BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 25 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 102817
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14191 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  las  anomalías  detectadas  en 
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe  de  fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre  los  acuerdos  adoptados  con  omisión  del  trámite  de  fiscalización  previa, 
ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a:
– Establecer  las  medidas  necesarias  para  asegurar  una  dotación  de  efectivos 
suficientes de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de 
las  entidades  locales,  cuya  selección  corresponde  a  la  Administración  General  del 
Estado, y la Comunidad Autónoma debería impulsar la agrupación de puestos.
– Revisar  la  figura  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  el  marco 
presupuestario  actual,  emanado  de  la  Ley  47/2007,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos excepcionales en los que 
se ha aplicado, con la finalidad de impedir la utilización del reconocimiento extrajudicial 
de crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
la cual no está admitida en nuestro ordenamiento.
3.  Instar al Gobierno de la comunidad a:
– Agilizar la celebración anual de concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las 
corporaciones locales siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, a 
efectos de asegurar una cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a 
funcionarios con habilitación nacional y así evitar los nombramientos accidentales, los 
puestos  vacantes  y  la  ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con 
habilitación nacional por acumulación.
4.  Instar a las entidades locales a:
– Implementar  procedimientos  de  gestión  en  relación  con  los  gastos  de  menor  es
cuantía y, en general, para garantizar el inicio de la tramitación de los expedientes de  bo
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura  191ww
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la prestación de los servicios a su cargo.
– Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que, 
amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración, 
originan recurrentemente, mediante la aplicación del procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de 
ejercicios anteriores –o incluso del propio ejercicio–, derivados de actos administrativos 
incursos en causas de nulidad.
– Evitar  el  desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control  interno,  que 
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
Nº 1.326 
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS 
POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, 
ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON 
OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, 
EJERCICIO 2016 
 
 
 
 
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora 
establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal  de  Cuentas,  y  a  tenor  de  lo  previsto  en  los  artículos  12  y  14  de  la  misma 
disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de  Cuentas,  ha  aprobado,  en  su  sesión  de  25  de  junio  de  2019,  el  INFORME  DE 
FISCALIZACIÓN  SOBRE  LOS  ACUERDOS  Y  RESOLUCIONES  CONTRARIOS  A 
REPAROS  FORMALIZADOS  POR  LOS  INTERVENTORES  LOCALES  DE  LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y LAS 
ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, 
EJERCICIO 2016 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido 
en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
 
   
ÍNDICE 
I.  INTRODUCCIÓN.  
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO.  
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL.  
I.2.1.  Ámbito subjetivo.  
I.2.2.  Ámbito objetivo.  
I.2.3.  Ámbito temporal.  
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO.  
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO.  
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS.  
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES.  
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.  
II.1. ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN 
CON LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS, EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS.  
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales anomalías 
en la gestión de ingresos. 
II.1.2.  Entidades sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa ni anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales.  
II.1.4.  Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto.  
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos.  
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos.  
II.2. ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS, EXPEDIENTES 
CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y ANOMALÍAS DE INGRESOS.  
II.2.1.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ.  
II.2.2.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.  
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.  
II.2.4.  AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.  
II.2.5.  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA.  
II.2.6.  AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS.  
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL.  
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE CORIA.  
II.2.9.  AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA.  
II.2.10. AYUNTAMIENTO DE MAJADAS.  
II.2.11. AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO.  
II.2.12. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL FRESNO.  
II.2.13. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS  es
ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL  oe.
DE CUENTAS.   w.
IIIVI..  IRCI.EO3.CN ODRCEEML SUEEUSNNLIDTOTIANDACEADISDOO.EN S S ED.S E . L  ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO SOBRE UNA MUESTRA  OE-A-2021-14able en https://
ANEXOS.
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO 1.  NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
CUADRO 2.  NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR TIPO DE ENTIDAD A 19 DE FEBRERO DE 2019 EN 
EXTREMADURA. 
CUADRO 3.  REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES. 
CUADRO 4.  ENTIDADES QUE HAN PRESENTADO CERTIFICACIONES NEGATIVAS, POR TRAMO 
DE POBLACIÓN Y TIPO DE ENTIDAD. 
CUADRO 5.  ALCANCE Y CONFIGURACIÓN DEL CONTROL INTERNO, POR TIPO DE ENTIDAD Y 
TRAMO DE POBLACIÓN. EJERCICIO 2016. 
CUADRO 6.  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS  POR  TIPO  DE  ENTIDAD  Y  TRAMO  DE 
POBLACIÓN. 
CUADRO 7.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS ATENDIENDO A LA CATEGORÍA DE GASTO 
DEL EXPEDIENTE AFECTADO. 
CUADRO 8.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS CLASIFICADOS SEGÚN LA MOTIVACIÓN DEL 
ARTÍCULO 216 DEL TRLRHL. 
CUADRO 9.  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS  ATENDIENDO  A  LA  FASE  DE  GASTO 
REPARADA. 
CUADRO 10.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS ATENDIENDO AL ÓRGANO QUE APROBÓ EL 
ACUERDO. 
CUADRO 11.  EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA POR TIPO DE ENTIDAD Y 
TRAMO DE POBLACIÓN. 
CUADRO 12.  EXPEDIENTES CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA ATENDIENDO 
AL ÓRGANO QUE RESUELVE. 
CUADRO 13.  PRINCIPALES ANOMALÍAS DE INGRESOS CLASIFICADAS POR TIPO DE INGRESO. 
CUADRO 14.  REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES. 
CUADRO 15.  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
BADAJOZ. 
CUADRO 16.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. 
CUADRO 17.  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
CÁCERES. 
CUADRO 18.  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS.  AYUNTAMIENTO  DE  PUEBLA  DE  LA 
CALZADA. 
CUADRO 19.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS. AYUNTAMIENTO DE CORIA. 
CUADRO 20.  ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS. AYUNTAMIENTO DE MAJADAS. 
CUADRO 21.  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN.  AYUNTAMIENTO  DE 
MONTEHERMOSO. 
CUADRO 22.  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DE 
EXTREMADURA ANALIZADAS. EJERCICIO 2016. 
CUADRO 23.  FORMAS DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE HABILITACIÓN NACIONAL. 
CUADRO 24.  PUESTOS ADSCRITOS AL ÓRGANO DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
COSITAL  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
EBEP  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
EATIM  Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
ETAP  Estación de tratamiento de agua potable 
EELL Entidad local
FEMP  Federación de Española de Municipios y Provincias 
FHN  Funcionarios de habilitación nacional 
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LGT  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera 
LPAC  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 
LRSAL  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno 
MHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
OCEx  Órgano de Control Externo 
RJFHN  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPPFHN  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
RPT  Relación de Puestos de Trabajo 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  s
TRLRHL  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de  w.b
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  191ww
TRLRL  Tpoerx tRoe rael fDunedcirdeoto d Lee gDiisslpaotivsoic i7o8n1e/s1 9L8e6g,a dlees 1 v8i gdeen ateb reil n materia de Régimen Local, aprobado  OE-A-2021-14able en https://
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control 
del Sector público local, entre ellas, el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El número 3 de dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención 
de las entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados 
por el órgano competente de dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o 
deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado 
lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos. Esta obligación de remisión ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014.  
Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se dictó la “Instrucción que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a 
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa”, aprobada por 
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, y publicada por Resolución de 
la Presidencia de 10 de julio de 2015. En ella se establece que la remisión de dicha información 
deberá realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales y 
se determina el procedimiento a través del cual ha de llevarse a efecto. 
Esta obligación contribuye a fortalecer el control sobre la gestión económico-financiera del sector 
público local de las diferentes instituciones con competencias en la materia, cada una en el ámbito 
de sus respectivas funciones, lo que potencia los efectos de las diversas actuaciones que sobre la 
misma se realicen, maximizando sus resultados.  
La información que han de remitir los órganos de Intervención pone de manifiesto las incidencias 
más significativas detectadas en el desarrollo de su actuación y permite efectuar una evaluación 
de  riesgos,  tanto  de  entidades,  como  de  áreas  en  las  que  se  reflejan  las  deficiencias  o 
irregularidades detectadas por los responsables del control interno de las entidades locales. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones en materia 
de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos,  reconocimiento  de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal, la 
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta 
resulte preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos suspensivos de la intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
Estas circunstancias evidencian, por si mismas, el especial interés que reviste realizar un análisis 
específico sobre la información enviada por los interventores locales, lo que motivó que el Tribunal 
de Cuentas incluyera en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 la “Fiscalización sobre 
los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los 
órganos de control externo de las comunidades autónomas”, cuyo Informe fue aprobado el 21 de  s
diciembre de 2017. En él se determinaron, en relación con los referidos ejercicios, los negocios y  e.
actos que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos, así como las principales causas y los tipos  w.
de gastos que, con mayor frecuencia, se concluyeron con omisión de la fiscalización previa, a la  191ww
veenz m qauyeo rs em deedtideact.a ron las anomalías en materia de ingresos que se produjeron en el ámbito local
Esta actuación se desarrolló de manera coordinada con los órganos de control externo de las 
comunidades autónomas (OCEx), de modo que también estos incluyeron una fiscalización sobre 
esta materia en sus respectivos Programas de Fiscalización, elaborando y aprobando cada uno de 
ellos un informe relativo a las entidades locales sitas en el ámbito territorial en el que despliega su 
actividad  fiscalizadora.  De  este  modo,  se  efectuó  un  análisis  de  la  materia  más  amplio  y 
representativo, a la vez que homogéneo. 
El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 21 de diciembre de 2017, puso 
de manifiesto en sus conclusiones, entre otras cuestiones, la debilidad en los modelos de control 
interno implantados en gran parte de las entidades analizadas, además de destacar como áreas 
de mayor riesgo en relación con la aprobación de acuerdos contrarios a reparos y omisión de 
fiscalización previa, los expedientes de contratación y los gastos de personal.  
El alcance de las conclusiones recogidas en el referido Informe, el carácter anual de la obligación 
de presentar la referida información por los interventores, así como el interés de verificar el 
cumplimiento  del  deber  que  legalmente  se  les  impone  y  de  examinar  el  contenido  de  la 
información  al  objeto  de  determinar  las  modalidades  de  negocios  y  actos  que  dan  lugar  a 
acuerdos contrarios a reparos, así como las principales causas y los tipos de gasto que, con 
mayor frecuencia, se concluyen con omisión de la fiscalización previa, a la vez que las anomalías 
en materia de ingresos que se producen en el ámbito local, hacen que se considere conveniente 
que estas actuaciones fiscalizadoras tengan un carácter recurrente. 
Con el objetivo de incrementar el alcance y profundidad del análisis del control interno –tanto en lo 
que se refiere al número de entidades examinadas, como a los diferentes aspectos objeto de 
análisis–, así como de fiscalizar un porcentaje mayor de acuerdos, resoluciones y expedientes, en 
esta  ocasión  se  han  incluido  en  el  Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  2018  distintos 
procedimientos fiscalizadores en la materia, relativos a las entidades locales de cada una de las 
comunidades  autónomas  sin  Órgano  de  Control  Externo  –Cantabria,  Castilla-La  Mancha, 
Extremadura, La Rioja y Región de Murcia–. Posteriormente se incorporó al referido Programa 
una fiscalización en la materia en relación con las entidades locales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias1, como se explica más adelante. La realización de fiscalizaciones separadas permite 
reflejar las particularidades existentes en las entidades locales de cada una de las comunidades 
autónomas. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno 
de la Institución el 21 de diciembre de 2017, incluyó, en el Apartado III.5, entre las llevadas a cabo 
a iniciativa propia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas, la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 
Esta fiscalización quedó enmarcada en el contexto del documento base del Plan Estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2017-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de junio de 
2017: en particular, en su Objetivo Estratégico 1. Contribuir al buen gobierno y a la mejora de 
la actividad económico-financiera del sector público, en su objetivo específico 1.2. Fomentar 
buenas  prácticas  de  organización,  gestión  y  control  de  las  entidades  públicas:  medida  1  – s
Desarrollar fiscalizaciones en las que se determinen las irregularidades y deficiencias detectadas  e.
en la organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como los progresos  w.
y  buenas  prácticas  de  gestión  observadas-;  medida  2  –Fiscalizar  las  áreas  con  mayores  191ww
ifnincaunmcpielirmasie dneto sre ole evnatnidcaiad eys  aqcutuea nliod aridn-d; emn ecduiednat a4s -–; Immepduildsaar 3 a -cFtuisaccailoiznaers a dctiruigaicdioans eas  efocmoneónmtairc ola-
                                                
1 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas del 28 de junio de 2018.
rendición de cuentas por las entidades públicas, así como la máxima colaboración de las mismas 
con el Tribunal en el ejercicio de sus funciones-; en su objetivo específico 1.3. Identificar y 
fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan 
propiciar el fraude y la corrupción: medida 1 –Desarrollar fiscalizaciones en aquéllos ámbitos en 
los que, a la vista de las actuaciones desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, 
pudiera apreciarse la existencia de irregularidades que pudieran dar lugar a la exigencia de 
cualquier tipo de responsabilidad-; y en su objetivo específico 1.4. Incrementar las fiscalizaciones 
operativas; medida 2 –Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno 
y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública y la 
ejecución de los programas de ingresos y gastos; y además, en su Objetivo Estratégico 2. 
