BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27242
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4113 Sala Segunda. Sentencia 28/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 5010-2017. Promovido por don A. H. L., respecto de las resoluciones 
de un juzgado central de instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional  acordando  mantener  la  anotación  registral  de  prohibición  de 
disponer de una finca de su propiedad. Vulneración del derecho al honor: 
resoluciones judiciales que ordenan mantener en el registro de la propiedad 
la mención expresa a los delitos por los que se siguen las diligencias penales.
ECLI:ES:TC:2020:28
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5010-2017, promovido por don A. H. L., contra el auto 
del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de 20 de junio de 2017, que desestimó la 
solicitud de modificación de anotación registral de prohibición de disponer de una finca, y 
contra el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, de 31 de julio de 2017, que 
confirmó el anterior. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente la magistrada 
doña Encarna Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 13 de 
octubre de 2017, doña Virginia Aragón Segura, procuradora de los tribunales, en nombre 
y representación de don A. H. L., defendido por el letrado don Manuel Ollé Sesé, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho 
mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  En las diligencias previas 38-2014 seguidas en el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 4 estaban siendo investigados unos hechos que pudieran ser constitutivos de 
delitos de organización criminal (arts. 570 bis y ss. del Código penal: CP), fraude a la 
hacienda pública (arts. 305 y ss. CP), blanqueo de capitales (arts. 301 y ss. CP),  s
relativos a la prostitución (arts. 187 y ss. CP), contra los derechos de los trabajadores  e.
(arts. 311 y ss. CP) y otras actividades delictivas conexas. En su seno, el auto de 29 de  w.
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la propiedad anotación preventiva de prohibición de disponer de tales bienes.
Consta en sus antecedentes de hecho que «[t]al y como se desprende del informe 
elaborado por la Policía Judicial […], el embargo de estos inmuebles no lo es tanto para 
asegurar la responsabilidad económica, sino que se realiza por ser considerados como 
efectos procedentes de los delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero, 
como objeto en sí de dicho blanqueo, por lo que no se hace precisa la mención a 
cantidad alguna. No se trata, por ello, del embargo al que se refiere la circunstancia 
tercera del art. 166, del Reglamento Hipotecario, sino de la circunstancia cuarta, in fine, 
de dicho precepto».
Se fundamenta en que las medidas cautelares reales se regulan, en el procedimiento 
abreviado, en el art. 764 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y transcribe sus 
apartados  primero  («el  juez  o  tribunal  podrá  adoptar  medidas  cautelares  para  el 
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas») y segundo 
(«a estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y caución 
sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil»). 
Precisa que esta remisión debe entenderse hecha al art. 727 de la Ley de enjuiciamiento 
civil (LEC), del que resultan de interés, a los efectos que nos interesan, las medidas 
cautelares quinta («la anotación preventiva de demanda, cuando esta se refiera a bienes 
o  derechos  susceptibles  de  inscripción  en  registros  públicos»)  y  sexta  («otras 
anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin 
de la ejecución»).
Razona, además, que «en el caso que nos ocupa, las medidas cautelares encuentran 
su legitimación en la naturaleza de los delitos investigados, por cuanto los delitos contra la 
Hacienda Pública, el de blanqueo de dinero y el de organización criminal tienen como base 
y efecto el uso y abuso de los bienes, resultando los mismos efectos delictivos cuando no 
son el propio cuerpo del delito. En base en las diligencias hasta la fecha practicadas, se 
desprenden indicios de que las personas relacionadas en el escrito de la policía judicial, 
tanto  físicas  como  jurídicas,  habrían  podido  participar  en  los  hechos  enjuiciados, 
procediendo  a  lucrarse  mediante  las  actividades  ilícitas  objeto  de  investigación  en  la 
presente  causa.  Por  todo  ello, entiende  el órgano  jurisdiccional que,  además  de  […] 
garantizar las responsabilidades pecuniarias que […] se pudieran llegar a declarar, la 
medida que se adopta responde a la incautación de los efectos del delito». Expone, en fin, 
que la prohibición de disponer debe proyectarse sobre bienes cuyo titular registral sea 
persona distinta de aquella contra quien se dirige el procedimiento si a juicio del juez existen 
«indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el encausado, haciéndolo 
constar así en el mandamiento» (art. 20 de la Ley hipotecaria: LH).
La parte dispositiva ordena que se libre «mandamiento a distintos registros de la 
propiedad (que se relacionan) a fin de que se practique anotación marginal de prohibición 
de vender, gravar, obligar o enajenar los derechos de propiedad que en último término 
ostenten sobre los mismos las personas físicas y jurídicas que en cada caso se mencionan 
(entre ellas, el recurrente en amparo y alguna mercantil de la que este era administrador)». 
Ordena también que se haga constar en el mandamiento que, respecto de las fincas 
relacionadas en el fallo cuya titularidad aparece atribuida a un tercero, ha de extenderse la 
anotación si se dan las condiciones previstas en el art. 20 LH, «lo que en el supuesto es así, 
respecto de los imputados A.H.L. [que es el recurrente en amparo] y […]».
b)  Con idéntica fecha se libró mandamiento judicial al Registro de la Propiedad 
núm. 5 de Alicante. En él (i) se identifican las diligencias previas y los delitos por los que 
se  siguen;  (ii)  se  alude  al  auto  en  el  que  se  acuerda  librar  el  mandamiento,  con 
indicación de su objeto («1. Finca: 1646 de Mutxamel. Libro 280. Folio: 214. Número de  s
Idufir: 030224000005329. Referencia catastral: 03090A011000230000GB») y de su fin  oe.
que se practique anotación marginal de prohibición de vender, gravar, obligar o enajenar  w.
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c)  La información registral obrante en el expediente, que en base al interés legítimo 
de investigación jurídico-económica sobre crédito y solvencia se había emitido a favor de 
un tercero el 17 de febrero de 2017, atestigua que la anotación registral ordenada por el 
referido mandamiento se hizo constar en los siguientes términos: «anotación preventiva 
de vender, gravar, obligar o enajenar los derechos de propiedad que ostenta la mercantil 
‘Caned Madrid, S.L.’ sobre esta finca, en virtud de mandamiento librado por el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional, de fecha 29 de junio de 2015, en 
diligencias  previas  procedimiento  abreviado  38-2014,  pieza  separada  investigación 
patrimonial inmuebles 2, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, 
fraude a la hacienda pública, relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y otras 
actividades delictivas conexas habiéndose acordado por auto de 29 de junio de 2015. 
Consta de la anotación letra B de fecha 16 de julio de 2015».
