BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68855
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
9594 Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, de régimen sancionador específico contra 
los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de 
prevención ante la Covid-19.
PREÁMBULO
I
Con  el  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las  medidas  adoptadas  por  la 
autoridad sanitaria para prevenir los daños ocasionados por la COVID-19, el Acuerdo 
de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 
establece las directrices necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, en esta primera e inicial etapa de nueva normalidad, todo ello dentro del 
necesario respeto a las competencias de otras administraciones públicas y a las medidas 
que, en el ejercicio de tales competencias, se adopten y sujeto a revisión en función de 
la evolución de los indicadores epidemiológicos y sanitarios. El mencionado Acuerdo 
establece  también  las  medidas  necesarias  para  la  recuperación  de  la  actividad 
administrativa  presencial  en  la  prestación  de  servicios  públicos  en  el  ámbito  de  la 
Administración de la Generalitat. Posteriormente han sido adoptadas por la Conselleria 
de Sanidad Pública y Salud Pública otras medidas adicionales o complementarias.
El artículo 31 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 establece que el incumplimiento de las medidas de prevención y de las 
obligaciones  establecidas,  cuando  constituyan  infracciones  administrativas  en  salud 
pública, será sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud pública, y que la vigilancia, inspección y control del 
cumplimiento de las medidas, así como la instrucción y resolución de los procedimientos 
sancionadores  que  sean  procedentes,  corresponde  a  los  órganos  competentes  del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales en el ámbito de las 
competencias respectivas.
Añade también, en los apartados 2 y 3, que el incumplimiento de la obligación de uso 
de mascarillas debe considerarse infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 
de la mencionada Ley 33/2011, y sancionado con multa de hasta cien euros y que el 
incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando constituyan 
infracciones  administrativas  en  el  ámbito  del  transporte,  debe  ser  sancionado  de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
De acuerdo con estas previsiones, debe tenerse presente que cada Administración 
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de 
sus servicios.
En este contexto, se considera una necesidad extraordinaria y urgente establecer 
medidas que permitan a la Administración de la Generalitat afrontar con celeridad y 
eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores que se incoen 
por incumplimientos de las disposiciones vigentes dictadas para paliar los efectos de la  e.e
crisis ocasionada por la COVID-19. b
Por ello es necesario regular el cuadro de infracciones y sanciones en la materia, así  94ww
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Por  razones  de  eficacia  administrativa  y  para  mayor  seguridad  jurídica  en  los 
derechos de los ciudadanos, procede centralizar la tramitación e imposición de las 
sanciones en un mismo órgano autonómico, sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones.
II
El decreto ley consta de tres capítulos, 15 artículos, dos disposiciones adicionales, 
una disposición transitoria y una disposición final.
El Capítulo I contiene las disposiciones generales y establece su objeto, el ámbito 
subjetivo de aplicación y la actividad inspectora.
En el Capítulo II se regulan las infracciones.
En el Capítulo III se regula el régimen sancionador, responsables, procedimiento, las 
sanciones y su graduación, competencia para sancionar y las medidas provisionales 
durante la instrucción del procedimiento sancionador.
Las disposiciones adicionales regulan el régimen de recursos administrativos y la 
dotación de recursos humanos.
En la disposición transitoria se establece el régimen para los procedimientos de 
carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto ley
La disposición final determina la entrada en vigor y la vigencia de este decreto ley.
III
En cuanto al rango normativo de esta disposición, de conformidad con el artículo 25 
de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, la potestad 
sancionadora se ejercerá cuando haya sido reconocida expresamente por una norma 
con rango de ley. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos en un caso de extraordinaria 
y urgente necesidad de dictar este decreto ley, pues todas las medidas contempladas en 
esta norma deben aprobarse sin dilaciones, por lo que debe utilizarse la figura del 
decreto ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave situación de 
crisis sanitaria, que requiere adoptar con urgencia y de manera inaplazable el ejercicio 
de la potestad sancionadora.
Este régimen sancionador debe acometerse de inmediato para asegurar mejor el 
pleno cumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al Covid 19, por lo 
que se recurre a la figura del decreto ley, en atención al carácter extraordinario y 
excepcional de la grave situación de crisis sanitaria planteada.
En  relación  con  la  concurrencia  del  presupuesto  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ 4), exige, por un lado, «la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 
aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por 
otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la 
medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Así,  por  una  parte,  como  señala  el  Tribunal  Constitucional,  el  real  decreto  ley 
constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5;11/2002, de 17 de enero,  e.
FJ  4;137/2003,  de  3  de  julio,  FJ  3;  368/2007,  FJ  10;31/2011,  de  17  de  marzo,  w.b
FJ 4;137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). 94ww
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Cenofmerumneitdaat dV CaOleVncIDia-n1a9 . con  el  fin  de  prevenir  y  controlar  posibles  rebrotes  de  la
Por lo tanto, por su naturaleza y finalidad, concurren en este caso las circunstancias 
de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el art. 44 del Estatut de Autonomía de 
la Comunitat Valenciana, como presupuestos que habilitan la aprobación de este decreto 
ley, por lo que el Consell considera plenamente adecuado el uso de este instrumento 
para dar cobertura a las disposiciones que se han descrito, dado que responde a la 
exigencia de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la 
situación  excepcional  y  las  medidas  que  se  pretenden  adoptar,  que  son  idóneas, 
concretas y de eficacia inmediata.
Esta  disposición  se  adecúa  también  a  los  principios  de  seguridad  jurídica, 
proporcionalidad y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección 
de los derechos de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, 
sin imponer cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta 
proporcionada,  en  atención  a  la  particular  situación  existente  y  a  la  necesidad  de 
garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Vista la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de 
consulta pública y de audiencia e información públicas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, y el artículo 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
a propuesta de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, y previa 
deliberación del Consell en la reunión de 24 de julio de 2020, decreto:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Es objeto de este decreto ley el establecimiento de un régimen sancionador que 
garantice el cumplimiento de las medidas dictadas para la prevención de la COVID-19
2.  El ámbito de aplicación de este decreto ley se corresponderá con el territorio de 
la Comunitat Valenciana.
Artículo 2.  Actividad inspectora y de control.
1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  reservadas  al  Estado,  las  actividades 
inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto ley 
serán  efectuadas  por  cualquier  agente  de  la  autoridad  y  personal  funcionario 
debidamente acreditado de la Generalitat Valenciana o de las entidades locales. Dicho 
personal funcionario tendrá, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la 
autoridad y sus declaraciones gozarán de presunción de veracidad salvo prueba en 
contrario.
2.  La Generalitat Valenciana podrá solicitar de la Delegación del Gobierno del 
Estado en la Comunitat Valenciana y de las subdelegaciones en las provincias que se 
cursen las correspondientes instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado dependientes de su autoridad, en relación con su participación en las tareas de 
inspección y control que correspondan. s
Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar  e.
instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección  w.
y vigilancia. 94ww
Artículo 3.  Actas.
1.  Los resultados de cada actuación inspectora se reflejarán en un acta cuya
primera copia se entregará al interesado o persona ante quien se actúe. Este podrá
hacer  constar  su  conformidad  u  observaciones  respecto  de  su  contenido.  El  otro 
ejemplar del acta será remitido al órgano competente para, en función de la naturaleza 
de la inspección, iniciar el oportuno procedimiento sancionador.
2.  Las  actas  firmadas  por  los  funcionarios  acreditados  y  de  acuerdo  con  las 
formalidades exigidas, gozarán de presunción de veracidad en cuanto a los hechos 
comprendidos en las mismas, salvo prueba en contrario.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 4.  Infracciones.
1.  Constituirán las infracciones las acciones u omisiones tipificadas en este decreto 
ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran 
derivar de las mismas.
2.  Las infracciones administrativas en este ámbito se clasifican en leves, graves y 
muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual 
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social 
producida, generalización de la infracción y reincidencia».
Artículo 5.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1.  El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado de 
la misma
2.  El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público de los 
límites de aforo del local, cuando no suponga riesgo de contagio o este afecte a menos 
de 15 personas, y de informar a los clientes y usuarios sobre el régimen horario, 
distancia mínima interpersonal y de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
3.  El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas 
por la Generalitat, en relación con el COVID-19, para cualquier tipo de establecimiento o 
actividad sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando no suponga riesgo de 
contagio o este afecte a menos de 15 personas.
4.  El incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad 
sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en COVID-19, pero que 
sean contactos directos de un enfermo confirmado.
5.  El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado.
Artículo 6.  Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves:
1.  El  incumplimiento  de  los  límites  de  aforo  permitido  en  los  establecimientos 
abiertos al público por las órdenes o medidas vigentes relativas a la COVID-19, cuando 
este no sea constitutivo de una falta leve o muy grave.
2.  La organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto 
equivalente, privado o público, en espacios privados o públicos, que impliquen una 
aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora  es
que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del  o
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal dentro de los establecimientos. 94ww
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órdenes  o  medidas  establecidas  por  la  autoridad  competente,  así  como  el
incumplimiento de la obligación de limpieza y desinfección de las entradas y salidas del 
recinto, localidades donde se siente el público y de aquellos espacios que deban ser 
objeto de desinfección por la presencia de personas de manera habitual.
5.  Destinar el uso de espacios del establecimiento a actividades o actuaciones no 
permitidas por las órdenes o medidas dictadas frente a la COVID-19.
6.  El incumplimiento de la elaboración, tenencia, y en su caso, presentación del 
plan de contingencia contra la COVID-19 cuando se esté obligado a ello de acuerdo las 
órdenes o medidas dictadas por la autoridad competente.
7.  El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas 
por la Generalitat en relación con la COVID-19 para cualquier tipo de establecimiento o 
actividad sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando suponga riesgo de 
contagio o este afecte a más de 15 personas.
8.  El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad 
sanitaria competente o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas 
que hayan dado positivo en COVID-19.
Artículo 7.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1.  El incumplimiento de los límites de aforo permitidos en los establecimientos 
abiertos al públicos dictadas por las órdenes o medidas establecidas por la autoridad 
competente, cuando suponga un grave riesgo de la transmisión de la enfermedad para la 
salud de la población que afecte a más de 150 personas.
2.  El  incumplimiento  de  los  límites  de  aforo  permitido  en  los  establecimientos 
abiertos al público dictadas por las órdenes o medidas establecidas por la autoridad 
competente frente a la COVID-19, cuando en el establecimiento o lugar de la actividad 
se hallen presentes menores de edad y/o personas mayores de 65 años.
3.  La organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto 
equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación 
de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la 
adopción de las medidas sanitarias de prevención o se hallen presentes menores de 
edad y/o personas mayores de 65 años.
4.  Impedir cualquier actividad inspectora o la comprobación relativa a los hechos 
por los agentes de la autoridad o funcionarios inspectores que se encuentren en el 
ejercicio de su cargo, así como la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de 
sus funciones.
5.  El incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
6.  El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas 
por la Generalitat en relación con la COVID-19 para cualquier tipo de establecimiento o 
actividad sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando suponga riesgo de 
contagio o daño muy grave para la salud de la población que afecte a más de 150 
personas.
7.  El incumplimiento reiterado del deber de aislamiento domiciliario acordado por la 
autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, en personas que hayan 
dado positivo en COVID-19, si este comporta daños graves par la salud pública.
Artículo 8.  Prescripción y caducidad.
1.  Las infracciones tipificadas en el presente decreto ley como leves prescribirán en  oe.
el plazo de seis meses, las tipificadas como graves en el de dos años y las tipificadas  w.
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cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción
se consume. Bc
3.  Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable.
4.  El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la resolución que 
proceda al interesado, en el plazo máximo de seis meses, desde su iniciación, produciéndose 
la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la suspensión del 
plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y 
exigidas para ello en la citada ley.
CAPÍTULO III
Régimen sancionador
Artículo 9.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 60 
hasta 600 euros.
No obstante lo dispuesto en este apartado, el incumplimiento de la obligación del uso 
de la mascarilla solo puede sancionarse, como máximo, con multa de 100 euros
2.  Las infracciones graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con:
a)  Multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros.
b)  Suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.
c)  Clausura del local o establecimiento por un período máximo de seis meses.
d)  Inhabilitación  para  la  organización  o  promoción  de  espectáculos  públicos  y 
actividades recreativas por un período máximo de seis meses.
3.  Las  infracciones  muy  graves  podrán  ser  sancionadas  alternativa  o 
acumulativamente con:
a)  Multa de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros.
b)  Clausura del local o establecimiento por un período máximo de tres años y 
acumulativamente hasta 10 años.
c)  La suspensión o prohibición de la actividad hasta tres años y acumulativamente 
hasta 10 años.
d)  Inhabilitación  para  la  organización  o  promoción  de  espectáculos  públicos  y 
actividades recreativas, hasta tres años y acumulativamente hasta 10 años.
Artículo 10.  Graduación de las sanciones.
1.  Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad 
de los hechos constitutivos de la infracción. La graduación de las mismas atenderá los 
siguientes criterios:
a)  La transcendencia social de la infracción.
b)  La negligencia o intencionalidad del infractor.
c)  La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. s
d)  La existencia de reiteración y reincidencia. Se entenderá por reiteración, la  oe.
comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando  w.
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ponga fin a la vía administrativa.
e)  La  conducta  observada  por  el  infractor  en  orden  al  cumplimiento  de  las 
disposiciones legales.
2.  Para la aplicación de los criterios en la graduación de las sanciones y respetando 
los límites establecidos en el artículo anterior, el órgano competente para sancionar 
deberá  ponderar,  en  todo  caso,  que  la  comisión  de  la  infracción  no  resulte  más 
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
3.  La  imposición  acumulativa  de  sanciones  en  los  términos  previstos  en  los 
apartados  2  y  3  del  artículo  anterior  podrá  acordarse  en  aquellos  supuestos  que 
impliquen grave alteración de la seguridad, o contravengan las disposiciones en materia 
de protección de menores.
Artículo 11.  Responsables.
1.  Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en este decreto 
ley, las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas 
en el presente decreto ley.
2.  Los titulares de establecimientos públicos o de las respectivas licencias así como 
los organizadores o promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en el presente decreto 
ley, cometidas por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes 
estén bajo su dependencia, cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.
3.  Los citados prestadores serán responsables solidarios cuando, por acción u 
omisión, permitan o toleren la comisión de infracciones por parte de los clientes o 
usuarios.
4.  Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, 
tutores o guardadores legales.
Artículo 12.  Procedimiento.
1.  Las infracciones cometidas por vulneración de lo indicado en este decreto ley 
serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del 
oportuno  procedimiento  administrativo  tramitado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas.
2.  Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la 
misma  antes  de  dictarse  resolución  en  el  expediente  sancionador,  supondrá  el 
reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos, reduciéndose el 
importe de la sanción en un cuarenta por ciento de su cuantía.
Artículo 13.  Competencia para sancionar.
1.  La competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores 
corresponderá a la Administración de la Generalitat, siendo órganos competentes para 
imponer la sanción:
La persona titular de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias cuando 
se trate de infracciones leves y graves.
La persona titular de la conselleria competente en materia de justicia, interior y 
administración pública cuando se trate de infracciones muy graves. e
2.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las  w.
normas o acuerdos de delegación de competencias en vigor. 2020-9594n https://ww
Artículo 14.  Prescripción de sanciones.
1.  Prescribirán en el plazo de un año las sanciones impuestas por infracciones 
leves a la presente ley, a los dos años las impuestas por infracciones graves y a los tres 
años las impuestas por infracciones muy graves.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo  15.  Medidas  provisionales  durante  la  instrucción  del  procedimiento 
sancionador.
1.  Iniciado el expediente sancionador por la presunta comisión de infracciones 
graves y muy graves, la autoridad competente para resolver, podrá acordar mediante 
resolución motivada, las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo 
del procedimiento, asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse y 
evitar la comisión de nuevas infracciones.
2.  Las medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las 
infracciones cometidas, pudiendo consistir en:
a)  Suspensión de la licencia o autorización de la actividad.
b)  Suspensión  o  prohibición  del  espectáculo  público,  actividad  recreativa  o 
sociocultural.
c)  Clausura del establecimiento.
d)  Cualquiera otra que asegure la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
3.  Las  medidas  provisionales  podrán  ser  alzadas  o  modificadas  durante  la 
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 
En  todo  caso  se  extinguirán  con  la  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento 
sancionador correspondiente.
4.  Estas  medidas  provisionales  serán  acordadas  mediante  resolución  motivada 
previa  audiencia  del  interesado  por  un  plazo  de  diez  días.  En  caso  de  urgencia, 
debidamente motivada, el plazo de audiencia quedará reducido a dos días.
Disposición adicional primera.  Recursos administrativos.
Corresponderá  a  la  persona  titular  de  la  Conselleria  de  Justicia,  Interior  y 
Administración Pública la competencia para resolver los recursos administrativos que se 
interpongan contra la resolución derivada del procedimiento sancionador regulado por 
este decreto ley.
Disposición adicional segunda.  Dotación de recursos humanos.
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico procederá a la dotación de los 
recursos  humanos  precisos  en  la  Conselleria  de  Justicia,  Interior  y  Administración  s
Pública para poder gestionar los procedimientos sancionadores por las infracciones  oe.
reguladas en este decreto ley. A este efecto, realizará las modificaciones precisas en los  w.
Pnerecseuspaurieosst.os de la Generalitat para dotar a dicha Conselleria de los recursos humanos  2020-9594n https://ww
Disposición transitoria única.
Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de 
este decreto ley se seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de dictarse el acto iniciador del procedimiento.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana» y producirá efectos hasta que el Gobierno del Estado 
declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
València, 24 de julio de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–
La Consellera de Justícia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo Sanestanislao.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8866, de 25 de julio de 2020)