BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138475
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18366 Sala Segunda. Sentencia 163/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 250-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que denegaron la preparación de recuso de 
casación por infracción de la normativa autonómica. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 128/2018 y 98/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso 
de  casación  basado  en  infracción  de  normas  autonómicas).  Votos 
particulares.
ECLI:ES:TC:2021:163
La  Sala  Segunda  del  Tribunal  Constitucional,  compuesta  por  la  magistrada 
doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez  y 
don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 250-2020, promovido por la Generalitat de Cataluña 
contra el auto núm. 19/2019, de 19 de noviembre, de la sección de casación de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuya 
virtud se desestima el recurso de queja núm. 8-2019, interpuesto por la referida entidad 
contra el auto de la Sección Quinta de la indicada Sala, de 17 de junio de 2019, que 
denegó la preparación del recurso de casación contra la sentencia núm. 849/2017, de la 
referida  Sección,  de  fecha  17  de  noviembre  de  2017,  dictada  en  el  procedimiento 
ordinario núm. 476-2014. Han comparecido el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 
y  el  abogado  del  Estado.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 14 de enero de 2020, la 
abogada de la Generalitat de Cataluña interpuso recurso de amparo contra los autos 
indicados en el encabezamiento de esta resolución.
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  s
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 849/2017, de 17 de noviembre, que recayó  e.
en  el  procedimiento  ordinario  núm.  476-2014,  estimó  parcialmente  el  recurso  w.
contencioso-administrativo interpuesto por el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat  366ww
cdoen tEran slae ñdaenszeas tidmea claió nG, einniecriaallimtaet ndtee  pCreastaulnutñaa y,  udlete rfieocrmhae n1te5  edxep raebsari,l  ddee  la2 0C1o5n. sDejiecrhíaa 
dseenmteanncdiaad rae cloan coacnióti deal dd edreec h1o.3 d0e0l  eauyuronsta pmoier natolu mrencou rrdeen tlea sp ellracribs ird d’ien falan atsd mduinriasntrtaec ilóons   BOE-A-cable e
cursos  2012-2013,  2013-2014  y  2014-2015,  descontados  las  pagos  efectuados  por 
la Diputación Provincial de Barcelona.
b)  En lo que interesa al presente recurso, la administración autonómica formuló escrito 
de preparación de recurso de casación por infracción de la normativa autonómica, al amparo 
del art. 86.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en 
fecha 13 de abril de 2018.
c)  La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña acordó denegar la preparación del recurso de casación, 
por  auto  de  17  de  junio  de  2019,  al  no  ser  la  resolución  susceptible  de  dicha 
impugnación. El referido tribunal argumentó, con cita de su auto de 11 de marzo de 2019, 
pronunciado en el procedimiento ordinario núm. 452-2015, que el recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica no cabe contra las sentencias de las salas de 
los tribunales superiores de justicia cuando estas tienen un reparto especializado, por ser 
contradictorio con la vigente regulación procesal del recurso de casación estatal que 
responde a la lógica de dos secciones: una de admisión (no especializada), que se limita 
a examinar si concurren los requisitos de admisión, y otra de resolución (especializada), 
que es la que conforma la jurisprudencia. En el fundamento jurídico único se razona del 
siguiente modo:
«Conforme a un criterio de unidad de doctrina, se reproducen aquí los razonamientos 
contenidos en el auto dictado por esta Sala y Sección en fecha 11 de marzo de 2019, en 
el recurso ordinario núm. 452-2015, aplicables al caso, del tenor siguiente:
"Segundo.  Entrando en el examen de la admisibilidad de la preparación del recurso 
de casación fundado en normativa autonómica, es criterio reiterado de la sección de 
casación de este tribunal que no son recurribles las sentencias dictadas por la misma 
sala,  dada  la  configuración  de  las  secciones  de  la  misma  como  secciones 
especializadas.
