BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Viernes 17 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 155033
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20860 Resolución  de  29  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 8, por la que se 
suspende la inscripción de una sentencia por la que se modifica el derecho 
de uso referente a una vivienda.
En el recurso interpuesto por don F. J. R. R. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Madrid número 8, doña María Josefa Carolina Pérez 
Martín, por la que se suspende la inscripción de una sentencia por la que se modifica el 
derecho de uso referente a una vivienda.
Hechos
I
El día 11 de julio de 2016, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia 
número 66 de Madrid en el procedimiento de modificación de medidas número 1055/2015, 
promovido a instancias de doña M. P. P. V. contra don F. J. R. R., y en el que se solicitaba 
que  se  modificasen  las  medidas  adoptadas  en  el  procedimiento  de  modificación  de 
medidas número 975/2011.
En el fundamento de Derecho primero de dicha sentencia se establecía lo siguiente: 
«Primero. Doña M. P. P. V. solicita en su demanda que se modifique la sentencia dictada 
per este Juzgado en fecha 1 de octubre de 2012 en el procedimiento de modificación de 
medidas 975/2011 en la que se acordaba que la hija común, que en aquel entonces era 
menor de edad, quedara bajo la custodia compartida de ambos progenitores, al haber 
trasladado su domicilio con ella una vez alcanzada la mayoría de edad. Solicita que, 
dado que desde el mes de octubre de 2015 vive con ella, el padre abone una pensión de 
alimentos de 350 euros mensuales, con las correspondientes actualizaciones y se le 
atribuya el uso y disfrute del domicilio familiar, no debiendo ella ingresar nada para su 
hija, dada su precaria situación económica. El demandado en su escrito de contestación 
a la demanda ha solicitado: 1. Que se atribuya el use de la vivienda familiar a la hija 
hasta que se produzca una de las siguientes circunstancias: 1. Que la hija finalice la 
carrera universitaria que ha comenzado y que cursa en la actualidad. 2. Por el transcurso 
de cinco años a contar desde la sentencia que se dicte en las presentes actuaciones 
debiendo asumir la demandante los gastos derivados del uso de la vivienda. 2. El 
establecimiento de una pensión de alimentos en beneficio de la hija por importe de 235 
euros a abonar en la forma en la que se especifica.
En su fundamento de Derecho segundo se establecía: «(…) Pues bien, desde tan 
básicas premisas legales y jurisprudenciales la demanda presentada ha de prosperar si 
bien en el sentido propuesto por el demandado por considerarse más adecuado a la 
realidad familiar que lo propuesto por la actora, dado que el uso del domicilio familiar 
dada la edad de la hija y el tiempo transcurrido desde que se dictó sentencia de divorcio 
(14 de diciembre de 2006) ha de fijarse temporalmente por cuanto han de ser protegidos  e.
en sus derechos dominicales ambos cotitulares y no cabe privar al demandado sine die  w.b
de sus derechos a una finca de su propiedad al albur de lo que decida una hija mayor de  860ww
lead vaidv,i eqnudea h haa dne dceid sideor  dsuófnrdaeg avdivoisr.  pPoorr  llao  mquaed rsee  arle sfieerr eu sau laorsi ag adset olas  mdeisrimvaad. oMsi ednetlr auss oq duee 
lvoivsi egnadsato, sh daenr idvea dsoesr  dsea tlias fepcrohpoise dpaodr  dloesl  ipnrmopuieebtaler iocso.m Poo sr olon  eqlu see sgeu rroe feie irmep au elas topse ndseió lna 
alimenticia ha de estarse a la misma pensión que la que se había fijado en la sentencia
de divorcio con la correspondiente actualización dado que el padre y la madre perciben 
los mismos ingresos tras el transcurso de los años según reconocen y no se aprecia 
motivo alguno ni se acredita gasto excepcional de la hija para alterar la cuantía que se 
ha venido abonando para alimentos de esta. Quien además según consta acreditado en 
las actuaciones percibe beca para realizar sus estudios con lo que puede contribuir a los 
gastos derivados de su educación».
En su fallo se acordaba lo siguiente: «Que estimando parcialmente la demanda 
interpuesta por doña M. P. P. V. contra don F. J. R. R. Debo modificar y modifico la 
Sentencia de fecha 1 de octubre de 2012 dictada en este Juzgado en el procedimiento 
de juicio verbal sobre modificación de medidas 975/2011 en los siguientes términos: 
1. Se atribuye el uso de la vivienda familiar sita en Madrid (…) a la hija para que 
resida  en  misma  con  la  madre  hasta  que  se  produzca  una  de  las  siguientes 
circunstancias: 1. Que la hija finalice la carrera universitaria que ha comenzado y que 
cursa en la actualidad. 2. Por el transcurso de cinco años a contar desde la sentencia 
que se dicte en las presentes actuaciones debiendo asumir la demandante los gastos 
derivados del uso de la vivienda. 2. Los propietarios de la vivienda deberán abonar 
conjuntamente los gastos derivados de su titularidad como IBI y seguro. 3. El padre 
deberá abonar una pensión de alimentos en beneficio de la hija por importe de 235 
euros en la cuenta en la que se abona en la actualidad, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes. pensión que deberá actualizarse de la misma forma en que se ha 
actualizado en los últimos años».
II
Presentada dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Madrid número 8, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado  el  precedente  documento  de  conformidad  con  lo  prevenido  en  el 
artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y en vista de lo solicitan en él y del contenido del 
Registro, el registrador que suscribe ha resuelto suspender la inscripción del derecho de 
uso, en base a los siguientes:
1.º  Hechos.
