BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 10176
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
1249 Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de la contratación celebrada por Fraternidad-Muprespa, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social número 275, ejercicio 2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 14 de diciembre de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe de fiscalización de la contratación celebrada por Fraternidad-Muprespa, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social número 275, ejercicio 2017, acuerda:
1.  Instar al Gobierno y a la Fraternidad-Muprespa a:
– Establecer los procedimientos para garantizar que la contratación celebrada por la 
Mutua esté encaminada al cumplimiento y realización de sus fines institucionales, de 
modo que las adquisiciones con cargo al patrimonio del Sistema de la Seguridad Social 
estén  relacionadas  con  la  consecución  de  dichos  fines  y  así  se  dé  adecuado 
cumplimiento al principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos.
– Adoptar  medidas  para  que  la  justificación  de  la  necesidad  de  contratar  sea 
suficientemente precisa en cuanto a su extensión y concreción, y para que se lleven a 
cabo las estimaciones o estudios económicos justificativos del coste real de la prestación 
que se va a contratar.
– Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que,  como  parte  de  las  actuaciones 
preparatorias de los contratos, se lleven a cabo las estimaciones o estudios económicos 
justificativos  del  coste  real  de  la  prestación  que  se  va  a  contratar  (que  debe  ser 
adecuado  al  precio  general  de  mercado),  dejando  constancia  documental  en  el 
expediente  de  dichas  actuaciones  previas,  en  aras  de  la  mayor  transparencia  del 
procedimiento y acorde con el objetivo de «[…] asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios.» (Artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
– Adoptar las medidas necesarias para que en los procedimientos negociados se 
lleve a cabo una negociación efectiva directa y previa con las empresas sobre los 
aspectos económicos y/o técnicos determinados previamente, dejando constancia de 
ello en el expediente.
– Implantar  las  medidas  tendentes  para  que  los  medios  de  acreditación  de  la 
solvencia  técnica  o  profesional  exigidos  en  los  pliegos,  así  como  los  criterios  de 
selección  aplicables  en  función  de  dichos  medios,  permitan  garantizar  la  aptitud  y 
capacidad de las empresas licitadoras para llevar a cabo el cumplimiento del contrato, 
evitando fórmulas genéricas que introduzcan un excesivo margen de discrecionalidad en 
la actuación de la entidad.
– Velar por una mayor concreción previa en los pliegos de condiciones particulares 
del  contenido  y  forma  o  método  de  valoración  de  cada  uno  de  los  criterios  de 
adjudicación utilizados, que deben estar, en todo caso, relacionados con el objeto del  e.e
contrato, favoreciendo que los licitadores dispongan de la información necesaria y previa  b
sobre cómo va a ser valorada su proposición. Asimismo, evitar la utilización de fórmulas  49ww
rpealarati vvaa dloer adri cehlo  ccrrititeerrioio  prerespcieoc tqou dee, l ecno nljau nptorá dceti cloas,  cpruiteedriaons  ddeis atodrjsuidoincaarc ilóan ,i menp oarrtaasn cdiae 
glae strtaiónns pdaer elonsc fiao nddeols  pprúobcleicdoims.iento y del cumplimiento del principio de eficiencia en la
– Establecer un procedimiento para el seguimiento y control de la planificación y de 
la ejecución de los contratos de obras y del cumplimiento de los plazos, imponiendo, en 
caso de incumplimiento, las penalidades que procedan.
– Impulsar la aplicación de las previsiones legales tendentes a promover la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres a través de la contratación del sector público, en 
consonancia con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de su carácter potestativo
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.–El Presidente de 
la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Nº 1.337 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-MUPRESPA, 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275, EJERCICIO 2017 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 
y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los 
artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del  Tribunal  de  Cuentas,  ha  aprobado,  en  su  sesión  de  30  de  septiembre  de  2019,  el  Informe  de 
Fiscalización de la contratación celebrada por FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social número 275, ejercicio 2017 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al 
Gobierno, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.  
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN. 
I.3. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
I.4. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
AL TRIBUNAL DE CUENTAS. 
I.4.1. RELACIONES DE CONTRATOS. 
I.4.2. EXTRACTOS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 
I.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
I.6. NATURALEZA JURÍDICA, MARCO NORMATIVO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
I.6.1. NATURALEZA JURÍDICA. 
I.6.2. MARCO NORMATIVO. 
I.6.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS. 
I.7. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-
MUPRESPA. 
I.8. PRINCIPALES MAGNITUDES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE 
FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
I.9. EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
II.1. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN. 
II.2. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
II.2.1. INCIDENCIAS COMUNES A LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS. 
II.2.2. INCIDENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE ASESORÍA 
JURÍDICA, REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA. 
II.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. 
II.4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES. 
III. CONCLUSIONES. 
III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
AL TRIBUNAL DE CUENTAS. 
III.2. INCIDENCIAS COMUNES A LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS. 
III.3. INCIDENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE ASESORÍA  es
JURÍDICA, REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA.  bo
III.4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA,  49ww
AIIIC.5C. ECSUOE SAT LIOAN IENSF ORREMLAACCIIOÓNNA PDÚABSL CICOAN Y L BAUSE PNR GEVOIBSIIEORNNEOS.  CONTENIDAS EN LA LEY
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES.
IV. RECOMENDACIONES. 
ANEXOS. 
ALEGACIONES FORMULADAS. 
 
   
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS  
BOE     Boletín Oficial del Estado 
DOUE    Diario Oficial de la Unión Europea 
IIC      Instrucciones Internas de Contratación 
IVA      Impuesto sobre el Valor Añadido 
LFTCu    Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOTCu    Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas 
PCP     Pliego de condiciones particulares 
PPT     Pliego de prescripciones técnicas 
SARA   Sujetos a regulación armonizada 
TRLCSP  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
   
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO 1  RESUMEN  GENERAL  DE  LA  CONTRATACIÓN  CELEBRADA  POR 
FRATERNIDAD-MUPRESPA,  EJERCICIO  2017.  CLASIFICACIÓN  EN 
FUNCIÓN DE LOS TIPOS DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
CUADRO 2   EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS FORMALIZADOS EN 
EL  EJERCICIO  2017,  CLASIFICACIÓN  EN  FUNCIÓN  DEL  TIPO  DE 
CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
CUADRO 3  FÓRMULA DE VALORACIÓN DEL CRITERIO PRECIO. 
 
CUADRO 4  SUPUESTO DE VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS. 
 
CUADRO 5  VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
GRÁFICO Nº 1  DISTRIBUCIÓN  DEL  IMPORTE  DE  LA  CONTRATACIÓN, 
CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE CONTRATOS EJERCICIO 2017. 
 
GRÁFICO Nº 2  DISTRIBUCIÓN  DEL  IMPORTE  DE  LA  CONTRATACIÓN, 
CLASIFICACIÓN  POR  PROCEDIMIENTOS  DE  ADJUDICACIÓN 
EJERCICIO 2017. 
 
 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
La  “Fiscalización  de  la  contratación  celebrada  por  FRATERNIDAD-MUPRESPA,  Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social número 275, ejercicio 2017”, se ha realizado a iniciativa 
del propio Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la función fiscalizadora que le atribuyen la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), y la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), y figura en el Programa de Fiscalizaciones 
del Tribunal de Cuentas para el año 2017, aprobado por su Pleno en sesión de 22 de diciembre de 
2016.  
Con posterioridad, y dado que el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 
2017 preveía la aprobación del Informe por el Pleno en 2018, esta actuación fiscalizadora se 
incorporó al Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por 
el Pleno en sesión de 21 de diciembre de 2017, y asimismo el Pleno, en sesión de 31 de mayo de 
2018, acordó la iniciación de este procedimiento fiscalizador.  
Las Directrices Técnicas de esta fiscalización fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en sesión de 28 de junio de 2018.  
La fiscalización de los contratos celebrados por las entidades del sector público es una de las 
competencias del Tribunal de Cuentas y está prevista, de forma expresa, tanto en el artículo 11 de 
la  LOTCu,  como  en  los  artículos  39  y  40  de  la  LFTCu,  constituyendo  uno  de  los  objetivos 
preferentes en su actividad fiscalizadora, teniendo en cuenta que la contratación es una de las 
principales áreas de gestión de la actividad económico-financiera del Sector Público. 
La presente fiscalización se incluye dentro de los objetivos específicos 1.2 (Fomentar buenas 
prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas), 1.3 (Identificar y fiscalizar 
las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el 
fraude y la corrupción) y 1.4 (Incrementar las fiscalizaciones operativas), todos ellos incardinados 
en el objetivo estratégico 1 (Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-
financiera del sector público) del Plan Estratégico 2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en su sesión de 25 de abril de 2018, mediante la fiscalización de la contratación de las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social más representativas, comenzando por las de mayor 
significación económica, y continuando con las actuaciones ya realizadas en relación con FREMAP 
y ASEPEYO (informes aprobados por el Pleno, respectivamente, en sus sesiones de 27 de julio de 
2017 y 22 de marzo de 2018). 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 
El  ámbito  subjetivo  de  la  fiscalización  lo  ha  constituido  FRATERNIDAD-MUPRESPA,  Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social número 275. 
El ámbito objetivo ha comprendido los contratos formalizados en el ejercicio 2017 y ha abarcado 
todas sus fases e incidencias (preparación, adjudicación y formalización, ejecución, modificación,  e.
prórroga y extinción).   w.
FERn AreTlEacRióNnID cAonD -eMl áUmPbRiEtoS tPeAm pdourraaln, tlea  efils ecajelirzcaicciioó n2 0s1e7 h. a  extendido a los contratos formalizados por
 
Se ha realizado una fiscalización de cumplimiento y operativa, por lo que el objetivo genérico de la 
misma ha consistido en el análisis de los contratos celebrados por FRATERNIDAD-MUPRESPA 
para verificar si el procedimiento se ha adecuado a lo previsto en las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables durante el ejercicio 2017, así como a lo contemplado en las propias 
Instrucciones Internas de Contratación de la Mutua (IIC), y si la gestión contractual se ha adecuado 
a los principios de eficiencia y economía, exigibles en la gestión del gasto público. 
I.3.  OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN  
De acuerdo con las Directrices Técnicas de la fiscalización, los objetivos de ésta han sido los 
siguientes:  
1.  Analizar las actuaciones preparatorias de los contratos, en particular la justificación de la 
necesidad de contratar, la determinación de su objeto y el precio. 
2.  Analizar si el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de los de 
prescripciones técnicas particulares -o documentación equivalente- se ajusta a lo dispuesto en 
la normativa legal y reglamentaria aplicable en cada caso (Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas e IIC de FRATERNIDAD-MUPRESPA, fundamentalmente).  
3.  Analizar los procedimientos de adjudicación utilizados y su justificación en cada contrato, en 
especial en los supuestos de adjudicaciones realizadas mediante procedimientos restrictivos 
de la publicidad y de la concurrencia. 
4.  Comprobar si por el órgano de contratación se han analizado los requisitos de capacidad y 
solvencia de las empresas exigibles para contratar. 
5.  Analizar la justificación de la valoración de las ofertas presentadas y de las propuestas de 
adjudicación realizadas, para verificar que se ajustan a los pliegos y a los principios generales 
de la contratación pública.  
6.  Analizar  las  modificaciones  contractuales,  las prórrogas  y,  en  su  caso,  las  suspensiones 
temporales de la ejecución de los contratos, así como su justificación.  
7.  Analizar  la  ejecución  y  el  cumplimiento  de  los  contratos,  atendiendo,  en  su  caso,  a  su 
recepción o certificación, facturación y pago. 
En la fiscalización se ha analizado, además, el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  en  todos  los  aspectos 
relacionados con los objetivos de la presente fiscalización. Asimismo, en las actuaciones dirigidas 
al cumplimiento de dichos objetivos se han abordado las previsiones contenidas, en el ámbito de la 
contratación, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del Tribunal  es
de Cuentas, aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013, y con las Directrices  o
Técnicas de la misma.   49ww
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I.4.  CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  
I.4.1. Relaciones de contratos 
La  Mutua  FRATERNIDAD-MUPRESPA  remitió  a  este  Tribunal  la  relación  comprensiva  de  la 
contratación celebrada en el ejercicio 2017, cumpliendo lo dispuesto en la “Instrucción General 
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por 
las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico”1, aprobada por su Pleno en sesión de 28 de 
noviembre de 2013 y modificada parcialmente por dicho Pleno el 22 de diciembre de 2015 y el 30 
de mayo de 2017.  
I.4.2. Extractos de expedientes de contratación  
Asimismo, FRATERNIDAD-MUPRESPA ha cumplido con la obligación de remitir “…dentro de los 
tres meses siguientes a la formalización…”, la totalidad de los extractos de los expedientes de los 
contratos  que  hubiese  celebrado  durante  el  ejercicio  2017  y  que  superasen  los  importes 
establecidos en la mencionada Instrucción General. 
Por otra parte, se ha comprobado que los extractos de los expedientes remitidos telemáticamente a 
través de la plataforma de rendición telemática del Tribunal de Cuentas contienen los documentos 
obligatorios relacionados en el Anexo de la citada Instrucción General.  
 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  44.1  de  la  Ley  7/1988,  de  5  de  abril,  de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue 
remitido al actual Presidente de la Mutua, el cual también ha ostentado dicho cargo durante el 
ejercicio fiscalizado, con objeto de que formulase las alegaciones y justificaciones que estimase 
oportuno. 
Asimismo, dicho Anteproyecto de Informe fue remitido a la Ministra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y al Secretario de Estado de la Seguridad Social, en su condición de órganos 
superiores del Ministerio, así como a quienes ostentaron dichos cargos, durante parte del período 
fiscalizado. 
El  Director  Gerente,  en  representación  de  la  Mutua,  formuló  alegaciones  dentro  del  plazo 
concedido.  
A la vista de las citadas alegaciones, se han efectuado, cuando ha procedido, las oportunas 
modificaciones en el texto del Informe. En relación con algunas alegaciones que manifiestan su 
disconformidad con el contenido del mismo, el resultado definitivo de la fiscalización es el que 
                                                 w.
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figura en los siguientes apartados, con independencia de las matizaciones o aclaraciones que se 
exponen en algunos casos. 
Por último, debe indicarse que no han sido objeto de tratamiento específico aquellas alegaciones 
que constituyen meras explicaciones y que, por tanto, no implican una disconformidad del alegante 
con el contenido del Informe. 
I.6.  NATURALEZA  JURÍDICA,  MARCO  NORMATIVO  Y  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  Y  DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
I.6.1. Naturaleza jurídica  
El artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), define a las Mutuas Colaboradoras 
con  la  Seguridad  Social  como  asociaciones  privadas  de  empresarios  constituidas  mediante 
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social2 e inscripción en el registro especial 
dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social bajo la 
dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad 
mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en dicha ley. Una vez constituidas, 
adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.  
Las Mutuas tienen por objeto el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social: 
1.  La  gestión  de  las  prestaciones  económicas  y  de  la  asistencia  sanitaria,  incluida  la 
rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención 
de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. 
2.  La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes. 
3.  La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 
4.  La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, en los términos establecidos en el Título V del TRLGSS. 
5.  La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave. 
6.  Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. 
Asimismo, el artículo 81 del TRLGSS exige, para la constitución de las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a)  Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo  s
de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no  o
inferior a veinte millones de euros.   49ww
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b)  Que  limiten  su  actividad  al  ejercicio  de  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  80  del 
TRLGSS.  
c)  Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo 
del citado TRLGSS, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  
d)  Que exista autorización del Departamento Ministerial, previa aprobación de los estatutos de la 
Mutua, e inscripción en el registro administrativo dependiente del mismo.  
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos 
establecidos en los números 1, 2 y 3 anteriores, y que los estatutos se ajustan al ordenamiento 
jurídico, autorizará la constitución de la Mutua y ordenará su inscripción en el Registro de Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social dependiente del mismo. La orden de autorización se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que asimismo se consignará su número de 
registro, adquiriendo desde entonces personalidad jurídica. 
I.6.2. Marco normativo 
La normativa de aplicación a la contratación celebrada por FRATERNIDAD-MUPRESPA durante el 
ejercicio 2017 se contiene, con carácter general, en las siguientes disposiciones:  
-  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre3.  
-  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre modificado parcialmente por el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 
-  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
-  Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se aprueban el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de 
aplicación en relación con los procedimientos de contratación de las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social. 
-  Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que 
se instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 
-  Instrucciones Internas de Contratación de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
-  Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
ee 3  ns L p a va  i gLñ oeo  ryl     lea9 l s / 92  D 0 d 1i er 7e  m,c   tda iv er az  8so      ddd eee   l   n2 Po0 a v1 ri 8le a  mym   bd e ren e r t,oo dg Eeóu  eCrolo Tpneetroxat otyo  Rsd eedlf euCln oSdneidscoeto jdore  2P l0úa1b L4lie/c2yo3 ,d /Upeo ECr  oylan 2 tqr0au1te4o /ss2 ed4 e/tUrl aESn,es cdpteoo nr2 eP6n úd baelli  cfoeorb.d reenroa mdeie n2t0o1 j4u reídnitcroó   OE-A-2022-12able en https://
 
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
-  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
-  Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
-  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
I.6.3. Órganos de gobierno y de participación de las Mutuas 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 y siguientes del TRLGSS, los órganos de gobierno y de 
participación de las Mutuas son los siguientes: 
a)  La Junta General: es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos 
los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia 
adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de 
los trabajadores dependientes de la Mutua. Se reunirá con carácter ordinario una vez al año 
para  aprobar  el  anteproyecto  de  presupuestos  y  las  cuentas  anuales  y,  con  carácter 
extraordinario, cuando sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.  
Es  competencia  de  la Junta General,  en todo  caso,  la  designación y  renovación  de  los 
miembros de la Junta Directiva. 
b)  La Junta Directiva: a la que corresponde el gobierno directo de la Mutua, estará compuesta 
por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá 
a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, un trabajador por cuenta 
propia adherido y el representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. 
El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y 
entre sus miembros se designará al Presidente de la misma, que será el Presidente de la 
entidad. 
La Junta Directiva tiene la competencia para convocar la Junta General, ejecutar los acuerdos 
adoptados por la misma, formular los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, 
entre otras funciones. Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la 
Junta Directiva y de exigencia de responsabilidad. 
Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua, la convocatoria 
de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. 
c)  El Director Gerente: es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien 
corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad. Deberá 
mantener informado al Presidente de la gestión de la Mutua.  es
El Director Gerente será nombrado por la Junta Directiva y estará vinculado mediante un  49ww
scuopnetrdaittoa ddae  laal tae fidciarecciac iódne l rengoumlabdraom pieonr teol  yR elaa l dDeel ccroentotr a1t3o8 2d/e1 9tr8a5b, adjoe  a1  dlae  caognofisrtmo,a ceisótna nddeol 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
d)  La  Comisión  de  Control  y  Seguimiento:  es  el  órgano  de  participación  de  los  agentes 
sociales. Debe conocer e informar de la gestión que realiza la entidad, proponer medidas de 
mejora  en  el  marco  de  los  principios  y  objetivos  de  la  Seguridad  Social,  informar  el 
anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y 
aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social. 
e)  La Comisión de Prestaciones Especiales: es el órgano competente para la concesión de los 
beneficios derivados de la Reserva de Asistencia Social que tenga establecidos la Mutua a 
favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o 
situación de necesidad.  
I.7.  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LA  CONTRATACIÓN  CELEBRADA  POR  FRATERNIDAD-
MUPRESPA  
El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, señala que son contratos del sector 
público y, en consecuencia, están sometidos al citado texto refundido en la forma y términos previstos 
en el mismo, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los 
entes, organismos y entidades enumerados en su artículo 3, que incluye en su ámbito subjetivo de 
aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que deberán ajustar su actividad 
contractual a las disposiciones de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter 
de Administración Pública4, contenidas en el propio TRLCSP y sus normas de desarrollo.  
Los contratos celebrados por las entidades y organismos del sector público que no reúnan la 
condición de Administración Pública, como es el caso de las Mutuas, tienen carácter privado 
(artículo 20.1 del TRLCSP). En cuanto a su preparación y adjudicación y en defecto de normas 
específicas se rigen por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente 
las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las de derecho privado. Por lo que 
se refiere a sus efectos y extinción se rigen por el derecho privado, si bien le son de aplicación las 
normas contenidas en el TRLCSP sobre modificación contractual (artículo 20.2 del TRLCSP). 
De acuerdo con los artículos 137 y 189 a 191 del TRLCSP, el régimen jurídico específico aplicable 
a la preparación y adjudicación de los contratos celebrados por las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad  Social  será  distinto  según  se  trate  de  contratos  que  estén  sujetos  a  regulación 
armonizada  (SARA),  en  función  del  tipo  y  si  igualan  o  superan  los  umbrales  cuantitativos 
establecidos en el propio TRLCSP, o si no están sujetos a dicha regulación por ser su “valor 
estimado”5 inferior a dichos umbrales (artículos 13 a 16 del TRLCSP6).  
                                                
4 En los mismos términos se pronuncia el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en cuya virtud “Las Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social ajustarán su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no 
revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo”.  
5 Debe tenerse en cuenta que para el cálculo del “valor estimado” de los contratos se estará a lo dispuesto en el artículo  e.
88 del TRLCSP.   w.b
lpal6oa oñE ssocn to d e2lniars0ti ort1Oianr7itrtda,do acyesdi  nós t naiiHpe l donAeesdjPe lo /rds2 cmee8ic c4oicto6doo /irfn2f iistpc0rcaú1aadb5toloil,zi scsda o edap  oa o2e. r9 p fel aadcr ettOio rd srddi ceedielne m1  Hl badFr eePc ,oe/ 1snn2eter9 rap8otua/ 2bdc0leiió1c n2a7 0n, d1 dle6oel,s    2sslí6eime cndtitodeero s d  peidcúseibet ollmioscs bom r deaiis,s  mtppinoaotrsro t islriam   tdiqppeuoole rst1  esd seed   elpoc usoe bnnvltieircgaraeotonn s tdle oeass    e2dlíf0ume1rcai8tteno, stsec  od deneel     OE-A-2022-1249able en https://ww
 
