BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Viernes 22 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 128572
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17207 Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por  la  que  se  publica  el  Convenio  entre  el  Consejo  General  del  Poder 
Judicial, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Universidad de Vigo para la 
realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 7 de octubre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia y la 
Universidad de Vigo para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 19 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Galicia y la Universidad de Vigo para la realización 
de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
En Madrid.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, de 9 de diciembre de 2013, mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
El Vicepresidente Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo de la 
Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, actuando en nombre y representación 
de la Xunta de Galicia, en virtud del Decreto 112/2020, de 6 de septiembre, por el que se 
nombra a los titulares de las Vicepresidencias y Consellerías de la Xunta de Galicia, en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.
El Rector Magnífico de la Universidad de Vigo, don Manuel Joaquín Reigosa Roger, 
nombrado según Decreto de la Comunidad Autónoma de Galicia 59/2018, de 31 de 
mayo de 2018, publicado en el «Diario Oficial de Galicia» (DOG) núm. 109, del 8 de junio  es
de 2018, de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de la Ley  o
Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 29 de los Estatutos  207ww
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Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de justicia (funciones asumidas a través del Decreto 394/1994, de 29 de 
diciembre); el Real Decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de justicia 
(funciones asumidas a través del Decreto 438/1996, de 20 de diciembre); y el Real 
Decreto 233/1998, de 16 de febrero, sobre traspaso de las competencias equivalentes 
relativas a las fiscalías de Galicia y a los institutos de medicina legal (funciones asumidas 
a través del Decreto 82/1998, de 5 de marzo), que completan el proceso de transferencia 
de medios en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto. e
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atribuyen al Gobierno del Estado. En esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del
traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones que desempeñaba la  Bc
Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, a la Vicepresidencia 
Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se 
establece  su  estructura  orgánica,  le  corresponde,  entre  otras,  las  competencias  en 
materia de medios personales y materiales para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia en Galicia.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad de Vigo es el de la preparación académica y 
profesional  de  los  distintos  ámbitos  y  disciplinas  de  sus  estudiantes  y  para  dar 
cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que 
completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  Convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Practicum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad de Vigo pueda realizar prácticas externas en Juzgados y Tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS o
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Máster que imparte la Universidad de Vigo y siempre de titulaciones relacionadas con 
profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Por un lado, la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 
Turismo de la Xunta de Galicia se compromete a permitir la realización de las prácticas 
externas objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las 
sedes de los Juzgados y Tribunales.
Por otro lado, la Universidad de Vigo se compromete a que la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad de Vigo que 
sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido  por  la  Universidad  de  Vigo  que  certifique  su  actividad  como  tutor/a  de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  estará  siempre  supeditada  a  las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
Convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación alguna por parte de la Universidad de Vigo o concesión de indemnización o 
compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su  colaboración  al  Ministerio  de  Justicia  y  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes 
a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia y de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los Juzgados Y Tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como anexo I al presente Convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: Son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida. e.
b)  Prácticas  extracurriculares:  Son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con  w.b
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos  207ww
feinne esl,  Snuop elesmtáenn tinoc Eluuidroapse eon a ll oTsí tpullaon.es de estudios sin perjuicio de su mención posterior
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las
prácticas externas de la Universidad de Vigo.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Vigo, 
realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a 
establecer  por  la  persona  responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia o los Juzgados y Tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que  adopte  las  medidas  que  considere 
oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Galicia quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado 
del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún 
caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase 
mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así  necesidades  ordinarias  de  la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que 
exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Galicia no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad de Vigo, en aquellos casos no cubiertos por el seguro 
escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a: es
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde  w.
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c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
Juzgado o Tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas estas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El Juzgado o Tribunal donde se realicen las prácticas externas nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad de Vigo emitirá un documento acreditativo a la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de 
prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  es
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento  o
dvgieeg neeDnrtaaetlso d sse o Pbprereor stleaoc nmcaióalentse  driyea  .dgaatroasn),t íaL eyd eO rlgoás nidcear e3c/2h0o1s8 ,d digeit a5l edse,  dyic ideemmbáres,  ddeis pPorosticeicocnióens   2021-17207n https://www.
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las 
partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que 
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad de Vigo se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones  realice  para  difusión  de  las  actividades  objeto  de  este  Convenio,  la 
colaboración  prestada  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de 
Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia y los Tribunales y Juzgados afectados.
Este  Convenio  será  objeto  de  publicación,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de la Administración 
pública gallega. Así mismo, se incluirá en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y 
Convenios, de conformidad con el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se 
regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
año 2006.
Octava.  Comisión de Seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia 
que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La 
comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la Comisión de Seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, siempre que no 
afecte  al  contenido  mínimo  y  esencial  del  Convenio,  sin  necesidad  de  que 
posteriormente se incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  Comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años naturales y producirá 
efectos, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación  del  Sector  Público  Estatal,  en  los  términos  del  artículo  48.8  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y asimismo será  e.
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
Será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que  207ww
debeArsáim foisrmmaol,i zcaurasleq ucioenra u nd em leass  dpea ratenste fliarmcióann tae sla p eoxdpráir apcrioócne ddeelr  Cao snuv edneion.uncia expresa
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cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  Convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Carlos 
Lesmes Serrano.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.–El Vicepresidente 
Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso 
Rueda Valenzuela.–El Rector Magnífico de la Universidad de Vigo, Manuel Joaquín 
Reigosa Roger. e.e
ANEXO
En ……………… a, ………de 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:  DNI: 
Titulación que cursa:  Centro: 
Domicilio:  Municipio:  Provincia:  Cód. Postal: 
Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  e-mail:
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación: 
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica: 
Municipio:  Provincia: 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:  Modalidad de la práctica:  Centro gestor: 
Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:  Total meses: 
Horario:  
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :  email:  Teléfono: 
Tutor de la Universidad:  email:  Teléfono: 
Pro proyecto formativo (tareas a desarrollar): 
DECLARA: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener 
conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer 
que en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
Por parte del Juzgado o Tribunal donde  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
se realiza la práctica, 
Fdo.  Fdo.  Fdo.  e.