BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21533
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2939 Pleno. Sentencia 12/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 
5488-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto del 
auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
instructor de causa especial comunicando a la mesa del Parlamento de 
Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaba 
desempeñando. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos 
representativos:  inadmisión  del  recurso  de  amparo  prematuramente 
interpuesto.
ECLI:ES:TC:2020:12
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5488-2018, planteado por don Carles Puigdemont i 
Casamajó contra el auto de 9 de julio de 2018, dictado por el magistrado instructor de la 
causa  especial  núm.  20907-2017,  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo.  Han 
comparecido y formulado alegaciones el partido político VOX, el abogado del Estado y el 
teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 23 de 
octubre de 2018, el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, actuando en 
nombre y representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, bajo la defensa del 
letrado don Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol, interpuso demanda de amparo contra el auto 
de 9 de julio de 2018, dictado por el magistrado instructor de la causa especial núm. 
20907-2017, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
2.  Los hechos que guardan relevancia para el presente recurso de amparo y a los 
que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  El  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  Madrid,  dictó  auto  el  27  de  e.
septiembre de 2017 por el que acordó la apertura de diligencias previas núm. 82-2017, a  w.
resultas de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal el 22 de septiembre de 2017  39ww
poocur rlraid opso seibnl ela  ccoiumdiasidó nd ed eB aurcne dloenliato d udrea nsteed liocisó nd,í a«sc 2o0m yo  2c1o ndsee csueepntiecima bdree  dloes  2h0e1c7h eons 
relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo por impedir por la
fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en 
defensa del ordenamiento constitucional».
b)  Por nuevo auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de Madrid de 31 de 
octubre de 2017, se admitió a trámite la querella interpuesta por el fiscal general del Estado 
por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos 
públicos, contra altos cargos del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, entre ellos su 
presidente, a la sazón aquí recurrente en amparo. Asimismo, y en lo que importa a este 
proceso, se acordó también citar a los querellados conforme a lo pedido en la querella, «a 
fin de tomarles declaración como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia 
regulada en el art. 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), para valorar la 
adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los mismos. Para ello se 
señala los próximos días 2 y 3 de noviembre de 2017 a las 09:00 h.».
En el razonamiento jurídico quinto del auto, se accedía a su vez a la solicitud del 
fiscal general del Estado para la unión de esta causa a las antedichas diligencias del 
proceso abreviado núm. 82-2017, «teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora 
investigados se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el 
escrito de querella, y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las 
estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora 
querellados».
c)  Con fecha 3 de noviembre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de 
Madrid dictó dos autos en la pieza de situación personal núm. 82-2017, ambos con la 
misma fundamentación:
– La dispositiva de uno de los autos fue:
«ACUERDO
No procede la declaración por videoconferencia.
La busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont Casamajó, librándose 
la orden europea de detención y entrega con fines extradicionales, para el ejercicio de 
las acciones penales correspondientes.»
– Mientras que la dispositiva del otro auto resolvió:
«ACUERDO
No procede la declaración por videoconferencia.
La busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont Casamajó, por 
requisitoria, librándose asimismo orden internacional de detención y entrega con fines 
extradicionales, para el ejercicio de las acciones penales correspondientes.»
En ambos autos se atribuyó indiciariamente al recurrente la comisión de los delitos de 
rebelión (art. 472 del Código Penal –CP–), sedición (art. 544 CP), malversación (art. 432 y 
siguientes CP), prevaricación (art. 404 CP) y desobediencia (art. 410 CP), de acuerdo con 
los hechos que se contienen en el antecedente tercero de cada uno. Y constatado que el 
recurrente se encuentra «en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su 
domicilio» (indicándose al principio de los dos autos, que «al parecer se encuentra en 
Bélgica»), remachan que «procede acordar, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 502, 
503 y ss. de la Ley enjuiciamiento criminal, su prisión provisional comunicada y sin fianza y  s
su busca y captura». En el primero de los autos «librándose orden europea de detención y  e.
entrega con fines extradicionales» (razonamiento jurídico primero), y en el segundo de ellos,  w.
«por requisitoria, librándose asimismo orden internacional de detención y entrega con fines  39ww
extradd) icioEnl amleasg»i s(mtraisdmoo d rea zloan aSmailean dtoe j ulroí dPiceon parli mdeerlo )T.ribunal Supremo designado como
idneslt r3u1c tdoer  odcet ulbar ec adues 2a0 1e7s peenc viairl tundú mde.  l2a0 a9d0m7-i2si0ó1n7 a,  tarbáimerittea  dpeo rla  aquuteor edlela  lpar ecsietandtaad Sa aulna   BOE-A-cable e
día antes por el fiscal general del Estado por la presunta comisión de los delitos de 
rebelión, sedición y malversación, contra la presidenta y algunos miembros de la mesa 
del Parlament de Catalunya, dictó auto el 24 de noviembre de 2017 con la siguiente 
dispositiva:
«DISPONGO:  Ampliar  el  espacio  subjetivo  de  investigación  de  las  presentes 
actuaciones,  declarándose  la  competencia  de  este  Tribunal  para  conocer  de  la 
responsabilidad penal que, por los hechos objeto de investigación en las diligencias 
previas 82/2017 de las del Juzgado de Instrucción Central núm. 3, pudiera ser exigible a 
don Carles Puigdemont i Casamajó, don Oriol Junqueras i Vies, don Jordi Turull i Negre, 
don Raül Romeva i Rueda, don Antonio Comín i Oliveres, don Josep Rull i Andreu, doña 
Dolors Bassa i Coll, doña Meritxell Borras i Solé, doña Clara Ponsatí i Obiols, don 
Joaquim Forn i Chiariello, don Lluis Puig i Gordi, don Caries Mundo i Blandí, don 
Santiago Vila i Vicente, doña Meritxell Serret i Aleu, don Jordi Sánchez Picanyol y don 
Jordi Cuixart Navarro. Todo ello, sin perjuicio que por dicho Juzgado de Instrucción 
Central, pueda continuarse el procedimiento contra don Josep Lluís Trapero Álvarez y 
doña  Teresa  Laplana  Cocerá,  así  como  contra  cualesquiera  otros  eventuales 
responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad.
Reclámese del Juzgado de Instrucción Central núm. 3 que, sin perjuicio de retener 
las  actuaciones  que  sean  conducentes  a  su  propia  labor  jurisdiccional,  remita  las 
actuaciones  originales  o  testimoniadas  que  hagan  referencia  a  los  investigados 
primeramente referenciados en esta parte dispositiva.»
e)  El mismo magistrado instructor de la causa especial 20907-2017, dictó auto el 5 
de diciembre de 2017 acordando retirar en concreto las órdenes europeas de detención 
dictadas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de Madrid el 3 de noviembre 
de 2017, una de ellas afectante al aquí recurrente como ya se dijo, por los motivos que el 
magistrado instructor expone en su razonamiento jurídico cuarto.
En la misma fecha dictó después una providencia aclaratoria del siguiente tenor: 
«visto la manifiesta omisión en que se incurre en la parte dispositiva del auto dictado en 
el día de hoy al acordar retirar la orden europea de detención, cuando debió decir: 
''Retirar las órdenes europeas e internaciones de detención'', conforme a lo dispuesto en 
el art. 267.4 LOPJ, se subsana tal omisión, pasando a formar parte esta resolución del 
auto de 5 de diciembre de 2017».
f)  Con fecha 21 de marzo de 2018, el magistrado instructor de la causa especial 
núm. 20907-2017, dictó auto acordando entre otros extremos, en lo que interesa a los 
efectos de este amparo, lo siguiente: (i) declarar procesado al aquí recurrente, por los 
presuntos  delitos  de  rebelión  del  art.  472  y  concordantes  del  Código  penal;  y  de 
malversación de caudales públicos; (ii) mantener las medidas cautelares personales 
previamente acordadas respecto del aquí recurrente; y (iii) fijar como cuantía de la fianza 
en garantía de las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del presente 
procedimiento, la cantidad de 2.135.948 euros, a constituir solidariamente entre los 
procesados, entre ellos el aquí recurrente.
g)  Los procesados, entre ellos el aquí recurrente, interpusieron recurso de reforma 
contra dicho auto, el cual fue desestimado por auto de 9 de mayo de 2018 dictado por el 
propio magistrado instructor. Contra este auto se promovió, entre otros por el aquí 
recurrente, un recurso de apelación, resultando todos ellos desestimados por auto de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2018.
h)  Con fecha 9 de julio de 2018, el magistrado instructor de la causa especial núm.  e
20907-2017 dictó auto en el que, entre otros pronunciamientos y en lo que interesa al  bo
presente  recurso  de  amparo,  acordó:  (i)  «Comunicar  a  la  mesa  del  Parlamento  39ww
haaubtoíannó m«icqou eddea Cdoa tasluusñpae»n qduideo sa lg–uanuotosm dáet ilcoasm peronctee sya dpoosr,  eimntpree reioll odse el l aarqtíucíu rloe c3u8rr4e nbteis, 
pLrEoCcerimde–r,  elan  lmase sfuan cdieoln ePsa yrl acmaregnotso  paú blaicdoosp tqaur e laess tambaend iddaess epmrpeeciñsaansd op,a hraa bilean dpole dnea 
efectividad de la previsión legal»; (ii) «Declarar concluso este sumario y remitir los autos
y piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del mismo»; y (iii) se 
procede a «suspender el curso de la causa respecto de los procesados rebeldes: […] 
Carles Puigdemont Casamajó […], sin perjuicio de las actuaciones que puedan resultar 
precisas de futuro para concluir el procedimiento respecto de ellos».
El auto razona la aplicación de la medida de suspensión de cargos y funciones del 
art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en su fundamento de Derecho segundo:
(a)  A tal efecto, se recuerda ante todo la adopción por dicho instructor del auto de 
procesamiento el 21 de marzo de 2018, el posterior dictado el 9 de mayo por él mismo 
en desestimación de los recursos de reforma promovidos contra aquel, y por último el 
confirmatorio en apelación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 26 de junio 
de 2018, «ganando de este modo firmeza la resolución» de procesamiento. Se añade en 
dicha recapitulación previa, en lo que interesa a este amparo, que:
«A esta situación procesal se añade la circunstancia de haberse adoptado, respecto 
de  ellos,  la  medida  cautelar  de  prisión  provisional,  comunicada  y  sin  fianza. 
Concretamente,  en  auto  de  fecha  3  de  noviembre  de  2017  se  acordó  la  prisión 
provisional de Carles Puigdemont, Antonio Comín y Clara Ponsatí, adoptándose igual 
decisión respecto de Marta Rovira i Vergés en auto de 23 de marzo de 2018, pese a que 
tales procesados no se encuentren materialmente confinados todavía en ningún centro 
penitenciario al haber eludido la acción de la justicia y haber buscado refugio en terceros 
países.»
(b)  Más adelante, pasa el magistrado instructor a transcribir el art. 384 bis LECrim, 
conforme a su redacción por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, analizando su 
procedencia en el caso:
«Se configura así una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria, que no 
tiene  por  objeto  una  sujeción  personal  al  proceso  o  garantizar  los  eventuales 
pronunciamientos económicos del procedimiento, sino preservar el orden constitucional 
impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado 
de  forma  grave  el  orden  de  convivencia  democrática  mediante  determinados 
comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan 
continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando 
concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación 
de  libertad.  Sin  perjuicio  de  otros  supuestos  en  los  que  proceda  suspender 
provisionalmente  del  ejercicio  de  funciones  públicas  a  quienes  se  encuentren 
encausados en procedimientos penales, la previsión cautelar que ahora analizamos 
resulta ser de aplicación ex lege y ha sido refrendada por nuestro Tribunal Constitucional 
que, en su sentencia 71/1994, de 3 de marzo, expresa que «No cabe, en efecto, hacer 
abstracción de la naturaleza de los delitos en el contexto de cuya persecución esta 
medida se inserta. La medida de suspensión que enjuiciamos ha de afectar, precisa y 
exclusivamente, a los procesados y presos que lo hayan sido por aparecer –sin perjuicio 
de lo que resulte del juicio oral– como integrados o relacionados ''con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes'', es decir, previa la ''imputación formal y provisional de 
criminalidad''  (STC  218/1989,  fundamento  jurídico  4)  por  delitos  que  conllevan  ''un 
desafío  mismo  a  la  esencia  del  Estado  democrático''  (STC  89/1993,  fundamento 
jurídico  3),  tal  como  ha  encontrado  reflejo  en  el  propio  texto  constitucional.  La 
excepcional  amenaza  que  esta  actividad  criminal  conlleva  para  nuestro  Estado 
democrático de Derecho justifica, sin duda, una medida provisional como lo es la prevista  e.
en el precepto impugnado, dirigida frente a quienes –sin perjuicio de lo que resulte del  w.
juicio  oral–  han  sido  objetos  de  un  acto  firme  de  procesamiento.  El  supuesto  39ww
ccoomntoe minpcloandcoi leianb leel  caortn.  3la8 4p ebrims aLnEeCnrcimia .,d eplo pr rtoacnetos,a bdioe np opru eesdteo ss edre lvitiostso e pno er le dl elesgeimslapdeoñro, 
dcoen cfuensicóionn dees  cuoa lcqauriegro sp erpmúbisloic odse  soa, lidmaá dse  sperinscióilnla pmaeran tlea,  ecvoemntou ali nrceoamlizpaactiióbnle d ec oanc tolas   BOE-A-cable e
concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo. En definitiva, la regla enjuiciada 
no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los ''requisitos'' para el mantenimiento en 
el ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no encontrarse en situación 
de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por delito por persona 
integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, una 
condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido 
de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 C.E.
En todo caso, la medida prevista por el legislador se ajusta a la provisionalidad de los 
elementos que determinan su aplicación. Por más que el artículo 384 bis de la LECRIM 
no vulnera el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la 
CE (pues la presunción de inocencia permanece viva cuando se ha dictado un auto de 
procesamiento, y en modo alguno se condiciona por la adopción de la medida cautelar 
de prisión), como no contraviene tampoco el derecho a participar en los asuntos públicos 
reconocido en el artículo 23 de la carta magna (STC 71/1994), el Tribunal Constitucional 
ha  destacado  que  el  derecho  a  acceder  y  ejercer  funciones  y  cargos  públicos 
representativos de elección popular, es un derecho fundamental que no se agota en su 
propio titular sino que permite que a través de él se manifieste el orden democrático de la 
comunidad. Por ello nuestro máximo intérprete constitucional expresa que, desde una 
perspectiva constitucional, solo es aceptable la restricción del derecho de representación 
política mientras se mantengan los legítimos presupuestos de los que se hace depender 
la suspensión en este caso, esto es, concurriendo la imputación formal y provisional de 
criminalidad realizada y mientras dure la decisión de prisión provisional del procesado.
A  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  ocasión  de  la  imposición  de  una  pena  que 
comporte  la  privación  del  derecho  de  representación  (inhabilitación  absoluta, 
inhabilitación especial o suspensión de los artículos 41 a 43 del CP), o cuando se 
imponga una pena privativa de libertad y el Parlamento de Cataluña entienda por ello 
oportuna la suspensión [art. 25.1.b) de su Reglamento], el artículo 384 bis de la LECrim 
contempla  una  medida  de  eficacia  meramente  provisional.  De  este  modo,  la  final 
atribución de otras infracciones penales que resulten de menor lesividad para el colectivo 
social,  o  la  modificación  de  la  prisión  provisional  de  los  procesados,  supondría  la 
inmediata reactivación del derecho a representar a sus electores, lo que resultaría 
ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida 
en  los  comicios,  forzara  a  los  procesados  suspendidos  a  renunciar  de  manera 
irrevocable a una representación que la ley les limita solo temporalmente. La suspensión 
provisional del escaño no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se 
integran los procesados, hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el 
periodo de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una 
suspensión  provisional  imponga,  como  única  manera  de  mantener  la  mayoría 
parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a 
sus electores.
Lo expuesto obliga a comunicar a la mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, 
que los procesados y miembros de ese Parlamento: Carles Puigdemont i Casamajó […], 
han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la 
LECrim en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de 
proceder  la  mesa  del  Parlamento  a  adoptar  las  medidas  precisas  para  dar  plena 
efectividad a la previsión legal.
También habrá de comunicarse a la mesa del Parlamento, que cualquier alteración 
procesal  que  suponga  la  desaparición  de  alguno  de  los  presupuestos  normativos  s
determinantes de la suspensión, se participará a la cámara legislativa a los efectos  oe.
igualmente oportunos.» w.
habe(cr)s e Edenc lealr afudnod laam reebnetold ídae d eD earlegcuhnoo ss perxotcoe ssaed oinsd, icean trqeu eel,l ocso eml oa qcuoín rseeccuurerennctiea,  ddee 
ccaounsfoar mreidspaedc ctoo nd elo e plloresv.isto en el art. 842 LECrim se dejaba en suspenso el curso de la
Se refiere en este punto, al auto adoptado por el propio magistrado instructor en la 
misma fecha, 9 de julio de 2018, en cuyo fundamento de derecho único razonó:
«Dispone el artículo 834 de la LECrim que será declarado en rebeldía el procesado 
que en el término fijado en la requisitoria no comparezca, o que no fuera habido y 
presentado ante el juez o Tribunal que conozca de la causa. En los mismos términos se 
expresa  el  artículo  839  de  la  LECrim,  que  indica  que  transcurrido  el  plazo  de  la 
requisitoria  sin  haber  comparecido  o  sin  haber  sido  presentado  el  ausente,  se  le 
declarará rebelde, habiendo de continuar el sumario hasta que se declare terminado por 
el juez o Tribunal competente, suspendiéndose después su curso (art. 840), salvo en los 
supuestos en que fueren dos o más los procesados y no a todos se les hubiese 
declarado  en  rebeldía,  en  los  que  la  suspensión  del  curso  de  la  causa  procederá 
únicamente respecto de los rebeldes (art. 842).»
Por  lo  que  resolvió  en  su  parte  dispositiva  la  declaración  de  rebeldía  de  los 
procesados que indica, «suspendiéndose el curso de la presente causa respecto de los 
mismos hasta que sean hallados, archivándose, en su caso, los presentes autos».
i)  Contra el auto de 9 de julio de 2018 que acordó imponer al recurrente la medida 
cautelar del art. 384 bis LECrim, así como la terminación del sumario, se interpuso por su 
representante procesal un escrito el 16 de julio de 2018, formalizando «recurso de 
reforma y subsidiario de apelación, instando la consecuente nulidad de actuaciones». 
Entre otras alegaciones se denunció la vulneración de los derechos fundamentales a 
acceder y mantenerse en el ejercicio de cargo público en condiciones de igualdad 
(art. 23 CE), y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso –por no 
haberse dictado un auto solo para la finalización del sumario– (art. 24.1 CE).
j)  Por  escrito  formalizado  en  el  registro  de  este  Tribunal  el  11  de  septiembre 
de 2018, el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, actuando en nombre y 
representación del aquí recurrente y de doña Clara Ponsatí i Obiols y don Lluís Puig i 
Gordi, interpuso recurso de amparo contra los autos antes identificados de 21 de marzo 
de 2018 (que acordó su procesamiento), 9 de mayo de 2018 (que desestimó el recurso 
de reforma contra el anterior), 26 de junio de 2018 (que desestimó la apelación contra los 
anteriores) y 9 de julio de 2018 (que resolvió adoptar la medida cautelar del art. 384 bis 
LECrim). En dicha demanda se alegó la vulneración por las resoluciones recurridas, de 
los derechos fundamentales al juez ordinario y predeterminado por la ley (art. 24.2 CE); a 
no padecer indefensión (art. 24.1 CE); a un proceso con todas las garantías en cuanto a 
la del juez imparcial (art. 24.2 CE), a la legalidad penal (art. 25.1 CE), y a acceder y 
permanecer  en  condiciones  de  igualdad  en  el  ejercicio  de  un  cargo  público 
representativo (art. 23.2 CE). En el apartado de presupuestos procesales se justifica el 
agotamiento de la vía judicial seguido en este caso, señalando en lo que hace el auto 
de 9 de julio de 2018 que contra él se interpuso recurso de reforma y subsidiario de 
apelación, pero que a diferencia de otros procesados en la causa no ha recibido todavía 
respuesta judicial sobre ellos. Por eso entiende debe darse por cumplido el citado 
requisito y no considerar prematura la demanda en cuanto al auto de 9 de julio de 2018, 
resultando aplicable a su parecer la doctrina de la STC (Pleno) 216/2013, de 19 de 
diciembre, en el sentido de que con el escrito de reforma y subsidiaria apelación se dio 
ya oportunidad a los tribunales de pronunciarse sobre los derechos fundamentales que 
se dicen vulnerados.
Este recurso de amparo fue turnado a la Sala Primera de este Tribunal, con el núm.  s
4706-2018. oe.
k)  En virtud de providencia dictada el 2 de octubre de 2018, el Pleno de este  w.
nTúrimbu. n4a7l 0C6-o2n0s1ti8tu, creiosnoalvl iaecnodrod óa dreemcaábsa lro  psaigruai esní tee:l conocimiento del recurso de amparo  2020-2939n https://ww
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por otro de 9 de mayo siguiente y, en apelación, por auto de 26 de junio de 2018, dictado 
por la Sala de Recursos de lo Penal del Tribunal Supremo y, de otra parte, del auto de 9 
de julio de 2018 que acordó la suspensión de las funciones y cargos públicos que venían 
desempeñando varios procesados por delito de rebelión, el Pleno acuerda conceder a 
los  demandantes  de  amparo  el  plazo  de  diez  días  para  que  presenten  demanda 
separada respecto del reseñado auto de 9 de julio de 2018.
En consecuencia, se acuerda la admisión a trámite del presente recurso de amparo 
únicamente en cuanto impugna el auto de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018, 
ratificado en reforma por auto de 9 de mayo siguiente (del magistrado instructor) y, en 
apelación, por auto de 26 de junio de 2018, dictado por la Sala de recursos de lo Penal 
del Tribunal Supremo, por apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)].»
l)  Con fecha 23 de octubre de 2018, la representación procesal de don Carles 
Puigdemont i Casamajó, actuando en su exclusivo nombre y representación, formalizó la 
presente demanda de amparo contra el auto del magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017, de 9 de julio de 2018 que acordó imponerle la medida del 
art. 384 bis LECrim.
3.  La demanda de amparo alega que la resolución impugnada vulnera los derechos 
fundamentales del recurrente previstos en el art. 23 de la Constitución, al acordar la 
suspensión automática de las funciones y cargos públicos que aquel desempeñaba en 
cuanto  «dimanantes  básicamente  del  resultado  de  las  elecciones  al  Parlament  de 
Cataluña del día 21 de diciembre de 2017», en las que fue elegido diputado de dicha 
cámara:
a)  Con carácter previo al fondo, siguiendo la argumentación ya expuesta en la 
demanda inicial presentada el 11 de septiembre de 2018, se indica en el apartado de 
presupuestos procesales de esta otra, que: «Contra el auto de fecha 9 de julio de 2018, 
se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación en fecha 12 de julio […]. Sin 
embargo, y a diferencia de otros procesados que también recurrieron la suspensión de 
sus cargos y que recibieron la correspondiente respuesta judicial mediante el auto de 
fecha 30 de julio de 2018 […], mi defendido no ha recibido respuesta alguna. Por ello 
entendemos que debe darse por cumplido el requisito del previo agotamiento de la vía 
judicial, puesto que se han interpuesto los recursos pertinentes y se ha dado opción a los 
órganos judiciales competentes para conocer de los mismos y dictar la resolución que 
estimaran pertinente. Siendo así, y más allá de la vulneración del derecho judicial a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a los recursos que la 
actuación del Tribunal Supremo en ese caso comporta, entendemos que la indebida 
conducta judicial de no resolver el recurso de reforma deducido en tiempo y forma no 
puede ser un obstáculo para la defensa de los legítimos derechos de mi representado. 
Así pues, en relación con el auto de fecha 9 de julio de 2018, la presente demanda de 
amparo no puede considerarse prematura por no haber sido resueltos los recursos 
deducidos por mis defendidos en tiempo y forma e indebidamente no tramitados por el 
magistrado-instructor  y  por  la  Sala  de  Recursos  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Supremo».
Y adujo una vez más como aplicable al caso, la doctrina de la STC 216/2013, de 19  s
de diciembre, del Pleno del Tribunal, sobre la no necesidad de promover incidente de  oe.
nulidad  de  actuaciones  cuando  los  órganos  judiciales  han  tenido  oportunidad  de  w.
rcpeorfononsrumtintauc ciayior nsseau lb. ssLidooib arqreiuo e  dloaesq  uaípd eehlraaebcciróhíano ,s s «upcfureinmddideaormo  ceaonln ta Mlleaas g sisoltulraae dginoot- eInripsntovrsuoiccctaioódrn o ysd  edlee srnep cuuéarsms opa a drlaoe    2020-2939n https://ww
propia  Sala  de  recursos  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  […]  sobre  los
derechos fundamentales que entendemos vulnerados y que han de ser objeto de esta
demanda. Lo contrario sería dejar al albur de los Juzgados y Tribunales poder acceder a 
la vía de la justicia constitucional».
b)  En cuanto al fondo, empieza argumentando la demanda que la faceta afectada 
del art. 23 CE sería, sobre todo, la de su apartado segundo, el derecho a acceder y 
permanecer en condiciones de igualdad en el ejercicio de un cargo público. Recuerda 
que es un derecho fundamental de configuración legal, según doctrina reiterada de este 
Tribunal (se citan las SSTC 24/1989, 73/1989 y 24/1990), y que tal precepto prevalece 
por su especialidad frente al más general derecho a la igualdad del art. 14 CE (se citan 
SSTC 50/1986, 24/1989, 73/1994, 83/2000). Entre las manifestaciones del derecho del 
art. 23.2 CE, añade, se encuentra la de la exigencia legal en la previsión de las causas 
de remoción del cargo, con cita de la STC 11/2017, de 30 de enero.
