BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21904
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2831 Sala Primera. Sentencia 12/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 1588-2020. Promovido por doña Ana Isabel Pérez Cordido respecto 
del  auto  dictado  por  un  juzgado  de  primera  instancia  de  A  Coruña  en 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (motivación):  ausencia  de  control  judicial  de  las 
cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión 
Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 31/2019).
ECLI:ES:TC:2021:12
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1588-2020, promovido por doña Ana Isabel Pérez 
Cordido, representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Codes Feijoo, 
con asistencia letrada de don Javier Vázquez Santos, contra el auto de 3 de febrero 
de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña, en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 9249-2010. Ha sido parte Eos 
Spain, S.L.U., representada por la procuradora de los tribunales doña Silvia Malangón 
Loyo y defendida por la letrada doña Miriam Castiñeira Sánchez. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado el día 10 de marzo de 2020, doña Ana Isabel Pérez 
Cordido, representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Codes Feijoo, 
con asistencia letrada de don Javier Vázquez Santos, interpuso recurso de amparo 
contra el auto de 3 de febrero de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia 
núm.  8  de  A  Coruña,  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales 
núm. 9249-2010, que desestimó el incidente de nulidad promovido por la demandante.
2.  Los hechos relevantes al objeto de resolver sobre la pretensión ejercitada en 
este recurso de amparo son los siguientes:
a)  La  Caja  de  Ahorros  de  Galicia  presentó  petición  inicial  de  procedimiento  s
monitorio  el  15  de  diciembre  de  2009,  con  base  en  una  póliza  de  préstamo,  en  e.
reclamación de 21 324,23 € en concepto de principal, interés ordinarios y de demora  w.
devengados, al declarar el vencimiento anticipado del préstamo por incumplimiento del  31ww
Cpaognotr odl eS ilsatse mcuaost ays A puatocmtaadtaissm. oLsa,  pSe.Lti.c, ióyn c usaet rdoi rpigeíras ocnoanst rfaís Iicbaésri,c uan dae d eIn slatrsu cmueanletasc eióran 
doña Ana Isabel Pérez Cordido.
b)  Repartida  la  petición  inicial  de  procedimiento  monitorio  al  Juzgado  de  Primera 
Instancia núm. 8 de A Coruña, fue registrada como procedimiento monitorio 2065/2009CH. 
Después de que el órgano judicial efectuara los requerimientos legalmente previstos, y 
transcurrido el plazo de veinte días para que los demandados atendieran o se opusieran a los 
mismos sin que lo verificaran, se dictó auto el 17 de septiembre de 2010, por el que se 
decretaba el archivo del proceso monitorio, con reserva a la parte demandante de su derecho 
a instar, por medio de la correspondiente demanda, la incoación del proceso de ejecución 
para hacer efectivas las sumas que se le adeudaban.
c)  Por la representación procesal de la Caja de Ahorros de Galicia se presentó 
demanda ejecutiva, entre otros, contra la demandante de amparo, que fue registrada en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña como ejecución de títulos judiciales 
núm. 9249-2010. La demanda fue admitida por auto de 25 de noviembre de 2010. En 
dicho procedimiento se acordó orden general de ejecución con fundamento en el auto 
de 17 de septiembre de 2010, por la cantidad inicialmente reclamada en el procedimiento 
monitorio, más otros 6 397,27 € por intereses y costas. Se indicaba en el auto que la 
parte ejecutada podía oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en 
el artículo 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) en el plazo de diez días a contar 
desde  el  siguiente  a  la  notificación  del  auto.  Como  fundamentación  del  auto 
despachando ejecución se hacía referencia a la jurisdicción, competencia objetiva y 
territorial y al cumplimiento de los requisitos procesales, así como a la acreditación por la 
mercantil ejecutante de su condición de acreedor frente a los deudores.
d)  Mediante escrito de 10 de enero de 2020, la representación procesal de doña 
Ana Isabel Pérez Cordido, solicitó la nulidad de actuaciones por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva art. 24.1 CE.
