BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72838
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10010 Sala Segunda. Sentencia 97/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo  6802-2019.  Promovido  por  doña  Esther  Rodríguez  Manzanares 
respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera 
instancia de Albacete en juicio verbal de desahucio arrendaticio. Vulneración 
del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión:  emplazamiento  mediante 
edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal 
(STC 30/2014).
ECLI:ES:TC:2021:97
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6802-2019, promovido por doña Esther Rodríguez 
Manzanares, contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Albacete, de 8 
de octubre de 2019, que acordó no haber lugar a la nulidad de actuaciones instada por la 
recurrente en juicio verbal de desahucio arrendaticio. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
noviembre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Olga Romojaro Casado, 
actuando en nombre y representación de doña Esther Rodríguez Manzanares, bajo la 
defensa de la letrada doña María Ángeles Seglar Ocaña, interpuso demanda de amparo 
contra la resolución arriba mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La  representación  procesal  de  doña  Esperanza  Gómez  Peña  formalizó 
«Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de la cantidad 
de seis mil ochocientos noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos (6893,74 
€)», contra la aquí recurrente en amparo, de la que se consigna su número de teléfono 
móvil, y contra don Antonio Díaz Díaz, si bien la demanda indica que con «carácter  s
subsidiario, y solo para el caso de que no se considere probada la existencia de un  e.
contrato de arrendamiento, se formula acción de desahucio por precario». w.
Se aportó con la demanda una copia del contrato de arrendamiento de la vivienda  010ww
odbej eAtolb adcee ltae ,c osnutsrocrviteor seian,t rseit ad oeñna la E csaplleer aHnezram aconmoso J aimrréennedza,d noúram, . y2 4d,o 4n. ºA Bn,t odnei ola  yc iduodñaad 
Esther como arrendatarios. El «Pacto» decimonoveno del contrato indica que a efecto de
notificaciones  a  la  parte  arrendataria,  se  fija  como  domicilio  el  de  la  propia  finca 
alquilada. En la copia aportada del contrato no aparecen las firmas de las partes.
El conocimiento de la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
Albacete,  juicio  verbal  de  desahucio  79-2019,  procediendo  a  dictar  el  letrado  de 
administración de justicia un decreto el 30 de enero de 2019 por el que admitió a trámite 
la demanda y acordó requerir a la parte demandada por plazo de diez días para que 
desalojaran el inmueble, pagaran a la parte actora o ejercitaran la enervación de la 
acción en los términos previstos en la ley. En la misma resolución señaló la vista para 
una eventual oposición el día 14 de marzo de 2019, y la práctica del lanzamiento de la 
demandada del inmueble el día 24 de abril de 2019, a las 9:30 horas.
b)  Consta en las actuaciones que la comisión judicial intentó el emplazamiento 
personal de la aquí recurrente y de don Antonio Díaz Díaz, los días 5 y 7 de febrero 
de 2019 en la vivienda objeto del desahucio, ambos con resultado infructuoso al no 
hallarse nadie en su interior.
Sin acordarse ninguna gestión más para localizar a la parte demandada, el letrado de 
la administración de justicia del juzgado a quo dictó una diligencia de ordenación el 13 de 
febrero de 2019 por la que dispuso lo que sigue: «de conformidad con lo previsto en el 
párrafo cuarto del artículo 440.3 LEC, procédase a fijar la cédula de requerimiento y 
citación en el tablón de anuncios de la oficina judicial», con cumplimiento de lo acordado.
c)  Al haberse vencido el plazo para la oposición de la demanda, sin verificarse esta 
al no haberse personado la parte demandada, el propio letrado de la administración de 
justicia dictó un decreto el 11 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva dice:
«Acuerdo: Dar por terminado el presente procedimiento de juicio verbal de desahucio 
instado por Esperanza Gómez Peña, frente a Esther Rodríguez Manzanares y Antonio 
Díaz Díaz, acordando el archivo del mismo.
Proceder a la ejecución directa sin necesidad de ningún otro trámite, practicándose la 
diligencia de lanzamiento del demandado (sic) de la finca sita Hermanos Jiménez, núm. 
24, 40 B (sic), de Albacete.
A tales efectos, se ratifica la fecha ya señalada para el día veinticuatro de abril de 
dos mil diecinueve a las 9:30 horas.
Dar traslado a la parte demandante a fin de que presente demanda de ejecución, en el 
caso de que desee proceder al despacho de la misma en cuanto a las rentas debidas y que 
no  han  sido  abonadas,  cantidad  que  asciende  a  día  de  hoy  a  6893,74  €  debiendo 
incrementarse la misma con las rentas que se devenguen hasta la entrega efectiva del 
inmueble, ateniendo a la última mensualidad reclamada en la demanda que es de 380 €».
d)  Con  fecha  25  de  julio  de  2019  la  representación  procesal  de  doña  Esther 
Rodríguez Manzanares, actuando en su exclusivo nombre, presentó escrito ante el 
juzgado a quo solicitando se la tuviera por personada, dándole copia de las actuaciones 
practicadas en el procedimiento (juicio verbal de desahucio 79-2019). El letrado de la 
administración de justicia proveyó a lo solicitado mediante diligencia de ordenación de 14 
de agosto de 2019, poniendo las actuaciones a su disposición en la sede del juzgado.
e)  Con fecha 5 de septiembre de 2019, la representación procesal de la aquí 
recurrente presentó escrito planteando incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
«a fin de que se declare la nulidad de las actuaciones desde que se adopta la diligencia 
de  ordenación  de  fecha  13  de  febrero  de  2019  procediendo  al  requerimiento  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Se 
alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), toda vez que  e
su patrocinada no fue emplazada personalmente en el proceso verbal de desahucio  bo
seguido en su contra y en el que resultó condenada, optándose por los edictos tras  010ww
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domicilio de la localidad de Tous el 19 de julio de 2019, momento en el que tuvo
conocimiento de la existencia de aquel proceso declarativo previo. Se cita en el escrito, 
doctrina  constitucional  sobre  el  carácter  subsidiario  del  emplazamiento  por  edictos, 
incluyendo la STC 122/2013.
f)  El  juzgado  a  quo  dictó  auto  el  8  de  octubre  de  2019,  juicio  verbal  de 
desahucio 79-2019, desestimando el incidente de nulidad –con condena en costas– 
conforme a lo expuesto en su razonamiento jurídico segundo:
«En este caso, la petición de nulidad debe rechazarse conforme a los artículos 164 
y 155.3 LEC.
La parte demandada, ahora promovente del incidente de nulidad, designó como 
domicilio a efectos de notificaciones la vivienda arrendada (estipulación 19 del contrato 
de 1 de mayo de 2017, aportado como documento 3 de la demanda rectora del juicio 
verbal 79-2019).
Los dos intentos de emplazamiento de los días 5 y 7 de febrero de 2019 resultaron 
infructuosos.
El emplazamiento se ajustó a las exigencias legales (no era preciso efectuar otras 
averiguaciones  domiciliarias  adicionales  para  el  emplazamiento  de  la  demanda  de 
desahucio) y fue la otrora (sic) demandada la que voluntariamente se colocó en situación 
de indefensión al desaparecer del domicilio arrendado, desatendiendo la más elemental 
diligencia.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación de la petición de nulidad; con 
condena en costas a la parte promovente (artículo 228 LEC y 241 LOPJ)».
Notificado el auto, se interpuso la presente demanda de amparo.
3.  La demanda de amparo alega la vulneración del derecho «a un procedimiento 
con las debidas garantías y sin indefensión», reiterando los argumentos vertidos en el 
escrito de nulidad de actuaciones, reprochando al juzgado que no realizara ninguna 
gestión  para  averiguar  su  domicilio  real  de  acuerdo  con  el  art.  156  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC) antes de acudir a la notificación por edictos, tal como exige la 
doctrina constitucional «incluso en los procedimientos arrendaticios (SSTC 30/2014, 
de 24 de febrero; 181/2015, de 7 de septiembre, y 137/2017, de 27 de noviembre)».
Alega que el juzgado disponía del número de identificación fiscal de la recurrente, 
pero  solo  al  llegar  la  «fase  ejecutiva»  fue  cuando  acudió  al  punto  neutro  judicial, 
obteniendo su domicilio en la ciudad de Tous (calle Padre Miguel Ángel, núm. 11 y/o 
Iglesia, 10), procediendo entonces «sin la menor dificultad a notificarle el proceso de 
ejecución de título judicial con fecha 19 de julio de 2019»; estando empadronada en Tous 
que es el lugar donde «vive toda su familia», y que en la demanda del juicio verbal se 
aportaba el número de teléfono móvil de la recurrente. Respecto de la pretensión de 
fondo, destaca que la parte actora aportó un contrato de arrendamiento sin firmas, por lo 
que no existía ningún documento que le vinculara con dicho domicilio, e incluso aquella 
formuló  pretensión  subsidiaria  de  desahucio  por  precario  por  si  no  se  daba  por 
acreditada la existencia del contrato. Se cita en la demanda la doctrina constitucional ya 
alegada en el escrito de nulidad, y también la STC 39/2018, de 25 de abril, sobre 
emplazamiento por edictos en los procesos arrendaticios, que reproduce.
El suplico de la demanda solicita la estimación del amparo y que este tribunal:
«1.º  Declare que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE).  2.º Declare la nulidad del 
auto 612/2019, dictado con fecha 8 de octubre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia  e.
núm. 2 de Albacete, dictado en el juicio de desahucio número 79-2019 así como de todo  w.
lo actuado a partir de la diligencia de ordenación de fecha 13 de febrero de 2019,  010ww
jiunzcgluasdivoe. , q3u.ºe  Rpreotcroetdraee ar l laresq uaecrtiumaiceinotnoe sm eadl iamnotem ecintatoc ióinnm eend iealt atmabelnótne  daen taenruionrc iaol  ddeel 
daiccotardrsóe c liata rd ialig leansc piaa rdtees o drdeemnaancdióand adse  pfeocr head i1c3to ds,e  pfaerbar eqrou ed es ed odsic tme iln udeievcain rueesvoelu, cqióune   BOE-A-cable e
respetuosa con el derecho fundamental reconocido, mediante emplazamiento personal. 
4.º Por vía de consecuencia declare la nulidad de las actuaciones judiciales que obran en 
el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  número  1020-2019,  como 
consecuencia de la nulidad absoluta del título que sustenta la ejecución.  5.º Por vía de 
consecuencia declare la nulidad de las actuaciones judiciales que obran en la pieza de 
tasación de costas 79-2019, como consecuencia de la nulidad del procedimiento y título 
judicial que lo sustenta».
4.  La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal 
Constitucional, dictó diligencia de ordenación el 3 de diciembre de 2019 requiriendo a la 
representante procesal de la recurrente para que aportara el poder acreditativo de su 
representación o bien otorgara esta por comparecencia apud acta, con advertencia de 
inadmitirse la demanda si no lo efectuaba en el plazo de diez días. Asimismo se dirigió 
atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Albacete, a fin de que 
remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes «al 
juicio verbal de desahucio 79-2019».
Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 15 de diciembre de 2019, la 
procuradora  actuante  adjuntó  testimonio  de  otorgamiento  de  poder  mediante 
comparecencia apud acta.
5.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 20 de julio de 2020 del 
siguiente tenor:
«La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a 
trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, habiéndose interesado ya la remisión de certificación de las actuaciones 
correspondientes al juicio de desahucio 79-2019, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la Ley Orgánica de este tribunal, diríjase atenta comunicación al Juzgado 
de Primera Instancia núm. 2 de Albacete a fin de que, en plazo que no exceda de diez 
días, proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la 
parte recurrente en amparo, para que, si lo desean, puedan comparecer en el presente 
recurso de amparo».
6.  Con fecha 31 de julio de 2020, el procurador de los tribunales don Domingo 
Rodríguez-Romera Botija, expresando que actuaba en nombre y representación de don 
Arturo Díaz López, solicitó se le tuviera como parte «recurrida» y se entendieran con 
dicho profesional las sucesivas actuaciones.
