BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Martes 13 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 83501
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
11617 Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 
28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 
específico  para  hacer  frente  a  los  incumplimientos  de  las  disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
I
Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las autoridades 
competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han 
podido intervenir en las actividades públicas y privadas, para proteger la salud de la 
población, garantizar el control de los brotes epidemiológicos y contener la propagación 
de las infecciones por el SARS-CoV-2, amparadas en los poderes que la legislación 
sanitaria otorga a las autoridades sanitarias para hacer frente a situaciones en las que la 
salud pública se encuentra gravemente comprometida y en la legislación de protección 
civil y lo han hecho tanto al amparo de la primera declaración de estado de alarma 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como una vez finalizado este, 
durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 25 de octubre y a partir de aquel 
momento, al amparo de la declaración del segundo estado de alarma, que finalizará el 
próximo día 9 de mayo.
En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, en los artículos 1 y 3 contiene la habilitación para que las 
autoridades sanitarias competentes, con el fin de proteger la salud pública y prevenir su 
pérdida o deterioro, además de realizar acciones preventivas generales, puedan adoptar, 
cuando  lo  exijan  razones  sanitarias  urgentes  o  necesarias,  medidas  que  traten  de 
controlar o evitar la transmisibilidad de enfermedades. El rango orgánico de esta cláusula 
general permite a la autoridad sanitaria, sea estatal o autonómica, adoptar en situaciones 
epidémicas  graves  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  salud  pública, 
sometidas al control judicial en la medida en que limiten derechos fundamentales.
Este apoderamiento para adoptar las medidas que resulten necesarias para combatir una 
situación de pandemia como la actual se contiene también en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, que en el artículo 26 permite que, en caso de que exista un riesgo 
inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias puedan adoptar las 
medidas preventivas que consideren sanitariamente justificadas, durante el espacio de tiempo 
estrictamente necesario para hacer frente a la situación extraordinaria, y con sujeción a los 
principios que establece el artículo 28, entre los que está la necesaria proporcionalidad entre 
la medida adoptada y la finalidad perseguida, y la utilización de las medidas que menos 
perjudiquen al principio de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de 
empresa y cualesquier otros derechos afectados.
La adopción de medidas y limitaciones para contener la transmisión de enfermedades 
transmisibles tiene también apoyo en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, que en el artículo 54 prevé que las administraciones competentes puedan adoptar  s
todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley y, con carácter  e.
excepcional, sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,  w.
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otros, siempre y cuando se justifiquen y se ajusten a la finalidad de prevención, protección y 
control de la salud individual y colectiva.
En las Illes Balears, contamos con una regulación sanitaria específica, de rango 
legal, contenida en la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears, y en la 
Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, que nos permitió, 
al amparo de la cláusula general de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Generales  en  Materia  de  Salud  Pública,  garantizar  una  estrategia  de  respuesta 
adecuada por parte de las autoridades competentes a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19.
En concreto, el artículo 51 de la Ley autonómica 5/2003, de 4 de abril, que regula las 
actuaciones de control sanitario, establece el deber de la Administración sanitaria, en el 
ejercicio  de  sus  competencias,  de  adoptar  las  medidas  oportunas  de  intervención 
provisionales ante situaciones de riesgo para la salud colectiva, como por ejemplo las 
siguientes:
a.  Establecer limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de las 
actividades  públicas  o  privadas  que,  directa  o  indirectamente,  puedan  tener 
consecuencias negativas para la salud.
b.  Establecer requisitos mínimos y prohibiciones para el uso y el tránsito de bienes 
y productos cuando impliquen un riesgo o daño para la salud.
c.  Adoptar las medidas oportunas de intervención provisionales ante situaciones de 
riesgo para la salud colectiva, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes.
En la misma línea, el artículo 49.2 de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud 
Pública de las Illes Balears, dispone que, cuando haya –o se sospeche razonablemente 
que haya– un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población como 
consecuencia de una situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo de 
personas,  se  puede  ordenar  la  adopción  de  medidas  preventivas  generales  y  de 
intervención,  entre  las  que  se  incluyen  las  de  reconocimiento,  de  tratamiento,  de 
hospitalización o de control individual sobre la persona o el grupo de personas, mediante 
una resolución motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo.
A  pesar  de  que  nuestra  legislación  no  concreta  las  medidas  de  intervención 
administrativa que se pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el 
control  de  contagios  ni  el  procedimiento  que  se  debe  seguir  para  adoptarlas,  los 
acuerdos  del  Consejo  de  Gobierno  y  las  resoluciones  de  la  consejera  de  Salud  y 
Consumo dictadas para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, en 
base a esta legislación, entre la finalización del primer estado de alarma y hasta la 
declaración del segundo, superaron el juicio valorativo de los juzgados contenciosos 
administrativos de Palma y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes Balears, en cuanto a la decisión sobre la autorización o la 
ratificación de las medidas de acuerdo con el artículo 10.8 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en cuanto afectaban derechos fundamentales 
de una colectividad de destinatarios no identificados individualmente, con medidas como 
el confinamiento perimetral de ámbito territorial insular o inferior, la limitación del derecho 
de reunión y el establecimiento de aforos máximos en los actos de culto.
