BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Jueves 18 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 18848
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2511 Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 3, por la que se 
suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  aceptación,  partición  y 
adjudicación de determinadas herencias.
En el recurso interpuesto por don Joaquín Borrell García, notario de Valencia, contra 
la calificación de la registradora de la propiedad accidental de Valencia número 3, doña 
Gema  Reig  Palmero,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de 
aceptación, partición y adjudicación de determinadas herencias.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Valencia don Joaquín Borrell García 
el día 15 de enero de 2020, bajo el número 112 de su protocolo, se formalizaron las 
operaciones de manifestación, aceptación, y adjudicación de determinadas herencias, 
con las circunstancias que se reseñan en la calificación registral objeto de impugnación 
en este expediente.
II
Copia  autorizada  de  la  referida  escritura  fue  presentada  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Valencia número 3 y fue objeto de calificación negativa por la registradora 
accidental, doña Gema Reig Palmero, en los siguientes términos:
«Autoliquidado el Impuesto de Sucesiones y archivado el justificante de presentación 
a la Consellería y la carta de pago de la autoliquidación del Impuesto, acreditada la 
autoliquidación/declaración/comunicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, previa calificación jurídica en los términos a que se 
refiere el artículo 18 y demás aplicables de la Ley hipotecaria, de conformidad con los 
artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria, y en base a los siguientes:
Hechos:
1.º  En la precedente escritura se practican las operaciones particionales de doña 
M. S. M. y se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales de los consortes 
don A.V.V. y doña M.S.M., y a la partición de sus herencias.
2.º  El citado don A.V.V. falleció intestado en Valencia el día veintisiete de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y siete y por acta de notoriedad autorizada por el Notario de 
Valencia don Joaquín Borrell García, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 
protocolo 4138, fueron declarados herederos abintestato de don A.V.V., sus hijos don 
A.V.S. y doña V.V.S., por partes iguales, sin perjuicio del derecho de usufructo sobre una  e.
tercera parte de la herencia correspondiente a la viuda doña M.S.M. w.b
La  citada  doña  M.S.M.  falleció  en  Valencia  el  día  veintiuno  de  enero  de  mil  11w
nfeobvreecroie ndteo sm sile nteonvteac iye nctinocso c,i nccoune únntaic oy  otecshtoa maennteto s uo toNrogtaadrioo  edno nV aIglennacciiao  eDl ovceainvtoio Nchúoñ edze, 
dporoñtao cVo.lVo. S2.80, en el que instituye herederos por partes iguales a sus hijos don A.V.S. y
3.º  El hijo y heredero don A.V.S., falleció con posterioridad a sus padres sin haber 
aceptado ni repudiado las herencias, resultando de testamento otorgado en Valencia, 
catorce de junio de dos mil dos, ante su Notario don José Antonio de Otegui Telleria, 
protocolo 2999, que lega a su esposa doña E.E.S.I. el usufructo vitalicio de todos sus 
bienes, derechos y acciones e instituye herederos a sus hijos E.V.E., A.V.E. y A.M.V.E. 
por iguales partes, en la proporción del sesenta por ciento y a sus nietos A.L.C.V. y 
M.A.C.V., I.V.G y J.A.V.G. y A.M.C.V. y P.C.V., por partes iguales entre ellos, en la 
proporción del restante cuarenta por cien.
Se acompaña al precedente documento copia simple de la escritura otorgada en 
Valencia el nueve de marzo de dos mil diecisiete ante su Notario don Ramón Pascual 
Maiques, protocolo 446 –en la que se protocoliza el testamento del causante–, por la que 
se practican las operaciones particionales de don A.V.S.
4.º  En la escritura que se califica no interviene doña E.E.S.I., como legitimaria de su 
esposo don A.V.S., a quien le sucede por derecho de transmisión.
Fundamentos de derecho:
1.  Al haber fallecido el heredero don A.V.S. se produce un derecho de transmisión a 
favor de sus herederos, de conformidad con el artículo 1006 del Código civil, y según el 
testamento del citado señor, el mismo estaba casado con doña E.E.S.I. a la cual le lega 
el usufructo vitalicio de todos sus bienes y dicha señora no interviene en esta escritura 
por la cual se liquida la sociedad de gananciales de los causantes y partición de sus 
herencias en las cuales era heredero su esposo don A.V.S., el cual falleció sin aceptar ni 
repudiar la herencia de sus padres, por lo que surge el derecho de transmisión a favor de 
sus herederos.
Pues bien, es necesario que la viuda del hijo fallecido con posterioridad, doña 
E.E.S.I., como legitimaria de su esposo comparezca en esta escritura porque la legítima 
del cónyuge viudo constituye un verdadero usufructo sobre una cuota del patrimonio 
hereditario y no de un simple derecho de crédito frente a la herencia del segundo 
causante y frente al transmisario mismo, patrimonio en el que ha de ser incluido todos 
los bienes que el transmisario haya adquirido como heredero del transmitente en la 
herencia del primer causante y porque la legítima, en nuestro Derecho común, se 
configura generalmente como una pars bonorum, y se entiende como una parte de los 
bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en 
ciertos supuestos, reciba su valor económico o pars valoris bonorum.
Es por todo ello por lo que el viudo del transmitente debe intervenir en la partición así 
lo establece expresamente la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 22 de octubre de 1999 cuyo Fundamento de derecho Segundo establece: 
"En los supuestos en que el transmisario acepte la herencia del segundo causante, entre 
los bienes, derechos y acciones que la integran se encuentra el "ius delationis" respecto 
de la herencia del primero, por lo que, al igual que hubiera podido hacer el transmitente, 
podría el transmisario aceptar o repudiar esta última. Mas, aceptada la herencia, la 
legítima del cónyuge viudo –a la que existe un llamamiento directo "ex lege"– no se trata 
de un simple derecho de crédito frente a la herencia del segundo causante y frente al 
transmisario mismo, sino que constituye un verdadero usufructo sobre una cuota del 
patrimonio hereditario, que afecta genéricamente a todos los bienes de la herencia hasta 
que con consentimiento del cónyuge legitimario o intervención judicial se concrete sobre 
bienes determinados o sea objeto de la correspondiente conmutación (cfr. artículos 806 
y 839, párrafo segundo, del Código Civil. Por ello, la anotación preventiva en garantía de  e
los derechos legitimarios del viudo que se introdujo en la Ley Hipotecaria de 1909 fue  bo
suprimida en la vigente Ley de 1946). Entre esos bienes han de ser incluidos los que el  w
ctraaunssamnitsea,r ipoo hr alyoa  qaudeq uhiraid doe c oremcoo nhoecreerdseer oa ld ecló ntryaungsem ivteiundteo  edne  lad ichheore ntrcainas dmeitl epnrtiem eerl 
derecho a intervenir en la partición extrajudicial que de la misma realicen los herederos.»
