BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27258
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4114 Sala Segunda. Sentencia 29/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 5699-2017. Promovido por doña María del Carmen Font Piñot en 
relación con el auto dictado por un juzgado de primera instancia de La Seu 
d'Urgell despachando ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos cuyo domicilio 
real figuraba en el proceso (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2020:29
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5699-2017, promovido por doña María del Carmen 
Font Piñot, contra el auto de 10 de octubre de 2017 dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de La Seu d’Urgell en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
430-2012.  Ha  intervenido  el  ministerio  fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Con fecha de 23 de noviembre de 2017, tuvo entrada en el registro general de 
este Tribunal Constitucional un escrito de doña María del Carmen Font Piñot, por el que 
interpuso recurso de amparo contra el auto firme del Juzgado de Primera Instancia núm. 
1  de  La  Seu  d'Urgell,  de  fecha  10  de  octubre  de  2017,  inadmitiendo  el  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones planteado por la actora en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria 430-2012 Sección B.
2.  Los hechos relevantes de los que trae causa la demanda de amparo son los 
siguientes:
a)  A instancias de la entidad crediticia Caixabank, el Juzgado de Primera Instancia 
núm.  1  de  La  Seu  d'Urgell  inició  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria 
número 430-2012 mediante auto, despachando ejecución de fecha 28 de enero de 2013, 
contra la demandante de amparo y su esposo, en relación con la finca sita en Camino 
del Padró, casa 8 de Pi, del término municipal de Bellver de Cerdanya. s
b)  Es  importante  subrayar  por  lo  que  luego  se  dirá  que  a  la  demanda  se  e.
acompañaba, entre otra documentación, copia de sendos burofaxes dirigidos por la  w.
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de 2012 «no fue entregado por ausente en reparto». Sería en este domicilio donde en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria se practicaría posteriormente la diligencia 
judicial de notificación y requerimiento que resultó negativa. El segundo era el burofax 
número 0820356274 de fecha 18 de octubre de 2012, 13:35 horas, fue dirigido por la 
acreedora hipotecaria a «M. Carmen Font Piño c/ Jan Oliver, 33 de Sant Joan de 
Vilatorrada», que según certificación de la entidad emisora de fecha 19 de octubre 
de 2012 fue «entregado».
c)  También  hay  que  advertir  que  en  la  propia  escritura  de  compraventa, 
subrogación en la hipoteca y novación sobre el bien ejecutado, sito en el término 
municipal  de  Bellver  de  Cerdanya,  figuraba  sin  embargo  como  domicilio  de  los 
ejecutados el de Font Piñot, c/ Jan Oliver, 33 de Sant Joan de Vilatorrada, sin constar 
una dirección diferente a efectos de notificaciones.
d)  A pesar de que en los autos constaba el real domicilio de los ejecutados, pues la 
ejecutante había acompañado a su demanda el burofax que obtuvo resultado positivo, el 
juzgado optó por librar exhorto al Juzgado de Paz de Bellver de Cerdanya al efecto de 
notificar y requerir a los demandados. Por diligencia negativa de fecha 19 de febrero 
de 2013, este último manifestó no haber podido practicar la diligencia ordenada porque 
los demandados se habían dado de baja del padrón municipal.
e)  Ante el resultado infructuoso de la notificación y requerimiento de pago en el 
domicilio de la finca hipotecada, por diligencia de ordenación de fecha 22 de marzo 
de 2013, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Seu d’Urgell acordó su práctica 
edictal, sin haber practicado de oficio o a instancia de parte averiguación del domicilio de 
los ejecutados, ni haber reparado en que el domicilio real de los demandados constaba 
desde el inicio del procedimiento en los autos.
f)  Por diligencia de ordenación de fecha 10 de julio de 2013, se señaló subasta para 
el día 16 de octubre de 2013 que resultó desierta adjudicándose la finca la entidad 
bancaria ejecutante.
g)  La demandante de amparo tuvo conocimiento extraprocesal del procedimiento 
instado contra ella y su esposo al haberle comunicado un empleado de la propia entidad 
bancaria ejecutante que la finca de su propiedad había sido subastada, con fecha de 20 
de octubre de 2014. Por esta causa, presentó escrito de personación en el procedimiento 
de ejecución y en fecha 11 de noviembre de 2014 formuló incidente de nulidad de 
actuaciones. En su escrito puso de manifiesto que el procedimiento se había seguido sin 
su conocimiento cuando en las propias actuaciones y derivado de los propios actos de la 
entidad  bancaria  resultaba  plenamente  acreditado  su  domicilio.  En  apoyo  de  su 
pretensión de nulidad, la actora citó la doctrina contenida en las SSTC 40/2005, de 28 de 
febrero; 293/ 2005, de 21 de noviembre, y 245/2006, de 24 de julio y se transcribió 
entera y literalmente la doctrina contenida en la STC 122/2013, de 20 de mayo, que 
resuelve una situación idéntica a la del incidente de nulidad de actuaciones planteado 
por la hoy recurrente.
h)  Por auto de 10 de octubre de 2017, el juzgado declara que no ha lugar a declarar 
la nulidad de actuaciones. Para alcanzar este fallo se razona únicamente que: «En el 
supuesto de autos, se dictó auto despachando ejecución de fecha 28 de enero de 2013, 
remitiéndose exhorto para su notificación en la misma fecha. El resultado de dicha 
notificación personal fue negativo, procediéndose a su notificación mediante edictos con 
arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  683.3  LECiv  vigente  en  el  momento  de  las 
actuaciones. Por todo ello, las actuaciones no solo no han causado indefensión sino que 
han sido tramitadas con arreglo a la legislación vigente». s
3.  En la demanda de amparo la recurrente alega indefensión, pues entiende que se  w.b
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demanda de ejecución se desprendía otro domicilio –el real, sito en la localidad de Sant
Joan de Vilatorrada–, sin que el órgano jurisdiccional realizara ninguna diligencia previa a 
la comunicación edictal para emplazar a los ejecutados en su verdadero domicilio que 
sin embargo constaba en autos.
Con cita de las SSTC 40/2005, de 28 de febrero; 293/2005, de 21 de noviembre; 
245/2006, de 24 de julio, y especialmente la STC122/2013, de 20 de mayo, afirma que el 
aspecto relativo a la necesidad de que el órgano judicial agote todas las posibilidades de 
averiguación  del  domicilio  del  demandado,  así  como  que  esté  convencido  de  la 
imposibilidad de éxito de toda vía de comunicación, antes de acudir a la comunicación 
edictal, deviene fundamental para la correcta constitución de la relación jurídico procesal 
y para garantizar el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la 
posibilidad de un juicio contradictorio en el que las partes puedan hacer valer sus 
derechos e intereses legítimos. Por ello, concluye solicitando la nulidad de todo lo 
actuado, con retroacción de actuaciones al momento de requerimiento de pago para que 
se notifique el mismo en forma correcta.
4.  Por providencia de 16 de julio de 2018, la Sección Segunda de este Tribunal 
admitió a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en el mismo especial 
trascendencia constitucional, como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una infracción manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de La Seu d’Urgell a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  430-2012.  Se  acordó  también  el 
emplazamiento  por  término  de  diez  días  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, a efectos de poder comparecer 
en el presente recurso.
5.  Por diligencia de ordenación de 4 de julio de 2019, se tiene por personada y 
parte a doña Maria del Carmen Font Piñot. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la 
secretaría de la Sala Segunda, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y 
a la parte recurrente, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones 
que a su derecho convenga.
6.  La  demandante  de  amparo  presentó  sus  alegaciones  el  1  de  septiembre 
de 2019, en las que, abundando en los argumentos de la demanda, insiste en que de 
las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Seu 
d’Urgell  resulta  acreditada  la  nula  actividad  del  órgano  judicial  en  orden  a  la 
averiguación de otros domicilios donde poder practicar la notificación y requerimiento 
de la hoy recurrente, al haber resultado negativa la diligencia intentada en el domicilio 
de la finca hipotecada. Así, sin acudir a registro público alguno, ante el resultado 
negativo de la única diligencia de notificación y requerimiento intentada, el órgano 
judicial acordó sin más la notificación edictal, lo que en este caso resulta más grave, 
puesto que en las propias actuaciones judiciales, en los burofaxes que la demandante 
acompañó con la demanda, constaban otros domicilios de la hoy recurrente.
Todo ello, junto con la cita expresa y transcripción literal de la doctrina sobre la 
vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, fue puesto de manifiesto  s
por la demandante de amparo en el incidente de nulidad de actuaciones que planteó ante el  oe.
órgano judicial, si bien fue desestimado mediante el auto que ahora se impugna, limitándose  w.
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indefensión para asegurar debidamente el emplazamiento de la demandada y su presencia
en el procedimiento.
7.  El 6 de septiembre de 2019 se registraron las alegaciones del ministerio fiscal en 
las que interesa la estimación del amparo.
Tras exponer brevemente los antecedentes, el fiscal fija en primer lugar los límites 
en que debe moverse la resolución de este recurso de amparo. Así, señala que la 
recurrente  dirige,  formalmente,  sus  alegaciones  contra  el  auto  de  10  de  octubre 
de 2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de la Seu d’Urgell, dictado en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 430-2012, al entender que el mismo, al 
resolver el incidente de nulidad, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, toda vez que se 
desconoce  por  el  juzgador  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  en  materia  de 
notificaciones,  acudiendo  a  la  vía  edictal  sin  agotar  las  posibilidades  de  citación 
personal; sin embargo, en realidad la vulneración que denuncia no se la imputa a ese 
auto  denegatorio  de  la  nulidad,  sino  a  la  totalidad  de  las  actuaciones  judiciales 
acordadas en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 430-2012, ya que la 
decisión de acudir a los edictos es previa y anterior en el proceso, es decir, que la 
vulneración se habría producido desde la primera fase del procedimiento, desde que 
se requirió de pago a los ejecutados y, por ello, la demandante de amparo interesa, 
en coherencia con este razonamiento, además del restablecimiento del derecho, que 
se acuerde la nulidad de lo actuado desde ese momento y se proceda por el juzgado 
a citarlos personalmente.
Recuerda el fiscal que la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia está 
muy consolidada, partiendo de que es esencial a la tutela judicial efectiva que el órgano 
judicial agote las posibilidades de citación directa antes de acudir a la menos segura de 
los edictos. Este deber especial del órgano judicial nace de que lo que está en juego, 
precisamente, es el más elemental de los derechos del ciudadano ante la justicia, el de 
acceder al procedimiento. Del mismo modo señala que en la actual redacción de este 
precepto 686.3 LEC por la Ley 19/2015, de 13 de julio, se supedita el acudir a los edictos 
a que la oficina judicial realice las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio 
del deudor, dando rango de norma escrita a lo que se estableció con anterioridad por la 
doctrina constitucional, si bien este Tribunal ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
sobre la vigencia de la misma tras la nueva redacción del art. 686 LEC; concretamente 
en la STC 122/2013, FJ 5.
Tras reproducir el fundamento jurídico 2 de la STC 150/2008, de 17 de noviembre, el 
fiscal traslada al caso concreto esa doctrina y llega a la conclusión de que es procedente 
la estimación de la demanda de amparo pues el órgano jurisdiccional acudió a la vía 
edictal  de  forma  inmediata,  sin  ninguna  actividad  investigadora,  optando  de  forma 
explícita  por  la  aplicación  automática  del  art.  686.3  LEC,  desoyendo  la  doctrina 
constitucional y que no podía desconocer. En el propio incidente de nulidad planteado se 
recogía cita jurisprudencial en ese sentido, teniendo en cuenta además que, en este 
caso, al contrario de otros que se le han sometido a este alto Tribunal, no se le exigía al 
órgano judicial una actividad de averiguación ni siquiera relativamente compleja, pues 
bastaba con que se comprobara en la propia documentación que acompañaba a la 
demanda que los dos deudores hipotecarios figuran con un domicilio en la localidad de 
Sant Joan de Vilatorrada. Esto le habría dado de forma sencilla otra alternativa al órgano 
judicial para cumplir con esa función de no sólo comprobar el aspecto formal y externo 
de los actos de comunicación, sino de asegurarse de que los actos de comunicación 
cumplan su función de hacer saber a los ciudadanos la existencia de la pendencia.
Advierte el fiscal que ni siquiera consta que el órgano judicial preguntase a la entidad  s
bancaria ejecutante si conocía algún otro domicilio de los ejecutados, y se apoya en la  oe.
petición de que se acudiera a la vía de los edictos al haber resultado infructuosa la  w.
nebosa tnifecicavairdicaei ónentre a e pqneu relfa e lcalto acv aculoildnnaeodrca ecddióeon raB  dedelelvl  eladr e erdxeeics htCeona crndioaa  ndlyaea  e,p srsoeide ountcdroeo   pleaov sidiabecletni ttudedo  mqduiceei  lilolaa.   Aeeunnnttiiddqaaudde    2020-4114n https://w
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nulidad esta actitud de la entidad bancaria, se le estaba dando al órgano judicial la 
oportunidad de restablecer a los hoy recurrentes en su derecho y no lo hizo, sino que se 
limitó a resolver de manera puramente formalista y a denegar la revisión de lo actuada 
hasta entonces. Entiende en definitiva el fiscal que con su actuación, el órgano judicial 
impidió a la ejecutada acceder al proceso y ejercer en el mismo las actuaciones que le 
correspondían.
En  coherencia  con  lo  acordado  por  el  Tribunal  en  otros  casos  precedentes 
(STC 122/2013, FJ 6), considera, en fin, que el Tribunal debe en este caso acordar la 
nulidad  de  lo  actuado  en  el  procedimiento  de  desahucio,  y  la  retroacción  de  las 
actuaciones al momento anterior al requerimiento de pago, con el fin de que se le 
comunique a la recurrente lo allí acordado, en legal forma, dándole la posibilidad de 
ejercer su derecho.
8.  Por providencia de 20 de febrero de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de 10 de octubre de 2017 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Seu d’Urgell, dictado en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 430-2012, por el que se desestima el incidente de nulidad 
de actuaciones planteado por la propia recurrente, así como contra las actuaciones 
procesales comprendidas en dicho procedimiento desde el momento del requerimiento 
de pago llevado a cabo por medio de edictos.
Como con más detalle se ha indicado en el apartado de antecedentes, la recurrente 
imputa a la resolución recurrida la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al haberse practicado el emplazamiento edictal sin 
haber agotado las posibilidades de comunicación.
El fiscal interesa la estimación del recurso por entender que concurre la vulneración 
denunciada.
2.  La presente demanda de amparo, como ya se indicó en la providencia de 
admisión, tiene especial transcendencia constitucional, como consecuencia de que el 
órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Como recientemente expresó esta Sala en un asunto muy similar al ahora enjuiciado, 
en el presente caso concurre la especial transcendencia constitucional indicada, puesto 
que  la  demandante  de  amparo  hizo  cita  expresa  en  su  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones de la doctrina constitucional mantenida en las SSTC 40/2005, de 28 de 
febrero; 293/2005, de 21 de noviembre; 245/2006, de 24 de julio, y especialmente la 
STC 122/2013, de 20 de mayo, sobre la relevancia que, desde la perspectiva del 
artículo 24.1 CE, tienen las notificaciones edictales y la obligación judicial –incluso ante 
la literalidad de la previsión del art. 686.3 LEC, en su redacción dada por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre– de practicar las razonables diligencias de averiguación de domicilio 
antes de acudir a ese modo de citación. A pesar de ello, el órgano judicial dispensó una 
respuesta que elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional 
puesta de relieve, lo que denota una voluntad implícita de no aplicarla, de lo que esta 
Sala  infiere  una  conducta  concluyente  y  patente  de  incumplimiento  de  la  doctrina 
constitucional  aplicable  al  caso,  insistentemente  invocada  por  la  ahora  recurrente  es
(STC 83/2018, de 16 de julio, FJ 3). bo
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de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva oficina judicial, sobre la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria  Bc
en el caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio 
que consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de 
que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de 
acudir a la notificación por edictos (así, SSTC 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, de 8 
de septiembre; 89/2015, de 11 de mayo; 169/2014, 22 de octubre; 151/2016, de 19 de 
septiembre; 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero; 106/2017, de 18 de septiembre; 137/2017, 
de 27 de noviembre; 5/2018, de 22 de enero, y la más reciente 123/2019, de 28 de 
octubre).
En todas estas sentencias, en relación con los juicios hipotecarios y la reforma 
llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, se ha afirmado que la doctrina 
constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada y no puede verse 
interferida  por  la  reforma  operada  por  la  Ley  19/2009,  de  23  de  noviembre,  de 
medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de 
los edificios.
En concreto, en la citada STC 122/2013, FJ 3, con cita de la doctrina precedente, el 
Tribunal ha afirmado que «cuando del examen de los autos o de la documentación 
aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible 
practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe 
intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por 
todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, 
y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)». Incluso cuando no conste ese domicilio en las 
actuaciones habría que realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio 
real (por todas, STC 19/2004, de 23 de febrero, FJ 4, y 126/2006 de 24 de abril, FJ 4), 
siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora 
sobre la efectividad del acto de comunicación (SSTC 126/1999, de 28 de junio, FJ 4; 
82/2000, de 27 de marzo, FJ 6; 113/2001, de 7 de mayo, FJ 5; 131/2014, de 21 de julio, 
FJ 2, y 83/2018, de 16 de julio, FJ 4, entre otras).
Para  este  Tribunal,  «desde  una  estricta  perspectiva  constitucional,  procede 
realizar una interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su 
contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al 
proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la 
subsidiariedad de la comunicación edictal, que tiene su fuente directa en el derecho 
de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación por edictos en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan 
agotado  los  medios  de  averiguación  del  domicilio  del  deudor  o  ejecutado» 
(STC 122/2013, FJ 5).
4.  En  el  presente  caso,  como  se  ha  expuesto  con  más  detalle  en  los 
antecedentes, ha quedado acreditado que, a pesar de constar el domicilio real de los 
ejecutados en los autos, sin embargo, el juzgado de primera instancia ordenó notificar 
el procedimiento en la finca hipotecada y resultando infructuoso el intento, sin más 
trámites, dispuso que los deudores ejecutados fueran notificados del despacho de 
ejecución y requeridos de pago por medio de edictos. Todo ello, pese a que –como ha 
quedado descrito en los antecedentes de hecho de la presente resolución– junto al 
escrito  de  demanda  la  entidad  ejecutante  acompañaba  las  comunicaciones  de 
vencimiento anticipado del préstamo hipotecario que había dirigido previamente a los 
demandados  y  concretamente  la  que  fue  efectiva,  es  decir,  el  burofax 
número 0820356274 de fecha 18 de octubre de 2012, 13:35 horas, en el que según 
consta fue dirigido a «M. Carmen Font Piño c/ Jan Oliver, 33 de Sant Joan de  e.
Vilatorrada», y que según certificación de la entidad emisora de fecha 19 de octubre  w.b
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diligencia de 19 de febrero de 2013, el Juzgado de Paz de Bellver de Cerdanya, en
cumplimiento del exhorto de notificación, había hecho constar expresamente que no 
se había podido llevar a cabo por haberse dado de baja los demandados del padrón 
municipal. Pero es que incluso en el caso de que no hubiera constado tal dato en 
autos, el órgano judicial tampoco efectuó intento alguno de averiguación de dicho 
domicilio real a través de medios fácilmente accesibles como el punto neutro judicial, 
red informática al servicio de la administración de justicia, que permite a esta el 
acceso a los datos que se contienen en diversos registros y organismos públicos, que 
éstos suministran al juez con sujeción a la normativa que les es propia (STC 50/2017, 
de 8 de mayo, FJ 4). En suma, de los antecedentes fácticos se deduce sin dificultad 
que el órgano judicial acudió a la comunicación edictal sin haber agotado previamente 
las posibilidades razonables de averiguación del domicilio real de los recurrentes, 
para proceder a la notificación personal.
La aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente caso implica que debe 
apreciarse la vulneración del art. 24.1 CE, pues, como pone de manifiesto el ministerio 
fiscal en su escrito de alegaciones, el órgano judicial no desarrolló ninguna actividad de 
averiguación de un domicilio alternativo tras producirse un solo intento de notificación de 
la recurrente, resultando por lo demás patente que en la propia demanda de ejecución 
constaba el domicilio real de los ejecutados, que era conocido por la entidad ejecutante y 
así lo hizo constar al juzgado.
En definitiva, a juicio de esta Sala puede afirmarse que el órgano judicial hizo una 
interpretación y aplicación literal del citado art. 686.3 LEC, que, como se ha puesto de 
manifiesto, había quedado ya reiteradamente desautorizada por este Tribunal.
5.  Las consideraciones precedentes permiten concluir que se ha producido la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) que 
se denuncia en la demanda de amparo, al no haber agotado el órgano judicial que 
conocía del procedimiento de ejecución hipotecaria los medios de averiguación del 
domicilio real de la demandada antes de proceder a la comunicación por edictos, 
cuando  además  constaba  identificado  el  domicilio  real  de  la  recurrente  en  los 
documentos aportados con la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 55.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, procede 
otorgar  el  amparo  que  se  solicita,  declarando  la  nulidad  del  auto  impugnado  y 
retrotrayendo las actuaciones para que se proceda por el juzgado a la notificación de 
la demanda de ejecución hipotecaria y del requerimiento de pago a la recurrente en 
términos respetuosos con su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María del Carmen Font Piñot y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). es
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto del  w.
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3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento 
de pago a los demandados para que se les comunique el despacho de ejecución en 
legal forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
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