La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 18 de septiembre de 2020 del siguiente tenor:
«En el asunto reseñado se tiene por recibido el precedente escrito del procurador 
don Domingo Rodríguez-Romera Botija y, con carácter previo a acordar lo procedente 
sobre la personación interesada y el correspondiente traslado para las alegaciones 
previstas en el art. 52 LOTC, se concede al mencionado procurador un plazo de diez 
días para que aclare por quién se persona, toda vez que, en el escrito lo hace en nombre 
de don Arturo Díaz López y, en el formulario de registro por doña Esperanza Gómez 
Peña, debiendo acreditar en dicho plazo la representación que dice ostentar». e.e
Mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2020, el procurador indicado  010ww
sdsqoeeulñneicat rilteoóaf :ned dce«to Qivt isuaeeemm  tepunnovot iesey r  afhnonaor m sps oaiprd  teohar els ncyoho ncataiofsmimc daooidcs h saeae  sndn  imloingsaoe nmrneicfbqeiaruse tie adrcdeeieo   enodnerdo sleña, na ama ccEcisiesómdpniae e,ren aandnc ozlf aaear c alGhor a óei nmn2te e8traz/e1l  s0sPa/ee2dnñ0ota2.id»0o,,    OE-A-2021-10able en https://
Por diligencia de ordenación de 4 de noviembre de 2020 se unió este último escrito a 
las actuaciones, acordándose que «no habiendo acreditado la representación que dice 
ostentar de doña Esperanza Gómez Peña, conforme ya se le requería en la diligencia de 
fecha 18 de septiembre de 2020, se le concede un nuevo plazo de diez días, para que 
acredite la misma. Con apercibimiento que de no verificarlo se le tendrá por decaído en 
su derecho».
Finalmente, con fecha 18 de enero de 2021 el procurador aportó escritura notarial 
de 15 de enero de 2021, acreditativa de su representación.
7.  La secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 20 de enero de 2021, teniendo por personado y parte en el procedimiento 
al procurador don Domingo Rodríguez-Romera Botija en nombre y representación de 
doña Esperanza Gómez Peña, y concedió a las partes personadas y al Ministerio Fiscal 
un plazo común de veinte días, a fin de que pudieran formular alegaciones conforme 
determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
8.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el 5 
de febrero de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictase sentencia «con los 
siguientes pronunciamientos: 1.º Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia. 2.º 
Reconocer que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), del recurrente en amparo. 3.º Restablecer en su derecho al recurrente, 
acordándose la nulidad de todo lo actuado desde la notificación edictal por la cual se 
emplazó a la demandada en el procedimiento de juicio verbal de desahucio 79/2019 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Albacete. 4.º Retrotraer las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior a dicha notificación para que se le dé al recurrente 
posibilidad de comparecer en el proceso y actuar en defensa de sus intereses».
Luego de resumir los hechos relevantes del caso y precisar cuál es la resolución 
judicial  impugnada  por  la  demanda  y  el  derecho  fundamental  que  se  alega  como 
lesionado, el escrito de alegaciones de la fiscal afirma que este Tribunal Constitucional 
«ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre recursos de contenido 
similar, en la STC 30/2014», de la que reproduce parte de su FJ 3, y también en la 
STC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3, que reproduce en parte.
La aplicación de esta doctrina al presente caso comporta, según la fiscal, de acuerdo 
con lo sucedido, que el órgano judicial tras los dos intentos fallidos de notificación a la 
demandada en la vivienda objeto del contrato no llevó a cabo ninguna comprobación 
encaminada a conocer su verdadero domicilio, pese a constar su número de teléfono 
además de las posibilidades de acudir a los organismos públicos a los que se remite el 
art. 155.3 LEC, o a través de los medios del art. 156 LEC, acudiendo en cambio 
directamente a la vía de los edictos en la diligencia de ordenación del 13 de febrero 
de 2019. Pese a que la parte puso de relieve estos datos al juzgado en el escrito de 
nulidad,  continúa  explicando  la  fiscal,  aquel  se  limitó  a  hacer  una  interpretación  y 
aplicación literal del art. 164 LEC, la cual, añade, «es absolutamente contraria a la 
doctrina del Tribunal Constitucional […] lo que comporta la exigencia del emplazamiento 
personal de los afectados y que, la comunicación edictal en todo procedimiento de 
desahucio solo se utilice una vez agotados los medios de averiguación del domicilio del 
demandado». Por tanto, concluye, «se ha producido la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) que se denuncia en la demanda de 
amparo».
9.  Con fecha 22 de febrero de 2021 la representación procesal de la recurrente en  oe.
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desahucio, ha tenido desde entonces embargada su nómina». Se refiere además a la
providencia  de  admisión  a  trámite  del  recurso,  que  fija  la  especial  trascendencia
constitucional de este en la negativa manifiesta del órgano judicial al acatamiento de 
doctrina constitucional, diciendo el escrito que es «patente, que el órgano judicial, se 
aparta de la doctrina del Tribunal Constitucional que se ha trasladado en el ámbito del 
proceso de desahucio respecto del artículo 164 LEC (STC 30/2014, de 24 de febrero)». 
Reitera luego los argumentos de la demanda para fundamentar la obligación del órgano 
judicial de haber intentado localizarla en un domicilio alternativo, y finaliza solicitando que 
«al  igual  que  en  supuestos  similares  (STC  62/2020,  de  15  de  junio)»  el  Tribunal 
Constitucional declare que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a una tutela 
judicial efectiva sin indefensión, por la falta de diligencia del órgano judicial al no agotar 
los medios de averiguación de su domicilio real.
10.  La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este tribunal dictó diligencia 
el 26 de marzo de 2021, haciendo constar la presentación en plazo de escritos de 
alegaciones por la representación de la recurrente y por el Ministerio Fiscal, «habiendo 
precluido el plazo sin que conste presentado escrito» por la representación de la parte 
comparecida; quedando concluso el trámite.
11.  Mediante providencia de fecha 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso.
Se interpone demanda de amparo contra el auto del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de Albacete que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por 
la aquí recurrente, al haber sido emplazada por edictos en juicio verbal de desahucio 
arrendaticio seguido contra ella y contra otro codemandado que no ha formalizado 
amparo. Alega, así, que la notificación por edictos impidió su defensa dentro de ese 
proceso declarativo, del cual tuvo conocimiento al habérsele notificado una posterior 
demanda ejecutiva dimanante de aquel, vulnerándose con ello su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), pues el órgano judicial no agotó 
las posibilidades de emplazamiento personal en el juicio verbal referido, contrariando así 
la doctrina constitucional en la materia, siendo que su localización en su domicilio real en 
la localidad de Tous desde luego era posible. El fiscal ante este Tribunal Constitucional 
apoya la estimación del amparo.
2.  Aplicación de la doctrina de la STC 30/2014, de 24 de febrero.
Recientemente, a propósito del mismo problema jurídico constitucional que aquí se 
suscita, este tribunal ha recordado en la STC 82/2021, de 19 de abril, FJ 2, cuál es la 
doctrina dictada en relación con el deber de los órganos judiciales en cuanto a agotar las 
gestiones  para  procurar  el  emplazamiento  personal  de  la  parte  demandada  en  los 
procesos de desahucio arrendaticio:
«a)  Tanto la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para  la  implantación  de  la  nueva  oficina  judicial,  que  modificó  el  art.  686  LEC 
introduciendo un párrafo tercero, como la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, 
que modificó el art. 164 LEC introduciendo un párrafo cuarto, previeron como medidas  s
para la agilización de los procesos ejecutivos hipotecarios y declarativos de desahucio  o
eacdojqeeru craeeurlsrt,ea ppndoadonra dami oed ineatnder te opom,o  erar ennas dgpsaoeudtc aoctdi avosae omne  seetlnee ti lne trf,o ádqrmomumietae idcb ioyali  osdpt aearf siímjaaar ad enoal e  ilnraaat e  vfneíttaaho la edfcasei l elilndoetosfee   deccetdoo incset  mopsepo,nls a stzeinaeri mlo teriiecndoneantrdo t r qpaduoteoerl     2021-10010n https://www.
realizar las gestiones que para su efectiva localización ordena el art. 155.3 LEC en
diversos registros públicos.
