BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Viernes 17 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 29245
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4506 Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para  hacer  frente  al  impacto  del  COVID-19  en  materia  de  formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral.
La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 constituye 
una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado 
número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. 
Dada la especial incidencia que el COVID-19 tiene en España, el Gobierno dictó el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  en  el  que 
contempla  una  serie  de  medidas  dirigidas  a  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud 
pública. Asimismo, adoptó un paquete amplio de medidas dictando el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  para  contrarrestar  los  efectos  de  esta 
situación excepcional nunca sufrida antes y para combatirla y paliar o minimizar los 
efectos negativos de la misma en dichos ámbitos.
El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, incorpora determinadas 
medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, entre las que se 
encuentra  la  suspensión  de  la  actividad  educativa,  incluida  la  actividad  formativa 
presencial en el ámbito de la formación profesional para el empleo, si bien se contempla 
que durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
Tales medidas han tenido un enorme impacto en el sistema de formación profesional 
para el empleo que se ha visto gravemente afectado, ya que el estado de alarma no 
permite, con carácter general, continuar la ejecución de la formación presencial, tal y 
como esta modalidad se encontraba regulada en la actualidad, lo que afecta a un 
importante número de acciones formativas financiadas con cargo a este sistema.
Hay  que  recordar  que  las  previsiones  en  cuanto  a  la  ejecución  de  acciones 
formativas financiadas al amparo del sistema de formación profesional para el empleo, 
eran de casi un millón de participantes en las convocatorias de subvenciones que 
actualmente se encuentran en ejecución. En cuanto a la formación programada por las 
empresas, estaba previsto que participaran más de 360.000 empresas y 5 millones de 
trabajadores y trabajadoras.
Se considera por ello preciso flexibilizar las condiciones en que ha de ejecutarse 
temporalmente la formación profesional para el empleo sin que ello vaya en detrimento 
de  la  eficacia  que  ha  de  mantener  en  aras  a  fortalecer  la  empleabilidad  de  los 
trabajadores y trabajadoras y la competitividad de las empresas.
Además, este conjunto de medidas, al igual que las que se van adoptando en 
diferentes ámbitos, comparten un mismo objetivo y persiguen afrontar el propósito de 
mantener el mayor número posible de empleos, siendo conscientes de la dificultad de  s
este esfuerzo. Por otro lado, esta resolución pretende adoptar medidas que faciliten tanto  oe.
a empresas como a personas ocupadas y desempleadas afrontar las nuevas situaciones  w.
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formativas que se imparten en el ámbito de la formación profesional para el empleo,
requieren que su vigencia no se circunscriba al ámbito temporal en que está en vigor el  Bc
estado de alarma en nuestro país, sino que se extienda durante todo el periodo de 
ejecución de las actividades formativas afectadas, para que puedan desarrollarse con la 
necesaria proyección y estabilidad que garantice su eficacia.
Esta  resolución  consta  de  tres  capítulos,  trece  artículos,  tres  disposiciones 
adicionales y una disposición final.
En el capítulo primero se incluyen diversas medidas de carácter general que afectan 
de forma global a la formación profesional para el empleo. Concretamente, tras definir el 
ámbito  de  aplicación,  se  regulan  las  variaciones  de  la  impartición  en  modalidad 
presencial derivadas de la declaración del estado de alarma. También se contempla la 
formación  dirigida  a  los  certificados  de  profesionalidad,  flexibilizando  también  su 
impartición en línea con las medidas recogidas en esta resolución, pero adecuándolas a 
los requerimientos establecidos en su normativa específica.
Con carácter general, se establecen medidas que afectan a la ejecución de la 
formación prevista para los próximos meses, incluidas las relativas a la identificación y 
firma  de  los  participantes  y  el  seguimiento  y  control  de  la  impartición  en  estas 
circunstancias.
En el capítulo segundo, referida a la formación programada por las empresas, se 
amplía el tipo de entidades que pueden impartir este tipo de formación así como los 
destinatarios  de  la  misma.  También  se  adoptan  diversas  medidas  destinadas  a  la 
flexibilización de la ejecución de esta formación como la reducción de los plazos en las 
comunicaciones de inicio.
El capítulo tercero tiene por objeto medidas en el ámbito de la iniciativa de oferta 
formativa posibilitando el incremento del porcentaje de participación de desempleados en 
los programas de formación, la posibilidad de que los colectivos más afectados por esta 
situación  participen  en  cualquier  programa  de  formación,  así  como  flexibilizar  la 
ejecución de los mismos.
Por  último,  el  plazo  de  ejecución  de  los  programas  formativos  previsto  en  las 
convocatorias  dictadas  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  para  financiar 
iniciativas de formación profesional para el empleo mediante subvenciones, dada la 
situación actual, hace imposible la ejecución de la actividad formativa y el cumplimiento 
de dichos plazos, sin menoscabo de la calidad de la misma y de su finalización, lo que 
situaría a todos los actores que realizan actividad formativa en una delicada situación de 
cara al futuro. Resulta, pues, necesario ampliar dichos plazos en un horizonte temporal 
que por las características específicas  que reúne la  formación financiada mediante 
subvenciones vaya más allá de la propia vigencia del Estado de alarma. Es por ello que, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 54.1 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, se amplían los plazos correspondientes a 
las convocatorias que figuran en el anexo de esta resolución.
Todo este conjunto de medidas se adopta en el marco competencial de gestión 
correspondiente al Estado, por el Servicio Público de Empleo Estatal, respetando el 
ámbito de gestión propio de las Comunidades Autónomas, habiendo consultado para ello 
a  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  y  los  demás 
agentes que intervienen en el sistema de formación profesional para el empleo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I o
Disposiciones generales 06ww
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  La  presente  resolución  tiene  por  objeto  el  establecimiento  de  medidas
extraordinarias  encaminadas  a  paliar  los  efectos  del  impacto  económico  y  social
derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del estado de 
alarma para su gestión declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en 
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que posibiliten y 
faciliten la ejecución de la formación de los trabajadores y trabajadoras, optimizando su 
empleabilidad, y contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas.
2.  El ámbito de aplicación de esta resolución se circunscribe al ámbito de gestión 
estatal del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la 
Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Lo dispuesto en esta resolución será de aplicación, en los términos establecidos en 
la misma, en los siguientes supuestos:
a)  En la iniciativa de formación programada por las empresas, a las acciones 
formativas que se programen durante 2020, con cargo al crédito de formación del que 
disponen las empresas durante dicho ejercicio.
b)  En  la  iniciativa  de  oferta  formativa  para  trabajadores  ocupados,  a  las 
convocatorias recogidas en el anexo de esta resolución, considerando la ampliación del 
plazo de ejecución establecido en la disposición adicional segunda.
c)  En  la  iniciativa  de  oferta  formativa  para  trabajadores  desempleados,  a  las 
convocatorias  aprobadas  por  las  Direcciones  Provinciales  del  Servicio  Público  de 
Empleo Estatal en Ceuta y Melilla que así se determine por resolución de las personas 
titulares de dichas Direcciones Provinciales.
Artículo 2.  Beneficiarios.
Para acogerse a lo establecido en esta resolución, las empresas beneficiarias del 
crédito de formación, en la formación programada por las empresas, así como las 
entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones,  en  la  oferta  formativa  para  personas 
trabajadoras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media de los últimos 6 
meses anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución 
de las acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de 
modalidad formativa a teleformación o realización de la parte de modalidad presencial 
mediante aula virtual recogidas en los artículos 3 y 4. Se considerará como periodo de 
ejecución el transcurrido desde el momento de inicio de aplicación de las medidas hasta 
que  finalice  la  última  acción  formativa  a  la  que  se  aplican.  A  estos  efectos,  se 
computarán como plantilla las personas trabajadoras que hayan sido afectados por 
expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE).
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el 
contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, 
dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la 
persona trabajadora, y en el caso de contratos temporales, incluidos los formativos, 
cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la 
obra o servicio que constituye su objeto, y en el caso concreto de los fijos discontinuos 
cuando finalice o se interrumpa el periodo estacional de actividad.
Artículo 3.  Utilización de aula virtual como formación presencial.
1.  Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad  oe.
presencial, o la parte presencial de la modalidad mixta o de teleformación, la parte  w.
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cuarta de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo  Bc
en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las 
entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo 
de Especialidades Formativas, se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través 
de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono que permita llevar a 
cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de 
las personas que participan en el aula.
2.  La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de estructurar y 
organizar  de  forma  que  se  garantice  en  todo  momento  que  exista  conectividad 
sincronizada  entre  las  personas  formadoras  y  el  alumnado  participante  así  como 
bidireccionalidad en las comunicaciones.
