BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Lunes 4 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 121620
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
16141 Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para 
el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención  a  las  Personas  en  situación  de  dependencia  y  para  el 
establecimiento  y  financiación  del  nivel  de  protección  acordado  para  el 
ejercicio 2021.
Con  fecha  21  de  septiembre  de  2021  se  ha  suscrito  el  Convenio  entre  la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 
desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en  situación  de  dependencia  y  para  el  establecimiento  y  financiación  del  nivel  de 
protección acordado para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, procede la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resolución.
Madrid, 23 de septiembre de 2021.–El Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa 
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el 
establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 
ejercicio 2021
REUNIDAS
Doña  Ione  Belarra  Urteaga,  Ministra  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030, 
nombrada por Real Decreto 235/2021, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en 
nombre y representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Don Luis Alberto Barriga Martín, como Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso), nombrado por Real Decreto 207/2020, de 29 de enero 
(BOE de 30 de enero), en nombre y representación del Instituto de mayores y servicios 
Sociales (Imserso).
Doña Fina Santiago Rodríguez, Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de la  s
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en nombre y representación de la Comunidad  oe.
dAlDaeues t c2órI6nell eotdosme   1aBm0 ada/2lere0z alo1er,9ss  d,  Ie(ldlBe erOsé  gI2BBi ma dlneeeúna m rjujsu.l,i r oíe4d,n 4ic d,uo es d doelea  d  l3eaP   rlAdeaedss mi daaeitnbrniirbstialut)r  cadyicoe inó eenlnes  sd q veIiu rlllteaeu  sdlCe  o Bdcmaeolu nenflaoieird srade, di spl apAo uruL eteeósylnt  oo3q m/u2eea0n  0 ds3eee,l     2021-16141n https://www.
dispone el nombramiento de miembros del Gobierno de las Illes Balears (BOIB núm. 88,
de 3 de julio). Bc
Las  partes,  intervienen  en  nombre  y  representación  de  sus  respectivas 
Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les están legalmente 
atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente 
para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se contienen, y 
al efecto,
EXPONEN
I
Que por Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos  ministeriales,  corresponde  al  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda  2030  la  propuesta  y  ejecución  de  la  política  del  Gobierno  en  materia  de 
bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las 
personas en situación de dependencia o con discapacidad. Asimismo, en dicha norma se 
dispone como órgano superior la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que 
se adscribe el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante Imserso), entidad 
gestora de la Seguridad Social, según recoge el artículo 2.5 del Real Decreto 452/2020, 
de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales atribuye a 
éste la gestión de los Servicios Sociales complementarios del Sistema de la Seguridad 
Social, así como la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para 
personas mayores y personas en situación de dependencia.
II
Que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de conformidad con su Estatuto de 
Autonomía, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de ello, ha 
desarrollado proyectos de atención y cuidado de las personas mayores y personas con 
discapacidad en situación de dependencia y ha creado recursos e infraestructuras para 
ello en colaboración con la Administración General del Estado, con el fin de mejorar la 
atención de las personas que precisan del apoyo de otra u otras personas o ayudas 
importantes  para  realizar  actividades  básicas  de  la  vida  diaria  y  mantener  un 
determinado nivel de calidad de vida.
III
Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, al configurar el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece tres niveles de protección, 
correspondiendo la financiación del nivel mínimo a la Administración General del Estado, 
y la financiación del nivel acordado a la Administración General del Estado y a la 
Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de los Convenios a 
que se refiere el articulo 10 de dicha Ley.
De esta forma, los citados Convenios se configuran como el instrumento a través del  e
cual  las  Administraciones  Públicas  intervinientes  acuerdan  los  objetivos,  medios  y  bo
recursos en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa acordado en el  141ww
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.
