BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 61104
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8895 Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de Burgos a inscribir el nombramiento de administrador 
único de una sociedad anónima.
En el recurso interpuesto por don P.P.F.G., en representación de don F.J.O.P., contra 
la negativa del registrador mercantil de Burgos, don Ramón Vicente Modesto Caballero, 
a inscribir el nombramiento de administrador único de una sociedad anónima.
Hechos
I
En junta general de la sociedad «Camping Cabia, S.A.» celebrada el 19 de marzo 
de 2019 se nombró administrador único de dicha entidad a don F.J.O.P.
En el acta notarial de la referida junta, autorizada el mismo día por el notario de 
Burgos don Francisco de Borja Romeo Montes, con número 207 de su protocolo, consta 
que  la  junta  fue  convocada  judicialmente  y  que  asistieron  socios  que  ostentan  la 
titularidad  de  participaciones  sociales  representativas  únicamente  del  cincuenta  por 
ciento del capital social.
II
La referida acta notarial de junta fue presentada el 22 de noviembre de 2019 en el 
Registro Mercantil de Burgos y fue objeto de calificación negativa por el registrador, don 
Ramón  Vicente  Modesto  Caballero,  por  la  que  resuelve  no  practicar  la  inscripción 
solicitada conforme a los siguientes fundamentos de derecho:
«1.  Está cerrado el Registro por falta de depósito de cuentas de los ejercicios 
sociales de 2015,2016 y 2017. El defecto es de naturaleza subsanable y tiene su 
fundamento  de  derecho  en  el  art.282  LSC;  378,  disposición  transitoria  5.ª  del 
Reglamento del Registro Mercantil y RDGRN de 8.2.2010.
2.  No consta acreditada la remisión a los socios de la convocatoria de la junta 
acordada por Decreto del Juzgado Mercantil de Burgos de fecha 11 de marzo de 2019, 
siendo de conformidad con el art.º 14 de los Estatutos Sociales inscritos, el sistema legal 
del  art.º  97  de  la  LSA,  hoy  art.º  173.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  por 
publicación en el BORME y en un diario de mayor circulación en la provincia, y que 
deberá efectuarla el/los administrador/es o el promotor de la convocatoria quienes, una 
vez en posesión del testimonio de la resolución judicial, se han de encargar de su 
publicación o traslado ateniéndose a las exigencias estatutarias, por lo que la junta no ha 
sido convocada en la forma establecida en los estatutos sociales antes citados. El 
defecto es de naturaleza subsanable y tiene su fundamento en lo establecido por el art. 
20 de los estatutos y en los art. 173.2 LSC, art.º 97 y 112 del Reglamento del Registro  es
Mercantil y RDGRN de 24.1.02, 26.2.04, 16.04.05, 24.01.06. o
3.  De conformidad con el art.º 17 de los Estatutos Sociales inscritos, el órgano de  95ww
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al Registro para su previa inscripción, la modificación del artículo 18 de los estatutos, el
cambio de órgano de administración y el nombramiento de los nuevos administradores. 
Aclarar. El defecto es de naturaleza subsanable y tiene su fundamento de derecho en lo 
establecido por el artículo citado de los estatutos y art.º 11 y 58 del Reglamento del 
Registro Mercantil.
4.  Falta  acreditar  el  cumplimiento  del  art.  111  RRM,  respecto  del  anterior/es 
Administrador/es con facultad certificante, al/los domicilio/s que consta/n en el Registro. 
El  defecto  es  de  naturaleza  subsanable  y  tiene  su  fundamento  de  derecho  en  lo 
establecido por el artículo citado del Reglamento del Registro Mercantil y Resoluciones 
DGRN de 3.11.92,12.3.93, 30.1.12y 8.2.16.
En relación con la presente calificación: (…)
Burgos, a 28 de noviembre de 2019 (…).»
III
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro Mercantil de Burgos el día 5 de 
febrero de 2020, don P.P.F.G., en representación de don F.J.O.P., interpuso recurso 
contra la anterior calificación en el que alega los siguientes motivos:
«Primero.–Refiere  el  punto  1.º  y  correlativo,  como  motivo  que  está  cerrado  el 
depósito  de  cuentas  de  diversos  ejercicios,  un  hecho  que  esta  parte  conoce 
perfectamente,  y  que  precisamente  fue  referido  en  nuestro  escrito  de  solicitud  de 
anotación registral y que ahora volvemos a referir.
