BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 166410
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
21761 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación de 25 de noviembre de 2021, por el que se aprueba la propuesta 
de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de impulso 
de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, en el marco del 
componente 21 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 25 de noviembre de 2021, 
ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y 
los  criterios  de  reparto  de  los  créditos  gestionados  por  Comunidades  Autónomas 
destinados al Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación 
Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 
y  2  años,  en  el  ejercicio  presupuestario  2021,  en  el  marco  del  componente  21: 
«Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana 
de  0-3  años»  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  (MRR),  por  importe 
de 200.790.000,00 euros.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Educación dispone la 
publicación del citado Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.–El Secretario de Estado de Educación, Alejandro 
Tiana Ferrer.
ANEXO
Acuerdo de 25 de noviembre de 2021, de la Conferencia Sectorial, por el que se 
aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los 
créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de 
impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas 
de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, en el ejercicio 
presupuestario 2021, en el marco del componente 21 «Modernización y digitalización 
del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años» del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) por importe de 200.790.000,00 euros
El nuevo instrumento financiero  Next Generation  EU,  aprobado en 2020 por el 
Consejo Europeo, incluye, como elemento central, un Mecanismo para la Recuperación 
y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados 
Miembros  para  lograr  una  recuperación  sostenible  y  resiliente,  al  tiempo  que  se 
promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se convierte en uno de los 
referentes básicos para la planificación y desarrollo de las actuaciones que acometerá el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en los próximos años; el plan permitirá 
implementar un conjunto de acciones que contribuirán de forma eficaz a promover el 
impulso  de  la  educación  y  conocimiento,  formación  continua  y  desarrollo  de  e
capacidades. bo
En este sentido, desde el Ministerio se han diseñado proyectos de reformas e  761ww
laidan ebvc eooinrrrsvatoieloe rpnssle iaoaszn  mode,ise rci dgoyii omdr eayofs  ole aranmrlg  eraoels  fpr uetleeafunrzzegoora.z  doee le li smctarpupacitctautol r hadul edmseea alnado eo qc, uotaenn oetmos  ífeaun ny dl alaa mgs enenuneetarvala cpsiaó ornap d oqerut uean ceitdilv aPiddlaaends    OE-A-2021-21able en https://
Dentro de las políticas palanca del Plan de Recuperación, concretamente en la 
palanca VII, referida a la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades, se incluye el Componente 21: Modernización y digitalización del sistema 
educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años, en cuyo marco, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP) va a desarrollar el programa de cooperación 
territorial de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con 
nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años.
La  ejecución  y  desarrollo  de  este  programa  y  las  actuaciones  que  lo  definen 
corresponden, en función a las competencias asumidas, a las Comunidades Autónomas. 
Este protagonismo de dichas administraciones territoriales es además coherente con el 
espíritu de cogobernanza que inspira la ejecución de los fondos de la UE; sin perjuicio de 
ello  las  Comunidades  Autónomas  precisan,  lógicamente,  disponer  de  los  recursos 
financieros para poder desarrollar con éxito las actuaciones contempladas.
La ejecución del crédito consignado en la actuación de financiación citada queda 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (BOE del 27 de noviembre), que regula los créditos gestionados por las 
comunidades autónomas.
El artículo 86.2 regla Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria  establece  que  «Los  criterios  objetivos  que  sirvan  de  base  para  la 
distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución, se fijarán 
por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico».
Igualmente, el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, dispone que, en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educación,  se  fijarán  los  criterios  de  reparto  y  la  distribución  resultante  entre  las 
Comunidades Autónomas.
De conformidad con lo previsto en el citado artículo 86, apartado 2, regla segunda, 
letra a), y en los términos que se establecen en los siguientes apartados, se autoriza la 
propuesta de distribución territorial, por un importe total de 200.790.000,00 euros, para la 
ejecución del crédito presupuestario 18.50.320A.450.40 del Presupuesto de Gastos del 
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  correspondiente  al  ejercicio 
económico 2021, destinado a la realización del Programa de impulso de escolarización 
en  el  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  con  nuevas  plazas  de  titularidad  pública, 
prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional realizará el seguimiento y control 
de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el 
que fueron transferidos y su adecuada ejecución, según los mecanismos que, a tal 
efecto, se incluyen en el presente Acuerdo de la Conferencia Sectorial por el que se fijan 
los criterios objetivos que sirven de base para la distribución territorial de los créditos 
presupuestarios, así como la distribución resultante.
Respecto a la tramitación de este acuerdo, cabe señalar que, según lo dispuesto en 
la Disposición Adicional Primera, apartado quinto, de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, con carácter previo al acuerdo 
de Conferencia Sectorial sobre distribución de créditos regulado en el artículo 86.2 de la 
Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria  se  ha  realizado  la 
comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, a la que se ha incorporado la información relativa a la 
actuación a realizar.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado a), de la regla segunda, del  s
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, al ser el importe total a distribuir  oe.
superior a 12 millones de euros, se ha recabado, con carácter previo a la convocatoria  w.
de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros de 16 de noviembre  761ww
dreea l2iz0a2d1o.  cLoan  ccaitraádcate ra uptroervizioa cai ólan  cneole bcroanclilóenv ad el ala  aCporonbfearceinócni ad Seel cgtoarsiatol., la cual se ha
Una vez aprobada la distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial, la 
concesión correspondiente a cada Comunidad Autónoma se realizará por resolución del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
En su virtud, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades 
Autónomas  acuerdan  aprobar  el  programa  de  cooperación  territorial  de  impulso  de 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad 
pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, los criterios objetivos que 
sirven  de  base  para  la  distribución  territorial  del  crédito,  así  como  la  distribución 
resultante  a  las  Comunidades  Autónomas,  en  el  año  2021,  por  importe 
de  200.790.000,00  euros,  en  los  términos  establecidos  en  el  anexo  del  presente 
Acuerdo.
ANEXO
Programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, 
prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años
1. Normativa aplicable
– Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
– Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.
– Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Reglamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de12  de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
– Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021
2. Contexto y justificación
Existe amplio consenso nacional e internacional en la importancia de la participación 
en la educación infantil.
La participación de las niñas y niños en la Educación Infantil es uno de predictores 
más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro. En 
este  sentido,  la  OCDE  afirma  que:  Los  alumnos  de  quince  años  que  asistieron  a 
educación infantil tienen mejores resultados en el estudio PISA que aquellos que no lo 
hicieron, incluso teniendo en cuenta su contexto socioeconómico.
En  España,  en  los  últimos  diez  años  ha  habido  un  crecimiento  de  la  tasa  de  es
escolarización de Educación Infantil (0-1-2 años). Pero ese crecimiento se ha producido  o
edened  uefocPLsaraotmacsri   aóeod nttmiafr eoepur nayela   nfedducdeoniuas,c icsgieóa ultn teaip vrldora,i ert.hcola erqibnauitleiaennjstedi l  sodde eeu   noraabelussn emtdarinv feeaosrnse,   nmsecin eisa neesol   rscceoouscmr sidapoelae  ers3as  ynca  otñlelaoarssrr  i tt(oqa2rus0iaae1ls 6er -esd2.ce0i b1ee7sn)c,  oadltaeerln iz2ca6ióc,3nió% ny    OE-A-2021-21761able en https://www.
para las familias que están en el primer quintil, en comparación con el último quintil, que
es del 62,5%. (Fuente: «El primer ciclo de la Educación Infantil en las CCAA a través de 
la revisión normativa», Publicaciones MEFP, Año 2020).
Asimismo, existe una diferencia en la tasa de escolarización de 18 puntos entre el 
alumnado cuyas familias tienen estudios superiores y las que los tienen obligatorios o 
inferiores. En función de los estudios de los padres o tutores legales, los alumnos 
menores de 3 años acceden y participan en este ciclo educativo. (Fuente: «El primer 
ciclo  de  la  Educación  Infantil  en  las  CCAA  a  través  de  la  revisión  normativa», 
Publicaciones MEFP, Año 2020).
Causas por las que las familias no llevan a sus hijos a centros de atención y 
Educación Infantil: La principal (52,4%) es no poder asumir el gasto que este servicio 
conlleva. No obstante, las causas alegadas varían en función del grupo de renta al que 
se pertenece (Fuente: «El primer ciclo de la Educación Infantil en las CCAA a través de 
la revisión normativa», Publicaciones MEFP, Año 2020).
Según datos del curso 2016-17, la proporción de centros exclusivos de Educación 
Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas 
rurales el sistema público tiene un mayor peso que el privado, debido al retraimiento de 
la oferta privada. Esta situación lleva a que el servicio de Educación Infantil en las áreas 
rurales  recaiga  de  forma  importante  sobre  el  sistema  público  (Fuente;  S.G.  de 
Estadística y Estudios del MEFP).
La disponibilidad, accesibilidad y aseguibilidad de unos servicios de alta calidad en 
las  áreas  donde  residen  familias  con  bajo  nivel  educativo  y  de  renta,  familias 
monoparentales, minorías, población gitana o familias migrantes tienen una elevada 
repercusión en la promoción de la igualdad y la inclusión social, y contribuye a la 
igualdad de oportunidades de las niñas y niños de zonas rurales. Además, la extensión 
de la educación infantil contribuye a la detección y atención temprana de necesidades 
específicas.
3. Objetivos del programa
Extensión del derecho de los niños y niñas a disponer de una plaza accesible, 
asequible, inclusiva y de alta calidad en el primer ciclo de Educación Infantil con la 
creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública 
(prioritariamente de 1 y 2 años).
En su progresiva implantación, se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas 
con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas 
rurales.  La  extensión  de  la  escolarización  en  este  ciclo  tiene  que  atender  a  la 
compensación  de  los  efectos  que  las  desigualdades  de  origen  económico,  social, 
territorial y cultural tienen sobre el alumnado.
La creación de nuevas plazas públicas se ajustará a los requisitos mínimos para el 
Primer Ciclo de Educación Infantil.
4. Destinatarios
Niños y niñas de menos de tres años y sus familias.
5. Financiación
El Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil 
con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2  e.
años,  dispone  de  un  crédito  de  200.790.000  euros  con  cargo  a  la  aplicación  w.b
presupuestaria 18.50.320A.450.40 de los Presupuestos Generales del Estado para 2021  761ww
yp aerast áe l perjeervcisictaio  u2n0a2 3c.uantía de 331.026.898 euros para 2022 y de 134.774.300 euros
ProfLeas iocnoanlc e(MsióEnF Ps)e,  ey fescet uaabráo npaorár  rceosno luccairóánc tdeer l aMntiinciisptaedrioo  pdaer aE dlau cfaincaiónnc iayc Fióonr mdaec ilóans 
actuaciones, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. El pago de la ayuda se hará sin necesidad de constitución de 
fianza o garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La transferencia de crédito a las comunidades autónomas se realizará con cargo a la 
aplicación  presupuestaria  anteriormente  citada  y  se  librará  en  su  totalidad  a  cada 
Comunidad Autónoma de una sola vez.
Para  llevar  a  cabo  este  programa,  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional,  se  compromete  a  aportar  los  fondos  asignados  a  las  actuaciones  del 
programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con 
nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, 
distribuidos de acuerdo con los porcentajes y los criterios de distribución indicados en 
este acuerdo.
Asimismo,  las  comunidades  autónomas  se  comprometen  a  ejecutar  toda  la 
financiación  recibida  del  MEFP  para  este  programa  realizando  las  licitaciones  y 
contrataciones que fueran necesarias para implementar cada una de las actuaciones en 
el marco de lo establecido en el presente programa de cooperación territorial.
6. Criterios de distribución
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) aporta los fondos en 
función de los siguientes criterios:
– Nivel de estudios de población 25-64 años, en cada Comunidad Autónoma, según 
los datos consolidados del año 2020. Explotación de las variables educativas de la 
Encuesta de Población Activa (INE). Subdirección General de Estadística y Estudios del 
MEFP. Ponderación 40%.
– Tasas netas de escolaridad en 0,1 y 2 años complementarias hasta el 60%. 
Curso  2018-2019.  Subdirección  General  de  Estadística  y  Estudios  del  MEFP. 
Ponderación 40%.
– Dispersión  de  la  población,  según  las  cifras  oficiales  de  población  de  los 
municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística. Porcentaje de población en entidades singulares de población 
menores de 5.000 habitantes, se incluye la población completa de las siguientes islas: 
Ibiza, Formentera, Menorca, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y La Palma. 
Ponderación 20%.
– Población 0-2 años. Últimos datos definitivos 01/01/2020, publicados el 21/01/2021 
INE Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP
A la población de 0-2 años de cada CCAA se le aplica el porcentaje resultante de la 
ponderación de los tres criterios de distribución descritos. De su resultado procede el 
porcentaje final de distribución.
7. Distribución resultante
Las  Administraciones  de  las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias  gestionarán  los  fondos  que  le  correspondan  para  implementar  las 
actuaciones de este programa, de acuerdo con la siguiente distribución:
Plazas educación infantil (MRR) bo
Comunidad Autónoma Año 2021 Año 2022 Año 2023 761ww
To–tal To–tal To–tal
ANDALUCÍA. 37.068.042,00 61.111.206,00 24.880.818,00
ARAGÓN. 5.578.688,00 9.197.150,00 3.744.528,00
Plazas educación infantil (MRR)
Comunidad Autónoma Año 2021 Año 2022 Año 2023
– – –
Total Total Total
ASTURIAS (Principado de). 4.032.339,00 6.647.805,00 2.706.587,00
BALEARES. 7.423.456,00 12.238.475,00 4.982.773,00
CANARIAS. 11.912.615,00 19.639.404,00 7.995.988,00
CANTABRIA. 2.645.548,00 4.361.510,00 1.775.745,00
CASTILLA Y LEÓN. 11.562.589,00 19.062.345,00 7.761.043,00
CASTILLA-LA MANCHA. 11.416.438,00 18.821.394,00 7.662.943,00
CATALUÑA. 33.424.433,00 55.104.270,00 22.435.154,00
COMUNIDAD VALENCIANA. 21.000.507,00 34.621.907,00 14.095.964,00
EXTREMADURA. 6.296.906,00 10.381.221,00 4.226.611,00
GALICIA. 10.495.992,00 17.303.928,00 7.045.122,00
MADRID (Comunidad de). 16.151.365,00 26.627.502,00 10.841.122,00
MURCIA (Región de). 12.095.345,00 19.940.658,00 8.118.640,00
NAVARRA (Comunidad Foral de). 3.605.941,00 5.944.836,00 2.420.381,00
PAÍS VASCO. 4.664.345,00 7.689.743,00 3.130.802,00
RIOJA (La). 1.415.451,00 2.333.544,00 950.079,00
TOTALES. 200.790.000,00 331.026.898,00 134.774.300,00
La distribución de estos fondos es meramente indicativa para 2022 y 2023 y está 
sujeta a aprobación por Conferencia Sectorial en el ejercicio correspondiente.
8. Plazos de ejecución
El plazo de ejecución del Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para 
niñas y niños de 1 y 2 años, correspondiente al presupuesto del año 2021 será desde 
el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022.
El plazo de ejecución del Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para 
niñas y niños de 1 y 2 años, correspondiente al presupuesto del año 2022, está previsto 
que sea desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023.
El plazo de ejecución del Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para 
niñas y niños de 1 y 2 años, correspondiente al presupuesto del año 2023, está previsto 
que sea desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de septiembre del año 2024.