Fortalecer la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas. 
Estos mismos objetivos se recogen en el Plan Estratégico 2018-2021 del Tribunal de Cuentas, 
aprobado por el Pleno de la Institución el 25 de abril de 2018. 
Como ya ocurriera en la fiscalización realizada respecto de los ejercicios 2014 y 2015, todos los 
OCEx –excepto, como se ha señalado, la Audiencia de Cuentas de Canarias2–, han incluido en su 
programación para 2018 fiscalizaciones en este ámbito –bien específicas al efecto, bien en el 
marco de otras fiscalizaciones–, referidas a las entidades locales de los respectivos ámbitos 
territoriales en los que desarrollan su función fiscalizadora en relación con los acuerdos contrarios 
a  reparos,  con  las  principales  anomalías  de  ingresos  y  los  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa correspondientes al ejercicio 2016. El Tribunal de Cuentas ha redactado unas 
pautas básicas que puedan servir de línea global de actuación, a fin de facilitar la homogeneidad 
en los trabajos fiscalizadores. El conjunto de todos los informes elaborados por el Tribunal de 
Cuentas y los OCEx ofrece los resultados completos en relación con esta materia, además de 
que, como se ha señalado, el Tribunal de Cuentas incluye en el Informe del Sector Público Local, 
ejercicio 2016, un análisis agregado a nivel nacional.  
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.2.1.  Ámbito subjetivo 
El ámbito subjetivo de la fiscalización viene constituido por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa a 
las que les resulte de aplicación el artículo 218.3 del TRLRHL. Están integrados en el ámbito 
subjetivo, por tanto: 388 ayuntamientos, 2 diputaciones provinciales, 21 entidades locales de 
ámbito inferior al municipio (EATIM) y 62 mancomunidades3. Además, forman parte de dicho 
ámbito cualesquiera otras entidades del sector público local de la Comunidad Autónoma adscritas 
o dependientes, sujetas a dicha modalidad de fiscalización. 
I.2.2.  Ámbito objetivo 
El ámbito objetivo comprende los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos que han de 
remitir los órganos de Intervención de las entidades locales, así como la demás información que 
han de presentar en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
                                                  w.
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Oficial de Extremadura nº 5 de 9 de enero de 2017.
I.2.3.  Ámbito temporal 
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 
2016, sin perjuicio de que, para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos, se efectúen 
los análisis y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores o posteriores que se consideren 
relevantes. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Se trata de una fiscalización horizontal. Es, esencialmente, de cumplimiento, dirigiéndose sus 
objetivos a verificar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está 
sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en la materia objeto de la misma. También constituye una fiscalización operativa, en 
la medida en que se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las 
entidades locales. 
Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 
1.  Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas 
sobre  los  acuerdos  contrarios  a  reparos  formulados  por  la  Intervención  local,  los 
expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de 
las entidades locales del ámbito territorial sujeto a fiscalización. 
2.  Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a 
reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización 
previa y a las principales anomalías de ingresos. 
3.  Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de 
la información remitida por los órganos de Intervención. 
4.  Detectar  y  analizar  las  áreas  en  las  que  se  ponga  de  manifiesto  de  manera  más 
significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los 
órganos de Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de 
Cuentas. Igualmente se valorarán aquellos ámbitos en los que sea más destacable una 
distinta tramitación por los órganos de las entidades locales competentes en cada caso, de 
los acuerdos contrarios al informe de Intervención o de los expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización previa. 
Asimismo, en las Directrices Técnicas se preveía que se verificaría la observancia de la normativa 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia en todo aquello que, de 
conformidad con la misma, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
Los trabajos de esta fiscalización se han efectuado a partir del análisis global de la información y 
documentación que las entidades que conforman el ámbito subjetivo han remitido a través de la 
Plataforma  de  Rendición  de  Cuentas  al  Tribunal  de  Cuentas  de  las  Entidades  Locales 
(www.rendiciondecuentas.es), en adelante, la Plataforma, en cumplimiento del artículo 218.3 del 
TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de 30 de junio de 2015, que comprende: 
-  Información  general  sobre  el  control  interno  desarrollado  en  la  entidad  local  durante  el 
ejercicio.  e.
-  Información sobre los acuerdos adoptados en contra del reparo formulado por el órgano de  191ww
ilnatse prvriennccipióanle, sa saín coommaolí adse d leo sin egxrpeesodsie. ntes concluidos con omisión de fiscalización previa y de
-  Copias de los acuerdos y resoluciones y de los informes de Intervención, y, en su caso, del
informe justificativo de la unidad gestora.
Se han fiscalizado todos los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes con omisión de 
fiscalización  previa  y  las  anomalías  de  ingresos  remitidos  por  las  entidades  locales  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  importe  superior  a  50.000  euros.  Para  ello,  se  ha  examinado, 
fundamentalmente,  la  información  remitida  por  los  interventores  a  través  de  la  Plataforma. 
Además, se ha solicitado información y documentación específica sobre aquellos aspectos que 
requirieron aclaraciones adicionales. 
Se ha realizado también un análisis específico sobre el control interno -régimen de control, 
alcance de la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos y dotación de su personal, entre 
otros aspectos- de una muestra de entidades seleccionadas atendiendo a criterios de evaluación 
de riesgo, habiéndose considerado, en todo caso, para esta segunda selección de muestra las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes. 
La  información  para  los  trabajos  se  ha  obtenido,  fundamentalmente,  de  la  remitida  por  los 
Interventores a través de la Plataforma. Además, se ha solicitado información y documentación 
específica sobre aquellos aspectos que requirieron aclaraciones adicionales así como en relación 
con el control interno de la entidad. Todas las entidades han prestado colaboración al Tribunal de 
Cuentas en el transcurso de los trabajos de fiscalización. 
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones 
que ha considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, 
utilizando los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las 
Normas de Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 
2013. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 
La  normativa  reguladora  del  régimen  local,  aplicable  a  lo  largo  del  periodo  objeto  de  la 
fiscalización, es principalmente la siguiente: 
-  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL). 
-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL). 
-  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de Presupuestos (RD 500/90). 
-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), derogada, con efectos de 2 de octubre 
de 2016, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPAC). 
-  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  e.e
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  b
-  FLeinya nOcriegráan (icLaO E2P/2S0F1)2. ,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIPGB). 
-  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL). 
En los párrafos siguientes se detalla el régimen jurídico en relación con los diferentes aspectos de 
la materia fiscalizada.  
Control interno en las entidades locales 
El ejercicio del control interno en el ámbito local se realiza mediante la función interventora -control 
de  legalidad  llevado  a  cabo  con  carácter  previo  a  la  realización  del  gasto-  y  el  control 
financiero -efectuado con posterioridad a la realización del gasto-, según disponen los artículos 
213 y siguientes del TRLRHL. 
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones 
o  gastos  de  contenido  económico,  los  ingresos  y  pagos  que  de  aquellos  se  deriven,  y  la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Se encuentran exentos 
de intervención previa los contratos menores, gastos de material no inventariable, periódico y de 
tracto sucesivo, una vez fiscalizados los actos iniciales, así como otros gastos menores de 
3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema 
de anticipos de caja fija. 
El Pleno de la entidad puede implantar un sistema de fiscalización limitada previa en virtud del 
artículo 219.2 del TRLRHL. De acuerdo con este modelo, el Interventor extiende su control previo 
a la comprobación de la competencia del órgano al que se somete el gasto, a la adecuación y 
suficiencia de crédito y a otros aspectos que debe acordar el Pleno de la entidad local. Este 
sistema debe complementarse con un control posterior basado en técnicas de auditoría, cuyos 
resultados deben plasmarse en un informe dirigido al Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Se señala que informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público, 
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano 
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que 
debe realizarse, de acuerdo con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la 
fiscalización limitada previa. 
Con carácter posterior al periodo fiscalizado fue objeto de aprobación el actual Reglamento de 
Control Interno (RCI), aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, cuya entrada en vigor 
se produjo el 1 de julio de 2018, dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 213 del 
TRLRHL, tras la modificación introducida por la LRSAL. Esta norma ha supuesto una importante 
novedad en la materia objeto de esta fiscalización al armonizar los procedimientos, alcance y  e
técnicas  a  emplear  en  el  control  interno  de  las  entidades  del  sector  público  local  con  las  bo
empleadas por la Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el  191ww
vreagclíaom  eexnitsatreion teen,  reenla ctaiónnt oc,o nh alas tfais csauli zaapciróonb ainctieórnn an doe  elax igsetísat ióenn  eecol náómmbicitoo  filnoacnacl ieurna . desarrollo

Formulación de reparos por el órgano de intervención 
La formulación de reparos por el órgano de intervención y los efectos de los mismos se regulan en 
los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. Así, se establece que si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
Estos reparos suspenderán la tramitación del expediente si afectan a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre y cuando la causa del reparo sea 
insuficiencia de crédito o inadecuación del propuesto, que no hubieran sido fiscalizados los actos 
que dieron origen a las órdenes de pago, omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales, o bien cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones y servicios. 
Cuando el órgano al que afecte el reparo presente su discrepancia respecto al mismo, el artículo 
217 del TRLRHL establece que corresponderá resolver al Presidente de la entidad local, salvo que 
los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o 
gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este 
órgano. Esta competencia tiene carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido 
de Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRLRL), prevén su posible delegación. 
La figura de la omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local hasta la 
entrada en vigor del RCI, que le otorga una regulación similar a la existente en el ámbito estatal, 
señalando que se produce en aquéllos casos en los que se omite la función interventora siendo 
preceptiva, no pudiendo tramitar el reconocimiento de la obligación ni el pago de la misma hasta 
que  se  proceda  a  la  resolución  de  la  citada  omisión.  Se  concreta,  además,  que  el  órgano 
competente, una vez visto el informe emitido por intervención –del que se especifica que no tendrá 
el carácter de fiscalización previa-, para determinar si continuar con el procedimiento y demás 
actuaciones que pudieran proceder, será el Presidente de la entidad local, salvo que se trate de 
obligaciones o gastos cuya competencia sea del Pleno, en cuyo caso, tendrá este órgano la 
competencia. Además, se determina que, en los municipios de gran población, podrá ser la Junta 
de Gobierno Local quien adopte la resolución procedente. 
Remisión de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías de ingresos al Tribunal de Cuentas 
El órgano interventor debe elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218 TRLRHL). 
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por la LRSAL, dicha información, además, 
debe ser remitida al Tribunal de Cuentas. En este sentido se pronuncia el art. 218.3 del TRLRHL, 
que establece lo siguiente: 
3.  El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios  a  los  reparos  formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías 
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá acompañar, en su  s
caso los informes justificativos presentados por la Corporación Local.”  e.
La obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el  191ww
ódergfiacnieon cciaosm ppueetesntates  ddee  mdaicnhifaiess teon etind aedle es jeercni ciloo sd eq ulae  fucnocnicóunr riannte rvpeonstibolreas  y irqreugeu hlaaryidaand edsa doo 
lmugaaterr iaal  doep oinrgturneoso sre, psaer oc,o maspíl ectoóm, poo ru nla  rIenssutrmucecnió nd ed elal sT rpibriunncaipl adlees C auneonmtaasl ídaes  3d0e tedcet ajudnaiso  eden 
2015,  con la relativa a los acuerdos o resoluciones adoptados con omisión de la fiscalización 
previa, con la finalidad de abarcar el conjunto de expedientes concluidos con reparos por los 
órganos gestores y de aquellos en los que no se haya podido pronunciar el órgano de Intervención 
sobre su legalidad.  
