BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 154120
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
20725 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos a 
los órganos de la Administración de Justicia.
Con fecha 1 de diciembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos 
a los órganos de la Administración de Justicia y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado convenio, que figura 
como anexo de esta Resolución.
Madrid, 3 de diciembre de 2021.–La Secretaria General Técnica, Iria Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social 
de la Marina, sobre cesión de datos a los órganos de la Administración de Justicia
En Madrid, a 1 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (número 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de 
diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que le 
atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Don  Andrés  Harto  Martínez,  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero (BOE 
de  22  de  enero)  actuando  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  48.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Doña María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, 
actuando en nombre y representación del Instituto, en virtud de las competencias que le 
atribuye el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, modificado por el  s
Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre. oe.
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estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, y de acuerdo, asimismo,
con lo señalado en el artículo 48.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 octubre. Bc
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, y se reconocen con capacidad y legitimación bastante en derecho 
para celebrar y firmar el presente convenio, y en su virtud,
EXPONEN
Primero.
El artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del 
Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del 
Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial 
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en 
todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la 
propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y 
gobierno del Poder Judicial.
Segundo.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 20 de febrero 
de 2002, autorizó la constitución y puesta en funcionamiento del «Punto Neutro Judicial», 
que se configura como una red de comunicaciones que soporta una plataforma de 
servicios que permite consultar e interconectar a los órganos judiciales con terceras 
entidades  como  Administraciones  públicas,  Colegios  Profesionales,  Entidades 
Financieras o Registros, al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos y, 
en suma, para un mejor ejercicio de la función jurisdiccional y una mejor prestación de la 
administración de Justicia, ofreciendo para ello herramientas y servicios a los colectivos 
que la conforman para que puedan ser más eficientes y eficaces en la tramitación de los 
procedimientos judiciales.
Los objetivos principales del Punto Neutro Judicial son servir de apoyo a la gestión 
de los órganos judiciales, proporcionar servicios de ayuda al juez/a, automatizar la 
gestión de los órganos de gobierno y facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre 
los servicios informáticos al servicio de la Administración de Justicia.
Tercero.
Para alcanzar estos objetivos se han firmado convenios con aquellas entidades que 
permiten, en el marco de actuación judicial, obtener información contenida en sus bases 
de datos, regulando la forma y utilización de este acceso.
Cuarto.
El Punto Neutro Judicial, gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, se 
configura de esta manera como el sistema que en la actualidad ofrece la Administración 
de Justicia para el intercambio de información de forma electrónica entre los Juzgados y 
Tribunales y terceras personas, y constituye al día de hoy el único instrumento que 
permite el cumplimiento de la obligación legal de comunicarse electrónicamente con la 
Administración de Justicia, al tiempo que posibilita la realización del objetivo de una 
mejor y más eficaz administración de Justicia.
Quinto. w.b
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financiación del Sistema de la Seguridad Social a la Tesorería General de la Seguridad
Social, materias reguladas posteriormente por el Reglamento General sobre Inscripción de 
Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de datos de los trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y por el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Sexto.
El Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, por el que se regula la estructura 
orgánica  y  funciones  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  atribuye  en  su 
artículo 1, apartado a), al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y 
control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en 
su  modalidad  contributiva,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al  Instituto 
Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por desempleo y al 
Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del 
Mar;  en  su  apartado  b)  atribuye  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  social  el 
reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con excepción de aquellas cuya 
gestión  esté  atribuida  al  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  o  servicios 
competentes de las comunidades autónomas d) atribuye la competencia sobre la gestión 
y funcionamiento del registro de Prestaciones Sociales Públicas; y, por último, en el 
apartado  e)  atribuye  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  la  gestión  de  las 
prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.
Séptimo.
El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto Social de la Marina, atribuye, en su artículo 3.1, párrafos a) y b), al Instituto 
Social  de  la  Marina,  las  competencias  en  materia  de  gestión,  administración  y 
reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, altas, 
bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en 
colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la colaboración con la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función 
recaudatoria en periodo voluntario en el sector marítimo-pesquero.
Octavo.
Que con anterioridad, el 26 de julio de 2013, se procedió a la firma de un convenio de 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el Instituto Social de la 
Marina, cuya finalidad era posibilitar el acceso electrónico por parte de los Juzgados y 
Tribunales a información que obra en poder de los anteriormente citados.
Noveno.
La disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece en su apartado primero que «Todos los convenios 
vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o 
entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de 
tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, esta adaptación  e.e
será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por aplicación  w.b
directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran  725ww
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deel p lala zpore dsee nvtieg eLnecyi.a» del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor
Décimo.
Es  voluntad  de  las  partes  signatarias  continuar  el  régimen  de  colaboración 
establecido en el Convenio de 26 de julio de 2013 y del Acuerdo Marco sobre su 
ejecución,  en  el  marco  del  régimen  legal  vigente  que  regula  las  relaciones  con  la 
Administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos,  contemplando,  por  tanto,  la 
obligación legal de las personas jurídicas de comunicarse por tales medios con los 
Juzgados  y  Tribunales,  y  considerando  el  Punto  Neutro  Judicial  como  el  único 
instrumento que en la actualidad permite el cumplimiento de dicha obligación legal.
En consecuencia, las partes consideran necesario suscribir un nuevo convenio que, 
además de acomodarse a las exigencias derivadas de la Ley 40/2015, contemple este 
marco jurídico, actualice el contenido del anterior, incorporando nuevas utilidades, defina 
de manera uniforme los compromisos de las partes y de las entidades que se adhieran, 
así como el procedimiento y las normas de funcionamiento del sistema de comunicación.
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio consiste en facilitar el acceso de forma electrónica 
por parte de los Juzgados y Tribunales y la Fiscalía General del Estado, durante la 
tramitación de los procedimientos judiciales, a la información obrante en la Tesorería 
General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del 
Instituto  Social  de  la  Marina,  a  través  del  Punto  Neutro  Judicial,  así  como  el 
establecimiento del sistema para la transmisión electrónica de dicha información.
Este acceso se realizará en el marco de lo establecido en el artículo 77 del texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en virtud del cual:
«1.  Los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la  Administración  de  la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán 
utilizarse  para  los  fines  encomendados  a  las  distintas  entidades  gestoras,  servicios 
comunes y órganos que integran la Administración de la Seguridad Social, sin que puedan 
ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto:
a)  La  investigación  o  persecución  de  delitos  públicos  por  los  órganos 
jurisdiccionales, el Ministerio Público o la Administración de la Seguridad Social.
(…)
h)  La colaboración con los jueces y tribunales en el curso del proceso y para la 
ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá 
resolución expresa, en la que, por haberse agotado los demás medios o fuentes de 
conocimiento  sobre  la  existencia  de  bienes  y  derechos  del  deudor,  se  motive  la 
necesidad de recabar datos de la Administración de la Seguridad Social.»
Segunda.  Procedimiento de acceso a la información.
1.  Para  agilizar  el  acceso  a  la  información  por  parte  de  los  órganos  de  la 
Administración de Justicia, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina desarrollarán los  es
servicios web que sean precisos, con las características técnicas y de seguridad que en  bo
cada momento se determinen en función del estado de la tecnología, de manera que se  725ww
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2.  Hasta que se ofrezca toda la información mencionada a través de servicios web, 
la  TGSS  mantendrá  la  conexión  actual  (CEXSIL)  y  el  INSS  la  conexión  e-SIL, 
asegurándose que la transmisión de los datos debe realizarse por canales cifrados que 
garanticen la confidencialidad de la información, poniendo a disposición de los órganos 
de la Administración de Justicia los datos que se enuncian a continuación, sin perjuicio 
de su ampliación por acuerdo de la Comisión Mixta de Seguimiento:
a)  Por  parte  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  la  siguiente 
información del Fichero General de Afiliación:
– AT065  – Consulta de Afiliado.
– ACC95  – Vida Laboral de Empresa.
– ACC69  – Consulta CCC principal y secundarios asociados a un CIF.
Y la siguiente información del Fichero General de Recaudación:
– RCUS6  – Informe Deuda Vigente y Cobros.
b)  Por  parte  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  las  siguientes 
transacciones:
– LBP64  (Registro de Prestaciones Sociales Públicas).
– LBP65  (Registro de Prestaciones Sociales Públicas).
– IN461  (Consulta resumida de expedientes de IT).
– IN462  (Consulta  resumida  de  expedientes  de  pago  directo  de  Maternidad/
Paternidad).
– IN463  (Consulta resumida de Pago Delegado).
– IN464  (Consulta resumida de expedientes de pago directo por Riesgo durante el 
embarazo y Riesgo durante la lactancia natural).
– IN465 (Consulta resumida de expedientes de pago directo por Cuidado de menor 
afectado por enfermedad grave).
c)  Por parte del Instituto Social de la Marina se cede la información referida a los 
Trabajadores del Mar, a la que se accede a través de los sistemas informáticos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
señaladas en los apartados anteriores, con excepción de las consultas relativas a los 
expedientes de pago directo gestionados por el Instituto Social de la Marina. Asimismo, 
quedan excluidos los accesos a los datos gestionados por las Mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social en su modalidad de pago directo.
d)  En consecuencia, se facilitará a los jueces y tribunales, y Fiscalía, toda la 
información correspondiente al Sistema de la Seguridad Social disponible en las bases 
de datos corporativas con excepción de aquellas que directamente poseen las entidades 
gestoras o colaboradoras de las prestaciones y que no están disponibles en un entorno 
global informatizado.
Tercera.  Compromisos de las partes.
1.  Para el efectivo funcionamiento de este convenio el Consejo General del Poder 
Judicial se compromete:
a)  La administración de usuarios, incluyendo la gestión de claves de acceso y de su  es
distribución siguiendo el protocolo de seguridad que tiene establecido al efecto en el PNJ. bo
b)  Con objeto de respetar los protocolos de seguridad pactados entre las partes, el  725ww
cuConoman csp)edr ojeobtP easarcumrimaói nnilnaa qi dsuuattrei al izsrináaef c oadiró emlnatea  dTrcmeGióli Snnse eS ry evy ni cma iloal a sIWnN ptSeEonSBsd,i b rdlálaee   sicdu oaennun sdtriuifetilocgtaraiís,ca teirsóol. n C ddGeeP  lJoa scs ceue sisduoeasnr itoifqsicu aqeru áef ad sceoi lfliitoceri mtelaan    OE-A-2021-20able en https://
segura utilizando los certificados digitales que se determinen.
2.  Asimismo, para la gestión de este acceso a la información se deberá cumplir con 
lo siguiente:
a)  La administración del sistema se basará en la asignación de perfiles de autorización 
a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los mismos. En 
este sentido, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina asignarán un perfil a dos usuarios 
autorizadores con nivel 4 a las personas que perteneciendo al Consejo General del Poder 
Judicial designe éste, quienes a su vez darán de alta tantos códigos de usuario como sean 
necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros 
usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
b)  A  los  usuarios  administradores  de  nivel  4  se  le  asignarán  los  perfiles 
correspondientes  de  SILCON  que  les  permitan  la  creación,  modificación  y  baja  de 
usuarios, así como el seguimiento de éstos y los perfiles asignados.
Los autorizadores de nivel 4 dispondrán también de las transacciones que se ceden 
en este convenio citadas en la cláusula segunda con el exclusivo fin de su cesión a los 
usuarios de los Juzgados y Tribunales.
c)  Los usuarios administradores/autorizadores de nivel 4 y, subsidiariamente, el 
Consejo General del Poder Judicial son responsables de la asignación de perfiles de 
autorización a los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades de gestión y 
vigilarán la correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
d)  Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar 
identificados  y  autentificados,  de  forma  que  en  todo  momento  pueda  conocerse  el 
usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida 
en el sistema. Para ello en el momento de autorizar un usuario se cumplimentarán todos 
los campos exigidos.
e)  Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los 
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
f)  Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinto Órgano o sea objeto de suspensión de empleo, se 
procederá a la baja del código de usuario. Por otra parte, se establecerán controles en 
cuanto al tiempo de inactividad de los usuarios que pasarán a la situación de cancelados 
una vez transcurridos tres meses sin acceder a los Ficheros citados en este convenio. 
También se dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al 
sistema por parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
g)  El seguimiento y control de los accesos de los usuarios adscritos se llevará a cabo 
por sus responsables en el Consejo General del Poder Judicial, para lo cual la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social facilitará las herramientas informáticas necesarias.
La TGSS para facilitar la labor descrita en el párrafo anterior pondrá a disposición del 
CGPJ el programa de auditoría que se describe en el anexo I.
Asimismo, el INSS pondrá a disposición del CGPJ el programa de auditoría del anexo II.
Cuarta.  Financiación.
El presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes.
Quinta.  Protección de datos. es
Los datos personales que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de  w.
pcsouan rtevejeesn cfiuiorcm. iAóanmn,t besase,sr  áyp nas reitnreácsno s rtperao ctraaoddmoopssr  oúamn ilecatasem na ecant ittveriad ataa drlo elsos s e dmfeeci sttrmoasot asdm ec ioellnenfvtooar rmr eaes  bpauo lenons d afibisnipl ieudlea psdrt oed seee nnl atleas    2021-20725n https://ww
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,  Bc
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo.
Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes 
en cada momento.
Sexta.  Confidencialidad.
Todos los usuarios identificados, así como sus responsables de todas las partes 
deben tener el conocimiento de que la copia de programas y/o uso de datos de carácter 
personal  en  tareas  impropias  son  operaciones  ilegales  que  pueden  dar  lugar  a 
responsabilidades administrativas, incluyendo la vulneración del principio y deber de 
confidencialidad regulados por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como a responsabilidades de cualquier otra 
naturaleza, incluso penales.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la 
información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente 
convenio.  Ambas  partes  también  acuerdan  no  divulgar  esta  información  a  ninguna 
persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también 
mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta 
ejecución de este convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Séptima.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, 
así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión 
Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, 
designados  conforme  a  sus  respectivas  normas  institucionales.  Su  presidencia 
corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes 
intervinientes, correspondiendo en primer lugar al Consejo General del Poder Judicial.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa 
convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados 
de la cooperación realizada.
La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se 
produzcan en relación con el objeto del presente convenio y ejercerá las siguientes funciones:
a)  Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del 
objeto del presente convenio.
b)  Realizar  el  seguimiento  de  las  actuaciones  y  de  los  trabajos  realizados  en 
desarrollo de las actividades previstas en el presente convenio.
c)  Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos 
asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos del convenio. s
e)  Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución. oe.
f)  Aprobar la utilización en un futuro de otros sistemas o redes de comunicaciones  w.
que Eresstau lCteonm misáiósn e, fdicea caecsu eqrudeo  eclo Pnu lnot oe sNtaebultercoi dJou deinci aell. artículo 49.1 f) de la Ley 40/2015,  2021-20725n https://ww
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adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada Ley.
Octava.  Vigencia y eficacia del convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 h) 1.º de la Ley 40/2015, el presente 
convenio tendrá una vigencia de 4 años desde su inscripción en el Registro electrónico 
estatal de órganos e instrumentos de cooperación, inscripción que se realizará en el plazo 
de cinco días hábiles desde su formalización. Asimismo, será publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los 
firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años 
adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un 
documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.
Novena.  Modificación, suspensión, resolución y extinción del convenio.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  convenio  en 
cualquier momento, por acuerdo unánime, mediante la firma de una adenda al mismo.
En el caso de que alguna de las partes detecte incumplimientos de las obligaciones 
de los usuarios o accesos irregulares o no autorizados, se procederá a acordar la 
suspensión de la vigencia del convenio y se iniciarán las oportunas comprobaciones 
tendentes a constatar las circunstancias en las que se hayan producido los hechos de 
que se trate y a remover los obstáculos que pudieran impedir su normal funcionamiento, 
previa puesta en conocimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento, en la que se 
resolverá, en su caso, la procedencia de alzar la suspensión o de resolver el convenio.
El uso indebido por parte de los usuarios de los órganos judiciales de los datos a los 
cuales  hayan  accedido  comportará,  en  su  caso,  las  responsabilidades  penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, sin perjuicio de la actuación de la 
autoridad de control en materia de protección de datos competente.
