteadas, si los anteriores actos de prueba no han resultados 
concluyentes por circunstancias independientes de la voluntad y la diligencia de las 
partes y siempre y cuando existan motivos fundamentados para creer que las nuevas 
actuaciones permitirán adquirir certeza sobre estos hechos.
2.  La solicitud de este dictamen debe acordarse por mayoría de los miembros de la 
sala o el pleno que tenga conocimiento de la resolución que debe adoptarse. En este 
acuerdo deben expresarse detalladamente estas circunstancias y motivos, así como las 
cuestiones sobre las que debe tratar el dictamen.
3.  El perito debe ser escogido por razón de la materia que debe tratar el dictamen y, 
por orden correlativo, entre la lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como 
peritos terceros que esté a disposición de la Agencia Tributaria de Cataluña.
4.  Si en la lista no existe ningún perito competente por razón de la naturaleza del 
dictamen,  debe  solicitarse  a  la  universidad,  el  colegio  o  la  asociación  profesional 
competente que designe un profesional que esté dispuesto a actuar como perito tercero.
5.  Los honorarios del perito son satisfechos por el departamento competente en 
materia de hacienda al que está adscrita orgánicamente la Junta de Tributos, en el caso 
de que haya sido solicitado de oficio. Son satisfechos por la persona interesada en caso 
de que el dictamen haya sido solicitado por esta.»
El abogado del Estado denuncia la incompetencia de la comunidad autónoma para 
regular el procedimiento de revisión, mientras las representaciones autonómicas alegan 
que  se  trata  de  una  mera  reproducción  de  una  norma  básica  de  procedimiento 
administrativo común, el art. 77 de la Ley 39/2015, para dar inteligibilidad al Código. e.
A estos efectos procede efectuar dos constataciones. En primer lugar, ni el art. 222-4  w.
del  Código  tributario  de  Cataluña  contiene  una  reproducción  del  art.  77.1  de  la  49ww
aLcerye d3i9ta/2rs0e1 5p o(r« Lcousa lqhueicehr oms erdeiole vdaen tpersu epbaar aa dlam idseibclies ióenn  dDee ruench op,r occueydaim vieanlotroa cpióond rásne 
reenajulizicaiarám dieen taoc cuievrild»o);  cnoi ne ll oasrt .c 7ri7te.1ri odse  elast aLbelye c3i9d/o2s0 1e5n  clao nLsetiytu 1y/e2,0 e0x0 ,a drte.  174 9d.e1 .e1n8e CroE, ,d lae   BOE-A-cable e
norma de procedimiento administrativo común a todos los procedimientos tributarios en 
este punto y, por tanto, de aplicación directa a las comunidades autónomas. En segundo 
lugar, esa norma es el art. 214.1 LGT, ubicada en el capítulo I del título V de la Ley 
general tributaria, dedicado a las normas comunes aplicables a todos los procedimientos 
de revisión administrativa en materia tributaria. Este precepto se remite a las normas 
sobre medios y valoración de la prueba contempladas en la sección tercera del capítulo 
II del título III de la Ley general tributaria, relativo a los procedimientos de aplicación de 
tributos. Y el art. 106.1 LGT establece que «[e]n los procedimientos tributarios serán de 
aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el 
Código civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, salvo que la ley 
establezca otra cosa».
De  todo  lo  expuesto,  y  aplicando  la  doctrina  constitucional  establecida  en  el 
fundamento jurídico 26, debe concluirse que de un lado, en virtud del último inciso del 
art. 106.1 LGT, el legislador, en este caso autonómico, está facultado para establecer 
reglas especiales sobre medios de prueba en los procedimientos tributarios; posibilidad 
que queda plasmada en el art. 222-4 del Código tributario de Cataluña. Además, el 
precepto autonómico impugnado no regula con carácter general la prueba pericial ni 
restringe a los obligados tributarios la posibilidad de aportar los dictámenes periciales 
que estimen oportunos para la defensa de sus pretensiones. Simplemente prevé la 
facultad de que la propia Junta de Tributos acuda excepcionalmente a un dictamen 
pericial sobre cuestiones técnicas no jurídicas en aquellos casos en los que no haya sido 
posible  adquirir  certeza  de  los  hechos  acaecidos  por  causas  independientes  a  la 
voluntad y a la diligencia de las partes.
De  otro  lado,  el  preámbulo  de  la  ley  impugnada  declara  que  «se  introduce  la 
posibilidad de que la Junta de Tributos, como medio excepcional de prueba, pueda pedir 
dictamen de peritos especializados, que le suministren los conocimientos científicos o 
técnicos  en  materias  no  jurídicas  necesarios  para  valorar  hechos  o  circunstancias 
relativos a asuntos relevantes en la resolución que tenga que adoptar».
En suma, circunscrito su ámbito de aplicación a los procedimientos de revisión de los 
tributos  propios,  el  art.  222-4  del  Código  tributario  de  Cataluña  es  acorde  a  la 
Constitución y así se expresará en el fallo.
