BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 43 Sábado 19 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 20871
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
2686 Decreto-ley  9/2021,  de  23  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en 
determinados sectores de actividad administrativa.
I
Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las autoridades 
competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han 
podido intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la 
población, garantizar el control de los brotes epidemiológicos y contener la propagación 
de las infecciones por el SARS-CoV-2, amparadas en los poderes que la legislación 
sanitaria otorga a las autoridades sanitarias para hacer frente a situaciones en que la 
salud pública se encuentra gravemente comprometida y en la legislación de protección 
civil.
Atendida la situación epidemiológica en las Illes Balears en cada momento, las 
autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma han ido adoptando toda una serie de 
medidas para hacer frente a la COVID-19, entre las cuales figura la de establecer la 
obligatoriedad  del  uso  del  denominado  certificado  covid  digital  UE  (CCD-UE),  o  la 
documentación auténtica que acredita un contenido idéntico a este certificado –es decir, 
que  su  titular  se  encuentra  vacunado  con  pauta  completa,  o  que  ha  superado  la 
COVID-19 dentro de los seis meses anteriores o que ha obtenido un resultado negativo 
en una prueba de detección de infección activa en fechas inmediatamente anteriores–, 
para poder acceder a determinados locales o establecimientos en los cuales, por razón 
de sus características físicas o por razón de las actividades que se llevan a cabo, hay un 
mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. El ámbito objetivo de exigencia del uso 
de esta documentación está condicionado al nivel de alerta sanitaria declarado en cada 
isla, de forma que cuanto más alto sea el nivel de alerta sanitaria en el cual se encuentre 
una isla más categorías de establecimientos tienen que pedir esta documentación para 
permitir el acceso.
Estas  nuevas  medidas  en  particular  hacen  recomendable  modificar  el  Decreto 
ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 
para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para adaptar los tipos infractores que 
se prevén a las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para fijar las 
condiciones  específicas  aplicables  al  desarrollo  de  la  actividad  de  determinados 
establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén radicados 
–como por ejemplo discotecas, salas de fiestas, salas de baile, bares de copas o cafés 
concierto, pubs, establecimientos de restauración con cabida interior para más de 50 
personas,  establecimientos  o  locales  donde  se  lleven  término  celebraciones  con 
participación  de  más  de  50  personas  y  en  las  cuales  se  presten  actividades  de 
restauración y/o baile, y otros espacios habilitados para llevar a cabo las actividades 
mencionadas–, cuyo acceso, por parte de personas mayores de 12 años que no trabajen 
en el establecimiento, requiere presentar una certificación que acredite la concurrencia  s
de cualquiera de las circunstancias que se prevén (tener la pauta completa de una  oe.
vacuna contra la COVID-19, disponer de una prueba diagnóstica de infección activa  w.
[dPeDnItEAron]   detieps toleo  sPs CesneRtisi,d  Tmo,Me ssAee  soin  atPrnoRtdeAurgico ernenes gd).aotsiv nau, eov oqsu eti ploas p ienrfsraocntao rheas yean  slousfr iadrot íclau leons fe3r my e4d daedl   2022-2686n https://ww
Decreto  ley  11/2020,  en  virtud  de  los  cuales  se  tipifican,  respectivamente,  como
infracciones  muy  graves  y  graves,  en  función  de  la  gravedad  de  la  infracción,  el
incumplimiento de la obligación de comprobación de los requisitos y documentos de 
acceso  al  interior  de  los  establecimientos,  locales  y/o  acontecimientos  antes 
mencionados y, a la vez, se armoniza la redacción de la letra g) del artículo 4 y de la letra 
e) del artículo 5 del citado Decreto ley.
II
Junto con estas modificaciones de rango legal, se considera imprescindible abordar 
otras  reformas  puntuales  de  varias  normas  sectoriales,  también  de  rango  legal  y 
reglamentario, como es el caso de la Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales 
de comercio, industria, servicios y navegación de las Illes Balears; de la Ley 2/2011, 
de 22 de marzo, por la que se regula la participación institucional de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears;  de  la  Ley  10/2019,  de  22  de  febrero,  de  cambio  climático  y  transición 
energética; de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las 
Illes Balears, y del Decreto 20/2019, de 15 de marzo, por el que se regula la bonificación 
en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo interinsular para las 
personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como suspender 
la vigencia de determinados preceptos reglamentarios en materia de juego, con objeto 
de asegurar la vigencia inmediata de estas reformas, y, con esto, poder adaptar los 
procedimientos administrativos y presupuestarios que requieren, para gran parte de 
estas medidas, las administraciones públicas implicadas en el ejercicio presupuestario 
de 2022.
En efecto, y en primer lugar, se modifica el artículo 30 de la Ley 1/2017, de 12 de 
mayo, de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de las Illes 
Balears, para garantizar la viabilidad de las cámaras, introduciendo un precepto que 
prevea, para la financiación de las actividades de las cámaras, una consignación anual 
en el presupuesto autonómico que pueda destinarse a sufragar los gastos estructurales, 
de funcionamiento y el coste de los servicios públicos administrativos previstos en el 
artículo  4  de  la  Ley  mencionada,  así  como  la  gestión  de  programas  que  le  sean 
encomendados mediante convenios, delegaciones de funciones, encargos o contratos 
programa.
En cuanto a la modificación de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, por la que se regula la 
participación  institucional  de  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más 
representativas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la exposición de motivos 
de esta Ley recoge la importancia de la participación institucional, como contenido 
adicional a la libertad sindical (artículos 9.2 y 129.1 de la Constitución española) como 
elemento clave para fomentar desde el gobierno autonómico una cultura de pacto a 
través del diálogo social con los agentes sociales que permita la adopción de medidas 
que afectarán a la ciudadanía integrante del conjunto de las Illes Balears, además de la 
misma defensa de los intereses de la clase trabajadora y empresarial, dado que son 
estas las que conocen de primera mano la realidad económica y social importante para 
la toma de las decisiones políticas.
Es importante destacar el título II del mismo texto normativo, que regula el fomento y 
la evaluación de la participación institucional y establece los criterios necesarios con los 
cuales se tienen que compensar los costes que suponga la participación institucional por 
parte  de  la  Administración  pública  y  de  acuerdo  con  criterios  que  doten  de  más 
transparencia  el  conjunto  de  subvenciones  y  ayudas  que  reciben  las  mismas  s
organizaciones sindicales y empresariales. oe.
En este sentido, y después de más de diez años de vigencia de la Ley 2/2011, es  w.
eiinmnsp tliooturstc aaionsntpeae lc ndtoois sp smoonlíong iamr eodcseo,  gudenera  f odfirenm aanm cqaiaunceei róeans  tegase gpnaeércraiícnfiatcí aal, a fis ninnaeonc cceieosrniadc araednt uaqarlula ee  esctlaao bnlpóeamcritdiiccaai pmeanec nilóotens    2022-2686n https://ww
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears permita una
planificación y una actuación eficientes del mandato que tienen legalmente reconocido  Bc
por parte de las entidades afectadas a lo largo del tiempo. Con la inclusión de una nueva 
disposición adicional séptima a la Ley 2/2011, se establece un importe mínimo para el 
conjunto de las actuaciones previstas en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y 
quinta, así como su distribución entre estas.
Así mismo, la modificación del artículo 54 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 
cambio  climático  y  transición  energética,  es  especialmente  necesaria,  dado  que  la 
modificación impulsada al amparo de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen 
que  financiar  con  fondos  europeos  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, ha eliminado erróneamente las disposiciones en materia 
de parámetros urbanísticos para las energías renovables que se habían introducido en la 
Ley 2/2020.
La inclusión de esta modificación del artículo 54 de la Ley 10/2019 permite recuperar 
los  elementos  normativos  que  velaban  para  facilitar  la  promoción  de  las  energías 
renovables en espacios construidos, como por ejemplo aparcamientos y cubiertas de 
equipamientos  en  suelo  rústico,  que,  con  la  modificación  de  la  Ley  computarían 
urbanísticamente a los efectos de ocupación y redundarían en un perjuicio ambiental y 
territorial. La modificación que incluye este Decreto ley permite recuperar el apartado 
tercero del artículo 54, que pretendía resolver un vacío legal que existía para proyectos 
de energías renovables en suelo rústico, que, si bien contaban con una declaración de 
utilidad pública continuaban computando urbanísticamente a los efectos de ocupación. 
Finalmente,  la  modificación  permite  recuperar  la  medida  del  apartado  cuarto,  que 
pretendía facilitar el autoconsumo de electricidad en suelo rústico.
Respecto a la modificación de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación 
farmacéutica de las Illes Balears, cabe señalar que cuando el Decreto ley 1/2014, de 14 
de noviembre, por el que se modificó la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación 
farmacéutica de las Illes Balears, dio una nueva redacción a los términos del artículo 24 
de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, para, en el supuesto concreto del apartado 9 del 
artículo mencionado, hacer frente a los supuestos en los cuales, por causas y acciones 
ajenas a la voluntad del titular de una oficina de farmacia, este se veía privado de la 
titularidad de la oficina por la declaración judicial de la nulidad de todo o parte del 
procedimiento administrativo que concluyó con la adjudicación a su favor de la oficina, 
otorgándole directamente la titularidad de una nueva oficina de farmacia si existían 
disponibles  en  el  catálogo,  no  se  tuvo  presente  el  hecho  que,  por  un  lado,  los 
procedimientos de impugnación en vía administrativa y judicial de estas adjudicaciones 
se pueden prolongar en el tiempo por un largo plazo hasta llegar a ser firmes, plazo 
superior  incluso  al  plazo  legal  en  el  cual  los  adjudicatarios  tienen  prohibida  la 
disponibilidad por acto entre vivos a título oneroso de la oficina, por lo que resulta posible 
que la persona que se encuentre en la situación de verse privada de la oficina no sea el 
adjudicatario original sino un tercero adquirente de este, que se verá privado de la oficina 
adquirida,  puesto  que  no  estará  protegido  por  la  fe  pública  registral,  porque  la 
autorización para la apertura de una oficina de farmacia no es un derecho inscribible en 
el registro de la propiedad y, además, y como consecuencia de este hecho, la demanda 
causante  de  la  declaración  de  nulidad  tampoco  sería  susceptible  de  ser  anotada 
registralmente. Con esta modificación se equipara la situación tanto si la pérdida la 
experimenta el adjudicatario como un tercero adquirente de este.
Por otro lado, el hecho que los concursos de oficinas de farmacia puedan incluir no 
una, sino una serie de oficinas para adjudicar, genera el riesgo que la declaración de  es
nulidad  de  la  adjudicación  pueda  afectar  simultáneamente  a  varios  titulares  que  o
tmolpaefr exiecptntiorenoo nasxods imer aidsgniedti an aecbadajllee  terácqcnleuoetrergr e u o sns luvaaea  s fcda rnaeeromnfroertaemrcmcshai oaaqs  – upde eeeny rs   dpeeeir delnl eal ams cyc ipa isólusmanoe  oq de uadntene iel   asom iedferp eleseoncec telcisedrio,óca bpcndrio  oebrnd  alaeuos  n a–qdadsui asiegmst au eienissencm n nialdaae,o  c p oeperfseoilc avrei rnasiloalape   ícnrdumicteuaiaa  n ydlddaoeeosrl      OE-A-2022-2686able en https://www.
antigüedad del farmacéutico.
En cuanto a las modificaciones del Decreto 20/2019, de 15 de marzo, por el que se 
regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo 
interinsular para las personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, 
es urgente, por razones de seguridad jurídica, aclarar el régimen jurídico y los límites 
porcentuales de estas bonificaciones, particularmente en cuanto a la distinción entre las 
bonificaciones –estatal y autonómicas– por razón de la residencia en las Illes Balears, 
incluido el régimen específico propio de la isla de Formentera en este punto, y el resto de 
bonificaciones –estatales– resultantes de otros regímenes ajenos a la residencia, como 
por ejemplo, entre otros, el de las familias numerosas, compatibles en todo caso con las 
bonificaciones por residencia hasta el límite en este caso, evidentemente, del 100 % de 
la tarifa.
Finalmente, y en cuanto a la suspensión de la vigencia de determinados preceptos 
reglamentarios en materia de juego, cabe señalar que, teniendo en cuenta el número de 
salones  de  juego  autorizados  actualmente  en  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes 
Balears y dado que el territorio de la comunidad autónoma es limitado y que con la 
aprobación del decreto de apuestas se duplicó automáticamente la oferta de juego 
porque cada salón de juego dispone también de una zona de apuestas deportivas, el 
Consejo de Gobierno, en la sesión de día 10 de enero de 2020, inició la planificación 
general del sector del juego en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears  y  suspendió  la  concesión  de  autorizaciones  para  la  apertura  de  nuevos 
establecimientos de juego en la comunidad autónoma de las Illes Balears por un periodo 
de veinticuatro meses. Este Acuerdo se publicó en Boletín Oficial de las Illes Balears 
núm. 5, de 11 de enero de 2020.
Sin embargo, hay que señalar que la adopción de este Acuerdo coincidió en el 
tiempo  con  la  aprobación  de  una  serie  de  medidas  sanitarias  excepcionales  de 
prevención, contención y coordinación dictadas por el Gobierno de las Illes Balears para 
hacer frente a la crisis sanitaria causada por la COVID-19, que ha ocasionado el cierre 
temporal involuntario de los establecimientos de juego, y en general un desplazamiento 
de la normativa en materia de juego durante todo este periodo. La prioridad de todo el 
Gobierno de las Illes Balears ha sido contener la propagación del virus y la planificación 
del sector se ha visto postergada.
La pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho sino aumentar la demanda de 
varios estamentos sociales para que las administraciones públicas traten el posible 
efecto adictivo de las conductas derivadas de la práctica del juego.
La nueva planificación del juego y las apuestas y la futura reforma legal en la 
comunidad autónoma de las Illes Balears tienen que ser afrontadas a partir de un 
análisis riguroso de los datos disponibles, con la máxima participación de todos los 
actores implicados y con una ponderación adecuada de todos los intereses afectados, 
pero  priorizando  en  todo  caso  la  salvaguarda  de  los  menores  y  otros  colectivos 
necesitados de protección especial.
Este proceso se podría ver frustrado si no se adopta una medida consistente en una 
modificación de la actual Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes 
Balears, y se tiene que concretar, en primer lugar, en la suspensión del derecho de los 
interesados a la presentación y la tramitación de nuevos títulos habilitantes de casinos, 
salas accesorias de casinos, bingos, salones de juego, zonas de apuestas en salones de 
juego, bingos y casinos y locales específicos de apuestas, y, en segundo lugar, en la 
determinación de la zona de influencia a la que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 8/2014, 
atendida la demanda social existente en este sentido. es
Para la buena implementación y la eficacia de estas medidas, el Gobierno hará uso  o
sdjenuaenuelltea grvasmoad ,ae sac bc acaienuenngtsi osoovrmsriigzi aoaoys cr  c icdodaaeneus e ctielnsaalo sa psmirna  oorycasd o ,lin oflabiscc iianasacgtlpeeioeósnsrn tt,ee u sd sraaeepl n eodl canelí eaf Lis cce usodyuase sl 8 qpdju/ue2eeien0 gras1o ip4eó, u,sn zetd oastenbrt aaal1enss c) sdd iimteheo a ireaaisanpgt atuood es elstdao te a,la a sjdp u eecreolnog b njosuac aece(lgciosóoaninó se ynisny   o lddalseeas,      OE-A-2022-2686able en https://www.
apuestas en las Illes Balears, y del resto de disposiciones reglamentarias. Esto implica la
suspensión  de  la  vigencia  de  los  artículos  20.6,  20.7,  22.1,  23,  24  y  25  del 
Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears; del artículo 22 del Decreto 41/2017, de 25 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y de los artículos 8 y 17 del Decreto 42/2019, de 24 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de salones de juego de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.
III
De este modo, este Decreto ley se estructura en siete artículos, uno para cada una 
de las modificaciones de las normas legales y reglamentarias y para la suspensión de las 
normas reglamentarias antes mencionadas.
Mediante  la  disposición  adicional  única  se  habilita  un  sistema  de  declaración 
responsable, limitado únicamente a las actuaciones susceptibles de acogerse en los 
diferentes programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una oportunidad 
única de transformación y mejora para los diferentes territorios. En este sentido, incluye 
varias líneas, entre las cuales se tienen que destacar por su potencial para llegar a toda 
la  ciudadanía  los  programas  de  ayudas  en  materia  de  rehabilitación  residencial, 
orientados a la mejora de la eficiencia energética de viviendas ya construidas. Estos 
programas, recogidos en el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suponen una primera anualidad 
de más de 28,3 millones de euros que tienen que permitir la rehabilitación de un mínimo 
de 3.938 viviendas en las Illes Balears. Esta cifra se verá como mínimo duplicada en 
próximas anualidades, además de tener un claro efecto multiplicador sobre la economía. 
Dado que se trata de actuaciones de rehabilitación y que se impone que todas estas 
obras estén acabadas antes del 30 de junio de 2026, es imprescindible disponer de un 
mecanismo que permita garantizar la ejecución de una manera ágil, evitando a la vez un 
colapso en la concesión de licencias urbanísticas por parte de los ayuntamientos. Por lo 
tanto,  es  urgente  y  resulta  muy  necesario  habilitar  un  sistema  de  declaración 
responsable, limitado únicamente a las actuaciones susceptibles de acogerse en los 
diferentes  programas  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  que 
permita agilizar la ejecución de estas actuaciones, cuando por su naturaleza no sea 
imprescindible, según la normativa básica estatal, que queden sujetas a licencia.
Completan este Decreto ley la disposición derogatoria única, que deroga todas las 
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo que dispone el Decreto ley, lo 
contradigan  o  resulten  incompatibles,  y  la  disposición  final  única,  que  establece  la 
entrada en vigor del Decreto ley el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears».
IV
Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de 
las  Illes  Balears  a  imagen  de  lo  que  prevé  el  artículo  86  del  texto  constitucional, 
constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para 
hacer frente a situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, aunque con el límite de  s
no  poder  afectar  determinadas  materias.  Como  disposición  legislativa  de  carácter  oe.
provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está  w.
condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada  86ww
ceocnovnaólmidiaccai óan l.a D ceu aal chuaecredno  fcreonnt ee stotod,a sy  leans  aedl mdiifnícisilt rcaocniotenxetso  pdúeb lcicraissis,  esla Gnoitabrieiar,n os odceia lla sy 
mIlleesd iBdaasle.ars considera adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a todas estas  BOE-A-cable e
En efecto, el decreto ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé 
el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, el uso de la cual ha 
producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. Así, este alto tribunal 
ha  declarado  que  la  definición,  por  los  órganos  políticos,  de  una  situación  de 
extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que tiene que 
haber una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y 
las medidas que se pretenden adoptar, las cuales tienen que ser idóneas, concretas y de 
eficacia inmediata, todo esto en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria 
o por los procedimientos de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos 
no depende del Gobierno.
Así mismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se tiene que confundir la 
eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, por lo tanto, 
se tiene que permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan 
posteriores desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecución de 
estas medidas o normas de rango legal.
Para acabar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia 
de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears, hay que añadir que este Decreto ley, en 
la medida que se limita a modificar puntualmente normas sectoriales de rango legal y 
reglamentario  vigentes  y  a  suspender  la  vigencia  de  normas  sectoriales  de  rango 
reglamentario, encuentra también anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los 
diferentes puntos de los artículos 30 y 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears 
relativos a los varios títulos competenciales que, a su vez, legitimaron la aprobación de 
las respectivas normas de rango legal y reglamentario.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de los 
consejeros de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática; de 
Presidencia, Función Pública e Igualdad; de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; de 
Salud  y  Consumo;  de  Fondos  Europeos,  Universidad  y  Cultura,  y  de  Movilidad  y 
Vivienda, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 23 de 
diciembre de 2021, se aprueba el siguiente Decreto ley:
Artículo primero. Modificación del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos 
de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 
COVID-19.
1. Se añade una nueva letra, la letra i), al artículo 3 del Decreto ley 11/2020, de 10 
de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a 
los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, con la siguiente redacción:
«i) El incumplimiento de la obligación de comprobación de los requisitos y 
documentos  de  acceso  en  el  interior  de  los  establecimientos,  locales  y/o 
acontecimientos que determine en cada momento la autoridad sanitaria.»
2. La letra g) del artículo 4 del Decreto ley 11/2020 mencionado queda modificada 
de la siguiente manera:
«g) La  realización  de  otras  conductas  u  omisiones  que  infrinjan  las  s
obligaciones establecidas por el Estado o por la Comunidad Autónoma de las Illes  oe.
Balears, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que  w.
produzcan un riesgo o un daño grave para la salud de la población.» 86ww
3. Se añade una nueva letra, la letra k), al artículo 4 del Decreto ley 11/2020 
mencionado con la siguiente redacción:
«k) El incumplimiento de la obligación de comprobación de los requisitos y 
documentos  de  acceso  en  el  interior  de  los  establecimientos,  locales  y/o 
acontecimientos que determine en cada momento la autoridad sanitaria, cuando 
este no sea constitutivo de una infracción muy grave.»
4. La letra e) del artículo 5 del Decreto ley 11/2020 mencionado queda modificada 
de la siguiente manera:
«e) Cualquier otra infracción de las obligaciones establecidas por el Estado o 
por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y que no esté calificada como falta grave o 
muy grave.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales 
de comercio, industria, servicios y navegación de las Illes Balears.
Se modifica el artículo 30 de la Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales de 
comercio, industria, servicios y navegación de las Illes Balears, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Artículo 30. Financiación.
Para  la  financiación  de  sus  actividades,  las  cámaras  dispondrán  de  los 
recursos siguientes:
a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que 
presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades.
b) Los productos, las rentas y los incrementos de su patrimonio.
c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.
d) Los legados y donativos que puedan recibir.
e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se lleven a cabo.
f) Los consignados anualmente en el presupuesto autonómico, que puedan 
destinarse a sufragar los gastos de funcionamiento, el coste de los servicios 
público administrativos previstos en el artículo 4 de esta Ley o la gestión de 
programas que les sean encomendados mediante convenios, delegaciones de 
funciones, encargos o contratos programa.
El 85 % lo distribuirá el Gobierno entre todas las cámaras de comercio según 
el número de empresas que pertenezcan al último censo elaborado por cada una 
de las cámaras en su respectiva demarcación. El 15 % restante se distribuirá en 
función de los servicios camerales que se presten en las islas no capitalinas como 
compensación a los sobrecostes de la doble y triple insularidad.
Así mismo, se prevé la posibilidad que los consejos insulares puedan firmar 
convenios  para  financiar  las  cámaras  de  comercio  incluidos  los  gastos  de 
funcionamiento y estructura.
g) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en virtud de 
convenio o por cualquier otro procedimiento en conformidad con el ordenamiento 
jurídico.» es
Artículo tercero. Modificación de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, por la que se regula la  86ww
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empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. Importe económico mínimo que se destinará a la 
participación institucional y de las estructuras organizativas.
El importe presupuestario mínimo asignado al conjunto de las actuaciones 
previstas en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta de esta Ley será 
de un millón trescientos mil euros (1.300.000 €). Este importe se reparte de forma 
que un 32 % se destina a la disposición adicional tercera, un 24 % a la disposición 
adicional cuarta y un 44 % a la disposición adicional quinta.»
Artículo cuarto. Modificación de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y 
transición energética.
Se modifica el artículo 54 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y 
transición energética, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 54. Parámetros urbanísticos.
1. Las  instalaciones  de  producción  de  energía  renovable  ubicadas  en 
aparcamientos en suelo urbano o sobre cubierta, así como los apoyos y los 
elementos auxiliares necesarios, no computan urbanísticamente en ocupación, en 
edificabilidad, en distancia a umbrales ni en altura. Siempre que no afecten los 
fundamentos o la estructura del edificio, estas instalaciones estarán sujetas al 
régimen  de  comunicación  previa  que  determina  la  Ley  12/2017,  de  29  de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, a pesar de que se tienen que 
someter a lo que prevea la normativa de protección del patrimonio histórico y el 
paisaje  en  cuanto  a  las  condiciones  de  integración  o  a  la  imposibilidad  de 
instalarse conforme determinen los instrumentos de ordenación o de catalogación 
de bienes protegidos.
2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables que se declaren de utilidad pública ubicadas en suelo rústico 
no computan urbanísticamente en cuanto al parámetro de ocupación.
3. Igualmente las instalaciones de autoconsumo eléctrico con tecnología de 
generación renovable o para producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía  renovables  ubicadas  en  aparcamientos  y  otras  infraestructuras, 
equipamientos o sistemas generales en suelo rústico, bien sea sobre el terreno o 
bien sobre cubierta, así como los apoyos y los elementos auxiliares necesarios, 
tampoco  computan  urbanísticamente  en  cuanto  al  parámetro  de  ocupación 
mencionado.
4. Cuando no sea posible por razones energéticas, paisajísticas, urbanísticas 
o patrimoniales ubicar en cubierta las instalaciones de autoconsumo eléctrico con 
tecnología de generación renovable en edificios en suelo rústico, la ubicación 
alternativa sobre el terreno no computará urbanísticamente en cuanto al parámetro 
de ocupación:
a) Cuando  esté  destinada  a  autoconsumo  de  instalaciones  públicas  de 
abastecimiento o saneamiento de agua (como depósitos o depuradoras) y la  s
superficie ocupada no supere los 1.500 metros cuadrados. e.
b) En otros supuestos, cuando la superficie ocupada por estas instalaciones  w.
no supere los 200 metros cuadrados. 86ww
En todo caso, se tienen que cumplir las condiciones de integración paisajística
y am5b. ienLtaasl  ppraervciesltaass  qeune l osse i nbsetnruemficeiennto sd ed ela o erdxeennacicóiónn d teelr rciótomripaul yto u drbeal npíasrtáicma.etro
de ocupación en suelo rústico prevista en los apartados 2 y 4.b) no podrán ser
objeto de actuaciones que comporten la ampliación de los usos lucrativos que se 
implantan, excepto los de uso agrario.»
Artículo quinto. Modificación de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación 
farmacéutica de las Illes Balears.
Se modifica el apartado 9 del artículo 24 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de 
ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«9. En  el  supuesto  que  un  titular  de  oficina  de  farmacia  se  haya  visto 
obligado a cerrarla o incluso se le haya impedido abrirla porque se haya declarado 
nula la adjudicación a su favor, o a favor de adjudicatarios precedentes de los 
cuales traiga causa, ya se produzca esta situación a consecuencia de la ejecución 
de una resolución firme en vía administrativa no impugnada judicialmente o a 
consecuencia de una resolución judicial firme, y siempre que sea por una causa 
no imputable a él mismo, podrá elegir, en el plazo de 15 días desde que se haga 
efectivo  el  cierre  de  la  oficina  de  farmacia  por  aquellas  causas,  una  de  las 
farmacias vacantes que consten en el catálogo y que no hayan sido objeto del 
procedimiento  de  adjudicación  que  regula  este  artículo,  de  la  misma  zona 
farmacéutica o, en caso de que no haya, de las zonas farmacéuticas limítrofes, y 
así  sucesivamente,  siempre  que  renuncie  a  la  reclamación  de  los  perjuicios 
económicos que se puedan derivar del cumplimiento de la resolución o de la 
sentencia judicial. Cuando sean diversos los titulares de las oficinas de farmacia 
que se encuentren simultáneamente en esta situación, y más de uno pretenda 
elegir una misma oficina vacante, será preferido el titular de la oficina cerrada que 
se encuentre situada en el mismo término municipal que la elegida, en su defecto 
el  titular  de  la  oficina  cerrada  que  se  encuentre  situada  en  la  misma  zona 
farmacéutica que la elegida y en su defecto el titular de la oficina cerrada del 
término municipal más próximo al término municipal o zona farmacéutica donde se 
encuentre catalogada la oficina discutida. Si coinciden más de un titular de oficina 
cerrada  en  alguna  de  estas  circunstancias  se  preferirá  el  que  acredite  más 
experiencia profesional, de acuerdo con el apartado correspondiente del baremo 
de méritos para el acceso a la titularidad de una oficina de farmacia, vigente en el 
momento de llevarse a cabo la elección.»
Artículo sexto. Modificaciones del Decreto 20/2019, de 15 de marzo, por el que se 
regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo 
interinsular para las personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.
1. El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 2 del Decreto 20/2019, de 15 de 
marzo, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de 
transporte marítimo interinsular para las personas residentes en la comunidad autónoma 
de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
«Estas bonificaciones por residencia son complementarias y acumulativas con 
las bonificaciones por razón de familia numerosa o por razón de cualquier otro 
régimen, sin que en ningún caso puedan superar el 100 % de la tarifa.»
2. El artículo 3 del Decreto 20/2019 mencionado queda modificado de la siguiente  e.e
manera: w.b
m«Aárxt1íimc. uolo Ld a3e .lc  2u5Ca nu%taía nd tedía el a dl aeta  lbraiof abn oicfniocifraircceaisócpnióo gnne dpnieoenrr tareel  saaidlu tetronancyóieamc.tioc ay  plao ra rceosmidoednacciaió ne sd ec oqmueo   OE-A-2022-26able en https://
se trate en cada caso, y hasta conseguir como máximo un 75 % de bonificación 
por residencia después de la aplicación de la bonificación estatal.
2. La cuantía de la bonificación específica autonómica por residencia para las 
personas residentes en Formentera tiene que ser:
a) Como máximo del 14 % de la tarifa correspondiente al trayecto y la 
acomodación de que se trate en cada caso, para las personas residentes objeto 
de la bonificación general, la cual, sumada a la bonificación del 25 % que ya se 
recibe de la Comunidad Autónoma, supone una reducción tarifaria total a cargo de 
la Comunidad Autónoma de hasta el 39 %.
b) Como máximo hasta el 39 % para las personas residentes no comunitarias 
no incluidas en el apartado 1 del artículo 2, que no son objeto de la bonificación 
general.
En  todo  caso,  la  suma  de  las  bonificaciones  por  residencia  estatal  y 
autonómica no puede superar el 89 % de la tarifa.»
Artículo séptimo. Suspensión de la vigencia de los artículos 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 
y 25 del Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
apuestas  de  la  comunidad  autónoma  de  las  Illes  Balears;  del  artículo  22  del 
Decreto 41/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de casinos 
de juego de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y de los artículos 8 y 17 del 
Decreto 42/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de salones 
de juego de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se suspende la vigencia de los artículos 20.6, 20.7, 22.1, 23, 24 y 25 del 
Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears; del artículo 22 del Decreto 41/2017, de 25 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y de los artículos 8 y 17 del Decreto 42/2019, de 24 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de salones de juego de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, hasta la aprobación y entrada en vigor de la modificación 
de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes Balears y de las 
disposiciones reglamentarias pertinentes.
2. El plazo de suspensión no será superior a dieciocho (18) meses.
Disposición adicional única. Régimen excepcional de declaración responsable para 
determinadas obras e instalaciones que se tienen que ejecutar en suelo urbano para 
facilitar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Se pueden acoger al régimen excepcional de declaración responsable previsto 
en esta disposición los actos sujetos a licencia urbanística según el artículo 146 de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, siempre que se 
ejecuten  en  edificaciones  e  instalaciones  existentes  en  suelo  urbano  que  sean 
conformes  con  la  ordenación  urbanística  y  correspondan  a  actuaciones  que  sean 
susceptibles  de  acogerse  a  cualquiera  de  las  ayudas,  subvenciones,  programas  y 
proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tal 
efecto,  el  interesado  que  quiera  acogerse  al  régimen  excepcional  previsto  en  este 
artículo  tiene  que  presentar  una  declaración  responsable  subscrita  por  la  persona  s
promotora y dirigida al ayuntamiento correspondiente antes del 31 de diciembre de 2025,  e.
en la forma establecida en esta disposición. A partir del 1 de enero de 2026 todas las  w.
obras, actuaciones e instalaciones que se pretendan promover quedan sometidas al  86ww
rdéicgiiemmebnr ed,e d ein uterbrvaenniscmióon  dpere laves nIltlievsa  Bgaelneearrasl. del título VII de la Ley 12/2017, de 29 de
2. Este régimen excepcional de declaración responsable no es aplicable:
a. A las obras, los actos y las instalaciones previstos en el artículo 11.4 del Real 
decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley del suelo y rehabilitación urbana, u otras obras que una normativa sectorial estatal 
someta al régimen de licencia previa.
b. En la zona de servidumbre de protección de costa.
c. En los edificios en situación de fuera de ordenación o de inadecuación.
d. A  las  demoliciones  totales  o  parciales  –siempre  que  estas  supongan  una 
demolición total acumulativamente– de las construcciones y las edificaciones.
e. A las obras o intervenciones que se lleven a cabo en edificios o construcciones 
que sean bienes de interés cultural o catalogados.
f. A las obras de ampliación en edificios existentes que sean intervenciones de 
carácter total o parcial, siempre que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural.
g. A la rehabilitación integral que implique una variación esencial del conjunto del 
sistema estructural.
3. Para acogerse al régimen excepcional previsto en este artículo, las obras de 
reforma tienen que mejorar la eficiencia energética de las construcciones y edificaciones 
o incorporar mecanismos de ahorro de agua que supongan una reducción del consumo.
En el supuesto de que sean obras que supongan una reforma integral, tendrán que 
mejorar la eficiencia energética de las construcciones, instalaciones y viviendas con una 
reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al 
menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al 
menos un 30 % e igualmente tendrán que incorporar mecanismos de ahorro de agua que 
supongan una reducción del consumo.
4. A los efectos de esta disposición, la declaración responsable es el documento 
mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que los actos 
a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que 
posee la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a 
mantener el cumplimiento en el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se 
refiere.
La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos 
patrimoniales del promotor ni de terceros, y solo produce efectos entre el ayuntamiento y 
el promotor. Tampoco puede ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil 
o penal en la que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se 
refiera.
5. La declaración responsable faculta para llevar a cabo la actuación urbanística 
pretendida en la solicitud, siempre que se acompañe con la documentación requerida en 
cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
posterior que correspondan.
La  declaración  responsable  se  tiene  que  presentar  con  una  antelación  mínima, 
respecto de la fecha en que se pretende iniciar la realización del acto, de quince días 
hábiles.
En todo caso, la ejecución de las obras o instalaciones se tiene que iniciar en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la declaración responsable al 
ayuntamiento. En caso contrario, la declaración responsable pierde la vigencia y es 
necesario presentar una nueva, siempre que sea antes del 31 de diciembre de 2025, o  e.e
solicitar y obtener una licencia urbanística, si es a partir del 1 de enero de 2026. w.b
La declaración responsable tiene que fijar el plazo para la ejecución de la actuación,  86ww
qlouse m eins mnionsg úténr mcainsoos n por epvuisetdoes  spearr as ulapse rliicoer nac idaoss. años. Este plazo se puede prorrogar en
se tiEeln ceo qmuiee nczoom duen iccuaar laqlu aieyru notbarma ioe nintos.talación al amparo de la declaración responsable
6. La declaración responsable subscrita por la persona promotora y dirigida al 
ayuntamiento correspondiente se tiene que presentar junto con un proyecto técnico de 
los que prevé el artículo 152.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de 
las Illes Balears, y tiene que incluir una motivación expresa de no incurrir en ninguno de 
los supuestos que requieren licencia previa, y el justificante de pago de los tributos 
correspondientes si, de acuerdo con la legislación de haciendas locales y, en su caso, 
con  la  ordenanza  fiscal  respectiva,  se  establece  que  es  aplicable  el  régimen  de 
autoliquidación.
En  la  declaración  responsable  se  tiene  que  incluir  la  manifestación  de  manera 
expresa y clara que las obras cumplen las exigencias establecidas anteriormente sobre 
eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean aplicables.
En todo caso el proyecto tiene que ser completo de la actuación prevista, con 
suficiente definición de los actos que se pretenden llevar a cabo, y tiene que tener 
preceptivamente  el  grado  de  detalle  y  el  contenido  establecidos  en  los  apartados 
segundo y tercero del artículo 152 de Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de 
las Illes Balears.
El proyecto técnico se tiene que ajustar también a las condiciones establecidas en el 
Código técnico de la edificación, lo tiene que redactar personal técnico competente y lo 
tiene que visar el colegio profesional competente según lo que establezca la normativa 
estatal vigente. También tiene que concretar las medidas de garantía suficientes para la 
realización adecuada de la actuación, y tiene que definir los datos necesarios para que el 
órgano municipal competente pueda valorar si se ajusta a la normativa aplicable. Una 
vez  presentado  ante  el  ayuntamiento  el  proyecto  técnico,  adquiere  el  carácter  de 
documento  oficial,  y  de  la  exactitud  y  la  veracidad  de  los  datos  técnicos  que  se 
consignan, responde la persona autora a todos los efectos.
Cuando  las  actuaciones  requieran  alguna  autorización  previa  o  algún  informe 
administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial 
aplicable, no se puede presentar la declaración responsable sin que estos lo acompañen 
o, si procede, se adjunte el certificado administrativo del silencio producido, cuando esta 
normativa prevea su obtención previa a cargo de la persona interesada.
Así mismo, cuando el acto suponga la ocupación o la utilización del dominio público, 
se tiene que aportar la autorización o la concesión de la administración titular de este.
Cuando la normativa sectorial que los prevé impida que la solicitud y la obtención 
previa de los informes y las autorizaciones sea a cargo de la persona interesada, el 
órgano municipal los tiene que solicitar de oficio a las otras administraciones, en el plazo 
máximo  de  cinco  días  desde  la  presentación  de  la  documentación  completa  de  la 
declaración responsable. En este caso, el órgano municipal tiene que comunicar de 
manera inmediata las actuaciones realizadas a la persona interesada, y le tiene que 
señalar que no puede iniciar los actos sujetos en la declaración responsable hasta que el 
órgano sectorial competente no comunique la emisión del informe o el otorgamiento de la 
autorización.
Cuando se lleven a cabo reformas integrales que afecten elementos estructurales de 
la edificación, la declaración responsable también se tiene que acompañar de una póliza 
de seguro que cubra la responsabilidad civil del promotor de la obra.
La presentación de la declaración responsable, si no va acompañada de toda la 
documentación preceptiva, no tiene los efectos previstos en esta disposición adicional.
7. La declaración responsable de las obras ligadas a la instalación o la adecuación 
de actividades permanentes o a infraestructuras comunes vinculadas a estas se rige por  es
lo que prevé la legislación reguladora de actividades. o
adheceafetccicvle8atiru.dr  aaaldddaUoa,s nss ac,  c osovaenmes  zídpl a errc oseobpacmaruibecdoinidio edannlea ec  lsailaa d   dopfpecearucrlestlmaivenriedaeana nctdtiadóe censoi   ó rlnplaea a s rpppianroe eenrsxvsseaeoancrnbittfaliaietc ud,a dianre   tlde ylaeró,e   rsgascaaiqo dnunadoef,eo l l cramsosliamn,id s psa peedce t oersmjdnuuetispec pr iooletoib nesaqdn cueediero aáq,n t uoelseassi      OE-A-2022-2686able en https://www.
corresponde, se pueda incoar un procedimiento de enmienda de deficiencias o, en su
caso, sancionador. Si hay riesgo para las personas o las cosas, la suspensión se podrá 
adoptar  de  manera  cautelar  e  inmediata,  mediante  resolución  motivada,  que  podrá 
adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad.
9. Por resolución de la administración pública competente se tiene que declarar la 
imposibilidad de continuar la actuación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas que correspondan al hecho, desde el momento en que se tenga 
constancia de alguna de las circunstancias siguientes:
a. La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  en  cualquier  dato, 
manifestación o documento que se adjunte o se incorpore en la declaración responsable.
b. La  no  presentación,  ante  la  administración  competente,  de  la  declaración 
responsable de la documentación requerida, si procede, para acreditar el cumplimiento 
de aquello declarado.
c. La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
10. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso no se 
pueden entender adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la 
legislación o el planeamiento urbanístico aplicable.
11. Las  actuaciones  que,  pudiéndose  acoger  al  régimen  excepcional  de  esta 
disposición, se lleven a cabo sin haber presentado declaración responsable, o que 
excedan las declaradas, se tienen que considerar actuaciones sin licencia a todos los 
efectos, y se les tiene que aplicar el mismo régimen de protección de la legalidad y 
sancionador que a las obras y usos sin licencia.
12. El régimen aplicable al final de obras, primera ocupación o utilización de los 
edificios y las instalaciones no queda afectado por esta disposición y, en consecuencia, 
se requerirán las actuaciones, las licencias y los actos que establece la Ley 12/2017, 
de  29  de  diciembre,  de  urbanismo  de  las  Illes  Balears,  para  el  tipo  de  obras  e 
instalaciones que se hayan ejecutado.
13. A los efectos de lo que prevé esta disposición, solo se puede presentar una 
declaración responsable sobre una misma edificación o vivienda una vez cada seis 
meses,  excepto  en  el  caso  de  concurrencia  en  edificios  en  régimen  de  propiedad 
horizontal,  en  que  se  podrán  presentar  sin  esta  limitación  de  los  seis  meses  una 
declaración relativa a todo el edificio con las correspondientes a viviendas individuales 
que forman parte de este, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse al régimen previsto 
en el artículo 156 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears, para las modificaciones durante la ejecución de las obras.
14. A los efectos de esta disposición, no será imprescindible para acogerse a este 
régimen  que  las  convocatorias  de  subvenciones  o  ayudas  vinculadas  al  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  se  hayan  abierto,  siempre  que  las 
actuaciones se ajusten a lo que dispongan las bases de la convocatoria o la normativa 
equivalente.  No  será  posible  acogerse  al  régimen  cuando  se  haya  cerrado  la 
convocatoria correspondiente. La vigencia de la declaración responsable no se verá 
afectada por el hecho que finalmente no sea beneficiaria de estas ayudas.
15. Esta disposición no es aplicable a los actos sujetos al régimen de comunicación 
previa en esta Ley, los cuales continúan sometidos al procedimiento establecido en el 
artículo 153 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
16. Para  todo  lo  que  no  disponga  explícitamente  esta  disposición,  hay  que 
ajustarse al régimen general de intervención preventiva del título VII de la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. e.e
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 86ww
oponQguaend aan lo d qeuroeg saed aess tlaabsl edcisep eons iecisotnee Dse dcerel mtoi slemy.o rango, o de un rango inferior, que se  OE-A-2022-26able en https://
Disposición final primera. Deslegalización.
El Consejo de Gobierno, mediante decreto, puede modificar las normas que contiene 
el artículo sexto de este Decreto ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears».
Palma,  23  de  diciembre  de  2021.–La  Presidenta,  Francesca  Lluch  Armengol  i 
Socias.–El  Consejero  de  Transición  Energética,  Sectores  Productivos  y  Memoria 
Democrática (por suplencia de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 10/2021, de 13 de 
febrero, de la presidenta de las Illes Balears).–la Consejera de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño.–La Consejera 
de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez.–El Consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela i Vázquez.–La Consejera de 
Salud  y  Consumo,  Patricia  Gómez  i  Picard.–El  Consejero  de  Fondos  Europeos, 
Universidad y Cultura (por suplencia de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 10/2021, 
de 13 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears).–La Consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.–El Consejero de Movilidad y Vivienda 
(por suplencia de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 10/2021, de 13 de febrero, de la 
presidenta de las Illes Balears).–El Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 
Iago Negueruela i Vázquez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 1, de 1 de enero de 2022. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 19, 
de 5 de febrero de 2022)