La Instrucción arbitró un sistema de remisión de la información sobre reparos con carácter anual y 
estructurado en cuatro apartados diferenciados: relación de acuerdos contrarios a reparos del 
ejercicio; relación de los acuerdos o resoluciones que concluyan expedientes administrativos de 
gastos tramitados al margen del procedimiento y, en todo caso, con omisión de la fiscalización 
previa; relación de las principales anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo 
de las tareas de control interno de la gestión de los ingresos; y, por último, un cuarto apartado 
relativo a información general, en el que las unidades de Intervención especifican aspectos tales 
como  la  implantación  o  no  de  un  sistema  de  fiscalización  previa  de  requisitos  básicos,  la 
realización de actuaciones de control financiero o los informes emitidos por los órganos de 
Intervención en relación con otras cuestiones relacionadas. 
Los órganos de Intervención de las entidades locales, en cumplimiento de la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, remiten información sobre el alcance del control 
interno, en particular, si se ha implantado un modelo de fiscalización limitada previa o de requisitos 
básicos, posibilidad contemplada en el artículo 219.2 del TRLRHL, y si se efectuaron actuaciones 
de control financiero reguladas en el artículo 220 del referido texto legal. 
Órgano de intervención y provisión de los puestos de trabajo reservados a FHN 
El artículo 92.bis de la LRBRL califica el control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria como función pública necesaria en todas las corporaciones locales, y 
reserva su responsabilidad administrativa a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que 
ejercerán la jefatura funcional del órgano de intervención. 
El  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional  en  el  periodo 
fiscalizado es el establecido con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) y, además, en el artículo 92 bis de la LRBRL, tras la modificación efectuada por la 
LRSAL.  
Son también de aplicación durante el ejercicio 2016 los siguientes textos legales en relación con 
dicho régimen jurídico4: 
-  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN). 
-  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
(RPPFHN). 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RPPFHN la denominación y clasificación de los 
puestos  de  trabajo  reservados  a  FHN,  a  los  que  se  les  atribuye  esta  responsabilidad 
administrativa, sigue el siguiente esquema: 
-  Intervención de clase 1ª: En diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y  b
ayuntamientos capitales de comunidades autónomas o de provincias y en municipios con  191ww
                                                
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adaptando la normativa reglamentaria a las previsiones contenidas en el EBEP y en la LRSAL.
población  superior  a  20.000  habitantes  los  puestos  están  reservados  a  funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.  
No obstante, el artículo 7 del RPPFHN prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
respectiva clasifique, en los municipios con acusados incrementos de población o en los 
que concurran otras circunstancias que así lo aconsejen y a instancia de la corporación 
interesada, los puestos reservados en clase superior a la que les correspondería.  
-  Intervención  de  clase  2ª:  En  ayuntamientos  de  municipios  cuya  población  esté 
comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes, así como en los de población inferior a 
5.000 habitantes cuyo presupuesto supere los 3.005.060,52 euros. Estos puestos están 
reservados  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención–Tesorería, 
categoría de entrada.  
-  Secretaría de clase 3ª: En el caso de que la población del municipio sea inferior a 5.000 
habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están 
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 
Los artículos 92.bis de la LRBRL y 14 y siguientes del RJFHN establecen la siguiente atribución 
de funciones en relación con la reserva de puestos: 
A los funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería que ocupen el puesto 
reservado en Intervenciones de clase primera o de clase segunda5 les corresponden las funciones 
de control y fiscalización y, además, las de contabilidad, excepto para los municipios de gran 
población, para los cuales, se prohíbe expresamente la atribución de la contabilidad a los órganos 
de intervención.  
A  su  vez,  los  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Secretaría-Intervención  tienen 
atribuidas, además de las anteriores, las funciones de tesorería y recaudación, las de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo. 
En cuanto a la provisión de estos puestos reservados, la LRBRL y RPPFHN establecen que el 
sistema normal de provisión será el concurso; además, se prevé la posibilidad, exclusivamente 
para los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, así como para las 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, de que sus puestos se cubran por libre 
designación.  
Si los puestos no están cubiertos de forma definitiva –esto es, a través de concurso o de libre 
designación- deberán ser objeto de convocatoria pública. El RPPFHN, en el artículo 12, señala 
que  existen  dos  concursos  anuales:  el  concurso  ordinario  y  el  concurso  unitario,  otorgando 
carácter supletorio al concurso unitario frente al ordinario. El ámbito territorial de los concursos 
ordinarios –convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones locales y 
publicados simultáneamente por el órgano competente de las Comunidades Autónomas- será el 
de la CA a la que pertenezca la corporación local y el concurso unitario será de carácter estatal, y 
es convocado con igual periodicidad por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
Además, la normativa establece otras formas de cobertura para los puestos que permanezcan 
vacantes determinando un orden de prelación entre las mismas. 
En primer lugar, y conforme al artículo 30 del RPPFHN, se prevé, como nombramiento no  o
definitivo de carácter prioritario, el nombramiento provisional, el cual debe ser realizado por la  191ww
da5   seE  e n cs  a ol arr ása  c me t eni er t  ind nt aao  dc  leie o sg n  aca l ol , pn  Sr  e Ien c cte er pe r vtt iaev  rnoí ca  y i,ó   T an el   d  sqeou rece lracísaoe,r r qe1usªe po,o  a2nlªd  ieeg xuliaas lt reqenus epo oternol sspa udbeoilssidt opa udde eas dItnomtsei nrrveisestneracrvtiióavnad, o deses a tal afrusán  focucinoucnpiaoarndioeoss  p cdooern  f fuhena pcbiúiolbintalaiccraiióo nys    BOE-A-2021-14cable en https://
de las subescala Intervención-Tesorería, y le corresponde las funciones de tesorería y recaudación.
comunidad autónoma correspondiente y recaer sobre un FHN. Se deberá realizar de forma 
obligatoria  este  nombramiento  cuando  lo  solicite  un  funcionario  con  habilitación  de  carácter 
nacional  que  reúna  los  requisitos  para  el  puesto  y  éste  estuviera  ocupado  en  virtud  de 
nombramiento accidental o por un funcionario interino. 
A su vez, el artículo 32 del RPPFHN establece que en los casos en los que no se haya podido 
realizar un nombramiento provisional, la Comunidad Autónoma podrá conferir comisiones de 
servicio a FHN destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste6. 
En tercer lugar, se prevé el nombramiento en acumulación para aquéllos casos en los que no 
hubiera sido posible efectuar ninguno de los nombramientos anteriores (provisional o comisión de 
servicios). Debe recaer en FHN y le corresponde a la comunidad autónoma o al Ministerio en caso 
de que exceda el ámbito de la primera. 
Por último, en los supuestos en los que no sea posible la provisión de los puestos a través de un 
nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, la norma admite proveer el 
puesto por un funcionario de la propia entidad –el nombramiento, que se denomina accidental, 
deberá recaer en un funcionario de la corporación debidamente capacitado- o por un funcionario 
interino, cuyo nombramiento se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad y deberá recaer sobre un persona en posesión de la titulación exigida para 
el acceso a la subescala y categoría correspondiente. Los nombramientos accidentales los realiza 
la  corporación  y  los  de  funcionario  interino  se  resuelven  por  el  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma. En todo caso, se debe acreditar la imposibilidad de provisión por un 
funcionario con habilitación de carácter nacional. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales 
en el artículo 114 de la LRBRL, desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la 
obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de 
Cuentas, según establece el artículo 201 de dicho Real Decreto Legislativo. En iguales términos 
se manifiestan las Órdenes HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, HAP/1782/2013, por la que se 
aprueban, respectivamente, las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad 
local, vigentes en el ejercicio 2016. 
En el Anexo I se presentan los datos sobre el cumplimiento de la obligación de rendición de las 
cuentas generales de las entidades que conforman el ámbito subjetivo7 en los ejercicios 2016 y 
2017 a la fecha de elaboración de este Anteproyecto de Informe:  
-  Respecto del ejercicio 2016, de los 388 ayuntamientos, 25 no habían rendido la cuenta 
general del ejercicio 2016. De las veintiuna entidades locales menores, una no había rendido 
la cuenta general de dicho ejercicio, así como tampoco 19 de las 62 mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma. 
-  En relación con la cuenta general de 2017, incumplen esta obligación 50 ayuntamientos, una 
entidad local menor y veinte mancomunidades. 
 
 6   C  o r r e  s p  o  n d  e  r á   a  l  M   in  i s t e  r io    d e    l a   P  residencia y para las Administraciones Territoriales conferir comisiones de servicio
pcoamrao  oecnu poatrra sp uceirsctuonss traensceiravsa sdionsg usliatureasd opsre evins taostr ae nc olam nuonrimdaadti vaau. tónoma distinta a la del puesto de procedencia, así
7 Fuente: Cuentas generales rendidas al Tribunal de Cuentas a 5 de junio de 2019.
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44 de la de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe se remitió a los 
representantes de las 24 entidades que conforman la muestra examinada para que alegasen y 
presentasen los documentos y justificaciones que estimaran convenientes. 
Asimismo se envió, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo fiscalizado 
cuando no coincidieron con quienes lo hacían en el momento de remisión del Anteproyecto de 
Informe, lo que ocurría en una de las 24 entidades. A su vez, en un caso se ha remitido el 
Anteproyecto de informe a la persona que fue representante de una entidad antes del ejercicio 
2016 respecto de unas operaciones contractuales realizadas durante su mandato que han tenido 
efectos en el periodo fiscalizado. 
Además, respecto de los incumplimientos de la obligación de remisión de la información que 
establece el artículo 218.3 del TRLHL en relación con las entidades dependientes, se ha remitido 
el extracto del Anteproyecto donde se indicaba tal circunstancia a los órganos de intervención de 
las 19 entidades en las que se produjo dicha omisión, en tanto son los órganos responsables de la 
obligación señalada. 
A la fecha de finalización del plazo otorgado para formular alegaciones – el 10 de abril de 2019 – 
se habían formulado cuatro solicitudes de prórroga del plazo para cumplimentar el trámite de 
alegaciones, que fueron concedidas hasta el 25 de abril de 2019. Se han recibido alegaciones 
dentro del plazo otorgado de los presidentes de diez de las 24 entidades fiscalizadas, así como de 
los anteriores representantes de dos entidades, siendo, en uno de los dos casos, suscritas de 
forma conjunta con el actual representante. Además, se ha recibido la información señalada en el 
párrafo anterior en relación con el conjunto de órganos de intervención a los que se les remitió la 
parte del Anteproyecto de Informe que afectaba a la entidad en la que realizaban las funciones de 
Intervención. 
Todas las alegaciones han sido objeto del oportuno tratamiento, dando lugar a las modificaciones 
y precisiones en el Proyecto de Informe de Fiscalización que se han considerado procedentes. En 
relación con los criterios interpretativos y las valoraciones presentadas en las alegaciones que 
discrepan de los contenidos de aquel y que no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, 
se ha incluido en el Proyecto de Informe una explicación sucinta de los motivos por los que el 
Tribunal mantiene su interpretación o valoración frente a lo expuesto en alegaciones. No se han 
realizado cambios ni valoraciones respecto de las alegaciones que explican, aclaran o justifican 
los resultados expuestos sin rebatir su contenido o que plantean opiniones sin soporte documental 
o normativo. 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ANÁLISIS  DE  ASPECTOS  GENERALES  SOBRE  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  EN 
RELACIÓN CON LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS, EXPEDIENTES CON 
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN 
DE INGRESOS 
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales 
anomalías en la gestión de ingresos  es
EleTonrnsitb  iedousabntdjaeeel t iesdv peolío sgCc rdauaelefee nsl atd a defsiels  d Acleaan l tlieazCap oicrnmoifóoyunernm–ci tdaoeac l didóg enrA a Iurdnetofóloa nrdtmoievm eac, a uas m deloep sa li nEmaaxciletuirzneeatrmo d– aodddsea u anrloddasoo  dp óaetras gdíl aaocn suoo mbesl npidg liceamo cIinineóttnrneat ro vdd eeaen l  rlcpoeirósmim nri esedipróeoan  rl doaaessl     2021-14191n https://www.
formulados, a los expedientes con omisión de fiscalización previa, así como a las principales
anomalías de ingreso correspondientes con la anualidad de 2016. De acuerdo con la Instrucción  Bc
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que desarrolla la referida obligación establecida 
en el artículo 218.3 del TRLRHL, la remisión de la información correspondiente al ejercicio 2016 
debía realizarse antes del 30 de abril de 2017. 