1.  Preparación, adjudicación y publicidad de los contratos SARA. Son contratos SARA, según 
contempla la Disposición 5ª de las IIC7 de la Mutua: 
a)  Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros.  
b)  Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros. 
c)  Contratos servicios, salvo aquellos servicios excluidos por el artículo 10 de la Directiva 
2014/24/UE cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros. 
d)  Los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo 
XIV de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, cuyo valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros. 
e)  Contratos de gestión de servicios públicos, que cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo 5.1 de la Directiva 2014/23/UE, cuyo valor estimado sea igual o superior a 
5.225.000 euros. 
El artículo 137.1 del TRLCSP, en su redacción vigente durante el ejercicio fiscalizado, prevé que la 
preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas, que estén sujetos a regulación armonizada o que sean contratos de 
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 209.000 
euros, está sujeta a las reglas establecidas en el artículo 117 del TRLCSP para la definición y 
establecimiento de las prescripciones técnicas, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 
118 a 120 del TRLCSP, que prevén, entre otras posibilidades, la de incluir condiciones especiales 
de ejecución del contrato, obtener información relativa a las obligaciones fiscales, de protección del 
medio  ambiente,  condiciones  laborales,  y  la  información  que  deberá  facilitar  el  órgano  de 
contratación  a  los  licitadores  sobre  las  condiciones  de  subrogación  en  los  contratos  de  los 
trabajadores.  
A su vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 190.1.a) del TRLCSP, la adjudicación de los 
contratos  SARA  celebrados  por  poderes  adjudicadores  que  no  tengan  el  carácter  de 
Administraciones Públicas, y por tanto por las Mutuas, está sujeta a las previsiones de los artículos 
138 a 188 del mismo, con algunas adaptaciones previstas en el mencionado artículo. En concreto, 
no son obligatorias las siguientes normas del TRLCSP:  
  Las establecidas sobre la intervención del comité de expertos para la valoración de criterios 
subjetivos de adjudicación (artículo 150.2).  
  Las referentes a criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las 
ofertas (artículo 152, apartados 1 y 2). 
  Las relativas a la formalización de los contratos (artículo 156, excepto el plazo previsto en el 
apartado 3 y la prohibición general de iniciar la ejecución del contrato sin su formalización 
previa, que contempla su apartado 5).  
                                                 49ww
7dCP eaEo rnnllaas rsmee joleIaI,nCc dti oóed n Ee2 u a6lr a olda peM ed fuoeetl buiymra edi,tr eaoslc  eCdió eohn na 2sd 0ere1ej o4flol,,e  sdrja eecdl oaloant i vtemraal i tsa“o…m sla aes  faufeedjcecjtuthooda si,dc  asiar oecrbiceótrgnoeu   dcldaoeecn  icótloarnan  tDatarriacrmietóoconstn i vpdizaúea b d2cliao0c,n1a cs4”.ee/ 2sg3iúó/nUn  Esye  dd ieen ldl aiPc Daa rielraenmc teeivln apt or2o 0pE1iuo4r /oP2pr4ee/Uáom Ey,b  dudeeloll    OE-A-2022-12able en https://
 
  Las relativas al examen de las proposiciones y la propuesta de adjudicación (artículo 160).  
  Los supuestos en los que es posible acudir a un procedimiento negociado para adjudicar 
contratos de gestión de servicios públicos (artículo 172).  
Además, en relación con la publicidad de la contratación, el artículo 190.1.b) del TRLCSP señala 
que se entiende satisfecho el principio de publicidad mediante la publicación de las licitaciones y 
adjudicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y la inserción de la correspondiente 
información en la Plataforma de Contratación del Sector Público a que se refiere el artículo 334 del 
TRLCSP, sin perjuicio de la utilización potestativa de otros medios de publicidad. 
2.  Preparación, adjudicación y publicidad de los contratos no SARA: son contratos no SARA los 
restantes  contratos  distintos  de  los  anteriores  cuyo  “valor  estimado”  sea  inferior  a  los 
precitados umbrales establecidos en la Ley.  
Las reglas aplicables a la preparación de los contratos no SARA cuya cuantía sea superior a 
50.000 euros se contemplan en el artículo 137.2 del TRLCSP, según el cual deberá elaborarse un 
pliego en el que se establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de 
variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías 
que,  en  su  caso,  deberán  constituir  los  licitadores  o  el  adjudicatario,  siendo  de  aplicación, 
asimismo, lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP en relación con la información que debe 
facilitar  el  órgano  de  contratación  a  los  licitadores  sobre  condiciones  de  subrogación  en  los 
contratos de los trabajadores. 
En cuanto a la adjudicación de los contratos no SARA, el artículo 191.a) del TRLCSP señala que se 
regirá, en todo caso, por los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación. Además, dicho artículo establece, en su apartado b), que los órganos 
competentes deben aprobar unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de 
las entidades, en las que se regulen los procedimientos de contratación, de forma que quede 
garantizada la efectividad de los citados principios y que el contrato se adjudique a quien presente 
la oferta económicamente más ventajosa. Dichas instrucciones deben ponerse a disposición de 
todos  los  interesados  en  participar  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  los  contratos 
regulados por ellas y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. En el ámbito del sector 
público  estatal,  la  aprobación  de  las  citadas  instrucciones  requerirá  el  informe  previo  de  la 
Abogacía del Estado. 
En relación con el cumplimiento del principio de publicidad, el artículo 191.c) del TRLCSP establece 
que se entenderá cumplido dicho principio con la inserción de la información relativa a la licitación 
de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil de contratante de la entidad, que 
debe estar integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de que las 
instrucciones internas de contratación puedan contemplar otros medios de difusión.  
 
I.8.  PRINCIPALES MAGNITUDES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE FRATERNIDAD-
MUPRESPA 
Según los datos que figuran en la relación certificada remitida a este Tribunal de Cuentas, la 
actividad contractual de FRATERNIDAD-MUPRESPA durante el ejercicio 2017 se resume en el 
cuadro siguiente: 
CUADRO 1 
 RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-
MUPRESPA, EJERCICIO 2017. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS TIPOS DE 
CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN  
 (Importes en euros, Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- excluido) 
 
Nº de 
Tipo  Procedimiento  contratos  %   Importe  %  
Abierto pluralidad de 
Obras  5  100  2.159.845,68  100 
criterios 
Subtotal  5  5  2.159.845,68  11 
Abierto criterio precio  5  15  609.524,78  8 
Abierto pluralidad de 
22  67  6.542.723,14  89 
criterios 
Suministro 
Negociado sin publicidad  5  15  145.631,18  2 
Adjudicación directa  1  3  21.383,44  1 
Subtotal  33  30  7.319.262,54  39 
Abierto criterio precio  6  9  365.549,56  4 
Abierto pluralidad de 
45  63  8.465.447,16  90 
criterios 
Servicios 
Negociado sin publicidad  13  18  327.655,33  3 
Adjudicación directa  7  10  280.418,67  3 
Subtotal  71  65  9.439.070,72  50 
TOTAL  109  100  18.918.178,94  100 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Mutua. 
Nota: La denominación de los procedimientos de adjudicación es la que consta en la relación certificada remitida por la 
Mutua. 
 
Según los datos certificados remitidos por la Mutua que figuran en el cuadro 1, en el ejercicio 2017 
FRATERNIDAD-MUPRESPA celebró 71 contratos de servicios (el 65 % del total de contratos  es
celebrados) por un importe de 9.439.070,72 euros, el 50 % del importe total contratado durante el  bo
ejercicio 2017, de los cuales 45 (el 63 % del total de contratos de servicios celebrados) fueron  49ww
aimdpjuodritcea dgolosb aml eddeia 8n.t4e6 p5r.o4c4e7d,1im6 ieenutroo sa,b lioe rtqou ceo cno unnsati tupyluer aelild 9a0d  d%e  dcerilt eirmiopso drtee  addej uldoisc accoióntnr,a tpoosr  udne 
este tipo adjudicados en el citado ejercicio.
 
Asimismo, la mutua celebró un total de 33 contratos de suministro, por importe de 7.319.262,54 
euros, lo que supuso el 39 % del importe total contratado en el ejercicio fiscalizado, adjudicándose 
22 contratos mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación que 
representan el 89 % del importe de los contratos de este tipo. Por último, 5 contratos de suministro 
y  13  de  servicios  fueron  adjudicados  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad, 
representando un 3 % del importe total de los contratos adjudicados, y en 7 contratos de servicios y 
en uno de suministro el procedimiento utilizado fue la adjudicación directa, suponiendo un 2 % del 
importe total contratado.  
Y por último, la mutua también celebró 5 contratos de obras por un importe de 2.159.845,68 euros, 
el  11  %  del  importe  total  contratado  durante  el  ejercicio  2017,  habiendo  sido  todos  ellos 
adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. 
La distribución del importe de la contratación celebrada se refleja, en porcentajes, en el gráfico 
número 1 siguiente, clasificando los contratos en función del tipo, en el que destacan los contratos 
de servicios, con un 50 % del importe total adjudicado; y recogiéndose, a continuación, en el gráfico 
número  2  los  porcentajes  en  función  del  procedimiento  de  adjudicación,  destacando  el 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, cuyo volumen (17.168.015,98 
euros) supone el 91 % del importe total de los celebrados por la Mutua en el ejercicio 2017. 
GRÁFICO Nº 1 
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN, 
CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE CONTRATOS
EJERCICIO 2017
11 %
Obras: 2.159.845,68 €
Suministro: 7.319.262,54 €
50 %
Servicios: 9.439.070,72 €
39 %
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN
CLASIFICACIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
EJERCICIO 2017
2 % 2 %
5 % Abierto pluralidad de criterios: 17.168.015,98 €
Abierto criterio precio: 975,074,34 €
Negociado sin publicidad: 473,286,51 €
Adjudicación directa: 301.802,11 €
91 %
 
I.9.  EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS  
En la selección de la muestra de los expedientes fiscalizados se han aplicado los siguientes 
criterios:  
1.  Se  han  fiscalizado  los  veintitrés  expedientes  cuya  remisión  al  Tribunal  de  Cuentas  es 
obligatoria por razón del importe y del tipo de contrato, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
29 del TRLCSP y en la “Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de 
Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, 
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y 
Autonómico”, aprobada por su Pleno en sesión de 28 de noviembre de 2013 y modificada 
parcialmente por dicho Pleno el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de mayo de 2017.  
2.  Además de los contratos indicados en el párrafo anterior, se ha fiscalizado una muestra de 
treinta y siete expedientes, seleccionados teniendo en cuenta su objeto (obras, servicios y 
suministro) y los diferentes procedimientos de adjudicación utilizados (abierto criterio precio, 
abierto con pluralidad de criterios, negociado sin publicidad y adjudicación directa, según la 
denominación que consta en la relación certificada de contratos remitida por la entidad). Como 
criterio adicional, se ha considerado su importe individual o conjunto de modo que fuese un 
porcentaje representativo del total contratado. En particular, se han fiscalizado los siguientes 
expedientes, todos ellos de remisión no obligatoria:  
a)  Cuatro contratos de obras, adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad  e.
de criterios de adjudicación. Asimismo, se han examinado seis de los veintidós contratos de  w.
suministro y ocho de los cuarenta y cinco de servicios, adjudicados a través de dicho  49ww
apdrojucdeidciamdioesn tmo eadbiaienrtteo  pcroonc epdluimraielidnatod  adbeie crtroit e(criroitse,r iyo  upnreoc idoe).  l os seis contratos de servicios
 
b)  Cinco  contratos  de  suministro  adjudicados  mediante  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y cinco de los trece contratos de servicios celebrados por este procedimiento.  
c)  Siete contratos de servicios y uno de suministro adjudicados de forma directa. 
Teniendo en cuenta los criterios anteriores (1 y 2) la muestra analizada representa los siguientes 
porcentajes calculados sobre el importe total de la contratación celebrada por la Mutua: 
a)  El 100 % de los contratos de obras, todos ellos adjudicados mediante procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios.  
b)  El 82 % de los contratos de suministro adjudicados mediante procedimiento abierto con una 
pluralidad de criterios y el 100 % de los adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y de forma directa. 
c)  El 89 % de los contratos de servicios adjudicados mediante procedimiento abierto con una 
pluralidad de criterios, el 37 % de los adjudicados mediante procedimiento abierto (criterio 
precio), el 42 % de los adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad, y el 
100 % de los adjudicados de forma directa. 
De acuerdo con estos criterios, en la fiscalización se han analizado  sesenta expedientes de 
contratos formalizados en el ejercicio 2017 (que se relacionan en el Anexo 1), por un importe global 
de 15.844.569,83 euros, lo que representa el 84 % del importe total de los contratos celebrados por 
la  Mutua.  Los  datos  de  los  mencionados  sesenta  expedientes  se  sintetizan,  en  función  del 
procedimiento de adjudicación, en el cuadro siguiente:  
   
 
CUADRO 2 
EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2017, 
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
(Importes en euros, IVA excluido)  
Nº de  % sobre 
Tipo  Procedimiento  Importe  % sobre celebrados 
contratos  celebrados 
Abierto 
Obras  pluralidad de  5  100  2.159.845,68  100 
criterios  
Subtotal  5  100  2.159.845,68  100 
Abierto 
pluralidad de  10  45  5.393.689,74  82 
criterios 
Suministro  Negociado sin 
5  100  145.631,18  100 
publicidad 
Adjudicación 
1  100  21.383,44  100 
directa 
Subtotal  16  48  5.560.704,36  76 
Abierto criterio 
1  17  134.000  37 
precio 
Abierto 
pluralidad de  26  58  7.571.931,16  89 
criterios 
Servicios 
Negociado sin 
5  38  137.755,25  42 
publicidad 
Adjudicación 
7  100  280.333,38*  100 
directa 
Subtotal  39  55  8.124.019,79  86 
TOTAL  60  55  15.844.569,83  84 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Mutua. 
* Nota: la diferencia de 85´29 euros con respecto del importe total de los contratos de servicios adjudicados de forma directa 
que consta en el cuadro 1, se debe a que el contrato nº 43 del anexo 1 se adjudica por 18.414,71 euros, figurando en la relación 
certificada por un importe de 18.500. 
 
En  el  cuadro  2  anterior  se  han  mantenido  las  denominaciones  de  los  procedimientos  de 
adjudicación  que figuran  en  la  relación  certificada  de  contratos  remitida  por  FRATERNIDAD-
MUPRESPA,  con  objeto  de  aplicar  un  criterio  homogéneo  que  permita  ofrecer  información 
coherente de los porcentajes de la muestra de contratos fiscalizados respecto a la totalidad de los 
celebrados que constan en dicha certificación.  e
  w.
 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 
Con carácter previo a la exposición de los resultados obtenidos del análisis de la contratación 
celebrada por FRATERNIDAD-MUPRESPA en el ejercicio 2017, se ha analizado el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 191.b) del TRLCSP, que exige a los poderes adjudicadores que no 
tienen  la  consideración  de  Administración  Pública  la  aprobación  de  unas  IIC,  de  obligado 
cumplimiento en su ámbito interno. En relación con lo anterior debe señalarse lo siguiente: 
1.  FRATERNIDAD-MUPRESPA dispone de unas IIC modificadas en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de 14 de enero 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se aprueban el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de aplicación 
en  relación  con  los  procedimientos  de  contratación  de  las  Mutuas  colaboradoras  con  la 
Seguridad Social, e informadas favorablemente por la Dirección del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social el 20 de junio de 2017. 
2.  Las  IIC  de  FRATERNIDAD-MUPRESPA  tienen  por  objeto  regular  los  procedimientos  de 
adjudicación de los contratos no SARA, a fin de garantizar que su contratación se ajusta a los 
principios  de  publicidad,  concurrencia,  transparencia,  confidencialidad,  igualdad  y  no 
discriminación, para la eficiente utilización de los fondos públicos.  
3.  Los procedimientos de adjudicación de los contratos no SARA previstos expresamente en las 
Disposiciones 39ª, 40ª y 41ª de las citadas instrucciones, se exponen a continuación: 
a)  Procedimiento abierto: será el procedimiento mediante el cual “ordinariamente” se efectúe 
la contratación de la Mutua, en el que todo empresario interesado podrá formular una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.  
b)  Procedimiento  restringido:  en  el  que  solo  podrán  presentar  proposiciones  aquellos 
empresarios que, a solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el 
órgano  de  contratación.  Solo  puede  acudirse  a  este  procedimiento  en  supuestos 
excepcionales que deberán justificarse en la documentación preparatoria del expediente, 
quedando  también  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los 
licitadores. 
c)  Procedimiento negociado: regulado, según contemplan las propias IIC, de conformidad 
con  lo  establecido  en  los  artículos  169  y  siguientes  del  TRLCSP,  en  el  que  “...la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato 
con uno o varios de ellos”.  
II.2. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-MUPRESPA  
En los siguientes apartados se analizan los contratos integrados en la muestra seleccionada. En  e.
primer lugar, se exponen las principales deficiencias de carácter común a todos los tipos de  w.
contratos analizados y, a continuación, las específicas de los contratos de servicios de asesoría  49ww
jurídica, representación procesal y defensa técnica para la Mutua.
 
II.2.1. Incidencias comunes a los distintos tipos de contratos 
II.2.1.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS CONTRATOS 
a) Justificación de la necesidad de contratar  
- En los expedientes números 51 y 57 del Anexo 1, adjudicados por un importe de 348.138 euros y 
28.350 euros, respectivamente, cuyo objeto es la adquisición de un “paquete de Navidad” que 
contiene bebidas y productos alimenticios (número 51), así como la adquisición de “…pulseras de 
actividad serigrafiada, Cables de carga con conexión USB y Estuches serigrafiados…” (número 57), 
no  se  justifica  la  necesidad  de  contratar  con  cargo  al  patrimonio  de  la  Seguridad  Social, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP y la Disposición 8ª de las IIC, que prevén 
que “Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales…”, así como en el artículo 
1 del TRLCSP, que exige la gestión eficiente en la ejecución del gasto público.  
En relación con dichos contratos debe precisarse que la entrega de cestas de Navidad para los 
empleados de la Mutua (expediente número 51) está incluida en un pacto interno suscrito por los 
trabajadores con la entidad, mientras que la entrega a los empleados de regalos consistentes en 
pulseras de actividad serigrafiada (expediente número 57) no está incluida en dicho pacto interno, 
como la propia Mutua asume en el trámite de alegaciones al indicar el Director Gerente que ha 
determinado que “…que en 2018 se suprimiera este regalo unilateralmente por la empresa…”. 
En cuanto al contrato número 51, la justificación de la necesidad de contratar se basa en la 
existencia de un “pacto interno” celebrado entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y la representación 
legal de los trabajadores que contempla el compromiso de la empresa de obsequiar “…a todos los 
empleados con un paquete de Navidad, y a todos sus hijos menores de 11 años con un juguete de 
Reyes…”8, circunstancia que, a juicio de este Tribunal, no está relacionada con el cumplimiento de 
los fines institucionales de la Mutua. La finalidad de las mutuas es colaborar en la gestión de 
determinadas prestaciones derivadas de contingencias comunes y profesionales del personal al 
servicio de sus empresas asociadas, por lo que no puede considerarse justificada la necesidad de 
llevar a cabo dichas adquisiciones con cargo al patrimonio del Sistema de la Seguridad Social. Los 
fines institucionales de la Mutua son definidos y regulados en el TRLGSS, cuyo artículo 80.2 
dispone que las mutuas tienen por objeto el desarrollo de una serie de actividades de la Seguridad 
Social, en relación con cuyo cumplimiento y realización y, únicamente en ese caso, está justificada 
la necesidad de contratar con cargo a fondos públicos. Estas actividades son, tal y como ya se ha 
indicado en el epígrafe I.5.1, la gestión de las prestaciones económicas, de la asistencia sanitaria y 
de las actividades de prevención comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, la gestión de la prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, la gestión de las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la gestión de las prestaciones económicas por cese 
en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, y la gestión de la prestación por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las demás actividades de la 
Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. 
                                                 49ww
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Teniendo  en  cuenta  que  los  contratos  analizados  para  la  adquisición  de  un  “…paquete  de 
Navidad…” y de “…pulseras de actividad…”9 no tienen relación con el cumplimiento y realización 
de los precitados fines, la necesidad de contratar con cargo al patrimonio de la Seguridad Social no 
se puede considerar justificada. 
Cabe añadir al respecto que, según la información contractual que se encuentra a disposición de 
este Tribunal de Cuentas, FRATERNIDAD-MUPRESPA ha contratado, en el período comprendido 
entre el ejercicio 2014 y hasta el ejercicio 2017, la adquisición de este tipo de suministros por unos 
importes acumulados de 1.932.117,60 euros en concepto de “atenciones de carácter social” y de 
120.986,13 euros en concepto de “regalos de reyes para los hijos de los empleados”, por las 
siguientes cuantías anuales: 564.092,26 euros en el ejercicio 2014, 562.024,85 euros en el ejercicio 
2015, 550.498,62 euros en 2016 y 376.488 euros en 2017.  
En  relación  con  lo  anterior,  debe  señalarse  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha 
considerado, en determinados casos, que la naturaleza jurídica de la entrega por la empresa de 
este  tipo  de  regalos  a  los  empleados  es  la  de  condición  más  beneficiosa  adquirida  por  los 
trabajadores. En este sentido se pronuncia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 
de marzo de 2016, en la que se “…atribuye naturaleza jurídica de condición más beneficiosa al 
derecho de los trabajadores a recibir una cesta de Navidad…”, en los casos en los que se produzca 
“…la permanencia continuada en el tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o 
los trabajadores que la tengan reconocida…”10. No obstante, y sin perjuicio de ello, este Tribunal 
considera que dicha circunstancia no desvirtúa, en modo alguno, la prohibición legal impuesta en el 
TRLCSP a las entidades del sector público, por la que dichas entidades no pueden celebrar otros 
contratos  que  no  sean  los  necesarios  para  el  cumplimiento  y  realización  de  sus  fines 
institucionales, de modo que la Mutua no debió realizar este tipo de adquisiciones con cargo al 
patrimonio de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los precitados artículos 1 y 
22 del TRLCSP, las propias IIC y el principio de eficiencia que debe regir el gasto público11.  
                                                