9. Actuaciones del programa
Las actuaciones serán para: o
Infraestructura: Reforma/rehabilitación y equipamiento para nuevas unidades (aulas)  761ww
opbarraties npdaor ad ela  eaddifeicciuoasc idóen  dceenl terossp aecdiou caa tliavso sn eqcuees idnaedceess iteadnu creaftoivramsa ds/erle haalubmilintaacdióon e ny 
este ciclo educativo o construcción de aulas; construcción de nuevas escuelas infantiles
y equipamiento, tanto de aquellos centros titularidad de la Administración autonómica 
como local.
En su progresiva implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas 
con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a área 
rurales.  La  extensión  de  la  escolarización  en  este  ciclo  tiene  que  atender  a  la 
compensación  de  los  efectos  que  las  desigualdades  de  origen  económico,  social, 
territorial y cultural tienen sobre el alumnado.
Funcionamiento: De forma transitoria y extraordinaria estas inversiones se destinarán 
a pagar la remuneración de los empleados necesarios para el arranque de la inversión y 
los gastos de funcionamiento de las nuevas plazas de titularidad de la Administración 
autonómica o local.
La financiación del año 2021 para la creación de las plazas públicas de referencia 
servirá para gastos de infraestructura y para los gastos de funcionamiento de las nuevas 
plazas.
Está previsto que la financiación del año 2022 también servirá para gastos de 
infraestructuras  y  para  los  gastos  de  funcionamiento  de  las  plazas  creadas  con  la 
financiación de los años 2021 y 2022, de forma transitoria y extraordinaria para el 
arranque  de  la  inversión,  es  decir,  hasta  40.000  plazas  según  se  establece  en  el 
componente 21.
Y la financiación en el último año 2023, prevista con menor cantidad, será solo para 
gastos de infraestructura porque para las últimas 20.000 plazas ya no está previsto 
financiar los gastos de funcionamiento.
Una vez consolidada la escolarización producida por este programa durante los 4 
años  de  duración,  las  administraciones  educativas  asumirán  con  sus  presupuestos 
ordinarios el mantenimiento de las plazas creadas.
La subvencionalidad de las actuaciones se determinará según lo establecido en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 241/2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con respeto al artículo 5 
del mismo texto normativo.
Para  la  ejecución  de  la  inversión  del  componente  21.I1  se  establecen  en  el 
apartado 8 del componente 21 del PRTR una serie de condiciones que deben tenerse en 
cuenta, entre las que se señalan las siguientes:
– En  la  rehabilitación  de  edificios  se  tendrá  en  consideración  las  directrices 
recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios 
de cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de 
forma significativa el consumo de energía primaria no renovable.
– Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto 
existente en la Unión.
Para  evitar  el  impacto  de  la  obra,  se  identificarán  y  abordarán  los  riesgos  de 
degradación ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la 
prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del 
agua.
– La medida apoyará el objetivo europeo de conseguir que al menos el 70% (en 
peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los proyectos de 
infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen 
para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales.
– Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no  e.
contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la  w.b
lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento  761ww
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
10. Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las 
Comunidades Autónomas
Los compromisos adquiridos por las partes, junto a los establecidos en los apartados 
relativos a Evaluación y Seguimiento y Justificación y Verificación, son los siguientes:
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, se compromete a:
–  Adquirir un compromiso con las Comunidades Autónomas para la aplicación y 
financiación del Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 
y 2 años, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024.
–  Aportar los fondos comprometidos para el Programa de impulso de escolarización 
en  el  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  con  nuevas  plazas  de  titularidad  pública, 
prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, que serán distribuidos anualmente en 
función de los porcentajes y los criterios de distribución aprobados en el seno de la 
Conferencia Sectorial.
–   Mantener  una  estructura  de  coordinación  que  colaborará  con  el  equipo 
responsable  de  cada  Comunidad  Autónoma  en  el  apoyo  y  seguimiento  de  este 
programa.
–  En todas las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y 
notificación sobre el Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y 
niños de 1 y 2 años, el MEFP deberá hacer constar la mención expresa siguiente: 
Programa  financiado  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  y  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la mención expresa de Programa 
financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo y el emblema de la 
Unión Europea, así como lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
–  Realizar el seguimiento de las actuaciones del programa en cada Comunidad 
Autónoma, en colaboración con el equipo responsable del mismo designado al efecto.
–  De acuerdo y en colaboración con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional se compromete a:
• Mantener reuniones con los equipos técnicos de las Comunidades Autónomas 
sobre aquellas cuestiones que se acuerden
• Realizar una evaluación global de la aplicación del programa al final de cada curso
• Llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se acuerden entre el MEFP y las 
Comunidades Autónomas.
Cada Comunidad Autónoma se compromete a:
–  Adquirir un compromiso con el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para la aplicación y financiación del programa de impulso de escolarización en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para 
niñas y niños de 1 y 2 años, desde el 1 de enero de 2021, hasta el 15 de septiembre 
de 2024.
–  Destinar toda la financiación recibida del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional a la aplicación del programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo  es
de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para  o
niñas y niños de 1 y 2 años, cuyas actuaciones deberán realizarse de acuerdo con el  761ww
ccpaoasnraot–e ,  nqe iuEld epox,r p odeaged rlpia ra mpurrtaonir g  ecrdnaee mrl otiaefsi sc tyaaé  drlmfoae  icncdhoooasnt,a   qclsauieóse n  tsp eelpan razgeacasus u ecpdorudenee sst.titataunrliacaira ida asddieg  nplaaúdsb alin cuya e aav a cfseo cfpihnlaaaz n3ac1sia/ 1rp,2 ú/eb2nl0ic 2as0us,    OE-A-2021-21able en https://
creadas.
–  Expedir un certificado de creación de las nuevas plazas de titularidad pública 
creadas, con identificación del centro educativo, con el fin de disponer de un mapa 
completo de las nuevas plazas.
–   Certificación  de  finalización  de  obra,  reforma  o  rehabilitación,  así  como  del 
equipamiento de las nuevas plazas. Se hará pública una lista de edificios renovados o 
construidos con esta financiación.
–  Asumir los gastos de funcionamiento de las plazas nuevas creadas, una vez 
finalizado el Programa en 2024.
–  Destinar como mínimo un 20% para gastos de mantenimiento y otro mínimo 
de 20% para gastos de inversiones
–  Designar un equipo técnico de referencia para llevar a cabo el seguimiento y 
evaluación  del  programa,  informando  al  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional, cuando sea preciso, de las actuaciones que se desarrollan, proporcionando 
información específica acerca de sus objetivos, población a la que se dirige, impacto 
esperado, forma de ejecución, distribución territorial, entidad ejecutora, ubicación de los 
centros, período de ejecución y coste estimado.
–  Facilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional todos los datos 
necesarios para el seguimiento y evaluación del programa y el cumplimiento con la 
información requerida por la normativa correspondiente, así como la precisa para la 
elaboración de las estadísticas e informes generales sobre el Programa de impulso de 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad 
pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años.
–  En todas las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y 
notificación  sobre  el  programa  de  impulso  de  escolarización  en  el  Primer  Ciclo  de 
Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y 
niños de 1 y 2 años, la Comunidad Autónoma deberá hacer constar la mención expresa 
siguiente: Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la mención expresa de Programa 
financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo y el emblema de la 
Unión Europea.
–  Realizar el seguimiento de las actuaciones del programa en cada Comunidad 
Autónoma, en colaboración con el equipo responsable del mismo designado al efecto.
–   Presentar  una  memoria  evaluativa  por  curso  que  incluya  las  actuaciones 
realizadas, alumnos beneficiarios, centros y los resultados e impacto obtenido.
–   Observar,  en  todo  momento,  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma,  el 
cumplimiento de la normativa nacional y europea en la que se enmarca el MRR.
11. Incompatibilidad de las ayudas
La financiación aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciación por 
otros fondos estructurales de la Unión Europea, haciendo constar la imposibilidad de la 
doble financiación de la Unión Europea, y de conformidad con los establecido en el 
artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
12. Hitos, objetivos, indicadores, coste y calendario
El Programa de Cooperación Territorial de impulso de escolarización en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para 
niñas y niños de 1 y 2 años, es una medida de inversión, en concreto la inversión 1, que  e.
se enmarca en el componente 21 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo  w.b
objetivo general es el impulso de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación  761ww
InfanEtsilt ac oanc ntuuaecviaósn  pslea zcaosr rdees ptiotunladreid caodn p úlab lmicead.ida C21.I1 destinada a la «Creación de
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de 2021, de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España, asimismo, se corresponde a los hitos/objetivos 308 y 309 del Anexo de la citada 
Decisión, con la denominación de «Adjudicación de presupuesto para la promoción del 
primer ciclo de educación infantil» y «Nuevas plazas para el primer ciclo de educación 
infantil», respectivamente.
Según el tenor literal del objetivo 308, la «adjudicación a las Entidades Autonómicas/
Locales de un presupuesto de 670.990.000 EUR para la promoción del primer ciclo de 
educación infantil mediante la creación de nuevas plazas de titularidad pública» está 
previsto  para  el  cuarto  trimestre  de  2023  (T4,  2023),  y  según  el  objetivo  309  la 
«promoción del primer ciclo de educación infantil mediante la creación de nuevas plazas 
de titularidad pública (nueva construcción o reforma/ rehabilitación y equipamiento en al 
menos 60.000 plazas en comparación con finales de 2020, y de estos gastos operativos 
hasta  40.000  plazas  hasta  2024)»  está  previsto  para  el  cuarto  trimestre  de  2024 
(T4,2024).
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España,  todos  los  proyectos  de 
inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento del presente Acuerdo deben de 
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las condiciones 
del etiquetado climático y digital.
El indicador es la creación de 65.382 plazas de titularidad pública hasta el 15 de 
septiembre de 2024, que distribuidas por años, llegan a ser 21.794 plazas por año.
