BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7445
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1106 Sala Segunda. Sentencia 162/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 3893-2012. Promovido por don Abdelilah El Fadual El Akil respecto 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de 
inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:162
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta, y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, 
don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 3893-2012, promovido por don Abdelilah El Fadual 
El Akil, contra los siguientes actos de los poderes públicos: (i) la resolución del Ministerio 
de Justicia, de 28 de junio de 2010, que desestimó la solicitud de indemnización por 
responsabilidad patrimonial de la administración pública, por el tiempo pasado en prisión 
preventiva en causa judicial de la que resultó finalmente absuelto; y (ii) la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de 10 de mayo de 2012, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra  la  resolución  anterior.  Ha  actuado  como  parte  el  Abogado  del  Estado.  Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 26 de junio 
de 2012, la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Tejero García-Tejero, 
actuando en nombre y representación de don Abdelilah El Fadual El Akil, bajo la defensa 
del  letrado  don  José  Luis  Laso  D’Lom,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En el marco de las actuaciones seguidas por el Juzgado Central de Instrucción  e.e
número 6, se acordó la detención del recurrente el 1 de abril de 2004 y su posterior  b
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Supremo el 17 de julio de 2008 (recurso de casación 10012-2009), en aplicación del
principio  in  dubio  pro  reo,  acordándose  su  excarcelación.  En  concreto,  esta  última 
sentencia señaló, en su fundamento de Derecho 56:
«[A]un aceptando que los elementos del tipo objetivo están acreditados, es decir, el 
acto del traslado del vehículo y su relevancia como ayuda a la organización a alejar del 
lugar el vehículo utilizado en el trasporte de explosivos, y si bien el conocimiento que el 
recurrente tenía de la persona de Felipe probablemente le permitía conocer sus ideas 
radicales e incluso su determinación a la ejecución de actos violentos, no hay nada en 
los hechos declarados probados por el Tribunal que permita concluir que también sabía, 
o tenía que saber, que [un coacusado] había formado un grupo con esas ideas y 
determinación; que habían iniciado su paso a la acción, y que el vehículo referido había 
sido utilizado de alguna forma en tal preparación delictiva, de tal forma que por esa o por 
cualquier  otra  razón  ello  significara  una  colaboración  al  funcionamiento  de  la 
organización. […] Tampoco hay ningún dato que permita establecer que el recurrente 
conocía el motivo del traslado del vehículo. […] Finalmente, la actuación posterior del 
recurrente tampoco encaja con un posible conocimiento de la finalidad de su acción […]. 
En cualquiera de los casos, tal forma de actuar no revela ninguna voluntad de ocultación 
del vehículo, lo que en unión de lo antes expuesto impide afirmar la concurrencia de los 
elementos del tipo subjetivo.»
b)  Con fecha 1 de junio de 2009, el recurrente en amparo presentó una solicitud 
ante el Ministerio de Justicia, solicitando la cantidad de cuatrocientos cuarenta y un mil 
ciento  diez  euros,  con  ochenta  y  dos  céntimos  (441.110,82  €)  en  concepto  de 
indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  por  el  tiempo  sufrido  en 
situación de prisión provisional.
El expediente (núm. 270-2009) fue resuelto por resolución del secretario de Estado 
de Justicia, de fecha 28 de junio de 2010, desestimando lo solicitado. Como apoyo de la 
decisión, se citó el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la 
jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que lo interpreta (con mención de 
la STS de 15 de mayo, 25 de mayo, y 6 de octubre de 2006), conforme a la cual sólo 
procede indemnizar en los supuestos de absolución por inexistencia objetiva del hecho o 
por  resultar  probada  la  falta  de  participación  del  acusado  en  los  hechos  delictivos 
(inexistencia subjetiva), pero no si la absolución deriva de la aplicación del principio in 
dubio pro reo. Que es lo sucedido en este caso (fundamento de Derecho tercero):
«[T]al como se deduce del fundamento jurídico 56, apartado tercero, de la sentencia 
absolutoria», considerando además nulas dicha sentencia, en el fundamento jurídico 54, 
las «escuchas telefónicas que constituían una de las pruebas sobre la que fundar la 
condena, si bien ello no implica que se haya probado la inexistencia del hecho ni la falta 
de participación del reclamante en él».
c)  Contra  la  resolución  administrativa  mencionada,  se  interpuso  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, recayendo el asunto en su Sección Tercera (recurso ordinario núm. 483-2010). 
Tras la tramitación del procedimiento, esta última dictó sentencia con fecha 10 de mayo 
de 2012, desestimando el recurso.