9 Como ya se ha indicado respecto de la entrega de un “…regalo a los empleados de la Mutua, consistente en 2017 en 
una pulsera de actividad”, el Director Gerente manifiesta en sus alegaciones que ha determinado que dicho regalo se 
suprima en 2018 unilateralmente por la empresa. 
10 En sus alegaciones, el Director Gerente reitera este argumento, indicando que dicha contratación se lleva a cabo para 
dar cumplimiento a “…las normas laborales que afectan a la mutua respecto de su personal…”, ya que “…se basa en la 
existencia de un Pacto Interno suscrito por la empresa y la representación de los trabajadores en el año 1992”. Sin 
embargo, a juicio de este Tribunal de Cuentas, el preceptivo cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la 
FRATERNIDAD-MUPRESPA no justifica que la contratación realizada con cargo al patrimonio de la Seguridad Social sea 
necesaria para la realización de los fines institucionales de la Mutua, definidos y regulados en el artículo 80.2 del 
TRLGSS. La existencia de un Pacto Interno de obligado cumplimiento, circunstancia que no se cuestiona en el Informe, 
no justifica la necesidad e idoneidad del objeto de los contratos de referencia en los términos previstos en el artículo 22 
del TRLCSP que contempla el cumplimiento del principio de eficiencia en la ejecución del gasto público. 
11 Asimismo, en sus alegaciones, el Director Gerente cita como fundamento de esta actuación el artículo 84 del TRLGSS 
y el artículo 24 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, los cuales contemplan los gastos de personal, entre los 
gastos propios de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Sin embargo, el artículo 84 del 
TRLGSS en todo momento se refiere a estos gastos como “los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los 
servicios administrativos de la colaboración”, de manera que la imputación de los gastos al patrimonio de la Seguridad 
Social, exige que tengan encaje en el ejercicio de sus fines institucionales (la colaboración en la gestión), circunstancia 
que en el caso de los mencionados regalos, a juicio de este Tribunal, no se produce.  e.e
Y además considera que estos regalos son gastos de acción social basándose en lo dispuesto en el artículo 18.Cuatro de  w.
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. No obstante, el tipo adquisiciones  49ww
rqpeueaerlsi zocanodanaletses m( bdpeelba lio dsea lst r aayrb ptaírcjoauddlouo cr1eto8ss... C.a”ul)i.ma Eternon  teidcseitoe s l)sa en noLt eisdyeo  ,a3 yd/2 ea0c 1úm7ao nd( “ao..l  .dcseua mteisjpefalimmcepierlo n,nt oce acdbeese li ads aefidñneaasllai drca qodun dese el aclouss eC ngicraciasut oladsre ed sec  piaroccruc nilóasn tqa sunoecc iasiaesl  
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Por último, sin perjuicio de lo acabado de exponer en cuanto a la falta de justificación de la 
necesidad de contratar con cargo al patrimonio de la Seguridad Social, y en relación con la 
eficiencia en la utilización de los fondos públicos, debe señalarse que la propia contratación resulta 
ineficiente, ya que, tal y como se pone de manifiesto en el Subapartado II.2.1.2.b.1) de este 
Informe, no se tuvo en cuenta “…el criterio precio como criterio de adjudicación, sin que consten 
justificadas  en  el  expediente  las  razones  de  carácter  excepcional  que  pudieran  justificar  la 
exclusión de dicho criterio, que debiera ser utilizado con carácter general en cumplimiento de los 
principios de economía y eficiencia previstos en el artículo 1 del TRLCSP. En el mismo sentido, no 
se justifica la elección como criterio de adjudicación de las denominadas <<…Mejoras adicionales, 
con hasta un máximo de 68 puntos>>, valorándose la entrega de más productos similares a los que 
son objeto del contrato…”.   
- Asimismo, en el expediente número 27 del Anexo 1, la justificación de la necesidad de contratar 
se basa en el “cumplimiento a los requisitos de los estándares internacionales ISO”, tendentes a 
mejorar la calidad de la gestión empresarial de la  Mutua12, circunstancia que puede resultar 
razonable  desde  la  lógica  funcional  de  la  gestión  privada  del  organismo  pero  que  no  está 
relacionada directamente con el cumplimiento de los fines sociales de la Mutua acabados de citar, 
motivo por el cual no se considera correcto que estos gastos se realicen con cargo al patrimonio de 
la Seguridad Social (artículo 22 del TRLCSP y Disposición 8ª de las IIC). 
- Por otra parte, en los expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 
49 y 52 del Anexo 1, la memoria justificativa de la necesidad de contratar es excesivamente 
genérica13 ya que no precisa con la extensión suficiente, con carácter previo en la fase preparatoria 
del expediente, las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado en los 
términos exigidos en el artículo 22 del TRLCSP, la Disposición 8ª de las IIC de la Mutua y la 
Instrucción I.4 de las Instrucciones Generales de aplicación en relación con los procedimientos de 
contratación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Anexo II de la Resolución de 14 
de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban el 
Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de aplicación en relación con los 
procedimientos de contratación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social).  
                                                                                                                                                              
estudios, gastos sanitarios, situaciones de discapacidad o por familiar en situación de dependencia, todas ellas 
relacionadas con las circunstancias personales de los trabajadores, de conformidad con la naturaleza propia de esta 
ayuda social. 
Por último, en sus alegaciones el Director Gerente concluye que “En cualquier caso... se valorará someter a través de la 
comisión paritaria de seguimiento del acuerdo, la sustitución del lote de Navidad por mejoras equivalentes que a juicio de 
las partes fueran de mayor interés para la plantilla”. 
12 En relación con las alegaciones formuladas por el Director Gerente, que reproduce el contenido del artículo 80.2 del 
TRLGSS, relativo a las actividades encomendadas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y manifiesta que 
los sistemas de gestión certificados “...mejoran el servicio...”, por lo que “...ayudan a cumplir con el art.80.2 de la forma 
más eficaz y eficiente”, debe señalarse que dichas consideraciones genéricas en nada contradicen lo señalado en el 
Informe, puesto que la justificación para la celebración de este contrato puede resultar razonable desde una óptica  es
empresarial pero no está relacionada directamente con el cumplimiento de los fines sociales de la Mutua. En cualquier  e.
caso, la citada certificación acredita el cumplimiento por la entidad de determinados requisitos exigidos para obtenerla,  w.b
pero en ningún caso certifica su contribución a una mayor eficiencia en la gestión.  49ww
cee13oll  aEnTbtlCeo Dnruaii,rdn epo co yteod srrp  ímuaGbnáel isrnce aoenn xtee tes eintnnasd ro ilca”s.a u  Pfeiclnaie tsanuftoe ermmscearn ittdoee  dm eCo aotilnvetagrdaaatcosiso  ond esesel  qrS ueeexc c“tSoersi  ibvPiaeúmnb elaicnlgoteu  nmgaee mdneéo rrliaciaass s ju,d seetni f itcolaad caaiosc ntuleaassl,i d tcaaodl ny t( rdcaeotasmcdoieo  mn2ea0sn1,i 8fic)e,u ssytaeo    OE-A-2022-12able en https://
 
Los términos en los que se ha producido esta deficiencia son los siguientes: 
  En el expediente número 26 del Anexo 1, la memoria se limita a indicar que la contratación 
del servicio “se realiza para afrontar las necesidades de recogida, transporte y entrega de 
documentación generada por los centros de trabajo”, justificación excesivamente genérica 
en la que no se precisa la extensión de la necesidad que pretende cubrirse con el contrato. 
  En los expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31 y 32 del Anexo 1, la 
necesidad de contratar se basa en la existencia de “…centros de trabajo por todo el 
territorio…”, por lo que la Mutua “…precisa de una red de abogados externos…”, sin 
justificar  en  el  expediente  la  carencia  de  recursos  humanos  propios  precisando,  por 
ejemplo,  el  número  de  abogados  que  integran  la  asesoría  jurídica  de  la  Mutua,  sus 
funciones o el número de juicios que gestionan al año, en aras de acreditar la carencia de 
medios propios. 
  En los expedientes números 46 y 49 del Anexo 1, la necesidad de la adquisición de distintos 
equipos médicos se justifica en “…la construcción desde el año 2016 de un Hospital... ”, sin 
hacer referencia a la falta de medios propios o equipos disponibles en otros centros de la 
red sanitaria de la zona (Madrid), y sin que figure, al menos, una estimación o estudio del 
número de pruebas que se prevén realizar anualmente teniendo en cuenta, por ejemplo, las 
realizadas  en  ejercicios  anteriores,  que  justifiquen  y  expliquen  las  necesidades  reales 
asistenciales de la Mutua. 
  En el expediente número 52 del Anexo 1, la justificación de la necesidad de la contratación 
se basa en la previsión de que surgieran “…averías sin posibilidad de reparación debido a la 
antigüedad de los equipos”, sin mayor precisión al respecto.  
b) Planificación 
- En los expedientes números 46, 48 y 49 del Anexo 1, adjudicados en los meses de enero, agosto 
y noviembre de 2017, respectivamente, cuyo objeto es la adquisición e instalación de equipos 
destinados al Hospital del Paseo de La Habana en Madrid, la ejecución de los contratos se inició 
con un significativo retraso14 con respecto al plazo de inicio previsto en cada uno de ellos. Así, en el 
momento de finalización de los trabajos de fiscalización (mes de noviembre del ejercicio 2018) este 
Tribunal no ha podido verificar la correcta instalación y puesta en funcionamiento de dichos equipos 
ya  que,  habiendo  sido  solicitada  expresamente  información  al  respecto,  la  propia  Mutua  ha 
confirmado que dicha instalación no se había producido debido a que las obras del Hospital no 
finalizaron hasta el 5 de octubre de 2018 (fecha del acta de recepción)15. En consecuencia, se ha 
producido una deficiencia de planificación en los expedientes señalados puesto que los plazos de 
ejecución  deberían  haberse  determinado  en  el  momento  adecuado  en  función  del  ritmo  de 
ejecución de las obras del hospital en el cual se iban a instalar los equipos. 
                                                
14 El Director Gerente no cuestiona en su escrito de alegaciones que se produjeran los mencionados retrasos en la 
ejecución de los contratos, si bien manifiesta que se justifican en  la introducción de mejoras adicionales en la  es
construcción del hospital lo que supuso una ampliación del plazo de la obra así como un “…retraso imprevisto en la  e.
instalación de los elementos contratados…”, indicando que “a pesar de los posibles perjuicios que ello hubiera podido  w.b
acarrear a la interpretación de estos contratos, sus pliegos, las ofertas y los precios de adjudicación, ninguno de estos  49ww
1cse5oel enmEmtlar eaDnndaitirco edesce ntlos  1lero 8  Gev diexeeprr euomnenats erat zolaot ede drjnuae nde 2tola 0ps 1 rlaem9 s”ád.e son ctaeul mlIáne fodnertmal cerieó. tnra qsuoe  qjuuest ilfoicsa  dqisutein “tolas  paudejusdtaic eanta rmioasr cahsau mdeiel rhoons”,p ictairlc suen shtaan ecfieacst uqaudeo  nlao   OE-A-2022-12able en https://
 
Los expedientes de referencia son los siguientes:  
  Expediente número 46, para la adquisición e instalación de un equipo para la realización de 
resonancias magnéticas, cuyo documento de formalización del contrato prevé “...un plazo 
de ejecución…desde el día 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, debiendo en 
este  periodo  realizarse  las  tareas  de  acondicionamiento  de  las  salas,  suministro  e 
instalación...formación y puesta en marcha”. 
  Expediente número 48, cuyo objeto es el suministro, instalación y mantenimiento de los 
elementos de quirófano, en el que se establece como plazo de vigencia “… máximo de 12 
meses” desde su formalización, que se produce el 6 de noviembre de 2017. 
  Expediente número 49, para la adquisición e instalación de un equipo para la realización de 
tomografía axial computarizada (TAC), que según consta en el documento de formalización 
del contrato, “…permanecerá en vigor desde el día 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo 
de 2018, debiendo en este periodo realizarse las tareas de acondicionamiento de las salas, 
suministro e instalación...formación y puesta en marcha”. 
c) Determinación del precio  
- En los expedientes números 9, 22, 25, 26 y 46 del Anexo 1, no consta, como parte de las 
actuaciones preparatorias de la contratación, una memoria o documento de carácter económico o 
algún tipo de estimación o estudio comparativo de mercado que justifique suficientemente por qué 
se ha fijado un presupuesto determinado y no otro mayor o menor, tal y como resulta necesario de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición 18ª de las IIC de la Mutua en relación con el 
apartado XI del Pliego general para la contratación por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social (Anexo I de la precitada Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social), indicándose en el expediente explicaciones genéricas relativas al importe del 
presupuesto de licitación del contrato sin justificar los cálculos previos efectuados para determinar 
dicha cuantía16.  
Los expedientes en los que se ha producido esta deficiencia son los siguientes: 
  En el expediente número 9 del Anexo 1, consta un documento, sin fechar ni firmar, en el 
que figura el importe máximo de licitación, pero no se explica ni se justifica cómo se han 
calculado o estimado dichas cifras.  
  En el expediente número 22 del Anexo 1, la Mutua remite un informe, fechado el 31 de 
octubre de 2018, relativo a la estimación del precio del contrato formalizado el 29 de 
diciembre de 2017, es decir, dicho informe no se elaboró en la fase preparatoria del contrato 
en el momento de fijar el presupuesto, como resulta obligatorio, sino con posterioridad para 
dar cumplimiento a la petición expresa realizada por este Tribunal. 
                                                 e
16 Aunque el Director Gerente en sus alegaciones, en su propia interpretación de las IIC, manifiesta que “…no establece,  bo
eecscDouoncison n ispmnt preoóaprnsmteotoicicdir ciitlósooeoin s,ó…e   ns3sóe”.0tr,.rgg. ªi c eúaldatnnnoe  c o, p llosqaarr u esrdDeec eIci Iio csCtcasop o  eomednssesottircta  aimpimbótaalenaercr tcciceó1ieaó n8d,dn  ªecco  yolud , e mieaedxd onaple a redeácsdolun  icmaIe IudcCnomeitó me seqn eednu dn eteaeet  occlex  oipilódg nrpneeetr r  cepafeiicrjtoaxaei oprcpp  riaaesóerrlens aapaa  tdrlo maeeer silebea uanaj epddt eacuee upelc qcoscuuirtoóaoteannd  rtd or“sdea……ee t ol Eu,ilc a,n nmi “tap aUel rcamndei óiasaednt nmamo…tccoeeiuó”r m.miuna onE. e.oran.ni” a  dt.cea  ooesccrntireóu el nmacm  teqpaisnur meeteops o stadi emrsea ej atucnocsatriitóridiaáfnoi cq ,dtdu eeleearl      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
  En el expediente número 25 del Anexo 1, en el informe remitido se indica que “partiendo del 
importe de la licitación anterior, que se demostró inviable económicamente para cubrir 
adecuadamente el objeto del contrato, se aplicó un incremento de un 76,47 % sobre el 
importe de licitación anterior...”, sin precisar qué estimaciones o estudios económicos17 se 
llevaron a cabo para determinar un aumento del precio tan significativo. 
  En el expediente número 26 del Anexo 1, se realiza una referencia genérica a la experiencia 
previa de la Mutua en función de los precios adjudicados en anteriores licitaciones, “…que se 
consideraron  como  precios  base  para  esta  licitación”,  sin  aportar  datos  específicos  ni 
documentación justificativa al respecto. En relación con ello cabe añadir que el lote 5 de este 
contrato fue declarado desierto tramitándose un nuevo expediente para la cobertura del servicio 
incrementándose el presupuesto de licitación desde un importe inicial de 16.000 euros hasta 
45.500 euros, sin que se justifiquen en el expediente las razones de dicho incremento. 
  En el expediente número 46 del Anexo 1, la Mutua informa a este Tribunal que para 
determinar  el  presupuesto  del  contrato  ha  mantenido  reuniones  con  “los  principales 
fabricantes de los equipos…” en las que se ha considerado un valor estimado (IVA excluido) 
de 1.200.000 euros, sin aportar documentación justificativa al respecto. 
d) Justificación de la elección del procedimiento de adjudicación  
-  En  el  expediente  número  36  del  Anexo  1,  la  adjudicación  se  realiza  de  forma  directa  sin 
promoción de concurrencia, justificando la elección de dicho procedimiento en la necesidad de 
cubrir de forma temporal el servicio de limpieza en dos centros de la Mutua “...hasta la adjudicación 
de una nueva licitación de ámbito nacional”, debido a la “resolución anticipada” del contrato hasta 
entonces en vigor.  
La empresa contratista, que venía prestando los servicios de limpieza desde el mes de septiembre 
de 2015, solicitó a la Mutua, el 26 de mayo de 2017, la “resolución anticipada” del contrato 
justificando su petición, según consta en el expediente, en el hecho de que en el año 2016 había 
obtenido “…unas pérdidas de 5.000€…”, así como en las malas previsiones económicas para el 
año 2017. En relación con ello, este Tribunal considera que la empresa adjudicataria del contrato 
aceptó realizar el servicio de limpieza a un precio cierto, conocido y determinado previamente, sin 
que  se  acrediten  en  el  expediente  las  circunstancias  concurrentes  que  pudieran  justificar  la 
resolución posterior del contrato. Por ello, dicha petición de resolución no debiera haber sido 
asumida por la Mutua sin haber determinado previamente algún tipo de medida a adoptar por el 
contratista para evitar un posible perjuicio en el funcionamiento ordinario de los centros afectados. 
Asimismo, resulta reseñable que el anuncio de licitación para la adjudicación del nuevo contrato, 
que comenzó a tramitarse mediante procedimiento abierto para la cobertura del servicio en el 
ámbito nacional, se publicase en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30 de octubre 
de 2017, es decir, 5 meses después de producirse la petición de resolución del contrato anterior por 
la empresa adjudicataria (el 26 de mayo de 2017), sin que consten en el expediente las razones 
que justifiquen dicha demora en la publicación. 
                                                 e
17 El Director Gerente remite en el trámite de alegaciones, como justificación de cálculo del precio del contrato, la propia  bo
cctiolniocoufceminatrratdeatiacemrdoi nóaep,en  nrcsn,et oi oinsnma e edlfnogenict uc araenehdnlafa aedpsr ro,r e pee cnoqcrucrriuoa yiea,lota ,a t  p asdceal oi cmry-na1h tpc 1oecor5 neamd.isl2docoa0ouc  0us laqn emrueo  seeeu en clr orñotveosaians, ll acueosi lnridter ó veenl esu, a e tgeiddlma nejIurn a  dabfddoilacoegrsam  úde1tnaee 1 pr.lc.  iaa5car 2osap0no a t“,r.e ra.ac.utco orapon l-rs ccel-uaos, l ltaupaormorf e erner lt allaov   s areqqeloluurarvee tieic, v nsiasotoe i ma ghp aúa“ugsndeat oades… etxoq p” cu.rt oóeeAnns ssaseieim rd”l ae-ips  ryrmpao rcrodoso,uep njs ie ajecur á asMal tcdiulfaujituc luoannasdtu,a  oeq f uvuueaeenl      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
Tal y como se ha indicado, mientras se tramitaba dicho expediente, la cobertura del servicio se 
contrató mediante adjudicación directa18 el 14 de junio de 2017, no motivándose en el expediente 
las razones por las que no fue posible solicitar al menos tres presupuestos a otras empresas, como 
contempla la Disposición 30ª.3 de las IIC.  
Por otra parte, el contrato analizado fue objeto de sucesivos modificados que ampliaron su plazo de 
ejecución. La duración inicial prevista era de 6,5 meses prorrogables por otro período de 3 meses, 
y por tanto debió haber finalizado su ejecución, como máximo, el 31 de marzo de 2018, si bien las 
sucesivas modificaciones supusieron la ampliación del plazo hasta 8 meses más, llegando a un 
total de 17,5 meses (su finalización se produjo el 30 de noviembre 2018), y al mismo tiempo 
incrementó  su  importe inicial,  en  contra  de  lo  dispuesto  en  el  propio  contrato  en  el que  se 
contempla expresamente que “el importe ….no se modificará durante la vigencia del mismo”. Las 
circunstancias concurrentes se exponen a continuación. 
  El 26 de marzo de 2018, es decir, 5 días antes de que finalizara el plazo máximo previsto, la 
Mutua aprobó un primer modificado del contrato ampliándose su plazo de vigencia, según 
consta en el expediente, hasta el 31 de agosto de 2018 o “hasta la fecha de la adjudicación 
del servicio…”.  
  El  28  de  junio  de  2018  la  Mutua  aprobó  un  segundo  modificado19  del  contrato 
incrementando  las  “cuantías  mensuales”  del  precio  inicial  pactado,  justificando  dicha 
modificación20 en el “…incremento de los costes laborales, tras la entrada en vigor de un 
nuevo convenio colectivo”, circunstancia que, a juicio de este Tribunal, no debiera haber 
dado lugar a la modificación del precio del contrato vigente, teniendo en cuenta que la 
ejecución del contrato se debe realizar por el contratista a su riesgo y ventura (artículo 215 
del TRLCSP). Cabe reseñar además que dicho incremento se produjo, según consta en el 
expediente, por unas “cuantías mensuales” para los centros en los que se prestaba el 
servicio de 28.367,65 euros y de 21.488,86 respectivamente, es decir, por un importe total 
mensual  de  49.856,51  (IVA  excluido)  euros,  incremento  que  resulta  significativo  con 
respecto a los importes iniciales mensuales previstos de 5.288,22 euros para uno de los 
centros donde se prestaba el servicio y de 259, 56 euros para el otro centro, IVA excluido, 
en ambos casos. 
                                                
18 En sus alegaciones el Director Gerente de la Mutua describe los hechos ya expuestos en el Informe, manifestando que 
ello se debe “…a que esta licitación coincide en el tiempo con la decisión de licitar de modo centralizado todos los 
servicios generales de la Mutua…”, lo que “supone la recopilación datos diversos de más de cien centros de trabajo…”, 
justificando la falta de promoción de concurrencia en la necesidad de cubrir el servicio de limpieza en determinados 
centros hasta que se produzca dicha centralización, lo que no contradice lo expuesto en el Informe. 
19 Con fecha 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales comunica a la Mutua los 
recursos interpuestos contra el acuerdo de adjudicación del expediente de contratación que se estaba tramitando para la 
adjudicación del servicio de limpieza, produciéndose la suspensión automática de la tramitación del expediente de  s
contratación.  e.e
qd2scfo0iauon rrecEm áau lca epmDtdloe eoir7rrnt  e aitpndcaratt eceodr irtroónen cnGo ou vd,cem ieoqerelemum nneepbttx ealrrpeee cemm cióddoaeneigenn  íanita2fadit 0eerdii1cs aai8td oats eon ofs eualc inelrc oe  qintsrfuaeeturedmrsaea  atin aatpcitcdlereoieoósrgd   naeuai tcsn epioto  eotlenar rTaseq ca rsulirnib ecitquui otulna“ a…edacc ielió seóel nelnn D,  m  dtliyraroea e qd qtcdauiutfiobeicecra ha  ff uaGidege omenu ,ar r oeardnden euaiatfd euilfcia etdaoddcacreohdiiz ó a ylana d d2. ne aM8oD   u udedllntiebecu ge habjo au ot ce nramorni oandeo dtarddeosriesfersi  tce a2dea n0etncrd1  iáócou8mun n, ae.i  nt nedolt aoa a cd lp uaemelmb triiiseeócmnsi óhptonoae…  bcddete”eor,      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
  Finalmente, el 2 de julio de 2018, se aprobó un tercer modificado del contrato ampliando su 
plazo de ejecución hasta que se produjera la adjudicación del contrato cuya licitación se 
encontraba en trámite, circunstancia que se produjo el 8 de octubre de 2018, finalizando la 
vigencia del contrato analizado el 30 de noviembre de 2018.  
-  En  el  expediente  número  59  del  Anexo  1,  la  adjudicación  se  realiza  de  forma  directa  sin 
promoción  de  concurrencia  al  mismo  proveedor  que  venía  prestando  el  servicio,  debido  al 
desistimiento del procedimiento que se encontraba en curso para la cobertura de dicho servicio, 
como consecuencia de “…un error insubsanable en algunas de las especificaciones técnicas de los 
equipos...”, y mientras se tramitaba un nuevo expediente de contratación.  
En el contrato figura como plazo de vigencia el comprendido desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 
30 de abril de 2017, indicándose expresamente que el “…importe máximo...” debía ser “…en todo 
caso inferior a 18.000,00 euros, IVA no incluido”. Sin embargo, el 24 de abril de 2017, se modifica 
el contrato “debido a que el volumen de copias ha sido superior al previsto inicialmente, por lo que 
se  hace  necesaria  una  modificación  del  importe...”,  hasta  una  cuantía  de  25.846,58  euros 
superando el límite máximo previsto en el propio contrato e incumpliendo la Disposición 30ª.4 de 
las IIC que únicamente permite la adjudicación directa en los contratos de servicios cuyo importe 
sea inferior a 18.000 euros, todo lo cual evidencia deficiencias en la planificación. 
- En los expedientes números 33 y 37 del Anexo 1, la adjudicación se llevó a cabo mediante el 
procedimiento contemplado en el artículo 170 d) del TRLCSP y la Disposición 41ª de las IIC, que 
prevén los supuestos en los que el contrato solo puede encomendarse a un empresario por motivos 
relacionados  con  la  protección  de  derechos  de  exclusiva,  basando  la  elección  de  dicho 
procedimiento  en  circunstancias  que,  a  juicio  de  este  Tribunal,  revelan  una  situación  de 
dependencia derivada de la decisión técnica inicial adoptada por la propia Mutua que condiciona 
las contrataciones futuras, tal y como se expone a continuación: 
  En el expediente número 33 del Anexo 1, la utilización de dicho procedimiento se justifica en 
la circunstancia de que la entidad adjudicataria es la adecuada para llevar a cabo la 
prestación del servicio consistente en establecer el grado de accesibilidad de los centros de 
la Mutua, pero no queda acreditado que fuera la única entidad con capacidad de realizarla, 
por lo que no se trataba estrictamente de un supuesto comprendido en el artículo 170 d) del 
TRLCSP21. En este sentido, en el propio expediente se indica expresamente que en España 
“…existen dos certificaciones en el ámbito de la Accesibilidad de inmuebles y servicios; una 
es la certificación DIGA de carácter internacional y único sistema de certificación que 
Certifica niveles (grados) de accesibilidad (de 1 a 5), y la otra es la Norma UNE 170001-
1:2007  de  aplicación  únicamente  nacional  y  que  solo  se  obtiene  si  se  es  totalmente 
accesible”. Es decir, es la contratación de la certificación del grado de accesibilidad del 
sistema de Certificación DIGA lo que conlleva que solo el adjudicatario pueda llevar a cabo 
el servicio y su posterior mantenimiento. 
                                                 w.
d2“rtie…1pe sEobetsrensi c  trdrtseiiecvel aatñacc apemióloraetnrrifn s isccteueoa  …nccq iauló”ar ensáe   cnaept lnereee rlg ce lasiilms ucaáipiotmmuanetbeeivsinstotot oed  d  decedelo  eD lmabAi rpiccderococeent noscadriub  idrGilrlaoieed  nraeeecdnxnia i stede.t lee  e annircnt iímlaca usudl eoqeb u 1leed7 soj0u s ys d tt)isif piedcoraevsl i  lcaTdi oRaesd L cjCeuexSdriitsPcifta,iec cnqaituóceeniso   nddeeiernseb  ceElt aass p eianard dñijniauct,dae innrcpdoaro ces itqóoanund e oin  g“od.u. e.ale olfensosc rd.ma.o.ja”as,     OE-A-2022-1249able en https://ww
 
  Similar circunstancia se produce en el expediente número 37 del Anexo 1, en el que se 
justifica la adjudicación directa22 a una entidad determinada basándose en el hecho de que 
la contratación previa del laboratorio “…se adjudicó directamente..” a la misma entidad y 
que  “Igualmente  por  este  motivo,  el  servicio  de  asesoramiento  y  soporte  técnico  del 
laboratorio  es  prestado  de  forma  exclusiva  por  la  citada  institución…”,  poniéndose  de 
manifiesto la existencia de una relación de dependencia respecto del proveedor inicial.  
- En los expedientes números 35, 38, 39, 40, 41, 55, 56, 57, 58 y 60 del Anexo 1, la adjudicación23 
se realizó mediante procedimiento negociado, llevándose a cabo una práctica casi idéntica a la 
establecida para el procedimiento abierto, de forma que los contratos se han adjudicado a aquel 
licitador, elegido entre aquellos a los cuales la mutua les ha solicitado ofertas, cuya proposición ha 
resultado  mejor  puntuada  en  función  de  la  aplicación  del  criterio  o  criterios  de  adjudicación 
establecidos en los pliegos, pero sin que se haya llevado a cabo una fase de negociación previa y 
directa con las empresas sobre los aspectos económicos y/o técnicos determinados previamente, 
o, al menos, dicha circunstancia no ha quedado acreditada en el expediente (no constan las ofertas 
iniciales y las contraofertas, en su caso). Siendo una característica que resulta consustancial a la 
propia naturaleza del procedimiento negociado, según se regula en los artículos 169 y 178 del 
TRLCSP y la Disposición 41ª de las IIC, la adjudicación debe recaer en el licitador justificadamente 
elegido por el órgano de contratación cuya oferta resulte económicamente más ventajosa, pero 
siempre tras la consulta y negociación de las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.  
II.2.1.2.  PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARTICULARES  Y  PLIEGOS  DE  PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 
 a) Requisitos de solvencia exigidos a las empresas para contratar 
 - En el expediente número 5 del Anexo 1, el Pliego de condiciones particulares (PCP) contempla la 
posibilidad  de  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  mediante  la  certificación  de  las 
empresas licitadoras de estar inscritas en el Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado dentro del grupo C, subgrupos 01 a 09, y en la categoría 1 (cuantía igual o inferior a 
150.000 euros), o bien mediante la acreditación de un “Volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiere el contrato, por importe igual o superior a 600.000€ en al menos tres de los últimos 
cinco años”, cuantía esta última que no resulta proporcional24 teniendo en cuenta que constituye 
                                                
22 El Director Gerente manifiesta en sus alegaciones que “…en atención a las observaciones del TCu, Fraternidad-
Muprespa procederá a la licitación del servicio, en aras de garantizar la libre concurrencia”. 
23 El Director Gerente manifiesta en sus alegaciones que, en los supuestos citados, no se ha utilizado el procedimiento 
negociado sino “…el procedimiento de adjudicación…” previsto en la “Disposición 30, apartado 3…” de las IIC previsto 
“…para aquellos contratos cuyo valor estimado fuera igual o superior a 18.000 euros e inferior a 50.000 euros…”. Sin 
embargo, en la citada Disposición 30ª de las IIC no se contemplan los tipos de procedimientos de adjudicación sino la 
“Documentación preparatoria del contrato” que resulta obligatoria en cada caso en función de su valor estimado, 
regulándose los procedimientos de adjudicación en las Disposiciones 39ª (procedimiento abierto), 40ª (procedimiento 
restringido) y 41ª (procedimiento negociado), siendo este último el procedimiento utilizado en los contratos de referencia 
según figura, en todos los casos, en la relación certificada de la contratación celebrada por la Mutua en el ejercicio 2017 
remitida a este Tribunal de Cuentas, así como en los anuncios relativos a dichos contratos publicados en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  e.e
24 El Director Gerente manifiesta en sus alegaciones que “…tal requisito estaría cumplido si el sumatorio del volumen  w.
anual de negocios en al menos tres de años últimos cinco años, era igual o superior a la cantidad de 600.000 euros, lo  49ww
qrseoudleva eecncqciuóiainv  asdlede rrlí eaPc aloie gugeno  e.v noE llnua m eDesirntee dc steiev fana tci2dt0uo1r,a 4ec/2li ó4cn/rU iateEnr uidoae lld  dPee a l2ral0a p0mr.o0ep0no0tor  ceEiuournoraoslp…ideao”,d  y c eidrnce ull naCs oteanxnsigceeijaon ,qc diuaee   d2ne6o   ldeoess   flraee bqqruueierso ist odese d  2me0dí1nu4icm,e os dsoe bd rleea  
ctroanntsraptoascicióiónn  paúlb olicrdae, ncaomni eenfteoc tjousrí daic op aertsirp adñeol l 1a8ú nd en oa bsreil  hdaeb í2a0 p1r6o d(upcuibdloic)a, dqau ee l p2re8v éd eq ume,a rczoon  dcea r2á0c1te4r  aguennqeurael , slau 

 
más del doble del valor estimado del contrato, que fue de 120.489,35 euros, sin que consten 
acreditadas en el expediente las circunstancias que pudieran justificar dicha exigencia (artículo 62.2 
del TRLCSP).  
- En el expediente número 15 del Anexo 1, el Pliego de prescripciones técnicas (PPT) exigió, como 
requisito para llevar a cabo la ejecución del servicio en cualquiera de los centros asistenciales de la 
mutua repartidos por todo el territorio nacional, que las empresas licitadoras acreditasen disponer 
de “...laboratorios propios en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía…”, 
introduciendo un factor de carácter territorial25 cuya exigencia como condición de ejecución no 
resulta proporcional ni acorde con los principios de igualdad de trato y de libre concurrencia 
(artículos 1 y 139 del TRLCSP y disposición 1ª y 34ª de las IIC), puesto que de la documentación 
obrante en este expediente no se deduce que dicho factor territorial constituya una condición 
mínima para llevar a cabo la prestación objeto del contrato. Además, en este caso, la propuesta 
técnica presentada por una de las empresas licitadoras no fue valorada por la mesa de contratación 
al  no  haber  acreditado  dicha  circunstancia,  lo  que  en  la  práctica  la  descartó  como  posible 
adjudicataria del contrato, limitando de esta manera la concurrencia. 
- En los PCP no se concretan con carácter previo algunos de los medios previstos de acreditación26 
de la solvencia técnica o profesional exigidos a las empresas licitadoras, tal y como contemplan el 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, y la Disposición 28ª de las IIC. Esta práctica introduce un 
excesivo  margen  de  discrecionalidad  en  la  actuación  del  órgano  de  contratación  que 
necesariamente tiene que determinar “a posteriori” los requisitos mínimos que deben cumplir las 
empresas licitadoras para ser consideradas solventes y aptas para contratar, en perjuicio de la 
transparencia del procedimiento.  
Los expedientes en los que se produjo dicha deficiencia son los siguientes: 
  En los expedientes números 8, 9, 14, 15 y 47 del Anexo 1, los PCP exigen la acreditación 
de  la  solvencia  mediante  la  presentación  de  una  “Relación  de  los  principales 
contratos…análogos, efectuados… en los últimos cinco años, indicando su importe, fechas 
y destinatario público o privado de los mismos...”, sin especificar el importe mínimo que el 
empresario debe acreditar como ejecutado en contratos de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato. 
                                                                                                                                                              
exigencia del volumen anual de negocios exigido en el pliego como requisito mínimo de solvencia “…no excederá del 
doble del valor estimado del contrato…”. 
25 En relación con las alegaciones del Director Gerente en las que justifica la exigencia de disponer de laboratorios 
“propios” en determinadas Comunidades Autónomas por su elevado “...volumen de actividad...”, indicando que dicha 
circunstancia constituye un requisito “…de calidad asistencial”, este Tribunal de Cuentas considera que se trata de una 
condición de carácter territorial que, con carácter general, no debe ser utilizada como requisito de aptitud, solvencia o 
criterio de adjudicación y que puede resultar, como en el caso analizado, restrictiva de la concurrencia. En este sentido 
cabe citar, a modo de ejemplo, el Informe 9/09, de 31 de marzo de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en el que se concluye que “El origen, domicilio social o cualquier otro indicio del arraigo territorial de una 
empresa no puede ser considerado como condición de aptitud para contratar con el sector público”. Por otra parte, en  es
cuanto a las alegaciones que indican que la anterior circunstancia “…incrementa el volumen de analíticas… que precisan  e.
agilidad en la entrega de los resultados…”, este Tribunal considera que la determinación, en el pliego de prescripciones  w.b
técnicas, de unos plazos de entrega adaptados a las necesidades de la mutua, así como el establecimiento, dentro de los  49ww
cdm26ri ceitEhedlori oisoDs spi rd ledaecez ta ooacsrdr ,e Gjcudoeditnriaecscaneictógeinóu ,nim rp íaaroen rec ifpsoieatgosristdtea om  dsei esne m lnaso sues sel   empaflelpieecrggetoaossc a dispoe enl ireccosilt áa suqdinsuo uelrilam alsosi.t s”ap  r“a …lrat ipcculoielnagcrouesrsr ,e ednnec i laam.  ea jcotruaasli drealda,c eiosntaabdlaesc ecno nc olan  rperdeuccisciióónn  ldoes   OE-A-2022-12able en https://
 
  En el expediente número 41 del Anexo 1, en el PCP se indica que los empresarios deberán 
disponer  de  “…una  organización  con  elementos  necesarios  y  suficientes…”,  y  en  los 
expedientes números 46, 49 y 53 del Anexo 1, se exige a las empresas licitadoras la 
“Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas en la organización, de 
los que se disponga para la ejecución del contrato”, sin concretar qué medios materiales y 
personales serían los mínimos exigidos para considerar cumplidos los requisitos de aptitud.  
  Por último, en el expediente número 38 del Anexo 1, en el PCP no se hace referencia 
alguna a los medios de acreditación de la solvencia técnica y financiera exigida a las 
empresas licitadoras27.  
b) Criterios de adjudicación  
b.1) Insuficiente justificación de la elección de los criterios de adjudicación  
- En los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de 
adjudicación, la elección de los mismos se justifica de forma excesivamente genérica, indicándose 
que “...se realizó atendiendo a las características del objeto del contrato, y dando preponderancia a 
aquellos  criterios  que  pudieran  valorarse  mediante  cifras  o  porcentajes  a  través  de  la  mera 
aplicación de fórmulas...”, añadiendo que, en aquellos contratos en los que se prevé la aplicación 
de criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor, “...se describen los aspectos de carácter 
técnico que serán valorados y la distribución de puntos en función de dichos criterios...”, utilizando 
meros formulismos que restan transparencia al procedimiento (artículos 1 y 139 del TRLCSP y 
disposiciones 1ª, 34ª y 42ª de las IIC). 
- Especial mención merece el expediente número 51 del Anexo 1, en el que la Mutua no utilizó el 
criterio precio como criterio de adjudicación, sin que consten justificadas en el expediente las 
razones de carácter excepcional que pudieran justificar la exclusión de dicho criterio, que debiera 
ser utilizado con carácter general en cumplimiento de los principios de economía y eficiencia 
previstos en el artículo 1 del TRLCSP. En el mismo sentido, no se justifica la elección como criterio 
de adjudicación de las denominadas “…Mejoras adicionales, con hasta un máximo de 68 puntos”, 
valorándose la entrega de más productos similares a los que son objeto del contrato, siendo la 
valoración de dicho criterio determinante en el resultado de la adjudicación.  
En relación con las alegaciones del Director Gerente basadas en que “….el precio no respondería 
como criterio de adjudicación a la finalidad a la que pretende atender el contrato que es otorgar a 
los trabajadores de la Mutua una percepción en especie de un determinado valor…”, así como en la 
dificultad existente desde el punto de vista técnico de fijar “…un precio relacionado con productos 
que  tienen  tipos  impositivos  diferentes…”,  debe  señalarse  que  dichas  consideraciones  no 
desvirtúan el hecho de que para obtener la mejor relación calidad-precio -teniendo en cuenta el 
objeto del contrato de referencia-, en aras del cumplimiento de los principios contemplados en el 
                                                
27 El Director Gerente manifiesta en sus alegaciones que se ha utilizado el procedimiento establecido en la Disposición 
30ª, apartado 3, de las IIC, en donde no se establece la exigencia de una determinada solvencia a los licitadores. En la 
relación certificada remitida a este Tribunal, así como en el anuncio de licitación, se indica como procedimiento de  e.e
adjudicación, el negociado sin publicidad, y, como ya se ha indicado anteriormente, la citada Disposición 30ª de las IIC se  bo
edspereosiossftltsivpiaemeeorrs enanvi códeinaino acq  ,…u udlraleeea    gd“PdluSaooalssóácr  lanuaoc md o spconeuoesdn dleoietcr abbáiloacjrnen aió ctercona os  pyc npa motsrrcneeaíintdrptr aiaampartdrr oaoac syspoto   nosdrc roielaocalvi  no seMd noneFaulclvRl tieeuacAsna o dTc,an eiEllata  rRm…lsao Ntispos  ILem,eD ormosqAsou”p D.rne re-ea MqssrueUa…isrsPiu,oi RtlqsotaE use  Senmo P tbleíAanlin g iDmgalaoitosonsspr   oipadesl eemicen pisnaóro  neclcv sa2aeap8dnraªiaco,c  isaiedc  naasd sdeleao  bd  icneeeudr náoaic nbl,af  rusraaánirncn,c… r ieóeex ndnyc i… teaadpcre, c r edieosedsnubitte aeievsrn a,n  lesdsoeunor      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
artículo 1 del TRLCSP, el factor precio, salvo excepciones justificadas, debe ser tenido en cuenta 
en  la  adjudicación  aunque  no  sea  el  único  criterio  valorable.  En  este  mismo  sentido  se  ha 
pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el Informe 28/95, de 24 de 
octubre de 1995, en los siguientes términos: “…se entiende que la posibilidad que tiene el órgano 
de contratación de excluir el precio como criterio para la adjudicación de contratos por concurso 
debe considerarse excepcional y consignarse en el expediente las razones que en cada caso 
concreto justifiquen tal exclusión…”, y más recientemente la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo Informe 2/2015, de 17 de marzo, 
expresa que “El criterio precio debe ser, con carácter general, uno de los componentes necesarios 
para conseguir una comparación de ofertas correcta de cara a la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa. En todo caso, de forma excepcional y con motivación detallada -
precisando  en  el  expediente  las  causas  que  así  lo  justifique,  que  deberán  estar  vinculadas 
necesariamente al objeto del contrato- se podrá prescindir de dicho criterio...”. 
 
En cuanto a la justificación expresada por la Mutua de que “desde el punto de vista técnico, no es 
sencillo fijar un precio relacionado con productos que tienen tipos impositivos diferentes…” dicha 
circunstancia resulta, a estos efectos, irrelevante teniendo en cuenta que las propuestas económicas 
presentadas por las empresas se deben valorar sin incluir los impuestos a que estén sujetos. Así se 
ha  pronunciado  en  el  Informe  07/08,  de  29  de  septiembre  de  2008,  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa en cuya única conclusión expresa que “La valoración del precio como 
criterio de adjudicación de un contrato sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público debe hacerse 
sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo”. 
 
- Por otra parte, en los PCP de los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto en el que 
se aplican una pluralidad de criterios de adjudicación, se han observado diversas deficiencias 
relativas tanto a la determinación de dichos criterios como a las fórmulas o métodos aplicados para 
su valoración, que no resultan acordes con los principios de transparencia, objetividad, economía y 
eficiencia, aplicables a la contratación del sector público. Debe señalarse al respecto que si bien, 
en la práctica, la valoración de los criterios en los que se han detectado deficiencias pudo no ser 
determinante en el resultado de la adjudicación, ello no desvirtúa las deficiencias señaladas, tal y 
como se expone a continuación. 
b.2) Falta de vinculación directa con el objeto del contrato 
- Algunos de los criterios de adjudicación previstos en el PCP no tenían vinculación directa con el 
objeto de los contratos, tal y como se exige en el artículo 150.1 del TRLCSP y en la Disposición 42ª 
de las IIC, que establece que “La valoración de las proposiciones y la selección de la oferta más 
ventajosa se hará atendiendo a criterios vinculados al objeto del contrato…”.  
Este supuesto se produjo en el expediente número 25 del Anexo 1, en el que se valora como 
criterio de adjudicación cuantificable mediante un juicio de valor la presentación de la información 
por  la  empresa  adjudicataria  de  forma  que  pueda  “...ser  tratada  mediante  procedimientos 
ofimáticos...”. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que en el propio PCP se contempla 
como condición de ejecución de la prestación del servicio que el adjudicatario gestione el contrato 
con los “…medios informáticos, mecánicos y de cualquier otra índole...” que resulten precisos,  e.e
valorándose un aspecto de cumplimiento obligatorio para la empresa contratista28.   b
 2 8   E  l  D  i r e c  t o r   G  e  r e  n t e   m   a n  i fi e  s t a   e  n    sus alegaciones que “Si bien se establece como condición de ejecución del contrato
qmueed ieols a ldojsu dqiucaet aseri ov agleosratioronne  ceol mcoon ctrraitteor icoo dne l oasd jmudeidciaocsi óinnf…orm”. áStiinc oesm, mbaercgáon, iecsotse  yT drieb ucnuaall qduei eCr uoetrnat aíns deonletie,…nd neo q suoen,  deasdoos 

 
Debe señalarse al respecto que la valoración del criterio citado no fue determinante en el resultado 
de la adjudicación. 
b.3) Utilización ineficaz como criterio de adjudicación de la reducción del plazo de ejecución en los 
contratos de obras 
- En cuatro de los cinco expedientes de obras analizados (números 1, 2, 3 y 5 del Anexo 1) se 
utilizó como criterio de adjudicación la reducción del plazo ofertado por las empresas licitadoras, 
que -si bien no fue determinante en la adjudicación-, resultó ineficaz29 en la práctica teniendo en 
cuenta que no evitó que se produjeran ampliaciones de plazo y demoras en la finalización de las 
obras, tal y como se expone en el subepígrafe II.2.1.4 del presente Informe.  
b.4) Insuficiente concreción en el contenido o la forma de valoración de los criterios de adjudicación  
- Algunos de los criterios de adjudicación cuya puntuación depende de un juicio de valor no están 
suficientemente determinados en los PCP, figurando descripciones excesivamente genéricas, sin 
concretar qué aspectos específicos de carácter técnico serían más o menos valorados y/o cómo se 
distribuirían los puntos en función de ello.  
Los expedientes en los que se produjo dicha incidencia y la descripción de algunos de los criterios 
de adjudicación son los siguientes:  
  Expediente  número  7  del  Anexo  1,  en  el  que  el  PCP  contempla  como  criterio  de 
adjudicación cuantificable mediante un juicio de valor, con una ponderación de hasta 20 
puntos, el criterio denominado “elaboración de informes”, indicándose únicamente, que se 
tomaría en consideración “…su presentación, estructura, nivel de detalle y explicaciones, 
contenidos e imágenes”, sin mayor concreción adicional y sin precisar qué parámetros, por 
encima de los mínimos exigidos en el PPT para la elaboración de dichos informes, serían 
valorados.  La  mesa  de  contratación  concretó,  con  posterioridad  a  la  apertura  de  las 
proposiciones de los licitadores, las “características” que debía cumplir el denominado 
“informe ideal”, que, según figura en el informe técnico de valoración de las ofertas, incluía 
aspectos de la proposición meramente formales y no sustantivos, como la “encuadernación” 
o la “Impresión a color”, y cuya valoración dio lugar a la asignación de menor puntuación a 
algunas de las empresas licitadoras, si bien, en este caso, su valoración no fue un factor 
determinante en la adjudicación.  
                                                                                                                                                              
el objeto del contrato (Servicios de gestión de residuos), la referencia en el PCP a la utilización de medios informáticos 
solamente puede referirse a aquello que además se valora como criterio de adjudicación, de forma que se está 
puntuando un aspecto de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario. 
29 En relación con las alegaciones del Director Gerente en las que, respecto de la utilización de la reducción del plazo 
como criterio de adjudicación, manifiesta que los retrasos se debieron a la necesidad de considerar las “licencias 
urbanísticas previas”, así como las “autorizaciones y permisos de ocupación de vía pública y de acometida de compañías 
suministradoras (agua, energía, etc.,), que demoran de forma sustancial la ejecución de las obras”, este Tribunal de 
Cuentas considera que dichas circunstancias podrían haber sido tenidas en cuenta, en su mayor parte, con carácter  e.e
previo a la determinación del plazo de ejecución de las obras, y que no desvirtúan el hecho de que la proposición ofertada  bo
aplpdealooingscsr  hu fteueoenmnl ar picl,opi lciarórimmetznaso eidead nonnsetrot e  rql n aaeiunos secn  tf uáaqunm teuuroa epr caz oluaollfemonenzs rapsat eblu ildnldi ecca emiolt.laa  mecE dpnopfoeotnrreocset rmtiseaibv stiiasoltqidiom muea seenadi nn d ptsd oeqaíe,, u r  pteoedicolf i eecudprhllrllataoíaaarz  n g oryd ee  erdnddeseeeudv r ciueelrcatcj iuecsóiraco n curn  dicsreeiciecnlóu hc pnneuor sidle n tenappc cnlliuaapicanzziiosaooa  s   dnom oeecbb georitgananieuto cisnvarue aelrda rsndael.  e dnplt atreeye r svmcm ioseiánntnoxac  ic,umn arooard e  daonep bccbuitaaeines ntreuogala, a  hcdpnieeoó ctprne hu,lro omn  atdqiunueuaan ecrqqi,sóuu esnee,i      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
  Expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31 y 32 del Anexo 1, en los que 
en los PCP se valora como criterio de adjudicación una “Memoria descriptiva del desarrollo 
del juicio de Seguridad Social… de conformidad con las prescripciones técnicas”, así como 
el “…conocimiento del proceso de Seguridad Social”, con hasta 10 puntos, sin concretar el 
contenido y la forma de valoración de dicho criterio (en el epígrafe II.2.2 b.1) del presente 
Informe se amplía esta incidencia). 
b.5) Utilización de mejoras indeterminadas 
-  En  los  PCP  se  incluyeron  como  criterio  de  adjudicación  “mejoras”  indeterminadas30  en  su 
contenido y/o en el método de asignación de la puntuación, sin concretar qué aspectos específicos 
serían  valorados  y  cómo  serían  valorados,  lo  que  privó  a  los  licitadores  de  disponer  de  la 
información necesaria y precisa con carácter previo a la presentación de sus proposiciones, en 
perjuicio de la transparencia y objetividad del procedimiento de licitación. 
Esta deficiencia se produjo en los expedientes números 1, 2, 3 y 4 del Anexo 1, en los que se 
valora como criterio de adjudicación la “Memoria técnica de mejoras”, desglosada en diferentes 
subcriterios, entre otros, la “Mejora en materiales y acabados (máx. 6,00 puntos). Presentación y 
desarrollo: Máximo 1,20 puntos. Contenido: Máximo 4,80 puntos. Materiales: Máximo 3,60 puntos. 
Acabados: Máximo 1,20 puntos. Mejora en las instalaciones (máx. 8,00 puntos). Presentación y 
desarrollo: Máximo 1,00 punto. Contenido: Máximo 7,00 puntos. Sistemas de telemedida: Máximo 
2,00  puntos.  Sistemas  de  verificación  y/o  control:  Máximo  2,00  puntos.  Sistemas  de  mejora 
energética: Máximo 3,00 puntos…”, sin precisar el contenido ni la forma de valoración de dicho 
criterio. El propio PCP indica, en relación con la valoración de dichas mejoras, que queda “...a 
criterio de FRATERNIDAD-MUPRESPA, valorar si las mejoras propuestas son convenientes y 
pueden considerarse como tales...”. No obstante, debe señalarse que, en estos casos, resultaron 
adjudicatarias las empresas que obtuvieron la mayor puntuación en la valoración del criterio precio.  
b.6) Utilización indebida de factores relativos a la solvencia como criterios de adjudicación 
- En el expediente número 7 del Anexo 1, el PCP contempló la valoración como criterio de 
adjudicación, con hasta un máximo de 10 puntos, de la “…experiencia del personal adscrito a la 
ejecución del contrato” valorándose, según consta expresamente en el acuerdo de adjudicación del 
contrato  “…el  objeto  y  volumen  de  los  servicios  acreditados  y  el  número  y  duración  de  los 
contratos”, circunstancia que, con carácter general, debe ser utilizada como medio de acreditación 
de la solvencia para contratar (artículos 64.2 y 78 del TRLCSP). 
En su escrito de alegaciones el Director Gerente justifica la correcta utilización de la experiencia 
como criterio de adjudicación al amparo del efecto directo31 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
                                                
30 En relación con las alegaciones del Director Gerente en las que, respecto del expediente número 1, citado a “título de 
ejemplo” por la propia Mutua, reproduce el contenido previsto en el PCP -del que ya disponía este Tribunal-, y manifiesta 
que, en su opinión, las empresas licitadoras que presentaron ofertas consideraron suficiente el nivel de detalle, y 
“…entendieron lo solicitado…” debe señalarse que no resulta relevante, a juicio de este Tribunal, el hecho de que los 
licitadores no realizasen consultas al respecto. Asimismo, la Mutua adjunta las mejoras técnicas ofertadas por la empresa 
que resultó adjudicataria del citado contrato así como un documento, sin fechar ni firmar, en el que figuran las  es
puntuaciones obtenidas por las distintas empresas licitadoras en la valoración de dichas mejoras, lo que en nada  e.
desvirtúa lo señalado en el presente Informe, en el que se pone de manifiesto la falta de concreción previa en el PCP de  w.b
qué aspectos serían valorados de las mejoras ofertadas por las empresas licitadoras y como se realizaría dicha  49ww
v3sD1aei rSl oepercuagtbicúvliianócs anc  ,col ason imetRenuemdncpooit lamacro eilaanns cdR reaeenctsa ióomdnlaua scdte ieócr ionalan  d d Jpeeuo  1ncs6totae nd rCtieroao rmtinadsacauridózlt oniav   adpq eúud bee2l i 0tcCu1avo6.i n,e  trdraae t laulacg iDaórni rl eaAc dacmpióeinnr tiGustreraan dteiveraa ll,a  dsseo olb fPreera ttearlsi me dfoeenc litooos  d dleiicrl eiEtcastdotoa drdeeos ,l. a pso rn luae qvuaes   OE-A-2022-12able en https://
 
febrero de 2014, que prevé la posibilidad, en determinados tipos específicos de servicios, de utilizar 
la experiencia como criterio valorable. Efectivamente, el Considerando 94, en relación con el 
artículo  67.2),  de  la  citada  Directiva  2014/24/UE  expresa  que  “…siempre  que  la  calidad  del 
personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato…”, se podrá “…utilizar 
como criterio de adjudicación…la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato…por 
ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de 
arquitectura…”.  
En  relación  con  lo  anterior  debe  señalarse  que  cuando  el  Considerando  94  de  la  Directiva 
2014/24/UE prevé la posibilidad de utilizar como criterio de adjudicación la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, lo hace en relación a contratos en los que la calidad del personal 
empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, poniendo como ejemplo, los 
contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de arquitectura, 
mientras que en el presente contrato (servicio de detectives) dichas circunstancias no concurren, 
puesto que se trata de un tipo de actividad (“seguimiento”) que por su propia naturaleza, a juicio de 
este Tribunal, no tiene encaje entre los supuestos previstos en el citado Considerando. 
- En el expediente número 11 del Anexo 1, se valora como criterio de adjudicación estar en 
posesión de certificados de sistemas de gestión de servicios de tecnologías de la información y de 
sistemas de gestión de seguridad en sistemas de información (10 puntos) y estar en posesión de 
certificados de gestión ambiental (5 puntos). Dichos certificados, como regla general, pueden 
exigirse, en su caso, como requisito de solvencia técnica (artículos 80 y 81 del TRLCSP). 
El Director Gerente justifica la utilización de los certificados valorados como criterio de adjudicación 
al amparo de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que en su artículo 43 prevé que 
“cuando los poderes adjudicadores tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios 
con  características  específicas  de  tipo  medioambiental,  social  u  otro,  podrán  exigir,  en  las 
especificaciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del 
contrato una etiqueta específica como medio de prueba que las obras, servicios o suministros 
corresponden a las características exigidas,…”. 
En relación con lo anterior debe precisarse que, a juicio de este Tribunal de Cuentas, el hecho de 
que en determinados casos resulte posible la utilización de las citadas “etiquetas”, principalmente 
de tipo medioambiental y social, siempre que “los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se 
refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las 
características…” del objeto del contrato, no conlleva que se pueda concluir que, con carácter 
general, los certificados de garantía de la calidad que posean los licitadores (artículo 62 de la citada 
Directiva 2014/24/UE y artículos 80 y 81 del TRLCSP) puedan ser utilizados como criterio de 
adjudicación, siendo su encaje legal adecuado como criterio de solvencia o aptitud, al tratarse de 
características propias de las empresas relativas a su capacidad técnica, económica o profesional, 
tal y como se pone de manifiesto en el presente Informe. Así se desprende del propio PCP aplicado 
al contrato de referencia que contempla que con dichos criterios se aprecia “la capacidad del 
licitador de prestar el servicio de técnica de sistemas… para garantizar una adecuada ejecución…” 
y “…la capacidad del licitador de garantizar un nivel de seguridad adecuado….”. 
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales  e.
(TACRC) en numerosas resoluciones, entre ellas cabe citar, a modo de ejemplo: la Resolución nº  w.
d4Rpo7leac6snt/otr2eiln0uaa1cd i6óa,sn,  o sdbener º ee 1 x97pl3a r9 ed/sei2ma 0 pj1qur8nuo,iec o ed “de…de e.n1 dc12ei 0abd1 ee6 dr ,ee o clcaoct urodRbnareferisgs oeudlr ueqac uri 2óe0ln oe1 ss8n t,ºe c  eeT4rn0rti i5bfli/uac2nas0a d1qlo 8hus, ae  ,dd eeeela  nb2c o3arr elaidldadeaco di óau nbnc raoicl m yodanoe   c loca2rn 0itsc1eou8rleii odsy at iddóleaan     OE-A-2022-1249able en https://ww
adjudicación de los contratos…”. Y continúa señalando que “…Los certificados de cumplimiento de
 
normas de garantía de calidad y de gestión ambiental son modos de acreditar la solvencia técnica 
de las empresas, o, si se prefiere, su aptitud para ejecutar el contrato, con lo que, por ser tales, no 
pueden ser empleados como criterio de valoración de las ofertas… Ello es consecuencia de la 
existencia de dos fases diferenciadas en el procedimiento de licitación, cada una sometida a reglas 
propias en la primera, se trata de comprobar la aptitud de los licitadores para asegurar que éstos 
pueden ejecutar la prestación objeto de contrato en la segunda, lo único relevante es la oferta que 
los admitidos presentan, no las condiciones subjetivas de quien la presenta…”. Asimismo, resulta 
de interés sobre esta cuestión la más reciente Resolución nº 54/2019, de 6 de febrero de 2019 del 
TACRC,  entre  cuyas  consideraciones,  figura  la  siguiente:  “…no  caben  como  criterios  de 
adjudicación  los  aspectos  relativos  a  la  capacidad  técnica,  económica  o  profesional  de  los 
licitadores, especialmente los referidos a las características de la empresa, los cuales sólo son 
aceptables como criterios de determinación de la solvencia. Efectivamente, los certificados… no 
determinan a priori cómo va a ser ejecutada la prestación por el adjudicatario, sino su cualificación 
técnica para llevarla a cabo…”, concluyendo que “El control de calidad conforme a parámetros 
determinados fijado por organismos certificadores forma parte de la cualificación técnica de la 
empresa, no de las prestaciones a que se encuentra obligada en virtud del contrato…”. Así se 
deduce también del artículo 43 de la Directiva 2014/24/UE cuando para admitir la posibilidad de 
utilizar, en los criterios de adjudicación, una etiqueta específica como medio de prueba, exige que 
los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al 
objeto del contrato y por tanto no a la cualificación técnica de la empresa. 
En cuanto a la mención hecha en sus alegaciones por el Director Gerente al artículo 117.6 del 
TRLCSP,  debe  señalarse que  se  trata  de  una  disposición  que  contempla  las reglas  para el 
establecimiento  de  las  prescripciones  técnicas  de  los  contratos,  “…Cuando  se  prescriban 
características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales…”, por 
lo que este Tribunal de Cuentas considera que no resulta aplicable al caso analizado. 
- En el expediente número 15 del Anexo 1, se establece como criterio de adjudicación, valorable 
con hasta 14 puntos, la circunstancia de que las empresas licitadoras posean más instalaciones32, 
de forma que “por cada CCAA en la que el licitador tenga laboratorio propio o concertado, recibirá 
un punto...”. 
En relación con los tres expedientes precitados cabe indicar que la valoración de los criterios 
señalados no resultó determinante en la adjudicación, sin que ello desvirtúe la deficiencia señalada. 
b.7) Inadecuada fórmula de valoración del criterio precio 
- En los expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31 y 32 del Anexo 1, se 
contempla como criterio de adjudicación el “Porcentaje de descuento sobre la tabla de tarifas. De 0 
a 19 puntos”, valorándose con la máxima puntuación a aquella proposición que oferta un mayor 
                                                
32 En relación con las alegaciones del Director Gerente en las que manifiesta que el hecho de que la empresa 
adjudicataria disponga de un número mayor de laboratorios es, a su juicio, un criterio valorable que aporta “calidad 
asistencial”, este Tribunal de Cuentas considera que, en este caso concreto, se trata de una característica propia de las  e.e
empresas que no tiene por qué traducirse, necesariamente, en una mejor calidad en la prestación del servicio ofertado,  bo
dcettaeeaeld nnbd eeiqoeocruun csleuaade m do seea eemjenm nic enteucojconuc ucrtiee ómoen nnenpt atlcdlr a saaeq ecjlee urtclu ve loieac cnoglei,ot manrp al( ,pue teoerexol,nd c mP eleosnipPu sq tTo aocu  t aeareais sbnpgouu llai,maic rrcsalaieod dnCsmoot io e zopmlaa  oucl u rean cnnr eoisá dlnum caatptrdaeduaeyrjetu osodsd r eAt ioncm uoa odtebt óaedlsnir gieaidooa dam ces (iasxaociusrrngti  píeedcccs euui um óleMonnsp  a e6lanidn4mdúrc.iim2idciea i,neodl eCtrneoosaal,    otlTm tade RleíuennsLñ ietimCmaanS beodyldP e oAidc) o.enees ndE r d  alnpacel euub rsnceoeoíanrlaaalltvi)catd.eoi  aóqnridnucoe iesacs  o  lppponaaas rre raapall  l olieple,el rg vedcoaseasrtbs a aoeor      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
porcentaje de reducción sobre las tarifas de honorarios previstas y puntuándose el resto de las 
ofertas por orden decreciente33.  
Como ejemplo de la aplicación de esta fórmula el propio PCP recoge un supuesto en el que se 
presentan cuatro ofertas con los siguientes porcentajes de descuento sobre las tarifas: 15 %, 10 %, 
5 % y 0 %. 
CUADRO 3 
FÓRMULA DE VALORACIÓN DEL CRITERIO PRECIO 
 
Diferencia entre 
Porcentaje de 
cada oferta 
descuento ofertado  Puntuación en  Puntación final 
Empresa  respecto del mayor 
sobre las tarifas de  porcentaje   asignada 
porcentaje de 
honorarios 
descuento ofertado 
A  15   --  100  19  
B  10  15-10=5  95  18,05 
C  5  15-5=10  90  17,10 
D  0  15-0=15  85  16,15 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Mutua. 
 
Como se desprende del análisis del cuadro anterior, este método de valoración resulta contrario a 
los principios de economía y eficiencia. Con su aplicación la mejor oferta económica obtiene 19 
puntos (el máximo de puntos posibles), mientras que a la empresa que no ofrece ninguna bajada 
económica  sobre  las  tarifas  se  le  asignan  16,15  puntos,  minimizándose  en  la  práctica  la 
importancia real del criterio precio, que pierde su peso relativo, otorgando mayor relevancia a los 
criterios de adjudicación puntuados mediante un juicio de valor (esta incidencia se amplía en el 
epígrafe II.2.2 del presente Informe). 
- En el expediente número 7 del Anexo 1, la fórmula prevista en el PCP para la valoración del 
criterio precio34 se basa en el establecimiento de tramos fijos, es decir, se asigna una puntuación 
fija  para  la  mejor  oferta  económica,  otra  puntuación  fija  para  la  segunda  mejor  oferta  y  así 
sucesivamente para el resto de las ofertas presentadas, sin establecer ninguna proporción entre los 
distintos tramos de puntuación fijados, lo que puede dar lugar a resultados desproporcionados, de 
forma que diferencias poco significativas en las bajas ofertadas pueden dar lugar a importantes 
diferencias en las puntuaciones, como de hecho sucedió, en el lote 4 del contrato analizado. En 
efecto, la proposición mejor valorada (primera posición), ofertó un descuento sobre el presupuesto 
de licitación de 966,25 euros y fue valorada con el máximo de 45 puntos, mientras que la segunda 
mejor oferta (segunda posición), que ofreció un descuento sobre el presupuesto de licitación de 938 
euros, es decir, la diferencia entre las ofertas era de 28,25 euros (3 %), fue puntuada con 35 puntos 
(10 puntos menos, lo cual supone un 22 % menos), resultando determinante en la adjudicación de 
dicho lote. 
                                                 s
33 La fórmula aplicada fue: “El máximo descuento recibirá 19 puntos. El resto de las ofertas recibirán la puntuación que  e.
resulte de aplicar a la puntuación máxima la diferencia que el porcentaje de descuento de la oferta que se valora supone  w.b
sobre el máximo descuento”.  49ww
43pa4rd5 oDe ppliacounhrnctateio o:fs nó0;ar m slpideuuaglnadut  onessdse”a ñ.l  aaEp lsaol idsgDiauci riideeóencn tt:moe 3r:o  5“Gd. .op.eP urqeanunrtaeote  sll aa;m s ta ea“tr…rncibieffiuóeracrsmi tóapnuo  leasdnisec   iseólaoln  npt:r  uáe2nmq5tu uitpiaeliubc ndiróateond s aas;ls eec” g.us aaecrgitouani rpeáos es lqi csuiióegn ul:ai e1 nM5te up teuusanq touhsea m yc aoq:r urpeirngimtiade opr aola sp ifocaisólticnai  ódenen:    OE-A-2022-12able en https://
 
- En los expedientes números 9, 39, 45, 50 y 56 del Anexo 1, el PCP contempla una fórmula de 
valoración  del  criterio  precio35  que  tiene  en  cuenta  la  proporción  existente  entre  las  bajas 
económicas de las ofertas presentadas, lo que podría dar lugar a que diferencias mínimas en las 
bajas de las ofertas supongan excesivas desigualdades en las puntuaciones asignadas y, por lo 
tanto, podría distorsionar la importancia del criterio precio respecto del conjunto de los criterios de 
adjudicación.  Debe  señalarse  que  si  bien  en  los  contratos  analizados  no  se  produjo  dicha 
circunstancia ello no desvirtúa la incidencia señalada. 
En el ejemplo que figura expuesto a continuación, en el cuadro número 4, queda reflejada la incidencia. 
En el supuesto de que hubiera únicamente 2 ofertas, una con un porcentaje de baja de 0,001 % (1 
euro) y la otra con una baja del 0,002 % (2 euros), con la aplicación de esta fórmula la primera (oferta 
A) obtendría el 50 % de los puntos posibles y la segunda (oferta B) obtendría el 100 %. 
CUADRO 4 
SUPUESTO DE VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
 
IMPORTE DE 
OFERTA  % de baja  VALORACIONES 
LA OFERTA 
OFERTA A  99.999 euros  0,001  32,5 puntos 
OFERTA B  99.998 euros  0,002  65 puntos 
Suponiendo un presupuesto de licitación de 100.000 euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Mutua. 
II.2.1.3. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
a) Valoración de ofertas y constitución de la garantía  
- En el expediente número 3 del Anexo 1, en el informe técnico de valoración36 de las proposiciones 
no se justifica la puntuación asignada a los licitadores en los criterios de adjudicación cuantificables 
mediante juicio de valor, limitándose a adjuntar un cuadro en el que figura la puntuación otorgada a 
cada empresa sin explicación adicional alguna, lo que introduce opacidad en el procedimiento, no 
resultando acorde al principio de transparencia (artículos 1 y 139 del TRLCSP y Disposiciones 1ª y 
34ª de las IIC). 
A modo de ejemplo, en el informe de valoración se le asignan 4,6 puntos (sobre un máximo de 15 
puntos) a una de las empresas licitadoras en el criterio de adjudicación denominado “Memoria 
técnica de mejoras”, mientras que otra empresa licitadora obtuvo 11,7 puntos en este mismo 
criterio,  sin  que  conste  en  el  expediente  ninguna  justificación.  No  obstante  lo  anterior,  debe 
                                                
35  La fórmula aplicada fue:  “Puntuación =  Puntuación Máxima x (Porcentaje de reducción de la oferta que se 
valora/Porcentaje de reducción más alto ofertado)”. La puntuación del criterio económico en este caso es del 65 %. En el 
trámite de alegaciones el Director Gerente manifiesta que esta deficiencia “…ha sido detectada y subsanada…” en los  es
expedientes tramitados en los ejercicios 2018 y 2019.  e.
“rdjf3uuue6i sssnsEpttuaiefolm i ”chn,Dae oí“acnicjra i eoóed cnnscetfot o uedlnros e  Tas Gucr ”nci,aeb r d“ruipnetaenáon raru tiraoelna ps aafm ooñ ud”raat,teid alni“ i”zliMea,fa inseyedd s jopoootsautr ra”un a, ent sudana aede  cc jsxumiopuonlrsenutea nemsanosinldo reoa onget  eoadnusrcetng ii ds oa“iainnndmdofeaoi tslsraqa m.sur qe”eeu s  ee,tlna é q sc“lu. na.ae.i lcqn,a out ae eh drj oiueofjii agcrve uiaosdrl ”aoed,nr  ea“ v scceaeoiósl omtnaer eca qeTncupitróaeitbnar uii  onnaascaup luglno,y eqrnetnuao éeed r mlai ecm osoet issinuv,m  natsaanoul   e scmsmuue afcoijcdoomirrmeoaen  ontdd,et eeompl   reeqefusnusecteee an u sytlnaoaa      OE-A-2022-1249able en https://www.
 