En  este  sentido,  se  ha  venido  razonando  que  la  admisión  de  una  casación 
autonómica contra las sentencias de las salas de los TSJ, cuando tienen un reparto 
especializado,  es  contradictoria  con  la  vigente  regulación  procesal  del  recurso  de 
casación. La casación introducida por la LO 7/2015 ante el Tribunal Supremo responde a 
la lógica de dos secciones: una de admisión (no especializada), que se limita a examinar 
si concurren los requisitos de admisión, y otra de resolución (especializada) que es la 
que forma jurisprudencia.
La interpretación sostenida reiteradamente lleva a entender que la reforma de 2015 
no incluye a las sentencias dictadas por las salas de los TSJ en el ámbito del recurso de 
casación autonómico, cuando como en nuestro caso existen secciones especializadas, 
sin perjuicio desde luego que incluya las de los juzgados según viene interpretando la 
sección de casación de este TSJ. El art. 86. 1 de la LJCA no delimita expresamente el 
recurso de casación autonómico, puesto que únicamente se regula la casación ante 
el Tribunal Supremo, y el art. 86.3 de la LJCA tampoco es un precepto que delimite el 
ámbito objetivo de la casación autonómica, de acuerdo a los antecedentes legislativos y 
al tenor literal del precepto. El primer párrafo del citado art. 86.3 delimita la casación 
estatal en tanto que el segundo y tercer párrafos contienen una disposición organizativa 
cuando el recurso se funde en normas de Derecho autonómico. De ello no puede 
derivarse una atribución de competencia funcional a la sección de casación de las salas 
de los TSJ prevalente frente a las sentencias dictadas por la misma Sala.
La reciente STC 128/2018, de 29 de noviembre, acaso podría apuntar hacia la  e
función unificadora de la casación autonómica, en función de la existencia de criterios  bo
contradictorios en la aplicación del derecho autonómico dentro de la misma sala, pero en  366ww
esastlae,  cpaosro l on oq usee,  asilgeugiae nndinog eúln c triipteor idoe a dcoonpttraaddoic pcoiórn l ain steercncaió enn dtree  claass asceiócnc iodnee ess dtae  seaslata, 
debe denegarse la preparación del recurso".»
d)  La Generalitat de Cataluña interpuso recurso de queja, que fue tramitado con 
el núm. 8-2019 por la sección de casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que alegó la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso al 
recurso.
e)  El  recurso  de  queja  fue  desestimado  por  auto  núm.  19/2019,  de  19  de 
noviembre. En los fundamentos tercero y cuarto figura la siguiente argumentación:
«En este recurso estamos dilucidando si precede tener por preparado el recurso de 
casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  interpuesto  por  la  administración 
demandada  contra  la  sentencia  dictada  por  la  Sección  Quinta  de  esta  Sala  y  la 
problemática formal se plantea, come ha quedado apuntado, por la falta de regulación de 
dicho recurso y por su finalidad.
Como  nos  dice  el  Tribunal  Supremo  el  recurso  de  casación  es  "un  remedio 
extraordinario, sujeto, como  hemos  dicho  a requisitos  estrictos coherentes con esa 
naturaleza". Tal extraordinaria naturaleza comporta que incluso en el recurso de casación 
"estatal" no exista un derecho ilimitado a que tal recurso extraordinario se tenga por 
preparado (y, en su caso, se admita y resuelva), sino que solo se tendrá por preparado 
cuando  tal  recurso  sea  preciso  para  una  depuración  de  una  doctrina  interpretativa 
incorrecta, atendida la función nomofiláctica o de protección del ordenamiento jurídico 
(partiendo siempre de que se cumplan todos los requisitos legales).
Tal conclusión se fundamenta, además, en que no existe un derecho ilimitado a los 
recursos. A tales efectos esta misma sección de casación ya se ha pronunciado sobre la 
dimensión constitucional del derecho al recurso como vertiente del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la CE y su incidencia en la interpretación del 
art. 86 de la LJCA (al respecto véase el auto n.º 6/2019, de 6 de mayo, dictado en el 
recurso de queja núm. 19-2018).
En definitiva, los recursos son medios de impugnación de configuración legal y tanto 
la  competencia  coma  su  regulación,  formal,  objetiva  y  funcional  ha  de  quedar 
perfectamente configurada en la ley (procesal), pues el régimen de recursos es una 
cuestión de orden público.
Hemos vista que la administración a lo largo de su recurso expone una interpretación 
basada en hipótesis y conjeturas que oportunamente rebatiremos.
En efecto, la parca regulación del recurso de casación autonómico no garantizaría la 
función del tribunal de casación en la medida en que una interpretación favorable a la 
posición de la quejante tampoco estaría exenta de inconvenientes ni, por las mismas 
razones, impediría la posible existencia de doctrinas contradictorias en la interpretación 
del Derecho autonómico que es lo que este recurso persigue.
Adviértase que la sección de casación es una sección funcional más dentro de la 
Sala. Admitir su competencia no la configura como una sección funcionalmente superior 
a las secciones de la Sala (incluso al Pleno de la Sala). Además, no solo ella se erigiría 
en órgano revisor de la doctrina que interpreta el Derecho propio de la comunidad 
autónoma, pues también lo harían el resto de las secciones funcionales e incluso la Sala 
en Pleno. Y la interpretación del régimen de recursos exige también considerar el encaje 
del  recurso  de  amparo  y  la  interpretación  hecha  por  el  Tribunal  Constitucional 
(SSTC 134/1991, de 17 de junio; 126/1988, 132/1988, 260/1988, 146/1990, etc.).
Es más, ni siquiera en el caso de recurso de casación contra sentencias de los 
juzgados dictadas en única instancia (recurso que cita la administración), se configura a 
la sección de casación como una sección de admisión cuya misión, una vez resuelta la  e.
cuestión  formal  y  determinado  el  interés  casacional  o  la  existencia  de  doctrina  w.b
contradictoria,  fuera  la  de  atribuir  el  asunto  a  la  sección  especializada  funcional  366ww
cTorirbruenspaol nSdiuepnrteem (oa,p lilcoa nqduoe  latsa mnopromcoa s gdaer arnetpizaarrtíoa) , qau ed ifenroe ncsiea  ddeic tlaar arne gusleancitóenn cdiaesl 
contHraedmicotos ridaes. tomar en consideración el art. 152 de la Constitución Española que
dispone  que  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  sin  perjuicio  de  la  jurisdicción  que
corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma. En el mismo sentido el art. 95 de la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es competente, en 
los términos establecidos por la Ley Orgánica correspondiente, para conocer de los 
recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar 
los derechos reconocidos por dicho estatuto y, en todo caso, el Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña  es  competente  en  los  órdenes  jurisdiccionales  civil,  penal, 
contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro.
Con arreglo al párrafo segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la 
última instancia jurisdiccional de todos las procesos iniciados en Cataluña, así como de 
todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho 
invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin 
perjuicio  de  la  competencia  reservada  al  Tribunal  Supremo  para  la  unificación  de 
doctrina. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinara el alcance y contenido de los 
indicados recursos.
Y, más concretamente, corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña la unificación de la interpretación del Derecho de Cataluña (ap.3).
En  relación  con  la  interpretación  del  art.  86  de  la  LJCA,  el  último  párrafo  del 
fundamento  de  Derecho  único  del  auto  impugnado  examina  la  incidencia  de  la 
STC 18/2018 en el criterio sustentado hasta el momento por la sección de casación y 
justifica que no se tenga por preparado el recurso en que "[L]a reciente STC 128/2018, 
de 29 de noviembre, acaso podría apuntar hacia la función unificadora de la casación 
autonómica, en función de la existencia de criterios contradictorios en la aplicación del 
Derecho autonómico dentro de la misma sala, pero en este case no se alega ningún tipo 
de contradicción interna entre las secciones de esta Sala, para lo que, siguiendo el 
criterio  adoptado  por  la  sección  de  casación  de  esta  Sala,  debe  denegarse  la 
preparación del recurso".
Efectivamente,  el  Tribunal  Constitucional  cuando  aborda  la  interpretación  del 
precepto exige "en todo caso" una "interpretación lógica y coherente que proporcione un 
sentido útil a la casación autonómica".
Esta finalidad ha de informar nuestra tarea interpretadora ante la falta de regulación, 
puesto que el recurso de casación, como recurso extraordinario, no se configura como 
un  mecanismo  para  cambiar  una  determinada  doctrina  sino  solo  para  depurar  el 
ordenamiento jurídico cuando así sea necesario.
En este caso, el auto impugnado ya pone de relieve que "no se alega ningún tipo de 
contradicción interna entre las secciones de esta Sala".
Cuarto.  Sobre la posible vulneración del principio de igualdad y la tutela judicial 
efectiva
La administración afirma que las SSTC 128/2018 y la 26/2019, resuelven todos los 
puntos a los que se refieren los autos de la sección de casación que han inadmitido 
dichos recursos, y desestiman que se haya producido una vulneración del principio de 
igualdad.
Al  respecto  hemos  de  dar  por  reproducido  todo  lo  dicho  más  arriba  y  los 
razonamientos de los autos de la sección de casación, sobradamente conocidos por la 
quejante, sin que se argumente un término de comparación válido.
Por lo que se refiere a la vulneración del principio de tutela judicial efectiva también 
ha quedado respondida esta cuestión en el precedente fundamento y en especial en el 
auto 6/2019 de la sección de casación al que nos remitimos, lo que nos ha de llevar a  e.
rechazar tal vulneración, sin mayor argumentación». w.b
dere3c.h oE an  lsau  tduetemlaa njuddai cdiael  aemfepcatirvoa,  lsai nG ienndeerfaelnitsaitó nd e( aCrat.t a2l4u.ñ1a  CaEle)g, ae lna  svuu lnveerraticeinótne  ddeel 
dcoenrescidheor ód ed ea ccinetseoré sa,l  rleac udresom alengdaaln. teT rassin treetsizuam ire ll osc oanntetencideod ednete sl apsr ocreessoalluecsi oqnuees 
impugnadas.  En  relación  con  el  auto  de  17  de  junio  de  2019  destaca  que,  dicha
resolución, a la vista de lo expuesto en la STC 128/2018, introdujo un matiz en la 
argumentación dada en el último párrafo de su fundamento único, que podría apuntar al 
reconocimiento de una modalidad de recurso de casación para la unificación de doctrina; 
no obstante, la entidad recurrente señala que de la dicción de ese párrafo no se alcanza 
a comprender si el órgano judicial reconoce o no la existencia de un recurso de casación 
por infracción de normativa autonómica contra las sentencias dictadas por las secciones 
de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia.
Respecto del auto que resuelve el recurso de queja, la demandante indica que, a la 
vista  de  la  STC  128/2018,  esta  resolución  añade  unas  consideraciones  nuevas, 
principalmente que el Tribunal Constitucional ha sentado «que se debe demostrar "el 
sentido útil de la casación autonómica de tal manera que la actuación de la sección de 
casación fuera precisa para unificar la interpretación del Derecho autonómico" y parece 
que concluye que en el ámbito de Catalunya no existe el efecto útil del recurso de 
casación», por lo que la sección de casación sigue manteniendo que el art. 86.3 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) no prevé el recurso 
de casación por infracción de normativa autonómica contra las sentencias dictadas por 
las secciones ya mencionadas. Y añade que la citada resolución apunta de pasada que 
la recurrente no ha alegado ningún tipo de contradicción interna entre las diferentes 
secciones.
Más  adelante,  refiere  que  las  resoluciones  impugnadas  no  tienen  en  cuenta  ni 
valoran los argumentos recogidos en la STC 128/2018 que, según indica, han disipado 
todas las dudas sobre la constitucionalidad, la interpretación y el alcance del art. 86.3 
LJCA,  párrafos  2  y  3,  que  «constituyen  por  tanto  un  canon  de  constitucionalidad 
ineludible».  Luego,  tras  destacar  los  aspectos  que  consideró  más  relevantes  de  la 
referida sentencia, colige que del contenido de las SSTC 128/2018, 18/2019 y 26/2019 
se desprende: «1. que el art. 86.3 LJCA, en la versión otorgada por la LO 7/2015, 
efectivamente, prevé un recurso de casación por infracción del Derecho autonómico que 
se puede interponer contra las sentencias de las diferentes secciones de las Salas de lo 
Contencioso-Administrativo  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia;  2.  que  su 
regulación es plenamente constitucional y, en todo caso, las posibles lagunas o vacíos 
normativos [de los] que adolezca, pueden ser suplidos, mediante una interpretación 
sistemática  por  la  que  se  aplique  la  configuración  más  objetivada  del  recurso  de 
casación estatal a las normas del cual se remite implícitamente el recurso de casación 
autonómico». En base a lo expuesto considera que los autos combatidos se hallan 
huérfanos de fundamento legal, incurren en error y son arbitrarios, al cerrar la posibilidad 
de acceder al recurso de casación por infracción de normativa autonómica.
Tras reflejar el ámbito competencial de las secciones funcionales de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, destaca que 
algunas  de  ellas  comparten  materias,  de  manera  que  podrían  establecer  criterios 
interpretativos divergentes en relación con la normativa autonómica aplicable. También 
expone  que  el  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  es  el 
instrumento idóneo para garantizar la función nomofiláctica en relación con la referida 
normativa. Y esta función se ve impedida, en el presente caso, porque la inadmisión 
mencionada se ha fundado en una causa legalmente inexistente, habida cuenta de que 
la pertinencia del recurso de casación indicado no está condicionada por la contradicción 
de lo resuelto por las secciones, sino en atención a la existencia de interés casacional 
objetivo y el cumplimiento de los presupuestos a que se refiere el art. 89 LJCA.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 17 de septiembre de 2020,  e.
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una  w.b
especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  366ww
(cLoOmToC c)o], nysae cquueen ecila r edceu rusno  ppruoecdees od adre o rceaflseixóinó na li ntrtiebrunnaa l[ SpTaCra  1a5c5la/2ra0r0 o9 , cFaJm 2b iabr) ] syu  adcolactrrainr ao, 
ccoamnfibgiuarra csiuó n ddoecl trcinoan,t encoidmo od ecl odnesreeccuheon cfuian ddaem ecnataml b[iSoTs Cn 1o5rm5/a2t0iv0o9s,  FreJ le2v abn)]t.e sA spimarisam  ola, 
resolvió dirigir atenta comunicación a la sección de casación de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a fin de que, en plazo que no 
exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes  al  recurso  de  queja  núm.  8-2019.  También  dispuso  dirigir  atenta 
comunicación a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso ordinario 
núm. 476-2014, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sección Tercera de este 
tribunal,  de  fecha  15  de  diciembre  de  2020,  se  resolvió  tener  por  personado  al 
ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, representado por el procurador de tribunales 
don Jorge Laguna Alonso y asistido de la letrada doña María de la Sierra Madrid Rufián, 
que así lo interesó por escrito de fecha 21 de octubre de 2020, y al abogado del Estado, 
quien se personó por escrito de fecha 8 de octubre de 2020. También se acordó dar vista 
de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común de 
veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  Por escrito presentado el 11 de enero de 2021, la Generalitat de Cataluña reiteró 
el contenido del escrito de demanda.
7.  En fecha 22 de enero de 2021 presentó sus alegaciones el ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat. Tras resumir los acontecimientos procesales que consideró 
relevantes y la argumentación de la sentencia que la Generalitat impugnó, la entidad 
personada destaca, como circunstancia de especial relevancia, que la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha 
dictado sentencias estimatorias de recursos contencioso-administrativos interpuestos por 
diferentes ayuntamientos, en las que reconoce la obligación, a cargo de la Generalitat, 
de financiar el sostenimiento de las guarderías infantiles municipales (sentencias núm. 
853, 940 y 946/2017). También resalta que las leyes de presupuestos de la Generalitat 
prevén  la  financiación  para  el  sostenimiento  de  las  plazas  de  guarderías  infantiles 
municipales,  concretamente  en  el  capítulo  de  gasto  corriente,  así  como  que  la 
modificación de la Ley de educación de Cataluña, operada a través del art. 172.3 de la 
Ley  5/2000,  de  29  de  abril,  añade  la  disposición  adicional  trigésima  relativa  a  la 
financiación,  por  el  departamento  competente  en  materia  de  educación,  de  las 
guarderías municipales. Para la representación letrada del ente local compareciente, de 
esta modificación legislativa «se deriva una consecuencia de gran trascendencia, que 
podría hacer perder el objeto del mismo, ya que a través de una norma con rango de ley 
se ha producido un reconocimiento explícito, de la obligación legal de la Generalitat de 
Cataluña de subvencionar de forma ininterrumpida el sostenimiento de plazas para niños 
de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad municipal, por lo que 
decaería, entre otros motivos su alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, ya que a través de su propia actuación y de la normativa aprobada asume la 
doctrina de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, 
recogido en las sentencias a las que hemos hecho referencia anteriormente».