Dice el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, respecto del Cierre del 
Registro por falta de depósito de cuentas.
“1.  Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el 
Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a 
aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los 
títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o 
Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la 
sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad 
judicial o administrativa”.
Por tanto, siendo el objeto de la Convocatoria el cese del anterior Administrador y el 
nombramiento en este puesto de mi cliente Don F.J.O.P., se cumple con 1o preceptuado 
anteriormente,  y  más  concretamente  con  la  excepción  planteada  respecto  a  estos 
cargos.
En el mismo orden, se regula que igualmente la falta de depósito de las cuentas no 
obrará efectos respecto de asientos ordenados por la Autoridad judicial como es el caso. 
Aportamos los Documentos n.º 1 y 2, de la fase judicial.
Por último, se acredita de los documentos que se aportaron a la fase judicial que la 
anterior administradora Doña C. sí tenía conocimiento de la convocatoria de la junta 
(documentos nos 4 a 14).
Segundo.–Dice el correlativo segundo de la resolución que no consta acreditada la 
remisión a los socios de la convocatoria de junta acordada por el Decreto de 11 de marzo 
de 2.019, un hecho con el que no podemos estar más en desacuerdo, y que trataremos  s
de combatir. o
En el procedimiento judicial referido, se interpuso por la parte contraria Incidente de  w.
n(Duolidcuamd eqnutoe  nf.uº e3 ).d Eesne eslt iqmuaed soe  rpeofrie rme elod isoi gudiee nAteu:to  de  fecha  12  de  Julio  de  2.079  2020-8895n https://ww
notif“i…ca r Slae ac ocnovmocoa tfoureiare ,a  elons  lsoo cqiuoes . aPqourí  tainntetor,e snain gauhnoara i,n fnraoc ccioómn pseet eh aa lc oLmAJe tiad op rqiourei   BOE-A-cable e
pueda determinar la vulneración en el seno del proceso de derechos fundamentales del 
art. 53.3 CE. Si los socios no convocados quieren hacer valer sus derechos, el cauce es 
el de la impugnación de acuerdos sociales, en el declarativo correspondiente, al amparo 
de los arts. 204 y s.s. LEC.
Como ha quedado dicho, en cambio, sí debe notificarse el decreto al administrador, 
cosa que, en este caso, se hizo; eso sí, la recepción de la notificación se verificó en 
fecha posterior a la señalada para la junta. Sin embargo, esto no determina tampoco 
ninguna vulneración procesal, sino que atañe a la celebración de junta en sí. Por tanto, 
también en este caso, el cauce es el de impugnación de acuerdos sociales en el 
declarativo correspondiente. Debe tenerse en cuenta que el LAJ, al convocar la junta, 
desplaza o sustituye al administrador, por tanto, dictado el decreto de convocatoria, 
todas las actuaciones posteriores atañen ya la esfera de la válida constitución de la junta 
que se celebre y, por tanto, si esta no se considera constituida válidamente o se han 
producido otras infracciones relevantes, habrá de instarse su nulidad."
En síntesis, se está resolviendo por el juzgado la alegación de falta de notificación a 
los administradores, tal y como aquí nuevamente se requiere, por lo que se cumplió de 
forma excepcional con la notificación, dado que los socios o administrador han tenido 
conocimiento de todo lo actuado, y como bien dice el aludido Auto compete a los mismos 
impugnar  los  acuerdos  procesales  en  caso  de  estar  en  desacuerdo,  siendo  la 
convocatoria  judicial  totalmente  hábil  y  cumpliendo  con  todos  los  requisitos  de 
notificación, no siendo necesaria su publicación en el BORME o periódico por tener un 
origen judicial, y no del mero tráfico mercantil, en síntesis es un mandato judicial, 
superior a cualquier legislación habida.
