BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 27 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 90683
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL SUPREMO
12599 Conflicto de jurisdicción n.º 1/2021 suscitado entre el Juzgado Togado Militar 
Central n.º 1 y el Juzgado de Instrucción n.º 42 de Madrid.
Tribunal Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Art. 39 LOPJ
Sentencia núm. 2/2021
Fecha Sentencia: 12 de julio de 2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto artículo 39 LOPJ.
Número del procedimiento: 1/2021.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 12 de julio de 2021.
Ponente: Excmo. Sr. don Ricardo Cuesta del Castillo.
Procedencia: Jdo. Instrucción n.º 42.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por: MBR.
Nota:
Resumen.
Conflicto artículo 39 LOPJ núm.: 1/2021.
Ponente: Excmo. Sr. don Ricardo Cuesta del Castillo.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Artículo 39 LOPJ
Sentencia núm. 2/2021
Excmos. Sres.:
Don Carlos Lesmes Serrano, presidente.
Don Andrés Palomo del Arco.
Don Jacobo Barja de Quiroga López.
Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Don Ricardo Cuesta del Castillo.
En Madrid, a 12 de julio de 2021.
Esta sala ha visto el conflicto negativo de jurisdicción núm. A39-1/2021 entre el  e.
Juzgado Togado Militar Central núm. 1 (diligencias previas 1-10/2020) y el Juzgado de  w.
Instrucción núm. 42 de Madrid (diligencias previas 2778/2019). 599ww
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Cuesta del Castillo.
Antecedentes de hecho
Primero.  Hechos que dieron origen a las actuaciones de las que dimana el conflicto.
Los hechos que dan origen a las actuaciones penales de las que dimana el conflicto 
de jurisdicción se contraen, en síntesis y con carácter provisional, a los siguientes:
En los años 2012, 2013 y 2014, concretamente en el último trimestre de cada uno de 
ellos, diversos militares del Ejército de Tierra destinados en la Brigada Almogávares VI 
de Paracaidistas –en lo sucesivo, BRIPAC– solicitaron créditos extraordinarios para 
determinados servicios de transporte de tropas de dicha unidad que, en tales fechas, 
resultaban innecesarios.
Por  diversos  responsables  y  empleados  de  empresas  pertenecientes  al  Grupo 
MONBÚS  –entidad  dedicada  al  transporte  por  autobús–  se  emitieron  facturas 
presuntamente falsas por servicios de transporte no realizados y que, posteriormente, se 
prestaban en el ejercicio siguiente.
Para  justificar  internamente  la  prestación  de  dichos  servicios  –realmente 
inexistentes– en los ejercicios de concesión de aquellos créditos extraordinarios, se 
emitieron diversas certificaciones por personal militar en las que se hacía referencia a la 
realización de aquellos transportes.
Con los créditos extraordinarios recibidos a finales de aquellos tres años, por la 
Sección de Asuntos Económicos de la BRIPAC se instrumentalizaron y formalizaron una 
serie de contratos menores por «servicios ficticios a futuro», con el objeto de generar una 
«bolsa de dinero», cuyo remanente era posteriormente aplicado a pagar los servicios de 
transporte que se realizaban sin utilizar el procedimiento establecido.
La generación de la referida «bolsa de dinero» en la BRIPAC no solo se llevó a 
efecto mediante la suscripción de los referidos contratos menores, sino, también, con 
cargo a los créditos ordinarios, al solicitar peticiones de transporte ficticias o por importe 
superior a su coste real.
De igual forma, de los hechos investigados se deduce que por algunos de los 
militares implicados podrían haberse llevado a cabo actuaciones para alterar la regular 
adjudicación de contratos públicos de transporte en favor de la UTE MONBÚS-ALSA, así 
como que podían haberse aceptado diversos regalos, comidas y dinero de responsables 
de la entidad MONBÚS.
Segundo.  Tramitación del conflicto de competencia.
Los referidos hechos dieron lugar a la incoación de las diligencias previas núm. 
2778/2019 del Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, que traían causa de las 
diligencias previas núm. 1256/2019 instruidas por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de 
Lugo.
Mediante auto de 24 de febrero de 2020, el Juzgado de Instrucción núm. 42 de 
Madrid acordó la inhibición a favor de la jurisdicción militar del conocimiento de los 
presuntos delitos contra la hacienda militar y de cohecho cometidos por los investigados 
que tenían condición militar, manteniendo la competencia para conocer de los delitos de 
falsedad documental relacionados con los delitos contra la hacienda militar, así como de 
los tipificados en los artículos 418 –infidelidad en la custodia de documentos y violación 
de secretos– y 424 –cohecho– del Código Penal –en lo sucesivo, CP–, cometidos por los 
investigados que carecían de aquella condición militar. s
El Juzgado Togado Militar Central núm. 1, por auto de 14 de diciembre de 2020,  oe.
aceptó la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid en lo  w.
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competencia había de corresponder, igualmente, a la jurisdicción militar.
El Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, por auto de 10 de febrero de 2021, 
acordó rechazar el requerimiento de inhibición y mantener su competencia, planteando 
conflicto  de  jurisdicción  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  26  de  la  Ley 
Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.
Remitidas las actuaciones por ambos órganos y recibidas en esta sala, se confirió 
traslado para informe al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía Togada, que lo evacuaron en el 
sentido de entender competente a la jurisdicción militar.
La representación procesal de D. Raúl López López, mediante escrito de fecha 19 de 
marzo de 2021, se personó ante esta sala, que, por diligencia de ordenación de 22 de 
febrero de 2021, lo tuvo por comparecido a los solos efectos de serle notificada la 
resolución del conflicto y sin perjuicio de su posible acceso a las actuaciones.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Consideraciones del Juzgado Togado Militar Central núm. 1.
El Juzgado Togado Militar Central núm. 1 entiende que es competente la jurisdicción 
militar, por las siguientes consideraciones:
Los posibles delitos del CP común en los que hubiera podido incurrir el personal no 
militar que intervino en los hechos investigados se encuentran en relación de conexidad 
con los supuestos delitos contra la hacienda en el ámbito militar. En concreto, se está 
ante un supuesto de conexidad del artículo 17.2. 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
–en lo sucesivo, LECRIM–, que establece: «A los efectos de la atribución de jurisdicción 
y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos: […] 3.º Los 
cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución»–. Este precepto 
coincide con el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia 
y Organización de la Jurisdicción Militar –en adelante, LOCOJM–.
Resulta patente que tanto las posibles falsedades documentales del artículo 392 CP, 
como el posible tráfico de influencias del artículo 418 CP y los posibles delitos de 
cohecho del artículo 424 CP en que hubieran podido incurrir los responsables de la 
empresa de autobuses se encuentran en relación de conexidad medial con los delitos 
contra  la  hacienda  militar  o  contra  el  patrimonio  en  el  ámbito  militar  que  pueden 
apreciarse indiciariamente en la conducta de los militares. Así:
– Las facturas falsas se emitieron  por  MONBÚS para  facilitar la simulación de 
contratos públicos de transporte de personal en la BRICAP.
– El  tráfico  de  influencias  del  personal  de  MONBÚS  tuvo  como  finalidad  la 
adjudicación  a  la  UTE  MONBÚS-ALSA  del  contrato  de  transporte  de  personal  del 
Ejército de Tierra en cuyas operaciones intervinieron algunos militares procurándose 
intereses.
– Los regalos que se entregaron por parte de MONBÚS a ciertos militares tuvieron 
como finalidad recompensar o facilitar la realización por los militares de las conductas 
que se les reprochan como constitutivas de delito.
Dándose la conexidad de los artículos 17.2. 3.º LECRIM y 15 LOCOJM entre delitos 
que  serían  propios  del  conocimiento  de  dos  jurisdicciones  distintas,  la  solución  se 
encuentra en el artículo 16 LECRIM que, después de señalar que la jurisdicción ordinaria 
será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté  s
sujeto a ella, dispone que tal previsión «se entiende sin perjuicio de las excepciones  oe.
expresamente consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en  w.
las  Leyes  penales  de  Guerra  y  Marina,  respecto  a  determinados  delitos».  En  la  599ww
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Aplicando  la  regla  del  artículo  14  LOCOJM,  la  jurisdicción  competente  para  el 
conocimiento de todos los supuestos delitos conexos sería la militar, pues el delito que 
tiene señalada pena más grave es el tipificado en el artículo 189.2 del Código Penal 
Militar –en lo sucesivo, CPM– de 1985 o en el artículo 81.2 CPM de 2015 –solicitud de 
crédito presupuestario para atención supuesta, con aplicación en beneficio propio–, 
castigado con pena de prisión de 2 a 10 años, del que viene imputado un suboficial que 
se encuentra entre los militares participantes en las actuaciones tendentes a la creación 
del fondo de créditos para el transporte de personal de la BRIPAC.
Además,  el  bien  jurídico  prevalente,  de  entre  los  lesionados  por  las  conductas 
investigadas, es la correcta administración de los fondos públicos, en este caso, los 
presupuestados para el Ministerio de Defensa y, sobre esta base, los hechos a través de 
los  que  los  responsables  de  la  empresa  de  autobuses  pudieron  participar  en  las 
operaciones para defraudar tales fondos públicos podrían calificarse tanto como delitos 
de falsedad documental, tráfico de influencias o cohecho –cometidos como medio para 
facilitar  aquellos  delitos  contra  la  hacienda  militar–,  como  de  simple  cooperación 
necesaria en estos delitos militares. Esta doble valoración jurídico-penal de los hechos 
debe ser resuelta conforme a las reglas del artículo 8 CP, cuya solución es aplicar con 
preferencia los tipos penales castrenses, con base en los principios de especialidad y 
alternatividad.
Por último, debe tenerse presente que, por aplicación de la regla del artículo 14 
LOCOJM, la jurisdicción militar puede imponer penas a no militares por delitos del CP y 
que enjuiciar por separado las conductas de los militares y de los civiles rompería la 
continencia  de  la  causa,  pudiendo  dar  lugar  a  resultados  contradictorios  en  cada 
jurisdicción.
Segundo.  Consideraciones del Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid.
El Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid rechaza el requerimiento de inhibición, 
en síntesis, por las siguientes razones:
De  la  STC  60/1991,  de  14  de  marzo,  se  desprende  que  el  ámbito  de  lo 
«estrictamente castrense» –al que únicamente alcanza la competencia de la jurisdicción 
militar, como se desprende del artículo 117.5 de la Constitución, en lo sucesivo, CE–, se 
encuentra delimitado por la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido por 
la norma –que ha de ser estrictamente militar–, por el carácter militar de las obligaciones 
o deberes cuyo incumplimiento se tipifica y, en general, por la condición de militar del 
sujeto al que se imputa el delito.
Según se desprende de la STS, Sala artículo 39 LOPJ, de 4 de diciembre de 2014, 
que compendia la previa doctrina de la sala al respecto, los artículos 117.5 CE y 3.2 
LOPJ delimitan la competencia de la jurisdicción militar bajo principios restrictivos, al 
quedar  limitada,  en  el  orden  penal  y  en  tiempo  de  paz,  al  ámbito  «estrictamente 
castrense», que se circunscribe –conforme al artículo 12.1 LOCOJM– al conocimiento de 
los  delitos  comprendidos  en  el  CPM,  incluso  en  aquellos  casos  en  que  siendo 
susceptibles de ser calificados con arreglo al CP común, les corresponda pena más 
grave con arreglo a este último, en cuyo caso se aplicará este. Dicha norma general 
contempla una excepción, prevista en el artículo 14.1 LOCOJM, conforme al cual: «La 
jurisdicción  a  la  que  esté  atribuido  el  conocimiento  del  delito  que  tenga  señalada 
legalmente pena más grave, conocerá de los delitos conexos».
