BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Viernes 14 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 14710
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2249 Pleno. Sentencia 4/2020, de 15 de enero de 2020. Recurso de amparo 
2228-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los 
autos  dictados  en  causa  especial  por  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal 
Supremo denegando un permiso penitenciario extraordinario para intervenir 
en  su  investidura  parlamentaria  como  candidato  a  la  presidencia  de  la 
Generalitat de Cataluña. Supuesta vulneración de los derechos al acceso y 
ejercicio de los cargos públicos representativos en relación con los derechos 
a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión: denegación de un 
permiso  penitenciario  resultante  de  la  valoración  ponderada  de  distintos 
intereses constitucionales. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:4
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2228-2018, promovido por don Jordi Sánchez i 
Picanyol, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, 
y asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra el auto de 17 de abril de 2018, 
dictado por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por el que 
se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 9 de marzo de 2018, 
dictado  por  el  magistrado  instructor  de  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  sobre 
solicitud de un permiso penitenciario extraordinario. Han sido parte el partido político 
Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo 
López y asistido por el letrado don Pedro Fernández Hernández, y doña Carme Forcadell 
i Lluis y doña Anna Simó i Castelló, representadas por el procurador de los tribunales 
don Emilio Martínez Benítez, y asistidas por la letrada doña Olga Arderiu Ripoll; ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-
Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 24 de abril  e
de 2018, don Aníbal Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y  bo
representación de don Jordi Sánchez i Picanyol, interpuso recurso de amparo contra las  49ww
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo, tal y como 
derivan de las actuaciones recibidas, son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el Ministerio Fiscal formuló denuncia por delito de 
sedición contra don Jordi Sánchez i Picanyol y otras personas, en relación con las 
concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo los anteriores días 20 y 21 de 
septiembre en la zona de la Rambla-Gran Vía de Barcelona, en el transcurso de la 
práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la Consejería de Economía de 
la Generalitat de Cataluña. Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias 
previas núm. 82-2017, para la investigación del delito denunciado. Tras celebrar la 
preceptiva comparecencia, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, por auto de 16 de 
octubre de 2017, acordó la prisión comunicada y sin fianza del demandante de amparo.
b)  Dos semanas después, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se incoó 
causa penal por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y 
desobediencia  contra  determinadas  personas,  en  su  condición  de  miembros  de  la 
diputación permanente del Parlamento de Cataluña, excepto una de ellas, en virtud de 
querella presentada el 30 de octubre de 2017 por el fiscal general del Estado. La acción 
penal fue admitida a trámite mediante auto del siguiente día 31 de octubre por el que, ex 
art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Sala se declaró competente para el 
conocimiento de la causa y, conforme al turno establecido, designó magistrado instructor 
para la investigación de los hechos denunciados (causa especial núm. 20907-2017).
c)  Por  auto  de  24  de  noviembre  de  2017,  el  magistrado  instructor  extendió 
subjetivamente la investigación a los presidentes de las asociaciones Òmniun Cultural y 
Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a quienes habían sido miembros del Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña. En la misma resolución se reclamó al Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las actuaciones originales o 
testimoniadas que, en relación con los hechos investigados y las personas sometidas a 
investigación en la causa especial, se siguieran en dicho juzgado en la causa núm. 
82-2017.
d)  Proclamado candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas 
para el día 21 de diciembre de 2017, el demandante solicitó la modificación de la medida 
cautelar  acordada  por  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia 
Nacional. El magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre de 2017, desestimó la 
pretensión y dispuso el mantenimiento de la prisión provisional previamente acordada. 
Para el instructor: «en estos investigados [don Oriol Junqueras i Vies, don Joaquim Forn i 
Chiariello y don Jordi Sánchez i Picanyol] el riesgo de reiteración delictiva refleja la 
probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables 
consecuencias para la comunidad». Se añade en el auto que «el peligro no desaparece 
con  la  formal  afirmación  de  que  abandonan  su  estrategia  de  actuación  y  con  la 
determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan 
mendaces,  sino  que  exige  constatar  que  la  posibilidad  de  nuevos  ataques  haya 
efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio 
de voluntad es verdadero y real. Solo entonces se justificará rebajar la intensidad de la 
medida  cautelar  adoptada  contra  estos  inculpados».  El  demandante  de  amparo  no 
interpuso recurso de apelación contra este auto, pero se adhirió al presentado por otro 
de los investigados que se encontraba en prisión provisional y que concurría también 
como  candidato  a  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña;  la  apelación  fue 
desestimada por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en  e.
auto de 5 de enero de 2018. w.b
Encontrándose en situación de prisión provisional, el demandante formó parte de la  49ww
lcaasn deildeactcuiroan epsre sael nPtaadrlaa mpoern t«oJ udnets  Cpaetra Cluañtaa lucnoynav»o ceand alas  cpiracruan seclr ipdcíaió n2 1d ed eB adrciceielomnab rae 
ddee  2B0a1rc7e. lConaan ddidea t2u4ra d qeu en ofvuiee mprborcel admea d2a0 1p7o r( «aBcOueEr»d on dúem .l a2 J8u7n, tad eE l2e5c todrea l nPorvoievimncbirael 
de 2017). Celebrada la votación, fue proclamado diputado electo en la circunscripción de
Barcelona por la Junta Electoral Provincial de Barcelona en sesión de 27 de diciembre 
de 2017 («BOPC» núm. 1, de 19 de enero de 2018). Los resultados electorales y la 
relación de diputados electos fueron publicados por acuerdo de la Junta Electoral Central 
de 11 de enero de 2018 («BOPC», núm. 1, de 19 de enero de 2018). Los diputados 
proclamados electos se reunieron el día 17 de enero de 2018 en la sesión constitutiva 
del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura («BOPC», núm. 1, de 19 de enero 
de 2018). El demandante de amparo no pudo asistir a esta sesión por encontrase en 
prisión provisional, habiendo acordado el magistrado instructor, por auto de 12 de enero 
de 2018, que por el Parlamento de Cataluña se habilitasen los instrumentos precisos 
para que pudiera acceder a la condición de diputado pese a la situación de prisión 
provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraba.
e)  Mediante escrito de 11 de enero de 2018, la defensa del señor Sánchez i 
Picanyol solicitó de nuevo al instructor que dejase sin efecto la medida cautelar de 
prisión provisional. En síntesis, alegó la irrelevancia penal de los hechos cuya comisión 
se le atribuye, así como la ausencia de fumus boni iuris, en relación con dichos hechos, y 
la desaparición sobrevenida del periculum in mora motivada por un sensible cambio de 
circunstancias en sus condiciones personales, como consecuencia de su elección como 
diputado al Parlamento de Cataluña en los comicios del 21 de diciembre de 2017. La 
petición fue denegada por auto de 6 de febrero de 2018. Con respecto al riesgo de 
reiteración delictiva, el instructor señaló en el auto que el señor Sánchez «no solo no ha 
renunciado  a  una  actividad  pública  que  –desde  diversos  frentes–  ha  servido  de 
instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso 
integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica 
política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este 
proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del art. 155 CE. Y a la hora 
de pronosticar cuál podría ser el futuro comportamiento del investigado, no solo debe 
atenderse a este elemento, sino a la marcada determinación que la que el encausado ha 
perseguido  la  consecución  de  sus  objetivos,  lo  que  se  refleja  en  su  impulso  de 
movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que –como se dijo en el auto de 4 de 
diciembre de 2017– favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o 
asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la 
convivencia y contra la organización territorial del Estado».
La decisión fue recurrida en apelación, alegando la vulneración de los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal, a la libertad ideológica y 
a la participación en asuntos públicos. El recurso fue desestimado por auto de 20 de 
marzo de 2018 de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al 
considerar que el magistrado instructor contó con indicios suficientes y apariencia de 
buen derecho, concretados en los actos en que se vio implicado el recurrente y la 
Asamblea Nacional Catalana que presidía, que no se limitaron a la concentración de 20 
de  septiembre  de  2017,  dirigidos  a  promover  la  movilización  ciudadana  como  un 
elemento estratégico para la consecución de la independencia, orientados a dificultar la 
prohibición del referéndum y dando pautas de cómo había de verificarse la ocupación de 
los centros de votación, para imposibilitar la actuación de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, junto con una motivación  precisa, que fue respetuosa de la 
presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad 
(FJ 3).
En relación con la necesidad de evitar el riesgo de reiteración delictiva, finalidad 
legítima de la prisión provisional, el auto argumenta que el Convenio europeo para la  s
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) lo ha  oe.
admitido como fundamento de la prisión preventiva, pues así lo reconoce su art. 5.1 c) al  w.
autorizarla cuando se estime necesario para impedir que la persona privada de libertad  49ww
econm aettean cuinóan  inaf rlaocsc ipóanr.á Amfiermtroas  eel xaiugtidoo qsu ep o«re el lj uTicEioD dHe  [rTeriitbeurancailó nE udreolpicetiov ad esu Drgeer encíthidoos 
pHeurmjuaicniooss ] sduefr idporesv ipsiobrl el acso nvtíicntuimacaisó nc opnro lloan gcraisdias  dpeo líaticctao,s  epcuonnióbmleisc,a  gyra vceodnasdtit udceio nloasl   BOE-A-cable e
abierta en Cataluña por el intento de segregación violenta de ese territorio de la unidad 
nacional, la personalidad del acusado como icono […] de asociaciones expertas en 
movilizaciones populares, la perturbación del orden público provocada por la infracción 
penal, la experiencia y el grado de capacidad del imputado para facilitar la repetición de 
los actos delictivos, o las exigencias del interés público en atención a las particulares 
circunstancias del caso».
f)  Paralelamente, mientras se tramitaba la citada apelación, el 6 de marzo de 2018 
el  demandante  fue  propuesto  por  el  presidente  del  Parlamento  de  Cataluña  como 
candidato a la presidencia de la Generalitat.
Ese mismo día, con apoyo expreso en dicha propuesta, el señor Sánchez solicitó de 
nuevo al magistrado instructor su libertad provisional, esta vez con la finalidad de asistir 
al pleno del Parlamento de Cataluña a exponer su programa de gobierno, debatirlo y 
someter a votación su investidura, prevista para el siguiente día 12 de marzo de 2018. 
Subsidiariamente, con la misma finalidad, al amparo de lo establecido en el art. 47 de la 
Ley Orgánica general penitenciaria (LOGP), reclamó que se le otorgasen permisos 
penitenciarios extraordinarios.
En escrito del día siguiente, 7 de marzo, con el fin de recibir contestación a su 
petición antes de la fecha fijada para la sesión de investidura, la representación letrada 
del  señor  Sánchez  solicitó  que  la  solicitud  subsidiaria  de  permisos  penitenciarios 
extraordinarios se resolviera como petición principal alternativa, sin esperar a que las 
partes se pronunciasen sobre su petición de libertad provisional. Expresó en su escrito 
que dicha asistencia era un motivo suficientemente importante que justificaba por sí 
mismo la autorización pretendida. En su apoyo citó un precedente favorable de la 
Audiencia Territorial de Pamplona que, en la década de los años ochenta del pasado 
siglo, autorizó la excarcelación de un diputado en situación de prisión preventiva con la 
finalidad  de  que  pudiera  defender  su  candidatura  a  lehendakari  de  la  comunidad 
autónoma del País Vasco. La petición de permiso se vinculó a su derecho a ser tratado 
como inocente mientras no hubiese declaración de condena, así como a su derecho a 
ejercer el cargo representativo parlamentario para el que había sido elegido por los 
ciudadanos (arts. 24 y 23 CE). En su escrito, el señor Sánchez alegó que cualquier juicio 
de ponderación sobre los intereses en conflicto debía resolverse en favor del permiso 
pretendido, dado que su presencia personal era necesaria para exponer el programa de 
investidura  y  someterlo  a  la  votación  de  la  asamblea,  por  lo  que  no  existían  vías 
intermedias que hicieran posible hacer efectiva su candidatura. Con tal razón, consideró 
que los intereses en juego alegados debían preponderar sobre el abstracto riesgo de 
alteración  del  orden  público  que,  en  anteriores  ocasiones,  había  sido  tomado  en 
consideración  para  denegar  otras  peticiones  de  permiso  penitenciario.  Dicho  riesgo 
abstracto, añadió, podía ser conjurado con la adopción de medidas de preservación del 
orden público adecuadas. Su petición concluía señalando que «resulta a todas luces 
evidente que en un sistema mínimamente respetuoso con los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas la prevención de meros riesgos difusos para el orden público no 
puede tener mayor valor que restricciones absolutas de derechos fundamentales y que la 
alteración de las reglas del sistema democrático que supondría privar de la posibilidad de 
ser investido a un candidato inocente que podría contar con el apoyo mayoritario de su 
Parlamento».
g)  Tanto  la  petición  de  libertad  provisional  como  el  permiso  extraordinario 
interesados fueron denegados por el magistrado instructor mediante auto de 9 de marzo 
de 2018 que, recurrido en apelación ante la sala de recursos de la Sala de lo Penal del  s
Tribunal Supremo, únicamente en lo que se refiere al permiso penitenciario, fue ratificado  oe.
por auto de 17 de abril de 2018. w.
(i)  El instructor se refirió a la petición de permisos penitenciarios que es objeto del  49ww
cpirteasdean. tCe opnr orecefesroe ndceia sa ma plaa rjou riesnp rulodse nfucniad adme eensttoes t rjiubruídniaclo ys  la11 d eal  T1r5ib udnea lla E urerosopleuoc iódne 
rDeeprreecsheonsta tiHvau maalengoasd, o e(xaprtr.e 2sa3 .1e yn  2 eClloEs)  pquueed e esl erd elimreictahdoo  deen  apteanrtcicióipna cai ófnin aplidoalídticeas   BOE-A-cable e
constitucionales  legítimas  «que  presenten  una  correspondencia  razonable  en  su 
intensidad».  Una  de  esas  finalidades  legítimas  –prevenir  el  riesgo  de  reiteración 
delictiva– concurría en el presente caso, lo que permite diferenciarlo del precedente 
jurisprudencial favorable alegado, pues la comisión de los delitos de terrorismo tomados 
entonces en consideración «no se favorece en el debate parlamentario para el que se 
otorgó el permiso», al tratarse de «comportamientos delictivos que no verían potenciado 
su riesgo de reiteración en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario 
apoyo parlamentario a su candidatura». De esta forma, se valora que el riesgo de fuga 
apreciado entonces podía verse conjurado con medidas de seguridad, por lo que no 
existía un conflicto de intereses que impidiera facilitar el ejercicio ocasional de sus 
facultades como parlamentario.
Para el instructor, no es el riesgo de alteración del orden público lo que justifica la 
denegación  de  los  permisos  extraordinarios  solicitados  para  defender  la  propia 
investidura, sino el riesgo de reiteración delictiva tomado en consideración para decretar 
su privación cautelar de libertad. Con remisión a una resolución precedente, el auto de 6 
de febrero de 2018 –que acordó mantener la prisión provisional del demandante–, afirma 
que subsiste un claro pronóstico de reiteración delictiva dado que «existe una posibilidad 
razonable de que se reproduzca el ataque al bien jurídico y de que esa eventualidad 
pueda confluir de nuevo con la voluntad del encausado de sumarse a la ejecución 
delictiva desde cualquier tarea o función». Dicho pronóstico se apoya en las siguientes 
consideraciones:
«La existencia de un contexto político en el que concurren todavía sectores que 
defienden  explícitamente  que  debe  conseguirse  la  independencia  de  Cataluña  de 
manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse perseverando en el mecanismo de 
secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia; 2) Que estos sectores se 
ajustan  a  un  plan  de  secesión  que  contempla  abordar  ilegalmente  una  legislatura 
constituyente y 3) Que el concierto del que participó el acusado siempre contempló 
perseverar en la estrategia y en los objetivos, aún en el supuesto de que el Estado 
interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma, como ha acontecido.
De otro, porque los elementos que apuntan un riesgo genérico de reiteración, se 
proyectan  de  manera  específica  sobre  un  investigado  que:  1)  Ha  revalidado  su 
compromiso  delictivo,  integrándose  en  una  candidatura  que  proclama  precisamente 
continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia y 2) Ha reflejado una 
determinación tan obcecada, que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de 
que  pudiera  conducir  a  un  violento  estallido  social,  con  posibles  e  irreparables 
consecuencias  físicas  en  los  sujetos  afectados  y  con  relevante  repercusión  en  la 
convivencia del grupo social.
[…] Frente a este riesgo concreto de reiteración delictiva, y considerando las graves 
consecuencias  que  tendría  su  reincidencia  respecto  de  los  principios  y  derechos 
constitucionales de todos, debe contemplarse: 1) Que la conducción vigilada que se 
peticiona no aporta la contención precisa para un traslado seguro, menos aún en quien –
como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución–, ha empleado su 
liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar 
para la observancia de la ley, y 2) Que el ejercicio del derecho que se peticiona, no 
supone sino favorecer la reiteración que trata de conjurarse, visto que la actividad 
delictiva que se investiga se desplegó –precisamente– desde actuaciones legislativas y 
ejecutivas  claramente  ilegales,  y  desatendiendo  de  manera  flagrante  los  controles 
constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico,  e.
lo  que  se  hizo  en  aplicación  de  una  táctica  que  no  ha  sido  excluida  y  sigue  w.b
respaldándose de presente [...]». 49ww
de 1(7ii) d eL aab srial ldae d 2e0 a1p8e. lEanci ósnu  arargtifuicmóe lnat adceinóeng, atrcaisó nre dlaetla pr eerxmteisnos as oyl iccritoandooló mgiecdaimanetnet ea ulotos 
phaerclhaomse ntnaurciale ya rseosc iaql udeir igeidxap rae sfaanvo reecl erc olan tienxdteop enpdoelínticcoia  dye  Caacttaivliudñaad  eng ulobse rqnuaeti vsae, 
inserta  la  conducta  del  demandante,  y  ratificar  la  apreciación  delictiva  indiciaria
formulada  por  el  magistrado  instructor  en  la  resolución  apelada,  se  refiere  en  su 
fundamento jurídico 5 a la petición de permiso reiterando los argumentos expuestos en el 
auto de 14 de marzo de 2018, dictado en relación con otro de los investigados en la 
misma causa (señor Junqueras Vies).
Tras reconocer la relevancia constitucional del derecho a la participación política y 
exponer la jurisprudencia constitucional sobre su contenido, destaca que el magistrado 
instructor ha tomado en consideración «la plural y reiterada conducta presuntamente 
delictiva  del  acusado  en  los  años  precedentes  a  la  proclamación  unilateral  de  la 
independencia», aportando «reveladores indicios relativos a su protagonismo en los más 
graves incidentes del procés, indicios que obstaculizan de forma clara la viabilidad de su 
pretensión, al generarse un grave conflicto con el derecho de representación política que 
ahora pretende ejercitar» dado que se le atribuye «la ejecución de hechos dilatados en el 
tiempo, debidamente planificados y orientados a una ‘ruptura estructural’ del Estado de 
derecho  y  de  la  convivencia  social,  generando  un  clima  de  desasosiego  en  la 
ciudadanía, que asistió estupefacta a lo que consideraba un incumplimiento permanente, 
reiterado y ostentosamente público de las normas más elementales del ordenamiento 
jurídico y de las decisiones de los tribunales con mayores competencias para hacer 
cumplir su observancia».
Tales indicios, en opinión de la Sala, «obstaculizan de forma clara la viabilidad de su 
pretensión»  de  excarcelación;  y  coincide  con  el  instructor  en  que  «no  se  han 
desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado 
persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal. 
De un lado, porque la investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron 
en perseverar en su conducta, por más que llegara la situación en la que ahora nos 
encontramos, esto es, que se produjera la reacción impeditiva que el Senado español se 
vio forzado a impulsar. De otro, porque el señor Jordi Sánchez se integró recientemente 
–como  candidato  destacado–  en  una  lista  electoral  que  se  ha  opuesto,  expresa  y 
permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la 
república que declararon». Con apoyo en lo expuesto se aprecia que la denegación del 
permiso  que  ha  sido  impugnada  en  apelación  no  puede  calificarse  como 
«desproporcionada o desmedida» pues «un permiso como el que solicita pondría en 
riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico en el contexto social y político en el que 
actuó  el  investigado,  y  alteraría  muy  probablemente  la  convivencia  ciudadana  con 
posibles movilizaciones orientadas a una fragmentación social y a un encrespamiento de 
la ciudadanía como el que ya consiguió en su día» y que se mantienen en el tiempo.
Desde otra perspectiva, se argumenta que «la referencia a los arts. 47 y 48 LOGP 
como preceptos legitimadores de la concesión de los permisos de salida del centro 
penitenciario para asistir a los plenos parlamentarios no se corresponden con la dicción y 
la finalidad de tales normas», ya que están previstos para «situaciones extraordinarias 
de la vida privada y familiar que justifican la salida del centro penitenciario por razones 
humanitarias que hacen imprescindible la presencia del preso para asistir a actos que se 
producen  de  forma  más  bien  excepcional  en  el  discurrir  de  la  vida  diaria  de  una 
persona», por lo que resultan ajenos a las razones alegadas por el demandante.
Para  la  Sala  la  pretensión  ejercitada  expresa  «un  conflicto  de  intereses  y  de 
derechos entre el legítimo ejercicio del derecho fundamental de participación política, con 
los principios y valores constitucionales que le son inherentes, y los bienes jurídicos que 
tutelan las normas penales que han sido presuntamente infringidas por el investigado» y, 
a partir de la previsión establecida en el art. 3.1 LOGP, aprecia que «no resulta factible  s
compatibilizar la asistencia al pleno parlamentario con la cumplimentación de los fines de  oe.
la  prisión  provisional,  y  más  en  concreto  con  la  conjuración  del  grave  riesgo  de  w.
reiteración delictiva que se generaría con la sola presencia del recurrente en el lugar de  49ww
lroesa lhizeóc ehno ss uo bdjíeat oe nd eell  pcruorcseod dime iseun taoc, tidveidbaiddo p ao líltaicsa i»n.citaciones que el propio investigado
presAeln traa ticfiocmaro  lae nfdreecnitsaidóons ,d ednee guantao rpiaa rdtee,l  «peel rmdeisreoc hpoe nfiutenndcaiamreion taslo ldiceit apdaor,t iclaip aSciaólna   BOE-A-cable e
política de un ciudadano que, con motivo de actuar como político activo y presidente de 
una asociación ciudadana, contribuyó de forma destacada a implantar un ordenamiento 
jurídico paralelo que se oponía y vulneraba frontalmente las normas capitales y las 
instituciones del Estado que legitiman su actual elección parlamentaria y el ejercicio de 
su labor de diputado autonómico» lo que permite apreciar la participación delictiva 
indiciaria que da origen a la causa penal». Y, de otra, «los bienes jurídicos tutelados por 
las normas penales aplicables, así como el riesgo de que vuelvan a ponerse en peligro 
con  nuevas  conductas  que  los  menoscaben  con  graves  consecuencias  para  la 
convivencia ciudadana y la paz pública.»
Afirma la Sala que «en el delito de rebelión que se le imputa al recurrente resultan 
menoscabados principios y bienes jurídicos primordiales del ordenamiento jurídico: la 
soberanía nacional, la unidad de la Nación española y el sistema político y jurídico que 
impone la Constitución. Además de otros graves efectos colaterales: la fragmentación 
social de los habitantes que residen en la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante 
la aplicación de criterios nacionalistas identitarios que atentan contra la dignidad y la 
igualdad de las personas; y, a mayores, en un escalón inferior, los probables perjuicios 
económicos derivados de la desubicación de las empresas implantadas en el territorio 
catalán». Por lo que concluye que lo que permite ratificar la decisión del magistrado 
instructor es la protección de dichos valores, que, con la conducta investigada, habían 
sido ya puestos en riesgo por el recurrente.
h)  Una  vez  denegada  la  autorización  solicitada,  el  señor  Sánchez  i  Picanyol 
comunicó al presidente del Parlamento de Cataluña su renuncia a la candidatura para la 
que había sido propuesto, y mediante resolución de 21 de marzo de 2018, fue propuesto 
como candidato a la presidencia de la Generalitat el diputado don Jordi Turull i Negre.
3.  La demanda de amparo se dirige contra las resoluciones que denegaron al 
recurrente,  preso  preventivo  que  adquirió  la  condición  de  diputado  autonómico,  la 
concesión  de  permisos  penitenciarios  para  asistir  al  Parlamento  de  Cataluña  a  la 
defensa y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat. Considera 
que tal denegación vulnera sus derechos a la participación directa como diputado en 
asuntos públicos y el acceso a cargos públicos (art. 23 CE en relación con el art. 25 del 
Pacto  internacional  de  derechos  civiles  y  políticos)  y  a  la  presunción  de  inocencia 
(art. 24.2 CE), así como el derecho a la libre expresión de opiniones políticas (art. 20.1 
CE).
La  pretensión  de  amparo  se  apoya  en  la  previsión  legislativa  que  posibilita  la 
concesión de permisos extraordinarios penitenciarios por importantes y comprobados 
motivos  salvo  que  concurran  circunstancias  excepcionales  que  lo  desaconsejen; 
posibilidad de la que pueden también beneficiarse los presos preventivos (arts. 47 y 48 
LOGP).  Cuestiona  el  demandante  que  esta  previsión  legislativa  esté  legalmente 
reservada a situaciones familiares, dado que no lo establece así el precepto. En apoyo 
de  su  alegación  hace  referencia  a  una  autorización  precedente,  concedida  por  un 
tribunal penal, que en 1987 dispuso la excarcelación de un preso preventivo investigado 
por  delito  de  terrorismo,  para  que  pudiera  defender  su  propia  investidura  en  el 
Parlamento del País Vasco.
El recurrente considera que la aplicación de la facultad que establece el legislador 
exige ponderar los motivos a favor y en contra del permiso. Y, en favor de su pretensión 
de obtener el permiso, alega que la denegación comporta «graves lesiones de derechos 
fundamentales y es una decisión que socava gravemente algunos de los pilares básicos 
de cualquier sistema constitucional». Serían los siguientes: e.
a)  Vulneración del art. 23 de la Constitución, del art. 3 del Protocolo 1 adicional al  49ww
Cdeornevcehnoiso  ceivuirloeps eyo  pdoel ítdiceorse c(hPoIDs ChPu)m, aqnuoes  rey codneol caernt.  lo2s5  ddeerle cPhaocst oa  inlate rpnaarctiicoinpaalc iódne 
pinodlíivtiicdau ayl  aclo amcoc ecsoole ac tilvoas,  cpauregso s« speú bvleic ofrsu.s Ltraa dvau lnlae rvaocluiónnta, ds ed ea lelogsa ,m táiesn ed et adnotos  mcailrláocnteesr 
de  personas  que  en  las  elecciones  (autonómicas)  votaron  a  partidos  políticos  que
eventualmente podrían dar apoyo a la candidatura de mi mandante». En favor de esta 
alegación, recuerda la existencia de una resolución del Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas instando a España a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar los derechos políticos del señor Sánchez.
b)  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en los arts. 24 
CE, 6.2 CEDH y 14.2 PIDCP, que derivaría de la imposición de un castigo anticipado por 
la imposibilidad de acceder al cargo público que pretende sin haber sido declarado 
culpable. Entiende que «su condición temporal de preso preventivo en modo alguno le 
impediría el ejercicio del cargo durante la estancia en prisión, pues prácticamente todas 
las funciones del presidente de la Generalitat son delegables según dispone el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (art. 67.9) y la Ley 13/2008 de la presidencia de la Generalitat 
(art. 12.2)».
c)  Vulneración al derecho de expresión de opiniones políticas, reconocido en los 
arts. 20 CE, 10 CEDH y 19 PIDCP, pues las razones de la denegación se apoyan en la 
necesidad de evitar que en su discurso parlamentario pueda incurrir en algún supuesto 
nuevo delito, lo que sería, a su vez, contrario a la inviolabilidad parlamentaria de la que 
goza como prerrogativa.
d)  Adicionalmente, entiende que «la privación al candidato de la posibilidad de 
acudir  al  pleno  lesiona  otros  muchos  valores  constitucionales:  suponen  una  grave 
restricción  de  la  democracia  como  valor  superior  del  ordenamiento  constitucional 
español, por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio 
escoger al candidato con más apoyos; supone una vulneración del derecho al pluralismo 
político, por cuanto, aduciendo para la denegación un posible riesgo de reiteración, se 
criminalizan determinadas ideas que el candidato pueda llegar a proponer aun cuando su 
realización se proponga por vías pacíficas y legales; comporta una grave limitación del 
derecho de Cataluña a la autonomía política reconocida en el art. 2 CE, pues se impide a 
su Parlamento designar al candidato con más apoyos en la cámara».
Expone a continuación los intereses que pretenden protegerse con la denegación, a 
los que se refieren las resoluciones impugnadas. De una parte, se pregunta cuáles son 
las  evidencias  empíricas  que  llevan  a  afirmar  que  «la  conducción  vigilada  que  se 
peticiona no aporta la contención precisa para un traslado seguro», concluyendo que lo 
expresado  no  es  sino  una  intuición  personal  del  instructor.  Cuestiona  también  por 
imposible  la  existencia  de  riesgo  de  reiteración  delictiva,  descartando,  dada  su 
inviolabilidad, que se pretenda limitar su libertad de expresión ante la cámara. Por lo que 
concluye que «el resultado de la ponderación efectuada entre motivos a favor y motivos 
en contra del permiso es tan abrumadora a favor de los primeros que no requiere mucha 
más argumentación».
La pretensión de amparo solicita el reconocimiento de la vulneración de los derechos 
fundamentales reconocidos en el art. 23 (a la participación directa en asuntos públicos y 
el acceso a cargos públicos) y 24.2 CE (presunción de inocencia), la reparación de los 
mismos mediante la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, y 
el restablecimiento en la integridad de sus derechos ordenando al instructor de la causa 
penal que dicte un nuevo Auto concediendo los permisos solicitados.
Por medio de otrosí, el demandante solicitó como medida cautelar urgente que este 
Tribunal  autorizara  cautelarmente  la  posibilidad  de  que  el  diputado  defienda  su 
candidatura a la presidencia de la Generalitat a través de medios alternativos, como la 
videoconferencia desde el centro penitenciario o desde una sede judicial.
4.  Mediante providencia de 25 de abril de 2018, a propuesta del presidente, y  e.
conforme establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  w.b
(LOTC), el Pleno del Tribunal Constitucional acordó recabar para sí el conocimiento del  49ww
presente recurso de amparo.
adm5is. iónP oar  tpráromviitdee ndceila r edceu r8s od ed em aamyop adroe,  2a0p1re8c, iaenl dPol eqnuoe  dceo necsutrer eT reibnu enla lm aiscmorod óu nlaa 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 LOTC, se acordó dirigir comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a la causa especial núm. 20907-2017; 
debiendo previamente emplazarse a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a 
la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si 
lo desean, en el presente recurso de amparo.
En relación con la solicitud de urgente adopción de medidas cautelares formulada en 
la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la 
que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte inmotivada, 
por lo que, a fin de resolver sobre la misma, acordó formar la oportuna pieza separada. 
Impugnado en súplica este pronunciamiento de la providencia de admisión a trámite, el 
recurso fue desestimado por el ATC 63/2018, de 5 de junio.