En  dicho  escrito  alegó  su  condición  de  consumidora  al  amparo  de  la 
Directiva  93/13/CEE  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores, al encontrarse dicha norma en vigor a la fecha de la formalización de la 
póliza de préstamo. Afirma que su condición de consumidora deriva de que la señora 
Pérez Cordido jamás ha tenido vinculación comercial, empresarial o profesional con la 
mercantil prestataria. La recurrente solo intervino en la operación de préstamo a petición 
de su entonces marido. Añade que la ocupación laboral de la recurrente no tiene nada 
que ver con la mercantil prestataria, pues durante toda su vida ha sido una empleada por 
cuenta ajena y nunca ha trabajado para la empresa prestataria ni ha tenido participación 
alguna en su capital social ni vínculo funcional con la misma. Por ello, al tratarse de una 
fianza gratuita y sin ninguna contraprestación a cambio, le resulta plenamente aplicable 
la normativa tuitiva de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el auto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2015 asunto Tarcău, 
C-74/15, que contrapone la actuación en el marco de una actividad profesional o por 
razón de vínculos funcionales a la actuación con fines de carácter privado, esto es, 
altruistas, desinteresados, afectivos, de mera beneficencia o estrictamente familiares.
Destaca que en el auto despachando ejecución no ha existido un examen de oficio 
de las cláusulas abusivas pese a la condición de consumidora de la recurrente y pese a 
ser obligado en virtud de la Directiva 93/13/CEE y la STJUE de 26 de enero de 2017, 
asunto  Banco  Primus,  S.A.  c.  Jesús  Gutiérrez  García,  C-421/14.  Dicho  examen 
únicamente admite una dispensa: que ya exista en el procedimiento un pronunciamiento 
acerca de la legalidad de las cláusulas (cosa juzgada). Así lo considera la abogada 
general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, precisamente al 
valorar las cláusulas abusivas concurrentes en los procedimientos monitorios, como el  s
que deriva de la presente ejecución (conclusiones presentadas el 31 de octubre de 2019  oe.
en los asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18). Destaca que en el procedimiento no  w.
ha existido ningún pronunciamiento acerca de las cláusulas abusivas. Trascribe, con  31ww
uTtriilbizuancaiól nC odnes tistuucbiroanyaald, od, ep 2a8rt ed ed ef elbar efruon, deanm elan taqcuieó ns ed ec olnac lsueynet elan cviau ln3e1r/a2c0i1ó9n  ddeell 
cdoenretecshtoa cifóunn ddaeml óerngtaaln oa j uldai citault ealcae rcjuad idceia llo  eafbeucstiivvao  daer t.la s2 4c.lá1u sCuEla sp. oRre clau erindma oqtuivea edna   BOE-A-cable e
virtud de la STJUE de 26 de enero de 2017, el órgano judicial está obligado a examinar 
lo abusivo de las cláusulas, bien de oficio o a instancia de parte. Y con nueva cita de la 
STC 31/2019 refiere que no cabe considerar que el plazo para denunciar la existencia de 
cláusulas abusivas haya precluído por no haber formulado oposición en el procedimiento 
monitorio o por no haberse opuesto a la ejecución en el plazo legalmente establecido. 
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al juez nacional a apreciar el eventual 
carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con fuerza de 
cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios 
para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada previamente» 
(STC 31/2019, de 28 de febrero, FJ 6).
