BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 85101
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11907 Resolución  de  15  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación de la registradora de la propiedad de Canovelles, por la que se 
suspende la inscripción de la adjudicación de determinados bienes inmuebles 
mediante convenio regulador de los efectos de un divorcio.
En el recurso interpuesto por don C.H.L. contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Canovelles, doña Asunción de la Dueña Sánchez, por la que se suspende 
la inscripción de la adjudicación de determinados bienes inmuebles mediante convenio 
regulador de los efectos de un divorcio.
Hechos
I
Por  sentencia  firme  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  número  9  de 
Canovelles, el 16 de diciembre de 2019, se aprobó el convenio regulador de los efectos 
del divorcio suscrito el 29 de octubre de 2019 por doña M. G. V. y don C. H. L., que 
estaban  casados  en  régimen  legal  supletorio  de  separación  de  bienes.  En  dicho 
convenio se incluye, entre otros, el pacto «Tercero», por el que acuerdan liquidar el 
referido  régimen  económico  matrimonial  de  separación  de  bienes  mediante  la 
adjudicación a la esposa la vivienda que constituía el domicilio familiar (adquirida por 
mitad pro indiviso antes de contraer matrimonio) y al esposo un trastero y una plaza de 
garaje (adquiridos constante el matrimonio, también por mitad).
II
Presentado testimonio de la sentencia en el Registro de la Propiedad número 9 de 
Canovelles, el 13 de mayo de 2020, fue objeto de la siguiente calificación el 2 de junio 
de 2020 por la registradora, doña Asunción de la Dueña Sánchez:
«El  precedente  documento,  es  decir,  testimonio  de  la  sentencia  dictada  por  el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Granollers, el día 16 de diciembre de 2019, 
procedimiento divorcio de mutuo acuerdo número 966/2019-4, expedido por la Letrada 
de la Administración de Justicia del referido Juzgado, el veintitrés de enero de dos mil 
veinte, en unión de certificado expedido por el Registro Civil de Montornès del Vallès, 
el 21 de febrero de 2020; documentos presentados el día trece de mayo de dos mil 
veinte, con el asiento 7, del Diario 63; ha sido calificado y se han de resaltar los 
siguientes hechos:
1.  En dicha sentencia, se estima la demanda presentada y la disolución por divorcio 
del matrimonio formado por doña M. G. V. y don C. H. L., y se aprueba en su totalidad el 
convenio regulador presentado de fecha 29/10/2019, si bien los acuerdos contenidos en  s
la cláusula tercera B) no podrán ser objeto de ejecución en el procedimiento de familia,  oe.
sin perjuicio de su valor como negocio jurídico privado entre las partes, al amparo del  w.
calrát.u S1s2ue5l as5 u tCespr.cCee.n,r daoe  Bd ee) l  dqdeuele sc ploaanscv hpeoan ridtoee slr e ppgrueuecladedadoner n aitcneus dedirort coau  elman e elnajet ocs,ue pcniotóern nc couiraad nipntorae rasiael .nctoandtae nriedloa tdiveo  laa   2020-1190n https://w
dlaa  dieslo lvuaclioórn  yd eli qnueidgaoccióion  jduerí dlaic coo mpruivnaiddaod  ednet rbei enlaess  py acrotenss,e cnuoe npteu daiednjuddoi casceiró n(,s eseg úlne   BOE-A-cable e
pronunciamiento judicial en el fallo de la propia sentencia) objeto de ejecución en el 
procedimiento de familia, pudiendo las partes acudir a la ejecución ordinaria.
Consecuentemente, carecemos del correspondiente título público y auténtico en que 
se formalice en términos claros y precisos la disolución y extinción del condominio y 
adjudicación para una de las partes, y que por ende nos permita practicar el asiento de 
inscripción correspondiente. Artículos 1, 2, 3, 9, 20, 21 de la Ley Hipotecaria, 33, 34, 51 
y 98 del Reglamento Hipotecario.
Artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria:  "Para  que  puedan  ser  inscritos  los  títulos 
expresados  en  el  artículo  anterior,  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus 
Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos".