IV
Que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD) aprobó en fecha de 15 de enero de 2021 el «Acuerdo 
para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia». En dicho Acuerdo se dispone que, para 
hacer efectiva la entrega de la financiación asociada al nivel acordado de protección, 
considerando  los  criterios  establecidos  para  su  reparto,  el  Ministerio  de  Derechos 
Sociales y Agenda 2030 iniciará de inmediato los trámites para formalizar el oportuno 
Marco  de  Cooperación  Interadministrativa  y  los  Convenios  a  suscribir  entre  cada 
comunidad autónoma y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recogidos en 
el artículo 10 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
En tales Convenios se incluirá la concreción para cada comunidad autónoma de los 
objetivos, medios y recursos para la mejora de los servicios y prestaciones del sistema, 
en línea con los descritos en el citado «Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de 
Choque», así como indicadores que permitan verificar su cumplimiento. A los criterios de 
reparto del Nivel Acordado que corresponda a 2022 se podrán añadir nuevos criterios 
referidos al grado de cumplimiento de los objetivos señalados en dichos Convenios en el 
año anterior.
V
Que el Consejo de Ministros de fecha de 30 de marzo de 2021 autorizó la propuesta 
de distribución territorial entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto de 
los créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2021 
del nivel acordado, para su posterior aprobación en Consejo Territorial, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 86.2.Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Que posteriormente el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, en el uso de las funciones que le atribuye el 
artículo 8.2 a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha acordado, en su reunión del 
día 30 de abril de 2021, el Marco de Cooperación Interadministrativa que es necesario 
desarrollar a través de los correspondientes Convenios con las comunidades autónomas, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de dicha Ley.
El desarrollo del citado Marco comporta la concreción de las obligaciones asumidas 
por la Administración General del Estado y por la Administración de las comunidades 
autónomas, para la financiación de las prestaciones y servicios del Sistema, a cuyo 
efecto los Convenios deben incorporar diferentes criterios de reparto en función de 
diferentes factores (tales como la población dependiente, la dispersión geográfica o la 
insularidad, entre otros), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la citada Ley.
VI
Que la Administración General del Estado ha incluido en la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, los créditos para 
participar en la financiación del nivel acordado mediante la celebración de Convenios con 
las Administraciones de las comunidades autónomas.
Asimismo, dicha Ley 11/2020, de 30 de diciembre, establece las cantidades que la 
Administración  General  del  Estado  aporta  para  la  financiación  del  nivel  mínimo  de  e.e
protección en el ejercicio de 2021. b
Que, por su parte, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ha dispuesto, en sus  141ww
psirteusaucpióune sdteo sd ecpoerrnedsepnocnidai eennt easp laicla acñióon 2 d0e2 1lo,  pcrréedviistotos  epna real  laar taícteunloc i3ó2n  dae l alas  Lpeeyr s3o9n/a2s0 0e6n, 
de 14 de diciembre.
Por todo ello, las partes acuerdan libremente suscribir el presente Convenio de 
conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El  presente  Convenio  desarrolla  el  Marco  de  Cooperación  Interadministrativa 
aprobado  por  el  Consejo  Territorial  de  Servicios  Sociales  y  del  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en fecha 30 de abril de 2021, con la finalidad de 
acordar  los  objetivos,  medios  y  recursos  para  la  aplicación  de  los  servicios  y 
prestaciones previstos en el capítulo II del título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia.
El objeto del Convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas por cada 
una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección acordado 
previsto en el artículo 7.2.º de la citada Ley.
Asimismo,  el  presente  Convenio  tiene  por  objeto  financiar,  mediante  el 
establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión y 
funcionamiento del Sistema, singularmente los dirigidos a la implementación de las 
medidas contenidas en el Plan de choque acordado por el Consejo Territorial del SAAD: 
disminución de lista de espera y mejora de la agilidad administrativa; mejora de la 
calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el 
SAAD y mejora de las intensidades de los servicios y prestaciones.
Segunda.  Desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa: objetivos, medios y 
recursos.
1.  La  Administración  General  del  Estado,  de  conformidad  con  el  Acuerdo  del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de fecha 30 de abril, por el que se aprueba el Marco de Cooperación 
Interadministrativa y los criterios de reparto de los créditos de la Administración General 
del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, colaborará con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante la 
participación en la financiación de la aplicación y desarrollo del nivel acordado del SAAD 
en esta Comunidad.
