BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Jueves 9 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 28776
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
4382 Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del 
coronavirus (COVID-19).
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En dicho contexto, 
mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  modificado  por  Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad competente 
a  efectos  del  estado  de  alarma  será  el  Gobierno  y,  en  sus  respectivas  áreas  de 
responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del 
citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la 
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que 
estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad correspondiente.
Así, la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha 
determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por 
motivos de salud pública. Por ello, mediante Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, se 
aprobaron medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria.
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un 
segundo paquete de medidas, que se contienen en este Decreto-ley Foral.
Dentro de las medidas adoptadas para garantizar la liquidez necesaria para sostener 
la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19, es 
preciso establecer también algunas destinadas a los contratos públicos vigentes, cuya 
correcta ejecución puede verse afectada por la declaración del estado de alarma o las 
medidas derivadas del mismo. Así, se contempla un régimen específico de suspensión 
y/o prórroga de los contratos, encaminado a evitar la resolución de los mismos, y se 
establecen los términos y requisitos necesarios para que los adjudicatarios de contratos 
públicos afectados por la suspensión, puedan ser acreedores de la indemnización de 
daños y perjuicios que mitigue el impacto económico de esta situación, favoreciendo la 
posterior recuperación de la actividad.
En los mismos términos es preciso adoptar medidas en relación con la modificación 
de las condiciones de concesión de las subvenciones otorgadas por los Departamentos 
de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia, cuando la ejecución de las 
actividades  o  prestación  de  los  servicios  objeto  de  subvención  devengan  total  o 
parcialmente imposibles.
Por otro lado, la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 
medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información 
en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la  s
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («Boletín Oficial del Estado»  oe.
número 81, de 24 de marzo de 2020), faculta en su apartado tercero a la autoridad  w.
dcnoeemc ecpaseiddtaea ndct eey nd tedro el a rp ecrosoimpdoeurnncciidoiaanlda  loiad uattedór,nr iotaom riiano,t  eecronvn efcunrnier ctoilóo nsy   dcseei enlamtr ospsirt uera eacsitóiednne dneicpeiinaddléeoms  iaco abp jyeri tnaocs iidpseitoe sne csditaeal    2020-4382n https://ww
Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar ordenar por motivos de
salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro  Bc
centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado; 
establecer  las  medidas  oportunas  para  la  puesta  en  marcha  de  nuevos  centros 
residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes y, en los 
casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en los grupos b), 
c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un 
empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.
También debe tenerse en cuenta la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que dispone en su apartado 8 
que  «Durante  el  tiempo  en  que  por  la  progresión  o  afectación  de  la  epidemia  de 
COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población 
con los medios materiales y humanos adscritos a cada Comunidad Autónoma, estas 
tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, 
y las mutuas de accidentes de trabajo».
En el ámbito de las actuaciones contra la violencia hacia las mujeres, los recursos de 
acogida, regulados en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, y gestionados por el Instituto 
Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  son  recursos 
garantizados en la Cartera de Servicios de Derechos Sociales y tanto el número de 
plazas de los mismos como el límite de tiempo en cada recurso están regulados en el 
Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, que establece dicha Cartera.
Desde la entrada en vigor del estado de alarma y el confinamiento de la población se 
está trabajando para que en dichos recursos se mantengan las condiciones que permitan 
asegurar  las  recomendaciones  trasladadas  por  las  autoridades  sanitarias,  tanto 
referentes al aislamiento ante posibles casos positivos, como para el confinamiento de 
todas las personas usuarias de los recursos y, además, se han puesto en marcha otras 
medidas que suponen, en algunos casos, movimientos de personas usuarias, todo ello 
con el objetivo de disponer de espacio para los posibles ingresos urgentes que puedan 
suceder mientras dure la alerta sanitaria. Como consecuencia de ello es posible que los 
límites de estancia en los recursos puedan verse afectados por lo que procede adoptar 
medidas en este sentido.
En materia de vivienda las medidas se dirigen principalmente a facilitar la pervivencia 
de  los  expedientes  en  curso  de  promoción  de  vivienda  protegida  y  rehabilitación 
protegida (motores de actividad económica), así como ayudar a las familias inquilinas, 
sea en viviendas libres o protegidas, con una situación económica precaria. Además, en 
el  caso  del  parque  de  viviendas  protegidas,  fomentan  la  concesión  de  moras  y 
condonaciones de renta por parte de las empresas promotoras. Las medidas propuestas 
son además de implementación rápida y sencilla, y permiten en su caso la presentación 
telemática de las solicitudes a través de plataformas ya existentes. Todo ello sin perjuicio 
de la toma en consideración de otras medidas en el corto o medio plazo, en función de 
una situación ahora mismo enormemente cambiante.
En otro orden de cosas, el Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se 
regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los 
instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra en su disposición final 
segunda dispone que el mismo entrará en vigor a los seis meses desde su publicación 
en el «Boletín Oficial de Navarra». El mencionado decreto foral fue publicado en el 
«Boletín Oficial de Navarra» número 216, con fecha 31 de octubre de 2019, por lo que 
entrará en vigor el día 1 de mayo.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el  s
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria  oe.
ocasionada por el COVID-19, ha dispuesto la suspensión de términos y la interrupción de  w.
plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público. En la medida en que  82ww
tloasl  siunssptreunmsieónnt oes i ndteer rourpdceiónna caifóenc tate arr iltoosri aplr oyc eddeim pielanntoesa mdeie enltaob, oyra ceinó nc yo nasperocbuaecnicóina  dael 
epnotsrtaedriao re nre vgiigsotrro d dee e statele ds eicnrsetrtou mfoernatl ocso, osrdei ncaonndsoid lear afe ccohnav deen iaepnrtoeb raectrióans adre l alo sfe ncuheav does   BOE-A-cable e
instrumentos con su posterior registro y asegurando un periodo de formación previo para 
su implementación por parte de los distintos servicios urbanísticos de las entidades 
locales, personal de las mismas y cargos electos.
En materia tributaria, con el objetivo de favorecer la liquidez de los autónomos y 
empresas afectadas por el cese o disminución de la actividad, se establecen medidas 
orientadas  a  facilitarles  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  relativas  a 
suspensión o prórroga de plazos en procedimientos tributarios, suspensión o prórroga 
del plazo de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas, suspensión o 
prórroga de los plazos de determinadas deudas tributarias, supresión de determinados 
pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y regulación de 
un aplazamiento y fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.
Las razones expuestas justifican la aprobación del presente Decreto-ley Foral, en 
virtud de la urgente necesidad de la adopción inmediata de las medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis 
de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, a propuesta del Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno  de  Navarra  en  sesión  celebrada  el  día  veinticinco  de  marzo  de  dos  mil 
veinte, decreto:
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente Decreto-ley Foral el adoptar en Navarra medidas extraordinarias 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
TÍTULO I
Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la Administración pública de la 
Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral
Artículo 2.  Medidas en el ámbito de la contratación pública y los conciertos sociales.
1.  Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por las entidades 
sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de 
Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga 
total  o  parcialmente  imposible  como  consecuencia  de  la  situación  creada  por  el 
COVID-19  o  de  las  medidas  adoptadas  por  las  Administraciones  Públicas  para 
combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga 
imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su 
prestación  y  hasta  que  dicha  prestación  pueda  reanudarse.  A  estos  efectos,  se 
entenderá  que  la  prestación  puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las 
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara 
al contratista el fin de la suspensión.
Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle 
suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo  s
contrato  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  como  consecuencia  de  la  oe.
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real  w.
DgReeescatrli eóDtnoe  dc4er6e 3tlao/2  s40i62tu50a/,2 cd0ióe2n 01 ,d4 de de ce r1 ims7i sad resz aomn, iaptarozrrioa e,  oly cq anusoei  opsnuead ddieaer capl aofrora re mel alC leiOzsaVtarIsdDeo-  1ed9le ,c  moarloaredrmsifpiaco anpddaoire apn otlaer    2020-4382n https://ww
nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución
del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar  Bc
las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de 
la licitación de dicho nuevo expediente.
2.  En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en 
el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por 
las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad 
Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando 
éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos 
previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas 
por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de 
contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, 
donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se 
ha producido como consecuencia del COVID-19.