El nivel de cumplimiento de la obligación analizada para el conjunto de entidades del territorio 
nacional a 31 de diciembre de 2017 se proporciona en el cuadro siguiente, siendo el porcentaje de 
envíos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del 69% frente al 
59% de media del conjunto de entidades locales del territorio nacional. 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Envíos realizados ejercicio 2016 
Comunidad Autónoma   Censo EELL  En Plazo      Total a 31/12/2017 
Nº  %     Nº  % 
Andalucía  892  205  23  467  52 
Aragón  854  266  31  568  67 
Canarias  107  63  59  87  81 
Cantabria  645  61  9  103  16 
Castilla y León  4.748  1.489  31  2.539  53 
Castilla-La Mancha  1.093  426  39  663  61 
Cataluña  1.127  691  61  860  76 
Comunitat Valenciana  618  361  58  463  75 
Extremadura  473  182  39  325  69 
Galicia  363  84  23  273  75 
Illes Balears  77  37  48  68  88 
La Rioja  212  79  37  136  64 
Comunidad de Madrid  225  109  48  135  60 
Principado de Asturias  133  49  37  75  56 
Región de Murcia  52  23  44  39  75 
TOTAL  11.619  4.125  36  6.801  59 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. No incluye País Vasco y Navarra. 
El índice de remisión de información de Extremadura, que es superior a la media del conjunto de 
Comunidades Autónomas, se ha visto reducido, tal y como se pone de manifiesto en los párrafos 
siguientes, por el menor porcentaje de cumplimiento de la obligación por parte de los órganos de 
Intervención de los ayuntamientos de menor población, de las mancomunidades y de las EATIM. 
Se han considerado los datos de remisión de información a 19 de febrero de 2019 –fecha de corte 
en la toma de datos—. En el siguiente cuadro se muestra el grado de cumplimiento de la 
obligación, por tipo de entidad y por población, en el caso de los ayuntamientos: 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 19 de febrero de 2019 en 
Extremadura 
Entidades que han 
Tipo entidad  Censo   remitido la  En plazo  Fuera de plazo 
información  
Ayuntamientos  388  306  155  151 
  Más de 100.000 h.  1  1  0  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h  1  1  1  0 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  1  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  4  4  2  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  30  30  16  14 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  141  119  53  66 
  Menos de 1.000 h.  210  150  82  68 
Diputaciones provinciales  2  2  1  1 
Mancomunidades  62  27  16  11 
Entidades Locales Menores  21  16  10  6 
Total  473  351  182  169 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.  
La  totalidad  de  los  órganos  de  Intervención  de  las  Diputaciones  Provinciales  y  de  los 
Ayuntamientos  de  más  de  5.000  habitantes  remitieron  la  información  correspondiente.  La 
Diputación de Badajoz y el 54% de ayuntamientos mayores de la población indicada lo hicieron 
con anterioridad al 30 de abril de 2017, fecha límite establecida. Los retrasos más significativos, 
tanto por el tiempo como por el tamaño de la entidad, correspondieron a la Diputación Provincial 
de Cáceres y al Ayuntamiento de Badajoz. 
El 84% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de población entre 1.000 y 5.000 
habitantes remitieron la información, descendiendo este porcentaje al 76% respecto de las EATIM, 
al 71% en relación con los municipios de menos de 1.000 habitantes, y se redujo al 44% en el 
caso de las mancomunidades. En el Anexo II se detallan las entidades que no han remitido la 
información. 
Para impulsar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, desde 
su implantación en relación con la información del ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas ha 
llevado a cabo un conjunto de medidas, en coordinación con los OCEx, con el fin de que los 
órganos  de  Intervención  tomaran  conocimiento  de  la  existencia  de  esta  obligación  y  del 
procedimiento establecido para su cumplimiento. Dichas medidas fueron de dos tipos, por un lado, 
actividades de divulgación y, por otro, actuaciones para promover el cumplimiento consistente en 
la remisión de oficios en los que se recordaba dicha obligación, reclamando su cumplimiento una 
vez transcurrido el plazo de remisión. 
Las actuaciones de divulgación se llevaron a cabo a lo largo de 2015, en tanto que 2014 fue el 
primer ejercicio respecto del que se hacía efectiva la obligación de remisión de la información. Se 
remitieron  correos  electrónicos  informativos  a  los  órganos  de  intervención  del  conjunto  de 
entidades  locales,  poniéndose  también  esta  información  en  conocimiento  de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de Consejo General de Secretarios, Interventores y  s
Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), con el objetivo de que contribuyeran a dar  e.
mayor difusión y publicidad al procedimiento; asimismo se impartieron sesiones formativas y se  w.
elaboró una guía de ayuda, disponible en la página www.rendiciondecuentas.es  191ww
Por lo que se refiere a las medidas para activar el cumplimiento, en 2016 y 2017 se pusieron en
mInaterrcvhean cpilóann edse d ela sa cetunaticdiaodneess  dloecsatilneas,d oesl  ac uimmppulimlsaiern, teon tdree  leosst are sopbolignasacibólne s edne  rleolsa cóiórgna ncoosn  deel 
ejercicio  2016.  Estos  planes  se  han  seguido  ejecutando  en  el  ejercicio  2018.  Antes  de  la 
terminación del plazo previsto para mandar la información, se enviaron correos electrónicos 
recordatorios de la necesaria observancia. Una vez transcurrido dicho plazo se remitieron 580 
oficios a las unidades de intervención de los ayuntamientos de la comunidad que no habían 
presentado la información correspondiente al ejercicio 2016. Además, se mantuvieron con el 
mismo  fin  comunicaciones  telefónicas  con  los  ayuntamientos  de  población  superior  a  5.000 
habitantes. 
Desde el ejercicio 2014 –primer ejercicio de vigencia de la obligación recogida en el artículo 218.3 
del TRLRHL– hasta el ejercicio 2016, ejercicio fiscalizado, el cumplimiento de la obligación de 
remisión de la información regulada en la Instrucción de 30 de junio de 2015 se ha incrementado 
del 71 al 74 por ciento. Este pequeño aumento del porcentaje de remisión, de sólo tres puntos 
porcentuales,  se  explica  porque  el  aumento  del  nivel  de  cumplimiento  general  ha  sido 
compensado con la disminución concentrada en los ayuntamientos de población inferior a mil 
habitantes, en los que el porcentaje de remisión pasó del 79% en 2014 al 72% en 2016. Por el 
contrario, se produjo una mejoría generalizada en los ayuntamientos de mayor tamaño –ha 
aumentado  del  78%  al  87%  en  el  tramo  de  población  de  más  de  mil  habitantes–,  en  las 
mancomunidades pasó del 34% en 2014 al 44% en 2016 y en las entidades locales menores 
aumentó del 48% al 76%. 
De las 351 entidades cuyo órgano de Intervención ha remitido la información analizada, las 34 que 
se  relacionan  en  el  cuadro  3  cuentan  con entidades  dependientes  o  adscritas  sometidas  a 
fiscalización previa. Todos los órganos de Intervención han remitido certificaciones negativas en 
relación con sus entidades dependientes excepto el de la Diputación Provincial de Badajoz, que 
ha informado de expedientes respecto de dos de sus consorcios y un organismo autónomo. 
 
Cuadro  3.  Remisión de información de las entidades dependientes 
Remisión Reparos 
Entidad Principal  Total dependientes 
Con certif. negativa  Con remisión de exp. 
DIPUTACIONES 
Diputación de Badajoz  4  1  3 
Diputación de Cáceres  3  3  - 
AYUNTAMIENTOS 
Aceuchal  1  1  - 
Alburquerque  2  2  - 
Almendral  1  1  - 
Almoharín  1  1  - 
Azuaga  4  4  - 
Badajoz  4  4  - 
Cabeza del Buey  1  1  - 
Cáceres  5  5  - 
Calamonte  2  2  - 
Casar de Cáceres  1  1  - 
Castuera  1  1  - 
Coria  1  1  - 
Don Benito  2  2  - 
Fuente de Cantos  2  2  - 
Fuente del Maestre  1  1  - 
Fuentes de León  1  1  - 
Hervás  1  1  - 
Hornachos  1  1  - 
Jaraíz de la Vera  1  1  - 
Llerena  1  1  - 
Los Santos de Maimona  1  1  - 
Mérida  1  1  - 
Oliva de la Frontera  1  1  - 
Puebla de la Reina  1  1  - 
Torre de Miguel Sesmero  1  1  - 
Torrejoncillo  1  1  - 
Valdelacalzada  1  1  - 
Valencia de Alcántara  1  1  - 
Villafranca de los Barros  1  1  - 
Zafra  1  1 
 
ENTIDAD LOCAL MENOR 
Vivares  1  1  - 
MANCOMUNIDADES 
Mancomunidad Municipios Vegas Altas  1  1  - 
TOTAL   53  50  3 
 
II.1.2.  Entidades  sin  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos  s
De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 30 de junio de 2015, los órganos de Intervención  w.
de las entidades locales, en el caso en que no se hayan adoptado acuerdos contrarios a reparos o  191ww
edxepbeedni erenmteisti rc uonna o cmeirstiióficna dceió fnis nceaglizaaticviaó ne np rlae vqiau eo  sneo i nedxiiqstuideo e astnao cmiracluíanss teann claia g. estión de ingresos,
En el cuadro siguiente se recogen, a fecha de 19 de febrero de 2019, las certificaciones negativas 
presentadas por los titulares de los órganos de Intervención en relación con la existencia de 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la 
gestión de ingresos, atendiendo al tipo de entidad y al tramo de población de los ayuntamientos. 
Cuadro  4.  Entidades que han presentado certificaciones negativas, por tramo de 
población y tipo de entidad 
Certificaciones negativas 
Entidades que 
Tipo de entidad  han remitido la  Omisión de 
Acuerdos contrarios  Anomalías en  Todos* 
información  fiscalización 
a reparos (A)  ingresos (C)   (A, B, C) 
previa (B) 
Ayuntamientos  306  273  297  292  267 
  Más de 100.000 h.  1  0  0  1  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h  1  0  0  0  0 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  0  0  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  4  4  4  4  4 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  30  23  27  27  22 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  119  104  118  112  100 
  Menos de 1.000 h.  150  141  148  148  141 
Diputaciones provinciales  2  1  0  1  0 
Mancomunidades  27  27  27  27  27 
Entidades Locales Menores  16  15  16  16  15 
Total  351  316  340  336  309 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
* Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos 
El número de entidades en las que los órganos de Intervención han comunicado a través de la 
correspondiente  certificación  negativa,  la  inexistencia  de  acuerdos  contrarios  a  reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de los ingresos ha sido 
muy elevado. En el 88% de entidades en las que se ha enviado información, no se produjo 
ninguno de estos acuerdos, expedientes o anomalías. Este porcentaje fue del 100% en relación 
con las mancomunidades y del 94% respecto de los ayuntamientos de población inferior a 1.000 
habitantes y entidades menores.  
Con carácter general, el porcentaje de certificaciones negativas no resulta homogéneo atendiendo 
al tipo de entidad y al tramo de población, de forma que en los tramos de mayor población se 
produce en menor medida la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión 
de fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos. 
Esta circunstancia responde al incremento de recursos que se gestionan cuanto mayor es la 
dimensión del municipio en términos de población, lo que se traduce en una mayor cantidad de 
expedientes tramitados y que éstos sean de una complejidad superior, lo que incrementa la 
posibilidad de que se produzcan reparos suspensivos y que los órganos resuelvan en contra del 
criterio de la Intervención. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales   e.e
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del alcance y configuración del control interno  191ww
denetsiadrardo lyla tdroa mpoo rd ela sp oebnlaticdiaódne: s locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tipo de
Cuadro  5.  Alcance y configuración del control interno, por tipo de entidad y tramo de 
población. Ejercicio 2016 
Control 
Nº  EELL envío  Fiscalización 
Tipo entidad  Nº EELL  Otros extremos  financiero 
reparos  limitada previa 
posterior 
Ayuntamientos  388  306  56  22  18 
  Más de 100.000 h.  1  1  _  _  _ 
  Entre 75.001 y 100.000 h  1  1  _  _  _ 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  1  1  1 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  4  4  2  1  _ 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  30  30  15  7  4 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  141  119  19  7  8 
  Menos de 1.000 h.  210  150  19  6  5 
Diputaciones provinciales  2  2  1  1  _ 
Mancomunidades  62  27  3  1  1 
Entidades Locales Menores  21  16  3  2  _ 
Total  473  351  63  26  19 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El artículo 219 del TRLRHL prevé que cuando se haya implantado el modelo de fiscalización 
limitada previa de requisitos básicos, el órgano de intervención comprobará la existencia de 
crédito presupuestario y su adecuación, así como que las obligaciones o gastos se generan por 
órgano competente.  En estos casos, dicho precepto dispone que se debe regular, por medio de 
un acuerdo del Pleno, la verificación de otros extremos adicionales que resulten transcendentes 
para la gestión. 