Igualmente manifiesta la Dirección General de los Registros y del Notariado en su 
resolución de 13 de junio de 2013 lo siguiente: «… como ha dicho anteriormente este 
Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en el "Vistos" a propósito de la naturaleza de 
la legítima en Derecho común), la especial cualidad del legitimario, caso de que exista en 
una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la 
herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y 
partición de herencia (art. 1057.1 del Código Civil), de la que resulte que no perjudica la 
legítima de los herederos forzosos. En efecto la legítima en nuestro Derecho común, así 
como en Derecho balear (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, 
como el catalán) se configura generalmente como una pars bonorum, y se entiende 
como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, 
sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o pars valoris 
bonorum. De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que 
tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones 
en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su 
legítima».
Por  lo  tanto,  tratándose  de  un  verdadero  contrato  particional  en  el  que  deben 
intervenir todos aquellos que tengan interés en el mismo, la ausencia de uno de ellos 
infringe el principio de unanimidad que rige en la partición, conforme al artículo 1058 del 
Código civil y así se manifiesta la Sentencia Tribunal Supremo núm. 120/1997 (Sala de lo 
Civil),  de  22  febrero,  Recurso  de  Casación  núm.  1235/1993  que  expresamente 
manifiesta que «Asimismo es procedente estimar el motivo tercero en que se denuncia 
infracción de los artículos 1261 párrafo 1 y 657 del Código Civil en relación con el 
artículo 1058 del mismo Texto Legal" y que "es claro que dicho contrato particional 
adolece  de  falta  de  consentimiento  de  todos  quienes  debían  prestarlo 
concurrentemente».  Y  de  conformidad  con  los  siguientes  artículos  del  Código  civil: 
Artículo 1258: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso 
y  a  la  ley».  Artículo  1261:  «No  hay  contrato  sino  cuando  concurren  los  requisitos 
siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del 
contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca». Y Artículo 1278: «Los contratos 
serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que 
en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez».
Y más recientemente: la Dirección General de los Registros y del Notariado en su 
resolución de 5 de julio de 2018 manifiesta lo siguiente: «... Tampoco puede compartirse 
la tesis del recurrente de que el derecho de la viuda del hijo fallecido está vacío de 
contenido porque recaiga, según alega, sobre nuda propiedad estando constituido otro 
usufructo. Sin necesidad de analizar las consecuencias de la consolidación del pleno 
dominio por la concurrencia del usufructo y la nuda propiedad en la misma persona –a 
transmisaria–, es indudable que caben el usufructo sucesivo así como el usufructo sobre 
la nuda propiedad, lo que ya determinaría indudablemente la existencia de derechos con 
contenido. En consecuencia en aras de esa protección del legitimario, debe requerirse su 
intervención en la partición de la herencia del primer causante...».
Y en su resolución de 11 de abril de 2019 manifiesta lo siguiente: «... 3. Por otro lado, 
y como circunstancia especialmente reseñable, existe como interesada en los derechos 
sucesorios del transmitente una legitimaria en la cuota legal usufructuaria de uno de los 
hijos que ha fallecido. La legítima, tal y como se ha configurado en el Código Civil  s
(artículo 806: "La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer  oe.
por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos  w.
forzosos") se identifica como una auténtica "pars bonorum" que confiere al legitimario un  11w
dgearreacnhtioza dcoam poo r cloat ilteuyla rig u–aplomr emntaen duantao  plreogpaol–rc idóenl  maícntiivmoa  líeqnu iddioc hhoe arecdtiivtaor iyo , qquuee –dsaanldvoo 
ehxecreedpictaiornioess, , pcuoyr ol op laqnuteea msuie nintote arvqeuní cnióon c oerrne scpuoanldqeu–ie rh aa dcteo  sepra rstaictiiosfneaclh ad ec olna  bmieanseas   BOE-A-cable e
hereditaria del transmitente debe ser otorgado con el consentimiento de dicho legitimario, 
con  independencia  del  título  –herencia,  legado  o  donación–  con  el  que  se  haya 
reconocido su derecho. 4. Por ello, resulta imprescindible combinar los efectos del 
derecho  de  transmisión  con  la  coexistencia  de  legitimarios  no  herederos  como 
interesados en la herencia del denominado transmitente, a los efectos de exigir su 
intervención –o no hacerlo– en las operaciones de aceptación y partición de herencia, en 
los términos y condiciones aplicables al caso planteado. Tal y como se ha analizado en la 
jurisprudencia de nuestro alto tribunal, y así se ha seguido en la doctrina de este Centro 
Directivo, la aceptación de la condición de heredero y el ejercicio del "ius delationis" en 
su favor creado sólo puede reconocerse al designado –ya sea por voluntad del testador, 
ya por disposición de ley– como tal heredero, dadas las especiales consecuencias que 
ello  implica  para  el  destinatario  del  nombramiento  (adquisición  a  título  universal, 
subrogación en las deudas del causante,...). Por ello, la aceptación como un acto propio, 
independiente, voluntario, único y responsable, debe y puede exigirse sólo al designado 
como  tal  heredero.  En  un  caso  como  el  presente,  y  teniendo  en  consideración  la 
existencia de una única sucesión (de la primera causante, fallecida intestada) sólo deben 
intervenir –a los efectos de aceptar o repudiar su herencia– los designados por la ley como 
herederos (es decir, los hijos supervivientes) así como el igualmente heredero abintestato 
de un hijo que habiendo sobrevivido a aquélla no tuvo ocasión de pronunciarse sobre la 
adquisición de la condición de heredero (es decir, en este caso, el padre, si bien, al haber 
fallecido  éste  posteriormente  intervienen  sus  herederos  –hermanos  de  ese  segundo 
causante–), al ser intestato o forzosa, según los supuestos. 3. Por otro lado, y como 
circunstancia  especialmente  reseñable,  existe  como  interesada  en  los  derechos 
sucesorios del transmitente una legitimaria en la cuota legal usufructuaria de uno de los 
hijos que ha fallecido. La legítima, tal y como se ha configurado en el Código Civil 
(artículo 806: "La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer 
por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos 
forzosos") se identifica como una auténtica "pars bonorum" que confiere al legitimario un 
derecho como cotitular –por mandato legal– del activo líquido hereditario, quedando 
garantizada por la ley igualmente una proporción mínima en dicho activo y que –salvo 
excepciones, cuyo planteamiento aquí no corresponde– ha de ser satisfecha con bienes 
hereditarios,  por  lo  que  su  intervención  en  cualquier  acto  particional  de  la  masa 
hereditaria del transmitente debe ser otorgado con el consentimiento de dicho legitimario, 
con  independencia  del  título  –herencia,  legado  o  donación–  con  el  que  se  haya 
reconocido su derecho. 4. Por ello, resulta imprescindible combinar los efectos del 
derecho  de  transmisión  con  la  coexistencia  de  legitimarios  no  herederos  como 
interesados en la herencia del denominado transmitente, a los efectos de exigir su 
intervención –o no hacerlo– en las operaciones de aceptación y partición de herencia, en 
los términos y condiciones aplicables al caso planteado. Tal y como se ha analizado en la 
jurisprudencia de nuestro alto tribunal, y así se ha seguido en la doctrina de este Centro 
Directivo, la aceptación de la condición de heredero y el ejercicio del "ius delationis" en 
su favor creado sólo puede reconocerse al designado –ya sea por voluntad del testador, 
ya por disposición de ley– como tal heredero, dadas las especiales consecuencias que 
ello  implica  para  el  destinatario  del  nombramiento  (adquisición  a  título  universal, 
subrogación en las deudas del causante,...). Por ello, la aceptación como un acto propio, 
independiente, voluntario, único y responsable, debe y puede exigirse sólo al designado 
como  tal  heredero.  En  un  caso  como  el  presente,  y  teniendo  en  consideración  la 
existencia de una única sucesión (de la primera causante, fallecida intestada) sólo deben  s
intervenir –a los efectos de aceptar o repudiar su herencia– los designados por la ley  oe.
