BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Viernes 5 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 134358
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
18037 Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de 
Cataluña  a  la  reforma  del  procedimiento  de  modificación  judicial  de  la 
capacidad.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-leyes sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente Decreto-ley
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
aprobada  en  Nueva  York  el  13  de  diciembre  de  2006  por  la  Asamblea  General 
de Naciones Unidas, establece que las personas con cualquier discapacidad tienen que 
disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Convención 
también aclara cómo se deben de aplicar los derechos a las personas con discapacidad 
e identifica las áreas en que los ordenamientos jurídicos se tienen que adaptar para que 
las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
La  Generalitat  de  Catalunya,  de  acuerdo  con  el  artículo  129  del  Estatuto  de 
autonomía de Cataluña, tiene competencia exclusiva en materia de derecho civil, con 
excepción  de  las  materias  reservadas  al  Estado  por  el  artículo  149.1.8.ª  de  la 
Constitución española. En base a esta competencia, el Parlament de Catalunya ha 
llevado a cabo una importante tarea en el ámbito del derecho de la persona y de la 
familia, que culminó con la aprobación de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 
segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
El libro segundo del Código civil de Cataluña dedica el título II a la regulación de las 
instituciones de protección de las personas con la capacidad modificada judicialmente, a 
las que la autoridad judicial, por medio de sentencia, pone en tutela, en curatela o bajo 
otra medida temporal de protección.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que 
entra en vigor el 3 de septiembre 2021, ha reformado el procedimiento de modificación 
judicial de la capacidad de obrar y lo ha sustituido por los procesos sobre provisión de 
medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad.
A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  reforma  estatal,  en  consecuencia,  los 
presupuestos de la tutela, la curatela y la potestad parental prorrogada o rehabilitada que 
regula el Código civil de Cataluña se eliminan y dejan de poder aplicarse en el futuro. 
Aunque el libro segundo del Código civil de Cataluña también incluye instituciones de 
apoyo que operan sin la necesidad de que la capacidad de la persona concernida esté 
modificada  judicialmente  –como  los  poderes  en  previsión  de  una  situación  de 
incapacidad,  regulados  en  el  artículo  222-2,  o  la  asistencia,  regulada  en  los 
artículos 226-1 a 226-7–, en la práctica la mayoría de las medidas acordadas para las 
personas con discapacidad consisten en la potestad prorrogada o rehabilitada, en la  es
tutela o en la curatela, que se acomodan a la concepción de la capacidad que mantenía  bo
la existencia de un proceso de modificación judicial de la capacidad. 037ww
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personas  con  su  autonomía  individual,  incluida  la  libertad  de  tomar  sus  propias
decisiones, y establece, en el artículo 12, que hay que reconocer a todas las personas 
con discapacidad la capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto al conjunto 
de  los  ciudadanos,  en  todos  los  aspectos  de  la  vida,  y  que  las  personas  con 
discapacidad deben tener acceso a las medidas de apoyo que puedan precisar para 
ejercer dicha capacidad jurídica.
La  Convención  de  Nueva  York  obliga  a  reformar  y  replantear  las  instituciones 
del Código civil de Cataluña a las que se someten las personas mayores de edad, y a 
formular legalmente los nuevos principios y reglas generales sobre los apoyos en el 
ejercicio de la capacidad jurídica. El Gobierno, mediante la Comisión de Codificación de 
Cataluña, adscrita al Departamento de Justicia, ya ha dado pasos en esta dirección, con 
el objetivo de emprender reformas basadas en el nuevo modelo y asegurar que el 
resultado final sea respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad. En 
este sentido, el Departamento de Justicia ha impulsado un proceso participativo sobre la 
adaptación del Código civil de Cataluña a la Convención de Nueva York, mediante la 
presentación del documento Bases de la reforma del Código civil de Cataluña en materia 
de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Este proceso participativo concluyó el 
día 30 de octubre de 2020 y las numerosas aportaciones de personas individuales y 
entidades han sido incorporadas a las tareas de redacción del anteproyecto de ley 
encomendadas a la Comisión de Codificación de Cataluña.
Sin embargo, mientras el proceso de adaptación del Código civil de Cataluña a 
la Convención de Nueva York no culmine con la aprobación, por parte del Parlament de 
Catalunya, de los textos legales que implanten un nuevo régimen y la caracterización de 
las instituciones de apoyo a las personas con discapacidad, urge establecer un régimen 
transitorio que dé respuesta a las necesidades surgidas una vez abolida la modificación 
judicial de la capacidad y estructurada la respuesta procedimental al derecho de las 
personas al apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. De lo contrario, los titulares 
de los derechos que resultan de la Convención de Nueva York deberían esperar hasta la 
conclusión del proceso de reforma, aunque la legislación estatal ya ha removido el 
principal obstáculo que se oponía a la implantación efectiva de la convención. Además, 
en la práctica, se podría plantear la duda de qué medida solicitar para la persona que 
necesita apoyo en los nuevos procedimientos de provisión de medidas de apoyo que se 
emprendan en Cataluña, una vez que se ha hecho inviable seguir aplicando la tutela, la 
curatela o la potestad prorrogada o rehabilitada.
Así pues, a partir de la entrada en vigor de la reforma de la legislación procesal 
operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, hay que establecer urgentemente un régimen 
legal adaptado a las premisas de la Convención de Nueva York y que sirva para dar 
respuesta a los nuevos procedimientos de provisión de apoyos que se emprendan a 
partir de ahora en Cataluña. El mismo régimen servirá también de referencia para revisar 
las medidas aplicadas a las personas que en la actualidad se encuentran sujetas a 
alguna de las instituciones tutelares reguladas por la legislación civil catalana.
Si no se aprueba de manera inmediata una modificación legislativa, la entrada en 
vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, generaría un vacío legal en Cataluña, porque 
suprime el procedimiento judicial de modificación de la capacidad. Cataluña dispone de 
una regulación civil propia en la materia, constitucionalmente protegida y actualmente 
vigente. Esta Ley estatal, con respecto a su contenido no procesal, de derecho civil 
sustantivo, no es de aplicación directa, ni tampoco de aplicación supletoria en Cataluña, 
de acuerdo con los artículos 111-2 y 111-5 del Código civil de Cataluña. La regulación 
civil catalana se vería fuertemente afectada por la entrada en vigor de la Ley 8/2021,  s
de 2 de junio, si no se regulan los apoyos que se acomodan a la nueva concepción de la  oe.
capacidad, vista la gran relevancia de las modificaciones de carácter procesal que esta  w.
norma contiene. En este sentido, la laguna legal podría comportar indefensión para las  037ww
epjeerrscoenr asla  ecna psaitcuiadcaidó nj udreíd idcias,c aap alac idvaedz  mquaey opreosd rdíae  deadra dp iqeu ea  nveacrieassi teinnt earpproeytoasc iopnaeras 
ejuxrcídeisciavsa mpeonr tep adrtiefe rdeen teloss  ed iisntcinlutosos  coopnetrraaddoicretosr iajusr íyd,i ceons ,d leof inqiutivea p, riondceurctiirdíau msbitruea cyi ofanletas   BOE-A-cable e
de seguridad jurídica. Por ello, la Generalitat de Catalunya, competente en derecho civil, 
tiene que llenar este vacío legal, hasta que no esté concluida la regulación definitiva.
Los diversos instrumentos legislativos de urgencia o de tramitación rápida, como las 
tramitaciones urgentes o la tramitación por lectura única, no permiten que la modificación 
legal pueda estar aprobada y entrar en vigor antes del día 3 de septiembre. El único 
instrumento normativo que permite la celeridad requerida para cubrir el vacío normativo 
que podría producirse es el decreto ley, que es el que se adopta para establecer el 
régimen de los apoyos a la capacidad de las personas.