Más adelante, la demanda de amparo pone de relieve la directa conexión entre el 
derecho del art. 23.2 CE y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), y cita el informe de la Comisión 
para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) publicado el 13 de 
marzo de 2017, sobre la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica de este Tribunal 2/1979, de 3 de octubre; y la posible vulneración del art. 6 de 
la Convención de Derechos Humanos, en relación con la medida de suspensión de 
autoridades públicas prevista de manera novedosa en el art. 92 LOTC, en su aplicación 
a cargos electos.
A continuación la demanda aclara que en el recurso de amparo interpuesto por la 
misma parte procesal contra el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 (recurso 
núm. 4706-2018), se ha alegado la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25 
CE) por indebida calificación de las conductas que se le atribuyen como constitutivas de 
un delito de rebelión, a cuyo efecto formula una recapitulación de las normas que a lo 
largo de diversas leyes han ido equiparando las actividades «terroristas o rebeldes» 
como delitos de especial gravedad sobre los que se ha justificado la adopción de la 
medida de suspensión de funciones, lo que actualmente se dispone en el art. 384 bis 
LECrim.  Se  justifica  el  significado  histórico  de  esta  previsión,  la  cual  no  obstante 
entiende que ya ha perdido vigencia. Cita la STC 199/1987, de 16 de diciembre, que 
enjuició la conformidad con el art. 55.2 CE, de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de 
diciembre,  «contra  la  actuación  de  bandas  armadas  y  elementos  terroristas  y  de 
desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución», en la que se contemplaban diversas 
medidas contra personas integradas en bandas armadas o relacionadas con actividades 
terroristas  o  rebeldes,  entre  ellas  la  tipificación  del  delito  de  integración  en  tales 
organizaciones  (art.  7  de  esa  Ley  Orgánica).  La  demanda  de  amparo  afirma  que 
entonces  el  Tribunal  declaró  que  esta  figura  penal  debía  ser  interpretada 
restrictivamente, lo que entre otras cosas exige, según entiende, probar en juicio el uso 
ilegítimo de armas de guerra o explosivos para su comisión. Sostiene que el art. 384 bis 
LECrim  supone  actualmente  una  «reliquia»  legal  reservada  a  quienes  ejercen  la 
violencia en su forma más extrema, fuera de cuyo supuesto no procede acordar una 
medida restrictiva de un derecho fundamental, como es la que entraña la suspensión de 
cargo público.
Sobre el recurrente, alega después la demanda que «debemos recordar lo resuelto 
por el Tribunal de Schleswig-Holstein que en sus resoluciones de 5 de abril de 2018, 22 
de mayo de 2018, y 12 de julio de 2018, apuntó y reiteró sucesivamente, la inexistencia 
del elemento de violencia en los actos imputados a mi defendido y que fundamentan la 
acusación de rebelión», reproduciendo párrafos de la última de esas resoluciones. s
Asimismo,  se  afirma  que  el  magistrado  instructor  de  la  causa  especial  núm.  oe.
20907-2017, al dictar el auto de 9 de julio de 2018, ha llevado a cabo una interpretación  w.
extensiva del art. 384 bis LECrim, pues de la lectura literal de este precepto se deriva la  39ww
nperocceessidaamdi edneto  qyu qeu es ee sctau mhapylaan a dcuqautirriod or efiqrmuieszitao.s–: b«) aQ) uQe usee  tsraet eh daeya u nd idcetalidtoo  caoumtoe tiddoe 
por  persona  integrada  o  relacionada  con  banda  armada  o  individuos  terroristas  o
rebeldes.–c) Que el procesado ostente función o cargo público.–d) Finalmente, que se 
haya decretado la prisión provisional».
De esos requisitos faltaría aquí el último, pues sobre el recurrente no pesa «ningún 
auto decretando la prisión provisional […]; no pesa sobre él ninguna orden europea o 
internacional de detención, paso previo a la posible decisión sobre la medida cautelar de 
prisión provisional o preventiva, porque, por decisión del magistrado instructor de la 
causa especial 20907-2017, ante la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein a la que 
nos hemos referido, se retiró la OEDE [orden europea de detención y entrega] en su día 
cursada al no admitir, el órgano jurisdiccional alemán, entre las posibles causas de 
extradición de mi defendido, el delito de rebelión. Siendo así, la interpretación extensiva 
del artículo 384 bis de la LECrim, que asimila la prisión provisional ''decretada'' según 
tenor literal de la propia norma, con una situación de previsible prisión provisional ''a 
decretar''  caso  de  comparecer  mi  defendido  ante  los  Tribunales  españoles,  es 
absolutamente improcedente».
Finaliza el escrito de demanda, diciendo que en el caso del recurrente el auto 
impugnado equipara el tratamiento procesal penal de quien ha atentado contra la vida o 
la libertad de las personas, «con quienes simplemente profesan una ideología que 
propugna la declaración de independencia de una parte del territorio español, pero que 
pretenden alcanzar sus objetivos por la vía pacífica».
4.  El presente recurso de amparo fue turnado a la Sala Segunda, Sección Cuarta, 
de este Tribunal, quedando asignado al mismo el número 5488-2018.
5.  La secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal, dictó diligencia de 
ordenación el 30 de octubre de 2018, con el contenido siguiente:
«En el asunto de referencia, antes de entrar a resolver sobre la admisibilidad del 
recurso, se acuerda dirigir atenta comunicación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
a fin de que, a la mayor brevedad posible, se remita a esta Sala certificación acreditativa 
de si han recaído resoluciones en los recursos de reforma y subsidiario de apelación, 
promovidos por la representación procesal de don Carles Puigdemont i Casamajó, contra 
el auto de 9 de julio de 2018 dictado por el magistrado instructor de la causa especial 
núm. 20907-2017 y, en su caso, remita copia de las mencionadas resoluciones que 
hayan sido dictadas.»
El 11 de diciembre de 2018, se dictó diligencia por la misma secretaría de justicia a 
los  efectos  de  hacer  constar  «que,  no  habiéndose  recibido  contestación  a  la 
comunicación remitida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en fecha 30 de octubre 
de 2018, en el día de hoy se remite nueva comunicación a dicha Sala Segunda del 
Tribunal Supremo reiterando lo interesado».
6.  Con fecha 26 de diciembre de 2018, tuvo entrada en el registro de este Tribunal 
Constitucional un oficio de la letrada de la administración de justicia de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, fechado el 17 de diciembre de 2018, al que se acompañaba 
certificación firmada por esta última, del siguiente tenor:
«Certifica: Que consultada la Pieza Separada relativa a los procesados en esta 
causa declarados en rebeldía, en la misma aparece que con fecha 16 de julio de 2018 
(registro  21884)  se  presentó  escrito  por  la  representación  procesal  de  Carles 
Puigdemont  Casamajó  interponiendo  recurso  de  reforma  y  subsidiario  de  apelación  es
contra el Auto del Magistrado Instructor de 9/7/2018 en relación con la suspensión en las  o
funciones y cargos públicos del recurrente; y escrito de 16/7/2018 (registro 21998) de la  39ww
dMmaepaiscegmllaaisarcta rióar rnde eopcn rIo ennssrteetrrbanue tcalAtdcouíiraó.t»o n  adlp er roe9cc/e7us/ra2rel0,n 1t8feo .r dmeDuli claMhnoadsgo i srterreaccudurosr soIosn  stpdrueecn tdoreer nfop romdre a e lr yeq suoseluu bcssióeidn ia acrpiuooe r rddeael    OE-A-2020-29able en https://
7.  Mediante escrito que tuvo entrada en el Tribunal el 28 de diciembre de 2018, el 
representante procesal del aquí recurrente interesó la suspensión cautelar del auto 
impugnado por la vía urgente del art. 56.6 de nuestra Ley Orgánica reguladora, «con el 
fin de evitar el daño irreparable que supone la suspensión de las funciones de diputado» 
derivado de la aplicación de la medida del art. 384 bis LECrim.
8.  El Pleno de este Tribunal dictó providencia el 15 de enero de 2019, del siguiente 
tenor:.
«El Pleno, en su reunión de esta fecha y conforme establece el artículo 10.1.n) de la 
Ley  Orgánica  del  Tribunal,  a  propuesta  del  presidente,  acuerda  recabar  para  sí  el 
conocimiento del recurso de amparo que se tramita en la Sala de Segunda bajo el 
número  5488-2018,  interpuesto  por  Carles  Puigdemont  Casamajó.  Y  ha  acordado 
admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2.a)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de este 
Tribunal, diríjase atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin 
de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes al auto de 9 de julio de 2018, del magistrado 
instructor de la causa especial 20907-17; debiendo previamente emplazarse, para que 
en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a 
quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  la  parte  recurrente  en 
amparo.»
En relación con la solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formulada 
en la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no aprecia la urgencia excepcional a 
la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte de forma 
inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma procede formar la oportuna pieza 
separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de 
amparo para que efectúen alegaciones respecto a dicha petición.
9.  Con fecha 24 de enero de 2019, presentó un escrito en el registro de este 
Tribunal la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, actuando 
en nombre y representación del partido político VOX, representado legalmente por el 
secretario general de dicha organización don Francisco Javier Ortega-Smith, y bajo la 
defensa del letrado don Pedro Fernández Hernández, en solicitud de que se la tuviera 
por personada en el presente proceso.
Asimismo, por escrito registrado el 30 de enero de 2019 el abogado del Estado, en la 
representación que ostenta, solicitó se le tuviera por personado y parte en el proceso.
La misma petición se formuló mediante escrito registrado el 1 de febrero de 2019, por 
el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, actuando en nombre y 
representación de doña Carme Forcadell i Lluís y de doña Anna Simó i Castelló, bajo la 
defensa de la letrada doña Olga Arderiu Ripoll.
10.  La  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este  Tribunal  dictó  diligencia  de 
ordenación el 7 de febrero de 2019, teniendo por personados y partes en el proceso al 
abogado del Estado, al partido político VOX a través de su representante, y a doña 
Carmen Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló a través de su representante.  e.e
Además, conforme a lo dispuesto en el art. 52 de nuestra Ley Orgánica reguladora, se  b
acordó dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría del  39ww
Pveleinntoe,  daíal sM pinuidstieerraion  Fpirsecsael nyta ar  «lalass  paalertgeasc ipoenresso nqaudea as ,s up adrear eqcuheo  ecno nuvne npglaaz»o. común de
11.  Con  fecha  25  de  febrero  de  2019,  el  teniente  fiscal  ante  este  Tribunal
Constitucional  presentó  escrito  de  alegaciones,  interesando  que  el  Tribunal  dicte
sentencia en el siguiente sentido: «1.º Con carácter principal, se acuerde la inadmisión 
del presente recurso de amparo, por falta de agotamiento de los medios de impugnación 
existentes en la vía judicial previa. 2.º Subsidiariamente, en la eventualidad de que se 
estime, en contra de la posición de este Ministerio Fiscal, que no concurre el óbice 
reseñado, se acuerde la denegación del amparo en todos sus términos». Basa esta 
solicitud en los siguientes razonamientos jurídicos:
A)  Luego de hacer resumen de los antecedentes del caso y de los motivos de la 
demanda,  con  carácter  previo  al  análisis  del  fondo  el  escrito  plantea  el  óbice 
procedimental de falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1.a) 
LOTC].  Empieza  ante  todo  recordando  que  la  apreciación  de  un  óbice  procesal 
impeditivo del examen del fondo puede realizarlo el Tribunal en fase de sentencia, ya sea 
de oficio o a instancia de parte, aunque se trate de un recurso ya admitido, conforme a 
constante doctrina constitucional (cita las SSTC 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, 
de 14 de marzo, FJ 3, y 29/2011, de 14 de marzo, FJ 3).
En relación al requisito del previo agotamiento de los medios de impugnación en la 
vía judicial ordinaria, antes de acudir a esta jurisdicción constitucional, observa que se 
trata de una exigencia derivada del principio de subsidiariedad del proceso de amparo, 
evitando así privar a los órganos judiciales de su función de tutela de los derechos 
fundamentales y en prevención de que quede abierta una «vía de intersección de la 
jurisdicción constitucional con la ordinaria».
Entiende que concurre en este caso el óbice, porque una vez presentado el 16 de 
julio de 2018 un recurso de reforma y subsidiaria apelación contra el auto de 9 de julio 
de  2018,  donde  el  recurrente  alegó  la  vulneración  del  art.  23.2  CE,  sin  embargo, 
«habiendo acudido a la jurisdicción constitucional formulando la inicial demanda conjunta 
de amparo el 9 de septiembre de 2018 e interponiendo el específico recurso de amparo 
con fecha 23 de octubre de 2018 –en seguimiento de la providencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional de 2 de octubre anterior, esto es, por consiguiente, sin haber 
esperado a la resolución del anteriormente referido recurso de reforma».
Advierte a continuación el escrito de la fiscalía, que la «efectiva resolución [del 
recurso]  al  parecer  se  demoró  ante  la  sustanciación  del  incidente  de  recusación 
promovido contra el magistrado instructor que generó su apartamiento provisional de la 
causa sin designación de sustituto entretanto se tramitaba, siendo que la competencia 
para su resolución, dada la condición de procesado rebelde del recurrente, permanecía a 
cargo del responsable de la instrucción del sumario ordinario».
