BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 141690
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18818 Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades 
de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La aprobación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, estableció 
un  nuevo  régimen  jurídico  que,  desde  la  perspectiva  de  la  libre  competencia,  ha 
permitido dotar a los edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de 
televisión,  telefonía  y  telecomunicaciones  por  cable,  posibilitando  la  planificación 
de  dichas  infraestructuras  de  forma  que  faciliten  su  adaptación  a  los  servicios  de 
implantación futura, siendo uno de los elementos que explica el éxito diferencial del caso 
español en el rápido despliegue de redes de acceso de nueva generación (NGA).
Sin embargo, esta ventaja no despliega todos sus efectos en los edificios cuya 
construcción ya estaba en fase avanzada o concluida antes de la entrada en vigor del 
primer reglamento técnico aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de  los  edificios  y  de  la  actividad  de  instalación  de  equipos  y  sistemas  de 
telecomunicaciones (edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000) o puede diluirse 
en el caso de que dichas infraestructuras se mantengan de forma inadecuada.
La  Agenda  España  Digital  2025  recoge  un  conjunto  de  medidas,  reformas  e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales 
marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda 
están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las 
sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, 
marcándose  como  uno  de  sus  objetivos  el  de  garantizar  una  conectividad  digital 
adecuada para el 100 por ciento de la población, promoviendo la desaparición de la 
brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100 por ciento de la población 
con cobertura 100 Mbps).
Como  parte  del  esfuerzo  de  la  Agenda  España  Digital  2025,  el  Plan  para  la 
Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios 
(en adelante, Plan para la Conectividad), aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 
de diciembre de 2020, contiene como medida 14 de su eje transversal 5 la mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Adoptar medidas de promoción para estos casos supondrá aumentar la eficiencia de 
los  despliegues,  tanto  en  términos  económicos  como  en  reducción  de  plazos  de 
construcción, facilitando así que los servicios digitales llegan a los usuarios y al mismo  e.
tiempo  se  contribuya  a  la  realización  de  objetivos  de  tipo  urbanístico  como  es  la  w.b
reducción del impacto visual de las redes de telecomunicaciones. 818ww
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ocobnje tlao  peuse csotan ternib umira raclh par odceel snou edveo  rFeocnudpoe rdaec iRóne cduep elarasc ieócno «nNomexíat sG ednee lraa tUionni óEnU »a , pcaurytoir 
de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin 
precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y 
sostenible  de  la  economía  española,  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia (PRTR), informado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio 
de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021, traza la 
agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos 
económicos que provendrán de este Fondo.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes 
económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 
de  la  administración  pública.  Los  proyectos  que  constituyen  el  PRTR  permitirán  la 
realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e 
inversiones,  y,  por  lo  tanto,  supondrán  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la 
recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19. Además, la 
aplicación  de  estos  fondos  guiará  una  transformación  de  la  estructura  económica, 
convirtiéndola  en  más  resiliente  e  inclusiva,  de  especial  relevancia,  para  el  interés 
público, social y económico.
Con el objeto facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos  europeos,  así  como  la  implementación  del  Plan,  mediante  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las treinta líneas 
de acción que se identifican es la componente 15 (Conectividad digital, impulso a la 
ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la 
trasformación digital, apostando porque el 100 por ciento de la población disponga de 
una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre 
zonas rurales y urbanas.
En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 15 
del  PRTR  se  contempla  la  inversión  C15.I4  «Renovación  y  sostenibilidad  de 
infraestructuras.  Mejora  del  equipamiento  que  permite  alojar  las  infraestructuras  de 
telecomunicaciones situadas en los edificios para optimizar el despliegue de redes y 
lograr un menor consumo de energía».
De acuerdo con lo previsto en el PRTR, dicha inversión -que incluye la finalización 
en 13.600 edificios, como mínimo, de las obras para la mejora de la infraestructura 
común de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad-, 
deberá haberse implementado a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
II
De acuerdo con lo anterior, el presente real decreto tiene por objeto la puesta en 
marcha de un programa de ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la 
mejora  de  las  instalaciones  de  telecomunicaciones  en  las  edificaciones  sujetas  al 
régimen de propiedad horizontal que no dispongan de una infraestructura común de 
telecomunicaciones  (ICT)  instalada  al  amparo  del  Real  Decreto-ley  1/1998,  sobre  s
infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de  e.
telecomunicación, y su desarrollo por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que  w.
se  aprueba  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  818ww
ltaesle ecdoimficuancicioanceiosn.es para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
fomeEnsttaer  lpar oregtriaramdaa  ddee  aanytuednaass  ye cna bfolermadao  deen  dseusbuvseon cdioen reasd ioe syt áte ldeevsistiiónna,d loa  staumstbitiuécnió na   BOE-A-cable e
de sistemas individuales de recepción de radio y televisión y de antiguas instalaciones de 
recepción colectiva por sistemas comunes de recepción colectiva actualizados que, junto 
a la instalación de redes de fibra óptica o cable coaxial en el interior de edificaciones y de 
redes  multioperador  en  urbanizaciones  cumplan,  en  lo  aplicable,  lo  previsto  en  la 
normativa vigente en materia de ICT, todo ello con objeto de facilitar la prestación de 
servicios de banda ancha ultrarrápida.
A tal efecto, a través de la presente norma se regula, en primer lugar, la concesión 
directa, con carácter extraordinario y por razones de interés público, social y económico, 
de conformidad con los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como su distribución y entrega, destinadas a sucesivas convocatorias 
de ayudas por dichas Administraciones para la realización de actuaciones de mejora de 
instalaciones previas al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones (ICT), de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, en 
edificios o conjuntos de edificaciones, sujetos al régimen de propiedad horizontal.
Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas por ser la 
conectividad elemento necesario para la transformación digital de la economía y de la 
sociedad, clave para combatir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, haciendo 
frente al reto demográfico.
En este sentido, las actuaciones a realizar tendrán en cuenta criterios de creación 
neta de empleo en España, de participación de PYMES, micropymes, autónomos y 
startups, y de cohesión territorial, así como la dimensión de género y consideraciones 
medioambientales,  debiendo  en  todo  caso  respetarse  el  principio  de  no  causar  un 
perjuicio  significativo  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No  Significant 
Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento 
(UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo,  de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrán en cuenta la mejora del 
impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las 
Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones 
financiables  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, 
publicada por el Ministerio de Igualdad.
Asimismo, las subvenciones reguladas por este real decreto tienen carácter singular 
derivado de la urgencia de reactivar la economía y aprovechar la oportunidad que supone la 
financiación de las actuaciones subvencionables, incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), así como de la necesidad de impulsar la transformación digital como uno de los 
principales  motores  de  crecimiento  y  transformación  de  la  economía  española  en  los 
próximos años. Dentro de la transformación digital, la conectividad constituye un factor clave 
para el desarrollo de la actividad económica, el aumento de la productividad, el impulso a la 
innovación y la vertebración territorial y social.
La distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla se realizará, en las cuantías y términos que figuran en el 
anexo I, conforme a los criterios que han sido consensuados en la Conferencia Sectorial 
para la Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021.
Asimismo, la presente norma establece las disposiciones a que habrán de ajustarse 
las bases reguladoras de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la concesión de las subvenciones a los destinatarios últimos en ejecución de su  s
respetivo programa de ayudas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la  oe.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su desarrollo por el Real  w.
Decreto 887/2006, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la  818ww
Ley D3e8 /2a0c0u3e,r ddoe  c1o7n d leo  naonvtieermiobr,r ela, sG ceonmeruanl iddea dSeusb aveuntócnioonmeass. y las ciudades de Ceuta y
Mreealli lldae cdreebtoe ráyn s ruesa lrizeasrp escut ivcaosn vboacsaetosr irae gduel aadyourdaass a cuotonnfoórmmiec aas , lod eessitganbalencdiod oe lp oórr geasnteo   BOE-A-cable e
competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de subvenciones, cuyo 
importe podrá abonarse cuando los destinatarios últimos lo soliciten, total o parcialmente, 
con  carácter  anticipado  según  determinen  las  respectivas  bases  reguladoras 
autonómicas y las correspondientes convocatorias.
La  concesión  de  las  ayudas  a  los  destinatarios  últimos  se  producirá  tras  la 
presentación  por  estos  de  la  solicitud,  que  deberá  ser  aprobada  por  las  propias 
comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla.  Dicha  solicitud  vendrá 
acompañada, al menos, de un «Informe Técnico de Renovación», realizado por un 
técnico competente en materia de ICT y de un presupuesto desglosado realizado por la 
empresa instaladora de telecomunicaciones registrada encargados, respectivamente, por 
el destinatario último de la ayuda para la realización de los trabajos objeto del presente 
programa.
Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales de estas 
subvenciones, con el carácter de bases reguladoras, así como la distribución y entrega 
de las mismas, disponiendo su concesión directa a las comunidades autónomas y las 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  por  ser  las  administraciones  más  idóneas  para  dar 
cumplimiento a lo anterior, en su ámbito territorial, según lo que determinen en sus 
respectivas bases reguladoras autonómicas y las correspondientes convocatorias.
Con esta regulación, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, 
quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el PRTR en relación a esta 
inversión, y a los mecanismos de gestión y control establecidos en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, así como a la 
normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control del mismo. En 
particular,  será  de  aplicación  lo  previsto  en  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a 
cada inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye 
condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro 
país. Por ello, a través de sus convocatorias de ayudas, las comunidades autónomas y 
las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán  contribuir  al  cumplimiento  de  los  hitos  y 
objetivos asignados por la Componente 15 del PRTR, según se especifica en el anexo I 
con la identificación del número mínimo de actuaciones a realizar para el conjunto de las 
líneas de actuación subvencionable, en la parte proporcional a los fondos que le hayan 
sido asignados inicialmente, así como las posibles ampliaciones del mismo que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a lo establecido en este real decreto. Las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, al diseñar su respectivo programa de 
ayudas, deberán asegurar el cumplimiento del número de actuaciones que para cada 
una de ellas consta especificado en el anexo I, en particular, convocando ayudas para la 
realización de un mayor número de actuaciones a fin de garantizar dicho cumplimiento 
mínimo.
