BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37374
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5125 Sala Segunda. Sentencia 43/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 1963-2019. Promovido por doña Mónica Sorina Popescu en relación 
con  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción  de  Arganda  del  Rey  (Madrid)  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión: 
emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las 
posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:43
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1963-2019, interpuesto por doña Mónica Sorina 
Popescu, contra el auto de 12 de febrero de 2019 en cuya virtud se desestimó el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones y contra la providencia de 5 de marzo 
de 2019, ambos dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de 
Arganda del Rey, en los autos del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 827-2013 
instado por la entidad Bankia, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de marzo de 2019, doña Mónica 
Sorina Popescu, representada por el procurador de los tribunales don Ángel Luis Lozano 
Nuño y bajo la dirección de los letrados don Guzmán García Arrillaga y doña Rabab Al 
Llabili, interpuso recurso de amparo contra el auto de 12 de febrero de 2019, así como 
contra la providencia de 5 marzo de 2019, ambos del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey, dictados en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 827-2013, por los que se desestimaron el incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones y el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de 
ordenación que acordaba expedir testimonio del decreto de adjudicación para practicar la 
correspondiente inscripción en el registro y, en segundo lugar, librar mandamiento al 
registro de la propiedad núm. 2 de Alcalá de Henares, a fin de que procediera a la 
cancelación de la anotación o inscripción del gravamen derivado de la adjudicación. e
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sociedad  de  gananciales  y,  en  virtud  de  contrato  de  compraventa  suscrito  en  el
año 2010, el matrimonio adquirió una vivienda sita en el Paseo de Pozuelo, parcela y 
vivienda núm. 76, 28510, Campo Real (Madrid), sobre la que se constituyó hipoteca.
b)  En fecha 29 de agosto de 2011, por causas sobrevenidas, la demandante de 
amparo  abandonó  la  vivienda  habitual  familiar,  para  trasladarse  con  sus  hijos  a  la 
avenida de la Constitución núm. 85, piso 18, puerta 10, de Coslada (Madrid).
c)  Con fecha 29 de abril de 2013 recayó sentencia en el procedimiento de divorcio 
instado por la recurrente.
d)  Antes  de  resolverse  el  procedimiento  de  divorcio,  de  manera  paralela,  el 
acreedor hipotecario de la vivienda, la entidad Bankia, S.A., como consecuencia del 
impago  de  las  cuotas  hipotecarias,  había  iniciado  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria.
Hay que subrayar que, previamente al inicio del proceso y antes de producirse el 
divorcio  de  los  deudores  hipotecarios,  Bankia,  S.A.,  al  tener  conocimiento  de  la 
separación del matrimonio, remitió un requerimiento a nombre de doña Mónica Sorina 
Popescu, demandante de amparo, que fue enviado a la dirección de la finca hipotecada, 
es decir, al Paseo de Pozuelo, parcela y vivienda núm. 76, 28510, Campo Real (Madrid), 
la cual no fue recibida por la misma, puesto que había abandonado dicho domicilio por 
los motivos expuestos. Así, cabe destacar que el propio funcionario de correos señala: 
«No entregado por dirección incorrecta». También se dirigieron otras notificaciones a la 
calle del Puerto de Valencia, núm. 6, 28821, de Coslada y a la calle del Mar de Caspio, 
núm. 7, 6.º A, 28821, Coslada, con el mismo resultado negativo, en este caso, «[n]o 
entregado por desconocido».
Por lo demás, en la demanda se llama la atención sobre el hecho de que en el 
año 2011, la recurrente de amparo había contratado nuevos servicios financieros con 
Bankia, S.A., en los que ya constaba que su domicilio real estaba en la avenida de la 
Constitución núm. 85, piso 18, puerta 10, de Coslada (Madrid).
e)  Volviendo al procedimiento judicial en cuestión, el juzgado, en fecha 25 de marzo 
de 2014, realizó un primer intento de notificación en la vivienda ejecutada sita en el 
Paseo de Pozuelo, parcela y vivienda núm. 76, 28510, Campo Real (Madrid), que resultó 
infructuosa.
Tras la cadena lógica de actos procesales, en fecha de 1 de septiembre de 2014, el 
letrado de la administración de justicia ordenó la averiguación domiciliaria a través del 
punto neutro judicial, pero solo respecto del demandado don Raúl Sevillano González, 
dando como resultado un nuevo domicilio en la calle del Puerto de Valencia núm. 6, 
28821 de Coslada. En este domicilio, se intentó, por medio de correo certificado, una 
nueva notificación, el día 4 de septiembre de 2014, que fue recogida por el padre del 
ejecutado, don Eusebio Sevillano.