como herederos (es decir, los hijos supervivientes) así como el igualmente heredero  w.
abintestato  de  un  hijo  que  habiendo  sobrevivido  a  aquélla  no  tuvo  ocasión  de  11w
ppraodnreu,n scii abriseen ,s aolb hrea blae ra fdaqlleucisidicoió éns tdee p loas cteorniodrimcióenn ted ein hteerrveideenreon  (seuss  dheecrier,d eenro se s–thee cramsaon, oesl 
ldae  iensteer vseengcuinódno  dcea utasalenst eh–e),r eadl esreors l oas  úlonsic oesfe tcittuolsa rdees  daecle "piutasr  dleal ahtieorneisn"c.i aP odre t oldoos  edlloos,   BOE-A-cable e
causantes es perfectamente válida y plenamente eficaz ("Boletín Oficial del Estado" núm. 
103, martes 30 de abril de 2019, Sec. III. Pág. 46709 cve: BOE-A-2019-6452. Verificable 
en  http://www.boe.es).  5.  A  continuación,  y  una  vez  aclarada  esta  cuestión,  debe 
analizarse la eficacia de dicha declaración de voluntad, máxime cuando ésta deviene en 
sentido positivo, aceptando la condición de heredero, aclarando las consecuencias de la 
aceptación  hereditaria  en  cuanto  a  la  masa  patrimonial  del  causante  y  del  propio 
transmitente. Retornando a la Sentencia de 11 de septiembre de 2013, dentro de la 
unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de 
forma  que  aceptando  la  herencia  del  heredero  transmitente,  y  ejercitando  el  "ius 
delationis" integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al 
causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente, y 
de manera añadida ha considerado el fallo que cumplidos ya los requisitos de capacidad 
sucesoria por el heredero transmitente y, por tanto, la posibilidad de transmisión del "ius 
delationis", la capacidad sucesoria de los herederos transmisarios en la herencia del 
causante deba ser apreciada cuando éstos acepten la herencia del fallecido heredero 
transmitente. Todo apuntaría a que los bienes del primer fallecido transitan directamente 
desde su patrimonio relicto hacia el de los transmisarios. Si bien esta solución pudiera 
parecer la más sencilla, al eliminar intermediarios y sucesivas aceptaciones y particiones 
parece que podría chocar con varios fundamentos del sistema sucesorio instaurado en el 
Código Civil. En este sentido, el Derecho común fija como presupuestos básicos para la 
sucesión "mortis causa" la supervivencia al causante y la capacidad de suceder, sin 
perjuicio de la existencia de ciertas cuotas de la masa hereditaria que han de ser 
respetadas y reservadas de manera inexcusable a los llamados herederos forzosos o 
legitimarios –amén de un eficaz y válido llamamiento a la sucesión–. Es evidente que la 
voluntad del testador determina el camino que han de seguir sus bienes, deudas y 
derechos una vez fallecido y que ésta es la ley que ha de regir la sucesión, y que para 
evitar  el  juego  de  las  transmisiones  inesperadas,  consecuencia  de  las  muertes 
prematuras de los nombrados herederos (ya sea por la ley o por voluntad del finado) se 
establecen soluciones que intentan reconducir el camino inicialmente querido en la 
sucesión.  De  esta  manera,  la  ley  prevé  que  el  propio  testador  podrá  establecer 
sustituciones los únicos titulares del "ius delationis". Por todo ello, la intervención de tales 
herederos a los efectos de aceptar la herencia de los dos causantes es perfectamente 
válida y plenamente eficaz ("Boletín Oficial del Estado" núm. 103, martes 30 de abril 
de 2019, Sec. III. Pág. 46709 cve: BOE-A-2019-6452. Verificable en http://www.boe.es). 5. 
A continuación, y una vez aclarada esta cuestión, debe analizarse la eficacia de dicha 
declaración de voluntad, máxime cuando ésta deviene en sentido positivo, aceptando la 
condición de heredero, aclarando las consecuencias de la aceptación hereditaria en 
cuanto a la masa patrimonial del causante y del propio transmitente. Retornando a la 
Sentencia de 11 de septiembre de 2013, dentro de la unidad orgánica y funcional del 
fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia 
del heredero transmitente, y ejercitando el "ius delationis" integrado en la misma, los 
herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra 
distinta sucesión al fallecido heredero transmitente, y de manera añadida ha considerado 
el  fallo  que  cumplidos  ya  los  requisitos  de  capacidad  sucesoria  por  el  heredero 
transmitente y, por tanto, la posibilidad de transmisión del "ius delationis", la capacidad 
sucesoria de los herederos transmisarios en la herencia del causante deba ser apreciada 
cuando éstos acepten la herencia del fallecido heredero transmitente. Todo apuntaría a 
que los bienes del primer fallecido transitan directamente desde su patrimonio relicto  s
hacia el de los transmisarios. Si bien esta solución pudiera parecer la más sencilla, al  oe.
eliminar intermediarios y sucesivas aceptaciones y particiones parece que podría chocar  w.
con varios fundamentos del sistema sucesorio instaurado en el Código Civil. En este  11w
sceanutsidao" , lae l sDupeerervcihvoe nccoiam úanl  cfiajau scaonmteo  yp rleas ucpaupeasctiodsa db ádsei cosus cepdaerar,  lasi ns upceersjuióicni o" mdeo rtlias 
edxei smteannceiar ad ein ceixecrtuassa cbuleo taas  lodse  llala mmaasdao sh ehreerdeitdaerriao sq ufoer zhoasno dse o s eler greitismpaertaiodsa s– aym reésne rdvea duans   BOE-A-cable e
eficaz y válido llamamiento a la sucesión–. Es evidente que la voluntad del testador 
determina el camino que han de seguir sus bienes, deudas y derechos una vez fallecido 
y que ésta es la ley que ha de regir la sucesión, y que para evitar el juego de las 
transmisiones inesperadas, consecuencia de las muertes prematuras de los nombrados 
herederos (ya sea por la ley o por voluntad del finado) se establecen soluciones que 
intentan reconducir el camino inicialmente querido en la sucesión. De esta manera, la ley 
prevé que el propio testador podrá establecer sustituciones vulgares para el caso de 
premoriencias, incapacidades o imposibilidades para suceder, e incluso para los casos 
de  renuncia  por  parte  del  designado;  y  en  el  ámbito  de  la  preterición  el  propio 
artículo  814  del  Código  Civil  prevé  un  especial  derecho  de  representación  para 
salvaguardar la línea descendente en la transmisión de los bienes, de manera igualitaria 
y  proporcional  entre  descendientes.  Por  ello,  debe  recordarse  que  la  voluntad  del 
testador válidamente emitida y dentro de los límites previstos en la norma debe ser 
cumplida por los interesados en su herencia. Las circunstancias del caso analizado, en el 
cual tanto la primera causante como el transmitente fallecen intestados, implican que el 
"ius delationis" respecto de aquélla, como derecho a aceptar o repudiar, corresponde a 
los  hijos  que  le  sobreviven  (como  herederos  abintestato  de  la  misma  y  herederos 
designados  en  testamento  por  su  padre,  quién  habiendo  sido  declarado  heredero 
abintestato de su hijo premuerto falleció sin haber aceptado ni repudiado la herencia de 
éste). Como ha afirmado el Alto Tribunal y dispone el artículo 1006 del Código Civil, el 
"ius delationis" de la primera causante se atribuye a dichos interesados, es decir, sus 
herederos directos y el llamado como tal por la ley (o sus herederos, también "ex" 
artículo 1006 del citado Código). Pero lo que se transmite y lo que se adquiere en virtud 
de citado precepto no puede ser más que dicho "ius delationis", que si bien se ejercita de 
manera directa –sin pasar por la herencia del transmitente– sólo puede referirse al acto 
de aceptar o repudiar la herencia de la primera causante, pero no debería afectar a otras 
consecuencias más allá de ello, máxime cuando ello podría derivar en la vulneración de 
una  ley  reguladora  de  nuestro  derecho  sucesorio.  Otra  solución  devendría  en  un 
resultado no deseado por nuestra norma, la cual permite conservar la esfera y el interés 
patrimonial  de  los  descendientes  de  otro  vulgares  para  el  caso  de  premoriencias, 
incapacidades o imposibilidades para suceder, e incluso para los casos de renuncia por 
parte del designado; y en el ámbito de la preterición el propio artículo 814 del Código 
Civil  prevé  un  especial  derecho  de  representación  para  salvaguardar  la  línea 
descendente en la transmisión de los bienes, de manera igualitaria y proporcional entre 
descendientes.  Por  ello,  debe  recordarse  que  la  voluntad  del  testador  válidamente 
emitida  y  dentro  de  los  límites  previstos  en  la  norma  debe  ser  cumplida  por  los 
interesados en su herencia. Las circunstancias del caso analizado, en el cual tanto la 
primera  causante  como  el  transmitente  fallecen  intestados,  implican  que  el  "ius 
delationis" respecto de aquélla, como derecho a aceptar o repudiar, corresponde a los 
hijos  que  le  sobreviven  (como  herederos  abintestato  de  la  misma  y  herederos 
designados  en  testamento  por  su  padre,  quien  habiendo  sido  declarado  heredero 
abintestato de su hijo premuerto falleció sin haber aceptado ni repudiado la herencia de 
éste). Como ha afirmado el Alto Tribunal y dispone el artículo 1006 del Código Civil, el 
"ius delationis" de la primera causante se atribuye a dichos interesados, es decir, sus 
herederos directos y el llamado como tal por la ley (o sus herederos, también "ex" 
artículo 1006 del citado Código). Pero lo que se transmite y lo que se adquiere en virtud 
de citado precepto no puede ser más que dicho "ius delationis", que si bien se ejercita de 
manera directa –sin pasar por la herencia del transmitente– sólo puede referirse al acto  s
de aceptar o repudiar la herencia de la primera causante, pero no debería afectar a otras  oe.
consecuencias más allá de ello, máxime cuando ello podría derivar en la vulneración de  w.
una  ley  reguladora  de  nuestro  derecho  sucesorio.  Otra  solución  devendría  en  un  11w
preasturimltaodnoia nl od dee sloesa ddoe psocre nnduieesnttreas n odrem ao,t rloa  cdueaslc peenrdmieintete c opnrseemrvuaerr tloa  eas fleorsa  ye feelc tinotse rdées 
Cpróodteiggoe rC aiv illo s– lloesg idtimesacreionsd ideen tegsra ddoe  soutrcoe sdiveos c(etanld iye nctoem qou ee sntaob lheuceb ieerle a rstiídcou lop r8e1te4r iddoe,l   BOE-A-cable e
representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos–). 6. 
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo en las citadas Resoluciones de 22 de 
enero, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018 y 5 de abril de 2019, sin que 
ello suponga una ruptura de la doctrina fijada por el Sentencia del Tribunal Supremo 
de 11 de septiembre de 2013, que se limita a explicar que el "ius delationis" no se 
fragmenta o se divide en dos sucesiones, y confirmada como tal dicha premisa, debe 
entenderse en el ámbito práctico que, una vez aceptada la herencia del primer o de los 
primeros causantes por parte del transmisario, éste pasará a formar parte subjetiva de la 
comunidad hereditaria, ostentando un derecho abstracto sobre un conjunto de bienes, 
derechos y deudas procedentes de los indicados finados. Y concluye que cualquier 
operación tendente a la partición de la herencia a la que esté llamado el transmitente 
debe ser otorgada por todos los interesados en su sucesión. En los términos expresados 
en dichas Resoluciones, serán los cotitulares de esta masa los que deban verificar estas 
operaciones, dentro de los cuales deben tenerse en consideración los designados como 
herederos y de forma indudable sus legitimarios, ya hayan sido beneficiados como tales 
a título de herencia, legado o donación. Indudablemente, el llamado como heredero por 
el transmitente –o por la ley– está sujeto a las limitaciones legales o cargas en que 
consisten las legítimas. Por todo ello, concluyó este Centro Directivo que en la partición 
de la herencia del primer causante era necesaria la intervención del legitimario del 
transmitente.