El incumplimiento del artículo 219 del TRLRHL mediante la ausencia de acuerdo del Pleno en el 
que se definan otros extremos adicionales que se consideren transcendentes en la gestión de los 
expedientes de gasto, hace que la fiscalización previa se reduzca exclusivamente a los dos 
aspectos indicados, la comprobación de la existencia y adecuación del crédito y de la competencia 
del órgano, reduciendo de forma significativa su alcance, así como su eficacia. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Señala que se informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público, 
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano 
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que 
debe realizarse, de acuerdo con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la 
fiscalización limitada previa.  
En el conjunto del territorio nacional, tal y como se puso de manifiesto en el Informe que sobre  oe.
esta misma materia se elaboró, la fiscalización limitada previa se aplica, básicamente, por las  w.
entidades de mayor tamaño; conclusión que resulta lógica al ser las que mayor número de  191ww
ompoedrealcoi odnee sfi srecaalliizzaanci óyn,  pporre tvaian toe,n  ceoln q eule o bsjee troe vdies aa glail izleagr alolidsa pdr odcee dloims ieansptoesc,t olass  bqáuseic uotsil izdaen  ceasdtae 
eexjeprecdiciieon 2te0.1 A6.s í se ha señalado también en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local,  BOE-A-cable e
Dieciocho de las 37 entidades de población superior a 5.000 habitantes (49%) de Extremadura 
habían establecido un sistema de fiscalización limitada previa, si bien, únicamente en nueve8 
casos, los respectivos Plenos concretaron la comprobación de otros extremos de la gestión del 
gasto -además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor del gasto fuera, 
asimismo, competente-. A su vez, de las dieciocho entidades, solamente en cinco ayuntamientos 
se llevó a cabo un ejercicio del control financiero posterior. 
Sin embargo, de los 269 ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes de los que se ha 
dispuesto de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue 
del 14% (38 entidades), y de ellos, únicamente en trece se exigía la revisión de extremos 
adicionales a crédito y competencia, siendo, por tanto, más deficiente el control interno de estas 
entidades, sobre todo en aquéllas que, a su vez, no desarrollaban un control financiero posterior, 
control que únicamente se llevaba a cabo en ocho9 de las que establecieron fiscalización limitada 
previa. 
Por lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, la Diputación de Badajoz adoptó un sistema 
de fiscalización limitada previa, con Acuerdo de Pleno en el que se determinaban extremos 
adicionales sobre los que realizar dicha fiscalización además de la comprobación de la existencia 
de crédito y competencia del órgano. Si bien, ni esta Diputación ni la Diputación Provincial de 
Cáceres llevaron a cabo el ejercicio de control financiero. 
La aplicación del modelo de fiscalización limitada previa en las mancomunidades y entidades 
locales menores fue prácticamente inexistente, llevándose a cabo únicamente en tres entidades 
de cada uno de estos dos tipos. 
Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su 
utilización entre las entidades locales de Extremadura ha sido residual, habiéndose aplicado 
únicamente en el 4% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del control 
interno de aquellas, además del incumplimiento del mencionado artículo 220 del TRLRHL. 
La  escasa  implantación  del  control  financiero  se  traduce,  además,  en  la  ausencia  de 
comprobaciones sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y que no se 
ejerza un control de legalidad sobre aquellos extremos a los que no se extiende el control previo 
que se efectúa a través de la función interventora. 
Esta situación debería cambiar una vez que ha entrado en vigor, el 1 de julio de 2018, el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del sector público local, dónde se refuerza la obligación de desarrollar actuaciones de 
control financiero, para cuyo cumplimiento se prevé que resultará necesario reforzar los recursos 
de las intervenciones locales. 
Ha  de  destacarse  que  no  constituyen  actuaciones  de  control  financiero  otras  acciones  que 
desarrollan  las  unidades  de  Intervención,  como  los  informes  previos  a  la  aprobación  de  la 
liquidación del presupuesto, a los que se refiere el artículo 89.3 del Real Decreto 500/1990, ni 
tampoco los informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a 
los que se refieren los artículos 16 y 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, ya que no se encuentran comprendidas en la definición de control financiero que 
contiene el TRLRHL ni tampoco en el recientemente aprobado Real Decreto que regula el régimen  s
jurídico del control interno en las entidades del sector público local.  e.
 8   A  y u  n  ta  m  i e  n t o  s    d e    A  l b u  r q  u e  r q u  e  ,    Mérida, Montijo, Puebla de la Calzada, Villafranca de los Barros, Villanueva de la
9S eAryeunnat,a Zmaiferan,t oMs odrael eLjao byó Tna, laCyausealar . de Palomero, Casatejada, Castañar de Ibor, La Garganta, Madrigal de la Vera,  BOE-A-cable e
Nuñomoral y Toril.
II.1.4.  Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto 
Los  artículos  168.4  y  191.3  del  TRLRHL  señalan  que  el  presupuesto  y  la  liquidación  del 
presupuesto deben ser informados por la intervención de la entidad local antes de su aprobación 
por el Pleno, en el primer caso, o el Presidente, en el segundo. Estos informes contendrán la 
opinión del órgano de Intervención sobre el contenido de los documentos mencionados, en los 
que,  en  su  caso,  se  incorporarán  las  deficiencias  o  irregularidades  que  hubiera  observado. 
Además, existirán también informes de intervención en la tramitación de las modificaciones de 
crédito en los términos recogidos en la normativa aplicable. El contenido de estos informes 
constituye también un resultado de la labor de control que realizan las intervenciones de las 
entidades locales, en especial si se pronuncian en sentido negativo. 
Los responsables de los órganos de Intervención, junto con la información general sobre el 
alcance del control interno que se lleva a cabo en la entidad local, deben indicar si han emitido 
informes negativos al presupuesto, a la liquidación del presupuesto y a los expedientes de 
modificaciones presupuestarias tramitados en el ejercicio. 
De acuerdo con la información recibida, de las 351 entidades que remitieron los datos relativos al 
ejercicio 2016, los órganos de Intervención de siete10 municipios señalaron haber informado 
negativamente la aprobación de los presupuestos, de otros seis11 (uno de ellos coincidentes con 
los anteriores) modificaciones presupuestarias aprobadas y otros cuatro ayuntamientos y una 
entidad  local  menor12  indicaron  la  existencia  de  informes  desfavorables  en  relación  con  la 
liquidación del presupuesto.  
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos 
A 19 de febrero de 2019 la Plataforma registraba 507 resoluciones o acuerdos contrarios a 
reparos formulados por los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por un importe total de 33.412.769,40 de euros.  
A continuación se detallan estos acuerdos contrarios a reparos según diversos criterios: 
Según el tipo de entidad 
La distribución de los informes por acuerdos contrarios a reparos y según el tipo de entidad local 
se muestra en el siguiente cuadro, donde además, se detalla el número e importe de los de 
cuantía  superior  a  50.000  euros,  los  cuales  han  sido  objeto  de  análisis  específico  en  el 
subapartado II.2 de este Anteproyecto de informe. 
                                                  191ww
10 Ayuntamientos de Almendralejo, Don Benito, Talavera la Real, Villalba de los Barros, Logrosán, Saucedilla y Toril.
1112  AAyyuunntatammieienntotoss d ed eT aRlaisvceora,  lTaa Rlaevaelr, aR olas aRleejoa,l ,B eVlivlliasl bdae  Mdeo nlroosy , BCaorrrioas,  Ryo mGaanrggaonrdtiolla y  Vy allad eElanctaidsaad d eL oTcaajol . Menor de  BOE-A-cable e
Valdeiñigos.
Cuadro  6.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Importe en euros 
  Acuerdos contrarios a   
Totalidad de acuerdos  Representatividad de la 
reparos mayores de 50.000 
contrarios a reparos  muestra fiscalizada 
Tipo de entidad  euros 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Ayuntamientos  434  2.343.076,76    4  1.085.457,36    0,92  46.33 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  27.684,08    -  -    -  - 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  2  44.898,05    -  -    -  - 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  -  -    -  -    -  - 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  -  -    -  -    -  - 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  27  1.291.497,76    3  957.589,67    11,11  74,15 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  334  576.788,9    1  127.867,69    0,30  22,17 
  Menos de 1.000 h.  70  402.207,97    -  -    -  - 
Diputaciones  68  31.057.884,74    20  30.665.522,68    29,41  98,74 
Entidades Locales Menores  5  11.807,90    -  -    -  - 
Total  507  33.412.769,40    24  31.750.980,04    4,73  95,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los 507 acuerdos o resoluciones contrarios a reparos fueron remitidos por 35 entidades (33 
ayuntamientos, una diputación provincial y una entidad local menor) que se relacionan en el 
Anexo III, indicándose el número de los remitidos y el importe acumulado. Se trata, en todos los 
casos, de actuaciones de la entidad principal. 
Se han examinado todos los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos de importe superior a 
50.000 euros, lo que ha supuesto analizar 24 expedientes comunicados por cinco entidades 
locales –la Diputación Provincial de Cáceres y los Ayuntamientos de Coria, Jaraíz de la Vera, 
Majadas y Puebla de la Calzada agrupando la Diputación Provincial de Cáceres veinte de los 24 
acuerdos analizados. 
Además, ha sido objeto de análisis un expediente remitido por el Ayuntamiento de Solana de los 
Barros que fue comunicado con importe cero, pero que tras la correspondiente solicitud de 
información, se comprobó que correspondía a un reparo genérico por la utilización inadecuada de 
la contratación menor. 
La exposición individualizada de cada uno de los expedientes se ha incluido en el epígrafe 
correspondiente a las respectivas entidades locales en el subapartado II.2. 
Según la modalidad de gasto del expediente 
En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los acuerdos contrarios a reparos por las 
categorías de gasto recogidas en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015: 
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del 
expediente afectado 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos    Acuerdos contrarios a reparos    Representatividad de la 
contrarios a reparos  mayores de 50.000 euros  muestra fiscalizada 
Modalidad de gasto 
    % 
Nº  Importe €  Nº  Importe €  % Nº 
Importe 
Gastos de personal  303  7.030.160,4    8  6.340.396,04    2.64  90,19 
Expedientes de contratación  112  8.744.904,56    3  8.176.401,58    2,68  93,50 
Expedientes de subvenciones y 
61  16.654.796,95    11  16.360.182,42    18,03  98,23 
ayudas públicas 
Determinados procedimientos de 
1  504,10    -  -    -  - 
ejecución del presupuesto de gastos 
Incumplimiento prelación de pagos  5  15.052,90    -  -    -  - 
Operaciones de derecho privado  1  54.000,00    1  54.000,00    100,00  100,00 
Gastos derivados de otros 
21  912.590,87    1  820.000,00    4,76  89,85 
procedimientos 
Sin información modalidad de gasto  3  759,62    -  -    -  - 
Total  507  33.412.769,40    2414  31.750.980,04    4,73  95,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma   
La mayoría de estos acuerdos contrarios a reparos afectaban al área de gastos de personal 
(60%), seguido de los expedientes de contratación (22%) y de subvenciones y ayudas públicas 
(12%). No obstante, el área de subvenciones y ayudas públicas concentró el 50% del gasto 
afectado, seguida de la contratación (26%) y de los gastos de personal (21%). 
Los  expedientes  de  gastos  de  personal  afectan  mayoritariamente  a  los  procedimientos  de 
contratación  (75%)  y  al  pago  de  gratificaciones  (18%);  en  la  contratación  administrativa,  se 
producen fundamentalmente en la adquisición de servicios (44%) y suministros (43%), y el 62% de 
las incidencias de subvenciones y ayudas públicas derivan de una aplicación indebida del sistema 
de concesión directa. 