No hubo más intentos de notificación, prosiguiendo el procedimiento sin la presencia 
de los ejecutados, acordándose la subasta de la finca que quedó desierta, adjudicándose 
la finca a la entidad ejecutante.
f)  Concluida la subasta, la demandante de amparo tuvo conocimiento de forma 
extrajudicial (si bien en el escrito de la demandante no consta el cauce), por lo que, con 
fecha de 11 de octubre de 2018, se personó en el procedimiento de ejecución y el día 25 
de octubre de 2018, promovió la nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva con indefensión (art. 24 CE), alegando que el juzgado no había 
agotado todas las posibilidades de averiguación de su domicilio real, con mayor motivo 
dada la ausencia de contacto o relación alguna con su exmarido y su familia desde que 
salió del domicilio por causa de la separación matrimonial. En dicho escrito hizo saber al  s
juzgado que habitaba en Coslada, con aportación de los documentos que acreditaban  oe.
que estaba empadronada en dicha localidad, por lo que el juzgado la podría haber  w.
localizado sin especiales dificultades. 25ww
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al padre de la otra parte Raúl Sevillano, del cual consta el divorcio del mismo y que no se 
le atribuyó la vivienda en cuestión. Por lo tanto y existiendo una causa objetiva para 
verificar que la falta de citación efectiva de dicha parte ejecutada, sí que ha provocado 
indefensión, procede la admisión instada con sus efectos inherentes».
h)  Sin embargo, el órgano judicial rechazó la nulidad por auto de 12 de febrero 
de 2019, en el que se razona, en síntesis, que «[p]ues bien, examinados los autos, no 
consta que las actuaciones procesales realizadas por este juzgado hayan vulnerado la 
ley, y menos aún el derecho a la tutela judicial efectiva de la deudora produciendo 
indefensión, ya que no consta que doña Mónica Sorina Popescu haya efectuado alguna 
de las notificaciones referidas anteriormente, constando que este juzgado ha practicado 
un primer intento de notificación de requerimiento de pago en el domicilio pactado en la 
escritura a efectos de notificaciones, es decir en Paseo de Pozuelo, parcela y vivienda 
número 76, 28510, Campo Real el día 12 junio 2014 con resultado negativo, dejándose 
el oportuno aviso. Posteriormente se realizó averiguación a través del punto neutro 
judicial, apareciendo un nuevo domicilio sito en la calle Puerto de Valencia núm. 6 de 
Coslada, donde volvió a practicarse notificación que fue recogida por el señor Eusebio 
Sevillano constando justificante de recepción de la misma. El juzgado, por tanto, ha 
practicado los actos procesales acogiéndose a las normas que rigen los mismos. El 
hecho de que otro juzgado de la misma población no atribuyera a la deudora el uso del 
domicilio conyugal no implica el necesario conocimiento por parte de este de dichos 
extremos, que tampoco fueron puestos en su conocimiento por la reclamante; como 
tampoco implica vulneración de las normas procesales por parte de este juzgado el 
hecho de que doña Mónica Sorina Popescu figure empadronada en Coslada, o su 
domicilio obre en una asistencia hospitalaria». En el pie del auto que rechaza la nulidad, 
se informa a la recurrente de que «[c]ontra este auto no cabe interponer recurso alguno».
i)  Posteriormente, en fecha de 22 de febrero de 2019, fue dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey, diligencia de ordenación, 
acordando en primer lugar expedir testimonio del decreto de adjudicación para practicar 
la correspondiente inscripción en el registro y, en segundo lugar, librar mandamiento al 
registro de la propiedad núm. 2 de Alcalá de Henares, a fin de que procediera a la 
cancelación de la anotación o inscripción del gravamen derivado de la adjudicación.
j)  Frente a la misma, la demandante de amparo interpuso recurso de reposición, 
solicitando suspender la referida resolución judicial, debido a que con ella una vez más 
se infringía gravemente su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), 
puesto que la resolución resultaba extremadamente dañosa, perjudicial e irreparable 
para la ejecutada. Sin embargo, el recurso fue desestimado por providencia de fecha 5 
de marzo de 2019, pues, a juicio del órgano judicial, no se expresaba correctamente la 
infracción supuestamente cometida, en virtud de las previsiones del art. 452 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC).
3.  La demandante de amparo aduce en su recurso la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 y 2 CE), en su vertiente de acceso al 
proceso,  denunciando  la  indefensión  padecida  por  la  falta  de  notificación  y 
emplazamiento personal en el procedimiento de ejecución hipotecaria del que era parte 
demandada.
Subraya que no se encontraba en paradero desconocido, por lo que, sin haberse 
tratado de averiguar su domicilio real, tal como exige la jurisprudencia constitucional, ya 
que estaba dada de alta residiendo en otro domicilio de forma pública, su notificación 
personal resultaba obligada de todo punto, so pena de infringir gravemente sus derechos  e.
constitucionales a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a intervenir en un proceso  w.b
dotado de todas las garantías para su eficaz defensa. 25ww
(STCA s1í,8 1e/2n0tie1n5d, ed eq 7u ed,e  dsee ptcieomnfborrem, idFaJd 4 )c, oenn  alate nccoinósnt aan tlaes  daocctutraincaio ndees  aecsatee citdriabsu neanl 
eelj emcuacricóon  dpeel rsporoncaelmdiemniteen tao  dlae  eejejeccuutcaidóan  nhii peonte claa ridai,r eaclc inóon  hdaeb elar  pfiondciad oh icpoomteucnaidcaa,r  lnai 
naturalmente en el domicilio de su excónyuge, ni en el del padre de este último, el
órgano judicial debió ordenar la práctica de otras actuaciones encaminadas a conocer 
otro domicilio de la ejecutada a través de los diferentes organismos públicos a los que se 
remite la Ley de enjuiciamiento civil.
A mayor abundamiento, señala que en el escrito por el que se promovió la nulidad de 
actuaciones se acreditó la actitud de la demandante de amparo, encaminada a no dificultar 
su localización y entorpecer el proceso judicial, ni que la imposibilidad de emplazarla 
hubiera obedecido a su posible negligencia, desidia o impericia, supuestos que privarían de 
relevancia  constitucional  a  la  queja.  Al  respecto,  insiste  en  que  la  falta  o  deficiente 
realización  del  acto  de  comunicación  tiene  relevancia  constitucional,  siempre  que  las 
situaciones de incomunicación no sean imputables a la propia conducta del afectado por 
haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, si bien matiza que no 
puede imputársele la invalidez de la comunicación, máxime estando empadronada en el 
municipio de Coslada desde el año 2011 tal y como se puso de manifiesto en el escrito de 
incidente de nulidad, acreditando el desconocimiento de la existencia de la ejecución frente 
a  la  misma,  que  en  el  caso  de  que  se  hubiera  realizado  una  mínima  averiguación 
domiciliaria, hubiera dado lugar a poder localizarla de forma sencilla.
Reprocha, por lo demás, al órgano judicial, que haya tenido dos ocasiones de 
enmendar las vulneraciones infringidas –mediante la estimación, primero, del incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones y, después, acogiendo el recurso de reposición–, 
y, sin embargo, haya persistido en su actitud, a pesar de habérsele invocado la doctrina 
constitucional  aplicable  al  supuesto  de  hecho  e,  incluso  contar  con  el  apoyo  del 
Ministerio Fiscal que se había adherido a la pretensión anulatoria de la demandante.
En  definitiva,  según  concluye  la  demandante  de  amparo,  las  resoluciones 
impugnadas ponen de manifiesto que algunos órganos judiciales no siguen o se resisten 
a aplicar la doctrina de este Tribunal Constitucional en materia de emplazamiento y 
notificaciones, o alegan diversas excusas en la tramitación que en modo alguno justifican 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la indefensión de las partes. Por 
esa razón, considera indispensable que este tribunal «siga protegiendo al ciudadano, 
como último recurso, ahondando en la línea marcada en sus pronunciamientos previos, 
conformando así un importante cuerpo jurisprudencial que detenga la reiteración de 
interpretaciones y actos como la que ha consumado el órgano judicial».
4.  Mediante providencia de 16 de junio de 2020, la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, habiéndose interesado ya 
la  remisión  de  certificación  de  las  actuaciones  judiciales,  se  ordena  dirigir  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey 
a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, proceda a emplazar a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para 
que, si lo desean, puedan comparecer en el presente recurso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 17 de septiembre de 2020, la Sección Cuarta de 
este tribunal acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC. e
6.  Doña Mónica Sorina Popescu presentó escrito de alegaciones con fecha de 21  w.
icdnoesn tasontcitctuuiacb,iro enn aodl  ep ar2ge0os2etó0n ,t aleadnsa  , evrleí aiqtseu reale ngsdaeol  erqsau teifdi celaa   inínnotteteirfgipcroaancmeióe npn,ot erl  oee nnqt eulnaed  edsre umqpuuaesn ode al  sjuduze g faaadlmtoapr  addreoe    2021-5125n https://ww
conocimiento y defensa en el procedimiento de ejecución hipotecaria, no pudiendo hacer
valer sus derechos. Incide en que el juzgado procedió a la notificación y requerimiento de
pago mediante notificaciones cursadas en los domicilios de su exmarido y del padre del 
mismo, con los que no tiene relación, y en la finca hipotecada, respecto a la que, por 
sentencia de divorcio, no se le concedió su uso y abandonó en el momento de su 
separación matrimonial para, finalmente tenerla por notificada a través de tercero (su 
excónyuge),  sin  intentar  previamente  averiguar  su  domicilio  real  como  exige  la 
jurisprudencia constitucional.
En apoyo de su razonamiento, cita y traslada en parte la reciente STC 125/2020, 
de  21  de  septiembre  de  2020,  para  concluir  que  «[l]a  garantía  de  emplazamiento 
personal de la demandada o ejecutada en los procesos regidos en esta materia debieron 
salvaguardarse  por  el  juzgado  a  quo  ordenando  la  práctica  de  otras  actuaciones 
encaminadas  a  conocer  otro  domicilio  de  la  ejecutada  a  través  de  los  diferentes 
organismos públicos a los que se remite la Ley de enjuiciamiento civil en su art. 155.3, o 
bien por los medios que se recogen en el art. 156 de la misma Ley procesal, sin que se 
hubiera acudido directamente a la notificación edictal (en igual sentido, STC 181/2015, 
de 7 de septiembre, FJ 4), tal como viene exigiendo el Alto Tribunal».
7.  Con  fecha  de  23  de  octubre  de  2020,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  sus 
alegaciones ante este Tribunal, solicitando la estimación del recurso de amparo. Tras 
llevar a cabo un análisis de la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de proceder 
correcta y diligentemente en los actos de comunicación procesal, para así garantizar el 
derecho  de  acceso  a  la  jurisdicción  y  de  defensa  (art.  24.  CE)  de  quien  ha  sido 
demandado o pueda ser parte interesada en el procedimiento, reitera la necesidad de 
agotar las posibilidades de citación directa antes de acudir a la de edictos. Cita en este 
sentido la STC 89/2015, FJ 3, subrayando que «lo anterior supone que el órgano judicial 
concernido debe extremar la diligencia para la averiguación del paradero o domicilio de 
los  interesados,  y  para  ello  deberá  utilizar  los  medios  de  averiguación  que  estén 
razonablemente a su alcance. La clave –advierte el fiscal– está precisamente en la nota 
de  razonabilidad,  pues  ni  es  exigible  al  juez  realizar  sacrificios  extremos,  con  la 
utilización de medidas que excedan de lo proporcional, ni puede tampoco resolver de 
forma simplista y acudir de forma mecánica o automática al expediente edictal. Entre 
estos dos extremos se encuentra la razonabilidad de la decisión correcta».
Trasladando nuestra doctrina al presente recurso de amparo, el fiscal expresa la 
hipótesis de que el órgano judicial, al observar que la vivienda hipotecada era propiedad 
de  un  matrimonio,  cuyo  régimen  económico  es  el  de  gananciales,  entendiese  que 
notificado  el  procedimiento  correctamente  a  uno  de  ellos,  el  otro  hubiera  tenido 
lógicamente conocimiento de la ejecución. Ahora bien, a juicio del Ministerio Fiscal, una 
vez que, por el planteamiento del incidente excepcional de nulidad de actuaciones tuvo 
conocimiento del divorcio de los ejecutados y que la demandante de amparo habitaba 
desde entonces en otro domicilio, no debió hacer caso omiso y perpetuar la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva, mucho más cuando le fue reclamada en el 
pertinente recurso de revisión, en el que lejos de solventar la vulneración, reincidió en ella.
Para el fiscal, es obvio que existía alguna forma, que sin suponer una actividad 
desproporcionada para el órgano judicial, le sirviera para conocer la verdadera ubicación 
de la demandada, sin necesidad de acudir a la vía edictal. «Y desde luego –afirma con 
rotundidad–  el  hecho  de  no  haber  atendido  a  lo  solicitado  por  la  recurrente  en  el 
incidente de nulidad supone desconocer de manera palmaria la doctrina del Tribunal 
Constitucional en materia de notificaciones».
Por último, subraya que no existe razón alguna para excluir la vulneración del 
derecho denunciado por la propia actitud de la recurrente, pues no consta que hubiera  e.
tenido un conocimiento extraprocesal de la demanda, hasta el momento en que ella  w.b
misma así lo reconoce y actúa personándose en el proceso, intentando subsanar el  25ww
dinémfiuciet bdlee  etujetceulata ddoe nluan cviiavdieon.d aA ñcaodneju, nptao r dleo  ldoesm cáósn, yuqguees ,e ln oh edcihsoto rdseio nhaa beel r résgidimo eenl 
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actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y la retroacción de las actuaciones
al momento en el que se acordó notificar el auto despachando ejecución; el decreto del 
letrado de la administración de justicia y la copia de la demanda a través de la dirección 
electrónica habilitada, y en su lugar, se proceda a la notificación personal que exige el 
art. 155 LEC, con el fin de que se comunique a la demandante de amparo lo allí 
acordado y se le otorgue la posibilidad de ejercer su derecho.
