BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 212 Jueves 6 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 65115
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9290 Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de  la  registradora  de  la  propiedad  interina  de  Celanova,  por  la  que  se 
suspende la rectificación de una inscripción.
En el recurso interpuesto por don Ángel Manuel Rodríguez Dapena, notario de 
Celanova, contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad interina de 
Celanova, doña Irene Bemposta Iglesias, por la que se suspende la rectificación de una 
inscripción.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita por el Notario de Celanova, don Ángel Manuel Rodríguez 
Dapena acompañada de escritura de aceptación, adjudicación de herencia, de elevación 
a público de documentos privados y de compraventa, otorgada el 23 de febrero de 2016 
ante dicho notario, número 473 de protocolo, se solicita la rectificación de la inscripción 
practicada en base a este último documento en fecha 7 de septiembre de 2016.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Celanova, es objeto 
de calificación negativa, con arreglo a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos:
«Hechos.
Consultados los libros del Registro consta que la referida escritura ha sido objeto de 
inscripción en el mismo, causando la inscripción segunda de la finca 8360 al folio 77 del 
Tomo 849, libro 152 Con fecha de 7 de septiembre de 2016.
De la misma resulta que Doña M. L. C. M. es dueña del pleno dominio de 3/6 partes 
de la finca de este número, de los cuales 1/6 ava parte indivisa le pertenece con carácter 
privativo por título de herencia de su padre y en cuanto a 2/6 avas partes indivisas por 
título de compra con carácter presuntivamente ganancial. Por otra parte, Don M. F. C. M. 
es dueño del pleno dominio de 3/6 avas partes, correspondiéndole 1/6 por título de 
herencia de su padre con carácter privativo y las otras 2/6 avas partes por título de 
compra con carácter presuntivamente ganancial.
En relación a las dos sexta avas partes pertenecientes a Doña M. L. C. M. por título 
de compra e inscritas con carácter presuntivamente ganancial conviene traer a colación 
que la compra de una sexta parte fue documentada en la escritura que es objeto de 
presentación, es decir, la escritura de 23 de febrero de dos mil dieciséis, autorizada por 
el Notario de Celanova, don Ángel Manuel Rodríguez Dapena, número 473 de protocolo, 
siendo los vendedores los herederos y la viuda de su difunto hermano Don J. R. C. M. y  s
siendo el objeto de la venta la sexta ava parte indivisa que les había sido adjudicada a  oe.
los mismos en la partición y adjudicación de herencia documentada en el presente. El  w.
estado civil de la compradora en el momento de formalizarse dicha transmisión, tal y  90ww
lcao mcoon csoignnsataci óenn  ldae cl ocmarpáacrteecr epnrceisau enrtaiv aeml deen tdei vgoarcniaandcai,a pl oqru leo  sqeu em saen aifipersetcai ae unn l ae rproror peian 
mesactrizitaurr,a q, usie b eienn e ssotelo s ruepsupeescttoo  ddee lh 1e/c6h qou neo sse e tnracnosnmtraitme oesn  aensttee  umno emrreonrt od.e E cso inmcpeoprtota, nntoe   BOE-A-cable e
material, puesto que el artículo 216 de la Ley Hipotecaria señala que se comete error de 
concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se 
altere o varíe su verdadero sentido. Dicho esto, para su rectificación el artículo 217 del 
mismo cuerpo legal prevé la posibilidad de rectificación de oficio por parte del registrador 
cuando el error resulte claramente de los asientos practicado al establecer” Los errores 
de  concepto  cometidos  en  inscripciones,  anotaciones  o  cancelaciones,  o  en  otros 
asientos  referentes  a  ellas,  cuando  no  resulten  claramente  de  las  mismas,  no  se 
rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una 
providencia  judicial  que  lo  ordene.  Los  mismos  errores  cometidos  en  asientos  de 
presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva baste para darlos a 
conocer, podrá rectificarlos por sí el Registrador.”
Así lo ha interpretado también el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de febrero 
de 1999. En otro caso sería necesario el acuerdo unánime de los interesados y del 
registrador, o en su defecto, resolución judicial.
