BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25  Viernes 29 de enero de 2021  Sec. III.   Pág. 10424
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
1327 Resolución de 17 de noviembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo 
de procesos electorales 2015-2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 17 de noviembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo 
de procesos electorales 2015-2017, acuerda:
1.  Instar al Gobierno a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
2.  Instar al Ministerio del Interior a:
– Aplicar unos criterios homogéneos en el reparto de gastos a realizar entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los casos de 
concurrencia de procesos electorales con el fin de acabar con la disparidad y confusión 
actual, e instar a las comunidades autónomas a que asuman dicho reparto, de acuerdo 
con sus competencias en materia electoral.
– Adoptar las medidas necesarias para instar a las comunidades autónomas a remitir 
formalmente toda información sobre la ejecución de los convenios de colaboración 
suscritos, a fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos.
– Efectuar con mayor rigor los expedientes contractuales en relación con la 
determinación de los presupuestos de los contratos, la concreción de los requisitos 
mínimos para acreditar la solvencia de los licitadores y el cumplimiento de los plazos de 
emisión de actas de recepción y certificados de conformidad y pago a proveedores.
– Dotar a la Dirección General de Política Interior y a la Intervención Delegada en el 
Ministerio del Interior de plantillas de personal adecuadas y medios técnicos suficientes 
para poder realizar en plazo todas las funciones que tienen atribuidas.
– Implantar un sistema más eficiente para la devolución de los gastos de franqueo a 
los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y ERTA), que garantice la 
recepción del reintegro por el votante a un menor coste que el actual.
– Fundamentar de forma más precisa los motivos de elección en aquellos casos de 
contratos donde exista una escasa concurrencia competitiva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS  
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA GESTIÓN 
Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES  
2015-2017
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto 
en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 19 de diciembre de 2019, el 
“INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES 2015-2017”, y ha acordado su 
elevación a las Cortes Generales, así como, al Gobierno de la Nación para su tramitación 
parlamentaria según lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN . 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR . 
I.2.  PRINCIPALES SINGULARIDADES DEL ÁMBITO DE GESTIÓN FISCALIZADO . 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL . 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE . 
I.5.  TRAMITE DE ALEGACIONES . 
I.6.  MARCO NORMATIVO . 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN . 
II.1.  EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS . 
II.1.1.  Ejecución presupuestaria . 
II.1.2.  Modificaciones presupuestarias . 
II.2.  CUENTAS JUSTIFICATIVAS . 
II.2.1.  Remisión de las cuentas justificativas . 
II.2.2.  Cuentas justificativas seleccionadas . 
II.2.3.  Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 . 
II.2.4.  Elecciones Locales y Autonómicas 2015 . 
II.2.5.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 . 
II.2.6.  Elecciones Generales 2015 . 
II.2.7.  Elecciones Generales 2016 . 
II.2.8.  Elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016 . 
II.2.9.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 . 
II.3.  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  CELEBRADOS  ENTRE  EL  MINISTERIO  DEL
INTERIOR Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GESTIÓN
ELECTORAL . 
II.4.  PAGOS PENDIENTES ELECCIONES CORTES GENERALES 2015 Y 2016 Y ELECCIÓN
AL PARLAMENTO VASCO Y GALLEGO 2016 . 
II.5.  CONTRATACIÓN  REALIZADA  POR  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  POLÍTICA
INTERIOR . 
II.5.1.  Remisión por la DGPI de los contratos celebrados durante el periodo fiscalizado
II.5.2.  Contratos examinados . 
II.5.3.  Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 . 
II.5.4.  Elecciones Locales y Autonómicas 2015 . 
II.5.5.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 . 
II.5.6.  Elecciones a las Cortes Generales 2015 . 
II.5.7.  Elecciones a las Cortes Generales 2016 . 
II.5.8.  Elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016 .  e.
II.5.9.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 .  w.
CII.O6.R  REOOBSL IYG ATCELIOÉNGERSA FSOERS,V SIC.AIO.,  SP.OMS.ET.A .L  UNIVERSAL Y CONTRATOS SUSCRITOS CON
II.6.1.  Envío de documentación electoral . 
II.6.2.  Propaganda electoral . 
II.6.3.  Voto CERA y Voto ERTA. Devoluciones . 
II.7.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO . 
II.8.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA . 
II.8.1.  Publicidad activa . 
II.8.2.  Derecho de acceso a la información pública. 
II.9.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . 
CONCLUSIONES . 
III.1.  EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ELECTORAL . 
III.2.  EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS . 
III.3.  EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS CASOS DE
CONCURRENCIA DE PROCESOS ELECTORALES . 
III.4.  EN  RELACIÓN  CON  LA  CONTRATACIÓN  REALIZADA  POR  LA  DIRECCIÓN
GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR . 
III.5.  EN RELACIÓN CON EL SERVICIO POSTAL. 
III.6.  EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO . 
III.7.  EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA . 
III.8.  EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . 
RECOMENDACIONES . 
ANEXOS 
ALEGACIONES
 
RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
ACM      Acuerdo del Consejo de Ministros 
BOE      Boletín Oficial del Estado 
CE      Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 
CERA      Censo de españoles residentes ausentes 
Correos     Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E. 
Ctos.      Créditos 
DGPI      Dirección General de Política Interior 
ECG      Elecciones Cortes Generales 
ELA      Elecciones Locales y Autonómicas 
EPA      Elección al Parlamento andaluz 
EPC      Elecciones al Parlamento catalán 
EPVG      Elecciones al Parlamento vasco y gallego 
ERTA      Españoles residentes temporalmente ausentes 
Gtos.      Gastos 
IEA      Instrucciones Económico-Administrativas. 
IGAE      Intervención General de la Administración del Estado  
INE      Instituto Nacional de Estadística 
IVA      Impuesto sobre el valor añadido 
LFTCu     Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LGP      Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
LOREG     Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
LPAP      Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
LRJSP   Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
LSPU  Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de  e.e
los usuarios y del mercado postal.  bo
LTAIBG  Ly ebyu e1n9 /g2o0b1i3e,r ndoe  9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública  2021-1327n https://ww
 
MAEC      Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
MAEs      Mesas administradas electrónicamente 
Oblig.      Obligaciones 
OCE      Oficina del Censo Electoral 
PCAP      Pliego de cláusulas administrativas particulares 
RD      Real Decreto 
Recon.     Reconocidas 
Rmtes.     Remanentes 
SPU      Servicio Postal Universal 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
 
   
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO 1. PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 16.01.924M.227.05. AÑOS 2015-2017. 
CUADRO 2. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA PARTIDA 16.01.924M.227.05 EN LOS AÑOS 
2015-2017 .
CUADRO  3.  EJECUCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN  DE  LOS  PRESUPUESTOS  ELECTORALES 
DURANTE LOS AÑOS 2015-2017 .
CUADRO  4.  PROCESOS  ELECTORALES  DEL  AÑO  2015.  CUANTÍA  ESTIMADA 
Y  NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA .
CUADRO  5.  PROCESOS  ELECTORALES  DEL  AÑO  2016.  CUANTÍA  ESTIMADA  Y 
NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA .
 
CUADRO 6. DESGLOSE DEL EXPEDIENTE 432/17 DE AMPLIACIÓN DE CRÉDITO . 
CUADRO  7.  APORTACIONES  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  Y  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN . 
CUADRO 8. ABONOS REALIZADOS A TRAVÉS DE PAGOS MASIVOS DURANTE EL AÑO 2017 
ORDENADOS POR EPÍGRAFES . 
CUADRO 9. ABONOS REALIZADOS A TRAVÉS DE PAGOS MASIVOS DURANTE EL AÑO 2018 
ORDENADOS POR EPÍGRAFES . 
CUADRO 10. CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DGPI CON MOTIVO DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES FISCALIZADOS (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 11. CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DGPI CON MOTIVO DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES FISCALIZADOS (POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN/TRAMITACIÓN)
CUADRO 12. CONTRATOS FISCALIZADOS EPA 2015 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 13. CONTRATOS FISCALIZADOS ELA 2015 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 14. CONTRATOS FISCALIZADOS EPC 2015 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 15. CONTRATOS FISCALIZADOS ECG 2015 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 16. CONTRATOS FISCALIZADOS ECG 2016 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 17. CONTRATOS FISCALIZADOS EPVG 2016 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 18. CONTRATOS FISCALIZADOS EPC 2017 (POR TIPO DE CONTRATO) . 
CUADRO 19. RELACIÓN DE GASTO ELECTORAL TOTAL Y GASTO IMPUTADO AL EPÍGRAFE 
2.13.00 «TRASLADOS Y ENVÍOS». POR PROCESO ELECTORAL . 
CUADRO 20. DESGLOSE DEL GASTO IMPUTADO AL EPÍGRAFE PRESUPUESTARIO 2.13.00 
«TRASLADOS Y ENVÍOS» .
CUADRO 21. CENSO CERA, SOLICITUDES DE VOTO ACEPTADAS Y VOTOS ENTREGADOS   
 
CUADRO  22.  DEVOLUCIONES  DE  GASTOS  DE  FRANQUEO  NO  RECIBIDAS  POR  LOS 
VOTANTES SOLICITANTES INGRESADAS EN EL TESORO PÚBLICO . 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
GRÁFICO 1. PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES  s
AUSENTES (VOTO CERA) .  e.
GRÁFICO 2. PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES  w.
TEMPORALMENTE AUSENTES (VOTO ERTA) .  27ww
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
La fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión de procesos electorales durante 
el período 2015-2017 tiene su origen en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 21 de 
diciembre de 2017, por el que se aprobó el Programa de Fiscalizaciones para el año 2018. 
La fiscalización fue acordada a iniciativa del Pleno del propio Tribunal, de acuerdo con los criterios 
determinados por la Sección de Fiscalización para la inclusión de las diversas actuaciones que 
integran el Programa Anual (dentro del marco del Documento Base del Plan Estratégico del Tribunal 
de Cuentas 2017-2021 y en línea con los Objetivos específicos 1.2 y 1.3). 
Las Directrices Técnicas de la presente fiscalización fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal en 
su reunión de 22 de marzo de 2018. 
I.2.  PRINCIPALES SINGULARIDADES DEL ÁMBITO DE GESTIÓN FISCALIZADO
El artículo 23 de la Constitución Española de 1978 (CE) reconoce entre los derechos fundamentales 
de los ciudadanos el de «participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». 
El reconocimiento constitucional de este derecho de participación determina la necesidad de 
articular el procedimiento de emanación de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas 
instancias representativas en las que se articula el Estado español. Este derecho fundamental ha 
sido desarrollado principalmente a través de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG).  
La gestión de un proceso electoral conlleva la coordinación de una pluralidad de elementos 
materiales y personales destinados a la celebración de la votación y posterior recuento de votos, 
con la consiguiente aplicación de fondos públicos a la consecución de este fin. 
Los gastos de funcionamiento que ha de asumir el Estado como consecuencia de la celebración de 
procesos electorales contemplados en la LOREG son gestionados mediante la aplicación de un 
procedimiento especial recogido en el artículo 18 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992 y en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP). 
Este procedimiento especial tiene por objeto asegurar la agilidad y el control individualizado de cada 
proceso electoral por parte del Tribunal de Cuentas. Sus principales especialidades son las 
siguientes: 
  La imputación de los gastos se realiza a un concepto presupuestario específico existente en el 
Ministerio del Interior, la partida 16.01.924M.227.05. 
  El Ministerio del Interior distribuye mediante provisiones las cantidades correspondientes a los 
distintos centros gestores del gasto. 
  Los centros de gasto han de rendir cuentas de su gestión, incluyendo la expresión de los gastos 
realizados con cargo a los fondos recibidos. La cuenta a presentar por cada centro de gasto  e.e
será única para cada proceso electoral y será remitida al Tribunal de Cuentas por conducto del  b
Ministerio del Interior.  27ww
  LGae ngeersatli ódne  dlae  Alodsm ginaissttroasc ieólne cdteolr aElsetsa dqou e(IdGaA sEo)m. etida al control financiero de la Intervención
10  Tribunal de Cuentas 
El desarrollo reglamentario de este régimen especial de gestión económica del proceso electoral 
está contenido en el Real Decreto (RD) 562/1993, de 16 de abril, sobre el procedimiento especial 
de gestión de gastos electorales (modificado parcialmente por el RD 332/1999, de 26 de febrero), 
que desarrolla de manera específica el procedimiento y atribuye al Ministerio del Interior, a través 
de los órganos correspondientes, la competencia para la aprobación de los presupuestos de gastos 
de los respectivos centros intervinientes. Además, el Ministerio del Interior aprueba para cada 
proceso electoral, previo informe de la Intervención Delegada en dicho ministerio, las Instrucciones 
económico-administrativas (IEA) aplicables al proceso. Estas Instrucciones contendrán las normas 
de gestión a las que deberán sujetarse los distintos órganos centrales o territoriales del Ministerio 
del Interior. 
Todos los centros de gasto que dispongan de asignación económica en este presupuesto electoral 
deben respetar y adecuar sus actuaciones a lo establecido en la Sección 3ª del RD 562/1993 y al 
cumplimiento de los principios rectores de la buena gestión financiera de acuerdo con las directrices 
de contención y reducción del gasto público aprobadas por el Gobierno. 
Dentro de los órganos gestores del gasto se puede distinguir entre los órganos centrales (Dirección 
General de Política Interior –DGPI–, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación –MAEC–, 
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Guardia Civil e Instituto Nacional de Estadística –INE–) y 
los territoriales (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno). Su participación en los distintos 
procesos electorales ha dependido de la naturaleza de éstos. 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
Como se ha señalado anteriormente, la gestión presupuestaria del gasto que lleva aparejado la 
celebración de unas elecciones corresponde al Ministerio del Interior, principalmente a la DGPI del 
Ministerio del Interior.  
En este sentido, el artículo 1 del RD 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior (al igual que hizo con posterioridad el RD 770/2017, de 28 
de julio) establece que corresponde a este Ministerio la realización de las actuaciones necesarias 
para el desarrollo de los procesos electorales. Concretamente, el artículo 9 del RD 400/2012 
(artículo 9 del RD 770/2017) atribuye a la DGPI, como órgano dependiente de la Subsecretaría del 
Interior, el ejercicio de las competencias que el Ministerio del Interior tiene atribuidas en materia de 
procesos electorales y consultas populares. En particular, esta labor comprenderá las siguientes 
funciones: 
-  La gestión de las competencias del Ministerio respecto a los procesos electorales y a las 
consultas directas al electorado, y el mantenimiento de las relaciones necesarias con la 
Administración Electoral, en concreto, con la Junta Electoral Central, con la que le corresponde 
la interlocución en materia electoral, a excepción de las cuestiones relativas a la elaboración 
del censo electoral cuya competencia corresponde a la Oficina del Censo Electoral (OCE). 
-  La coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales, así como de las 
funciones  que  corresponden  a  las  Unidades  dependientes  de  otros  ministerios  con 
competencias en materia electoral. 
-  La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para la 
modernización de la gestión de los procesos electorales. 
-  La puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, excepto los datos  es
relativos al censo electoral, así como la custodia y difusión pública de los resultados electorales  bo
EMellei ncáistmoterbariitlo–o   hdoaeb lj erIetniavteloizr iaoddre o – laee nnp  mreesaspteeencrtiiaea  l dfilesac  gaDalGizsatPocIs ió eennl e vsciuteo nrceao lendsde,if cirnieóidsnpo de pecto oór  rdlgaea  nglooes s gtpieórsontc oeer scdooesnl ó emplerieccsatou rpqauuleeess  teoyl    2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  11 
consultas directas al electorado financiadas con cargo al crédito presupuestario 227.05 «Procesos 
Electorales y Consultas Públicas» incluido en el programa 924M «Elecciones y Partidos Políticos» 
del presupuesto de dicho departamento ministerial. 
Desde un punto de vista cuantitativo el ámbito objetivo de la presente fiscalización abarca un 
montante presupuestario que supera los 439 millones de euros en un período de tres años. 
Cuadro 1. PRESUPUESTO TOTAL DE LA PARTIDA 16.01.924M.227.05. AÑOS 2015-2017 
(euros) 
Proceso electoral  Créditos definitivos  Oblig. recon.  Remanente 
EPA 2015  11.234.268,40  10.145.118,62  1.089.149,78 
ELA 2015  127.994.617,27  113.013.702,67  14.980.914,60 
EPC 2015  12.242.514,62  9.321.007,33  2.921.507,29 
ECG 2015  130.244.505,08  115.976.579,08  14.267.926,00 
ECG 2016  130.672.066,71  113.800.245,29  16.871.821,42 
EPVG 2016  11.282.351,85  8.659.607,40  2.622.744,45 
EPC 2017  15.851.545,40  9.199.368,71  6.652.176,69 
Totales  439.521.869,33  380.115.629,10  59.406.240,23 
Fuente: elaborado por el Tribunal de Cuentas a partir de los datos proporcionados por la DGPI 
Esta fiscalización no se ha extendido a la financiación a los partidos políticos (ni ordinaria ni 
electoral) canalizada también a través de transferencias en el presupuesto del Ministerio del Interior, 
ni a aquellas actuaciones financiadas con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a 
sufragar gastos de procesos electorales o consultas de participación ciudadana en los presupuestos 
de las Comunidades Autónomas correspondientes. 
El ámbito temporal de esta fiscalización se ha referido a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. El 
calendario electoral del período fiscalizado ha sido el siguiente: 
 
 
 
12  Tribunal de Cuentas 
     
(1 Salvo Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco) 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
Se ha llevado a cabo una fiscalización de cumplimiento cuyo objetivo general está previsto en las 
Directrices técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de marzo de 2018, siendo 
este: 
-  Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la actividad 
fiscalizada. 
De igual modo, como objetivo transversal, se ha comprobado el cumplimiento de las prescripciones 
de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género establecidas por la normativa, en 
todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
I.5.  TRAMITE DE ALEGACIONES 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, el anteproyecto de informe fue puesto de manifiesto tanto a los actuales 
responsables  del  Ministerio  del  Interior,  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y 
Cooperación, INE y Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E, como a aquellos que lo fueron durante el 
periodo al cual se ha extendido la presente fiscalización.  
Han solicitado, y se ha concedido, ampliación del plazo para formular alegaciones el representante 
del Ministerio del Interior y el responsable de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.  
Han  formulado  alegaciones  el  actual  responsable  del  Ministerio  del  Interior  y  los  actuales 
presidentes del INE y de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. También ha formulado alegaciones el 
anterior responsable del INE. 
Todas las alegaciones formuladas, que se acompañan al Informe, han sido analizadas y valoradas; 
como consecuencia de ese análisis, se han introducido en el texto los cambios que se han 
considerado oportunos, ya sea para aceptar su contenido o para exponer el motivo por el que no se 
han  aceptado.  En  aquellos  casos  en  que  las  alegaciones  formuladas  constituyen  meras 
explicaciones o comentarios de hechos o situaciones descritos en el Informe –o de otros a los que 
no se hace referencia en él- no se ha alterado el texto del Informe. En todo caso, el resultado 
definitivo de la fiscalización es el expresado en el presente Informe, con independencia de las 
consideraciones que se hayan manifestado en las alegaciones. 
I.6.  MARCO NORMATIVO 
La normativa básica aplicable a la materia fiscalizada se encuentra fundamentalmente recogida,  es
entre otras, en las siguientes disposiciones:  o
-  Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  27ww
-  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu).
Gastos Procesos electorales 2015-2017  13 
-  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 
-  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
-  Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992. 
-  Real Decreto 562/1993, de 16 de abril, por el que se desarrolla el artículo 18 de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, sobre procedimiento 
especial de gestión de gastos electorales. 
-  Real Decreto 332/1999, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 562/1993, de 
16 de abril, por el que se desarrolla el artículo 18 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992, sobre procedimiento especial de gestión de 
gastos electorales. 
-  Real  Decreto  605/1999,  de  16  de  abril,  de  regulación  complementaria  de  los  procesos 
electorales. 
-  Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen 
institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración 
General del Estado. 
-  Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior (posteriormente derogado por el Real Decreto 770/2017, de 28 de 
julio). 
-  Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para 
la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017. 
-  Orden INT/3782/2007, de 13 de diciembre, de regulación de la dieta de los miembros de las 
Mesas electorales. 
-  Reales Decretos y Decretos de convocatoria de elecciones: 
  Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de disolución del Parlamento de 
Andalucía y de convocatoria de elecciones. 
  Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las 
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015. 
  Decreto 107/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de 
las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
  Decreto de 30 de marzo de 2015, de la Presidenta de Aragón, por el que se convocan  s
elecciones a las Cortes de Aragón.  e.
  Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se convocan  27ww
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.
 
14  Tribunal de Cuentas 
  Decreto 2/2015, de 30 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de disolución y 
convocatoria de elecciones al Parlamento de las Illes Balears. 
  Decreto 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. 
  Decreto  1/2015,  de  30  de  marzo,  de  convocatoria  de  elecciones  al  Parlamento  de 
Cantabria. 
  Decreto 15/2015, de 30/03/2015, de la Presidenta de la Junta de Comunidades, por el que 
se convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. 
  Decreto 1/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se convocan Elecciones a las Cortes de Castilla y León. 
  Decreto del Presidente 5/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la 
Asamblea de Extremadura. 
  Decreto 8/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se 
convocan elecciones a la Asamblea de Madrid. 
  Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma nº 10/2015, de 30 de marzo, de 
convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. 
  Decreto Foral 2/2015, de 30 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 
de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra. 
  Decreto del Presidente 1/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones al 
Parlamento de La Rioja. 
  Decreto 4/2015, de 30 de marzo, del presidente de la Generalitat, de disolución de les Corts 
y convocatoria de elecciones a las mismas. 
  Decreto 174/2015, de 3 de agosto, de convocatoria de elecciones al Parlamento de 
Cataluña y de su disolución. 
  Real Decreto 741/2015, de 31 de julio, por el que se convocan elecciones locales parciales 
2015 por haberse declarado la nulidad de la elección celebrada el 24 de mayo de 2015. 
  Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, por el que se convocan elecciones locales 
parciales. 
  Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y 
del Senado y de convocatoria de elecciones. 
  Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del 
Senado y de convocatoria de elecciones. 
  Decreto 23/2016, de 1 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento 
Vasco y se convocan elecciones. 
  Decreto 92/2016, de 1 de agosto, de disolución del Parlamento de Galicia y de convocatoria  b
de elecciones.  27ww
  CRaetaal lDuñeac rye tdoe 9 s4u6 /d2is0o1l7u,c dióen 2. 7 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de  OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  15 
-  Instrucciones Económica-Administrativas aprobadas para cada uno de los procesos electorales 
fiscalizados. 
-  Convenios de colaboración celebrados ente el Ministerio del Interior y las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión electoral, tanto los convenios marco suscritos en los años 
2014 y 2015 como los convenios específicos suscritos en 2015: 
  Resoluciones de 27 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por las que se 
publican los Convenios marco de colaboración en materia de gestión electoral con la 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, Illes Balears, Principado de Asturias, Castilla y 
León, Navarra y Valenciana. 
  Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
  Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra en materia de 
gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo 
de 2015. 
  Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se 
celebren el día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el 
día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 
24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se 
celebren el día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad de 
Madrid. 
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunitat Valenciana en materia de 
gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo 
de 2015. 
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se  bo
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Castilla y León en  27ww
m24a tdeer iam adyeo g dees t2ió0n1 5e.le ctoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día
 
16  Tribunal de Cuentas 
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se 
celebren el día 24 de mayo de 2015.  
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria 
en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el 
día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias 
en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el 
día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 
24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones a la Presidencia de 
las Entidades Locales Autónomas que se celebran el día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de gestión 
electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja en 
materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 
24 de mayo de 2015. 
  Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
  Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
-  Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y 
la Diputación Foral de Álava en materia de gestión electoral, a suscribir con motivo de las 
elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015, de 12 de febrero de 2015. 
-  Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y 
la Administración de la Diputación Foral de Guipúzcoa en materia de gestión electoral, suscrito 
con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. 
  e
Gastos Procesos electorales 2015-2017  17 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
La gestión de los gastos de procesos electorales exige un procedimiento especial recogido en el 
RD 562/1993, de 16 de abril, por el que se desarrolla el artículo 18 de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, que busca la agilidad y el control individualizado de los mismos. Este procedimiento 
especial se gestiona a través de libramientos de pagos a justificar realizados por la DGPI a los 
distintos centros de gasto. 
En aquellos supuestos en los que, dadas las características de los gastos, no sea posible la 
aplicación  del  procedimiento  mencionado,  la  gestión  de  estos  se  realizará  siguiendo  el 
procedimiento general para la ejecución de gastos públicos, siendo necesaria la intervención previa. 
El órgano competente para dictar los actos de reconocimiento y propuesta de pago es el Ministerio 
del Interior, sin perjuicio de posibles delegaciones; el gasto debe imputarse al crédito presupuestario 
16.01.924M.227.05. 
II.1.1.  Ejecución presupuestaria 
La ejecución y liquidación de la partida 16.01.924M.227.05 correspondiente a cada uno de los tres 
años fiscalizados aparece reflejada en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA PARTIDA 16.01.924M.227.05 EN LOS AÑOS 
2015-2017 
(euros) 
Año 2015 
Ctos. iniciales  Modificaciones*  Ctos. Definitivos  Gtos. comprometido  Oblig. Recon.  Rmtes. Crédito 
187.613.390,00  99.811.220,22  287.424.610,22  281.720.840,34  281.715.905,37  5.708.704,85 
* La modificación se realizó mediante expediente 647/15 de ampliación de crédito 
 
Año 2016 
Ctos. iniciales  Modificaciones*  Ctos. Definitivos  Gtos. comprometido  Oblig. Recon.  Rmtes. Crédito 
22.220.250,00  120.691.816,71  142.912.066,71  141.954.418,56  141.954.418,56  957.648,15 
* La modificación se realizó mediante expediente 376/16 de ampliación de crédito  
 
         
 
Año 2017 
Ctos. iniciales  Modificaciones*  Ctos. Definitivos  Gtos. comprometido  Oblig. Recon.  Rmtes. Crédito 
3.000,00  15.867.545,4  15.870.545,4  15.863.435,51  15.862.852,96  7.692,44 
* Las dos modificaciones se realizaron mediante expedientes 432/17 y 1073/17 de ampliación de crédito. 
     Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
  s
  w.


 
18  Tribunal de Cuentas 
La ejecución presupuestaria por proceso electoral aparece recogida en el siguiente cuadro:  
Cuadro 3. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ELECTORALES 
DURANTE LOS AÑOS 2015-2017 
(euros) 
Año 2015 
Obligaciones 
Proceso electoral  Créditos definitivos  Remanente  % ejecutado 
reconocidas 
EPA 2015  11.234.268,40  10.145.118,62  1.089.149,78  90,31% 
ELA 2015  127.994.617,27  113.013.702,67  14.980.914,60  88,30% 
EPC 2015  12.242.514,62  9.321.007,33  2.921.507,29  76,14% 
ECG 2015  130.244.505,08  115.976.579,08  14.267.926,00  89,05% 
Totales  281.715.905,37  248.456.407,70  33.259.497,67   
 
Año 2016 
Obligaciones 
Proceso electoral  Créditos definitivos  Remanente  % ejecutado 
reconocidas 
ECG 2016  130.672.066,71  113.800.245,29  16.871.821,42  87,09% 
EPVG 2016  11.282.351,85  8.659.607,40  2.622.744,45  76,75% 
Totales  141.954.418,56  122.459.852,69  19.494.565,87 
 
Año 2017 
Obligaciones 
Proceso electoral  Créditos definitivos  Remanente  % ejecutado 
reconocidas 
EPC 2017  15.851.545,40  9.199.368,71  6.652.176,69  58,03% 
Totales  15.851.545,40  9.199.368,71  6.652.176,691 
         Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
II.1.2.  Modificaciones presupuestarias 
Durante los tres años fiscalizados se han producido cuatro modificaciones presupuestarias en la 
partida 16.01.924M.227.05, todas ellas consistentes en ampliaciones de crédito. 
II.1.2.1.  AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015. EXPEDIENTE 647/15 
En el año 2015 se produjo una modificación presupuestaria de la partida analizada consistente en 
una ampliación tramitada a través del expediente 647/15 de 28 de octubre de 2015. 
La tramitación de este expediente se inició mediante Memoria justificativa de la propuesta de 
modificación presupuestaria de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 9 de julio de 2015. 
                                                            es
 1La entidad fiscalizada ha informado, a solicitud de este Tribunal, que la diferencia que se da entre la cifra de  oe.
obligaciones reconocidas en el presupuesto de 2017 y los datos de ejecución presupuestaria de ese mismo año (EPC  w.
2017) se debe a la realización de dos pagos fuera del procedimiento especial de gestión de los procesos electorales:  27ww
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un importe de 1.917,45 euros. 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  19 
En esta memoria se señala la necesidad de realizar una modificación presupuestaria de la partida 
16.01.924M.227.05,  en  la  cuantía  de  87.568.705,60  euros,  para  atender  a  las  necesidades 
presupuestarias derivadas de la celebración de elecciones a Cortes Generales el 20 de diciembre 
de 2015 (ECG 2015). 
La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, dotó 
a la partida presupuestaria analizada con 187.613.390 euros, destinados a financiar el gasto 
derivado de la celebración de los procesos electorales del año en curso.  
Durante el año 2015 tenían que celebrarse por disposición legal: las elecciones locales a las 
Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobierno 
no tengan expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de disolución anticipada; 
elecciones Locales y Autonómicas (ELA 2015) –en virtud del artículo 42.3 LOREG–; y las ECG 2015 
(artículos 68 y 69 CE). 
Además de estos dos procesos electorales, durante el año 2015 se produjeron adelantos electorales 
en Andalucía (22 de marzo) y Cataluña (27 de septiembre). 
Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó, mediante Acuerdo de 9 de octubre de 2015, la 
ampliación presupuestaria de la partida analizada en la cuantía de 99.811.220,22 euros. 
Las cantidades que fueron destinadas a cada uno de estos procesos electorales fueron las 
siguientes: 
Cuadro 4. PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2015. CUANTÍA ESTIMADA Y 
NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA 
 
Proceso electoral  Créditos definitivos (euros)  Convocatoria 
Andalucía  11.234.268,40  Adelanto electoral 
Locales y autonómicas  127.994.617,27  Ordinaria 
Cataluña  12.242.514,62  Adelanto electoral 
Cortes Generales  135.953.209,93  Ordinaria 
Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
Los créditos definitivos aprobados para esta partida durante el año 2015 fueron de 287.424.610,22 
euros, lo cual representa un incremento del 53% del crédito inicialmente aprobado. 
La modificación de la partida presupuestaria 16.01.924M.227.05, se instrumentó mediante una 
operación de ampliación, regulada en el artículo 54 LGP, con cargo al Fondo de Contingencia. 
Esta  modificación  presupuestaria  revela  una  falta  de  previsión  en  la  elaboración  de  los 
presupuestos, toda vez que, a la fecha de aprobación de los mismos, ya se tenía conocimiento de 
la celebración de dos de los cuatro procesos electorales finalmente celebrados (ELA 2015 y ECG 
2015). Es por ello que la dotación inicial de la partida presupuestaria a la que se debían imputar 
estos gastos debería haber sido una cifra muy superior, a la vista de las cifras presupuestadas para 
los procesos electores análogos en años anteriores (similar a los 260.000.000 euros), a la que fue 
inicialmente aprobada (187.613.390 euros).  e
Ljduoess tli afaiscd acera luannntiatdo aasdm eeplsel icaatcpoilróiacnale pdsra esas cuaap eaucmeidsbtooassr i aep nrdo ecA cenasdsoais l1u f0cu0íea  m dyie ll Co2na3et.a4sl 7ud6ñe.a 7e 8un3roo, 0st2i,e  hneaeubnroi dsea n (ct1iud1ea.2nd3t a4s .du2ef6ic q8ieu,4ne0t ee e l putoarotraasl    2021-1327n https://www.
 
20  Tribunal de Cuentas 
para  las  elecciones  andaluzas  –EPA  2015–  y  12.242.514,62  euros  para  las  elecciones  al 
Parlamento de Cataluña –EPC 2015–). 
Además, la cifra finalmente ampliada (99.811.220,22 euros) difiere de la inicialmente propuesta 
(87.568.705,60 euros). Esta divergencia estaba justificada en el desconocimiento del adelanto 
electoral de Cataluña en el momento de presentar la propuesta de modificación presupuestaria (17 
de julio de 2015). Este hecho vuelve a poner de manifiesto que los créditos inicialmente aprobados 
ya eran insuficientes, con independencia del adelanto electoral catalán, y que esa insuficiencia no 
se debe exclusivamente al adelanto electoral andaluz, sino a una falta de previsión en la elaboración 
de los presupuestos. 
II.1.2.2.  AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016. EXPEDIENTE 376/16 
En el año 2016 la partida analizada fue de nuevo modificada mediante una ampliación de crédito 
tramitada a través del expediente 376/16, de 26 de mayo de 2016. 
La tramitación de este expediente se inició mediante Memoria justificativa de la propuesta de 
modificación presupuestaria de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 3 de mayo de 2016. 
En esta memoria se señala la necesidad de realizar una modificación presupuestaria de la partida 
16.01.924M.227.05, en la cuantía de 120.691.816,71 euros, para atender a las necesidades 
presupuestarias derivadas de la celebración de elecciones a Cortes Generales el 26 de junio de 
2016 (ECG 2016), por aplicación del artículo 99.5 de la CE, que prevé que «si transcurrido el plazo 
de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el 
refrendo del Presidente del Congreso». 
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, dotó a 
la partida presupuestaria analizada de 22.220.250 euros, destinados a financiar el gasto derivado 
de la celebración de los procesos electorales previstos para ese año (elecciones autonómicas del 
País Vasco, Galicia y Cataluña –esta última celebrada finalmente en diciembre de 2015–).  
Las cantidades que fueron estimadas para cada proceso electoral del año 2016 son las siguientes: 
 
 
Cuadro 5. PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2016. CUANTÍA ESTIMADA Y 
NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA 
   
Proceso electoral  Créditos definitivos (euros)  Convocatoria 
Elecciones Generales  130.672.066,71  Adelanto electoral 
País Vasco/Galicia  12.240.000,00  Ordinaria 
Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
La estimación de las cantidades aplicables a las ECG 2016 se basó en las cantidades aplicadas al 
mismo proceso electoral de 20 de diciembre de 2015, incorporando unos aumentos del 1-2% en  s
determinadas partidas en razón del número de meses, aumento en las partidas asignadas a  oe.
retribuciones de personal, mayor número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  w.
Estado y necesidades detectadas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, como expone la  27ww
Memoria de 29 de abril de 2016 elaborada por la Directora General de Política Interior.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  21 
La estimación de las cantidades aplicables a las Elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia 
(EPVG 2016) se fijó en 12.240.000 euros. 
Los créditos definitivos aprobados para esta partida durante el año 2015 fueron de 142.912.066,71 
euros, lo cual representa un incremento del 543% del crédito inicialmente aprobado. 
La modificación de la partida presupuestaria 16.01.924M.227.05 se instrumentó mediante una 
operación de ampliación, regulada en el artículo 54 LGP, con cargo al Fondo de Contingencia. 
No se aprecia falta de previsión en la fijación inicial de la partida presupuestaria ni en la modificación 
practicada, debido al carácter sobrevenido de las Elecciones a las Cortes Generales de 2016, que 
fue el proceso que motivó la ampliación. 
II.1.2.3.  AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2017. EXPEDIENTES 432/17 Y 1073/17 
Durante  el  año  2017  se  produjeron  dos  modificaciones  presupuestarias  de  la  partida 
16.01.924M.227.05, consistentes en dos ampliaciones de crédito tramitadas a través de los 
expedientes 432/17, de 11 de julio y 1073/17, de 28 de noviembre. 
-  Expediente 432/17 
La tramitación de este expediente se inició mediante Memoria justificativa de la propuesta de 
modificación presupuestaria de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 18 de mayo de 2017. 
El Acuerdo del Consejo de Ministros (ACM) de 30 de diciembre de 2016 declaró la no disponibilidad 
de créditos en el Presupuesto del Estado para 2017 (presupuestos prorrogados de 2016), afectando 
al Ministerio del Interior en 115.010.000 euros. Siendo la dotación de la partida 16.01.924M.227.05 
«Procesos electorales y consultas populares» de 22.220.250 euros, y a la vista de que durante el 
año 2017 no se celebrarían procesos electorales, se acordó la no disposición de 22.217.250 euros, 
estimándose suficiente un crédito de 3.000 euros. 
La cuantía de la modificación fue de 16.000 euros, teniendo por finalidad atender a las necesidades 
presupuestarias derivadas de los siguientes conceptos por una cuantía que la DGPI fijó en 19.000 
euros (aun cuando el sumatorio de las cifras estimadas daba 13.061,15 euros): 
Cuadro 6. DESGLOSE DEL EXPEDIENTE 432/17 DE AMPLIACIÓN DE CRÉDITO  
 
Concepto  Cuantía (euros) 
Contrato de Devolución de franqueo pagado por los votantes en el exterior  9.930,43 
Pago de 41 perceptores de la Guardia Civil (EPVG 2016)  5.938.85 
Pago desplazamientos miembros Zona electoral de Ocaña ECG 2015 y 2016  164,69 
Remuneración Presidente JEZ Tafalla sustituido (ECG 2016)  1.832,39 
Remuneración 2 vocales no judiciales de la JEZ Tafalla (ECG 2016)  1.133,64 
TOTAL  13.061,15 
Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
La tramitación de estos gastos dio lugar a la creación en el sistema informático de gestión de 
procesos electorales utilizado por la DGPI (CAJAELE) de un nuevo proceso electoral, dentro de la  e.e
cuenta del centro de gasto DGPI, denominado «Pagos pendientes ECG 2015, ECG 2016 y EPVG  bo
2016», dado que se trataba de gastos correspondientes a procesos electorales ya cerrados. La  27ww
ejecución de estos pagos pendientes se analizará en el subapartado II.4 de este Informe.
 