8.  Mediante  providencia  de  fecha  25  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 12 de febrero de 2019, que desestima el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones, así como la providencia de 5 de marzo 
de  2019,  que  desestima  el  recurso  de  reposición  planteado  contra  la  diligencia  de 
ordenación de 22 de febrero de 2019, ambos dictados por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey y promovidos por la actora en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 827-2013, instado por la entidad Bankia, S.A.
La  demandante  de  amparo  denuncia  que  el  auto  impugnado  ha  vulnerado  su 
derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), porque el 
órgano judicial debió haber desplegado la actividad suficiente para averiguar su domicilio 
real, lo que no era especialmente difícil, dado que, desde que abandonó el domicilio 
conyugal, habita en el mismo, constando asimismo en el padrón municipal y otros 
archivos administrativos.
El  Ministerio  Fiscal,  como  ha  quedado  reflejado  en  los  antecedentes  de  esta 
resolución, considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado derecho 
fundamental ha sido vulnerado, en aplicación de la doctrina reiterada de este tribunal 
relativa al agotamiento de las vías de notificación personal de los ejecutados, so pena de 
vulnerar su derecho a la jurisdicción y causarles indefensión, doctrina que entiende que 
ha sido palmariamente incumplida por el órgano judicial en el presente caso.
2.  Doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la  correcta  constitución  jurídico-
procesal y los actos de comunicación.
Como acertadamente exponen tanto la demandante de amparo, como el Ministerio 
Fiscal, este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión planteada en 
más de un centenar de resoluciones, siendo conocida nuestra consolidada doctrina 
sobre el deber de agotamiento de las posibilidades de averiguación del domicilio del 
demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y, en general, en cualquier tipo 
de  procedimiento.  Basta  ahora  con  citar  algunas  de  las  más  recientes  como  las 
SSTC 29/2020, de 24 de febrero; 41/2020, de 9 de marzo, y 125/2020, de 21 de 
septiembre, entre otras, a las que, en aras a la brevedad, nos remitimos.
En todas ellas hemos insistido en que «cuando del examen de los autos o de la 
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que 
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de 
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2). Incluso cuando no conste ese 
domicilio  en  las  actuaciones  habría  que  realizar  otras  gestiones  en  orden  a  la  e.
averiguación  del  domicilio  real  (por  todas,  STC  19/2004,  de  23  de  febrero,  FJ  4,  w.b
y 126/2006 de 24 de abril, FJ 4), siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial  25ww
(uSnSaT  Cde 1s2m6e/1d9id9a9 , ldaeb o2r8  idnev ejusntigioa, dFoJr a4 ; s8o2b/2re0 0l0a,  deefe 2c7ti vdied amda rdzeol,  FaJc t6o;  1d1e3 /2co0m01u,n dicea 7c iódne 
Smea ytora, tFaJ,  5e;n 1 d3e1f/i2n0it1iv4a, ,d dee 2 1g adrea njutilzioa,r  FaJl  2d, eyu 8d3o/r2 0o1 e8j,e dceu t1a6d od ee lj udlioe,r eFcJh o4 , deen traec coetrsaos )»a.l 
proceso del art. 24.1 CE (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5).
Por lo demás, especialmente, sobre las notificaciones realizadas a través de terceras 
personas este tribunal ha declarado que «la exigencia que pesa sobre los órganos 
judiciales de velar por que el acto de comunicación procesal cumpla eficazmente con su 
fin, que, como hemos dicho, no es otro que el de hacer llegar al interesado, o a quien 
legalmente le represente, las decisiones judiciales para que acomode su proceder a las 
mismas  o  tome  las  oportunas  decisiones  en  defensa  de  sus  intereses  y  derechos 
(STC 326/1993, de 8 de noviembre, FJ 3, con cita de las SSTC 115/1988, de 10 de junio, 
FJ 1, y 195/1990, de 29 de noviembre, FJ 3), conlleva la necesidad de que no otorguen 
mecánicamente  un  valor  absoluto  al  simple  contenido  formal  de  la  diligencia  de 
notificación, prescindiendo de cualquier enjuiciamiento sobre los motivos alegados por la 
parte acerca de la no recepción en plazo de la notificación, o más simplemente, haciendo 
caso omiso de los defectos de la notificación puestos de manifiesto en su diligencia.
Los órganos judiciales, ante un caso como el suscitado en el presente recurso de 
amparo, no pueden presumir sin más, sin poner en riesgo el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión garantizado en el art. 24.1 CE, que las notificaciones 
realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada 
cuando la misma cuestiona con datos objetivos que así ha sido, o si tal cosa puede inducirse 
del tenor de la diligencia, comprobando, a la vista de las circunstancias del caso, si el modo 
de practicarse la notificación fue suficiente para que surta su efecto informador (STC 39/1996, 
de 11 de marzo, FJ 3, con cita de la STC 275/1993, de 20 de septiembre).
