BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Martes 4 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 766
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
189 Resolución  de  23  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de Pamplona n.º 8, por la que 
se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación.
En el recurso interpuesto por don R. A. G. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Pamplona número 8, doña Maruxa do Pilar Ordóñez 
Novoa, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación.
Hechos
I
Mediante decreto, dictado el día 29 de abril de 2021 por don J. A. R., letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 
recaído en el procedimiento de ejecución de título judicial número 929/2016, se aprobó el 
remate y adjudicación de una finca en favor del mejor postor, don R. G. A.
II
Presentado dicho decreto en el Registro de la Propiedad de Pamplona número 8, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º: 1820 del año: 2021.
Asiento n.º: Diario:
Presentado el a las 12:28:47.
Presentante: S. N., N.
Naturaleza: Decreto de adjudicación.
Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Pamplona, Pamplona.
Pamplona,  a  dos  de  septiembre  del  año  dos  mil  veintiuno,  con  base  en  los 
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho siguientes:
Antecedentes de hecho.
I.–En este Registro de la Propiedad se ha presentado el documento cuyos datos 
constan en el encabezamiento, que ha quedado disponible para su calificación el mismo 
día.
II.–Del  mismo  y  de  los  antecedentes  del  Registro  resultan  las  circunstancias 
siguientes que son determinantes para esta nota de calificación:
a)  Se suspende la inmatriculación de las  fincas solicitadas por no cumplir los 
requisitos establecidos en la legislación hipotecaria.
Fundamentos de Derecho. e.
I.–Esta nota se extiende por la Registradora titular de esta oficina, competente por  w
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dentro del plazo legal de quince días hábiles a que se refiere el precepto citado.
II.–En cuanto al fondo de la cuestión, se observan los defectos siguientes:
1)  Se presenta Decreto de adjudicación firme a favor de D. R. A. G.
En primer lugar no cabe la inmatriculación de fincas sin doble título traslativo de las 
mismas, acompañado de la cédula parcelaria coincidente con la descripción de cada una 
de  las  fincas  que  se  pretende  inmatricular  (artículo  205  LH),  o  expediente  notarial 
regulado en el artículo 203 de la LH, acompañado también de las cédulas parcelarias 
correspondientes.
En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se 
describen, que es el decreto de adjudicación firme.
Por  otro  lado,  no  consta  el  carácter  de  la  adquisición  de  las  fincas  a  favor 
de D. R. A. G.
El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga constar el carácter de la 
adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, casado, separado o 
divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico matrimonial al que está 
sujeto.
III.–Los defectos calificados tienen el carácter de subsanables.
Con arreglo a lo anterior, la Registradora que suscribe ha resuelto suspender el 
despacho del documento calificado por las faltas citadas.
En caso de disconformidad, esta nota de calificación puede: (…)
Pamplona, a dos de septiembre del año dos mil veintiuno Fdo. Maruxa Ordóñez 
Nóvoa Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Maruxa 
Ordóñez Novoa registrador/a de Registro Propiedad de Pamplona (Iruña) 8 a día dos de 
septiembre del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don R. A. G. interpuso recurso el día 4 de 
octubre de 2021 mediante escrito en el que señalaba lo siguiente:
«Que mediante el presente escrito interpongo la reclamación prevista en el art. 322 
de la Ley Hipotecaria con respecto a la resolución del Registro de la Propiedad n.º 8 de 
Pamplona-Iruña, de fecha 02/09/2021, comunicada posteriormente, con base en los 
siguientes
Fundamentos de hecho y de Derecho
I.º
Naturaleza y contencido [sic] de la rersolucion [sic].–
Es una suspensión del Registro dimanante de unos defectos que se consideran 
subsanables. En presente recurso, tiene el carácter de subsanación.
II.º
Subsanación de defectos.–
II.º1.–Carácter de la adquisición.–El carácter de la adquisición es privativo por cuanto 
el reclamante es soltero (…).
II.º2.–Los  documentos  previos  al  título  del  reclamante  son  las  adquisiciones  de 
“participaciones o cuota partes” en la sociedad civil que la titular previa del bien inmueble 
adjudicado en subasta judicial. s
El padre de mi representado adquirió dos de dichas participaciones mediante sendas  o
escrituras notariales (…). w.
II.º3.–Las descripciones de las fincas que han efectuado y son coincidentes con el 
catastro municipal, que son además las descripciones correspondientes a las referencias 
contenidas en la resolución judicial de adjudicación.
Por lo cual
Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tenga por 
interpuesta la reclamación prevista en el art. 322 de la Ley Hipotecaria y resuelva se 
procedente la inmatriculación del título de propiedad del reclamante consistente en auto 
de adjudicación.»
IV
La registradora de la Propiedad suscribió informe el día 5 de octubre de 2021 y elevó 
el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  9  de  la  Ley  Hipotecaria;  38,  45  y  48  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario; 656, 667 y 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de julio de 2019 y las en 
ella citadas, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 17 de mayo de 2021.
1.  Mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia, se adjudica a 
don R. A. G., como único postor en la subasta, una finca que se describe de la siguiente 
forma:  «Polígono  Parcela  Naturaleza  Cabida  Valoración  DF  136/05:  1.–Polígono  2, 
parcela  25  urbana,  caserío  (…)  2.–Polígono  2,  parcela  25  rústica.  3,-  Polígono  1, 
parcela 99 rústica, 4.–Polígono 1, parcela 102 rústica, 5.–Polígono 1, parcela 171 rústica, 
6.–Polígono 1, parcela 350 rústica, 7.–Polígono 1, parcela 484 rústica, 8.–Polígono 1 
rústica 486, 9.–Polígono 2, parcela 414 rústica, 10.–Polígono 3, parcela 64 rústica, En 
ruina molino y central (…)».
La registradora suspende la inscripción por entender que no cabe la inmatriculación 
de fincas sin doble título traslativo de las mismas, acompañado de la cédula parcelaria 
coincidente con la descripción de cada una de las fincas que se pretende inmatricular 
(art. 205 de la Ley Hipotecaria), o expediente notarial regulado en el artículo 203 de 
la Ley Hipotecaria, acompañado también de las cédulas parcelarias correspondientes. 
En este caso se presenta sólo un título traslativo de dichas diez fincas que se describen, 
que es el decreto de adjudicación firme.
También señala como defecto que no consta el carácter de la adquisición de las 
fincas a favor de don R. A. G: «El artículo 9 de la LH, y 51.9 del RH exige que se haga 
constar el carácter de la adquisición, por lo que D. R. debe de declarar si compra soltero, 
casado, separado o divorciado, o viudo, y de estar casado, el régimen económico 
matrimonial al que está sujeto».
2.  Como cuestión previa debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 326, 
párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma. es
Por ello, no puede ahora valorarse el documento, aportado con el escrito de recurso,  o
por  el  que  pretende  el  recurrente  acreditar  el  carácter  privativo  de  la  adquisición  ww.
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expediente  de  recurso  contra  calificaciones  de  registradores  de  la  Propiedad  –y
mercantiles– es exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho. Y 
es igualmente doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 de 
octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los 
defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que los interesados puedan volver a 
presentar los títulos cuya inscripción no se admitió, en unión de los documentos aportados 
durante la tramitación del recurso, a fin de obtener una nueva calificación (cfr., por todas, 
las resoluciones de esta Dirección General de 21 de julio de 2017 y 31 de octubre 
de 2018).
3.  Este centro directivo ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. Resoluciones en 
los «Vistos») que todo documento que acceda al Registro y que pretenda alterar su 
contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación hipotecaria (art. 21 de 
la  Ley  Hipotecaria).  Esta  afirmación  es  predicable  igualmente  de  los  documentos 
judiciales cualquiera que sea su naturaleza y el procedimiento del que provengan.
Si con la presentación del documento judicial se pretende la inscripción de una finca 
en  el  Registro  debe  especificarse  en  el  mismo  las  circunstancias  personales  del 
adquirente. Si indiscutible es el deber de los registradores de cumplir las resoluciones 
judiciales firmes, también lo es su deber y potestad calificadora de verificar que todos los 
documentos  inscribibles  cumplen  las  exigencias  del  sistema  registral  español,  de 
acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en cuanto a los documentos judiciales en el 
artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
El artículo 9 de la Ley Hipotecaria determina que: «El folio real de cada finca 
incorporará  necesariamente  el  código  registral  único  de  aquella.  Los  asientos  del 
Registro  contendrán  la  expresión  de  las  circunstancias  relativas  al  sujeto,  objeto  y 
contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, 
previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias 
siguientes: (…) e) La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción o, 
cuando sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquella, 
cuando este sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u obligaciones. Los 
bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de empresas serán 
inscribibles  en  el  Registro  de  la  Propiedad  siempre  que  se  acredite,  conforme  al 
artículo 3, la composición de las mismas y el régimen de administración y disposición 
sobre tales bienes, practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las 
integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido. También 
podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las 
comunidades  de  propietarios  en  régimen  de  propiedad  horizontal.  En  cualquier 
momento,  el  titular  inscrito  podrá  instar  directamente  del  Registrador  que  por  nota 
marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, dirección electrónica a 
efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas y telemáticas relativas al 
derecho inscrito. Las comunicaciones a través de medios electrónicos y telemáticos 
serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique de forma auténtica o 
fehaciente al remitente y al destinatario de las mismas».
Por su parte, el artículo 51 del Reglamento Hipotecario dispone: «Las inscripciones 
extensas a que se refiere el artículo 9 de la Ley contendrán los requisitos especiales que 
para cada una de ellas determina este Reglamento, y se practicarán con sujeción a las 
reglas siguientes: (…) Novena.–La persona a cuyo favor se practique la inscripción y 
aquélla de quien proceda el bien o derecho que se inscriba se determinarán conforme a 
las siguientes normas: a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y  s
apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la  oe.
edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero,  w.
casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se  9w
eincsocnrióbma icao  lomsa trdimeroencihaol s y preel sennotmesb reo  yfu tauproesll iddoes  lay   sdoocmieicdialiod   dcoenl youtgroa l, cóenl yruéggeim; elan 
lnaasc cioirncaulnidsatadn yc ilaas v qeucein ldoa cdo cnicvrile dteenl »s.ujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con  BOE-A-cable e
4.  El artículo 204 de la Ley Hipotecaria determina que «además del procedimiento 
prevenido en el artículo anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en 
los  artículos  205  y  206,  podrá  obtenerse  también  la  inmatriculación  de  fincas  en 
el Registro de la Propiedad en los siguientes supuestos: (…) 5.º En virtud de sentencia 
que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en 
que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías 
prevenidas en dicho artículo».
No  concurriendo  en  el  presente  expediente  los  requisitos  previstos  en  los 
artículos 204 y 205 de la Ley Hipotecaria, el defecto debe ser confirmado.
En  consecuencia,  esta  dirección  general  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.