La misma información registral emitida a favor de un tercero muestra que en el 
registro consta, con acceso a terceros en virtud de la publicidad registral, que Caned 
Madrid, S.L., es desde el 20 de noviembre de 2009 titular del pleno dominio de la finca y 
que esta fue «adquirida por aportación». Consta igualmente, como notas I), II), y III), que 
en varias fechas de 2004 se dispusieron ciertas vinculaciones de la finca que don A.H.L., 
ostentaba en su condición de «titular del pleno dominio de esta finca» en aquellas 
fechas.
d)  El día 16 de mayo de 2017, la representación procesal del recurrente en amparo 
instó al Juzgado Central de Instrucción núm. 4 a (i) librar mandamiento al Registro de la 
Propiedad  núm.  5  de  Alicante  «a  efectos  de  modificar  la  anotación  preventiva  [de 
prohibición de disponer] que pesa sobre la finca 1646 de Mutxamel, titularidad de Caned 
Madrid, S.L., de la que mi representado es administrador solidario, ordenando que se 
suprima [la mención a los delitos que motivan el procedimiento]» y a (ii) autorizar el 
arrendamiento de dicha finca.
Respecto de la primera solicitud, hacía valer los siguientes argumentos: (i) que según 
la información registral emitida a favor de un tercero el 17 de febrero de 2017, que 
acompaña como documento núm. 1, la anotación de prohibición de disponer ordenada 
por el auto de 29 de junio de 2015 se extendió en el registro con mención de los delitos 
por los que se seguía el procedimiento penal; (ii) que la finalidad de dicha anotación 
«radica en evitar la distracción del bien inmueble por parte de los sujetos investigados de 
un procedimiento penal […] Por tanto, deberá hacerse constar el órgano judicial y el 
procedimiento al que está afecto, al menos provisionalmente, y el bien inmueble sobre el 
que se acuerda la medida cautelar real»; (iii) que «el contenido de la nota simple registral 
de la finca de Mutxamel se excede, por tanto, del contenido que deben incluir dichas 
anotaciones, al establecer un extenso elenco de delitos», lo que «colisiona frontalmente 
con los derechos constitucionales al honor y a la presunción de inocencia que asisten a 
mi representado», apuntando que este es el administrador de Caned Madrid, S.L.
e)  El Juzgado Central de Instrucción núm. 4 dictó auto de 20 de junio de 2017, que 
autorizó el arrendamiento de la finca. Respecto a la otra solicitud, afirmó que «las 
circunstancias  que  contiene  el  mandamiento  judicial  que  la  parte  pretende  su 
modificación se ajustan a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley Hipotecaria 
y  166  de  su  Reglamento»  y,  por  ello,  que  «este  Juzgado  no  puede  acceder  a  la 
pretensión de la parte de modificar el contenido del mandamiento judicial».
f)  El 26 de junio de 2017 se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia 
Nacional. Se razona que no es al auto de 29 de junio de 2015, ni al consecuente 
mandamiento judicial, a los que se imputa el exceso de contenido que resulta lesivo de  s
derechos fundamentales, sino a la anotación preventiva extendida en su cumplimiento,  oe.
cuyo contenido fue conocido en virtud de la información registral emitida a favor de un  w.
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termina solicitando que se libre mandamiento al Registro de la Propiedad núm. 5 de 
Alicante «a efectos de modificar la anotación preventiva» en los términos que se había 
pedido en la instancia previa.
g)  El recurso fue desestimado mediante auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, de 31 de julio de 2017. Rechaza las alegaciones «no 
porque se desconozcan las razones alegadas, sino por otros motivos. El primero de ellos 
es la imposibilidad de modificar una resolución judicial en la que se acuerda librar el 
mandamiento impugnado una vez transcurrido dos años desde que se acordara. La 
segunda razón alegada en el recurso y aplicable al caso es que, ciertamente, de acuerdo 
con la ley hipotecaria no era necesaria la consignación en el mandamiento los delitos 
atribuidos a los investigados, sino la causa de la anotación, esto es, el motivo legal por el 
que  se  acuerda  la  prohibición  de  disponer,  pero  reconociendo  lo  anterior,  debe 
precisarse que, de acuerdo con esa misma normativa hipotecaria, la mención de los 
delitos que interesa sean suprimidos solo constarían en relación a la petición que hiciera 
el propio peticionario y no con respecto a terceros, para los que es suficiente se indique 
la existencia de un procedimiento penal sin necesidad de mencionar los delitos en 
cuestión; razones por las que, aun entendiendo la protección a la intimidad alegada por 
el recurrente, no son suficientes para dejar sin efecto el mandamiento librado en el 
año 2015 al Registro de la Propiedad núm. 5 de Alicante».
3.  En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca, frente a las 
resoluciones  judiciales  impugnadas,  «la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, en relación al derecho a la presunción de inocencia, al honor y a la intimidad 
(artículos 24 y 18 CE)».
Apoya esta invocación en que «la finalidad de la anotación preventiva radica en 
evitar  la  distracción  del  bien  inmueble  por  parte  de  los  sujetos  investigados  en  el 
procedimiento penal seguido ante el Juzgado instructor [...]» y en que «la eficacia de la 
inscripción registral y sus efectos, como medida cautelar real, se garantiza sin necesidad 
de mencionar los tipos de injusto por los que mi representado es objeto de investigación 
en el reiterado Juzgado de Instrucción». Por tanto, en su opinión, «bastará con incluir los 
datos del juzgado y el procedimiento del que dimana dicha anotación». Para sostener 
que  la  mención  del  elenco  de  delitos  en  la  anotación  de  prohibición  de  disponer 
constituye un exceso, alega que el art. 301 LECrim afirma que las diligencias del sumario 
«no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral».
Razona, de otro lado, que «con la publicidad de la inscripción de esos delitos en un 
registro público se lesiona[n] […] los derechos a la tutela judicial, a la intimidad y al honor 
de  mi  representado»,  aparte  de  la  presunción  de  inocencia  «porque,  en  fase  de 
instrucción, cualquier persona sometida a un proceso penal goza de [ese derecho]». 
Termina la demanda de amparo señalando que «en consecuencia, debe declararse la 
vulneración del tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la presunción de 
inocencia, el derecho al honor y a la intimidad, ante la actitud de los órganos judiciales 
que, debiendo cerciorarse de que el contenido de la nota simple registral concuerda con 
la finalidad de la medida adoptada, y se ajusta al contenido de las previsiones legales 
existentes,  se  han  negado  a  librar  los  oportunos  mandamientos  al  registro  de  la 
propiedad, pese a la solicitud del hoy demandante de amparo, para restablecer a este en 
sus derechos».
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Tercera de 
este Tribunal, de 8 de enero de 2018, se acordó antes de entrar a resolver sobre la  e
admisibilidad del recurso, «dirigir atenta comunicación a la Sección Cuarta de la Sala de  bo
lo Penal de la Audiencia Nacional a fin de que, a la mayor brevedad posible, se remita a  w
epsietaza S saelpaa craedrtaif idcaec rieósnp oon fsoatobciliodpaida  caivdivl eyr/aod dae  dcea ulatesl aarecstu raecaiolense se nc roerlraecsipóonn adli erencteusrr ean tlae   2020-4113n https://w
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Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 26 de enero de 2018, registrado en este 
Tribunal Constitucional el 30 de enero de 2018.
