BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Jueves 22 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 90758
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12726 Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la 
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia,  para  la  realización  del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado derivado de la oferta de empleo público del año 2019.
El  Director  del  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública  y  el  Rector  de  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, han suscrito un Convenio para para la 
realización del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado derivado 
de la oferta de empleo público del año 2019.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 21 de octubre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia el Instituto 
Nacional de Administración Pública para la realización del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado derivado de la oferta 
de empleo público del año 2019
15 de octubre de 2020.
De una parte, don Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante, UNED), que interviene en nombre y representación 
de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante 
legal de la misma artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de 
diciembre (BOE de 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.
De otra parte, don Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública (en adelante, INAP), nombrado por el Real Decreto 284/2020, 
de 4 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 31, de 5 de febrero), facultado para 
este acto por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  s
del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.f) del Estatuto del  e.
INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril. w.
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica y competencia para suscribir el 
presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
I.  El INAP, de acuerdo con el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se 
regula su Estatuto, es un organismo autónomo de los previstos en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública, según dispone el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública («Boletín Oficial del Estado» número 37, de 12 de febrero). El INAP tiene 
personalidad  jurídica  pública  diferenciada,  patrimonio  y  tesorería  propios,  así  como 
autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la citada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en las demás 
disposiciones aplicables a los organismos autónomos vinculados a la Administración 
General del Estado.
De  conformidad  con  el  artículo  2  del  Estatuto  del  INAP,  aprobado  por  el  Real 
Decreto  464/2011,  de  1  de  abril,  entre  sus  fines  esenciales,  sin  perjuicio  de  las 
competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros centros, 
institutos  o  escuelas  de  la  Administración  General  del  Estado,  se  encuentra  la  de 
desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos 
en el ámbito de sus competencias, así como mantener relaciones de cooperación y 
colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, 
nacionales e internacionales. Y de conformidad con el artículo 3 del citado Real Decreto, 
el INAP tiene encomendada, entre sus funciones, la selección de los funcionarios de los 
Cuerpos adscritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
II.  La  UNED  es  una  Universidad  Pública  de  ámbito  estatal  creada  por 
Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Tal como consta en el artículo 1 de sus Estatutos, 
es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad jurídica propia y plena 
autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más límites que los establecidos por la 
Ley. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus 
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011.
De conformidad con el artículo 4 de sus Estatutos, entre las funciones de la UNED se 
encuentra la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus 
estudios  a  todas  las  personas  capacitadas  para  seguir  estudios  superiores,  la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos  y  métodos  científicos  y  para  la  creación  artística;  y  el  establecer  y 
desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, perfeccionamiento 
y actualización profesional.
III.  El Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y la Universidad Nacional de Educación a Distancia se suscribe con 
fecha 2 de julio de 2020 con el objeto de establecer un espacio de colaboración entre 
ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de 
enseñanza y selección, que surjan a su amparo.
En  el  marco  de  este  Protocolo  General  y  según  lo  establecido  en  su  cláusula 
primera,  la  naturaleza  de  las  actividades  de  colaboración  y  las  circunstancias 
concurrentes requieren la elaboración de un Convenio entre la UNED y el INAP, que  s
ambas partes desean suscribir. e.
Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio con sujeción a las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Es objeto de este Convenio la colaboración y cooperación entre la UNED y el INAP 
en orden a la celebración de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 28 de 
febrero de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, mediante la cooperación, 
asesoramiento y utilización de sus Centros Asociados en la realización del ejercicio 
escrito y de las lecturas en sesión pública, así como de sus medios personales y 
sistemas, tales como la valija virtual, controles para la identificación y el acceso de los 
opositores, el escaneo e impresión de los ejercicios, la utilización de la nube para 
almacenamiento, o el desarrollo de estudios y aplicaciones relacionadas con la gestión 
de estos procesos selectivos.
Estas actividades de colaboración estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria 
y  asignación  de  fondos  específicos  en  ambas  instituciones  y/o  a  la  obtención  de 
financiación que posibilite su efectiva realización. La modificación, en su caso, de las 
cantidades habrá de ser acordada mediante adenda suscrita entre las partes, de acuerdo 
con lo dispuesto en la cláusula novena del presente Convenio.
Segunda.  Ámbito de aplicación.
El presente Convenio afecta al proceso selectivo convocado mediante Resolución 
de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado.
El  proceso  selectivo  está  compuesto  por  cuatro  especialidades  o  materias 
específicas, debiendo los aspirantes optar por uno de los grupos de materias propuestos. 