3.  En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este 
Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación 
pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de 
cada  contrato,  siempre  y  cuando  éstos  no  hubieran  perdido  su  finalidad  como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar 
la  ejecución  del  contrato,  el  mismo  podrá  suspenderse  desde  que  se  produjera  la 
situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación 
pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse 
cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el 
órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
4.  En los supuestos recogidos en los apartados 1 a 3 de este artículo no procederá 
la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán 
indemnizables los siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito 
a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo,  el  derecho  al  abono  de  los  gastos  salariales  adicionales  en  los  que 
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del 
COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, 
IVA incluido.
En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI Convenio 
colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre 
de  2017,  o  convenios  equivalentes  pactados  en  otros  ámbitos  de  la  negociación 
colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del Convenio colectivo del 
sector  de  la  construcción,  el  complemento  por  discapacidad  del  artículo  47.2.b  del 
referido Convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución 
de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios 
colectivos del sector de la construcción.
En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito  e.
cuando se reanude. w.b
2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de  82ww
susp3e.ºn siLóons d egl caosntotrsa tod.e  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria,
sinesrt aelamcpiolenaedso ys  epqauriap oost rsoise mfinperes  qduiset ienlt ocso ndtrea tlias tae jaeccruecdióitne  qdueel  ceosntotrsa tmo esduiossp ennod piduod iey rosnu 
importe  sea  inferior  al  coste  de  la  resolución  de  tales  contratos  de  alquiler  o 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y 
perjuicios  que  se  contempla  en  este  artículo  únicamente  tendrá  lugar  cuando  el 
contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera 
contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.
La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano de 
contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, 
hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente 
pactados, como consecuencia de la situación descrita en los apartados 1 a 3 de este 
artículo.  Con  esta  finalidad  el  contratista  deberá  dirigir  su  solicitud  al  órgano  de 
contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido 
imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y 
los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que 
imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las 
circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior 
comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
5.  En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 
vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por las entidades 
sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de 
Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de 
derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones 
Públicas  para  combatirlo  darán  derecho  al  concesionario  al  restablecimiento  del 
equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación 
de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de 
las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a 
los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 
durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se 
procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del 
concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación,  a  instancia  del  concesionario,  hubiera  apreciado  la  imposibilidad  de 
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
6.  Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en  s
ningún caso a los siguientes contratos: oe.
a)  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo  82ww
objebto)  esCtoén vtirnactousla ddeo  mcoann tlae ncirmisiiesn stoa ndieta sriias tpermovaosc iandfoar mpoárt iceol sC.OVID-19.
segucr)i daCdo dnetr alatos sin dfrea essetrrvuicctiuorsa os  ys usmerivniicsitoros  dnee ctreasnasrpioosr tep.ara garantizar la movilidad y la  BOE-A-cable e
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que 
pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad 
competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, 
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
7.  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para 
atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 
adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, 
por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no 
comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. 
Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo 
previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.
En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la reducción del número 
de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna.
8.  Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a 
los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.
Artículo  3.  Medidas  en  materia  de  subvenciones  públicas  otorgadas  por  los 
Departamentos de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia.
1.  Los  Departamentos  de  Derechos  Sociales  y  Políticas  Migratorias  y  Justicia 
podrán autorizar la modificación de las condiciones de concesión de las subvenciones 
otorgadas cuando la ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de 
subvención devengan total o parcialmente imposibles como consecuencia del COVID-19 
o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, en la 
parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho 
que impide su ejecución o prestación y hasta que dicha ejecución o prestación pueda 
reanudarse.
2.  En las subvenciones convocadas o concedidas a la entrada en vigor de este 
Decreto-ley Foral, siempre y cuando las actividades o servicios objeto de subvención no 
hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el 
COVID-19, cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención incurra en demora 
en el cumplimiento de los plazos previstos en las bases o convenio regulador como 
consecuencia  del  COVID-19  o  de  las  medidas  adoptadas  por  las  Administraciones 
Públicas para combatirlo, y la misma ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se 
le amplía el plazo inicial, el órgano concedente podrá concederle una ampliación de 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser 
que la persona o entidad pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá 
previo informe de la unidad gestora de la subvención, donde se determine que el retraso 
no  es  por  causa  imputable  a  la  beneficiaria,  sino  que  se  ha  producido  como 
consecuencia del COVID-19.
