BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Lunes 14 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 30344
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3981 Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Torrevieja n.º 3 a inscribir una escritura de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don Antonio Botía Valverde, notario de Callosa de 
Segura, contra la negativa del registrador de la Propiedad de Torrevieja número 3, don 
Alejandro María Bañón González, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 27 de julio de 2021 ante el notario de Callosa de 
Segura, don Antonio Botía Valverde, con el número 2.099 de protocolo, se formalizó la 
venta de una vivienda en Torrevieja por diversos propietarios, algunos de ellos casados, 
tres de los cuales (don J. F. C. A. y don I. y don O. C. M., domiciliados, respectivamente, 
en Antezana-Vitoria, Salvatierra y Vitoria) eran de vecindad civil vasca y a cuyo nombre 
constaba  inscrita  la  correspondiente  participación  en  la  finca  a  título  de  herencia 
mediante escritura otorgada el día 25 de febrero de 2021 ante la notaria de Madrid, doña 
Patricia Sotillos Fueyo.
Las participaciones indivisas de los indicados vendedores tenían carácter privativo, 
según constaba en la nota registral informativa obtenida por el notario a la que éste se 
refería en la escritura, si bien afirmaba el registrador en su informe que, según el acta de 
inscripción, figuraban inscritas sin expresar si tenían carácter privativo.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Torrevieja número 3, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación, que se transcribe únicamente en lo relativo 
a la objeción que es impugnada:
«Alejandro María Bañón González, Registrador del Registro de la Propiedad de 
Torrevieja Tres.
Calificado el precedente documento suspendo su inscripción por el siguiente defecto 
que considero subsanable: (…)
3.º) Deben consignarse los regímenes matrimoniales bajo los cuales están casados 
los vendedores don F. C. A., don I. C. M. y don O. C. M., de estado civil, casados, así 
como la identidad de sus respectivos cónyuges si el acto que se inscribe afecta a sus 
derechos presentes o futuros.
Todo ello en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: s
Hechos. b
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julio de 2021, habiéndose recibido telemáticamente por la Gestoría Indra BPO, Sociedad
Limitada Unipersonal la justificación del pago del impuesto y la comunicación a plusvalía, 
el día tres de septiembre de dos mil veintiuno
Fundamentos de Derecho (…)
Defecto 3.º: El artículo 51.9.º apartado a) del Reglamento Hipotecario. El artículo 159 
del Reglamento Notarial, que establece que las circunstancias relativas al estado civil se 
expresarán diciendo si la persona es soltera, casada, separada judicialmente, viuda o 
divorciada, por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes, y si el 
otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, y el acto o contrato pudiese 
afectar a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso anterior, 
se hará constar el nombre y apellidos del cónyuge, a quien afectase o pudiese afectar, 
así como el régimen económico matrimonial.
Contra la presente nota de calificación cabe (…)
Torrevieja, treinta de septiembre del año dos mil veintiuno. El registrador (firma 
ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador).»
III
El día 8 de octubre de 2021, el notario de Callosa de Segura, don Antonio Botía 
Valverde, solicitó calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondiéndole al 
registrador de la Propiedad de Elche número 2, don Ventura Márquez de Prado Noriega, 
quien, el día 3 de noviembre de 2021, confirmó el defecto con la calificación siguiente:
«La escritura calificada lo es de compraventa en la que los transmitentes, alguno de 
ellos  casados  y  de  vecindad  civil  vasca,  venden  la  finca  registral  22471,  que  fue 
adquirida  por  herencia.  En  la  escritura  calificada  no  consta  el  régimen  económico-
matrimonial de los transmitentes de vecindad civil vasca y este es el defecto que pone de 
manifiesto el Registrador de la Propiedad de Torrevieja 3. En la previa inscripción de 
herencia  tampoco  consta  el  régimen  económico-matrimonial  de  los  herederos  de 
vecindad civil vasca, pero en este caso, como luego veremos, quedan excluidos de dicha 
manifestación según constante doctrina de la Dirección General. En la inscripción de 
herencia no se hizo constar el carácter privativo de la adquisición.
El artículo 159 del Reglamento Notarial dispone que si el otorgante fuese casado, se 
hará  constar  el  nombre  y  apellidos  del  cónyuge  así  como  su  régimen  económico-
matrimonial, y que se expresará, en todo caso, el régimen económico-matrimonial de los 
casados  no  separados  judicialmente.  Por  su  parte  el  artículo  51.9  del  Reglamento 
Hipotecario expresa que respecto de la persona a cuyo favor se practique la inscripción 
y, aquella de quien proceda el bien o derecho que se inscriba, se hará constar su 
régimen económico-matrimonial cuando el acto o contrato que se inscriba afecte a los 
derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal.
Sin embargo, en contra de lo que disponen estos artículos, la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública en numerosas resoluciones (27 de abril de 1999, 16 de 
julio de 2009, y 5 de marzo de 2020) no ha considerado necesario la constancia del 
régimen  económico-matrimonial  de  quienes  adquieren  por  título  hereditario  por 
considerarlo una interpretación maximalista de los citados artículos “siendo así, en el 
caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la base de que las mismas no 
afectan  a  los  derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal  quedando  e.e
encuadrados en la excepción a la aplicación de aquella exigencia del artículo 51.9 del  w.b
Reglamento Hipotecario...”. Por ello ni en la escritura de aceptación y partición de  81ww
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de  Derecho  Civil  Vasco  señala  que  en  el  País  Vasco  coexisten  dos  regímenes
económico-matrimoniales  legales.  Así  el  artículo  27  dispone  que:  “a)  A  falta  de 
capitulaciones el matrimonio se regirá por las normas de la sociedad de gananciales del 
Código Civl [sic], b) Cuando ambos contrayentes sean vecinos de la tierra llana de 
Bizcaia, de Aramaio o Llodio el matrimonio se regirá por el régimen de comunicación 
foral  de  bienes”.  Según  el  artículo  135:  “En  la  comunicación  foral,  los  actos  de 
disposición  de  bienes  requerirán  el  consentimiento  de  ambos  cónyuges”.  Y  el 
artículo 129 “En virtud de la comunicación foral se harán comunes, por mitad entre los 
cónyuges  todos  los  bienes,  derechos,  acciones  de  la  procedencia  que  sean 
pertenecientes a uno u otro, por cualquier título, tanto los aportados como los adquiridos 
constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen”.
Por  ello  y  teniendo  en  cuenta  que  en  el  País  Vasco  coexisten  dos  regímenes 
económico-matrimoniales legales diferentes, uno de ellos de comunidad universal, será 
necesario expresar de conformidad con los artículos 159 del Reglamento Notarial y 51.9 
del  Reglamento  Hipotecario  el  régimen  económico-matrimonial  de  los  transmitentes 
casados  de  vecindad  civil  vasca,  y  por  tanto,  confirmo  la  nota  de  calificación  del 
Registrador de la Propiedad de Torrevieja número 3.»
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don Antonio Botía Valverde, notario de 
Callosa de Segura, interpuso recurso el día 2 de diciembre de 2021 mediante escrito en 
el que alegaba lo siguiente:
«I. Que en escritura por mí autorizada el día 27 de julio de 2021, número 2099 de 
protocolo, se formalizó la venta de una vivienda en Torrevieja por diversos propietarios, 
algunos de ellos casados, y unos de vecindad civil vasca y otros aragonesa, habiendo 
estado todos los vendedores representados por un único apoderado.
Dicho apoderado unas semanas antes había formalizado ante la notaria de Madrid 
doña  Patricia  Sotillos  Fueyo  escritura  de  adjudicación  de  herencia  a  favor  de  los 
vendedores haciendo uso de los mismos poderes notariales utilizados en la venta por mi 
autorizada citada en el párrafo primero, escritura que se inscribió en el registro de la 
propiedad de Torrevieja con carácter privativo de todos ellos.
El  notario  aquí  recurrente  solicitó  nota  simple  al  registro  de  la  propiedad  con 
anterioridad a dicha venta, figurando la finca inscrita sin cargas a favor de todos los 
vendedores (ocho en total) y todos ellos con carácter privativo (…)
II. Presentada en el registro de la propiedad copia autorizada de la escritura de 
venta autorizada por mí fue calificada con tres defectos por el señor registrador de la 
propiedad, los dos primeros ya advertidos por mí el día de la autorización de la escritura 
al no haber exhibido las copias autorizadas de los poderes, lo que el apoderado subsanó 
posteriormente exhibiéndome dichas copias autorizadas varios días después, y con un 
tercer defecto, único al que se extiende el presente recurso, que rezaba así:
“Deben consignarse los regímenes matrimoniales bajo los cuales están casados los 
vendedores don F. C. A., don I. C. M. y don O. C. M. de estado civil casados, así como la 
identidad de los respectivos cónyuges si el acto que se inscribe afecta a sus derechos 
presentes o futuros”, señalando como fundamento de derecho de dicha calificación lo 
siguiente:
“El  artículo  51,9.º  apartado  a)  del  Reglamento  Hipotecario.  El  artículo  159  del  es
Reglamento Notarial, que establece que las circunstancias relativas al estado civil se  o
expresarán diciendo si la persona es soltera, casada, separada judicialmente, viuda o  81www.
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así como el régimen económico matrimonial.”
III. Solicitada  calificación  sustitutoria  ésta  recayó  en  el  señor  registrador  de  la 
propiedad número dos de Elche que ratificó el defecto pero, éste sí, explicó el porqué del 
mismo, al hacer referencia a que alguno de los vendedores era de vecindad civil vasca y 
podrían estar sujetos al régimen legal de comunicación foral vasco.
Dicha nota de calificación sustitutoria contiene sin embargo una afirmación inexacta 
en tanto que afirma que “en la inscripción de herencia no se hizo constar el carácter 
privativo de la adquisición”, inexactitud que se puede comprobar con la nota simple que 
se adjunta al presente recurso en la que sí aparece inscrita la finca con carácter privativo 
de todos los adjudicatarios.
IV. Debe destacarse que, según la calificación sustitutoria del registrador de Elche 
número dos, la razón de dicha ratificación es que concretamente dos de los herederos 
casados son de vecindad civil vasca y por ello pudiera ser posible que estuvieran sujetos 
al antes citado régimen de comunicación foral. En cualquier caso dichos vendedores no 
son vecinos de ninguna población sujeta a dicho régimen, concretamente uno de ellos es 
vecino de Vitoria y otro de Salvatierra, localidades que están la primera a 49,4 kilómetros 
y 30,5 kilómetros respectivamente de Llodio y Aramaio, estando Salvatierra a 74,1 y 52,2 
kilómetros de ambas localidades. Por cierto, la población de ambas localidades alcanza 
escasamente al 6% de toda la población de la provincia de Álava.
V. No siendo conforme el notario autorizante y aquí recurrente con dicha calificación 
procedo a presentar el recurso gubernativo ante la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública basado en los siguientes
Fundamentos jurídicos:
Primero. No fundamentación de la calificación recurrida.
Antes de entrar en el fondo de asunto quisiera poner de manifiesto que desde el 
punto de vista formal la calificación recurrida realizada en su día por el señor registrador 
de la propiedad de Torrevieja 3 es defectuosa al no reunir los requisitos de determinación 
de hechos, fundamento legal o jurisprudencia' y enlace causal entre aquellos y éstos que 
debe exigirse a toda calificación registral.
Múltiples  son  las  resoluciones  de  la  DGRN  que  insisten  en  la  necesidad  de 
motivación como las de 14 de abril 2010, 9 de diciembre de 2014 o 30 de enero de 2018, 
habiendo señalado esta última como “ha mantenido esta Dirección General (vid. la 
Resolución. de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 
de febrero y de 20 de julio de 2012 o 13 de septiembre de 2017) que no hasta con la 
mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección General), 
sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de 
aplicación  y  la  interpretación  que  del  mismo  ha  de  efectuarse  (y  lo  mismo  debe 
entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá 
combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la 
misma.” (…)
El señor registrador se limita a citar los artículos 51 del Reglamento hipotecario y 159 
del Reglamento Notarial sin más, por lo que de la simple lectura no se puede desprender 
ni un solo argumento que apoye dicha calificación, y de hecho puede especularse sobre. 
si la razón de la misma es la posible existencia de un régimen económico matrimonial 
específico o la posible existencia de algún tipo de derecho expectante de viudedad como 
el que existe en derecho aragonés o bien cualquier otra razón diferente de las dos 
anteriores. No lo sabemos y no se puede deducir de la nota de calificación. es
La  calificación  no  es  que  tenga  una  fundamentación  escueta  sino  que  carece  bo
totalmente de ella. Posteriormente el señor registrador de la propiedad de Elche 2 sí  81ww
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nulo un negocio sin causa) y por ello no debería producir el efecto de impedir el acceso a
la protección registral del negocio recogido en documento autorizado por el funcionario 
que tiene encomendada por el Estado la obligación de “dar fe, conforme a las leyes, de 
los contratos y demás actos extrajudiciales” (artículo 1 de la Ley del Notariado).
El aquí recurrente es conocedor de la doctrina de ese Centro Directivo que incluso 
calificando de no suficientemente motivada la calificación accede a resolver el recurso en 
base al hecho de que ello no ha impedido al recurrente alegar y defender su posición 
jurídica y dicha doctrina, que puede ser aplicable en muchos casos, en otros como el 
presente  no  parece  procedente  en  tanto  la  vaguedad,  imprecisión  y  falta  de 
fundamentación de la nota obliga a un ejercicio excesivo de suposición o especulación 
intelectual para tratar de adivinar qué es lo que realmente el señor registrador ha querido 
expresar y cuáles son los defectos invocados, esfuerzo que creo no puede ni debe ser 
exigible a nadie.
En conclusión, considero que la defectuosa y no fundamentada calificación obligaría 
a considerar ésta como inexistente y por tanto inoperante para destruir la presunción de 
legalidad que deriva del hecho de que se trate de un documento autorizado por el 
funcionario encargado por el Estado de autorizar conforme a Ley contratos y otros actos 
extrajudiciales como es el notario.
Segundo. Alcance  de  la  calificación  registral  y  principio  de  legitimación.  Los 
artículos 18 y 38 de la Ley Hipotecaria.
El artículo 18 de la Ley Hipotecaria señala cómo debe cualquier registrador proceder 
a calificar. Dicho precepto obliga a dicho funcionario a calificar en base a dos criterios: en 
base a lo que resulte del propio título y en base a lo que resulte del registro de la 
propiedad, y en ningún caso en base a cualquier otro criterio más o menos especulativo.
– La calificación en base a lo que resulte del registro de la propiedad:
Por lo que respecta de la calificación por lo que resulta del registro de la propiedad, 
antes de todo debemos volver a reiterar que la afirmación del registrador de la propiedad 
de Elche sobre que la inscripción previa de herencia (de sólo unas semanas antes) no lo 
fue con carácter privativo no se ajusta a la realidad como resulta de la nota simple (…), 
nota  simple  que  fue  la  que  el  notario  aquí  recurrente  solicitó  previamente  a  la 
autorización de la venta. De su lectura resulta claramente que la inscripción a favor de 
todos los adjudicatarios lo fue con carácter privativo.
Es más, tampoco señala dicho registrador sustituto cómo se inscribió, si lo fue con 
carácter privativo o lo fue con carácter común o con cualquier otro, silencio censurable 
en tanto que deja en el aire otra cuestión como es la de si hubo un error en la expedición 
de la nota simple y realmente estaba inscrita la adjudicación de herencia, por ejemplo, 
con  carácter  común  de  los  adjudicatarios  y  sus  cónyuges  aunque  en  tal  caso, 
comprobada la redacción de la escritura de herencia me gustaría saber cómo el señor 
registrador de Torrevieja 3 llegó en su día a tal convencimiento contando sólo con la 
escritura de herencia otorgada en Madrid citada en el expositivo I. Es posible que tuviera 
algún dato del que yo carecí y que ni dicho señor ni el registrador sustituto mencionan.
Porque, digo yo, si la inscripción no fue con carácter privativo ¿con qué carácter lo 
fue? Está claro que caben las siguientes opciones:
a) Fue inscrito con carácter privativo, como resulta de la nota simple.
b) Fue inscrito a favor del adjudicatario y su cónyuge, aunque no sabemos en base 
a  qué  argumentos,  y  con  carácter  común  por  considerar  el  registrador  que  el  s
adjudicatario estaba sujeto al régimen legal de comunicación foral vasco. oe.
c) Respecto de la posibilidad de que conste inscrito a favor del adjudicatario y su  w.
cedócenol ynreuóggmleaic mcooe mnnftaootr rmihmeipo oant iesacul a errséio ge)i mxdtreeanbn ejee crreoocn yoó rmedlai crréo g qmiumeae treniml ldooe ns cióaollo mp ueenrso ic psaoicnsi óibdnlee tf eocrrumaal innvadaros c éeosl t neroé ( gaeirmst  eu9nn2    2022-3981n https://ww
régimen  extranjero.  Es  por  ello  que  si  el  registrador  de  la  propiedad  llega  al
convencimiento de que el régimen económico matrimonial es un régimen español tiene  Bc
necesariamente que inscribir, por ejemplo, a favor del heredero con carácter común con 
su cónyuge conforma dicho régimen español (el de comunicación foral vasco) y no con 
carácter  privativo,  no  pudiendo  en  ningún  caso  acudir  el  art.  92  del  reglamento 
hipotecario  para  diferir  al  momento  de  la  enajenación  la  identificación  del  régimen 
económico del heredero, lo que sólo procede en el caso de que el régimen económico 
sea extranjero.
El  aquí  recurrente  considera  que  esta  última  posibilidad  implicaría  tal 
desconocimiento del sistema en esta materia que es imposible que un registrador de la 
propiedad  haya  incurrido  en  tal  error,  y  es  por  ello  que  descarto  totalmente  dicha 
posibilidad, aunque, repito, dada la nula fundamentación del señor registrador de la 
propiedad de Torrevieja y la simple afirmación sin mayor justificación del registrador 
sustituto sobre que la finca no está inscrita con carácter privativo me gustaría saber en 
base a qué se realiza dicha afirmación.
