BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138576
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18372 Pleno.  Sentencia  169/2021,  de  6  de  octubre  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 3866-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
en relación con diversos apartados del artículo único de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23  de  noviembre,  del  Código  penal.  Prohibición  de  penas  inhumanas  o 
degradantes; derechos a la libertad personal en conexión con los principios 
de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, y a la legalidad penal; 
mandato de resocialización de las penas: constitucionalidad de la regulación 
legal de la prisión permanente revisable. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:169
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  3866-2015,  promovido  por  más  de 
cincuenta diputados contra los apartados veinticuatro, veinticinco, veintiséis, treinta y 
cinco, treinta y ocho, cincuenta y uno, setenta y ocho, doscientos treinta y cuatro, 
doscientos cincuenta y cinco, doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y siete 
del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, que dan nueva redacción 
a los artículos 33.2 a), 35, 36, 76.1 e), 78 bis, 92, 140, 485.1, 605.1, 607.1.1 y 2 y 607 
bis.2.1 del Código penal. Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno. Ha sido 
ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 30 de junio de 2015 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados de 
los Grupos Parlamentarios Socialista; Catalán de Convergencia i de Unió; IU, ICV-EUiA, 
CHA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV) y Mixto 
contra varios apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal  e
(en adelante, CP). b
El recurso se dirige contra los siguientes apartados del artículo único de la Ley  372ww
OrgáAnpiacrat a1d/2o0s 1v5e:inticuatro, que da nueva redacción al art. 33.2 a) CP; veinticinco, que
modifica el art. 35; veintiséis, que modifica el art. 36; treinta y cinco, que introduce el
art. 76.1 e); treinta y ocho, que introduce el art. 78 bis; cincuenta y uno, que modifica el
art. 92; setenta y ocho, que modifica el art. 140; 234, que modifica el art. 485.1; 255, que 
modifica el art. 605.1; 256, que modifica el art. 607.1.1 y 2; y 257, que modifica el 
art. 607 bis.2.1.
El recurso bajo el epígrafe «Hechos» reproduce en su literalidad los arts. 36.1, 78 bis 
y 92 CP, y alude, sin reproducir su contenido, a los arts. 33.2 a), 35 y 76.1 e) CP como 
preceptos en los que también se regula la nueva pena, y a los arts. 140, 485.1, 605.1, 
607.1.1 y 2 y 607 bis.2.1 CP, como preceptos en los que se prevé su imposición a los 
delitos en ellos tipificados; reproduce asimismo el contenido literal del apartado II y del 
último párrafo del apartado V del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 que tratan de la 
justificación y régimen jurídico de la nueva pena.
En los fundamentos de Derecho, tras unas breves consideraciones procesales, se 
desarrolla un apartado dedicado a los «fundamentos jurídico-materiales: motivos del 
recurso de inconstitucionalidad», que se abre con una introducción en la que se citan 
algunos pronunciamientos de este tribunal relativos a decisiones de extradición pasiva a 
países donde era posible la aplicación de la pena de prisión perpetua, que a juicio de los 
recurrentes definirían un núcleo absoluto e irrenunciable de protección de los derechos 
fundamentales afectados, necesario pero insuficiente por sí solo para fundar el juicio de 
constitucionalidad que ahora impetran, para el que solicitan un estándar de protección 
más amplio y se hacen algunas consideraciones sobre el valor de la jurisprudencia 
sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cadena perpetua que, 
entienden, definiría un estándar propio de dicho órgano de garantías que no debería ser 
utilizado  como  parámetro  reductor  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.
El recurso pasa seguidamente a exponer los motivos por los que los diputados que lo 
suscriben han considerado oportuno plantear ante este tribunal la inconstitucionalidad de 
la ley, que, sucintamente expresados, vienen a ser los siguientes:
a)  Vulneración de la prohibición de las penas inhumanas o degradantes contenida 
en el art. 15 CE y en el art. 3 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH).
Los  recurrentes  argumentan  que  tanto  este  tribunal  como  el  Tribunal  Europeo 
Derechos Humanos han reconocido expresamente que un riguroso encarcelamiento de 
por vida sin expectativas de libertad es inhumano y atentatorio de la dignidad del penado 
que lo sufre. Los recurrentes sostienen que la cadena perpetua es denigrante porque 
priva al reo de forma absoluta y de por vida de su autonomía personal, le ocasiona 
padecimientos psíquicos de gran intensidad y produce tal deterioro de su personalidad 
que equivale a una pena de naturaleza corporal. Afirman que el carácter revisable de la 
pena no la convierte en una pena humana, porque se mantiene la posibilidad de que sea 
perpetua  y  porque  los  criterios  de  revisión  para  su  salida  en  libertad  condicional 
establecidos  en  la  ley  no  dependen  de  la  autonomía  del  reo  ni  le  permiten 
responsabilizarse de la duración de su encierro, aludiendo al régimen jurídico de la 
suspensión condicional de la pena y de su eventual revocación recogido en el art. 92.1 
y 3 CP: destacan, entre otras cosas, que la revocación de la suspensión no requiere en 
todo caso la reincidencia del condenado, sino que basta que se haya producido un 
cambio  de  las  circunstancias  que  fundaron  el  pronóstico  que  permitió  su  libertad 
condicional, circunstancias que pueden ser absolutamente ajenas al comportamiento del 
sujeto. Consideran que no se cumple el parámetro fijado en la doctrina del Tribunal 
Europeo Derechos Humanos de que el condenado tenga el derecho a saber desde el 
comienzo de la ejecución de la pena lo que debe hacer para que su liberación sea  e
considerada y cuáles son las condiciones aplicables. También censuran que el tribunal  bo
no disponga de un instrumento racional y certero para evaluar la reinserción social del  372ww
ppreenvaiod oa,l  qaucec elosso  pal alaz olisb edreta sde gcounriddiacdio ensatla sbolenc eidxocse sciovmoso  cpoemripoadroa mdoíns imcoon  dloes c purmepvilsimtoies netno 
leas pmeacyífoicraía  ddee  loloss  pproagísreasm adse  dneu ersethroa beilnittaocrinóon,  qyu qeu see  nvoa ns ea  caopnltiecmarp laa  eusntao sr epgeunlaadcoiósn, 
condiciones que a su juicio impiden que se pueda generar una expectativa razonable de 
libertad.
b)  Vulneración de los principios de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas 
y, consecuentemente, del derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17 CE.
El recurso desarrolla tres líneas argumentales que convergen en la idea de que la 
pena  de  prisión  permanente  revisable  constituye  una  restricción  injustificadamente 
desproporcionada de la libertad personal; se pueden sintetizar, debidamente ordenadas, 
como sigue:
(i)  Desde un punto de vista general, la pena no tiene utilidad ni atiende a una 
genuina necesidad social. Sostienen los recurrentes que en nuestro país, en el momento 
de la promulgación de la ley impugnada, las estadísticas oficiales revelaban que los 
delitos graves a los que se aplica presentaban una tasa que se situaba por debajo 
incluso  de  la  correspondiente  a  los  países  que  tenían  ya  incorporada  a  sus 
ordenamientos penales la pena de prisión perpetua en alguna de sus modalidades. Los 
recurrentes discrepan de la ponderación de los beneficios sociales verificada por el 
legislador, que a su juicio no compensan su desmesurada severidad.
(ii)  Desde el punto de vista de su concreto régimen jurídico, nos encontramos con 
que  el  tribunal  sentenciador  no  puede  adecuar  la  magnitud  de  la  pena  a  las 
circunstancias del hecho y del culpable porque la pena de prisión permanente revisable 
se establece como pena de imposición obligatoria y sin alternativa en los arts. 140.1 y 2, 
485.1, 605.1, 607.1.1 y 2 y 607 bis.2.1 CP, lo que según los recurrentes, no puede 
satisfacer el canon de proporcionalidad estricta que la doctrina constitucional viene 
aplicando al examen de la adecuación entre la pena prevista en la ley y el hecho punible 
al que se aplica (STC 136/1999).
(iii)  Desde el mismo punto de vista, la pena de prisión permanente revisable no es 
susceptible  de  graduación  al  no  tener  un  límite  máximo  previsto  en  la  ley,  y 
consecuentemente un marco en el que moverse, lo que a juicio de los recurrentes impide 
al  tribunal  valorar  las  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  y 
graduar  la  pena  conforme  a  las  mismas,  esto  desencadenará  una  restricción 
desproporcionada  de  la  libertad  cuando  no  se  puedan  tomar  en  consideración  las 
circunstancias atenuantes de la culpabilidad que hubieran concurrido en el sujeto.
c)  Vulneración del mandato de determinación de la pena recogido en el art. 25.1 
CE, que garantiza el derecho a la legalidad penal.
Los recurrentes fundamentan esta denuncia de inconstitucionalidad en que la pena 
de prisión permanente revisable (i) solo fija el límite mínimo de su duración y su duración 
final  se  hace  depender  del  cumplimiento  de  una  condición  que  se  comprueba  a 
posteriori, (ii) la condición es a su vez de contenido impreciso, la existencia de «un 
pronóstico favorable de reinserción social» según el art. 92.1 c) CP, y (iii) una vez 
suspendida,  durante  un  periodo  de  entre  cinco  y  diez  años,  la  suspensión  podrá 
revocarse si se pone «de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado 
lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad 
en que se fundaba la decisión adoptada» según el art. 92.3 párrafo 3 CP, cambio de 
pronóstico para el que ni siquiera se exige la comisión de un hecho delictivo.
Los recurrentes subrayan que el pronóstico de comportamiento futuro o predicción de 
peligrosidad es muy incierto y susceptible de arrojar un número excesivo de respuestas  e.e
erróneas, mayoritariamente en perjuicio del penado, tanto cuando se utilizan métodos  b
clínicos  como  estadísticos  o  actuariales,  por  lo  que  no  es  admisible  que  se  haga  372ww
dlae ppeennad.e Lr ad ep ruisni ójuni cpioe rdmea ensetnat en aretuvriasalebzlae  lsae d reetveerlma iansaíc icóonm doe lu tnieam ppeon ad ein cduemteprmliminieandtao,  ddee 
vmeuinetritcein dceol,  cvoenindteioncahdoo, –t ree inintasu ofic tierenitnetma eyn tcein dceot earñmoisn adbele  parils aiópno yeanr saed eenla nutne  c–rhitaesritoa,  elal 
de la reinserción social, que se concreta mediante el uso de «disciplinas predictivas» que
no gozan de la fiabilidad mínima exigible en el tratamiento de la libertad. Los recurrentes 
recogen nuevamente el argumento de que se trata de una pena no susceptible de 
graduación en el momento de su imposición en función de la gravedad del delito y la 
culpabilidad de su autor, para situarlo en la perspectiva de su falta de precisión y citan 
dos  pronunciamientos  de  este  tribunal  que  se  refieren  a  la  inconstitucionalidad  de 
sanciones administrativas pecuniarias que no tenían prefijado en la norma un límite 
máximo (SSTC 29/1989, FJ 3, y 129/2006, FJ 4).
d)  Vulneración del mandato de resocialización previsto en el art. 25.2 CE.
Los recurrentes citan doctrina constitucional (entre otras, STC 160/2012) que declara 
que el art. 25.2 CE contiene un mandato dirigido por el constituyente al legislador para 
orientar en tal sentido la política penal y penitenciaria, que del mismo no se derivan 
derechos subjetivos, y que como finalidad de la pena ha de convivir con otros fines 
igualmente legítimos cuya satisfacción puede exigir un cierto grado de sacrificio que 
resultará acorde con la Constitución en la medida en que (i) sea razonable en atención a 
la preservación de esos otros cometidos de la pena o, más en general, de otros intereses 
de rango constitucional, y (ii) no implique la completa desatención del fin resocializador.
Los recurrentes consideran que la pena de prisión permanente revisable no cumple 
estas  exigencias  por  la  desproporcionada  duración  de  los  períodos  mínimos  de 
cumplimiento establecidos en la ley para el acceso al tercer grado de clasificación 
penitenciaria y a la libertad condicional, porque restringen enormemente las posibilidades 
de hacer uso de formas de cumplimiento y de beneficios penitenciarios orientados al fin 
de  la  resocialización;  afirman  que  la  normativa  española  no  se  acomoda  a  las 
recomendaciones emanadas de órganos de Naciones Unidas o del Consejo de Europa 
sobre tratamiento adecuado a los derechos de los internos que cumplen penas de prisión 
de larga duración o perpetuas, ni a la normativa y praxis más comunes en los países que 
aplican distintas modalidades de prisión perpetua o de duración indeterminada; censuran 
de forma más intensa la exigencia de periodos de cumplimiento superior a veinticinco 
años en varios de los supuestos contemplados en el art. 78 bis CP; aducen que a estos 
plazos se suma el plazo de cinco a diez años de suspensión condicional que como forma 
de cumplimiento de la pena redunda en la cuasi perpetuidad del sometimiento del reo al 
ius puniendi del Estado.
Los recurrentes retornan asimismo al argumento de la indeterminación del criterio 
establecido para el acceso a la libertad condicional, es decir, el juicio pronóstico de 
reinserción social, para sostener que el mismo hace ilusoria toda esperanza razonable 
de recuperar la libertad y refuerza la probabilidad de que la pena devenga perpetua y sin 
remisión.
2.  Por providencia de fecha 21 de julio de 2015, el Pleno del tribunal, a propuesta 
de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad 
y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de 
Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso 
y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Finalmente, se acordó publicar 
la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
3.  El abogado del Estado, por escrito registrado en este tribunal el 24 de julio 
de 2015, manifestó que se personaba en nombre del Gobierno y solicitó prórroga por el  e.
máximo legal del plazo concedido para formular alegaciones, habida cuenta del número  w.
de asuntos que penden ante la Abogacía. Por providencia de 1 de septiembre de 2015,  372ww
leelg Pallmeneon taec oosrdteón tdaa, ry  pporor rproegrsaorlnea edno  oacl haob doígaasd eol  pdlealz oE sctoandcoe, deidno  lap orre pprroevsiednetnacciiaó nd eq 2u1e 
de julio de 2015.
4.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de agosto de 2015 el presidente del 
Senado interesó que se tuviera por personada a la Cámara en este procedimiento y por 
ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5.  Por escrito registrado en este tribunal el 10 de septiembre de 2015, el presidente 
del Congreso de los Diputados comunicó que la mesa de la Cámara había acordado 
personarse en este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 
LOTC y remitir el recurso a la dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la 
asesoría jurídica de la secretaría general.
6.  Mediante escrito registrado el 23 de septiembre de 2015, el abogado del Estado 
formula  sus  alegaciones  interesando  la  desestimación  del  recurso.  Con  carácter 
preliminar afirma que el recurso incurre en una notable falta de fundamentación por 
impugnar globalmente los artículos que regulan la prisión permanente revisable sin 
delimitar con el rigor exigible los motivos de impugnación de cada uno de los preceptos, 
defecto que se acusa más en los preceptos que recogen los delitos a los que, con 
carácter excepcional, se aplica esta pena. Sostiene que esta falta de fundamentación 
podría justificar por sí sola la desestimación del recurso.
Seguidamente hace varias consideraciones generales sobre la regulación de la pena, 
de la que dice se trata de una pena de prisión de duración indeterminada, sujeta un 
régimen de revisión tras el cumplimiento de una parte relevante de la condena, a partir 
de  veinticinco  años,  que  se  aplica  a  unos  pocos  delitos  caracterizados  por  su 
excepcional gravedad. Hace una somera descripción de su régimen de cumplimiento en 
la que subraya que la prolongación del plazo de revisión más allá de los veinticinco años, 
se limita a los casos en que el reo ha sido condenado por varios delitos muy graves; que 
la libertad condicional se alcanza valorando múltiples criterios que tratan de asegurar un 
pronóstico favorable de reinserción social, muchos de los cuales dependen de la actitud 
y voluntad del penado, y que la revocación de la libertad condicional exige que se ponga 
de manifiesto un cambio de circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que 
no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en el que se fundaba la 
decisión adoptada, por lo que se trata de causas verdaderamente graves, y no de 
circunstancias ajenas al condenado. Durante su cumplimiento, se aplica al penado el 
principio de tratamiento individualizado de la pena previsto en la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, general penitenciaria (en adelante, LOGP), lo que incluye permisos 
penitenciarios y la progresión al tercer grado, así como la progresión al tercer grado por 
motivos humanitarios y de dignidad personal prevista en el art. 36.3 CP.
Recuerda  asimismo  que  la  prisión  permanente  o  perpetua  es  una  realidad  en 
muchos países miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa y que figura en 
el catálogo de penas del art. 77 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Apunta que 
la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos –destaca Kafkaris c. Chipre, Vinter 
y otros c. Reino Unido, y Hutchinson c. Reino Unido– ha considerado que la imposición 
de una pena de prisión perpetua a un delincuente adulto no es por sí misma contraria a 
la prohibición de penas inhumanas establecida en el art. 3 CEDH, aunque sí podría serlo 
en caso de tratarse de una pena no susceptible de reducción, de modo que allí donde el 
Derecho  nacional  ofrece  una  posibilidad  de  revisar  la  pena  con  la  finalidad  de 
conmutarla, suspenderla, remitirla o liberar condicionalmente al detenido, se cumplen las 
exigencias del citado precepto; se trata, por lo tanto, de que se prevean mecanismos de 
revisión,  de  iure  y  de  facto  que  ofrezcan  al  penado  un  horizonte  o  esperanza  de 
liberación. Cita asimismo varios precedentes en los que este tribunal se ha pronunciado  e
sobre  decisiones  que  autorizaban  la  extradición  a  países  que  tienen  prevista  la  bo
imposición de pena de prisión perpetua, y en los que hemos dicho que, desde la  372ww
CpeEr,s preescutilvtaa  sduef iclaie pnrteo hgibaircaiónntí ad qeu lea sla pse rneasso lou ctiroantoess  ijnuhduicmiaalenso sc oon ddiecgiorandeann late ps rdoecel daertn. c1i5a 
idned elfae cetibxtleramdeicnióten   ad e qupeo r env idcaa so(S  SdeT Ci m1p4o8n/e2r0s0e4  diyc ha1 8p1e/2n0a0 4s)u;   etajemcbuicéiónn  cnitoa  sleaas 
SSTC 39/2012 a 69/2012, de 29 de marzo, en las que se recuerda que el posible
cumplimiento efectivo de treinta años de prisión resultante de una acumulación de penas 
no impide la aplicación de las previsiones de la legislación penitenciaria a través del 
sistema de individualización científica, la clasificación en grados, los permisos ordinarios 
y extraordinarios de salida, las comunicaciones personales, el régimen de semilibertad y 
la posibilidad de obtener la libertad condicional, incluso de forma anticipada, elenco de 
medidas que favorecen y posibilitan la reeducación y reinserción social.
El abogado del Estado procede seguidamente a examinar cada uno de los motivos 
de  inconstitucionalidad  planteados  en  el  recurso,  de  los  que  solicita  su  íntegra 
desestimación alegando, en síntesis, lo siguiente:
a)  Respecto del primer motivo en el que se denuncia la infracción de la prohibición 
de penas o tratos inhumanos o degradantes establecida en los arts. 15 CE y 3 CEDH, 
reitera que la pena de prisión permanente revisable española cumple los parámetros de 
revisabilidad fijados por la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos y de este 
tribunal y que a esta pena le es aplicable el principio de tratamiento individualizado y con 
ello los beneficios penitenciarios que permitirán el disfrute de permisos de salida y del 
régimen de semilibertad, lo que elimina su carácter inhumano. Los periodos de seguridad 
que  dilatan  el  acceso  al  tercer  grado  de  clasificación  penitenciaria  y  a  la  libertad 
condicional  son  legítimos  en  la  medida  en  que  tratan  de  asegurar  el  principio  de 
proporcionalidad, la retribución del delito y la protección de la sociedad ante supuestos 
muy graves de vulneración del derecho a la vida. Rebate, asimismo, que los fallos en los 
juicios pronóstico de reinsertabilidad de los penados sean relevantes en el enjuiciamiento 
de la ley impugnada porque dicho riesgo existiría con cualquier otra pena, y porque lo 
decisivo  es  que  el  tratamiento  penitenciario  y  el  trabajo  con  los  internos  permitan 
precisamente ir probando esa reinsertabilidad.
b)  Al segundo motivo en el que se aduce que la prisión permanente revisable 
infringe  el  principio  de  culpabilidad  y  supone  una  limitación  desproporcionada  del 
derecho a la libertad personal responde que su introducción en nuestro ordenamiento 
jurídico representa una opción legítima de política legislativa en virtud de la desgraciada 
y trágica actualidad de los delitos contra menores, la libertad sexual o de terrorismo, y 
que cumple una evidente finalidad de prevención general.
Su previsión como pena de imposición obligatoria es igualmente una opción legítima 
del  legislador  que  se  justifica  por  la  gravedad  de  los  delitos  para  los  que  se  ha 
establecido. Reprocha al recurso no precisar en qué concretos delitos se produce la 
desproporción denunciada, incumpliendo así la carga de justificar la inconstitucionalidad 
de la norma. El modelo de prisión permanente revisable admite una gradación de la 
pena, si bien no al inicio sino durante su cumplimiento, por lo que se adecua a la realidad 
del penado. La sentencia puede hacer constar las circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad penal que concurren, circunstancias que serán tenidas en cuenta en la 
ejecución de la pena para el tratamiento penitenciario del condenado y asimismo a la 
hora de decidir sobre su libertad condicional.
El abogado del Estado destaca que el recurso no hace mención del art. 70.4 CP, 
introducido en la misma ley, que dispone que «la pena inferior en grado a la de prisión 
permanente  es  la  pena  de  prisión  de  veinte  a  treinta  años»,  lo  que  permite  la 
individualización de la pena conforme al art. 66.1 CP, e incluso una eventual rebaja de 
más de un grado en función de la concurrencia de eximentes incompletas y varias 
atenuantes.
c)  Respecto del motivo que aduce que la norma recurrida vulnera el derecho a la 
legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE por falta de determinación de la pena, el  e.
abogado del Estado lo combate con el argumento de que, por el contrario, se trata de  w.b
una  pena  suficientemente  determinada  porque  tiene  previsto  un  límite  mínimo  de  372ww
dcounradcicióionn avla ryia bqluee  sleag úpne nlaa  gpruaevdeed aedx tidneglu diresleit.o  Eal  apratr. tir9 2d.e1l  cc)u aCl Pe se sptoasbilbelcee  lac olnib egrrtaadn 
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atienden a su conducta en prisión, y sus circunstancias personales y familiares con
apoyo  en  informes  técnicos  rigurosos.  Por  otra  parte,  la  denegación  de  la  libertad 
condicional es revisable cada dos años, imponiéndose al tribunal una actuación de oficio. 
La pena, por lo tanto, tiene un límite mínimo y un límite máximo, lo que pasa es que este 
es variable.
d)  Finalmente, al motivo en el que se aduce que la pena de prisión permanente 
revisable es contraria al mandato de resocialización del art. 25.2 CE, el abogado del 
Estado  contesta  argumentando  que  el  principio  de  resocialización  ha  supuesto  la 
introducción  del  sistema  de  individualización  científica  que  concibe  la  pena  como 
tratamiento,  esto  es,  como  actividad  directamente  encaminada  a  la  reeducación  y 
reinserción  social  mediante  la  utilización  de  medios  científicos  que  tiene  como 
característica más notable la flexibilidad en la ejecución de la pena y el acomodo de la 
misma a las circunstancias personales, familiares y sociales específicas de cada interno, 
sistema que se aplica también a la prisión permanente revisable. La pena de prisión 
permanente revisable no es por ello una prisión de por vida, sino una pena revisable, 
pues los beneficios penitenciarios y la libertad condicional la concretan.
Cita doctrina de este tribunal relativa al art. 25.2 CE, cuya vulneración no representa 
por sí sola fundamento para un recurso de amparo, pues dicho precepto no contiene un 
derecho fundamental, sino un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal 
y  penitenciaria,  mandato  del  que  no  se  derivan  derechos  subjetivos,  precisando, 
además, que el citado precepto constitucional tampoco establece que la reeducación y la 
reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad.
El establecimiento de una mayor dilación temporal en el acceso al tercer grado a 
causa de la particular tipología del delito no supone para el abogado del Estado una 
quiebra de la sistemática seguida en nuestro Código penal con las penas de duración 
determinada,  pues  ya  en  el  art.  36.2  CP  se  prevé  un  régimen  más  severo  para 
determinados delitos y lo mismo ocurre en el art. 78.2 a) CP. La prolongación de los 
plazos para acceder a la libertad condicional también está justificada por la concurrencia 
de otras penas.
El  régimen  de  cumplimiento  de  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  no 
contradice el objetivo resocializador del art. 25.2 CE, antes al contrario, permite concretar 
la duración de la prisión en función de las condiciones de resocialización del condenado 
y acomodar el régimen penitenciario a los pronósticos de peligrosidad que pueden 
presentar personas con muchas dificultades para la reinserción. Además es necesario 
atender  a  otros  bienes  jurídicos,  como  la  Justicia  y  la  protección  de  las  víctimas, 
especialmente niños. El abogado del Estado concluye sus alegaciones con una mención 
a la STEDH de 15 de diciembre de 2009, caso Maiorano y otros c. Italia, que declaró a 
dicho Estado responsable de la violación del derecho a la vida (art. 2 CEDH) por haberse 
otorgado a un penado un régimen de semilibertad en el que violó y asesinó a dos 
mujeres jóvenes, sin haber sopesado adecuadamente el interés de la reinserción social 
progresiva del penado con el interés de protección de la colectividad.
7.  Por providencia de 5 de octubre de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 6 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de inconstitucionalidad.
Tras  advertir  del  alcance  limitado  que  en  opinión  de  los  diputados  recurrentes  es
tendría,  en  orden  a  fundamentar  el  juicio  de  constitucionalidad  de  la  Ley  bo
Orgánica  1/2015,  la  doctrina  precedente  de  este  tribunal  sobre  las  condiciones  de  372ww
pclperragiotíeisntireumiosni sdca iaal dmfs ijuciaeojdennottosost s itr uepcceoilnoar  nmalaeol dlsd o e T qelraunib e pu penrhnoaaacl  e ddeEeimx uacriaemodnpineteoanosda  o dpD eee lraerpe xecttcrhuaooadms idc peiaó Htnpibu opimlsiadiabsanliedvo a sa, d paeliesc nía d cceioóltomensr ome  nidnv eoaa tdrrilaooossss     OE-A-2021-18able en https://
regulaciones y praxis judiciales y administrativas de determinados Estados con el art. 3
CEDH, el recurso de inconstitucionalidad desarrolla varios argumentos sintetizados en 
los  antecedentes  de  esta  resolución,  donde  se  sostiene  que  la  pena  de  prisión 
permanente revisable incurre en las siguientes tachas:
a)  Vulnera la prohibición de las penas inhumanas o degradantes contenida en el 
art. 15 CE y el art. 3 CEDH, porque su duración desmesurada ha de producir en el 
penado intensos padecimientos psíquicos y un deterioro de su personalidad, y porque su 
carácter  teóricamente  revisable,  desmentido  por  la  indeterminación  del  criterio 
legalmente exigido para el acceso a su suspensión, el de reinsertabilidad, disipa en el 
interno que la sufre toda esperanza factible de alcanzar un día la libertad y no excluye en 
absoluto la posibilidad de que acabe siendo una pena perpetua.
b)  Vulnera el derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17.1 CE, en 
conexión con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, porque la 
regulación  legal  impide  al  tribunal  sentenciador  adecuar  la  reacción  penal  a  las 
circunstancias  del  hecho  y  del  culpable  al  establecerla  como  pena  de  imposición 
obligatoria, sin alternativa posible.
c)  Vulnera el derecho a la legalidad penal garantizado en el art. 25.1 CE porque es 
socialmente innecesaria y jurídicamente indeterminada, pues su duración máxima se 
hace depender de un criterio inseguro como es, a juicio de los recurrentes, el de 
reinsertabilidad y no tiene previstos mecanismos de gradación interna.
d)  Vulnera el mandato de resocialización del art. 25.2 CE por establecer periodos 
mínimos de cumplimiento de una duración de veinticinco años y más, que resultan más 
amplios que los que se suelen aplicar en el Derecho comparado y que no se acomodan 
a los estándares de Naciones Unidas y del Comité para la prevención de la tortura del 
Consejo de Europa, y por la propia indeterminación de los criterios de revisión de la 
pena, incapaces de proporcionar al reo una expectativa razonable de libertad.
En su escrito de alegaciones el abogado del Estado combate todos los argumentos 
empleados en el recurso, al que reprocha, con carácter preliminar, falta de motivación 
por  verificar  una  impugnación  global  de  todos  los  artículos  que  regulan  la  prisión 
permanente revisable sin determinar los motivos de inconstitucionalidad predicables de 
cada precepto, deficiencia que considera más acusada en relación con los preceptos de 
la parte especial del Código penal en los que se prevé la imposición de esta pena.
Antes de pasar al examen de los fundamentos impugnatorios desarrollados en el 
presente recurso de inconstitucionalidad, es procedente reproducir el régimen jurídico de 
la prisión permanente revisable, que se desarrolla en los siguientes preceptos de la parte 
general del Código penal.
2.  Preceptos impugnados.
El presente recurso de inconstitucionalidad impugna el art. 33.2 a) CP, que incorpora 
la pena de prisión permanente revisable al catálogo de penas graves y el art. 35 CP, que 
la  incorpora  al  catálogo  de  penas  privativas  de  libertad,  así  como  el  resto  de  los 
preceptos en los que se recoge su régimen jurídico, cuyo contenido literal reproducimos 
a continuación.
El art. 36.1 CP dice:
«La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el  e.e
tribunal  previo  pronóstico  individualizado  y  favorable  de  reinserción  social,  oídos  el  b
Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: 372ww
Cpeóndaaigd) oo. Hloa hstuab ieelr ac usmidpol impoier nuton  ddee livtoe idnetel  Cañaopsít udloe  VprIiIs dióenl  Teífteuclotiv Xa,X IeI nd eell  Lcaibsroo  dIIe d qeu ees teel   OE-A-2021-18able en https://
b)  Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los 
casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que 
haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y 
ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).»
El art. 76.1 e) CP dice:
«Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de 
ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.»
El art. 78 bis CP dice:
«1.  Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno 
de  ellos  esté  castigado  por  la  ley  con  pena  de  prisión  permanente  revisable,  la 
progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:
a)  de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el 
resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.
b)  de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable 
y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.
c)  de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 
revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 
revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.
2.  En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que 
el penado haya extinguido:
a)  Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren 
las letras a) y b) del apartado anterior.
b)  Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.
3.  Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos 
de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en 
el  seno  de  organizaciones  criminales,  los  límites  mínimos  de  cumplimiento  para  el 
acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos 
años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el 
penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que 
se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en 
el de la letra b) del apartado primero.»
El art. 92 CP dice:
«1.  El  tribunal  acordará  la  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  de  prisión 
permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: e.
a)  Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo  372ww
dispbu)e stQo ueen  seel  aerntíccuuelon t7re8  cbliass pifaicraad loo se nca tseorcse rre ggrualdaod.os en el mismo.
circucn) staQnuceia es l dterilb duenlaitlo,  aco lma evtiisdtoa,  dlae  rleal epvearnscoinaa dlied alods  dbeiel npeesn ajudroíd, icsouss  qaunete pcoeddreíannte vse, rlsaes 
afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la
pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la 
propia  suspensión  de  la  ejecución  y  del  cumplimiento  de  las  medidas  que  fueren 
impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el 
centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la 
existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.
En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los 
requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los 
delitos cometidos.
El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable 
tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el 
penado, asistido por su abogado.
2.  Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos 
de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será además 
necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y 
los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, 
bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo 
terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y 
procesamiento de  responsables  de delitos terroristas, para obtener pruebas o para 
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya 
pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una 
declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 
violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los 
informes  técnicos  que  acrediten  que  el  preso  está  realmente  desvinculado  de  la 
organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales 
que la rodean y su colaboración con las autoridades.
3.  La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo 
de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad 
del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 
del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.
El  juez  o  tribunal,  a  la  vista  de  la  posible  modificación  de  las  circunstancias 
valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al 
artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la 
modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.
Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución 
del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto 
un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener  ya  el  pronóstico  de  falta  de  peligrosidad  en  que  se  fundaba  la  decisión 
adoptada.
4.  Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de 
este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos 
cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El 
tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del 
penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido 
rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.»
El  recurso  de  inconstitucionalidad  también  impugna  los  preceptos  de  la  parte 
especial del Código penal a los que la Ley Orgánica 1/2015 incorporó la pena de prisión  s
permanente revisable, que son los siguientes: oe.
Artículo 140 CP: 372ww
«1.  El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª  Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona 
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
2.ª  Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor 
hubiera cometido sobre la víctima.
3.ª  Que  el  delito  se  hubiera  cometido  por  quien  perteneciere  a  un  grupo  u 
organización criminal.
2.  Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos 
personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será 
de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) 
del apartado 2 del mismo artículo.»
Art. 485.1 CP:
«El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será 
castigado con la pena de prisión permanente revisable.»
Art. 607.1.1 y 2 CP:
«Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, 
racial,  religioso  o  determinado  por  la  discapacidad  de  sus  integrantes,  perpetraren 
alguno de los actos siguientes, serán castigados:
1.º  Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus 
miembros.
2.º  Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a 
alguno  de  sus  miembros  o  produjeran  alguna  de  las  lesiones  previstas  en  el 
artículo 149.»
Art. 607 bis.2.1 CP:
«Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:
1.º  Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna 
persona.»
De manera esquemática, se puede decir que la Ley Orgánica 1/2015 ha establecido 
el siguiente cuadro de tiempos mínimos de cumplimiento de condena para la aplicación 
de determinadas concreciones normativas del sistema penitenciario:
Permisos  de  salida:  ocho  años  como  regla  general,  doce  años  en  casos  de 
terrorismo y crimen organizado.
Tercer grado de clasificación penitenciaria: quince años como regla general; veinte 
años en caso de terrorismo y crimen organizado.
Libertad condicional: veinticinco años como regla general.
Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos, el art. 78 bis CP 
establece las siguientes reglas especiales:
«1.  Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno 
de  ellos  esté  castigado  por  la  ley  con  pena  de  prisión  permanente  revisable,  la 
progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: es
a)  De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por  w.
varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el  372ww
restob )d eD laes  upne nmasín iimmpou edset avse sinutme eanñ ousn  tdoeta pl qriusieó ne,x cceudaan ddoe  ceiln cpoe naañdoos .lo haya sido por
yv aerli ores sdtoe lidtoes l,a usn poe ndaes e ilmlops ueessttéa sc assutmigaedno u nco tno tuanl qau pee enxac deed ap rdisei óqnu ipnecrem aañnoesn.te revisable  BOE-A-cable e
c)  De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 
revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 
revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.
2.  En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que 
el penado haya extinguido:
a)  Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren 
las letras a) y b) del apartado anterior.
b)  Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.
3.  Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos 
de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en 
el  seno  de  organizaciones  criminales,  los  límites  mínimos  de  cumplimiento  para  el 
acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos 
años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el 
penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que 
se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en 
el de la letra b) del apartado primero.»
3.  Objeción del abogado del Estado: falta de motivación del recurso.
El abogado del Estado pide, con carácter preliminar, la inadmisión del presente 
recurso de inconstitucionalidad por falta de motivación al no especificar respecto de 
todos y cada uno de los preceptos que son objeto de impugnación, cuáles son los 
fundamentos de su supuesta inconstitucionalidad.
Como ya se ha indicado, el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra los 
artículos  del  Código  penal  que  han  sido  introducidos  o  modificados  por  la  Ley 
Orgánica 1/2015: 33.2 a); 35; 36; 76.1 e); 78 bis; 92; 140; 485.1; 605.1; 607.1.1 y 2, 
y 607 bis.2.1. No es objeto del recurso, sin embargo, el art. 70.4 CP, introducido por el 
apartado treinta y tres del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015. Tampoco se dirige 
contra el artículo único de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en materia de 
delitos de terrorismo, que introduce el art. 573 bis.1.1 CP, que contempla la pena de 
prisión permanente revisable (o «prisión por el tiempo máximo previsto en este Código» 
siguiendo su tenor literal) como pena de imposición forzosa para el delito de terrorismo si 
se causara la muerte de una persona; se trata de una ley publicada el mismo día que la 
Ley Orgánica 1/2015 («BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015).
El recurso, en efecto, opta por impugnar el régimen jurídico de la pena de prisión 
permanente revisable, sin detenerse en el examen del contenido de la totalidad de los 
preceptos que lo conforman. Ello no significa, sin embargo, que el recurso presente un 
déficit  motivacional  susceptible  de  impedir  un  pronunciamiento  de  fondo  sobre  los 
trascendentales problemas planteados en el mismo. En efecto, este tribunal sostiene 
desde sus primeros pronunciamientos que la acción de inconstitucionalidad, como toda 
acción, se concreta a través de su petitum y de su causa petendi, y queda configurada 
por lo que se pide y por la causa en que la petición se fundamenta, de modo que «[l]a 
causa es un título formal, pero es también la argumentación a través de la cual el  e.e
recurrente sostiene su razón» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3). b
Un examen detenido de los argumentos del recurso pone de manifiesto elementos  372ww
creolnesveacnuteesn teqmuee ntfea,c dileital nco nlate niiddeon yti faiclacacinócne  dee l icnotenlteroccl iaóbns trdaec tos uq uec asues iam pdeetr ap deed ier stye, 
tribunal:
(i)  Los  motivos  de  inconstitucionalidad  esgrimidos  en  el  mismo,  inhumanidad, 
desproporción, desconsideración de las circunstancias personales del penado y de sus 
necesidades de resocialización, se presentan como rasgos inmanentes a la pena de 
prisión permanente revisable, lo que, de una parte, involucra en el control abstracto a 
todos los preceptos de la parte general del Código penal que contribuyen a su concreta 
configuración normativa, y de otra parte, a todos los preceptos de la parte especial que la 
escogen como respuesta a determinados delitos de naturaleza especialmente grave, 
pues el recurso parte de la tesis de que la nueva pena constituye siempre una reacción 
desmesurada. Este planteamiento de fondo habilitaría a este tribunal para ampliar el foco 
de su control incluso a los preceptos no alegados en el recurso pero objetivamente 
conectados con su thema decidendi (arts. 70.4 y 573 bis.1.1 CP).
(ii)  El recurso sitúa el centro de gravedad del desarrollo argumental de los alegatos 
de inhumanidad, desproporción y vulneración del mandato resocializador en el factor de 
incertidumbre que, a juicio de los diputados recurrentes, genera el sistema de revisión de 
la pena, lo que hace comprensible que buena parte del recurso se consagre al análisis y 
reprobación del contenido de los arts. 78 bis y 92 CP.
En atención a lo expuesto, no hay razones para que este tribunal se abstenga del 
ejercicio de su función de control, pues el recurso identifica las disposiciones legales 
objeto de impugnación y los preceptos constitucionales que entiende infringidos (art. 33.1 
LOTC), condensando su impugnación en unos razonamientos susceptibles de poner en 
marcha una vía procedimental dirigida a la depuración del ordenamiento jurídico en la 
que «no rige de manera completa el principio dispositivo» y en la que este tribunal «resta 
en libertad para rechazar la acción en aquello en que se encuentre insuficientemente 
fundada  o  para  examinar  el  fondo  del  asunto  si  encuentra  razones  para  ello» 
(STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 1, que cita la STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3).
4.  La prisión permanente revisable desde la perspectiva de la prohibición de las 
penas inhumanas o degradantes.
El recurso de inconstitucionalidad denuncia en primer lugar que la pena de prisión 
permanente revisable entra en un conflicto insalvable con la interdicción constitucional de 
las penas inhumanas o degradantes (art. 15 CE), con una argumentación en la que es 
posible discernir un doble fundamento: (i) por su duración temporal, ante la posibilidad de 
que  acabe  abarcando  toda  la  vida  que  le  queda  al  penado,  y  (ii)  por  la  especial 
intensidad de los sufrimientos psíquicos y morales que su cumplimiento es susceptible 
de infligir en el penado, derivados de su duración temporal –una prisión que se prolonga 
más  allá  de  quince  años  produce  efectos  adversos  en  la  psique  el  interno–  y  la 
inseguridad jurídica del procedimiento de revisión, incapaz de ofrecer una esperanza 
efectiva de alcanzar la libertad.
El abogado del Estado rebate este planteamiento alegando, en síntesis, que la pena 
de prisión permanente revisable en la configuración que recibe en la legislación española 
no puede ser calificada de inhumana porque satisface los parámetros de revisabilidad 
establecidos por el Tribunal Europeo Derechos Humanos y por este tribunal, y porque 
durante  su  ejecución  se  aplicarán  al  penado  las  normas  penitenciarias  españolas 
basadas en el principio de individualización científica, lo que le dará la oportunidad de 
disfrutar  de  permisos  de  salida,  beneficios  penitenciarios,  y  del  tercer  grado  de 
clasificación, antes de alcanzar la libertad condicional; los periodos de seguridad que 
restringen  temporalmente  el  acceso  a  algunas  de  estas  previsiones  están 
suficientemente justificados por razones de proporcionalidad de la pena, retribución y  e
protección de la sociedad frente a delincuentes peligrosos; añade que el tratamiento  bo
penitenciario permite calibrar adecuadamente la reinsertabilidad del interno. 372ww
a)  Sobre la posibilidad de que la pena devenga perpetua.
de lEal  apregnuam deen top rpisriioórnit apreior meamnpelenated or eevnis ealb rlee cduerssod ep alraa  psoesrstepneecrti vlaa  indceol nasrtti.t u1c5io nCaElid asde   BOE-A-cable e
asienta en la eventualidad de que la misma devenga perpetua, lo que se plantea en 
términos de incompatibilidad esencial con el marco constitucional bajo la premisa de que 
la mera posibilidad de que algunos penados no lleguen a alcanzar, por cualquier motivo, 
la revisión de la pena mediante su suspensión condicional es argumento suficiente para 
justificar  su  expulsión  del  ordenamiento  jurídico  español.  Se  trata  de  una  opinión 
ampliamente  compartida  en  la  doctrina  constitucional  y  penal,  que  algún  autor  ha 
sintetizado en la máxima de que la pena de prisión perpetua solo es constitucional en la 
medida en que no sea perpetua.
El problema de la constitucionalidad de las penas perpetuas ha sido abordado por 
este tribunal en algunas ocasiones en relación con personas reclamadas por otros 
Estados en procedimientos de extradición pasiva. En la STC 91/2000, de 30 de marzo, 
FJ 9, que dirimía una demanda de amparo interpuesta por un ciudadano italiano que 
reaccionaba contra resoluciones de la Audiencia Nacional que autorizaron su extradición 
a  su  país  de  origen,  en  el  que  podía  ser  condenado  a  pena  de  prisión  perpetua 
(ergastolo), nos pronunciábamos en estos términos:
«En cuanto al carácter eventualmente perpetuo de la pena de ergastolo hemos 
reiterado  que  la  calificación  como  inhumana  o  degradante  de  una  pena  no  viene 
determinada exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material, pues 
“depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta reviste, de forma que 
por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad 
(penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que 
alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple 
imposición  de  la  condena”  (STC  65/1986,  de  22  de  mayo,  FJ  4).  [Recordábamos 
entonces que] [t]ales consideraciones han sido también claramente expresadas por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 25 de abril de 1978 (caso 
Tyrer c. Reino Unido) y 16 de diciembre de 1999 (casos T. y V. c. Reino Unido), al 
interpretar el art. 3 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, y 
son plenamente aplicables a la interpretación del art. 15 de la Constitución española.»
Se dispuso que incumbía al demandante la carga de acreditar «que su ejecución 
haya  de  consistir  en  un  riguroso  encarcelamiento  indefinido,  sin  posibilidades  de 
atenuación y flexibilización».
La STC 148/2004, de 13 de septiembre, FJ 9, refrenda este planteamiento por su 
concordancia con «las condiciones de la procedencia de la extradición que el Convenio 
europeo  de  extradición,  la  Ley  de  extradición  pasiva,  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y de este tribunal han considerado garantías necesarias 
y suficientes de salvaguarda de los derechos a la vida, integridad física y prohibición de 
tortura y tratos inhumanos o degradantes, en este ámbito extradicional: que, caso de 
imponerse la pena de muerte, esta no será ejecutada, y que, en caso de imponerse la 
pena de cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no será indefectiblemente “de 
por vida” (por todas, SSTEDH de 7 de julio de 1989, asunto Soering c. Reino Unido; 
de 16 de noviembre de 1999, asuntos T. y V. c. Reino Unido; STC 91/2000, de 30 de 
marzo, FJ 9)» (en el mismo sentido, STC 49/2006, de 13 de febrero, FJ 5).
En definitiva, «a pesar de reconocer que la imposición de una pena de cadena 
perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del art. 15 
CE, a los efectos de la corrección constitucional de las resoluciones judiciales que 
declaran  procedente  la  extradición  para  el  cumplimiento  de  una  pena  de  cadena 
perpetua o para enjuiciar un delito al que previsiblemente se le impondrá esta pena, este  e
tribunal tiene declarado que resulta suficiente garantía que las resoluciones judiciales  bo
condicionen la procedencia de la extradición a que en caso de imponerse dicha pena, su  372ww
FejJe c1u6c).ión no sea indefectiblemente de por vida» (STC 181/2004, de 2 de noviembre,
puedLea  sceure sdtiiróimn isduas ac iptaadratir e dne e el sptrae sdeonctteri nrae,c uerlasboo drea dinac eonn setli táumciobnitoa liddea dp,r oscine deimmbieanrgtoos,  ndoe 
auxilio judicial internacional, en los que no se aplica ni se juzga la humanidad de la pena,
sino la fiabilidad y suficiencia de las garantías ofrecidas por las autoridades de un Estado 
extranjero de que la persona reclamada, caso de ser entregada, no recibirá un trato 
incompatible con la dignidad humana, definiéndose el grado mínimo de control exigible a 
los tribunales españoles para cooperar eficazmente con otros Estados en la lucha contra 
la criminalidad sin incurrir en vulneración indirecta del derecho fundamental garantizado 
en el art. 15 CE.
Sustanciada  en  el  presente  recurso  la  impugnación  de  una  pena  que  se  ha 
incorporado a nuestro propio ordenamiento y que se caracteriza por no tener previsto un 
límite  máximo  de  duración,  pasa  a  ser  objeto  de  enjuiciamiento  su  intrínseca 
compatibilidad con las exigencias constitucionales y, en particular, con la interdicción de 
las penas y tratos inhumanos o degradantes.
Dada la ausencia de precedentes históricos homologables –no se pueden considerar 
como tales las penas de cadena perpetua y de reclusión perpetua que rigieron en 
nuestro derecho histórico hasta su abolición en el Código penal de 1928, que agravaban 
la privación de libertad con la imposición del trabajo forzado en beneficio del Estado y 
limitaban las posibilidades de liberación a la concesión del indulto– y la inadecuación de 
las formulaciones dogmáticas jurídico-penales elaboradas en el marco de un rico debate 
doctrinal  para  constituir  el  criterio  dirimente  de  la  constitucionalidad  de  la  ley 
(STC 150/1991, de 4 de julio, FJ 3), consideramos que llegados al punto de enjuiciar la 
humanidad de la pena, es inevitable, atenernos al marco axiológico de referencia que 
proporcionan las condiciones y exigencias impuestas y asumidas en los países de 
nuestro entorno jurídico y cultural para considerar conciliable la ejecución de las penas 
de prisión perpetua o de duración indeterminada, allí donde existan, con la interdicción 
absoluta de las penas o tratos inhumanos o degradantes establecida en el art. 3 CEDH, 
cuestión  que  viene  siendo  perfilada  en  la  doctrina  del  Tribunal  Europeo  Derechos 
Humanos mediante pronunciamientos de innegable valor hermenéutico ex art. 10.2 CE 
para delimitar el contenido y alcance del art. 15 CE.
En la evolución de esta doctrina, constituye un hito la STEDH (Gran Sala) de 12 de 
febrero de 2008, asunto Kafkaris c. Chipre, § 98, que asentó la noción de que la prisión 
perpetua no infringe el mandato prohibitivo de las penas inhumanas o degradantes del 
art.  3  CEDH,  ni  ningún  otro  valor  garantizado  en  el  meritado  convenio,  cuando  la 
legislación interna que la contempla es capaz de proporcionar al reo una posibilidad de 
revisión en forma de conmutación, remisión, terminación o liberación condicional, es 
decir, cuando la pena sea redimible de iure o de facto.  No se considera irredimible una 
pena por el solo hecho de que pueda ser cumplida en su integridad, esto es, toda la vida 
del reo.
Esta doctrina se consolida y amplía en la STEDH de 9 de julio de 2013 (Gran Sala), 
asunto Vinter y otros c. Reino Unido, donde se afirma que «los Estados tienen la 
obligación, de conformidad con el Convenio, de tomar medidas para proteger a sus 
ciudadanos ante los delitos violentos […] el Convenio no prohíbe a los Estados que 
impongan  a  un  condenado  por  un  delito  grave  una  pena  de  prisión  de  duración 
indeterminada y lo mantengan en prisión mientras sea necesario para la protección de la 
sociedad (véanse, mutatis mutandis, T. c. el Reino Unido, § 97, y V. c. el Reino Unido, § 
98, ambas citadas anteriormente). Asimismo, evitar que un delincuente vuelva a reincidir 
es una de las “finalidades esenciales” de una pena de prisión (véanse Mastromatteo c. 
Italia [GS], n.º 37703/97, § 72, TEDH 2002 VIII; Maiorano y otros c. Italia, n.º 28634/06, § 
108, de 15 de diciembre de 2009; y, mutatis mutandis, Choreftakis y Choreftaki c. Grecia, 
n.º 46846/08, § 45, de 17 de enero de 2012). Estas cuestiones son especialmente  s
relevantes en casos de personas condenadas por asesinato u otros delitos graves contra  oe.
las personas. El mero hecho de que estos reclusos hayan cumplido ya un periodo largo  w.
de pena de prisión no debilita la obligación positiva del Estado de proteger a la sociedad;  372ww
lmosie nEtsratasd ocso ndteinbúeenn  curempprelirs ecnotna nedsota  uonb lipgealcigióron  mpaarnat elnai esnodcoi eedna dp ri(svióéna sae ,e sptoors  erejecmlupsloos, 
Maiorano y otros, citada anteriormente)» (§ 108).
En esta sentencia se establece que los mecanismos de revisión susceptibles de 
preservar la humanidad de la pena deben supeditarse a la evolución personal del reo, 
pues «el artículo 3 exige la posibilidad de reducir la pena, entendida esta posibilidad en 
el sentido de que es necesario establecer un mecanismo de revisión que permita a las 
autoridades nacionales evaluar si los cambios experimentados en la persona condenada 
a cadena perpetua son tan importantes y que se han hecho tales progresos hacia la 
rehabilitación en el transcurso del cumplimiento de la condena, que el mantenimiento de 
la pena de prisión no está ya justificado en ningún motivo legítimo de política criminal» (§ 
119);  y  deben  estar  asimismo  predeterminados,  pues  «[u]na  persona  condenada  a 
cadena perpetua tiene el derecho a conocer, desde el primer momento en el que la pena 
se impone, lo que tiene que hacer y bajo qué condiciones para poder obtener la libertad, 
incluyéndose el momento en el que la revisión de su condena tendrá lugar o puede 
esperarse que se produzca. En consecuencia, cuando el Derecho nacional no prevea 
ningún mecanismo de revisión de una pena a cadena perpetua, la incompatibilidad de 
este tipo de pena con el artículo 3 se produciría en el mismo momento en el que se 
impone  la  pena  a  cadena  perpetua  y  no  con  posterioridad  en  algún  momento  del 
transcurso de la condena» (§ 122).
Esta doctrina se reproduce en las SSTEDH de 8 de julio de 2014, asunto Harakchiev 
y Tolumov c. Bulgaria, § 243 a 246; de 4 de septiembre de 2014, asunto Trabelsi c. 
Bélgica, § 112 a 115; de 26 de abril de 2016, asunto Murray c. Países Bajos, § 99 y 100; 
de 17 de enero de 2017, asunto Hutchinson c. Reino Unido, § 42 a 45, y de 13 de junio 
de 2019, asunto Marcello Viola c. Italia –núm. 2–, § 92. La noción de que la peligrosidad 
criminal  es  un  factor  criminológico  susceptible  de  legitimar  la  prolongación  de  la 
detención aflora nuevamente en la STEDH de 13 de noviembre de 2014, asunto Bodein 
c. Francia, § 54.
