BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 106 Martes 4 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 53371
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
7342 Resolución de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y San Vicente de Paúl de Huesca, para el cumplimiento de las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 23 de marzo de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y San Vicente 
de Paúl de Huesca para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 28 de abril de 2021.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, 
Juan Antonio Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Sociedad San Vicente de Paúl de Huesca para el 
cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 23 de marzo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario/a General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/ 2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Joaquin Almerge Lax, en nombre y representación de la Sociedad 
San Vicente Paul de Huesca (en adelante la Sociedad), como Presidente, elegido por la 
Asamblea de fecha 17/11/2018 y facultado para este acto en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas como Presidente según los Estatutos de la Sociedad en su artículo 1. 
Inscrita en el Registro del Ministerio del Interior con número 9795 y con domicilio a los 
efectos del presente Convenio en calle San Lorenzo 56, 22022 de Huesca.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN o
PrimQeuroe. la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la  2021-7342n https://ww
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que  el  Real  Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así  como  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3 a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad  condicional;  la  libertad  vigilada  postpenitenciaria  que  es  competencia  de  la 
Administración Penitenciaria, y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que  la  Sociedad  San  Vicente  Paul  tiene  entre  sus  fines  la  atención  social  de 
personas en riesgo de exclusión social.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por  bo
las siguientes 42ww
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la  Sociedad  para  el  efectivo 
cumplimiento  de  las  penas  de  trabajo  en  beneficio  de  la  comunidad,  mediante  la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias,  la  derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de  la 
Seguridad  Social  únicamente  en  los  casos  de  accidente  de  trabajo  y  enfermedad 
profesional».  Todo  ello  también  en  concordancia  con  el  artículo  11  del  Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Sociedad.
Tercera.  Compromisos que asume la Sociedad.
1.  La Sociedad se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La  Sociedad,  a  través  de  los  órganos  o  servicios  habilitados  para  ello,  se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro de la Sociedad.
4.  La Sociedad deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. s
Cuarta.  Distribución de las plazas. w.
Alte1rn. atiLvaa sS  odcei edlaa dS deecrbeetraár íare mGietinr eara llo sd eS eIrnvsictiitousc iodnee sG ePsetinóinte ndcei aPriaesn,a se ly  aMneedxiod aIsI 
cum2p.l imLeonsta dSoe rcvoicni oloss  ddea toGse ssotióbnre  dlaes  pPleanzaass  qyu eM seed iidnadsic aAnl.ternativas de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido la Sociedad de acuerdo con el anexo II 
de este Convenio.
3.  Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán a la Sociedad de la información necesaria para 
el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medias  Alternativas  de  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo  del  presente  Convenio,  ni  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias ni para la Sociedad.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Sociedad.
2.  La  Sociedad  informará  a  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del 
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, la Sociedad deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución. e
Octava.  Confidencialidad y protección de datos. 42ww
infor1m. acLioan eSso fcaiecdiliatadd osse p ocro lma pSroemcreettea ríaa  Gmenaenrteanl edre  Ienns titsuecciorenteos  Ptoednoitse nlcoias riadsa tyo sq uee 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio. En particular, será
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo  Bc
la Sociedad mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Sociedad. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en las 
siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de 
condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Sociedad que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría  es
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que  bo
actuará con voz pero sin voto. 42ww
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de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Sociedad.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente Convenio se 
perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz una vez inscrito, 
en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos 
de cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  Convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Sociedad podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años 
adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  Convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El 
Presidente de la Sociedad San Vicente de Paúl, Joaquin Almerge Lax.
ANEXO I
Datos de la Sociedad
 
PERSONA DE CONTACTO   
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C.POSTAL   
 
 
ANEXO II
 
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado Universitario o equivalente   
* (2)  Estudios Primarios      Licenciado Universitario o equivalente   
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
     
 
(1)  Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos. es
(2)  Marcar el nivel mínimo requerido o «Ninguno» si no se requiere especial cualificación. oe.