De la nota simple por tanto resulta el carácter privativo y por tanto debemos traer 
aquí el principio de legitimación registral (artículo 38 de la Ley Hipotecaria) y el de fe 
pública  registral.  (artículo  34  de  dicha  ley)  ambos  manifestación  del  principio  de 
publicidad  material  que  constituyen  la  espina  dorsal  del  acertado  sistema  registral 
español y que, como ha afirmado la DGRN de manera reiterada, implica que, salvo 
sentencia judicial, las afirmaciones de los asientos registrales deben ser aceptadas por 
todos, incluidos los notarios y por supuesto también por los registradores que no pueden 
proceder, una vez practicado un asiento, a rectificar su carácter salvo sentencia judicial o 
acuerdo de las partes y sólo en el caso de que al practicar el asiento originario (en este 
caso de herencia) hubiera habido tal error.
No entendemos por ello ni la calificación del registrador titular ni del sustituto que 
justamente parecen ir contra los pronunciamientos previos registrales que les vinculan. 
Otra cosa es que el señor registrador de Torrevieja pudiera entender que se equivocó al 
practicar la inscripción con carácter privativo, aunque realmente no sé en base a qué 
argumentos, y ahora pretenda por esta vía indirecta rectificar su previa calificación de la 
herencia al exigir dicha mención en la venta.
– La calificación en base a lo que resulte del título:
El segundo criterio que vincula al registrador de la propiedad es el de calificar en 
base a lo que resulte del título, estando éste constituido por la escritura por mi autorizada 
objeto del presente recurso.
Pues bien, en dicha escritura comparece el mismo señor que semanas antes había 
formalizado la escritura de herencia y haciendo uso de los mismos poderes vende la 
finca manifestando que no han cambiado las circunstancias (“me manifiesta que sus 
facultades  continúan  vigentes  e  inalteradas,  así  como  que  no  han  variado  las 
circunstancias de sus representados”), debiendo tenerse en cuenta que la escritura de 
herencia se firmó unas semanas antes que la venta, que la citada herencia fue inscrita 
en el registro de la propiedad el 14 de junio de 2021 y que la venta por mí autorizada lo 
fue el día 27 de julio.
Aunque no dice nada la nota, lo único sobre lo que podríamos especular es sobre la 
posibilidad de que cualquiera de los herederos, a favor de los que se inscribió en junio la 
finca con carácter privativo, hubiera contraído un nuevo matrimonio tras divorciarse del 
cónyuge con el que estaban casados cuando se adjudicaron la finca en la escritura de 
herencia autorizada en Madrid y, no sólo eso, sino que además su nuevo régimen fuera  es
el de comunicación foral vasca, posibilidad tan absurda como irreal en tanto que en la  bo
escritura de venta por mi autorizada el apoderado no hace ninguna manifestación al  81ww
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En conclusión, para finalizar el presente fundamento jurídico, ni del registro de la 
propiedad  ni  del  título  resulta  ningún  extremo  que  justifique  la  nota  de  calificación 
registral, debiendo recordar que los registradores de la propiedad están obligados a 
calificar (artículo 18 de la Ley Hipotecaria) conforme a lo que resulte del título y de los 
asientos registrales y no en base a cualquier otro criterio, por lo que el señor registrador 
de la propiedad con su nota de calificación negativa está desconociendo palmariamente 
y obviando el cumplimiento de dicho criterio legal que para él es obligatorio.
Tercero. El  artículo  159  del  Reglamento  Notarial  y  el  51,9  del  Reglamento 
Hipotecario.
Señala el artículo 159 del Reglamento notarial en sus párrafos 3.º y 4.º que “si el 
otorgante  fuere  casado,  separado  judicialmente  o  divorciado,  y  el  acto  o  contrato 
afectase  o  pudiese  afectar  en  el  futuro  a  las  consecuencias  patrimoniales  de  su 
matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del 
cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen  económico 
matrimonial.
Las circunstancias a que se refiere este artículo se harán constar por el notario por lo 
que resulte de las manifestaciones de los comparecientes.”
El señor registrador de la propiedad cita como fundamento de su nota el párrafo 3.º 
pero olvida el 4.º y ello es importante porque sobre tal párrafo está construida la doctrina 
de la DGRN al respecto, fundamental para resolver esta controversia, y que es de 
obligado cumplimiento para todos los registradores de la propiedad.
Y es que una cosa es lo que cada uno, el registrador o el notario por ejemplo, 
puedan considerar conveniente de “lege ferenda” y otra cuál es el régimen legal vigente 
y cómo se aplica en su interpretación por los Tribunales y por la DGRN, criterios estos 
últimos a los que debemos atenernos todos.
Pues bien ha señalado dicho Centro Directivo en múltiples resoluciones en relación 
con inscripciones de escrituras de herencia sin hacer constar el nombre del cónyuge y su 
régimen económico que “ en el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la 
base de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella exigencia 
del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el artículo 159 del 
Reglamento Notarial que al regular la comparecencia impone que conste el estado civil, 
tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del cónyuge en el supuesto de que el 
acto o contrato afectare a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. 
Caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los que por ley o por pacto exista entre 
los cónyuges una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han 
de ser objeto del mismo tratamiento, de suerte que es lo excepcional lo que ha de 
declararse y no la exclusión de lo ordinario” (resolución de 21 de septiembre de 2021 con 
cita explicita de la de 27 de abril de 1999, pronunciándose en igual sentido en resolución 
de 5 de marzo de 2020 que cita la anterior de 1999 y la de 16 de julio de 2009).
Quiero decir con todo ello, trayendo a colación lo afirmado en el Fundamento de 
Derecho anterior de este recurso, que la escritura de herencia fue inscrita con carácter 
privativo en tanto que ni de la misma ni, obviamente, del registro podía resultar otra cosa. 
Tampoco resulta nada en contrario de la escritura de venta autorizada por mi objeto del 
presente recurso.
Señálese que según la fundamentación del registrador sustituto (la del titular no dice 
nada al respecto) la cuestión se circunscribe a la posibilidad de que esos vendedores  e.e
casados  pudieran  tener  régimen  de  comunicación  foral  vasca  al  tener  los  mismos  w.b
vecindad civil vasca y a este respecto debemos hacer las siguientes observaciones: 81ww
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económico obedecía a la posible existencia de un régimen de comunidad universal,
paccionado o legal, o a la posibilidad de que pudiera haber algún derecho expectante de 
viudedad como el aragonés. En el primer caso si la adquisición fue con carácter común 
debería constar como tal en la inscripción y de haberse inscrito como privativo en el 
momento de la venta no procedería sino comprobar que el adjudicatario no ha contraído 
nuevo matrimonio que estuviera sujeto a algún régimen de comunidad universal legal o 
paccionado y de no ser así no procede nada más, lo que no sucedería de tratarse de un 
derecho expectante de viudedad aragonés como ha señalado la resolución de la DGRN 
de 21 de septiembre de este año. En este caso no se trata según la calificación del 
registrador sustituto de un supuesto de derecho expectante de viudedad por lo que no 
constando afirmación en otro sentido no debe presumirse que el adjudicatario entre la 
adjudicación de herencia y la venta se ha divorciado de su anterior cónyuge y ha 
contraído nuevo matrimonio sujeto a régimen de comunidad universal, lo que en este 
caso por la brevedad de tiempo sería prácticamente imposible.
2) Circunscrita  la  cuestión  a  la  posible  existencia  de  un  posible  régimen  de 
comunicación foral vasco por el registrador de la propiedad sustituto en base a la 
vecindad civil vasca de los citados otorgantes casados deben tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones:
a) Del título de herencia previa y del de venta posterior no resulta en ningún caso 
que dichos otorgantes casados estén sujetos al régimen legal vasco de comunicación 
foral y como hemos reseñado anteriormente de no constar no debe presumirse lo que es 
una posibilidad excepcional. Me remito a lo afirmado en las resoluciones de la DGRN 
citadas anteriormente que ahora no reitero.
b) No existe ningún indicio (no ya prueba, sino mero indicio) de que pudiera ser de 
aplicación dicho régimen de comunicación foral vasco. De hecho los citados otorgantes 
viven  en  Salvatierra  y  Vitoria,  territorios  donde  no  se  aplica  como  supletorio  dicho 
régimen. Por otra parte la vecindad civil vasca la tienen, tras la reforma del año 2015, 
todos los vecinos de las tres provincias vascas pero sólo a unos pocos se les aplica 
dicho régimen de comunicación, concretamente a los de la Tierra Llana de Vizcaya y a 
los  de  los  municipios  alaveses  de  Llodio  y  Aramaio,  municipios  que  representan 
escasamente el 6% de la población de Álava y que distan muchos kilómetros de Vitoria y 
Salvatierra y eso si las reglas de conflicto interregional o de derecho internacional 
privado  no  determinan  otra  cosa,  a  pesar  de  tener  alguno  de  los  cónyuges  dicha 
vecindad vasca “especial”.
c) En aplicación de la doctrina antes citada de la DGRN en las notarías y registros 
sólo  se  hace  constar  el  nombre  del  cónyuge  y  su  régimen  económico  cuando, 
excepcionalmente,  existe  régimen  de  comunicación  foral,  labor  que  presupone  una 
previa indagación. En el presente caso en los poderes de los afectados, autorizados por 
el notario de Salvatierra que no ha hecho constar nada al respecto lo que supone que 
dicho  fedatario  ha  hecho  las  averiguaciones  oportunas  y  ante  la  ausencia  de 
comunicación foral no ha hecho constar nada.
d) Parte el señor registrador de la propiedad sustituto de la premisa de que dado 
que consta la vecindad civil vasca de algunos otorgantes casado cabría la posibilidad de 
que el régimen legal matrimonial, de no ser uno pactado, fuera el de comunidad foral, 
argumento débil en tanto que desconoce que la mayoría de los que tienen vecindad civil 
vasca no tienen dicho régimen y de que cabe que personas sin vecindad civil vasca si 
estén sujetos al mismo. Lo primero cuantitativamente es lo más corriente y lo segundo 
deriva de la aplicación de las reglas del art. 9,2.º CC en relación con el artículo 14 del  s
mismo texto legal en tanto que cabe que ninguno de los cónyuges tenga dicha vecindad,  e.
o solo uno de ellos, y que no obstante ante la ausencia de pacto expreso por aplicación  w.
del criterio de la residencia común posterior al matrimonio sin dicha vecindad civil sea de  81ww
aplicación dicho régimen de comunicación foral.
insc¿riQpcuioiénne sle d ed ihcee reanl csiae ñqoure  rheag isptrraacdtoicra ddoe  dlae  pperorspoiendaasd n oq uvee ccinuaaslq dueiel rpaa ídse v alossc om, ipleosr 
ejemplo  vecinas  de  Callosa  de  Segura,  no  están  sujetas  a  dicho  régimen  de
comunicación foral? O ¿quién le dice que no están sujetas a un régimen extranjero de 
comunidad universal como al neerlandés anterior a la última reforma? O ¿quién no le 
dice que está sujeto al régimen de Islandia que exige el consentimiento del cónyuge no 
ya sólo para vender la vivienda familiar sino también la “vivienda de verano”?
En conclusión, ante la no exigencia en nuestro Ordenamiento de la obligatoriedad de 
hacer constar el nombre del cónyuge y el régimen económico matrimonial, pactado o 
legal, debemos aplicar la legislación hoy vigente, artículo 159 del reglamento notarial, 
interpretado en la forma que ha hecho de manera reiterada la DGRN que sólo exige que 
conste un posible régimen de comunidad legal o pactado cuando excepcionalmente así 
sea tras las averiguaciones hechas por el notario ya que en caso contrario, como 
señalan las resoluciones citadas, debe entenderse que lo ordinario es la adquisición con 
carácter privativo, estando vedado al registrador de la propiedad entrar en ese tema si 
del propio registro de la propiedad o de los títulos no consta nada en contrario conforme 
al artículo 18 de la Ley Hipotecaria. Así resulta claramente del párrafo 4.º del citado 
artículo  159  del  reglamento  notarial  que  ambos  registradores  de  la  propiedad  han 
obviado  y  del  que  resulta  obligatorio  hacer  constar  dichas  circunstancias  si  los 
otorgantes asilo manifestaran, lo que aquí no ha ocurrido.
Debemos recordar que el artículo 327,10.º de la Ley hipotecaria señala respecto de 
las  resoluciones  de  la  Dirección  General  como  publicada  en  el  “Boletín  Oficial  del 
Estado” la resolución expresa por la que se estime el recurso, tendrá carácter vinculante 
para todos los Registradores mientras no se anule por los Tribunales” y por tanto todos 
los registradores deben atenerse al criterio del Centro Directivo plasmado en la doctrina 
que emana de sus resoluciones, lo que implica el deber de éstos de conocerlas.
En el supuesto del presente recurso debemos recordar que la Dirección General ha 
sido clara, constante y rotunda sobre esta materia en los términos antes recogidos.»
V
El Registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección 
General el día 23 de diciembre de 2021.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, apartados 2 y 3, 12, apartado 6, 14 y 16 del Código Civil; 11 de 
la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 36, 51.9.ª y 117 del Reglamento 
Hipotecario; 159 del Reglamento Notarial; las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 27 de abril de 1999, 22 de marzo 
de 2001, 15 de junio y 16 de julio de 2009, 14 de abril de 2010, 26 de enero y 20 de 
diciembre de 2011, 27 de febrero de 2013, 2 de febrero y 6 de mayo de 2015 y 12 de 
diciembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 5 de marzo de 2020, 21 de septiembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, 
respecto de la motivación de la calificación, y las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 21, 22 
y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de abril y 13 de octubre de 2005, 25 de 
octubre de 2007, 14 de abril, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 26 de enero de 2011, 
28 de febrero, 22 de mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17 y 20 
de diciembre de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de 
febrero de 2016, 26 de abril, 19 de junio y 12 de diciembre de 2017, 21 de noviembre  s
de 2018, 1 de marzo y 4 de abril de 2019 y 27 de enero de 2020, y las Resoluciones de  oe.
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 18 de febrero, 25 de octubre  w.
y 30 de noviembre de 2021. 81ww
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto de impugnación, otorgada en
CToarlrloesvaie jdae  pSoerg udrivae ersl odsía  p2r7o pdieet ajuriloios ,d ea l2g0u2n1o,s  sed ef oremlloasli zóc alsaa vdeonst,a  tdrees  undae  vliovsie ncduaa leens 
(domiciliados,  respectivamente,  en  Antezana-Vitoria,  Salvatierra  y  Vitoria)  son  de 
vecindad civil vasca.
Tales  participaciones  de  finca  fueron  adquiridas  a  título  de  herencia  mediante 
escritura otorgada en Madrid el día 25 de febrero de 2021; y tienen carácter privativo, 
según consta en la nota registral informativa obtenida por el notario a la que éste se 
refiere en la escritura, si bien afirma el registrador en su informe que, según el acta de 
inscripción, figuran inscritas sin expresar si tienen carácter privativo.
El  registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  a  su  juicio,  «deben 
consignarse los regímenes matrimoniales bajo los cuales están casados los vendedores 
don F. C. A., don I. C. M. y don O. C. M., de estado civil, casados, así como la identidad 
de sus respectivos cónyuges si el acto que se inscribe afecta a sus derechos presentes o 
futuros». Y como fundamentos de Derecho cita el artículo 51.9.ªa) del Reglamento 
Hipotecario y transcribe el párrafo tercero del artículo 159 del Reglamento Notarial.
El notario recurrente alega: a) que, desde el punto de vista formal, la calificación 
recurrida  es  defectuosa  al  no  reunir  los  requisitos  de  determinación  de  hechos, 
fundamento legal o jurisprudencial y enlace causal entre aquellos y éstos que debe 
exigirse a toda calificación registral; b) que, de la nota registral informativa a que se 
refiere la escritura, resulta que las participaciones indivisas objeto de la venta están 
inscritas con carácter privativo de los vendedores, carácter que consta también en la 
escritura  calificada,  y  los  registradores  de  la  propiedad  están  obligados  a  calificar 
conforme a lo que resulte del título y de los asientos registrales (artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria) y no con base en cualquier otro criterio; c) que los artículos 51.9.ªa) del 
Reglamento Hipotecario y los párrafos tercero y cuarto del artículo 159 del Reglamento 
Notarial deben ser interpretados en la forma indicada de manera reiterada por este 
Centro Directivo (Resoluciones de 27 de abril de 1999, 16 de julio de 2009, 5 de marzo 
de 2020 y 21 de septiembre de 2021), que sólo exige que conste un posible régimen de 
comunidad legal o pactado cuando excepcionalmente así sea tras las averiguaciones 
hechas por el notario, ya que, en caso contrario, debe entenderse que lo ordinario es la 
adquisición con carácter privativo, estando vedado al registrador de la propiedad entrar 
en esa cuestión si del propio Registro de la Propiedad o de los títulos no consta nada en 
contrario conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y así resulta claramente del 
párrafo cuarto del citado artículo 159 del Reglamento Notarial, y d) que los vendedores 
no son vecinos de ninguna población sujeta al régimen de comunicación foral, pues uno 
de ellos es vecino de Vitoria y otro de Salvatierra, localidades que están la primera a 49,4 
kilómetros y 30,5 kilómetros respectivamente de Llodio y Aramaio, estando Salvatierra 
a 74,1 y 52,2 kilómetros de ambas localidades (y la población de ambas localidades 
alcanza escasamente al 6% de toda la población de la provincia de Álava).
2. Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre los 
requisitos de la calificación, debe recordarse, una vez más, la doctrina de este Centro 
Directivo  según  la  cual  cuando  la  calificación  del  registrador  sea  desfavorable  es 
exigible, conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 
vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos 
aducidos  y  con  suficiencia  los  fundamentos  jurídicos  en  los  que  se  basa  dicha 
calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre 
de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio 
de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre  es
de 2018, 1 de marzo y 4 de abril de 2019 y 18 de febrero y 30 de noviembre de 2021,  o
fhirenueentngectdrihrseeato rsmosaat derdyaon osrrt oa  rfmszeu ocnudnudcearha rmea Djnsiuee)trre.ní ed,tE coiqcshsua o iaimn ededneunu nc adtlielaod  cbsoso lseuqn   puoqnoecuer ee gare,a p led torinevey a egee  ilssa stmt urela ao tdm meoisnoerisd snqco turio,mi ep si cpnepiuiórucágnidann il eas eroltooafleisrncci a iattsi,avr egdaarua  srlm  ealpal eeovsnvdi stagrotánaas tr  eaaeyslnane t  gpíqdaaauesrr e  adll  ooeleassll      OE-A-2022-3981able en https://www.
resolución del recurso. También ha mantenido esta Dirección General (vid. la Resolución
de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 de febrero 
y 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de 
Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es preciso justificar la razón por la que 
el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de 
efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que 
sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se 
considere adecuada la misma.
No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de este Centro 
Directivo (Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de 
abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre, 12, 16, 17, y 20 de diciembre 
de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de diciembre 
de 2017, 27 de enero de 2020 y 25 de octubre de 2021, entre otras) que aun cuando la 
argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo 
escueto, cabe la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica  dicha  negativa  de  modo  que  el  interesado  ha  podido  alegar  cuanto  le  ha 
convenido para su defensa, según el contenido del escrito de interposición del recurso.
En  este  caso,  el  recurrente  ha  podido  conocer  las  razones  impeditivas  de  la 
inscripción  expresadas  por  el  registrador  y  ha  podido  alegar  lo  que  a  su  derecho 
convenga. Por ello procede entrar a examinar el fondo del recurso.
3. Por lo que se refiere a la cuestión sustantiva planteada, tratándose de personas 
casadas, la titularidad registral de los bienes queda afectada por el régimen legal o 
convencional aplicable a los efectos patrimoniales del matrimonio, de modo que dicho 
régimen influye sobre el poder de disposición que cada cónyuge ostenta respecto de los 
bienes integrantes del patrimonio, bien sea privativo de alguno de ellos o común.
Es cierto que este Centro Directivo, en sus Resoluciones de 27 de abril de 1999 y 16 
de julio de 2009, ambas reiteradas por las de 5 de marzo de 2020 y 21 de septiembre 
de 2021 (así como la más reciente de 2 de febrero de 2022), ha afirmado que, en vía de 
principios, en la escritura de adjudicación de herencia aceptada pura y simplemente, 
siendo el heredero casado, no es necesario expresar el nombre de su cónyuge y su 
régimen económico-matrimonial.
Según el artículo 51.9.ªa) del Reglamento Hipotecario, «si se trata de personas 
físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es 
mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la 
causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y 
afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la 
sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio 
del  otro  cónyuge;  la  nacionalidad  y  la  vecindad  civil  del  sujeto  si  se  acreditan  o 
manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten»; y, según el 159 del 
Reglamento Notarial, «si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, 
y  el  acto  o  contrato  afectase  o  pudiese  afectar  en  el  futuro  a  las  consecuencias 
patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre 
y  apellidos  del  cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen 
económico matrimonial».
Según la primera de las citadas Resoluciones, «en el caso de adquisiciones mortis 
causa ha de partirse de la base de que las mismas no afectan a los derechos presentes 
o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  quedando  encuadradas  en  la  excepción  a  la 
aplicación de aquella exigencia del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo  es
modo que el artículo 159 del Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia  o
ficqpmuóurtepnuecoyr ioupnssagoe mer d q leeueen enylt a  eceo  olsp  npososacurt icpeeetu sdoeeea l s edectx osaict sraodátadnec oyt eequ crnug ihtveariae ll.,en   tllC  oadaasnec b  stsceooeón lrnoo,  yo  cecubixogejeinergtttsoaer a m dlutaoeen  clna aomt efncei,oss cmtmstaauonurpe cntu iriadeaa as tdaltdoeom slsd  i nedeeone xmttrociepbe,c orpdhe ceou iy osns  niauvpapeerlereretslseslaie  dqlen,o untspee  esd loe reoossl      OE-A-2022-3981able en https://www.
lo excepcional lo que ha de declararse y no la exclusión de lo ordinario».
De la Resolución de 16 de julio de 2009 resulta que la expresión tanto del nombre del 
cónyuge del adquirente de bienes a título hereditario como del régimen económico-
matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los casos en que concurra el 
cónyuge en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995 del Código 
Civil, al referirse a la eventual responsabilidad que afecta al patrimonio conyugal en las 
hipótesis  de  aceptación  sin  beneficio  de  inventario  si  concurre  el  cónyuge  a  la 
aceptación.  Ello  sin  perjuicio  de  la  gestión  o  responsabilidad  de  la  sociedad  de 
gananciales  respecto  del  patrimonio  privativo  de  un  consorte,  en  cuanto  quedaría 
incluido en la obligación de mutua información de los esposos y cogestores, conforme al 
artículo 1383 del Código Civil al igual que ocurre en los patrimonios privativos de otra 
procedencia.
No obstante, como ha puesto de relieve la reciente Resolución de 2 de febrero 
de 2022, la cuestión referente a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, así 
como  la  determinación  del  régimen  económico  matrimonial  legal  en  el  ámbito  del 
Derecho  civil  vasco,  plantea  gran  complejidad,  pues,  tras  la  promulgación  de  la 
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, cuya entrada en vigor se produjo a 
los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco («Boletín Oficial del 
País Vasco» de 3 de julio de 2015), se ha producido una ampliación del ámbito de 
aplicación a todo el País Vasco, salvo determinadas materias que únicamente son 
aplicables a determinados territorios o vecinos de determinados territorios, por lo que en 
dicha regulación se diferencian los conceptos de vecindad civil vasca y vecindad civil 
local que, conforme al artículo 10.2 «la vecindad civil vasca o la vecindad civil local 
cuando sea preciso aplicarla, se adquieren, se conservan y se pierden conforme a las 
normas contenidas en el Código Civil, sin perjuicio del principio de territorialidad en 
materia de bienes troncales».