La Administración General del Estado, a través del Imserso, aportará como cuantía 
máxima seis millones novecientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y ocho euros con 
veintiocho céntimos (6.985.188,28 €) con cargo a la aplicación económica 31.34.451.2, 
de  conformidad  con  los  criterios  de  reparto  (población  potencialmente  dependiente, 
resoluciones de grado y nivel, personas beneficiarias con prestación, prestaciones de 
servicio efectivas, inversión autonómica en el SAAD, empleo relacionado con el SAAD, 
superficie, dispersión, insularidad, coste de los servicios, capacidad económica, agilidad 
administrativa, personas pendientes de resolución y reducción de la lista de espera) 
recogidos en el citado Marco de Cooperación Interadministrativa.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears aportará, para la financiación del 
presente Convenio, con cargo a sus propios presupuestos, la cantidad total seis millones 
novecientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(6.985.188,28 €), con cargo a la aplicación económica 17301.314A01.48000 ff21003 e.e
2.  Todo ello sin perjuicio de la necesidad del cumplimiento de la obligación, por  b
parte  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  que  su  aportación  sea  al  menos  igual  a  la  141ww
yre adleizl andiav eplo ra clao rAddamdoin idsetr apcrióonte cGceiónne radle dl eSl iEstsetmadao  ppaarraa  llaa  fAinuatnocnioamcióían  yd eAl nteivnecli ómní naim loa 
Dpreepveisntod eennc ieal  a(ertníc ualdoe 3la2n.3te d, eS lAa ALDey)  3e9n/ 2e0l0 t6e,r drieto 1ri4o  ddee  daicqieumelblar,e .de conformidad con lo
3.  Dichas aportaciones se realizarán según los términos y condiciones que se 
regulan en las cláusulas siguientes.
Tercera.  Servicios y prestaciones del SAAD.
1.  La provisión de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia gestionados por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
se ajustará a los acuerdos adoptados, a la fecha de la firma del presente Convenio, por 
el Consejo Territorial y, en particular, a lo establecido en el «Acuerdo para la Puesta en 
Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención 
a la Dependencia», aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en fecha de 15 de 
enero de 2021.
2.  Con cargo al presente Convenio, podrán ser financiadas las prestaciones y 
servicios recogidos en el capítulo II del título I de la Ley 39/2006, de14 de diciembre, 
para hacer frente a la cobertura de las necesidades de atención de las personas en 
situación de dependencia.
3.  Las cantidades a que se refiere la cláusula segunda, relativas a la aportación de 
la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, podrán 
también destinarse a contribuir a la financiación de los gastos derivados del proceso de 
valoración de la situación de dependencia, así como de los derivados de la gestión y 
sistemas para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia.
4.  De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, también se podrán financiar con cargo a los créditos a 
que se refiere la cláusula segunda, en lo relativo a la aportación de la Comunidad 
Autónoma a la financiación del nivel acordado, ayudas económicas a las personas en 
situación de dependencia para facilitar su autonomía personal.
Cuarta.  Objetivos a cumplir por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1.  En cumplimiento de lo recogido en el «Acuerdo para la Puesta en Marcha del 
Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia», adoptado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los Convenios de desarrollo del Marco 
de Cooperación Interadministrativa recogerán los objetivos, medios y recursos para la 
mejora  de  los  servicios  y  prestaciones  del  Sistema,  así  como  los  indicadores  que 
resulten necesarios que permitan verificar su cumplimiento.
2.  En el anexo I del presente Convenio se recogen los objetivos y las actuaciones 
que componen el compromiso de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 
año 2021, así como los indicadores de verificación del cumplimiento de los mismos.
3.  El grado de cumplimiento de los citados objetivos, podrá constituir un criterio de 
reparto de la asignación relativa al nivel acordado correspondiente al ejercicio 2022, de 
acuerdo con las previsiones al respecto del Marco de Cooperación Interadministrativa 
que sea aprobado en dicho ejercicio y previo acuerdo del Consejo Territorial.
Quinta.  Pago  de  las  aportaciones  de  la  Administración  General  del  Estado 
correspondientes al nivel acordado de financiación del SAAD.
