BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95353
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13433 Sala Primera. Sentencia 104/2020, de 21 de septiembre de 2020.Recurso de 
amparo 5805-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:104
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5805-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 27 de 
junio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha 
mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 92-2018 instado por la 
entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.;  y  contra  el  auto  del  mismo  juzgado,  de  26  de 
septiembre  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, representada por la procuradora de 
los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y asistida del letrado don Alejandro 
Ingram Solís, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente 
la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 7 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta,  e
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.,  b
interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  mencionadas  en  el  433ww
encabezamiento.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.449 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 8199,12 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real. En 
la demanda presentada por el Banco de Sabadell, S.A., este interesaba que, puesto que 
no se había efectuado el requerimiento de pago previsto en el art. 686 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), el juzgado procediera a efectuarlo en el domicilio designado a 
tal efecto y que se identificaba en el propio escrito de demanda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de abril de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  92-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y concediéndoles la posibilidad de oponerse a la 
ejecución en los términos del art. 695 LEC, en el plazo de diez días.
b)  Con fecha 26 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca relativa 
al proceso «EJH/0000092/2018»; notificación a la que podía acceder desde el 26 de abril 
al 11 de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  10  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 11 de junio de 2018.
d)  El día 11 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ejecutor en relación con el procedimiento 
hipotecario núm. 92-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 26 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de la ejecución, 
alegando que procedía la suspensión del procedimiento por litispendencia, hasta la 
resolución de un proceso previo, al amparo del art. 61 de la Ley hipotecaria, la nulidad 
del despacho de ejecución al no haberse practicado la liquidación conforme a lo pactado 
por las partes en el contrato, y, subsidiariamente, el carácter abusivo y la nulidad de 
determinadas cláusulas.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 3 de 
julio  de  2018,  acordando  inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte 
ejecutada,  así  como  mandar  seguir  con  la  ejecución  en  los  términos  acordados. 
Tomando como fecha de notificación el 26 de abril de 2018, el auto razonó en su 
fundamento de Derecho único que la parte ejecutada se había opuesto pasado el plazo  e.
que legalmente se le otorgó, conforme al art. 695 LEC, por lo que la oposición debía ser  w.b
inadmitida  por  extemporánea,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  134  433ww
(trimanpsrcourrrorigdaob eilli dtéardm dineo  lsoesñ apllaadzoo sp)a rya  1s3u6 r e(aplrizeaccluiósnió)n L EdCe .los actos procesales una vez
el plAalz poi ed ed ec inlac ore dsíoalus,c isóinn  esfee cotforesc síau slap epnossiivboilsid.ad de interponer recurso de reposición en
g)  Por el representante procesal de la demandante de amparo se interpuso recurso 
de reposición contra el anterior auto con fecha 5 de julio de 2018. En dicho recurso 
defendió que la notificación y requerimiento de pago tuvo lugar cuando accedió al 
contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces 
cuando cabía computar el plazo de diez días del art. 556 LEC. Con invocación también 
de los arts. 135, 152.1.2 párrafo tercero, 152.2, 162 y 273 LEC, de doctrina del Tribunal 
Supremo sobre las notificaciones electrónicas, y de este Tribunal Constitucional sobre el 
derecho a no padecer indefensión y sobre la importancia de los actos de comunicación 
procesal, afirmó que, de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El  recurso  fue  resuelto  por  auto  de  26  de  septiembre  de  2018  en  sentido 
desestimatorio.  Se  constata  la  condición  de  persona  jurídica  de  la  recurrente  y  la 
obligación que como tal tiene de relacionarse con la administración de Justicia por 
medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP) y 273.3 a) LEC. Se 
determina que la recurrente yerra a la hora de interpretar la normativa aplicable, porque 
si  bien  es  cierto  que  la  notificación  por  medios  electrónicos  se  realiza  cuando  el 
destinatario accede a su contenido, ese plazo no se cuenta desde la apertura, sino 
desde la puesta a su disposición por imperativo del art. 43 LPACAP. En este caso, afirma 
el auto, «consta que la notificación se puso a disposición de las recurrentes en fecha 26 
de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 11 de junio de 2018 (fuera de 
los  diez  días  naturales),  presentando  los  escritos  de  oposición  a  la  ejecución  en 
fechas 19 de junio de 2018 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. y 22 de junio 
de 2018 Penrei Inversiones, S.L., claramente fuera del plazo legalmente establecido en 
el art. 556.1 de la LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución), y siendo que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
El auto indicó que era firme y que contra el mismo no cabía recurso alguno. Fue 
notificado a la representación de la actora el 26 de septiembre de 2018, vía Lexnet.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento judicial en la causa. 
En todo caso, la recurrente explica que siguió las indicaciones que daba la comunicación 
electrónica, accediendo al contenido de la notificación del juzgado el último día fijado, 
fecha  que  luego  este  sin  embargo  ha  considerado  fuera  de  plazo,  resolviendo  la 
inadmisión del escrito de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el 
art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de Justicia a través de  e.
medios  electrónicos,  según  el  art.  273  LEC,  no  obstante,  cuando  es  el  primer  w.b
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «no ha tenido ninguna relación con el  433ww
djuez gapdraoc ctiocrarressep onmdeiedniaten tee n ceésdteu leas pceocnia l ye nctorengcare toe np ropcaepdeiml iedneto »l,a  la dnooctuifimcaecnitóanc ióhna 
acortrsr.e s1p3o5n,d i1e5n2te, , 1c6o2n foyr m1e5 5e sLtaEbCle. ceE setes e úmltimismo op raerctíecputloo,,  ppureecsitsoa  elna  rreelaccuirórenn cteo,n  «leoss 
categórico al respecto ya que en su punto primero nos indica que cuando las partes no
actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al 
demandado,  los  actos  de  comunicación  se  harán  por  remisión  al  domicilio  de  los 
litigantes».
Añade que, incluso, la notificación realizada tampoco cumple con las formalidades de 
las comunicaciones electrónicas, pues se trata de un aviso de correo electrónico que no 
permite  conocer  el  contenido  de  la  documentación  que  trae  el  emplazamiento, 
limitándose a decir que se ha recibido una notificación del organismo emisor (órgano 
judicial) y un enlace a una dirección electrónica para su consulta.
Pese a todas estas circunstancias, objeta la demanda de amparo, el auto dictado por 
el juzgado el 3 de julio de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito de 
oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo a 
través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto de 26 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según se ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan 
del art. 24 CE.
La demanda finaliza sus alegaciones indicando que se ha producido también una 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto a 
un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), 
los cuales permiten en todos los órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la 
posición procesal de las partes, sin limitaciones a su defensa que pudieran en caso 
contrario  ocasionar  indefensión  a  alguna  de  ellas.  Entiende  que  el  auto  de  26  de 
septiembre de 2018 «huye de este tipo de consideraciones» al aplicar una normativa 
administrativa ajena al ámbito procesal, y prescindir a la vez de las previsiones del 
art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación en papel de la documentación referida 
al primer emplazamiento en la causa.
En consecuencia, se solicita que este Tribunal Constitucional, con estimación del 
amparo, acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las 
actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda solicitó la suspensión de 
la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 92-2018, argumentando que 
dicha continuación, derivada de los pronunciamientos judiciales impugnados, con la 
celebración de subasta y la eventual adjudicación a terceros, puede hacer perder al 
recurso de amparo su finalidad.
4.  Mediante providencia de 17 de junio de 2019, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] «porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]». Asimismo, se acordó dirigir comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca para que en plazo no superior a diez 
días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de  e.
ejecución hipotecaria núm. 92-2018, previo emplazamiento de quienes hubieran sido  w.b
parte en el procedimiento, excepto la recurrente en amparo, para que, en el plazo de  433ww
Tdaiemz bdiéíans s, ep aucdoierdraón f ocrmomarp laar eccoerrre sepno nedl iepnretes epnietez ap sroecpeasraod aco dnes tsituuscpioennasli,ó ns.i lo desean.
5.  La Sección acordó, asimismo y mediante providencia de la misma fecha, formar
la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente 
y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  alegaran  lo  que  estimasen  pertinente  sobre  dicha 
suspensión. A través de escrito presentado el 26 de junio de 2019, la parte demandante 
formuló sus alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo 
parte del ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por su parte el Ministerio Fiscal, en escrito 
registrado el 2 de julio de 2019, interesaba que se acordase la anotación preventiva de la 
demanda en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido 
solicitada en el recurso de amparo.
El ATC 106/2019, de 30 de septiembre, acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada, y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
6.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de Justicia de la Sala Primera de 21 
de junio de 2019, de conformidad con lo prevenido en el art. 88 LOTC, se acordó requerir 
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, para que remitiera, a la 
mayor brevedad posible, certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de 
apelación contra alguna de las resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en 
alguna pieza separada en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese 
juzgado con el número 92-2018, y, si hubiera recaído resolución, que se certifique sobre 
el contenido de la misma.
Con  fecha  28  de  junio  de  2019  se  recibió  en  el  registro  de  este  tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo en la que se hizo constar que no se 
había interpuesto recurso de apelación por ninguna de las partes personadas en el 
procedimiento.
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 12 de julio de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Banco de Sabadell, S.A., solicitó que se tuviera a esta 
última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha procuradora las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
8.  A través de diligencia de ordenación de 9 de septiembre de 2019, la secretaría 
de  Justicia  de  la  Sala  Primera  de  este  tribunal  tuvo  por  personada  y  parte  a  la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero en nombre y representación de Banco 
de  Sabadell,  S.A.,  y,  asimismo,  acordó  dar  vista  de  las  actuaciones  a  las  partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52 LOTC.
9.  Con  fecha  9  de  octubre  de  2019,  formalizó  su  escrito  de  alegaciones  la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre y representación 
de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el letrado don 
Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». Se interesó 
en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y que «se 
tenga por subrogada a mi representada Pera Assets Designated Activity Company como 
parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte legítima en dicha 
representación». En dicho escrito, la mercantil defendió la interpretación que hace el 
juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, por lo que el escrito de 
oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo legalmente establecido 
en el artículo 556.1 de la LEC». e.
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún  w.
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A. 433ww
10.  La representante procesal de la entidad recurrente también presentó su escrito
deest iamleagtoarciaio ndeesl  reelc u9r sdoe  doec taumbrpea rdoe,  h2a0c1i9e,n deon  mele qnucieó nin ate rlae sSóT qCu e4 7s/e2 0d1i9c,t adrae  8re sdoel uacbiórinl, 
que, a su parecer, respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 LEC.
11.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 28 
de octubre de 2019, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 92-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Con carácter previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal 
expuso sus razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al 
amparo por parte de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer 
incidente de nulidad de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición –el 
cual  no  producía  en  origen  la  lesión–,  ni  resultar  previsiblemente  útil  de  haberse 
presentado. Tampoco la demanda de amparo es prematura por interponerse tras el 
segundo de esos autos, sin esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la 
doctrina de este tribunal para situaciones similares.
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, 
segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación; doctrina que 
ha sido reiterada en la STC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2 a). El resultado de la 
aplicación de dicha doctrina es que ambas resoluciones del juzgado sumieron a la 
recurrente en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, pero además conculcaron el 
canon exigible de razonabilidad, ante la errónea selección de las normas aplicables.
Finalmente, pone de manifiesto la fiscal la existencia de una descoordinación entre la 
regulación procesal de estas notificaciones en el proceso civil y la práctica llevada a cabo 
por el servicio de notificaciones; desajuste que, sea cual sea la causa, procede de un 
error no imputable a la parte y del que, sin embargo, en este caso se ha derivado un 
perjuicio real para la ejecutada, como ha sido el haber inadmitido su oposición y, por 
tanto, habérsele privado del derecho a defenderse.
12.  Con fecha 16 de junio de 2020 tuvo entrada en este tribunal el auto de 14 de 
noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, por 
el que se acuerda tener por sucedido en la posición procesal de Banco de Sabadell, 
S.A., a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 92-2018.
13.  Mediante providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos w.b
1E.n  eOl bpjeretos ednetle r erceucrusros od ed aem apmaproa ryo p lrae teennstiidoande sE duero lainsv eprasritoense.s Inmobiliarias Costa
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de
Lorca, de 3 de julio de 2018, que inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición
a  la  ejecución  formulada  por  dicha  mercantil,  en  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria núm. 92-2018, y de 26 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de 
reposición  interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  La  constatación  de  la 
extemporaneidad de la oposición se basó en que el órgano judicial toma como fecha de 
notificación el 26 de abril de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la 
recurrente en amparo, en la sede judicial electrónica (dirección electrónica habilitada), la 
correspondiente  notificación,  a  pesar  de  que  la  mercantil  recurrente  no  abrió  la 
notificación, siguiendo las instrucciones contenidas en la propia comunicación, hasta 
el 11 de junio.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria, y del derecho a la asistencia 
letrada (art. 24.2 CE), ambas, sin embargo, carentes de soporte argumental propio. Por 
su  parte,  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  interesada  en  el 
procedimiento de ejecución como adquirente del crédito cuya ejecución se insta en la 
instancia,  solicita  la  desestimación  del  recurso  alineando  sus  argumentos  con  los 
contenidos en las resoluciones impugnadas. Por último, el Ministerio Fiscal, con sustento 
en las razones que se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del 
recurso de amparo, al considerar que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
La  cabecera  de  la  precitada  serie  se  identifica  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
5377-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y que ha sido 
resuelto por la STC 40/2020, de 25 de febrero.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
Teniendo  en  cuenta  los  términos  en  los  que  se  ha  planteado  el  debate,  debe 
indicarse que el Pleno de este tribunal ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 
de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera 
de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido con los que ahora se 
impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las 
partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún 
elemento  distintivo  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede,  por  tanto,  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
STC 40/2020.
En tal sentido, luego de descartar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC],  e
al no caber recurso alguno contra el auto desestimatorio de la reposición, y así indicarse  bo
en la notificación de este, y no ser tampoco el amparo prematuro a pesar de interponerse  433ww
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de 17 de enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad,
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la 
garantía  de  emplazamiento  personal  del  demandado  o  ejecutado  en  los  procesos 
regidos  en  esta  materia  por  la  LEC  (directa  o  supletoriamente),  como  primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata, entonces, la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal en el proceso a quo a efectos de requerirle de pago o, alternativamente, 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal, y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede, por ello, acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado 
en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental 
de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la actora a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 3 de 
julio de 2018 y 26 de septiembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 3 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 92-2018, así  es
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a  o
través de la dirección electrónica habilitada. 433www.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último por el juzgado de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.