BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Miércoles 16 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 73595
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
10084 Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de  Madrid,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del 
Ayuntamiento de Madrid.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, en fecha 4 de junio de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral 
de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que figura como anexo a esta resolución, 
procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Madrid, 10 de junio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Madrid
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De  otra  parte,  don  Rodrigo  Tilve  Seoane,  Viceconsejero  de  Economía  y 
Competitividad, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Decreto 68/2020, de 26 
de agosto, del Consejo de Gobierno, por delegación de firma de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, efectuada mediante Decreto 36/2021, de 5 de mayo, en relación 
con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Y de otra, don Miguel Ángel Redondo Rodríguez, titular del Área de Gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con el Decreto 
de 15 de junio de 2019 del Alcalde, y en virtud de la competencia delegada para la firma 
de Convenios contemplada en el apartado 3.º, punto 1.8, del Acuerdo de 27 de junio 
de  2019,  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Madrid  de  organización  y 
competencias del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y e.
EXPONEN 084ww
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa
dseeg ulorsid acdo,n lasu smaliuddo rye slo sy  leugsíutiamroioss ,in tperroetseegsie encdoon, ómmeicdoisa ndtee  lopsro mceisdmimoise.ntos  eficaces,  la
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II del título V del Libro 
Primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de 5 de noviembre de 1997, se constituyó la Junta Arbitral de Consumo 
del Ayuntamiento de Madrid (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una 
importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, conscientes de 
la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los Convenios contenida en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Madrid, con sede en Madrid, cuyo ámbito territorial viene determinado 
por  el  propio  del  municipio  de  Madrid,  conocerá,  con  carácter  prioritario,  de  las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente  reconocidos,  de  conformidad  con  los  criterios  competenciales  y  el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El  Ayuntamiento  de  Madrid  impulsará,  en  su  ámbito  territorial,  la  gestión  y  e.e
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral,  b
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un  084ww
areñsoo lduecsiódne  laal tefercnhaati vdae  deefi claitcigiaio ds edl ep recsoennstuem Coo, ndvee ncioo,n sfour macidreaddi taccoiónn  loc opmroe veisnttoid aedn  dlea 
Ley 27./ 20E1l7 M, dinei s2te dreio  ndoev ieCmonbsreu.mo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema
Arbitral  de  Consumo,  en  cooperación  con  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y 
Competitividad.
3.  El  Ayuntamiento  de  Madrid  facilitará  información  sobre  la  designación  de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio de Madrid.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de 
Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través de 
medios  telemáticos,  y  estará  formada  por  un  representante  de  cada  Institución  firmante, 
correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  es
Sector Público, así como las siguientes: o
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  084ww
oA rsbuit rdael nceogmaoc iEónn.tidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P. D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea  e.
García.–La Presidenta de la Comunidad de Madrid, P. D. (Decreto 36/2021, de 5 de  w.b
mayo),  el  Viceconsejero  de  Economía  y  Competitividad,  Rodrigo  Tilve  Seoane.–El  084ww
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