La información que se señala en el párrafo anterior de carácter general, se desglosa 
por Comunidades Autónomas en la siguiente tabla, indicando que las Comunidades 
Autónomas quedan obligadas al cumplimiento de los objetivos, hitos, indicadores, así 
como, a fijar el coste y el calendario previsto, en tanto su cumplimiento satisfactorio será 
lo que determine el pago por parte de la Comisión de la correspondiente ayuda y cuyo 
cumplimiento  es  obligatorio  para  que  las  Comunidades  Autónomas  puedan  retener 
finalmente los fondos transferidos:
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Comunidad Autónoma – – –
N.º de plazas N.º de plazas N.º de plazas
ANDALUCÍA. 4.023 4.023 4.023
ARAGÓN. 606 606 606
ASTURIAS (Principado de). 438 438 438
BALEARES. 806 806 806
CANARIAS. 1.293 1.293 1.293
CANTABRIA. 287 287 287
CASTILLA Y LEÓN. 1.255 1.255 1.255
CASTILLA-LA MANCHA. 1.239 1.239 1.239 s
CATALUÑA. 3.628 3.628 3.628 b
COMUNIDAD VALENCIANA. 2.279 2.279 2.279 761ww
EXTREMADURA. 684 684 684
GALICIA. 1.139 1.139 1.139
MADRID (Comunidad de). 1.753 1.753 1.753
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Comunidad Autónoma – – –
N.º de plazas N.º de plazas N.º de plazas
MURCIA (Región de). 1.313 1.313 1.313
NAVARRA (Comunidad Foral de). 391 391 391
PAÍS VASCO. 506 506 506
RIOJA (La). 154 154 154
TOTALES. 21.794 21.794 21.794
Dado que el Programa de Cooperación Territorial de impulso de escolarización en el 
Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  con  nuevas  plazas  de  titularidad  pública, 
prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, está incluido dentro del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (PRR),  está  sujeto,  en  todo  caso,  al 
cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en dicho Plan, y a la plena 
aplicación  de  los  mecanismos  de  gestión  y  control  que  se  establezcan  para  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa de la Unión 
Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de 
Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  específicas  relativas  a  la 
información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión 
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
El importe del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la 
Unión Europea es de 69.528 millones de euros, alcanzando su horizonte temporal de 
ejecución hasta 2026.
Se ha considerado en la redacción del presente Acuerdo las «Orientaciones para la 
transferencia de fondos a las comunidades autónomas para financiar medidas con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de Conferencia Sectorial o mediante 
ayudas  convocadas  por  el  Estado  y  gestionadas  por  aquellas  como  entidades 
colaboradoras» del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021.
Asimismo, de conformidad con el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (BOE del 3 de enero), la ejecución del crédito queda sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con las 
especialidades en él recogidas.
La Comunidad Autónoma asume la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la 
ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los 
gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRR (artículo 46 RD-L36/2020).
Tanto  el  artículo  7  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  como  el 
artículo  37  del  Real  Decreto  Ley  36/2020  prevén  la  obligación  que  tienen  las 
Comunidades Autónomas de reembolsar total o parcial de los fondos transferidos en el 
caso  de  incumplimiento  total  o  parcial  de  los  objetivos  previstos,  a  través  del 
procedimiento de reintegro que se determine por Orden de la Ministra de Hacienda.
Si procede, los hitos y objetivos deberán ajustarse en función de la revisión del coste 
estimado, antes mencionada.
13. Evaluación y seguimiento e.e
Las actuaciones estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para  761ww
eedelsel  pmMPeáelcascínf aioc nbaidslsiemg  aroeRc lidaeoetcniv ueRapssee  icrmaau cppliueaóer nais,nc tfaioTósrrn map syoaf rcoR irlóeamns an ilcyioei rónmpncua iabtyi lvid caeiRd  iaenladst ei,Ul riencEnao c snyieta r do,e el,sa  tlvsaaeíb  Urleicfnizocicómaancon ió E ynlua ,rc sous peyoeagba ula iiqgmpualiieeccian opctnoaióe rnays     OE-A-2021-21able en https://
será de obligado cumplimiento.
Se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa que permita conocer el alcance 
de la creación de las nuevas plazas. Esta evaluación incluirá entre otros los siguientes 
indicadores:
– El número de plazas públicas creadas.
– El  aumento  del  número  de  municipios  con  plazas  públicas  del  1.º  ciclo  de 
educación infantil.
Es responsabilidad de la comunidad autónoma en relación con la fiabilidad y el 
seguimiento de tales indicadores, el permitir conocer en todo momento el nivel de 
consecución de los hitos y de los objetivos, única herramienta para poder detectar las 
desviaciones producidas y adoptar las medidas necesarias en caso de situaciones que 
puedan comprometer el retorno de fondos por insuficiente cumplimiento de tales hitos y 
objetivos.
Si las Comunidades Autónomas, en ejecución de líneas de medida o proyectos 
integrados en el PRR deben otorgar financiación a destinatarios finales, públicos o 
privados, deberán establecer mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar 
por  estos  últimos  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  previstos  y  que  aportan  la 
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores. 
La financiación a terceros debe vincularse al logro de los objetivos que se persiguen.
En  todo  caso,  las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir  con  las  siguientes 
obligaciones en materia de empleo:
a)  Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, 
al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
b) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados 
en España.
c)  Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad 
objeto  de  la  subvención,  que  se  realizará  con  personal  contratado  y  afiliado  a  la 
Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que 
justificarse documentalmente.
Por  otra  parte,  los  destinatarios  finales  de  la  financiación  deberán  cumplir  los 
principios transversales del PRTR de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Las  Comunidades  Autónomas  velarán  por  que  los  proyectos  adjudicados  sean 
ejecutados conforme a los requisitos exigibles. Para ello, en el caso de ejecución directa, 
por  convenios  o  por  ayudas,  solicitarán  a  los  adjudicatarios  la  documentación  e 
información necesaria, a efectos de realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de 
los proyectos, lo cual deberá estar contemplado en los pliegos, convenios o bases.
En  todo  caso,  aprobado  el  programa  y  una  vez  recibidos  los  fondos  para  la 
financiación del mismo, la Comunidad Autónoma enviará al MEFP un informe inicial con 
la identificación de las actuaciones a realizar y el calendario de ejecución de las mismas, 
los objetivos a conseguir (n.º de actuaciones y población beneficiada) y la financiación 
concedida, incluyendo certificado de que no disponen de otros fondos.
Asimismo,  remitirán  informe  justificativo  mensual  y  trimestral  sobre  el  grado  de 
ejecución del gasto y del avance de cumplimiento en los hitos y objetivos establecidos.
Los contenidos y las fechas de presentación de dichos informes se establecerán de 
manera que permitan el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa 
interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la  e.
UE, así como la verificación de los hitos de ejecución establecidos. w.
Para  llevar  a  cabo  este  seguimiento,  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  761ww
ePsrotrfuecstiuornaa ld ye  lcaoso Crdoinmaucnióidna dpeasra A luat óimnopmleamse sneta ccoiómn,p raopmoeyote ny  as edgeusimignieanrt oy  dmeal npterongerra umnaa, 
con la constitución de una Comisión de seguimiento formada por los responsables que
para ello nombren las partes y que se reunirá, de común acuerdo, cuando sea necesario, 
y al menos, una vez cada seis meses.
14. Justificación y verificación
A  los  efectos  de  la  justificación  del  libramiento,  las  Comunidades  Autónomas 
custodiarán y a su vez, remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional el 
estado de ejecución y certificación de control de fondos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 86.2, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así 
como la documentación justificativa establecida en la normativa nacional aplicable a los 
créditos transferidos.
Asimismo, las Comunidades Autónomas se comprometen a custodiar y a facilitar al 
MEFP, en los plazos establecidos, la documentación e información necesaria para la 
justificación  de  los  fondos  recibidos  en  el  marco  del  Mecanismo  Europeo  de 
Recuperación y Resiliencia para la financiación de las actuaciones de este programa, en 
los términos establecidos en el apartado 15 de este Acuerdo.
Las Comunidades Autónomas deberán presentar las declaraciones responsables 
cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las  autoridades  competentes  conforme  a  la 
normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el 
marco  del  PRTR,  en  especial,  atendiendo  a  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre,  por  la  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y a la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (BOE  del  30,  para  ambas 
normas).
Esta justificación deberá ser presentada antes de 31 de marzo de 2023 para los 
fondos transferidos en el año 2021, antes del 31 de marzo de 2024 para los fondos 
transferidos en el año 2022 y antes del 15 de diciembre de 2024 para los fondos 
transferidos en el año 2023.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a recoger la 
documentación aportada por las comunidades autónomas para la justificación de las 
inversiones realizadas que permitan su posterior justificación al Mecanismo Europeo de 
Recuperación y Resiliencia.
A estos efectos el MEFP realizará un control y conformidad de las certificaciones de 
las Intervenciones de Hacienda y de las Consejerías ejecutantes de las Comunidades 
Autónomas.
La no presentación de los informes justificativos conllevará la devolución total o 
parcial de la ayuda adjudicada. Serán las Comunidades Autónomas las responsables de 
la recopilación y valoración de los informes presentados por los beneficiarios, para 
comprobar la adecuación de los proyectos a las condiciones de financiación, así como 
de la elaboración y del envío de los informes justificativos parciales y finales al MEFP.
15. Obligación de información y de rendición de cuentas de la utilización de las 
cantidades recibidas por conferencia sectorial y condiciones para su rendición
Corresponderá a cada Comunidad Autónoma asegurar el cumplimiento de:
1.  Las condiciones de suministro y publicación periódica de información relativa a  b
indicadores, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021,  761ww
de 229.  deL asse pctoienmdibcrioen, edse  dceo nsfuomrminidisatdro c yo np ulab lnicoarcmióanti vpae rnióadciicoan adle y  incofomrmunaictaiórnia .en cuanto a
teéjermcuincoiósn e sdtealb lgeacsidtoo s eenn  perl oayretícctuolso  8y  dme elad iOdards ene nH FrePla/1c0ió3n0 /2a0l 2c1o, sdtee  2e9s tdime asdeop,t ieemn blroes, 
de conformidad con la normativa nacional y comunitaria.
3.  El mantenimiento de la adecuada pista de auditoría relativa a la medición de los 
indicadores y de conservación de la documentación soporte conforme a lo estipulado en 
el artículo 132 del Reglamento Financiero.
4.  La obligación de presentar al final de la ejecución de la medida una cuenta 
justificativa sobre la utilización de los fondos recibidos para la misma, incluyendo:
a)  Grado de cumplimiento de hitos y objetivos respecto de los fijados inicialmente o, 
en su caso, revisados.
b)  Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.
c)  Descripción  de  la  medida  y  la  manera  de  implementación,  mecanismos  de 
control aplicados en su ejecución.
5.  La obligación de presentar una cuenta justificativa final para la liquidación de la 
CS, tanto en lo que respecta a los importes utilizados como a los hitos y objetivos 
conseguidos,  tras  el  cierre  del  MRR,  es  decir,  tras  todos  los  posibles  controles 
nacionales y comunitarios que sobre las medidas financiadas con él puedan recaer.
