BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Miércoles 19 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 5091
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
800 Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico 
de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria.
I 
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria 
(en adelante, SAREB) fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el 
objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar 
la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. SAREB 
se creó como compañía de gestión de los activos que debían salir del balance de las 
entidades  reestructuradas,  y  se  le  encomendó  la  gestión  y  enajenación  de  los 
préstamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas 
entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con 
la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones 
públicas,  SAREB  se  constituyó  con  mayoría  de  accionistas  privados,  y  sujeta  al 
ordenamiento jurídico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas 
del Estado.
La reclasificación de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente 
al sector de las Administraciones Públicas, siguiendo la opinión emitida por Eurostat, 
hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios en su régimen jurídico, 
que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad. 
En primer lugar, por medio de este real decreto-ley, se eliminan los límites a la 
participación del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo así un posible 
aumento del peso del Estado en el capital de esta sociedad. Para ello, se modifica la 
disposición  adicional  séptima  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de  noviembre,  de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, se regula el 
procedimiento  mediante  el  cual  el  FROB  podrá  llevar  a  cabo  la  adquisición  de 
participaciones en el capital de SAREB, con el objetivo de hacer efectiva la tomar de 
control de la sociedad.
En segundo lugar, se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria 
en el capital de SAREB sin que ésta adquiera la condición de sociedad mercantil 
estatal. SAREB es una sociedad de gestión de activos y por tanto un instrumento de 
resolución cuyo objetivo fundacional fue el de coadyuvar al desarrollo adecuado de 
los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Además, la 
sociedad cuenta desde su creación con un horizonte temporal limitado hasta 2027, 
que refleja el objetivo anterior y la singularidad de su naturaleza económica. Por tanto,  s
para garantizar que la potencial toma de control del FROB no suponga un cambio en  e.
su capacidad de actuación como instrumento de resolución, la sociedad se mantendrá  w.
sometida al ordenamiento jurídico privado, con las especificidades que le son de  0w
acoprlirceascpioónnd. aE dne  ccoonncfroertmoi,d aSdA RcoEnB l as eL eys o9m/2e0te1r7á,  dael  8ré dgeim neonv iedme bcreo,n dtrea tCacoinótnr aqtouse  delel 
SDeircetcotriv aPsú dbelicl oP,a rplaomr elnat oq Eueu rospee ot rya ndsepl oCnoenns eajol  2o0rd1e4n/2a3m/UieEn tyo  2j0u1rí4d/i2c4o/ UeEs,p daeñ o2l6  ldaes   BOE-A-cable e
febrero de 2014. Del mismo modo, le será de aplicación el régimen de los contratos 
mercantiles y de alta dirección de la disposición adicional octava del Real Decreto-
ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral. Para garantizar una transición ordenada, se establece un régimen transitorio 
de 3 meses como máximo para que SAREB se adapte a las especialidades del 
presente real decreto-ley desde la efectiva toma de control pública, a excepción del 
régimen de indemnizaciones por extinción de los contratos mercantiles o de alta 
dirección, que será de aplicación desde su entrada en vigor.
En tercer lugar, en consonancia con estos cambios, se procede a la adaptación del 
régimen  supervisor  y  de  fiscalización  de  SAREB,  así  como  del  seguimiento  del 
cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, ante una toma de control público, se elimina 
la Comisión de Seguimiento de SAREB, dado que el seguimiento de la actividad de la 
sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente 
a través de los órganos de control de la sociedad. Por otro lado, la fiscalización externa 
del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo teniendo en cuenta la especial naturaleza de la 
entidad Finalmente, se mantiene el actual régimen de supervisión y sanción atribuido al 
Banco de España.
En cuarto lugar, se traslada la toma de las decisiones por parte del FROB que 
afecten  a  la  gestión  de  su  cartera  de  participaciones,  acciones,  títulos  y  demás 
instrumentos a su Comisión Rectora en su composición reducida, con el fin de evitar la 
participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una 
entidad supervisada.
En quinto lugar, se incorpora, respetando el objeto social actual de SAREB, la 
posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De 
este  modo,  SAREB  podrá  ceder,  como  parte  de  su  política  de  sostenibilidad,  la 
propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda 
social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo 
de  optimización  del  valor.  Hasta  la  fecha,  en  el  marco  de  su  estrategia  de 
responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando en los últimos 
años acciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. 
Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar el impacto 
positivo de la compañía en la sociedad.
Por último, se opera un cambio de naturaleza técnica, eximiendo a SAREB de la 
aplicación del artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exceptuando a 
la compañía así de la obligatoriedad de la reducción de capital cuando las pérdidas 
contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes 
de la cifra del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse 
recuperado el patrimonio neto. Esto permite de este modo que haya plena coherencia 
con el cambio ya operado por medio del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, 
que eximió ya a SAREB de la aplicación del artículo 363.1.e) del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y garantiza un correcto nivel de seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad 
de  continuar  su  actividad  durante  su  horizonte  temporal  sin  entrar  en  causa  de 
disolución.
II
Por otra parte, se introduce una modificación puntual en el Real Decreto-ley 32/2021,  e.
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la  w.
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, específicamente, en  0w
slae cdtoisrp opsúicbilóicno »a,d iccioonn ael l cufianr tad,e  replareticvias aar l s«uR érgeidmaecnc ióanp licy,a belen  apl aprteicrsuolanra, l alañbaodrira l udneal 
sParelvsaugpuuaersdtao s eGxepnreesraal eds ed ella E sttaasdao  vdieg enretep opsaircaió cna ddae e jeerfceicctiiov.os  fijada  en  la  ley  de  BOE-A-cable e
A  su  vez,  se  introduce  otra  modificación  específica  en  el  citado  Real 
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el apartado nueve de su artículo primero, 
por el que se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre; la modificación proyectada afecta, exclusivamente, a la letra d) del 
referido artículo 84.2 del citado texto refundido, en cuya redacción se introduce una 
corrección, en aras de garantizar la debida seguridad jurídica y evitar cualquier duda 
interpretativa en su aplicación.
III
La  disposición  adicional  única  prevé  un  régimen  transitorio  relativo  a  las 
declaraciones de zonas de gran afluencia turística reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de 
diciembre, de horarios comerciales.
La situación del comercio minorista continúa siendo delicada, y una de las medidas 
más  importantes  para  el  impulso  y  la  flexibilidad  de  la  oferta  en  el  sector  de  la 
distribución minorista pasa por la flexibilización de horarios comerciales y el fomento de 
comercio de compras. Ello requiere una modificación de los criterios exigidos para poder 
declarar  un  área  como  zona  de  gran  afluencia  turística,  medida  que  ya  hubo  de 
adoptarse en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y que ahora, 
dados  los  últimos  datos  del  sector  turístico,  se  considera  imprescindible  y  urgente 
prorrogar.
Actualmente, los criterios utilizados en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, se refieren 
a los datos estadísticos del ejercicio inmediatamente anterior referentes a habitantes, 
pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los datos de 2021 aún no alcanzan 
los niveles previos a la pandemia ni reflejan la realidad habitual de nuestro sector 
turístico, los requisitos para proceder a las declaraciones de zona de gran afluencia 
turística aún serán difíciles de cumplir, con el consiguiente perjuicio para el comercio 
minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no tengan en cuenta los 
datos de 2021, que podrían desvirtuar el objetivo de la norma de dinamizar el comercio 
minorista, y continuarán tomándose como base los datos resultantes de la media de los 
tres años anteriores a la declaración de pandemia global, es decir, de 2017 a 2019 
ambos inclusive.
IV
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio–. A tal fin el Tribunal Constitucional ha afirmado 
que el control del presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE, exige, primero, que el 
Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente y, 
segundo, que exista además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las 
medidas que en el Decreto-ley se adopten.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido  e.
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17  w.b
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una  0w
spirteuvaecrió rne qcuoinecrere utan,a d aecnctrióon d en olorms aotbivjeat iivnomse gduiabtear neanm uenn ptalalezso,  mquáes  pborer vraez qounee se ld rifeícqiuleesr iddeo 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
Respecto  a  esta  norma  concurren  circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad que justifican la aprobación de este real decreto-ley, tal y como exige el 
artículo 86.1 de la Constitución Española. En primer lugar, la reclasificación de SAREB 
en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones 
Públicas hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios, que permitan 
adaptar SAREB a la nueva realidad ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable. 
Dicha reclasificación fue realizada, por indicación de EUROSTAT a través de carta 
remitida al Instituto Nacional de Estadística el 16 de febrero de 2021, por parte del 
Instituto Nacional de Estadística con ocasión de la notificación a la Unión Europea de 
abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2020 y supuso la 
integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Públicas dentro del 
sector institucional de las Administraciones Públicas del Reglamento (UE) n.º 549/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Como consecuencia 
de  la  reclasificación  la  actividad  de  la  compañía  repercute  directamente  sobre  las 
cuentas públicas con efectos desde 2020: determina un incremento en el déficit público 
de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88 % del PIB) y un incremento de la deuda PDE 
consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre 
de 2020 (3,05 % del PIB). Del mismo modo, en los sucesivos ejercicios, las operaciones 
de disposición de su activo por parte de SAREB, así como sus resultados contables 
afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas. 
Todo ello hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje 
la realidad económica.
En segundo lugar, durante 2021 SAREB ha alcanzado un patrimonio neto negativo, 
al consumir las pérdidas íntegramente los fondos propios de la compañía, incluida la 
deuda subordinada. La deuda senior emitida por la compañía, por su parte, cuenta con el 
aval del Estado. Por tanto, en el momento presente, es el Estado quien tiene el principal 
interés económico en la marcha de SAREB así como quien soporta la mayor parte del 
riesgo asociado a su actividad. En este sentido, el Plan de Negocio y la capacidad de 
generar flujos de caja por parte de SAREB son factores cruciales para minimizar el 
potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de la 
compañía en 2027. Por tanto, es urgente y necesario que esta realidad económica tenga 
un reflejo inmediato en la estructura accionarial y la gobernanza de la entidad para 
asegurar que el sector público pueda decidir sobre el diseño e implementación de la 
estrategia corporativa.
En  tercer  lugar,  es  preciso  adaptar  el  régimen  jurídico  de  la  sociedad  ante  el 
potencial  cambio  de  su  estructura  accionarial,  al  ser  SAREB  un  instrumento  de 
resolución con marco normativo específico debido a sus distintas singularidades. Es por 
ello necesario y urgente garantizar que SAREB cuente con un régimen jurídico ajustado 
a su marco de actuación como instrumento de resolución. No obstante lo anterior, se 
considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía 
al principio de eficiencia presupuestaria; por tanto, se incorporan los criterios propios de 
los contratos mercantiles y de alta dirección establecidos en la disposición adicional 
octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
En cuarto lugar, hasta ahora como parte de su estrategia de responsabilidad social 
corporativa, SAREB ha venido dedicando parte de su cartera de activos inmobiliarios a  s
objetivos de vivienda social. La potencial participación mayoritaria en SAREB por parte  oe.
del sector público hace necesario y urgente garantizar la seguridad jurídica respecto a la  w.
actividad en curso y futura de la compañía en este ámbito, de tal manera que se adecúe  0w
ma oladso ,a tsrieb uhcaiobnileitsa  cao mSpAeRteEnBc iaal ecse ednetrr ev ilvaise nddisatsin taa se andtimdaindiesstr apcúiobnliecsa sp úob leicnatsid. aDdee se sntoe 
lduecnratrtoiv adse lc oobmjeot ipvoa rtdee  doep stium ipzoalcítiiócna  ddeel  svoaslotern yib ielind acdo, oirndcionrapcoiórann cdoon a lsoís l ad euptilaidrtaadm seonctoiasl   BOE-A-cable e
ministeriales competentes. La incorporación de estos principios supone una modificación 
del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos, norma de rango reglamentario que 
como se señala guarda conexión directa con la situación de urgente necesidad que se 
atiende con el presente real decreto-ley.
Las anteriores circunstancias determinan la urgencia de acometer una reforma de la 
estructura de capital de SAREB y de su gobernanza, de forma que éstas reflejen el 
reciente  cambio  de  criterio  propuesto  por  Eurostat  y  la  situación  patrimonial  de  la 
entidad.
Por todo ello, se hace imperativo que el FROB pueda alcanzar cuanto antes una 
posición mayoritaria en el capital de SAREB y establecer el marco en que se desarrollará 
su actividad hasta su liquidación.
A su vez, la urgencia de la propuesta viene dada por la necesidad de clarificar la 
redacción de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, así como recuperar la redacción previa a la reforma introducida por el Real 
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en la letra d) del artículo 84.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de forma inmediata, dada la naturaleza de 
la norma que se modifica, así como para no incurrir en menoscabo alguno de la 
seguridad jurídica. En este sentido, la redacción ahora proyectada debiera entrar en 
vigor, en todo caso, antes de que tenga lugar el debate en el Congreso de los 
Diputados, sobre la convalidación del reseñado real decreto-ley, que se modifica de 
manera puntual.
En el caso del régimen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran 
afluencia  turística  reguladas  en  la  Ley  1/2004,  de  21  de  diciembre,  de  horarios 
comerciales, es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la 
situación que viene soportando nuestro sector turístico y comercial como consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones en la libre circulación y en la actividad 
comercial ocasionadas por ésta. En particular, medidas como las propuestas en materia 
de zonas de gran influencia turística son urgentes para evitar el decaimiento de la 
declaración de esas categorías en el ejercicio 2022, como consecuencia de la reducción 
de desplazamientos durante 2020 y 2021, con el consiguiente efecto negativo en el 
comercio de los municipios afectados.
Por lo demás, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado en párrafos anteriores. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de 
seguridad  jurídica,  proporcionalidad  y  eficacia,  destacándose  que  las  medidas  que 
incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa 
posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. 
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e  información  públicas,  conforme  el  artículo  26.11  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de 
noviembre, del Gobierno. 
Finalmente,  respecto  al  principio  de  eficiencia,  no  se  imponen  nuevas  cargas 
administrativas.  s
El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, que  oe.
comprende  tres  artículos,  una  disposición  transitoria,  una  disposición  derogatoria  y  w.
cuatro disposiciones finales y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª,  0w
1s1o.bªr,e 1 l3a. ªle yg is1l4a.cªi ódne  mlae rCcaonntsilt,i tpurcoiócne,s aqlu ye  caivtrili;b ubyaesne sa dl eE lsat aodrod elnaa ccoiómn pdeetel ncrcéiad iteox, cbluasnicvaa 
dy es eHgaucrioesn;d baa gseense yra cl.oordinación de la planificación general de la actividad económica; y  BOE-A-cable e
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Ministra de Hacienda y Función 
Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y de la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de enero de 2022, 
DISPONGO:
Artículo  primero.  Modificación  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de  noviembre,  de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Los apartados 3, 4 y 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, quedan modificados 
como sigue:
«3.  Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado, que se 
determinará reglamentariamente, y no le será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 327, 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, 
reglamentariamente  se  podrá  determinar  o,  en  su  caso,  atribuir  al  FROB  la 
determinación del importe inicial de capital social y la prima de emisión.
4.  Podrán adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del 
FROB, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El  FROB  podrá  adquirir  y  mantener  una  participación  igual  o  superior  al 
cincuenta  por  ciento  del  capital  de  la  sociedad  con  objeto  de  gestionar  los 
procesos  de  resolución  y  reestructuración  derivados  de  esta  ley.  Dicha 
participación se regirá por lo previsto en la presente disposición, en el régimen 
jurídico del FROB contemplado en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación 
y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y en su 
normativa de desarrollo.
La adquisición de acciones por el FROB requerirá acuerdo de la Comisión 
Rectora en la composición establecida en el artículo 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 
de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios  de  inversión,  previo  informe  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración  del  Estado,  relativo  al  cumplimiento  de  los  procedimientos 
aprobados y a la razonabilidad del precio propuesto.
5.  La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, SA, se someterá al régimen de contratación que le corresponda de 
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de 
febrero de 2014.
El régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la sociedad será 
el establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012,  e.e
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.» b
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito 
y empresas de servicios de inversión, queda modificada como sigue:
Uno.  El apartado 6 del artículo 52 queda modificado como sigue:
«6.  El FROB no estará sujeto a las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus 
funciones  de  resolución.  En  todo  caso,  el  FROB  no  estará  sometido  a  las 
previsiones contenidas en el título VII de la Ley de 33/2003, de 3 de noviembre, 
referido al patrimonio empresarial de la Administración General del Estado.
No  formarán  parte  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  las 
participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos de las que el FROB sea 
titular o que pudiera adquirir en el ejercicio de sus facultades de resolución. Dichas 
participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, así como las sociedades 
emisoras de los mismos, que no tendrán consideración de sociedades mercantiles 
estatales, aun cuando el FROB ejerza el control directa o indirectamente sobre 
ellas, quedarán sometidas, a todos los efectos, al ordenamiento jurídico privado, 
sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  remisión  de  información  que  resulten 
necesarias para la elaboración de las cuentas nacionales.»
Dos.  El apartado 6 del artículo 54 queda modificado como sigue:
«6.  Para  la  válida  constitución  de  la  Comisión  Rectora  a  efectos  de  la 
celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la 
asistencia al menos de la mitad de sus miembros con derecho de voto. Sus 
acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes, teniendo voto de 
calidad el Presidente en caso de empate en el número de votos.
No obstante lo anterior, para la toma de las decisiones que afecten a los 
Presupuestos Generales del Estado o a la gestión por parte del FROB de su 
cartera de participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, la Comisión 
Rectora adoptará sus decisiones con la siguiente composición:
a)  El Presidente.
b)  Los  tres  representantes  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital.
c)  Los dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el 
que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
El Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos, queda modificado como sigue:
Uno.  Se da la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 17:
«2.  A los efectos del cumplimiento de sus funciones, SAREB actuará con 
adecuación a los objetivos establecidos en el artículo 3 y de acuerdo con los 
principios  generales  de  transparencia,  gestión  profesional  y  sostenibilidad  y  es
utilidad social. bo
En cumplimiento del principio de sostenibilidad, SAREB elaborará estrategias  w
mqcdoueame xc ipempesoitizeónanndct eeidórsean  re iádnn em llla auv  meaublaotleitrle,isd r diaaaed.  » efonsrtomidcaaia dlc eosdo erp dúienbsalitcdoaass   ciono mna u loeesnb tldiedesap daderestan mntrooe  nlutdocesrla  mtiovibanjsies,tt ieveronia  lldaeess    OE-A-2022-80able en https://
Dos.  La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Arancel de los notarios y registradores de la 
propiedad.
1.  Las actuaciones notariales y registrales necesarias para dar cumplimiento 
a lo previsto en este real decreto, cuando legalmente deba soportar el pago 
SAREB o los FAB, no devengarán derechos arancelarios.
En los supuestos que requieran la inscripción de previas trasmisiones de los 
activos adquiridos, todas las realizadas se practicarán necesariamente en un solo 
asiento y, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, no devengarán derechos 
arancelarios.
2.  No  devengarán  derechos  arancelarios  las  actuaciones  notariales  y 
registrales necesarias, en su caso, para la ejecución de las estrategias de cesión 
de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas previstas en el 
apartado 2 del artículo 17 de este real decreto.»
Artículo cuarto.  Modificación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo.
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado nueve del artículo primero, por el que se da nueva 
redacción al apartado 2 del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuya 
letra d) queda redactada como sigue:
«d)  La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que 
se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.»
Dos.  La  disposición  adicional  cuarta  del  Real  Decreto-ley  32/2021,  de  28  de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo, queda redactado como sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Régimen aplicable al personal laboral del sector 
público.
Los contratos por tiempo indefinido y los fijos-discontinuos podrán celebrarse 
cuando  resulten  esenciales  para  el  cumplimiento  de  los  fines  que  las 
administraciones  públicas  y  las  entidades  que  conforman  el  sector  público 
institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación.
Sin perjuicio de la tasa de reposición establecida en la ley de presupuestos 
generales del Estado vigente para cada ejercicio, si para la cobertura de estas 
plazas  se  precisara  de  una  tasa  de  reposición  específica,  será  necesaria  la 
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Igualmente  se  podrán  suscribir  contratos  de  sustitución  para  cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección  s
para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de  oe.
igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la Ley 20/2021,  w.
edle e 2m8p dleeo d picúibelmicbor.»e, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en  2022-800n https://w
Disposición  adicional  única.  Régimen  transitorio  de  las  zonas  de  gran  afluencia 
turística para 2022, reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 
Comerciales.
Durante el año 2022, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia 
turística que deban declararse o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o 
mantenimiento de las circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, y de las distintas normas autonómicas dictadas en desarrollo del 
mismo, no se considerarán los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros de 
cruceros del año 2021. En su lugar, se aplicará la media de los años 2017, 2018 y 2019, 
anteriores a la declaración de pandemia mundial provocada por la COVID-19.
Disposición transitoria única.  Adaptación de SAREB.
1.  SAREB deberá adaptarse a las especialidades del presente real decreto-ley con 
la entrada en vigor del mismo y en todo caso en el plazo máximo de 3 meses desde el 
momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria.
2.  Del  mismo  modo,  la  Comisión  de  Seguimiento  de  SAREB  regulada  por  el 
apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
mantendrá sus funciones hasta el momento en que la participación del FROB en la 
sociedad sea mayoritaria.
3.  Las  indemnizaciones  por  extinción  de  los  contratos  mercantiles  o  de  alta 
dirección, cualquiera que fuera la fecha de su celebración, se regirán por lo dispuesto en 
el apartado 5 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en su redacción dada por este 
real decreto-ley desde el mismo momento en que este entre en vigor. 
Disposición derogatoria única.
Se deroga el apartado 9 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido en este real decreto-ley y, en particular, el apartado 3 del artículo 19 y el 
artículo 27 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
Disposición  final  primera.  Salvaguarda  del  rango  de  ciertas  disposiciones 
reglamentarias.
Las  determinaciones  incluidas  en  normas  reglamentarias  que  son  objeto  de 
modificación por este real decreto-ley en el artículo 3 podrán ser modificadas por normas 
del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª, 
13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la 
legislación  mercantil,  procesal  y  civil;  bases  de  la  ordenación  del  crédito,  banca  y 
seguros; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de 
Hacienda general. es
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario y habilitación normativa. w
desaSrero hlloa,b ailiptali caalc Gióonb yie ernjeoc upcairóan  adper olob aers tcaubalenctaidso d eisnp eosstiec iorenaels d esecraent on-elecye.sarias para el
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de enero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN