BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112048
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15802 Sala Segunda. Sentencia 155/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1998-2019. Promovido por don Valentín Orús Dotu respecto de la 
sentencia  dictada  por  un  juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  de 
Barcelona que inadmitió su demanda de reclamación de intereses de demora 
por el retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a 
pacientes del sistema público de salud. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial  (acceso  a  la  justicia  y  motivación):  resolución  judicial  que  niega 
legitimación activa a quien no es parte en un convenio administrativo de 
atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como impedimento 
de un eventual cambio de criterio (STC 80/2020).
ECLI:ES:TC:2020:155
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1998-2018, promovido por don Valentín Orús Dotu, 
representado por el procurador de los tribunales don Arturo Romero Ballester y asistido 
por el abogado don José Luis Aguilar Jiménez, frente al auto de 14 de febrero de 2018 
dictado  por  la  Sección  Primera  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo que desestima el recurso de queja núm. 685-2017, interpuesto contra el auto 
de 24 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de 
Barcelona  que  denegó  la  preparación  del  recurso  de  casación  formulado  contra  la 
sentencia del citado juzgado de 4 de mayo de 2017 (procedimiento abreviado núm. 
348-2016). Ha sido parte el Servicio Catalán de Salud, representado por el procurador de 
los tribunales don Jordi Fontquerni Bas y asistido por el letrado don Jaume Olària i 
Sagrera, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el día 13 de abril de 2018, el 
procurador de los tribunales don Arturo Romero Ballester, en nombre y representación 
de  don  Valentín  Orús  Dotu,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones 
judiciales mencionadas en el encabezamiento. e
2.  Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, y relevantes para su  b
resolución, son, en síntesis, los siguientes: 802ww
demao)r a Eplo rr elcousr rpeangtoes,  ftaarrmdíaocsé dueticl oS edrev icpiroo fCesaitóanlá, nr edcela Smaólu edn a s lua  mofoicminean tdoe  infatermreasceias  ddee 
su  titularidad.  Dichos  retrasos  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  pago,  se
habrían dado en las liquidaciones correspondientes al período comprendido entre los 
meses de enero de 2012 a octubre de 2015.
b)  La reclamación fue desestimada mediante la resolución dictada por el director 
del citado Servicio Catalán de Salud, de 1 de agosto de 2016, por entender que el 
legitimado para instar dicha solicitud no era el titular de la oficina de farmacia, sino el 
Colegio de Farmacéuticos.
c)  Disconforme con lo anterior, interpuso demanda de lo contencioso-administrativo 
que fue desestimada mediante sentencia de 4 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado 
de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  9  de  Barcelona.  La  sentencia  desestima  la 
demanda al considerar que «falta en autos a la persona física recurrente la legitimación 
activa ad causam precisa para el ejercicio de la acción jurisdiccional formulada por parte 
de la misma en esta sede impugnatoria contra la concreta actuación administrativa 
recurrida». La sentencia da cuenta de la diversidad jurisprudencial dictada al respecto y 
concluye  el  razonamiento  con  una  cita  literal  de  una  sentencia  anterior  del  mismo 
juzgado dictada en un caso similar, y deniega por ello la legitimación, confirmando el 
parecer de la administración.
d)  Se interpuso recurso de casación alegando la vulneración del art. 24.1 CE y 
art.  19.1  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA).  Dicho 
recurso se tuvo por no preparado mediante el auto de 24 de octubre de 2017 del citado 
juzgado, por entender que la sentencia no era susceptible de extensión de efectos, 
«pues su fallo es desestimatorio, de manera que no reconoce una situación jurídica 
individualizada a favor de una o varias personas, ni ha sido dictada en materia tributaria, 
de personal al servicio de la administración pública o de unidad de mercado».
e)  El mencionado auto fue objeto de recurso de queja ante el Tribunal Supremo, 
que fue resuelto mediante auto de fecha 14 de febrero de 2018 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, desestimando el mismo. Considera el 
citado  órgano  judicial  «que,  en  efecto,  no  se  cumple  el  doble  presupuesto  de 
recurribilidad que exige el artículo 89.2 a) LJCA en relación con el ya citado artículo 86.1 
in fine LJCA […]. Que se puedan ver afectadas miles de oficinas de farmacia por la 
doctrina contenida en la sentencia impugnada, como asevera el recurrente, no permite 
desconocer dicho presupuesto, sino, a lo sumo, fundar la concurrencia del supuesto de 
interés casacional que establece el artículo 88.2.c) de la Ley de esta Jurisdicción. 