No obstante, en el supuesto que nos ocupa, estando presente en el registro el título y 
constando manifiestamente en el mismo que la compradora está divorciada y que la 
venta  de  ese  sexto  se  realiza  en  el  momento  del  otorgamiento  del  documento 
presentado, se ha procedido a la subsanación, haciendo constar el carácter privativo del 
mismo. Esta doctrina ha sido mantenida por la Dirección General de la Seguridad 
Jurídica y de la Fe Pública en resoluciones con la de 19 de junio de 2010, 7 de marzo 
de 2011 o 17 de septiembre de 2012 admitiendo la posibilidad de rectificación de oficio 
por el registrador siempre que el hecho básico que desvirtúa el asiento erróneo sea 
probado  de  un  modo  absoluto  con  documento  fehaciente  independiente,  por  su 
naturaleza de la voluntad de los interesados pues en tales caso basta para llevar a cabo 
la subsanación la mera petición de la parte interesada acompañada de los documentos 
que aclaren y acrediten el error padecido.
En otro orden de cosas, respecto del otro sexto adquirido por compra por Doña M. L. 
y las dos sexta avas partes inscritos a favor de M. F. con carácter presuntivamente 
ganancial cabe sostener la postura contraria. Dichas adquisiciones se materializaron en 
sendos documentos privados de compraventa de fecha de 25 de septiembre de 1998, 
siendo el estado civil de ambos adquirentes en el momento de la transmisión el de 
casados. Los indicados documentos son elevados a público en el documento que ha 
sido objeto de la inscripción cuya rectificación se solicita, mediante instancia suscrita por 
el Notario autorizante de la escritura, Don Ángel Manuel Rodríguez Dapena alegando 
que en la estipulación solicitud registral se solicitaba que “las cuotas indivisas adquiridas 
por compraventa se inscribieran con carácter privativo, si bien se consentía que se 
inscribieran  con  carácter  presuntivamente  ganancial,  sin  perjuicio  de  la  oportuna 
notificación”.
Se deniega la práctica de la rectificación solicitada por contravenir los artículos 38 y 1 
de la Ley Hipotecaria que regulan los principios de legitimación registral y el genérico de 
salvaguardia de los asientos registrales.
Fundamentos de Derecho.
El artículo 38 de La Ley Hipotecaria establece: A todos los efectos legales se 
presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su 
titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá 
que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión 
de los mismos. Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse  e
ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a  bo
nombre de persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable  90ww
nduelmidaandd ah adberá n duelid faudn doa rcsaen ceenl alacisó nc adues alas  qinusec rtipacxiaótniv acmorerenstep oenxdpireenstae . eLsata  dLeemya cnudaan ddeo 
hayaP odre  spue rjpuadritcea re al  taerrtcíceurolo. 1.3 del mismo cuerpo legal prescribe: “Los asientos del
Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos doscientos treinta y
ocho y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su 
inexactitud en los términos establecidos en esta Ley.”
No se trata ahora de entrar a analizar la atribución o no de carácter privativo o 
ganancial en el presente caso, sino de confirmar la aplicación de la regla general en 
materia de intangibilidad y salvaguardia judicial de los asientos del Registro, de forma 
que en materia de rectificación de una titularidad inscrita es de aplicación la doctrina 
reiterada de la Dirección General de la Seguridad Jurídica y de la Fe Pública, plasmada 
en resoluciones como las de 20 de enero y dos de marzo de 2012 o 17 de septiembre 
del  mismo  año,  según  la  cual,”  una  vez  practicada,  la  inscripción  de  halla  bajo 
salvaguardia judicial y no es posible, en el ámbito de un recurso contra la calificación, la 
rectificación que se pretende en tanto no se consienta por la parte interesada o se 
ordene  por  la  autoridad  judicial  de  acuerdo  con  los  procedimientos  legalmente 
establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).”
En el caso que nos ocupa, la finca aparece inscrita en 2/6 partes con carácter 
presuntivamente ganancial a favor de Don M. F. y en una 1/6 ava parte con el mismo 
carácter presuntivamente ganancial a favor de Doña M. L., sin que esta presunción haya 
sido destruida por la prueba en contrario que vendría constituida por la confesión del 
consorte conforme lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento Hipotecario, o en su 
caso por resolución judicial de conformidad, asimismo, con el artículo 40 de la ley 
hipotecaria que regula la inexactitud registral y la forma de subsanarla.