El nuevo régimen que establece este decreto-ley se fundamenta en la modificación 
de la actual institución de la asistencia, que a partir de ahora reemplazará en Cataluña 
las tutelas y curatelas, las potestades parentales prorrogadas y rehabilitadas y otros 
regímenes tutelares. La regulación vigente de la asistencia tenía que ser modificada ya 
que, a pesar de que parte de premisas coherentes con la Convención de Nueva York, su 
contenido es incompleto y no permite ofrecer a la ciudadanía un instrumento de apoyo 
flexible  y  que  abarque  la  diversidad  de  situaciones  en  las  que  una  persona  con 
discapacidad puede requerir un apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. La 
reforma  introducida  por  este  decreto-ley  permite  aplicarla  con  todo  el  abanico  de 
facultades que la persona concernida pueda necesitar e incorpora como novedad que se 
puede designar a la persona que tiene que prestar la asistencia tanto por la vía judicial, 
como hasta ahora, como mediante el otorgamiento de una escritura pública notarial. Esta 
segunda  vía  permite  avanzar  hacia  la  efectiva  desjudicialización  de  la  vida  de  las 
personas con discapacidad y de sus familias, y descongestionar la actividad de los 
juzgados, sin perjuicio de las funciones de control y supervisión que en todo caso 
corresponden a la fiscalía y a la autoridad judicial.
A partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, por lo tanto, la tutela, la curatela y 
la potestad parental prorrogada o rehabilitada ya no se pueden constituir en relación a 
las personas mayores de edad. Se les aplicará, si procede, el régimen de la asistencia. 
Además, mientras no se produzca la futura reforma del conjunto de instituciones de 
protección de la persona, la tutela y la curatela se aplicarán sólo a las personas menores 
de edad, sin perjuicio de que el régimen legal del cargo de la tutela resulte aplicable 
supletoriamente a la asistencia en todo aquello que no se oponga al régimen propio de 
esta.
Por  coherencia  con  los  cambios  regulados  en  este  decreto-ley,  el  Registro  de 
nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en previsión de 
incapacidad  pasa  a  denominarse  Registro  de  nombramientos  no  testamentarios  de 
apoyos a la capacidad jurídica.
Cuando concluyan los trabajos en curso, se habrán ordenado definitivamente las 
instituciones de apoyo y protección de las personas con discapacidad de acuerdo con el 
nuevo concepto de capacidad jurídica. Con la finalidad de hacer efectivo este proceso 
con la celeridad necesaria, la disposición final segunda ordena al Gobierno que, en el 
plazo de doce meses, presente un proyecto de ley en materia de apoyos al ejercicio de 
la capacidad jurídica.
Vista la necesidad extraordinaria y urgente a que habilita la figura del Decreto ley, en 
los términos que prevé el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía 
de  Cataluña,  a  propuesta  de  la  consejera  de  Justicia  y  con  la  deliberación  previa 
del Gobierno, decreto: s
Artículo 1.  Provisión de apoyos de acuerdo con la legislación civil catalana. w.
condLiac iopneersso ndae  migauyaoldr adde  peudeadde q suoel icnietacre slait ac oanpsotyitou cpióanra d eeje lrac ears sisute cnacpiaa cqiduaed r ejugruídlaicna  leons 
artículos 226-1 a 226-7 del Código civil de Cataluña.
Artículo 2.  Modificación del Código civil de Cataluña.
Se modifica el capítulo VI del título II del libro segundo del Código civil de Cataluña, 
que queda redactado de la siguiente manera:
«CAPÍTULO VI
La asistencia
Artículo 226-1.  Concepto y tipo de designación.
1.  La persona mayor de edad puede solicitar la designación de una o más 
personas que la asistan de acuerdo con lo que se establece en este capítulo, si la 
necesita para ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
2.  La  constitución  de  la  asistencia  se  puede  llevar  a  cabo  mediante  el 
otorgamiento de una escritura pública notarial o de acuerdo con el procedimiento 
de jurisdicción voluntaria para la provisión de medidas judiciales de apoyo a las 
personas con discapacidad.
3.  También pueden pedir la designación judicial de la asistencia las personas 
legitimadas por la Ley de la jurisdicción voluntaria para promover el expediente de 
provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, en caso 
de que no se haya constituido previamente de forma voluntaria, y siempre que no 
haya un poder preventivo en vigor que sea suficiente para proporcionar el apoyo 
que la persona requiere.
4.  El ejercicio de las funciones de asistencia se debe corresponder con la 
dignidad de la persona y tiene que respetar sus derechos, voluntad y preferencias.
Artículo  226-2.  Designación  judicial  de  la  persona  que  tiene  que  prestar  la 
asistencia.
1.  La voluntad, los deseos y las preferencias de la persona concernida se 
deben tener en cuenta con respecto a la designación de la persona que tiene que 
prestar la asistencia requerida.
2.  Cuando la persona asistida no pueda expresar su voluntad y preferencias, 
y no haya otorgado el documento a que hace referencia el artículo 226-3, la 
designación de la persona que presta la asistencia se tiene que basar en la mejor 
interpretación de la voluntad de la persona concernida y de sus preferencias, de 
acuerdo  con  su  trayectoria  vital,  sus  manifestaciones  previas  de  voluntad  en 
contextos similares, la información con la que cuentan las personas de confianza y 
cualquier  otra  consideración  pertinente  para  el  caso.  En  dicho  supuesto,  es 
obligatorio  comunicar  a  la  autoridad  judicial  todas  las  circunstancias  que  se 
conozcan en relación a los deseos manifestados por la persona asistida.
3.  Excepcionalmente, mediante una resolución motivada, se puede prescindir 
de lo que ha manifestado la persona afectada cuando se acrediten circunstancias 
graves desconocidas por ella o cuando, en caso de nombrar a la persona que ella 
ha indicado, se encuentre en una situación de riesgo de abuso, conflicto de 
intereses o influencia indebida.
4.  La autoridad judicial puede establecer las medidas de control que estime 
oportunas con el fin de garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las  s
preferencias de la persona, y también para evitar los abusos, los conflictos de  e.
intereses y la influencia indebida. w.
5.  El nombramiento de la persona que asiste y la toma de posesión del cargo  037ww
rsees otliuecnieónn  juqduiec iailn csocrrribeisr poennd ieenl tere.gistro  civil  mediante  la  comunicación  de  la
6.  La  medida  de  asistencia  se  debe  revisar  de  oficio  cada  tres  años. 
Excepcionalmente, la autoridad judicial puede establecer un plazo de revisión 
superior, que no puede exceder de seis años.
Artículo 226-3.  Designación notarial por la propia persona.
1.  Cualquier persona mayor de edad, en escritura pública, en previsión o 
apreciación de una situación de necesidad de apoyo, puede nombrar a una o más 
personas para que ejerzan la asistencia y puede establecer disposiciones con 
respecto al funcionamiento y al contenido del régimen de apoyo adecuado, incluso 
con respecto al cuidado de su persona. También puede establecer las medidas de 
control que estime oportunas con el fin de garantizar sus derechos, el respeto a su 
voluntad y preferencias y para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la 
influencia indebida.
2.  El otorgamiento de un acto de designación de asistencia posterior revoca 
el anterior en todo aquello que lo modifique o resulte incompatible.
3.  En el caso de designación voluntaria de la asistencia se pueden establecer 
sustituciones. Si se nombra a varias personas y no se especifica el orden de 
sustitución, se prefiere la que consta en el documento posterior y, si hay más de 
una, la designada en primer lugar.
4.  Las designaciones de asistencia otorgadas en escritura pública se deben 
comunicar al registro civil para inscribirlas en el folio individual de la persona 
concernida y también al Registro de nombramientos no testamentarios de apoyos 
a la capacidad jurídica o el que lo sustituya.
5.  La  autoridad  judicial,  en  defecto  o  por  insuficiencia  de  las  medidas 
adoptadas  voluntariamente,  puede  establecer  otras  medidas  supletorias  o 
complementarías.  Excepcionalmente,  mediante  una  resolución  motivada,  se 
puede  prescindir  de  lo  que  ha  manifestado  la  persona  afectada,  cuando  se 
acrediten  circunstancias  graves  desconocidas  por  ella  o  cuando,  en  caso  de 
nombrar a la persona que ella ha indicado, se encuentre en una situación de 
riesgo de abuso, conflicto de intereses o influencia indebida.
Artículo 226-4.  Contenido de la asistencia constituida judicialmente.
1.  La voluntad, los deseos y las preferencias de la persona se deben tener en 
cuenta con respecto al tipo y alcance de la asistencia.
2.  En la resolución de nombramiento de la asistencia, la autoridad judicial 
tiene que concretar las funciones que debe ejercer la persona que presta la 
asistencia, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, según proceda.
3.  La  autoridad  judicial,  en  resolución  motivada  y  sólo  en  los  casos 
excepcionales  en  los  que  resulte  imprescindible  por  las  circunstancias  de  la 
persona asistida, puede determinar los actos concretos en los que la persona que 
presta asistencia puede asumir la representación de la persona asistida.
Artículo 226-5.  Ineficacia de actos de la persona asistida.
Los actos jurídicos que la persona asistida haga sin la intervención de la 
persona que lo asiste, si dicha intervención es necesaria de acuerdo con la 
medida voluntaria o judicial de asistencia, son anulables a instancia de quien  s
asiste, de la persona asistida y de las personas que la sucedan a título hereditario  oe.
en el plazo de cuatro años desde la celebración del acto jurídico. w.
Artículo 226-6.  Régimen jurídico.
oponSgea na plaicla nr éag imla eans isptreonpciioa  ldaes  rleag laass idstee nlac iatu, teilnat eerpnr etotaddoa as quceolnlofo qrmuee  nao  slae 
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 226-7.  Modificación de la asistencia.
1.  Las personas legitimadas para solicitar la constitución de la asistencia 
pueden solicitar su modificación o revisión si hay un cambio en las circunstancias 
que la motivaron.
2.  Si  la  persona  que  asiste  tiene  conocimiento  de  circunstancias  que 
permiten la extinción de la asistencia o la modificación de su ámbito o de las 
funciones, lo debe comunicar a la autoridad judicial.
Artículo 226-8.  Extinción de la asistencia.
1.  La asistencia se extingue por las causas siguientes:
a)  Por la muerte o la declaración de muerte o de ausencia de la persona 
asistida.
b)  Por la desaparición de las circunstancias que la determinaron.
2.  En el supuesto del apartado 1.b), la autoridad judicial, a instancia de parte, 
tiene que declarar el hecho que da lugar a la extinción de la asistencia y tiene que 
dejar sin efecto el nombramiento de la persona asistente.»
Disposición transitoria primera.  Asistencias constituidas al amparo de la regulación 
anterior.
Las  asistencias  constituidas  hasta  la  entrada  en  vigor  de  este  decreto-ley  se 
mantienen  en  los  términos  en  los  que  fueron  acordadas  por  la  autoridad  judicial 
competente, sin perjuicio de su modificación judicial a instancia de la persona concernida 
o de quien le presta la asistencia, con el fin de adaptarlas a la nueva normativa.
Disposición transitoria segunda.  Revisión de las medidas judiciales en vigor.
1.  A partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, la tutela, la curatela y la 
potestad parental prorrogada o rehabilitada, reguladas por las disposiciones del título II 
del libro segundo del Código civil de Cataluña, no se pueden constituir en relación a las 
personas mayores de edad.
2.  Las tutelas, las curatelas y las potestades parentales prorrogadas o rehabilitadas 
constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley se mantienen 
hasta la revisión a la que hacen referencia los apartados 3 y 4.
3.  Las personas con la capacidad modificada judicialmente, los progenitores que 
tienen la potestad parental prorrogada o rehabilitada y las personas que ejercen cargos 
tutelares o de curatela pueden solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas 
que se hayan establecido para adaptarlas a la supresión de la modificación judicial de la 
capacidad y aplicar, si procede, el régimen de asistencia que regulan los artículos 226-1 
a 226-8 del Código civil de Cataluña. La revisión de las medidas se tiene que realizar en 
el plazo máximo de un año desde la solicitud.
4.  En caso de no existir la solicitud mencionada en el apartado 3, la revisión la 
tienen que realizar de oficio la autoridad judicial, o a instancia del ministerio fiscal, en un 
plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de este decreto-ley.
5.  Las personas que han sido declaradas judicialmente pródigas y las que ejercen 
su curatela pueden pedir, en cualquier momento, la extinción de la curatela. Lo que  s
establecen los artículos 223-1 a 223-10 del Código civil de Cataluña se mantiene y rige  oe.
hasta la extinción de la curatela. 037www.
Disposición transitoria tercera.  Delaciones hechas por la propia persona.
judic1i.a l dLea sla d cealapcaicoindeasd  hmeacnhtaiesn epno rs lua  epfircoapciaia  pye srseo anpal icpaanra,  sei l pcroacseod dee,  elan  cmaosdoi fdicea cqiuóen 
se solicite el nombramiento de una persona para que asista al otorgante en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.
2.  Se aplica a estas delaciones lo que establece el artículo 226-3 del Código civil 
de Cataluña.
Disposición final primera.  Modificación del Decreto 188/1994, de 28 de junio, de 
creación de la Comisión de Asesoramiento y Supervisión de las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro que tengan atribuida la tutela de menores o de incapacidades.
1.  Se modifica el título del Decreto 188/1994, de 28 de junio, que queda redactado 
de la siguiente manera:
«Decreto  188/1994,  de  28  de  junio,  de  creación  de  la  Comisión  de 
Asesoramiento y Supervisión de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
tengan atribuidas la tutela de menores o medidas de apoyos a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.»
2.  Todas  las  referencias  que  el  Decreto  188/1994,  de  28  de  junio,  realice  a 
la Comisión de Asesoramiento y Supervisión de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
que tengan atribuida la tutela de menores o de incapacidades se entienden realizadas a 
la Comisión de Asesoramiento y Supervisión de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
que tengan atribuidas la tutela de menores o medidas de apoyos a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
3.  El Decreto 188/1994, de 28 de junio, objecto de modificación mediante este 
decreto-ley mantiene el rango reglamentario de decreto a todos los efectos.
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto 30/2012, de 13 de marzo, del 
Registro de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en 
previsión de incapacidad y del Registro de patrimonios protegidos.
1.  Se modifica el título del Decreto 30/2012, de 13 de marzo, que queda redactado 
de la siguiente manera:
«Decreto  30/2012,  de  13  de  marzo,  del  Registro  de  nombramientos  no 
testamentarios de apoyos a la capacidad jurídica y del Registro de patrimonios 
protegidos.»
2.  Todas las referencias que el Decreto 30/2012, de 13 de marzo, haga al Registro 
de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en previsión de 
incapacidad se deben entender hechas al Registro de nombramientos no testamentarios 
de apoyos a la capacidad jurídica.
3.  El Decreto 30/2012, de 13 de marzo, objeto de modificación mediante este 
decreto-ley, mantiene el rango reglamentario de decreto a todos los efectos.
Disposición final tercera.  Normativa vigente.
Todas las referencias que la normativa vigente realice a la tutela, la curatela y la 
potestad  parental  prorrogada  o  rehabilitada  para  personas  mayores  de  edad,  debe 
entenderse que se realizan al nuevo régimen de medidas de apoyo a las persones con 
discapacidad que establece este decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Proyecto de ley en materia de apoyos a la capacidad jurídica  w.b
de las personas con discapacidad. 037ww
En  el  plazo  de  doce  meses  desde  la  entrada  en  vigor  de  este  decreto-ley,
eCla Gtaolubñiear neon  tmieantee rqiau ed ep raepsoeynotsa ra ul ne jeprrcoiyceioc tdoe d lea  cleayp adcei dmado djuifircídaicciaó nd ed elal sC póedrigsoon caisv ilc odne 
discapacidad.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que se aplique este decreto-ley 
cooperen a cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo 
hagan cumplir.
Barcelona, 31 de agosto de 2021.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès i Garcia.–La Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró i Buldó
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8493, de 2 de septiembre de 2021. 
Convalidado por Resolución 110/XIV, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Cataluña» número 8521, de 13 de octubre de 2021)