2.  Debe aportarse la copia autorizada de la escritura de partición de herencia de 
don  A.V.S.  en  la  que  se  protocoliza  el  testamento,  ya  que  la  copia  simple  del 
testamento de la causante, como indica la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 9 de mayo de 2003, no se puede considerar como 
documento público expedido con las formas y solemnidades previstas por las leyes, 
requisitos  que  no  cumplen  las  meras  fotocopias,  que  no  son  sino  reproducciones 
fotográficas;  y  la  anteriormente  citada  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado de 4 de julio de 2013, según la cual "Fundamentos de 
Derecho  2.  ...  Es  doctrina  reiterada  de  este  Centro  Directivo  que  ha  de  tenerse 
igualmente en cuenta que, a los efectos de su calificación y, en su caso, inscripción en 
el Registro, los documentos que se aporten –y a salvo las excepciones previstas en la 
legislación  hipotecaria–  han  de  ser  públicos  –artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria–, 
condición  que  no  reúnen  –al  no  cumplir  los  requisitos  exigidos  al  efecto  por  el 
artículo 1216 del Código Civil– las simples fotocopias, ya lo sean de documentos 
judiciales o de cualquier otro tipo de documentos –cfr. las Resoluciones de 8 de enero 
de 2002 y 9 de mayo de 2003–".
Y todo ello en base al llamado principio de legalidad, uno de los principios básicos de 
nuestro sistema registral, el cual, por la especial trascendencia de efectos derivados de 
los asientos del Registro –que gozan, "erga omnes", de la presunción de exactitud y 
validez  y  se  hallan  bajo  la  salvaguardia  jurisdiccional,  artículos  1  y  38  de  la  Ley 
Hipotecaria– está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos 
a la calificación del Registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre 
otros  requisitos,  la  exigencia  de  documento  público  o  auténtico  para  que  pueda 
practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda 
la Ley Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones.
Y, también, de conformidad con los artículos 1216 del Código y resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de mayo de 1998, 8 de enero 
de 2002 y 9 de mayo de 2003 que en su Fundamento de Derecho 2.º establece que "La  s
negativa del Registrador debe ser confirmada. Es principio básico de nuestro derecho  oe.
hipotecario  que  sólo  la  documentación  auténtica  y  pública  puede  tener  acceso  al  w.
Registro, por lo que tratándose de documentos judiciales, sean resoluciones o diligencias  11w
dtees ticmuoanlqiou iecro írnredsopleo,n deile ndtoec uemxpeendtoid oa  pproers eqnutiaern  sseea  hlaa llceo pfaiac ualtuatdéon ticpaa,r ac eerltliofi ccaocnió nl aos 
formas y solemnidades previstas en las leyes, extremos que no se dan en este caso, ya
que  la  documentación  aportada  que  podría  provocar  un  asiento  de  inscripción  o 
anotación son meras fotocopias, es decir reproducciones fotográficas de un documento".
Y además conforme los artículos 14 de la Ley Hipotecaria: "El título de la sucesión 
hereditaria,  a  los  efectos  del  Registro,  es  el  testamento,  el  contrato  sucesorio,  la 
declaración judicial de herederos abintestato o el acta de notoriedad a que se refiere el 
artículo 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". 76 del Reglamento Hipotecario: "En la 
inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las disposiciones 
testamentarias  pertinentes,  la  fecha  del  fallecimiento  del  causante,  tomada  de  la 
certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos de 
Ultima  Voluntad.  En  la  inscripción  de  bienes  adquiridos  por  herencia  intestada  se 
consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos". Y por analogía el 
artículo 79 del citado Reglamento: "Podrán inscribirse a favor del heredero único y a su 
instancia, mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76, los 
bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre del causante, cuando no exista 
legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio para adjudicar la herencia, 
salvo que en este segundo supuesto la única persona interesada en la herencia resultare 
ser dicho heredero". Y además, principio de unanimidad que rige la partición de herencia 
artículos 1261 párrafo 1 y 657 del Código Civil en relación con el artículo 1058 del mismo 
Texto Legal, 809, 988, 1000, 1006, 1013 y siguientes del Código civil Resoluciones de 13 
de diciembre de 1999 y 12 de noviembre de 2001.
Acuerdo, en esta fecha, suspender la inscripción solicitada al ser defecto de carácter 
subsanable.
Contra la expresada calificación puede (…).
Valencia,  14  de  octubre  de  2020.–El  Registrador  Accidental.  Fdo.  Gema  Reig 
Palmero.»
III
El notario recurrente, don Joaquín Borrell García interpuso recurso contra la anterior 
calificación mediante escrito que entró en el referido Registro de la Propiedad el 6 de 
noviembre de 2020, con los siguientes fundamentos jurídicos:
«De entrada procede manifestar que la calificación de la registradora se ajusta con 
precisión a las Resoluciones que cita en la nota calificadora por lo que la argumentación 
para la revocación de la calificación debe hace referencia de forma exclusiva a la 
doctrina de la Dirección General considerada en su conjunto.
En este sentido hay que recordar que en la materia que motiva el recurso al menos 
cuatro Resoluciones de la propia Dirección General todas de fecha también reciente –26 
de marzo, 11 de junio de 2014, 6 de octubre de 2014 y 9 de junio de 2015– sostienen 
exactamente lo contrario, de forma explícita o directamente relacionada, por lo que tanto 
la calificación registral como la doctrina aplicada en la escritura tienen amparo suficiente.
Simplificando al máximo los antecedentes, por tratarse de una materia ampliamente 
estudiada en fechas recientes cabe indicar:
Se discute si en una herencia en la que concurre el supuesto del artículo 1.006 del 
Código Civil, es decir, un heredero fallece con posterioridad a su causante sin haber 
aceptado ni repudiado su herencia, los herederos de dicho heredero pueden intervenir 
en la delación sucesoria prescindiendo del cónyuge de dicho heredero, según sostienen  s
las cuatro últimas resoluciones expuesto, con dos líneas de resoluciones de la Dirección  oe.
General contradictorias entre sí. Implica que para defender una de las posturas resulta  w.
icnreitivcEiatanrb  laltea ,fl u snsidnea nmmtideeonn gtauucnaióo dn e ddle er  ellaos pslíe ntaeora g dcueombneitdrnaotr oiaas . lausti liczoandsoisd epraocri oénsetsa  deesl  Cqeunet roe l DTirreibcutinvoa,l   2021-2511n https://w
Supremo se limita a decidir, en el caso que le fue planteado, que el contador partidor no
obró correctamente al adjudicar bienes, como hijuela colectiva, a los herederos del  Bc
heredero –habría sido lo coherente con arreglo a la doctrina anterior, puesto que de 
otra manera estaría partiendo una herencia ajena a sus atribuciones– sino que debió 
asignar bienes individualmente a los herederos de dicho heredero, lo que implica de 
forma necesaria incluir las adjudicaciones a éstos como operación de la herencia del 
causante originario desligada de la sucesión del heredero fallecido. No obstante, contra 
la opinión contenida en las resoluciones indicadas, la doctrina que preconiza no parece 
limitarse en modo alguno a ese aspecto concreto, que necesariamente debe queda 
integrado en un contexto más general.
Y es que como recalca la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del mismo Tribunal 
el pronunciamiento de su fundamento de derecho ha sido incuestionable "no hay, por 
tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, 
sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como 
presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la 
herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad 
orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que 
aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado 
en  la  misma,  los  herederos  transmisarios  sucederán  directamente  al  causante  de 
práctica sólo puede seguir uno de dos caminos: o mantiene la doctrina tradicional, 
considerando la integración del llamamiento en la herencia del heredero fallecido y por 
tanto de dos transmisiones, o sigue la del Tribunal Supremo negando la existencia de la 
segunda de ellas; según ha aplicado el propio Registro de la Propiedad número 3 de 
Valencia rechazando la existencia en un caso como éste de doble título a efectos de la 
inmatriculación por entender que sólo había mediado uno.
Lo  que  no  cabe  a  juicio  del  recurrente  es  afirmar  la  existencia  de  una  sola 
transmisión, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo, y aplicar efectos 
propios de la segunda transmisión sucesoria como es la concurrencia del cónyuge 
legitimario.  El  llamamiento  directo,  una  vez  aceptado  como  doctrina  aplicable,  es 
incompatible con este desdoblamiento de efectos que atribuye a un solo hecho jurídico 
los efectos de dos. Por tanto y este argumento constituye la base del recurso, los 
cónyuges de los herederos intermedios no pueden ser considerados legitimados del 
causante.
Un  ejemplo  puede  ilustrar  el  caso:  si  en  la  segunda  sucesión  procediese  su 
conmutación ¿sobre qué base se calcularía ésta? ¿deberían tenerse en cuenta los 
activos  integrantes  del  primer  llamamiento?  Permitiéndonos  términos  tajantes,  si  la 
respuesta es afirmativa no es cierto que haya un solo llamamiento. Si es negativa no 
tiene sentido que no se tengan en cuenta para el quantum de la conmutación y sí en 
cambio para atribuir al viudo un derecho de concurrencia, derivado de la protección al 
legitimado sin considerar que el cónyuge del heredero no tiene tal condición respecto de 
tal causante.
Por todo ello se insta la revocación de la calificación indicada y la práctica de la 
inscripción solicitada.»
IV
La  registradora  de  la  propiedad  informó  mediante  escrito  de  13  de  noviembre 
de 2020 y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho e.
Vistos los artículos 806, 807, 834, 839, 924 y 1006 del Código Civil; las Sentencias  11ww
Pderilm Terribau) nya ld Se u5p rdeem oju ndieo  1d1e  d2e0 1s8e p(tSieamlab rTee rdcee r2a0);1 3y  yla s1 6R dees odluicciieomnebsre d dee  la2 0D1i4re (cScaiólan 
G22e ndeer aolc tdueb rloes d Re e1g9i9st9r,o 2s 6y  ddee ml Naorztaor,i a1d1o d dee ju 2n3io d ye  6ju dneio o dcetu b1r9e8 6d,e  2220 1d4e,  e2n deero m daer z1o9 9y 89, 
de junio de 2015, 4 de febrero de 2016, 26 de julio de 2017, 22 de enero, 22 de febrero,
12 de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de 
junio de 2019.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
manifestación, aceptación, y adjudicación de determinadas herencias respecto de las 
cuales son relevantes los hechos siguientes:
a)  Dos de los causantes, casados entre sí, fallecieron los días 27 de diciembre 
de 1947 y 21 de enero de 1975, respectivamente, dejando dos hijos. Por no haber 
otorgado testamento el padre fueron declarados herederos abintestato sus dos hijos, a 
quienes instituyó herederos la madre en su testamento.
Uno de los hijos falleció el 26 de septiembre de 2006, casado y con tres hijos, a 
quienes instituyó herederos junto a cinco nietos. No había aceptado ni repudiado la 
herencia de sus padres fallecidos anteriormente.
En la escritura calificada se expresa que opera el derecho de transmisión en favor de 
los herederos del hijo que falleció sin aceptar ni repudiar, según la reciente jurisprudencia 
previa la aceptación de las herencias de los abuelos.
b)  La  registradora  suspende  la  inscripción  solicitada  porque  considera  que  es 
necesario que la viuda y legitimaria del hijo que falleció después que sus padres, los 
causantes, intervenga en la herencia de ésta.
c)  El recurrente alega, en síntesis, que, conforme la tesis moderna sostenida por 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013 (Sala Primera) y de 5 
de junio de 2018 (Sala Tercera), no es necesaria tal intervención.
2.  Esta Dirección General ha tenido que abordar en numerosas ocasiones (cfr., 
entre las más recientes, las Resoluciones de 26 de julio de 2017 y 22 de enero, 12 de 
marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de junio 
de 2019) las cuestiones planteadas por el denominado derecho de transmisión que, en 
nuestro sistema sucesorio, está recogido en el artículo 1006 del Código Civil. El mismo 
señala que «por muerte del heredero sin aceptar o repudiar la herencia pasará a los 
suyos el mismo derecho que él tenía».
El supuesto de hecho contemplado prevé un primer fallecimiento –el del llamado 
causante– seguido de la muerte de uno de sus herederos –el denominado transmitente– 
que no emite declaración de voluntad (ya sea expresa o tácita) aceptando o repudiando 
su cualidad de heredero, por lo que se transmite a los «suyos» –los conocidos como 
transmisarios– la facultad de aceptar o repudiar la herencia.
Históricamente, doctrina y jurisprudencia han debatido sobre la existencia de una o 
varias  delaciones  hereditarias  al  fallecer  con  posterioridad  a  los  causantes  el 
transmitente,  debiendo  ser  en  definitiva  los  transmisarios  los  que  lleven  a  cabo  la 
emisión  de  la  correspondiente  declaración  de  voluntad  en  torno  la  aceptación  o 
repudiación de la herencia de los causantes.
En el año 2013, ha sido el Tribunal Supremo el que ha zanjado en parte esta 
discusión, en la Sentencia de 11 de septiembre, al señalar que «(…) el denominado 
derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en 
ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis en curso 
de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y 
caracterización, transita o pasa al heredero trasmisario. No hay, por tanto, una doble 
transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero 
efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto  s
necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex  oe.
lege ostentan los herederos transmisarios; dentro de la unidad orgánica y funcional del  w.
dfheeenlr óehmdeeerrenodose  strroua cntesrsamonirssioma riditoeesnl  tcseau, ucyes adenejetreár cndi tead nirldaeo cht aeemrl eeinuncstie a d, aedll eac taifoounrsmisa ani tneqt uedege r aaldcaoe h peetanrne dnlaoc i amla  yish meenrae ,n olctoriaas    2021-2511n https://w
distinta sucesión al fallecido heredero transmitente».
Esta misma tesis ha seguido la doctrina de este Centro Directivo, en Resoluciones 
como las de 26 de marzo y 11 de junio de junio de 2014, y más recientemente en las 
de 26 de julio de 2017 y 22 de enero, 12 de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de 
septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de junio de 2019. En estas nueve últimas se 
expresa que «los transmisarios suceden al primer causante de manera directa y no 
mediante  una  doble  transmisión  del  causante  al  transmitente  y  de  éste  a  los 
transmisarios. Pero es indiscutible que la determinación de quiénes son los transmisarios 
y en qué porcentaje y modo adquieren los bienes, viene determinado por la sucesión del 
transmitente, no por la sucesión del primer causante».
No obstante, más que en la doble transmisión de bienes, que la sentencia del Pleno 
excluye, sería mejor profundizar en que los transmisarios adquieren la herencia del 
primer causante porque son herederos del transmitente y sólo en cuanto lo son y en la 
forma y proporción en que lo son, para lo cual es inevitable considerar en qué términos 
los ha llamado el transmitente por vía de testamento o la ley en caso de vocación 
abintestato o forzosa, según los supuestos.
3.  Por otro lado, y como circunstancia especialmente reseñable en el presente 
caso,  existe  como  interesada  en  los  derechos  sucesorios  de  uno  de  los  hijos 
transmitentes una legitimaria en la cuota legal usufructuaria.
La legítima, tal y como se ha configurado en el Código Civil (artículo 806: «La 
legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla 
reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos») se 
identifica como una auténtica «pars bonorum» que confiere al legitimario un derecho 
como cotitular –por mandato legal– del activo líquido hereditario, quedando garantizada 
por la ley igualmente una proporción mínima en dicho activo y que –salvo excepciones, 
cuyo planteamiento aquí no corresponde– ha de ser satisfecha con bienes hereditarios, 
por lo que su intervención en cualquier acto particional de la masa hereditaria del 
transmitente  debe  ser  otorgado  con  el  consentimiento  de  dicho  legitimario,  con 
independencia del título –herencia, legado o donación– con el que se haya reconocido 
su derecho.
4.  Por ello, resulta imprescindible combinar los efectos del derecho de transmisión 
con la coexistencia de legitimarios no herederos como interesados en la herencia del 
denominado transmitente, a los efectos de exigir su intervención –o no hacerlo– en las 
operaciones  de  aceptación  y  partición  de  herencia,  en  los  términos  y  condiciones 
aplicables al caso planteado.
Tal y como se ha analizado en la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, y así se ha 
seguido  en  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo,  la  aceptación  de  la  condición  de 
heredero y el ejercicio del «ius delationis» en su favor creado sólo puede reconocerse al 
designado  –ya  sea  por  voluntad  del  testador,  ya  por  disposición  de  ley–  como  tal 
heredero, dadas las especiales consecuencias que ello implica para el destinatario del 
nombramiento (adquisición a título universal, subrogación en las deudas del causante...). 
Por  ello,  la  aceptación  como  un  acto  propio,  independiente,  voluntario,  único  y 
responsable, debe y puede exigirse sólo al designado como tal heredero.
5.  Como afirma el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 11 de septiembre 
de 2013, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante 
de  la  herencia,  de  forma  que  aceptando  la  herencia  del  heredero  transmitente,  y 
ejercitando  el  «ius  delationis»  integrado  en  la  misma,  los  herederos  transmisarios 
sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido 
heredero transmitente, y de manera añadida se ha considerado en el fallo que cumplidos  s
ya los requisitos de capacidad sucesoria por el heredero transmitente y, por tanto, la  oe.
posibilidad de transmisión del «ius delationis», la capacidad sucesoria de los herederos  w.
transmisarios en la herencia del causante deba ser apreciada cuando éstos acepten la  11w
hereTnocdiao  daeplu fnatlalercíaid ao  qhueere ldoesr ob iternaenss mdietel nptreim. er fallecido transitan directamente desde su
patrimonio relicto hacia el de los transmisarios. Si bien esta solución pudiera parecer la
más sencilla, al eliminar intermediarios y sucesivas aceptaciones y particiones, podría 
chocar con varios fundamentos del sistema sucesorio instaurado en el Código Civil.
En este sentido, el Derecho común fija como presupuestos básicos para la sucesión 
«mortis causa» la supervivencia al causante y la capacidad de suceder, sin perjuicio de la 
existencia de ciertas cuotas de la masa hereditaria que han de ser respetadas y reservadas 
de manera inexcusable a los llamados herederos forzosos o legitimarios –amén de un 
eficaz y válido llamamiento a la sucesión–.
Es evidente que la voluntad del testador determina el camino que han de seguir sus 
bienes, deudas y derechos una vez fallecido y que esta es la ley que ha de regir la 
sucesión, y que, para evitar el juego de las transmisiones inesperadas, consecuencia de 
las muertes prematuras de los nombrados herederos (ya sea por la ley o por voluntad del 
finado) se establecen soluciones que intentan reconducir el camino inicialmente querido 
en la sucesión.
De esta manera, la ley prevé que el propio testador podrá establecer sustituciones 
vulgares para el caso de premoriencias, incapacidades o imposibilidades para suceder, e 
incluso para los casos de renuncia por parte del designado; y en el ámbito de la 
preterición  el  propio  artículo  814  del  Código  Civil  prevé  un  especial  derecho  de 
representación para salvaguardar la línea descendente en la transmisión de los bienes, 
de manera igualitaria y proporcional entre descendientes. Por ello, debe recordarse que 
la voluntad del testador válidamente emitida y dentro de los límites previstos en la norma 
debe ser cumplida por los interesados en su herencia.
Como ha afirmado el Alto Tribunal, lo que se transmite y lo que se adquiere en virtud 
de, artículo 1006 del Código Civil no puede ser más que el «ius delationis», que si bien 
se ejercita de manera directa –sin pasar por la herencia del transmitente– sólo puede 
referirse al acto de aceptar o repudiar la herencia del primer causante, pero no debería 
afectar a otras consecuencias más allá de ello, máxime cuando ello podría derivar en la 
vulneración de una ley reguladora de nuestro derecho sucesorio.
Otra solución devendría en un resultado no deseado por nuestra norma, la cual 
permite  conservar  la  esfera  y  el  interés  patrimonial  de  los  descendientes  de  otro 
descendiente premuerto a los efectos de proteger a los legitimarios de grado sucesivo 
(tal  y  como  establece  el  artículo  814  del  Código  Civil  –los  descendientes  de  otro 
descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del 
ascendiente y no se consideran preteridos–).
6.  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo en las citadas Resoluciones 
de 22 de enero, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de 
junio de 2019, sin que ello suponga una ruptura de la doctrina fijada por el Sentencia del 
Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, que se limita a explicar que el «ius 
delationis» no se fragmenta o se divide en dos sucesiones, y confirmada como tal dicha 
premisa, debe entenderse en el ámbito práctico que, una vez aceptada la herencia del 
primer o de los primeros causantes por parte del transmisario, éste pasará a formar parte 
subjetiva  de  la  comunidad  hereditaria,  ostentando  un  derecho  abstracto  sobre  un 
conjunto de bienes, derechos y deudas procedentes de los indicados finados. Y concluye 
que cualquier operación tendente a la partición de la herencia a la que esté llamado el 
transmitente  debe  ser  otorgada  por  todos  los  interesados  en  su  sucesión.  En  los 
términos expresados en dichas Resoluciones, serán los cotitulares de esta masa los que 
deban verificar estas operaciones, dentro de los cuales deben tenerse en consideración 
los designados como herederos y de forma indudable sus legitimarios, ya hayan sido 
beneficiados como tales a título de herencia, legado o donación. Indudablemente, el  s
llamado como heredero por el transmitente –o por la ley– está sujeto a las limitaciones  oe.
legales o cargas en que consisten las legítimas. Por todo ello, concluyó este Centro  w.
Directivo  que  en  la  partición  de  la  herencia  del  primer  causante  era  necesaria  la  11w
interEvne nlcaisó nm dieslm leagsi tiRmeasroiolu dceiol ntreasn ssmei tejunstteif.ica el cambio de criterio respecto de otras
jaunntieor iodree s2 (0v1id5.)  Rpeosro leulc idoinfeerse ndtee  2s6u pduee mstaor zdoe,  1h1e dcheo ju qnuioe  y c6o ndtee mocptluab rree sdpee c2t0o1 4d eyl  9q udee   BOE-A-cable e
originó la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, pues el Alto 
Tribunal distingue claramente dos sucesiones, la del causante de la herencia y la del 
transmitente  y  lo  hace  con  todas  sus  consecuencias  (Y,  como  puso  de  relieve  la 
Resolución de 26 de julio de 2017, «en el supuesto contemplado en la citada Sentencia 
del Tribunal Supremo se plantea la cuestión relativa a si el contador-partidor judicial de la 
herencia  de  la  causante,  al  hacer  las  correspondientes  adjudicaciones,  debió 
individualizar las cuotas correspondientes a cada uno de los transmisarios, o si, por el 
contrario, era suficiente formar un único lote correspondiente al transmitente. Es en este 
punto en el que se centra el Tribunal Supremo, casando y anulando la Sentencia, 
manifestando  que  «(…)  debiéndose  modificar  y  completar  el  cuaderno  particional 
realizado  de  la  herencia  de  doña  Cristina  (sic  la  primera  causante),  en  orden  a 
individualizar la cuota que corresponda a cada uno de los herederos de don Julio (sic el 
transmitente) y su respectiva concreción en los bienes y derechos que les resulten 
adjudicados particionalmente como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la 
cuestión debatida». Es esta la única cuestión que trata de resolver la Sentencia del 
Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo)».
Este Centro Directivo estima que la obligada protección de los herederos forzosos 
exige entender que, a efectos de determinar el importe de la legítima, el «ius delationis» 
también se computa, porque en sí es susceptible de valoración económica por lo mismo 
que  es  susceptible  de  venta  (artículo  1.000-1.º  del  Código  Civil).  Desde  que  el 
transmitente muere -aunque su herencia abierta aún no haya sido aceptada-, se defiere 
la  legítima,  por  lo  que  no  puede  quedar  menoscabada.  Así  se  asegura  la  mejor 
protección de las legítimas, sin que haya necesidad de contradecir el indudable carácter 
personalísimo de la opción que implica el «ius delationis». Aunque el transmisario que 
ejercita positivamente el «ius delationis» adquiere la condición de heredero directamente 
del primer causante, su contenido viene delimitado por la vocación al transmitente; al 
formar tal derecho parte de la herencia del transmitente, con ese derecho –y, por ende, 
con  la  herencia  del  primer  causante–  debe  satisfacerse  a  los  legitimarios  del 
transmitente.
Como claramente se deduce de lo expuesto, este Centro Directivo no se aparta de la 
sentencia dictada por el Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo el 11 de septiembre 
de 2013, y lo único que pone de manifiesto en las últimas resoluciones citadas en los 
«Vistos» de la presente es que la obligada protección de los legitimarios exige entender 
que, a efectos de determinar el importe de la legítima, el «ius delationis» también se 
computa en la herencia del transmitente, en los términos antes expresados; esto es, que 
resulta  imprescindible  combinar  los  efectos  del  derecho  de  transmisión  con  la 
coexistencia  de  legitimarios  –no  herederos–  como  interesados  en  la  herencia  del 
denominado  transmitente  a  los  efectos  de  exigir  –o  no–  su  intervención  en  las 
operaciones de aceptación y partición de herencia.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  e
Pública, Sofía Puente Santiago. bo