Al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de  infecciones  causadas  por  el 
SARS-CoV-2, el cual se ha prorrogado mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021, en el ámbito de cada  e
comunidad  autónoma,  se  han  podido  dictar  las  órdenes,  las  resoluciones  y  las  bo
disposiciones para la aplicación de las previsiones establecidas en los artículos 5 a 11,  7w
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de laE nJturreis ldaisc cmióend Cidoanst epnrceivoissota-sa dcmonin ieslt rfainti vdae. limitar la expansión de la epidemia, en el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, están las siguientes: en el artículo 5, se
establecen medidas para la restricción de la movilidad nocturna; en el artículo 6, la 
posibilidad  de  limitar  la  entrada  y  la  salida  de  los  territorios  de  las  comunidades 
autónomas,  así  como  otros  ámbitos  territoriales  inferiores,  con  determinadas 
excepciones; en el artículo 7, la limitación de la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados en un número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes o, en su caso, en función de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos y otros, en el número inferior a seis personas que determinen las 
autoridades competentes delegadas, y en el artículo 8, específicamente, la posibilidad de 
limitar los aforos en los lugares de culto. El Real Decreto 926/2020, en el artículo 13, 
también prevé que las medidas establecidas se puedan completar con otras que, con el 
fin de garantizar la necesaria coordinación, pueda acordar el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de 
referencia y criterios de valoración del riesgo.
La inminente finalización de este régimen jurídico excepcional aconseja introducir en 
nuestra legislación más concreción de las medidas de intervención administrativa que se 
pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el control de contagios y resulta 
también necesario y urgente delimitar el procedimiento que se debe seguir para adoptarlas.
Así pues, este decreto ley tiene por objeto modificar la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, para concretar las medidas que, en 
situaciones  de  pandemia  o  epidemia  declaradas  por  las  autoridades  competentes, 
pueden  adoptar  las  autoridades  sanitarias  autonómicas  competentes,  así  como  el 
procedimiento  para  adoptarlas  garantizando  la  idoneidad,  la  proporcionalidad  y  la 
temporalidad. La finalidad es recoger en nuestra normativa las medidas que durante el 
estado de alarma se han evidenciado como especialmente idóneas en cuanto a la 
necesidad de contener la propagación del virus, como el confinamiento perimetral de un 
barrio, un municipio, una isla o todo el archipiélago, los controles a la entrada de las 
islas, a través de puertos y aeropuertos, la restricción de las reuniones, la limitación a la 
movilidad en horario nocturno o la limitación de aforos en lugares de culto, a fin de que 
puedan tener la previsibilidad normativa suficiente para que, en caso de que la situación 
epidemiológica o asistencial lo justifique, en el marco del procedimiento previsto en los 
artículos de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, 
que se modifican o se introducen mediante este decreto ley, se pueda recurrir para 
asegurar la protección de la salud pública.
II
Para lograr el objetivo perseguido, este decreto ley modifica la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, en el sentido de introducir cinco nuevos 
artículos que recogen las medidas concretas antes mencionadas y el procedimiento para 
adoptarlas. En particular, se incluyen estos preceptos para posibilitar la adopción de 
medidas preventivas en situación de pandemia o epidemia y la intervención de centros 
de  servicios  sociales,  se  establecen  las  condiciones  para  adoptarlas,  se  prevé  la 
potenciación del papel de las nuevas tecnologías en la gestión y el control de los riesgos 
para la salud pública, y se establece el marco en el que se tienen que realizar la 
cooperación y la colaboración administrativas en materia de salud pública.
Por otra parte, este decreto ley también modifica el Decreto Ley 11/2020, de 10 de 
julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 
incumplimientos  de  las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  s
ocasionada por la COVID-19, para mantener la vigencia de los tipos infractores previstos  e.
en los artículos 3.h) y 4.g), relativos al agravamiento de las infracciones leves y graves  w.
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progresivo de la movilidad, también se considera oportuno incluir un nuevo tipo infractor 
para sancionar los incumplimientos de la acreditación del resultado negativo de las 
pruebas  diagnósticas  que,  en  su  caso,  se  establezcan,  con  carácter  previo,  como 
medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en 
estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior.