La  delimitación  restrictiva  de  la  competencia  de  la  jurisdicción  militar  obedece  e
también a la voluntad de evitar que personas que no tienen la condición de militar sean  bo
sometidas a dicha jurisdicción, sin perjuicio de que el CPM contemple también ciertos  599ww
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el  artículo  14  LOCOJM  deba  ser  interpretada  en  el  sentido  de  que  los  órganos
castrenses puedan conocer no solo de delitos contemplados en el CPM, sino también en 
el CP común, pero siempre y cuando fueran cometidos por personal militar, sin que 
resulte  admisible  la  extensión  de  su  competencia  al  conocimiento  de  los  delitos 
cometidos por personal no militar y tipificados en el CP común, aunque fueran conexos a 
delitos militares cometidos por personal militar que tuvieran señalada pena superior.
Tercero.  Consideraciones de la Fiscalía Togada.
La Fiscalía Togada entiende que es competente la jurisdicción militar, en síntesis, por 
las siguientes consideraciones:
Conforme a la invariable doctrina de la Sala de Conflictos de Jurisdicción, en casos 
de conexidad delictiva externa entre una infracción penal común y otra militar, la regla de 
atribución competencial es la contenida en el artículo 14 LOCOJM, que atribuye el 
conocimiento de los delitos a aquella jurisdicción a la que esté atribuido el conocimiento 
del delito que tenga señalada legalmente pena más grave –STS, Sala artículo 39 LOPJ, 
núm. 2/2014, de 4 de diciembre.
Por ello, la jurisdicción militar es la competente cuando los hechos investigados 
constituyen  delito  militar,  atribución  de  competencia  que  ha  de  extenderse  al 
conocimiento del delito de naturaleza común que sea conexo a aquel, siempre que el 
delito militar deba ser considerado como principal, por soportar una pena más grave.
En el caso, no existe discrepancia alguna sobre la circunstancia de que los delitos 
presuntamente cometidos por civiles se encontrarían en relación de conexidad medial 
con los delitos contra la hacienda militar que indiciariamente podrían atribuirse a los 
militares investigados, así como sobre la circunstancia de que la pena más grave se 
corresponde con los delitos tipificados en el CPM.
El único punto de controversia entre los órganos jurisdiccionales en conflicto se 
reduce a determinar si, como consecuencia de la aplicación de los criterios de conexidad 
anteriormente citados, resulta posible que la jurisdicción militar pueda llegar a conocer de 
un delito no tipificado en el CPM que, además, haya sido presuntamente cometido por 
personas que no tienen la condición de militar.
Para determinar los criterios de atribución de la jurisdicción en los supuestos de 
conexidad deben tenerse en cuenta los artículos 16 LECRIM y 14 LOCOJM.
Partiendo  de  la  consideración  –compartida  por  los  órganos  jurisdiccionales 
intervinientes en el conflicto– de que los delitos más gravemente penados son los 
correspondientes  a  la  jurisdicción  militar,  la  aplicación  de  la  regla  contenida  en  el 
artículo 14 antes citado lleva a afirmar la atribución a esta de los delitos conexos.
La necesaria sujeción de la jurisdicción militar al ámbito «estrictamente castrense» 
no  implica  la  inaplicación  del  referido  criterio  en  el  caso  de  que  los  presuntos 
responsables sean civiles, y ello, no solo porque el artículo 14 no establece distinción 
alguna  en  función  de  la  condición  del  autor,  sino,  además,  porque  tal  exclusión 
determinaría una indeseable ruptura de la unidad de la causa, con los consiguientes 
problemas para una adecuada instrucción y eventual enjuiciamiento.
El  conocimiento  por  parte  de  la  jurisdicción  militar  de  los  delitos  conexos 
presuntamente cometidos por civiles no puede entenderse como una indebida quiebra 
del principio constitucional que impone su limitación al ámbito «estrictamente castrense», 
sino  como  la  aplicación  ordinaria  y  regular  de  un  criterio  legalmente  previsto,  que 
determina la alteración del régimen ordinario de atribución de la jurisdicción en atención 
a elementales razones de eficacia procesal. e
Cuarto.  Consideraciones del Ministerio Fiscal. 599ww
siguEiel nMteisn irsatzeorinoe sF:iscal estima que resulta competente la jurisdicción militar, por las
Los órganos en conflicto centran su discrepancia en la aplicación de los criterios de
conexidad, ya que ninguno de ellos cuestiona que los presuntos delitos cometidos por
personas que no ostentan condición militar se encuentran en relación de conexidad 
medial  con  los  delitos  contra  la  hacienda  militar  que,  de  forma  indiciaria,  podrían 
atribuirse a los militares investigados y que la pena más grave se corresponde con los 
delitos tipificados en el CPM.
El artículo 14 LOCOJA no entra en conflicto con el artículo 16 LECRIM y ambos 
juzgados coinciden en que los delitos más gravemente penados corresponden a la 
jurisdicción militar, por lo que es a esta a la que hay que atribuir el conocimiento de los 
delitos conexos.
La conexidad delictiva comporta atender al mantenimiento de la unidad de la causa 
para el enjuiciamiento respecto de los responsables de los mismos, tanto en referencia a 
los presuntos responsables militares, como respecto de aquellos en los que no concurra 
tal condición.
Quinto.  Decisión de la sala.
Como ha señalado reiteradamente esta sala en doctrina compendiada en la STS, 
Sala artículo 39 LOPJ, núm. 2/2014, de 4 de diciembre (cj. 2/2014), luego reiterada en la 
reciente sentencia núm. 1/2021, de 16 de febrero (cj. 2/2020), los artículos 117.5 CE 
y 3.2 LOPJ delimitan la competencia de la jurisdicción militar bajo principios restrictivos, 
al quedar limitada, en el orden penal y en tiempo de paz, al ámbito «estrictamente 
castrense», concretado en el marco normativo constituido por los artículos 12.1 y 14 
LOCOJM. Conforme al primero de ellos, la competencia de los órganos de la jurisdicción 
militar se circunscribe al conocimiento de los delitos comprendidos en el CPM, incluso en 
aquellos casos en que, siendo susceptibles de ser calificados con arreglo al CP común, 
les corresponda pena más grave con arreglo a este último, en cuyo caso se aplicará 
este. La referida norma general contempla, para los casos de conexidad, una excepción, 
prevista en el artículo 14.1 LOCOJM, conforme al cual: «La jurisdicción a la que esté 
atribuido el conocimiento del delito que tenga señalada legalmente pena más grave, 
conocerá de los delitos conexos».
En el caso, ninguno de los órganos en conflicto cuestiona que los presuntos delitos 
cometidos por los responsables o empleados de la empresa de transporte por autobús 
que no ostentan condición militar se encuentran en relación de conexidad medial –la 
contemplada en los artículos 17.2.3.º LECRIM y 15.3 LOCOJM– con los delitos contra la 
hacienda militar que, de forma indiciaria, podrían atribuirse a los militares investigados ni 
que  la  pena  más  grave  se  corresponde  con  los  delitos  tipificados  en  el  CPM.  En 
consecuencia,  la  regla  de  atribución  de  competencia  que  resulta  aplicable  es  la 
contemplada en el artículo 14.1 LOCOJM.
La sala se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre conflictos de jurisdicción en 
los que se planteaban problemas de conexidad externa aplicando el referido artículo 14 
LOCOJM, aunque hasta ahora casi siempre lo ha realizado en supuestos en los que el 
autor de los hechos constitutivos de delitos comunes o militares ostentaba la condición 
de militar. Así, cabe citar, entre otras, las SSTS, Sala artículo 39 LOPJ, núm. 2/2014, 
de 4 de diciembre (cj. 2/2014) o núm. 2/2003, de 29 de septiembre (cj. 3/2003). No 
obstante, en uno de los precedentes, la STS núm. 2/2004, de 27 de octubre (cj. 2/2004), 
se abordó –aunque solo como una de las posibles alternativas resolutorias– un supuesto 
de  posible  conexidad  externa  entre  un  delito  militar  de  desobediencia  a  centinela 
cometido por un civil y un delito militar de extralimitación en el ejercicio de las funciones y 
una falta común de lesiones cometidos, ambos, por personal militar.