El presente Convenio contempla la colaboración en la celebración del primer y segundo 
ejercicios de la fase de oposición:
– Primer ejercicio:
En el caso de ingreso libre, consiste en el desarrollo por escrito de dos temas: el 
primero, a elegir entre dos propuestos por el tribunal, comunes para todos los aspirantes; 
el segundo, a escoger entre dos, de la materia específica elegida por el aspirante. Para 
la realización del ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo total de cuatro horas.
En el turno de promoción interna consistirá en el desarrollo por escrito de un tema 
general, escogido de entre dos. La duración total del ejercicio será de tres horas.
Posteriormente, el ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el 
tribunal.
– Segundo ejercicio: constará de dos pruebas de idiomas, la primera obligatoria y 
eliminatoria  (inglés  o  francés)  y  la  segunda,  voluntaria  (inglés,  francés  o  alemán). 
Constan de las siguientes partes:
a)  Traducción directa, por escrito, en castellano, de un documento en el idioma 
elegido, sin diccionario. Los aspirantes dispondrán de una hora. es
b)  Elaboración de un resumen en la lengua elegida de un texto que les será leído a  bo
los opositores en la misma lengua. Para su realización los aspirantes dispondrán de  726ww
medPiao shtoerraio.rmente, el ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el
tribunal, que dispondrá de un período máximo de quince minutos para dialogar con el
aspirante. Bc
Tercera.  Obligaciones de la UNED.
Corresponde  a  la  UNED,  para  la  consecución  de  los  objetivos  anteriormente 
enunciados, asumir la obligación de poner a disposición del INAP las instalaciones y 
todos los servicios necesarios para la celebración de las pruebas selectivas referidas, en 
los términos en los que se especifique para cada una de ellas, así como el cumplimiento 
de las medidas generales de seguridad, prevención e higiene y de control de aforo y 
organización de las instalaciones abiertas al público derivadas de la normativa aprobada 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Cuarta.  Obligaciones del INAP.
Corresponde al INAP, para cada uno de los ejercicios a celebrar:
a)  Acordar con la UNED, con suficiente antelación, los medios precisados para la 
realización de las pruebas selectivas.
b)  Acordar con la UNED, con suficiente antelación, las sedes y aulas necesarias 
para la celebración de las pruebas selectivas, así como las fechas en que van a ser 
utilizadas.
c)  Abonar a la UNED el precio pactado mediante transferencia a la cuenta corriente 
que se comunique al efecto, por las pruebas realizadas y número de plazas solicitadas y 
reservadas,  en  los  plazos  que  se  determinen  y  previa  presentación  de  las 
correspondientes facturas.
d)  Velar por el buen uso de las instalaciones cedidas y responder de los daños que 
se puedan ocasionar por la celebración de las pruebas selectivas en las mismas.
Quinta.  Confidencialidad y seguridad.
Ambas partes se comprometen a garantizar la seguridad y confidencialidad del 
proceso selectivo, en todas sus fases, y de los sistemas y aplicaciones utilizados en su 
desarrollo, así como a no divulgar ninguna información que pudiera menoscabar los 
principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público o de seguridad 
de los sistemas.
A tal efecto, se deberá garantizar que el personal colaborador de ambas partes se 
comprometa, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir 
las  medidas  de  seguridad  correspondientes,  de  las  que  se  deberá  informar 
convenientemente. La documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación 
podrá ser puesta a disposición de cualquiera de las partes en cualquier momento.
Sexta.  Condiciones para la celebración de los ejercicios.
Las condiciones de la celebración de los ejercicios se establecerán entre la UNED y 
el  Órgano  de  Selección,  previa  aprobación  por  parte  del  INAP  del  presupuesto 
correspondiente a la prueba.
La  determinación  de  las  fechas  y  sedes  dependerá  del  número  de  opositores 
convocados en cada uno de los ejercicios, así como de las condiciones sanitarias 
vigentes  en  cada  momento  que  podrán  determinar  la  realización  de  exámenes 
adicionales.
El Tribunal comunicará con antelación suficiente las fechas, sedes y aulas concretas 
de celebración de los ejercicios, así como el número de aspirantes convocados en cada  e
una de ellas. bo
Las modificaciones que no estén previstas en el presente Convenio habrán de ser  726ww
acordadas mediante adenda suscrita entre las partes.
Séptima.  Evaluación económica.
El importe total del Convenio en ningún caso podrá exceder de ciento setenta y ocho 
mil trescientos diez euros (178.310,00 €), sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 
novena de este Convenio.
La  gestión  económica  se  realizará  de  acuerdo  con  las  tarifas  y  condiciones 
aprobadas por la UNED.
A esta cantidad no se le aplicará el IVA, por no estar la actuación dentro de las 
contenidas en el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y asimismo por no generar distorsión en la competencia.
Los compromisos económicos contraídos por el INAP en el marco de este Convenio 
se harán efectivos mediante transferencia a la cuenta corriente que la UNED comunique 
al efecto.
Los gastos derivados de esta autorización se financiarán con cargo al crédito de la 
aplicación 22.101.9210.226.07 del vigente Presupuesto de Gastos del INAP.
El desglose presupuestario previsto por anualidades es el siguiente:
Ejercicio Cuantías máximas
2020 89.155,00 euros.
2021 89.155,00 euros.
Total. 178.310,00 euros.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, 
revisará  su  programación,  controlará  la  ejecución  del  Convenio  así  como  de  los 
compromisos adquiridos por los firmantes, y resolverá, en su caso, las cuestiones de 
interpretación  y  posibles  discrepancias  que  pudieran  presentarse  en  la  ejecución  y 
desarrollo  de  este  Convenio.  Las  decisiones  de  la  Comisión  de  Seguimiento  se 
adoptarán por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimoctava del 
presente Convenio.
Además, la Comisión de Seguimiento decidirá por unanimidad las consecuencias 
aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
cada una de las partes del Convenio y, en su caso, la posible indemnización por el 
incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes de la UNED y 
dos representantes del INAP, y se reunirá al menos una vez por año y siempre que 
cualquiera de las partes lo estime oportuno.
Las  funciones  de  secretario  serán  desempeñadas  por  el  vocal  que  se  designe 
mediante  mutuo  acuerdo  del  presidente  y  el  vicepresidente  de  la  Comisión  de  e
Seguimiento. bo
La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio,  726ww
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Novena.  Modificación del Convenio.
Este Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Décima.  Protección de datos y transparencia.
Las  partes  se  comprometen  a  no  difundir,  sin  autorización  de  la  otra  parte, 
informaciones  a  las  que  hayan  tenido  acceso  en  el  desarrollo  de  este  Convenio. 
Asimismo,  las  partes  deberán  extender  esta  obligación  a  todas  las  personas  que 
intervengan o colaboren en la realización y el desarrollo de lo establecido en este 
Convenio.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades, 
en el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente Convenio, 
atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento 
(UE) número 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento 
jurídico español a esa norma.
Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Undécima.  Información pública e imagen institucional.
Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en 
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas, 
incluido el material impreso, con la inclusión de los correspondientes logotipos.
A estos efectos, ambas partes se comprometen a respetar recíprocamente sus 
directrices de imagen institucional.
Duodécima.  Vigencia y denuncia del Convenio.
Según establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Convenio se 
perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector  público  estatal,  al  que  se  refiere  la  disposición  adicional  séptima  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
El Convenio tendrá una vigencia de un año y podrá prorrogarse por voluntad de las 
partes firmantes, mediante acuerdo unánime, hasta un máximo de otro año más, que 
deberá ser formalizado por escrito, al menos tres meses antes de la expiración del plazo 
convenido.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la 
otra por escrito con un plazo de dos meses de antelación a la fecha de terminación de 
este.
Decimotercera.  Extinción del Convenio. e.e
1.  El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen  726ww
su o2b.j etoS oon p coar uinscausr drier  erens coaluucsiaó nd ed erel sCooluncvieónni.o:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la
prórroga del mismo. Bc
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes, en cuyo caso la parte que lo solicite 
deberá comunicarlo con una antelación mínima de dos meses.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
3.  El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a su liquidación con el 
objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
4.  Si  cuando concurra cualquiera de  las causas  de resolución previstas en el 
Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  del  Convenio  o,  en  su  defecto,  del 
responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  actuaciones  en  curso  que  consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá  realizarse  la  liquidación  de  las  mismas  en  los  términos  establecidos  en  el 
apartado anterior, según lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta.  No exclusividad.
La firma del presente Convenio no obliga al INAP en exclusividad con la UNED, 
pudiendo  por  tanto  formalizar  otros  Convenios  o  autorizaciones  con  distintas 
Instituciones para la celebración de pruebas selectivas si el desarrollo de las mismas lo 
hiciese necesario.
Decimoquinta.  Régimen jurídico.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y está sometido a lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público.  Las  cuestiones  litigiosas  que  pudieran  surgir  durante  en  la 
interpretación y/o aplicación de este Convenio serán dirimidas de buena fe entre las 
partes, atendiendo al espíritu de colaboración que las ha animado a suscribirlo, en el 
marco de la comisión de seguimiento y se estará a lo dispuesto en la Ley 52/1997, de 27 
de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas. Si no se llegara 
a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán resueltas ante la jurisdicción contencioso- s
administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  oe.
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. w.
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