BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Miércoles 9 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 27681
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
3676 Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa 
escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
El Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de 
consumo de frutas, hortalizas y leche, tiene por objeto establecer la normativa básica 
aplicable a dicho programa de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios, y el 
Reglamento  (UE)  n.º  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de 
diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) 
n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º  485/2008 del Consejo.
El citado real decreto se modificó en 2019 mediante el Real Decreto 77/2019, de 22 
de febrero, con el fin de mejorar, flexibilizar y agilizar su aplicación.
Con objeto de adecuar la aplicación de los programas escolares a la normativa 
comunitaria,  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  por  la  Dirección  General  de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea en el marco de las investigaciones 
comunitarias, se procede a modificar el procedimiento empleado para seleccionar y 
adjudicar a los proveedores para el suministro en los centros escolares, teniendo en 
cuenta el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2017/40, de la Comisión, de 3 de noviembre 
de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a la ayuda de la Unión para el suministro de frutas y 
hortalizas,  plátanos  y  leche  en  los  centros  escolares  y  se  modifica  el  Reglamento 
Delegado (UE) n.° 907/2014 de la Comisión, y los requisitos de anuncio contemplados 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Por ello, es preciso introducir diversas modificaciones en el Real Decreto 511/2017, 
de 22 de mayo, con el fin de aclarar el procedimiento a seguir cuando se seleccionan los 
proveedores de productos o servicios mediante procedimientos de contratación pública 
de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sus disposiciones de desarrollo y 
demás leyes de contratación autonómicas.
Con esta reforma se establecen dos sistemas para el acceso al mecanismo: uno en 
que las autoridades competentes gestionan directamente las medidas que componen los 
programas  escolares:  distribución  de  los  productos,  medidas  educativas  de 
acompañamiento y otros gastos, contratándolas con un tercero o llevándolas a cabo a 
través de un medio propio, y otro, si así se decide en cada región, en que las autoridades 
competentes gestionan indirectamente la ejecución de los programas, que queda al 
cargo  de  los  centros  escolares  participantes  como  solicitantes  de  las  ayudas,  es
tramitándose a través de un procedimiento subvencional. o
La regulación que contiene esta norma se ajusta a los principios contemplados en el  76ww
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general. Se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa que
imponga menos obligaciones a los destinatarios. En cuanto a los principios de seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, la norma es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, en su elaboración se ha consultado a las comunidades autónomas, así como a 
las entidades más representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 8 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se 
desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación 
con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
El Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de 
consumo de frutas, hortalizas y leche, queda modificado como sigue:
Uno. La letra d) del artículo 2 queda redactada del siguiente modo:
«d) Solicitante de ayuda a los efectos del derecho de la Unión Europea: las 
autoridades competentes que, conforme a la disposición adicional quinta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realicen a título gratuito el suministro de los 
productos, las medidas educativas y/o servicios relativos a los programas en los 
centros escolares, previa contratación pública o por encargo a medios propios 
personificados, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.
Asimismo, en aquellas comunidades autónomas que así lo determinen, podrán 
ser solicitantes de la ayuda a efectos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  los  centros  escolares  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en los artículos 9 y 11.»
Dos. El apartado 3 del artículo 4 se substituye por el siguiente:
«3. La  ayuda  de  la  Unión  Europea  se  destinará  preferentemente  a  la 
distribución  de  los  grupos  de  productos  recogidos  en  el  apartado  1.  Será 
preceptiva la distribución de productos frescos del sector de frutas y hortalizas 
para poder suministrar los productos transformados a base de frutas y hortalizas. 
Así mismo, la distribución de leche de consumo será un requisito previo para el 
suministro de otros productos lácteos.»
Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«1. La ayuda de la Unión Europea se podrá destinar a financiar el suministro 
y distribución, incluida la logística y reparto, de los productos subvencionables a 
los que se hace referencia en el artículo 4. Los productos no podrán ser objeto de 
distribución en el marco de las comidas escolares. es
Al  seleccionar  a  los  proveedores  de  bienes  y  servicios,  las  autoridades  bo
competentes  garantizarán  el  cumplimiento  de  la  legislación  aplicable,  76ww
Cueastrpoe. ciaElml aepnatert aladso  n1o drmela asr tsíocublroe  6c oqnuteradtaa creiódna pctúabdlioc ac.o»mo sigue:
«1. Las autoridades competentes velarán por el establecimiento de medidas
educativas de acompañamiento para apoyar la distribución de frutas, hortalizas y
leche  en  los  centros  escolares  para  los  niños  participantes.  Las  medidas 
educativas de acompañamiento también podrán implicar a familias, profesores y 
personal del centro educativo relacionado con el plan.
Por  tanto,  serán  financiables  mediante  ayuda  de  la  Unión  Europea  las 
siguientes actividades:
a) medidas educativas de acompañamiento, y
b) costes  de  publicidad,  de  seguimiento  y  de  evaluación  del  programa 
escolar.»
Cinco. El artículo 8 queda sin contenido.
Seis. El artículo 9 se substituye por el siguiente:
«Artículo 9. Procedimiento para el suministro y la distribución de productos y la 
realización de las medidas de acompañamiento.
1. Las comunidades autónomas establecerán los periodos de suministro y 
calendarios de distribución, así como las disposiciones relativas a las categorías y 
las calidades de los productos que vayan a distribuirse en centros escolares de su 
ámbito territorial, y cualquier otro requisito respecto a los grupos objetivo y centros 
escolares, siempre que sean acordes a la Estrategia nacional.
Las  comunidades  autónomas,  igualmente,  serán  las  competentes  para 
establecer las disposiciones preceptivas para el desarrollo de las medidas de 
acompañamiento en su territorio.
2. Cuando el suministro y la distribución de productos, la realización de las 
medidas de acompañamiento o servicios relativos a los programas se lleve a cabo 
por  las  autoridades  competentes  de  las  comunidades  autónomas,  éste  se 
instrumentará  mediante  procedimientos  de  contratación  pública  o  mediante 
encargo  a  medios  propios  personificados.  Las  comunidades  autónomas 
establecerán en los pliegos de licitación públicos y en las condiciones técnicas del 
encargo,  respectivamente,  la  información  a  la  que  se  refiere  el  apartado  1, 
incluyendo los compromisos equivalentes a los recogidos en el anexo III que sean 
de aplicación.
En tales casos, las autoridades competentes llevarán a cabo la actividad 
directamente  o  a  través  del  proveedor  o  proveedores  que  haya  resultado 
adjudicatarios del contrato o del encargo.
3. Cuando  las  comunidades  autónomas  prevean  la  participación  de  los 
centros escolares como solicitantes de la ayuda, los requisitos a los que se hace 
referencia  en  el  apartado  anterior  deberán  estar  establecidos  en  las  bases 
reguladoras de la convocatoria de la ayuda.
Los centros escolares deberán presentar, antes de la fecha fijada por el órgano 
competente, la solicitud de ayuda, que se acompañará de la documentación que 
establezca la comunidad autónoma y de un compromiso de acuerdo con el modelo 
establecido en el anexo III.
La presentación se realizará, cuando se trate de personas jurídicas, de forma 
electrónica a través del correspondiente registro electrónico en aplicación de lo 
previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Cuando se trate de 
personas físicas, podrá hacerse a través de cualquiera de los registros y medios 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. es
Las comunidades autónomas serán las competentes para examinar y resolver  o
las solicitudes de ayuda en la distribución de los productos y en la realización de  76ww
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beneficiarios de la ayuda.
4. Las autoridades competentes establecerán los mecanismos de control 
pertinentes para evitar la doble financiación.»
Siete. El artículo 10 se substituye por el siguiente:
«Artículo 10. Procedimiento para el pago.
1. Las solicitudes de pago se presentarán ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma en la que se haya realizado la distribución, en un plazo 
máximo de tres meses, contados a partir del día siguiente al final del período de 
suministro  que  haya  establecido  cada  comunidad  autónoma  de  acuerdo  al 
artículo 9.1.
2. Cuando el suministro y la distribución de productos, la realización de las 
medidas de acompañamiento o servicios relativos a los programas se lleven a 
cabo por las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante 
procedimientos  de  contratación  pública  o  de  encargos  a  medios  propios,  los 
adjudicatarios deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el contrato 
y presentar a la autoridad competente cuanta documentación esté indicada en el 
mismo.
Una vez se hayan realizado efectivamente los trabajos indicados en el contrato 
y  sean  formalmente  recibidos  por  la  Administración,  el  órgano  competente 
efectuará  los  correspondientes  controles  administrativos  para  verificar  el 
cumplimiento  de  los  términos  del  contrato.  Posteriormente,  se  presentará  al 
organismo  pagador  correspondiente  la  solicitud  de  pago  asociada  a  dicho 
contrato.