Según la motivación del reparo y la fase de gasto reparada  
El cuadro siguiente presenta la distribución de los acuerdos contrarios a reparos comunicados 
atendiendo a las causas de reparo recogidas en el artículo 216 del TRLRHL: 
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos    Acuerdos contrarios a reparos    Representatividad de la 
contrarios a reparos  mayores de 50.000 euros  muestra fiscalizada 
Causa del reparo 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Insuficiencia de crédito o inadecuación     
24  3.486.090,85  2  3.315.161,28  8,33  84,45 
del presupuesto 
Ausencia de fiscalización  6  132.066,19    -  -    -   
Omisión en el expediente de requisitos     
275  27.461.285,38  17  26.770.509,63  6,18  77,13 
o trámites esenciales 
Derivación  de  comprobaciones     
materiales  de  obras,  suministros,  10  47.666,29  -  -  -   
adquisiciones y servicios 
Otras causas  159  1.758.603,48    4  1.221.165,55    2,52  98,36 
Varias causas de las anteriores  33  527.057,21    1  444.143,58     3,03  - 
Total  507  33.412.769,40    2414  31.750.980,04    4,73  95,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
La  causa  más  común  es  la  omisión  en  los  expedientes  de  gasto  de  requisitos  o  trámites 
esenciales, situación que afecta al 54% de los acuerdos de 2016, siendo su importe agregado 
representativo del 82% de la cuantía total.  
En cuanto a la ordenación de los reparos según la fase del gasto afectada, se presenta la 
siguiente situación: 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Importe en euros 
  Acuerdos contrarios a   
Totalidad de acuerdos  Representatividad de la 
reparos mayores de 50.000 
Fase de gasto reparada  contrarios a reparos  euros  muestra fiscalizada 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Autorización  48  23.873.095,86    8  23.656.380,25    16,67  99,09 
Compromiso  12  1.045.880,51    3  882.067,94    25,00  84,34 
Reconocimiento de la obligación  269  7.499.098,27    9  6.810.120,87    3,35  90,81 
Orden de pago  89  100.372,08    -  -    -  - 
Pago  26  94.936,95    -  -    -  - 
Otras  63  799.385,73    4  402.410,98    6,35  50,34 
Total  507  33.412.769,40    2414  31.750.980,04    4,73  95,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.   
 
El 53% de los reparos se formularon en la fase de reconocimiento de la obligación; no obstante, si 
se atiende al importe del expediente, la fase que mayor cuantía acumula es la de autorización del 
gasto (71%). 
Según los órganos que aprobaron los acuerdos contrarios a los reparos formulados  es
EaóInrrnttgeí acrreunvlleoaon c g2cióei1óns7n t co docre ondl r eTrloelR ssg LpaóRosrngHtodaL en y oe asslol t asqP burrleeee pscaaiedpr eroqonsubt eead  reloda nesn   acaltaocu mureaepnlreetdizdtoeaasn d sce uinlaos spcc aeoplnna, strrsaiava  arldve eoisn  otlqoelvusrep erru  euelponsasta ro orsdes ip psdacoerrroe  Ilspno atssen erócv rieabgn aaecsnnieoótnrsne  ,  deeeenll     2021-14191n https://www.
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carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido de Disposiciones Legales vigente 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(TRLRL), prevén que esta competencia se pueda delegar13. 
Atendiendo a esta clasificación, los acuerdos contrarios a reparos se adoptaron por los siguientes 
órganos: 
Cuadro  10. Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos    Acuerdos contrarios a reparos    Representatividad de la 
Órgano que resuelve  contrarios a reparos  mayores de 50.000 euros  muestra fiscalizada 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Pleno  24  12.290.089,53    5    12.185.162,28    20,83  99,15 
Presidente  483     21.122.679,87    19  19.565.817,76    3,93  92,63 
Total  507  33.412.769,40    2414  31.750.980,04    4,73  95,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El 95% de los acuerdos contrarios a reparos comunicados en 2016 fueron adoptados por la 
Presidencia de las entidades y el 5% restante por los correspondientes Plenos. No obstante, la 
relevancia económica de los acuerdos adoptados por los Plenos eleva su representatividad hasta 
el 37%. 
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Las comunicaciones realizadas por los órganos de Intervención de las entidades locales de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  en  2016  incluyen  73  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa por un importe agregado de 3.162.134,62 euros.  
La  distribución  de  los  informes  recibidos  sobre  expedientes  con  omisión  del  trámite  de 
fiscalización previa según el tipo de entidad es la siguiente: 
                                                  oe.
13 En el artículo 15.3 del nuevo Reglamento de Control Interno de las Entidades Locales se recoge expresamente la  191ww
i1cm4o pmAoudsneibimcilaiáddsao,d  ch doaen  s diimdeolpe ogorabterj e lcatoe r reods,e op lauencroáió lqinsu idsee  ut rlnaa sse  dlxaips cecodrerierpenastnepc oirnaesdm ipeitonidrte op  saporotleirc  idetuel dlA  Pdyrueen sintiadfomernimetena tcdoieó  dnlae,   seSeno tcildaoanmdap  ordo edb eóllo  Pqs uleBena ocror. orrse sqpuoen fduíea 
a un reparo genérico por la utilización inadecuada de la contratación menor.

Cuadro 11.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo de 
población 
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin    Expedientes sin fiscalización previa    Representatividad de 
Tipo de entidad  fiscalización previa  mayores de 50.000 euros  la muestra fiscalizada 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Diputaciones  18  1.441.475,92    5  1.221.670,68    27,78  84,75 
Ayuntamientos  55  1.720.658,70    5  1.302.718,52    9,09  75,71 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  2     856.082,85    1  810.202,45       50,00  94.64 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1           0,00    -  -    -  - 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1    74.528,88    1  74.528,88    100,00  100,00 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  -    -    -  -    -  - 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  40     765.944,72    3  417.987,19    7,50  54,57 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  2       652,35    -  -    -  - 
  Menos de 1.000  9   23.449,90    -  -    -  - 
Total  73  3.162.134,62    10    2.524.389,20      13,70  79,83 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los 73 expedientes con omisión de fiscalización previa están referidos a nueve entidades locales 
de Extremadura: las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y los Ayuntamientos de 
Badajoz, Belvís de Monroy, Cáceres, Casas del Monte, Jaraíz de la Vera, Mérida, Montehermoso, 
Talavera la Real y Torremayor. Con la excepción de dos expedientes tramitados por entidades 
dependientes de la Diputación Provincial de Badajoz, el resto de gastos comunicados afectaron a 
las entidades principales, con el detalle que se presenta en el Anexo IV. 
En función del tipo de gasto, el 65% de los expedientes con omisión de la fiscalización previa se 
refieren a gastos contractuales y en el 30% son relativos a gastos de personal.  
Según el órgano gestor 
Los  órganos  que  acordaron  los  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  fueron  los 
siguientes: 
Cuadro 12.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve  
Importe en euros 
  Expedientes sin fiscalización   
Totalidad de expedientes sin  Representatividad de la 
previa mayores de 50.000 
Órgano gestor  fiscalización previa   euros   muestra fiscalizada 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Pleno  21  2.441.475,23    8  2.229.860,32    38,10  91,33 
Presidente  41  257.021,46    -  -    -  - 
Concejalía  2  294.528,88    2  294.528,88    100,00  100,00 
Otro  9  169.109,05    -  -    -  - 
Total  73  3.162.134,62    10  2.524.389,20    13,70  79,83 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma   e.
El 56% de los expedientes con omisión de fiscalización previa fue resuelto por el Presidente de la  191ww
e ntidad; sin embargo, en volumen, el mayor porcentaje correspondió al Pleno (77%).
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos 
Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura comunicaron 38 anomalías de ingresos en 2016, por una cuantía 
global de 150.495,45 euros. En el siguiente cuadro se clasifica el conjunto de las anomalías 
atendiendo a la naturaleza de los ingresos a los que se refieren, las cuales fueron remitidas por el 
órgano de Intervención de la Diputación de Cáceres y por trece ayuntamientos, según se detalla 
en el Anexo V. 
Cuadro 13.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Importe en euros 
  Expedientes mayores de 50.000    Representatividad de la 
Anomalías 
euros  muestra fiscalizada 
Tipo de ingreso 
Nº  Importe €    Nº  Importe €    % Nº  % Importe 
Impuestos locales  9  4.905,31    -  -    -  - 
Tasas  10  125.413,50    1  107.000,00    10,00  85,32 
Precios Públicos  4  1.249,35    -  -       
Ingresos Patrimoniales  11  16.580,81    -  -       
Otros  4  2.346,48    -  -    -  - 
Total  38  150.495,45    1  107.000,00    2,63  71,10 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
II.2.  ANÁLISIS  REALIZADO  SOBRE  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  
EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  ANOMALÍAS  DE 
INGRESOS  
En  este  subapartado  se  detallan  los  resultados  del  análisis  del  contenido  de  los  acuerdos 
contrarios a los reparos formulados por los órganos de intervención, de los expedientes con 
omisión  de  fiscalización  previa  y  de  las  anomalías  de  ingresos  que  han  sido  objeto  de  un 
tratamiento  individualizado.  En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  la  representatividad  de  los 
expedientes analizados respecto de la totalidad de los mismos: 
Cuadro 14.  Representatividad de la muestra de expedientes 
  Muestra seleccionada 
Totalidad de acuerdos 
contrarios a reparos 
  Expedientes    Representatividad  
      Nº  Importe €          Nº  Importe €        % Nº       % Importe 
Acuerdos contrarios a reparos  507  33.412.769,40    25  31.750.980,04    4,93%  95,03% 
Expedientes con omisión de fiscalización  73  3.162.134,62    10  2.524.389,20    13,70%  79,83% 
previa 
Anomalías de ingresos  38  150.495,45    1  107.000,00    2,63%  71,10% 
  e.
Los 25 acuerdos contrarios a reparos examinados representan el 95% del importe total. De ellos,  191ww
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contratación.
Por lo que se refiere a los expedientes con omisión de fiscalización previa, los diez que se han 
examinado representan el 80% del volumen total. Tres son relativos a la contratación de obras, 
dos  a  la  contratación  de  servicios,  uno  se  refiere  a  gastos  de  personal  y  los  otros  cuatro 
responden a la imputación de facturas diversas de ejercicios anteriores al presupuesto de 2016. 
También ha sido objeto de análisis una anomalía de ingresos relativa a la gestión de tasas.  
Se incluyen, dando así cumplimiento al objetivo cuatro de la fiscalización, los resultados obtenidos 
en relación con las áreas en las que se ha detectado una falta de homogeneidad en los criterios y 
procedimientos aplicados por los órganos de intervención en el ejercicio de su función y en su 
remisión al Tribunal de Cuentas, así como diferencias en la tramitación por los órganos de las 
entidades locales de los acuerdos contrarios a reparos o de los expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización previa.  
II.2.1.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 
Sistema de control interno  
La Diputación Provincial de Badajoz liquidó su presupuesto de gastos en 2016 con un volumen de 
obligaciones reconocidas netas de 142.008.349,93 euros.  
La Diputación dispone de un puesto de Intervención general de clase 1ª reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. La cobertura del 
puesto era definitiva tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 2018, habiéndose 
realizado  el  nombramiento  mediante  libre  designación,  previsión  contemplada  para  las 
diputaciones provinciales por el artículo 92.bis, aparado cuarto, de la LRBRL. 
El órgano de Intervención contaba, además, con los siguientes puestos adscritos en el ejercicio 
2016: un técnico A1 en el puesto de Vice-interventor reservado y cubierto por un funcionario con 
habilitación nacional, nueve técnicos A2, cuatro administrativos y nueve auxiliares administrativos.  
En 2016 la Diputación tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos 
básicos, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia de crédito, 
a  la  competencia  del  órgano  gestor  del  gasto,  así  como  a  otros  extremos  adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
El órgano de intervención ha informado de que tras la entrada en vigor del RCI el Pleno de la 
Diputación ha aprobado un Reglamento de Control Interno de Sector Público Provincial en el que 
se  establece  el  régimen  de  fiscalización  previa  de  requisitos  básicos  adaptado  a  la  nueva 
normativa. Además, se ha creado una Sección de Control Financiero que trabaja en la elaboración 
de los primeros informes de control financiero. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención de la Diputación Provincial de Badajoz remitió la información prevista en  b
el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del  191ww
plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.
Sineg reesnovsió y c seer tiinficfoarcmióón  dnee dgoactiev ae xepne drieelnatceiósn t racmonit aadcouse crdoons o cmoinsitóranr idoes  fais craelpizaarcoisó ny  parenvoima.a Slíeaiss  ddee 
ellos corresponden a la entidad principal —de los cuales, dos tienen un importe superior a 50.000
euros y han sido objeto de análisis— y los otros seis a tres de sus entidades dependientes: el 
organismo autónomo Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia y los consorcios Provincial 
de Extinción de Incendios y de Gestión de Servicios Medioambientales en la provincia de Badajoz.  
