BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 81328
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11307 Pleno.  Sentencia  125/2021,  de  3  de  junio  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4192-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del  Grupo  Parlamentario  Popular  respecto  del  artículo  5  de  la  Ley  del 
Parlamento  de  Cataluña  5/2020,  de  29  de  abril,  de  medidas  fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto 
sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Límites de la potestad 
tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de la regulación 
del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
ECLI:ES:TC:2021:125
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  4192-2020,  promovido  por  más  de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el art. 5 de la Ley del 
Parlamento  de  Cataluña  5/2020,  de  29  de  abril,  de  medidas  fiscales,  financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que 
inciden  en  el  medio  ambiente,  publicada  en  el  «Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya»  núm.  8124,  de  30  de  abril  de  2020.  Han  comparecido  y  formulado 
alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Ha sido ponente la magistrada 
doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de septiembre de 2020, don 
Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, procurador de los Tribunales, en nombre y 
representación  de  más  de  cincuenta  diputados  del  Grupo  Parlamentario  Popular, 
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 5 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente (en adelante, Ley 5/2020). Este precepto modifica la regulación del impuesto  e
sobre estancias en establecimientos turísticos contenida en la Ley del Parlamento de  b
Cesesatctaatoblurle ñcapim ú5bi/e2lin0cto1o 7s,  ydc eo md2e8e  rdcciear elmeasac,ri ózsnoo , bdyree   mreeesgdtuaidlnaaccsiia ófsnis  ceadnlee s e,s lfotiansba lneiccmiiempruaieesns, ttaoodss m tiusnroiíssbttrrieac toivsga, rsas nyo dbdereesl    2021-11307n https://ww
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apartado 1 del art. 26 de la Ley 5/2017 ampliando el hecho imponible del impuesto a las
estancias  en  embarcaciones  de  crucero  turístico  en  puertos  del  territorio  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña (art. 5.2 de la Ley 5/2020); y, por otro, introduce un 
nuevo art. 34 bis en la Ley 5/2017 habilitando al Ayuntamiento de Barcelona a establecer 
mediante ordenanza municipal un recargo sobre las tarifas del referido impuesto con 
arreglo a determinados límites y condiciones (art. 5.4 de la Ley 5/2020).
A)  La demanda comienza afirmando, en un fundamento denominado «preliminar», 
que  la  pretensión  de  este  recurso  es  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  la 
regulación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos establecida por el 
art. 5 de la Ley 5/2020 en su aplicación a las embarcaciones de crucero turístico. De una 
parte, la inconstitucionalidad del art. 34 bis de la Ley 5/2017 (introducido por el art. 5.4 de 
la Ley 5/2020) por vulneración de los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE, dada la incompetencia de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña para crear nuevos tributos municipales; y, de otra 
parte, la inconstitucionalidad del nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 (introducido por el 
art. 5.2 de la Ley 5/2020), primero, por conculcar el principio de igualdad tributaria del 
art. 31.1 CE, en relación con el art. 14 CE y, segundo, por contravenir el sistema de 
distribución de competencias tributarias al gravar las estancias en embarcaciones de 
crucero turístico en contra del art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de financiación de las comunidades autónomas (en adelante, LOFCA) y de los arts. 
157.2 CE y 9 c) LOFCA. Asimismo, se solicita que la anulación de todos los artículos de 
la Ley 5/2017 aprobados por el art. 5 de la Ley 5/2020 conlleve también la anulación de 
los demás preceptos de la Ley 5/2017 relativos a la aplicación del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos a las estancias en embarcaciones de crucero 
turístico, exigiendo así la nulidad de las siguientes disposiciones de la misma: en su 
integridad, de los arts. 24.2, 28.2, 34 bis, 46 y 50 bis; y, únicamente en lo regulado 
expresamente para estancias en embarcaciones de crucero turístico, de los arts. 26.1, 3 
y 4; 34.1 y 35.
B)  El primer motivo de impugnación contra el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017, 
introducido por el art. 5.2 de la Ley 5/2020, es la falta de habilitación competencial 
autonómica  para  someter  a  gravamen  las  estancias  en  embarcaciones  de  crucero 
turístico en el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. Y ello porque con 
dicha sujeción al impuesto propio autonómico se incurre en un supuesto de doble 
imposición prohibida en el art. 6.2 LOFCA con la tasa (estatal) portuaria del buque (T-1) 
prevista en el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de  septiembre.  Tras  una 
exposición  de  los  límites  del  poder  tributario  autonómico  y,  dentro  de  ellos,  de  la 
prohibición de equivalencia con tributos estatales del art. 6.2 LOFCA, los recurrentes 
parten de la doctrina que sobre este precepto ha elaborado este tribunal (tomando como 
referencia la STC 94/2017, de 6 de julio, FFJJ 4 y 5) para afirmar que la violación del 
art. 6.2 LOFCA concurre al coincidir ambos tributos en el hecho imponible, en los sujetos 
pasivos y en el devengo.
(i)  Por lo que se refiere a la coincidencia material en el hecho imponible, y una vez 
definido este elemento esencial [art. 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria (en adelante, LGT)], la presente demanda deduce esta identidad del tenor 
literal de los preceptos reguladores de los concretos hechos imponibles de los tributos en 
liza (el art. 26.1 de la Ley 5/2017, introducido por el art. 5.2 de la Ley 5/2020, en caso del 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, y el art. 194 del texto refundido 
de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, para la tasa de buque): los dos  e
tributos gravan (materialmente) la estancia del buque (amarre o fondeo) en la zona del  bo
puerto. La razón esgrimida es que el impuesto catalán grava a la totalidad de los  7w
pcoamsaujenridoas dd aeu ltoósn obmuqau ceast aqluaen af,o snidne deins tion gaumira errnetnre  eanq uuenl lpous eqrutoe  ddeensterom bdaerl ctaenrr iyto vriisoi tdaen  llaa   2021-1130n https://w
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gravamen la estancia de los pasajeros en las embarcaciones de cruceros turísticos ni en
una ciudad catalana sino la estancia de la propia embarcación en el puerto (esto es, el 
amarre o fondeo del buque en sí mismo en el puerto), al igual que la tasa portuaria de 
buque.
(ii)  En cuanto al análisis de los sujetos pasivos, tras reproducir el art. 36 LGT sobre 
el concepto de sujeto pasivo y sus clases (contribuyente y sustituto) y los preceptos 
concernientes a la configuración del elemento subjetivo de ambos tributos (art. 195 del 
texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, sobre los 
contribuyentes solidarios de la tasa de buque, y los arts. 29 y 30 sobre el contribuyente y 
el  sustituto  del  impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos, 
respectivamente), el escrito de interposición asevera, de una parte, que el explotador del 
crucero es tanto el contribuyente de la tasa del buque como el sustituto del contribuyente 
en el impuesto y, de otra, que ambos tributos son soportados en último término por los 
pasajeros de la embarcación de crucero turístico. Para llegar a esa conclusión, se 
extrapola la doctrina sentada en la STC 94/2017, FJ 8 b), en la que se examina la doble 
imposición con el IVA del «impuesto catalán sobre la provisión de contenidos por parte 
de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector 
y la difusión de la cultura digital» (art. 6.2 LOFCA). En ella se declara que lo relevante es 
que ambos impuestos someten a tributación la manifestación de capacidad económica 
que supone el consumo y lo hacen en la persona del consumidor, si bien en el primero 
(IVA) se produce una traslación directa (jurídica) del importe del tributo del prestador del 
servicio al consumidor, mientras que en el segundo (impuesto catalán), esa traslación se 
efectúa de una manera indirecta (económica).
(iii)  Por lo que concierne al devengo, esta demanda alega que en ambos tributos 
nace la obligación tributaria al inicio de la estancia en la zona portuaria [«en el momento 
en el que el buque hace escala en algún puerto de Cataluña» (art. 28 de la Ley 5/2017) o 
«cuando el buque entre en las aguas de la zona del servicio del puerto» (art. 196 del 
texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante)] y se mide el 
tiempo de estancia desde el momento en el que lanza el primer cabo a punto de amarre 
o se fondee el ancla hasta el momento de soltar el buque la última amarra o de levar el 
ancla del fondo (nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 y art. 200 del citado texto refundido).
C)  El segundo motivo de impugnación contra el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 es 
que, al sujetar al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos las estancias 
en  embarcaciones  de  crucero  turístico,  crea  una  restricción  injustificada  a  la  libre 
circulación de personas y servicios dentro del territorio nacional [arts. 157.2 CE y 9 c) 
LOFCA].  Tras  recordar  la  doctrina  constitucional  sobre  la  unidad  de  mercado,  las 
garantías del art. 139 CE y su proyección en materia tributaria en los arts. 157.2 CE y 9 
c) LOFCA, se ofrecen dos argumentos que, según los recurrentes, permiten constatar 
esta  restricción:  Primero,  que  el  impuesto  controvertido  genera  un  condicionante 
económico para el potencial consumidor al encarecer la estancia en embarcaciones de 
crucero turístico en los puertos de Cataluña, incluso aquella sin pernoctación (ya que el 
impuesto se exige aun cuando la embarcación esté amarrada o fondeada menos de 
doce  horas  en  el  puerto).  Y,  segundo,  que  el  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos  turísticos  presenta  complejidades  para  los  operadores  turísticos 
nacionales e internacionales dedicados al sector de los cruceros, que son los sustitutos 
del contribuyente en este impuesto; complejidades, no solo de índole económica sino de 
asunción de las obligaciones formales de gestión del mismo, que pueden causar que 
estos desvíen parte de su demanda a otros destinos similares y con precios más 
competitivos, con un consiguiente impacto negativo en el balance del sector turístico. En  e.
suma, que este impuesto provoca una distorsión en la libre circulación de las empresas  w.b
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SSTC 76/1990, de 26 de abril; 46/2000, de 17 de febrero, y 295/2006, de 11 de octubre),
se exponen las desigualdades tributarias que, a juicio de los recurrentes, provoca el 
sometimiento a gravamen de las estancias en embarcaciones de crucero turístico en el 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
a)  En primer lugar, se aprecia una desigualdad en el tratamiento tributario de los 
pasajeros de las embarcaciones de crucero turístico que no pernoctan (contribuyentes 
del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos) frente al resto de visitantes 
que no pernoctan y llegan a una ciudad catalana mediante otro medio de transporte 
(tren, autobús, vehículo particular…), no sujetos este impuesto; desigualdad de trato que 
es contraria al art. 31.1 CE. Según los recurrentes, la ley discrimina en función del medio 
de transporte utilizado para visitar una ciudad catalana sin una justificación objetiva y 
razonable, ya que las externalidades que causa el turismo, cuya corrección fundamenta 
la exacción del impuesto (art. 23 de la Ley 5/2017), también se provocan por los 
visitantes que llegan a Cataluña con cualquier otro medio de transporte.
b)  En segundo lugar, se aduce que la regulación del impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos (art. 26.1 Ley 5/2017) es contraria al principio de igualdad 
tributaria, en su vertiente negativa, al someter a gravamen a dos tipos diferentes de 
pasajeros de embarcaciones de crucero turístico: los que pernoctan y que por tanto 
podrían  generar  externalidades  desembarcando,  y  los  que  no  pernoctan  y 
consecuentemente  no  las  generan  al  no  desembarcar;  atribuyendo  así  una  misma 
consecuencia jurídica a dos situaciones no comparables.
c)  Finalmente, se denuncia una discriminación en función del tipo de embarcación 
que permanece en un puerto del territorio catalán. Comienza la argumentación con el 
art. 26.4 de la Ley 5/2017, donde se establece qué debe entenderse por «embarcación 
de  crucero  turístico»  a  efectos  del  impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos 
turísticos «según lo definido por la normativa de la Unión Europea». Los recurrentes, tras 
recoger tres definiciones de «crucero» diferentes [art. 2.17 del Reglamento 2016/399/UE, 
de 9 de marzo, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce 
de personas por las fronteras; art. 2 i) de la Directiva 2009/42/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, sobre la relación estadística del transporte 
marítimo  de  mercancías  y  pasajeros;  y  el  art.  6  i)  de  la  Ley  del  Parlamento  de 
Cataluña 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y transporte en aguas marítimas y 
continentales], concluyen que en la definición legal del art. 26.4 de la Ley 5/2017 no 
tienen cabida y, por tanto, no quedan sujetas al impuesto que nos ocupa, las siguientes 
embarcaciones:  (i)  las  dedicadas  a  la  náutica  de  recreo  (art.  2.1  del  Real 
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, «por el que se establecen los reconocimientos 
e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida 
humana y se determinan las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras 
de la inspección»); (ii) las que son objeto de la actividad de «chárter náutico»; (iii) los 
denominados «buques turísticos locales» [art. 6 m) de la Ley 10/2019], y (iv) las de uso 
particular. Y no existe, a juicio de los diputados demandantes, ninguna justificación 
objetiva para gravar únicamente las estancias en las embarcaciones de crucero y no las 
realizadas en otro tipo de embarcaciones de recreo, puesto que todas permanecen en un 
puerto del territorio catalán y provocan externalidades al ser turismo.
E)  Por su parte, el art. 34 bis de la Ley 5/2017, introducido por el art. 5.4 de la 
Ley 5/2020, se impugna en tanto permite al ayuntamiento de Barcelona establecer 
mediante ordenanza municipal un recargo sobre las tarifas del impuesto sobre estancias 
en establecimientos turísticos previstas en el art. 34 de la Ley 5/2017 (modificado por el  e
art. 5.3 de la Ley 5/2020) a las estancias en embarcaciones de cruceros turísticos,  bo
contraviniendo los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE. 7w
de laa)s  hSaecgieúnnd easst al odceamleasn, daap, rsoib baideon  eplo ar rte. l3 8R.e2a dl eDl etecxrteot or eLfuengdisidlaot ivdoe  l2a/ 2L0e0y4 r,e gduel a5d odrae   2021-1130n https://w
marzo (en adelante, TRLHL), permite a las entidades locales el establecimiento de
recargos  sobre  los  impuestos  propios  autonómicos  «en  los  casos  expresamente
previstos en las leyes de la comunidad autónoma», la figura tributaria introducida por el 
art. 5.4 de la Ley 5/2020 en el art. 34 bis de la Ley 5/2017 no es materialmente un 
recargo sino un tributo. Y ello por dos razones. En primer lugar, debido a que, como 
dispone  el  art.  24  de  la  Ley  5/2017  (en  su  redacción  dada  por  el  art.  5.1  de  la 
Ley  5/2020),  mientras  los  ingresos  derivados  del  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos quedan afectados a la dotación de un fondo para el fomento 
del turismo, los ingresos derivados del recargo no se integran en ese fondo ni se afectan 
a los fines determinados por este. En segundo lugar, porque el carácter accesorio 
inherente a los recargos [art. 25.1 LGT y la STC 4/2019, de 17 de enero, FJ 6 c)] se 
desnaturaliza debido a la elevada cuantía del importe máximo legalmente establecido. 
Así, se habilita al Ayuntamiento de Barcelona a instaurar un recargo de hasta cuatro 
euros, cifra muy superior a las propias tarifas generales del impuesto para cualquier tipo 
de establecimiento y, en concreto, en el caso de embarcaciones de crucero turístico con 
una estancia igual o inferior a doce horas, un 400 por 100 mayor que la tarifa general del 
impuesto para la ciudad de Barcelona (un euro).
b)  De ahí que, a juicio de los recurrentes, la comunidad autónoma no establece un 
recargo local sobre un impuesto autonómico, sino que crea ex nihilo un nuevo tributo 
municipal, invadiendo la competencia estatal en virtud de los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE. En 
este sentido, arguyen que la reserva de ley en materia tributaria del art. 31.3 CE, que 
consiste  en  la  creación  ex  novo  de  tributos  y  en  la  regulación  de  sus  elementos 
esenciales, se plasma, en cuanto a impuesto locales se refiere, en el art. 59 TRLHL. 
Para  corroborar  esta  afirmación,  se  reproduce  el  fundamento  jurídico  140  de  la 
STC 31/2010, de 28 de junio, en el que, con cita en la STC 233/1999, de 16 de diciembre 
(«según resulta de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de tributos locales ha de 
operarse a través del legislador estatal», FJ 22), se declaró inconstitucional el inciso del 
art.  218.2  de  la  Ley  Orgánica  6/2006,  de  19  de  julio,  de  reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC), que consideraba el posible establecimiento 
de  tributos  municipales  dentro  de  la  competencia  de  la  Generalitat  en  materia  de 
financiación local.
F)  El escrito de interposición concluye solicitando la inconstitucionalidad y nulidad 
del art. 5 de la Ley 5/2020 con el alcance expresado en sus fundamentos; esto es, en su 
aplicación a las embarcaciones de crucero turístico.
2.  El  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  a  propuesta  de  la  Sección  Tercera,  y 
mediante providencia de 22 de septiembre de 2020, acordó admitir a trámite el presente 
recurso  de  inconstitucionalidad,  dando  traslado  de  la  demanda  y  documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentas, y al Gobierno, a través del Ministro de 
Justicia, así como al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaren  pertinentes. 
Asimismo, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
3.  Mediante escrito registrado en fecha 7 de octubre de 2020, la presidenta del 
Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara en el sentido de darse por 
personada en el proceso y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. 
Lo mismo hizo la presidenta del Congreso de los Diputados en escrito registrado en este  s
tribunal ese mismo día, en el que también acordó la remisión a la Dirección de estudios,  oe.
análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. 7ww.
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solución de conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Estado había 
adoptado el acuerdo, notificado a este tribunal al amparo del art. 33 LOTC, de iniciar 
negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas, entre otros, 
por el art. 5 de la Ley 5/2020 aquí impugnado.
5.  El letrado del Parlamento de Cataluña, en su representación, mediante escrito 
registrado el 22 de octubre de 2020 en este tribunal, comunicó el acuerdo de la mesa de 
la  cámara  de  personarse  en  el  procedimiento,  solicitando  una  prórroga  del  plazo 
concedido para formular alegaciones. Por providencia de 23 de octubre de 2020, se 
acordó tenerle por personado y prorrogarle en ocho días más el plazo inicialmente 
concedido.
6.  La abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente 
ostenta, por escrito registrado en este tribunal el 22 de octubre de 2020, se personó en 
nombre de la misma y presentó el escrito de alegaciones, instando la inadmisibilidad por 
extemporaneidad respecto de la inclusión de las embarcaciones de crucero turístico en 
el hecho imponible del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y la 
desestimación del resto de impugnaciones o, subsidiariamente, la íntegra desestimación 
del recurso.
Una vez realizada la síntesis del objeto de la demanda y los motivos de impugnación, 
y expuesta la evolución normativa del impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos hasta su modificación por el art. 5 de la Ley 5/2020, se formulan las siguientes 
alegaciones en defensa de constitucionalidad del precepto impugnado.
A)  Con  carácter  previo,  se  solicita  la  inadmisibilidad  del  recurso  por 
extemporaneidad respecto de la sujeción al impuesto de las embarcaciones de crucero 
turístico. Se argumenta que el art. 5 de la Ley 5/2020 no ha incluido ex novo, como 
alegan los recurrentes, las estancias en embarcaciones de crucero turístico en el hecho 
imponible  [pues  formaban  parte  del  mismo  desde  la  creación  del  impuesto  por  la 
Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas (en 
adelante,  Ley  5/2012)],  ni  tampoco  tal  precepto  ha  modificado  otros  elementos 
esenciales del tributo respecto de dichas estancias, ya configurados en la Ley 5/2012 y 
modificados (algunos) por la Ley 5/2017. Las novedades introducidas por la Ley 5/2020 
en el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos se reducen, primero, a la 
ampliación del hecho imponible a las estancias en embarcaciones de crucero turístico 
que estén fondeadas (no solo amarradas) en un puerto en territorio de Cataluña (nuevo 
art.  26.1  de  la  Ley  5/2017)  y,  segundo,  al  incremento  de  las  tarifas  del  impuesto 
aplicables a todo tipo de establecimientos turísticos (entre ellos, las embarcaciones de 
crucero turístico), regulado en el nuevo art. 34.1 de la Ley 5/2017.
Al no alegarse ningún motivo de impugnación específico contra la ampliación a las 
embarcaciones  que  fondeen  en  los  puertos  de  Cataluña,  el  recurso  de 
inconstitucionalidad contra el art. 5 de la Ley 5/2020 constituye una desviación procesal y 
un fraude de ley [art. 6.4 C) c)], puesto que se utiliza para anular un elemento esencial 
del impuesto (gravamen de las estancias en embarcaciones de crucero turístico) que ya 
no puede ser enjuiciado ante este tribunal vía recurso de inconstitucionalidad, al haber 
transcurrido el plazo de los tres meses posteriores a la publicación de las leyes que lo 
establecieron  (art.  33.1  de  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional; en adelante, LOTC). De ahí que se arguya la extemporaneidad no solo 
de las impugnaciones de los nuevos arts. 26.1 y 34 de la Ley 5/2017 porque el art 5 de la  s
Ley 5/2020 únicamente extiende el gravamen a las embarcaciones de crucero que  oe.
fondeen  en  el  puerto  y  modifica  la  cuantía  de  las  tarifas  ya  existentes  para  las  7ww.
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de los arts. 26.3 c), 26.4, 28.2 y 46].
B)  Sobre la vulneración del art. 6.2 LOFCA, tras un estudio comparativo, no solo de 
los hechos imponibles, sino de todos los elementos esenciales que integran la estructura 
de ambos tributos, la abogada de la Generalitat dice que el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos y la tasa del buque no son figuras tributarias equivalentes o 
coincidentes por las siguientes razones:
a)  Sus  hechos  imponibles  difieren  porque  se  trata  de  categorías  tributarias 
diferentes (impuesto y tasa, respectivamente), como establece el art. 2.2 LGT, el art. 6 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril de tasas y precios públicos, y como reconoce el propio 
Tribunal Constitucional (SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4, y 16/2003, de 30 de 
enero, FJ 3). En este sentido, de una comparación del tenor literal de los arts. 26.1 de la 
Ley 5/2017 y 194 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina 
mercante  se  aprecia  que  el  hecho  imponible  del  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos se basa en un hecho demostrativo de capacidad económica 
del contribuyente, cual es la estancia de una persona física en un establecimiento 
turístico (entre ellos, la embarcación de crucero), y el hecho imponible de la tasa del 
buque es la utilización privativa del dominio público portuario por parte de la embarcación 
de crucero. Así pues, el hecho de que el impuesto sujete a gravamen a todos los 
pasajeros, desembarquen o no en el puerto, no lleva a concluir, como aducen los 
recurrentes, que grave realmente la estancia del buque en el puerto, sino que grava 
efectivamente la estancia (alojamiento) de los pasajeros en embarcaciones de crucero 
con independencia de la conducta turística que desarrollen. Además, se recuerda que el 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos solo grava a los pasajeros en 
tránsito y no a los que embarcan e inician su viaje en un puerto de Cataluña ni a los que 
desembarcan en dichos puertos como destino final (art. 28.2 de la Ley 5/2017).
b)  No solo las figuras del contribuyente y del sustituto del impuesto (arts. 29 y 30 de 
la Ley 5/2017) recaen sobre personas distintas, al igual que sucede con el contribuyente 
y el sustituto de la tasa del buque (art. 195.1 y 2 del texto refundido de la Ley de puertos 
del Estado y de la marina mercante), sino que no existe coincidencia alguna: (i) entre los 
contribuyentes de ambos impuestos (en el impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos, la persona física que realiza la estancia en la embarcación de crucero turístico 
o la persona jurídica a cuyo nombre se entrega la factura por dicha estancia; y en la tasa 
del buque, solidariamente, el propietario, el naviero y el capitán del mismo); y (ii) entre 
los sustitutos del contribuyente de ambos tributos [en el impuesto sobre estancias en 
establecimientos  turísticos,  el  titular  de  la  explotación  de  embarcación  de  crucero 
turístico; y en la tasa del buque, solidariamente, el consignatario (si este se encuentra 
consignado) y el concesionario o autorizado, en los muelles, pantalanes e instalaciones 
portuarias de atraque otorgadas en concesión o autorización]. No puede mezclarse, 
como hace la parte recurrente, el sustituto del contribuyente con el mismo contribuyente, 
ya que su cometido es facilitar la gestión del impuesto y el presupuesto legal que llama al 
sustituto a ocupar esa situación debe ser, necesariamente, un presupuesto jurídico 
distinto del hecho imponible (STC 94/2017, FJ 7).
c)  El hecho de que estos tributos se devenguen en el mismo momento (art. 28 de la 
Ley 5/2017 y art. 196 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina 
mercante) no evidencia que sean tributos equivalentes. Prueba de ello es que tampoco 
lo  son  el  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  (IBI),  el  impuesto  sobre  actividades 
económicas  (IAE)  y  el  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  (IVTM), 
devengándose todos el 1 de enero de cada año; ni el impuesto sobre la renta de las 
personas  físicas  (IRPF)  y  el  impuesto  de  patrimonio,  haciéndolo  ambos  el  31  de  e.
diciembre de cada año. w.b
oebstjeadtbo)l e. cOSimterigoeúsn nteo lsee mtlu eraínsrttto.ic so2 sd3 ic feodrneevn icvlaiea nd Lolaersey s d 5oe/sn2 t0frien1 a7al,mi daebdnoe s set rlqi buiumet opesux  esasortnto.:   2( is)Lo GebnTre  pp ruiemesdetaern  ltcueiganaser r,  eusnun    2021-1130n https://w
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establecimientos y equipamientos turísticos, y la extrafiscal, al pretender internalizar las
posibles externalidades que el turismo puede causar en las zonas de alta concentración 
turística. En cambio, la tasa tiene finalidad retributiva por la utilización privativa del 
dominio público portuario. (ii) En segundo lugar, por el principio de capacidad económica, 
inherente al concepto de impuesto (art. 2.2 c LGT) y solo de aplicación a las tasas 
«cuando lo permitan las características del tributo» (art. 8 de la Ley 8/1989). (iii) En 
tercer lugar, el régimen de exenciones establecido para el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos en el art. 27 de la Ley 5/2017 (estancias por causas de salud 
o por fuerza mayor, las subvencionadas por programas sociales de una administración 
pública o la de los menores de dieciséis años), del que carece la tasa del buque. (iv) En 
cuarto lugar, los elementos cuantificadores. Por un lado, en cuanto a la base imponible, 
en el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos es el número de unidades 
de  estancia  del  contribuyente  en  el  mismo  establecimiento  durante  un  tiempo 
continuado, computadas por días o fracciones, con un máximo de siete (art. 33 de la 
Ley 5/2017); mientras que en la tasa del buque se constituye multiplicando el arqueo 
bruto  del  buque  por  el  tiempo  de  estancia  en  el  puerto,  computado  por  horas  o 
fracciones, con un mínimo de tres horas por estancia y un máximo de quince horas por 
escala de veinticuatro horas (art. 197-199 del texto refundido de la Ley de puertos del 
Estado y de la marina mercante). Por otro lado, en cuanto al tipo de gravamen y la cuota, 
en  el  impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos  esta  se  obtiene 
multiplicando el número de estancias por el tipo de gravamen en función del tipo de 
establecimiento y localización, de acuerdo con las tarifas establecidas en el art. 34.1 de 
la Ley 5/2017 (una general en función del tipo de establecimiento y de su localización en 
Barcelona ciudad o en el resto de Cataluña, y una especial para establecimientos 
ubicados en centros recreativos turísticos). En cambio, en la tasa del buque (T-1), la 
cuota se halla teniendo en cuenta el arqueo bruto del buque, la zona del puerto en la que 
se atraca o fondea y la aplicación de unos coeficientes que atienden a diferentes 
circunstancias que se integran dentro de los supuestos de atraque (o fondeo en aguas) 
otorgado o no en régimen de concesión o autorización (arts. 197-199 del texto refundido 
de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante). (v) En último lugar, el carácter 
finalista del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, cuya recaudación 
se  afecta  a  la  dotación  del  fondo  de  fomento  del  turismo,  para  financiar  políticas 
turísticas para la mejora de la competitividad de Cataluña como destino turístico y 
garantizar  su  sostenibilidad,  mientras  que  la  finalidad  de  la  tasa  del  buque  es 
exclusivamente recaudatoria.
C)  Para la representación de la Generalitat, la sujeción al impuesto de las estancias 
en embarcaciones de crucero turístico (nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017) no supone una 
restricción injustificada a la libre circulación de personas y servicios dentro del territorio 
nacional prohibida por los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA.
a)  La citada sujeción al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos se 
justifica no solo en la competencia autonómica para crear tributos propios [arts. 133.2 
y 157.1 b) CE y arts. 202.3 a) y 203.5 EAC], sino en la competencia en materia de 
tributos  con  finalidad  extrafiscal,  siempre  que  dicha  finalidad  sea  de  competencia 
autonómica (STC 37/2017, de 26 de marzo, FJ 13), como lo es mejorar la competitividad 
de Cataluña como destino turístico y garantizar su sostenibilidad (art. 171 EAC).
b)  Se alega que es mínimo el encarecimiento de las estancias, argüida por los 
recurrentes, frente a las realizadas en otros puertos españoles, ya que la mayor parte de 
los cruceros realizan estancias de menos de un día (computada como una estancia) y el  e
importe  del  impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos  por  persona  bo
(exceptuando las exentas) es, a partir del 1 de enero de 2021, de tres euros, si el crucero  7w
ammeanrorsa.  Yo  pfoonr dloe aq ume árse sdpee cdtao cae l ahso eramsp roe sdaes  utunr ísetuicraos ,s is ulos tihtuatcoes  ddeulr acnotnet ridboucyee nhteo reans  eol   2021-1130n https://w
i(mDpeucreesttoo , 1s4e1 /2a0s1e7v,e rdae  q1u8e   dael  edlaicbieomrabr ree) l sper oyeesctitmo ó dee l rceogslatem edneto  pdreesl enimtapru edsotos 
autoliquidaciones al año en veinte euros anuales por crucero, teniendo en cuenta que
esta  tarea  se  efectúa  por  personal  administrativo  y  generalmente  son  por  los 
consignatarios en nombre y por cuenta de aquellas quienes la realizan. De ahí que se 
afirme que ese incremento no tiene la entidad suficiente para comportar una alteración 
en el comportamiento de los agentes del mercado del sector de los cruceros turísticos.
c)  Se  aporta  documentación  oficial  sobre  el  número  de  viajeros  que  visitaron 
Cataluña en 2019 (39,3 millones, con un total de 89 millones de pernoctaciones) y sobre 
la evolución al alza del volumen de cruceristas en el puerto de Barcelona desde el 2012 
(fecha de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, 2 408 
618) hasta el ejercicio 2019 (3 137 918), según los informes estadísticos del tráfico de 
pasajeros del Puerto de Barcelona. Asimismo, se analiza que la aplicación del impuesto 
a las embarcaciones de crucero turístico no afecta a la libre circulación de servicios ex 
art. 56 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (al contener una 
regulación que no distingue en función de la nacionalidad de las empresas que explotan 
este  servicio  y  que  grava  de  la  misma  forma  a  los  contribuyentes  del  impuesto 
independientemente de su nacionalidad), ni contraviene las prohibiciones de los arts. 
96.1 y 110 TFUE por la misma razón.
D)  Sobre las diversas vulneraciones del principio de igualdad tributaria del art. 31.1 
CE en relación con el art. 14 CE, la abogada de la Generalitat alega que no existe 
discriminación en el impuesto en función del medio de transporte utilizado por el visitante 
para  llegar  a  Cataluña,  al  someter  a  gravamen  únicamente  a  quienes  llegan  en 
embarcaciones de crucero turístico, puesto que la manifestación de riqueza gravada por 
el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos es el consumo de servicios de 
estancia o alojamiento, con o sin pernoctación, en establecimientos o equipamientos 
turísticos, aunque sea por unas horas. Con lo cual, la embarcación de crucero turístico 
no se considera en el impuesto como un medio de transporte sino como alojamiento, que 
es lo gravado en este impuesto.
a)  Asimismo se argumenta, de un lado, que la exclusión de las embarcaciones de 
crucero turístico del ámbito del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 
produciría  una  quiebra  del  principio  de  generalidad  (art.  31.1  CE)  al  exceptuar  de 
gravamen la estancia o alojamiento en un concreto establecimiento turístico; y, de otro, 
que  el  número  de  horas  de  duración  de  la  estancia  en  cruceros  turísticos  no  es 
significativo para la configuración del hecho imponible sino para calcular la cuota, porque 
tienen una tarifa superior en dos euros las que sobrepasan de doce horas.
b)  Por último, se afirma que el hecho de que el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos pretenda internalizar las posibles externalidades que provoca 
el turismo en las zonas de alta concentración turística no significa, como entienden los 
recurrentes, que se deba gravar a todos los visitantes que permanezcan en un puerto de 
Cataluña independientemente del tipo de embarcación. Y ello porque toda embarcación 
de recreo en la que los pasajeros puedan realizar estancias o alojarse a bordo son 
cruceros turísticos, de acuerdo con la normativa europea y la Ley catalana 10/2009 y, por 
tanto, objeto de gravamen. La abogada de la Generalitat se apoya en la consulta 
tributaria núm. 343E/12, de 5 de noviembre, de la Dirección General de Tributos de la 
Generalitat de Cataluña, donde se entiende que aquellas embarcaciones de crucero 
turístico que realizan excursiones en línea regular de una hora y media y hasta cuatro 
horas de duración (o incluso hasta doce horas) en las que no se ofrecen servicios de 
alojamiento, no se gravan por el impuesto.
E)  En cuanto al art. 34 bis de la Ley 5/2017, la representación autonómica se basa  oe.
en  el  Dictamen  4/2020,  de  17  de  abril,  del  Consell  de  Garanties  Estatutàries  de  7ww.
Cataal)u nyCao pmairean zdae fejunsdtiefirc asun dcoo nesnt itluocsi oanrtasl.id 2a.d1. b) y 38.2 TRLHL la posibilidad de que la  2021-1130n https://w
cimopmuuensidtoa da uatuotnóónmomicoa  apurotopriioc.e  Dae  loigs ueanl tefosr mloac,a ljeuss tiafi ceas tealb lheeccehr ou nd er ecqaureg os es ohbareb iluitne   BOE-A-cable e
únicamente al Ayuntamiento de Barcelona, de un lado, en el régimen jurídico especial del 
municipio  de  Barcelona  reconocido  en  el  art.  89  EAC  y  en  la  Carta  municipal  de 
Barcelona (Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, art. 5.1) y, de otro, en el régimen 
financiero especial que le reconoce en el art. 161 TRLHL y que se plasmó en la 
Ley  1/2006,  de  13  de  marzo,  reguladora  del  régimen  especial  del  municipio  de 
Barcelona, concretamente en el art. 39 f), que incluye como recursos de la hacienda 
municipal los recargos legalmente establecidos sobre tributos autonómicos. Además, es 
fácilmente constatable, asegura la abogada de la Generalitat, que la concentración 
turística que se produce en la ciudad de Barcelona durante todo el año no es equiparable 
a ningún otro municipio de Cataluña y que el recargo pretende compensar los efectos de 
esa superior densidad turística. También argumenta brevemente que la creación de este 
recargo no conculca: (i) el principio de reserva de ley (art. 31.3 CE); (ii) el principio de 
capacidad económica (art. 31.1 CE); (iii) el principio de igualdad tributaria (ni por razones 
subjetivas del art. 14 CE ni por razones objetivas del art. 31.1 CE); (iv) ni la prohibición 
de equivalencia de los arts. 6.2 y 6.3 LOFCA.
b)  Acto seguido afirma que el carácter accesorio de este recargo impide que se le 
pueda considerar un nuevo impuesto, como asevera el escrito de interposición. En 
efecto, según la doctrina constitucional, la accesoriedad exige que el recargo no se 
configure de forma autónoma al impuesto sobre el que recae, ya que la habilitación legal 
es  para  incrementar  su  tarifa  y  no  para  alterar  sus  elementos  esenciales;  dicha 
accesoriedad se mantiene en el art. 34 bis de la Ley 5/2017, donde se prevé: (i) que el 
importe máximo sea de cuatro euros; (ii) que sea único para todas las categorías 
incluidas en cada tipo de establecimiento en el art. 34 de la Ley 5/2017, y (iii) que, 
respetando los límites anteriores, se puedan establecer diferentes importes en función 
del código postal de ubicación de los establecimientos. Con ello, se confirma, primero, la 
no existencia en el precepto autonómico impugnado de una habilitación, en blanco para 
el Ayuntamiento de Barcelona, puesto que el único requisito impuesto por el Tribunal 
Constitucional es que el importe máximo del recargo se imponga por ley; y, segundo, el 
carácter accesorio del recargo, que se predica de la dependencia del impuesto sobre el 
que  recae  y  no  de  la  cuantía  del  mismo;  cuantía  que,  de  ser  desorbitada,  podría 
cuestionarse únicamente su proporcionalidad y no su accesoriedad. Asimismo, aduce 
que el hecho de que se imponga un límite máximo, no significa que el recargo que cree 
el Ayuntamiento de Barcelona vaya a ser de cuatro euros. De hecho, la ordenanza 
municipal, que a fecha de interposición de este recurso está en fase de información 
pública, establece un periodo transitorio de aplicación entre los años 2021 y 2023, 
durante los cuales se irá aplicando un incremento progresivo hasta alcanzar los 4 € en el 
ejercicio 2024, de acuerdo con la siguiente escala: año 2021 – 0,75 €; año 2022 – 1,75 €; 
y año 2023 – 2,75 €.
c)  Tampoco  comparte  la  alegación  de  los  recurrentes  de  que  el  recargo  sea 
materialmente un nuevo tributo local porque carezca de la finalidad extrafiscal que tiene 
el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (art. 24 de la Ley 5/2014). Y 
ello porque los tributos no responden exclusivamente a una sola finalidad, sin que la 
introducción de otras finalidades (fiscales o extrafiscales) en sus elementos accesorios le 
hagan  cambiar  de  naturaleza;  doctrina  que  se  extiende  también  a  los  recargos 
(STC 4/2019, FJ 6).
d)  Por todo lo anterior queda acreditado, a juicio de la abogada de la Generalitat, 
que el recargo sobre el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos creado 
por  la  Ley  5/2020  al  amparo  del  art.  203.5  EAC  solo  es  un  elemento  más  de  s
cuantificación del impuesto, inserto en su regulación, en concreto en la parte destinada al  oe.
tipo de gravamen y la cuota (art. 34), que es respetuoso con la competencia del Estado  w.
cteronibn ufmotaramctieóern ipa o drde tela  nahtroat. c ai 6elo.n2sd  aaL rOtgsFe. Cn2e,A r9,a .l3 y, ( 1aq4rut,.e  3 11n4.1o9  .y1c .3r1e,4 ay   1Cu3En3 ). 2ny uC eEcvoo.n  trliab uptoro hmibuinciiócinp adl,e  sideonbdloe   2021-1130n https://w
7.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 17 de noviembre de 2020, el
letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que ostenta, presenta sus
alegaciones, solicitando que  se declare  la  plena  constitucionalidad del art. 5 de la 
Ley 5/2020 y haciendo suyas en lo esencial las alegaciones de la abogada de la 
Generalitat resumidas anteriormente.
8.  Por providencia de 1 de junio de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el 3 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de inconstitucionalidad y posiciones de las partes.
El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el art. 5 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente (en adelante, Ley 5/2020).
a)  El precepto autonómico impugnado, que consta de seis apartados, modifica la 
regulación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos contenida en la 
Ley  del  Parlamento  de  Cataluña  5/2017,  de  28  de  marzo,  de  medidas  fiscales, 
financieras,  administrativas  y  del  sector  público  y  de  creación  y  regulación  de  los 
impuestos  sobre  grandes  establecimientos  comerciales,  sobre  estancias  en 
establecimientos  turísticos,  sobre  elementos  radiotóxicos,  sobre  bebidas  azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono (en adelante, Ley 5/2017).
Por un lado, en lo que concierne al impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos stricto sensu, dos de los apartados del art. 5 de la Ley 5/2020 dan nueva 
redacción a dos artículos de la Ley 5/2017: al art. 26.1, ampliando el hecho imponible a 
las  estancias  en  embarcaciones  de  crucero  turístico  fondeadas  en  los  puertos  del 
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  (apartado  2  del  art.  5  de  la 
Ley 5/2020), y al art. 34.1, incrementando tanto las tarifas generales establecidas en 
función del tipo de establecimiento y su ubicación en Barcelona ciudad o en el resto de 
Cataluña, como las tarifas especiales para los establecimientos situados en las áreas en 
que se admiten actividades de juego y apuestas dentro los centros recreativos turísticos 
(apartado 3 del art. 5 de la Ley 5/2020).
Se introducen ex novo dos preceptos en la Ley 5/2017 (arts. 34 bis y 50 bis) 
mediante los apartados 4 y 6 del art. 5 de la Ley 5/2020, habilitando al Ayuntamiento de 
Barcelona  a  establecer  un  recargo  sobre  el  impuesto  y  estableciendo  un  régimen 
transitorio  para  su  aplicación,  respectivamente.  Asimismo,  se  incluyen  referencias 
expresas sobre el citado recargo municipal en tres preceptos de la Ley 5/2017: (i) En el 
art. 24 («afectación de ingresos») se añade que los ingresos derivados del recargo no se 
afectarán,  a  diferencia  de  los  recaudados  del  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos, a la dotación del fondo para el fomento del turismo ni a las 
finalidades que para él se determinan en el art. 49 de la Ley 5/2017 (apartado 1 del art. 5 
de la Ley 5/2020); (ii) en el art. 34.3 («tipos de gravamen y cuota») se explicita que, en 
caso de reserva anticipada del alojamiento, la tarifa aplicable será la vigente en el 
momento en que se realiza dicha reserva «siempre que se satisfaga en ese momento el 
importe de la reserva y del impuesto incluido, en su caso, el recargo al que se refiere el 
artículo 34 bis» (apartado 3 del art. 5 de la Ley 5/2020); y (iii) en el art. 35 («facturación») 
se precisa que, en el caso de establecimientos situados en la ciudad de Barcelona, la  s
cuota del impuesto que debe reflejarse en la factura «se determinará por la aplicación, al  oe.
número de unidades de estancia, del importe resultante de sumar el tipo de gravamen  w.
adceul eRarepdsaotr atca ordneo se al1 lta ardrt eíqcl uualeor  tl3aíc4 ue blnoits ra»3d 4(aa  ype aner tlva idrgeooc r5a d rdgeeol l r aeqrfuet.er 5i d hoda eiyn laca r eLamepyreo 5nb/ta2od0 do2e 0 e)t.al raifyausn dtaeml imienptuoe sdteo   2021-1130n https://w
del art. 34.1 de la Ley 5/2017 y la aplicación del recargo sobre el impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona y  Bc
prevista en el art. 50 bis de la Ley 5/2017, fijadas ambas inicialmente el 1 de julio 
de 2020 por los arts. 5.3 y 5.6 de la Ley 5/2020, se han aplazado en dos ocasiones: (i) 
al  1  de  enero  de  2021,  en  virtud  del  art.  1  del  Decreto-ley  del  Parlamento  de 
Cataluña 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria; y (ii) al 1 de 
junio de 2021, mediante el art. 1 del Decreto-ley del Parlamento de Cataluña 36/2020, 
de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias 
en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En lo 
que afecta al aumento de las tarifas del impuesto, el artículo único del Decreto-ley del 
Parlamento  de  Cataluña  12/2021,  de  18  de  mayo,  relativo  al  impuesto  sobre  las 
estancias en establecimientos turísticos, ha pospuesto de nuevo su entrada en vigor al 1 
de octubre de 2021.
b)  Los diputados recurrentes solicitan la inconstitucionalidad y nulidad del art. 5 de 
la Ley 5/2020 en su aplicación a las embarcaciones de crucero turístico, así como del 
resto  de  la  regulación  del  impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos 
contenida en la Ley 5/2017 que se refiera a las estancias en dichas embarcaciones. En 
este sentido, denuncian que la inclusión en el hecho imponible de las estancias en 
embarcaciones de crucero turístico (art. 26.1 de la Ley 5/2017 en su redacción por el 
art. 5.2 de la Ley 5/2020) comporta tres vicios de inconstitucionalidad, basados en los 
argumentos ya recogidos en los antecedentes. Primero, una doble imposición prohibida 
por el art. 6.2 LOFCA. Segundo, una restricción injustificada a la libre circulación de 
personas y servicios, contraria a los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA. Y, tercero, una 
contravención del principio de igualdad tributaria del art. 31.1 CE en relación con el 
art. 14 CE. Adicionalmente, imputan al art. 34 bis de la Ley 5/2017, introducido por el 
art. 5.4 de la Ley 5/2020, una vulneración de los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE, dada la 
incompetencia de la Comunidad Autónoma de  Cataluña para crear nuevos tributos 
municipales.
Por su parte, tanto la abogada de la Generalitat como el letrado del Parlament de 
Cataluña formulan alegaciones en defensa de la constitucionalidad del art. 5 de la 
Ley 5/2020, en los términos que se sintetizan en los antecedentes.
2.  Delimitación del objeto del recurso y resolución de óbices procesales.
Es preciso realizar algunas consideraciones previas para el más adecuado análisis 
del óbice procesal opuesto por las representaciones autonómicas.
A)  Sobre la correcta delimitación del objeto del recurso de inconstitucionalidad, este 
tribunal ha reiterado [por todas, STC 83/2020, de 15 de julio, FJ 2 b), con cita en la 
STC 19/2020, de 31 de enero, FJ 2 b)]: (i) que el suplico es la parte decisiva del mismo 
para reconocer y concretar su objeto, de manera que, en principio, el examen debe 
contraerse exclusivamente a las disposiciones que en él se contienen; y (ii) que, una 
interpretación  del  art.  33  LOTC  alejada  de  rigorismos  formales,  permite  asimismo 
sostener que «la no reproducción de un precepto en el suplico no debe constituir 
obstáculo alguno para entender que ha sido recurrido si dicha omisión puede achacarse 
a un simple error (SSTC 178/1989, FJ 9, y 214/1994, FJ 3), lo que sucederá cuando de 
las alegaciones expuestas en el cuerpo del recurso se desprenda con toda claridad la 
voluntad de su impugnación (SSTC 214/1994, FJ 3; 68/1996, FJ 1, y 118/1996, FJ 23)» 
(STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 10).
Teniendo en cuenta que, en este caso, en el suplico consta que el recurso se 
interpone «contra el art. 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020» y se solicita  s
que se «dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y nulidad con el alcance que  oe.
se  expresa  en  los  fundamentos  de  este  escrito»,  pueden  extraerse  las  siguientes  7ww.
consae) cuAe npceiassa:r de que en el suplico se impugne el art. 5 de la Ley 5/2020 en su  2021-1130n https://w
iynate qguried aedn,  qeul ecduaenrp aol  mdea rlgae nd edmeal onbdjae túon diceal mpreonctees ose l orse aalpizaarnta dimosp u1g, n3a, c5io yn e6s d ceol nmcirsemtaos,   BOE-A-cable e
contra los apartados 2 y 4 (arts. 26.1 y 34 bis de la Ley 5/2017, respectivamente), siendo 
el resto impugnados por conexión o consecuencia. Ciertamente, como destaca este 
tribunal,  no  cabe  acoger  una  pretensión  de  inconstitucionalidad  por  conexión  o 
consecuencia, pues dicha extensión es, cuando proceda, prerrogativa de este tribunal 
sin que pueda ser objeto de pretensión de parte (por todas, SSTC 81/2003, de 30 de 
abril, FJ 7; 126/2008, de 27 de octubre, FJ 1; 49/2018, de 10 de mayo, FJ 2; 68/2018, 
de 21 de junio, FJ 2; 89/2019, de 10 de julio, FJ 2; 83/2020, de 15 de julio, FJ 2, 
y 134/2020, de 23 de septiembre, FJ 2). Y, según la STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 27, la 
aplicación por el Tribunal Constitucional de la facultad prevista en el art. 39.1 LOTC 
«requiere  la  concurrencia  de  tres  requisitos,  que  son:  1.º)  que  la  sentencia  sea 
declaratoria de la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados o de alguno de ellos; 
2.º)  que  exista  una  relación  de  conexión  o  de  consecuencia  entre  los  preceptos 
declarados  inconstitucionales  y  aquellos  otros  a  los  que  la  inconstitucionalidad  se 
extiende o se propaga, y 3.º) que estos últimos pertenezcan o queden comprendidos en 
la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley».
Así, solo si se declara inconstitucional la sujeción al impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos de las embarcaciones de crucero turístico del art. 26.1 de la 
Ley 5/2017 (art. 5.2 de la Ley 5/2020), podrá este tribunal extender dicha declaración, ex 
art. 39 LOTC, a las tarifas que para las estancias en dichas embarcaciones prevé el 
art. 34.1 de la Ley 5/2017 (art. 5.3 de la Ley 5/2020); al igual que, en principio, solo en el 
supuesto de declaración de inconstitucionalidad del recargo municipal sobre el impuesto 
(art. 34 bis de la Ley 5/2017 introducido por el art. 5.4 de la Ley 5/2020), podría 
extenderla, por conexión o consecuencia, a las referencias a dicho recargo previstas en 
los arts. 24.2, 34.3, 35 y 50 bis de la Ley 5/2017, aprobados por los apartados 1, 3, 5 y 6 
del art. 5 de la Ley 5/2020.
b)  Consecuentemente, el presente recurso se ciñe a los arts. 26.1 y 34 bis de la 
Ley 5/2017, en la redacción dada por el art. 5.2 y 4 de la Ley 5/2020, si bien, como se 
concluye  de  la  remisión  del  suplico  al  cuerpo  de  la  demanda,  la  pretensión  de 
inconstitucionalidad queda circunscrita a la aplicación del impuesto sobre estancias en 
establecimientos  turísticos  y  del  recargo  municipal  sobre  el  impuesto  a  las 
embarcaciones de crucero turístico; articulándose, pues, de forma subsidiaria las quejas 
contra los arts. 26.1 y 34 bis de la Ley 5/2017. Al no pretender los recurrentes la 
inconstitucionalidad total del recargo sobre el impuesto (al que el art. 34 bis habilita a 
establecer al Ayuntamiento de Barcelona dentro de unos límites), sino en tanto recaiga 
sobre las estancias en embarcaciones de crucero turístico, una eventual expulsión de las 
mismas del hecho imponible del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 
establecido por el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 por parte de este tribunal conllevaría, 
previa  constatación  de  que  la  figura  tributaria  establecida  en  el  art.  34  bis  es  un 
verdadero recargo sobre el impuesto, el decaimiento de la única queja (competencial) 
argüida contra este último.
B)  Siguiendo  con  la  delimitación  del  objeto  del  recurso,  y  dejando  de  lado  la 
regulación del nuevo recargo barcelonés sobre el impuesto, procede ahora examinar la 
tacha  de  inadmisibilidad  parcial  por  extemporaneidad  que  las  representaciones 
autonómicas  imputan  exclusivamente  a  la  sujeción  al  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos de las embarcaciones de crucero turístico. Se alega que (i) 
las estancias en las embarcaciones de crucero turístico «amarradas» en un puerto del 
territorio de Cataluña forman parte del hecho imponible del impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos desde su creación por la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de  e.
medidas fiscales, financieras y administrativas, pasando asimismo a la regulación del  w.b
iadmpepr louave eLscetohy a c5do/o2n 0tlea2n 0mi,d opada eirfanic  aelacx iióLgneir y pl a5a /ra2cn0iau1ll 7ad ceoiólr inigm idnpeau retioasd,t ooy s d( eilio)  lsaq  upLeree, ycp e5op/r2t ot0as1n d7toe, , o llapo esLr eareyd ca5u /pr2ro0er1n e7tel  ssa orhbt.ar 5en    2021-1130n https://w
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modificación efectuada, eludiendo con ello el plazo de interposición del recurso de 
inconstitucionalidad del art. 33 LOTC.
a)  Es doctrina constitucional consolidada que los requisitos procesales son de 
orden público y no se hallan a disposición de las partes. En concreto, el art. 33.1 LOTC 
dispone, con carácter general, que el recurso de inconstitucionalidad «se formulará 
dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con 
fuerza de ley impugnado»; plazo que debe entenderse de caducidad y que empieza a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la ley impugnada, teniendo en 
cuenta que, por tratarse de una norma legal emanada de un parlamento autonómico, 
será el diario oficial de la comunidad autónoma el que determine el inicio de dicho plazo 
[por todas, STC 83/2020, FJ 2 b)].
b)  De un lado, por lo que concierne al precepto sobre el impuesto sobre estancias 
en establecimientos turísticos de la Ley 5/2017 (art. 26.1) que ha sido modificado por el 
art. 5 de la Ley 5/2020 (recuérdese que el art. 34.1 ya ha sido excluido del objeto del 
recurso), cabe señalar que, aunque materialmente la ley posterior (Ley 5/2020) solo 
extiende el hecho imponible a las estancias en embarcaciones de crucero turístico que 
«fondeen» (ya no solo que «amarren») en un puerto del territorio de Cataluña, lo cierto 
es que al transcribirse en la Ley 5/2020 el texto íntegro del art. 26.1, el precepto 
impugnado queda formalmente modificado, abriéndose el plazo del art. 33 LOTC para 
que el artículo así reformado pueda ser recurrido en la redacción que le ha dado la ley 
modificadora.  Y  ello  con  independencia  del  grado  de  coincidencia  material  con  el 
contenido originario (en este mismo sentido, SSTC 8/2013, de 17 de enero, FJ 2, 
y 103/2013, de 25 de abril, FJ 5). Comoquiera que formalmente se trata de una nueva 
ley, no procede, pues, apreciar la extemporaneidad de la impugnación contra el nuevo 
art.  26.1  de  la  Ley  5/2017,  dada  la  naturaleza  abstracta  del  recurso  de 
inconstitucionalidad, orientado a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico (por 
todas, STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3).
c)  De  otro  lado,  en  cambio,  quedan  excluidos  del  objeto  de  esta  litis,  por  la 
extemporaneidad  de  su  impugnación,  el  resto  de  regulación  del  impuesto  de  la 
Ley 5/2017 que no haya sido modificada por el art. 5 de la Ley 5/2020, cuya consiguiente 
inconstitucionalidad se exige, en lo que se refiere a las embarcaciones de crucero 
turístico, no ya en el suplico sino en los fundamentos del escrito de interposición: En 
concreto, el art. 26.3 c) que incluye a las embarcaciones de crucero turístico en la 
enumeración de establecimientos turísticos sujetos al impuesto; el art. 26.4 sobre el 
concepto embarcaciones de crucero turístico a efectos del impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos; el art. 28.2, sobre el devengo en caso de estancias en 
embarcaciones de crucero turístico; y el art. 46 sobre la obligación de suministro de 
información de las autoridades portuarias. La razón es que, aunque la Ley 5/2017 haya 
sido parcialmente modificada, en la parte que permanece con la redacción inicialmente 
aprobada, resulta inatacable directamente por la vía del recurso de inconstitucionalidad, 
cuando, como es el caso, ya han transcurrido más que sobradamente los plazos en los 
que el art. 33 LOTC permite su interposición.
De igual forma, conviene resaltar que, en tanto dichas impugnaciones pudieran 
entenderse pretendidas «por conexión o consecuencia», quedarían fuera no solo del 
objeto  de  este  recurso  (al  no  ser  pretensión  de  parte),  sino  también  de  la  propia 
prerrogativa del art. 39.1 LOTC, puesto que, de acuerdo con los requisitos que exige la 
STC  11/1981  (anteriormente  expuestos),  la  extensión  de  la  inconstitucionalidad  por 
conexión o consecuencia solo puede ejercerse por este tribunal sobre disposiciones o  e.
normas  «de  la  misma  ley»,  a  salvo  de  excepciones,  como  el  caso  de  los  textos  w.b
ecreistfa udfnoadr)mi.d Yoasl me, lqe aunrette.  s 5ou dnne  a tlheaox Lrtoae  yir le5reg/2lae0lv 2ad0ni,ft eearsue n(nSqteuT eCd t ee1 n0lg2aa/ 2 Lc0eo1ym7 ,o 5d /oe2b 02j1e07t od  em[e jonud lioiefi,sc tFaeJr   u3mn, iasym  ldeooy c atsrneintneatri diaoolrlí,,    2021-1130n https://w
SSTC 131/2020, FJ 3, con cita en la STC 83/2020, FJ 2 b)].
3.  Primera impugnación contra el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017: Vulneración del 
art. 6.2 LOFCA. Doctrina constitucional aplicable.
Entrando ya en el fondo del asunto, procede examinar la alegada infracción de la 
prohibición de equivalencia del art. 6.2 LOFCA para determinar si el impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos, al sujetar las estancias en las embarcaciones 
de crucero turístico, recae sobre el mismo hecho imponible gravado ya con la tasa 
(estatal) portuaria del buque (T-1) prevista en el texto refundido de la Ley de puertos del 
Estado y de la marina mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre.
a)  La doctrina constitucional sobre el art. 6.2 LOFCA ha permanecido invariable 
desde su formulación en la STC 37/1987, de 27 de marzo, y ha sido aplicada por este 
tribunal en numerosas ocasiones (en las SSTC 186/1993, 14/1998, 122/2012, 210/2012, 
60/2013,  196/2013,  110/2014,  30/2015,  107/2015,  108/2015,  111/2015,  202/2015, 
74/2016, 94/2017, 28/2019, 43/2019, 87/2019 y 84/2020). Se extiende como doctrina 
aplicable a la nueva redacción del art. 6.3 LOFCA tras la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de 
diciembre, de modificación de la LOFCA (en las SSTC 122/2012, 197/2012, 210/2012, 
85/2013, 96/2013, 98/2018, 120/2018, 4/2019, 22/2019, 28/2019 y 43/2019). Con estas 
prohibiciones de equivalencia de los tributos autonómicos con los estatales y locales 
(art. 6 LOFCA), no se pretende impedir sin más la doble imposición, sino «que se 
produzcan dobles imposiciones no coordinadas, garantizando de esta manera que el 
ejercicio de poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la 
existencia de ‘un sistema’ tributario en los términos exigidos por el art. 31.1 CE» [entre 
otras, SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b); 
210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4; 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a); 4/2019, de 17 de 
enero, FJ 3.c), y 84/2020, de 15 de julio, FJ 2].
b)  Cabe subrayar que, por una parte, este tribunal dejó sentado desde sus inicios 
que la prohibición del art. 6.2 LOFCA («Los tributos que establezcan las comunidades 
autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado») no 
debía ser entendida como prohibición de «materia imponible» u «objeto del tributo», 
«habida cuenta que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda 
ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría […] a negar la posibilidad 
de que se creen, al menos por el momento, nuevos tributos autonómicos (STC 37/1987, 
de 27 de marzo, FJ 14)» (por todas, SSTC 110/2014, de 26 de junio, FJ 5; 74/2016, 
de 14 de abril, FJ 2, y 43/2019, de 27 de marzo, FJ 3).
Por otra parte, este límite al poder tributario autonómico (art. 6.2 LOFCA) nunca se 
ha interpretado literalmente, puesto que bastaría la introducción de una leve modificación 
en el hecho imponible del tributo autonómico para eludir tal restricción legal. De ahí que, 
para apreciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que es lo prohibido en el 
artículo 6 LOFCA, se exija atender a todos los elementos esenciales de los tributos que 
se comparan (hecho imponible, sujetos pasivos, exenciones y supuestos de no sujeción, 
devengo, eventual periodo impositivo, base imponible, tipo de gravamen, cuota tributaria, 
y finalidad fiscal o extrafiscal), «con el objeto de determinar no solo la riqueza gravada o 
materia imponible […] sino la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad 
económica  es  sometida  a  gravamen  en  la  estructura  del  tributo»  [por  todas, 
SSTC 122/2012, de 5 de junio, FJ 3; 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4; 96/2013, 
de 23 de abril, FJ 11; 74/2016, de 14 de abril, FJ 2; 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 d); 
4/2019, de 17 de enero, FJ 2 d), y 87/2019, de 20 de junio, FJ 3]. e
c)  Finalmente, debe precisarse que se recurre al método tradicional de examen de  bo
las  prohibiciones  de  equivalencia  del  art.  6  LOFCA,  consistente  en  un  análisis  7w
econm  ploasr atsivuop ueens tpoasr aleenlo  dloes  toqduoes  lolas  edleombleen toims peosseicnicóina lesse d ep lroesd itcriab utdoes  cdoonstr atsrtibaudtooss,   2021-1130n https://w
pcaemrtebnioe,c iceunatensd oa  lolas  tmribisumtoas  coabtejegtoo rídae  trciobmutpaariraa cyi,ó ne ns ocno ndcorse tota, sdaes , ddoes  aimcupeuredsot ocso.n  Elan 
reiterada doctrina acerca de su vinculación a la competencia material [«la coexistencia
de tasas autonómicas y estatales debe interpretarse de acuerdo con «el principio de que 
la competencia para crear tasas por servicios deriva necesariamente de la que se 
ostenta para crear las instituciones y organizar los servicios públicos correspondientes 
(STC 37/1981, FJ 3) y el mandato expreso de la LOFCA», y en concreto, el contenido en 
los arts. 7.1 y 17 LOFCA, doctrina ésta que recoge el principio de que la tasa sigue al 
servicio (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 4; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5, 
y 204/2002, de 31 de octubre, FJ 3)»; SSTC 71/2014, de 6 de mayo, FJ 3; 85/2014, 
de 29 de mayo, FJ 3 a), y 27/2017, de 16 de febrero, FJ 3 d)], el análisis comienza 
verificando  esa  efectiva  competencia  autonómica  material  a  la  que  se  supedita  la 
competencia tributaria en materia de tasas. «Cumplida esta condición esencial, resultará 
entonces respetado también el límite contenido en el art. 6 LOFCA, pues el hecho 
imponible de las tasas se refiere precisamente a dicha competencia material, siendo así 
que los límites contenidos en los arts. 6.2 y 7 LOFCA son dos caras de la misma 
moneda» (STC 71/2014, de 6 de marzo, FJ 3).
4.  Enjuiciamiento de la alegada duplicidad entre el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos (autonómico) y la tasa estatal del buque (T-1).
Dado que el tributo sometido a contraste con el impuesto autonómico impugnado 
resulta ser una tasa estatal, este tribunal debe determinar ab initio si efectivamente estos 
poseen la naturaleza propia y específica de la categoría tributaria que le atribuyen sus 
denominaciones  legales  respectivas.  De  ser  así,  y  precisamente  por  pertenecer  a 
categorías tributarias distintas, no podría apreciarse la pretendida identidad entre el IIET 
y la tasa del buque y, por tanto, la vulneración del art. 6.2 LOFCA.
A)  Como se ha recordado en la STC 63/2019, de 9 de mayo (con cita en la 
STC 71/2014) «[p]artiendo de la idea de que el sistema tributario, en su conjunto, tiene 
como finalidad el sostenimiento del gasto público (art. 31.1 CE), de acuerdo con los 
principios que deben informar el conjunto del sistema tributario (art. 31.1 y 3 CE), las 
distintas categorías tributarias representan también formas distintas de allegar dichos 
recursos,  en  la  medida  en  que  implican  opciones  distintas  de  reparto  de  la  carga 
tributaria. Así, por lo que se refiere a los impuestos y las tasas, dicho reparto de la carga 
o del gasto público a financiar se realizará, bien entre todos los ciudadanos y en función 
de su capacidad económica (en el caso de los impuestos), bien entre quienes de forma 
inmediata se vean beneficiados por la acción de la administración pública (en el caso de 
las tasas). Así, los impuestos se basan fundamentalmente en la capacidad económica, 
que  encuentra  reflejo  en  su  hecho  imponible,  sin  que  su  pago  implique  una 
contraprestación o beneficio concreto o inmediato para el contribuyente. Frente a ello, las 
tasas  se  basan  en  el  principio  de  equivalencia,  sin  perjuicio  de  que  no  puedan 
desconocer la capacidad económica, de manera que su hecho imponible encierra un 
sinalagma (SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, 
FJ 9, y 106/2000, de 4 de mayo, FJ 2), que consiste ‘en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización 
de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular al obligado tributario’» [art. 2.2 a) de la LGT].
B)  Siendo la tasa del buque T-1 una de las seis «tasas de utilización» aplicables en 
los  puertos  de  interés  general  por  la  utilización/uso  especial  de  las  instalaciones 
portuarias [art. 161.2 c)], de un análisis de su régimen jurídico (arts. 194 a 204 del texto 
refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante), se extrae la  s
conclusión de que este tributo estatal posee el carácter sinalagmático inherente a las  oe.
tasas, como ya confirmó la STC 102/2005, de 20 de abril (FFJJ 6 y 7). 7ww.
utilizaa)c ióEnn  pprirviamtievra  luog aapr,r osvue chheacmhioe nitmo peosnpibelcei asl ed evli ndcoumlai,n ioco pmúob litcood,a as  llaa sa utatosraizsa, cpióonr   2021-1130n https://w
laodsm biunqisutreast ivdae  rleaqsu aegriudaas y d, ee nla e zsoten ac adseo ,s veirevnicei oc odnesl tpituueidroto,  pyr idmee lraos,  opborra «sl ae u itnilsiztaalcaicóino npeosr   BOE-A-cable e
portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo que les 
haya sido asignado y la estancia en el mismo»; y, segundo, por la «prestación de los 
servicios comunes de titularidad de la respectiva autoridad portuaria de los que se 
benefician  los  usuarios  sin  necesidad  de  solicitud,  relacionados  con  los  anteriores 
elementos del dominio público» (art. 194).
b)  En segundo lugar, el sujeto pasivo se determina por referencia a la actuación 
administrativa que implica el hecho imponible; esto es, el beneficiario de la utilización 
especial  del  dominio  público  portuario  y  prestatario  de  los  servicios  comunes  de 
titularidad de la autoridad portuaria inherentes a esos elementos del dominio público que 
se utilizan. En este sentido, según el art. 195 del texto refundido de la Ley de puertos del 
Estado y de la marina mercante, son contribuyentes de la tasa del buque, de forma 
solidaria,  el  propietario,  el  naviero  y  el  capitán  del  mismo.  Y  son  sustitutos  del 
contribuyente,  el  consignatario  del  buque,  si  éste  se  encuentra  consignado,  o  el 
concesionario o autorizado, en los muelles, pantalanes e instalaciones portuarias de 
atraque otorgadas en concesión o autorización.
c)  Finalmente,  el  importe  de  la  cuota  se  fija,  esencialmente,  tomando  en 
consideración la utilidad derivada de la utilización de las infraestructuras portuarias 
[art. 164.2 c)], con la que tiene una relación, más o menos intensa, de contraprestación. 
Aquí, atendiendo a la intensidad del uso del dominio público portuario en cada caso 
teniendo en cuenta parámetros de espacio y tiempo. Se establecen legalmente tres 
cuotas tributarias: Atraque o fondeo en zona I o aguas interiores; atraque en zona II o 
aguas exteriores (cuya cuantía es el 30 por 100 de la cuota anterior); y fondeo en zona II 
(arts. 197 a 199). Para hallarlas, se parte de una cuota fija a la que se le multiplica el 
tiempo de estancia (por horas o días dependiendo de la zona I o II) y una parte del 
arqueo  bruto  del  buque,  y  se  le  aplica  un  coeficiente  corrector  establecido  por  la 
autoridad portuaria y unos coeficientes reductores que varían en función: (i) de que el 
atraque se haya otorgado o no en régimen de concesión o autorización (o del fondeo en 
la zona II en aguas otorgadas o no en concesión); (ii) de que el amarre se realice de 
costado, de punta, en muelles o pantalanes, en boyas…; (iii) de que el atraque o fondeo 
se realice solamente para avituallamiento, aprovisionamiento o reparación, y (iv) de la 
utilización prolongada de las instalaciones de atraque o fondeo. Adicionalmente, si se 
trata de buques de crucero turístico, debe aplicarse otro coeficiente reductor que varía en 
función de si se trata o no del puerto base, y del número de escalas anuales o de tráfico 
estacional como puerto base realizadas por la compañía de cruceros a la que pertenece.
d)  Constatada  ya  su  naturaleza  tributaria  de  tasa  por  su  evidente  carácter 
sinalagmático, cabría realizar una precisión. Aunque pudiera aceptarse, como afirma un 
sector doctrinal, que las tasas por utilización privativa o especial del dominio público 
portuario, como la tasa del buque, además de la naturaleza retributiva propia de las 
tasas participan también de la naturaleza contributiva propia de los impuestos (ya que 
dicha  utilización  es  expresión  de  la  capacidad  económica  del  sujeto  pasivo  al 
incorporarse a su patrimonio un derecho de uso y disfrute de contenido económico), 
cabría convenir que la expresión de capacidad económica gravada en esta tasa no es, 
en ningún caso, como se verá, la establecida en el hecho imponible del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos.
C)  En cuanto al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, regulado 
actualmente en los arts. 26 a 50 bis de la Ley 5/2017, y partiendo de la definición de 
impuesto del art. 2.2 c) LGT («Son tributos sin contraprestación, cuyo hecho imponible 
está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad  e.
económica  del  contribuyente»),  puede  afirmarse  que  el  tributo  autonómico  tiene  w.b
natuar)a leEzan  imprpimoseirt ivluag ya, ra, dseum háesc,h foin aimlidpaodn ipbrleed eosm ilnaa enstetamnecniate d feisl ccaol not rriebcuayuednateto (rpiae.rsona  2021-1130n https://w
f(íasritc.a 2) 6.e1n),  elnotsr e elossta qbuleec ismei eenntcouse nytr aenq luaisp aemmibeanrtcoasc iotunreísst idceo sc rusciteuraod tousr íseticno  C[aartt.a 2lu6ñ.a3 
c)]  que  estén  amarradas  o  fondeadas  en  un  puerto  del  territorio  de  Cataluña.  Se
determina que el buque: (i) queda amarrado a un puerto «desde el momento en que se 
lanza el primer cabo durante el atraque hasta el momento en el que aquel suelta la 
última amarra», o (ii) está fondeado en un puerto «desde el momento en que se fondea 
el ancla hasta el momento en que se quita el ancla del fondo» (art. 26.1 in fine). No hay, 
pues, en el hecho imponible intervención administrativa alguna que beneficie de forma 
particular al contribuyente, como ocurre en las tasas. Al tener por objeto «la singular 
capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto en la estancia 
en los establecimientos y equipamientos turísticos» (art. 23), se configura como un 
impuesto indirecto que grava un consumo específico, cual es el consumo de servicios 
turísticos y, dentro de ellos, el consumo de servicios de estancia en establecimientos 
turísticos, entendiendo por estancia «el disfrute del servicio de alojamiento, por día o 
fracción, con pernoctación o sin ella» (art. 26.2). Y siendo precisamente ese el elemento 
objetivo del hecho imponible (disfrute del servicio de alojamiento), solo devengarán el 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos los pasajeros en tránsito en el 
momento que la embarcación de crucero turístico haga escala en un puerto del territorio 
catalán, y no los que se hallen en régimen de embarque o desembarque en dichos 
puertos (art. 28.2).
b)  En  segundo  lugar,  el  contribuyente  se  determina  por  referencia  a  la 
manifestación de capacidad económica contenida en el hecho imponible, siendo la 
persona física que realiza la estancia en un establecimiento turístico (art. 29), en este 
caso, en una embarcación de crucero turístico amarrada o fondeada en un puerto del 
territorio catalán. Ahora bien, aunque el legislador autonómico no prevé formalmente la 
repercusión del tributo por parte del contribuyente al consumidor final, como en otros 
impuestos sobre consumos específicos (ya que en el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos el contribuyente es el propio consumidor del servicio turístico 
gravado), lo cierto es que se introduce en la Ley 5/2017 un mecanismo de sustitución 
con repercusión, por lo que sí hay traslación jurídica de la carga tributaria hacia la 
persona que realiza el acto o hecho indicativo de capacidad económica descrito en el 
hecho imponible:
(i)  De una parte, con el fin de facilitar la gestión del impuesto (ATC 456/2007, de 12 
de  diciembre,  FJ  7,  o  STC  94/2017,  FJ  7),  el  art.  30  establece  un  sustituto  del 
contribuyente, que ocupa su lugar por mandato legal y queda obligado a cumplir con la 
obligación  tributaria  principal  y  con  las  obligaciones  formales  inherentes  al  tributo 
(art. 36.1 LGT): el titular de la explotación de la embarcación de crucero turístico, 
presumiéndose iuris tantum que lo es el titular de la licencia de turismo.
(ii)  Por otro lado, el art. 35 contempla la repercusión al contribuyente al disponer 
que «el sustituto del contribuyente debe consignar en la factura que emita a sus clientes, 
de forma diferenciada de la contraprestación por sus servicios, el importe de la cuota del 
impuesto con indicación del número de unidades de estancia y del tipo de gravamen 
aplicado».  En  este  sentido,  de  no  haberse  previsto  legalmente  la  repercusión  al 
contribuyente, este impuesto no gravaría el consumo por parte del usuario del servicio 
turístico de alojamiento (en nuestro caso, por parte del pasajero en tránsito de una 
embarcación de crucero turístico), sino la prestación misma de este servicio y, por ende, 
la renta obtenida del ejercicio de esa actividad económica por parte de la empresa 
prestadora del servicio (en nuestro caso, por parte del titular de la explotación de la 
embarcación de crucero).
c)  Finalmente,  los  elementos  cuantificadores  del  impuesto  sobre  estancias  en  e
establecimientos turísticos calculan la cuota en función de la capacidad económica  bo
expresada en el hecho imponible, y no como contraprestación de una autorización  7w
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y de su ubicación en Barcelona ciudad o en cualquier otro municipio de Cataluña; oscila
entre 2,25 € y 0,45 € hasta el 1 de octubre de 2021 y entre 3,00 € y 0,60 € a partir de esa 
fecha (art. 34.1). En concreto, para las embarcaciones de crucero turístico (grupo 5), 
existen, además, diferentes tarifas dependiendo del tiempo de duración de la escala: (i) 
si es de más de doce horas, es de 2,25 € (o de 3,00 € a partir del 1 de octubre de 2021) 
para todos los puertos del territorio de Cataluña, y (ii) si es de doce horas o inferior, solo 
existe una tarifa de 0,65 € aplicable exclusivamente a Barcelona ciudad, que a partir 
del 1 de octubre de 2021 se incrementa a 1,00 € y será exigible en todos los puertos de 
Cataluña.  Asimismo,  se  establecen  unas  tarifas  especiales  para  estancias  en  los 
establecimientos que, dentro de un centro recreativo turístico, estén situados en las 
áreas en las que se admiten actividades de juego y apuestas, entre los que no se 
encuentran las embarcaciones de crucero turístico. En suma, se trata de un tributo de 
cuota variable, dado que cuantas más unidades temporales de estancia, más base 
imponible, y cuanta más categoría tenga el establecimiento turístico donde se realiza la 
estancia, mayor cuantía de la tarifa y, por tanto, más impuesto a pagar.
d)  También debe señalarse que, del estudio de la estructura de este impuesto 
autonómico, se extrae que el art. 23, al determinar que el impuesto sobre estancias en 
establecimientos  turísticos  «pretende  internalizar  las  posibles  externalidades  que  el 
turismo  puede  causar  en  las  zonas  de  alta  concentración  turística»  no  hace  sino 
confirmar su finalidad primordialmente recaudatoria.
Y ello porque la citada pretensión de internalización solo se consigue, en este 
impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos,  afectando  los  ingresos 
derivados de su recaudación a la dotación al fondo de fomento del turismo (art. 24), 
destinado a financiar «políticas turísticas para la mejora de la competitividad de Cataluña 
como destino turístico y garantizar su sostenibilidad» (art. 48), como lo son los proyectos 
o actuaciones que persigan alguno de los siguientes objetivos: i) la promoción turística 
de  Cataluña;  ii)  el  impulso  del  turismo  sostenible,  responsable  y  de  calidad,  y  la 
protección, preservación, recuperación y mejora de los recursos turísticos; iii) el fomento, 
la creación y la mejora de los productos turísticos; iv) la mejora de los servicios de control 
e inspección sobre los establecimientos y equipamientos turísticos, y v) el desarrollo de 
infraestructuras y servicios relacionados con el turismo (art. 49). Así, a mayor consumo 
de servicios de alojamiento en establecimientos turísticos, mayor recaudación por el 
impuesto, mayor dotación del fondo para el fomento del turismo y, a la vista de los fines 
públicos por él financiados, una mejora cualitativa en la oferta turística catalana.
En este sentido, es doctrina constitucional reiterada que el hecho de que el tributo 
sea finalista o afectado a un determinado fin extrafiscal (en este caso, mejora de la 
competitividad de Cataluña como destino turístico y garantizar su sostenibilidad) no 
significa que el tributo tenga finalidad primordialmente extrafiscal. Ni siquiera es prueba 
de ello su afirmación expresa en la propia exposición de motivos de su ley creadora, que 
no  fue  el  caso  de  la  Ley  5/2012,  que  reconoce  precisamente  que  la  creación  del 
impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos  es  una  medida  dirigida  a 
incrementar los ingresos dado el contexto de crisis económica y financiera internacional 
en el que Cataluña se encuentra. Debe atenderse, pues, al reflejo que dicha finalidad 
extrafiscal encuentre en los elementos centrales de la estructura del tributo [por todas, 
STC  87/2019,  de  20  de  junio,  FJ  19,  con  cita  de  las  SSTC  289/2000,  de  30  de 
noviembre, FJ 5, y 53/2014, de 10 de abril, FJ a)].
Y, en este caso, esa finalidad extrafiscal de mejora de la competitividad de Cataluña 
como destino turístico (y de garantía de su sostenibilidad) no se aprecia en el hecho 
imponible  (que  grava  sin  más  el  consumo  de  servicios  de  alojamiento  en  s
establecimientos turísticos) ni en sus elementos cuantificadores, ya que la cuantía del  oe.
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos aumenta en función no solo del  w.
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considerarse promotoras de un determinado turismo, como son las exenciones de las 
estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea o las efectuadas por personas de edad 
igual o inferior a dieciséis años (art. 27) para la promoción del turismo social o familiar, 
respectivamente; o el hecho de no computar más de siete unidades de estancia por 
persona  como  base  imponible,  para  la  promoción  del  turismo  de  larga  duración 
(art. 33.1), ya que, como se ha reiterado, «la naturaleza extrafiscal o recaudatoria de un 
tributo es una cuestión de grado, por lo que difícilmente existirán casos ‘puros’»[por 
todas, SSTC 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 d); 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 
d),y 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 d)].
D)  Llegados a este punto, dado que la diferente naturaleza tributaria entre impuesto 
y tasa radica en el contenido de su hecho imponible (art. 2 LGT), procede desestimar la 
impugnación del nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 por vulneración del art. 6.2 LOFCA 
(por la coincidencia material de hechos imponibles, sujetos pasivos y devengo afirmada 
por los recurrentes), de la misma forma que se hizo con el nuevo art. 6.3 LOFCA en las 
SSTC 85/2013, de 11 de abril (FJ 4), y 98/2018, de 19 de septiembre (FJ 4) (sobre el 
impuesto vasco sobre el agua y la tasa municipal por distribución de agua, y el impuesto 
aragonés  sobre  contaminación  de  aguas  y  la  tasa  municipal  de  depuración, 
respectivamente).
a)  En primer lugar, como ya se ha anticipado, en relación con las embarcaciones de 
crucero turístico, el hecho imponible del impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos grava la manifestación indirecta de capacidad económica (consumo) que se 
manifiesta  con  la  estancia  en  dichas  embarcaciones  cuando  estén  amarradas  o 
fondeadas en un puerto del territorio de Cataluña (art. 26.1 de la Ley 5/2017), mientras 
que el de la tasa del buque es la utilización especial del dominio público portuario 
durante la estancia del buque (de crucero turístico) en un puerto de interés general 
(art. 194 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante). 
No  puede  admitirse,  como  argumentan  los  recurrentes,  que  el  impuesto  grave  en 
realidad la estancia del buque en el puerto, como la tasa estatal, porque someta a 
tributación a todos los pasajeros del buque con independencia de que desembarquen o 
no en el puerto para visitar el municipio: Primero, porque el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos no grava a todos los pasajeros del crucero turístico, sino solo 
a los que se hallan en tránsito en un puerto de Cataluña (art. 28.2); y, segundo, porque la 
irrelevancia a efectos del impuesto de la conducta turística que lleve a cabo el pasajero 
en tránsito durante su escala en un puerto del territorio de Cataluña es signo inequívoco 
de que este impuesto autonómico grava, formal y materialmente, la estancia o disfrute 
del servicio de alojamiento de estos pasajeros en dicha embarcación.
b)  En segundo lugar, tampoco puede aceptarse que haya identidad de sujetos 
pasivos porque el titular de la explotación del buque sea el sustituto del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos y el contribuyente de la tasa del buque. Primero, 
porque el art. 6.2 LOFCA exige coincidencia en la misma clase de sujetos pasivos, dado 
que cada uno cumple una función en la relación jurídico-tributaria. Segundo, porque, 
como ya se ha expuesto, en el impuesto que nos ocupa el titular de la explotación del 
buque (sustituto del contribuyente ex art. 30 de la Ley 5/2017) debe repercutir la cuota 
devengada al usuario del servicio de alojamiento en la embarcación de crucero turístico, 
como se deduce de la regulación de la facturación de tal servicio turístico establecida en 
el art. 35 de la Ley 5/2017, siendo, por tanto, el pasajero contribuyente quien soporta la  e
carga  tributaria.  En  cambio,  en  la  tasa  del  buque,  aun  habiéndose  previsto  como  bo
sustitutos al consignatario o al concesionario o autorizado, en caso de existir (art. 195.2  7w
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instalaciones portuarias durante la estancia del buque en el puerto de interés general
(que  el  art.  195.1  del  mencionado  texto  refundido  identifica,  solidariamente,  en  el 
propietario,  el  naviero  y  el  capitán  del  buque)  el  que  acabe,  como  contribuyente, 
soportando la carga tributaria. En suma, ni los sustitutos son los mismos en cada tributo, 
ni tampoco lo son los contribuyentes.
Procede,  asimismo,  rechazar  la  alegación  de  los  recurrentes,  basada  en  la 
STC 94/2017 [FJ 8 b)], de que ambos tributos acaban siendo soportados en último 
término por los pasajeros de la embarcación de crucero turístico: en uno, mediante una 
traslación directa (jurídica) y en otro a través de una traslación indirecta (económica). Y 
ello porque la traslación económica de la tasa del buque vía precios no es debida al 
régimen jurídico de la citada tasa y, por tanto, debe quedar extramuros del análisis 
comparativo, exclusivamente jurídico, que compete a este tribunal en virtud del art. 6.2 
LOFCA.
c)  Finalmente, es cierto que, en caso de embarcaciones de crucero turístico, hay 
similitud: (i) en los devengos de ambos tributos [en la tasa, cuando el buque entre en las 
aguas de la zona de servicio del puerto (art. 196 del texto refundido de la Ley de puertos 
del  Estado  y  de  la  marina  mercante)  y,  en  el  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos, al inicio de la estancia cuando el buque haga escala (amarre 
o fondee) en algún puerto de Cataluña (arts. 26.1 y 28.2 de la Ley 5/2017)], y (ii) en el 
cómputo del tiempo de estancia en el puerto para hallar las cuotas tributarias: desde el 
momento en que se dé el primer cabo a punto de amarre, o se fondee el ancla, hasta el 
momento de largar el buque la última amarra o levar el ancla del fondo (art. 200.1 del 
citado texto refundido y art. 26.1 de la Ley 5/2017). Ello no obstante, no habiendo 
coincidencia formal ni material en los hechos imponibles (en este caso al tratarse de 
distinta  clase  de  tributos),  resulta  indiferente  que  los  elementos  temporales  sean 
semejantes o incluso, aunque no sea el caso, se devenguen por el mismo sujeto. 
Piénsese que una misma persona es susceptible de realizar diversos hechos imponibles 
devengando tributos diferentes incluso el mismo día (el IRPF y el índice de precios al 
consumo a 31 de diciembre, o el IBI, el IAE y el IVTM a 1 de enero).
5.  Segunda impugnación contra el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017: Vulneración de 
los arts. 157.2 y 9 c) LOFCA.
Los  recurrentes  denuncian  que  la  sujeción  al  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos de las estancias en embarcaciones de crucero turístico en el 
nuevo  art.  26.1  de  la  Ley  5/2017  supone  una  restricción  injustificada  de  la  libre 
circulación de personas y servicios en el territorio nacional proscrita en los arts. 157.2 CE 
y 9 c) LOFCA, como expresión ambos del art. 139.2 CE en materia tributaria. Por un 
lado, en relación con los potenciales consumidores, porque encarece dichas estancias, 
incluso aunque su duración sea inferior a doce horas, frente a las que puedan realizar en 
otros  puertos  españoles;  y,  por  otro,  en  relación  con  los  operadores  de  cruceros 
turísticos, nacionales e internacionales, porque el coste económico y de gestión del 
impuesto puede causar que desvíen parte de su demanda a destinos similares y con 
precios  más  competitivos,  provocando  así  una  distorsión  en  la  libre  circulación  de 
empresas titulares de embarcaciones de crucero turístico.
Los  representantes  autonómicos  aseveran  que  el  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos se justifica en el ejercicio legítimo del poder tributario de la 
comunidad autónoma [arts. 133.2 y 157.1 b) CE, y 202.3 a) y 203.5 EAC] y en el 
reconocimiento constitucional implícito de la instrumentalidad fiscal en la esfera de la 
imposición autonómica desde la STC 37/1987, de 26 de marzo (FJ 13), al tener la  e
competencia  exclusiva  sobre  turismo  (art.  171  EAC).  Asimismo,  entienden  que  las  bo
cuantías (un euro en el caso de los pasajeros contribuyentes, dado que las escalas  7w
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Barcelona  sobre  el  incremento  de  cruceristas  desde  el  2012  (año  de  creación  del 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos) hasta 2019.
A)  En cuanto a la doctrina constitucional aplicable, es conveniente recordar que 
este tribunal ha señalado que la unidad de mercado tiene como rasgos fundamentales: 
(i) ser un espacio donde se encuentren garantizadas la libre circulación de personas y 
bienes, y (ii) ser un espacio donde las condiciones esenciales de ejercicio de la actividad 
económica sean iguales. Para su consecución, la Constitución ha establecido unas 
garantías,  denominadas  estructurales,  que  suponen  un  límite  en  sí  a  la  diversidad 
regulatoria de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, como 
son, entre otras, la reserva competencial al Estado de ámbitos materiales concretos de 
manera exclusiva y excluyente (por ejemplo, en el art. 149.1.6, 7, 8 y 9 CE) o los 
principios del art. 139 CE. Adicionalmente, cuando las referidas garantías estructurales 
se demuestren insuficientes para imponer los rasgos del mercado único, el Estado 
podrá,  si  así  lo  decide,  intervenir  normativamente  ejerciendo  sus  competencias 
transversales (art. 149.1.1 y 13 CE) con el objetivo de promover dichos rasgos [por 
todas, SSTC 79/2017, de 22 de junio, FJ 2 a), o 152/2020, de 22 de octubre, FJ 4 B)].
a)  Sobre  el  diferente  propósito  de  los  arts.  38  y  139.2  CE  y  el  diferente 
escrutinio al que someten a las actuaciones de los poderes públicos, tuvo ocasión de 
pronunciarse este tribunal en la STC 111/2017, de 5 de octubre, cuyo FJ 4 a) debe 
darse por reproducido. Teniendo en cuenta que la medida tributaria enjuiciada en 
este recurso es un impuesto sobre un consumo específico que grava a los usuarios y 
que afecta únicamente a los operadores económicos stricto sensu en cuanto a los 
costes de su gestión, interesa resaltar aquí solo dos premisas fundamentales: (i) «el 
art. 139.2 CE asegura la libre circulación de mercancías y personas en todo el 
territorio  español.  Proscribe  con  ello  las  regulaciones  o  medidas  de  signo 
proteccionista;  esto  es,  las  que  dificulten  injustificadamente  en  un  territorio  la 
comercialización  de  productos  de  otras  zonas  o  el  ejercicio  de  actividades 
empresariales por parte de personas procedentes de otros lugares», y (ii) no toda 
medida que en la práctica produzca efectos restrictivos más onerosos, de hecho o 
de  derecho,  sobre  las  personas  o  bienes  provenientes  de  fuera  contradice 
necesariamente el art. 139.2 CE: «únicamente lo hará cuando persiga de forma 
intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias 
objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean 
desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida 
adoptada» (STC 66/1991, de 22 de marzo, FJ 2, que cita la STC 37/1981, de 16 de 
noviembre, FJ 2) [en este sentido, por todas, SSTC 111/2017, de 5 de octubre, 
FJ 4 a); 7/2018, de 25 de enero, FJ 8, y 68/2021, de 18 de marzo, FJ 6 G)].
b)  Siendo los arts. 157.2 CE [«Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún 
caso adoptar medidas tributarias […] que supongan obstáculo para la libre circulación de 
mercancías  o  servicios»]  y  9  c)  LOFCA  [«Las  Comunidades  Autónomas  podrán 
establecer sus propios impuestos, respetando, además de lo establecido en el artículo 
sexto de esta ley, los siguientes principios: […] c) No podrán suponer obstáculo para la 
libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales»] una especificación del 
art.  139.2  CE  en  el  ámbito  tributario,  les  es  extrapolable  la  doctrina  constitucional 
anteriormente  expuesta,  por  lo  que  en  virtud  de  los  referidos  preceptos  quedaría 
prohibido el establecimiento autonómico de medidas tributarias proteccionistas. En este 
sentido, producirán un obstáculo a la libre circulación de personas y bienes contrario a  e
los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA aquellas diferencias tributarias de trato, de hecho o de  bo
derecho, que establezcan las comunidades autónomas entre residentes y no residentes  7w
sdiens jpursotpifoicraccioiónna dsausfi ciernetsep (eScTtoC  9d6e/2l 01f3in,  FJc 9o,n csotitnu cciiotan aelnm lean SteT C l2íc1it0o/ 201q2u,e F  J p9e)r ys igsueeann   2021-1130n https://w
1(S6S8T/2C0 0347, /d1e9 861 d, ed oec t1u6b red,e F Jn o5v; i1e0m0b/2re0,1 2F,J d e2 ;8  2d3e3 m/1a9y9o9,,  FdJe 4 ,1 y3  2d1e0 /2d0ic1i2e,m FbJr e9,) .FJ 26;
c)  Sentado  lo  anterior,  debe  tenerse  también  presente,  como  ha  recordado 
recientemente este tribunal [por todas, STC 135/2019 de 13 de noviembre, FJ 6, con cita 
en la STC 79/2017, FJ 2 a)] (i) que «nuestro texto constitucional garantiza tanto la unidad 
de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente 
obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios», y (ii) que los preceptos 
constitucionales que garantizan la unidad de mercado, entre los que se encuentra el 
art. 139.2 CE [y, por ende, los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA], «no exigen un tratamiento 
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y 
en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía». 
De ahí que, en lo que aquí importa, la diversidad en las condiciones de ejercicio de la 
actividad económica en las diferentes partes del territorio nacional derivada del ejercicio 
por las comunidades autónomas de sus propias competencias no constituye en sí misma 
una vulneración constitucional, dado que «la potestad legislativa de que las comunidades 
autónomas gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, 
por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las 
distintas partes del territorio nacional» (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2). Así, si 
bien el derecho a desarrollar una actividad económica en condiciones de igualdad es, 
indudablemente, una manifestación de la libertad de empresa, este se impone, como ha 
declarado este tribunal, en cada ordenamiento, estatal o autonómico, individualmente 
considerado (SSTC 53/2014, FJ 7; 30/2016, FJ 6, y 89/2017, FJ 15). No es posible 
considerar, por tanto, que ni del referido derecho ni del art. 139.2 CE se derive la 
exigencia de que las concretas condiciones de ejercicio de la actividad económica 
tengan que ser las mismas en todo el territorio nacional.
B)  Aplicando esta doctrina constitucional al caso que nos ocupa, debe rechazarse 
que la sujeción de las estancias en embarcaciones de crucero turístico al impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos constituya una restricción a la libre circulación en 
el territorio nacional proscrita por los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA, en relación con el 
art. 139.2 CE. Aunque no puede desconocerse que, en un marco de libre competencia, 
las medidas tributarias afectan al libre ejercicio de las actividades económicas, tanto a la 
oferta como a la demanda, el legislador tributario autonómico no establece en este 
impuesto, y en relación con las embarcaciones de crucero turístico, una diferencia de 
trato de corte proteccionista entre los residentes y los no residentes en su territorio.
Es cierto que el establecimiento de un impuesto a los usuarios de los servicios de 
alojamiento en un establecimiento turístico sito en Cataluña, y más concretamente en 
una embarcación de crucero turístico amarrada o fondeada en un puerto del territorio 
catalán, supone un coste suplementario respecto de otros destinos dentro del territorio 
nacional;  al  igual  que  los  costes  de  gestión  del  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos  turísticos  lo  son  para  los  explotadores  de  dichos  establecimientos 
turísticos (como sustitutos de los contribuyentes) respecto de la prestación de estos 
mismos  servicios  turísticos  de  estancia  en  establecimientos  turísticos  en  otras 
comunidades autónomas. Ello no obstante, estos costes derivados del impuesto no 
tienen el resultado específico adicional de tener un efecto restrictivo más oneroso, de 
hecho o de derecho, (i) sobre el acceso a esos servicios turísticos de estancia en 
establecimientos turísticos sitos en Cataluña para los usuarios provenientes de fuera de 
la comunidad autónoma que para los residentes en ella, (ii) ni sobre el acceso o el 
ejercicio de esa actividad económica para los operadores económicos procedentes de 
fuera  de  la  comunidad  autónoma  que  para  los  residentes  en  Cataluña,  que  es  lo 
prohibido por el art. 139.2 CE [y más específicamente por los arts. 157.2 CE y 9 c)  e.
LOFCA]  siempre  que  la  medida  tributaria  que  provocara  tal  efecto  restrictivo  fuera  w.b
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turístico  amarradas  o  fondeadas  en  un  puerto  del  territorio  de  Cataluña,  tanto  los
contribuyentes (pasajeros en tránsito), como los sustitutos del contribuyente (titulares de 
la explotación de la embarcación) se determinan legalmente con independencia de su 
residencia o no en Cataluña. En este sentido, es preciso señalar, primero, que son los 
propios recurrentes los que alegan que serán los explotadores de cruceros turísticos 
nacionales e internacionales (indistintamente) los que, como sustitutos del contribuyente, 
soporten la carga de gestión del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. 
Y, segundo, en relación con los usuarios contribuyentes, si bien es cierto que no será 
usual que sean pasajeros en tránsito los residentes de la ciudad catalana donde se 
encuentra el puerto en el que haga escala una embarcación de crucero turístico, no tiene 
por qué no serlo en relación al resto de residentes de la comunidad autónoma catalana, 
pues nada impide a los residentes en territorio catalán visitar otras ciudades de su 
comunidad autónoma en una embarcación de crucero y ser, por tanto, gravados por el 
impuesto ex arts. 28.2 y 29 de la Ley 5/2017.
En suma, al no tener la regulación tributaria autonómica efectos diferenciados más 
onerosos sobre los usuarios y operadores foráneos que sobre los usuarios y operadores 
residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, no se da el presupuesto para 
someter  el  nuevo  art.  26.1  de  la  Ley  5/2017  al  control  de  su  justificación  y 
proporcionalidad bajo el parámetro de los arts. 139.2 y 157.2 CE y 9 c) LOFCA, por lo 
que el recurso debe ser desestimado en este punto.
6.  Tercera impugnación contra el nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017: Vulneración del 
principio de igualdad tributaria (art. 31.1 CE en relación con el art. 14 CE).
Asimismo,  se  argumenta  que  con  la  sujeción  al  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos de las embarcaciones de crucero turístico, el nuevo art. 26.1 
de la Ley 5/2017 contraviene el principio de igualdad tributaria del art. 31.1 CE, como 
manifestación del derecho a la igualdad establecido en el art. 14 CE.
A)  Por un lado, es doctrina constitucional reiterada que la igualdad «en la ley» 
impone  al  legislador  el  deber  de  dispensar  un  mismo  tratamiento  a  quienes  se 
encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, 
desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación 
objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo 
que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten 
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, 
según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, por lo que para que sea 
constitucionalmente  lícita  la  diferencia  de  trato,  las  consecuencias  jurídicas  que  se 
deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte 
que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos [entre otras, en materia 
tributaria, las SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9; 214/1994, de 14 de julio, FJ 8; 
200/2001, de 4 de octubre, FJ 4 a); 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4; 96/2002, de 25 de 
abril, FJ 7; 152/2003, de 17 de julo, FJ 5 c); 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 4; 
10/2005, de 20 de enero, FJ 5; 195/2006, de 11 de octubre, FJ 5; 83/2014, de 29 de 
mayo, FJ 7; 60/2015, de 18 de marzo, FJ 4, y 77/2015, de 27 de abril, FJ 3 a)].
Por otro lado, este tribunal ha precisado que «la igualdad ha de valorarse, en cada 
caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito de relaciones en que 
se proyecte, y en la materia tributaria es la propia Constitución la que ha concretado y 
modulado el alcance de su art. 14 en un precepto, el art. 31.1 […], pues la igualdad ante 
la ley tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capacidad, justicia y  s
progresividad» (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 19/1987, de 17 de febrero, FJ 3;  oe.
209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4; 221/1992, de 11  7ww.
1dn3eo4 vdi/e1icm9i9eb6mre, b,d rFeeJ,   2F32J;   2d45e;5  5/j2u40l/i1o09,4 9,F 3dJ,e   6d2;e 2 4 1d65e/ 2 dd0ei0c 0ife,e mbdrbeer re1o, 7, F FJdJ e4  ,1 f;ey  b21r10e4/r2o/10, 90F95J4,  ,d 4de; e 21 091 34d/ 2ed0 ee0 n4jue, lriodo,e,   FF4JJ   5d5)e.;    2021-1130n https://w
Esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato
que  vincula,  no  solo  a  los  ciudadanos,  sino  también  a  los  poderes  públicos 
(STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3) ya que, si los unos están obligados a contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, los 
poderes públicos están obligados, en principio, a exigir esa contribución a todos los 
contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible 
de ser sometida a tributación (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7). Y en cuanto mandato 
para los poderes públicos, «lo que el art. 31.1 CE prohíbe es que, salvo que exista una 
justificación  razonable,  el  legislador  grave  de  manera  diferente  ‘idénticas 
manifestaciones de riqueza’» (SSTC 57/2005, de 14 de marzo, FJ 3; 33/2006, de 13 de 
febrero, FJ 3; 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5, y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7).
B)  Tres son las tachas de inconstitucionalidad que, sobre principio de igualdad en la 
ley tributaria, se imputan al nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017. En relación con dos de 
ellas, el juicio de comparabilidad debe partir de dos premisas fundamentales: (i) El 
impuesto  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos  grava  la  manifestación  de 
capacidad  económica  que  supone  la  estancia  en  establecimientos  y  equipamientos 
turísticos situados en Cataluña, entre los que se encuentran las embarcaciones de 
crucero turístico amarradas o fondeadas en un puerto del territorio catalán, y no «las 
posibles externalidades que el turismo puede causar en las zonas de alta concentración 
turística « (art. 23 in fine de la Ley 5/2017), y (ii) el impuesto no grava el consumo de 
servicios  turísticos  en  general,  sino  únicamente  la  estancia  en  establecimientos 
turísticos, entendiendo por estancia «el disfrute del servicio de alojamiento, por día o 
fracción, con pernoctación o sin ella» (art. 26.2 de la Ley 5/2017).
a)  Se  denuncia,  en  primer  lugar,  un  trato  discriminatorio  en  la  ley  tributaria 
autonómica contrario al art. 31.1 CE, en relación con el art. 14 CE, por someter a 
gravamen únicamente a los visitantes que no pernoctan en una ciudad de Cataluña y 
llegan a ella en una embarcación de crucero turístico, quedando fuera del ámbito del 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos aquellos visitantes que, también 
sin pernoctar, llegan a territorio catalán en otros medios de transporte (tren, autobús, 
vehículo particular,…); desigualdad tributaria que no puede fundamentarse, según los 
recurrentes, en las externalidades que provoca el turismo cuya reparación pretende el 
impuesto controvertido (art. 23 de la Ley 5/2017) puesto que todos los visitantes las 
generan.
A la luz de las dos premisas arriba expuestas puede afirmarse que no existe en la ley 
tributaria autonómica, discriminación entre visitantes de Cataluña sin pernoctación en 
función del medio de transporte por el que se llegue a una ciudad de esta comunidad, 
porque este impuesto no somete a gravamen las visitas turísticas a ciudades catalanas 
sino las estancias en establecimientos turísticos situados en Cataluña, por ello debe 
concluirse  que  no  se  someten  a  comparación  situaciones  iguales  de  capacidad 
económica. Como afirman las representaciones autonómicas, a efectos del impuesto 
sobre estancias en establecimientos turísticos, la embarcación de crucero turístico no es 
considerada medio de transporte, sino establecimiento turístico susceptible de prestar los 
servicios de alojamiento, que es lo gravado por el impuesto autonómico. Falla, por tanto, 
la identidad sustancial del tertium comparationis alegado.
b)  Se imputa, en segundo lugar, una desigualdad inconstitucional en la ley tributaria 
autonómica,  por  sujetar  a  gravamen  únicamente  a  las  embarcaciones  de  crucero 
turístico sin pernoctación y no a otro tipo de embarcaciones (como las embarcaciones de 
recreo, las que son objeto de chárter náutico, las de uso particular o los denominados 
buques turísticos locales) que también permanecen sin pernoctación en los puertos del  e.
territorio de Cataluña generando las externalidades que el impuesto sobre estancias en  w.b
ecostnasAbid leelcoriasm  eieemnfebtocatsro ctsau crídisóetnilc  doimes  ppcurreuetcseetnordo e st uorrebípsretaic raoer,.s etaxn acriat.s 2 6e.4n  dees ltaa bLleeyc im5/i2e0n1to7s,  «tlau rqísuteic oresa, liszea   2021-1130n https://w
ctroamnsppleomrtee nptaodr om caorn  oo trpoosr  sveíravsic inoasv ye gcaobnl eess tacnocni al aa  úbnoircdao  fsinuapleidriaodr  ad ed opsl ancoecrh eos ,r esecrgeúon, 
lo  definido  por  la  normativa  de  la  Unión  Europea»,  habiéndose  extrapolado  esta
definición  legal  del  art.  3  t)  del  Reglamento  (UE)  núm.  1177/2010,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre los derechos de los pasajeros 
que viajan por mar y por vías navegables. En este sentido, aunque los recurrentes 
aseveren que las embarcaciones antes aludidas están excluidas del concepto legal de 
crucero turístico, generándose así un tratamiento legal discriminatorio para los cruceros 
sin  justificación  objetiva  y  razonable,  debe  convenirse  con  las  representaciones 
autonómicas que no existe discriminación alguna en el impuesto que nos ocupa: Toda 
embarcación de recreo en la que los pasajeros disfruten de los servicios turísticos de 
alojamiento o estancia (pernocten o no), al manifestar la capacidad económica tipificada 
en el hecho imponible, quedará sujeta al impuesto, ya sea porque cumpla los requisitos 
del art. 26.4 de la Ley 5/2017 y sea considerada crucero turístico a efectos del impuesto, 
ya  sea  porque  no  los  cumpla  y  sea  considerada  «(c)ualquier  establecimiento  o 
equipamiento en el que se presten servicios turísticos de alojamiento», en virtud de la 
cláusula de cierre [apartado d)] de la lista de establecimientos y equipamientos turísticos 
sujetos al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos del art. 26.3 de la 
Ley 5/2017.
Adicionalmente, como lo gravado en el impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos no es el consumo de cualquier servicio turístico en todo tipo de embarcaciones 
sitas  en  un  puerto  del  territorio  catalán  (ni  las  externalidades  generadas),  sino  el 
consumo de los servicios turísticos de estancia u hospedaje en las embarcaciones en las 
que se presten dichos servicios turísticos, las meras permanencias (que no estancias o 
alojamientos) en las embarcaciones en las que no se preste tal servicio turístico no 
quedarán  sujetas  al  impuesto  al  no  evidenciar  la  misma  situación  de  capacidad 
económica gravada, quebrando aquí también la idoneidad del término de comparación. 
En  consecuencia,  debe,  pues,  desestimarse  la  pretensión  de  inconstitucionalidad 
dirimida.
C)  Tampoco  puede  acogerse  la  tercera  vulneración  del  principio  de  igualdad 
promovida por los recurrentes (art. 31.1 CE), consistente en el tratamiento igualitario que 
el legislador tributario autonómico dispensa a todos los pasajeros de la embarcación de 
crucero turístico, que resultan igualmente gravados con independencia de la generación 
de externalidades debido a la pernoctación en el puerto y consiguiente desembarco para 
visitar la ciudad o de su no generación por la no pernoctación en el puerto y su 
consiguiente permanencia en el buque.
Abstracción hecha de que la no pernoctación también puede generar externalidades, 
puesto que una escala en un puerto del territorio catalán de una duración igual o inferior 
a  doce  horas  no  impide  el  desembarco  y  de  que  las  externalidades  son  solo 
compensadas por los ingresos recaudados por este impuesto (pero no gravadas por él), 
ha de concluirse que no existe un tratamiento igual en la ley tributaria autonómica para 
todos los pasajeros de una embarcación de crucero turístico por dos razones.
En primer lugar, como el hecho imponible es la estancia u hospedaje en dicha 
embarcación (art. 26.1 de la Ley 5/2017), solo los pasajeros que hacen escala en un 
puerto de Cataluña son contribuyentes del impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos, no quedando sujetos aquellos pasajeros del crucero en régimen de embarque 
o desembarque en uno de estos puertos (art. 28.2 de la Ley 5/2017). Y, en segundo 
lugar, si bien el legislador autonómico somete a gravamen a todos los pasajeros de la 
embarcación de crucero turístico en tránsito (puesto que todos ellos realizan el hecho 
imponible), lo cierto es que sí tiene en cuenta la duración de la escala de estos pasajeros 
en un puerto del territorio catalán en cuanto a la tarifa general aplicable (art. 34.1 de la  e.
Ley 5/2017, en redacción del art. 5.3 de la Ley 5/2020 y aplicable a partir del 1 de  w.b
ocooc ftnrua blcarc eci óudnoe,t  a2c 0oa2n p1 ua):ng ( aim)r  sáyi x (eiimis)  osd ie dd edu orcacu emo tháaos rd adese   vode ominceteinú honos er aluasr ,ot alsar i fptaao rsri feasri áes tedere ád  uídanes  e torue rsmo ,eá cusor oidnsec  ipdeoiserc ndadílaoa    2021-1130n https://w
(igaurta. l3 s3u.1p udees tlao sL deiys í5m/2il0e1s7, )d.a Ddeob qeu dee esle tcrahtaarmseie, nptuoe tsr,i bquutea reios tdei simpepnuseasdtoo  aeunt oenl óimmpicuoe strtoa tae 
los pasajeros en tránsito varía en función de la intensidad con la que se realiza el hecho 
imponible.
7.  Impugnación subsidiaria contra el nuevo art. 34 bis de la Ley 5/2017: Vulneración 
de los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE.
Una vez confirmada la constitucionalidad de la sujeción al impuesto sobre estancias 
en establecimientos turísticos de las estancias en embarcaciones de crucero turístico, 
corresponde enjuiciar la impugnación del nuevo art. 34 bis de la Ley 5/2017, introducido 
por  el  art.  5.4  de  la  Ley  5/2020,  en  cuanto  aplicable  a  las  estancias  en  dichas 
embarcaciones, por violar los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE.
a)  El precepto autonómico impugnado («recargo para la ciudad de Barcelona») 
dispone que el Ayuntamiento de Barcelona puede establecer por ordenanza municipal un 
recargo sobre las tarifas del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 
previstas para Barcelona ciudad en el art. 34.1 de la Ley 5/2017, siempre que su 
aprobación se ajuste a los siguientes requisitos, límites y condiciones: (i) que el importe 
máximo para cada categoría de establecimiento no supere los cuatro euros; (ii) que sea 
único para todas las categorías incluidas en cada tipo de establecimiento en que se 
divide la tarifa del art. 34.1 de la Ley 5/2017; y (iii) que, respetando los límites anteriores, 
se puedan establecer diferentes importes en función del código postal de ubicación de 
los  establecimientos.  Adicionalmente,  se  prevé  en  el  segundo  párrafo  que  en  los 
términos,  plazos  y  condiciones  que  se  acuerden  por  convenio,  la  Generalidad  de 
Cataluña transferirá al Ayuntamiento de Barcelona las cantidades recaudadas por este 
concepto, minoradas en el importe que resulte del cálculo de los costes soportados por 
la Agencia Tributaria derivados de la gestión y recaudación del recargo.
Los diputados recurrentes alegan que la figura tributaria creada por el art. 34 bis de 
la Ley 5/2017 no es un recargo sobre un impuesto autonómico a favor del municipio de 
Barcelona,  sino  un  nuevo  tributo  local,  para  cuyo  establecimiento  la  comunidad 
autónoma carece de competencia ex arts. 2, 31.3 y 133.1 CE. Dos son los argumentos 
esgrimidos para sustentar esta afirmación: (i) que su elevada cuantía (hasta cuatro euros 
por unidad de estancia) desnaturaliza el carácter accesorio inherente a todo recargo 
[art. 25.2 LGT y STC 4/2019, FJ 6 c)]; y (ii) que, como dispone el nuevo art. 24 de la 
Ley 5/2017 (modificado por el art. 5.1 de la Ley 5/2020), los ingresos derivados de este 
recargo no quedan afectados, como sí lo hacen los del impuesto sobre estancias en 
establecimientos  turísticos,  al  fondo  de  fomento  del  turismo.  De  contrario,  las 
representaciones autonómicas defienden la naturaleza jurídica de recargo del instituto en 
liza rebatiendo los argumentos como se expone en los antecedentes.
b)  Sobre la impugnación de los recurrentes deben realizarse tres precisiones: En 
primer lugar, como consta en el fundamento jurídico 2 A) b), se denuncia el art. 34 bis de 
la  Ley  5/2017  únicamente  en  tanto  que  habilita  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  a 
establecer un recargo sobre las tarifas de impuesto sobre estancias en establecimientos 
turísticos aplicables a las estancias en embarcaciones de crucero turístico amarradas o 
fondeadas en el puerto de Barcelona. En segundo lugar, no se entienden vulnerados los 
arts. 2, 31.3 y 133.1 CE porque el legislador autonómico, al prever este recargo como 
recurso tributario potestativo del municipio de Barcelona, haya dejado de configurar los 
elementos esenciales del mismo, habilitando en blanco al Ayuntamiento de Barcelona. 
Bajo la invocación formal de los arts. 2, 31.3 y 133.1 CE, se deduce una queja de fondo 
de carácter exclusivamente competencial, consistente en la creación autonómica ex  s
novo  de  un  impuesto  local  que  invade  la  competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  oe.
hacienda general (art. 149.1.14 CE). Por último, resulta incontrovertido para las partes en  7ww.
eecosl enenflsicctiataoble,l esqc uiemen ice ovnritrroteu sdep xod nendlo eva oert x. dc1elu4 s9tirv.i1ba.um1t4oe snC telEo a c(al plEeossrt  atyod dolaa, s m,c eoSdnTifaiCgnu ter3a 1lce/i2yó,0n 1l a0d ,ce o dmseu ps2e 8tee nldecemi aej upnnatoiroas,    2021-1130n https://w
FJ 140, con cita en la STC 233/1999, FJ 22) y que el art. 38.2 TRLHL prevé que las
comunidades autónomas autoricen, por ley, a los entes locales a establecer recargos
sobre los impuestos propios autonómicos («las entidades locales podrán establecer 
recargos sobre los impuestos propios de la respectiva comunidad autónoma y de otras 
entidades locales en los casos previstos en las leyes de la comunidad autónoma»).
c)  Esta  pretensión  de  inconstitucionalidad  no  puede  prosperar.  Un  recargo  no 
cambia su naturaleza jurídica, como alegan los recurrentes, en función de la entidad de 
su cuantía ni de la carencia de la naturaleza extrafiscal del tributo sobre el que recae. En 
primer lugar, porque el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos no es un 
tributo primordialmente extrafiscal, sino afectado al cumplimiento de unos fines de su 
competencia (mejorar la competitividad de Cataluña como destino turístico y garantizar 
su sostenibilidad ex art. 177 EAC). En este sentido, la desafectación del recargo del 
fondo autonómico de fomento del turismo al que se afecta el impuesto (art. 24 de la 
Ley 5/2017 redactado por el art. 5.1 de la Ley 5/2020) no es más que una más firme 
expresión del principio de autonomía local en la vertiente del gasto (arts. 140 y 142 CE), 
que implica no solo la plena disponibilidad de las corporaciones locales sobre sus 
ingresos, sino también la libre decisión sobre el destino de sus fondos siempre que sea, 
eso sí, para el desempeño de los fines públicos que tengan legalmente atribuidos [por 
todas, STC 83/2020, de 15 de julio, FJ 7 b), con cita en la STC 109/1998, de 21 de 
mayo, FJ 10]. Y, en segundo lugar, porque lo determinante de un recargo no es su 
cuantía, sino su particular estructura: se trata de una prestación patrimonial coactiva de 
naturaleza tributaria que se adhiere a un tributo, con elementos comunes de este y al 
tiempo  propio.  En  este  caso,  comparte  con  el  impuesto  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos el hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos y demás 
obligados tributarios, devengo y base imponible, siendo sus elementos básicos el propio 
tributo base (impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos), el parámetro de 
aplicación del recargo (la base imponible del impuesto), el tipo del recargo, a determinar 
mediante ordenanza municipal por la corporación local barcelonesa con los límites y 
condiciones establecidos por la ley autonómica, y la cuota del recargo. Se trata, pues, de 
prestación  patrimonial  coactiva  de  naturaleza  tributaria  que  persigue  finalidades 
principalmente recaudatorias en favor de un beneficiario, generalmente distinto del ente 
público titular del tributo sobre el que recae.
Por tanto, el art. 34 bis de la Ley 5/2017 no invade competencia exclusiva estatal al 
crear ex novo un recargo municipal sobre un impuesto autonómico y configurar sus 
elementos esenciales. Primero, porque solo la comunidad autónoma, en virtud de su 
competencia exclusiva para crear tributos propios ex art. 203.5 EAC, tiene competencia 
para crear, a su favor o a favor de otro ente público, un recargo sobre sus propios 
impuestos. Y, segundo, porque es precisamente el legislador estatal (art. 38.2 TRLHL) en 
el ejercicio legítimo de su competencia exclusiva sobre hacienda general (art. 149.1.14 
CE), el que expresamente prevé la posibilidad de que la comunidad autónoma habilite a 
los ayuntamientos a establecer recargos sobre los impuestos autonómicos, con la sola 
exigencia de que así se prevea explícitamente en una ley autonómica. De esta forma, el 
precepto legal autonómico recurrido se inserta en el marco previamente definido por el 
Estado, según el art. 149.1.14 CE, para que las entidades locales puedan establecer 
recargos sobre impuestos autonómicos; esto es, que sea una ley autonómica la que cree 
ex novo dicho recargo (en este caso, potestativo) y fije condiciones y un tope máximo a 
las tarifas del mismo, como preceptúa el principio de reserva de ley en materia tributaria, 
para que la corporación local pueda ejercer su potestad tributaria normativa, mediante 
ordenanza municipal, poniendo en vigor el referido recargo y determinando sus tarifas 
con  arreglo  a  los  límites  legalmente  impuestos  por  la  comunidad  autónoma,  s
salvaguardando con ello asimismo el principio de autonomía local (en sentido similar, la  oe.
STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3, sobre un recargo municipal sobre el IRPF  w.
ecrxetraedmoo e.x novo por ley estatal). Procede, así, desestimar también el recurso en este  2021-1130n https://w
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad contra el art. 5 de la Ley del 
Parlamento  de  Cataluña  5/2020,  de  29  de  abril,  de  medidas  fiscales,  financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que 
inciden en el medio ambiente.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
2021-1130n https://w