3.  Cuando la formación presencial se desarrolle mediante aula virtual, ésta deberá 
contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que 
se identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las 
personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de conexión, así como 
contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del 
aula por parte de los órganos de control, a efectos de las actuaciones de seguimiento y 
control contempladas en el artículo 9. Cuando ello no sea posible, la participación se 
podrá constatar mediante declaración responsable de la persona participante.
Artículo 4.  Ejecución de la formación.
1.  La impartición de las acciones o grupos formativos que se hubiera suspendido, a 
causa de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo,  podrá  reanudarse  una  vez  cesada  la  vigencia  del  mismo.  A  tal  efecto,  las 
empresas beneficiarias del crédito de formación, así como las entidades beneficiarias de 
las subvenciones, deberán comunicar, en el plazo máximo de dos meses desde la 
finalización del estado de alarma, las nuevas fechas, calendario y horario de impartición 
de las acciones formativas suspendidas, debiendo completarse el total de las horas de la 
acción formativa comunicada.
2.  Las acciones o grupos formativos suspendidas iniciadas con anterioridad cuya 
modalidad  de  impartición  fuera  la  modalidad  presencial  o  mixta,  podrán  continuar 
ejecutándose  en  la  modalidad  comunicada,  teniendo  en  cuenta  para  la  impartición 
presencial lo previsto en el artículo 3 respecto de la utilización de aula virtual.
3.  Lo previsto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a las acciones o 
grupos formativos no iniciados pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta 
resolución, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo.
4.  Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de las acciones 
o grupos formativos no iniciados pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta 
resolución, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo, 
cuya modalidad fuera presencial, así como la parte presencial de la modalidad mixta, 
manteniéndose el coste del módulo de la modalidad inicial de la acción formativa.
El cambio de modalidad de impartición a teleformación, no tendrá efectos en la 
puntuación  de  la  valoración  técnica  obtenida  por  su  ejecución  en  modalidad  no 
presencial.
El cambio de modalidad contemplado anteriormente se podrá realizar siempre que 
dicha modalidad de teleformación figurara en el Catálogo de Especialidades Formativas 
del Servicio Público de Empleo Estatal o bien se contemplara en el Plan de Referencia 
Sectorial del ámbito sectorial para la especialidad afectada. En la formación programada  e.
por las empresas lo anterior solo será de aplicación cuando la actividad formativa se  w.b
refiera a una especialidad incluida en dicho Catálogo de Especialidades Formativas. 06ww
inscAritdae mpaársa,  liam peanrtitdira lda  qfourem imacpióanrt ae nla  lfao rmmoadcaiólind adde bdeer áte elesftoarrm parecvióianm peanrtae  laac rreesdpiteacdtaiv oa 
elas peenctiidaalidda dde.  Sfoi rnmoa lcoi óens tuevni elara ,m eond aelli dsaudp udees ttoe ldeefo fromrmacaiócinó ns ed ee foefcetrutaa,r ála  ain tsrcarvipécsi ódne  dlae 
presentación de la correspondiente declaración responsable prevista en la respectiva
convocatoria. En la iniciativa de formación programada por las empresas, la inscripción, 
si fuera precisa, se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Orden ESS/723/2016, 
de 9 de mayo, por la que se desarrolla el modelo específico de declaración responsable 
para  su  presentación  por  entidades  de  formación  para  la  impartición  de  formación 
distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de especialidades formativas.
5.  En todo caso, cuando se cambie de modalidad formativa a teleformación o se pase 
a realizar la parte de modalidad presencial mediante aula virtual, se deberá garantizar la 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en las 
acciones o grupos formativos. Asimismo las entidades de formación deberán advertir esta 
circunstancia en las comunicaciones de inicio o reanudación de la actividad formativa.
Artículo 5.  Certificados de profesionalidad.
1.  A  los  efectos  de  la  impartición  de  las  acciones  formativas  destinadas  a  la 
obtención de certificados de profesionalidad en modalidad presencial serán aplicables 
las medidas previstas en los artículos 3 y 4.
2.  Se permitirá el cambio de modalidad de impartición de presencial a teleformación 
cuando afecte a módulos formativos completos y la entidad beneficiaria esté acreditada 
en el correspondiente registro para impartir el mismo certificado en la modalidad de 
teleformación. En todo caso, la impartición en la modalidad de teleformación se efectuará 
de  acuerdo  con  las  especificaciones  al  respecto  establecidas  para  el  respectivo 
certificado en la normativa de aplicación.
Asimismo  se  podrá  realizar  o  continuar  la  impartición  en  la  modalidad  de 
teleformación de las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, 
salvo las tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación de cada módulo 
formativo,  que  habrán  de  realizarse  de  manera  presencial  con  posterioridad  a  la 
finalización del estado de alarma y dentro del plazo de ejecución del programa.
A tal efecto, la entidad que imparta el certificado de profesionalidad ajustará la 
planificación y programación didáctica, así como la planificación de la evaluación del 
aprendizaje de la acción formativa a las nuevas fechas y horario de celebración de las 
sesiones y pruebas presenciales, debiendo en todo caso, completar el total de las horas 
del certificado de profesionalidad.
3.  La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos 
presenciales del certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, 
instalaciones  y/o  equipamientos  para  la  adquisición  de  destrezas  prácticas.  Estos 
contenidos se deberán impartir con posterioridad a la finalización del estado de alarma, 
dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
En todo caso, las pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo 
formativo se realizarán con posterioridad a la finalización del estado de alarma, dentro 
del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
A  estos  efectos,  cuando  sea  preciso,  la  entidad  que  imparta  el  certificado  de 
profesionalidad  ajustará  la  planificación  y  programación  didáctica,  así  como  la 
planificación de la evaluación del aprendizaje de la acción formativa a las nuevas fechas 
y horario de celebración de las sesiones y pruebas presenciales, debiendo en todo caso, 
completar el total de las horas del certificado de profesionalidad.
4.  La entidad que imparta el certificado de profesionalidad a través de aula virtual o 
cambie a la modalidad de teleformación, según lo indicado en los apartados anteriores, 
deberá disponer de la conformidad y acuerdo de disponibilidad de todas las personas 
participantes en la acción formativa, debiendo habilitar y poner a su disposición, al  e.
menos, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que recoja y  w.b
resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y manejo de estos medios. Para las  06ww
epne rmsoondaasli dqaude  pnroe sdeennc iaslu u cnoan vfoerzm fiindaaldic es ee lp eosdtraádno  rdeea laizlaarrm gar.upos formativos específicos
susp5e. ndLidaa  dreuaraliznatec ióenl e sdtaedl om dóed aullaor mdae o  fpoernmdaiecniótne  dper árecatilcizaa r,e sne  dceebnetrroás  lledvea r tar acbaabjoo 
dentro del plazo de ejecución del programa.
Artículo 6.  Costes.
1.  El coste del módulo aplicable a una acción formativa en modalidad presencial 
que pase a impartirse mediante «aula virtual», se mantendrá para el número total de 
horas de dicha acción.
Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  será,  asimismo,  aplicable  a  las  acciones 
formativas que no se hubieran iniciado y cambien la modalidad de impartición a la de 
teleformación según lo establecido en el artículo 4.4.
2.  En  el  caso  de  acciones  formativas  que  se  impartan  en  la  modalidad  de 
teleformación, no se considerarán financiables los gastos de transporte, manutención y 
alojamiento de los participantes y formadores.
3.  La imputación de costes laborales, alquileres, de espacios y equipamientos, 
instalaciones y cualquier otro que sea ineludible para las entidades de formación y las 
empresas  durante  el  periodo  de  suspensión,  que  estén  acreditados,  podrán  ser 
justificables, sin que suponga un incremento de la subvención concedida, cuando se 
trate de formación financiada mediante subvenciones, ni del coste máximo bonificable, 
cuando se trate de formación financiada mediante bonificaciones por las empresas.
Artículo 7.  Uso de medios electrónicos.
1.  A los efectos de esta resolución, todos los interesados, incluidas las personas 
físicas, deberán relacionarse electrónicamente con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y,  en  cuanto  entidad  colaboradora  del  mismo,  con  la  Fundación  Estatal  para  la 
Formación en el Empleo.
2.  Asimismo, los interesados quedarán obligados a recibir por medios electrónicos 
las notificaciones y comunicaciones que les dirija el Servicio Público de Empleo Estatal o 
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Estas notificaciones se realizarán mediante el sistema de notificaciones electrónicas 
de la sede del Servicio Público de Empleo Estatal. Sin perjuicio de ello, el acceso 
electrónico  de  los  interesados  al  contenido  de  las  actuaciones  administrativas 
correspondientes producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia, de 
acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.  Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las 
personas participantes en las acciones formativas siempre que quede debidamente 
constatada su identidad.
Artículo 8.  Firma digitalizada o con datos biométricos.
A los efectos de lo previsto en esta resolución, en la formación presencial se permite 
la firma electrónica de las personas responsables de formación, personas formadoras y 
alumnado mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos en cualquiera 
de  los  documentos  que  precisen  de  su  firma,  que  tendrá  que  estar  asociada  al 
correspondiente N.I.F. o N.I.E.
El  sistema  de  captura  de  firma  digitalizada  deberá  garantizar  en  todo  caso  la 
autenticidad de los datos correspondientes a la misma.
Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las 
personas participantes siempre que quede debidamente constatada la identidad de las 
personas firmantes y reúna los requisitos de seguridad jurídica. s
Artículo 9.  Seguimiento y control. w.
siguEienn tlea:s actuaciones de seguimiento y control que se realicen se tendrá en cuenta lo
a)  En el caso de la formación cuyo proceso de aprendizaje se desarrolle mediante
aula virtual, se deberá facilitar, a petición de los órganos de control, la información y los
instrumentos técnicos necesarios para el ejercicio de las actuaciones de seguimiento y 
control de la actividad formativa, tanto en tiempo real como ex post.
A tal efecto, se deberá poner a disposición de los órganos de control que lo soliciten 
los medios necesarios para poder realizar la conexión durante la impartición de la 
formación,  con  el  fin  de  comprobar  la  ejecución  de  la  actividad  formativa  y  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  legalmente  previstos.  Asimismo,  el  sistema  técnico 
empleado deberá estar habilitado para generar registros de actividad a disposición de los 
órganos de control, con el fin de comprobar, una vez finalizada la formación, los tiempos 
de conexión detallados de cada participante y permitir una identificación de los mismos.
b)  Durante las actuaciones de seguimiento, al objeto de documentar las mismas, 
los  órganos  de  control  podrán  recabar  la  firma  de  las  personas  responsables  de 
formación, personas formadoras y alumnado, en los documentos de recogida de datos, 
mediante captura de firma digitalizada con datos biométricos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8.
CAPÍTULO II
Formación programada por las empresas
Artículo 10.  Entidades de formación y destinatarios.
1.  Podrán actuar como entidades de formación, siempre que se inscriban en el 
correspondiente  registro,  mediante  declaración  responsable,  para  la  impartición  de 
formación distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de Especialidades 
Formativas, de acuerdo con lo establecido en la Orden ESS/723/2016, de 9 de mayo, 
además de las demás entidades formativas inscritas o que se inscriban, las siguientes:
a)  Centros integrados públicos de formación profesional.
b)  Centros de Referencia Nacional.
c)  Centros públicos del Sistema Nacional de Empleo.
d)  Centros públicos de formación de adultos.
e)  Universidades públicas y privadas.
f)  Cámaras de Comercio.
2.  Las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas, 
cuando estén inscritas para ello, para personas trabajadoras que presten servicios en 
otras empresas y siempre que éstas les encomienden la formación de sus trabajadores y 
cumplan  los  requisitos  legalmente  exigidos  para  ser  beneficiarias  del  crédito  de 
formación, y respeten el procedimiento de información y consulta a la representación 
legal de los trabajadores previsto en el artículo 13 del Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
3.  Podrán ser destinatarias y participar en la formación programada por las empresas 
las personas trabajadoras contempladas en el artículo 9.1 de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre. En todo caso, podrán participar las personas trabajadoras cuyos contratos se 
hayan suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, durante los periodos de 
suspensión. Según establece el artículo 47.4 de dicho Estatuto de los Trabajadores, 
podrán participar en las acciones formativas los trabajadores durante las suspensiones de  s
contratos, con independencia de que la suspensión haya sido por causas económicas,  oe.
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. w.
Artículo 11.  Comunicación del inicio de la formación.
acci1ó.n  foLramsa ctiovam yu ngicruapcoio fnoersm adteiv oin qicuioe  edset albal efcoerm eal cairótínc uylo  la1 5i ndfeolr mReaaciló Dne crerelatotiv 6a9 4a/ 2c0a1d7a, 
de 3 de julio, podrá realizarse hasta dos días antes de la fecha de comienzo de cada 
grupo.
2.  La cancelación o la modificación de los datos de una acción o grupo formativo 
que suponga un cambio de horario, fecha de ejecución, o de localidad deberá ser 
comunicada, en todo caso, con un día de antelación al de la fecha prevista para su 
comienzo.
3.  La falta de comunicación en los plazos mencionados en los apartados anteriores 
implicará que el correspondiente grupo de formación se considere «no realizado» a 
efectos de aplicar la bonificación en las cotizaciones sociales, salvo que la falta de 
comunicación en plazo se  deba a  causas imprevisibles, debidamente justificadas y 
comunicadas en el momento en que se produzcan.
CAPÍTULO III
Oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas
Artículo 12.  Participación en programas formativos.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, a los efectos de la presente resolución, dada la incidencia en el empleo del impacto 
económico  y  social  del  COVID-19,  se  incrementa  el  porcentaje  de  personas 
desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de 
empleo, hasta un máximo del 40 por ciento de participantes en cada programa.
2.  Los siguientes colectivos podrán participar en cualquier programa de formación, 
con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo:
a)  Personas  trabajadoras  cuya  relación  laboral  se  haya  extinguido  por  un 
expediente de regulación de empleo de acuerdo con lo establecido en los artículos 51 
y 52 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b)  Personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente 
de regulación temporal de empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores. Según establece el artículo 47.4 de dicho Estatuto de los 
Trabajadores, podrán participar en las acciones formativas los trabajadores durante las 
suspensiones de contratos, con independencia de que la suspensión haya sido por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor. En este caso, los trabajadores no tendrán la consideración de desempleados a 
los  efectos  de  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  al  mantener  vigente,  aunque 
suspendida, su relación laboral con la empresa.
c)  Personas Trabajadoras autónomas.
d)  Personas Trabajadoras de la economía social.
Artículo 13.  Financiación.
A efectos de financiación de los programas formativos, si se producen abandonos, 
una vez impartida al menos el 25 por ciento de la duración de las acciones, se admitirán 
desviaciones  de  hasta  un  veinte  por  ciento  del  número  de  participaciones  que  las 
hubieran iniciado.
Disposición adicional primera.  Suspensión de los permisos individuales de formación. e.
La actividad formativa asociada a los permisos individuales de formación que se  06ww
hceusbaiedraa  lsau vsipgeenndciiad od eplo mr ilsam doe.claración del estado de alarma podrá reanudarse una vez
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trabajador continuar disfrutando del permiso solicitado, en el caso de que las entidades
en las que se impartan las acciones formativas que constituyen el objeto del permiso, 
hayan establecido medidas para la continuación de la actividad.
Dicha asistencia podrá justificarse mediante certificados o controles que emita el 
centro formativo, o por los medios telemáticos de que disponga la empresa o mediante 
un certificado del responsable de la empresa constatando la misma.
Disposición adicional segunda.  Ampliación del plazo de ejecución de programas y 
planes formativos.
1.  Se amplía el plazo de ejecución de todos los programas y planes formativos 
financiados al amparo de las convocatorias indicadas en el anexo de esta resolución, por 
un tiempo equivalente al del periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al que se añadirá un periodo adicional de seis 
meses.
La referida ampliación tendrá en cuenta, en cada caso, que el cómputo del plazo de 
ejecución se inicia desde la fecha de notificación a los beneficiarios de la resolución de 
concesión de la subvención.
2.  Las entidades beneficiarias que estén llevando a cabo planes o programas de 
formación  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  o 
administrativas  distintas  de  las  incluidas  en  el  apartado  anterior,  podrán  ampliar  el 
periodo de ejecución de la formación por un número de días igual al que haya estado 
vigente el estado de alarma.
Disposición adicional tercera.  Convocatoria de planes de formación de ámbito estatal 
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el dialogo social.
1.  En  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la 
financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, 
aprobada por Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, las organizaciones beneficiarias podrán adecuar la metodología de impartición a 
fin  de  permitir  la  realización  de  las  actividades  formativas  previstas,  incluyendo  la 
utilización  de  aula  virtual  como  formación  presencial  y  el  cambio  a  modalidad  de 
teleformación,  comunicando  al  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  a  través  de  la 
Fundación Estatal para la Formación en el empleo las adecuaciones realizadas. Estas 
adecuaciones  no  supondrán  modificación  de  las  subvenciones  concedidas, 
manteniéndose el coste del módulo aplicable a las actividades formativas.
2.  Se amplía el plazo de ejecución de los planes de formación financiados al 
amparo de la convocatoria indicada en el apartado anterior, por un tiempo equivalente al 
del periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, al que se añadirá un periodo adicional de seis meses.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 15 de abril de 2020.–El Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy. e.
ANEXO
Resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal
a)  Resolución de 11 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la  concesión,  con  cargo  al  ejercicio 
presupuestario de 2018, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de 
formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias profesionales 
relacionadas  con  los  cambios  tecnológicos  y  la  transformación  digital,  dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas.
b)  Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la 
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 
personas ocupadas.