BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7759
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1123 Pleno.  Auto  172/2020,  de  15  de  diciembre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad  3886-2020.  Inadmite  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad 3886-2020, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 4 
de Ourense, en relación con el artículo 6.1 de la Ley del Parlamento de 
Galicia 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas 
materias de empleo público.
ECLI:ES:TC:2020:172A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 3886-2020, planteada por el Juzgado de lo Social 
núm.  4  de  Ourense,  en  relación  con  artículo  6.1  de  la  Ley  del  Parlamento  de 
Galicia 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias de 
empleo público, por posible vulneración de los artículos 149.1.7 y 37.1 CE, ha dictado el 
siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Con fecha 4 de agosto de 2020 tuvo entrada en el registro general del Tribunal 
Constitucional escrito del Juzgado de lo Social núm. 4 de Ourense por el que se remite, 
junto al testimonio de las actuaciones, el auto de 15 de junio de 2020 por el que se 
acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 6.1 de la Ley del 
Parlamento  de  Galicia  1/2012,  de  29  de  febrero,  de  medidas  temporales  en 
determinadas materias de empleo público.
El citado artículo 6 regula la suspensión de la aplicación de determinados artículos 
del convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia. Su apartado 
primero,  objeto  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad,  dispone:  «Se  suspende  la 
aplicación del artículo 19, excepto el apartado primero, del V Convenio colectivo único 
para el personal laboral de la Xunta de Galicia». El artículo 19 del convenio referido 
regula el régimen de descanso y festivos. La suspensión de su aplicación afecta al 
régimen de descanso en domingos y festivos, sin alcanzar al descanso mínimo semanal 
de dos días interrumpidos (apartado primero).
2.  En síntesis, presentan relevancia para esta cuestión de inconstitucionalidad los 
siguientes antecedentes:
a)  El 20 de diciembre de 2019, doña I.M.G. presentó demanda contra el Consorcio  e.
Galego de servizos de igualdade e benestar de la Xunta de Galicia, solicitando, en  w.
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b)  Celebrada la vista, el órgano judicial dictó providencia de 11 de marzo de 2020 
por  la  que,  de  conformidad  con  el  artículo  35  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegaran 
sobre la procedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el 
artículo 6 de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2012, «en cuanto suspende la aplicación 
de preceptos convencionales», por posible vulneración de la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7 CE) y del artículo 37.1 CE.
En la evacuación de este trámite, tanto el Ministerio Fiscal como la parte actora se 
mostraron favorables al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
c)  Como se indicaba en el pie de recurso del auto de planteamiento de la cuestión 
de  inconstitucionalidad,  dictado  con  fecha  15  de  junio  de  2020,  la  administración 
demandada  interpuso  recurso  de  reposición  contra  el  mismo,  que  fue  inadmitido 
mediante auto de 20 de julio de 2020, en atención a lo dispuesto por el artículo 35.2 
LOTC.
3.  El auto, en primer lugar, plantea la posible inconstitucionalidad del precepto 
cuestionado en relación con el artículo 149.l.7 CE. Expone que, a diferencia de la 
competencia autonómica para regular el régimen estatutario de los funcionarios (ex 
artículo 149.1.18 CE), la competencia en materia de legislación laboral es exclusiva del 
Estado, de manera que nada que no sea ejecución puede ser legislativamente abordado 
por las comunidades autónomas. Siendo la regulación del tiempo de trabajo, junto con el 
salario, el grueso y tronco rector de la legislación laboral, por su trascendencia –entre 
otros extremos– para el principio de igualdad, su regulación está reservada al Estado.
En  segundo  lugar,  el  auto  argumenta  que  la  norma  cuestionada  infringe  el 
artículo 37.1 CE, al entender que este precepto constitucional, en cuanto que garantiza 
la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, establece una 
fuente  legislativa  autónoma  y  distinta  de  la  estatal,  de  modo  que,  en  nuestro 
ordenamiento, la regulación de las condiciones laborales se ha de encontrar entre esos 
dos polos, la legislación estatal y la negociación colectiva. Estima, respecto de la relación 
entre la ley y los convenios, que no se trata simplemente de una cuestión de jerarquía 
normativa,  sino  que  la  relación  es  de  complementariedad,  suplementariedad  y 
supletoriedad según el caso, y no de mera subordinación.
A  modo  de  conclusión  conjunta  respecto  de  los  dos  posibles  motivos  de 
inconstitucionalidad del precepto cuestionado, añade que invade las competencias del 
Estado y de la autonomía colectiva, al impedir la aplicación de un precepto convencional 
válidamente alcanzado de conformidad con la legislación laboral, competencia exclusiva 
del Estado, de manera que neutraliza la distribución constitucional de competencias, 
arrogándose la potestad de inaplicar legislación laboral.
4.  Por providencia de 20 de octubre de 2020, la Sección Cuarta acordó, a los 
efectos que determina el artículo 37.1 LOTC, oír a la fiscal general del Estado para que, 
en  el  plazo  de  diez  días,  alegara  lo  que  considerara  conveniente  acerca  de  la 
admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuere notoriamente 
infundada.
5.  La fiscal general del Estado presentó su escrito de alegaciones en este tribunal 
el  día  19  de  noviembre  de  2020,  instando  la  inadmisión  de  esta  cuestión  de 
inconstitucionalidad por resultar notoriamente infundada, en atención a las razones que, 
a continuación, se resumen. s
La doctrina constitucional relativa a la competencia exclusiva del Estado en materia  oe.
de legislación laboral determina que las normas autonómicas no inciden sobre esta  w.
cecoosmtnrcuprceettutearnsa c dibaeá  cslouicsaa ne dmyo p gnleeoan dseeora srl  epdfúieebr leilcano  san  odurenm alaa rt iepvgraou plsaioacc iócianol m lanubi noaidr aasld ug sae uncteóarntaeolg,m osariní,ao ss i ann  cuaocfenlecdatiacriero san, e lasy    2021-1123n https://w
cuando tampoco tienen por objeto fijar condiciones de trabajo que alteren los mínimos
indisponibles establecidos por la legislación estatal (AATC 228/2015 y 229/2015 ambos
del 15 de diciembre, FJ 4, doctrina recogida y ratificada en la STC 177/2019, de 18 de 
diciembre).  La  STC  127/2019,  de  31  de  octubre,  establece  que  «las  medidas 
coyunturales de contención de los gastos de personal funcionario o laboral que puedan 
adoptar  las  comunidades  autónomas,  no  se  encuadran,  por  lo  que  hace  a  las 
competencias estatales, en el marco del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
(artículo 149.1.18 CE) o de la legislación laboral (artículo 149.1.7 C E), sino que se 
sitúan en el ámbito competencial relativo a las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE)» (FJ 4).
La misma STC 127/2019 considera que las leyes autonómicas pueden modificar lo 
dispuesto en los convenios colectivos suscritos por la respectiva administración cuando 
actúa como empleador (FFJJ 4 y 5). El precepto cuestionado es muy similar al analizado 
en el citado ATC 228/2015 [disposición adicional vigésima octava.2 a) de la Ley 11/2010, 
de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2011].
Siguiendo  la  doctrina  constitucional,  el  precepto  cuestionado,  al  suspender  la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 del V Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Xunta de Galicia, no incide sobre la legislación laboral. Una norma 
que suspende temporalmente, para el personal laboral al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, el disfrute de uno o dos días de permiso por asuntos propios 
adicionales a los establecidos con carácter general por el texto refundido de la Ley del 
estatuto del empleado público (TRLEEP), y que no está regulado en la Ley del estatuto 
de los trabajadores (LET), no afecta a la estructura básica y general de la normativa 
social ni a sus categorías nucleares, y tampoco tiene por objeto fijar condiciones de 
trabajo que alteren los mínimos indisponibles establecidos por la legislación estatal. Se 
limita a suspender la vigencia de una disposición convencional por la que se mejoraban 
los mínimos de derecho necesario establecidos en el artículo 37 LET, e incluso los que 
establece el artículo 48 TRLEEP para los funcionarios públicos. Además, no va dirigida a 
la totalidad de los trabajadores, sino que se refiere a condiciones concretas de los 
empleados públicos que prestan servicios para la comunidad autónoma, que actúa en 
condición de empleadora. Por otra parte, como resulta de su exposición de motivos, la 
Ley 1/2012 tiene como finalidad la contención del gasto público, por lo que se estima de 
aplicación la STC 127/2019, que encuadra las medidas coyunturales de contención de 
los  gastos  de  personal  laboral  que  adoptan  las  comunidades  autónomas  en  el 
artículo 149.1.13 CE.
De la misma doctrina se desprende que no hay vulneración del artículo 37.1 CE. En 
particular,  el  ATC  228/2015  afirma  que  esta  duda  de  constitucionalidad  ya  está 
expresamente  resuelta  en  sentido  negativo  por  la  doctrina  constitucional:  el 
ATC 85/2011, de 7 de junio, señala que «del artículo 37.1 CE no emana ni deriva la 
supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, 
incluso aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 210/1990, de 20 de diciembre, 
FFJJ 2 y 3), insistiendo el tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en virtud 
del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y 
someterse no solo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor 
rango jerárquico y no al contrario (ibídem; en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 
de octubre, FJ 4; 171/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 92/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 
y 62/2001, de 1 de marzo, FJ 3; ATC 34/2005, de 31 de enero, FJ 5)» (FJ 8).
II. Fundamentos jurídicos es
1.  El  Juzgado  de  lo  Social  núm.  4  de  Ourense  ha  planteado  cuestión  de  w.
idenenc toe2nn9sd dteiteru  cfeqiobunreea,rl ioda,a ld de sr umesseppdeeindcdtaoes r d teelmal  aparotpírcaliuclelaosc  i6eó.nn1   dddeeete  lramu nLin eapyd raedsce elm pPatoate rlraciamosne vdneeton e cdmioenp alGel oa lvipcáúilaibd la1icm/o2,0e p1no2ter,    2021-1123n https://w
alcanzado de conformidad con la legislación laboral, invade la competencia exclusiva del
Estado en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7 CE), y vulnera la garantía de la 
negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos (artículo 37.1 CE).
En el trámite previsto en el artículo 37.1 LOTC, la fiscal general del Estado se ha 
opuesto a la admisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por considerar que 
resulta notoriamente infundada.
2.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 LOTC, este tribunal puede rechazar 
en trámite de admisión y mediante auto, previa audiencia al fiscal general del Estado, 
aquellas cuestiones de inconstitucionalidad que fueren notoriamente infundadas, en el 
significado que nuestra reiterada doctrina viene dando a este concepto, «que se traduce 
procesalmente en otorgar a este tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar 
la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, existiendo 
supuestos en los que un examen preliminar de las mismas permite apreciar la falta de 
viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca 
de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta sea arbitraria» (por todos, 
ATC 89/2019, de 16 de julio, FJ 5, y los allí citados).
De acuerdo con esta consolidada doctrina, y de conformidad con lo alegado por la 
fiscal general del Estado, resulta procedente apreciar en este momento procesal que la 
presente cuestión resulta notoriamente infundada (artículo 37.1 LOTC) y ha de ser por 
ello inadmitida, por las razones que seguidamente se exponen.
La Ley del Parlamento de Galicia 1/2012 se dictó, según su preámbulo, en atención a 
«la grave situación presupuestaria y la necesidad de reducir el déficit público, para 
conseguir una situación de equilibrio sin menoscabar la prestación de los servicios 
públicos esenciales, y preservando el principio de solidaridad entre la ciudadanía de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, [que] hacen necesario adoptar una serie de medidas 
extraordinarias, urgentes y de carácter temporal en materia de contención de gastos en 
el capítulo I de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia […] Estas 
medidas implican en algunos casos la necesidad de suspender la aplicación de normas 
de carácter legal o convencional, además de introducir algunos preceptos nuevos. El 
fundamento de la suspensión de la aplicación de determinados preceptos contenidos en 
el  V  Convenio  colectivo  único  para  el  personal  laboral  de  la  Xunta  de  Galicia  se 
encuentra en el artículo 38.10 del Estatuto básico del empleado público, que permite 
revisar las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral cuando concurren 
causas  graves  de  interés  público  derivadas  de  una  alteración  sustancial  de  las 
circunstancias económicas». Tratándose de la suspensión de estipulaciones recogidas 
en un convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia, no es el 
artículo  38.10  sino  el  artículo  32.2  del  texto  refundido  5/2015,  de  30  de  octubre 
(TRLEEP) el que debe tomarse en consideración, si bien carece de relevancia el error 
meramente formal en el que incurre el preámbulo de la Ley autonómica al invocar el 
artículo 38.10.
Dictado  al  amparo  de  la  competencia  estatal  en  materia  de  legislación  laboral 
[STC 127/2019, de 31 de octubre, FJ 3 a)], el artículo 32.2 TRLEEP dispone: «Se 
garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal 
laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de 
una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de 
las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios 
colectivos  o  acuerdos  ya  firmados  en  la  medida  estrictamente  necesaria  para 
salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán 
informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.  e.
A los efectos de los previsto (sic) en este apartado, se entenderá, entre otras, que  w.b
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en el TRLEEP «‘no es límite ni condición para la potestad legislativa del parlamento
autonómico,  solo  limitado  en  Derecho  por  la  norma  suprema  y  por  el  control 
estrictamente  jurídico  derivado  de  ella  que  este  tribunal  tiene  encomendado’ 
(STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3)» [FJ 4.a)]. Añade que los preceptos cuestionados en 
aquella  ocasión,  que  guardan  estrecha  relación  con  el  artículo  6.1  de  la  Ley  de 
Galicia 1/2012, «no son propiamente normas en materia de empleo público sino que, en 
uso de las potestades autonómicas de autoorganización y disponibilidad de sus propios 
recursos,  pretenden  coadyuvar  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria de la comunidad autónoma, afectando a la política retributiva de los 
empleados  públicos.  No  persiguen  regular  con  carácter  general  el  régimen  de 
suspensión o modificación de los acuerdos, pactos o convenios que hayan alcanzado las 
administraciones públicas con los representantes del personal a su servicio, sean estos 
funcionarios o laborales. Tienen un objetivo mucho más específico, ligado a condiciones 
concretas reconocidas a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, en el 
marco  de  las  competencias  que  el  Estatuto  de  Autonomía  le  atribuye  para  la 
organización de su propio personal y de la disciplina presupuestaria en relación con los 
gastos de personal, sin perjuicio de las competencias estatales ex artículo 149.1 CE. 
Guarda relación con un variado conjunto de medidas legales, tanto estatales como 
autonómicas, de reducción del gasto y déficit público que han incidido en los últimos 
años en las condiciones laborales de quienes prestan servicios en la administración y en 
el sector público en general» [FJ 4.b)].
Como  pone  de  manifiesto  el  Ministerio  Fiscal,  fue  esta  la  razón  de  decidir  la 
inadmisión  de  las  cuestiones  de  inconstitucionalidad  promovidas  respecto  de  la 
disposición adicional vigésima octava, apartado 2 a), de la Ley 11/2010, de 30 de 
diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
(AATC 228/2015 y 229/2015, ambos de 15 de diciembre), y es doctrina que ha reiterado 
la STC 177/2019, de 18 de diciembre: «las normas autonómicas cuestionadas regulaban 
condiciones de trabajo concretas reconocidas al personal laboral al servicio de la propia 
comunidad autónoma, en el marco de las competencias que sus estatutos de autonomía 
les  atribuyen  para  la  organización  de  su  propio  personal  laboral  y  de  la  disciplina 
presupuestaria en relación con los gastos de personal. Se trataba de medidas de gestión 
del personal propio de las comunidades autónomas que se adoptan respetando lo 
dispuesto en la norma estatal y dentro del margen que la ley deja al poder de dirección y 
de organización del empresario, en este caso, la administración de las comunidades 
autónomas; medidas estrechamente conectadas con el control del gasto correspondiente 
a dicho personal […]. En todos estos supuestos, como señaló este tribunal, las normas 
autonómicas  no  inciden  «sobre  la  materia  ‘legislación  laboral’  en  el  sentido  del 
artículo 149.1.7 CE, ya que no se refieren a una regulación laboral general, sino a 
condiciones concretas de los empleados públicos de la propia comunidad autónoma, sin 
afectar a la estructura básica y general de la normativa social ni a sus categorías 
nucleares.  Tampoco  tienen  por  objeto  fijar  condiciones  de  trabajo  que  alteren  los 
mínimos  indisponibles  establecidos  por  la  legislación  estatal»  (AATC  228/2015 
y 229/2015, de 15 de diciembre, FJ 4)» (FJ 4).
La  aplicación  de  esta  doctrina  resulta  determinante  para  descartar  que  la  norma 
autonómica objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad haya incurrido en vulneración de 
la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7 CE).
Lo mismo sucede con la duda de constitucionalidad relativa a la posible vulneración 
del artículo 37.1 CE, en atención a la consolidada doctrina constitucional, recogida entre 
otras muchas en la misma STC 127/2019, FJ 5: «como ha recordado la STC 104/2015,  s
de 28 de mayo, FJ 8, ‘en cuanto a este derecho a la negociación colectiva y a la fuerza  oe.
vinculante de los convenios, hemos declarado también en el citado ATC 85/2011, FJ 8, y  w.
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Tribunal en el contexto de esta declaración en que, en virtud del principio de jerarquía 
normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no solo a la ley 
formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al 
contrario (en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 de octubre, FJ 4; 171/1989, de 19 
de octubre, FJ 2; 92/1994, de 21 de marzo, FJ 2, y 62/2001, de 1 de marzo, FJ 3, y 
ATC 34/2005, de 31 de enero, FJ 5)».
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a quince de diciembre  de  dos mil  veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
2021-1123n https://w