30.  Impugnación del art. 222-5 («Uso de medios electrónicos»).
El art. 222-5 del Código tributario de Cataluña, relativo al uso de medios electrónicos 
por la Junta de Tributos de Cataluña, determina lo siguiente:
«La Junta de Tributos de Cataluña debe usar preferentemente medios electrónicos 
tanto en las relaciones con las personas interesadas como en las relaciones con la 
administración, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a usar otros medios y a ser 
atendidos mediante los mismos. Deben establecerse por reglamento las personas que 
están obligadas a comunicarse con la Junta a través de medios electrónicos, la forma de 
interposición de las reclamaciones y los recursos por vía electrónica, los requisitos de la 
notificación electrónica y el contenido del expediente electrónico a los efectos de la 
puesta de manifiesto electrónica.»
El abogado del Estado alega, por toda argumentación, que «el precepto resulta 
inconstitucional  en  la  medida  que  dispone  una  norma  similar  al  art.  16.5  de  la 
Ley  39/2015  […]  de  exclusiva  competencia  estatal  de  legislación,  prevista  en  el 
artículo 149.1.18 CE». Entiende que, por ello, «la inconstitucionalidad de que adolece el  e.
precepto autonómico por falta de competencia consiste en que en concreto para efectuar  w.
tal remisión a la potestad reglamentaria solo quien tiene atribuida competencia legislativa  49ww
preugeladme eennta reioje»r.c icDioe   dceo ntlraa rimo,i smlaas   erefepcretusaern teascaio nlelasm  aaduato naólm  cicoamsp loepmoennetno,  npoorrm atotidvao 
edsetfaetnasleas,  dqeu ep r«oecel dCimódieignoto  tpriabruat adraior  insete lihgaib illiimdaitda daol  mai srmepor»o, dsuinc ier supneacsif icnaorr mcuaásl ebs ássoicna.s  BOE-A-cable e
El esfuerzo alegatorio desplegado por el recurrente para concretar en qué medida el 
art. 222-5 del Código tributario de Cataluña afecta a la competencia estatal en materia de 
procedimiento administrativo común ha sido escaso. Por ello, nuestro examen tampoco 
ha de ser exhaustivo.
Una vez rechazada la queja de que se trata de un supuesto de lex repetita del 
art. 16.5 de la Ley 39/2015, no solo porque no lo es, sino también porque la reproducción 
debiera haberse alegado respecto de la Ley general tributaria y no de la Ley 39/2015, el 
reproche de inconstitucionalidad del art. 222-5 del Código tributario de Cataluña se 
reduce  a  la  incompetencia  de  la  comunidad  autónoma  para  efectuar  la  remisión 
reglamentaria  establecida  en  él  al  carecer  de  competencia  legislativa  sobre 
procedimiento administrativo (art. 149.1.18 CE).
La impugnación no puede prosperar. De una parte, porque, como ya se ha indicado 
anteriormente, la comunidad autónoma posee competencia legislativa para regular las 
especialidades procedimentales de la vía económico-administrativa sobre sus tributos 
propios en las condiciones señaladas por nuestra doctrina en el fundamento jurídico 26 y, 
por  tanto,  competencia  para  efectuar  en  esas  mismas  condiciones  la  remisión 
reglamentaria introducida en el art. 222-5 del Código tributario de Cataluña. Y, de otra, 
porque al no haberse regulado en el precepto impugnado especialidad procedimental 
ratione materiae alguna, habrá que esperar a la regulación reglamentaria para emitir, en 
su caso, un juicio de constitucionalidad. Cualquier otro pronunciamiento al respecto, por 
preventivo o cautelar, queda extramuros de este proceso [por todas, SSTC 31/2010, 
de 28 de junio, FJ 2 y 132/2018, de 13 de diciembre, FJ 5 b)].
Por  todo  ello,  circunscrito  su  ámbito  de  aplicación  a  los  tributos  propios  de  la 
Generalitat,  el  art.  222-5  del  Código  tributario  de  Cataluña  no  es  contrario  a  la 
Constitución. Esta interpretación conforme se llevará al fallo.
31.  Impugnación  del  apartado  primero  del  art.  111-6  («Plazos  y  cómputo  de 
plazos»).
Queda, pues, resolver la impugnación contra el apartado primero del art. 111-6 del 
Código tributario de Cataluña que, en materia de plazos y su cómputo, dispone lo 
siguiente:
«1.  El Código tributario de Cataluña, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes de 
los  procedimientos  tributarios  y  de  la  aplicación  supletoria  de  las  que  regulan  el 
procedimiento administrativo, establece:
a)  El principio de unificación de plazos de los procedimientos tributarios.
b)  Los plazos de prescripción y caducidad, las causas de interrupción del cómputo 
de plazos de prescripción y los plazos de suspensión y caducidad de los procedimientos 
tributarios.»
La parte recurrente afirma que la única interpretación acorde a la Constitución de 
este apartado primero es considerar que la remisión normativa contenida en él implica 
necesariamente «la sujeción del precepto a lo que dispongan las normas básicas del 
Estado  o  dictadas  por  este  en  ejercicio  de  su  competencia  exclusiva  conforme  al 
art. 149.1.14 de la CE o en la regla 18 del mismo artículo, en materia de procedimientos, 
en particular la Ley general tributaria». Las representaciones autonómicas arguyen que, 
en cuanto a la regulación de los plazos y su cómputo, este precepto se limita a realizar 
una remisión a las normas estatales y autonómicas sobre procedimientos tributarios, en  e.e
función de quién ostente la competencia, y a la aplicación supletoria de las normas  b
básicas estatales sobre procedimiento administrativo. 49ww
Edins ppAor)ni me eEqrl  ulaueng áaelril,s  isCsi  ódedeli g acopo antrrstitabitduuotca iropionri amdliedera odC  dadeteal  lauerñstt.ae  1 1ep1sre-ta6cb edlpeetcol e C dóeedbl iegr éopg atimrritbieru ndt aerd ioetr  edpsel a pCzroeasmta il«suasñisan.    OE-A-2020-81able en https://
perjuicio de lo que establezcan las leyes de los procedimientos tributarios» y si, según el
preámbulo de la Ley 17/2017, el Código se elabora para agrupar en un solo texto todas 
«las normas con rango legal que forman nuestro Derecho tributario» (autonómico), ha de 
concluirse que esas leyes procedimentales en materia tributaria que ha de tener en 
cuenta el Código tributario a la hora de regular los plazos y su cómputo deben ser 
necesariamente estatales y, en concreto, la Ley general tributaria. En segundo lugar, una 
vez confirmada la competencia autonómica para regular especialidades procedimentales 
ratione  materiae  en  las  condiciones  señaladas  en  el  fundamento  jurídico  7  C), 
corresponde admitir con el abogado del Estado que la regulación sobre plazos que 
prevea el Código debe respetar las normas que el Estado haya dictado al respecto en el 
ejercicio  de  su  competencia  exclusiva  sobre  «principios  y  normas  generales 
procedimentales del sistema tributario español» ex arts. 149.1.14 y 18 CE (art. 20.4 
LOFCA). Por último, a pesar de que el apartado primero del art. 111-6 del Código 
tributario de Cataluña proclame que el Código autonómico «establece» el régimen de 
plazos, lo cierto es que ni este precepto ni ningún otro de los tres primeros libros 
aprobados por el art. 5 de la Ley 17/2017, ahora en liza, contienen dicho régimen 
jurídico.  En  consecuencia,  las  eventuales  invasiones  competenciales  de  una  futura 
regulación autonómica al respecto, por hipotéticas y preventivas, no pueden ser objeto 
de pronunciamiento alguno [por todas, SSTC 31/2010, FJ 2, y 132/2018, de 13 de 
diciembre, FJ 5 b)], por lo que esta impugnación podría, en principio, ser desestimada.
Ahora bien, la mera atribución de una competencia con la que no se cuenta en 
Derecho  supone  per  se  una  invasión  competencial  que  sí  puede  ser  objeto  de 
enjuiciamiento.  En  este  sentido,  este  tribunal  está  en  posición  de  plantearse  la 
adecuación constitucional de la atribución que realiza el Código en el apartado primero 
del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña, aquí impugnado, de la competencia para 
regular en origen: (i) el régimen de los plazos de prescripción y de las causas de 
interrupción  de  su  cómputo;  y  (ii)  los  plazos  de  caducidad  de  los  procedimientos 
tributarios y el principio de unificación de dichos plazos.
B)  Por lo que se refiere a la prescripción, debe destacarse que se trata de un 
instituto  jurídico  sustantivo  al  constituir  una  forma  de  extinción  de  los  derechos  y 
obligaciones  de  contenido  económico  de  la  hacienda  pública  derivados  del  tributo 
(art. 59.1 LGT). En este sentido, las obligaciones tributarias materiales (principal o de 
realizar pagos a cuenta) y formales se extinguen por el mero transcurso del tiempo 
[cuatro años ex art. 66 a) y b) y 70.1 LGT] en los supuestos de inactividad de la 
administración  tributaria  en  el  ejercicio  de  sus  potestades  para  liquidar  las  deudas 
tributarias, para exigir el pago en vía ejecutiva de las deudas tributarias liquidadas y 
autoliquidadas, y para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. 
Asimismo, los derechos de contenido económico que pueden surgir a favor de los 
obligados tributarios a propósito de la aplicación de los tributos, tales como el derecho a 
solicitar y obtener devoluciones (de ingresos indebidos o derivadas de la normativa 
tributaria)  y  reembolsos  del  coste  de  las  garantías  aportadas,  decaen  por  el  mero 
transcurso del tiempo [cuatro años ex art. 66 c) y d) LGT] si su titular no los ejercita. Por 
tanto, dado que la inactividad en el tiempo de ambas partes de la relación jurídico-
tributaria incide directamente en el deber constitucional de los ciudadanos de contribuir 
de  acuerdo  con  su  capacidad  económica  (art.  31.1  CE),  el  régimen  jurídico  de  la 
prescripción (no solo los supuestos y efectos de la misma, sino los propios plazos, su 
cómputo y las causas de interrupción del mismo) exige un tratamiento jurídico unitario en 
todo el territorio con independencia del ente público territorial al que pertenezca la 
administración tributaria deudora o acreedora. Además, es doctrina constitucional que la  e.
regulación  de  los  derechos  y  obligaciones  de  contenido  económico  de  las  w.b
administraciones  públicas  tienen  su  anclaje  en  el  art.  149.1.14  CE  (por  todas,  49ww
eSnT Clo s1 3a0rt/s2.0 6163 , aF J7 05 )L. GY,T e (ny  eusbtiec acdaos oe,n e ll ar ésgeimcceiónn d tee rlcae prare dscerl ipccaipóíntu tlroib IuVt asroiab rees tlaab dleecuiddao 
t«rpibruintacirpiaio sd eyl  ntíoturmloa sII  judreíddiiccaasd og ean elorasl eass spuescttaonst ivmaast edreial lessis tdeem alo tsr ibturitbaurtioo se),s pcaoñnotile»n eo 
normas sustantivas de hacienda general directamente aplicables a las comunidades 
autónomas de acuerdo con el art. 149.1.14 CE.