señalarse que el contrato fue adjudicado a la empresa que presentó la oferta que obtuvo mayor 
puntuación en el criterio precio, sin que ello desvirtúe la deficiencia señalada. 
- Una deficiencia similar a la anterior se produce en el expediente número 50 del Anexo 1, en el que 
en  el  “acuerdo  de  adjudicación”  se  indica  expresamente  que  “...la  Directora  de  la  Unidad 
Proponente del Contrato pasa a dar explicación del informe elaborado con las puntuaciones totales 
(anexo 1)...”, consistiendo dicho anexo adjunto en un cuadro en el que figuran las puntuaciones 
otorgadas  a  las  empresas  licitadoras  en  los  criterios  de  adjudicación  sin  que  conste  en  el 
expediente mayor explicación al respecto. 
- Asimismo, en los expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31 y 32 del Anexo 1, 
la justificación de las puntuaciones asignadas a las proposiciones de las empresas licitadoras que 
figuran en el informe técnico de valoración está basada en referencias excesivamente genéricas, 
tales como, “…se efectúa una descripción detallada del proceso de prestaciones de la Seguridad 
Social, que demuestra un profundo conocimiento del mismo”, “…Se presenta un modelo detallado y 
completo...”, “Se presenta un modelo de proposición que contempla con acierto los medios de 
prueba propios del proceso de Seguridad Social” y otras expresiones similares, valorándose, en 
muchos  casos,  el  detalle  y  la  descripción  de  las  ofertas técnicas  presentadas, sin  concretar 
suficientemente cuáles fueron los aspectos sustantivos y de contenido que dieron lugar a la 
asignación de una mayor o menor puntuación en cada caso, tal y como se expone en el epígrafe 
II.2.2 de este Informe.  
- En el expediente número 5 del Anexo 1, según figura en el cuadro de valoraciones de las 
proposiciones técnicas de las empresas licitadoras, la empresa adjudicataria (la mejor puntuada en 
el  criterio  precio),  no  oferta  las  modificaciones  exigidas  en  el  PPT, en  el  que se  contempla 
expresamente que “Posteriormente a la redacción del proyecto base se recibió el informe de 
accesibilidad  del  centro  que  añade  algunas  modificaciones  que  no  se  habían  incluido  en  el 
proyecto, y que el adjudicatario deberá tener en cuenta y ejecutar dentro del mismo presupuesto de 
adjudicación…”.  Entre  dichas  modificaciones  no  incluidas  en  la  proposición  de  la  empresa 
contratista cabe citar: la modificación de la “anchura de puertas”, de la “superficie de acceso 
principal”, o la eliminación del “Desnivel de acceso principal”, sin que consten en el expediente las 
razones que justifiquen dicha circunstancia.  
- En los expedientes número 35 y 41 del Anexo 1, el importe de la garantía definitiva constituida por 
las empresas adjudicatarias es superior al 5 % del importe de adjudicación previsto en el PCP, 
suponiendo un 5,56 % y un 5,45 %, de cada uno de los respectivos importes de adjudicación de los 
contratos de referencia (34.011,90 euros y 22.822,58 euros, IVA excluido, en ambos casos).  
b) Formalización 
- En el expediente número 36 del Anexo 1, el documento de formalización del contrato está fechado 
el 14 de junio de 2017, mientras que el inicio del expediente consta que se produjo el 15 de junio de 
2017, alterando la sucesión temporal lógica de los actos que constituyen el procedimiento37. 
                                                 w.
jede3u7sox npEtceioeul   dmTDdireieeirbnen u2tcteon0to  a1scrl7eo  Gd, n deseter iraC bebceunite eutaenna   t“lme.a… nsa  unflainigf  iueerersrarltaoa ecr  eilmó 1nna4  st ceuder ereia tsjiluf ciecnraniitodo  ea ddl  eeed n e2ac 0llae1abg7 cea cozconaiomtmrnaoieet asfne ctqcioóuh ndea e  cldlae ec lfeo efbnocrtrhramaadt aaodli ”ezp,  aofinocrdri ómliacn aa,M lncizudoatoiunc aiqcói udneee nd nl eaetel l f  ceecocjoenhnrtac rla iacct ooiqor u qre2euc0 eat1a pc7 aoe rrnsee smceteali t  1ieed6nna d   eeaell     OE-A-2022-1249able en https://ww
 
c) Publicidad  
- En el expediente número 34 del Anexo 1, la publicación de la adjudicación y de la formalización 
del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector público se produjo más de un año después 
de la resolución de adjudicación y de la formalización, plazo que parece excesivo aunque las IIC no 
lo contemplen como un incumplimiento. 
II.2.1.4. EJECUCIÓN Y PAGO 
- En cuatro de los cinco expedientes de obras celebrados por la Mutua en el ejercicio 2017 
(números 1, 2, 3 y 5 del Anexo 1) se produjeron retrasos en la fecha de finalización efectiva de las 
obras, habiéndose valorado en todos los casos la reducción del plazo ofertado como criterio de 
adjudicación38, tal y como se señala en el epígrafe II.2.1.2, punto b.3) de este Informe, y sin que 
conste que se hayan impuesto penalidades económicas a la empresa contratista.  
En relación con los retrasos producidos en el plazo de ejecución en los contratos de obras 
analizados debe señalarse que las circunstancias que motivaron los incrementos del plazo, al 
menos en parte, no están suficientemente motivadas en condiciones que no pudieran o no debieran 
haber sido previstas en la fase de preparación del contrato y de redacción, supervisión y replanteo 
del proyecto de las obras a ejecutar y que reflejaron la existencia de deficiencias en la planificación 
de las obras y en la preparación de los contratos, así como un insuficiente control de su ejecución, 
retrasando  la  puesta  a  disposición  de  las  instalaciones  al  uso  público.  Las  circunstancias 
concurrentes en cada uno de los expedientes citados son las siguientes: 
  En el expediente número 1, se producen distintas ampliaciones de plazo demorándose la 
fecha de terminación de las obras -prevista el 20 de septiembre 2017-, hasta el 20 de 
febrero 2018, incrementándose en 5 meses el plazo, que inicialmente era de 3 meses (el 
plazo de ejecución total fue de 8 meses). Dichas ampliaciones se justifican, entre otras 
circunstancias,  en  “…la  necesidad  de  modificar  la  distribución…”  de  la  zona  de 
administración y en la reducción de la jornada de trabajo “en los meses de julio y agosto…” 
lo que, según manifiesta la empresa adjudicataria, “ha supuesto un retraso en la obra”, así 
como en la demora en la concesión de la licencia de ocupación de la vía pública o la 
dificultad de adquisición de algunos materiales (paneles de melamina, tarima de madera, 
perfilería de aluminio, entre otros). 
  En el expediente número 2, se incrementa el plazo de ejecución 55 días, justificando dicho 
incremento genéricamente en la “realización de trabajos no incluidos en el proyecto inicial... 
por la propuesta de cambio o elección de algunos materiales...”, en la coincidencia durante 
el plazo de ejecución de la obra de “…las semanas de navidad…” en las que “…hay una 
baja  productividad”  o  “Por  la  complejidad  de  la  realización  de  algunos  sistemas 
constructivos”, sin mayor concreción al respecto. En relación con este expediente cabe 
añadir que el acta de recepción de las obras se formaliza el 30 de abril de 2018, incluyendo 
observaciones relativas a la existencia de trabajos pendientes de finalizar (acabado de la 
fachada  posterior,  definición  de  la  situación  de  la  Caja  General  de  Protección  y  su 
instalación,  puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  y  documentación  que  acredite  la  es
legalización de las instalaciones), sin que en la fecha de finalización de los trabajos de la  o
presente  fiscalización  (mes  de  noviembre  de  2018)  conste  acreditado  que  se  hayan  49ww
 3 8  V  e  r   n o  tt ae   ra m   p ii ne   an  dú m o   e lar o s   2  t7 a .  r e  a  s    p   endientes.   OE-A-2022-12able en https://
 
  En el expediente número 3, se amplió el plazo de ejecución de las obras con respecto al 
previsto  inicialmente  en,  al  menos,  7  meses,  teniendo  en  cuenta  que  el  acta  de 
comprobación del replanteo de las obras es de 7 de noviembre de 2017 y que las obras 
debían finalizar a finales del mes de marzo de 2018. 
En efecto, el 19 de marzo de 2018 se aprueba una primera prórroga en la que se solicita 
ampliación de plazo para la terminación de la “fase 1” hasta el 21 de mayo de 2018, 
justificándose,  entre  otras  causas,  en  “…exigencias  no  detectadas  o  decisiones  en  el 
transcurso de la obra…”, así como por la llegada de las “…vacaciones del personal…” y las 
“…contratas en el período navideño…”.  
En el mes de mayo de 2018 se aprueba una segunda ampliación del plazo, hasta el 25 de 
junio de 2018, motivada por el “…Incremento de los elementos a demoler y/o retirar…” y la 
“…Alteración  de  la  maquinaria  de  climatización  prevista  y  otras  instalaciones…”, 
posponiéndose la fecha de finalización de la “fase 1” hasta el 25 de junio 2018.  
Además, el 23 de julio de 2018 se solicitó una tercera prórroga “…por exigencias no 
detectadas o decisiones en el transcurso de la obra…”, previéndose, según consta en el 
expediente, que las “fases 2 y 3” finalicen el 16 de octubre de 2018, sin que este Tribunal 
disponga de información posterior que acredite que las obras hayan finalizado. 
  En el expediente número 5, se amplía el plazo de ejecución en 15 días justificándolo en la 
existencia de “…un impedimento físico que no permite la instalación…en la ubicación 
prevista…” lo que conllevó trabajos adicionales y el consiguiente retraso en la entrega final 
de la obra, de lo que se desprende la existencia de deficiencias en la fase de redacción y 
supervisión del proyecto. 
- En el expediente número 9 del Anexo 1, constan las facturas del período que abarca desde el 
mes de abril de 2017 hasta el mes de septiembre de 2018, ambos incluidos (18 meses), plazo que 
supera  el  período  máximo  de  duración  de  15  meses  que  contempla  el  contrato  (12  meses 
ampliables  3  meses),  debido,  según  consta  el  expediente,  al  retraso  que  se  produjo  en  el 
procedimiento de adjudicación del contrato que se estaba tramitando para la cobertura del servicio, 
como consecuencia de la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos contractuales. 
- Por último, este Tribunal ha comprobado el cumplimiento del plazo en los pagos realizados 
analizando  un  total  de  4.797  pagos  correspondientes  a  55  expedientes  de  contratación39, 
habiéndose detectado retrasos en 173 pagos (el 4 % de los pagos totales analizados) que se 
referencian en el Anexo 2 del presente Informe, siendo, con carácter general, poco significativos. 
Así, teniendo en cuenta la información facilitada por la Mutua, en el 2 % de los pagos analizados 
los retrasos han sido iguales o, en su mayoría, inferiores a 10 días y en el 1 % se han producido 
retrasos de entre 11 y 15 días. El restante 1 % supera los 15 días de retraso, destacando 2 pagos 
cuyos retrasos fueron de 70 y 71 días. 
r 3e 9  f Ee r si td e o  sT   r ai b  lu o ns   ae l ,x  p a e  p d ei e s na t re   ds  e n  ú h ma  be  er or l so    7s,o 1li2ci,t a4d6o, ,4 n8o y  d4i9sp doenl eA ndee xloa s1 .f acturas o/y de los documentos acreditativos del pago  OE-A-2022-12able en https://
 
II.2.2.  Incidencias  específicas  de  los  contratos  de  servicios  de  asesoría  jurídica, 
representación procesal y defensa técnica 
Este Tribunal ha analizado de forma conjunta los expedientes números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 
28, 29, 30, 31 y 32 del Anexo 1 siendo su objeto, en todos los casos, la prestación del servicio de 
asesoría jurídica, representación procesal y defensa técnica para la Mutua durante el ejercicio 
2017, por una cuantía total de 1.662.500 euros, lo que supone el 20 % del importe de los contratos 
de servicios fiscalizados. 
Como resultado del análisis realizado de dichos contratos cabe destacar las siguientes deficiencias 
detectadas en la determinación de los requisitos de solvencia exigidos para contratar, en los 
criterios de adjudicación utilizados y en el contenido de los informes técnicos de valoración de las 
proposiciones de los licitadores: 
a) Requisitos de solvencia:  
Los  PCP  contemplaron  como  requisito  para  justificar  la  solvencia  técnica  y  profesional  la 
acreditación por parte de los licitadores de un número mínimo de juicios de Seguridad Social, 
exigiendo unos límites mínimos distintos40 según se prestase el servicio en unas u otras provincias, 
sin que consten en los expedientes las razones que justifican la aplicación de criterios diferentes 
para decidir la capacidad o aptitud de las empresas para realizar de forma correcta la prestación 
del servicio (Disposición 28ª de las IIC). De este modo, se requiere la acreditación de 500 juicios 
para ser admitido al procedimiento de licitación en las provincias de Pontevedra, Coruña, Jaén, 
Málaga, Región de Murcia y Valencia, 300 juicios en Ciudad Real, 200 juicios en Cádiz y Cantabria, 
150 en Córdoba, 120 en León y 80 juicios en Asturias. No resulta proporcional, a modo de ejemplo, 
que en Asturias se exija la acreditación de 80 juicios para cumplir el requisito de solvencia técnica 
mientras que en Jaén se exija un mínimo de 500. Por otra parte, este Tribunal considera que la 
exigencia de un volumen mínimo de juicios puede acreditar los “conocimientos técnicos” y la 
“experiencia”  pero  no  necesariamente  la  “fiabilidad”  y  la  “eficacia”  (artículo  78  del  TRLCSP), 
factores  que,  teniendo  en  cuenta  el  objeto  de  los  contratos  (servicios  jurídicos),  habría  sido 
razonable prever en los PCP, a través, por ejemplo, de la acreditación por los licitadores de los 
resultados obtenidos en los juicios.  
b) Criterios objetivos de adjudicación: 
En  relación  con  los  criterios  objetivos  de  adjudicación  previstos  en  los  PCP  aplicados  a  los 
contratos analizados, en todos ellos se han asignado 44 puntos a criterios cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor y 56 puntos a criterios cuya cuantificación se realiza mediante la 
aplicación de fórmulas. Respecto a los mismos, se realizan las siguientes consideraciones: 
                                                 49ww
di4n0i sdEticiln aDtonid redoce tqpouere nG d“eiEernne dneotle  f,du detue lrsaop  upséreos ve dixneicg eiiarxá,p  leloicl  acmru iasemln,  osp uonsrú  atmalenegtrooa, c dinoeon  jeucsioc nliootsrsa  mdeinoc tetiov lodasa  siqn uclaieds e hDnacinrie alcl ecmvioaandneoifs ea sP etarsodtvaaibn elceniac eleerls  u,i nncf oolímrmmoite er,  emfqiníunaiislmiiztooa  
dcoen stroaltvisetnacsi”a.  técnica y profesional… Asimismo, se pedirán resultados para acreditar la fiabilidad y la eficacia de los
 
b.1)  Criterios  cuya  cuantificación  depende  de  un  juicio  de  valor,  los  cuales  comprenden  los 
siguientes subcriterios: 
b.1.1) “Planificación del juicio (valorado de 0 a 39 puntos)”41: 
  “Memoria descriptiva del desarrollo del juicio de Seguridad Social y de las actuaciones que se 
ofrecen  por  el  licitador  de  conformidad  con  las  prescripciones  técnicas.  Se  valorará  el 
conocimiento del proceso de Seguridad Social: De 0 a 10 puntos”. 
Se valora como criterio de adjudicación la presentación de una “Memoria” o documento 
descriptivo de las actuaciones que se llevan a cabo para el cumplimiento de la prestación 
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  prescripciones  técnicas  de  los  contratos.  Sin 
embargo, dichas prescripciones técnicas adolecen de falta de concreción refiriéndose, de 
forma excesivamente genérica, a la obligación de que la prestación de los servicios se 
realice de acuerdo con las instrucciones impartidas por el centro de asesoría y servicios 
jurídicos de la Mutua, señalando la sede en la que se prestarán los servicios (el despacho 
profesional  del  adjudicatario),  indicando  la  obligación  de  realizar  los  desplazamientos 
necesarios a la sede provincial de la Mutua para el intercambio de información, así como la 
preparación de la documentación que resulte necesaria, el establecimiento de reuniones 
periódicas y refiriéndose a la evidente exigencia de diligencia profesional en la ejecución del 
contrato. 
En relación con lo anterior este Tribunal considera que, tratándose de contratos que llevan 
prestándose durante años, sus características técnicas debían estar perfectamente definidas 
con carácter previo e incorporadas al PPT, precisándose con detalle qué aspectos concretos, 
por encima de los mínimos exigidos, serían, en su caso, valorados por la Mutua como criterio 
de adjudicación. 
Además de lo anterior, la insuficiente concreción de los pliegos de prescripciones técnicas no 
resulta acorde con la transparencia del procedimiento, pudiendo favorecer, en alguna medida, 
a los licitadores que vienen prestando el servicio durante años, conocedores de los aspectos 
que son más valorados por la Mutua. De hecho, en el contrato número 16 del Anexo 1, el 
adjudicatario viene prestando el servicio desde el año 1986, año en que “…inició el ejercicio 
de la profesión…”, según indica el propio licitador en la “memoria descriptiva” del servicio 
presentada. Además, en el contrato número 21 del Anexo 1, la firma adjudicataria en su 
propuesta de “memoria” describe el procedimiento de Seguridad Social adaptado a la práctica 
habitual con la Mutua a la que, según manifiesta, “…durante más de 20 años ha representado 
y defendido…”. 
Asimismo, se valora el “conocimiento del proceso de Seguridad Social” teniendo en cuenta el 
contenido de dicha memoria descriptiva del procedimiento de la Seguridad Social presentada 
por los propios licitadores, criterio que resulta indeterminado en su contenido y en su forma 
de valoración, en perjuicio de la transparencia del procedimiento. Además, debe tenerse en 
cuenta que en la fase de selección previa (o aptitud) de las empresas licitadoras se exigió  e.e
como requisito de solvencia técnica y profesional la acreditación de una experiencia mínima  w.b
 4ep 1sr  i tnEo c ns ip    eci olr   i tgt er eár nim o es ir t,ea    lm  dd  aee n   e aif lli eee cgs  cta ai có  in oq  nu d eee s    l “a …e   lo  ef  Denir rteaacd eteoclrao nnGtóeem,r eiscneat eme, eltinmrateisn  amrreááasnl i zveaesrn ttoaasljgo ucsnraiat…esr ”io.c so…ns idqeurea cpioanrae se jlu sTtriifbicuannadl on loa  sueti liazjaucsiótann  dael   OE-A-2022-12able en https://
 
en juicios, circunstancia que debiera garantizar suficientemente el conocimiento del proceso 
de Seguridad Social. 
  “Modelos de comunicación que se oferten: De 0 a 29 puntos”:  
En este subcriterio de la planificación del juicio se valora (con hasta 29 puntos de los 39 
posibles) la presentación por los licitadores de formularios para realizar los distintos trámites 
del procedimiento: diagnóstico inicial del juicio (hasta 10 puntos), propuesta de medios de 
prueba (hasta 9 puntos) e instructa de juicio (hasta 10 puntos). En relación con ello, este 
Tribunal considera que la utilización y valoración como criterio de adjudicación de un factor de 
carácter formal y no sustantivo, como es la utilización de unos determinados modelos o 
formularios, no se ajusta al principio general de la elección de la oferta económicamente más 
ventajosa.  
Por otra parte, según consta en los expedientes, estos modelos pueden ser modificados en 
cualquier momento por la propia Mutua, motivo por el cual la utilización de este criterio de 
adjudicación devendría ineficaz en la práctica. 
b.1.2) “Sistema de tratamiento de la información: De 0 a 5 puntos”: 
Se valora como criterio de adjudicación la presentación por los licitadores de una “memoria” en la 
que se describa genéricamente el funcionamiento de la plataforma “LExNEt”, que consiste en un 
sistema de intercambio de documentos judiciales en formato electrónico implantado con carácter 
general en el sistema judicial y que es de habitual utilización, no considerándose que ello suponga 
una mejora en la calidad de la prestación ofertada por los licitadores. En todo caso, si se considera 
necesaria  su  utilización,  debería  haberse  recogido  en  el  PPT  como  parte  integrante  de  las 
prestaciones a realizar de manera obligatoria42. 
b.2)  Criterios  cuya  cuantificación  se  realiza  de  forma  automática  mediante  la  aplicación  de 
fórmulas, los cuales comprenden, entre otros, los siguientes subcriterios:  
b.2.1) “Porcentaje de descuento sobre la tabla de tarifas: De 0 a 19 puntos”: 
El método de valoración43 del criterio precio que contempla el PCP es el siguiente: “El máximo 
descuento recibirá 19 puntos. El resto de las ofertas recibirán la puntuación que resulte de aplicar a 
la puntuación máxima la diferencia que el porcentaje de descuento de la oferta que se valora 
supone sobre el máximo descuento”. Las puntuaciones asignadas a las empresas licitadoras con la 
aplicación de esta fórmula de valoración figuran en el cuadro 5: 
                                                 b
42 En el trámite de alegaciones el Director Gerente de la Mutua manifiesta que “Este criterio de valoración se consideró  49ww
rcu4a3on zmEao nonfó  aecrbmlr iltteureá lrtamiro adi stdies el tadi na eitdma jau”p.lde laigcnaatcacicioóinónen”.s  d eell  Dsiisrteecmtoar  LGeexrNenEtTe, …de.  lNa oM oubtusata nmtea,n eifine slatas  qúulteim “a…s elinc itlaacsi oúnlteims ahsa c doenjtardaota cdieo nceosn ssied eurtailriszae   OE-A-2022-12able en https://
 
CUADRO 5 
VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 16  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  33   19 
Empresa B (adjudicataria)  0  12,73 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 17  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  33   19 
Empresa B (adjudicataria)  5   13,68 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 19  
tarifas (en %)   precio 
Empresa A  15   19 
Empresa B (adjudicataria)  10   18,05 
Empresa C  5   17,10 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 21  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  33   19 
Empresa B (adjudicataria)  0  12,73 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 24  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  20   19 
Empresa B (adjudicataria)*  0  15,20 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 30  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  20   19 
Empresa B (adjudicataria)  10   17,10 
Descuento ofertado sobre la tabla de  Puntos obtenidos criterio 
Expediente número 32  
tarifas (en %)  precio 
Empresa A  33   19 
Empresa B (adjudicataria)*  25  17,48 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Mutua. 
*  La adjudicación recayó en la empresa clasificada en segundo lugar al no presentar la propuesta inicialmente como 
adjudicataria la documentación requerida acreditativa de la solvencia. 
El cuadro de puntuaciones expuesto refleja que, en la práctica, con la aplicación de este método de 
valoración de las ofertas económicas se desvirtúa la importancia del criterio precio, que pierde su 
peso real, produciendo como consecuencia una mayor relevancia de los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante un juicio de valor, cuya puntuación pudo ser determinante en el resultado 
de la adjudicación en los expedientes números 16, 17, 19, 21, 24, 30 y 32.  
Debe señalarse que en los expedientes números 18, 19, 28 y 29 concurrió un único licitador al 
procedimiento y en el expediente número 31 resultó adjudicataria la empresa que obtuvo la mejor 
puntuación en el criterio precio, si bien dichas circunstancias no desvirtúan la deficiencia señalada 
(esta circunstancia se reseña también en el subapartado II.2.1.2, punto b.7) de este Informe, 
relativo a la inadecuada fórmula de valoración del criterio precio).  
 
b.2.2) “Horario de despacho: De 0 a 5 puntos”44:  
En relación con la utilización de este criterio de adjudicación, este Tribunal considera que habría 
resultado más adecuado determinar previamente en el PCP algún tipo de límite en la valoración de 
la disponibilidad horaria ofertada por los licitadores acorde con las necesidades reales de la Mutua, 
de modo que se valorase una mejora real de la calidad del servicio. A modo de ejemplo, cabe citar 
los expedientes números 16, 17 y 18 del Anexo 1, en los que se dio la circunstancia de que los 
licitadores ofertaron la disponibilidad horaria total, esto es, 24 horas al día los 365 días del año. 
Dicha oferta, teniendo en cuenta las características propias del ámbito judicial de la Seguridad 
Social al que se refieren los contratos analizados, muy probablemente no se utiliza en la práctica, 
de modo que no tiene una repercusión efectiva ni supone una mayor la calidad en la prestación del 
servicio. 
c) Contenido del informe técnico de valoración de las proposiciones: 
En los expedientes analizados el informe de valoración de las proposiciones presentadas no está 
suficientemente  motivado  respecto  de  la  valoración  del  criterio  de  adjudicación  cuantificable 
mediante un juicio de valor denominado “Planificación del juicio” valorado con hasta 39 puntos 
(artículos 1 y 139 del TRLCSP y Disposiciones 1ª, 34ª y 42ª de las IIC). 
Así, a modo de ejemplo, en los expedientes números 16, 17, 19 y 21 del Anexo 1, los informes de 
valoración se basan, en relación con uno de los subcriterios establecidos, en que en la “memoria” 
presentada “…se efectúa una descripción detallada del proceso de prestaciones de la Seguridad 
Social, que demuestra un profundo conocimiento del mismo…”, asignándole a la empresa el 
máximo de los 10 puntos posibles. Asimismo, respecto del otro subcriterio, denominado “modelos 
de comunicación”, en los informes de valoración se asignan 10 puntos porque “Se presenta un 
modelo detallado y completo...” del diagnóstico inicial del juicio, 9 puntos porque “Se presenta un 
modelo de proposición que contempla con acierto los medios de prueba propios del proceso de 
Seguridad Social…” y 6 puntos porque “se presenta un modelo de instructa hasta el trámite de 
solicitud de recibimiento a prueba…”, valorándose principalmente la mayor o menor descripción de 
las proposiciones técnicas presentadas sin concretar suficientemente cuáles fueron los aspectos 
sustantivos y de contenido que dieron lugar a la asignación de una mayor o menor puntuación en 
cada caso. 
A la vista de las deficiencias expuestas en el examen realizado por este Tribunal de los criterios 
objetivos de adjudicación utilizados en los contratos de servicios analizados, cabe concluir que no 
quedó garantizado, en todos los casos, que la aplicación de dichos criterios se ajuste al principio 
general de la elección de la proposición “económicamente más ventajosa” quedando desvirtuado, 
en alguna medida, el procedimiento de licitación. Debe tenerse en cuenta que en la adjudicación 
mediante  procedimiento  abierto  con  una  pluralidad  de  criterios  resulta  esencial  la  adecuada 
elección y determinación previa en los PCP de los criterios que se van a valorar, así como de las 
fórmulas o métodos previstos para su puntuación, puesto que, una vez realizada la selección previa 
que acredita la aptitud de las empresas admitidas a participar en la licitación, la cuestión principal 
es la elección de la proposición “económicamente más ventajosa”, basándose en la aplicación y  e.e
valoración  de  dichos  criterios  que  deben  estar  adecuadamente  determinados  y  ponderados,  w.b
 4p 4l  ie E g l o  sD  …i r e ” .c  t o  r   G  e  r e n  t e    m  a  n  if i e s  t a     en el trámite de alegaciones que dicho criterio “ha desaparecido de los nuevos  OE-A-2022-12able en https://
 
garantizándose con ello la transparencia y la objetividad del procedimiento (artículos 1 y 150 del 
TRLCSP)45.  
II.3.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  19/2013,  DE  9  DE  DICIEMBRE,  DE  TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública  y  buen  gobierno  establece  como  objeto  “…ampliar  y  reforzar  la  transparencia  de  la 
actividad pública”, así como “…regular y garantizar el derecho de acceso a la información…” sobre 
dicha actividad, para lo cual los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán difundir de 
oficio determinada información que la norma considera relevante.  
Respecto  al  ámbito  subjetivo  de  la  ley,  en  virtud  de  lo  previsto  en  su  artículo  2.1.b),  sus 
disposiciones  son  de  aplicación,  entre  otras,  a  “…las  Mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social” (actualmente denominadas 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social).  
De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente Fiscalización, este 
Tribunal ha realizado un análisis específico del cumplimiento de la citada Ley 19/2013, en todos los 
aspectos relacionados con los objetivos de la presente fiscalización.  
En el análisis de la contratación celebrada por FRATERNIDAD-MUPRESPA durante el ejercicio 
fiscalizado se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la mencionada 
Ley 19/2013, que, respecto a la contratación, establece la obligación de hacer pública, como 
mínimo, información relativa al “… objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 
publicitado,  el  número  de  licitadores  participantes  en  el  procedimiento  y  la  identidad  del 
adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las 
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos...”, si bien precisa que en el caso de los 
contratos menores “…La publicación de la información… podrá realizarse trimestralmente”. 
En relación con ello, debe señalarse que este Tribunal ha comprobado que FRATERNIDAD-
MUPRESPA publica en su página Web46, a través del perfil de contratante con el correspondiente 
enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público, los datos relativos a su actividad 
contractual, tales como, “órgano de contratación”, “estado” de la licitación, “objeto del contrato”, 
“importe” o “fechas” relevantes en el procedimiento de adjudicación. 
Asimismo, se ha comprobado que FRATERNIDAD-MUPRESPA publica, en su página web, “el 
volumen  anual  de  contratos  adjudicados”  a  través  de  cada  uno  de  los  procedimientos  de 
adjudicación previstos, tal y como se exige en el artículo 8.1.a) de la citada Ley. 
                                                 b
45 En el trámite de alegaciones el Director Gerente, tras reiterar sus consideraciones justificando la utilización de estos  49ww
eclarn it eeaxrdpioeeslar,i nemtneac,in asi feiae ecsultiamm iqunulaaerdá a“n…  y…C co”o.m n oe ly par osepó hsait od idceh om, eenjo rliacri talac icoanleidsa dre cdiee nlate cso…n,t rsaeta hciaónn …mo pdeifricoa, dao l ae svtiossta c drietel raionst,e parl ohyileoc dtoe, 
46 https://www.fraternidad.com/
 
II.4.  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LAS  PREVISIONES  CONTENIDAS  EN  LA  LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 
De conformidad con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización, este 
Tribunal  ha  realizado  un  análisis  específico  de  las  previsiones  contenidas,  en  materia  de 
contratación pública, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres.  
En relación con ello cabe señalar que no se ha hecho uso de las posibilidades previstas en la 
citada Ley Orgánica 3/2007, a través de las cuales pueden instrumentarse medidas de fomento de 
la igualdad entre mujeres y hombres en la contratación del sector público, tales como la inclusión 
de condiciones especiales de ejecución del contrato dirigidas a eliminar desigualdades entre el 
hombre y la mujer en el mercado de trabajo o la preferencia, en caso de igualdad en la valoración 
de los criterios de adjudicación, de las proposiciones de las empresas que, en el momento de 
acreditar su solvencia técnica, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. No obstante, también hay que indicar que estas posibilidades se prevén en la 
Ley Orgánica 3/2007 como potestativas, por lo que su no utilización no constituye el incumplimiento 
de lo establecido normativamente.  
   
 
III.  CONCLUSIONES 
III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  
1.  FRATERNIDAD-MUPRESPA ha dado adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la “Instrucción 
General  relativa  a  la  remisión  telemática  al  Tribunal  de  Cuentas  de  los  extractos  de  los 
expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de 
gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico”, aprobada por su 
Pleno en sesión de 28 de noviembre de 2013 y modificada parcialmente por dicho Pleno el 22 
de diciembre de 2015 y el 30 de mayo de 2017, puesto que remitió a este Tribunal de Cuentas 
la relación comprensiva de la contratación celebrada en el ejercicio 2017, así como todos los 
expedientes de contratación de rendición obligatoria, integrados por todos los documentos 
obligatorios (epígrafes I.4.1 y I.4.2). 
III.2. INCIDENCIAS COMUNES A LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS  
III.2.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS CONTRATOS  
2.  En  dos  contratos  adjudicados  por  un  importe  de  348.138  euros  y  28.350  euros, 
respectivamente, para la adquisición de un “paquete de Navidad” así como de “…pulseras de 
actividad…”, no se justifica la necesidad de contratar con cargo al patrimonio de la Seguridad 
Social al no estar relacionada con el cumplimiento de los fines institucionales de la Mutua, 
incumpliendo el artículo 22 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y la Disposición 8ª de 
las Instrucciones Internas de Contratación, así como el artículo 1 de la precitada Ley, que exige 
la eficiente utilización de los fondos públicos. La finalidad de las mutuas es la colaboración en la 
gestión de determinadas prestaciones derivadas de contingencias comunes y profesionales del 
personal al servicio de sus empresas asociadas, por lo que no puede considerarse justificada la 
necesidad de estas contrataciones con cargo al presupuesto de gastos del Sistema de la 
Seguridad Social. 
En relación con lo anterior debe señalarse que, según la información de la que dispone este 
Tribunal de Cuentas, FRATERNIDAD-MUPRESPA ha contratado, en el período comprendido 
entre el ejercicio 2014 y hasta el ejercicio 2017, la adquisición de este tipo de suministros 
(subepígrafe II.2.1.1.a)). 
3.  En dieciséis expedientes la memoria justificativa de la necesidad de contratar es excesivamente 
genérica, al no precisar con la extensión suficiente las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado en los términos exigidos en el artículo 22 del Real Decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Disposición 8ª de las Instrucciones Internas de Contratación y 
la Instrucción I.4 del Anexo II de la Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban el Pliego general para la contratación y 
las Instrucciones generales de aplicación en relación con los procedimientos de contratación de  e
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (subepígrafe II.2.1.1.a)).  b
4.  eEsnt ucdinioc oc coomnptraartaotsiv on od ceo nmsetarc uandao  m-permevoiori aa d ela  ccaoránctrtaetra eccióonn-ó qmuiceo  juos atilfgiqúune t ieplo  pdree seusptiumeasctoió nd eol 
cInotnetrrnaatos , dtea l Cyo cnotrmatoa crieósnu letan  nreelcaecsióanr ioco dne e al caupearrdtaod coo XnI  ldae Dl Aisnpeoxsoic iIó dne 1 l8aª  pdree cliatasd Ian sRtreuscocliuocnióens 
 
de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (subepígrafe 
II.2.1.1.c)).  
5.  En dos expedientes la adjudicación se realiza de forma directa, sin promoción de una mínima 
concurrencia,  basándose,  principalmente,  en  la  necesidad  de  cubrir  el  servicio  de  forma 
temporal,  circunstancia  que  no  impide  la  solicitud  de  presupuesto  a  un  mínimo  de  tres 
empresarios,  tal  y  como  se  contempla  en  la  Disposición  30ª.3  de  las  Instrucciones  de 
Contratación de la Mutua (subepígrafe II.2.1.1.d)). 
6.  En dos expedientes la adjudicación se llevó a cabo mediante el procedimiento contemplado en 
el artículo 170 d) del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en la Disposición 41ª de 
las Instrucciones Internas de Contratación, motivado en la protección de derechos de exclusiva, 
basándose  en  circunstancias  que,  a  juicio  de  este  Tribunal,  revelan  una  situación  de 
dependencia derivada de la decisión técnica inicialmente adoptada por la propia Mutua que 
condiciona las futuras contrataciones (subepígrafe II.2.1.1.d)). 
7.  En diez expedientes la adjudicación se realizó mediante procedimiento negociado, sin que haya 
quedado acreditado en el expediente que se haya llevado a cabo una fase de negociación 
previa y directa con las empresas sobre los aspectos económicos y/o técnicos determinados 
previamente, tal y como exigen el artículo 178 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
la Disposición 41ª de las Instrucciones Internas de Contratación (subepígrafe II.2.1.1.d)). 
III.2.2.  PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARTICULARES  Y  PLIEGOS  DE  PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS  
8.  En  diez  expedientes  no  se  concretan  con  carácter  previo  en  el  Pliego  de  condiciones 
particulares algunos de los medios previstos para la acreditación de la solvencia técnica o 
profesional  exigidos  a  las  empresas  licitadoras,  tal  y  como  contemplan  el  Real  Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, y la Disposición 28ª de las Instrucciones Internas de Contratación, 
lo  que  introduce  un  excesivo  margen  de  discrecionalidad  en  la  actuación  del  órgano  de 
contratación, en perjuicio de la transparencia del procedimiento, puesto que los requisitos 
mínimos que deben cumplir las empresas licitadoras para ser consideradas solventes y aptas 
para  contratar  necesariamente  tienen  que  determinarse  “a  posteriori”.  Asimismo,  en  dos 
expedientes de contratación los Pliegos de condiciones particulares exigen a las empresas 
licitadoras, para la acreditación de la solvencia económica y financiera, requisitos que no 
resultan proporcionales con el objeto o el importe de los contratos, lo que no resulta acorde con 
el principio de concurrencia (subepígrafe II.2.1.2.a)). 
9.  En los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de 
adjudicación, además de una justificación excesivamente genérica de la elección de los criterios 
de adjudicación se han detectado diversas deficiencias en la determinación de dichos criterios 
en los Pliegos de condiciones particulares. Entre ellas cabe señalar las siguientes (subepígrafe 
II.2.1.2.b)):  s
  oe.
a)  La falta de vinculación directa con el objeto de los contratos exigida en el artículo 150 del  w.
  IRrneesfuatrnlu dcDicdeiooc nredeteso   IlnLate egLrniesaylas  tddiveeo   CC3oo/n2nt0trr1aa1tta,o csdió end .e 1 l 4 Sdeec tonro vPieúmblbicroe,,  yp oer ne ll aq uDei spseo saicpiórune b4a2 ª edl ete xlatos   OE-A-2022-1249able en https://ww
 
b)  La utilización como criterio de adjudicación de la reducción del plazo ofertado por las 
empresas  licitadoras,  que  resultó  ineficaz  en  la  práctica  puesto  que  se  produjeron 
ampliaciones de plazo y demoras en la finalización de las obras contratadas. 
 
c)  La falta de la suficiente concreción previa de los criterios de adjudicación cuya puntuación 
dependía de un juicio de valor así como de las mejoras, sin determinar suficientemente los 
aspectos que serían más o menos valorados y/o cómo se distribuirían los puntos en función 
de ello. 
 
d)  La valoración indebida como criterio de adjudicación de factores relativos a la solvencia, 
tales como, la experiencia del personal adscrito a la ejecución del contrato, la posesión de 
certificados de  sistemas  de  gestión  de  servicios  de  tecnologías  de  la  información,  de 
sistemas de gestión de seguridad en sistemas de información y de gestión medioambiental. 
 
e)  La  utilización  de  algunas  fórmulas  para  la  valoración  del  criterio  precio  que  resultan 
inadecuadas puesto que su aplicación puede distorsionar en la práctica la importancia real 
de dicho criterio con respecto del conjunto de los criterios de adjudicación, en perjuicio de 
los principios de economía y eficiencia.  
III.2.3. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN  
10. En catorce expedientes de contratación la justificación de las puntuaciones asignadas a las 
proposiciones de las empresas licitadoras que figuran en el informe técnico de valoración no 
está  suficientemente  motivada  basándose  en  referencias  excesivamente  genéricas,  sin 
concretar adecuadamente los aspectos sustantivos que dieron lugar a la asignación de una 
mayor  o  menor  puntuación  en  cada  caso,  lo  que  no  resulta  acorde  a  los  principios  de 
objetividad y transparencia exigibles en la contratación pública (subepígrafe II.2.1.3.a)). 
III.2.4. EJECUCIÓN Y PAGO 
11. En cuatro de los cinco expedientes de obras celebrados se produjeron retrasos en la fecha de 
finalización efectiva de las obras, basándose en circunstancias que, al menos en parte, podrían 
haber sido previstas en la fase de preparación del contrato y de redacción, supervisión y 
replanteo del proyecto de las obras a ejecutar, y que reflejaron la existencia de deficiencias en 
la planificación de las obras y en la preparación de los contratos, así como un insuficiente 
control de su ejecución, retrasando la puesta a disposición de las instalaciones al uso público 
(subepígrafe II.2.1.4). 
 
12. En el análisis del cumplimiento del plazo en los pagos realizados se han detectado retrasos en 
el  4  %  de  los  pagos  totales  analizados  siendo,  con  carácter  general,  poco  significativos 
(subepígrafe II.2.1.4). 
 
III.3.  INCIDENCIAS  ESPECÍFICAS  DE  LOS  CONTRATOS  DE  SERVICIOS  DE  ASESORÍA 
JURÍDICA, REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA  
FRATERNIDAD-MUPRESPA celebró doce contratos para la prestación del servicio de asesoría 
jurídica, representación procesal y defensa técnica para la Mutua durante el ejercicio 2017, por una 
cuantía total de 1.662.500 euros, lo que supone el 20 % del importe de los contratos de servicios 
fiscalizados, de cuyo análisis conjunto cabe concluir lo siguiente: 
13. Los Pliegos de condiciones particulares contemplaron como requisito para justificar la solvencia 
técnica y profesional la acreditación por parte de los licitadores de un número mínimo de juicios 
de  Seguridad  Social,  exigiendo  unos  límites  mínimos  distintos  para  ser  admitido  al 
procedimiento según se prestase el servicio en unas u otras provincias (variando entre 80 
juicios y hasta 500), sin que consten en los expedientes las razones que justifican la aplicación 
de criterios diferentes (subepígrafe II.2.2.a)). 
14. En el examen realizado por este Tribunal de los criterios objetivos de adjudicación utilizados en 
los  contratos  analizados  se  han  detectado  diversas  deficiencias,  tanto  en  su  contenido  y 
determinación previa, como en su forma de valoración, que permiten concluir que no quedó 
garantizado, en todos los casos, que la aplicación de dichos criterios se ajuste al principio general 
de la elección de la proposición “económicamente más ventajosa”, quedando desvirtuado, en 
alguna medida, el procedimiento de licitación. En este sentido, cabe citar los criterios puntuables 
mediante un juicio de valor, tales como, la presentación de una “memoria descriptiva” del servicio 
y “el conocimiento del proceso de Seguridad Social”, que resultan indeterminados en su contenido 
y en su forma de valoración, en perjuicio de la transparencia del procedimiento, o el criterio 
denominado “Modelos de comunicación”, en el que se valoran únicamente aspectos meramente 
formales y no sustantivos. Además de lo anterior, se utiliza una fórmula de valoración del criterio 
precio que, en la práctica, desvirtúa la importancia de dicho criterio, el cual pierde parte de su 
peso real, produciendo como consecuencia una mayor relevancia de los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante un juicio de valor (subepígrafe II.2.2.b)). 
III.4.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  19/2013,  DE  9  DE  DICIEMBRE,  DE  TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  
15. En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, se ha 
comprobado que FRATERNIDAD-MUPRESPA publica en su página Web, a través del perfil de 
contratante con el correspondiente enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
los datos relativos a su actividad contractual (subapartado II.3). 
III.5.  CUESTIONES  RELACIONADAS  CON  LAS  PREVISIONES  CONTENIDAS  EN  LA  LEY 
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES 
16. FRATERNIDAD-MUPRESPA  no  ha  hecho  uso  de  las  posibilidades  previstas  en  la  Ley 
Orgánica 3/2007, a través de las cuales pueden instrumentarse medidas de fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la contratación del sector público, tales como la inclusión  s
de condiciones especiales de ejecución del contrato dirigidas a eliminar desigualdades entre el  oe.
hombre y la mujer en el mercado de trabajo o la preferencia, en caso de igualdad en la  w.
vmeOafreolgocmártaienvcniacitó aone  3d n/det2re e0a  0clo7mres uc docjietrmaritereo ssr  ipuoyo ss t eohdslovetmea atnbivdcraijeauss d,t. éi pccNaoncroi ic lóoaon ,qb,  iusndtecea l nuslutyaea s,nn  op em rsuotetpaidlioszi dsaiapccsoiióo stnnieb ennisldiod e dacnedot eenlssas  tsai ts ueepym reopp merreelo visvnéaecnsru   lmqeaun pie gli,mula ae ielndLn aeteodyl     OE-A-2022-1249able en https://ww
normativo (subapartado II.4).
 
IV. RECOMENDACIONES 
El Tribunal de Cuentas, a la vista de las conclusiones indicadas anteriormente, propone la adopción 
de las siguientes medidas, dirigidas a FRATERNIDAD-MUPRESPA y tendentes a la mejora de su 
actividad contractual:  
1.  Velar  porque  la  contratación  celebrada  por  la  Mutua  esté  encaminada  al  cumplimiento  y 
realización de sus fines institucionales, de modo que las adquisiciones realizadas con cargo al 
patrimonio  del  Sistema  de  la  Seguridad  Social  estén  relacionadas,  en  todo  caso,  con  la 
consecución de los fines propios que le atribuye la normativa, dando adecuado cumplimiento 
así al principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos. Asimismo, debieran adoptarse 
las  medidas  necesarias  para  que  la  justificación  de  la  necesidad  de  contratar  sea 
suficientemente precisa en cuanto a su extensión y concreción. 
2.  Adoptar las medidas necesarias para que, como parte de las actuaciones preparatorias de los 
contratos, se lleven a cabo las estimaciones o estudios económicos justificativos del coste real 
de la prestación que se va a contratar (que debe ser adecuado al precio general de mercado), 
dejando constancia documental en el expediente de dichas actuaciones previas, en aras de la 
mayor transparencia del procedimiento y acorde con el objetivo de “…asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los 
fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios..” (artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).  
3.  Adoptar las medidas necesarias para que en los procedimientos negociados se lleve a cabo 
una negociación efectiva directa y previa con las empresas sobre los aspectos económicos y/o 
técnicos determinados previamente, dejando constancia de ello en el expediente. 
4.  Implantar las medidas tendentes para que los medios de acreditación de la solvencia técnica o 
profesional exigidos en los pliegos, así como los criterios de selección aplicables en función de 
dichos medios, permitan garantizar la aptitud y capacidad de las empresas licitadoras para 
llevar a cabo el cumplimiento del contrato, evitando regulaciones genéricas que introduzcan un 
excesivo margen de discrecionalidad en la actuación de la entidad. 
5.  Velar por una mayor concreción previa en los pliegos de condiciones particulares del contenido 
y forma o método de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación utilizados, que 
deben  estar  en  todo  caso  relacionados  con  el  objeto  del  contrato,  favoreciendo  que  los 
licitadores dispongan de la información necesaria y previa sobre cómo va a ser valorada su 
proposición, así como evitar la utilización de fórmulas para valorar el criterio precio que, en la 
práctica, puedan distorsionar la importancia relativa de dicho criterio respecto del conjunto de 
los criterios de adjudicación, en aras de la transparencia del procedimiento y del cumplimiento 
del principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos. 
6.  Llevar a cabo un mayor seguimiento y control de la planificación y de la ejecución de los 
contratos de obras y del cumplimiento de los plazos, imponiendo, en caso de incumplimiento, 
las penalidades que procedan. 
 
7.  Valorar, en cada caso, la conveniencia de aplicar las previsiones legales tendentes a promover 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de la contratación del sector público, en 
consonancia con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de su carácter potestativo. 
 
Madrid, 30 de septiembre de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
Maria José de la Fuente y de la Calle 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1  CONTRATACIÓN FRATERNIDAD-MUPRESPA, EJERCICIO 2017. 
ANEXO 2  RELACIÓN DE FACTURAS CON RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO DE PAGO. 
 
ANEXO Nº 1 - 1/5 
ANEXO 1 
CONTRATACIÓN FRATERNIDAD-MUPRESPA, EJERCICIO 2017 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FISCALIZADOS 
 (Importes en euros, IVA excluido) 
Nº expediente 
Nº  Nº Expediente  Tipo  Importe 
asignado por  Objeto 
Orden  Mutua  contrato  adjudicación 
TCu 
Obras de adaptación del local sito en la 
1.  PIC2016_20625  20170218  Obras  678.368,70 
C/Francisco Azorín de Córdoba 
Obras de adaptación de los locales 
2.  PIC2017_21078  20170548  Obras  554.037,54 
ubicados en Ripollet (Barcelona) 
Contrato para la ejecución de la obra 
de reforma y ampliación de oficinas y 
3.  PIC2017_21404  20170549  Obras  448.339,79 
centro asistencial en Palma de Mallorca 
C/General Riera  
Obras de adaptación del local sito en la 
4.  PIC2017_20834  20170552  C/Guenia esquina Tofio en Arrefice  Obras  372.068,96 
(Lanzarote) 
Obras de reforma de la zona 
5.  PIC2016_20738  20170562  administrativa del centro asistencial en  Obras  107.030,69 
Avda. de Gran Vía Nº 114 de Vigo 
6.  PIC2016_20305  20170051  Servicio de agencia de viajes   Servicios  1.200.000,00 
Servicio de investigación privada por 
7.  PIC2017_21028  20170343  detectives para el control de  Servicios  840.000,00 
prestaciones  
Servicio de asistencia hospitalaria con 
8.  PIC2016_19960  20170093  Servicios  760.000,00 
ingreso en la localidad de Málaga 
Servicio de limpieza en los centros de 
9.  PIC2017_20442  20170117  trabajo situados en la Comunidad de  Servicios  559.326,00 
Madrid 
Servicio de dosimetría, asistencia y 
10.  PIC2017_21013  20170228  asesoramiento técnico en materia de  Servicios  440.000,00 
protección radiológica  
Servicio del traslado y alojamiento del 
11.  PIC2017_21353  20170338  Servicios  408.800,16 
centro de proceso de datos  
Servicio de asistencia sanitaria y 
12.  PIC2017_21194  20170308  recuperadora de los pacientes con  Servicios  370.000,00 
daño cerebral   s
 
ANEXO Nº 1 - 2/5 
 
Nº expediente 
Nº  Nº Expediente  Tipo  Importe 
asignado por  Objeto 
Orden  Mutua  contrato  adjudicación 
TCu 
13.  PIC2017_21193  20170405  Servicio de gestión de nóminas   Servicios  314.955,00 
Servicio de transporte sanitario en la 
14.  PIC2017_20478  20170187  Servicios  250.000,00 
Comunidad de Madrid 
Recogida de muestras, transporte, 
15.  PIC2017_20694  20170188  Servicios  180.000,00 
análisis clínicos y entrega de resultados  
Servicio de asesoría jurídica, 
16.  PIC2017_20362  20170052  representación procesal y defensa en  Servicios  160.000,00 
la provincia de Pontevedra 
Servicio de asesoría jurídica, 
17.  PIC2017_20363  20170053  representación procesal y defensa  Servicios  160.000,00 
técnica en la provincia de A Coruña 
Servicio de asesoría jurídica, 
18.  PIC2017_20359  20170089  representación procesal y defensa en  Servicios  160.000,00 
la provincia de Jaén 
Servicio de asesoría jurídica, 
19.  PIC2017_20360  20170090  representación procesal y defensa  Servicios  160.000,00 
técnica en la provincia de Málaga 
Servicio de asesoría jurídica, 
20.  PIC2017_20365  20170091  representación procesal y defensa  Servicios  160.000,00 
técnica en la región de Murcia 
Servicio de asesoría en materia 
jurídica, representación procesal y 
21.  PIC2017_20864  20170140  Servicios  160.000,00 
defensa técnica en la provincia de 
Ciudad Real 
Servicio de reconocimientos médicos 
22.  PIC2017_21700  20170433  Servicios  160.000,00 
de vigilancia de la salud  
Mantenimiento preventivo y correctivo 
23.  PIC2017_21387  20170402  de equipos de rayos X ubicados en  Servicios  150.400,00 
diversos centros asistenciales  
Servicio de asesoría en materia 
jurídica, representación procesal y 
24.  PIC2017_21269  20170554  Servicios  150.000,00 
defensa técnica en el Principado de 
Asturias  
  oe.
  w.
  49ww
 
 
ANEXO Nº 1 - 3/5 
 
Nº expediente 
Nº  Nº Expediente  Tipo  Importe 
asignado por  Objeto 
Orden  Mutua  contrato  adjudicación 
TCu 
Servicios de gestión de residuos 
25.  PIC2017_20717  20170555  generados en los centros de  Servicios  145.950,00 
Fraternidad-Muprespa 
Servicio de mensajería para los centros 
26.  PIC2017_20797  20170556  Servicios  134.000,00 
de trabajo  
Servicio de consultoría y auditoría 
27.  PIC2017_21318  20170557  interna del sistema de gestión de  Servicios  130.000,00 
Fraternidad-Muprespa 
Servicio de asesoría jurídica, 
28.  PIC2017_20283  20170558  representación procesal y defensa  Servicios  120.000,00 
técnica en la provincia de Córdoba 
Servicio de asesoría jurídica, 
29.  PIC2017_20358  20170559  representación procesal y defensa  Servicios  120.000,00 
técnica en Cantabria 
Servicio de asesoría jurídica, 
30.  PIC2017_20366  20170560  representación procesal y defensa  Servicios  120.000,00 
técnica en la provincia de Valencia 
Servicio de asesoría jurídica, 
31.  PIC2017_21161  20170561  representación procesal y defensa  Servicios  112.500,00 
técnica en la provincia de Cádiz  
Servicio de asesoría jurídica, 
32.  PIC2017_20353  20170565  representación procesal y defensa  Servicios  80.000,00 
técnica en la provincia de León 
Mantenimiento y revisión de los 
33.  PIC2017_20681  20170566  Servicios  79.100,00 
certificados DIGA  
Servicio de mantenimiento del equipo 
34.  PIC2017_20945  20170567  Servicios  74.552,08 
INTERA ES 41675 
Servicio conservación y limpieza en los 
35.  PIC2017_20538  20170570  centros de trabajo ubicados en la  Servicios  39.928,50 
provincia de Vizcaya 
Servicio de limpieza en los centros de 
trabajo de situados en la Avda. Dr. 
36.  PIC2017_21659  20170573  Severo Ochoa Nº 34 de Alcobendas  Servicios  36.763,00 
(Madrid) y Avda. Pirineos Nave 13 San 
Sebastián De Los Reyes (Madrid) 
  e.e
  b
    49ww
 
ANEXO Nº 1 - 4/5 
 
Nº expediente 
Nº  Nº Expediente  Tipo  Importe 
asignado por  Objeto 
Orden  Mutua  contrato  adjudicación 
TCu 
Servicio de asesoramiento, soporte 
técnico y de mantenimiento de la 
37.  PIC2018_21920  20170575  unidad de valoración funcional  Servicios  33.620,00 
instalada en San Sebastián De Los 
Reyes (Madrid). 
Servicio conservación y limpieza en el 
38.  PIC2017_20474  20170577  centro de trabajo ubicado en la ciudad  Servicios  27.048,00 
de Valencia 
Servicio de limpieza de los centros de 
de la provincia de Barcelona 
39.  PIC2017_21261  20170578  Servicios  24.956,16 
(Barcelona, Hospitalet De Llobregat y 
Tordera) 
Servicio de mantenimiento de centros 
40.  PIC2017_21437  20170580  de trabajo ubicados en la provincia de  Servicios  23.000,01 
Sevilla 
Servicio conservación y limpieza en el 
41.  PIC2017_20528  20170581  centro ubicado en la provincia de  Servicios  22.822,58 
Huelva 
Mantenimiento anual licencias 
42.  PIC2017_21322  20170584  Servicios  19.883,59 
POWERCENTER 
Mantenimiento del software de ASG-
43.  PIC2017_21882  20170585  Servicios  18.414,71 
ZENA 
Mantenimiento integral sistema de 
44.  PIC2017_21162  20170586  radiografía digital modelo DIAGNOST  Servicios  18.000,00 
(ES6600203810) 
Suministro de artículos de parafarmacia 
45.  PIC2017_21373  20170401  para los centros asistenciales de  Suministro  1.600.000,00 
Fraternidad-Muprespa 
Suministro e instalación de una 
46.  PIC2017_20455  20170054  resonancia magnética en el hospital del  Suministro  1.002.423,00 
Pº de la Habana  
Suministro de material de oficina y 
47.  PIC2017_20592  20170229  consumibles informáticos para los  Suministro  903.375,00 
centros de trabajo  
Suministro, instalación y mantenimiento 
48.  PIC2017_21157  20170400  de los elementos de quirófano del  Suministro  534.181,84  s
hospital del Pº de la Habana   e.
  49www.
 
 
ANEXO Nº 1 - 5/5 
 
Nº expediente 
Nº  Nº Expediente  Tipo  Importe 
asignado por  Objeto 
Orden  Mutua  contrato  adjudicación 
TCu 
Suministro e instalación de una 
49.  PIC2017_20470  20170550  tomografía axial computerizada (TAC)  Suministro  375.000,00 
en el hospital del Pº de la Habana  
Arrendamiento y mantenimiento de 52 
50.  PIC2017_20782  20170551  equipos multifunción para diversos  Suministro  375.000,00 
centros  
Suministro de atenciones de carácter 
51.  PIC2017_21832  20170553  Suministro  348.138,00 
social para el año 2017  
Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos de rayos X 
52.  PIC2017_21050  20170563  Suministro  106.200,00 
para diversos centros asistenciales de 
FRATERNIDAD-MUPRESPA 
Suministro, instalación y mantenimiento 
de un equipo de radiología digital para 
53.  PIC2017_21602  20170564  Suministro  102.680,00 
el centro asistencial ubicado en 
Córdoba 
Suministro, instalación y mantenimiento 
de un equipo de radiología 
54.  PIC2017_21961  20170568  Suministro  46.691,90 
convencional y un sistema CR para el 
centro ubicado en Arrecife 
55.  PIC2017_21030  20170571  Suministro de teléfonos móviles   Suministro  37.101,18 
Suministro, instalación y puesta en 
marcha de un equipo portátil de 
56.  PIC2017_21381  20170574  Suministro  36.000,00 
monitorización neurológica 
intraoperatoria para el hospital central  
Contrato para la adquisición de 
57.  PIC2017_21946  20170576  Suministro  28.350,00 
atenciones de carácter social  
Suministro de un motor quirúrgico y 
58.  PIC2017_20747  20170579  fungibles para el mismo, para el  Suministro  23.080,00 
hospital central  
Arrendamiento y mantenimiento de 48 
59.  PIC2017_20785  20170582  equipos multifunción en diversos  Suministro  21.383,44 
centros de trabajo  
Suministro de tarjetas de visita para el 
60.  PIC2017_21811  20170583  Suministro  21.100,00 
personal  
TOTAL  15.844.569,83  bo
  49ww

 
ANEXO Nº 2 – 1/8 
ANEXO 2 
RELACIÓN DE FACTURAS CON RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
1.  PIC2016_20625  FV17 354  29/12/2017  27/03/2018 
FV17 200  14/09/2017  29/11/2017 
    FV18 47  19/03/2018  30/05/2018 
    FV17 181  22/08/2017  15/11/2017 
3 .  PIC2017 _21404  02.18.000003  11/04/2018  28/06/2018 
02.18.000004  23/04/2018  28/06/2018 
    02.18.000005  14/06/2018  14/09/2018 
5 .  PIC2016 _20738  02.17.00054  27/09/2017  07/02/2018 
6.  PIC2016_20305  08125115529/17  13/06/2017  28/07/2017 
08125115693/17  14/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103895/17  14/06/2017  28/07/2017 
    08125113443/17  14/06/2017  28/07/2017 
    08125113823/17  14/06/2017  28/07/2017 
    08125115374/17  14/06/2017  28/07/2017 
    08125115324/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115383/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115428/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115446/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115497/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115530/17  15/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103592/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115536/17  15/06/2017  28/07/2017  s
    08125115590/17  15/06/2017  28/07/2017  w.
  
 
ANEXO Nº 2 – 2/8 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
6.  PIC2016_20305  08125115596/17  15/06/2017  28/07/2017 
08125115605/17  15/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103969/17  15/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103970/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125113793/17  15/06/2017  28/07/2017 
    0812A5102375/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115318/17  15/06/2017  28/07/2017 
    08125115381/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115400/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115441/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115447/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115494/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115353/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115368/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115658/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125115665/17  16/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103600/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125113095/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125113812/17  16/06/2017  28/07/2017 
    08125113796/17  20/06/2017  28/07/2017 
    08125115489/17  21/06/2017  28/07/2017 
    08125115366/17  21/06/2017  28/07/2017 
    0812A5103907/17  21/06/2017  28/07/2017 
    0812E001809/17  21/06/2017  28/07/2017  e.
    0812A5104081/17  21/06/2017  28/07/2017  49ww
        
 
 
ANEXO Nº 2 – 3/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
6.  PIC2016_20305  08125113797/17  21/06/2017  28/07/2017 
08125115389/17  21/06/2017  28/07/2017 
    08125115426/17  21/06/2017  28/07/2017 
    08125110186/17  21/06/2017  28/07/2017 
    08125123117/17  31/10/2017  13/12/2017 
8 .  PIC2016 _19960  20-FV17-0067889  06/10/2017  15/11/2017 
20-FV17-0067899  06/10/2017  15/11/2017 
9 .  PIC2017 _20442  0346000000291  04/10/2017  15/11/2017 
0346000000301  04/10/2017  15/11/2017 
    0346000000261  05/09/2017  11/10/2017 
    0346000000141  04/06/2018  13/07/2018 
    0346000000131  04/06/2018  13/07/2018 
10 .  PIC2017 _21013  FRB 1017  06/06/2018  13/07/2018 
B-1027  02/07/2018  14/08/2018 
    B-1029  02/07/2018  14/08/2018 
    B-1006  01/02/2018  14/03/2018 
11 .  PICA201 7_21353  1320087824  23/04/2018  30/05/2018 
13.  PICA2017_21193  000000180869  23/05/2018  13/07/2018 
000000180638  18/04/2018  13/06/2018 
    000000180365  12/03/2018  11/05/2018 
    000000173076  28/12/2017  21/02/2018 
    000000172826  28/12/2017  07/02/2018 
    000000180185  06/03/2018  11/04/2018  s
14 .  PIC2017 _20478  FM 17022  27/12/2017  07/02/2018  w.b
      2022-1249n https://ww
 
ANEXO Nº 2 – 4/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
14.  PIC2017_20478  FM 17021  26/12/2017  07/02/2018 
FM 17010  04/09/2017  25/10/2017 
    FM 18013  02/07/2018  14/08/2018 
15 .  PIC2017 _20694  06-180600074  03/04/2018  30/05/2018 
06-180600120  25/04/2018  13/06/2018 
    06-180600073  26/03/2018  30/05/2018 
    06-180600004  29/01/2018  14/03/2018 
    06-180600003  25/01/2018  14/03/2018 
    06-180600119  20/04/2018  13/06/2018 
    01-170600101  04/01/2018  21/02/2018 
    01-170600100  03/01/2018  21/02/2018 
    06-180600167  31/05/2018  13/07/2018 
    06-180600168  01/06/2018  13/07/2018 
    06-180600039  21/03/2018  26/04/2018 
    06-180600220  03/07/2018  14/08/2018 
17 .  PICA201 7_20363  B2  09/02/2017  15/03/2017 
B3  09/02/2017  15/03/2017 
    B43  19/05/2017  28/06/2017 
    B44  19/05/2017  28/06/2017 
    B45  19/05/2017  28/06/2017 
    B67  20/06/2017  28/07/2017 
    B68  20/06/2017  28/07/2017 
    B114  04/10/2017  15/11/2017  s
    B20  08/02/2018  14/03/2018  w.b
          2022-1249n https://ww
 
 
ANEXO Nº 2 – 5/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
17.  PICA2017_20363  B21  08/02/2018  14/03/2018 
B22  08/02/2018  14/03/2018 
20 .  PICA201 7_20365  2017/56  22/06/2017  28/07/2017 
2018/12  31/01/2018  14/03/2018 
    2018/16  05/02/2018  14/03/2018 
    2018/51  07/05/2018  13/06/2018 
    2018/52  07/05/2018  13/06/2018 
    2018/53  07/05/2018  13/06/2018 
    2018/62  04/06/2018  13/07/2018 
    2018/63  06/06/2018  13/07/2018 
    2018/64  06/06/2018  13/07/2018 
    2018/75  04/07/2018  14/08/2018 
22 .  PICA201 7_21700  201804152  20/04/2018  13/06/2018 
23.  PICA2017_21387  79237888  03/07/2018  14/08/2018 
79238659  26/07/2018  05/09/2018 
    788  30/07/2018  21/09/2018 
29 .  PIC2017 _20358  98/2017  28/12/2017  07/02/2018 
8 2018  01/02/2018  14/03/2018 
    26/2018  04/04/2018  11/05/2018 
30 .  PIC2017 _20366  2017/62  25/07/2017  30/08/2017 
2017/72  19/09/2017  25/10/2017 
    2018/8  30/01/2018  14/03/2018 
    2018/24  16/03/2018  26/04/2018  s
    2018/25  20/03/2018  26/04/2018  w.b
          2022-1249n https://ww
 
ANEXO Nº 2 – 6/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
30.  PIC2017_20366  2018/26  16/03/2018  26/04/2018 
2018/31  18/04/2018  30/05/2018 
    2018/32  24/04/2018  30/05/2018 
    2018/33  24/04/2018  30/05/2018 
31 .  PIC2017 _21161  21/2018  30/01/2018  14/03/2018 
22/2018  07/02/2018  14/03/2018 
    23/2018  02/02/2018  14/03/2018 
    45/2018  20/02/2018  27/03/2018 
    106/2018  07/05/2018  13/06/2018 
    130/2018  06/06/2018  13/07/2018 
    0079230848  01/03/2018  11/05/2018 
    0079213800  05/06/2017  28/07/2017 
    0079219767  12/09/2017  15/11/2017 
    2017/01/02137  20/06/2017  28/07/2017 
    2017/01/02138  20/06/2017  28/07/2017 
    2017/01/02136  20/06/2017  28/07/2017 
    2017/01/02434  21/07/2017  30/08/2017 
    2017/01/02433  21/07/2017  30/08/2017 
    2017/01/02432  21/07/2017  30/08/2017 
    2018/01/3  02/02/2018  14/03/2018 
    2018/01/2  02/02/2018  14/03/2018 
    2018/01/1  02/02/2018  14/03/2018 
    2018/01/1126  20/04/2018  30/05/2018  s
    2018/01/1128  20/04/2018  30/05/2018  w.b
          2022-1249n https://ww
 
 
ANEXO Nº 2 – 7/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
31.  PIC2017_21161  2018/01/1127  20/04/2018  30/05/2018 
34600000031  06/10/2017  15/11/2017 
    34600000003  06/02/2018  14/03/2018 
    60560000583  07/06/2018  13/07/2018 
    60560000701  06/07/2018  14/08/2018 
    777/17  05/10/2017  15/11/2017 
    166/18  06/03/2018  11/04/2018 
    608/18  05/07/2018  14/08/2018 
    776/17  05/10/2017  15/11/2017 
    165/18  06/03/2018  11/04/2018 
    493/18  07/06/2018  13/07/2018 
    607/18  05/07/2018  14/08/2018 
    1800690  09/07/2018  14/08/2018 
    79223675  07/11/2017  13/12/2017 
    79232889  03/04/2018  30/05/2018 
    79231369  01/03/2018  11/05/2018 
    79229315  01/02/2018  11/04/2018 
    79221737  18/10/2017  29/11/2017 
    79227668  11/01/2018  14/03/2018 
    79215860  04/07/2017  30/08/2017 
    79211923  08/05/2017  28/06/2017 
    79219804  12/09/2017  15/11/2017 
    79217619  02/08/2017  27/09/2017  s
    79213839  01/06/2017  28/07/2017  w.b
          2022-1249n https://ww
 
ANEXO Nº 2 – 8/8 
 
Nº de orden 
Fecha 
del contrato en  Nº expediente mutua  Nº Factura  Fecha de conformidad 
pago 
el Anexo 1 
31.  PIC2017_21161  182000421  06/02/2018  14/03/2018 
182000420  02/02/2018  14/03/2018 
    4132407  18/05/2018  13/07/2018 
    Emit-9  26/12/2017  21/02/2018 
    ESIP0062880  03/04/2018  13/07/2018