3.  En los supuestos recogidos en el apartado 1 de este artículo no procederá el  e.
reintegro de la subvención y, además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos  w.b
en el apartado siguiente, serán subvencionables los siguientes conceptos: 82ww
dael p ie1mr.sºp oonsLaibol islei dngacadas rtdgoeas  dseoaj eldacerui aclailóe ansc  qtoivu piedr aeedsfe toac ctsiivóeanrvm idceeino t leoo sba jebmtooisn mdee ol ass ,ub bcevonenen feiccli ióalnírmi,a id tedu erma lnaát xesi mueblo vp eednreíclo id1óo0n    OE-A-2020-43able en https://
por 100 del importe de la subvención.
En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución ordinaria de la actividad o servicio objeto de subvención antes 
del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude.
2.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de instalaciones y equipos, 
siempre que la persona o entidad beneficiaria acredite que estos medios no pudieron ser 
empleados para otros fines distintos de la ejecución de la actividad o servicio que no 
cabe continuar y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de 
alquiler o mantenimiento de instalaciones y equipos.
3.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en las bases o 
gastos análogos que estén vigentes en el momento de la aceptarse la imposibilidad de 
continuación de la actividad o servicio.
El reconocimiento del derecho a los abonos que se contemplan en este apartado 
únicamente tendrá lugar cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención 
acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que ella misma y los subcontratistas que, en su caso, hubiera contratado para la 
ejecución  de  la  actividad  o  servicio  objeto  de  subvención  estaban  al  corriente  del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que ella misma estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
a sus subcontratistas en los términos previstos en la normativa sobre lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales a fecha 14 de marzo de 2020.
4.  La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior solo procederá cuando el 
órgano concedente de la subvención, en el plazo de cinco días naturales desde que así 
lo  inste  la  persona  o  entidad  beneficiaria  de  la  subvención,  hubiera  apreciado  la 
imposibilidad de ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de 
subvención en los términos de la concesión inicial, como consecuencia de la situación 
descrita en el apartado 1. Con esta finalidad la persona o entidad beneficiaria de la 
subvención deberá dirigir su solicitud al órgano concedente reflejando: las razones por 
las que la continuación de las actividades o los servicios objeto de subvención ha 
devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, las instalaciones y los 
equipos adscritos a la actividad o servicio objeto de subvención en ese momento; y los 
motivos  que  imposibilitan  el  empleo  por  la  persona  o  entidad  beneficiaria  de  la 
subvención de los medios citados en otra actividad. Las circunstancias que se pongan de 
manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el 
plazo indicado sin notificarse la resolución expresa a la persona o entidad beneficiaria de 
la subvención, esta deberá entenderse desestimatoria.
Artículo 4.  Centros sociosanitarios provisionales.
1.  El Departamento de Derechos Sociales podrá poner en funcionamiento nuevos 
centros sociosanitarios para reforzar o prestar de forma alternativa la atención precisa a 
sectores  vulnerables  o  colectivos  afectados  por  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 o por las medidas adoptadas con motivo de dicha crisis.
2.  Los  citados  centros  dependerán  orgánicamente  de  la  Agencia  Navarra  de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, como los centros propios previstos en el 
artículo  22.1  de  los  Estatutos  de  la  misma  aprobados  mediante  el  Decreto 
Foral 301/2019, de 6 de noviembre.
3.  Los puestos de Dirección de estos centros serán provistos por libre designación  e.
entre personal funcionario perteneciente o adscrito a alguna de las Administraciones  w.b
Públicas de Navarra, mediante orden foral de la Consejera de Derechos Sociales. 82ww
equiLvaasle nretetrsib au cliao ndees  Jdeefa tluorsa  Ddeir eScteocrceisó no,  slai ss eD piroencetonr aesn  dfuen ceisotnoasm cieennttoro ps asrae rmáne nloass 
fduen c5io0n apmlaiezansto,  pya rala sm áesq dueiv a5l0e nptleasz asa.  la  Dirección  de  un  Servicio  si  se  ponen  en
Artículo  5.  Puesta  a  disposición  del  Departamento  de  Salud  de  centros  y 
establecimientos sanitarios privados y de las mutuas de accidentes de trabajo, así 
como de su personal.
Durante el tiempo en que por la progresión o afectación de la epidemia de COVID 19 
no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los 
medios materiales y humanos adscritos al sistema público de salud, mediante orden foral 
de la Consejera de Salud se podrá determinar la puesta a su disposición de centros y 
establecimientos sanitarios privados y de las mutuas de accidentes de trabajo, así como 
del personal al servicio de los anteriores.
El personal al servicio de las entidades citadas en el párrafo anterior que sea puesto a 
disposición  del  Departamento  de  Salud  podrá  continuar  prestando  servicios  en  las 
dependencias de la entidad correspondiente o ser adscrito directamente a algún centro 
sanitario público, manteniéndose vigente en todo caso y a todos los efectos el contrato de 
trabajo,  el  régimen  de  previsión  social  y  cualesquiera  otras  previsiones,  coberturas, 
beneficios, derechos u obligaciones que tuviera con anterioridad a su puesta a disposición.
Artículo 6.  Tiempos máximos de estancia en los distintos recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género.
Se dejan sin efecto los tiempos máximos de estancia en los distintos recursos de 
acogida para víctimas de violencia de género: centro de urgencias, casa de acogida y 
pisos-residencia, garantizados por el Decreto Foral 260/2008, de 17 de junio, durante el 
tiempo que dure el estado de alarma.
TÍTULO II
Medidas extraordinarias en materia de vivienda
Artículo 7.  Vigencia de las cédulas de habitabilidad y plazos de finalización de obras de 
promoción y rehabilitación protegida.
1.  Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de las cédulas de 
habitabilidad,  o  de  las  calificaciones  definitivas  que  den  derecho  a  cédula  de 
habitabilidad, que finalice entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.
2.  En el caso de expedientes de promoción de vivienda protegida con calificación 
provisional anterior al 30 de junio de 2020, los promotores dispondrán de un plazo 
de 48 meses a partir del 1 de enero de 2020 para presentar la solicitud de calificación 
definitiva, sin perjuicio de la prórroga reglamentaria existente.
3.  En el caso de expedientes de rehabilitación protegida con calificación provisional 
anterior al 30 de junio de 2020, las obras de rehabilitación deberán iniciarse en el plazo máximo 
de doce meses contados desde la fecha de otorgamiento de la calificación provisional, 
debiendo solicitarse la calificación definitiva en un plazo máximo de 48 meses contados desde 
dicha calificación provisional, sin perjuicio de la prórroga reglamentaria existente.
4.  Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia de 
vivienda para modificar las fechas y plazos anteriores mediante orden foral, que deberá 
publicarse en su caso en el «Boletín Oficial de Navarra».
Artículo 8.  Importe del indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA).
El valor del indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA) para el  b
ejercicio fiscal 2019 ascenderá a 8.616,98 euros. 82ww
Artículo 9.  Promoción de vivienda protegida.
En un mismo edificio podrán coexistir viviendas libres y protegidas, de modo que la
calificación de las viviendas pueda comprender un edificio completo o parte del mismo,
sea nuevo o existente. No obstante lo anterior, todas las viviendas protegidas resultantes 
deberán cumplir las condiciones técnicas exigidas a las viviendas de nueva planta.
En el caso de viviendas promovidas en edificios donde vayan a coexistir viviendas 
libres y protegidas, no será de aplicación el requisito de la repercusión máxima del coste 
del suelo y la urbanización.
Artículo 10.  Derecho subjetivo a la vivienda.
1.  Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, podrán optar a 
la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies, 
apartado A, del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las 
personas empadronadas en Navarra que cumpliendo el resto de requisitos exigidos para 
ser  beneficiarias  de  la  misma,  excepto  el  relativo  a  la  edad,  se  inscriban  como 
demandantes de empleo en situación de desempleo a partir del 14 de marzo de 2020, 
fecha en la que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.  Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, no será 
exigible el requisito de antigüedad mínima de un año de inscripción en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida y en el contrato de arrendamiento visado para ser 
beneficiario de la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda prevista en el 
artículo 68 quinquies, apartado B.1.a), del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  el  Decreto  Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, siendo suficiente la inscripción en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 14 de marzo de 2020 en la 
modalidad  de  arrendamiento  o  arrendamiento  con  opción  de  compra,  o  ser 
arrendatario de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente antes 
de dicha fecha.
Artículo 11.  Subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas.
1.  Se renovarán de forma automática las subvenciones concedidas a los titulares 
de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida o vivienda adscrita a la bolsa de 
alquiler, que deban solicitarse entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
2.  No obstante lo anterior, para todas aquellas unidades familiares o personas que 
sean beneficiarias de subvención a 31 de marzo de 2020, el porcentaje de subvención 
reconocido en todos los casos será el 75% de la renta para el período comprendido entre 
el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
3.  Las empresas arrendadoras que concedan una mora sin intereses en el pago de 
la renta, o procedan a la condonación total o parcial de las cantidades a pagar por parte 
de los inquilinos, podrán percibir la subvención por arrendamiento que corresponda al 
mes o meses en cuestión. En la solicitud periódica de abono de subvenciones, las 
empresas arrendadoras deberán especificar las familias y personas arrendatarias que 
han disfrutado de dicha mora o condonación.
4.  Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia de 
vivienda para modificar las fechas y plazos anteriores mediante orden foral, que deberá 
publicarse en su caso en el «Boletín Oficial de Navarra».
TÍTULO III e.e
Medidas extraordinarias de carácter fiscal 82www.
Artículo 12.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
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relativas a los plazos de presentación y pago y al cómputo de los plazos en los 
procedimientos tributarios:
1.  El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  No  Residentes,  correspondientes  al  primer  trimestre 
de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
El  plazo  para  la  presentación  e  ingreso  de  las  mencionadas  declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, así como el de las 
declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se 
amplía hasta el 30 de abril de 2020.
Los  contribuyentes  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  que 
desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los 
pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
2.  El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la 
misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
Asimismo el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva 
para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en 
tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
3.  Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que 
no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
Los  plazos  de  pago  de  las  deudas  tributarias  correspondientes  a  notificaciones 
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo 
que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de 
abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes 
cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en 
ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
4.  Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril 
de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de 
otros  pagos  reconocidos  por  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra, 
dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.
5.  El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración 
máxima  de  los  procedimientos  tributarios,  si  bien  durante  dicho  período  podrá  la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Tampoco computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, 
o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No obstante, si el 
obligado  tributario  atendiera  al  requerimiento  o  presentase  sus  alegaciones  se 
considerará evacuado el trámite.
6.  El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos 
establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
Artículo 13.  Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.
1.  Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que 
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24  e
euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo  bo
plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de  82ww
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2.  Asimismo,  podrán  aplazarse  en  iguales  términos  y  condiciones,  las  deudas 
tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades 
económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, 
correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado 
mediante el apartado 3 del artículo anterior.
3.  Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se 
refieren  las  letras  b)  y  d)  del  artículo  48.3  del  Reglamento  de  Recaudación  de  la 
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
4.  El  ingreso  de  las  deudas  aplazadas  a  las  que  se  refiere  este  artículo  se 
suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo 
voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su 
fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
5.  La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que 
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral 
de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
6.  A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional 
vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún modo los 
aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni 
para la concesión de aplazamientos futuros.
Disposición  adicional  primera.  Modificación  del  Decreto  Foral  253/2019,  de  16  de 
octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra.
Se modifica la disposición final segunda del Decreto Foral 253/2019, de 16 de 
octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra, que 
quedará redactada como sigue:
«Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor a los dos meses contados desde el 
día en que finalice la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo.»
Disposición adicional segunda.  Modificación del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
Se modifica el número 26 del artículo 35.I.B) del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que tendrá la siguiente redacción:
«26.  Las  escrituras  públicas  de  formalización  de  las  novaciones 
contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo 
del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de  e.
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.» w.b
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Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
2.  Se deroga la disposición adicional primera del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de 
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Disposición final primera.  Remisión al Parlamento de Navarra.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su 
convalidación,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  21  bis.2  de  la  Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine 
que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, salvo lo 
dispuesto en los artículos 8, 9 y 11.3 de este Decreto-ley Foral. Asimismo, aquellas 
medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración 
se sujetarán al mismo.
2.  Las medidas recogidas en los artículos 2 y 3 de este Decreto-ley Foral surtirán 
efectos desde el día 15 de marzo de 2020.
Pamplona, 25 de marzo de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María 
Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
Javier Remírez Apesteguía.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 65, de 26 de marzo de 2020. Convalidado por Acuerdo 
del Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 72, de 3 de abril de 2020)