BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 54159
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
7479 Conflicto  de  Jurisdicción  n.º  4/2020,  suscitado  entre  el  Juzgado  de  lo 
Mercantil n.º 3 de Pontevedra y el Delegado del Gobierno en Galicia.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 1/2021
Fecha Sentencia: 24/03/2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto art.38 LOPJ.
Número del procedimiento: 4/2020.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Competencia.
Fecha de votación y fallo: 15/03/2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.
Procedencia: Juz. Mercantil n.º 3 de Pontevedra.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por:
Nota:
Resumen:
Conflicto  de  Jurisdicción  Positivo  entre  el  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  3  de 
Pontevedra y la Delegación del Gobierno en Galicia (autoridad portuaria de Vigo).
Conflicto art.38 LOPJ núm.: 4/2020,
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 1/2021
Excma. Sra. y Excmos. Sres.
Don Carlos Lesmes Serrano, presidente.
Don Ángel Ramón Arozamena Laso.
Don Rafael Toledano Cantero.
Doña Paz Andrés Sáenz de Santa María.
Don Fernando Ledesma Bartret.
Don Alberto Aza Arias.
Madrid, 24 de marzo de 2021.
Este Tribunal ha visto el presente conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado  o
dcoen clHoua r sMsoied nrocú apmno.tn i1le 8nn/t2úe0m e1.l1  E,3 rx ecdlmaet oivP.o So anr. t ledavo mend eRrraca afayne tilel  TFl oaDlecetdolaernígaoas d CVoau nldcteealrn ooG., oSb.iAe.rno  en  Galicia,  en  2021-7479n https://www.
Antecedentes de hecho
Primero.
Por resolución de 26 de junio de 2009, del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, se otorgó a Factorías Vulcano, S.A. una concesión sobre dominio 
público portuario, unificando, así, las concesiones anteriormente otorgadas. El destino de 
la concesión era la construcción y reparación naval, y su plazo finalizaría el 15 de 
diciembre de 2027.
Por auto de 19 de enero de 2011, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, 
en el procedimiento de concurso ordinario núm. 18/2011, declaró a la mercantil Factorías 
Vulcano, S.A. en concurso voluntario.
Mediante auto de fecha 3 de julio de 2019, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Pontevedra acordó la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores de 
Factorías Vulcano, S. A., declaró disuelta la entidad y el cese de la administradora única, 
que sería sustituida por la administración concursal.
Por auto de 20 de noviembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Pontevedra aprobó, con determinadas modificaciones, el plan de liquidación propuesto 
por la administración concursal, en el que se incluyó, como parte de los activos de la 
unidad productiva y para su enajenación o transmisión, la concesión demanial que tenía 
otorgada Factorías Vulcano S.A. en el puerto de Vigo, otorgada por resolución de 26 de 
junio de 2009, del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, que 
concedía un derecho de uso exclusivo y temporal de una determinada superficie de 
terreno de dominio público y de lámina de agua en las que llevar a cabo actividad de 
construcción y reparación naval.
Disconforme con la anterior resolución, la representación de la Autoridad Portuaria 
de Vigo interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. A 
solicitud  de  dicha  parte  apelante,  y  previa  audiencia  de  las  partes  personadas,  el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, por auto de 12 de diciembre de 2019, 
adoptó  la  medida  cautelar  de  prohibición  de  enajenar  la  concesión  administrativa 
mientras no fuera resuelto el recurso.
El recurso de apelación fue desestimado por auto de 15 de abril de 2020 de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra y mediante auto de 6 de mayo de 2020, el Juzgado 
de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra levantó la suspensión del plan de liquidación en lo 
referente  a  la  venta  de  la  unidad  productiva,  produciéndose  actuaciones  por  la 
administración  concursal  dirigidas  a  la  venta  de  la  unidad  productiva  a  la  entidad 
mercantil Marina Meridional S.A., con inclusión de la concesión demanial en el puerto de 
Vigo. Por auto de 27 de julio de 2020, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra 
requirió a la citada mercantil a pagar el precio ofertado.