6.  También  mediante  providencia  de  8  de  mayo  de  2018  se  formó  la 
correspondiente pieza separada sobre la solicitud cautelar y, de conformidad con lo 
previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal 
y al solicitante de amparo para que pudieran alegar lo que estimaran pertinente en 
relación  con  la  petición  interesada.  Una  vez  formuladas  las  correspondientes 
alegaciones, la solicitud fue denegada por el Pleno mediante el ATC 55/2018, de 22 de 
mayo.
7.  A través de escrito presentado el 23 de mayo de 2018, la procuradora de los 
tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido 
político Vox, se personó en el presente recurso de amparo, bajo la dirección letrada de 
don Pedro Fernández Hernández. Asimismo, por escrito registrado el 1 de junio de 2018, 
se personó en el recurso de amparo el procurador de los tribunales don Emilio Martínez 
Benítez, en nombre y representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó 
i Castelló, con la asistencia letrada de doña Olga Arderiu Ripoll.
8.  Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia del Pleno de 6 de junio 
de 2018, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora 
doña María del Pilar Hidalgo López en representación del partido político Vox y al 
procurador don Emilio Martínez Benítez en representación de doña Carme Forcadell i 
Lluis y doña Anna Simó i Castelló. A tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se 
acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por 
plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que a su 
derecho conviniera.
9.  La  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  del  Pilar  Hidalgo  López,  en 
representación del partido político Vox, por escrito registrado el 6 de julio de 2018, 
solicitó la inadmisión y, subsidiariamente, la denegación del amparo pretendido.
A su juicio, el recurso incurre en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial 
previa [art. 44.1 a) LOTC] al no haber acudido la parte recurrente al incidente de nulidad 
de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Si 
los recurrentes deducían que la actuación y resoluciones del Tribunal Supremo habían 
incurrido en lesiones de derechos procesales del art. 24 CE, en tanto las resoluciones 
impugnadas no eran susceptibles de recurso alguno, los solicitantes deberían haber 
interpuesto respecto a tales irregularidades, al menos, a la postre, un incidente de  e.
nulidad de actuaciones para concluir correctamente la vía judicial previa antes de acudir  w.
en amparo. 49ww
CE)E, nd ersetlaaccaió nq uceo nn ola  haaleyg daedrae cvhuolnse irlaimciiótand doesl  yd eqrueec heol  ad elare pcahrot icfuipnadcaiómne pnotalílt idceal  (aarrtt..  2233 
cCoEn dneon aedso  uan ap eenxac deep cpiórins,ió cno qmuoe  edsettuevrmierinea c ulam pplrioepnidao  Clao nmsitsitmucai ógno zaalr ád idsep olonse rd eqrueec h«oesl   BOE-A-cable e
fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria» 
(art. 25.2 CE). Incluso en el caso del derecho de sufragio pasivo, se trata de un derecho 
limitable,  como  demuestran  algunas  de  las  disposiciones  establecidas  en  la  Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general [arts. 6.2 a) y b)], la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria (art. 3.1) y la Ley de 
enjuiciamiento criminal (art. 384 bis).
Para esta parte, la Constitución no reconoce un derecho fundamental ni de otro tipo 
del reo a poder disfrutar y exigir una salida extraordinaria del centro penitenciario sea 
para el ejercicio de derechos reconocidos en el art. 23 CE u otros de rango fundamental, 
como el derecho de asociación, asistencia a manifestaciones de culto u otros que la 
misma  Constitución  reconoce.  En  cambio,  la  Ley  Orgánica  general  penitenciaria  sí 
reconoce  a  presos,  en  situación  preventiva  y  provisional,  el  derecho  a  solicitar  un 
permiso (art. 48 y artículo 159 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento penitenciario), quedando al arbitrio del juez la concesión de este. 
Afirma que la delimitación de este derecho en la persona del reo no conlleva una 
restricción ilegítima de sus derechos políticos, sino que solamente supone un retardo de 
la posibilidad de su concesión en tanto se procede a la terminación de la instrucción; y es 
su participación en los delitos que se le imputan lo que ha justificado y limitado el disfrute 
por parte del demandante de diversos derechos fundamentales.
La  decisión  judicial  sobre  dichos  permisos  penitenciarios  no  tiene  rango 
constitucional, sino legal, razón por la cual queda fuera del marco de apreciación de la 
jurisdicción  constitucional.  En  este  mismo  sentido  de  ausencia  de  relevancia 
constitucional se pronuncia el auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, 
recordando  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  relacionada  con  los  permisos 
penitenciarios de salida ordinarios (SSTC 23/2006, de 30 de enero, y 81/1997, de 22 de 
abril). También se destaca que «como muestra este mismo ATS de 12 de enero de 2018, 
a mayor garantía de los derechos políticos del recurrente, el magistrado instructor ha 
posibilitado que este pueda incluso seguir realizando sus objetivos políticos por vía de 
delegación de su voto, de conformidad al art. 93.1 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña».
En relación con el precedente judicial citado en la demanda, afirma que el uso que 
aquel preso preventivo hizo del permiso concedido muestra la posibilidad de un uso 
distorsionador  de  la  causa  y  de  la  instrucción,  por  haber  utilizado  su  libertad  de 
movimientos en la cámara autonómica para justificar la violencia como medio para 
alcanzar los objetivos de la organización terrorista ETA.
Alega, también, que «ni en la CE ni en el CEDH ni en el PIDCP hay expresamente un 
pretendido derecho del recluso a gozar de permisos especiales sobre la base de sus 
circunstancias políticas […] el Estado puede legislar de forma más benévola estas 
limitaciones de libertad hasta el punto de posibilitar este tipo de permisos, pero se hace 
depender, entre otros factores, de la fiabilidad de que el privado de libertad no continúe 
su acción delictiva. Y en este sentido, por ejemplo, en el Derecho de la UE, la resolución 
sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europea: reorganización y penas de 
sustitución,  de  9  de  abril  de  1999,  reconoce  que  cabe  por  los  Estados  reconocer 
permisos ‘siempre que no resulte probable el quebrantamiento o la comisión de nuevos 
delitos’. Y, respecto a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas […], hay que recordar se trata de la recomendación de adopción de una cautelar, 
ante la admisión a trámite de su reclamación (de fecha de 23 de abril de 2018). Y  s
aunque fuera una resolución hay que recordar igualmente que el Tribunal Constitucional  oe.
ha entendido que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como claramente se  w.
deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto), y sus dictámenes no pueden  49ww
cnoi nesl tPitruoirt olaco inlot efarpcruelttaactiivóon  lea uotétonrtgicaan  dtaell  cPoamctpoe, tdeandcioa  q(uSeS TeCn  n7i0n/g2ú0n0 2m, odme e3n dtoe,  anbi erill , PFaJc t7o, 
y 240/2005, de 10 de octubre, FJ 6)». Añade que la concesión de este tipo de permiso al
recurrente, obviando todas las premisas constitucionales y legales aludidas, sería una 
irregularidad contraria al art. 14 CE.
Tampoco  aprecia  la  denunciada  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de 
inocencia, pues la restricción de derechos que fundamenta su queja viene justificada por 
el art. 25.2 CE y el 3.1 LOGP. Señala que el coste anticipado en el ejercicio de sus 
derechos de representación política que padece como consecuencia de su privación 
cautelar  de  libertad  no  es  distinto  a  cualquier  otra  limitación  de  tipo  profesional  o 
económico que también deriva de ella; son restricciones que nada tienen que ver con el 
derecho a la presunción de inocencia (STC 127/1986, de 12 de febrero FJ 4). Ni aprecia 
la  supuesta  vulneración  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  considera  que  su 
enunciación es un mero refuerzo argumental de las quejas ya analizadas; sin que quepa 
olvidar que se trata de un derecho limitado y limitable cuando concurre con otros valores 
constitucionalmente oponibles (STC 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 4). Añade que, en 
todo caso, la delegación de voto acordada le posibilita la defensa de sus objetivos 
políticos, Con cita del ATC 40/2017, de 28 de febrero, FJ 5, resalta su contenido 
recogiendo  unos  de  sus  pronunciamientos,  según  el  cual  «las  restricciones  que  el 
demandante dice sufrir en el libre desenvolvimiento de sus relaciones familiares en razón 
de  la  distancia  geográfica  del  centro  penitenciario  en  el  que  se  encuentra  interno 
respecto del lugar de residencia de sus familiares no carecen ex ante de legitimidad 
constitucional,  al  tratarse  de  consecuencias  necesariamente  asociadas  al  sentido, 
naturaleza y contenido de la pena privativa de libertad que está extinguiendo (art. 25.2, 
inciso segundo CE)».
10.  El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 19 
de julio de 2018, en el que solicitó la denegación en todos sus términos del amparo 
pretendido.
En  ellas  expone  extensamente  los  antecedentes  de  hecho  y  procesales  que 
considera precisos para analizar las quejas alegadas para, a continuación, determinar el 
objeto del proceso de amparo y la cuestión nuclear planteada que, en su opinión, 
siguiendo los términos expresados en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, no es otra que 
examinar  «la  legitimidad  constitucional  de  la  limitación  judicialmente  acordada  a 
determinadas facultades de representación política anejas al cargo de diputado del 
Parlamento de Cataluña». Dichas facultades, de ordinario, tienen como presupuesto su 
ejercicio  en  situación  de  libertad,  pero  en  el  caso  presente  han  sido  judicialmente 
restringidas en consideración a la situación de preso preventivo que concurre en el 
recurrente y a la concurrencia de un plus añadido significativo, cuál es el especifico 
riesgo que dio lugar a aquella medida cautelar: el peligro de reiteración delictiva de 
conductas extremadamente graves contra el orden constitucional, valores y principios 
esenciales del Estado democrático de Derecho y hasta la convivencia y paz social. 
Riesgo  cuya  prevención  sigue  siendo  necesario  por  constituir  precisamente  el 
fundamento de su mantenimiento en tal situación de prisión provisional incondicional.
A)  Después de resumir la jurisprudencia de este Tribunal sobre el contenido de los 
derechos de representación política cuya vulneración se denuncia (art. 23 CE), entiende 
el Ministerio Fiscal que la denegación cuestionada constituye una injerencia legítima en 
el derecho fundamental alegado por hallarse prevista en la ley, responder a un fin 
legítimo debidamente objetivado y no resultar desproporcionada en relación con dicha 
finalidad.
a)  Considera  que  la  decisión  judicial  está  prevista  en  la  ley  de  forma  oe.
suficientemente precisa. En tal sentido, señala que del art. 3.1. de la Ley Orgánica  w.
gienestetnarebnrloaeslc  eperen ne ixcteceennpctricaoiorsian p e(esL nOeitnGe nsPcu)i pasureieo ssdt oeesrsi v daee l  qineucjeeo,r mc«ipcsiaio tb ibdieielnid  laolads   rcdeoegnrl aee clg hoeobnsjee rptaool  ldírteeic sospuse  cd[…teot e],dn ecc aiólbones,    2020-2249n https://ww
como  finalmente  se  estima  en  el  caso  concreto,  lógicamente  en  función  de  las
circunstancias concurrentes en el sometido a prisión y en los hechos (por su naturaleza, 
gravedad, características, bienes o valores jurídicamente protegidos, etc.)».
b)  Expone que la decisión impugnada responde a una finalidad legítima, como lo es 
la necesidad de preservar el orden constitucional, los derechos, principios y valores 
básicos del Estado de Derecho que están en el basamento de nuestra democracia y, con 
ellos, la salvaguarda de los derechos de todos y hasta la integridad y convivencia 
pacífica ciudadana frente a nuevos ataques delictivos que quiebren o desafíen sus 
presupuestos y generen un conflicto o incluso un ‘violento estallido social’ a que se 
refiere el magistrado instructor. Y también, en los términos expresados por la sala de 
apelación, lo es la preservación de delitos atentatorios contra la Constitución y el elenco 
de  principios,  derechos  y  valores  que  constituyen  la  esencia  del  ordenamiento 
constitucional  vigente  con  el  que  se  ha  dotado  el  Estado  social  y  democrático  de 
Derecho, a cuya ruptura estructural junto con la quiebra de la convivencia social se 
entiende ir orientada la estrategia en la que se inserta la actividad y contribución del 
recurrente.
c)  En atención a las referencias ya hechas, constata el Ministerio Fiscal que las 
decisiones cuestionadas han sido extensa y razonadamente motivadas, satisfaciendo así 
las  exigencias  constitucionales  de  las  decisiones  limitativas  de  los  derechos 
fundamentales. Así, la motivación se ha extendido tanto a las circunstancias particulares 
del  recurrente  de  las  que  depende  legalmente  la  concesión  del  permiso  de 
excarcelación, como a las especificas circunstancias en que el hecho delictivo se ejecutó 
y se desplegó «desde actuaciones legislativas y ejecutivas manifiestamente ilegales, 
desatendiendo  de  manera  flagrante  los  controles  constitucionales,  judiciales  e 
institucionales dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como la suma gravedad y 
pertinaz persistencia en su comportamiento y determinación en el papel de incitador, 
impulsor,  líder  y  gestor  de  movilizaciones  ciudadanas  en  creciente  evolución  hasta 
manifestaciones violentas dirigidas a actualizar una planeada estrategia de conversión 
de la ciudadanía en un emergente y decidido actor político propulsor del proceso de 
independencia».
d)  Argumenta también el Ministerio Fiscal que la decisión impugnada cumple los 
requisitos intrínsecos del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Así, 
señala:
(i)  Respecto del juicio de idoneidad, que la no concesión del permiso resulta útil, 
apta  y  eficaz  para  preservar  la  finalidad  legitima  perseguida,  puesto  que  impide 
absolutamente que el investigado preso pueda utilizar su condición de diputado, la 
acción  parlamentaria,  su  dominio  sobre  instrumentos  jurídicos  e  instituciones  y  su 
liderazgo o antecedente sobre el movimiento ciudadano afecto incondicionalmente al 
independentismo catalán en la estrategia de combate ilegítimo al Estado de Derecho y la 
Constitución e incluso emplee la movilización violenta para la reiteración en el delito de 
rebelión.
(ii)  Respecto  del  juicio  de  necesidad,  que  un  pronóstico  razonable  ad  casum 
descarta que la concesión de los permisos penitenciarios, disponiendo e implementando 
medidas de acompañamiento, cautela y de conducción segura del recurrente a cargo de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiera preservar con suficiente y mínima 
garantía  la  salvaguarda  del  fin  legítimo  con  las  mismas,  semejantes,  próximas  o 
aceptables condiciones de aptitud y eficacia que la ahora enjuiciada. Por último, descarta 
como  alternativa  la  posibilidad  de  autorizar  la  participación  telemática  o  por 
videoconferencia del recurrente en la investidura, por ser una posibilidad que «ya era  e.
manifiestamente  cuestionada  por  los  grupos  parlamentarios  no  afectos  al  propósito  w.b
independentista  y  se  revelaba  altamente  problemática,  amén  de  ser  un  aspecto  49ww
deins csuutpibulee shtoass tac oqmuoé  peul nptroe suenn óter gsaonbor eju edli cciaoln dteenl iodrod edne  julorsis ddiecrceiocnhaols p feunnadla pmueendtea liensc iddier 
timerpcuegronsa»d ad aa dtroa véqsu ed,e  deons  apqrouceellsaoss  cfeocnhsatistu, cidoincahlae s epsepnedcieífnictae s pdoes ribeisliodlaudc ióhna abníate  essidteo 
tribunal [ATC 55/2018, FJ 4 b)].
(iii) Respecto del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, el Ministerio Fiscal 
considera proporcionada la limitación cuestionada debido a la necesidad de conjurar el 
riesgo de reiteración delictiva de tipos penales indiciariamente imputados –rebelión y 
sedición–  Esta  alegación  finaliza  señalando  que  «en  este  contexto  conflictual, 
precisamente lo exigible conforme al interés general es el sacrificio del interés individual 
del encausado, puesto que de la medida restrictiva se derivan, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
los bienes o valores en conflicto correspondientes al recurrente y a quienes votaron o no 
opciones  cercanas  a  la  aspiración  independentista  en  el  proceso  de  elecciones 
autonómicas que culminó el 21 de diciembre de 2017».
B)  Para  el  Ministerio  Fiscal,  la  denegación  del  permiso  penitenciario  solicitado 
tampoco vulnera el derecho a la presunción de inocencia del recurrente por cuanto no 
limita indebidamente ninguna de las tres dimensiones en la que la misma se proyecta en 
el ámbito penal (regla de juicio, regla de tratamiento, y regla de interpretación de las 
medias cautelares penales).
Específicamente,  entiende  que  la  decisión  judicial  no  da  al  señor  Sánchez  el 
tratamiento de culpable antes de que se haya dictado sentencia condenatoria en un 
juicio justo, dado que la presunción de inocencia es compatible con la adopción de 
medidas cautelares tal y como ha sido declarado en una jurisprudencia constitucional 
reiterada [por todos, AATC 30/1997, de 29 de enero, FJ 5; 98/1986, FJ 3; y entre otras, 
SSTC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 7; 66/1989, de 17 de abril, FJ 6, y 108/1984, de 26 de 
noviembre, FJ 2 b)].
C)  En relación con la invocación de los derechos a la libertad ideológica y de 
expresión de opiniones políticas (arts. 16 y 20.1 CE), analiza ambas quejas de forma 
autónoma,  concluyendo  que  son  inconsistentes  con  el  contenido  de  los  derechos 
alegados.
(i)  Rechaza la alegada vulneración de la libertad de expresión, señalando que la 
limitación  establecida  es  consecuencia  y  no  causa  de  la  denegación  del  permiso. 
Destaca que no es una afección autónoma dirigida a limitar el discurso político, sino es 
consecuencia de la previa limitación justificada de la libertad personal.
(ii)  Tras referirse a la importancia, alcance y contenido de la libertad ideológica 
(art.  16  CE),  afirma  que  las  resoluciones  cuestionadas  se  acomodan  a  la  doctrina 
constitucional que define su contenido (SSTC 177/2015, de 22 de julio, y 20/1990, de 20 
de febrero), dado que no hay elemento en las mismas que permita sostener que es la 
ideología del demandante la que ha determinado que se adopte la decisión de denegar 
el permiso solicitado o la apreciación de riesgo de reiteración delictiva. Según señala, «el 
fundamento de la restricción no se encuentra en la ideología del recurrente sino en que 
el ejercicio del derecho que se peticiona supone favorecer la reiteración que trata de 
conjurarse».
Por último, destaca que «en nuestro sistema jurídico no existe ninguna prohibición o 
limitación para sostener tesis independentistas en los distintos territorios del Estado, ni 
para constituir partidos políticos que acojan dicho ideario independentista, ni para su 
expresión pública, lo que resulta de toda evidencia, dada la ideología del partido político 
a  que  pertenece  el  demandante  y  con  el  que  ha  concurrido  a  las  elecciones  al 
Parlamento de Cataluña con reiteración, partido que despliega su actividad sin ningún 
tipo de cortapisa […] Por demás, la existencia de un movimiento independentista catalán, 
apoyado por sectores amplios de la sociedad catalana, que se manifiesta cada vez que  e
lo estima conveniente en defensa de sus postulados ideológicos muestra bien a las  bo
claras que dicha ideología no es objeto de persecución de ninguna índole. Por todo ello,  49ww
leaxst erreiosroizluacciioónne dse  cuune dsteiotenramdiansa dcoa crerecdeon  pdoelílt icporo isncdreitpoe nedfeecntotis tdai»su.asorio respecto de la
11.  No  formuló  alegaciones  adicionales  la  representación  del  demandante,  ni
tampoco lo hizo la de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló. No
obstante, el 27 de julio de 2018, se registró escrito de la representación del demandante 
de amparo en el que solicitaba que se diera el máximo impulso procesal a la tramitación 
del presente recurso de amparo y, en tal sentido, que se habilitase el próximo mes de 
agosto para su tramitación. En el escrito se señala también que, de no accederse a ello, 
denunciará la vulneración de los arts. 24 CE y 6 CEDH porque el Tribunal Constitucional 
está admitiendo a trámite de forma rutinaria absolutamente todos los recursos de amparo 
que presenta la defensa de los diputados imputados en aquella causa, pero luego no 
procede  a  otorgar  ninguna  medida  cautelar,  ni  a  resolverlos  tampoco  en  un  plazo 
razonable, ello aun cuando es público y notorio que desde hace ahora casi un año están 
siendo afectados tantos los derechos a la libertad de los diputados encausados, como 
sus derechos políticos y los derechos de quienes les votaron, viéndose afectado incluso 
el normal funcionamiento del Parlamento de Cataluña.
12.  Por medio de escrito registrado el 16 de octubre de 2018, se reitera la petición 
efectuada el 27 de julio y se procede a denunciar la vulneración de los arts. 24 CE y 6 
CEDH  por  los  motivos  señalados  en  el  escrito  de  27  de  julio.  Por  diligencia  de 
ordenación de 17 de octubre de 2018, se acordó unir el anterior escrito y pasar a dar 
cuenta de este.
13.  Idénticos  pedimentos  se  formularon  en  escrito  de  la  representación  del 
recurrente registrado el 16 de octubre y 14 de noviembre de 2018, y el 9 de enero y 6 de 
septiembre de 2019, de los cuales se dio cuenta por diligencia de ordenación en la 
siguiente fecha.
14.  Por providencia de 14 de enero de 2020, se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
El objeto de este recurso de amparo es determinar si las resoluciones judiciales 
dictadas  en  la  causa  especial  20907-2017  que  han  sido  impugnadas  –auto  del 
magistrado instructor de 9 de marzo de 2018 y auto de la sala de recursos de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018, que en apelación lo ratifica–, han 
vulnerado sus derechos fundamentales a la participación directa como diputado en 
asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (art. 23 CE en relación con el art. 25 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos) en relación con el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como el derecho a la libre expresión de 
opiniones políticas (art. 20.1 CE).
Las vulneraciones denunciadas se habrían producido por denegar al demandante de 
amparo, diputado autonómico en situación procesal de prisión preventiva, la concesión 
de  los  permisos  penitenciarios  solicitados  para  asistir  personalmente  a  la  sede 
parlamentaria a la defensa y debate de su propia investidura como presidente de la 
Generalitat. El recurrente se encontraba ya cautelarmente privado de libertad en la citada 
causa penal cuando decidió concurrir a las elecciones autonómicas al Parlamento de 
Cataluña celebradas el 21 de diciembre de 2017, y también cuando fue elegido diputado 
por la circunscripción de Barcelona.
Dada la incidencia nuclear que la situación cautelar de prisión provisional ha tenido 
en la solicitud de los permisos penitenciarios y en su denegación, el objeto de esta  e.
demanda está conectado con el del recurso de amparo avocado núm. 2226-2018 que,  w.b
en  esta  misma  fecha,  una  vez  sometido  a  la  consideración  del  Pleno,  ha  sido  49ww
deel saeustoti mdaed foe c(hSaT C6  3d/e2 0fe2b0r,e droe  d1e5  2d0e1 e8n (erraot)if.i cEand oé l,e ne l aspeeñloarc iSóánn pcohre zo tir oP idcea n2y0o ld iem pmuagrnzóo 
deen  2c0o1n8s)e, cpuoer necl iaq,u em eal nmtuavgois tlraa dpor iisnióstnr upctroorv idseio lnaa cl acuosma udneinceagdóa  syu  pseint icfiióann zdae  laibceorrtdaadd ya, 
inicialmente el 16 de octubre de 2017, por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3,
después confirmada por el propio magistrado instructor mediante auto de fecha 4 de 
diciembre del 2017.
No  obstante,  en  el  presente  recurso  de  amparo  no  resulta  en  modo  alguno 
controvertida  la  constitucionalidad  del  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  del 
demandante de amparo. Por lo tanto, el enjuiciamiento de la denunciada vulneración del 
derecho al cargo representativo obtenido tiene como presupuesto que la situación de 
prisión  provisional  en  la  que  se  encontraba  no  era  contraria  a  sus  derechos 
fundamentales, tal y como hemos establecido en la STC 3/2020 al desestimar el recurso 
de amparo 2226-2018. Esta conexión obligará, en su caso, a remitirnos a lo expresado al 
resolver el citado recurso de amparo.
Como con más detalle se ha recogido en los antecedentes de esta resolución, el 
partido político Vox, personado en esta causa como codemandado en cuanto es parte 
acusadora en el proceso penal en el que se han dictado las resoluciones impugnadas, 
ha solicitado la inadmisión de las pretensiones de amparo formuladas por considerar que 
incurren en falta de agotamiento de la vía judicial previa, por no haber interesado el 
recurrente  ante  el  propio  Tribunal  Supremo,  ex  art.  241.1  LOPJ,  la  nulidad  de  las 
resoluciones impugnadas en amparo. Subsidiariamente, solicita la desestimación de la 
pretensión de amparo por no apreciar que se hayan producido las vulneraciones de 
derechos fundamentales denunciadas.
Por último, el Ministerio Fiscal ha solicitado también la desestimación en todos sus 
términos  de  las  distintas  pretensiones  de  amparo  por  considerar  que,  a  tenor  del 
contenido  de  los  derechos  fundamentales  alegados,  no  se  han  producido  las 
vulneraciones denunciadas.
2.  Requisitos para la admisibilidad: falta de agotamiento de la vía judicial previa.
Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de 
amparo  debemos  pronunciarnos  sobre  la  concurrencia  de  los  requisitos  para  su 
admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pues, 
como hemos declarado en otras ocasiones (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2 y 
más recientemente en STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos 
insubsanables  de  que  pudiera  estar  afectado  el  recurso  de  amparo  no  resultan 
subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, 
de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma que la 
comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede 
volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando 
lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para 
ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el 
art. 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de 
junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC]. Por la misma razón es preciso que se haya 
puesto de manifiesto («denunciado formalmente») la lesión del derecho fundamental en 
el proceso, si hubo oportunidad, tan pronto como ésta hubiera sido conocida por la parte 
[art.  44.1  c)  LOTC],  contribuyendo  también  con  ello  a  la  efectividad  del  carácter 
subsidiario del amparo constitucional.
Como ha quedado reseñado, el partido político Vox aduce que el recurso incurre,  e
respecto de las quejas referidas al art. 24 CE, en el óbice de falta de agotamiento de la  bo
vía previa [art. 44.1 a) LOTC] al no haber acudido la parte recurrente al incidente de  49ww
nduel ildaa Sda dlae  daec tluoa Pceionnael sd eplr eTvriibstuon aeln S eul parret.m 2o4.1 LOPJ frente al auto de la sala de recursos
vía Edl ein cliad enjuteri sddeic ncuiólind ado rddein aacritau,a cpioonderás  corenmsteitduiyaer  uanq iunesltlrausm elenstoio pnreosc esdael  qdueer,e ecnh olas 
fundamentales referidos en el art. 53.2 CE que no hayan «podido denunciarse antes de
recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea 
susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ), de modo que su 
función en materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de 
aplicación reseñado, que la realizada como consecuencia de la interposición de un 
recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3). En consecuencia, en el caso de 
que la ley conceda recurso, ordinario o extraordinario frente a la resolución que la parte 
estime lesiva de su derecho, es este recurso el que deberá ser interpuesto por el 
interesado, sin que, tras el agotamiento de la cadena de recursos que legalmente 
quepan frente a la decisión de aquel, sea ya necesario que el recurrente reitere la queja 
a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración ya denunciada 
con anterioridad en el procedimiento, deviene manifiestamente improcedente a tenor del 
propio art. 241 LOPJ (ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2).
Por consiguiente, en cuanto imputadas en este caso las vulneraciones de derechos 
fundamentales originariamente al auto de 9 de marzo de 2018, dictado por el magistrado 
instructor,  el  agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  al  recurso  de  amparo  exigía  la 
interposición de recurso de apelación. Así lo hizo la parte recurrente, según se ha dejado 
constancia en los antecedentes, haciendo efectivo el requisito de la subsidiariedad al 
permitir  que  la  sala  de  recursos  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  se 
pronunciara sobre las infracciones ahora denunciadas con ocasión de aquel recurso.
Ahora bien, el hecho de no haber promovido incidente de nulidad de actuaciones 
contra el auto de la sala de recursos pudiera tener relevancia, pues determina que las 
quejas  ahora  formuladas  solo  resulten  admisibles  en  cuanto  que  la  lesión  de  los 
derechos fundamentales que denuncian fuera imputable inmediatamente al auto del 
magistrado instructor [art 44.1 a) LOTC en relación con el citado art. 241.1 LOPJ]. Es 
decir, la constatación anterior condiciona la amplitud de nuestro análisis, que debe 
circunscribirse  al  examen de la vulneración de derechos fundamentales con origen 
«inmediato y directo» [art. 44.1 b) LOTC] en el auto de 9 de marzo de 2018 del 
magistrado instructor y, solo en la medida en que dichas lesiones no fueron reparadas, 
en el auto que resolvió el recurso de apelación interpuesto frente a aquel. Así pues, no 
cabría esgrimir queja autónoma alguna respecto del auto de la sala de recursos del 
Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018.
Debemos añadir que la demanda rectora del presente proceso constitucional se 
atiene a los anteriores condicionantes, por lo que hemos de concluir que el recurrente 
agotó debidamente la vía judicial previa, preservando así la necesaria subsidiariedad del 
recurso de amparo. Según se ha detallado, mediante la interposición del recurso de 
apelación intentó reparar las lesiones de los derechos fundamentales que, a su entender, 
le causó la resolución que mantuvo la vigencia de la medida de prisión provisional; de 
ahí que la interposición del incidente nulidad habría resultado innecesaria.
3.  La invocación del derecho a la participación y a la representación política (art. 23 
CE): jurisprudencia constitucional sobre su contenido y límites.
El demandante de amparo invoca el derecho a la participación y a la representación 
política frente a la decisión judicial impugnada por la que se le denegó la concesión de 
permisos penitenciarios con la finalidad de asistir al pleno del Parlamento de Cataluña a 
exponer su programa de gobierno, debatirlo y someter a votación su investidura como 
presidente  de  la  Generalitat,  sesión  prevista  inicialmente  para  el  día  12  de  marzo 
de 2018. Entiende que la ponderación de los derechos fundamentales en juego, atendida 
la finalidad para la que los permisos penitenciarios se solicitaron, debió conducir a  e
autorizar su excarcelación, dada la dimensión individual y colectiva del derecho a la  bo
participación  política  y  al  acceso  a  los  cargos  públicos  (art.  23  CE).  Cuestiona  la  49ww
isnusftircuiecntocri ap ayr ab ajusset ifoicbajer tliav ad ednee lgoasc iróiens dgeols p teormmaisdoo sp eennit ecnocnisairdioe,r adcaidóon  qpuoer  seel  mbaasgaisnt rsaodloo 
elons  sduesli tionstu picoiro lnoe qsu pee erssotanbaale ssi,e snidno q iunev eesxtiigstaad op.osibilidad física de reiterar la comisión de
El análisis sobre si se ha producido la denunciada lesión del derecho de acceso a los 
cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), exige tomar en consideración la reiterada 
doctrina  constitucional  sobre  el  contenido  y  la  vinculación  existente  entre  ambos 
derechos fundamentales, que ha sido expuesta recientemente en la STC 155/2019, 
de  28  de  noviembre,  en  relación  con  la  decisión  cautelar  de  privación  de  libertad 
adoptada en la misma causa penal en relación con otro de los investigados.
De sus pronunciamientos (FJ 15), a los cuales hemos de remitirnos íntegramente, 
cabe extractar las siguientes conclusiones, que son necesarias para el análisis de la 
presente queja:
a)  El derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa implica también, 
necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley, sin 
constricciones  o  perturbaciones  ilegítimas  [SSTC  10/1983,  de  21  de  febrero,  FJ  2; 
32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 5; 71/1994, FJ 6; 
109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero, FJ 3 a), y 139/2017, de 29 de 
noviembre,  FJ  4  a)].  Esta  última  garantía  adicional  resulta  de  particular  relevancia 
cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo se presenta por un 
representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que, en tal 
supuesto, resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos  públicos  a  través  de  sus  representantes,  reconocido  en  el  art.  23.1  CE 
[SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 47/2018, de 26 de 
abril, FJ 3 a)]. De esta suerte, el derecho del art. 23.2 CE, así como indirectamente el 
que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería 
ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado ilegalmente 
en su ejercicio [SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 
11/2017, de 30 de enero, FJ 3 a); 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 d), y 49/2018, 
de 10 de mayo, FJ 4].
b)  El derecho de acceso a los cargos públicos es un derecho de configuración 
legal.  Corresponde  a  la  ley  (concepto  en  el  que  se  incluyen  los  reglamentos 
parlamentarios)  ordenar  los  derechos  y  facultades  que  pueden  ejercer  los  distintos 
cargos públicos, pasando aquéllos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados 
en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que sus titulares podrán 
defender, al amparo del art. 23.2 CE, el ius in officium que consideren ilegítimamente 
constreñido o ignorado por actos de los poderes públicos [SSTC 27/2000, de 31 de 
enero, FJ 4; 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5; 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B); 143/2016, 
de 19 de septiembre, FJ 3; 224/2016, de 19 de diciembre, FJ 2 b); 11/2017, de 30 de 
enero, FJ 3 b); 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 b), y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 4]. El 
desarrollo legal de estos derechos ha de respetar el principio de igualdad y los derechos 
fundamentales  que  la  Constitución  garantiza,  así  como  salvaguardar  su  naturaleza 
[STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 a), con cita de las SSTC 10/1983, de 21 de 
febrero, FJ 2, y 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2].
c)  El  derecho  a  acceder,  mantenerse  y  desempeñar  los  cargos  públicos 
representativos no es incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual de las 
formulaciones; «es, por el contrario, un derecho delimitado [en su contenido tanto] por su 
naturaleza como por su función» (STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6). El legislador 
puede regularlo e imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese  e.
contenido y los imperativos del principio de igualdad, se ordenen desde la perspectiva  w.b
constitucional a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad. Las  49ww
lleimgiatalecsio qnuees  loy  rreegsutrleicnc ioo ninecsi daaln  eejne recli cmioi sdmeol , dy,e rpeocrh toa nptou,e tdaemnb ipérno vdeen lior sd aep lilcaasd onroersm daes 
dinicjehraesn cniaosr,m daes  cyo, nefonr meisdpaedc icaol,n  dneu elosstr aó rdgoacntorisn aj usdoicbiraele lso,s  slií mbiiteens  eon r eessttreic ccioansoe s taqluees 
pueden sufrir los derechos fundamentales, han de estar previstas por la ley, han de
responder  a  un  fin  constitucionalmente  legítimo,  han  de  ser  adoptadas  mediante 
resolución  judicial  especialmente  motivada  y,  en  fin,  no  han  de  manifestarse 
desproporcionadas en relación con la finalidad perseguida por ellas (SSTC 207/1996, 
de 16 de diciembre, FJ 4; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6; 11/2006, de 16 de enero, 
FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 7).
d)  En las SSTC 19/2019 de 12 de febrero, FJ 4, y 45/2019, de 27 de marzo, FJ 4, 
hemos  establecido  que  la  naturaleza  parlamentaria  del  debate  de  investidura  del 
presidente  de  la  Generalitat,  y  la  propia  configuración  del  procedimiento  para  su 
designación, exigen que el candidato comparezca de forma presencial ante la cámara. 
Hemos señalado que, como regla general y salvo excepciones que estén debidamente 
justificadas en la salvaguarda de un bien constitucional necesitado de mayor protección, 
el cargo público de carácter representativo ha de ejercerse de forma personal, sin que el 
ejercicio de las facultades que integran su contenido pueda ser objeto de delegación. 
Esta exigencia constitucional, al ser inherente al derecho fundamental reconocido en el 
art. 23.1 CE, resulta aplicable tanto al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 79.3 
CE) como a los parlamentos autonómicos [STC 19/2019, FJ 4 A) a)]. De la misma forma, 
hemos  destacado  que  «[l]a  celebración  de  este  debate  en  ausencia  del  candidato 
privaría a este procedimiento de los elementos necesarios para que pudiera cumplir su 
finalidad –aportar a la cámara elementos de juicio necesarios para que pueda valorar si 
el candidato merece o no su confianza– y por esta razón, al afectar a una garantía 
necesaria para asegurar el correcto ejercicio de la función representativa, vulneraría el 
derecho de los diputados a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de 
conformidad con lo previsto en la ley y en los principios constitucionales (SSTC 10/2018, 
de 5 de febrero, FJ 5, y 27/2018 de 5 de marzo, FJ 5), lo que conllevaría, también, la 
lesión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes,  reconocido  en  el  artículo  23.1  CE  (SSTC  161/1988,  de  20  de 
septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, 
FJ 4; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2; 1/2015, de 19 
de enero, FJ 3; 10/2018, de 5 de febrero, FJ 3, y 27/ 2018 de 5 de marzo, FJ 3, entre 
otras muchas)» (STC 19/2019, FJ 6).
e)  Los  criterios  reseñados  de  la  doctrina  de  este  Tribunal  en  relación  con  el 
contenido y límites del derecho de acceso a los cargos públicos son semejantes a los 
que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el art. 3 del protocolo núm. 1 al Convenio para la protección de los derechos 
humanos  y  de  las  libertades  públicas  (CEDH).  Jurisprudencia  esta  última  que,  ex 
art. 10.2 CE, constituye un relevante elemento hermenéutico en la determinación del 
sentido  y  alcance  de  los  derechos  y  libertades  que  la  Constitución  reconoce 
(SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8; 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5, y 8/2017, 
de 19 de enero, FJ 4).
4.  Incidencia  de  la  aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  expuesta: 
consideraciones previas.
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al objeto del presente proceso de 
amparo exige destacar las dos siguientes consideraciones previas:
a)  La  condición  parlamentaria  del  recurrente  y,  por  tanto,  el  derecho  de 
representación política que conlleva, no son obstáculo para que, cuando concurran las 
condiciones constitucionales y legales necesarias, pueda acordarse y mantenerse en el  s
tiempo su prisión provisional, pese a las restricciones de diversa naturaleza que le son  oe.
inherentes [STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 20 A)]. w.
(loSsT EEdDenr Hee cl dhmeoi ss3 m0g oad rseae njntuitznidaiood ,o dese l  pT2or0irb0 u9en,l  aaalsr tEu. nu3tro od pEeelto xp edrboeet orDrcieaor leoyc  hnooútrsmo sH.  uc1.m  CEaEsnpDoasHñ  hana, o §r e s4coo0nn) ,o ascbiinsdoool  uqqtuuoees    2020-2249n https://ww
pueden estar sometidos a «limitaciones implícitas», disponiendo los Estados de un
amplio margen de apreciación al respecto (STEDH de 2 de marzo de 1987, asunto
Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica § 52). Descendiendo al concreto supuesto que nos 
ocupa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene manifestado que el Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
no prohíbe la aplicación de la medida de privación cautelar de libertad a un diputado o 
candidato en unas elecciones legislativas ni su mantenimiento en prisión provisional, así 
como que estas decisiones no implican automáticamente una violación del art. 3 del 
protocolo núm.1 CEDH, ni siquiera en el caso de que la privación de libertad fuera 
considerada contraria al art. 5.3 CEDH (STEDH de 20 de noviembre de 2018, asunto 
Selahattin Demirtas c. Turquía, § 231).
En aplicación de dicha doctrina, en sentencia de esta misma fecha hemos declarado 
constitucionalmente legítimo el mantenimiento de la prisión cautelar del demandante 
(ratificada en auto de 6 de febrero de 2018 por el magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017 y, al desestimar su apelación, por auto de 20 de marzo 
de 2018 de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) lo que ha 
dado lugar, en la STC 3/2020, a acordar la desestimación del recurso de amparo núm. 
2226-2018. En nuestra resolución hemos apreciado que el mantenimiento de la prisión 
provisional  decretada  vino  apoyado  en  indicios  de  criminalidad  basados  en  datos 
objetivos, se fundamentó en una finalidad constitucionalmente legítima razonadamente 
apreciada (conjurar el riesgo de reiteración delictiva concurrente) y supera el juicio de 
proporcionalidad de la limitación de los derechos fundamentales en juego, tanto la 
libertad  personal  como  el  derecho  de  representación  política  que  derivaba  de  su 
condición de diputado autonómico electo.
Sirva esta primera aproximación para poner de relieve que, pese a que es indudable 
que la decisión denegatoria de un permiso de salida solicitado por un cargo público para 
ejercer  funciones  propias  del  mismo  supone  una  injerencia  en  el  contenido  de  su 
derecho, tal injerencia no puede considerarse en sí misma una vulneración si responde a 
una finalidad legítima y ha sido exteriorizada en una resolución motivada que tome en 
consideración  los  intereses  concernidos  concluyendo  razonadamente  en  la 
proporcionalidad de la decisión denegatoria adoptada.
b)  Como acabamos de exponer, es la ley la que configura el ejercicio de los 
derechos aludidos, pero, en términos de ciudadanía, pese a la indudable relevancia que 
en una sociedad democrática presenta la representación parlamentaria, no es admisible 
pretender un régimen legal privilegiado e inmune de los cargos públicos representativos 
frente a la aplicación de la ley penal, cuando esta actúa en defensa y tutela de intereses 
dignos de protección.
A lo que se ha de añadir que la situación cautelar privativa de libertad en la que el 
demandante se encontraba al concurrir a las elecciones autonómicas (lo que se proyectó 
sobre su pretensión de participar presencialmente en la campaña electoral) y en la que 
continuaba, una vez elegido, al solicitar los permisos penitenciarios, no le ha supuesto al 
recurrente la pérdida de su condición de parlamentario ni le ha suspendido en el ejercicio 
de sus funciones, que en parte ha podido seguir ejerciendo a través del voto delegado, 
por más que haya introducido severas restricciones en el modo de ejercicio de algunas 
otras que son características del cargo obtenido, singularmente, las que solo pueden 
ejercerse  de  forma  presencial,  fuera  del  centro  penitenciario.  Pero  estas  últimas 
restricciones son consecuencia directa de la pérdida de la libertad deambulatoria en que 
la medida cautelar consiste.
Por tanto, tal y como expresamos en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, FJ 5, hemos 
de  reiterar  que  de  la  situación  cautelar  de  prisión  provisional  derivan,  de  forma  s
indefectible,  limitaciones  del  contenido  del  derecho  a  ejercer  el  cargo  público  oe.
representativo obtenido. Así, pusimos entonces de relieve cómo «parte de las facultades  w.
de representación política anejas al cargo, singularmente aquellas que tienen como  49ww
cparessou plimueitsatdoa ssu  deejecrisciivcaiom eenn tseit,u paocrió nla  dseit ulibaecirótand  dpee rpsroisniaóln,  qpureodvaisnio anfaelc»t a[dSaTsC,  y1 5e5n/ 2a0lg1ú9n, 
FJ 20 B)].
En consecuencia, las decisiones judiciales cuestionadas en este proceso de amparo, 
por las que se denegó al recurrente la autorización solicitada para ser excarcelado y 
asistir al Parlamento de Cataluña a defender su investidura, no son la fuente directa de 
las limitaciones que fundamentan su queja, sino que estas derivan de una previa y 
legítima situación de prisión provisional; por más que el modo de ejercicio de tales 
funciones representativas se haya mantenido restringido, y en esa medida afectado, 
como consecuencia de la denegación que se cuestiona.
En la STC 155/2019, FJ 20, al valorar la proporcionalidad de la prisión provisional, 
destacamos cómo la posibilidad legal de adoptar en momentos puntuales, y en función 
de las circunstancias concurrentes, medidas penitenciarias de excarcelación como la 
solicitada, permite hacer menos gravosa la injerencia de la prisión provisional en el 
ejercicio  de  su  derecho  al  cargo  representativo.  Tal  posibilidad  fue  evaluada  como 
favorable  por  la  sala  de  recursos  del  Tribunal  Supremo  al  pronunciarse  sobre  el 
mantenimiento de la prisión provisional del demandante y otros investigados en la misma 
causa penal (auto de 5 de enero de 2018). Pero, como entonces expusimos y hemos 
reiterado en la sentencia 3/2020 de esta misma fecha al justificar la desestimación del 
recurso de amparo formulado por el recurrente contra el mantenimiento de su prisión 
provisional (recurso de amparo 2226-2018), se trata de una facultad legal que ha de ser 
valorada judicialmente en función de las circunstancias concurrentes en el momento en 
el que la petición de excarcelación se solicita y de la finalidad que justifica la privación 
cautelar  de  libertad.  Por  ello,  como  veremos,  no  son  consideraciones  de  tipo 
penitenciario, sino procesales y de tutela de los bienes jurídicos afectados por los hechos 
investigados, las que han de ser valoradas caso a caso para activar este régimen menos 
restrictivo de protección cautelar del proceso.
Tal  conexión  mediata  entre  el  contenido  del  derecho  de  representación  política 
parlamentaria y la previsión legal de permisos penitenciarios, dota objetivamente de 
especial trascendencia constitucional a la cuestión planteada en este recurso. Su análisis 
impone un desarrollo adicional en torno a la relevancia de los permisos penitenciarios y 
su encuadramiento constitucional, con especial referencia a los supuestos en que sus 
solicitantes no son penados, sino presos preventivos.
5.  Sobre los permisos penitenciarios y su relación con los derechos fundamentales 
afectados por la privación de libertad.
a)  Conformando  uno  de  los  principios  generales  que  caracterizan  nuestro 
ordenamiento jurídico penitenciario, su ley reguladora [Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre,  general  penitenciaria  (LOGP)]  establece  un  mandato,  dirigido  a  sus 
aplicadores, según el cual la actividad penitenciaria se ha de ejercer «respetando, en 
todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos 
de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón 
de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras 
circunstancias de análoga naturaleza» (art. 3 LOGP). Como consecuencia, con mayor 
concreción,  el  mismo  precepto  establece  como  corolario  que  los  internos  pueden 
«ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión 
del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o 
el cumplimiento de la condena».
