BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Viernes 26 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 23782
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
3056 Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio en materia de formación entre el Consejo General del 
Poder Judicial, el Centro de Estudios Jurídicos, O.A., y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, en cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 376/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, relativo a la 
notificación de sucesos en la aviación civil.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la 
Directora del Centro de Estudios Jurídicos, O.A. y la Directora de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, han suscrito un Convenio en materia de formación en cumplimiento del 
artículo 15.4 del Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 3 de abril de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 19 de febrero de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial, el 
Centro de Estudios Jurídicos, O.A., adscrito al Ministerio de Justicia y la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en cumplimiento del artículo 15.4 del 
Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril 
de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil
22 de enero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Excmo. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que 
le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Directora del Centro de Estudios Jurídicos doña María Abigail Fernández González, 
directora del Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, 
nombrada por Orden JUS/95/2020 de 6 de febrero, y en virtud de lo dispuesto en el  s
artículo 10.1.j) del Estatuto del CEJ, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril. oe.
La Sra. Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, doña Isabel Maestre  w.
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Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Rector (BOE de 6 de  Bc
abril de 2009) que delega en el Director de AESA las facultades dispuestas en el 
artículo 17.1 q) del Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Estatuto de la AESA.
Las partes se reconocen recíprocamente, en la calidad con que cada uno interviene 
con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este acuerdo, y al efecto
EXPONEN
Primero.
El artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del 
Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del 
Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial 
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en 
todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la 
propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y 
gobierno del Poder Judicial.
El  Consejo  General  del  Poder  Judicial  entre  sus  funciones  constitucionales  de 
gobierno del Poder Judicial, ostenta la exclusiva competencia en materia de formación 
inicial  y  continuada  de  Jueces  y  Magistrados  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  560.1.7.ª  de  la  LOPJ,  para  cuyo  ejercicio,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en 
el artículo 433bis.4 LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.
Segundo.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia 
conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
De acuerdo con el Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, corresponde al Ministerio 
de Justicia, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales 
vigentes,  la  propuesta  y  ejecución  de  la  política  del  Gobierno  para  el  desarrollo  del 
ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, así como la 
política de organización y apoyo de la Administración de Justicia.
El  Centro  de  Estudios  Jurídicos  (CIF:  Q2813002I)  es  un  organismo  autónomo 
adscrito al Ministerio de Justicia, que según establece el artículo 2 de su Estatuto, tiene 
por objeto «desarrollar y ejecutar, en colaboración con el Ministerio de Justicia, las 
políticas de selección y formación de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de 
los  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia,  Médicos  Forenses,  Facultativos  del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia. Dicha colaboración se extenderá también a la formación 
continuada de los Abogados del Estado, en el marco de los planes que elabore la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
El Centro de Estudios Jurídicos también tiene por objeto la colaboración con la 
Fiscalía General del Estado a fin de proporcionar una preparación integral, especializada 
y de alta calidad a los miembros de la Carrera Fiscal, así como a los aspirantes a 
ingresar en ella».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.b) de su Estatuto 
establece que el Centro de Estudios Jurídicos podrá: «Suscribir Convenios y mantener  es
relaciones de colaboración e información recíproca con el Consejo General del Poder  o
Jyu odtircaisa li,n usntiitvuecriosindeasd epsú,b clicoalesg oio ps ryiv aadsoacsi,a pcaioran eesl  dperosfaersrioolnloa dlees ,s uAsd mfuinncisiotrnaecsio fnoerms aptúivbalisc»a.s  2021-3056n https://www.
Tercero.
Según lo dispuesto en el 5.5 del Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, en la actualidad 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en virtud del Real Decreto 2/2020, 
de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamento ministeriales (BOE de 13 
de enero de 2020), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea está adscrita al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Secretaría General de 
Transporte.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, dentro del ámbito de competencias correspondientes al 
Estado, y de acuerdo con la autorización llevada a cabo por la disposición adicional 
tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, tiene por objeto la ejecución de las funciones 
de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los 
sistemas  de  navegación  aérea  y  de  seguridad  aeroportuaria,  en  sus  vertientes  de 
inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del personal 
aeronáutico, así como las funciones de detección, análisis y evaluación de los riesgos de 
seguridad en este modo de transporte. En concreto, en relación con la notificación de 
sucesos, la Agencia gestiona el sistema de notificación de sucesos de aviación civil, que 
se integra en el Programa Estatal de Aviación Civil conforme al artículo 3.3 del Real 
Decreto  995/2013,  de  13  de  diciembre,  por  el  que  se  desarrolla  la  regulación  del 
Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil.
Cuarto.
El artículo 15.4 del Reglamento (UE) N.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, 
que modifica el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y los Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión, establece 
que los Estados miembros velarán porque sus autoridades competentes a fin de instaurar 
un  mecanismo  para  la  recogida,  evaluación,  tratamiento,  análisis  y  almacenamiento 
independientes  de  datos  sobre  los  sucesos  en  la  aviación  civil  notificados,  y  sus 
autoridades competentes en materia de administración de justicia cooperen mutuamente 
mediante  acuerdos  administrativos  previos.  La  finalidad  de  estos  acuerdos 
administrativos previos será la de garantizar un equilibrio adecuado entre la necesidad 
de una administración adecuada de la justicia y la necesidad de que se disponga de 
forma permanente de información sobre seguridad.
Para el logro de la finalidad indicada es esencial realizar un uso adecuado de 
la información relativa a la seguridad, debiendo considerar que el único objetivo de la 
notificación de sucesos es prevenir futuros accidentes e incidentes y no atribuir faltas o 
responsabilidades.
La gestión de las notificaciones se lleva a cabo con vistas a prevenir el empleo de 
la información para fines distintos de seguridad, y debe proteger adecuadamente la 
confidencialidad  del  notificante  y  de  toda  persona  mencionada  en  relación  con  un 
suceso, con miras a fomentar una «cultura justa», siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 16 Reglamento (UE) n.º 376/2014.
Quinto. bo
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porcentaje igual o superior al 20 % con arreglo a las reglas de cálculo contenidas en la
letra a) del citado artículo 6.1 de dicha Ley. Bc
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Este Convenio marco tiene por objeto establecer las líneas específicas en materia de 
formación entre el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), del que 
depende la Escuela Judicial, por una parte, el Centro de Estudios Jurídicos (en adelante 
CEJ), por otra, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante AESA), en aquellas 
actividades  que  se  realicen  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  en  los 
principios de cultura justa que se establecen en el Reglamento (UE) n.º 376/2014, 
manteniendo reuniones con carácter periódico y estableciendo, en la medida de lo 
posible, iniciativas y actividades comunes.
Segunda.  Compromisos de las partes.
A estos efectos, las partes convienen en realizar iniciativas y actividades comunes en 
la organización de ciclos, cursos, seminarios, coloquios, grupos de trabajo y mesas 
redondas, tanto en el ámbito investigador como en el formativo, dirigido a miembros de la 
carrera judicial, fiscal y de AESA.
El  CGJP,  el  CEJ  y  AESA  asumirán  conjuntamente  la  organización,  gestión  y 
supervisión de las actividades de formación programadas cada año.
La  elaboración  del  programa  de  actividades  a  desarrollar  será  una  atribución 
correspondiente a las tres instituciones.
Corresponde  al  CGPJ  y  al  CEJ  realizar  la  selección  de  jueces  y  fiscales, 
respectivamente, que asistirán a las actividades formativas.
Corresponde a las tres instituciones la designación de los docentes, que serán en todo 
caso, profesionales con probada experiencia y conocimientos en el tema del que se trata.
Tercera.  Financiación.
El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las 
partes.  Las  actuaciones  derivadas  de  este  Convenio  que  tengan  alguna  incidencia 
económica o presupuestaria para las partes, se articularán en Convenios de ejecución 
de este Convenio y estarán sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa 
fiscalización del gasto y de los compromisos económicos contraídos.
Cuarta.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Con  el  fin  de  coordinar  las  actividades  necesarias  para  la  ejecución  de  este 
Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las 
partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales.
La presidencia de la comisión de seguimiento se ejercerá de forma sucesiva, y con 
carácter anual, por cada una de las partes intervinientes, en el orden que consta en el 
encabezamiento  de  este  Convenio  comenzando  por  el  Consejo  General  del  Poder 
Judicial.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa 
convocatoria de su presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados 
de la cooperación realizada.
La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que  e.e
se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes  w.b
funciones: 56ww
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desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.
c)  Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos 
asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.
e)  Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley.
Quinta.  Vigencia y eficacia del Convenio.
Este Convenio tendrá efectos de cuatro (4) años, a partir del día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el registro electrónico estatal de 
órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal.
Este Convenio podrá prorrogarse por un periodo de tiempo máximo de cuatro (4) 
años adicionales, si así lo acuerdan las partes mediante acuerdo expreso, que deberá 
formalizarse con tres meses de antelación a la expiración del Convenio.
Sexta.  Modificación, resolución y extinción del Convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través 
de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por 
las mismas Autoridades que el presente Convenio.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
1.  El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones 
sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.
d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  el  plazo  de  dos  meses  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
f)  Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del Convenio.
g)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. e
La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que  w.
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Séptima.  Protección de datos.
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:
a)  En  el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal,  las  partes  tendrán  la 
consideración de «Corresponsables del Tratamiento», en aplicación del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la  libre  circulación  de  estos  datos  (RGPD).  En  el  caso  del  CGPJ  el  responsable  del 
tratamiento a los efectos del RGPD es la Secretaría General. En el caso del CEJ, el 
responsable del tratamiento a efectos del RGPD es su Secretaría General. En el caso de 
AESA, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es su Secretaría General.
b)  Dentro de este régimen de corresponsabilidad, el Consejo General del Poder 
Judicial es responsable del tratamiento de los datos personales correspondientes a la 
participación de los miembros de la Carrera Judicial en los ciclos, cursos, seminarios, 
coloquios o mesas redondas, realizados en ejecución del presente Convenio, así como 
de los tratamientos relativos a la gestión y tramitación de las actividades docentes, 
administrativas y económicas derivadas de los mismos. Los referidos datos personales 
serán incorporados a las actividades de tratamiento del CGPJ denominadas «Formación 
continua y complementaria» y «Profesores». El Centro de Estudios Jurídicos, por su 
parte, es responsable de los tratamientos correspondientes a la participación de los 
miembros de la Carrera Fiscal en las actividades formativas, así como de los relativos a 
la  gestión  y  tramitación  de  las  actividades  docentes,  administrativas  y  económicas 
derivadas del desarrollo de ciclos, cursos, seminarios, coloquios o mesas redondas. 
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por su parte, es responsable de los tratamientos 
correspondientes a la participación de sus miembros en las actividades formativas, así 
como de relativos a la gestión y tramitación de las actividades docentes, administrativas 
y económicas derivadas del desarrollo de ciclos, cursos, seminarios, coloquios o mesas 
redondas.
La  determinación  de  la  esfera  de  responsabilidad  de  las  partes  signatarias  se 
comunicará a los titulares de los datos al informarles de los derechos contemplados en la 
letra f) de la presente cláusula.
c)  Los  datos  derivados  de  este  Convenio  serán  de  carácter  identificativo  y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en el Convenio.
d)  En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
tratamientos  derivados  de  este  Convenio,  las  partes  se  comprometen  a  informarse 
mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es 
susceptible  de  comunicación  a  la  Autoridad  de  Control  (la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y 
dos  horas,  según  establece  el  RGPD  en  su  artículo  33.  A  su  vez,  las  partes  se 
comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se 
vuelvan a producir incidentes similares.
e)  Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a 
la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
f)  Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, cancelación, limitación de tratamiento y oposición en la dirección correspondiente  e
a sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Consejo General del Poder  bo
Judicial, a través del formulario web accesible en: 56ww
derehcthtpo:s//-w-fworwm.puoladreiorj-u/.dicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-
En el caso de la Centro de Estudios Jurídicos, a través de:
secretaría@cej-mjusticia.es
En el caso de AESA, se ejercitarán dichos derechos ante el Delegado de Protección 
de Datos, dirigiendo una comunicación al correo:
dpd.aesa@seguridadaerea.es
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa 
vigente.
Octava.  Confidencialidad.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y 
la información que con este carácter haya sido suministrada a la otra parte durante la 
vigencia  del  presente  Convenio.  Ambas  partes  también  acuerdan  no  divulgar  esta 
información  a  ninguna  persona  o  entidad,  exceptuando  sus  trabajadores,  con  la 
condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea 
necesario para la correcta ejecución de este Convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su 
propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de la 
normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
Novena.  Régimen Jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el capítulo VI del 
título Preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas 
de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento se someterán a la 
jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por triplicado, 
en el lugar y la fecha indicados ut supra.–El Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–La Directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, O.A., María Abigail Fernández González.–La Directora de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.