BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21429
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2823 Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Valencia n.º 10, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don Jorge Antonio Milz Ramón, notario de Valencia, 
contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Valencia número 10, doña 
María Pilar García Goyeneche, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de julio de 2021 por el notario de Valencia, 
don Jorge Antonio Milz Ramón, se otorgó la compraventa de un inmueble. Interesa a los 
efectos de este expediente que los compradores son los cónyuges don I. S. y doña K. K., 
ambos de nacionalidad india, y en la escritura se manifestaba lo siguiente: «Aseverando 
estar sujeto su matrimonio al régimen legal subsidiario correspondiente a la nacionalidad 
común de ambos, que es la india, al tiempo de celebración del matrimonio que se 
celebró en India».
II
Presentada el día 30 de julio de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 10, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Presentado  el  precedente  documento  el  30/07/2021  según  el  asiento  672  del 
diario 100, cuya vigencia ha sido prorrogada y aportada comunicación al Ayuntamiento 
de Valencia a efectos de plusvalía el siete de octubre de dos mil veintiuno, en este 
Registro de la Propiedad de Valencia número diez, previa su calificación jurídica en los 
términos a que se refiere el artículo 18 y demás aplicables de la Ley Hipotecaria, se 
extiende  nota  de  calificación  desfavorable  con  base  en  los  siguientes  hechos  y 
fundamentos de Derecho:
Hechos:
1. Se presenta escritura de compraventa autorizada por el notario de Valencia don 
Jorge  Antonio  Milz  Ramón  el  29  de  julio  de  2021  en  la  que  comparecen,  como 
compradores, los esposos don I. S. y doña K. K., ambos de nacionalidad india, quienes 
compran de conformidad con su régimen matrimonial legal subsidiario indio.
2. En el derecho indio no existe propiamente un régimen de bienes del matrimonio. 
Al igual que ocurre, por ejemplo, en el Derecho inglés o en el Derecho islámico, cada  s
cónyuge conserva la propiedad privativa de sus bienes adquiridos a cualquier título ante  e.
o  constante  el  matrimonio,  y  los  conservan  sin  limitaciones  una  vez  disuelto.  El  w.
matrimonio,  opera,  en  consecuencia,  como  un  régimen  de  separación  absoluta  de  23ww
bienes. Por tanto, deberá hacerse constar la proporción en que adquiere cada cónyuge.
Fundamentos de derecho:
Primero. Con Carácter general, conforme a los art. 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de 
su  Reglamento,  el  Registrador  califica  bajo  su  responsabilidad  los  documentos 
presentados, extendiéndose la calificación -entre otros extremos- a “los obstáculos que 
surjan del Registro”, a “la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de 
toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción”, a “las que afecten a la validez de los 
mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos» y a “la no 
expresión, o la expresión sin claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, 
según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad”.
Segundo. El cuanto al hecho descrito al número 2 el artículo 92 del Reglamento 
Hipotecario  establece:  “Cuando  el  régimen  económico  matrimonial  del  adquirente  o 
adquirentes  casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera,  la  inscripción  se 
practicará a favor de aquél o aquéllos, haciéndose constar en ella que se verifica con 
sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de este si constare”. En este sentido, 
la  DGRyN  entiende  que  «Aun  cuando  no  se  impone  en  nuestro  ordenamiento  al 
registrador el deber de conocer la legislación extranjera, de tener conocimiento de la 
misma, y ser el régimen extranjero legal alegado un régimen de separación, debe exigir 
que se expresen las cuotas de cada adquirente conforme al artículo 54 del Reglamento 
Hipotecario». (Resolución de 31 de agosto de 2017).
El  referido  artículo  54  del  Reglamento  Hipotecario,  establece  que  “1.  Las 
inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de 
cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. 2. Esta 
regla se aplicará cuando las partes de un mismo bien, aun perteneciendo a un solo 
titular, tengan distinto carácter o distinto régimen. 3. No se considerará cumplido este 
requisito si la determinación se hiciere solamente con referencia a unidades de moneda, 
de medida superficial u otra forma análoga”.