El pago de las aportaciones que corresponden a la Administración General del  s
Estado, con el objeto de financiar la aplicación y desarrollo del nivel acordado en la  oe.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente al año 2021, se llevará a  w.
cabo a la firma del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo  141ww
primero de la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Sexta.  Justificación de gastos por la Comunidad Autónoma.
1.  La Comunidad Autónoma de las Illes Balears se compromete a acreditar la 
correcta aplicación de la totalidad de las aportaciones recibidas de la Administración 
General del Estado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización de la 
vigencia del presente Convenio, mediante la cumplimentación del certificado recogido 
como anexo II del presente Convenio.
2.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  regla  séptima  del  apartado  2  del 
artículo  86  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria,  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears remitirá al Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de 
compromisos  de  créditos,  obligaciones  reconocidas  y  pagos  realizados  en  el  año, 
detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos 
del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. El citado estado de 
ejecución se materializará en un Certificado firmado por el titular del centro directivo que 
gestione  los  créditos  incluidos  en  este  Convenio  y  adverado  por  el  interventor,  de 
conformidad con el modelo recogido como anexo III del presente Convenio.
De la misma forma se presentará una memoria técnica de las medidas adoptadas 
con relación al Plan de choque, cumplimiento de objetivos e indicadores de verificación 
previstos, suscrita por el titular del centro directivo que gestione los créditos incluidos en 
este Convenio, donde se recoja el grado de cumplimiento y ejecución de las actuaciones 
recogidas en el anexo I del presente Convenio, e indicando asimismo la asignación 
presupuestaria final de cada una de las mismas.
Asimismo, dicha memoria contendrá referencias expresas al cumplimiento de las 
ratios de personal efectivas en relación con los mínimos exigibles, según el Acuerdo 
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del SAAD de 27 de noviembre de 2008; al impulso y materialización de las 
transposiciones normativas necesarias y -en su caso- a las medidas adoptadas relativas 
a la inclusión en los pliegos de concierto de los servicios ligados al SAAD, de garantías 
de cumplimiento del Convenio colectivo sectorial de aplicación en cada ámbito y/o 
vinculación del incremento de los precios de concierto a la mejora de los estándares de 
calidad en el empleo (estabilidad en el empleo; menor parcialidad, etc…)
Esta información será puesta en conocimiento del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
3.  De acuerdo con la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, 
los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se 
encuentren  en  poder  de  la  comunidad  autónoma,  seguirán  manteniendo  el  destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como 
situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la 
cantidad que corresponda transferir a la comunidad autónoma, tal como se establece en 
la regla quinta del número dos del artículo 86 de la citada Ley General Presupuestaria.
4.  De  conformidad  con  la  regla  octava  del  artículo  86.2  de  la  Ley  General 
Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cuanto gestora de los 
créditos a que se refiere el presente Convenio, deberá proceder a un adecuado control 
de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los 
mismos.
Séptima.  Información y estadística.
Ambas partes acuerdan facilitar la información que sea necesaria para la aplicación  bo
del presente Convenio en la Comunidad Autónoma, que en todo caso deberá ajustarse a  141ww
ldSoaestr ovosicb eijoesstei vnSocosica ilaeyl se csao  ynq tudeeen lis dSeoi ssret efdimeera e l paea l riAnarf tolíacr muAlaouc t3oió7nn.o2 m qdíueae  ly a a ALcteeuyne cr3di9óe/n2  0ea0l  l6aC,  Dodnees p1ee4jno dd eeT nedcrirciiatieo, mryia bal r eldo.es   OE-A-2021-16able en https://
Octava.  Comisión de Seguimiento, vigilancia y control.
1.  La organización y supervisión de las actividades correspondientes al presente 
Convenio, son competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la cual, a 
los efectos de lo establecido en el apartado siguiente, informará de sus actuaciones a un 
equipo  designado  por  la  Administración  General  del  Estado  y  por  la  Comunidad 
Autónoma.
2.  Dicho  equipo  actuará  como  Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio  con 
funciones  de  vigilancia,  interpretación  y  control  de  lo  pactado,  y  le  corresponderá 
concretar las actuaciones de cooperación que se vayan a llevar a cabo de entre las 
previstas  en  este  Convenio,  así  como  velar  por  el  adecuado  cumplimiento  de  los 
objetivos  comunes  perseguidos  por  ambas  partes,  y  resolver  los  problemas  de 
interpretación  y  cumplimiento  que  puedan  plantearse.  Además,  llevará  a  cabo  un 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes 
firmantes, en especial del cumplimiento de los compromisos recogidos en el anexo I de 
este Convenio.
3.  La Comisión, que se deberá reunir al menos una vez durante la vigencia del 
Convenio, se regirá en su funcionamiento por lo previsto en el presente Convenio y 
supletoriamente  por  lo  estipulado  en  la  sección  tercera,  del  capítulo  II,  del  título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y su composición, que será paritaria, 
estará integrada por los siguientes miembros:
Por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:
– Un representante designado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
que actuará como Presidente.
– Un representante designado por el Imserso, que actuará como Secretario.
Por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
– Dos representantes designados por la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
En ambos casos, se designará a las personas que puedan actuar como suplentes en 
caso de ausencia de las personas titulares.
Para la válida constitución de esta Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, a 
efectos de la celebración de las sesiones, en primera convocatoria, se requerirá como 
mínimo la asistencia del Presidente, el Secretario o en su caso, de quienes le suplan, y 
de la totalidad de los miembros que representen a la Comunidad Autónoma.
En segunda convocatoria el número de miembros necesarios para estar válidamente 
constituida la Comisión será el Presidente y Secretario o persona que les sustituya, y al 
menos uno de los representantes de la Comunidad Autónoma.
4.  Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entienden sin perjuicio 
de las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de la 
Comunidad Autónoma en la ejecución de lo establecido en el presente Convenio.
Novena.  Publicidad y difusión.
La  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  se  compromete  a  destacar 
expresamente, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas  s
en el presente Convenio, la financiación efectuada por la Administración General del  e.
Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la  w.
difusión o publicidad de los servicios y prestaciones financiados de acuerdo con lo  141ww
esestpatbielemcbidreo,  epno rl ae dl isqpuoes isceió ne satadbicleiocneanl  scerigteurniodsa  ddee l iRmeaagle Dn eicnrsettitou c1io4n6a5l/ 1y9 9s9e,  dreeg 1u7la  dlea 
p(BroOdEu cdceiól n2 5d doec usmepetnietaml byr ee).l material impreso de la Administración General del Estado  BOE-A-cable e
Décima.  Vigencia.
El presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, dado que las 
dotaciones  presupuestarias  de  que  cada  parte  dispone  para  su  financiación  se 
encuentran referidas al ejercicio 2021.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
Undécima.  Extinción y resolución.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución y en concreto, por las causas 
establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
No  obstante,  si  cuando  concurra  cualquiera  de  las  causas  de  resolución  del 
Convenio  existen  actuaciones  que  en  ese  momento  estén  iniciadas,  las  partes,  a 
propuesta de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio, podrán 
acordar su continuación hasta la finalización del plazo convenido para su ejecución, 
conforme a lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
En  caso  de  resolución  del  Convenio  por  incumplimiento  total  o  parcial  de  sus 
obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ésta deberá 
reintegrar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 las cantidades que hubiera 
percibido  como  aportación  económica  del  mismo,  siendo  a  cargo  de  la  citada 
Administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.
Duodécima.  Modificación.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, según el artículo 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
Decimotercera.  Protección de datos.
Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el 
proyecto.  Asimismo  vendrán  obligados  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Decimocuarta.  Régimen jurídico y jurisdicción competente. w.b
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Cláusula  octava  de  este  Convenio,  las 
controversias no resueltas por la Comisión de Seguimiento que se pudieran suscitar 
durante  la  vigencia  del  mismo  será  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  la 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, de acuerdo con las previsiones de los artículos 11.1.c) y 88 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga, Ministra de Derechos Sociales 
y Agenda 2030.–Por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga 
Martín, Director General del Imserso.–Por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
Fina Santiago Rodríguez Consejera de Asuntos Sociales y Deportes.
ANEXO I
Al Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y 
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 
ejercicio 2021
Se deberán cumplimentar tantas fichas como actuaciones se vayan a incorporar 
como objetivos
Objetivo 1. Disminución de la lista de espera
Acción n.º 1: Mejora en la tramitación electrónica de expedientes
– Conseguir que a finales de 2021 se presenten al menos un 10% de solicitudes on-line, lográndose en estos casos 
una reducción en un 10% de la media de tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud y la resolución del 
Impacto previsto para 2021. procedimiento respecto a las presentadas en soporte papel.
– Por automatización de procedimientos se espera reducir en un 10% el tiempo transcurrido entre solicitud y 
resolución de prestación o servicio.
– Definir y parametrizar el modelo de solicitud on-line.
– Elaboración de un módulo en la aplicación informática de gestión que permita la presentación on-line de la solicitud 
Hitos. y de la documentación complementaria.
– Desarrollar las modificaciones en el programa informático que permitan la automatización de requerimientos y 
notificaciones.
– Porcentaje de solicitudes tramitadas on-line en relación al conjunto de solicitudes presentadas en registro. 
Comparativa de los últimos 3 meses de 2021.
– Número de requerimientos efectuados.
Indicadores de verificación 
– Tiempo medio transcurrido entre la fecha de la solicitud y la resolución del procedimiento en solicitudes on-line y en 
de cumplimiento.
solicitudes presentadas en papel.
– Tiempo medio transcurrido entre la fecha de la solicitud y la resolución del procedimiento en solicitudes una vez se 
automaticen procedimientos.
Acción n.º 2: Mejora de tiempos en los procedimientos de reconocimiento de prestaciones y servicios.
– Que los niños de entre 0 y 16 años tengan reconocida la prestación de cuidados en el entorno desde el momento 
de reconocimiento del grado, siempre que cumplan los requisitos necesarios.
Impacto previsto para 2021.
– Obtener resultados de la experiencia piloto de valoración y Programa Individual de Atención (PIA) realizados por 
parte de un único profesional, para posible replicación o generalización.
Para la actuación a):
– Modificación del programa informático de gestión para controlar este tipo de casos.
Para la actuación b):
– Formación de profesionales para valoración de grado y Programa Individual de Atención (PIA).
Hitos.
– Selección de territorio de implementación.
– Seguimiento de expedientes en los que se usa esta estrategia de valoración/ Programa Individual de Atención (PIA) 
conjuntos.
– Redacción de informe de resultados.
Para actividad a).
– Número de niños que obtienen la prestación de cuidados en el entorno sobre total de niños con grado, para el  e.
mismo período. w.b
Indicadores de verificación  – Tiempo de resolución en expediente de niños en relación al conjunto de expedientes resueltos. 141ww
de cumplimiento. P––re  alNNaracúú immólanee a rrlocoots  iddv eeeidr  racinoadcrs eibdos)es/.m nrceoisdauisfei cdltaeoc seio rpnrooer/s mm doéedtloi fcidcooan cdjuióenn tvo iss uditreag  ieddxeop sue nmd iúeendniitcaeons t.per oefle msiéotnoadlo e dne e vl itseirtari tdoeri ou nse sleocloc ipornoafedsoi.onal en  OE-A-2021-16able en https://
Acción n.º 3: Diseño e implementación de un plan de calidad en los datos obrantes en las diferentes bases de datos de gestión del sistema de atención a la 
dependencia
Reducción de los tiempos de espera entre solicitudes y resolución de expedientes que sean producto de la baja 
Impacto previsto para 2021. calidad en los datos disponibles en las bases de datos, mediante la depuración de ciclos no cerrados y depuración de 
contenidos contradictorios.
– Formalización del plan de calidad, identificando temas a depurar, estrategias de comprobación, listado de 
discrepancias por tipologías.
Hitos.
– Depuración de datos, ya sea mediante medios informáticos o manuales.
– Informes de resultados para cada tipología de errores.
Indicadores de verificación  – Número de discrepancias observadas por tipologías.
de cumplimiento. – Porcentaje de discrepancias solucionadas sobre el total de los errores observados, datos globales y por tipologías.
Objetivo 2. Mejora de la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las 
personas que trabajan en el SAAD
Acción n.º 1: Incremento efectivo de la ratio del personal auxiliar en centros residenciales de personas mayores
– 100% de implantación en todos los centros de personas mayores de la comunidad autónoma de la nueva ratio (33 
Impacto previsto para 2021 auxiliares por cada 100 plazas).
– 100% de revisiones de acuerdos de acción concertada y de Convenios de colaboración.
– Firma de adendas a los Convenios de colaboración con las corporaciones locales que gestionan residencias de 
ámbito municipal o insular.
Hitos – Revisión de todos los conciertos sociales de plazas residenciales.
– Disposición presupuestaria efectiva para la implementación de la medida.
– Evaluación de seguimiento y de resultados.
– Porcentaje de residencias de mayores que cumplen ratios de acuerdo a decreto.
Indicadores de verificación 
– Porcentaje de acuerdos de acción concertada y de Convenios de colaboración con revisión de precios para la 
de cumplimiento
implementación de nuevas ratios de auxiliares.
Acción n.º 2: Mantener y extender la obligatoriedad de remuneración salarial de los trabajadores de servicios de atención a la dependencia de acuerdo con 
los Convenios colectivos que sean de aplicación
El 100% de los Convenios y acuerdos de acción concertada en materia de promoción de la autonomía y atención a la 
Impacto previsto para 2021. dependencia que formalice la administración autonómica tendrán como referencia las tablas salariales de los 
Convenios colectivos en vigor.
– Elaboración de precios de servicios a concertar o en Convenio con otras administraciones, aplicando las tablas 
salariales del Convenio colectivo vigente.
– Revisión de módulos económicos de precios de servicios cuando se produzcan mejoras salariales en los Convenios 
Hitos.
de aplicación, con efectos desde la fecha de revisión de los Convenios.
– Firma de Convenios y acuerdos de acción concertada estipulando la obligación de retribuir a los trabajadores de 
acuerdo con tablas salariales en vigor.
– Porcentaje de conciertos sociales o Convenios con otras administraciones con precios referenciados a tablas 
salariales de Convenios colectivos sobre el total de Convenios y acuerdos de acción concertada. Resultado esperado 
Indicadores de verificación 
igual a 100%.
de cumplimiento.
– Porcentaje de trabajadores de servicios concertados con precios referenciados a Convenios sobre total de 
trabajadores de dichos servicios.
Objetivo 3. Introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la 
atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios 
profesionales de calidad
Acción n.º 1: Incremento de la cobertura del servicio de teleasistencia domiciliaria, en todo el territorio de la comunidad autónoma
Impacto previsto para 2021. Aumento del 20% el número de personas beneficiarias del servicio.
– Incremento de las firmas de Programa Individual de Atención (PIA) con propuesta de TAD.
Hitos. – Mejora del módulo de gestión de la TAD para una mejor gestión.
– Acuerdos de acción concertada para disponer del número de terminales necesarios.
Indicadores de verificación 
Número de terminales de TAD a 31/12/21 en relación con los instalados a 01/01/21.
de cumplimiento.
Acción n.º 2: Mejorar la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el municipio de Palma
Impacto previsto para 2021. Aumento del 15% del número de personas beneficiarias del SAD en el municipio de Palma.
– Modificación de la forma de gestión del servicio mediante mecanismos de concertación social.
– Incremento de proveedores de ayuda a domicilio que permita agilidad y territorialización en la prestación.
Hitos. – Definición de distritos de atención en el municipio de Palma.
– Coordinación del servicio SAD con los servicios territoriales de sanidad de atención primaria y servicios de atención 
a la cronicidad y de servicios sociales comunitarios básicos.
– Personas beneficiarias del SAD en diciembre de 2021 en relación a enero de 2021.
Indicadores de verificación 
– Núm. de proveedores de SAD en diciembre 2021 en relación con los que operan el 1 de enero de 2021.
de cumplimiento.
– Núm. de protocolos de coordinación con otros servicios formalizados.
Acción n.º 3: Efectuar auditorías técnicas de los servicios concertados de atención a la dependencia con entidades privadas, mercantiles o sin ánimo de 
lucro. en próximos ejercicios se extenderá la práctica de auditorías a los servicios en Convenio con entidades locales
– En 2021 se crearán los instrumentos necesarios para la auditoría técnica y se formará a los técnicos auditores. Se 
Impacto previsto para 2021. iniciarán las primeras prácticas de auditoría.
– Se conseguirá que se generalice y difunda entre todos los actores la práctica de la auditoría técnica.
– Definición del guion y los procedimientos de auditoría técnica.
– Formación del grupo de auditores.
– Programación de auditorías. Plan de actuación 2021/2022.
Hitos. – Inclusión en los nuevos documentos de acción concertada y en los Convenios de colaboración de un apartado 
relativo a la obligatoriedad de participar en auditorías técnicas.
– Realización en octubre de las primeras auditorías.
– Evaluación de resultados para la implementación definitiva en 2022.
– Horas de formación celebradas para la capacitación de auditores.
Indicadores de verificación 
– Número de auditores formados.
de cumplimiento.
– Número de auditorías realizadas sobre el total potencial de servicios a auditar.
ANEXO II
Modelo de certificado justificativo de las aportaciones recogidas en el Convenio 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y 
financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021
A los efectos de lo recogido en la Cláusula 6.ª del Convenio entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del 
Marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado 
para el ejercicio 2021, la aplicación de los créditos aportados por ambas partes a la 
financiación de dicho Convenio en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a lo largo 
del ejercicio 2021 ha seguido la siguiente distribución:
Programa/ Clasificación 
Tipo de gasto Subprograma económica Euros
presupuestario presupuestaria
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
I- Gasto en servicios del Catálogo de la Ley 
39/2006.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Total.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
II- Gastos en prestaciones económicas de la Ley 
39/2006.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Total.   e.e
Programa/ Clasificación 
Tipo de gasto Subprograma económica Euros
presupuestario presupuestaria
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
III- Otros gastos asociados a los objetivos del 
anexo I.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Total.  
    Total.  
Y para que así conste, se expide el siguiente certificado en XXXXXXX, a XX de XX 
de 2022.
V.º B.º y Conforme del Interventor La Consejera
Fdo. Fdo.
ANEXO III
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia - Estado de ejecución del 
ejercicio 2021
Compromisos derivados del Convenio entre la Administración General del Estado y 
la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  el  desarrollo  del  marco  de 
cooperación  interadministrativa  previsto  en  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre  de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  Personas  en  situación  de 
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado 
para el ejercicio 2021
D./D.ª.………………………………..............................................  Director/a  General 
de ........................................... de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Certifica:
Que, según consta en los archivos de esta Comunidad Autónoma, se ha recibido de 
los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 del Imserso, una aportación por 
importe total de seis millones novecientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y ocho 
euros  con  veintiocho  céntimos  (6.985.188,28  €),  con  cargo  a  la  aplicación 
económica 31.34.451.2, siendo el estado de ejecución del ejercicio 2021 el que se 
especifica a continuación:
Aportaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en concepto de nivel 
acordado: 6.985.188,28 euros
Obligaciones 
Aplicación  Asignación  Compromiso  Obligaciones  Pagos 
Remanentes pendientes de 
económica  (Euros) De Crédito Reconocidas Realizados
(1-2) pago
del PGE (1) (2) (3) (4)
(3-4)
31.34.451.2            
Aportaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en concepto de nivel mínimo 
(aplicac. econ. 31.34.451.1): ________________ euros
Que  la  aportación  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  para  la 
financiación  del  SAAD  en  el  territorio  de  su  competencia,  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha sido al menos 
igual a la aportación total de la Administración General del Estado, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio suscrito con fecha ___________, para los fines previstos en 
el mismo, y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de 
diciembre,  por  el  que  se  regula  el  nivel  mínimo  de  protección  establecido  en  la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia.
Lugar y fecha: _______________ a ___ de __________ de 2022. s
V.º B.º el Interventor El/la Director/a w.
Fdo.: (Nombr e y apellidos) Fdo.: (Nombr e y apellidos)
(Firma y sello) (Firma y sello)