Adaptada  esta  doctrina  a  nuestra  realidad  jurídica,  el  test  de  humanidad  exige 
comprobar los siguientes puntos: (i) la pena debe ser objetivamente revisable, esto es, 
no debe abarcar en su configuración normativa ni en su imposición judicial toda la vida 
del reo; (ii) debe ofrecer al interno una expectativa o esperanza realista, no meramente 
teórica, de alcanzar algún día la libertad; (iii) el procedimiento para recuperar la libertad 
debe  ser  predeterminado,  claro  y  cognoscible  desde  el  mismo  momento  de  su 
imposición;  (iv)  la  decisión  liberatoria  debe  tener  en  cuenta  la  evolución  individual 
experimentada por el reo durante la ejecución de la condena, y (v) el reo debe recibir, de 
manera  voluntaria,  no  forzada,  el  tratamiento  adecuado  a  sus  circunstancias  y 
necesidades para favorecer dicha evolución.
Los cuatro primeros apartados son encuadrables en lo que la doctrina del Tribunal 
Europeo Derechos Humanos denomina «reductibilidad de iure», pues se refieren a la 
configuración jurídica de la pena y, en particular, de los presupuestos y del procedimiento 
para alcanzar la libertad; el quinto, en el de la «reductibilidad de facto», pues se refiere a 
una actividad prestacional u obligación positiva del Estado, concebida como obligación 
de medios, no de resultado, de proporcionar al interno un tratamiento adecuado a sus 
necesidades y circunstancias que posibilite su evolución personal y haga factible su 
esperanza de liberación (STEDH Murray, § 103, 104 y 112).
El art. 92.1 CP dispone que el tribunal acordará la suspensión condicional (libertad 
condicional) de la pena de prisión permanente revisable para el penado que, cumplidos 
ciertos  períodos  mínimos,  se  encuentre  clasificado  en  tercer  grado  y  presente  un 
pronóstico favorable de reinserción social apreciado por el tribunal a la vista de su 
personalidad, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de  s
los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su  oe.
conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y  w.
los  efectos  que  quepa  esperar  de  la  propia  suspensión  de  la  ejecución  y  del  372ww
ecuvomlupclimiónie nretom diteid olass  pmoer deild caesn qtruoe  pfueenriteenn cimiapriuoe ys tpaos,r  parqeuveiall ovsa leosrapceicóina lidseta lso sq uinef oerlm perso pdioe 
tribunal determine.
El art. 92.4 CP establece a su vez el procedimiento a seguir para verificar la revisión 
de la pena, que impone al tribunal, cumplidos los períodos mínimos de condena, el deber 
de verificar al menos cada dos años el cumplimiento de los requisitos para la concesión 
de la suspensión condicional y prevé asimismo que el tribunal resolverá también las 
peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, aunque en tal caso, podrá 
fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no 
se dará curso a sus nuevas solicitudes.
Se puede afirmar que la reductibilidad de iure queda suficientemente garantizada al 
imponerse al tribunal un examen actualizado y periódico de la evolución personal del 
interno y de sus condiciones de reingreso en la sociedad «tras un procedimiento oral 
contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su 
abogado» (art. 92.1, párrafo último, CP).
La reductibilidad de facto plantea un problema de naturaleza diferente, pues la 
realización efectiva de este presupuesto dependerá de la diligente aplicación de los 
institutos  resocializadores  previstos  en  nuestro  ordenamiento  penitenciario  antes  de 
promulgarse la Ley Orgánica 1/2015, lo que en un plano material suscita el problema de 
la suficiencia de los medios aportados por la administración para el éxito del tratamiento 
penitenciario, entendido como «el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 
consecución de la reeducación y reinserción social de los penados» que «pretende hacer 
del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, 
así como de subvenir a sus necesidades» (art. 59 LOGP).
Sin  embargo,  la  inconstitucionalidad  de  la  norma  no  puede  basarse  en  la 
disponibilidad de medios: se trata de una cuestión que por estar relacionada con la 
aplicación de la ley, no es susceptible de integrar el juicio abstracto de constitucionalidad, 
sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse en otros ámbitos.
b)  Sobre la aflictividad de la pena.
Los diputados recurrentes afirman que la pena de prisión permanente revisable 
presenta un grado de aflictividad constitucionalmente inadmisible por dos motivos: (i) 
porque  el  tiempo  desmesurado  de  privación  de  libertad  redundará  en  un  deterioro 
psíquico y cognitivo del reo probablemente irreversible, y (ii) porque el procedimiento de 
revisión generará una enorme incertidumbre en el penado sobre sus posibilidades de 
alcanzar algún día la libertad.
El  abogado  del  Estado  refuta  este  planteamiento  alegando  que  el  tratamiento 
penitenciario, los permisos de salida, la progresión al tercer grado de clasificación y el 
disfrute de otros beneficios previstos en la normativa penitenciaria, que también es de 
aplicación a los condenados a esta pena, constituyen paliativos suficientes para salvar 
su humanidad, y que las restricciones temporales impuestas para el acceso a algunas de 
estas previsiones –permisos, tercer grado, libertad condicional– están justificadas por la 
concurrencia de otros fines legítimos de la pena, como la retribución y la protección de la 
sociedad.
En relación con este fundamento de impugnación constitucional de la pena de prisión 
permanente revisable, hay que empezar señalando que existe la opinión, ampliamente 
compartida en la dogmática penal por autores de muy diversa orientación doctrinal, e 
incluso ideológica, de que una privación de libertad de duración superior a quince o 
veinte años puede representar una forma de tratamiento inhumano o degradante si se 
atiende a su negativo impacto en el bienestar psíquico y en el equilibrio mental del 
interno, manifestado en forma de institucionalización, pasividad, pérdida de autoestima y  e
depresión.  No  es  una  opinión  sustentada  en  percepciones  subjetivas  o  intuiciones  bo
personales de los autores, sino basada en análisis clínicos y sociológicos solventes y  372ww
aigmuapll iaam laesn ptee nraesc opneorcpiedtousa.s  Sye a  tlraasta p, eenna sc udael qpuriiseiró nc adseo d, udrea cuiónna  doebtejermcióinna daap leicna belle c apsoor 
ddeeb qautee  phoisrt ósríi csoo lasso,b ore r elafu lnedgiidtiamsi dcaodn  yo truatisli,d saudp edree nla e pseen ma adrceo p treismiópno rqaul;e e se npcaureten tdrae  usun 
expresión más acusada en posiciones abolicionistas.
La respuesta que han ofrecido los países de nuestro entorno jurídico y político a esta 
crítica no ha sido la abolición de la pena de prisión de larga duración, que se sigue 
considerando  necesaria  en  ausencia  de  medidas  alternativas  de  similar  eficacia 
disuasoria, sino el desarrollo de estrategias dirigidas a humanizar su cumplimiento.
Este tribunal no puede hacer un juicio abstracto de inconstitucionalidad basado 
exclusivamente en los efectos desocializadores que la prolongación en el tiempo del 
cumplimiento  de  la  pena  privativa  de  libertad  puede  generar:  como  dijimos  en  la 
STC 91/2000, FJ 9, la calificación como inhumana o degradante de una pena no puede 
derivarse exclusivamente de su duración, sino que exige un contenido material que 
asociamos a su forma de ejecución y a sus modalidades.
Ello  exige  integrar  en  el  juicio  la  normativa  penitenciaria,  que  en  nuestro  país 
conforman la Ley Orgánica general penitenciaria y el Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  penitenciario,  que  modaliza  el 
cumplimiento  de  la  pena  de  prisión  en  el  marco  de  un  sistema  denominado  de 
individualización científica, que cabe afirmar satisface los estándares europeos fijados en 
la Recomendación (2003) 23, de 9 de octubre de 2003, del Comité de Ministros del 
Consejo  de  Europa  a  los  Estados  miembros  sobre  tratamiento  a  los  penados  que 
cumplen penas de prisión perpetuas o de larga duración. Los apartados 21 a 24 de esta 
recomendación prevén como medios de compensación de los efectos nocivos de la 
prisión  prolongada,  el  fomento  de  la  participación  de  la  población  reclusa  en  las 
actividades y decisiones que conforman la vida del centro penitenciario, la conservación 
de sus vínculos con familia y allegados, evitando su alejamiento geográfico y facilitando 
su  contacto  por  medio  de  comunicaciones  postales,  telefónicas  y  visitas,  el 
mantenimiento de su contacto con el mundo exterior mediante el acceso a prensa, radio, 
televisión y medios de comunicación social, el disfrute de permisos y salidas al exterior y 
el acceso a la asistencia que precisen por sus circunstancias específicas. Estos medios 
se  disponen  en  el  contexto  de  un  sistema  de  ejecución  progresivo  basado  en  la 
individualización y planificación de la ejecución en función de las necesidades del interno 
para incrementar o mejorar sus posibilidades de restablecerse en el seno de la sociedad 
y  llevar  una  vida  respetuosa  de  la  ley  tras  su  puesta  en  libertad,  definido  en  los 
apartados 3 a 11. Estos criterios se confirman en las reglas penitenciarias europeas, 
plasmadas en la Recomendación (2006) 2, de 11 de enero de 2006 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa.
La  progresividad  del  sistema  penitenciario  y  la  adaptación  del  tratamiento  a  la 
personalidad del interno constituyen en definitiva paliativos de eficacia reconocida para 
precaver el riesgo de que se produzca una disociación manifiesta entre el contenido 
aflictivo inherente a toda pena privativa de libertad y la intensidad de los sufrimientos 
infligidos con motivo de su ejecución, disociación que marcaría el punto en el que 
entraría en crisis el modelo penal desde la perspectiva del principio de humanidad.
Conforme al parámetro expuesto, solo en el caso de que el modo y las circunstancias 
de ejecución de la pena fueran susceptibles de generar un efecto multiplicador de su 
aflictividad originaria sería posible emitir un juicio ex ante de que la ley ha rebasado el 
límite  de  lo  constitucionalmente  admisible.  En  este  aspecto,  el  sistema  de 
individualización  científica  definido  en  el  art.  72  LOGP,  conocido  por  su  función 
vertebradora  del  sistema  penitenciario  español,  representa  una  garantía  suficiente. 
Como recordamos en la STC 114/2012, de 24 de mayo, FJ 7, «a través del sistema de 
individualización científica, la previsión de clasificación en diversos grados, los permisos 
ordinarios y extraordinarios de salida, las comunicaciones personales, los regímenes de  s
cumplimiento en semilibertad y la posibilidad de obtener la libertad condicional, incluso  oe.
de forma anticipada, constituyen un elenco de medidas que favorecen y posibilitan la  w.
reeducación y reinserción social, si su conducta penitenciaria [de los penados] y su  372ww
evolEulc iróenc umrsuoe sdtrea  iqnuceo nsset ithuacliloanna elind acdo npdliacniotenae si gduea hlmaecenrte v icdoam hoo nerlaedmae ennto l ibinetretandsi»fi.cador
dreev ilsai óanfl:i cstiev idreafdie rdee  alal  cpoenncae, plato i ndsee g«ureriidnasde rjtuarbídiliidcaad d»e li nccroiterprioor afidjaod oa l eanr tl.a 9 n2o.1rm CaP p adroan dseu   BOE-A-cable e
se regulan los presupuestos de la suspensión condicional de la pena. Se trata de un 
planteamiento que puede ser relevante desde la perspectiva del art. 15 CE en la medida 
en que parece traslucir la idea de que al supeditar la ley la revisión de la pena a un 
criterio impredecible o sometido a condiciones ajenas a la voluntad del penado, está 
imponiendo un sacrificio desproporcionado de su autonomía personal incompatible con 
su dignidad (art. 10.1 CE) al cerrarle toda posibilidad de influir en las decisiones de los 
poderes públicos que intervienen en la ejecución de la pena. Este motivo de censura 
parte del presupuesto de que la noción de reinserción social es un artificio carente de 
sentido material aprehensible, lo que no deja de resultar incongruente con la denuncia de 
vulneración del principio constitucional de resocialización que se hace en otro apartado 
del  recurso.  En  cualquier  caso,  razones  de  ordenación  sistemática  aconsejan  que 
abordemos la cuestión de la concreción y previsibilidad de los criterios de revisión al 
analizar la denuncia de falta de proporcionalidad de la pena por indeterminación de su 
duración.
5.  Proporcionalidad de la pena de prisión permanente revisable: perspectivas y 
fundamentos desde las que se plantea su impugnación constitucional.
Los  diputados  recurrentes  cuestionan  la  proporcionalidad  de  la  pena  de  prisión 
permanente revisable en los fundamentos segundo y tercero de su escrito desde la doble 
perspectiva del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) y el derecho a la legalidad 
penal (art. 25.1 CE), derechos que aparecen indisociablemente unidos cuando lo que se 
impugna es una pena privativa de libertad (SSTC 136/1999, de 20 de julio, FFJJ 22 y 30, 
y 24/2004, de 24 de febrero, FJ 5). Los argumentos impugnatorios desarrollados en 
ambas quejas resultan por ello en gran medida intercambiables, y pueden resultar de 
análisis y exposición más claros si se ordenan en función de las cuatro facetas que a 
juicio  de  los  recurrentes  determinarían  la  ilegitimidad  de  la  nueva  pena  de  prisión 
permanente revisable, que serían las siguientes:
a)  Por su irrelevancia criminológica: El recurso verifica algunas consideraciones 
(fundamento tercero, apartado 27) adversas a la necesidad abstracta de la pena que se 
concretan  en  que  en  España  la  frecuencia  estadística  de  comisión  de  delitos  de 
homicidio y asesinato no había presentado en los años anteriores a la promulgación de 
la ley un incremento significativo, y que resultaba comparativamente inferior a la de otros 
países europeos, incluidos los que hacían uso de la cadena perpetua; se nos recuerda 
que en el trámite prelegislativo, el Consejo de Estado, al informar el anteproyecto de ley, 
advirtió que no aparecían suficientemente justificadas las razones para la introducción de 
una pena de estas características, de manera concordante con la opinión emitida por el 
Consejo General del Poder Judicial, que tampoco apreciaba razones para intensificar la 
disuasión penal en el campo de los delitos contra la vida humana independiente.
b)  Por su falta de proporcionalidad estricta: La pena representa una restricción 
desmesurada en el derecho a la libertad del penado por la posibilidad de que devenga 
perpetua y por los prolongados periodos de seguridad establecidos para su revisión.
c)  Por  su  rigidez:  Se  censura  la  ausencia  de  instrumentos  normativos  que 
posibiliten, en fase judicial, la adecuación de la reacción penal a la gravedad del hecho y 
la culpabilidad acreditada del autor pues se dispone como pena de imposición obligatoria 
y no graduable.
d)  Por su indeterminación: La pena no satisface las exigencias del principio de 
legalidad  penal  porque  no  tiene  un  límite  máximo  predeterminado.  Se  denuncia  s
igualmente la inseguridad jurídica de los mecanismos establecidos para su suspensión  oe.
condicional. 372www.
6.  Impugnación criminológica de la pena.
justiLfiocas cidóinp udtea dlao sd erceicsuiórrne pnatersla msoelnictiatarina  ddee  inecsoterp otrriabru an anl uuens trpor oonrduenncaiammieienntoto p esonbarl eu nlaa 
tipología nueva de prisión que consideran de cuestionable utilidad social.
La  justificación  la  encontramos  en  el  apartado  II  del  preámbulo  de  la  Ley 
Orgánica 1/2015 donde se afirma que «podrá ser impuesta únicamente en supuestos de 
excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado 
o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de 
genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta 
extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada 
(prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión», destacando más adelante 
su pertenencia a un modelo extendido en el Derecho comparado europeo, al que el 
Tribunal Europeo Derechos Humanos ha dado su refrendo, y previsto igualmente en el 
Estatuto  de  la  Corte  Penal  Internacional.  Se  revela  de  este  modo  la  decisión  del 
legislador de recurrir a un modelo punitivo acreditado en el Derecho comparado e 
internacional humanitario  como medida  intensificadora  del efecto retributivo y de la 
prevención  general  en  el  tratamiento  de  determinadas  manifestaciones  criminales 
especialmente perturbadoras.
El examen de la justificación criminológica de una pena debe partir de una adecuada 
consideración de las limitaciones que presenta la función de control abstracto de la ley 
que compete a este tribunal, limitaciones en las que hemos incidido en numerosos 
pronunciamientos anteriores, al señalar que «[l]os procesos de auténtica criminalización 
y descriminalización, o de aumento o reducción de penas, responden a una serie de 
circunstancias que generalmente afectan a la sensibilidad social, frente a determinados 
comportamientos que al ser captada por el legislador en cada momento histórico, da 
lugar a una distinta reacción del ordenamiento jurídico, desde la perspectiva penal que 
es la que ahora nos interesa» (STC 129/1996, de 9 de julio, FJ 4), de modo que «si en 
un sistema democrático la ley es “expresión de la voluntad popular”, como se declara en 
el preámbulo de nuestra Constitución (STC 108/1988, de 26 de julio), quien alega la 
arbitrariedad de una determinada ley o precepto legal se halla obligado a razonarla con 
detalle y ofrecer una demostración que en principio sea convincente (SSTC 239/1992, 
de 17 de diciembre, y 73/2000, de 14 de marzo)» (STC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 3).
En la STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6, se establece que «[e]n el ejercicio de su 
competencia  de  selección  de  los  bienes  jurídicos  que  dimanan  de  un  determinado 
modelo de convivencia social y de los comportamientos atentatorios contra ellos, así 
como de determinación de las sanciones penales necesarias para la preservación del 
referido modelo, el legislador goza, dentro de los límites establecidos en la Constitución, 
de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última 
instancia, de su específica legitimidad democrática. No solo cabe afirmar, pues, que, 
como no puede ser de otro modo en un Estado social y democrático de Derecho, 
corresponde en exclusiva al legislador el diseño de la política criminal, sino también que, 
con la excepción que imponen las citadas pautas elementales que emanan del texto 
constitucional, dispone para ello de plena libertad. De ahí que, en concreto, la relación de 
proporción que deba guardar un comportamiento penalmente típico con la sanción que 
se le asigna será el fruto de un complejo juicio de oportunidad del legislador que, aunque 
no puede prescindir de ciertos límites constitucionales, estos no le imponen una solución 
precisa y unívoca».
Recordábamos entonces que «[c]omo afirmábamos en la STC 11/1981, “en un plano 
hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones 
merezcan, y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que 
hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos. La Constitución es un marco de 
coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones  s
políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la Constitución no consiste  oe.
necesariamente  en  cerrar  el  paso  a  las  opciones  o  variantes  imponiendo  w.
autoritariamente una de ellas” (fundamento jurídico 7). Lejos, pues, de proceder a la  372ww
erevlaalcuióanci ócno nd eo tsraus c oanltevernnaietinvcaisa ,p does ibsluess ,e hfeecmtooss,  ddee  sreup caaralidr aúdn ioc apmeerfnetcet,ib ciluidaandd, oo  adseí  sseu 
dneosse dsetimmaantodreia,  eann tseu u ennac unaodrmraam pieenntaol  ccounessttiitouncaiodnaa ln. oD ea fairhmí eq unea duan am háisp ontié nticaad as omluecnióons   BOE-A-cable e
que su sujeción a la Constitución, sin implicar, por lo tanto, en absoluto, ningún otro tipo 
de valoración positiva en torno a la misma».
Igualmente la STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 a), con cita de abundante doctrina 
precedente, recuerda que el alcance de nuestro enjuiciamiento resulta limitado por el 
reconocimiento en esta sede de la potestad exclusiva del legislador para configurar los 
bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la 
cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende 
evitar y las penas con las que intenta conseguirlo, y que en esta configuración, que 
supone un complejo juicio de oportunidad, el legislador goza de un amplio margen de 
libertad, por lo que el juicio que procede en esta sede jurisdiccional debe ser por ello muy 
cauteloso.
El  preámbulo  de  la  Ley  Orgánica  1/2015  justifica  la  introducción  en  nuestro 
ordenamiento de esta nueva modalidad de pena de prisión apelando a la extraordinaria 
gravedad de los hechos a los que se aplicará, a exigencias retributivas especiales y a 
una  suerte  de  homologación  con  países  democráticos  de  nuestro  entorno, 
consideraciones de política criminal que aunque hayan suscitado opiniones discrepantes 
en amplios sectores de la doctrina española e incluso en la propia jurisprudencia [vid. 
SSTS, de la Sala Segunda, 716/2018, de 16 de enero de 2019, FJ 4.1, y 678/2020, de 11 
de diciembre, FJ 4.2], no resultan axiológicamente incompatibles con la Constitución, 
pues tratan de hacer patente el extraordinario contenido del injusto y de la culpabilidad 
que representa la vulneración de bienes jurídicos del más alto rango –singularmente la 
vida  humana–  y  la  necesidad  de  compensarlo  mediante  una  respuesta  penal  más 
intensa que permita mantener en la población la conciencia del Derecho y el sentimiento 
de Justicia.
7.  Infracción del principio de proporcionalidad.
La  desproporción  inherente  a  la  pena  es  una  idea  fuerza  vertebradora  de  los 
fundamentos impugnatorios segundo y tercero del recurso, asentada en la noción de que 
la pena de prisión permanente revisable, en su propio concepto de pena temporalmente 
indefinida, representa una injerencia exorbitante en la libertad del penado ajena al ámbito 
legítimo de intervención penal: se trata de un planteamiento que por su generalidad 
demanda una aclaración preliminar sobre la forma en que habremos de abordar tal 
cuestión.
A)  Parámetros de enjuiciamiento constitucional de las penas desde el punto de 
vista de su proporcionalidad.
La afirmación verificada en su momento por este tribunal de que «no cabe deducir 
del  artículo  25.1  de  la  Constitución  Española  un  derecho  fundamental  a  la 
proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito» (STC 65/1986, de 22 
de mayo, FJ 3), no impidió el desarrollo ulterior de una doctrina que, mayormente en 
procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes, ha ido conformando unos 
parámetros de protección de la dignidad humana frente al exceso punitivo arbitrario 
partiendo del presupuesto de que «el problema de la proporcionalidad entre pena y delito 
es competencia del legislador en el ámbito de su política penal, lo que no excluye la 
posibilidad de que en una norma penal exista una desproporción de tal entidad que 
vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la Justicia y la dignidad de la 
persona humana» [STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6 b)]. Este presupuesto no es 
sino la expresión de la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1  e.
CE). w.
La STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6, establece que el control de las decisiones del  372ww
ldeeg isinlatdeorpr rdeetabre  yte naeprl icuanra  lian telnesyi,d apdu ecsu a«litealt ivleagmiselandteo rd,i satinl tae satal bdlee cloesr  ólargsa npoesn aesn,c acragraedcoes, 
oy bhvaia mdee nattee,n ddee rl an gou síao ldoe a ul nfian  taebselan pcriaelc yis ad iqreucet ore dlaec ipornoete ucncíivóonc aaml qeunete r emsepdoinods ey  loab njeotirvmoas,,   BOE-A-cable e
sino también a otros fines legítimos que puede perseguir con la pena y a las diversas 
formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus funciones o fines 
inmediatos: a las diversas formas en que la conminación abstracta de la pena y su 
aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma –intimidación, 
eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones éticas generales, 
refuerzo  del  sentimiento  de  fidelidad  al  ordenamiento,  resocialización,  etc.–  y  que  se 
clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general y de prevención 
especial. Estos efectos de la pena dependen a su vez de factores tales como la gravedad 
del comportamiento que se pretende disuadir, las posibilidades fácticas de su detección y 
sanción, y las percepciones sociales relativas a la adecuación entre delito y pena». En 
cualquier caso a este tribunal «tampoco le es posible renunciar a todo control material sobre 
la pena ya que el ámbito de la legislación penal no es un ámbito constitucionalmente 
exento».
La relación de proporcionalidad entre la entidad del delito y la entidad de la pena 
corresponde fijarla al legislador, aunque «esta relación de proporcionalidad en ningún 
caso puede sobrepasar el punto de lesionar el valor fundamental de la justicia propio de 
un Estado de Derecho y de una actividad pública no arbitraria y respetuosa con la 
dignidad de la persona [SSTC 66/1985, fundamento jurídico 1; 65/1986, fundamento 
jurídico 2; 160/1987, fundamento jurídico 6 b); 111/1993, fundamento jurídico 9; 50/1995, 
fundamento jurídico 7]», por lo que «[s]olo el enjuiciamiento de la no concurrencia de ese 
desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma 
compete en este punto a este tribunal en su labor de supervisar que la misma no 
desborda el marco constitucional. Para su realización también aquí habrá de partir de las 
pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia 
actividad legislativa» (STC 55/1996, FJ 9].
Este canon de control se afina y completa en la STC 60/2010, de 7 de octubre, que lo 
articula en tres fases:
(i)  En la primera, se debe identificar la función institucional de la medida adoptada 
por el legislador mediante una interpretación sistemática de su regulación pues la función 
«no es presupuesto sino resultado de la integración de su régimen jurídico» (FJ 10).
(ii)  En la segunda, se debe juzgar si esos fines son o no constitucionalmente 
legítimos, de modo que «el sacrificio de libertad […] solo será inconstitucional “si el 
sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la preservación de bienes o 
intereses,  no  solo,  por  supuesto,  constitucionalmente  proscritos,  sino  ya,  también, 
socialmente irrelevantes” (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 7)». La legitimidad del fin 
«no solo se aprecia considerando en abstracto los bienes jurídicos protegidos por los 
tipos penales […] sino también a la luz de las concretas agresiones frente a las cuales la 
norma trata de protegerlos» (FJ 11).
(iii)  En la tercera fase, se debe comprobar «el cumplimiento por parte de la norma 
penal del principio de proporcionalidad, en virtud del cual la medida que esta incorpora 
debe ser adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto».
El principio de adecuación demanda «una relación de congruencia objetiva entre el 
medio adoptado por el legislador y el fin que con él se persigue, entendiéndose que tal 
circunstancia se producirá si la medida que se deriva del precepto cuestionado puede 
contribuir positivamente a la realización del fin perseguido. Por el contrario, la medida 
habrá de reputarse inidónea o inadecuada si entorpece o, incluso, si resulta indiferente 
en punto a la satisfacción de su finalidad», bastando con que la disposición cuestionada  e
«contribuya en alguna medida a la realización del fin que persigue» (FJ 12). bo
El principio de necesidad supone que «[s]egún hemos afirmado reiteradamente,  372ww
pdeensdael  c«olma op einrnsepceecstiavari acso cnusatintudcoio, n“aa l las oluloz  cdaebl rráa zcoanliafimcaier nltao  nlóogrmicoa,  pdeen daal toos l ae mspaínrcicióons 
nneoc ecosanrtriaosv eprtaidrao sa lyc adnezla rc ofinnjeusn tod ed ep rostaenccciioónne sa nqáuloeg oesl , mreissmulota  leegviisdleandtoer  lhaa  measntiimfieasdtao 
suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución
igualmente  eficaz  de  las  finalidades  deseadas  por  el  legislador”  (STC  55/1996, 
fundamento jurídico 8)» (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23). De ahí que con carácter 
general no baste para justificar la inconstitucionalidad de la norma penal en virtud del 
principio de necesidad con proponer diversas medidas alternativas a la que se deriva de 
la disposición impugnada. En efecto, «el juicio de necesidad que compete a este tribunal 
es mucho más complejo y matizado. Como hemos dicho en otras ocasiones, el control 
del Tribunal Constitucional sobre “la existencia o no de medidas alternativas menos 
gravosas pero de la misma eficacia [...] tiene un alcance y una intensidad muy limitadas, 
so pena de arrogarse un papel de legislador imaginario que no le corresponde y de verse 
abocado a realizar las correspondientes consideraciones políticas, económicas y de 
oportunidad  que  le  son  institucionalmente  ajenas  y  para  las  que  no  está 
constitucionalmente concebido”; por ello, esta tacha de desproporción solamente será 
aplicable cuando “las medidas alternativas [sean] palmariamente de menor intensidad 
coactiva  y  de  una  funcionalidad  manifiestamente  similar  a  la  que  se  critique  por 
desproporcionada” (STC 161/1997, fundamento jurídico 11)» (STC 136/1999, de 20 de 
julio, FJ 28)» (FJ 14).
En cualquier caso, «junto a la intensidad de la restricción, el control de necesidad 
requiere interrogarse, en segundo lugar, acerca del grado de eficacia de la medida 
alternativa en punto a la satisfacción del fin perseguido por la disposición impugnada, 
que debe ser al menos semejante al que se deriva de esta última. Solo en tal caso la 
adopción de la medida menos restrictiva vendría constitucionalmente exigida por los 
principios constitucionales que resultan afectados» (FJ 15).
El  principio  de  proporcionalidad  estricta  reclama  por  su  parte  «valorar 
recíprocamente el alcance de la restricción de los principios y derechos constitucionales 
que resultan afectados por la norma penal, de un lado, y el grado de satisfacción de los 
fines perseguidos con ella por el legislador, de otro. Y ello en el bien entendido de que no 
cualquier desproporción o falta de equilibrio habrá de ser, desde la perspectiva que nos 
ocupa, constitucionalmente relevante, sino que solo lo será aquella en la que el exceso 
resulte verdaderamente manifiesto o evidente. Solo en tal caso producirá la norma un 
“patente derroche inútil de coacción” (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23, entre otras) y 
resultará la declaración de su inconstitucionalidad por nuestra parte respetuosa con el 
margen  de  libre  configuración  política  que  corresponde  al  legislador  democrático» 
(FJ 16).
Se ha de señalar, finalmente, que el canon de control de la proporcionalidad de las 
penas  integra  igualmente  principios  constitucionales  materiales  como  el  de  libre 
desarrollo de la personalidad, reconocido en el art. 10.1 CE [STC 60/2010, FJ 8 b)] y el 
de resocialización enunciado en el art. 25.2 CE (STC 160/2012, FJ 3).
B)  Función institucional y fines de la pena de prisión permanente revisable.
De  conformidad  con  el  método  de  enjuiciamiento  constitucional  que  aparece 
conformado en las resoluciones citadas, el análisis de la validez de la nueva modalidad 
de pena de prisión debe partir necesariamente de una correcta comprensión de los fines 
perseguidos por el legislador con su introducción en el ordenamiento penal español, lo 
que exige estar no solo a la voluntad expresada en el preámbulo de la propia norma 
(voluntas  legislatoris),  sino  también  a  los  fines  perseguidos  en  la  misma  inferidos 
mediante una interpretación sistemática y teleológica de su contenido (voluntas legis). 
Identificados los fines, procede examinar si la medida es en sí misma idónea para 
alcanzarlos y seguidamente si se trata de una medida necesaria. Finalmente se examina  e
la proporcionalidad estricta de la medida. bo
mOrágsáa n)a icrraFib i1na/e 2s0a 1 d5ela,   lqadu eepc ealnaparea ldcaie óa n pl arid sneióe ncp eprsienidrcmaipdai ondsee n peterfoe prcetouvraicsdiaoabn laeer: n uY naea l h reepsmrpeouásem shbteauc loeh xotd rraeeo freldarie nnaLcreiiaay    2021-18372n https://ww
a delitos extraordinarios, con el elemento compensatorio de la posible revisión de la pena
en  principio  indeterminada:  esta  declaración  trasluce  una  voluntad  inequívoca  de
intensificar la reacción penal frente a unos delitos que tenían asignada hasta entonces 
una pena de prisión de duración no superior a los veinticinco años, que el legislador 
de 2015 consideró insuficientemente disuasoria desde una determinada percepción del 
clima social.
El fin legítimo declarado se identifica, pues, con el reforzamiento de la función 
protectora de los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales a los que se asigna esta 
pena  (la  vida  humana  independiente  y  la  libertad  sexual  frente  a  ataques  de 
extraordinaria gravedad por las circunstancias del sujeto que los sufre y el modo en que 
se producen).
No menos relevante es el fin que se infiere de la concreta articulación normativa de la 
pena. La mera lectura de algunos de los preceptos impugnados –singularmente los 
relativos a la revisión de la pena, arts. 36.1 y 92.1 c) CP, que condicionan la libertad a la 
existencia de un pronóstico favorable de reinserción social– evidencian que también se 
trata de evitar la reincorporación a la sociedad de penados que no se hayan rehabilitado 
y que presenten un pronóstico sombrío de comportamiento futuro. Responde a una 
necesidad reforzada de inocuización del delincuente –prevención especial– que trasluce 
nuevamente un juicio de insuficiencia del sistema de penas precedente, que abocaba a 
la excarcelación del penado al vencimiento del término de la condena o del límite de 
acumulación jurídica de las condenas pendientes de cumplimiento (arts. 76 y 78 CP).
Dicho  sistema  se  sustituye,  únicamente  en  relación  con  determinados  delitos 
caracterizados por su extraordinaria gravedad, por otro en el que la peligrosidad criminal 
del penado pasa de ser una variable determinante de la forma de ejecución de la pena, a 
ser un elemento relevante en la concreción de su propia duración.
Estos fines no plantean ninguna incompatibilidad con los valores constitucionales: la 
función protectora de bienes jurídicos relevantes ha sido reconocida por este tribunal 
como una función integral de las normas penales que «no solo corresponde a la norma 
que prohíbe la realización de la conducta típica, sino también a la que prevé para tal 
caso la imposición de una determinada pena o de una concreta combinación de penas» 
(STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 10).
La protección de la sociedad es, por su parte, una vertiente de la función protectora 
de bienes jurídicos, que trata de evitar la reincidencia, y un valor destacado en el 
Derecho comparado que ha conducido al Tribunal Europeo Derechos Humanos a exigir 
de los Estados la adopción de medidas eficaces para combatir el crimen violento y a 
concluir que el CEDH no prohíbe la imposición de penas indeterminadas que permitan 
prolongar la detención del reo cuya liberación pueda representar un peligro (vid. STEDH 
de 26 de abril de 2016, asunto Murray c. Países Bajos, § 111, que remite a la STEDH 
de 15 de diciembre de 2009, asunto Maiorano y otros c. Italia, § 115 a 122).
El debate constitucional no giraría, por ello, en torno a la legitimidad de los fines, sino 
a la adecuación de los medios dispuestos en la norma para su realización.
b)  Necesidad de la pena: La idoneidad de la agravación de la prisión para producir 
un efecto reforzado de disuasión no parece discutible, por lo que el examen de la medida 
ha de centrarse en su necesidad, momento en el que es preciso valorar el «conjunto de 
sanciones  que  el  mismo  legislador  ha  estimado  necesarias  para  alcanzar  fines  de 
protección análogos» para determinar si «resulta evidente la manifiesta suficiencia de un 
medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz 
de las finalidades deseadas por el legislador» (STC 55/1996, FJ 8, en el mismo sentido 
STC 136/1999, FJ 23).
La  Ley  Orgánica  1/2015  introduce  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  en  s
determinadas tipologías de asesinato y de homicidio cualificado por la calidad del sujeto  oe.
pasivo (víctima) o por su encuadramiento en contextos de terrorismo, genocidio y lesa  w.
humanidad, así como en determinadas conductas atentatorias de la libertad sexual y la  372ww
cinotne glríimdaitde sf íspiecan oelóng eiclo cso ndtee xvtoe indtee ,u vne ginetnicoinccidoi oy  qtureei nctoan taañboasn,  esne glaú nr esgeu laacpiróenc iaa netenr iolar 
r1e3d9a, c1c4ió0n,  4q8u5e. 1t,e 5n7ía2n.2 a.1n,t e6s0 5d.e1 , la6 0r7e.f1o.r1m, a2  yo p3e yra 6d0a7  pboisr .l2a. 1L CeyP .Orgánica 1/2015 los arts.  BOE-A-cable e
Se puede discutir si estos límites proporcionaban ya en su momento una respuesta 
suficiente para afianzar el ordenamiento jurídico y el sentimiento colectivo de Justicia, 
consideración que queda extramuros del objeto de este procedimiento, pero no que la 
pena  de  prisión  permanente  revisable  no  haya  contribuido  a  reforzar  la  finalidad 
disuasoria del sistema de Justicia penal. En la constatación de este incremento, que 
permite descartar la existencia de medidas alternativas menos gravosas pero «de una 
funcionalidad manifiestamente similar a la que se critique por desproporcionada», se 
agota el juicio de necesidad que corresponde a este estadio en el que «el control de este 
Tribunal Constitucional “tiene un alcance y una intensidad muy limitadas”, so pena de 
arrogarse un papel de legislador imaginario que no le corresponde y de verse abocado a 
realizar las correspondientes consideraciones políticas, económicas y de oportunidad 
que le son institucionalmente ajenas y para las que no está orgánicamente concebido» 
(STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 11; en el mismo sentido, STC 136/1999, de 20 de 
julio, FJ 28).
c)  Proporcionalidad estricta: En la verificación del juicio estricto de proporcionalidad, 
«que es el que compara la gravedad del delito que se trata de impedir –y, en general, los 
efectos  benéficos  que  genera  la  norma  desde  la  perspectiva  de  los  valores 
constitucionales– y la gravedad de la pena que se impone –y, en general, los efectos 
negativos que genera la norma desde la perspectiva de los valores constitucionales–» en 
un plato de la balanza se sitúa la gravedad de las conductas sancionadas y en el otro 
«los  costes  fácticos  que  la  medida  comporta  para  los  valores  constitucionales», 
ponderación en la que puede ser útil efectuar una comparativa con otras normas penales 
del Derecho interno y con soluciones del Derecho comparado (vid. STC 136/1999, 
FJ 29).
La concreción normativa básica de la pena de prisión permanente revisable (arts. 
36.1  y  92.1  CP)  franquea  el  acceso  del  penado  al  tercer  grado  de  clasificación 
penitenciaria  a  los  quince  años  de  condena  y  a  la  suspensión  condicional  a  los 
veinticinco años. Se trata de plazos que no exceden el marco de la pena de prisión de 
duración determinada en su expresión máxima (treinta años: art. 70.3.1 CP) por lo que 
se  puede  afirmar  que  no  representan  un  desequilibrio  manifiesto  de  la  ley  en  la 
configuración de la reacción penal.
Las  restricciones  temporales  agravadas  para  el  acceso  al  tercer  grado  de 
clasificación penitenciaria, de veinte años en caso de delitos terroristas [art. 36.1 a) CP] y 
de dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro y treinta y dos años para diversos supuestos 
de pluralidad de condenas (arts. 78 bis y 140.2 CP) y para el acceso a la libertad 
condicional, de veintiocho, treinta y treinta y cinco años para supuestos de pluralidad de 
condenas (arts. 78 bis y 140.2 CP), son ciertamente severas, pero no llegan a desbordar 
el nivel de retribución fijado en casos de acumulación jurídica de penas en el art. 76 CP, 
que desde su reforma por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, contempla límites de 
cumplimiento de veinticinco, treinta y cuarenta años de duración, permitiendo el art. 78 
CP vincular el cómputo del tiempo de cumplimiento necesario para acceder a permisos, 
tercer grado y libertad condicional a la suma aritmética de las penas cuando el límite de 
la pena a cumplir no alcance la mitad de dicha suma.
El panorama que ofrece el derecho comparado proporciona asimismo un criterio que 
permite  descartar  la  idea  de  que  estemos  en  presencia  de  una  reacción  punitiva 
arbitraria o extravagante. En los países del Consejo de Europa, cuyos ordenamientos 
incorporan modalidades de pena de prisión perpetua o permanente, se fijan plazos 
mínimos de cumplimiento previos a la liberación condicional que oscilan, en la mayoría  s
de los casos, entre los veinte y los treinta años, según se expone en el «Vigésimo quinto  oe.
Informe General del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o  w.
tratos inhumanos o degradantes», publicado el año 2016, en cuyo apartado 68 se detalla  372ww
qFuinela enld ipae, rqioudeo s ed ee xsigeegnu rqiduaindc em aáñso cso ernto A euss treial ,d Beé dlgoiccae,  aAñleoms apnrieav yis Stou iezna , Dy iqnuaem ealr cmaá ys 
ecaxtseon sdoe l eRse ienlo d Ue nciduoa,r eenst ae l atñriobsu,n aplr esveinstteon ecnia dTourr qeul íqau ep afrijaa  duent epremriiondaod odse  dceulmitopsli.m Eienn teol   BOE-A-cable e
mínimo, que no está predeterminado de forma absoluta en la ley; en otros países, como 
Bulgaria,  Lituania,  Malta,  Holanda,  y,  para  ciertos  crímenes,  Hungría,  Eslovaquia  y 
Turquía, no hay un sistema de libertad condicional para los condenados a cadena 
perpetua. Por su parte, los países que no tienen prevista pena de prisión perpetua, como 
Andorra, Bosnia Herzegovina, Croacia, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbia y 
Eslovenia, prevén penas de duración temporal para los delitos más graves que oscilan 
entre veinte y cuarenta años.
El art. 110.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece un plazo mínimo 
de veinticinco años para la reducción de la pena de cadena perpetua prevista en su 
art. 77.1 b).
En la STEDH, asunto Vinter, § 120, se hacen estas consideraciones: «[E]l tribunal 
también destacaría los documentos de Derecho comparado y Derecho internacional 
presentados ante él que apoyan con claridad la existencia de un mecanismo de revisión 
que tenga lugar no más tarde del transcurso de los veinticinco años desde la imposición 
de  la  pena  a  cadena  perpetua,  con  la  previsión  de  revisiones  periódicas  con 
posterioridad a esa fecha».
En este contexto internacional, el art. 92.1 a) CP no resulta disonante; tampoco el 
art. 78 bis CP, que reserva en su apartado 3 los periodos de seguridad de duración 
superior a treinta años a la criminalidad organizada y al terrorismo, cuando el penado 
haya sido condenado «por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una 
pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena 
de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de 
veinticinco años o más» [art. 78 bis.2 c) CP], respuesta penal que en atención a la 
culpabilidad manifestada por el autor, la finalidad protectora de las normas penales, la 
relevancia de los bienes jurídicos lesionados y la gravedad de su ataque, no representa 
«un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la 
norma  a  partir  de  las  pautas  axiológicas  constitucionalmente  indiscutibles  y  de  su 
concreción en la propia actividad legislativa» (SSTC 55/1996, FJ 9; 161/1997, FJ 12, 
y 136/1999, FJ 23).
El riesgo de desproporción en la pena de prisión permanente revisable no reside, por 
lo tanto, en el cumplimiento penitenciario de los períodos de seguridad predeterminados 
por la ley, que responden a la legítima finalidad de proteger, mediante una reacción penal 
adaptada a la medida de la culpabilidad y suficientemente disuasoria, los bienes jurídicos 
protegidos por la norma y lesionados por la actividad criminal del penado, sino en la 
posibilidad  de  que,  vencidos  estos  plazos,  la  prisión  se  prolongue  más  allá  de  la 
subsistencia de todo motivo legítimo de política criminal.
La necesidad de la subsistencia de un fundamento material de la pena se expresa 
con meridiana claridad en la STEDH Vinter, § 111: «Es un axioma que un recluso 
solamente puede permanecer encarcelado si existe un motivo de política criminal que lo 
justifique […] estos motivos incluyen la retribución, la prevención, la protección de la 
sociedad y la rehabilitación. Muchos de estos motivos estarán presentes en el momento 
en el que se impone una pena a cadena perpetua. Sin embargo, la ponderación de estos 
motivos  no  es  necesariamente  estática  y  puede  cambiar  en  el  transcurso  del 
cumplimiento de la pena. Aquello que en el momento inicial podía constituir la razón 
principal para justificar la pena de prisión puede que no lo sea después del cumplimiento 
de un periodo largo de la condena. Estos motivos y cambios solamente pueden ser 
adecuadamente evaluados a través de una revisión del mantenimiento de la pena de 
prisión en el momento adecuado durante el transcurso del cumplimiento de la condena». s
Este riesgo, sin embargo, no sería achacable a la norma, pues el art. 92 CP dispone  oe.
que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena cuando «pueda fundar,  w.
previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por  372ww
afaqvuoerallobsle  edsep ereciinasliestracsió nq useo ceial l»p r[oappiaor ttaridbou n1a, ll edterate crm)],i nye e, sltaa belxeicsete ansciima isdme ou nla  porbolnigóasctiiócon 
cdoen rdeicviiosnaar l «(aalp maretandoos  4c)a, dloa  qduoes  sauñpoosn»e  eqlu ceu vmepnlcimidioesn tloo sd ep lalozso sr emqíuniismitooss  ddee  slae gluibreidratadd,   BOE-A-cable e
es  obligatoria  la  verificación  judicial  periódica  de  la  subsistencia  de  fundamentos 
criminológicos legítimos para la prolongación del cumplimiento carcelario de la pena.
8.  Rigidez de la pena.
Los diputados recurrentes sostienen que la pena de prisión permanente revisable 
infringe también los principios de proporcionalidad y culpabilidad por la rigidez excesiva 
que presenta su régimen de aplicación, dado que se establece como pena de imposición 
obligatoria y sin alternativa en los arts. 140.1 y 2, 485.1, 605.1, 607.1.1 y 2 y 607 bis.2.1 
CP, lo que a su juicio impide satisfacer el canon de proporcionalidad estricta que la 
doctrina  constitucional  viene  aplicando  al  examen  de  la  adecuación  entre  la  pena 
prevista en la ley y el hecho punible al que se aplica, refiriéndose a la STC 136/1999, 
de 20 de julio.
Desde el mismo punto de vista, consideran que la pena de prisión permanente 
revisable no es susceptible de graduación al no tener un límite máximo previsto en la ley, 
y consecuentemente un marco en el que moverse, lo que impide al tribunal valorar las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y graduar la pena conforme a 
las mismas, lo que genera una restricción desproporcionada de la libertad, dado que no 
se pueden tomar en consideración las circunstancias atenuatorias de la culpabilidad que 
hubieran concurrido en el sujeto.
En sus alegaciones el abogado del Estado rebate estos argumentos señalando que 
la imposición obligatoria de la pena de prisión permanente revisable es una opción 
legítima del legislador justificada por la gravedad de los delitos para los que se ha 
establecido; añade que el modelo de prisión permanente revisable admite una gradación 
de la pena, si bien no en el momento de su imposición, sino durante su cumplimiento, lo 
que  permite  adecuarla  a  la  realidad  del  penado,  de  modo  que  las  circunstancias 
atenuantes de la responsabilidad penal apreciadas en la sentencia serán tenidas en 
cuenta  en  la  ejecución  de  la  pena  para  diseñar  el  tratamiento  penitenciario  del 
condenado y a la hora de decidir sobre su libertad condicional. Apunta que el recurso de 
inconstitucionalidad omite citar el art. 70.4 CP donde se dispone que «la pena inferior en 
grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años», 
precepto que a su juicio permite una individualización de la pena conforme al art. 66.1 
CP y su posible reducción en más de un grado en función de la concurrencia de 
eximentes incompletas y varias atenuantes.
En relación con este motivo de inconstitucionalidad, es indudable que la imposición 
facultativa de la pena dotaría de mayor flexibilidad a su aplicación judicial. Es significativo 
que el art. 77.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional siga ese camino, pues tras 
prever en la letra a) la imposición a los crímenes previstos en el mismo de la pena de 
prisión de hasta treinta años de duración, contempla en la letra b) la posibilidad de una 
reclusión a perpetuidad «cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las 
circunstancias personales del condenado». En cualquier caso, la doctrina del Tribunal 
Europeo Derechos Humanos no ha considerado que sea por sí misma incompatible con 
el derecho a la libertad personal garantizado en el art. 5.1 CEDH la previsión legal de 
imposición obligatoria de penas de prisión de duración indeterminada (vid. STEDH de 18 
de septiembre de 2012, asunto James, Wells y Lee c. Reino Unido, § 204).
En relación con la pena de prisión permanente revisable, no hay razones para 
entender que represente una tacha insalvable de inconstitucionalidad la decisión de 
nuestro legislador de exigir esta pena en hechos que presentan por sí mismos una 
extrema  gravedad,  parámetro  que  cumplen  las  modalidades  hipercualificadas  de  e
asesinato y los asesinatos múltiples descritos en el art. 140.1 y 2 CP, los delitos contra la  bo
vida humana cualificados por la condición de la víctima (art. 485.1 CP), o por el Derecho  372ww
dcoen gtrean ltae sv i(daart sy.  l6a0 l5ib.1e rCtaPd) ,s eexl uhaol mpiecridseiog uteidrroosr isetna  e(al rDt.e 5re7c3h ob isin.1te.1rn CacPio) nya ll ohsu mcraímnietanreios 
(artsL.a 6 0d7o.c1t.r1in ya  2c, oyn 6s0ti7tu bciiso.n2a.1l  ChaP )e.stablecido la posibilidad de que una norma penal
pueda representar una reacción desmesurada a la conducta incriminada en virtud de la
rigidez  del  propio  marco  penal  establecido  en  la  misma,  ello  se  trasluce  en  la 
STC 136/1999, de 20 de julio, en la que al dirimir un recurso de amparo, se juzga 
desproporcionada la aplicación de una pena de seis años y un día de prisión a los 
miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna por la comisión de un delito de 
colaboración con banda armada del art. 174 bis a) del anterior Código penal, por la 
difusión en campaña electoral de material audiovisual elaborado por la banda terrorista 
ETA, correspondiendo la pena aplicada al mínimo establecido en la norma (prisión 
mayor, que abarcaba una duración de seis años y un día a doce años). Se aplicó 
entonces el canon de enjuiciamiento de la proporcionalidad estricta de la pena al que 
hemos aludido más arriba y concluimos que «[l]a norma que se ha aplicado a los 
recurrentes no guarda, por su severidad en sí y por el efecto que la misma comporta 
para el ejercicio de las libertades de expresión y de información, una razonable relación 
con el desvalor que entrañan las conductas sancionadas», constituyendo un dato de 
especial relevancia en la ponderación de los intereses en juego la aplicación de la norma 
penal a «la expresión de ideas e informaciones por parte de los dirigentes de una 
asociación política legal en el seno de una campaña electoral y dirigida a la petición del 
voto de los ciudadanos», por lo que se declaró que, pese a que la conducta enjuiciada 
no constituía un ejercicio lícito de las libertades de expresión, información y participación 
política,  la  sanción  resultaba  desproporcionada  porque  podría  producir  efectos  de 
desaliento respecto del ejercicio lícito de esos derechos (FJ 29). El tribunal concluyó 
entonces que el citado precepto penal vulneraba el principio de legalidad en cuanto 
comprensivo de la proscripción de las penas desproporcionadas «únicamente en la 
medida en que no incorpora previsión alguna que hubiera permitido atemperar la sanción 
penal a la entidad de actos de colaboración con banda armada que, si bien pueden en 
ocasiones ser de escasa trascendencia en atención al bien jurídico protegido, no por ello 
deben quedar impunes» debido a «la ausencia en el precepto de la correspondiente 
previsión que hubiera permitido al juzgador, en casos como el presente, imponer una 
pena inferior a la de prisión mayor en su grado mínimo» (FJ 30).
El reproche hecho entonces al art. 174 bis a), basado en el riesgo de una reacción 
penal desmesurada derivado de la deficiente correlación que se daba entre un supuesto 
de hecho muy amplio y un marco penal muy estricto, no es trasladable a los tipos 
penales para los que se prevé la pena de prisión permanente revisable, caracterizados 
por  una  estricta  delimitación  de  los  hechos  punibles,  constitutivos  de  formas 
extremadamente graves –y afortunadamente infrecuentes– de ataque a la vida humana 
independiente y a la libertad sexual, y en los que queda descartado de antemano todo 
riesgo de que en su descripción típica puedan cobijarse conductas de gravedad menor 
susceptibles de quebrar la correlación debida entre gravedad de la pena y gravedad del 
ilícito. Se trata además de conductas de imposible conexión con el ejercicio de derecho 
fundamental alguno.
Tampoco se observa falta de previsión en la norma de elementos que permitan 
atemperar la sanción penal a la entidad de los actos, pues aunque la pena de prisión 
permanente revisable no tiene un tiempo máximo de duración predeterminado en la ley y 
no dispone de un marco penal que posibilite el juego completo de las reglas del art. 66.1 
CP –que determinan la imposición de la pena en su mitad inferior, superior, o en toda su 
extensión según concurran o no, y en qué número e intensidad, las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal previstas en los arts. 21, 22 y 23 CP (v. gr. 
las reglas 1, 3 y 6 del art. 66.1 CP)– ello no significa que el tribunal sentenciador se vea 
forzado a ignorar las circunstancias objetivas y subjetivas susceptibles de atenuar la  s
responsabilidad criminal del acusado cuya concurrencia haya quedado debidamente  oe.
acreditada. w.
Dos son las vías por las que las circunstancias modificativas de la responsabilidad  372ww
criminal han de contribuir de manera eficiente a la individualización de la pena:
perma)a neEnl tea ret.s  7l0a. 4p eCnPa,  dqeu ep riessiótanb dleec ev eqinutee  «a[ lt]rae ipnetan aa ñinofse»r,io pr reecne gprtoa ddoe la q luae  dsee  pinrifsieióren 
con claridad que en el ámbito de los delitos que llevan aparejada pena de prisión
permanente revisable tienen plena eficacia determinadora de la pena las atenuantes muy 
cualificadas  o  la  concurrencia  de  varias  atenuantes  en  ausencia  de  agravantes 
(art. 66.1.2 CP), la concurrencia de atenuantes y agravantes en las que persista un 
fundamento cualificado de atenuación (art. 66.1.7 CP: vid STS, de la Sala Segunda, 
678/2020, de 11 de diciembre, fundamento de Derecho 3), las formas imperfectas de 
ejecución (art. 62 CP), la complicidad (art. 63 CP), y las eximentes incompletas (art. 68 
CP). Sería igualmente aplicable el art. 66.1.8 CP que dice que «[c]uando los jueces o 
tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su 
extensión».
b)  El art. 92.1 c) CP, que, ya en fase de ejecución de condena, contempla entre los 
factores para considerar la existencia del pronóstico favorable de reinserción social 
habilitante  de  la  suspensión  condicional  de  la  pena  «las  circunstancias  del  delito 
cometido», referencia inequívoca a las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, circunstancias que pueden operar tanto en sentido adverso al reo, en el caso de 
las circunstancias agravantes, que constituyen formas complementarias pero no menos 
esenciales de valoración de la gravedad de la culpabilidad, como a favor del reo, en el 
caso de las circunstancias atenuantes, que también deben tener una influencia decisiva 
en  la  determinación  de  la  duración  efectiva  de  la  pena  en  fase  de  ejecución.  En 
definitiva, no es cierto que la ley elimine la eficacia de las circunstancias atenuantes que 
hayan sido apreciadas en sentencia, pues tales circunstancias constituirán criterios de 
valor en la concreción posterior de la duración de la pena a través del procedimiento 
revisor.
9.  Indeterminación de la pena.
Los diputados recurrentes sostienen que la prisión permanente revisable infringe el 
principio de legalidad penal del art. 25.1 CE porque se trata de una pena que no tiene 
prefijado un límite máximo de cumplimiento y su duración queda al albur de un criterio, el 
de reinsertabilidad del reo, impreciso e inseguro. También rechazan las condiciones 
previstas para la revocación de la suspensión condicional una vez concedida, toda vez 
que pueden no depender del reo. El primer fundamento apunta a la supuesta falta de 
taxatividad de la pena, el segundo al riesgo de arbitrariedad judicial en las decisiones 
relacionadas con la revocación de la libertad condicional, una vez ganada esta.
a)  Taxatividad de la pena.
Los diputados recurrentes argumentan que una sanción que no tiene predeterminado 
en  la  norma  su  límite  máximo  vulnera  la  Constitución,  a  cuyo  efecto  citan  las 
SSTC 29/1989, de 6 de febrero, FJ 3, y 129/2006, de 24 de abril, FJ 4. Aducen, por lo 
tanto,  la  incompatibilidad  de  la  prisión  permanente  revisable  con  las  exigencias 
inherentes a la vertiente material del principio de legalidad penal, en su ámbito normativo 
o de calidad de la ley, que como recuerda la STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 11.1 B), con 
abundante cita de doctrina previa, es trasunto del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE),  comporta  un  mandato  de  taxatividad  o  certeza  traducido  en  la  exigencia  de 
predeterminación normativa de las conductas y de sus correspondientes sanciones (lex 
certa), y exige del legislador normas concretas, precisas, claras e inteligibles para que 
los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones.
Censuran  asimismo  los  presupuestos  de  la  suspensión  condicional  de  la  pena, 
recogidos en el art. 92.1 c) CP. El recurso viene a decir que el criterio determinante de la  e.
expectativa de libertad, relacionado con las posibilidades de reinserción en la sociedad  w.
del interno, es un criterio de contornos excesivamente difusos y de aplicación insegura e  372ww
imprSeed etrcaibtale d.e un planteamiento que en la medida en que supone la impugnación de la
icdoonnteeindiaddo  ddee  llaa  pneonciaó,n n doe e rse dines erercciióbno ,s pouceiasl  ecol mproo ninóssttricuom feanvtoor anbolrem daeti vroe indseelirmciiótand osor cdieall   BOE-A-cable e
al que se refiere el art. 92.1 c) CP lejos de representar un factor de incertidumbre 
perturbador del orden constitucional, constituye un elemento estructural del tratamiento 
penitenciario asociado desde sus orígenes al sistema de individualización científica, del 
que es expresión cualificada el art. 67 LOGP cuando dice que «[c]oncluido el tratamiento 
o próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se 
manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad 
sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su caso, se tendrá en 
cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional».
La aptitud para la reinserción tampoco constituye un elemento de juicio extravagante, 
pues recibe el aval de los estándares europeos de tratamiento de los condenados y el 
reconocimiento en las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, 
que  supedita  la  reducción  de  la  pena  de  cadena  perpetua,  regla  223,  a  «[l]as 
posibilidades de reinsertar en la sociedad y reasentar exitosamente al condenado» [letra 
b)], «[s]i la liberación anticipada del condenado crearía una gran inestabilidad social» 
[letra c)], «así como los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus 
familias» [letra d)].
Por lo demás, el principio de taxatividad no es incompatible con el empleo de 
conceptos jurídicos indeterminados [SSTC 37/2018, de 23 de abril, FJ 3 a), y 91/2021, 
de 22 de abril, FJ 11.1 B)], empleo que «para que sea compatible con el art. 25.1 CE, 
debe  permitir  que  su  concreción  sea  razonablemente  factible  en  virtud  de  criterios 
lógicos, técnicos o de experiencia (STC 145/2013, de 11 de julio, FJ 4)» [STC 14/2021, 
de 28 de enero, FJ 3 b)]. Esta doctrina, referida a la delimitación del supuesto de hecho 
típico, es extrapolable a la delimitación del contenido y alcance de las penas, resultando 
incuestionable la técnica legislativa de acudir a un concepto que tiene rango de principio 
constitucional y cuya concreción jurídica goza del refrendo de una constante praxis 
administrativa y judicial.
Ciertamente, no es descartable la posibilidad de que se formulen juicios erróneos, 
desde  el  momento  en  que  las  ciencias  aplicadas  en  el  tratamiento  penitenciario, 
consistentes  en  «la  variable  utilización  de  métodos  médico-biológicos,  psiquiátricos, 
psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno» [art. 62 
c) LOGP], no pertenecen al área de las ciencias exactas; en cualquier caso, los errores 
de juicio que se produzcan constituirán fracasos relativos que no permiten cuestionar la 
legitimidad de base del sistema penitenciario vigente ni pueden constituir el fundamento 
de la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
En  conclusión,  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  no  es  una  pena 
indeterminada, defecto concurrente en las sanciones gubernativas a las que se referían 
las SSTC 29/1989 y 129/2006, sino una pena determinable con arreglo a criterios legales 
preestablecidos  cuya  individualización  judicial  se  completa  en  fase  de  ejecución 
mediante la aplicación de unos parámetros, los del art. 92.1 CP, claros y accesibles al 
reo desde el momento de la imposición de la condena, y cuya finalidad no es asegurar 
su  encierro  perpetuo,  sino  supeditarlo,  tras  la  realización  de  un  contenido  mínimo 
retributivo, a su evolución personal. Entre estos parámetros adquieren singular relieve 
aquellas variables que son directamente dependientes de su voluntad, como su conducta 
penitenciaria y la evolución personal que experimente a lo largo del cumplimiento de la 
condena, en general, y en relación con el tratamiento penitenciario que se le ofrezca, 
especialmente  en  lo  concerniente  a  aquellos  sectores  o  rasgos  de  la  personalidad 
directamente relacionados con la actividad delictiva (art. 75 LOGP). Estas variables 
influirán en gran medida en su pronóstico de reinserción social y en la evaluación de los  s
efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución. oe.
La doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos ha consolidado el criterio de  w.
que el condenado a pena de prisión perpetua tiene el derecho a conocer, desde el  372ww
mlibiesmrtaod  my obmajeon qtou ée cno nqduieci osnee sin, iyc ieal  msuo mcuemntpol iemnie enlt oq,u eq usée  vdae bae p rhoadcuecri r plaa rrae voisbiótenn deer  ssuu 
cootrnodse cn.a R oe ipnuoe Uden idsoe,r  §s o1li2c2it)a.d Pao (dSeSmToEsD aHfi,r masaur nqtou eT reasbtee lsdie cre. cBhéol gqicuae,d §a  1s1a5lv,a yg uVainrdteard oy   BOE-A-cable e
en el régimen jurídico aplicable a la pena de prisión permanente revisable, razón por la 
cual procede desestimar esta queja.
b)  Presupuestos y efectos de la revocación de la suspensión condicional.
En el recurso de inconstitucionalidad se censura, igualmente, que las condiciones de 
revocación de la suspensión condicional previamente concedida resultan en gran medida 
ajenas a la voluntad del penado. Se refieren al párrafo tercero del art. 92.3 CP que dice: 
«Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del 
resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un 
cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener  ya  el  pronóstico  de  falta  de  peligrosidad  en  que  se  fundaba  la  decisión 
adoptada».
Se ha de dar la razón en este punto a los recurrentes: la ley otorga al juez de 
vigilancia  penitenciaria,  como  órgano  competente  para  el  control  de  la  libertad 
condicional, una facultad casi omnímoda para ordenar el reingreso en prisión del liberado 
en virtud de una valoración de sus circunstancias personales exenta de pautas legales.
El art. 17.1 CE establece que «[n]adie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en 
la ley». En la interpretación de este precepto este tribunal ha dicho que «toda restricción 
a la libertad ha de ser cierta y previsible, pues en otro caso la Ley perdería su función de 
garantía del propio derecho fundamental al que afecta y sometería el ejercicio del 
derecho a la voluntad de quien ha de aplicar la Ley» (STC 53/2002, de 27 de febrero, 
FJ 7); asimismo se ha afirmado que «este precepto remite a la Ley, en efecto, la 
determinación de los “casos” en los que se podrá disponer una privación de libertad, 
pero ello en modo alguno supone que quede el legislador apoderado para establecer, 
libre de todo vínculo, cualesquiera supuestos de detención, arresto o medidas análogas. 
La Ley no podría, desde luego, configurar supuestos de privación de libertad que no 
correspondan  a  la  finalidad  de  protección  de  derechos,  bienes  o  valores 
constitucionalmente  reconocidos  o  que  por  su  grado  de  indeterminación  crearan 
inseguridad o incertidumbre insuperable sobre su modo de aplicación efectiva y tampoco 
podría incurrir en falta de proporcionalidad. Vale aquí recordar lo que ya dijimos en la 
STC 178/1985, esto es, que debe exigirse “una proporcionalidad entre el derecho a la 
libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la 
Ley– privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el 
derecho y su limitación” (fundamento jurídico 3)» (STC 341/1993, de 18 de noviembre, 
FJ 5).
El art. 92.3, párrafo tercero, CP es susceptible de generar en el liberado condicional 
la sensación insuperable de incertidumbre sobre su modo de aplicación efectiva que, 
conforme  a  la  doctrina  citada,  constituye  el  límite  de  la  libertad  de  configuración 
normativa del legislador, pues podrían integrar el fundamento de la decisión revocatoria 
circunstancias personales del liberado condicional completamente desconectadas con el 
fundamento  de  su  condena  y  de  su  ulterior  liberación  –un  determinado  modo  de 
conducirse por la vida– e incluso ajenas a su voluntad –la pérdida del puesto de trabajo, 
o de un apoyo familiar o institucional–. La consecuencia asociada a estos supuestos, el 
retorno a prisión, resulta manifiestamente desproporcionada. Ello no significa que este 
precepto no sea susceptible de sanación mediante la reducción teleológica resultante de 
una interpretación sistemática que lo conectara con las causas generales de revocación 
de la suspensión condicional a las que remite expresamente el art. 92.3, párrafo primero,  e
CP, restringiendo la eficacia revocatoria del aludido cambio de circunstancias a los casos  bo
en que se produjera en el contexto del incumplimiento de alguno de los deberes jurídicos  372ww
con «eafi)c acSiae are cvooncdaetonraiad oa  ploosr  quune d seeli troe fcieorme eetli daort .d 8u6ra.1n tCe Pe, le psetorí oedso,  cduea nsduos peel npseiónna dyo :ello
ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión
adoptada ya no puede ser mantenida.
b)  Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran 
sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de 
gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria.
c)  Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, 
hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.
d)  Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos 
cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de 
las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de 
capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su 
patrimonio,  incumpliendo  la  obligación  impuesta  en  el  artículo  589  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil.»
En la STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 1, se estableció que «en virtud del principio 
de conservación de la ley, este tribunal ha declarado reiteradamente que solo cabe 
declarar  la  inconstitucionalidad  de  aquellos  preceptos  “cuya  incompatibilidad  con  la 
Constitución  resulte  indudable  por  ser  imposible  llevar  a  cabo  una  interpretación 
conforme a la misma” (STC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 8, citando entre otras muchas 
las SSTC 93/1984, de 16 de octubre, 115/1987, de 7 de julio, 105/1988, de 8 de junio, 
119/1992,  de  18  de  septiembre),  habiendo  admitido  desde  nuestras  primeras 
resoluciones la posibilidad de dictar sentencias interpretativas, a través de las cuales se 
declare  que  un  determinado  texto  no  es  inconstitucional  si  se  entiende  de  una 
determinada manera».
Consideramos que el art. 92.3, párrafo tercero, CP admite, sin forzar su literalidad, la 
reducción teleológica a la que nos hemos referido de modo que «un cambio de las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el 
pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada» solo tenga 
efecto  revocatorio  cuando  vaya  acompañado  de  alguno  de  los  incumplimientos 
tipificados en el art. 86.1 CP.
La queja de inseguridad o incertidumbre en las condiciones de la revocación suscita 
implícitamente un segundo problema que este tribunal no puede obviar en su función de 
control comprehensivo de la ley impugnada: las consecuencias de la revocación de la 
suspensión condicional de la pena de prisión permanente revisable.
El art. 92.4 CP dice: «Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, 
al  menos  cada  dos  años,  el  cumplimiento  del  resto  de  requisitos  de  la  libertad 
condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad 
condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras 
haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes». La 
revisión de la pena se ha de verificar de oficio, o a petición del penado, a partir del 
cumplimiento de los periodos de seguridad establecidos en los arts. 92.1 a) y 78 bis CP. 
No se contempla, sin embargo, la situación del penado que haya reingresado en prisión 
tras la revocación de una libertad condicional previamente concedida, lo que deja abierta 
la posibilidad de interpretar que la revocación puede constituir un obstáculo para obtener 
una nueva revisión de la pena.
A  la  luz  de  lo  expuesto  en  anteriores  fundamentos,  debemos  advertir  que  tal 
interpretación implicaría la virtual novación de la pena de prisión permanente revisable 
en pena irredimible de iure y de facto, lo que la haría incompatible con los arts. 15, 17.1 
y 25.1 CE. También vulneraría el art. 25.2 CE, pues eliminaría las posibilidades del 
penado de reincorporarse a la sociedad al verse sujeto a una reclusión de por vida, con  e.
independencia de su evolución personal futura. La Corte Constitucional Italiana en su  w.b
sentencia de 2 de junio de 1997, núm. 161, declaró que infringía el art. 27.3 de la  372ww
CCoóndsigtiotu pceiónna lI t(aalirat.n 1a7, 7q.u1e)  eqsutea balneucdea lab af inuanl ideafedc troe epdreucclautsivivao d aeb lsaosl upteon aa sl,a  erle pvroeccaecpióton  ddeel 
la libAeurnta dre ccoonndoicciieonndaol  aq luoes  ecol nrédgeinmaedno sju arí dlaic poe ndae  dseu sepregnassitóonlo .condicional de la pena de
prisión permanente establecido en la Ley Orgánica 1/2015 no enuncia explícitamente la
existencia de un efecto preclusivo derivado de su revocación, tampoco concreta el 
régimen  de  revisión  de  la  pena  que  habrá  de  aplicarse  con  posterioridad  al  acto 
revocatorio, lo que genera un margen de incertidumbre que este tribunal se ve obligado a 
acotar, en la medida en que compromete los valores y derechos fundamentales citados. 
Estimamos, por ello, que el régimen jurídico de la revocación de la libertad condicional 
resulta constitucionalmente insatisfactorio por incompleto, aunque de ello no se ha de 
seguir una declaración de inconstitucionalidad por omisión, como se ha hecho en otros 
casos (v. gr. ATC 200/2007, de 27 de marzo, FJ 2), siendo suficiente con fijar como única 
interpretación constitucionalmente conforme con los valores y derechos fundamentales 
en juego la de que, tras la revocación de la libertad condicional, habrán de estimarse 
subsistentes las exigencias impuestas al tribunal sentenciador en el artículo 92.4 CP de 
verificar, con una periodicidad bianual, el cumplimiento de los requisitos para el acceso a 
la  libertad  condicional  y  de  resolver  las  peticiones  que  el  penado  le  dirija  con  los 
condicionamientos temporales establecidos en dicha norma.
10.  Principio de resocialización.
Los diputados recurrentes sostienen que la pena de prisión permanente revisable 
infringe  el  art.  25.2  CE  «por  conllevar  una  reducción  desproporcionada  de  las 
posibilidades  de  reinserción  social  hasta  el  punto  de  anular  completamente  toda 
expectativa de resocialización» y aducen la desmesurada duración de los periodos de 
cumplimiento efectivo exigidos antes de alcanzar la suspensión condicional.
El abogado del Estado en sus alegaciones rebate esta queja señalando que el 
mandato resocializador se realiza a través del sistema de individualización científica que 
concibe la pena como tratamiento adaptado a las circunstancias personales del penado, 
lo que dota de flexibilidad a la ejecución de la pena; que la dilación temporal del acceso 
al tercer grado de clasificación penitenciaria y a la libertad condicional no quiebra la 
sistemática del Código penal; que también la establece para las penas de prisión de 
duración determinada en los arts. 36.2 y 78.2 a) CP, y que el mandato resocializador 
permite concretar la duración de la prisión y acomodar el régimen penitenciario a los 
pronósticos de peligrosidad, siendo necesario atender a otros bienes jurídicos, como la 
justicia, y la protección de las víctimas, especialmente niños.
No puede compartirse la afirmación de que la pena de prisión permanente revisable 
anule toda expectativa de realización de los fines del art. 25.2 CE, cuando establece que 
«[l]as penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y la reinserción social», pues se constata que esa expectativa es inherente 
a uno de sus rasgos estructurales, su revisabilidad en fase ejecutiva: por medio de la 
suspensión condicional de la pena, el interno tiene una posibilidad real de reinsertarse 
plenamente en la sociedad y de extinguir definitivamente su condena una vez cumplido 
con éxito el plazo de cinco a diez años de suspensión.
Como manifestara el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de julio de 1999 
(expediente núm. 1374-1999) refiriéndose a la pena de reclusión perpetua prevista en el 
art. 77.1 b) del Estatuto de la Corte Penal Internacional «una cosa es la imposición de tal 
pena privativa de libertad y otra distinta la función que se atribuye a su cumplimiento», 
distinción necesaria cuando se trata de juzgar si la pena entra en colisión irreductible con 
el  art.  25.2  CE,  pues  la  revisión  o  reducción  de  la  pena  puede  constituir  «una 
flexibilización suficiente» [apartado IV, C)]. La doctrina del Tribunal Europeo Derechos 
Humanos, como ya se ha expuesto, ha residenciado en la esperanza de liberación el 
factor decisivo de humanización de las penas perpetuas o indeterminadas. e
La pena de prisión permanente revisable no es por ello objetivamente incompatible  bo
con  el  principio  constitucional  de  resocialización,  que  solo  se  vería  afectado  por  372ww
rheascterirc cailognuensa sn ocormnsaitdivearas cqiounee slo s opburdei elraa nfu nhcaiócenr  dierrle parliinzcaibplieo.  rEesso pciraelcizisaod oer ne ne setle á pmubnittoo 
de laE sptoel íttircibau cnraiml ihnaa l.establecido que el art. 25.2 CE contiene un mandato dirigido al
legislador para orientar la política penal y penitenciaria que puede servir de parámetro de
constitucionalidad de las leyes [SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 2; 28/1988, de 23 de 
febrero, FJ 2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4; 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4; 160/2012, 
de 20 de septiembre, FJ 3 a), y 128/2013, de 3 de junio, FJ 3]; también hemos dicho que 
dicho  precepto  «no  determina,  en  ningún  caso,  una  obligación  del  legislador  de 
contemplar  específicos  institutos  resocializadores,  ni  mucho  menos  le  impone  una 
obligación adicional de darles un determinado y concreto contenido», si bien con el matiz 
de que no podía descartarse «una proyección legislativa de ese principio en el ámbito de 
las penas de prisión de larga duración» (ATC 3/2018, de 23 de enero, FJ 5).
En la STC 160/2012, de 20 de septiembre, FJ 4, se afirma que «la finalidad de 
reinserción social se proyecta esencialmente sobre la fase de ejecución, en la que se 
materializa la afección al derecho a la libertad (art. 17.1 CE) de quien resulta penalmente 
sancionado, pero ha de armonizarse con otros fines legítimos de la pena, que adquieren 
mayor protagonismo en otros momentos de intervención del ius puniendi.  En particular, 
la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales 
delincuentes mediante la amenaza de pena, como de reafirmación de la confianza de los 
ciudadanos en el respeto de las normas penales, constituye igualmente un mecanismo 
irrenunciable para el cometido de protección de bienes jurídicos»; a lo que se añadía que 
«[e]se complejo entramado de funciones de la pena no funciona sin tensiones, en la 
medida en que lo necesario para la satisfacción de la prevención general, en lo relativo a 
la decisión sobre el si y el cuánto de la pena a imponer, puede no ser lo idóneo o lo más 
aconsejable desde la óptica de la reinserción social, siendo labor del legislador, dada su 
competencia exclusiva para el diseño de la política criminal (entre otras, las ya citadas 
SSTC 203/2009, de 27 de octubre, FJ 5, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7), la articulación 
de las relaciones entre ellos, a partir de los instrumentos de que dispone».
Se dijo entonces que «nuestro enjuiciamiento deberá atender a su armonización con 
otros fines legítimos de las medidas privativas de libertad, analizando tanto el grado en 
que se reducen las posibilidades de articulación de la reinserción social –pues, sin lugar 
a dudas, una norma que impidiera de modo radical tal posibilidad sí resultaría contraria al 
art. 25.2 CE–, como si ello aparece justificado por un fin legítimo» (FJ 5), razón por la 
cual concluimos que el mandato del art. 25.2 CE no se infringía por el hecho de que la 
ley  hubiera  establecido  una  restricción  temporal  de  acceso  a  la  suspensión  de  la 
ejecución de una medida sancionadora-educativa en el ámbito de la jurisdicción de 
menores, al tratarse de una restricción que «no cierra completamente la posibilidad de 
atender a necesidades preventivo-especiales, pues permite que, una vez superada la 
mitad de la medida, el juez pondere la necesidad de mantener el cumplimiento de la 
misma y, en caso de no considerarlo así, acuerde la suspensión de su ejecución» [FJ 6 
a)].
De esta doctrina se desprende que el principio de resocialización ha de cohonestarse 
con otros fines legítimos de la pena, de modo que en el momento de enjuiciar las 
disposiciones  legales  restrictivas  de  la  aplicación  de  sus  concretas  articulaciones 
normativas se ha de verificar:
(i)  La existencia de un fin legítimo, que en este caso se corresponde con la finalidad 
de protección de los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales en relación con los 
cuales se contempla la imposición obligatoria de la pena, «una función esta que no solo 
corresponde a la norma que prohíbe la realización de la conducta típica, sino también a 
la que prevé para tal caso la imposición de una determinada pena o de una concreta 
combinación de penas» (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 10), sin descartar los fines 
inmediatos de la pena como son la retribución, la prevención general, y la evitación de la  e.
venganza privada; y w.b
(ii)  la intensidad de la restricción, que deviene desproporcionada y por lo tanto  372ww
cpoanras tliatu rceioanlizaalmcieónnt ed ei lelagsí teimxpae csti altlievgaas  dael  rgeriandsoe rcdieó nr esporceiasle dnetal ri nutenr noob.stáculo insalvable
Aplicada  esta  doctrina  al  régimen  jurídico  de  la  pena  de  prisión  permanente
revisable, la finalidad legítima a la que se supeditarían las restricciones impuestas para
el disfrute por el penado del tercer grado y la libertad condicional vendría dada por la 
necesidad de que la reacción penal se adecue a la importancia de los bienes jurídicos 
lesionados por su conducta –la vida humana independiente y, en su caso, también la 
libertad sexual en el contexto de crímenes contra la humanidad– a la gravedad del 
ataque dirigido contra los mismos y a las circunstancias de la víctima. Se trata de fines 
que no plantean ningún problema de encaje en el orden constitucional de valores, pues 
protegen posiciones jurídicas que tienen rango de derecho fundamental y que pueden 
verse en peligro si falla el efecto disuasorio de las normas penales.
Contrastada la legitimidad constitucional del fin perseguido, procede examinar si el 
constreñimiento  al  que  se  somete  el  principio  de  resocialización  puede  resultar 
desmesurado, lo que exige examinar el contenido de las medidas en un doble aspecto, 
temporal y cualitativo.
(i)  En  su  dimensión  temporal,  las  medidas  restrictivas  materializadas  en  los 
periodos de seguridad instituidos en los arts. 36.1, 92.1 c) y 78 bis 2 y 3 CP para el 
acceso  al  tercer  grado  de  clasificación  penitenciaria  y  a  la  suspensión  condicional 
presentan,  como  hemos  analizado  anteriormente,  magnitudes  homologables  en  el 
Derecho  comparado  y  no  conllevan  la  anulación  de  la  expectativa  del  penado  de 
reincorporarse a la sociedad, pues el art. 92.4 CP habilita tras el vencimiento de los 
plazos un procedimiento de revisión con vistas a la liberación condicional del interno que 
exige la evaluación periódica de su evolución personal. Estas medidas, por otra parte, 
tampoco incorporan presunciones legales irrebatibles de peligrosidad criminal o que 
vinculen dicha peligrosidad a la naturaleza del delito cometido (vid. STEDH de 13 de 
junio de 2019, asunto Marcello Viola c. Italia –núm. 2–, § 128; igualmente, sentencia de 
la Corte Constitucional Italiana de 21 de junio de 2018, núm. 149).
(ii)  En su dimensión cualitativa, las medidas deben ser analizadas en el contexto 
del  sistema  penitenciario  en  el  que  se  inserta  el  condenado  a  pena  de  prisión 
permanente revisable, que no es distinto del que se aplica en la ejecución de las penas 
privativas de libertad de duración determinada. La STC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4 
b), estableció que el art. 25.2 CE «opera como parámetro de ponderación del completo 
sistema de ejecución de las penas y de las instituciones que lo integran», y que esa 
ponderación se ha de verificar «en el marco de un sistema del que son piezas claves 
instituciones como la condena o remisión condicional, las formas sustitutivas de la 
prisión, o, por último, los distintos regímenes de cumplimiento de la pena de prisión».
La STC 41/2012, de 29 de marzo, FJ 10, en relación con penas acumuladas de larga 
duración –treinta años por aplicación del art. 70.2 CP de 1973– estableció que las 
mismas  no  infringían  el  art.  25.2  CE,  aunque  no  pudieran  verse  reducidas  por  la 
aplicación de otros instrumentos normativos, como la redención de penas del anterior CP 
(art. 100), porque «las previsiones de la legislación penitenciaria vigente que, a través 
del  sistema  de  individualización  científica,  la  previsión  de  clasificación  en  diversos 
grados,  los  permisos  ordinarios  y  extraordinarios  de  salida,  las  comunicaciones 
personales, los regímenes de cumplimiento en semilibertad y la posibilidad de obtener la 
libertad condicional, incluso de forma anticipada, constituyen un elenco de medidas que 
favorecen y posibilitan la reeducación y reinserción social, si su conducta penitenciaria y 
su evolución muestra que se hallan en condiciones de hacer vida honrada en libertad».
Los estándares europeos sobre el trato que se ha de dispensar a los condenados a 
penas  de  prisión  perpetuas  exigen  que  para  que  sea  verídica  su  expectativa  de 
liberación venga respaldada por la aplicación de un plan individualizado de ejecución,  e
adaptado a sus necesidades y circunstancias personales, que les permita progresar en  bo
el  sistema  penitenciario  y  prepararse  para  su  liberación  con  vistas  a  una  fecha  372ww
plar etdoerttuerram iyn aldaas  ppaernaa vse roif ictraart osus  pinrihmuemraa nroesv isoió nd e[Cgroamdaitén teesu,r o«pVeiog épsairmao l aq purienvtoe nIcnifóonr mdee 
Gdeeln Ceroaml»i,t éa ñdoe 2 M01in6i,s atrpoasr tdaedlo sC 7o3n,s e7j5o  yd 7e6 ;E Ruerocpoam esnodbarec ióenl  (t2ra0t0a3m) i2e3n,t od eq u9e d es eo chtuab rdee, 
dispensar a los condenados a penas perpetuas o de larga duración].
A la vista de lo expuesto, debe concluirse que la pena de prisión permanente revisable no 
entraña la anulación del principio de resocialización, pues las restricciones que impone para 
el acceso a determinados instrumentos de reinserción social, no abarcan en su ámbito de 
constricción otras medidas e intervenciones características del sistema de individualización 
científica desarrollado en la Ley Orgánica general penitenciaria y su reglamento, de indudable 
relevancia,  como  permisos  de  salida,  salidas  programadas,  actividades  terapéuticas, 
educativas, formativas y laborales, ni la elaboración y aplicación de un plan individualizado de 
tratamiento. Por otra parte, su naturaleza temporal impide que puedan ser consideradas 
obstáculos insalvables para la realización de los fines del art. 25.2 CE.
No obstante, el juicio de constitucionalidad que se solicita de este tribunal no puede 
reducirse a la aplicación de doctrina precedente. La pena de prisión permanente revisable 
presenta una naturaleza singular que la diferencia netamente de las penas y medidas 
privativas de libertad de duración determinada sobre las que se ha erigido dicha doctrina, 
pues al tratarse de una pena de extensión no determinada en la sentencia condenatoria, 
aunque sea determinable en fase de ejecución, la noción de reeducación y reinserción social 
como medio para alcanzar el juicio pronóstico favorable demandado en el art. 92.1 c) in fine 
CP funge de criterio orientador de la ejecución de la pena en presupuesto de su revisión y 
elemento clave en su delimitación temporal.
Institutos como el tercer grado de clasificación penitenciaria y la libertad condicional 
trascienden de este modo su condición de elementos del estatuto jurídico penitenciario 
del interno para convertirse en factores de moderación y humanización de la pena, por lo 
que resultarían constitucionalmente rechazables no solo las medidas que representaran 
un impedimento insalvable para su acceso, sino también las que lo restringieran más allá 
de lo razonable.
Ya se ha indicado más arriba que el sistema de individualización científica se alza en 
nuestro ordenamiento jurídico como salvaguarda de la humanidad de la pena de prisión 
permanente revisable. Se ha de reconocer, sin embargo, que los periodos de seguridad 
establecidos en la ley para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria condicionan 
gravemente uno de sus rasgos diferenciales, el que establece que «[e]n ningún caso se 
mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se 
haga merecedor a su progresión» (art. 72.4 LOGP), por lo que para que esa salvaguarda sea 
algo más que teórica, se ha de precaver el riesgo de anquilosamiento del sistema, riesgo 
perceptible si la administración penitenciaria y los órganos judiciales optan por convertir la 
gravedad intrínseca de la pena y su duración indeterminada en fundamento dirimente de sus 
decisiones en materia de régimen y tratamiento.
Este tribunal considera necesario, por ello, reforzar la función moderadora que el 
principio constitucional consagrado en el art. 25.2 CE, y sus concretas articulaciones 
normativas, debe ejercer sobre la pena de prisión permanente revisable.
En definitiva, las tensiones que el nuevo modelo de pena genera en el art. 25.2 CE 
precisan  ser  compensadas  reforzando  institucionalmente  por  medios  apropiados  la 
posibilidad de realización de las legítimas expectativas que pueda albergar el interno de 
alcanzar algún día su libertad.
Procede, por ello, desestimar este motivo de impugnación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, s
Ha decidido 372www.
1.º  Desestimar la solicitud de inadmisión de la impugnación.
siem2p.ºr e qDueec lsaera inr tqeurper eelt ea ret.n 9 e2l .s3e, nptáidrroa feos ttaebrcleecroid, od eeln C eól dfuignod apmeneanlt on oju erísd iincoco 9n sbt)i.tucional
3.º  Declarar que el art. 92.4 del Código penal no es inconstitucional siempre que se 
interprete en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9 b).
4.º  Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa 
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de 
la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3866-2015
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia. Consideramos 
que debería haber sido estimatorio y, por tanto, declarativo de la inconstitucionalidad de 
la regulación de la pena de prisión permanente revisable.
El  debate  constitucional  sobre  esta  pena  debe  someterse  a  la  aceptabilidad 
legislativamente como indeterminada en cuanto a su plazo de duración y, además, 
potencialmente perpetua.
I.  La inconstitucionalidad de las penas de prisión indeterminadas y potencialmente 
indefectibles de por vida.
1.  Los dos magistrados y la magistrada firmantes de este voto hemos coincidido en 
defender  durante  la  deliberación  que,  a  pesar  de  que  no  existe  una  declaración 
constitucional expresa sobre su abolición, esta pena es inconstitucional por resultar 
contraria a un conjunto de derechos fundamentales, principios y valores constitucionales 
que afectan con carácter general a su naturaleza, por un lado, de pena indeterminada en 
su extensión y, por otro, de pena que sea potencialmente a perpetuidad: el principio de la 
dignidad humana como fundamento del orden político (art. 10.1 CE), la prohibición de 
penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), el mandato de que las penas 
privativas  de  libertad  estarán  orientadas  hacia  la  reeducación  y  reinserción  social 
(art. 25.2 CE) y los derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE).
La Constitución no establece expresamente la abolición de las penas privativas de 
libertad indeterminada y potencialmente perpetua. Si así fuera, como sucede con la pena 
de muerte en tiempo de paz (art. 15 CE), con la pena de trabajos forzados (art. 25.2 CE) 
o con las sanciones privativas de libertad impuestas por la Administración civil (art. 25.3 
CE), no habría lugar al presente debate. No obstante, la ausencia de una abolición 
expresa no agota la discusión sobre su prohibición constitucional. Nada impide concluir 
que haya un reconocimiento implícito cuando la interpretación de la Constitución lo exija. 
A ese respecto, no ha sido obstáculo para entender que son situaciones proscritas 
constitucionalmente, a pesar del silencio constitucional, la prisión a perpetuidad sin 
posibilidad de remisión (SSTC 148/2004, de 13 de septiembre, FJ 9; o 181/2004, de 2 de  e
noviembre, FJ 16) o la prisión por deudas (STC 230/1991, de 10 de diciembre, FJ 5). bo
Tres son las razones en las que nos vamos a detener para justificar nuestra posición  372ww
finadvoertearbmlein aad ala  yd peoctleanracciaiólmn ednete  iinncdoenfesctittiubcleio ndael ipdoard  viddea  cuonma op lean qau ep rriveaptrievsae ndtea  llaib epretnaad 
ddee  pnruiseióstnr op esrimstaenmean teju rríedvicisoa, bvlein. cLuala pdraim eenra  nsuee fsutrnad as oecni elad arde,g lean b ácsoincaso dnea njucsiati ficcoanc iólna 
evolución de la cultura, al constante perfeccionamiento de la democracia como proyecto
civilizador unido en su esencia a la protección de los derechos humanos, cuyo eje central 
en el debate sobre las penas se ubica en el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 
CE) y en la prohibición de penas inhumanas y degradantes (art. 15 CE). Las dos 
siguientes  son  de  carácter  técnico-jurídico,  y  se  refieren  a  derechos  y  principios 
constitucionales informadores del ius puniendi estatal, a saber el mandato de reinserción 
social (art. 25.2), del que se deriva, según argumentaremos, la prohibición de penas 
potencialmente a perpetuidad; y los derechos a la libertad (art. 17.1 CE) y a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE),  de  los  que  a  su  vez  se  deduce,  a  nuestro  juicio,  la  prohibición  de  penas 
temporalmente indeterminadas.
A)  La evolución de la cultura jurídica democrática basada en los derechos humanos 
y el principio de no regresión en el sentido humanizador de la pena (arts. 10.1 y 15 CE).
2.  La cultura jurídica democrática, vinculada inescindiblemente al reconocimiento 
de  los  derechos  humanos  –tanto  civiles  y  políticos  como  económicos,  sociales  y 
culturales–, es el más importante proyecto sociopolítico civilizador desarrollado por la 
humanidad. Su instrumento esencial a nivel nacional es la Constitución, cuya relevancia, 
por ese motivo, transciende a la significación de un mero texto jurídico. Es el anhelo de 
un pueblo soberano de consolidar todos los avances logrados por las generaciones que 
le precedieron y, a partir de la cual, las generaciones venideras irán construyendo una 
sociedad  que  profundice,  como  exigencia  básica  para  su  justificación,  en  el 
perfeccionamiento del sistema jurídico que supone en la democracia.
Toda Constitución, en lo que se ha venido a denominar su parte dogmática, contiene 
derechos y garantías, pero también valores, principios y mandatos. Los derechos y 
garantías, con toda la concreción de su reconocimiento, reflejan con frecuencia aquellos 
hitos ya conquistados por cada pueblo soberano merced a las luchas que haya tenido 
que librar en su historia. Depende de cada pueblo y de su propia evolución que el nivel 
de consolidación reflejado en su Constitución muestre mayores o menores rasgos de 
progreso y que esos hitos aparezcan con una expresión concreta vinculados a su propio 
devenir.  Por  su  parte,  los  valores,  principios  y  mandatos,  con  un  mayor  nivel  de 
abstracción y, por tanto, más difícilmente aprehensibles por legisladores e intérpretes, si 
bien  también  reflejan  en  ese  nivel  abstracto  la  culminación  de  ciertos  progresos, 
indefectiblemente representan los elementos a partir de los que el sistema jurídico debe 
proyectarse en una apertura interpretativa hacia el futuro democrático como mandato de 
justificación ínsito en su propia existencia.
3.  Los textos regionales y universales de derechos humanos representan en este 
contexto  un  mínimo  común  imprescindible.  Si  las  partes  dogmáticas  de  las 
constituciones nacionales suponen la consolidación civilizadora del pueblo soberano que 
las promulga, los textos regionales y universales de derechos humanos implican esa 
misma consolidación en los ámbitos territoriales respectivos de las naciones que los 
ratifican.
De ese modo, el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito nacional cuenta 
con un mínimo indisponible en las previsiones de estos textos internacionales. En la 
Constitución aparece reflejado a través del mandato de interpretación conforme con «la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España» (art. 10.2 CE). Como ya ha reiterado 
la jurisprudencia de este tribunal, si bien esta previsión no convierte a tales textos en  s
canon de constitucionalidad desde la perspectiva de los derechos fundamentales, ni da  oe.
tfrcauaonnnntdgvoaoi em nrcoteeo n netsasttatlieétmusnc b ityioaé nmnlai bbl eieéarnnt a  ldorceesocs no dtnqeeourneceidci dholoao s s cC eoyonn n sllisatbitt eiutCurctocaioindónsenats ilt mureicnecitónoentnren,o  acecdenie o lc(naSlaa TplrmaCráde con1t ti7ce2ad / ep2s r0uo2l co0clsao,  mndtdaeeedn roi1eds9co,  h deosenes     2021-18372n https://www.
noviembre, FJ 8). Por tanto, al margen del necesario diálogo entre los máximos órganos
encargados de la interpretación de los derechos fundamentales dentro de su ámbito de
competencias respectivo, que son conformadores de una comunidad jurídica común e 
interrelacionada, nunca podría concederse constitucionalmente menos que lo reconocido 
en el ámbito regional o universal de los derechos humanos (principio de interpretación 
conforme).
Ahora bien, tampoco satisface la lógica de la relación entre la parte dogmática de 
una constitución nacional y los textos regionales y universales de derechos humanos que 
el contenido constitucionalmente declarado de los derechos fundamentales y libertades a 
nivel nacional quede limitado o se agote al proclamado por los intérpretes de esos textos 
internacionales  (principio  de  no  limitación).  Mucho  menos,  que  a  su  amparo  se 
perjudiquen contenidos de los derechos y libertades fundamentales ya consolidados o 
que pudieran consolidarse conforme al nivel de reconocimiento estatal (principio de no 
regresión). Ambos principios de no limitación y no regresión aparecen codificados y 
reconocidos en el ámbito del derecho regional europeo de los derechos humanos en el 
art. 53 CEDH, en el que se afirma que «[n]inguna de las disposiciones del presente 
Convenio se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos 
y  libertades  fundamentales  que  podrían  ser  reconocidos  conforme  a  las  leyes  de 
cualquier alta parte contratante o en cualquier otro convenio en el que esta sea parte». 
Un precepto de contenido similar se contiene en el art. 53 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. Estos principios, además, deben complementarse 
con un tercero que aparece reconocido en el art. 2.2 del Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, al establecer el compromiso del logro progresivo de la 
plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional, lo que 
ya se considera de aplicación a la totalidad del contenido del derecho universal de los 
derechos humanos (principio de progresividad).
4.  En España la proyección de los principios de no limitación, de no regresión y de 
progresividad, interpretados en conjunto, se alza como un argumento fundamental contra 
la constitucionalidad de la regulación de la pena de prisión permanente revisable.
El  principio  de  no  limitación  no  permite  por  sí  mismo  fundamentar  la 
inconstitucionalidad de esta pena. No obstante, despliega el importante efecto de evitar 
que, a partir de un mero análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos 
Humanos  sobre  este  tipo  de  penas,  pueda  llegarse  a  la  conclusión  de  que  su 
conformidad con el CEDH conlleva su constitucionalidad sin mayores consideraciones. 
Conviene insistir en ello: el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos 
Humanos puede tener como resultado la determinación de un contenido mínimo del 
derecho fundamental o libertad concernido que no puede desconocerse por el Tribunal 
Constitucional. Sin embargo, una vez verificado ese contenido mínimo y que el estándar 
constitucional no se desarrolla en un nivel inferior, todavía resulta preciso, como labor 
propia de la jurisprudencia constitucional, determinar si el estándar constitucional exige 
aceptar un nivel superior sin traicionar otros principios constitucionales o de Derecho 
internacional, particularmente el de la prioridad de los ordenamientos superiores.
Esta  labor  es  especialmente  importante  cuando  las  previsiones  constitucionales 
implicadas en la interpretación no resultan idénticas en el CEDH y en la Constitución. 
Ese es el supuesto que concurre en este caso. El art. 3 CEDH mantiene un idéntico nivel 
de reconocimiento en lo relativo a la prohibición de penas inhumanas o degradantes que 
el art. 15 CE. Sin embargo, la Constitución, a diferencia del CEDH y en un nivel de 
contenido superior, ha incluido de manera expresa el reconocimiento, por una parte, del 
principio de la dignidad humana como fundamento del orden político (art. 10.1 CE) y, por 
otra, del mandato de que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la  e.
reeducación  y  reinserción  social  (art.  25.2  CE).  Estas  expresas  previsiones  w.b
constitucionales, como se desarrollará posteriormente, son fundamentales en la defensa  372ww
dreec olan oincceor nqsuteitu tcaimonbaiélidna sdo nd ea slap epcetonsa  qduee  phraisnió snid poe prmonadneernatdeo rse pviosra lbal ej,u rsisinp rpuedrejunicciiao  ddeel 
eTxripbruensaol  eEnu reolp CeoE DDHe r(eacshí,o sp oHr uemjeamnpolso,,  pSeSrTo EsDinH  lad eb a9s dee q juuelio a dpeo r2ta0 1u3n,  arescuonntoo cViminiteenr toy 
otros c. Reino Unido, § 113-118, y de 13 de junio de 2019, asunto Marcello Viola c. Italia, 
§ 113).
5.  El principio de no regresión, en nuestro peculiar contexto histórico-constitucional, 
despliega una eficacia autónoma en la fundamentación de la inconstitucionalidad de esta 
pena,  ya  que,  con  carácter  general,  proscribe  el  retorno  peyorativo  en  el  nivel  de 
consolidación de una situación generada a partir de la comprensión del contenido de un 
derecho fundamental o de mandatos, valores y principios constitucionales sin razones 
extraordinarias que lo justifiquen. Esto es lo que, a nuestro juicio, ha sucedido con la 
reinstauración  en  España  de  una  pena  privativa  de  libertad  indeterminada  en  su 
extensión temporal y potencialmente perpetua.
A estos efectos, consideramos relevante resaltar los siguientes cuatro aspectos:
(i)  El proceso de progresión humanizador en la configuración de las penas está 
caracterizado, entre otros elementos esenciales, por su respeto a la dignidad humana 
conforme al devenir desde sociedades más autoritarias a otras más democráticas y 
respetuosas de los valores humanos en el curso histórico de eliminación de la crueldad 
como regla de convivencia. La disminución de la crueldad constituye en una narrativa 
histórica uno de los fines, junto con el gobierno por consenso y la libre comunicación, 
que presiden el desarrollo de las instituciones liberales. Esa humanización ha permitido 
evolucionar –aunque no haya sido de manera lineal, siempre de manera progresiva y 
constante con los altibajos derivados de diversas coyunturas históricas– desde penas 
corporales como la tortura, tormento, trabajos forzados y similares y la pena de muerte 
hasta penas privativas de libertad. Dentro de las penas privativas de libertad este tránsito 
se ha producido desde penas a perpetuidad indefectibles de por vida, pasando por 
penas permanentes redimibles, hasta las penas delimitadas temporalmente.
Son reiterados los pronunciamientos en que esa progresión en la sucesiva abolición 
de penas más intrusivas en favor de otras que lo son menos aparece vinculada a un 
concepto amplio de humanización de las penas que, en nuestro ámbito constitucional, 
aparece reflejado de manera prioritaria en los ya citados art. 10.1 CE, en que se 
establece el principio de la dignidad humana como fundamento del orden político, y 
art. 15 CE, en que se prohíben las penas inhumanas y degradantes e, inmediatamente 
después de esa declaración, se declara abolida la pena de muerte en tiempo de paz.
Así, por ejemplo, quedó reflejado en la STC 181/2004, de 2 de noviembre, en que se 
incidió especialmente en que la interdicción constitucional prevista en el art. 15 CE posee 
el doble significado de, por una parte, constituir «un valor fundamental de las sociedades 
democráticas […] que se conecta con el respeto a los derechos fundamentales más 
básicos del individuo en sus relaciones con el Estado»; y por otra, estar estrechamente 
relacionada con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), «que constituye una cualidad 
ínsita a la misma, que por tanto corresponde a todo ser humano con independencia de 
sus  concretas  características  particulares,  y  a  la  que  se  contraponen  frontal  y 
radicalmente los comportamientos prohibidos en el art. 15 CE, bien porque cosifican al 
individuo,  rebajándolo  a  un  nivel  material  o  animal,  bien  porque  lo  mediatizan  o 
instrumentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo» (FJ 13); 
concluyendo que ambos aspectos pueden resultar concernidos con la aplicación de 
penas privativas de libertad a perpetuidad (FJ 16). Ese mismo parecer se proyecta en 
pronunciamientos de otros tribunales constitucionales de nuestro entorno cultural como 
son el alemán [por ejemplo, sentencias de 21 de junio de 1977 (BVerfGE 45, 187); de 24 
de abril de 1986 (BVerfGE 72, 105), y de 16 de enero de 2010 (BVerfG, 2 BvR 2299/09)]  e
y el italiano (por ejemplo, sentencias 204/1974, de 24 de julio; 264/1974, de 7 de  bo
noviembre; 274/1983, de 21 de septiembre, o 161/1997, de 2 de junio). También aparece  372ww
edne  2la0 1ju3r,i sapsruundteon Vciian tedre ly  Tortirbousn acl.  REuerinoop eUon iDdeor, e§c h1o1s3 ,H yu dmea n1o3s d (eS jSuTniEoD dHe  d2e0 199 , daes ujunltioo 
MTraibrucenlalol  SVuioplrae mc.o I teanli ala,  §s e1n1t3e)n.c Tiaa mnúbmié.n 7 h1a6 /2si0d1o8 ,d edset a1c6a ddeo  epnoer rloa  dSea l2a0 1d9e,  laol  Paefirnmala rdseel 
que esta pena «no solo compromete a perpetuidad la libertad del condenado, sino
también  su  propia  dignidad  (los  comentaristas  patrios  clásicos  de  los  códigos 
decimonónicos afirmaban que quitaba toda esperanza y eliminaba el rasgo esencial del 
hombre, la sociabilidad)» (fundamento de Derecho cuarto).
(ii)  La  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  pronunciada  en 
relación con penas perpetuas redimibles y su conformidad con la obligación del art. 3 
CEDH  de  prohibición  de  penas  inhumanas  y  degradantes  se  ha  desarrollado  en 
situaciones en que dichas penas fueron reguladas en sustitución de la pena de muerte y 
en las que, por tanto, para dichos países, con el margen de apreciación nacional que ello 
implica, suponían un avance humanizador en su sistema interno de penas.
La  circunstancia  de  que  la  pena  de  prisión  perpetua  lo  fuera,  sin  solución  de 
continuidad, en sustitución –por conmutación o por abolición– de la pena de muerte es, 
además, significativamente reafirmada en diversas de esas resoluciones del Tribunal 
Europeo Derechos Humanos. Así sucedió, por ejemplo, en la STEDH de 12 de febrero 
de 2008, asunto Kafkaris c. Chipre, § 33, en que la controversia sobre la pena de prisión 
perpetua impuesta al recurrente lo había sido tras una modificación legislativa operada 
en Chipre en 1983 por la que el delito de asesinato pasaba de una sanción de pena de 
muerte a la de prisión perpetua. Algo semejante sucede en relación con Reino Unido 
(SSTEDH de 9 de julio de 2013, asunto Vinter y otros c. Reino Unido, § 34, y de 17 de 
enero de 2017, asunto Hutchinson c. Reino Unido, § 13), en que la pena de prisión 
perpetua se establece en 1965 en Inglaterra y Gales a partir de la abolición de la pena 
de muerte para el delito de asesinato. Por su parte, en el caso resuelto en la STEDH 
de 18 de marzo de 2014, asunto Öcalan c. Turquía –núm. 2–, § 9 a 12, la pena de prisión 
perpetua había sido impuesta con ocasión de la conmutación de una pena de muerte 
tras la abolición constitucional de esta última pena en tiempo de paz producida en 
Turquía en 2001. También en los supuestos resueltos por la STEDH de 8 de julio 
de 2014, asunto Harakchiev y Tolumov c. Bulgaria, § 58, en que se destaca que la pena 
de muerte se abolió en 1998 en dicho país, al mismo tiempo que se introdujo como pena 
de reemplazo la cadena perpetua; por la STEDH de 23 de mayo de 2017, asunto 
Matiošaitis y otros c. Lituania, § 61 a 65, en relación con la conmutación de la pena de 
muerte por la prisión perpetua prevista legalmente y la impuesta tras la declaración de 
inconstitucionalidad de la pena capital por el Tribunal Constitucional de Lituania por 
pronunciamiento de 9 de diciembre de 1998, o por la STEDH de 12 de marzo de 2019, 
asunto Petukhov c. Ucrania –núm. 2–, § 75 a 76, también en relación con la sustitución 
de  la  pena  de  muerte  por  la  pena  de  prisión  perpetua  tras  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de la primera por resolución del Tribunal Constitucional de Ucrania 
de 29 de diciembre de 1999.
Del mismo modo, aunque no se hiciera constar expresamente esa circunstancia en el 
texto de las resoluciones, también se produce ese supuesto de sucesión normativa sin 
solución de continuidad entre la pena de muerte y la pena perpetua en los supuestos 
resueltos en las SSTEDH de 25 de mayo de 2014, asunto László Magyar c. Hungría; 
de 4 de octubre de 2016, asunto T.P. y A.T. c. Hungría, y de 17 de junio de 2021, asunto 
Sándor Varga y otros c. Hungría, toda vez que la pena de muerte quedó abolida en 
Hungría a partir del pronunciamiento de su Tribunal Constitucional de 24 de octubre 
de 1990; o en la STEDH de 22 de julio de 2014, asunto Čačko c. Eslovaquia, ya que la 
abolición de la pena de muerte se produjo por mandato constitucional en 1990.
(iii)  La regulación de la pena de prisión permanente revisable en España mediante 
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, supone, desde la perspectiva que estamos 
analizando, un retroceso objetivo en el devenir del diseño legislativo de la progresiva  s
humanización de las penas en el ordenamiento jurídico penal español. La pena de  oe.
prisión perpetua fue eliminada en el Código penal de 1928, situación que se consolidó  w.
con el Código penal de 1932, que eliminó, además, las penas indeterminadas, lo que en  372ww
slau  neoxrpmoasticivióan p deen aml o(ativpoasrt asdeo v iVn)c.u Nlói  esxiqpureiesraam eenn tlea sc osnu clae sniveacse sriedfaodrm daes h puemnaanleizsa cyi óenn  deel 
mCóudeirgteo,  pseen arel cduep e1r9a4ro4n a npir olabsa dpoesn adsu rparnivtea tliava Ds icdtea dliubrear,t aedn  pqeurep estuea rse tnoim laós  lad ep etineam dpeo   BOE-A-cable e
indeterminado no indefectibles de por vida. De modo tal que el límite inferior de la pena 
de muerte era una pena privativa de libertad de duración determinada (la reclusión 
mayor con una extensión de veinte años y un día hasta treinta años) como también lo 
era la que resultaba de aplicación en los casos de conmutación de la pena de muerte 
(normalmente una pena de treinta años).
El advenimiento del régimen democrático instaurado por la vigente Constitución 
de 1978 abolió la pena de muerte en tiempo de paz (art. 15 CE) sin hacer ningún 
pronunciamiento expreso en relación con las penas privativas de libertad indeterminadas 
y potencialmente perpetuas, que eran, como se ha expuesto, desde largo tiempo antes 
desconocidas en el ordenamiento penal. A su amparo y hasta la normativa en que se 
introdujo la pena de prisión permanente revisable, ahora impugnada, el ordenamiento 
penal español mantuvo, incluso tras la desaparición de la pena de muerte, que las penas 
más  graves  en  términos  absolutos  serían  penas  privativas  de  libertad  de  tiempo 
determinado.
Por tanto, durante casi cien años, con diferentes regímenes políticos democráticos 
–monárquicos o republicano– y dictatoriales, España se constituyó como un país 
abolicionista de las penas privativas de libertad a perpetuidad o indeterminadas no 
indefectibles  de  por  vida.  Esta  situación  se  mantuvo  también  para  los  casos  de 
conmutación de la pena de muerte, cuando estuvo vigente, y en los momentos en los 
que las democracias propiciadas por las Constituciones de 1931 y 1978 abolieron la 
pena de muerte.
(iv)  La  reincorporación  de  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  en  el 
ordenamiento  penal  español  se  produce  sin  que  existan  aparentes  razones  de 
extraordinaria necesidad que permitieran excepcionar el principio de no regresión.
No cabe controvertir que, como ha destacado la jurisprudencia constitucional de 
manera reiterada, es el poder legislativo quien tiene la competencia exclusiva para el 
diseño de la política criminal, correspondiéndole un amplio margen de libertad, dentro de 
los límites de la Constitución, para la configuración tanto de los bienes penalmente 
protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, como del tipo y la cuantía de 
las sanciones penales, o la proporción entre las conductas que pretende evitar y las 
penas con las que intenta conseguirlo (STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 3). Ahora bien, 
la cuestión que ahora es objeto de debate no radica en la competencia constitucional del 
legislador orgánico ni la amplitud de su configuración para el diseño de la política 
criminal, como tampoco que pudiera tener razones justificativas para el diseño de una 
nueva pena indeterminada y potencialmente de por vida. Lo debatido es si el legislador, 
a la vista del principio de no regresión, ha superado los límites constitucionales de su 
amplia libertad de configuración de la política criminal, al carecer de esas razones 
justificativas de tan imperiosa necesidad en el sistema jurídico propio de una sociedad 
democrática avanzada como para retroceder en el progreso de la humanización del 
sistema de penas español en casi cien años.
El preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se regula esta 
pena, hace mención en el párrafo segundo de su apartado I a que «la necesidad de 
fortalecer  la  confianza  en  la  administración  de  justicia  hace  preciso  poner  a  su 
disposición  un  sistema  legal  que  garantice  resoluciones  judiciales  previsibles  que, 
además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo el 
modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente 
revisable  para  aquellos  delitos  de  extrema  gravedad,  en  los  que  los  ciudadanos 
demandaban una pena proporcional al hecho cometido». En el apartado II de dicha  s
exposición, en que se hace una descripción y análisis más detallada de esta pena, no  oe.
aparecen nuevas referencias justificativas de la reincorporación de esta pena, sino de su  w.
constitucionalidad. De ese modo, parece que las razones legislativas de política criminal  372ww
oernd efnaavmori edneto  lpae nimalp deerilo saac tunael creésgiidmaedn  ddee muoncar ápticeon ae sdpea ñeosl tqaus edcaanra clitmeritíasdticaass,  peonr  uenl 
lado, al fortalecimiento de la administración de justicia mediante resoluciones judiciales
previsibles y socialmente percibidas como justas; y, por otro, a una demanda social de 
penas proporcionadas para delitos de extrema gravedad.
La suficiencia justificativa de estas razones ya fue objeto de análisis en el informe 
de 16 de enero de 2013 elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la 
regulación de esta pena en el que se hacían tres consideraciones de gran interés, que 
cabe  ahora  reproducir:  (i)  que  «ninguna  referencia  aparece  respecto  de  las 
circunstancias  que,  precisamente  en  el  momento  actual,  aconsejan  que  una  pena 
privativa de libertad eventualmente perpetua se instaure en el vigente Código penal, en 
contra de la evolución histórica a que se ha hecho mención en este informe»; (ii) que las 
menciones señaladas «en poco contribuye[n] a esclarecer las motivaciones de política 
criminal que justifican la introducción de la antedicha medida»; y (iii) que esta pena «no 
se justificaría por el incremento numérico de los crímenes para los que se prevé esa 
sanción», a cuyos efectos se recuerda que la tasa de homicidios de España es de las 
más bajas de Europa y que, respecto de los atentados contra la vida de tipología 
terrorista, «la lucha antiterrorista puede ser plenamente eficaz mediante la conjunción de 
una  serie  de  medidas  de  diversa  índole,  sin  necesidad  de  introducir  la  [prisión 
permanente revisable] en el Código penal» (pp. 43 y 44).
También  hizo  una  velada  crítica  a  esa  ausencia  de  justificación,  en  este  caso 
vinculada  al  encaje  con  el  sistema  vigente  de  penas  de  larga  duración  propio  del 
ordenamiento jurídico español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la ya citada 
sentencia núm. 716/2018, de 16 de enero de 2019, al afirmar que «el legislador, no 
invoca precedentes históricos, sino Derecho comparado, a pesar de la singularidad de la 
dilatada extensión de las penas de prisión, normas dosimétricas concursales, ámbito de 
la individualización judicial y límites máximos de cumplimiento de nuestro ordenamiento, 
sobre los que tal pena debería sistemáticamente incorporarse, tan dispares del Derecho 
comparado invocado» (fundamento de Derecho cuarto).
6.  De manera resumida, para concluir en la inconstitucionalidad de la pena de 
prisión permanente revisable en aplicación del principio de no regresión, puede afirmarse 
lo siguiente:
(i)  El principio de no regresión está ligado estrechamente a la regla básica de 
justificación del sistema jurídico basada en la progresión del respeto a los valores 
democráticos y de la protección de los derechos fundamentales. Este principio proscribe, 
con carácter general, el retorno peyorativo en el nivel de consolidación de una situación 
generada a partir de la comprensión del contenido de un derecho fundamental o de 
mandatos,  valores  y  principios  constitucionales  sin  razones  extraordinarias  que  lo 
justifiquen. En el ámbito ahora discutido, el principio constitucional de respeto a la 
dignidad humana (art. 10.1 CE) y la prohibición de penas inhumanas y degradantes 
(art. 15 CE) propician que el sistema de penas progrese hacia penas cada vez más 
humanizadas en que las penas privativas de libertad resulten determinadas en el tiempo 
y no potencialmente de por vida.
(ii)  La jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos en relación con este 
tipo de penas ha concluido su conformidad con el CEDH en caso de que resultaran 
redimibles. Esos pronunciamientos lo han sido en situaciones en que, asumiendo el 
respeto  al  margen  de  apreciación  nacional  propio  de  esta  jurisdicción  regional  de 
derechos humanos, dichas penas fueron establecidas sucediendo a la pena de muerte 
como un avance humanizador del sistema interno de penas de los países respectivos.
(iii)  En España, el avance civilizador que supuso la abolición de las penas privativas  e
de libertad indeterminadas y potencialmente perpetuas se consumó con el CP de 1928 y  bo
así  se  mantuvo  durante  regímenes  constitucionales  y  dictatoriales  e  incluso  en  372ww
sSuinpguuelsatromse ndtee   evnig eenlc iaac tudael   lraé gipmeenna  cdoen stmituuceiortnea l y sec uhaan dom aenstetan idroe seusltaó   paobsoilcidióan. 
jaubríodliiccioo ndisetla v ijguenntatem esinsttee mcoan d leam doec rláat ipcoe n–ac odne  lma useorltae .p Nreos epnacrieac dee q pueen eals  oprdrievnaativmaise ndtoe 
libertad determinadas en su extensión temporal– haya desarrollado su política criminal 
de manera poco exitosa y deficiente atendiendo a las cifras de criminalidad.
(iv)  La  reincorporación  de  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  en  el 
ordenamiento penal español se ha producido en ausencia de razones de extraordinaria e 
imperiosa necesidad para el vigente sistema constitucional. Esa circunstancia impide 
excepcionar el principio de no regresión respecto de una situación de humanización del 
sistema de penas. No se justifica suficientemente desde la perspectiva constitucional el 
retorno a una pena que llevaba casi cien años desaparecida y que durante casi cuarenta 
años del presente régimen democrático no se ha considerado necesaria por el legislador 
ni siquiera en contextos en que ciertos delitos de extrema gravedad parecían poner en 
peligro la paz social y la propia pervivencia del sistema constitucional.
B)  La aplicación de una interpretación progresiva del mandato de la orientación 
hacia la reinserción social de las penas privativas de libertad (art. 25.2 CE) a la pena de 
prisión permanente revisable, como potencialmente indefectible de por vida.
7.  El art. 25.2 CE establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Este mandato, 
al  incidir  de  manera  directa  en  que  el  objetivo  de  que  estas  penas  es  la  futura 
reintegración en la sociedad del penado tras el cumplimiento de su condena, permite 
concluir que implica la interdicción de cualquier tipo de pena que pueda frustrar ese 
objetivo,  que  es  lo  que  sucede  con  las  penas  diseñadas  legislativamente  como 
potencialmente  perpetuas.  Esta  conclusión  viene  avalada  por  el  principio  de 
progresividad,  conforme  al  cual  se  asume  el  compromiso  de  avanzar  en  la  plena 
efectividad de los derechos fundamentales, que en este contexto es la irrenunciable 
finalidad de que la privación de libertad sirva y sea instrumental para la reinserción social 
del condenado y, por tanto, prohibitiva de penas potencialmente perpetuas.
La conexión entre el mandato de la orientación de las penas privativas de libertad a 
la reinserción social y la prohibición de penas potencialmente de por vida ya aparece 
constitucionalizado en diversos países. Es significativo que la Constitución de Portugal 
de 1976, nacida en un momento y contexto histórico –la llamada oleada democrática de 
los años 70 del siglo pasado– muy semejante a la Constitución española de 1978, en su 
art. 30.1, al regular los límites de las penas y de las medidas de seguridad, dispone que 
«no podrá haber penas o medidas de seguridad privativas o restrictivas de libertad con 
carácter  perpetuo,  ni  de  duración  ilimitada  o  indefinida».  Lo  mismo  sucede  con 
constituciones más modernas como la colombiana de 1991, en que se prohíbe la pena 
de prisión perpetua (art. 30), y la de Bolivia de 2009, cuyo art. 118, a la vez que 
determina que «el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de 
seguridad  están  orientadas  a  la  educación,  habilitación  e  inserción  social  de  los 
condenados,  con  respeto  a  sus  derechos»  (apartado  III),  dispone  que  «la  máxima 
sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto» 
(apartado II).
Por tanto, aun en ausencia de un pronunciamiento expreso en la Constitución sobre 
la abolición de penas potencialmente perpetuas, la mera declaración constitucional del 
mandato de reinserción social se ofrece, con apoyo en el principio de progresividad, 
como  fundamento  contra  la  constitucionalidad  de  la  pena  de  prisión  permanente 
revisable.
8.  Esta  conclusión,  además,  viene  fortalecida  tanto  por  una  interpretación  del  s
contexto histórico del surgimiento de este mandato como por una interpretación subjetiva  oe.
dpdelea  nlaEste ulv a aomprlutr.iene 1ttnea5tndo Cs  cidEóoe nnp  slratodi theueí ybvaeeebnn lottaeul i.arp le enpsarto adh eipb meicniuóaen r thceao esntnsa t tiiteeumnctioponona cdel esd  peva ipzge ecnnoatmes. o p Pcrioovnar stieevlca usce odnnect iraali brlióeogr,t iacedal    2021-18372n https://www.
potencialmente indefectibles de por vida carecía de ningún tipo de incentivo histórico. Se
trataba de una pena desaparecida hacía casi un siglo, que ni siquiera la Dictadura había
retomado. En esas circunstancias históricas, la expresa abolición constitucional podía 
ser percibida como un anacronismo innecesario.
Por  otra  parte,  desde  el  primer  momento  en  el  proceso  de  elaboración  de  la 
Constitución, se frustró cualquier pretensión de que, ante la abolición de la pena de 
muerte, pudiera retomarse en su sustitución cualquier tipo de pena privativa de libertad 
indeterminada  potencialmente  perpetua.  Así,  es  significativo  que  el  art.  24.4  del 
anteproyecto de la Constitución, en que ya se establecía que «las penas privativas de 
libertad  tendrán  una  finalidad  de  reeducación  y  de  reinserción  social  y  no  podrán 
suponer, en ningún caso, trabajos forzados», fue objeto en el Congreso de la enmienda 
núm. 63 en la que se proponía la supresión de la mención a la reinserción social, «sobre 
todo, porque ello equivaldría a la supresión de la cadena perpetua». La propuesta no fue 
aceptada en el informe de la ponencia designada para el estudio de las enmiendas, que 
mantuvo la expresión «reinserción social» y así continuó hasta la aprobación definitiva, si 
bien renumerada como art. 25.2 CE.
9.  El legislador orgánico, en interpretación del art. 25.2 CE, también ha mostrado 
las  fundadas  dudas  que  le  generaba  la  posible  compatibilidad  del  mandato  de 
reinserción social con penas potencialmente de por vida. A esos efectos, es de destacar 
que  cuando  se  autorizó  la  ratificación  por  España  del  Estatuto  de  la  Corte  Penal 
Internacional, mediante la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, ante la previsión en 
este Estatuto de la pena de reclusión a perpetuidad [art. 77.1 a)] reducible bajo las 
condiciones establecidas en el art. 110, se formuló la declaración de que España, «en su 
momento,  estará  dispuesta  a  recibir  a  personas  condenadas  por  la  Corte  Penal 
Internacional, a condición de que la duración de la pena impuesta no exceda del máximo 
más elevado previsto para cualquier delito con arreglo a la legislación española». Esta 
declaración aparece justificada en el apartado V de la exposición de motivos de la citada 
Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, afirmando que «era necesaria por las previsiones 
del artículo 25.2 de la Constitución, que exige que las penas privativas de libertad estén 
orientadas a la reeducación y reinserción social del condenado».
Estas mismas dudas han sido destacadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en la ya citada sentencia núm. 716/2018, de 16 de enero de 2019, que de 
manera franca afirma que la ahora denominada prisión permanente, con el adjetivo 
añadido de revisable, «no evita la posibilidad de que integre prisión por vida, aunque 
paradójicamente se afirma su constitucionalidad, porque existe posibilidad de que no sea 
perpetua o si se prefiere, porque su “permanencia” no es inexorable» (fundamento de 
Derecho cuarto).
10.  En resumen, una interpretación del mandato de reinserción social del art. 25.2 
CE,  de  conformidad  con  el  principio  de  progresividad,  propicia  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable, en tanto que no excluye 
su  potencial  perpetuidad,  con  fundamento  en  estos  argumentos:  (i)  la  incipiente 
vinculación en el Derecho constitucional comparado del mandato de reinserción social 
con  la  prohibición  de  este  tipo  de  penas  como  fundamento  para  su  abolición 
constitucional; (ii) el contexto histórico del surgimiento de este mandato constitucional de 
reinserción social, que da razón suficiente justificativa de que no fuera acompañado de 
una  previsión  expresa  sobre  la  abolición  de  penas  de  esta  naturaleza;  (iii)  la 
interpretación subjetiva de la voluntad constituyente, derivada del proceso de elaboración 
de la Constitución, que demostraría que la inclusión del mandato constitucional de 
reinserción social pretendía servir de previsión suficiente contra la reinstauración de  e
penas  perpetuas;  y  (iv)  la  propia  percepción  del  legislador  orgánico,  previa  a  la  bo
regulación  de  la  pena  de  prisión  permanente  revisable,  de  que  este  mandato  372ww
cons1t1it.u ciEoln aTlr iibmupneadl íEa ularo vpigeeon Dciear edceh poesn Hasu mdea neossta ns oc ahraa cltleegríasdticoa as .la misma conclusión
cuando ha proyectado el mandato de rehabilitación a las penas privativas de libertad
indeterminadas no indefectibles de por vida. Como ya se ha expuesto, el CEDH, a
diferencia de la Constitución, no establece ninguna previsión respecto de la orientación 
de la pena privativa de libertad. A pesar de ello, el Tribunal Europeo Derechos Humanos 
ha  realizado  importantes  pronunciamientos  en  la  materia  vinculados  al  principio 
humanizador  de  las  penas  aprovechando,  precisamente,  el  análisis  de  penas 
potencialmente perpetuas. Para ello se ha basado, principalmente, en los documentos 
sobre tratamiento de los condenados de Naciones Unidas [Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977] y 
del Consejo de Europa [Reglas penitenciarias europeas, adoptadas por el Comité de 
Ministros  el  11  de  enero  de  2006  y  modificadas  el  1  de  julio  de  2020;  y 
Recomendaciones (2003) 22, sobre libertad condicional, y (2003) 23, sobre la ejecución 
de las penas a cadena perpetua y de larga duración, adoptadas por el Comité de 
Ministros el 24 de septiembre y 9 de octubre de 2003, respectivamente], que destacan la 
relevancia  de  la  idea  de  rehabilitación  de  los  condenados  como  uno  de  los  fines 
esenciales de las penas de prisión (así, STEDH de 9 de julio de 2013, asunto Vinter y 
otros c. Reino Unido, § 116 a 118).
Las  ideas  más  destacadas  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  Derechos 
Humanos en la materia son: (i) El principio de la dignidad humana impide privar a una 
persona  de  su  libertad  sin  atender  simultáneamente  a  su  reinserción  social  y  sin 
proporcionar la oportunidad de recuperar esa libertad algún día, lo que implica dar a los 
condenados a penas a perpetuidad una posibilidad real de liberación. (ii) El mandato de 
reinserción social, aunque no implica una obligación positiva de resultados, sí la implica 
de medios, por lo que se deben garantizar sistemas penitenciarios compatibles con el 
objetivo  de  una  posibilidad  efectiva  de  reinserción  social.  Y  (iii)  este  mandato  es 
incompatible  con  situaciones  normativas  que  objetivamente  obstaculicen  las 
posibilidades efectivas de reinserción social (STEDH de 13 de junio de 2019, asunto 
Marcello Viola c. Italia –núm. 2–, § 113).
Estos pronunciamientos suponen un avance objetivo en cuanto al contenido de este 
mandato  declarado  por  la  jurisprudencia  constitucional,  ya  que  inciden  de  manera 
fundamental en su dimensión de obligación positiva de medios y, especialmente, de 
prohibición de obstaculización de su cumplimiento. A pesar de ello, no han impedido que 
el Tribunal Europeo Derechos Humanos considerara compatible este tipo de penas con 
el CEDH a partir de la doble idea de que la finalidad de reinserción social no es el único 
objetivo legítimo de las penas privativas de libertad y de que dicha finalidad quedaría 
cumplida  si  la  pena  impuesta  no  resulta  necesariamente  de  por  vida  por  haberse 
establecido una regulación que posibilite una redención real de la pena en la que el 
penado puede albergar la esperanza en una liberación futura.
Esta posición del Tribunal Europeo Derechos Humanos solo puede asumirse por la 
jurisprudencia constitucional, en la línea ya expuesta anteriormente, como el contenido 
mínimo  del  mandato  de  reinserción  social  de  conformidad  con  el  principio  de 
interpretación conforme del art. 10.2 CE. Sin embargo, no es obstáculo para alcanzar la 
conclusión desarrollada en este voto de que en este caso la Constitución española es 
susceptible de una interpretación del mandato de reinserción social ubicado en un 
estándar superior de contenido que propicia la declaración de inconstitucionalidad de la 
pena de prisión permanente revisable a partir de principio de progresividad por no 
excluirse la posibilidad de que sea una pena a perpetuidad.
C)  La aplicación de los derechos a la libertad (art. 17.1 CE) y a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE) y del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) a la pena  e.
de prisión permanente revisable, como pena temporalmente indeterminada. w.b
lega1li2d.a d Lsaa njucrioisnparuddoeran c(iaar tc. o2n5s.1tit uCcEio)n, aql uhea c roemiteprraednod,e  etna mrebliaécni óunn ac osne reiel  ddeer egcahroa natí alas 
mpraetdeeritaelremsi naqcuióen,  noernm artievlaa cnióon s olcoo nd e leals  cleognidsulacdtaosr,  sacnocmiopnoardtaans  silnao  taemxigbeiénnc idae  ldaes 
correspondientes  consecuencias  jurídicas  que  se  puedan  derivar  de  su  comisión,
imponiendo una tipificación precisa con una adecuada concreción. Esta garantía material 
tiene como fundamento constitucional permitir al ciudadano predecir con suficiente grado 
de certeza las conductas que constituyen una infracción y el tipo y grado de sanción del 
que  pueden  hacerse  merecedores  quienes  las  cometan,  por  lo  que,  insiste  la 
jurisprudencia constitucional, este derecho garantiza conocer de antemano no solo la 
conducta proscrita, sino también la eventual sanción que pueda merecer el infractor, ya 
que ello afecta a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad del 
alcance de la norma en el ámbito penal (STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 3).
13.  El tribunal ya ha tenido la oportunidad, en aplicación de esta interpretación 
jurisprudencial, de pronunciarse sobre los efectos de esta garantía material respecto de 
determinados supuestos de tipificación de sanciones en que sus consecuencias jurídicas 
aparecían indeterminadas temporalmente en su límite máximo. En la STC 29/1989, de 6 
de febrero, en relación con la previsión del art. 13.1 del Decreto 3632/1974, en que se 
establecía para las infracciones muy graves multas de 2 500 000 pesetas «en adelante», 
se afirmó que «la expresión “en adelante”, contenida en el precepto últimamente citado, 
debe  entenderse  derogada  por  la  Constitución,  ya  que  introdujo  un  elemento  de 
indeterminación de la sanción administrativa imponible que resulta incompatible con el 
alcance material del principio de legalidad enunciado en el art. 25.1 de la Constitución. 
En otros términos, aquella expresión no satisface las exigencias de lex certa que el 
propio  abogado  del  Estado  identifica  como  integrante  del  derecho  fundamental 
garantizado por la citada norma constitucional» (FJ 3).
Del mismo modo, en la STC 129/2006, de 24 de abril, en relación con lo dispuesto en 
el art. 89.4 del Reglamento del Parlamento Vasco, en que solo se hacía referencia a que 
se  podría  decretar  la  suspensión  temporal  de  los  derechos  y  deberes  de  los 
parlamentarios en determinados supuestos, pero sin establecer un límite temporal, se 
afirmó que esa mera circunstancia, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, «es suficiente 
como para que, acreditado su fundamento, procediera la estimación del recurso» (FJ 3).
14.  Por tanto, la jurisprudencia constitucional, en interpretación y aplicación del 
derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), desde la perspectiva de la taxatividad 
de las consecuencias jurídicas del delito, que está en conexión tanto con la protección 
del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) como con el principio de seguridad jurídica 
(art. 9.3 CE), ha concluido que las sanciones que resultan indeterminadas en su límite 
máximo vulneran esta garantía materia por hacer inaccesible e imprevisible el alcance de 
la  pena.  Esta  jurisprudencia,  aplicada  a  la  pena  de  prisión  permanente  revisable, 
determina  que  esta  pena  debe  considerarse  contraria  a  las  citadas  previsiones 
constitucionales, ya que, si bien establece un límite mínimo para poder acordar la 
suspensión de su ejecución a través de la institución de la libertad condicional, sin 
embargo, resulta indeterminada en cuanto a su extensión temporal máxima pudiendo 
llegar a ser indefectible de por vida.
II.  Conclusión.
15.  El Tribunal, a tenor de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, 
ha decidido que en este momento histórico, en atención a un contexto internacional y 
regional todavía conmocionado y sacudido por recientes experiencias que propician 
excesivas demandas de seguridad en sacrificio de otros principios, aún resulta posible 
dejar al legislador orgánico un margen de regulación en esta materia.
Eso no impide afirmar que su presencia en nuestra legislación es un elemento de  e.
objetivo empobrecimiento de nuestro sistema jurídico  democrático y un ejemplo de  w.
regresión civilizadora que lo convierte en una anomalía histórica del actual sistema  372ww
dcoenmsoticturáctiiocnoa, lq. uRee csounltsat itcuocniotrnaadlimcteonritoe  hqau ee shtaabyale csididoo  yp dreecsiasrarmolleandtoe  uenl av pigoelíntitcea  rcérgimimineanl 
oqruieen tsaocmióent eh alacsia  plean raesi nsperirvcaiótinva ss ocdiea l,l ibeel rqtaude  ahla ymaa nredsattaob ldeeci dhou mesatnai zfaocrmióna  dy ed pee nsau   BOE-A-cable e
especialmente nefanda que tuvo vetado el acceso al Código penal en los últimos cien 
años de nuestra historia y que se aleja de los principios liberales en el cumplimiento de 
las penas para ampararse en una deóntica retributiva.
Tenemos la firme convicción de que un régimen constitucional avanzado con los 
niveles de delincuencia que presenta la sociedad española dispone de los resortes e 
inteligencia suficientes para poder diseñar una política criminal acorde con los principios 
constitucionales, en particular con las exigencias que impone el principio que garantiza la 
dignidad de la persona (art. 10.1 CE), el que establece que las penas han de estar 
orientadas hacia la reeducación, reinserción social (art. 25.2 CE) y las garantía de 
certeza que impone el principio de legalidad (art. 25.1 CE). Las supuestas demandas 
sociales  que  exigen  la  imposición  de  esta  pena  para  delitos  muy  graves,  aunque 
existieran, carecen de fuerza para desconocer los referidos principios. La madurez y 
grandeza de un Estado social y democrático de Derecho también se demuestra cuando 
es  capaz  de  alzarse  y  mostrarse  resistente  con  esas  demandas  supuestamente 
mayoritarias  si  materialmente  suponen  una  regresión  en  la  racionalidad  de  su 
ordenamiento  penal  y  en  las  cuotas  de  avance  civilizador  que  implica  la  propia 
democracia. Así lo impone también el compromiso intergeneracional. Es responsabilidad 
de  cada  generación  reforzar  la  justificación  del  sistema  jurídico  democrático 
perfeccionando la protección de los derechos fundamentales y profundizando en los 
valores  y  principios  vigentes  con  el  fin  de  sentar  precedentes  que  permitan  a  las 
generaciones futuras seguir avanzando en esa inmensa tarea de humanización.
Este voto compartido por los tres magistrados firmantes no hace referencia a la 
cuestión  de  si  las  condiciones  de  revisabilidad  de  la  pena  de  prisión  permanente 
revisable serían o no adecuadas desde el punto de vista constitucional, por entender el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón  que  no  es  necesario  un  mayor  abundamiento  respecto  de  la  tajante 
inconstitucionalidad de la figura de la pena de prisión permanente revisable.
Madrid, a seis de octubre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular adicional que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3866-2015
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular adicional por discrepar tanto de la fundamentación como del fallo 
de  la  sentencia  recaída  en  el  presente  proceso  de  inconstitucionalidad,  en  cuanto 
desestima la pretensión planteada por los recurrentes tras considerar que la regulación 
legal de la posibilidad de revisar la pena de prisión permanente establecida por la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, es conforme con los derechos fundamentales a no ser 
sometido a penas inhumanas o degradantes, a la libertad personal y a la seguridad y a 
los  diversos  contenidos  que  integran  el  denominado  principio  de  legalidad  de  las 
infracciones y sanciones penales (arts. 15, 17, y 25.1 y 2 CE), especialmente en cuanto 
establece el mandato de orientar las penas privativas de libertad hacia la reeducación y 
reinserción social.
En lo que sigue, reiterando mi conformidad con el voto particular discrepante firmado 
junto con la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón y el magistrado don Juan 
Antonio  Xiol  Ríos,  en  relación  con  las  razones  de  fondo  que  justifican  la  e.e
inconstitucionalidad de la pena de prisión permanente, deseo expresar adicionalmente  b
mi discrepancia específica con la concreta regulación legal de las posibilidades de  372ww
ssuussppeennssiióónn  sdeea  lpar áecjteiccaumcióenn ted ein alalc arenfzearbidlea. pena, regulación que determina que dicha
1.  Según  expresa  la  mayoría,  la  desestimación  de  los  aspectos  nucleares  del
recurso de inconstitucionalidad formulado en relación con la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, que introdujo en nuestro sistema penal la pena de prisión permanente, se 
fundamenta  en  considerar  que  la  posibilidad  otorgada  al  tribunal  sentenciador  de 
suspender condicionalmente su ejecución cuando pueda fundar la existencia de un 
pronóstico  favorable  de  reinserción  social  (art.  92  CP),  impide  apreciar  la 
inconstitucionalidad que se reclama.
No  cabe  dudar  de  que  una  pena  de  prisión  indefinida  sería  manifiestamente 
inconstitucional.  Por  ello,  centraré  ahora  mi  discrepancia  en  las  características  y 
requisitos exigidos por la previsión legal que permite suspender su ejecución para, desde 
ellos, abordar las razones de inconstitucionalidad que han sido alegadas y desestimadas 
en la sentencia.
Con el fin de facilitar la exposición, mi disconformidad puede ser agrupada en tres 
aspectos: el carácter inicialmente indeterminado de la pena, la duración e intensidad de 
la reacción penal que contempla y las dificultades que impone al mandato constitucional 
según  el  cual  las  penas  privativas  de  libertad  han  de  estar  orientadas  hacia  la 
reeducación y reinserción social de los condenados.
Entiendo que los requisitos a que queda sometida la posibilidad abstracta de revisión 
de la pena de prisión permanente permiten anticipar que, en la mayor parte de los 
supuestos, la pena devendrá irrevisable de facto, dados los extensos límites mínimos de 
cumplimiento  en  prisión  exigidos,  las  condiciones  penitenciarias  a  que  dicho 
cumplimiento queda sometido y los criterios que el tribunal sentenciador ha de tomar en 
consideración para acceder a suspender la ejecución de la pena.
El análisis diferenciado de cada uno de estos aspectos que, no obstante, se hallan 
intrínsecamente  relacionados,  no  debe  distraer  la  atención  de  su  enjuiciamiento 
constitucional conjunto, pues es la suma de déficits que aprecio la que considero debiera 
haber llevado a la estimación, en su mayor parte, del recurso de inconstitucionalidad 
analizado,  dando  lugar  a  una  intervención  legislativa  precisa  y  acorde  con  nuestro 
entendimiento de las normas y principios constitucionales en los que la impugnación se 
halla sólidamente fundada.
2.  Como punto de partida debo poner de relieve que, a diferencia del resto de las 
penas privativas de libertad (arts. 36, 76 y 78 bis CP), la pena de prisión permanente 
revisable no tiene duración determinada ni límite máximo de cumplimiento.
Su carácter indefinido  solo  muta cuando  así  lo  aprecia el tribunal sentenciador 
acordando la suspensión de la ejecución de la pena; posibilidad para la cual se exige en 
la ley el cumplimiento de tres requisitos básicos, que tienen que ver: (i) con el tiempo ya 
transcurrido  de  cumplimiento  efectivo  en  prisión;  (ii)  con  la  previa  clasificación 
penitenciaria  en  tercer  grado  del  penado  y  (iii)  con  la  apreciación  judicial  de  un 
pronóstico favorable de reinserción social. Y así:
a)  El requisito temporal: la suspensión de la ejecución de la pena solo puede 
otorgarse una vez superado un límite mínimo de cumplimiento; esto es, una vez el 
condenado haya extinguido un mínimo de veinticinco años de su condena. Este plazo se 
extiende hasta treinta años si el penado ha sido condenado por dos o más delitos; y 
hasta treinta y cinco años en los delitos de terrorismo.
b)  La clasificación en tercer grado: debe ser autorizada por el tribunal sentenciador 
previo  pronóstico  individualizado  y  favorable  de  reinserción  social,  pero  no  podrá 
efectuarse hasta que el penado haya cumplido un mínimo de quince años de prisión 
efectiva (regla general); que se amplía a dieciocho, veinte o veintidós años si el penado 
ha sido condenado por dos o más delitos graves. En los casos de terrorismo, se exige el  e
cumplimiento efectivo de veinte años de prisión si se trata de un solo delito, y de  bo
veinticuatro o treinta y dos años en caso de concurso de delitos. Y, dada la naturaleza de  372ww
la pecn) a Limap aupersetcai,a dciióchno j updriocniaóls dtiec ou ns eprráo ndóifísctiilcmoe fnatveo roabbtelen idbele r.einserción social: conforme
saul sa rta. n9te2c.1e dce) nCtePs, ,e sla sn ecciercsuanrisot aqnuceia esl  tdreibl udnealli,t oa  clao mviesttaid od,e  llaa  rpeelersvoannacliiad adde d elol sp ebnieandeos, 
jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta
durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos 
que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las 
medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de 
evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio 
tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.
En el caso de delitos referidos a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 
terrorismo se establecen requisitos sustantivos adicionales (art. 92.2 CP). En todo caso, 
el cumplimiento de los requisitos es obligado y acumulativo. Hasta tanto no se cumplan 
todos los requisitos legales expuestos, la privación de libertad se mantiene durante el 
resto de la vida biológica del penado.
3.  La  opinión  mayoritaria  de  la  que  disiento  rechaza  el  cuestionamiento 
constitucional de la regulación legal de la pena de prisión permanente poniendo el 
acento  en  la  posibilidad  legal  de  que  su  suspensión  sea  judicialmente  acordada. 
Siguiendo el método de análisis propuesto por la STEDH (Gran Sala) de 9 de julio 
de 2013, en el asunto Vinter y otros c. Reino Unido, se concluye ahora que la regulación 
impugnada es conforme a la Constitución en tanto supera el estándar mínimo de respeto 
a los derechos alegados establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No cabe compartir dicha conclusión. Respetar el Convenio no es, en todos los casos, 
respetar la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos 
expresa un estándar mínimo común para todos los países firmantes que la Constitución 
de  cada  estado  puede  incrementar,  lo  que  impide  una  traslación  mimética  de  sus 
pronunciamientos que ignore las diferencias normativas existentes entre aquella y este 
(SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6). En este 
caso, dicho estándar mínimo se refiere únicamente a la compatibilidad de la prisión 
perpetua con el art. 3 CEDH, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes, 
pero no toma en consideración el resto de los mandatos del Convenio que puedan ser 
equivalentes  a  los  que  han  sido  alegados  en  el  recurso  de  inconstitucionalidad 
(proporcionalidad, taxatividad y mandatos de reeducación y reinserción social).
Adicionalmente, las rigurosas condiciones exigidas por el art. 92 CP para acceder a 
suspender la ejecución de la pena nos alejan cuantitativamente de los modelos europeos 
de referencia y, de facto, dificultan extraordinariamente la expectativa del penado de ser 
puesto en libertad, haciéndola irredimible en la mayor parte de los supuestos. En la 
propia  resolución  del  tribunal  europeo  que  sirve  como  guía  al  razonamiento  de  la 
mayoría, se recuerda que una gran mayoría de Estados firmantes o bien no prevén la 
pena a cadena perpetua o, en el caso de que la prevean, establecen un mecanismo que 
garantiza la revisión de las penas a cadena perpetua después del transcurso de un 
periodo  de  tiempo  de  su  cumplimiento,  normalmente  después  de  haber  cumplido 
veinticinco años de pena de prisión (§ 117).
a)  Tras la reforma legal impugnada, en nuestro ordenamiento, veinticinco años de 
prisión efectiva constituyen el límite mínimo de cumplimiento, pero no es el único que se 
prevé.  En  esa  medida,  las  apelaciones  al  contexto  internacional  no  resultan 
suficientemente  convincentes.  El  denominado  periodo  de  seguridad,  el  plazo  de 
cumplimiento mínimo en prisión exigido por la reforma legal analizada, establece los 
veinticinco años de cumplimiento efectivo como límite mínimo; pero en la mayor parte de 
los supuestos, atendida la existencia de varios delitos o su naturaleza, se exige el 
transcurso de períodos más extensos de cumplimiento (veintiocho, treinta o incluso 
treinta y cinco años de prisión), transcurridos los cuales las posibilidades reales de  e
reinserción devienen meramente ilusorias. En la propia resolución desestimatoria (FJ 7)  bo
se ha de reconocer que otros países europeos no prevén penas de prisión permanente o  372ww
eLsetya bOlergcáenni cpala 1z/o2s0 1m5í;n aimsío os cduerr ecu emnp pliamísieenst oc oqmueo  eDsitnáanm paorrc ad,e Fbianjloa nddei alo, sA upsretrviais,t oBsé legnic ala, 
AlemNaon iaca ob eS udizeas,c eonn olocse rq uqeu see  feijna  emnu ucnh opse ridoed o lodse  qcuaisnocse,  añtroass  ol am erenfoorr.ma  penal,  al
establecer los delitos a los que se asocia la imposición de la pena de prisión permanente
se  configura  un  auténtico  concurso  real  de  delitos.  Así  ocurre  con  los  asesinatos 
precedidos de cualquier ataque a la libertad sexual, o los que se producen en un 
contexto de pertenencia a un grupo u organización criminal (art.140.1 y 2 CP) o a una 
organización terrorista (art. 78 bis.3), situaciones estas en las que el propio contexto está 
ya definiendo otra actividad delictiva que concurre con el atentado a la vida humana. En 
tal  medida,  los  periodos  de  seguridad  aplicables  serán  usualmente  superiores  a 
veinticinco años de prisión efectiva.
b)  Tampoco resulta asumible la otra apelación al contexto internacional que se 
formula al justificar la constitucionalidad de la pena. En modo alguno constituye un 
término de comparación equiparable la referencia a las previsiones del Estatuto de la 
Corte  Penal  Internacional.  Tanto  los  motivos  que  llevaron  a  su  creación  como  los 
crímenes que trata de combatir se distancian del fundamento y finalidad de un sistema 
penal nacional ordinario para delitos comunes.
En cuanto a la finalidad de la Corte Penal Internacional y la naturaleza de los delitos 
que son de su competencia, puede leerse en su preámbulo que se tuvo presente que 
«millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la 
imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad», por lo que se 
establece para conjugar «graves crímenes [que] constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad». Estos crímenes, de extrema gravedad en 
todos  los  casos,  son  los  siguientes:  el  crimen  de  genocidio;  los  crímenes  de  lesa 
humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión (art. 5); este último delito se 
refiere a aquel acusado que «estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente 
la acción política o militar de un Estado, […] planifica, prepara, inicia o realiza un acto de 
agresión  que  por  sus  características,  gravedad  y  escala  constituya  una  violación 
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas». No son contextos ni delitos equiparables 
a los que se contemplan en la reforma.
En cuanto a las penas imponibles (art. 77), pese a que en la determinación de la 
finalidad  de  las  penas  en  el  Derecho  penal  internacional  no  prima  su  carácter 
resocializador o rehabilitador, presente en la mayor parte de los Derechos nacionales de 
los países democráticos, la pena de reclusión a perpetuidad que contempla el Estatuto 
es siempre facultativa, además de revisable. No es obligatoria; solo podrá imponerse 
«cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales 
del condenado». De hecho, tal eventualidad no se ha producido. Hasta la fecha la pena 
de reclusión a perpetuidad no ha sido impuesta en ningún caso. Y si llegara a imponerse, 
el límite mínimo de cumplimiento para acceder a su revisión es de veinticinco años 
(art. 110.3); límite que no puede excederse en ningún caso, al contrario de lo que sucede 
en la regulación establecida en nuestro Código penal, que admite su elevación hasta 
treinta e incluso treinta y cinco años de prisión efectiva.
En  definitiva,  tanto  el  carácter  facultativo  de  la  pena,  como  su  finalidad  y  la 
naturaleza colectiva y específica gravedad de los delitos que justifican su eventual 
imposición, impiden equiparar esta regulación con la que ha sido objeto de impugnación 
constitucional.
c)  Para justificar su conformidad con la Constitución, la decisión de la mayoría 
(FJ 7) alude también a la intensa gravedad de las penas determinadas de prisión ya 
previstas antes de la reforma por la Ley Orgánica 1/2015 para algunos delitos graves. Se 
citan, específicamente, los delitos de asesinato (arts. 139 y 140); homicidio del Rey, de la 
Reina, Príncipe o Princesa de Asturias; atentados contra personas con resultado de 
muerte que se cometen actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o  s
grupos terroristas (art. 572), y delitos de genocidio y lesa humanidad (arts. 605, 607  oe.
y 607 bis), todos ellos del Código penal. Se refiere también la mayoría a los exigentes  w.
periodos de seguridad que, antes de la reforma, venían establecidos en el vigente art. 78  372ww
CP pDaer an uloesv oc,a dsoesb od ep ocnoenrc duers roe dlieev dee qliutoes  edl eté erxmtrineom dae g craovmepdaarda.ción no es equivalente ni,
cpuomr pellilmo,i epnetort idnee nuten.  cNonoj urnetsou dltea  paedneacsu addeote rpmoinneard aesn  imreplauceisótna sl oesn  tdieifmerpeonste ms sáexnimteonsc idaes   BOE-A-cable e
por una pluralidad de delitos distintos, jurídicamente enjuiciados o enjuiciables en un solo 
proceso,  con  los  tiempos  mínimos  exigidos  para  el  cumplimiento  de  una  pena 
indeterminada. Allí donde antes se presentaba la más desfavorable de las hipótesis, 
ahora se expresa la más benigna. Y siempre con la posibilidad de que la duración se 
extienda aún más o de forma indefinida. No solo es la duración mínima de la prisión 
perpetua  sino  su  propia  naturaleza  indeterminada  la  que  exige  un  juicio  estricto  y 
diferente de su constitucionalidad que, en mi opinión, no se supera por las razones que 
ya han sido apuntadas.
4.  Cabe añadir una objeción adicional relativa a las condiciones de cumplimiento y 
a la configuración legal de los supuestos en los que se prevé su imposición.
a)  Una primera discrepancia general con el criterio de la mayoría del colegio de 
magistrados debe ser expuesta: el enjuiciamiento constitucional de la restricción de la 
libertad que impone la norma recurrida no puede ser resuelto, como de alguna forma se 
propone, por referencia al mejor de los supuestos de aplicación posibles, es decir, a 
aquel en el que la suspensión de la ejecución se produce transcurridos veinticinco años 
de cumplimiento.
Entiendo, por el contrario, que tratándose de penas de larga duración no pueden ser 
obviadas las peores hipótesis que establece y admite la norma, esto es, que la duración 
de la privación de libertad sea de más larga duración, o indefinida, por mantenerse un 
pronóstico de peligrosidad criminal hasta que la natural minoración de su capacidad 
física se vea minorada por la edad biológica del penado.
Por ello, un adecuado juicio de constitucionalidad de la regulación legal exigía haber 
evaluado también la certeza, determinación y flexibilidad de los criterios de aplicación de 
la suspensión de la ejecución que abre la puerta a declarar el cumplimiento definitivo.
El art. 92.1 c) CP establece los criterios que el tribunal sentenciador habrá de valorar 
para fundar su pronóstico sobre la reinserción social del reo; son los siguientes: «la 
personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la 
relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el 
delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y 
sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del 
cumplimiento de las medidas que fueren impuestas».
Se trata de criterios de valoración incierta en un juicio pronóstico que no se apoya de 
forma decidida en la evolución personal del reo, en su propia conducta durante los 
veinticinco años de cumplimiento mínimo, sino también en la toma en consideración del 
pasado (sus antecedentes, el delito, los bienes jurídicos afectados, su personalidad) y de 
un difícil juicio de riesgo futuro que atiende a criterios sobre los que el penado no puede 
incidir con su autonomía personal, como la relevancia de los bienes jurídicos que podrían 
verse afectados por una reiteración en el delito, los efectos que quepa esperar de la 
propia suspensión de la ejecución, y sus circunstancias familiares y sociales.
b)  Al hacer el juicio de proporcionalidad también debieron haberse tomado en 
consideración los supuestos de hecho, las conductas delictivas a las que, según la 
previsión legal, la pena se aplica.
Así se propone en el recurso de inconstitucionalidad al impugnar los preceptos de la 
parte especial que asocian la pena a conductas determinadas. En muchos de los casos 
constituyen objetivamente situaciones de concurso de delitos en los que la reacción 
penal se exacerba. Así viene ya ocurriendo en los delitos de asesinato de personas 
especialmente vulnerables, o subsiguientes a cualquier delito contra la libertad sexual, o  e
cometidos por quien forma parte de una organización criminal (art. 140 CP); y en los  bo
casos de terrorismo. 372ww
condEenn laass  edsec apsraissi órens opleurcmioanneesn dteic taydaa sim ppour eesl taTsri,b ulan alS Saulap redme ol oe nP reenlaacl iódne cl oTnr ivbaurniaasl 
Sleugparle emno lo, se ls iógrugieanntoe sju tréisrmdicincoiosn laitel rsaulepse r(iSorT Se nn úsmu .o 4r1d8e/n2,0 h2a0 , adleer 2ta1d doe s joubliore,  FlaJ  6p.r2e)v:isión
«Esta Sala no ha sido ajena, en alguno de sus precedentes, a una línea doctrinal de 
intensa crítica al valorar los efectos jurídicos de la aplicación de la prisión permanente 
revisable.  Hemos  advertido  de  los  inconvenientes  acarreados  por  una  decisión  de 
política legislativa representada por la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, que implicaba 
–decíamos entonces– la resurrección de un denostado precedente legislativo que hundía 
sus raíces históricas en el Código penal de 1848. Aludíamos también a la equívoca 
cobertura del Derecho comparado, invocada por el legislador para justificar su reforma, 
que prescindía de otros datos que singularizan, frente al nuestro, algunos de esos 
modelos comparados (cfr. SSTS 716/2018, 16 de enero, y 5 de mayo de 2020, recaída 
en el recurso núm. 10461/2019).
En el presente caso, de lo que se trata es de dar respuesta al interrogante acerca de 
si la intencionalidad reduplicada que anima al autor puede justificar la imposición de la 
más grave de las penas previstas en nuestro sistema. Y hacerlo sin erosionar los 
principios  que  informan  la  aplicación  del  Derecho  penal.  El  legislador  convierte  el 
homicidio en asesinato y castiga este con la pena de prisión de quince a veinticinco años 
cuando la muerte se ejecuta para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se 
descubra  (arts.  138.1  y  139.1.4  CP).  Pero  impone  la  pena  de  prisión  permanente 
revisable cuando la muerte fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el 
autor hubiera cometido sobre la víctima (art. 140.1.2 CP).
La controversia, desde luego, está presente en el análisis de una reforma que aborda 
con trazo grueso la regulación de uno de los delitos más graves de nuestro sistema 
penal. El tono crítico frente a las carencias técnicas de la reforma campea en buena 
parte de las aportaciones dogmáticas sobre la materia. Voces autorizadas han llamado la 
atención acerca de la desproporción que late en el juego combinado de esos preceptos. 
La agravación no obedecería a un mayor contenido de injusto, ni a un juicio de reproche 
formulado en estrictos términos jurídicos. Se trataría, por el contrario, de abrir la puerta al 
Derecho penal de autor que convierte el reproche moral en el débil sostén de una 
injustificada agravación. Estaríamos en presencia, además, de una defectuosa técnica 
legislativa que manosea la prohibición del bis in idem, con una errónea delimitación de 
los tipos penales, en la medida en que si la muerte es subsiguiente a la agresión sexual, 
lo normal será que busque evitar su descubrimiento, circunstancia que, por sí sola, ya 
convierte el homicidio en asesinato del art. 139.1.4 del CP.»
Sirva esta reflexión en este ejemplo concreto, uno de los posibles, para poner de 
relieve la oportunidad perdida de abordar la regulación en su conjunto en el juicio de 
constitucionalidad, a la vista de las previsiones establecidas en la parte especial del 
Código penal también afectada por la reforma. Aun en el mejor de los casos, cuando la 
pena  llega  a  ser  suspendida,  condicional  o  definitivamente,  transcurridos  más  de 
veinticinco años desde que se inicia su cumplimiento, la reacción penal resulta en 
ocasiones objetivamente desproporcionada.
5.  Por último, en el análisis ya realizado he apuntado en diversos momentos las 
razones  que  enfrentan  la  regulación  de  la  prisión  permanente  con  el  mandato 
resocializador al que constitucionalmente debe quedar orientado, ex art. 25.2 CE, el 
cumplimiento de las penas privativas de libertad. He hecho referencia a su duración 
mínima, a su larga duración en régimen de cumplimiento efectivo, a su indeterminación, 
a su forma de cumplimiento que veda durante muchos años –de quince a treinta y dos– 
el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria con una intensa restricción de los 
beneficios penitenciarios, así como con criterios de revisión intensamente anclados en el  e
pasado, en realidades sobre las que la evolución personal del interno no puede incidir. bo
Como ya he expuesto antes, incluso en las situaciones más favorables y benignas se  372ww
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hecho en los casos de prisión perpetua. Este conjunto de características me lleva a
considerar que la regulación legal de la pena de prisión permanente desatiende el 
mandato de resocialización expresamente recogido en la Carta Magna como principio 
orientador del sistema de penas privativas de libertad (art. 25.2 CE).
Expertos en Derecho penitenciario vienen poniendo de relieve la dificultad de aplicar 
un programa de tratamiento a quien no tiene expectativa cierta de libertad; han puesto 
también  el  acento,  empíricamente  constatado,  en  los  indeseables  efectos  que  el 
internamiento continuado en régimen de cumplimiento efectivo tiene sobre el desarrollo 
de  la  personalidad  de  las  personas  condenadas.  Las  tachas  de  desproporción  e 
indeterminación se extienden fundadamente a los periodos de seguridad que se prevén 
en  la  ley  con  un  marcado  fin  retribucionista.  No  se  ha  intentado  que  las  diversas 
finalidades de la pena, legítimas, se cohonesten en concordancia práctica. Simplemente, 
la finalidad retribucionista desplaza de hecho a cualquier otra consideración en muchos 
supuestos.
No se trata de analizar si la posibilidad de reinserción queda anulada, sino si la 
regulación  la  favorece  o  la  posibilita.  Considero  que  este  tribunal  ha  perdido  la 
oportunidad  de  dar  contenido  material  a  un  principio  expresamente  recogido  en  la 
Constitución que representa el compromiso fuerte del constituyente con la finalidad 
resocializadora de la pena. Atender a la culpabilidad es el criterio más objetivo posible 
para fijar la duración de la pena; su forma de cumplimiento, individualizado conforme a 
un sistema progresivo, fue la apuesta de la primera Ley Orgánica –1/1979, general 
penitenciaria–,  aprobada  por  unanimidad  en  el  Parlamento  surgido  de  la  nueva 
Constitución. Ante esta tesitura, la tarea moderadora y de definición del contenido de los 
derechos que compete a este tribunal pudiera haber tenido mucho más recorrido y 
hubiera podido reducir los previsibles efectos desocializadores que se anuncian como 
consecuencia lógica del régimen de cumplimiento penitenciario que se impone desde el 
Código penal.
A  lo  expuesto  he  de  añadir  que  la  modificación  legal  cuestionada,  pese  a  su 
indudable relevancia en el sistema general de penas y su indudable incidencia sobre el 
sistema penitenciario de ejecución, no ha sido acompañada de regulación o modulación 
normativa alguna en el ámbito penitenciario que establezca la forma de cumplimiento de 
esta pena de larga duración asociada a la comisión de delitos graves, de modo que son 
los mecanismos de cumplimiento de las penas determinadas los que habrán de aplicarse 
a la prisión permanente.
Solo me resta concluir señalando que la voluntad retributiva que expresa la ley es 
políticamente legítima, pero su formulación legal encuentra su límite en la Constitución, 
por lo que, también desde la perspectiva aquí analizada considero que no solo su 
duración abstracta, eventualmente perpetua, sino también los inflexibles periodos de 
seguridad establecidos en la Ley Orgánica 1/2015, que impiden el acceso al tercer grado 
durante el cumplimiento de la pena, no son necesarios ni compatibles con los mandatos 
de proporcionalidad, taxatividad y reinserción social establecidos en el art. 25 CE.
Madrid, a seis de octubre de dos mil veintiuno.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
Firmado y rubricado.