En el presente supuesto, a diferencia de lo que sucedía con la otra sexta ava parte 
adquirida por compra por Doña M. L. en estado de divorciada y cuyo carácter había sido 
consignado  erróneamente  deduciéndose  así  del  propio  documento,  respecto  de  las 
porciones que ahora tratamos no existe un supuesto de error de concepto rectificable 
conforme a lo señalado. Ello es así porque no se ha producido ninguna equivocación al 
trasladar el título sino una valoración del título presentado que ha dado como resultado la 
inscripción debatida.
Por tanto, por lo que respecta a la discusión acerca de si las porciones de la finca 
adquiridas por compra en los documentos privados de 25 de septiembre de 1998 por 
Doña M. L. y Don M. F. son privativas o tienen carácter presuntivamente ganancial, cabe 
decir que el registrador, una vez practicado el asiento en la forma que consta, carece de 
competencia para alterar su contenido, y en especial en el presente supuesto de hecho, 
en el que la modificación de la naturaleza de la finca inscrita en 1/6 y 2/6 a favor de 
aquellos respectivamente con carácter presuntivamente ganancial y hacerlas privativas 
conlleva trascendentales consecuencias en lo relativo a las facultades dispositivas. Ello 
en virtud de los indicados artículos 1, 38, 40 y 82 de la ley hipotecaria.
Por  todo  lo  expuesto,  la  registradora  que  suscribe  deniega  la  práctica  de  la 
rectificación solicitada por los anteriores hechos y fundamentos de derecho.
La presente calificación negativa causa prórroga automática conforme al artículo 323 
de la L.H. (…) Celanova a diez de marzo del año dos mil veinte. El/la Registrador/a 
Interino/a de la Propiedad. Fdo: Irene Bemposta Iglesias.»
III
Don Ángel Manuel Rodríguez Dapena, notario de Celanova, interpuso recurso contra 
la anterior calificación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2020, que tuvo entrada 
en el citado Registro el día 7 de abril, en el que alega lo siguiente: «Limitado como está  s
el recurso gubernativo a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con  e.
la  calificación  de  la  Registradora  (art.  326  LH),  y  partiendo  de  la  base  de  que  la  w.
Registradora sí ha rectificado el carácter de la cuota indivisa comprada en estado de  90ww
Rdievgoirsctiraaddao rpao, rd eenbtee nbdaesrt aqrulee  asl er etcrautrare dnete u cno enr droerm does tcroanr cqeupet ore rsepceticfitcoa dbele  ladse  ootfriacsio c puoort aIas 
irnedcitvifiiscaasb l(ela dse a odfqicuioir idpaosr  lean R eesgtiasdtroa ddoer ac a(sparidnocsip)i os ed etr actoan tgarmuebniécnia d).e un error de concepto  BOE-A-cable e
La Registradora dice por un lado que no se trata de analizar el carácter privativo o 
ganancial en el presente caso, cuando es eso de lo único de que se trata. Y dice, por 
otro lado, que no existe en este caso un «error de concepto... porque no se ha producido 
ninguna equivocación al trasladar el título sino una valoración del título...». En definitiva, 
considera que respecto de la cuota indivisa adquirida en estado de divorciada no cabe 
valoración alguna (es privativa), pero que respecto de las otras cuotas indivisas (las 
adquiridas en estado de casados) sí cabe valoración (¿quiere decir que pueden ser 
privativas o gananciales?) pero no lo analiza. En cierta forma, pues, la calificación carece 
de motivación, pues en realidad está defendiendo el carácter presuntivamente ganancial 
sin fundamentarlo y dudando del mismo. Pero lo cierto es que sí existe en este caso un 
error de concepto, toda vez que el carácter privativo de las cuotas adquiridas se infiere 
directamente de la regulación de nuestro Código Civil. En efecto, es doctrina de Ia 
Dirección General de los Registros y del Notariado (Resolución de 29 de enero de 2013, 
la cual corrobora las de 14 de abril de 2005 y 17 de septiembre de 2012) que en el 
régimen legal supletorio de gananciales del Código civil español el llamado principio de 
subrogación real no es de aplicación universal, pues a él se anteponen otros criterios 
que el legislador ha considerado como prioritarios para determinar la naturaleza de los 
bienes, como «el del carácter del propio bien del que deriva el derecho a la adquisición 
(cfr. Artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil). En efecto, sigue diciendo, “son 
varios los preceptos de nuestro Código de los que se infiere que... El carácter del bien 
viene determinado con preferencia... por el criterio que atiende al origen o procedencia 
privativa  o  ganancial  del  derecho  que  fundamenta  la  adquisición,  sin  perjuicio  del 
coetáneo nacimiento del derecho de reembolso...; este criterio se fundamenta en los 
artículos dichos... y la doctrina lo extiende a todo supuesto de adquisición preferente o 
de que adquisición que se derive de una previa titularidad...; este criterio coordina con la 
tesis sostenida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de mayo de 1986 sobre la 
naturaleza de la comunidad ordinaria...; por consiguiente, a esa naturaleza habrá de 
ajustarse el Registrador... el carácter privativo... No depende de ninguna de nuestro 
Código....;  a  mayor  abundamiento...  No  se  ha  formalizado  ninguna  confesión  de 
privatividad  y  tampoco  es  presumible  que  se  haya  convenido  una  atribución  de 
ganancialidad...”,  sino  más  bien  al  contrario,  como  resulta  de  la  propia  escritura 
calificada. Y no se olvide que en la escritura calificada nos hallamos ante una comunidad 
ordinaria  proveniente  de  una  comunidad  hereditaria  que  es  el  paradigma  de  la 
privatividad (retracto de comuneros y retracto de coherederos), y que en el presente 
caso dos comuneros transmiten su respectiva cuota privativa (por legado o herencia) a 
otros tres comuneros (titulares de cuotas privativas por herencia).»
IV
La registradora de la propiedad interina de Celanova, emitió informe confirmando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1346 y 1347 del Código Civil; artículos 1, 40, 211 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria; 314 a 331 del Reglamento Hipotecario; y las resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de abril de 2005, 29 de enero 
de 2013, 14 de mayo de 2013, 17 de septiembre de 2012, 2 de marzo de 2016, 15 de 
marzo de 2017, 24 de enero de 2018, 23 de febrero de 2018, 17 de mayo de 2019 y 6 de  e.
septiembre de 2019. w.b
que 1fi.g uErasn o inbsjectroit adse  leasst ep aerxtipceipdaiecinotnee dse icniddiivr issia psr doece ddeet elarm reincatidfiacsa cfiinócna dse.l carácter con el
ganaDnicchiaals,  hpaabrtiiécnipdaocsioen easd qfuigiruidraon  pinosr ctríittualso  edne  ecl ormegpisratrvoe nctoan  ecna rávcirtteurd  pdrees uenletivvaacmióenn tea 
público  de  documento  privado  de  compraventa.  Es  circunstancia  relevante  para  la
resolución de este recurso que consta en dicha escritura que, al tiempo de otorgarse el 
documento privado de compraventa, el estado civil del adquirente era de casado.
La registradora estima improcedente la rectificación, al entender que a su juicio no 
existe error en la práctica de la correspondiente inscripción.
El notario solicitante de la rectificación y autorizante de la escritura de elevación a 
público recurre invocando la doctrina de las Resoluciones de 29 de enero de 2013, 14 de 
abril de 2005 y 17 de septiembre de 2012, alegando que en el caso que nos ocupa se 
produce una transmisión de cuotas entre partícipes de una comunidad hereditaria y que 
en  la  escritura  no  se  manifestó  que  la  adquisición  se  hacía  para  la  sociedad  de 
gananciales.
2.  Este Centro Directivo ha reiterado (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de 
febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 
y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), que la rectificación de los asientos exige, 
bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento 
atribuya algún derecho –lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al 
ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en 
juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de 
rectificar conceda algún derecho. Tal aserto se fundamenta en el principio esencial que 
afirma  que  los  asientos  registrales  están  bajo  la  salvaguardia  de  los  tribunales  y 
producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo 
tercero, de la Ley Hipotecaria).
La  rectificación  registral  se  practica  conforme  indica  el  artículo  40  de  la  Ley 
Hipotecaria, que contempla diversos supuestos que pueden originar la inexactitud del 
Registro que debe repararse, estos supuestos son: a) no haber tenido acceso al Registro 
alguna relación jurídica inmobiliaria; b) haberse extinguido algún derecho que conste 
inscrito o anotado; c) la nulidad o error de algún asiento, y d) la falsedad, nulidad o 
defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no 
especificadas  en  la  ley:  en  este  último  supuesto,  la  rectificación  precisará  del 
consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.
3.  Como ha quedado expuesto, uno de los supuestos de inexactitud registral puede 
venir motivado por la existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del 
asiento.
El artículo 40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso el 
Registro se rectificará en la forma determinada en el Título VII.
El artículo 212 de la Ley Hipotecaria exige para considerar un error como material 
que con el mismo no se cambie el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus 
conceptos; por otra parte, el artículo 216 de la misma ley señala que se comete error de 
concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se 
altere  o  varíe  su  verdadero  sentido;  asimismo,  el  artículo  327  del  Reglamento 
Hipotecario determina que se considera el error de concepto de los comprendidos en el 
párrafo  primero  del  artículo  217  de  la  Ley  Hipotecaria  (es  decir,  los  cometidos  en 
inscripciones,  anotaciones  o  cancelaciones,  o  en  otros  asientos  referentes  a  ellas, 
cuando no resulte claramente de las mismas), el contenido en algún asiento por la 
apreciación equivocada de los datos obrantes en el Registro.
A diferencia de lo que ocurre con la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o 
defecto del título que hubiere motivado el asiento, cuya rectificación, como señala el 
artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria no exige el consentimiento del registrador, en el caso 
de la rectificación de errores de concepto, esta intervención es necesaria. El artículo 217,  s
párrafo primero, de la Ley Hipotecaria dispone que: «Los errores de concepto cometidos  oe.
en inscripciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas,  w.
cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime  90ww
de toPdaoresc leo sc ilnatreor,e as alad ovsis yta d deel lR ceitgaidstor aadrotírc, uolo u, nqau per oevl icdoennsceian tjiumdiiecniatol q ou ea clou eorrddoe nuen»á.nime
dreec titfoicdaocsió nlo. sY  inetlelor epsoardqouse , ye nd ecl asreog idsetr aedroror r,s olan  inreeqxaucistiittousd  viniednisep epnrsoavbolceasd ap aproar  llaa   BOE-A-cable e
actuación equivocada del registrador al extender los asientos, de forma que lo que 
publica el Registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en el 
título, mientras que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad o defecto 
del título que hubiere motivado el asiento, la rectificación del Registro precisará el 
consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún 
derecho, pero no del registrador cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud.
En  ambos  casos,  si  no  hay  acuerdo  de  todas  las  personas  que,  según  cada 
supuesto, deban intervenir será necesaria la oportuna resolución judicial.
4.  La legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos para la rectificación de 
los errores de concepto: el que exige el acuerdo unánime de los interesados y del 
registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite la rectificación de oficio 
por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, 
tratándose  de  asientos  de  presentación  y  notas,  cuando  la  inscripción  principal 
respectiva  baste  para  darlo  a  conocer  (cfr.  artículo  217  de  la  Ley  Hipotecaria  y 
Resolución de 9 de noviembre de 2009). Esta última modalidad de rectificación se infiere 
con claridad de lo dispuesto en el párrafo primero del citado artículo 217 de la Ley 
Hipotecaria, conforme al cual «los errores de concepto cometidos en inscripciones, 
anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten 
claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los 
interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene», de donde se 
colige que resultando claramente el error padecido de los propios asientos el registrador 
no precisa del consentimiento de los interesados para proceder a su rectificación. Así lo 
ha interpretado también el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de febrero de 1999 
al hacer la exégesis del citado artículo 217 de la Ley Hipotecaria –en un caso en que se 
expresó en la inscripción que la finca estaba libre de cargas, cuando en realidad estaba 
gravada  con  una  sustitución  fideicomisaria  condicional–  afirmando  que  a  «sensu 
contrario si los errores de concepto de los asientos resultan claramente de los mismos 
rectificación sigue pautas mucho más sencillas; no es preciso reunir ese cónclave entre 
los particulares y el Registrador, ni tampoco acudir a la autoridad judicial. Basta con que 
el registrador, como encargado de la oficina, compruebe la equivocación padecida y la 
subsane mediante la oportuna diligencia. Esto hubiera sido suficiente en su día, sin tener 
que provocar todo el estrépito judicial de la acción ejercitada». No en vano los asientos 
del Registro se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1 de la Ley 
Hipotecaria).
