BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 127693
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
17047 Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a 
la  financiación  del  desarrollo  de  actuaciones  de  la  inversión  «Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación 
de  esta  enfermedad,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  internacional,  los  Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  adoptaron  con  rapidez  medidas  coordinadas  de 
emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Estas  medidas  aúnan  el  Marco  Financiero  Plurianual  (MFP)  para  2021-2027 
reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021. La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros 
del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de 
abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de  reformas 
estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo 
tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía 
tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una 
estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras 
posibles crisis o desafíos en el futuro.
En la política palanca VIII, «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuadra el Componente 23, 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 
liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas tractoras 
prioritarias de reforma estructural participa el Servicio Público de Empleo Estatal. Dicho 
componente tiene como reto y objetivo impulsar, en el marco del diálogo social, la 
reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales 
y de manera que permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad de reducir 
el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, 
modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de 
empleo, dando además, un impulso a las políticas activas de empleo, que se orientarán  s
a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones  oe.
Ilqonusve e Drrpseeriqónountyri eoe4c r,edt o« ensN u luaeedssv etrro easf « oepCrcrmooonlayeeosc cmteitvoí aoisn.s vt eererrsistioporeniaceilsae lspm rpeoanprtuaee  esltv arueslen eqenura ilebibslertieso » cy o lamy  ep«qoEuniemdnaptdere» sn, edq iumineic eilnuncytoleu  yleay    2021-17047n https://www.
microempresas».
La situación generada por la pandemia agrava la vulnerabilidad tanto de las personas 
paradas de larga duración como la de otros colectivos que ya se encontraban en 
situaciones límites, abocando a una transformación del tejido productivo con un impacto 
muy fuerte en las microempresas.
Con el fin de hacer frente a esta situación, se hace necesario poner en marcha 
proyectos y líneas de intervención que atiendan las necesidades, tanto laborales como 
sociales, de colectivos vulnerables, así como facilitar un sistema productivo reforzado a 
través del apoyo al emprendimiento y el empleo colectivo, también a las microempresas. 
Esta adaptación conlleva una transformación digital y verde inherente y necesaria, así 
como el impulso de la economía verde, a través de proyectos integrados de inserción en 
los  que  participen  todos  aquellos  agentes  que  puedan  facilitar  el  tránsito  hacia  la 
incorporación al mercado de trabajo de los más vulnerables.
Para ello, el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
recoge  en  su  inversión  4,  «Nuevos  Proyectos  territoriales  para  el  reequilibrio  y  la 
equidad», la necesidad de realizar inversiones destinadas, por una parte, a la promoción 
de proyectos de empleo para colectivos especialmente vulnerables y, por otra, a la 
promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el 
empleo  colectivo,  así  como  la  fijación  de  población,  con  especial  atención  a  la 
transformación productiva y el avance hacia una economía verde y digital.
Respecto  de  los  proyectos  de  «Colectivos  especialmente  vulnerables»,  las 
inversiones han de centrarse en actuaciones tales como la promoción de proyectos 
integrados de inserción para fomentar la contratación de personas paradas de larga 
duración en coordinación con los servicios sociales, proyectos de inserción laboral en el 
ámbito local, proyectos de apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad y 
empleo de asistentes, proyectos de emprendimiento y empleo colectivo, y en general 
proyectos  de  empleo  para  el  reequilibrio  territorial  y  la  equidad  de  los  colectivos 
especialmente vulnerables.
Por otra parte, respecto de los proyectos de «Emprendimiento y microempresas», es 
fundamental invertir en nuevos proyectos territoriales que aborden el reto demográfico y 
faciliten la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y digital. 
Entre  estos  proyectos  se  incluirían  los  de  capacitación  agraria  y  empleo  que  fije 
población en el ámbito rural y sus pequeños municipios, dinamizadores del desarrollo 
local  sostenible,  iniciativas  de  economía  social  para  la  acción  cultural  y  artística, 
iniciativas  de  transición  ecológicas,  iniciativas  de  desarrollo  local,  turismo  rural  y 
patrimonio histórico-artístico, entre otros.
El  texto  refundido  de  la  Ley  de  Empleo,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, dispone, en su artículo 1 que, teniendo en cuenta lo 
establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Española, la política de empleo es 
el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que 
tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del 
pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa 
de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de las 
situaciones de desempleo.
De la misma manera, el citado texto refundido de la Ley de Empleo determina, en su 
artículo 15, que el Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo de la 
Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y 
seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, determinándose sus 
competencias en el artículo 18. s
El artículo 18 de la Ley de Empleo, en su letra h), recoge la gestión de los servicios y  oe.
programas financiados con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto  w.
de gastos. 047ww
por Erastzeo nreeasl  ddeec rinetteor éties npeú pbolirc ofi ndaelid alads  laa pcoorntacecisoiónne sd idreecl taS, ecrovnic icoa rPáúcbtelirc oe xcdeep cEiomnpalel oy 
Eens taetal l, Pdleasnt indaed aRs eac luap eejreaccuiócnió, n Tpraarnas f2o0r2m1a cdieó np royy eRcteossi lieenn ceial ,m  adrecsoa drreo llloa deossta bploerc idlao   BOE-A-cable e
Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad 
Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De esta manera, se contribuye al cumplimiento del objetivo n.º 346 de la Decisión del 
Consejo (CID) de alcanzar 68 proyectos con la puesta en marcha de dos proyectos 
diferenciados:  Uno  para  colectivos  vulnerables  y  otro  para  emprendimiento  y 
microempresas.  Este  objetivo  tiene  como  fecha  prevista  de  cumplimiento  el  cuarto 
trimestre de 2023.
El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo competente para ejecutar las 
subvenciones previstas para colaborar con las administraciones autonómicas implicadas, 
de acuerdo con la letra l) del artículo 18 del texto refundido de la Ley de Empleo, que 
establece que corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal cualesquiera otras 
competencias que legal o reglamentariamente se le atribuyan.
En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, se pretende dar cobertura a un Plan 
de Reactivación Económica específico en una región despoblada como es el Pirineo 
navarro, a través de nuevos proyectos territoriales que aborden el reto demográfico y 
faciliten la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y digital, 
mediante  la  promoción  de  proyectos  y  líneas  de  intervención  para  favorecer  el 
emprendimiento y el empleo colectivo, dentro de los proyectos de «Emprendimiento y 
microempresas» incluidos en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se 
trata de una superficie aproximada de mil kilómetros cuadrados que representa el diez 
por ciento de la superficie de Navarra, y un uno por ciento de la población empadronada. 
Ello supone siete habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 64,2 de media en 
Navarra. Frente a estos datos, además una pérdida continua de matrículas en edad 
infantil,  plasman  un  futuro  muy  incierto,  a  la  vez  que  una  población  adulta  muy 
envejecida, y una serie de necesidades que no se cubren en parecidas condiciones que, 
en otras zonas de Navarra, lo cual provoca que la población salga a otras áreas en 
busca de trabajo, formación y mejores prestaciones sociales.
Respecto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Valenciana y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura se pretende el desarrollo de proyectos piloto 
dirigidos  a  jóvenes,  mediante  actuaciones  por  un  lado  dentro  de  los  proyectos  de 
«Colectivos especialmente vulnerables» y por otro de los proyectos de «Emprendimiento 
y microempresas», proyectos incluidos en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales 
para  el  reequilibrio  y  la  equidad»  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia,  cuya  aplicación  se  pueda  hacer  extensiva  al  conjunto  de  los  servicios 
públicos de empleo.
Los proyectos pilotos dirigidos a jóvenes se desarrollan en las tres comunidades 
autónomas mencionadas, debido a sus diferentes estructuras socioeconómicas, que 
incluyen una diversidad sectorial, industrial, de servicios y agraria.
Estas actuaciones son un punto de partida para la implementación del Plan Garantía 
Juvenil  Plus  2021-2027  de  trabajo  digno  para  las  personas  jóvenes,  aprobado  por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021. Este plan incorpora cambios 
sustanciales,  con  el  fin  de  incrementar  su  efectividad  y  adaptarlo  a  las  nuevas 
circunstancias y mantiene elementos característicos de financiación y principios básicos 
de gestión del plan original. A partir de la experiencia aplicativa del plan original y con 
sustento en los resultados de su evaluación, el nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus 
incorpora  aquellos  aspectos  de  la  Garantía  Juvenil  anterior  que  se  han  mostrado 
eficientes y refuerza aquellos elementos del mismo que requerían una mayor atención  s
incorporando, del mismo modo, contenidos y principios nuevos destinados a incrementar  oe.
su  eficacia  y  a  reforzar  el  empleo  y  la  formación  de  calidad.  En  todo  caso,  las  w.
actuaciones contempladas en este real decreto serán financiadas exclusivamente con  047ww
los fLoan dcoriss iess staabnlietacridiao sh ae ni necl idMideoc adneis mmoa ndeer aR epcaurtpiceurlaacrimóne nyt eR einstieliennsaci ae.n el colectivo de
speeprstioenmabsr ej ódveen e2s0.2 0S edgeú nla  dSaetocsre tdaeríla  Indfeo rmEset a«dJoó vdeen eEsm  pyl emo eyrc aEdcoo ndoem íatr aSboacjoia»l , dlea   BOE-A-cable e
población joven se ha visto especialmente afectada por la disminución de la actividad 
económica durante la crisis sanitaria del COVID-19 y está siendo uno de los colectivos 
más afectados por el impacto negativo de la crisis. Si bien se prevé una mejoría en los 
datos, se abre un marco de incertidumbre en la evolución próxima del empleo joven en 
España,  que  precisa  de  estrategias  de  actuaciones  flexibles  y  adaptables  a  las 
circunstancias  cambiantes.  La  transición  al  mercado  laboral  y  el  incremento  de  la 
empleabilidad  de  las  personas  jóvenes,  que  siempre  han  sido  los  objetivos  de  las 
políticas activas de empleo, deben realizarse en este momento en un contexto de 
regeneración motivada por la crisis sanitaria en el que el trabajo joven está destinado a 
jugar un papel fundamental.
Siendo la subvención el instrumento jurídico adecuado para articular la financiación 
de los programas y servicios señalados, se ha de proceder a su análisis para justificar la 
necesidad de este real decreto.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de  julio,  establecen  que  podrán  concederse  de  forma  directa  y  «con  carácter 
excepcional,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés 
público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública».
La ejecución de las actuaciones específicas previstas en este real decreto por parte 
de determinadas comunidades autónomas, de unas ayudas financiadas con cargo a los 
presupuestos  generales  del  Estado,  permite  confirmar  que  existen  las  razones 
legalmente previstas para articular el mecanismo excepcional de concesión directa de 
las subvenciones. A tal fin, se considera, en primer lugar, la existencia de razones de 
interés público, social y económico, dado el objetivo prioritario de la medida de contribuir 
a realizar inversiones destinadas, por una parte, a la promoción de proyectos de empleo 
para colectivos especialmente vulnerables y, por otra, a la promoción de proyectos y 
líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, así como 
la fijación de población, con especial atención a la transformación productiva y el avance 
hacia una economía verde y digital, así como proyectos piloto en estos ámbitos dirigidos 
a jóvenes; y en segundo lugar, la concurrencia de dificultades razonables para realizar la 
concesión de las mismas por medio del procedimiento ordinario de convocatoria pública 
concurrente, dada la previsión de unas entidades beneficiarias concretas y definidas.
Por  todo  ello,  en  la  subvención  contemplada  en  este  real  decreto  se  dan  las 
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones que 
justifican su concesión directa.
Asimismo, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todas las 
medidas que ayuden a agilizar y flexibilizar su tramitación. A los efectos de este real 
decreto,  el  artículo  60.3  del  mencionado  real  decreto-ley  establece  que  «No  será 
necesario el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el otorgamiento 
de subvenciones «en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública» 
previsto en el artículo 22.2.c), al que se remite en este punto el artículo 28.2, ambos de 
la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si bien el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública especificará los extremos que deben quedar acreditados 
en la memoria explicativa respecto de las circunstancias que justifican dicha modalidad  s
de subvención». oe.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  w.
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa  047ww
laecguiselradtoiv ac oyn  lloas  pporitnecsiptaiods  rdeeg lanmeceenstiadraiad,,  elafisc aAcidam, pinriosptroarcciioonneasli dPadú,b lsiceagsu riadcatdu ajurárínd icdae, 
transparencia y eficiencia.
La adecuación de la presente norma a los principios de necesidad y eficacia deriva 
de  la  defensa  del  interés  general,  materializado  en  la  necesidad  de  mejorar  las 
posibilidades de inserción futura de las personas desempleadas.
Esta norma responde al principio de proporcionalidad conteniendo la regulación 
imprescindible para garantizar que se alcance con el objetivo de realizar actuaciones 
dirigidas al desarrollo local, la promoción de proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad, dirigidos tanto a personas jóvenes vulnerables como a iniciativas que fomenten 
y apoyen el emprendimiento y la microempresa.
La norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, debido a que requiere aplicar 
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico nacional y de la Unión Europea, y en particular con la legislación presupuestaria.
De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido 
claramente  el  alcance  y  objetivo;  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  eficiencia,  se 
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª 
y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades  Autónomas,  y  la  competencia  exclusiva  para  regular  las  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de octubre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
excepcional y por razones de interés público de las aportaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal destinadas a la ejecución para 2021 de proyectos para «Colectivos 
especialmente  vulnerables»  y  «Emprendimiento  y  microempresas»,  derivados  de  lo 
dispuesto en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
de acuerdo con la dotación presupuestaria que se asigne a tal fin.
2.  Este real decreto regula la concesión directa de subvenciones de los proyectos 
«Nuevos  proyectos  territoriales  para  el  reequilibrio  y  la  equidad.  Colectivos 
especialmente vulnerables» y «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas», que constituyen los dos proyectos incluidos 
en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», 
comprendida en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Estas subvenciones, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto de 
gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para 2021, serán objeto de financiación 
mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación 
(«Next  Generation  EU»),  a  través  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,  e.
de 12 de febrero de 2021, no pudiendo ser financiados por otros instrumentos o fondos  w.b
de  la  Unión  Europea.  Serán  por  consiguiente  de  aplicación  las  disposiciones  que  047ww
raepsruuletebna na mpleicdaibdlaess  udrgeel nRteesa lp aDreac lrae tmo-oledye r3n6iz/a2c0i2ó0n,  ddee l a3 A0 ddmei ndisictriaecmióbnre P, úpbolirc ae ly  qpuaera  slea 
esujesctuituciyóan.  Adesilm  Pislamno , dpeo rR eelclou,p elaras csióunb,v eTnracniosnfoersm raecgióunla dya sR eens ilieesntcei ar eoa l ndoercmreat oq ueest álon 
sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos
fijados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  evaluado 
favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del citado Plan. Igualmente estarán 
sometidas  a  la  plena  aplicación  de  los  mecanismos  de  gestión  y  control  que  se 
establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa 
de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para 
el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como las específicas relativas 
a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa estatal y 
de la Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
En  particular,  será  de  aplicación  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, a cuyas obligaciones quedarán sujetos los beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en el presente real decreto.
3.  Los proyectos serán desarrollados por:
a)  La Comunidad Foral de Navarra, respecto el desarrollo de un proyecto territorial 
que aborde el reto demográfico y faciliten la transformación productiva, en particular 
hacia una economía verde y digital, mediante la promoción de proyectos y líneas de 
intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, dentro de los 
proyectos de «Emprendimiento y microempresas» incluidos en la Inversión 4, «Nuevos 
proyectos  territoriales  para  el  reequilibrio  y  la  equidad»  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Estos proyectos forman parte del Plan de Reactivación 
Económica de los Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.
b)  La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  la  Comunidad  Valenciana  y 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  respecto  del  desarrollo  de  proyectos  piloto 
dirigidos  a  jóvenes,  mediante  actuaciones  por  un  lado  dentro  de  los  proyectos  de 
«Colectivos especialmente vulnerables» y por otro de los proyectos de «Emprendimiento 
y microempresas», proyectos incluidos en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales 
para  el  reequilibrio  y  la  equidad»  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia,  cuya  aplicación  se  pueda  hacer  extensiva  al  conjunto  de  los  servicios 
públicos de empleo.
Artículo 2.  Régimen jurídico específico de las subvenciones.
Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en el presente real decreto, así como 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo será de 
aplicación  el  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y demás 
normativa tanto nacional como de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y 
control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así 
como  las  específicas  relativas  a  la  información  y  publicidad,  verificación  y  demás 
impuestas por la normativa estatal y de la Unión Europea, cuya aplicación será de 
obligado  cumplimiento;  y  demás  normativa  que  resulte  de  aplicación  con  carácter 
general.
También será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el caso de que para la ejecución de los proyectos subvencionados se 
celebraran contratos que deban someterse a dicha ley de acuerdo con lo dispuesto en la 
misma. e
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, 
atendiendo a su carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en 
que ha de realizarse la actividad subvencionada. Dado que concurren razones de interés 
público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, se procederá a su 
concesión directa.
2.  La concesión de estas subvenciones a las comunidades autónomas beneficiarias 
se instrumentará mediante la firma de un convenio con el Servicio Público de Empleo 
Estatal. En el citado convenio se detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución 
de los programas a ejecutar, las actuaciones a financiar, y se determinará el plazo de 
presentación de la memoria justificativa prevista en el artículo 11. En todo caso, las 
actuaciones no podrán extenderse más allá del cuarto trimestre de 2023.
Artículo 4.  Publicidad y medidas de difusión.
1.  La concesión de la subvención se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme establece el artículo 20.4 de 
la Ley General de Subvenciones y el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  Las comunidades autónomas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad 
del  carácter  público  de  la  financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o 
actuaciones  que  son  objeto  de  la  subvención,  en  los  términos  establecidos  en  la 
normativa aplicable y/o en el respectivo instrumento de concesión de las subvenciones 
previsto en el artículo anterior.
En todo caso, las actuaciones deberán encontrarse debidamente identificadas de 
conformidad  con  las  obligaciones  que  en  materia  de  información,  comunicación  y 
publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, quedando obligadas las entidades beneficiarias de estas 
subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando 
por darle visibilidad. En particular, en la documentación y medios de difusión de sus 
acciones deberán hacer constar «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», 
para aquellas actuaciones financiadas con las subvenciones reguladas en el presente 
real decreto.
Artículo 5.  Beneficiarios de las subvenciones.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:
a)  La  Comunidad  Foral  de  Navarra,  para  el  desarrollo  de  un  proyecto  de 
«Emprendimiento  y  microempresas»  incluido  en  la  Inversión  4,  «Nuevos  proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad» del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Este proyecto formará parte del Plan de Reactivación Económica de los 
Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.
b)  La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  la  Comunidad  Valenciana  y  la  e
Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a  bo
jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «Colectivos especialmente  047ww
eivnuqclulnuiedidraaodbs»l e desen»l   Plyal a dnIne dv eelor Rssi eópcnur op4ye,e rca«tcNoiósu ne,dv Toes ra «npEsrmfooypremrecatnocdsiió mntei eyrn rRittooe rsiyail ileemns ciciparoa.eram perl esreaesq»u, ilpibrroioy eyc tolas   OE-A-2021-17able en https://
2.  Las administraciones beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 
norma deben acreditar en todo caso el requisito de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio,  así  como  de  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de 
subvenciones previamente percibidas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, 
22 y 24 del citado reglamento.
En este sentido, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, las entidades beneficiarias podrán autorizar al órgano 
instructor  o  al  concedente  para  consultar  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria si se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias. En caso de que no 
se autorice la consulta, se deberá presentar el correspondiente certificado.
Artículo 6.  Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Las administraciones beneficiarias, en coordinación con el Servicio Público de 
Empleo Estatal, desarrollarán las siguientes actuaciones:
a)  Respecto al desarrollo por la Comunidad Foral de Navarra de un proyecto de 
«Emprendimiento  y  microempresas»  incluido  en  la  Inversión  4,  «Nuevos  proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad», el mismo consistirá en un nuevo proyecto 
territorial que aborde el reto demográfico y facilite la transformación productiva, en 
particular hacia una economía verde y digital.
En este proyecto se incluirían actuaciones de capacitación agraria y empleo que fije 
población en el ámbito rural y sus pequeños municipios, dinamizadoras del desarrollo 
local  sostenible,  iniciativas  de  economía  social  para  la  acción  cultural  y  artística, 
iniciativas  de  transición  ecológicas,  iniciativas  de  desarrollo  local,  turismo  rural  y 
patrimonio histórico-artístico, entre otros.
El 25 por ciento de las actividades a financiar estarán orientadas al desarrollo de la 
economía  verde  y  el  25  por  ciento  al  emprendimiento  digital,  contribuyendo  al 
cumplimiento de la etiqueta 047-Apoyo a procesos de producción respetuosos con el 
medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes y la etiqueta 100-Apoyo 
al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas, respectivamente, de acuerdo 
con  los  compromisos  asumidos  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
Estas  actuaciones  formaran  parte  del  Plan  de  Reactivación  Económica  de  los 
Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.
El coste por empresa incluida en el proyecto objeto de subvención será de 5.000 
euros máximo.
b)  Respecto  al  desarrollo  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  la 
Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma del País Vasco de proyectos piloto 
dirigidos  a  jóvenes,  mediante  actuaciones  dentro  de  los  proyectos  de  «Colectivos 
especialmente  vulnerables»,  los  mismos  abordarán  la  promoción  de  proyectos 
integrados  de  inserción  para  fomentar  la  contratación  de  jóvenes  vulnerables  en 
coordinación con los Servicios Sociales, proyectos de inserción laboral en el ámbito 
local, proyectos de apoyo a la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y 
empleo de asistentes, proyectos de emprendimiento y empleo colectivo, y en general 
proyectos de empleo para el reequilibrio territorial y la equidad de jóvenes especialmente  e
vulnerables. bo
Estos proyectos piloto estarán relacionados con las actuaciones previstas en el Plan  047ww
psGuoabrr vaCAencantudícaeai or Jdunuonev asde  endlpie lC r Peloavlnusis sscte ao2jsom0  2due1enn- i2Md 0aei2nds7ietse stdr  oaersu et tardóalen b o8adm jeodca erds eji ugtbonne ionou e pdnfaie cr ipa2ar 0roli2aay1sse . cpdteeorb seotrenára rlislteo jvróiaavrle  anp ecasar,ab a op jócroovbenan ldeaoss    OE-A-2021-17able en https://
vulnerables. El coste por persona atendida que haya completado el proceso de atención 
objeto de subvención será de 6.000 euros máximo.
c)  Respecto  al  desarrollo  por  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  la 
Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma del País Vasco de proyectos piloto 
dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «Emprendimiento y 
microempresas»,  estos  se  referirán  a  nuevos  proyectos  territoriales  orientados  a 
personas  jóvenes  que  aborden  el  reto  demográfico  y  faciliten  la  transformación 
productiva, en particular hacia una economía verde y digital. Entre estos proyectos se 
incluirían los de capacitación agraria y empleo que fije población en el ámbito rural y sus 
pequeños  municipios,  dinamizadores  del  desarrollo  local  sostenible,  iniciativas  de 
economía social para la acción cultural y artística, iniciativas de transición ecológicas, 
iniciativas de desarrollo local, turismo rural y patrimonio histórico-artístico, entre otros.
Estos proyectos piloto estarán relacionados con las actuaciones previstas en el Plan 
Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021.
El 25 por ciento de las actividades a financiar estarán orientadas al desarrollo de la 
economía  verde  y  el  25  por  ciento  al  emprendimiento  digital,  contribuyendo  al 
cumplimiento de la etiqueta 047-Apoyo a procesos de producción respetuosos con el 
medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes y la etiqueta 100-Apoyo 
al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas, respectivamente, de acuerdo 
con  los  compromisos  asumidos  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
Cada una de las comunidades autónomas beneficiarias deberá llevar a cabo con las 
subvenciones previstas en este real decreto un proyecto territorial de emprendimiento y 
microempresas para jóvenes. El coste por empresa incluida en cada proyecto objeto de 
subvención será de 5.000 euros máximo.
2.  Serán objeto de subvención, conforme a los costes máximos establecidos en el 
apartado anterior, los gastos incluidos en la Inversión 4 del Componente 23 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  Las subvenciones reguladas en este real decreto se financiarán con cargo al 
Presupuesto  del  Servicio Público de  Empleo  Estatal.  Asimismo, las actuaciones se 
financiarán por los fondos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
4.  En  los  convenios  que  se  formalicen  para  la  instrumentación  de  estas 
subvenciones se concretarán los compromisos a asumir por las comunidades autónomas 
beneficiarias. En todo caso, las comunidades autónomas beneficiarias deberán presentar 
previamente al abono de la subvención un plan que recoja las actuaciones concretas a 
realizar.
CAPÍTULO III
Financiación
Artículo 7.  Cuantía y financiación.
1.  El importe máximo de las subvenciones otorgadas será de 9.000.000,00 de  es
euros, con el siguiente desglose: o
Se otorgará a la Comunidad Foral de Navarra un total de 3.000.000,00 de euros,  047ww
pRaeraac tiuvna cipórno yEeccoton ódmei ca« Edmep rloesn dPimiriiennetoos  yO rmieinctraoleems pdree sNasa»v,a rirnac lpuridoom oevnid oe l poPrl adni chdae 
Comunidad Foral.
Se otorgará a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad de 1.000.000,00 
de euros para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los 
proyectos de «Colectivos especialmente vulnerables» y la cantidad de 1.000.000,00 de 
euros para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los 
proyectos de «Emprendimiento y microempresas».
Se otorgará a la Comunidad Valenciana la cantidad de 1.000.000,00 de euros para 
un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de 
«Colectivos especialmente vulnerables» y la cantidad de 1.000.000,00 de euros para un 
proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de 
«Emprendimiento y microempresas».
Se otorgará a la Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 1.000.000,00 
de euros para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los 
proyectos de «Colectivos especialmente vulnerables» y la cantidad de 1.000.000,00 de 
euros para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los 
proyectos de «Emprendimiento y microempresas».
2.  Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier administración o entidad, pública o privada. En todo caso, deberá quedar 
identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos. No obstante, estos fondos son 
incompatibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la ejecución de los 
mismos proyectos de inversión no pudiéndose incurrir en doble financiación. Conforme al 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  los  proyectos  de  inversión  financiados  por  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de 
la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que ya financie la 
subvención  prevista  en  este  real  decreto.  El  beneficiario  deberá  comunicar  a  la 
Administración que conceda las subvenciones la obtención de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad sin incurrir en doble financiación sobre el mismo coste, 
procedentes  de  cualesquiera  otras  administraciones  o  entes  públicos,  nacionales  o 
internacionales.
3.  En los términos establecidos en el artículo 67.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre  General  de  Subvenciones,  para  atender  las  obligaciones  económicas 
derivadas  de  la  concesión  de  las  subvenciones  reguladas  en  este  real  decreto  se 
tramitarán las correspondientes modificaciones presupuestarias.
4.  Los ingresos por transferencias de fondos recibidos del Servicio Público de 
Empleo Estatal financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están 
legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integran dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 8.  Pago de la subvención.
1.  El pago de la subvención se efectuará una vez firmado el respectivo convenio, 
en los términos expuestos en el mismo, previa presentación de un plan que recoja las 
actuaciones concretas a realizar.
2.  Como las beneficiarias de esta subvención forman parte de la administración 
autonómica, se permite el pago anticipado de la totalidad del importe consignado para 
financiar estas subvenciones en los términos y condiciones establecidos en el convenio. e
3.  A los efectos de este artículo, la valoración del cumplimiento por las beneficiarias  bo
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no ser deudor por  047ww
reens ololus ctiéórnm dineo sp rporceevdisetnocsi ae nd ee lr aerintítceugloro 5, .a2s.í como su forma de acreditación, se efectuará
Artículo 9.  Modificación de convenios.
1.  Los convenios previamente formalizados, se podrán modificar siempre que exista 
acuerdo unánime de las partes firmantes y previo informe del servicio jurídico. Esta 
modificación no podrá suponer en ningún caso la asunción de compromisos financieros 
superiores a los inicialmente alcanzados en el convenio inicial y deberá respetar el 
carácter finalista de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal para la 
ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
CAPÍTULO IV
Obligaciones de los beneficiarios
Artículo 10.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Con  carácter  general,  las  administraciones  beneficiarias  de  esta  subvención 
deberán:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en el respectivo convenio, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta 
evaluación de las actuaciones al Servicio Público de Empleo Estatal, así como las 
administraciones competentes responsables de la gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. En todo caso, deberán cumplir, ejecutar y realizar los hitos 
y objetivos fijados para los respectivos proyectos en dicho plan.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Asegurar la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y 
corregir el fraude y la corrupción, y prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. 
Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de intereses, 
del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En especial, tomarán las 
medidas para asegurar que no exista conflicto de interés en el ámbito del órgano 
concedente de subvenciones y en los receptores finales de las ayudas, incluyendo en los 
expedientes que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, 
según corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en 
caso de detectarlos.
d)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, así 
como  al  control  financiero  de  los  mismos  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que 
tengan  encomendado  el  control  y  seguimiento  de  los  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión europea, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, 
que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas. En todo 
caso, las subvenciones reguladas en este real decreto estarán sometidas al seguimiento,  s
control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y  oe.
Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad,  w.
control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la  047ww
nRoersmiliaetnivcaia  indtee rlnaa U yE  dsee  elas taUbnleióznc aEnu yro cpueyaa  qaupeli cpaacrióan e sl eMa edcea noibslmigoa ddoe c uRmecpulimpeieranctoió. nE ny 
particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el
Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos 
de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
e)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control. En este sentido, deberán, asimismo, remitir la información sobre las actuaciones 
realizadas al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore 
para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, como base de datos única para el cumplimiento de lis 
establecido en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad 
con  lo  establecido  en  los  artículos  22.2  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del artículo 132 del 
Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión, deberán conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación 
a los beneficiarios finales, los documentos justificativos, los datos estadísticos y 
demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y 
documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años desde que se 
abonara el saldo de la operación financiera, o por un periodo de tres años, cuando 
el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos 
en  el  artículo  132  del  Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio.
f)  Devolver al Servicio Público de Empleo Estatal las cantidades anticipadas, que 
no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades objeto de la 
subvención, en los plazos y condiciones previstos en los respectivos convenios.
g)  Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión establecidas en 
el artículo 4.
h)  Cumplir  con  la  normativa  reguladora  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia y en especial con lo dispuesto en la normativa que el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública apruebe a este respecto. Además, cumplir los hitos y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en los términos y condiciones que se indiquen en los respectivos convenios.
2.  De  manera  específica,  las  comunidades  autónomas  beneficiarias 
garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» 
(principio «do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climático y digital, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por Decisión del Consejo en julio 2021 y por en el Reglamento (UE) n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de 
desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos. Para ello, 
establecerán los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este 
principio,  junto  con  la  obligación  para  los  beneficiarios  finales  de  conservar  la 
documentación acreditativa de ello por el periodo exigido por las normas de la Unión 
Europea  que  sean  de  aplicación,  en  particular  el  Reglamento  (UE,  Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
3.  En relación con la financiación de actividades incluidas en los Proyectos de  e.
Emprendimiento y Microempresas, las comunidades autónomas beneficiarias habrán de  w.b
asegurarse de que el 25 % de las actividades se orienten hacia el desarrollo de la  047ww
eAcpoonyoom aí ap rvoecredseo, sc odnet ripbruoydeuncdcoió na l rceusmpeptluimosieonst oc odne  elol sm ceodmiop raommbisieonst ed ey  leaf iectiieqnuceiata  e0n4 7e-l
duesosa drero rlleoc udres olas  eenco lanso mpyíam deisg,i taasl,í  ccoomntori bduey eqnudeo e la 2 l5o s% c doem epsroams iascotsiv iddea dlae se stieq uoeritean 1te0 0a-l
Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas, de acuerdo con 
establecido en el artículo 6.
Artículo 11.  Memoria y justificación.
Las administraciones beneficiarias de la subvención reguladas en esta norma, tras la 
finalización de la ejecución, justificarán ante el Servicio Público de Empleo Estatal la 
aplicación de la subvención percibida y presentará una memoria justificativa que incluya 
los tipos de procedimiento y de justificantes de gasto en que se haya incurrido para 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención, previstos en la normativa nacional 
y de la Unión Europea que sea de aplicación.
Las comunidades autónomas deben justificar el adecuado cumplimiento de los hitos 
y objetivos de los proyectos a ejecutar en los términos y condiciones que se indiquen en 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, u orden que la sustituya, 
y en todo caso en el plazo máximo que se establece en dicha Orden a partir de la fecha 
límite en que el hito u objetivo debe haberse cumplido.
Igualmente,  las  comunidades  autónomas  deberán  incluir  en  la  justificación  una 
declaración responsable del cumplimiento de «no causar daño significativo al medio 
ambiente»  («do  not  significant  harm»-DNSH),  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo.
No obstante, las comunidades autónomas deberán remitir la información al sistema 
de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento 
de  los  proyectos  de  inversión  financiados  con  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como a través de los diferentes medios que se puedan desarrollar.
Se deberá presentar información sobre los hitos y objetivos cumplidos, así como los 
fondos utilizados tras el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tras todos 
los posibles controles nacionales y comunitarios que sobre las medidas financiadas en el 
presente real decreto se pudieran realizar.
En  todo  caso,  las  comunidades  autónomas  también  deberán  registrar  las 
subvenciones y ayudas públicas que concedan o los contratos que celebren en ejecución 
de las medidas financiadas a través de este real decreto, en la Base de Datos Nacional 
de  Subvenciones  y  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público, 
respectivamente.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, al tratarse de fondos afectados al cumplimiento de una finalidad, 
en caso de no realizarse el gasto las comunidades autónomas deberán reintegrar 
los  fondos  recibidos  al  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  de  manera  total  o 
parcial, en cada caso.
En caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, así como los principios y 
obligaciones o cualquier otro aspecto derivados del Reglamento UE) n.º 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se  es
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en el resto de  bo
normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular el incumplimiento  047ww
droee piln aEptrerncgini arecall,i rp c eilaoons s odc  feaod den«a dne oocxsa ics sratoieru. csfiabaltirda do daseñ a ofli  asSbigeilinrdviaficidci oad teiPv úoinb»dl,ii cclaoas dd oceroe Emsm uonp hildeitaood sEe rsset paaotuarttlóa dndeoo msm, aaosn  cedureaabl qetouráiteanrl    OE-A-2021-17able en https://
otra irregularidad que dependa de su responsabilidad como organismo que ejecuta
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las comunidades 
autónomas deberán reintegrar los fondos recibidos al Servicio Público de Empleo Estatal 
de manera total o parcial, en cada caso.
El reintegro se producirá en todo caso, si el incumplimiento en que incurriera la 
comunidad autónoma impide el cobro de las cantidades asignadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia al Estado. En este supuesto la cuantía del reintegro será 
equivalente  al  importe  que  el  Estado  ha  dejado  de  recibir  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia.
3.  En  el  supuesto  de  incumplimiento  parcial  de  los  objetivos  fijados,  la 
determinación de la cantidad que deba ser reintegrada se efectuará en aplicación del 
principio  de  proporcionalidad,  y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado 
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las 
entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos.
4.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, además, en su caso, por Orden 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
5.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Normativa supletoria aplicable.
En lo no particularmente previsto en este real decreto, estas subvenciones se 
regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo será de 
aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y 
demás normativa tanto nacional como de la Unión Europea aplicable a la gestión, 
seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la información y 
publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa estatal y de la Unión 
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento; y demás normativa que 
resulte de aplicación con carácter general.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 7.ª y 13.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas, y la competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final tercera.  Aplicación.
Se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para adoptar, en el ámbito de sus  oe.
funciones y competencias, cuantos actos y medidas se precisen para la aplicación de  w.
este real decreto. 047ww
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno
y Ministra de Trabajo y Economía Social,
YOLANDA DÍAZ PÉREZ