Como base para su decisión, la Sala siguió el criterio sentado por la jurisprudencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a partir de dos sentencias dictadas el 23 de 
noviembre de 2010, modificando el Alto Tribunal su criterio precedente, al apreciar a 
partir  de  entonces  que  solo  cabe  indemnización  por  el  tiempo  pasado  en  prisión  e.
preventiva, ex del artículo 294 LOPJ, en los casos de absolución o sobreseimiento por  w.
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que  quedó  probada  su  no  participación  en  el  hecho  delictivo.  De  este  modo,  no
concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar una responsabilidad 
patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de justicia, al no haber 
quedado probada la falta de participación del recurrente en los hechos delictivos. No se 
trata, por tanto, del supuesto de inexistencia objetiva ni subjetiva, tal y como ha sido 
definida por la jurisprudencia.»
3.  La  demanda  de  amparo  alega  la  vulneración  por  las  dos  resoluciones 
impugnadas, de los derechos fundamentales a la libertad individual (art. 17.1 CE), y a la 
presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE);  este  último  puesto  en  relación,  por  la  vía 
interpretativa del artículo 10.2 CE, con el artículo 6.2 del Convenio europeo de derechos 
humanos de 1950 (CEDH). Señala que las resoluciones recurridas, al aplicar el artículo 
294 LOPJ, han dado lugar a una tercera categoría entre la inocencia y la culpabilidad, no 
en el plano penal pero sí administrativo, puesto que deniega la indemnización solicitada 
en función de la causa de absolución. El recurrente es inocente, ha sufrido prisión y debe 
ser resarcido. Se invocan como inobservadas las SSTEDH de 13 de enero de 2005, 
asunto Capeau contra Bélgica, y 13 de julio de 2010, asunto Tendam contra España, de 
las que reproduce algunos pasajes.
Ya en el suplico solicita se dicte sentencia que otorgue el amparo por la vulneración 
de los derechos fundamentales que invoca, y se acuerde la nulidad de la resolución 
de 28 de junio de 2010 del Ministerio de Justicia y de la sentencia de la Sección Tercera 
de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional.  Como 
consecuencia de dicha nulidad, se pide también «retrotraer las actuaciones hasta el 
momento inmediatamente anterior a la resolución del Ministerio de Justicia».
4.  Mediante diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección 
Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal, de 4 de julio de 2012, se acordó requerir a la 
representante  procesal  del  recurrente  para  que  acreditara  la  fecha  fehaciente  de 
notificación  de  la  resolución  recurrida,  y  copia  del  poder  acreditativo  de  su 
representación.  El  primer  punto  se  tuvo  por  cumplimentado  por  escrito  de  dicha 
profesional, registrado el 24 de julio de 2012, mientras que la representación se otorgó 
apud acta en la propia secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, 
conforme a acta de la misma fecha –24 de julio de 2012– que obra en las actuaciones.
5.  La Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 23 de mayo de 2013, por 
la que acordó admitir a trámite el recurso. En la misma resolución se acordó igualmente 
dirigir  atenta  comunicación  a  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que procediera a emplazar en el plazo 
de diez días a quienes hubieran sido partes en el procedimiento ordinario número 
483-2010, excepto a la parte recurrente en amparo –ya personada–, por si querían 
comparecer en el presente proceso constitucional.
6.  La Abogada del Estado presentó escrito el 10 de junio de 2013, por el que se 
personó en el recurso, solicitando se le tuviera por personada y parte en la representación 
que ostenta, debiendo entenderse con ella los posteriores trámites del procedimiento.
A esto se accedió por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal, de fecha 4 de julio de 2013, acordando además dar vista de 
las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días,  a  fin  de  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen  pertinentes, 
conforme  con  lo  previsto  en  el  artículo  52.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC). e.
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Audiencia Nacional, el recurrente debió promover antes contra ella un incidente de 
nulidad de actuaciones, lo que no ha hecho.
Por lo que respecta al fondo, rechaza el mismo escrito de alegaciones que se hayan 
vulnerado los derechos del recurrente, toda vez, en primer lugar, a que no existe un 
derecho susceptible de amparo para obtener una reparación económica en caso de 
haber sufrido prisión provisional. Así también lo ha precisado el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos al descartar que se conculque el artículo 6.2 CEDH por no preverlo 
un Estado miembro. Cita en concreto las sentencias de 25 de abril de 2006, asunto Puig 
Panella contra España; 25 de agosto de 1987, asunto Englert contra Alemania, y la 
«sentencia de 23 de mayo de 2000 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos asunto 
Narciso Linares»; refiriéndose esta última, en realidad, a la decisión de la Sección Cuarta 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de marzo de 2000, adoptada en el 
asunto Dinares Peñalver contra España. También cita el ATC 145/1998, de 22 de junio, 
del recurrente Sr. Puig Panella.
En segundo lugar, niega en concreto el Abogado del Estado la lesión del derecho a la 
presunción de inocencia y, refiriéndose de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, precisa que esta no es contraria a la regulación específica del 
supuesto de inexistencia del hecho imputado como única causa de indemnización por 
prisión provisional seguida de absolución, sino al lenguaje de la motivación empleada 
para desestimar la solicitud. De nuevo cita la decisión Dinares Peñalver contra España y 
la STEDH del asunto Tendam contra España, de las que extrae que el tribunal europeo 
lo que censura es que la motivación se base en un lenguaje susceptible de extender una 
sospecha de culpabilidad sobre el reclamante de turno, lo que sucedía en los asuntos 
Puig Panella y Tendam, pero no aquí. Añade que para cumplir con los criterios del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo tuvo que 
cambiar su jurisprudencia, excluyendo su anterior interpretación extensiva del artículo 
294.1 LOPJ. Ya en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada, 
sostiene que esta no adolece de un lenguaje que afecte a la culpabilidad del recurrente, 
limitándose a aplicar el supuesto de hecho legal (que, recuerda, no es considerado 
contrario al Convenio europeo de derechos humanos), al no existir hecho atípico o hecho 
no real, pero sin entrar a valorar la absolución por falta de pruebas o no participación.
Finalmente, rechaza se haya producido la lesión del derecho a la libertad, para lo cual 
hace cita del ATC 148/1998 (rectius, ATC 145/1998), que entiende «claro en este sentido».
8.  Por su parte, el Fiscal Jefe ante este Tribunal presentó el 24 de septiembre de 2013 
sus alegaciones por escrito, interesando que dictáramos sentencia «por la que se desestime 
por completo el recurso de amparo entablado». Tras compendiar los antecedentes de 
hecho relevantes, y resumir la demanda interpuesta, se refiere en cuanto al fondo, en primer 
lugar, a la queja de lesión del artículo 17 CE, la cual rechaza ante todo porque «su 
invocación se realiza de manera genérica y sin un mínimo desarrollo argumental, de modo 
que, tal y como se ha articulado la demanda, carece de alegación, soporte, argumentación y 
tratamiento específico». Sostiene en todo caso que una queja similar fue desestimada por el 
ATC 45/1998, de 22 de junio, y recuerda que, conforme a doctrina reiterada de este 
Tribunal, el derecho reconocido en el artículo 121 CE y desarrollado por los artículos 292 y 
siguientes LOPJ, no tiene el carácter de derecho fundamental.
En lo que concierne, en segundo y último lugar, a la denuncia de vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el escrito de alegaciones, luego de 
hacer un examen detallado de la doctrina de este Tribunal y de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 62. CEDH, afirma lo  e.
siguiente: «En definitiva, al fiscal, atendido lo hasta ahora expuesto, por un lado, se le  w.b
jEpuludarincotipeaeal,on  c ddoeum dDoa eslar es cophbreoress e sHni tuelam,  apqnrueoess u–dn icpceiuó enad deds ece rniinbtoeircnsedene carsi aeu  n–v tuacllrn iytee rrcaioodm aj uoor i lsnapo re upndoteiern nucdniaeal   ernel usTeorvilbuouc nidóaenll    2020-1106n https://w
Tporirb ufanlatal  Sduep prerumeob aq udee  ncoa rdgisot insugfuicei eenntter eo a ibns odluubciioó np rpoo rr eporo, bpaudeas  faa ltaam dbeo sp alortsic irpeamciitóen  ayl 
ámbito aplicativo del artículo 293 LOPJ; y que de hecho acaba finalmente afirmando que
quedan fuera del artículo 294 los casos de ‘inexistencia subjetiva’, por mor del tenor y 
alcance literal del precepto y la voluntad del legislador que solo se refiere a los casos de 
‘inexistencia  objetiva  del  hecho  imputado’,  lo  que  supone  no  atender  al  grado  de 
vinculación del reclamante con los hechos sino exclusivamente a la inexistencia objetiva 
material y/o a la atipicidad de éstos. Y, por otro, se le suscita la hipótesis de si un 
seguimiento radical y sin fisuras de la doctrina de las SSTEDH, dados los concretos 
términos en que se ha conducido el fundamento de Derecho V de la sentencia aquí 
impugnada, debería llevar a la apreciación de la vulneración por el simple modo y 
expresiones de lenguaje empleado en la medida en que puede reflejar dudas sobre la 
inocencia, por más que la motivación y las consecuencias resulten salvables.
En tal tesitura y dado que lo procedente es la definición de una postura, el fiscal se 
inclina, no sin matizaciones y ciertas reservas, por entender que procede desestimar el 
motivo, por las aludidas razones de que «la resolución judicial no colisiona frontal e 
indubitadamente con la doctrina judicial paneuropea en la medida en que, según su ratio 
decidendi, no exigió prueba de no participación para tener acceso a la indemnización 
(tampoco lo habría tenido si la hubiera aportado, dicho sea de paso porque su denegación 
se produjo por el nuevo criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo); y en que, en el fondo, 
finalmente no asigna consecuencias distintas a haber sido absuelto por in dubio pro reo o 
falta de prueba de cargo suficiente respecto de una absolución por probada falta de 
participación en el hecho, dado que ambas categorías de supuestos quedan sometidas al 
mismo régimen: exclusión del artículo 294 LOPJ (y remisión al artículo 293 LOPJ en el 
criterio jurisprudencial nuevo). Siendo esta la verdadera motivación, se entiende que el juicio 
de reproche constitucional sobre la resolución judicial puede ser más benigno en la medida 
que el lenguaje no tuvo consecuencias reales de cara a la solución del caso y no actualizó 
una vulneración palpable y concreta, ni puede asegurarse en el presente caso que sin lugar 
a dudas trasluce o refleja realmente un sentimiento judicial de culpabilidad sino que más 
bien puede valorarse como un vestigio de un modo de razonamiento que específicamente 
rechaza  en  el  fondo  el  tenor  de  la  propia  resolución  judicial  atendido  el  criterio 
jurisprudencial al que decididamente se abona».
9.  Sin haberse presentado alegaciones por el recurrente, se dictó diligencia de 
constancia el 2 de octubre de 2013, quedando el asunto pendiente para deliberación.
10.  Mediante sendos escritos presentados el 18 de mayo de 2018 y 7 de junio 
de 2019, la representante procesal del recurrente solicitó el impulso procesal con el fin 
de que el Tribunal resolviera el recurso presentado. Por diligencias de ordenación de la 
Sala Segunda de este Tribunal, de 21 de mayo de 2018, y 10 de junio de 2019, 
respectivamente, se acordó unir dichos escritos a las actuaciones.
11.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 10 de mayo de 2012, 
desestimatoria  del  recurso  contencioso-administrativo  número  483-2010  interpuesto  s
contra la resolución del secretario de Estado de Justicia de 28 de junio de 2010, recaída  oe.
en el expediente número 270-2009, que había rechazado la reclamación formulada por  w.
perl ovrTeisacinuotrnorae eln ly teo s bejder etpo o drseetesl prpioorenrsmseaenbnteitlei dp aarodbc seupseaolt trocimo.nosntiitaulc iodneal l cEosmtaod loo s ppolar ntheaabmeier ntsousf riindtoro dpurcisidióons   2020-1106n https://w
por las partes en el debate son sustancialmente coincidentes con los abordados por el Pleno
del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo 
núm. 4035-2012), a cuyos fundamentos jurídicos debemos remitirnos.
En concreto, en su fundamento jurídico 3 se rechazó el mismo óbice de admisibilidad 
planteado aquí por el Abogado del Estado. Como entonces desarrollamos, el objeto de la 
demanda de amparo abarca la resolución administrativa que deniega la indemnización y 
la resolución judicial que confirma tal denegación, sin que su contenido impugnatorio se 
proyecte solo a lesiones imputables en exclusiva a la sentencia de la Audiencia Nacional, 
de modo que no puede reprocharse un déficit de agotamiento conforme al artículo 43.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni, en general, una impugnación per 
saltum contraria a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo.
En  el  fundamento  jurídico  4  de  la  STC  125/2019,  ya  en  cuanto  al  fondo,  se 
determinaron  los  efectos  sobre  el  recurso  de  amparo  de  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma  causa»  del  artículo  294.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  por  la 
STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las 
resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que atendieron 
los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente–  materializan  la 
misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia 
(arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
artículo 14 CE y del artículo 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por 
ello, la retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del 
secretario de Estado de Justicia de 28 de junio de 2010, que denegó la indemnización y 
que origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de 
inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme 
a  las  exigencias  de  los  artículos  14  y  24.2  CE  en  los  términos  indicados  en  las 
STC 85/2019, FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Abdelilah El Fadual El Akil y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
de 10 de mayo de 2012, de la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de  la  Audiencia  Nacional,  dictada  en  el  recurso  contencioso-administrativo  número 
483-2010, y de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 28 de junio de 2010, 
recaída en el expediente número 270-2009.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma  e.e
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia. b
DPuabdalíq eune sMe aedsrtiad ,s ean dteiencciisaé iesn  deel  «dBicoielemtíbnr eO fdicei adl odse l mEisl taddieoc»in.ueve.–Encarnación Roca  2020-1106n https://w
STráíansc.h–eFze.–rnAanntodnoi oV Naaldrévsá eDz aRl-oRdérí.g–uJueaz.n– RAicnatordnoio  EXniroíql uReízo sS.a–nPcehdoro.– FJiormséa dGoo yn rzuáblerizc-aTdroe.vijano  BOE-A-cable e