Conformemente  a  la  doctrina  constitucional,  los  derechos  fundamentales  y  las 
libertades públicas no tienen carácter absoluto o ilimitado, y se pueden someter a ciertas 
modulaciones  o  limitaciones,  justificadas  en  la  protección  otros  derechos,  bienes  o 
valores constitucionales, siempre y cuando se ajusten al principio de proporcionalidad y, 
en todo caso, respetando su contenido esencial. En este sentido, en la actual situación 
de pandemia declarada debido a la COVID-19, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que nos encontramos en un escenario en el que los límites al ejercicio de los derechos, 
que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de proteger otros bienes y 
derechos constitucionales también dignos de protección, como son la integridad física, la 
salud y la vida de todas las personas (artículos 15 y 43 de la Constitución), así como la 
necesidad de evitar el colapso del sistema sanitario (Auto TC 40/2020, de 30 de abril).
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha admitido el establecimiento de 
medidas limitativas del ejercicio de derechos y libertades públicas sin necesidad de 
acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de 
alarma, si bien con respecto al principio de reserva de ley (orgánica o ordinaria) siempre 
que la limitación se encuentre suficientemente determinada en la disposición legal de 
habilitación en cuanto a los supuestos y las finalidades que persigue, y esté justificada 
en la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Además, hay que recordar 
la doctrina de este Tribunal, entre otras, en la Sentencia 53/2002, de 27 de febrero, que 
distingue entre restricciones directas a un derecho fundamental, que se deben vehicular 
mediante una ley orgánica, y restricciones al modo, el tiempo y el lugar del ejercicio del 
derecho fundamental, que se pueden hacer por ley ordinaria.
Por todo ello, el contenido de este decreto ley se ajusta a la doctrina constitucional 
sobre la materia, y se ampara en el marco legal estatal, orgánico y básico, aplicable, y 
las medidas que se puedan adoptar al amparo de esta modificación legal estarán sujetas 
al debido control judicial.
III
Este  decreto  ley  se  estructura  en  dos  artículos,  una  disposición  adicional,  una 
derogatoria y una final.
El artículo primero modifica la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública 
de las Illes Balears, mediante la inclusión de los nuevos artículos 49 bis, 49 ter, 49 
quater,  49  quinquies  y  49  sexies,  que  recogen  las  medidas  concretas  que,  en 
situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, 
pueden adoptar las autoridades sanitarias autonómicas competentes, así como el 
procedimiento para adoptarlas.
El artículo segundo modifica el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 
las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
COVID-19, para incorporar una serie de tipos infractores.
Contiene también una disposición adicional que establece, con carácter temporal, 
hasta que el Gobierno del Estado español declare la finalización de la situación de crisis  s
sanitaria ocasionada por la COVID-19, las tarifas y los precios máximos que deben  e.
aplicar  los  centros,  los  servicios  y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios,  w.
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incoYm lpaa dtiibslpeoss cicoinó ne sfitnea.l única establece la vigencia del Decreto Ley. BOE-A-cable e
IV
La inminente finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020 implica la necesidad de acometer sin dilaciones las modificaciones de 
la Ley 16/2010 y del Decreto Ley 11/2020, por lo que se tiene que hacer uso de la figura 
del decreto ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave situación 
de crisis sanitaria planteada, que requiere adoptar con urgencia y de forma inaplazable 
las modificaciones normativas mencionadas.
Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de 
las  Illes  Balears  a  imagen  de  lo  que  prevé  el  artículo  86  del  texto  constitucional, 
constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para 
hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, aunque con el límite de 
no poder afectar a determinadas materias. Como disposición legislativa de carácter 
provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está 
condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada 
convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo que se ha expuesto antes, y en este difícil 
contexto  de  crisis  sanitaria,  social  y  económica  a  la  que  hacen  frente  todas  las 
administraciones públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso 
del decreto ley para dar cobertura a las medidas que en él se contienen.
El  decreto  ley  autonómico  constituye  una  figura  inspirada  en  la  que  prevé  el 
artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha producido 
una  jurisprudencia  extensa  del  Tribunal  Constitucional.  Así,  este  alto  tribunal  ha 
declarado que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria 
y urgente necesidad tiene que ser explícita y razonada, y que debe haber una conexión 
de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se 
pretenden adoptar, las cuales deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata; todo 
ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por los procedimientos 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la 
aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.
En  el  contexto  de  crisis  sanitaria  que  están  afrontando  todas  las  comunidades 
autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso de 
este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que en él se contienen. El 
contenido del Decreto Ley se adecúa a los criterios establecidos en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, dado que responde a la exigencia de que haya una conexión de 
sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se 
pretenden adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, 
del Gobierno de las Illes Balears, este decreto ley se ajusta a los principios de buena 
regulación, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se 
fundamenta en el interés general para hacer frente a la crisis de salud pública provocada 
por la COVID-19.
La norma se adecúa también a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad 
y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección de los derechos 
de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer 
cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta proporcionada, 
en atención a la particular situación existente y a la necesidad de garantizar el principio 
de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En cuanto al principio de transparencia, dada la urgencia para la aprobación de esta 
norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información  e.
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019. w.b
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Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta de 
las consejeras de Presidencia, Función Pública e Igualdad, y de Salud y Consumo, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 7 de mayo de 2021, se 
aprueba el siguiente Decreto Ley:
Artículo primero.
Modificaciones de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes 
Balears
1.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 bis, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 bis.  Adopción de medidas preventivas en situación de pandemia o 
de epidemia.
1.  En situaciones de pandemia o de epidemia declaradas por las autoridades 
competentes, el Consejo de Gobierno puede adoptar medidas de limitación de la 
actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestación de servicios en 
los siguientes términos:
a)  La confiscación o la inmovilización de productos.
b)  La suspensión del ejercicio de actividades.
c)  El cierre de empresas o de sus instalaciones.
d)  La intervención de medios materiales o personales.
e)  Limitaciones de aforo.
f)  Limitaciones  de  horarios  de  apertura  y/o  cierre  de  establecimientos, 
lugares o actividades.
g)  El  establecimiento  de  medidas  de  seguridad  sanitaria  e  higiene  en 
determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
h)  La  obligación  de  elaborar  protocolos  o  planes  de  contingencia  en 
determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
i)  El  establecimiento  de  medidas  de  autoprotección  individual,  como  por 
ejemplo el uso de mascarilla y otros elementos de protección, y el mantenimiento 
de distancias de seguridad interpersonal o entre mesas o agrupaciones de mesas 
en los locales abiertos al público y en las terrazas al aire libre.
j)  La intervención de centros de servicios sociales en los términos previstos 
en el siguiente artículo.
k)  La obligación de suministrar los datos necesarios para el control y la 
contención del riesgo para la salud pública de que se trate y el registro de los 
datos suministrados, especialmente de datos que permitan la identificación de 
personas procedentes de lugares o asistentes a actividades o establecimientos 
que presenten un riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, con 
el fin de que las autoridades sanitarias puedan realizar su labor de control y 
búsqueda epidemiológica de brotes o situaciones de especial riesgo para la salud 
de  la  población.  En  todo  caso,  los  datos  registrados  serán  los  estrictamente 
indispensables para cumplir esta finalidad de control y contención del riesgo, y los 
datos de carácter personal serán tratados con estricto respeto a la normativa en 
materia de protección de datos.
l)  Ordenar a los ciudadanos y a las ciudadanas la prestación de servicios  e.
personales, de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de  w.b
nsaenceimtas)ir diaamCd.ueanltees jquusiteifric adoatrsa.s  medidas  ajustadas  a  la  legalidad  vigente  y  2021-1161n https://w
2.  Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con el fin de
proteger  la  salud  pública  y  prevenir  su  pérdida  o  deterioro,  las  autoridades 
sanitarias autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando lo exijan 
razones sanitarias de urgencia o necesidad, pueden adoptar medidas preventivas 
de  reconocimiento,  tratamiento,  hospitalización  o  control  cuando  se  aprecien 
indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de 
la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo 
de personas o por las condiciones sanitarias en las que se realice una actividad.
3.  Para controlar las enfermedades transmisibles, además de realizar las 
acciones  preventivas  generales  y  de  la  posible  adopción  de  las  medidas 
preventivas previstas en los apartados anteriores, pueden adoptar las medidas 
oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que estén o 
hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, así como las que 
se estimen necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. En particular, se 
pueden adoptar las siguientes medidas preventivas:
a)  Medidas de control de las personas enfermas, cuando sea procedente, 
como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en un centro hospitalario o el 
aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para esta finalidad.
b)  Sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado.
c)  Medidas de control de las personas que estén o hayan estado en contacto con 
las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro 
lugar adecuado para esta finalidad. A tal efecto, se entiende por cuarentena la restricción 
de las actividades y la separación, de las otras personas que no están enfermas, de una 
persona respecto a la que pueda tenerse razonablemente la sospecha de que haya 
estado o haya podido estar expuesta a un riesgo para la salud pública y sea una posible 
fuente  de  propagación  adicional  de  enfermedades,  de  acuerdo  con  los  principios 
científicos, las pruebas científicas o la información disponible.
d)  Sometimiento a observación o a medidas de vigilancia del estado de salud, a 
examen  médico  o a pruebas diagnósticas de personas que  presenten síntomas 
compatibles con la enfermedad transmisible de que se trate o de personas respecto a 
las que existan otros indicios objetivos que puedan suponer un riesgo de transmisión 
de la enfermedad. La observación, el examen o las pruebas serán lo menos intrusivos 
o invasivos posible para permitir conseguir el objetivo de salud pública consistente en 
prevenir o contener la propagación de la enfermedad.
e)  Sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, 
incluida  la  vacunación  para  determinados  colectivos  o  la  inmunización,  con 
información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o 
la no adopción de estas medidas.
f)  Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las 
personas que estén o hayan estado en contacto con estas, así como de las zonas 
afectadas. A tal efecto, se entiende por zona afectada aquellos lugares geográficos en 
los que sean necesarias medidas sanitarias de control de la propagación de la 
enfermedad. La determinación de la zona afectada se efectuará de acuerdo con los 
principios de precaución y proporcionalidad, procurando, siempre que resulte posible y 
eficaz, actuar lo antes posible o con más intensidad o medida sobre las zonas 
concretas en las que se produzca la mayor afección, para evitar perjuicios innecesarios 
al resto de la población. Entre otras, estas medidas podrán consistir en:
– Medidas que comporten la limitación o la restricción de la circulación o la  e
movilidad de las personas dentro de la zona o la isla o las islas afectadas o en  bo
determinados lugares y espacios dentro de esta zona o en determinadas franjas  7w
hora–r iaMse.didas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de  2021-1161n https://w
epnotsrtaedriao reens. estas, incluido el establecimiento de pruebas diagnósticas previas o
– Medidas de control de las tarifas y los precios máximos que deben aplicar 
los  centros,  los  servicios  y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios, 
públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas.
– Restricciones  a  las  agrupaciones  de  personas,  incluidas  las  reuniones 
privadas entre no convivientes, especialmente en los lugares y los espacios o con 
ocasión  del  desarrollo  de  actividades  que  comporten  un  mayor  riesgo  de 
propagación  de  la  enfermedad;  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  competencias 
estatales  en  relación  con  las  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  y  las 
manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el 
artículo 21 de la Constitución española.
– Medidas de cribado consistentes en la realización de pruebas diagnósticas 
de determinados sectores o grupos de la población particularmente afectados o 
vulnerables.
Las restricciones a los desplazamientos y a las agrupaciones de personas 
enumeradas anteriormente nunca pueden ser absolutas, tienen que expresar con 
claridad y precisión los desplazamientos y las agrupaciones que se restringen, y 
deben actuar con preferencia sobre los desplazamientos y las agrupaciones por 
razones meramente recreativas y de ocio. Se deben admitir, en todo caso, los 
desplazamientos y las agrupaciones que se realicen por motivos esenciales o 
justificados compatibles con la protección de la salud, sin perjuicio, si procede, de 
los controles o las medidas de prevención adicionales que se puedan establecer.
g)  Las otras medidas sanitarias justificadas y necesarias que, de acuerdo con 
los riesgos y las circunstancias en cada caso concurrentes, se estimen adecuadas 
para impedir o controlar la propagación de la enfermedad, en función del estado 
de la ciencia y del conocimiento existente en cada momento, siempre con sujeción 
a los criterios y a los principios establecidos en esta ley y, en particular, de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad. Estas medidas pueden ser las siguientes:
– Medidas de salud pública:
• Consejos generales de salud pública.
• Identificación de contactos.
• Pruebas diagnósticas a todas las personas que presenten síntomas.
• Pruebas de cribado colectivas.
• Aislamiento y cuarentena a las personas afectadas.
•  Limitaciones  de  desplazamientos  territoriales  que  protejan  del  riesgo  de 
transmisión y limitación de desplazamientos personales, manteniendo en todos los 
niveles de alerta los desplazamientos esenciales, siempre que se realicen de 
forma individual o con la unidad de convivencia y con todas las medidas de 
precaución higiénicas y de distanciamiento. Se incluye la limitación en horario 
nocturno.
• Limitación del número de personas que se puede reunir, tanto en espacios 
públicos como privados.
• Coordinación sobre la estrategia, las directrices y los planes de escalada del 
tipo de asistencia sanitaria en atención primaria, hospitalaria y servicios sociales.
• Restricciones de visitas en las instalaciones residenciales.
• Regulación de la situación de los espacios de trabajo en condiciones de 
espacio y medidas de higiene. s
• Control de apertura del comercio (aforo, cita previa u otras modalidades) de  oe.
espacios de trabajo. 7ww.
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y temporales de los centros educativos y de ocio y tiempo libre.
•  Regulación  del  aforo  en  establecimientos  de  restauración  y  hoteleros, 
atendiendo a condiciones de espacio y medidas de higiene (mascarilla, lavado de 
manos) y regulación de las condiciones de apertura materiales y temporales.
• Regulación de las actividades deportivas tanto profesionales y federadas 
como no profesionales atendiendo al tipo de deporte, los aforos y el uso de las 
instalaciones.
• Otras de naturaleza análoga que resulten necesarias para la lucha contra la 
pandemia o la epidemia.
La  adopción  de  estas  medidas  tiene  por  objeto  garantizar  el  control  de 
contagios  y  proteger  la  salud  de  las  personas,  y  adecuarse  al  principio  de 
proporcionalidad. A estos efectos, requiere la emisión de un informe por parte de 
la Dirección General de Salud Pública que acredite la situación de riesgo de 
contagio, la situación de control de la pandemia o la epidemia, la suficiencia de las 
medidas, y la propuesta de las medidas que se deben adoptar.
El acuerdo que establezca las medidas tiene que indicar su duración, que en 
principio  no  debe  ser  superior  a  quince  días,  excepto  que  se  justifique  la 
necesidad de establecer un plazo superior, sin perjuicio de que se pueda producir 
la prórroga, justificando el mantenimiento de las condiciones que determinaron su 
adopción.
El establecimiento de dichas medidas se debe realizar teniendo en cuenta 
siempre la menor afectación a los derechos de las personas, y, siempre que sea 
posible,  se  deben  ajustar  territorialmente  al  mínimo  ámbito  necesario  para 
asegurar su efectividad.
4.  Las medidas y las actuaciones previstas en los apartados anteriores que se 
ordenen con carácter obligatorio y de urgencia o necesidad se deben adaptar a los 
criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia  de  Salud  Pública,  y,  si  afectan  a  derechos  fundamentales,  requieren 
autorización o ratificación judicial, en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.»
2.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 ter, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 ter.  Intervención de centros de servicios sociales.
1.  En los casos de riesgo inminente y grave para la salud de la población, 
como crisis sanitarias o epidemias, la autoridad sanitaria autonómica competente, 
en función de la situación epidemiológica y asistencial de cada centro o del 
territorio concreto en que este se encuentre, y siempre en atención a los principios 
de necesidad y proporcionalidad y a la situación de vulnerabilidad de las personas 
mayores  o  con  discapacidad  u  otras  personas  usuarias,  puede  intervenir  los 
centros  de  servicios  sociales  de  carácter  residencial  de  personas  mayores  y 
personas  con  discapacidad  u  otros  centros  de  servicios  sociales  de  análoga 
naturaleza, de carácter público o privado, y disponer una serie de actuaciones en 
estos, que pueden consistir en:
a)  Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el 
personal sanitario propio del centro. e.
b)  Ordenar, por motivos de salud pública justificados, el alta, la baja, la  w.b
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necesaria garantía judicial.
c)  Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos 
centros residenciales o la modificación de la capacidad u organización de los 
existentes.
d)  Supervisar y asesorar en las actuaciones que realice el personal sanitario 
y no sanitario, en su caso, del centro.
e)  Designar  a  una  persona  empleada  pública  para  dirigir  y  coordinar  la 
actividad asistencial de estos centros, que sustituirá, plena o parcialmente, al 
personal directivo del centro y que podrá disponer de los recursos materiales y 
humanos del centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados a 
la actividad sanitaria asistencial que se preste de forma habitual a las personas 
residentes en este.
f)  Secundar puntualmente el centro con personal, si es necesario.
g)  Modificar  el  uso  de  los  centros  residenciales  para  utilizarlos  como 
espacios para uso sanitario.
2.  La intervención, que se acordará en los términos previstos en el artículo 
siguiente, tendrá carácter temporal, y su duración no podrá exceder de la duración 
necesaria  para  atender  a  la  situación  que  la  originó.  La  autoridad  sanitaria 
autonómica competente acordará, de oficio o a petición de la persona titular del 
centro, el cese de la intervención cuando resulte acreditada la desaparición de las 
causas que la hayan motivado.»
3.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 quater, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo  49  quater.  Adopción  de  medidas  preventivas  en  materia  de  salud 
pública.
1.  Las medidas preventivas previstas en los artículos anteriores se deben 
adoptar  con  la  urgencia  que  el  caso  requiera,  sin  necesidad  de  seguir  un 
procedimiento  administrativo  específico  y  con  independencia  de  las  medidas 
provisionales que se puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente en el 
seno de un procedimiento administrativo o con anterioridad a su iniciación.
2.  Las medidas se deben adoptar motivadamente, después de evaluar los 
principios científicos, las pruebas científicas o la información disponible en cada 
momento, y teniendo en cuenta el principio de precaución, que debe posibilitar la 
lícita adopción para asegurar un nivel elevado de protección de la ciudadanía 
cuando, después de la evaluación indicada, se observe la existencia, fundada, 
seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población, 
aunque continúe existiendo incertidumbre científica.