Asimismo,  atendiendo  al  pronunciamiento  judicial,  las  partes  podrían  acudir  al 
procedimiento correspondiente de ejecución ordinaria donde se dicte el mandamiento 
judicial oportuno ordenando la inscripción correspondiente. Artículo 703 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y todo ello sin perjuicio de poder solicitar la práctica de la anotación 
preventiva prevista en el artículo 42.3 de la Ley Hipotecaria.
La calificación previa del documento se ha realizado conforme al artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria y concordantes, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en este 
Registro.
Contra esta calificación se puede interponer recurso en los siguientes términos: (…)».
III
Por escrito que entró en el citado Registro de la Propiedad el 30 de junio de 2020, 
don  C.  H.  L.  interpuso  recurso  contra  la  anterior  calificación  con  las  siguientes 
alegaciones:
«Primera.  En fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada sentencia por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  n°  9  de  Granollers  en  el  procedimiento  Divorcio  de  mutuo 
acuerdo 966/2019-4, que devino firme en fecha 23 de enero de 2020 y por la que se 
estimaba la demanda y se decretaba la disolución por divorcio del matrimonio de la que 
suscribe con Carlos Huedo León con los efectos legales inherentes a dicha declaración.
En el fallo de la mencionada sentencia se establecía asimismo: “apruebo en su 
totalidad el convenio regulador presentado de fecha 29/10/2019, si bien los acuerdos 
contenidos  en  la  cláusula  tercera  B)  no  podrán  ser  objeto  de  ejecución  en  el 
procedimiento de familia, sin perjuicio de su valor como negocio jurídico privado entre las 
partes, al amparo del art. 1255 C. C, o de que las partes puedan acudir a la ejecución 
ordinaria...".
(…)
Quinta.  Se  impugna  la  calificación  en  tanto  entiende  esta  parte  que  la  Sra. 
registradora, dicho sea en estrictos términos de defensa, incurre en un error tanto 
cuando manifiesta que se carece "del correspondiente título público y auténtico en que 
se formalice en términos claros y precisos la disolución y extinción del condominio y 
adjudicación para una de las partes, y que por ende nos permita practicar el asiento de 
inscripción correspondiente.", como cuando manifiesta que: "las partes podrían acudir al 
procedimiento correspondiente de ejecución ordinaria donde se dicte el mandamiento 
judicial oportuno ordenando la inscripción correspondiente".
Efectivamente, la sentencia, como ya se ha señalado, ha aprobado en su totalidad el  es
convenio regulador y cuando se ha dispuesto en el fallo "que las partes pueden acudir a  bo
la ejecución ordinaria y en relación a la cláusula tercera B) no podrán ser objeto de  7w
cheeoijlpe mcocoupténcettitióecennon i tdeeionn p c daeuerlm a p platrrloi amccmeliáeditunaimstrou ie elaldn  pettore o rldccaeee  drsfaiaem mnBiteie)ln inastco"e,i  a dSr eeup fe ioeSjrer eecñc uuaoca riíóclaqnu u esniseeot ri aeos snetderáíesa   r eeplafla isrdtir eeimpn fadaoromnt eiaiaslil a,eq  spue, uel se jiasunntzootg e qaq uduueone     OE-A-2020-1190able en https://w
habría que acudir a una ejecución ordinaria como ocurre en los supuestos de ejecución
de  cualquier  sentencia  judicial  firme.  Ello  no  viene  sino  a  corroborar  el  argumento 
manifestado por esta parte de que los acuerdos contenidos en la cláusula tercera B) han 
sido aprobados por la sentencia dictada en el presente procedimiento, por lo que se trata 
de un documento público y auténtico. Si no se tratase de un documento público y 
auténtico, en ningún caso se podría acudir a un procedimiento de ejecución, sino que 
habría que acudir en primer lugar a un procedimiento declarativo que homologase el 
acuerdo de disolución y extinción del condominio y adjudicación para una de las partes, 
previsto en los artículos 248 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La  acción  ejecutiva  únicamente  puede  fundamentarse  en  un  título  que  tenga 
aparejada ejecución en virtud del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y desde 
luego un acuerdo privado entre las partes no puede ser objeto de ejecución bajo ningún 
concepto, por no ser el acuerdo privado un título que lleve aparejada ejecución en virtud 
del mencionado artículo. Por lo tanto, cuando Su Señoría manifiesta en el fallo que 
respecto de los acuerdos contenidos en la cláusula tercera B) las partes pueden acudir a 
la ejecución ordinaria, es evidente que dicha cláusula contenida en el convenio regulador 
de fecha 29 de octubre de 2019 ha sido aprobada por la sentencia judicial.
