BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Martes 24 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26758
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
4010 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 
complementarias  de  carácter  organizativo,  así  como  de  suministro  de 
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter 
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla 
una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener 
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
El  artículo  4.2  de  dicho  Real  Decreto  establece  como  autoridades  delegadas 
competentes  en  sus  respectivas  áreas  de  responsabilidad  a  los  titulares  de  los 
Ministerios de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad. 
Asimismo, designa como autoridad competente delegada al Ministro de Sanidad en las 
áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros 
indicados anteriormente.
Además,  el  artículo  4.3  prevé  que  los  Ministros  designados  como  autoridades 
competentes delegadas en este Real Decreto puedan dictar las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, 
sean  necesarios  para  garantizar  la  prestación  de  todos  los  servicios  ordinarios  o 
extraordinarios, en orden a la protección de bienes y lugares, mediante la adopción de 
cualquiera de las medidas previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio.
Asimismo, el artículo 12, en relación con el 4.º, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, permite en las crisis sanitarias, tales como epidemias, la adopción de todas las 
medidas establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, 
tales como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, o la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública.
Adicionalmente, el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prevé la 
adopción de medidas necesarias por empresas y proveedores que, no teniendo la 
consideración de críticos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por 
la  que  se  establecen  medidas  para  la  protección  de  infraestructuras  críticas,  son 
esenciales  para  asegurar  el  abastecimiento  de  la  población  y  los  propios  servicios 
esenciales.
La Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis 
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  estableció  una  primera  batería  de  medidas, 
fundamentalmente de carácter organizativo, encaminadas a luchar contra el COVID-19 
en estos centros.
La citada Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, debe entenderse sin perjuicio de 
las obligaciones establecidas para los centros, establecimientos y servicios sanitarios en  s
la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de  oe.
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada  w.
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El  rápido  avance  de  la  enfermedad,  la  especial  vulnerabilidad  de  las  personas
mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales y  Bc
centros  sociales  con  internamiento  ante  la  infección  COVID-19,  y  la  necesidad  de 
disponer de recursos para la atención de los mismos, obliga a adoptar nuevas medidas 
dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la posibilidad de utilización de todos 
los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos colectivos.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
resuelvo:
Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.
Constituye  el  objeto  de  la  presente  Orden  el  establecimiento  de  medidas 
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información para 
todos los centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de 
personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de 
análoga naturaleza), ya sean de titularidad pública o privada, y que se encuentren en 
territorio nacional.
A los efectos de lo previsto en la presente Orden, los centros de servicios sociales de 
carácter residencial de titularidad privada tendrán la consideración de operadores de 
servicios  esenciales  con  los  efectos  previstos  en  el  artículo  18.2  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.  Medidas  aplicables  en  los  centros  de  servicios  sociales  de  carácter 
residencial.
1.  Los centros a los que se refiere el primer párrafo del apartado primero deberán 
mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que, en relación con la 
situación de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el cierre, reducción o 
suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la autoridad competente 
de  la  comunidad  autónoma  determine,  por  las  circunstancias  concurrentes,  que  el 
mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible.
2.  El titular de los centros a los que se refiere el apartado 1 garantizará la puesta a 
disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente, sobre 
las características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo, con 
especial atención a lo establecido en el apartado segundo de la Orden SND/265/2020, 
de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19
Esta información se facilitará con la periodicidad y a través del medio que indique la 
autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma.
Tercero.  Medidas de intervención.
Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la 
situación  epidémica  y  asistencial  de  cada  centro  residencial  o  territorio  concreto  y 
siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los 
centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención 
podrá conllevar:
a)  Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y 
traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de  e.
su carácter público o privado. w.b
b)  Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros  10ww
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estos centros.
A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos materiales y 
humanos disponibles en el centro residencial intervenido, así como de los recursos 
vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los 
residentes en el mismo.
d)  Modificar el uso de los centros residenciales objeto de esta Orden para su 
utilización  como  espacios  para  uso  sanitario  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
apartado noveno de la Orden SNS/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta actuación será especialmente de 
aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con pacientes clasificados 
en el d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo.
Cuarto.  Inspección sanitaria.
Los centros residenciales a los que se refiere esta Orden quedan sujetos a la 
inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente.
Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a 
cabo  estas  inspecciones  podrán  realizarlas  en  cualquier  momento,  quedando 
autorizados  para  ordenar  cuantas  actuaciones  sean  precisas  para  cumplir  con  las 
normas vinculadas al control de la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
Quinto.  Concurrencia de situaciones excepcionales.
1.  Cuando concurra alguna de las situaciones excepcionales que se relacionan a 
continuación, todos los centros residenciales objeto de esta Orden deberán comunicarla 
de inmediato a las correspondientes Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad de 
la comunidad autónoma, así como a la Delegación o Subdelegación de Gobierno que 
corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar respuesta a la 
situación concreta:
a)  Imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias 
físicas o de otra índole, para cumplir con lo indicado en la Orden SND/265/2020, de 19 
de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y 
centros socio-sanitarios, y especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento.
b)  Imposibilidad  para  gestionar  adecuadamente  la  conservación  y  retirada  de 
cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles.
c)  Cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y 
sostenimiento del servicio que se presta.
2.  Las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de 
forma coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en 
su territorio.
Realizada la intervención oportuna, se notificará la misma con indicación sucinta del 
establecimiento en el que se produjo la incidencia, situación abordada, medios activados 
y  situación  final,  a  los  Ministerios  de  Sanidad  y  de  Derechos  Sociales  y  para  la 
Agenda 2030.
Sexto.  Difusión de las medidas adoptadas.
Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla deberán  e
difundir de manera inmediata a todos los centros de servicios sociales de carácter  bo
residencial  a  los  que  se  refiere  esta  Orden,  y  que  se  encuentren  en  su  ámbito  10ww
competencial de actuación y acreditación, lo dispuesto en esta Orden.
Séptimo.  Desarrollo y ejecución.
Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar, en 
su esfera específica de actuación, las disposiciones y resoluciones necesarias para 
garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente Orden.
Octavo.  Incumplimiento.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en 
aras al cumplimiento de lo previsto en esta Orden, será sancionado con arreglo a las 
leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Noveno.  Vigencia.
Lo previsto en esta Orden será de aplicación hasta la finalización del estado de 
alarma  declarado  por  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  y  sus  posibles 
prórrogas.
Décimo.  Efectos.
Esta Orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Undécimo.  Régimen de recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de  su  publicación  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 23 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.