Expedientes con omisión de fiscalización 
La cuantía agregada de los doce expedientes con omisión de fiscalización ascendió a 299.452,35 
euros, con la clasificación que se detalla en el siguiente cuadro:  
Cuadro 15.  Expedientes con omisión de fiscalización. Diputación Provincial de Badajoz.  
Expedientes con omisión de fiscalización previa  
Tipo de expediente 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje importe 
Gastos de personal  2  18.971,36  16,7  6,3 
Expedientes de contratación  1  49.758,65  8,3  16,7 
Reconocimiento extrajudicial de créditos  9  230.722,34  75,0  77,0 
Total  12  299.452,35  100,0  100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
Se han seleccionado para su análisis los dos expedientes de importe superior a 50.000 euros, 
cuyo importe agregado asciende a 153.191,25 euros.  
o  Imputaciones  al  presupuesto  de  gastos  de  ejercicios  anteriores  cuyas  facturas  se 
recibieron en 2016 o respecto de las que no se había acreditado la conformidad en tiempo 
El Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz, en sesiones de 30 de marzo y de 20 de diciembre 
de 2016, acordó la aprobación de dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para 
imputar al presupuesto corriente gastos generados en ejercicios anteriores. En ambos casos, el 
órgano de Intervención había emitido informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento 
de los artículos 176.1 y 173.5 del TRLRHL en los que se recoge el principio de anualidad por el 
que  ha  de  regirse  la  imputación  al  presupuesto  de  gastos  y  la  nulidad  de  los  acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que determinen el compromiso de gastos por cuantía superior 
al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos del presupuesto.  
El primer expediente estaba conformado por 42 facturas de un importe agregado de 70.283,40 
euros y el segundo por 26 facturas cuyo importe conjunto asciende a 82.907,85 euros. En ambos 
casos  se  trata  de  gastos  respecto  de  los  que  los  servicios  gestores  no  habían  emitido  su 
conformidad  con  las  facturas  recibidas,  o  se  habían  recibido  en  el  Ayuntamiento  una  vez 
comenzado el ejercicio 2016. Esta segunda circunstancia –que se produjo respecto de 30.009,38 
euros del primer expediente y en relación con el importe total del segundo- derivó en que al cierre 
del ejercicio contable 2015 los gastos correspondientes no fueran contabilizados en la cuenta 413. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 
La demora de los proveedores en la entrega de las facturas o de los servicios gestores en su 
tramitación, informa de la continuidad de unas prácticas que pretendían ser corregidas por la Ley 
5/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se  e.e
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como por la  b
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro  191ww
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II.2.2.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 
Sistema de control interno  
El volumen de obligaciones reconocidas netas de la Diputación Provincial de Cáceres ascendió en 
el ejercicio 2016 a 120.626.112,02 euros. 
La Intervención de la entidad era de clase 1ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención  Tesorería,  categoría  superior. La 
cobertura  del  puesto  de  interventor  era,  a  31  de  diciembre  de  2016,  definitiva,  habiéndose 
realizado mediante libre designación, previsión contemplada para las diputaciones provinciales por 
el artículo 92.bis, aparado cuarto, de la LRBRL. 
Mediante Resolución de la Presidenta de la Diputación de 30 de mayo de 2017 la Interventora fue 
cesada, alegándose la pérdida de confianza en su idoneidad técnica. Esta resolución fue recurrida 
por la Interventora en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres, que mediante 
sentencia 20/2018, de 15 de febrero de 2018, desestimó su demanda, y posteriormente recurrida 
mediante recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, con el mismo resultado desestimatorio que se plasmó en la sentencia 
96/2018 de 31 de mayo de 2018. Desde el 11 de julio de 2017 el puesto de Intervención es 
ocupado en comisión de servicios por un funcionario con habilitación nacional, Subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior, que ostenta la titularidad del puesto de Tesorería.  
El órgano de Intervención contaba en 2016 con los siguientes puestos: dos técnicos A1, dos A2, 
tres administrativos y ocho auxiliares administrativos. En la fecha de corte de los trabajos —
diciembre de 2018— se habían incorporado al órgano de Intervención otros dos técnicos A2.  
La  Diputación,  en  el  ejercicio  fiscalizado,  desarrollaba  una  intervención  previa  plena  de  los 
expedientes de gasto. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo 
que supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control 
de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención de la Diputación Provincial de Cáceres remitió la información prevista en 
el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 15 de febrero de 2018, nueve 
meses y medio después de la finalización del plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se informó de la existencia de 68 acuerdos contrarios a reparos y seis expedientes con omisión 
de fiscalización previa, por importes conjuntos de 31.057.884,74 euros y 1.142.023,57 euros, 
respectivamente.  Además,  se  ha  informado  de  una  anomalía  de  ingresos  sin  cuantificación 
económica. En los siguientes apartados se analizan las características de la información remitida 
atendiendo al tipo de incidencia comunicada. 
Acuerdos contrarios a reparos 
En el siguiente cuadro se clasifican los 68 acuerdos contrarios a reparos en función de la tipología 
de expediente:   e.
Cuadro 16.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Cáceres 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Expedientes de contratación  9  8.218.071,59  13,2  26,5 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  50  16.617.543,89  73,5  53,5 
Gastos de personal  8  6.168.269,26  11,8  19,9 
Operaciones de derecho privado  1  54.000,00  1,5  0,2 
Total general  68  31.057.884,74  100,0  100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
 
El  74%  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos  son  relativos  a  la  concesión  de  ayudas  y 
subvenciones  públicas,  siendo  también  relevante  el  número  de  acuerdos  que  afectan  a  la 
contratación administrativa y a gastos de personal, con el siguiente detalle: 
-  Respecto de las subvenciones y ayudas públicas, se informa de 50 acuerdos contrarios a 
reparos, 32 de ellos relativos a subvenciones de concesión directa y 18 de concesión en 
concurrencia competitiva. Todos los acuerdos fueron adoptados por la Presidencia de la 
Diputación.  Las  fases  de  gasto  reparadas  fueron,  fundamentalmente,  las  relativas  el 
reconocimiento de la obligación, situación que afecta especialmente a las subvenciones de 
concesión directa, en las que se establece como causa de reparo más frecuente la omisión de 
requisitos o trámites esenciales. 
-  En relación con la contratación administrativa, los nueve acuerdos contrarios a reparos se 
produjeron  fundamentalmente  en  contratos  de  servicios,  en  su  mayoría  resueltos  por  la 
Presidencia,  con  una  excepción  que  fue  sometida  a  acuerdo  de  Pleno,  señalándose 
nuevamente  como  causa  del  reparo  más  frecuente  la  omisión  de  requisitos  o  trámites 
esenciales. 
-  Además, se informa de ocho acuerdos contrarios a reparos que afectan a gastos de personal 
en relación con su contratación, retribuciones y otras actuaciones, siete de ellos resueltos por 
la Presidencia y uno por el Pleno de la Diputación.  
Han sido objeto de análisis veinte de los 68 acuerdos remitidos por el órgano de Intervención cuyo 
importe excedía de los 50.000 euros: dos expedientes de contratación por importe conjunto de 
8.109.711,91 euros; once expedientes de subvenciones y ayudas públicas por 16.360.182,42 
euros; seis expedientes de gastos de personal por un total de 6.141.628,35 euros; y un expediente 
de operaciones de derecho privado por cuantía de 54.000 euros. 
Dieciséis de los veinte expedientes, a pesar de integrarse por resoluciones de la Presidencia de la 
Diputación en la que se indicaba expresamente el levantamiento del reparo, no eran realmente 
acuerdos  contrarios  a  reparos.  En  algunos  de  ellos  los  informes  de  Intervención  no  se 
pronunciaban sobre actos de contenido económico, sino que eran referidos a actos preparatorios 
de expedientes de contratación o de subvenciones; y en otros,  el criterio de Intervención fue  e
atendido por el órgano gestor.  bo
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o  Subvenciones de concesión directa a municipios de la provincia para realizar obras de 
interés público no previstas en el Plan provincial 
El órgano de Intervención ha remitido cinco resoluciones de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Cáceres contrarias a los reparos formulados relativas a expedientes de concesión 
directa de subvenciones. De ellas, en tres —expedientes 01/06/2016, 18/12/2016 y 23/12/2016—, 
el órgano de Intervención formuló observaciones que fueron subsanadas en la tramitación del 
expediente.  
Los  otros  dos  expedientes  —5/9/2016  y  24/12/2016—  cuyos  importes  ascendieron 
respectivamente a 282.067,94 y 262.647,16 euros, son relativos a la concesión, con carácter 
excepcional,  de  subvenciones  directas,  no  previstas  en  el  Plan  provincial  de  obras,  a  35 
municipios de la provincia.  
Los informes de Intervención, fechados el 31/08/2016 y 01/12/2016 respectivamente, ponen de 
manifiesto la insuficiente justificación del interés público de las actuaciones subvencionadas, así 
como de las causas por las que no se procedió a una convocatoria pública de la subvención, por 
lo que el órgano de Intervención estimó que no se daba cumplimiento al artículo 22.2 c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para la utilización de este procedimiento 
excepcional de adjudicación. Además, en ambos informes se advierte que en el ejercicio 2016 se 
incrementó significativamente el número de subvenciones de concesión directa promovidas por 
los órganos gestores de la Diputación15. 
A solicitud del Tribunal de Cuentas, la Diputación ha aportado los informes suscritos por técnicos 
municipales justificativos de las circunstancias de interés público que motivaban la concesión de 
las subvenciones, así como las memorias jurídicas suscritas por la Jefatura del Servicio de 
Planificación, justificativas de la dificultad de realizar una convocatoria pública para la concesión 
de estas subvenciones.  
El análisis de esta documentación confirma la opinión expuesta por el órgano de Intervención, en 
tanto en los informes de la Jefatura del Servicio de Planificación se formula una simple invocación 
al interés público de las actuaciones subvencionadas, con remisión al contenido de los informes 
de los técnicos municipales en los que se fundamenta la urgencia de la actuación. Se expone 
como argumento que las actuaciones subvencionas no encuentran acogida en las líneas de 
subvenciones de concurrencia previstas en el Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, y que, dada la fecha de comunicación por parte de los 
ayuntamientos de estas necesidades sobrevenidas y excepcionales, no se disponía de tiempo 
suficiente para su inclusión en el plan anual y, por consiguiente, en la anualidad presupuestaria.  
No obstante, se ha comprobado que se trata de situaciones que perduran en el tiempo y que, si 
bien resulta motivada la necesidad de su atención, las razones de urgencia derivan de una 
inadecuada previsión y planificación, así, se subvencionaron adaptaciones de los cementerios a la 
normativa vigente, desarrollos de nuevas redes de abastecimiento, adquisiciones de mobiliario en 
dependencias municipales para la ejecución de nuevos proyectos de fomento del empleo, o 
reformas y adecuaciones de instalaciones deportivas o pavimentaciones, aceras, etc. En algunos 
informes técnicos se cita que estas actuaciones no han obtenido otras subvenciones ordinarias 
por falta de puntuación. 
                                                  191ww
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en el ejercicio 2015 a municipios para realizar obras de interés público.
o  Subvenciones de concurrencia competitiva a clubes y asociaciones deportivas 
El 30 de diciembre de 2016 la Presidenta de la Diputación Provincial resolvió levantar el reparo de 
Intervención  y  aprobar  la  relación  definitiva  de  federaciones  deportivas  de  la  provincia  que 
resultaron beneficiarias de las subvenciones para el fomento del deporte, por importe conjunto de 
54.811,18 euros, en virtud de la convocatoria aprobada por Resolución presidencial de 22 de junio 
de 2016.  
En relación con la propuesta de reconocimiento de obligaciones, en el informe de Intervención de 
29 de diciembre de 2016 se puso de manifiesto que ocho de las once entidades beneficiarias no 
aportaron el certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Tributaria 
Autonómica, y otras dos no aportaron los certificados de estar al corriente de las obligaciones con 
la Hacienda Tributaria Autonómica, Estatal y de la Seguridad Social. 