Contra la aplicación literal de estos preceptos y sus consecuencias en orden a 
causar indefensión, sin embargo, se pronunció este Tribunal Constitucional tanto en la 
STC 122/2013, de 20 de mayo, respecto del art. 686.3 LEC, como poco tiempo después 
en la STC 30/2014, de 24 de febrero, respecto del art. 164 LEC; proclamando en ambos 
casos el deber judicial de realizar una interpretación secundum constitutionem de tales 
normas, lo que comporta que ante el resultado infructuoso del intento de emplazamiento 
en el domicilio señalado en el contrato, el órgano judicial ha de agotar las gestiones 
previstas en el art. 155.3 LEC para localizar al ejecutado o demandado, antes de acudir 
a los edictos, instrumento este que tiene siempre un carácter subsidiario. Cabe añadir 
que el art. 686.3 LEC fue modificado por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de 
reforma administrativa en el ámbito de la administración de justicia y del registro civil, 
disponiendo expresamente desde entonces que ante el intento fallido de emplazamiento 
personal, la oficina judicial ha de realizar "las averiguaciones pertinentes para determinar 
el domicilio del deudor" antes de ordenar la publicación de edictos. Por el contrario, y sin 
que se alcancen a entender las razones de ello, el legislador ha mantenido la misma 
dicción del art. 164 párrafo cuarto LEC hasta hoy, […].
[…]
b)  En lo que aquí importa destacar, y tal como acaba de decirse, la STC 30/2014 
explica en su fundamento jurídico 3 lo siguiente:
"[E]ste  tribunal  se  ha  pronunciado  en  reiteradas  ocasiones,  señalando  la  gran 
relevancia  que  posee  la  correcta  constitución  de  la  relación  jurídica  procesal  para 
garantizar el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la posibilidad 
de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses 
legítimos. De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano 
judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha 
de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación 
es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e 
intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que 
se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de 
indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de 
incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado 
voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros 
medios  distintos  de  su  existencia,  si  bien  es  necesario  recordar  que  la  posible 
negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal 
de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de 
la queja,'no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, 
sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la 
tacha de indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso 
si así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; y 182/2000, de 16 de mayo, 
FJ 5)' (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4).
Por las razones expuestas, y como también hemos razonado, recae sobre el órgano 
judicial no solo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación 
procesal, sino también el de asegurarse que dichos actos sirven a su propósito de 
garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia 
del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del 
empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio 
de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos 
declarado que cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las  e.
partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma  w.b
personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta  010ww
SfoSrmTCa  4d0e/2 0n0o5t,if idcea c2ió8n d ea fnetberse rod,e F Ja 2c;u 2d9ir3 /a2 00la5 , dneo t2ifi1c adcei ónno vpieomr breed,i cFtJo s2 , (yp 2o4r 5/t2o0d0a6s,, 
de 24 de julio, FJ 2)".
Y más adelante en el fundamento jurídico 5:
"A la conclusión alcanzada no cabe oponer, como sostiene el órgano judicial en el 
auto de 18 de octubre de 2011, que desestima la solicitud de nulidad interpuesto por el 
recurrente, que la Ley de enjuiciamiento civil no exige realizar mayores averiguaciones 
tras la reforma llevada a cabo mediante por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. Como 
ya  advertimos  en  la  STC  122/2013,  de  20  de  mayo,  en  relación  con  los  juicios 
hipotecarios y la reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre –reforma 
muy semejante en sus términos a la que ahora analizamos–, la doctrina constitucional en 
materia  de  emplazamientos  es  una  doctrina  muy  consolidada  que  no  puede  verse 
interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 
Cierto es que la Ley 19/2009 reforma el art. 164 LEC relativo a la comunicación edictal 
como forma de comunicación procesal y añade a dicho precepto un segundo párrafo 
relativo a los desahucios en un arrendamiento por falta de pago de las rentas, que 
dispone: "En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de 
rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los 
procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere 
hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el 
segundo  párrafo  del  número  3  del  artículo  155,  ni  hubiese  comunicado  de  forma 
fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que este no 
se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial." Pero, como pusimos de manifiesto en la 
STC  122/2013,  de  dicho  precepto  ha  de  realizarse  una  interpretación  secundum 
constitutionem integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este tribunal en 
cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el 
derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal 
en todo procedimiento de desahucio solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los 
medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado.
Por lo demás, se trata, en todo caso, de una operación sencilla que no requiere 
mayor esfuerzo intelectual, pues el nuevo párrafo del art. 164 LEC tiene una remisión 
legislativa al art. 155.3 LEC y este precepto no limita el domicilio a uno, sino a varios. Así 
se deduce de la lectura de su contenido, a tenor del cual: 'A efectos de actos de 
comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal 
o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en registro oficial 
o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de 
empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban 
colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos 
efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional […]'.
En consecuencia, ha de concluirse que en el presente caso se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante, por la falta de 
diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios de averiguación del 
domicilio real para obtener una notificación personal y efectiva, cuando además constaba 
identificado  otro  domicilio  del  recurrente  a  los  efectos  de  notificaciones  en  los 
documentos aportados con la demanda".
Esta doctrina sobre el art. 164 LEC y el correcto modo de efectuar el emplazamiento 
en  los  procesos  de  desahucio  arrendaticio,  se  ha  reiterado  en  las  posteriores 
SSTC 181/2015, cit., FJ 4; 137/2017, cit., FJ 4; 39/2018, de 25 de abril, FJ 3; 123/2019,  e
de 28 de octubre, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2; y 20/2021, de 15 de febrero,  bo
FJ 2». 010ww
reprAod eulclairss ed eebne p aagrtree.garse, precisamente, la STC 82/2021, de 19 de abril, que acaba de
Pues bien, la aplicación de la doctrina de referencia conduce a la estimación de la
presente demanda de amparo. De un lado, se constata que el juzgado a quo se limitó a
intentar el emplazamiento de los demandados –entre ellos la aquí recurrente– en el 
domicilio de la finca objeto de la acción de desahucio, que corresponde también con el 
designado a efecto de notificaciones en la copia del contrato aportado por la parte actora 
en la instancia. En el auto que aquí se impugna, el juzgado sostiene que actuó conforme 
a las exigencias legales –art. 164 LEC–, pese a que la recurrente, en su escrito de 
nulidad, hizo cumplida cita de la reiterada doctrina constitucional que, como se ha 
expuesto, no releva en estos procesos verbales del intento de averiguación del domicilio 
real del demandado por alguno de los medios que brindan los arts. 155.3 y 156 LEC. 
Doctrina que, al margen de tal invocación, obviamente el juez tenía el deber de conocer.
De otro lado, resulta que la localización de la recurrente resultaba sin duda factible, 
tanto porque en la demanda de instancia se facilitaba su número de teléfono móvil, sin 
que conste sin embargo intento alguno de contactarla, como porque una consulta al 
punto neutro judicial habría deparado un resultado positivo, como efectivamente sucedió 
cuando el juzgado utilizó esta vía para notificarle personalmente en su domicilio de Tous, 
y lo logró, la demanda ejecutiva despachada a trámite tras el decreto del letrado de la 
administración de justicia que puso fin al proceso declarativo de desahucio seguido a sus 
espaldas.
Procede por tanto que se acuerde el amparo que se solicita, con nulidad tanto del 
auto de 8 de octubre de 2019 como de la diligencia de ordenación de 13 de febrero 
de 2019, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a recaer esa misma 
diligencia en el juicio verbal de desahucio 79-2019, incluyendo la pieza de tasación de 
costas y el proceso de ejecución judicial 1020-2019, con retroacción del procedimiento al 
momento inmediatamente anterior a su dictado, a fin de que en su lugar se pronuncie 
otra resolución que resulte respetuosa del derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por doña Esther Rodríguez Manzanares, por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión; con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad: (i) del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
Albacete,  de  8  de  octubre  de  2019,  dictado  en  el  juicio  verbal  de  desahucio  y 
reclamación de rentas núm. 79-2019, (ii) de la diligencia de ordenación de 13 de febrero 
de 2019 dictada en el mismo procedimiento, y (iii) de todas las actuaciones realizadas 
desde el dictado de dicha diligencia de ordenación, incluyendo la pieza de tasación de 
costas y el proceso de ejecución judicial 1020-2019.
3.º  Retrotraer el procedimiento a la fecha inmediatamente anterior a la de dictarse 
la diligencia de ordenación de 13 de febrero de 2019 que acordó la notificación por 
edictos, a fin de que en su lugar se dicte otra resolución que resulte respetuosa del 
derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». s
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.– w.b
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  010ww
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.