BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92091
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
12813 Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de  Avilés,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del 
Ayuntamiento de Avilés.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, en fecha 16 de julio de 2021, Convenio para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Avilés, que figura 
como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 20 de julio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, para la constitución de la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Avilés
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De otra parte, don José Ignacio Altolaguirre Bernácer, Director de la Agencia de 
Seguridad  Alimentaria,  Sanidad  Ambiental  y  Consumo  de  la  Consejería  de  Salud 
del Principado de Asturias, nombrado por Decreto 181/2019, de 12 de septiembre, del 
Presidente del Principado de Asturias, y autorizado para la firma de este convenio por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2021, actuando por delegación 
según Resolución de 2 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
delegan  competencias  de  su  titular  en  la  Dirección  de  la  Agencia  de  Seguridad 
Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, y que es sustituido en este acto por don 
Adolfo Guillermo Sánchez Maquinay, Jefe del Servicio de Consumo, por ausencia o 
enfermedad de aquel y de conformidad con lo establecido en el Resuelve Tercero de la 
citada Resolución.
Y de otra, doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, Alcaldesa de Avilés, cargo 
para el que fue elegida en sesión plenaria de este Ayuntamiento celebrada el día 15 de 
junio de 2019, actuando en nombre y representación de la citada entidad, que tiene su 
domicilio en la Plaza de España, n.º 1, de Avilés, y CIF P3300400C, en uso de las  s
facultades que resultan del artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora  oe.
Ddee clarest oB daese 2s0 d deel  mRéagyiom deen  2L0o2c1a.l, y siendo aprobada la firma del presente convenio por  2021-12813n https://www.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias y del 
Ayuntamiento de Avilés;
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 21 de abril de 1995, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Avilés (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde 
entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito 
territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  de  la  Comunidad 
Autónoma  Principado  de  Asturias  y  el  Ayuntamiento  de  Avilés,  conscientes  de  la 
necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto. e.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del  813ww
pAoyru netla pmrioepnitoo  ddeel  mAvuinléicsi,p icoo/cno snecdeejo  edne  AAvviillééss,,  ccuoynoo cáemráb,i toco tne rcriatoráricatle rv iepnrieo ridtaertieor,m dien aldaos 
lreegcalalmmeancitoen erse cdoen olcoisd ocso, nsduem idcoornefso rmdeid addic hcoo ná mlboisto , cerinte rrieolsa cióconm cpoent esnucsia ldees reyc hoesl 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El  Ayuntamiento  de  Avilés  impulsará,  en  su  ámbito  territorial,  la  gestión  y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
Avilés, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema 
Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud.
3.  El  Ayuntamiento  de  Avilés  facilitará  información  sobre  la  designación  de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud facilitarán el asesoramiento 
técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el 
ámbito territorial del municipio/concejo de Avilés.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo  o
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años  813ww
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción. e.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal. 813ww
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la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos)  y  a  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P. D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El  Director  de  la  Agencia  de  Seguridad  Alimentaria,  Sanidad  Ambiental  y 
Consumo, P. A. (Resuelve Tercero de la Resolución de 2 de junio de 2021), el Jefe del 
Servicio de Consumo, Adolfo Guillermo Sánchez Maquinay.–La Alcaldesa de Avilés, 
María Virtudes Monteserín Rodríguez.