«El Organismo cesionario será responsable frente al cedente con motivo de las 
reclamaciones  que  éste  reciba  del  propietario  de  los  datos  personales  por  un  uso 
indebido de los mismos para fines ajenos a los previstos en el presente convenio, en los 
términos que se derivan del régimen legal correspondiente. El Organismo cedente podrá 
repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que deba satisfacer 
derivada de dicho incumplimiento de conformidad con el régimen legal correspondiente.»
Según el artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre:
1.  El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  La denuncia del convenio cuando se estime que se han producido alteraciones 
sustanciales en las condiciones suscritas.
d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. e.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un  w.b
requerimiento  para  que  cumpla  en  el  plazo  de  dos  meses  con  las  obligaciones  o  725ww
rceosmppornosmabisloes  dqeul em seec acnoisnmsiod edraen  siengcuumimpielidnotos,.  vEigsitlea nrceiqau ey ricmoinetnrotol  sdeer ála c oemjecuuncicióand od eall 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f)  Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio.
g)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
En  particular,  la  resolución  del  convenio  no  afectará  a  la  finalización  de  las 
actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento 
establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décima.  Régimen Jurídico.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el capítulo VI del título 
preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos  o  resolución  del  contenido  del  presente  convenio  que  no  hayan  sido 
solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento, se 
someterán  a  la  jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la 
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad, las partes implicadas firman el presente documento, en la 
fecha indicada en el encabezado, tomándose como fecha de formalización del presente 
documento  la  fecha  del  último  firmante.–El  Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del 
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–La Directora del Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social,  María  del  Carmen  Armesto  González-Rosón.–El 
Director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.–La 
Directora del Instituto Social de la Marina, Elena Martínez Carques.
ANEXO I
La TGSS pone a disposición del CGPJ un procedimiento de auditoría (únicamente 
para las transacciones cedidas por la TGSS a través sistema SILCON) previsto en la 
citada cláusula 4.2.g). Por este motivo, y con objeto de velar por el cumplimiento de toda 
la normativa sobre protección de datos, es necesario desarrollar dicha cláusula en el 
presente anexo.
El CGPJ como órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que 
garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier 
otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los 
ficheros o bases en que aquellos figuren incluidos.
El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la 
causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
Acceso directo por parte del CGPJ a los ficheros propiedad de la TGSS, a través de 
Transacciones (SILCON):
Partes implicadas en el proceso de auditoría.
1.  Auditor Delegado del CGPJ:
El Auditor Delegado del CGPJ será el interlocutor con la TGSS y su función principal 
será  efectuar  la  auditoría  mensual  a  los  usuarios  autorizados  de  su  Organismo, 
remitiendo  mensualmente  a  la  Unidad  Nacional  de  Auditorías  un  informe  con  los 
resultados del proceso auditor.
El Auditor Delegado tendrá como mínimo un nivel 26 de complemento de destino 
(salvo petición justificada del órgano cesionario que solicitará la excepción de nivel y que 
deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías).
Se le asignará en SILCON un perfil de usuario auditor y se le dará de alta a estos 
efectos por la TGSS en el Departamento correspondiente.
Las altas, bajas o sustituciones que se produzcan en la persona designada como 
Auditor Delegado, deberán ser comunicadas a la mayor brevedad posible a la Unidad 
Nacional de Auditoría.
La Unidad Nacional de Auditorías previa solicitud del CGPJ, podrá autorizar la figura 
de un auditor delegado suplente (que deberá cumplir los mismos requisitos de nivel que 
el auditor delegado y se le asignará también en SILCON un nivel de usuario auditor) en 
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del auditor delegado.
El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a pesar de 
que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de  Usuario 
Autorizador (Administrador SILCON) y Auditor Delegado.
2.  Unidad Nacional de Auditorías:
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditoría las siguientes:
– Realizar las auditorías de los accesos del Auditor Delegado del CGPJ.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe mensual de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del CGPJ. e.
– Gestionar las Altas y Bajas del Auditor Delegado del CGPJ. w.b
– Informar y resolver las dudas e incidencias al Auditor Delegado del CGPJ sobre el  725ww
proc–e sVoe dlaer  apuodr itloar íaadse.cuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de
udnuodsa sc rsitoebriroes  aucncieficsaods oisn.debidos, con el fin de que las auditorías se lleven a efecto con
– Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de:
• Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos pudiera concurrir alguna situación de riesgo en la protección de datos personales.
• Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar  las  transacciones  SILCON  específicamente  referidas  al  sistema 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorías elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
– Realizar auditorías específicas de accesos indebidos al Sistema de Confidencialidad 
cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos accedidos, cualquiera que' 
sea su lugar de presentación y tramitar de forma centralizada todas las denuncias y 
comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier forma de vulneración de protección de 
datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo de la TGSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A 
este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorías cualquier escrito o 
solicitud que se reciba de dicha Agencia.
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del CGPJ por 
parte de la Unidad Nacional de Auditoría, antes del inicio de la auditoría mensual que 
proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales del auditor 
delegado del CGPJ como interlocutor autorizado.
ANEXO II
El INSS pone a disposición del CGPJ un procedimiento de auditoría (únicamente 
para las transacciones cedidas por el INSS a través sistema SILCON) previsto en la 
citada cláusula 4.2.g). Por este motivo, y con objeto de velar por el cumplimiento de toda 
la normativa sobre protección de datos, es necesario desarrollar dicha cláusula en el 
presente anexo.
El CGPJ como órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que 
garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier 
otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los 
ficheros o bases en que aquellos figuren incluidos.
El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la 
causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
Acceso directo por parte del CGPJ a los ficheros propiedad del INSS, a través de 
Transacciones (SILCON):
Partes implicadas en el proceso de auditoría.
1.  Auditor Delegado del CGPJ:
El Auditor Delegado del CGPJ será el interlocutor con el INSS y su función principal  o
srreeemsráuEit ltilea endAfedoucosdt  uidtmoaerrle   pnDlrsaeou lceaaeglumsaoded itanoout retdíea inta od mrrl.aáe  nIcnsousmpaelo c amc ióínlnoi msd oeu  suSunea rrnvioiivcsei ol sa2 u6dt oedrli ezI aNcdoSomSs  puldenem  iensnfuot orm Odereg  acdnoeinss mtilnooos,    2021-20725n https://www.
(salvo petición justificada del órgano cesionario que solicitará la excepción de nivel y que
deberá ser aprobada por la Inspección de Servicios).
Se le asignará en SILCON un perfil de usuario auditor y se le dará de alta a estos 
efectos por el INSS en el Departamento correspondiente.
Las altas, bajas o sustituciones que se produzcan en la persona designada como 
Auditor Delegado, deberán ser comunicadas a la mayor brevedad posible a la Inspección 
de Servicios.
La Inspección de Servicios, previa solicitud del CGPJ, podrá autorizar la figura de un 
auditor delegado suplente (que deberá cumplir los mismos requisitos de nivel que el 
auditor delegado y se le asignará también en SILCON un nivel de usuario auditor) en los 
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del auditor delegado.
En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de  Usuario 
Autorizador (Administrador SILCON) y Auditor Delegado. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
2.  Inspección de Servicios:
Serán funciones de la inspección de Servicios del INSS:
– Realizar las auditorías de los accesos del Auditor Delegado del CGPJ.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe mensual de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del CGPJ.
– Gestionar las Altas y Bajas del Auditor Delegado del CGPJ.
– Informar y resolver las dudas e incidencias al Auditor Delegado del CGPJ sobre el 
proceso de auditorías.
– Velar por la adecuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorías se lleven a efecto con 
unos criterios unificados.
– Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
el INSS, en particular de:
•  Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos  pudiera  concurrir  alguna  situación  de  riesgo  en  la  protección  de  datos 
personales.
•  Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Inspección de Servicios elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.
– Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad  cuando  se  produzcan  denuncias  por  los  titulares  de  los  datos 
accedidos, cualquiera que' sea su lugar de presentación y tramitar de forma centralizada 
todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier forma de 
vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo del INSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A 
este fin, deberá ser remitido a la Inspección de Servicios cualquier escrito o solicitud que 
se reciba de dicha Agencia. e.e
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del CGPJ por  725ww
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