22  Tribunal de Cuentas 
La modificación de la partida presupuestaria 16.01.924M.227.05 se instrumentó mediante una 
operación de ampliación de crédito, regulada en el artículo 54 LGP, con cargo al Fondo de 
Contingencia. 
-  Expediente 1073/17 
La otra modificación presupuestaria operada en la partida analizada en el año 2017 se materializó 
a través del expediente 1073/17, de 28 de noviembre. La tramitación de este expediente se inició 
mediante Memoria justificativa de la propuesta de modificación presupuestaria de la Subsecretaría 
del Ministerio del Interior de 3 de noviembre de 2017. 
 
La modificación presupuestaria estuvo justificada por el adelanto electoral de las Elecciones al 
Parlamento de Cataluña (EPC 2017), convocadas mediante el Real Decreto 946/2017, de 27 de 
octubre,  y  celebradas  el  21  de  diciembre  de  2017.  Los  créditos  definitivos  de  la  partida 
16.01.924M.227.05 después de la modificación 432/17 (19.000 euros) eran insuficientes para hacer 
frente a este proceso electoral, acordándose la ampliación de la misma en 15.851.545,40 euros. 
 
Esta modificación se instrumentó mediante una operación de ampliación, regulada en el artículo 54 
LGP, con cargo al Fondo de Contingencia. 
No se aprecia falta de previsión ni en la fijación inicial de la partida presupuestaria ni en las 
modificaciones practicadas. 
II.2.  CUENTAS JUSTIFICATIVAS  
La gestión realizada por la DGPI de las cuentas justificativas durante el periodo fiscalizado ha sido 
especialmente  compleja,  concurriendo  en  este  proceso  una  pluralidad  de  aspectos 
(constitucionales, jurídico-administrativos, presupuestarios, contractuales, técnicos, organizativos, 
estadísticos, económico-contables, publicitario-institucionales, informáticos, retributivos, logísticos, 
gerenciales, entre otros) cuyo encaje requiere una importante labor de coordinación. La particular 
relevancia de los procesos electorales y la necesidad de que todo el sistema opere adecuadamente 
el día de la votación hacen de ésta una actividad esencial en la que un fallo o carencia puede causar 
la paralización de las elecciones y, por tanto, un gravísimo incidente de gran repercusión política. 
Durante el periodo fiscalizado la DGPI ha gestionado siete procesos electorales, con un presupuesto 
total de 439 millones de euros, a través de la participación de 247 centros gestores del gasto –
yendo, por ejemplo, de las ocho cuentas justificativas en las EPC 2015 a las cincuenta y ocho en 
las ECG 2016–. 
Esta complejidad se ve afectada por la gran cantidad de actores que participan en la gestión y por 
la fijación en la LOREG de unos plazos muy ajustados, en ocasiones, difíciles de compatibilizar con 
los plazos que establece la legislación de contratos. Esta situación se ve agravada en los casos de 
adelanto electoral, siendo cuatro en el periodo fiscalizado (EPA 2015, EPC2015, ECG 2016, EPC 
2017), en los que no es posible anticipar la planificación y donde el plazo que media entre la 
convocatoria del proceso electoral y el día de la votación (54 días, ex artículo 42 de la LOREG) es 
especialmente reducido. 
Con carácter general se ha observado que la gestión realizada por la DGPI ha sido rigurosa y eficaz, 
pudiendo celebrarse los siete procesos electorales sin ningún incidente relevante. 
En los epígrafes siguientes se recogen las incidencias más relevantes que se han detectado en la  e
fiscalización de las cuentas justificativas.  bo
  2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  23 
II.2.1.  Remisión de las cuentas justificativas 
Según el artículo 14 del RD 562/1993, las cuentas justificativas, debidamente aprobadas por la 
autoridad competente, serán remitidas al Ministerio del Interior para su posterior envío al Tribunal 
de  Cuentas.  Estas  cuentas  deberán  ir  acompañadas  de  los  informes  de  control  financiero 
permanente formulados por las correspondientes Intervenciones. 
El artículo 36 de la LFTCu estipula que la remisión de cuentas al Tribunal deberá ir acompañada de 
todos los documentos justificativos de las correspondientes partidas, sin perjuicio del tratamiento 
especial previsto para los mandamientos de pago expedidos con carácter «a justificar». El apartado 
2 de este precepto reconoce la facultad del Tribunal de sustituir la remisión de justificantes por el 
envío de la documentación preceptiva acompañada de certificado que acredite que los justificantes 
se encuentran a disposición del Tribunal en la oficina u Organismo correspondiente. 
En el ejercicio de esta facultad, el Pleno del Tribunal de Cuentas acordó en sesión de 30 de junio 
de 2016 (Resolución de 4 de julio de 2016 publicada en el BOE el 7 de julio de 2016) la sustitución 
de la remisión de las cuentas justificativas de los gastos de funcionamiento como consecuencia de 
la celebración de procesos electorales por certificados remitidos por medios telemáticos. A estos 
certificados se debe acompañar el preceptivo informe de control financiero permanente. 
Los procesos en los que la remisión se hizo mediante el envío de documentación física fueron: EPA 
2015, ELA 2015, EPC 2015, ECG 2015 y 2016. El sistema de remisión telemática de documentación 
ha afectado a los siguientes procesos electorales fiscalizados: EPVG 2016 y EPC 2017. 
La DGPI sólo ha rendido la cuenta justificativa relativa a las EPA 2015, no habiendo rendido la 
cuenta justificativa en los seis procesos restantes. Solicitada aclaración de estos hechos, la DGPI y 
la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior han informado que el retraso se debe a las 
carencias de personal de esa Intervención Delegada, que en los últimos años ha visto reducida su 
plantilla, lo que imposibilita la emisión de los informes de control financiero permanente en plazo. 
Tampoco se han rendido las cuentas justificativas de la Guardia Civil en los procesos electorales 
de las ELA 2015 y de las ECG 2016, ni la de la Policía Nacional en las EPC 2017. Estas cuentas se 
ven afectadas por el mismo problema que las de la DGPI, al ser la Intervención Delegada en el 
Ministerio del Interior la que tiene que intervenir las mismas. 
En las remisiones realizadas por vía telemática, de las quince certificaciones remitidas con motivo 
de  estos  dos  procesos  electorales,  siete  se  han  rendido  en  un  formato  electrónico  ilegible 
(Guipúzcoa, Lugo, Orense, Pontevedra, Barcelona, Tarragona y Girona).  
El plazo medio de remisión de las cuentas fue de 60 días a contar desde su aprobación. Destacan, 
por triplicar el promedio, los plazos de remisión de: Melilla ELA 2015 (198 días), Madrid ECG 2015 
(238 días) y Bizkaia EPVG 2016 (169 días). 
II.2.2.  Cuentas justificativas seleccionadas 
En esta fiscalización se han seleccionado las cincuenta y una cuentas justificativas que figuran en 
el Anexo I de un universo de 247. Las cuentas seleccionadas representan un 66% (288.849.800,49 
euros) del presupuesto total de los siete procesos electorales (439.521.869,33 euros). 
En todos los procesos se ha seleccionada la cuenta justificativa de la DGPI, por ser la más relevante 
cuantitativa y cualitativamente. En los procesos electorales de ámbito nacional también han sido  e
seleccionas cuentas atendiendo principalmente a criterios cuantitativos (porcentaje de gasto que  bo
rpidnerecpo llrcuaeey sCseeononsdmt aoeub luneanicndat ao rcderau sAlepeunesttc óadtn oejou  dmsáetmialf i pcboarirtegtoisva uranep idgzueaieo dsunotnaor la  ctl oeadtn eamtllr  opyu  redgoseact esrgatsao os s mteeo le ehndcaaito oce irpoxaontlr ra(a dclí deiyuop du eanmndadea oiden indoado ndostee  cd  luseaeel  plnteartcoamcvsaii ónjñuncos ia tadi)fl.eiec E aaétntsoi vtrlaoaia)ss.,      2021-1327n https://www.
 
24  Tribunal de Cuentas 
Para la realización del control de la legalidad de estas cuentas justificativas se ha de atender a la 
LGP, al RD 562/1993, de 16 de abril, por el que se desarrolla el artículo 18 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992 y a las correspondientes IEA. 
Respecto de estas últimas, el artículo 2 del RD 562/1993 establece que, junto al presupuesto de 
gastos electorales, se aprobarán, previo informe de la Intervención Delegada en el Ministerio del 
Interior, las IEA aplicables al correspondiente proceso electoral. Estas instrucciones contendrán las 
normas de gestión a las que han de sujetarse los distintos órganos centrales o territoriales del 
Ministerio del Interior. Los órganos restantes, quedarán vinculados a determinados aspectos de las 
instrucciones, pero no a su totalidad.  
II.2.3.  Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 
Las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebraron el día 22 de marzo de 2015. Vista la 
muestra de este proceso electoral (Anexo I), en el examen de las cuentas seleccionadas debe 
atenderse a las IEA aprobadas para el mismo el día 4 de marzo de 2015 y a la Resolución de la 
Presidencia del INE sobre la gestión de gastos electorales con motivo de la convocatoria de las 
Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 del año 2016, de 28 de enero de 2015. 
Se han observado incidencias relativas al cumplimiento del plazo de aprobación de la cuenta 
justificativa. Entre ellas destaca que la cuenta justificativa de la DGPI fue aprobada con catorce 
meses de retraso respecto del plazo establecido. Según explicaciones dadas por el centro gestor y 
la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior, este retraso ha sido ocasionado por las 
carencias de personal que presenta el órgano de control. Además, la cuenta justificativa de Cádiz 
fue aprobada con anterioridad a la preceptiva emisión de los informes de la Intervención Delegada.2 
También se han detectado incidencias menores relativas a la documentación que debe reunir la 
cuenta, justificación de gastos (ausencia de aprobación de gasto y certificados de conformidad con 
la prestación de servicios/suministros) y traspasos presupuestarios. Su detalle se recoge en el 
Anexo II del Informe. 
II.2.4.  Elecciones Locales y Autonómicas 2015 
Las elecciones locales y autonómicas se celebraron el día 24 de mayo de 2015. A la vista de las 
cuentas seleccionadas en la muestra (Anexo I), en el examen de las cuentas seleccionadas debe 
atenderse a las IEA aprobadas para este proceso el día 14 de abril de 2015. 
Se han detectado incidencias relativas al cumplimiento del plazo para la aprobación de la cuenta 
justificativa. Entre ellas es de mención que, a la fecha de terminación de los trabajos de fiscalización 
la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior no ha emitido los preceptivos informes de 
fiscalización, debido, según han señalado, a las carencias de personal que presenta la unidad. 
 
También se han observado incidencias relativas al cumplimiento de los plazos para la remisión de 
la cuenta a las correspondientes Intervenciones y para la emisión de los preceptivos informes de 
control. Asimismo, se han detectado deficiencias documentales en algunas cuentas justificativas 
que no incluyeron toda la documentación que preceptivamente exigían las IEA. Su detalle se recoge 
en el Anexo II 
En la parte relativa a la justificación de los gastos se ha observado la existencia de incidencias en  e.
dos expedientes de gasto, en los que no se puede establecer una vinculación directa entre el gasto  w.b
d 2  e E b n i  ó e   la   t  ru á n m   e i tr er  o  d r  e a    a la l e  h g o a r c ai o  d n e e   si n ,  t er o l  dM  u i nc  iirs tlearsi ofe dcehla Isn teenri olar  hdao caulemgeandtoa cqióune.  lEa satper Tobriabcuinóanl  annot ihcaip paoddai ddoe  clao mcupernotbaa dr ela C reáadliizd asde 
de estos hechos.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  25 
y el proceso electoral, ya sea por el objeto o por la fecha de las facturas.  De todas ellas, destaca 
un gasto realizado por el MAEC relativo a la adquisición de 5 sillones de cuero para una embajada 
que fueron adquiridos después del proceso electoral (importe de 1.208,26 euros). El detalle de todos 
estos gastos se puede observar en el Anexo II. 
II.2.5.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 
Las elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 se celebraron el día 27 de septiembre de 2015. A 
la vista de las cuentas seleccionadas en la muestra (Anexo I), en el examen de las cuentas 
seleccionadas debe atenderse a las IEA aprobadas para este proceso el día 6 de agosto de 2015. 
Se ha observado que, al igual que en el proceso anterior, a la terminación de los trabajos de 
fiscalización la cuenta justificativa de la DGPI no ha sido intervenida por la Intervención Delegada 
del Ministerio del Interior ni, por tanto, aprobada. 
También se han detectado deficiencias relativas a la realización de traspasos presupuestarios que 
incluyen traspasos realizados con posterioridad a la conformidad del gasto, en contra de lo 
dispuesto en las IEA. 
El detalle de las incidencias detectadas en el análisis de las cuentas justificativas de este proceso 
electoral se recoge en el Anexo II. 
II.2.6.  Elecciones Generales 2015 
Las elecciones Generales de 2015 se celebraron el día 20 de diciembre de 2015. A la vista de las 
cuentas seleccionadas en la muestra (Anexo I), en el examen de las cuentas seleccionadas debe 
atenderse a las IEA aprobadas para este proceso el día 28 de octubre de 2015. 
En el análisis de las cuentas se ha comprobado la ausencia de aprobación de la cuenta justificativa 
de la DGPI, por no haberse aprobado, a la fecha de terminación de los trabajos de fiscalización, los 
informes de control que debe emitir la Intervención Delegada correspondiente. 
Se han detectado deficiencias documentales en las cuentas justificativas de algunos centros de 
gasto, que no incluyen toda la documentación que exigen las IEA, así como incidencias en traspasos 
presupuestarios que afectan a ocho cuentas justificativas. El detalle de las incidencias detectadas 
se recoge en el Anexo II de este Informe. 
II.2.7.  Elecciones Generales 2016 
Las elecciones a las Cortes Generales de 2016 se celebraron el día 26 de junio de 2016. La 
fiscalización de las cuentas justificativas seleccionadas en la muestra de las ECG 2016 exige 
atender a lo dispuesto en las IEA, aprobadas para este proceso electoral el 4 de mayo de 2016, y a 
la Resolución de la Presidencia del INE sobre Gestión de Gastos Electorales con motivo de la 
convocatoria de Elecciones en el año 2016, de 9 de mayo de 2016.        
En la parte relativa al cumplimiento del plazo para la aprobación de las cuentas justificativas destaca 
que la cuenta justificativa de la DGPI no ha sido aprobada a la fecha de conclusión de los trabajos 
de fiscalización, por no haberse emitido el informe de control financiero permanente que debe emitir 
la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior. Según ha trasmitido este órgano de control, el 
retraso se debe a las deficiencias de personal que presenta la unidad.  es
También se han detectado incidencias menores relativas a los informes de control financiero  w.
permanente,  contenido  de  las  cuentas  justificativas  y  justificación  de  los  gastos,  así  como  27ww
deficiencias detectadas en los expedientes de traspasos presupuestarios.
 
26  Tribunal de Cuentas 
El detalle de todas las incidencias halladas se recoge en el Anexo II de este informe. 
II.2.8.  Elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016 
Las elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia se celebraron el día 25 de septiembre de 
2015. De acuerdo con la muestra que figura en el Anexo I, en el examen de las cuentas 
seleccionadas debe atenderse, además de las IEA aprobadas para este proceso electoral el día 19 
de agosto de 2016, a la Resolución de la Presidencia del INE sobre la Gestión de Gastos Electorales 
con motivo de la convocatoria de las Elecciones del año 2016, de 9 de mayo de 2016. 
Al igual que en el resto de procesos electorales fiscalizados (a excepción de las EPA 2015) destaca 
que la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior no había emitido los informes de control 
relativos a la cuenta justificativa de la DGPI en el momento de terminación de los trabajos de 
fiscalización y, en consecuencia, la cuenta no ha sido aprobada. 
También se han observado deficiencias documentales por ausencia de algunos documentos en una 
cuenta justificativa e incidencias relativas a la justificación de los gastos y realización de los pagos. 
En la parte relativa a traspasos presupuestarios destaca la utilización del Fondo de Contingencia 
autorizado por la DGPI a solicitud de la Delegación de Gobierno de Galicia para dotar el epígrafe 
presupuestario de la «Policía Local y Autonómica» para atender gastos ocasionados por los 
servicios prestados por la policía local de varios municipios, según indicó el centro directivo. Se ha 
comprobado que este gasto no aparece presupuestado en ninguno de los procesos electorales 
autonómicos fiscalizados, por tratarse de gastos que, en virtud de los convenios de colaboración 
suscritos  entre  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  deben  correr  a  cargo  del  poder 
convocante. 
La Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 
por la que se publica el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la 
Comunidad Autónoma de Galicia, establece, en su cláusula tercera, que «las Comunidades 
Autónomas asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos, los costes que se deriven para las 
Comunidades Autónomas de la gestión de los procesos electorales en los que el correspondiente 
Gobierno autonómico sea el poder convocante. El coste del dispositivo de seguridad de los Cuerpos 
y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,  en  aquellas  Comunidades  Autónomas  que  no  tienen 
competencias en esta materia, correrá a cargo de la Administración General del Estado».  
Como puede observarse, la excepción final opera únicamente con relación a los gastos de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (integradas por la Policía Nacional y Guardia Civil 
según el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), 
pero no a los referentes a la policía local, los cuales, según la regla general contenida en la citada 
cláusula, deberán ser sufragados por la Comunidad autónoma convocante. 
 
 
Este Tribunal considera que no queda suficientemente acreditado que el coste del dispositivo de 
seguridad de la policía local en las Elecciones al Parlamento Gallego deba ser sufragado por el 
Ministerio del Interior, ya que, de acuerdo con la normativa, debería correr a cargo de la propia 
Comunidad Autónoma, como ocurre en el resto de procesos electorales autonómicos, por ser esta 
el poder convocante del proceso.   e
El detalle de todas las incidencias detectadas está recogido en el Anexo II de este Informe.  27www.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  27 
II.2.9.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 
Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017 se celebraron el día 21 de diciembre de 2017. 
En el examen de las tres cuentas justificativas seleccionadas en la muestra que figura en el Anexo 
I debe atenderse a las IEA aprobadas para este proceso electoral el día 22 de noviembre de 2017. 
En la fiscalización de las cuentas justificativas seleccionadas en este proceso electoral se ha 
observado la ausencia de aprobación de las cuentas justificativas de la DGPI y de la Policía 
Nacional, motivada por la falta de emisión de los informes de control que debe emitir la Intervención 
Delegada en el Ministerio del Interior, como se puede observar en el Anexo II de este Informe. 
II.3.  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  CELEBRADOS  ENTRE  EL  MINISTERIO  DEL 
INTERIOR Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GESTIÓN 
ELECTORAL 
Durante los años 2014 y 2015 el Ministerio del Interior suscribió con las Comunidades Autónomas 
convenios de colaboración para la gestión de los procesos electorales, al amparo de lo establecido 
en el artículo 6 de la LRJPAC. Estos convenios de naturaleza administrativa quedan excluidos del 
ámbito de aplicación del TRLCSP. 
La finalidad de estos convenios era hacer efectivos los principios de cooperación, colaboración y 
lealtad institucional reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, potenciando la planificación 
conjunta  de  la  gestión  electoral  y  la  asunción  de  responsabilidades  de  cada  poder  público 
convocante  en  aquellos  supuestos  en  los  que  se  producía  una  concurrencia  de  procesos 
electorales. 
Con este objetivo el Ministerio del Interior suscribió con los diecisiete Gobiernos autonómicos un 
convenio marco de carácter multilateral para determinar las actuaciones de colaboración en materia 
de gestión de los procesos electorales que permitan a la Administración General del Estado y a las 
administraciones  autonómicas  gestionar  de  manera  eficaz  y  eficiente  los  recursos  públicos 
necesarios para la gestión de los correspondientes procesos electorales, tanto en los supuestos de 
concurrencia electoral como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia. 
Además, con motivo de las ELA 2015, el Ministerio suscribió catorce convenios específicos, sobre 
la  base  de  los  convenios  marco  mencionados,  con  aquellas  Comunidades  Autónomas  que 
celebraron de manera concurrente elecciones el 24 de mayo de 2015. Entre estas Comunidades se 
incluye también la Comunidad Autónoma de Andalucía, que celebró el 24 de mayo de ese año 
elecciones  a  la  Presidencia  de  las  Entidades  Locales  Autónomas,  convocadas  por  Decreto 
107/2015, de 30 de marzo, en el ejercicio de la competencia de convocatoria que le reconoce el 
artículo 60.1 f) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Las Entidades Locales Autónomas son entidades menores definidas por el artículo 
113.3 de la Ley autonómica 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía como «aquellas 
entidades locales creadas para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados 
de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de competencias propias y las 
que puedan serle transferidas por el ayuntamiento». 
También se suscribió convenio específico con las Diputaciones Forales de Álava y Guipúzcoa, que 
celebraron elecciones a las Juntas Generales de sus territorios históricos en esa misma fecha. 
La normativa electoral en vigor impone determinadas obligaciones al Estado con independencia de 
la naturaleza autonómica o estatal de la convocatoria electoral (por ejemplo, la seguridad social de  e
los miembros de mesa electoral, el censo electoral, el voto de españoles residentes ausentes,  bo
actuaciones postales, etc.).   27ww
Adel  mmaiergmebnr does  édset amse, seaxsis teelne cottorraasl eosb, liagsaicsitoennecsia q au ep esres iomnpaosn seonr daal sp,o ddoetra pcúióbnli cdoe c monevdoiocsa nyt em (adtieertaiasl 
 
28  Tribunal de Cuentas 
para las mesas electorales, acondicionamiento de locales, campañas institucionales, apoyo a la 
Administración electoral, difusión de los resultados provisionales, transporte de electores, etc.).  
Es sobre estas últimas obligaciones sobre las que versan los convenios específicos que aquí se 
están tratando, realizando una distribución de gastos entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
con la finalidad de evitar duplicidades y establecer una gestión eficaz y eficiente de los procesos 
concurrentes en los que se establece una mesa electoral común para distintas elecciones, según el 
artículo 25.2 de la LOREG, superando así por primera vez la práctica habitual en la que el Estado 
sufragaba la totalidad de los costes que llevaba aparejados la existencia de mesa electoral común 
en los casos de concurrencia de procesos electorales. 
En particular, en estos convenios se regulan aspectos como la mesa electoral común (dietas y 
asistencia a los miembros de la mesa electoral), material electoral (suministro de urnas, cabinas y 
soportes, impresos y sobres electorales, manual de instrucciones y distribución del material), 
acondicionamiento de locales, apoyo a las Juntas Electorales (aportación de locales y medios 
materiales), representantes de la Administración (selección, nombramiento, retribución, seguro y 
formación), publicación del decreto de convocatoria, transporte de electores y, en los casos en los 
que procede, suministro e instalación de las mesas administradas electrónicamente (MAEs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con carácter general, los convenios incluyen el siguiente sistema de reparto de gastos: 
Cuadro 7. APORTACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN 
 
Financiación a  Financiación a 
Concepto  cargo del  cargo de la  es
Ministerio del  Comunidad  e.
Interior (%)  Autónoma (%)  b
Dieta para miembros de Mesa electoral  100  –  27ww
CUorntiazsa,c cióanb iSnaesg uyr isdoapdo Srtoecsi asle mñaielimzabdroorse ds e Mesa electoral  110000   –– 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  29 
Material electoral impreso común (incluidos los Manuales para miembros de 
100  – 
Mesa) 
Seguro para representantes de la Administración no empleados públicos  100  – 
Servicios de intérpretes de lengua de signos o bucle magnético para 
100  – 
miembros de Mesa electoral sordos  
Coste campañas institucionales  100  – 
Medios adicionales para Juntas Electorales de Zona  100  – 
Medios adicionales para Juntas electorales Provinciales  –  100 
Infraestructura común para la captación de datos  100  – 
Correrá a cargo de ambas 
Retribuciones de representantes de la Administración comunes 
instituciones de manera equitativa 
Terminales móviles compartidos para la captura de datos que contrate el Ministerio del Interior 
Primer uso  100  – 
Segundo uso  –  100 
Terminales móviles compartidos para la captura de datos que contrate la Comunidad Autónoma 
Primer uso  100  – 
Segundo uso  –  100 
MAEs  50*  50* 
*En el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión electoral, 
suscrito con motivo de las elecciones que se celebraron el día 24 de mayo de 2015, el reparto de porcentajes fue de 66% 
Ministerio del Interior y 34% Comunidad Autónoma. 
Fuente: datos extraídos de los Convenios específicos de colaboración entre el Ministerio del Interior y las Comunidades 
Autónomas. 
Desde un punto de vista organizativo, estos convenios contemplaban la creación de una Comisión 
de seguimiento con una composición paritaria Estado-Comunidad Autónoma. Esta comisión es 
competente para el seguimiento y supervisión de las actuaciones previstas en el mismo, resolviendo 
las dudas y controversias que pudieran surgir de su aplicación. 
Estos acuerdos contemplaban el compromiso de cada parte firmante de elaborar un informe que 
incluyera una valoración económica de la aplicación del convenio, el cual debía ser presentado a la 
Comisión de seguimiento antes del mes de diciembre de 2015. 
A petición de este Tribunal, el Ministerio del Interior remitió un único «Informe de evaluación. 
Convenios  específicos  de  colaboración  MIR-Comunidades  Autónomas.  Elecciones  locales  y 
autonómicas mayo 2015». 
Con relación a las Comunidades Autónomas, en el meritado informe se señala que sólo remitieron 
informes de evaluación Asturias, Navarra, Canarias, La Rioja y Andalucía. En el resto de los casos, 
continúa el informe, la información se ha obtenido a partir de la suministrada por las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno.  
El Informe contiene un resumen del contenido de los convenios suscritos, acompañado de una 
evaluación de cada uno de los puntos. Destacan los siguientes: 
-  En la cláusula 2ª de los convenios se afirmaba que la distribución del material electoral será 
coordinada entre la Delegación del Gobierno correspondiente y los órganos de la Comunidad  s
Autónoma, con el objeto de agilizar y optimizar la gestión electoral.   e.
En el Informe se pone de relieve la existencia de importantes diferencias en la aplicación de  27ww
gpearsotsapto icosl á m(uSasatuelalramia. alE (nxTciseatn,i eeSrrooifrneia )C.,  OComatrsautsne iledlónan dl ayes sS  qeAugueot óvlania oS –mueabssdta ee lúnel gtliaamsca ióq onuf erde eccali óGd asou bA pideemrrnsiono incsoatrrla,r icpóie ócrnoo  nrfei ntpoaadlmrotiseó n lostues    OE-A-2021-13able en https://
 
30  Tribunal de Cuentas 
el reparto se hizo con personal propio de la Subdelegación del Gobierno–). Según el informe 
de referencia, también han existido casos en los que se produjo una verdadera colaboración 
Estado-Comunidad Autónoma, si bien, de alcance muy diverso (señala que en Navarra la 
fabricación, manipulación y transporte de todas las papeletas electorales corrió a cargo de la 
Administración Autonómica; en Canarias el reparto de su propio material electoral se realizó 
por la Administración Autonómica, siendo de cargo de la Subdelegación del Gobierno el reparto 
de urnas, cabinas y material a las Juntas Electorales; en Baleares fue la Administración 
Autonómica la que distribuyó mediante sus propios medios el material impreso, salvo los 
manuales de los miembros de mesa y el material no impreso, que fue distribuido por la 
Delegación del Gobierno, además la Comunidad Autónoma cedió a la Delegación del Gobierno 
el  uso  temporal  de  sus  instalaciones  para  el  almacenaje).  Finalmente,  han  existido 
Comunidades  donde  la  distribución  del  material  fue  asumida  mayoritariamente  por  la 
Delegación  del  Gobierno  a  cambio  de  una  contraprestación  económica  por  el  servicio 
(Cantabria). 
-  La cláusula 2ª también regula el régimen de acondicionamiento de locales, señalando que la 
Delegación  del  Gobierno  precisará  y  determinará  coordinadamente  con  la  Comunidad 
Autónoma  la  distribución  de  tareas  y  costes  relativos  al  acondicionamiento  de  locales 
electorales, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, donde, con carácter general, las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno asumían en solitario esta tarea. 
En  el  Informe  se  señala  que  «de  la  información  obtenida  únicamente  consta  que  las 
Comunidades Autónomas de Aragón y Asturias realizaron aportaciones por este concepto». 
-  En la cláusula 3ª de los convenios se contemplaban, entre otras, las actuaciones relativas a la 
dotación de medios de las Juntas Electorales de Zona y Juntas Electorales Provinciales, 
incluyendo el objetivo de obtener un inventario con los medios de las juntas por parte del 
Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas, con el fin de que los órganos 
competentes tuvieran a su disposición el detalle de toda la información necesaria para la 
planificación y el ejercicio de sus competencias. 
Según consta en el Informe no se han realizado dichos inventarios de medios. Señala el 
documento que el Ministerio de Justicia manifestó al Ministerio del Interior la dificultad de 
elaborar este inventario en el caso de las Juntas Electorales de Zona. El Ministerio del Interior 
tampoco ha recibido los inventarios de las Comunidades Autónomas.  
El Informe manifiesta en este punto que la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Provincia de 
Álava manifestaron la necesidad de «realizar un profundo estudio que lleve a una importante 
reducción [de las] indemnizaciones» de los «componentes de las Juntas Electorales y su 
personal  colaborador».  Continúa  afirmando  que  «actualmente,  en  el  caso  de  procesos 
electorales concurrentes, perciben retribuciones de ambas Administraciones por lo que sería 
pertinente revisar cuantías y detectar posibles duplicidades en la normativa correspondiente». 
Este extremo no ha sido objeto de fiscalización, toda vez que el presente informe versa sobre 
las actuaciones del Ministerio del Interior y no de las Comunidades Autónomas. 
-  Otro de los puntos contemplados en la cláusula 3ª de los convenios de colaboración es el 
relativo a las infraestructuras para la captura de datos. En él se señala, y así se ha podido 
comprobar, que el Ministerio del Interior incluyó en los pliegos de la licitación del contrato de 
difusión de los resultados del escrutinio provisional de las Elecciones Locales, una previsión en 
la que se establecía que, dada la concurrencia de procesos electorales, en el caso de que el 
adjudicatario de este contrato de escrutinio provisional del proceso autonómico fuera el mismo  es
que  el  del  Departamento  ministerial,  la  empresa  adjudicataria  haría  uso  de  aquellas  oe.
infraestructuras  y  sistemas  de  comunicación  establecidas  como  consecuencia  de  la  w.
adjudicación del contrato por parte del Ministerio del Interior, pudiendo hacerse un uso común  27ww
einnfr aaemstbruocst urparso cye ssiosste melaesc tcooramleusn.e sC noom poo dcíoan sseerc ureepnecricau, tideol  ecno setel  copnotrr ateol  quuseo l ad eem  persetsaas 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  31 
licitase con la Comunidad Autónoma, con la finalidad de evitar duplicidades y obtener una 
reducción en el gasto. 
En el Informe de Seguimiento se señala que «apenas se dispone de datos económicos 
concretos del coste que ha supuesto el contrato de difusión de resultados provisionales para 
las Comunidades Autónomas. No obstante, por los comentarios que con carácter informal 
fueron realizados al [Departamento del Interior] se deduce que la fórmula utilizada no consiguió 
el objetivo deseado». Esto fue debido a que «según la información recibida verbalmente de 
algunas Comunidades Autónomas, […] si bien la empresa adjudicataria formalmente no cobró 
el coste de la infraestructura, sí lo hizo por el servicio con escaso o ningún ahorro para la 
Comunidad Autónoma». 
Ante la escasa efectividad de esta medida, el Ministerio del Interior planteó en el Informe de 
seguimiento un cambio de modelo en el que el control se realice directamente por el Estado, 
con la posibilidad de recoger en los pliegos de los contratos futuros el uso en exclusiva de esta 
infraestructura por parte del Ministerio, si bien este podría autorizar su uso, si así lo solicita el 
adjudicatario,  debiendo  entonces  realizar  este  último  una  reducción  de  un  determinado 
porcentaje en el precio. Se ha comprobado que en los contratos suscritos con este objeto para 
las elecciones celebradas en el año 2019 se ha incluido la citada cláusula. 
-  En la cláusula 4ª de los convenios se establece, con relación al voto CERA, «con el objeto de 
contribuir a la obligación que corresponde a la Comunidad Autónoma de garantizar la gratuidad 
del voto de los electores residentes en el extranjero de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Ministerio del 
Interior instará al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la apertura de apartados 
de correos específicos que permitan el franqueo en destino para estos electores, de modo que 
no deban adelantar pago alguno por el envío de su voto a la Oficina o sección consular».  
No obstante, señala el Informe que «la cooperación del Ministerio del Interior fue más allá de lo 
previsto en dicha cláusula, de modo que este asumió la fabricación de la totalidad de los sobres 
especiales necesarios y los puso a disposición directamente de las Delegaciones Provinciales 
de la OCE». Continúa afirmando que esta decisión obedeció a la «complejidad en la fabricación 
de estos sobres», «la delicada labor en su determinación y diseño» y la «premura con la que 
deben ser puestos a disposición de las Delegaciones Provinciales de la OCE». Por otra parte, 
señala el informe que el Ministerio del interior debía fabricar el mismo número de modelos para 
atender las necesidades del voto CERA de Ceuta y Melilla. 
-  Otra de las actuaciones de colaboración recogida en la cláusula 4ª del convenio era la 
colaboración de la Comunidad Autónoma con la Delegación del Gobierno en la coordinación 
del transporte gratuito de electores.  
Según consta en el Informe, la aplicación de esta actuación fue heterogénea, existiendo 
Comunidades Autónomas que realizaron aportaciones económicas en este punto (como 
Cáceres, Castilla y León, Asturias y Valencia), mientras que en otras fueron las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno las que asumieron el coste íntegro del transporte de electores 
(Castellón y Segovia). 
-  Finalmente, se señala que las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón, Murcia, Navarra 
y Castilla y León optaron por reintegrar las cantidades que les correspondían de acuerdo con 
el sistema de colaboración que establecían sus respectivos convenios en el Tesoro Público, 
siendo el Ministerio del Interior el que adelantara estos gastos, facilitando así el control de las  s
cantidades finalmente aportadas por cada administración. No se aporta información del resto  oe.
de Comunidades Autónomas. Según este sistema, Asturias reintegró 141.563,45 euros; Aragón  w.
136.000 euros; Murcia 82.398,40 euros; Navarra 38.334,88 euros y Castilla y León 153.771,75  27ww
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32  Tribunal de Cuentas 
euros imputados al presupuesto de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y 
15.143.081,85 euros imputados al presupuesto de la DGPI). 
Se ha observado que en el convenio firmado con la Diputación Foral de Guipúzcoa no figura la fecha 
de la firma del Subsecretario del Interior. Consultada la DGPI, se ha indicado que, puesto que la 
versión en lengua vasca sí indica que la fecha del convenio es la de 1 de abril de 2015, se consideró 
que no era necesario indicar la fecha de firma en Madrid, ya que fue la misma que la del 
representante de la Diputación de Guipúzcoa, en coherencia todo ello con la cláusula novena del 
convenio que indica que «Este convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma…». En 
base a lo expuesto, la DGPI considera que únicamente puede haber un día para la firma, ya que, si 
no, la cláusula de entrada en vigor indicaría que ésta se produce en la fecha de la firma del último 
de los firmantes. No obstante, este Tribunal considera que, hallándose en lugares distintos los dos 
firmantes y contando el documento suscrito con espacio predeterminado para indicar la fecha en la 
antefirma de cada uno de los signatarios, lo conveniente habría sido reflejar el día en el que se 
produjo la firma de cada uno de los suscriptores, siendo la fecha de entrada en vigor la de la última 
firma, al tratarse los convenios de documentos de carácter bilateral. 
Por otro lado, este Tribunal ha observado que el «Informe de evaluación. Convenios específicos de 
colaboración MIR-Comunidades Autónomas. Elecciones locales y autonómicas mayo 2015» carece 
de firma y que no está fechado, por lo que no reúne los requisitos mínimos de integridad documental 
que permitan verificar si fueron emitidos dentro de los plazos establecidos en los convenios, con 
independencia de que la ausencia de fecha permite cuestionar su validez y eficacia de conformidad 
con el artículo 57.1 de la LRJPAC. 
También destaca que los correspondientes convenios específicos suscritos con cada Comunidad 
Autónoma y las Diputaciones Forales de Álava y Guipúzcoa, contemplan la exigencia de la 
elaboración de un informe por cada una de las dos partes signatarias del convenio, que será 
presentado ante la Comisión de seguimiento que contempla la cláusula 6ª de los mismos. La 
existencia de un único informe del Ministerio del Interior y la afirmación de que sólo se emitieron 
cinco de los dieciséis informes que deberían haberse presentado revela la existencia de un riesgo 
de que once de las Comisiones de seguimiento (todas aquellas correspondientes a Comunidades 
Autónomas y Diputaciones Forales en las que no se ha aportado Informe de evaluación) no hayan 
ejecutado convenientemente sus funciones de seguimiento y supervisión de las actuaciones 
previstas en los Convenios. 
No obstante, debe considerarse, como señaló la DGPI, que la suscripción de estos convenios 
supuso un claro avance en el reconocimiento por parte de las Comunidades Autónomas de sus 
responsabilidades  sobre  sus  propios  procesos  electorales.  Con  anterioridad  a  la  fecha  de 
suscripción de estos Convenios, se vinieron aprobando acuerdos entre el Ministerio del Interior y 
las Comunidades Autónomas con elecciones concurrentes con las elecciones locales, con un 
alcance muy limitado –ciñéndose prácticamente al préstamo de material y la designación de 
representante de la Administración común–. A través de estos novedosos convenios, se dio un paso 
hacia la formalización y racionalización de la colaboración Estado–Comunidades Autónomas, en un 
intenso intento por sistematizar la gestión electoral, delimitar la asunción de responsabilidades en 
los distintos aspectos de la gestión electoral conjunta e impulsar el principio de colaboración entre 
administraciones.  
II.4.  PAGOS PENDIENTES ELECCIONES CORTES GENERALES 2015 Y 2016 Y ELECCIÓN 
AL PARLAMENTO VASCO Y GALLEGO 2016 
A pesar de que la gran mayoría del gasto relativo a los procesos electorales fiscalizados se realizó  e.e
en aplicación del procedimiento especial contemplado en el RD 562/1993, en determinados  b
supuestos la DGPI tuvo que realizar pagos que, por sus características, no se pudieron gestionar  27ww
cmgoaonsm tode icynhatoo h  oappbrooíacrtneu dncioem,r irheaandbtooi e.s nSudseo  c ttrueaentnaidt adose c  jogunasstsitftaiocnsa ctqiivaua eds,e,  p slooinrs   dqmiuviesem rfsuooessr a um,n poaot ivrv eotazs n,q tnuooe,   plfouoses irdboilnset  iapnbatoogsna arcldeoons.st r oesn  deel   OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  33 
En estos supuestos los distintos centros de gasto dieron traslado a la DGPI a fin de que la misma 
procediera a su abono. Esta circunstancia dio lugar a la modificación presupuestaria tramitada por 
el expediente 432/17 y a la creación de un proceso electoral en la aplicación CAJAELE donde se 
incluirían estos gastos.  
El procedimiento utilizado para el abono fue el de «pagos masivos» regulado en la Resolución de 7 
de julio de 2016, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la 
realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores. Según lo dispuesto en la Disposición 
Primera de esta Resolución, tendrán la consideración de pagos masivos aquellos en los que 
concurran las siguientes circunstancias: a) que el número de pagos que lo integren sea superior a 
25, b) que los datos contenidos en cada propuesta de pago sean iguales, excepto en el perceptor 
del pago, sus datos bancarios y la cuantía del pago, y c) que los pagos se efectúen por transferencia 
a la cuenta del perceptor. 
La DGPI acudió a este procedimiento tanto durante el año 2017 como durante el año 2018, 
realizando los siguientes abonos: 
Cuadro 8. ABONOS REALIZADOS A TRAVÉS DE PAGOS MASIVOS DURANTE EL AÑO 2017 
ORDENADOS POR EPÍGRAFES 
 
Proceso Electoral  Epígrafe  Importe (euros) 
1.03.03 Locomoción  144,02 
ECG 2015 
1.03.04 Jueces de Paz  239,04 
1.03.01 Indemnizaciones fijas  2.966,03 
ECG 2016  1.03.03 Locomoción  60,57 
1.03.04 Jueces de Paz  4,20 
EPVG 2016  1.02.02 Guardia Civil  5.938,85 
  Total  9.352,71 
 Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
 
Cuadro 9. ABONOS REALIZADOS A TRAVÉS DE PAGOS MASIVOS DURANTE EL AÑO 2018 
ORDENADOS POR EPÍGRAFES 
 
Proceso Electoral  Epígrafe  Importe (euros) 
ECG 2015  1.03.04 Jueces de Paz  59,76 
1.01.01 Gratificaciones Representantes  10,00 
ECG 2016  1.03.01 Indemnizaciones fijas  6,53 
1.06.01 Secretarios  4,69 
  Total  80,98  oe.
Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas  27www.
E9.l4 m33o,n6t9a netuer otos.t al de pagos realizados mediante este procedimiento ascendió en los dos años a
 
34  Tribunal de Cuentas 
El total de perceptores que fueron abonados a través de este sistema en el año 2017 fue de 59 
personas. En el año 2018 fueron 4 personas. A pesar de no cumplirse para el año 2018 el requisito 
del  número  de  perceptores  señalado  anteriormente  (superior  a  25),  la  antedicha  resolución 
contempla como excepción la posibilidad de realizar pagos masivos para un número de perceptores 
inferior al señalado cuando se trate de nuevas relaciones de pagos de la misma naturaleza y 
aplicación contable, que sean complementarios de otros ya ejecutados por el procedimiento de 
pagos masivos, siendo necesaria la previa autorización de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera. Esta autorización fue emitida según lo previsto, con anterioridad a la orden de 
pago. 
No se ha detectado ninguna incidencia relevante en la realización de estos pagos masivos. 
II.5.  CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR 
La fiscalización de los gastos electorales se ha extendido al análisis de la contratación realizada por 
la DGPI y demás centros de gasto seleccionados en la muestra. Por razones cuantitativas y 
cualitativas se ha optado por presentar en este apartado de manera individualizada la contratación 
realizada por la DGPI, siendo objeto de exposición la contratación del resto de centros de gasto de 
manera conjunta al tratar el análisis de las cuentas justificativas. 
II.5.1.  Remisión por la DGPI de los contratos celebrados durante el periodo fiscalizado 
Según lo dispuesto en el artículo 39 de la LFTCu, están sujetos a fiscalización los contratos 
celebrados por la Administración Pública del Estado y demás entidades del Sector Público, 
fiscalizándose, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contrato. 
El artículo 40.2 de la LFTCu establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieran 
celebrado contratos de los indicados, enviarán anualmente al Tribunal una relación de los mismos, 
incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de formalización y de aquellos otros 
que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de remitir al Tribunal cualesquiera otros que 
aquél les requiera. 
Continúa el artículo 41 de la LFTCu afirmando que la fiscalización de los contratos señalados en el 
artículo anterior comprenderá los distintos momentos de su preparación, perfección y adjudicación, 
formalización, afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. 
El artículo 29 del TRLCSP, en línea con el artículo 40.2 de la LFTCu, regula la obligación de remisión 
de contratos al Tribunal de Cuentas. Según este precepto, dentro de los tres meses siguientes a la 
formalización del contrato, deberá remitirse al Tribunal una copia certifica del documento en que se 
hubiera formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre 
que la cuantía del contrato exceda −en lo que afecta a este Informe− de 450.000 euros, tratándose 
de contratos de suministros y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos 
especiales. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal para reclamar 
cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de 
cualquier naturaleza y cuantía. 
Por otro lado, hay que atender a la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre 
la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión  s
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico. Esta instrucción tiene por  e.
objeto concretar la información y documentación que ha de ser aportada en cumplimiento de las  w.
obligaciones contenidas en los artículos 40.2 de la LFTCu y 29 del TRLCSP.  27ww
La DGPI ha rendido todos los contratos celebrados en el periodo fiscalizado, que por cuantía y
naturaleza debía rendir.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  35 
Además, en el periodo fiscalizado la DGPI ha celebrado tres contratos privados de arrendamiento 
(contratos número 11, 45 y 65 del Anexo II) que no han sido rendidos telemáticamente. Aunque 
la citada instrucción está referida principalmente a la contratación sujeta al TRLCSP, y el artículo 
29 del TRLCSP no se refiere a la remisión de contratos privados, este Tribunal –así se expone en 
la Instrucción− considera conveniente mantener la remisión de información de los contratos de 
arrendamiento  sobre  bienes  inmuebles  regidos  por  la  legislación  patrimonial  de  las 
Administraciones Públicas, principalmente la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 
II.5.2.  Contratos examinados 
Durante la realización de los trabajos de fiscalización se ha revisado el 100% de la contratación 
incluida por la DGPI en las cuentas justificativas de cada uno de los procesos electorales. 
Esta revisión incluye, por tanto, no sólo los contratos que fueron remitidos a la plataforma del 
Tribunal de Cuentas por imperativo legal, sino también, aquellos otros contratos respecto de los que 
no existía esta obligación –ya sea por motivos cuantitativos o cualitativos-. 
Cuadro 10. CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DGPI CON MOTIVO DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES FISCALIZADOS (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  38  44%  4.111.776,94  12% 
Servicios  45  52%  29.231.554,27  86% 
Privados  3  3%  559.612,03  2% 
Total  86  100%  33.902.943,24  100% 
         Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
 
 
Cuadro 11. CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DGPI CON MOTIVO DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES FISCALIZADOS (por procedimiento de adjudicación/tramitación) 
 
Tipo de procedimiento/ 
Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
 tramitación     
Abierto  8  9,30%                 23.971.682,31  70,71 % 
Negociado sin publicidad  19  22,09 %  5.618.769,83  16,57 % 
Derivado acuerdo marco  17  19,77 %  3.369.507,89  9,94 % 
Adjudicación directa  3  3,49%  703.032,16   2,07 % 
Menor  39  45,35%  239.951,05  0,71 % 
Total  86  100 %  33.902.943,24   100 % 
              Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas  e.e
  bo
 
36  Tribunal de Cuentas 
II.5.3.  Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 
Durante este proceso electoral, la cuenta justificativa presentada por la DGPI detalla que fueron dos 
los contratos suscritos por este centro de gasto, por un importe total de 18.321,78 euros. El detalle 
por tipo de contrato aparece reflejado en el cuadro siguiente: 
Cuadro 12. CONTRATOS FISCALIZADOS EPA 2015 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  1  50  18.000,00  98 
Servicios  1  50  321,78  2 
Total  2  100%  18.321,78  100% 
              Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
II.5.3.1.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN MENOR 
II.5.3.1.a) Adecuación del procedimiento 
La contratación realizada por la DGPI para el proceso electoral EPA 2015 incluye un contrato de 
suministros (número 1 del Anexo III) para la adquisición de 288 códigos electorales por valor de 
18.000 euros, que fue adjudicado como contrato menor.  
Según figura en la factura de este contrato, el valor unitario de cada código electoral era de 140 
euros, resultando, por tanto, un valor estimado de 40.320 euros (288 códigos a 140 euros cada 
uno), según lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP.  
Según el TRLCSP, para valorar la aplicación de uno u otro procedimiento de adjudicación, debe 
atenderse  al  valor  estimado.  Así,  el  artículo  138.3  del  TRLCSP  establece  que  tendrán  la 
consideración de menores los contratos de suministros de cuantía inferior a 18.000 euros, i.e., 
aquellos cuya cuantía sea igual o inferior a 17.999,99 euros.  
Es por ello que, por razón de su cuantía, este contrato debería haber sido adjudicado por un 
procedimiento distinto al contrato menor, al tener un valor estimado de 40.320 euros. 
Además, en la factura del citado contrato figura un descuento del 55,36% (equivalente a 22.320,00 
euros), quedando el precio final de adquisición, excluido IVA, en 18.000 euros. 
Sobre este punto, Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, regula en 
su artículo 9 el precio fijo de los libros, de tal forma que «toda persona que edita, importa o reimporta 
libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor 
final de los libros que se editen, importen o reimporten, todo ello con independencia del lugar en 
que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la 
transacción». Continúa el apartado 3 de este precepto afirmando que el precio de venta al público 
podrá oscilar entre el 95% y el 100% del precio fijo.  
Tratándose esta venta de unos códigos electorales no incluidos en el catálogo de exclusiones al 
precio fijo contemplado en el artículo 10 de la Ley 10/2007, la aplicación por parte de la adjudicataria 
del contrato de un descuento comercial de 55,36% sobre el precio unitario de cada libro (22.320  s
euros), puede ser constitutiva de una infracción grave del artículo 17.2 a) de la Ley 10/2007.  oe.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  37 
II.5.3.1.b) Justificación de la necesidad de contratar 
En el mismo contrato número 1 del Anexo III no consta ningún documento en el que se justifique 
que el número de ejemplares de códigos electorales contratados (288) se correspondía con los 
realmente necesarios. Asimismo, tampoco consta que se hayan solicitado ofertas a otras empresas.  
Consultado sobre este extremo, el ente fiscalizado presentó justificación detallada del número de 
códigos electorales necesarios y de la elección del concreto código a adquirir. No obstante, estas 
explicaciones deberían haberse plasmado en el correspondiente expediente de contratación. 
II.5.4.  Elecciones Locales y Autonómicas 2015 
Durante la tramitación de este proceso electoral, la DGPI suscribió 28 contratos por valor de 
15.048.160,32 euros. El detalle por tipo de contrato aparece reflejado en el cuadro siguiente: 
Cuadro 13. CONTRATOS FISCALIZADOS ELA 2015 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  12  43  1.085.978,84  7 
Servicios  15  53  13.948.163,58  9 
Privados  1  4  14.017,90  0 
Total  28  100%  15.048.160,32  100% 
        Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
II.5.4.1.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.4.1.a) Justificación de la necesidad de contratar y del presupuesto 
Según el TRLCSP, en su artículo 22.1, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, deben determinarse con precisión y dejarse constancia de ello en la documentación 
preparatoria del procedimiento de adjudicación. Este requerimiento, como señala el artículo 1 del 
mismo cuerpo legal, tiene por objeto obtener una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la definición 
previa de las necesidades a satisfacer. 
Esta obligación viene reforzada por el artículo 109.1 del TRLCSP al establecer que la celebración 
de  contratos  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas  requerirá  la  previa  tramitación  del 
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad 
del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de dicha Ley. 
Además, el artículo 73.2 RGLCAP destaca, dentro de las actuaciones administrativas preparatorias 
del contrato, la necesidad de que se una un informe razonado del servicio que promueva la 
contratación, exponiendo con claridad, la necesidad, características e importe calculado de las 
prestaciones del contrato. 
En línea con esta obligación, el artículo 87.1 del TRLCSP dispone que los órganos de contratación 
cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la  e.
correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar  w.b
el presupuesto de licitación. Además, el artículo 88.2 del mismo cuerpo normativo, insiste en que la  27ww
emósregtiramcnaaodc odió,e n y c doeensltt ravarat alroecrfi eódrneid li naci coainel t mrealot opm rodecenebtode irdmáe ileh neatncoev írdose e d aetdel jnuaideninucdnaocci ioóe nnd  edc eullie ccnitotaanc tirlóoansto  op.  raelc imoso mhaebnittou aelne sq ueen  eell   OE-A-2021-13able en https://
 
38  Tribunal de Cuentas 
En un elevado número de expedientes fiscalizados no consta debidamente justificada la necesidad 
de contratar o, constando la misma, no figura el necesario desglose presupuestario, o los informes 
o estudios que justifiquen el importe que finalmente fue fijado. Los expedientes afectados son los 
siguientes: 
-  En el contrato número 12 del Anexo III, que tiene por objeto la adecuación de los espacios 
que acogerán el Centro de Difusión Nacional de resultados, la justificación de la necesidad del 
contrato se hace en términos muy genéricos, no precisando el alcance de los servicios objeto 
del contrato (metros cuadrados a ocupar, mobiliario, despachos, áreas de descanso, etc.). 
 
-  En los contratos número 7, 8, 10 12, 15, 16, 17 y 19 del Anexo III la memoria justificativa no 
incluye el debido desglose del presupuesto exigido por la normativa. Además, en ninguno de 
estos contratos se acompaña un mínimo estudio o informe que justifique el importe que 
finalmente fue fijado. 
 
Esta incidencia tiene especial relevancia en el contrato número 16 del Anexo III, cuyo objeto 
es la realización del escrutinio provisional con un importe de adjudicación de 13 millones de 
euros, donde sólo se ha presentado una empresa licitadora, adjudicataria de este contrato en 
la gran mayoría de los procesos electorales celebrados con anterioridad y también en las ECG 
2016 (contrato número 70 del Anexo III), que presentó una oferta por importe idéntico al 
presupuesto base de licitación. 
 
Los contratos número 45 y 70 del Anexo III, suscritos con motivo de las ECG 2015 y ECG 
2016 con un objeto muy similar al contrato número 16 (realización del escrutinio provisional), 
tuvieron unos importes de adjudicación un 24,62 % (importe de adjudicación de 9.800.000 
euros) y un 70,04 % (importe de adjudicación de 3.895.000 euros) más bajos respectivamente. 
 
Como ya ha señalado el Tribunal de Cuentas en Informes anteriores, la fijación de un 
presupuesto sobrevalorado en mercados con una limitada concurrencia competitiva (como éste 
en el que nos encontramos donde la empresa licitadora ha sido la única participante) puede 
abocar a la Administración a contratar prestaciones por un precio superior al que realmente 
correspondería. De ahí la importancia de que la fijación del presupuesto esté debidamente 
justificada. 
Consultada sobre este punto, la DGPI ha destacado la complejidad de realizar una adecuada 
justificación y presupuestación contractual debido a la escasez de personal que está destinada al 
servicio de contratación y gestión de procesos electorales (tres personas). Habida cuenta de la 
complejidad que presenta la contratación en este tipo de procesos, con unos plazos temporales 
muy ajustados, se aconseja adecuar la dotación de personal de la unidad a las necesidades del 
procedimiento. 
II.5.4.1.b) Cálculo del presupuesto del contrato 
-  En el contrato número 12 del Anexo III se fijó un presupuesto de licitación en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (PCAP) de 400.000 euros. Sin embargo, en el documento 
de iniciación del expediente y en el de la aprobación del gasto se señalan importes distintos de 
aquél y diferentes también entre sí (598.950 euros y 532.400 euros, respectivamente). De esta 
circunstancia se desprende una falta de la debida diligencia en la gestión del expediente, 
especialmente en el momento de la aprobación del gasto, pues el dato que figura en este  s
documento es distinto del que figura en el PCAP, a pesar de que ambos se aprueban el mismo  e.
día. El Ministerio del Interior ha alegado que la cifra finalmente aprobada de 532.400 euros  w.
responde al presupuesto de licitación incrementado en un 10% de modificaciones al que se  27ww
añade el importe del IVA. Esta práctica resulta contraria a la normativa contractual.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  39 
Asimismo, se aprecia una mala gestión presupuestaria, pues se mantuvo una retención de 
crédito por importe de 598.950,00 euros hasta la finalización de la ejecución del contrato. El 
Ministerio del Interior ha reconocido este hecho en el trámite de alegaciones, argumentando 
que esta incidencia no suponía perjuicio alguno para la gestión presupuestaria, ya que este 
crédito podía usarse exclusivamente para gastos electorales. Esta práctica resulta contraria a 
los principios de buena gestión presupuestaria. 
Consultada sobre este aspecto, la DGPI presentó un documento de inicio del expediente con 
idéntica fecha, firma y contenido que el que figuraba en el expediente, pero en el que la cifra 
del importe máximo que aparece es 532.400 euros, en consonancia con el documento de 
aprobación del gasto. 
La existencia de dos documentos de igual fecha y firma, pero con cifras distintas, pone de 
manifiesto la necesidad de depurar los sistemas de control interno de la gestión documental de 
la entidad. 
II.5.4.1.c) Justificación de los criterios de adjudicación 
El artículo 109.4 del TRLCSP exige que el expediente del contrato contenga una justificación 
adecuada de la elección del procedimiento y de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato. Se han observado las siguientes incidencias: 
-  En los contratos número 10, 12, 16 y 17 del Anexo III, no quedan suficientemente acreditados 
los criterios de adjudicación/negociación, limitándose el correspondiente documento justificativo 
a realizar una mera enumeración sin aportar más explicación (por ejemplo, en el contrato 
número 16 se señala que «dada la naturaleza de los servicios a contratar, se estima que los 
criterios para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa 
deben ser tanto los referidos al precio, como a cuestiones técnicas directamente vinculadas con 
el objeto del contrato»).  
 
-  En el contrato número 8 del Anexo III se incluyó como criterio de adjudicación el aumento del 
plazo de garantía sobre el plazo indicado en el cuadro de características, puntuándose con un 
máximo de 20 puntos. El contrato tenía por objeto la adaptación de las artes creativas 
contratadas en la campaña institucional de publicidad realizada en las anteriores elecciones 
locales y autonómicas. 
II.5.4.1.d) Aprobación del gasto 
En el contrato número 15 del Anexo III, la aprobación del gasto fue tres días anterior a la retención 
del crédito. Esto resulta contrario a la normativa de operativa contable. 
II.5.4.2.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS PCAP Y A LOS PPT 
El PCAP, regulado en los artículos 115 del TRLCSP y 67 del RGLCAP, ha de incluir, entre otros 
aspectos, los pactos y condiciones definitorios de los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato, así como cuestiones relativas a los criterios de adjudicación, criterios de 
solvencia, precio, plazos de ejecución, etc. 
El PPT, contemplado en los artículos 116 del TRLCSP y 68 del RGLCAP, ha de recoger todos  bo
adyc lqeácu ucaesarlualdolcaast se ua rnqíssaupt eeidc cadetse ol absts aér necu nlnfaiigictdiuavaorsda serd  saee ln  eol naeb slqj e PutvoCea  ArdsiaPeen l. d tceeossn.c torEamntop  notainnleeg súe nlc  pocrmaeossou l paeusl e csPatPora Toc t ecloorsíns rtteiecnqadusri sátéi tocdnse,icc mlaasora,d ceailol ipdnraeedsce ioos    2021-1327n https://ww
 
40  Tribunal de Cuentas 
En  los  expedientes  contractuales  mencionados  a  continuación  se  han  detectado  diversas 
incidencias relativas a estos aspectos: 
-  En los contratos número 17 y 19 del Anexo III, se han incluido en los PPT datos que deberían 
figurar en los PCAP según el artículo 67 del RGLCAP y en contra del artículo 68.3 del mismo 
cuerpo legislativo. Así, los puntos 6, 8 y 9 del PPT del contrato número 17 se refieren a la 
solvencia técnica, dirección y seguimiento del personal del contratista, propiedad intelectual, 
confidencialidad, etc. y los puntos 3, 4 y 5 del PPT del contrato número 19 se refieren al 
presupuesto, plazo de ejecución y protección de datos de carácter personal. 
 
A juicio de este Tribunal, no parece adecuado valorar el incremento de la garantía en un servicio 
como el del objeto del contrato, cuando el pliego ya contempla un periodo obligado de garantía 
de un mes desde la finalización del contrato. 
 
-  El contrato número 16 del Anexo III fue tramitado anticipadamente, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 110.2 del TRLCSP, habiéndose iniciado su preparación a finales del año 2014 
con cargo al presupuesto electoral del año 2015. 
 
Para los supuestos de tramitación anticipada, la regla 42.2  de la Orden HAP/1357/2013, de 11 
de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado, y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 
1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General 
del Estado establece que «en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
equivalente se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente». 
 
En el expediente analizado, el PCAP no hizo constar que la adjudicación y formalización del 
contrato quedaría sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente, contraviniendo, por tanto, la mencionada regla. 
 
-  En los contratos número 7, 12, 16, 17 y 19 del Anexo III se aprecian incidencias relativas a 
la fijación de los criterios de solvencia técnica.  
En los contratos 12, 17 y 19 el Cuadro de características no concreta los requisitos mínimos 
exigidos a partir de los cuales se considera válida la solvencia técnica del empresario. Esta falta 
de concreción resulta contraria al artículo 62.2 del TRLCSP, que exige que el anuncio de 
licitación y el pliego del contrato especifiquen los requisitos mínimos de solvencia que debe 
reunir el empresario, así como la documentación requerida para acreditar los mismos. Además, 
esta falta genera inseguridad jurídica para los licitadores, al quedar su admisión a la licitación 
a la decisión subjetiva del órgano de contratación, extremo que no se ajusta al principio de 
transparencia establecido en el TRLCSP. 
Por otro lado, en los contratos 7 y 16 el PCAP exigía, como medio para acreditar la solvencia 
técnica, económica y financiera de los licitadores, estar en posesión de una determinada 
clasificación  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  Españolas,  de 
conformidad con el artículo 65 del TRLCSP vigente en ese momento.  
 
En estos expedientes no se especificaron los medios de acreditación de la solvencia para las  e.
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, ya que a éstas no les  w.b
resultaba exigible aportar clasificación, de acuerdo con el artículo 66 del TRLCSP vigente en  27ww
a quel momento.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  41 
Según  el  criterio  de  este  Tribunal,  la  falta  de  determinación  de  los  concretos  medios 
acreditativos de la solvencia para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea de entre los previstos en los artículos 75 y siguientes del TRLCSP, puede suponer una 
limitación de la competencia en perjuicio de las empresas extranjeras comunitarias. 
 
-  El PCAP del contrato número 7 del Anexo III contempla la creación de un Comité de expertos 
al amparo del artículo 150.2 del TRLCSP, ya que, según lo dispuesto en el pliego, los criterios 
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas tienen atribuida una ponderación 
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 
Dentro de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos, el cuadro 
de características distingue entre la oferta económica (valorada con 45 puntos) y la valoración 
técnica de la oferta (valorada con 55 puntos). Dentro de esta última, el órgano de contratación 
contempla dos tipos de ofertas: una en la que los licitadores presentan el diseño, realización y 
desarrollo de las artes creativas (en cuya valoración se incluyen una pluralidad de criterios –
claridad  del  mensaje,  identificación  con  el  objeto  de  la  campaña,  impacto,  notoriedad, 
originalidad, etc.-); y otra en la que el licitador se limita a adaptar las artes escénicas utilizadas 
en campañas de publicidad institucional realizadas en anteriores procesos electorales. En este 
último caso, se fija un sistema de puntuación automática (4 puntos para cada campaña). 
Es decir, aun cuando ninguno de los licitadores se acogió a esta última modalidad de oferta 
(adaptación de campañas institucionales de años previos), la DGPI constituyó un comité de 
expertos para la valoración de la oferta técnica, sin que una de sus modalidades conllevara una 
puntuación según juicio de valor, siendo ésta valorada por un procedimiento automático, cuatro 
puntos por campaña. 
-  La DGPI ha hecho uso, en varios de sus contratos, de la facultad que recoge el artículo 147.2 
del TRLCSP, que establece que la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o 
mejoras se indicará en el anuncio de licitación de contrato precisando sobre qué elementos y 
en qué condiciones queda autorizada su presentación. 
En  el  contrato  número  16  del  Anexo  III  la  DGPI  ha  fijado  las  mejoras  de  manera 
excesivamente genérica, tanto en su objeto como en su valoración. El órgano de contratación 
incluye la admisibilidad de variantes y mejoras con remisión al PPT, que en ese punto señala: 
«el adjudicatario podrá proponer prestaciones adicionales cedidas gratuitamente relativas al 
objeto de la contratación, siempre que sean cuantificables económicamente y tengan relación 
y utilidad directa para el desarrollo del objeto del contrato». 
La generalidad con la que está redactada esta cláusula no da cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 147 del TRLCSP. 
Sobre este punto ya se manifestó también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
en su informe 59/2009, de 26 de febrero, estableciendo que «es legalmente admisible la 
presentación de mejoras que impliquen la ejecución de prestaciones accesorias por parte del 
contratista. Para poder ser valoradas con el fin de determinar cuál es la oferta económicamente 
más ventajosa, es necesario que los pliegos de cláusulas establezcan los criterios de valoración 
que hayan de aplicárseles, debiendo tales mejoras figurar detalladas en el PCAP con expresión 
de  sus  requisitos,  límites,  modalidades  y  características  que  permitan  identificarlas 
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del contrato». 
 
-  El artículo 118 del TRLCSP reconoce la posibilidad de introducir condiciones especiales de  e.es
ejecución. Este precepto no contiene una lista cerrada de condiciones especiales de ejecución,  w.b
pero sí incluye algunos ejemplos: consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones  27ww
dines etirpcoió sno ecnia el,l  cmoenr ceal dfoin  ladbeo prarol,m eolimveinr aerl  laesm dpelesoig duea ldpaedrseosn eanst rceo enl  dhiofimcublrtaed ye lsa  pmaurtjiecru elanr edsic hdoe 
 
42  Tribunal de Cuentas 
mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que 
se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 
145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos 
laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento 
de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
En los contratos número 7, 8, 12, 16 y 17 del Anexo III, la DGPI, haciendo uso de esta 
posibilidad, introdujo requisitos de ejecución que no se ajustan a las condiciones a que se 
refiere el citado precepto. 
 
Así, en los contratos números 7 y 8 introdujo como condiciones especiales «el cumplimiento de 
los requisitos técnicos y las obligaciones del adjudicatario» definidos en el PPT, referentes en 
el primer contrato a aspectos como entrega de copias, calendarios e informes de emisión de la 
campaña de publicidad, y en el segundo a cuestiones relativas al lenguaje a utilizar, mensajes 
e información a transmitir, etc. 
 
En los contratos números 12, 16 y 17 del Anexo III se incluyeron como condiciones especiales 
de ejecución un compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 
 
Con relación a estos últimos, aunque el artículo 212.1 del TRLCSP menciona conjuntamente 
los compromisos de adscripción de personal del artículo 64.2 y las condiciones especiales de 
ejecución del artículo 128.2 del TRLCSP, a efectos de poder incluir penalidades para el caso 
de cumplimiento defectuoso, ambos conceptos no pueden ser confundidos, por tratarse de 
contenidos distintos, aunque sancionados de similar manera en caso de incumplimiento de los 
mismos. 
 
-  En el contrato número 6 del Anexo III el órgano de contratación ha notificado defectuosamente 
las invitaciones a participar en el proceso de licitación de una de las empresas participantes en 
el acuerdo marco. 
 
Así, con fecha de 15 de febrero de 2015 se emitieron las invitaciones para participar en el 
expediente analizado, siendo enviadas por fax el día siguiente. En una de las cinco invitaciones 
enviadas, la fecha límite de presentación de las ofertas se fijaba el 20 de febrero de 2015, 
siendo la fecha fijada para las cuatro invitaciones restantes el 23 de febrero de 2015. 
 
La empresa afectada por esta circunstancia fue la única que no presentó oferta. 
 
Esta notificación defectuosa del plazo para la presentación de ofertas podría vulnerar el 
principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos que ha de regir la 
contratación pública. 
II.5.4.3.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.4.3.a) Licitación y calificación de la documentación 
En los expedientes analizados se han observado las siguientes incidencias relacionadas con la 
licitación, calificación de la documentación y subsanación de defectos: 
 
-  En el contrato número 12 del Anexo III el plazo de licitación fue de 22 días, 17 menos del  e.es
establecido  en  el  artículo  159.1  del  TRLCSP  para  los  contratos  sujetos  a  regulación  bo
armonizada.   27ww
Elons  easrttíec uelxopse 1d5ie9n.1te y l a1 4D1G dPeIl  aTcRoLrdCóS rPe.d Éucsitre e úl lptilmazoo a art ílcousl o2 2e sdtíaabsl,e ecne  blaa speo saib lioli deasdta dbele qciudeo  leons 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  43 
órganos de contratación publiquen un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer 
«en el caso de los contratos de servicios, el valor estimado para cada categoría de las 
comprendidas en los números 1 a 16 del Anexo III, cuando ese valor total sea igual o superior 
a 750.000,00 euros». El valor estimado de este contrato ascendió a la cantidad de 440.000,00 
euros, inferior al límite fijado en el artículo 141, por lo que no resultaba de aplicación la reducción 
del plazo de licitación allí previsto. 
-  En el contrato número 7 del Anexo III, la Mesa de contratación exigió a dos empresas 
licitadoras la acreditación de los medios personales y materiales que contenía el compromiso 
de adscripción recogido en el cuadro de características del PCAP, como si se tratase de un 
requisito previo de solvencia del artículo 146.1 del TRLCSP, subsanable de acuerdo con el 
artículo 81 del RGLCAP. 
Es criterio fijado por este Tribunal de Cuentas que, a diferencia de los defectos relativos a los 
requisitos de solvencia del artículo 62  del TRLCSP que pueden ser subsanables, no puede 
serlo en cambio la concreción del compromiso de adscripción de los medios personales o 
materiales a que se refiere el artículo 64.2 del TRLCSP, que sólo es exigible al adjudicatario y 
en el momento de la adjudicación, bastando, por tanto, con admitir a licitación una proposición 
que contenga un mero compromiso de adscripción de medios, sin necesidad de acreditarlo en 
el momento de la presentación.  
-  En el contrato número 19 del Anexo III no consta la declaración responsable del licitador en 
la que manifiesta que las circunstancias reflejadas en la certificación del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas no ha experimentado variación, tal como exige el artículo 
146.3 del TRLCSP. 
-  En el contrato número 10 del Anexo III, las escrituras y poderes aportados por el adjudicatario 
son fotocopias sin compulsar. 
II.5.4.3.b) Valoración de las ofertas 
El artículo 151.4 del TRLCSP preceptúa la necesidad de que la adjudicación del contrato sea 
motivada, en relación con el artículo 160 del mismo cuerpo legal, que regula el examen de las 
proposiciones y la propuesta de adjudicación que contempla la posibilidad de solicitar cuantos 
informes técnicos se consideren precisos para la valoración de aquellas proposiciones en las que 
hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio.  
Se ha detectado que el informe técnico del contrato número 12 del Anexo III asigna puntos a las 
empresas licitadoras según los criterios establecidos en el PCAP, pero no razona los puntos 
otorgados a cada oferta, ni siquiera en los casos en los que se aprecian diferencias importantes 
entre ellas.  
Es criterio fijado por este Tribunal que las valoraciones de las ofertas llevadas a cabo por las mesas 
de contratación no pueden ser una mera constatación de unas tablas de puntuaciones, sino que 
han de acompañarse de la debida y suficiente motivación de los criterios de valoración aplicados 
para otorgar dichas puntuaciones, apoyándose cuando sea preciso, en los informes técnicos 
necesarios debidamente motivados a tal efecto, de los que debe quedar constancia en los 
expedientes. 
II.5.4.3.c) Formalización del contrato  s
-  En los contratos número 6 y 9 del Anexo III, la formalización no respetó el plazo señalado  w.b
por el TRLCSP, realizándose antes del plazo de 15 días señalado.  27ww
El apartado 3 del artículo 156 del TRLCSP establece que «si el contrato es susceptible de
recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la formalización no podrá
 
44  Tribunal de Cuentas 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar 
este plazo, sin que exceda de un mes. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior  a  cinco  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 
la suspensión». 
 
En el contrato número 9 el órgano de contratación notificó la adjudicación del contrato el día 24 
de febrero de 2015, procediéndose a la formalización del contrato el día 25 de febrero de 2015.  
 
En el contrato número 6 el órgano de contratación notificó la adjudicación del contrato el día 5 
de marzo de 2015, procediéndose a la formalización del contrato el día 12 de marzo de 2015. 
Éste es un contrato derivado de acuerdo marco. Aun cuando el artículo 198.5 del TRLCSP 
permite no aplicar el plazo señalado en el artículo 156.3, el PCAP del acuerdo marco establece 
en su punto 14.1 la aplicabilidad de dicho plazo. 
 
Esto supone una vulneración de lo establecido en el artículo 156.3 del TRLCSP. 
 
-  En el contrato número 8 del Anexo III la adjudicación tuvo lugar el 21 de noviembre de 2014 
y su notificación a los licitadores el 24 del mismo mes y año. 
La publicación de la adjudicación, sin embargo, no tuvo lugar hasta el día 15 de enero 2015, 
1,5  meses  después  de  haberse  efectuado  las  notificaciones,  y  posterior  incluso  a  la 
formalización del contrato (26 de noviembre de 2014). Se incumple, por tanto, lo previsto en el 
artículo 151.4 del TRLCSP en el que se dispone que la adjudicación será notificada a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
-  La adjudicación del contrato número 10 del Anexo III fue aprobada según la oferta presentada 
por el empresario seleccionado, y ésta emitida según lo exigido en el PCAP respetando la 
relación de productos y los precios máximos también allí fijados. No obstante, algunos de los 
precios incluidos en el contrato no se corresponden con los de la adjudicación, figurando 
asimismo productos distintos de los licitados y ofertados, y otros adjudicados que no constan 
en el contrato. Esto resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 156.1 del TRLCSP, al afirmar 
que  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas  deberán  formalizarse  en 
documento administrativo «que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación». 
II.5.4.4.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
II.5.4.4.a) Facturas  
Se han detectado las siguientes incidencias relacionadas con la emisión de facturas: 
-  En el contrato número 9 del Anexo III la factura del contrato se ha emitido fuera del plazo de 
un mes desde la prestación del servicio que establece el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público.  s
-  En el contrato número 11 del Anexo III se incluyó, entre los gastos abonados al contratista,  w.b
la cantidad de 8.104,19 euros en concepto de «personal de seguridad pabellón 12», sin que  27ww
este servicio figurase incluido en el contrato.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  45 
Según las condiciones reflejadas en los apartados 1 y 2 de la cláusula Quinta del contrato 
(servicios adicionales a facturar), y a raíz de lo informado por la Abogacía del Estado, que 
interesó la modificación del contrato, se excluye el gasto de seguridad con el objeto de que la 
seguridad de todo el espacio arrendado corriese de cuenta del Ministerio del Interior. En el 
apartado 1 (espacio ocupado por el pabellón 12), se incluyen servicios como climatización, 
limpieza, etc., pero no figura mención alguna a la facturación de la seguridad. En el apartado 2 
(conjunto del contrato de alquiler) se precisa que «la seguridad de las zonas cedidas al 
arrendatario en virtud del presente contrato, y muelles de carga anexos, será por cuenta y 
responsabilidad del arrendatario, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
durante la totalidad del tiempo contratado y las ampliaciones, tanto de tiempo como de 
espacios, que pudieran acordarse con posterioridad». 
Por lo expuesto, la cantidad de 8.104,19 euros en concepto de «personal de seguridad pabellón 
12» no debió facturarse ni abonarse. 
II.5.4.4.b) Actas de recepción 
En los contratos número 6, 12, 15, 17, 25 y 30 del Anexo III el acta de recepción fue emitida fuera 
del plazo que señala el artículo 222.2 del TRLCSP: 
 
-  En el contrato número 6 el acta de recepción fue emitida con 17 días de retraso (factura fechada 
el 12 de mayo de 2015 y acta de recepción de 29 de junio de 2015). 
 
-  En el contrato número 12 el acta de recepción fue levantada con 7 días de retraso (factura 
fechada el 26 de mayo de 2015 y acta de recepción de 3 de julio de 2015). 
 
-  En el contrato número 15 el acta de recepción fue suscrita con 17 días de retraso (factura 
fechada el 14 de mayo de 2015 y acta de recepción de 1 de julio de 2015). 
 
-  En el contrato número 17 el certificado de conformidad fue emitido con 52 días de retraso 
(factura fechada el 16 de noviembre de 2015 y certificado de conformidad de 12 de febrero de 
2016). 
 
-  En el contrato número 25 el acta de recepción fue suscrita con 8 días de retraso (factura 
registrada el 29 de mayo de 2015 y acta de recepción de 7 de julio de 2015). 
 
-  En el contrato número 30 el certificado de conformidad fue emitido con 16 días de retraso 
(factura de 28 de enero de 2016 y certificado de conformidad de 16 de marzo de 2016). 
 
El artículo 222.2 del TRLCSP establece que, en todo caso, la constatación del cumplimiento de los 
contratos exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad 
dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. 
 
No habiéndose fijado en los pliegos ningún plazo especial, estas recepciones fueron extemporáneas 
según el artículo 222 del TRLCSP. 
II.5.4.5.  OTRAS INCIDENCIAS 
-  En el contrato privado número 11 del Anexo III, que tiene por objeto el arrendamiento del  es
espacio para la ubicación del Centro de Difusión Nacional durante las elecciones, no queda  o
acreditada en el expediente la debida inclusión del contrato de arrendamiento en el Inventario  w.
Gdee nneorvaiel mdeb rBei,e dnee sP ya tDriemroenchioo ds ed elal sE Astdamdoin,i setxraigcidioon eesn  Pelú abrlitcícausl o(L 3P5A.3P d).e  la Ley 33/2003, de 3  2021-1327n https://ww
 
46  Tribunal de Cuentas 
Además, el presupuesto de este contrato se eleva a la cantidad de 145.450,03 euros, IVA 
excluido, (142.150,03 euros por el alquiler de 4.700 m2 de superficie construida más 3.300 
euros en concepto de plazas de aparcamiento). Igualmente se prevé una reserva de 1.000 
m2 adicionales para responder a necesidades sobrevenidas, por un importe de 11.988 euros, 
IVA excluido. A estas cantidades deben añadirse otros servicios (limpieza, climatización, 
electricidad, etc.) cuyo gasto estimado no ha sido cuantificado. Llama la atención que el 
Informe evacuado por la Dirección General de Patrimonio del Estado se emite tomando como 
dato una cuantía inferior a la presupuestada y contratada (142.150,03 euros en lugar de los 
145.450,03 euros en los que fue presupuestado el contrato). Este informe tampoco contempla 
los 11.988 euros en los que se presupuestó la reserva de la superficie de 1.000 m2. En el 
trámite de alegaciones el Ministerio del Interior señaló que en la solicitud de informe a la 
Dirección General de Patrimonio figuraba el dato presupuestario correcto y que dicha solicitud 
fue acompañada de los presupuestos proporcionados por el contratista. El Ministerio no ha 
aportado ningún documento justificativo. 
Estas incidencias ponen de manifiesto un deficiente seguimiento del expediente contractual. 
-  El contrato número 30 del Anexo III, que tiene por objeto servicios de voz y datos en el 
espacio arrendado para el Centro de Difusión Nacional, no se puede conocer, a través de la 
documentación aportada por la entidad, cuál fue el procedimiento de adjudicación seguido, ni 
si se trata de una adjudicación (menor, por cuantía muy superior a la legalmente permitida -
41.699,40 euros-) o de una modificación contractual (que no respetaría el procedimiento y 
condiciones previstas en los artículos 105 y siguientes de la norma citada). 
Además, la adjudicación del contrato, y el inicio de su ejecución (15 de mayo de 2015), tuvo 
lugar con anterioridad a que fuera aprobado el gasto (20 de mayo de 2015), incumpliéndose 
lo previsto en el artículo 110 del TRLCSP y 73.2 de la LGP. 
II.5.4.6.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN MENOR 
La tramitación de los expedientes de contratación menor aparece contemplada en el artículo 111 
del TRLCSP. De manera resumida, el expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de las especialidades que el artículo 
111.2 del TRLCSP recoge para los contratos menores de obras. 
La contratación menor también está sujeta a otros principios y preceptos recogidos a lo largo del 
articulado del TRLCSP, como puede ser la necesidad e idoneidad del contrato recogida en el 
artículo 22. 
En los expedientes analizados se han observado las siguientes incidencias: 
II.5.4.6.a) Justificación de la necesidad 
-  De la documentación del contrato número 13 del Anexo III no puede deducirse el plazo de 
ejecución del servicio contratado (optimización de la captura de perceptores electorales). 
-  En el contrato número 20 del Anexo III, que tiene por objeto la adquisición de códigos 
electorales, no consta ningún documento en el que se justifique que el número adquirido (287 
códigos) se correspondía realmente con los necesarios.  e
-  scgEóoenlns oltto riócasnor ic nados eanta  dtl railaca htr oedasge c ul nolaaúndctmjriuóaedntari cocda ieó1ta n3lra.,i  o 2c.0 oA,n u2trn1aq,t au2ce6i ó,l an2  7sm oyel in2coi8tur ,dd pe dul edA ienonefedxroota  csIIo I,nn ootr  inebosu  irco,ob anlidgsetaamt onáriisna,g,  auta numan poaof emcrote ajeo osr    2021-1327n https://www.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  47 
II.5.4.6.b) Aprobación del gasto 
Se han detectado las siguientes incidencias relacionadas con la aprobación del gasto: 
-  En el contrato número 13 del Anexo III, la aprobación del gasto se produjo sin la preceptiva 
retención del crédito. El gasto se aprobó el 12 de febrero de 2015 y el crédito se retuvo el 16 
de febrero de 2015. 
-  En los contratos número 14 y 29 del Anexo III la adjudicación del contrato tuvo lugar con 
anterioridad a la aprobación del gasto. Esto supone una vulneración de los artículos 110 y 111.1 
del TRLCSP. El primero de estos preceptos señala que «Completado el expediente de 
contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo 
(incluyendo el gasto) y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación». Por su 
parte, el artículo 111 exige para la tramitación del expediente de contratación en contratos 
menores la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. 
Además, el artículo 73.2 de la LGP dispone que la aprobación inicia el procedimiento de 
ejecución del gasto. 
El contrato número 14 se suscribió el día 14 de mayo de 2015, mientras que el gasto fue 
aprobado 26 días después, el 9 de julio de 2015. 
En el caso del contrato número 29, su adjudicación y ejecución (24 de mayo de 2015) se 
produjeron con 16 días de antelación respecto de la aprobación del gasto (9 de junio de 2015).   
II.5.4.6.c) Ejecución y abono 
En los contratos número 18, 26 y 28 del Anexo III se han incumplido los plazos señalados en el 
artículo 216.4 del TRLCSP. 
-  En el contrato número 18 el certificado de conformidad fue emitido con 19 días de retraso 
(factura de 25 de junio de 2015 y certificado de 13 de agosto de 2015); el precio fue abonado 
con 9 días de retraso (certificado del 13 de agosto de 2015 y abono del 22 de agosto de 2015). 
-  En el contrato número 26 el certificado de conformidad fue emitido con 18 días de retraso 
(factura de 19 de mayo de 2015 y certificado de 7 de julio de 2015). 
-  En el contrato número 28 el certificado de conformidad fue emitido con 8 días de retraso (factura 
de 29 de mayo de 2015 y certificado de 7 de julio de 2015). 
II.5.5.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 
Durante la tramitación de este proceso electoral, la DGPI suscribió 2 contratos menores por valor 
de 452,43 euros.  
Cuadro 14. CONTRATOS FISCALIZADOS EPC 2015 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Servicios  2  100  452,43  100 
Total  2  100%  452,43  100%  e.e
        Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas  b
  27ww
No se han apreciado incidencias.
 
48  Tribunal de Cuentas 
II.5.6.  Elecciones a las Cortes Generales 2015 
Durante la tramitación de este proceso electoral, la DGPI suscribió 24 contratos por valor de 
12.314.292,84 euros. El detalle por tipo de contrato aparece reflejado en el cuadro siguiente: 
Cuadro 15. CONTRATOS FISCALIZADOS ECG 2015 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  11  46  1.388.411,48  11 
Servicios  12  50  10.668.771,46  87 
Privados  1  4  257.109,90  2 
Total  24  100%  12.314.292,84  100% 
        Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
II.5.6.1.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.6.1.a) Justificación de la necesidad de contratar y del presupuesto 
En los contratos número 37, 38, 39 40, 42, 44, 45, 46 y 51 del Anexo III no figuran memorias o 
documentos de carácter económico que justifiquen el presupuesto fijado en el contrato. 
El artículo 73.2 del RGLCAP exige la existencia de un informe razonado que exponga, entre otros 
aspectos, el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato. La obligación de estimar 
adecuadamente el importe también aparece en el artículo 87.1 del TRLCSP. 
Esta incidencia es especialmente llamativa en el contrato número 45 del Anexo III, que tiene por 
objeto  la  contratación  del  servicio  de  escrutinio  provisional,  habida  cuenta  de  la  escasa 
concurrencia competitiva que existió en adjudicaciones anteriores de contratos similares, donde la 
empresa adjudicataria era una y el precio ofertado no presentaba ninguna baja respecto del 
presupuesto base de licitación (ver contrato número 16 del Anexo III cuyo presupuesto base de 
licitación e importe de adjudicación fue de 13.000.000 de euros). 
II.5.6.1.b) Justificación de los criterios de adjudicación 
El artículo 109.4 del TRLCSP establece la necesidad de justificar adecuadamente la elección del 
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 
Se ha podido observar que, con carácter general, la DGPI utiliza fórmulas genéricas para la 
justificación de la elección del procedimiento de adjudicación, con remisión a los artículos que 
regulan el procedimiento. Así: 
-  En los contratos número 39 y 40 del Anexo III se afirma «se considera que el procedimiento 
más adecuado para el interés público dado el importe, la naturaleza y las características 
especiales del servicio, deber ser el procedimiento negociado sin publicidad y la tramitación 
ordinaria de acuerdo con los artículos 138, 169, 174 e) y 177.2 del TRLCSP». 
-  En el contrato 46 del Anexo III se opta por el procedimiento negociado sin publicidad como  s
forma de adjudicación y tramitación ordinaria de acuerdo con los artículos 138, 169 y 174 e)  e.
del TRLCSP, por considerar que es el procedimiento más adecuado para el interés público  w.b
«dado el importe, la naturaleza y las características del servicio».  27ww
Eels taar tuíctiulizloa c1ió0n9 .d4e  dfóerl mTuRlaLsC gSePn.é rEicsatas  ngoe nreesrpaolidnadde  ac olabsr an eecsepseidcaiadl eism dpeo rjutasnticfiicaa ceinó nl oqsu et reesst acbalesoces   OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  49 
señalados en los que se acudió al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, 
donde la DGPI simplemente justifica su elección con una remisión al precepto legal como si esa 
fuera el único procedimiento que permite la adjudicación de contratos por debajo de esa cuantía. 
También se pueden observar este tipo de deficiencias en la justificación de los criterios de 
adjudicación. 
-  El contrato número 42 del Anexo III, carece de una justificación adecuada de la elección de 
los criterios de adjudicación, limitándose a realizar una enumeración no exhaustiva de los 
mismos: «dada la naturaleza de los servicios a contratar, se estima que los criterios para 
valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa deben ser 
tanto los referidos al precio, como a cuestiones técnicas directamente vinculadas con el objeto 
del contrato (detalle del Plan de ejecución del contrato, propuesta de diseño virtual de la sala 
de prensa y del resto de espacios, diseño de los elementos de señalización, descripción del 
equipo humano…) tal como se recoge en el apartado 12 del Cuadro de Características». 
-  En el contrato número 45 también se recurre a la justificación genérica de los criterios de 
adjudicación, afirmando «… dada la naturaleza de los servicios a contratar, se estima que los 
criterios para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa 
deben ser tanto los referidos al precio, como a cuestiones técnicas directamente vinculadas 
con el objeto del contrato» sin justificar la elección de esas cuestiones técnicas que se 
valoraran. 
La utilización de este tipo de fórmulas genéricas, en las que los criterios de adjudicación son 
simplemente enumerados, no satisface las necesidades de justificación que exige el artículo 109.4 
del TRLCSP.  
II.5.6.2.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS PCAP Y A LOS PPT 
En la parte relativa a la redacción de los PCAP y PPT se han observado las siguientes incidencias. 
II.5.6.2.a) Mejoras 
La DGPI ha hecho uso, en varios de sus contratos, de la facultad que recoge el artículo 147.2 del 
TRLCSP, que establece que la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se 
indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación. 
En el contrato número 45 del Anexo III la DGPI ha fijado las mejoras de manera excesivamente 
genérica, tanto en su objeto como en su valoración. 
El órgano de contratación incluye la admisibilidad de variantes y mejoras con remisión al PPT, que 
en  ese  punto  señala  «el  adjudicatario  podrá  proponer  prestaciones  adicionales  cedidas 
gratuitamente  relativas  al  objeto  de  la  contratación,  siempre  que  sean  cuantificables 
económicamente y tengan relación y utilidad directa para el desarrollo del objeto del contrato». 
La generalidad con la que está redactada esta cláusula no da cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 147 del TRLCSP. 
Sobre este punto ya se manifestó también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su  es
informe 59/2009, de 26 de febrero, ya citado con anterioridad.  o
 
50  Tribunal de Cuentas 
II.5.6.2.b) Condiciones especiales de ejecución 
El artículo 118 del TRLCSP reconoce la posibilidad de introducir condiciones especiales de 
ejecución. Como se ha señalado anteriormente este precepto no contiene una lista cerrada de 
condiciones  especiales  de  ejecución,  pero  sí  incluye  algunos  ejemplos  relacionados  con 
consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo. 
En el contrato número 45 del Anexo III, la DGPI, haciendo uso de esta posibilidad, introdujo 
requisitos de ejecución que no se ajustan a las condiciones a que se refiere el citado precepto: el 
compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 
 
Aunque el artículo 212.1 del TRLCSP menciona conjuntamente los compromisos de adscripción de 
personal del artículo 64.2 y las condiciones especiales de ejecución del artículo 128.2 del TRLCSP, 
a efectos de poder incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso, ambos conceptos 
no pueden ser confundidos, por tratarse de contenidos distintos, aunque sancionados de similar 
manera en caso de incumplimiento de los mismos. 
II.5.6.3.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.6.3.a) Invitaciones a contratos basados en un acuerdo marco 
En el Lote 3 del Acuerdo Marco del que deriva el contrato número 35 del Anexo III resultaron 
adjudicatarias dos empresas. 
Con fecha de 4 de septiembre de 2015, el Director General de Política Interior dictó una resolución 
aprobando la sucesión de un contratista A a favor de otra empresa B. 
Con anterioridad a esta resolución, el 17 de febrero de 2015, el Servicio Jurídico del Estado informó 
desfavorablemente sobre la sucesión de la empresa B por no concurrir los requisitos señalados en 
el artículo 85 del TRLCSP. Concretamente se informa que en el Anexo del contrato privado 
celebrado entre las dos empresas no consta, entre los contratos con la Administración Pública, el 
Acuerdo Marco sobre gastos electorales. 
A pesar de este informe desfavorable del Servicio Jurídico del Estado, con fecha de 25 de agosto 
de 2015 se invita a la empresa B a participar en el contrato derivado número 35 del Anexo III. Ese 
mismo día, la empresa presentó su oferta. 
Destaca que la Dirección General de Política Interior haya invitado a participar en el proceso de 
licitación a la empresa B con anterioridad (25 de agosto) a que se haya dictado la resolución que 
aprueba la sucesión de esta empresa en el lugar del contratista A (4 de septiembre). Esto podría 
haber afectado a la otra empresa adjudicataria del contrato. 
Este Tribunal ha solicitado a la DGPI la aportación del informe favorable del Servicio Jurídico del 
Estado previo a la resolución del Director General de Política Interior. La DGPI ha indicado que no 
se dispone de dicho documento porque, de acuerdo con la práctica administrativa, la consulta fue 
realizada de manera verbal, no existiendo constancia de la misma. 
II.5.6.3.b) Anuncio de formalización del contrato 
En el contrato número 51 del Anexo III no se ha publicado el anuncio de formalización del contrato  e.
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  w.b
TARunLqCuSeP l ae xfoigrem qaulizea, cciuóann ddeol  laco cnutaranttoía f udee l pcuobnltircaatdoa s eean  ieglu pael orf isl udpee crioonr tara 1ta0n0t.e0,0 0e le aurrtoícsu, lsoe 1 p5u4b.2liq dueel 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  51 
en el BOE un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización, en un plazo no superior a cuarenta 
y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 
II.5.6.4.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Dos de las actas de recepción del contrato número 45 del Anexo III fueron emitidas fuera de plazo. 
La primera acta de recepción fue emitida con diez días de retraso (la factura fue registrada el 15 de 
diciembre de 2015 y el acta de recepción es de 25 de enero de 2015). 
La última acta de recepción fue emitida con 1 día de retraso (factura emitida el 27 de junio de 2016 
y acta de recepción de 28 de julio de 2016). 
El artículo 222.2 del TRLCSP establece que, en todo caso, la constatación del cumplimiento de los 
contratos exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad 
dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. 
No habiéndose fijado en los pliegos ningún plazo especial, estas recepciones fueron extemporáneas 
según el artículo 222 del TRLCSP. 
II.5.7.  Elecciones a las Cortes Generales 20163 
Durante la tramitación de este proceso electoral, la DGPI suscribió 26 contratos por valor de 
6.466.032,76 euros. El detalle por tipo de contrato aparece reflejado en el cuadro siguiente: 
Cuadro 16. CONTRATOS FISCALIZADOS ECG 2016 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  12  46  1.564.147,09  24 
Servicios  13  50  4.613.401,44   71 
Privados  1  4  288.484,23  5 
Total  26  100%  6.466.032,76  100% 
   Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
Es de destacar, como ha señalado la DGPI, las especiales dificultades que presentó la tramitación 
de los contratos relativos a este proceso electoral derivadas de la aplicación novedosa –primera vez 
en democracia– del artículo 99.5 de la CE que contempla la repetición de elecciones, lo que supuso, 
dada la premura de los plazos, la imposibilidad de realizar ningún tipo de actuación previa a la 
convocatoria de las elecciones. 
                                                           
3 En el trámite de alegaciones el Ministerio del Interior ha argumentado de manera genérica a este punto que muchas de 
las incidencias detectadas encuentran su justificación en la enorme dificultad derivada de la imposibilidad de realizar  es
ningún tipo de planificación respecto de la contratación de las ECG 2016, por tratarse estas de un supuesto de adelanto  oe.
electoral. También afirma que a fin de no dilatar los plazos de tramitación se simplificaron algunos trámites teniendo en  w.
cuenta que prácticamente en todos los casos se tomaron como referencia los contratos de las elecciones inmediatamente  27ww
aAsénsptimetirmiisomare dose,.   slae ñLaOlaR EquGe d lea  leax ppreervieisniócnia d vei cqiaudea,  eenn c easstoe d per orecpeesotic fiuóen  dlae  qlause E llleevcóc ioan leas i nGcelunseiróanle esn p olar  aDpislipcoasciicóinó nd eAl dairctiíocunlaol 
99.5 de la Constitución, los contratos serán declarados de urgencia.
 
52  Tribunal de Cuentas 
II.5.7.1.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.7.1.a) Justificación de la necesidad de contratar y del presupuesto 
En los expedientes de los contratos número 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71 y 80 del Anexo III no 
existe ningún informe, memoria o documento que justifique el importe del presupuesto que se ha 
fijado. Esto resulta contrario al artículo 73.2 del RGLCAP. 
Esta incidencia resulta especialmente llamativa en el contrato número 70 del Anexo III, que tiene 
por objeto la contratación del servicio para la realización del escrutinio provisional, a la vista de la 
escasa concurrencia competitiva que en procesos anteriores tuvo ese contrato. En concreto, este 
contrato fue adjudicado por un importe de 3.895.000 euros, lo que supone una baja del 62’35 % 
respecto del presupuesto base de licitación (10.345.095 euros). 
El contrato número 78 del Anexo III tuvo por objeto el alquiler e instalación de una pantalla en el 
escenario del Centro de Difusión Nacional. En su expediente consta como justificación de la 
necesidad que ésta «se puso de relieve poco antes de iniciar el montaje, no siendo posible tramitar 
la modificación del contrato de acondicionamiento».  
En condiciones normales, esta necesidad pondría de relieve la existencia de una deficiente 
planificación, pudiendo haberse previsto esta circunstancia e incluirse esta necesidad en el contrato 
de acondicionamiento, que fue formalizado con la misma empresa adjudicataria tan sólo 12 días 
antes. 
II.5.7.1.b) Justificación de los criterios de adjudicación 
En los contratos número 64, 66, 70 y 71 del Anexo III, adjudicados mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, se realiza una mera enumeración de los criterios de adjudicación que van 
a ser objeto de negociación.  
  En el contrato 64, que tenía por objeto el suministro de cáterin del fin de semana electoral, se 
determinan como criterios de adjudicación «aspectos cuantitativos (precio del contrato dentro 
del límite del presupuesto de licitación) como aspectos cualitativos (características que debe 
reunir el servicio en sus distintas modalidades)». 
  En el contrato 66 se establece que «se estima que los criterios para valorar las proposiciones 
y determinar la oferta económicamente más ventajosa deben ser tanto los referidos al precio, 
como a cuestiones técnicas directamente vinculadas con el objeto del contrato (reducción del 
plazo de licitación y provisión de una SAI)». 
  En los contratos 70 y 71 se emplea la misma fórmula genérica de justificación de los criterios 
de adjudicación: «se estima que los criterios para valorar las proposiciones y determinar la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  deben  ser  tanto  los  referidos  al  precio,  como  a 
cuestiones técnicas directamente vinculadas con el objeto del contrato» sin determinar cuáles 
son estas. 
La mera enumeración de los criterios de adjudicación no es suficiente para considerar cumplida la 
exigencia de justificación que establece el artículo 109.4 del TRLCSP. 
II.5.7.1.c) Invitaciones del procedimiento negociado sin publicidad  s
Para la gestión del proceso electoral ECG 2016 la DGPI optó preferentemente por la adjudicación  w.
mediante el procedimiento negociado sin publicidad, motivado por la imperiosa urgencia derivada  27ww
dlae C laE –p.r opia naturaleza del proceso –la repetición de elecciones por aplicación del artículo 99.5 de
Gastos Procesos electorales 2015-2017  53 
El artículo 178.1 del TRLCSP establece la necesidad de solicitar, al menos, tres ofertas a empresas 
capacitadas para la realización del contrato, siempre que ello sea posible. 
En los contratos número 61, 62, 66, 70 y 71 del Anexo III, la DGPI solicitó menos ofertas de las 
que establece el citado precepto (una en los contratos 61 y 62 y dos en los contratos 66, 70 y 71). 
La DGPI justificó el reducido número de solicitudes afirmando «dada la premura de los plazos, las 
empresas a las que se solicitará ofertas serán aquellas que ya han prestado un servicio similar en 
ocasiones anteriores», sin justificar que las empresas invitadas sean las únicas del mercado que 
puedan prestar este servicio. 
Esta justificación es inadecuada, ya que es la propia urgencia de la necesidad la que permite acudir 
al procedimiento negociado sin publicidad −según el artículo 170.e) del TRLCSP− sin que la 
premura de los plazos pueda justificar una reducción del número de ofertas que exige la ley. El 
reducido número de ofertas solicitadas en los contratos señalados limita la concurrencia competitiva 
que tiene que regir la contratación pública. 
Además, en el contrato número 62, el plazo inicialmente concedido para la presentación de ofertas 
concluía el día 5 de mayo de 2016 a las 9,30 horas. La empresa invitada registró su oferta a las 
10,35 horas de ese mismo día, 1,05 horas después de concluido el plazo de presentación de las 
ofertas. 
En resolución de 5 de mayo de 2016, la DGPI dictó una nueva comunicación extendiendo, sin 
justificación, el plazo de presentación de ofertas hasta las 11 horas de ese mismo día.  
Aun cuando sólo existía una empresa invitada para presentar su oferta, existe un riesgo de que la 
comunicación del día 5 de mayo se haya realizado con posterioridad a la conclusión del primer plazo 
establecido. 
II.5.7.2.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS PCAP Y A LOS PPT 
II.5.7.2.a) Mejoras 
En el contrato número 70 del Anexo III, la DGPI ha fijado las mejoras de manera excesivamente 
genérica,  tanto  en  su  objeto  como  en  su  valoración.  El  órgano  de  contratación  incluye  la 
admisibilidad de variantes y mejoras con remisión al PPT, que en ese punto señala: «el adjudicatario 
podrá  proponer  prestaciones  adicionales  cedidas  gratuitamente  relativas  al  objeto  de  la 
contratación, siempre que sean cuantificables económicamente y tengan relación y utilidad directa 
para el desarrollo del objeto del contrato». 
La generalidad con la que está redactada esta cláusula no da cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 147 del TRLCSP. 
II.5.7.2.b) Condiciones especiales de ejecución 
En el contrato número 70 del Anexo III, la DGPI introdujo, como condiciones especiales de 
ejecución, el compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 
Como se ha señalado anteriormente, esta condición no responde a la tipología contenida en el 
artículo 118 del TRLCSP. 
 
54  Tribunal de Cuentas 
II.5.7.3.  INCIDENCIAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
II.5.7.3.a) Formalización del contrato 
En los contratos número 61, 66, 69, 70 y 80 del Anexo III no se han publicado en el BOE los 
respectivos anuncios de formalización del contrato, en contra de lo dispuesto en el artículo 154.2 
del TRLCSP. 
II.5.7.3.b) Formalización del contrato antes del plazo señalado en el artículo 156 del 
TRLCSP 
La formalización del contrato número 70 del Anexo III se realizó antes del plazo que indica el 
artículo 156 del TRLCSP.  
Según este precepto la formalización no podrá realizarse antes del transcurso de 15 días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, debiendo el órgano de 
contratación requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 5 días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto.  
El acuerdo de adjudicación fue remitido el día 23 de mayo, formalizándose el contrato el día 10 de 
junio. De acuerdo con el artículo 30 de la LPAC el plazo de 15 días terminaría el 13 de junio, 
comenzando el plazo para la formalización del contrato que indica el artículo 156.3 del TRLCSP el 
día 14 de junio, 2 días hábiles antes de la fecha de formalización efectiva. 
En el expediente consta documento remitido por la otra empresa licitadora a la DGPI, con carácter 
previo  a  la  formalización  del  contrato,  en  el  que  expresamente  renuncia  a  su  derecho  de 
interposición de recurso especial en materia de contratación, sin perjuicio de la interposición de 
recurso contencioso administrativo. 
A este respecto, la DGPI ha destacado la necesidad, dadas las características de este proceso 
electoral, de acortar los plazos al máximo, motivo por el cual, dada la renuncia expresa de la 
empresa licitadora, acordó la formalización anticipada del contrato. 
No obstante, debe señalarse que la normativa contractual no contempla la renuncia del derecho a 
la interposición de recursos con carácter previo a su interposición. 
II.5.7.4.  INDICENCIAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
II.5.7.4.a) Actas de recepción 
En el contrato número 70 del Anexo III se ha emitido un acta de recepción fuera del plazo que 
señala el artículo 222.2 del TRLCSP (factura con fecha de 22 de junio de 206 y acta de recepción 
de 27 de julio de 2016). 
II.5.8.  Elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016 
Cuadro 17. CONTRATOS FISCALIZADOS EPVG 2016 (por tipo de contrato) 
  e.e
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total  b
Servicios  Total  22   110000%   444433,,5588   110000%   2021-1327n https://ww
   Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas
Gastos Procesos electorales 2015-2017  55 
 
No se han detectado incidencias. 
II.5.9.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 
Cuadro 18. CONTRATOS FISCALIZADOS EPC 2017 (por tipo de contrato) 
 
Tipo de contrato  Número  % sobre total  Importe (euros)  % sobre total 
Suministros  2  100  55.239,53  100 
Total  2  100%  55.239,53  100% 
   Fuente: elaboración propia del Tribunal de Cuentas 
 
No se han detectado incidencias.  
II.6.  OBLIGACIONES SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y CONTRATOS SUSCRITOS CON 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. 
La organización y celebración de un proceso electoral conlleva la realización de un gran número de 
envíos postales.  
La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios 
y del mercado postal (LSPU), reconoce al Gobierno en su artículo 22.5 la posibilidad de imponer al 
operador designado para prestar el servicio postal universal una serie de obligaciones de servicio 
público, cuando sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, 
entre otros supuestos. 
Según la disposición adicional primera de la LSPU, la condición de operador designado por el 
Estado para prestar el servicio postal universal correspondió, durante el periodo fiscalizado, a la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (en adelante Correos). 
Durante los tres años fiscalizados se aprobaron los siguientes Acuerdos del Consejo de Ministros 
(ACM), con el fin de establecer las citadas obligaciones de servicio público: 
-  Orden PRE/385/2015, de 6 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador 
del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía. 
-  Orden PRE/776/2015, de 29 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador 
del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2015. 
-  Orden PRE/2213/2015, de 23 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que se modifica el Acuerdo de 24 de abril de 2015, 
por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal 
universal en las elecciones que se convoquen durante 2015. 
-  Orden PRE/667/2016, de 6 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 6 de mayo de 2016, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador 
del servicio postal universal en las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016.  e.e
-  Orden PRE/1407/2016, de 26 de agosto, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros  27www.
ddee l 2s6e rdveic aiog opsotsot adle u 2n0iv1e6r,s paol er ne ll aqsu ee lseec ceisotnaebsle acle Pna orblalimgaecnitoon Vesa sdceo s ye ravli cPioa rplaúmbleicnoto a dl per eGsatalicdioar. 
 
56  Tribunal de Cuentas 
-  Orden PRA/1062/2017, de 3 de noviembre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 3 de noviembre de 2017, por el que se establecen obligaciones de servicio público 
al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de 
diciembre de 2017 y se adoptan otras medidas en relación con el proceso electoral. 
La imposición de obligaciones adicionales de servicio público deberá ser objeto de compensación. 
Con  carácter  general,  las  obligaciones  impuestas  a  Correos  con  motivo  de  las  elecciones 
celebradas en el periodo fiscalizado se concretaron en las siguientes: 
-  Gestión del voto por correo «ordinario», comprendiendo las siguientes actuaciones: puesta a 
disposición de los impresos de solicitud del voto por correo, entrega de las solicitudes 
formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la OCE, entrega a los electores 
de la documentación electoral remitida por esta oficina, la recepción y entrega del voto del 
elector a las mesas electorales correspondientes. 
-  Gestión del voto por correo de los electores residentes ausentes (voto CERA), posibilitando a 
los ciudadanos españoles ausentes el ejercicio de su derecho de voto por correo. 
-  Gestión del voto por correo de los electores temporalmente ausentes (voto ERTA), posibilitando 
la entrega a las mesas electorales del voto efectuado por estos ciudadanos. 
-  Gestión del voto por correo del personal embarcado, del voto del personal de las Fuerzas 
Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional y del 
voto por correo de los internos en centros penitenciarios. 
-  Reparto a los electores de las tarjetas censales emitidas por la OCE, a los Ayuntamientos de 
las listas del centro electoral y listas de votación y notificación de las resoluciones de la citada 
Oficina de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la LOREG. 
-  Recogida de los sobres con la documentación electoral de las mesas de votación, según lo 
establecido en el artículo 102 de la LOREG. 
-  Envío de la propaganda electoral de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de 
electores. 
Desde el punto de vista presupuestario, los gastos por envíos se sufragan con cargo al epígrafe 
presupuestario 2.13.00 «Traslados y envíos». Este epígrafe incluye tanto los gastos de traslados 
(menos del 0,5%) y los gastos por envíos (superior al 99,5% del gasto imputado al epígrafe). Durante 
los años fiscalizados, se han gastado 155.965.357,87 euros con cargo a este epígrafe, lo que 
representa un 41,03% del gasto total (380.115.629,10 euros). El detalle por proceso electoral se 
puede ver en el siguiente cuadro: 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  57 
Cuadro 19. RELACIÓN DE GASTO ELECTORAL TOTAL Y GASTO IMPUTADO AL EPÍGRAFE 
2.13.00 «TRASLADOS Y ENVÍOS». POR PROCESO ELECTORAL 
 
Obligaciones reconocidas epígrafe 
Proceso   Obligaciones  2.13.00 
reconocidas (euros) 
euros  % sobre el total 
EPA 2015  10.145.118,62  6.136.806,05  60,49 % 
ELA 2015  113.013.702,67  39.787.839,34  35,21 % 
EPC 2015  9.321.007,33  7.247.710,36  77,76 % 
ECG 2015  115.976.579,08  42.046.523,37  36,25 % 
ECG 2016  113.800.245,29  47.459.966,54  41,70 % 
EPVG 2016  8.659.607,40  5.699.407,61  65,82 % 
EPC 2017  9.199.368,71  7.587.104,60  82,47 % 
Total  380.115.629,10  155.965.357,87  41,03% 
Fuente: Cuadro elaborado por el Tribunal de Cuentas a partir de los datos proporcionados 
por la DGPI 
Como se ha señalado con anterioridad, estos gastos son sufragados con cargo al presupuesto 
electoral,  siendo  la  DGPI  el  centro  de  gasto  encargado  de  la  gestión  de  las  dos  partidas 
cuantitativamente más relevantes: envíos de documentación electoral a España y al Extranjero 
(epígrafe 2.13.03) y envíos de propaganda electoral (epígrafe 2.13.05), como puede observarse en 
este cuadro: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 20. DESGLOSE DEL GASTO IMPUTADO AL EPÍGRAFE PRESUPUESTARIO 2.13.00 
«TRASLADOS Y ENVÍOS» 
 
Obligaciones  Oblig. recon. para envío de  Oblig. recon. para envío de 
reconocidas  documentación electoral  propaganda electoral 
Proceso  
epígrafe 2.13.00  % sobre el 
euros  % sobre el total  euros 
(euros)  total 
EPA 2015  6.136.806,05  2.507.395,33  40,86 %  3.629.161,46  59,14 % 
ELA 2015  39.787.839,34  16.421.688,27  41,27 %  23.063.650,79  57,97 % 
EPC 2015  7.247.710,36  2.446.858,60  33,76 %  4.781.817,42  65,98 % 
ECG 2015  42.046.523,37  17.560.086,42  41,76 %  24.211.330,66  57,58 % 
ECG 2016  47.459.966,54  24.708.243,71  52,06 %  22.478.110,16  47,36 %  e.e
EPVG 2016  5.699.407,61  2.290.194,67  40,18 %  3.397.895,27  59,62 %  w.
EPC 20T1o7t al      175.55.8976.51.0345,76,08 7  628.3.23637.0.59529,2,200   3403,,7757 %%   856.2.85145.0.91728,4,106   6595,,2656 %%   2021-1327n https://ww
Fuente: cuadro elaborado por el Tribunal de Cuentas a partir de los datos proporcionados por la DGPI
 
58  Tribunal de Cuentas 
A continuación, se analizará la gestión de las dos partidas presupuestarias mencionadas y de la 
devolución a electores ERTA y CERA de los gastos de franqueo. 
II.6.1.  Envío de documentación electoral 
Dentro de las obligaciones impuestas al prestador del servicio postal universal con motivo de la 
celebración de los procesos electorales se incluye una pluralidad de envíos que se sufragan con 
cargo al epígrafe presupuestario 2.13.03. Este incluye, entre otros: el voto por correo en sus distintas 
modalidades (entregas y envíos de solicitudes e instrucciones de voto, de documentación electoral, 
recepción y entrega a las mesas electorales de los votos por correo, etc.), envíos realizados por la 
OCE (tarjetas censales, listas electorales del censo dirigidas a los ayuntamientos y locales 
electorales, notificaciones a los electores de reclamaciones sobre el Censo o de cambios de local 
electoral) y recogida de la documentación electoral en la Mesa. 
De acuerdo con los ACM mencionados con anterioridad sobre el establecimiento de las obligaciones 
de servicio público al prestado del SPU, la compensación que corresponde a este último se hará 
efectiva por el Ministerio del Interior, una vez presentada y conformada la factura emitida por aquel. 
La factura reflejará el número de envíos efectivamente tratados y servicios realmente prestados, 
siempre basada en el total de albaranes, debidamente justificados, que soporten cada una de las 
entregas de documentación electoral. A este respecto, serán igualmente válidos los procedimientos 
alternativos de depósitos masivos. 
Se han seleccionado 4 de los 7 procesos electorales (EPA 2015, EPC 2015, EPVG 2016, EPC 
2017) para la comprobación de la justificación de los envíos realizados por Correos, detectándose 
las siguientes incidencias: 
-  Se ha detectado la existencia de albaranes presentados por duplicado, albaranes sin sello ni 
firma o albaranes corregidos a mano. 
-  Asimismo, se ha comprobado que en algunos albaranes no resulta posible asociar el tipo de 
envío con la tarifa aplicable al mismo. Algunos no incluyen el concepto del envío, incluyen 
conceptos  modificados  a  mano,  identifican  el  concepto  mediante  códigos  numéricos  o 
conceptos genéricos que no aparecen en el ACM que fija las tarifas –p.e. «impresos varios»–. 
-  Durante la realización de los trabajos de fiscalización la documentación justificativa (albaranes) 
relativos a los envíos de las EPC 2017 no figuraban en la sede de la entidad fiscalizada, lo que 
lleva aparejado la existencia de un riesgo de que el gasto abonado en este proceso por envíos 
electorales no haya sido debidamente comprobado. 
Se ha constatado la imposibilidad de controlar la debida justificación de los envíos realizados, 
derivada de la gran cantidad de documentación física (albaranes) que el prestador del SPU remite 
a la DGPI y la escasa información que los mismos aportan para relacionar el albarán con el tipo de 
producto y el precio del envío, siendo necesaria la urgente revisión de este sistema de justificación 
para posibilitar el debido control de estos gastos. 
II.6.2.  Propaganda electoral 
Dentro de las obligaciones impuestas al prestador del servicio postal universal con motivo de la 
celebración de procesos electorales está el envío postal de propaganda electoral. 
El coste de este servicio, siempre que cumpla los requisitos establecidos, es dividido entre el Estado  e.
y los distintos partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. El artículo  w.b
59 de la LOREG establece que la fijación de las tarifas especiales para los envíos se regulará por  27ww
Orden ministerial, debiendo atender a la Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977, todavía en vigor.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  59 
Esta orden de 1977 aplica para la determinación de la tarifa especial que han de abonar los partidos 
políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, el límite máximo del 50%, de tal 
forma que el coste del envío se dividía entre el Estado y los partidos políticos por mitad. Siendo el 
coste de cada envío en aquella época de 2 pesetas, los partidos políticos sufragaban 1 peseta y el 
Estado la otra peseta restante. 
En la actualidad, todas y cada una de las Órdenes ministeriales señaladas anteriormente siguen 
aplicando a los partidos el importe que aplicaba la orden de 1977, de tal forma que la tarifa especial 
a  abonar  por  cada  envío  de  propaganda  electoral  que  realicen  cumpliendo  los  requisitos 
establecidos es de 0,006 euros (1 peseta). El resto del coste del envío corre a cargo del Ministerio 
del Interior. 
Las tarifas abonadas por la prestación de servicio público a Correos durante los siete procesos 
electorales analizados fueron las mismas que las establecidas en el anexo del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se establecen obligaciones de servicio público al 
prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (Orden 
PRE/642/2014, de 24 de abril). 
Conviene reseñar que el anexo del ACM de 11 de abril de 2014, por el que se fijaron las tarifas por 
la prestación de las obligaciones de servicio que rigieron durante el periodo fiscalizado, establece 
las «tarifas máximas» a cobrar por Correos. En el caso de los envíos postales de propaganda 
electoral la cifra fijada es de 0,1629.  
Sin embargo, en la documentación analizada se pudo comprobar que esa tarifa (0,1629 euros) es 
la aplicada como coste unitario del envío a sufragar por la DGPI, sin tener en cuenta la parte 
abonada por los partidos políticos (0,006 euros). De esta forma, durante los procesos electorales 
fiscalizados, el prestador de servicios ha aplicado la tarifa máxima en su totalidad a la DGPI, sin 
detraer de la misma la parte que ya era abonada por los partidos políticos, resultando en unos 
ingresos extra para Correos, de 0,006 euros por cada envío postal de propaganda realizado por los 
partidos políticos durante los 7 procesos electorales analizados.  
Los distintos ACM mencionados con anterioridad, establecen en su disposición 10ª que: «De 
conformidad con lo previsto en la Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 por la que se fijan las 
tarifas postales especiales para los envíos de impresos de propaganda electoral, la tarifa postal 
especial  aplicable  al  partido,  federación,  coalición  o  agrupación  será  de  0,006  euros, 
correspondiendo el pago del resto del importe hasta alcanzar el precio del servicio postal al 
Ministerio del Interior». 
Por otro lado, la disposición 13ª afirma que «el coste de las obligaciones de servicio público 
encomendadas  a  Correos  y  contenidas  en  el  presente  acuerdo  tendrá  la  naturaleza  de 
compensación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre». Continúa afirmando que «la compensación se hará efectiva por el Ministerio del Interior 
una vez presentada y conformada la factura emitida por aquél...» y que «la financiación de los 
servicios postales necesarios con motivo de las Elecciones objeto del presente acuerdo se llevará 
a cabo con cargo al crédito 16.01.924M.227.05 “Procesos Electorales y Consultas populares”» 
4A juicio de este Tribunal, la redacción de estas disposiciones de los ACM, en relación con el Decreto 
de 1977, resulta poco clara y puede dar lugar a errores.  En ellas se habla de conceptos como 
tarifas, tarifas máximas y precios del servicio, y se fijan unas tarifas máximas sin especificar con 
claridad si las mismas son aplicables exclusivamente al Ministerio del Interior o si en ellas debe 
entenderse incluida la tarifa aplicable a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones. Este  s
Tribunal recomienda que se clarifique el contenido de estas disposiciones.  oe.
Además, destaca que la totalidad de la actualización que ha sufrido el importe de la tarifa de envíos  27ww
 d  e     p  r  o  p   a  g   a  n  d   a     e  l e   c  t o  r  a  l    e  n     e   stos últimos 40 años ha recaído exclusivamente en el Ministerio del
4 Párrafos suprimidos en virtud de alegaciones.
 
60  Tribunal de Cuentas 
Interior, sin aplicar la misma por mitad entre este departamento y los partidos políticos, tal como se 
estableció al entrar en vigor la orden ministerial de 1977. 
Por tanto, del importe unitario total facturado por Correos (0,1689 euros) el Estado ha abonado un 
96,45% del gasto (0,1629 euros) y los partidos políticos el 3,55% (0,006 euros), frente al reparto del 
50-50% que se estableció con la orden ministerial de 1977.5 
Con respecto a la justificación de estos gastos, los ACM arriba señalados regulan, con carácter 
general, las condiciones específicas para los envíos postales de propaganda electoral. En concreto, 
la presentación de los envíos postales de propaganda electoral en las Unidades de Admisión Masiva 
del prestador del SPU, se presentarán en remesas independientes para la capital y para la provincia 
acompañados de su correspondiente albarán de depósito.  
Para prestar su conformidad con la prestación del servicio, la DGPI reclama del prestador del SPU 
el envío de estos albaranes. La remisión se realiza en papel, dificultando considerablemente su 
control, habida cuenta de la gran cantidad de envíos que se realizan por proceso electoral y del 
número de formaciones políticas que participan en las elecciones. Además, la DGPI reclama del 
prestador del SPU un certificado con todos los envíos practicados, que coteja con la información 
que le envía cada uno de los partidos que utilizaron este servicio. 
Durante  la realización de  los  trabajos  de  fiscalización  se  ha  revisado  la documentación de 
propaganda electoral correspondiente a cuatro de los siete procesos electorales, obteniéndose las 
siguientes incidencias: 
-  En dos de los cuatro procesos de la muestra (EPVG 2016 y EPC 2017), se comprobó que el 
número de envíos facturados fue inferior al número de envíos justificados por albaranes de 
depósito. Esto no supuso perjuicio patrimonial para la entidad fiscalizada. Según los datos 
aportados por la Sociedad Correos, en las EPVG 2016 han existido 180 envíos de propaganda 
electoral justificados y no facturados. En las EPC 2017 ha existido una diferencia de 21.661 
que responde, según lo indicado en alegaciones, a la emisión de un albarán duplicado.6 
-  Además, en un proceso electoral (EPC 2017) el pago de la factura (5.254.012.40 euros) se 
realizó el 6 de marzo de 2018. Con posterioridad la DGPI reclamó al prestador del SPU, a 
petición del equipo de fiscalización, los albaranes correspondientes a los 32.252.992 envíos 
facturados. Asimismo, se pidió copia del certificado del prestador del SPU con la relación de 
envíos, al no encontrarse en el expediente. La DGPI entregó los albaranes, pero no el 
certificado solicitado. 
Existe un riesgo de que el acta de conformidad del servicio (28 de febrero de 2018) y el pago 
de la factura se hayan realizado sin la debida comprobación del número de envíos postales de 
propaganda electoral efectuados durante el proceso electoral, al no constar los albaranes 
correspondientes a los envíos efectuados en la DGPI a la fecha de inicio de estos trabajos. 
Las  importantes  deficiencias  y  dificultades  encontradas  en  la  justificación  y  revisión  de  los 
albaranes, derivadas del propio sistema de presentación de los datos (en papel), unido a la ingente 
cantidad de documentación generada en cada proceso electoral por el prestador de SPU revelan la 
                                                           
5 En el trámite de alegaciones Correos ha aportado un proyecto de Orden del Ministerio del Interior de 2012 por el que se 
fijaban las tarifas especiales para los envíos postales de propaganda electoral, derogando la Orden de 1977. En este 
proyecto se incluía una actualización de las tarifas postales, habida cuenta del carácter preconstitucional de la Orden de  es
1977 y de los «numerosos medios alternativos, más eficaces y con menor coste, incluso medio ambiental» existentes en  oe.
la actualidad. En este proyecto de Orden se establecía un reparto de los costes de propaganda electoral en el que el  w.
poder convocante compensaría un 10% de la tarifa aplicable a cada envío de propaganda electoral por candidatura y  27ww
imemleápcsat ocdrteo (  2dn0eo  rmhmailaslottianv eo5s,0  e dgle rMa eminuiorsostse)..r  iEEol s d9tee0 l% pInr orteeyresiotcatron c tniefro ós ef uerelí aa f hianobarolrmnoa eednnot e ep la ocpra rlsoaobs  adddeiso tu.i nntaass  Eclaencdciidoanteusr aGse. nEenr alale ms ecmomoroia l adse d aen 2á0lis1i1s  edne 
6 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  61 
necesidad de mejorar el sistema tendiendo, en la medida de lo posible, a un modelo de remisión de 
información electrónica que facilite la justificación y revisión de la documentación generada. 
Ante la imposibilidad de recontar los albaranes y a fin de cotejar la información de envíos certificada 
por Correos, la DGPI solicita (salvo en el caso de las ELA por el alto número de partidos) información 
a los partidos políticos de los envíos de propaganda realizados. Algunos responden adjuntando 
justificante de los envíos (albaranes no sellados y/o, en algunos casos, factura). Otros simplemente 
hacen constar el número.  
A la vista del escaso rigor que presenta este sistema de supervisión interna, debería sustituirse la 
forma de controlar los albaranes y, en todo caso, obligar a los partidos a justificar los envíos 
adjuntando la factura abonada y los albaranes debidamente sellados. 
II.6.3.  Voto CERA y Voto ERTA. Devoluciones 
El artículo 4 de la LOREG contempla dos modalidades de ejercicio del derecho de sufragio: 
presencial y por correspondencia (voto por correo). 
Dentro del ejercicio del derecho de voto por correo existen dos supuestos característicos como son 
el voto de los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (voto CERA) y, a partir de 
las modificaciones introducidas en el artículo 74 de la LOREG por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de 
octubre, de modificación de la LOREG, el voto de los electores españoles residentes en España 
que se encuentren temporalmente ausentes (voto ERTA). 
II.6.3.1.  VOTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES AUSENTES (CERA) 
Con relación al voto CERA, el artículo 75 de la LOREG reconoce el derecho al voto de los 
ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Para el ejercicio de este derecho es necesario 
ser mayor de edad y estar debidamente inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes 
(CERA). 
El derecho al voto CERA se reconoce respecto de las elecciones a las Cortes Generales, 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo. Sin embargo, no se 
reconoce el voto CERA respecto a las elecciones municipales, dado que el artículo 140 de la CE 
une indefectiblemente el ejercicio de este derecho a la condición de vecino de un municipio, motivo 
por el cual es requisito indispensable estar inscrito en el Censo de españoles residentes en España 
(CER). A estos efectos, el artículo 55 de la LO 2/2011, de 28 de enero, de modificación de la 
LOREG, derogó el artículo 190 de esta ley orgánica. 
El voto CERA es un voto rogado, siendo necesario que las personas que cumplan los requisitos 
antedichos manifiesten ante la OCE su deseo de ejercer su derecho al voto en un concreto proceso 
electoral. Este sistema se traduce en un ahorro importante de gastos para el Estado, toda vez que 
la documentación electoral sólo se envía a aquellas personas que han manifestado su voluntad de 
participar en el proceso electoral. En el cuadro siguiente se exponen los datos relativos al censo 
CERA, solicitudes de voto y votos finalmente recogidos: 
Cuadro 21. CENSO CERA, SOLICITUDES DE VOTO ACEPTADAS Y VOTOS ENTREGADOS 
 
Solicitudes de voto aceptadas  Votos entregados a las JEP  es
Proceso   Censo CERA total  e.
nº  % sobre el total  nº  % sobre el total  b
EPA 2015  210.148  11.426  5,44%  7.386  3,51%  27ww
EEPLAC  22001155   911996..008622   4261..574731   151,,0160%%   2174..373861   27,,9574%%   OE-A-2021-13able en https://
 
62  Tribunal de Cuentas 
ECG 2015  1.880.026  151.061  8,04%  88.899  4,73% 
ECG 2016  1.924.012  169.658  8,82%  121.277  6,30% 
EPVG 2016  515.427  24.967  4,84%  14.034  2,72% 
EPC 2016  226.381  39.521  17,46%  27.231  12,03% 
Totales/promedios  6.386.565  489.914  8,08%  314.978  5,22% 
 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Los españoles residentes en el extranjero pueden ejercer su derecho de voto en dos modalidades: 
voto  presencial  mediante  su  depósito  en  las  urnas  existentes  en  las  Oficinas  o  Secciones 
Consulares (entre el 4º y 2º día anteriores a la elección), o voto por correo. 
Para el ejercicio del voto CERA se requiere que la persona que cumpla los requisitos señalados 
anteriormente deberá manifestar su voluntad de votar mediante solicitud dirigida a la OCE no más 
tarde del 25º día posterior a la convocatoria. El impreso de la solicitud es remitido a los españoles 
inscritos en el citado Censo, sin perjuicio de poder obtenerse en la sede de la correspondiente 
Oficina Consular o por vía telemática. El votante deberá enviar la solicitud a la OCE, la cual, una 
vez  recibida,  remitirá  la  documentación  electoral  (papeletas,  sobres…)  a  la  dirección  de  la 
inscripción del elector. El elector deberá remitir su voto a la Oficina o Sección Consular en la que 
esté inscrito no más tarde del 5º día anterior a la elección (o depositar su voto en la urna entre el 4º 
y 2º día anterior a la elección). Al día siguiente de la finalización del plazo para el depósito del voto, 
la Oficina o Sección Consular enviará al MAEC los votos, que serán entregados para su escrutinio 
ante la Junta Electoral Provincial. 
Gráfico 1. PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES 
AUSENTES (VOTO CERA) 
 
 
II.6.3.2.  VOTO  DE  LOS  CIUDADANOS  ESPAÑOLES  RESIDENTES  TEMPORALMENTE 
AUSENTES (ERTA) 
Con relación al voto ERTA, esta figura se creó con el objetivo de facilitar el derecho al voto de los 
españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero y que, dada esa temporalidad, no 
aparecen inscritos en el CERA. El voto ERTA se ha configurado como una especialidad del  e.e
procedimiento del voto por correo previsto en los artículos 72 y 73 de la LOREG, pero con unos  b
plazos para su ejercicio similares a los que rigen para el voto de los españoles que residen  27ww
permanente en el extranjero, sin que esto suponga una asimilación de ambos colectivos. 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  63 
El voto ERTA ha sido desarrollado por el RD 1621/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el 
procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el 
extranjero. 
Para poder acogerse a este sistema de votación es necesario que los electores reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 2 del RD 1621/2007: encontrarse temporalmente fuera del territorio 
nacional una vez efectuada la convocatoria de un proceso electoral, prever que se va a permanecer 
en esta situación hasta el día de la votación y figurar debidamente inscritos en la Registro de 
Matrícula Consular como no residentes. 
Las personas que reuniendo los requisitos señalados anteriormente deseen participar en cualquier 
proceso electoral que se celebre en España deben rogar el voto solicitando la documentación a la 
correspondiente  delegación  provincial  de  la  OCE,  no  más  tarde  del  25º  día  posterior  a  la 
convocatoria del respectivo proceso electoral. 
El modelo de solicitud (que puede obtenerse telemáticamente) deberá entregarse personalmente 
en el consulado general, siendo preceptiva la identificación mediante la presentación del documento 
nacional de identidad o pasaporte. La oficina consular remitirá la solicitud a la Delegación Provincial 
de la OCE correspondiente que enviará al domicilio del votante toda la documentación necesaria 
para el ejercicio de su derecho de voto (certificado de inscripción en el censo, papeletas, sobre/s de 
votación, etc.). Este envío se realizará no más tarde del 34º día posterior a la convocatoria –o 42º 
día si se ha producido impugnación de las candidaturas–. El elector deberá remitir su voto a la mesa 
electoral correspondiente por correo certificado antes del tercer día previo a la celebración de las 
elecciones. 
Gráfico 2. PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES 
TEMPORALMENTE AUSENTES (VOTO ERTA) 
 
 
II.6.3.3.  GRATUIDAD DEL VOTO CERA Y ERTA 
Tanto el voto CERA como el voto ERTA quedan sujetos al régimen de gratuidad que contempla el 
artículo 11 del RD 605/1999. A partir de los procesos electorales de 2015, la devolución de los 
gastos de franqueo a los electores residentes ausentes y a los electores temporalmente ausentes 
queda excluida de los ACM por los que se imponen las obligaciones de servicio público al operador 
postal para cada proceso electoral, al no tener dicha devolución la consideración de actividad postal. 
Por este motivo, a partir de las EPA 2015 esta actividad tuvo que ser contratada por el poder público  e
convocante.  bo
Dgausratonst ed elo fsr atrneqsu eaoñ oas  lofiss cealleizcatodroess  lrae sDidGePnIt ecso natursaetón tceosn y C ao lrores oesl eeclt osreersv itceiom dpeo radlemveonlutcei óanu sdeen tloess   2021-1327n https://ww
 
64  Tribunal de Cuentas 
en las ELA 2015, ECG 2015 y ECG 2016, por ser el Gobierno de la Nación el poder público 
convocante. 
La devolución de estas cantidades a los electores con derecho a ello se puede clasificar en dos 
tipos de sistemas: votos CERA enviados desde países en los que los servicios exteriores españoles 
han acordado la apertura de apartados de correos en virtud de acuerdos específicos y votos CERA 
y ERTA enviados desde otros países distintos en los que los electores deben adelantar los gastos 
de franqueo que después les tienen que ser devueltos.7  
La posibilidad de la apertura de apartados de correos en países extranjeros sólo es utilizable 
respecto del voto CERA, ya que el primer destinatario del voto es la Oficina Consular, siendo ésta 
la que con posterioridad remite los votos al MAEC; a diferencia del voto ERTA donde el envío se 
realiza directamente a las mesas electorales, como se expuso anteriormente. 
En el primer caso (países con acuerdo específico) los votantes podrán presentar el sobre con su 
voto en las oficinas de correos del país de estancia, que será admitido con carácter gratuito. En las 
ELA 2015 y ECG 2015 y 2016, el MAEC había celebrado acuerdos con 17 países (Alemania, 
Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Irlanda, México, Países Bajos, Perú, República 
Dominicana,  Suecia,  Suiza,  Uruguay,  Venezuela  y  Andorra  –que  utiliza  el  servicio  postal 
español– ).  
En el caso de votos realizados desde países en los que no exista el citado acuerdo, el elector deberá 
satisfacer los gastos de franqueo y certificado que correspondan, pudiendo solicitar el reintegro de 
tales gastos, cumplimentando las indicaciones del impreso destinado a posibilitar el reintegro. Con 
el fin de garantizar esta gratuidad del procedimiento para los votantes CERA y ERTA, la DGPI 
suscribe con Correos contratos para el envío de los giros postales correspondientes. 
- Devolución de los gastos de franqueo en las ELA 2015
Con motivo de las ELA 2015 la DGPI suscribió un contrato (número 19 del Anexo III) con
Correos, en virtud de la disposición final 3ª de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, por importe de 58.950 euros (IVA excluido). Este contrato tuvo por objeto la
prestación del servicio para la devolución del importe del franqueo del voto a los electores ERTA
y a los residentes ausentes (CERA) de Ceuta y Melilla (al no tener reconocido derecho de
sufragio activo en las elecciones locales).
El importe unitario máximo a abonar al prestador de servicios postales universales para la
devolución a los electores CERA y ERTA de los gastos de franqueo derivados del envío de su
voto era de 8,1520 euros (9,8639 euros IVA incluido). Este importe unitario incluye tanto los
costes derivados del giro postal correspondiente como las cantidades a abonar a cada elector
que hubiera solicitado el reintegro de los gastos de franqueo en que hubiera incurrido (entre 2
y 9 euros, dependiendo del coste de los distintos países según los PPT).
En virtud de este contrato se tramitaron 868 devoluciones de franqueo, lo que supuso un coste
de 7.075,94 euros (IVA excluido). Del total de envíos practicados se devolvieron a Correos 592
giros, lo que significa que únicamente llegaron a reintegrarse un 31,80% de los giros postales
enviados, siendo reintegrados al Tesoro Público en este concepto 2.248,82 euros.
El coste de este servicio fue sufragado con cargo al epígrafe de improviso y otros gastos. Con
cargo a este epígrafe se han de sufragar gastos no contemplados en otros subepígrafes que
se originen de forma imprevista y excepcional. Dado que la gratuidad del voto ERTA y CERA s
ya era conocida por el centro de gasto, careciendo, por tanto .de la nota de imprevisibilidad, lo e.
correcto sería haberlo imputado al epígrafe 2.13.03, envíos de documentación electoral en w.
España y al Extranjero, como se hizo en las ECG 2015 y 2016. 27ww
7 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  65 
- Devolución de los gastos de franqueo en las ECG 2015
Con motivo de las ECG 2015 la DGPI suscribió un contrato (número 51 del Anexo III) Correos,
en virtud de la disposición final 3ª de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, por importe de adjudicación de 489.120 euros (IVA excluido). Este contrato tuvo por
objeto la prestación del servicio para la devolución del importe del franqueo del voto a los
electores CERA y ERTA.
El importe unitario máximo a abonar al prestador de servicios postales universales para la
devolución a los electores CERA y ERTA de los gastos de franqueo derivados del envío de su
voto era, al igual que en el caso anterior, de 8,1520 euros (9,8639 euros IVA incluido). Este
importe unitario incluyó tanto los costes derivados del giro postal correspondiente como las
cantidades a abonar a cada elector que hubiera solicitado el reintegro de los gastos de franqueo
en que hubiera incurrido (entre 2 y 8 euros –a diferencia del contrato suscrito para las ELA
2015–, dependiendo del coste de los distintos países según los PPT).
En virtud de este contrato se tramitaron 19.637 devoluciones de franqueo, lo que supuso un
coste de 160.080,82 euros (IVA excluido). Del total de envíos practicados se devolvieron a
Correos 14.821 giros, de tal forma que únicamente llegó a reintegrarse un 24,53% de los giros
postales enviados, siendo reintegrados al Tesoro Público en este concepto 51.799,79 euros.
- Devolución de los gastos de franqueo en las ECG 2016
En las ECG 2016 el sistema e importe acordado por la prestación del servicio de reintegro se
vio alterado. La DGPI suscribió con Correos un contrato (número 80 del Anexo III) por un
importe de 355.000 euros (IVA excluido) con el objeto de hacer efectivo exclusivamente el envío
del  correspondiente  giro  postal  o  medios  alternativo  utilizado  para  enviar  el  dinero,
acordándose, a diferencia de en los dos contratos anteriormente citados, que el importe a
reintegrar por los gastos de franqueo debía ser aportado directamente por la DGPI con cargo
al presupuesto electoral. Este cambio de sistema supuso una reducción en los precios unitarios
al no incluir los mismos las cantidades a reintegrar, estableciéndose en las cifras de 5 euros y
7 euros (6,05 euros y 8,47 euros) dependiendo de si el envío era por medios mecánicos o
manuales.
En virtud de este contrato se tramitaron 23.267 envíos de devoluciones de franqueo (23.246
por medios mecánicos y 21 por medios manuales). El total de la cantidad enviada en concepto
de devolución de franqueo fue de 109.550,08 euros. Solo un 28,83 % de los giros postales
enviados fueron recibidos por el votante, siendo 16.558 los giros postales que fueron devueltos
a Correos, dando lugar a un reintegro al Tesoro Público de 75.859,23 euros (el 69,25% de la
cantidad inicialmente girada a los electores).
El importe total abonado a Correos fue de 116.377 euros (IVA excluido). El plazo de ejecución
de este contrato concluía el 31 de enero de 2017.
Con posterioridad a la extinción del contrato anterior, se recibieron solicitudes extemporáneas, 
procediendo la DGPI a suscribir un contrato menor con Correos por un importe de 2.500 euros (IVA 
incluido) para abonar las solicitudes de devolución que hubieran llegado fuera de tiempo, con un  s
plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2017. El importe unitario de cada envío fue de 7 euros  e.
(8,47 euros IVA incluido). El total de envíos realizados en virtud de este contrato fue de 101,  w.
suponiendo un coste de 855,47 euros (IVA incluido). El total de los costes de franqueo abonados a  27ww
los electores en virtud de este contrato fue de 1.016,98 euros.
66  Tribunal de Cuentas 
II.6.3.4.  ENVÍOS DEVUELTOS POR NO HABER SIDO RECIBIDOS POR LOS VOTANTES QUE
LOS SOLICITARON 
Durante la realización de los trabajos de fiscalización se ha observado que un porcentaje importante 
de las devoluciones de gastos de franqueo realizadas no han llegado a ser recibidas por los votantes 
que las solicitaron, como se puede observar en este cuadro: 
Cuadro 22. DEVOLUCIONES DE GASTOS DE FRANQUEO NO RECIBIDAS POR LOS 
VOTANTES SOLICITANTES INGRESADAS EN EL TESORO PÚBLICO 
Envíos devueltos  Devoluciones ingresadas 
Proceso   Beneficiarios  al Tesoro 
nº  % sobre el total  (euros) 
ELA 2015  868 592  68,20 % 2.248,82
ECG 2015  19.637  14.821  75,47%  51.799,79 
ECG 2016  23.267  16.558  71,17 %  75.859,23 
Totales/promedios  43.772  31.971  73,04%  129.907,84 
  Fuente: elaborado por el Tribunal de Cuentas a partir de los datos proporcionados por la DGPI 
Las cantidades enviadas que no fueron finalmente recibidas por los votantes que solicitaron el 
reintegro de los gastos de franqueo fueron ingresadas al Tesoro Público en las cantidades que 
figuran en el Cuadro 23. 
Durante la realización de los trabajos de fiscalización se ha detectado que en las ELA 2015 y ECG 
2015 y 2016 hubo 31.971 giros postales que no han sido recibidos por los votantes que solicitaron 
el reintegro (un 73,04% del total), generando un reintegro en el Tesoro Público de 129.907,84 euros. 
La existencia de 129.907,84 euros reintegrados al Tesoro Público en concepto de devoluciones no 
entregadas a votantes ERTA/CERA pone de manifiesto la existencia de una falta de eficiencia del 
sistema de devoluciones realizadas, toda vez que se trata de envíos contratados y abonados a 
Correos, que no han sido finalmente recibidos por sus destinatarios. En el trámite de alegaciones 
Correos destacó que son diversas las causas por las que los electores no retiran el importe enviado 
(cambios de domicilio, no recepción de la comunicación de reintegro, dependencia de los diferentes 
niveles de desarrollo de los operadores postales de todo el mundo, distinto tratamiento de la 
correspondencia, plazo para la retirada del envío o la decisión del votante de no recogerlo), 
afirmando que en varias conversaciones mantenidas con las administraciones convocantes Correos 
ha sugerido la utilización de otros medios más satisfactorios como la participación de las embajadas 
oconsulados o el empleo de trasferencias bancarias.
En el caso de los votantes ERTA (no así en los votantes CERA), en la medida en que se trata de 
personas residentes temporalmente ausentes, el Ministerio del Interior podría optar por otros medios 
más eficaces de devolución de los franqueos, como la implantación y dotación de un sistema que 
permita realizar el ingreso en cuenta bancaria española, como ya se hizo en las ELA 2015 respecto 
de las peticiones de devolución de gastos de franqueo que fueron recibidas con posterioridad a la 
conclusión del contrato suscrito con el operador postal. En las ECG 2016, único proceso con el que 
se cuentan con estos datos desglosados, el establecimiento de este sistema habría supuesto un 
ahorro aproximado de 116.377 euros (correspondientes a 23.267 envíos de reintegro de gastos de 
franqueo practicados). 
II.7.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO bo
Seosbepsgeeúcrnví failcono cd iaids pedu ee laslasto  n ceounrem lsaatsitoi vnDaei rsep castrrauicr gelaisd  aiTgséu cadnlduicaraadsn  etdefee  ceetlis vtaap  rdofiescce amdliiumzjaeiecrneiótson  ,y  sfihesco hamalibz rraeedaso,li rz eanrde olea sutipvnea casin aála,l  iselians    2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  67 
relación con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LOIEMH) 
En materia de contratación pública, los artículos 33 y 34 de la LOIEMH contienen, en relación con 
la contratación de la Administración General del Estado, una serie de previsiones potestativas 
encaminadas a la inclusión en los PCAP de criterios de preferencia en la adjudicación de los 
contratos de aquellas proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad. Asimismo, 
también contemplan la posibilidad de incorporar condiciones especiales de ejecución con el fin de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 
Se ha observado que la DGPI ha incluido en sus PCAP criterios de preferencia en favor de aquellas 
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con los 
principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo, conforme a lo establecido en la LOIEMH. 
II.8.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 
Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de las previsiones en materia de 
transparencia en todo aquello en que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones 
fiscalizadoras. 
El principio de transparencia en la contratación pública es una de las principales herramientas 
jurídicas para alcanzar una gestión eficiente de los recursos públicos, y para garantizar la igualdad 
de trato entre todos los potenciales licitadores. 
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y  buen  gobierno  (LTAIBG)  establece  como  objeto  la  ampliación  y  el  reforzamiento  de  la 
transparencia de la actividad pública, así como la regulación y garantía del derecho de acceso a la 
información sobre dicha actividad. Para cumplir este objetivo, la mencionada Ley recoge en su Título 
I un conjunto de previsiones diferenciadas desde la doble perspectiva de la publicidad activa y del 
derecho de acceso a la información pública. 
II.8.1.  Publicidad activa
El Capítulo II del Título I de la LTAIBG impone una serie de obligaciones a las entidades incluidas 
en su ámbito subjetivo de aplicación en relación con la información institucional, organizativa y de 
planificación, de relevancia jurídica, y económica, presupuestaria y estadística que han de publicar. 
El artículo 8.1 establece la obligación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este 
título de publicar en su sede electrónica o página web la información relativa a los actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o presupuestaria, incluyendo «a) todos los contratos, con 
indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado 
para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número 
de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 
modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento 
y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá 
realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en 
volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos  s
previstos en la legislación de contratos del sector público».   e.
Se ha verificado que, a la fecha de realización de los trabajos de fiscalización, la DGPI dispone de  27ww
umne necsiopnaacidoo  wapeabr teand oe al ) qdueel  aprutíbculicloa  8l.o1s d ed alato LsT sAoIBbrGe.  la contratación celebrada que requiere el
68  Tribunal de Cuentas 
II.8.2.  Derecho de acceso a la información pública
El Capítulo III del Título I de la Ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información 
pública, reconocido en el artículo 105.b) de la CE. El derecho de acceso podrá ser limitado en los 
supuestos que contempla la Ley en sus artículos 14, 15 y 16.  
El artículo 13 de la Ley define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera 
que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito 
de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones. El artículo 17 de la LTAIBG regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, que se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, 
lo que podrá hacerse por cualquier medio. Dicha solicitud deberá dirigirse al titular del órgano 
administrativo o entidad que posea la información. 
En la presente fiscalización se ha examinado si la DGPI tiene establecido en su página web un 
sistema para el ejercicio del derecho de acceso del ciudadano a la información pública en la forma 
fijada en la Ley, verificándose que en dicha página se posibilita la solicitud de información a que se 
refiere el artículo 17 de la Ley a través del Portal de Transparencia.  
II.9.  CONSIDERACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El  artículo  45  de  la  CE  reconoce  el  derecho  de  todos  a  disfrutar  de  un  medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. En su 
apartado segundo se añade que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva».  
El TRLCSP trata de fomentar la política medioambiental en diversos preceptos de su articulado. 
Así, los artículos 76.d) y 78.f) permiten a los órganos de contratación fijar medidas de tipo 
medioambiental para acreditar la solvencia técnica en los contratos públicos de obras y en los de 
servicios. El artículo 81 dispone que, en los contratos sujetos a una regulación armonizada, los 
órganos de contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes  que  acrediten  que  el  empresario  cumple  determinadas  normas  de  gestión 
medioambiental.  
El artículo 118.1 del TRLCSP establece que los órganos de contratación podrán establecer 
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato dentro del PCAP, que podrán 
referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental. Estas condiciones tienen carácter 
contractual  y,  por  tanto,  la  empresa  adjudicataria  del  contrato  está  obligada  a  cumplirlas, 
constituyendo obligaciones del contratista a realizar en la fase de ejecución del contrato. Igualmente, 
el artículo 150.1 del TRLCSP dispone que para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados 
al objeto del contrato, tales como, entre otros, las características medioambientales.  
El artículo 9.1 de la LOTCu (modificado por el número cinco del artículo tercero de la Ley Orgánica 
3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, 
por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la 
L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas) establece que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento
de la actividad económico-financiera del sector público al principio de  «…sostenibilidad ambiental»,
habiéndose procedido en esta fiscalización a examinar si los contratos fiscalizados incluían alguna e.e
previsión en relación con las medidas de gestión medioambiental. bo
Eócorxgnaadmnicoinio anddeeos s,c  llooans Dt reGaxtPpaecI idnóione  nhtiane cshl uefiicsrhc aoel niuz saeodl  odcseu  seaesd thraoa  f aodcbeus letcaravdra apdcootte eqrsíusteati,tc ivaaasu. n a clguuannadso  ldoes  PeCsAtaPs  pmeremdiidtíaasn  aol 
70  Tribunal de Cuentas 
 CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados obtenidos en esta fiscalización, se extraen las siguientes conclusiones: 
III.1.  EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ELECTORAL
1. Ha existido una falta de previsión en la elaboración de los presupuestos de 2015, al no dotar la
partida presupuestaria 16.01.924M.227.05 para gastos electorales con la cuantía suficiente
para sufragar los procesos electorales de las Elecciones Locales y Autonómicas 2015 (ELA
2015) y de las Elecciones a Cortes Generales 2015 (ECG 2015). Para cubrir esta falta de
previsión se tramitó el expediente de modificación presupuestaria 647/2015 el 28 de octubre de
2015, que amplió la partida afectada con 99.811.220,22 euros –cantidad que también se aplicó
a la cobertura de los gastos ocasionados por los adelantos electorales de las Elecciones al
Parlamento de Andalucía 2015 (EPA 2015) y de las Elecciones al Parlamento Catalán 2015
(EPC 2015) –. (Subepígrafe II.1.2.1)
III.2.  EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
2. Con carácter general la Dirección General de Política Interior (DGPI) ha realizado una gestión
rigurosa y eficaz de los procesos electorales. (Subapartado II.2)
3. Los centros de gasto cuyo control interno está atribuido a la Intervención Delegada del
Ministerio del Interior (DGPI, Guardia Civil y Policía Nacional) no han rendido sus cuentas
justificativas  a  este  Tribunal  (con  excepción  de  las  correspondientes  a  las  EPA  2015).
Preguntada por este extremo, la DGPI y la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior
atribuyen este retraso a las necesidades de personal que tiene esta Intervención, que le impide
realizar un control en plazo de los procesos electorales. Además, en los supuestos de remisión
telemática de las cuentas justificativas, siete de los quince certificaciones remitidas tenían un
formato electrónico ilegible. (Epígrafe II.2.1)
4. El plazo medio de rendición de las cuentas justificativas al Tribunal de Cuentas fue de 60 días
a contar desde la fecha de su aprobación. No obstante, se han observado tres supuestos en
los que la rendición triplicó este plazo medio. (Epígrafe II.2.1)
5. En seis de los siete procesos electorales fiscalizados se han presentado solicitudes de
ampliación del plazo de aprobación de las cuentas justificativas.
La DGPI sólo ha aprobado hasta el momento la cuenta justificativa correspondiente a las EPA
2015 (con un retraso de catorce meses sobre la fecha de aprobación prorrogada).
También han existido supuestos en los que las cuentas justificativas fueron aprobadas por el
centro de gasto con anterioridad a la emisión del preceptivo informe de la Intervención
competente. (Subapartado II.2)
6. En  todos  los  procesos  electorales  fiscalizados  se  han  detectado  expedientes  con
incumplimiento de los plazos establecidos para la remisión de la cuenta a la Intervención
competente,  la  emisión  de  informes  de  intervención  y/o  la  aprobación  de  la  cuenta.
(Subapartado II.2)
7. En seis de los siete procesos electorales fiscalizados se ha constatado la existencia de cuentas s
justificativas que no han incluido documentos de aportación preceptiva según las Instrucciones e.
Económico Administrativas (IEA) del proceso electoral, así como defectos procedimentales w.b
(disposición  de  fondos  con  carácter  previo  a  su  libramiento,  ausencia  de  documentos 27ww
poarfseeucsmtuapinnu iaes stlratoa sjrui,o s–st)i f –yica/aopc friooórbnma daceilóel nsg  a(ddseotlo cg.u a(mSsetuonb,t aajupcsaiótrinftiac nadono to eIrIsi.g2 di)nea lp, adgooc,u amcetansto dse s irne cseeplloc ióon s idne f irsmerav)i cqiuoes OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  71 
8. En dos cuentas justificativas no se aprecia una vinculación directa entre algunos gastos
realizados y el proceso electoral, ya sea por las fechas de las facturas –posteriores a la
celebración de las elecciones– o por el concepto del gasto. (Subapartado II.2)
9. Varios de los traspasos presupuestarios acordados por la DGPI presentan incidencias: las
solicitudes se presentan una vez transcurrida la fecha del proceso electoral, adolecen de una
deficiente justificación, afectan a epígrafes presupuestarios que no se pueden incrementar,
tienen su origen en una planificación presupuestaria deficiente y/o el expediente carece de
algunos documentos preceptivos. (Subapartado II.2)
10.La DGPI ha sufragado gastos de seguridad correspondientes a la policía local en las Elecciones
al Parlamento de Galicia a pesar de que la normativa establece que los costes que se deriven
de la gestión de los procesos electorales correrán de cargo del poder convocante, en este caso,
la Comunidad Autónoma de Galicia. Este es el único proceso electoral fiscalizado en el que
estos gastos de seguridad corrieron a cargo de la Administración General del Estado, aun
cuando el poder convocante era un poder autonómico. (Subapartado II.2)
III.3.  EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS CASOS DE 
CONCURRENCIA DE PROCESOS ELECTORALES 
11.Se han apreciado deficiencias en el seguimiento de los Convenios de colaboración que el
Ministerio del Interior suscribió con catorce Comunidades Autónomas y dos Diputaciones
Forales, con motivo de las Elecciones Locales y Autonómicas 2015. Sólo se han presentado
cinco informes de evaluación de los dieciséis que deberían haberse emitido. Además, el
Ministerio del Interior únicamente ha emitido un informe, carente de fecha y firma, sin que quede
constancia de que el mismo ha sido presentado ante las dieciséis Comisiones de Seguimiento
que deberían haberse formado en virtud de los Convenios. (Subapartado II.3)
Del informe presentado por el Ministerio del Interior se aprecia una falta de homogeneización
en el reparto y participación en el gasto entre el Estado y las Comunidades Autónomas en
aquellos casos en los que se produce una concurrencia de procesos electorales con diferentes
poderes  convocantes  (por  ejemplo,  concurrencia  de  unas  elecciones  locales  y  unas
autonómicas). (Subapartado II.3)
III.4.  EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA INTERIOR 
12.La DGPI ha cumplido con la obligación formal de remitir al Tribunal de Cuentas sus relaciones
certificadas de contratos en cumplimiento del artículo 40.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. También ha remitido de oficio aquellos expedientes
de contratos que figuraban incluidos en las relaciones certificadas. (Epígrafe II.5.1)
13.En un elevado número de contratos examinados no se incorpora una memoria o documento de
carácter económico que justifique el presupuesto determinado. Los órganos de contratación
deben realizar los estudios económicos necesarios que garanticen que el precio del contrato
ha sido calculado conforme los precios de mercado, incorporando los citados estudios como
parte del expediente de conformidad con lo señalado en el artículo 73.2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). (Subapartado II.5) s
14.Se ha observado la existencia de expedientes en los que no se aporta justificación adecuada w.
de la elección de los criterios de adjudicación, o en los que la elección se justifica mediante la 27ww
utilización de fórmulas genéricas, en contra de lo dispuesto en artículo 109 del Real Decreto
72  Tribunal de Cuentas 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP).   
Además, se ha detectado la existencia de un contrato cuyo expediente fue tramitado como 
contrato menor sin respetar los límites cuantitativos que señala el artículo 138.3 del TRLCSP. 
(Subapartado II.5) 
15.Existen  expedientes  contractuales  en  los  que  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares y pliegos de prescripciones técnicas contienen extremos que no son propios de
tales documentos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del TRLCSP y 67 y
68 del RGLCAP. (Subapartado II.5)
16.En múltiples expedientes los criterios de solvencia son fijados sin concreción de los requisitos
mínimos exigidos para acreditar la misma, en contra de lo dispuesto en el artículo 62.2 del
TRLCSP.
También existen expedientes en los que la acreditación de la solvencia se realiza con remisión
a una determinada clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
Españolas, sin especificar los medios de acreditación que pueden emplear las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea, en relación con el artículo 66 del
TRLCSP. (Subapartado II.5)
17.La DGPI ha hecho uso en varios contratos de la facultad que le reconoce el artículo 147.2 del
TRLCSP para establecer la posibilidad de que los licitadores incluyan mejoras o variantes en
sus ofertas. Sin embargo, en algunos expedientes, las mejoras a valorar fueron fijadas en
términos excesivamente genéricos, en contra de los requisitos que establece la normativa de
contratos. (Subapartado II.5)
18.En varios contratos, la DGPI ha introducido condiciones especiales de ejecución que no
guardan relación con aquellas que propone el artículo 118 del TRLCSP. (Subapartado II.5)
19.La formalización de tres contratos no respetó los plazos que exige el artículo 156.3 del TRLCSP.
(Subapartado II.5)
20.En un gran número de expedientes no se han respetado los plazos de emisión de factura,
aprobación de actas de recepción y/o certificados de conformidad y pagos que la normativa
contractual establece. (Subapartado II.5)
Además, en un expediente se ha incluido el pago de servicios que no figuraban incluidos en el
contrato. (Subepígrafe II.5.4.4)
21.Existen varios contratos en los que se aprecian deficiencias en el cumplimiento de los requisitos
de publicidad, incluyendo la falta de publicación en diarios oficiales, o la realización de
notificaciones tardías. (Subapartado II.5)
III.5.  EN RELACIÓN CON EL SERVICIO POSTAL
22.Se ha detectado la existencia de deficiencias relacionadas con la justificación y comprobación
de envíos realizados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (Correos),
originadas en el hecho de que la justificación se realiza mediante la remisión de un gran número
de albaranes de envío en papel, lo que dificulta enormemente las labores de comprobación. es
(Epígrafe II.6.1) bo
23.SCdeeol n shseaer jvooib cdisoee  prMvoaisndtiaosl t ruqonusie v peloarsr  arleol dpsa aqcruacei óc ansd eda ae pdsrtaoa cbael esdcoee tenel reomcbtilnoigaraadlca, irsoe nsdeuissltp ado eps iocscieoorn vceiclasio rad p,e úp  buloldicsieo na adcluo pe drraedrso tlsua gddaoerrl 2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  73 
a errores interpretativos. En ellas se habla de conceptos como tarifas, tarifas máximas y precios 
del servicio, y se fijan unas tarifas máximas sin especificar si las mismas son aplicables 
exclusivamente al Ministerio del Interior o si en ellas debe entenderse incluida la tarifa aplicable 
a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones.8 (Epígrafe II.6.2) 
24.En los casos de votos realizados por españoles residentes en el extranjero (votos CERA y
ERTA), para los que la ley contempla un sistema de gratuidad del voto en el que los votantes
abonan el franqueo y con posterioridad solicitan la devolución del mismo, aproximadamente el
73 % de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidas por los
votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior. Este sistema de devolución de
reintegro ocasiona unos gastos al Ministerio que resultan ineficaces por no conseguir el objetivo
que se pretende. (Subepígrafe II.6.3.4)
III.6.  EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO
25.La DGPI ha incluido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares las previsiones
establecidas, con carácter potestativo, en la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. (Subapartado II.7)
III.7.  EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA
26.La entidad fiscalizada cumple con las exigencias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno contempla, tanto en lo relativo
a la publicada activa como en relación al derecho de acceso a la información pública.
(Subapartado II.8)
III.8.  EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
27.Se ha observado que, aun cuando los pliegos de cláusulas administrativas particulares
introducían algunas de las previsiones, de carácter potestativo, que el TRLCSP contempla en
relación  con  la  sostenibilidad  ambiental  –criterios  de  solvencia  técnica,  aportación  de
certificados  que  acrediten  el  cumplimiento  de  normativa  de  gestión  medioambiental  o
condiciones especiales de la ejecución–, la DGPI no ha hecho uso de ellas. (Subapartado II.9)
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda al Gobierno que dote a la Dirección General de Política Interior y a la
Intervención Delegada en el Ministerio del Interior de plantillas de personal adecuadas para
poder realizar en plazo todas las funciones que tienen atribuidas.
2. Se sugiere al Ministerio del Interior aplicar unos criterios homogéneos en el reparto de gastos
a realizar entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en los
casos de concurrencia de procesos electorales.
3. El Ministerio del Interior debería adoptar las medidas necesarias para instar a las Comunidades
Autónomas  a  remitir  formalmente  información  sobre  la  ejecución  de  los  convenios  de
colaboración suscritos, a fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos.
4. Se  recomienda  que  el  Ministerio del  Interior  remita  al  Tribunal  de  Cuentas,  no  solo  la
documentación contractual que exige la normativa de contratos, sino también la relativa a los e.
contratos patrimoniales que celebre (incluidos los arrendamientos) regidos por la Ley 33/2003, w.b
8 Conclusión modificada en virtud de alegaciones.
74  Tribunal de Cuentas 
de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administración Públicas, conforme a lo sugerido en las 
Instrucciones de remisión telemática al Tribunal de Cuentas de expedientes contractuales. 
5. Se sugiere al Ministerio del Interior determinar con mayor rigor y precisión los presupuestos de
los contratos, realizando e incluyendo en los expedientes contractuales los estudios oportunos
para  ello,  especialmente  en  aquellos  contratos  donde  existe  una  escasa  concurrencia
competitiva.
6. El Ministerio del Interior debería concretar adecuadamente los requisitos mínimos para acreditar
la solvencia de los licitadores, especialmente en aquellos supuestos en los que la concreción
se realiza exclusivamente con referencia a la clasificación del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas  Clasificadas  del  Estado,  para  favorecer  la  participación  de  las  empresas  no
españolas nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea.
7. Se sugiere al Ministerio del Interior que preste una mayor diligencia en el cumplimiento de los
plazos de emisión de actas de recepción y certificados de conformidad y pago a proveedores.
8. Se recomienda al prestador del servicio postal universal el establecimiento de un sistema eficaz
de justificación de envíos, adaptado a las nuevas tecnologías de la información, que haga
posible el control y supervisión que la Dirección General de Política Interior debe realizar de los
albaranes entregados, pudiendo aplicarse un sistema electrónico a este efecto.
9. Se recomienda al Gobierno la implantación de un sistema más eficiente para la devolución de
los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y
ERTA), que garantice la recepción del reintegro por el votante y una mayor economía.
10.Se sugiere al Gobierno que revise la redacción dada a los acuerdos del Consejo de Ministros
por los que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal
universal para cada proceso electoral, a fin de aclarar si la tarifa máxima que se incluye en los
mismos se refiere exclusivamente a la tarifa que ha de abonar el Ministerio del Interior, o si en
ella se incluye también la tarifa que han de abonar las formaciones políticas.
Madrid 19 de diciembre de 2019 
LA PRESIDENTA 
María José de la Fuente y de la Calle 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO I . 
ANEXO II . 
ANEXO III . 
ANEXO I 
RELACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS INCLUIDAS 
EN LA MUESTRA DE FISCALIZACIÓN 
Nº de  Proceso  Centro de  Nº de  Proceso  Centro de 
referencia  electoral  gasto  referencia  electoral  gasto 
1 EPA2015  DGPI 27 ECG 2015  Soria
2 EPA2015  Cádiz 28 ECG 2015  Lleida
3 EPA2015  INE 29 ECG 2015  Huesca
4 EPA2015  Huelva 30 ECG 2015  Lugo
5 ELA2015  DGPI 31 ECG 2015  Melilla
6 ELA2015  MAEC 32  ECG 2015  Las Palmas 
7 ELA2015  Madrid 33 ECG 2015  Guipúzcoa
8  ELA 2015  Guardia Civil  34  ECG 2015  A Coruña 
9 ELA2015  Ávila 35 ECG 2016  DGPI
10  ELA 2015  La Rioja  36  ECG 2016  Guardia Civil 
11 ELA 2015  Cuenca 37 ECG 2016  INE
12 ELA 2015  Ourense 38 ECG 2016  Lugo
13 ELA 2015  Teruel 39 ECG 2016  Valladolid
14 ELA 2015  Málaga 40 ECG 2016  Navarra
15 ELA 2015  Melilla 41 ECG 2016  Castellón
16 ELA 2015  Córdoba 42 ECG 2016  Asturias
17 ELA 2015  Castellón 43 ECG 2016  Jaén
18 ELA 2015  Cádiz 44 ECG 2016  Guipúzcoa
199 EP 2015  DGPI 45 EPVG 2016  DGPI
20 EPC 2015  Tarragona 46 EPVG 2016  Bizkaia
211 EP 2015  MAEC 47 EPVG 2016  Ourense
22 ECG 2015  DGPI 48 EPVG 2016  INE
23 ECG 2015  Sevilla 499 EP 2017  DGPI
24 ECG 2015  Zaragoza 50  EPC 2017  Policía Nacional  e
25 ECG 2015  Madrid 51 EPC 2017  Girona b
26 ECG 2015  Barcelona 27ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  81 
ANEXO II 
DETALLE DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS EN LA FISCALIZACIÓN DE 
LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS 
II.2.3. Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 
II.2.3.1   PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según lo establecido en la norma general 31ª de las IEA, las cuentas justificativas de este proceso 
electoral deberían aprobarse antes del 1 de octubre de 2015.  
La norma general 33ª reconoce la posibilidad de prorrogar este plazo, previa justificación adecuada, 
por un periodo máximo de tres meses. En estos casos, la norma general 34ª establece que la 
remisión de la cuenta a la respectiva Intervención deberá efectuarse al menos con un mes de 
antelación a la terminación del plazo prorrogado. La prórroga autorizada afectará a los Servicios 
Centrales del Ministerio del Interior y de los demás centros gestores de gasto distintos de la 
Delegación y Subdelegación del Gobierno solicitante, que verán aplicado automáticamente su plazo 
de rendición hasta el vencimiento del nuevo plazo prorrogado.  
Con fecha de 1 de octubre de 2015 se autorizó una prórroga para la aprobación de la cuenta 
justificativa de 3 meses. 
Se han observado incidencias en dos cuentas justificativas: 
- La cuenta justificativa de la DGPI no ha cumplido este plazo, aprobando su cuenta con un
retraso de catorce meses respecto del plazo prorrogado.
La DGPI y la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior han manifestado que el retraso
se debe a las carencias de personal ya mencionadas. Estas deficiencias de personal han
ocasionado que su Informe de control financiero permanente haya sido remitido el 28 de febrero
de 2017.
  Se ha observado que la cuenta justificativa de Cádiz fue aprobada con anterioridad a la 
emisión de los informes de la Intervención Delegada. La cuenta justificativa fue aprobada el 24 
de agosto de 2015, mientras que el informe definitivo de la Intervención Delegada es de 12 de 
noviembre de 2015 (y el provisional de 14 de octubre de 2015). El Ministerio del Interior ha 
señalado que esta circunstancia se debe a un error en la introducción de las fechas en la 
documentación. Este Tribunal no ha podido comprobar la realidad de este extremo.  
II.2.3.2   INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
De acuerdo con la norma 31ª de las IEA, el Centro Gestor deberá remitir la cuenta justificativa a la 
Intervención Delegada correspondiente para que ésta emita un Informe provisional de control 
financiero. Posteriormente, se dará trámite de alegaciones al Centro Gestor y a la vista de las 
mismas la Intervención formulará su Informe definitivo, en todo caso, antes del vencimiento del 
plazo establecido para la aprobación de la cuenta. Una vez emitido este Informe, el centro de gasto 
procederá a la aprobación de la cuenta en el plazo de diez días (norma general 35ª).  
  El Informe definitivo de control financiero de la cuenta justificativa de la DGPI fue aprobado 
catorce  meses  después  del  plazo  establecido  en  las  IEA.  El  Ministerio  del  Interior  ha  e
manifestado que el retraso se debe a las carencias de personal ya mencionadas.  bo
82  Tribunal de Cuentas 
II.2.3.3   CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según la norma general 18ª de las IEA, en las cajas pagadoras existentes en los centros de gasto 
deberán llevarse, para control y seguimiento interno de la ejecución del presupuesto, una serie de 
registros (Seguimiento de ejecución de gastos, Resumen general de gastos), que deberán incluirse 
en la cuenta justificativa. Se ha observado la siguiente incidencia: 
  La cuenta justificativa de Cádiz no presenta el registro de Seguimiento de ejecución de 
gastos.  
Según la norma general 25ª de las IEA las cajas pagadoras (salvo el INE y el MAEC) deberán llevar 
la contabilidad de ingresos y gastos a través de una serie de registros (Registro General de 
libramientos, Registro de cuenta corriente con las entidades de crédito y Registro de Caja), que 
deberán incluirse en la cuenta justificativa. Se han observado las siguientes incidencias: 
  La cuenta justificativa de Cádiz no contiene el Registro General de libramientos, ni Registro 
de cuenta corriente con las entidades de crédito. 
  La cuenta justificativa de la DGPI no incluye el Registro General de Libramientos, documento 
exigido según la norma general 25ª (anexo 15) de las IEA. En el trámite de alegaciones el 
Ministerio no ha aportado este documento. 
Según la norma general 26ª de las IEA cada caja pagadora deberá remitir directamente a la 
Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, así como a la 
Intervención Delegada en dicho Ministerio y a la correspondiente Intervención en cada centro de 
gasto, un ejemplar del Estado de Situación de Tesorería. Junto a esta documentación deberá 
remitir, en su caso, un Arqueo de Caja y una Conciliación Bancaria, en los supuestos en los que 
los saldos que figuren en los extractos bancarios no coincidan con los reflejados en el Estado de 
Situación de Tesorería. Se han observado las siguientes incidencias: 
  La cuenta justificativa de Cádiz no incluye el Estado de Situación de Tesorería. 
  La cuenta justificativa de Huelva sólo presenta Arqueo de Caja y extracto bancario, pero no 
el modelo de Estado de Situación de Tesorería que exigen las IEA. 
II.2.3.4   JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
La norma general 13ª de las IEA establece que la aprobación del gasto será efectuada por el titular 
del órgano correspondiente. Según la norma general 19ª el cajero pagador de cada centro de gasto 
deberá incluir en la cuenta justificativa la documentación original de cada expediente de gasto, 
acompañada de los anexos que incluyen las IEA que facilitan el seguimiento y control de la ejecución 
del presupuesto asignado. La norma general 30ª también exige que la documentación rendida sea 
original. En el análisis de las cuentas justificativas seleccionadas se ha observado la siguiente 
incidencia: 
  La cuenta justificativa de Cádiz incluye un contrato por valor de 574,80 euros que tiene por 
objeto la compra de material de oficina. No existe documento de aprobación del gasto, 
certificado de conformidad con la prestación del servicio, ni orden de pago. Esto supone una 
vulneración de la LGP, del artículo 222.2 del TRLCSP y de las IEA. Además, el anexo de las 
IEA empleado para reflejar este gasto es el relativo a los listados de nómina (Anexo 13 bis). 
Las IEA establecen los importes máximos de los menús de comida y cena de las personas que  b
intervengan en los procesos electorales, no pudiendo superar los 13,00 euros (IVA incluido) por  27ww
psueprseornaar ,l ossa l2v0o, 0e0n  eeul rdoías.  d e la celebración de las elecciones, en el que el importe máximo no podrá
Gastos Procesos electorales 2015-2017  83 
  Se ha detectado que en la cuenta justificativa de la DGPI existe un gasto de 195,52 euros en 
concepto de cena del personal del Gabinete del Ministro del Interior el día del proceso electoral. 
La factura aportada no aporta información sobre el número de comensales, por lo que no se 
puede comprobar el cumplimiento de los límites que fijan las IEA. 
II.2.3.5   GASTOS DE PERSONAL
No se han detectado incidencias relevantes. 
II.2.3.6   TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
Las IEA regulan el procedimiento para la autorización de los traspasos presupuestarios. Entre otros 
extremos se exige que las propuestas vayan acompañadas siempre de una memoria justificativa. 
Además, los epígrafes 1.00 «Personal. Servicios Extraordinarios» y 2.15 «Material de oficina» y los 
subepígrafes en ellos incluidos en ningún caso podrán ser objeto de incremento.9 
  En  la  cuenta  justificativa  de  la DGPI  se  incluye  un  traspaso  del  subepígrafe  2.24.00 
«Imprevistos y otros gastos» al subepígrafe 1.00.01 «Ministerio del Interior. Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno» por cuantía de 1.864,46 euros. El traspaso se justifica en la 
necesidad de incluir personal de la Subdirección General de sistemas de Información y 
Comunicaciones para la Seguridad y del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, no previsto en un principio, al objeto de probar el desarrollo de un 
aplicativo informático que permita gestionar las incidencias relacionadas con la celebración de 
eventos de relevancia como son las jornadas electorales. 
Este traspaso no es conforme con las reglas que establecen las IEA, al haber incumplido la 
regla de no incrementar el epígrafe 1.00.10  
II.2.3.7   OTRAS INCIDENCIAS
El procedimiento específico para la gestión de los gastos electorales tiene por finalidad garantizar 
la agilidad y el control de los gastos derivados de procesos electorales, de forma que los distintos 
centros de gasto puedan disponer de manera inmediata de los fondos. 
  En la cuenta justificativa de la DGPI los fondos se situaron en la cuenta bancaria abierta para 
ese proceso 26 días después de la celebración del proceso electoral. Este retraso desvirtúa el 
sentido de este mecanismo excepcional de financiación y gestión de los gastos de los procesos 
electorales, toda vez que los fondos de este Centro Gestor se situaron en la cuenta bancaria 
para su disposición con posterioridad a la celebración del proceso electoral.11 
9 En el trámite de alegaciones el Ministerio del Interior ha alegado que esta limitación de incremento solo es aplicable a 
los casos de modificaciones presupuestarias que afecten al Fondo de Contingencia, pero no a los Traspasos 
Presupuestarios. No se acepta esta alegación, toda vez que el contenido de este párrafo se encuentra recogido en el 
apartado relativo a los traspasos presupuestarios (párrafo 7 de la página 26 de las IEA aprobadas el 4 de marzo de 2015 
para las EPA 2015) y no exclusivamente en el apartado «Fondo de Contingencia» como defiende del alegante. 
10 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
11 En el trámite de alegaciones el Ministerio del Interior ha señalado que «desde que se convocan los comicios la DGPI 
inicia los trámites para solicitar la ampliación del crédito a la [Dirección General de] Presupuestos y cuya tramitación, en 
ocasiones, conlleva cierto retraso. Tan pronto como los fondos son transferidos a la cuenta del Banco de España son  es
transferidos desde este al Banco Gestor».   e.
No se acepta la alegación formulada. Según consta en el punto II.1.2.1 de este Informe, la partida presupuestaria para  w.b
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84  Tribunal de Cuentas 
II.2.4. Elecciones Locales y Autonómicas 2015 
II.2.4.1  APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
De conformidad con lo dispuesto en la norma general 31ª de las IEA aprobadas para este proceso 
electoral, la cuenta justificativa debía estar aprobada antes del 1 de diciembre de 2015.  
La norma 32ª de las IEA reconoce la prórroga tácita del plazo de justificación de las cuentas en el 
caso de prórroga del mandato de alguna o algunas de las Juntas Electorales. Esta prórroga, que 
tendrá una duración de tres meses desde la finalización del mandato de las juntas –que será de 
cien días a contar de la celebración de las elecciones según el artículo 15.2 de la LOREG–, se 
aplicará al Centro de Gasto que resulte afectado, así como a los Servicios Centrales del Ministerio 
del Interior y al resto de centros de gasto distintos de las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno no afectadas. 
El Real Decreto 741/2015, de 31 de julio, convocó elecciones locales parciales 2015 por haberse 
declarado la nulidad de la elección celebrada el día 24 de mayo de 2015. Esta convocatoria afectó 
a cuatro mesas electorales situadas en municipios de las provincias de Burgos, Cuenca, Granada 
y León. La votación tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2015, produciéndose la prórroga del 
mandato de algunas Juntas Electorales hasta el 5 de enero de 2016 (de acuerdo con el artículo 
15.2 de la LOREG) y el plazo de justificación de los centros de gasto afectados hasta el 5 de abril 
de 2016. 
Con posterioridad, mediante  Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, se convocaron elecciones 
parciales en aquellos municipios en los que no se habían presentado candidaturas en las elecciones 
locales del 24 de mayo de 2015, convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo y en 
aquellos otros que tenían adoptado el régimen de concejo abierto, así como alcaldes pedáneos y 
órgano unipersonal de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en los casos en que 
no se hubiera presentado ninguna candidatura en las citadas elecciones. Estas elecciones se 
celebraron el 20 de diciembre de 2015 y afectaron a municipios de diez provincias: Burgos, 
Guipúzcoa, Navarra, Huesca, León, Lleida, Palencia, Cantabria, Segovia y Soria. En este caso, 
según lo dispuesto en el punto primero de la Instrucción 4/2015, de 29 de octubre, de la Junta 
Electoral Central, sobre Juntas Electorales competentes y otros extremos en relación con las 
elecciones locales parciales convocadas por Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, a celebrar 
el 20 de diciembre de 2015, no se produce prórroga del mandato de las Juntas Electorales 
Provinciales y de Zona constituidas para la celebración de las ELA 2015, sino que serán juntas 
competentes las constituidas para las ECG 2015, dada la coincidencia de ambos procesos 
electorales.  
La norma general 33ª reconoce, sin perjuicio de lo dispuesto en las meritadas normas generales, la 
posibilidad de que los centros de gasto soliciten la ampliación del plazo de justificación, previo 
informe de la Intervención Delegada competente. Se ha solicitado y aprobado la prórroga en los 
siguientes centros de gasto: Barcelona, Madrid, Guardia Civil, Lleida y DGPI. Se ha observado que: 
  A pesar de estas prórrogas, las cuentas justificativas de la DGPI y de la Guardia Civil no 
han sido aprobadas a la fecha de la terminación de los trabajos de fiscalización. Solicitada 
aclaración sobre este hecho, la DGPI ha manifestado que el retraso se debe a la falta de 
aprobación del informe de control permanente por la Intervención. 
  En la cuenta justificativa de Cádiz, el documento Resumen de la Cuenta Justificativa carece 
de fecha, por lo que no reúne los requisitos mínimos de integridad documental que permitan  e.e
verificar si la cuenta fue aprobada dentro del plazo establecido, con independencia de que la  b
pdero 2d0u1ci5d.o  en la puesta a disposición de la DGPI de los fondos y la ulterior modificación presupuestaria de 28 de octubre  2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  85 
ausencia de fecha permite cuestionar su validez y eficacia de conformidad con el artículo 57.1 
de la LRJPAC, vigente en el momento de tramitación de la cuenta.12 
II.2.4.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
Recoge la norma general 31ª la obligación del Centro Gestor de enviar la cuenta a la Intervención 
Delegada competente, al menos un mes antes del vencimiento del plazo de justificación (en este 
proceso electoral, antes del 1 de noviembre –en caso de prórroga del mandato de las juntas 
electorales por motivo de las elecciones locales parciales celebradas el 27 de septiembre de 2015, 
este plazo concluía el 5 de marzo–). La Intervención remitirá el informe provisional de control 
financiero al Órgano Gestor para que, en el plazo de quince días formule las alegaciones. 
Posteriormente, la Intervención emitirá el Informe definitivo, en todo caso, antes de que expire el 
plazo para la aprobación de las cuentas. 
Según la norma general 36ª las cuentas justificativas irán acompañadas de los informes de control 
financiero –provisional y definitivo− y, en su caso, de las alegaciones. 
Sobre este punto se han detectado las siguientes incidencias: 
  Las cuentas justificativas de Ávila y de Cádiz no ha sido enviadas a la Intervención Delegada 
en el plazo de un mes anterior al 1 de diciembre. Ambas cuentas fueron enviadas una vez 
empezado el mes de noviembre.13  
  A la fecha de la conclusión de los trabajos fiscalizadores los informes relativos a la cuenta 
justificativa de la DGPI y de la Guardia Civil no han sido emitidos. Preguntado sobre este 
punto, el órgano fiscalizado ha señalado que el retraso se debe a las deficiencias de personal 
de la Intervención Delegada. 
  Los Informes definitivos relativos a las cuentas justificativas de Cádiz, Castellón, Melilla y 
Teruel no han sido emitidos en plazo. Además, el retraso en la emisión del Informe definitivo 
ha ocasionado que la cuenta justificativa de Teruel haya sido aprobada con 52 días de 
retraso. No consta que se haya otorgado prórroga en este caso.14 
  La cuenta justificativa de Córdoba ha sido aprobada antes de la emisión del Informe 
definitivo.15 
  La cuenta justificativa de Ávila no incluye documento de alegaciones. 
II.2.4.3  CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Las IEA aprobadas para este proceso electoral determinan cuál debe ser la documentación que ha 
de componer la cuenta justificativa. 
La norma general 18ª de las IEA de este proceso electoral exige que la caja pagadora de cada 
centro de gasto lleve un registro de Seguimiento de la ejecución de gastos y un Resumen general 
12 La alegación formulada por el Ministerio del Interior no enerva el contenido del Informe. 
13 El Ministerio del Interior ha alegado, respecto a la cuenta justificativa de Cádiz, que el retraso se produjo con motivo de  es
la baja causada por el Cajero Pagador titular debido a un concurso de traslado.  oe.
No se acepta la alegación formulada, ya que las IEA aprobadas para este proceso electoral (norma general 7ª) regulan el  w.
proceso de constitución de las cajas pagadoras, en las que existirá tanto un Cajero titular como un sustituto, afirmando  27ww
sq14uu Pset áit«rurhtaoaf»sot. a m oqduiefi cnaod os ee ne vfeirctutúde d eel  anleogmabcriaomneiesn. to del nuevo Cajero Titular, ostentará tal condición el que fuera Cajero
15 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
86  Tribunal de Cuentas 
de gastos para el control y seguimiento interno. Esta documentación formará parte de la cuenta 
justificativa. 
La norma general 25ª de las IEA exige que las Cajas Pagadoras lleven la contabilidad de ingresos 
y gastos a través de una serie de registros: Registro General de libramientos –acompañado del 
documento contable ADOK−, Registro de cuenta corriente con las entidades de crédito, Registro de 
Caja.  
La  norma  general  26ª  de  las  IEA  impone  a  cada  Caja  Pagadora  la  obligación  de  remitir 
trimestralmente a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del 
Interior y a la Intervención Delegada de dicho Ministerio e Intervención Delegada en cada centro de 
gasto, un ejemplar del anexo Situación de Tesorería. Este anexo deberá incorporarse a la cuenta 
justificativa de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) de la información adicional de las IEA. 
La norma general 30ª de las IEA aprobadas para este proceso electoral exige que la cuenta incluya 
un anexo con la relación de facturas, con el fin de posibilitar su comprobación posterior. Además, 
en virtud de esta norma general, la cuenta justificativa debe incluir un anexo 23 Resumen de la 
Cuenta, en el que se especifican datos como los importes del debe y del haber, identificación 
documental del reintegro de las cantidades sobrantes, fecha de aprobación de la cuenta o de 
examen de la misma por el interventor competente, firmas del cajero pagador, del interventor y del 
titular del centro de gasto.  
De acuerdo con la norma general 19ª, la cuenta justificativa deberá incluir la documentación original 
de cada expediente de gasto, además de todos los anexos que faciliten el seguimiento y el control 
de la ejecución del presupuesto asignado. 
  La cuenta justificativa del MAEC no incorpora el registro de Seguimiento de la ejecución de 
gastos. Si bien este centro gestor no está obligado a utilizar la aplicación de gestión CAJAELE, 
esta circunstancia no le exime de presentar un documento de registro de Seguimiento de 
ejecución de gastos, como se extrae de la norma general 18ª de las IEA, que se refiere a las 
cajas pagadoras «existentes en todos los Centros de gasto». 
  La cuenta justificativa de Madrid presenta el Registro general de libramientos y el documento 
contable ADOK sin firma. Estos documentos no reúnen los requisitos mínimos de forma que 
exige la LRJAPC y 3 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen 
criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de 
la Administración General del Estado. 
  La cuenta justificativa de Ávila no acompaña el Estado de Situación de Tesorería ni un anexo 
con la relación de facturas. 
  En la cuenta justificativa de Cuenca se incluyen el Registro general de libramientos y el 
documento contable ADOK sin firma. Estos documentos no reúnen los requisitos mínimos de 
forma que exige la LRJAPC y 3 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que 
se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado. 
Además, esta cuenta no incorpora el Registro de cuenta corriente con las entidades de crédito 
ni el Estado de Situación de Tesorería.16 
16 Las alegaciones formuladas por el Ministerio del Interior no enervan el contenido de este Informe.  e.
Con relación a la ausencia del Estado de Situación de Tesorería, el Ministerio del Interior reproduce en su alegación la  w.b
IGcjunláessutntirfseuicurcaalcatliei óv2sna6  .pªT  Uardirngeaaé  l saliainsm t eGIoEr epsAsre,et xitaóatarncg, i uóDlamno  cecsunuisetmtanenetmadn áotjaut ilqsc utadife eidc  eealon tils val aasG,   mIaaEdsiAsetmo misma á pEsni ldoede ces t eaop croiaenrlp deltoiscas ar a  deqfoisrucmteau a mda eleqebnugateao  cisn«i ócdynl eua, i nryaseacex u qoeeussr detmeo  s educno ocacniupo manloraet dandodtiosos  p aeDu n)elo  slA atlosa cp rgueeoenc nt dotlaaes     2021-1327n https://ww
Gastos Procesos electorales 2015-2017  87 
  La cuenta justificativa de Teruel no incorpora el ADOK que debe unirse al Registro General 
de libramientos. Este documento ha sido aportado por el Ministerio del Interior en el trámite de 
alegaciones, si bien el mismo carece de firma. 
  La cuenta justificativa de Cádiz incluye un anexo Resumen de la Cuenta en el que no figura 
ni la fecha de aprobación de la cuenta, ni la fecha de examen por el interventor, ni la firma de 
este último. Este documento no reúne los requisitos mínimos de forma que exige la LRJAPC y 
3 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de 
imagen  institucional  y  se  regula  la  producción  documental  y  el  material  impreso  de  la 
Administración General del Estado; sin perjuicio de que la ausencia de fecha permite cuestionar 
la validez y eficacia del documento de conformidad con el artículo 57.1 de la LRJPAC. 
A esta cuenta se incorpora un documento Registro de Caja que, sin embargo, no refleja ningún 
movimiento en efectivo, a pesar de que, del examen de la documentación incorporada, se 
evidencia la realización de pagos en metálico. 
II.2.4.4  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 562/1993, y en relación con la norma 
general 1ª de las IEA, sólo se pueden imputar al presupuesto electoral aquellos gastos de 
organización y funcionamiento que haya de asumir la Administración General del Estado como 
consecuencia de la celebración de los procesos electorales. Se han observado dos expedientes de 
gasto en los que no se puede establecer con claridad una vinculación directa del gasto con el 
proceso electoral, incluyendo aquellos en los que la fecha de la factura es posterior al día de la 
elección: 
  En la cuenta justificativa de Cádiz se incluye una factura en concepto de restauración con 
fecha de 9 de junio de 2015, posterior a la celebración de las elecciones. Este hecho también 
fue reflejado en el Informe de la Intervención. En las alegaciones al Informe provisional, se 
presenta un certificado de la Junta Electoral Provincial en la que se indica que el día 24 de 
mayo se produjo la comida sin hacer referencia al precio ni a la fecha de la factura, por lo que 
se desconoce si la certificación se refiere o no a la misma factura17.  
  En la cuenta justificativa del MAEC se incluye un gasto que, a juicio de este Tribunal, no 
presenta relación directa con el proceso electoral. En el expediente relativo a la Embajada de 
España en Varsovia, se incluye como gasto electoral la compra de 5 sillones de cuero que no 
se realiza hasta después de las elecciones (la fecha de la venta según la factura es el 10 de 
junio de 2015, se incluyen en el inventario el 16 de junio de 2015 y la fecha del acta de recepción 
es de 23 de junio de 2015) por valor de 1.208,26 euros. 
Según lo dispuesto en la norma general 3ª, no podrán contraerse compromisos de gasto para los 
que no exista crédito suficiente en el epígrafe o subepígrafe correspondiente. A pesar de este límite, 
se han observado incidencias en las siguientes cuentas: 
  En la cuenta justificativa de Cuenca se ha realizado una transferencia por valor superior al 
crédito presupuestario asignado. El valor de la transferencia realizada para satisfacer el pago 
correspondiente a las dietas de los miembros de mesas electorales fue de 77.000,40 euros, 
cuando el crédito asignado a ese concepto presupuestario era de 73.629,39 euros18. 
estas Instrucciones, estará formada por…». Es por ello que, en la medida en que el Estado de Situación de Tesorería  e.
está expresamente mencionado en las IEA (norma 26ª y anexo 19), este documento debe formar parte de la cuenta  w.b
j11du78e  sPE t3iálf .iM6rcra2aint1fiovi,s4 atm8e.  ro €iod q ifduiceeal  dIfnuote eerronion vr  rihretauc ldaa mldeega adadoleo sg aqaluc bieoa nlnaec sco.a   enntid cauda nqtuoe  sfeig udreate ecntó e el le exrtrraocr.t oA li nmcliusmyeo u tnieoms pgoa sintodsic/aco qmuies,i ocnoemso p soer  vtraalotar   2021-1327n https://ww
88  Tribunal de Cuentas 
  En la cuenta justificativa de La Rioja la aprobación del gasto del epígrafe de personal, 
servicios extraordinarios (por 32.419,61 euros) es anterior a la recepción de los fondos. En el 
trámite de alegaciones el Ministerio del Interior ha argumentado que la fecha de aprobación del 
gasto (20 de abril de 2015) coincide con la fecha que autoriza el libramiento según el documento 
contable ADOK. No se acepta la alegación, ya que no puede considerarse que el libramiento 
de los fondos se recibe en el instante en el que se aprueba el gasto según el documento 
contable ADOK, sino que habrá que esperar al reconocimiento de la obligación y posterior 
recepción de los fondos en la cuenta de la Delegación del Gobierno, la cual tuvo lugar el día 13 
de mayo, según consta en el documento de Registro de libramientos de fondos que se adjuntó 
a la cuenta justificativa. 
De acuerdo con la norma general 20ª de las IEA, antes de iniciar la formalización de cualquier gasto 
se debe contar con la aprobación del gasto por parte del titular del centro de gasto.  
  En la cuenta justificativa de La Rioja existen diez epígrafes presupuestarios en los que no se 
presenta aprobación del gasto.  
  En la cuenta justificativa de Cuenca no se incluye ningún documento justificativo de la 
aprobación del gasto (salvo los relativos al epígrafe presupuestario 2.15.00). 
De acuerdo con lo dispuesto en la norma general 15ª de las IEA, la tramitación de los expedientes 
de contratación que hayan de formalizarse con cargo al presupuesto electoral se regirá por lo 
dispuesto en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).  
  En la cuenta justificativa de Madrid se han detectado tres expedientes en los que la 
justificación del contrato es demasiado genérica. En ellos se justifica la necesidad del contrato 
con el siguiente contenido: «con motivo de la celebración de las Elecciones […] para atender 
obligaciones que generan su organización y puesta en funcionamiento, resulta necesaria […]» 
la contratación de un servicio informático, el suministro de material de imprenta o el suministro 
de material de limpieza. Este tipo de motivaciones no satisface las necesidades de justificación 
que exige el artículo 22 del TRLCSP al señalar «la naturaleza y extensión de las necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión». 
En los expedientes contractuales relativos al suministro de impresos electorales, a materiales 
de oficina, a los locales de almacenamiento de material electoral, imprevistos y otros gastos y 
gastos varios, no se aporta certificado de conformidad o acta de recepción del suministro, en 
contra de lo dispuesto en el artículo 222 del TRLCSP y en las IEA. 
  En las cuentas justificativas de Madrid, Ávila y La Rioja figuran dieciocho facturas en las 
que el pago excede el plazo de un mes desde la entrada de la factura en la Delegación. 
Según lo establecido en el apartado «II. Criterios de asignación y ejecución» de las IEA, los gastos 
de personal en cada centro de gasto podrán pagarse a través de transferencia bancaria, pago en 
metálico y pago por cheque. En los supuestos de pago en metálico, este podrá realizarse bien 
directamente a través del cajero pagador de las elecciones, bien a través de un «tercero». En el 
supuesto de realización de pagos a través de tercero será necesario documentar debidamente la 
entrega de fondos (mediante el Anexo 49 incluido en las IEA). En el supuesto de que los pagos se 
realicen en metálico, la norma general 22ª exige la utilización del Anexo 9 de las IEA. 
  En la cuenta justificativa de Madrid el pago correspondiente a las dietas de los miembros de  es
las 6.608 mesas electorales que existieron en este proceso electoral se realizó a través de una  bo
                                                            27ww
dRcoeem gmipsortorvobim adiree l naCt ouresea nqltiudaea C dno odrr eice oenrstretea,s syp aao fnqirdumeean ac cihooín nse oslol oa  ofl irgnduoer nahanad blooe srps qoeur  aelap r oeSratualmbddoee nnletieng gahúcaninó  nds oiddcoeu lm oGredonebtnoiea radncoorse .dd Eeit saCtteiuv eTon rditbaeu,  nlana orl  enftiogro uhcraea snpi óoendn,i d neoil  
el registro de Cuenta Corriente y ni el Estado de Tesorería.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  89 
empresa de seguridad. Para la justificación del mismo se incluyeron en la cuenta justificativa 
los recibís correspondientes a las mesas electorales. Se han seleccionado 552 recibís (que 
representan un 8% del total), encontrándose deficiencias en 66 recibos de la muestra: 
o En nueve recibos no aparece firma alguna. En treinta y cinco recibos aparece la firma de
la misma persona en la parte reservada a dos miembros de mesa. En dos recibos aparece
la firma de la misma persona en la parte reservada a los tres miembros de mesa. En dos
recibos aparecen dos firmas distintas en la parte reservada a uno de los mismos de mesa.
o En diecisiete recibos no aparece el NIF de alguno de los firmantes. En un recibo no aparece
los datos de ningún miembro de mesa. En uno de los recibos mencionados anteriormente
tampoco aparecen los datos identificativos de la mesa electoral.
  En la cuenta justificativa de Cádiz, el pago de las dietas de los miembros de mesas 
(266.718,60 euros) se realizó utilizando el pago en metálico y a través de terceros. No consta 
debidamente documentada la puesta a disposición de fondos para pagos a través de terceros, 
que debería haberse expedido a favor de los ayuntamientos que realizaron el abono en metálico 
por cuantía total de 240.046,74 euros. En los casos de pagos realizados a través de personal 
colaborador (por un total de 26.671,86 euros) no constan los correspondientes Anexos 9 en los 
que deberían haberse documentado estas operaciones. 
Las IEA exigen, en el apartado relativo al personal colaborador de los Ayuntamientos, que para 
poder retribuir los servicios extraordinarios de estos colaboradores es necesario que se justifique, 
mediante un certificado negativo expedido al efecto, que no se ha recibido retribución extraordinaria 
ni han sido compensados de ninguna otra forma por sus servicios en el proceso electoral, por parte 
de la Administración a la que estén adscritos. En la cuenta justificativa de Madrid no se ha 
aportado esta certificación. 
Desde el punto de vista de la justificación de los gastos, la norma general 19ª de las IEA exige que 
la inclusión en la cuenta justificativa de la documentación original de cada expediente de gasto, 
acompañada de los anexos que se determinan en las IEA. También establecen las IEA que el pago 
mediante transferencia se justificará mediante diligencia o sellado de la entidad financiera de que 
ha realizado la transferencia al perceptor pertinente. Se han detectado las siguientes incidencias 
relativas a la justificación de los gastos y pagos: 
  En la cuenta justificativa de Madrid se presentan facturas emitidas por cuatro empresas en 
las que no consta ninguna firma.  
  En la cuenta justificativa de Cádiz se han apreciado deficiencias documentales como 
documentos sin firmar o con enmiendas a lápiz. También se han detectado relaciones de 
transferencias bancarias en las que no consta el sello con la fecha del pago de la entidad 
financiera. Estos documentos carecen de los mínimos requisitos formales exigidos para poder 
acreditar la autenticidad de los mismos. 
  En las cuentas justificativas de Málaga y de Melilla no se acompaña, como documentación 
relativa a la justificación de los pagos realizados mediante transferencias bancarias, la orden 
de transferencia firmada por el cajero pagador y por el funcionario titular, en contra de lo 
dispuesto en la norma general 24ª. 
Las IEA también regulan la cuantía máxima de las dietas a realizar por los desayunos, comidas y 
cenas del personal que participe en los procesos electorales. Se han detectado facturas en las que  es
no es posible comprobar el cumplimiento del límite del gasto por faltar algún dato (número de  o
comensales o tipo de comida –desayuno, almuerzo, cena−). Asimismo, se han realizado gastos en  w.
este concepto por encima de la cuantía máxima.  2021-1327n https://ww
90  Tribunal de Cuentas 
  19En la cuenta justificativa de Ávila se presentan 12 facturas (por importe total de 1.149,93 
euros), en las que no se detalla el número de comensales, por lo que resulta imposible 
comprobar el límite de gasto que establecen las IEA 
  En la cuenta justificativa de Córdoba se incluye una factura de restauración por importe de 
1.128,60 euros en la que no consta ni el número de comensales ni el tipo de comida de que se 
trata (desayuno, comida o cena).20 
También se incluye una factura por valor de 184 euros para 7 comensales, excediendo de los 
límites que establecen las IEA. 
Asimismo, se incluye una factura de restauración por importe de 290 euros en concepto de 
almuerzo de diez comensales, superando los límites establecidos en las IEA. 
II.2.4.5  GASTOS DE PERSONAL
De acuerdo con lo dispuesto en la norma general 4ª de las IEA, ninguna persona podrá recibir 
retribuciones con cargo al Presupuesto electoral por cuantía superior a 3.206,92 euros brutos. 
Se han detectado algunos errores de escasa relevancia que no cualifican la gestión. 
II.2.4.6  TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
De acuerdo con lo establecido en la norma general 3ª de las IEA «cuando se prevea que el 
presupuesto disponible en uno o varios epígrafes o subepígrafes determinados no es suficiente para 
atender gastos futuros, dichos epígrafes o subepígrafes podrán ampliarse mediante traspasos 
conforme al procedimiento establecido en estas Instrucciones». 
Las IEA regulan el procedimiento aplicable a los traspasos presupuestarios, siendo necesario que 
los Servicios Centrales del Ministerio del Interior y las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno observen una serie de reglas cuantitativas y procedimentales, entre la que se encuentra 
la necesidad de que la propuesta cuente siempre con una memoria justificativa, en la que se detallen 
los epígrafes y subepígrafes afectados y se incluya una motivación de la solicitud. La competencia 
para la aprobación de los traspasos corresponde al Director General de Política Interior. 
Las IEA de este proceso electoral (y de los otros seis analizados) exigen, dentro del procedimiento 
que se ha de observar, que la solicitud del traspaso vaya acompañada de la documentación 
acreditativa del gasto. Esta exigencia resulta contradictoria con las propias IEA cuando señalan que 
«no se autorizarán incrementos presupuestarios para atender obligaciones contraídas antes de la 
autorización del traspaso presupuestario» y con la norma general 3ª que afirma «no podrán 
contraerse compromisos de gastos para los que no exista crédito suficiente en el epígrafe o 
subepígrafe correspondiente». Por tanto, no resulta conforme a las IEA acompañar a las solicitudes 
del documento justificativo de un gasto, dado que no se pudo realizar por no existir crédito suficiente 
(motivo por el que se solicita, precisamente, el traspaso correspondiente).  
A la vista de esta circunstancia y de que las solicitudes de traspaso analizadas no incluyen, con 
carácter general, este documento, este Tribunal sugiere revisar la redacción de este apartado en 
las IEA para procesos futuros. 
Se han observado las siguientes incidencias en los traspasos aprobados por la DGPI. 
  Ausencia, insuficiencia o errónea justificación de la necesidad de traspaso  e.
1290  PPáárrrraaffoo  mmooddiiffiiccaaddoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  alal edgoaccuiomneenst.a ción aportada durante el trámite de alegaciones.
Gastos Procesos electorales 2015-2017  91 
En las cuentas justificativas de tres centros de gasto (Álava, Córdoba, y Salamanca) se incluyen 
seis solicitudes de traspaso que presentan justificaciones genéricas. A modo de ejemplo, las 
solicitudes se limitan a señalar que el «importe insuficiente» de la partida, sin aportar documentación 
que acredite esa circunstancia.21 
Estas justificaciones resultan insuficientes e incompletas. 
  Errores de planificación 
En la cuenta justificativa de Segovia se solicita un traspaso para atender a los gastos de 
restauración de las Juntas Electorales a lo largo de las jornadas del día 24 (votación) y 27 
(escrutinio) de mayo de 2015. A la fecha de la aprobación del presupuesto electoral ya se tenía 
conocimiento del número de componentes de las Juntas Electorales y los límites de gasto de 
restauración por persona, por lo que la falta de crédito en los epígrafes afectados revela la existencia 
de una deficiente presupuestación. 
II.2.4.7  OTRAS INCIDENCIAS 
En las cuentas justificativas de Madrid se acompañan certificados emitidos por los Secretarios 
de Ayuntamiento, relativos al abono de las cantidades a abonar a los Secretarios, que no acreditan 
el número de mesas electorales del ayuntamiento. Esto resulta contrario a las IEA, que exigen que 
figure el número de mesas, ya que las cantidades a abonar dependerán de éste. Lo mismo se 
observa en la cuenta justificativa de Cuenca, en la que no se acredita el número de mesas 
constituidas,  dato  necesario  para  calcular  las  retribuciones  del  personal  colaborador  de  las 
entidades locales. 
En la cuenta justificativa de Ávila, en los pagos efectuados por servicios extraordinarios mediante 
nómina, se incluyen retenciones tributarias siguiendo las IEA. Sin embargo, la cuenta presenta 
únicamente dos fotocopias del modelo de retenciones e ingresos a cuenta tributarios por 11.705,84 
euros (591 perceptores) y 6.088,62 euros (489 perceptores) sin ningún detalle que permita conocer 
si corresponde a retenciones de este proceso electoral ni a qué perceptores corresponde. 
II.2.5.  Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 
II.2.5.1  PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA 
Las IEA aprobadas para este proceso electoral establecen que el plazo para la aprobación de la 
cuenta justificativa vencía antes del 5 de abril de 2016. Este plazo fue prorrogado por un periodo de 
tres meses (hasta el 5 de julio de 2016), en virtud de acuerdo de la Subsecretaría General de Política 
Interior, a solicitud del MAEC y conforme a lo dispuesto en la norma general 33ª de las IEA, 
afectando la misma a los Servicios Centrales del Ministerio del Interior y al resto de centros gestores 
de gasto distintos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Se ha observado que: 
  La cuenta justificativa de la DGPI no ha sido aprobada a la fecha de realización de los trabajos 
de fiscalización, por estar todavía pendiente la emisión del informe de la Intervención Delegada 
que exige las IEA. Preguntada sobre este punto, la Intervención Delegada en el Ministerio del 
Interior ha manifestado que el retraso se debe a las deficiencias de personal que presenta la 
unidad. 
                                                          
21 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
 
92  Tribunal de Cuentas 
II.2.5.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
  Con relación a la cuenta justificativa de la DGPI, la Intervención Delegada ante el Ministerio 
del Interior no había emitido, a la fecha de la terminación de los trabajos de campo, el Informe 
de fiscalización, incumpliendo los plazos que establecen las IEA. 
II.2.5.3  CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según lo dispuesto en la norma general 19ª de las IEA aprobadas para este proceso electoral, la 
cuenta justificativa debe incluir documentación original de cada expediente de gasto y todos los 
anexos que facilitan el seguimiento y el control de la ejecución del presupuesto asignado. Se han 
observado las siguientes deficiencias: 
  La cuenta justificativa de Tarragona no presenta el documento Situación de Tesorería que 
exigen las IEA. 
  La cuenta justificativa de la DGPI presenta este documento, junto con el arqueo de caja y el 
saldo de las cuentas corrientes, pero se trata de fotocopias sin compulsar no originales. 
II.2.5.4  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
No se han detectado incidencias relevantes. 
II.2.5.5  GASTOS DE PERSONAL
No se han detectado incidencias. 
II.2.5.6  TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
Según la norma general 3ª de las IEA, no podrán contraerse compromisos de gastos para los que 
no exista crédito suficiente. En aquellos casos en los que se prevea que el presupuesto disponible 
en un epígrafe determinado no es suficiente para atener gastos futuros, se podrán realizar traspasos 
con el objeto de ampliar dicho crédito. Los traspasos de los Servicios Centrales del Ministerio del 
Interior y de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán autorizados por la DGPI. El 
resto de centros gestores tendrá que comunicar a la DGPI las reasignaciones que hayan realizado. 
Se han observado las siguientes incidencias: 
  Traspasos extemporáneos 
La DGPI ha autorizado traspasos para los centros de gasto de la DGPI, de Barcelona, del MAEC 
y del INE con posterioridad a la celebración de la votación (entre 58 y 152 días posteriores a la 
votación).  
Estos traspasos tuvieron por objeto incrementar las partidas relativas a servicios extraordinarios de 
personal (DGPI e INE), fuerzas de seguridad (Barcelona), acondicionamiento de locales, sobres 
electorales y urnas electorales (MAEC). 
A juicio de este Tribunal, todos estos traspasos han sido realizados de manera extemporánea, toda 
vez  que  se  refieren  a  gastos  que,  dada  su  naturaleza,  tuvieron  que  ser  comprometidos  y  s
devengados con anterioridad a la celebración de las elecciones. El incremento extemporáneo de  e.
estas  partidas  resulta  contrario  a  la  norma  general  3ª  que  impide  que  puedan  contraerse  w.b
Gastos Procesos electorales 2015-2017  93 
compromisos de gasto «para los que no exista crédito suficiente en el epígrafe o subepígrafe 
correspondiente».22 
  Ausencia o deficiencia en la justificación 
El centro de gasto de la Guardia Civil ha solicitado, y la DGPI ha autorizado, la realización de un 
traspaso con cargo al Fondo de Contingencia, por importe de 18.788,02 euros. En el expediente del 
traspaso no se ha acreditado que dicho gasto no pudiera financiarse a través de un traspaso 
presupuestario, tal como exige la Instrucción I.B de las IEA, que señala «únicamente podrá acudirse 
al fondo de contingencia cuando las insuficiencias que se produzcan no puedan ser financiadas a 
través de un traspaso presupuestario». 
II.2.5.7  OTRAS INCIDENCIAS 
Con relación a la cuenta justificativa del MAEC, según los dos Anexos «Resumen de la cuenta 
justificativa» rendidos ante este Tribunal, ésta se encuentra dividida en «Cuenta Justificativa Caja 
Pagadora nº 1», con una dotación inicial de 234.000,00 euros para atender a gastos electorales;  y 
«Cuenta Justificativa Habilitación de Personal del MAEC», con una dotación de 866.000,00 euros 
para atender gastos de retribuciones de horas extraordinarias del personal que ha participado en el 
proceso electoral. Ambas suman una dotación inicial de 1.100.000 euros que, según el presupuesto 
electoral anejo a las IEA, corresponden al Centro de Gasto «Caja Pagadora del MAEC».  
Según el Informe definitivo de la Intervención Delegada en el MAEC, la formación de la segunda 
cuenta justificativa surge de la autorización del Ministerio del Interior por la que se transfirió, el 29 
de octubre de 2015, desde el banco de la Caja pagadora nº 1 al banco de la Habilitación de Personal, 
la cifra de 866.000,00 euros antes citados para hacer frente al pago de tales retribuciones. Entre la 
documentación rendida no se encuentra la citada autorización del Ministerio del Interior. En trámite 
de alegaciones el MAEC ha aportado autorizaciones de la DGPI para la formación de estas dos 
cuentas justificativas en dos procesos electorales anteriores a las EPC 2015. Con relación al 
proceso analizado, el MAEC únicamente ha aportado la solicitud dirigida a la DGPI –fechada en el 
mes de abril de 2016–, pero no la correspondiente autorización. 
Además, el sistema descrito anteriormente contraviene la norma general 29ª de las IEA que dice 
«concluido el proceso electoral, efectuados los pagos de la totalidad de los gastos y realizadas las 
operaciones descritas en las dos Normas Generales anteriores, se procederá a formar la cuenta 
justificativa, que será única por cada Centro para este proceso electoral, con independencia del 
número de libramientos de fondos que se hayan podido efectuar». 
Es a partir de las ECG 2015 cuando las IEA empiezan a autorizar la existencia de esta dualidad de 
cajas para un mismo centro de gasto en su norma general 6ª. 
II.2.6.  Elecciones Generales 2015 
II.2.6.1  PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA 
De acuerdo con lo dispuesto en la norma general 31ª de las IEA de este proceso electoral la cuenta 
justificativa debía estar aprobada antes del 29 de junio de 2016. 
                                                            es
22 El Ministerio del Interior ha hecho una alegación genérica a las incidencias relativas a la extemporaneidad de los  oe.
traspasos, por entender que las IEA no establecen plazo alguno para solicitar y aprobar los mismos. Esta alegación debe  w.
ser rechazada por resultar contraria al procedimiento presupuestario. Toda aprobación, compromiso y reconocimiento del  27ww
tdgoead socto rté rqadusitepoda sasuo sf iupcprieeensdutietpa uddeeosb taea  rlaiso e pqrr ueaevu itatoe renizxgaiasd tpeoon crc oifainn  daaelind ctaerdéri doinirticodr aeedmn  eaenll  tecaopr míugnpra reofepm íogis rsoau feyb  eorpe sícguorbanefoepc íicgmoriarerfenest opp rodenesdul ipegunaetsest,ot ad yrei o et aqjelu cfeou rccmiaóarne  qzduceael  
servicio.
 
94  Tribunal de Cuentas 
No obstante, al amparo del derecho que reconoce la norma general 33ª de las IEA, la DGPI autorizó 
la prórroga del plazo para la rendición de las cuentas justificativas del MAEC, Barcelona, Madrid y 
Tarragona. Según la norma general 34ª, la prórroga autorizada se aplica automáticamente a los 
Servicios Centrales del Ministerio del Interior y a los demás centros gestores de gasto, distintos de 
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que solicitaron la misma. Por tanto, a los efectos 
de esta fiscalización, habida cuenta las cuentas justificativas seleccionadas en la muestra que 
consta en el Anexo I, el plazo de rendición prorrogado para estos centros concluía, para el centro 
de gasto de Madrid (plazo solicitado de un mes) antes del 29 de julio de 2016 y del 29 de septiembre 
de 2016 para los centros de gasto de Barcelona (plazo solicitado de tres meses) y de la DGPI. 
Se han observado las siguientes incidencias: 
  A la fecha de terminación de los trabajos de fiscalización la cuenta justificativa de la DGPI no 
ha sido aprobada, aunque sí presentada a la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior. 
II.2.6.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
La norma general 31ª de las IEA señala que la cuenta justificativa deberá ser enviada, al menos con 
un  mes  de  antelación  al  vencimiento  del  plazo  de  aprobación,  a  la  Intervención  Delegada 
competente, para que realice el control financiero permanente que establece el artículo 13.2 del 
Real Decreto 562/1993. 
Se ha observado que, a la fecha de la conclusión de los trabajos de fiscalización, la cuenta 
justificativa de la DGPI no ha sido intervenida por la Intervención Delegada en el Ministerio del 
Interior. 
II.2.6.3  CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según la norma general 19ª, la cuenta justificativa debe incluir la documentación original de cada 
expediente de gasto y todos los anexos que facilitan el seguimiento y el control de la ejecución del 
presupuesto. Dentro de estos anexos se incluyen: el Seguimiento de Ejecución de Gastos y el 
Resumen General de Gastos (norma general 18ª); el Registro de cuenta corriente con entidades de 
crédito y Registro de Caja (norma general 25ª); el Estado de Situación de Tesorería (norma general 
26ª); la Relación de Facturas (norma general 30ª); o el Resumen de la Cuenta. Se han observado 
las siguientes incidencias: 
  En la cuenta justificativa de Barcelona no se incluye el Seguimiento de Ejecución de Gastos, 
el Resumen General de Gastos, el Registro de cuenta corriente con entidades de crédito, el 
Registro de Caja ni la Relación de Facturas. 
  La cuenta de Melilla no incluye ejemplar del Estado de Situación de Tesorería. Además, el 
Resumen de la Cuenta carece de la firma del interventor. 
II.2.6.4  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
La gestión del presupuesto electoral exige que, una vez librados los fondos, la realización de 
cualquier pago vaya precedida de la correspondiente autorización del gasto y de la correspondiente 
orden de pago. Además, la tramitación de los expedientes de contratación se regirá por el TRLCSP. 
A pesar de estas limitaciones, en la cuenta justificativa de Lugo se incluye el expediente de un 
contrato cuya fecha de adjudicación y formalización es previa al libramiento de los fondos.  e.e
Gastos Procesos electorales 2015-2017  95 
II.2.6.5  GASTOS DE PERSONAL
No se han detectado incidencias.23 
II.2.6.6  TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
Las IEA regulan el procedimiento a seguir en los casos de modificación del presupuesto electoral 
inicial,  estableciendo  una  serie  de  límites  y  especificando  el  contenido  del  expediente  de 
modificación.  
Además de los límites cuantitativos que afectan a los Capítulos I y II del presupuesto, las IEA 
establecen  que  los  subepígrafes  que  resulte  aminorados  para  incrementar  otros  no  podrán 
incrementarse posteriormente. 
La competencia para la autorización de los traspasos corresponde al Director General de Política 
Interior (motivo por el cual todos los expedientes de traspaso deben figurar en la cuenta justificativa 
de la DGPI). Se han observado los siguientes incidentes: 
  Ausencia o deficiente justificación 
En la cuenta justificativa de Cáceres se ha autorizado un traspaso que tenía como finalidad 
incrementar la partida de «servicios extraordinarios personal Subdelegación del Gobierno» en 6.350 
euros justificándolo en la especial dedicación del personal que participa en el proceso electoral, el 
cual ha tenido que dejar «las tareas habituales de su trabajo para realizarlo posteriormente, o 
realizar las tareas electorales fuera del horario de trabajo».24 
A juicio de este Tribunal, es precisamente la dedicación especial extraordinaria la que da derecho 
a esta indemnización, sin que la misma pueda considerarse a su vez justificativa de un incremento 
de la partida presupuestaria correspondiente. 
  Traspasos no permitidos 
En  la  cuenta  justificativa  de  Badajoz  se  ha  autorizado  un  traspaso  que  tenía  por  objeto 
incrementar un subepígrafe que había sido previamente minorado, en contra de los límites 
establecidos en las IEA, lo cual revela la existencia de una deficiente gestión y planificación 
presupuestaria. 
  Deficiente planificación presupuestaria. 
En las cuentas justificativas de Almería y de Ceuta se han autorizado dos traspasos que tenían 
como finalidad incrementar el subepígrafe relativo a los impresos electorales. La motivación se 
justifica señalando que en la cuantía inicial de estas partidas se fijó teniendo en cuenta procesos 
electorales en los que sólo existía un acta electoral y no dos –Congreso de los Diputados y Senado– 
como en este caso.  
En las cuentas justificativas de Zamora, Huesca, Badajoz y Ciudad Real se han autorizado 
cinco  traspasos  que  se  han  justificado  alegando  especiales  condiciones  de  tamaño, 
geográficas/orográficas de la provincia, con alto número de núcleos poblacionales con escasa 
población  muy  diseminada,  lo  que  incrementa  las  necesidades  de  personal  (un  mismo 
representante atiende varios colegios, realización de largos desplazamientos, etc.).25  
En la cuenta justificativa de Lugo, además del argumento orográfico, se justifica el traspaso en la  bo
mayor complejidad y duración del recuento de votos, habida cuenta de que el proceso electoral  27ww
2234  PLaásrr aafleog macoidoinfiecas dfoor emnu vlairdtuads  pdoer l ae ld Mocinuismteerniota dceiól nIn ptererisoer nntao dean eernv aenl t reál mcoitnet ednei daole dgealc Iinonfoersm. e.
25 Las alegaciones formuladas no enervan el contenido del Informe.
96  Tribunal de Cuentas 
afecta a la elección de los miembros de dos cámaras legislativas (Congreso de los Diputados y 
Senado) y no una. 
Entiende este Tribunal que estas circunstancias eran fácilmente conocibles durante la elaboración 
del presupuesto electoral, por lo que estos traspasos responden a un deficiente planificación 
presupuestaria. 
II.2.7.  Elecciones Generales 2016 
II.2.7.1  PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA 
Según lo dispuesto en las IEA, la cuenta justificativa deberá ser aprobada antes del día 4 de enero 
de 2017. 
En virtud de la facultad que reconoce la norma general 33ª de las IEA, la DGPI autorizó la prórroga 
para la presentación de la cuenta justificativa de cuatro centros de gastos –no incluidos en la 
muestra seleccionada–, lo que supuso la prórroga automática para la DGPI y el resto de centros de 
gasto distintos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno no afectadas. 
Se han observado las siguientes incidencias: 
  La cuenta justificativa de la DGPI no ha sido aprobada a la fecha de terminación de los 
trabajos de esta fiscalización. 
  La cuenta justificativa del INE fue aprobada con veintidós días de retraso respecto de la fecha 
límite de aprobación de la cuenta. El INE ha informado que este retraso es debido a la falta de 
cumplimiento del plazo de emisión de los informes por parte de la Intervención Delegada, «ya 
que la cuenta fue remitida al órgano fiscalizador con fecha de 3 de marzo de 2017 y no se 
consuma la fase de fiscalización hasta el 24 de abril de 2017». 
  En la cuenta justificativa de Jaén no consta la fecha de aprobación de la cuenta justificativa, 
lo que impide determinar si se ha cumplido o no el plazo establecido. El Ministerio del Interior 
ha alegado que la cuenta justificativa fue aprobada el día 15 de diciembre y que por error se 
aportó al Tribunal de Cuentas una versión errónea del Anexo 23. No obstante, el departamento 
ministerial no ha aportado la versión correcta del documento, motivo por el cual no se ha podido 
comprobar este extremo. 
II.2.7.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
De acuerdo con lo dispuesto en las IEA, las cuentas justificativas deben ser enviadas a la 
Intervención Delegada competente al menos un mes antes del plazo de aprobación de la cuenta. El 
órgano de control interno emitirá un Informe provisional que será sometido al trámite de alegaciones 
del centro de gasto por plazo de quince días. Finalmente, el Informe definitivo se remitirá al centro 
de gasto antes del vencimiento del plazo para la aprobación de la cuenta. 
Se han observado las siguientes incidencias: 
  A la fecha de la finalización de los trabajos fiscalizadores, la cuenta justificativa de la Guardia 
Civil no había sido enviada a la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior. 
  La Intervención Delegada en el Ministerio del Interior no ha fiscalizado, a la fecha de la  e.
redacción de este Informe, la cuenta justificativa de la DGPI.  w.
  vEel iInntfeo rdmíaes d deefsinpituivéos  rdeela ltaiv eox ap ilraa cciuóenn dteal  jpulasztiofi cparotirvroag daedlo I NreEc ofuneo ceimdoit iadlo I NelE 2 p4a drae  laab aripl rdoeb 2a0c1ió7n, 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  97 
de su cuenta, a pesar de que, como ha informado el centro de gasto, la cuenta fue enviada para 
su fiscalización el día 3 de marzo de 2017. 
II.2.7.3  CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según la norma general 19ª, la cuenta justificativa debe incluir la documentación original de cada 
expediente de gasto y todos los anexos que facilitan el seguimiento y el control de la ejecución del 
presupuesto. Dentro de estos anexos se incluyen: el Registro de Caja (norma general 25ª); el Estado 
de Situación de Tesorería, arqueo de caja y conciliación bancaria en su caso (norma general 26ª). 
Se han observado las siguientes incidencias: 26 
  En la cuenta justificativa de Guipúzcoa no se aporta el correspondiente Registro de Caja. 
  En las cuentas justificativas de Asturias y Jaén no constan los Estados de Situación de 
Tesorería27.  
  En la cuenta justificativa de Lugo el Estado de Situación de Tesorería, las conciliaciones 
bancarias y el arqueo de Caja no son documentos originales. 
II.2.7.4  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
La norma general 15ª de las IEA contiene una remisión al TRLCSP y al RGLCAP al establecer la 
tramitación y regulación de los expedientes de contratación formalizados con cargo al presupuesto 
electoral. 
  La cuenta justificativa de Lugo incluye el expediente relativo a un contrato de suministro de 
material de oficina por importe de 851,85 euros. El expediente no incluye certificado de 
conformidad del suministro, en contra de lo dispuesto en la norma general 17ª de las IEA y en 
el artículo 222 del TRLCSP. 
  La cuenta justificativa de Asturias incluye un expediente contractual relativo a la adquisición 
de papeletas electorales en cuyo contrato no consta la preceptiva firma de la empresa 
adjudicataria del suministro. 
Además,  esta  cuenta  incluye  ocho  expedientes  contractuales  en  los  que  no  consta  la 
conformidad de la prestación del suministro, contraviniendo lo dispuesto en la norma general 
17ª y en el artículo 222 del TRLCSP. Destacan por su cuantía los dos contratos suscritos 
relativos al acondicionamiento de locales electorales y al montaje, desmontaje y transporte de 
cabinas y urnas con una misma empresa por importe de 7.793,23 euros y 12.732,72 euros 
respectivamente. 
  Las cuentas justificativas de Lugo, Navarra, Asturias, y Guipúzcoa incluyen documentos 
que no son originales o que carecen del sello del órgano competente, en contra de lo dispuesto 
en las IEA.28  
26 Párrafos modificados en virtud de la documentación presentada en el trámite de alegaciones. 
27 El Ministerio del Interior reproduce en su alegación la cláusula 26ª de las IEA, argumentando que en la misma no se  es
indica que deba incluirse este documento en la cuenta justificativa. Una interpretación sistemática de las IEA impide a  oe.
este Tribunal aceptar esta alegación, ya que su apartado D) Aspectos Generales para la Gestión Documental de los  w.
Gastos Electorales afirma que «de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción Trigésimo sexta, la cuenta justificativa,  27ww
yae ldlaoen mqeuxáeos,   1de9en)  ,pl aeo srm tleoe sdd ioddcaou cemunme qneutnoet o desel  bEye sa tfnaoedrxmoo adsre  m pSaeirtnuteca icodineóa nlad d ocesu  Teaen lstoao  lrajuersrgítoaif  iecdasett áiev saet.xa  psr eInssatmruecncitoen mese,n ecsiotanraád ofo ermn aladsa  IpEoAr …(n»o.r mEas  2p6oªr 
28 Párrafo modificado en virtud de alegaciones.
98  Tribunal de Cuentas 
Las IEA establecen los límites de gasto en concepto de manutención distinguiendo entre los días 
de la votación y el resto de días, y entre desayunos, comida y cenas. 
  En la cuenta justificativa de Navarra se incluye una factura por importe de 39 euros 
correspondiente a un único comensal, superando el importe máximo señalado en las IEA. 
Además, se incorporan tres facturas en las que no se indica el número de comensales, por lo 
que no se puede comprobar si se cumplen los límites señalados en las IEA. Una de ella, por 
importe de 230 euros, fue emitida tres días después de la celebración de las elecciones, sin 
aporta justificación para ello. 
II.2.7.5  GASTOS DE PERSONAL 
No se han detectado incidencias. 
II.2.7.6  TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 
Las IEA regulan el procedimiento a seguir en los casos de modificación del presupuesto electoral 
inicial,  estableciendo  una  serie  de  límites  y  especificando  el  contenido  del  expediente  de 
modificación. Además, las IEA establecen los límites cuantitativos que afectan a los Capítulos I y II 
del presupuesto y la imposibilidad de incrementar aquellos subepígrafes que fueron previamente 
aminorados. 
Las solicitudes deben acompañarse de una memoria justificativa y del detalle de los epígrafes y 
subepígrafes con cargo a los que se imputa el incremento solicitado. 
La competencia para la autorización de los traspasos corresponde al Director General de Política 
Interior (motivo por el cual todos los expedientes de traspaso deben incorporarse a la cuenta 
justificativa de la DGPI). Se han observado los siguientes incidentes: 
  Ausencia o deficiente justificación 
El centro de gasto de Málaga ha solicitado un traspaso cuyo expediente no incluye justificación de 
la solicitud. 
En el centro de gasto de Barcelona se solicita un traspaso para aumentar la partida destinada a 
locales para el escrutinio, justificándolo exclusivamente en que el importe para locales «es muy 
superior al importe con el que se ha dotado el citado epígrafe», sin aportar más datos. 
La DGPI ha autorizado un traspaso en el centro de gasto de Zamora que tiene por finalidad 
aumentar la partida destinada a los servicios extraordinarios del personal de la Subdelegación del 
Gobierno, fundamentado en «las especiales condiciones geográficas de la provincia de Zamora con 
alto número de núcleos [poblacionales] con escasa población muy diseminada». Esta justificación 
resulta inadecuada a juicio de este Tribunal, ya que las mencionadas condiciones geográficas ya 
eran conocidas con carácter previo a la celebración de las elecciones. 
  Traspasos no permitidos 
Las IEA establecen que cada subepígrafe del Capítulo I podrá incrementarse hasta un máximo del 
40% de la cantidad inicialmente asignada.   s
No obstante, la DGPI ha autorizado un traspaso solicitado para los centros de gasto de Navarra y  w.b
de Cáceres que suponen respectivamente un incremento del Capítulo I del 166% y del 49,93%,  27ww
superior  al Tlímraistep adseol  4e0x%te mdep olará cnueaon tía inicialmente fijada establecido en las IEA para estos casos.  OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  99 
De acuerdo con lo dispuesto en la norma general 3ª de las IEA, no podrán contraerse compromisos 
de gastos para los que no exista crédito suficiente en el epígrafe o subepígrafe correspondiente. 
Los compromisos de gastos adquiridos que no puedan ser atendidos con cargo al presupuesto 
electoral se sufragarán con cargo al presupuesto ordinario del centro de gasto que los contrajo. 
A pesar de esta limitación, el centro de gasto de Badajoz solicitó un traspaso presupuestario que 
tuvo por finalidad liquidar las facturas pendientes presentadas por los taxistas de esta provincia 
(gastos de locomoción de la Junta Electoral Provincial). Es decir, la finalidad del traspaso era 
atender a gastos ya comprometidos y reconocidos, pendientes de pago por falta de crédito 
suficiente, lo que resulta contrario a las IEA que exigen la existencia de crédito previo para poder 
autorizar, comprometer y reconocer gasto. 
II.2.8. Elecciones al Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016 
II.2.8.1  PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Las IEA aprobadas para estos procesos electorales el día 19 de agosto de 2016 establecen que la 
cuenta justificativa deberá ser aprobada antes del día 3 de abril de 2017. 
Haciendo uso de la facultad de prórroga que reconocen las IEA, en este proceso electoral se acordó 
una ampliación del plazo de aprobación por periodo de 3 meses, a solicitud del MAEC, concluyendo 
el plazo para la aprobación de la cuenta antes del 3 de julio de 2016. De las cuentas que forman la 
muestra seleccionada (véase el Anexo I), esta prórroga afectó, por aplicación de la norma general 
34ª de las IEA, a la cuenta justificativa del MAEC, de la DGPI y del INE.  
Se ha observado que la cuenta justificativa de la DGPI no ha sido aprobada a la fecha de la 
realización de los trabajos de fiscalización. 
II.2.8.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
De acuerdo con lo dispuesto en la citada norma general 31ª, la cuenta justificativa tiene que ser 
remitida  a  la  Intervención  Delegada  competente,  para  que  se  realice  el  control  financiero 
permanente a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 562/1993, antes del mes anterior al 
vencimiento del término establecido para la aprobación de la cuenta. La intervención remitirá el 
informe provisional al órgano gestor correspondiente, para que formule alegaciones. En todo caso 
la Intervención deberá emitir su informe definitivo antes de que expire el plazo para la aprobación 
de las cuentas. La cuenta se aprobará, según la norma general 35º, en el plazo de diez días 
posteriores a la emisión del informe definitivo. Se han observado las siguientes incidencias: 
  La Intervención Delegada en el Ministerio del Interior, no ha informado, a la fecha de terminación 
de los trabajos de fiscalización, la cuenta justificativa de la DGPI. Preguntada sobre este 
extremo, la Intervención manifestó que el retraso se debe a la citada falta de personal. 
  La cuenta justificativa de Bizkaia fue aprobada con carácter previo a la emisión del Informe 
definitivo, lo cual resulta contrario a la norma general 35ª. 
II.2.8.3  CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
La contabilidad y gestión del gasto que realizan los distintos centros deberá documentarse según 
lo dispuesto en las IEA. Esta documentación incluye, entre otros, la existencia de un Registro  e
General de Libramientos –que deberá ir acompañado del certificado ADOK– (norma general 25ª).  bo
En el examen de la documentación rendida a este Tribunal, se ha detectado la siguiente incidencia:  27www.
100  Tribunal de Cuentas 
  La cuenta justificativa de Bizkaia no acompaña el certificado del ADOK expedido por la 
Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior. En el trámite 
de alegaciones el Ministerio del Interior aportó el documento ADOK carente de fecha y firma. 
II.2.8.4  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y REALIZACIÓN DE PAGOS
Según lo dispuesto en las IEA, antes de iniciar la formalización de cualquier gasto se debe contar 
con la aprobación correspondiente por parte del titular del centro de gasto. A mayor abundamiento, 
la norma general 20ª establece que la realización de cualquier pago requiere la previa aprobación 
del gasto y la correspondiente orden de pago expedida por la autoridad competente. 
Se han observado las siguientes deficiencias en la gestión presupuestaria: 
  En la cuenta justificativa de Bizkaia la aprobación del gasto del epígrafe presupuestario 
destinado a material de oficina no incluye ni aprobación del importe del gasto ni documento 
justificativo de la necesidad de la realización de dicho gasto. En el trámite de alegaciones el 
Ministerio del Interior aportó un documento denominado aprobación del gasto en el que, en 
contra de lo dispuesto en el artículo 73.2 de la LGP, no se indica la cuantía cierta o aproximada 
aprobada. Entre la documentación remitida no existe ningún documento justificativo de la 
necesidad.  
De acuerdo con lo dispuesto en la norma general 17ª de las IEA, entre la documentación a incluir 
en todos los expedientes de gasto habrá de constar un certificado de conformidad expedido por el 
órgano competente en el que quede acreditado que la obligación contraída ha sido prestada de 
conformidad con los términos acordados (en relación con el artículo 222.2 del TRLCSP). Lo mismo 
establece la Resolución del Presidente del INE de 9 de mayo de 2016. 
En lo referente al INE, la Resolución del Presidente de 9 de mayo de 2016, para la gestión de los 
gastos electorales de ese año, señala que, aprobada la realización de un gasto, el cajero pagador 
tomará razón contable de la misma y, una vez realizado el servicio o suministro, los Subdirectores 
Generales o Adjuntos darán conformidad a las facturas. 
  En la cuenta justificativa del INE, las delegaciones de Álava, Guipúzcoa y Lugo, no presentan 
la conformidad con el servicio. El INE ha aportado las órdenes internas de pago explicando que 
«se ha de tener en cuenta que en ese momento (no actualmente) en muchas de nuestras 
Delegaciones se venía considerando el documento “Orden Interna de Pago” (OIP) generado 
por la aplicación Sorolla como documento suficiente para hacer constar además de la orden de 
pago la conformidad del Delegado provincial que ordenaba tal pago, es decir, se entendía 
implícita en la orden de pago dada por el Delegado del INE la conformidad con el servicio que 
se ordenaba pagar, entendiendo que de no existir tal conformidad nunca el Delegado hubiere 
ordenado el pago». Sin embargo, ni las IEA ni la Resolución del Presidente del INE para la 
gestión de los gastos electorales del año 2016 contienen una previsión tal, por lo que dichos 
documentos no tienen entidad suficiente para sustituir a las actas de conformidad.  
  En la cuenta justificativa de Bizkaia no consta la conformidad con la prestación del servicio 
en ninguno de los gastos de los epígrafes del capítulo II. 
Todas estas incidencias revelan la existencia de una deficiente gestión presupuestaria. 
II.2.8.5  GASTOS DE PERSONAL
Se han detectado las siguientes incidencias:  b
  GfEísnai clliacai sac ,up nreaonc tptairc ejausdesantsitf.ai cnEa ll taMiv liianq iudsitede arlaicoi ó DdnGe dlP eIIn ,l taleasrsi or ner ótheman icnaioalensg edased d olea q  iGumeup aularedssi atdo eC dcivleai lrl aay c rdieoenn tleaas  Pd deoe lli acrísea tp eLenorccsiaoolnn daeess    OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  101 
se pagaron en noviembre (Guardia Civil, Orense y Lugo) y diciembre (Coruña y Pontevedra) de 
2016, indicando que se acompañaban justificantes. Sin embargo, este Tribunal no ha podido 
comprobar este extremo, ya que entre la documentación recibida no se encuentra ningún 
documento relativo a las nóminas señaladas, acompañando tan sólo una orden de pago relativa 
al cobro de veintiún perceptores distintos de los indicados. 
II.2.8.6  TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
Las IEA aprobadas para este proceso electoral recogen la posibilidad de realización de traspasos 
entre epígrafes presupuestarios, estableciendo el procedimiento y las limitaciones que se han de 
observar. Se han detectado las siguientes incidencias relativas a traspasos. 
En la cuenta de la DGPI figura la aprobación de un traspaso que tiene por finalidad aumentar en 
1.193,05 euros el subepígrafe 1.00.01 «Personal: Servicios Extraordinarios», produciéndose la baja 
en el subepígrafe 1.02.01 «Policía Nacional».  
Las  IEA  prohíben  incrementar  el  epígrafe  1.00  «Personal.  Servicios  Extraordinarios»  y  los 
subepígrafes en el incluido. Además, también impiden minorar el subepígrafe 1.02.01, salvo que 
sea para incrementar el subepígrafe 1.02.02 «Guardia Civil».  
También se ha observado que la DGPI ha autorizado la utilización del Fondo de Contingencia, a 
solicitud de la Delegación de Gobierno de Galicia de 7 de septiembre de 2016, motivada por la 
«insuficiencia  presupuestaria  para  abonar  con  cargo  al  epígrafe  1.02.03  “Policía  Local  y 
Autonómica" con la cantidad de 117.763,05 euros, al no existir cantidad asignada para atender el 
gasto». El traspaso fue autorizado con fecha de 12 de septiembre de 2016, ejecutándose finalmente 
un gasto de 104.868,94 euros. En el trámite de alegaciones el Ministerio del Interior indicó que la 
finalidad del traspaso fue atender a los gastos de la policía local de varios municipios. 
Este Tribunal ha podido comprobar que este tipo de gasto no aparecía presupuestado en ninguno 
de los procesos electorales de ámbito autonómico fiscalizados, habiendo sido presupuestado tan 
solo en las ELA 2015 y en las ECG 2015 y 2016.  
Como se ha expuesto en la introducción de este Informe, la Administración General del Estado 
celebra convenios de colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, en virtud del principio 
de cooperación y colaboración consagrado, de manera implícita, en la Constitución Española, y en 
el artículo 3.2 de la LRJPAC (actual artículo 3.1 de la LRJSP).  
En estos convenios marco se estipula que los costes generados por la gestión de los procesos 
electorales correrán a cargo del poder convocante, ya sea la Administración General del Estado –a 
través del Ministerio del Interior– o el Gobierno autonómico. 
La Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 
por la que se publica el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la 
Comunidad Autónoma de Galicia, establece, en su cláusula tercera, que «las Comunidades 
Autónomas asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos, los costes que se deriven para las 
Comunidades Autónomas de la gestión de los procesos electorales en los que el correspondiente 
Gobierno autonómico sea el poder convocante. El coste del dispositivo de seguridad de los Cuerpos 
y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado,  en  aquellas  Comunidades  Autónomas  que  no  tienen 
competencias en esta materia, correrá a cargo de la Administración General del Estado».  
Como puede observarse, la excepción final opera únicamente en relación a los gastos de los  e
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (integradas por la Policía Nacional y Guardia Civil  bo
spceleágruoús nnu olea l,a a d rleotíbsc uerlreoáf en9r  sedeenr tl eass uL faera ylag O aprdogoláiscn ípiaco alro  2lca/a1 Cl9, o8lom6s,u  dcneuid a1al3ed sd ,ae su metóganúroznmo l,aa d  rceeo gFnluaveo grczeaannset erya. C l cuoenrpteonsi ddae  eSne glau rciditaadd)a,   2021-1327n https://ww
102  Tribunal de Cuentas 
Este Tribunal considera que no queda suficientemente acreditado que el coste del dispositivo de 
seguridad de la policía local en las Elecciones al Parlamento Gallego deba ser sufragado por el 
Ministerio del Interior, ya que, de acuerdo con la normativa, debería correr a cargo de la propia 
Comunidad Autónoma, como ocurre en el resto de procesos electorales autonómicos, por ser esta 
el poder convocante del proceso. 
II.2.9. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2017 
II.2.9.1  PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
Según lo dispuesto en las IEA aprobadas para este proceso electoral, la cuenta justificativa debía 
estar aprobada antes del día 30 de junio de 2018, en relación con lo dispuesto en el artículo 13.2 
del Real Decreto 562/1993, de 16 de abril. Se ha observado que las cuentas justificativas de la 
DGPI y de la Policía Nacional no han sido aprobadas en plazo. A la fecha de terminación de los 
trabajos de fiscalización ambas cuentas estaban aún pendientes de aprobación por no haber sido 
aprobado el informe de control financiero permanente. 
II.2.9.2  INFORMES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
Las IEA contemplan el procedimiento de control que debe llevarse a cabo sobre las cuentas 
justificativas por las correspondientes Intervenciones Delegadas. Estipulan la necesidad de emitir 
un informe de control provisional que será posteriormente elevado a alegaciones del centro de gasto 
por periodo de quince días. A la vista de las alegaciones formuladas en su caso, la Intervención 
competente emitirá el Informe definitivo. 
A la fecha de la finalización de los trabajos de fiscalización, la Intervención Delegada en el Ministerio 
del Interior no había emitido los informes provisionales de control de las cuentas justificativas de 
la DGPI ni de la Policía Nacional. Preguntada por este extremo, la Intervención manifestó que el 
retraso se debe a la merma que la plantilla de personal ha sufrido en los últimos años, como se ha 
expuesto anteriormente. 
No se han detectado incidencias relevantes relativas al contenido de las cuentas, justificación de 
los gastos, realización de los pagos, gastos de personal ni traspasos en ninguna de las tres cuentas 
justificativas analizadas. 
Gastos Procesos electorales 2015-2017  103 
ANEXO III 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES INCLUIDOS  
EN LA MUESTRA DE FISCALIZACIÓN 
Importe 
Nº  Fecha 
Nº exp.  Objeto  Procedimiento  adjudicación 
contrato  formalización 
(euros) 
Suministros de códigos 
1  EPA/01/2015  Menor 18.000,00  16/02/2015
electorales 
Servicio de restauración 
2  EPA/2015  Menor 321,78  18/03/2015
jornada electoral 
Suministros de urnas 
3  ELA/01/2015  Derivado   112.880,00  09/03/2015 
electorales 
Suministros de cabinas y 
4  ELA/02/2015  Derivado   262.425,50  05/03/2015 
soportes señalizadores  
Suministros de sobres 
5  ELA/03/2015  Derivado   332.781,27  26/03/2015 
electorales  
Suministros de impresos 
6  ELA/04/2015  electorales y manuales  Derivado   173.129,50  12/03/2015 
de miembros de la mesa 
Servicio de campañas 
7  ELA/05/2015  institucionales de  Abierto 145.300,00  05/02/2015
publicidad 
Servicio de adaptación 
Negociado sin 
8  ELA/06/2015  de las artes creativas en  37.500,00  26/11/2014 
publicidad 
campaña institucional 
Servicio de asistencias 
Negociado sin 
9  ELA/07/2015  técnicas (INVELE,  59.600,20  25/02/2015 
publicidad 
CAJAELE, CAPPER) 
Servicio de cáterin fin de  Negociado sin 
10  ELA/08/2015  45.100,00  21/05/2015 
semana electoral  publicidad 
Arrendamiento de  Adjudicación 
11  ELA/09/2015  157.438,03  30/03/2015 
espacio IFEMA  directa 
Servicio de 
12  ELA/10/2015  acondicionamiento de  Abierto 324.970,00  22/04/2015
espacios del CDN 
Servicio de optimización 
13  ELA/11/2015  captura perceptores  Menor 6.285,00  12/02/2015
electorales 
Seguro de 
14  ELA/12/2015  Menor 14.017,90  22/05/2015
representantes  
Suministros de kit de 
15  ELA/13/2015  material de oficina  Derivado   172.008,60  26/02/2015 
miembros de mesa 
Servicio de escrutinio 
16  ELA/14/2015  Abierto 13.000.000,00  09/03/2015 
provisional  
Negociado sin 
17  ELA/15/2015  Servicio de web electoral  49.800,00  06/03/2015 
publicidad 
Servicio de apoyo a las 
18  ELA/16/2015  Menor 1.584,36  22/06/2015
comunicaciones  
Servicio de devolución  Negociado sin 
19  ELA/17/2015  58.950,00  24/07/2015 
franqueo CERA  publicidad 
Suministros de códigos 
20  ELA/18/2015  Menor 17.937,50  29/06/2015
electorales 
Servicio de restauración 
21  ELA/19/2015  Menor 299,99  09/06/2015
fin de semana electoral 
Servicio de refuerzo 
22  ELA/20/2015  extraordinario de  Menor 17.350,00  25/09/2015 es
sistemas   oe.
Suministros de  w.
23  ELA/21/2015  tarjetones de  Menor 560,00  18/05/2015 27ww
24  ELA/22/2015  aSdepu amrrecicnaiibsmtorie ons tdoe   acuses  Menor 765,00  14/07/2015
104  Tribunal de Cuentas 
Importe 
Nº  Fecha 
Nº exp.  Objeto  Procedimiento  adjudicación 
contrato  formalización 
(euros) 
Suministros de sobres 
25  ELA/23/2015  Derivado   4.754,10  15/04/2015 
voto CERA 
Suministros de 
26  ELA/24//2015  Menor 6.200,86  19/05/2015
acreditaciones  
Servicios de transporte 
27  ELA/25//2015  Menor 2.286,60  05/06/2015
material a IFEMA 
Suministros de bases de 
28  ELA/26//2015  datos de entidades  Menor 2.232,00  29/05/2015
financieras 
Suministros de prensa 
29  ELA/27//2015  Menor 304,51  09/06/2015
IFEMA 
Servicio de líneas 
30  ELA/28//2015  Menor 41.699,40  28/01/2016
telefónicas  
Servicio de restauración 
31  EPC/01/2015  Menor 257,60  25/09/2015
jornada electoral comida 
Servicio de restauración 
32  EPC/01/2015  Menor 194,83  25/09/2015
jornada electoral cena 
Suministros de urnas 
33  ECG/01/2015  Derivado   97.940,00  29/09/2015 
electorales 
Suministros de cabinas y 
34  ECG/02/2015  Derivado   246.145,50  29/09/2015 
soportes señalizadores 
Suministros de sobres 
35  ECG/03/2015  Derivado   600.305,71  01/10/2015 
electorales  
Suministros de impresos 
36  ECG/04/2015  electorales y manuales  Derivado   228.647,95  02/10/2015 
de miembros de la mesa 
Servicio de campañas 
37  ECG/05/2015  institucionales de  Abierto 195.000,41  19/10/2015
publicidad 
Suministros de kit de 
38  ECG/06/2015  Abierto 69.795,00  05/11/2015
voto accesible 
Servicio de asistencias 
Negociado sin 
39  ECG/07/2015  técnicas (INVELE,  56.304,00  20/11/2015 
publicidad 
CAJAELE, CAPPER) 
Servicio de cáterin fin de  Negociado sin 
40  ECG/08/2015  36.363,64  14/12/2015 
semana electoral  publicidad 
Arrendamiento de  Adjudicación 
41  ECG/09/2015  257.109,90  03/11/2015 
IFEMA  directa 
Servicio de 
42  ECG/10/2015  acondicionamiento de  Abierto 298.610,00  08/10/2015
espacios del CDN 
Servicio de seguro de 
43  ECG/12/2015  Menor 14.272,26  03/11/2015
representantes  
Suministros de kit de 
44  ECG/13/2015  material de oficina  Abierto 138.006,90  05/10/2015
miembros de mesa  
Servicio de escrutinio 
45  ECG/14/2015  Abierto 9.800.000,00  19/10/2015
provisional  
Servicio de aplicación de  Negociado sin 
46  ECG/15/2015  59.900,00  22/10/2015 
voto accesible  publicidad 
Servicio de apoyo a las 
47  ECG/16/2015  Menor 1.290,96  24/11/2015
comunicaciones  
Servicio de simulador 
48  ECG/17/2015  Menor 17.995,00  14/12/2015
electoral 
Servicio de refuerzo 
49  ECG/20/2015  extraordinario de  Menor 6.550,00  04/12/2015
sistemas  
Suministros de  e.e
50  ECG/21/2015  tarjetones de  Menor 607,50  11/11/2015 bo
aparcamiento CDN  w.
Servicio de devolución  Negociado sin  27ww
5512   EECCGG//2232//22001155   fSSrauAnmI q iuneisotr oCsE dReA a-ElqRuTileAr   pMuebnliocridad  489.122100,,0000   1179//1024//22001156  OE-A-2021-13able en https://
Gastos Procesos electorales 2015-2017  105 
Importe 
Nº  Fecha 
Nº exp.  Objeto  Procedimiento  adjudicación 
contrato  formalización 
(euros) 
Suministros de 
53  ECG/24/2015  Menor  4.385,92  27/10/2015 
acreditaciones CDN 
Servicio de transporte 
54  ECG/25/2015  Menor  2.024,80  14/12/2015 
material al CDN  
Suministros de prensa 
55  ECG/26/2015  Menor  135,00  18/12/2015 
CDN  
Suministros de 
56  ECG/27/2015  Menor  2.232,00  18/12/2015 
entidades de crédito 
Suministros de urnas 
57  ECG/01/2016  Derivado   96.280,00  20/05/2016 
electorales  
Suministros de cabinas y 
58  ECG/02/2016  Derivado   235.451,00  20/05/2016 
soportes señalizadores 
Suministros de sobres 
59  ECG/03/2016  Derivado   597.010,06  09/05/2016 
electorales  
Suministros de impresos 
Negociado sin 
60  ECG/04/2016  electorales y manuales  272.280,68  09/05/2016 
publicidad 
de miembros de la mesa 
Servicio de campañas 
Negociado sin 
61  ECG/05/2016  institucionales de  110.000,00  09/05/2016 
publicidad 
publicidad 
Suministros de kit de  Negociado sin 
62  ECG/06/2016  73.790,00  20/05/2016 
voto accesible  publicidad 
Servicio de asistencias 
Negociado sin 
63  ECG/07/2016  técnicas (INVELE,  55.980,00  25/05/2016 
publicidad 
CAJAELE, CAPPER) 
Servicio de cáterin fin de  Negociado sin 
64  ECG/08/2016  36.363,64  17/06/2016 
semana electoral  publicidad 
Arrendamiento de  Adjudicación 
65  ECG/09/2016  288.484,23  10/06/2016 
IFEMA  directa 
Servicio de 
Negociado sin 
66  ECG/10/2016  acondicionamiento de  276.600,00  07/06/2016 
publicidad 
espacios del CDN 
Suministros de sobres 
67  ECG/11/2016  Derivado   113.314,73  25/05/2016 
electorales  
Suministros de sobres 
68  ECG/12/2016  Derivado   41.194,44  07/06/2016 
electorales 
Suministros de kit de 
Negociado sin 
69  ECG/13/2016  material de oficina  129.387,72  17/05/2016 
publicidad 
miembros de la mesa 
Servicio de escrutinio  Negociado sin 
70  ECG/14/2016  3.895.000,00  10/06/2016 
provisional   publicidad 
Servicio de apoyo a  Negociado sin 
71  ECG/15/2016  83.000,00  20/05/2016 
juntas electorales   publicidad 
Servicio de 
72  ECG/16/2016  comunicaciones de voz y  Menor  16.965,48  06/05/2016 
datos 
Suministros de 
73  ECG/17/2016  Menor  4.212,80  25/05/2016 
acreditaciones CDN 
Suministros de 
74  ECG/18/2016  tarjetones aparcamiento  Menor  550,00  25/05/2016 
CDN 
Servicio de apoyo a las 
75  ECG/19/2016  Menor  1.584,36  09/06/2016 
comunicaciones  
Servicio de seguro de 
76  ECG/20/2016  representantes de la  Menor  17.850,00  08/06/2016 
admón.  
Servicio de refuerzo 
77  ECG/21/2016  extraordinario de  Menor  7.250,00  10/06/2016  e.e
sistemas   bo
Suministros de  w.
78  ECG/22/2016  arrendamiento pantalla  Menor  7.500,00  17/06/2016  27ww
CDN 
 
106  Tribunal de Cuentas 
Importe 
Nº  Fecha 
Nº exp.  Objeto  Procedimiento  adjudicación 
contrato  formalización 
(euros) 
Suministros de cáterin 
79  ECG/23/2016  jornada electoral Mº  Menor 360,37  22/06/2016
Interior  
Servicio de devolución  Negociado sin 
80  ECG/24/2016  355.000,00  04/10/2016 
franqueo CERA-ERTA  publicidad 
Servicio de traslado de 
81  ECG/25/2016  Menor 2.918,40  22/06/2016
equipos CDN  
Suministros de 
82  ECG/26/2016  abastecimiento de  Menor 315,29  24/06/2016
prensa CDN 
Servicio de restauración 
83  EVG/01/2016  Menor 360,36  19/09/2016
jornada electoral comida 
Servicio de restauración 
84  EVG/01/2016  Menor 189,03  19/09/2016
jornada electoral cena 
Suministros de urnas 
85  EPC/01/2017  Derivado   20.086,00  14/11/2017 
electorales  
Suministros de cabinas 
86  EPC/02/2017  Derivado   35.153,53  17/11/2017 
electorales