Para  el  cumplimiento  del  número  mínimo  de  actuaciones  a  realizar  que  s
corresponda a cada comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y Melilla podrán  oe.
computarse aquellas actuaciones realizadas en el marco de programas de ayudas  w.
adoptados con posterioridad al 1 de febrero de 2020, de conformidad con lo previsto  818ww
Ceno nesle ajor,t ídcuel o1 21 7d.e2  fedberl eRroe gdlea m2e0n2t1o,  q(UueE )d i2s0p2o1n/e2 4q1u ed elal sP mareladmideanst oin iEciuardoapse oa  yp adrteirl 
dreeql u1is diteo sf eebsrtearbol edceid 2o0s2 e0n  peol dcriátand oop Rtaerg ala mfineanntoci.ación siempre y cuando cumplan los  BOE-A-cable e
Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en la 
gestión económica de los fondos recibidos con cargo a este real decreto, deberán 
garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los compromisos y las obligaciones 
reconocidas, estableciendo sistemas de gestión contable independientes que permitan la 
total trazabilidad de los créditos en todo momento.
Finalmente, se aclara que, dada la atomización existente en el mercado de las 
empresas  instaladoras  de  telecomunicación,  las  ayudas  reguladas  en  este  real 
decreto no están sometidas a la normativa europea en materia de ayudas de Estado. 
Adicionalmente, la Comisión Europea ha señalado en la Decisión SA.51079 (2018/N) 
en cuanto a la naturaleza de las comunidades de propietarios, que las comunidades 
de propietarios de edificios multifamiliares no pueden considerarse como empresas 
que realizan una actividad económica comprendida en el ámbito de aplicación del 
artículo  107,  apartado  1,  del  TFUE,  ya  que  simplemente  representan  a  los 
propietarios y no ofrecen servicios ni mercancías a sus miembros ni a nadie más 
(considerando 35).
III
El  marco  regulador  de  estas  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia 
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018 
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para 
la  concesión  de  ayudas  basado  en  mecanismos  de  cooperación  y  colaboración 
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución 
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado 
en una concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, con el objeto de que pueden desarrollar su tramitación y efectuar la gestión de 
los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden 
de distribución de competencias. Se ha demostrado la eficacia de este mecanismo de 
colaboración en convocatorias anteriores relacionadas con eficiencia energética, así 
como con movilidad, durante los últimos años.
En este sentido, entre las razones que justificarían acudir a la concesión directa (y no a 
otro mecanismo para la distribución de los fondos), estriba en que al Estado le corresponde, 
en exclusiva, la competencia sobre las telecomunicaciones (artículo 149.1. 21.ª CE), por lo 
que el mejor sistema para garantizar la coexistencia de dicha exclusividad y una gestión 
eficaz de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  es  el  de  acudir  a  la  concesión  directa  de  las  ayudas  a  las  comunidades 
autónomas, para que éstas, a su vez, concedan dichas ayudas a los destinatarios últimos y 
ello siempre bajo las disposiciones establecidas por el Estado, al tener atribuida, en exclusiva, 
la competencia sobre las telecomunicaciones.
En definitiva, se estima que el sistema de concesión directa, bajo las prescripciones 
del Estado, establecido en el real decreto, es el mecanismo más acorde para cohesionar 
la exclusividad competencial del Estado, respecto a las telecomunicaciones, con la 
necesidad de agilizar la puesta en marcha de las ayudas, contando para ello con la 
colaboración de las comunidades autónomas.
La coordinación, en su caso, supervisión e inspección técnica y el seguimiento de  s
este  programa  de  ayudas  será  realizada  por  la  Secretaría  de  Estado  de  e.
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. w.
IV
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Cumple por tanto con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su 
aprobación,  que  son  la  necesidad  garantizar  el  acceso  a  los  servicios  de 
telecomunicación  y  reactivar  la  actividad  económica  del  país,  en  el  marco  de  los 
objetivos  perseguidos  por  el  Plan  Nacional  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia y por el Plan para la Conectividad. El dictado de esta norma es, por tanto, el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente en materia de Agenda Digital y establece estímulos económicos que facilitarán 
su mejor cumplimiento.
La  norma  cumple  con  el  principio  de  transparencia  habiéndose  acordado  la 
distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla conforme a los criterios consensuados en la Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021, en ejecución de los cuales 
se dicta este real decreto. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su 
preámbulo y en la memoria que la acompaña.
También,  se  encuentra  acreditado  el  principio  de  eficiencia  porque  la  iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Por último, en la elaboración y tramitación de este real decreto se ha tenido en 
cuenta  que  deberá  asegurarse  el  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo»  (principio  do  no  significant  harm  -  DNSH),  de  forma  que  en  las 
convocatorias que se realicen dentro de las medidas de inversión incluidas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, las beneficiarias directas garantizarán el 
pleno cumplimiento de dicho principio de acuerdo con lo previsto en el PRTR, y por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas 
las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada 
actuación.
También garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Por tanto, no 
cabe esperar ninguna contribución específica a la transición verde y sí una contribución 
íntegra a la transición digital.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y  e.
Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la  w.b
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la  818ww
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de  PRoerc ueplleor, aecnió lna,  trTarmanitsafcoirómna dceió ne stye  rReeasl ildieenccreiato, , saed ohpata daop lipcaardao  lal oe jepcreuvciisótno  dpeol rP llaons 
artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose
emitido informe de la Abogacía del Estado, siéndole además de aplicación lo establecido 
en los artículos 60 y siguientes de dicho Real Decreto-ley, relativos a las medidas de 
agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
El  presente  real  decreto  se  dicta  al  amparo  de  la  competencia  prevista  por  el 
artículo  149.1.  13.ª  y  21.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y las telecomunicaciones, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos  Económicos  y  Trasformación  Digital,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de una subvención a 
las  comunidades  autónomas  y  a  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  así  como  su 
distribución y entrega, en las cuantías y términos que figuran en el anexo I, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con los apartados 2 y 3 de su artículo 28.
2.  Asimismo, el presente real decreto establece las disposiciones a las que habrán 
de ajustarse las bases reguladoras de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla para la concesión a los destinatarios últimos de subvenciones para 
actuaciones  de  mejora  de  las  instalaciones  de  telecomunicaciones  en  edificaciones 
sujetas al régimen de propiedad horizontal, en ejecución de su respectivo programa de 
ayudas.
3.  Este real decreto tiene por finalidad la ejecución la inversión C15.I4 «Renovación 
y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite alojar las 
infraestructuras  de  telecomunicaciones  situadas  en  los  edificios  para  optimizar  el 
despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía» de la componente 15 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa UNICO - Edificios).
Por ello, con estas ayudas se pretende contribuir al objetivo total cuantitativo del CID 
#240 de la inversión C15.I4, relativo a la finalización en 13.600 edificios, como mínimo, 
de las obras para la mejora de la infraestructura común de redes de conectividad a fin de 
convertirlas en redes de muy alta capacidad.
De acuerdo con el PRTR, el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones 
objeto de ayuda es el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Lo establecido por este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional, 
de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital celebrada el  e.
día6 de octubre de 2021. w.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
los 1b. enEelf icréiagriimose,n  sjuerríádnic ol,o ns oremsatatibvlae ceidsopse cíefinc a easptleic arbelael,  rdeeqcuriseittoo,s  ay soí blcigoamcoio neens  dlea 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa se 
aplicarán las normas de derecho administrativo. Asimismo, se aplicará la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley. 
También  es  de  aplicación  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para 2021, en relación a la vinculación legal a finalidad de los 
fondos  recibidos  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
Asimismo, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de 
intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho Penal (Directiva PIF), y en el Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento 
Financiero de la UE), transpuestas al derecho interno en la Ley Orgánica 1/2019, de 20 
de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero 
y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.  Estas ayudas estarán asimismo sometidas al Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  cuya  aplicación  será  de  obligado  cumplimiento.  En  particular,  es  de 
aplicación lo previsto en sus artículos 37 y 46 en relación, respectivamente, con la 
afectación legal de los ingresos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia, y las obligaciones de información para el seguimiento de los proyectos 
financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del 
derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de  aplicación, 
particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos 
provenientes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, será de 
aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  Esta  normativa  será  de  aplicación  a  las  respectivas  bases  reguladoras 
autonómicas y a las convocatorias que efectúen las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a lo establecido por este real decreto. s
Artículo 4.  Vigencia del programa. w.
de R1e. cuEple prarocgiórna,m Tar adnes faoyrmudaacsió qnu ye  Rinesstirluiemnceinat,a e esstaterá r eeanl  vdigeocrr edteos, deen  eell  dmíaa rscigou dieenl tPe ladne 
ldai cpieumblbicraec dióen 2 d0e2 3e.ste real decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 31 de
2.  Las solicitudes de ayuda podrán cursarse a partir del momento y en la forma que 
establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en sus 
respectivas bases reguladoras y en las convocatorias.
3.  No obstante lo previsto en los apartados anteriores, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero 
de  2020  podrán  optar  a  financiación  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el citado Reglamento.
CAPÍTULO II
Disposiciones por las que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
Artículo 5.  Beneficiarias directas.
1.  Podrán ser beneficiarias directas de las ayudas previstas en este real decreto las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el 
importe de las mismas a los destinatarios últimos a los que se refiere el artículo 13.
2.  Estas ayudas están supeditadas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y 
consecución  de  los  objetivos,  actividades  y  condiciones  establecidas  en  este  real 
decreto.
Artículo 6.  Observancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros 
criterios.
1.  Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización del objetivo y 
los  hitos  fijados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia  para  la 
inversión  C15.I4  «Renovación  y  sostenibilidad  de  infraestructuras.  Mejora  del 
equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en 
los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de 
energía» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Las beneficiarias directas se comprometen a convocar, resolver y desarrollar 
todas las actuaciones necesarias para la ejecución de las actuaciones a realizar, cuyo 
número mínimo se especifica para cada una de ellas en el anexo I para el conjunto de 
las  líneas  de  actuación  subvencionable  previstas  en  este  real  decreto,  en  plazo  y 
adecuándose a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla se asegurarán que los beneficiarios últimos de los fondos procedentes del PRTR, 
los contratistas y subcontratistas así como medios propios, en su caso, cumplan con la 
normativa  europea  y  nacional  que  les  resulte  aplicable,  y  en  particular,  con  las 
obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR, especialmente en materia de 
etiquetado climático y digital, principio de no causar daño significativo, evitar conflictos de 
intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la 
normativa  en  materia  de  ayudas  de  Estado,  comunicación,  publicación  obligatoria, 
cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en 
la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP») y transferencia de datos, 
entre otros. es
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán  o
jliruenertclríaldauci iciród an)es  ,dn ce collo annas  p llaaac ro tfinaidnvdeaoonlc itdai2fait coddar eicdali esóa  nrdd tíaedcr ue ala oydl oue2sdc2 au dsade,de sola t ilRn caeumtgmaelrapniomloimsse ,in eútlnlootti smo(  UosaEsilg ,) mu is2eae0nna2tden1as /t2 op4r ee1erq ssduotaeenblra ilmseP caieifrdínlsaotimo ceasen sn  etloona     OE-A-2021-18818able en https://www.
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre:
a)  NIF del beneficiario.
b)  Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c)  Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d)  Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
e)  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de gestión.
f)  Los  beneficiarios  que  desarrollen  actividades  económicas  acreditarán  la 
inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la 
fecha de solicitud de la ayuda.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir en 
sus respectivas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias de ayudas 
criterios  de  creación  neta  de  empleo  en  España,  subcontratación  a  empresas  que 
generen empleo en nuestro país o en la Unión Europea, cohesión territorial consistente 
en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o pueblos, fuera de las 
ciudades o zonas industriales y de Igualdad de género, debiendo tener especialmente en 
cuenta  a  pymes,  micropymes,  autónomos  y  start-ups.  Asimismo,  deberán  incluir 
criterios para mejorar el impacto de género.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
incluir en las respectivas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias la 
obligación de los destinatarios últimos de las ayudas de crear en España todo el empleo 
necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con 
personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
Además, los destinatarios últimos deberán contribuir a los objetivos de autonomía 
estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
4.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán el 
pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no 
significant harm-DNSH), así como las condiciones específicas vinculadas a este principio 
para la inversión C15.I4 que incluye el anexo V, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del 
diseño y ejecución de los proyectos.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  e
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. bo
5.  Además, y en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE)  818ww
2co0m21u/n2i4d1a,d dees  a1u2t ódneo mfeabsre yr ola dse c i2u0d2a1d,e sy  deel  aCretíuctualo y  1M2e9l ildlae lc Ronedgilcaimoneanrtáon  Feiln paangcioe rdoe,  llaass 
ya yluodsa sa cacl ecsooms pnroemceissoa rpioosr  epsacrrait og daera lnotsiz adre sqtiunea talari oCs oúmltiimsióons,  dlea  cOonLcAeFd, eer l loTsr idbeurneacl hdoes 
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan 
sus competencias.
6.  En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de 
los hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución 
comprometida para la inversión C15.I4 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
reintegrar  los  fondos  recibidos  al  Tesoro  Público  consecuencia  de  eventuales 
incumplimientos de conformidad con lo establecido para el Mecanismo de Recuperación 
y  Resiliencia  en  el  artículo  7  séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el artículo 37.4 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, y ello sin perjuicio de los procedimientos de reintegro 
que, en su caso, deban promover frente a los destinatarios últimos de las ayudas. El 
procedimiento de reintegro al Tesoro Público se regulará por Orden de la persona titular 
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7.  Requisitos y procedimiento para la concesión de la subvención directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
1.  Las  ayudas  serán  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  La aprobación y el compromiso del gasto se efectuará en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.  Para  su  tramitación,  les  serán  de 
aplicación las medidas de agilización previstas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, deberán solicitar y aceptar de forma expresa e 
inequívoca las ayudas mediante escrito dirigido a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ajustadas en su integridad a 
lo dispuesto en este real decreto.
En caso de que alguna comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla no 
solicitara la ayuda, o no cumpliera los requisitos para ser beneficiaria de la misma, las 
cantidades correspondientes se destinarán íntegramente a incrementar la dotación del 
fondo para distribución por éxito previsto en el anexo I, con el objeto de que quede 
garantizada la plena ejecución del presupuesto previsto.
4.  Con la solicitud deberá aportarse certificación acreditativa de las circunstancias 
previstas  en  los  artículos  18  y  19  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento. A efectos de la 
acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, los 
beneficiarios de las subvenciones podrán autorizar al órgano gestor para consultar dicha 
información con la Agencia Tributaria. En caso de que no se autorice dicha consulta, 
deberán presentar el correspondiente certificado acreditativo de que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Además, el solicitante deberá adjuntar a su solicitud las siguientes declaraciones, de 
acuerdo con los modelos establecidos en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,  e.
Transformación y Resiliencia: w.b
acb)))    CACouemsseiópnnrco iyma  tidrsaeot  acdmoen iecflunicmtotop d ldieme d iienantteotorsé .dse. principios transversales. OE-A-2021-18able en https://
Por último, la solicitud deberá incluir la aceptación expresa del cumplimiento de los 
hitos que figuran en el anexo I.
5.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras  Digitales  dictará  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas 
correspondientes a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, y 
ordenará el pago de las mismas conforme a lo previsto en este real decreto en las 
cuantías del anexo I, a las cuentas corrientes y titulares que aquéllas determinen.
6.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla quedan exoneradas de 
la constitución de garantías por su condición de administración pública.
Artículo 8.  Obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.
1.  Las  cantidades  que  se  transfieran  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, exclusivamente a financiar 
las actuaciones subvencionables que se enumeran en el artículo 12.1, y con sujeción 
estricta a lo establecido en este real decreto.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán cumplir, 
para la ejecución de su respectivo programa de ayudas, con lo establecido en este real 
decreto.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de sus 
respectivas bases reguladoras y las correspondientes convocatorias, deberán asegurar y 
garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, no sólo 
de  los  requisitos  previstos  en  este  real  decreto,  sino  también  de  las  obligaciones 
contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, así como en la normativa nacional o europea que pudiera resultar de aplicación 
para la ejecución y gestión, tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, deberán garantizar 
que los destinatarios últimos presenten la documentación que se enumera en el anexo II 
de este real decreto.
4.  El presupuesto transferido a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla deberá mantenerse diferenciado a todos los efectos de gestión, ejecución 
presupuestaria, contabilidad y justificación. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer 
sistemas de seguimiento contable diferenciado para cada una de las líneas de actuación 
subvencionable  previstas  en  el  artículo  12.  Dicha  información  seguirá  los  criterios, 
directrices y periodicidad de reporte que pueda determinar la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  a  fin  de  garantizar  el  correcto 
seguimiento presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto 
por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión 
Europea en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
5.  Será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las  e.
Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  w.b
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  818ww
med6id. asE dl es aloldso c onmo peojenceunttaedso d enli  Pcloamn pdreo mReectiudpoe ara claió fne,c Thraa ndsefo frimnaalcizióanc ióy nR deesill iepnlacziao. de
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dieciocho meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a efectos de
poder  valorar  el  grado  de  ejecución  correspondiente  y,  en  su  caso,  una  eventual 
ampliación del presupuesto recibido o el reintegro anticipado del saldo no ejecutado ni 
comprometido, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de presupuesto de acuerdo con 
el artículo 11.3.
Además de los dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se establecen los siguientes hitos de control, referidos al número mínimo de 
actuaciones  a  realizar  según  se  especifica  para  cada  comunidad  autónoma  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo I:
a)  A los 12 meses: haber registrado solicitudes por el número de actuaciones a 
realizar.
b)  A los 18 meses: haber dictado resoluciones de concesión por el número de 
actuaciones a realizar.
En consecuencia, a los efectos de poder determinar el grado de ejecución del 
presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir un informe de sus respectivos órganos de 
gestión  en  las  fechas  que  se  determinen  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y en todo caso, con las periodicidades 
dispuestas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cada 
uno de los hitos de control establecidos.
El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la convocatoria 
correspondiente y el posterior registro de las solicitudes.
Asimismo,  el  presupuesto  se  considerará  ejecutado  mediante  las  distintas 
resoluciones de concesión de ayudas que hayan sido otorgadas a los destinatarios 
últimos de las mismas.
7.  A los efectos de garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos 
para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podrá exigirse el reintegro 
total o parcial por anticipado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, según lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
En el caso de ampliaciones de presupuesto llevadas a cabo de acuerdo con el 
artículo  11.3  se  podrá  establecer  un  sistema  de  seguimiento  para  el  presupuesto 
ampliado que procure el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, alineado 
con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dicho reintegro anticipado deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha en que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
efectúe la correspondiente notificación a la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y 
Melilla afectada.
Asimismo, podrá exigirse el reintegro anticipado del presupuesto, en caso de no 
facilitarse  por  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
beneficiarias directas los informes correspondientes a los hitos de control establecidos, 
previo requerimiento expreso de los mismos por parte de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. e
El  reintegro  anticipado  será  por  la  totalidad  del  presupuesto  recibido  por  las  bo
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias de no facilitarse  818ww
cnoinmgpúrno minisfoor.me  de  ejecución,  con  independencia  de  su  grado  de  ejecución  y/o
aparLtaasd o csaen tiddeasdteinsa ráonb jeat oin cdree mreeinnttaerg rlao  daontaticciipóand doe lc foonnfdoorm pea raa  dlois trpibreuvciisótno  peonr  éexsittoe 
previsto en el anexo I con el objeto de que quede garantizada la plena ejecución del 
presupuesto previsto.
8.  A efectos de efectuar un seguimiento adecuado del programa objeto de este real 
decreto, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir 
anualmente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
una memoria elaborada por sus respectivos órganos de control acerca del número de 
actuaciones  realizadas,  cuyo  número  mínimo  se  especifica  para  cada  comunidad 
autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en el anexo I, sin perjuicio del informe final 
definitivo que emitan dichos órganos de intervención y control sobre el presupuesto total 
ejecutado, a fin de liquidar todas las obligaciones que se deriven del programa regulado 
en este real decreto.
9.  Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a 
cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla beneficiarias, según distribución 
del anexo I, será condición indispensable cumplir con las obligaciones de información y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 9.  Otras obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla.
1.  Con  objeto  de  que  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, como órgano encargado de la gestión de los fondos de los 
programas aprobados por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda 
certificar  o  acreditar  la  debida  ejecución  de  los  mismos  ante  las  autoridades 
competentes,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
beneficiarias  deberán,  además  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
remitir cuanta información y documentos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales pudiera requerirles, así como cumplir puntualmente con lo 
que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
2.  Asimismo,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán  comprometidas  expresamente,  con  la  aceptación  del  presupuesto 
correspondiente,  a  cumplir  las  instrucciones  que  tanto  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  como  cualquier  órgano  o  autoridad 
competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, 
que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualesquiera otras que 
pudieran considerarse necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y finalidad 
de este real decreto.
En  particular,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán comprometidas a cumplir con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como con lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  formato  de  la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y  e.
Local  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  w.b
presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los  componentes  del  Plan  de  818ww
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
el artículo 8, los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad 
autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla deberán:
a)  Comprobar que se han ejecutado las actuaciones objeto de las ayudas, en su 
caso y cuando proceda, en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Inspección de 
Telecomunicaciones  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales.
b)  Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de las ayudas ha 
sido pagado y cumple con la legislación aplicable.
c)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación, comunitarios o nacionales. A tal efecto, y sin perjuicio de 
otras formas de comprobación, requerirán una declaración responsable del solicitante 
sobre otras fuentes de financiación.
d)  Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas utilizan un sistema de 
contabilidad  diferenciado  o  un  código  contable  adecuado  para  las  transacciones 
relacionadas con la operación.
e)  Aplicar medidas para asegurar la regularidad del gasto subyacente y para evitar 
el fraude y la corrupción, los conflictos de intereses o la doble financiación, eficaces y 
proporcionadas en función de los riesgos detectados y en todo caso, aquellas que 
resulten necesarias en aplicación de las instrucciones, directrices y normas que las 
autoridades nacionales competentes o de la Unión Europea pudieran dictar en relación al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En particular, en el supuesto de que cualquiera de sus empleados públicos considere 
que en su labor de gestión de fondos «Next Generation EU» se pueda plantear un 
conflicto de interés, aquél deberá abstenerse de continuar con su labor, de conformidad 
con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y con el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
f)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada y conservar la documentación soporte conforme a lo estipulado en el 
artículo  132  del  Reglamento  Financiero,  el  cual  establece  la  obligación  de  los 
perceptores de conservar los documentos justificativos, en formato electrónico, durante 
un período de 5 años a partir de la operación. Este período será de 3 años si la 
financiación no supera los 60.000 euros.
g)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
operaciones que se vayan a incluir en solicitudes de pago, que garanticen la regularidad 
del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de las ayudas.
h)  Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 
seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad, y 
cuando  proceda,  en  colaboración  con  las  Jefaturas  Provinciales  de  Inspección  de 
Telecomunicaciones  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales.
i)  Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas 
directamente con los destinatarios últimos de la ayuda.
j)  Realizar  un  seguimiento  detallado  y  particularizado  del  presupuesto  recibido 
aplicando cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y 
ejecución,  tanto  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  al  Plan  de  e.
Recuperación, Transformación y Resiliencia. w.b
k)  Establecer un sistema de seguimiento de los presupuestos de cada una de las  818ww
líneal)s  dCeo amcpturaocbiaórn  qsuueb vleonsc ipoenracbelpet odrifeesr ednec iafodnod.os harán mención del origen de esta
feinmabnlecimacai ónd ey  lav elUanráiónn  pyo r udnaar led evcislaibrailicdióand , dinec lufiindaon, cicaucaiónnd o adperoccueaddaa,   qmueed iainndteiq ueel 
«financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan
las  acciones  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente,  efectiva  y 
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público.
m)  Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo», 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las 
fases  del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  y  de  manera  individual  para  cada 
actuación, teniendo en cuenta la «Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) 
sobre la aplicación de este principio», así como la «Guía para el diseño y desarrollo de 
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente»  publicada  por  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico.
Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla preverán 
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras 
para asegurar su implementación.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Además, garantizarán el respeto a la normativa medioambiental aplicable, incluido el 
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
n)  Aplicar  criterios  de  creación  neta  de  empleo  en  España,  subcontratación  a 
empresas  que  generen  empleo  en  nuestro  país  o  en  la  Unión  Europea,  cohesión 
territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o 
pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales y de Igualdad de género, debiendo 
tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y start-ups.
ñ)  Garantizar la aplicación de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, 
siguiendo  las  recomendaciones  contenidas  en  la  Guía  para  las  Administraciones 
Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el 
marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  publicada  por  el 
Ministerio de Igualdad.
o)  Recopilar, de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  información 
relativa  a  la  ejecución  del  respectivo  programa  de  ayudas  de  una  manera  clara, 
estructurada y entendible por la ciudadanía, con el objetivo de cumplir con los principios 
de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de acuerdo con los parámetros fijados 
por la Oficina del Dato, dependiente de la Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a las que se haya 
transferido presupuesto deberán remitir cuanta información y documentos les requiera la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La Secretaría 
de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  podrá  requerir  a  los 
órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada Comunidad Autónoma y 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  la  aportación  de  cualquier  documentación  justificativa  e.
adicional para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada que fue objeto  w.b
de ayuda. La información requerida se entregará en un plazo máximo de 10 días desde  818ww
la re4c.e pLcioósn  dóergl arenqouse rriemsipeonntos.ables de la gestión de las ayudas de cada comunidad
aacuttuóancoimonae sy  ddee  cloams pcrioubdaacdióens  yd ec oCnetruotla f inya nMceielirlloa  qdueeb epruáend as ormeaeltiezarsre l aa  Sceucareletasqríuai edrea 
Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales,  Secretaría  General  de
Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de 
Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Unión Europea, y a cualesquiera 
otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los 
órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le 
sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, 
tanto nacionales, como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades.
Asimismo, estos órganos responsables de la gestión aplicarán procesos de control 
interno  apropiados  en  los  niveles  de  gestión,  diseñados  para  ofrecer  garantías 
razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía 
de  las  operaciones;  fiabilidad  de  los  informes;  salvaguardia  de  los  activos  y  de  la 
información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes 
e irregularidades.
5.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores podrá dar 
lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la 
totalidad  de  las  cantidades  percibidas,  y  a  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente  desde el momento del pago  de la subvención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  se  considerarán  también  causas  de  reintegro  las 
siguientes:
a)  El incumplimiento del principio de DNSH.
b)  El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.
c)  El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.
d)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la citada 
Orden.
Artículo 10.  Coordinación y seguimiento.
1.  El órgano competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este 
programa es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla remitirán a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la información 
que ésta le solicite para realizar el seguimiento del programa. Dicha información será 
puesta  a  disposición  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, así como, en su caso, de cualquier otra autoridad competente 
para la evaluación de la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 11.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Este programa está dotado con una cuantía inicial de ochenta 80 millones de 
euros,  para  el  conjunto  de  las  líneas  de  actuación  subvencionable  previstas  en  el  s
artículo  12  que  será  objeto  de  financiación  con  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  oe.
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del  w.
TCroann2ss.e fojorE,m l dapecrei ós1nu2 py u dReese tsofie lidbeirnsepcriooan .idbele  2co0n2 1c,a raglo  eas tlaar  aipnlciclaucidióon  epnre seul pPuelasnta rdiae  2R7.e5c0u.4p6e0raCc.7ió5n4,   2021-18818n https://ww
se distribuirá entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla según se
indica en el anexo I. Bc
3.  El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad 
presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado su plazo de 
vigencia, tanto con fondos que provengan de los Presupuestos Generales del Estado, 
como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos o reconocidos los créditos 
en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
La ampliación del presupuesto para aquellas comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta  y  Melilla  que  expresamente  lo  soliciten  estará  condicionada  al  adecuado 
cumplimiento por parte de las beneficiarias directas de los correspondientes hitos y 
objetivos  de  compromiso  y  ejecución,  así  como  las  obligaciones  de  reporte  de 
información, establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
4.  Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como en el artículo 83.3 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  se  prevé  un  máximo  del  4  por  ciento  del 
presupuesto asignado a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
en el anexo I como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán imputar al 
presupuesto del programa de ayudas aprobado por este real decreto, como costes 
indirectos, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad generalmente admitidas, y siempre que se correspondan o estén 
relacionados con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones 
subvencionables, y con el límite establecido en el párrafo anterior, los costes indirectos 
que se detallan en el apartado siguiente.
5.  Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa, los siguientes gastos de gestión:
a)  El coste de la tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su 
evaluación administrativa y técnica, así como su resolución;
b)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación, y pago de la ayuda e inspección del proceso, así 
como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas;
c)  El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten para la gestión telemática de las solicitudes, control y seguimiento de los 
programas;
d)  El coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los 
solicitantes;
e)  El coste de las actividades específicas de promoción y difusión del programa. No 
tendrán esta consideración las campañas de comunicación.
Se incluyen, asimismo, como costes indirectos imputables los costes de contratación 
de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en 
ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral indefinida entre la 
Administración  Pública  y  el  personal  adscrito  a  la  gestión  de  las  ayudas.  Esta 
contratación podrá formalizarse mediante contratos por obra o servicio determinado o a 
través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de 
duración  determinada  a  la  que  pudieran  acogerse  las  comunidades  autónomas  y 
ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias. Los costes de contratación de personal, tanto 
técnico  como  administrativo,  en  los  que  se  incurra  para  prestar  los  servicios 
especificados en este apartado 5, incluirán la cuota patronal de la seguridad social y  e
otros  costes  similares  de  los  contratos,  siempre  que  este  personal  esté  dedicado  bo
exclusivamente a la gestión temporal de las ayudas. 818ww
prog6r.a mNao l otse ngdarsátno sla d ceo gnesisdteiórna crieócnu drree nctoesst,e es nitnrdei roetcrotoss,  liomsp ucotarbrelessp oanl dpierensteusp uae sgtaos dtoesl 
dcoel acboonrsatditourcaiós,n ,a gfuenncciioansa mu ioetnrtoos  oo regsatnruiscmtuorsa  dpee rlmasa nceonmteu noid ahdaebsit uaaul tódneo mlasa se yn tiddea dlaess 
ciudades de Ceuta y Melilla que se encarguen de la gestión del programa de ayudas
aprobado  por  este  real  decreto,  ni  tampoco  los  que  no  se  encuentren  dentro  del 
horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
directas  tendrán  que  aportar  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras  Digitales  una  declaración  de  los  costes  indirectos  imputados  a  las 
actuaciones subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe 
de sus respectivos órganos de intervención y control, de manera que dicha declaración 
refleje todos los datos que permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional 
que  le  resulte  atribuible  a  cada  una  de  ellas  del  porcentaje  total  del  presupuesto 
disponible del programa, así como la cantidad imputada y su correspondencia, tanto con 
los  costes  considerados,  como  con  el  período  en  que  efectivamente  tengan  que 
realizarse las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de las demás obligaciones de 
justificación establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable. Asimismo, la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá solicitar 
cuantas  aclaraciones  o  información  adicional  precise  en  relación  a  dichos  costes 
indirectos.
8.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán asignar, 
a través de las convocatorias que efectúen, el presupuesto que les haya correspondido 
de acuerdo con la distribución establecida al respecto por el anexo I, sin perjuicio de lo 
previsto, en su caso, para los costes indirectos imputables.
CAPÍTULO III
Disposiciones de aplicación a las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
por las comunidades autónomas y por las ciudades de Ceuta y Melilla 
a los destinatarios últimos
Artículo 12.  Líneas de actuación subvencionable.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 83 de su reglamento de desarrollo 
aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  y  respetando  el  principio  de  neutralidad 
tecnológica, las subvenciones se destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente 
relacionados con las actuaciones necesarias para:
a)  Infraestructura  de  telecomunicaciones  adaptada  para  Radiodifusión  Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):
Actuación,  en  los  edificios  concluidos  antes  del  1  de  enero  de  2000,  para  la 
adaptación completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión 
Digital y de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso 
al Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes 
canalizaciones en caso necesario.
Se renovarán con esta línea del programa:
i.  Los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión, con el cableado 
imprescindible, para asegurar la correcta captación, distribución y entrega, al menos, de 
los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia las características 
técnicas previstas en el anexo I del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011,  e.
de  11  de  marzo.  Asimismo,  previa  consulta  a  los  operadores  de  comunicaciones  w.b
electrónicas se desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde  818ww
eufne cptuon, tose d eto mintaerrácno nceoxmióon  rqeufeer esnec diae blaesr ác ainrsatcatlearrí setnic aesl  intémcnuiecbalse  py rheavissttaa sc aedna  ePl AaUn.e Axo t aIIl 
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sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones
anteriores;  tales  como:  aparamenta,  cables,  antenas,  incluidos  los  eléctricos  o 
electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental 
en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.
b)  Infraestructura  de  telecomunicaciones  adaptada  para  Radiodifusión  Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no incluir para 
Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación –antenas– ni de 
adaptación –equipamiento de cabecera–):
Actuación,  en  los  edificios  concluidos  antes  del  1  de  enero  de  2000,  para  la 
adaptación de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y de 
Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario 
(PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones 
en caso necesario.
Se renovarán con esta línea del programa:
i.  Los elementos de distribución y dispersión, con el cableado imprescindible, para 
asegurar la correcta distribución y entrega, al menos, de los servicios radiodifundidos. 
A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
anexo  I  del  reglamento  aprobado  por  el  Real  Decreto  346/2011,  de  11  de  marzo. 
Asimismo,  previa  consulta  a  los  operadores  de  comunicaciones  electrónicas  se 
desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un punto de 
interconexión que se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, en los términos 
antes citados. A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas 
previstas en el anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo.
ii.  Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones 
anteriores;  tales  como:  aparamenta,  cables,  antenas,  incluidos  los  eléctricos  o 
electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental 
en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.
c)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda 
Ancha Ultrarrápida:
Actuación,  en  los  edificios  concluidos  antes  del  1  de  enero  de  2000  para  la 
adaptación de los equipos y sistemas de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación 
equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, 
con sus correspondientes canalizaciones en caso necesario.
Se renovarán con esta línea del programa:
i.  Previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se desplegará 
en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un punto de interconexión 
que se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, en los términos antes citados. 
A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ii.  Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones 
anteriores; tales como: aparamenta, cables, incluidos los eléctricos o electrónicos que 
tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental en cumplimiento 
de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados. e.e
2.  El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda es el 31  818ww
de diciembre de 2023.
Artículo 13.  Destinatarios últimos de las ayudas.
1.  Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de destinatarios últimos de 
las ayudas las comunidades de propietarios, de un edificio o conjunto de edificaciones, 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, establecidos en el artículo 396 del Código 
Civil, así como, en los correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, y que precisen adaptar sus instalaciones de telecomunicaciones en el interior 
del edificio o conjunto de edificaciones.
Para cada una de las tres actuaciones citadas en el artículo 12.1, se establece una 
fecha de construcción del edificio que se justificará mediante consulta descriptiva y 
gráfica de la información catastral de los bienes inmuebles.
2.  La condición de beneficiario-destinario último de la ayuda se obtiene por estar en 
la  situación  que  fundamenta  la  concesión  de  la  subvención  o  por  concurrir  las 
circunstancias determinadas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
3.  No podrán resultar destinatarios últimos de las ayudas las comunidades de 
propietarios  en  las  que  concurra  alguna  de  las  prohibiciones  establecidas  en  el 
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuanto les resulten 
de  aplicación.  A  tal  efecto,  y  sin  perjuicio  de  su  eventual  comprobación  por  la 
Administración concedente, junto con la solicitud de ayuda, se suscribirá una declaración 
responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones 
o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas. Asimismo, junto a la solicitud, se 
autorizará  al  órgano  administrativo  concedente  la  consulta  a  la  información  de  la 
Administración tributaria o de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes.
4.  Los destinatarios últimos de las subvenciones destinarán el importe íntegro de la 
ayuda que reciban al pago de las correspondientes actuaciones subvencionables y 
quedaran sujetos a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, así como a las contenidas en este Real Decreto, las que se determinen en 
las respectivas bases reguladoras autonómicas y en la convocatoria, las que figuren en 
la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en su 
caso, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de 
ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y 
control del gasto.
5.  Los  destinatarios  últimos  deberán  mantener  un  sistema  de  contabilidad 
separada,  o  un  código  contable  diferenciado  que  recoja  adecuadamente  todas  las 
transacciones.  Asimismo,  deberán  disponer  de  los  libros  contables,  registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos 
constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza su adecuado reflejo 
en la contabilidad de los beneficiarios y deberá conservarse durante un plazo mínimo de 
diez años.
6.  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  señaladas  en  los 
apartados 4 y 5 anteriores, podrán ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del 
reintegro  de  la  ayuda  concedida  según  la  fase  procedimental  en  que  se  halle  la 
tramitación del expediente.
Artículo  14.  Requisitos  y  procedimientos  técnicos  aplicables  a  las  actuaciones 
subvencionables. e.
Para poder obtener la subvención, las actuaciones a que se refiere el artículo 12  818ww
edsetbaebrláenc idcousm epnli re ll aasn ecxoon dVi,c yio andeesm eássp:ecíficas para la ejecución de la inversión C15.I4
1.  Realizarse  por  empresas  instaladoras  inscritas  en  el  Registro  de  empresas
instaladoras de telecomunicación al que se refiere el artículo 3 del Reglamento regulador  Bc
de  la  actividad  de  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  y  sistemas  de 
telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. En concreto, 
por el tipo de actividad «F», según lo establecido en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de 
abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
2.  Contar con el correspondiente proyecto técnico suscrito por titulado o titulada 
competente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).
3.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que 
les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran.
4.  A efectos de la ejecución de las actuaciones descritas en el artículo 12.1 que 
incluyan  el  despliegue  de  una  infraestructura  de  Banda  Ancha  Ultrarrápida  en  los 
edificios o conjunto de edificaciones, los operadores interesados en ser consultados 
sobre el tipo de portadores a utilizar, habilitarán un punto de información donde podrán 
dirigirse los proyectistas, e informarán de los correspondientes enlaces de Internet a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para que los 
publique en su página web.
5.  Si no existiese respuesta de ningún operador en un plazo máximo de 15 días 
hábiles  desde  la  fecha  de  la  consulta  realizada,  o  en  ausencia  de  operadores 
interesados  en  ser  consultados,  el  proyecto  técnico  incorporará,  únicamente  como 
portador, el cableado de fibra óptica.
6.  La  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales 
podrá  habilitar,  si  fuese  necesario,  un  procedimiento  de  consulta  e  intercambio  de 
información alternativo al descrito en este artículo.
7.  Además, para cada una de las tres actuaciones citadas en el artículo 12.1, el 
proyecto técnico, boletín de instalación de telecomunicaciones, protocolo de pruebas 
específico y certificación final de obra y, en su caso, acta de replanteo, se presentarán y 
tramitarán cumpliendo el procedimiento previsto en la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
8.  Asimismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales publicará, en su página web, los modelos de documentos antes referidos y que 
se adapten, a cada una de las actuaciones recogidas en el artículo 12.1 del presente real 
decreto, ello con el fin de normalizar sus contenidos y aspectos técnicos a cumplimentar 
en cada caso; igualmente, se publicará el modelo de Informe Técnico de Renovación 
que suscribirá el proyectista seleccionado por la propiedad y el modelo de Presupuesto 
desglosado que entregará a la propiedad, la empresa instaladora registrada encargada 
por esta de la realización de los trabajos.
Artículo 15.  Gastos subvencionables.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  financiar  inversiones  y  gastos  que  estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
artículo 83 del Reglamento de dicha Ley, y que se materialicen en el período que va 
desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3.
2.  Serán gastos subvencionables, los siguientes: e.
a)  Los trabajos vinculados a la actividad del titulado o titulada competente en  818ww
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b)  Los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora: elaboración del 
presupuesto de obra, ejecuciones materiales (equipamiento de todo tipo que se precise, 
la realización de las medidas de comprobación y su correspondiente mano de obra), 
realización del boletín de instalación de telecomunicaciones y del protocolo de pruebas 
asociado y, en su caso, de los costes de la desinstalación y la retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones 
subvencionables  y  de  su  correcta  gestión  medioambiental  en  cumplimiento  de  la 
normativa vigente y aplicable a los residuos generados, siempre que no se trate de 
sistemas  o  equipos  para  los  que  se  haya  regulado  el  régimen  de  responsabilidad 
ampliada del productor del producto.
3.  Dentro  de  los  gastos  subvencionables,  conforme  el  artículo  31.8  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos 
indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por 
el  beneficiario.  No  obstante  lo  anterior,  se  excluye  expresamente  de  los  gastos 
subvencionables al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto 
general indirecto canario (IGIC).
4.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las 
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren.
5.  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán 
permanecer afectos al fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco 
años, contados a partir de la finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si 
esta fuera menor de 5 años.
Artículo 16.  Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas otorgadas en el ámbito de este real decreto serán compatibles con 
cualquier  otra  ayuda  de  otros  programas  o  instrumentos  de  cualesquiera 
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, 
particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos 
costes, de acuerdo con el principio de no duplicidad en la financiación previsto en el 
artículo 9 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero.
Artículo 17.  Intensidad máxima de las ayudas.
1.  Se entiende por intensidad de ayuda el importe bruto de la ayuda expresado en 
porcentaje de los costes subvencionables del proyecto.
La intensidad máxima de la ayuda la fijará cada comunidad autónoma y las ciudades 
de Ceuta y Melilla si bien no podrá ser inferior al 50 por ciento ni superar el 70 por ciento 
de los costes subvencionables que consten en las facturas, con los límites que se 
señalan para cada tipo de actuación en el anexo IV. Por tanto, la ayuda máxima que se  s
podrá solicitar por proyecto no podrá superar ni la intensidad máxima de la ayuda ni las  oe.
dotaciones  asignadas  para  cada  tipo  de  actuación  en  las  correspondientes  bases  w.
elraensg  ueclloa madnouernaxidso a. adLueatso c ndaóenm tpiidrcoaapdsi  eryet/aosrt iaoensnt  ebla ehsna ecsfoitcani aveorli cacasot odstreeia  lasto snt aai ly ladused  aclasu. aancttíuaasc mióánx simeraás  aqsuuem sidea f ipjaonr   2021-18818n https://ww
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía, que 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo  18.  Procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  por  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a los destinatarios últimos y régimen de 
anticipos.
1.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla destinarán las 
ayudas  que  reciban  como  beneficiarias  directas  a  conceder  subvenciones  a  los 
destinatarios  últimos  previstos  en  el  artículo  13,  a  través  de  las  correspondientes 
convocatorias que publiquen, donde se contemplen los requisitos correspondientes para 
su concesión de acuerdo con lo establecido por este real decreto y en las respectivas 
bases reguladoras autonómicas.
2.  Las  solicitudes,  así  como  la  documentación  anexa  o  información  requerida 
durante la tramitación del expediente, se presentará por medios electrónicos, cumpliendo 
lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las  solicitudes  serán  atendidas  por  riguroso  orden  de  presentación  hasta  el 
agotamiento de los fondos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última 
solicitud  de  ayuda  que  totalice  el  importe  asignado  a  las  respectivas  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. En caso de que se agote el presupuesto 
asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir 
registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso 
orden de entrada, cuestión que deberá ser notificada al destinatario último afectado para 
su  conocimiento,  y  estarán  supeditadas  a  que  se  produzcan  desestimaciones  o 
revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto, o 
bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso la presentación 
de  una  solicitud  a  la  lista  de  reserva  provisional  generará  derecho  alguno  para  el 
solicitante hasta que no se valide la solicitud.
3.  Las  convocatorias  detallarán  al  menos  el  contenido  mínimo  previsto  en  el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se publicarán en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS).
4.  A la finalización del período de vigencia de la correspondiente convocatoria y, en 
todo caso, a la expiración de la vigencia de este programa, no serán admitidas más 
solicitudes, debiendo las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en 
su caso, reembolsar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales el remanente presupuestario que pudiera existir a esa fecha, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8.
5.  Una  vez  dictada  la  resolución  de  concesión  de  la  ayuda  y  tras  haberse 
acreditado por el beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago, el 
órgano competente de la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla podrá 
ordenar el pago anticipado de toda o parte de la subvención a los destinatarios últimos 
que lo soliciten.
Las características de los anticipos a los destinatarios últimos de las ayudas que así 
lo soliciten, habrán de cumplir con las siguientes características:
a)  Dichos anticipos podrán ser objeto de una garantía otorgada por un banco u otra  e
entidad financiera que esté establecida en España, conforme a lo dispuesto en los  bo
artículos 45 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  818ww
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para  su  aportación  se  determinarán  en  las  respectivas  bases  reguladoras  y  en  la 
convocatoria.
b)  Dichos anticipos no superen el cien por ciento del importe total de la ayuda que 
se vaya a conceder al beneficiario.
c)  Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto 
de subvención y se justifiquen adecuadamente.
d)  De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos deberán acreditar que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos  específicamente 
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del 
Estado. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla  comprobar  el  cumplimiento  de  tales  condiciones  con  anterioridad  al  pago, 
exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del 
destinatario último o certificación del órgano competente si éste fuere una administración 
pública.
6.  La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda, así como su 
entrega al destinatario último, corresponde a cada una de las comunidades autónomas y 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  una  vez  comprobado  el  cumplimiento  íntegro  de  las 
condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados 
desde la fecha de presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se 
haya dictado y notificado o publicado resolución expresa legitima a los interesados para 
entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  La  resolución  que  se  adopte  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrá ser recurrida en la 
forma establecida en las respectivas bases reguladoras y en las convocatorias.
7.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, y teniendo en cuenta que las ayudas previstas por este real decreto 
se  destinan  a  financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no  requieren  de 
valoración  comparativa  con  otras  propuestas,  se  podrán  dictar  las  resoluciones  de 
concesión correspondientes por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas 
las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el 
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito 
presupuestario asignado en las convocatorias.
Artículo  19.  Órganos  competentes  para  ordenar  e  instruir  el  procedimiento  de 
concesión de ayudas.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión de 
ayudas será el que determine cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y 
Melilla en sus respectivas bases reguladoras y en la convocatoria. Corresponderá al 
órgano  instructor  la  comprobación  de  que  las  solicitudes  cumplen  debidamente  los 
requisitos exigidos.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán decidir si 
gestionan las ayudas directamente o a través de una entidad colaboradora, que deberá 
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre. La entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones y desempeñar las  e
funciones previstas en el artículo 15 de dicha Ley y será seleccionada con observancia a  bo
lo dispuesto en su artículo 16. La selección de esta entidad colaboradora no supondrá,  818ww
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comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla velarán por respetar las
normas de subvención nacionales que pudieran afectar a la financiación con fondos 
europeos, de las ayudas que se otorguen en el marco de este real decreto. A tal efecto, 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales facilitará al 
órgano instructor de la comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla cuantas 
instrucciones  reciba  de  las  autoridades  de  gestión  o  de  certificación,  tanto  del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la medida que les afecten. Asimismo, los órganos 
responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad autónoma y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla deberán conservar los documentos originales, justificativos 
de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación, control y fiscalización correspondientes. La 
disponibilidad  de  los  documentos  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  reglamentación 
aplicable a los fondos europeos.
Artículo 20.  Órganos competentes para la resolución del procedimiento de concesión 
de ayudas.
1.  El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de 
ayudas será el que determine cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y 
Melilla en sus respectivas bases reguladoras y en la convocatoria.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla realizarán el 
seguimiento, control y, en su caso, resolverán sobre la pérdida del derecho a obtener las 
ayudas  concedidas  al  amparo  de  este  real  decreto,  así  como  exigirán  el  reintegro 
correspondiente del importe de las ayudas además del posible cobro de intereses de 
demora. Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla serán 
responsables de realizar las labores de verificación de la correcta realización de gasto 
por parte de los destinatarios últimos de las ayudas.
Artículo 21.  Justificación de la realización de las actuaciones subvencionables.
1.  Los destinatarios últimos de las ayudas reguladas en este real decreto deberán 
justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de 
ayuda en el plazo que prevea la resolución de concesión, y en todo caso, en un plazo 
máximo de tres meses desde la finalización de la actuación teniendo en cuenta la fecha 
límite de 31 de diciembre de 2023 prevista en el artículo 12.2. Lo anterior de acuerdo con 
lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  en  el  título  II,  capítulo  II,  del  Reglamento  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Dicha justificación, se realizará a través de la presentación, al órgano autonómico 
que se determine en las respectivas bases reguladoras y en las convocatorias de las 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, de la documentación justificativa 
de la realización de la actuación y de la documentación complementaria mínima descrita 
en el anexo II del presente real decreto que, en caso de resultar procedente, pudieran 
requerir las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas 
bases reguladoras y en las convocatorias para cada línea de actuación subvencionable. 
La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación debe ser 
coherente con la información aportada con el formulario de solicitud de la ayuda y  es
documentos que se acompañen. bo
En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los  818ww
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Comisión que aprueba los Acuerdos Operacionales (OA) entre la Comisión Europea y
España conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
En todo caso, en la justificación, se tendrá en cuenta lo establecido en artículo 63 del 
Real decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, que recoge ciertas singularidades en la 
justificación de las subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos.
2.  Comprobada  la  ejecución  de  la  actuación,  así  como  la  entrega  de  toda  la 
documentación exigida en el párrafo anterior dentro del plazo establecido, el órgano 
competente de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla ordenará, 
en su caso, el pago íntegro o el restante si hubo anticipo de la subvención, con expresa 
referencia  a  la  procedencia  de  los  fondos,  mencionando  al  Ministerio  de  Asuntos 
Económicos  y  Transformación  Digital,  así  como  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a 
lo que pudiera establecerse al respecto.
3.  En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de 
justificación, no se procederá, en su caso, al pago íntegro o al restante si hubo anticipo 
de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de ésta, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el 
procedimiento previsto en el artículo 42 de dicha Ley.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en 
sus respectivas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias la posibilidad 
de ampliar el plazo de justificación de las actuaciones, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de 
este real decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la 
normativa de desarrollo de dicha obligación. Asimismo, esta información también será 
comunicada  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras 
Digitales, como órgano competente para la coordinación y seguimiento del programa.
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla habilitarán un 
sistema  de  gestión  y  control  de  expedientes  que  permita  verificar  y  validar 
administrativamente el cien por ciento del coste declarado por los destinatarios últimos 
de las ayudas, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las 
actuaciones realizadas.
Artículo 22.  Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto y demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en  la  correspondiente  resolución  de  concesión,  dará  lugar,  previo  el  oportuno 
procedimiento  de  reintegro,  a  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  de  la  ayuda  y  a  la 
obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de 
demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el título III de su Reglamento.
Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a)  El incumplimiento total y manifiesto del objetivo para el que se concedió la  e
ayuda,  o  cualquier  otra  irregularidad  que  presente  carácter  sistémico  o  afecte  a  bo
elementos esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda  818ww
cpy,ue areclbnqib) u isrie.uEr  lc oaintsrcaou ,m irdpreeli gmluaile anpritédora ddpid aarqc uidaeel  l dúdeneli croeabcmjheeotni vtaoel   oca ofeqbcurtoee   adafee  celatlees  mac eaanncttotiidsva iddnaeods e esps eecnondncieicarnleetetsas s d,d eeol    OE-A-2021-18able en https://
proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, 
en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
Las comunidades autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas 
por  los  destinatarios  últimos  en  el  caso  de  incumplimiento  del  principio  de  DNSH, 
conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y la normativa nacional que se haya dictado al respecto. 
2.  Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de 
subvenciones y ayudas públicas.
3.  Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de 
acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La 
potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 66 de la misma ley.
Artículo 23.  Actuaciones de comprobación y control.
1.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
2.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
3.  De acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, los destinatarios últimos 
de las ayudas estarán obligados a facilitar las comprobaciones del órgano autonómico 
encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la realización de las 
actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión 
de  la  misma.  Asimismo,  estarán  sometidos  al  control  financiero  de  la  Intervención 
General de la Administración del Estado, al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y 
a los controles que puedan realizar los órganos de control y fiscalización de la Comisión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos europeos.
4.  La  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales 
podrá  realizar  cuantas  inspecciones  sean  precisas  para  comprobar  y  verificar  el 
cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas 
reguladas en este Real Decreto.
5.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.d)  del 
Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
la  Administración  y  cuantos  órganos  se  contemplan  en  el  artículo  22  del  citado 
Reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales (disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), o el acceso a otras bases de 
datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares 
reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema 
de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y 
nacional aplicable. e
Artículo 24.  Publicidad. 818ww
el ar1tí.c uLloa 1 p8u dbelic liad aLde yd e3 8la/2s0 a0y3u, ddaes 1 c7o dnec endoivdiaesm sbere l,le mvaerdáia an tcea sbuo  psuebglúicna cloió dni sepnu leas Btoa esne 
de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por este real decreto, 
en publicaciones, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros 
resultados, y en general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los 
requisitos que figuren en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, que estará disponible en la Web de la Secretaría de 
Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales,  en  el  que  figurarán  el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora, y 
el  logotipo  del  presente  Programa  UNICO  -  Edificios,  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 
de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberá exhibirse de 
forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación 
adecuada que diga «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», junto al 
logotipo  del  PRTR,  disponible  en  el  link  https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual.
Además, las instalaciones objeto de ayudas deberán estar señalizadas de acuerdo 
con lo que se indique en el Manual a que hace referencia este apartado.
2.  Asimismo, tanto en la convocatoria de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, como en la resolución que se notifique a los destinatarios 
últimos, deberá mencionarse el Programa UNICO-Edificios, el Ministerio de Asuntos 
Económicos  y  Transformación  Digital,  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, todas las 
convocatorias del programa deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su 
cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU».
3.  En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de 
la Unión Europea deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su 
visibilidad,  en  particular,  cuando  promuevan  las  actuaciones  subvencionables  y  sus 
resultados,  facilitando  información  coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a 
múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Asimismo, 
será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos de Next 
Generation EU.
Disposición adicional primera.  Contención del gasto de personal.
Las  medidas  previstas  en  este  real  decreto  no  podrán  suponer  incremento  de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el 
artículo 11 de este real decreto en relación a los costes indirectos reconocidos a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarias directas 
de las ayudas.
Disposición adicional segunda.  Modificaciones presupuestarias. e.e
Para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  este  real  decreto  se  realizarán  las  818ww
emno dlaif iLceayc i4o7n/e2s0 0p3re, sduep 2u6e sdtea rniaosv iqeumeb rsee,a Gn enneecreasl aPrrieassu dpeu ecsotnafroiarm. idad con lo establecido
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las 
bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica  y  las 
telecomunicaciones, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO I
Distribución territorial del presupuesto y número mínimo de actuaciones a realizar
El criterio de distribución de los presupuestos se basa en el número de edificios por 
cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla sin ICT. Se ha reservado 
el 17,50 por ciento de los fondos totales del período 2021-2023 para su distribución en 
anualidad 2023 entre aquellas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
que hayan alcanzado un porcentaje mínimo del 90 por ciento del número de actuaciones 
acumuladas correspondientes a 2021 y 2022. Se entenderá alcanzada la actuación 
cuando  se  haya  resuelto  la  convocatoria  correspondiente  y  se  hayan  resuelto  las 
solicitudes presentadas.
El fondo se distribuirá entre el número de CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla que 
hayan alcanzado dicho porcentaje mínimo en función, dentro de éstas, del criterio de 
reparto antes señalado (número de edificios por cada CA sin ICT), en función de las 
comunidades autónomas y ciudades autónomas que hayan entrado en este reparto 
adicional.
En el caso de que ninguna comunidad autónoma, o las ciudades de Ceuta y Melilla, 
alcanzara el citado porcentaje mínimo, el fondo para distribución por éxito se distribuirá 
entre las cinco comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que hayan 
alcanzado  los  mayores  porcentajes  del  número  de  actuaciones  acumuladas 
correspondientes a 2021 y 2022, y dentro de éstas, conforme al criterio de reparto 
señalado (número de edificios por cada CA sin ICT).
Criterio  Dotación
% total  Actuaciones 
  Reparto  2021 2022 2023
presup. a realizar
CC.AA. total
Andalucía. 14,26 % 2.852.000 5.704.000 855.600 9.411.600 11,76 % 1.600
Aragón. 2,86 % 572.000 1.144.000 171.600 1.887.600 2,36 % 321
Asturias, Principado de 2,88 % 576.000 1.152.000 172.800 1.900.800 2,38 % 323
Balears, Illes. 2,57 % 514.000 1.028.000 154.200 1.696.200 2,12 % 288
Canarias. 3,76 % 752.000 1.504.000 225.600 2.481.600 3,10 % 422
Cantabria. 1,42 % 284.000 568.000 85.200 937.200 1,17 % 159
Castilla y León. 6,04 % 1.208.000 2.416.000 362.400 3.986.400 4,98 % 678
Castilla - La Mancha. 3,08 % 616.000 1.232.000 184.800 2.032.800 2,54 % 346
Cataluña. 18,68 % 3.736.000 7.472.000 1.120.800 12.328.800 15,41 % 2.096
Comunitat Valenciana. 12,58 % 2.516.000 5.032.000 754.800 8.302.800 10,38 % 1.412
Extremadura. 1,77 % 354.000 708.000 106.200 1.168.200 1,46 % 199
Galicia. 6,48 % 1.296.000 2.592.000 388.800 4.276.800 5,35 % 727
Madrid, Comunidad de. 12,49 % 2.498.000 4.996.000 749.400 8.243.400 10,31 % 1.401
Murcia, Región de. 2,41 % 482.000 964.000 144.600 1.590.600 1,99 % 270
Navarra, Comunidad Foral de. 1,41 % 282.000 564.000 84.600 930.600 1,16 % 158
País Vasco. 6,15 % 1.230.000 2.460.000 369.000 4.059.000 5,07 % 690 e.
Rioja, La. 0,92 % 184.000 368.000 55.200 607.200 0,76 % 103 818ww
CMeeuliltlaa.. 00,,1113  %% 2262..000000 5424..000000 76..860000 8752..860000 00,,0119  %% 1152
      Total general. 100,00 % 20.000.000 40.000.000 6.000.000 66.000.000 82,50 % 11.220
Dotación 
  2021 2022 2023 % total Actuaciones
total
Fondo para distribución por éxito. 0   14.000.000 14.000.000 17,50 % 2.380
             
      Total Fondos. 20.000.000 40.000.000 20.000.000 80.000.000 100 % 13.600
ANEXO II
Documentación
La  documentación  que  se  relaciona  a  continuación  podrá  ser  presentada  por 
procedimientos  alternativos  que  pudieran  establecer  expresamente  las  comunidades 
autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla al respecto en sus respectivas bases 
reguladoras y en las correspondientes convocatorias, conforme a su propia normativa de 
aplicación, siempre y cuando queden acreditados idénticos extremos.
El  modelo  formulario  de  solicitud  de  ayuda,  según  modelo  del  anexo  III,  se 
acompañará de la documentación requerida en las correspondientes bases reguladoras 
y en las convocatorias que realicen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla, recogiendo en todo caso la que figura a continuación:
A.  Documentación identificativa del solicitante y de la actuación para la solicitud de 
la ayuda y para el pago, en su caso, anticipado (parcial o total), de las ayudas.
Para cada actuación se aportará la documentación justificativa que se requiera en las 
correspondientes  bases  reguladoras  y  en  las  convocatorias  de  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, siendo necesaria, al menos, la siguiente:
Un certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado 
por el secretario o secretario-administrador de la comunidad con el visto bueno del 
presidente o, en su caso, de la representación legal de la sociedad cooperativa en el 
que, de forma expresa:
1.  Se adjunte copia del documento de identificación fiscal de la comunidad de 
propietarios (NIF).
2.  Se faculte a un representante legal o voluntario para realizar las gestiones de 
tramitación y justificación de la ayuda.
3.  Se aporte el acuerdo adoptado válidamente en el que se apruebe la realización 
de la actuación objeto de la petición de ayuda.
4.  Se aporte el Informe Técnico de Renovación, según el modelo normalizado por 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, suscrito por 
titulado  o  titulada  competente  en  materia  de  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones (ICT), en el que se indicará la tipología de actuación en la que se 
encuadra la ayuda solicitada, descripción de la actuación subvencionable, y cuantía 
máxima  de  la  ayuda  solicitada,  el  presupuesto  aprobado  de  sus  honorarios 
profesionales.
5.  Se  aporte  el  Presupuesto  desglosado,  según  el  modelo  normalizado  por  la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, aprobado por 
la  propiedad  a  la  empresa  instaladora  de  telecomunicaciones  registrada  para  la  e
ejecución  de  la  actuación  acordada;  presupuesto  que  será  realizado  en  base  a  lo  bo
previsto en el Informe Técnico de Renovación, antes citado. 818ww
prop6ie. daSde,  daodnjudnet ec ounnsate d deectlaalrlaadcioó nq uree sepl osnosliacbitalen, tefi rom saodlaic iptaonrt eres pdree slae natcatnutaec ilóeng:al de la
i.  No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia
o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, 
conforme  a  los  términos  establecidos  en  el  artículo  21  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
ii.  Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.
iii.  No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad.
7.  Se aporte consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el 
que se van a llevar a cabo las actuaciones, que acredite el uso y su año de conclusión 
que debe ser anterior, en cada una de las tres actuaciones casos previstas en el 
artículo 12 del presente real decreto, a la fecha en ellos identificado.
8.  Se aporte copia de documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 
donde se realizará el abono de la subvención.
B.  Documentación justificativa de la realización final de la actuación y para el pago 
íntegro de las ayudas.
Para cada actuación finalizada se aportará la documentación justificativa que se 
requiera  en  las  correspondientes  bases  reguladoras  y  en  las  convocatorias  de  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, siendo necesaria, al menos, 
la siguiente:
1.  Relación certificada y copia de las facturas y de sus justificantes bancarios de 
pago, correspondientes a la actuación realizada y que respondan a los presupuestos 
aceptados por la destinataria última y presentados en la solicitud de ayuda.
2.  Copia del Proyecto técnico suscrito por titulado o titulada competente en materia 
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) cuya estructura y contenido se 
adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se publiquen en la página web de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales, por el que se 
regirán las actuaciones realizadas por la empresa instaladora de telecomunicaciones 
registrada encargada la ejecución de la actuación.
3.  Copia  del  boletín  de  instalación  emitido  por  la  empresa  instaladora  de 
telecomunicación que ejecutó las actuaciones. Dicho boletín deberá ajustarse al modelo 
normalizado incluido como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que 
se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 
de marzo, identificando en el apartado de «descripción de la instalación o intervención» 
el detalle de los trabajos realizados, dicho contenido se ajustará para cada tipología de 
actuación, a los modelos que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales.
4.  Copia del Protocolo de Pruebas de ICT, exclusivamente cumplimentado en los 
apartados que correspondan al tipo de actuación realizada, emitido por la empresa 
instaladora de telecomunicación que haya ejecutado las actuaciones. Su estructura y 
contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se publiquen como 
documentos  normalizados  en  la  página  web  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales.
5.  Copia del Certificado de fin de obra suscrito por titulado o titulada competente en 
materia  de  ICT.  Su  estructura  y  contenido  se  adaptarán,  para  cada  tipología  de 
actuación, a los que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales e.
6.  Copia de la certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática  w.
realizada de los documentos correspondientes, en cumplimiento de lo previsto en la  818ww
Oderd laesn  iInTfCra/e1s6t4ru4c/2tu0r1a1s,  cdoem 1u0n edse  djuen tieol,e pcoorm luan qicuaec isoen edse spaarrrao lelal  aecl cReesgol aam loesn tsoe rrveigcuiolasd doer 
Dteeleccreotmo u3n4ic6a/c2i0ó1n1 , edne  1e1l  dien temriaorrz o;d eq uela sin cleudyiafi cealc iNon.ºe sd,e  aepxrpoebdaiednot e paosri gneal doR, edael   BOE-A-cable e
conformidad con el procedimiento de presentación telemática habilitado, a tal fin, en la 
sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales.
7.  En los casos en los que se realice la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, tales como, aparamenta, cables, 
antenas, incluidos los eléctricos o electrónicos que tengan asociados, se dispondrá de 
los medios necesarios para la correcta gestión de estos, disponiendo de los certificados 
correspondientes de su correcto tratamiento en las plantas autorizadas de gestión de 
residuos.
Esta gestión deberá realizarse, en todo caso, en cumplimiento de lo previsto en la 
normativa aplicable a los residuos generados, y cuando se trate de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su gestión ambiental.
Para garantizar la correcta gestión y facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, 
las  empresas  instaladoras  de  telecomunicaciones  encargadas  de  los  trabajos  de 
desinstalación y retirada podrán alcanzar acuerdos con los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad  Ampliada  del  Productor  –SCRAP–  autorizados,  para  las  diferentes 
tipologías de residuos, que les deberán aportar el oportuno justificante de su entrega.
La empresa instaladora facilitará a la destinataria última de las ayudas copia de dicho 
justificante para ser aportado en la tramitación de la justificación final de la solicitud.
8.  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la 
situación del edificio o conjunto de edificios antes y después de las actuaciones y, en su 
caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se 
muestre el cartel publicitario de la actuación colocado en el inmueble, cuyo diseño y 
distribución será realizado a través de la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Las fotografías de la situación del edificio antes de las actuaciones se asociarán al 
Proyecto  técnico  y  las  correspondientes  al  resultado  final  de  las  actuaciones  al 
Certificado de fin de obra.
ANEXO III
Formulario para la solicitud de ayudas
DESTINATARIO ÚLTIMO DE LAS AYUDAS 
- Identificación del Edificio o Conjunto de edificios 
 
DATOS BANCARIOS DEL DESTINATARIO ÚLTIMO DE LAS AYUDAS 
 
  IBAN                                         
 
EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICIOS PARA EL QUE SE SOLICITAN LAS AYUDAS 
- Número de edificios cuando sea superior a uno: 
- Código o Códigos postales: 
- Referencias catastrales: 
- Año de conclusión de la construcción del inmueble: 
- Dirección postal completa a efectos de notificaciones: 
 
 
ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITAN LAS AYUDAS 
Importe global 
facturas antes  Ayuda 
Ayuda máxima (€) 
Actuaciones a realizar   de IVA o IGIC  solicitada 
(marcar)  (€)  (€) 
 
Total      Cantidad 
□  a)            
□  b)            
□  c)            
     
 
TOTALES     
_________€ 
 
  Fecha y firma solicitante  2021-18818n https://ww
  
ANEXO IV
Cuantía de las ayudas
La cuantía máxima de la subvención para cada uno de los supuestos de ayuda 
previstos  en  el  artículo  12.1  y  para  cada  destinatario  último,  con  un  máximo 
subvencionable  de  hasta  35  viviendas,  entendidas  como  unidades  inmobiliarias  del 
edificio o conjunto de edificaciones, es la siguiente:
a)  Infraestructura  de  telecomunicaciones  adaptada  para  Radiodifusión  Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):
i.  Importe máximo de la ayuda: 116.660 euros.
ii.  La fórmula de cálculo aplicable es: (680 € de coste unitario * 35 viviendas) * 
máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.
b)  Infraestructura  de  telecomunicaciones  adaptada  para  Radiodifusión  Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no incluir para 
Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación –antenas– ni de 
adaptación –equipamiento de cabecera–):
i.  Importe máximo de la ayuda: 14.700 euros.
ii.  La fórmula de cálculo aplicable es: (600 € de coste unitario * 35 viviendas) * 
máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.
c)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda 
Ancha Ultrarrápida:
i.  Importe máximo de la ayuda:11.882,50 euros.
ii.  La fórmula de cálculo aplicable es: (485€ de coste unitario * 35 viviendas) * 
máximo 70 por ciento de intensidad de la ayuda.
ANEXO V
Condiciones específicas para la ejecución de la inversión C15.I4
– Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo 
energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y 
del  Consejo,  de  21  de  octubre  de  2009,  por  la  que  se  instaura  un  marco  para  el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 
la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de 
computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación de las infraestructuras IT, se 
seguirá la versión más reciente del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética 
de centros de datos, o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Instalaciones e 
infraestructuras de centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión 
energética.
– Se  realizará  una  evaluación  del  riesgo  climático  y  la  vulnerabilidad  de  las 
instalaciones de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de 
adaptación adecuadas para cada caso.
– Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la 
calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el  es
objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se  o
define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento  818ww
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agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua potencialmente
afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Se incluirá como requisito 
de implementación de las actuaciones incluidas en esta medida no se van a realizar 
infraestructuras que puedan alterar la hidrología.
– Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, para servidores y almacenamiento de datos, u 
ordenadores  y  servidores  de  ordenadores  o  pantallas  electrónicas.  Los  equipos  no 
contendrán  las  sustancias  restringidas  enumeradas  en  el  anexo  II  de  la 
Directiva 2011/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en 
materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida 
útil,  el  equipo  se  someterá  a  una  preparación  para  operaciones  de  reutilización, 
recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los 
fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE).
– Al menos el 70 por ciento (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados, en las 
actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos 
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
– Los agentes encargados de la construcción de las infraestructuras IT limitarán la 
generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, 
de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de 
la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición 
selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y 
facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de 
materiales,  utilizando  los  sistemas  de  clasificación  disponibles  para  residuos  de 
construcción y demolición.
– Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad 
en  lo  referido  a  la  norma  ISO  20887  para  evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el 
uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 
el reciclaje.