La norma extiende así su mandato de optimización a los presos preventivos objeto 
de detención y, al mismo tiempo, establece un límite específico: el ejercicio de estos 
derechos no será posible cuando no resulte conciliable con la finalidad que ha justificado  e
la privación de libertad. bo
De su enunciado cabe colegir que, en la medida en que sea materialmente posible,  49ww
plar ivnaotrimvaas  sdee  dliirbigeert aad  hcaocne re cl ormesptaot idbele slo lsa  dfienraelicdhaods  dqeu ela sd emfiendeind aesl  ceasutatetulasr ejusr íyd ipceon eans 
epxripsiróens iódne  lelogsa li ndteelr naorts. . 2N5.o2  cCaEb,e c odnufdoar mdee  aql uceu adl ic«heol sc opnrdinecnipaidoos  ay  preengala sd en por issoiónn  sqinuoe 
estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo,
a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria».
b)  Salvo en la STC 87/2005, de 18 de abril –que abordó exclusivamente el derecho 
de acceso a los recursos en esta materia– este Tribunal no ha tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre la relevancia constitucional de los permisos extraordinarios de salida 
previstos en el art. 47.1 LOGP y regulados en el art. 155 de su reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Sin embargo, en el ámbito del cumplimiento de las penas privativas de libertad, la 
jurisprudencia  constitucional  sí  ha  abordado  diversas  quejas  relacionadas  con  los 
beneficios penitenciarios que, en atención a la concurrencia de factores positivos en la 
evolución del interno, significan acortamiento de condena –ya sea la redención de penas 
por el trabajo, el adelantamiento de la libertad condicional o la petición de un indulto 
particular–, o se refieren a la aplicación de previsiones legales que permiten modular la 
forma en que la ejecución de una privación de libertad se llevará a cabo –permisos 
ordinarios  de  salida,  clasificación  en  grado  o  concesión  de  la  libertad  condicional 
(SSTC 48/1996, de 25 de marzo, 112/1996, de 24 de junio; 2/1997 de 13 de enero; 
81/1997,  de  22  de  abril;  79/1998,  de  1  de  abril;  163/2002,  de  16  de  septiembre; 
167/2005,  de  20  de  junio;  320/2006,  de  15  de  noviembre,  y  226/2015,  de  2  de 
noviembre).
En las resoluciones citadas hemos descartado que las vulneraciones denunciadas 
expresen  en  sentido  propio  una  vulneración  del  derecho  a  la  libertad  personal 
establecido en el art. 17 CE, pues existe ya un título legítimo previo que ha justificado su 
limitación. No obstante, hemos afirmado que, en esos casos que modalizan la forma en 
que  la  ejecución  de  una  restricción  de  libertad  se  lleva  a  cabo,  debe  entenderse 
reforzado el canon de motivación exigible en relación con el general, que deriva del 
derecho recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3, y 43/2008, 
de 10 de marzo, FJ 4). De esta manera, no es suficiente la mera expresión de las 
razones  que  permitan  conocer  cuáles  han  sido  los  criterios  jurídicos  esenciales, 
fundamentadores  de  la  decisión,  sino  que  la  motivación  debe  extenderse  a  las 
circunstancias que constitucionalmente justifican la situación de privación de libertad. 
Son exigibles, por tanto, motivaciones concordantes con los supuestos en los que la 
Constitución permite la afectación de la libertad contemplada como valor superior del 
ordenamiento (STC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3).
Dicho parámetro constitucional de motivación particularmente riguroso es trasladable 
por entero a los permisos penitenciarios de salida extraordinarios a través de los que se 
pretende ejercer funciones propias de un cargo representativo. En atención a la finalidad 
perseguida  en  este  caso,  las  decisiones  judiciales  no  pueden  dejar  de  tomar  en 
consideración los intereses concernidos, tanto los que, relacionados con su derecho de 
participación política trata de satisfacer el solicitante (art. 23 CE), como aquellos otros 
que justificaron su privación cautelar de libertad.
En todo caso, tanto la existencia de un derecho subjetivo a la obtención de tales 
permisos como los requisitos y condiciones de su disfrute dependen, ante todo, de los 
términos en que dicha institución está regulada en la norma legal aplicada. De esta 
forma, resulta oportuno recoger ahora la dicción literal de los preceptos reguladores: el 
art. 47.1 LOGP dispone que «en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los 
padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los 
internos, alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, 
con las medidas de seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que  s
concurran circunstancias excepcionales». Por su parte, el art. 155.1 del Reglamento  oe.
reproduce el enunciado al establecer que «en caso de fallecimiento o enfermedad grave  w.
de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con  49ww
lliogsa dinot eprnoor ss oim dilea ra lruemlabcrióanm iednet oa fdeec tliavi deasdp,o saas ío  cpoemrsoo npao rc oimn plao rtqaunete esl  rye ccloumsop rsoeb ahdaolles 
madoeticvuoasd adse  eann ásluo gac asnoa, tupraelremzias,o ss ed ec osnaclieddae ráenxt,r acoordni nalarsio s,m esdaildvaos  qduee   csoengcuurirdraand   BOE-A-cable e
circunstancias excepcionales que lo impidan». A las finalidades expuestas se une la 
asistencia médica extrapenitenciaria, cuando sea precisa (art. 155.4 del Reglamento).
La propia calificación como extraordinarios de este tipo de permisos, su regulación y 
la puesta en relación con los permisos ordinarios orientados a favorecer la preparación 
de la vida en libertad de los penados, dan cuenta de una previsión legal dirigida a 
atender necesidades excepcionales en casos en los que, conforme a los usos sociales, 
se considera relevante facilitar que, con o sin medidas de seguridad, el interno asista 
presencialmente a determinados actos de la vida ordinaria.
Tal excepcionalidad no se corresponde con la pretensión de ejercicio continuado de 
funciones que hayan de realizarse en régimen de excarcelación, pues tal finalidad de 
ejercicio continuado en el tiempo de funciones, aún si no fuera incompatible con los 
bienes que la reacción penal protege a través del proceso, habrá de canalizarse, en caso 
de prisión preventiva, reclamando una atenuación de la tutela cautelar impuesta; o, en 
caso de cumplimiento de condena, solicitando la progresión de grado con acceso a un 
régimen de cumplimiento en semilibertad.
No obstante, no es a este Tribunal sino a los órganos de la jurisdicción ordinaria a 
quienes en primer lugar compete determinar en cada caso, atendidas las circunstancias 
concurrentes, cuáles sean esos otros «importantes y comprobados motivos» que pueden 
dar  lugar  a  la  concesión  de  permisos  extraordinarios.  En  este  aspecto  particular, 
conviene destacar que las resoluciones judiciales impugnadas no niegan la posibilidad 
abstracta de obtener permisos extraordinarios de salida para ejercer funciones propias 
del  cargo  representativo  obtenido,  sino  que,  en  este  caso,  la  denegación  de  su 
autorización se fundamenta en atención a las circunstancias objetivas concurrentes, a la 
naturaleza de los delitos que se imputan al recurrente y a la apreciación actualizada de 
riesgo de reiteración delictiva.
A los efectos de nuestro análisis, interesa ahora destacar que, la regulación legal 
contempla  la  posibilidad  de  extender  los  permisos  extraordinarios  a  los  internos 
preventivos (art. 48 LOGP y art. 159 del Reglamento), pero con un relevante requisito 
adicional:  no  es  el  juez  de  vigilancia  penitenciaria  sino  el  órgano  judicial  a  cuya 
disposición procesal se encuentre el preso preventivo, quien deberá aprobar dichos 
permisos con carácter previo a su disfrute.
Dicho requisito adicional pone de manifiesto que las consideraciones de carácter 
penitenciario  no  son  en  sí  mismas  suficientes  para  hacer  efectivo  un  permiso 
extraordinario de salida, sino que, en concordancia con el art. 3.1 LOGP, cualquiera que 
sea la finalidad que justifique la petición, también cuando se halle conectada con el 
ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales, es el Juez o 
Tribunal de la causa penal en la que se ha decretado la prisión provisional del interno 
quien ha de valorar si el permiso es o no compatible con el objeto de su detención; esto 
es, con las finalidades que la legitiman, pues son estos órganos judiciales quienes, por 
su relación con el proceso de investigación, son también responsables de su tutela.
c)  En  definitiva,  el  análisis  de  la  queja  planteada  en  amparo  debe  iniciarse 
descartando  que  la  obtención  de  un  permiso  de  salida  ordinario  o  extraordinario 
constituya parte del contenido de cualquiera de los derechos fundamentales que se ven 
afectados por la prisión provisional.
No obstante, en la medida en que la autorización de tales permisos a un preso 
preventivo permite ampliar el status libertatis de sus beneficiarios –siquiera puntual y 
temporalmente–  permitiéndoles  con  mayor  extensión  el  ejercicio  de  sus  derechos 
(también  el  de  representación  política  que  ha  sido  expresamente  alegado),  su  s
denegación ha de estar fundada en criterios que resulten conformes con el contenido de  oe.
los  mismos  y  los  principios  legales  y  constitucionales  a  los  que  está  orientada  la  w.
institución, de forma que pueda ser calificada como proporcionada al interés que la  49ww
justiAfic ap.artir de estos parámetros generales, y de las circunstancias del caso concreto
sometido  a  nuestra  consideración  que  han  sido  detalladamente  expuestas  en  el
antecedente segundo de esta resolución, abordaremos a continuación el análisis de las 
quejas formuladas por el recurrente.
6.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso concreto.
a)  Como  ya  ha  quedado  expuesto  con  más  detalle  en  los  antecedentes,  el 
magistrado instructor del Tribunal Supremo de la causa especial en la que entonces era 
investigado el recurrente, que había sido incoada por delitos de rebelión, sedición, 
malversación de caudales públicos y desobediencia, ha considerado que la concesión 
del permiso extraordinario solicitado con la finalidad de asistir al pleno del Parlamento de 
Cataluña a exponer su programa de gobierno, debatirlo y someter a votación su propia 
investidura como presidente de la Generalitat, es incompatible con el objeto de la prisión 
provisional  decretada,  dada  la  necesidad  de  evitar  una  actualización  del  riesgo  de 
reiteración delictiva que fue tomado en consideración para decretar su privación cautelar 
de libertad en este caso.
En la decisión judicial impugnada se afirma que existe una posibilidad razonable de 
que se reproduzca el ataque al bien jurídico y de que esa eventualidad pueda confluir de 
nuevo con la voluntad del encausado de sumarse a la ejecución delictiva desde cualquier 
tarea o función. Tal pronóstico se apoya en el contexto político en el que la petición ha 
sido formulada, en la existencia de un plan de secesión territorial que contempla abordar 
ilegalmente una legislatura constituyente y de un concierto previo para llevar adelante 
dicho plan, aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la 
comunidad autónoma. El instructor proyecta sobre el recurrente el riesgo genérico de 
reiteración delictiva considerando que había revalidado su ilegal propósito integrándose 
en una candidatura que propugna continuar ejerciendo el método de actuación que en la 
causa  se  investiga  como  delictivo.  Añade  que  la  obcecada  determinación  en  su 
consecución ni tan siquiera se detuvo en fechas precedentes «ante el riesgo de que 
pudiera conducir a un violento estallido social, con posibles e irreparables consecuencias 
físicas en los sujetos afectados y con relevante repercusión en la convivencia del grupo 
social». Finalmente, entiende que la conducción vigilada que se propone no aporta la 
contención precisa para un traslado seguro; y que el ejercicio del derecho que se 
pretende «no supone sino favorecer la reiteración que trata de conjurarse, visto que la 
actividad delictiva que se investiga se desplegó –precisamente– desde actuaciones 
legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los 
controles  constitucionales,  judiciales  e  institucionales  dispuestos  en  nuestro 
ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido 
excluida y sigue respaldándose de presente».
Por  su  parte,  la  sala  de  recursos  del  Tribunal  Supremo,  al  fundamentar  la 
desestimación del recurso de apelación presentado, entendió proporcionada la decisión 
denegatoria por cuanto la pretensión de excarcelación temporal ejercitada expresa «un 
conflicto de intereses y de derechos entre el legítimo ejercicio del derecho fundamental 
de  participación  política,  con  los  principios  y  valores  constitucionales  que  le  son 
inherentes,  y  los  bienes  jurídicos  que  tutelan  las  normas  penales  que  han  sido 
presuntamente infringidas por el investigado» y, a partir de la previsión establecida en el 
art. 3.1 LOGP, apreció que «no resulta factible compatibilizar la asistencia al pleno 
parlamentario con la cumplimentación de los fines de la prisión provisional, y más en 
concreto con la conjuración del grave riesgo de reiteración delictiva que se generaría con 
la sola presencia del recurrente en el lugar de los hechos objeto del procedimiento, 
debido a las incitaciones que el propio investigado realizó en su día en el curso de su  e
actividad política». bo
Frente  a  tales  razonamientos,  el  recurrente  ha  fundamentado  su  demanda  de  49ww
saamlipdaar oa  elons  lpar epsreovsi spiróenv elengtiavlo qs u(ea rtpso. s4ib7i lyit a4 8la L cOoGncPe)s. iEónn tideen dpee rqmuies olas  aesxitsrtaeonrcdiian aarli opsle ndoe 
ldoes  in«vimesptoidrtuarnat,e ps ayra c loam qpureo bfaudeo isn smtitoutcivioonsa»l mqeunet elo p jruosptiufiecsatno.  cCoomnos idcaenrad idtaamtob, iéens  quuneo  dsue 
denegación limita indebidamente el ejercicio de sus derechos de representación política,
que han de ser puestos en relación con su derecho a la presunción de inocencia (pues 
supone un castigo anticipado antes de ser declarado culpable) y la libre expresión de 
opiniones políticas en sede parlamentaria. Tras afirmar las vulneraciones denunciadas, 
sin  más  referencias  que  la  descripción  del  contenido  de  los  derechos  alegados, 
cuestiona la concurrencia de riesgo de reiteración delictiva, del que dice que carece de 
cualquier  base  empírica  en  cuanto  la  posible  comisión  de  los  delitos  imputados  la 
considera imposible «física o constitucionalmente», dado que su eventual alocución ante 
la cámara está protegida por la inviolabilidad parlamentaria.
A la vista del contenido de la queja expresado en la demanda, dado que el recurrente 
no ha formulado alegaciones adicionales, ex art. 52.1 LOTC, una vez que han quedado 
identificadas  por  el  recurrente  el  derecho  fundamental  invocado  y  las  decisiones 
judiciales impugnadas, desarrollaremos a continuación el análisis de la constitucionalidad 
de dicha denegación conforme al parámetro de control antes expuesto que, como señala 
el  Ministerio  Fiscal  en  sus  alegaciones,  exige  ahora  analizar  la  legalidad  y 
proporcionalidad de las decisiones adoptadas en las resoluciones judiciales impugnadas.
b)  A esos efectos, conviene destacar de nuevo:
(i)  que, conforme a la previsión legal, la decisión de denegar la salida temporal del 
centro penitenciario del demandante de amparo tiene amparo en el art. 3.1 LOGP, que 
somete la posibilidad del ejercicio de los derechos políticos de los recluidos a que no 
fuese incompatible con el objeto de su detención;
(ii)  que con esta decisión únicamente se mantuvo la imposibilidad ya decretada de 
que el recurrente ejerciera presencialmente labores que configuran el ius in officium 
parlamentario;
(iii)  que,  al  adoptar  dicha  decisión,  los  órganos  judiciales  identificaron  como 
fundamento  unos  fines  constitucionalmente  legítimos,  como  lo  son  evitar  una 
actualización del riesgo de reiteración delictiva que habían justificado antes la situación 
de prisión preventiva del demandante y, a través de él, la protección de aquellos bienes 
jurídicos que justifican la penalización de las conductas indiciariamente atribuidas al 
señor Sánchez i Picanyol, y
(iv)  que el hecho de que un permiso extraordinario permita alzar temporalmente las 
restricciones del ejercicio presencial de los derechos políticos que son consecuencia de 
la prisión provisional decretada, no hace preceptiva su autorización.
A  partir  de  estas  consideraciones,  cabe  anticipar  que  la  apreciación  como 
legitimadores de los fines tomados en consideración por las resoluciones judiciales 
impugnadas es coherente con la previsión legal y expresa una adecuada ponderación de 
los derechos e intereses constitucionales en juego.
Ya hemos visto como las resoluciones judiciales impugnadas, al igual que para 
justificar la prisión provisional del recurrente, apoyaron su decisión denegatoria en una 
sola razón: la necesidad de conjurar el riesgo de reiteración delictiva. Se trata de una 
finalidad que, en el caso del recurrente, hemos declarado suficientemente expresada y 
razonablemente apreciada en la sentencia 3/2020 de esta misma fecha (recurso de 
amparo 2226-2018). La circunstancia de que la puntual conducción del demandante de 
amparo a la sede del Parlamento de Cataluña para asistir a la defensa de su propia 
investidura pudiera suponer una actualización de los riesgos de reiteración delictiva que 
justificaron la adopción de la prisión provisional, conecta directamente con la previsión 
legal y las funciones de tutela que la ley procesal atribuye al magistrado instructor de la 
causa, pues la pretensión de disfrute de los derechos políticos, según expresa el art. 3.1  e
LOGP, no ha de interferir con el objeto de su detención preventiva. bo
Al igual que hemos señalado en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 13,  49ww
lhoe dmeotes rdmei nraeniteter adre al hpoerlaig rqou ed eta rle aitperreacciiaócni ódne lnicot isvoal oq usee  sfuen adpar eecni ad antoo se so bqjueeti veol sr,e sciunrore qnutee 
mpearnsteevnegraan csiau  ena sepli ramcoiódno  ildeeg alq cuoen  eCla qtaulueñ eas ea dlceasnigcen io las e ipnrdeetpeennddee lnocgiara, r, scionno  lalas 
consecuencias que ello comportaría para el orden constitucional.
En  el  mismo  sentido,  cabe  concluir  que  la  ponderación  efectuada  por  las 
resoluciones judiciales impugnadas es conforme con las exigencias de proporcionalidad 
en la afectación a los derechos fundamentales. Estimamos que, de conformidad con la 
motivación desarrollada –que toma en consideración, por un lado, la relevancia del 
derecho fundamental subjetivo limitado y su conexión con intereses objetivos esenciales 
en un sistema de democracia parlamentaria y, por otro, los intereses constitucionales que 
la decisión está llamada a salvaguardar– es preciso concluir que la prevalencia de estos 
últimos determina, atendiendo a las circunstancias del caso, la necesidad de un sacrificio 
de los primeros y de desechar la posibilidad de haberse accedido a la solicitud del 
demandante.
Afirma el recurrente que el pronóstico de reiteración carece de base empírica. Sin 
embargo, el juicio sobre los hechos que dan lugar a la valoración de la concurrencia de 
un determinado interés de relevancia constitucional que justifique la limitación de un 
derecho fundamental es, con carácter general, una labor que corresponde efectuar a los 
órganos judiciales, respecto de los que la jurisdicción constitucional de amparo debe 
limitarse a efectuar un control externo.
El Tribunal considera que los órganos judiciales, con la inmediación que es propia en 
el  ejercicio  de  sus  funciones,  han  ponderado  en  este  caso  de  manera 
constitucionalmente adecuada la concurrencia de datos objetivos y constatables que 
permite  fundamentar  la  existencia  de  un  riesgo  relevante  de  reiteración  delictiva. 
Asimismo, el Tribunal observa que, en el presente caso, también se fundamenta en 
evidencias de hechos objetivos y constatables la afirmación de la posibilidad de que la 
concesión de la autorización instada por el recurrente, y las conducciones que esto 
comportaría entre el centro penitenciario y el Parlamento de Cataluña, pudieran suponer 
una alteración de la seguridad pública cuya magnitud permite justificar una privación al 
demandante del ejercicio de su función representativa en actos que estaba previsto 
desarrollar, pese a su trascendencia y singularidad especial en el orden parlamentario.
A esos efectos, consideramos que no es un dato irrelevante la proximidad de fechas 
entre la decisión de adopción de la medida cautelar de prisión preventiva, las ahora 
recurridas en amparo y los hechos investigados en la causa penal. Del mismo modo, no 
puede  dejar  de  tomarse  en  consideración  la  finalidad  perseguida  con  el  permiso 
solicitado pues, tal y como se expresa en las resoluciones impugnadas, la imputación 
indiciaria  que  llevó  a  decretar  la  prisión  provisional  del  recurrente  le  atribuye  «la 
ejecución de hechos dilatados en el tiempo, debidamente planificados, y orientados a 
una ruptura estructural del Estado de derecho y de la convivencia social» a la que habría 
contribuido de forma destacada, como político activo y presidente de una asociación 
ciudadana. Dicha actuación se habría producido en concierto previo con los partidos 
políticos soberanistas, sirviéndose de una mayoría parlamentaria a través de la cual 
impulsaron  y  promulgaron  una  aparente  legislación  que  debía  servir  de  soporte  al 
proceso de independencia, para lo que contaron con la consiguiente colaboración del 
Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña  que  se  conformó  con  el  apoyo  de  dichos 
partidos, con la finalidad de implantar un ordenamiento jurídico paralelo que se oponía y 
vulneraba frontalmente las normas capitales y las instituciones del Estado que legitiman 
su actual elección parlamentaria y el ejercicio de su labor de diputado autonómico. No 
cabe dejar de tomar en consideración que las conductas de otros investigados en la 
causa penal, con quienes se le atribuye actuar en concierto, se realizaron en la condición 
de miembros del Gobierno de la Generalitat y, también, como integrantes del Parlamento 
de Cataluña. s
La circunstancia de que la conducción y asistencia del demandante de amparo a  oe.
unas  concretas  sesiones  del  Parlamento  de  Cataluña  pudiera  suponer  una  grave  w.
alteración de la convivencia ciudadana a consecuencia de las posibles movilizaciones  49ww
aqduiec iopnoadl ríaqnu ed, eesanr roelll arjuseic ioc ond e esptreo pmoroctiiovnoa, liddeabde,  sceo nsimidpeoranres e tacmobmiéon  und e elmemaneenrtoa 
concluyente al derecho de representación política del recurrente. Lo que excluye por sí la
consideración de posibles alternativas en consecución de un equilibrio entre todos los 
intereses en conflicto.
Al margen de lo anterior, también ha de ser valorado que, con anterioridad al dictado 
de las resoluciones impugnadas, el instructor ponderó la repercusión que la decisión de 
denegar la autorización a los investigados para asistir a las sesiones del Pleno del 
Parlamento de Cataluña pudiera tener sobre una conformación de la voluntad de ese 
órgano  respetuosa  con  los  resultados  electorales,  por  lo  que  permitió  que  por  el 
Parlamento  de  Cataluña  se  habilitasen  los  instrumentos  precisos  para  que  el 
demandante de amparo pudiera acceder a la condición de diputado a pesar de la 
situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraba, así 
como para que pudiera delegar su voto, si la mesa de la cámara no encontraba motivo 
alguno para oponerse a ello (auto de 12 de enero de 2018, confirmado en reforma por 
auto de 29 de enero de 2018 y en apelación por auto de la sala de recursos de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, de 14 de marzo de 2018).
Por  tanto,  debe  concluirse  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  no  han 
vulnerado el derecho del recurrente a ejercer las funciones representativas con los 
requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 
CE).
7.  La invocación del derecho a la presunción de inocencia y la libertad de expresión 
política.
La toma en consideración del riesgo de reiteración delictiva para fundamentar la 
denegación del permiso de salida penitenciario solicitado por el recurrente no vulnera el 
derecho a la presunción de inocencia que ha sido alegado. Coincidimos en este aspecto 
con la valoración expresada por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones: ninguna de las 
tres  dimensiones  que  protege  este  derecho  han  resultado  desconocidas.  Resulta 
evidente que el recurrente no ha sido condenado por las resoluciones recurridas (regla 
de juicio), pero tampoco se refieren a él como culpable ni, a través de ellas, ha recibido 
anticipadamente tal tratamiento como consecuencia de su situación cautelar (regla de 
tratamiento).  Reiteradamente  hemos  señalado  que  la  presunción  de  inocencia  es 
compatible con la adopción de medidas cautelares en resolución fundada en Derecho 
que se base en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las 
circunstancias concurrentes [por todos, AATC 30/1997, de 29 de enero, FJ 5; 98/1986, 
FJ 3; y entre otras, SSTC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 7; 66/1989, de 17 de abril, FJ 6, 
y 108/1984, de 26 de noviembre, FJ 2 b); en el mismo sentido, STJUE de 19 de 
septiembre de 2018, Asunto Emil Milev, C-310/18 PPU, pár. 44]. Por ello, una vez 
declarada legítima su prisión provisional por venir apoyada en indicios basados en datos 
objetivos (regla de interpretación de las medidas cautelares), tal apreciación se extiende 
también a aquellas restricciones de ejercicio que, como consecuencia, derivan de la 
privación de su libertad deambulatoria.
No se pretende con ello que el recurrente no pueda expresar su ideario político, sus 
aspiraciones o su valoración sobre los objetivos políticos que defienda, lo cual puede y 
viene haciendo por diversos cauces cuando lo considera preciso, sino, mucho más 
limitadamente, su prisión preventiva y la denegación del permiso penitenciario solicitado 
restringen fundadamente el modo y momento en que lo puede hacer, pues se dirigen a 
proteger  los  intereses  constitucionalmente  relevantes  a  que  nos  hemos  referido 
reiteradamente  al  analizar  antes  la  supuesta  vulneración  de  sus  derechos  de  e
participación política, lo que justifica desestimar también la supuesta vulneración de su  bo
libertad de expresión política (art. 20.1 CE). 49ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Sánchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Fernando 
Valdés Dal-Ré respecto de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado 
núm. 2228-2018.
Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Tribunal, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE), al no haberse realizado la ponderación requerida 
por la afectación de este derecho.
En  la  sentencia  3/2020,  de  15  de  enero,  dictada  en  el  recurso  de  amparo 
avocado 2226-2018 se aborda la cuestión relativa a la constitucionalidad, desde la 
perspectiva del derecho de representación política del recurrente, del mantenimiento de 
su situación de privación de libertad cautelar una vez que había accedido a la condición 
de diputado autonómico. En el voto particular formulado a dicha resolución hemos 
expuesto las razones por las que consideramos que se había producido la vulneración 
de su derecho de representación política. El presente recurso de amparo está en una 
íntima conexión con aquel procedimiento, toda vez que su objeto es determinar, también 
desde la perspectiva de su derecho a la representación política, la constitucionalidad de 
la  decisión  judicial  de  denegar  al  recurrente  un  permiso  penitenciario  para  acudir 
personalmente a la sede del Parlamento de Cataluña para la defensa y debate de su 
propia investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Expuestos en el voto particular formulado al recurso de amparo avocado 2226-2018, 
no  consideramos  necesario  reiterar  ahora  los  aspectos  constitucionales  que 
consideramos relevantes para resolver los supuestos de prisión provisional de miembros 
de las cámaras legislativas autonómicas desde la perspectiva del art. 23 CE y que, 
mutatis mutandis, son de aplicación al presente recurso en la medida en que se trata de 
una decisión que se proyecta sobre la situación de privación de libertad cautelar de un 
diputado autonómico que le impide el ejercicio de su derecho de representación política, 
ya que se trata de la denegación de un permiso penitenciario para ejercer personalmente 
una actuación parlamentaria muy cualificada. Nos remitimos, en consecuencia, a lo que 
expusimos de manera extensa en el apartado primero del voto particular que formulamos 
a la STC 155/2009, de 28 de noviembre. Nos limitaremos en el presente voto particular a 
exponer las razones por las que consideramos que en este caso tampoco la decisión 
judicial de denegar el citado permiso penitenciario ha respondido a la ponderación 
constitucionalmente requerida por el derecho a la representación política. s
1.  El juicio de proporcionalidad realizado en las resoluciones judiciales impugnadas:  w.b
Las resoluciones judiciales impugnadas tenían como objeto resolver sobre la solicitud del  49ww
prerocuvirsreionntael,,  ddeip quutaed ose  ealuetcotroiz adreal  suP aarslaismteennctioa  pdaer a Caacutadluirñ pae rseonn aslmitueanctieó na  ldae s epdreis dióenl 
pPraerslaidmeennteto d ed ela  GCaetnaelurañlait atp daera C  laat adlueñfae.nsa  y  debate  de  su  propia  investidura  como
La  denegación  de  esa  solicitud  se  fundamentó  en  la  necesidad  de  evitar  una 
actualización del riesgo de reiteración delictiva. La incompatibilidad entre esta finalidad y 
la concesión de la salida del centro penitenciario solicitada aparece justificada en las 
resoluciones impugnadas en el comportamiento del demandante de amparo, que había 
dado lugar a que se acordase la situación de prisión preventiva. Este comportamiento 
consiste,  según  esta  justificación,  en  (i)  haber  revalidado  su  compromiso  delictivo 
integrándose  en  una  candidatura  que  proclama  continuar  ejerciendo  el  método  de 
actuación que se enjuicia; y (ii) haber reflejado una determinación tan obcecada que su 
acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de que pudiera conducir a un violento 
estallido  social,  con  posibles  e  irreparables  consecuencias  físicas  en  los  sujetos 
afectados y con relevante repercusión en la convivencia del grupo social. Los órganos 
judiciales  afirman  la  subsistencia  actual  de  ese  riesgo  de  reiteración  delictiva  con 
fundamento en que (i) existe un contexto político en el que concurren todavía sectores 
que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de 
manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse perseverando en el mecanismo de 
secesión opuesto a las normas penales que se enjuician; (ii) que estos sectores se 
ajustan  a  un  plan  de  secesión  que  contempla  abordar  ilegalmente  una  legislatura 
constituyente; y (iii) que el concierto en el que participó el investigado siempre contempló 
perseverar en la estrategia y en los objetivos, aun en el supuesto de que el Estado 
interviniera las instituciones de la comunidad autónoma, como ha acontecido.
También se destaca que ese riesgo no quedaría contenido mediante una conducción 
vigilada, ya que el recurrente ha utilizado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la 
fuerza que un Estado democrático puede aplicar, y que el ejercicio del derecho que se 
pide  favorece  la  reiteración  delictiva,  ya  que  la  conducta  investigada  se  desplegó, 
precisamente, desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales.
2.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad:  La 
función de este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho 
sustantivo no se agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones 
impugnadas, sino que, como máximo interprete en materia de garantías constitucionales 
[art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], 
tiene una plenitud de jurisdicción para establecer el parámetro de protección de ese 
derecho.  De  este  modo,  parece  adecuado  incluir  una  reflexión  sobre  los  diversos 
criterios  o  elementos  constitucionalmente  relevantes  que  deberían  haber  estado 
presentes al realizar el necesario juicio de proporcionalidad y que se fueron desgranando 
en la primera parte del voto particular formulado a la citada STC 155/2019. A esos 
efectos, y sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar los siguientes:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es 
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica. 
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que 
los intereses constitucionales se desenvuelven dentro de un mismo sistema y, por tanto, 
coadyuvan  e  interactúan  entre  ellos  de  manera  equilibrada.  No  obstante,  no  cabe 
renunciar en el juicio de proporcionalidad a valorar cuál es el peso específico de los 
intereses en conflicto como un elemento más del razonamiento. En el presente caso, 
como se ha venido señalando, concurrían, por un lado, el derecho de representación 
política del recurrente y, por otro, el interés público en enervar los riesgos derivados de 
una posible reiteración delictiva y la producción de eventuales alteraciones de la normal 
convivencia ciudadana. e
El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional  bo
al ser también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia  49ww
dpeanrlatrmo ednetal rpiar.o pSiou  idmispeoñrota nccoinas teitsutcruiocntuarla yl  eess tdaetu ttaarl iom acgonni tueds pee ciínfitceanss idinasdt itquucieo nceuse ndtea 
pprreorterocgcaiótinv afrse nptea rala meveenntaturaiales.s  Aindteermfeáres,n csiaus  edvee onttruoasl  psoadcerirfeicsio d eslu Epsotnaed ou, ncao meofe scotinva l asy 
actual incidencia en el ejercicio del derecho.