Ni la realización de las correspondientes reformas e inversiones por parte de las 
Comunidades Autónomas ni el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, 
incluso si se han verificado por la Autoridad de Control nacional, aseguran que se vayan 
a obtener los retornos previstos, puesto que las distintas medidas estarían sujetas a los 
eventuales controles que con posterioridad a la finalización de la medida puedan realizar 
sobre ellas los órganos de control comunitarios (Comisión Europea, Tribunal de Cuentas 
Europeo, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fiscalía Europea).
Cualquier ajuste a la baja en la financiación europea derivado de correcciones sobre 
el  coste  estimado  o  sobre  la  contribución  financiera  deberá  ser  asumido  por  las 
Comunidades Autónomas, mediante la devolución de los créditos implicados.
A estos efectos, en caso de cualquier incumplimiento de la Comunidad Autónoma 
puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad 
nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de 
Fondos, esta se trasladará a la Comunidad Autónoma en aplicación de lo señalado en el 
artículo 7 de la Ley General de Subvenciones.
16. Obligación de sometimiento a las disposiciones comunitarias sobre el MRR
En tanto que son las Comunidades Autónomas responsables de la ejecución de las 
actuaciones,  quedarán  sometidas  a  la  totalidad  de  la  normativa  reguladora  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y, en particular, en lo relativo a (enumeración 
no exhaustiva):
– Obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
– En cuanto a la regularidad del gasto, se llama la atención sobre el cumplimiento de 
la normativa sobre Ayudas de Estado en general y, en particular, respecto a los controles 
que se han aplicar para garantizar que el diseño de inversiones cumple dicha normativa 
en  las  medidas  que  se  ejecuten  por  las  Comunidades  Autónomas,  con  especial 
referencia  a  los  supuestos  en  los  que  vayan  a  participar  varias  administraciones 
públicas, en los que se debe tener especial cuidado con las reglas de acumulación de 
ayudas  y  las  de  incompatibilidad  entre  ayudas  comunitarias,  así  como  con  las  s
intensidades máximas, procurando que las categorías de ayudas, en la medida de lo  oe.
posible, no sean concurrentes sino complementarias y que los gastos elegibles no sean  w.
lcoosn m –la is Tpmarnoetsvo.e pnacrióan e dl ep rloap dóosibtole d fein caonnctiarocli ódne,l  lcau Bmapsliem dieen tDoa dtoes l oN aanctioenriaolr  dceo mSou bevne rneclaiocnióens   2021-21761n https://ww
(BDNS) se configura como una herramienta fundamental, por lo que se deberá instar a
las  Comunidades  Autónomas  a  su  utilización  como  herramienta  de  consulta  en  el  Bc
procedimiento  de  concesión  de  ayudas  e  insistir  en  la  necesidad  de  cumplir 
adecuadamente, por su parte, con las obligaciones de suministro de información a la 
misma (Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo).
– Contribución a la fiabilidad del sistema en general y del sistema de seguimiento de 
indicadores del cumplimiento de hitos y objetivos y de seguimiento del coste estimado en 
particular.
– Requisitos de pista de auditoría. Es fundamental que se establezca la obligación 
de guardar la trazabilidad de cada una de las medidas y cada uno de los perceptores 
finales de los fondos, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir 
los objetivos cuyo nivel de consecución cada Comunidad Autónoma tiene que reportar. 
Esta obligación de pista de auditoría alcanza a la relativa al cumplimiento de hitos y 
objetivos y medición de indicadores.
– Obligaciones de comunicación sobre la financiación comunitaria de las medidas 
incluidas en el PRR.
– Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias.
– Sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que 
actúen bajo su coordinación o responsabilidad.
– Las  Comunidades  Autónomas  garantizarán  el  respeto  al  principio  de  DNSH, 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de  España.  Para  ello,  las  Comunidades  Autónomas  preverán  mecanismos  de 
verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su 
implementación.
– En  la  ejecución  de  las  inversiones,  las  Comunidades  Autónomas  y  demás 
beneficiarios últimos de los fondos procedentes del PRTR, así como contratistas y 
subcontratistas, en su caso, tendrán que cumplir con la normativa europea y nacional 
que les resulte aplicable, en particular, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 
HFP/1030/2021,  de  29  de  septiembre,  y  con  las  obligaciones  que  se  derivan  del 
Reglamento del MRR, especialmente en materia de etiquetado digital y verde, principio 
de no causar daño significativo, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, no 
concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas 
de Estado.
17. Consecuencias de los posibles incumplimientos por parte de las CC.AA.
Los créditos trasferidos quedan legalmente afectados a financiar las actuaciones del 
programa integrado en el PRR, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en 
caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2021 y artículo 37.4 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
Conllevará la devolución total o parcial de la ayuda adjudicada:
– No lograr, en todo o en parte, los objetivos previstos: reintegro al menos cuando el 
incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del  e.e
retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la Comunidad  b
Autónoma. 761ww
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– Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada 
en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga 
sobre aquellas y que impida el retorno de fondos al Tesoro: reintegro del importe del 
retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma.
– No  utilización  de  las  cantidades  recibidas  para  las  medidas  para  las  que  se 
transfirieron: reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.
– No cumplir lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.