BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285  Miércoles 28 de octubre de 2020  Sec. I.   Pág. 92516
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
13021 Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el ámbito de 
actuación de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y 
se modifican el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 
357/2015, de 8 de mayo.
I
Tradicionalmente, los Estados son los responsables de que los buques bajo su 
pabellón se diseñen, construyan y mantengan cumpliendo las prescripciones de seguridad 
que se establecen en los convenios e instrumentos aprobados en el seno de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). Para la realización de estas tareas se ha 
contado con el apoyo de las sociedades de clasificación, sometidas en nuestro entorno 
geopolítico a un régimen de reconocimiento por la Comisión Europea y que son, 
posteriormente, autorizadas por los Estados miembros de la Unión Europea.
El régimen jurídico de estas sociedades de clasificación se encuentra, a nivel nacional, 
en los artículos 97 a 107 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Estos 
preceptos regulan, entre otros aspectos, la emisión de certificados de seguridad por las 
organizaciones autorizadas, así como la función y responsabilidad de las sociedades de 
clasificación.
Por su parte, el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares 
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las 
actividades correspondientes de la Administración marítima, incorporó al Derecho 
español la Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y 
reconocimiento  de  buques  y  para  las  actividades  correspondientes  de  las 
administraciones marítimas.
Sobre esta materia la Unión Europea aprobó también el Reglamento (CE) n.º 391/2009, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, complementario de la 
directiva citada, así como el Reglamento (CE) n.º 336/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre la aplicación en la Comunidad del Código 
internacional de gestión de la seguridad. De esta forma, la Unión Europea ha pretendido 
una aplicación uniforme de las normas internacionales que veremos a continuación, como 
forma de conseguir una mayor seguridad en la navegación marítima y mejorar la lucha 
contra la contaminación marítima.
La Unión Europea también ha aprobado normas que contienen certificados, como es 
el caso del Reglamento (UE) n.º 1257/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques, que establece la obligación de 
llevar el certificado de inventario para los buques existentes. Lo que obliga a que la 
normativa española contenga esa remisión, cuando proceda, a las normas de la Unión 
Europea.
II w.
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en el sector. A ello hay que añadir la conveniencia de aumentar la competitividad de los
buques de bandera española cuya actividad comercial no debe verse afectada a causa 
de la realización de las inspecciones a las que deben someterse, en un momento que 
coincide con la reciente entrada en vigor y aplicación de nuevos convenios 
internacionales y normativa de la Unión Europea que afectan a la seguridad marítima 
y a la prevención de la contaminación del medio marino. Así ha sucedido con el 
Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos 
de los buques, 2004.
Estos nuevos convenios y normas están generando una serie de necesidades en el 
ámbito de la actividad inspectora y de reconocimiento de buques, junto con la propia 
realidad del tráfico marítimo, que aconsejan hacer más flexible la posibilidad de delegación 
en las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques. Razones que justifican 
una ampliación de los supuestos en que pueden actuar en nombre de la Administración 
marítima.
Esta es también la explicación de la inclusión de la definición de «compañía», 
para mejorar la aplicación en España del capítulo IX del anexo del Convenio 
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, conocido como Convenio 
SOLAS 74, sobre «Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques». De tal 
forma que el control del cumplimiento de estas prescripciones por los responsables 
de la explotación del buque también va a poder llevarse a cabo por parte de las 
organizaciones autorizadas, como exige el Convenio SOLAS 74. Está previsión está 
amparada por lo que dispone el artículo 101.2 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación  Marítima,  que  permite  que  la  actuación  de  las  organizaciones 
reconocidas puede efectuarse en buques y embarcaciones y también en compañías, 
cuando lo prevé la normativa internacional aplicable y en las condiciones previstas 
reglamentariamente.
Este real decreto lleva a cabo, finalmente, una modificación del Real Decreto 357/2015, 
de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el 
Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques 
españoles. La finalidad principal de esta reforma es que las organizaciones autorizadas 
también puedan llevar a cabo la expedición y renovación del certificado de trabajo 
marítimo y de la declaración de conformidad laboral marítima parte I, a que se refiere 
el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, y que regula el artículo 4.1 de citado real 
decreto.
III
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
marina mercante. El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en su 
artículo 6, considera como marina mercante, entre otros aspectos, la ordenación y el 
control de la flota civil española, la seguridad de la navegación y de la vida humana en 
la mar y la seguridad marítima. En el mismo sentido, el artículo 7 refiere, entre otros, a 
la consecución del objetivo de la tutela de la seguridad de la vida humana en el mar, 
de la seguridad de la navegación marítima y de la seguridad marítima en general.
Por su parte, el artículo 263, en su letra e) encomienda al actual Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la función de «ordenación y ejecución de las 
inspecciones y los controles técnicos, radioeléctricos, de seguridad y de prevención de  s
la contaminación de todos los buques civiles españoles, de los que se hallen en  oe.
cioenos tatnea srbtntrrlaaeucvzciéccosainó nand.l  eeLes ane»  ndE ytiss idpppeaaordñsmeaicsi,ti ó eycn  qod fuleiane bla opols urs aeeeddxgoteurr aneandfsejae,c  rhetouansab  rleioslintesa  ,l  otabéslir e Cmcnaoi nsdnooisrssee  cjaoqtua udtmeoe re riMzneatignedli aospmtsor orep sdno itrpca alhorriosaa  mM adciiecnuntieastertred  lrasoieoss     2020-13021n https://www.
normas reglamentarias que requiera la aplicación de esta ley.
Finalmente, el artículo 101.2 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, 
modificado por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, 
habilita a que reglamentariamente se prevea que la actuación de las organizaciones 
reconocidas recaiga tanto sobre buques y embarcaciones como sobre compañías, cuando 
se contemple en la normativa internacional.
En coherencia con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en este nuevo real decreto se ha tratado de asegurar 
la aplicación de los principios de buena regulación, de transparencia, eficacia, 
proporcionalidad y eficiencia. De esta forma, el incremento de las funciones que pueden 
llevar a cabo las organizaciones autorizadas supone para el régimen de las inspecciones 
de buques un modelo más eficiente y flexible, adecuado a los fines de la seguridad 
marítima, propiciando la colaboración de estas organizaciones con la Administración 
marítima. En todo momento, se ha garantizado la participación de los ciudadanos en la 
elaboración de la norma, atendiendo al propósito de reforzar la seguridad jurídica y en 
atención a la evaluación periódica del ordenamiento jurídico en el ámbito de que se trata a 
la búsqueda de su mejora.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre 
reglas  y  estándares  comunes  para  las  organizaciones  de  inspección  y 
reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la 
Administración marítima.
El Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes 
para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las 
actividades correspondientes de la Administración Marítima, queda modificado como 
sigue:
Uno.  Se da la siguiente redacción a la letra a) del apartado 1 y al apartado 2 del 
artículo 1:
«a)  Establecer  las  condiciones  y  requisitos  que  deben  cumplir  las 
organizaciones y sociedades de clasificación de buques para ser reconocidas por la 
Comisión Europea y ser autorizadas por la Administración marítima para efectuar en 
su nombre las funciones de inspección, reconocimiento y certificación de los buques 
de su propio pabellón y de las compañías que explotan dichos buques, en 
cumplimiento de los convenios internacionales y de las normas nacionales y de la 
Unión Europea sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación del 
medio marino.»
«2.  En el ámbito de aplicación de este real decreto quedan incluidos el 
desarrollo y la aplicación de los requisitos de seguridad para el casco, la maquinaria 
y las instalaciones eléctricas y de control de los buques comprendidos en los 
convenios internacionales, así como en las normas de nacionales y de la Unión  es
Europea.» o
Dos.  En el artículo 2 se modifican las letras d), e) y j), y se añade una nueva letra ñ): 021ww
«d)  Inspecciones y reconocimientos: las inspecciones, verificaciones y
rdeec olanso ncoimrmieansto nsa ocibolnigaaletosr iyo sd ee nla  vUirntuiódn d Eeu lroosp ecao.nvenios internacionales, así como
e)  Convenios internacionales y normas de la Unión Europea y normas 
nacionales:
1.º)  Los convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), junto con sus protocolos y enmiendas, y los correspondientes códigos de 
carácter obligatorio en España, en su versión actualizada, con excepción de los 
apartados 16.1, 18.1 y 19 de la parte 2 del Código para la implantación de los 
instrumentos de la OMI, y de las secciones 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 y 3.9.3.3 de la 
parte 2 del Código para las organizaciones reconocidas de la OMI; así como de otras 
organizaciones internacionales en cuanto afecten a la seguridad marítima y 
prevención de la contaminación del medio marino. Entre los convenios internacionales 
se encuentran el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar, 1974 (SOLAS 74), con excepción del capítulo XI-2 de su anexo, el Convenio 
Internacional sobre líneas de carga, 1966, y el Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973 (MARPOL).
2.º)  Las normas de la Unión Europea y de derecho nacional aplicables a 
buques y embarcaciones no cubiertos por los convenios internacionales.»
«j)  Certificado obligatorio: un certificado expedido por o en nombre de un 
Estado de pabellón de conformidad con los convenios internacionales y las normas 
de la Unión Europea en los casos en que sean de aplicación y las normas 
nacionales.»
«ñ)  Compañía: toda compañía, tal como se define en el anexo de Convenio 
SOLAS 74, capítulo IX, regla 1.2, responsable de la gestión operacional de buques 
que enarbolen el pabellón español.»
Tres.  Se da la siguiente redacción al artículo 6:
«1.  Las organizaciones reconocidas en un Estado miembro de la Unión 
Europea, o de otro Estado que aplique criterios de reciprocidad en cuanto a su 
reconocimiento y tratamiento, y que tengan un centro de carácter permanente en 
España podrán ser autorizadas para realizar en nombre de la Dirección General de 
la Marina Mercante los reconocimientos de buques y compañías previstos en los 
convenios internacionales, el refrendo de las revisiones anuales o intermedias y la 
emisión de nuevos certificados obligatorios, en los supuestos que a continuación se 
indican:
a)  Cuando un buque español se encuentre en puerto extranjero y necesite 
prorrogar el plazo de validez de cualquier certificado obligatorio por aproximarse la 
fecha de su caducidad.
b)  Cuando un buque español esté dedicado a realizar viajes entre puertos 
extranjeros y resulte perjudicial para la explotación comercial del mismo su traslado 
a puerto nacional, para efectuar alguno de los reconocimientos preceptivos.
c)  Cuando un buque español, por averías u otras causas de siniestralidad, 
deba de ser objeto de reconocimiento en el extranjero.
d)  Cuando un buque español se construya o realice obras de transformación, 
reforma o gran reparación en el extranjero.
e)  Cuando un buque español recale en puerto español en días inhábiles o 
fuera del horario de trabajo, o por otra causa los reconocimientos no pudieren ser 
prestados por los servicios de inspección de la Capitanía Marítima. e.
f)  Cuando en atención a las condiciones logísticas, de adecuación a sus  w.b
procedimientos o de agilidad en la operación, así lo decida la compañía. 021ww
en Egs)p aCñau.ando un buque se encuentre en el extranjero y solicite el abanderamiento
h)  Cuando una compañía tenga su oficina central en el extranjero.
2.  La organización autorizada deberá solicitar a la Dirección General de la 
Marina Mercante autorización para el refrendo o la emisión de un nuevo certificado 
solo en el supuesto previsto en la letra c) del apartado anterior, o para la expedición 
de un documento acreditativo de haber superado con éxito un reconocimiento, a 
requerimiento de un Estado rector del puerto.
3.  El refrendo o emisión de nuevos certificados obligatorios, realizados por la 
Dirección General de la Marina Mercante o por la organización autorizada, se llevará 
a cabo en el plazo de quince días, notificándolo al interesado.
4.  Lo establecido en los apartados anteriores no será aplicable a la certificación 
de componentes de equipos marinos, que estará sujeta a sus normas específicas. 
Tampoco podrán emitirse por las entidades autorizadas certificados de exención, 
correspondiendo esta función a la Administración marítima española.»
Cuatro.  Se añade una nueva disposición adicional sexta:
«Disposición adicional sexta.  Autorización de organizaciones respecto de otros 
convenios internacionales.
El Secretario General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, a propuesta de la Dirección General de la Marina 
Mercante, podrá facultar a organizaciones reconocidas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 
Marítima, sobre emisión de certificados de seguridad y organizaciones autorizadas, 
la realización de las actuaciones materiales, así como la emisión o renovación de 
los certificados exigidos por cualquier convenio internacional sobre seguridad 
marítima y prevención de la contaminación del medio marino que prevea esa 
posibilidad. En estos casos, el procedimiento para obtener la autorización observará 
los términos establecidos en el capítulo III, si bien omitiendo aquellos trámites que 
se hubieran cumplido para la obtención de la autorización previa.»
Cinco.  Se añade una nueva disposición adicional séptima:
«Disposición adicional séptima.  Control de buques nacionales con destino a 
puertos extranjeros.
1.  La Dirección General de la Marina Mercante, a través de las Capitanías 
Marítimas, realizará inspecciones de carácter selectivo a los buques nacionales que 
salgan de puerto español con destino a puertos extranjeros, con objeto de verificar 
que se mantienen a bordo las condiciones de seguridad comprobadas en los últimos 
reconocimientos, en virtud de las cuales se le ha extendido al buque los 
correspondientes certificados obligatorios.
Estas inspecciones tendrán la consideración de reconocimientos extraordinarios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2.b) del Reglamento de 
inspección y certificación de buques civiles, aprobado por Real Decreto 1837/2000, 
de 10 de noviembre.
2.  Corresponderá a la Dirección General de la Marina Mercante definir los 
criterios de selección aplicables a las inspecciones previstas en el apartado anterior, 
para lo cual podrá tener en cuenta el sistema de selección descrito en el artículo 12 
del Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en 
puertos españoles, aprobado por Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre. e
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Capitanías  bo
Marítimas, previamente a la expedición de la autorización de salida para los buques  021ww
naciao)n alqeuse q suoel iscaitelgna np oar  ppuriemrteor ae xvteraz ndjeersop,a icnhsop eac cpiuoenratorá enx atrqaunejellroos;: o
b)  que tengan un arqueo bruto (GT) inferior a 500, o una edad igual o superior
a 30 años.
4.  Cuando un buque nacional pretenda despachar con destino a puerto 
extranjero en días inhábiles, deberá comunicarlo a la Capitanía Marítima 
correspondiente con una antelación mínima de 72 horas, con el fin de permitir la 
realización de las actuaciones que fueran pertinentes.
5.  Esta disposición adicional no se aplicará a los buques y embarcaciones 
nacionales excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento por el que se 
regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.»
Seis.  En el anexo se modifica la letra b) del apartado 9:
«b)  Convenios y otros instrumentos, incluida la legislación nacional y de la 
Unión Europea pertinente.»
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre 
cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, 
de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles, relativa a las 
organizaciones reconocidas.
La disposición adicional primera, sobre «organizaciones reconocidas», del Real 
Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, 
en buques españoles, pasa a tener la siguiente redacción:
«Para cumplir con las funciones establecidas en los artículos 3 y 4.1, el 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Social 
de la Marina y la Dirección General de la Marina Mercante podrán autorizar, en 
su caso, siempre que se lo permita su normativa reguladora, a instituciones 
públicas u otras organizaciones, inclusive las de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, si este último estuviera de acuerdo, a las que reconozcan 
suficiente capacidad, competencia e independencia, para que lleven a cabo 
dichas inspecciones.
En este caso, deberá establecerse un sistema que garantice la idoneidad de 
la labor desempeñada por las organizaciones reconocidas y procedimientos para 
la comunicación con dichas organizaciones y el control de las mismas, conforme 
lo establecido en el artículo 4.3 de la Directiva 2013/54/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre, sobre determinadas responsabilidades 
del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006.
Cualquier autorización que se conceda en relación con las inspecciones 
facultará a la organización reconocida para que, como mínimo, pueda exigir que 
se corrijan las deficiencias que se señalen en las condiciones de vida y de trabajo 
de la gente de mar y se realicen inspecciones a ese respecto cuando lo solicite un 
Estado rector del puerto.
Asimismo, la Dirección General de la Marina Mercante deberá proporcionar a 
la  Oficina  Internacional  del  Trabajo  una  lista  actualizada  de  todas  las 
organizaciones reconocidas autorizadas y sus funciones.
En todo caso, las autoridades citadas en los artículos 3 y 4.1 seguirán siendo 
plenamente responsables de la inspección de las condiciones de vida y de trabajo 
de la gente de mar en los buques españoles.» s
Disposición final primera.  Título competencial. w.
ConEsstitteu creióanl ,d eqcuree taot rsieb udyicet aa al lE asmtapdaoro c doem lpoe etsetnacbilae ceidxoc leunsi veal  aertníc umloa t1e4ri9a. 1d.2e0 m.ª adrein laa 
mercante.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor, tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
el 10 de noviembre de 2020.
Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO