BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Miércoles 16 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 73489
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
10067 Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Chinchilla de Monte-Aragón, por la que 
se suspende la inscripción de una inmatriculación.
En el recurso interpuesto por don Pablo Tortosa Crovetto, notario de Tobarra, contra 
la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Chinchilla de Monte-Aragón, 
doña  Marina  Pedrosa  Lorente,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una 
inmatriculación.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de febrero de 2012 por el notario de Tobarra, 
don  Pablo  Tortosa  Crovetto,  con  el  número  128  de  protocolo,  consistente  en  una 
donación  de  bienes  inmuebles,  en  unión  de  escritura  pública  de  atribución  de 
ganancialidad, de la misma fecha y con el número 127 de protocolo, se solicitó la 
inmatriculación de una finca en el Registro de la Propiedad.
II
Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Chinchilla de 
Monte-Aragón, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Asunto: Calificación negativa de escritura autorizada por el notario de Tobarra, 
Pablo Tortosa Crovetto con fecha 29/02/2012, número de protocolo 128/2012, entrada 
número 163 presentada en este Registro el día 27/01/2021, asiento 1229 del Diario 74.
Calificados  los  documentos  presentados,  conforme  al  artículo  18  de  la  Ley 
Hipotecaria  y  98  de  su  reglamento,  atendidos  los  antecedentes  del  Registro,  la 
Registradora que suscribe acuerda suspender la práctica de las operaciones registrales 
solicitadas a la vista de los siguientes hechos y fundamentos de Derecho.
Hechos.
El día 28 de febrero de 2020, se presentó escritura pública de Donación, autorizada 
el 29 de febrero de 2012 por el Notario de Tobarra, Don Pablo Tortosa Crovetto, con el 
número 128 de protocolo. Se acompaña como título previo, solicitando la inmatriculación 
por el 205 de la Ley Hipotecaria escritura pública de atribución de ganancialidad, de 
fecha 29 de febrero de 2012, con el número 127 de protocolo. Dichos documentos fueron 
calificados negativamente por la registradora que suscribe el día 25 de marzo de 2020, 
sin que haya sido recurrida la nota de calificación en el plazo legal. El día 27 de enero 
de 2021, se presentan de nuevo las escrituras mencionadas, acompañadas por un 
documento escrito a máquina y con firma y sello del notario Don Pablo Tortosa Crovetto,  e.
en el que se solicita de nuevo la inscripción solicitando que «se siga el criterio de unidad  w.b
de calificación» respecto de una nota de calificación de fecha 2 de abril de 2012, de un  067ww
rreeqguisitsriatod odre  aunnt earñioor,  ddeol na rÁtícnugleol  2C0a5s daes  lCa aLseays H. Aipsoít emcaisrmiao s esgeú sno dliiccihtao  leas cinriatop li«cPaociróqnu ed leal 
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su origen fue presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y entiendo que 
debe acogerse al régimen anterior».
Se observan los siguientes defectos:
1.  Se mantiene el defecto recogido en la nota de calificación de fecha 25 de marzo 
de 2020. No se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria 
en cuanto al transcurso de un año entre la transmisión contenida en el título previo y el 
título inmatriculador.
Fundamentos de Derecho.
Establece el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, introducido por la Ley 13/2015 de 24 
de junio, que «Serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción y siempre que no 
estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra persona, los títulos públicos 
traslativos otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca 
al menos un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público, siempre 
que exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del 
Registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al 
efecto». Por lo tanto resulta necesario que entre las adquisiciones documentadas en 
ambos títulos haya transcurrido al menos un año. Puesto que en el caso que nos ocupa 
lo títulos fueron otorgados y las transmisiones se produjeron el mismo día, no puede 
procederse a las operaciones registrales solicitadas.
En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la Ley 13/2015, resulta aclaratorio 
mencionar que su Disposición Transitoria Única establece «Todos los procedimientos 
regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria, así como los derivados de los supuestos 
de doble inmatriculación que se encuentren iniciados a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución definitiva conforme a la 
normativa  anterior.  A  efectos  de  la  inmatriculación  a  obtener  por  el  procedimiento 
recogido en el artículo 205 o en el artículo 206, sólo se tendrá dicho procedimiento por 
iniciado si a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley estuviese presentado el 
título público inmatriculador en el Registro de la propiedad». Los títulos presentados son 
de fecha 29 de febrero de 2012, anterior a la entrada en vigor de la citada ley, fueron 
presentados en el Registro antes de la entrada en vigor de dicha ley, el día 1 de marzo 
de 2012, y fueron calificados negativamente en plazo, el día 2 de abril de 2012, sin que 
se interpusiera recurso alguno, por lo que el asiento de presentación perdió su vigencia, 
cesando todos sus efectos. La Ley 13/2015 entró en vigor el 1 de noviembre de 2015, 
conforme a su Disposición Final Quinta. Después de la entrada en vigor de la ley, y 
causando un nuevo asiento de presentación, fueron presentados los títulos calificados el 
día 28 de febrero de 2020, dando lugar a una nueva nota de calificación, en este caso, 
con sujeción a la legislación vigente en el momento de su presentación, tal y como 
resulta de la Disposición Transitoria única de la Ley 13/2015. Al respecto cabe citar la 
Resolución de la Dirección General de 1 de febrero de 2017, y la de 29 de septiembre 
de  2017,  que  en  dos  supuestos  similares  consideran  claro  el  tenor  literal  de  la 
Disposición Transitoria Única de la ley 13/2015, en cuanto que resulta aplicable la nueva 
redacción del artículo 205 de la LH.
En cuanto a la solicitud de «Unidad de calificación» respecto de la calificación 
efectuada en 2012 por otro Registrador, cabe recordar que el principio de independencia 
de los Registradores hace que en el ejercicio de nuestra competencia de calificación no  s
estemos vinculados, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como  oe.
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reiterada en muchas otras posteriores como la de 17 de junio de 2013, 12 de mayo
de 2016, 28 de noviembre de 2019, 1 de septiembre de 2020, o 12 de noviembre 
de 2020.
Por otra parte, cabe mencionar que, al margen de que el principio de independencia 
permita emitir una calificación diferente de otra anterior sobre un mismo título, el principio 
de legalidad exige que ceda la seguridad jurídica del interesado frente a la seguridad 
jurídica general de los terceros. De manera que, en los casos como el actual en que 
cambia la legalidad vigente entre ambas calificaciones, no solo es posible modificar la 
calificación por la autonomía del Registrador, sino que es necesario en tanto que deberá 
ajustarse a la nueva legalidad, que es la vigente y aplicable al caso concreto en el 
momento de practicarse el nuevo asiento de presentación. Cabe mencionar al respecto 
las Resoluciones de la Dirección General de 7 de noviembre de 2016, 9 de octubre 
de 2019, 28 de noviembre de 2019 y 12 de noviembre de 2020, entre otras.
Vistos los expresados hechos y fundamentos de Derecho,
Resuelvo suspender la práctica de la/s operación/es registral/es solicitada/s por los 
motivos expuestos.
Contra el presente fallo del Registrador los interesados podrán (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Marina Pedrosa 
Lorente registrador/a de Registro Propiedad de Chinchilla de Monte-Aragón a día nueve 
de Febrero del año dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Pablo  Tortosa  Crovetto,  notario  de 
Tobarra, interpuso recurso el día 9 de marzo de 2021 en virtud de escrito en el que 
señalaba lo siguiente:
«I.  Con fecha de 29 de febrero de 2012 y bajo el número 127 de protocolo, autoricé 
escritura pública de aportación a sociedad de gananciales de las siguientes fincas:
1.  La parcela 136 del polígono 16 de Fuente-Álamo.
2.  La parcela 5030 del polígono 7 de Fuente-Álamo.
3.  La parcela 89 del polígono 16 de Fuente-Álamo.
4.  Y la parcela 28 del polígono 16 de Fuente-Álamo.
Todas las fincas tenían como título que pertenecían a Don R.S.D por herencia de su 
padre Don J.S.D, en virtud de partición convencional practicada hace más de diez años.
Posteriormente el mismo día bajo el número 128 de protocolo, autoricé escritura 
pública de donación de las citadas fincas en las que el aportante don R.S.D y su esposa 
doña  O.O.O  hacían  transmisión  gratuita  de  las  mismas  a  favor  de  sus  hijas  doña 
M.D.S.O y doña R.S.O.
Todas las fincas tenían como título que pertenecían a Don R.S.D por herencia de su 
padre Don J.S.D, en virtud de partición convencional practicada hace más de diez años y 
todas estaban catastradas a nombre de Don R.S.D, salvo la parcela 89 del polígono 16, 
cuya titularidad catastral correspondía a Don J.S.D, padre de Don R.S.D.
En base a ello y de acuerdo con la normativa vigente al tiempo de presentarse a 
inscripción ambas escrituras, todas las fincas, salvo la mencionada parcela 89, reunían 
los requisitos necesarios para su inmatriculación, esto es:
– Doble titulación en documento público. e
– Coincidencia en la descripción de las fincas con la recogida en catastro. bo
– Y encontrarse las fincas catastradas a nombre del adquirente o transmitente. 067ww
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ellas, por no hallarse catastrada a nombre del adquirente o transmitente. Este defecto,
solo por tanto podía subsanarse, si en base a la documentación aportada, el catastro
accedía a verificar el cambio de titularidad. De este hecho se informó debidamente a los 
interesados.
Consultada la base de datos de la Oficina Virtual del Catastro, en concreto los 
antecedentes jurídicos de la citada parcela 89, se recoge que desde el 18 de julio 
de 2012 hasta la fecha actual, figuran como titulares catastrales, al cincuenta por ciento 
cada una, en pleno dominio, las donatarias doña M.D.S.O y doña R.S.O.
Las interesadas, por tanto, de haber intentado la inmatriculación de esta finca, desde 
la fecha de 18 de julio de 2012 hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015 de 24 junio, lo 
habrían conseguido sin ninguna traba ni gastos adicionales a salvo el arancel registral.
Con posterioridad, las interesadas, tras comprobar que efectivamente el cambio de 
titularidad se había producido en el catastro, entendieron que el defecto de que adolecía 
la escritura estaba subsanado, y procedieron a intentar de nuevo la inmatriculación de la 
finca. Este hecho se produjo después de la entrada en vigor de la Ley 13/2015 de 24 
junio.
III.  Expuestos todos estos antecedentes, nos encontramos ante una calificación 
negativa que impide el acceso al Registro de la finca mencionada:
1.  Por  no  reunir  los  requisitos  exigidos  por  el  vigente  artículo  205  de  la  Ley 
Hipotecario, en cuanto al transcurso de un año entre título y título, y
2.  por no poder acogerse a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única, al no 
encontrarse el título presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y estar 
pendiente de despacho.
Con esta calificación las vías que tienen los interesados para lograr la inmatriculación 
de la finca son dos:
1.  Llevar a cabo una nueva transmisión en escritura pública, salvando de este 
modo el requisito del año entre título y título.
2.  Tramitar un expediente de dominio.
Ambas vías suponen nuevos gastos de intervención notarial, inscripción en Registro 
de la Propiedad e impuestos de transmisiones, con el fin de lograr inscribir una finca que 
ya tiene recogida titulación en escritura de aportación a gananciales y donación, y, 
además, desde hace mucho tiempo ya estaba catastrada a nombre de la familia de los 
comparecientes; primero a nombre del abuelo de las donatarias y, posteriormente, a 
nombre de ellas mismas.
IV.  En base a lo señalado no comparto la calificación de la Señora Registradora por 
los siguientes argumentos:
– No nos encontramos ante un supuesto de un documento autorizado antes de la 
entrada en vigor de la ley y presentando a inscribir en el Registro de la Propiedad con la 
nueva normativa, sino que, unos ciudadanos con la diligencia debida y de acuerdo con la 
normativa  vigente  al  tiempo  de  otorgarse  sendas  escrituras  públicas,  liquidan  sus 
impuestos y presentan los documentos a inscripción en el Registro de la Propiedad y, 
ante una calificación defectuosa y debidamente motivada, entiende que su finca no 
puede acceder al Registro hasta que el catastro no recoja la titularidad, o bien a nombre 
de los padres donantes o bien a nombre de las donatarias, y en consecuencia este 
defecto, y sólo este, es el que debe tenerse en cuenta para el acceso de la finca al 
Registro de la Propiedad porque de lo contrario:
– Se produciría una vulneración del principio de tutela judicial efectiva recogido en el  o
artículo 24 de la Constitución Española, dando prioridad a las normas procesales sobre  067ww
eefaalnp ccoeiluysiteapannírr tdiretoual    eadescentc  elleaa hss oee  cnsahofelor rm Raca eopsgna i ssetrtulir mosht ioasdntneoita riviula anyls a c,f  aafqtimnaucseilati are arqn l udtdieeee ln  dtdaituopur olaavrnratiatdnena  tadue en eys nl .acpraogmsot ienpraieodrriamosde oen ntde e ed stotieen mactpaaosrio as sea,    OE-A-2021-10able en https://
En este sentido, al menos desde el 11 de febrero de 1997, la finca ya se encontraba 
catastrada a nombre del abuelo de las donatarias, don J.S.D.
– El derecho debe estar al servicio del ciudadano y una aplicación rigurosa de la 
norma puede conllevar a un efecto injusto, como entiendo en este caso, que es gravar 
con nuevos costes notariales, registrales y fiscales el acceso de una finca al Registro de 
la Propiedad, cuando existen pruebas documentadas, que apoyan la titularidad de la 
finca.
– De acuerdo con una orientación humanista del Derecho, y a fin de evitar cualquier 
efecto devastador en su aplicación, nuestro superior Centro Directivo (Res SN 23 de 
noviembre de 2020 Fundamento Séptimo), bajo la idea de evitar reiteración de trámites 
que no aportan mayores garantías, considera que «se ha impuesto, en casos concretos 
la  consideración  de  que  es  preciso  mantener  los  actos  jurídicos  que  no  sean 
patentemente nulos».
– La equidad como principio de aplicación de las normas.
– El  principio  de  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  o  restrictivas  de 
derechos, complicando el acceso al Registro de la Propiedad de fincas enraizadas en un 
determinado tronco familiar.
– La resolución de 1 de febrero de 2017 argumentada por la señora Registradora, 
alude a una pretensión de inmatriculación por dos títulos que conjuntamente no pueden 
tener este efecto y además se presentan a inscripción por primera vez, después de 
entrada  en  vigor  la  nueva  redacción  del  artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria.  Esta 
resolución no tiene identidad de razón con el caso que nos ocupa:
a)  porque los títulos presentados si tienen conjuntamente fuerza inmatriculadora y 
b) se trata de documento presentado por primera vez el uno de marzo de 2012 y con una 
calificación defectuosa firmada por el Registrador competente el día dos de abril de 2012 
y por tanto no se trata de un documento cuya primera pretensión de inscripción arranca 
con la entrada en vigor de la ley sino con anterioridad a la misma.
– Del mismo modo la argumentada resolución de 29 de septiembre de 2017 alude a 
un  caso  donde  siendo  títulos  anteriores  a  la  entrada  en  vigor,  se  presentan  con 
posterioridad, pero uno de ellos es un documento privado liquidado de impuestos y con 
fecha fehaciente al que no le es aplicable ni el nuevo ni el anterior artículo 205 de la Ley 
Hipotecario en cuanto que no es un documento público que genere por si solo traditio o 
transmisión documental, por lo que entiendo que tampoco hay identidad de razón con el 
caso planteado donde ambos títulos si tienen eficacia traditoria.
– El requisito del año, entre título y título, obedece a evitar artificios, fabricando 
títulos con efecto inmatriculador. Estando de acuerdo con este principio, entiendo que no 
es aplicable al caso concreto por las pruebas aportadas, que acreditan la troncalidad de 
estos bienes en el patrimonio de la familia de la parte requirente.
– Respetando la independencia en la función del Registrador, es la unidad de criterio 
o de calificación respecto de los documentos despachados con anterioridad, lo que 
hacen del derecho una herramienta útil para el ciudadano y no una dispersión de 
criterios en la calificación que en último término confunden.
Con fecha de 15 de febrero de 2021 recibo en mi correo notarial calificación de 
defectuosa de la Señora Registradora del Registro de la Propiedad de Chinchilla de 
Monte Aragón, Doña Marina Pedrosa Lorente, firmada electrónicamente el 9 de febrero 
de 2021. s
De acuerdo con la Ley Hipotecaria en sus artículos 66, 324, 327 y 328 y el artículo 30  oe.
dnPJueoúr tbíifldlaiicci caaaLcs ei,yó y dnF i,3es p9p Pa/o2úrn0abg1 loiin5c t aded.erepl lop nlPaerzroo cr eedcdeui mrusnioe  nmgtoue bsA,e radn mactoinivniostat rara ndtitveeos l daCe D oeimrl esúcingc iuódinee n Gtleae sna el Arqadulm ed iens iesS terreagccuiibroiedn aeldas    2021-10067n https://www.
En atención a lo expuesto solicito de esa DG estime la procedencia de la inscripción 
del documento calificado por la señora Registradora, cuya decisión me ha sido notificada 
con fecha de 15 de febrero de 2021.»
IV
La registradora de la Propiedad suscribió informe y elevó el expediente a este Centro 
Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  9,  17,  18,  198,  204,  205  y  249  de  la  Ley  Hipotecaria;  la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley 
de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo; 
los artículos 97, 111, 418 y 432 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  14  de  septiembre  y  17  de 
noviembre de 2015 y 23 de junio de 2016.
1.  Es objeto de este recurso resolver sobre la posibilidad de inmatricular una finca 
bajo las siguientes circunstancias de hecho:
– El día 1 de marzo de 2012, se presentó en el Registro de la Propiedad escritura de 
donación, autorizada el día 29 de febrero de 2012 por el notario de Tobarra, don Pablo 
Tortosa  Crovetto,  con  el  número  128  de  protocolo.  Se  acompañó  de  escritura  de 
atribución de ganancialidad, con la misma fecha que la anterior, autorizada por el mismo 
notario y con el número 127 de protocolo. Estos documentos fueron calificados en plazo, 
dando lugar a la nota de despacho suscrita por el registrador de la Propiedad de 
Chinchilla de Monte-Aragón de aquel momento en fecha 2 de abril de 2012, por la que 
«se suspende la inscripción en cuanto a la finca inventariada bajo el número 3, por no 
constar catastrada a nombre del transmitente ni del adquirente», suspendiendo por tanto 
la inmatriculación de la finca número 3 de la escritura. No consta en ese Registro ningún 
recurso ni subsanación de dicha nota de calificación en el plazo legal, por lo que el 
asiento de presentación caducó debidamente.
– El día 28 de febrero de 2020, se presentan de nuevo los documentos mencionados 
en el Registro de la Propiedad, solicitando la inmatriculación de la finca número 3 de la 
escritura de donación. Dichos documentos fueron calificados negativamente el día 25 de 
marzo de 2020, manifestando que no se cumplen los requisitos de inmatriculación 
conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria por haber transcurrido menos de un año 
entre las transmisiones contenidas en el título previo y el título inmatriculador. No consta 
en el Registro que dicha calificación haya sido recurrida dentro del plazo legal.
– El día 27 de enero de 2021, se presentan de nuevo las escrituras mencionadas, 
acompañadas de un documento con firma y sello del notario de Tobarra, don Pablo 
Tortosa Crovetto, en el que se solicita de nuevo la inscripción, solicitando que «se siga el 
criterio de unidad de calificación» con relación a la calificación del titular anterior de ese 
Registro. Además, se solicita en dicho escrito la inaplicación del requisito de un año del 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria,  alegando  que  «la  fecha  de  autorización  del 
documento es anterior y teniendo en cuenta el principio de irretroactividad de las normas 
no favorables o restrictivas. Así mismo, el documento en su origen fue presentado con  es
anterioridad a la entrada en vigor de la ley y entiendo que debe acogerse al régimen  o
anterior». 067www.
artícLualo r e2g0i5s trdaed loar aL esyu sHpiepnodteec laar iian secnr ipcuciaónnt op oarl  tnroa ncsucmurpsliors dee l ousn  raeñqou iseintotrse  elax igtriadnossm piosrió enl 
contenida en el título previo y el título inmatriculador.
2.  El recurso no puede prosperar.
En el presente caso, debemos precisar si, atendiendo a la fecha de presentación de 
la  documentación  calificada,  debe  sujetarse  a  la  redacción  de  la  Ley  Hipotecaria 
resultante de la modificación operada por la Ley de 24 de junio de 2015 o si puede 
someterse a la normativa previa, tal y como solicita el notario autorizante y ahora 
recurrente.
A estos efectos, la disposición transitoria única de la ley antes mencionada señaló lo 
siguiente: «Todos los procedimientos regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria, así 
como  los  derivados  de  los  supuestos  de  doble  inmatriculación  que  se  encuentren 
iniciados a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose 
hasta  su  resolución  definitiva  conforme  a  la  normativa  anterior.  A  efectos  de  la 
inmatriculación a obtener por el procedimiento recogido en el artículo 205 o en el 
artículo 206, solo se tendrá dicho procedimiento por iniciado si a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley estuviese presentado el título público inmatriculador en el 
Registro de la propiedad».
Esta cuestión ya ha sido tratada por las Resoluciones de esta Dirección General 
de 19 de noviembre de 2015 y 23 de junio, 3 y 11 de octubre y 14 de diciembre de 2016 
en las que se consideró que el criterio decisorio, atendiendo al tenor de la disposición 
transcrita, es el de la fecha de la presentación del título en el Registro.
La  claridad  de  la  dicción  de  la  norma  no  deja  lugar  a  otra  interpretación, 
considerando, además, que la inmatriculación se trata de un acto jurídico de carácter 
estrictamente registral, y precisamente por tal carácter, su inscripción queda sujeta a los 
requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el 
Registro (cfr. Resolución de 15 de junio de 2015).
Por otra parte, como ha quedado justificado en este expediente, la documentación 
fue objeto de varias presentaciones. Si bien se produjo una primera presentación en el 
mes de marzo del año 2012, la misma decayó por no haberse despachado dentro del 
plazo de vigencia del asiento de presentación –los sesenta días hábiles reconocidos en 
el  artículo  17  de  la  Ley  Hipotecaria–  y  no  habiéndose  producido  ninguno  de  los 
supuestos de prórroga del artículo 432 del Reglamento Hipotecario, el asiento caducó y 
por ello perdió en su totalidad cualquier eficacia que la legislación aplicable le pudiera 
conceder.
Objeto de nueva presentación, la misma se produjo bajo la vigencia de la ley una vez 
objeto de reforma, por lo que la titulación debe ser calificada a tenor del nuevo articulado, 
y por ello las consideraciones de la registradora han de prevalecer.
Finalmente, en el presente caso, podrá lograrse la inmatriculación pretendida bien 
por  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  203  de  la  Ley  Hipotecaria  o  bien 
complementado el primero de los títulos aportados con acta de notoriedad.
En dicha acta, conforme a las exigencias expresadas en el nuevo artículo 205 de la 
Ley  Hipotecaria,  y  a  la  regulación  del  artículo  209  del  Reglamento  Notarial,  será 
necesario que, tras el requerimiento expreso en tal sentido y la práctica de las pruebas y 
diligencias  pertinentes,  el  notario  emita  formalmente,  si  procede,  su  juicio  sobre  la 
acreditación de la previa adquisición y su fecha.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  s
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  oe.
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PúbMlicaad, rSido, fía2  Pduee njuten iSoa ndteia g2o0.21.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  BOE-A-cable e