Empero si la sentencia es irrecurrible, por no ser susceptible de extensión de efectos, 
mal puede examinarse por esta Sala si concurre el expresado interés casacional objetivo 
para la formación de la jurisprudencia».
3.  El demandante de amparo denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por haber negado el juzgado legitimación al 
recurrente para reclamar al Servicio Catalán de Salud el abono de los intereses de 
demora por el retraso en el pago de la factura de los medicamentos suministrados a 
pacientes del sistema público de salud. Defiende que no existe ningún óbice procesal u 
obstáculo legal que permita fundamentar el criterio seguido por el Servicio Catalán de 
Salud y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona.
4.  Por providencia de fecha 9 de abril de 2019, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que en el mismo 
concurre  una  especial  trascendencia  constitucional  como  consecuencia  de  que  la 
doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental que se alega, podría estar siendo 
incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir 
resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009,  e.
FJ 2 e)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del  w.b
Tribunal  Constitucional  (LOTC),  se  acordó  dirigir  atenta  comunicación  al  Tribunal  802ww
SCuopnrteemncoio, sSoa-Alad mdein ilsot rCatoivnote nnúcmio.s o9- Aded mBianriscterlaotnivao,,  pSaerac cqióune , Pernim pelaraz oy  naol  sJuupzegraiodro  ad dei eloz 
dreíacus,r sroe mditeie raqnu ecjear tifnicúamci.ó n6 8o5 f-o2to0c1o7p iay  aadlv eprarodcae ddeim laiesn atoc tuaabcrieovnieasd oc ornreúsmp.o n3d4ie8n-2te0s1 6a,l 
respectivamente,  previo  emplazamiento  de  quienes  fueron  parte  en  el  mencionado
procedimiento, con excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de 
diez días pudieran comparecer en este procedimiento constitucional. Igualmente se 
reclama el expediente administrativo al Servicio Catalán de Salud.
5.  Mediante  escrito  registrado  el  27  de  mayo  de  2019,  el  procurador  de  los 
tribunales don Jordi Fontquerni Bas solicitó que se le tuviera por personado en el 
presente recurso en representación del Servicio Catalán de Salud.
6.  Por diligencia de ordenación de 3 de junio de 2019, se tuvo por personado al 
procurador don Jordi Fontquerni Bas en nombre y representación del Servicio Catalán de 
Salud, y, conforme determina el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a 
las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por el plazo común de veinte días, para que 
pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes.
7.  El 8 de julio de 2019 se registró el escrito de alegaciones del Servicio Catalán de 
Salud, en el que solicitó la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del recurso 
de amparo.
En su escrito defiende que la demanda de amparo presentada de contrario no puede 
ser admitida por los siguientes motivos. En primer lugar, porque «[e]l recurrente se ha 
amparado en la inadmisión de su escrito de preparación del recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo y en este posterior recurso de amparo para intentar reabrir una 
segunda instancia de revisión no prevista por la Ley». Aduce que «[l]a presente acción 
no se basa en ningún defecto de forma de los actos procesales llevados a cabo por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona que haya causado una 
efectiva indefensión y, además, la cuestión sobre la que se construye el presente recurso 
de amparo (la legitimación para reclamar ante el Servei Català de la Salut) ha constituido 
precisamente el objeto del litigio puesto que ese era el pronunciamiento de la resolución 
administrativa cuya revisión se sometió a la jurisdicción contencioso-administrativa en el 
procedimiento del recurso administrativo». Defiende que es «el desacuerdo con el fallo 
emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona […] la 
verdadera causa y fundamento del recurso de amparo». En segundo lugar, niega que la 
cuestión  planteada  en  el  recurso  de  amparo  reúna  el  requisito  de  la  especial 
trascendencia constitucional exigida por el art. 49.1 in fine LOTC, ya que no resulta 
incardinable  en  ninguno  de  los  supuestos  en  los  que  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional ha concretado la existencia de especial trascendencia constitucional.
8.  El día 26 de julio de 2019 presentó sus alegaciones el fiscal, solicitando se 
otorgue el amparo solicitado.
Tras exponer los antecedentes del caso, procede a analizar el objeto del recurso, 
haciendo referencia al agotamiento de la vía judicial. Considera que si bien la propia 
sentencia impugnada de 4 de mayo de 2017 descartaba rotundamente la procedencia 
del recurso de apelación añadía, a continuación, «sin perjuicio de lo establecido en la 
actual redacción del art. 86 de la misma ley respecto al recurso de casación». De esta 
manera –añade el fiscal– «ni declaraba la firmeza por irrecurribilidad de la sentencia 
dictada, ni cerraba el paso a un posible recurso de casación». Por ello, y recordando, por 
todas, la STC 267/2000, de 13 de noviembre, considera que no ha habido por parte del 
recurrente prolongación artificial de la vía judicial previa. Además, entiende bien agotada 
la vía judicial pese a que no consta formulado incidente de nulidad de actuaciones, 
recordando  lo  dispuesto  en  el  ATC  54/2017,  de  20  de  abril,  por  cuanto  hubiera 
conllevado una reiteración de las cuestiones ya planteadas e invocadas con anterioridad.
Seguidamente, hace referencia a la doctrina constitucional sobre el derecho de 
acceso a la jurisdicción y su aplicación a la legitimación respecto de la Ley reguladora de  s
la jurisdicción contencioso-administrativa, y a la normativa aplicable. Afirma el fiscal que,  oe.
aunque  el  recurrente  no  intervino  en  la  suscripción  del  convenio  de  asistencia  w.
farmacéutica, no cabe duda de que las obligaciones que constituyen el núcleo esencial  802ww
rdeesl pmonissmaboi lsidea dre daelilz apnro fperseicoinsaalm faernmtea cpéourt ilcaos,  oqfuicei neass a d leo  fqaurem saec iac,o mbapjroo mlae steu peel rCviosniósne joy 
ldeeg aClmoleengtieo,s s Fona ramqauceélluatsic loass  qduee C tiaetnaelunñ aat rfibreunidtea  laal  aSdeqruviisciicoi óCna, tcaulástno ddiea , Scoanlusde,r vyaac iqóune y,   BOE-A-cable e
dispensación  de  medicamentos  y  productos  sanitarios.  En  coherencia  con  dicha 
prestación del servicio, el convenio establece la obligación de pago a cargo del Servicio 
Catalán de Salud y en favor de los farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia. 
Por tanto, es la oficina de farmacia quien asume la dispensación de medicamentos, la 
responsabilidad por la misma, y la que efectúa el desembolso económico que permite 
tener la disponibilidad necesaria para facilitar los medicamentos a que está obligada para 
colaborar con el sistema de salud.
En tales circunstancias, estima el fiscal que no resulta una interpretación adecuada al 
art. 24.1 CE denegar la condición de legitimado al demandante que, a su juicio, ostenta 
un  interés  legítimo  evidente.  Es  la  oficina  de  farmacia  la  que  ha  facilitado  la 
disponibilidad y entrega de los medicamentos, y es acreedora a la contraprestación 
económica que, correlativamente, debe percibir a cargo del Servicio Catalán de Salud, 
con las consecuencias a su favor pudieran derivarse del incumplimiento o retraso en 
aquel pago. Y del éxito o no de la pretensión ejercitada se deriva, sin duda, un efecto 
que tiene para la actora una trascendencia, ventaja o utilidad jurídica, tanto de carácter 
económico –por el importe de los intereses moratorios–, como profesional, al constituir 
un elemento estructural del ejercicio profesional farmacéutico el disponer de fondos para 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  legales  y  convencionales,  primordialmente,  la 
adquisición de medicamentos para su dispensación a la población en las condiciones 
establecidas.
A  ello  no  es  óbice  la  reclamación  eventualmente  efectuada  por  el  Consejo  de 
Colegios Farmacéuticos de Cataluña, pues las funciones que le atribuye el convenio se 
asimilan más a las de gestión y coordinación en la recogida, control y presentación al 
cobro de las facturas de sus colegiados, pero sin incluir la prestación directa del servicio 
que  se  erige  en  determinante  de  la  obligación  de  pago.  Además,  esa  función  de 
tramitación y gestión no puede enervar la capacidad procesal y autónoma para efectuar 
la reclamación de sus derechos a las oficinas de farmacia, sin que exista cobertura que 
le otorgue su representación en exclusiva para dicha reclamación, y sin que el hecho de 
que el propio consejo general haya reclamado el abono de facturas en nombre de otros 
farmacéuticos excluya, con carácter general, la reclamación individual de los afectados.
En definitiva, para el fiscal, en las resoluciones recurridas parece producirse una 
confusión entre el significado o alcance del antiguo interés directo y el actual concepto 
constitucional de interés legítimo del art. 19.1 a) LJCA a la luz de la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 CE, siendo desproporcionadamente rigurosa y reducida la interpretación que 
vincula el concepto de «parte contractual» con interés legítimo. La función que se 
desarrolla por la oficina de farmacia queda afectada por el éxito o no de la pretensión 
que se pretende ejercitar, pues el cobro o no de los intereses moratorios supondría, en 
caso positivo, una ventaja o utilidad jurídica, o un perjuicio en el caso negativo, de no 
prosperar la pretensión ejercita lo que dota de contenido la legitimación del recurrente.
Por todo ello, concluye el fiscal, la interpretación del art. 19.1 a) LJCA que identifica 
persona interviniente/contratante con persona legitimada para reclamar el abono de los 
intereses derivados del retraso en el pago por parte del Servicio Catalán de Salud en 
relación con las oficinas de farmacia, que son las que prestan directamente el servicio de 
atención y dispensación farmacéutica y soportan los perjuicios por la demora en el pago 
de las facturas, supone una interpretación basada en criterios que, por su rigorismo y 
formalismo  excesivo,  revelan  una  clara  desproporción  entre  los  fines  que  aquellas 
causas preservan y los intereses que se sacrifican, trasmutando la concurrencia del 
presupuesto en cuestión en arbitrario o irrazonable, en sentido constitucional y, por ende,  s
contrario  a  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional.  Razón  por  la  cual  solicita  el  oe.
otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del  w.
recurrente, en su manifestación de acceso a la jurisdicción. 802ww
91.0 . LPa orer pprreosveidnetancciióan  ddee l3 d edme annodvaienmteb dree  adme p2a0r2o0 n ose h as efoñramlóu lpaadroa  allae gdaecliiboenreasc.ión y
votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El  recurso  de  amparo  se  interpone  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona de 4 de mayo de 2017 y contra el auto 
de 14 de febrero de 2018 dictado por la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo que desestima el recurso de queja formulado contra 
el  auto  de  24  de  octubre  de  2017,  dictado  por  el  citado  juzgado,  que  deniega  la 
preparación del recurso de casación.
El  recurso  denuncia  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión del recurrente por las resoluciones judiciales impugnadas, al haberle negado 
el juzgado legitimación para reclamar al Servicio Catalán de Salud el abono de los 
intereses de demora por el retraso en el pago de la factura de los medicamentos 
suministrados, por no ser parte en el convenio de atención farmacéutica suscrito entre el 
Servicio Catalán de Salud y el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña.
Por  su  parte,  la  representación  del  Servicio  Catalán  de  Salud  ha  solicitado  la 
inadmisión  del  recurso  de  amparo,  por  la  concurrencia  de  determinados  óbices,  y, 
subsidiariamente, su desestimación. En cambio, el fiscal ha interesado la estimación del 
amparo, al entender que, tal como sostiene el actor, se ha vulnerado su derecho a la 
tutela  judicial  efectiva,  en  la  vertiente  del  acceso  a  la  jurisdicción,  al  denegarle 
legitimación para reclamar el abono de los intereses de demora en vía contencioso-
administrativa.
2.  Examen de los óbices procesales.
Antes de proceder al examen de la queja articulada por la demandante de amparo, 
es necesario dar respuesta a los óbices procesales opuestos por la representación del 
Servicio Catalán de Salud, en los que apoya su solicitud de inadmisión del recurso de 
amparo.
En primer lugar, se alega que el recurrente se ha amparado en la inadmisión de su 
escrito de preparación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y en este 
posterior recurso de amparo para intentar reabrir una segunda instancia de revisión no 
prevista  por  la  ley.  Dicha  alegación  debe  ser  rechazada.  Como  se  ha  puesto  de 
manifiesto, el objeto de la demanda de amparo es la denuncia de la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
acceso a la jurisdicción, al haber negado el juzgado legitimación al demandante de 
amparo para reclamar al Servicio Catalán de Salud el abono de los intereses de demora 
por el retraso en el pago de la factura de los medicamentos suministrados por aquel, a 
pacientes  del  sistema  público  de  salud.  Dicha  resolución  judicial,  posteriormente 
recurrida en casación, confirmaba la falta de legitimación previamente declarada por la 
resolución de 1 de agosto de 2016, y es ahora, ante este tribunal, cuando se denuncia 
dicha conculcación, sin que pueda además entenderse que el recurrente haya incurrido 
en un alargamiento improcedente de la vía judicial previa a la interposición del presente 
recurso de amparo, a consecuencia de no haberse tenido por preparado el recurso de 
casación.
También considera la representación del Servicio Catalán de Salud que el recurso de 
amparo debe inadmitirse por carecer de especial trascendencia constitucional, al no 
tener encaje en ninguno de los supuestos enunciados por este tribunal. Este óbice 
también ha de ser rechazado. Como dice la STC 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, «[e]n  e.
puridad, no sería necesario examinar la objeción, que no es procesal, sino referida al  w.
fondo del asunto, toda vez que esta fue una cuestión objeto de especial examen por  802ww
paacurteer ddoe  ceosnt elo  terixbiugnidaol  epno r eell  marot.m 5e0n.1to L OdeT Ca»d.m Siteir  dae btreá maditvee retilr  rqeuceu r«seon  dree laacmiópna rcoo,n d eel 
rdeeqculaisriatod od, ee nlatr ee sopteracsia l mtruacshcaesn,d eennc iala sc oSnSstTitCuc i1o7n2a/l 2d0e1l6 ,r edceu rs1o7  ddee  aomcptuabrore, , hFeJm o2s,   BOE-A-cable e
y  22/2017,  de  13  de  febrero,  FJ  2,  que  corresponde  únicamente  a  este  Tribunal 
Constitucional  apreciar  en  cada  caso  la  existencia  o  inexistencia  de  esa  ‘especial 
trascendencia constitucional’, esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a ‘su importancia para la 
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la 
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales’». Pues bien, en 
el presente caso, en la providencia de admisión a trámite del recurso este tribunal ha 
apreciado que el mismo cuenta con especial trascendencia constitucional porque la 
doctrina sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de 
modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones 
judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)]. En la 
argumentación  de  la  demanda  de  amparo,  se  ha  puesto  de  relieve  que,  ante  las 
reclamaciones de farmacéuticos solicitando el abono de intereses de demora, unos 
órganos  jurisdiccionales  están  considerando  que  cuentan  con  legitimación  para  el 
ejercicio de esa pretensión y otros no.
3.  Aplicación de la doctrina de la STC 80/2020, de 15 de julio.
Una vez descartados los óbices procesales opuestos al recurso de amparo, procede 
resolver la queja articulada por el recurrente en aplicación de la doctrina expuesta en la 
STC 80/2020, de 15 de julio, en su FJ 4. En un supuesto sustancialmente idéntico al 
presente, este tribunal afirmó: «Si la actora está obligada en virtud del concierto a 
efectuar una prestación, y si tiene derecho al pago por sus servicios, debe poder también 
reclamar el cumplimiento de esa contraprestación así como las consecuencias que se 
deriven de su incumplimiento temporáneo; consecuencias que suponen una evidente 
ventaja o utilidad jurídica para la actora, en este caso con un contenido económico, y que 
la hacen merecedora de ostentar un interés legítimo, y de defenderlo, sin necesidad de 
canalizar su acción a través del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña. Y, 
mucho menos, se le puede requerir un acuerdo previo de la junta general de aquella 
corporación  para  poder  ejercitarla,  como  se  afirma  en  la  sentencia  impugnada.  La 
denegación de la legitimación para actuar por sí misma y la imposición de que encauce 
la reclamación a través del consejo colegial no se cohonesta, en definitiva, con las 
exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, en su 
vertiente de acceso a la jurisdicción, de modo que la decisión judicial se ha de considerar 
lesiva del derecho de la recurrente en amparo».
Se consideró entonces que el órgano judicial había lesionado «el derecho al acceso 
a la jurisdicción de manera desproporcionada, contraria a la amplitud que desde la 
perspectiva constitucional debe guiar las reglas de atribución de legitimación activa». En 
el presente caso, y en aplicación de la doctrina expuesta, se ha de concluir afirmando 
que la sentencia de 4 de mayo de 2017, en cuanto inadmitió la pretensión de la parte 
actora, negándole un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por considerar que 
carecía  de  legitimación  activa,  vulneró  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión.
La aplicación de esta doctrina al presente recurso, conlleva a la apreciación de la 
vulneración denunciada, la estimación de la pretensión de amparo y la anulación de las 
resoluciones recurridas, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior al del dictado de la sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 9 de Barcelona, para que este pronuncie nueva resolución que sea respetuosa con 
el derecho fundamental vulnerado. e
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Valentín  Orús  Dotu  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona de 4 de mayo de 2017 y 
del auto de 24 de octubre de 2017, recaídos ambos en el procedimiento abreviado núm. 
348-2016, así como del auto de 14 de febrero de 2018 dictado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo en el recurso de 
queja núm. 685-2017.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la 
primera de dichas resoluciones, para que el órgano judicial pronuncie una nueva que sea 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.