Sin embargo, ahora se plantea por primera vez el conflicto sobre la atribución de  e.
competencia  cuando  concurren  en  relación  de  conexidad  medial  diversos  delitos  w.b
militares cometidos por militares y diversos delitos comunes cometidos por civiles, siendo  599ww
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militar, y en concreto al Juzgado Togado Militar Central núm. 1, por las siguientes 
consideraciones:
a)  Es cierto que el conocimiento de la jurisdicción militar –conforme a la previsión 
constitucional y legal contemplada en los artículos 117.5 CE y 3.2 LOPJ– se limita al 
ámbito de lo «estrictamente castrense», concepto jurídico indeterminado que se ha ido 
perfilando a través de una pluralidad de resoluciones que parten, esencialmente, de la 
STC 60/1991, de 14 de marzo, en la que se especifica que el alcance del conocimiento 
de la jurisdicción militar en materia penal y en tiempo de paz está delimitado: por la 
naturaleza del delito cometido –delitos estrictamente castrenses–; por el bien jurídico o 
los intereses protegidos por la norma –que han de ser estrictamente militares–; por el 
carácter militar de las obligaciones o deberes cuyo incumplimiento se tipifica; y, en 
general, por la condición de militar del sujeto al que se imputa el delito.
b)  De  estas  consideraciones  generales  se  desprende  que  la  delimitación  del 
concepto de lo «estrictamente castrense» se ha de hacer a través de tres criterios: el 
primero, objetivo –determinado por el carácter militar del delito–; el segundo, funcional o 
instrumental –delimitado por los bienes, principios o valores militares protegidos por la 
norma–; y el tercero subjetivo –configurado por la condición de militar del sujeto activo 
del delito–. De estos tres criterios, el que resulta menos esclarecedor es el último, porque 
no todos los tipos delictivos contemplados en el CPM son tipos penales determinados 
por la condición militar de su autor. Probablemente, los tres criterios que maneja la 
doctrina constitucional citada pueden reducirse a uno solo, conforme al cual, el ámbito de 
lo «estrictamente castrense», en el orden penal, debe identificarse con la protección de 
los bienes jurídicos militares que resultan necesarios para que los Ejércitos cumplan las 
misiones que les asigna el artículo 8 CE.
c)  En efecto, la restricción subjetiva a la que se acaba de hacer referencia admite 
excepciones en determinados supuestos en los que el propio tipo penal militar contempla 
que el sujeto activo pueda ser un civil. Así, la doctrina ha venido distinguiendo entre los 
«delitos exclusiva o propiamente militares» –aquellos en los que el militar quebranta un 
deber inherente a la profesión de las armas, sin perjuicio de que también puedan ser 
responsabilizados por ellos los no militares, por la vía indirecta de la participación–, de 
aquellos otros «delitos impropiamente militares», en los que los civiles pueden ser 
sujetos activos directos de un ataque a un bien jurídico castrense o en los que su propio 
carácter pluriofensivo daña a la vez bienes jurídicos tutelados por la legislación ordinaria 
y bienes de naturaleza castrense.
d)  El CPM ha tipificado conductas constitutivas de uno y otro tipo de delitos. Así, los 
civiles pueden ser sujetos activos de diversos delitos militares en tiempo de paz: el 
allanamiento de dependencia militar –artículos 61 CPM de 1985 y 29 CPM de 2015–; los 
delitos contra centinela –artículos 85 CPM de 1985 y 34 CPM de 2015–; la incitación, 
apología, auxilio o encubrimiento, así como la provocación, conspiración y proposición, 
del abandono de destino o residencia, de la deserción o de la inutilización voluntaria y 
simulación para eximirse del servicio –artículos 129 CPM de 1985 y 60 CPM de 2015–; 
los delitos contra la Administración de la Justicia Militar –artículos 180 y 182 a 188 CPM 
de 1985–, ya no contemplados en el CPM de 2015; y la receptación de efectos militares 
–artículos 197 CPM de 1985 y 85 CPM de 2015–. Esta sala se ha pronunciado en este 
sentido  en  diversas  resoluciones.  Así:  respecto  del  delito  de  allanamiento  de 
instalaciones militares, en las SSTS, Sala artículo 39 LOPJ, núm. 1/2021, de 16 de 
febrero (cj. 2/2020), núm. 1/2016, de 5 de julio (cj. 1/2016), núm. 3/1999, de 22 de 
diciembre (cj. 2/1999) y núm. 3/1997, de 21 de octubre (cj. 3/1997); o respecto de los  e.
delitos contra centinela en la STS, Sala artículo 39 LOPJ, núm. 2/2004, de 27 de octubre  w.b
(cj. 2/2004). 599ww
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(cj. 2/2014), cuyo FJ 7.º señala que la prevalencia del artículo 14 LOCOJM, postergando
la regla de atribución jurisdiccional mediante el criterio de especialidad fijado en el 
artículo 12.1 de dicha norma, obedece a «razones de unificación procedimental y de no 
quebrar el principio de continencia de la causa».
f)  En efecto, lo que pretende el legislador cuando contempla que el juez o tribunal 
que resulte competente para conocer del o de los delitos considerados principales 
conozca también de los que le sean conexos es, precisamente, que no se rompa la 
continencia de la causa. Así, señala el artículo 17 LECRIM que los delitos conexos han 
de ser investigados y enjuiciados «en la misma causa cuando la investigación y la 
prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para 
la determinación de las responsabilidades procedentes».
g)  Lo que hizo el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid –cuando acordó 
inhibirse a favor de los órganos de la jurisdicción militar para que conocieran de los 
delitos investigados cometidos por personal militar, reservándose el conocimiento de los 
cometidos por civiles, y cuando luego rechazó el requerimiento de inhibición respecto del 
conocimiento de estos– fue, precisamente, romper la continencia de la causa.
h)  En consecuencia, siendo que el artículo 14 LOCOJM –al establecer la regla por 
la que se rige la atribución de competencia a la jurisdicción militar o a la ordinaria para 
conocer de los delitos conexos– no exceptúa los supuestos en los que el delito común 
conexo a otro militar haya sido cometido por un civil y que, como se ha señalado, los 
civiles también pueden ser juzgados ante la jurisdicción militar cuando con su conducta 
comprometan bienes, valores y principios militares que la norma castrense pretende 
proteger, debe entenderse que a los órganos de la jurisdicción militar competentes para 
conocer  de  los  delitos  militares  que  tienen  señalada  pena  más  grave  corresponde 
también el conocimiento de aquellos delitos comunes conexos cometidos por personal 
no militar.
i)  Por otra parte, no debe olvidarse que, como razonó el Juzgado Togado Militar 
Central núm. 1, las conductas investigadas en la causa lesionan esencialmente el bien 
jurídico de la correcta administración de los fondos públicos presupuestados para el 
Ministerio de Defensa, por lo que los hechos en los que presuntamente pudieron haber 
incurrido  los  civiles  investigados  –que,  mediante  sus  conductas,  pudieron  haber 
participado de uno u otro modo en las operaciones llevadas a efecto para defraudar 
aquellos fondos públicos– podrían no solo ser considerados como delitos comunes en 
relación de conexidad medial con los delitos contra la hacienda militar cometidos por 
militares,  sino  que  también  podrían  calificarse  como  conductas  constitutivas  de 
cooperación necesaria para la ejecución de aquellos delitos militares.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta sala ha decidido:
1.  Resolver el conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Togado Militar 
Central núm. 1 (diligencias previas 1-10/2020) y el Juzgado de Instrucción núm. 42 de 
Madrid (diligencias previas 2778/2019), a favor de la jurisdicción militar, atribuyendo el 
conocimiento de las actuaciones, como competente para ello, al Juzgado Togado Militar 
Central núm. 1.
2.   Declarar de oficio las costas procesales.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».  es
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Andrés Palomo Del Arco.–Jacobo  w.
BCaarsjatil lod.e– FQirmuiarodgoa.  López.–Eduardo  de  Porres  Ortiz  de  Urbina.–Ricardo  Cuesta  del  2021-12599n https://ww