Tercero.-Que respecto al órgano de administración de la sociedad, este Registro 
puede entender de forma simple y clara que se trata de un error de interpretación o 
errata, pues el órgano de administración original es el de administrador único" que es el 
que se sustituye en la persona de Doña C. M. I., no ostentando dos personas dicho 
cargo ni siendo la figura de organización de la mercantil la de “administradores", tampoco 
siendo pretendido por esta parte.
Por lo tanto, y de conformidad con la resolución y con su precepto que dice "aclarar", 
vengo a indicar que el órgano de administración es el de Administrador único, no 
debiendo hacer modificación alguna, habiendo referido el juzgado Administradores en un 
error en su definición, que debe ser tratado como una errata y quedar subsanado para 
este Registro.
Cuarto.-Respecto del motivo cuarto de la resolución, misma respuesta debe darse 
por esta parte, que la ya anunciada en el Auto de fecha 12 de Julio de 2019, pues la 
notificación al administrador es un requisito cumplido y resuelto por mandato judicial, no 
pudiendo exigirse por parte de este registro la notificación posterior de una resolución 
que ya ha sido aprobada judicialmente.
La notificación del Auto de fecha 12 de Julio de 2.019, así como el anterior escrito de 
impugnación  presentado  por  el  anterior  órgano  de  administración,  son  prueba  del 
perfecto conocimiento del anterior administrador del mandato judicial acaecido y de su 
cese, así como del nuevo administrador nombrado, el artículo 111 del Reglamento del 
Registro Mercantil que regula la notificación fehaciente del nombramiento al anterior 
titular queda cumplimentado en todos los extremos con la documentación aportada a 
este expediente y que se anexa a este escrito.»
V e.
El registrador mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General  95ww
el 26 de febrero de 2020.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 93, 164, 163, 168, 169, 170, 
172, 173, 214.3, 221, 222 y 282 de la Ley de Sociedades de Capital; 326 de la Ley 
Hipotecaria; 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 9, 11, 58, 97, 111, 112, 145.3, 378 y 
disposición  transitoria  quinta  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil;  Sentencias  del 
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000 (Sala Tercera) y 5 de marzo de 1987 y las 
Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 24 de noviembre de 1999, 30 de enero 
de 2001 y 23 de febrero de 2012 (Sala Primera); y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 20 de noviembre de 2015 (de Consulta), 13 
de mayo y 15 de octubre de 1998, 15 de febrero y 24 de noviembre de 1999, 21 de 
marzo y 29 de abril de 2000, 11 de abril de 2001, 27 de abril de 2002, 26 de febrero 
de 2004, 16 de abril y 26 de julio de 2005, 24 de enero y 25 de febrero de 2006, 4 de 
octubre de 2007, 19 de junio y 30 de julio de 2009, 1 de marzo de 2010, 26 de julio 
de 2011, 27 de febrero y 19 de julio de 2012, 16 de febrero, 7 de junio y 8 de octubre 
de 2013, 11 de enero y 28 de febrero de 2014, 28 de enero, 15 de junio, 21 de 
septiembre y 22 de diciembre de 2015, 27 de enero, 8 de febrero, 25 de abril y 18 de 
mayo de 2016, 11 de junio, 17 de octubre y 21 de diciembre de 2018, 9 de enero, 20 de 
febrero, 23 de julio y 28 de noviembre de 2019; y las Resoluciones de esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 y 7 de febrero de 2020.
1.  Según el primero de los defectos expresados por el registrador en la calificación 
impugnada, suspende la inscripción del nombramiento de administrador de la sociedad 
porque la hoja registral de la misma ha sido cerrada, conforme al artículo 378 del 
Reglamento del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas anuales de los 
ejercicios sociales de 2015, 2016 y 2017.
2.  Respecto  de  las  consecuencias  que  se  derivan  del  incumplimiento  de  la 
obligación de depositar las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el 
artículo 282 de la Ley del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como en el artículo 378 y en la 
disposición transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil, no deja lugar a 
dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que 
se  haya  practicado  en  el  Registro  Mercantil  el  depósito  de  las  cuentas  anuales 
debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad 
mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y 
entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha mantenido que la falta de 
depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador, 
pues tiene su fundamento en dicha norma legal, y que, en cumplimiento del principio de 
rogación, debe ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido 
de los asientos registrales con la realidad respecto de la publicidad de una titularidad –la 
de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido. En este sentido, cabe recordar 
que, según la doctrina de ese Centro Directivo (cfr. las Resoluciones de 21 de marzo 
de 2000, 11 de abril de 2001, 27 de abril de 2002, 26 de julio de 2005, 25 de febrero 
de 2006, 4 de octubre de 2007, 19 de junio y 30 de julio de 2009, 1 de marzo de 2010, 
26 de julio de 2011, 27 de febrero de 2012 y 7 de junio y 8 de octubre de 2013 y 11 de 
enero de 2014, entre otras), salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio 
acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores, acordado  e
por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e inscripción del nombramiento  bo
del  nuevo  administrador,  toda  vez  que  dicho  cese  es  un  acto  previo,  autónomo  y  95ww
njuerícdeicsaidmade ndtee  eivnidtaerp qeuned ilean steo cdieed alads q uaecdtuea accioénfaelsa  psuoecdiaele cso nssutbitusiigr uoibesnttáecsu. loT aamlgupnooco a  llaa 
aindsmcriinpicsitórand odre y ,u anuan qduime isdiiócnh o dneol mabdrmaminiiesntrtaod onro,  speo rp uheadbae rin sscidriob iry ap orn oemstbarra cdeor randuae vlao 
hoja registral –a salvo los efectos frente a terceros que siguen el régimen previsto en los
artículos 20 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil– surtirá 
efecto desde el momento de su aceptación –artículo 214.3 de la Ley de Sociedades de 
Capital–.
Alega el recurrente que el solicitado se trata de un asiento ordenado por la autoridad 
judicial, pues el objeto de la convocatoria judicial de la junta general es el cese del 
anterior administrador y el nombramiento de uno nuevo. Pero este motivo no puede 
estimarse, toda vez que del acta notarial de la junta objeto de calificación se desprende 
inequívocamente que la autoridad judicial se limitó a ordenar la convocatoria de la junta y 
no la práctica de asiento registral alguno. Por ello, el defecto debe ser confirmado, si bien 
es fácilmente subsanable si se tiene en cuenta que, para enervar el cierre registral 
únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en 
la  forma  prevista  en  el  artículo  378.5  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil) 
correspondientes a los referidos ejercicios sociales.
3.  La segunda objeción que opone el registrador en su calificación es que no se ha 
acreditado la remisión a los socios de la convocatoria de la junta acordada por decreto 
del Juzgado Mercantil, ni se ha convocado la junta general en la forma establecida en el 
artículo 14 de los estatutos sociales (anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia).
También este defecto debe ser confirmado. Ha sido reiterada doctrina de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado que, existiendo previsión estatutaria sobre la 
forma de llevar a cabo la convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro 
sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (cfr., entre otras, 
Resoluciones de 15 de octubre de 1998, 15 de junio y 21 de septiembre de 2015, 25 de 
abril de 2016, 17 de octubre de 2018 y 9 de enero de 2019, entre otras), de suerte que la 
forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y 
resultará  de  necesaria  observancia  cualquiera  que  la  haga,  incluida  por  tanto  la 
convocatoria judicial o registral.
El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el artículo 93 
de la Ley de Sociedades de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados para 
ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en 
cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar 
atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le 
permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a 
pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir.
Estas  afirmaciones  se  apoyan  en  el  hecho  de  que  los  estatutos  son  la  norma 
orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos 
son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. 
Resolución de 16 de febrero de 2013).
Este  carácter  normativo  de  los  estatutos  y  su  imperatividad  ha  sido  puesto  de 
manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas ocasiones, como las 
clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (vid. Sentencia 
de 30 de enero de 2001).