Si el órgano judicial debe acudir a la notificación por cédula a terceros, que es una 
forma de notificación personal ordinaria como cualquiera otra de las previstas en la LEC 
(salvo la edictal), será preciso en todo caso que esta última modalidad se practique con 
riguroso sometimiento a los requisitos y condiciones que exigen el art. 267 y el citado 
art. 268, ambos LEC. El cumplimiento de esas exigencias, como se indicó ya en las 
SSTC 110/1989, de 12 de junio; 195/1990, de 29 de noviembre, y 326/1993, de 10 de 
diciembre, constituye garantía del real conocimiento por el interesado del acto o resolución 
que se le notifica por terceros, asegurando su derecho a intervenir en el proceso desde tal 
momento  y  a  interponer  los  recursos  procedentes  contra  la  resolución  judicial,  y  del 
cercioramiento judicial de que así ha sido. Por todo ello el emplazamiento y citación han de 
ser realizados por el órgano judicial con todo el cuidado y respeto de las normas procesales 
que regulan dichos actos de comunicación, como deber específico integrado en el de la 
tutela judicial efectiva, dado que no son un formalismo, sino una garantía para las partes en 
el procedimiento y una carga que corresponde llevar a cabo al órgano judicial, integrante del 
contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución.
En consecuencia, es esencial a los referidos actos de comunicación la recepción de 
la cédula por el destinatario y la constancia en las actuaciones, a salvo los casos de 
citación por edictos, de que se ha entregado a quien debe recibirla, siempre con la 
finalidad de que, llegando a poder del interesado, pueda este disponer de su defensa. 
Por ello, nuestras normas procesales y, en concreto, el art. 271 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aun cuando permiten que los actos de comunicación puedan practicarse 
por medio de correo, del telégrafo o de cualquier otro medio técnico, condicionan su 
utilización a la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma» 
(STC 113/2001, de 7 de mayo, FJ 6).
Y en la STC 245/2006, de 24 de julio, FJ 3, en un supuesto similar al ahora enjuiciado en 
el que se había notificado la ejecución solo a la expareja del demandante de amparo, 
declaramos que «del examen de las actuaciones no se desprende que el recurrente hubiese 
actuado con pasividad o negligencia, ni que tuviera conocimiento extraprocesal del proceso  s
de ejecución hipotecaria tramitado inaudita parte, toda vez que la presunción, alegada por la  oe.
representación del BBVA en su escrito de alegaciones, de que la codemandada señora Vega  w.
Álvarez hubiera puesto en conocimiento del recurrente en amparo la existencia del proceso  25ww
ehne mcouse sstióenñ aelasd uon, ae nsi mepslteo sc ocnajesotusr a‘,l oc aprreenstuem died ov iretusa, lijduasdta ma eenstteo,s  eelf edcetossc,o pnuoecism, iceonmtoo  dyeal 
mpraoycoe,s Fo Js 5i ,a ys í2 6se8 /2a0le0g0a, ’d (eS 1S3T Cde  2n1o9v/i1e9m9b9r,e d, eF J2 49,  dpeo r ntoodvaiesm).bre, FJ 2; 128/2000, de 16 de  BOE-A-cable e
Por  consiguiente,  el  órgano  judicial,  al  proseguir  la  tramitación  del  proceso  de 
ejecución hipotecaria hasta su conclusión sin agotar previamente los medios que tenía a 
su alcance para notificar al recurrente en su domicilio real la existencia del proceso, 
cuando ya existían dudas razonables de que el recurrente pudiera no tener conocimiento 
del mismo –y existiendo además otro domicilio en las actuaciones que, a la postre, resultó 
ser su domicilio real–, no satisfizo las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial 
efectiva y causó al recurrente en amparo una efectiva indefensión, al no poder personarse 
en el proceso a fin de defender sus derechos e intereses, lo que solo aconteció cuando el 
juzgado le notificó en su domicilio el auto de remate que ponía fin al procedimiento, sin 
que el juzgado accediese a reparar la indefensión causada con ocasión de resolver el 
recurso de reposición formulado por el recurrente contra el auto de remate, por lo que 
–conforme se ha adelantado– procede otorgar al recurrente el amparo solicitado».
Por todo ello, ahora, este tribunal reitera lo tantas veces declarado. Esto es, que los 
órganos judiciales están obligados a velar por la correcta constitución de la relación 
jurídica procesal, lo que se logra agotando los medios que el ordenamiento jurídico pone 
a su alcance, sin que se pueda presumir que la notificación hecha a un tercero haya sido 
puesta en conocimiento del demandado.
3.  Aplicación de la doctrina al caso.
La doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto que analizamos, de 
manera que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey 
debería haber efectuado la citación o emplazamiento personal de la demandante, tras 
desplegar la actividad necesaria para averiguar su real domicilio, en lugar de tenerla por 
notificada por medio de su excónyuge.
Como expusimos, entre otras en la STC 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 2 «cuatro 
son los presupuestos que venimos analizando para acreditar la vulneración de este 
derecho  fundamental  por  falta  de  emplazamiento  personal:  1)  La  titularidad  por  el 
demandante de amparo, al tiempo de la iniciación del proceso, de un derecho e interés 
legítimo y propio, susceptible de afectación por la causa enjuiciada, en las resoluciones 
judiciales recurridas. La situación de interés legítimo resulta identificable con cualquier 
ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida; 2) La posibilidad de 
identificación del interesado por el órgano jurisdiccional; 3) El cumplimiento por el órgano 
judicial de su obligación constitucional de velar para que los actos de comunicación 
procesal alcanzasen eficazmente su fin, lo que significa, entre otras cosas, concebir los 
emplazamientos edictales como modalidades de comunicación de carácter supletorio y 
excepcional (STC 126/1999, de 28 de junio) o no presumir sin más que las notificaciones 
realizadas a través de terceras personas hayan llegado a conocimiento de la parte 
interesada  cuando  la  misma  cuestiona  con  datos  objetivos  que  así  haya  sido 
(STC 113/2001, de 7 de mayo); y 4) Por último, que el recurrente en amparo haya sufrido 
como consecuencia de la omisión del emplazamiento una situación de indefensión real y 
efectiva, lo que no se da cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del 
asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa (por todas, SSTC, 
102/2003, de 2 de junio, FJ 2; 102/2004, de 2 de junio, FJ 3; 207/2005, de 18 de junio, 
FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 3, y 124/2006, de 24 de abril, FJ 2)».
Pues  bien,  en  el  presente  caso,  se  puede  afirmar  que  concurren  estos  cuatro 
presupuestos necesarios para declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) de la demandante de amparo. En primer lugar, porque no cabe duda de 
que doña Mónica Sorina Popescu ostentaba un evidente y legítimo interés en el proceso  e
de ejecución hipotecaria en su condición de deudora hipotecante y, por tanto, ejecutada.  bo
Resulta  también  incuestionable  que  la  demandante  de  amparo  era  perfectamente  25ww
i(dpeandtrióficna mbluen iac ippaalr teir  INdeS AloLsU Dda) tyo sq uqeu eh afbigituar aebna lna  emnis mlosa  vdiivsiteinntdoas  doergsdaen isqmueo stu pvoú blulicgoasr 
lrae arulizpótu rnain mgúantr imintoenniatol.  dAe p aevsearri gduea lcai ócno ndseta snuc iad odme itcailnio s, igsninifoic asotivloo sd edla tdoes ,s eul  jeuxzcgóandyou gneo 
también ejecutado, presumiendo finalmente que las notificaciones realizadas a este 
último en su nuevo domicilio iban a llegar a su conocimiento.
Así pues, además de ser necesario el emplazamiento personal de la demandante de 
amparo al ostentar derechos e intereses legítimos en el proceso ejecutivo impugnado, 
también era factible localizarla en su domicilio real. En todo caso, el art. 156 LEC obligaba al 
juzgado a la práctica de diligencias de averiguación del domicilio, incluso a través del 
padrón de habitantes y otros registros públicos. Sin embargo, no lo hizo así el órgano 
judicial,  que  se  limitó  a  seguir  adelante  con  la  ejecución,  a  pesar  de  tener  pleno 
conocimiento de que el domicilio al que se dirigían las notificaciones no era el de la 
demandante de amparo. Todo ello hace que se deba afirmar que la falta de emplazamiento, 
en cualquier caso, debía haber sido corregida por el juez, como así resulta del art. 24.1 CE, 
ya que el derecho a no padecer indefensión debe ser restaurado por quien presta la tutela 
judicial (SSTC 197/1997, de 24 de noviembre, FJ 3, y 1/2000, de 17 de enero, FJ 5).
Además, debe señalarse que la falta de emplazamiento de la demandante de amparo en 
el proceso le ha producido un perjuicio real y efectivo, puesto que le ha impedido defender 
sus derechos e intereses en el procedimiento ejecutivo, no existiendo dato alguno en las 
actuaciones que permita deducir o inferir de manera suficiente y razonada que hubiera tenido 
un conocimiento extraprocesal del pleito. En este sentido, frente al criterio del órgano judicial 
en la resolución de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, ha de recordarse que, 
según nuestra reiterada doctrina constitucional, «el conocimiento extraprocesal de la causa 
judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del interesado que vaciaría de contenido 
constitucional su queja no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples 
conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente para que surta su efecto invalidante de 
la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si 
así se alega [...] afirmaciones compatibles con que, como también hemos recordado, del 
examen de las actuaciones pueda inferirse de manera suficiente y razonada que tuvo o hubo 
de haber tenido un conocimiento extraprocesal de la pendencia del litigio o que no podía 
ignorar su existencia» (SSTC 26/1999, de 8 de marzo, FJ 5; 20/2000, de 31 de enero, FJ 5, 
y 102/2003, de 2 de junio, FJ 3).
En este caso, como aprecia el Ministerio Fiscal, no aparece dato alguno en las 
actuaciones  que  permita  deducir  de  manera  suficiente  y  razonada  la  carencia  o 
insuficiente diligencia por parte de la señora Popescu para conocer extraprocesalmente 
la existencia del proceso. Al contrario, conviene no pasar por alto el hecho de que los 
requerimientos  realizados  por  la  entidad  financiera  y  los  posteriores  arrojaron  un 
resultado negativo por la ausencia de la demandante en las direcciones intentadas, así 
como  el  esfuerzo  infructuoso  de  ejercicio  de  su  derecho  de  defensa  mediante  el 
planteamiento del incidente excepcional de nulidad de actuaciones –al que recordemos 
que se adhirió el Ministerio Fiscal– y mediante el intento de paralización de la inscripción 
de la adquisición a favor de la entidad ejecutante en el registro de la propiedad.
Igualmente concurren los otros dos presupuestos, pues el órgano judicial no cumplió 
su  obligación  constitucional  de  velar  para  que  los  actos  de  comunicación  procesal 
alcanzasen eficazmente su fin, al presumir sin más que las notificaciones realizadas al 
excónyuge llegaron a conocimiento de la demandante de amparo y que esta sufrió como 
consecuencia de la omisión del emplazamiento una situación de indefensión real y 
efectiva,  perdiendo  el  inmueble  y  la  posibilidad  de  defenderse,  sin  que  se  haya 
acreditado que haya tenido conocimiento extraprocesal del asunto y, que por su propia 
falta de diligencia, no se personara en la causa.
Establecido lo anterior, sin embargo, este tribunal debe subrayar que la reprobación de  s
la actuación del órgano judicial debe concentrarse especialmente en el momento en que  oe.
conoció la situación de la recurrente, a través de la interposición del incidente excepcional  w.
de nulidad de actuaciones. Como acertadamente observa el Ministerio Fiscal, una vez que,  25ww
pdoer  asmu ppalarnot ehaambiiteanbtao , dtuevsod ec oennotcoinmcieesn teon d eolt rdoiv doorcmioic dileio ,lo nso e jdeecbuitóa dhoasc ye rq ucea slao  doemmisaon daa nlotes 
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inmediatamente posterior a la admisión de la demanda y despacho de la ejecución, de 
modo que posibilitase el ejercicio de defensa de la demandante de amparo. No lo hizo así y 
por tanto, lejos de solventar la vulneración, reincidió en ella.
En consecuencia, debe declararse la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE) de la demandante y estimar el presente recurso de amparo.
4.  Alcance de este pronunciamiento.
El Ministerio Fiscal ha planteado en su escrito de alegaciones la necesidad de proceder 
a concretar las vulneraciones alegadas por la demandante en el presente recurso de 
amparo, puesto que si bien formalmente las imputa al auto de 12 de febrero de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey, dictado en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 827-2013, lo cierto es que su queja se dirige a 
todas las actuaciones anteriores, desde el momento procesal en que se acordó seguir los 
trámites sin darle traslado de la demanda.
En  efecto,  a  juicio  de  este  tribunal,  le  asiste  la  razón  al  fiscal.  Dado  que  la 
demandante de amparo ha denunciado la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE)  con  referencia  a  todos  los  actos  de  comunicación  procesal 
habidos desde la admisión a trámite de la demanda y despacho de la ejecución, de 
conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey, de fecha 12 
de febrero de 2019, por el que se desestima el incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones promovido por la demandante de amparo, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 827-2013, acordando la retroacción de las actuaciones hasta el dictado 
del auto despachando la ejecución, a fin de que se proceda de nuevo al emplazamiento 
de la recurrente, por los medios previstos en la Ley de enjuiciamiento civil, de modo que 
se le otorgue la posibilidad de ejercer su derecho.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Mónica Sorina Popescu Popescu 
y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de todo lo actuado 
desde la admisión de la demanda de ejecución hipotecaria núm. 827-2013, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  posterior  a  dicha 
actuación para que, llevándose a cabo la notificación a la parte ejecutada de forma que 
resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido, se le dé a la demandante de 
amparo la posibilidad de contestar a la demanda y realizar cuantas actuaciones legales 
posibiliten el ejercicio de su derecho. es
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.
JuanD aAdnat oennio M  Xaidorli dR, íao str.–ePs edder om  Jaorzsoé  dGeo dnozsá lemzi-lT vreevinijtaiunnoo .S–Eánncchaernza.–cAiónnt oRniooc aN Tarrívaáse.–z
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.