BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Sábado 28 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 105175
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14264 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe sobre los 
acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos  formalizados  por  los 
interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
los  acuerdos  adoptados  con  omisión  del  trámite  de  fiscalización  previa, 
ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los 
interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
las  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos,  así  como  sobre  los  acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Estado a:
– Adoptar las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente 
de  funcionarios  de  habilitación  nacional  en  los  órganos  de  control  interno  de  las 
entidades locales.
– Efectuar una revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito  en  el  marco  presupuestario  actual  para  que  se  regulen  los  supuestos 
excepcionales en los que puede ser aplicado.
3.  Instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a:
– Establecer  las  medidas  necesarias  para  asegurar  una  dotación  de  efectivos 
suficientes de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de 
las  entidades  locales,  cuya  selección  corresponde  a  la  Administración  General  del 
Estado, y la Comunidad Autónoma debería impulsar la agrupación de puestos.
– Revisar  la  figura  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  el  marco 
presupuestario  actual,  emanado  de  la  Ley  47/2007,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos excepcionales en los que 
se ha aplicado, con la finalidad de impedir la utilización del reconocimiento extrajudicial 
de crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
la cual no está admitida en nuestro ordenamiento.
4.  Instar al gobierno de la comunidad a:
– Agilizar la celebración anual de concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las 
corporaciones locales siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, a  es
efectos de asegurar una cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a  bo
funcionarios con habilitación nacional y así evitar los nombramientos accidentales, los  264ww
hpaubeislittoasc ióvna cnaanctieosn ayl  ploar  aoccuumpauclaiócnió np.or  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con
5.  Instar a las entidades locales a:
– Implementar  procedimientos  de  gestión  en  relación  con  los  gastos  de  menor 
cuantía y, en general, para garantizar el inicio de la tramitación de los expedientes de 
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura 
contractual como consecuencia de la expiración del término de contratos previos.
– Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que, 
amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración, 
originan recurrentemente, mediante la aplicación del procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de 
ejercicios anteriores –o incluso del propio ejercicio–, derivados de actos administrativos 
incursos en causas de nulidad.
– Evitar  el  desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control  interno,  que 
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
N.º 1.362 
INFORME SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS 
INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN 
MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL 
TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, 
EJERCICIO 2016 
 
 
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su 
sesión  de  19  de  diciembre  2019,  el  Informe  de  fiscalización  sobre  los  acuerdos  y 
resoluciones  contrarios  a  reparos  formalizados  por  los  interventores  locales  de  las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y las anomalías detectadas en 
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa, ejercicio 2016 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo 
prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
   
ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN. 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO. 
I.2. ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.2.1. Ámbito subjetivo. 
I.2.2. Ámbito objetivo. 
I.2.3. Ámbito temporal. 
I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO. 
I.4. MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
I.5. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
II.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON LOS 
ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS. 
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales 
anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.2.  Entidades  sin  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales. 
II.1.4.  Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto. 
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos. 
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos. 
II.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE IMPORTE 
SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
II.2.1.   CABILDO INSULAR DE EL HIERRO. 
II.2.2.   CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. 
II.2.3.   CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. 
II.2.4.   CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
II.2.5.   CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. 
II.2.6.   CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 
II.2.7.   AYUNTAMIENTO DE ARONA. 
II.2.8.   AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
II.2.9.   AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. 
II.2.10.  AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 
II.2.11.  AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
II.2.12.  AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. 
II.2.13.  AYUNTAMIENTO DE TELDE. 
II.2.14.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS  ACUERDOS 
CONTRARIOS  A  REPAROS  Y  DE  LOS  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  e.e
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE  bo
LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS.  264ww
II.3. IRNETFEERRNEON ECNIA L EASSP EENCTÍFIDICAAD EAS D. ETERMINADOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE CONTROL
IIIVI..  CROENCCOLMUESNIODANCESIO. NES.
ANEXOS.
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017.  
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 30 de septiembre en Canarias.  
Cuadro  3.  Nivel de cumplimiento en relación con los ejercicios anteriores.  
Cuadro  4.  Remisión de información de las entidades dependientes.  
Cuadro  5.  Entidades dependientes respecto de las que se ha remitido la información en la fase 
de alegaciones.  
Cuadro  6.  Entidades que han presentado certificaciones negativas por tipo de entidad y tramo de 
población.  
Cuadro  7.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de población.  
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población.  
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del expediente 
afectado.  
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 216 del 
TRLRHL.  
Cuadro  11.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada.  
Cuadro  12.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo. 
Cuadro  13.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo de 
población.  
Cuadro  14.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al órgano que 
resuelve.  
Cuadro  15.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso.  
Cuadro  16.  Representatividad de la muestra de expedientes.  
Cuadro  17.  Acuerdos contrarios a reparos por tipología de expediente. Cabildo Insular de El 
Hierro.  
Cuadro  18.  Servicios y suministros prestados sin adecuada cobertura contractual. Cabildo Insular 
de Fuerteventura.  
Cuadro  19.  Distribución por entidades de los acuerdos contrarios a reparos. Cabildo Insular de 
Gran Canaria.  
Cuadro  20.  Distribución por entidades de los acuerdos contrarios a reparos informados. Cabildo 
Insular de La Palma.  
Cuadro  21.  Acuerdos contrarios a reparos por tipología de expediente. Cabildo Insular de La 
Palma.  
Cuadro  22.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de expediente. Cabildo Insular de Lanzarote.  
Cuadro  23.  Acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías en materia de ingresos comunicados. Cabildo de Tenerife.  
Cuadro  24.  Acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías en materia de ingresos comunicados por entidades. Cabildo de Tenerife.  
Cuadro  25.  Acuerdos  contrarios  a  reparos  según  la  tipología  del  gasto.  Cabildo  Insular  de 
Tenerife.   e.e
Cuadro  26.  Cantidades abonadas en concepto de intereses por contratos de permuta financiera  w.
en el Cabildo Insular de Tenerife.   264ww
Cuadro  27.  Acuerdos contrarios a reparos por entidades. Ayuntamiento de Arona.  
CCuuaaddrroo    2289..   AAccuueerrddooss  ccoonnttrraarriiooss  aa  rreeppaarrooss p eonr  tfiupnocloiógnía d dee l ae xtpipeodlioegnítae .d Aeyl ugnatsatmo.i eAnytuon dtea mAireonntao.   de  BOE-A-cable e
Las Palmas de Gran Canaria.  
Cuadro  30.  Expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  según  tipología  de  contrato. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.  
Cuadro  31.  Servicios y Suministros realizados sin cobertura contractual. Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana.  
Cuadro  32.  Acuerdos contrarios a reparos por entidades. Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna.  
Cuadro  33.  Acuerdos  contrarios  a  reparos  según  tipo  de  expediente.  Ayuntamiento  de  San 
Cristóbal de La Laguna.  
Cuadro  34.  Prestaciones incluidas en el reconocimiento extrajudicial de crédito. Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Tirajana.  
Cuadro  35.  Prestaciones incluidas en los expedientes con omisión de fiscalización. Ayuntamiento 
de Telde.  
Cuadro  36.  Servicios y suministros sin cobertura contractual.  
Cuadro  37.  Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes sobre los que se analiza su sistema de 
control interno.  
Cuadro  38.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional.  
Cuadro  39.  Puestos adscritos al órgano de intervención municipal y nivel de ocupación.  
 
 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
COSITAL  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. 
EBEP  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
EATIM  Entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 
EELL  Entidad local. 
EIASA  Empresa Insular de Artesanía, S.A.  
FEMP  Federación de Española de Municipios y Provincias. 
FHN  Funcionarios de habilitación nacional. 
IGIC  Impuesto General Indirecto Canario. 
IIASS  Instituto Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria. 
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera. 
LPAC  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
LRSAL  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 
MHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
OCEx  Órgano de Control Externo. 
RJFHN  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
RPPFHN  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
RPT  Relación de Puestos de Trabajo. 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
TRLRHL  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
TRLRL  Texto refundido de Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  e
  264www.
  
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control 
del Sector público local, entre ellas, el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El número 3 de dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención 
de las entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados 
por el órgano competente de dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o 
deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado 
lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos. Esta obligación de remisión ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014. 
Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se dictó la “Instrucción que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a 
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa”, aprobada por 
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, y publicada por Resolución de 
la Presidencia de 10 de julio de 2015. En ella se establece que la remisión de dicha información 
deberá realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales y 
se determina el procedimiento a través del cual ha de llevarse a efecto. 
Esta obligación contribuye a fortalecer el control sobre la gestión económico-financiera del sector 
público local de las diferentes instituciones con competencias en la materia, cada una en el ámbito 
de sus respectivas funciones, lo que potencia los efectos de las diversas actuaciones que sobre la 
misma se realicen, maximizando sus resultados.  
La información que han de remitir los órganos de Intervención pone de manifiesto las incidencias 
más significativas detectadas en el desarrollo de su actuación y permite efectuar una evaluación 
de  riesgos,  tanto  de  entidades,  como  de  áreas  en  las  que  se  reflejan  las  deficiencias  o 
irregularidades detectadas por los responsables del control interno de las entidades locales. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones en materia 
de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos,  reconocimiento  de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal, la 
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta 
resulte preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos suspensivos de la intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
Estas circunstancias evidencian, por sí mismas, el especial interés que reviste realizar un análisis 
específico sobre la información remitida por los interventores locales, lo que motivó que en el 
Programa Anual de Fiscalizaciones para el año 2016 se incluyera, a iniciativa del propio Tribunal, 
la  “Fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos  formulados  por  los 
Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en 
coordinación con los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas”. En él se 
determinaron, en relación con los referidos ejercicios, los negocios y actos que dieron lugar a  e.
acuerdos contrarios a reparos, así como las principales causas y los tipos de gastos que, con  w.
mayor  frecuencia,  se  concluyeron  con  omisión  de  la  fiscalización  previa,  a  la  vez  que  se  264ww
dmeetdeicdtaa.r on las anomalías en materia de ingresos que se produjeron en el ámbito local en mayor
Esta actuación se desarrolló de manera coordinada con los órganos de control externo de las 
comunidades autónomas (OCEx), de modo que también estos previeron una fiscalización sobre 
esta materia en sus respectivos Programas de Fiscalización, elaborando y aprobando cada uno de 
ellos un informe relativo a las entidades locales sitas en el ámbito territorial en el que despliega su 
actividad  fiscalizadora.  De  este  modo,  se  efectuó  un  análisis  de  la  materia  más  amplio  y 
representativo, a la vez que homogéneo. 
El Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 21 de diciembre de 2017, puso de 
manifiesto en sus conclusiones, entre otras cuestiones, la debilidad en los modelos de control 
interno implantados en gran parte de las entidades analizadas, además de destacar como áreas 
de mayor riesgo en relación con la aprobación de acuerdos contrarios a reparos y omisión de 
fiscalización previa, los expedientes de contratación y los gastos de personal.  
El alcance de las conclusiones recogidas en el referido Informe, el carácter anual de la obligación 
de presentar la referida información por los interventores, así como el interés de verificar el 
cumplimiento  del  deber  que  legalmente  se  les  impone  y  de  examinar  el  contenido  de  la 
información  al  objeto  de  determinar  las  modalidades  de  negocios  y  actos  que  dan  lugar  a 
acuerdos contrarios a reparos, y las principales causas y los tipos de gasto que, con mayor 
frecuencia, se concluyen con omisión de la fiscalización previa, a la vez que las anomalías en 
materia  de  ingresos  que  se  producen  en  el  ámbito  local,  hacen  que  se  haya  considerado 
conveniente la realización de estas actuaciones fiscalizadoras. 
Con el objetivo de incrementar el alcance y profundidad del análisis del control interno –tanto en lo 
que se refiere al número de entidades examinadas, como a los diferentes aspectos objeto de 
análisis–, así como de fiscalizar un porcentaje mayor de acuerdos, resoluciones y expedientes, en 
esta  ocasión  se  incluyeron  en  el  Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  2018  distintos 
procedimientos fiscalizadores en la materia, relativos a las entidades locales de cada una de las 
comunidades  autónomas  sin  Órgano  de  Control  Externo  —Cantabria,  Castilla-La  Mancha, 
Extremadura, La Rioja y Región de Murcia—. Posteriormente se incorporó al referido Programa la 
presente fiscalización, relativa a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dada la imposibilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias para integrarla en su Programa 
para  2018,  por  lo  que  ha  sido  desarrollada  por  el  Tribunal  de  Cuentas.  La  realización  de 
fiscalizaciones separadas permite reflejar las particularidades existentes en las entidades locales 
de cada una de las comunidades autónomas. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 
Con fecha 28 de junio de 2018 se modificó el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de 
Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno de la Institución el 21 de diciembre de 2017, 
para añadir, en el Apartado III.5, de entre las llevadas a cabo a iniciativa propia de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la 
“Fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos  formalizados  por  los 
Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y las 
anomalías detectadas en materia  de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 
 
Esta fiscalización queda enmarcada en el contexto del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de abril de 2018, en particular, en 
su  objetivo  estratégico  1.  Contribuir  al  buen  gobierno  y  a  la  mejora  de  la  actividad  e.
económico-financiera  del  sector  público,  en  su  objetivo  específico  1.2.  Fomentar  buenas  w.
prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas: medida 1 –Desarrollar  264ww
foisrgcaanlizizaaccioiónne, sg eesnt iólans  y qcuoen trsoel  ddee telarsm iennetnid aladse si rpreúgbuliclaarsid afidsceasl izya ddaesfi,c aiesní cciaosm od elotesc tpardoagsr eesons  lay 
binuceunmapsl impireáncttoicsa os  ednetid agdeessti óqnu e onbos reinrvdaedna csu-,e nmtaesd-,id ma ed2i da– F3i s-Fcaislcizaalirz alra as ctáuraecaiosn ecso ne comnaóymoirceos-  BOE-A-cable e
financieras de relevancia y actualidad-, medida 4 –Impulsar actuaciones dirigidas a fomentar la 
rendición de cuentas por las entidades públicas, así como la máxima colaboración de las mismas 
con el Tribunal en el ejercicio de sus funciones-, en su objetivo específico 1.3. Identificar y 
fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan 
propiciar el fraude y la corrupción: medida 1 –Desarrollar fiscalizaciones en aquellos ámbitos en 
los que, a la vista de las actuaciones desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, 
pudiera apreciarse la existencia de irregularidades que pudieran dar lugar a la exigencia de 
cualquier tipo de responsabilidad- y en su objetivo específico 1.4. Incrementar las fiscalizaciones 
operativas medida 2 –Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno 
y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública y la 
ejecución  de  los  programas  de  ingresos  y  gastos;  y  además,  en  su  objetivo  estratégico  2. 
Fortalecer la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas. 
 
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.2.1.  Ámbito subjetivo 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa a la 
que  les  resulte  de  aplicación  el  artículo  218.3  del  TRLRHL.  Están  integrados  en  el  ámbito 
subjetivo, por tanto: 88 ayuntamientos, los siete cabildos insulares y doce mancomunidades. 
Además, forman parte del ámbito subjetivo cualesquiera otras entidades del sector público local 
de la comunidad autónoma, adscritas o dependientes, sujetas a dicha modalidad de fiscalización. 
I.2.2.  Ámbito objetivo 
El ámbito objetivo comprende los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes adoptados con 
omisión de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos que han de remitir al 
Tribunal de Cuentas los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como la demás información que han de presentar conforme al artículo 
218.3 del TRLRHL y a la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
I.2.3.  Ámbito temporal 
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 
2016, sin perjuicio de que, para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos, se efectúen 
los análisis y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores o posteriores que se consideren 
relevantes. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Esta  actuación  tiene  carácter  horizontal.  Se  trata  de  una  fiscalización  esencialmente  de 
cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos a verificar la aplicación de las disposiciones legales y 
reglamentarias a las que está sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia objeto de la misma. También constituye 
una fiscalización operativa, en la medida en que se examinarán los sistemas y procedimientos de 
control interno de las entidades locales. 
Las Directrices Técnicas de la fiscalización, aprobadas por el Pleno Tribunal de Cuentas el 20 de  e.e
julio de 2018, establecieron los siguientes objetivos para la misma:  w.b
1.  sVoebrirfeic alors  eal ccuuemrdpolism cieonnttora rdioes  laa  roebpliagraocsi ófno rmdeu laredmosit ipr olar  lain fIonrtemravecinócnió anl  loTcriablu, nloasl  edxep eCduieennttaess 
cloocna loems diseiól ná mdbei tfois tcearlriiztoarciaiól ns upjreetovi aa  fyis lcaasl izparicnicóinp.a les anomalías de ingresos de las entidades
2.  Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a 
reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa 
y a las principales anomalías de ingresos. 
3.  Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la 
información remitida por los órganos de Intervención. 
4.  Detectar y analizar las áreas en las que se ponga de manifiesto de manera más significativa 
una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de 
Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente 
se valorarán aquellos ámbitos en los que sea más destacable una distinta tramitación por los 
órganos de las entidades locales competentes en cada caso, de los acuerdos contrarios al 
informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa. 
Asimismo, en las Directrices Técnicas se preveía que se verificaría la observancia de la normativa 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la normativa reguladora de la transparencia, 
en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de 
las actuaciones fiscalizadoras. 
Los trabajos de esta fiscalización se han efectuado a partir del análisis global de la información y 
documentación que las entidades que conforman el ámbito subjetivo han remitido a través de la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), en 
adelante, la Plataforma, en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del 
Tribunal de 30 de junio de 2015, que comprende: 
-  Información  general  sobre  el  control  interno  desarrollado  en  la  entidad  local  durante  el 
ejercicio. 
-  Información sobre los acuerdos adoptados en contra del reparo formulado por el órgano de 
intervención, así como de los expedientes concluidos con omisión de fiscalización previa y de 
las principales anomalías de ingresos. 
-  Copias de los acuerdos y resoluciones y de los informes de Intervención, y, en su caso, del 
informe justificativo de la unidad gestora. 
Se  ha  seleccionado  para  su  análisis  una  muestra  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos, 
expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  y  anomalías  de  ingresos  remitidos  por  las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma. La selección se ha realizado a partir de una 
aplicación combinada de los siguientes criterios: el importe del expediente —considerándose 
aquellos de cuantía superior a 50.000 euros—, el tamaño de la entidad —se han revisado 
expedientes  de  la  totalidad  de  los  Cabildos  cuyos  órganos  de  Intervención  han  remitido 
expedientes, que han sido todos ellos excepto el del Cabildo Insular de La Gomera, el cual 
certificó la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y anomalías de ingresos y, además, de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes—, 
la relevancia del tipo de gasto en la entidad y la especial significación del expediente. 
Se ha realizado también un análisis específico sobre el control interno —régimen de control, 
alcance de la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos y dotación de su personal, entre  e.
otros aspectos— de una muestra de entidades seleccionadas atendiendo a criterios de evaluación  w.b
de riesgo, habiéndose considerado, en todo caso, para esta segunda selección de muestra, las  264ww
entidades de población superior a 5.000 habitantes.
LInate rinvfeonrtmoraecsió an  tpraavréas  lodse  ltara Pbalajotasf osrme ah. aA doebmteánsid, os,e  fuhnad saomliceintatadlom einnftoer,m  daeci ólna  yr edmoictiudma epnotar cilóons 
específica sobre aquellos aspectos que requirieron aclaraciones adicionales así como en relación 
con el control interno de la entidad.  
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones 
que ha considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, 
utilizando los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las 
Normas de Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 
2013. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 
La  normativa  reguladora  del  régimen  local,  aplicable  a  lo  largo  del  periodo  objeto  de  la 
fiscalización, es principalmente la siguiente: 
-  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL). 
-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL). 
-  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de Presupuestos (RD 500/90). 
-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), derogada, con efectos de 2 de octubre 
de 2016, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPAC). 
-  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIPGB). 
-  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL). 
En los párrafos siguientes se detalla el régimen jurídico en relación con los diferentes aspectos de 
la materia fiscalizada.  
Control interno en las entidades locales  bo
Edf2in1el a3 en jlyeec rgisceaiigrcloiuido ia-e eddnfe teel cllscet ouvdnaaetddlr oooT l R cinaoLt nRe crHpnaLoob.s o et enrc ieoolrn áid macdba irtaáo c lltoaec rra elp asrleeiz varieocai ólianz  ad lame le rgdeaiaaslntizotea-, c laisó enfug núdcnei óld nis gipnaotsentroev-ne  nylto osre ala  -rcctíoocnnuttlrrooosll    OE-A-2021-14able en https://
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones 
o  gastos  de  contenido  económico,  los  ingresos  y  pagos  que  de  aquellos  se  deriven,  y  la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Se encuentran exentos 
de intervención previa los contratos menores, gastos de material no inventariable, periódico y de 
tracto sucesivo, una vez fiscalizados los actos iniciales, así como otros gastos menores de 
3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema 
de anticipos de caja fija. 
El Pleno de la entidad puede implantar un sistema de fiscalización limitada previa en virtud del 
artículo 219.2 del TRLRHL. De acuerdo con este modelo, el Interventor extiende su control previo 
a la comprobación de la competencia del órgano al que se somete el gasto, a la adecuación y 
suficiencia de crédito y a otros aspectos que debe acordar el Pleno de la entidad local. Este 
sistema debe complementarse con un control posterior basado en técnicas de auditoría, cuyos 
resultados deben plasmarse en un informe dirigido al Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Se señala que informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público, 
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano 
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que 
debe realizarse, de acuerdo con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la 
fiscalización limitada previa. 
Con carácter posterior al periodo fiscalizado fue objeto de aprobación el actual Reglamento de 
Control Interno (RCI), aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, cuya entrada en vigor 
se produjo el 1 de julio de 2018, dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 213 del 
TRLRHL, tras la modificación introducida por la LRSAL. Esta norma ha supuesto una importante 
novedad en la materia objeto de esta fiscalización al armonizar los procedimientos, alcance y 
técnicas  a  emplear  en  el  control  interno  de  las  entidades  del  sector  público  local  con  las 
empleadas por la Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el 
vacío  existente,  en  tanto,  hasta  su  aprobación  no  existía  en  el  ámbito  local  un  desarrollo 
reglamentario en relación con la fiscalización interna de la gestión económico financiera. 
Formulación de reparos por el órgano de intervención 
La formulación de reparos por el órgano de intervención y los efectos de los mismos se regulan en 
los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. Así, se establece que si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
Estos reparos suspenderán la tramitación del expediente si afectan a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre y cuando la causa del reparo sea 
insuficiencia de crédito o inadecuación del propuesto, que no hubieran sido fiscalizados los actos  e.
que dieron origen a las órdenes de pago, omisión en el expediente de requisitos o trámites  w.
esenciales, o bien cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,  264ww
adquisiciones y servicios.
C21u7a nddeol  TeRl LóRrgHaLn oe satla qbuleec ea fqeucete c eolr rreesppaoron dperreás erensteo lvseur  dails Pcrreepsaidnecniate r edsep leac eton taidl amd islomcaol,,  esla alvrotí cquuleo 
los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o 
gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este 
órgano. Esta competencia tiene carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido 
de Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRLRL), prevén su posible delegación. 
La figura de la omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local hasta la 
entrada en vigor del RCI, que le otorga una regulación similar a la existente en el ámbito estatal, 
señalando que se produce en aquellos casos en los que se omite la función interventora siendo 
preceptiva, no pudiendo tramitar el reconocimiento de la obligación ni el pago de la misma hasta 
que  se  proceda  a  la  resolución  de  la  citada  omisión.  Se  concreta,  además,  que  el  órgano 
competente, una vez visto el informe emitido por intervención –del que se especifica que no tendrá 
el carácter de fiscalización previa-, para determinar si continuar con el procedimiento y demás 
actuaciones que pudieran proceder, será el Presidente de la entidad local, salvo que se trate de 
obligaciones o gastos cuya competencia sea del Pleno, en cuyo caso, tendrá este órgano la 
competencia. Además, se determina que, en los municipios de gran población, podrá ser la Junta 
de Gobierno Local quien adopte la resolución procedente. 
Remisión de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías de ingresos al Tribunal de Cuentas 
El órgano interventor debe elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218 TRLRHL). 
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por la LRSAL, dicha información, además, 
debe ser remitida al Tribunal de Cuentas. En este sentido se pronuncia el art. 218.3 del TRLRHL, 
que establece lo siguiente: 
3.  El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios  a  los  reparos  formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías 
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá acompañar, en su 
caso los informes justificativos presentados por la Corporación Local.” 
La obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el 
órgano  competente  de  dichas  entidades  en  los  que  concurran  posibles  irregularidades  o 
deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado 
lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos, se completó, por la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015,  con la relativa a los acuerdos o resoluciones adoptados con omisión de la fiscalización 
previa, con la finalidad de abarcar el conjunto de expedientes concluidos con reparos por los 
órganos gestores y de aquellos en los que no se haya podido pronunciar el órgano de Intervención 
sobre su legalidad.  
La Instrucción arbitró un sistema de remisión de la información sobre reparos con carácter anual y 
estructurado en cuatro apartados diferenciados: relación de acuerdos contrarios a reparos del 
ejercicio; relación de los acuerdos o resoluciones que concluyan expedientes administrativos de 
gastos tramitados al margen del procedimiento y, en todo caso, con omisión de la fiscalización 
previa; relación de las principales anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo  e.
de las tareas de control interno de la gestión de los ingresos; y, por último, un cuarto apartado  w.
relativo a información general, en el que las unidades de Intervención especifican aspectos tales  264ww
creoamlioza claió nim dpela natcatcuiaócni oon ens od ed ec ounnt rosli sftienmanac iedreo  fois claolsiz aincfioórnm  epsre veima itdideo sr epqouris iltooss  óbrágsaincooss,  dlae 
Intervención en relación con otras cuestiones relacionadas.
Los órganos de Intervención de las entidades locales, en cumplimiento de la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, remiten información sobre el alcance del control 
interno, en particular, si se ha implantado un modelo de fiscalización limitada previa o de requisitos 
básicos, posibilidad contemplada en el artículo 219.2 del TRLRHL, y si se efectuaron actuaciones 
de control financiero reguladas en el artículo 220 del referido texto legal. 
Órgano de intervención y provisión de los puestos de trabajo reservados a Funcionarios de 
Habilitación Nacional (FHN) 
El artículo 92.bis de la LRBRL califica el control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria como función pública necesaria en todas las corporaciones locales, y 
reserva su responsabilidad administrativa a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que 
ejercerán la jefatura funcional del órgano de intervención. 
El  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional  en  el  periodo 
fiscalizado es el establecido con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) y, además, en el artículo 92 bis de la LRBRL, tras la modificación efectuada por la 
LRSAL.  
Son también de aplicación durante el ejercicio 2016 los siguientes textos legales en relación con 
dicho régimen jurídico1: 
-  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN). 
-  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
(RPPFHN). 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RPPFHN la denominación y clasificación de los 
puestos  de  trabajo  reservados  a  FHN,  a  los  que  se  les  atribuye  esta  responsabilidad 
administrativa, sigue el siguiente esquema: 
-  Intervención de clase 1ª: En diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y 
ayuntamientos capitales de comunidades autónomas o de provincias y en municipios con 
población  superior  a  20.000  habitantes  los  puestos  están  reservados  a  funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.  
No obstante, el artículo 7 del RPPFHN prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
respectiva clasifique, en los municipios con acusados incrementos de población o en los 
que concurran otras circunstancias que así lo aconsejen y a instancia de la corporación 
interesada, los puestos reservados en clase superior a la que les correspondería.  
-  Intervención  de  clase  2ª:  En  ayuntamientos  de  municipios  cuya  población  esté 
comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes, así como en los de población inferior a 
5.000 habitantes cuyo presupuesto supere los 3.005.060,52 euros. Estos puestos están  es
reservados  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención–Tesorería,  bo
categoría de entrada.   264ww
                                                
1lo Es nf uenl ceiojenracricioios  2d0e1 A8 dsme inaipsrtorabcóió enl  RLoecaal lD ceocnr ehtoa b1il2it8a/c2ió0n1 8d, ed ec a1r6á cdteer  mnaarczioon, aplo, ry e ql uqeu ed seero rgeóg uella R eJl FréHgNim ye enl  juRrPídPicFoH dNe, 
adaptando la normativa reglamentaria a las previsiones contenidas en el EBEP y en la LRSAL.
-  Secretaría de clase 3ª: En el caso de que la población del municipio sea inferior a 5.000 
habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están 
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 
Los artículos 92.bis de la LRBRL y 14 y siguientes del RJFHN establecen la siguiente atribución 
de funciones en relación con la reserva de puestos: 
A los funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería que ocupen el puesto 
reservado en Intervenciones de clase primera o de clase segunda2 les corresponden las funciones 
de control y fiscalización y, además, las de contabilidad, excepto para los municipios de gran 
población, para los cuales, se prohíbe expresamente la atribución de la contabilidad a los órganos 
de intervención.  
A  su  vez,  los  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Secretaría-Intervención  tienen 
atribuidas, además de las anteriores, las funciones de tesorería y recaudación, las de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo. 
En cuanto a la provisión de estos puestos reservados, la LRBRL y RPPFHN establecen que el 
sistema normal de provisión será el concurso; además, se prevé la posibilidad, exclusivamente 
para los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, así como para las 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, de que sus puestos se cubran por libre 
designación.  
Si los puestos no están cubiertos de forma definitiva –esto es, a través de concurso o de libre 
designación- deberán ser objeto de convocatoria pública. El RPPFHN, en el artículo 12, señala 
que  existen  dos  concursos  anuales:  el  concurso  ordinario  y  el  concurso  unitario,  otorgando 
carácter supletorio al concurso unitario frente al ordinario. El ámbito territorial de los concursos 
ordinarios –convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones locales y 
publicados simultáneamente por el órgano competente de las Comunidades Autónomas- será el 
de la CA a la que pertenezca la corporación local y el concurso unitario será de carácter estatal, y 
es convocado con igual periodicidad por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a 
través de la Dirección General de la Función Pública. Además, la normativa establece otras 
formas de cobertura para los puestos que permanezcan vacantes determinando un orden de 
prelación entre las mismas. 
En primer lugar, y conforme al artículo 30  del RPPFHN, se prevé, como nombramiento no 
definitivo de carácter prioritario, el nombramiento provisional, el cual debe ser realizado por la 
comunidad autónoma correspondiente y recaer sobre un FHN. Se deberá realizar de forma 
obligatoria  este  nombramiento  cuando  lo  solicite  un  funcionario  con  habilitación  de  carácter 
nacional  que  reúna  los  requisitos  para  el  puesto  y  éste  estuviera  ocupado  en  virtud  de 
nombramiento accidental o por un funcionario interino. 
A su vez, el artículo 32 del RPPFHN establece que en los casos en los que no se haya podido 
realizar un nombramiento provisional, la Comunidad Autónoma podrá conferir comisiones de 
servicio a FHN destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste3. 
                                                  o
2 En las entidades con Intervención de clase 1ª o 2ª existen otros dos puestos reservados a funcionarios con habilitación  264ww
ddaseee  lcsaaosrr ásacumtbeieer snnctaoac llaieo gInnaatlel ,pr vSreeecncecrpeióttinav-roTía ye,  sTaoelr esqoruíraee, r cyíao l,re rqe cusoepr,or eansld piego unlaad le rqe lusaeps o efnul snpacubieoilsnidteoas dd d eae dI ntmetesinorvirseetnrríacati ióvyna r, e decesa tualadrsáa  cfouicónuncp.i oandeos p doer  ffuen pciúobnlaicraio ys 
p3 aCroar roecsuppoanrd epruáe satlo Ms inreissteerrvioa ddoes l as iPturaedsoidse necni ao ytr ap acroam lausn iAddamd inaiusttórancoimonae sd iTsteinrrtiato ari allae sd ceol npfueerisr tcoo mdeis ipornoecse ddeen sceiar,v iacisoí 
como en otras circunstancias singulares previstas en la normativa.
En tercer lugar, se prevé el nombramiento en acumulación para aquellos casos en los que no 
hubiera sido posible efectuar ninguno de los nombramientos anteriores (provisional o comisión de 
servicios). Debe recaer en FHN y le corresponde a la comunidad autónoma o al Ministerio en caso 
de que exceda el ámbito de la primera. 
Por último, en los supuestos en los que no sea posible la provisión de los puestos a través de un 
nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, la norma admite proveer el 
puesto por un funcionario de la propia entidad –el nombramiento, que se denomina accidental, 
deberá recaer en un funcionario de la corporación debidamente capacitado- o por un funcionario 
interino,  cuyo  nombramiento  se  realizará  de  acuerdo  con  los  principios  de  igualdad,  mérito, 
capacidad y publicidad y deberá recaer sobre un persona en posesión de la titulación exigida para 
el acceso a la subescala y categoría correspondiente. Los nombramientos accidentales los realiza 
la  corporación  y  los  de  funcionario  interino  se  resuelven  por  el  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma. En todo caso, se debe acreditar la imposibilidad de provisión por un 
funcionario con habilitación de carácter nacional. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales 
en el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la obligación de rendir 
cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, según 
establece el artículo 201 de dicho Real Decreto Legislativo. En iguales términos se manifiestan las 
Órdenes  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  HAP/1782/2013,  por  la  que  se  aprueban, 
respectivamente, las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad local. 
En el Anexo I se presentan los datos sobre el cumplimiento de la obligación de rendición de las 
cuentas generales de las entidades que conforman el ámbito subjetivo4 en los ejercicios 2016, 
2017 y 2018 a la fecha de elaboración de este Proyecto de Informe:  
-  Respecto del ejercicio 2016, la totalidad de los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y sus 7 Cabildos habían rendido su cuenta general del ejercicio 2016 al Tribunal 
de Cuentas. Por lo que respecta a las mancomunidades solo tres de las doce no habían 
rendido la cuenta general de dicho ejercicio. 
-  En relación con el ejercicio 2017, no han rendido su cuenta general el Cabildo Insular de 
Fuerteventura y seis mancomunidades5. 
-  Por último, la cuenta general de 2018 —cuyo plazo para la rendición finalizó el pasado 15 de 
octubre— ha sido remitida por 71 de los 88 Ayuntamientos, el Cabildo Insular de La Gomera y 
las Mancomunidades Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria y Norte de Gran Canaria, 
poniendo de manifiesto un retraso generalizado en la rendición de las cuentas dentro del plazo 
establecido por la normativa. 
 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44 de la de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas (LFTCu), el Anteproyecto de Informe se remitió a los representantes de las  s
20  entidades  que  conforman  la  muestra  examinada  para  que  alegasen  y  presentasen  los  e.
documentos y justificaciones que estimaran convenientes.  w.
                                                