Ante esta situación, continúa diciendo, «el demandante no ha esperado a comprobar 
si  la  supuesta  vulneración  que  argumenta  pudiera  ser  reparada  en  reforma  por  el 
Magistrado Instructor o, tras la tramitación en su caso del recurso de apelación, por la 
Sala de Enjuiciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y ni siquiera consta 
que haya efectuado en la Causa Especial recordatorios o protestas frente a la no 
resolución de los recursos interpuestos.
Sea como fuere, en cualquier caso, nos encontramos en un supuesto en el que, sin 
haber finalizado el proceso a quo, se acude ante el Tribunal Constitucional en demanda 
de amparo por una supuesta vulneración de derecho fundamental producida en el seno 
de un proceso penal que se hallaba aún en curso en el momento de presentarse la 
demanda, y que aún hoy, por encontrarse pendiente de resolución definitiva al hallarse 
en tramitación el recurso de apelación, sigue sin resolverse de forma definitiva, todo lo 
cual debe conducir a concluir que en tales condiciones procesales, dicha pretensión no 
respeta  el  principio  de  subsidiariedad  que  caracteriza  el  proceso  constitucional  de  e.
amparo (STC 91/1992, de 16 de enero, FJ 1) y, más concretamente no cabe entender  w.b
satisfecha la previsión establecida en el artículo 44.1.a) LOTC». 39ww
acorPdoarr  lsou t ainnatdom, lias iiónnte erpno sseicnitóenn cdieal» r.ecurso de amparo es prematura y lo procedente es
la deBm) anSdean,t apdaora l os uasntteenrtioarr,  qeunetr ae l eal uteton ireenctuer rfiidsoc avl ualn reerfae reirls dee are lcohso m doet ipvoesrm qaunee npclaian teena 
cargo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE):
a)  Respecto  de  la  tesis  de  la  demanda,  de  que  el  concepto  de  «individuos 
rebeldes» incluido en el art. 384 bis LECrim solo resulta predicable de quienes hubieran 
utilizado para la perpetración del delito armas de guerra o explosivos, se trata de una 
exégesis «propia y parcial» que se opone a la sostenida por el Tribunal Supremo en sus 
autos de 26 de junio de 2018 (confirmando el procesamiento de los investigados en la 
causa especial 20907-2017) y 30 de julio de 2018 (que resolvió el recurso de reforma 
contra el auto de 9 de julio, promovido por otros procesados), y que se nutre de 
«apelaciones a lo resuelto por un tribunal regional extranjero en la sustanciación de la 
orden europea de detención y entrega […] extraído de reglas procesales y sustantivas 
distintas de otro país», sin relevancia constitucional en el nuestro.
Corrige a continuación lo que considera un error de la demanda, puesto que la 
STC 199/1987, de 16 de diciembre, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la 
medida  de  suspensión  de  cargo,  entonces  prevista  en  el  art.  22.1  de  la  Ley 
Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, al haber apreciado el Tribunal la desaparición 
sobrevenida de objeto en este punto del recurso de inconstitucionalidad planteado, pues 
se había cumplido el término señalado en la disposición final segunda de dicha Ley 
Orgánica.
En todo caso, prosigue diciendo el fiscal, la medida del art. 22.1 iba referida a la 
tipificación de los delitos que traía la Ley Orgánica 9/1984, desde la perspectiva de 
desarrollo del art. 55.2 CE en relación con los derechos fundamentales de los arts. 17.2 
CE (plazo de la detención), 18.2 CE (inviolabilidad del domicilio), y 18.3 CE (secreto de 
las comunicaciones), no en cuanto a los derechos políticos del art. 23 CE, como por el 
contrario sí sucede actualmente con el vigente art. 384 bis LECrim.
Asimismo, desde el punto de vista del ordenamiento penal sustantivo vigente, «es 
perfectamente posible la comisión de un delito de rebelión sin armas como se desprende 
del subtipo agravado que se establece en atención a su empleo en el núm. 2 del art. 473 
CP», como así lo tuvo en cuenta el ya mencionado auto de 30 de julio de 2018 que 
desestimó el recurso de reforma interpuesto por otros procesados contra el dictado de la 
medida del art. 384 bis. Y no debe prescindirse del dato, remacha, de que la norma 
procesal  separa  a  las  «bandas  armadas»  de  los  «individuos  rebeldes»  como  dos 
supuestos distintos, por lo que no se exige que concurran ambas circunstancias en la 
persona sobre la que se impone la medida.
El enjuiciamiento por este Tribunal del art. 384 bis LECrim, sigue diciendo, se produjo 
en realidad en la STC 71/1994, de 3 de marzo, FFJJ 6 y 7, que fue considerado 
entonces constitucionalmente legítimo. Destaca el escrito de alegaciones los principales 
postulados de esta sentencia:
«a)  No vulnera el contenido esencial del derecho reconocido en el art. 23.2 CE, ni 
tampoco conculca el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE.
b)  Se  proyecta  ''tanto  sobre  el  ejercicio  de  funciones  o  cargos  públicos 
representativos  como  no  representativos'',  pero  ''no  configura  una  suspensión  del 
derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 C.E''.
c)  No es una medida autónoma, pues se hace depender de la conjunción de dos 
circunstancias: (i) la suspensión del goce la libertad personal por decretarse la situación 
personal de prisión provisional y (ii) el procesamiento firme, esto es, una ''imputación 
formal y provisional de criminalidad'' (STC 218/1989, FJ 4) por delitos –entre ellos, el de 
rebelión–  que  conllevan  ''un  desafío  mismo  a  la  esencia  del  Estado  democrático'', 
justificada  en  consideración  a  la  ''excepcional  amenaza  que  esta  actividad  criminal 
conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho'' y ''dirigida frente a quienes –sin  e.
perjuicio  de  lo  que  resulte  del  juicio  oral–  han  sido  objetos  de  un  acto  firme  de  w.b
procesamiento''. 39ww
suspde) nsDióent earumtoinmaá, tdicea  deanr seel  elaje rccoicnioflu deen cfuian cdioen leass  yd ocas rgcoirsc upnúsbtalicnocsia''s p aarnate lroios repsre, s'o'usn ay 
ipnrdoicveidsuaodso ste qrruoeri slota sse oa nre pboerld aepsa''.recer integrados o relacionados ''con bandas armadas o
e)  Contempla un supuesto que es ''visto por el legislador, como inconciliable con la 
permanencia del procesado'' –cuya prisión provisional ha sido decretada– ''por estos 
delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como 
incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual 
realización de actos concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo''.
f)  Está justificada por ''la excepcional amenaza que esta actividad criminal conlleva 
para nuestro Estado democrático de Derecho'' (fin con el que la medida guarda una 
relación razonable de proporcionalidad).
g)  Solo se mantiene ''mientras dure la situación de prisión''.
Y en definitiva, como ya ha proclamado la doctrina constitucional, ''la regla enjuiciada 
no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los ''requisitos'' para el mantenimiento en 
el ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no encontrarse en situación 
de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por delito por persona 
integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, una 
condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido 
de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE''[…].»
Por tal razón no cabe dejar de aplicar la norma referida, que goza de la proclamada 
legitimidad  constitucional,  y  no  hacerlo  afectaría  también  a  los  derechos  de  los 
«diputados y ciudadanos del cuerpo electoral», estando los primeros sometidos a una 
«serie  de  condiciones  que  conforman  el  status  legal  para  el  acceso,  ejercicio  y 
mantenimiento de sus derechos políticos, entre las que se halla, en su dimensión o 
faceta negativa, no encontrarse en la situación contemplada en aquel precepto legal, lo 
que comporta, además, consecuencias de afectación del ius in officium del resto de los 
diputados  del  Parlamento  de  Cataluña».  Se  relatan  a  renglón  seguido  diversas 
actuaciones llevadas a cabo en el Parlamento de Cataluña a raíz de la suspensión de 
funciones de los parlamentarios procesados en la causa especial 20907-2017, y las 
iniciativas tomadas por diversos grupos de dicha cámara sobre la eficacia de dicha 
medida cautelar.
b)  El segundo elemento interpretativo invocado por la demanda para rechazar la 
aplicación al recurrente del art. 384 bis LECrim, de lo que discrepa el teniente fiscal ante 
este Tribunal en su escrito de alegaciones, es la supuesta inexistencia del elemento 
«violencia» en los actos protagonizados por el recurrente y que han determinado su 
procesamiento y la imposición de dicha suspensión. Se refiere así al relato fáctico 
contenido en el auto de procesamiento, en el que se habla de una «estrategia conjunta, 
planificada y ejecutada desde el liderazgo y ascendencia sobre instituciones autonómica, 
gubernamentales y parlamentarias, así como la movilización de un amplio sector de 
individuos con episodios de componente multitudinario violento sobre bienes y personas 
que se concretaron con particular intensidad los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
de 2017». Extendiéndose el fiscal en este punto del relato del auto, donde se destacan 
actos de violencia callejera durante el registro judicial en la sede de la Consejería de 
Vicepresidencia,  Economía  y  Hacienda  de  la  Generalitat  de  Cataluña;  así  como  la 
instigación efectuada frente a la labor policial para intentar impedir la celebración del 
referéndum  ilegal  del  1  de  octubre  de  2017,  la  cual  califica  como  «violento 
levantamiento».
Prosigue diciendo que carece de consistencia la alegación de la demanda de que no 
hubo violencia y solamente empleo de vías pacíficas, y no se comparece con el relato de 
hechos ocurridos que trae la resolución impugnada en este amparo. No cabe cuestionar  e
esta tampoco desde el derecho a la legalidad penal del art. 25.1 CE, aun sea a los  bo
efectos  provisionales  de  la  medida  cautelar  señalada,  por  su  aplicación  al  aquí  39ww
recucr)r enEtel .tercer  y  último  aspecto  de  la  demanda  del  que  disiente  el  escrito  de
aculemgpalciriosen ecso nd elol ste rneieqnutisei tfoissc faijla, deoss e pl orre llaat invoor ma ala.  Eand ocpocniócnre tdoe,  rlae smpeecdtiod ad es ulas pfeanltasi vdae  suinn 
auto de prisión provisional previo, considera que tiene este condición y surte los efectos
legales que requiere el art. 384 bis LECrim, el auto dictado por el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional el 3 de noviembre de 2017, en el marco de 
las diligencias previas núm. 82-2017, cuando ante la incomparecencia del recurrente al 
acto en el que la magistrada instructora iba a tomarle declaración y para el que fue 
citado, se acordó su busca y captura e ingreso en prisión. Diligencias 82-2017 que 
tiempo después fueron parcialmente acumuladas a la causa especial 20907-2017 de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Y esto es así, sostiene el teniente fiscal, aunque el recurrente no se encuentre 
confinado en un centro penitenciario por haber eludido la acción de la justicia y situado 
fuera del territorio nacional pues, explica, el art. 384 bis LECrim habla de procesamiento 
firme y que haya sido decretada la prisión provisional, por lo que también deviene 
aplicable al procesado rebelde que se encuentre fugado para eludir la acción de la 
justicia.
Esto resulta razonable además desde la perspectiva de la orientación material de la 
norma,  en  los  términos  de  la  STC  71/1994.  y  entender  otra  cosa,  a  su  parecer, 
«favorecería la iniciativa de elusión de la acción de la justicia por parte de los cargos 
públicos investigados, ya que se llegaría al absurdo paradójico de que, mediante su fuga, 
los procesados por rebelión, terrorismo o pertenencia a banda armada lograrían no 
poder ser suspendidos en el ejercicio de su cargo público, continuando con el disfrute de 
las facultades y derechos inherentes –en ocasiones también de contenido económico– al 
mismo,  cuando  el  legislador  ha  establecido  como  inconciliable  la  permanencia  del 
procesado por estos delitos con el desempeño de funciones o cargos públicos si se ha 
decretado como medida cautelar su prisión provisional».
En  definitiva,  considera  el  escrito  de  alegaciones  del  teniente  fiscal  ante  este 
Tribunal, que concurre una justificación objetiva y razonable para la legalidad de la 
medida  mencionada  y  para  su  aplicación  al  recurrente,  debiendo  desestimarse  en 
definitiva la demanda.
12.  Con fecha 4 de marzo de 2019, el representante procesal del partido político 
VOX presentó su escrito de alegaciones, interesando que dictásemos una sentencia «en 
la que se inadmita a trámite el recurso de amparo interpuesto o, en su defecto, se 
deniegue la pretensión de que se anule Auto, de fecha 9 de julio de 2018, del Instructor 
de la Causa Especial 20907/2017 por el que decretó la suspensión automática del 
procesados  [sic]  en  sus  derechos  y  prerrogativas  como  Diputado  de  las  Cortes 
Catalanas»:
A)  Respecto del primer punto, la inadmisibilidad del recurso de amparo, esta se 
sustenta por el escrito de alegaciones en dos motivos:
a)  De un lado, por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo, pues 
frente al auto que se impugna en la presente demanda había ya interpuesto por el 
recurrente, en fecha anterior, un recurso de reforma ante el magistrado instructor de la 
causa especial 20907-2017 y otro subsidiario de apelación ante la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, pendientes ambos de resolución, respecto de lo cual se vino a 
«ocultar o, cuando menos, pasar por alto», el hecho de que el recurrente ya había 
promovido ante este Tribunal Constitucional una primera demanda de amparo. Por ello, 
prosigue, el auto de 9 de julio de 2018 carece de firmeza, sin que resulte válida la 
invocación  por  el  recurrente,  ya  desde  su  primera  demanda,  de  la  doctrina  de  la 
STC 216/2013 y lo que en ella se dice, pues la primera demanda se presentó sin dar  s
tiempo a que se resolvieran «los recursos de reposición [sic] y subsidiario de apelación»  oe.
contra el citado auto. w.
ThirzibouS enela  aml dSevunieporrrte eem,s oafu dueenrmzaoá p spr,o oqnru traee  craelansmtoelasu rcd idóeen pl  drJoeum etazol veIensrs  rtlerauc cputrroismro eys/r oda e dd eree mlpaao nsSidacailóa, n ed lye r  esAucpuberslriaedcniaitóerni o « ddneeol    2020-2939n https://ww
apelación».
b)  De otro lado, entiende el partido político VOX que mediante la interposición de la 
segunda demanda de amparo, se produce «una evidente infracción al principio procesal 
del non bis in idem lo que, en base a una lógica elemental, impide plantear, de nuevo, 
una cuestión anteriormente planteada ante el mismo órgano judicial que entiende de la 
primera, mientras que este no haya resuelto debidamente acerca de esta última».
Sin reseña de lo acordado en la providencia dictada por el Pleno de este Tribunal el 2 
de octubre de 2018 (que acordó deducir una segunda demanda: antecedente 2 K de 
esta  sentencia),  prosigue  argumentando  el  escrito  al  respecto  que:  «Ello  debería 
determinar, sin más, la inadmisión del presente recurso de amparo en cuanto a ese 
extremo, ya que, al tratarse de una cuestión aún sub judice no puede volverse a incidir 
en ella, al menos hasta que ese Tribunal Constitucional resuelva al respecto».
Finaliza la alegación de este doble óbice manifestando que hubo por parte del 
recurrente  «una  voluntad  evidente  y  deliberada  de  sustraer  de  la  competencia  del 
Tribunal Supremo la decisión de si debía seguir o no en el uso de las prerrogativas como 
diputado autonómico, para remitirla, cuanto antes, a ese Tribunal Constitucional, como 
paso previo, a acudir, eventualmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde, 
sin duda, confía recibir satisfacción a dicha pretensión».
B)  Aborda tras esto el escrito de alegaciones del partido VOX, las pretensiones de 
fondo del recurso, que considera de desestimación por las siguientes razones:
a)  El recurrente «fue cesado en el cargo que ostentaba al frente de la Generalitat, 
mediante una correcta aplicación, de un precepto constitucional: el artículo 155 de la 
Constitución Española». El auto impugnado «se limitó a aplicar la lógica consecuencia a 
la  situación  del  hoy  recurrente,  declarando  que,  al  haber  cesado  en  el  cargo  de 
presidente de la Generalitat de Cataluña, no tenía derecho a seguir haciendo uso de las 
prerrogativas inherentes al ejercicio de tal cargo».
b)  El recurrente, «al haber eludido la acción de la Justicia, huyendo al extranjero y 
adquiriendo, con ello, la condición de ''forajido'' […] no tomó válida posesión de sus 
escaños en las Cortes de Cataluña y, por lo mismo, aun habiendo sido candidato electo, 
no  pudo  alcanzar  la  condición  de  diputado  autonómico  y,  con  ello,  acceder  a  los 
derechos y prerrogativas propias de un diputado electo […]. No hay ningún precepto 
constitucional, que consagre un supuesto derecho, digno de amparo constitucional, a 
ostentar las prerrogativas propias de un cargo autonómico.
c)  Siendo esto así no puede sostenerse que el auto impugnado haya causado la 
vulneración  del  derecho  fundamental  a  acceder  y  permanecer,  en  condiciones  de 
igualdad, en el ejercicio de un cargo representativo (art. 23 CE). Tampoco es de recibo la 
tesis de diferenciar entre individuos rebeldes y terroristas, como presuntos responsables 
de un delito de rebelión. Además, en este caso no se ha sostenido que el recurrente, que 
«es ciertamente un ''rebelde'' […] sea también ''terrorista'' […]».
d)  Como última consideración, se indica en el escrito de alegaciones que «tanto 
el recurrente como las demás partes procesadas están haciendo un ejercicio, casi 
cotidiano, de lo que jurídicamente se denomina ''abuso de derecho'' […]» (con cita del 
art.  7.2  del  Código  civil).  Reiterando  que  lo  que  aquellos  persiguen  es  que  sus 
conductas  sean  conocidas  «de  modo  sumario  y  apresurado,  por  ese  Tribunal 
Constitucional», eludiendo las formalidades de la causa seguida ante la Sala Segunda 
del  Tribunal  Supremo,  y  que  «el  proceso  acceda,  cuanto  antes,  a  una  instancia 
internacional, más en concreto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», el cual 
aquellos creen será «más proclive a las presiones políticas». Pidiendo a este Tribunal  e
que evite dicho abuso de derecho, formalizando a continuación el suplico del que ya  bo
se ha dado cuenta. 39ww
13.  El abogado del Estado, en la representación que ostenta, presentó su escrito de 
alegaciones  el  7  de  marzo  de  2019,  donde  interesó  que  dictemos  sentencia  «que 
inadmita y, subsidiariamente, desestime totalmente la demanda de amparo»:
A)  Luego de identificar la resolución judicial impugnada, así como los antecedentes 
procesales previos  a su  adopción, el abogado  del  Estado plantea ante todo como 
cuestión previa al fondo, la inadmisibilidad del recurso «por falta de agotamiento de la vía 
judicial previa ex artículo 44.1 a) LOTC».
Señala, en tal sentido, que el auto de 9 de julio de 2018 no agotó la vía judicial 
previa, al estar pendiente a día de hoy el recurso de apelación interpuesto por el 
recurrente de amparo contra aquel auto. Recurso este de apelación que ha sido admitido 
a su vez por auto de 20 de febrero de 2019 del magistrado instructor de la causa 
especial  20907-2017,  dictado  en  resolución  del  recurso  de  reforma  igualmente 
promovido por dicha parte procesal contra el citado auto de 9 de julio de 2018. Advierte 
así el escrito de alegaciones, que el auto de 20 de febrero de este año, «por la fecha en 
que se ha dictado no figura en el procedimiento» y que se trata de una resolución 
«adecuadamente  motivada  y  atendiendo  a  las  circunstancias  personales  de  los 
interesados».
Prosigue diciendo que: «No cabe hablar siquiera, como se alegará de contrario, de 
dilación en la resolución del recurso de reforma, pues el tiempo transcurrido no es 
imputable al instructor de la causa especial, sino a la recusación indebida del instructor 
formulada por los señores Comín y Serret, desestimada por auto de 27 de diciembre 
de 2018, que ha tenido efecto dilatorio de la resolución de recursos pendientes. Así, el 
propio auto de 20 de febrero de 2019 razona que la resolución del recurso de reforma 
''quedó  necesariamente  pospuesta  al  conocimiento  de  la  recusación  del  instructor 
formulada en su día por los procesados Meritxell Serret Aleu y Antoni Comín Oliveres''. 
En este estado de cosas, aún pendiente la resolución del recurso de apelación contra el 
auto de 9 de julio de 2018, no cabe entender agotada la vía previa contra el mismo». 
Exigencia que, precisa, resulta del principio de subsidiariedad del proceso de amparo, 
sancionado en el art. 44.1 a) LOTC y confirmado por la doctrina constitucional (con cita 
de la STC 130/2018, de 12 de diciembre, FJ 3, que reproduce en parte).
B)  Ya en cuanto al fondo, el abogado del Estado alega en desestimación de la 
demanda lo que sigue:
a)  En primer lugar, que no se ha producido la lesión del art. 23.2 CE debido a una 
supuesta aplicación indebida del art. 384 LECrim. Niega, como afirma la demanda, que 
la resolución impugnada haya mezclado confusamente los tipos penales relativos a 
delitos cometidos por bandas armadas o terroristas, art. 571 y ss. del Código penal, y el 
de rebelión del art. 472 del mismo Código, pues el ordenamiento distingue cada uno de 
ellos.
Entiende que sí causa confusión, sin embargo, la invocación que hace la demanda 
de la STC 199/1987, pues el precepto que en la Ley Orgánica 9/1984 traía una medida 
similar, el art. 22.1, no constituía norma de desarrollo del art. 55.2 CE, ya que la 
suspensión de cargo público no entraña la de los derechos fundamentales de los arts. 
17.2, 18.2 y 18.3 CE.
Además, no fue esta una de las normas objeto de impugnación en la demanda de 
aquel recurso de inconstitucionalidad (lo evidencia, añade, la lectura del fundamento 
jurídico 4 de dicha STC 199/1987), además de que el art. 22.1 no se examinó por este 
Tribunal «por haber perdido su vigencia, de conformidad con la disposición final segunda  e
de  la  Ley  Orgánica  9/1984,  como  así  observó  el  fundamento  jurídico  3  de  la  bo
STC 199/1987. Esta circunstancia ya ha sido contestada, añade, en el fundamento  39ww
sreepgruondduoc ed)e, la a purtoop dóes itlao  dSea luan Sae agleugnadcai ódne ls Timriiblaurn dael  Soutrporse mproo cdees a3d0o dse. julio de 2018 (que
consLtlietugcaidoonsa lidaa de sdtee l paurtn. t3o8, 4a fbirism aL EeCl riamb osgea cdoon tdieenl eE, setna dreoa lqiduaed ,l ae nd olac tSriTnaC  7so1b/1r9e9 4la, 
de 3 de marzo, declarando entonces su compatibilidad con los derechos fundamentales
del art. 23 CE, y de la que reproduce pasajes de su fundamento jurídíco 6. Doctrina que, 
en fin, tienen en cuenta tanto el auto de 9 de julio de 2018 aquí impugnado, como el 
de 20 de febrero de 2019 (fundamento 3.2, que reproduce en parte) que resolvió el 
recurso de reforma, y el de 30 de julio de 2018 dictado, como ya se ha dicho, respecto 
de otros procesados.
Cierra  el  escrito  de  alegaciones  este  bloque  de  argumentación  referente  a  la 
adecuada aplicación del art. 384 bis LECrim, indicando que la STC de 26 de febrero 
de 2019, recaída en el recurso de amparo núm. 4706-2018, ha declarado el carácter 
prematuro de la impugnación formulada contra el auto de procesamiento y la calificación 
que en él se hace de los hechos investigados, como constitutivos del delito de rebelión.
b)  En segundo lugar, todavía sobre el fondo, se aduce también por el abogado del 
Estado que el auto recurrido no ha llevado a cabo una «interpretación extensiva del 
art. 384 bis LECrim en su aplicación al huido». Observa que de tener que considerarse 
así, «no solo el huido en busca y captura, sino el propio procesado que haya ingresado 
en prisión, si se fuga del centro penitenciario, recuperará el ejercicio del cargo público, 
mientras no sea capturado de nuevo. Esta alegación es insostenible: resulta evidente 
que el artículo 384 bis no puede entenderse como un precepto que distingue entre el 
preso provisional y el fugado para favorecer al segundo cuando incumple su deber de 
sujeción al proceso». Añade que así lo ha abordado el auto de 20 de febrero de 2018, en 
su fundamento jurídico 3, apartado 3, motivando la desestimación del recurso de reforma 
en este punto, pasando a hacer transcripción del mismo.
De lo expuesto se deduce que el art. 384 bis LECrim establece dos presupuestos: el 
primero es la firmeza del auto de procesamiento, «no discutida por el recurrente». El 
segundo es que la prisión esté «decretada», no que se haya materializado el ingreso en 
prisión de la persona, «precisamente lo que realiza el auto de 9 de julio es interpretación 
literal, no interpretación extensiva. Y el inciso ''mientras dura la situación de prisión 
provisional'' no puede interpretarse más que el referido al presupuesto, la situación 
procesal de prisión, la vigencia de la prisión como decretada»; reiterando que llevaría a 
un resultado absurdo dispensar de la medida a quien se encuentra fugado, incluso del 
establecimiento donde estaba preso, «y hacer de mejor condición al que incumple el 
deber de sujeción al proceso que al que lo cumple».
C)  Junto con el escrito de alegaciones, el abogado del Estado consignó copia del 
auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 17 de diciembre de 2018, por el 
que  declaró  inadmisible  la  recusación  del  magistrado  instructor  de  la  causa 
especial 20907-2017, promovida por los procesados doña Meritxell Serret Aleu y don 
Antonio Comín Oliveres.
En  el  antecedente  de  hecho  primero  del  auto  se  hace  constar  que  el  escrito 
interponiendo el incidente de recusación mencionado, se presentó en el registro general 
del Tribunal Supremo el día 3 de agosto de 2018.
D)  Aportó  igualmente  el  abogado  del  Estado,  copia  del  auto  del  magistrado 
instructor de la causa especial 20907-2017, dictado el 20 de febrero de 2019, acordando 
desestimar el recurso de reforma interpuesto por el representante procesal del aquí 
recurrente contra el auto de 9 de julio de 2018; y admitiendo a su vez el recurso de 
apelación subsidiariamente promovido. En esta resolución se expone lo siguiente:
(i)  Con relación al retraso en la resolución del recurso, el fundamento de Derecho 
primero pone de manifiesto que «la representación de Carles Puigdemont Casamajó 
interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra determinadas decisiones  e
adoptadas por este instructor en el auto de 9 de julio de 2018, cuya resolución quedó  bo
necesariamente pospuesta al conocimiento de la recusación del instructor formulada en  39ww
su d(íiai)  poRr elossp opnrodcee sluaedgoos  Meel raitxuetoll  Seenr reetl  Amleisum yo A nfutonndia Cmoemnítno ,O  ali velar esq»u.eja  de  haberse
aLcEoCrdrimad oy  lae nfi nuanliaz amcióisnm dae l rseusmoluacriioó,n a calpalriacnadr oa ql uree ceusrtrae nútleti mlaa  dmeecdisidióan  dneol  oapret.r a3b8a4 p abrias 
aquel ni para los demás procesados declarados en rebeldía por auto de la misma fecha:
«De otro lado, elude el recurrente que en fecha 9 de julio de 2018 se dictó auto 
declarando  en  rebeldía  al  recurrente.  Por  ello,  de  conformidad  con  el  artículo  623 
LECrim, se acordó la división del procedimiento, habiéndose resuelto expresamente que 
la conclusión sumarial (decisión que dice generante de su indefensión por no poder 
recurrirla) únicamente afectaba a la pieza del procedimiento relativa a los procesados 
presentes. En modo alguno se acordó la conclusión del sumario respecto del recurrente. 
Para los procesados declarados en rebeldía, por haberse practicado todas las diligencias 
que  se  entendía  precisas  y  podían  abordarse,  el  mismo  auto  que  ahora  impugna 
disponía ''la suspensión de la causa, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran 
resultar  precisas  de  futuro  para  concluir  el  procedimiento  respecto  de  ellos''. 
Añadiéndose  que  ''A  tal  efecto,  queden  a  disposición  del  instructor  las  piezas  de 
tramitación y de situación personal de los procesados rebeldes, dejándose a su vez 
testimonio de todas las diligencias de investigación practicadas'' […].»
(iii)  Por lo que respecta a la tesis de la defensa, de que la imposición de la medida 
cautelar de suspensión de cargo público quedaba supeditada a su autorización previa 
por el Parlament de Cataluña, la cual no tuvo lugar, el auto de 20 de febrero de 2019 
desestima la impugnación en el fundamento de Derecho segundo, donde asevera:
«Aduce el recurrente que la suspensión de cargo público del artículo 384 bis LECrim 
no le resulta aplicable. Destaca así el artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña, que recoge que ''los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus 
derechos  y  deberes  parlamentarios,  previo  dictamen  motivado  de  la  Comisión  del 
Estatuto  de  los  Diputados,  en  los  siguientes  casos:  a)  Si  es  firme  el  auto  de 
procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por 
mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados''. Sobre su base, aduce 
que se trata de una norma especial que convierte la suspensión en discrecional y 
dependiente del Pleno del Parlamento.
El recurrente amplía el ámbito de aplicación de la norma parlamentaria hasta donde 
esta no alcanza.
El artículo 384 bis LECrim, en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 
de mayo, dispone que ''firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional 
por  delito  cometido  por  persona  integrada  o  relacionada  con  bandas  armadas  o 
individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo 
público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la 
situación de prisión''.
Se configura así una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria, que no 
tiene  por  objeto  una  sujeción  personal  al  proceso  o  garantizar  los  eventuales 
pronunciamientos económicos del procedimiento, sino preservar el orden constitucional 
impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado 
de  forma  grave  el  orden  de  convivencia  democrática  mediante  determinados 
comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan 
continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando 
concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación 
de libertad.
Y como ya se dijo en la resolución que ahora se impugna, la norma parlamentaria 
que se aduce no introduce una regla de especialidad que venga a modificar la norma de 
orden público, expresada con carácter general en nuestra ley procesal. Sin perjuicio de 
que en el resto de delitos pueda acordarse, o no, la suspensión de derechos y deberes  e
inherentes a la función de diputado del Parlamento de Cataluña (y solo estos), conforme  bo
con las previsiones normativas que el recurso expresa, la previsión cautelar que ahora  39ww
Canoanlsiztiatumcoiosn rael squultea,  seenr  sdue  saepnlticeancciióan 7 e1x/1 9le9g4e,  yd eh a3  dsied om raerfzroe,n deaxpdrae spao rq nuuee 's'ntroo  cTarbibeu, neanl 
epfeercsteoc,u chiaócne re satab smtreadccidióan s ed ein slae rtnaa. tLuara mlezead iddae  dleo ss udsepleitnossi óenn q ueel  ecnojnutiecxiatom odse  hcau dyea 
afectar, precisa y exclusivamente, a los procesados y presos que lo hayan sido por
aparecer –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral como integrados o relacionados 
''con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes'', es decir, previa la ''imputación 
formal y provisional de criminalidad'' (STC 218/1989, fundamento jurídico 4) por delitos 
que conllevan ''un desafío mismo a la esencia del Estado democrático'' (STC 89/1993, 
fundamento jurídico 3), tal como ha encontrado reflejo en el propio texto constitucional. 
La  excepcional  amenaza  que  esta  actividad  criminal  conlleva  para  nuestro  Estado 
democrático de Derecho justifica, sin duda, una medida provisional como lo es la prevista 
en el precepto impugnado, dirigida frente a quienes –sin perjuicio de lo que resulte del 
juicio  oral–  han  sido  objetos  de  un  acto  firme  de  procesamiento.  El  supuesto 
contemplado en el art. 384 bis LECrim, por tanto, bien puede ser visto por el legislador, 
como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño 
de  funciones  o  cargos  públicos  o,  más  sencillamente,  como  incompatible  con  la 
concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos 
concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo. En definitiva, la regla enjuiciada 
no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los ''requisitos'' para el mantenimiento en 
el ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no encontrarse en situación 
de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por delito por persona 
integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, una 
condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido 
de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE'' [...].»
(iv)  Rechaza  el  auto  en  su  fundamento  de  Derecho  tercero,  finalmente,  las 
alegaciones del recurso sobre la improcedente aplicación de la medida atendiendo a la 
supuesta no firmeza del auto de procesamiento; y al hecho de hallarse el impugnante en 
libertad:
«Añade el recurrente que la suspensión acordada tampoco satisface las exigencias 
que el artículo 384 bis LECrim establece.
En primer lugar, entiende que el auto de procesamiento no ha ganado firmeza, pues 
este instructor había estimado un recurso de reforma, interpuesto por Meritxell Serret i 
Aleu y Antonio Comín i Oliveres, contra la providencia de fecha 27 de junio de 2018 en la 
que se había declarado la firmeza del auto de procesamiento.
En segundo término, porque los procesados no pueden ser considerados rebeldes 
en el sentido que el precepto procesal contempla, defendiendo el alegato que el precepto 
procesal está acotado a la actuación de bandas armadas, elementos terroristas o a la 
modalidad agravada del delito de rebelión del artículo 473.2 del Código penal, siempre 
que se hayan esgrimido armas o hubiera habido combate entre la fuerza rebelde y los 
sectores leales a la autoridad legítima.
Por último, porque entiende que la exigencia de prisión viene referida a quienes se 
encuentre materialmente ingresados en un centro penitenciario.
Los argumentos carecen de sustento que conduzca a la revocación que reclama el 
recurso.
1.  El 21 de marzo de 2018 este Magistrado instructor dictó auto en el que, entre 
otras resoluciones, se acordó el procesamiento, como presuntos responsables de un 
eventual delito de rebelión del artículo 472 y concordantes del Código Penal, de los 
encausados Carles Puigdemont […]. Recurrida en reforma la decisión de procesamiento, 
entre otros por el actual recurrente Carles Puigdemont i Casamajo, se confirmó por auto 
de fecha 9 de mayo de 2018. s
Contra  la  denegación  del  recurso  de  reforma,  la  representación  de  Carles  oe.
Puigdemont Casamajó, así como las representaciones [de otros procesados], y del  w.
pSreaecrgutiudrsnood spa o dinlíettielc Tropr uiVbeuOsnXtoa,sl  ( Sayuc pucrsoeanmcfiioróm,n qó pu oeepl  eupnlra oarc)u,e tofso adrmme iuefelnactrhooa np  2or6er  cdeuesr stjeou  nddioee l diateop  e2dl0ae1c 8ilóo, nsd  eaesnnetcesa tuilmas aóSd aloolass    2020-2939n https://ww
anteriormente señalados, ganando de este modo firmeza la resolución.
La resolución es firme para el recurrente, aunque existiera recurso pendiente de los 
procesados en rebeldía Meritxell Serret y Antoni Comín. Así se acordó incluso en el auto 
de 9 de julio de 2018 que, sin impugnación por parte de la representación de Carles 
Puigdemont en lo que a este aspecto se refiere, prescribió que la providencia de 27 de 
junio de 2018 (en la que se había declarado la firmeza del procesamiento de los 
encausados  tras  la  resolución  de  los  correspondientes  recursos  de  apelación), 
únicamente se dejaba sin efecto en lo que hacía referencia a la presunta participación y 
responsabilidad de Meritxell Serret i Aleu y Antoni Comín i Oliveres.
2.  En lo que respecta a los supuestos para los que resulta aplicable la medida de 
suspensión,  aun  cuando  el  recurrente  ha  sido  también  declarado  en  rebeldía,  la 
expresión  rebeldes  contenida  en  el  artículo  384  bis  LECrim  hace  referencia  a  los 
presuntos partícipes en un delito de rebelión, esto es, en los términos del Tribunal 
Constitucional anteriormente destacados, ''previa la imputación formal y provisional de 
criminalidad,  por  delitos  que  conllevan  un  desafío  mismo  a  la  esencia  del  Estado 
democrático''. En modo alguno se condiciona la aplicación de la medida al empleo de 
armas en la comisión del delito, cumpliéndose las exigencias normativas con la presunta 
satisfacción  de  los  elementos  típicos  correspondientes  a  cada  una  de  las  figuras 
delictivas que el artículo 384 bis contempla.
3.  El artículo 384 bis LECrim dispone que una vez firme un auto de procesamiento 
y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada 
con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere 
ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido. El recurso 
afirma  que,  pese  a  haberse  dictado  auto  de  prisión  contra  Carles  Puigdemont,  el 
precepto no deviene aplicable en atención al último inciso de este mismo precepto, que 
complementa lo anterior diciendo que la suspensión automática se mantendrá mientras 
dure la situación de prisión.
Carece  de  fundamento  la  pretensión  del  recurrente  de  que  la  ley  exija  la 
materialización de la privación de libertad para la aplicación del precepto. La norma 
procesal es clara al establecer las exigencias para que opere la medida cautelar de una 
manera automática, exigiendo que se haya decretado la prisión provisional contra el 
procesado por rebeldía. Las razones que legitiman constitucionalmente la medida son 
expresadas por la doctrina constitucional que el recurrente aduce en su recurso, si bien 
dichas sentencias no proclaman que la medida solo resulte aplicable cuando se haya 
materializado el internamiento. El inciso último del artículo que se analiza no modifica el 
contenido sustantivo de los requisitos, resultando evidente que la concreta redacción de 
la acotación descansa en lo insólito que resulta que una persona procesada por un delito 
de rebelión, y que se encuentra en situación de rebeldía por haberse sustraído a la 
acción de la justicia, eludiendo al tiempo la decisión de prisión, pueda pretender el 
ejercicio de funciones públicas en el ámbito de jurisdicción de nuestros tribunales. No 
existe razón ninguna que justifique que no puedan ejercer funciones públicas quienes se 
encuentran en la situación procesal contemplada en el artículo 384 bis, salvo aquellos 
que injustificadamente logren eludir la legítima función del Poder Judicial de investigar y 
enjuiciar los hechos presuntamente delictivos. Como indica el Tribunal Constitucional en 
la ya destacada sentencia 71/1994, de 3 de marzo, ''la medida de suspensión que 
enjuiciamos ha de afectar, precisa y exclusivamente, a los procesados y presos que lo 
hayan sido por aparecer –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– como integrados 
o relacionados ''con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes'', es decir, previa 
la  ''imputación  formal  y  provisional  de  criminalidad''  (STC  218/1989,  fundamento  s
jurídico  4)  por  delitos  que  conllevan  ''un  desafío  mismo  a  la  esencia  del  Estado  oe.
democrático'' (STC 89/1993, fundamento jurídico 3).» w.
autoE d) e T3a0m dbei éjunl iaoc doem p2a0ñ1ó8 ,e dl ea blao gSaadlao  ddeel  lEo sPtaednoa la d seul  Tersicbruitnoa dl eS uaplergeamcoio, npeosr,  eclo qpuiae  dseel 
dperosceesstiamleasr odne  llooss  prroecceusrasodso s ddeo n aOpreiolal cJiuónnq uienrtaesrp iu eVsietoss,  Rpaoúrl  Rloams evreap ir eRsueendtaac, iJoonredsi 
Turull i Negre, Josep Rull i Andreu y Jordi Sánchez Picanyol, contra el auto de 9 de julio 
de 2018 objeto del presente recurso de amparo, en lo concerniente a dichos procesados.
F)  Por último, se adjuntó copia del auto de 20 de febrero de 2019, del magistrado 
instructor de la causa especial 20907-2017, por la que se acordó desestimar los recursos 
de reforma interpuestos por las representaciones procesales de los procesados doña 
Meritxell Serrer i Aleu, don Antoni Comín i Oliveres, doña Clara Ponsatí i Obiols, don 
Lluís Puig i Gordi, y el aquí recurrente don Carles Puigdemont i Casamajó, contra el auto 
dictado por el magistrado instructor el 9 de julio de 2018 declarando la rebeldía de todos 
ellos;  y  admitir  el  recurso  de  apelación  subsidiariamente  promovido  por  las 
representaciones procesales de los señores Puigdemont, Puig y la señora Ponsatí.
14.  En virtud de diligencia de 25 de marzo de 2019, la secretaría de justicia del 
Pleno  de  este  Tribunal  hizo  constar  que,  dentro  del  plazo  conferido  en  la  anterior 
diligencia  de  7  de  febrero  de  2019,  habían  formulado  alegaciones  únicamente  el 
Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la representante procesal del partido político 
VOX.
15.  Con  relación  al  recurso  de  amparo  núm.  4706-2018  al  que  se  ha  hecho 
referencia en estos antecedentes, promovido entre otros por el aquí recurrente contra las 
resoluciones que acordaron su procesamiento en la causa especial 20907-2017, el Pleno 
de este Tribunal dictó STC 27/2019, de 26 de febrero, inadmitiendo dicho recurso: 
«Apreciado el carácter prematuro de todas las pretensiones planteadas» (FJ 7 último 
párrafo).
16.  Por  lo  que  se  refiere  finalmente  a  la  apertura  de  la  pieza  separada  de 
suspensión de la resolución judicial impugnada, que había acordado la providencia de 
admisión a trámite del presente recurso de amparo, esta se materializó en providencia 
aparte dictada por el Pleno del Tribunal en la misma fecha –15 de enero de 2019–, 
otorgando en ella plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al demandante de 
amparo, para que pudieran presentar sus alegaciones.
Así lo hicieron este último a través de su representante procesal, mediante escrito 
registrado el 25 de enero de 2019, interesando la suspensión de la resolución judicial 
impugnada; y el teniente fiscal ante este Tribunal, a través de escrito registrado el 29 de 
enero de 2019, donde interesó la denegación de la suspensión referida.
La  pieza  separada  se  resolvió  finalmente  por  auto  de  12  de  marzo  de  2019, 
acordando el Pleno de este Tribunal: «Denegar la suspensión de la resolución judicial 
impugnada».
17.  En el rollo de actuaciones remitido a este Tribunal por la secretaría de justicia 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante oficio de 28 de enero de 2019, no 
consta ningún escrito presentado por el representante procesal del recurrente solicitando 
información al magistrado instructor de la causa especial 20907-2017, acerca de la 
resolución del recurso de reforma presentado por dicha parte contra el auto de 9 de julio 
de 2018, así como tampoco ningún escrito formalizando una queja por un retraso en 
decidir dicho recurso y/o en solicitud de que se dictase la correspondiente decisión.
18.  Por auto de fecha 10 de julio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
desestimó el recurso de apelación interpuesto por el demandante de amparo contra el 
auto de fecha 20 de febrero de 2019, que, a su vez, resolvió desestimar el recurso de 
reforma entablado contra el auto de 9 de julio de 2018. e.e
Como motivos para fundar dicha desestimación, el auto expone en su fundamento de  b
Derecho único los siguientes que se resumen: 39ww
A)  Sobre la interpretación general del precepto (art. 384 bis LECrim):
los «paro. ceSsuasdpoesn ys iópnre-rseobse ldpíoar- 3a8p4a rbeicse»r:  lian tmegerdaiddoas  doe  sreulsapceionnsaiódno sp rcoocne d«er elebgealdlmese»n,t es ian   BOE-A-cable e
perjuicio de lo que resulte del juicio oral (cita las SSTC 218/1989, FJ 4, y 89/1993); b. 
«Medida  provisional  tras  procesamiento»:  procede  la  medida  adoptada  una  vez 
acordado el procesamiento de la persona, sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral; c. 
«Incompatibilidad ex lege del procesado rebelde con la permanencia en el cargo público 
provisionalmente»: el supuesto del art. 384 LECrim supone que el legislador considera 
inconciliable que el procesado ejerza sus funciones o cargos públicos e incompatible que 
disfrute de permisos penitenciarios que pueden permitirle actos concretos de ejercicio de 
dicha función o cargo; d.  «Medida cautelar que no vulnera el derecho a la presunción 
de  inocencia»:  se  afirma  que  la  medida  no  vulnera  este  derecho  fundamental  del 
art. 24.2 CE; e.  «La permanencia en el cargo público lo es mientras no aparezcan 
elementos o circunstancias que hacen decaer este derecho, como aquí ocurre con las 
consecuencias legales del art. 384 bis LECrim»: la medida exige que la persona esté 
imputada formalmente y, en tal caso, la medida se prolongará mientras dure la situación 
de prisión provisional; f.  «Posibilidad de aplicar mecanismos de sustitución interna en 
los grupos de las personas afectadas por la medida cautelar de suspensión»: no existe 
impedimento procesal para que los cargos y funciones de los procesados sometidos a la 
medida, sean ejercidos de manera plena y temporal por otros miembros de la respectiva 
candidatura, siempre que lo contemple el Parlamento.
B)  Aplicación de los anteriores parámetros para resolver los motivos del recurso: 
continúa diciendo el auto de 10 de julio de 2019:
g.  Se recuerda que: «Existe auto de procesamiento firme de fecha 21 de marzo 
de 2018 por delito de rebelión ya que la Sala de apelación confirmó el auto de 
procesamiento en auto de fecha 26 de junio de 2018»; h.  «Alcance extensivo del 
art. 384 bis LECrim»: el precepto dispone la procedencia de la medida por el solo 
hecho de la imputación formal por delito de rebelión, sin que exija el empleo de armas 
en  la  comisión  del  delito;  i.  «Interpretación  de  la  expresión  ''mientras  dure  la 
situación de prisión'' del art. 384 bis LECrim para la operatividad de la suspensión del 
cargo público»: no es necesario que se haya materializado la privación de libertad, tan 
solo que se haya decretado la prisión provisional contra el procesado por rebeldía. Es 
insólito  –continúa  razonando  la  Sala  en  este  punto–  que  quien  se  encuentra  en 
rebeldía por sustraerse a la acción de la justicia, pretenda el ejercicio de funciones 
públicas «en el ámbito de jurisdicción de nuestros tribunales». Lo importante es que la 
prisión ya ha sido adoptada, aunque no se puede ejecutar por tal fuga, siendo esta 
última una «auto obstaculización» del recurrente a la orden de comparecencia. «En la 
literatura  griega  se  llama  Oxímoron,  que  consiste  en  usar  dos  conceptos  de 
significado opuesto en una sola expresión, y ello es lo que ocurre con el recurso de 
este caso». La medida de suspensión deviene automática por la situación de prisión 
de la persona, y hasta tanto no se acuerde la recuperación de su estatus por el 
instructor.  La  medida  no  opera  solo  para  quienes  están  en  prisión  física  y  «en 
beneficio» de los que están en situación de rebeldía, la norma no puede otorgar un 
distinto tratamiento en función de esta circunstancia; j.  «La medida de suspensión no 
es una pena de inhabilitación absoluta anticipada»: se trata de una medida cautelar y 
el cargo se recupera si se alza la medida o se dicta la absolución del procesado. 
Mientras el recurrente no esté a disposición de la justicia no podría adoptarse ninguna 
medida  que  modifique  la  adoptada.  El  recurso  de  apelación  lo  que  pretende  es 
cuestionar la constitucionalidad de un precepto (art. 384 bis LECrim) sobre el que no 
existe pronunciamiento de que sea inconstitucional. Como toda medida cautelar del  e
proceso penal, responde al objetivo de asegurar el ius puniendi del Estado, salvo que  bo
se  acuerde  la  absolución.  Para  eso  se  exige  la  comparecencia  de  los  rebeldes  39ww
ihnascisieten dpoo rv ilaab Slea lsau,  cdoenr elach por edseu ndceiófenn sdae  ienno cjeuniccioia, ; skie. nd«oA rtto. d3o8 4e sbtios  cLoEmCpriamti bvleer,s sues 
sneogrmunadtiav,a  edne lt aPnatorl admee nnatotu rdaele Czaa taaldumñain»is: tlraa tipvraim, enroa  eess  elsap neociraml ap oprr eefnecreimntae ,d ep uleas l elay 
procesal penal. Esta última a su vez, en cuanto limita derechos fundamentales, ha
sido aprobada por el Parlamento como se propio de un sistema democrático y exigen 
tanto el Convenio europeo de derechos humanos (art. 18), como la doctrina del 
Tribunal Constitucional (cita las SSTC 206/2007, de 24 de septiembre, 70/2002, de 3 
de abril, y 207/1996, de 16 de diciembre). La medida, una vez adoptada por el juez, 
tiene  que  ser  ejecutada  y  no  corresponde  a  la  Cámara  a  la  que  pertenece  el 
procesado opinar o examinarla, sino ejecutarla; l.  «Tribunal Constitucional, Pleno, 
Sentencia  71/1994,  de  3  marzo  de  1994,  recurso  1492-1988»:  se  sintetiza  lo 
declarado  por  este  Tribunal  en  dicha  sentencia,  sobre  la  constitucionalidad  del 
art. 384 bis LECrim; ll.  «No existe desproporcionalidad de la medida»: el precepto 
que la recoge ya tiene en cuenta la proporcionalidad con arreglo a la gravedad de los 
hechos de la rebeldía. La medida cumple con el canon de control constitucional 
aplicable a toda aquella que resulta limitativa de derechos fundamentales (necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida), y no deja de ser 
proporcional en un caso como este donde, además, el recurrente no ejerce su cargo 
público por su situación de rebeldía al elegir no comparecer ante el juez instructor. 
Reitera la Sala que la medida no lesiona el derecho a la presunción de inocencia (con 
cita de las SSTC 105/1994 y 108/1994, y el ATC 98/1986), como tampoco quebranta 
el  principio  de  legalidad,  dada  la  propia  taxatividad  del  art.  384  bis  LECrim. 
Finalmente, respecto de la invocada inmunidad del recurrente por su condición de 
Eurodiputado, el auto en este mismo apartado señala que «ello no es correcto, en 
tanto en cuanto, con independencia de la Resolución que al efecto se dicte por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial planteada por 
esta Sala, esta situación no existe en tanto no se ha recogido personalmente el acta 
parlamentaria y, en consecuencia, la condición reclamada no se ha producido».
19.  Por providencia de 28 de enero de 2020, se señaló ese mismo día para 
deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso se interpone contra el auto de fecha 9 de julio de 2018, 
dictado por el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, que en lo que interesa al caso acordó, en aplicación de 
lo dispuesto en el art. 384 bis LECrim, comunicar a la Mesa del Parlamento de Cataluña 
la suspensión automática de las funciones y cargos públicos que ostentaba el recurrente, 
a fin de que se adoptasen las medidas precisas para lograr la plena efectividad de lo 
establecido en el citado precepto.
Según  se  expone  en  el  escrito  de  demanda,  para  el  recurrente  de  amparo  la 
resolución impugnada vulnera el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos 
públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), así como su derecho a acceder y 
permanecer en condiciones de igualdad en el ejercicio del cargo público que ostenta 
(art. 23.2 CE).
El  fiscal,  con  sustento  en  los  argumentos  detalladamente  expuestos  en  los 
antecedentes interesa la inadmisión del recurso por falta de agotamiento de los medios 
de impugnación existentes en la vía judicial. Subsidiariamente, para el caso de que no se 
estime el referido óbice solicita la desestimación del recurso de amparo.
El partido político VOX solicita la inadmisión a trámite del recurso por falta de 
agotamiento de la vía judicial previa, toda vez que el auto de fecha 9 de julio de 2018 no 
era  firme,  al  estar  pendientes  de  resolución  los  recursos  de  reforma  y  subsidiaria  e.e
apelación deducidos contra la citada resolución. Por otro lado también señala, como  b
motivo de inadmisión, la infracción del principio procesal non bis in ídem, al plantear de  39ww
qnuuee vdoi cuhnoa  ócrugeasntoió nh uabniteerraio rremseunetleto s. uEsnc itcaudaan taon tael  efol nmdios maob oógrag apnoor  julad idceiasle, sstiinm eascpióenra dr eal 
rfuencudrasmo,e natal lecso qnusied ereracro nqoucee  ello a rrte. s2u3e CltoE .en  sede  judicial  no  vulnera  los  derechos
Para el abogado del Estado, el presente recurso debe ser inadmitido por falta de 
agotamiento de la vía judicial previa; y ello, porque al momento de ser presentada la 
demanda de amparo aún estaban pendientes de resolver los recursos interpuestos 
contra el auto de fecha 9 de julio de 2018, de modo que el recurrente no ha respetado el 
carácter subsidiario del recurso de amparo. En relación con las vulneraciones alegadas, 
el abogado del Estado interesa la desestimación del recurso, pues considera que la 
aplicación del art. 384 bis LECrim ha sido conforme con lo estatuido por la norma 
procesal y la doctrina constitucional establecida al respecto.
2.  En primer lugar procede resolver sobre el óbice de falta de agotamiento de la vía 
judicial que, tanto el Ministerio Fiscal como las partes personadas, han invocado como 
motivo de inadmisión del presente recurso. Y ello a pesar de que la demanda de amparo 
haya sido admitida a trámite, pues como este Tribunal ha sostenido reiteradamente, la 
apreciación de una causa de inadmisibilidad «no resulta impedida por el momento 
procesal en el que nos encontramos, pues es doctrina reiterada de este Tribunal que los 
defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan 
sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite, lo que determina 
que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 
puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de 
parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales 
presupuestos» (por todas, SSTC 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, 
FJ 3; 29/2011 de 14 de marzo, FJ 3, y 101/2018, de 1 de octubre, FJ 3).
En relación con la falta de agotamiento de la vía judicial previa, este Tribunal ha 
afirmado que «la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art.  50.1  a),  en  relación  con  el  art.  44.1.a)  LOTC],  encuentra  su  razón  de  ser, 
conforme a una persistente doctrina constitucional, en la necesidad de salvaguardar la 
naturaleza subsidiaria del amparo a fin de evitar que este Tribunal se pronuncie sobre 
eventuales vulneraciones de derechos fundamentales o libertades públicas cuando 
ello pueda aún hacerse por los órganos de la jurisdicción ordinaria a través de las vías 
procesales establecidas (SSTC 13/2005, de 31 de enero, FJ 3; 337/2006, de 11 de 
diciembre, FJ único; 23/2007, de 12 de febrero, FJ 3, y 187/2008, de 30 de diciembre, 
FJ 2). Esto es, la exigencia de agotamiento de la vía judicial tiende a impedir que se 
acceda a esta jurisdicción constitucional cuando los órganos judiciales tienen todavía 
la  ocasión  de  pronunciarse  y,  en  su  caso,  reparar  la  infracción  argüida  como 
fundamento del recurso de amparo constitucional (SSTC 249/2006, de 24 de julio, 
FJ  1;  59/2007,  de  26  de  marzo,  FJ  2,  y  73/2008,  de  23  de  junio,  FJ  3)» 
(STC 141/2009, de 15 de junio, FJ 2).
Asimismo, es constante la postura de este Tribunal respecto de la prematuridad 
del  recurso  de  amparo  que  se  interpone  cuando  aún  pende  resolver  recursos  o 
remedios  procesales  en  la  vía  judicial  previa.  Por  ello,  cuando  concurre  esta 
circunstancia se ha considerado que «el recurso de amparo es prematuro, porque 
todavía no han sido resueltos los recursos presentados. Resulta por ello inviable 
[art.  50.1  a)  LOTC]  porque  la  vulneración  del  derecho  fundamental  invocado  es 
todavía potencial o futura, no efectiva y real (art. 41.2 LOTC), y es susceptible de ser 
reparada en la vía judicial previa a la constitucional, mediante su invocación en las 
fases del proceso que todavía no han transcurrido tal y como han expuesto las 
SSTC 116/1983, 30/1986, y 62/1992, y el ATC 340/1982. Solo si se dicta resolución 
denegatoria se produciría un perjuicio o lesión real y efectiva en los derechos e 
intereses legítimos de los actores, y no meramente potencial o hipotética, que diera  e.
contenido  a  su  pretensión  de  amparo  (SSTC  9/1982,  116/1983,  194/1987,  w.b
y 145/1990) […] si este Tribunal admitiese a trámite un recurso de amparo sin la  39ww
creofnocrmurare nfuceiar ad ee sdtiicmhaod op re(esunp uceusytoo  cparoscoe slaa l,s baiteisnf apcocdiórnía  dseu clead eprr eqtueen seiól nre courdrsinoa rdiea 
pabosr ofarbltear míaa an ilfaie sdtea  adme poabrjeot,o h)»a b(iAeTnCdo 5 e8s/1te9 9T3r,i bduen 1a5l  ddee  afercbhreivraor,  FelJ  r3e)c.urso de amparo
Desde la perspectiva del principio de subsidiaridad que inspira el recurso de amparo, 
la posición de este Tribunal es inequívocamente contraria a que se pueda simultanear el 
recurso de amparo con recursos aún no resueltos en el procedimiento judicial; y así se 
ha destacado que es opuesto al carácter subsidiario de esta jurisdicción constitucional 
simultanear un recurso de amparo con otro recurso seguido en la vía judicial ordinaria, 
como ocurre cuando se inicia el proceso de amparo antes de que estén resueltos los 
recursos interpuestos contra la resolución judicial impugnada en aquella otra vía o 
cuando, una vez presentada la demanda de amparo, se reabre la vía judicial durante la 
pendencia del proceso de amparo, aunque la resolución final de la jurisdicción ordinaria 
sea finalmente desestimatoria (por todas, STC 99/2009, de 27 de abril, FJ 2).
Por otro lado, en la STC 85/2006, de 27 de marzo, FJ 2, sostuvimos que «[t]ambién 
hemos  señalado  en  reiteradas  ocasiones  que,  cuando,  por  su  propia  decisión  el 
ciudadano ha intentado un remedio procesal o recurso contra una resolución judicial, el 
proceso constitucional no puede iniciarse hasta que la vía judicial, continuada a través de 
ese  remedio  o  recurso,  no  se  haya  extinguido,  dado  que  contradice  el  carácter 
subsidiario del recurso de amparo su coexistencia temporal con otro recurso seguido en 
la vía judicial ordinaria (entre muchas otras, SSTC 189/2002, de 14 de octubre, FJ 6; 
15/2003, de 28 de enero, FJ 3; 82/2004, de 10 de mayo, FJ 3; 97/2004, de 24 de mayo, 
FJ 3, y 13/2005, de 31 de enero, FJ 3)».
Respecto del momento procesal en que debe apreciarse la concurrencia de los 
requisitos de admisibilidad del recurso de amparo, entre ellos si es o no prematuro, en 
la STC 188/2006, de 19 de junio, FJ 3, dijimos que «[e]n este sentido hemos de 
recordar, de un lado, que los requisitos de admisibilidad de la demanda de amparo 
deben ser examinados teniendo en cuenta como marco temporal de referencia el 
momento en que fue interpuesta y, de otro, que para que la vía constitucional de tal 
recurso esté expedita es preciso que se haya agotado la vía judicial previa, ya que el 
aseguramiento de su carácter subsidiario exige que el acceso al recurso no quede 
abierto  en  tanto  no  se  hayan  agotado  los  recursos  utilizados  en  la  vía  judicial 
ordinaria, de modo que no cabe aquel contra decisiones judiciales que al mismo 
tiempo sean objeto de impugnación en la vía ordinaria. No pueden así coexistir el 
procedimiento abierto en la vía judicial ordinaria y el amparo constitucional sobre lo 
que  es  materia  concreta  de  ambos,  anomalía  que  acontece  cuando  se  inicia  el 
proceso de amparo antes de que se resuelvan los recursos interpuestos en la vía 
judicial ordinaria contra la resolución jurisdiccional que se recurre en amparo (por 
todas, SSTC 192/2001, de 1 de octubre, FJ 3; 72/2004, de 19 de abril, FJ 3; 82/2004, 
de 10 de mayo, FJ 3; 97/2004, de 24 de mayo, FJ 3, y resoluciones en ellas citadas)» 
(en el mismo sentido, STC 139/2014, de 8 de septiembre, FJ 3).
3.  Una vez compendiada nuestra doctrina sobre la prematuridad procede retomar 
los acontecimientos procesales detallados en los antecedentes de esta resolución, de 
cuyo contenido se desprende que, en el momento en que la demanda de amparo se 
interpuso específicamente contra el auto de 9 de julio de 2018, a saber el día 23 de 
octubre de 2018, el referido auto aún no había adquirido firmeza, toda vez que el recurso 
de reforma que contra el mismo se entabló fue desestimado por auto de fecha 20 de 
febrero de 2019, mientras que el recurso de apelación deducido contra esta última 
resolución fue desestimado por auto de fecha 10 de julio de 2019. Así pues, queda 
constatado que al tiempo de ser interpuesta la demanda de amparo aún pendían de 
resolver, en sede judicial, los recursos interpuestos contra el auto que es objeto de 
impugnación en el presente recurso. e.
Como así consta, en el escrito de demanda se reconoce que el recurso de amparo  w.b
ha sido interpuesto con anterioridad a la resolución de los recursos planteados en vía  39ww
jjuuldioic idael,  c2o0n1c8r.e tSaimn eenmteb, adreg or,e feolr mdeam ya snudbasnitdeia rreiac haapzeala cqiuóen , ecsoan tcrair ceuln asutaton cdiae  fpeucehdaa 9  ddaer 
lquugea rr eas lual tianbaadnm pisrieócne dpetilv porse speanrate e rle acugrostoa,m tioednato v edze  qlau ev ípar ojuceddiciióa la y f,o prmoru ltaarn ltoos,  preocsuibrsiliotós 
que las vulneraciones de los derechos fundamentales pudieran ser reparadas en ese
ámbito, si bien el órgano judicial no procedió debidamente, al no resolver en tiempo y 
forma los citados recursos.
Frente a lo alegado por el recurrente cumple afirmar que el art. 44.1.a) LOTC exige 
que, previamente a la interposición del recurso de amparo «se hayan agotado todos los 
medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto 
dentro de la vía judicial». Por tanto, la falta de interposición de los recursos o remedios 
previstos por la normativa procesal indefectiblemente da lugar al óbice de falta de 
agotamiento de la vía judicial, habida cuenta de que, en ese supuesto, el interesado no 
se ha servido de todos los medios que la legislación pone a su alcance para posibilitar la 
reparación de los derechos fundamentales vulnerados. Sin embargo, en este recurso, la 
falta de agotamiento de la vía judicial previa no trae causa de haber omitido interponer 
los recursos procedentes contra el auto de 9 de julio de 2018, sino del hecho de no 
haber esperado a la resolución de las impugnaciones planteadas en sede judicial, pues 
cuando la demanda de amparo fue expresamente deducida contra el auto de fecha 9 de 
julio de 2018 –el día 23 de octubre de 2018–, la indicada resolución todavía no había 
adquirido firmeza. De ahí que, en el presente caso, la infracción del art. 44.1.a) LOTC no 
tiene lugar por la falta de interposición de los recursos pertinentes y útiles en la vía 
judicial previa, sino por el hecho de haber simultaneado el recurso de amparo con los 
otros recursos planteados en vía judicial que, en la fecha de interposición de la demanda 
ante el Tribunal Constitucional, aún no habían sido dilucidados.
Conforme a la perspectiva argumental expuesta, también procede desechar la 
aplicación al caso de la doctrina establecida en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, 
invocada por el recurrente. Como así se expuso en el fundamento jurídico 2.d) de la 
citada  sentencia,  en  el  supuesto  entonces  enjuiciado  se  había  garantizado 
sobradamente  el  carácter  subsidiario  del  recurso  de  amparo,  pese  a  que  el 
demandante no interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia 
dictada en sede casacional. Según se argumentó entonces, durante las dos instancias 
y también en casación cada uno de los órganos judiciales intervinientes examinaron 
las lesiones de derechos fundamentales denunciadas y resolvieron en consecuencia. 
Por tanto, lo acontecido en aquel caso no resulta equiparable con la problemática que 
se suscita en el presente recurso pues, como ha quedado expuesto, la demanda de 
amparo se interpuso con anterioridad a que los recursos deducidos en vía judicial 
fueran solventados.
Por último, hemos de añadir que tampoco resultan asumibles las consideraciones 
que, con el fin de excluir la prematuridad del presente recurso, el demandante efectúa 
acerca de que los recursos entablados en vía judicial no fueron tramitados y resueltos 
en  tiempo  y  forma.  Dada  la  contundencia  de  nuestra  doctrina  sobre  la  temática 
anteriormente analizada, cumple decir que la simple demora en la resolución de los 
recursos en vía judicial no autoriza a prescindir de un aspecto medular del recurso de 
amparo, a saber, su naturaleza subsidiaria. Así lo sostuvimos expresamente en la ya 
citada STC 139/2014, al afirmar que la tardía resolución del incidente de nulidad 
carecía de virtualidad para subsanar ese óbice (FJ 3). Además, en relación con la 
demora en la resolución de los recursos a que alude el demandante, hemos de poner 
de  relieve  que,  como  así  se  refleja  en  el  apartado  decimotercero,  D)  de  los 
antecedentes de esta resolución, previamente hubo de resolverse el incidente de 
recusación  planteado  contra  el  magistrado  instructor;  y,  por  otra  parte,  también 
constatamos que el recurrente no demandó, en sede judicial, explicación alguna por el 
retraso en la resolución del recurso de reforma ni formuló apremio o queja instando la  s
pronta  resolución  de  la  impugnación  aludida  (apartado  decimoséptimo  de  los  oe.
antecedentes de esta resolución). w.
Así  pues,  el  presente  recurso  de  amparo  debe  ser  inadmitido  por  falta  de  39ww
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el recurso de amparo interpuesto por don Carles Puigdemont i Casamajó.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.