5.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Tercera de 
este Tribunal, de 7 de febrero de 2018, se acordó «líbrese oficio al Juzgado Central de 
Instrucción núm. 4, a fin de que remitan testimonio íntegro de la pieza de responsabilidad 
civil y/o cautelares reales en relación con don A.H.L. y Caned Madrid, S.L., en el 
procedimiento diligencias previas núm. 38-2014». Dicho requerimiento se cumplimentó 
mediante oficio remitido por el letrado de la administración de justicia del referido juzgado 
central, de 8 de marzo de 2018, registrado en este Tribunal el 13 de marzo de 2018.
6.  Con fecha 1 de octubre de 2018, la Sección Tercera de la Sala Segunda de este 
Tribunal dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, «apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional) porque el recurso plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]». Asimismo, y dado que ya obraba en este Tribunal testimonio 
de las actuaciones remitidas por la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de la Audiencia 
Nacional y el Juzgado Central de Instrucción núm. 4, se dirigió atenta comunicación al 
juzgado a quo con el único fin de que procediera a emplazar a quienes hubiesen sido 
parte  en  dicho  procedimiento,  excepto  al  recurrente  en  amparo,  para  que  tuvieran 
conocimiento del presente proceso constitucional y en su caso comparecer en él, si así 
lo deseasen, en el plazo de diez días.
7.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, dictó diligencia de 
ordenación el 4 de enero de 2019 acordando «dar vista de las actuaciones recibidas a 
las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los 
cuales podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el 
artículo 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal».
8.  El  abogado  del  Estado,  que  se  le  tuvo  por  personado  en  virtud  de  la 
anteriormente referida diligencia de ordenación de 4 de enero de 2019, presentó su 
escrito de alegaciones el 5 de febrero de 2019, instando la desestimación de la demanda 
de amparo.
Su primer argumento es que el art. 20 LH impone que el criterio judicial de que, si 
según indicios racionales, el verdadero titular de los bienes que constan en el registro a 
nombre de terceros es el encausado, debe hacerse constar en el mandamiento. Y que 
coherentemente con ello, el auto de 29 de junio de 2015 ordenaba que así se hiciera 
constar en el mandamiento de la misma fecha dirigido al registro de la propiedad núm. 5 
de Alicante. Acordada la medida cautelar real, el recurrente en amparo, al solicitar la 
rectificación del asiento registral, estaba instando una modificación de dicha medida 
cautelar,  pero  no  exponía  ningún  cambio  de  circunstancias,  elemento  que  es 
imprescindible en cualquier modificación de medidas cautelares.
Alega también que, de acogerse, como el recurrente sostiene, que la medida cautelar 
de  constancia  registral  del  procedimiento  que  se  seguía  contra  él  vulneraba  la 
presunción de inocencia, el honor y la intimidad, no sería posible adoptar ninguna 
medida cautelar.
Acto  seguido  matiza  su  argumento,  partiendo  del  reconocimiento  de  que  el 
recurrente no se queja de la medida cautelar de constancia registral sino de que ciertos 
datos se contengan en el asiento registral. De acuerdo con este planteamiento más  e.
matizado, expone que, a su juicio, la inclusión en el asiento registral del elenco de delitos  w.
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el registrador destinatario del mandamiento expedido por el juez […] (tengamos en 
cuenta que el registrado podría, tras la oportuna calificación, denegar la extensión del 
asiento…)». Cita en este último sentido el art. 100 del Reglamento hipotecario (RH), 
según el que la calificación del registrador alcanza a la congruencia del mandato con el 
procedimiento en que se hubiere dictado, y el art. 165 RH, según el que toda anotación 
preventiva  que  haya  de  practicarse  por  mandato  judicial  se  verificará  en  virtud  de 
presentación en el registro del mandamiento judicial, en el que se insertará literalmente 
la resolución respectiva.
Afirma también que la publicidad registral conforme a la ley de que una persona es 
objeto de un procedimiento de persecución de un delito no vulnera ni su presunción de 
inocencia, ni su derecho al honor y a la intimidad. De otro modo, no solo la constancia 
registral de una medida cautelar produciría este efecto, sino también el ejercicio mismo 
de la acción pública por el fiscal o la sola incoación de diligencia de instrucción por razón 
de presuntas conductas delictivas.
Expone,  por  otra  parte,  que  la  reserva  ex  art.  301  LECrim  «es  un  precepto 
establecido en aras de la protección y mejor llevanza de la actividad de instrucción», por 
lo que «despliega sus efectos ordenadores en un plano distinto», no siendo por tanto 
incompatible con él la publicidad registral legalmente prevista en favor de terceros de 
ciertos elementos de la diligencias de instrucción.
Alega, por último, que «no cabe tampoco entender que exista una lesión de un 
derecho fundamental si la autoridad pública […] actúa conforme la ley le permite […] Lo 
contrario sería tanto como dotar a los derechos fundamentales de un carácter absoluto o 
ilimitado, que ya sabemos que la jurisprudencia constitucional niega por principio. Como 
dijo la STC 292/2000, ‘la primera constatación que debe hacerse, que no por evidente es 
menos capital, es que la Constitución ha querido que la ley, y solo la ley, pueda fijar los 
límites a un derecho fundamental’». Aduce al efecto que la ley conforme a la que actuó el 
magistrado  hace  prevalecer,  sobre  los  derechos  fundamentales  invocados  por  el 
recurrente, «la eficacia misma de la normativa penal y de la prevención de delitos, y [la] 
garantía  de  la  eventuales  responsabilidades  que  de  ellos  puedan  derivarse;  [y]  la 
protección y posible indemnidad de quienes hayan podido resultar perjudicados por las 
presuntas actuaciones delictivas». Y que esta legislación, al limitar de este modo los 
derechos fundamentales del recurrente a la presunción de inocencia y al honor, no los 
constriñe en su núcleo esencial, «en tanto que la justificabilidad de las medidas de 
garantía  patrimonial  que  el  ordenamiento  prevé  se  halla  patente»  y  «pues  si  se 
mencionan las eventuales conductas delictivas se hace siempre como presuntas».
9.  Con fecha 6 de febrero de 2019, el representante procesal del recurrente en 
amparo presentó su escrito de alegaciones. Pidió que se tuvieran por reproducidas las 
formuladas en su demanda y que, en su virtud, se le otorgase el amparo solicitado.
10.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el 8 
de febrero de 2019, interesando la estimación del recurso de amparo.
