BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 15 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 33253
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
5073 Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación 
derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los 
Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las 
competencias  profesionales,  de  Calidad  de  la  Formación  Profesional  del 
Sistema  Educativo,  de  Formación  Profesional  Dual,  y  de  Formación, 
perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución 
a  las  Comunidades  Autónomas  para  su  financiación  se  formalizan  por 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019.
Ante la situación excepcional provocada por el COVID-19, el Gobierno de España 
decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
Con fecha 22 de noviembre de 2019 y mediante Acuerdos de Consejo de Ministros se 
formalizaron  los  criterios  de  distribución  a  las  comunidades  autónomas,  así  como  la 
distribución resultante, aprobados por la Comisión General de Educación de la Conferencia 
Sectorial de Educación en las sesiones celebradas el 21 de octubre de 2019, para financiar 
las actuaciones de «Desarrollo de acciones de calidad en formación profesional del sistema 
educativo español», y el 11 de noviembre de 2019, para financiar las actuaciones de 
«Evaluación y acreditación de las competencias profesionales», «Financiar el impulso a la 
Formación  Profesional  Dual»,  y  la  «Formación,  perfeccionamiento  y  movilidad  del 
profesorado», todas ellas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Las comunidades autónomas, en los citados acuerdos, se comprometen a desarrollar 
las acciones financiadas con los créditos recibidos, desde el 1 de septiembre de 2019 y 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2021, las 
Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria 
del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito. 
Las Comunidades Autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos 
recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los 
perceptores finales.
De la misma manera y para cumplir con la normativa comunitaria, la Comunidad 
Autónoma  se  compromete  a  justificar  las  actuaciones  al  Organismo  Intermedio  del 
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  de  acuerdo  con  la  normativa 
comunitaria aplicable a los Fondos Estructurales, y en particular al FSE, y con las 
decisiones que en aplicación de la misma dicten la Comisión Europea, la Autoridad de 
Gestión  del  FSE  en  España  y  el  propio  Organismo  Intermedio.  Para  facilitar  la 
transmisión y conservación de la información, se utilizarán los sistemas telemáticos 
establecidos por el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión para el registro y  s
almacenamiento  informatizado  de  los  datos  agregados  correspondientes  a  las  oe.
actuaciones cofinanciadas. w.
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suficientes para poder realizar las acciones y por ello, han solicitado una ampliación en los
plazos de ejecución de las citadas actuaciones por causa de fuerza mayor. Bc
En el contexto actual de estado de alarma, decretado por el gobierno de la nación 
mediante  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  modificado  por  el  Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de conformidad 
con  la  disposición  adicional  tercera,  que  establece  la  suspensión  de  plazos 
administrativos y que indica, entre otros, que «se suspenden términos y se interrumpen 
los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. 
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 
presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo».
Sin perjuicio de lo anterior, el apartado cuarto de dicha disposición señala que, desde 
la entrada en vigor del citado Real Decreto, las entidades del sector público podrán 
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los servicios.
Asimismo, el estado de alarma decretado en el citado RD 463/2020 es susceptible de 
ser ampliado, previa autorización del Congreso de los Diputados, de acuerdo con la 
evolución de la situación que la ha generado. Esta posibilidad crea una inseguridad en 
las administraciones afectadas de plazos, por lo que es aconsejable hacer uso de la 
situación de excepcionalidad prevista en la disposición adicional tercera 3, que determina 
que  «…,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las 
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que 
este manifieste su conformidad…»
Esta Secretaría General, ante las circunstancias actuales, ha resuelto:
Primero.
Ampliar  el  plazo  de  ejecución  de  los  créditos  distribuidos,  con  cargo  a  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado  2019,  para  financiar  las  actuaciones  de  los 
Programas de Cooperación Territorial 2019, una vez finalizado el plazo legal del período 
de vigencia del estado de alarma, establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas en todo el territorio nacional, en dos 
meses. A este plazo de ejecución, se le añadirá el de tres meses para el período de 
justificación  de  los  fondos  librados  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional.
Segundo.
Considerar incluidos a efectos de lo previsto en el punto primero, los siguientes 
créditos:
Evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
Desarrollo de acciones de calidad en formación profesional del sistema educativo 
español.
Impulso a la Formación Profesional Dual.
Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.
Tercero. oe.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  73ww
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intereses legítimos de otras personas.
Cuarto.
Esta resolución será efectiva desde el día siguiente de su firma, y será comunicada 
de forma fehaciente a las Administraciones interesadas, en los términos previstos en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la suspensión de plazos previstos en la 
disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo.
Madrid, 6 de mayo de 2020.–La Secretaria General de Formación profesional, Clara 
Sanz López.