Esas reglas estatutarias deben observarse incluso cuando la convocatoria provenga, 
en  su  origen,  de  una  decisión  del  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  o  del 
Registrador mercantil a instancia de quien a ello tenga derecho (artículos 168, 169 y 170  s
de la Ley de Sociedades de Capital). Así lo afirmó, respecto de la convocatoria judicial, la  oe.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de febrero  w.
de 2014: «4. Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones  95ww
gcietandearasl  etine neel  uanpaa rtsaindgou «laVriidsatods »r edsep elcat op rdees elan ter)e,g llaa  gcoennveoracla ttoarnia  sjóuldoi crieasl pdeec tola  djuen tlaa 
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socios,  que  ha  de  ser  la  estatutaria  o,  en  su  defecto,  la  legalmente  prevista,  sin 
posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad. El derecho de 
asistencia a la junta que a los socios reconoce el artículo 179.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no en cualquier 
forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, a la que habrán de prestar 
atención,  y  con  el  plazo  previo  establecido,  sin  que  sobre  tales  extremos  pueda 
reconocerse libre discrecionalidad al juez».
Ciertamente, en las Resoluciones de 24 de noviembre de 1999 y 28 de febrero 
de 2014, entre otras, ese Centro Directivo también admitió la inscripción de los acuerdos 
tomados en una junta general convocada judicialmente sin observarse la forma de 
convocatoria fijada estatutariamente, por cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado 
al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que hubiera tenido el traslado que 
le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el procedimiento 
previsto en los estatutos. Pero dicha doctrina no resulta aplicable al presente caso, en el 
que, y a pesar de las alegaciones del recurrente, no resulta acreditado que la efectiva 
convocatoria -con señalamiento de orden del día, y fecha y lugar de celebración de la 
junta-, fuese notificada por el juzgado en forma personal a la socia –y administradora– no 
asistente.
No cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre el hecho de que, según resulta 
de  la  documentación  aportada  junto  con  el  escrito  de  recurso,  los  socios  y  la 
administradora han tenido conocimiento de la convocatoria de la junta. En primer lugar, 
dicha documentación no puede ser tenida en cuenta para la resolución del recurso, por 
no  haberse  presentado  al  inicio  del  procedimiento  registral  que  culminó  con  la 
calificación que ahora se impugna (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Y, en segundo 
lugar, aun cuando por hipótesis pudiera tenerse en cuenta la referida documentación no 
haría decaer el defecto, pues de la misma resulta que la convocatoria fue notificada a la 
administradora de la sociedad y a uno de los socios cuando la junta ya se había 
celebrado.
4.  El tercer defecto invocado por el registrador consiste en que en el decreto de 
convocatoria de la junta general se hace referencia a dos administradores mientras que 
según los asientos registrales el órgano de administración es unipersonal.
El recurrente alega que se trata de un error del decreto de convocatoria y el órgano 
de administración consiste en una administradora única que ahora se sustituye. Deberá, 
por ello, llevarse a cabo la rectificación de dicho error material conforme al artículo 214 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5.  Finalmente, debe también confirmarse la última de las objeciones opuestas por 
el registrador, consistente en la falta de acreditación de la notificación a la anterior titular 
de  la  facultad  certificante,  conforme  al  artículo  111  del  Reglamento  del  Registro 
Mercantil.
Según el citado precepto reglamentario, en su apartado 1, «La certificación del 
acuerdo por el que se nombre al titular de un cargo con facultad certificante, cuando 
haya sido extendida por el nombrado, sólo tendrá efecto si se acompañare notificación 
fehaciente del nombramiento al anterior titular, con cargo inscrito, en el domicilio de éste 
según el Registro»; y además de remitirse en cuanto a la forma de la notificación al 
artículo  202  del  Reglamento  Notarial,  añade  que  «El  Registrador  no  practicará  la 
inscripción de los acuerdos certificados en tanto no transcurran quince días desde la 
fecha del asiento de presentación», y que «En este plazo, el titular anterior podrá 
oponerse a la práctica del asiento, si justifica haber interpuesto querella criminal por  s
falsedad en la certificación o si acredita de otro modo la falta de autenticidad de dicho  oe.
nombramiento».  Por  otra  parte,  el  apartado  3  del  mismo  artículo  dispone  que  «Lo  w.
dispuesto en los apartados anteriores será también aplicable a la inscripción del acuerdo  95ww
pdoer  neol mnbormabmriaednoto,  hdaey ac atergnoid coo lnu gfaarc uelnta vdi rctuedrt idfieca ancteta  cou ydae  elilbervoa dcieó na cata psú ob ldiceo ,t ersetaimlizoandioa 
notarial de los mismos».
Sobre la finalidad del precepto la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(vid., por todas, la Resolución de 8 de febrero de 2016) ha afirmado que la peculiaridad 
de la hipótesis contemplada en el citado precepto reglamentario (certificación expedida 
por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo de nombramiento del 
cual  se  certifica),  así  como  la  necesidad  de  reforzar  las  garantías  de  exactitud  y 
veracidad de los actos inscribibles en los excepcionales supuestos en que acceden al 
Registro  con  base  en  simple  documento  privado  –como  es  la  certificación–,  han 
determinado el establecimiento en dicha disposición reglamentaria de la especial cautela 
ahora cuestionada (de modo que el anterior cargo con facultad certificante haya sido 
debidamente  notificado  fehacientemente  o  haya  prestado  su  consentimiento),  que 
posibilita, además, la inmediata reacción frente a nombramientos inexistentes, evitando, 
en su caso, su inscripción.
En el presente caso la acreditación de esa notificación exigida reglamentariamente 
no puede ser sustituida, como pretende el recurrente, por otro documento del que, según 
afirma,  resulta  que  la  anterior  administradora  única  a  tenido  conocimiento  del 
nombramiento del nuevo administrador, pues se trata de un documento que, como antes 
se ha expresado, no puede ser tenido en cuenta para la resolución de este recurso, por 
no haberse presentado en el momento de la calificación.
Tampoco puede considerarse que la notificación no sea exigible porque el cargo de 
la administradora única había caducado en el año 2017, como resulta del acta notarial 
calificada.
Es cierto que de la literalidad del artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil 
resulta la necesidad de que el destinatario de la notificación, el administrador, tenga su 
cargo inscrito. No establece ninguna salvedad para el supuesto de que el anterior 
administrador tuviera su cargo caducado por transcurso de su plazo de nombramiento.
El artículo 145.3 del Reglamento del Registro Mercantil determina que el registrador 
hará constar la caducidad, mediante nota marginal, cuando deba practicar algún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad o se hubiera solicitado certificación.
Pero, no habiéndose practicado esta nota marginal, y a los efectos de determinar si 
es procedente o no la exigencia de notificación al administrador inscrito a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, debe acogerse, en 
este supuesto, la llamada doctrina del administrador de hecho, al objeto de dar seguridad 
en el proceso de inscripción en el nombramiento de los administradores. Ciertamente, el 
hecho de que haya transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores no 
implica una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades 
está  encaminado  exclusivamente  a  la  provisión  de  las  necesidades  sociales  y, 
especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer 
el nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este Centro Directivo ha rechazado 
la  inscripción  de  acuerdos  sociales  adoptados  por  juntas  convocadas  por 
administradores  con  cargos  vencidos  cuando  el  objeto  de  la  convocatoria  excedía 
sobradamente de las previsiones legales (vid. Resoluciones de 13 de mayo de 1998 y 15 
de febrero de 1999). Pero también ha reconocido este Centro Directivo (cfr. Resolución 
de 19 de julio de 2012) que es indudable la persistencia de los deberes de gestión 
ordinaria de la sociedad.
Esta doctrina del administrador de hecho está plenamente aceptada por nuestro 
Tribunal Supremo, que en su Sentencia de 23 de febrero de 2012 ha manifestado que: 
«1) En nuestro sistema el órgano de administración se configura como necesario y 
permanente  y  se  le  atribuye,  tanto  la  representación  orgánica  frente  a  terceros  o  s
personificación hacia el exterior, como la gestión interna de la sociedad y, en su caso, de  oe.
la empresa por medio de la cual realiza el objeto social, lo que comporta una serie de  w.
deberes entre los que está, como primero y más elemental, el del ejercicio del cargo  95ww
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elementales del deber de diligencia… Lógica conclusión de lo hasta ahora expuesto es 
que el administrador que, por cualquier causa previsible, deba cesar en el ejercicio del 
cargo,  ha  de  convocar  junta  a  fin  de  evitar  que  la  sociedad  quede  descabezada, 
afirmando la sentencia 667/2009, de 23 de octubre, que ‘‘si no hay otro administrador 
titular, o suplente (arts. 59.1 LSRL), el administrador renunciante o cesante está obligado 
a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades 
de la gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y 
como consecuencia su responsabilidad, para evitar el daño que a la sociedad pueda 
producir la paralización del órgano de administración. Así resulta del deber de diligencia 
(arts. 61.1 y 69.1 LSRL, 127 y 133 LSA; 1737 CC), y en dicho sentido de continuar en el 
ejercicio del cargo hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias 
para proveer a tal situación se manifiesta la doctrina de la DGR y N (por todas, Res. 15 
de enero de 2002, y las que cita) con base en que es contrario a dicho deber dejar a la 
sociedad  sin  órgano  de  administración’’  –en  idéntico  sentido  se  ha  pronunciado  la 
Dirección General de Registros y del Notariado (entre las más recientes, en la resolución 
de 16 de mayo de 2011)–».
Este criterio de notificación al administrador con nombramiento caducado no es 
extraño a la doctrina de esta Dirección General. Así, en Resolución de Consulta de 20 de 
noviembre  de  2015,  sobre  diversas  cuestiones  relativas  a  la  convocatoria  de  junta 
general de socios por registradores mercantiles en el ámbito de los artículos 169 y 171 
de la Ley de Sociedades de Capital se manifiesta lo siguiente: «Tercero, Traslado de la 
solicitud  en  el  caso  de  administradores  dimitidos  o  con  cargo  caducado.  Surge 
inmediatamente un problema práctico de tramitación del procedimiento registral cuando, 
como  ocurrirá  frecuentemente  en  la  solicitud  de  convocatoria  registral  de  junta  o 
asambleas,  el  administrador  hubiere  caducado  o  dimitido  de  su  cargo  cuando  se 
promueve el expediente. En el supuesto de que la sociedad carezca de administradores 
con  cargo  vigente  e  inscrito,  se  plantea  entonces  la  cuestión  de  con  quién  deba 
practicarse el traslado de las copias de la solicitud y demás documentación. Obviamente, 
esa  situación  no  puede  constituir  un  impedimento  para  que  siga  tramitándose  el 
expediente abierto y así lo tiene declarado el Centro Directivo en alguna ocasión y en 
relación con los expedientes de nombramientos de expertos y de auditores. En estos 
casos, se procederá del modo siguiente: 1.º) Se practicará la notificación al administrador 
con cargo caducado siempre que en el momento en que hubiera de producirse el 
traslado  existiese  una  situación  de  prórroga  legal  ex  artículos  222  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital y 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil. En virtud de lo 
que se establece en tales preceptos, aunque haya vencido el plazo, dicho cargo se 
presume vigente hasta cuando se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que debe resolver sobre la 
aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 2.º) Aunque hubiere incluso trascurrido el 
plazo de la ‘‘prórroga legal’’, la vacancia del cargo de administrador tampoco constituiría 
causa de no traslado de la documentación del expediente o, luego, de invalidez de la 
oposición por parte del caducado a quien se diere traslado puesto que, tal y como ha 
mantenido este Centro Directivo en reiteradas ocasiones, ello no exime al administrador 
de seguir realizando sus funciones hasta el nombramiento de quien haya de sucederle, 
tanto en cuanto a la formulación del escrito de oposición en nombre de la sociedad, 
corno en cuanto a la facilitación por su parte de cuanto sea necesario para el desempeño 
de su función por el auditor nombrado o, en este caso, el presidente y secretario de la 
junta designados. Junto al principio de temporalidad del cargo de administrador, le Ley  s
de Sociedades de Capital también recoge el principio de conservación de la empresa  oe.
evitando,  éste  último  principio,  la  paralización  de  la  sociedad  por  imposibilidad  de  w.
actuación  de  los  órganos  sociales  (pueden  verse  al  respecto,  Resoluciones  de  la  95ww
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administradora inscrita, aun con cargo caducado, debe ser notificada a los efectos del 
artículo  111  del  reglamento  del  Registro  Mercantil,  por  lo  que  el  defecto  debe  ser 
confirmado.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación  recurrida,  en  los  términos  que  resultan  de  los  anteriores  fundamentos 
jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.