BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Sábado 23 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34001
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
5243 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
I
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional  la  situación  de  emergencia  ocasionada  por  el  brote  epidémico  de 
COVID-19. El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
El artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que la duración del estado de alarma sería de 
quince días naturales.
Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluación elaborados por 
las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluyó que 
la situación de emergencia sanitaria generada por el brote epidémico de COVID-19 no se 
superaría en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.
A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la 
propagación de la enfermedad, mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 
de marzo, 7 de abril, 21 de abril y 5 de mayo de 2020, el Gobierno solicitó del Congreso 
de los Diputados autorización para prorrogar en cuatro ocasiones el estado de alarma 
declarado  por  el  citado  real  decreto,  así  como  la  vigencia  de  las  medidas  en  él 
contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de 
marzo, 9 de abril, 22 de abril y 6 de mayo de 2020, acordó conceder las mencionadas 
autorizaciones en los términos recogidos en los respectivos acuerdos de autorización de 
las prórrogas.
De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
la prórroga se extendió hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020; mediante el Real 
Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la prórroga hasta las 00:00 horas del día 26 
de abril de 2020; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableció una nueva 
prórroga  hasta  las  00:00  horas  del  10  de  mayo  de  2020;  y,  finalmente,  el  Real 
Decreto 514/2020, de 8 de mayo, prorrogó el estado de alarma hasta las 00:00 horas del 
día 24 de mayo de 2020.
El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la información 
requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional sexta del Real  e.
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de  w.b
Coordinación  de  Alertas  y  Emergencias  Sanitarias  y  la  Red  Nacional  de  Vigilancia  43ww
dEipsipdoesmiciioolnóegsic,a ,ó rsdee nheas , diandsotr uccuceionnteas  ayl  Creosnoglruecsioon edse  alodso pDtaipduatsa dpoosr  dlaesl  caountjournidtoa ddees 
ccoommppaerteencitdeos  sdeemleagnaadlmase nyte  ppoarr ae vl alCooranrs leaj oe vdoelu cMióinn idsetr olas .s iAtusaimcióisnm.o,  el  Gobierno  ha
Durante el periodo de la primera prórroga, los datos proporcionados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica pusieron de manifiesto que las medidas aplicadas 
durante  el  periodo  de  vigencia  del  estado  de  alarma  habían  conseguido  alcanzar 
gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y reducir al 
máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios (en 
adelante, UCI).
Durante el periodo de la segunda prórroga, esos datos indicaron que se había 
conseguido disminuir el número de contagios a fin de situarlos por debajo del umbral que 
produciría la saturación de las UCI, con su capacidad extendida para hacer frente a la 
epidemia, al tiempo que se había fortalecido la capacidad del sistema sanitario para dar 
respuesta a la misma. Además, el número de altas se fue incrementando en este periodo 
y con ello se produjo una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.
En el periodo de la tercera prórroga, los datos evidenciaron que se había consolidado 
la tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por 
PCR, fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), habiéndose reducido 
a  la  mitad  los  incrementos  diarios,  a  excepción  de  los  casos  que  han  requerido 
hospitalización.
Finalmente, durante la vigencia de la cuarta prórroga se han podido establecer los 
mecanismos que han permitido progresar hacia una situación en la que se comienza a 
disponer de garantías suficientes para detectar de forma precoz y controlar rápidamente 
cualquier brote de la forma más localizada posible. Esto es crucial para evitar el riesgo 
de una nueva onda epidémica que afecte a todo el territorio nacional, con los efectos 
negativos que ello tendría en nuestra sociedad. La evolución favorable de la epidemia en 
nuestro país se ha logrado, en buena medida, gracias al esfuerzo encomiable de toda la 
población.
Sin  embargo,  dicha  evolución,  si  bien  es  favorable  en  todas  las  comunidades 
autónomas,  presenta  diferencias  entre  estas,  requiriéndose  un  periodo  de  tiempo 
adicional para garantizar, en todo el territorio nacional, el cumplimiento del objetivo 
previsto de detección precoz y respuesta rápida. La sombra de un rebrote todavía es 
posible,  tanto  por  posibles  cadenas  de  transmisión  internas  no  identificadas  o 
controladas hasta la fecha como por la posibilidad de importación de países en los que 
se transmita activamente el virus a medida que se van levantando las medidas de 
restricción de la movilidad nacionales e internacionales.