En cualquier caso se trataría de una cuestión procesal relativa a la no competencia 
del juzgado de familia para la ejecución de los acuerdos patrimoniales recogidos en el 
convenio regulador y aprobados por la sentencia de divorcio, en tanto el juzgado de 
familia entiende que para el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes de lo 
establecido  en  el  convenio  regulador  aprobado  por  la  sentencia  de  divorcio  serían 
competentes los juzgados de primera instancia ordinarios y no el propio juzgado de 
familia. Pero como ya se ha señalado anteriormente, en ningún caso en el fallo de la 
sentencia se dice que no se aprueba el pacto tercero B), sino que la ejecución de la 
sentencia relativa a este pacto debe de hacerse ante un juzgado ordinario, no de familia. 
Por ello la propia sentencia le está otorgando validez al mencionado pacto, porque 
puede ejecutarse, siendo por lo tanto un título público y auténtico.
El convenio regulador ratificado en presencia judicial y aprobado por sentencia goza 
de fuerza y eficacia.
El artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece que: "para que puedan ser inscritos los 
títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial (....)" y es evidente que 
en el caso que nos ocupa el título es la sentencia que ha sido expedida por la autoridad 
judicial.
Asimismo, la Sra. registradora manifiesta en su resolución que se podrá proceder a 
la inscripción registral si se dicta mandamiento judicial ordenando la inscripción, si bien a 
entender de esta parte, como ya se ha señalado anteriormente, incurre en un error 
cuando manifiesta que atendiendo al pronunciamiento judicial las partes podrían acudir 
al procedimiento correspondiente de ejecución ordinaria para obtener tal mandamiento, 
ya que en el presente supuesto no existe controversia alguna entre las partes, dado que 
lo que precisamente pretenden ambas es proceder a dar cumplimiento a los pactos 
patrimoniales recogidos en el convenio regulador aprobado por la sentencia, por lo que 
carece de sentido acudir al mencionado procedimiento.
Sexta.  Es evidente que las adjudicaciones patrimoniales cuya inscripción registral 
están siendo denegadas vienen aprobadas en la sentencia, ya que el convenio regulador 
presentado de fecha 29 de octubre de 2019 ha sido aprobado en su totalidad.
Las adjudicaciones producidas a raíz de la disolución y liquidación de la comunidad 
de bienes establecidas en la cláusula tercera B) del convenio regulador de fecha 29 de  s
octubre  de  2.019  no  constituyen  un  negocio  jurídico  entre  las  partes  autónomo  e  oe.
independiente,  sino  que  se  han  producido  en  un  convenio  regulador  de  divorcio  w.
daep r2oP0bo1ar9d .ol oj udtaicniatolm, elnatse   epnre vsiusi otnoetasl idaadd opptoard alas  seenn teenlc iac odnev efneicoh ar e1g6u laddeo rd icdieem  blares   2020-1190n https://w
cpolennsoesc ueefencctioass  jdueríld dicivoosr cuinoa,  evne zt aanptroo cboandsotsit ujuydeinc iaellm ceonnttee.nido propio del mismo producen  BOE-A-cable e
No hay que olvidar que el artículo 90 letra e) del Código Civil establece que "el 
convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá 
contener, al menos, los siguientes extremos: La liquidación, cuando proceda, del régimen 
económico del matrimonio. Y en esa liquidación se incluiría tanto la vivienda familiar 
como los otros bienes de los que sean copropietarios los cónyuges en tanto el reparto de 
los mismos es esencial en la regulación post-convivencial.
Séptima.  Esta parte considera que los acuerdos contenidos en la cláusula tercera 
B) han sido aprobados judicialmente y tienen fuerza de documento público y auténtico 
perfectamente inscribible, tal y como así se dispone en el artículo 317.1° de la LEC.
Según  reiteradas  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado la calificación registra! no entra en el fondo de la resolución judicial ni en la 
validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye 
título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos 
susceptibles de calificación registra! conforme al artículo 100 del Reglamento Hipotecario 
y 523.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hace referencia a la calificación registra! 
de los obstáculos derivados de la legislación registra! (entre ellas Resolución de 9 de 
marzo de 2013).
Por su parte la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de fecha 2 de abril de 2017 establece que el convenio como negocio jurídico -tanto en su 
vertiente material como formal- propio y específico del derecho de familia, goza de una 
aptitud privilegiada a los efectos de permitir su acceso a los libros del Registro. Si bien 
no deja de ser un acuerdo privado, la preceptiva aprobación judicial del mismo y el 
reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y siguientes del Código Civil, 
establecen un marco válido para producir asientos registrales definitivos, siempre que las 
cláusulas del mismo no excedan de su contenido típico y normal.
Por todo ello, debe procederse a la inscripción registral de los pactos establecidos en 
la cláusula tercera B) del convenio regulador de fecha 29 de octubre de 2019 aprobado 
en su totalidad por la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2019.
Fundamentos de derecho.
Artículos 1, 2, 3, 9 y 21 de la Ley Hipotecaria.
Artículos 33, 34, 51 del Reglamento Hipotecario y artículo 90 del R.H. a sensu 
contrario.
Artículo 517 Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 90.1 y ss del Código Civil en relación con los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 del 
mismo cuerpo legal.
Artículo 317.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a documentos públicos.
Artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Artículo 400 del Código Civil.
Artículo 232-12 Código Civil de Cataluña.
Artículo 437.4 4° Ley de Enjuiciamiento Civil.
Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado:
Resolución de fecha 7 de julio de 2012. Resolución de fecha 22 de diciembre 
de 2010 Resolución de 5 de diciembre de 2012. Resolución de 2 de abril de 2017. 
Resolución de 7 de julio de 2012. Resolución de 5 de septiembre de 2012. Resolución 
de 16 de octubre de 2017. Resolución de 9 de marzo de 2013.»
IV bo
CenEtrlo  1D idreec tjiuvloio. de 2020, la registradora de la propiedad elevó el expediente a este  2020-1190n https://w
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 95, 96, 97, 103, 400, 609, 1205, 1216, 1218, 1255, 1262, 
1279, 1280, 1323, 1344, 1387 y 1404 del Código Civil; 233 de la Ley 25/2010, de 29 de 
julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia; 2, 
3, 9, 18, 19, 19 bis, 20, 21 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 703 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; 33, 34, 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de febrero, 9 y 10 de marzo 
y 31 de octubre de 1988; 6 de marzo de 1997; 16 de octubre y 18 de noviembre de 1998, 
21 de diciembre de 1999, 6 de marzo y 8 de octubre de 2001, 5 de diciembre de 2002, 
20 de febrero de 2004, 21 de marzo y 25 de octubre de 2005, 21 de enero y 30 y 31 de 
mayo y 3 de junio de 2006, 22 de febrero y 13 de noviembre de 2007, 31 de marzo, 5 de 
junio y 29 de octubre de 2008; 14 de mayo y 18 de noviembre de 2009; 22 de marzo, 16 
de junio y 22 de diciembre de 2010, 5 de agosto de 2011, 9 y 11 de abril, 7 de julio, 15 de 
octubre y 5 de diciembre de 2012; 9 de marzo, 11 de mayo, 26 de junio y 19 de 
diciembre de 2013, y 8 de mayo, 2, 4 y 26 de junio, 1 y 26 de julio, 4 de agosto, 4, 6 y 29 
de septiembre,16 de octubre y 12 de noviembre de 2014, 27 de febrero y 19 y 30 de 
junio de 2015, 4 de mayo, 19 y 24 de octubre de 2016 y 11 de enero y 11 de octubre 
de 2017 y 16 de mayo de 2018.
1.  Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible un testimonio de 
sentencia dictada en procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, que declara disuelto 
el matrimonio de los cónyuges demandantes y aprueba el convenio regulador aportado a 
los autos. En dicho convenio se acuerda liquidar el régimen económico matrimonial, de 
separación de bienes, mediante la adjudicación a la esposa de la vivienda que constituía 
el domicilio familiar (adquirida por mitad pro indiviso antes de contraer matrimonio) y al 
esposo un trastero y una plaza de garaje (adquiridos constante el matrimonio, también 
por mitad).
