BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Viernes 14 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 57462
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8001 Orden JUS/467/2021, de 7 de mayo, por la que se concede una subvención 
directa al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en materia de 
asistencia  psicológica  a  las  víctimas  del  delito,  para  el  ejercicio 
presupuestario 2021.
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la 
Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2021.
En el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia se recoge una subvención al 
Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Psicólogos  en  la  aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.488, en concepto de «Compensación por la prestación de 
asistencia psicológica a las víctimas y pericias psicológicas en los procesos judiciales».
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, en los términos recogidos 
en la normativa reguladora de estas subvenciones.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, regula, en su artículo 65, el procedimiento de concesión 
de  las  subvenciones  previstas  nominativamente  en  los  casos  previstos  en  el 
artículo 22.2.a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, en su artículo 16 apartado primero, establece la 
obligación del Ministerio de Justicia de implantar, de conformidad con las previsiones 
presupuestarias, Oficinas de Asistencia a las Víctimas en todas aquellas sedes de 
Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo 
exijan. Igualmente, se recoge en la exposición de motivos de esta Ley que a través de 
estas oficinas se pretende generalizar la atención psicológica a las víctimas de delitos de 
todo tipo.
Por otro lado, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral de las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 50, contempla el establecimiento 
por parte del Ministerio de Justicia de una Oficina de Información y Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
El  Real  Decreto  1109/2015,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  desarrolla  la 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas del Delito, en su artículo 33.2, establece como una de las 
funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la 
Audiencia Nacional, dar apoyo emocional y terapéutico a las víctimas.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, ha supuesto el 
reconocimiento de un catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, 
de todas las víctimas de delito. Así, en su artículo 10, dispone que toda víctima tiene 
derecho a acceder de forma gratuita a los servicios de asistencia y apoyo que presten 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Acreditado que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos cumple con  s
los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  oe.
de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención, así como  w.
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Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudora por procedimiento de reintegro,
Este Ministro de Justicia, a propuesta de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, resuelve:
Primero.
Conceder al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos una subvención 
por importe de 1.051,80 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.488 del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia, para 
la prestación de atención psicológica a las víctimas de todo tipo de delito, en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Justicia.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o 
entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos queda obligado a comunicar al Ministerio de Justicia en el 
momento de su concesión, si cuenta con algún tipo de ayuda o subvención para los 
mismos fines, cuantía de las mismas, entidad concedente o posible concedente y fecha 
de concesión.
Segundo.
Determinar  la  regulación  aplicable  para  la  concesión  directa  de  la  subvención 
destinada a indemnizar a los equipos de psicólogas y psicólogos en la prestación de 
atención  psicológica  a  las  víctimas  de  todo  tipo  de  delitos  en  el  ejercicio 
presupuestario 2021.
La concesión directa de la subvención objeto de esta Orden se produce al amparo de 
lo previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con lo establecido en el apartado 1 del artículo 28 de dicha 
ley.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, establece en su artículo 65, apartado tercero, que el acto 
de concesión tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en esta Orden, por lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que 
afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, así como por las disposiciones de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 
ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; por la 
Ley  4/2015,  de  27  de  abril,  del  Estatuto  de  la  víctima  del  delito  y  el  Real 
Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de 
abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas del Delito.
Tercero.
La subvención concedida tiene por objeto:
1.  Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen psicólogas y psicólogos  e.
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 28 de la Ley 4/2015, de 27 de  w.b
abril, del Estatuto de la víctima del delito, en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas  01ww
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dispuesto en el artículo 479 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En ningún caso las indicaciones realizadas en la presente Orden con respecto al 
servicio de asistencia psicológica a las víctimas o a la realización de informes periciales 
podrán interpretarse como demostrativas de la existencia de ningún tipo de relación 
estatutaria, mercantil o laboral entre las y los profesionales que desempeñen dichas 
tareas y el Ministerio de Justicia.
Cuarto.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Quinto.
El  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Psicólogos  destinará  la  cantidad 
subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
1.  Atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
del Delito, dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y 
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, que comprende la 
evaluación, el tratamiento y la derivación, en su caso, a otros recursos sanitarios o de 
otro tipo, entre otras, de las víctimas que sufren vivencias traumáticas y presentan 
cuadros de estrés postraumático, depresión grave, ideación suicida, angustia y ansiedad 
generalizada. La asistencia psicológica especializada consistirá en la evaluación y/o en 
el tratamiento de las víctimas como consecuencia de un delito o en su prevención.
En las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito dependientes del Ministerio de 
Justicia, así como en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo 
de la Audiencia Nacional, la atención psicológica especializada para las víctimas de 
delitos será gratuita y prestada por psicólogas y psicólogos colegiados.
La asistencia psicológica para las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la 
Oficina  de  Información  y  Asistencia  a  las  Víctimas  del  Terrorismo  de  la  Audiencia 
Nacional se prestará de acuerdo con las siguientes condiciones y horario:
a)  El importe fijado para la prestación de la asistencia psicológica será de 19 €/hora.
b)  La asistencia psicológica se prestará lunes y miércoles, en horario de mañana (desde 
las 8:45 a 14:30 horas) y de tarde (desde las 16:00 a 18 horas), martes y jueves, en horario 
de mañana (desde las 8:00 a 15:30 horas) y viernes, en horario de mañana (desde las 9:00 
a 14:30 horas), suponiendo un total de 36 horas semanales y 144 horas mensuales.
En función del volumen de trabajo existente, podrá valorarse la incorporación de una 
persona  suplente  para  apoyo  y  refuerzo  en  aquellas  oficinas  en  que  se  considere 
necesario, por el número de horas y en la franja horaria que se determine.
En atención a la especial trascendencia de la función de asistencia psicológica a las 
víctimas y a la alta especialización requerida para su prestación, en el proceso de 
selección de las psicólogas y psicólogos que integrarán los equipos profesionales de las 
Oficinas  de  Asistencia  a  las  Víctimas  del  Delito  y  de  la  Oficina  de  Información  y 
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, será un criterio 
especialmente valorado la experiencia profesional en la prestación del servicio en el 
seno de las citadas oficinas.
Además  de  la  anterior,  las  psicólogas  y  psicólogos  que  presten  esos  servicios 
asistenciales deberán ser objeto de selección para integrar una lista específica con 
formación  especializada  entre  profesionales  colegiados  que  cumplan  los  requisitos  e
jurídico administrativos para el ejercicio profesional, conforme a los siguientes criterios,  bo
por el orden de prioridad en que se relacionan: 01ww
12..   ELal  dfoersmemacpióenñ oe dne e al cátmivbiditaod dees  dlae  insitmerivlaernecsi ócna rya ctrtaetraísmtiiceanst.o en trastorno de estrés
postraumático y duelo.
3.  La formación y especialización en el ámbito de la psicología jurídica.
En ningún caso las psicólogas y psicólogos que presten asistencia psicológica en las 
Oficinas  de  Asistencia  a  las  Víctimas  del  Delito  y  en  la  Oficina  de  Información  y 
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional podrán integrar la lista 
específica de profesionales para los servicios de asistencia psicológica en situaciones de 
urgencia en sede judicial o policial implantados o que puedan implantarse en virtud de 
protocolos específicos de ámbito autonómico. Para garantizar el cumplimiento de lo 
anterior, el Ministerio de Justicia podrá solicitar a los distintos Colegios de Psicólogos 
autonómicos, a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, los 
listados de profesionales de la psicología que integran ese tipo de servicios de asistencia 
psicológica de urgencia.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos facilitará las psicólogas y 
psicólogos que garanticen la prestación de la asistencia psicológica en cada Oficina de 
Asistencia a las Víctimas del Delito y en la Oficina de Información y Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional dentro de los horarios señalados 
anteriormente, supliéndose las bajas que se produzcan para evitar la interrupción en la 
prestación de la actividad. En todo caso, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos comunicará al Ministerio de Justicia, en concreto a la Subdirección General 
de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, las suplencias 
y  sustituciones  que  se  produzcan  entre  las  psicólogas  y  psicólogos  que  prestan 
asistencia psicológica en las mencionadas oficinas.
El Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
realizarán el seguimiento profesional de las psicólogas y psicólogos que integren los 
equipos de profesionales de la psicología en cada una de las oficinas, así como de 
quienes realicen sus correspondientes suplencias, pudiendo proceder a la sustitución de 
cualquier profesional que no desempeñe adecuadamente sus funciones, a criterio del 
propio Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos o del Ministerio de Justicia y 
mediante informe motivado.
Con  respecto  a  las  acciones  formativas  que  se  programen  para  las  y  los 
profesionales de la psicología de las oficinas, se incluirá también a quienes realicen las 
suplencias de los mencionados profesionales en cada una de las oficinas, siempre que 
fuera posible y en función de la disponibilidad presupuestaria. Con anterioridad, a la 
celebración de la acción formativa, se habrá elaborado el listado de profesionales de la 
psicología que finalmente participarán en la misma.
Para la resolución de las consultas técnicas que planteen las y los profesionales de 
la psicología de las oficinas en el desarrollo de su labor asistencial a las víctimas del 
delito, así como las y los profesionales de la psicología que realicen informes periciales, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos designará a una persona de 
contacto,  quien,  junto  a  las  personas  ya  designadas  por  el  Ministerio  de  Justicia, 
asumirán  la  función  de  dar  respuesta,  preferentemente  por  vía  telemática,  a  las 
mencionadas consultas.
El  Consejo  deberá  garantizar  que  la  persona  designada  tenga  disponibilidad 
suficiente para cumplir la función indicada. Asimismo, deberán quedar a disposición de 
las  y  los  profesionales  de  la  psicología  los  datos  de  contacto  de  las  personas 
designadas,  posibilitándose  la  realización  de  las  consultas  que  se  consideren 
necesarias, dentro del horario de asistencia psicológica en la respectiva oficina.
Las cuestiones o consultas que formulen las y los profesionales de la psicología 
deberán ser contestadas, vía correo electrónico, en un plazo máximo de 96 horas, salvo 
que coincidan con la ausencia por vacaciones, permisos, baja, enfermedad o cualquier  s
otra circunstancia de las personas designadas, en cuyo caso se les dará respuesta una  oe.
vez que la persona requerida se reincorpore a su puesto de trabajo. w.
La prestación de asistencia psicológica a las víctimas del delito realizada por las y los  01ww
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Ministerio de Justicia.
2.  Colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos 
judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Para  la  realización  de  los  informes  periciales  se  procederá  con  arreglo  a  las 
siguientes normas:
I.  Solicitud.
El  órgano  judicial  dirigirá  la  solicitud  de  perito  al  Instituto  de  Medicina  Legal  y 
Ciencias  Forenses.  Desde  la  dirección  del  Instituto  de  Medicina  Legal  y  Ciencias 
Forenses se elaborará un listado de aquellos asuntos pendientes que se considere 
necesaria su externalización y solicitará a la Dirección General para el Servicio Público 
de  Justicia,  a  través  de  la  Subdirección  General  de  Cooperación  y  Coordinación 
Territorial  de  la  Administración  de  Justicia,  la  correspondiente  autorización  para 
externalizar las pericias al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Una vez recibida la autorización, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
solicitará al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, la designación de 
perito de la bolsa que a los efectos haya elaborado.
Las pericias se realizarán siempre a petición de la dirección del respectivo Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
II.  Selección de psicólogas y psicólogos.
Para la selección de las psicólogas y psicólogos que vayan a realizar pericias, los 
Colegios Oficiales elaborarán una lista específica, distinta a la establecida para las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina de Información y Asistencia a 
las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
Las psicólogas y psicólogos que concurran al proceso de selección organizado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  Ser profesional de la psicología colegiada o colegiado y estar al corriente del 
pago de las cuotas colegiales.
b)  No estar cumpliendo una sanción de la Comisión Deontológica.
c)  Declaración  responsable  de  no  tener  incompatibilidades  profesionales.  La 
realización de pericias a solicitud de los órganos judiciales prevista en esta Orden es 
incompatible con ejercer funciones de psicóloga o psicólogo adscrito a la Administración 
de Justicia como Psicólogo Forense o en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 
Delito dependientes del Ministerio de Justicia.
d)  Tener acreditadas un mínimo de 300 horas de formación, de las cuales 200 
horas  deberán  ser  del  área  de  la  psicología  jurídica  y  forense,  justificadas 
documentalmente y que procederán, entre otros, de la formación reglada, asistencia a 
jornadas y congresos e impartición como docente de formación en el área.
e)  Haber  realizado  un  mínimo  de  8  informes  periciales,  acreditados 
documentalmente con la primera página del informe, debiendo ser alguno de ellos del 
ámbito civil.
f)  Declaración  responsable  de  estar  dado  de  alta  en  el  Régimen  Especial  de 
Trabajadores Autónomos.
g)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional, acreditándose el 
cumplimiento de este requisito mediante el recibo del último pago del año en curso.
h)  Contar con despacho profesional en la provincia o isla en la que solicite su  e.e
pertenencia a la lista de refuerzo, acreditando este extremo documentalmente. b
i)  En caso de acudir a otro territorio por la falta de profesionales en esa zona,  01ww
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III.  Listados.
Una vez que la psicóloga o psicólogo entre a formar parte de la lista de refuerzo para 
la emisión de informes periciales firmará un compromiso de aceptación de las normas de 
funcionamiento de la lista, así como del compromiso de actuación. La excepcionalidad 
en la renuncia de la pericial será por causas acreditadas y de fuerza mayor.
El orden de actuación del personal seleccionado se ajustará a la Resolución anual 
correspondiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  ingreso  del  personal  al  servicio  de  la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
En aquellos territorios en los que el número de colegiados sea reducido se podrá 
valorar una flexibilidad en los requisitos indicados en la letra d) y e) del apartado anterior. 
Dicha flexibilidad supondrá que los requisitos exigidos serán los siguientes:
a)  Tener acreditadas un mínimo de 150 horas de formación, de las cuales 100 
horas  deberán  ser  del  área  de  la  psicología  jurídica  y  forense,  justificadas 
documentalmente y que procederán, entre otros, de la formación reglada, asistencia a 
jornadas y congresos e impartición como docente de formación en el área.
b)  Haber  realizado  un  mínimo  de  4  informes  periciales,  acreditados 
documentalmente con la primera página del informe, debiendo ser alguno de ellos del 
ámbito civil.
IV.  Realización del informe pericial.
Una vez realizada la asignación de la psicóloga o psicólogo para la elaboración del 
informe psicológico, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos contactará 
por correo electrónico con el mismo, otorgándole un plazo máximo de cuatro días 
laborables para que acepte el encargo, bien presencialmente o por vía telemática al 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se le indique.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dará traslado al juzgado de dicha 
aceptación. La aceptación del encargo conllevará la de todas aquellas actuaciones que 
el órgano u oficina judicial requiera en relación con el informe psicológico realizado. La 
psicóloga o psicólogo realizará las citaciones de los sujetos objeto de evaluación. Todas 
las  actuaciones  necesarias  para  la  elaboración  del  informe  serán  realizadas  en  el 
despacho profesional, que estará ubicado en la provincia, región o isla donde sea 
solicitada la pericia y con medios propios, salvo aquellas situaciones excepcionales en 
las que tengan que ser realizadas en sede judicial u otros locales adecuados.
El plazo máximo para la entrega del informe al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses será de 40 días desde la aceptación del encargo, salvo casos justificados 
debidamente acreditados.
Las pericias psicológicas podrán realizarse en el ámbito territorial de los Institutos de 
Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara; Ávila, Burgos, Segovia y Soria; 
Badajoz; Cáceres; Illes Balears con sede en Palma de Mallorca, Eivissa y Maó, León y 
Zamora; Murcia y Cartagena; Palencia, Salamanca y Valladolid; Toledo y Ciudad Real; y 
en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Una vez realizado el informe pericial, la psicóloga o psicólogo lo presentará en el 
Instituto  de  Medicina  Legal  correspondiente,  desde  donde  se  remitirá  al  juzgado 
solicitante vía Lexnet. e.
V.  Precio del informe pericial. 01ww
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realizados, aclaraciones, ratificaciones, asistencias y, en general, cualquier actuación 
ante el órgano u oficina judicial, incluido el acto de juicio oral.
En caso de que se haya comenzado la realización de un informe pericial y finalmente 
no se pueda completar la emisión del mismo por motivos ajenos a la psicóloga o 
psicólogo,  se  compensarán  los  gastos  que  ha  supuesto  el  trabajo  indicado  con  la 
cantidad de 200 euros (IVA incluido).
Para el pago será necesaria certificación del Director del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses que confirme que se ha realizado y entregado el informe.
Sexto.
El importe de la subvención concedida será objeto de aplicación a los siguientes 
conceptos incluidos en las actividades subvencionadas:
I.  Gastos por la prestación de asistencia psicológica.
Por la prestación ordinaria de atención psicológica especializada en las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas del Delito y en la Oficina de Información y Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se abonará hasta un importe máximo 
de 771.136 euros y por la realización de informes periciales se abonará hasta un importe 
máximo de 220.664 euros.
II.  Gastos de formación.
Por la organización de acciones formativas, en modalidad a distancia, encaminadas 
a la mayor especialización en la atención psicológica a las víctimas del delito, impartidas 
al personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y de la Oficina de 
Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, se 
abonará hasta un importe máximo de 3.000 euros.
Para  la  distribución  del  importe  correspondiente  a  los  gastos  de  formación,  se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a)  Por las labores de coordinación y organización del curso se abonará un importe 
máximo de 1.000 euros, distribuyéndose un 50% para la coordinadora del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicólogos y un 50% para el coordinador del Ministerio 
de Justicia.
b)  Por las ponencias que se impartan durante el curso, se abonará un importe 
máximo de 100 euros por hora de ponencia, prorrateándose las fracciones de tiempo 
inferiores  con  respecto  a  esa  cuantía.  Se  exceptúan  de  lo  anterior  las  ponencias 
impartidas  en  mesas  redondas  o  talleres,  donde  el  importe  correspondiente  se 
prorrateará a partes iguales entre los participantes, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 60 euros por ponente.
c)  Las intervenciones en la inauguración y clausura del curso se abonarán, con un 
importe máximo de 75 euros, a todas y cada una de las personas que participen, salvo 
que renunciasen expresamente a su cobro.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y el Ministerio de Justicia 
acordarán, previamente a la realización del curso, una estimación de los gastos que se 
fueran a producir.
III.  Gastos en materiales para la asistencia psicológica. e.e
Compensación a las psicólogas y psicólogos por el gasto en materiales estrictamente  01ww
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Ministerio de Justicia y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en la
que se fundamentará la necesidad del material y el importe al que ascendería el gasto a 
financiar.
IV.  Gastos para la realización de un estudio con la finalidad de analizar la calidad 
de los informes periciales y guía de recomendaciones.
Para la realización de un estudio destinado al análisis técnico dela calidad de los 
informes periciales y una guía de recomendaciones para la elaboración de este tipo de 
informes, se abonará un importe máximo de 4.000 euros.
Con carácter previo a la realización del gasto, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos y el Ministerio de Justicia acordarán las orientaciones generales 
y técnicas que deberán seguirse en la elaboración y contenido tanto del estudio como de 
la guía de recomendaciones.
V.  Compensación al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Por la organización de la actividad realizada se abonará al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos una compensación por un importe máximo de 50.000 
euros.
La distribución de los importes asignados a los distintos conceptos podrá sufrir las 
modificaciones autorizadas por el Ministerio de Justicia, mediante Orden Ministerial, en 
función  de  necesidades  sobrevenidas,  no  pudiendo  exceder  las  modificaciones  y 
redistribuciones que se acuerden, en ningún caso, del importe total reflejado en la partida 
destinada a gastos por la prestación de asistencia psicológica.
Séptimo.
El  libramiento  de  pago  de  la  subvención  se  efectuará  por  periodos  mensuales 
vencidos.
Con carácter previo al pago, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
deberá  rendir  justificación  ante  el  Ministerio  de  Justicia  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas, de la consecución de los objetivos y de la efectiva realización de 
la actividad.
Los gastos se acreditarán mensualmente mediante facturas y demás documentos de 
valor  probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  eficacia 
administrativa.
Dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la  finalización  de  cada  mensualidad,  el 
Consejo General del Colegios Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de Justicia 
una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones 
realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste 
económico total asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación 
los  libramientos  mensuales  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  las  posteriores 
regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación 
anual regulada en los números siguientes.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de 
Justicia una justificación de la actividad realizada en el mes de diciembre de 2020 y en 
los meses completos de 2021 anteriores a la publicación de la presente Orden, a los 
efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación. es
El libramiento de pago de la subvención correspondiente a los meses de noviembre y  o
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Octavo.
El  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Psicólogos  deberá  cumplir  las 
obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente Orden de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la 
correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir  entre  sus  respectivos  colegios  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y acreditadas por éstos ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, así 
como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada 
libramiento.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la 
finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y 
clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la 
justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de 
la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Noveno.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos justificará, dentro de los 
cuatro primeros meses tras la finalización de la ejecución, ante el Ministerio de Justicia la 
aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio y presentará una memoria 
y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el 
contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u 
omisión de algún colegio, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual 
a la última distribuida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Décimo.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43  w.b
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de  01ww
la LeEyl  3ó8rg/2a0n0o3 ,c odme p1e7t ednet en opvaierma berxei.gir el reintegro de la subvención concedida será el
Ltiteuyla 3r 8d/2e0l 0M3in, idsete 1ri7o  ddee  nJouvsiteicmiab,r dee. conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Undécimo.
La presente Orden podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión.
La modificación de la Orden de concesión se dictará por el titular del Ministerio de 
Justicia y deberá ser motivada.
Duodécimo.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la 
subvención que se concede por la presente Orden.
Decimotercero.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente Orden.
Esta Orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en 
el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 7 de mayo de 2021.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.