BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 142046
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
18889 Resolución  de  8  de  noviembre  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Consumo y Juego, por la que se publica el Convenio con la Generalitat 
Valenciana,  la  Diputación  Provincial  de  Castellón  y  el  Ayuntamiento  de 
Castellón de la Plana, para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de 
Consumo de Castellón.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, la Diputación 
Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en fecha 4 de 
noviembre  de  2021,  Convenio  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  Provincial 
de  Consumo  de  Castellón,  que  figura  como  anexo  a  esta  resolución,  procede  su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 8 de noviembre de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Consumo, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la Diputació Provincial 
de Castelló y el Ajuntament de Castelló de la Plana para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo Provincial de Castelló
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De  otra  parte,  el  Conseller  d’Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç 
i  Treball  de  la  Comunitat  Valenciana,  don  Rafael  Climent  González,  nombrado  por 
Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la Generalitat. Por razón del cargo que 
ostenta,  está  facultado  para  la  firma  de  este  Convenio  por  autorización  expresa 
del Consell mediante Acuerdo de fecha 30 de julio de 2021, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 17.f) y 28.g) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y en el 
artículo 12.6.a) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula 
los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.
De otra, el President de la Diputació Provincial de Castelló, don José Pascual Martí 
García, actuando en el ejercicio de su cargo y en representación de la misma, facultado 
para la firma de este convenio de colaboración en virtud del acuerdo adoptado por  s
el Pleno de fecha 22 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34  oe.
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Ayuntamiento de Castelló de la Plana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.4.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y facultada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2021.
Actuando en nombre y representación de la Administración General del Estado, de 
la  Generalitat  Valenciana,  de  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  y  del  Ajuntament 
de Castelló de la Plana.
Cada una de las personas firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  las  personas  consumidoras  y  usuarias,  protegiendo,  mediante  procedimientos 
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de las mismas.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2013/11/UE,  del  Parlamento  Europeo  y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia  de  consumo,  completa  el  marco  legal  del  Arbitraje  de  Consumo, 
correspondiendo la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio 
de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la 
letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Acuerdo de fecha 24 de febrero de 1995 (DOGV núm. 2622, de 9 de 
noviembre de 1995), se constituyó la Junta Arbitral de Consumo de la provincia de 
Castellón (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una importante 
labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball  de  la  Generalitat  Valenciana,  la  Diputació  Provincial 
de Castelló y el Ajuntament de Castelló de la Plana conscientes de la necesidad de 
facilitar a las personas consumidoras un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava es
ACUERDAN 889ww
Primero.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  que  la  Junta  Arbitral  de  Consumo
Provincial de Castelló, con sede en Castelló de la Plana, cuyo ámbito territorial viene
determinado por la propia provincia de Castelló, conocerá, con carácter prioritario, de las 
reclamaciones de las personas consumidoras de dicho ámbito, en relación con sus 
derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló y el Ajuntament de 
Castelló de la Plana impulsarán en el ámbito de la provincia de Castelló, en su ámbito 
territorial, la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta 
Arbitral,  comprometiéndose  a  solicitar  ante  la  Dirección  General  de  Consumo  del 
Ministerio de Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente 
Convenio, su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Conselleria d’ 
Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, 
la Diputació Provincial de Castelló y el Ajuntament de Castelló de la Plana un sistema de 
información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo.
3.  La Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló y el Ajuntament de 
Castelló de la Plana facilitarán información sobre la designación de Presidente/a y 
Secretario/a de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la actividad de 
la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El  Ministerio  de  Consumo,  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de 
Castelló y el Ajuntament de Castelló de la Plana facilitarán el asesoramiento técnico y 
jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito 
territorial de la provincia de Castelló.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por la ciudadanía en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una comisión 
de seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por una persona representante de cada 
Institución  firmante,  correspondiendo  la  Secretaría  a  una  persona  funcionaria  de  la 
Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la comisión de seguimiento, en lo no 
previsto  en  este  Convenio,  será  el  dispuesto  para  los  órganos  colegiados  en  la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de las 
partes firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la  s
Ley 40/2015, de 1 de octubre. oe.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros. 889ww
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo  los  compromisos adquiridos en  el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  Seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las  e.
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no  w.b
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción  889ww
dCeo njutelion,c rioesgou-lAaddomrian idsetr alati vcait,a ddae  jcuorinsfdoicrmciiódna.d con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón  Espinosa.–El  Consejero  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos, 
Comercio y Trabajo, Rafael Climent González.–El Presidente de la Diputación Provincial 
de Castellón, José Pascual Martí García.–La Alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana, María Amparo Marco Gual.