Aunque el recurso se estructura en un único motivo, el fiscal considera que en él se 
contienen varias alegaciones autónomas. La primera es que se habría vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque la motivación sería arbitraria o 
ilógica (STC 133/2013, de 5 de junio). Esta alegación, en su opinión, debe entenderse 
referida  a  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas,  por  lo  que  la  ausencia  de 
incidente de nulidad de actuaciones contra la última de ellas no conllevaría falta de 
agotamiento de la vía judicial previa. El razonamiento del juzgado central según el cual el  e
contenido del mandamiento se ajusta a la legislación hipotecaria) es ilógico porque lo  bo
que se pide es que se modifique la anotación registral, no porque el mandamiento  w
ejund iecli arle cgoisnttreon. gEal  iinniccoiarrl emccoitoivnoe sin, vsoincoa dpoo rpqoure l aa qAuuedlliae nncoi ah aN asicdioon palal s–mnoa dcaa bceo rmreocdtaifmicaern teel   2020-4113n https://w
mreasnudltaarmíaie inlótgoi cimo ppuogrqnuaed ola  pporreqtueen syióan  tnraon essc ularr imeroodni fidcoasc ióanñ odse  ddeicshdoe  mqauned saem iaecnotord, asrian–o 
que se altere la anotación registral por entender que no traslada aquel correctamente al
registro, para lo cual se insta del órgano judicial un nuevo mandamiento. El segundo 
motivo acogido por la Audiencia Nacional –la mención de los delitos que interesa sean 
suprimidos solo constarían en relación a la petición que hiciera el propio peticionario y no 
con respecto a terceros– también sería ilógico porque los arts. 222, 229, 232 y 235 LH y 
los arts. 332 y 336 RH «prevén la publicidad literal y además porque se demuestra que 
no es así en la práctica, pues en la nota simple registral que se aporta como base de la 
petición constan los delitos por los que se sigue la causa y aparece solicitada por un 
tercero, a efectos de investigar la solvencia para lo cual evidentemente era innecesario 
facilitar ese dato, pero al tratarse de una nota literal sí que aparecieron esos datos».
Por otra parte, el fiscal considera que esta equivocación que el recurrente alega en 
relación con las dos resoluciones judiciales impugnadas, consistente en que resuelven 
acerca de la corrección del mandamiento judicial cuando la cuestión planteada por el 
recurrente era otra y venía referida a la corrección de la anotación registral, constituye un 
supuesto de incongruencia lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
El fiscal, en tercer lugar, analiza si las dos resoluciones recurridas «vulneran la tutela 
judicial efectiva porque no han reparado la vulneración de los derechos fundamentales a 
la presunción de inocencia, al honor y a la intimidad». Afirma «la innecesariedad de 
hacer constar los delitos por los que se sigue la causa […] en la nota marginal [porque] 
para la constancia en el registro de las limitaciones al derecho de propiedad establecidas 
en el mandamiento, a los efectos de dar publicidad a las mismas, […] es indiferente el 
delito o delitos por los que se sigan las diligencias previas». Añade, también para 
sostener tal innecesariedad, que ni en los arts. 72 y 23 LH, ni en el art. 166 RH, se 
contiene ninguna referencia a la anotación de los delitos por los que se siga la causa 
penal. Además, del art. 51 RH se desprende la regla general de que en las inscripciones 
registrales  no  cabe  hacer  «constar  datos  que  no  tengan  transcendencia  para  los 
derechos reales que se inscriben, como es el caso de los delitos por los que se sigue la 
causa en la que se ordena la anotación marginal». Por último, el fiscal recuerda que el 
art. 301 LECrim prevé el carácter secreto del sumario, de donde resulta, a su juicio, que 
«dar  publicidad  innecesaria  a  cualquier  dato  del  sumario,  aunque  no  vulnere 
directamente este precepto, va en contra de la idea que lo inspira».
A partir de este presupuesto, es decir, la innecesaria mención de delitos en la nota 
registral, examina si hay lesión de los referidos derechos fundamentales. Dice de la 
presunción de inocencia que este derecho es compatible con las medidas cautelares 
(SSTC 108/1984 y 156/1997) y, de otro lado, que la STC 133/2018, según repetida 
doctrina constitucional, admite una vertiente extraprocesal de la presunción de inocencia, 
que consiste en «el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe 
en hechos de carácter delictivo o análogo a estos sin previa resolución dictada por el 
poder público u órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho 
a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal 
naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo (SSTC 109/1986, de 24 de septiembre, 
FJ 1; 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, FJ 3, y 244/2007, 
de 10 de diciembre, FJ 2)». Invoca también la STC 133/2018 para sostener que la 
dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, que es la procedente en este 
caso, halla «específica protección en nuestro sistema de derechos fundamentales a 
través o por medio de la tutela del derecho al honor», remitiéndose al examen de este 
otro derecho.
Por lo que hace al derecho al honor, el fiscal considera de aplicación la doctrina 
establecida en la STC 58/2018 cuando dice que «tratándose de personas privadas,  s
incluso cuando la noticia por la materia a que se refiere concierne al interés público, no  oe.
queda protegido por la libertad de información todo su contenido, sino que cabe reputar  w.
hdinoennsepocrreo osp aoarr icolaiso  inneat idmirarie dllaae dvt radanent eslams  ippseaiórrsnao  dneeal   iacnqoteunrecélelsor nspi dúhabe lciych oqo usde eq  suleea , r iednvefoenrltmerona  dccieoó mnla’o  ( n‘SmoStaicTniCaif,i  e1as0ftea5cm/1tae9nn9 t0ae,l    2020-4113n https://w
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para la finalidad de informar, una parte de un asiento registral puede también lesionar el 
derecho al honor cuando resulta innecesaria para los objetivos a que sirve la publicidad 
registral, esto es, «para el interés público (de tercero) en los derechos inscritos, o dicho 
de otro modo para la finalidad de la información registral». Afirma que en este caso la 
parte innecesaria de la anotación registral, al dar cuenta con acceso a terceros en virtud 
de la publicidad registral de que una persona está siendo investigada por una serie de 
delitos, resulta perjudicial para su honor porque le desmerece en la consideración ajena, 
invocando en apoyo de este criterio las SSTC, 144/1999, 52/2002, 14/2003 y 58/2008.
Reconoce, no obstante, que no es el demandante de amparo, sino Caned Madrid, S.L., 
quien aparece mencionado en la anotación preventiva y también quien consta como titular 
actual de la finca registral sobre la que pesa la anotación. Sin embargo, en opinión del fiscal 
hay elementos en la publicidad registral que permiten a los terceros que accedan al registro 
vincular al recurrente con la mercantil Caned Madrid, S.L. En la inscripción registral consta –
concretamente en las notas I, II y III– que don A. H. L. era el anterior titular de la finca 
registral, y también consta que la adquisición por el actual titular se hizo por aportación, datos 
de los que «se deduce que el anterior titular pasó a ser miembro de dicha sociedad». 
Además, cualquier persona que vaya a tener una relación comercial con Caned Madrid, S.L., 
conocerá, porque así constará en el registro mercantil, que don A. H. L. es administrador 
solidario de dicha mercantil.
Por todo ello, concluye el fiscal que «al no corregirse en la resoluciones recurridas, 
se habría producido la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en 
relación con la presunción de inocencia y el derecho al honor». No así la lesión del 
derecho a la intimidad, pues «los datos innecesarios que constan en el registro de la 
propiedad son genéricos, […] no se trata aquí de haber desvelado aspectos de la vida 
íntima del demandante, ni se han conseguido los datos a través de medios invasivos de 
su intimidad, ni se ha obtenido ilícitamente información de bases de datos que contengan 
datos personales».
11.  Mediante providencia de 20 de febrero de 2010, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Identificación del objeto del proceso y argumentos de las partes.
