BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32  Jueves 6 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 11447
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
1788 Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
En el seno de la Unión Europea, el establecimiento de mecanismos de reconocimiento y 
homologación de cualificaciones académicas y profesionales se erige en una herramienta 
fundamental para garantizar y facilitar el ejercicio de derechos esenciales en el mercado interior 
europeo, especialmente, la libre prestación de servicios o la libre circulación de trabajadores.
En consecuencia, la política de la Unión Europea al respecto ha experimentado una 
profunda evolución histórica durante las últimas décadas.
El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI), transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013.
La Directiva 2005/36/CE, que permitió consolidar en un único cuerpo la normativa 
europea vigente en materia de reconocimiento de cualificaciones, fue modificada por la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013.
La Comisión Europea, a través de una Carta de Emplazamiento, puso en conocimiento 
de las autoridades españolas la existencia de ciertas deficiencias en la transposición de la 
citada Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre.
En dicha Carta de Emplazamiento se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que 
el artículo 23, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE no encuentra reflejo en la legislación 
española.
El citado artículo 23.5 de la Directiva 2005/36/CE regula los derechos adquiridos para 
las cualificaciones obtenidas en la antigua Yugoslavia. Concretamente, se prevé el 
reconocimiento automático de las cualificaciones de los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea para las profesiones sectoriales cuya formación comenzó 
en Eslovenia, antes del 25 de junio de 1991; y en Croacia, antes del 8 de octubre de 1991, 
fechas en la que los nuevos estados se independizaron de la República Federativa 
Socialista de Yugoslavia.
Sin embargo, el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, no prevé el reconocimiento 
automático para las cualificaciones profesionales obtenidas en Croacia antes del 8 de 
octubre de 1991. De esta forma, se hace necesario proceder a su revisión e incluir dicha 
previsión en su articulado. Por tanto, este real decreto tiene como objeto, la correcta y 
completa transposición del contenido de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento  s
de cualificaciones profesionales, en este punto. oe.
Igualmente, fruto del diálogo constante con los colegios profesionales directamente  w.
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competencias, pues se trata de principios que se incluyen en el artículo 22 de la Directiva
Europea, y que hasta ahora no encontraban reflejo explícito en el ordenamiento interno.
Por otro lado, se modifica los puntos cuatro y seis del Anexo VII, en coherencia con lo 
dispuesto en el artículo 13.3 d) del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: a los principios de necesidad y de eficacia, al estar 
justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución 
de sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya 
que la norma aborda los extremos exigidos por la normativa de la Unión Europea, 
estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa; al principio de 
eficiencia, puesto que evita cargas administrativas innecesarias o accesorias. Igualmente 
se adecua al principio de transparencia, puesto que define claramente su objetivo y se 
justifican sus motivos.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Universidades, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de febrero 
de 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior (Reglamento IMI), queda modificado en los siguientes términos:
Uno.  Se introduce un nuevo apartado sexto en el artículo 29, con la siguiente 
redacción:
«6.  Para aquellos profesionales cuya cualificación profesional esté sujeta al 
presente capítulo, y de conformidad con la normativa que le sea aplicable, se 
fomentará el desarrollo profesional continuo, así como la actualización de sus 
conocimientos, capacidades y competencias con el fin de preservar el ejercicio 
seguro y eficaz de su profesión y mantenerse al día de la evolución de la 
profesión. Las medidas adoptadas en virtud de este apartado se notificarán a la 
Comisión.»
Dos.  Se modifica el artículo 34, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 34.  Derechos adquiridos en la antigua Yugoslavia. e.
La autoridad competente reconocerá los títulos de formación de médico que den  88ww
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formación hubiera comenzado, en lo que se refiere a Eslovenia antes del 25 de junio 
de 1991, y a Croacia, antes del 8 de octubre de 1991, si se cumplen los siguientes 
requisitos:
a)  Que las autoridades competentes de Eslovenia y Croacia den fe de que 
dichos títulos de formación tienen en sus respectivos territorios la misma validez 
legal que los títulos de formación que se expiden y, para los arquitectos, que los 
títulos que figuran en el punto 6 del anexo IV para dichos Estados miembros, por lo 
que respecta al acceso a las actividades profesionales de médico con formación 
básica, médico especialista, enfermera responsable de cuidados generales, 
odontólogo, veterinario, matrona y farmacéutico en lo que se refiere a las actividades 
indicadas en el artículo 60.2, y de arquitecto para las actividades recogidas en el 
artículo 63, y al ejercicio de las mismas.
b)  Que la persona solicitante esté en posesión de un certificado, expedido por 
las autoridades competentes de dichos Estados miembros, que acredite que ha 
ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las actividades de que se trate durante 
al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la 
fecha de expedición del certificado.»
Tres.  Se modifican los apartados 4.3 y 6.1 del Anexo VII, que tendrán el siguiente 
contenido:
«4.3  Si la profesión mencionada en el punto 3.1 no está regulada en el Estado 
miembro de establecimiento, y no ha seguido una educación y formación regulada 
dirigida al ejercicio de la profesión mencionada en el punto 3.17, ¿ha adquirido una 
experiencia profesional, en dicha profesión, de al menos un año en el curso de los 
diez años anteriores en el territorio de dicho Estado miembro?
□ □
 SÍ     NO
Comentarios (en su caso): ………»
«6.1  Señale los documentos que acompañan esta declaración:
□
 Acreditación de nacionalidad.
□
 Acreditación del establecimiento legal.
□
 Acreditación de cualificaciones profesionales. 
□
 Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año en los diez 
anteriores12.
□
 Acreditación de ausencia de condena penal13.»
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo y ejecución.
1.  Se faculta a la persona titular del Ministerio de Universidades para adoptar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. es
2.  El anexo modificado por el presente real decreto será actualizado, cuando resulte  bo
necesario, por orden ministerial, en los términos previstos en la disposición final tercera del  88ww
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Universidades,
MANUEL CASTELLS OLIVÁN