La Dirección General ha determinado que, si el registrador afirma conocer el régimen 
económico-matrimonial declarado por los interesados, puede exigir que la inscripción de 
la adquisición se ajuste a las características de dicho régimen R. 19-12-2003, 10-1-2004, 
4-2-2004, 12-2-2004, 31-8-2017, 2-4-2018, 7-9-2018,10-9-2018 y 19-10-2018. Por ello, 
en el caso de que los compradores extranjeros manifiesten adquirir con arreglo a su 
régimen económico-matrimonial, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por 
ejemplo, es un régimen de separación, está (art. 54 RH) justificada su exigencia de que 
se precise la cuota que cada uno adquiere. (R. 1-3-2019, BCNR-63, BOE 28-3). Doctrina 
retirada en R. 10-6-2020 (BCNR-79, BOE 31-7, ref. BOE 8889).
De  conformidad  con  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  expuestos  acuerdo 
suspender la inscripción solicitada, calificándose el defecto como subsanable.
Contra la expresada calificación (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Pilar 
García Goyeneche registrador/a de Registro Propiedad de Valencia 10 a día diecisiete de 
noviembre del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Jorge Antonio Milz Ramón, notario de 
Valencia,  interpuso  recurso  el  día  21  de  diciembre  de  2021  en  el  que  alegaba  lo 
siguiente: e.e
«Primero. La única cuestión planteada, y que es de fondo, es análoga a la resuelta  23www.
pgFoeurnn eSdnraeaumgle,u esenntxrdtoioog s.e C  dqeeCun iDeter roelta roes Dc eiihnsreos qc ccturioivepmo ce ioole  nlRnae ses vg edalnaerumi ampsea enrrtRtaoeed shsa iiosnpl doupitcoveiirocs nalaaers iRso d, e eegt naius nnsttrauoa   dfailonratrc/íasca  u eolsno e  dsñ5eua4r le,ca cacdhloaifoni/cs  pa crcaeeirnócá nics.lteoensr    OE-A-2022-28able en https://
la porción ideal de cada condueño, y en sede de inscripción de bienes de los cónyuges y
de la sociedad conyugal, artículo 90.2, dispone que “Los bienes adquiridos por ambos 
cónyuges, sujetos a cualquier régimen de separación o participación, se inscribirán a 
nombre de uno y otro, en la proporción indivisa en que adquieran conforme al artículo 54 
de este Reglamento”.
Cierto es que, no rigiendo el principio “iura novit curia”, el Derecho extranjero debe 
ser objeto de prueba (cfr. artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), norma 
procesal que respecto de la autoridad pública, Notario o Registrador, que desarrolla 
funciones  no  jurisdiccionales,  debe  quedar  sujeta  a  reglas  especiales,  en  cuanto 
apartándose de la solución general se adapten a las particularidades inherentes al 
ámbito extrajudicial (en este sentido, Resoluciones de 27 de abril de 1999, 1 de marzo 
de 2005 y 20 de enero de 2011, y 26 de julio de 2016).
Cierto es que, en este sentido, la Dirección General ha incidido reiteradamente en la 
conveniencia,  tanto  por  notarios  como  por  registradores,  de  ir  avanzando  en  el 
conocimiento de los derechos de los demás Estados, especialmente si forman parte de 
la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del Derecho extranjero en el ámbito 
extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 del Reglamento 
Hipotecario,  y  excepcionalmente  a  los  artículos  de  la  Ley  de  Cooperación  Jurídica 
Internacional, sino a los medios que proporciona, en el ámbito de la Unión Europea, el 
entorno E-Justicia; precisamente, la citada Resolución de 26 de julio de 2016, recordaba 
que dada la especial importancia que tienen las inversiones extranjeras en la economía 
nacional, sin perjuicio de la necesaria seguridad jurídica que debe siempre prevalecer, 
resulta  especialmente  importante  la  labor  que  han  de  desempeñar  notarios  y 
registradores, en criterios de razonabilidad, en el conocimiento necesario para que tanto 
la inversión como la realización de la inversión extranjera resulte lo menos compleja 
posible.
Y  cierto  es,  como  también  ha  señalado  la  Dirección  General,  que  no  debe 
confundirse la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero con el deber de 
determinar cuál es la legislación extranjera aplicable, de modo que el notaría autorizante 
debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si existen capítulos o 
contrato  matrimonial  entre  ellos  para  proceder,  tal  y  como  exige  dicho  precepto, 
testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto. 
Como expresó el Centro Directivo en Resoluciones de 15 de junio de 2009, 5 de marzo 
de 2010 y 20 de diciembre de 2011, “...es necesario que el Notario, en cumplimiento de 
su  deber  genérico  de  control  de  legalidad  de  los  actos  y  negocios  que  autoriza... 
despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen 
económico  matrimonial  que  rige  entre  los  esposos.  En  tal  sentido,  establece  el 
artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen fuere el legal bastará la 
declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras 
haber  informado  y  asesorado  en  Derecho  a  los  otorgantes,  y  con  base  en  las 
manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos corno su 
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o 
el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos -cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código 
Civil-), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el 
legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal 
circunstancia -el carácter legal de dicho régimen- al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate”.
Tercero. Sentadas las anteriores bases, deben traerse y en su caso contraponerse 
otros  argumentos  que  entendemos  deben  prevalecer  en  el  concreto  supuesto  (de  es
adquisición) que nos ocupa. o
cdamóeratntítecyrAuriummslgoíoi,e n n9ssai. iad2 blo ecdi,eso e nmlyo   Cpe crldó auenddatoioegltqrraoemur siicoei,ni  rva dilode uotabnr, oea  s  ladiin  olvdecelaesuzg gm faiusereal anrsscetoeoi óbv anerqpe rula iecaeda pla fblri ijécleeag l,ab iume lnele   iRrnnéc eegoexgincmilsao temnebnónae mcsneietaicco  oo na( Udmó eEmlao )tis cr2ci oma0 cpo1mriin6ttaeui/a1trlra1lii omc0dsi3eoo   nnddloeieeasslll      OE-A-2022-2823able en https://www.
Consejo de 24 de junio de 2016, la conclusión no puede ser otra que o bien determinar el
concreto régimen económico matrimonial legal aplicable, si el notario autorizante tiene 
bastante conocimiento del mismo o se le acredita por alguno de los medios a tal fin (por 
ejemplo, conforme al artículo 36 del Reglamento Hipotecario, sin ser numerus claussus, 
por informe de cónsul o funcionario competente del país de la legislación, o por alguno 
de los medios que establece la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional en materia civil), o bien, si no pudiéndose determinar por dichos medios el 
concreto régimen económico matrimonial y si así lo solicitan los otorgantes, instar la 
inscripción  con  arreglo  a  la  posibilidad  que  recoge  el  artículo  92  del  Reglamento 
Hipotecario cuando dispone “Cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o 
adquirentes  casados  estuviere  sometido  a  legislación  extranjera,  la  inscripción  se 
practicará a favor de aquél o aquéllos haciéndose constar en ella que se verifica con 
sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de éste, si constare”.
Cierto  es  que  el  artículo  36  del  Reglamento  Hipotecario  establece  que  “la 
observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto podrán acreditarse, entre otros medios, mediante aseveración o 
informe  de  un  Notario  o  Cónsul  español  o  de  Diplomático,  Cónsul  o  funcionario 
competente del país de la legislación que sea aplicable. Por los mismos medios podrá 
acreditarse  la  capacidad  civil  de  los  extranjeros  que  otorguen  en  territorio  español 
documentos inscribibles. El Registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir de 
dichos medios si conociere suficientemente la legislación extranjera de que se trate, 
haciéndolo así constar en el asiento correspondiente”.
Así,  no  obstante  no  estar  en  la  escritura  pública  suficientemente  acreditado  el 
Derecho extranjero, si el Registrador tiene conocimiento suficiente de la legislación 
extranjera aplicable, podrá practicar la inscripción salvando la necesidad de acreditación; 
se trata en todo caso de una previsión posibilitadora de la inscripción, como luego 
veremos; pero, en el supuesto que nos ocupa, una vez determinada la ley aplicable a los 
efectos patrimoniales y no habiéndose podido averiguar por ninguno de los expresados 
medios el concreto régimen económico matrimonial que dicha Ley determina, solicitando 
los  cónyuges  compradores  se  inscriba  su  adquisición  con  sujeción  a  la  previsión 
normativa del artículo 92 del propio Reglamento Hipotecario, el conocimiento por el 
Registrador del concreto régimen legal supletorio no debe determinar la exigencia de 
requisitos que impida a aquellos lograr la inscripción de su derecho sujetándose a la 
norma que el propio ordenamiento prevé, máxime cuando, por la propia función registral, 
aquel conocimiento va a ponerse siempre de manifiesto en un momento posterior a la 
autorización de la escritura, esto es, al tiempo de la calificación.
Entendemos que el Reglamento hipotecario, tanto en el último párrafo del artículo 36, 
cuando el Registrador tenga conocimiento suficiente de derecho extranjero, como el 
artículo 92, cuando permite la inscripción de la adquisición del cónyuge cuyo régimen 
económico matrimonial esté sometido a una legislación extranjera, están posibilitando la 
inscripción, en el primer caso porque aunque el derecho extranjero no esté acreditado es 
conocido  por  el  funcionario  calificador,  y  en  el  segundo  porque  la  propia  Ley  ha 
considerado  que,  dada  la  dificultad  de  acreditar  el  concreto  régimen  económico 
matrimonial, pueda instarse la inscripción en el modo que dicho precepto prevé. En este 
sentido, la Resolución de 20 de enero de 2011 señaló que “el registrador, pese a que 
quien  insta  la  inscripción  no  acredite  el  contenido  del  ordenamiento  extranjero  de 
acuerdo  a  los  imperativos  expuestos,  podrá  aplicar  un  Derecho  extranjero  si  tiene 
conocimiento  de  él  o  indaga  su  contenido  y  vigencia,  en  caso  contrario,  deberá 
suspender la inscripción”. es
Concluimos que, en el supuesto de compra por cónyuges cuyo matrimonio quede  o
egansuxerotcjnvíeceieetupormlac olib eeorsnsnee, a   yddsi eunoq stsu1r  oe9loed 8dsfu2e eja,cob rtf eotríme scpn uártlseeeo cv satoa a 5nllera4ódc  mereye  rig9c pelo0oals. r 2a g  rleapatín á cerruuerrlnaoafoaf lo 9r ym 2dale,ae  ger le ixdsRgilesaelatlcg e iRelnóastnemep g eedleacnexmit atodrela e;H nntpetijropere omrcahtiei,sin pcaaodamctereiióebocnne,a  tnprdei ooe, re  e cnsdsueteteoer n t 1raúde2sletg  irmdldaseeeosl      OE-A-2022-2823able en https://www.
artículo 54. Esta interpretación, que favorece o más bien posibilita la inscripción y la
protección  del  comprador,  es  también  más  ajustada  al  fundamental  principio  de 
seguridad jurídica, puesto que teniendo lugar la adquisición al tiempo del otorgamiento 
de la escritura, será ese el momento en que el o los cónyuges adquirentes, cuyo régimen 
esté sometido a una legislación extranjera, ante la no posibilidad de acreditar su concreto 
régimen económico o ante la conveniencia o urgencia alegada por los mismos de no 
dilatar  la  compra,  decidirán  acogerse  a  la  previsión  del  citado  artículo  92,  que  no 
distingue para su aplicación clases de regímenes económicos matrimoniales, sin que el 
conocimiento  o  no  del  funcionario  calificador,  que  es  posterior,  debe  alterar  esa 
posibilidad, máxime incluso cuando podrían quedar afectados derechos de terceros (vgr. 
el del acreedor hipotecario, de existir financiación para la adquisición).
Debe añadirse que la no aplicación de la regla general del articulo 54 en el caso que 
nos ocupa, y posponer la acreditación del concreto régimen económico matrimonial al 
momento del acto de disposición, no perjudicará a terceros embargantes, puesto que 
tras la reforma del artículo 144 del Reglamento Hipotecario (por la Disposición adicional 
Cuarta de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre), viniendo a cubrir la laguna legal, se 
añadió el número 6 del citado precepto, al disponer que «cuando se trate de bienes 
inscritos  conforme  al  artículo  92  de  este  Reglamento,  a  favor  de  adquirente  o 
adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, con sujeción a su régimen 
matrimonial, se haya o no indicado dicho régimen, el embargo será anotable sobre el 
bien o participación indivisa del mismo inscrita en tal modo, siempre que conste que la 
demanda o el apremio han sido dirigidos contra los dos cónyuges, o que estando 
demandado o apremiado uno de los cónyuges ha sido notificado al otro el embargo»; y 
ya anteriormente, nuestro Centro Directivo admitió, la posibilidad alternativa, para el caso 
de falta o insuficiencia de prueba del régimen legal extranjero, de obtener la anotación 
del embargo en caso de que la demanda se hubiera dirigido en el correspondiente 
procedimiento  ejecutivo  contra  ambos  cónyuges,  señalando  al  tiempo  que  no  era 
suficiente  la  mera  notificación  o  comunicación  a  efectos  de  tracto  sucesivo  por 
desconocerse si con arreglo al Derecho extranjero aplicable rige o no un sistema similar 
al de gananciales que permitiera la aplicación de lo dispuesto en el artículo 144.1 del 
Reglamento Hipotecario. La demanda a ambos cónyuges además permitía que, si la 
anotación concluía con la venta forzosa de la finca, el juez o funcionario correspondiente 
podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía».
IV
Mediante escrito, de fecha 29 de diciembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, apartados 1, 2 y 3, 10.1, 12, apartados 1, 4 y 6, 397, 1058, 
1067, 1083, 1344, 1347, 1373, 1374, 1375, 1401 y 1404 del Código Civil; 1, 2, 18, 20, 
38, 40, 42.6.º, 46 y 326 de la Ley Hipotecaria; el Reglamento (UE) 2016/1103 del 
Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en 
el  ámbito  de  la  competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de 
resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales; 281 y 541 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; 53 de la Ley del Notariado; 33 a 36 y la disposición adicional 
primera, letra f), de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional  s
en  materia  civil;  los  artículos  34,  35,  36,  51.6.ª  y.9.ª,  54,  92,  100,  144  y  166  del  oe.
Reglamento  Hipotecario;  159  y  168.4  del  Reglamento  Notarial;  las  Sentencias  del  w.
Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990, 25 de enero  23ww
dDeir e1c9c9ió9n,  G1 eyn e8r adl ed efe lborse Rroe gdies tr2o0s1 y6  dye l1 N7 odtaer iaednoe rdoe  d1e7  2d0e1 8e;n elaros  dRee s1o9l5u5c,i o1n4e sd ed eju lliao 
ddee  11999615,,  1125  ddee f ejublrieor od ey  2119 7d1e,  m20a ydoe d een 1e9ro9 8d, e5  1d9e8 m3,a r2z8o , n2o7v ideem barber il 1y9 8188,  d8e  doect ujublrioe   BOE-A-cable e
de 1999, 10 de junio y 7 de diciembre de 2000, 16 de marzo y 23 de diciembre de 2002, 
3 de enero, 13 de octubre y 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero 
de 2004, 14 de febrero, 1 de marzo, 23 de abril, 5 de mayo y 25 de junio y 10 de octubre 
de 2005, 30 de enero, 24 de febrero, 5 de julio, 11 de octubre y 18 de noviembre 
de 2006, 21 de febrero, 28 de mayo y 15 y 19 de octubre de 2007, 26 de febrero 
de 2008, 16 de enero, 17 de marzo, 2 y 15 de junio y 6 de noviembre de 2009, 5 de 
marzo, 21 de abril, 16 y 17 de agosto de 2010, 20 de enero, 11 y 22 de julio y 20 de 
diciembre de 2011, 22 de febrero, 22 de marzo y 4 de octubre de 2012, 19 de febrero, 7 
de marzo, 5 de julio, 31 de octubre y 11 de diciembre de 2013, 6 de marzo, 13 de agosto, 
13 de octubre y 10 y 12 de diciembre de 2014, 20 de julio, 28 de octubre y 4 de 
diciembre de 2015, 15 de febrero, 3 de agosto y 21 de diciembre de 2016, 16 de febrero, 
17 de mayo, 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 1 y 5 de marzo, 2 de abril, 6 de junio, 7 
y 10 de septiembre, 19 de octubre y 7 de noviembre de 2018 y 24 y 30 de enero, 27 de 
febrero, 7 y 22 de marzo y 7 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de junio, 15 de septiembre y 19 de 
noviembre de 2020 y 15 de enero de 2021.
1. Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
compraventa en la que concurren las circunstancias siguientes: los compradores son 
matrimonio, ambos de nacionalidad india, y en la escritura se manifiesta lo siguiente: 
«Aseverando estar sujeto su matrimonio al régimen legal subsidiario correspondiente a la 
nacionalidad común de ambos, que es la india, al tiempo de celebración del matrimonio 
que se celebró en India».
La registradora señala como defecto que en el Derecho indio no existe propiamente 
un régimen de bienes del matrimonio. Al igual que ocurre, por ejemplo, en el Derecho 
inglés o en el Derecho islámico, cada cónyuge conserva la propiedad privativa de sus 
bienes adquiridos por cualquier título antes del matrimonio o constante el mismo, y los 
conservan sin limitaciones una vez disuelto. El matrimonio, opera, en consecuencia, 
como un régimen de separación absoluta de bienes, por tanto, deberá hacerse constar la 
proporción en que adquiere cada cónyuge.
El notario recurrente alega lo siguiente: que una vez determinada la ley aplicable a 
los  efectos  patrimoniales  y  no  habiéndose  podido  averiguar  por  ninguno  de  los 
expresados medios el concreto régimen económico-matrimonial que dicha ley determina, 
si se solicita por los cónyuges compradores que se inscriba su adquisición con sujeción a 
la previsión normativa del artículo 92 del Reglamento Hipotecario, el conocimiento por el 
registrador del concreto régimen legal supletorio no debe determinar la exigencia de 
requisitos que impida a aquellos lograr la inscripción de su derecho sujetándose a la 
norma  que  su  propio  ordenamiento  prevé,  máxime  cuando,  por  la  propia  función 
registral,  aquel  conocimiento  va  a  ponerse  siempre  de  manifiesto  en  un  momento 
posterior a la autorización de la escritura, esto es, al tiempo de la calificación; que el 
registrador,  pese  a  que  quien  insta  la  inscripción  no  acredite  el  contenido  del 
ordenamiento  extranjero  de  acuerdo  a  los  imperativos  expuestos,  podrá  aplicar  un 
Derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su contenido y vigencia.
2. Este Centro Directivo resolvió en supuestos semejantes al presente, aunque 
referido a otras nacionalidades, en Resoluciones de 31 de agosto de 2017 y 10 de junio 
de 2020, con un criterio que debe ahora reiterarse.
La  registradora  afirma  en  su  calificación  que  en  el  Derecho  indio  no  existe 
propiamente un régimen de bienes del matrimonio, por lo que cada cónyuge conserva la  s
propiedad privativa de sus bienes adquiridos por cualquier título constante el matrimonio,  e.
y los conservan sin limitaciones una vez disuelto, y, opera, en consecuencia, como un  w.
régimen  de  separación  absoluta  de  bienes,  por  lo  que  deberá  hacerse  constar  la  23ww
propEonrc iIónnd iean,  lqau ein afludeqnucieiare  dceald a« Ccoómnymugoen. Law» británico, propio de la época colonial,
mdeatterrimmoinnaia le. lE nd etosdcoon coacsimo,i esnieton doy  ella h ianudsueisnmcioa  lad ree lilgai ófnig muraay odrietal riraé geinm eeln p aeícso, ndóemstaiccoa-  BOE-A-cable e
en materia de régimen económico-matrimonial la Ley de matrimonio hindú de 1955 así
como la Ley de sucesión hindú de 1956. Y, al ser desconocido el concepto de régimen 
patrimonial del matrimonio, a efectos prácticos, puede equipararse con un régimen de 
separación. En este régimen económico-matrimonial de separación de bienes en la 
India, los patrimonios de ambos cónyuges permanecen incomunicados, de tal forma, que 
el matrimonio no produce efectos ni sobre el lado activo ni sobre el lado pasivo de sus 
masas patrimoniales. En consecuencia, cada cónyuge mantiene la titularidad de sus 
bienes y la facultad de disponer y administrar sobre los mismos, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan derivarse de determinadas confesiones religiosas que profesen, 
como por ejemplo las que provienen de los principios de la sharía, en el caso de un 
matrimonio  musulmán.  Pero  en  al  caso  mayoritario  de  los  matrimonios  hindúes,  el 
régimen económico-matrimonial es el de absoluta separación de bienes, lo que se 
cohonesta con el artículo 14 de la Ley de Sucesión hindú, que establece que cualquier 
bien que sea propiedad de una mujer hindú es de su sola titularidad y pleno dominio; y el 
artículo 3 de la Ley de Derechos a la propiedad de las mujeres hindúes, que les 
reconoce la capacidad para adquirir bienes por sucesión del marido.
3. Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de julio 
y 31 de agosto de 2017, 2 de abril, 7 y 10 de septiembre y 19 de octubre de 2018 y 1 de 
marzo y 7 de noviembre de 2019) «(…) tanto registradores de la propiedad como 
notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad 
jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben 
procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad 
de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado 
civil, nacionalidad, vecindad civil,  o régimen económico matrimonial que incidan de 
presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real 
constituida (…)».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de sus pilares 
básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles. Por ello la determinación de la titularidad debe quedar reflejada en los 
asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad 
queda  afectada  por  la  existencia  convencional  o  legal  de  un  régimen  económico-
matrimonial  que  determina  el  ejercicio  y  extensión  del  derecho.  Para  que  dichas 
circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que 
se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico-matrimonial aplicable al 
titular registral.
Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento 
extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni 
que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva.
De un lado, el artículo 159 del Reglamento Notarial no hace distinción alguna, por lo 
que el notario autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si 
existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho 
precepto,  testimoniando,  en  su  caso,  los  aspectos  particulares  que  puedan  ser 
relevantes al efecto. Como expresó este Centro Directivo en Resolución de 15 de junio 
de 2009, con criterio reiterado por otras posteriores (5 de marzo de 2010 y 20 de 
diciembre de 2011), «(…) si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el 
determinar  cuál  es  el  régimen  legal  supletorio,  es  necesario  que  el  Notario,  en 
cumplimiento de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios que 
autoriza, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de 
los otorgantes –que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico–,  es
despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen  o
hamedarceatobcíncnleauifórrel oamsi cntiaci1ófooc5ni r9o md mnedaealeds tloor  it dmRoeyreo g gnéaalisaanstmltoe esse,q  onluo(rtqeao cu d ueoNrai  golp eethra niamr ei aodnDlr etedrq erieaue nlecmlt oheessonin  d tedeaeris  cspvhleooeo ssre s onraséo ne.gt o li msrEsgoeneabn nnrt ettidaef uolsd e, a drsteeeyo   nsqet ciuldf oáeolnec , etg ilcba eoNals ssotb aetacab sorleeitmoacn,roe  át  r laaselaussl      OE-A-2022-2823able en https://www.
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o
el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código 
Civil–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el 
legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal 
circunstancia -el carácter legal de dicho régimen- al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate».
De  otro  lado,  el  notario  español  está  obligado  a  aplicar  la  norma  de  conflicto 
española (artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la ley 
material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así, aunque el 
notario desconozca el contenido de la ley material extranjera, reflejará debidamente en la 
comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones 
patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de 
conocer  el  Derecho  extranjero  con  el  deber  de  determinar  cuál  es  la  legislación 
extranjera aplicable.
Debe tenerse en cuenta por lo demás que el Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales, sólo es aplicable a los cónyuges que 
hayan celebrado su matrimonio o que hayan especificado la ley aplicable al régimen 
económico-matrimonial después del 29 de enero de 2019, y no se trata de ninguno de 
los supuestos de aplicación retroactiva a que se refiere el artículo 69 de dicha norma.
Tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen económico-
matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de publicar una situación jurídica 
cierta no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más 
compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento 
del Derecho extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta 
oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y 
las  dificultades  para  determinar  cuál  ha  de  ser  el  régimen  matrimonial  legalmente 
aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para nuestra jurisprudencia 
y para este Centro Directivo. A esta dificultad pretende dar respuesta el artículo 92 del 
Reglamento Hipotecario.
Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté 
claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la 
Propiedad (artículo 51.6.ª Reglamento Hipotecario), y aunque, desde un punto de vista 
estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado debería 
acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien según la 
determinación  de  dicho  régimen,  tal  y  como  preceptúa  el  artículo  51.9.ªa),  del 
Reglamento Hipotecario, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas 
para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a 
legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico-
matrimonial,  bastando  que  la  inscripción  se  practique  a  favor  del  adquirente  o 
adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción 
a su régimen matrimonial (artículo 92 Reglamento Hipotecario). En efecto, teniendo en 
cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico-
matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante será 
observar, en el momento de la disposición del bien, las normas y pactos que como 
consecuencia del régimen económico-matrimonial sean aplicables respecto de dicho 
bien, este Centro Directivo primero y el artículo 92 del Reglamento Hipotecario después 
(desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar  es
tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la  o
dcdaéoeidsfnit qreri uée,e ignslsi dimci coióeoc lnnnoa  sn spepsionnrtaud tirenímeabe» iaceo e nbepstvxaoiidpar aarrdes deese  ald  as emiml  aodeb mexodpsesiprsn eup(tsoéeoa snsrd ia cleeajie ól  lneanrané  ecag«injióiemnann je eafnivncn oaieeólcu»nnin ó  oltndaa  e erpi inlao es)gs,scr teaeroi vrp iapocdmriróe,e nemcp neua( pe«nstscode o a dhnnriea cdighcnoílad aa iam cec axeolcponnirsótteaa nsrnd iioddóo)oens,      OE-A-2022-2823able en https://www.
(enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a
exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con 
sujeción a su régimen matrimonial».
Como también ha expresado esta Dirección General en reiteradas ocasiones (vid. 
Resoluciones de 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 31 
de agosto de 2017 y 2 de abril, 7 y 10 de septiembre y 19 de octubre de 2018, entre 
otras) la aplicación del artículo 92 del Reglamento Hipotecario no tiene un carácter 
preferente respecto del conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación 
extranjera. Por ello, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los 
cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico matrimonial sin 
que conste cuál sea este, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, 
es un régimen de separación, se considera justificada su exigencia sobre la constancia 
en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien 
objeto de inscripción, conforme al artículo 54 del Reglamento Hipotecario.
4. A la vista de las consideraciones precedentes y de la doctrina de este Centro 
Directivo reseñada en los anteriores fundamentos, el recurso interpuesto no puede ser 
estimado.
Alega el recurrente que según la Resolución de este Centro Directivo de 20 de enero 
de 2011, el registrador, pese a que quien insta la inscripción no acredite el contenido del 
ordenamiento extranjero, podrá aplicar un Derecho extranjero si tiene conocimiento de él 
o indaga su contenido y vigencia; en caso contrario, deberá suspender la inscripción, 
pero en el supuesto concreto del presente recurso, al existir separación de patrimonios 
de  los  cónyuges,  como  ha  quedado  expuesto,  no  existe  la  posibilidad  de  inscribir 
conforme resulte de la aplicación del Derecho extranjero, por no haberse hecho constar 
la cuota de adquisición de cada cónyuge, ya que no debe presumirse que la adquisición 
sea por partes iguales, como también ha puesto de manifiesto este Centro Directivo en 
reiteradas ocasiones, lo que lleva al necesario cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 54 del Reglamento Hipotecario.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.