Por  tanto,  debe  declararse  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  incisos  «de 
prescripción y» y «las causas de interrupción del cómputo de plazos de prescripción» de 
la letra b) del apartado primero del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña, por 
cuanto supone la arrogación ilegítima de la competencia para regular una institución de 
Derecho tributario sustantivo perteneciente al denominado «marco general de todo el 
sistema tributario», que compete en exclusiva al Estado en virtud del art. 149.1.14 CE.
C)  En cuanto a los plazos de caducidad de los procedimientos tributarios y su 
posible unificación, resulta del todo aplicable a los arts. 103 y 104 LGT (relativos a la 
obligación de resolver y a los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución 
expresa de los procedimientos tributarios, respectivamente) la doctrina constitucional 
vertida en la STC 166/2014, FJ 6, sobre los arts. 42 y 44 de la antigua Ley 30/1992, 
puesto que lo dispuesto con carácter general en estos preceptos fue reproducido, con 
alguna especialidad, en los preceptos correspondientes de la Ley general tributaria para 
su aplicación a los procedimientos tributarios.
a)  Este  Tribunal  considera  procedimiento  administrativo  común  y,  por  tanto, 
competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.18 CE, lo prescrito en los siguientes artículos 
de la antigua Ley 30/1992: (i) el establecimiento de la obligación de dictar resolución 
expresa en un plazo determinado (art. 42.1); (ii) la regulación de las consecuencias que 
genera el incumplimiento de esa obligación, como es la caducidad del expediente si se 
trata de un procedimiento iniciado de oficio susceptible de causar efectos desfavorables 
al interesado (art. 44); (iii) la determinación del dies a quo del cómputo del plazo de 
resolución del procedimiento (art. 42.3 in fine); y (iv) el establecimiento de un plazo 
máximo para resolver (art. 42.2 y 3). En este último caso, el legislador estatal no invade 
la  competencia  autonómica  para  regular  las  especialidades  procedimentales  ratione 
materiae de su competencia, «pues el margen (legal) indicado es suficiente para que las 
comunidades autónomas puedan ponderar todas las circunstancias que, por razón de la 
materia y de su propia organización administrativa, pueden influir en la duración del 
procedimiento» (STC 166/2014, FJ 6).
En consecuencia, serán asimismo normas establecidas en el legítimo ejercicio de la 
competencia exclusiva estatal sobre procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 
CE): (i) el art. 103.1 LGT, por el que «[l]a administración tributaria está obligada a 
resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de 
aplicación  de  los  tributos,  así  como  a  notificar  dicha  resolución  expresa»;  (ii)  los 
apartados  tercero  a  quinto  del  art.  104  LGT,  reguladores  del  incumplimiento  de  la 
obligación de resolver en plazo (régimen del silencio y la caducidad); y (iii) el art. 104.1 
LGT,  en  el  que  se  establece  un  plazo  máximo  para  resolver  dejando  margen  de 
ponderación suficiente a las comunidades autónomas, y su cómputo.
b)  Ahora bien, es preciso recordar que es doctrina constitucional que el Estado no 
puede, al amparo del art. 149.1.18 CE, imponer a las comunidades autónomas «un plazo 
inalterable para cumplir esa obligación de resolver, pues con ello podría fácilmente 
cercenar, dificultar o incluso impedir el funcionamiento de estas, o lo que es lo mismo, 
menoscabar su autonomía». Así, la comunidad autónoma «ha de tener autonomía para 
poder ponderar, entre otras circunstancias, la dificultad o complejidad de la materia, los 
informes  o  trámites  necesarios  o  convenientes  para  ordenar  adecuadamente  la 
intervención de su administración en ese concreto ámbito, o la capacidad de su propia  e
organización administrativa para asumir ese trabajo; cuestiones todas ellas que inciden  bo
forzosamente en la duración previsible de ese procedimiento y, con ello, en la decisión  49ww
d(SeT Ccu 1á6l 6/h2a0 1d4e,  FJs e6r) .el  plazo  máximo  en  que  esa  administración  debe  resolver»
procPeodri mieelnloto, s latr ibudteatreiorms insaec icóonn figduerl a ccoonmcore tuon ap leaszpoe cimaláidxaimd op ropcaerdai mreenstoallv erar tiolnoes 
materiae que la comunidad autónoma podrá establecer siempre que: (i) así lo exija la
organización de su administración tributaria y/o su Derecho tributario sustantivo (en 
materia de tributos propios y en relación con las competencias normativas sustantivas 
delegadas sobre los tributos totalmente cedidos de aplicación y revisión autonómica); (ii) 
respete la norma de procedimiento administrativo común establecida en el art. 104.1 
LGT; esto es, que ese plazo no supere los seis meses, salvo que una norma con rango 
de ley (como es el caso del Código tributario) o de la Unión Europea establezca uno 
mayor; y (iii) en el caso de tributos cedidos, que el sistema de financiación autonómica 
vigente en el bloque de la constitucionalidad así lo permita cediendo competencias 
normativas procedimentales al respecto. Y en estas mismas condiciones, la comunidad 
autónoma tendrá la posibilidad de fijar un solo plazo de resolución para todos los 
procedimientos de aplicación y revisión de sus propios tributos en coherencia con el 
principio  de  unificación  de  plazos  de  los  procedimientos  tributarios  recogido  en  el 
apartado 1 a) del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña; plazo único que podrá 
extender a los procedimientos aplicables a los tributos cedidos de gestión autonómica 
delegada siempre que la ley estatal de cesión lo permita.
c)  Pues bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el fundamento jurídico 5 C) sobre 
las competencias autonómicas en materia de tributos cedidos fijadas en el bloque de la 
constitucionalidad, conviene advertir que la comunidad autónoma no tiene competencia 
alguna  para  regular  el  régimen  de  los  plazos  de  caducidad  de  los  procedimientos 
tributarios de inspección, recaudación y revisión en vía administrativa de los tributos 
totalmente cedidos de gestión y revisión autonómica. Y ello porque el modelo vigente de 
financiación autonómica no lo permite. Primero, como se ha puesto de relieve en el 
fundamento jurídico 25, porque la Ley 22/2009 (a la que se remite el art. 2 de la ley 
específica de cesión) no delega en los arts. 47 a 51 competencias normativas en materia 
de revisión administrativa de los tributos estatales cedidos de aplicación autonómica, 
debiéndose ejercer la competencia revisora delegada ajustándose a lo dispuesto en el 
título V de la Ley general tributaria (art. 59.2 de la Ley 22/2009). Segundo, porque no se 
han cedido competencias normativas en materia de inspección y recaudación en cuatro 
de los cinco tributos cedidos de gestión autonómica afectados: el impuesto sobre el 
patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto especial sobre determinados 
medios  de  transporte  (arts.  47,  48.2,  49.2  y  51  de  la  Ley  22/2009  y  2.2  de  la 
Ley  16/2010).  Y,  tercero,  porque  en  los  tributos  sobre  el  juego,  si  bien  se  ceden 
competencias normativas en materia de aplicación de tributos sin referencia expresa a la 
normativa estatal (art. 50.2 de la Ley 22/2009), por un lado, el art. 58.1 de la Ley 22/2009 
delega el ejercicio de las funciones inspectoras del art. 141 LGT expresando que deben 
aplicarse «las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras 
del  Estado  en  materia  tributaria»;  y,  por  otro  lado,  el  art.  57.2  de  la  Ley  22/2009 
determina que la recaudación tributaria de los tributos cedidos que lleve a cabo la 
comunidad autónoma «se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado».
En cambio, la comunidad autónoma podrá tener competencia para regular el plazo 
de  caducidad  de  los  procedimientos  gestores  dependiendo  del  tributo  cedido  de 
aplicación autonómica de que se trate. Esta conclusión se extrae de la cláusula de cierre 
del art. 55.1 f) de la Ley 22/2009 [«En la gestión tributaria de los impuestos sobre el 
patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, de los tributos sobre el juego, del impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte […] corresponderá a las comunidades autónomas: 
[…] f) En general, las demás competencias necesarias para la gestión de los tributos»],  s
en la que se cede el ejercicio de las funciones gestoras necesarias sin referencia  oe.
expresa alguna a la normativa estatal. En este sentido, dado que la ley estatal de cesión  w.
también ha delegado, sin condicionantes expresos, las competencias normativas sobre  49ww
gpeastrtiimóno ndiaelle ism yp uaecstotos  sjuorbídreic ossu cdeosciounmeesn yta ddoons ayc idoen eloss,  dtreibl uimtopsu seosbtore s eolb jruee gtroa n(asmrtsis. i4o8n.e2s, 
p4r9o.2ce yd im50ie.2n todse  lgae sLteoyr e2s2 /p2a0r0a9  lay  2a.p2l icdaec ilóan  Ledye le1g6a/2d0a1 0d)e,  lodsic hcoosn ctrreibtousto sp lapzoodsr ádne  sloesr   BOE-A-cable e
fijados por la comunidad autónoma (y unificados por ella); siempre que, al igual que 
respecto a los concretos plazos de todos los procedimientos administrativos en materia 
de  tributos  propios  (y  su  posible  unificación),  el  Código  respete  las  normas  de 
procedimiento administrativo común establecidas en los arts. 103 y 104 LGT, así como 
las  demás  normas  estatales  que  sean  también  de  aplicación  en  esta  materia  con 
fundamento en los títulos competenciales del Estado. En cambio, como no se han cedido 
competencias normativas de gestión sobre el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte (arts. 47 y 51 de la Ley 22/2009 y 2.2 
de la Ley 26/2010), los plazos de los procedimientos gestores de dichos tributos serán 
los fijados por el Estado.
d)  En consecuencia, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, el apartado 
primero del art. 111-6 del Código tributario de Cataluña, en cuanto a plazos de caducidad 
de  los  procedimientos  tributarios  y  el  principio  de  unificación  de  plazos  de  los 
procedimientos tributarios, ha de entenderse circunscrito, de un lado, a la eventual 
determinación del concreto plazo de caducidad de los procedimientos tributarios (y su 
unificación) en relación con los tributos propios de la Generalitat y, de otro, en materia de 
tributos cedidos, al concreto plazo de los procedimientos gestores (y su unificación) para 
la aplicación delegada del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de los tributos sobre el 
juego por parte de la administración tributaria de la Generalitat. Todo ello, cabe reiterar, 
siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  recordados  en  el  apartado  b)  anterior. 