Además,  las  medidas  que  se  adopten  se  deben  ajustar  a  los  siguientes 
requisitos:
a)  Tienen  que  respetar,  en  todo  caso,  la  dignidad  de  la  persona.  En 
particular, las medidas de posible adopción en relación con las personas deben 
ser  lo  menos  intrusivas  e  invasivas  posible  para  conseguir  el  objetivo  de 
protección de la salud pública, procurando reducir al mínimo las molestias o las 
inquietudes que se asocian a estas. En los casos de medidas de aislamiento y 
cuarentena deben quedar garantizados el suministro de alimentos y de bienes de 
primera necesidad y la disponibilidad de medios para el mantenimiento de las  e.
comunicaciones  necesarias.  El  coste  de  este  suministro  y  disponibilidad  w.b
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lian staplearcsioonnae s oa delacsu adpaesrs, oan caoss taa fdeec tlaad Aadsm, insies tradceibóenn a uptoonnóemr icaa .su  disposición
b)  Se  tiene  que  procurar,  siempre  y  preferentemente,  la  colaboración 
voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias.
c)  No se pueden ordenar medidas obligatorias que comporten riesgo para la vida.
d)  Se deben utilizar las medidas que menos perjudiquen a la libre circulación de 
las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro derecho afectado.
e)  Las medidas deben ser proporcionadas al fin perseguido.
3.  En  caso  de  medidas  limitativas  de  derechos  fundamentales  y  libertades 
públicas, el requisito de proporcionalidad previsto en el apartado anterior exigirá que:
1.º  Las medidas sean adecuadas, en el sentido de útiles para conseguir la 
finalidad perseguida de protección de la salud pública.
2.º  Las medidas sean necesarias, en el sentido de que no exista otra medida 
alternativa menos onerosa para la consecución de esta finalidad con la misma eficacia.
3.º  Las medidas sean ponderadas o equilibradas por derivarse de estas más 
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto, en atención a la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales y 
las libertades públicas y las circunstancias personales de quienes la sufren.
En  la  motivación  de  las  medidas  se  debe  justificar  de  forma  expresa  la 
proporcionalidad de estas en los términos indicados. Además, la adopción de las 
medidas requiere la necesaria garantía judicial con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación procesal aplicable.
4.  Las medidas deben ser siempre temporales. La duración se tiene que fijar 
para cada caso, sin que excedan de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario  que  las  justificó,  y  sin  perjuicio  de  las  prórrogas  sucesivas 
acordadas mediante resoluciones motivadas.
5.  Cuando las medidas afecten a una pluralidad indeterminada de personas, 
tienen que ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Si la 
medida afecta a una o varias personas determinadas, se les tiene que dar audiencia 
con carácter previo a la adopción, siempre que esto sea posible. Si, debido a la 
urgencia, no resulta posible efectuar la audiencia previa, se debe realizar en el 
momento oportuno después de la adopción y la aplicación de la medida.
6.  La ejecución de las medidas puede incluir, cuando resulte necesario y 
proporcionado, la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa 
sobre las personas, con independencia de las sanciones que, en su caso, se 
puedan imponer. A tal efecto, se tiene que recaudar la colaboración de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecución de las medidas.
7.  Las autoridades sanitarias deben informar a la población potencialmente 
afectada, para proteger su salud y seguridad, por los medios en cada caso más 
apropiados, de los riesgos existentes y de las medidas adoptadas, así como de las 
precauciones procedentes tanto para que ella misma pueda protegerse del riesgo 
como para conseguir su colaboración en la eliminación de sus causas, y, a tal 
efecto, pueden formular las recomendaciones sanitarias apropiadas.»
4.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 quinquies, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 quinquies.  Protección de la salud pública a través de las nuevas 
tecnologías. e.
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odpeesarerrno llcaor msios temmeadsi ddaes  incfoomrmpalecmióenn yta raiapsli capcaioran elsa  pgaeras tidóinsp odsei tivcoriss ism ósvailneista qriuaes 
derivadas de enfermedades de carácter transmisible.
Estos sistemas de información y aplicaciones pueden tener, entre otras, las 
siguientes funcionalidades:
a)  Recepción, por parte de la persona usuaria, de información o alertas 
relativas  a  consejos  prácticos  y  orientaciones  de  carácter  general  ante  la 
enfermedad de que se trate, así como recomendaciones respecto a acciones y 
medidas adecuadas que hay que seguir.
b)  Geolocalización de recursos de interés que puedan servir de apoyo a la 
ciudadanía para el seguimiento de las pautas de salud o movilidad u otras.
c)  Determinación del nivel de riesgo transmisor de la persona usuaria, en 
base a los datos que de la persona usuaria tenga el Servicio de Salud de las Illes 
Balears.
d)  Identificación  de  contactos  de  la  persona  usuaria  que  sean 
epidemiológicamente relevantes.
e)  Recepción, por la persona usuaria, de avisos sobre el riesgo efectivo en el 
que se encuentre por ser contacto epidemiológicamente relevante de una persona 
diagnosticada de la enfermedad transmisible.
f)  Proporcionar  a  la  persona  usuaria  el  apoyo  digital  de  información  o 
documentación individual relativa a sus circunstancias laborales y de localización 
geográfica u otras, con el fin de facilitar la aplicación de las medidas que adopten 
las autoridades competentes en la gestión de la crisis sanitaria, en la medida y en 
los términos que lo permitan las disposiciones o los actos que disciplinen estas 
medidas.
Tanto en el desarrollo como en la puesta en marcha y en el funcionamiento de 
estos sistemas y aplicaciones y, posteriormente, en su desactivación, se debe 
garantizar el respeto necesario a la normativa vigente en materia de protección de 
datos y confidencialidad de las comunicaciones.»
5.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 sexies, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 sexies.  Cooperación y colaboración administrativas en materia de 
salud pública.
1.  En  el  ejercicio  de  las  competencias  propias,  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma y los ayuntamientos se tienen que facilitar la información 
que necesiten en materia de salud pública y se tienen que prestar recíprocamente 
la cooperación y la asistencia activa para el ejercicio eficaz de estas.
2.  Los órganos competentes de la Administración autonómica y de la local, 
en el marco de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los principios de 
eficacia,  coordinación,  colaboración  y  lealtad  institucional,  deben  velar  por  la 
observancia de la normativa de salud pública y por el cumplimiento de las medidas 
de  prevención,  ejerciendo  las  oportunas  funciones  de  inspección,  control  y 
sanción, en conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
3.  Los ayuntamientos pueden recaudar la colaboración y el apoyo técnico 
que necesiten de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los consejos 
insulares para el cumplimiento de esta ley. A tal efecto, se pueden subscribir los 
convenios de colaboración oportunos.
4.  Cuando no se hayan subscrito los convenios a los que hace referencia el  s
apartado anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma debe apoyar a los  oe.
ayuntamientos en caso de que estos se lo soliciten expresamente, motivando la  w.
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Administración autonómica puede asumir, en la forma establecida en el artículo 11
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la  Bc
realización de actividades de carácter material o técnico de competencia de las 
autoridades  sanitarias  locales,  especialmente  la  realización  de  actividades 
auxiliares,  previas,  preparatorias  o  de  colaboración  material  con  los  órganos 
administrativos  instructores  de  expedientes  sancionadores,  por  razones  de 
eficacia  o  cuando  las  autoridades  sanitarias  locales  no  posean  los  medios 
técnicos, personales o materiales idóneos para su desempeño, priorizando los 
casos de los municipios de menor población y medios.»
Artículo segundo.
Modificaciones del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen  sancionador  específico  para  hacer  frente  a  los  incumplimientos  de  las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
1.  Se añade una nueva letra, la letra h), al artículo 3 del Decreto Ley 11/2020, de 10 
de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a 
los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, con la siguiente redacción:
«h)  La comisión de cualquiera de las infracciones graves previstas en el 
artículo 4 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  comporta  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
2.  Se añade una nueva letra, la letra g), al artículo 4 del Decreto Ley 11/2020 
mencionado, con la siguiente redacción:
«g)  La  comisión  de  cualquiera  de  las  infracciones  leves  previstas  en  el 
artículo 5 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  comporta  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
3.  Se añade una nueva letra, la letra e), al artículo 5 del Decreto Ley 11/2020 
mencionado, con la siguiente redacción:
«e)  Incumplir  la  acreditación  del  resultado  negativo  de  las  pruebas 
diagnósticas que, en su caso, se establezcan, con carácter previo, como medidas 
de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en 
estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior, salvo los 
supuestos en los que se acredite que se dispone del Certificado UE COVID-19 o 
de un documento análogo admitido por las autoridades sanitarias españolas o 
europeas.»
Disposición  adicional  única.  Limitación  de  precios  y  tarifas  de  las  pruebas 
diagnósticas.
Hasta que el Gobierno del Estado español declare la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establecen las tarifas y los precios 
máximos que se indican a continuación, que tienen que aplicar los centros, los servicios  e.e
y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios,  públicos  y  privados,  para  la  b
realibaz))a  ciPPónaa rrdaae  ll aala  rrsee aapllriiuzzaaeccbiiaóósnn   dddieea  gppnrróuuseetbbicaaasss  dP:eC Ran: t7íg5e,0n0o s€:. 30 €. OE-A-2021-11617able en https://ww
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este decreto ley que lo 
contradigan o se opongan a él.
Disposición final única.  Vigencia.
Este decreto ley entrará en vigor a las 00.00 horas de día 9 de mayo de 2021.
Palma,  7  de  mayo  de  2021.–La  Consejera  de  Presidencia,  Función  Pública  e 
Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez.–La Consejera de Salud y Consumo, Patricia 
Gómez i Picard.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 60, de 8 de mayo de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 79, 
de 15 de junio de 2021)
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