El 20 de octubre de 2020, la Delegación del Gobierno en Galicia dirigió oficio de 
inhibición al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra para que declinara su 
jurisdicción respecto de las actuaciones relacionadas con la enajenación de la concesión 
demanial, requerimiento que fue resuelto por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Pontevedra,  mediante  auto  de  30  de  noviembre  de  2020,  en  el  que  rechazó  el 
requerimiento y planteó formalmente conflicto de jurisdicción, remitiendo lo actuado a 
este Tribunal.
Tras la formalización del conflicto, mediante auto de 4 de diciembre de 2020, el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, en resolución de la solicitud de la 
administración concursal y de Marina Meridional S.A., sobre «[…] autorización judicial  e.
para el pago aplazado […]», resolvió «[…] proclamando la facultad de la administración  w.b
concursal para enajenar los bienes, con sujeción y dando cumplimiento a lo establecido  79ww
en el plan de liquidación […]».
Segundo.
Recibidas en el Tribunal Supremo las actuaciones y el expediente administrativo 
relativos a este conflicto, se dio traslado de las mismas al Ministerio Fiscal y a la 
Administración por plazo común de 10 días.
En escrito presentado el 3 de febrero de 2021, el Ministerio Fiscal rechaza que 
resulte inadmisible el conflicto de jurisdicción planteado, a pesar de que cuando se 
promovió el conflicto ya había ganado firmeza el auto de 20 de noviembre de 2019 –por 
el que se aprobaba el plan de liquidación en el que se incluía la concesión administrativa 
como parte de los activos susceptibles de enajenación o transmisión–, ya que, afirma, 
desde un punto de vista práctico el conflicto surge cuando el auto de 6 de mayo de 2020 
acuerda levantar la suspensión del plan de liquidación dando paso a las actuaciones 
para la enajenación de la concesión. Por lo tanto, prosigue, cuando la Delegación del 
Gobierno en Galicia, como consecuencia de tales actuaciones, cursa oficio de inhibición 
al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, obra conforme a la salvedad del art. 7 
LOCJ, pues lo hace al activarse la ejecución del plan de liquidación que el auto de 20 de 
noviembre de 2019 había aprobado.
En cuanto al fondo, razona que la apertura de la fase de liquidación del concurso 
acarrea la declaración de disolución del concursado cuando se trata de persona jurídica, 
disolución que fue declarada en el auto de 3 de julio de 2019 del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 3 de Pontevedra por el que se abrió la fase de liquidación del concurso de 
acreedores de la mercantil Factorías Vulcano, S.A. y que, conforme a lo dispuesto en el 
art. 96.e) TRLPE, las autorizaciones y concesiones se extinguen por disolución de la 
sociedad, salvo supuestos de fusión o escisión –lo que no es el caso–, tal y como ya 
establecía con anterioridad el art. 121. e) Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. De manera 
que,  argumenta  el  Ministerio  Fiscal,  la  extinción  legal  contemplada  en  el  referido 
art. 96.e) TRLPE es la coherente consecuencia de que a la autoridad portuaria le 
corresponde, conforme al art. 25. b) TRLPE, la ordenación de la zona de servicio del 
puerto y de los usos portuarios, razón por la se atribuye a su consejo de administración 
la función de otorgar concesiones y autorizaciones –art. 30.5.n) TRLPE–. Por último, 
sostiene que la especialidad del art. 146 bis.2 LC –que permite que en la transmisión de 
unidades productivas se cedan licencias o autorizaciones administrativas afectas a la 
continuidad  de  la  actividad  empresarial–  no  se  puede  extender  a  las  concesiones 
administrativas,  pues  ello  constituye  una  interpretación  extensiva  que  quebraría  el 
principio de legalidad impuesto por el art. 9.3 CE. Considera que el régimen de las 
concesiones demaniales es diferente de las autorizaciones y licencias administrativas y 
que la satisfacción del interés público que se quiere proteger a través del especial 
régimen de la concesión administrativa, exige trascender de los principios que inspiran la 
legislación concursal –especialidad, continuidad de la actividad empresarial o profesional 
y enajenación como un todo de la unidad productiva– y sirve de razón de ser para que el 
legislador no incluya las concesiones en el art. 146 bis.2 LC, junto a las licencias o 
autorizaciones, como susceptibles de cesión. Concluye que el conflicto de jurisdicción 
debe resolverse en el sentido de «[…]declarar que a la Autoridad Portuaria de Vigo 
corresponde la competencia para conocer de la declaración de extinción de la concesión 
demanial de dominio público portuario estatal en el Puerto de Vigo y que, en su día se 
otorgó a Factorías Vulcano S.A. y así como que también le corresponde –a la misma 
Autoridad– la competencia para conocer de las consecuencias jurídicas que de tal 
declaración se deriven en el ámbito administrativo, con procedencia de la inhibición del  e.
Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra, que cesaría en la prosecución de las  w.b
actuaciones enajenatorias de la citada concesión demanial, sin perjuicio de continuar  79ww
eCjoenrcciuernsdoo O srud injuarrisiod iNcc.ºi ó1n8 /d2i0c1h1o  […Ju]z»g.ado por lo demás que hace a las actuaciones de
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en el que solicita que se resuelva el conflicto planteado «[…] declarando la competencia
excluyente  y  exclusiva  de  la  Autoridad  Portuaria  para  declarar  la  extinción  de  la 
concesión  […]».  Argumenta  que  la  declaración  como  subsistente  de  la  concesión 
demanial por parte del juzgado, imponiendo su mantenimiento en manos de un nuevo 
titular, supone ejercer competencias que no son judiciales, sino administrativas. Señala 
que, conforme a la doctrina del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales (STCJ núm. 
3/2017, de 12 de julio), el principio de universalidad que establece la Ley Concursal, al 
atribuir jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso, debe ser objeto de 
interpretación estricta, pues está sujeta a ciertos límites, entre ellos, la prerrogativa de 
autotutela administrativa otorgada por la legislación de contratos del sector público, 
potestad de la Administración en cuyo ejercicio no puede interferir el juez del concurso.
Rechaza la alegación de inadmisibilidad del planteamiento de conflicto de jurisdicción 
por razón de la firmeza del auto de 15 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra  que  –afirma–  no  es  obstáculo  para  el  planteamiento  del  conflicto  de 
jurisdicción, ya que se está ante la excepción contemplada en el art. 7 LOCJ, en el 
sentido de que el conflicto nace con motivo de la ejecución o afecta a facultades 
administrativas que han de ejercitarse en trámite de ejecución.
Tercero.
En providencia 9 de febrero de 2021 se señaló para resolución del presente conflicto 
el día 15 de marzo a las 12.30 horas, fecha en que tuvo lugar.
Fundamentos de Derecho
Primero.  El objeto del conflicto positivo de jurisdicción.
El presente conflicto positivo de  jurisdicción  se plantea entre la Delegación del 
Gobierno en Galicia y el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, al rechazar este 
último,  por  auto  de  30  de  noviembre  de  2020,  el  requerimiento  de  inhibición  que 
formalizó el Delegado del Gobierno en Galicia, en escrito de 20 de octubre de 2020, en 
el concurso ordinario de acreedores 18/2011, seguido respecto a la entidad Factorías 
Vulcano, S.A.
La Administración requirió al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra para que 
declinase su jurisdicción, a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de la 
concesión demanial en el puerto de Vigo, que fue otorgada en su día por la Autoridad 
Portuaria  de  Vigo  a  favor  de  la  concursada,  la  mercantil  Factorías  Vulcano  S.A. 
Considera la Administración requirente que las actuaciones del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 3 de Pontevedra, dirigidas a enajenar la concesión como elemento integrante de la 
unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria 
de  Vigo  para  proseguir  y  resolver  el  procedimiento  por  ella  incoado  respecto  a  la 
extinción  de  la  concesión  demanial  a  favor  de  Factorías  Vulcano  S.A.,  como 
consecuencia  de  la  apertura  de  la  fase  de  liquidación  del  concurso  de 
acreedores 18/2011, y la consiguiente extinción de personalidad jurídica de Factorías 
Vulcano, S.A.
Segundo.  Rechazo de las alegaciones de inadmisibilidad del conflicto de jurisdicción.
La primera cuestión que  hemos  de examinar es  la  eventual inadmisibilidad del 
planteamiento de este conflicto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley  s
Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales (en adelante, LOCJ),  o
invocado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra. Tanto la Administración  w.
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originan por la discrepancia que se produce entre el ejercicio de la potestad de autotutela
administrativa  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  reconoce  a  las  Administraciones
Públicas, y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado,  que  por  expreso  mandato  constitucional  y  legal,  ex  artículos  117.3  de  la 
Constitución  y  2.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  corresponde  a  jueces  y 
tribunales.
El modo de dirimir tales controversias se contiene en la referida LOCJ, que encarga a 
este Tribunal de Conflictos la decisión sobre la competencia –en este caso, entre la 
Administración Pública (Delegado del Gobierno de Galicia) y el órgano judicial (Juzgado 
de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra)– para conocer de la cuestión suscitada, cuando 
ambos reclaman la misma para sí, como sucede en el caso del conflicto positivo en que 
nos encontramos. Así pues, no corresponde a este Tribunal, por exceder del ámbito 
indicado, examinar la cuestión de fondo sobre la que versa el litigio, que ha de ser 
resuelta en el seno del procedimiento en que se dicte.
Acorde con el marco jurídico y la delimitación legal expuesta, el artículo 8 de la 
expresada LOCJ dispone que:
«[…] los jueces y Tribunales no podrán suscitar conflictos de jurisdicción a las 
Administraciones Públicas en relación con los asuntos ya resueltos por medio de acto 
que haya agotado la vía administrativa […]».
En simetría con tal previsión legal, el artículo 7 señala que:
«[…] no podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales en 
los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso 
de casación o de revisión [...]».
El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra opone, como primer motivo para 
rechazar el requerimiento de inhibición, la firmeza del auto de 20 de noviembre de 2019, 
en que se aprobó el plan de liquidación del concurso presentado por la administración 
concursal, y en el que, según afirma el referido auto, se prevé la transmisión del conjunto 
de la unidad productiva de construcción y reparación naval, con inclusión de la concesión 
otorgada el 26 de junio 2009 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Vigo a Factorías Vulcano, S.A. El auto de 20 de noviembre de 2019 fue recurrido en 
apelación por la representación de la autoridad Portuaria de Vigo ante la Audiencia 
Provincial  de  Pontevedra  que,  por  auto  de  15  de  abril  de  2020  recaído  en  el 
rollo 31/2020, desestimó la apelación y confirmó el auto del Juzgado, que devino firme.
Según jurisprudencia consolidada de este Tribunal, el art. 7 de su Ley Orgánica no 
permite plantear un conflicto de jurisdicción si la interpelación o solicitud de inhibición se 
produce cuando el acto que se considera indebidamente realizado ya ha agotado sus 
efectos; así, por ejemplo, cuando se han adjudicado ya los bienes (sentencias de 17 de 
noviembre de 1992, conflicto 5/1992, y de 22 de julio de 1998, conflicto 68/1997). Ello es 
así, según la sentencia 1/2006, de 23 de enero, incluso en los supuestos en que se 
hubiese  procedido  indebidamente  en  perjuicio  de  la  competencia  del  organismo 
requirente, porque a este Tribunal no le corresponde extenderse en cuestiones ajenas al 
conflicto planteado, como es el examen del fondo de un asunto ya enjuiciado y resuelto, 
y  ha  de  limitar  su  fallo  a  resolver  a  cuál  de  las  dos  autoridades  en  discrepancia 
corresponde seguir conociendo, o dejar de hacerlo, de la cuestión sobre la que se 
plantee la controversia competencial, de modo que, si la actuación controvertida ha 
concluido, el conflicto carece de razón de ser, tanto desde el punto de vista meramente 
especulativo como estrictamente normativo (en el mismo sentido, la sentencia 10/2007, 
de 6 de noviembre). e.
En el conflicto que pende ante este Tribunal, la firmeza del auto de 20 de noviembre  w.
de 2019 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, que aprueba el plan de  79ww
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jurisdicción,  con  los  efectos  que  establece  el  art.  11.1  de  la  LOCJ,  respecto  a  la
suspensión del procedimiento, en lo que se refiere al asunto cuestionado y hasta la 
resolución del conflicto.
El art. 7 de la LOCJ no excluye el planteamiento del conflicto cuando nazca o se 
plantee con motivo de la ejecución de resoluciones judiciales firmes o afecte a facultades 
de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución. Lo relevante en 
este  caso,  en  que  se  alega  la  firmeza  de  auto  de  20  de  noviembre  de  2019,  es 
determinar el alcance y efectos jurídicos del plan de liquidación aprobado en el citado 
auto y ratificado en apelación por el de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 
fecha 15 de abril de 2020. Tan sólo al contenido de lo allí resuelto puede extenderse la 
proscripción de suscitar ulterior conflicto de jurisdicción, y siempre sin perjuicio de la 
excepción de los que puedan suscitarse en el trámite de ejecución.
En tal sentido, cabe señalar que el plan de liquidación regulado en el art. 148 de la 
Ley Concursal de 2003 (actual art. 416 del Texto refundido de la Ley Concursal) es el 
documento en el que la administración concursal expone los pasos que propone seguir 
para la realización de los activos y los plazos y medios necesarios para ello, en atención 
a las circunstancias que concurran en el concurso. Ahora bien, en el plan de liquidación 
y, por ende, en la resolución judicial que lo aprueba, no se adopta decisión alguna que 
incida sobre las características o situación de los bienes o concretos derechos cuya 
enajenación se proponga y, por tanto, en nada afecta a la eventual extinción ex lege de 
la concesión demanial.
Este limitado alcance, de mera planificación de las actuaciones de liquidación, se 
pone de manifiesto en que cabe la ulterior modificación del plan de liquidación, como de 
forma explícita reconoce el art. 420 del TRLC, y así lo hace notar el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 3 de Pontevedra en las consideraciones del auto de 4 de diciembre 
de 2020, que rechaza pronunciarse, a solicitud de la administración concursal, sobre 
determinados aspectos del pago aplazado de la enajenación de la unidad productiva. 
También es revelador del limitado alcance del plan de liquidación que es un documento 
contingente, prescindible, pues a falta del mismo, o en lo que no esté previsto, se 
actuará en la liquidación con aplicación de las reglas legales supletorias que recoge el 
art. 149 de la LC.
De todo ello cabe concluir que ninguna incidencia tuvo la aprobación del plan de 
liquidación sobre la situación de la concesión demanial, porque, no siendo su objeto, no 
contiene pronunciamiento alguno sobre la eventual extinción ex lege de la concesión 
demanial.
Por consiguiente, la Administración planteó el requerimiento de inhibición ante los 
preparativos para la enajenación de la concesión y las resoluciones judiciales dictadas 
con tal propósito, que, efectivamente, son actuaciones que afectan al ejercicio de las 
competencias de la Administración para la declaración de la extinción de la concesión.
Por último, conviene precisar que la eventual continuación en estas actuaciones por 
el  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  3  de  Pontevedra,  incluso  tras  el  auto  de  30  de 
noviembre de 2020, que rechazó el requerimiento de inhibición y tuvo por planteado el 
conflicto de jurisdicción, no tiene incidencia alguna sobre la correcta formalización del 
conflicto y su resolución por este Tribunal.
Tercero.  El juicio sobre el conflicto jurisdiccional.
En  cuanto  al  fondo,  el  conflicto  debe  ser  estimado  y  procede  declarar  que  la 
jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su eventual extinción corresponde 
a la Administración que ha suscitado el conflicto, ya que la actuación del Juzgado de lo  e.
Mercantil núm. 3 de Pontevedra invade las potestades de la Autoridad Portuaria de Vigo  w.b
sobre gestión del dominio público portuario, así como su competencia para constatar y  79ww
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normativa  de  contratos  del  sector  público.  Así  se  desprende  del  art.  4.1.o)  de  la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector público, vigente al tiempo en que 
fue otorgada la concesión sobre dominio público portuario a que se refiere el conflicto 
jurisdiccional, y lo establecen los posteriores textos legales que regulan la normativa de 
contratación  del  sector  público,  concretamente  el  art.  4.1.o)  del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector público, y el art. 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos  del  Sector  Público  (LCSP).  Conforme  a  estos  preceptos  legales,  las 
concesiones sobre bienes de dominio público se han de regular por su legislación 
específica, salvo en los casos en que se declaren expresamente de aplicación las 
prescripciones de tales leyes.
Ahora bien, esa legislación específica no es la legislación concursal, como afirma el 
auto  de  15  de  abril  de  2020  de  la  Audiencia  Provincial  de  Pontevedra,  en  cuya 
argumentación se apoya el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra para rechazar 
el requerimiento de inhibición. La ley especial aplicable al dominio público portuario en la 
fecha  de  otorgamiento  de  la  concesión  demanial  a  que  se  refiere  el  conflicto 
jurisdiccional, estaba constituida por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo, LPE) y la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general,  ambas  derogadas  por  la  disposición  derogatoria  única  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya entrada en vigor tuvo lugar 
el 21 de octubre de 2011.
Con arreglo a dicha legislación, corresponde a la autoridad portuaria la gestión del 
dominio público portuario –arts. 36.d) LPE; 92.2 Ley 48/2003 y 25.d) TRLPE– y, entre 
otras facultades, compete a la autoridad portuaria otorgar las concesiones del dominio 
público portuario –arts. 37.j) LPE; 106.1 Ley 48/2003 y 26.l) TRLPE– así como declarar, 
mediante el correspondiente procedimiento, no sólo la caducidad de la concesión, sino 
también su extinción, que se produce ex lege en el caso de disolución o extinción de la 
personalidad  jurídica  de  la  sociedad  titular  de  la  concesión  demanial,  salvo  en  los 
supuestos de fusión o escisión. Así lo disponen el art. 121.e) Ley 48/2003 y el art. 96.e) 
TRLPE.
Esta legislación específica, que es aplicable con independencia de que la entidad 
concesionaria se encuentre o no en situación de concurso de acreedores, atribuye de 
forma  exclusiva  a  la  Administración  portuaria  las  competencias  para  constatar  la 
extinción de la concesión. Se trata de una competencia que no es desplazada, en caso 
de concurso de la concesionaria, por la previsión del art. 146 bis.2 de la Ley Concursal, 
al que se refiere el auto de 15 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra. 
El art. 146 bis.2 de la Ley Concursal dispone que en caso de transmisión de unidades 
productivas  «[…]  [t]ambién  se  cederán  aquellas  licencias  o  autorizaciones 
administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e 
incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la 
actividad en las mismas instalaciones […]». Por tanto, no hace mención alguna a las 
concesiones, tampoco a las demaniales.
Los conceptos de licencias o autorizaciones administrativas no pueden ser aplicados 
extensivamente a la institución de la concesión administrativa de dominio público, pues 
la concesión demanial es una institución jurídica con denominación específica, que ni tan 
siquiera es mencionada en la norma concursal. Por otra parte, la naturaleza jurídica de la 
concesión no puede asimilarse a las licencias y autorizaciones administrativas a que se  s
refiere el art. 146 bis.2 de la LC, pues el grado de afectación del dominio público es, sin  oe.
duda, más intenso en las concesiones demaniales, al otorgar al concesionario una  w.
posición jurídica reforzada, que le confiere el derecho de uso exclusivo y temporal de  79ww
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condiciones de la concesión y la indemnidad del bien concedido, de tal manera que se 
garantice la protección del interés público que es inmanente a toda concesión.