3. Cuando los solicitantes de la ayuda sean los centros escolares, una vez 
efectuadas las entregas de productos, las medidas de acompañamiento o los 
servicios  relativos  a  los  programas  correspondientes,  deberán  presentar  una 
solicitud de pago ante la autoridad competente que deberá ajustarse a lo indicado 
en la solicitud de ayuda y que incluirá, como mínimo, la siguiente información:
a) Las cantidades de producto distribuidas por grupos de producto.
b) El nombre y la dirección del centro escolar en el que se ha distribuido el 
producto o el servicio.
c) El número de niños matriculados al comienzo del curso escolar en el 
centro escolar.
d) Las facturas y justificantes de pago, cuando se aplique esta forma de 
pago, y que deberán evidenciar la realidad del suministro realizado.
e) Los documentos justificativos determinados por la autoridad competente 
cuando se aplique esta forma de pago, que deberán evidenciar la realidad del 
suministro realizado.
4. En el caso de los centros escolares, el pago de la ayuda podrá realizarse 
mediante:
a) Justificantes presentados por los solicitantes.
Se deberán tener en cuenta los valores máximos aplicables a cada producto 
establecidos en el anexo II, de manera que la ayuda concedida se basará en el 
menor de los dos importes, el presentado por los solicitantes o el importe máximo  e
subvencionable. bo
En este caso, la autoridad competente deberá garantizar que se cumple la  76ww
smisotdeemraacsi,ó on  udnea c coosmtebsi,n qaucieó ns ed ee vloaslu mariás mmoesd:iante, al menos, uno de los siguientes
1.º Comparación de diferentes ofertas: con carácter general, el solicitante
deberá aportar junto con la solicitud de ayuda un mínimo de tres ofertas de  Bc
diferentes proveedores. Se deberá evaluar, al menos, la independencia de las 
ofertas, que los elementos de las ofertas sean comparables, así como la claridad y 
el  detalle  de  la  descripción  de  las  mismas.  La  elección  entre  las  ofertas 
presentadas se realizará conforme a criterios de eficacia y economía, debiendo 
justificarse expresamente la elección cuando ésta no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa, así como, en su caso, la inexistencia de suficientes 
proveedores.
2.º Costes de referencia: la autoridad competente establece o utiliza una 
base de datos de precios de referencia. Esta base de datos deberá ser completa, 
estar suficientemente detallada, actualizarse periódicamente y garantizar que los 
precios reflejen los precios de mercado.
3.º Comité de evaluación: si se establece un comité de evaluación o se lleva 
a cabo un estudio de mercado. Deberá tenerse en cuenta la experiencia de los 
miembros del comité en el área correspondiente. El trabajo del comité deberá 
documentarse correctamente.
b) Baremos estándar de costes unitarios.
El  método  de  cálculo  utilizado  para  su  determinación  deberá  ser  justo, 
equitativo y verificable, basado en:
1.º Datos estadísticos u otra información objetiva; o
2.º Datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o
3.º La aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de costes de los 
distintos beneficiarios.
5. A  efectos  de  este  programa,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 
reducciones en relación al plazo de presentación de la solicitud de pago:
a) Un 5 %, si el plazo se supera entre 1 y 30 días naturales.
b) Un 10 %, si el plazo se supera entre 31 y 60 días naturales.
c) Si se supera el plazo en más de 60 días naturales, la ayuda se reducirá 
además en un 1 % por cada día adicional, calculado sobre el saldo restante.
6. En  todos  los  casos,  independientemente  del  procedimiento,  las 
autoridades competentes deberán emitir una resolución y realizar el pago en el 
plazo máximo de tres meses contados a partir del día de presentación de la 
solicitud de pago, a menos que tenga lugar alguno de los supuestos recogidos en 
el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 14 se modifica como sigue:
«1. Las actuaciones de control se realizarán conforme a lo establecido en el 
presente real decreto y en especial se aplicarán las disposiciones en materia de 
control fijadas en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 
de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016.
Los  controles  se  realizarán  por  las  autoridades  competentes  de  las 
comunidades  autónomas  en  las  que  se  haya  efectuado  la  distribución,  que 
establecerán  mecanismos  de  cooperación  y  colaboración  que  garanticen  el 
intercambio de información entre ellas.» s
Nueve. El artículo 15 se substituye por el siguiente: b
«(UAErtD)í c2eu0 lo1a 7c1u/54e.0 r,d oIen ncc ucomans polloi md eiee snqttauobesl  euyc nsid acone cneitonron  eeesls .caortlíacru sloo li7c itdaenlt eR deeg llaam aeynutdoa ,D eel lemgeaddioo   OE-A-2022-36able en https://
propio  al  que  se  encargue  la  prestación  por  la  autoridad  autonómica  o  el
adjudicatario del contrato (en el caso de procedimientos de contratación pública) 
incumpla sus obligaciones, excepto las contempladas en el artículo 64.2, letras a), 
b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
Se exigirá la devolución de las ayudas pagadas indebidamente, imponiéndose 
además una sanción administrativa igual a la diferencia entre la cantidad percibida 
y aquélla a la que tendría derecho.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  autoridad  competente  suspenderá  la 
participación del centro escolar, del medio propio o del adjudicatario, de forma 
temporal por un periodo de uno a doce meses, o la revocará, dependiendo de la 
gravedad de la infracción y de acuerdo con el principio de proporcionalidad. La 
suspensión  o  la  revocación  no  se  aplicarán  si  la  infracción  es  de  menor 
importancia.
A petición del centro escolar, del medio propio o del adjudicatario, y si las 
razones de la revocación han sido subsanadas, la autoridad competente podrá 
restablecer la aprobación del participante, tras un periodo mínimo de doce meses 
desde la fecha de subsanación.»
Diez. La disposición adicional única queda modificada como sigue:
«Disposición adicional única. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en este real decreto será de aplicación la sección I del 
capítulo II del título I de la parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y sus normas de 
desarrollo y aplicación, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su 
Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Once. El anexo III queda redactado de la siguiente manera:
«ANEXO III
Contenido mínimo de los compromisos para los centros escolares 
que actúen como solicitantes de ayuda en el Programa Escolar
Declaración perteneciente a (marcar lo que proceda)
Comunidad autónoma  
Centro escolar  
Nombre o razón social del solicitante NIF
   
Teléfono Fax
Domicilio social
 
Localidad Provincia Código Postal e.
      w.
A pellidos y nombre del representante N IF
E l representante actúa en calidad de (1):
EXPONE QUE SE COMPROMETE A:
1. Garantizar que los productos financiados por la Unión Europea en virtud 
del Programa escolar estén disponibles para el consumo por los alumnos del 
centro de enseñanza para los que solicitarán la ayuda.
2. Utilizar  las  ayudas  asignadas  para  medidas  educativas  de 
acompañamiento, y para seguimiento, evaluación y publicidad, de acuerdo con los 
objetivos del programa escolar, si procede.
3. Reintegrar toda ayuda abonada de forma indebida por las cantidades que 
corresponda,  si  se  comprueba  que  los  productos  no  se  han  distribuido  al 
alumnado, o no pueden recibir ayuda de la Unión Europea.
4. Poner  los  documentos  justificativos  a  disposición  de  las  autoridades 
competentes, cuando éstas lo soliciten.
5. Permitir a la autoridad competente realizar todos los controles necesarios, 
como la comprobación de los registros y la inspección física.
6. Llevar un registro de los productos y cantidades vendidos o suministrados 
en el centro escolar.
7. Garantizar que la ayuda de la Unión se refleja en el precio al que se 
facilitan los productos a los centros escolares.
8. Respetar  en  todo  caso  los  límites  máximos  de  sal  y  grasa  añadidos 
autorizados por la AESAN.
9. Reintegrar  toda  ayuda  abonada  de  forma  indebida  para  medidas 
educativas de acompañamiento, así como a las de seguimiento, evaluación y 
publicidad, si se comprueba que dichas medidas o actividades no se han aplicado 
de forma correcta.
SOLICITA:
La aprobación para participar en el Programa escolar y realizar la distribución 
de  productos/servicios  (táchese  lo  que  no  proceda),  a  los  destinatarios 
correspondientes.
En________________________  a  _______  de____________________ 
de 20__
EL (1) _________________________
Fdo.: _____________________________
(1) Presidente, director, gerente, etc.»
Doce. El punto 4.1.a del anexo V queda redactado de la siguiente manera:
«4.1 a) Prioridades  para  la  elección  de  frutas  y  hortalizas  y  leche 
suministradas/distribuidas.
  Sí/No Comentarios
Productos de proximidad.    
Ecológico.     e.e
Cadenas de distribución corta.     w.
ECsoqmueermciaos j udseto c.alidad.     
Otros: especificar en comentarios.   »
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el artículo 33 del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que 
se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, y el artículo 12.1 del Real Decreto 267/2017, 
de  17  de  marzo,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  6/2015,  de  12  de  mayo,  de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial 
supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación a partir del curso escolar 2022/2023.
Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES