BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28678
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3800 Sala Segunda. Sentencia 13/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo 2113-2020. Promovido por doña Sara Bejarano Brioso respecto de 
las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de 
Badajoz que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por un 
delito contra la integridad moral. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de 
una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos bajo custodia policial 
(STC 34/2008).
ECLI:ES:TC:2022:13
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2113-2020, promovido por doña Sara Bejarano Brioso, 
representada por la procuradora de los tribunales doña María Isabel García Espinar, bajo 
la dirección letrada de don Carlos Vaquero López, contra el auto de 28 de octubre 
de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz (dictado en las diligencias previas 
núm. 1009-2019), confirmado en reforma por auto 11 de diciembre siguiente, y en 
apelación  por  auto  núm.  57/2020,  de  10  de  febrero,  de  la  Sección  Primera  de  la 
Audiencia Provincial de Badajoz (rollo de apelación núm. 25-2020), por el que se acordó 
el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por delito de atentado contra la 
integridad moral (art. 175 del Código penal). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 12 de mayo de 2020, bajo la 
dirección del letrado don Carlos Vaquero López, la procuradora de los tribunales doña 
María Isabel García Espinar interpuso recurso de amparo, en nombre y representación 
de doña Sara Bejarano Brioso, contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el 
encabezamiento de esta resolución.
2. Son  antecedentes  procesales  relevantes  de  la  pretensión  de  amparo,  que  e
derivan de las actuaciones aportadas, los siguientes: bo
l(eatrrta.a d1)o 7 5yS  depegrloú Ccnu óerdaxipdguoosr apo–e l,na a fdul:ee Cm dPae)nt ed–naqinudteae   fepunoe r l faoa rdgmeenanultieznsac diada e pel olC r2 ud4ee rldipteoo   acNobanrictl ridaoe nla a2 li0 nd1tee9g  aPri dotraliacdví aém sod droaesl    2022-3800n https://ww
semanas antes, cuando, junto a una de sus hijas, menor de edad, abandonaba el edificio
de los juzgados de Badajoz. En el transcurso de su detención, ya en dependencias  Bc
policiales, fue sometida antes de ingresar en el calabozo a un registro corporal con 
desnudo integral que considera totalmente innecesario. El sustrato fáctico de la denuncia 
es el siguiente, que se transcribe literalmente:
«El miércoles, 10 de abril de 2019 sobre la 13:30 horas, nuestra representada se 
presentó en los juzgados de Badajoz, sitos en la Avenida de Colón de esta capital, en 
compañía de su hija, menor de edad, atendiendo a la citación telefónica efectuada para 
recoger una documentación en el SCAPE [servicio común de actos procesales externos].
Ni que decir tiene que el acceso a los juzgados de Badajoz supone, necesariamente, 
el paso por un arco de seguridad y, por consiguiente, cualquier objeto metálico que 
nuestra representada portase, sería detectado. Este dato, por irrelevante que ahora 
aparezca, será crucial, estimamos, de cara a una correcta explicación de parte de los 
hechos que a continuación describiremos.
Después de realizar los trámites indicados, al salir del edificio, fue abordada por 
cinco  personas  que  resultaron  ser  policías,  los  cuales  se  identificaron  como 
componentes de la UFAM [unidad de atención a la familia y a la mujer].
Nuestra  representada  y  su  hija,  de  muy  corta  edad,  fueron  conducidas  hasta 
comisaría y el jefe de la UFAM, […], le dijo que estaba allí para dar cumplimiento a un 
auto del Juzgado núm. 1 de Zafra (era una providencia realmente, de fecha 4 de abril), 
donde se le obligaba a entregar de forma inmediata a sus hijas a [su padre].
Queremos hacer constar que, a nuestra representada, los componentes de la UFAM 
la  conocen  perfectamente,  tanto  su  perfil  personal  y  profesional.  Son  plenamente 
conocedores de su domicilio, profesión, médico anestesista en el Hospital de Badajoz, 
lugar al que incluso han acudido para notificarle resoluciones, llegando a entrar en la 
zona  anexa  al  quirófano,  cuando  se  encontraba  en  plena  intervención  quirúrgica, 
haciéndola abandonar su trabajo para llevar a cabo las actuaciones descritas.
Abrieron diligencias y tras leerle sus derechos, de un modo reiterativo, tanto el jefe 
de la unidad citada como otros agentes, le insistían en que hiciera la entrega de sus hijas 
de modo voluntario, llegando a decir que su forma de actuar suponía un insulto a su 
inteligencia y otras frases del estilo, indicándole con que podría quedarse allí 48 o 72 
horas. Nuestra representada, de modo insistente, reiteraba que quería hablar con su 
abogada.
Hasta las 16:00 horas no se ofreció a nuestra representada ningún alimento que 
pudiera dar a su hija, que permanecía en su compañía. En ese momento, le llevaron 
unos cacahuetes y una especie de bebida energética sin pajita, no apta para una niña de 
dos años. A las 16:30 dejaron entrar a la madre de nuestra representada para recoger a 
[su hija] y darle de comer.
En cuanto se llevaron a la menor de la comisaría, bajaron a nuestra representada al 
sótano  para  hacer  la  reseña.  Iba  acompañada  de  una  mujer  policía  de  la  UFAM. 
Realizaron las fotos, le tomaron las huellas y le abrieron ficha policial.
Después de la reseña le dijeron que esperara en un banco enfrente de la sala de 
estar o de control de los policías nacionales (aquí iban todos con uniforme), y al cabo de 
un rato regresó la misma mujer de la UFAM que le había acompañado al sótano. Le dijo 
que la acompañara que tenía que hacerle un cacheo. Serían las 17:00 horas.
Había muchos policías en la puerta de la sala de control, por los menos tres en la 
puerta, más otros dos que eran los que le estuvieron haciendo la reseña, que también 
estaban al lado. En el mismo lugar, enfrente de la sala de control de los policías, le llevó 
a la entrada de una habitación, sin puertas. La única separación que existía entre esa  s
habitación y el sitio de control de los policías era un escaso muro abierto al pasillo por el  e.
que pasaban y se podían asomar otros agentes. w.
Antes de entrar en la habitación la agente le intentó cachear, poniéndose a tal fin  00ww
uPnráocst icgaumanetnetse,  ap elar op ulee rtdai jod eq luae h aebraitna cmióuny l eg draijnod qeuse  ys en oq upitoadraía l ac arocphae.a rFleu ec coong ieelnlodso. 
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quitara todo, la braguita también.
Una vez desnuda, le dijo que diera una vuelta; se quedó de espaldas y después le 
dijo que se agachara. La agente se inclinó para mirar la zona perineal. Después, le fue 
dando la ropa para que se vistiera; todo, menos el sujetador, manifestándole que no 
podía dárselo. Lo dejó entre los objetos que le guardaron en el registro.
Mientras tanto, nuestra representada escuchaba reírse a los policías y hablar entre 
ellos. Los demás se podían asomar para ver la escena, no había barrera física que lo 
impidiera. Los policías estuvieron todo el tiempo allí.
Recordemos, nuestra representada fue detenida en la misma sede de los juzgados, 
motivo por el cual, por remoto que pudiera parecer, sería imposible que portase en su 
interior ningún objeto peligroso o relevante de cara a la práctica del, tan exhaustivo como 
injusto  y  vejatorio  cacheo  realizado.  Y  los  agentes  intervinientes,  eran  plenamente 
conocedores de tal circunstancia.
Posteriormente la dejaron en los calabozos y no es hasta las 23:30 horas cuando 
pasaron los policías nacionales del turno de noche para preguntar si quería comer algo. 
En ese momento se encontraba muy mal, con un dolor de cabeza incapacitante y 
náuseas. No había comido, ni bebido nada desde la hora del desayuno en su casa, a 
las 08:00 horas. Pidió agua y un paracetamol, o cualquier analgésico y le dijeron que 
para eso tenían que seguir el protocolo y llevarle al médico. Aceptó porque no soportaba 
el dolor.
En la puerta del calabozo le pusieron las esposas, con las manos por delante del 
cuerpo. En ese momento les dijo que no hacía falta, que no se iba a escapar. El policía 
en actitud chulesca dijo que eso daba igual, pues, aunque intentara escaparse, ellos 
corrían más que ella. Una vez cerradas las esposas tiró de ellas arrastrando hacía 
delante como si fuera un animal haciéndole daño en las muñecas, hasta que salieron de 
la zona de calabozos. Le llevaron esposada todo el tiempo, le metieron en un coche de 
patrulla y se dirigieron a urgencias.
Allí había compañeros y personal sanitario que conocía a nuestra representada. La 
doctora que le atendió en consulta es una compañera de la carrera, que se quedó 
impactada de verle en esa situación. Pidió que, por favor, le quitaran las esposas para 
tomarle la tensión, pero luego se las volvieron a poner. Le dio paracetamol para que se lo 
tomará allí y otra dosis para tomárselo por la mañana. La doctora del Centro de Salud de 
San Roque que atendió a nuestra representada, extendió un informe judicial de lesiones 
en el que nuestra representada hizo constar el sometimiento a insultos y humillaciones a 
los que se ha visto expuesta a lo largo de su presencia en comisaria, en calidad de 
detenida.
Tras pasar la noche en el calabozo, fue escoltada por los policías de la UFAM por la 
calle, caminando hasta los juzgados y no la esposaron. De camino, no podía parar de 
llorar y una policía de la UFAM, llamada Puri, le dijo que se podría haber ahorrado todo 
esto, en tono paternalista. Sin embargo, otra mujer de la UFAM le mandó que se callara, 
que estaba harta de oírle decir que el padre es un maltratador, que no le importaba su 
vida, ni lo que le pasara. Le cogió del brazo y de mala manera le metió en otro calabozo, 
pero dentro de las dependencias del juzgado.
Llegaron otros dos policías nacionales, vestidos de uniforme. Le pusieron otra vez las 
esposas y le dijeron que estaba por ver que quedase en libertad. En tono burlón, le 
dijeron que tenía que comer más garbanzos al ponerle las esposas, y se rieron los dos. 
Le llevaron esposada por el juzgado hasta la entrada del Juzgado de Instrucción núm. 1.
Como  consecuencia  del  injusto,  vejatorio  e  intolerable  trato  recibido  nuestra 
representada ha acudido a consulta de psiquiatría el 12 de abril de este año en el que se  es
diagnostica, por la doctora […], perteneciente al equipo de salud mental Ciudad Jardín  o
que doña Sara padece un trastorno por estrés agudo, riesgo de estrés postraumático». 00www.
de abv)e rigEuna ecli óens:crito de denuncia solicitó la práctica judicial de las siguientes diligencias
«1. Testifical de la víctima.
2. Que se remita oficio a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Badajoz, a 
fin de que se certifique sobre los extremos siguientes:
a) Se remita copia de la grabación efectuada a través de los sistemas de video 
vigilancia que debe estar permanentemente activa, con respecto al día en que nuestra 
representada permaneció detenida en tales dependencias.
b) Se certifique si se ha efectuado la anotación preceptiva del cacheo practicado 
con desnudo integral de nuestra representada en el apartado ‘otras observaciones’ de la 
‘ficha-custodia’ haciéndose constar las causas y los motivos que lo justifiquen.
c) Declaración  de  la  denunciada,  previa  identificación,  dado  que  únicamente 
conocemos  que  se  trata  de  una  agente  femenina  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía, 
perteneciente a la UFAM. Identificación del segundo agente que, conforme al protocolo 
establecido, debería estar presente en el registro».
c) Una vez acordada la ratificación personal de la denuncia, se unieron a las 
actuaciones diversos partes médicos aportados por la denunciante: (i) informe del centro 
de salud donde fue atendida por cefalea y náuseas sin vómitos, realizado el 10 de abril 
de 2019, a las 23:56 horas; (ii) parte médico de lesiones realizado a las 15:26 horas del 
día 11 de abril de 2019, que diagnosticaba una crisis de ansiedad y se recogía que, 
durante la exploración, la paciente había referido nerviosismo y llanto tras haber estado 
veinticuatro horas en el calabozo, durante las cuales considera que no ha sido tratada 
bien al recibir insultos y humillaciones, aunque no agresiones físicas; (iii) informe de 
seguimiento de la especialista en psiquiatría, de 12 de abril de 2019, al que se refiere la 
denuncia.
d) Ratificada la denuncia el 24 de mayo de 2019, la juez de instrucción acordó la 
incoación del procedimiento y la práctica de diversas diligencias de averiguación de los 
hechos  denunciados  (auto  de  18  de  junio  de  2019);  específicamente,  fueron  las 
siguientes: (i) oír en declaración a la denunciada, y (ii) recabar del jefe de la Unidad de 
Familia y Mujer, de la que formaban parte los agentes policiales que habían practicado la 
detención, el atestado elaborado con tal motivo, la identificación de la funcionaria policial 
que practicó el cacheo personal de la detenida, así como un informe sobre su necesidad 
y el protocolo aplicable para su realización.
e) El 10 de julio de 2019, fue recibida en el juzgado parte de la información policial 
que había sido recabada, a la que se acompañaba una nota informativa elaborada por la 
agente  que  realizó  el  cacheo  personal  previo  al  ingreso  en  los  calabozos  de  la 
denunciante, y un oficio firmado por el inspector que relata el motivo de la detención y las 
circunstancias  de  su  desarrollo.  En  el  escrito  fueron  desmentidas  algunas  de  las 
afirmaciones vertidas en la denuncia relativas al ofrecimiento de comida a la detenida y 
su hija, al lugar del cacheo y su extensión con desnudo integral, y a las supuestas 
recomendaciones coactivas que se le practicaron en presencia de su letrado defensor 
para que entregara voluntariamente a sus hijas, tal y como había sido judicialmente 
acordado.
f) Casi dos meses después, el 3 de septiembre de 2019, se oyó en declaración a la 
señora Bejarano, quien ratificó todos los extremos fácticos de su denuncia. Reveló 
entonces a la juez instructora que durante la detención portaba una grabadora de audio, 
la cual le fue retirada en el momento previo al cacheo. Indicó que la agente policial que le 
cacheó no sabía que era una grabadora, ya que al describir sus pertenencias reflejó que 
era un cargador (de teléfono). Según dijo, la llevaba consigo porque tiene miedo a lo que 
le pueda pasar, dado que quien fue su pareja inventa denuncias falsas contra su familia y  e.e
contra ella. Añadió que había registrado lo que ocurrió desde que le detuvieron al salir  w.b
del juzgado hasta que le retiraron el dispositivo, y que disponía de una copia de esa  00ww
grabEalc 1ió3n d qeu see apptioermtób eren,  elas eju aeczt oin,s stroubcrteo rlaa  creuiatel rhóa lbaí ap eetnicciaórng addeol  autne sintafodrom eela pbeorriacidaol. y de
ldau rraenstoel ulaci ódne tejundciicóianl;  ppiodri ól ata qmubeié sne i ndfoersmesatcimióón  slao bsroel iscii tsued  hdaeb íhaanb peoadsi dcoo rcpoums prreoablaizra ldoas 
hechos denunciados a través de los sistemas de video vigilancia existentes en las
instalaciones policiales. El 1 y 22 de octubre de 2019 se recibieron la copia del atestado 
y un oficio policial que manifestaba que no existían dispositivos de grabación en video en 
las instalaciones de la comisaría destinadas a la realización de cacheos personales y 
que, de las realizadas en el interior del resto de las dependencias policiales, se procedía 
a su borrado transcurrido un mes de estas.
g) Tomando en consideración el resultado de tales averiguaciones, la magistrada-
juez instructora decretó el sobreseimiento provisional de la causa mediante auto de 28 
de  octubre  de  2019.  Apreció  entonces  que,  una  vez  practicadas  las  diligencias 
necesarias  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados,  no  había  quedado 
debidamente  justificada  la  perpetración  de  hecho  delictivo  alguno  (art.  779.1,  regla 
primera, de la Ley de enjuiciamiento criminal). Tras describir los elementos típicos que, 
según su criterio, conforman el delito contra la integridad moral denunciado (art. 175 CP), 
descartó que la agente policial denunciada por la práctica de un cacheo corporal, o 
alguno de sus compañeros que participaron en su detención y custodia, realizaran 
actuaciones «directamente dirigidas a menoscabar la integridad moral de la denunciante 
por su contenido vejatorio, ni tampoco situación de abuso alguno de poder». Tras 
describir las diligencias de investigación practicadas, concluyó la instructora, a partir de 
la nota informativa elaborada por la funcionaria denunciada y el informe emitido por su 
inspector jefe, que «no ha quedado acreditado que ese cacheo con desnudo integral se 
realizara».  Destaca  la  resolución  que  en  la  sala  donde  se  practicó  no  existen 
videocámaras que pudieran esclarecer este extremo que, por lo demás, cuando fuere 
necesaria su práctica, está previsto como eventualidad en la instrucción núm. 4-2018, de 
la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  por  la  que  se  aprueba  la  actualización  del 
«Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado».
La  juez  concluyó  su  razonamiento  destacando  que  las  grabaciones  de  audio 
realizadas por la denunciante durante su detención no ponían de manifiesto «que la 
misma fuera vejada, humillada o insultada de forma alguna por el funcionario policial jefe 
de la UFAM con el que habló, ni con el resto de los agentes, a los que se les oye 
interactuar con ella –y con la menor, sobre todo– con absoluto cariño». Añadió que «ni 
en su traslado la noche anterior a un centro médico ni en el traslado a dependencias 
judiciales queda acreditado mínimamente que la misma fuera sometida a trato humillante 
y degradante de ningún tipo», dado que «de hecho, sólo fue esposada cuando la 
sacaron de la celda para llevarla al médico y para subirla del calabozo al juzgado de 
guardia pero no en el resto de traslados dentro de dependencias policiales y de éstas a 
los juzgados lo cual sin duda no deja de ser una muestra más de que con doña Sara se 
actuó con especial delicadeza y en cierta forma se tuvieron con ella deferencias que no 
se tiene con el resto de detenidos, quizás por lo delicado de su situación y las especiales 
circunstancias concurrentes al haber sido separada de sus hijas de una forma traumática 
por su propia falta de colaboración, por cuanto que la propia Sara reconoció que ya tenía 
una causa abierta en esos momentos por desobediencia en el juzgado de instrucción 
núm. 3 de esta ciudad, lo que evidencia que conocía que tenía que entregar a sus hijas y 
aun así no lo había hecho de forma voluntaria».
h) La decisión de sobreseimiento fue recurrida en reforma y subsidiaria apelación 
por la denunciante, alegando, en lo que concierne al objeto de este recurso, que en este 
caso la diligencia de cacheo con desnudo integral resultaba innecesaria, excesiva, ilegal 
y delictiva. Reprocha en su impugnación que la investigación se haya limitado a recabar 
información escrita de los responsables policiales que, por negar la práctica del cacheo  es
con  desnudo  integral,  ofrecen  una  versión  que  es  contradictoria  con  los  hechos  o
sagddíuree adn slbaiueoasn  c aclmeioipa inoosdermbotsalsia dg.ds aóe,Cs   poa ayon u rd t daeeeimosnl n tbreyueiné dcudnuane rrsassre o eq t .cru saueCene o dssancetipr  oieeopnllrcló atiór ósel an cus  uvendar  esdlio oneer fdaossuctreamció seaen,  p q yqpou ueresteró eil ca  laisu ad onjlue l iesncinoizutfó bnoin rcreqmsia utrenleau t sceps t eoengrr oriapca  mirbhaaaalic ecbtsniiícootaeanb  rheryaees   q cpldhuaoeoesr      OE-A-2022-3800able en https://www.
parte de la Guardia Civil una nueva pericial sobre las grabaciones de audio entregadas
para «extraer de ellas un mejor resultado», así como se oyera en declaración presencial 
a la agente denunciada. El fiscal de la causa se opuso a la impugnación.
El recurso de reforma fue desestimado por auto de 11 de diciembre de 2019. En él se 
descarta  la  necesidad  de  oír  en  declaración  a  la  agente  policial  denunciada  por 
considerar que, aun en el supuesto de que el cacheo corporal con desnudo integral fuera 
innecesario en este caso, tal exceso «no lo convertiría sin más en degradante y en 
conducta con entidad penal de haberse realizado efectivamente», extremo que –se 
reitera– no ha quedado probado. En el mismo sentido, aprecia la juez instructora que el 
nuevo dictamen pericial sobre las grabaciones de audio aportadas «nada iba a aportar 
para esclarecer los hechos, visto el tenor de lo transcrito».
i) El subsidiario recurso de apelación presentado fue también impugnado por el 
Ministerio Fiscal, que consideró no acreditada la concurrencia del elemento subjetivo del 
tipo penal objeto de denuncia, al no apreciar la dolosa intención de humillar su dignidad y 
atentar contra la integridad personal y moral de la ciudadana sometida a cacheo policial.
Mediante  auto  de  10  de  febrero  de  2020,  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia 
Provincial de Badajoz desestimó el recurso de apelación presentado por entender no 
justificado que hubiera mediado un exceso policial calificable como delito, dado que la 
alegada práctica de un cacheo corporal con desnudo integral no es una práctica policial 
legalmente vedada. Se descartó también, por innecesarias, la práctica de las diligencias 
de averiguación interesados por la recurrente.
3. La recurrente aduce en la demanda de amparo la vulneración de sus derechos a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (acceso a la justicia y a la defensa), y el derecho 
a la integridad física y moral (arts. 24.1 y 15 CE) en cuanto, atendiendo a los cánones 
jurisprudenciales que cita (de este tribunal y del Tribunal Europeo Derechos Humanos), 
considera que la investigación de la denuncia por malos tratos policiales que formuló no 
ha sido exhaustiva y efectiva, dado que no han sido agotadas las posibilidades de 
indagación  útiles  para  aclarar  la  realidad  de  los  hechos  denunciados.  Después  de 
expresar su disentimiento con la consideración no penalmente relevante de los hechos 
que ha justificado la decisión de sobreseimiento, centra su queja en la negativa judicial a 
practicar las dos diligencias de investigación solicitadas y no practicadas: la declaración 
presencial y contradictoria ante la juez instructora de la agente policial denunciada, y la 
realización de una prueba pericial adicional sobre los ficheros de audio que grabó 
durante su estancia en dependencias policiales y aportó a la causa cuando se le tomó 
declaración.