Esta complejidad en la determinación de la vecindad civil vasca, la vecindad civil 
local, la determinación de la ley aplicable a la sucesión, o la determinación de la ley 
aplicable al régimen económico matrimonial, sin olvidar la problemática de la troncalidad, 
ha determinado que el legislador atribuya al notario autorizante el encargo de asesorar y 
resolver estas complejas cuestiones.
Por ello, el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, 
determina:  «Constancia  de  la  vecindad  civil.  En  los  instrumentos  públicos  que  se 
otorguen en la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará constar la vecindad civil 
vasca y la vecindad civil local del otorgante y cuando pueda afectar a las disposiciones 
que se otorguen o sus efectos, también el régimen de bienes que rija su matrimonio o 
pareja de hecho. En caso de duda, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la 
vecindad civil es la que corresponda al lugar del nacimiento, y el régimen de bienes, el 
que se considere legal en el último domicilio común, y, a falta de domicilio común, el del 
lugar de celebración del matrimonio o el de separación de bienes si se trata de parejas 
de hecho».
Debe  tenerse  en  cuenta  la  diversidad  de  regímenes  económico-matrimoniales 
legales supletorios existentes en el País Vasco, además de los problemas de derecho 
transitorio, como consecuencia de la promulgación de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de 
Derecho Civil Vasco.
El  artículo  127  de  esta  ley:  «1.  A  falta  de  capitulaciones  o  cuando  resulten 
insuficientes  o  nulas,  el  matrimonio  se  regirá  por  las  normas  de  la  sociedad  de 
gananciales  establecidas  en  el  Código  Civil.  2.  Cuando  ambos  contrayentes  sean 
vecinos de la tierra llana de Bizkaia, de Aramaio o Llodio, el matrimonio se regirá, a falta  es
de pacto, por el régimen que se regula en el capítulo segundo de este título III. 3.  o
CAparlru ialmaumAngenadaratioroe   dr  seoeóes  lceisodent eal uen Lnbclcooriaaod dc mihoieópa,  nlblreo eidjtsgiude iacral álómd ,cn  aoaystmu refigamú elntosea nd x tdiepeoe ln»ilc og.pasaa   ccvqóteounc,ey ien uldg eraelé dsg, a icmyrit víaecil nu fae ldolnte a  l 1abd1 ieet i enédresrestata e c,lr lolamarnr iqneaues dpe eo qc nouBdreiirze eknseatpneiao  ,an l edolnaas     OE-A-2022-3981able en https://www.
instrumentos públicos que se otorguen en la Comunidad Autónoma del País Vasco se
haga constar la vecindad civil vasca y la vecindad civil local del otorgante y cuando 
pueda afectar a las disposiciones que se otorguen o sus efectos, también el régimen de 
bienes que rija su matrimonio o pareja de hecho.
Ciertamente, si se tratara de otorgante con vecindad civil vasca y del régimen de 
comunicación  foral,  habría  que  tomar  en  consideración  que  el  artículo  135  de  la 
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, dispone en su apartado 1 que «en la 
comunicación foral, los actos de disposición de bienes requerirán el consentimiento de 
ambos cónyuges. Si uno de los cónyuges se negara a otorgarlo, podrá el juez autorizar 
la disposición si lo considera de interés para la familia».
Concluyó este Centro Directivo en la citada Resolución de 2 de febrero de 2022 que, 
al tratarse en el supuesto analizado de un acta de protocolización de operaciones 
particionales de herencia, otorgada en Bilbao, en la que no se indicaba que la heredera 
tuviera  vecindad  civil  vasca,  «deben  aplicarse  las  consideraciones  de  las  referidas 
Resoluciones de este Centro Directivo de 27 de abril de 1999, 16 de julio de 2009, 5 de 
marzo de 2020 y 21 de septiembre de 2021, de modo que debe partirse de la base de 
que la adjudicación de herencia formalizada no afecta a los derechos presentes o futuros 
de la sociedad conyugal, toda vez que no se ha declarado que se trate del supuesto 
excepcional en que por ley o pacto exista entre la heredera y su cónyuge una comunidad 
foral de bienes».
Pero también añadió algo que es fundamental para resolver la cuestión planteada en 
el presente recurso: «No obstante, será posteriormente, en el momento de la realización 
de actos dispositivos sobre el bien adquirido por herencia, cuando deberá tenerse en 
cuenta el régimen económico matrimonial del heredero, algo que, sin duda, quedará 
facilitado si, según una buena práctica notarial se hace constar el régimen económico 
matrimonial  y  el  nombre  y  apellidos  y  domicilio  del  otro  cónyuge  en  los  términos 
expresados en el citado el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario, invocado por la 
registradora  en  la  calificación  impugnada,  aunque  en  el  presente  caso,  dadas  las 
especiales circunstancias del caso, su omisión no sea determinante de una calificación 
suspensiva del título».
En el presente supuesto, en el que la escritura de herencia se otorgó en Madrid y los 
bienes adquiridos por los herederos se inscribieron sin indicar su carácter privativo, y 
dado que consta la vecindad civil vasca, debe expresarse el régimen económico del 
matrimonio, toda vez que si éste es el de comunicación foral es indudable que, como 
antes ha quedado expuesto, la venta afecta a los derechos de la sociedad conyugal.
Por lo demás, la conclusión no cambiaría si se hubiera hecho constar en el Registro 
de la Propiedad el carácter privativo de la adquisición (como figura en la nota registral 
informativa a que se refiere la escritura calificada), toda vez que, de estar sujeto el 
heredero al régimen de comunicación foral, para la validez de la venta de dicho bien 
también sería necesario el consentimiento del consorte, conforme al artículo 135 de la 
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, antes transcrito.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria. e.e
Madrid, 28 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  81ww
Pública, Sofía Puente Santiago.