BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Viernes 26 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 35467
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
4767 Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión 
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia,  por  la  que  se  publica  el 
Convenio con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las 
Illes Balears, para la cesión del código fuente de Weco.
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el 
Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears, 
han suscrito, con fecha 15 de marzo de 2021, un Convenio para la cesión del código 
fuente de WECO.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid,  17  de  marzo  de  2021.–La  Presidenta  de  la  Comisión  Nacional  de  los 
Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién.
ANEXO
Convenio entre la CNMC y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción 
de las Illes Balears para la cesión del código fuente de WECO
REUNIDOS
De una parte, doña Cani Fernández Vicién, representante legal de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), con NIF Q2802141H, 
y domicilio social en Madrid, calle Alcalá, 47, actuando en nombre y representación de la 
misma en virtud de nombramiento efectuado por Real Decreto 580/2020, de 16 de junio, 
(BOE núm. 169 de 17 de junio de 2020) y de las competencias que le otorga el 
artículo 19 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC y el artículo 15.2 
letras a) e i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por Real Decreto 657/2013, 
de 30 de agosto.
De otra parte, don Jaime Far Jiménez, Director de la Oficina de Prevención y Lucha 
contra la Corrupción de las Illes Balears, en virtud del nombramiento efectuado mediante 
Resolución del Presidente del Parlamento de las Illes Balears de 10 de enero de 2018 
(«Boletín Oficina de las Illes Balears» de 12 de enero de 2018), y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina 
de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, y en el artículo 6.1.h del 
Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Oficina de Prevención y Lucha 
contra  la  Corrupción  en  las  Islas  Baleares,  aprobado  por  la  Comisión  de  Asuntos 
Institucionales y Generales del Parlamento de las Illes Balears en sesión de día 21 de  s
noviembre de 2018 («Boletín Oficial de las Illes Balears» de 13 de diciembre de 2018), con  e.
domicilio a efectos de este Convenio en la calle Alfons el Magnànim, 29, 2.º-1.ª, de Palma  w.
de Mallorca. 67ww
EXPONEN
Primero.
El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y del Procedimiento Administrativo Común ( en adelante Ley 40/2015), establece 
como uno de los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, el 
principio de cooperación, colaboración y coordinación y, la propia Ley regula en su 
capítulo VI del Título Preliminar el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para 
la formalización de acuerdos entre Administraciones para un fin común.
Segundo.
Por su parte, el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, señala que las Administraciones 
Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de 
todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la 
contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general 
de  aplicaciones,  dependiente  de  la  Administración  General  del  Estado,  si  existen 
soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente 
las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los 
requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.
En caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no 
reutilizarla  se  justifique  en  términos  de  eficiencia  conforme  al  artículo  7  de  la  Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.
Tercero.
Dentro de los medios tecnológicos con los que debe contar la Oficina de Prevención 
y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears (OPLC) se ha revelado la necesidad de 
mejorar los procedimientos y herramientas que se utilizan en su gestión diaria.
Tras un análisis de la situación, la OPLC ha llegado a la conclusión de que es preciso 
implantar  un  sistema  de  gestión  electrónica  de  expedientes  que  dé  servicio  a  los 
procedimientos del organismo, principalmente los de investigación e inspección, y a su vez 
permita el cumplimiento de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre y 40/2015, de 1 de octubre.
La OPLC considera que la aplicación WECO, propiedad de la CNMC, sería una 
herramienta  idónea,  por  cuanto  permitiría  dar  solución  global  a  los  requerimientos 
electrónicos que realiza, además de ajustarse a la normativa vigente.
Cuarto.
La CNMC es favorable a la reutilización de sistemas y aplicaciones de su propiedad y 
a la cesión del uso de las tecnologías entre Administraciones.
En base a lo expuesto anteriormente, y recociéndose ambas partes la capacidad 
legal  necesaria  en  la  representación  que  actúan,  acuerdan  suscribir  el  presente 
Convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS e.e
Primera.  Objeto. 67ww
la OEfilc oinbaje dtoe  dPerle pvreensceinótne  yC Louncvhean ioc oenst rlaa  clae sCióonrr udpecl icóónd idgeo  lfause nIltlee sy  Bsua ledaerrse c(hOoP dFeC u),s od eal 
sistema web de expedientes colaborativo (WECO), propiedad de la CNMC.
La CNMC y la OPLC se comprometen a colaborar de forma estrecha en el ámbito del 
presente Convenio, poniendo en común los conocimientos técnicos y experiencias que 
permitan resolver las cuestiones que se susciten.
Segunda.  Compromiso de la CNMC.
La CNMC pondrá a disposición de la OPLC el código fuente, manual de usuario y 
documentación técnica, tanto actual como de actualizaciones futuras, asumiendo el 
compromiso de mantener el repositorio de código fuente actualizado.
La CNMC no prestará servicios adicionales de consultoría, desarrollo o incidencias 
específicas de la posible implantación en la OPLC, ni tampoco de las que se derivaran 
de la utilización de la herramienta.
La OPLC deberá cumplir la Licencia de uso de la aplicación.
Tercera.  Régimen económico.
La ejecución del presente Convenio no supone ningún tipo de contraprestación 
económica.
Cuarta.  Exención de responsabilidad de la CNMC.
La CNMC no será responsable en ningún caso de cualquier inconveniente o perjuicio 
que a la OPLC le pueda causar el mal funcionamiento del sistema web de expedientes 
colaborativo (WECO), o cualquier acción derivada de su utilización.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se establece una Comisión de seguimiento del presente Convenio.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1f. de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.c) y 52.3 de la citada Ley.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.
Las  reuniones  de  la  Comisión  de  seguimiento  podrán  celebrarse  por  medios 
electrónicos.
Sexta.  Protección de datos.
Las partes firmantes se comprometen a respetar lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
las  disposiciones  dictadas  en  desarrollo  de  las  normas  anteriores  en  materia  de  es
protección de datos que se encuentren en vigor en el momento de la firma del presente  o
convenio de colaboración o que puedan estarlo durante su vigencia. 67ww
Séptima.  Régimen jurídico.
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando 
excluido de la aplicación de la Ley Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 6.
Octava.  Modificación del Convenio.
El texto de este Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes.
Novena.  Entrada en vigor y duración del Convenio.
El presente Convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes y tendrá 
una duración inicial de un año, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, 
por sucesivos periodos anuales y hasta un máximo de cuatro, si no se produce denuncia 
expresa por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio resultará eficaz 
una  vez  inscrito,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación  del  sector  público  estatal  y  será  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  del 
Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad 
autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración firmante.
Décima.  Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación y publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Tras la firma del presente Convenio, la CNMC en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, procederá a comunicar la suscripción del mismo al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e lnstrumentos de Cooperación del sector público estatal, así como a 
solicitar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de diez días hábiles 
desde su formalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público.
Undécima.  Extinción.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de las partes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras 
leyes.
Las  partes  firmantes  podrán  resolver  este  Convenio  por  mutuo  acuerdo  o  por 
denuncia  de  cualquiera  de  las  mismas  mediante  preaviso  comunicado  de  forma 
fehaciente a la otra parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de 
resolución propuesta.
La resolución del Convenio no dará lugar a indemnización.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en  e.
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las medidas necesarias para  w.b
asegurar la continuación y finalización de las actuaciones en curso. 67ww
Duodécima.  Publicidad del Convenio.
Sin perjuicio de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del Sector Público y su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», el presente Convenio será objeto de publicación en la página web de 
ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1. b) de la Ley 19/2013, 
de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Y siendo de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en Madrid a 15 de 
marzo de 2021.–Por la CNMC, la Presidenta, Cani Fernández Vicién.–Por la OPLC, el 
Director, Jaime Far Jiménez.