En la misma sentencia se expresa que, aun cuando se aprueba en su totalidad el 
convenio  referido,  los  referidos  acuerdos  de  liquidación  del  régimen  económico 
matrimonial y extinción del condominio sobre bienes comunes «no podrán ser objeto de 
ejecución en el procedimiento de familia, sin perjuicio de su valor como negocio jurídico 
privado entre las partes, al amparo del art. 1255 C. C, o de que las partes puedan acudir 
a la ejecución ordinaria».
La registradora suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, al contenido del 
convenio regulador relativo a la disolución y liquidación de la comunidad de bienes y 
consecuente adjudicación se le da el valor de negocio jurídico privado entre las partes, 
no pudiendo ser (según pronunciamiento judicial en el fallo de la propia sentencia) objeto 
de ejecución en el procedimiento de familia, pudiendo las partes acudir a la ejecución 
ordinaria. Por ello, concluye que falta el correspondiente título público y auténtico en que 
se formalice en términos claros y precisos la disolución y extinción del condominio y 
adjudicación para una de las partes.
2.  Debe recordarse, aunque sea de manera somera, cuál es la línea doctrinal 
seguida por este Centro Directivo a la hora de analizar el valor formal y material del 
convenio regulador como título inscribible en el Registro de la Propiedad. A modo de 
resumen de dicha doctrina, la Resolución de 11 de octubre de 2017 puso de relieve que 
«el  convenio  regulador  como  negocio  jurídico  -tanto  en  su  vertiente  material  como 
formal- propio y específico, goza de una aptitud privilegiada a los efectos de permitir su 
acceso a los libros del Registro. Si bien no deja de ser un acuerdo privado, la preceptiva  e
aprobación judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y  bo
siguientes del Código Civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales  7w
dneofrimniatilv, ocso, msoie mpupdriee rqau per eladsic acrlásues duela sla  dlieqlu imdaiscmióon  ndoe l erxécgeimdaenn  edceo snuó mciocnot-emnaidtroim tíopniciaol »y.   2020-1190n https://w
Pdeolr  emllaot,r ilma olinqiuoi deasc iómna dteerl iaré gtíipmicean  eyc opnroópmiaic od-eml actroimnvoenniaiol , y ael ni ggueanle rqaul ed eal qhuaeblleors c oamctúons 
relativos a la vivienda familiar. Y es que el convenio regulador, otorgado directamente por
los interesados sin intervención en su redacción de un funcionario competente, al no 
constituir  un  documento  público  propiamente,  no  puede  exceder  de  ese  contenido 
tasado, por lo que en caso de extralimitarse (y sin influir en la validez y eficacia del acto 
de que se trate, naturalmente, siempre y cuando concurran los requisitos previstos en el 
artículo  1261  del  Código  Civil)  deberán  los  interesados  otorgar  la  escritura  pública 
correspondiente.
Tal y como se ha indicado en pronunciamientos previos, dicha liquidación ha de 
referirse al haber conyugal generado durante el vínculo matrimonial -o a otros pactos 
relativos a la vivienda habitual-, siendo indiferente si se trata de una comunidad romana 
o en mano común, es decir, con independencia del tipo y características del régimen 
económico-matrimonial bajo cuya vigencia se generó la masa patrimonial objeto de 
liquidación.
Este  Centro  Directivo  ha  manifestado  reiteradamente  que  resulta  admisible  la 
inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se realice respecto de 
los bienes adquiridos vigente el régimen de separación de bienes, pues, aunque dicho 
régimen está basado en la comunidad romana, esto no autoriza a identificar ambas 
regulaciones. Esta diferenciación resulta, en nuestro ordenamiento jurídico, del hecho de 
que el régimen económico-matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre 
cónyuges, así como de la afectación de los bienes al sostenimiento de las cargas del 
matrimonio, de las especialidades en la gestión de los bienes de un cónyuge por el otro, 
de la presunción de donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones 
que para disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble (cfr. las 
Resoluciones de 21 de enero de 2006, 29 de octubre de 2008 y 22 de marzo, 16 de junio 
y 22 de diciembre de 2010). En el régimen de separación es posible que la liquidación 
sea innecesaria (por no existir deudas pendientes o por su conversión en una comunidad 
ordinaria), pero puede ocurrir lo contrario cuando existe un patrimonio activo común que 
no se desea seguir compartiendo o deudas de las que no se desea seguir respondiendo. 
Como señaló este Centro Directivo en Resolución de 5 de diciembre de 2012, es lógico 
que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que, por su propia naturaleza, 
impone tal proindivisión, por lo que la cesación de tal relación y, por tanto, la extinción de 
la proindivisión, puede ser objeto del convenio regulador (vid., asimismo, la Resolución 
de 27 de febrero de 2015).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -Sala de lo Contencioso-, 
de 11 de noviembre de 2004, expresa en este sentido lo siguiente: «… si bien en el 
régimen de separación de bienes no hay propiamente una puesta en común de bienes, 
es obvio que se entremezclan las relaciones personales y económicas del matrimonio. 
Por  ello  pueden  existir,  y  a  menudo  existe,  una  comunicación  entre  las  cargas  y 
derechos  propios  de  la  relación  matrimonial.  Incluso  el  legislador,  al  establecer 
presunciones iuris tantum, viene a reconocer que, en algunos casos, puede no ser fácil 
averiguar la titularidad material de los bienes adquiridos constante el matrimonio. Y en 
orden  a  la  delimitación  de  los  derechos,  sin  duda,  harán  prueba  en  contrario  las 
manifestaciones de los cónyuges (dejando a salvo que puedan constituir falsedad o 
fraude y que permitirían a los terceros perjudicados –entre ellos la Hacienda Pública– el 
ejercicio  de  las  acciones  procedentes  en  defensa  de  los  intereses  legítimos).  La 
especialidad de esta comunicación entre las relaciones personales y económicas viene a 
afectar incluso a algún bien privativo. Respecto a ellos existen limitaciones legales bien 
de disposición, de uso o de afección y responsabilidad (arts. 1320; 90; 96; 1319 1438 
y 1440 del Código Civil). No podemos pues asimilar la relación matrimonial y sus  s
relaciones económicas –asentadas siempre sobre las relaciones personales– a una  oe.
comunidad de bienes ordinaria ya que el matrimonio, como una de las instituciones  w.
bjcuaáruísdisciacaass   pedoserpl  eldocesí rfpiecocahdsoe  ryed sele  pgfaúamblmliilcieaon stde e( abpretr.e  e3vs9ist atdares a ,l asde Cigs.ouElru.a)cd, iaóin ncd leuq supoer o cctueoacmncdpióoon r staseor ádc iiaslaul,  eeelvxcetoi nnpcóoimór nuic nada eysl    2020-1190n https://w
dréisgoimluecnió ne coenxóigme icuon ma atlirqimuiodnaicailó. nY  staiqmubieiéran  emná es l rréegsitmrinegni ddae  ys epmaerancoisó n ndíteid ab ieqnuees , llaa   BOE-A-cable e
liquidación de aquellos regímenes económico-matrimoniales cuyo rasgo fundamental es 
la puesta en común de bienes, pero que por el hecho de ser más restringida, no deja de 
ser una verdadera liquidación».
Además de lo anterior hay que tener también en cuenta la regulación específica del 
Código Civil Catalán que en su artículo 233-2, respecto de las medidas definitivas 
propuestas por convenio regulador, incluye en su apartado 5 que el convenio regulador 
también  debe  contener,  si  procede:  «d).  La  liquidación  del  régimen  económico 
matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa».
3.  En  el  caso  de  este  expediente,  los  cónyuges  dentro  de  las  cláusulas  del 
convenio regulador incluyen la liquidación del régimen de separación de bienes mediante 
la extinción de la comunidad existente sobre los bienes que se adjudican a cada uno –
entre ellos, la vivienda familiar–, por lo que es indudable que conforme a la legislación 
que se ha mencionado no puede mantenerse el criterio de la registradora, sin que 
constituya óbice alguno a esta conclusión el hecho de que en la sentencia se indique que 
tales acuerdos no puedan ser objeto de ejecución en el procedimiento de familia sino en 
procedimiento de ejecución ordinaria, pues nada tiene que ver esta circunstancia con la 
inscripción solicitada.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1190n https://w