45  FLuae nMtea:n Ccoumenutnaisd agde ndeer aMleusn riecnipdioidsa sd ea l GTrriabnu nCaal dnea rCiau epnatraas  laa  1P8o dteen dciiaciceiómnb rdee d ela s2 0E1n9e. rgías Renovables, Inversión y
Desarrollo se extinguió en el ejercicio 2016, produciéndose su baja en el censo en 2017.
Asimismo se envió, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo fiscalizado 
cuando no coincidieron con quienes lo hacían en el momento de remisión del Anteproyecto de 
Informe, lo que ocurría en trece de las 20 entidades. A su vez, en otros siete casos se ha remitido 
el Anteproyecto de Informe a las personas que fueron representantes de estas entidades antes del 
ejercicio 2016, respecto de unas operaciones contractuales realizadas durante su mandato que 
han tenido efectos en el periodo fiscalizado.  
Además, respecto de los incumplimientos de la obligación de remisión de la información que 
establece el artículo 218.3 del TRLHL en relación con las entidades dependientes, se ha remitido 
el extracto del Anteproyecto donde se indicaba tal circunstancia a los órganos de intervención de 
las siete entidades en las que se produjo dicha omisión, en tanto son los órganos responsables de 
la obligación señalada.  
Se han recibido alegaciones, dentro del plazo otorgado —que, incluidas las prórrogas solicitadas, 
finalizó el 18 de noviembre de 2019—, de ocho representantes actuales de las 20 entidades 
fiscalizadas y de once representantes anteriores; además, el exalcalde del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna anterior al periodo fiscalizado ha remitido alegaciones fuera del plazo 
concedido. Por otra parte, se ha recibido la información señalada en el párrafo anterior en relación 
con el conjunto de órganos de Intervención a los que se les remitió la parte del Anteproyecto de 
Informe que afectaba a la entidad en la que realizaban las funciones de Intervención. 
Todas las alegaciones, tanto las realizadas dentro como fuera de plazo, han sido objeto del 
oportuno tratamiento, dando lugar a las modificaciones y precisiones en el Proyecto de Informe de 
Fiscalización que se han considerado procedentes. En relación con los criterios interpretativos y 
las valoraciones presentadas en las alegaciones que discrepan de los contenidos de aquel y que 
no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, se ha incluido en el Proyecto de Informe una 
explicación sucinta de los motivos por los que el Tribunal mantiene su interpretación o valoración 
frente a lo expuesto en alegaciones. No se han realizado cambios ni valoraciones respecto de las 
alegaciones que explican, aclaran o justifican los resultados expuestos sin rebatir su contenido o 
que plantean opiniones sin soporte documental o normativo. 
 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ASPECTOS  GENERALES  SOBRE  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  EN  RELACIÓN 
CON LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS, EXPEDIENTES CON OMISIÓN 
DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE 
INGRESOS 
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos 
contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  y 
principales anomalías en la gestión de ingresos 
En este epígrafe del Proyecto de Informe, se analiza —dando así cumplimiento al primero de los 
objetivos de la fiscalización— el grado de cumplimiento de los órganos de Intervención de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias de la obligación de remisión al Tribunal 
de  Cuentas  de  la  información  relativa  a  los  acuerdos  adoptados  en  contra  de  los  reparos 
formulados, a los expedientes con omisión de fiscalización previa, así como a las principales 
anomalías de ingresos. De acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de  e.
2015,  que  desarrolla  la  referida  obligación  establecida  en  el  artículo  218.3  del  TRLRHL,  la  w.b
remisión de la información correspondiente al ejercicio 2016 debía realizarse antes del 30 de abril  264ww
dEneal  cn2ioi0vn1ea7l l. d ae 3 c1u dmep dliimciieemntbor ed dee l a2 0o1b7li gsaec pióronp aonrcailoiznaad ean p eal rcau aedl rcoo nsijguuniteon dtee,  seinetniddaod eels p odrecle tnetrarjieto rdioe   OE-A-2021-14able en https://
envíos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias del 81%, frente al 59% 
de media del conjunto de entidades locales del territorio nacional. 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Envíos realizados ejercicio 2016 
Comunidad Autónoma   Nº EELL  En Plazo      Total a 31/12/2017 
Nº  %     Nº  % 
Andalucía  892  205  23  467  52 
Aragón  854  266  31  568  67 
Canarias  107  63  59  87  81 
Cantabria  645  61  9  103  16 
Castilla y León  4.748  1.489  31  2.539  53 
Castilla-La Mancha  1.093  426  39  663  61 
Cataluña  1.127  691  61  860  76 
Comunitat Valenciana  618  361  58  463  75 
Extremadura  472  182  39  325  69 
Galicia  363  84  23  273  75 
Illes Balears  77  37  48  68  88 
La Rioja  212  79  37  136  64 
Comunidad de Madrid  225  109  48  135  60 
Principado de Asturias  133  49  37  75  56 
Región de Murcia  52  23  44  39  75 
TOTAL  11.618  4.125  36  6.801  59 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Nota: No incluye País Vasco y Navarra. 
El mapa territorial específico de la Comunidad Autónoma de Canarias -conformado en un 67% por 
ayuntamientos  de  población  superior  a  los  5.000  habitantes-  favorece  que  el  índice  de 
cumplimiento de la obligación de remisión de la información antedicha sea más elevado que el 
correspondiente al nivel nacional, en tanto son las entidades más pequeñas en las que en menor 
medida se cumple con esta obligación. 
Se han considerado los datos de remisión de información a 30 de septiembre —fecha de corte en 
la toma de datos tenida en cuenta a efectos de esta fiscalización—6. En el siguiente cuadro se 
muestran los datos del grado de cumplimiento, por tipo de entidad y por población, en el caso de 
los ayuntamientos: 
                                                
6C Dueenstpausé, se ld óer glaa nfeoc hdae  iInndteicravednac —ióne l d4e ld Ae youcntutabmreie dneto 2 d0e1 9S—an y S ae ibnasstatinácni ad ed elal  rGeqoumeerirma ireenmtoit iróe alali zinafdoor mpoarc ieóln T erixbiguindaal  dene 
el artículo 218.3 del TRLRHL que no ha sido objeto de análisis.
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 30 de septiembre en Canarias 
Tipo entidad  Nº EELL  Nº Envíos   En plazo  Fuera de plazo 
Ayuntamientos  88  80  53  27 
  Más de 300.000 h.  1  1  1  0 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  3  3  2  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  0  1 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  3  3  2  1 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  10  8  5  3 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  41  39  25  14 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  28  24  17  7 
  Menos de 1.000 h.  1  1  1  0 
Cabildos Insulares  7  7  5  2 
Mancomunidades  12  9  5  4 
Total  107  96  63  33 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
La  totalidad  de  los  órganos  de  Intervención  de  los  Cabildos  Insulares  y  el  93%  de  los 
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes remitieron la información, con la excepción de los 
Ayuntamientos de Agüimes7, La Guancha7, Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera7. 
Cinco de los siete Cabildos Insulares —excepto los Cabildos Insulares de Fuerteventura y La 
Gomera—  y  el  64%  de  ayuntamientos  mayores  de  la  población  indicada  lo  hicieron  con 
anterioridad al 30 de abril de 2017, fecha límite de cumplimiento. 
El 86% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de población entre 1.000 y 5.000 
habitantes y el único municipio de menos de 1.000 habitantes remitieron la información. Por lo que 
se refiere a las doce mancomunidades, cumplieron la obligación analizada el 75% de sus órganos 
de Intervención. En el Anexo II se detallan las entidades que no han remitido la información. 
Para impulsar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, desde 
su implantación en relación con la información del ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas ha 
llevado a cabo un conjunto de medidas en coordinación con los OCEx, con el fin de que los 
órganos  de  Intervención  tomaran  conocimiento  de  la  existencia  de  esta  obligación  y  del 
procedimiento establecido para su cumplimiento. Dichas medidas fueron de dos tipos, por un lado, 
actividades de divulgación y, por otro, actuaciones para promover el cumplimiento, consistentes 
en la remisión de oficios en los que se recordaba dicha obligación, reclamando su cumplimiento 
una vez transcurrido el plazo de remisión. 
Las actuaciones de divulgación se llevaron a cabo a lo largo de 2015, en tanto que 2014 fue el 
primer ejercicio respecto del que se hacía efectiva la obligación de remisión de la información. Se 
remitieron  correos  electrónicos  informativos  a  los  órganos  de  intervención  del  conjunto  de 
entidades  locales,  poniéndose  también  esta  información  en  conocimiento  de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de Consejo General de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), con el objetivo de que contribuyeran a dar 
mayor difusión y publicidad al procedimiento; asimismo se impartieron sesiones formativas y se  s
elaboró una guía de ayuda, disponible en la página www.rendiciondecuentas.es  e.
                                                
7 Los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de Agüimes, La Guancha y San Sebastián de La
Gomera remitieron la información relativa a reparos después de la fecha de corte indicada.
En 2016 y 2017 se elaboraron y pusieron en marcha planes de actuaciones destinados a impulsar, 
entre los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales, el cumplimiento 
de esta obligación en relación con el ejercicio 2016. Estos planes se han seguido ejecutando en el 
ejercicio 2018. Antes de la terminación del plazo previsto para mandar la información, se enviaron 
correos electrónicos recordatorios de la necesaria observancia. Una vez transcurrido dicho plazo 
se remitieron oficios a las unidades de intervención de los ayuntamientos de la comunidad que no 
habían presentado la información correspondiente al ejercicio 2016. Además, se mantuvieron con 
el mismo fin comunicaciones telefónicas con los ayuntamientos de población superior a 5.000 
habitantes. 
En el cuadro siguiente se presenta la evolución del cumplimiento de la obligación de remisión de 
la información relativa a reparos desde el ejercicio 2014 -año para el que entró en vigor el 
cumplimiento de esta obligación-, hasta el ejercicio 2016: 
Cuadro  3.  Nivel de cumplimiento en relación con los ejercicios anteriores 
Tipo entidad  Nº EELL  Nº Envíos 2014  Nº Envíos 2015  Nº Envíos 2016 
Ayuntamientos  88  88  88  80 
   Más de 300.000 h.  1  1  1  1 
   Entre 100.001 y 300.000 h.  3  3  3  3 
   Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  1  1 
   Entre 50.001 y 75.000 h.  3  3  3  3 
   Entre 25.001 y 50.000 h.  10  10  10  8 
   Entre 5.001 y 25.000 h.  41  41  41  39 
   Entre 1.001 y 5.000 h.  28  28  28  24 
   Menos de 1.000 h.  1  1  1  1 
Cabildos Insulares   7  7  7  7 
Mancomunidad   12  9  9  9 
Total  107  104  104  96 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Se observa que el cumplimiento del envío de la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, en un periodo relativamente corto, se encuentra implantado en gran medida entre los 
órganos de Intervención de las entidades locales. 
De las 96 entidades cuyo órgano de Intervención ha remitido la información analizada, las 27 que 
se  relacionan  en  el  cuadro  4  cuentan  con  entidades  dependientes  o  adscritas  sometidas  a 
fiscalización  previa.  La  mayoría  de  los  órganos  de  Intervención  han  remitido  certificaciones 
negativas en relación con sus entidades dependientes, únicamente los Ayuntamientos de Arona, 
las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Valleseco, así 
como los Cabildos Insulares —a excepción del Cabildo Insular de la Gomera—, han informado de 
expedientes en relación con algunos de sus organismos autónomos o consorcios 
En el cuadro 5 se presenta el detalle de las entidades dependientes y adscritas respecto de las 
cuales el órgano de Intervención ha remitido la información analizada en la fase de alegaciones. 
Cuadro  4.  Remisión de información de las entidades dependientes 
Remisión información 
Total  Sin 
Entidad Principal 
Dependientes  Con certificación  Con remisión de  información 
negativa  expedientes 
Cabildos 
Insular de El Hierro  2  1  1  - 
Insular de Fuerteventura  3  2  1  - 
Insular de Gran Canaria  10  4  6  - 
Insular de La Gomera  1  1  -  - 
Insular de La Palma  5  2  3  - 
Insular de Lanzarote  5  2  3  - 
Insular de Tenerife  8  1  7  - 
Ayuntamientos 
       
Agüimes  1   1   -  - 
Arona  4  1  3  - 
Arucas  1  1  - 
 
Gáldar  1  1  -  - 
Garachico  1  1  - 
 
Icod de los Vinos  1  1  -  - 
Ingenio  3  3  -  - 
La Guancha  1  1  -  - 
Las Palmas de Gran Canaria  4  1  3  - 
Los Realejos  1  1  -  - 
Los Silos  1  1  -  - 
Pájara  1  1  -  - 
Puerto de la Cruz  2  2   -  - 
Puerto del Rosario  1  1  -  - 
San Cristóbal de La Laguna  3  1  2  - 
Santa Cruz de la Palma  1  1  0  - 
Santa Cruz de Tenerife  5  3  2  - 
Santa María de Guía de Gran Canaria  1  1  0  - 
Telde  1  1  0  - 
Valleseco  1  1  - 
 
Total   69  37  32  10 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
 
 
Cuadro  5.  Entidades dependientes respecto de las que se ha remitido la información en la 
fase de alegaciones  
Entidad Principal  Tipo Entidad Dependiente  Denominación 
Ayuntamientos     
Agüimes  Organismo Autónomo  Fundación Municipal Medios de Comunicación de Agüimes 
Hospital - Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la 
Garachico  Organismo Autónomo 
Concepción 
Ingenio  Organismos Autónomos  Patronato Municipal  de Medios de Comunicación 
Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación 
   
Profesional y el  Movimiento Cooperativo 
    Patronato Municipal de Escuelas Infantiles 
La Guancha  Organismo Autónomo  Patronato de la Universidad Popular Municipal 
Los Realejos  Organismo Autónomo  Gerencia Municipal de Urbanismo 
Puerto de la Cruz  Organismos Autónomos  Organismo Autónomo Local 
    Gerencia Municipal de Urbanismo 
Patronato Municipal de Gestión de Convenios de Colaboración 
Puerto del Rosario  Organismo Autónomo 
entre Administraciones Publicas 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
II.1.2.  Entidades  sin  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos 
De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 30 de junio de 2015, los órganos de Intervención 
de las entidades locales, en el caso en que no se hayan adoptado acuerdos contrarios a reparos o 
expedientes con omisión de fiscalización previa o no existido anomalías en la gestión de ingresos, 
deben remitir una certificación negativa en la que se indique esta circunstancia. 
En el cuadro siguiente se recogen, a fecha de 30 de septiembre de 2019, las certificaciones 
negativas  presentadas  por  los  titulares  de  los  órganos  de  Intervención  en  relación  con  la 
existencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías en la gestión de ingresos, atendiendo al tipo de entidad y al tramo de población de los 
ayuntamientos. 
Cuadro  6.  Entidades que han presentado certificaciones negativas por tipo de entidad y 
tramo de población 
Certificaciones negativas 
Entidades 
que han 
Tipo de entidad  Acuerdos  Omisión de  Todo 
remitido la  Anomalías en 
contrarios a  fiscalización 
información  ingresos (C) 
reparos (A)  previa (B)  (A, B, C) 
Ayuntamientos  80  38  68  74  35 
  Más de 300.000 h.  1  0  1  1  0 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  3  1  0  3  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  0  1  1  0 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  3  1  1  2  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  8  3  5  8  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  39  16  38  36  16 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  24  16  21  22  16 
  Menos de 1.000 h.  1  1  1  1  1 
Cabildos Insulares  7  1  5  5  1 
Mancomunidades  9  8  9  9  8 
Total  96  47  82  88  44 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos 
 
El número de entidades en las que los órganos de Intervención han comunicado a través de la 
correspondiente  certificación  negativa,  la  inexistencia  de  acuerdos  contrarios  a  reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de los ingresos supone 
el  46%  de  las  mismas.  Este  porcentaje  no  es  homogéneo  para  el  conjunto  de  entidades, 
resultando que en los tramos de mayor población se produce en menor medida la ausencia de 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la 
gestión de ingresos, llegando en el caso de las mancomunidades al 89%. 
En las entidades de mayor tamaño se gestiona un mayor volumen de recursos, lo que se traduce 
en una mayor cantidad de expedientes tramitados y que estos sean de una complejidad superior, 
lo que incrementa la posibilidad de que se produzcan reparos suspensivos y que los órganos 
resuelvan en contra del criterio de la Intervención. 
Los órganos de Intervención del 92% de las entidades locales, con independencia del tipo y 
tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron anomalías de ingresos. Esta situación 
podría  verse  motivada  por  el  hecho  de  que  se  refiere  a  una  figura  que  no  se  encuentra 
contemplada en la normativa, cuestión que se une al hecho de que la mayoría de las entidades 
locales, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, ha sustituido el control previo de legalidad de 
los derechos por la toma de razón en contabilidad, sin que, en la mayoría de los casos, se lleven a 
cabo controles posteriores sobre la gestión de los ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales    es
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del alcance y configuración del control interno  264ww
denetsidaarrdo lyla tdrao mpoo rd ela pso belnatcidióand: es locales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por tipo de
Cuadro  7.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población 
Entidades 
que han  Fiscalización  Control financiero 
Tipo entidad  Nº EELL  Otros extremos 
remitido la  limitada previa  posterior 
información 
Cabildos Insulares  7  7  2  2  2 
Ayuntamientos  88  80  29  17  4 
  Más de 300.000  1  1  1  1  0 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  3  3  1  1  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  0  0  0 
  Entre 50.001. y. 75.000 h.  3  3  2  2  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  10  8  5  2  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  41  39  12  9  1 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  28  24  8  2  0 
  Menos de 1.000 h.  1  1  0  0  0 
Mancomunidades  12  9  3  2  0 
Total  107  96  34  21  6 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
El artículo 219 del TRLRHL prevé que cuando se haya implantado el modelo de fiscalización 
limitada previa de requisitos básicos, el órgano de intervención comprobará la existencia de 
crédito presupuestario y su adecuación, así como que las obligaciones o gastos se generan por 
órgano competente.  En estos casos, dicho precepto dispone que se debe regular, por medio de 
un acuerdo del Pleno, la verificación de otros extremos adicionales que resulten transcendentes 
para la gestión. 
El incumplimiento del artículo 219 del TRLRHL mediante la ausencia de acuerdo del Pleno en el 
que se definan otros extremos adicionales que se consideren transcendentes en la gestión de los 
expedientes de gasto, hace que la fiscalización previa se reduzca exclusivamente a los dos 
aspectos indicados, la comprobación de la existencia y adecuación del crédito y de la competencia 
del órgano, reduciendo de forma significativa su alcance, así como su eficacia. No obstante, a 
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, la fiscalización 
limitada previa se ha de extender necesariamente a la comprobación de los extremos fijados en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros correspondiente, sin perjuicio de otros aspectos que pudiera 
determinar el Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Señala que se informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público,  e.e
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano  b
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que  264ww
dfisecbael izraecailóizna lrismei,t addea  parceuveiard. o  con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la
En el conjunto del territorio nacional, tal y como se puso de manifiesto en el Informe que sobre 
esta misma materia se elaboró, la fiscalización limitada previa se aplica, básicamente, por las 
entidades de mayor tamaño; conclusión que resulta lógica al ser las que mayor número de 
operaciones realizan y, por tanto, con el objeto de agilizar los procedimientos, las que utilizan este 
modelo de fiscalización previa en el que se revisa la legalidad de los aspectos básicos de cada 
expediente. Así se ha señalado también en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local, 
ejercicio 2016. 
De los siete Cabildos Insulares, únicamente los de La Palma y Lanzarote tenían establecido un 
sistema  de  fiscalización  limitada  previa  y  en  todos  los  casos  el  Pleno  determinó  extremos 
adicionales sobre los que realizar dicha fiscalización además de la comprobación de la existencia 
de crédito y competencia del órgano. Si bien, en ninguna de ellas se llevó a cabo el ejercicio de 
control financiero. Los Cabildos Insulares de Tenerife y Gran Canaria sí ejercieron actuaciones de 
control financiero. 
Nueve de las dieciséis entidades de población superior a 25.000 habitantes de Canarias —Adeje, 
Granadilla de Abona, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, Puerto de la Cruz, San 
Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y Santa Lucía de Tirajana— han establecido un 
sistema de fiscalización limitada previa, concretando los respectivos Plenos la comprobación de 
otros extremos de la gestión del gasto (excepto en los ayuntamientos de Adeje y Granadilla de 
Abona), -además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor del gasto 
fuera, asimismo, competente-. A su vez, de estas nueve entidades, únicamente los Ayuntamientos 
de Granadilla de Abona, Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife ejercían un control financiero 
posterior. 
De los 64 Ayuntamientos de población inferior a 25.000 habitantes de los que se ha dispuesto de 
información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue de 31% (20 
entidades). De ellos, solo en once (Agaete, Pájara, Agulo, Breña Baja, Guía de Isora, Los Llanos 
de Aridane, Santa Cruz de la Palma, Santa Úrsula, Tacoronte, La Victoria de Acentejo, Villa de 
Mazo) se exigía la revisión de extremos adicionales a crédito disponible, siendo, por tanto, menos 
deficiente  el  control  interno  de  estas  entidades,  sobre  todo  en  aquelas  que,  a  su  vez,  no 
desarrollaban  un  control  financiero  posterior,  lo  que  se  produjo  en  diez  entidades,  las 
anteriormente mencionadas excepto Guía de Isora.  
De las nueve mancomunidades que han remitido información, tres de ellas tenían establecido un 
sistema  de  fiscalización  previa  limitada,  y  Los  Realejos  no  extendió  el  control  a  extremos 
adicionales a crédito y competencia, no ejerciendo tampoco un control financiero posterior. 
Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su 
utilización  entre  las  entidades  locales  de  Canarias  ha  sido  residual,  habiéndose  aplicado 
únicamente en el 6% de las entidades de las que se ha dispuesto de información, lo que supone 
una deficiencia en el ejercicio del control interno, además del incumplimiento del mencionado 
artículo 220 del TRLRHL. 
La  escasa  implantación  del  control  financiero  se  traduce,  además,  en  la  ausencia  de 
comprobaciones sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y que no se 
ejerza un control de legalidad sobre aquellos extremos a los que no se extiende el control previo 
que se efectúa a través de la función interventora. 
Esta situación debería cambiar una vez que ha entrado en vigor, el 1 de julio de 2018, el Real  w.b
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las  264ww
econntitdraodl efisn adnecli esreoc, topra rpaú bculicyoo  lcoucmalp, ldimóinedneto s see r epfrueevréz aq ulae  orebsliuglatacrióán n deece dseasriaor rroelflaorr zaacr tuloasc iroenceusrs does 
de las intervenciones locales.
II.1.4.  Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto 
Los  artículos  168.4  y  191.3  del  TRLRHL  señalan  que  el  presupuesto  y  la  liquidación  del 
presupuesto deben ser informados por la intervención de la entidad local antes de su aprobación 
por el Pleno, en el primer caso, o el Presidente, en el segundo. Estos informes contendrán la 
opinión del órgano de Intervención sobre el contenido de los documentos mencionados, en los 
que,  en  su  caso,  se  incorporarán  las  deficiencias  o  irregularidades  que  hubiera  observado. 
Además, existirán también informes de intervención en la tramitación de las modificaciones de 
crédito en los términos recogidos en la normativa aplicable. El contenido de estos informes 
constituye también un resultado de la labor de control que realizan las intervenciones de las 
entidades locales, en especial si se pronuncian en sentido negativo. 
Los responsables de los órganos de Intervención, junto con la información general sobre el 
alcance del control interno que se lleva a cabo en la entidad local, deben indicar si han emitido 
informes  negativos  al  presupuesto,  a  la  liquidación  del presupuesto  y  a  los  expedientes  de 
modificaciones presupuestarias tramitados en el ejercicio. 
De acuerdo con la información recibida, de las 96 entidades que remitieron los datos relativos al 
ejercicio  2016,  los  órganos  de  Intervención  de  cinco  municipios8  señalaron  haber  informado 
negativamente la aprobación de los presupuestos, y los de dos9 (coincidentes con los anteriores) 
indicaron la existencia de informes desfavorables en relación con la liquidación del presupuesto. 
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos 
A 30 de septiembre de 2019 la Plataforma registraba, en relación con el ejercicio 2016, 6.123 
resoluciones o acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de Intervención de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe total de 442.341.459,62 
de euros.  
A continuación se detallan estos acuerdos contrarios a reparos según diversos criterios: 
Según el tipo de entidad 
La distribución de los informes por acuerdos contrarios a reparos y según el tipo de entidad local 
se muestra en el siguiente cuadro, donde además, se detalla el número e importe de los de 
cuantía superior a 50.000 euros.  
                                                
8 Ayuntamientos de Arafo, Fasnia, Los Silos, San Cristóbal de la Laguna y Tazacorte 
9 Ayuntamientos de Los Silos y Tazacorte 
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos 
mayores de 50.000 euros 
Tipo de entidad 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Cabildos Insulares  1.109  311.505.341,84  199  303.248.453,87 
Ayuntamientos  5.009  124.378.855,86  341  101.855.305,88 
   Más de 300.000 h.  294  20.256.876,12  34  19.113.449,23 
   Entre 100.001 y 300.000 h.  249  17.578.823,44  42  15.659.923,33 
   Entre 75.001 y 100.000 h.  389  4.761.003,00  4  3.966.948,92 
   Entre 50.001 y 75.000 h.  3  260.550,00  2  260.000,00 
   Entre 25.001 y 50.000 h.  1.617  37.521.724,91  100  32.270.571,15 
   Entre 5.001 y 25.000 h.  1.546  36.440.805,14  132  26.574.537,63 
   Entre 1.001 y 5.000 h.  911  7.559.073,25  27  4.009.875,62 
Mancomunidades  5  6.457.261,92  5  6.457.261,92 
Total  6.123  442.341.459,62  545  411.561.021,67 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Los 6.123 acuerdos o resoluciones contrarios a reparos fueron remitidos por los órganos de 
Intervención  de  50  entidades  (43  ayuntamientos,  seis  de  los  siete  Cabildos  Insulares  —a 
excepción del Cabildo Insular de La Gomera— y una mancomunidad) que se relacionan en el 
Anexo III. 
Según la modalidad de gasto del expediente 
Los acuerdos contrarios a reparos se refirieron a las categorías de gasto que se muestran a 
continuación, de acuerdo con la clasificación que de los mismos realiza la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del 
expediente afectado 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores 
reparos  de 50.000 euros 
Modalidad de gasto 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Gastos de personal  370  57.069.458,78  87  54.993.831,77 
Expedientes de contratación  3.818  128.984.966,22  358  106.683.056,50 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  1.486  16.467.014,58  33  12.393.540,26 
Incumplimiento prelación de pagos  99  517.088,29  -  - 
Anticipos de Caja Fija/pagos a Justificar  46  1.105.227,57  5  351.203,56 
Operaciones de derecho privado  143  495.755,72  1  209.737,44  e.e
Operaciones financieras  7  189.366.829,68  6  189.357.345,50  w.b
 GSains tionsfo drmeraivcaiódno sm doed aoltirdoasd p droec geadsimtoi entos  1513   461..762140..643816,,8917   541   461..054301..486405,,9704   2021-14264n https://ww
Total  6.123  442.341.459,62  545  411.561.021,67
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.
La mayoría de los acuerdos contrarios a reparos afectan al área de contratación administrativa 
(62%), seguido de los expedientes de subvenciones (24%) y de gastos de personal (6%). Por 
importe, las operaciones financieras concentraron el 43% del gasto (a su vez, el 99% de este 
importe —188.777.500 euros— es relativo a las operaciones de permuta financiera tramitadas por 
el Cabildo Insular de Tenerife, cuyo expediente ha sido analizado), seguidos por los gastos de 
contratación (29%) y de personal (13%). 
Los expedientes de contratación se producen fundamentalmente en la adquisición de servicios 
(59%)  y  suministros  (33%),  mientras  que  los  expedientes  de  gastos  de  personal  afectan 
mayoritariamente  al  pago  de  retribuciones  básicas  y  complementarias  (24%),  al  pago  de 
gratificaciones (24%) y a procedimientos de contratación (16%).  
Según la motivación del reparo y la fase de gasto reparada  
El cuadro siguiente presenta la distribución de los acuerdos contrarios a reparos comunicados 
atendiendo a la motivación del artículo 216 del TRLHL: 
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Importe en euros 
 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
reparos  mayores de 50.000 euros 
Causa del reparo 
 
Número  Importe   Número  Importe  
Insuficiencia de crédito o inadecuación del presupuesto  123        3.711.936,36       10       3.475.568,74    
Ausencia de fiscalización  527      13.667.693,54       18     12.244.731,58    
Omisión en el expediente de requisitos o trámites   
esenciales  4.507    375.342.743,40     442   352.932.644,17    
Derivación de comprobaciones materiales de obras,   
suministros, adquisiciones y servicios  83        1.250.319,36     3          393.135,32    
Otras causas  402      18.806.842,34       23     16.695.301,33    
Varias causas   481      29.561.924,62       49     25.819.640,53    
Total  6.123        442.341.459,62        545      411.561.021,67    
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
La  causa  más  común  es  la  omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites  esenciales. 
Concretamente en 2016 se comunicaron 4.507 acuerdos contrarios a reparos con esta motivación, 
que representaban el 74% de los expedientes y el 85% de la cuantía total. 
En cuanto a la ordenación de los reparos según la fase del gasto afectada, se presenta la 
siguiente situación: 
Cuadro  11.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Importe en euros 
 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores 
reparos  de 50.000 euros 
Fase de gasto reparada 
 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Autorización  106  11.250.267,97    31  10.310.230,26 
Compromiso  270  32.227.556,49    66  29.098.730,47 
Reconocimiento de  obligación  3.804  128.097.671,23    286  109.026.577,07 
Orden de pago  76  845.100,60    1  323.932,13 
Pago  256  13.641.872,95    22  12.854.714,21 
Otras  1.611  256.278.990,38    139  249.946.837,53 
Total  6.123  442.341.459,62    545  411.561.021,67 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
La fase en la que más acuerdos contrarios a reparos se produjeron fue en el reconocimiento de la 
obligación (62%)  
Según los órganos que aprobaron los acuerdos contrarios a los reparos formulados 
En relación con los órganos que aprobaron acuerdos en contra de los reparos de Intervención, el 
artículo 217 del TRLRHL establece que las competencias para resolver una discrepancia entre el 
órgano gestor del gasto y los reparos de naturaleza suspensiva interpuestos por los órganos de 
Intervención corresponde al Presidente de la entidad local, salvo que los reparos se basen en 
insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea 
de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este órgano. Esta competencia tiene 
carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido de Disposiciones Legales vigente 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(TRLRL), prevén que esta competencia se pueda delegar10. No obstante lo anterior, en algunas 
entidades locales la Junta de Gobierno Local adoptó este tipo de acuerdos. 
1  0   E  n    e l   a  r t íc  u l o    1  5 . 3    d e  l   n  u e  v o    R  e   glamento de Control Interno de las Entidades Locales se recoge expresamente la  OE-A-2021-14able en https://
imposibilidad de delegar la resolución de las discrepancias por parte del Presidente de la entidad o del Pleno.
Atendiendo a esta clasificación, los acuerdos contrarios a reparos se adoptaron por los siguientes 
órganos: 
Cuadro  12.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
reparos  50.000 euros 
Órgano que resuelve 
Nº  Importe   Nº  Importe  
Pleno  522  45.557.091,19  69  43.540.324,98 
Presidente  5463  381.148.499,01  439  353.543.102,43 
Junta de Gobierno  138  15.635.869,42  37  14.477.594,26 
Total  6.123  442.341.459,62  545,00  411.561.021,67 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 86%), como por 
número de expedientes (el 89%). A distancia se hallan los adoptados por el Pleno de la entidad -el 
9% de los expedientes y el 10% del importe-, y la Junta de Gobierno –con el 2% de los acuerdos y 
el 4% del importe-. Los expedientes aprobados por la JGL correspondieron a diez entidades –
Cabidos Insulares de Gran Canaria y Tenerife, Ayuntamientos de Firgas, Haría, La Orotava, Los 
Realejos, Los Silos11, Santa Brígida11, Valverde y a la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste 
de Gran Canaria  -, lo que ha supuesto una vulneración del artículo 217 del TRLRHL. 
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Las comunicaciones realizadas por los órganos de Intervención de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 2016 incluyen 146 expedientes con omisión de fiscalización 
previa por un importe agregado de 128.343.770,80 euros.  
                                                  264ww
c11o rErens eplo ntrdáem, itdee  dceo nafloergmacidioande cso, nlo es l Aayrut. n2ta3m diee nltao sL RdBe RSLa,n ltaa  aBsriísgtiednac iya  Laol sA Slcialoldse m eann iefile esjtearnc iqcuioe ,d ee ns utasn atotr iab ulac ioJnGeLs  ley 
esestsáió pnr edsei dlaid JaG pLo. r la Alcaldía, se infiere la aprobación del expediente por la presidencia de la entidad en el seno de la

La  distribución  de  los  informes  recibidos  sobre  expedientes  con  omisión  del  trámite  de 
fiscalización previa según el tipo de entidad es la siguiente: 
Cuadro  13.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo 
de población 
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin fiscalización  Expedientes sin fiscalización previa mayores de 
Tipo de entidad  previa  50.000 euros 
Nº  Importe   Nº  Importe  
Cabildo Insular   19  73.090.425,48  8  72.932.977,42 
Ayuntamientos  127  55.253.345,32  58  54.229.038,56 
   Entre 100.001 y 300.000 h.  34  13.302.035,17  18  12.991.698,15 
   Entre 50.001 y 75.000 h.  22  37.554.527,19  20  37.522.059,44 
   Entre 25.001 y 50.000 h.  25  1.193.050,05  9  940.743,78 
   Entre 5.001 y 25.000 h.  41  2.959.822,54  10  2.584.538,79 
   Entre 1.001 y 5.000 h.  5  243.910,37  1  189.998,40 
Total  146  128.343.770,80  66  127.162.015,98 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Los ciento cuarenta y seis expedientes con omisión de fiscalización previa están referidos a 14 
entidades: los Consejos Insulares de la Palma y de Tenerife, y a los ayuntamientos de Arucas, 
Ingenio, La Orotava, Los Silos, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de la Laguna, San 
Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana, Tazacorte, Telde y Valverde. 
El  88%  de  los  expedientes  con  omisión  de  la  fiscalización  previa  se  refieren  a  gastos 
contractuales, principalmente contratos de servicios y de suministros. 
 
Según el órgano gestor 
Los  órganos  que  acordaron  los  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  fueron  los 
siguientes: 
Cuadro  14. Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve  
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin fiscalización  Expedientes sin fiscalización previa 
Órgano gestor  previa   mayores de 50.000 euros  
Nº  Importe   Nº  Importe  
Presidente  57  5.252.109,47  14  4.808.234,76 
Junta de Gobierno  6  8.736.281,87  3  8.646.677,24 
Concejalía  7  924.441,88  3  846.629,06 
Otro  2  71.635.000,00  2  71.635.000,00  e.e
Pleno  74  41.795.937,58  44  41.225.474,92  w.b
FT uoetanlt e: Elaboración propia a partir de la información remitida 1p4o6r  las entidades a1 2tr8a.3vé4s3 .d7e7 0la,8 P0l ataforma  66  127.162.015,98  2021-14264n https://ww
El 51% de los expedientes con omisión de fiscalización previa fue resuelto por el Pleno de la 
entidad y el 39% por el Presidente; sin embargo, en volumen, el mayor porcentaje correspondió a 
otros órganos de Gobierno12 (56%). 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos 
Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias comunicaron 167 anomalías de ingresos en 2016, por una cuantía global 
de 130.158.226,60 euros.  
En el siguiente cuadro se clasifica el conjunto de las anomalías atendiendo a la naturaleza de los 
ingresos a los que se refieren, las cuales fueron remitidas por el órgano de Intervención de los 
Cabildos Insulares de El Hierro y Tenerife, y por siete ayuntamientos, según se detalla en el 
Anexo IV. 
Cuadro  15.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Importe en euros 
Anomalías  Expedientes mayores de 50.000 euros 
Tipo de ingreso 
Nº  Importe   Nº  Importe  
Tasas  46  2.353.539,93  14         1.976.084,75  
Precios Públicos  100  532.473,96  1            284.311,96  
Multas y Sanciones  14  4.993,00  0                           -    
Otros  7  127.267.219,71  4     127.225.454,23  
Total  167  130.158.226,60  19  129.485.850,94 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Los cuatro expedientes de más de 50.000 euros clasificados como Otros han sido remitidos por el 
órgano  de  Intervención  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife.  El  expediente  de  mayor  volumen 
126.898.900 euros— se refiere al reconocimiento de derechos procedentes de la inclusión en el 
presupuesto de recursos del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, considerando el órgano 
interventor  que  tanto  los  flujos  de  fondos  líquidos  percibidos  correspondientes  a  dicha 
participación como sus correlativos pagos a los ayuntamientos deben recibir el tratamiento de 
operaciones no presupuestarias de tesorería. 
II.2.  RESULTADOS  DEL  ANÁLISIS  REALIZADO  SOBRE  LOS  EXPEDIENTES  DE 
IMPORTE SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
En  este  subapartado  se  detallan  los  resultados  del  análisis  del  contenido  de  los  acuerdos 
contrarios a los reparos formulados por los órganos de Intervención, de los expedientes con 
omisión  de  fiscalización  previa  y  de  las  anomalías  de  ingresos  que  han  sido  objeto  de  un 
tratamiento  individualizado.  En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  la  representatividad  de  los 
expedientes analizados respecto de la totalidad de los mismos:  
                                                
t1r2a mEli tamdaoy opro rp oerl cCenatbailjdeo d Ien sluolsa re dxpee Tdeiennetreifse  aqpureo bfaudeo asp proobr aodtoro pso ór regla Cnoosn cdeeja Gl doeb ieHrancoi ecnodrare. sEpsotned eex pae duine netxep head iesnidtoe 
objeto de análisis, los resultados se exponen en el subapartado II.2.6.
Cuadro  16.  Representatividad de la muestra de expedientes 
Importe en euros 
   Muestra seleccionada 
Totalidad de acuerdos 
contrarios a reparos 
   Expedientes     Representatividad  
 
Nº  Importe       Nº  Importe      % Nº   % Importe 
Acuerdos contrarios a reparos  6.123  442.341.459,62  20  223.718.158,25  0,33  50,58 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  146  128.343.770,80  16  95.609.027,85  11,64  74,49 
Anomalías de ingresos  167  130.158.226,60     3  127.246.608,71     1,80  97,76 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Los 20 acuerdos contrarios a reparos examinados representan el 51% del importe total. De ellos, 
nueve son relativos a expedientes de contratación, cuatro lo son a gastos de personal, tres a 
convenios de colaboración, dos a expedientes de subvenciones (ambos en régimen de concesión 
directa), y los dos restantes corresponden a la disolución de una asociación y a una operación 
financiera.  
Por lo que se refiere a los expedientes con omisión de fiscalización previa, los dieciséis que se 
han  examinado  representan  el  74%  del  volumen  total.  Catorce  de  ellos  son  relativos  a  la 
imputación de facturas diversas de ejercicios anteriores y corriente a través de la figura del 
reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  uno  se  refiere  a  la  reversión  de  una  concesión 
administrativa, y el otro corresponde a la operación financiera que ha sido analizada de forma 
conjunta como acuerdo contrario a reparo y expediente con omisión de fiscalización previa.  
También han sido objeto de análisis tres anomalías de ingresos relativas dos de ellas a la gestión 
de tasas y la otra a la defectuosa inclusión de determinadas partidas en el presupuesto general de 
la entidad. 
Se incluyen, dando así cumplimiento al objetivo cuatro de la fiscalización, los resultados obtenidos 
en relación con las áreas en las que se ha detectado una falta de homogeneidad en los criterios y 
procedimientos aplicados por los órganos de intervención en el ejercicio de su función y en su 
remisión al Tribunal de Cuentas, así como diferencias en la tramitación por los órganos de las 
entidades locales de los acuerdos contrarios a reparos o de los expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización previa.  
II.2.1.  CABILDO INSULAR DE EL HIERRO  
Sistema de control interno 
Las obligaciones reconocidas netas del presupuesto del ejercicio 2016 de El Cabildo Insular de El 
Hierro ascienden a 38.078.309,44 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, por lo que el puesto de interventor está reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  El  es
puesto de interventor se cubría de forma accidental, tanto a 31 de diciembre de 2016, como a la  bo
fecha de cierre de la fiscalización –diciembre de 2018-, a pesar de lo cual la Entidad no ha  264ww
aAcdreemdiátasd doe hl aFbHeNr ,t oeml óardgoa nmoe ddeid Ianste praveran csiuó np rcoovnistaióbna d, eaf i3n1it idvea .d  iciembre de 2016, con dos técnicos
aAp2o yy oc sinec hoa abuíax irlieadreusc idaod ma icnuisattrraot.iv  os, si bien, en diciembre de 2018, el número de personal de
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena, de tal forma que se 
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en 
todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
entidad. 
 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Cabildo de El Hierro remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 15 de noviembre de 2017, una vez 
finalizado el plazo de 30 de abril de 2017 establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 
30 de junio de 2015. 
El perímetro de control se conforma por la entidad principal y los organismos autónomos Servicios 
Sociales de El Hierro y Consejo Insular de Aguas de El Hierro. 
El órgano de Intervención ha informado de 75 acuerdos contrarios a reparos y 25 anomalías de 
ingresos. Además, ha certificado la inexistencia de expedientes con omisión de fiscalización previa 
respecto de las tres entidades. 
 
De los 75 acuerdos tomados en contra del criterio de intervención, 66 corresponden a la entidad 
principal y nueve al Organismo Autónomo Servicios Sociales de El Hierro, mientras que las 
anomalías en materia de ingresos, corresponden íntegramente a la entidad principal. 
 
El desglose de los acuerdos contrarios a reparos es el siguiente, según el tipo de expediente al 
que se refieren: 
 
Cuadro  17.  Acuerdos contrarios a reparos por tipología de expediente. Cabildo Insular de 
El Hierro. 
Importe en euros 
Tipo de expedientes  Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje Importe 
Contrato de servicios  30  229.119,06  41,67  8,28 
Contrato de suministros  12  1.252.779,08  16,67  45,28 
Contrato de obras  10  334.906,19  13,89  12,10 
Gastos derivados de otros 
8  126.424,96  11,11  4,57 
procedimientos 
Subvenciones  8  602.468,40  11,11  21,77 
Contrato colaboración entre el sector 
2  107.503,87  2,78  3,89 
público y el sector privado 
Contratación de personal  1  113.341,79  1,39  4,10 
Gastos de emergencia social  1          500,00     1,39  0,02 
Total  7213  2.767.043,35  100,00  100,00  es
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.  bo
  264www.
 1 3   S  e   h  a  n   e  x c  l u i d o    t r e  s   i n f o  r m  e  s   d  e    reparo referidos a modificaciones presupuestarias, por importe total de 229.325,28  OE-A-2021-14able en https://
euros, ya que no se consideran incluidos en el ejercicio de las funciones de intervención previa.
Acuerdos contrarios a reparos 
Se han examinado dos expedientes, uno tramitado por el Cabildo Insular y otro por el Organismo 
Autónomo Servicios Sociales de El Hierro. El importe conjunto de ambos expedientes es de 
1.313.341,79 euros. 
o  Suministro de energía eléctrica para las infraestructuras hidráulicas 
El órgano de Intervención interpuso reparo con fecha 1 de junio de 2016, ante la propuesta del 
Consejero de Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos, de 17 de mayo de 2016, de prórroga 
del contrato de suministro de energía eléctrica. Intervención indicó que se había cumplido el plazo 
máximo legal de duración del contrato desde la formalización del mismo hasta el fin de la vigencia 
de la última de sus prórrogas, 31 de diciembre de 2015. 
Se solventó el reparo por Decreto de Presidencia de 21 de junio de 2016, en el que se ordenó la 
continuación del servicio hasta nueva adjudicación, con fecha límite el 31 de diciembre de 2016,  
por motivos de interés general, alegando los principios de buena y celeridad en la administración, 
así como la incertidumbre en cuanto a la aplicación del Decreto 738/2015 por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. 
Desde la finalización del contrato y de sus prórrogas el 31 de diciembre de 2015, hasta el Decreto 
de Presidencia del 21 de junio de 2016 por el que se solventa el reparo y se aprueba la prórroga 
expresa del suministro, éste se continuó prestando de facto por la empresa adjudicataria sin 
acuerdo alguno por parte de la administración, lo que supone, de facto, una adjudicación directa a 
través de una prórroga tácita del contrato, práctica prohibida desde la reforma del artículo 67 de la 
LCAP por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, lo que supone además la vulneración del artículo 
28 TRLCSP que sanciona el carácter formal de la contratación. 
Una vez finalizado el plazo contractual, el contrato ha de considerarse extinguido, debiéndose 
proceder a una nueva convocatoria pública que respete los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y no discriminación e igualdad de trato entro los posibles candidatos.  
A pesar de que en el Decreto de 21 de junio de 2016 se estableció el límite del 31 de diciembre de 
2016 para la continuación del servicio sin contrato en vigor, ésta se extendió hasta el 16 de 
octubre de 2018, fecha en la que se formalizó el contrato adjudicado como consecuencia de la 
adhesión del Cabildo a la Central de Contratación de la FEMP. Por tanto, se produjo un período 
extracontractual de dos años y nueve meses. 
En cuanto a los importes implicados, la adjudicación originaria del contrato, con una duración de 
un año, se produjo por 1.356.885,83 euros, resultando que en el período sin cobertura contractual 
se abonaron 5.074.092,89 euros, de los cuales existió reparo de intervención en facturas por 
importe de 4.733.690,71 euros. 
La ausencia de contrato válidamente constituido, junto con la continuidad del servicio al margen 
del procedimiento legalmente establecido acordada por la entidad, da lugar a la existencia de 
actos que podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP 
por remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 
47 de la actual LPAC-.  
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de  o
ldepaenrse   cesaeulu psTto tíoatruiscdl toauc daXoec nsidot eenyn  eldiasde  oLle sRpn e JemrPsnaAo tCnedar,ic ilas ha eodlñ  esaTe lcarevonxindctotioro a,  Rtdaaesec ifimluóannissd  maAidddoomm,  qiipnnuoiisesrt  trrlaaapt caiivniroatfenr a secesdc  eePiól xúnipbg oeliirc ráasa poscln oiqcanaulf coeiar ómsln ee s i pneaudr vdeloiicbe iidrodai as  ddpdeeuer ei vslloaatossr     2021-14264n https://www.
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave,
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
o  Contratación de personal laboral interino por parte del Organismo Autónomo de Servicios 
Sociales de El Hierro. 
El  órgano  interventor  formuló  reparo  con  fecha  3  de  febrero  de  2016  a  la  Orden  de 
Vicepresidencia  que  aprobaba  la  contratación  de  personal  laboral  de  carácter  interino  para 
refuerzo en el servicio de “Ayuda a domicilio, Residencias de Mayores y Centro Sociosanitario 
2016” de fecha 16 de enero de 2016. El fundamento del reparo fue el hecho de que se tratase de 
una contratación que se realizaba cada año y que se podía enmarcar en la actividad normal del 
organismo, por lo que consideraba que debería haberse incluido a este personal en la relación de 
puestos de trabajo. 
Se solventó el reparo por Decreto de la presidencia del Organismo Autónomo de 12 de febrero de 
2016, basándose en la obligatoriedad de continuación de prestación del servicio. 
El artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece la obligación de las administraciones 
públicas de mantener una planificación cuyo objetivo es “contribuir a la consecución de la eficacia 
en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, 
promoción  profesional  y  movilidad.”  Dicha  obligación  se  concreta  en  la  estructuración  de  la 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares. Así, la entidad no contaba con una relación de puestos de trabajo que estructurara y 
justificara los efectivos de acuerdo a las necesidades de los servicios. 
Anomalías en materia de ingresos 
Se detectan en total 25 anomalías, todas ellas en materia de tasas, por un importe total de 
409.986,49 euros. Se ha analizado uno de los expedientes, por importe de 63.306,75 euros. 
o  Aplicación de ingresos de tasa por prestación de servicio a cuenta restringida 
El reparo, que por ser en materia de ingresos no tiene carácter suspensivo, se basó en la 
deficiente aplicación de la Instrucción reguladora del funcionamiento de las cuentas restringidas 
aplicable a la Entidad (Instrucción 01/06, aprobada por Decreto con número 2781/2006). Los 
ingresos se formalizaron sin individualizar el contribuyente que los realizó ni identificar el supuesto 
concreto de la tasa que se estaba cobrando. 
En su informe, la Interventora propuso modificar la Ordenanza Fiscal adecuando, entre otros 
aspectos, el ámbito de aplicación y la forma de gestión de los ingresos, de forma que fuera posible 
regularizar la situación planteada mediante un control eficaz de estos recursos. No consta que se 
haya producido ninguna modificación, según los datos ofrecidos en el portal de transparencia de la 
Entidad.   
La falta de control en los ingresos, con desconocimiento de los usuarios finales del servicio, a su 
vez, contribuyentes de la tasa, y por ende, de las cuotas pendientes de pago, puede derivar, como 
consecuencia de la dificultad de ejercicio de la gestión recaudatoria en su fase ejecutiva, en una 
prescripción de derechos de la hacienda local.   es
II.2.2.  CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA  264www.
Sistema de control interno
LFause rotebvliegnatcuiroan aessc rieencodneonc aid 6a2s. 8n9e5ta.8s1 d6e,5l 1p ereusroups.u esto del ejercicio 2016 de El Cabildo Insular de  BOE-A-cable e
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. El puesto de interventor estaba cubierto mediante el nombramiento 
como interventor accidental de un funcionario A1. La plaza fue incluida en los concursos unitarios 
que se convocaron a nivel nacional, sin que se consiguiera la cobertura definitiva por FHN; no 
obstante, la Entidad no realizó ninguna otra actuación para procurar la provisión definitiva del 
puesto de trabajo, como la convocatoria de los correspondientes concursos ordinarios, 
Además de su titular, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con cuatro 
técnicos  A1,  cinco  administrativos  y  siete  auxiliares  administrativos;  el  número  de  auxiliares 
administrativos era de seis a la fecha de cierre de los trabajos de campo. 
La  entidad  llevaba  a  cabo  un  sistema  de  fiscalización  previa  plena,  comprobándose  la 
conformidad  de  las  propuestas  con  el  procedimiento  legalmente  establecido  en  todos  los 
expedientes. 
Por el contrario, no se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar  si  se  cumplían  los  principios  de  buena  gestión  financiera  (eficiencia,  eficacia  y 
economía) en la entidad. 
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Cabildo de Fuerteventura ha remitido la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 11 de octubre de 2018, fuera del 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
A 31 de diciembre de 2016, el perímetro de control estaba conformado por la entidad principal, los 
organismos autónomos Patronato de Turismo de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura y, además, por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. 
El órgano de Intervención ha remitido información de cuatro acuerdos contrarios a reparo, uno 
tramitado por la entidad principal relativo a un contrato de servicios, y cuyo importe asciende a 
1.199.999,60, y tres por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, todos ellos 
referentes  a  contratos  de  suministros  y  por  importe  conjunto  de  548.067,69  euros.  Se  ha 
certificado negativamente la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa  y 
anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos 
Los acuerdos contrarios a reparos de intervención analizados se concretan en un acuerdo de la 
entidad principal y otro tomado en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.  
o  Contrato servicio de publicidad y marketing 
El órgano de Intervención emitió, el 8 de junio de 2016, informe en la fase de autorización del 
gasto al expediente por el que se contrataba, por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, la 
disponibilidad, por un periodo mínimo de 60 días al año, de un espacio en la página web de una  s
operadora de vuelos de bajo coste con sede social en Irlanda. El espacio en la página web sería  oe.
gestionado por la empresa contratista y el importe del contrato ascendía a 1.199.999,60 euros,  w.
ILGaI Ctra inmciltuaicdioó.n  del contrato era por el procedimiento negociado sin publicidad según lo establecido  2021-14264n https://ww
eenje clau tDadisopso esnic ieóln e xAtdraicniojenraol.  Primera del TRLCSP en lo que se refiere a contratos formalizados y  BOE-A-cable e
El órgano de Intervención consideró inadecuado el procedimiento señalado en el párrafo anterior y 
puso de manifiesto en el informe emitido que la prestación a contratar debería tramitarse a través 
de un contrato de servicios, cuya ejecución, además, no estaría ubicada en el extranjero en base 
a las dos siguientes cuestiones: por un lado, que el orden jurisdiccional al que, según constaba en 
el expediente, acudirían las partes en caso de conflicto, era el español; y por otro, porque los 
servicios implicados estaban sujetos al Impuesto General Indirecto Canario en aplicación del art. 
17.1 de la Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. 
Sustentándose en informes de la Jefa de la Unidad de Turismo y de la Jefa de la Unidad de 
Servicios Jurídicos, favorables a mantener el carácter internacional del contrato, el Presidente del 
Cabildo solventó el reparo de la Intervención mediante Decreto de Presidencia de 2 de agosto de 
2016; posteriormente, el expediente de contratación fue aprobado por Decreto de Presidencia de 
6 de octubre de 2016, formalizándose 15 días después con una duración de 4 años. 
El contrato fue adjudicado por un valor estimado de 1.121.495,06 euros (IGIC excluido), por lo que 
se trata de un contrato de servicios14 sujeto a regularización armonizada, según lo previsto en el 
apartado 1.b) del artículo 16 de la LCSP al superar los 209.000 euros15, para los que el artículo 
142 exige la publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Por lo tanto, al margen de que la ejecución de contrato se efectúe en territorio español, según 
establece el apartado 4 de la Disposición Adicional Primera del TRCLSP, todos aquellos contratos 
sujetos a regulación armonizada —independientemente de en qué país de la Unión Europea se 
formalicen y ejecuten— están sujetos al TRLCSP en relación con su publicidad y adjudicación. 
Así, la utilización del procedimiento negociado sin publicidad en el presente expediente, sin que 
consten más ofertas de otras empresas ni conste en el expediente motivación para su ausencia, 
sustrae la presente tramitación a los principios básicos de publicidad y de libre competencia en el 
acceso a contratación pública16, no incluyéndose, además, el presente contrato en ninguno de los 
supuestos contemplados en los artículos 170 y 174 del TRLCSP. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC , señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
                                                 
14 El Presidente del Cabildo de Fuerteventura alega que no se trata de un contrato de servicios, sino de un contrato de 
patrocinio, regulado en el artículo 22 de la ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, el cual señala que 
“El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la 
realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la 
publicidad del patrocinador”. Este Tribunal no comparte el criterio manifestado en alegaciones al considerar que se trata 
de un contrato de servicios en tanto el objeto del mismo es la contratación entre el Cabildo de Fuerteventura y una 
empresa privada, cuyo objeto social es precisamente la publicidad, para la prestación de servicios de marketing, los 
cuales —según se determina en el propio clausulado del contrato— serán pagados a la empresa por el Cabildo según el 
actual tarifario de la empresa y con periodicidad mensual, mientras que por su parte, la empresa se obliga a 
proporcionar un paquete de marketing por el valor del contrato. Por estas mismas razones, no se comparte la alegación 
de la Presidencia del Cabildo de que el contrato se ejecuta en el extranjero, no siéndole de aplicación el TRLCSP.   s
15 Cantidad vigente hasta la modificación efectuada por la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se  bo
dpe16neu Le bianrlioc cC aodnoae mr l 2oei0ssl 1i pól8írnm.o  cEiteeudsroi mdpeiee anlo,t ose  npd rivseitrvitniustdtoo sd  eetni pD oeesl c adisretiíó ccnuo ldone t1r a40t 8od,s ea  apju aeliroftea dcdteoo  s22 0,d 1de8e  lla( JT OcraoCtnaEtdr aoCt a/d4ce0i ó6Fn/u2 nd0ce1il8o s)n,e ancmotoiteirf nicptóoú  badli ecF orlaa a nU cpniaaió rstniur  E ddueerlco 1ips eiódane,    2021-14264n https://www.
aconnatlrizaatinsdtao,  eunn  bnaesgeo ac ioq ujeu rpídairceoc ecno nco npsretistutairc aioynuedsa  eeqstuaivtaall eilníctietas  ean  leals s ecnotmidpor ednedl iadratísc uelon  1e0s7t,e  aepxaprteaddioe n1t,e  dee l iTdréantatidcoo 
de Funcionamiento de la Unión Europea.
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
o  Servicios de maquinaria y transporte, y suministros de agua potable, combustibles y 
energía eléctrica en baja tensión  
El órgano de Intervención, el 14 de diciembre de 2016, emitió informe en relación con 119 facturas 
generadas  en  el  propio  ejercicio  cuyo  importe  agregado  asciende  a  207.676,44  euros, 
correspondientes a la prestación de los servicios y suministros que se detallan en el cuadro 20, y 
que se tramitaron a través de sucesivos contratos menores formalizados por el Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. 
En el informe de Intervención se puso de manifiesto que los contratos tenían el mismo objeto, 
estaban motivados por la misma causa y, en la mayoría de los casos, habían sido celebrados con 
el mismo tercero. Respecto de uno de los suministros, se indicaba, además, que el mismo 
correspondía a un contrato administrativo cuyo vencimiento había tenido lugar el 21 de marzo de 
2016, sin que hubiese existido ulterior acuerdo de prórroga conforme a lo previsto en el pliego de 
contratación que lo regía. 
Como motivo del reparo, se alude a los principios generales de la contratación, así como al 
incumplimiento de los límites previstos cuantitativos y temporales previstos en los artículos 138.3 y 
23 del TRLCSP para la celebración de contratos menores, y a la prohibición de fraccionamiento 
del objeto del contrato prevista en artículo 86.2 del TRLCSP.   
El Presidente del Consorcio, el 29 de diciembre de 2016, levantó el reparo formulado, alegando, 
según se señalaba, asimismo, en informe emitido por el órgano gestor, que la ausencia de 
procedimiento de contratación derivaba de la imposibilidad de prever las necesidades de los 
servicios o suministros afectados. 
En el siguiente cuadro se muestran las prestaciones en las que se produjo la irregularidad 
señalada, con indicación de la fecha en la que finalizó el contrato anterior, si existió, y la fecha en 
la que, en su caso, entró en vigor el nuevo contrato adjudicado, así como el importe facturado sin 
cobertura jurídica. 
Cuadro  18.  Servicios y suministros prestados sin adecuada cobertura contractual. 
Cabildo Insular de Fuerteventura 
Fecha acuerdo inicio 
Servicios y suministros  Fecha finalización del  Importe facturas sin 
nuevo expediente  Fecha inicio nuevo contrato 
afectados  contrato anterior  contrato 
contratación 
Lote 1: 08/02/2018;  
Suministro de combustibles 
No tramitado  30/01/2017  Lotes 2,3 Y 4:21/03/2018;   75.173,97 
y carburantes 
Lote 5: 12/03/2018 
Servicio de maquinaria  Lotes 1, 2, 4 Y 5: 09/03/2018; 
No tramitado  18/04/2016  183.348,00 
(retroexcadora)   Lote 3: 03/03/2018 
Suministro de agua potable 
No tramitado  04/12/2017  Desierto  168.765,04 
al depósito de Tequital 
Suministro de energía  es
01/04/2016  14/03/2016  20/10/2016  281.171,93  e.
eléctrica en baja tensión  o
Total  708.458,94  264ww
F uente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.
En  los  cuatro  servicios  se  había  acudido  a  la  contratación  menor  a  pesar  de  tratarse  de
prestaciones continuadas en el tiempo y superar los límites temporales y cuantitativos previstos en
los artículos 23 y 138 del TRLCSP. La aplicación asimismo de los artículos 86 y 88 del mismo 
texto legal impiden fraccionar los contratos así como disminuir el cálculo del valor del mismo para 
eludir la licitación. 
Estas actuaciones, por las cuales se evita la tramitación de los contratos por los procedimientos 
abierto o negociado, así como la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, podría 
dar lugar a la existencia de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por 
remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 
de la actual LPAC-. 
Esta práctica pone de manifiesto una debilidad en la gestión de la contratación de servicios y 
suministros  en  el  Consorcio,  en  tanto  no  se  realizó  una  previsión  adecuada  de  las 
correspondientes  necesidades,  acudiéndose  a  la  contratación  menor  sin  que  esta  fuera 
procedente, y ello a pesar de que el interventor, en su informe de 2 de febrero de 2016, ya había 
puesto  de  manifiesto  esta  circunstancia.  Además,  el  no  haber  licitado  los  contratos  con 
concurrencia pública, ha privado a la Administración de la posible obtención de precios más 
competitivos. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC , señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
II.2.3.  CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 
Sistema de control interno 
El Cabildo Insular de Gran Canaria tenía, a 31 de diciembre de 2016, un volumen de obligaciones 
reconocidas netas del presupuesto de 555.999.152,53 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, por lo que el puesto de Interventor está reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  El 
puesto de Interventor está cubierto por libre designación desde 1994. 
Además del FHN, el órgano de Intervención cuenta, tanto en 2016 como en diciembre de 2018, 
con nueve técnicos A1, un técnico A2, siete administrativos y cuatro auxiliares administrativos.  
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena, así como un control 
financiero posterior. 
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Cabildo de Gran Canaria remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 27 de abril de 2017, dentro del 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  s
A 31 de diciembre de 2016, el perímetro de control estaba conformado por la entidad principal,  w.
sPIneasitsur olaonrra gdtaoen  idDseme poTosur rtaeisusmt,ó onIn osdmteito uGsto r( aFdnue n CdAaatencnaiócrniiaó ,pn a CSroaon clsaiae lEj oyt n IoSngosrucailoafí-raS  dyae nD itAeagsriauara,r soV lladole od raeG  rGlaane A sCrtitóeansn aaTnrriíaiab, u CItnaasrnitaait)ur,i taoy,    2021-14264n https://ww
cuatro consorcios (Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Consorcio Emergencias de
Gran  Canaria,  Consorcio  Gando,  Parque  Aeroportuario  de  Actividades  Económicas  de  Gran 
Canaria y Consorcio Viviendas de Gran Canaria). 
El órgano de Intervención informó de 191 acuerdos contrarios a reparos, por un importe total de 
29.385.163,83 €, de acuerdo a la siguiente distribución por entidades: 
 
Cuadro  19.  Distribución por entidades de los acuerdos contrarios a reparos. Cabildo 
Insular de Gran Canaria. 
Importe en euros 
Entidad  Nº  Importe 
Cabildo Insular de Gran Canaria  67  22.202.290,61 
Patronato de Turismo de Gran Canaria  3  60.255,27 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria  57  2.272.240,36 
Instituto Insular de Deportes  35  1.248.837,49 
Instituto de Atención Social y Socio-Sanitaria  17  1.602.345,59 
Valora Gestión Tributaria  4  79.080,97 
Consorcio Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria  8  1.920.113,54 
Total  191  29.385.163,83 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Se emitió certificación negativa respecto de todas las entidades del perímetro de control en 
relación con expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos. 
 
El 73% del importe corresponde a expedientes de contratación, mientras que el 27% restante se 
reparte entre gastos de personal y gastos derivados de convenios de colaboración. 
 
Se han seleccionado para su análisis dos expedientes tramitados por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria cuyo importe agregado es de 6.733.442,33 euros. 
 
Acuerdos contrarios a reparos 
o  Reconocimiento de obligaciones derivadas de un convenio de colaboración 
El órgano de Intervención formuló, con fecha 4 de octubre de 2016, reparo en relación con el 
reconocimiento de una obligación de pago, por importe de 3.946.386 euros, derivada de un 
Convenio firmado en el ejercicio 2008 y que ha sido objeto de sucesivas prórrogas y adendas. A la 
cifra indicaba se sumaba, además, una relación de siete facturas, por importe total de 15.134,25 
euros, derivadas de la sobreocupación de un centro objeto del Convenio descrito. 
El objeto del convenio era la prestación de los servicios de atención al menor y la gestión de 
centros y servicios públicos de acogida, competencia que, si bien, se atribuye a los Cabildos 
Insulares en el artículo 11 de la Ley 1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral de los Menores, 
es materia de contratación, no concibiéndose como uno de los negocios excluidos del ámbito 
contractual según dispone el artículo 4.1 c) del TRLCSP. 
En 2010 se emitió informe de Intervención en el que se indicaba la improcedencia de tramitar las 
prestaciones objeto del convenio a través de esta figura, debiendo ser las mismas objeto de  e.e
licitación pública, en tanto estarían dentro de los supuestos contemplados en el Anexo II del  b
TRLCSP.   264ww
Aym  astrteae vrciéaoslne dtsine u pDóae racco renint oilca ida etrr  alaem l Piteraexcpsióiednde inedcneitlae  e dxdepel e Cdcaioebnnitltrdeao.t  adSceeió  2na ,rd geau snmío evcnioetmóm olba r elaf a dlateap  2ldi0ce1a 6cmi ósened  ildoeesv a plnaet órsf ieoglnu rarealpe asd reoyl    OE-A-2021-14able en https://
enriquecimiento  injusto  en  tanto  la  prestación  se  había  realizado  a  requerimiento  de  la
Administración y al amparo de un convenio suscrito. Además, el importe de los gastos objeto del 
Decreto aumentó de los 3.961.520,25 euros fiscalizados por la Intervención a 4.030.724,25 euros 
por la inclusión en el mismo de cuatro facturas —por importe de 69.204 euros— que habían sido 
fiscalizadas con reparo por el interventor el 12 de septiembre de 2016.  
En la fecha de realización de estos trabajos, junio de 2019, el contrato que debía sustituir al 
convenio analizado aún no había sido adjudicado, a pesar de haberse iniciado el expediente con 
fecha de 3 de septiembre de 2018. El expediente se encontraba paralizado como consecuencia de 
la interposición de un recurso especial en materia de contratación, con suspensión automática de 
la tramitación del expediente. 
La sucesión de prórrogas y adendas durante más de 10 años, de las cuales se han derivado 
obligaciones por importe de 21.538.066,45 euros17, pone de manifiesto, además de la vulneración 
normativa señalada, una debilidad en la gestión de la contratación de servicios en el Cabildo, en 
tanto no se está realizando una previsión adecuada de las necesidades a atender por la entidad. A 
ello se suma que en los años 2011 y 2012 se prorroga la vigencia de los convenios que rigen esta 
relación “hasta la adjudicación de los contratos administrativos de la gestión de los servicios” 
Además, la falta de concurrencia pública ha privado a la Administración de la posible obtención de 
precios más competitivos. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC , señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta la realización de actuaciones en orden a depurar las posibles responsabilidades. 
 
o  Servicios de conservación y mantenimiento de carreteras 
El 13 de enero de 2016 se emitió reparo por el órgano de Intervención en relación con 21 facturas 
generadas por la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, cuyo 
importe conjunto ascendía a 2.771.922,08 euros con motivo de la falta de cobertura jurídica válida 
para las mismas. 
Los correspondientes contratos habían finalizado el 28 de febrero de 2015, una vez transcurridos 
los plazos máximos de prórroga permitidos. En tanto en esa fecha, a pesar de haberse iniciado los 
expedientes  de  contratación  para  realizar  nuevas  adjudicaciones,  ninguno  de  ellos  había 
finalizado,  el  Consejo  de  Gobierno  Insular  acordó,  con  fecha  25  de  febrero  de  2015,  dar 
continuidad a los contratos de servicios desde el día 1 de marzo de 2015 hasta la entrada en vigor 
de los nuevos contratos administrativos, lo cual, y tras diferentes recursos, se produjo en febrero 
de 2017. Las obligaciones generadas durante los dos años en los que se careció de contrato 
alcanzaron un importe de 14.198.976,54 euros. 
El  reparo  se  levantó  por  Decreto  del  Presidente  del  Cabildo  de  29  de  enero  de  2016, 
argumentando, según se había señalado asimismo en informe de los Servicios Jurídicos, que se 
trataba de servicios ejecutados y certificados, siendo por tanto de aplicación el principio de evitar 
el enriquecimiento injusto de la Administración.  s
El acuerdo de la continuación del contrato por encima de su plazo máximo establecido supuso que  w.
los servicios se siguieran prestando de facto por las empresas adjudicatarias, lo que vulneró la  264ww
1  7   T o  d  a s    la  s   o  b  li g a  c  io  n  e s   c  o  n l le  v  a r o   n informe de reparo de la Intervención y todos fueron solventados mediante Decreto  OE-A-2021-14able en https://
del Presidente del Cabildo.
normativa contractual de aplicación. La posibilidad de que un contrato se pueda prorrogar hasta 
que comience la ejecución del siguiente se ha recogido por primera vez en el artículo 29 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de marzo de 
2018—, siempre y cuando la falta de formalización del nuevo contrato se deba a incidencias 
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación, y además, existan razones, de interés público para no interrumpir 
la  prestación.  La  nueva  normativa  contractual  —que  como  se  ha  señalado,  no  resulta  de 
aplicación al expediente analizado— habilita esta posibilidad limitada a un periodo máximo de 
nueve meses, y exige, además, que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado 
con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario. 
II.2.4.  CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
Sistema de control interno 
El Cabildo Insular de La Palma presenta un volumen de obligaciones reconocidas netas en el 
presupuesto de 2016 de 100.412.877,46 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, por lo que el puesto de Interventor está reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  El 
puesto de Interventor se ocupaba mediante nombramiento accidental, tanto a 31 de diciembre de 
2016, como a fecha de cierre de la fiscalización –diciembre de 2018-. Se convocaron sendos 
concursos ordinarios por resoluciones de 13 de abril de 2016, 6 de abril de 2017 y 16 de mayo de 
2018 respectivamente, quedando en todos los casos desiertos. 
El órgano de Intervención contaba también, tanto a 31 de diciembre de 2016, como al cierre de los 
trabajos de campo, junto con el Interventor accidental, con un técnico A1, un administrativo y dos 
auxiliares administrativos.  
La entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada, extendiéndose el ámbito 
de  las  comprobaciones,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  Pleno  del  Cabildo  el  11  de 
septiembre de 1992, a la adecuación y suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor 
del gasto, así como al cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 163 de la Ley 39/1988 para el 
caso de gastos de carácter plurianual y a los requisitos contenidos en las Resoluciones de la 
Secretaría de Estado de Hacienda de 25 de marzo de 1988 (fiscalización previa de contratos 
administrativos), 24 de mayo de 1988 (de retribuciones, subvenciones, indemnizaciones, contratos 
patrimoniales y convenios) y de la Subsecretaría de Hacienda de 31 de julio de 1989 (clases 
pasivas, prestaciones por desempleo y contratación de personal laboral). 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
entidad. 
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Cabildo de La Palma remitió la información prevista en el artículo  e.e
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 25 de abril de 2017, dentro del plazo  b
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  264ww
AtEres 3cs1u o edrlgaea  Idnniiscsuimelamors b draeeu  tdMóenú os2im0ca1o—6s,   —eyl  Cdpooensrí smceojeont rsoIon rsdcueiol ascr o —dnetSr oeAl rgveuiscatiaosb sda de ce Lo Lana foP rPamalmalmdaoa,   Pepa oItrnr oslanu aleatnro t diddeea  dlaT  puRrriiensscmeiporva ayl,    OE-A-2021-14able en https://
Mundial Biosfera de La Palma—.
El órgano de Intervención ha remitido información relativa a 205 acuerdos contrarios a reparos por 
importe conjunto de 9.883.328,42 euros y a once expedientes con omisión de fiscalización previa, 
por  1.434.665,48  euros.  Se  ha  remitido  certificación  negativa  en  relación  con  anomalías  de 
ingresos en relación con el conjunto de entidades.  
Todos los expedientes con omisión de fiscalización corresponden a la entidad principal, siendo 10 
de ellos de contratación y un expediente de subvenciones. 
Acuerdos contrarios a reparos 
 