En relación con la temática que se suscita en el presente recurso de amparo, el 
ayuntamiento  personado  afirma  que  los  autos  recurridos  no  incurren  en  errores  s
materiales patentes ni son irrazonables, de manera que no vulneran el derecho a la  oe.
ptclauoo tnsepitlrbareal pedjua ifcdruatinoccicriaióioóln sne   dfueeencn til fiavicl aaca  adsasoinpar alciicn iódadnece  ifólteaunn vc soadi óseenaln  c (Dicaóuernter. e an2cuta4hto .o1lna  ó CaamuErgti)ocu.a nmA óefeminrnm itcbaaoac  siaóedsn eía  ndq ltaeuro  eel a xed iSles at TeulCnatoc  1i maq2 u8idse/em2  0dca1er i8tnSe ierayig olalaas;     2021-18366n https://www.
extremo este que no fue alegado por la entidad recurrente en amparo, toda vez que esta
circunstancia no concurría, al haber conocido únicamente de la temática que ahora
ocupa la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Por tanto, si no 
existe  disparidad  de  criterios  entre  secciones  tampoco  cabe  apreciar  un  interés 
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, habida cuenta de que se ha 
creado una línea jurisprudencial unitaria de interpretación del Derecho autonómico.
A  juicio  del  ayuntamiento  personado,  la  unificación  del  Derecho  autonómico 
corresponde a los tribunales superiores de justicia «mediante un recurso de casación 
paralelo  al  establecido  en  el  Tribunal  Supremo  para  el  caso  de  que  exista  entre 
resoluciones judiciales que enjuician casos con idéntico objeto», lo que no acontece en 
el presente supuesto. En relación con el auto que desestimó el recurso de queja aduce 
que la sección de casación consideró bien denegada la preparación de la casación, al 
mantener  la  interpretación  que  ha  venido  sosteniendo  en  un  elevado  número  de 
resoluciones (autos 1/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 y 8/2017), en virtud de la cual el 
art.  86.3  LJCA  no  prevé  un  recurso  de  casación  por  la  infracción  de  normativa 
autonómica contra las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
de  los  tribunales  superiores  de  justicia.  Para  la  entidad  local  personada,  el  auto 
desestimatorio  del  recurso  de  queja  no  se  separa  de  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional, toda vez que los argumentos que ofrece se asientan en la existencia de 
una sección especializada que ha sentado doctrina en la materia, por lo que no se 
vulnera  el  derecho  de  acceso  al  recurso;  y  a  ello  cabe  añadir  que  el  escrito  de 
preparación del recurso no cumplía los requisitos de argumentación exigidos en relación 
con los motivos alegados.
Finalmente, critica el planteamiento del carácter generalista del recurso de amparo 
interpuesto por la Generalitat. Tras resumir lo que considera el fundamento principal del 
referido recurso, el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat sostiene que el tribunal 
superior de justicia no niega la existencia del recurso de casación autonómico; lo que 
ocurre  es  que  el  referido  recurso  no  fue  admitido  porque  no  había  resoluciones 
contradictorias respecto de la obligación de la Generalitat de financiar el sostenimiento 
de las guarderías infantiles, de manera que sobre esta temática existe uniformidad 
judicial.  Y  añade  que,  según  doctrina  del  Tribunal  Supremo,  la  existencia  de 
jurisprudencia sobre la cuestión controvertida conlleva ausencia de interés casacional y, 
por tanto, no es necesario formar jurisprudencia donde ya la hay. La jurisprudencia en 
materia de Derecho autonómico «se forma por las salas de lo contencioso-administrativo 
de los tribunales superiores de justicia y las normas de reparto, realidad que debe 
necesariamente  condicionar  la  apreciación  del  interés  casacional  objetivo  para  la 
formación de jurisprudencia en cada caso, como exigencia inexcusable de la admisión 
del recurso de casación».
8.  Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2021 presentó sus alegaciones la 
abogacía  del  Estado.  En  síntesis,  trae  a  colación  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 128/2018, que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación 
con el art. 86.3, párrafos 2 y 3, LJCA, para a continuación poner de manifiesto los 
aspectos que consideró más relevantes de las alegaciones que formuló en la referida 
cuestión de inconstitucionalidad, que estima coincidentes con las que ahora se exponen 
por la Generalitat de Cataluña en el presente recurso de amparo. Por ello, interesa que 
el presente recurso sea estimado.
9.  Por escrito registrado en este tribunal el 10 de febrero de 2021, el fiscal presentó 
sus alegaciones, en las que interesa que se estime el recurso por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los  e
recursos. Tras compendiar de manera sistemática los antecedentes procesales que  bo
consideró de interés, el contenido de la demanda de amparo y la doctrina constitucional  366ww
esofebcrteiv eal  (daertr.e 2c4h.o1  dCeE )a, cecle fsisoc aal  tlorase r eac cuorlsaocsió, nc olam doo fcatrcientaa  edsetal bdleerceidcah oe na  llaa  StuTtCel a9 8ju/2d0ic2i0a,l 
fduen d2a2m deen tjousli oju, rcídoinco tsr a2n ys c3r ipBc).ión de algunos de sus apartados; concretamente de sus
A  continuación,  sintetiza  el  contenido  de  los  autos  impugnados  en  el  presente 
recurso y refuta las razones dadas para denegar la preparación del recurso de casación, 
de acuerdo a la siguiente argumentación: (i) La deficiente regulación del nuevo sistema 
de casación autonómica no impide utilizar de manera paralela la regulación que de dicho 
recurso se establece para el Tribunal Supremo, en el entendimiento de que opera una 
remisión implícita; (ii) La unificación interpretativa que se atribuye al nuevo recurso de 
casación no puede residenciarse en las funciones que atribuye la ley a los plenos 
jurisdiccionales regulados en el art. 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues 
estos adoptan acuerdos que no tienen carácter jurisdiccional en sentido estricto; (iii) La 
atribución de funciones a la sección de casación prevista en el art. 86.3 LJCA no 
requiere de una regulación establecida por ley orgánica, pues la misma es fruto de una 
división funcional. Finalmente, el fiscal sostiene que una interpretación del art. 86.3 LJCA 
conforme  a  la  cual  las  sentencias  dictadas  por  las  secciones  o  las  salas  de  lo 
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia no son susceptibles de 
recurso de casación por infracción de la normativa autonómica vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al 
recurso, pues el resultado al que se llega es materialmente contrario al referido derecho, 
como así se refleja en la STC 98/2020, FJ 3.
10.  Por  providencia  de  4  de  octubre  de  2021  se  señaló  ese  mismo  día  para 
votación y fallo del presente recurso.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a la doctrina constitucional establecida en las SSTC 128/2018, 
de 29 de noviembre, y 98/2020, de 22 de julio.
En el presente recurso de amparo procede determinar si las resoluciones judiciales 
impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente 
del derecho de acceso al recurso. Los autos recurridos en esta sede deniegan la 
preparación del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, en el 
entendimiento de que dicho recurso no cabe frente a las sentencias dictadas por las 
salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia cuando 
existen secciones especializadas, como acontece en el presente caso.
La representación procesal del ayuntamiento personado se opone a la estimación del 
recurso de amparo, mientras que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal interesan 
su otorgamiento, conforme a las alegaciones que efectuaron.
Esa cuestión ya fue resuelta por el Pleno del tribunal en la STC 98/2020, de 22 de 
julio. En dicha sentencia, con remisión a lo decidido en la STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, se declara que «sostener que las sentencias dictadas por las secciones o las 
salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia no son 
susceptibles de recurso de casación por infracción de normativa autonómica, constituye 
el resultado de un acto de interpretación y aplicación del art. 86 LJCA que se sustenta en 
un conjunto de argumentos que no responden a la finalidad perseguida por el legislador 
y  reconocida  por  este  tribunal,  de  constituir  esta  modalidad  de  impugnación  el 
"instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del 
Derecho",  en  este  caso  del  Derecho  autonómico.  Pero  es  que,  además,  aquella 
interpretación  tampoco  cumple  las  dos  exigencias  de  configuración  paralela  y  de 
remisión  implícita  que  este  tribunal  ha  reconocido,  en  términos  de  equiparación  es
normativa, a esta modalidad de recurso respecto del de casación por infracción de la  bo
normativa estatal o de la Unión Europea» [STC 98/2020, FJ 3 f)]. 366ww
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configuración "paralela" de ambas modalidades de recurso de casación y a la "remisión
implícita" del procedente por infracción de normativa autonómica al previsto para la 
denuncia de infracción de norma estatal o de la Unión Europea» [STC 98/2020, FJ 3 f)]; 
y por tanto, que se ha vulnerado el derecho de la parte recurrente a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho de acceso al recurso. Esta 
doctrina se reitera en las SSTC 11/2021, de 25 de enero, y 146/2021, de 12 de julio.
En  el  presente  caso,  al  igual  que  aconteció  en  los  supuestos  analizados  en  las 
SSTC 11/2021 y 146/2021, el tribunal que denegó la preparación del recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica consideró que la STC 128/2018 podría apuntar hacia la 
función unificadora de la casación autonómica, cuando existieran criterios contradictorios en 
la aplicación del Derecho autonómico dentro de la misma sala; si bien precisó que en el caso 
enjuiciado no se alegó ningún tipo de contradicción interna entre las secciones. Por su parte, 
el auto que resuelve el recurso de queja toma en consideración el inciso argumental del 
órgano a quo, y añade que cuando el Tribunal Constitucional analiza el art. 86 LJCA «exige, 
en todo caso una interpretación lógica y coherente que proporcione sentido útil a la casación 
autonómica»; que el recurso de casación «no se configura para cambiar una determinada 
doctrina sino solo para depurar el ordenamiento jurídico cuando así sea necesario»; y que en 
el presente caso «no se alega ningún tipo de contradicción interna entre las secciones de 
esta Sala».
Pese al añadido argumental puesto de manifiesto, respecto del que este tribunal no 
se pronuncia, apreciamos que la denegación de la preparación del recurso de casación 
se  sigue  fundando  en  unos  razonamientos  que  no  se  acomodan  a  la  doctrina 
constitucional. Cierto es que las resoluciones judiciales aluden a una eventual función 
unificadora del recurso de casación, cuando existan criterios contradictorios dentro de 
una misma sala. Sin embargo, esta consideración se formula como una mera posibilidad 
interpretativa que no obsta la aplicación del restante bloque argumental por el que se 
deniega la preparación del recurso de casación interesada por la Generalitat; lo cual, 
como ya hemos afirmado, no se concilia con el canon establecido por este tribunal.
Así pues, en el presente caso, en coherencia con aquellos pronunciamientos también 
debe otorgarse el amparo, en aplicación de la doctrina traída a colación La estimación 
del recurso determina la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, al igual que 
la retroacción de las actuaciones, a fin de que se dicte una nueva resolución que sea 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Generalitat de Cataluña y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, de 17 de junio de 2019, dictado en el recurso ordinario núm.  es
476-2014; así como del auto de la sección de casación de la Sala de lo Contencioso- o
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pronunciamiento de la primera de las resoluciones judiciales anuladas, a fin de que el
órgano  judicial  dicte  una  nueva  que  sea  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
pronunciada en el recurso de amparo núm. 250-2020
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 250-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 250-2020, que ha conducido a la estimación de la 
demanda.
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular 
que suscribí a la STC 98/2020, de 22 de julio, en la que se resolvió el recurso de amparo 
cabecera de esta misma serie, por lo que me remito a lo expuesto entonces.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid,  a  cuatro  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–
Firmado y rubricado.