Asimismo, este Centro Directivo ha admitido en diversas Resoluciones (10 de marzo 
y 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 26 noviembre de 1992, 10 de septiembre 
de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010, 7 de marzo y 2 de diciembre 
de 2011, y 29 de febrero, 17 de septiembre y 3 y 16 de octubre de 2012) la posibilidad de 
rectificar el contenido del Registro sin necesidad de acudir al procedimiento general de 
rectificación antes apuntado, siempre que el hecho básico que desvirtúa el asiento 
erróneo sea probado de un modo absoluto con documento fehaciente, independiente por 
su naturaleza de la voluntad de los interesados, pues en tales casos bastará para llevar 
a cabo la subsanación tabular la mera petición de la parte interesada acompañada de los 
documentos que aclaren y acrediten el error padecido.
5.  Esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones (cfr., entre otras, las 
Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 10 de septiembre 
de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010, 7 de marzo, 24 de junio, 23 de 
agosto y 15 de octubre de 2011 y 29 de febrero de 2012) que cuando la rectificación se  s
refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos  oe.
fehacientes  y  auténticos,  independientes  por  su  naturaleza  de  la  voluntad  de  los  w.
interesados, no es necesaria la aplicación del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, pues  90ww
baacostmapráa ñpaadraa  ldleev laors a d coacbuom elan tsousb qsaunea acciólanr etanb yu laacrr elad imteenr ae lp eertriociró pna ddee claid op.arte interesada
contEenn idaop lidcealc iRóne gdiset reos, tya  ddeolc tcrainraá cetesrte g Caneanntrcoi aDl idreecl tbivioe nh, ac uaacnedpota ddoe  llaa  rdeocctiufimcaecniótanc idóenl   BOE-A-cable e
aportada ha resultado, indubitadamente, que el bien carecía de la cualidad publicada por 
el Registro de la Propiedad.
Así, en el supuesto de bienes inscritos a nombre de ambos cónyuges con carácter 
ganancial conforme a la legislación anterior a la reforma de 1981 (Resolución de 7 de 
abril de 1978), o conforme a la legislación vigente en la actualidad (Resoluciones de 14 
de mayo de 2013 y 7 de julio de 2015, aunque en ambas no fue suficiente dicha 
acreditación para la rectificación del Registro), de bienes inscritos a nombre de un solo 
cónyuge con carácter ganancial (Resolución de 6 de noviembre de 1980), e incluso de 
bienes inscritos como gananciales a nombre del marido y de una esposa distinta a la que 
resulta del contenido del Registro Civil (Resolución de 5 de mayo de 1978).
Por el contrario, este Centro Directivo ha desestimado la rectificación del contenido 
del Registro y del carácter ganancial del bien inscrito cuando de la documentación 
aportada no ha resultado de forma auténtica e indubitada que el bien inscrito carecía de 
aquella cualidad (Resolución de 8 de mayo de 1980 –bien inscrito como presuntivamente 
ganancial–, Resoluciones de 4 de febrero de 1999, 13 de septiembre de 2005 y 4 de 
abril de 2006 –bien inscrito como ganancial de los dos cónyuges– y Resoluciones de 6 
de junio de 2001 y 15 de diciembre de 2006 –bien inscrito como ganancial de uno de los 
cónyuges–).
En  definitiva  y  como  ha  afirmado  recientemente  esta  Dirección  General 
(Resoluciones de 2 de marzo de 2016 y 15 de marzo de 2017), en el ámbito del Registro 
de la Propiedad la destrucción de la presunción de ganancialidad a que se refiere el 
artículo 1361 del Código Civil requiere, para obtener la inscripción de un bien con 
carácter privativo –al margen del supuesto de confesión de privatividad por el consorte– 
que, en las adquisiciones a título oneroso, se justifique el carácter privativo del precio o 
contraprestación  mediante  prueba  documental  pública  suficiente,  sin  que  la  mera 
afirmación de la procedencia privativa del dinero empleado sea suficiente dado, sobre 
todo, el carácter fungible del dinero (artículo 95 del Reglamento Hipotecario). Fuera de 
este supuesto, para acceder a la modificación del contenido del Registro de la Propiedad 
y del carácter de ganancial con que publica la titularidad del bien, es preciso o bien 
acreditar fehacientemente los hechos de los que resultaría no aplicable el régimen de 
gananciales o bien contar con el consentimiento de aquellos cuya posición jurídica sea 
vea afectada por el pronunciamiento registral o bien resolución judicial en la que estos 
hayan  tenido  la  posibilidad  de  intervenir  en  la  forma  prevista  por  el  ordenamiento 
(Resoluciones de 23 de marzo de 2004, 1 de octubre de 2007 y 23 de agosto de 2011, 
entre otras), supuestos que no concurren en el caso que nos ocupa.
6.  En el supuesto que da lugar a la presente, del escrito de solicitud de rectificación 
resulta que el recurrente considera que se ha producido un error de concepto al practicar 
la  inscripción.  A  su  juicio,  del  título  que  provocó  las  respectivas  inscripciones  se 
desprende que la cuota indivisa adquirida por la recurrente en la finca tenía carácter 
privativo suyo, por lo que las inscripciones debieran haberse practicado en tal sentido.
Sin embargo, de la doctrina expuesta en las consideraciones anteriores resulta que 
no concurre causa alguna que justifique la rectificación del contenido del Registro. En 
primer lugar, porque no concurre el consentimiento de la registradora, ni el de aquellas 
personas a quien el asiento reconoce algún derecho, ni la oportuna resolución judicial 
(artículo 217 de la Ley Hipotecaria).
En segundo lugar, tampoco se aporta documento fehaciente, independiente de la 
voluntad  de  los  interesados,  del  que  resulte  el  hecho  susceptible  de  provocar  la 
alteración del Registro. s
Por el contrario, del título público aportado ahora con la solicitud de rectificación y  oe.
que provocó la inscripción en su día, resulta que la interesada compareció en estado de  w.
casada y que el precio fue satisfecho al vendedor. 90ww
(invoEcsa dmaá pso, r taell  rye ccuorrmenot es)e y , asfeirgmúan  einnd iclaa  lrae sroelguicsitórand odrea  e1n7  lad ec asliefipctaiecmiónb,r e« ndoe  p2u0e1d2e 
hablarse de error, es decir una falsa representación del derecho que se pretende publicar
por  deficiencias  del  procedimiento  representativo,  sino  de  una  valoración  del  título 
presentado que ha dado como resultado la inscripción debatida».
7.  El recurrente basa su solicitud en una peculiar interpretación de la doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para un caso evidentemente distinto. 
En efecto, las Resoluciones de 29 de enero de 2013 y 14 de abril de 2005 que se 
invocan  se  refieren  a  un  supuesto  de  partición  de  herencia  en  la  que  existe 
compensación en metálico entre los coherederos. Asimismo, se alude a la Resolución 
de 17 de septiembre de 2012 referida a un caso de extinción de condominio con 
compensación en metálico.
Los supuestos de estas resoluciones citadas por el recurrente no son equiparables al 
que nos ocupa, en el que unos copropietarios venden su cuota a otro, por lo que 
estamos ante una adquisición onerosa por título de compraventa que, cualquiera que 
sea el origen de la comunidad y con independencia de que el adquirente sea otro 
comunero, encaja de forma evidente en el número 3.º del artículo 1347 del Código civil, 
conforme al cual «son bienes gananciales (…) los adquiridos a título oneroso a costa del 
caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los 
esposos». Y sin que sea precisa, conforme a este precepto, una manifestación expresa 
por la que se atribuya el bien este carácter o que se indique que se hace la adquisición 
para la sociedad ganancial, según afirma el recurrente.
Tal y como reitera la Dirección General en las resoluciones que el propio recurrente 
invoca, el registrador a la hora de practicar la inscripción debe estar al título adquisitivo 
que es el que determina la naturaleza ganancial conforme a las reglas del artículo 1347 
del Código civil, siendo en el caso que nos ocupa la compraventa. La interpretación que 
hace  el  recurrente  en  el  escrito  de  recurso  no  puede  compartirse  puesto  que 
precisamente invierte los términos interpretativos de las resoluciones citadas, atendiendo 
no al título transmisivo que se inscribe sino a la procedencia originariamente privativa de 
las cuotas que se transmiten.
Es por ello que resulta correcta la inscripción de la adquisición practicada conforme a 
lo  prescrito  en  el  artículo  93  apartado  4  del  Reglamento  Hipotecario:  «los  bienes 
adquiridos  a  título  oneroso  por  uno  sólo  de  los  cónyuges  para  la  sociedad  de 
gananciales se inscribirán, con esta indicación a nombre del cónyuge adquirente».
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 27 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.