En los dos cuadros siguientes se muestra la distribución de los acuerdos contrarios a reparos por 
entidades y por tipo de expediente de los reparos de la entidad principal, respectivamente. 
Cuadro  20.  Distribución por entidades de los acuerdos contrarios a reparos informados. 
Cabildo Insular de La Palma 
Importe en euros 
Entidad  Nº  Importe 
Cabildo Insular de La Palma  197  9.778.758,40 
Patronato de Turismo   2  20.820,00 
Consejo Insular de Aguas de La Palma  4  76.692,46 
Consorcio Servicios de La Palma  2  7.057,56 
Total  205  9.883.328,42 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Cuadro  21.  Acuerdos contrarios a reparos por tipología de expediente. Cabildo Insular de 
La Palma 
Importe en euros 
   Número  Importe  Porcentaje número  Porcentaje importe 
Contrato de servicios  86  1.137.627,71  43,65  11,63 
Contrato de suministros  41  230.564,43  20,81  2,36 
Subvenciones de concesión directa  20  69.273,63  10,15  0,71 
Encomiendas de gestión  17  4.023.174,40  8,63  41,14 
Otros  12  66.059,01  6,09  0,68 
Contrato de obras  10  268.195,73  5,08  2,74 
Contrato de gestión de servicio público  6  3.264.501,05  3,05  33,38 
Convenios de colaboración  2  503.625,00  1,02  5,15 
Pagos a justificar  2  6.000,00  1,02  0,06 
Adquisición de bienes inmuebles  1  209.737,44  0,51  2,14 
Total general  197  9.778.758,40  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Se han seleccionado para su análisis un acuerdo contrario a reparos y un expediente con omisión 
de fiscalización, cuyos importes ascienden respectivamente a 3.246.425,02 euros y 572.754,15  es
euros; los dos expedientes fueron tramitados por el Cabildo Insular de La Palma.   bo
  264ww
o  E  ncomienda de gestión de servicios
Emla enxtepneidmieiennteto  sye  aryeufideares  aa  lala  eexnpclootmacieiónnd ad epl anruae lvao  ptúrensetla dcieó nla  dceu mlobsr e“ T(rcaabrraejotesr ad eL Pc-o3n),s ecarvrarectieórna, 
LP-20, vía exterior de Santa Cruz de La Palma y túnel de Bajamar gestión” y de los “Trabajos de 
reparación de anomalías en los sistemas instalados en dichas instalaciones”, a la empresa pública 
TRAGSA por un período de dos años (hasta el 1 de mayo de 2018) e importe de 3.246.425,02 
euros. 
El reparo del órgano de Intervención, de 26 de abril de 2016, está motivado en la falta de 
justificación en el expediente de motivos de economía, eficacia o eficiencia necesarios para acudir 
a la figura de la encomienda, desviaciones al alza en comparación con encargos anteriores, y 
además, en la falta de restricción de la subcontratación a los máximos definidos en la Disposición 
Adicional 25.618 del TRLCSP. 
El Presidente del Cabildo, a través de Decreto del 27 de abril de 2016, levantó el reparo, en base 
a  un  informe  del  jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras,  que  da  por  justificadas  todas  las 
discrepancias interpuestas por la Intervención. 
Las encomiendas de gestión son uno de los negocios excluidos del ámbito de la ley de contratos, 
en aplicación del artículo 4.1.n) del TRLCSP. A través de esta figura, la entidad utiliza un medio 
considerado propio para realizar las actuaciones de referencia, en lugar de proceder a su licitación 
pública. La consideración de medio propio de TRAGSA se contempla en sus propios Estatutos. 
La utilización de la figura de la encomienda de gestión, frente a la tramitación por licitación pública, 
se debe basar en criterios de economía, eficacia o eficiencia que aconsejen dicho procedimiento, 
así se pronunció el Tribunal de Cuentas en la “Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad 
de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las 
administraciones públicas” aprobada el 22 de diciembre de 2016. 
En este expediente no se llega a conocer el valor real de mercado de las prestaciones para 
determinar el menor coste para la entidad de utilizar esta figura, ya que a efectos de su valoración 
se hace uso del propio presupuesto de la encomendada en comparación al estimado por los 
servicios técnicos y al calculado por una empresa contratada por el Cabildo en el ejercicio 2014. 
Tampoco se llega a acreditar la carencia de medios por parte del Cabildo Insular que sustenten la 
decisión de contar con este instrumento. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta la realización de actuaciones en orden a depurar las posibles responsabilidades. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El órgano de intervención comunicó once expedientes tramitados con omisión de fiscalización 
previa  por  importe  total  de  1.434.665,48.  De  ellos,  ocho  corresponden  a  reconocimientos 
extrajudiciales  de  crédito  por  importe  de  1.212.284,78  euros.  Los  otros  tres  expedientes 
(222.380,78 euros) contienen reparos de intervención por la omisión de trámites esenciales ante la 
propuesta de reconocimiento y liquidación de obligaciones que adolecen de alguna causa de 
reparo suspensivo.   e.e
                                                  264ww
y18  dDeis spuoss icfiilóianle rse.f eErind ae la sl eRgéugnimdoe np ájurrríadfioc od ed es lua  s«eExmtop rpeusnat od ea fTirrmanas: f“oErmn aecl iósnu pAugersatroia d, eS oqcuieed laad  eAjencóuncimióna »d (eT RobArGasS,A l)a, 
fcaoblaribcoarcaiócnió nd ed eb eiemnperse smaruioesb lpesa rtoic ulala rperse,s etal cimiópno rdtee  dsee rlavi cpiaorst ep doer  plares stsaoccióiend aad ceasr gdoe dl eg reusptoos  sdee blleerváe s ear  cinafbeori ocr oanl  5la0 
por 100 del importe total del proyecto, suministro o servicio.”
Se ha analizado un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de 572.754,15 euros. 
o  Reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  para  la  imputación  de  gastos  de  ejercicios 
anteriores 
 
El Pleno del Cabildo Insular de La Palma aprobó el 18 de marzo de 2016 un expediente de 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  por  importe  de  572.754,15  euros  para  imputar  al 
presupuesto de 2016 gastos derivados de once operaciones cuyo devengo se había producido en 
2015 y que no se habían imputado al ejercicio de procedencia por falta de crédito. 
Los gastos se derivaron de liquidaciones de una operación financiera, facturas de suministros, 
servicios varios y liquidaciones correspondientes a la compensación a favor de la concesionaria 
del servicio de transporte urbano por bonificaciones a favor de estudiantes y jubilados. Respecto 
de la compensación, se reconocieron dos gastos de 186.063,84 y 172.891,07 euros relativos 
respectivamente a los meses de noviembre y diciembre de 2015. 
El 24 de febrero de 2014, el Pleno del Cabildo acordó que las cantidades a abonar por parte del 
Cabildo a la empresa operadora como consecuencia de las medidas de exención o bonificación 
de las tarifas establecidas para determinados colectivos, se reducirían en un 35% del total que 
resultase de la aplicación de la tarifa ordinaria, con efectos desde el 16 de mayo de 2014. 
Como resultado de los trabajos de esta fiscalización, la Intervención de la entidad ha detectado 
que la reducción no fue aplicada en estos dos casos, liquidándose a favor de la concesionaria la 
compensación por la integridad del importe. 
El Cabildo, a instancia del órgano Interventor, mediante resolución del Consejero de Hacienda, 
Recursos Humanos y Aguas de 15 de marzo de 2019, ha incoado un expediente de reintegro de 
cantidades indebidas por un importe global de 243.570,57 euros, más intereses de demora, 
correspondientes a las reducciones no aplicadas. A fecha de estos trabajos, el deudor había 
procedido al ingreso del reintegro junto con los intereses de demora. 
El resto de facturas que conforman el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos eran 
gastos  del  ejercicio  2015  para  los  que  no  se  contó  con  crédito  suficiente  por  importe  de 
161.748,04 euros y que se aplicaron al presupuesto de 2016. Esta circunstancia resulta contraria 
a los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la 
nulidad  de  la  adquisición  de  compromisos  de  gastos  por  importe  superior  a  los  créditos 
presupuestarios, sin perjuicio de que para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, 
las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
Mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos del artículo 60.2 del RD 500/90, se 
produce la imputación de gastos de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. No obstante, 
esta  excepcionalidad  al  principio  de  temporalidad  de  los  créditos  no  resulta  admisible  para 
convalidar  los  actos  nulos,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  en  ningún  caso  subsana  las 
irregularidades o vicios que fueran la causa de nulidad. 
Esta  práctica  está  también  tipificada  como  infracción  muy  grave  en  el  artículo  28.c)  de  la 
LTAIPBG. En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su 
aplicación se regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el 
propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. Además, la disposición adicional  s
decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del  e.
personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones  w.
en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la  264ww
LeRn JdPicAhCo,  sTeeñxatola nRdeofu, nadsiimdois mpoor  qpuaer tlea  dinefrl apcecriósno noa la palli csaecrivóinc iion ddeeb ildaas  dAed lmosin pisretrcaecpiotonse sc oPnútebnlicidaoss, 
dcuisacnipdloin amriead siee  eaxl igmireán coosn fnoermglieg ean lcaia n ogrrmavaeti,v ac oensspteitcuíifriác af aelnta  lam muya tegrriaav. eN, oc cuoynas trae slap ornesaalibzailicdiaódn   BOE-A-cable e
de actuaciones en orden a depurar las posibles responsabilidades, ni respecto de la infracción 
contemplada en la LTAIPBG ni en relación con el incumplimiento del TRLCSP. 
II.2.5.  CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 
Sistema de control interno 
El volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto de 2016 del Cabildo Insular de 
Lanzarote asciende a 99.973.052,15 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, por lo que el puesto de interventor está reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  El 
puesto  de  interventora  estaba  cubierto  de  forma  provisional  desde  2008  hasta  la  fecha  de 
realización de los trabajos de campo de la fiscalización. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba a 31 de diciembre de 2016 con un técnico 
A1, tres administrativos y tres auxiliares administrativos, llegando a cuatro el número de auxiliares 
administrativos en la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización. 
El sistema de control interno implantado es la fiscalización previa limitada. En cambio, no se 
realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un incumplimiento 
del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o eficiencia, lo que 
se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la entidad. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Cabildo de Lanzarote remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 3 de mayo de 2017, una vez finalizado el 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
A 31 de diciembre de 2016, el perímetro de control estaba conformado por la entidad principal y 
dos organismos autónomos y tres consorcios: Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Organismo 
Autónomo Insular de Atención Social de Lanzarote, Consorcio de Abastecimiento de Agua a 
Lanzarote,  Consorcio  de  Seguridad,  Emergencia,  Salvamento,  Prevención  y  Extinción  de 
Incendios de Lanzarote y Consorcio para la Defensa y Promoción del Espacio de la Geria. 
El órgano de Intervención ha informado de 179 acuerdos contrarios a reparos por un importe 
agregado de 3.737.398,02 euros, y ha emitido certificación negativa en relación con expedientes 
con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos respecto de todas las entidades. 
Acuerdos contrarios a reparos 
De los 179 acuerdos, 177 fueron tramitados por el Cabildo Insular, uno por Consejo Insular de 
Aguas de Lanzarote y otro por el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Lanzarote. En el cuadro 
siguiente se muestra su clasificación por tipo de expediente. 
Cuadro  22.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de expediente. Cabildo Insular de 
Lanzarote. 
Importe en euros 
Tipo de expedientes  Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje Importe 
Contrato de servicios  91  934.708,05  50,84  25,01 
Contrato de suministros  74  601.716,88  41,34  16,10 
Contrato de Gestión de Servicio Público  13  677.680,23  7,26  18,13 
Gastos de Personal  1  1.523.292,86  0,56  40,76 
Total general  179  3.737.398,02  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Se ha analizado el expediente relativo a gastos de personal, que fue gestionado por la entidad 
principal.  
o  Nómina del mes de abril de 2016 de los empleados públicos con la condición de personal 
funcionario y laboral del Cabildo de Lanzarote 
El órgano de Intervención formuló reparo el 21 de abril de 2016 al documento de reconocimiento 
de las obligaciones derivadas de la nómina del mes de abril de los empleados públicos del 
Cabildo.  El  motivo  fue  la  existencia  de  productividades  fijas  y  periódicas  que  retribuían  el 
desempeño de la función ordinaria de los beneficiarios y que, por tanto, no podrían integrar el 
concepto  jurídico  de  productividad.  Además,  advirtió  que  debía  aprobarse  una  adecuada 
valoración  de  puestos  de  trabajo  y  una  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  adaptada  a  las 
necesidades de la corporación, y que constituyese una adecuada cobertura legal a la nómina. 
El reparo fue solventado por Decreto del Presidente del Cabildo, de 26 de abril de 2016, en el que 
se afirmaba que se había iniciado el procedimiento administrativo para la confección y posterior 
aprobación de la RPT del Cabildo. A fecha del presente informe, no consta que la entidad haya 
aprobado ningún instrumento de valoración y racionalización de recursos humanos. 
El  Real  Decreto  861/1986,  por  el  que  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los 
funcionarios  de  Administración  Local,  delimita  la  casuística  e  importe  máximo  de  todos  los 
elementos que forman parte de las retribuciones del personal al servicio de las entidades locales, 
e  imposibilita  la  regulación  de  otros  conceptos  no  previstos  en  él  por  parte  de  dichas 
administraciones. 
Por otro lado, el artículo 69 del EBEP establece la obligación de las administraciones públicas de 
mantener una planificación cuyo objetivo es “contribuir a la consecución de la eficacia en la 
prestación  de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  económicos  e.
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,  w.b
promoción  profesional  y  movilidad.”  Dicha  obligación  se  concreta  en  la  estructuración  de  la  264ww
osirmgailanrizeasc. ión a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos
II.2.6.  CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
Sistema de control interno 
Las obligaciones reconocidas netas del presupuesto de 2016 del Cabildo Insular de Tenerife 
asciendo de 739.484.617,21 euros. 
La clasificación de la Intervención de la entidad es de clase 1ª, estando el puesto de interventor 
reservado  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría 
superior. La cobertura del puesto era definitiva, tanto a 31 de diciembre de 2016 como al cierre de 
los trabajos de campo –diciembre de 2018-, mediante el procedimiento de libre designación. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con once 
técnicos A1, un técnico A2, un administrativo y diez auxiliares administrativos, mientras que a la 
fecha de cierre de la fiscalización había diecisiete técnicos A1, dos técnicos A2, un administrativo 
y once auxiliares administrativos. 
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena así como un control 
financiero posterior.  
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Cabildo de Tenerife remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
A 31 de diciembre de 2016, el perímetro de control estaba conformado por la entidad principal, 
cuatro organismos autónomos (Patronato Insular de Música, Museos y centros, Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria), y cuatro consorcios 
adscritos: Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz, Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, Isla Baja, y Tributos de Tenerife. 
El  número  e  importe  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa y anomalías en ingresos comunicadas por la Intervención se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro  23.  Acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y anomalías en materia de ingresos comunicados. Cabildo de Tenerife. 
Importe en euros 
Tipo de Expediente  Nº  Importe 
Acuerdos contrarios a reparos   455  263.755.015,65 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  8  71.655.760,00 
Anomalías de ingresos  33  128.009.769,88 
Total  496  463.420.545,53 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
    e
La distribución de los acuerdos contrarios a reparos en función de la entidad que lo tramitó es la 
siguiente: 
 
Cuadro  24.  Acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y anomalías en materia de ingresos comunicados por entidades. Cabildo de 
Tenerife. 
Importe en euros 
Número de 
Tipo de Expediente  Entidad  Importe  
expedientes 
Cabildo Insular  56  215.272.787,76 
Patronato Insular de Música  7  189.373,27 
Museos y centros  1  2.020,00 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife  28  2.680.310,94 
Instituto Insular de Atención Social y Socio-
Acuerdos contrarios a reparos   331  44.160.239,42 
Sanitaria 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
30  1.449.270,86 
de la Isla de Tenerife  
Tributos de Tenerife   2  1.013,40 
Subtotal  455  263.755.015,65 
Cabildo Insular  3  71.547.332,86 
Patronato Insular de Música  1  100.000,00 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
4  8.427,14 
de la Isla de Tenerife  
Subtotal  8  71.655.760,00 
Cabildo Insular  31  127.724.957,92 
Anomalías de ingresos  Patronato Insular de Música  2  284.811,96 
Subtotal  33  128.009.769,88 
Total     496  463.420.545,53 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Acuerdos contrarios a reparos 
 
La distribución de los acuerdos contrarios a reparos en función de la tipología de gasto es la 
siguiente: 
 
Cuadro  25.  Acuerdos contrarios a reparos según la tipología del gasto. Cabildo Insular de 
Tenerife. 
Importe en euros 
Tipo de expediente  Número  Importe  Porcentaje número  Porcentaje Importe 
Contratos de servicios y suministros  312  7.761.601,14  68,57  2,94 
Subvenciones y ayudas  62  11.180.675,69  13,63  4,24 
Gastos de personal  29  30.770.437,06  6,37  11,67 
Operaciones de derecho privado y gastos derivados 
19  19.667.267,88  4,18  7,46 
de otros procedimientos 
Contratos de obras  14  1.253.458,13  3,08  0,48 
Encomiendas  9  1.068.720,82  1,98  0,41 
Contratos complementarios y modificados de contrato  6  1.136.068,98  1,32  0,43 
Contratos de colaboración y de gestión de servicio 
3  2.139.285,95  0,66  0,81 
público 
Operaciones financieras  1  188.777.500,00  0,22  71,57 
Total  455  263.755.015,65  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Se han analizado siete acuerdos contrarios a reparos: tres tramitados por la entidad principal —
una permuta financiera, una encomienda de gestión y un gasto derivado de la disolución de una 
asociación—, tres del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria 
(IIASS) —dos convenios de colaboración y un expediente de subvenciones— y uno tramitado por 
el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife relativo a 
gestión  de  subvenciones.  El  importe  agregado  de  los  siete  expedientes  asciende  a 
195.168.020,52 euros. Además, en relación con la operación de permuta financiera, el órgano de 
Intervención  ha  informado  de  un  expediente  con  omisión  de  fiscalización  por  importe  de 
71.535.000 euros que también se ha analizado. 
 
o  Contratos de permuta financiera de tipos de interés. 
 
El órgano de Intervención del Cabildo Insular de Tenerife ha informado, en relación con el ejercicio 
2016, de un acuerdo contrario a reparo (188.777.500 euros) y de un expediente con omisión de 
fiscalización (71.535.000 euros) relativos a la contratación de productos financieros consistentes 
en la permuta financiera de tipos de interés19 o swaps. 
Con objeto de contextualizar los expedientes analizados en el conjunto de la operación a la que se 
refieren,  se  exponen  los  resultados  de  forma  cronológica  desde  el  ejercicio  2011,  fecha de 
formalización de los contratos de permutas financieras.  
El 14 de febrero de 2011 el Servicio Administrativo de Gestión Financiera y Tesorería emitió una 
propuesta en la que se aconsejaba valorar la posibilidad de contratar operaciones de cobertura de 
tipos de interés de las operaciones de préstamos vigentes. En la misma, advertía de que su  e.e
rentabilidad para la Corporación era incierta.  b
 1 9   S  e  g ú  n    e  l   A  n e  x o    I I   d  e l   c  o  n t r a  to    m   arco de operaciones financieras 2009, de la Asociación Española de la Banca,
ppaegrmo udtae  fcinaanntidciaedrae sd ree stiuplotasn dtees i ndtee raépsl,i ceasr  “uanq utieplola f iojop eyr aucni ótinp op ovra lraia bculea ls olabsr ep aurnte ism apcourteer dnaonm iinntaelr cya dmubraianrtsee  uenn tpree rsioí deol 
de duración acordado”.
Seguidamente, el 23 de febrero, el Consejero del Área de Presidencia y Hacienda solicitó a siete 
entidades financieras la presentación de ofertas para una operación de cobertura de tipos de 
interés para diversos préstamos suscritos por la Corporación. 
En los meses de marzo y abril de 2011 el Presidente del Cabildo Insular firmó cuatro contratos de 
permuta financiera con dos de las entidades financieras anteriores. El importe nominal conjunto 
ascendió a 188.777.500 euros. La duración de los cuatro contratos era de diez años y en todos 
ellos se pactó que el pagador del tipo fijo —que iban de 3,7%, hasta 4,09% según el contrato— 
sería el Cabildo Insular y el pagador del tipo variable la entidad financiera —el tipo variable que se 
pactó en los cuatro contratos era el Euribor a 12 meses con un diferencial del 0%—. 
Posteriormente,  en  2012,  en  tanto  no  se  contó  con  recursos  suficientes  para  satisfacer  las 
obligaciones derivadas de los contratos anteriores y con el objetivo de diferir el pago, el Presidente 
de la entidad firmó novaciones modificativas no extintivas respecto de tres de los cuatro contratos 
suscritos. Como consecuencia de esta operación los tipos fijos se incrementaron y pasaron a ser 
de 4,01%, 4,26% y 4,79%, lo que supuso un coste adicional estimado por la entidad financiera de 
770.250 euros. En 2012 la media de los tipos de interés del último trimestre del ejercicio para las 
operaciones a 10 años fue de 1,70% y de 2,14% para las operaciones a 15 años, notablemente 
inferiores a los tipos de interés aplicados en esta operación.20 
Como  resultado  de  los  cuatro  contratos  de  permuta  financiera  firmados  se  pagaron,  en  los 
sucesivos ejercicios, las siguientes cantidades: 
Cuadro  26.  Cantidades abonadas en concepto de intereses por contratos de permuta 
financiera en el Cabildo Insular de Tenerife. 
IMPORTE PAGADO POR LIQUIDACIONES ANUALES SWAP 
NOMINAL (1)  TOTAL 
2012  2013  2014  2015  2016(2)  2017  2018 
55.242.500  -  1.966.222,51  2.188.296,67  1.835.253,05  2.044.618,33  1.723.233,52  -  9.757.624,08 
71.535.000  -  2.196.052,92  2.275.182,18  2.139.515,63  2.208.228,97  2.143.027,54  1.989.954,15  12.951.961,39 
51.000.000  -  1.912.921,19  1.842.098,66  2.114.957,02  1.834.664,81  -  -  7.704.641,68 
11.000.000  218.746,00  353.455,43  324.832,62  317.917,90  311.375,95  -  -  1.526.327,90 
188.777.500  218.746,00  6.428.652,05  6.630.383,13  6.407.643,60  6.398.888,06  3.866.261,02  1.989.954,15  31.940.555,05 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
(1)  El valor nominal en un contrato de swap se refiere al importe sobre el que se calculan los intereses a pagar o a 
percibir según la evolución del tipo de interés de referencia. Si se trata de un swap de cobertura deberá 
coincidir con el nominal del préstamo al que está vinculado 
(2)  En el ejercicio 2016 se hizo uso de las ventanas de salida de dos operaciones.  
El importe total de 31.940.555,05 reflejado en el cuadro anterior se incrementó en 10.640.677 
euros derivados de la cancelación anticipada efectuada en 2019 de las dos operaciones que 
seguían vivas en dicho ejercicio, con lo que la cuantía global abonada ascendió a 42.581.232,05 
euros, el 23,40% sobre el nominal contratado. 
El primer reparo, emitido el 13 de enero de 201521 por el órgano de Intervención respecto de las 
operaciones analizadas, fue en relación con las propuestas de gasto de 2015. 
                                                  e.
tn22i01pe  FogS uaedetgeivnú aitnnemt :e seTrenéa tsbien,l  adBp idacoeanr   ctenoipn ood  seea  ldEd ievsne pfroreatrfiñmresaree.e   nelcami ain taiadptouli,cr aalalbeslz eaps r opdpaeur ael asestla  csoá pldceeur alogc aidosentloe v sad leoa rl l odpser e emsjeeernrcctiaacrdi oolsa  e anan pltaea rrciioeornmecspia en nods eaf culieióqrnou nipd oainrc friooiernmsegaso d ddaees    2021-14264n https://www.
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todos los datos necesarios para su identificación, incluida la descripción de lo que se tramitaba. Además, dichas
El  órgano  de  Intervención  señaló  que  las  operaciones  de  permuta  financiera  se  realizaron 
tomando como base el nominal de los préstamos sobre los que se quería realizar la cobertura, 
que era de 188.777.500 euros; sin embargo, en la fecha en la que se contrataron las permutas 
financieras, parte del nominal había sido amortizado, ascendiendo el capital vivo en ese momento 
a 185.970.000 euros.  
Además,  el  órgano  de  control  también  puso  de  manifiesto  que  el  30  de  junio  de  2014  se 
cancelaron diversos préstamos cubiertos a través de permuta financiera —cuyo importe ascendía 
a 62.000.000 euros—, sin que se hubiera procedido a la cancelación de la operación de cobertura, 
lo que debiera haber tenido lugar en tanto ya no había subyacente que pudiera ser cubierto y 
siendo precisamente el objeto de los contratos la cobertura de riesgo de los préstamos suscritos 
por la Corporación. 
Además, en el informe emitido se pusieron de manifiesto las siguientes irregularidades:  
  Incompetencia del órgano. El Interventor señala que, a tenor del importe de los contratos 
suscritos y en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el órgano competente para la 
suscripción de los contratos analizados era el Consejo de Gobierno Insular,  en ningún 
caso el Consejero del Área de Presidencia y Hacienda. 
 
  Omisión del trámite de fiscalización previa, en tanto no fueron sometidos al criterio del 
órgano  de  Intervención  ni  los  contratos  inicialmente  suscritos  ni  las  novaciones 
modificativas que se firmaron en 2012 para aplazar el pago correspondiente a dicho 
ejercicio. 
 
  Haber prescindido total y absolutamente del procedimiento de contratación. En el informe 
de Intervención se alude a la naturaleza privada de los contratos suscritos, indicándose 
que,  por  tanto,  están  sujetos  en  su  preparación  y  adjudicación  a  las  normas  de 
contratación pública. En este sentido, se pone de manifiesto que en el expediente no 
obraba  la  documentación  esencial  del  mismo:  informe  de  necesidad  e  idoneidad  del 
contrato y de las necesidades que pretenden cubrirse con el mismo, resolución de inicio 
del  procedimiento,  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  condiciones 
técnicas  particulares,  certificado  de  existencia  de  crédito,  resolución  aprobando  el 
expediente,  el  gasto  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de  contratación  y 
resolución  de  adjudicación  del  contrato,  así  como  tampoco  informes  ni  resolución 
aprobando las modificaciones contractuales efectuadas en el ejercicio 2012.  
Añade que aún en el supuesto de que los contratos examinados se consideran negocios excluidos 
de la LCSP, en tanto la contratación se realiza  por una Administración Pública, la misma se ha de 
someter en todo caso a reglas de competencia ineludibles, entre las que están las contenidas en 
la Disposición Adicional Segunda de la LCSP y las normas de procedimiento administrativo 
común, no constando en el expediente ningún otro informe además del inicialmente aludido de 
propuesta para valorar la contratación de operaciones de cobertura. 
En  el  informe  emitido  por  el  órgano  de  Intervención  se  señala,  tanto  en  relación  con  la 
incompetencia de órgano como con la ausencia de procedimiento administrativo la posibilidad de 
haber incurrido en causa de nulidad según el artículo 62 de la entonces vigente LRJAP —cuyos 
términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC—. 
Además, y en relación con la posible nulidad de las actuaciones, el Interventor también alude a un  e.e
posible vicio de consentimiento, manifiesta que, en tanto los contratos de servicios financieros  b
tienen naturaleza aleatoria y especulativa y son contratos de alta complejidad, son recomendados  264ww
                                                                                                                                                              
pliqroupiduaecsiótans  dibeal nb aanccoom, ipnafoñramdaacsi ódne  tloodsa c eosnttara qtouse  dceo npsetarm eunt ae lf ienxapnecdieieran,t ed,e p uonr  lion fqourme en oe xppuleicdaet ivhoa bye dr ed ulad an oatligfiucnaac iósno bdree 
lo que se estaba tramitando”.
para clientes y operadores financieros con determinado perfil, por lo que la normativa que los 
regula obliga a informar correctamente al cliente y a advertirle con transparencia de los riesgos 
que asume. En los propios contratos suscritos se indica que “cada una de las partes manifiesta 
que  actúa  por  cuenta  propia  y  que  para  celebrar  las  operaciones ha  realizado  sus  propias 
decisiones, estimaciones y cálculos de riesgos (...) y ha sido asesorada por la otra parte sobre las 
ventajas o conveniencia de realizar cualquiera de las operaciones”, y que “las partes declaran que 
son capaces de valorar los riesgos de cada operación (bien por sí mismos o a través de asesores 
financieros) y declaran conocer y aceptar los riesgos que asumen”. Señala que en el expediente 
no  quedan  acreditados  los  extremos  anteriores,  como  tampoco  que  se  hayan  firmado  los 
correspondientes test de idoneidad y conveniencia que permitan comprobar la adecuación del 
producto financiero al perfil del cliente.  
Posteriormente, a través de la emisión de un segundo informe, el órgano de Intervención se 
pronuncia sobre la necesidad de elevar consulta a los Servicios Jurídicos de la Corporación, a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma sobre la 
posible nulidad de las actuaciones y sobre la interpretación del  artículo 48 del TRLRHL, el cual 
señala  que  “En  los  términos  previstos  en  esta  ley,  las  entidades  locales,  sus  organismos 
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de 
crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones 
financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio”. 
El 20 de diciembre de 2015, la Presidencia del Cabildo Insular aprobó un Decreto por el que 
acordó convalidar las actuaciones anteriores con base en los siguientes argumentos:  
  Se  considera  que  los  contratos  examinados  son  contratos  de  cobertura  financiera 
comprendidos en el apartado 4.1 I) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en consecuencia excluidas del ámbito de la misma. 
 
  Se  considera  asimismo  que  la  petición  de  diversas  ofertas  de  forma  previa  a  la 
adjudicación cumple con los principios de publicidad y libre concurrencia exigibles a la 
contratación pública. 
 
  Señala  por  último  que  los  servicios  jurídicos  de  la  Corporación  han  emitido  informe 
exponiendo que las omisiones y deficiencias expuestas por el órgano de Intervención son 
meramente formales, siendo, por tanto, posible la convalidación de las mismas. 
Además,  en  el  Decreto  de  Presidencia  se  acordó  “solicitar  la  intervención  de  los  Servicios 
Jurídicos de la Corporación en la búsqueda de fórmulas jurídicas que permitan modificar los 
contratos o rescindir los mismos en las mejores condiciones posibles para este Cabildo, teniendo 
en cuenta que algunos contratos prevén la posibilidad de hacer uso de ventanas de salida en 
2016 y que otros no”. 
En el ejercicio 2016 el órgano de Intervención volvió a formular reparo en relación con las 
propuestas de pago derivadas de las operaciones analizadas. Se pusieron de nuevo de manifiesto 
todas aquellas irregularidades ya señaladas en el informe emitido el año anterior y se solicitó 
información sobre aquellas actuaciones que pudieran haberse realizado en relación con la posible 
declaración de nulidad y en aras de la defensa de jurídica del interés general y de la Corporación. 
En el informe se señaló, además, lo siguiente: “Resulta obligado indicar que los contratos de 
swaps o permutas financieras de tipos de interés suscritos de los que trae causa la presente  e.e
liquidación, si tenemos en cuenta ésta última, suponen un quebranto económico por importe de  b
veintiún millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos ochenta euros con setenta y cinco  264ww
ccéonnttiimnuoasr ád ep oeru reol  (m21a.n8t9e3n.i6m8i0e,n7t5o  €d)e  colons  lacso nrterasptoosn s(asbuipliudeasdteasm qeunete  reassuolctaiand oesx igaib loepse yra ecilo qnuees 
foinbajentcoi edrea sc acnocneclraectiaósn,) ,c usbi rteiennedmo orsie esgno csu deen tati peol si mdpeo irntete reésst imdea dporé dseta omtrooss  qtrueein etan  yp asreteis  hmainll osnideos 
doscientos treinta y siete mil seiscientos treinta y dos euros con sesenta y tres céntimos de euro 
(36.237.632,63.€)  sobre  la  base  del  Euribor  aplicado  en  2015  y  si  no  se  producen  nuevas 
novaciones modificativas no extintivas para diferir el pago, incrementando, por tanto, su coste, y 
en el supuesto de que no se hiciese ejercicio de las ventanas de salida (muy limitadas) para 
cancelación anticipada existente en dos de las operaciones.” 
Otros hechos posteriores en relación con el expediente examinado 
  El  22  de  diciembre  de  2016,  la  Corporación  presentó  demanda  declarativa  de  juicio 
ordinario solicitando la modificación de los contratos. El motivo aludido era “evitar los 
perjuicios para la Corporación, a la vista de las imprevisibles circunstancias acaecidas en 
relación al desplome de los tipos de interés, así como la resolución de los mismos en el 
supuesto de no ser atendida aquella solicitud”.  
 
El    19  de  abril  de  2017    el  Juzgado  de  1ª  Instancia  n°  10  de  Santa  Cruz  de 
Tenerife desestimó la demanda indicando que la finalidad perseguida a la formalización del 
contrato era asegurar el patrimonio del Cabildo y que por circunstancias extraordinarias en 
la evolución de los tipos de interés no se cumplió la misma. 
 
En  tanto  se  trató  de  una  demanda  civil  no  entró  a  enjuiciar  los  aspectos  jurídico 
administrativos del asunto, aunque realizó el siguiente pronunciamiento “En el momento de 
la firma en fecha de 25 de marzo de 2011 la actora tenía que haber previsto que en la 
fecha de contratación ya estaban bajando los intereses, por lo que podía pronosticar que 
asumía un riesgo porque las previsiones no eran alcistas en el año 2011 sino que eran 
previsiones  de  disminución  de  los  tipos  del  Euribor  como  venía  ocurriendo  desde 
noviembre de 2008. Y sin embargo lo asumió suscribiendo el contrato en plena crisis 
económica, si se hubiese firmado en el año 2006 las previsiones sí que eran al alza. Pero 
en 2011 no existía razonablemente ningún índice de que los intereses iban a subir (...)” 
 
El 2 de julio de 2017 se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el cual 
fue desestimado a través de sentencia comunicada el 25 de septiembre de 2018.  
 
  El 17 de abril de 2018 se incoó procedimiento de nulidad por la Presidencia del Cabildo. El 
Consejo  Consultivo  de  Canarias  emitió  dictamen  en  el  que  manifestaba  no  entrar  a 
analizar los motivos de nulidad en tanto los contratos en cuestión se encuentran excluidos 
de la legislación contractual administrativa.  
 
  En  2018  la  Corporación  canceló  anticipadamente  las  dos  operaciones  de  permuta 
financiera que estaban pendientes. La propuesta remitida al órgano de Intervención para 
su cancelación conllevaba un pago de 10.640.677 euros. El 5 de diciembre de 2018 se 
emitió reparo sobre la misma fundamentado en los motivos ya referidos en relación con el 
pago periódico de las liquidaciones, señalando, además, que “la cantidad que se propone 
abonar  es  el  valor  de  mercado  de  las  coberturas  a  la  fecha  que  se  fije  para  su 
cancelación,… sin que se haya evaluado si existe margen legal para salvar o minorar la 
potencial compensación a la entidad financiera por la cancelación anticipada” 
Los contratos de permuta financiera que conforman el expediente examinado están excluidos de 
la normativa contractual administrativa. Así se interpreta del artículo 4.1.l) de la Ley de Contratos  es
30/2007 (aplicable a los contratos analizados en función de su fecha de formalización) y de la  o
normativa contractual posterior; en este mismo sentido ya se pronunciaba la Directiva 2004/39/CE.  264ww
Emse ntcaimonbaiédno  clao nt easnitse rrioercidoagdid a   en  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  de  Canarias  333/2018
Eden  tcoodmo pceatseon,c ciausa leqsutiaebr lteipcoid od ee cno nlatr antoarcmióant irveaa lcizoandtraa pctoura ul naad emnintidisatrda tliovcaa l— esetná  seusjteet ac aasl oré, geimn elan 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, cuyos términos son recogidos de forma exacta 
en  la  normativa  contractual  posterior—,  siendo,  por  tanto,  el  órgano  competente22  para  la 
contratación que nos ocupa el Consejo de Gobierno Insular y no el Presidente del Cabildo. Todo 
ello a pesar de la atribución que de esta materia hacen las Bases de Ejecución de Presupuesto al 
Presidente de la Entidad, en tanto contravienen una norma de rango superior. 
Por otra parte, estos productos financieros son considerados productos complejos por diversas 
instancias, además de calificarse como tal en el artículo 79bis.8.a de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores a raíz de la reforma introducida por la Ley 47/2007 para incorporar la 
Directiva 2004/39/CE. 
En este sentido se ha pronunciado también la Audiencia de Cuentas de Canarias, que en su 
Consulta  3/2015  se  refiere  al  carácter  especulativo  de  estas  operaciones  y  las  califica  de 
complejas  figuras  financieras,  señalando  que  tales  instrumentos  deberán  de  ajustarse  a  las 
exigencias contenidas en la normativa presupuestaria y financiera aplicable a las Haciendas 
Locales, debiendo cumplimentar las condiciones, limitaciones y requisitos que de forma específica 
se establezcan por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de conformidad con los 
principios de prudencia financiera y sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Diversas sentencias han aludido, asimismo, a la complejidad de este tipo de operaciones. La 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Mérida (sección 3ª) 2302/2012 señala que “constituye un 
producto financiero complejo, de modo que para su comprensión y correcta valoración, en cuanto 
a su adecuación a los objetivos de cobertura del cliente, se requiere, según el Servicio de 
Reclamaciones del Banco de España, una formación financiera claramente superior a la clientela 
bancaria en general”. 
En este sentido se ha pronunciado también el Defensor del Pueblo al indicar en el expediente 
Número 09012179 lo siguiente "Esta Institución considera que, estos productos complejos que 
operan con derivados financieros, están diseñados de tal forma que no cubren el riesgo de 
fluctuación de los tipos de interés, si se compensa a los clientes con una cantidad en función de 
esa subida, pero al establecerse una serie de barreras y escalas, limitan la compensación, no 
resultando proporcional a la subida de los tipos de interés, en cambio, en el caso de bajada, los 
clientes asumen íntegramente todo el riesgo, teniendo que pagar mucho más de lo que reciben en 
el caso de una subida de los tipos de la misma cuantía, y mucho más de lo que ahorran en la 
cuota del préstamo, incrementándose el riesgo de una forma desproporcionada a la protección 
que se les ofrece en el caso de subida, resultando que estos productos no son un instrumento de 
garantía para los clientes, sino un producto especulativo, que beneficia, en todo caso, a las 
entidades  financieras.  No  tratándose,  por  tanto,  de  productos  que  cumplan  con  el  objetivo 
buscado por el citado artículo 19 de la Ley 36/2003, del 11 de noviembre". 
La exclusión de estos contratos de la normativa contractual no puede considerarse, en ningún 
caso,  eximente  de  la  obligación  de  justificar  la  necesidad  de  la  contratación23,  cuando, 
precisamente  en  relación  con  estas  operaciones  y  dado  su  alto  riesgo,  se  deberían  haber 
                                                 
22 Los que fueran Presidentes del Cabildo Insular durante el periodo fiscalizado y anteriores, han remitido alegaciones 
defendiendo la competencia de la Presidencia del Cabildo para su celebración, dado el carácter privado del contrato 
analizado, y en consecuencia, la no aplicación de la Disposición Adicional Segunda. Este Tribunal no comparte el 
criterio señalado en tanto el régimen de competencias recogido en la citada Disposición Adicional incluye expresamente, 
junto con el resto de contratos celebrados por la Administración local, los contratos privados. 
23 Los que fueran Presidentes del Cabildo Insular durante el periodo fiscalizado y anteriores indican, en el trámite de  es
alegaciones, que, en el ejercicio 2010 se realizó, con asesoramiento externo,  un análisis de su cartera de deuda, con el  oe.
objetivo de fijar el coste del endeudamiento para evitar incrementos en los flujos de caja si los tipos se incrementaban  w.
en el corto y medio plazo, aludiendo además, a la creación del Servicio Administrativo de Gestión Financiera y Tesorería  264ww
qdnueee cec, oseibld e1ar4dtu  ddreae   ftdeaebl  rcetoirpnoot rsda etda 2ec0i ó1inn1t.,e  Neréoms oi tbidóse tu anlan stine f,oo eprsmetreea  Tceirnoib neueln sqa uld ece o snpesr aéidcseotarnams qeoujsae b vtaiag lveeansl otderosa cr uslaem  pedonestboibesi  l-icddoaend ls odisde ec cruaoarn letcrsao,tm aúron  oicipnaefmoraremcnitoeen  hdeaes  
lsaid oc oanptorarttaadcioó ne,l  eemn ititdaon tpoo rn oe l Svaelrovriacino  Alad midionnisetridataivdo  dceit adlao - ancotu caocniósnti tupyaerna  jucsutbifricira claiósn  naedceecsuiaddaad edse  ala  nsaetcisefsaidceard,  dlae 
conveniencia de la misma en contraposición con otras posibilidades, ni sus posibles riesgos.
extremado  la  prudencia  y  las  prácticas  inherentes  de  un  buen  gobierno,  resultando  que  no 
constaba en relación con los contratos examinados  un informe de necesidad de los mismos, un 
informe  jurídico  que  determinara  la  normativa  de  aplicación  a  las  operaciones  que  se 
formalizaban, así como tampoco documentos acreditativos de un estudio previo y conocimiento 
alcanzado sobre el riesgo que la Corporación asumía, figurando únicamente el informe inicial de 
propuesta de formalización de las operaciones, en el que ya se advertía de que su rentabilidad 
para la Corporación era incierta, no pudiendo, por tanto, enmarcarse la formalización de estos 
contratos  examinados  en  una  gestión  regida  por  los  principios  de  prudencia  financiera  y 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Por otra parte, y a pesar de que el objeto indicado en los contratos celebrados era la cobertura 
financiera de préstamos anteriores suscritos por la entidad local, como consecuencia de que las 
permutas se contrataron tomando como base el nominal de los préstamos a cubrir y no su capital 
vivo en el momento de la contratación de la cobertura y, como consecuencia, asimismo, de que se 
amortizó anticipadamente un préstamo sin cancelar simultáneamente la operación de swap que 
teóricamente estaba vinculada al primero, resultó que las permutas financieras excedieron al 
subyacente (préstamos a los que en principio daban cobertura) en 64.807.500 euros. 
Además, el hecho de que en 2012 no se contara con crédito suficiente para abonar los intereses 
de las operaciones examinadas, derivó en que se formalizaran novaciones de los contratos para 
diferir  el  pago  de  intereses,  las  cuales  tuvieron  como  consecuencia  el  incremento  de  los 
diferenciales  inicialmente  pactados,  estimándose  el  incremento  del  coste  adicional  para  la 
Corporación en 770.250 euros. 
o  Justificación de gastos correspondiente a una encomienda de gestión  
 
El órgano de Intervención interpuso reparo con fecha 2 de septiembre de 2016 al Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2016, de justificación y compensación de deudas en 
relación con la encomienda a la empresa municipal Empresa Insular de Artesanía, S.A. (EIASA)24 
relativa a la gestión de la promoción del sector textil y la moda, en ejecución del “Plan Tenerife 
Moda 2015”, por el que se procedía al pago por compensación de 90.253,88 euros.  
La encomienda había conllevado un adelanto de fondos a la empresa de 300.475 euros. En la 
justificación, la empresa encomendada presentó facturas generadas en 2015 (a liquidar en 2016 
según se definía en la propia encomienda) por importe de 210.221,12 euros y, además, presentó 
facturas por 90.253,88 euros que correspondían a una encomienda formalizada en 2014 y que, 
por tanto, debían haber sido objeto de liquidación en 2015, de forma que consideraba justificado el 
importe de 300.475 euros en su totalidad. 
El Cabildo, con base en la documentación presentada, generó dos documentos de signo opuesto 
e igual valor; un derecho de cobro por el importe de la encomienda a liquidar en 2016 que no se 
correspondía con facturas generadas en el periodo afectado (90.253,88) al considerar que esa 
cuantía debía ser devuelta por la empresa encomendada y un documento de pago en relación con 
esas mismas facturas, puesto que correspondían al ejercicio anterior y se consideró que, a pesar 
del desfase temporal, estaban suficientemente justificadas. 
La Intervención formuló reparo por considerar que el derecho generado era una legalización de 
actos  realizados  por  vía  de  hecho,  señalando  la  improcedencia  de  pagar  facturas 
correspondientes  a  una  encomienda  que  ya  había  sido  liquidada  de  conformidad  con 
anterioridad25. Además, indicó que no se habían cumplido los requisitos formales para el pago de  e.e
los gastos que se pretendían compensar.  w.b
22  54    EL al    q t iut ue  l a f ur ie d ra a d  P  d r ee   sl ai d   ee mn  t pe r  de  es al   C  c ao  br ri el ds  op oInnsduela ar l eCna ebli ledjoe rIcniscuiola 2r 0d1e6 T aelengeari fqeu een,  sueng 1ú0n0 s%e.  indicaba en el informe emitido por  OE-A-2021-14able en https://
el Servicio Técnico, “las facturas por importe de 90.253,88 euros, que fueron presentadas erróneamente en la
El Presidente del Cabildo por Decreto de 25 de octubre de 2016 resolvió la discrepancia en contra 
del criterio de la Intervención, y ordenó cumplir el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio 
de 2016. 
En el propio Decreto que resuelve la discrepancia se argumentó que, debido a que el encargo se 
realizó a un ente con titularidad 100% del Cabildo, “se entiende que cabe una flexibilización de los 
aspectos formales” de la encomienda, argumento que no debe servir de soporte para legalizar 
actos dictados sin la debida observancia de los plazos acordados por el Consejo de Gobierno 
Insular y de los términos acordados en el convenio suscrito. 
o  Disolución de la Asociación Mixta de Compensación  
 
El 14 de octubre de 2016 el órgano de Intervención reparó el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
del Cabildo Insular de Tenerife, de 13 de septiembre de 2016, relativo a la formalización de una 
situación que había sido creada por la vía de hecho. 
En el año 2010 se había convenido verbalmente que las aportaciones dinerarias que correspondía 
recibir al Cabildo Insular como miembro de la Asociación Mixta Polígono Industrial de Valle de 
Güimar (en adelante AMPIVG) se materializasen mediante la dación en pago de tres parcelas 
valoradas en 3.083.220 euros, valoración que había sido realizada en la fecha de origen de los 
derechos del Cabildo —periodo 2003 a 2008—. 
Además,  y  también  a  cuenta  de  las  aportaciones  mencionadas,  la  AMPIVG  había  venido 
ejecutando obras por su propia iniciativa sin que mediara encomienda o mandato por parte del 
Cabildo Insular, por importe de 624.490,59 euros. 
En el Acuerdo de 13 de septiembre de 2016, suscrito como consecuencia de la disolución de la 
Asociación, se contemplaba tanto la recepción formal de las parcelas por el Cabildo como la 
convalidación de las actuaciones llevadas a cabo en los municipios favorecidos por las obras 
ejecutadas, llevándose a cabo esta última operación a través de una subvención nominativa en 
formalización a favor de los Ayuntamientos receptores de las obras. 
En el reparo de Intervención se señaló la necesidad de proceder a una nueva valoración de las 
parcelas, en cumplimiento del artículo 11 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en tanto, la incorrecta valoración 
de las mismas pudiera dar lugar a un menoscabo de los caudales públicos. Además, constató la 
ausencia de procedimiento en la realización de las obras (transformadas en una subvención de 
capital), por lo que el Acuerdo del Consejo de Gobierno conllevaría la convalidación de un acto 
nulo de pleno derecho. 
Ambos extremos ya habían sido puestos de manifiesto por el órgano de Intervención el 5 de julio 
de 2016 con ocasión de la propuesta que, en estos mismos términos, había realizado el Consejero 
Insular del Área Tenerife 2030: Innovación, Cultura y Deportes, al Consejo de Gobierno del 
Cabildo. 
A través de Decreto de Presidencia de 15 de noviembre de 2016 se resolvió la discrepancia en 
contra del criterio de Intervención basándose en el interés público de las obras acometidas, en el 
cumplimiento del compromiso para la racionalización del sector público —a pesar de que la 
 ju  s t i f ic  a c  ió  n    d  e l   a  ñ  o    2 0  1 5  ,   c  u a  n  d o    d  e b  i e r o  n    s e  r l o    e n    l a    a  n u  a l i d a  d    2  0 1  4  ,   n o    s  u p  o  n í a  n    u n  a    a  m  p  li a  c i ó n    d  e  l   o b  j e t o    d  e l  
cporenstruaptou,e sstainrola sp alart ee ndceo mlaesn daacdtivai dsaudbeess thimabói tueal lecso syte  arperaolb addea sla sp aaract iveisdaa daensu a lqiduaed ,e raaunn qimuep,r eesnc inedl ibmleosm peanrtoa  dseu 
funcionamiento habitual en el desarrollo de este programa”.
Asociación a fecha de realización de estos trabajos, diciembre 2018 no ha sido disuelta26—, así 
como en la necesaria formalización de una situación existente de facto.  
La formalización de la cesión de las parcelas a que se refiere este expediente se produjo por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de 5 de diciembre de 2017; no obstante, a 
fecha de diciembre de 2018 no habían sido dadas de alta en el inventario de la entidad27.  
La ausencia total de procedimiento28, con incumplimiento de los requisitos, tanto del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales en relación a la dación en pago, como de la Ley General de 
Subvenciones, en relación a la ausencia de concurrencia y publicidad en la tramitación de la 
subvención en especie, deriva, tal y como señala el órgano de Intervención, en la posible nulidad 
de las actuaciones, en aplicación del artículo 62 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos 
reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-.  
o  Convenio de colaboración para la gestión y funcionamiento del servicio de atención a 
adolescentes  en  desamparo  del  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y  Sociosanitaria 
(IASS). 
 
El Consejo Rector del IASS, el 30 de junio de 2016, acordó la prórroga de un convenio suscrito en 
marzo de 2015 entre una entidad sin ánimo de lucro y el IASS para la gestión de un centro 
especializado en la atención a adolescentes en situación de riesgo social. 
La vigencia del convenio había finalizado el 31 de agosto de 2015, y la prórroga se preveía con 
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de ese mismo año. 
El reparo se fundamenta en dos aspectos. Por un lado, se argumenta que la materia del convenio 
tiene carácter contractual, por lo que, según se dispone en el artículo 4.1 c) del TRLCSP, no cabe 
excluirla de la regulación relativa a la contratación pública, debiendo haber sido objeto de licitación 
pública. Por otro lado, la propuesta de prórroga, fechada el 15 de marzo de 2016, se refería a un 
convenio cuyo plazo estaba extinto desde el 31 de agosto del año 2015, por lo que la entidad 
colaboradora había estado prestando el servicio desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2016 
sin  documento  acreditativo  que  diera  soporte  a  la  relación  jurídica  prorrogada  y  sin  mediar 
contraprestación económica. 
El acto del Consejo Rector por el que se solventó el reparo de la Intervención y se acordó la 
celebración del convenio, no se sustentó en ningún informe justificativo ni definió los motivos por 
                                                 
26 Durante el trámite de alegaciones, el que fuera Presidente del Cabildo Insular en 2016, informa que la asociación, a 
pesar de haber cumplido con su objeto, no tener actividad relacionada con el mismo y haber liquidado sus activos, no ha 
podido culminar el proceso iniciado por el Consejo Rector de la Asociación el 21 de enero de 2015, por la oposición de 
dos de las administraciones afectadas, razón por la que el Cabildo interpuso recursos ante el Juzgado de lo 
Contencioso nº4 de Santa Cruz de Tenerife que se encuentran pendientes de sentencia firme. 
27 Durante el trámite de alegaciones, el que fuera Presidente del Cabildo Insular en 2016, informa de que el 25 de enero 
de 2019 se incluyeron en el inventario las parcelas afectadas con fecha de alta 9 de octubre de 2017. 
28 El que fuera Presidente del Cabildo en el periodo fiscalizado manifiesta, en el trámite de alegaciones, que los 
acuerdos por los que el Cabildo recibe las parcelas y formaliza una subvención a los Ayuntamientos que habían sido 
beneficiarios de las obras, se incardinan en los principios básicos de libertad de pactos y terminación convencional de la 
relación asociativa; no obstante, en ningún caso el convenio que se pudiera suscribir puede dotar de legalidad un acto 
que careció en su momento de los requisitos necesarios.  e
El expresidente de la Entidad alega asimismo que, el hecho de utilizar las valoraciones de las parcelas que se habían  w.b
hecho en las fechas de generación de los derechos del Cabildo sobre las mismas y no en el momento de la liquidación  264ww
dedene   ltlaaa  nlriteqolua licadi aórecnic óaensp oacci óriaenta ievliazfea, cret isevtnaá   edmle mo ltaoivsma pdeaonr tceoen dl aeesl  d priercishnpacoi pdniiods eod lueac  eliaóv nidt.ai sro elul ceinórniq duee claim aiseonctoia sciinó nc,a suus av adloer laac eiónnt iddaedb;e s fionr memarb paargrtoe, 


los que aquel se entendía solventado, de forma que, sin perjuicio del levantamiento del reparo en 
relación con las irregularidades puestas de manifiesto por el órgano de Intervención, la prestación 
se realizó durante cuatro meses —desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015— 
sin cobertura jurídica. 
Se  produjo,  por  tanto,  la  prestación  analizada  sin  cobertura  jurídica  durante  un  periodo 
aproximado de seis meses, además, y a pesar del informe de Intervención, su gestión se siguió 
realizando a través de un convenio, en contra de lo dispuesto en la normativa contractual, y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 47 define los 
convenios como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas con 
sujetos de derecho privado para un fin común, y excluye del objeto de estos negocios jurídicos las 
prestaciones propias de los contratos. 
o  Otorgamiento de subvención directa por parte del IASS 
 
Intervención formuló reparo el 22 de noviembre de 2016 a la propuesta del Servicio de Gestión 
Administrativa  de  atender  la  solicitud  de  una  asociación  de  1.233.519,89  euros  para  la 
cofinanciación de la ejecución de las obras de construcción de un complejo asistencial para 
personas con discapacidad intelectual. El reparo se basó en que la aceptación de la solicitud 
conllevaría la concesión directa de una subvención, sin justificar previamente la ausencia de 
concurrencia, en los términos del artículo 22 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS). 
El Consejo Rector, en sesión extraordinaria de 28 de noviembre de 2016, aprobó solventar el 
reparo de la Intervención y propuso un texto base para el Convenio que habría de regir la 
concesión de la subvención, firmándose el mismo el 26 de diciembre de 2016. 
El artículo 22.2 c) de la LGS establece que “Con carácter excepcional, [podrán concederse de 
forma directa] aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.  
No obstante, en el expediente no se acreditó la existencia de estas circunstancias excepcionales, 
las cuales se dieron por supuestas en el acuerdo del Consejo Rector que solventó el reparo. 
Adicionalmente a lo anterior, las subvenciones en las que se opta por este procedimiento de 
concesión deben contar con una norma reguladora —con carácter general, un convenio o, en su 
defecto, una norma especial—, en la que consten los extremos definidos en el artículo 28.3 de la 
LGS y que son soporte de la ausencia de concurrencia a la concesión. Como se ha expuesto, el 
convenio regulador se formalizó con posterioridad al compromiso del gasto. 
o  Convenio  para  cesión  de  una  parcela  municipal  al  IASS  e  indemnización  por  obras 
ejecutadas por parte de una asociación. 
 
El expediente tiene origen en la cesión de un terreno por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna a una asociación para que ésta realizase unas obras en el año 2006, aunque las 
obras no comenzaron hasta julio del año 2010, y ese mismo año, se paralizaron aduciendo la 
asociación motivos económicos.  
El IASS acordó con la asociación que esta le cediera la parcela en la que se ubicaban las obras, si 
bien para la realización de un proyecto constructivo diferente y previa indemnización por las obras  es
que ya habían sido ejecutadas. Este acuerdo se materializó en una Declaración de Intenciones  o
fAoobsrjomectaoial izcdaieód nca ey d eeel lr l1IoA4sS  aSdl e,O  prjougrlai olna i sdqmeu oe2  Ae0lu1 At6óy nuponomtra ome. li eAnytou nptraomceiednetroí ad ae  laS raenv eCrsriisótnó bdael  lodse  teLrar eLnaogs,u ncoan,  elal   2021-14264n https://www.
Easl o2c8ia dcieó nn,o avnietem lbor ec udael  s2e0 f1o6rm eul lóC orenpsaerjoo  dRee clato Irn tdeervl eIInAcSióSn  arecsoprdeóct oa bdoen laar  ultail idinadde ym vnaizloarcaiócnió na  dlae   BOE-A-cable e
las obras en relación con el nuevo proyecto que se iba a realizar, así como en las aplicaciones 
presupuestarias previstas para su imputación. La indemnización se calculó detrayendo del coste 
de  las  obras  (cifrado  en  1.091.087,78  euros)  el  importe  correspondiente  a  los  factores  de 
depreciación e inadecuación, siendo la cuantía resultante de 927.424,62 euros.  
Se resolvió el reparo de la Intervención por Decreto de Presidencia del 29 de diciembre de 2016, 
acordando la celebración del convenio y la indemnización a la asociación, argumentando que la 
asunción  de  la  titularidad  de  las  obras  sin  que  mediase  la  indemnización  aprobada  podría 
ocasionar un enriquecimiento ilícito de la entidad. 
No  consta  que  se  hayan  realizado  informes  que  justifiquen  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
construcción que el IASS se comprometió a realizar. A mayor abundamiento, a fecha de estos 
trabajos —abril de 2019— no consta tampoco que se hayan iniciado los trabajos necesarios para 
la realización obras.  
Asimismo, no queda suficientemente motivada la valoración de las obras realizadas por la entidad 
sin ánimo de lucro, tal y como pone de manifiesto la Unidad Orgánica de Planificación, Evaluación 
y Sistemas, en su informe de fecha 15 de julio de 2016: "Respecto a los parámetros de referencia 
para calcular el valor de lo ejecutado, decir que se nos insta a basar la referida valoración en las 
certificaciones de obra emitidas, así como cualquier otro dato económico que figure en relación 
con la obra, datos económicos que han sido presentados en el IASS a través de un documento 
redactado por la propia Asociación a modo de Memoria, sin tener en cuenta, por el abajo firmante, 
otros aspectos tales como el valor del suelo, los valores de mercado o comparativo alguno. " 
En este mismo informe, en otro punto se indica que “(…) tanto estos datos económicos, así como 
los reflejados en las certificaciones, no han podido ser comprobados dado que para que esto 
fuese posible sería necesario un estudio exhaustivo de todas y cada una de las partidas y facturas 
emitidas, así como su identificación y comprobación en obra" 
El importe de la indemnización incluyó facturas de honorarios de redacción del proyecto, licencias 
y otras facturas correspondientes a la obra que no se llegó a ejecutar en su integridad por importe 
de 303.661,23 euros. Además, del total del importe se detrajo un montante de 160.944,51 euros, 
correspondientes a una subvención librada a favor de la asociación en los años 2003 y 2004 cuyo 
objetivo era la financiación de la realización de las obras afectadas por este expediente, sin tener 
en cuenta los oportunos intereses de demora e indemnizaciones conforme a los artículos 37.1 y 
40.1 de la LGS. 
Por lo tanto, no queda acreditada en el expediente la justificación de la cuantía abonada de 
927.424,62 euros. 
Por otra parte, el artículo 111 del REBEL establece que: “Si los bienes cedidos no fuesen 
destinados  al  uso  dentro  del  plazo  señalado  en  el  acuerdo  de  cesión  o  dejasen  de  serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Corporación local, la 
cual tendrá derecho a percibir de la Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los 
detrimentos experimentados por los bienes cedidos”. En aplicación de este literal, hubiera sido 
procedente la reversión de los bienes por la Asociación al Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna y, en caso de que así se acordara, su posterior cesión al IASS29. 
2  9   E  l  q  u e    f u  e r a    P  r e s  id  e  n t e    d e  l   C  a b  i ld  o durante el periodo fiscalizado alega la procedencia del convenio suscrito entre el
IpAuSdSie rya  ltae naesro lcuigaaciró cnu eann daor aesx isdtee  euvni tvaírn ecul leon erinqturee cdimosie enntoti diandjuessto,  pduedl ieonrgdaon uisnma od ea uetlólanso rmeosu; lstainr  eemmpboabrgreoc, idtaal  sinins tcitauucisóan, 
relación que no existía en el expediente analizado, 
o  Subvención del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla 
de Tenerife 
 
El órgano interventor, con fecha 1 de septiembre de 2016, objetó que, en el informe propuesta del 
Secretario del Consorcio para conceder subvenciones directas a favor de diversas asociaciones 
de bomberos voluntarios, existían incumplimientos de la LGS y su reglamento de desarrollo, así 
como de la Base 32ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto de Consorcio para 201630, en 
tanto las ayudas no estaban previstas nominativamente en el presupuesto. La concesión de las 
ayudas se encuadraba en un Convenio firmado en 2015 que también fue objeto de reparo por 
parte de Intervención. 
Ante ello, el Presidente del Consorcio elevó propuesta al Pleno de la entidad para solventar el 
reparo de la Intervención, alegando que la subvención concedida no era nominativa, sino directa, 
es decir, basada en el artículo 67 del Reglamento de desarrollo de la LGS31, en virtud del cual, las 
subvenciones  concedidas  por  razones  de  interés  social  no  necesitan  estar  contenidas 
nominativamente en el presupuesto.  
El reparo de la Intervención no cuestionó el interés social de la actividad subvencionada, el cual se 
encuentra justificado con un informe del Oficial jefe del Consorcio de fecha 2 de septiembre de 
2016,  sino  que  únicamente  se  objetaron  cuestiones  procedimentales,  las  cuales  quedaron 
solventadas al incluir en el Acuerdo de Pleno del Consorcio de 7 de septiembre de 2016 —en el 
cual se aprobó la concesión de las ayudas— la propuesta de cambios en el articulado del 
convenio con el fin de estimar las demandas de Intervención en cuanto al procedimiento aplicado. 
Anomalías en materia de ingresos 
 
Se han analizado dos expedientes de la entidad principal y uno del organismo Patronato Insular 
de Música, por un importe conjunto de 127.509.512,33 euros, lo cual representa un 99,61% del 
importe comunicado. 
  
o  Informe del Proyecto de Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
relativo al ejercicio 2016. 
 
El expediente, aunque remitido como tal, no responde propiamente a una anomalía de ingresos 
sino que se enmarca en el informe sobre el presupuesto que, según dispone el artículo 168.4 del 
TRLRHL, debe emitir el órgano de Intervención. 
El informe manifiesta el desacuerdo del órgano de Intervención respecto de la inclusión dentro del 
Capítulo II del Presupuesto de Ingresos del Cabildo de Tenerife (Impuestos Indirectos) de la 
cuantía que, de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias 
y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, corresponde a las entidades locales del 
ámbito del Cabildo para el ejercicio 2016, cuyo importe asciende a 126.898.990 euros. En la 
medida en que dicho importe, recogido a su vez en el concepto 462.00 del presupuesto de gastos, 
se integraba por las cuantías objeto de distribución por parte del Cabildo, la Intervención informó 
de que dichas aplicaciones debían registrarse como no presupuestarias, y dejar por tanto de 
formar parte del presupuesto de gastos y de ingresos de la entidad. 
                                                  b
nc30oo n“mLciaenssa itóaivnyou c,d odaresre  aosc psuouenbrddveeo n accl oiConon lmeos it péqr ueEevje isocttouo trievgnou ”el a e nsoter mCaotnivsao rgceion ear aAl seonc imacaiotenreias  ddee  sBuobmvebnecroiosn Veso.l uLnata criooms pteentednrcáina  cpaarráac tseur   2021-14264n https://ww
G31 eRneearal lD deec reStuob 8v8e7n/c2io0n0e6s, ,d ea r2tí1cu dloe  j6u7li:o ,“ Spuobr veel nqcuioen sees  adperu ceobnac eels Rióeng dlairmeectnat oe dne  qlau eL esye  3a8c/r2e0d0it3e,n d era 1z7o ndees  ndoev ieinmtebrrées, 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”
El sistema de reparto consiste en que el Cabildo recibe de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
conforme al criterio de distribución establecido en la mencionada normativa, la totalidad de los 
recursos autonómicos del denominado Bloque de Financiación Canario. De lo recibido, el Cabildo 
“se reservará un sesenta por ciento, y el resto lo distribuirá y librará a los ayuntamientos de la isla 
respectiva”.  
La  consideración  como  presupuestario  o  no  presupuestario  del  gasto  viene  dada  por  las 
facultades que ostenta el Cabildo en cuanto al reparto de las ayudas, en el sentido de que será 
presupuestario aquel gasto sobre el que la entidad tenga potestad decisoria respecto al asunto. 
En tanto que el reparto a las entidades locales proviene de criterios objetivos de padrón y 
superficie, establecidos en el artículo 5 de la Ley 9/2003, el Cabildo Insular no ostenta potestad 
alguna en la decisión del reparto de los fondos, por lo que se considera —tal y como afirma el 
interventor en su informe— que tanto la previsión de ingresos como los abonos efectuado tienen 
carácter extrapresupuestario. 
o  Gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos por los servicios que presta el 
Patronato Insular de Música  
 
El órgano de Intervención remitió un informe en el que pone de manifiesto irregularidades en la 
aplicación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por los servicios que presta el 
Patronato Insular de Música, en relación con la gestión del cobro de abonos y entradas en los 
espectáculos celebrados por la Orquesta Sinfónica de Tenerife.  
La Intervención objeta que, a pesar de que la Ordenanza establece que dichos cobros deben 
realizarse a través de caja o cuentas restringidas del Patronato, se están abonando en una cuenta 
titularidad de la empresa pública Auditorio de Tenerife, produciéndose retrasos en la transferencia 
de estos ingresos al Organismo y aplicando exenciones en supuestos no autorizados o sin quedar 
debidamente acreditados los requisitos exigidos para su aplicación, cuantificando los ingresos 
sobre los que se producen estas anomalías en 284.311,96 euros. 
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE ARONA 
Sistema de control interno 
Arona tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 79.172 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
96.827.486,31 euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. A 31 de diciembre de 2016, el puesto no estaba ocupado de forma 
definitiva, sino por FHN con nombramiento provisional. A diciembre de 2018 -fecha de cierre de 
los trabajos de fiscalización- el puesto se encontraba vacante, ejerciendo la Viceinterventora del 
Ayuntamiento de titular del órgano de control. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con tres técnicos 
A1, dos administrativos y cinco auxiliares administrativos. Al cierre de los trabajos de campo, el 
personal  técnico  y  de  apoyo  se  había  incrementado  en  un  técnico  A1  y  dos  auxiliares 
administrativos respectivamente.  s
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena, de tal forma que se  w.
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en  264ww
todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento.
Ninoc umsep lirmeaielinztaor odne l aacrttuícaucloio n2e2s0  ddeel  TcRonLtRroHl Lf,i nsainn cqieureo  eexnis tieelr ae, jeprocri ctaion to2,0 1u6n,  cloon tqroule d es uepfiocnaec iau no 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
entidad.  
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Arona remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 23 de mayo de 2017, una vez finalizado el 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, esto es, el 30 
de abril del año siguiente al que se refiere la información. 
El perímetro de control está conformado por la entidad principal y los organismos autónomos: 
Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Turismo 
y Patronato Servicios Sociales. 
Se  han  remitido  389  acuerdos  contrarios  a  reparos  y  se  ha  certificado  la  inexistencia  de 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos. En los dos cuadros 
siguientes se muestra la distribución de los acuerdos contrarios a reparos por entidades y por 
tipología del expediente. 
Cuadro  27.  Acuerdos contrarios a reparos por entidades. Ayuntamiento de Arona 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Ente 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje Importe 
Ayuntamiento de Arona  301  4.089.025,87  77,38  85,8 
Patronato Municipal de Deportes  10  118.987,80  2,57  2,5 
Patronato Municipal de Turismo  47  151.827,46  12,08  3,1 
Patronato Servicios Sociales  31  401.161,87  7,97  8,4 
Total general  389  4.761.003,00  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Cuadro  28.  Acuerdos contrarios a reparos por tipología de expediente. Ayuntamiento de 
Arona 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipología de expedientes 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje Importe 
Contrato de servicios  193  1.955.362,60  49,61  41,07 
Arrendamientos  92  137.087,84  23,65  2,88 
Contrato de suministros  82  667.249,84  21,08  14,01 
Otros contratos o gastos sin especificar  12  1.630.101,76  3,08  34,24  e.
Subvenciones y ayudas  5  353.214,33  1,29  7,42  264ww
GCoansvtoesn idoes  Pdeer sCoonlaabl oración  23   161..816196,,9721   00,,5717   00,,1243 
Total general  389  4.761.003,00  100,00  100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.
Se ha seleccionado para su análisis uno de los expedientes de contratación tramitado por la 
entidad principal, cuyo importe asciende a 1.541.440,73 euros. 
 
o  Servicio de limpieza de centros educativos y municipales. 
 
El órgano de Intervención formuló reparo el 25 de abril de 2016 en relación con la propuesta 
emitida por la Tenencia de Alcaldía del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Infraestructuras y 
Obras de 21 de abril de 2016, de dar continuidad al servicio de limpieza de centros educativos y 
municipales. 
La propuesta se efectuó con la pretensión de ampliar el plazo del contrato más allá del límite de su 
vigencia, puesto que databa de mayo de 2010 y su duración era de seis años incluidos dos de 
prórroga,  por  lo  que  finalizaba  necesariamente  el  7  de  mayo  de  2016,  lo  que  supuso  una 
vulneración del artículo 279 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, cuyos términos 
reproduce el art. 303 del TRLCSP. 
A  pesar  de  que  en  febrero  de  2016  se  inició  la  tramitación  de  un  nuevo  expediente  de 
contratación, la formalización del contrato no se produjo hasta el 4 de octubre del mismo año, por 
lo que el Pleno, aludiendo a la necesidad de dar continuidad al servicio, acordó, en sesión de 28 
de abril de 2016, levantar el reparo y ordenar al contratista la continuación del servicio en tanto no 
se  produjera  una  nueva  licitación,  vulnerando  la  normativa  contractual  de  aplicación.  Con 
posterioridad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, 
recogió por primera vez —artículo 29— que un contrato se pueda prorrogar hasta que comience la 
ejecución del siguiente y por un periodo máximo de nueve meses, siempre que el anuncio de 
licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto 
de la fecha de finalización del contrato originario,  concurran acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación. 
La demora en la tramitación de los expedientes de contratos denota una debilidad en la gestión,, 
máxime cuando en relación con este contrato, la prórroga anterior (que amplió la vigencia del 
contrato desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 7 de mayo de 2016) se había firmado de forma 
extemporánea.   
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Sistema de control interno 
Las Palmas de Gran Canaria tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 378.998 
habitantes, y el volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento 
ascendió, en dicho ejercicio, a 298.779.601,50 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería,  categoría  superior.  Al  final  de  2016,  la  cobertura  del  puesto  era  a  través  de 
nombramiento accidental, que se había sustituido por un nombramiento definitivo a la fecha de 
finalización de los trabajos de campo, diciembre de 2018. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con cuatro 
técnicos A1, dos técnicos A2, y trece administrativos; mientras que en diciembre de 2018 el 
personal técnico estaba compuesto por tres A1 y dos A2, y el personal de apoyo se había 
incrementado en una persona.   e.
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena en virtud del acuerdo de  264ww
Pleno de 25 de mayo de 2001, modificado posteriormente por acuerdo de 27 de julio de 2018.
Ninoc umsep lirmeaielinztaor odne l aacrttuícaucloio n2e2s0  ddeel  TcRonLtRroHl Lf,i nsainn cqieureo  eexnis tieelr ae, jeprocri ctaion to2,0 1u6n,  cloon tqroule d es uepfiocnaec iau no 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
gestión de la entidad. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió la información 
prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, 
dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
El perímetro de control de la entidad está conformado por la entidad principal, tres organismos 
autónomos (Instituto Municipal del Deporte, Instituto Municipal Formación y Empleo y Agencia 
Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria) y el Consorcio Museo Néstor. 
Se han remitido 294 acuerdos contrarios a reparos —257 de la entidad principal, 17 del Instituto 
Municipal del Deporte, 18 del Instituto Municipal Formación y Empleo y uno de la Agencia Local 
Gestora de la Energía— por un importe global de 20.256.876,12 euros. Además, se ha certificado 
la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de fiscalización y de anomalías detectadas 
en materia de ingresos en relación con el conjunto de entidades. 
En función de la tipología de gasto, los acuerdos contrarios a reparos presentan la siguiente 
distribución: 
Cuadro  29.  Acuerdos contrarios a reparos en función de la tipología del gasto. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe 
número  Importe 
Contratos de servicios  148  14.822.335,98  50,34  73,17 
Contratos de suministros  45  462.289,63  15,31  2,28 
Subvenciones y otros procedimientos  37  1.298.130,56  12,59  6,41 
Gastos de personal  24  60.006,81  8,16  0,30 
Encomiendas de gestión  21  3.346.911,38  7,14  16,52 
Gastos de derecho privado (arrendamientos, publicaciones, etc.)  15  17.535,40  5,10  0,09 
Contratos de obras  4  249.666,36  1,36  1,23 
Total general  294  20.256.876,12  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
 
Se ha analizado un informe sobre contrato de servicios, por importe de 9.597.181,15 euros. 
o  Informe facturas correspondientes al servicio público de saneamiento y depuración de 
aguas residuales.  
Con fecha 21 de julio de 2016 el órgano de Intervención reparó una relación de 37 facturas —cuyo  o
importe conjunto ascendía a 9.546.181,15 euros— de la empresa gestora del servicio público de  264www.
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concesionaria continuó ejecutando la prestación, que se había formalizado en 1998 para un 
período de 45 años, es decir hasta 2043. 
La empresa interpuso recurso contencioso-administrativo que resultó estimado. La sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de La Palmas de Gran Canaria, recaída el 29 
de enero de 2016, obligó a la administración a pagar las facturas pendientes. El Pleno del 
Ayuntamiento, en aplicación de la resolución judicial, aprobó un expediente de reconocimiento 
extrajudicial para la imputación presupuestaria de los gastos en el ejercicio 2016. 
El procedimiento utilizado vino determinado por lo establecido en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto  de  la  entidad  (Base  42),  en  cuya  regulación  se  describía  cómo  realizar  la 
“convalidación”  de  los  gastos  realizados  en  el  ejercicio  prescindiendo  del  procedimiento 
legalmente establecido. 
II.2.9.  AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 
Sistema de control interno 
San Bartolomé de Tirajana tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 53.829 habitantes, 
y el volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en 
dicho ejercicio, a 89.414.183,71 euros.   
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. Al cierre del ejercicio 2016 el puesto de interventor estaba cubierto 
mediante un nombramiento accidental que recayó en funcionario administrativo. Al cierre de los 
trabajos de fiscalización –diciembre de 2018- la plaza estaba cubierta de forma definitiva a través 
de concurso. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba con tres administrativos y seis auxiliares 
administrativos, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 2018. 
El sistema de control interno implantado en el ejercicio fiscalizado preveía la fiscalización previa 
limitada. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
entidad. 
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana remitió la información 
prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de abril de 2017, 
dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
El Ayuntamiento no cuenta con entidades dependientes sometidas a la modalidad de fiscalización 
previa. El órgano de Intervención ha informado de la tramitación de catorce expedientes con 
omisión  de  fiscalización  previa  cuyo  importe  conjunto  asciende  a  32.981.391,92  euros  y  ha 
certificado negativamente la existencia de acuerdos contrarios a reparos y anomalías de ingresos.  s
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Los expedientes con omisión de fiscalización previa comunicados se refieren en su totalidad a 
materia de contratación, y tienen la siguiente distribución en función de la tipología de contratos 
que contienen: 
Cuadro  30.  Expedientes con omisión de fiscalización previa según tipología de contrato. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Tipología de contrato 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe 
número  Importe 
Contratos de servicios  7  13.234.487,84  50,00  40,13 
Contrato de concesión obra pública  2  16.527.368,30  14,29  50,11 
Contrato de gestión de servicio público  1  2.785.219,41  7,14  8,44 
Contrato de obras  4  434.316,37  28,57  1,32 
Total general  14  32.981.391,92  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
Se han examinado dos de los catorce expedientes con omisión de fiscalización previa remitidos 
cuya cuantía conjunta asciende a 18.482.604,82 euros, referidos a un contrato de servicios y al 
rescate de una concesión de obra pública. 
o  Reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación de gastos que habían sido 
reparados por el órgano de Intervención 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito el 30 
de diciembre de 2016, por un importe de 5.088.017,54 euros, para imputar al presupuesto de 2016 
gastos derivados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 que no habían sido reconocidos de forma 
ordinaria por haberse advertido causas de reparo suspensivo reflejadas en una totalidad de 74 
informes del órgano de Intervención, siendo la más relevante la ausencia de cobertura contractual 
de las prestaciones. 
Posteriormente a cada uno de los informes de reparo señalados, no se produjo un acuerdo por 
parte del órgano competente solventando la discrepancia —tal y como establece el artículo 217 
del TRLRHL— sino que se elevó una relación de reparos al Pleno para el reconocimiento de los 
gastos comprendidos en los mismos, tramitándose esta relación como expediente con omisión de 
fiscalización previa y no siguiéndose por tanto el procedimiento establecido para la resolución de 
discrepancias prevista en la normativa.  
En el siguiente cuadro se muestran las prestaciones incluidas en el expediente analizado, con 
indicación de la fecha en la que finalizó el contrato anterior y la fecha en la que, en su caso, entró 
en vigor el nuevo contrato adjudicado, así como el importe facturado sin cobertura jurídica. 
Cuadro  31.  Servicios y Suministros realizados sin cobertura contractual. Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana. 
Importe en euros 
Fecha acuerdo  Periodo desde 
Fecha finalización 
Servicios y suministros  inicio nuevo  finalización de  Fecha inicio nuevo  Periodo sin  Importe facturas sin 
del contrato 
afectados  expediente  contrato hasta  contrato  contrato  contrato32 
anterior 
contratación  acuerdo inicio 
Servicio de operadores de 
atención de demandas del 
centro de comunicaciones  02/02/2006  No tramitado  No consta  No consta  10 años y 11 meses  2.355.718,35 
del ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana  
Gestión integral del centro 
municipal de estancias 
30/11/2015  22/01/2016  2 meses  02/11/2016  11 meses  213.482,75 
diurnas de personas 
mayores de San Fernando 
Gestión integral del centro 
de enfermos de Alzheimer  30/11/2015  25/01/2016  2 meses  02/11/2016  11 meses  155.380,74 
y otras demencias  
Servicios de telefonía   No consta  No tramitado  No consta  No tramitado  Indeterminado  1.298.904,55 
Servicios de limpieza y 
recogida domiciliaria de 
RSU. y otros análogos en  31/05/2011  14/02/2013  1 año y 8 meses  28/02/2017  5 años y 10 meses  50.274.355,68 
el municipio de San 
Bartolomé de Tirajana 
Servicio de limpieza de 
31/12/2010  14/02/2013  2 años y 2 meses  28/02/2017  6 años y 2 meses  13.060.900,10 
playas y paseos marítimos 
Servicio de gestión, 
planificación y 
31/08/2015  18/04/2016  8 meses  30/12/2016  1 año y 4 meses  210.655,06 
organización de la escuela 
municipal 
Servicio de hamacas en 
playas y servicio de 
limpieza, mantenimiento y  30/06/2007  No tramitado  No consta  No tramitado  9 años y 6 meses  16.325.561,10 
recaudación de aseos 
públicos 
Servicios de realización de 
31/05/2007  No tramitado  No consta  No tramitado  9 años y 7 meses  6.466.473,75 
actividades deportivas. 
Suministros de energía 
eléctrica de las  El gasto se refiere a 
dependencias municipales  varias facturas que  No vencido el  Facturación de 9 
30/10/2017  No procede  646.170,09 
y alumbrado público del  exceden de lo  anterior  mensualidades 
municipio de San  contratado 
Bartolomé de Tirajana 
TOTAL            91.007.602,17 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por las entidades. 
 
No se han incluido en esta relación, por no tener tracto sucesivo, las contrataciones de un vuelo 
chárter para el traslado de un equipo deportivo con motivo del XXXII Torneo Internacional de 
futbol de Maspalomas por importe de 71.495,00 euros ni el contrato de suministro e instalación de 
equipamiento del Complejo Deportivo del Castillo del Romeral, por importe de 53.404,28 euros. 
 
La falta de formación del correspondiente expediente de contratación, que de forma recurrente se  e.
ha producido en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en relación con la prestación de  w.b
servicios  y  suministros,  supone  un  incumplimiento  reiterado  de  la  normativa  contractual  264ww
                                                
r3e2 aElizsatocsió nim dpeo rltoess  trsaobna jroesf edree nctaems paol  (pmeraírozdoo  dceo 2m0p1r9e)n. dEidno e el ncatrseo  lad efle scehrav icdieo  dfien atelizleafcoinóína , deenl  tcaonnttor antoo  hya blaí af eccohnatr adteo 
previo, el importe se refiere a la facturación de los cuatro años anteriores a marzo de 2019.
produciéndose, de facto, una adjudicación directa de las prestaciones— y origina, según se 
establece en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente 
LRJAP -cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, 
sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo 
no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
Mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos del artículo 60.2 del RD 500/90, se 
ha  producido  la  imputación  de  gastos  de  ejercicios  anteriores  al  presupuesto  en  vigor.  No 
obstante, esta excepcionalidad al principio de temporalidad de los créditos no resulta admisible 
para convalidar los actos nulos, debiendo tenerse en cuenta que en ningún caso subsana las 
irregularidades  o  vicios  que  fueran  la  causa  de  nulidad.  Es  más,  esta  circunstancia  resulta 
contraria a los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que 
determinan la nulidad de la adquisición de compromisos de gastos por importe superior a los 
créditos  presupuestarios,  sin  perjuicio  de  que  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero 
afectado. 
 
La actuación señalada, además de los incumplimientos normativos señalados, puso de manifiesto 
una debilidad en la gestión de la contratación de servicios, en tanto se producía una demora 
significativa entre la finalización de un contrato y el inicio de la tramitación del siguiente. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC33, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
En abril del año 2019, cuatro de las once prestaciones analizadas continuaban desarrollándose sin 
contrato en vigor, a pesar de que los contratos que en principio deberían darles cobertura habían 
finalizado en años anteriores, dos de ellos en 2007, uno en 2005 y otro en el que no consta que se 
haya realizado contrato alguno. 
o  Rescate de una concesión  
 
El Pleno del Ayuntamiento, el 28 de diciembre de 2015, tomó conocimiento y aprobó el gasto 
correspondiente  a  un  Acuerdo  de  Mediación  suscrito  por  el  Ayuntamiento  y  la  empresa 
concesionaria en el que se convenía el rescate y resolución de la concesión de obra pública para 
la construcción y explotación del edificio de aparcamientos en el barranco de Maspalomas, con un 
resultado final a favor de la concesionaria de 12.485.000 euros. 
La concesión databa del año 1998; en 2011 la concesionaria consideró deficitaria la explotación y 
reclamó al Ayuntamiento la resolución del contrato previa indemnización por las obras ejecutadas 
y por los daños y perjuicios, que en ese momento cifró en 21.733.590,40 euros. Esta solicitud fue  es
desestimada en el Pleno de 27 de julio de 2011.  o
3  3   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m  e  n  te    e  n   e  l  C  a  p í t  ulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  OE-A-2021-14able en https://
del Sector Público.
Posteriormente y tras varios recursos interpuestos, el 24 de septiembre de 2015 se suscribió el 
Acuerdo de Mediación señalado, que incluyó la compensación de diversas deudas —entre ellas, 
la correspondiente a una hipoteca sobre la concesión formalizada el 8 de enero de 2010— y fue 
homologado judicialmente por Auto del TSJ de Canarias de 21 de abril de 2016. 
El Acuerdo de Pleno fue objeto de reparo puesto que en ese momento no se contaba con crédito 
presupuestario,  así  como  por  cuestiones  de  procedimiento  presupuestario  que  fueron 
posteriormente solventadas, además de tramitar la correspondiente modificación presupuestaria. 
El 30 de junio de 2016 —fecha límite para el abono de las cantidades según el Acta del Acuerdo 
de  Mediación—  la  empresa  solicitó  que  el  Ayuntamiento  abonara  a  la  entidad  bancaria 
concedente de la hipoteca 3.132.781,03 euros con el fin de proceder a la cancelación del embargo 
sobre la concesión. 
Con fecha 26 de julio, la Intervención formuló reparo suspensivo a la correspondiente resolución 
de orden de pago, basado en las tres siguientes cuestiones: 
  En el Acuerdo no se había hecho constar que la hipoteca estaba en fase de ejecución y 
que existía una reclamación judicial de la deuda anterior a la firma del mismo. 
 
  Falta de justificación del momento del cálculo de la valoración de las deudas. 
 
  Tampoco se había incluido el montante que la concesionaria habría tenido que dispensar 
por razón del canon de la concesión. 
En la misma fecha se levantó el reparo por Decreto de Alcaldía acordando el pago propuesto en 
orden a la cancelación de la deuda crediticia a cuenta del importe correspondiente a la resolución 
de la concesión. La parte dispositiva reprodujo lo propuesto por informe del Servicio de Patrimonio 
de misma fecha, no existiendo pronunciamiento respecto del canon concesional ni respecto de la 
fecha elegida para la realización de los cálculos. 
Posteriormente,  se  acordó  por  Decreto  de  Alcaldía,  de  fecha  9  de  diciembre  de  2016  la 
autorización,  disposición,  reconocimiento  y  liquidación  del  resto  de  la  cuantía,  con  informe 
favorable de la Intervención. 
Los contratos de concesión administrativa de obra se regulaban en los artículos 240 y siguientes 
del TRLCSP34. En este tipo contractual, el concesionario se obliga a satisfacer un canon por la 
utilización del dominio público, el cual, de no haberse liquidado, habría de suponer una reducción 
en la indemnización. El Servicio de Patrimonio de la entidad ha informado que no consta ingreso 
por tal concepto a partir del ejercicio 2014, señalando que en el Acuerdo de Mediación se acordó 
la cantidad de 1.248.500,00 euros para cubrir las liquidaciones pendientes; no obstante, no consta 
el detalle de los cálculos que justifiquen dicha cuantía, pudiendo, como consecuencia, haberse 
producido una minoración de derechos de cobro de la hacienda local. 
II.2.10. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
Sistema de control interno 
San  Cristóbal  de  La  Laguna  tenía  una  población,  a  31  de  diciembre  de  2016,  de  153.111  e.
habitantes, y el volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento  w.b
ascendió, en dicho ejercicio, a 134.077.503,52 euros.    264ww
                                                
P34ú Abclictuoa, lmpoern ltae  qrueeg uslea dtroa ensnp loons eanr taícl uolordse 2n4a7m yie snitgou jiuernídteicso d ees lpaa Lñeoyl  l9a/s2 D01ir7e,c dtivea 8s  ddee l nPoavrileammbernet,o d Eeu Croopnetroa tyo sd edle Cl oSnescetojor 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. A 31 de diciembre de 2016 el puesto de interventor estaba vacante, 
realizándose las funciones por el viceinterventor. A fecha de cierre de la fiscalización –diciembre 
de 2018- la cobertura del puesto es definitiva por libre designación. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con cuatro 
técnicos A1, un administrativo y dos auxiliares administrativos; dos años después, en diciembre de 
2018 la plantilla se había incrementado en un técnico más.  
Esta  entidad  tenía  implantado  un  sistema  de  fiscalización  previa  plena.  No  se  realizaron 
actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un incumplimiento del 
artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o eficiencia, lo que se 
traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la entidad. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna remitió la información 
prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, 
dentro del plazo establecido en la Instrucción aprobada por el Tribunal de Cuentas. 
El perímetro de control está formado por la entidad principal y tres organismos autónomos: 
Municipal de Deportes, de Actividades Musicales y la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
El órgano de Intervención ha comunicado 245 acuerdos contrarios a reparos por un importe de 
17.085.614,63 euros, dieciséis expedientes con omisión de fiscalización (3.142.384,07 euros) y 
remitió certificación negativa en relación con anomalías de ingresos. 
 
Acuerdos contrarios a reparos 
Los dos cuadros siguientes muestran la distribución de los 245 acuerdos contrarios a reparos por 
entidades y por tipos de expediente respectivamente: 
Cuadro  32.  Acuerdos contrarios a reparos por entidades. Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna 
Importe en euros 
Porcentaje  Porcentaje 
Entidad  Número de reparos  Importe  
número  Importe 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  125  15.382.950,82  51,02  90,03 
OA Municipal de Deportes  23  1.534.054,99  9,39  8,98 
OA de Actividades Musicales  97  168.608,82  39,59  0,99 
Total  245  17.085.614,63  100,00  100,00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
  e
Cuadro  33.  Acuerdos contrarios a reparos según tipo de expediente. Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna 
Importe en euros 
Porcentaje 
Tipo de expediente  Número  Importe  Porcentaje número 
Importe 
Contratos de servicios  122  11.495.268,43  49,80  67,28 
Subvenciones y Ayudas  85  2.171.969,42  34,69  12,71 
Gastos de Personal  25  2.725.146,41  10,20  15,95 
Contrato de suministros  4  86.179,13  1,63  0,50 
Convenios de Colaboración  4  72.748,01  1,63  0,43 
Contrato de Concesión de Servicio Público y Administrativo 
3  506.888,82  1,22  2,97 
Especial 
Pagos a justificar y Anticipos de Caja Fija  2  27.414,41  0,82  0,16 
Total general  245  17.085.614,63  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Se  han  analizado  dos  expedientes,  ambos  tramitados  en  la  entidad  principal,  cuyo  importe 
conjunto es de 3.124.451,69 euros. 
 
o  Prórroga de un contrato de concesión 
 
El órgano de Intervención informó de modo desfavorable con fecha 19 de diciembre de 2016 la 
propuesta del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, de 15 de diciembre de 2016, de 
prórroga del contrato administrativo de concesión del servicio público de ayuda a domicilio, por 
considerar que no podía ser tramitada, ya que el contrato que se prorrogaba ya estaba vencido. 
 
A través de Decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2016 se levantó el reparo, argumentando, 
tal y como se indicaba en la propuesta fiscalizada, la necesidad del servicio por la vulnerabilidad 
del colectivo al que iba destinado. 
 
Dicho contrato provenía del año 2008. Tras el fin de su vigencia en 2012, se acordaron sucesivas 
prórrogas que prolongaron la vida del contrato hasta el plazo máximo de contratación, es decir, 
hasta el 30 de abril de 2015. Pero una vez concluido dicho período, no se inició la licitación de un 
nuevo contrato. Al contrario, se adoptaron sucesivos acuerdos de continuación de la prestación 
sin cobertura contractual, y si bien, se había ordenado el inicio de un nuevo expediente de 
contratación el 19 de marzo de 2015,  no fue hasta el 20 de junio de 2018 cuando se formalizó la 
adjudicación de un nuevo contrato que sustituyera al anterior, resultando adjudicataria la misma 
empresa que venía prestando el servicio. El importe del nuevo contrato ascendió a 15.837.830,72 
euros y su duración máxima se concretó en seis años. 
 
En consecuencia, se produjo un período sin cobertura contractual desde el fin del contrato, el 30 
de septiembre de 2012 (en tanto la segunda prórroga prevista en el mismo se tramitó de modo 
extemporáneo), hasta el 20 de junio de 2018. La entidad no ha informado sobre el importe global 
facturado en dicho período. 
 
El acuerdo de la continuación del contrato más allá de su plazo máximo supone, en la práctica,  s
una adjudicación directa a la empresa que hasta ese momento estaba prestando el servicio,  oe.
actuación contraria a la normativa de contratación y que origina, según establece el art 32 del  w.
TagreRtníLceCurlaSocP ió4 en7n  d dreee l alalca i oóabncl icgtuoaancl i óeLnl P aeArtxC  6-le2 g lade e  ndlaue l iedanabtdoo nnodc eed se lavl sisg eearnvctitecu iaoLc RihoJenPceAhsoC,   et–oncd uoay poelsicl laotéc rismóinnin  odpsee lr rjepupriicrnioocdi pudicoee   dleael    2021-14264n https://ww
prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración.
  Bc
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
 
o  Abono del complemento de productividad 
  
El órgano interventor formuló reparo el 20 de diciembre de 2016 a la propuesta que el Servicio de 
Recursos Humanos elevó para su resolución a la Concejalía de Presidencia y Planificación, de 
autorizar, disponer y reconocer la obligación de abono al personal funcionario y laboral, por 
importe  de  883.063,99  euros,  en  concepto  de  productividad,  por  especial  rendimiento  y 
dedicación. 
La  propuesta  se  basaba  en  un  Acuerdo  de  Pleno  sobre  equiparación  de  retribuciones  en 
municipios de gran población, de 16 de junio de 2008. El Acuerdo estableció un complemento 
lineal que, de forma excepcional, se aplicó en la productividad del ejercicio 2008, y que se 
continuó aplicando en los siguientes ejercicios, en todos los casos con reparo de Intervención, 
basado  en  que  los  conceptos  retributivos  adecuados  para  integrar  esa  retribución  son  el 
complemento específico en el caso de los funcionarios y el del nivel del puesto en caso del 
personal laboral. 
El 22 de diciembre de 2016 se levantó el reparo a través de Decreto de Alcaldía con base en la 
ejecutividad y vigencia normativa del Acuerdo de Pleno de 16 de junio de 2008, en tanto este no 
había  sido  cuestionado  ante  la  jurisdicción  competente.  No  obstante,  el  complemento  de 
productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo y no cabe su predeterminación 
con carácter periódico. 
El  Real  Decreto  861/1986,  por  el  que  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los 
funcionarios  de  Administración  Local,  delimita  la  casuística  e  importe  máximo  de  todos  los 
elementos  que  forman  parte  de  las  retribuciones  del  personal  funcionario  al servicio  de  las 
entidades locales. En cuanto al personal laboral, la estructura y conceptos comprensivos de las 
retribuciones se contienen en el Capítulo VIII del Convenio Colectivo del personal laboral35. 
Por otra parte, el artículo 69 del EBEP establece la obligación de las administraciones públicas de 
mantener una planificación cuyo objetivo es “contribuir a la consecución de la eficacia en la 
prestación  de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, 
promoción  profesional  y  movilidad.”  Dicha  obligación  se  concreta  en  la  estructuración  de  la 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprendan la casuística propia de la entidad, a fin de que los puestos de trabajo 
estén  dotados  como  les  corresponde,  evitando  la  utilización  de  conceptos  retributivos  no 
adecuados. 
                                                
m35 iéArccuoelerds o2 d0e d Pe lemnaor zdoe  d1e1  2d0e0 2e)n, emroo ddiefi c2a0d0o2  p(oBro lAectíune Ordfoic idael  dPel elnao P droev i1n4c iad ed eju nSiaon dtae  C2r0u0z2 ,d ed eT erencetrifiifcea. cNióúnm.(eBrool e3tí4n, 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90, lunes 29 de julio de 2002)
Expedientes con omisión de fiscalización  
 
Catorce de los dieciséis expedientes con omisión de fiscalización previa fueron tramitados por la 
entidad (1.943.862,42 euros) y dos (1.198.521,65 euros) por el Organismo Autónomo Municipal de 
Deportes.  
 
Se ha analizado un expediente del Organismo Autónomo correspondiente a un reconocimiento 
extrajudicial de créditos por importe de 1.002.596,99 euros. 
 
o  Reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación a presupuesto de gastos de 
ejercicios anteriores 
 
Con fecha 10 de octubre de 2016 el órgano de Intervención emitió reparo en relación con la 
propuesta de la Presidencia del Organismo, de 25 de septiembre de 2016, en la que se recogían 
230 facturas procedentes del ejercicio 2014 y 309 facturas correspondientes a gastos del ejercicio 
2015, para su aprobación por el Pleno a través de un reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
El informe de Intervención puso de manifiesto, además de diversos errores de carácter material 
detectados en los documentos justificativos, que los gastos no habían seguido la tramitación 
ordinaria por carecer en su momento de crédito presupuestario. 
 
Una vez subsanados los errores materiales, el 21 de octubre de 2016, el Pleno aprobó un 
reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 1.002.596,99 euros, cuantía que se vio 
minorada posteriormente a 997.670,23 euros como consecuencia de algunos errores que no 
habían sido resueltos con la antelación suficiente. 
 
En  cuanto  a  las  obligaciones  afectadas,  se  incluyeron  en  el  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos facturas correspondientes a servicios o suministros cuya facturación agregada sobrepasó 
el umbral de la contratación menor, con el consiguiente incumplimiento de los artículos 23 y 138 
del  TRLCSP.  Ello  ocurrió  en  los  servicios  de  telecomunicaciones,  electricidad,  jardinería, 
comunicación corporativa y de organización de eventos deportivos, y en los suministros de agua y 
de material eléctrico. 
 
El resto de las facturas fueron de pequeño importe y podrían haberse tramitado como un contrato 
menor en tanto no se superaron los umbrales correspondientes (duración máxima de un año e 
importe de 18.000 euros), si bien el artículo 111 del TRLCSP exige la formación de un expediente 
también para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la prestación, lo 
que de haberse realizado y haber conllevado, además, la correspondiente retención del crédito, 
hubiera  evitado  que  no  se  contara  con  la  necesaria  consignación  presupuestaria  para  la 
imputación de las facturas al presupuesto en el que se generaron. 
 
Mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos del artículo 60.2 del RD 500/90, se 
produce la imputación de gastos de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. No obstante, 
esta  excepcionalidad  al  principio  de  temporalidad  de  los  créditos  no  resulta  admisible  para 
convalidar  los  actos  nulos,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  en  ningún  caso  subsana  las 
irregularidades  o  vicios  que  fueran  la  causa  de  nulidad.  Es  más,  esta  circunstancia  resulta 
contraria a los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que 
determinan la nulidad de la adquisición de compromisos de gastos por importe superior a los  e
créditos  presupuestarios,  sin  perjuicio  de  que  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  bo
Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero  264ww
a Lsiafne  cactdraéqdduoiit.so ic sióunfi cdieen cteo mpaprrao mreisaolisz adrelo gs aesstotás ,t irpeifcicoandoac imcoiemnoto i ndfrea occbilóigna cmiounye gsr ayv oer deenn ealc aiórntí cduelo p 2a8g.ocs)   OE-A-2021-14able en https://
de la LTAIPBG. En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que
su aplicación se regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el 
propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. Además, la disposición adicional 
decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones 
en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la 
LRJPAC, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos 
en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad 
disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta la realización 
de actuaciones en orden a depurar las posibles responsabilidades. 
II.2.11. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Sistema de control interno 
Santa Cruz de Tenerife tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 203.585 habitantes, y 
el volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en 
dicho ejercicio, a 202.877.429,59 euros.   
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. El puesto de interventor General estaba vacante, tanto a 31 de 
diciembre de 2016 como en diciembre de 2018, siendo las funciones ejercidas por quien ocupaba, 
de forma provisional, el puesto de viceinterventor. El Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna 
medida activa para la provisión de la plaza al margen de la concurrencia a los concursos unitarios. 
Además del FHN, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con diez 
técnicos A1, un técnico A2, cuatro administrativos y cuatro auxiliares administrativos. Al cierre de 
los  trabajos  de  fiscalización  se  mantenía  el  número  del  personal  de  apoyo  y  se  había 
incrementado en dos personas el personal técnico.  
El  sistema  de  control  interno  implantado  es  un  sistema  de  fiscalización  previa  limitada  de 
requisitos básicos en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la 
adecuación y suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a 
otros extremos adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el 
proceso de gestión, acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. La fiscalización 
limitada previa se completaba con actuaciones de control financiero. 
Análisis de expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife remitió la información 
prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, 
por tanto, dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015. 
El perímetro de control está formado por la entidad principal y cinco Organismos Autónomos: de 
Deportes, Gerencia Municipal de Urbanismo, de Fiestas y Actividades Recreativas, de Cultura y el 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). 
El órgano de Intervención comunicó dos acuerdos contrarios a reparos y nueve expedientes con  e.e
omisión de fiscalización, además, certificó negativamente la existencia de anomalías de ingresos.  w.b
  2021-14264n https://ww
Acuerdos contrarios a reparos 
 
Los dos acuerdos tomados en contra del criterio de la Intervención fueron tramitados por el 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo por un importe conjunto de 187.485,61 
euros. Se ha analizado uno de ellos, relativo a gastos de personal, de 113.886,12 euros. 
 
o  Abono de nómina a personal adscrito 
 
El órgano interventor reparó, con fecha 27 de septiembre de 2016, la propuesta de reconocimiento 
de  las  obligaciones  derivadas  de  la  nómina  del  mes  de  septiembre  de  2016  de  personal 
funcionario y laboral adscrito al Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo.  
El reparo se basaba en que los trabajadores afectados habían sido adscritos a puestos de trabajo 
creados a través de una modificación puntual de la RPT aprobada por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 25 de julio de 2016, y dicha adscripción no se había sometido al criterio de 
Intervención, a pesar de tratarse de un acto de contenido económico. En el informe emitido por 
Intervención se puso de manifiesto la falta total y absoluta de procedimiento, y que el acto objeto 
de reparo no podía ser susceptible de convalidación por adolecer de una posible causa de nulidad 
de pleno derecho. 
El reparo se levantó a través de Decreto de Alcaldía de 30 de septiembre acordándose el abono 
de la nómina así como “iniciarse en su caso, los procedimientos para la provisión de puestos de 
trabajo que fueren exigibles de conformidad con la legislación de función pública de aplicación”. El 
Decreto se basaba en informe de la Secretaría municipal, si bien no consta la realización de 
nuevos trámites en relación con el expediente analizado. 
Las modificaciones en las adscripciones de los puestos de trabajo se enmarcan en la regulación 
de la movilidad funcional, recogida en los artículos 39 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto 
al  personal  laboral,  y  81  del  EBEP,  respecto  del  personal  funcionario.  En  ambos  casos  se 
contempla la necesaria articulación de un procedimiento para aquellas modificaciones en las que 
opere un cambio sustancial de las condiciones de trabajo. En este expediente se trata en muchos 
casos de formalizar adscripciones provisionales o situaciones que estaban teniendo lugar de facto.  
No obstante, la incidencia puesta de manifiesto por el órgano de Intervención no es relativa a la 
fase presupuestaria de reconocimiento de las obligaciones sino referente a deficiencias en el 
procedimiento de adscripción de los trabajadores. 
Expediente con omisión de fiscalización 
 
Los nueve expedientes con omisión de fiscalización remitidos tienen un importe agregado de 
9.437.662,19 euros, de los cuales ocho se tramitaron en la entidad principal (9.426.010,19 euros) 
y uno en la Gerencia Municipal de Urbanismo (11.652 euros). Se ha analizado uno de los 
expedientes correspondientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo importe asciende 
a 3.134.952,86. 
o  Prórroga  del  contrato  de  servicio  de  limpieza  en  colegios  públicos  y  dependencias 
municipales. 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó, con fecha 26 de septiembre de 2016, prorrogar el contrato de  e.
servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de Santa  w.b
Cruz de Tenerife por un plazo de ejecución de un año a contar desde el día 1 de octubre de 2016.  264ww
Dicho acuerdo no fue sometido a intervención previa, remitiéndose posteriormente, el 14 de
octubre de 2016, a dicho órgano de control un “informe-propuesta de convalidación” junto con el
expediente y la propuesta de aprobación de los documentos contables correspondientes, con el 
fin, según se indicaba en los documentos remitidos “de subsanar la omisión de fiscalizar el gasto”.  
El interventor emitió informe poniendo de manifiesto la omisión de fiscalización, siendo esta la 
única irregularidad advertida. 
Posteriormente, por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 28 de noviembre de 2016 se aprobó 
la convalidación de la omisión de fiscalización previa, siguiendo el procedimiento descrito en sus 
bases de ejecución36, donde se articula un mecanismo que adapta la regulación que la Ley 
General Presupuestaria prevé en su artículo 156, desarrollado por el artículo 32 del Real Decreto 
2188/1995, para los actos dictados con omisión de fiscalización —actualmente regulado en el 
artículo 28 del Real Decreto 424/2017—. 
No obstante la regulación recogida en las Bases de Presupuesto de la Entidad no recoge la 
exigibilidad de responsabilidades que se puedan derivar de los procedimientos seguidos con 
ausencia de fiscalización previa preceptiva, no recogiendo tampoco la necesidad de que el órgano 
de Intervención proponga, en su caso, la procedencia de la revisión de los actos dictados con 
infracción del ordenamiento. 
II.2.12. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 
Sistema de control interno 
Santa Lucía de Tirajana tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 69.178 habitantes, y 
el volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en 
dicho ejercicio, a 64.469.540,64 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. El 16 de mayo de 2016 se nombró habilitado nacional para ocupar 
el puesto de interventor en régimen de acumulación de funciones, situación que se prolongó hasta 
el cierre de la fiscalización –diciembre de 2018-. La Entidad no ha adoptado ninguna medida para 
la provisión definitiva de la plaza de acuerdo con la normativa salvo su participación en los 
concursos unitarios de ámbito nacional. 
Además del FHN, el órgano de Intervención disponía, tanto a 31 de diciembre de 2016 como al 
cierre  de  la  fiscalización,  de  cuatro  técnicos  A1,  un  técnico  A2,  dos  administrativos  y  siete 
auxiliares administrativos.  
El sistema de control interno implantado es de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 
en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y 
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos 
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, 
acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
                                                 
36 Base 56.7: “En los casos en los que la Intervención sea preceptiva y se haya omitido, no se podrá reconocer la  e.e
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y se resuelva la  bo
mencionada omisión.  264www.
Smquia elna,i  fueInnsttieeanrrváde oan sceíi ósatnle ,S  iaenlrf vocircominoeo q caue erl  aleosl   haeacxytpuaea idnciiieocninateeds o,o  ybp sueeemrdvitaair,  áae allg  ltuaitnu valae rzd  eds uel la ossp eionrvmióicnisi oiro enqseupsee  ciltnood  idicneaic dliaóa ,sp  sroeopnmu eeetlse taralpo, a carot anlda lao d  faeinncaitseliidróiaondr , d deleol  
Aoplcinailódne ,e Jnu lnotsa  cdaes oGso ebnie rqnuoe  ola a fli sPclaelnizoa cdieó nla s eCao rpproercaecpiótinv ap ya rsae q huueb iaedrao potem iltaid roe,s noolu scuiópno nqdureá  plaro tcraendsaf.o Lrma aecmióisni ódne ld aec tloa 
inválido sino que simplemente se entenderá “convalidado” el acto a los efectos de su tramitación y pago”.
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
entidad. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana remitió la información 
prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, 
dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. El 
Ayuntamiento no cuenta con entidades dependientes sujetas a fiscalización previa. 
Se han remitido dos acuerdos contrarios a reparos (260.000 euros), ocho expedientes con omisión 
de fiscalización previa (4.573.135,27 euros) y una anomalía en materia de ingresos (10.000 
euros). Ha sido objeto de análisis un expediente tramitado con omisión de fiscalización previa 
imputado a presupuesto a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito cuyo importe 
asciende a 159.130,12 euros. 
 
Expediente con omisión de fiscalización 
 
Los  ocho  expedientes  remitidos  se  imputaron  a  presupuesto  a  través  de  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito. Se ha analizado el contenido de uno de ellos, por un importe de 
159.130,12 euros. 
o  Imputación al presupuesto de 2016 de facturas del ejercicio corriente y anterior 
El 25 de febrero de 2016 el Pleno aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito para imputar 
al presupuesto gastos procedentes de los ejercicios 2015 y 2016. Todos ellos (excepto tres 
facturas por importe de 974,80 euros) correspondían a facturas sobre las cuales el órgano de 
Intervención había formulado reparo que no había sido levantado y, por tanto, no se habían 
imputado al presupuesto según la tramitación ordinaria. El importe global ascendía a 159.130,12 
euros con el siguiente detalle según la prestación: 
 
Cuadro  34.  Prestaciones incluidas en el reconocimiento extrajudicial de crédito. 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 
Importe en euros 
Concepto  Importe  
Suministros de Materiales  100.357,71 
Alquileres  46.147,47 
Convenio colaboración Colegio veterinario Las Palmas  8.193,93 
Pólizas Seguro Vehículos  3.456,21 
Organización Actividad tenencia responsable mascotas  974,80 
Total  159.130,12 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por la entidad.  s
  oe.
En los sucesivos informes de Intervención se puso de manifiesto la falta de tramitación de los  w.
expedientes de contratación que debieran haber dado cobertura a los gastos señalados, así como  264ww
l a inexistencia de crédito adecuado y suficiente. 
Pa olas tetrraiomrmitaecnióten,  edle 2l 3e xdpee dfeiebnretero d dee r e2c0o1n6o, ceilm óiregnaton oe dxter acjuodnitcroial le, menit ióe l uqnu neu peovnoí ain fdoer mmea, nfaifvieosrtaob llae   BOE-A-cable e
existencia de dichos reparos, así como la necesidad de proceder al pago de las obligaciones para 
evitar el enriquecimiento injusto de la administración. 
 
Si bien la mayoría de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor 
en tanto no superaban el importe establecido para dicha contratación (18.000 euros en el caso de 
servicios y suministros), se ha vulnerado el artículo 28 del TRLCSP, que sanciona el carácter 
formal de la contratación, así como el 111, que exige la formación de un expediente también para 
la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la prestación, lo que de haberse 
realizado y haber conllevado, además, la correspondiente retención del crédito, hubiera evitado 
que no se contara con la necesaria consignación presupuestaria para la imputación de las facturas 
al presupuesto en el que se generaron. Además, la falta de licitación y posterior formalización del 
contrato en aquellos casos en los que fuere procedente, impide la preceptiva fiscalización previa 
del mismo, lo cual está tipificado como infracción grave en el artículo 28 de la LTAIPBG. 
 
La aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito supuso una convalidación de actos que 
habían  sido  objeto  de  reparo  por  parte  de  Intervención,  no  siguiéndose  el  procedimiento 
establecido para la resolución de discrepancias y vulnerando el principio de temporalidad de los 
créditos sancionado en el artículo 173.5 del TRLRHL. 
II.2.13. AYUNTAMIENTO DE TELDE  
Sistema de control interno 
Telde  tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 102.164 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
64.730.276,03 euros. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el 
puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior. El puesto de interventor estaba cubierto mediante el nombramiento 
como interventor accidental de un funcionario A1. La plaza fue incluida en los concursos unitarios 
que se convocaron a nivel nacional, sin que se consiguiera la cobertura definitiva por FHN; no 
obstante, la Entidad no realizó ninguna otra actuación para procurar la provisión definitiva del 
puesto de trabajo, como la convocatoria de los correspondientes concursos ordinarios. 
El órgano de Intervención no disponía de más personal técnico además de la persona en la que 
recayó el nombramiento accidental, contando—tanto a la finalización de 2016 como de 2018— 
con cinco auxiliares administrativos. 
Esta  entidad  tenía implantado  un sistema  de  fiscalización  previa  plena,  no llevando  a  cabo 
actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un incumplimiento del 
artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o eficiencia, lo que se 
traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la entidad. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Telde remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 10 de octubre de 2018, un año y cinco  e.
meses después de finalizado el plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30  w.b
de junio de 2015, que es el 30 de abril del año siguiente al que se refiere la información.  264ww
ECla pnearríiam Teterloe vdisei ócno nDtirgoilt adl eT elar reesnttridea Ldo cloa li nDteemgraarnc alac ióenn tdidea Td epldrien.c ipal y el Consorcio Sur de Gran
En relación con el Ayuntamiento se remitieron nueve expedientes con omisión de fiscalización y 
dos  acuerdos  contrarios  a  reparos,  no  obstante  estos  últimos  también  constaban  como 
expedientes sin fiscalización previa; además se certificó la inexistencia de anomalías de ingresos. 
Respecto del Consorcio, el órgano de Intervención remitió certificación negativa en relación con 
los tres supuestos. 
 
Expedientes con omisión de fiscalización 
Los nueve expedientes remitidos tienen un importe global de 721.988,91 euros, y presentan la 
siguiente distribución: 
Cuadro  35.  Prestaciones incluidas en los expedientes con omisión de fiscalización. 
Ayuntamiento de Telde. 
Importe en euros 
Nº Expediente  Servicios y suministros afectados  Importe 
10/2016; 01/2016; 03/2016; 04/2016  Servicios de limpieza en dependencias varias     249.497,38    
07/2016  Suministro de energía eléctrica     243.588,42    
24/2016  Suministro de alumbrado público     189.825,56    
06/2016  Obras en instalaciones deportivas       27.679,61    
05/2016  Servicio de transportes         7.863,70    
02/2016  Suministro vestuario         3.534,24    
Total     721.988,91    
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por la entidad. 
 
Del análisis del conjunto de los expedientes se deduce como práctica habitual de la entidad la 
realización de actos de contenido económico sin sometimiento a la preceptiva fiscalización previa 
y  su  imputación  al  presupuesto  de  la  entidad  mediante  expedientes  de  reconocimiento 
extrajudicial de créditos, deficiencia ocurrida en la totalidad de expedientes examinados. 
Así, además de las seis prestaciones incluidas en los expedientes remitidos, en la fecha de 
realización de los trabajos —septiembre 2018— se estaban prestando otros diecinueve servicios y 
suministros sin cobertura contractual, derivando una facturación agregada hasta la fecha del 
presente informe de 8.215.933,1537 euros, de los que consta reparo de intervención en 503 
facturas, que comprenden el 24% del importe facturado. 
De  esos  diecinueve  servicios  y  suministros  sin  cobertura  contractual,  ocho  actuaciones  o 
prestaciones,  por  importe  agregado  de  454.993,21euros18,  se  realizaron  sin  ningún  tipo  de 
licitación o contratación formal, a través de mandato verbal del Concejal correspondiente, con la 
consiguiente vulneración del artículo 28 TRLCSP y suponiendo, de facto, una adjudicación directa 
de las prestaciones. El resto de los negocios jurídicos adolecen del mismo vicio de nulidad, cual 
es corresponder a un vínculo jurídico extinto y, por lo tanto, estar incursos en el supuesto de 
prórroga tácita, prohibida por el artículo 23 del TRLCSP, con el siguiente detalle: 
p 3 7e   Er s lo  A n y a us n  m t a am  y io e rn e ts o .   d  e    T e  l d e    n o    h  a   i  nformado de la facturación derivada del Servicio de limpieza del centro de día para  OE-A-2021-14able en https://

Cuadro  36.  Servicios y suministros sin cobertura contractual 
Importe en euros 
Fecha 
Fecha  Periodo desde 
acuerdo  Fecha inicio 
finalización  finalización de  Periodo sin  Importe facturas 
Servicios y suministros afectados  inicio nuevo  nuevo 
del contrato  contrato hasta  contrato (1)  sin contrato 
expediente  contrato 
anterior  acuerdo inicio 
contratación 
Servicio de gestión del Centro de 
estancias diurnas para enfermos de  3 años y 4 
02/06/2015  No iniciado  -  No iniciado  507.915,62 
Alzheimer y otras dependencias  meses 
municipales  
Servicio de limpieza de instalaciones  8 años y 8 
31/01/2010  No iniciado  -  No iniciado  784.285,64 
deportivas   meses 
Servicio de mantenimiento de los  2 años y 1 
03/09/2016  No iniciado  -  No iniciado  37.416,17 
semáforos en el Municipio de Telde   mes 
Servicio de mantenimiento del sistema 
de información geográfico y de 
Sin contrato  No iniciado  -  No iniciado  -  15.000,00 
posicionamiento y equipo 
radiocomunicación 
Suministro combustible vehículos  3 años y 10 
06/12/2014  18/10/17  2 años y 10 meses  No iniciado  297.327,89 
parque móvil municipal   meses 
Póliza seguro flota automóviles del 
Sin contrato  No iniciado  -  No iniciado  -  122.830,62 
Ayuntamiento de Telde  
Mantenimiento  del parque móvil 
Sin contrato  No iniciado  -  No iniciado  -  103.282,02 
municipal  
Limpieza de centros escolares del   7 años y 11 
31/08/2010  04/07/17  6 años y 10 meses  17/08/18  3.508.637,65 
municipio y CEA de Autistas   meses 
4 años y 3 
Limpieza de los CEIP   07/05/2014  04/07/17  3 años y 4 meses  17/08/18  429.116,30 
meses 
Limpieza de los CEIP y otras  2 años y 5 
24/04/2016  04/07/17  1 año y 2 meses  17/08/18  996.282,40 
dependencias   meses 
Servicio de telecomunicaciones  Sin contrato  No iniciado  -  No iniciado  -  80.084,55 
Otros trabajos realizados por otras 
Sin contrato  No iniciado  -  No iniciado  -  54.654,80 
empresas  
Transporte para usuarios del centro  2 años y 7 
01/03/2016  08/08/17  1 año y 5 meses  No iniciado  169.723,40 
ocupacional de Telde  meses 
Suministro de energía eléctrica   2 año y 10 
04/12/2015  10/10/18  2 año y 10 meses  No iniciado  849.055,39 
ENERGIA SAU)  meses 
Mantenimiento ascensor dependencias 
Sin contrato  No iniciado  N/P  No iniciado  -  7.261,10 
desarrollo local  
Prestación de servicios funerarios   Sin contrato  No iniciado  N/P  No iniciado  -  71.880,12 
Servicio transporte CEP enfermos  3 años y 2 
25/08/2015  08/08/17  2 años  No iniciado  7.863,70 
Alzheimer   meses 
Servicio de limpieza del centro de día 
para personas mayores de la ciudad  Sin contrato  24/03/17  -  No iniciado  -  - 
de Telde 
Servicio de vigilancia, salvamento, 
1 año y un 
socorrismo, primeros auxilios en las  23/08/2016  04/05/17  9 meses  02/10/17  173.315,78 
mes 
playas del municipio de Telde 
TOTAL            8.215.933,15 
(1) En los casos en los que no se había formalizado un nuevo contrato en la fecha de corte tomada en la fiscalización -septiembre de 2018- el 
cálculo del periodo sin contrato se ha realizado tomando como referencia dicha fecha. 
Se ha solicitado al Ayuntamiento el acuerdo por el que se autorizaba a las respectivas empresas a 
la continuidad del servicio, no habiendo sido suministrado en diez de los once casos. En el único 
caso que constaba la documentación señalada, la misma se tramitó de modo extemporáneo, un  es
mes después de la finalización del plazo de vigencia.  o
Lfsoearr mvaidacj iuoredsci cyua rscreuiónmntei nd iissreetr cohtsaa,   ysp ursopindo unlace i dfuoonr m einancc euiólm nAp dylieumln icteaonmrtroiee srneptioote ndrdaeide oTn teedld eee xl ape enndo rireemnlaatcetii vódane   cccooonnnt trlraaac tpaturcaeióls ntya,  coqiróuignei  nddaee,    2021-14264n https://ww
según se establece en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces
vigente LRJAP  —cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC—, la nulidad de las  Bc
actuaciones, sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las 
facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí 
mismo no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto 
en el Título X de la LRJPAC , señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
II.2.14.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS  ACUERDOS 
CONTRARIOS  A  REPAROS  Y  DE  LOS  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA 
REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS 
En el examen efectuado sobre los 36 expedientes de gasto objeto de análisis y cuyos resultados 
se han expuesto en el Subapartado II.2, se han puesto de manifiesto una serie de diferencias en 
los criterios y procedimientos aplicados para la tramitación de acuerdos contrarios a reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en ingresos, así como en su remisión 
al Tribunal de Cuentas. 
Diferencias en los criterios y procedimientos en la tramitación 
En los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Telde no se 
levantaron los reparos de forma individualizada, si no que a través de un único acuerdo plenario 
se solventaban relaciones de reparos que eran elevadas a Pleno de forma unitaria, por lo que no 
se siguió el procedimiento de resolución de discrepancias previsto en el artículo 217 del TRLRHL. 
La utilización del instrumento del reconocimiento extrajudicial de crédito no ha sido homogénea en 
las diferentes entidades. Así, en los tres Ayuntamientos citados en el párrafo anterior se empleó 
para aplicar al presupuesto del ejercicio en curso facturas o gastos realizados en ese mismo 
ejercicio, lo que no se ajusta a la literalidad de lo previsto en los artículos 26.2 y 60 del Real 
Decreto 500/1990, en la medida en que la norma establece que el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito está previsto para las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores 
que no hubieran podido aplicarse al presupuesto. 
Diferencias en la remisión de información al Tribunal de Cuentas 
A su vez, la información remitida por los órganos de Intervención al Tribunal de Cuentas a través 
de la Plataforma no ha resultado homogénea.  
Existen discrepancias en la remisión de la información al Tribunal de Cuentas en relación con 
expedientes de facturas imputadas a ejercicios siguientes a través de la figura del reconocimiento 
extrajudicial  de  crédito,  en  tanto  los  órganos  de  Intervención  de  la  mayoría  de  entidades 
clasificaron el expediente enviado a la Plataforma de Rendición de Cuentas como expediente con  e.e
omisión de fiscalización, al no otorgar naturaleza de fiscalización previa a los informes emitidos  w.b
como  consecuencia  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  reconocimiento  extrajudicial  de  264ww
ccroémdoit oa,c mueierdnotrsa sc oqnutera lroioss A ay urenptaamroise.n tos de Telde y Las Palmas de Gran Canaria los catalogaron
Este hecho viene motivado porque hasta la entrada en vigor del RCI –1 de julio de 2018- la 
omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local. Es en el artículo 28 de la 
norma citada donde se indica expresamente que el informe de intervención que acompañe a los 
expedientes  sin  fiscalización  previa  cuando  esta  fuera  preceptiva  no  tendrá  naturaleza  de 
fiscalización. 
En relación también con la contratación menor, y en general, con relaciones de facturas objeto de 
imputación  conjunta  al  presupuesto  de  la  entidad  –ya  sea  o  no  mediante  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito- se ha apreciado, asimismo, una heterogeneidad de criterios relativa al 
importe consignado al incluir el expediente en la Plataforma: 
-  La mayoría de los órganos de intervención han cuantificado el importe de la relación de 
facturas que ha sido objeto de fiscalización. La aplicación de este criterio ha dado lugar a 
que sean remitidos a través de la Plataforma los documentos relacionados con el conjunto 
completo de facturas, aun cuando los reparos se refieran a partidas de gasto concretas. 
-  En otros casos, los órganos de intervención han considerado el importe del gasto afectado 
por el reparo en términos anuales, lo que facilita la cuantificación de la incidencia y la 
vincula al contenido del informe anual que debe elevarse al Pleno en cumplimiento del 
artículo 218.1 del TRLRHL. 
II.3.  REFERENCIA  ESPECÍFICA  A  DETERMINADOS  ASPECTOS  DEL  SISTEMA  DE 
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES  
En este subapartado se exponen los resultados de un análisis específico efectuado sobre la 
configuración del órgano de Intervención en aquellas entidades de más de 5.000 habitantes con 
fiscalización  limitada  previa  —o  de  requisitos  básicos—  y  que  no  habían  extendido  las 
comprobaciones a extremos adicionales a crédito y competencia, y en las que, simultáneamente, 
no se desarrolló un control financiero posterior en los términos previstos en el artículo 220 del 
TRLRHL.  En  aplicación  de  este  criterio  fueron  seleccionados  los  Ayuntamientos  de  Gáldar, 
Ingenio, Moya y Valsequillo de Gran Canaria; no obstante, el Ayuntamiento de Ingenio documentó 
posteriormente la aplicación de una fiscalización limitada previa que se extendía a la existencia de 
crédito, al órgano competente y a otros trámites esenciales del expediente.  
Se han incluido también en el análisis, las entidades de más de 5.000 habitantes con fiscalización 
limitada previa realizada sobre existencia de crédito adecuado, competencia de órgano y otros 
extremos  adicionales  determinados  por  el  Pleno  siempre  y  cuando  se  hubiera  certificado 
negativamente la existencia de acuerdos contrarios a reparos y de expedientes con omisión de 
fiscalización y no se hubiera llevado a cabo un control financiero posterior. Son los casos de Breña 
Baja y Pájara. 
Además, se ha examinado el sistema de control interno del Ayuntamiento de Telde y de los 
Cabildos  Insulares  de  Fuerteventura  y  de  La  Gomera.  En  los  dos  primeros  casos  por  ser 
entidades de magnitud relevante en el conjunto de la Comunidad Autónoma y no haber remitido la 
información analizada al inicio de la presente fiscalización, habiendo procedido a realizar el envío 
tras los requerimientos efectuados por el Tribunal de Cuentas con motivo de la misma. Por último, 
el Cabildo Insular de La Gomera se ha incluido en la muestra por ser el único Cabildo con 
certificación negativa en los tres supuestos: acuerdos contrarios a reparos, expedientes con 
omisión de fiscalización y anomalías de ingresos.  e.
Sistema de fiscalización y elaboración de informes por el órgano de Intervención  264ww
En el siguiente cuadro se resumen las circunstancias del sistema de fiscalización previa de cada
una de las nueve entidades y se indica si han remitido certificación negativa en relación con los
acuerdos  contrarios  a reparos,  expedientes  tramitados  con  omisión  de  fiscalización  previa  y 
anomalías de ingresos. 
Cuadro  37.  Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes sobre los que se analiza su 
sistema de control interno 
Importe en euros 
Fiscalización limitada previa (1) 
Obligaciones  Control  Certificación 
Entidad  Población 
reconocidas netas  Existencia  Órgano  Otros  financiero  negativa (1) 
crédito  competente  extremos 
Breña Baja  5.377  5.663.870,83  SI  SI  SI  NO  SI 
Cabildo Insular de 
  62.895.816,51  NA  NA  NA  NO  NO 
Fuerteventura 
Cabildo Insular de La 
  41.463.812,48  NA  NA   NA  NO  SI 
Gomera 
Gáldar  24.296  20.442.840,64  SI  SI  NO  NO  SI 
Ingenio  30.340  23.456.796,65  SI  SI  SI  NO  NO 
Moya  7.821  8.474.873,03  SI  SI  NO  NO  NO 
Pájara  19.394  36.762.807,22  SI  SI  SI  NO  SI 
Telde  102.164  64.730.276,03  NA  NA  NA  NO  NO 
Valsequillo de Gran 
9.227  8.972.094,61  SI  SI  NO  NO  SI 
Canaria 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
NA Se ha indicado NA (no aplicable) en los casos en los que la entidad realizaba una fiscalización previa plena 
(1) Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos 
 
La aplicación de la fiscalización previa limitada requiere, según el artículo 219.3 del TRLRHL, la 
realización posterior de otra fiscalización plena, ejercida sobre una muestra representativa de los 
actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, y la emisión de un 
informe  escrito  con  conclusiones  y  observaciones  que  debe  remitirse  al  Pleno.  De  las  seis 
entidades con este sistema de control, los Ayuntamientos de Breña Baja, Gáldar, Moya y Pájara 
no llevaron a cabo la fiscalización plena, a través de una muestra, de los expedientes sobre los 
que se aplicaba la fiscalización previa limitada. Sí lo realizaron los Ayuntamientos de Ingenio y 
Valsequillo de Gran Canaria; sin embargo, tampoco estas entidades elaboraron el informe previsto 
en el artículo 219.3 del TRLRHL. 
El control interno, además de la función interventora, está integrado por un control financiero 
posterior relativo a la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de la 
normativa de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos. Los resultados de dicho control, al que se refiere el art. 220 del TRLRHL, deben 
recogerse en un informe que habrá de remitirse al Pleno de la entidad. 
De esta forma, la elaboración del informe previsto en el artículo 219.3 y el que habría de realizarse 
según lo señalado en el párrafo anterior, tendrían en común la exposición de los resultados 
relativos a la comprobación de la legalidad, de modo que el contenido del primero quedaría 
incluido en el segundo.  
Ninguna  de  las  nueve  entidades  desarrolló  actuaciones  de  control  financiero  en  el  periodo  e
fiscalizado, lo que, además de un incumplimiento legal, conlleva un sistema de control interno  bo
insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión  264ww
fLqinuaae dn encboiei lrsiade a (ldele fidvceaie blnaac  oiaam ,c eiasfbiiócona u cdinaea  y ffi siescccaoalnilziozaamcciíóiaón)n  e ppnor selatve iaaric optrul eaencsai óm,n sá disne os  lialgim neiinftiatciddaaativ,d a.f u  ennd aamqueenltlaolsm ceansteo sc ueann ldoos   OE-A-2021-14able en https://
ésta se circunscribía a la comprobación de la adecuación de crédito y órgano, lo que se produjo 
en los Ayuntamientos de Gáldar, Moya y Valsequillo de Gran Canaria. 
En relación con la fiscalización de los ingresos, cuatro entidades — Ayuntamientos de Ingenio, 
Moya, Pájara y Valsequillo de Gran Canaria— comunicaron la adopción de acuerdos plenarios 
para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por 
actuaciones comprobatorias posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, si bien, en 
ninguno de ellos —salvo en el Ayuntamiento de Moya— se realizaron actuaciones comprobatorias 
posteriores en los términos exigidos en el precepto citado.   
Finalmente, el artículo 218.1 del TRLRHL recoge la obligación del órgano de Intervención de 
elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de  la  misma  que  sean  contrarias  a  los  reparos  efectuados,  así  como  un  resumen  de  las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Ninguno de los cuatro órganos de 
Intervención que, respecto de 2016, comunicaron la existencia de este tipo de resoluciones elevó 
el  referido  informe,  son  los  correspondientes  al  Cabildo  Insular  de  Fuerteventura  y  a  los 
Ayuntamientos de Ingenio, Moya y Telde. En relación con el resto de las entidades, en las que se 
ha informado de que no se produjeron este tipo de acuerdos o anomalías, sería conveniente que 
el órgano interventor también comunicara al Pleno su inexistencia. 
Funciones del órgano de Intervención 
La definición de las funciones de la Intervención se contiene en el artículo 92 bis LRBRL y en el 
RJFHN. En particular, las funciones ordinarias a desempeñar por la Intervención son las de control 
y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, así como la de contabilidad, excepto 
para los municipios de gran población, cuyo régimen de organización está previsto en el Título X 
de la LRBRL y se excluye expresamente la posibilidad de que la función de contabilidad sea 
atribuida a los órganos de Intervención.  
De las nueve entidades, únicamente el Ayuntamiento de Telde tiene régimen de municipio de gran 
población, según se acordó en Acuerdo del Parlamento de Canarias, de 22 de diciembre de 2004, 
a iniciativa del Pleno municipal, que lo solicitó en cumplimiento del artículo 121.d de la LRBRL, por 
superar  los  75.000  habitantes  y  presentar  circunstancias  económicas,  sociales,  históricas  o 
culturales especiales. 
Los órganos de Intervención de Breña Baja y de Moya realizaban además de las que les son 
propias, tareas de tesorería; y la Intervención de Breña Baja también la gestión de recursos 
humanos. 
La asunción de estas funciones adicionales implica una merma sobre la autonomía y objetividad 
que se requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización y constituye una 
debilidad del sistema de control interno de estas entidades.  
Normas y manuales de control interno y programas informáticos 
Las instrucciones y manuales internos son adecuados para definir las tareas asignadas a las 
unidades, en particular a las de control interno, al permitir conocer con claridad qué funciones se 
han  de  ejercer,  en  qué  plazos  y  atendiendo  a  qué  tramites,  lo  que  ofrece  una  adecuada 
estandarización en el ejercicio de las funciones, una seguridad al personal interviniente y evita que  e.e
el cambio en los ocupantes de los puestos suponga una pérdida de operatividad.  w.b
Nreilnagtiuvnaas  dae  lloass  epnrtoidcaeddeims iefinstcoasl izdaed asfi sdciaslpizuascoi,ó nc ony  vcigoenntrcoila  iennte r2n0o1 6a, trdibeu indoorsm aasl  róerggualandoo rdaes 
ianstiegrnvaednacisó na.  laLsa su niindsatdruecsc, ioenne psa ryti cmulaarn uaa llaess  dinet ecronnotsro ls ionnte randoe, caul apdeorsm iptira rcao ndoecfeinri rc olans c ltaarrideaads 
qué funciones se han de ejercer, en qué plazos y atendiendo a qué tramites, lo que ofrece una 
adecuada estandarización en el ejercicio de las funciones, una seguridad al personal interviniente 
y evita que el cambio en los ocupantes de los puestos suponga una pérdida de operatividad. 
No  obstante,  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  de  los  Ayuntamientos  de  Ingenio  y 
Valsequillo de Gran Canaria recogen los procedimientos para la tramitación de los expedientes 
con reparos. 
Por otra parte, ninguna de las entidades dispuso de un programa informático específico para la 
tramitación de sus actuaciones de control interno. 
Formas de provisión de puestos de trabajos reservados a FHN 
En el cuadro siguiente se ofrecen las características del puesto reservado a funcionarios de 
habilitación nacional en los órganos de intervención de las entidades analizadas, incluyendo la 
forma de provisión del mismo, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 2018, fecha 
de corte de los trabajos de fiscalización. 
Cuadro  38.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional 
Importe en euros 
Forma de cobertura 
Entidad  Población  Clase del puesto 
Diciembre 2016  Diciembre  2018  
Cabildo Insular de Fuerteventura  -  Clase 1a  Accidental  Accidental 
Cabildo Insular de La Gomera  -  Clase 1a  Accidental  Accidental 
Gáldar  24.296  Clase 1a  Accidental  Accidental  
Ingenio  30.340  Clase 1a  Acumulación  Acumulación 
Telde  102.164  Clase 1a  Accidental  Accidental 
Breña Baja  5.377  Clase 2a  Interino  Interino 
Moya  7.821  Clase 2a  Provisional  Provisional 
Pájara  19.394  Clase 2a  Accidental  Accidental 
Valsequillo de Gran Canaria  9.227  Clase 2a  Acumulación  Acumulación 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por las entidades  
 
Ninguna de las nueve entidades tenían provisto el puesto de Intervención de manera definitiva a 
31 de diciembre de 2016, situación que se mantuvo a diciembre de 2018, con la misma forma de 
provisión en cada una de las entidades en ambas fechas. 
Tanto en los Consejos Insulares de Fuerteventura y La Gomera como en el Ayuntamiento de 
Telde —municipio de más de 100.000 habitantes— el puesto reservado a FHN era desempeñado 
por un funcionario de la corporación mediante nombramiento accidental, situación que también se 
produjo en los Ayuntamientos de Gáldar y Pájara. Estos nombramientos —que se contemplan en 
la normativa como puntuales y solamente aplicables en los casos en los que no haya sido posible 
la cobertura por otros medios— conllevan que las funciones de control y fiscalización interna no se 
desarrollen por quienes tienen la formación específica para ello, sino por funcionarios de la propia 
entidad, en detrimento de la independencia exigible en el ejercicio de estas funciones reservadas.   e.
De las nueve entidades únicamente el Ayuntamiento de Ingenio realizó la preceptiva convocatoria  264ww
dpeo r cloo nqcuuer,s oe xocredpintoa reion  plaa rean tciduabdri rc liatasd ap,la szea sli mreitsóe lrav apdoassib iali dfaudn cdioen laar icoosb ecortnu rhaa dbeil ietasctioósn  pnuaecsitoonsa al, 
los concursos unitarios de ámbito estatal convocados por la Administración General del Estado.
En todos los concursos convocados las plazas correspondientes a las entidades analizadas 
resultaron vacantes. 
Personal adscrito al órgano de Intervención  
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  las 
administraciones públicas realizan la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades 
de los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño; en función de las 
RPT se definirán las plantillas y se determinarán las ofertas públicas de empleo. 
Cinco de las nueve entidades fiscalizadas –Breña Baja, Gáldar, Moya, Ingenio y Valsequillo de 
Gran Canaria– carecían en 2016 de RPT, incumpliendo por tanto la obligación establecida en el 
artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. 
Por su parte, la RPT del Ayuntamiento de Telde no fue aprobada por el Pleno, que es el órgano 
competente para ello.  
En el cuadro siguiente se muestran los datos relativos a la composición del órgano de intervención 
en cada una de las entidades. 
Cuadro  39.  Puestos adscritos al órgano de intervención municipal y nivel de ocupación 
Importe en euros 
Puestos ocupados a 31/12/2016   
Total de 
Entidad  Obligaciones    Personal de apoyo    puestos 
reconocidas netas  Personal 
FHN (*)  ocupados 
Técnico 
  Administrativo  Auxiliar    
Breña Baja  5.663.870,83  1  --    1  3    5 
Cabildo Insular de Fuerteventura  62.895.816,51  --  5    5  7    17 
Cabildo Insular de La Gomera  41.463.812,48  --  2    --  2    4 
Gáldar  20.442.840,64  --  2    3  1    6 
Ingenio  23.456.796,65  --  2    3  1    6 
Moya  8.474.873,03  1  --    --  2    3 
Pájara  36.762.807,22  --  4    2  2    8 
Telde  64.730.276,03  --  1    --  5    6 
Valsequillo de Gran Canaria  8.972.094,61  --  --    2  --    2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(*) Se ha considerado ocupado el puesto reservado a FHN cuando su provisión era definitiva o bien cuando estaba ocupado de forma 
provisional por FHN o por funcionario interino, no así cuando la cobertura era mediante nombramiento accidental (en cuyo caso se ha 
computado el puesto de trabajo previo del funcionario) ni cuando las funciones se realizaban en régimen de acumulación. 
Las nueve entidades han aportado los anexos de personal aprobados con el presupuesto de las 
respectivas entidades para 2016. En todos los casos figuraban los puestos referidos del órgano de 
Intervención, con la excepción del Cabildo Insular de La Gomera, en cuyo anexo de personal no 
constan los puestos como adscritos. 
Para valorar una aproximación a la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de 
control interno, se han considerado características cualitativas y cuantitativas de los puestos para  e.e
apreciar  si  de  estas  dotaciones  de  personal  puede  inferirse  una  dificultad  del  órgano  de  b
Intervención para el ejercicio de las funciones de control interno.  264ww
Destaca la carencia de medios personales en el Ayuntamiento de Telde —tanto en relación con su
ptroabblaajcaidóonr  tcéocmnioc op, oerl  ceula lv, oalduemmeáns ,d ees traebcau roscousp agnedsoti odnea fdoor—ma,  aqcuceid ecnotnatla lbaa p lúanziac adme eInntteer vceonnto ru. n 
Resultó también relevante la situación del órgano de Intervención del Cabildo Insular de La 
Gomera y del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. En el primer caso, además, de no 
estar cubierta la plaza reservada a FHN, únicamente se dispuso de dos puestos técnicos adscritos 
al  órgano  de  Intervención  y  otros  dos  de  personal  de  apoyo,  siendo,  además,  un  auxiliar 
administrativo quien ocupaba de forma accidental el puesto de Interventor, cuyo perfil funcional y 
titulación exigida para el acceso no se corresponden con las funciones encomendadas a los 
funcionarios de habilitación nacional.  En el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria no se 
disponía de ningún trabajador técnico, contando el órgano de Intervención únicamente con dos 
administrativos; estando, además, el puesto de Intervención cubierto por acumulación.  
Por lo que se refiere al género del personal adscrito a los órganos de control interno, según la 
información facilitada por las entidades, el 67% eran mujeres, existiendo un equilibrio de género 
de la ocupación de los puestos de Intervención. 
 CONCLUSIONES 
Los principales resultados de esta fiscalización son los siguientes: 
EN RELACIÓN  CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS ACUERDOS  CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS (Subapartado II.1)  
Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información (Epígrafe II.1.1). 
1.  A 30 de septiembre de 2019 —fecha de corte en la toma de datos tenida en cuenta a efectos 
de esta fiscalización—, el 90% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de 
Canarias  habían  remitido  la  información  correspondiente  al  ejercicio  2016.  El  nivel  de 
cumplimiento en plazo representa el 66% de los envíos totales. 
Por tipo de entidades, el nivel de cumplimiento de los órganos de Intervención de los Cabildos 
Insulares  alcanzó  el  100%,  siendo  del  93%  para  los  ayuntamientos  de  más  de  5.000 
habitantes y del 86% en relación con los ayuntamientos de menor población de la cifra 
indicada. Por lo que se refiere a las doce mancomunidades, cumplieron la obligación analizada 
el 75% de sus órganos de Intervención. 
Respecto de las entidades locales sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.2) 
2.  A 30 de septiembre de 2019, el 46% de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias ha comunicado que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos formulados por 
el órgano de Intervención, expedientes con omisión de fiscalización, ni tampoco anomalías en 
la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. 
Por tipo de entidad, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades 
fueron los que en mayor medida certificaron negativamente respecto de todos los supuestos, 
el 68% y el 89% respectivamente.  
3.  Los órganos de Intervención de casi todas las entidades locales, con independencia del 
tamaño  de  las  mismas,  comunicaron  que  no  existieron  anomalías  de  ingresos,  el  88%,  e.e
porcentaje que llega al 92% en relación con los ayuntamientos con población inferior a 5.000  b
habitantes  y  al  100%  en  el  caso  de  las  mancomunidades.  Esta  situación  podría  verse  264ww
menoctoivnatdraab ap ocro netel mhepclahdoo  dpeo r qlau en oerml actoivnac,e cputoe sdtieó np qriunec ispea luens e aanl ohmecahlíoa sd ed eq uien glare msoasy onríoa  dsee 
l5a sd ee nmtiadrazdoe, sp loorc eall eqsu, ee ns ea palpicrauceibóan  edle tle axrttoíc ruelofu n2d1i9d.o4  ddee l laR eLaely D Reecgreutloa dLoergai sdlea tilvaos  2H/a2c0i0e4n,d daes 
Locales (TRLRHL), ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos por la toma de 
razón en contabilidad, sin que se lleven a cabo los controles posteriores sobre la gestión de 
los ingresos previstos en la Ley. 
Respecto del alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales 
(Epígrafe II.1.3)  
4.  Dos de los siete Cabildos Insulares (La Palma y Lanzarote) y el 36% de los ayuntamientos de 
población  superior  a  5.000  habitantes  de  Canarias  habían  establecido  un  sistema  de 
fiscalización limitada previa; si bien, en el 29% de los Ayuntamientos, los respectivos Plenos 
no concretaron la comprobación de otros extremos de la gestión del gasto -además de que el 
crédito  fuera  adecuado  y  suficiente  y  que  órgano  gestor  del  gasto  fuera,  asimismo, 
competente-. A su vez, de las entidades que establecieron este sistema de fiscalización 
previa, solo el 27% llevó a cabo un ejercicio del control financiero posterior, no incluyéndose 
entre ellas los dos Cabildos mencionados. 
5.  En  conjunto,  la  aplicación  del  control  financiero  tuvo  un  carácter  residual,  alcanzando 
únicamente al 6% de las entidades, lo que supone una deficiencia relevante en el ejercicio del 
control interno de aquellas.  
La  ausencia  de  ejercicio  de  actuaciones  de  control  financiero  que  complementen  la 
fiscalización limitada previa, máxime cuando esta se restringe a la comprobación de que existe 
crédito suficiente y que el órgano que genera el gasto es el adecuado, configura un sistema de 
control interno insuficiente, en el que, además de no comprobarse si se cumplen los principios 
de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión de la entidad, no se 
complementa  el  control  de  legalidad  de  la  fiscalización  previa  de  la  Intervención  con 
actuaciones posteriores. 
Respecto de los informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto (Epígrafe II.1.4)  
6.  De las 96 entidades que remitieron los datos relativos al ejercicio 2016, los órganos de 
Intervención de cinco municipios señalaron haber informado negativamente la aprobación de 
los presupuestos, y de ellos, dos indicaron la existencia de informes desfavorables en relación 
con la liquidación del presupuesto. 
Respecto de los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención (Epígrafe 
II.1.5) 
7.  Se han recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, 30 de septiembre de 2019, un total 
de  6.123  resoluciones  y  acuerdos  contrarios  a  reparos  formulados  por  los  órganos  de 
Intervención, con un importe conjunto de 442.341.459,62 de euros. Dichos acuerdos fueron 
remitidos por 43 ayuntamientos, seis Cabildos Insulares —a excepción del Cabildo Insular de 
La Gomera— y una mancomunidad. 
8.  El 50% del importe de los acuerdos contrarios a reparos resultó referente a expedientes de 
subvenciones  y  ayudas  públicas,  derivándose  las  incidencias  más  significativas  de  una 
aplicación indebida del sistema de concesión directa. Le siguen en importancia cuantitativa los 
expedientes  de  contratación  administrativa  (26%),  que  afectan  fundamentalmente  a  la  e.e
contratación de servicios y suministros, y los de gastos de personales (21%), relativos a  w.b
procedimientos de contratación de personal temporal y al pago de gratificaciones.   264ww
9.  La  mayoría  de  los  acuerdos  son  relativos  al  área  de  contratación  administrativa  (62%)
sufbuvnednacmioennetsa lm(2e4n%te)  ya ddqeu igsaicsiótons  ddee  speervrsicoionsa l y( 6s%um). inPisotrr oims—po, rtsee,g luaisd oo pdeer alocsio enxepse fdinieanntceise rdaes 
concentraron el 43% del gasto (el 99% de este importe —188.777.500 euros— es relativo a 
operaciones de permuta financiera tramitadas por el Cabildo Insular de Tenerife). 
10. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos 
o trámites esenciales, representando el 74% de los expedientes y el 85% del importe total.   
11. El Presidente de la entidad local fue el órgano que mayoritariamente aprobó los acuerdos 
contrarios a reparos, tanto por importe, el 86%, como por número de expedientes, que alcanzó 
el 89%. A distancia se hallan los acuerdos adoptados por el Pleno de la entidad -24% de los 
acuerdos y 11% del importe- y por la Junta de Gobierno –el 17% de los acuerdos y el 21% del 
importe-. 
12. El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 86%), como por 
número de expedientes (el 89%). A distancia se hallan los adoptados por el Pleno de la 
entidad -el 9% de los expedientes y el 10% del importe-, y la Junta de Gobierno –el 2% de los 
acuerdos y el 4% del importe-. La aprobación de estos acuerdos por la JGL supone una 
vulneración del artículo 217 del TRLRHL, que califica la competencia de indelegable. 
Respecto de los expedientes con omisión de fiscalización previa (Epígrafe II.1.6) 
13. En la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 30 de septiembre de 2019, se habían recibido 
146 expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa por un importe agregado de 
127.621.781,89 de euros. Los 146 expedientes fueron remitidos por dos Cabildos Insulares 
(Tenerife y La Palma) y doce Ayuntamientos. El 85% de los expedientes con omisión de la 
fiscalización previa se refieren a gastos contractuales, principalmente contratos de servicios y 
de suministros. 
Respecto de las principales anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.7) 
14. Los  responsables  de  los  órganos  de  Intervención  de  las  entidades  locales  de  Canarias 
comunicaron la existencia de 167 anomalías de ingresos en 2016, por un importe conjunto de 
130.158.226,60 euros. Fueron remitidas por los Cabildos Insulares de Tenerife y El Hierro y 
siete Ayuntamientos, la mayoría fueron relativos a tasas y precios públicos. 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS  DE  INGRESOS  DE  LAS  ENTIDADES  SELECCIONADAS  EN  LA  MUESTRA 
(Subapartado II.2) 
Se han analizado de forma individualizada 39 expedientes comunicados al Tribunal de Cuentas 
por los órganos de Intervención local: 20 acuerdos contrarios a reparos, dieciséis expedientes con 
omisión de fiscalización previa y tres anomalías de ingresos. 
15. De los 36 expedientes de gasto analizados, 24 son referentes a la prestación de servicios y 
suministros, de los cuales 21 recogen gastos por estos conceptos sin la adecuada cobertura 
jurídica (el 87%).  
De estos 21 expedientes, en 16 la prestación se realizó sin cobertura jurídica, en tanto el 
contrato anterior había finalizado y no se había licitado y formalizado un nuevo contrato, lo que  s
de facto, supone una adjudicación directa al tercero que venía prestando el servicio. Se  oe.
produjo en los Cabildos Insulares de Gran Canaria, y El Hierro y en los Ayuntamientos de  w.
ATSeraolndn eBa.,a  DrSteoa lnloa msB éae rndtoteidl oTamdiréea sjad nmea e,T nSicraaiojnan naCadr,ia sSstó,a benan lC  ldoreiss  tLAóaby uaLnla tdgaeum nLiaea ny tL oSasag dnuetna aL L,a usSc aPíana tdlame La Tusic rdaíaeja  dGnear a sTnei rC atrjaaanntóaa r,di aey,    2021-14264n https://ww
facturas derivadas de ejercicios anteriores que fueron imputadas al presupuesto de 2016 a
través de reconocimientos extrajudiciales de crédito ocurriendo las siguientes circunstancias:  Bc
  En el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna las facturas no se imputaron al 
presupuesto en el que se había devengado el gasto, además de por la falta de contrato 
—circunstancia que también se produjo en San Bartolomé de Tirajana—, por ausencia 
de crédito presupuestario.  
  En el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana si bien la mayoría de las facturas 
podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor en tanto no superaban 
el importe establecido para dicha contratación, se han vulnerado los artículos 28 y 11 
del TRLCSP, que sanciona el carácter formal de la contratación y exigen, también para 
la contratación menor, la formación de un expediente y la aprobación del gasto previa a 
la prestación. 
Además del incumplimiento de la normativa contractual que supone la falta de tramitación de 
los correspondientes expedientes, se ha puesto de manifiesto una debilidad en el sistema de 
control interno en relación con la contratación en las entidades mencionadas, caracterizada 
por la falta de vigilancia del lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de un contrato y 
el inicio del expediente para la licitación del siguiente, lo que fue especialmente relevante en el 
Ayuntamiento de Telde, donde la prestación de los servicios sin la correspondiente licitación 
de los contratos se produjo de forma reiterada. 
Por otra parte, se observa una utilización del artículo 60.2 del RDL 500/1990, que habilita, 
mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos,  la imputación de gastos de 
ejercicios anteriores al presupuesto en vigor; sin embargo, y fundamentalmente en lo que se 
refiere a las obligaciones generadas sin cobertura jurídica, esta excepción al principio de 
temporalidad de los créditos no convalida en sí misma un acto nulo, para los cuales se preveía 
la revisión de oficio en el artículo 107 de la LRJPAC (106 de la actual LPAC), en cuya 
tramitación  se  requiere  dictamen  favorable  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma; todo ello sin perjuicio de que, por aplicación del 
principio general de prohibición de enriquecimiento injusto, la facturas correspondientes a un 
servicio hecho deberán ser pagadas al tercero. 
Los  otros  cinco  expedientes  de  los  23  sin  cobertura  jurídica  válida  fueron  relativos  a 
prestaciones de servicio a través de modalidades de prestación que no eran las adecuadas 
según la normativa contractual de aplicación: 
  En los Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife la gestión de centros de acogida 
a menores se llevó a cabo a través de la firmas de sendos convenios, a pesar de 
tratarse de materia que debía haber sido objeto de licitación contractual, y en el 
Cabildo de Fuerteventura un contrato de publicidad y marketing se adjudicó a través de 
un procedimiento negociado sin publicidad sin que estuviera justificado. 
  En el Cabildo de Fuerteventura diversas prestaciones de suministros y servicios fueron 
tramitadas a través de contratos menores sin que procediera esta modalidad en tanto 
se incumplían los límites cuantitativos y temporales previstos en los artículos 138.3 y 
23 del TRLCSP. 
  En el Cabildo Insular de La Palma la prestación de los servicios de conservación y 
mantenimiento en túneles y diferentes tramos insulares de carretera fue tramitada  s
mediante encomienda de gestión, sin que en el expediente se justificara el acudir a  oe.
dicha figura por motivos de economía, eficacia o eficiencia. Además, el órgano de  w.
Intervención  puso  de  manifiesto  otras  deficiencias  como  desviaciones  al  alza  en  2021-14264n https://ww
comparación con encargos anteriores y la falta de restricción de la subcontratación a 
los máximos definidos en la Disposición Adicional 25.638 del TRLCSP. 
En  relación  con  los  otros  tres  expedientes  de  prestación  de  servicios  y  suministros  ha 
resultado lo siguiente: 
  En el Cabildo Insular de La Palma se imputaron al ejercicio 2016 gastos derivados de 
ejercicios anteriores para los que no se contó en los presupuestos en los que se 
generaron las obligaciones con crédito suficiente, lo que supuso un incumplimiento del 
principio  de  anualidad  presupuestaria,  sancionado  en  los  artículos  173  y  176  del 
TRLRHL, y una falta muy grave según determina el artículo 28 de la LTAIPBG. 
  En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria diversas facturas de ejercicios 
anteriores no se imputaran al presupuesto correspondiente como consecuencia de 
discrepancias en la prestación del servicio con el contratista, por lo que no se procedió 
al pago de las mismas hasta que fue ordenado por sentencia judicial, lo que se produjo 
en 2016. 
  Por último, en un expediente tramitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y relativo a la prórroga de un contrato de servicio de limpieza en colegios públicos y 
dependencias municipales, se emitió informe de Intervención poniendo de manifiesto la 
omisión  de  la  preceptiva  fiscalización  previa;  no  obstante,  esta  fue  la  única 
irregularidad advertida, la cual fue convalidada posteriormente. 
16. Cuatro expedientes de gasto son referentes a expedientes de personal. Tres de ellos relativos 
al abono de retribuciones, en dos casos (Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna) los reparos fueron motivados porque las nóminas incluían el abono de 
productividades fijas y periódicas que retribuían el desempeño de la función ordinaria de los 
beneficiarios; en el tercer expediente el reparo del abono de las nóminas se motivó en que, en 
relación a los trabajadores afectados, se había realizado una adscripción de puestos de 
trabajo de forma ajena al procedimiento establecido para ello. 
El cuarto expediente de personal, tramitado por el Organismo Autónomo Servicios Sociales de 
El Hierro, se refiere a una contratación de personal con carácter de interino a pesar de ser una 
contratación que se realizaba cada año y que se enmarcaba dentro de la actividad normal del 
organismo. 
17. Dos expedientes se refieren al otorgamiento de subvenciones nominativas, tramitados por 
sendos  organismos  autónomos  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife—el  Instituto  Insular  de 
Atención Social y Sociosanitaria y el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Isla de Tenerife—. El primero de ellos se reparó por no justificarse en el 
expediente  la  falta  de  concurrencia  que  motivara  el  que  la  subvención  tuviera  carácter 
nominativo  según  se  exige  en  el artículo  22 de  la  LGS,  excepción  que  tampoco  quedó 
acreditada en el acuerdo del Consejo Rector que solventó el reparo. El segundo expediente se 
reparó al considerar el órgano de Intervención que se trataba de una subvención nominativa 
que no constaba como tal en los presupuestos de la entidad; el Presidente de la entidad, en el 
Decreto  por  el  que  se  levantó  el  reparo,  señaló  que  no  se  trataba  de  una  subvención 
nominativa sino directa en base en el interés social, habiéndose justificado la misma en 
informe emitido por el Oficial jefe del Consorcio.  e.
                                                  264ww
y38  dDeis spuoss icfiilóianle rse.f eErind ae la sl eRgéugnimdoe np ájurrríadfioc od ed es lua  s«eExmtop rpeusnat od ea fTirrmanas: f“oErmn aecl iósnu pAugersatroia d, eS oqcuieed laad  eAjencóuncimióna »d (eT RobArGasS,A l)a, 
fcaoblaribcoarcaiócnió nd ed eb eiemnperse smaruioesb lpesa rtoic ulala rperse,s etal cimiópno rdtee  dsee rlavi cpiaorst ep doer  plares stsaoccióiend aad ceasr gdoe dl eg reusptoos  sdee blleerváe s ear  cinafbeori ocr oanl  5la0 
por 100 del importe total del proyecto, suministro o servicio.”
18. Dos expedientes fueron relativos a operaciones de permuta financiera concertadas por el 
Cabildo Insular de Tenerife. En relación con estas operaciones —cuyo importe global ascendió 
a 188.777.500 euros— el órgano de Intervención puso de manifiesto que se habían contratado 
tomando como base el nominal de los préstamos a cubrir y no su capital vivo en el momento 
de la contratación de la cobertura y, además, se procedió a amortizar anticipadamente uno de 
los préstamos cubiertos sin cancelar simultáneamente la operación de swap que teóricamente 
estaba vinculada al primero. Como resultado de las dos circunstancias anteriores las permutas 
financieras excedieron al subyacente (préstamos a los que en principio daban cobertura) en 
64.807.500 euros, a pesar de que el objeto indicado en los contratos celebrados era la 
cobertura financiera de préstamos suscritos por la entidad local. 
Además, se pusieron de manifiesto las siguientes irregularidades: incompetencia del órgano 
al margen de que estos contratos estén excluidos de la normativa contractual administrativa 
según se interpreta del artículo 4.1.l) de la Ley de Contratos 30/2007 (aplicable a los contratos 
analizados en función de su fecha de formalización) al amparo de la Directiva 2004/39/CE39, 
es en todo caso aplicable la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, siendo por 
tanto el Consejo de Gobierno Insular y no el Presidente del Cabildo el órgano competente para 
contratar—, omisión del trámite de fiscalización previa, así como la carencia de un informe de 
necesidad e idoneidad del contrato y de las necesidades que pretenden cubrirse con el mismo. 
También se aludió a un posible vicio de consentimiento en tanto estos productos financieros 
son considerados productos complejos por diversas instancias, además de calificarse como tal 
en el artículo 79bis.8.a de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores a raíz de la 
reforma introducida por la Ley 47/2007 para incorporar la Directiva 2004/39/CE. 
19. Los cuatro expedientes de gasto restantes, tres de ellos tramitados por el Cabildo Insular de 
Tenerife y uno por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tienen casuística diferencia 
cada uno de ellos: 
  El primero de ellos era relativo a la justificación de los gastos derivados de una 
encomienda de gestión a una empresa municipal, en tanto los gastos que la empresa 
presentó correspondientes a 2016 incluían de forma injustificada facturas de ejercicios 
anteriores cuya liquidación ya había sido aprobada por la entidad. 
  El segundo expediente se refería a la recepción por parte del Cabildo Insular de 
Tenerife de unas parcelas que habían sido cedidas a una Asociación que ahora se 
disolvía y al pago a la misma de una subvención en compensación de obras que había 
llevado  a  cabo  dicha  Asociación.  El  reparo  del  órgano  de  Intervención  puso  de 
manifiesto tanto la valoración de las parcelas —que había sido realizada hacía varios 
ejercicios  y  cuya  incorrecta  valoración  pudiera  dar  lugar  a  un  menoscabo  de  los 
caudales públicos— como el procedimiento por el que se habían llevado a cabo las 
obras mencionadas y que ahora derivaban en un pago a realizar por el Cabildo Insular 
de 624.490,59 euros. 
  El  tercer  expediente  fue  tramitado  por  el  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y 
Sociosanitaria, Organismo Autónomo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. En 
virtud de convenio suscrito, el Organismo debía indemnizar a una asociación por el 
coste de unas obras que esta había realizado en una parcela que previamente le había 
sido cedida por el Ayuntamiento de La Laguna y que ahora pasaría, también en cesión,  s
al IASS. En reparo de Intervención se puso de manifiesto la ausencia de informe que  e.
motivara la utilidad de la cesión del inmueble y la valoración de las parcelas.   w.
                                                
39 Criterio asimismo recogido en el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 333/2018.
  El último de estos cuatro expedientes fue gestionado por el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. Es referente al rescate y resolución de la concesión de obra 
pública para la construcción y explotación del edificio de aparcamientos en el barranco 
de Maspalomas. El órgano de Intervención señaló, en relación a la orden de pago de 
parte de la cuantía acordada, que en el Acuerdo de Mediación al que se llegó no se 
habían hecho constar determinados extremos ni estaba justificado el momento de las 
valoraciones que determinaron la cuantía final. 
20. Se han analizado tres expedientes de anomalías de ingresos. Dos de ellos, tramitados en los 
Cabildos Insulares de Tenerife y El Hierro, consistieron en reparos relativos a la falta de 
identificación del contribuyente en el abono de tasas. El tercer expediente, del Cabildo Insular 
de Tenerife, no es propiamente una anomalía de ingresos, sino que se trata de una incidencia 
puesta de manifiesto por el órgano de Intervención en el informe sobre presupuestos emitido 
al amparo del artículo 168.4 del TRLRHL respecto a la deficiente imputación presupuestaria de 
recursos sobre los que el Cabildo no tenía capacidad de gestión, por lo que debían haber sido 
tratados como ingresos y gastos extrapresupuestarios. 
21. En relación con ninguno de los expedientes analizados se han iniciado actuaciones tendentes 
a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos por 
incumplimientos de la LTAIPBG, del TRLCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación. 
En  relación  con  los  resultados  del  análisis  comparativo  de  la  tramitación  de  los  acuerdos 
contrarios a reparos y de los expedientes con omisión de fiscalización previa en las entidades de 
la muestra, así como de la remisión de los mismos al tribunal de cuentas (Epígrafe II.2.14) 
22. En los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Telde no se 
levantaron los reparos de forma individualizada, si no que a través de un único acuerdo 
plenario se solventaban relaciones de reparos que eran elevadas a Pleno de forma unitaria, 
por lo que no se siguió el procedimiento de resolución de discrepancias previsto en el artículo 
217 del TRLRHL. 
En estas tres entidades se utilizó el reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar al 
presupuesto del ejercicio en curso gastos generados en ese mismo ejercicio, lo que no se 
ajusta a la literalidad de lo previsto en los artículos 26.2 y 60 del Real Decreto 500/1990, en la 
medida en que la norma establece que el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito  está  previsto  para  las  obligaciones  procedentes  de  ejercicios  anteriores  que  no 
hubieran podido aplicarse al presupuesto. 
23. Existen discrepancias en la remisión de la información al Tribunal de Cuentas en relación con 
expedientes  de  facturas  imputadas  a  ejercicios  siguientes  a  través  de  la  figura  del 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  en  tanto  los  órganos  de  Intervención  de  algunas 
entidades clasificaron el expediente enviado a la Plataforma de Rendición de Cuentas como 
expediente con omisión de fiscalización, al no otorgar naturaleza de fiscalización previa a los 
informes emitidos como consecuencia de la tramitación de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial  de  crédito,  mientras  que  otras  entidades  los  catalogaron  como  acuerdos 
contrarios a reparos, al considerar que en su actuación de fiscalización se emitía un reparo 
suspensivo amparado en la insuficiencia de crédito o en la omisión de requisitos o trámites 
esenciales.  
Este hecho viene motivado porque hasta la entrada en vigor del RCI –1 de julio de 2018- la  w.
omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local. El artículo 28 de la  264ww
neoxprmedai ecnitteasd as inin dfiisccaa leizxapcrieósna mpreenvtiea  cquuaen deol  iensfotarm fuee rdae  pirnetecervpetinvcai ónno  qtueen darác onmaptuarñaele zaa  ldoes 
fiscalización
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO 
SOBRE UNA MUESTRA DE ENTIDADES (Subapartado II.3)  
24. Seis de las nueve entidades analizadas tenían establecido un sistema de fiscalización previa 
limitada;  si  bien,  tres  de  ellas  –Ayuntamientos  de  Gáldar,  Moya  y  Valsequillo  de  Gran 
Canaria— únicamente realizaban las comprobaciones mínimas relativas a la adecuación y 
suficiencia del crédito y competencia del órgano, sin extender la fiscalización a extremos 
adicionales. En las otras tres entidades –Ayuntamientos de Breña Baja, Ingenio y Pájara- la 
fiscalización se extendía a extremos adicionales acordados por sus respectivos plenos, según 
requiere el artículo 219.2 del TRLRHL.  
25. La aplicación de la fiscalización previa limitada habría requerido, según el artículo 219.3 del 
TRLRHL, la realización posterior de otra fiscalización plena cuyos resultados deberían haber 
quedado plasmados en un informe escrito con conclusiones y observaciones que tendría que 
haberse remitido al Pleno. Además, en ninguna de ellas se ejecutó el control financiero 
posterior recogido en el artículo 220 del TRLRHL, lo que además del incumplimiento señalado, 
conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera.  
26. En relación con la fiscalización de los ingresos, cuatro entidades comunicaron la adopción de 
acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma 
de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, en aplicación del 
artículo 219.4 del TRLRHL. No obstante, ninguno de ellos, salvo el Ayuntamiento de Moya, 
realizaba actuaciones comprobatorias posteriores en los términos exigidos por el artículo 
219.4 del TRLRHL.   
27. Ninguno  de  los  cuatro  órganos  de  Intervención  que,  respecto  de  2016,  comunicaron 
resoluciones  adoptadas  contrarias  a  reparos  —Cabildo  Insular  de  Fuerteventura  y  a  los 
Ayuntamientos de Ingenio, Moya y Telde— informó al Pleno de la existencia de este tipo de 
acuerdos, lo que supone un incumplimiento del artículo 218.1 del TRLRHL. 
28. Ninguna de las nueve entidades tenían provisto el puesto de Intervención de manera definitiva 
a 31 de diciembre de 2016, situación que se mantuvo idéntica a noviembre de 2018 –fecha de 
cierre  de  la  fiscalización-,  advirtiéndose  una  utilización  recurrente  de  los  nombramientos 
accidentales,  lo  que  conlleva  que  las  funciones  de  control  y  fiscalización  interna  no  se 
desarrollen por quienes tienen la formación específica para ello, sino por funcionarios de la 
propia entidad, en detrimento de la independencia exigible en el ejercicio de estas funciones 
reservadas. 
29. Las entidades limitaron la posibilidad de la cobertura de los puestos de intervención a su 
adjudicación en los concursos unitarios convocados por la Administración General del Estado. 
Únicamente una de las nueve entidades analizadas ha implementado medidas adicionales 
tales como la convocatoria de concursos ordinarios para cubrir estas plazas reservadas a 
funcionarios  con  habilitación  nacional,  por  lo  que  se  han  mantenido  los  nombramientos 
accidentales  que  la  ley  prevé,  únicamente,  para  casos  excepcionales  y  para  cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. 
30. Cinco de las nueve entidades fiscalizadas –Breña Baja, Gáldar, Moya, Ingenio y Valsequillo de 
Gran Canaria– carecían en 2016 de RPT, incumpliendo por tanto la obligación establecida en  e.
el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto  w.b
legal. La RPT del Ayuntamiento de Telde no fue aprobada por el Pleno, que es el órgano  264ww
competente para ello.
31. Dlaesl  eenxtaidmaedne sd dee l al as umfiuceiesntrcaia s ye  ahdae dceudauccióidno d uenl ap ecrasroennacli aa ddsec rmitoe daiol só rpgearnsoo ndael eIsn tdeervbeidnacimóne ndtee 
cualificados, fundamentalmente en el Cabildo Insular de La Gomera y en los Ayuntamientos de 
Telde y Valsequillo de Gran Canaria. 
 RECOMENDACIONES 
En anteriores Informes del Tribunal de Cuentas sobre esta materia se han formulado diversas 
recomendaciones con la finalidad de contribuir a superar las deficiencias puestas de manifiesto y a 
mejorar la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales. 
Con posterioridad, se ha producido la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, el 
cual prevé diferentes medidas para subsanar las carencias en el ámbito que regula, por lo que, sin 
perjuicio de ir valorando su implementación, se han suprimido algunas de las recomendaciones de 
Informes anteriores en tanto su contenido se recoge en el mencionado Real Decreto. 
Así, las recomendaciones que este Tribunal formula en relación con la materia analizada, son las 
siguientes: 
1.  Se recomienda a los órganos de Intervención que, en el caso de no haberse producido 
ninguna  de  las  incidencias  enumeradas  en  el  artículo  218.1,  eleven  al  Pleno  una  nota 
informando de esta circunstancia, de forma análoga a la comunicación que se realiza a este 
Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas 
que regula la remisión telemática de esta información (Resolución de 10 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio 
de 2015), de esta forma, el Pleno tendría conocimiento expreso de la situación acontecida en 
relación con los acuerdos contrarios a reparos. 
2.  Habrían de establecerse las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos 
suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las 
entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.  
3.  La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  debería  impulsar  la  celebración  anual  de  los 
correspondientes concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las Corporaciones Locales 
siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, estableciéndose los mecanismos 
que aseguren la cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a funcionarios con 
habitación nacional, restringiendo los nombramientos accidentales, los puestos vacantes y la 
ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con  habilitación  nacional  por 
acumulación, a los casos en los que, de manera debidamente justificada y atendiendo a los 
requisitos legalmente previstos, los puestos no hubieran podido cubrirse de manera ordinaria, 
lo que redundará en el afianzamiento del control interno.  
4.  Las entidades locales deberían evitar tanto la acumulación de funciones de intervención en un 
único puesto como el desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que 
incrementen  significativamente  la  carga  de  trabajo  o  que  resulten  incompatibles  con  las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de Intervención.  
5.  Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los 
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos 
menores, el órgano responsable del gasto, una vez que se acuerde la realización del mismo,  e.e
debería  tramitar  la  correspondiente  propuesta  de  retención  de  crédito  validada  por  w.b
Intervención, de forma que se evite la falta de consignación presupuestaria cuando se genere  264ww
ldae o gbeligsatiócinó nd. eA sloims isgmasot,o lsa sd Bea mseesn doer  Ecujeacnutcíaió np adreal  plores squupeu ensoto  sdee bceorníasnid perreev ecro nmveecnaiennistme olas 
cjuesletifbicraacr,i ócno nd lea s ucno ncdoicniotrnaetos  ym ceunaonrt,í apsu mdiíennimdoa s mquaete lraiasl iezanrti daaqdueesl lcoosn said etrraevné os pedrea tipvaagso. s  a
6.  Las  entidades  locales  deberían  implantar  procedimientos  de  gestión  adecuados  que 
garanticen  el  inicio  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  con  el  tiempo 
suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de 
la expiración del término de contratos previos.  
7.  Las  entidades  locales  deberían  identificar  las  causas  estructurales  y  organizativas  y  las 
prácticas de gestión que, amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de 
la  Administración,  originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  procedimiento  de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de 
gastos  de  ejercicios  anteriores  -o  incluso  del  propio  ejercicio-,  derivados  de  actos 
administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse 
las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las 
responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos. 
8.  Por último, se recomienda la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el marco presupuestario actual, emanado de las leyes General Presupuestaria y de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos 
excepcionales  en  los  que  puede  ser  aplicado.  Todo  ello  contribuiría  a  clarificar  las 
consecuencias administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito 
presupuestario y, por consiguiente, impediría la utilización del reconocimiento extrajudicial de 
crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos que no 
está admitida en nuestro ordenamiento. 
Madrid 19 de diciembre de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
Anexo  I.-  Entidades que, en fecha de 18 de diciembre de 2019, no han rendido la Cuenta General del 
ejercicio 2016, 2017 y 2018 al Tribunal de Cuentas.  
Anexo  II.  Entidades que, en fecha de 30 de septiembre de 2019, no habían remitido al Tribunal de 
Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, referidas al ejercicio 2016.  
Anexo  III.   Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos.  
Anexo  IV.  Entidades que han remitido anomalías de ingresos.  
 
 
   
Anexo I. 1/2 
Anexo  I.-  Entidades que, en fecha de 18 de diciembre de 2019, no han rendido la Cuenta 
General del ejercicio 2016, 2017 y 2018 al Tribunal de Cuentas. 
Tipo de  Ejercicio 
Provincia  Denominación  Población 
entidad  2016  2017  2018 
Las Palmas  Cabildo  Insular de Fuerteventura  -  X  X 
 
Insular de Gran Canaria  -  -  X 
     
Insular de Lanzarote  -  -  X 
     
Ayuntamiento  Firgas  7.491  -  -  X 
 
Haría  4.969  -  -  X 
   
Las Palmas de Gran Canaria  378.517  -  -  X 
   
Santa Brígida  18.314  -  -  X 
   
Telde  102.424  -  -  X 
   
Tinajo  6.119  -  -  X 
   
Valsequillo de Gran Canaria  9.278  -  -  X 
   
Mancomunidad  Centro-Sur de Fuerteventura  -  X  X 
   
Municipios de Las Medianías de Gran Canaria  -  -  X 
     
Sur de Lanzarote Yaiza-Tías  -  X  X 
     
Isla de Lanzarote (RENSUITAL)  X  X  X 
     
Municipios de Montaña no Costeros de Canarias  -  -  X 
     
Municipios de Gran Canaria para la Potenciación de las 
    -  X  -  - 
Energías Renovables, Inversión y Desarrollo 
Santa Cruz de 
Cabildo Insular  Insular de El Hierro  -  -  X 
Tenerife   
Insular de La Palma  -  -  X 
     
Insular de Tenerife  -  -  X 
     
Ayuntamiento  Adeje  47.280  -  -  X 
 
Alajeró  2.006  -  -  X 
   
Arona  79.448  -  -  X 
   
 
   
Anexo I. 2/2 
Tipo de  Ejercicio 
Provincia  Denominación  Población 
entidad  2016  2017  2018 
Santa Cruz de 
Ayuntamiento  Granadilla de Abona  48.374  -  -  X 
Tenerife 
Hermigua  1.805  -  -  X 
   
Icod de los Vinos  22.749  -  -  X 
   
San Sebastián de la Gomera  8.945  -  -  X 
   
Santiago del Teide  10.755  -  -  X 
   
Tazacorte  4.600  -  -  X 
   
El Pinar de El Hierro  1.825  -  -  X 
   
Mancomunidad  Nordeste de Tenerife  -  -  X 
   
  San Juan de la Rambla-La Guancha  -  X  X 
   
  Norte de Tenerife  X  X  X 
   
  De Servicios Garachico - El Tanque  -  X  X 
   
 
   
Anexo II. 1/1 
Anexo  II.  Entidades que, en fecha de 30 de septiembre de 2019, no habían remitido al 
Tribunal de Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, referidas al 
ejercicio 2016. 
 
Tipo de 
Provincia  Denominación  Población 
Entidad 
Las Palmas  Ayuntamiento  Agüimes (1)  30.742 
    Puerto del Rosario  38.126 
    Tejeda  1.967 
Municipios de Gran Canaria para la Potenciación de las Energías 
Mancomunidad 
  Renovables, Inversión y Desarrollo  - 
    Isla de Lanzarote (RENSUITAL)  - 
Santa Cruz de 
Ayuntamiento  La Guancha (1) 
Tenerife  5.423 
    San Sebastián de la Gomera (1)  8.707 
    Valle Gran Rey  4.285 
    Vallehermoso  2.979 
    Vilaflor de Chasna  1.630 
  Mancomunidad  San Juan de la Rambla-La Guancha  - 
(1)  Los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de Agüimes, La Guancha y San Sebastián de La Gomera remitieron la información 
relativa a reparos después de la fecha de corte indicada. 
   
Anexo III. 1/2 
Anexo  III. Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos  
Las Palmas  Cabildo Insular  Insular de Fuerteventura  --  1.748.067  4 
Insular de Gran Canaria  --  29.385.164  191 
   
Insular de Lanzarote  --  3.737.398  179 
   
Ayuntamiento  Agaete  5.558  292.147  16 
 
Antigua  10.834  6.807  2 
   
Arrecife  58.537  550  1 
   
Firgas  7.465  3.522.352  65 
   
Haría  4.767  1.368.642  308 
   
Ingenio  30.340  947.429  8 
   
Las Palmas de Gran Canaria  378.998  20.256.876  294 
   
Moya  7.821  33.726  1 
   
San Bartolomé  18.151  336.181  26 
   
Santa Brígida  18.437  4.786.227  57 
   
Santa Lucía de Tirajana  69.178  260.000  2 
   
Telde  102.164  305.723  2 
   
Teror  12.489  160.490  7 
   
Tías  20.037  218.503  18 
   
Tuineje  13.945  8.566  1 
   
Vega de San Mateo  7.628  517  1 
   
Yaiza  15.944  204.086  4 
   
  Mancomunidad  Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria  6.457.262  5  -- 
Santa Cruz de 
Cabildo Insular  Insular de El Hierro  --  2.996.369  75 
Tenerife 
Insular de La Palma  --  9.883.328  205 
   
Insular de Tenerife  --  263.755.016  455 
   
Ayuntamiento  Arafo  5.458  888.509  60 
 
Arico  7.423  1.319.016  66 
   
Arona  79.172  4.761.003  389 
   
El Rosario  17.191  3.514.317  21 
   
El Tanque  2.658  624.332  60 
   
Fasnia  2.783  344.202  54 
   
Granadilla de Abona  45.332  202.031  35 
   
Guía de Isora  20.460  150.132  92 
   
Güímar  19.000  4.806.041  233 
   
 
    w.b
Anexo III. 2/2 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos  
Santa Cruz de 
Ayuntamiento  Icod de los Vinos  22.606  2  455.092 
Tenerife 
La Orotava  41.294  427  18.455.373 
   
La Victoria de Acentejo  8.969  95  1.510.824 
   
La Villa de Garafía  1.607  1  17.821 
   
Los Llanos de Aridane  20.043  436  8.946.400 
   
Los Realejos  36.149  15  62.426 
   
Los Silos  4.786  31  302.035 
   
Puerto de la Cruz  29.497  1.132  17.854.466 
   
San Cristóbal de La Laguna  153.111  245  17.085.615 
   
San Miguel de Abona  17.870  9  489.531 
   
Santa Cruz de Tenerife  203.585  2  187.486 
   
Santa Úrsula  14.125  24  1.560.002 
   
Santiago del Teide  11.338  201  2.770.042 
   
Tacoronte  23.772  109  461.298 
   
Tazacorte  4.633  276  3.048.534 
   
Valverde  4.885  172  1.724.139 
   
Villa de Mazo  4.821  9  129.369 
   
Total    6.123  442.341.460 
   
 
Anexo IV. 1/1 
Anexo  IV. Entidades que han remitido anomalías de ingresos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Nº anomalías  Importe 
Las Palmas  Ayuntamiento  Santa Lucía de Tirajana  69.178  1  10.000 
    Yaiza  15.944  1  30 
Santa Cruz de Tenerife  Cabildo Insular  Insular de El Hierro  --  25  409.986 
    Insular de Tenerife  --  33  128.009.770 
  Ayuntamiento  El Rosario  17.191  10  1.483.557 
    El Tanque  2.658  1  32.667 
    Los Silos  4.786  5  135 
    Santa Cruz de Tenerife  203.585  90  196.203 
    Santa Úrsula  14.125  1  15.879 
TOTAL        167  130.158.227