4. La Sección Tercera, por providencia de 29 de junio de 2021, acordó la admisión 
a trámite del presente recurso de amparo tras apreciar que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional)  porque  plantea  un  problema  o  afecta  a  una  faceta  de  un  derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y 
porque  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina  como 
consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna  [STC  155/2009,  FJ  2  b)]  y,  en 
consecuencia, constando en las actuaciones certificación de la causa judicial de origen, 
acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz a fin de 
que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la 
recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente 
proceso de amparo.
La Secretaría de Justicia de la sala acordó dar vista de las actuaciones recibidas a  e.e
las  partes  personadas  y  al  Ministerio  Fiscal,  mediante  diligencia  de  18  de  octubre  w.b
de 2021, para que, por un plazo de veinte días, pudiesen presentar las alegaciones que  00ww
nao svui5e d.m ebrLeraec  hdroee cc 2ou0nrr2vee1nn,t ege anfn oe rdlm eq uucleoó n rfseouirtsme riaad laeladgs ac ccoionon neseli dsa ertmr.a 5ec2dio iLanOnetsTe C eex.pscureitsot arse geins tlraa ddoe meal n2d4a  ddee   OE-A-2022-38able en https://
amparo.
6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 26 de noviembre de 2021, interesó 
que se otorgara el amparo solicitado declarando la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la integridad física y moral 
(art. 15 CE); y, en consecuencia, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 
impugnadas con retroacción de las actuaciones al momento anterior a aquel en el que el 
juzgado de instrucción dictó el auto de sobreseimiento provisional, para que se dicte 
nueva  resolución  respetuosa  con  los  derechos  fundamentales  cuya  declaración  de 
vulneración se solicita.
Tras entender suficientemente invocada en el proceso judicial previo la vulneración 
del  art.  15  CE,  aprecia  el  Ministerio  Fiscal  que  las  aducidas  vulneraciones  de  los 
derechos de acceso a la justicia y al recurso no son verosímiles, sino patentemente 
infundadas, dado que el proceso penal se incoó y se tramitó, así como lo fueron los 
recursos  presentados;  destaca,  además,  que  se  trata  de  alegatos  que  no  fueron 
planteados como tales en la cadena de recursos presentados en la vía judicial tras la 
decisión inicial de sobreseimiento provisional.
En  cuanto  a  la  queja  nuclear  del  recurso  de  amparo  en  el  que  se  considera 
prematuro  el  sobreseimiento  provisional  de  la  causa,  siguiendo  lo  expuesto  en  la 
STC 166/2021, de 4 de octubre, reitera la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en relación con las obligaciones positivas de investigación que 
derivan del art. 15 CE y 3 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), como 
vertiente procesal del derecho a la integridad física y moral y a no padecer tratos 
inhumanos o degradantes. La considera plenamente aplicable para la resolución del 
presente  recurso  de  amparo,  pese  a  no  tratarse  de  un  supuesto  de  detención 
incomunicada ni de una persona especialmente vulnerable, ni los hechos tienen la 
consideración  de  torturas,  ni  de  tratos  inhumanos  o  degradantes  que  puedan 
considerarse graves, a los efectos de aplicar la modalidad agravada del art. 175. A 
continuación, expone su criterio según el cual, en el caso presente, no cabe descartar 
que la práctica de un cacheo con desnudo integral sea penalmente relevante, valoración 
para la cual no es preciso apreciar un dolo específico o elemento intencional que vaya 
más allá de conocer que la conducta objetivamente afecta a la integridad moral, y 
consentir con ello.
Analiza  a  continuación  si  cabe  apreciar  en  el  caso  presente  la  existencia  de 
sospechas razonables de maltrato policial, las que define como «la existencia de datos 
que generen un panorama sospechoso potencialmente conectado con la existencia de 
torturas o malos tratos» concluyendo que tales sospechas no han quedado desvirtuadas 
con la investigación realizada. Señala que «en concreto estas sospechas derivarían de la 
grabación de sonido aportada en la que una mujer, supuestamente la funcionaria de 
policía que va a realizar o está realizando el cacheo, le dice en dos ocasiones a la 
denunciante que se lo tiene que quitar todo y añade que es ‘un poco vergonzoso’»; a lo 
que  añade  que  dichas  sospechas  no  son  desvirtuadas  por  los  informes  médicos 
aportadas a la causa; por lo que la necesidad de continuar la investigación estaba 
justificada.
En cuanto a las diligencias de investigación propuestas y no practicadas, afirma el 
fiscal que no es suficiente con la nota informativa firmada por la funcionaria denunciada, 
dado que no se ha sometido a contradicción y se emite en un momento procesal en el 
que no habían sido aportadas las grabaciones de audio realizadas subrepticiamente por 
la denunciante, por lo que su interrogatorio presencial es adecuado y conveniente. Igual 
conclusión expresa en relación con la declaración de otros agentes que participaron en  es
la detención o se encontraban en las dependencias policiales, pues existen versiones  o
drhoceoeafiacnnblitiueozranr a dcqr iciuacuoetnnon tareatri a.sai nisdTss iatscpiómoce bicpoerconeniceó  eoscnl  o  gcdmsoreoainls bdsalruoiredg í daeae rlraaa  pd   irolnapona rtdeiddveceeac cncsiuóiuedann adp cdeoria no,n  ddestueeli njl oq od u emeeúlt  ietsscinlmea, i cdoerhae»l e.a. i onlIizn,tC eócvro liruesnostlc goocla u,aq tycouaehreñ ieo atoe dad semcte,oa bl r «ipléesaonetlrre  aapgplda aodorcdee irdó cíleenaa      OE-A-2022-3800able en https://www.
señalando que «en definitiva, sí que existen diligencias de investigación que pueden ser
relevantes para determinar si existieron los hechos denunciados tal y como constan en la 
denuncia, que no parecen especialmente difíciles de practicar, que son pertinentes de 
acuerdo con el canon de investigación suficiente establecida en la doctrina constitucional 
o,  en  palabras  del  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos,  para  una  investigación 
‘suficientemente  exhaustiva  y  eficaz  para  cumplir  los  requisitos  del  artículo  3  del 
Convenio’ (STEDH de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España), por lo 
que su realización es preceptiva para evitar la infracción del aspecto procesal del art. 3 
del  CEDH  y  cumplir  lo  dispuesto  en  el  art.  24  en  relación  con  el  15  de  nuestra 
Constitución».
En  relación  con  la  motivación  de  los  autos  recurridos,  insiste  en  que,  aun  no 
tratándose  de  resoluciones  inmotivadas,  no  satisfacen  el  canon  de  «investigación 
efectiva» que permite pronunciarse sobre la queja de amparo. Continúa el fiscal sus 
alegaciones  señalando  que,  pese  a  su  extensión,  las  resoluciones  recurridas  no 
contienen una motivación suficiente sobre el cierre de la investigación, tal y como exige 
la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos y la jurisprudencia de este tribunal, 
conforme a la cual deben ser agotadas cuantas posibilidades razonables de indagación 
resulten útiles para aclarar los hechos. En su opinión, son específicamente insuficientes 
los argumentos judiciales dirigidos a calificar como innecesaria la declaración presencial 
de la funcionaria policial denunciada para ser interrogada sobre el contenido de la 
grabación; la misma alegación se extiende a la declaración de otros agentes policiales 
que participaron en la detención y reseña de la detenida, la de su letrado de oficio o la de 
los facultativos que la atendieron con posterioridad a su detención.
La  propuesta  de  estimación  del  recurso  de  amparo  se  apoya  en  la  siguiente 
alegación conclusiva: «En definitiva, no solo hay un déficit de motivación, sino que no 
existe ningún obstáculo para la continuación de la tramitación de la causa, y sí una 
exigencia constitucional de practicar las diligencias analizadas, que son razonablemente 
útiles para agotar las posibilidades de determinar con certeza si los hechos sucedieron 
como se relata en la denuncia y de ser así, si los mismos tenían una justificación que 
impida considerar la existencia de un delito del art. 175 CP por la denunciada u otros 
agentes. Por tanto, procede anular los autos impugnados y continuar la instrucción 
cumpliendo con los estándares de investigación suficiente y eficaz, establecidos por el 
Tribunal Europeo Derechos Humanos y nuestra doctrina constitucional para cumplir con 
los derechos establecidos en los arts. 24 y 15 de nuestra Constitución y el art. 3 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos».
7. Por providencia de 3 de febrero de 2022, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
Como con detalle ha quedado reflejado en los antecedentes, la demandante formuló 
denuncia penal afirmando que, durante su permanencia en dependencias policiales en 
condición de detenida, había sido innecesariamente sometida a un cacheo corporal con 
desnudo integral antes de ingresar en el calabozo. La detención fue consecuencia de 
una orden judicial que la autorizaba si no daba cumplimiento voluntario a la previa 
resolución, adoptada en un proceso de familia, en la que se acordó que debía entregar a 
su padre a sus dos hijas menores de edad. La causa penal incoada como consecuencia  e.e
de su denuncia fue provisionalmente sobreseída al apreciar la juez instructora que,  b
practicadas las diligencias de investigación útiles para su esclarecimiento, los hechos  00ww
dreelenvuannctiaeds.o sL osn osu cheasbivíoasn  reqcuuersdoasd oju ddiceiabliedsa mpreensteen taadcoresd pitoard loas d, ennui nceiraannt e paenntea llma ejunetez 
instrEulc toobraje yto e ld óerlg apnreos jeundticei arl edceu raspoe ladcei óanm fupearroon  edxeisgees tdimeatedromsi.nar  si  las  resoluciones
judiciales  impugnadas  en  amparo,  que  decretaron  y  mantuvieron  el  sobreseimiento
provisional de la causa penal iniciada a instancias de la recurrente, han vulnerado sus 
derechos a la tutela judicial efectiva en relación con su derecho a la integridad física y 
moral  (art.  15  CE)  debido  a  la  insuficiente  investigación  judicial  de  los  hechos 
denunciados.
El  Ministerio  Fiscal  ha  interesado  que  se  otorgue  el  amparo  solicitado  y,  en 
consecuencia, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas con 
retroacción de las actuaciones al momento anterior a aquel en el que el juzgado de 
instrucción  dictó  el  auto  de  sobreseimiento  provisional,  para  que  se  dicte  nueva 
resolución respetuosa con los derechos fundamentales cuya vulneración fundamenta la 
demanda.
2. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre las obligaciones de investigación que 
derivan del art. 15 CE.
Haciendo expresa recepción de los postulados de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos a los que a continuación nos referiremos, este tribunal 
ha  establecido  una  consolidada  doctrina  sobre  las  exigencias  constitucionales  que 
derivan, tanto del artículo 15 CE como del artículo 24 CE, en relación con las decisiones 
judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales incoadas por denuncia 
de torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen sufridas bajo custodia 
policial. Dicha doctrina aparece extensamente recogida en la reciente STC 166/2021, 
de 4 de octubre.
Con carácter general, quien ejerce una pretensión de esclarecimiento y condena en 
un proceso penal tiene derecho a recibir una resolución razonada en Derecho sobre las 
pretensiones ejercidas (art. 24.1 CE). El denunciante que, como ofendido, promueve la 
actividad jurisdiccional tiene derecho a una respuesta judicial razonada, que bien puede 
ser el sobreseimiento o archivo de las actuaciones (STC 138/1997, de 22 de julio, FJ 5), 
pues  este  derecho,  como  hemos  afirmado  reiteradamente,  «es  compatible  con  un 
pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término 
anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos 
imputados, carecen de ilicitud penal» (por todas, SSTC 203/1989, de 4 de diciembre, 
FJ 3; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 85/1997, de 22 de abril, FJ 3). Tal exigencia 
de motivación razonable se ve acentuada en los supuestos en los que a través del 
procedimiento judicial se hace valer la protección de un derecho fundamental. Como 
hemos  señalado  en  muchas  otras  ocasiones  (por  todas,  STC  196/2002,  de  28  de 
octubre, FJ 5), «sobre las resoluciones judiciales que inciden en el contenido de un 
derecho  fundamental  sustantivo  pesa  un  deber  de  motivación  reforzada,  por 
comparación con el específicamente derivado del derecho a la tutela judicial efectiva 
proclamado en el art. 24.1 CE [entre otras, SSTC 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4; 
63/2001, de 17 de marzo, FJ 7, y 68/2001, de 17 de marzo, FJ 6 a)]. Ese plus de 
motivación hace referencia a exigencias de orden cualitativo y no cuantitativo, al ser 
perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias 
del  meritado  art.  24.1  CE,  por  recoger  las  razones  de  hecho  y  de  derecho  que 
fundamenten la medida acordada, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de 
los derechos fundamentales, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las 
razones justificativas de las decisiones adoptadas» (SSTC 14/2002, de 28 de enero, 
FJ 5, y 251/2005, de 10 de octubre, FJ 4).
En relación con la investigación de indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes sufridos bajo la custodia de autoridades policiales, este deber reforzado  e.e
conecta específicamente con los acuerdos internacionales firmados por España y el  w.b
propio  tenor  del  art.  15  CE,  de  los  que  se  desprende  un  mandato  especial,  una  00ww
orebsliuglatecnió únt ilpeoss pitaivraa  adcirliagriadra  loas  ahgeocthaors .c uEann etassto sp ossuipbuiliedsatdoess,  erna zloosn aqbulee se ld vea loinrd saugpaecrióionr 
deen  llaa  dqiugen iedla cdi uhduamdaannoa  speu eednec uveenrstrea  cpormovpisroiomneatlimdoe nctoen b majoot ilvao c dues tuondaia  sfiítsuicaac iódne l eEsspteacdioa,l 
es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional
pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de 
excesos contra su integridad física o moral (SSTC 7/2004, de 9 de febrero, FJ 2, 
o 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3).
Por estas razones, hemos venido considerando que vulnera el derecho a la tutela 
judicial efectiva en este ámbito que no se inicie o que se clausure la instrucción cuando 
existan sospechas razonables susceptibles de ser despejadas de que se ha podido 
cometer el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes denunciado (entre 
otras,  las  SSTC  34/2008,  de  25  de  febrero,  FJ  6;  52/2008,  de  14  de  abril,  FJ  2, 
y 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2). Consecuentemente, para determinar cuándo se ha 
producido una violación del derecho del art. 24 CE vinculado con el art. 15 CE es preciso 
valorar dos elementos (STC 166/2021, de 4 de octubre, FJ 3):
(i) En primer lugar, que existan razonables sospechas de haberse cometido el delito 
denunciado. Estas sospechas no deben limitarse, claro está, a aquellos casos en los que 
el demandante aporte un importante material probatorio que sirva para acreditar la 
existencia de las mismas dado que es, precisamente, «la probable escasez de pruebas 
existente en este tipo de delitos, lo que debe alentar, por un lado, la diligencia del 
instructor para la práctica efectiva de las medidas posibles de investigación y, por otro, 
ante la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su comisión, hacer 
aplicable el principio de prueba como razón suficiente para que se inicie la actividad 
judicial de instrucción» (SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 123/2008, de 20 de 
octubre, FJ 2, y 40/2010, de 19 de julio, FJ 2).
(ii) En segundo lugar, que la sospecha de comisión de torturas o malos tratos se 
revele como susceptible de ser despejada mediante una investigación eficaz.
La exigencia de agotar los medios posibles de indagación no supone que «‘se 
practiquen todas y cada una de las diligencias solicitadas o imaginables, pero sí que en 
un contexto aún de incertidumbre acerca de lo acaecido se practiquen aquellas que a 
priori  se  revelen  susceptibles  de  despejar  tales  dudas  fácticas.  Si  hay  sospechas 
razonables de maltrato y modo aún de despejarlas no puede considerarse investigación 
oficial eficaz la que proceda al archivo de las actuaciones’ (STC 34/2008, de 25 de 
febrero, FJ 8). Resulta así posible no proseguir con nuevas diligencias de investigación 
en aquellos casos en que o bien no persistan sospechas razonables sobre los hechos 
denunciados o bien incluso persistiendo ya se han agotado los medios razonables y 
eficaces de investigación [SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 8; 52/2008, de 14 de 
abril, FJ 5; 63/2008, de 26 de mayo, FJ 4, y 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 4 b)]».
Con base en esta doctrina hemos estimado la pretensión de amparo en supuestos en 
que, existiendo sospechas razonables de delito, se había concluido la instrucción sin 
haber tomado declaración a la persona denunciante [por todas, SSTC 34/2008, de 25 de 
febrero, FJ 8; 52/2008, de 14 de abril, FJ 5, 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 
63/2010, de 18 de octubre, FJ 3 b); 131/2012, de 18 de junio, FJ 5; 153/2013, de 9 de 
septiembre, FJ 6, y 39/2017, de 24 de abril, FJ 4], sin haber oído al letrado de oficio que 
asistió a la persona detenida en dependencias policiales (SSTC 52/2008, de 14 de abril, 
FJ 5; 130/2016, de 18 de julio, FJ 5, y 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 4), sin haber 
recibido declaración a los profesionales sanitarios que le asistieron (STC 52/2008, de 14 
de abril, FJ 5), o sin haber identificado, y tomado declaración, a los agentes de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bajo cuya custodia se encontraba quien 
formuló la denuncia (SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 40/2010, de 19 de julio, 
FJ 4; 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 4, y 39/2017, de 24 de abril, FJ 4). e.e
3. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la  00ww
elnole scT deTriesabrilud eynac adhcl oo dEmse uro eru otcnapoameg oibidn ioéhvsnae   sehrteniegc maeoclon iasóor nctr.ei  d3eso fudi cmreaelizi dtC eodor aerned vclaaeimesnn ieodtne eEtmneuu erqnonucpteeiea  oese  nld p aeloar rD t cícdeitueraelldoicta oh3 soS  CsTq EuHCeDu 1 mHa6,ta6 enc/n2oot0ans2n.fo1 r,cm oFneJt  r2aa,l    OE-A-2022-38able en https://
cual «[n]adie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes»
consagra  uno  de  los  valores  fundamentales  de  las  sociedades  democráticas  y  un 
derecho  absoluto  e  inalienable  estrechamente  vinculado  al  respeto  de  la  dignidad 
humana (SSTEDH de la Gran Sala de 1 de junio de 2010, asunto Gäfgen c. Alemania, § 
107, y de 28 de septiembre de 2015, asunto Bouyid c Bélgica, § 81) que, en ningún caso 
puede ser restringido ni derogado, cualquiera que sea la naturaleza del delito cometido o 
la conducta que sea sometida a investigación (STEDH 6 de abril de 2000, asunto Labita 
c. Italia, § 119).
Como un segundo grado tras la tortura se encuentran, según el mismo tribunal, los 
tratos  inhumanos  que  son  definidos  como  «los  sufrimientos  físicos  o  psíquicos 
provocados  voluntariamente  con  una  intensidad  particular»  (STEDH  de  25  de  abril 
de 1978, asunto Tyrer c. Reino Unido, § 129) y los tratos degradantes conceptualizados, 
a su vez, como aquellos que «han disminuido la dignidad humana de las víctimas o ha 
despertado en ellas sentimiento de miedo, angustia e inferioridad capaces de humillarlas 
y degradarlas» (STEDH de 11 de diciembre de 2003, asunto Yankov c. Bulgaria, § 104). 
Esta misma sentencia señala que para determinar si un trato puede ser considerado 
«degradante» en el sentido del art. 3 CEDH habrá que valorarse «si su objeto es humillar 
y degradar a la persona en cuestión y si, en lo que respecta a las consecuencias, afectó 
negativamente a su personalidad de una manera incompatible con el artículo 3 CEDH, 
siendo  que,  incluso,  la  ausencia  de  tal  propósito  no  puede  descartar  de  manera 
concluyente la determinación de una violación del artículo 3 (SSTEDH de 19 de abril 
de 2001, asunto Peers c. Grecia, § 74; de 15 de julio de 2002, asunto Kalashnikov c. 
Rusia, § 101; de 11 de diciembre de 2003, asunto Yankov c. Bulgaria, § 105)».
Ha precisado también el Tribunal Europeo que, en el caso de los malos tratos, para 
caer  dentro  del  alcance  del  artículo  3  CEDH,  deben  alcanzar  un  nivel  mínimo  de 
severidad  (asunto  Bouyid  c.  Bélgica,  §  86).  La  evaluación  de  este  último  requisito 
depende de todas las circunstancias del caso, como son la duración del tratamiento 
médico posterior, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el 
estado de salud de la víctima resulta también relevante el propósito por el cual se 
infligieron los malos tratos, aunque la ausencia de una intención de humillar o degradar a 
la víctima no permite descartar de manera concluyente la constatación de una violación 
del artículo 3 CEDH. También debe tenerse en cuenta el contexto en el que se infligieron 
los malos tratos.
En relación con ello, el Tribunal de Estrasburgo ha distinguido, a su vez, entre la 
posible violación del art. 3 CEDH en su parte sustancial y la posible violación de dicho 
precepto en su vertiente procesal. Así, para declararse una violación sustancial del art. 3 
CEDH debe apreciarse, más allá de toda duda razonable, que el demandante fue 
sometido a malos tratos, alcanzando un mínimo de gravedad. En este sentido, abunda el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las acusaciones de malos tratos deben ser 
apoyadas «por elementos de prueba apropiados», pudiendo dicha prueba «resultar de 
un conjunto de indicios o de presunciones no refutadas, suficientemente graves, precisos 
y concordantes» (STEDH de 28 de septiembre de 2010, asunto San Argimiro Isasa c. 
España, § 58).
En  el  aspecto  procesal,  el  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  recuerda  que, 
cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido, de manos de la 
policía o de otros servicios equiparables del Estado, malos tratos contrarios al artículo 3 
CEDH, esta disposición, combinada con el deber general impuesto al Estado por el 
artículo 1 CEDH de «reconocer a toda persona bajo su jurisdicción, los derechos y 
libertades  definidos  [...]  [en  el]  Convenio»,  requiere,  implícitamente,  que  haya  una  es
investigación oficial efectiva. Esta investigación, a semejanza de la que resulta del  o
(eBadSnreetS  ír1cilTsa1uEt  laodDpi enrH2á  jUu, c dktliideoace a r2d b c7ees.    iE2dep0enso0 pdds0aoee,ñ  praap tis,oce u§osmni nb2btdlo8eru e) Dc.  «idSirkp eima a nr1 eoa9l   ac9fua .5 egiTd, reueaanrns qtatueuisfnsíiíca t,o a,de  c§elM i lpó 1crnE0Co 1spayt,in a oyand  al od ry etc ía oca8buts ruldtooisges a3o  mcr   C.d adREerezD e oliHlon odso sqe   Uu rd2eene0sdir1dpae1oorc,í,n ha as§o sva su1ab n6cldeít1oeos;      OE-A-2022-3800able en https://www.
quienes están bajo su control con virtual impunidad» (STEDH de 28 de octubre de 1998, 
asunto Assenov y otros c. Bulgaria, § 102).
En efecto, en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes, ha concluido no poder afirmar 
con certeza, de acuerdo con su propia jurisprudencia, que el demandante fue sometido, 
durante su arresto y su detención, a los malos tratos alegados. Ahora bien, cuando la 
imposibilidad de determinar más allá de toda duda razonable que el demandante fue 
sometido a malos tratos contrarios al art. 3 CEDH «se desprende en gran medida de la 
ausencia de una investigación profunda y efectiva por las autoridades nacionales tras la 
denuncia presentada por el demandante por malos tratos», ha declarado violado el art. 3 
CEDH en su vertiente procesal (SSTEDH de 8 de marzo de 2011, asunto Beristain Ukar 
c. España, § 39, 41 y 42; de 28 de septiembre de 2010, asunto San Argimiro Isasa c. 
España, § 65, y de 2 de noviembre de 2004, asunto Martínez Sala y otros c. España, § 
156 y 160). El propósito fundamental de dicha exigencia de investigación es garantizar la 
aplicación efectiva de las leyes internas que prohíben la tortura y los tratos o penas 
inhumanos o degradantes en casos que involucran a agentes u organismos estatales, 
así como asegurar su rendición de cuentas por los malos tratos ocurridos bajo su 
responsabilidad.
La necesidad de la investigación efectiva ha de evaluarse con mayor rigor cuando el 
denunciante se encuentra en una situación de detención incomunicada, lo que exige un 
mayor esfuerzo, por parte de las autoridades, para esclarecer los hechos denunciados 
(SSTEDH de 7 de octubre de 2014, asunto Ataun Rojo c. España; de 7 de octubre 
de 2014, asunto Etxebarria Caballero c. España; de 5 de mayo de 2015, asunto Arratibel 
Garciandia c. España, y de 31 de mayo de 2016, asunto Beortegui Martínez c. España). 
Aunque esto no implica, en modo alguno, que la necesidad de investigación efectiva sea 
predicable  únicamente  respecto  a  supuestos  de  torturas,  tratos  inhumanos  o 
degradantes cometidos durante una detención incomunicada, sino que es en estos 
casos, precisamente, cuando la investigación ha de imponerse y evaluarse con mayor 
rigor dada cuenta que los alegados malos tratos fueron producidos «en una situación de 
aislamiento y de total ausencia de comunicación con el exterior, un tal contexto que exige 
un mayor esfuerzo, por parte de las autoridades internas, para determinar los hechos 
denunciados»  (SSTEDH  de  7  de  octubre  de  2014,  asunto  Etxebarria  Caballero  c. 
España, § 47, y de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España, § 60).
Por ello mismo, son numerosos los pronunciamientos del Tribunal Europeo Derechos 
Humanos  en  que  se  ha  estimado  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  positivas 
procesales derivadas del art. 3 CEDH en casos en los que, aunque los alegados malos 
tratos no habían tenido lugar en el marco de detenciones incomunicadas, la investigación 
desarrollada por los órganos judiciales no había sido apurada mediante las diligencias 
indispensables para el esclarecimiento de los hechos. Es el caso, por ejemplo, de la 
STEDH de 24 de julio de 2012, asunto B.S. c. España, en el que se declaró la violación 
de los aspectos procesales del art. 3 CEDH en el supuesto de sobreseimiento de una 
denuncia donde se alegaban malos tratos producidos durante una actuación policial 
realizada en la vía pública, o la más reciente STEDH de 9 de marzo de 2021, asunto 
López Martínez c. España, en relación con el archivo de una denuncia por agresiones 
policiales  presuntamente  acaecidas  durante  el  desalojo  de  un  establecimiento  de 
hostelería.
4. Resolución de la queja. s
a) Como ya ha sido expuesto con detalle en los antecedentes, en el caso sometido  w.b
a nuestro enjuiciamiento, la demandante de amparo denunció ante la jurisdicción penal  00ww
hdaubraenr tes iedlo d einsnaerrcoelsloa rdiaem seun dtee tesonmcióenti.d aT ala  inusnp eccaccióhne oc oprpeorsraoln haal bcroían  sdideos nreuadloiz aindtae gproarl 
upnoalic aiagleesn.te femenina antes de acceder a los calabozos existentes en las dependencias
Tras ser ratificada personalmente la denuncia, la magistrada-juez instructora acordó 
la incoación del procedimiento de investigación y solicitó al jefe de la Unidad policial de 
Familia  y  Mujer,  de  la  que  formaban  parte  los  agentes  que  habían  practicado  la 
detención, que remitiera el atestado entonces elaborado, identificara a la funcionaria 
policial que practicó el cacheo denunciado e informara sobre su necesidad y el protocolo 
aplicable  para  su  realización.  La  denunciante  presentó  los  informes  médicos  que 
recogían la asistencia que le había sido prestada durante y después de la detención. Se 
recibió el informe policial solicitado, en el que se indicaba al juzgado que en ningún 
momento se ordenó a la detenida que se desnudara integralmente.
Casi dos meses después, la juez instructora oyó en declaración presencial a la 
denunciante. Durante dicha diligencia entregó varias grabaciones de audio que había 
realizado de forma subrepticia desde que fue detenida hasta que ingresó en el calabozo 
policial. Días después, su representación procesal solicitó al juzgado que se oyera en 
declaración contradictoria a la agente policial que realizó la inspección corporal. La 
solicitud no fue estimada y, al mismo tiempo, la instructora reiteró la petición del atestado 
policial elaborado y de la resolución judicial por la que se desestimó la solicitud de 
habeas corpus realizada durante la detención; pidió también información sobre si se 
habían podido comprobar los hechos denunciados a través de los sistemas de video 
vigilancia existentes en las instalaciones policiales.
Una  vez  recibida  la  información  que  había  sido  solicitada,  la  causa  penal  fue 
sobreseída provisionalmente tras considerar la instructora que la investigación había sido 
suficiente, que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados ni, 
de  haberlo  sido,  serían  penalmente  relevantes,  por  no  constituir  un  atentado  a  la 
integridad moral (art. 175 CP).
Al recurrir en reforma y apelación la decisión de sobreseimiento, la demandante 
aportó al juzgado un informe pericial elaborado por un técnico de sonido que analizaba y 
transcribía el contenido del audio registrado en la grabadora. Según este, en una de las 
grabaciones registradas se puede oír una voz femenina que indica a la detenida que, 
para realizar el cacheo debía ir «quitándoselo todo», repitiendo que «se lo tiene que 
quitar todo […] es un poco […] así, violento», añadiendo después: «pues se da la 
vuelta». En su recurso solicitó la continuación de la instrucción con la práctica de dos 
diligencias de investigación adicionales: (i) que se tomara declaración en calidad de 
investigada a la agente del Cuerpo Nacional de Policía que había practicado el cacheo; 
circunstancia fáctica esta que, en el informe policial previo aportado al juzgado instructor, 
había sido negada por la agente y su superior jerárquico, el inspector jefe de la unidad 
policial actuante, y (ii) que se realizara un nuevo informe pericial sobre las grabaciones 
subrepticias de audio por parte de «la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Guardia 
Civil», con la finalidad de que «se pueda extraer un mejor resultado de las grabaciones».
Tanto  al  desestimar  el  recurso  de  reforma  como  el  de  apelación,  los  órganos 
judiciales, sin hacer referencia alguna a las exigencias positivas de investigación efectiva 
que derivan del contenido de los arts. 15 CE y 3 CEDH que le habían sido expresamente 
alegadas, no consideraron preciso oír contradictoriamente en declaración a la agente 
policial o a sus compañeros, por entender no acreditada que la agente denunciada 
atentara contra la integridad moral de la denunciante. Señalaron que la práctica de un 
cacheo con desnudo integral no había sido probada y que, en todo caso, este tipo de 
inspecciones  corporales  viene  recogido  como  legítimo  en  una  instrucción  de  la 
Secretaria  de  Estado  para  la  Seguridad  (Instrucción  4/2018,  de  14  de  mayo,  que 
actualiza el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las fuerzas  es
y cuerpos de seguridad del Estado). No se dio relevancia a las grabaciones de audio,  o
cyetcro onaenntnenscsn ilcducdreyoieternorón d» dqu.ionuc netqae u c«ceeno,sa nead nraei a nt oitbilddaaoa   pdcar a upsaeeopbn,oa asr ltu pad erre er ipachailaiazrlbaa e screoióssleincc  il«traaenrdaeoalc iz leoaar  d clorooe nsaev lfiehezrecatitcrri víhapao omssr i envln aimst etáGo»s .u  eaePlrn od tridea enú golCtrrimia vddiola e, pn sotleoer     OE-A-2022-3800able en https://www.
b) El análisis de dicha conclusión judicial y el razonamiento que la justifica permite 
anticipar la estimación de la pretensión de amparo, tal y como viene apoyada por el 
Ministerio Fiscal en sus alegaciones. La investigación realizada de la conducta policial 
considerada  por  la  recurrente  como  excesiva  y  atentatoria  a  su  dignidad  no  fue 
suficiente, en tanto no facilitó el adecuado esclarecimiento de los hechos denunciados. A 
la vista de las grabaciones de audio aportadas al juzgado por la recurrente en su 
declaración presencial, desarrollada el 13 de septiembre de 2019, el sustento fáctico de 
la denuncia inicial, en lo que se refiere a la denunciada práctica policial de un cacheo 
personal con desnudo integral de la detenida, resultaba verosímil, esto es, constituía una 
sospecha razonable fundada en datos objetivos.
Hemos  de  destacar  que  la  instructora  no  permaneció  pasiva  ante  la  denuncia 
presentada: identificó a la agente denunciada, oyó personalmente a la denunciante, 
aceptó y examinó las grabaciones de audio y la prueba pericial sobre ellas aportada, 
recabó informes policiales para situar en contexto la causa de la detención practicada, 
que se apoyaba en una orden judicial previa y en la conducta poco colaborativa de la 
detenida. Aun así, la información que se recabó del jefe de la unidad policial, que incluía 
una  nota  escrita  de  la  agente  policial  denunciada,  se  obtuvo  antes  de  conocer  la 
existencia  de  las  grabaciones  de  audio  que  permiten  afirmar  que  la  sospecha  de 
realización de un cacheo con desnudo integral era razonable y fundada. En tal medida, 
para el esclarecimiento de los hechos era útil y preciso dar oportunidad a la agente 
denunciada de explicar contradictoriamente y de forma presencial la información escrita 
que había facilitado sobre la forma en que se desarrolló el cacheo corporal. Y, en función 
del resultado de tal diligencia, pronunciarse fundadamente sobre la procedencia, o no, 
del resto de diligencias de averiguación solicitadas.
La propia Instrucción 4/2018, de 14 de mayo, en la que la policía y los órganos 
judiciales apoyaron la posibilidad de realizar a los detenidos cacheos corporales con 
desnudo integral, pese a su insuficiente rango normativo, justifica este tipo inspecciones 
personales en casos muy limitados; únicamente «como precaución para garantizar la 
seguridad  de  los  funcionarios  actuantes  y  la  de  los  propios  detenidos  o  de  otras 
personas presentes […] cuando, a juicio del funcionario policial responsable del mismo, 
por las circunstancias de la detención, la actitud del detenido u otras debidamente 
valoradas y justificadas por el responsable policial encargado de autorizarla, se aprecie 
fehacientemente la posibilidad de que guarde entre sus ropas o partes íntimas objetos o 
instrumentos que pudieran poner en peligro su propia vida, su integridad corporal, la de 
otras personas o la del propio funcionario o funcionarios que le custodian; o bien cuando 
se  aprecien  indicios  suficientes  de  que  oculta  algún  objeto  que  pueda  ser  medio 
probatorio que sirva de base para responsabilizarle de la comisión del delito y siempre 
que no sea posible el uso de otro tipo de fórmula, medio o instrumento que permita 
conseguir  el  mismo  resultado  y  produzca  una  menor  vulneración  de  sus  derechos 
fundamentales» (Instrucción número 19/2005, de 13 de septiembre, del secretario de 
Estado de Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, a la que la Instrucción 4/2018, se remite).
No  nos  corresponde  en  este  proceso  constitucional  pronunciarnos  sobre  si  la 
conducta denunciada –en caso de resultar acreditada– es o no penalmente relevante, 
sino,  más  limitadamente,  nos  compete  determinar  si  dada  su  naturaleza  fue 
suficientemente esclarecida, vista su relación con el contenido del art. 15 CE.
Para ello era relevante intentar esclarecer si se practicó o no un registro corporal con 
desnudo integral y, en caso afirmativo, determinar con qué finalidad y hasta qué punto  es
era una medida proporcionada a las circunstancias concurrentes. No cabe olvidar que  o
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febrero,  FJ  4,  y  204/2000,  de  24  de  julio,  FJ  4,  entre  otras).  Tales  circunstancias 
permiten, en este caso, apreciar una investigación judicial insuficiente.
5. Efectos de la estimación del recurso de amparo.
En conclusión, habida cuenta de que frente a la denuncia por malos tratos policiales 
de la recurrente no se produjo una investigación judicial suficiente que agotara los 
medios de investigación útiles para el esclarecimiento de los hechos relativos a la 
realización de un registro corporal con desnudo integral en las dependencias policiales, 
pese a que se habían propuesto otros medios de investigación pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, procede otorgar el amparo por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser 
sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exige, tal como se 
viene razonando en la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la anulación de los 
autos impugnados y la retroacción de actuaciones para que se le dispense la tutela 
judicial demandada (por todas, SSTC 131/2012, de 18 de junio, FJ 6; 153/2013, de 9 de 
septiembre, FJ 7; 130/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 5).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Sara Bejarano Brioso y, en su 
virtud:
1.º Reconocer que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Restablecerla en la integridad de sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del 
auto de 28 de octubre de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz (dictado en 
las diligencias previas núm. 1009-2019), confirmado en reforma por auto 11 de diciembre 
siguiente, y en apelación por auto núm. 57/2020, de 10 de febrero, de la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Badajoz (rollo de apelación núm. 25-2020), así como de 
estas últimas resoluciones.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los 
autos anulados para que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz proceda en 
términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.