II
Tras  la  publicación  de  la  Comunicación  «Hoja  de  ruta  común  europea  para  el 
levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el pasado 15 
de abril por la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, 
los distintos Estados miembros de la Unión han comenzado a planificar las distintas 
fases que permitan reanudar las actividades económicas y sociales, de modo que se 
minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los 
sistemas sanitarios, atendiendo a las orientaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
En este contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia 
adquirida a nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la desescalada de 
las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.  s
Para  la  elaboración  de  dicho  Plan,  el  Gobierno  se  basó  en  el  informe  elevado  el  e.
pasado 25 de abril por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,  w.
además de recabar la opinión y propuestas de los responsables de las administraciones  43ww
caiuetnotnífóicmoi,c saosc iya l lyo ceamlepsre, slaorsia la.gentes  sociales,  y  de  expertos  en  el  ámbito  sanitario,
gradEula cl,i taadsoim Pétlraicno ,c ocnocoibrdei neald ole vcaonnt amlasie nctoom duen idlaasd emse daiudtaósn odmea sc oyn teandcaiópnta bdlee  ma oldoos   BOE-A-cable e
cambios  de  orientación  necesarios  en  función  de  la  evolución  de  los  datos 
epidemiológicos  y  del  impacto  de  las  medidas  adoptadas.  El  Plan  fue  remitido  al 
Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en cumplimiento de lo previsto por la 
disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Su  objetivo  fundamental  es  conseguir  que,  manteniendo  como  referencia 
fundamental  la  protección  de  la  salud  pública,  se  recupere  paulatinamente  la  vida 
cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia 
para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud se puedan desbordar.
El  Plan  establece  una  fase  cero  o  preliminar  y  tres  fases  de  desescalada 
diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que 
podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos parámetros, criterios e 
indicadores en él contemplados, hasta llegar a la fase III, en la que se pondrá fin a las 
medidas de contención, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica, la capacidad 
reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía.
Los  parámetros  empleados  para  la  toma  de  decisiones  analizan  indicadores 
pertenecientes a los ámbitos de salud pública, movilidad e impacto social y económico. 
Se  examinan  tanto  las  capacidades  estratégicas  de  asistencia  sanitaria,  vigilancia 
epidemiológica, contención de las fuentes de contagio y protección colectiva, como los 
indicadores de movilidad en el interior del país y fuera de sus fronteras, el impacto social 
de la enfermedad en los colectivos más vulnerables y la evolución de la situación 
económica por sectores, con especial atención a los que presentan mayor capacidad de 
arrastre y a los que resultan más afectados por la crisis sanitaria. Además, en la última 
semana, los resultados del estudio nacional de seroprevalencia de anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 permiten valorar la situación observada hasta la fecha con el número de 
casos estimado por el estudio para España y para cada una de las provincias, mejorando 
el entendimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar y controlar los 
casos durante toda la epidemia.
Del panel integral de indicadores, con los parámetros mencionados, se obtienen los 
datos que fundamentan las decisiones que se adoptan en el proceso de desescalada, 
con un nivel de pormenorización y granularidad territorial suficientes, adecuadas en cada 
momento a la situación epidemiológica y a la capacidad del sistema sanitario en cada 
ámbito geográfico relevante.
Actualmente, las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, así como la isla de 
Formentera, se encuentran en fase II. El resto del territorio nacional se encuentra en 
fase I, salvo la Comunidad de Madrid, parte de la provincia de Barcelona en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, y parte del territorio de la Comunidad de Castilla y León.
La  complejidad  de  la  situación  y  la  naturaleza  imprevisible  y  dinámica  de  su 
evolución desaconsejaban plantear un calendario cerrado de recuperación gradual de 
actividad; por el contrario, se requería un enfoque prudente, con hitos que se irían 
alcanzando sucesivamente y que podrían ser reajustados en caso de resultar necesario. 
De ahí que los artículos 3 y 4 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, prevean la 
posibilidad de levantar y modular algunas de las limitaciones impuestas en virtud del 
estado de alarma, siempre y cuando lo permitan los parámetros e indicadores previstos 
en el Plan para cada uno de los territorios.
Este marco jurídico se mantiene en esta nueva prórroga, ya que durante su vigencia 
se pretende avanzar en esa progresiva desescalada. Por ello se parte de nuevo de un 
escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de  s
las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, al tiempo que  oe.
se refuerza la cooperación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y  w.
Melilla a lo largo de todo el proceso. 43ww
nuevEan  ptroódroro gcaa sdoe, l eessttea dpola dnete aalmariemnato,  sninoo  sqóuloe  deisc hpae rpfreócrtraomgae nstee  ccoonmspidaetribal eo pcoorntu neas tay 
adecuada al fin pretendido, ya que sólo mediante el mantenimiento del estado de alarma
es posible continuar limitando la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio 
nacional, a fin de contener eficazmente la pandemia.
III
De acuerdo con lo previsto por el artículo primero.dos de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, así 
como la duración del mismo, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables 
para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se realizará de forma 
proporcionada a las circunstancias.
La  jurisprudencia  constitucional  exige  desarrollar  tal  análisis  atendiendo  a  la 
identificación de la finalidad constitucionalmente legítima pretendida y al cumplimiento de 
los requisitos del juicio de proporcionalidad (STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 6), que 
requiere razonar si se cumple «la triple condición de (i) adecuación de la medida al 
objetivo propuesto (juicio de idoneidad); (ii) necesidad de la medida para alcanzar su 
objetivo, sin que sea posible su logro a través de otra más moderada con igual eficacia 
(juicio de necesidad) y (iii) ponderación de la medida por derivarse de ella más beneficios 
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto 
(juicio de proporcionalidad en sentido estricto).» (STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5).
Las medidas previstas tienen como objetivo primordial proteger los derechos a la 
vida, a la integridad física y a la salud, recogidos en el Título I de la Constitución 
Española. A la luz de lo expresado por el Tribunal Constitucional en su reciente Auto 
de 30 de abril de 2020 (FJ 4), relativo a la limitación de los derechos de reunión y 
manifestación en el vigente estado de alarma, «la limitación del ejercicio del derecho 
tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene 
cobertura constitucional bastante en los artículos 15 CE (garantía de la integridad física 
de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados 
que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias. Es aquí 
donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la 
justificación de la declaración del Estado de alarma. Las razones que sustentan ambas 
son idénticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su 
integridad física y en su derecho a la vida pueda tener la propagación del COVID-19».
Los indicadores disponibles, tanto en nuestro país como en otros de nuestro entorno, 
han  mostrado  de  forma  sostenida  cómo  las  medidas  previstas  son  perfectamente 
adecuadas al fin perseguido. Ciertamente, medidas como la limitación de la libertad 
deambulatoria y las dirigidas a evitar aglomeraciones o el contacto interpersonal se han 
mostrado hasta ahora las más adecuadas para conseguir índices notables de reducción 
de los niveles de contagio. Estas medidas han demostrado su eficacia para contener la 
propagación  de  la  enfermedad  y,  por  tanto,  resulta  previsible  que  sigan  siendo 
adecuadas durante la vigencia de esta nueva prórroga.
Como señala el alto tribunal en el auto antes citado, «no es posible tener ninguna 
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del 
virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo 
plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor 
medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde 
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el 
artículo 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento 
domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas  s
que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones  e.
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el  w.
legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981». 43ww
primEenra e fseecmtoa, nean  Edes paviñgae nscei ah ad epla seasdtaod doe  dteen earl aurmn ain cdree maelnretod eddeo rc adseols  3d5ia r%io,s  ae n ulan 
dineccreremtoe.n Stoi  seen  etoxranmo inaal  0e,l2 n %úm eenro l ad es edmeacensao asn, tpeurieodr ea  alsai maipsrmoboa ocibósne rdvealr spere lsae dnrteá srteicaal   BOE-A-cable e
reducción que se ha producido entre el número máximo alcanzado de más de 900 
diarios, hasta el número de 87 que se ha notificado el pasado 17 de mayo.
Estas  medidas,  provistas  de  una  justificación  legítima  y  adecuadas  para  la 
consecución de la misma, siguen resultando necesarias en la actualidad. A pesar de la 
tendencia decreciente en el número de contagios y decesos diarios que se acaba de 
apuntar, la pandemia todavía no se ha contenido de forma suficiente y la experiencia 
comparada demuestra que algunos países que han aplicado medidas de desescalada 
con anterioridad están detectando repuntes de contagios que obligan a replantear sus 
estrategias de levantamiento de las medidas de contención.