I.  Con  referencia  a  la  sentencia  número  238/2016  dictada  por  Doña  Virginia 
Villanueva Cabrer, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número sesenta y 
seis de Madrid, con fecha once de julio de dos mil dieciséis, en el procedimiento de 
familia, modificación de medidas supuesto contencioso número 1055/2015, a instancia 
de doña M. P. P.V. contra don F. J. R. R., por la que estimando parcialmente la demanda 
interpuesta, se modifica la sentencia de fecha 1 de octubre de 2012, dictada en el citado 
juzgado en el procedimiento de juicio verbal sobre modificación de medidas 975/2011 
entre otros, en los siguientes términos: 1. Se atribuye el uso de la vivienda familiar sita 
en Madrid calle (…) –finca registral 6272 de la sección 2.ª– a la hija para que resida en la 
misma con la madre hasta que se produzca una de las siguientes circunstancias: 1. Que 
la hija finalice la carrera universitaria que ha comenzado y que cursa en la actualidad 2. 
Por  el  transcurso  de  cinco  años  a  contar  desde  la  sentencia  que  se  dicte  en  las 
presentes actuaciones debiendo asumir la demandante los gastos derivados del uso de 
la vivienda. Testimonio judicial de la citada sentencia, expedido por Doña T. M. A., letrada 
de la Administración de Justicia del citado Juzgado, con fecha seis de julio de dos mil  s
veintiuno, en unión de la carta de pago de la liquidación del impuesto ha sido presentada  oe.
en esta oficina con fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, causando el asiento de  w.
pJurezsgIeIa.n dtoaR cdeióesn uP l1tra4im 5d8ee r dalae  Ilin nDssticaarrniipocci a1ió 7nn6 ú6m.ªe droe  lsae csietandtaa  yfi nsceais q duee  eMna vdirritdu,d c doen  afeuctoh ad ic3t addeo  mpoarr zeol   2021-20860n https://ww
de 1.999 y en procedimiento medidas provisionales n.º 1000953/1998 quedo atribuido a
favor de doña M. P. P. V. el uso y disfrute del domicilio conyugal sito en la citada finca. Bc
2.º  Defectos y fundamentos de derecho.
1.  Faltan el nombre y las circunstancias identificativas de la hija a la que se atribuye 
el uso y disfrute de la vivienda. conforme al artículo 9 de la L.H. y 51.9.a del Reglamento 
Hipotecario.
Así  el  artículo  9.e)  de  la  Ley  Hipotecaria  dice  que  “Los  asientos  del  registro 
contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto. objeto y contenido de 
los derechos inscribibles... e) La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la 
inscripción o cuando sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse 
aquélla,  cuando  éste  sea  susceptible  legalmente  de  ser  titular  de  derechos  u 
obligaciones”.
El artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario dice que “la persona a cuyo favor se 
practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o derecho que se inscriba se 
determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata de personas físicas, se 
expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad: si es mayor de 
edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado la causa; si 
el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar al 
acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o tubitos de la sociedad 
conyugal el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro 
cónyuge, la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan y el 
domicilio con las circunstancias que lo concreten”.
2.  En la sentencia se modifica la sentencia de fecha 1 de octubre de 2012, dictada 
en  el  citado  Juzgado  en  el  procedimiento  de  juicio  verbal  sobre  modificación  de 
medidas 975/2011, que no ha tenido acceso al Registro, fijando que el derecho de uso 
será como máximo hasta el transcurso de cinco años a contar desde la fecha de la 
sentencia, esto a contar desde el once de julio de dos mil dieciséis, con lo que está 
próximo a vencer el plazo establecido –deben tenerse en cuenta además los plazos 
interrumpidos por el estado de alarma decretado por el gobierno en el año 2000–. Y 
resultando del Registro la atribución del uso y disfrute de la finca detallado en el punto II 
de los hechos precedentes y dado que la sentencia que se modifica no ha tenido acceso 
al Registro, es necesario que se aclare si la citada atribución de uso que resulta inscrita 
queda sin efecto con motivo de la modificación de medidas acordada.
Contra el acuerdo de calificación (…)
Madrid, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.–La registradora (firma ilegible y 
sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).»
III
Solicitada calificación sustitutoria, correspondió la misma a la registradora de la 
Propiedad de Alcalá de Henares número 3, doña Emma Rojo Iglesias, quien emitió la 
siguiente nota:
«Habiéndose recibido solicitud de calificación sustitutoria y habiendo sido designada 
registradora  sustituta  respecto  de  la  calificación  emitida  por  la  Registradora  de  la 
Propiedad número 8 de Madrid doña María Josefa Carolina Pérez-Martín respecto del 
documento calificado; la registradora que suscribe ha acordado confirmar la calificación 
en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
Hechos. bo
Pderi m210e. 1ra6 S Ieenn sp tlaraen scqeiuane t ans .aeº   i6en6ss tcidmriepa c Mipóaanrd ctreiiadsl tmiemenon ntpeiro ol acde edd esimmeniaetnendntoac i a1in 0fti5erm5rp/e2u 0e21s35t8a / d2pe0o 1rf 6ed cdoheñala  J 1Mu1z. g dPae.d  Poju.  dlVioe.    2021-20860n https://ww
contra don F. J. R. R. por la que se modifica la sentencia de fecha 1 de octubre de 2012.
2.  La Registradora aprecia dos defectos en su nota de calificación. Primero, la falta 
del nombre y circunstancias identificativas de la hija menor de edad a la que se atribuye 
el derecho de uso y disfrute de la vivienda y, segundo, que la sentencia dictada y que es 
ahora objeto de calificación modifica otra sentencia de fecha 1 de octubre de 2012. que 
no ha tenido acceso al Registro.
Fundamentos de Derecho.
Como ha quedado expuesto la registradora que suscribe ha acordado confirmar la 
calificación respecto de los dos defectos aludidos.
En cuanto al primer defecto, esto es, la falta de constancia en el documento que es 
objeto de calificación del nombre y circunstancias identificativas de la hija menor de edad 
a la que se le atribuye el derecho de uso y disfrute de la vivienda, es doctrina registral 
reiterada, por todas, R. de 20 de octubre de 2016 que “(…) el derecho de uso familiar 
para ser inscribible en el Registro de la Propiedad debe tener trascendencia a terceros y 
debe configurarse, conforme al principio de especialidad con expresión concreta de las 
facultades que integra, identificación de sus titulares (…)”. En el mismo sentido la R. 
de 11 de enero de 2018 señala que, “4. Desde el punto de vista de la legislación registral 
uno de sus pilares básicos que permitan garantizar la oponibilidad y conocimiento de los 
derechos inscritos por parte de los terceros, –y por ende, favorecer también la propia 
protección  del  titular  registral–  es  el  denominado  principio  de  especialidad  o 
determinación registral, que consagrado en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de 
su Reglamento impone que los derechos que pretendan acceder al Registro deberán 
estar perfectamente determinados en sus aspectos subjetivos, objetivos y contenido, 
incluyendo por tanta los límites temporales de su duración.
Por lo tanto, la primera de dichas exigencias es la perfecta determinación de las 
circunstancias personales de la hija menor a cuyo favor se ha reconocido tal derecho y 
que debe convertirse en titular registral del mismo. Por lo tanto, el defecto debe ser 
confirmado.
En cuanto al segundo defecto, esto es, que al tratarse el documento ahora calificado 
de una sentencia de modificación de otra, es preciso el acceso registral de la sentencia 
modificada.  Se  trata  de  una  consecuencia  lógica  del  principio  de  tracto  sucesivo 
consagrado en el artículo 20 L.H. por lo que procede su confirmación.
En Alcalá de Henares. Emma Rojo Iglesias Registradora de la Propiedad de Alcalá 
de Henares 3. Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por 
Emma Rojo Iglesias registrador/a de Registro Propiedad de Alcalá de Henares 3 a día 
veinte de agosto del año dos mil veintiuno.»
IV
Contra la anterior nota de calificación, don F. J. R. R. interpuso recurso el día 30 de 
agosto de 2021 en los siguientes términos:
«Expone:
Como parte interesada en el proceso, desearía impugnar el Acuerdo de calificación 
de Suspender la Inscripción de la Finalización del derecho de uso, realizado por la 
Registradora de la Propiedad n.º 8 de Madrid, D.ª M.ª Josefa Carolina Pérez y Martín 
del 29 de Julio del 2021 según el art. 228 de la Ley Hipotecaria.
Referente  al  Procedimiento  de  Familia:  Modificación  de  Medidas  supuesto  e.
contencioso 1055/2015 y sentencia n.º 238/2016 de 11 de julio del 2016. w.b
Presentado en el Registro de la Propiedad de Madrid n.º 8 con: 860ww
Entrada n.º: 4662/2021 del 20.07.2021
Asiento n.º: /Diario: 1458/176, retirado el 3.08.2021
En dicha resolución existen ciertas irregularidades. en defectos y fundamentos de 
Derecho:
1.  “Faltan el nombre y las circunstancias identificativas de la hija a la que se 
atribuye el uso y disfrute de la vivienda, conforme al artículo 9.e de la L.H. y 51.9.a del 
Reglamento Hipotecario”.
Se presenta tanto un certificado de Muface donde aparecen los beneficiarios. Entre 
ellos mi hija (con sus datos de identificación), como el modelo 601 sobre el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la Consejería de 
hacienda de la Comunidad de Madrid. Documentos que rechaza la registradora.
2.  “En la sentencia se modifica la sentencia de fecha 1 de octubre de 2012, dictada 
en  el  citado  juzgado  en  el  procedimiento  de  juicio  verbal  sobre  modificación  de 
medidas 975/2011,…”
No es obligatorio el Registrar las sentencias en el Registro de la Propiedad y se 
mantiene la atribución del uso de la vivienda a mi hija. La Sentencia del 2012 como la 
del 2016, atribuye el uso y disfrute a mi hija, y modifican la sentencia de 1999, donde se 
atribuye el uso y disfrute de la que fue vivienda familiar a la madre de mi hija. Sentencia 
que consta en el Registro de la Propiedad (…)
3.  En dicha Sentencia n.º 238/2016 del 11 de julio de 2016, se determina el período 
de Uso y Disfrute de la que fue Vivienda Familiar: 2016-21: “… fijando que el derecho de 
uso será como máximo hasta el transcurso de 5 años a contar desde la fecha de la 
sentencia, esto a contar desde el 11 de julio de 2016, …”
Situación que no reconoce la Registradora, en contra de la decisión del Juzgado de 
Familia n.º 66 de Madrid. La limitación temporal de la atribución del Uso y disfrute de la 
vivienda es el 11 de Julio del 2021, fecha vencida al día de la solicitud de la Calificación.
4.  “… deben tenerse en cuenta además los plazos interrumpidos por el estado de 
alarma decretado por el gobierno en el año 2000.”
La Sentencia es Firme y no se corresponde al año 2000 el Estado de Alarma del 
Gobierno del Reino de España, sino al año 2020.
La normativa del estado de Alarma, no paraliza la ejecución de las sentencias 
judiciales.
5.  “… la atribución del uso y disfrute de la finca detallado en el punto II.º de los 
hechos precedentes y dado que la sentencia que se modifica no ha tenido acceso al 
Registro, es necesario que se aclare si la citada atribución de uso que resulta inscrita 
queda sin efecto con motivo de la modificación de medidas acordada”.
Lo que se pide es la Calificación y registro de la Caducidad del Derecho al Uso y 
Disfrute de la que fue vivienda familiar, dado que la sentencia de Modificación de 
Medidas del 2015 sigue atribuyendo el Uso y disfrute de la que fue la vivienda familiar a 
mi  hija  (Sentencia  del  2012)  y  que  modificó  la  sentencia  del  año  1999,  donde  se 
adjudicaba a la madre, el Uso y disfrute de la misma. Por otro lado, no es obligatorio el 
Registro de las Sentencias judiciales.»
V
Con fecha 16 de septiembre de 2021, la registradora de la Propiedad emitió informe 
y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 2, 3, 9 y 21 de la Ley  b
Hipotecaria; 90 y 96 del Código Civil; 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; 622 de la  860ww
dLee y1 d4e y E 1n8ju idceia menieenrtoo  yC 8iv ild; el aosc tSuebnrete ndcei a2s0 d1e0 , la1 8S daela  mParirmzoe rad ed e2l0 1T1ri,b u2n7a dl eS ufepbreremroo 
yd e2 92 0d1e2 ,m 5a dyoe  dfeeb r2e0r1o5 d, e2 12 0d1e3 ,ju 2li8o  ddee  n2o0v1i6e,m 2b3r ed dee e 2n0e1ro4 ,d 3e0 2 d0e1 7e,n 1e8ro d, e6  ednee mroa yrz 6o  yy  1280 
de febrero de 2018 y 12 de junio de 2020; las Resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 1 de septiembre de 1998, 20 de febrero de 2004, 5 de 
junio y 27 de agosto de 2008, 18 de noviembre de 2009, 2 de junio y 24 de octubre 
de 2014, 8 de abril y 5 de octubre de 2015, 19 de enero y 20 de octubre de 2016, 27 de 
diciembre de 2017, 11 de enero y 30 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2019, y la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de mayo 
de 2021.
1.  La presente Resolución tiene por objeto la calificación negativa de una sentencia 
de modificación del derecho de uso de vivienda familiar atribuido dentro de un proceso 
matrimonial.
Son hechos que deben tenerse en cuenta en la resolución del presente expediente 
los siguientes:
– Por la inscripción 4.ª la vivienda se inscribe a nombre de don F. J. R. R. y doña M. 
P. P. V. para su sociedad de gananciales.
– Por la inscripción 6.ª se inscribe la atribución de uso a favor de doña M. P. P. V. en 
virtud de auto, de fecha 3 de marzo de 1999, de medidas provisionales seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia número 66 de Madrid.
– Por la inscripción 7.ª se inscribe a nombre de don F. J. R. R. y doña M. P. P. V. por 
mitad  y  proindiviso  en  virtud  de  testimonio  judicial  de  sentencia  de  liquidación  de 
gananciales.
– Ahora se presenta sentencia, de fecha 11 de julio de 2016, de modificación de 
medidas número 1055/2015 promovidos a instancia de doña M. P. P. V. contra don F. J. 
R. R. por el que se solicita se modifiquen las medidas adoptadas por ese Juzgado en 
fecha  1  de  octubre  de  2012,  en  el  procedimiento  de  modificación  de  medidas 
número 975/2011, en las que se acordaba que la hija común, que en aquel entonces era 
menor de edad, quedara bajo la custodia compartida de ambos progenitores.
– En esta sentencia de fecha 11 de julio de 2016, en su fundamento de Derecho 
segundo,  se  establece:  «(…)  Pues  bien,  desde  tan  básicas  premisas  legales  y 
jurisprudenciales la demanda presentada ha de prosperar si bien en el sentido propuesto 
por el demandado por considerarse más adecuado a la realidad familiar que lo propuesto 
por la actora, dado que el uso del domicilio familiar dada la edad de la hija y el tiempo 
transcurrido desde que se dictó sentencia de divorcio (14 de diciembre de 2006) ha de 
fijarse temporalmente por cuanto han de ser protegidos en sus derechos dominicales 
ambos cotitulares y no cabe privar al demandado sine die de sus derechos a una finca 
de su propiedad al albur de lo que decida una hija mayor de edad, que ha decidido 
dónde vivir».
– Y  en  el  fallo  de  la  sentencia,  se  dispone:  «Que  estimando  parcialmente  la 
demanda interpuesta por doña M. P. P. V. contra don F. J. R. R. Debo modificar y 
modifico la Sentencia de fecha 1 de octubre de 2012 dictada en este Juzgado en el 
procedimiento de juicio verbal sobre modificación de medidas 975/2011 en los siguientes 
términos: 1. Se atribuye el uso de la vivienda familiar sita en Madrid (…) a la hija para 
que  resida  en  misma  con  la  madre  hasta  que  se  produzca  una  de  las  siguientes 
circunstancias: 1. Que la hija finalice la carrera universitaria que ha comenzado y que 
cursa en la actualidad. 2. Por el transcurso de cinco años a contar desde la sentencia 
que se dicte en las presentes actuaciones debiendo asumir la demandante los gastos 
derivados del uso de la vivienda».
– La sentencia de fecha 1 de octubre de 2012 no ha tenido acceso al Registro.
La registradora califica negativamente, señalando dos defectos: oe.
– Faltan el nombre y las circunstancias identificativas de la hija a la que se atribuye  860ww
edle ul Rsoe gyl admisefrnuttoe  Hdeip olate vciavireion.da, conforme a los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51. 9.ª
Juzg–a dEon  lae ns enetle npcriao cseed immoiedniftioca  ldae d icjutaicdioa  evne frebcahl a s1o dbere o cmtuobdreif icdaec 2ió0n1 2 dpeo r mel ecditiaddaos   BOE-A-cable e
número  975/2011,  que  no  ha  tenido  acceso  al  Registro,  resultando  del  mismo  la 
atribución del uso y disfrute de la finca a favor de doña M. P. P. V., y dado que la 
sentencia que se modifica no ha tenido acceso al Registro, es necesario que se aclare si 
la  citada  atribución  de  uso  que  resulta  inscrita  queda  sin  efecto  con  motivo  de  la 
modificación de medidas acordada.
2.  Regulación legal.
El artículo 96 del código Civil ha sido recientemente modificado por el artículo 2. 
Once de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
No obstante, esta modificación no afecta a la resolución del presente expediente.
El artículo 96 dispone: «1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la 
autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella 
corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía 
queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos 
menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la 
continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la 
autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las 
circunstancias  concurrentes.  A  los  efectos  del  párrafo  anterior,  los  hijos  comunes 
mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una 
situación  de  discapacidad  que  hiciera  conveniente  la  continuación  en  el  uso  de  la 
vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación. 
Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que 
carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de 
este Libro, relativo a los alimentos entre parientes. Cuando algunos de los hijos queden 
en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial 
resolverá lo procedente. 2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales 
bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije 
siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el 
más necesitado de protección. 3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes 
indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el 
consentimiento  de  ambos  cónyuges  o,  en  su  defecto,  autorización  judicial.  Esta 
restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el 
Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso 
de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe».
3.  De la naturaleza del derecho de uso, regulado en el artículo 96 del Código Civil.
Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, al abordar la naturaleza jurídica 
del derecho de uso sobre la vivienda familiar lo procedente es considerarlo como un 
derecho de carácter familiar y, por tanto, ajeno a la distinción entre derechos reales y de 
crédito, ya que ésta es una clasificación de los derechos de carácter patrimonial, y el 
expresado derecho de uso no tiene tal carácter patrimonial, sino de orden puramente 
familiar para cuya eficacia se establecen ciertas limitaciones a la disposición de tal 
vivienda (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil).
Tal  carácter  impone  consecuencias  especiales,  como  la  disociación  entre  la 
titularidad del derecho y el interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés 
protegido por el derecho atribuido (en este caso el interés familiar y la facilitación de la 
convivencia entre los hijos y el cónyuge a quien se atribuye su custodia) y otra la  e.
titularidad de tal derecho, la cual es exclusivamente del cónyuge a cuyo favor se atribuye  w.
el mismo, pues es a tal cónyuge a quien se atribuye exclusivamente la situación de  860ww
preomdeure veen  cqoune  seul  sdoelroe cchoon sceonntismisiteen, toya. que la limitación a la disposición de la vivienda se
ocupAadceiomnáasl,,  ye l pdoerr eoctrhoo,  udnea u lsimo istaocbiróen  lad ev idviisepnodnae fra mquileia irm inptleicgar aq,u peo er lu tnit ulaladro d, oumn idneicraelc dheo   BOE-A-cable e
la vivienda no podrá disponer de ella sin el consentimiento del titular del derecho de uso 
o, en su caso, autorización judicial (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil).
En general se entiende que la posición jurídica de los hijos en relación con el uso de 
la vivienda familiar atribuido a uno de los cónyuges en casos de crisis matrimoniales no 
se desenvuelve en el ámbito de los derechos patrimoniales, sino en el de los familiares, 
siendo correlato de las obligaciones o deberes-función que para los progenitores titulares 
de la patria potestad resultan de la misma (cfr. artículo 154 del Código Civil), que no 
decaen en las situaciones de ruptura matrimonial (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013).
Esto no impide que, si así se acuerda en el convenio y el juez, en atención al interés 
más  necesitado  de  protección,  aprueba  la  medida  acordada  por  los  cónyuges,  se 
atribuya, en consecuencia, el uso del domicilio familiar a los hijos menores, sin olvidar 
que «vivirán en compañía de su madre».
Como ha recordado la Dirección General de los Registros y del Notariado, uno de los 
aspectos que por expresa previsión legal ha de regularse en los supuestos de nulidad, 
separación  o  divorcio  del  matrimonio,  es  el  relativo  a  la  vivienda  familiar  (cfr. 
Resoluciones de 11 de abril y 8 de mayo de 2012 [2.ª]) y obedece la exigencia legal de 
esta previsión a la protección, básicamente, del interés de los hijos; por lo que no hay 
razón para excluir la posibilidad de que el juez, si estima que es lo más adecuado al 
interés más necesitado de protección en la situación de crisis familiar planteada y que no 
es dañosa para los hijos ni gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (cfr. párrafo 
segundo del artículo 90 del Código Civil), apruebe la atribución del uso de la vivienda 
familiar a los hijos menores acordada por los padres.
En tal caso sí sería necesario la aportación de los datos identificativos de los hijos 
(vid. Resolución de 19 de mayo de 2012).
4.  Esta tesis, habiendo sido defendida inicialmente por este Centro Directivo, ha 
acabado  siendo  asumida  por  la  jurisprudencia  de  nuestro  Tribunal  Supremo,  Sala 
Primera, en Sentencia de 14 de enero de 2010, dictada con fines de unificación de 
doctrina y confirmada entre otras por la más reciente de 6 de febrero de 2018, en la que, 
tras exponer una síntesis del vacilante panorama jurisprudencial previo, fija la siguiente 
doctrina jurisprudencial:
«El  artículo  96,  I  CC  establece  que  “[e]n  defecto  de  acuerdo  de  los  cónyuges 
aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en 
ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”. El artículo 96 III CC 
añade la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda familiar temporalmente pueda 
atribuirse al cónyuge no titular “siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran 
aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección”. El derecho contemplado 
en estos preceptos comporta una limitación de disponer cuyo alcance se determina en el 
artículo 96 IV CC en los siguientes términos: “Para disponer de la vivienda y bienes 
indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de 
ambas partes o, en su caso, autorización judicial”. De la ubicación sistemática de este 
precepto y de la consideración de los intereses a los que atiende su contenido se 
desprende que el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia no 
es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad corresponde en 
todo caso al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que se estima, no 
habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección (así se ha estimado 
en la RDGRN de 14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista patrimonial, el derecho 
al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge no titular tiene  e
dos efectos fundamentales. Por un lado, tiene un contenido positivo, en tanto atribuye al  bo
otro cónyuge y a los hijos bajo su custodia el derecho a ocupar la vivienda. Por otro lado,  860ww
oimbpteonneer  ael l ccóonnysuegnet imprioepniteot adrieol  lcaó lnimyuitgaec iótintu dlaer  ddisepl odneerre cchoon sdiset eunsteo  e(no , lae nn escue sdideafedc dtoe, 
daiustpoorisziaccióiónn d jeu dlaic ivaivl)i epnadraa . cEusatlae sliqmuiitearcai óanc teoss  oqpuoen ipbulee daa tne rsceerr ocsa liyfi cpaodr oesl loc oems oin ascctroibsi bdlee 
en el Registro de la Propiedad (RDGRN de 10 de octubre de 2008).»
Este contenido patrimonial del derecho de uso, y la posibilidad de su acceso al 
Registro de la Propiedad, tienen como consecuencia que, con independencia de que se 
trate, como ya se ha señalado, de un derecho encuadrable dentro de la categoría de los 
derechos familiares, deban ser respetadas las reglas relativas a los derechos cuyo 
acceso al Registro de la Propiedad se pretenda y a las exigencias derivadas de los 
principios hipotecarios.
Así  lo  ha  sostenido  este  Centro  Directivo  en  Resoluciones  como  la  de  4  de 
septiembre de 2017, que impide la inscripción del derecho de uso si la vivienda afectada 
pertenece a un tercero que no ha sido parte en el proceso de divorcio. O la de 8 de 
marzo de 2018, que considera que si el titular de dicho derecho de uso, pudiendo 
hacerlo no ha inscrito su derecho en el Registro no podrá oponerlo frente a terceros que 
sí hayan inscrito los suyos. Esto supone que, si el derecho de uso no está inscrito, no 
podrá oponerse al adquirente del inmueble que cumpla los requisitos del artículo 34 de la 
Ley Hipotecaria y, en cuanto al procedimiento de ejecución, no podrá tener intervención 
en el mismo, en la forma prevista en el artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
exige que acredite la inscripción de su título de adquisición.
También el Tribunal Supremo (Sentencias de 18 de enero de 2010, 18 de marzo 
de 2011 y 30 de enero de 2015), al tratar las implicaciones que la atribución del derecho 
de uso pueda tener en aquellos casos en que la vivienda afectada pertenece a un 
tercero distinto de los esposos, señala que la solución a estos conflictos debe ser dada 
desde el punto de vista del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del 
Derecho de familia.
5.  El Derecho de uso de la vivienda familiar y su repercusión registral.
Debe tenerse en cuenta que, desde el punto de vista de la legislación registral, uno 
de sus pilares básicos que permiten garantizar la oponibilidad y conocimiento de los 
derechos inscritos por parte de los terceros –y por ende, favorecer también la propia 
protección  del  titular  registral–,  es  el  denominado  principio  de  especialidad  o 
determinación registral, que consagrado en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de 
su Reglamento, impone que los derechos que pretendan acceder al Registro deberán 
estar perfectamente determinados en sus aspectos subjetivos, objetivos y contenido, 
incluyendo por tanto los límites temporales de su duración (sin embargo, también ha 
puesto de relieve este Centro Directivo, como antes se ha señalado, que no pueden 
obviarse  las  especiales  circunstancias  y  la  naturaleza  específica  de  un  derecho 
reconocido legalmente y cuya consideración como de naturaleza familiar influye de 
manera determinante en su extensión, limitación y duración, máxime cuando este se 
articula en atención a intereses que se estiman dignos de tutela legal –cfr., por todas, la 
Resolución de 30 de mayo de 2018)–.
Es constante la doctrina de este Centro Directivo –cfr. Resolución de 2 de junio 
de 2014–, sobre la configuración, alcance y oponibilidad del derecho de uso sobre la 
vivienda familiar, establecida para los supuestos de crisis familiar en los artículos 90 y 96 
del Código Civil (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»).
Con  carácter  general  se  ha  afirmado  que  el  derecho  de  uso  familiar  para  ser 
inscribible en el Registro de la Propiedad debe tener trascendencia a terceros y debe 
configurarse,  conforme  al  principio  de  especialidad  con  expresión  concreta  de  las 
facultades que integra, identificación de sus titulares, temporalidad –aunque no sea 
necesario la fijación de un «dies certus», salvo que la legislación civil especial así lo 
establezca, como ocurre con el Código Civil Catalán, artículo 233-20– y además debe  e
establecerse un mandato expreso de inscripción. bo
Ahora bien, ya se configure de una u otra forma, siempre que se pretenda configurar  860ww
ecostmoo e lu pnr idnecripeicoh goe dnee ruasl od ein esscpriebcibialeli ddaedb perroáp eios tdaer  cnluaerasmtroe nstiset edmetae rrmeginisatdraol,. siguiendo en
(cfr. Mloáss a crtoícnuclroesta 9m deen tlea,  Lceoyn fHoirpmoete acal rpiari nyc 5ip1io d edle R eesgpleacmiaelnidtoa dH oip odteetcearmrioin),a tcoiódno  dreegreisctrhaol 
que  acceda  o  pretenda  acceder  al  Registro  debe  estar  perfectamente  diseñado  y 
concretado en lo que a sus elementos personales y reales se refiere.
Y tratándose de derechos de vida limitada, como es el derecho de uso, una de las 
circunstancias que debe concretarse por los interesados es su duración o término, ya 
sea esta fija o variable. Esta exigencia debe imponerse a todo tipo de documento que se 
presente en el Registro, ya tenga origen notarial, judicial o administrativo, siendo por ello 
objeto de calificación por parte del registrador, según lo establecido en los artículos 18 de 
la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento, al tratarse de un título judicial.
6.  La temporalidad del derecho de uso de la vivienda familiar.
No  obstante,  como  antes  se  ha  indicado,  las  exigencias  de  determinación  del 
derecho  que  se  inscribe  no  pueden  imponerse  desconociendo  el  peculiar  régimen 
jurídico positivo que lo configura, máxime cuando este se articula en atención a intereses 
que se estiman dignos de tutela legal.
En este sentido, sobre el régimen temporal del derecho de uso sobre la vivienda 
familiar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015, 
afirma lo siguiente: «(…) El art. 96 CC establece –STS 17 de octubre 2013– que, en 
defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en 
cuya compañía queden. Esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones 
temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el 
juez para evitar que se pueda producir este perjuicio. El principio que aparece protegido 
en esta disposición es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben 
prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la 
habitación  (art.  142  CC);  por  ello  los  ordenamientos  jurídicos  españoles  que  han 
regulado  la  atribución  del  uso  en  los  casos  de  crisis  matrimonial  o  de  crisis  de 
convivencia, han adoptado esta regla (así, expresamente, el art. 233-20.1 CCCat).
La atribución del uso de la vivienda familiar es una forma de protección, que se aplica 
con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad 
acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de 
uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien 
(STS 14 de abril 2011).
Como reiteran las sentencias de 1 y 14 de abril y 21 de junio de 2011 aunque ésta 
pudiera llegar ser una solución en el futuro, no corresponde a los jueces interpretar de 
forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE)... 
Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del 
uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se 
protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en 
una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez 
ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta norma, permitiendo la 
atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración 
de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento 
jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido desarrollados en la Ley 
Orgánica de protección del menor». Por ello hay que reconocer que la interpretación que 
se efectúa en la sentencia recurrida, no solo se opone a lo que establece el art. 96.1 CC, 
sino que se dicta con manifiesto y reiterado error y en contra de la doctrina de esta Sala, 
incluida la sentencia de 17 de junio de 2013, según la cual «hay dos factores que 
eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre los cónyuges: uno, el 
carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida, entendiendo que  e
una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra  bo
distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio  860ww
eplo rhqiujoe  lnoos  cpórneycuisgee sd neo  lcau mvipvlieenn dcao np eol rd eerneccohnot rya rdseeb esra ptisrofepcioh adse  llaa sr elnaeccióens.i dOatdroe,s  qduee 
habiLtaac iSóenn ate tnracviaé sd dee  lao trSoasl am ePdriiomse (r.a.. )d»e.l Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2015,
reiterada por la de 21 de julio de 2016, pone de relieve, por su parte, que: «(…) La
STS 624/2011, de 5 septiembre, del Pleno de esta Sala, que citan las de 30 de marzo 
de 2012, 11 de noviembre de 2013 y 12 de febrero de 2014, distingue los dos párrafos 
del  art.  96  CC  en  relación  a  la  atribución  de  la  vivienda  y  fija  como  doctrina 
jurisprudencial la siguiente: “la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de 
existir hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3.º del artículo 96 CC, 
que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge, 
cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 
protección”. La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, 
dice la sentencia de 11 de noviembre 2013, deja en situación de igualdad a marido y 
mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene 
necesariamente  en  cuenta,  no  el  derecho  preferente  que  resulta  de  la  medida 
complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir 
de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de 
edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática 
del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, 
y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar 
un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de 
los  hijos,  en  concurrencia  con  otras  circunstancias  sobrevenidas.  En  el  caso,  la 
atribución del uso de la vivienda sin limitación temporal alguna, vulnera lo dispuesto en el 
art. 96.3 y la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta, puesto que existe una 
previsión legal del tiempo de uso para el supuesto de que se atribuya al cónyuge no 
titular, que ha sido ignorada en la sentencia desde el momento en que remite el tiempo 
de permanencia en la casa propiedad de quien fue su esposo a una posible alteración 
sustancial de las circunstancias, en lo que parece más una verdadera expropiación de la 
vivienda que una efectiva tutela de lo que la Ley dispensa a cada una de las partes, 
fundada en un inexistente principio de “solidaridad conyugal” y consiguiente sacrificio del 
“puro interés material de uno de los cónyuges en beneficio del otro”, puesto que no 
contempla más uso en favor del cónyuge más necesitado de protección que el tasado 
por criterio judicial ponderado en atención a las circunstancias concurrentes; uso que ya 
se  ha  cumplido  desde  el  momento  en  que  la  esposa  ha  dispuesto  en  estas 
circunstancias de la vivienda desde hace varios años (…)».
También se han aplicado criterios semejantes por parte del Tribunal Supremo cuando 
ha abordado la cuestión de la posibilidad de atribuir el uso de la que fue vivienda familiar 
a alguno de los cónyuges en los casos de custodia compartida. Según la Sentencia 
de 10 de enero de 2018, con cita de otra anterior de 23 de enero de 2017, «la sala, ante 
tal vacío en materia de atribución de la vivienda familiar, al no encontrarse los hijos en 
compañía de uno solo de los progenitores sino de los dos, ha entendido que debe 
aplicarse analógicamente el párrafo segundo del art. 96 CC, que regula el supuesto en 
que existiendo varios hijos unos quedan bajo la custodia de un progenitor y otros bajo la 
custodia de otro remitiendo al juez a resolver lo procedente. Ello obliga a una labor de 
ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, y debiendo ser tenido en 
cuenta el factor del interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que 
permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres (STS de 24 
de octubre de 2014). Ahora bien, existe un interés sin duda más prevalente (STS de 15 
de  marzo  de  2013)  que  es  el  de  los  menores  a  una  vivienda  adecuada  a  sus 
necesidades, que conforme a la regla dispuesta en el art. 96 CC, se identifica con la que 
fue vivienda familiar hasta la ruptura del matrimonio. Teniendo en cuenta tales factores o 
elementos a ponderar esta sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo  s
que la menor ya no residirá habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con  oe.
periodicidad  semanal  habitará  en  el  domicilio  de  cada  uno  de  los  progenitores  no  w.
existiendo  ya  una  residencia  familiar,  sino  dos,  por  lo  que  ya  no  se  podrá  hacer  860ww
caodnsvcirvipac, iópnu edse y laa  lavi vreiesniddean fcaiam nilioa re, sin údneicfian»id.a, a la menor y al padre o madre que con el
DereEcnh oc ocnosmecúune, nucnia d, ifpeureednete  atrparteacmiairesnet od ed ella d deorecctrhinoa d jeu ruisspor usdoebnrcei alal,  evinv ieenl dmaa fracmo idliaerl   BOE-A-cable e
cuando existen hijos menores, que no permite explícitas limitaciones temporales –si bien, 
resultarán de modo indirecto– que cuando no existen hijos o éstos son mayores, pues en 
este último caso, a falta de otro interés superior que atender, se tutela el derecho del 
propietario, imponiendo la regla de necesaria temporalidad del derecho.
7.  El primer defecto de la nota de calificación señala: «Faltan el nombre y las 
circunstancias identificativas de la hija a la que se atribuye el uso y disfrute de la 
vivienda. conforme al artículo 9 de la L.H. y 51.9.a del Reglamento Hipotecario».
Este defecto debe ser confirmado.
Como ha quedado anteriormente expuesto uno de sus pilares básicos que permiten 
garantizar la oponibilidad y conocimiento de los derechos inscritos por parte de los 
terceros es el denominado principio de especialidad que impone que los derechos que 
pretendan  acceder  al  Registro  deberán  estar  perfectamente  determinados  en  sus 
aspectos subjetivos, objetivos y contenido, incluyendo por tanto los límites temporales de 
su duración.
En el fundamento de Derecho segundo de la sentencia se establece que «(…) ha de 
fijarse temporalmente por cuanto han de ser protegidos en sus derechos dominicales 
ambos cotitulares y no cabe privar al demandado sine die de sus derechos a una finca 
de su propiedad al albur de lo que decida una hija mayor de edad, que ha decidido 
dónde vivir».
Ese alcance temporal del derecho de uso de la vivienda familiar se ha fijado del 
siguiente modo: «(…) la hija (…) resida en la misma con la madre hasta que se produzca 
una de las siguientes circunstancias: 1. Que la hija finalice la carrera universitaria que ha 
comenzado y que cursa en la actualidad. 2. Por el transcurso de cinco años a contar 
desde la sentencia que se dicte en las presentes actuaciones (…)».
Es decir, uno de los eventos que van a determinar la extinción del derecho de uso de 
la vivienda familiar es que «(…) la hija finalice la carrera universitaria (…)» por lo que 
debe quedar perfectamente identificada.
Y, esto es así, sin necesidad de entrar a valorar si la hija es meramente beneficiaria 
del derecho o titular del derecho de uso de la vivienda familiar.
8.  El segundo defecto expresado por la registradora hace referencia a que en la 
sentencia se modifica la dictada el día 1 de octubre de 2012 en el citado Juzgado en el 
procedimiento de juicio verbal sobre modificación de medidas número 975/2011, que no 
ha tenido acceso al Registro, fijando que el derecho de uso será como máximo hasta el 
transcurso de cinco años a contar desde la fecha de la sentencia, esto a contar desde 
el 11 de julio de 2016 resultando del Registro la atribución del uso y disfrute de la finca a 
favor de doña M. P. P. V. dado que la sentencia que se modifica no ha tenido acceso al 
Registro, es necesario que se aclare si la citada atribución de uso que resulta inscrita 
queda sin efecto con motivo de la modificación de medidas acordada.
Este defecto debe ser revocado.
Debe tenerse en cuenta que el derecho de uso inscrito en el Registro a favor de doña 
M. P. P. V., lo fue, como consta en el mismo Registro, en virtud de auto, de fecha 3 de 
marzo de 1999, de medidas provisionales seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
número 66 de Madrid.
Estas medidas provisionales fueron sustituidas por las dictadas en sentencia de 
fecha 1 de octubre de 2012 en procedimiento de juicio verbal sobre modificación de 
medidas número 975/2011, que si bien no ha tenido acceso al Registro han resultado 
modificadas, a su vez, por la sentencia de fecha 11 de julio de 2016, dejando sin valor ni 
efecto las anteriormente adoptadas. e.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar el primer  860ww
rdeesfpeectcoto d dee lla s engoutan ddoe d ceafelifcictoa.ción y estimar el recurso y revocar la nota de calificación
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.