Por su parte, la finalidad de enervar los riesgos de reiteración delictiva es un interés 
constitucional relevante en consideración a la protección de los bienes jurídicos que 
estarían en riesgo en caso de verificarse la reiteración del delito. Responde, por tanto, a 
un juicio de prognosis, por lo que su eventual sacrificio no supone un daño actual, sino 
meramente potencial, ya que la única consecuencia inmediata es que se mantendría la 
situación de riesgo para esos bienes jurídicos, pero no su lesión. Además, al estar 
asociado con una medida cautelar en el marco de una instrucción penal, la afirmación 
del riesgo de reiteración delictiva no se hace sobre la certeza de que se haya cometido 
un delito que pueda reiterarse, pues esta solo puede constatarse una vez que exista una 
sentencia condenatoria firme.
(ii)  La  intensidad  de  la  afectación  al  interés  constitucional  sacrificado:  En  el 
presente caso, el recurrente era un diputado autonómico electo y, por tanto, la afectación 
de su derecho de representación política era especialmente intensa en lo subjetivo y en 
lo institucional, pues se impedía al recurrente el ejercicio de una función para la que es 
consustancial su presencia personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña de 
la participación en sus procesos deliberativos y decisorios de uno de sus miembros de 
especial relevancia política, habida cuenta de su condición de candidato a la presidencia 
de la Generalitat.
Debe destacarse de modo particular que la decisión judicial controvertida impidió al 
demandante de amparo acudir personalmente a la sede del Parlamento de Cataluña 
para la defensa y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat de 
Cataluña. Es altamente relevante el hecho de que se trata de un acto especialmente 
cualificado y de la más elevada significación en el normal desarrollo de una democracia 
parlamentaria como es la elección del presidente de un ejecutivo por parte de una 
asamblea parlamentaria.
(iii)  La  importancia  constitucional  equivalente  de  los  fines  justificativos  que  se 
declaran  prevalentes  frente  a  las  manifestaciones  sacrificadas  del  derecho  de 
representación política del recurrente: Como ya se ha reiterado, el fin justificativo que se 
ha considerado prevalente para sacrificar determinadas manifestaciones del derecho de 
representación política del recurrente al adoptar la decisión judicial controvertida ha sido 
enervar los riesgos de reiteración delictiva en caso de haberse concedido el permiso 
penitenciario.
a)  La circunstancia de que la puntual conducción del demandante de amparo a la 
sede del Parlamento de Cataluña para asistir al debate de investidura pudiera suponer 
una actualización de los riesgos de reiteración delictiva que justificaron la adopción de la 
prisión preventiva –y, por tanto, que pueda ahora ser utilizada también como un elemento 
de denegación de la salida del centro penitenciario– debe ponerse en relación con el 
hecho de que, si bien la finalidad de evitar ese riesgo es un fin constitucionalmente 
relevante para la adopción de una medida limitativa de la libertad personal, el derecho 
fundamental que ahora se estaba ponderando es el de representación política. La sala 
de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al confirmar la decisión del 
mantenimiento de la situación de prisión preventiva de otro de los investigados en este 
procedimiento –auto de 5 de enero de 2018–, a los efectos de ponderar la incidencia de 
esta medida cautelar en el derecho de representación política, afirmó que «la existencia 
de una causa penal no es incompatible de forma absoluta con el ejercicio del derecho de 
participación política, aunque en algunos aspectos puede suponer limitaciones» y que, 
desde la perspectiva de «la proporcionalidad de la medida en relación con el derecho 
alegado», puede «ser tenida en cuenta por el instructor en el momento de adoptar las  e.
decisiones  que  resulten  pertinentes,  en  momentos  puntuales  y  en  función  de  las  w.b
circunstancias que se presenten en cada uno de ellos» (razonamiento jurídico quinto). 49ww
sentEesntcei aT r3ib/2u0n2a0l,  ednic tlaa dcait aedna  eSlT rCe c1u5rs5o/2 0d1e9  a–mepna croon asivdoecraadcoio n2e2s2 6q-u2e0 h1a8 , reeinte rlaa dqou een  slae 
rceocnufirrrmenat ela–  cootnosrtgitau cuionnaa leidsapde cdiaell  mrealenvteannicmiaie nptaor ad es ulap esirtaura ceiló nju diceio p rdisei ópnr opproovrcisioionnaalild daedl 
sobre la incidencia que en el derecho a la representación política tiene la decisión de
mantener la situación de prisión provisional a la circunstancia de que «al ponderar la 
incidencia de la prisión provisional en el ejercicio del derecho del recurrente al acceso al 
cargo público, la Sala [Segunda del Tribunal Supremo] ha tomado en consideración que 
ha concurrido como candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña y que ha 
resultado elegido. Afirmada su condición de electo, no descarta la posibilidad de que por 
parte  del  magistrado  instructor  se  lleguen  a  adoptar  las  decisiones  pertinentes,  en 
función  de  las  concretas  circunstancias  que  puedan  presentarse  en  momentos 
puntuales, para garantizar la proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de 
prisión en el ejercicio del cargo al que ha accedido. De modo que no cabría excluir, en 
principio,  que  concurriendo  esos  requisitos  se  pudieran  tomar  en  determinados 
momentos medidas que pudieran llegar a remover o paliar los obstáculos que por su 
situación de prisión impiden y dificultan al recurrente el ejercicio de las funciones de 
diputado» (FJ 16).
Por tanto, la existencia del riesgo de reiteración delictiva fue considerada en su 
momento por estos mismos órganos judiciales como justificativa de la decisión de prisión 
preventiva, pero no impeditiva de que pudieran adoptarse medidas penitenciarias para 
hacer efectivo en momentos puntuales el ejercicio del derecho a la representación 
política. Esto excluye que pueda ser considerado como suficiente el argumento vinculado 
a las limitaciones derivadas de la situación de prisión provisional desde el punto de vista 
de los requisitos de motivación exigible en este tipo de resoluciones sobre medidas 
penitenciarias facilitadoras del derecho de representación política, pues es un argumento 
que no discrimina suficientemente si se trata de un riesgo que, una vez neutralizado a 
través de la situación de prisión provisional a la que está sujeta el demandante, puede 
enervarse o no –como la Sala había considerado– con la adopción, en su caso, de las 
cautelas adicionales de control que se estimen necesarias durante las conducciones que 
pudieran acordarse.
El juicio sobre los hechos que dan lugar a la valoración de la concurrencia de un 
determinado  interés  de  relevancia  constitucional  que  justifique  la  limitación  de  un 
derecho fundamental es, con carácter general, una labor que corresponde efectuar a los 
órganos judiciales, respecto de los que la jurisdicción constitucional de amparo debe 
limitarse a efectuar un control externo. A esos efectos de control externo, se observa 
que, en el presente caso, la afirmación de la posibilidad de que la concesión de la 
autorización instada por el recurrente y las conducciones que esto comportaría entre el 
centro penitenciario y el Parlamento de Cataluña pudieran suponer una actualización del 
riesgo de reiteración delictiva de tan extraordinaria magnitud como para justificar una 
privación  al  demandante  de  la  posibilidad  –no  vetada  por  el  ordenamiento  en  las 
concretas  circunstancias  en  que  se  encontraba  el  recurrente–  de  acceder  como 
candidato a la presidencia de la Generalitat a un proceso de investidura y, en su caso, a 
la condición de presidente de la Generalitat, se fundamenta en evidencias de hechos que 
o bien (i) han acontecido en un contexto político jurídico diferente al del momento en que 
se dictaron las resoluciones ahora impugnadas o bien (ii), con posterioridad, no han dado 
lugar en absoluto a supuestos de alteración de tal relevancia como para justificar una 
medida restrictiva del derecho de representación política de estas características sin 
posibilitar alternativas más equilibradas.
Las resoluciones judiciales impugnadas encuentran la evidencia para afirmar la real y 
efectiva existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, por una parte, en la 
conducta desarrollada por el demandante respecto de los hechos acontecidos que han 
dado lugar a la incoación del proceso penal y, por otra, en que persiste un contexto  s
político con sectores que defienden la consecución de la independencia de Cataluña de  oe.
manera inmediata a través de procedimientos ilegales. Por otra parte, se destaca que  w.
este  riesgo  no  quedaría  contenido  mediante  una  conducción  vigilada,  ya  que  el  49ww
dreecmuorrcernátteic hoa  puutielidzaed oa psluic alidr eyra zqguoe  pealr ae djeerscbicoiord adre yl  sdoebrerecphaos aqru lea  fsuee rzpaid qeu efa uvno rEesctea dloa 
arecittuearaccioiónne sd leelgicitsivlaat,iv yaas  yq ueeje clau tcivoansd uclcatraa minevnetseti gileagdaal esse. desplegó, precisamente, desde  BOE-A-cable e
En relación con la reiteración de altercados violentos a los que se refieren las 
resoluciones  impugnadas  –que  son  los  que  estarían  dando  lugar  a  considerar 
indiciariamente la comisión de los delitos que han justificado la prisión preventiva del 
recurrente–  y  con  el  favorecimiento  de  la  reiteración  derivado  de  la  condición  de 
representante político del recurrente, se advierte que no parece haberse ponderado de 
manera adecuada que en el momento temporal al que se acotaba la salida del centro 
penitenciario, persistía todavía la aplicación del art. 155 CE, que entró en vigor el 27 de 
octubre de 2017 y se extendía hasta la conformación de un nuevo gobierno de la 
Generalitat de Cataluña.
b)  Ciertamente, es posible considerar que los órganos judiciales no hayan tomado 
como elemento determinante el contexto jurídico-político en el momento en que se 
dictaron las resoluciones judiciales impugnadas, sino la previsión de que este contexto, 
por las razones expuestas en su razonamiento, pudiera reproducirse con la salida del 
centro penitenciario del demandante de amparo. Igualmente, también puede ocurrir que 
no fuera un dato irrelevante la proximidad de fechas entre la decisión de adopción de la 
medida cautelar de prisión preventiva del recurrente con fundamento en el riesgo de 
reiteración delictiva y las ahora recurridas en amparo. Del mismo modo, es posible ser 
receptivo a que las conductas delictuales por las que el recurrente en amparo estaba en 
aquel momento siendo investigado pudieran verse favorecidas por su nueva condición 
como miembro de la cámara.
No obstante, en relación con la posible capacidad del demandante de amparo de 
alteración de la convivencia ciudadana cuando era máximo responsable de la entidad 
Asamblea Nacional Catalana y con la circunstancia de que en ese momento existiera 
una connivencia de dicha entidad con el Ejecutivo y Parlamento de Cataluña, no cabe 
desconocer que (i) el demandante de amparo solicitaba la autorización exclusivamente 
para poder ejercer una facultad de su cargo de diputado, como era la defensa y debate 
de su propia investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, lo que es una 
concreta actuación parlamentaria que, en sí misma considerada, no parece que resultara 
adecuada para la eventual reiteración de las conductas por las que estaba siendo 
investigado; y (ii) la competencia en materia de seguridad y orden público, en la que se 
residenciaba la responsabilidad última de que no se produjera ninguna otra conducta de 
reiteración  delictiva  que  se  intentaba  prevenir  denegando  la  salida  del  centro 
penitenciario solicitada, dependía de manera directa e incontrovertible del Gobierno de la 
Nación.
Todas  estas  circunstancias  no  se  reflejan  en  la  ponderación  efectuada  por  las 
resoluciones  impugnadas  para  valorar  y  contextualizar  la  probabilidad  real  de 
actualización  de  los  riesgos  en  que  fundamentar  una  decisión  de  la  trascendencia 
subjetiva para el recurrente y estructural para el normal desarrollo de la democracia 
parlamentaria en la comunidad autónoma de Cataluña como la controvertida en este 
recurso de amparo o, al menos, para posibilitar una alternativa más equilibrada de todos 
los intereses en conflicto.
(iv)  La  posibilidad  de  protección  del  interés  constitucional  prevalente  con 
alternativas menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la 
decisión controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio 
de proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no era solo si la denegación del 
permiso solicitado era necesaria en interés de la protección de bienes jurídicos que 
podían ser objeto de lesión en caso de reiteración delictiva, sino también si existían 
alternativas más equilibradas. Esto es, si era posible adoptar una decisión que, aun no  s
enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con la decisión de denegar el  oe.
permiso de salida, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al  w.
derecho de representación política del recurrente. 49ww
traslAa deos tdoesl  edfeemctaons,d aennt er edlaec iaómn pcaorno  lao sl ar iessegdoes  dqeul eP paorldaímane neton tedned eCrastea ludñeari vdaedsodse d eell 
sceesnitóron  pdeen iitnevnecsiatirdiou rdao, nndoe  ccaubmep dlíae slcao mnoecdeidr ala c apuotseilbairli dpaadr ad qeu ep opnuddeirearra  lpaa artdicoippacrió enn  dlae   BOE-A-cable e
otras  posibles  medidas  alternativas  o  complementarias  aptas  para  el  control  o 
minimización de esos riesgos. Cabe pensar en las medidas relativas al momento y la 
forma de las conducciones del demandante para posibilitar el ejercicio de su función 
parlamentaria  a  través,  en  su  caso,  del  despliegue  de  dispositivos  preventivos 
articulados  para  enervar  los  riesgos  sopesados  en  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas, teniendo en cuenta la esencial consideración de que, en aquel momento, 
tanto las funciones como la dirección personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
tanto del Estado como de la comunidad autónoma eran ejercidas por el Gobierno de la 
Nación de conformidad con las medidas aprobadas en aplicación del art. 155 CE. A esos 
efectos, es de destacar que, con carácter previo a denegar la solicitud del recurrente con 
fundamento en este riesgo de reiteración, no se instaron de los órganos competentes en 
materia de seguridad y orden público informes técnicos sobre la viabilidad o no de esa 
conducción,  dando  por  supuesto  que  iban  a  producirse  graves  alteraciones  de  la 
convivencia ciudadana.
Del mismo modo, esta ponderación no excluía la posibilidad de que las medidas 
adoptadas pudieran ser revocadas en cualquier momento si, una vez autorizado el 
desplazamiento, surgían indicios objetivos de una actualización del riesgo de reiteración 
delictiva  con  motivo  de  la  asistencia  del  demandante  de  amparo  a  la  sede  del 
Parlamento de Cataluña. Del mismo modo,  cualquier  riesgo de reiteración delictiva 
derivado ya directamente de la eventualidad del acceso del recurrente a la condición de 
presidente de la Generalitat también podría haber sido objeto de una ulterior atención en 
caso de que se hubiera concretado la realidad del acceso a esa condición.
Estas consideraciones nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro 
juicio, estimar el amparo y anular las resoluciones impugnadas por no haber realizado un 
adecuado juicio de proporcionalidad en relación con la incidencia que sobre el derecho 
de participación y representación política tenía la denegación de la salida del centro 
penitenciario. Somos conscientes, desde luego, de que la estimación del recurso de 
amparo no hubiera podido ir más allá de la mera declaración del derecho fundamental 
invocado en el recurso, puesto que dichas sesiones parlamentarias ya habían sido 
celebradas.
Hacemos abstracción de la trascendencia política y social del caso, pero no podemos 
sustraernos a su trascendencia jurídica, pues el derecho controvertido, como se expone 
en los votos particulares que sirven de antecedente a este, afecta a la estructura del 
sistema democrático. Dado, pues, el carácter novedoso del problema planteado y la 
esencial relevancia que tiene el derecho a la representación política en el sistema de 
democracia  parlamentaria  que  constituye  nuestro  hábitat  constitucional,  hemos 
considerado un deber que nuestra discrepancia quedara plasmada con todos los matices 
que aporta este voto particular. Son las consideraciones expuestas las que nos han 
llevado  a  tomar  la  decisión  de  disentir  respetuosamente  con  la  desestimación  del 
presente  recurso  de  amparo  exclusivamente  en  lo  que  respecta  a  la  insuficiente 
ponderación del derecho de representación política.
Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Fernando 
Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado.