BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145170
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19505 Sala Segunda. Sentencia 176/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 7502-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:176
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7502-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, de 19 de 
noviembre de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 363-2018 instado por 
la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del mismo juzgado, de 30 de octubre 
de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  mercantil 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  la  anterior  resolución.  Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera Assets Designated 
Activity Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido 
ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
diciembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa de la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
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municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 27 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  363-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 3 de julio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000363/2018», 
notificación a la que podía acceder entre los días 3 de julio y 18 de agosto de 2018.
c)  El 3 de agosto de 2018 por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
363-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso, dejando constancia de 
que la notificación había sido «aceptada».
d)  El 31 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca proveyó a los dos 
escritos de oposición a la ejecución de las ejecutadas en una misma resolución, dictando 
auto el 19 de noviembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., representada 
por el procurador D. Antonio Serrano Caro por estar presentada fuera de plazo, contra 
Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En el antecedente de hecho segundo se había hecho constar que:
«En fecha 29-06-18 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial 
electrónica  a  ambas  ejecutadas,  y  en  fecha  31-08-18  se  ha  presentado  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución presentado por 
ambas entidades, el auto razonó en su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo  es
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de  o
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» 505ww
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contados desde el día siguiente de la notificación de aquella».
f)  Pese  a  la  instrucción  del  medio  impugnatorio  indicado,  tanto  la  entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., como la aquí demandante de amparo 
Penrei Inversiones, S.L., actuando bajo la misma representación procesal, interpusieron 
por separado recurso de reposición contra el anterior auto.
En lo que aquí importa, que es el promovido por la segunda de las entidades 
mencionadas, el recurso defendió que la notificación y requerimiento de pago tuvo lugar 
cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo 
desde entonces que cabía computar el plazo de diez días del art. 556 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2.3, 155.2, 162 
y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer 
indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que de no 
tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, quedando denunciado 
a esos efectos.
g)  El juzgado ejecutor admitió por providencia de 28 de diciembre de 2018 los dos 
recursos de reposición interpuestos por cada una de las demandadas.
Dicho órgano judicial dictó auto el 30 de octubre de 2019, con la siguiente dispositiva:
«Se desestima el recurso de reposición interpuesto por el/la procurador/a D./D.ª 
Antonio Serrano Caro, en representación de la mercantil "Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L.", contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2018, el cual se confirma 
en sus propios términos.»
En el antecedente de hecho primero, se había hecho constar que: «En el presente 
proceso  se  ha  interpuesto  por  el/la  procurador/a  D./D.ª  Antonio  Serrano  Caro,  en 
representación de la mercantil "Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.", recurso 
de reposición contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2018, en el que se inadmitía la 
oposición a la ejecución formulada por dicha parte por extemporánea».
Los argumentos que fundaron dicha decisión se expusieron en el razonamiento 
jurídico único:
«Debe ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser el auto por 
recurrido  conforme  a  la  normativa  procesal  vigente  en  materia  de  oposición  a  la 
ejecución (artículos 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a 
las alegaciones del recurrente que pretende mantener que el escrito de oposición fue 
presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el 
requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 3 de agosto de 2018, en la 
que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse 
en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el 
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales 
dispuesto en la normativa.
Los artículos citados como infringidos por la parte recurrente (arts. 135, 152, 162 
y  273  y  siguientes  de  la  LEC)  han  sido  perfectamente  respetados  en  el  presente 
procedimiento. La propia parte recurrente afirma estar obligada a utilizar los medios 
electrónicos en sus comunicaciones con el juzgado y afirma que la notificación se remitió 
a la dirección de correo electrónico "habilitada" del titular a las que se refiere el art. 162 
de la LEC, que tiene carácter de norma especial, destinada a regular los actos de 
comunicación  por  medios  electrónicos  o  similares.  No  existiendo  discusión  ni  duda  s
acerca  de  la  aplicabilidad  de  dicho  precepto,  al  reconocer  la  propia  recurrente  la  oe.
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recepción de la notificación en fecha 03/07/2018, fecha en la que se materializó la
"puesta a disposición" de la notificación correctamente y del propio documento resulta
que pasaron más de tres días desde la misma sin que se hubiera accedido al contenido 
hasta el día 3 de agosto de 2018, por tanto, en aplicación estricta de lo dispuesto en el 
apartado segundo del art.162 de la LEC, sin que se haya justificado por el recurrente una 
imposibilidad de acceder al sistema en este plazo. Por todo ello debe ser desestimado el 
recurso interpuesto, al ser el auto recurrido plenamente ajustado a Derecho, al inadmitir 
un escrito que fue presentado fuera de plazo cuando ya había precluido la posibilidad de 
hacerlo.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que contra dicha resolución «no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuera 
posible, la resolución definitiva (artículo 454 de la LEC)». Tanto este auto como el 
anterior de 19 de noviembre de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de 
la demandante de amparo a través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
h)  Notificado este auto a las entidades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., y Penrei Inversiones, S.L., esta última, mediante escrito de 16 de noviembre 
de 2019, se dirigió al juzgado afirmando «[q]ue se ha notificado a esta parte auto de 
fecha 30 de octubre de 2019, por el que se desestima nuestro recurso de reposición en 
el procedimiento de referencia», interesando la entrega de testimonio o copia certificada 
de dicha resolución para acudir en amparo ante este tribunal. Solicitud que por su lado 
también formuló la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.
En respuesta a ambas peticiones, el letrado de la administración de justicia del 
juzgado a quo, dictó diligencia de ordenación el 26 de febrero de 2020 proveyendo en el 
siguiente sentido:
«Los anteriores escritos presentados por el procurador D. Antonio Serrano Caro en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur  y  Penrei 
Inversiones, únanse y conforme a lo interesado expídase testimonio de auto de fecha 30 
de octubre de 2019.»
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto de 30 de octubre de 2019 se alega por la recurrente que el juzgado ha 
fundamentado su segunda decisión en una interpretación forzada y contradictoria de las 
normas procesales, al incluir indicaciones equívocas en el aviso de puesta a disposición, 
además de infringir las prescripciones sobre el primer emplazamiento en sede judicial.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo  s
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada. oe.
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suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 363-2018
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 30 de noviembre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)], o bien que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) 
constatada la recepción del testimonio de las actuaciones de instancia, emplazar a 
través del juzgado ejecutor a quienes hubieren sido parte en el procedimiento excepto a 
la  parte  recurrente  en  amparo;  y  (iii)  formar  la  correspondiente  pieza  separada  de 
suspensión.
5.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, 
Sección Cuarta, de este tribunal, de 8 de febrero de 2021, se acordó lo que sigue:
«En el asunto reseñado se requiere a la procuradora doña Blanca Berriatua Horta, en 
nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., por un plazo de diez días para que:
1)  Dado que el auto de 30 de octubre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 363-2018 que se aporta con la demanda, resuelve solo el recurso de reposición de 
la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., contra anterior auto de 19 de 
noviembre de 2018, aporte la copia del auto por el que dicho juzgado resolvió el recurso 
de reposición interpuesto por Penrei Inversiones, S.L.; y que acredite la fecha fehaciente 
de su notificación.
2)  En  su  defecto,  aporte  (i)  copia  del  escrito  presentado  por  el  representante 
procesal de Penrei Inversiones, S.L., al juzgado ejecutor, solicitando le fuese notificado el 
auto resolutorio de su recurso de reposición; y (ii) la respuesta del juzgado ente dicha 
petición, y que acredite la fecha fehaciente de su notificación.
3)  En  defecto  de  lo  anterior,  aporte  (i)  copia  del  escrito  presentado  por  el 
representante procesal de Penrei Inversiones, S.L., al juzgado ejecutor, solicitando la 
aclaración del auto de 30 de octubre de 2019 con el fin de que se subsanase la omisión 
de su identificación como parte co-recurrente; y (ii) la respuesta del juzgado ante dicha 
petición y que acredite la fecha fehaciente de su notificación.»
6.  La representante procesal de la recurrente en amparo, contestó al requerimiento 
mediante escrito registrado el 25 de febrero de 2021, en el que afirmaba que «el único 
auto que se ha notificado a esta parte resolutorio de reposición es el aportado al 
presente recurso como documento número uno, así como el justificante de la notificación 
de  mismo  auto  aportado  junto  con  nuestra  demanda  de  amparo  como  documento 
número tres, motivo por el cual se interpuso el recurso de amparo que dio origen al 
presente recurso.»
7.  Mediante escrito presentado en el registro de este tribunal el 25 de junio de 2021 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia letrada 
de don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera  es
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y  o
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco Sabadell, S.A., entendiéndose con dicha  505ww
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8.  Por diligencia de ordenación de 6 de julio de 2021 se acordó: (i) tener por 
personada y parte a la procuradora señora Munteanu en nombre y representación de la 
sociedad indicada y (ii) dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y 
al  Ministerio  Fiscal  por  plazo  común  de  veinte  días  para  que  pudieran  presentar 
alegaciones de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 3 de septiembre de 2021, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del 
Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de amparo 5377-2018 promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., «en asunto prácticamente igual al del 
presente recurso de amparo», lo que refuerza las exigencias para llevar a efecto el 
primer emplazamiento tal y como prevé la LEC.
Abunda en las razones que avalan su estimación con cita de la STC 43/2020, de 9 
de marzo, que resuelve «en los mismos términos que la sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional expuesta anteriormente» el recurso 5379-2018, también formalizado por 
la ahora recurrente, Penrei Inversiones, S.L.
10.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 14 
de septiembre de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), declarando la nulidad de «los 
autos de fecha 30 de octubre de 2019 y 19 de noviembre de 2018 dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en los autos del proceso de 
ejecución hipotecaria núm. 363-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas 
a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica 
habilitada», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a aquella 
notificación que deberá llevarse a cabo de forma respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Integra  el  fiscal  el  presente  recurso  «en  la  serie  de  los  interpuestos  por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
11.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
12.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm. 1/2021, de 25 de enero, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar solicitada 
[…] 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la 
propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento oportuno, 
para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se refieren las 
presentes actuaciones».
13.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 16 de septiembre 
de 2021, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del  e.e
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de  b
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para  505ww
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II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y correcto agotamiento de la vía.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca,  de  19  de 
noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
363-2018.
Como se indica en el antecedente 6, la falta de mención de la recurrente Penrei 
Inversiones, S.L., en el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra el 
auto de 19 de noviembre de 2018, motivó el requerimiento acordado por diligencia de 
ordenación de 8 de febrero de 2021 con la finalidad de despejar las dudas que, sobre el 
agotamiento de la vía, podrían suscitarse.
Las alegaciones efectuadas al evacuar dicho trámite y el examen completo de las 
actuaciones revelan de manera inequívoca que el auto de 30 de octubre de 2019 
resolvía los dos recursos de reposición interpuestos por las sociedades demandadas y 
que la no inclusión del nombre o denominación de la sociedad Penrei Inversiones, S.L., 
constituye un error material manifiesto y, como tal, fue interpretado por la recurrente al 
aceptar  la  desestimación  de  su  recurso  expresada  en  la  solicitud  del  testimonio 
interesado para su aportación a la demanda de amparo y así fue entendido por el órgano 
judicial al hacer entrega del documento solicitado.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la LEC. Aduce otras dos quejas 
por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su faceta 
de defensa contradictoria, y el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), ambas sin 
embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio Fiscal, por su parte, 
interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que la entidad recurrida 
no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que  e.
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020. w.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice  505ww
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jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 19 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre  e.e
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en  b
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  363-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  505ww
adcirteucaccióionn eelse cretraólniziacad ahsa ab ilpitaardtiar .del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.