Interpretada en esos términos, esos incisos de la previsión impugnada no son contrarios 
a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.
32. Segundo bloque de preceptos recurridos: los apartados 3 d) y 3 e) del art. 217-3 
(«Acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat de Cataluña») y 
el apartado 3 c) del art. 217-5 («Acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la 
Generalitat de Cataluña»). La impugnación que queda por examinar es la formulada 
contra los arts. 217-3, apartados 3 d) y 3 e), y 217-5, apartado 3 c), que regulan aspectos 
de función pública. Esta queja será analizada solo desde la perspectiva competencial, 
pues, como ya se indicó en el fundamento jurídico 2 A) de esta resolución, la alegación 
de la vulneración del art. 23.2 CE que también se articula en la demanda no ha sido 
acompañada de la necesaria argumentación y, por tanto, no es objeto de enjuiciamiento 
en este proceso.
Los apartados impugnados tienen la siguiente redacción:
«Artículo 217-3.  Acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat 
de Cataluña.
[…]
3.  Las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la 
Generalitat de Cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50 por 100 de 
las plazas convocadas para el turno de promoción interna, en el que tienen derecho a 
participar:
[…]
d)  Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administraciones 
públicas del subgrupo A1 que tengan asignadas funciones tributarias, de acuerdo con lo 
que determinen las bases de la respectiva convocatoria.
e)  Los  funcionarios  que  pertenezcan  a  cuerpos  o  escalas  de  otras  e
administraciones públicas del subgrupo A2 que tengan asignadas funciones tributarias  bo
sustancialmente coincidentes con las del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de  49ww
rlae sGpeecnteivraa lcitoant vdoec atCoaritaa.l»uña,  de  acuerdo  con  lo  que  determinen  las  bases  de  la
«Artículo 217-5. Acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la Generalitat de 
Cataluña.
[…]
3.  Las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la 
Generalitat de Cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50 por 100 de 
las plazas convocadas para el turno de promoción interna, en el que tienen derecho a 
participar:
[…]
c)  Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administraciones 
públicas del subgrupo A2 que tengan asignadas funciones tributarias sustancialmente 
coincidentes con las del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalitat de 
Cataluña, de acuerdo con lo que determinen las bases de la respectiva convocatoria.»
Con  reproducción  del  fundamento  jurídico  5  de  la  STC  238/2015,  de  19  de 
noviembre, el abogado del Estado alega que las previsiones autonómicas impugnadas 
contemplan supuestos de nuevo ingreso en cuerpos funcionariales, y no supuestos de 
movilidad interadministrativa o de promoción interna, y que, en consecuencia, vulneran el 
art. 149.1.18 CE en relación con el art. 61.1 TRLEEP.
Por su parte, la abogada de la Generalitat rechaza que los argumentos de la referida 
STC 238/2015 sean aquí extrapolables ya que los artículos impugnados en este proceso 
no regulan un procedimiento restringido de selección de funcionarios, sino procesos 
selectivos abiertos y que garantizan la libre concurrencia, si bien estableciendo distintas 
condiciones en función de las capacidades y títulos que acrediten las personas.
a)  La impugnación debe ser íntegramente estimada en aplicación directa de los 
razonamientos realizados en la citada STC 238/2015, que examinó unas previsiones de 
la misma comunidad autónoma similares a las recurridas en este proceso: entonces se 
trataba de procedimientos de «integración voluntaria» en los cuerpos superiores de 
inspectores tributarios y de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña, y ahora de 
un turno calificado de «promoción interna» de ingreso en los cuerpos superiores de 
inspectores  tributarios  y  de  técnicos  tributarios  de  la  Generalitat  de  Cataluña.  La 
delimitación de los titulares del derecho a participar en las convocatorias de acceso por 
el denominado «turno de promoción interna» que contemplan los preceptos impugnados 
en este proceso tiene las mismas características que la de los titulares del derecho a 
integrarse que regulaban las disposiciones recurridas en el proceso resuelto por la 
STC 238/2015.
Aunque no existe controversia alguna sobre este extremo, conviene recordar los 
títulos competenciales que asisten a las partes. En materia de función pública el Estado 
ostenta ex artículo 149.1.18 CE competencia sobre las bases del régimen estatutario de 
los funcionarios públicos. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña en 
esta materia están previstas, a su vez, en el art. 136 EAC.
b)  El punto de partida de nuestro enjuiciamiento debe ser, al igual que en la 
STC 238/2015, el análisis de si los preceptos impugnados regulan un supuesto de 
acceso a la función pública y si, en caso afirmativo, el acceso se verifica mediante una 
prueba restringida.
En  la  STC  238/2015  concluimos  que  el  proceso  de  integración  voluntaria 
reglamentado  en  las  disposiciones  entonces  recurridas  se  configuraba  como  una 
modalidad de acceso a un cuerpo de funcionarios públicos de la administración de la  s
Generalitat de Cataluña, y que no podía considerarse un mecanismo abierto a todos los  oe.
sujetos que, cumpliendo los requisitos generales establecidos en la correspondiente  w.
mdcoeen cveaollnocia,s mtotuorvi aiqe, urdaieenns eedsae syseatinn f oup eadrraetnifci nifpuitanivrc oieo nne anér li,oe slp  udáeems bo sittrooal sot  eaerdrramitoninr iaiasdlt rmadicetii doConsea staa pl utúoñbmali caoar  spq yau,r etae,d  eeemnn  áeesll    2020-8149n https://ww
momento de la convocatoria, prestasen servicios en la administración de la Generalitat o
en los entes del servicio público dependiente de ella. Entonces afirmamos que, en
consecuencia, quedaban excluidos todos los sujetos que no reuniesen cumulativamente 
ambas condiciones, advirtiendo que la «primera previsión reductora, por sí sola, ya 
convertiría en prueba restringida este proceso de acceso a la función pública».
Idénticas  conclusiones  debemos  alcanzar  en  este  proceso.  De  un  lado,  resulta 
evidente que los preceptos impugnados en este proceso también regulan procedimientos 
de nuevo acceso a determinados cuerpos de funcionarios para una serie de funcionarios 
que no forman parte de dichos cuerpos y que, incluso, pueden no ser ni siquiera 
funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Pese a lo que alega la abogada de la 
Generalitat, no se trata de una peculiaridad externa del proceso controvertido, sino de un 
aspecto esencial para valorar su naturaleza.
De otro lado, la misma calificación de pruebas restringidas que alcanzamos en la 
STC 238/2015 se impone con respecto a las que regulan los preceptos impugnados en 
este proceso, los cuales, pese a su denominación legal de procedimientos de promoción 
interna y pese a la calificación de procedimientos selectivos abiertos que les otorga la 
abogada  de  la  Generalitat,  no  regulan  supuestos  de  promoción  interna,  ni 
procedimientos selectivos abiertos, pues incluyen la misma previsión reductora que en la 
STC 238/2015 declaramos suficiente para calificar de prueba restringida el proceso de 
acceso  a  la  función  pública:  los  destinatarios  del  proceso  contemplado  por  las 
disposiciones  impugnadas  han  de  pertenecer  «a  cuerpos  o  escalas  de  otras 
administraciones públicas del subgrupo A1» [art. 217-3, apartado 3 d)] o bien «a cuerpos 
o escalas de otras administraciones públicas del subgrupo A2» [arts. 217-3, apartado 3 
e), y 217-5, apartado 3 c)].
c)  Una vez alcanzada la conclusión sobre el carácter restringido del procedimiento 
de acceso, debemos aplicar nuestra doctrina constitucional reiterada según la cual la 
competencia básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos 
(art.  149.1.18  CE)  comprende  la  fijación  del  principio  de  igualdad  como  elemento 
esencial del acceso a dicha condición, así como la determinación de las modulaciones 
que eventualmente admita tal principio. Desde el momento en que se pronunció la 
STC  238/2015  no  ha  variado  la  fijación  legal  del  principio  de  igualdad  en  los 
procedimientos selectivos de acceso a la función pública, ni la determinación de sus 
eventuales modulaciones. En efecto, el principio de igualdad sigue estando concretado 
mediante los arts. 55.1 y 61 TRLEEP cuyo carácter formal y materialmente básico ya fue 
entonces reconocido, y los únicos supuestos excepcionales que ha contemplado el 
legislador básico que permiten separarse del principio de igualdad son los regulados en 
la  disposición  transitoria  sexta  de  la  Ley  30/1984  (aplicable  a  los  contratados 
administrativos) y en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado público (aplicable al personal laboral).
Subsumiendo los procedimientos controvertidos en nuestra doctrina constitucional, 
es obligado concluir que constituyen pruebas restringidas de acceso que contradicen el 
carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública que imponen 
las normas básicas estatales arriba mencionadas, y que lo hacen sin encontrar apoyo en 
ninguna  de  las  previsiones  normativas  mediante  las  cuales  el  legislador  básico  ha 
modulado  el  alcance  de  dicha  regla  básica.  Los  destinatarios  de  los  procesos 
restringidos de acceso a determinados cuerpos de funcionarios que contemplan los 
preceptos  impugnados  son  funcionarios  de  carrera,  por  lo  que  los  procedimientos 
controvertidos  no  pueden  hallar  cobertura  en  los  supuestos  excepcionales  antes 
mencionados.
d)  Por  todo  ello,  debemos  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  s
apartados 3 d) y 3 e) del art. 217-3, y del apartado 3 c) del art. 217-5. oe.
Esta  declaración  de  inconstitucionalidad  y  nulidad  no  requiere  pronunciamiento  w.
alguno  sobre  una  posible  modulación  de  efectos,  pues  los  apartados  declarados  49ww
isnucsopnesntistuiócnio naacloersd ayd an uelno s sun od íhaa nc ompood idcoon sperocudeuncicri ae fdeec tola  ailngvuoncoa ceiónn  veirxtpurde sdae  dleal 
art. 161.2 CE que realizó el presidente del Gobierno al promover el presente recurso de
inconstitucionalidad,  y  cuyo  mantenimiento  fue  acordado  por  este  tribunal  en  el 
ATC 11/2018, de 7 de febrero.
33.  Conclusión.
Por  todo  cuanto  antecede,  debemos  estimar  parcialmente  este  recurso  de 
inconstitucionalidad.
Es obligado, en efecto, concluir que  diversos artículos, apartados e incisos del 
Código tributario de Cataluña introducidos por el art. 5 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, infringen la Constitución, por vulnerar el «marco 
general de todo el sistema tributario» cuya competencia corresponde al Estado ex 
art. 149.1.14 CE [por todas, SSTC 192/2000, FJ 6, y 33/2018, FJ 5 a)] o bien los arts. 
149.1.8 CE y 149.1.18 CE que reservan al Estado la competencia para dictar, por un 
lado, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y, por otro, las 
normas de procedimiento administrativo común y las bases del régimen estatutario de 
los funcionarios públicos.
La  constatación  de  que  así  ha  sido  debe  llevar  a  la  declaración  de 
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los preceptos, apartados e incisos que se 
especifican en el fallo.
El  Código  tributario  de  Cataluña  contiene  también,  en  otros  de  sus  preceptos, 
apartados  e  incisos  impugnados,  regulaciones  que  hemos  juzgado  constitucionales, 
siempre que sean interpretadas en el sentido que se indica en los fundamentos jurídicos 
en los que han sido enjuiciados. Esos preceptos, apartados e incisos, así como los 
fundamentos jurídicos correspondientes, se especifican igualmente en el fallo.
Por último, debemos descartar, sin necesidad de interpretación conforme alguna, los 
motivos de inconstitucionalidad alegados respecto a los demás preceptos y apartados 
impugnados: se trata, en concreto, de los arts. 111-2 (salvo el inciso «aprobada por el 
Parlamento y desarrollada por el Gobierno», declarado inconstitucional), 111-3, 111-4 
apartado primero, 111-5, 111-6 apartado 1 a) y b) [en cuanto al inciso «los plazos de 
suspensión»], 111-8 apartado tercero, 122-1, 122-2 [en cuanto a las letras a), b), l), m) y 
n)], 122-5, 122-6 [salvo el inciso «de acuerdo con lo dispuesto en este Código»] y 122-7, 
todos ellos del libro primero, así como el art. 221-1 apartado cuarto y la disposición 
adicional tercera, apartado primero, ambos del libro segundo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente 
del Gobierno contra el art. 5 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de 
agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo 
y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat y, en consecuencia:
1.º  Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos, apartados 
o incisos que aprueba el art. 5 de la referida Ley 17/2017: el inciso «aprobada por el 
Parlamento y desarrollada por el Gobierno» del art. 111-2; los apartados segundo a  s
quinto del art. 111-4; los incisos «de prescripción y» y «las causas de interrupción del  e.
cómputo de plazos de prescripción» del apartado 1 b) del art. 111-6; el art. 111-7; el  w.
apartado primero del art. 111-8; las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del art. 122-2; el  49ww
acopna rltoasd oe fpercimtoesr oe syt aebl leacpiadrotasd eon s eelg fuunnddoa mdeel natort . ju1r2íd2i-c4o;  e1l7 a; ploasrt aadpoa rstaedxtoos  d3e ld a) ryt.  31 2e2)- 1d0e,l 
art. 217-3; y el apartado 3 c) del art. 217-5.
2.º  Declarar que son conformes a la Constitución, siempre que se interpreten en los 
términos  establecidos  en  el  fundamento  jurídico  que  se  indica  en  cada  caso,  los 
siguientes  preceptos,  apartados  o  incisos  que  aprueba  el  art.  5  de  la  referida 
Ley 17/2017: el art. 111-1 [fundamentos jurídicos 8 B) y 8 C)]; el apartado 1 a) del 
art. 111-6 [fundamento jurídico 31 C)]; los incisos «Los plazos de […] caducidad» y «los 
plazos  de  […]  caducidad  de  los  procedimientos  tributarios»  del  apartado  1  b)  del 
art. 111-6 [fundamento jurídico 31 C)]; el apartado quinto del art. 111-8 [fundamento 
jurídico 12 C)]; la letra o) del art. 122-2 (fundamento jurídico 14); el inciso «de acuerdo 
con lo establecido por el presente Código» del art. 122-6 [fundamento jurídico 13 D)]; el 
apartado 1 c) del art. 122-3 [fundamento jurídico 18 d)]; el apartado primero del art. 221-1 
[fundamento jurídico 21 b)]; el apartado cuarto del art. 221-1 [fundamento jurídico 23 a)]; 
los apartados 1 d) y 1 f) del art. 221-2 (fundamento jurídico 22); el art. 222-4 (fundamento 
jurídico 29); el art. 222-5 (fundamento jurídico 30); el art. 223-1 [fundamento jurídico 28 
A)]; y el art. 223-2 [fundamento jurídico 28 B)].
3.º  Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.