Este  proceso  de  amparo  se  dirige  contra  las  resoluciones  judiciales  que  no 
accedieron a la solicitud del recurrente de que se ordenase al Registro de la Propiedad 
núm. 5 de Alicante que la anotación de prohibición de disponer que pesaba sobre un 
inmueble registrado a nombre de Caned Madrid, S.L., acordada como medida cautelar 
real en las diligencias previas 38-2014 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4, fuese 
alterada para suprimir la mención de los delitos por los que el recurrente, socio y 
administrador  solidario  de  la  citada  mercantil,  estaba  siendo  investigado  en  dicho 
procedimiento penal.
Estas resoluciones son el auto de 20 de junio de 2017 de dicho juzgado central, que 
rechazó la referida petición porque «las circunstancias que contiene el mandamiento 
judicial que la parte pretende su modificación se ajustan a lo dispuesto en los arts. 72 
y 73 LH y 166 RH», y el auto de 31 de julio de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Penal  de  la  Audiencia  Nacional,  que  confirmó  aquel.  Este  segundo  auto  funda  la 
desestimación en «la imposibilidad de modificar una resolución judicial en la que se  es
acuerda librar el mandamiento impugnado una vez transcurrido dos años desde que se  bo
acordara», así como en que, de acuerdo con la normativa hipotecaria, «la mención de  w
ihlenoindcs i iceqdurueaeel si tetolialó s pn erq»xou.ipseito ei nnpcteeiatriec dsioean  ausrneio ap nyr o sncuoep dcriimomniie drnoetsso p speoecltono a cla os ntiensr tcnaeerírcaoenss , iedpnaa drra ed llaeoc smi óqneu neac  ieolasn  asprue fltoiiccsiie ódnnet elqi tuosees    OE-A-2020-4113able en https://w
El recurrente no objeta, ni lo ha hecho en la vía previa a este recurso de amparo, la 
adopción de la medida cautelar real (auto de 29 de junio de 2015), ni tampoco el 
mandamiento judicial subsiguiente de la misma fecha. Es a la anotación registral a la que 
imputa ahora, como también hizo en la vía judicial previa, un exceso de contenido. A su 
juicio, bastaba con hacer constar en la anotación «el órgano judicial y el procedimiento a 
que está afecta». Constituía una extralimitación expresar, con acceso a terceros a través 
de la publicidad registral, los delitos que se investigaban en las citadas diligencias 
previas cuando no lo exigía la normativa hipotecaria (arts. 72 y 73 LH y 166 RH) y lo 
vedaba en principio la normativa procesal (art. 301 LECrim). Solicitaba, en consecuencia, 
que el órgano judicial competente ordenase al registro que suprimiese el contenido 
excesivo.
Que las resoluciones judiciales que aquí se impugnan no accedieran a esta solicitud 
es lo que, en su criterio, debe conducir a que se declare «la vulneración de la tutela 
judicial efectiva, en relación con el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al 
honor y a la intimidad, ante la actitud de los órganos judiciales que, debiendo cerciorarse 
de que el contenido de la nota simple registral concuerda con la finalidad de la medida 
adoptada, y se ajusta al contenido de las previsiones legales existentes, se han negado 
a librar los oportunos mandamientos al registro de la propiedad, pese a la solicitud del 
hoy demandante de amparo, para restablecer a este en sus derechos». Suplica, por 
consiguiente, que se anulen dichas resoluciones judiciales –el auto de 20 de junio 
de 2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 y el auto 31 de julio de 2017 de la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– y que se restablezca al 
recurrente en sus derechos invocados.
El abogado del Estado insta la desestimación del recurso de amparo. Sostiene que si 
lo que se pretende es la modificación de la medida cautelar adoptada por el auto de 29 
de junio de 2015, así como del mandamiento judicial subsiguiente, habría sido necesario 
alegar algún cambio sobrevenido en las circunstancias determinantes, lo que no se hizo. 
Afirma, en segundo lugar, que el auto que acordó la medida cautelar y el mandamiento 
judicial que lo ejecutó debían explicitar los delitos por los que se seguía el procedimiento 
porque así lo disponía el art. 20 LH, el art. 72 LH y los arts. 100 y 165 RH. Sostiene, por 
último, que estos preceptos de la regulación hipotecaria, en la medida que sustentan una 
publicidad legal que se orienta a «la eficacia misma de la normativa penal y de la 
prevención de delitos, […] [así como a] la protección y posible indemnidad de quienes 
hayan  podido  resultar  perjudicados  por  las  presuntas  actuaciones  delictivas», 
constituyen un límite legal para los derechos fundamentales invocados y que este límite 
respeta su contenido esencial porque prevé que la constancia registral de los delitos 
aluda a su carácter presunto.
El fiscal solicita la estimación del recurso. En su opinión, la motivación de los autos 
impugnados vulnera el derecho a una resolución fundada en Derecho (art. 24.1 CE) por 
ser ilógica o estar incursa en error patente. Ello se desprendería, en su opinión, de que, 
mientras el recurrente cuestionaba el exceso de contenido de la anotación registral, los 
órganos judiciales respondieron acerca de la regularidad del auto que acordaba la 
medida cautelar y del subsecuente mandamiento judicial. Por esta misma razón el fiscal 
considera que las resoluciones judiciales recurridas incurren en una incongruencia por 
error, que supone una nueva lesión de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En  otro  orden  de  cosas,  el  fiscal  argumenta,  con  fundamento  en  la  normativa 
hipotecaria y procesal (arts. 51, 72 y 73 LH; 166 RH y 301 LECrim), que la mención 
controvertida de los delitos por los que se sigue el procedimiento «se revela como  s
‘manifiestamente innecesari[a] o irrelevante’ para el interés público (de tercero) en los  oe.
derechos inscritos, o dicho de otro modo para la finalidad de la información registral».  w.
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adquisición por la actual titular registral fue por aportación, de donde se deduciría que el 
recurrente es socio de la mercantil que consta como titular registral actual.
Termina  sus  alegaciones  afirmando  que  «al  no  corregirse  en  las  resoluciones 
recurridas, se habría producido la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en relación con la presunción de inocencia y el derecho al honor».
2.  Delimitación del debate procesal.
Procede hacer las siguientes precisiones con el fin de establecer a qué cuestiones se 
contrae el debate procesal:
a)  Varios argumentos del abogado del Estado se dirigen a sostener la regularidad 
del auto que acordó la medida cautelar y del mandamiento judicial que lo actuó. No hay 
objeción en reconocer que la resolución que acuerda una medida cautelar real como la 
de autos ha de aludir a los delitos por los que se sigue el procedimiento. Es el único 
modo de motivar por qué la medida cautelar es procedente. Lo mismo cabe decir de su 
constancia en el respectivo mandamiento judicial, tanto porque lo impone expresamente 
el art. 20 LH en los casos (como el presente) en que es aplicable, como porque resulta 
necesario a fin de que el registrador tenga suficiente información para verificar su función 
de calificación, y en especial para examinar la congruencia de la anotación registral 
ordenada con el procedimiento en que se ordena (art. 100 RH).
Ahora bien, en este recurso de amparo se plantea otra cuestión, que no tiene que ver 
con el auto que acordó la medida cautelar y el subsecuente mandamiento judicial, sino 
con  el  contenido  de  la  anotación  de  prohibición  de  disponer  que  se  extiende  en 
cumplimiento de aquellos. Que aquel auto y aquel mandamiento, que tienen entre sus 
destinatarios respectivamente a las partes del proceso y al registrador de la propiedad, 
deban expresar unos ciertos contenidos que atienden a la posición de estos destinatarios 
no  conlleva  necesariamente  que  la  anotación  registral  consecuente,  que  tiene  una 
finalidad distinta, ligada a la garantía del eventual resultado del proceso penal mediante 
la publicidad registral, deba también hacer tal constancia. Sobre esta última cuestión, y 
sobre sus posibles consecuencias para los derechos fundamentales invocados, versa 
este recurso de amparo, y no acerca del contenido que corresponda al auto que acuerda 
la medida cautelar y el subsecuente mandamiento judicial.
El recurrente en ningún momento pide la modificación del auto que acordó la medida 
cautelar ni la del mandamiento judicial subsecuente y por este motivo resulta innecesario 
examinar, a pesar de la alegación del abogado del Estado, si aquel fundó su solicitud en 
una modificación de las circunstancias determinantes de la medida cautelar.
b)  El  recurrente  alegó  ante  el  juzgado  central  la  lesión  de  los  derechos  a  la 
presunción de inocencia, al honor y a la intimidad que se hace valer en este recurso de 
amparo. En el recurso de apelación, aparte de expresar que la respuesta del juzgado 
central había incurrido en incongruencia por error, reiteró la invocación de los referidos 
derechos. De acuerdo con este desarrollo de la vía judicial previa, el Tribunal aprecia 
que, por lo que hace a la invocación de los derechos a la presunción de inocencia, al 
honor y a la intimidad, la subsidiariedad del recurso de amparo ha quedado plenamente 
salvaguardada,  pues  se  ha  dado  a  los  dos  órganos  jurisdiccionales  competentes 
oportunidad de resolver acerca de esta invocación.
En estas circunstancias, el Tribunal considera que debe resolver prioritariamente 
sobre  las  alegaciones  relativas  a  estos  derechos  y  solo  en  un  momento  posterior 
pronunciarse, en caso de ser necesario, acerca de la queja que la demanda formula en  s
relación al derecho a la tutela judicial efectiva. Este orden de análisis contribuye a que,  oe.
en  caso  de  que  este  Tribunal  aprecie  una  vulneración  de  alguno  de  aquellos  tres  w.
edsunep retoacnlh dcorasías,  o(e,p l oseer f etrocedttoaa srdd, eaelsn eo r teoinlrangceaicómenise aanlr tioaa rmtd. ee1nl 8ta.e1m  lCap aEcr,eo Ss saTecCaió  2nin9 me/2ne0 dl1ai3a ,lte o1s.1 ió Hdnae cy fe etrublotree dlraoe , e oFfetJrco 2t i)vm aqo uddeoe,    2020-4113n https://w
los referidos derechos, pues la eventual estimación del recurso que se basara en que la
argumentación  es  ilógica  o  incongruente  no  conduciría  más  que  a  retrotraer  las
actuaciones para que los órganos judiciales resolvieran de nuevo la queja planteada por 
el recurrente.
3.  El derecho a la presunción de inocencia: falta de afectación.
Se  invoca  en  primer  término  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia.  La 
STC  133/2018,  de  13  de  diciembre,  FJ  4,  ha  reiterado  una  doctrina  constitucional 
constante al afirmar que en él se comprende el derecho a recibir «la consideración y el 
trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogo a estos sin 
previa resolución dictada por el poder público u órgano competente que así lo declare, y 
determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos 
jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo 
(SSTC  109/1986,  de  24  de  septiembre,  FJ  1;  283/1994,  de  24  de  octubre,  FJ  2; 
166/1995, de 20 de noviembre, FJ 3, y 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2)».
El Tribunal considera que la anotación preventiva cautelar relativa a la prohibición de 
disponer no contraría el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 
partícipe en tales hechos de carácter delictivo. Ello no se debe solo a que la mención a 
tales delitos vaya acompañada de la palabra «presuntos», sino sobre todo a que se 
explicita en la anotación registral misma que se inscribe en un procedimiento penal en 
curso, lo que entraña necesariamente reconocer, y declarar con el mismo efecto de 
acceso a terceros en virtud de la publicidad registral, que la presunción de inocencia de 
esa persona no ha quedado desvirtuada.
Este argumento comporta descartar esta alegación sin necesidad de hacer ningún 
pronunciamiento  sobre  el  encaje  constitucional  de  la  dimensión  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia aquí implicada, ni sobre la cuestión de fondo de su eventual 
lesión.
4.  El derecho al honor: afectación.
El  segundo  de  los  derechos  invocados  es  el  derecho  al  honor.  La  citada 
STC 133/2018, compendiando una doctrina constitucional constante, indica que «[e]l 
‘honor’, como objeto del derecho reconocido en el art. 18.1 CE, es un concepto jurídico 
normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en 
cada momento. No obstante esta imprecisión del objeto del derecho al honor, no hemos 
renunciado a definir su contenido constitucional abstracto al afirmar que ‘este derecho 
ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o 
mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o 
menosprecio  o  que  sean  tenidas  en  el  concepto  público  por  afrentosas’  […] 
(STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12; en el mismo sentido, entre otras, SSTC 127/2003, 
de 30 de junio, FJ 6; 216/2006, de 3 de julio, FJ 7; 51/2008, de 14 de abril, FJ 3, 
y 208/2013, FJ 3)».
Más en concreto, el Tribunal ha reconocido que las noticias que conecten a una 
persona física con la comisión de un delito (STC 58/2018) o con su investigación en fase 
de instrucción (STC 14/2003) son susceptibles de afectar a su reputación.
Debemos enjuiciar a la luz de esta doctrina los hechos del caso. El recurrente, a raíz 
de la información registral obtenida por un tercero y comprensiva de todo el contenido 
del folio registral de la finca respectiva, conoció que la anotación de prohibición de 
disponer expresaba los delitos objeto de investigación. A partir de esta noticia, solicitó 
del  órgano  judicial  competente  que  se  ordenase  al  registro  que  suprimiera  en  la 
anotación registral la mención de tales delitos, no accediéndose a esta solicitud. e.
El Tribunal considera que el enjuiciamiento de estos hechos a la luz de aquella  w.
doctari)n a Edle rbeec ufurnrednatres en oe na lpoasr seicgeu iecnotmeos  atirtguulamr eancttousa:l de la finca registral sobre la que  2020-4113n https://w
pideesnat ifilcaa daan olata cmióenrc, annit ils Cu annoemd bMrea dcriodn, sSta.L .e nN oe ostbas.t aEnnte ,u cnoon fyo rmotero  acleagsao  esl ofliosc arel,s uunltaa 
nota simple que alcance a todos los contenidos del folio registral, como la que obra en
autos, muestra a los terceros que el recurrente es el anterior titular de la finca y que 
Caned Madrid, S.L., la adquirió por aportación. Estas circunstancias permiten a los 
terceros deducir que el recurrente es socio de la citada mercantil.
El conocimiento de los contenidos del folio registral deriva de la publicidad formal del 
registro (art. 221 LH). El art. 222.7 LH prevé que los terceros tendrán acceso a la 
información registral para el «logro de fines lícitos», de donde nace la necesidad de 
invocar un interés legítimo para su consulta. No se trata de cualquier interés, sino de que 
esté relacionado con el cumplimiento de la finalidad del registro, es decir, la investigación 
jurídica, patrimonial y económica, que incluye el crédito, la solvencia y la responsabilidad 
de los titulares del inmueble. Sin embargo, ello no puede llevarse a cabo sin que medie 
una  ponderación  entre  el  interés  del  tercero  y  la  injerencia  en  los  derechos 
fundamentales de la persona a cuyo nombre figuren inscritos los bienes, de modo que 
los datos que afecten a dichos derechos fundamentales, ya no van a poder figurar en el 
registro de la propiedad, operando en este caso el derecho a la cancelación.
b)  Por otro lado, como también apunta el fiscal, consta en el registro mercantil que 
el recurrente es administrador solidario de la mercantil Caned Madrid, S.L. En el ámbito 
del  registro  mercantil  se  refuerza  el  principio  de  publicidad  para  adaptarse  a  las 
exigencias de transparencia y agilidad del mercado, por lo que el interés del solicitante 
se presume (instrucción de la dirección de los registros y del notariado de 17 de febrero 
de 1998). Además, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (C-398/2015, asunto Manni, párrafo 51), que, según la directiva 68/151 sobre 
publicidad obligatoria de algunos aspectos de las sociedades mercantiles, la publicidad 
«tiene por objeto permitir que todos los terceros interesados estén informados sin que 
deban justificar la existencia de un derecho o un interés que necesite protección». El 
Tribunal reconoce, en consecuencia, que la publicidad reforzada que ofrece el registro 
mercantil  extenderá  aún  más  el  conocimiento  por  los  terceros  del  vínculo  entre  el 
recurrente y la mercantil Caned Madrid, S.L., y, por tanto, entre aquel y la investigación 
de los delitos mencionados en la anotación de prohibición de disponer.
c)  En aplicación de la doctrina constitucional reseñada antes, el Tribunal entiende 
que la información que relacione a una persona física con la investigación en fase de 
instrucción de hechos delictivos, aunque mantenga intacta la presunción de inocencia del 
afectado, conlleva o puede conllevar, teniendo en cuenta actitudes sociales que son 
hechos notorios, un desmerecimiento en la consideración ajena, quedando de ese modo 
menoscabada su reputación.
d)  Esta afectación al derecho al honor es de una naturaleza agravada. Tiene una 
especial gravedad porque los delitos mencionados en la anotación registral, o al menos 
alguno de ellos como el fraude a la hacienda pública o el blanqueo de capitales, se 
conectan directamente con la actividad profesional del recurrente que, como ya hemos 
destacado,  es  administrador  solidario  de  Caned  Madrid,  S.L.,  así  como  de  otras 
sociedades mercantiles. La STC 133/2018 reitera que «la actividad profesional suele ser 
una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la 
relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación 
injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre 
dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de esa persona, repercutiendo 
tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de 
ella se tenga», doctrina constitucional expresada igualmente en las SSTC 180/1999, de 11 
de octubre, FJ 5; 41/2011, de 11 de abril, FJ 5 c), y 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 5.
El Tribunal concluye, a partir de todos estos razonamientos, que en el presente caso  s
mencionar en la anotación registral de prohibición de disponer los delitos por los que se  oe.
siguen las diligencias previas supone una afectación del derecho al honor del recurrente,  w.
qpuoer  lae sq udee  spea rrteicculalamr ain.tensidad, por lo que debe precisarse si ello ha producido la lesión  2020-4113n https://w
5.  La restricción legal del derecho al honor: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En el sistema constitucional de 1978 no hay derechos fundamentales absolutos. Con 
tal que respete el núcleo esencial que actúa como el límite de los límites legales, el 
legislador  puede  definir  el  contenido  de  los  derechos  fundamentales  y  en  especial 
establecer restricciones. Estas, sin embargo, necesariamente han de (i) preverse en 
norma  de  rango  legal;  (ii)  orientarse  a  la  realización  de  un  fin  constitucionalmente 
legítimo, y (iii) perseguirlo de un modo necesario y proporcionado, esto es, que la 
restricción legal, además de no ser sustituible por otra menos restrictiva, no genere más 
perjuicios al derecho al honor que beneficios para los fines constitucionales a que sirve. 
Se examinan a continuación estas cuestiones por separado.
a)  La anotación preventiva que según el recurrente causa una lesión de su derecho 
al honor halla cobertura legal en el art. 764 LECrim en relación con el art. 727.6 LEC.
El auto de 29 de junio de 2015 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4, que 
acordó la medida cautelar real de anotación de prohibición de disponer, señala en sus 
antecedentes de hecho que «estos inmuebles […] [son] considerados como efectos 
procedentes de los delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero, como 
objeto en sí de dicho blanqueo, por lo que no se hace precisa la mención a cantidad 
alguna. No se trata, por ello, del embargo al que se refiere la circunstancia tercera del 
art. 166 RH, sino de la circunstancia cuarta, in fine, de dicho precepto». En otras 
palabras, la anotación registral acordada tiene el efecto negativo de cerrar la publicidad 
registral a los actos dispositivos posteriores a ella. De manera que quien pudiera adquirir 
extraregistralmente algún derecho sobre él pueda tener la consideración de tercero de 
buena fe. Todo ello con el propósito de que no surjan, en el interim, nuevos titulares que 
puedan obstaculizar la eficacia de una eventual sentencia de condena, concretamente la 
dimensión de esta eficacia consiste en el comiso de los efectos de los delitos por los que 
se condena.
Coherentemente con este fin de la medida cautelar, el referido auto afirma que su 
fundamento jurídico es el apartado primero del art. 764 LECrim («el juez o tribunal podrá 
adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, 
incluidas las costas»). Expone además que, conforme al apartado segundo del mismo 
precepto, se aplicarán las normas sobre contenido y presupuestos de las medidas cautelares 
establecidas en la Ley de enjuiciamiento civil, específicamente en el art. 727.6 LEC, («otras 
anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la 
ejecución»).
En conclusión, la norma legal que ampara en el presente caso que el juzgado central 
acordase la anotación registral de prohibición de disponer es el art. 764 LECrim en 
relación con el art. 727.6 LEC. La conjunción de estos dos preceptos legales habilita al 
juez penal, en el seno de una investigación desarrollada durante la fase de instrucción, a 
ordenar, como medida cautelar real, al registro de la propiedad que extienda respecto de 
un inmueble una anotación preventiva de prohibición de disponer.
Esta anotación registral preventiva de prohibición de disponer se ceñirá, por mandato 
expreso  del  art.  727.6  LEC,  al  contenido  estrictamente  imprescindible  para  que  la 
publicidad registral que entraña «sea útil para el buen fin de la ejecución [de la resolución 
judicial]».
Más precisamente, debe reiterarse que el auto que acuerde la medida cautelar de 
anotación registral de prohibición de disponer y el subsecuente mandamiento judicial 
dirigido al registro han de expresar, al menos en ciertos casos, los delitos por los que se  e
sigue el procedimiento penal, pues ello coadyuva a explicar las razones de su adopción y  bo
a posibilitar que el registrador lleve a cabo su función calificadora. Ahora bien, si bien  w
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contenido posible de la anotación registral, quedando fuera de él la mención de los
delitos concretos objeto de investigación en las diligencias previas en cuyo contexto se 
ordena su extensión en el registro.
b)  La mención de los delitos en la anotación registral no cumple los requisitos de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Como ya se ha señalado, la anotación registral de prohibición de disponer se debe 
ceñir, por mandato expreso del art. 727.6 LEC, al contenido estrictamente imprescindible 
para que la publicidad registral que entraña «sea útil para el buen fin de la ejecución [de 
la resolución judicial]». Sin embargo, en este caso, la anotación preventiva referente a la 
prohibición de vender, gravar, obligar o enajenar los derechos de propiedad que ostenta 
la mercantil Caned Madrid, S.L., sobre la finca en cuya inscripción está dicha nota 
marginal se añaden los delitos por los que se siguen las diligencias previas.
Dicha  relación  de  delitos  constituye  una  información  innecesaria,  como  así  lo 
considera también el ministerio fiscal, para que la publicidad registral de la prohibición de 
disponer,  en  su  vertiente  de  publicidad  material,  cumpla  su  función.  La  anotación 
preventiva de la medida cautelar acordada produce los efectos que le son propios sin 
necesidad de que estos consten. Estos efectos son: i) el aseguramiento de la efectividad 
de  la  medida  y  ii)  evitar  que  los  bienes  entren  en  el  mercado  sin  posibilidad  de 
recuperación porque, al no estar publicada la prohibición de disponer, los adquirentes 
futuros tendrían la condición de terceros de buena fe (art. 34 LH), frustrándose así la 
medida cautelar impuesta por el juez. Tampoco es imaginable cómo la mención de los 
delitos en la anotación registral de prohibición de disponer puede, como consecuencia de 
la publicidad registral en sentido formal, coadyuvar al buen fin de la ejecución de la 
resolución judicial que en su día se acuerde. De hecho, en ninguna de las normas que 
regulan las anotaciones preventivas (arts. 51, 72 y 73 LH; art. 166 RH) se ordena que los 
delitos concretos por los que se siguen las diligencias previas integren el contenido de la 
anotación registral.
Se trata, por tanto, de una medida innecesaria para alcanzar el objetivo perseguido 
por lo que no puede afirmarse que resulte ponderada o equilibrada, ya que de su 
aplicación no pueden derivarse más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto –juicio de proporcionalidad–, en 
este caso el derecho al honor del recurrente. De ahí, que la inclusión de los delitos no 
supere, a los efectos que aquí importan, los tres requisitos o condiciones que conforman 
el  juicio  de  proporcionalidad  exigido  por  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal  para 
determinar la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos. Es decir, (i) 
que la medida sea «susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)»; 
(ii) que, además, sea «necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad)»; 
y, (iii) finalmente, que la misma sea «ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más 
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto» (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (STC 14/2003, de 28 de 
enero, FJ 9; en el mismo sentido SSTC 43/2014, de 27 de marzo, FJ2; 170/2013, de 7 
de octubre, FJ 5, y 39/2016, de 3 de marzo, FJ 5, entre otras).
Es por ello que, al hacer constar en la anotación preventiva los delitos, de especial 
gravedad, por los que se ordena la prohibición de disponer, que el recurrente solicitaba a 
los  órganos  judiciales  fueran  excluidos,  se  vulneró  su  derecho  al  honor.  Pues  la 
información aportada podría poner en cuestión, ante la consulta del registro por cualquier 
tercero, su reputación y actuación profesional, afectando al núcleo duro del mencionado 
derecho. s
6. Las resoluciones judiciales impugnadas no hallan cobertura en esta restricción  w.b
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mandamiento judicial que ordenase al registro alterar, mediante la supresión de dichos 
delitos, la anotación registral de prohibición de disponer.
El juzgado central, mediante auto de 20 de junio de 2017, desestimó la pretensión 
del recurrente. Aunque es cierto que la motivación del juzgado central era incongruente 
con la pretensión deducida por el recurrente, lo relevante en este momento es que dicha 
decisión judicial, al no acceder a suprimir la mención de los delitos en la anotación 
registral  conlleva,  por  los  motivos  expuestos  en  el  fundamento  jurídico  4  de  esta 
sentencia, una afectación al derecho al honor. Dicho auto no halla en los arts. 764 
LECrim y 727.6 LEC cobertura legal para la afectación del derecho al honor que entraña, 
pues, como se ha razonado en el fundamento jurídico 5 a), detallar los delitos concretos 
por los que se siguen las diligencias previas se revela innecesario para que, mediante la 
publicidad registral, sea en su vertiente formal o material, se asegure el «buen fin de la 
ejecución [de la resolución judicial]». Este Tribunal declara, en consecuencia, que el auto 
de 20 de junio de 2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 lesionó el derecho al 
honor del recurrente.
Este manifestó en el recurso de apelación la incongruencia de dicho auto de 20 de 
junio de 2017 y, además, reiteró la invocación del derecho al honor y la solicitud de que 
se ordenase al registro la supresión de la mención de los delitos. La Sección Cuarta de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante auto de 31 de julio de 2017, 
confirmó el auto recurrido, por lo que no reparó la lesión del derecho al honor en que 
aquel había incurrido.
El Tribunal aprecia, por consiguiente, que ambas resoluciones judiciales lesionaron el 
derecho al honor del recurrente, por lo que corresponde su anulación. Para restablecer al 
recurrente en su derecho lesionado procede, ordenar al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 4 de Madrid que libre mandamiento judicial al Registro de la Propiedad núm. 5 de 
Alicante, en el que le requiera la supresión en la anotación registral de prohibición de 
disponer de la mención de los delitos concretos por los que se siguen las diligencias 
previas en que se adoptó aquella como medida cautelar real.
7. Innecesariedad de analizar el resto de motivos del recurso de amparo.
Declarado  por  este  Tribunal  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  han 
lesionado el derecho al honor y restablecido este en su derecho en la forma indicada, 
resulta ya innecesario examinar la invocación que se formula en la demanda de amparo 
del derecho a la intimidad, y del derecho a la tutela judicial efectiva.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don A.H.L. y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado su derecho al honor (art. 18.1 CE).
2.º  Restablecer al recurrente en su derecho y, a tal fin,
a)  Declarar la nulidad del auto de 20 de junio de 2017 del Juzgado Central de  es
Instrucción núm. 4 y del auto de 31 de julio de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala de lo  bo
Penal de la Audiencia Nacional. w
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de prohibición de disponer que pesa ella de la mención «por presuntos delitos de
pertenencia  a  organización  criminal,  fraude  a  la  hacienda  pública,  relativos  a  la 
prostitución, blanqueo de capitales y otras actividades delictivas conexas habiéndose 
acordado por auto de 29 de junio de 2015».
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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