BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Lunes 25 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 129427
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17332 Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y el 
Instituto Andaluz de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la colaboración en materia de cursos selectivos y actividades 
formativas de Médicos Forenses.
Con fecha 13 de octubre de 2021 se ha suscrito la el Convenio entre el Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y el Instituto Andaluz de Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la colaboración en materia de 
cursos selectivos y actividades formativas de Médicos Forenses.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 19 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y el 
Instituto Andaluz de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la colaboración en materia de cursos selectivos y actividades 
formativas de Médicos Forenses
En Madrid y Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.
REUNIDOS
De una parte, doña María Abigail Fernández González, directora del Centro de 
Estudios Jurídicos, organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, nombrada por Orden 
JUS/95/2020 de 6 de febrero y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.j) del Estatuto 
del CEJ, aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril.
Y de otra, doña María del Mar Caraza Cristín, directora del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en adelante el Instituto, nombrada por Decreto 182/2021, de 15 
de junio (BOJA Núm. 116, de 18 de junio), en ejercicio de las competencias atribuidas 
por el artículo 12.g) de los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de junio, modificado por el Decreto 98/2014, 
de 10 de junio.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de 
las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus 
instituciones,
EXPONEN o
PrimQeuroe. el CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que según  2021-17332n https://ww
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Justicia, las políticas de selección y formación de los funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos  de  los  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia,  Médicos  Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal 
al servicio de la Administración de Justicia. Dicha colaboración se extenderá también a la 
formación continuada de los Abogados del Estado en el marco de los planes que elabore 
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.a) de su Estatuto 
establece  que  el  CEJ  podrá  «celebrar  convenios  de  colaboración  con  los  órganos 
correspondientes  de  las  comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias».
Segundo.
Por otra parte, el Instituto es una agencia administrativa adscrita a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior que, según las letras b) y j) del artículo 4.2 
de sus Estatutos, aprobados por Decreto 277/2009, de 16 de junio, modificado por 
Decreto 98/2014, de 10 de junio, tiene como funciones específicas, dirigir, planificar, 
desarrollar, coordinar y evaluar la formación y el desarrollo de las capacidades... del 
personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia de Andalucía; y participar 
en  el  diseño  de  los  procesos  de  selección  y  gestionar  las  pruebas  y  cursos  de 
selección...  del  personal  no  judicial  al  servicio  de  la  Administración  de  Justicia  en 
Andalucía.
Asimismo, según el artículo 4.4 de sus Estatutos, el Instituto, para la realización de 
sus actividades, y en el ámbito de sus competencias, podrá concertar convenios con 
instituciones del Estado, de otras Comunidades Autónomas o Entidades Locales, así 
como con cualquier otra entidad pública o privada.
Tercero.
Que este convenio quiere establecer un modelo de colaboración en materia de 
cursos selectivos y de actividades formativas dirigidos a funcionarios en prácticas que 
aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, de acuerdo con el 
régimen jurídico vigente.
Cuarto.
Que  al  estar  ambas  partes  interesadas  acuerdan  suscribir  este  convenio  de 
colaboración, que se formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y el Instituto en 
materia de cursos selectivos, para funcionarios en prácticas que aspiran a ingresar en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses (por el territorio Ministerio de Justicia o por el 
territorio autonómico).
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes asumen los siguientes compromisos: bo
1E.n  vSiretuledc dceió nes.te convenio y de acuerdo con los principios de colaboración institucional  2021-17332n https://ww
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resolución conjunta de la Comisión de Seguimiento de la cláusula cuarta, que los funcionarios 
en prácticas que aspiran a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y que 
correspondan a cada parte firmante puedan incorporarse con plenos efectos jurídicos al curso 
selectivo que, en su caso, organice la otra parte firmante.
La incorporación al curso selectivo de funcionarios en prácticas de la otra parte 
firmante del convenio implicará que éstos se rijan por la programación de la parte 
firmante que organiza el curso selectivo, según la convocatoria del proceso selectivo.
A su vez, la parte que organiza el curso selectivo evaluará a los funcionarios en 
prácticas de la otra parte firmante (tanto la formación teórico-práctica como las prácticas 
tuteladas) y remitirá esas evaluaciones a la otra parte firmante.
La  comisión  de  seguimiento  establecida  en  la  cláusula  Cuarta  de  este  convenio 
determinará anualmente, mediante acuerdo, si los funcionarios en prácticas del ámbito 
competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso selectivo que, en 
su caso, organice la otra parte firmante.
2.  Cesión de espacios con fines formativos.
Adicionalmente,  cada  parte  firmante  se  compromete  a  ceder  espacios  de  su 
competencia con fines formativos para la organización de cursos selectivos dirigidos a 
funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses y que gestione la otra parte firmante.
3.  Seguimiento y control.
Cada parte asumirá la realización del seguimiento administrativo y el control de cada 
una de las actividades que se desarrollen.
Tercera.  Financiación.
Este  convenio  no  conlleva  obligaciones  ni  compromisos  de  gasto  adicionales 
aparejados para el presupuesto del CEJ ni del Instituto.
En  el  caso  de  los  cursos  selectivos,  la  parte  firmante  que  incorpore  a  sus 
funcionarios en prácticas en el curso selectivo que organice la otra parte firmante seguirá 
siendo la responsable del abono de las nóminas de sus funcionarios en prácticas y de 
cualquier otro gasto que pudiera originarse por la asistencia al curso selectivo de la otra 
parte firmante.
La cesión de espacios entre las partes firmantes tendrá siempre un carácter gratuito.
Cuarta.  Comisión de seguimiento.
Se crea una comisión de seguimiento de este convenio, integrada por 4 miembros, 
designados por los firmantes de cada parte:
– 2 miembros por parte del CEJ.
– 2 por parte del Instituto.
Será presidente de la comisión la persona designada por el CEJ y actuará como 
secretario una persona designada por el Instituto.
Entre las funciones que corresponden a la comisión de seguimiento se incluyen:
a)  Determinar anualmente, mediante resolución, si los funcionarios en prácticas del  es
ámbito competencial de una de las partes firmantes se incorporarán o no al curso  o
selectivo que, en su caso, organice la otra parte firmante. 332ww
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d)  Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Sin perjuicio de lo previsto para la modificación y prórroga del convenio, los acuerdos 
de la comisión se adoptarán por consenso y, en su defecto, por mayoría, dirimiendo el 
presidente con sus votos los empates.
Quinta.  Difusión.
Las partes darán la adecuada difusión por sus canales habituales (publicaciones, 
web, redes sociales, etc.) a los cursos selectivos en que participen funcionarios de 
ambas partes firmantes.
Con  anterioridad  a  la  celebración  de  los  cursos  selectivos  que  se  abran  a  la 
participación de la otra parte firmante, ambas instituciones pondrán en común toda la 
información que se genere sobre el contenido de aquéllas que deba ser conocida por los 
asistentes.
Sexta.  Duración.
Este convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín oficial del 
Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad y 
tendrá vigencia durante cuatro (4) años, prorrogables por otros cuatro (4) años siempre 
que las partes acuerden la prórroga antes del fin de la vigencia del convenio.
Séptima.  Modificación y causas de extinción.
Este convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes a través de la 
suscripción de la correspondiente Adenda Modificativa.
Serán causas de extinción de este convenio, el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
Serán causas de resolución del convenio:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto del convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes. e
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Octava.  Régimen jurídico del convenio.
El presente convenio de naturaleza jurídico-administrativa se celebra al amparo de la 
Ley 40/2015, de  1 de  octubre,  de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando 
sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la citada Ley.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio 
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la comisión de 
seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláusula cuarta. En el supuesto de 
cuestiones litigiosas que no hayan sido solucionadas por la comisión serán sometidas al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Novena.  Publicidad y transparencia.
Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se inscribirá en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Previamente, y con carácter facultativo, se podrá publicar en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía».
Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre). Igualmente, también 
se podrá publicar en el Portal de la Junta de Andalucía de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, siendo objeto de la publicidad activa prevista en el artículo 15 b) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Décima.  Protección de datos.
Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  con  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares  los  firmantes,  suscriben  el  presente  convenio.–La  Directora  del  Centro  de 
Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández González.–La Directora del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, María del Mar Caraza Cristín.