Tampoco existe en la norma de la ley concursal ningún elemento funcional que 
permita  sostener  que  sea  su  propósito  incidir  en  el  régimen  jurídico  propio  de  las 
concesiones  demaniales,  en  particular,  en  las  causas  por  las  que  se  produce  su 
extinción. En la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción núm. 3/2017, de 12 
de julio, ya se destaca la relevancia de este criterio de interpretación, puesto que «[…] la 
jurisdicción  atribuida al juez del concurso para  conocer de cualesquiera cuestiones 
relacionadas con el proceso universal, con desplazamiento del órgano primariamente 
competente –sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo– supone una excepción al 
principio de improrrogabilidad y, por ello, debe ser objeto de una interpretación estricta y 
está sujeta a ciertos límites […]» que deben presidir, también aquí, la interpretación del 
art. 146 bis de la Ley Concursal (en idéntico sentido, la sentencia del Tribunal de 
Conflictos Jurisdiccionales 5/2016, de 15 de diciembre).
Desde una perspectiva funcional también se aprecia la ausencia de conexión entre 
las competencias de la jurisdicción del concurso de acreedores y la de gestión del 
dominio  público.  Así,  la  actuación  administrativa  para  constatar  y  declarar  la 
concurrencia de causa de extinción ex lege de la concesión demanial, por causa de la 
disolución de la sociedad concesionaria, no constituye una forma de ejecución sobre el 
patrimonio  de  la  sociedad  concesionaria,  por  lo  que  ninguna  conexión  presenta  el 
ejercicio de esta potestad administrativa con la propia de la jurisdicción del concurso. Y 
es  una  cuestión  ajena  a  este  conflicto  de  jurisdicción  la  eventual  caducidad  del 
expediente administrativo de declaración de la extinción de la concesión, a que se alude 
en  el  auto  de  30  de  noviembre  de  2020,  del  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  3  de 
Pontevedra.
En conclusión, no existe ningún elemento de interpretación gramatical, funcional o 
teleológica que permita sostener que el art. 146 bis de la Ley Concursal, actual art. 222 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Concursal,  atribuya  competencia  alguna  al  juez  del 
concurso sobre el régimen de la concesión demanial, ni que la situación de concurso de 
la concesionaria produzca un desplazamiento de las competencias de la Administración 
para resolver sobre la eventual extinción ex lege de la concesión por la disolución de la 
entidad mercantil concesionaria, como efecto impuesto legalmente por la apertura de la 
fase de liquidación del concurso, ex art. 145.3 de la Ley Concursal.
En virtud de lo hasta ahora razonado, debemos estimar el conflicto de jurisdicción y 
declarar que corresponde a la Administración la potestad para resolver, mediante el 
procedimiento administrativo apropiado, sobre la extinción de la concesión demanial en 
el puerto de Vigo, en su día otorgada a la entidad mercantil Factorías Vulcano, S.A.
Cuarto.  Gratuidad del procedimiento.
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del 
carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LOCJ.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, este Tribunal ha decidido:
1.   Estimar el conflicto positivo jurisdiccional entre la Delegación del Gobierno en  es
Galicia y el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra. o
2.    Declarar  que  corresponde  a  la  Administración  la  potestad  para  tramitar  y  79ww
resolver el expediente para declarar la extinción de la concesión demanial en el puerto
de Vigo otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo a la entidad mercantil Factorías 
Vulcano S.A. Sin costas.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Ángel Ramón Arozamena Laso.–
Rafael  Toledano  Cantero.–Paz  Andrés  Sáenz  de  Santa  María.–Fernando  Ledesma 
Bartret.–Alberto Aza Arias.–Rubricados.