Finalmente efectúa un examen de lo abusivo de las cláusulas sosteniendo el carácter 
abusivo de la cláusula «10 Afianzamiento», pues no resiste los parámetros normativos 
relativos  al  control  de  incorporación  ya  que  los  términos  de  la  cláusula  ni  son 
transparentes,  ni  sencillos  de  comprender,  ni  claros,  y  mucho  menos  concretos  y 
sencillos. Más bien la cláusula es compleja, enrevesada, de difícil lectura (y más difícil 
comprensión), confusa y de conceptos enmarañados, por lo que debe ser declarada nula 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación. Indica que no tuvo la posibilidad real de 
conocer la cláusula, que nadie le informó de los términos de la misma y que ni es clara ni 
sencilla de comprender. Añade que además la recurrente carece de los conocimientos 
jurídicos necesarios para comprender, por sí misma, las implicaciones que se derivan de 
constituirse en fiadora. Refiere que el control de trasparencia también se ha incumplido 
pues conforme al art. 3 de la Directiva 93/13/CEE y art. 10 bis de la Ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios (LCU), del contenido de la póliza de préstamo 
se deduce claramente que la intención de la entidad financiera era enmascarar las 
condiciones  de  la  fianza  sin  prestar  la  información  necesaria  y  mucho  menos  la 
posibilidad de entrar a su negociación, fijando el mismo clausulado para una generalidad 
de operaciones, imponiéndolo, bajo la premisa del take it or leave it (lo tomas o lo dejas), 
causando un desequilibrio importante en la fiadora que en virtud de la cláusula renuncia 
a todos los beneficios que la ley le concede como consumidora. Afirma que «si a mí 
mandante le hubieran advertido de que en caso de que la mercantil prestataria dejara de 
pagar el préstamo el banco podría ir directamente contra todos sus bienes sin tener que 
hacer ningún otro apremio anterior, no hubiera prestado su aval, ya que, en realidad, no 
se estaba constituyendo la señora Pérez Cordido como fiadora, sino como codeudora». 
En tal sentido, examina las condiciones impuestas en la cláusula de afianzamiento para 
sostener las renuncias de la consumidora a los derechos que se le reconocen en el 
Código civil, añadiendo el carácter abusivo de los intereses moratorios, al rebasar en dos 
puntos el interés remuneratorio.
Termina solicitando que se declare la nulidad de la cláusula de afianzamiento y 
subsidiariamente la nulidad de la renuncia a los beneficios de excusión, orden y división 
insertados en la cláusula de afianzamiento de la póliza de préstamo y en todo caso del 
interés moratorio.
e)  Por auto de 3 de febrero de 2020 del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A 
Coruña, se declaró no haber lugar a la nulidad, limitándose a señalar que el art. 552.1 
LEC que prevé el control de oficio de lo abusivo de las cláusulas no estaba en vigor 
cuando se despachó ejecución y que no concurrían los presupuestos del art. 225.3 
y 227.1 LEC. Indica que el auto de 17 de septiembre de 2010 se dictó conforme al 
art. 816 LEC, y que cuando se incoó el procedimiento monitorio no existía norma interna  s
que impusiese al juzgador el análisis de lo abusivo de las cláusulas. Afirma que dicha  oe.
exigencia vino impuesta por la nueva redacción dada al art. 815 LEC por la Ley 42/2015,  w.
de 5 de octubre (a causa de la STJUE de 14 de junio de 2012). 31ww
3.  La demanda de amparo atribuye al auto impugnado la vulneración del derecho a
slae ptutiteemlab rjeu ddiceia 2l 0e1fe0c tdivicat a(daor t.e n2 4e.1l  pCroEc)e. dCimoniesnidtoe ram oqnuieto rnioi  e2n0 6e5l- 2a0u0to9  dsee gfueicdhoa a 1n7te  deel 
Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña, ni en el auto de 3 de febrero
de 2020, dictado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 9249-2010, 
se efectuó, ni de oficio ni a instancia de parte, examen alguno acerca de la existencia de 
cláusulas abusivas en el título que da origen al inicio del procedimiento. A su juicio dicha 
negativa a examinar lo abusivo de las cláusulas supone una evidente vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia, 
pues la única excepción admitida para que el juzgador pueda evitar llevar a cabo el 
examen acerca del posible abusivo de las cláusulas es que dicho examen ya hubiera 
sido efectuado en un momento procesal anterior por una resolución que tenga el carácter 
de cosa juzgada (STC 31/2019 de 28 de febrero).
Por otrosí, solicita como medida cautelar la suspensión de la ejecución en curso que 
se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña en relación con la 
demandante, así como de los embargos trabados contra sus bienes, «por cuanto el título 
del  que  deriva  la  ejecución  contiene  varias  cláusulas  que  pudieran  tener  carácter 
abusivo, cláusulas de vital trascendencia para la viabilidad de la ejecución instada de 
contrario, y que, de ser declaradas abusivas y, por ende, nulas de pleno derecho, tal 
declaración provocaría no solo su expulsión del contrato, sino la nulidad de todos los 
actos  posteriores  y  la  ausencia  de  título  suficiente  para  emprender  la  ejecución 
planteada contra mí mandante».
4.  Mediante providencia de 29 de junio de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso porque el asunto suscitado trasciende del 
caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social 
o económica [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)] y dirigir comunicación al Juzgado 
de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña, a fin de que, en el plazo de diez días, 
remitiera certificación o fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes a los 
autos de ejecución y emplazase a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae 
causa el presente recurso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 16 de noviembre de 2020, de la secretaría de la 
Sala Primera de este tribunal, se acordó, tener por personado y parte a la mercantil Eos 
Spain, S.L.U., en la representación indicada en el encabezamiento, y, de conformidad 
con lo establecido en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dar vista 
de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo 
común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran 
pertinentes.
6.  En fecha 4 de enero de 2021 presentó las alegaciones el Ministerio Fiscal. En su 
escrito, tras reflejar los aspectos procesales que consideró de interés al caso, concreta 
los extremos más relevantes de la pretensión de la demandante y señala que el objeto 
del presente recurso consiste en dilucidar si la negativa del órgano judicial a revisar lo 
abusivo de las cláusulas contractuales lesiona el derecho de la recurrente a la tutela 
judicial efectiva (art. 24 CE).
Tras delimitar de este modo el objeto de la demanda de amparo, el fiscal lleva a cabo 
una aproximación al fenómeno de la contratación en masa, que dio lugar a la elaboración 
de las condiciones generales para la contratación y la adhesión, por una de las partes, a 
las  cláusulas  contractuales  elaboradas  unilateralmente  por  la  otra.  Incide  en  la 
importancia  de  la  Directiva  93/13/CEE,  como  instrumento  de  defensa  de  los 
consumidores,  de  la  que  destaca  varios  de  sus  considerandos  y  alguno  de  sus 
preceptos. Señala que la mencionada directiva ha sido transpuesta a través de la Ley  s
general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,  oe.
cuyo  texto  refundido  fue  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de  w.
nmdoeevudideidama bsyr  peaa.l qraTua irlmeerfbo irsézonac ri dalael,  spetranoc taet acnlcaitó oni m qdpueoe rl otaasun dmceiaeu nddtoaer  elalsa   hpiLpreooyttee cc1ca/i2óri0no1 s3 dy,e  r deleoe ss 1trc4uo cndtuseru ammciióadnyoo rde, esd  laey    2021-2831n https://ww
garantiza el examen ex oficio de las cláusulas abusivas por los tribunales.
Teniendo en cuenta ese contexto, el fiscal advierte que en el presente caso no se 
trata  de  dilucidar  sobre  el  carácter  abusivo  de  la  cláusula  a  que  se  refieren  los 
demandantes, pues lo realmente denunciado es que el órgano judicial se ha negado a 
examinar si dicha cláusula reviste ese carácter. Afirma –con extensa cita de la STJUE 
de 26 de enero de 2017 y de la STC 31/2019, de 28 de febrero– que el órgano judicial 
erró en la toma en consideración de las normas y doctrina jurisprudencial, tanto europea, 
como nacional, que le obligaban a la revisión de las cláusulas abusivas y por ello vulneró 
la tutela judicial efectiva, tal como se denuncia en el recurso.
7.  Por providencia de fecha de 21 de enero de 2021, se señaló para votación y fallo 
del presente recurso el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Resolución impugnada y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra el auto de 3 de febrero de 2020 
dictado  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  8  de  A  Coruña,  por  el  que  se 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la demandante de 
amparo y se rechazó realizar el control de lo abusivo de las cláusulas contractuales. 
Como se ha indicado en el auto se razona que las normas de la Ley de enjuiciamiento 
civil vigentes al admitirse el procedimiento monitorio y al dictarse el auto despachando 
ejecución no exigían que el órgano judicial realizara el control de oficio de las cláusulas 
abusivas, pues dicho examen de lo abusivo de las mismas no fue exigible hasta la nueva 
redacción dada al art. 815 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.
La demandante de amparo atribuye al auto impugnado la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al considerar que la única excepción admitida 
para que el juzgador pudiera evitar llevar a cabo el examen acerca del posible abuso que 
podían contener las cláusulas era que dicho examen ya hubiera sido efectuado en un 
momento procesal anterior por una resolución que tuviera el carácter de cosa juzgada, 
conforme a la STC 31/2019 de 28 de febrero. El fiscal con sustento en la argumentación 
que se recoge en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo.
2.  Delimitación del contenido y alcance de nuestro enjuiciamiento.
Una vez  expuestas  las  posiciones de  los  intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta, que en ningún 
caso pretende dirimir si la cláusula contractual identificada por la recurrente tiene o no 
carácter abusivo, pues esa cuestión se incardina con claridad dentro de los límites de la 
legalidad infra constitucional y, en consecuencia, su conocimiento corresponde a la 
jurisdicción ordinaria (STC 140/2020, de 6 de octubre, FJ 2). Nuestro cometido será 
determinar si la negativa del órgano judicial a pronunciarse sobre el carácter abusivo de 
la cláusula aludida, so pretexto de que la regulación procesal vigente, tanto al admitir la 
petición inicial de procedimiento monitorio como al despachar la ejecución, no lo exigía, 
vulnera o no el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por su 
eventual contradicción con la doctrina de este tribunal.
Al ser este el planteamiento, el primer paso obligado será el de recordar la doctrina 
asentada por este tribunal en relación con la cuestión suscitada; para, a continuación, 
proceder a enjuiciar la adecuación de la respuesta judicial a los postulados fijados en 
esta sede constitucional. e.
3.  Doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio  31ww
de pErilm Taricbíuan dael l Cdoenresctihtuoc dioen alal  Uyan isóen  hEau rporpoenau.nciado sobre una cuestión sustancialmente
similar a la que ahora se nos plantea. En efecto, en el supuesto enjuiciado por el Pleno
en la STC 31/2019, de 28 de febrero, se resolvió sobre la vulneración del derecho a la
tutela judicial sin indefensión (art. 24.1 CE), con motivo de la decisión, adoptada por un 
órgano judicial en un procedimiento de ejecución hipotecaria, de «inadmitir el incidente 
de nulidad formulado por la demandante de amparo, en el que se invocaba la existencia 
en  su  contrato  de  préstamo  de  una  cláusula  abusiva,  en  concreto  de  vencimiento 
anticipado  […]  al  decidirlo,  según  denuncia  la  parte,  con  base  en  una  pretendida 
preclusión de su obligación de control […]» (FJ 1).
Más adelante, en el fundamento jurídico 4 de la citada resolución reproducimos la 
doctrina expuesta en la STC 232/2015, de 5 de noviembre, según la cual:
«(i)  a este tribunal le corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía 
del Derecho de la Unión cuando "exista una interpretación auténtica efectuada por el 
propio  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea"  [fundamento  jurídico  5  c)],  (ii)  el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido 
interpretada por el Tribunal de Justicia, "puede suponer una selección irrazonable y 
arbitraria de una norma aplicable al proceso", lo cual puede dar lugar a una vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6) 
[fundamento jurídico 5 c)], y (iii) prescindir por "propia, autónoma y exclusiva decisión" 
del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y 
señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de 
la Unión Europea [fundamento jurídico 6 b)]».
Posteriormente, en el fundamento jurídico 5 se acoge la doctrina reflejada en la 
STJUE, de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García, 
en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró:
«La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, modificada por la Ley 1/2013 y posteriormente por el Real Decreto-
ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria 
y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y por el Real Decreto-
ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que impide 
al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas 
de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de 
las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo 
eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del 
contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, 
ante  el  cual  el  consumidor  ha  formulado,  cumpliendo  lo  exigido  por  la  norma,  un 
incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, 
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el 
eventual carácter abusivo de esas cláusulas.»
En relación con la segunda declaración efectuada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el fundamento jurídico 6 figura el siguiente razonamiento, acerca de 
la exigencia de control judicial respecto de las cláusulas abusivas:
«Este tribunal considera que de la segunda declaración efectuada en la STJUE de 26  e.e
de enero de 2017, transcrita en el fundamento jurídico anterior, se desprende que las  b
cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior  31ww
ccoonnt rfoule rjuzad icdiea l cdoesla  cjounztgraadtoa ,c doenbtreonv esretird oc ocnoonccidluaids op ocro ne l laju eazd onpacciióonn adl,e b uienna  ar einsostluacnicóina 
dael  epxaarmtee on  ddee  ooffiicciioo.  yC ocumáol  easp uenl tam oeml feisnctaol , elon  dqeutee remsitnea enxtea mese ns il ee l ejurae ze xeisgtiabblea.  oAbslíi gqaudeo, 
declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación del órgano judicial
de conocer, bien de oficio o a instancia de parte, del posible carácter abusivo de una 
cláusula contractual, poco importa el momento y cómo llegaron a él los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para verse compelido a hacerlo. Por ello, el órgano 
judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición –expresión 
utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, en este caso a través de un 
incidente de nulidad, se encuentra obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la 
cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un 
anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Es importante destacar, en este sentido, que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
el  artículo  6,  apartado  1,  de  la  Directiva  93/13/CEE,  que  prevé  que  las  cláusulas 
abusivas no vincularán al consumidor, es (i) "una disposición imperativa que pretende 
reemplazar  el  equilibrio  formal  que  el  contrato  establece  entre  los  derechos  y  las 
obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre 
estas (véanse, en particular, las sentencias de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y 
Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 23, y de 21 de diciembre de 2016, 
Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartados 53 
y 55)" (STJUE de 26 de enero de 2017, apartado 41) y (ii) "debe considerarse una norma 
equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, 
tienen rango de normas de orden público (véanse las sentencias de 6 de octubre 
de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartados 51 y 52, y 
de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980,  apartado  54)"  (STJUE  de  26  de  enero  de  2017,  apartado  42). 
Precisamente ha sido en este contexto en el que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
"el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE […] tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias 
de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia 
citada, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y 
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 58)" (STJUE de 26 de enero de 2017, apartado 43).
[…] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al juez nacional a apreciar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial. En este caso, la sentencia Banco Primus, S.A., 
aportaba los elementos de hecho y de Derecho que permitían, en el caso de que así 
procediera, declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado […].»
A ello debe añadirse, respecto del deber de motivación de las resoluciones judiciales, 
que este tribunal ha sostenido:
«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener 
de los jueces y tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también puede ser de inadmisión 
si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial 
(SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). 
Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir  e
impuesta en el art. 120.3 CE es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se  bo
puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control  31ww
ym 2e1d4ia/n2t0e0 0e,l  dseis 1te8m dae  sdeep tlioesm rberceu, rFsJo s4 . (Tpaomr btoiédna se, sS dSoTctCri n1a6 r3e/i2te0r0a0d,a  dlae  d1e2 q udee  ejul ndieor,e cFhJo  3a, 
aorbbteitrnaerrie udnaad  ere isrroalzuocnióanb ifluidnadda ddea  leons  pDoedreercehso p, úfabvlicoorasb (lSe SoT Ca d1v1e2rs/1a9, 9e6s,  dgea r2a4n tdíae  jfurenniote,  FaJ  2la, 
y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 
25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(SSTC  61/1983,  de  11  de  julio,  y  5/1986,  de  21  de  enero,  entre  otras)  […]» 
(STC 172/2004, de 18 de octubre, FJ 3).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Una vez reflejado el parámetro al que debemos sujetarnos para dirimir la presente 
litis, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial.
Como queda expuesto en los antecedentes de esta resolución, el auto que rechaza 
la revisión de lo abusivo de las cláusulas se limita a destacar que las resoluciones 
dictadas tanto en el procedimiento monitorio como en el posterior procedimiento de 
ejecución judicial, se ajustan a la regulación entonces vigente. Dicha argumentación 
omite cualquier referencia tanto al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 
de abril, vigente cuando se dictaron los aludidos autos, como a nuestra STC 31/2019, 
pese a que ambas fueron expresamente invocadas por la recurrente en el incidente de 
nulidad  de  actuaciones.  El  auto  impugnado  también  desconoce  que  la 
Directiva  93/13/CEE  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que  el  juez  nacional  está 
obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, el eventual carácter abusivo de 
esas cláusulas.
La escueta respuesta del órgano judicial además de frustrar la expectativa revisora 
de la recurrente, con infracción de las exigencias de motivación derivadas del contenido 
del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  y  de  la  propia  doctrina 
anteriormente expuesta, se enfrenta con la obligación de control de oficio por el órgano 
judicial del eventual abuso de las cláusulas, que únicamente se exceptúa en el caso de 
que el carácter abusivo hubiera sido examinada en un anterior control judicial.
En efecto, de la doctrina expuesta resulta que se residencia en el juez nacional la 
obligación de apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el 
dictado  de  una  resolución  con  fuerza  de  cosa  juzgada,  cuando  disponga  de  los 
elementos  de  hecho  y  de  derecho  necesarios  para  ello,  siempre  que  la  cláusula 
denunciada no hubiera sido examinada previamente. Sin embargo, el órgano judicial 
rechaza realizar ese control pese a que no ha existido un anterior control judicial en 
relación con el eventual carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado. La 
resolución  intenta  justificar  la  negativa  a  realizar  el  control  del  abuso  en  que  los 
preceptos de la legislación procesal no habían sido adaptados a las exigencias derivadas 
de la Directiva 93/13, con olvido del principio de primacía del derecho de la Unión 
Europea.
5.  En  conclusión,  compartiendo  el  criterio  del  Ministerio  Fiscal,  la  resolución 
impugnada en esta sede constitucional ha lesionado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente ( art. 24.1 CE), tanto por la falta de motivación 
material a que se ha hecho mención, como porque la decisión de no atender la revisión 
interesada por la recurrente: «(i) infringió el citado principio de primacía del Derecho de 
la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación  s
impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante; (ii)  oe.
incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al  w.
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Primera Instancia núm. 8 de A Coruña, en cuya virtud el indicado juzgado rechazó la
revisión  de  las  cláusulas  abusivas,  y  acordar  la  retroacción  de  las  actuaciones  al
momento previo al dictado de la citada resolución, a fin de que, en congruencia con lo 
interesado en el incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial resuelva de 
manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ana Isabel Pérez Cordido y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión art. 24.1 CE.
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
de 3 de febrero de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A 
Coruña, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 9249-2010.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la citada resolución, para que el órgano judicial dicte una nueva que 
sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.