BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41823
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6363 Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 12, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de convenio regulación de divorcio y liquidación 
de la sociedad de gananciales.
En el recurso interpuesto por don J. A. I. G. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Zaragoza número 12, doña María Gloria Tejera García-
Suelto, por la que se suspende la inscripción de una escritura de convenio regulación de 
divorcio y liquidación de la sociedad de gananciales.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 10 de mayo de 2019 por el notario de Zaragoza, 
don Juan Bautista Gómez Opic, con el número 379 de protocolo, don J. A. I. G. y doña 
M. L. D. P. acordaron la disolución y liquidación de la sociedad económica matrimonial y 
disolvieron la comunidad existente entre ellos, adjudicándose el pleno dominio de los 
bienes descritos en la forma prevista en el título.
Doña M. L. D. P. compensó a don J. A. I. G. la cantidad de 23.000 euros, en los 
que 6.000 euros se abonaron con anterioridad a la firma.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 12, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos.
Se presenta en el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 12, el día veintiocho 
de junio de dos mil diecinueve, causando el asiento de presentación 1499 del diario 23.º, 
escritura de convenio regulador de divorcio: liquidación sociedad conyugal, autorizada en 
Zaragoza el diez de mayo de dos mil diecinueve por el Notario Don Juan Bautista Gómez 
Opic con el número de protocolo 379, en la que don J. A. I. G., con N.I.F. (…) y doña M. 
L. D. P., con N.I.F. Resolución, compareciendo en su propio nombre y derecho, en la que 
acuerdan la disolución y liquidación de la sociedad económico matrimonial, adjudicando 
la tinca registral número 4082 de Torres de Berrellén, a favor don J. A. I. G.
Fundamentos de Derecho.
No se identifica el medio de pago empleado.
Este requisito no se cumple adecuadamente en la escritura que se califica, ya que no 
se identifica el medio de pago empleado en cuanto a la cantidad de 6.000 euros, que se  e
satisfacen con anterioridad a la firma de la escritura. No consta si el pago efectuó en  bo
metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento  63ww
nsdTuaiee m ggcpaiaronosc  oooa,   b ceiaoelp nnosc mtróatdae irldga io aaa nlfgdtieruem n traolaac n idóscenfue  erdlenoentsla c N iadod abteata orniscoc a areogrn ioa d l ao((a acerurtstímícccureuiltnlouot r o2as14  7 dd7ceei  t qadlaude eoLl  selR oysea d gnceltaoel mmNriooeprtnamatrroeeia cndiNteeoon,) tt aennrsi,ii   aesll)aen.     OE-A-2020-63able en https://
advertencia,  hecha  verbalmente  por  el  Notario,  a  aquellos  de  lo  dispuesto  en  el
apartado 3 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946. (artículo 177,3 
del Reglamento Notarial).
En la escritura que es objeto de calificación, se documenta un acto o contrato con 
contraprestación consistente, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, por lo 
que es requisito para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad que se 
identifiquen todos los medios de pago empleados por las partes en los términos exigidos por 
la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, 
por el artículo 24 de la Ley del Notariado y por el artículo 177 del Reglamento Notarial según 
su  redacción  dada  por  el  Real  Decreto  1/2010,  de  8  de  enero,  de  modificación  de 
determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos 
y de modificación de otras normas con contenido tributario.
El artículo 254, 3 de la Ley Hipotecaria establece que “no se practicará ninguna 
inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o contratos por los 
que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso 
el  dominio  y  los  demás  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  cuando  la 
contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, si 
el  fedatario  público  hubiere  hecho  constar  en  la  Escritura  la  negativa  de  los 
comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los 
medios de pago empleados.”, añadiendo el punto 4 que “las escrituras a las que se 
refieren  los  números  2  y  3  anteriores  se  entenderán  aquejadas  de  un  defecto 
subsanable. La falta sólo se entenderá subsanada cuando se presente ante el Registro 
de la Propiedad una escritura en la que consten todos los números de identificación 
fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados”. De lo que 
acabamos  de  exponer,  se  interpreta,  que  la  normativa  vigente  permite  al  Notario 
autorizar la escritura, aunque los comparecientes incumplan su deber de identificar los 
medios de pago empleados, confiando el control de la legalidad al Registrador de la 
Propiedad, por ello, en los casos de incumplimiento de la normativa, incluso aunque ello 
se  debe  a  la  voluntad  deliberada  del  compareciente,  la  escritura  está  válidamente 
otorgada, pero aquejada de un defecto subsanable que impide su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. Esto ha sido incluso reconocido por la Dirección General de los 
Registros y el Notariado al hablar de cierre del registro para las escrituras públicas en las 
que, teniendo por objeto el indicado en el artículo 24 de la Ley del Notariado, las partes 
se hayan negado parcial o totalmente a identificar los medios de pago, o si existen 
omisiones en esa identificación. (RDGRN 18 mayo 2007, 16 octubre de 2014).
Acuerdo  suspender  la  inscripción  solicitada  por  los  Fundamentos  de  Derecho 
expresados,  quedando  automáticamente  prorrogado  el  asiento  de  presentación 
correspondiente  durante  el  plazo  de  sesenta  días  a  contar  desde  que  se  tenga 
constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, de 
conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria, pudiendo no obstante el 
interesado o el funcionario autorizante del título, durante la vigencia del asiento de 
presentación y dentro del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se 
practique la anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria.
Contra el presente acuerdo de calificación (…)
Zaragoza, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. La registradora Fdo. 
María Gloria Tejera García-Suelto.»
III s
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. I. G. interpuso recurso el día 24 de  b
octubre de 2019 en virtud de escrito en el que, resumidamente, señalaba lo siguiente: 63ww
«Alegaciones y fundamentos de Derecho.
Primero.  Que, la adjudicación de la finca registral 4082 de Torres de Berrellén, no
es el resultado de una transmisión onerosa, si no que se debe al reparto de los bienes,  Bc
que se acuerdan en la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y en ningún 
momento ha habido compraventa de bienes, ni se ha recibido dinero por la adjudicación 
de la finca.
Segundo.  Que,  los  6.000  euros  aportados  por  la  esposa  al  comienzo  del 
matrimonio, nada tienen que ver, ni con la posterior compra de la finca, ni con la 
adjudicación de la misma.
Solamente se tuvo en cuenta, esa cantidad, para disolver la sociedad conyugal, y 
para realizar una valoración a efectos de establecer un reparto equitativo de los bienes.
Tercero.  Que, no se ha conculcado el artículo 24 de la Ley de notariado puesto que, 
en ningún momento nos hemos negado a determinar la procedencia de los 6.000 euros, 
ya que en la notaria no se hizo referencia ni advertencia sobre ese asunto, y si no se 
especifica en la escritura no es por mala fe, es por desconocimiento.»
IV
La registradora de la Propiedad suscribió informe el día de 2 de diciembre de 2019 y 
elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 103 de la Constitución; 6.2 y 1156 del Código Civil; 11, 21 y 254 
de la Ley Hipotecaria; 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; 6 y 7 de la 
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal; 143, 
145 y 177 del Reglamento Notarial; 51.7.ª y 219.1.º del Reglamento Hipotecario; la 
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de 
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales; la Sentencia 
del Tribunal Constitucional número 207/1999, de 11 de noviembre; la Instrucción de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de noviembre de 2006, relativa 
a la identificación y constancia de los medios de pago en las escrituras relativas a actos 
o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título 
oneroso  el  dominio  y  los  demás  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  y  las 
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  27  de 
noviembre de 1986, 2 de noviembre de 1992, 12 de junio de 1993, 5 de octubre de 1994, 
27 de septiembre de 1999, 12 de septiembre y 2 de diciembre de 2000, 27 de mayo 
de 2003 y las citadas en su «Vistos», 23 y 26 de septiembre de 2005, 14, 20 y 28 de 
febrero y 18 mayo de 2007, 28 de febrero, 5, 7 y 18 de marzo, 5, 6 y 26 de mayo, 22 de 
octubre y 1 de diciembre de 2008, 12 de marzo, 2 de junio, 6, 7, 8 y 9 de julio y 5 de 
septiembre de 2009, 5 de marzo y 2 de junio de 2010, 5 de mayo, 14 de junio y 2 y 6 de 
julio de 2011, 10 de julio de 2012, 11 de marzo y 22 de noviembre de 2013, 16 de 
octubre de 2014, 22 de julio de 2016, 4 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019.
1.  Mediante escritura autorizada por el notario de Zaragoza, don Juan Bautista 
Gómez Opic, en fecha 10 de mayo de 2019, número 379 de protocolo, don J. A. I. G. y 
doña  M.  L.  D.  P.  acuerdan  la  disolución  y  liquidación  de  la  sociedad  económica 
matrimonial  y  disuelven  la  comunidad  existente  entre  ellos  adjudicándose  el  pleno 
dominio de los bienes descritos en la forma prevista en el título. Doña M. L. D. P. 
compensa a don J. A. I. G. la cantidad de 23.000 euros, en los que 6.000 euros se 
abonaron con anterioridad a la firma.
La registradora señala como único defecto, resumidamente que «no se identifica el  e.e
medio de pago empleado en cuanto a la cantidad de 6.000 euros, que se satisfacen con  b
anterioridad a la firma de la escritura. No consta si el pago efectuó en metálico, cheque,  63ww
bmaendciaanriote  otr annos, fye,r eennc isau  bcaanscoa,r inao (marintíactuivloo  2o4  adl ep olart aLdeoyr ,d oetl roN ointasrtiraudmoe) nntoi,  edne  sguir oc aos ob,i eenl 
códi2g.o  dLea l ac uceusetniótan  dreel actaivrgao a ( alart íccounlos t1a7n7c idae dl eR elogsla mmeednitoos N doeta priaagl)o» .en escritura pública
no  es  algo  esencialmente  novedoso  en  nuestro  ordenamiento  (baste  recordar  la
normativa que tradicionalmente lo ha exigido en materia de inversiones extranjeras y 
control de cambios), si bien la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal, por la que se procede a modificar los artículos 17, 23 y 24 
de la Ley del Notariado y 21 y 254 de la Ley Hipotecaria, incorporó elementos muy 
distintos e introdujo reformas en la legislación hipotecaria y notarial con el objetivo 
fundamental de que la respectiva actuación de los notarios y registradores contribuya 
activamente en la prevención del fraude fiscal.
Así, el párrafo cuarto del artículo 24 de la Ley del Notariado, establece que en «las 
escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre 
bienes inmuebles se identificarán, cuando la contraprestación consistiere en todo o en 
parte en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las 
partes». Y el mismo precepto delimita el contenido y extensión con que ha de realizarse 
esa identificación de los medios de pago, en los siguientes términos: «(...) sin perjuicio 
de su ulterior desarrollo reglamentario, deberá identificarse si el precio se recibió con 
anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así como si se 
efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro 
instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria».
En lo relativo a la calificación de los registradores de la Propiedad, la reforma se 
centra en dos aspectos:
a)  La  obligación  de  comprobar  si  las  escrituras  públicas  a  que  se  refiere  el 
artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado  expresan  no  sólo  «las  circunstancias  que 
necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los 
otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos» (disposición que se mantiene en su 
redacción anterior), sino, además, «la identificación de los medios de pago empleados 
por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 
de mayo de 1862» (artículo 21 de la Ley Hipotecaria).
b)  El  cierre  del  Registro  respecto  de  esas  escrituras  públicas  en  las  que, 
consistiendo el precio en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, «el 
fedatario público hubiere hecho constar en la escritura la negativa de los comparecientes 
a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago 
empleados»  –apartado  tercero  del  mismo  artículo  254–.  En  tales  casos,  esto  es, 
negativa total o parcial a identificar el medio de pago, se entenderá que tales escrituras 
están aquejadas de un defecto subsanable, pudiéndose subsanar éste a través de otra 
escritura «en la que consten todos los números de identificación fiscal y en la que se 
identifiquen todos los medios de pago empleados» (artículo 254.4 de la Ley Hipotecaria).
3.  En  desarrollo  del  artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado,  el  artículo  177  del 
Reglamento Notarial, fue objeto de diversas modificaciones y finalmente, por el Real 
Decreto 1/2010, de 8 de enero. En el párrafo segundo de dicho precepto reglamentario 
se impone al notario una obligación de identificación de los medios de pago cuando 
concurran  tres  requisitos:  a)  que  impliquen  declaración,  constitución,  transmisión, 
modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; b) que sean a título 
oneroso, y c) que la contraprestación consista en todo o en parte en dinero o signo que 
lo represente.
En cuanto a la constancia del precio en la inscripción, el artículo 11 de la Ley 
Hipotecaria en su redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la 
Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la  e
Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de  bo
marzo dice: «En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de  63ww
mheectháolic oo , csoen vheanráid oco enls tpaarg eol,  qdueeb ireensduolt ea cdreel dtiíttaurlose,  alosís  cmomedoi olas  fdoer mpaa geon  uqtuiliez asdeo hs,u beine slea 
faoprlmazaa mesietanbtole cdiedla  peang o lonso  asrutírctuirláo se f2e1c,t os2 5e4n  yp e2r5ju5ic idoe  dee sttae rcLeeryo.,  Laa  meexnpores siqóune  dseel 
garantice  aquél  con  hipoteca  o  se  dé  a  la  falta  de  pago  el  carácter  de  condición
resolutoria explícita. En ambos casos, si el precio aplazado se refiere a la transmisión de 
dos o más fincas, se determinará el correspondiente a cada una de ellas. Lo dispuesto 
en el párrafo precedente se aplicará a las permutas o adjudicaciones en pago cuando 
una de las partes tuviere que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie».
De la dicción de estos preceptos se desprende que la constancia de los medios de 
pago es exigible en los actos o contratos de trascendencia real relativos a bienes 
inmuebles, de carácter oneroso y en que, además, la contraprestación consistiere en 
todo o en parte, en dinero o signo que lo represente. En definitiva, será aplicable, como 
regla general, a todos aquellos supuestos inscribibles en que se documente un tráfico de 
dinero.
4.  Vistos los requisitos legales para la exigibilidad de la constancia de los medios 
de pagos, procede examinar si el supuesto del documento calificado se incluye en el 
ámbito de aplicación de la Ley de prevención de fraude fiscal.
A la liquidación de la sociedad conyugal con existencia de contraprestación en dinero 
o signo que lo represente, le es de aplicación la referida ley sobre medios de pagos.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 17 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.