De acuerdo con los datos disponibles, en la actual fase de evolución de la pandemia, 
la pérdida de vigencia automática de dichas medidas, sin un levantamiento gradual y 
coordinado de las mismas, no solo podría comprometer el logro de los objetivos de 
contención  de  la  pandemia  antes  descritos,  sino  que  podría  generar  el  riesgo  de 
aparición de nuevas cadenas de transmisión no identificadas que impidieran la garantía 
de la integridad física y la salud de las personas y situasen bajo una enorme presión 
asistencial los recursos sanitarios disponibles. Ha de tenerse en cuenta a estos efectos 
que la aplicación del régimen jurídico ordinario previsto, entre otras, fundamentalmente 
en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, tan solo permitiría establecer medidas limitativas de 
ámbito subjetivo y territorial mucho más restringido e inadecuadas para contener de 
forma eficaz la propagación de la enfermedad en atención a ese carácter.
Por  todo  ello,  una  prórroga  del  estado  de  alarma  que  haga  compatible  el 
mantenimiento de dichas medidas y su gradual levantamiento por el Ministro de Sanidad, 
en su condición de autoridad competente delegada, conforme al citado Plan para la 
desescalada,  resulta  indispensable  para  alcanzar  los  objetivos  que  motivaron  la 
declaración  del  estado  de  alarma  de  modo  que,  manteniendo  como  referencia 
fundamental  la  protección  de  la  salud  pública,  se  recupere  paulatinamente  la  vida 
cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia 
para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud se puedan desbordar.
En concreto, atendiendo al principio de precaución que debe guiar la actuación de los 
poderes  públicos  en  la  gestión  del  riesgo  sanitario,  resulta  necesario  mantener  la 
limitación  a  la  libertad  de  circulación  en  los  términos  previstos  en  el  vigente  Real 
Decreto 463/2020, 14 de marzo, si bien modulados conforme a lo previsto en este real 
decreto de  prórroga, y por las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones 
interpretativas dictadas al amparo de las habilitaciones contenidas en el citado real 
decreto.
Solo  manteniendo  la  limitación  a  la  libertad  deambulatoria  entre  las  distintas 
provincias,  islas  y  unidades  territoriales  será  posible  controlar  la  pandemia  y  esta 
limitación, de alcance general para toda la población y aplicable en todo el territorio, 
únicamente puede establecerse en el marco del estado de alarma. No existe en estos 
momentos alternativa jurídica que permita limitar en todo el territorio nacional el derecho 
fundamental contenido en el artículo 19 de la Constitución Española, toda vez que la 
legislación  ordinaria  resulta  insuficiente  por  sí  sola  para  restringir  este  derecho 
fundamental.
Ahora bien, la prórroga que se establece en este real decreto solamente contempla 
el mantenimiento de las restricciones a la libre circulación estrictamente indispensables  s
para alcanzar el fin perseguido, en atención a la distinta situación en que se encuentren  oe.
las distintas unidades territoriales. w.
De este modo, las limitaciones a la libre circulación para las provincias, islas y  43ww
uinndidicaaddeosre tse rdrieto arisailsetse nscoina  smaánsit ainritae,n vsiagsil aennc iaaq eupeildloesm tieorlórigtoicriao,s c qounete nacúinó nn od ed ilsapso fnueenn tdees 
dgee nceorennta nguioe vya sp rcoatedcecniaósn  dceo lteracntivsam issuiófnic iye nutneam seanttuer arceifóonrz daed oloss,  ase frivni cdioes  esavintaitra rqiouse.  Esen   BOE-A-cable e
aquellos territorios que puedan avanzar hasta las fases I a III, debido a la mejora de los 
indicadores,  se  permite  la  libre  movilidad  en  el  interior  de  la  unidad  territorial  de 
referencia, de modo que la limitación, salvo causas justificadas, se circunscribe a los 
movimientos fuera de aquella, a fin de poder contener eficazmente la enfermedad y 
evaluar adecuadamente el impacto de las medidas de desescalada en cada uno de esos 
ámbitos territoriales. Finalmente, la presente prórroga contempla la pérdida de eficacia 
de las limitaciones a la libre circulación para aquellas unidades territoriales que hayan 
completado  todas  las  fases  de  desescalada,  de  modo  que  será  posible  para  las 
personas que se encuentren en ellas desplazarse a cualquier parte del territorio nacional, 
sin perjuicio de las limitaciones que pudieran afectarles cuando se desplacen a aquellos 
territorios que aún no hubieran completado el proceso de desescalada.
En cuanto al resto de las medidas de contención, al igual que se establecía en el 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, durante la vigencia de la nueva prórroga se prevé 
la posibilidad de adaptar y levantar las limitaciones de forma progresiva y gradual, 
siempre y cuando lo permitan los parámetros, criterios e indicadores a los que se alude 
en el apartado II. De manera complementaria, la prórroga establecida en este real 
decreto, al igual que la anterior, introduce la posibilidad de modular la aplicación de las 
medidas por parte de las comunidades autónomas, de modo que pueda asegurarse un 
constante ajuste de las mismas a la evolución de las distintas unidades territoriales.
Finalmente, las medidas previstas para esta nueva prórroga no sólo disponen de 
justificación constitucional y cumplen con los requisitos de adecuación y de necesidad, 
sino que también se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto a los beneficios, las medidas que se prorrogan han demostrado hasta 
ahora su eficacia para contener la propagación de la enfermedad y, por tanto, resulta 
previsible que la mantengan durante el periodo de duración de esta prórroga adicional, 
convenientemente adaptadas a la evolución territorial de los distintos indicadores de 
carácter sanitario y epidemiológico. Esta reducción del riesgo sanitario generado por la 
pandemia permite continuar protegiendo los derechos a la vida, a la integridad física y a 
la salud de las personas consagrados en los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Pero, como se ha señalado en anteriores ocasiones, la determinación del riesgo 
sanitario, y del grado de protección de los referidos derechos, no constituye la única 
dimensión que ha de ser tenida en cuenta a la hora de adoptar una decisión sobre la 
prórroga, ya que en la gestión de aquel riesgo intervienen asimismo otros factores 
pertinentes de carácter socioeconómico que deben ser convenientemente sopesados.
En este sentido, la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla tras la 
declaración  del  estado  de  alarma  han  afectado  al  normal  desenvolvimiento  de  las 
relaciones  familiares,  sociales  y  laborales,  con  especial  incidencia  en  colectivos 
vulnerables,  y  han  impactado  asimismo  en  la  actividad  de  numerosos  sectores 
productivos, con importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
Precisamente el Plan de desescalada traza el camino para asegurar un adecuado 
equilibrio entre costes y beneficios, al proponer que, tras este periodo excepcional y 
gracias al esfuerzo realizado por el conjunto de la sociedad, los agentes económicos y el 
conjunto del Estado, es preciso reactivar progresivamente la actividad económica en 
sectores como los del transporte, turismo, comercio minorista, hostelería y restauración, 
así como las actividades sociales y culturales. Pero para ello es necesario afianzar 
nuevos  comportamientos  por  parte  de  las  personas  y  las  empresas,  como  la 
autoprotección y la separación física, con el fin de que se pueda combinar la reducción 
del contagio y, por tanto, la máxima seguridad sanitaria, con la capacidad para que la  s
recuperación de la actividad económica, social y cultural sea rápida y firme, generando  oe.
progresivamente  la  ventaja  competitiva  de  contar  con  la  experiencia  anterior  en  la  w.
adaptación de los diferentes sectores a la nueva situación. 43ww
físicEa ny  dae lfain sitaivluad,  aqtueen dsiee npdreot eanl dcea sráaclvtearg ubaarsdialarr  ddee ml daenreercah aod eac ulaa dvaid ya ,n ae cleas ainritae gproidra lda 
ncounetvean eprr ólarr opgrao,p acgaabcei ócno ndcel uliar  qeunefe rlmose dbaedn, effoicritoasle cdeerr ivlaa dcoasp adceid aedlla a, scisotnesnicsitaeln tdees  leons   BOE-A-cable e
sistemas sanitarios, y afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la 
población, son mayores que los costes que ocasiona, que por otra parte están tratando 
de ser atenuados mediante la progresiva recuperación de la libre circulación y de las 
actividades  económicas,  sociales  y  culturales  a  medida  que  la  evolución  de  los 
indicadores lo hace posible.
IV
En  atención  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  mantiene  la  vigencia  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de las medidas que lo modifican, aplican y 
desarrollan, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020.
No obstante, y de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la desescalada de 
las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
mediante el presente real decreto se habilita al Ministro de Sanidad, en su condición de 
autoridad  competente  delegada,  con  arreglo  al  principio  de  cooperación  con  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a concretar las medidas que 
deban aplicarse en el proceso de desescalada, en un marco de cogobernanza.
La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de 
la evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios y epidemiológicos, como sociales, 
económicos  y  de  movilidad.  Además,  estas  medidas  podrán  aplicarse  en  ámbitos 
territoriales concretos, ya sea la provincia, isla o unidad territorial de referencia en el 
proceso de desescalada.
En  este  sentido,  la  habilitación  al  Ministro  de  Sanidad  que  se  contiene  en  el 
artículo 3.1 de este real decreto como autoridad competente delegada, a propuesta, en 
su caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se refiere 
a las medidas de desescalada en todos los ámbitos de actividad afectados por las 
restricciones  establecidas  en  la  declaración  del  estado  de  alarma  y  sus  sucesivas 
prórrogas, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas.
En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que, en el marco de 
las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las 
personas podrán desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia 
en que se encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el 
desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, 
profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y 
cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor 
o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.
Al  igual  que  en  la  prórroga  anterior,  se  prevé  que  el  Gobierno  pueda  acordar 
conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción 
de las unidades de actuación de las limitaciones respecto a la libertad de circulación de 
las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, 
servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de 
la emergencia sanitaria en cada una de ellas. En caso de acuerdo, estas medidas serán 
aplicadas  por  quien  ostente  la  Presidencia  de  la  Comunidad  Autónoma,  como 
representante ordinario del Estado en el territorio. Se mantiene asimismo la especifica 
previsión contemplada en la disposición adicional única del Real Decreto 514/2020, de 8 
de mayo, respecto de los enclaves.
En este real decreto, y a fin de mantener las medidas limitativas y de contención 
únicamente en las unidades territoriales en que resulten indispensables, se prevé de  s
manera específica en el artículo 5 que la superación de todas las fases previstas en el  e.
Plan para la desescalada determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la  w.
declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades  43ww
terriPtorreiasleenst.a también una especial importancia el contenido del artículo 6, en virtud del
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únicamente  el  Ministro  de  Sanidad,  bajo  la  superior  dirección  del  Presidente  del 
Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas. En 
consecuencia, ya no tienen esa condición los otros miembros del Gobierno a los se 
refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, esto es, la Ministra de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
cuya contribución ha sido esencial en las primeras fases de contención de la enfermedad 
y en el inicio del proceso de desescalada. Y, atendiendo al carácter gradual y asimétrico 
del  Plan,  durante  la  vigencia  de  esta  prórroga  corresponderá  a  las  autoridades 
competentes, estatales, autonómicas o locales, en sus respectivos ámbitos, la aplicación 
de las medidas contempladas en el artículo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.
Se prevé en el artículo 7 que las administraciones educativas competentes podrán 
disponer  la  flexibilización  de  las  medidas  de  contención  y  la  reanudación  de  las 
actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, 
siempre que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito 
territorial con arreglo a las previsiones de este real decreto. Las actividades educativas 
podrán mantenerse a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que 
resulte posible.
Por  otra  parte,  el  avance  del  Plan  para  la  desescalada,  con  la  consiguiente 
reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los 
ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados, hace conveniente 
facilitar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales.
Por ello, se prevé, en primer lugar, el levantamiento de la suspensión de términos y 
de la interrupción de plazos administrativos, estableciendo, con efectos de 1 de junio 
de 2020, la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. De este modo, se prevé que se reanude o, en su caso, se reinicie el 
cómputo de los plazos desde esa misma fecha.
Respecto de los plazos y términos procesales, se derogará con efectos a partir del 4 
de junio de 2020, la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, alzándose la suspensión en la misma fecha. Asimismo, correlativamente, se 
derogará con efectos a partir del 4 de junio de 2020, la disposición adicional cuarta del 
real decreto citado, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de 
acciones y derechos, alzándose la suspensión en dicha fecha.
Por último, se mantiene la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones  dictadas  por  las  autoridades  competentes  delegadas  previstas  en  el 
artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo 
dispuesto en otras posteriores, ni a lo establecido en este real decreto.
En definitiva, se prevé que, durante la vigencia de la nueva prórroga del estado de 
alarma, prosiga el gradual levantamiento de las medidas de contención previstas en el 
Plan para la desescalada y se contempla asimismo que puedan quedar sin efecto las 
medidas en aquellos ámbitos territoriales que superen todas las fases del citado Plan.
Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación 
elaborados  por  las  autoridades  competentes  delegadas,  se  estima  imprescindible 
prorrogar  de  nuevo  el  estado  de  alarma  declarado  inicialmente  por  el  Real 
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  así  como  la  vigencia  de  las  medidas  en  él 
contenidas, en los términos contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del 
día 7 de junio de 2020.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,  s
dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización  oe.
expresa  del  Congreso  de  los  Diputados,  que  podrá  establecer  el  alcance  y  las  w.
condiciones vigentes durante la prórroga. 43ww
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El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de mayo de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida, en los términos solicitados por el Gobierno.
En su virtud, al amparo de  lo  previsto  por  el  artículo 116.2 de la Constitución 
Española,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  sexto.dos  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta 
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y 
de los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Prórroga del estado de alarma.
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 2.  Duración de la prórroga.
La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del 
día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020, y se someterá 
a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se 
establece en los artículos siguientes.
Artículo 3.  Procedimiento para la desescalada.
1.  En  aplicación  del  Plan  para  la  desescalada  de  las  medidas  extraordinarias 
adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de 
Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, como autoridad 
competente delegada, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar la progresión de 
las fases y medidas aplicables en un determinado ámbito territorial. La regresión de las 
fases y medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.
2.  En  el  marco  de  las  decisiones  que  se  adopten  sobre  la  progresión  de  las 
medidas  de  desescalada,  las  personas  podrán  desplazarse  por  el  territorio  de  la 
provincia,  isla  o  unidad  territorial  que  se  determine  a  los  efectos  del  proceso  de 
desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra 
parte  del  territorio  nacional  por  motivos  sanitarios,  laborales,  profesionales  o 
empresariales,  de  retorno  al  lugar  de  residencia  familiar,  asistencia  y  cuidado  de 
mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación 
de  necesidad  o  cualquier  otra  de  análoga  naturaleza.  En  todo  caso,  en  cualquier 
desplazamiento  deberán  respetarse  las  instrucciones  dictadas  por  las  autoridades 
sanitarias.
Artículo 4.  Acuerdos con las comunidades autónomas y tratamiento de los enclaves. s
1.  En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de  w.
la  emergencia  sanitaria  causada  por  el  COVID-19,  el  Gobierno  podrá  acordar  43ww
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las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes,
servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de 
la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma.
En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 
de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.
2.  Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, 
aquellos  municipios  que  constituyen  enclaves  recibirán  el  tratamiento  propio  de  la 
provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a comunidad 
autónoma distinta a la de aquellos.
Artículo 5.  Pérdida de efectos de las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma.
La superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las 
medidas  extraordinarias  adoptadas  para  hacer  frente  a  la  pandemia  de  COVID-19, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará 
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en 
las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.
Artículo 6.  Autoridad competente delegada.
Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, la autoridad competente delegada 
para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, será el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del 
Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas.
Corresponderá durante ese periodo a las administraciones públicas competentes el 
ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.
Artículo 7.  Flexibilización de las medidas en el ámbito educativo no universitario y de la 
formación.
Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde 
la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a lo 
previsto  por  el  artículo  3.1,  las  administraciones  educativas  podrán  disponer  la 
flexibilización  de  las  medidas  de  contención  y  la  reanudación  de  las  actividades 
presenciales  en  el  ámbito  educativo  no  universitario  y  de  la  formación, 
correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas.
Durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta 
la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en 
los centros.
Artículo 8.  Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos 
procesales.
Artículo 9.  Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. e.e
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos  43ww
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Artículo 10.  Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos 
en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de 
prescripción y caducidad de derechos y acciones.
Artículo 11.  Mantenimiento de la vigencia de órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas.
Se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones 
dictadas por las autoridades competentes delegadas previstas en el artículo 4.2 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras 
posteriores, ni a lo establecido en este real decreto.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas las disposiciones 
adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
2.  Con  efectos  desde  el  1  de  junio  de  2020,  queda  derogada  la  disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO