BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47740
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6616 Pleno. Sentencia 70/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6711-2019. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva 
Rueda respecto de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
acuerdan continuar, sin solicitar autorización del Congreso de los Diputados y 
del Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos de 
rebelión y sedición. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del 
cargo  público  representativo  y  a  un  proceso  con  todas  las  garantías: 
resoluciones  judiciales  que  parten  de  una  adecuada  comprensión  de  la 
prerrogativa  de  inmunidad  parlamentaria;  improcedencia  de  extrapolar  la 
doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019.
ECLI:ES:TC:2021:70
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 
presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías, los magistrados don Andrés 
Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón,  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6711-2019, promovido por don Oriol Junqueras Vies y 
don Raül Romeva Rueda, representados por la procuradora de los tribunales doña Celia 
López Ariza y asistidos por el letrado don Andreu Van den Eynde, contra el auto de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de mayo de 2019, confirmado en súplica por 
auto de 3 de octubre de 2019, que acuerda no haber lugar a solicitar autorización del 
Congreso  de  los  Diputados  y  del  Senado  para  continuar  el  juicio  oral  contra  los 
demandantes de amparo en la causa especial núm. 20907-2017, ni a suspender sus 
sesiones. Han sido parte don Jordi Sánchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don 
Josep Rull i Andreu, representados por el procurador de los tribunales don Aníbal 
Bordallo  Huidobro;  el  partido  político  Vox,  representado  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; don Carles Puigdemont i Casamajó, don 
Joaquim Forn i Chiariello y doña Meritxell Borràs i Solé, representados por el procurador 
de  los  tribunales  don  Carlos  Ricardo  Estévez  Sanz;  y  el  abogado  del  Estado.  Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes e.
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 21 de  16ww
rneopvrieesmebnrtea cdióen 2 0d1e9 ,d doonñ aO Crioell iaJ uLnóqpueezr aAsri zVai,e psr oyc udroand orRaa düel  Rloosm treibvuan aRleuse,d ean,  ninotmerbprues oy 
erel ceunrcsaob deez aammiepnatroo  dceo netsrata  lases nrteesnocliuac.iones judiciales a las que se ha hecho mención en
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El  Ministerio  Fiscal formuló denuncia por delito  de  sedición por los hechos 
ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona contra don Jordi 
Sánchez i Picanyol y otras personas, que fue turnada al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional, que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las 
diligencias previas núm. 82-2017 por delito de sedición.
b)  El día 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas 
por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de 
rebelión  [art.  472  del  Código  penal  (CP)],  sedición  (art.  544  CP),  malversación  de 
caudales públicos (art. 432 CP) y/o desobediencia (art. 410 CP). La primera se presentó 
ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional y se dirigió 
contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell  Executiu  del  Govern  de  la 
Generalitat, en la actualidad cesados». Esta querella fue acumulada a las antes citadas 
diligencias previas núm. 82-2017 que se seguían ante el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3.
La segunda querella se formuló ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Iba 
dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la mesa de 
la cámara que, salvo uno de ellos, conservaban en ese momento la condición de 
aforados por pertenecer a la diputación permanente. Esta querella fue admitida a trámite 
mediante auto de 31 de octubre de 2017, confirmado en súplica por auto de 18 de 
diciembre de 2017, dando lugar a la causa especial núm. 20907-2017.
c)  En las diligencias previas núm. 82-2017, el Juzgado Central de Instrucción núm. 
3 dictó auto en fecha 2 de noviembre de 2017, en el que acordó la prisión provisional 
comunicada y sin fianza de don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda.
d)  Por auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017, se acordó en la 
causa especial núm. 20907-2017 ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar  al  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las 
actuaciones obrantes en las diligencias previas núm. 82-2017.
La prisión provisional de don Oriol Junqueras Vies fue mantenida por auto del 
magistrado instructor de 4 de diciembre de 2017, confirmado por auto de la sala de 
apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2018.
Por auto del magistrado instructor de 4 de diciembre de 2017, se modificó la medida 
cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de don Raül Romeva Rueda por 
la de prisión eludible mediante prestación de fianza de 100 000 €.
e)  Por auto del magistrado instructor de 21 de marzo de 2018, don Oriol Junqueras 
Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva Rueda, don Josep Rull i Andreu y don 
Jordi Sánchez i Picanyol, entre otros, fueron procesados en la causa especial núm. 
20907-2017 por delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos (arts. 472 y 
concordantes y 432 y concordantes, respectivamente, CP).
Por autos del magistrado instructor y de la sala de apelaciones de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, de 9 de mayo y 26 de junio de 2018, fueron desestimados, 
respectivamente, los recursos de reforma y apelación interpuestos contra el anterior auto 
de 21 de marzo de 2018.
f)  Por auto del magistrado instructor de 23 de marzo de 2018, se acordó la prisión 
provisional de don Raül Romeva Rueda, que fue confirmada en apelación por auto de la 
sala de apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018.
g)  Por auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se acordó declarar la  e.
conclusión del sumario y remitir los autos y piezas de convicción al tribunal competente  w.b
para conocer del mismo. 16ww
acorPdoór  caountfoir mdea r 2e5l  aduet oo dcteu bcroen cdlues 2ió0n1 8d ed seu lma aSriaol ay  Sdeecgluanradra a dbeiel rtTor ieblu jnuaicl ioS uoprarel mcoon, trsae, 
eenl tareu too trdoes ,p droocne Osarimoli eJnutnoq usee racas liVficieasr oyn d coonm Roa üdle Rlitooms edvea  rRebueeldióan,  pyo dr elo sm haelvcehrosas cqióune  deen 
caudales públicos (arts. 472 y concordantes y 432 y concordantes, respectivamente, 
CP).
h)  Formulados los escritos de acusación por el Ministerio Fiscal, el abogado del 
Estado y la acusación particular y, presentado por la representación procesal de don 
Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda escrito de conclusiones provisionales, el 
día 1 de febrero de 2019 se dictó auto de admisión de pruebas y, a continuación, se 
señaló el desarrollo del juicio oral, cuyas sesiones se celebraron los días 12, 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27 y 28 de febrero; 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de 
marzo; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29 y 30 de abril; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 22, 23, 
27, 28 y 29 de mayo; y 4, 11 y 12 de junio de 2019.
i)  Por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, se disolvieron el Congreso de los 
Diputados y el Senado elegidos el día 26 de junio de 2016 y se convocaron elecciones a 
ambas cámaras que se celebraron el día 28 de abril de 2019.
Don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda concurrieron, respectivamente, 
como candidatos en dichas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado por la 
circunscripción  de  Barcelona  en  las  listas  presentadas  por  la  coalición  Esquerra 
Republicana de Catalunya-Sobiranistes. Fueron proclamados diputado y senador electos 
por acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 3 de mayo de 2019.
j)  La  representación  procesal  de  los  demandantes  de  amparo,  por  escrito  de 
fecha 8 de mayo de 2019, solicitó que se alzase la situación de prisión preventiva de sus 
representados y se acordase su libertad, se suspendieran las sesiones del juicio oral y 
se pidiese autorización al Congreso de los Diputados y al Senado para la continuación 
del proceso penal contra ellos mediante la remisión del correspondiente suplicatorio.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 14 de mayo de 2019, desestimó 
dichas solicitudes, si bien autorizó la salida del centro penitenciario de los demandantes 
para que pudieran asistir a las sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y 
del Senado convocadas para el 21 de mayo siguiente.
k)  La representación procesal de los demandantes interpuso recurso de súplica 
contra el anterior auto, que fue desestimado por auto de 3 de octubre de 2019.
3.  En  cuanto  a  la  fundamentación  jurídica  de  la  demanda  de  amparo,  los 
recurrentes imputan a las resoluciones judiciales impugnadas la vulneración del derecho 
a la participación y representación política (art. 23 CE), en relación con la prerrogativa de 
la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE), y del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE).
a)  La  representación  procesal  de  los  demandantes  alega,  como  consideración 
previa, que la relevancia constitucional del recurso estriba en que es la primera vez en 
que un tribunal español ha denegado la remisión de suplicatorio a las Cortes Generales 
de cuatro diputados –don Oriol Junqueras Vies, don Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep 
Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre– y de un senador –don Raül Romeva Rueda–, 
contraviniendo el requisito de procedibilidad de los arts. 751 in fine y 753 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal (LECrim), en relación con la prerrogativa de la inmunidad. La 
Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo,  en  las  resoluciones  judiciales  impugnadas, 
considera, con base en una interpretación absolutamente restrictiva de la ley, que solo 
procede solicitar la oportuna autorización de las cámaras cuando el procedimiento se 
encuentre en la fase de instrucción o en la fase intermedia. De este modo, al asumir una 
competencia que corresponde a cada una de las cámaras de las Cortes Generales, 
anula de forma automática los derechos políticos de los parlamentarios, de la ciudadanía  e
a quien representan y vulnera además el principio de separación de poderes, lo que  bo
supone, en definitiva, una afectación directa a la esencia misma del Estado democrático  16ww
y deb d) erLeach ion.munidad parlamentaria es una garantía que afecta de manera directa a la
peasfrear aa uptoerriszoanr asl ud per olocse spaamrliaemnteon (taarrito. s7,1 y.2a  CqEue).  Straus fliandaali daa dla, sc ocmámo atireanse  lad eccolamrapdeote ensctiae 
tribunal, es la de «evitar que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el
funcionamiento de las cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la 
voluntad popular» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6). Eventualidad que en este caso 
resulta evidente, ya que se ha personado en la causa como acusación popular un partido 
político antagonista de la formación política a la que pertenecen los demandantes.
La previsión del art. 71.2 CE sobre dicha prerrogativa se desarrolla en los arts. 11 del 
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 22.1 del Reglamento del Senado 
(RS), cuyo contenido se reproduce en la demanda, así como el de los arts. 750 y 753 
LECrim. La representación letrada de los demandantes deduce del tenor de los citados 
preceptos que es a las cámaras a las que corresponde decidir la continuación del 
procedimiento, tanto en relación con las personas investigadas como contra las que se 
haya dictado auto de procesamiento.
Aunque los recurrentes fueron elegidos, respectivamente, diputado y senador de las 
Cortes Generales cuando se encontraban procesados, la sala de enjuiciamiento ni ha 
efectuado la oportuna comunicación a los respectivos cuerpos colegisladores, ni ha 
esperado a que resolvieran lo que tuvieran por conveniente para continuar la causa, sino 
que, con base en una interpretación sesgada y totalmente restrictiva de la prerrogativa 
de la inmunidad, ha tomado la decisión de continuar con el procedimiento judicial, 
apelando básicamente al ámbito de aplicación temporal de la citada prerrogativa. En 
efecto, en las resoluciones judiciales impugnadas se declara que no procede recabar 
autorización alguna a las cámaras, al haberse dictado ya auto de procesamiento e 
iniciado las sesiones del juicio oral cuando los demandantes fueron elegidos diputado y 
senador. El órgano judicial fundamenta esta decisión en que los preceptos que regulan la 
prerrogativa de la inmunidad hacen referencia a que los diputados y senadores no 
podrán ser «inculpados o procesados» si no media autorización de las cámaras, de 
modo que, ciñéndose a estos términos, entiende que la autorización parlamentaria solo 
es precisa para la adopción de decisiones judiciales propias de la fase de instrucción o 
fase intermedia.
Sin embargo, el órgano judicial omite que esos mismos preceptos hacen mención 
también a las personas ya «procesadas», de forma que la distinción temporal que se 
lleva a cabo en las resoluciones judiciales recurridas no resulta aceptable ni se ajusta a 
la  naturaleza  propia  de  la  inmunidad,  en  tanto  que  garantía  material  frente  a  una 
actuación judicial susceptible de afectar a la libertad del representante político.
La conclusión que en realidad se extrae del análisis de los precedentes que el 
Tribunal  Supremo  cita  en  apoyo  de  su  decisión  –ATS  de  7  de  febrero  de  2002; 
SSTS 197/2000, de 19 de diciembre, y 54/2008, de 8 de abril, y el acuerdo del pleno no 
jurisdiccional de su Sala Segunda de 15 de diciembre de 2000– es que, excepto en 
aquellos supuestos en los que ya se ha dictado sentencia, sí resulta necesario remitir la 
pertinente comunicación a las cámaras. Asimismo, este tribunal tampoco ha efectuado la 
limitación pretendida por el Tribunal Supremo en las resoluciones judiciales recurridas, 
sino que, por el contrario, ha venido haciendo referencia de forma genérica, en cuanto al 
momento procesal para solicitar el suplicatorio, a posibles «procesos penales» que se 
puedan dirigir frente a los miembros de las cámaras (SSTC 90/1985, de 22 de julio; 
206/1992, de 27 de noviembre; y 124/2001, de 4 de junio). A mayor abundamiento, el 
abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado en sus 
conclusiones en el asunto C-502/19, en relación con la inmunidad parlamentaria de don 
Oriol Junqueras Vies como eurodiputado, que «desde el momento en que el Derecho 
nacional de un Estado miembro reconoce la inmunidad a los parlamentarios, considero 
plenamente  lógico  que  no  sea  el  tribunal  nacional  competente  quien  aprecie  la  s
conveniencia de solicitar la suspensión de esa inmunidad, sino que sea el Parlamento  oe.
quien juzgue la conveniencia de suspenderla o mantenerla». w.
Aunque se ha permitido a los demandantes acudir a la sesión constitutiva de ambas  16ww
dcáem faacrtaos  ddees laarsro Cllaorr tleass  Gtaerneearsa lqeuse y l eresc soogne rp sroupsi aress (preeuctnivioanse asc etans ,e nl og rsuep ole psa hrala mpeernmtaitridioo, 
rduipeudtaasd od eo  sperennasdao,r )e nnit rgeovzisatra sd,e  alsaís  cporemroro gtoadtiavsa sa iqnuheelrlaesn tevsin acu slaud caasr gao ,s uco mesota ltau tdoe  dlea   BOE-A-cable e
inmunidad parlamentaria. Situación que supone, en definitiva, una vulneración directa del 
derecho de representación y participación política (art. 23 CE) y del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
La demanda concluye interesando de este tribunal su admisión y que, tras los 
trámites oportunos, dicte sentencia en la que se otorgue el amparo solicitado, declarando 
la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, con retroacción de las actuaciones 
al momento anterior al que han sido dictadas.
Por un otrosí se insta como medida cautelar, de acuerdo con el art. 56 LOTC, la 
suspensión de la ejecución de la STS 459/2019, de la Sala Segunda, de 14 de octubre, 
recaída en la causa especial núm. 20907-2017.
4.  El Pleno del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el 
art. 10.1 n) LOTC, a propuesta del presidente, acordó, por providencia de 25 de febrero 
de  2020,  recabar  para  sí  el  conocimiento  de  este  recurso  y  admitirlo  a  trámite, 
apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y 
porque  el  asunto  suscitado  trasciende  el  caso  concreto  al  poder  tener  unas 
consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Asimismo, en aplicación del art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez 
días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los 
autos de 14 de mayo y 3 de octubre de 2019, dictados en la causa especial núm. 
20907-2017,  debiendo  previamente  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, a excepción de los demandantes, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión formulada mediante otrosí, el Pleno no 
apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su 
adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma, acordó formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen las alegaciones que 
tuvieran por conveniente.
Evacuado el trámite de alegaciones conferido, el Pleno, por ATC 70/2020, de 14 de 
julio, denegó la medida cautelar de suspensión.
5.  Por diligencia de la secretaria de justicia del Pleno de 5 de junio de 2020, se 
acordó tener por personados y parte a los procuradores de los tribunales don Aníbal 
Bordallo Huidobro, en representación de don Jordi Sánchez i Picanyol, don Jordi Turull i 
Negre y don Josep Rull i Andreu; doña María del Pilar Hidalgo López, en representación 
del partido político Vox; don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don 
Carles Puigdemont i Casamajó, don Joaquim Forn i Chiariello y doña Meritxell Borràs i 
Solé; y al abogado del Estado.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones, 
en la secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las 
partes  personadas  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6.  El abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante 
escrito registrado en fecha 2 de julio de 2020, que en lo sustancial a continuación se  s
resume. oe.
a)  Tras delimitar como cuestión objeto de debate en este proceso la necesidad o no  16ww
jdueic isoo liocriatal r ceol nstruap lilcoast odreiom aa nadmabnatess  cáy mlaa rainsc iddee nlacsia  Cdoer tessu  Gdeenneergaalecsió np aeran  ceoln tdineureacr heol 
gyaa rqaunetiz, asdeog úenn  reesl ualrtta.  2d3e. 2la  CSET,S o 4p5o9n/e2 0a1 l9a,  addem 1i4s iódne  doeclt urberceu,r syo d seul  AcTaSrá dctee r2 9p rdeem eantuerroo,   BOE-A-cable e
de 2020, recaídos en la causa especial núm. 20907-2017, la vulneración denunciada se 
hizo  valer  en  el  trámite  de  cuestiones  previas  y  en  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones. Así pues, cuando la demanda de amparo fue presentada, aún permanecía 
abierto  un  cauce  procesal  legalmente  pertinente  en  la  vía  judicial  para  dilucidar  la 
cuestión  debatida.  De  modo  que,  de  conformidad  con  la  doctrina  recogida  en  las 
SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 1, y 10/2020, de 28 de enero, FJ 3, las lesiones 
de derechos fundamentales alegadas han sido planteadas de forma prematura en el 
proceso de amparo, lo que ha de determinar su inadmisión a trámite.
b)  En cuanto a la cuestión de fondo suscitada, sostiene, con reproducción de la 
doctrina de las SSTC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B), y 124/2001, de 4 de junio, que la 
inmunidad protege al parlamentario mientras lo sea, tanto frente a actuaciones penales 
motivadas por hechos sucedidos antes de la elección, si su inculpación o procesamiento 
son posteriores a su elección, como a las incoadas por hechos sucedidos después de 
obtener el escaño, ya que en ambos casos cabe la instrumentalización del proceso para 
los fines que esta garantía quiere evitar. Por eso mismo, no tiene sentido respecto de 
procedimientos penales iniciados antes de adquirir la condición de parlamentario en los 
que se hubiera producido ya la inculpación o el procesamiento. En tales supuestos no se 
puede hablar de propósitos de alterar la composición de la cámara o de obstaculizar su 
funcionamiento.
Esta doctrina constitucional y una recta interpretación del art. 71.2 CE, que se refiere 
a  la  imposibilidad  de  que  puedan  ser  «inculpados  ni  procesados»  los  diputados  o 
senadores, ha de conducir a la conclusión contraria a la sostenida por los recurrentes, 
pues ya habían sido procesados cuando no ostentaban aún la condición de diputado o 
senador, habiendo resultado electos de forma sobrevenida durante la celebración del 
juicio oral que venía celebrándose durante tres meses. Desde octubre de 2017 estaba 
vigente la medida personal de prisión provisional acordada respecto a ambos y, en esas 
circunstancias, y con pleno conocimiento de las limitaciones que ello conllevaba, habían 
sido elegidos para encabezar sus respectivas listas electorales, y votados con idéntico 
conocimiento.
Igual conclusión se alcanza en relación con la interpretación, que debe realizarse a la 
luz  del  citado  precepto  constitucional,  de  los  artículos  de  la  Ley  de  enjuiciamiento 
criminal que regulan la prerrogativa. En efecto, solo en el caso de los diputados o 
senadores que ostenten tal condición, su art. 750 impide su «procesamiento» y que «se 
dirija un procedimiento» sin obtener la previa autorización de la cámara respectiva. Por 
su parte, los arts. 751 y 752 LECrim, al referirse a diputados o senadores que sean 
elegidos una vez procesados o que sean procesados en su interregno parlamentario, 
solo prevén la comunicación a la cámara, omitiendo cualquier referencia a la autorización 
prevista en el art. 750, que, en cualquier caso, tampoco sería aplicable a quienes, como 
los recurrentes, fueron procesados mucho antes de resultar elegidos y han comenzado a 
ser  enjuiciados  mediante  la  celebración  del  plenario,  incluso  antes  de  haber  sido 
proclamados candidatos. Asimismo, interpretado el art. 753 LECrim también a la luz del 
art. 71.2 CE, debe concluirse que la suspensión, hasta tanto se resuelva lo procedente, 
debe  producirse  exclusivamente  en  aquellos  casos  en  los  que  es  preceptiva  esa 
autorización, por lo que quedaría extramuros de dicha exigencia el supuesto de los 
demandantes que, por las razones expuestas, no están sujetos a autorización de las 
cámaras por haber sido procesados con anterioridad a haber sido elegidos y haber 
adquirido la condición de diputado o senador.
En definitiva, el abogado del Estado entiende que no pueden alegar que no se  s
cumple el fin de la prerrogativa, que es evitar «la eventualidad de que la vía penal sea  oe.
utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar la  w.
composición que a la mismas ha dado la voluntad popular». En su planteamiento, el  16ww
psuripvilliecagtioo rdioe  nimop usenridíaa du.na condición de procedibilidad sino que se convertiría en un
junioT,r ays d ienlv oAcTaSr  deen  9a pdoey oju dlioe  dsues 2 a0l1e3g,a rceiocnaeídso l ae nd olac trcianuas dae e lsap SecTiCal  1n2ú3m/2. 020012,8 d4e-2 40 1d2e,   BOE-A-cable e
estima que la prerrogativa del art. 71.2 CE se contempla en relación con supuestos de 
detención,  inculpación  o  procesamiento,  pero  no  puede  extenderse  más  allá  del 
correspondiente juicio de inculpación. En este caso, el auto de procesamiento se dictó 
con fecha 21 de marzo de 2018, siendo confirmado por auto de la sala de recursos de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018. Además, por auto de 19 de 
julio de 2018, se acordó la conclusión del sumario, confirmada por auto de 25 de octubre 
de 2018. Y, por auto de 25 de octubre de 2018, se declaró abierto el juicio oral.
En consecuencia, no solo el juicio de acusación (auto de procesamiento) ya se había 
producido en el momento de la elección y era firme, sino que también había concluido la 
fase  intermedia  con  la  valoración  realizada  por  el  tribunal  de  que  los  hechos 
indiciariamente fijados revisten caracteres de delito (arts. 642 a 645 LECrim). En ninguno 
de esos dos momentos previos era necesario el cumplimiento de ese requisito de 
procedibilidad, ya que los procesados o acusados no tenían la condición de diputado o 
senador, ni se había procedido siquiera a la convocatoria de elecciones generales.
Por lo tanto, no procede el cumplimiento de un requisito sobre aquellas fases que ya 
han concluido, cuando el juicio de inculpación ya se ha producido, y está cercano a 
concluir el juicio oral, cuya suspensión iría más allá de la paralización temporal de la 
acción de la justicia ante la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba 
practicada hasta ese momento (art. 749 LECrim), lo que sería un efecto altamente 
pernicioso ante la cantidad de declaraciones ya practicadas (ATS de 14 de mayo, 
FJ 3.3). El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no 
permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya 
procesado. Carece de justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso 
terminado en su investigación y en fase de enjuiciamiento exija para su normalidad 
democrática el nihil obstat del órgano parlamentario.
El abogado del Estado concluye su escrito de alegaciones interesando la inadmisión 
por prematura de la demanda de amparo y, subsidiariamente, su desestimación.
7.  La  representación  procesal  de  los  demandantes  evacuó  el  trámite  de 
alegaciones mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 6 
de julio de 2020.
Con remisión a los argumentos expuestos en la demanda, reitera la necesidad de 
efectuar una interpretación de la prerrogativa de la inmunidad conforme a los derechos 
fundamentales  que  se  denuncian  como  vulnerados.  Su  marco  normativo,  integrado 
parcialmente por normas preconstitucionales y que hace lustros que precisan una acción 
del legislador (STC 22/1997, de 11 de febrero), debe ser interpretado a la luz del principio 
de mayor vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, atendiendo a criterios de 
previsibilidad en la interpretación legal y sobre la base de que cualquier restricción de 
derechos debe perseguir una finalidad legítima y estar inspirada por una necesidad 
social imperiosa.
Invocan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre 
de 2019, posterior a la interposición de la demanda de amparo, que, aunque dictada en 
relación con el Parlamento Europeo, consideran extrapolable a este caso. Tras sintetizar 
parte de su fundamentación, concluyen que desnaturalizar la garantía de la inmunidad y 
desapoderar  a  las  Cortes  Generales  de  su  irrenunciable  potestad  de  autorizar  el 
desarrollo de procedimientos penales contra sus miembros generaría un precedente 
inaceptable desde el prisma de los principios básicos de un Estado democrático de 
derecho y los de la Unión Europea, así como una relevante y muy negativa afectación a 
los derechos fundamentales cuya protección se solicita en la demanda. e.
8.  La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  presentó  su  escrito  de  16ww
alegaa)c ioAndeus ceen,  feenc hpar i8m deer  jtuélrom dineo 2, 0q2u0e,  qlouse ,d eenm loa nsduasntatensc iacla, rae cceonn tidneu alecgióitnim saec eióxntr apcatara.
interponer el recurso de amparo, al haber sido expresamente incapacitados por la STS,
Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, para ostentar cargo electo o público durante 
el tiempo que dure la condena.
Además, con invocación de la doctrina de la STC 76/2009, de 23 de marzo, que 
parcialmente reproduce, considera que no se cumple el requisito del agotamiento de la 
vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que el procedimiento en el que se han dictado 
las resoluciones judiciales recurridas no se encuentra completamente finalizado, ni, por 
lo tanto, agotados en la causa todos los medios de impugnación previstos.
b)  Subsidiariamente, la representación procesal del partido político Vox recuerda 
que la ley no ampara ni puede contemplar el abuso de derecho como se pretende con 
este  recurso,  mediante  el  que  se  persigue  que  unas  personas  condenadas  e 
inhabilitadas accedan a la condición parlamentaria de la que han sido expresamente 
privadas por la sentencia condenatoria dictada en la causa. En este sentido, no puede 
hablarse de limitación alguna de los derechos fundamentales, en concreto, en este caso, 
del derecho de participación política, por cuanto los demandantes pudieron presentarse 
a  la  convocatoria  electoral,  habiendo  resultado  elegidos.  Sin  embargo,  su  eventual 
adquisición de la condición de parlamentarios choca frontalmente con el art. 6 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.
Los demandantes, lo que viene siendo habitual en los procesados en la causa 
especial  núm.  20907-2017  seguida  ante  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo, 
pretenden obtener una especie de inmunidad universal e ilimitada, con el fin de evitar la 
responsabilidad  penal  que  les  corresponde  como  autores  de  unos  hechos  claros, 
concretos y acreditados, por lo que la representación procesal del partido político Vox 
entiende que resultan de aplicación los arts. 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y 7.2 del Código civil.
c)  En fin, no existe la denunciada lesión del derecho fundamental que se invoca, 
pues como se recoge en las resoluciones judiciales impugnadas, el art. 71.2 CE prevé la 
solicitud de suplicatorio a las cámaras en un momento procesal determinado: el de la 
inculpación  o  el  procesamiento.  Ambos  momentos  se  refieren  a  fases  procesales 
anteriores a la del juicio oral, en este caso superada en el momento de la interposición 
de la demanda de amparo. De ahí que la solicitud de autorización a las cámaras no solo 
careciera de sentido, sino también de fundamento jurídico.
Las  prerrogativas  parlamentarias,  que  ni  siquiera  fueron  adquiridas  en  tiempo 
oportuno, no pueden invocarse para obtener un beneficio a todas luces ilegal. De la 
propia naturaleza de la inmunidad se deduce que se establece para que no se puedan 
obstaculizar las funciones parlamentarias, pero de ningún modo para eludir la justicia 
como pretenden los demandantes.
Las resoluciones judiciales no solo explican y motivan su decisión, sino que dan 
cumplida cuenta de su fundamentación jurídica, de la que se obtiene como consecuencia 
la negativa a que se acojan unas pretensiones absolutamente infundadas frente a los 
juicios de proporcionalidad de la medida que entonces le afectaban. Incluso se analiza la 
STEDH de 20 de noviembre de 2018 (asunto Selahattin Demirtas c. Turquía), si bien la 
situación de los recurrentes es bien distinta, pues cuando fueron procesados no eran 
parlamentarios y no tuvieron impedimento alguno para presentarse a las elecciones, 
incluso  con  medidas  cautelares  personales  para  realizar  la  campaña  electoral.  De 
ninguna manera se puede decir que el tribunal que ha dictado las resoluciones judiciales 
impugnadas se hubiera regido por criterios que no fueran estrictamente jurídicos y 
debidamente fundamentados.
La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  concluye  su  escrito  de  s
alegaciones interesando la desestimación de la demanda. oe.
9.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado  16ww
en fecha 9 de julio de 2020, que, en lo sustancial, a continuación se resume.
las par)e rrCogoamtiiveansz ap arerlcaomrdeanntadroia, sc,o enn ctrieta  edllea sa, blau nindmanutnei djuardis, pfrourdmeannc ipaa crtoen sdteitlu ecsiotantaul,t oq udee 
los miembros de las Cortes Generales, de manera que el derecho reconocido en el
art. 23.2 CE puede resultar directamente afectado por posibles constricciones ilegítimas 
de  aquellas  prerrogativas.  Solo  si  se  hubiera  producido  la  lesión  de  este  derecho 
fundamental podría apreciarse también una vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE).
A continuación, sintetiza las principales líneas de la doctrina constitucional sobre la 
prerrogativa de la inmunidad, poniendo asimismo de manifiesto que la jurisprudencia 
europea tiene declarado –tal como se recoge en las resoluciones judiciales recurridas– 
que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria debe interpretarse restrictivamente en 
los supuestos de hecho en los que, como es el caso, no existe una conexión clara entre 
los hechos en cuestión y la actividad parlamentaria (entre otras, SSTEDH de 20 de enero 
de 2003, asunto Cordova c. Italia, § 63, y de 20 de abril de 2006, asunto Patrono, Cascini 
y Stefabelli c. Italia, § 63). Incluso ha afirmado que la inmunidad es una excepción del 
régimen ordinario de procedibilidad para el enjuiciamiento de presuntos delitos, por lo 
que los Estados deben garantizar que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de 
modo que no puede ser empleada por los representantes políticos como instrumento 
para  eludir  la  acción  de  la  justicia  (STEDH,  de  20  de  diciembre  de  2016,  asunto 
Uspaskich c. Lituania, § 91).
b)  Tras referirse a las circunstancias temporales que concurren en este caso, el 
Ministerio  Fiscal  entiende,  a  partir  del  tenor  literal  del  art.  71.2  CE,  precepto  que 
configura la inmunidad parlamentaria como una condición de procedibilidad «previa» 
para poder inculpar o procesar a un diputado y senador, y –sobre todo– de que esta 
prerrogativa tiene por finalidad impedir que la vía penal sea utilizada con la intención de 
perturbar el funcionamiento de las cámaras o alterar la composición que les ha dado la 
voluntad popular, que carece de todo sentido la petición postrera de autorización a la 
cámara respectiva en pleno desarrollo ya del juicio oral –con la consiguiente suspensión 
del  procedimiento–  si  la  persecución  penal  del  hecho,  la  adopción  de  la  prisión 
provisional, el procesamiento o inculpación formal, la acusación provisional de quienes 
ejercen la acción penal y hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral han tenido 
lugar con bastante anterioridad a la convocatoria del proceso electoral –que se produce 
cincuenta y cuatro días antes del fijado para la votación–, cuya culminación se produjo 
con la jornada de votación el día 28 de abril. Resulta del todo punto imposible que el 
proceso o la vía penal fuera emprendida o el procesamiento fuere acordado más de un 
año  antes  con  el  alcance,  objetivo,  móvil  o  propósito  o  finalidad  de  perturbar  el 
funcionamiento o composición de unas cámaras cuya conformación se produciría mucho 
tiempo después a partir de un eventual e imprevisible proceso electoral futuro, cuya 
misma  existencia  era  incierta  y  al  que  ni  se  podía  saber  si  concurrían  o  no  los 
demandantes.
La situación presenta semejanza con el supuesto que dio lugar a la STC 90/1985, 
de 22 de julio, en la que se examinó la denegación de suplicatorio por parte del Pleno del 
Senado respecto a un senador que en el momento de la presentación de la querella no 
ostentaba dicha condición porque ni siquiera se habían convocado elecciones y en la 
que este tribunal estimó vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del querellante 
(FJ 7). Tampoco en este caso cabría apreciar la existencia de móviles o intenciones 
referidos  al  funcionamiento  o  composición  del  Congreso  de  los  Diputados  y/o  del 
Senado, puesto que los recurrentes, cuándo se inicia y desarrolla la persecución penal, 
se decreta su prisión preventiva, se les procesa, se les acusa y dan comienzo la 
celebración  del  juicio  oral,  no  tenían  la  condición  de  diputado  y  senador,  ni  cabía 
aventurar que fueran a serlo toda vez que en ninguno de tales estados de la causa se  s
encontraban  ya  convocadas  las  elecciones  generales,  ni,  por  consiguiente,  eran  oe.
conocidas las candidaturas. Es palmariamente obvia la desvinculación de los hechos por  w.
los que fueron procesados, acusados y sometidos a juicio oral con el ejercicio de  16ww
fcuonncviooncaeds apsa. rElanm deenftianriitaivsa ,e nta llaess  cmáómvailerass o r einstueltnacniotense sd en ou npausd eielerocnc ioenxiessti rp. oNsit eerli oarumtoe ndtee 
approecretusraam dieenl tjou icdioe  o2r1a ld ye  cmealerbzroa cdieó n2 d0e1 8s, unsi  slaess iopnoesste rsieo rheas barícatuna dciicotnaedso  dceo na cáunsimacoi ódne,   BOE-A-cable e
alterar la composición y la voluntad de las cámaras, teniendo en cuenta que en el 
momento de dictarse no se habían convocado las elecciones en las que los recurrentes 
resultaron elegidos como diputado y senador.
c)  El Ministerio Fiscal añade a las precedentes consideraciones la necesidad de 
entender la prerrogativa no como un privilegio favorecedor de los diputados y senadores 
al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, ni 
tampoco como un ius singularis para eludir u obstaculizar la acción de la justicia o 
generar  zonas  de  impunidad,  sino  como  una  excepción  al  régimen  ordinario  de 
procedibilidad de presuntos delitos y de su enjuiciamiento, así como al régimen general 
de sometimiento al imperio de la ley, por lo que –por ende y por doctrina constitucional y 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos–  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad  parlamentaria  no  puede  ser  objeto  de  una  extensión  legislativa 
constitucionalmente  ilegítima,  ni  de  una  interpretación  analógica,  sino  que  solo  es 
susceptible de una interpretación estricta y vinculada a los supuestos expresamente 
contemplados  en  la  Constitución,  de  lo  cual  se  desprende  que  requiere  una 
interpretación  y  alcance  restrictivos.  Hay  que  convenir,  en  consecuencia,  que  la 
interpretación  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad  que  se  hace  en  las  resoluciones 
judiciales impugnadas, a la vista de que la condición de diputado y senador ha sido 
adquirida por los demandantes después no solo de haber sido procesados, acusados, 
sino incluso de haberse abierto el juicio oral y estar ya celebrándose la oportuna vista por 
unos hechos claramente desconectados de la actividad en las cámaras, no resulta en 
absoluta irrespetuosa con el sentido, alcance y finalidad constitucional de la prerrogativa, 
por lo que no vulnera el derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 
CE), ni, por consiguiente, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
ni el derecho al sufragio activo del cuerpo electoral (SSTC 123/2001 y 124/2001, de 4 de 
junio, FJ 5).
Esta conclusión es completamente acorde con la correcta comprensión del sentido 
de la prerrogativa y de los fines que procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los 
límites objetivos que impone la Constitución, como en el teleológico de la razonable 
proporcionalidad al fin al que responde [SSTC 51/1985, de 10 de abril, FJ 6; 243/1988, 
de 9 de diciembre, FJ 3 a), y 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5]. De hecho, tal solución es 
la más natural a la luz de la doctrina constitucional, una vez que la observancia de la 
prerrogativa  cuestionada  ha  de  cohonestarse  con  la  finalidad  a  la  que  sirve 
[SSTC 22/1997, FJ 7, y 68/2001, de 17 de marzo, FJ 2 b)].
d)  La interpretación judicial de la que discrepan los demandantes no merma la 
finalidad  institucional  cuya  salvaguarda  se  persigue  mediante  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad, que, no es otra, que la de evitar la eventualidad de que la vía penal sea 
utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar 
indebidamente su composición. Mantener temporalmente la inmunidad hasta el extremo 
del dictado de la sentencia firme carece totalmente de sentido y es manifiestamente 
irrazonable  y  desproporcionado  desde  la  perspectiva  de  los  fines  a  los  que  la 
prerrogativa responde, por lo que la solicitud de autorización para continuar con el 
procedimiento resulta improcedente.
En  efecto,  lo  que  no  constituiría  un  ejercicio  razonable  y  proporcionado  de  la 
prerrogativa  parlamentaria  ni  resultaría  ajustado  a  la  literalidad,  ni  al  sentido,  ni  al 
alcance, ni a la finalidad constitucional de la misma, sería predicar de los términos del 
art. 71.2 CE una interpretación extensiva que, como propugnan los recurrentes, amplíe el 
alcance de la necesidad de solicitud de suplicatorio a cualquier estado de una causa  s
penal que fuese anterior a la firmeza de la sentencia, puesto que ello implicaría, a juicio  oe.
del Ministerio Fiscal, proceder al margen de la auténtica finalidad constitucional de la  w.
inmunidad parlamentaria y otorgar a la excepción del sometimiento al imperio de la ley,  16ww
mpiláasr  ab álas iccoon dfoerlm Easctiaódno d dee u nD eprreivcihleog,i ou ne nt rbaetanmefiiecnioto i nddeiv irdeugalal  ya sbisnogluultaar  qduee l orse sdpipountdaedroías 
iyn tseerénsa dsourpeesr iopra rdae  iqmupee ldai rr eepl rensoermntaalc idóens naarrcoiollon aol  ndoe ssee nvleaace a ldteerla pdrao ncei psoe rtpuerbnaadl, aq, unei  eanl   BOE-A-cable e
su  composición  ni  en  su  funcionamiento,  por  eventuales  procesos  penales  que 
injustificada  o  torticeramente  puedan  dirigirse  frente  a  los  miembros  de  las  Cortes 
Generales. En definitiva, la aplicación de la prerrogativa de la inmunidad a personas que, 
como en este caso, ya habían sido formal y efectivamente inculpadas, procesadas, 
acusadas y contra las que se había abierto juicio oral en la causa penal –e incluso el 
juicio oral ya se encontraban en avanzado desarrollo– supondría una interpretación 
desproporcionada y desmedidamente extensiva de la inmunidad, con grave puesta en 
peligro de otros intereses, valores y bienes constitucionales de gran trascendencia. Se 
trataría, en suma, de una indebida extensión del ámbito temporal de la prerrogativa, 
convirtiéndola predominantemente en un privilegio personal, que redundaría en una 
desproporcionada e innecesaria alteración del régimen común del proceso penal.
e)  La  perspectiva  constitucional  expuesta  debe  impregnar  la  normativa  de  la 
LECrim y de la Ley de 9 de febrero de 1912, de la cual no cabe extraer consecuencias 
no acordes con la lectura constitucional a que debe ser sometida. Ante la inactividad del 
legislador postconstitucional en su adecuación a la Constitución, la literalidad en cuanto 
al momento de solicitar la autorización a las cámaras por la genérica referencia del 
art. 750 LECrim al juez o tribunal «que encuentre méritos para procesar a un senador o 
diputado a Cortes por causa de delito» y de cualesquiera otras disposiciones del título I 
(«Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a Cortes») del 
libro IV («Procedimientos Especiales») de la LECrim –arts. 751 a 756–, deben someterse 
a una exégesis filtrada por la perspectiva y parámetros constitucionales, esto es, acorde 
y cohonestada con el significado, alcance y contenido de la doctrina constitucional sobre 
la correcta comprensión del sentido de la prerrogativa y de los fines que procura.
En este sentido, la interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza 
de la prerrogativa, que efectúa la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el auto de 14 
de mayo de 2019 no resulta en absoluta desacorde con el art. 71.2 CE, ni con la doctrina 
constitucional. Otro tanto cabe decir de la interpretación sistemática sostenida en el 
mismo  auto  en  relación  con  el  art.  753  LECrim,  que  conecta  la  suspensión  del 
procedimiento lógicamente, de forma exclusiva, a aquellos supuestos en los que la 
petición de suplicatorio resulta procedente conforme a la Constitución y las pautas de la 
doctrina constitucional. En tanto que «sustracciones al Derecho común conectadas con 
la función» (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 6), no es constitucionalmente legítima una 
extensión legislativa (STC 186/1989, de 13 de noviembre) o una interpretación analógica 
de  las  prerrogativas  parlamentarias  (STC  51/1985).  Como  garantías  jurídicamente 
vinculadas a la satisfacción de un interés institucional y permanente del ordenamiento, 
son  solo  susceptibles  de  una  interpretación  estricta  y  vinculada  a  los  supuestos 
expresamente contemplados en la Constitución (STC 22/1997, FJ 5).
En cualquier caso, siendo la suspensión una consecuencia conectada al prius de la 
procedencia constitucional misma de la solicitud de suplicatorio, una vez descartada 
desde la perspectiva constitucional la necesidad de pedir autorización a las cámaras 
respectivas, huelga efectuar mayores razonamientos sobre la suspensión, puesto que lo 
que se desprende como derivación natural es la ausencia de fundamento o presupuesto 
para  acordarla,  sean  cualesquiera  que  sean  los  términos  preconstitucionales  de 
legalidad ordinaria, que en el mejor de los casos deben ser siempre objeto de revisión a 
la luz de la Constitución y de la doctrina constitucional.
f)  En relación con las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en el asunto C-502/19, en el que recayó la STJUE de 19 de diciembre 
de 2019, relativa a la inmunidad que, conforme al artículo 9 del Protocolo (núm. 7) sobre  s
los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, goza cualquier persona que ha  oe.
sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, el Ministerio Fiscal rechaza  w.
su posible incidencia en el caso ahora considerado, puesto que, por más que aborde  16ww
daesp eucntao s redseo llau ciniómnu nqiudea dd dae  ruens pmuieesmtab,r od eesledcet o udnea  upnear scpáemcatirvaa  reppurreasmeenntatetiv afo, rsmea tlr, ataal 
pplraencteepatmo iennotrom adteiv ou neau rcoupeesot iórne feprrideoju daic iealle crecsiopneecsto  eduero pceóamso,  qdueeb es ei ntreigrepnre tpaorsre  uunna   BOE-A-cable e
normativa propia, específica y distinta de la regulación aplicable a las elecciones de 
cualquier ámbito nacional de los Estados –sean generales, federales, autonómicos, 
regionales  o  locales  los  correspondientes  procesos  electorales–,  de  modo  que  sus 
conclusiones se ciñen exclusivamente a la situación de un electo al Parlamento Europeo 
y, por consiguiente, no son extrapolables a quienes, como ocurre en este caso, resultan 
electos  al  Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado  tras  un  proceso  nacional  de 
elecciones generales.
El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando se dicte sentencia 
denegando el amparo solicitado.
10.  Por auto de 16 de febrero de 2021, se aceptó la abstención de don Antonio 
Narváez Rodríguez, en consideración a su comunicación de la misma fecha relativa a 
varios recursos de amparo, entre ellos, el núm. 6711-2019.
11.  Por providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posición de las partes.
Los demandantes de amparo, que fueron proclamados, respectivamente, diputado y 
senador electos por la Junta Electoral Provincial de Barcelona en fecha 3 de mayo 
de 2019 en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado celebradas el 28 de 
abril de 2019, impugnan el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de 
mayo de 2019, confirmado en súplica por auto de 3 de octubre de 2019, únicamente en 
cuanto, desestimando las peticiones formuladas por los recurrentes, acuerda que no ha 
lugar  a  solicitar  autorización  a  las  cámaras  legislativas  mediante  la  remisión  del 
correspondiente suplicatorio para continuar con el juicio oral en la causa especial núm. 
20907-2017, ni a suspender sus sesiones.
Los demandantes imputan a las citadas resoluciones judiciales la vulneración del 
derecho  de  participación  y  representación  política  (art.  23  CE),  en  relación  con  la 
prerrogativa de la inmunidad (art. 71.2 CE), y del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE). Sostienen que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha 
asumido una competencia que constitucionalmente corresponde a cada una de las 
cámaras  de  las  Cortes  Generales,  al  entender,  con  base  en  una  interpretación 
absolutamente restrictiva de la prerrogativa de la inmunidad ex art. 71.2 CE, que solo 
procede solicitar la pertinente autorización a las cámaras para continuar un proceso 
penal dirigido contra alguno de sus miembros cuando se encuentre en la fase de 
instrucción o en la fase intermedia. Así pues, la Sala no ha solicitado en este caso la 
oportuna autorización al Congreso de los Diputados y al Senado y ha decido proseguir 
con el proceso penal porque las sesiones del juicio oral ya se habían iniciado cuando los 
demandantes fueron proclamados diputado y senador electos. Sin embargo, en opinión 
de  los  recurrentes,  de  los  arts.  71.2  CE,  11  del  Reglamento  del  Congreso  de  los 
Diputados (RCD), 22.1 del Reglamento del Senado (RS) y 750 y 753 LECrim cabe inferir 
que se debe instar la autorización de las cámaras tanto si los parlamentarios contra los 
que se dirige el proceso penal tienen la condición de investigados como si ya se ha 
dictado contra ellos auto de procesamiento.
El abogado del Estado opone a la admisión del recurso su carácter prematuro, pues  s
afirma que, según resulta de la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de diciembre, y del  oe.
ATS, Sala Segunda, de 29 de enero de 2020, recaídos en la causa especial núm.  w.
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legalmente pertinente en la vía judicial en el que plantear aquella vulneración. En cuanto
a la cuestión de fondo controvertida sostiene que la doctrina constitucional sobre la  Bc
prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y una recta interpretación del art. 71.2 CE, 
precepto que se refiere a la imposibilidad de que puedan ser «inculpados ni procesados» 
los diputados o senadores «sin la previa autorización de la cámara respectiva», han de 
conducir a una conclusión contraria a la defendida por los recurrentes, pues ya habían 
sido procesados cuando no ostentaban todavía la condición de diputado o senador, que 
adquirieron de forma sobrevenida durante la celebración del juicio oral, cuyas sesiones 
se habían iniciado tres meses antes. El juicio de inculpación no solo se había efectuado 
en el momento de su elección y era firme, sino que también había concluido la fase 
intermedia con la valoración realizada por el tribunal de que los hechos indiciariamente 
fijados revestían caracteres de delito (arts. 462 a 465 LECrim). En ninguno de esos dos 
momentos procesales previos era necesario el cumplimiento del requisito de solicitar 
autorización  a  las  cámaras  para  la  continuación  del  proceso  penal,  ya  que  los 
procesados o acusados no tenían la condición de diputado o senador, ni se había 
procedido siquiera a la convocatoria de elecciones generales.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox aduce como primer 
óbice procesal a la admisión de la demanda la falta de legitimación de los recurrentes, 
por haber sido incapacitados para ostentar cargo electo o público durante el tiempo de la 
condena  por  la  STS,  Sala  Segunda,  459/2019,  de  14  de  octubre.  Además,  como 
segundo óbice, alega que no se satisface el requisito del agotamiento de la vía judicial 
previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que cuando la demanda de amparo se interpuso no había 
concluido  el  procedimiento  en  el  que  se  han  dictado  las  resoluciones  judiciales 
recurridas, ni, por tanto, se habían agotado todos los medios de impugnación previstos. 
Subsidiariamente, en cuanto a la pretensión de fondo deducida, no aprecia la lesión del 
derecho  fundamental  denunciada,  puesto  que,  como  se  razona  en  los  autos 
impugnados, el art. 71.2 CE prevé la solicitud de suplicatorio a las cámaras en el 
momento procesal de la inculpación o el procesamiento, esto es, en fases procesales 
anteriores a la del juicio oral. De ahí que en este caso, en el que los demandantes fueron 
proclamados diputado y senador electos una vez iniciadas las sesiones del juicio oral, la 
petición de autorización a las cámaras para la continuación del proceso adolecía de 
fundamento.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de la demanda. Entiende, a partir del 
tenor literal del art. 71.2 CE, precepto que configura la inmunidad parlamentaria como 
una condición de procedibilidad para poder inculpar o procesar a un diputado o senador, 
y, sobre todo, de la finalidad de esta prerrogativa, que carecía de todo sentido la solicitud 
de autorización a la cámara respectiva en pleno desarrollo del juicio oral. Y es que la 
iniciación del proceso penal, la adopción de la prisión provisional, el procesamiento o la 
inculpación formal, la acusación provisional de quienes ejercían la acción penal y hasta 
el comienzo de las sesiones del juicio oral habían tenido lugar con bastante anterioridad 
a la convocatoria de elecciones. Así pues, es imposible que el proceso penal fuera 
emprendido  o  que  el  procesamiento  fuera  acordado  más  de  un  año  antes  de  la 
proclamación como electos de los recurrentes con el alcance, objetivo, móvil, propósito o 
finalidad  de  perturbar  el  funcionamiento  o  composición  de  las  cámaras,  cuya 
conformación se produciría mucho tiempo después a partir de un eventual e imprevisible 
proceso electoral futuro, de existencia, además, incierta y al que no se podía saber si los 
demandantes  concurrirían.  En  consecuencia,  el  Ministerio  Fiscal  considera  que  la 
interpretación de la prerrogativa de la inmunidad que se efectúa en las resoluciones 
judiciales impugnadas no resulta en absoluto desacorde con el art. 71.2 CE, ni con la 
doctrina constitucional sobre la misma, ni, en fin, irrespetuosa con su sentido, alcance y  s
finalidad, a la vista de que los recurrentes habían adquirido la condición de diputado y  oe.
senador electos no solo después de haber sido procesados, sino también de haberse  w.
abierto  el  juicio  oral  e  iniciada  ya  la  oportuna  vista  por  unos  hechos  claramente  16ww
ddeenscuonnceiacdtaad vousl ndeera claió na cdteivl iddaedre cdheo  ldaes  locsá mdaermasa.n dPaonrt elso  atla enjteor,c incioo  dcaebl ec aragpor epcúiabrl icloa 
rlaesp rgeasreannttaíatisv o( a(rat.r t2. 42.32. 2C EC)E.) ni, por consiguiente, de su derecho a un proceso con todas  BOE-A-cable e
2.  Requisitos de admisibilidad: Legitimación y agotamiento de la vía judicial previa.
Con carácter previo al examen de la pretensión deducida en la demanda, debemos 
pronunciarnos sobre la concurrencia de los requisitos que para su admisibilidad se 
establecen en la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), pues el incumplimiento de 
alguno de ellos ha sido denunciado por el abogado del Estado y la representación 
procesal  del  partido  político  Vox.  De  conformidad  con  una  reiterada  doctrina 
constitucional, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de 
amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite, de 
forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la 
acción se pueden volver a abordar o reconsiderar en sentencia, de oficio o a instancia de 
parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, 
sin  que  para  ello  constituya  obstáculo  el  carácter  tasado  de  los  pronunciamientos 
previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 130/2018, de 12 de diciembre, FJ 2, y 
doctrina constitucional allí citada).
A)  La desestimación de la falta de legitimación de los demandantes aducida por la 
representación  procesal  del  partido  político  Vox  no  precisa  de  una  detallada 
argumentación.
Los  recurrentes  ciertamente  han  sido  condenados  por  la  STS,  Sala  Segunda, 
459/2019, de 4 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907-2017, como autores 
de sendos delitos de sedición y de malversación de caudales públicos, entre otras, a la 
pena,  respectivamente,  de  trece  y  doce  años  de  inhabilitación  absoluta,  con  la 
consiguiente  privación  definitiva  de  todos  los  honores,  empleos  y  cargos  públicos, 
aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros 
honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegidos para cargo público durante el 
tiempo de la condena (fundamento de Derecho D.1). Es evidente, sin embargo, que la 
imposición de la pena de inhabilitación absoluta en la extensión expresada no les priva 
de  capacidad  procesal  activa  para  poder  promover  recurso  de  amparo,  en  cuanto 
titulares de derechos fundamentales, entre ellos, en lo que ahora interesa, del derecho al 
ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), al haber adquirido la condición 
de diputado y senador, y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
contra  las  resoluciones  judiciales  interlocutorias  recaídas  durante  el  proceso,  en  la 
medida en que las estimen lesivas de sus derechos fundamentales (SSTC 293/1994, 
de 27 de octubre, FJ 1, y 13/2001, de 29 de enero, FJ 4).
Así pues, los demandantes están legitimados, en cuanto titulares de los derechos 
fundamentales invocados, para interponer recurso de amparo contra los autos de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo que ahora impugnan por considerarlos lesivos de sus 
derechos fundamentales.
B)  Entre los requisitos establecidos para la admisión a trámite de una demanda de 
amparo  se  encuentra,  como  expresión  del  carácter  subsidiario  de  este  proceso 
constitucional, que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las 
normas procesales en la vía judicial antes de acudir a este tribunal [art. 44.1 a) LOTC]. 
En este sentido, tanto el abogado del Estado como la representación procesal del partido 
político Vox denuncian el carácter prematuro del recurso al no haber concluido aún la vía 
judicial previa en el momento de su interposición.
a)  Con carácter previo al enjuiciamiento de este óbice procesal, las alegaciones 
que el abogado del Estado efectúa al respecto han de ser objeto de algunas precisiones. 
Afirma en su escrito que «según resulta de la sentencia 459/2019, de 14 de octubre  e
dictada en la referida causa especial y del auto del Tribunal Supremo de 29 de enero  bo
de 2020, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto  16ww
sceo nhtriazo la v saelenrt eanscíi ae ann etel rtiroár,m FitJe  1d0e.1  cBu)e, slati ovnuelnse prarecivóians d econmunoc ieand ae el nin ecli dperenstee ndtee  anmulpidaardo 
idnetebrepruíae sdtoe tceormntirnaa rl a las einntaednmciais ibciolinddaedn adteolr iap, relos eqnutee , aam jpuaicrioo  d[…e ]e sdtaad roe perel smenotmaceinótno, 
procesal que se ha presentado la demanda, cuando aún permanecía abierto un cauce
procesal legalmente pertinente para dilucidar las cuestiones de referencia en la vía 
judicial».
Pues bien, ha de señalarse, en primer lugar, que, no «resulta» de la citada sentencia 
que los demandantes de amparo hubieran planteado en el trámite de cuestiones previas 
la vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE) y 
del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al no haber solicitado la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo autorización del Congreso de los Diputados y del 
Senado para continuar el proceso penal contra ellos una vez proclamados diputado y 
senador electos. De una parte, porque en la sentencia nada se dice sobre la inmunidad 
parlamentaria  de  los  recurrentes  como  miembros,  respectivamente,  de  una  y  otra 
cámara, de modo que no puede «resultar» de la evocada sentencia lo que el abogado 
del Estado afirma en su escrito de alegaciones. De otra parte, porque el trámite de 
cuestiones previas en el que se denunciaron supuestas vulneraciones de derechos 
fundamentales se desarrolló durante las sesiones del juicio oral celebradas los días 12, 
13 y 14 de febrero de 2019. En esas fechas ni habían sido convocadas elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado –Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo–, ni, por 
lo tanto, los demandantes de amparo habían sido proclamados diputado y senador 
electos –3 de mayo de 2019–. Así pues, no es posible que se hubiera planteado el tema 
litigioso controvertido en este recurso de amparo en el trámite de cuestiones previas, 
como confirma el visionado de las sesiones en las que se sustanció.
En  segundo  lugar,  los  recurrentes  denunciaron  en  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones promovido contra la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 4 de octubre, que los 
autos de 14 de mayo y 3 de octubre de 2019 –ahora impugnados en amparo–, al 
denegar su petición de que se solicitase autorización del Congreso de los Diputados y 
del Senado para continuar el proceso penal, habían vulnerado el derecho fundamental a 
la participación y representación política (art. 23 CE), en relación con la garantía de la 
inmunidad  parlamentaria  (art.  71.2  CE),  y  el  derecho  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías (art. 24.2 CE). No es menos cierto, sin embargo, que la Sala expresamente 
rechaza pronunciarse en el auto que resuelve el incidente, entre otras, sobre dichas 
vulneraciones, al considerar «que la finalidad de este incidente no es que esta Sala se 
pronuncie de nuevo sobre aspectos ya valorados en resoluciones anteriores», a cuyo 
contenido se remite (fundamento de Derecho 10.2.2). De modo que la Sala no vuelve a 
examinar  en  dicho  auto  la  queja  que  los  recurrentes  reiteran  ahora  en  sede 
constitucional contra los autos de 14 de mayo y 3 de octubre de 2019.
b)  Las precisiones anteriores no permiten obviar que los demandantes, sin haber 
finalizado el proceso a quo, han acudido en amparo ante este tribunal por una supuesta 
vulneración de derechos fundamentales producida en el seno de un proceso penal que 
se hallaba aún en curso en el momento de interposición de la demanda y que hoy ya se 
encuentra  finalizado  de  forma  definitiva.  Esta  circunstancia  hace  necesario  un 
pronunciamiento sobre si, en tales condiciones procesales, se puede estimar respetado 
el  principio  de  subsidiariedad  que  caracteriza  el  proceso  constitucional  de  amparo 
(STC 9/1992, de 16 de enero, FJ 1) y, más concretamente, si cabe entender satisfecho, 
como afirman los demandantes, o no, como sostienen, por el contrario, el abogado del 
Estado y la representación procesal del partido político Vox, el requisito establecido en el 
art. 44.1 a) LOTC para la admisión de la demanda, esto es, el agotamiento de la vía 
judicial  previa  mediante  la  interposición  de  los  recursos  pertinentes  contra  las 
resoluciones judiciales impugnadas.
En relación con el proceso penal, este tribunal, desde la STC 147/1994, de 12 de  s
mayo (FJ 1), cuya doctrina sintetizan más recientemente las SSTC 129/2018, 130/2018  oe.
y 131/2018 (FFJJ 6, 5 y 5, respectivamente), ha venido manteniendo como regla general  w.
que, «en aquellos casos en los que el proceso aún no ha concluido por decisión que se  16ww
oprraoln unnoc ihea s otebnreid ola  lucognadr,e rneas uol taa bpsroelumcaiótunr,a e  lain cinluvsooc aecnió lno sd qeu ele slaio nceelse bqruaec iópno ddreíal nju isceior 
qeuxaem hian addea isn tuelntetarirosrem lean rteep eanra eciló cnu drseol  ddeerle pchrooc ecoson»st.i tAucsiío pnuael sv,u l«neelr amdaor cpoo rn laat uarcatlu aecni óenl   BOE-A-cable e
del órgano jurisdiccional es el mismo proceso judicial previo, de tal modo que, en 
principio, solo cuando este haya finalizado por haber recaído una resolución firme y 
definitiva puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible 
acudir ante este tribunal en demanda de amparo».
Ahora bien, para preservar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, hemos 
establecido –como se recuerda en las citadas SSTC 129, 130 y 131/2018– las siguientes 
excepciones a esa regla general:
«i)  Cuando  las  resoluciones  judiciales  afectan  a  derechos  fundamentales  de 
carácter sustantivo, esto es, distintos de los contenidos en el artículo 24 CE, tanto si se 
ha  ocasionado  a  los  mismos  un  perjuicio  irreparable,  como  cuando  el  seguimiento 
exhaustivo del itinerario procesal previo, con todas sus fases y etapas o instancias, 
implique un gravamen adicional, una extensión o mayor intensidad de la lesión del 
derecho por su mantenimiento en el tiempo: hipótesis que, hasta la fecha, este tribunal 
ha acogido en relación con el derecho a la libertad personal y a la libertad sindical 
(SSTC 128/1995, de 26 de julio, y 27/1997, de 11 de febrero).
ii)  Cuando  se  denuncia  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  procesales, 
siempre que la alegada, además de tratarse de una lesión actual –en tanto hace sentir 
sus efectos de inmediato en todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el juez– 
hubiera sido analizada y resuelta de forma firme y definitiva en la vía judicial a través de 
los cauces legalmente establecidos, de forma que ya no podría ser reparada en el 
proceso judicial en el que se ha producido. Así se ha reconocido tanto en relación con 
algunas manifestaciones del derecho de defensa y asistencia letrada en los procesos 
penales  (SSTC  71/1988,  de  19  de  abril,  sobre  denegación  de  nombramiento  de 
intérprete, y 24/2018, de 5 de marzo, sobre denegación de personación en causa penal 
tras orden de busca y captura del declarado rebelde), como con el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley, aunque solo en casos en los que se reclamaba la 
actuación de la jurisdicción ordinaria frente a la jurisdicción militar (SSTC 161/1995, de 7 
de noviembre, FJ 4, y 18/2000, de 31 de enero, FJ 2).
iii) Por último, cabe incluir entre estas excepciones los supuestos de revocación de 
sentencias penales absolutorias que habilitan la posibilidad de nuevo enjuiciamiento 
(STC 23/2008, de 11 de febrero, FJ 2), pues el tribunal ha apreciado que en tales casos 
lo que está en juego es la prohibición de doble enjuiciamiento (ne bis in idem procesal), 
con independencia del resultado favorable o desfavorable del mismo, lo que constituye 
un gravamen suficiente para acudir directamente al amparo. Bien es cierto que, en estos 
casos, la flexibilidad se ha llevado al límite admitiendo que «en casos de anulación de 
sentencias absolutorias con retroacción de actuaciones se puede o bien impugnar en 
amparo directamente dicha decisión, sin incurrir en falta de agotamiento, o bien esperar 
a que se dicte la nueva decisión por si la misma fuera absolutoria, sin incurrir en 
extemporaneidad (STC 149/2001, de 27 de julio)» (STC 130/2018, FJ 5).
c)  A  la  vista  de  la  doctrina  constitucional  expuesta,  hemos  de  analizar  si  las 
vulneraciones  de  derechos  fundamentales  alegadas  por  los  demandantes  pueden 
subsumirse  en  alguno  de  aquellos  supuestos  que  han  sido  excepcionados  como 
admisibles para poder acudir en amparo ante este tribunal sin haber finalizado la causa 
penal en las que se han producido.
Los demandantes, como pone de manifiesto la argumentación en la que se sustenta 
su pretensión, lo que persiguen con el recurso de amparo es preservar la prerrogativa de 
la inmunidad parlamentaria prevista en el art. 71.2 CE, la cual, junto con las de la  e
inviolabilidad y el aforamiento, como ya hemos tenido ocasión de declarar, «se incorpora  bo
y encuentra su acomodo natural […] en el contenido del derecho fundamental reconocido  16ww
epnú belicl oa rrte. p2re3s.2e nCtaEti v[o…, ]s, inqou eta gmabriaénnt izloas  ndoe rseoclhoo se ly  apcrceersroog aot ivpaesrm paronpeinocsi ad eeln s tealt ucsa rdgeol 
dcaer gfeob»r e(SroS, TFCJ  122)3.  Dy e1 2m4o/2d0o0 1q,u dee e 4l  ddeer ejucnhioo,  fFuFnJdJa m3;e cnotanl  caitl ae djeer claic iSoT dCe l2 2ca/1r9g9o7 p, údbel ic1o1 
representativo en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes
(art. 23.2 CE) es el derecho verdaderamente nuclear y vertebrador de este recurso de 
amparo. Aunque en la demanda se invoca también el derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), su invocación es meramente tributaria de la de aquel 
derecho, en cuanto la prerrogativa de la inmunidad, esto es, la necesidad de obtener la 
autorización de la respectiva cámara constituye un presupuesto de procedibilidad para, 
en  palabras  del  art.  71.2  CE,  poder  «inculpar»  o  «procesar»  a  cualquiera  de  sus 
miembros, por lo que solo si se apreciara la lesión del derecho al ejercicio del cargo 
público representativo (art. 23.2 CE) podría entenderse vulnerado, como resultado de 
dicha lesión, el art. 24.2 CE, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las 
garantías (STC 123/2001, FJ 3). Por lo tanto, al afectar directamente las resoluciones 
impugnadas a un derecho fundamental de carácter sustantivo, como es el reconocido en 
el art. 23.2 CE, el recurso de amparo es susceptible de ser incardinado en el primer 
supuesto de las excepciones señaladas a la regla general que requiere la finalización del 
proceso penal para entender correctamente agotada la vía judicial. De modo que en este 
caso no constituye una exigencia ineludible que los demandantes tengan que recorrer 
todo el itinerario previo hasta la conclusión definitiva del proceso para poder acudir en 
amparo ante este tribunal en defensa de aquel derecho fundamental.
Además, imponerles el seguimiento exhaustivo del proceso penal en todas sus fases 
o  etapas  hasta  su  conclusión  definitiva  supondría  una  rigorista  exigencia  del 
cumplimiento del requisito del agotamiento de la vía judicial, que implicaría, de estimarse 
la pretensión de amparo, quizás no un perjuicio irreparable, pero sí, al menos, un 
gravamen adicional o una mayor intensidad en la lesión del derecho fundamental por su 
mantenimiento en el tiempo, dado el efecto perturbador que la tramitación del proceso 
penal hasta su conclusión podría conllevar no solo para los demandantes en el ejercicio 
de las funciones parlamentarias, sino también para el funcionamiento y la composición 
de las propias cámaras.
La resolución judicial a la que es imputable en su origen la lesión del derecho 
fundamental  al  ejercicio  del  cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE)  ha  sido 
impugnada en amparo una vez que los demandantes han interpuesto contra ella el 
recurso ordinario legalmente procedente (recurso de súplica), que ha dado ocasión a la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce en única instancia de la causa especial 
núm. 20907-2017, de restablecer aquel derecho fundamental sustantivo presuntamente 
vulnerado. En definitiva, atendiendo a las concretas circunstancias que concurren en 
este caso, ha de entenderse agotada la vía judicial previa, sin que para ello fuera 
imprescindible que los demandantes hubieran esperado a la conclusión del proceso 
penal  antes  de  acudir  a  este  tribunal.  Por  consiguiente,  debe  ser  desestimado  el 
supuesto carácter prematuro del recurso de amparo.
Sin desconocer la distinta naturaleza de una y otra prerrogativa parlamentaria, –
sustantiva  la  de  la  inviolabilidad,  que  garantiza  la  irresponsabilidad  jurídica  de  los 
parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y formal 
la de la inmunidad, que protege a los diputados y senadores de ser detenidos salvo en 
caso de flagrante delito y de que puedan ser inculpados o procesados sin la previa 
autorización de la cámara respectiva–, la conclusión a la que hemos llegado respecto del 
agotamiento de la vía judicial previa se corresponde con el criterio implícitamente ya 
mantenido por este tribunal en la STC 30/1997, de 24 de febrero, al conocer en cuanto al 
fondo, sin necesidad de que se hubieran agotado todas las fases del proceso judicial, el 
recurso  de  amparo  interpuesto,  por  vulneración  del  derecho  al  ejercicio  del  cargo 
representativo (art. 23.2 CE), frente a resoluciones judiciales que habían infringido la  s
prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria al admitir a trámite una demanda contra un  oe.
diputado por las expresiones vertidas con ocasión de una intervención en la cámara. w.
A mayor abundamiento, sin perjuicio de lo dicho sobre el derecho fundamental  16ww
enlu crleeaqru iys ivtoe rtdeeblr adaogro tdaem eiesnteto r edcuer sloa  deví aa mjpuadricoi,a el l preresvuilata dnoo d es enruíae stdrois tainntáol isiesn s oubnrae 
cEonn esfideectroa,c eiónn  laa uhtóipnóotemsais d deel  dqeuree cfuheor aa  eusnt ipmroacdeas sou c vounl ntoedraacsi ólans,  sgea rtaranttaíarísa ( daert .u 2n4a. 2le CsiEó)n.   BOE-A-cable e
actual,  cuyos  efectos  se  proyectarían  de  manera  inmediata  sobre  las  posteriores 
actuaciones jurisdiccionales y que, en este caso, ha sido analizada y resuelta de modo 
definitivo  en  los  autos  ahora  impugnados.  Así  pues,  desde  la  perspectiva  de  este 
derecho fundamental, el recurso de amparo sería susceptible de ser incardinado también 
en la segunda de las excepciones a la regla general que impone la conclusión del 
proceso penal antes de acudir en amparo a este tribunal.
3.  Doctrina jurisprudencial sobre la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Desestimados  los  motivos  de  inadmisión  de  la  demanda,  la  cuestión  de  fondo 
controvertida  estriba  en  determinar  si  la  decisión  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Supremo de no solicitar la autorización del Congreso de los Diputados y del Senado 
mediante  la  remisión  del  correspondiente  suplicatorio  para  la  continuación  de  las 
sesiones del juicio oral en la causa especial núm. 20907-2017, seguida, entre otros, 
contra los recurrentes, ha vulnerado, como estos sostienen, o no, como, por el contrario, 
mantienen el abogado del Estado, la representación procesal del partido político Vox y el 
Ministerio  Fiscal,  sus  derechos  fundamentales  al  ejercicio  del  cargo  público 
representativo (art. 23.2 CE), en relación con el art. 71.2 CE, y a un proceso público con 
todas las garantías (art. 24.2 CE).
A)  Este tribunal ya ha tenido ocasión de abordar la prerrogativa de la inmunidad 
parlamentaria  desde  la  perspectiva  del  derecho  fundamental  al  ejercicio  del  cargo 
público representativo (art. 23.2 CE), sentando al respecto una doctrina que conviene 
traer a colación, puesto que puede aportar la fundamentación precisa para la resolución 
de la cuestión ahora en disputa.
a)  La inmunidad de la que son titulares los diputados y senadores durante el 
periodo de su mandato ex art. 71.2 CE se encuentra conectada con la proclamación del 
art. 66.3 CE de que «[l]as Cortes Generales son inviolables» y se concreta, en su 
dimensión material, en la excepción de cualquier posible detención, si no es «en caso de 
flagrante delito», con la que concluye el inciso primero de aquel precepto constitucional, 
y en la especificación, en su segundo inciso, de que «[n]o podrán ser inculpados ni 
procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva». En estos términos y con 
este alcance «nuestra Constitución ha venido a incorporar un instituto que, en la medida 
en que pueda suponer una paralización, siquiera temporal, de la acción de la justicia y, 
en su caso, del derecho fundamental a la tutela de los jueces, aparece, prima facie, 
como una posible excepción a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el 
sometimiento de todos al "imperio de la ley como expresión de la voluntad popular" 
(preámbulo de la Constitución, párrafo tercero)» (STC 206/1992, de 27 de noviembre, 
FJ 3; doctrina reiterada en las SSTC 123 y 124/2001, FFJJ 4).
b)  La inmunidad como prerrogativa de los miembros de las Cortes Generales, que 
goza de idéntica legitimidad a la del resto de las instituciones constitucionales, no es, al 
igual que las demás prerrogativas parlamentarias, «un privilegio, es decir un derecho 
particular de determinados ciudadanos, que se verían, así, favorecidos respecto del 
resto» (STC 206/1992, FJ 3; doctrina que reitera la STC 124/2001, FJ 4), ni tampoco 
puede considerarse como expresión de un pretendido ius singulare (STC 22/1997, FJ 5). 
Las prerrogativas del art. 71 CE, entre ellas, la inmunidad, «se atribuyen a los miembros 
de las Cortes Generales no en atención a un interés privado de sus titulares, sino a 
causa de un interés general, cual es el de asegurar su libertad e independencia en tanto 
que  reflejo  de  la  que  se  garantiza  al  órgano  constitucional  al  que  pertenecen»  s
(STC 22/1997, FJ 5). Así, este tribunal tiene declarado que «la inmunidad parlamentaria  oe.
no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que  w.
[oúpbnujieceatsom]  ldeaen e texs iusssteetr naecesirat a sdbuelse t cacelo  tneipdnou  cbdteean spe rdfiivceiillo e cgdoioens o lcpaiusmg ipneeanrrtosíao ,on e adnset rcdeie so iótdrnaip sud cteao dsjuoaessc , eocs o snye  nlotarsidb ovuarnelaoslre eass,l    2021-6616n https://ww
de "justicia" e "igualdad" que el art. 1.1 C.E. reconoce como "superiores" de nuestro
ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; doctrina que reiteran las 
SSTC 123 y 124/2001, FFJJ 4).
c)  En estrecha conexión con la observación que se acaba de efectuar, conviene 
resaltar que el carácter objetivo de las prerrogativas parlamentarias «se refuerza […] en 
el  caso  de  la  inmunidad,  de  tal  modo  que  la  misma  adquiere  el  sentido  de  una 
prerrogativa institucional» (STC 206/1992, FJ 3). En cuanto expresión más característica 
de la inviolabilidad de las Cortes Generales, «la inmunidad […] se justifica en atención al 
conjunto  de  funciones  parlamentarias  respecto  de  las  que  tiene,  como  finalidad 
primordial, su protección […], de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la 
inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la cámara respectiva 
adopta». Y «esta protección a la que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, 
frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales 
dirigidas contra los diputados y senadores», sino frente a la amenaza de tipo político 
consistente  en  la  eventualidad  de  que  la  vía  penal  sea  utilizada,  injustificada  o 
torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de 
alterar la composición que a las mismas le ha dado el cuerpo electoral en el ejercicio del 
derecho de sufragio activo (art. 23.1 CE) [STC 90/1985, FJ 6; doctrina que reiteran las 
SSTC 206/1992, FJ 3, 123 y 124/2001, FFJJ 4].
En esta misma línea, hemos declarado en la STC 243/1988, de 19 de diciembre, que 
la inmunidad «es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal 
de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden 
desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se 
impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y, a consecuencia de ello, 
se altere indebidamente su composición y funcionamiento» [FJ 3 b); doctrina reiterada en 
las SSTC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B); 206/1992, FJ 3, 123 y 124/2001, FFJJ 4)]. En 
palabras  de  la  STC  22/1997,  la  prerrogativa  de  la  inmunidad  parlamentaria  está 
orientada a «proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales con 
las que se pretenda […] impedir indebida y fraudulentamente su participación en la 
formación de la voluntad de la cámara, poniéndolos al abrigo de querellas insidiosas o 
políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de 
los  procesos  judiciales,  los  planos  de  la  responsabilidad  política  y  la  penal,  cuya 
delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de 
organización libre y plural de la vida colectiva» (FJ 6).
En el sentido institucional de la prerrogativa, «único susceptible de preservar su 
legitimidad» (STC 124/2001, FJ 4), ha insistido la STC 206/1992, al señalar que no ha 
sido establecida por el constituyente «para generar zonas inmunes al imperio de la ley», 
así como que quedaría desnaturalizada como prerrogativa institucional, «si quedase a 
merced del puro juego del respectivo peso de las fracciones parlamentarias» (FJ 3).
Dijimos en la STC 124/2001, compendiando pronunciamientos anteriores, que «es en 
este contexto donde se sitúa la necesidad de obtener la autorización de las cámaras 
respectivas como condición de procedibilidad para inculpar o procesar a cualquiera de 
sus miembros. Lo que la Constitución ha querido es que sean las propias cámaras las 
que  aprecien  y  eviten  por  sí  mismas,  en  cada  caso  concreto  y  atendiendo  a  sus 
circunstancias, la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de 
perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar la composición que les ha dado 
la  voluntad  popular,  es  decir,  si  la  inculpación  o  procesamiento  puede  producir  el 
resultado objetivo de alterar indebidamente su composición o funcionamiento, realizando 
algo que no pueden llevar a cabo los órganos jurisdiccionales, como es una valoración  s
del significado político de tales acciones (SSTC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; 206/1992,  oe.
de 27 de noviembre, FJ 3)» [FJ 4]. w.
d)  En fin, hemos venido declarando desde la STC 51/1985, de 10 de abril, que las  16ww
persetrrircotgaamteivnatse  papralaram enntoa riadse, vetanmir biéenn  lap rdivei lelag ioinsm  uqnuidea dp, u«ehdaann  dele ssieorn ainr terdperreetachdoass 
fpurnedrraomgaetnivtaal emsi smdea  yte drcee lrooss ,f in[e…s ]q uae  epsatrati rp rodceu ruan»a ( FcJo 6m),p eresntos ieósn,  «dtealn tos eennti deol  sednet idloa   BOE-A-cable e
lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el 
teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responde, debiendo rechazarse, 
en consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de 
los privilegios» [STC 243/1988; FJ 3 a)], de modo que «no es constitucionalmente 
legítima una extensión legislativa (STC 186/1989) o una interpretación analógica de las 
mismas (STC 51/1985)» [STC 22/1997, FJ 5].
B)  Los criterios reseñados de la doctrina de este tribunal sobre las prerrogativas 
parlamentarias,  y,  en  particular,  sobre  la  inmunidad,  se  asemejan  a  los  que  se 
desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que constituyen ex art. 10.2 CE un relevante 
elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance de los derechos 
fundamentales que la Constitución proclama [por todas, SSTC 155/2019, de 28 de 
noviembre, FJ 5 B), y 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D)].
a)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el hecho de que 
los  Estados  concedan  generalmente  una  inmunidad  más  o  menos  extensa  a  los 
miembros del parlamento constituye una antigua práctica, que tiene como finalidad la 
protección  de  la  libre  expresión  de  la  cámara  legislativa  y  el  mantenimiento  de  la 
separación de los poderes legislativo y judicial. Bajo sus diferentes formas, la inmunidad 
parlamentaria  puede  servir  para  proteger  un  régimen  jurídico  verdaderamente 
democrático, que constituye la piedra angular del sistema del convenio, en la medida en 
que tiende a proteger la autonomía del legislador y la oposición parlamentaria. A este 
respecto,  el  tribunal  de  Estrasburgo  lleva  a  cabo  un  control  especialmente  estricto 
cuando se trata de minorías parlamentarias. Reconoce que siempre deben protegerse 
las opiniones contrarias al sistema político de que se trate, incluso cuando persiguen su 
transformación total, pero, advierte, siempre desde la lealtad democrática: «Un aspecto 
fundamental  de  la  democracia  es  que  debe  permitir  que  se  propongan  y  debatan 
diversos programas políticos, incluso cuando ponen en tela de juicio la organización 
actual de un Estado, siempre que no perjudiquen a la propia democracia" (STEDH 
Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) c. Turquía, de 8 de diciembre de 1999, de la 
Gran Sala).
Las  garantías  ofrecidas  por  la  inmunidad  parlamentaria  en  sus  dos  aspectos 
(irresponsabilidad e inviolabilidad) –señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– 
vienen a asegurar la independencia del parlamento en el cumplimiento de sus funciones. 
La inmunidad jurisdiccional –inviolabilidad en la terminología de su jurisprudencia– tiene 
como  objeto  asegurar  esa  plena  independencia  previniendo  toda  eventualidad  de 
procesos penales que obedezcan a móviles políticos (fumus persecutionis), protegiendo 
así a la oposición de presiones o abusos de la mayoría. Por su parte, la protección 
otorgada a la libertad de expresión en el parlamento tiene por objeto proteger el interés 
de este último, no debiendo asumirse que solo beneficia a sus miembros (STEDH de 17 
de mayo de 2016, asunto Karácsony y otros c. Hungría, § 138; con referencia a las 
SSTEDH de 17 de diciembre de 2002, asunto A. c. Reino Unido, § 85; de 3 de diciembre 
de 2009, asunto Kart c. Turquía, § 81, y de 11 de febrero de 2010, asunto Syngelidis c. 
Grecia, § 42; también SSTEDH de 20 de diciembre de 2016, asunto Uspaskich c. 
Lituania, § 98, y de 22 de diciembre de 2020, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, § 
256).
b)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido en el diseño de las 
inmunidades parlamentarias, que entra dentro del campo del derecho parlamentario, un  e
amplio margen de apreciación a los Estados miembros, si bien considera que, desde el  bo
punto de vista de su compatibilidad con el convenio, cuando más amplia sea una  16ww
iEnnm eusntied asde, nmtidáos,  ipmopseturiloas aqsu ed elabse nin mseurn liadsa draezso hnaens  dqeu es epru eodbajento j udseti fuicna re dsticrihcato  ajumicpiloit udde. 
apcrotipvoidracdio npaalirdlaamd ecnutaanridao [ SlaSsT cEoDndHu, cdtaes  2o0 h deec haobsr iel nd ecu 2e0s0tió6n ( ansou tnetnog aPna tcroonnoe,x iCóna sccoinni  lay 
Stefanelli c. Italia, § 63), y de 3 de diciembre de 2009 (asunto Kart c. Turquía, § 82 y 83)].
c)  En  fin,  por  lo  que  se  refiere  en  particular  a  la  inmunidad  jurisdiccional  ha 
considerado que constituye una excepción al régimen ordinario de procedibilidad de 
presuntos delitos y de su enjuiciamiento, razón por la cual los Estados deben garantizar 
que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de modo que no pueda ser utilizada por 
los representantes políticos como instrumento para eludir la acción de la justicia (STEDH 
de 20 de diciembre de 2016, asunto Uspaskich c. Lituania, § 91).
d)  Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que los 
objetivo del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión 
Europea  se  concretan  en  garantizar  a  sus  instituciones  una  protección  completa  y 
efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su 
buen  funcionamiento  y  a  su  independencia.  Objetivos  que  proyectados  sobre  el 
Parlamento Europeo no solo implican que su composición refleje de forma fiel y completa 
la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, sino 
también que el Parlamento Europeo quede protegido en el ejercicio de sus actividades 
contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen 
funcionamiento.
En esta doble vertiente –afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con 
referencia expresa a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos– las 
inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo tienen por objeto 
garantizar la independencia de esta institución en el cumplimiento de su misión (SSTJUE 
de 19 de marzo de 2010, asunto Bruno Gollnisch c. Parlamento Europeo, § 94; de 19 de 
diciembre de 2019 asunto Oriol Junqueras, § 82 a 84; con cita de las SSTJUE de 10 de 
julio de 1986, asunto Wybot, § 12 y 22; de 22 de marzo de 2007, asunto Comisión de las 
Comunidades Europeas c. Bélgica, § 56; y ATJUE de 13 de junio de 1990, asunto 
Zwartveld y otros, § 19).
4.  La negativa a solicitar la autorización de las cámaras para continuar el proceso 
penal contra los demandantes de amparo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo funda en cuatro bloques argumentales su 
negativa a solicitar del Congreso de los Diputados y del Senado autorización para 
continuar el proceso penal contra los demandantes por haber sido proclamados diputado 
y senador electos, respectivamente, ya iniciada la fase de juicio oral y, en concreto, sus 
sesiones.
Desde la perspectiva constitucional –primer bloque argumental–, entiende que los 
términos «inculpación o procesamiento» del art. 71.2 CE «son claros». El significado de 
este último no le plantea ninguna dificultad, pues «[l]o que el constituyente quiso someter 
a autorización parlamentaria es la resolución judicial motivada que, en el seno del 
procedimiento ordinario por delitos (art. 384 LECrim), confiere judicialmente el "status" de 
imputado, determinando, aun de forma interina o provisoria, la legitimación pasiva [que] 
constituye, al propio tiempo, presupuesto previo e indispensable de la acusación».
Aunque admite que no resulta «tan clara la respuesta para determinar lo que por 
inculpación debe entenderse», dada la variedad y ambigüedad de términos que emplea 
la LECrim, considera que «[c]on independencia del sentido que se le quiera dar» a aquel 
vocablo, «el precepto constitucional contempla que la autorización de la cámara es 
precisa para la adopción de decisiones judiciales propias de la fase de instrucción o de la 
fase intermedia del proceso penal, ya que en tales fases es cuando se ‘inculpa o 
procesa’. Es decir, la necesidad de recabar la autorización parlamentaria opera en las 
fases procesales anteriores a la de juicio oral». e
La Sala llega a idéntico resultado a partir del análisis de los arts. 11 RCD y 22.1 RS,  bo
dada  la  evidente  similitud  de  los  términos  que  utilizan  con  los  del  art.  71.2  CE,  16ww
perl eccaissaon ddoe,  qeune r elala cpióenrs coonna  eqlu ien ceissot afnindaol  dyeal  pinácrurarsfoa  seeng uunnd op rdoecle asrot.  p2e2n.1a lR aSd,q quuieer a« elan 
icnosntrduicyiéónnd odsee s",e lnoa qduoer  ssuep porneec iusnaa l an uaeuvtao rrizeafecrieónnc diae  al au ncaá mfaasrea ,p rsoi ceels parl oacnetseori o"re as tluav qieuree 
se  encuentra  la  presente  causa».  En  definitiva,  «desde  el  análisis  del  bloque  de
constitucionalidad» llega a la conclusión de que «la autorización de la cámara y el 
libramiento del correspondiente suplicatorio se requiere para tomar decisiones judiciales 
que afecten a un parlamentario en las fases del proceso penal anteriores a la del juicio 
oral».
Desde el ámbito de la legalidad ordinaria –segundo bloque argumental– la Sala parte 
de la necesidad, que ya ha puesto de manifiesto en anteriores resoluciones, de llevar a 
cabo una interpretación conforme al art. 71.2 CE y al principio de igualdad (art. 14 CE) 
de los preceptos legales que regulan la prerrogativa de la inmunidad (arts. 750 a 756 
LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912 de jurisdicción y procedimiento especiales en 
causas contra senadores y diputados), dado su carácter preconstitucional, así como de 
la  indispensabilidad  de  que  esta  prerrogativa,  «de  innegable  y  legítima 
constitucionalidad», sea «objeto de una interpretación restrictiva». Pues bien, desde esta 
perspectiva, la Sala estima que una interpretación gramatical y sistemática de aquella 
normativa (arts. 750 y 751 LECrim, y art. 5 de la Ley de 9 de febrero de 1912), asociada 
a la naturaleza de la prerrogativa, «avala la idea de que la autorización del órgano 
legislativo es necesaria "para procesar", esto es, para atribuir a un diputado o senador 
electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría 
afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas». A su juicio, «[c]arecería de 
justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los 
debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano 
parlamentario»,  dado  que  «[n]o  forma  parte  de  las  garantías  propias  del  estatuto 
personal del diputado o senador –si su incorporación a las listas y su elección ha tenido 
lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral– imponer una valoración retroactiva de la 
incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las cámaras». 
En otras palabras, en el caso de que la condición de diputado o senador se adquiera con 
posterioridad al auto de procesamiento, la mención en el art. 751, párrafo segundo, 
LECrim,  «a  un  estatuto  procesal  muy  concreto  (procesado)  limita  la  necesidad  de 
recabar autorización a una fase procesal anterior a la del juicio oral». En definitiva, 
considera que en el ámbito del procedimiento penal ordinario, por el que se tramita 
precisamente la causa seguida contra los ahora demandantes de amparo, «la necesidad 
de recabar la previa autorización de la cámara legislativa solo rige para dictar auto de 
procesamiento».
La Sala reconoce la novedad del supuesto que se le somete a consideración, lo que, 
sin embargo, no es impedimento –tercer bloque argumental– para que en refuerzo de «la 
legitimidad  y  corrección  del  criterio  que  ahora  proclamados»  invoque  precedentes 
resoluciones propias de las que «se colige que la autorización para proceder es precisa 
en un momento procesal distinto y anterior [al] de [la] celebración de[l] juicio oral». 
Además entiende que la interpretación que sostiene –cuarto bloque argumental– «es 
consecuente con la propia naturaleza y finalidad de la prerrogativa de la inmunidad, que 
no es otra que evitar que se utilice el proceso penal para alterar la composición y el 
funcionamiento de una cámara legislativa». En relación con esta última argumentación 
reproduce pasajes de las SSTC 98/1985, de 22 de julio; 206/1992, de 27 de noviembre, 
y 123/2001 y 124/2001, de 4 de junio.
Con base en las precedentes consideraciones, la Sala concluye que «[e]ste proceso 
penal se inicia antes de la elección como miembro de las Cortes Generales de alguno de 
sus  acusados»,  de  modo  que  «difícilmente  podría  sostenerse  que  su  iniciación  –y 
continuación– pretenden alterar la composición y el funcionamiento de la representación 
nacional que encarnan las Cortes Generales». Así pues, «no cabe entender que el  s
presente proceso penal menoscabe el normal funcionamiento del Congreso o el Senado,  oe.
cuando las elecciones legislativas de las que se deriva su actual composición ni siquiera  w.
estaban convocadas cuando se incoó, se finalizó la instrucción, se procesó y se acusó a  16ww
slousp lhicoayt odriipou etand ola  yf asseen aedno rla y  qsuee  inseic iaernocnu elanstr as eesli opnreosc edseol  –juaicfiirom oar–a l«»n. oL ac oenxsigtietunicríiaa  udne 
eqjueerc, icdioe  rcaoznofnoarbmleid ayd p rcoopno rclaio ndaol cdtrein laa s repirteerrraodgaa tidveals  Tpraibrluanmael ntEauriraosp,e por odpeo rcDioenraelcidhaods   BOE-A-cable e
Humanos […], debe evaluarse restrictivamente en los supuestos de hecho en los que, 
como es el caso, no existe una conexión clara entre los hechos en cuestión y la actividad 
parlamentaria».  En  fin,  aquella  exigencia  supondría,  a  su  juicio,  «una  interferencia 
irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional pues permitiría una "revisión" o 
"control" del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a 
determinadas personas por el hecho de haber sido elegidos parlamentarios durante la 
celebración  del  juicio  oral  […],  convirtiendo  así  la  inmunidad  parlamentaria  en  un 
"privilegio" o "derecho particular" de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no 
preservaría  la  composición  y  funcionamiento  de  las  Cortes  sino  que  vulneraría  el 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  en  su  vertiente  de  acceso  a  los  tribunales» 
(fundamento de Derecho segundo).
La Sala, al estimar, por las razones expuestas, que no era preciso en este caso 
solicitar autorización al Congreso de los Diputados y al Senado para la continuación del 
proceso penal contra los demandantes de amparo, deniega la solicitud de suspensión de 
las sesiones del juicio oral, ya que «la suspensión opera solo en aquellos supuestos en 
los que la petición de suplicatorio resulta procedente» (art. 753 LECrim, fundamento de 
Derecho tercero).
5.  La  regulación  constitucional  y  legal  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria.
Llegados aquí, hemos de afrontar la cuestión de si la interpretación que la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  ha  efectuado  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria, con base en la cual ha decidido no solicitar la autorización del Congreso 
de los Diputados y del Senado para continuar el proceso penal contra los demandantes 
de amparo porque habían sido proclamados diputado y senador electos ya iniciada la 
fase de juicio oral, y, en concreto, sus sesiones, vulnera el derecho fundamental de los 
recurrentes al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por contravenir el 
art. 71.2 CE, y, en consecuencia, su derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE).
Nuestra labor de enjuiciamiento ha de ceñirse a dilucidar, sin que proceda concebir 
hipótesis distintas de las que trae causa el recurso de amparo, si aquella interpretación 
se cohonesta o no con el alcance, sentido y finalidad con los que la prerrogativa de la 
inmunidad se reconoce en el texto constitucional (art. 71.2 CE) y, por consiguiente, 
resulta lesiva de aquellos derechos fundamentales. Hemos de reiterar, en orden a un 
adecuado encuadramiento de la queja de los recurrentes, que esta prerrogativa se 
integra  en  el  estatus  propio  del  cargo  parlamentario,  de  modo  que  el  derecho 
fundamental  directamente  afectado  frente  a  posibles  constricciones  ilegítimas  de  la 
misma es el derecho al ejercicio del cargo público representativo en condiciones de 
igualdad y con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE). Solo si concluyéramos 
que se hubiera lesionado este derecho fundamental, podría entenderse vulnerado, como 
resultado de esta lesión, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE; 
SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 3).
a)  El concreto aspecto de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ahora 
controvertido es el relativo a la necesaria autorización de las cámaras de las Cortes 
Generales para dirigir un proceso penal contra sus miembros. El art. 71.2 CE dispone al 
respecto que estos «[n]o podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización 
de la Cámara respectiva». Así pues, la autorización de las cámaras ha de ser ex  s
Constitutione previa y para «inculpar» o «procesar» a cualquiera de sus miembros. Su  oe.
solicitud, por lo tanto, ha de preceder a la «inculpación» o «procesamiento» de los  w.
pqdruipoeundtuaanddcooias  mya idseeenmntoaásds od reer ese.f lseEtjesa edt rocibsau,r áncactloe, mra pol r deevnciool a yrpa laor, d acípaou nn sutaendra as d fiuen  aoloitdrtaarosd   pdmael oaladb oraa,u st,o erqnizu aecd iaióvqneu rhesaollans    2021-6616n https://ww
autorización  se  requiere  «para  inculpar  o  procesar»  (STC  9/1990,  FJ  4);  o  que  la
inmunidad  protege  a  los  parlamentarios  «frente  a  inculpaciones  o  procesamientos»
(STC 186/1989, FJ 2); o, en fin, que «la autorización a la cámara respectiva ha de ser 
solicitada en todo caso antes de que los diputados y senadores sean inculpados o 
procesados» (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5).
El precepto constitucional nada dice, ni ofrece pauta alguna para determinar el 
significado  de  las  expresiones  «inculpados»  y  «procesados»  (en  este  sentido, 
STC 123/2001, FJ 5). Tampoco de los trabajos parlamentarios de elaboración de la 
Constitución  –que,  conforme  a  una  reiterada  jurisprudencia  constitucional,  son  un 
elemento importante de interpretación, aunque no determinante, para desentrañar el 
sentido y alcance de las normas (por todas, STC 137/2020, de 6 de octubre)– cabe 
inferir ningún criterio hermenéutico, ya que, con la salvedad de incorporar la dimensión 
temporal de la inmunidad al texto del informe de la ponencia constitucional, la redacción 
del  precepto  permaneció  sustancialmente  inalterada  desde  el  anteproyecto  de 
Constitución,  de  modo  que  su  contenido  inicial  solo  fue  modificado  por  razones 
gramaticales.
De otra parte, en tanto que el término «inculpados» no aparece en nuestros textos 
constitucionales  anteriores,  no  ocurre  lo  mismo,  sin  embargo,  con  el  vocablo 
«procesados», que desde la Constitución de 1837 constituye la referencia al previo 
«permiso» o autorización» que los órganos judiciales debían solicitar de las cámaras 
para proceder contra su miembros, sin hacer mención a un acto procesal concreto, salvo 
en la Constitución de 1931, que requería aquella autorización «[si] algún juez o tribunal 
estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un diputado» (art. 55).
En fin, también es necesario constatar que el constituyente ha limitado el ámbito de 
protección de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados y senadores ex art. 71.2 
CE a la prohibición de detención, salvo en caso de flagrante delito, y a la previa 
autorización de la cámara respectiva para que puedan ser «inculpados» o «procesados». 
De modo que no ha incluido en su ámbito constitucional otras facultades reconocidas a 
las cámaras en otros textos constitucionales, entre ellas, por ejemplo, la de dejar sin 
efecto la detención o el procesamiento de sus miembros o la de poder suspender la 
persecución o el procedimiento penal dirigido contra ellos (art. 56 de la Constitución 
española de 1931, art. 68 de la Constitución de la República Italiana de 1947, art. 46 de 
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 y art. 26 de la 
Constitución de la República Francesa de 1958).
Así pues, además de los condicionamientos materiales y hermenéuticos comunes e 
inherentes  a  la  naturaleza  jurídica  de  todas  las  prerrogativas  parlamentarias,  el 
constituyente ha acotado expresamente y con carácter individualizado cada prerrogativa, 
singularizando su alcance y contenido en particular (en este sentido, STC 22/1997, FJ 7). 
En lo que ahora interesa, el reconocimiento constitucional de la inmunidad es objeto en 
nuestro ordenamiento de una doble delimitación: su ámbito material, que comprende la 
prohibición de la detención, salvo en caso de flagrante delito, y la previa autorización de 
la cámara respectiva para que los diputados y senadores puedan ser «inculpados» o 
«procesados»; y, su ámbito temporal, que se extiende a todo el periodo del mandato 
parlamentario.
b)  Como hemos declarado en la STC 206/1992, la tarea de concretar y actualizar la 
prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, instituto característicamente vinculado a las 
condiciones  históricas  de  afirmación  y  de  consolidación  del  Estado  de  Derecho,  la 
encomienda la Constitución a sus destinatarios con un distinto nivel de responsabilidad. 
Aunque en dicha tarea está implicado en último término este tribunal, lo está antes que 
él, y sin poder sustituirlo, «el legislador, a quien le corresponde comprobar en qué  s
medida  las  leyes  procesales  continúan  adecuándose  en  su  regulación  a  la  norma  oe.
constitucional vigente. Y muy particularmente están implicadas las propias cámaras  w.
integrantes  de  las  Cortes  Generales,  no  ya  solo  a  través  de  su  potestad  de  16ww
esust atabrleecai mcioennstota ndtee  sdues  fporrompaiocsió rne gdlaem uennotso su (saorst.  p7a2r.1la mCeEn),t asriinoos  sqouber es iteomdop rae  thraavné ss iddoe 
consustanciales al régimen parlamentario y, por ende, al Estado de Derecho» (FJ 3).
Pues bien, los reglamentos de cada una de las cámaras de las Cortes Generales 
(arts. 11 RCD y 21.1 RS) regulan la prerrogativa de la inmunidad y, en particular, la 
exigencia de autorización para poder inculpar o procesar a los diputados y senadores en 
términos sustancialmente idénticos a los del art. 71.2 CE, con la adición en el caso 
del 21.1 RS de un inciso final, según el cual «[e]sta autorización será también necesaria 
en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose 
procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador». Esta última referencia procesal 
a las causas penales «que estuvieren instruyéndose», según ha sido interpretada por la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo a la luz del art. 71.2 CE en las resoluciones 
judiciales impugnadas, sitúa temporalmente la obligación de pedir suplicatorio en un 
momento  anterior  a  aquel  en  el  que  la  fase  de  instrucción  ha  sido  judicialmente 
declarada conclusa.
La Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las 
causas  contra  senadores  y  diputados,  y  los  arts.  750  a  756  LECrim  completan  la 
regulación de la prerrogativa. La pervivencia de esta normativa preconstitucional solo se 
explica por el olvido del legislador a los llamamientos efectuados por este tribunal para 
su actualización y acomodo al texto constitucional (STC 123/2001, FJ 5). En todo caso, 
la supremacía de la Constitución impone la interpretación conforme a la misma de 
aquella legislación.
6.  El  derecho  al  ejercicio  del  cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE)  y  el 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
En este marco normativo ha tenido que desenvolverse la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, cuya interpretación sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad que 
efectúa en los autos impugnados, en los que, con base en los razonamientos que se 
recogen  con  detalle  en  el  fundamento  jurídico  4  de  esta  sentencia,  determina  el 
significado de los términos «inculpación» y «procesamiento» a partir de la legislación 
procesal  penal  vigente,  no  puede  estimarse  vulneradora  del  derecho  de  los 
demandantes al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por no devenir 
contraria a las previsiones del art. 71.2 CE, ni, en consecuencia, de su derecho a un 
proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE).
La interpretación sostenida por la Sala, en primer lugar, es conforme a la letra o al 
sentido exacto y propio del art. 71.2 CE (STC 9/1990, FJ 4), que configura la previa 
autorización de la respectiva cámara como condición de procedibilidad expresamente 
para inculpar o procesar a sus miembros (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5), no para 
el desarrollo de una fase posterior a las fases de instrucción o intermedia del proceso 
penal, en las que tiene lugar la inculpación o el procesamiento, como es la del juicio oral. 
En otras palabras, en su tenor, el art. 71.2 CE no requiere la previa autorización de la 
cámara  respecto  de  quien,  encontrándose  ya  procesado  o  inculpado,  adquiera 
sobrevenidamente la condición de diputado o senador en la fase del juicio oral. En 
definitiva, la interpretación que la Sala efectúa de la prerrogativa de la inmunidad en las 
resoluciones judiciales recurridas es respetuosa con la redacción del citado precepto 
constitucional.
De  otra  parte,  dicho  criterio  hermenéutico  se  compadece  asimismo  con  la 
interpretación  necesariamente  estricta  que  ha  de  hacerse  de  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad, al no extenderla a un supuesto que no aparece contemplado explícitamente 
en el texto constitucional, como es la exigencia de autorización a las cámaras para 
continuar el proceso penal contra quien, habiendo sido ya procesado o inculpado, es  e
proclamado miembro electo de una de ellas durante el juicio oral. La indispensabilidad de  bo
una interpretación estricta de la prerrogativa se impone, de acuerdo con la doctrina  16ww
c«ounnsat iptuacriaolnizaalc dióen l,a s qiquueie srae  theam dpeojraadl,o d ceo nlas taacnccióian,  deen  llaa  jmusetdiciidaa y e, ne nq usue ,c aals poo, ddeerl  sduepreocnheor 
ufunnod adme elonsta pl iala lrae stu bteálsai cdoes  lodse lj uEescteasd,o a dpea rDeceere pcrhimo,a e fla scoiem, ceotimmoie nutnoa  dpeo stoibdleo se x"acle ipmcpióenr iao 
de la Ley como expresión de la voluntad popular"» (STC 206/1992, FJ 3). O, lo que es lo
mismo, la necesidad de una interpretación estricta del alcance de la prerrogativa resulta 
de la prohibición de su entendimiento como «un privilegio» personal o como expresión 
«de  un  pretendido  ius  singulare»  establecido  a  fin  de  pretender  sustraer  los 
comportamientos de los diputados o senadores «del conocimiento o decisión de jueces y 
tribunales, [pues], la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con 
los valores de "justicia" e "igualdad" que el art. 1.1. CE reconoce como "superiores" de 
nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, FJ 6). En esta misma línea, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, como ya se ha puesto de relieve, 
sobre la necesidad de dotar de un alcance restrictivo a la prerrogativa de la inmunidad, 
en cuanto excepción al régimen ordinario de enjuiciamiento de los delitos, a fin de evitar 
que sea utilizada por los representantes políticos como instrumento para eludir la acción 
de la justicia (STEDH asunto Uspaskich c. Lituania, § 91).
Por último, la interpretación judicial de la que discrepan los recurrentes en amparo se 
cohonesta  con  la  finalidad  institucional  que  se  persigue  con  la  prerrogativa  de  la 
inmunidad y que permite «preservar su legitimidad» (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de 
evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el 
funcionamiento de las cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el 
ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE). En principio, parece evidente, como el 
abogado del Estado y el Ministerio Fiscal señalan en su escrito de alegaciones, que esa 
perturbación o alteración difícilmente se puede producir cuando el inicio del proceso 
penal y la conclusión de las fases de instrucción e intermedia, en las que se formaliza la 
inculpación o el procesamiento, tengan lugar con antelación a la adquisición de la 
condición de miembro de una de las cámaras legislativas. En este sentido, este tribunal 
ha declarado, ante la negativa a la concesión de un suplicatorio con ocasión de la 
presentación de una querella contra quien adquirió con posterioridad la condición de 
senador, que «no concurren elementos que permitan apreciar, en la interposición de la 
querella,  la  existencia  de  móviles  o  intenciones  referidos  al  funcionamiento  o 
composición del Senado. Al contrario, todo contribuye a poner de relieve que tales 
móviles o intenciones no pudieron existir, pues en el momento de formularse la querella, 
ni la persona frente a la que se dirigía tenía la condición de senador, ni siquiera cabía 
aventurar que iba a serlo, ya que todavía no se habían convocado las correspondientes 
elecciones,  ni,  en  consecuencia,  eran  conocidas  las  candidaturas  a  estas» 
(STC 90/1985, FJ 7).
Desde la perspectiva de control que a este tribunal corresponde, hemos de concluir, 
por lo tanto, que la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo efectúa de 
la prerrogativa de la inmunidad en las resoluciones judiciales impugnadas es acorde con 
una correcta comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta 
procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que impone la 
Constitución, como en el teleológico de la razonable proporcionalidad al fin al que 
responde [SSTC 51/1985, FJ 6; 243/1988, FJ 3 A); 123/2001, y 124/2001, FFJJ 4)].
Por consiguiente, la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en aplicación 
del enjuiciado criterio hermenéutico, de no solicitar la autorización al Congreso de los 
Diputados y al Senado para continuar el proceso penal contra los demandantes de 
amparo  no  ha  vulnerado  su  derecho  fundamental  al  ejercicio  del  cargo  público 
representativo (art. 23.2 CE), ni, en consecuencia, su derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE). En efecto, aquellos aún no tenían la condición de diputado y 
senador, respectivamente,  al  formalizarse su  procesamiento –auto de 21 de marzo 
de 2018–, habiendo sido proclamados electos –3 de mayo de 2019– iniciada ya la fase  s
de juicio oral –auto de 25 de octubre de 2018–, formuladas las acusaciones y muy  oe.
avanzado el desarrollo de sus sesiones –12 de febrero de 2019–. Las elecciones al  w.
Congreso de los Diputados y al Senado, por disolución anticipada de las cámaras  16ww
(qauret.  1a1l 5 inCicEio),  fduee rolan  cfaosnev ocdaedl ajsu icpioor  Roreaal,l  Dinecclurestoo  1a2l 9c/2o0m1i9e,n zdoe  4d ed es musa rzsoe,s idoen ems,o dloa 
ctaonntvoo, csai tloorsia d eemleactnodraanl teersa  dceu aamndpoa rmo eibnaons  au nfo rhmeacrh op airnteci edreto a, lgduensaco dneo claiésn cdaonsdei,d aptourr alos   BOE-A-cable e
que pudieran presentarse. Cuando fueron proclamados electos, habían transcurrido ya 
tres meses desde que las sesiones del juicio dieron comienzo.
En  definitiva,  el  entendimiento  judicial  de  la  prerrogativa  de  la  inmunidad 
parlamentaria que los demandantes cuestionan es conforme al tenor del art. 71.2 CE, se 
adecua a la finalidad institucional de la prerrogativa y responde a una interpretación 
restrictiva de la misma, de modo que la decisión de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo recurrida en amparo no merece tacha alguna de constitucionalidad.
Por el contrario, la extensión de la prerrogativa de la inmunidad hasta el momento del 
dictado de la sentencia, como sostienen los recurrentes, ni se ajusta al tenor del art. 71.2 
CE,  ni  se  cohonesta  con  su  finalidad  institucional,  ni  es  congruente  con  una 
interpretación restrictiva de la misma. Tal extensión desborda un ejercicio razonable y 
proporcional de la prerrogativa en detrimento de derechos fundamentales y de otros 
valores constitucionalmente protegidos.
Tampoco resulta lesiva de los derechos fundamentales invocados en la demanda la 
decisión de la Sala de no suspender las sesiones del juicio oral, pues, como se razona 
en el auto de 14 de mayo de 2019, tal suspensión ex art. 753 LECrim solo procede en 
los supuestos en los que sea preceptivo solicitar el suplicatorio a las cámaras.
7.  La extrapolación de la STJUE de 19 de diciembre 2019 (asunto C-502/19) al 
recurso de amparo.
Los recurrentes, en el trámite de alegaciones del art. 55.2 LOTC, traen a colación la 
STJUE de 19 de diciembre de 2019, recaída en el asunto C-502/19, que consideran 
extrapolable al presente recurso de amparo.
La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo en una pieza separa de la causa especial núm. 20907-2017, con 
motivo del recurso de súplica interpuesto por el ahora demandante don Oriol Junqueras 
Vies contra la denegación de un permiso penitenciario para acudir a la Junta Electoral 
Central para acatar la Constitución (art. 224 de la Ley Orgánica del régimen electoral 
general) tras ser proclamado diputado electo del Parlamento Europeo en las elecciones 
de 26 de mayo de 2019. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en 
dicha sentencia sobre el alcance de la inmunidad de la que gozan los miembros del 
citado Parlamento cuando se dirijan al lugar de reunión de la cámara o regresen de este 
(inmunidad de desplazamiento), en particular, cuando se dirijan a la primera reunión para 
la celebración de la sesión constitutiva de la nueva legislatura y la verificación de las 
credenciales al objeto de tomar posesión del mandato [art. 9, párrafo segundo, del 
Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión], y sobre si esta 
inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a un 
diputado electo al objeto de poder desplazarse a esa primera reunión.
La patente ausencia de identidad de la materia objeto de dicha sentencia con el 
asunto controvertido en este proceso –la necesidad o no de solicitar autorización de las 
cámaras de las Cortes Generales para continuar las sesiones del juicio oral contra los 
demandantes de amparo–, y la singularidad de los estatutos de los miembros de las 
asambleas concernidas en aquella –Parlamento Europeo– y en este –Congreso de los 
Diputados  y  Senado–  ponen  por  sí  mismos  en  evidencia  la  improcedencia  de  la 
extrapolación solicitada por los demandantes, huérfana de argumentación. Al respecto, 
resulta pertinente recordar que «ni existe, ni es concebible hoy, Derecho de la Unión 
Europea que discipline el concreto estatus de los representes elegidos para integrar los 
parlamentos de los estados miembros» [STC 97/2020, FJ 6 B) e)]. e
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Oriol Junqueras Vies y don 
Raül Romeva Rueda.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer  Callejón.–
Firmado y rubricado.