Si bien el órgano de Intervención no hace ninguna remisión al precepto legal incumplido, se debe 
indicar que la Ley General de Subvenciones establece, en su artículo 13, entre los impedimentos 
para obtener la condición de beneficiario “e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la  forma  que  se  determine  reglamentariamente”.  Asimismo,  el  Reglamento  General  de 
Subvenciones indica en su artículo 22.4 que “Cuando las bases reguladoras así lo prevean, la 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el 
órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los 
artículos 18 y 19 de este Real Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.” 
A este respecto, las bases de la convocatoria de las subvenciones indican, en su base quinta, 
letra g), que “dichas certificaciones podrán ser acreditadas por la parte solicitante o recabadas por 
la Diputación Provincial previa autorización firmada”. No obstante, la Diputación no hizo uso de la 
facultad de recabar de la autorización de las entidades para obtener la certificación, de tal modo 
que el reconocimiento de las obligaciones por las subvenciones concedidas y su pago se realizó 
sin que se hubiera verificado si las federaciones deportivas cumplían con los requisitos legales 
para poder ser beneficiarios, lo que vulneró el artículo 9.4.c) de la citada Ley de Subvenciones en 
tanto no se tramitó el procedimiento de acuerdo con las normas que resultan de aplicación. 
o  Expediente  19/2016  de  modificación  de  crédito  para  reconocer  gastos  de  ejercicios 
anteriores sin cobertura contractual en ejecución de la Sentencia 107/2015 del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres   
El Expediente 19/2016 se corresponde con una Resolución de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de 26 de abril de 2016 por la que acuerda dar cumplimiento de la sentencia nº 
107/20115, de 7 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Cáceres por la que se condena a la Corporación al pago de 109.711,91 euros al contratista que 
ejecutó en el ejercicio 2009 unas obras en las carreteras al margen de los procedimientos de 
contratación previstos en la normativa vigente y sin crédito presupuestario. La resolución resuelve 
el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago, previo levantamiento del reparo 
suspensivo formulado por la Intervención en su informe de 22 de abril de 2016. 
El reparo formulado por la Intervención se remite a las causas numeradas en el artículo 216 del 
TRLRHL, en sus letras b),  cuando no hubiesen sido fiscalizados los actos que dieron origen a las  e
órdenes  de  pago,  y  d),  cuando  el  reparo  derive  de  comprobaciones  materiales  de  obras,  bo
suministros, adquisiciones y servicios. Sin embargo, las deficiencias que se señalan en el informe  191ww
dadee lma áInst,e qrvueen lcai óonb lnigoa cpiaórne cdeenri vsae dr ec olan setjietuctuivcaiósn d dee n uinngau snean tdeen ceisat ajusd cicaiauls. a s, teniendo en cuenta,
El reparo se fundamenta en la necesidad de que, antes de proceder al reconocimiento de las
obligaciones se proceda a la subsanación de las incidencias puestas de manifiesto en el informe
de  la  Intervención,  situación  que  supondría  la  fiscalización  de  hechos  que  ya  habrían  sido 
probados en el procedimiento judicial que trae por causa el expediente. Señala la Interventora en 
su informe de reparo, que en un informe previo de fiscalización de 17 de febrero de 2016 ya se 
advertía que para poder materializar el pago, deberían aportarse los originales de las facturas, que 
ya  habrían  sido  aportados  con  ocasión  de  la  emisión  de  este  informe,  así  como  otra 
documentación que no obra en el expediente como la certificación de ejecución de obra de 
conformidad expedida por el responsable del Área, servicio o sección, los criterios seguidos para 
la determinación de los precios, la necesidad de revisar el tipo impositivo del IVA aplicado, etc.  
Por su parte, el levantamiento del reparo se fundamenta en la aplicación del artículo 18.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el que se dispone que las sentencias se 
ejecutarán en sus propios términos. Por lo tanto, tal y como manifiesta en su informe el órgano 
gestor, los actos de reconocimiento de estas obligaciones no están sometidos a fiscalización 
previa  por  parte  de  la  Intervención  de  la  Administración  obligada  a  su  cumplimiento  de  la 
sentencia y en este caso, el fallo de la sentencia nº 107/2015 contiene una condena al abono de 
una cantidad liquida y determinada. Asimismo, se cita el artículo 17.2 de la referida Ley Orgánica, 
por cuanto que establece que “Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las 
corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su 
caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o 
sean ejecutables de acuerdo con las leyes”.  
El reconocimiento de la obligación y la imputación del gasto al presupuesto de 2016 estaban 
amparados por las modificaciones presupuestarias aprobadas en el propio ejercicio –expedientes 
de modificación de crédito 1/2016 y 2/2016–, y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
se puedan derivar de la contratación en 2009 de obras al margen de los procedimientos legales 
establecidos y con ausencia de crédito presupuestario. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
La cuantía agregada de los seis expedientes con omisión de fiscalización previa comunicados por 
el órgano de intervención de la Diputación Provincial de Cáceres ascendió a 1.142.023,57 euros, 
con la clasificación que se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro 17.  Expedientes con omisión de fiscalización. Diputación Provincial de Cáceres  
Expedientes con omisión de fiscalización previa  
Tipo de expediente 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje importe 
Expedientes de contratación  5  1.128.769,77  83,3  98,8 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  1  13.253,80  16,7  1,2 
Total  6  1.142.023,57  100,0  100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
Los seis expedientes se refieren a la tramitación de reconocimientos extrajudiciales de crédito en 
el  ejercicio  2016.  Se  incluyen  en  este  apartado  los  resultados  de  la  revisión  de  los  tres 
reconocimientos extrajudiciales de crédito que superan el importe de 50.000 euros establecido 
como umbral de importancia relativa en la fiscalización.  e
o  Imputaciones  al    presupuesto  de  2016  de  gastos  realizados  sin  consignación  191ww
perxetrsaujupduiecsiatalerisa  ddee cl répdroitpoiso  ejercicio y de ejercicios anteriores mediante reconocimientos
Mediante acuerdos de 31 de marzo y de 31 de mayo de 2016 el Pleno de la Diputación Provincial
de Cáceres aprobó los reconocimientos extrajudiciales de crédito 1/2016, 4/2016 y 5/2016 para la  Bc
imputación al ejercicio presupuestario de gastos sin crédito presupuestario en el presupuesto 
corriente, según el siguiente detalle: 
-  Los expedientes 1/2016, por 283.990,49 euros, y 5/2016, por 283.990,49 euros, recogen 
gastos relativos a certificaciones de obra emitidas en 2016 relativos a proyectos de inversión 
para obras provinciales iniciados en ejercicios anteriores para los que no existía previsión en el 
presupuesto de 2016. Según se indica en los informes de fiscalización, estos expedientes 
contaron con crédito presupuestario en el ejercicio de origen, el 2014, en el que no llegaron a 
ejecutarse, por lo que se incorporaron los créditos al ejercicio 2015. Sin embargo, por lo 
dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL, no existe la posibilidad legal de volver a incorporar 
los créditos en el ejercicio 2016, por lo que causaron baja con motivo de las operaciones de 
cierre y liquidación del ejercicio 2015.  
En tal sentido, el artículo 182, regulador del procedimiento para la incorporación de créditos de 
ejercicios anteriores al presupuesto corriente, dispone en su apartado 2 que los remanentes 
incorporados “podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la 
incorporación se acuerde”.  
-  El expediente 4/2016 incluye unos gastos de 113.727,57 euros relativos a indemnizaciones 
por el justiprecio de expropiaciones realizadas los ejercicios 2013 y 2014 para la ejecución de 
obras en carreteras provinciales para las que no existía consignación presupuestaria, así 
como siete facturas de los ejercicios 2011 a 2015, por importe conjunto de 4.538,84 euros, por 
diversos gastos realizados sin consignación presupuestaria o al margen de los procedimientos 
de contratación. 
Los informes de Intervención mostraron la conformidad con las propuestas de reconocimientos 
extrajudiciales de créditos y de modificaciones de créditos correspondientes, si bien se recordaba 
que el artículo 173.5 del TRLRHL establece la nulidad de todo acto administrativo que suponga un 
compromiso de gasto por encima de los créditos consignados en el presupuesto de gastos. 
Asimismo, se informaba de que la aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de créditos no suponía la convalidación de los actos, por cuanto que eran nulos de pleno derecho, 
ni la liberación de las responsabilidades en las que pudiera incurrirse en cada caso.  
Esta  práctica  está  también  tipificada  como  infracción  muy  grave  en  el  artículo  28.c)  de  la 
LTAIPBG. En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su 
aplicación se regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el 
propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado 
acciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades.  
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 
Sistema de control interno 
Badajoz tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 149.946 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
128.973.452,30 euros.  
La Intervención de la entidad era de clase 1ª, debiendo constar el puesto de interventor reservado 
a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención Tesorería, categoría superior. La  e
cobertura del puesto de interventor era, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018  bo
definitiva, habiéndose realizado mediante concurso ordinario de méritos.  191ww
Etaruel xsói rlpigauare nasodt omdse in aIidnssttrecarrtviitveoons,c:  iutóonndo oc sdo ene tlatléobcsan ,ic cauodb eidemert áoassd, m ecinon nis2 t0ura1nc6 pi óuyne  2sg0teo1n 8de.er a Ecl,no  ularneboloa drcaeióc niaó dncm odinne i sevtsirctaaet iivndotoe tyrav coeitónrntoo,  rd leay    OE-A-2021-14able en https://
interventora ha manifestado que viene denunciando sistemáticamente a los distintos responsables
corporativos la situación de déficit de personal del órgano de control interno mediante informes 
emitidos al efecto que no han sido atendidos16. 
En el ejercicio 2016 esta entidad aplicaba una modalidad de fiscalización previa de los gastos de 
carácter pleno. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Badajoz remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 14 de agosto 2017, esto es, con 
un retraso de tres meses y medio desde la finalización del plazo previsto en la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015 –30 de abril del año siguiente al que se refiere–. 
Se remitió certificación negativa en relación con la existencia de anomalías de ingresos y se 
informó de un acuerdo contrario al reparo de la Intervención —27.684,08 euros— y de dos 
expedientes con omisión de fiscalización previa —856.082,85 euros—.  
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El expediente analizado se corresponde con un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe 
de 810.202,45 euros aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz en sesión 17 de junio de 
2016, previo dictamen favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio de 14 de 
junio. 
El expediente agrupa diversos gastos efectuados, en su mayoría, en ejercicios anteriores  y 
relativos  a  suministros  de  energía  y  de  materiales,  servicios,  obras,  etc.  En  el  informe  de 
Intervención, de 10 de junio de 2016, se señala que dichos gastos no fueron objeto de la 
adecuada tramitación, se produjo omisión de los trámites legales previstos, y en ocasiones se 
carecía de la correspondiente dotación presupuestaria. Se advierte, por ello, del incumplimiento 
del artículo 176.1 del TRLRHL, en el que se recoge el principio de anualidad por el que ha de 
regirse la imputación al presupuesto de gastos. Asimismo, se pone de manifiesto que el artículo 
173.5 del TRLRHL dispone la nulidad de los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que 
determinen el compromiso de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en 
los estados de gastos del presupuesto. 
Se diferencian las siguientes situaciones: 
  54  facturas,  por  importe  agregado  de  144.600,64  euros,  se  refieren  a  prestaciones  que 
contaban con expedientes de gasto tramitados y crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
de ejecución de la prestación pero que, por distintos motivos, fueron presentadas a la entidad 
fuera de plazo para su imputación al presupuesto. En su mayoría se trata de facturas de 
gastos realizados a finales del ejercicio 2015 que tuvieron entrada en el Ayuntamiento en los 
últimos días del año o en los primeros meses de 2016, si bien en algunos casos se refieren a 
gastos realizados con mayor antigüedad.  
La habitualidad de esta situación se pone de manifiesto en los propios informes de los 
servicios  gestores  que,  tras  acreditar  la  recepción  de  conformidad  de  las  prestaciones,  e.
 rmp1e 6o  us Es ntirn bii cc  iali cip dlie oaa gnl de aee sc s s iy o    anpd  cere ets  usl ,aa  ue  lp Ieln  usA t ee y ysr uv  t naed tr neai ac  m silóa  i en  enn  e nto on  r  m dlp  oeaas tr Bitviúcaauld tiladmajeroo,  zsah  spaealbicññiéaaonclsadi,ó  oqnspu,e oe en mlsiaeto áncd driaefoitca eacnddiódeoni e  endmndea o een l imlfPaieplsesl entdoooe   pmdqúeuab en2li d6cao lads  he a dCa eoeb rsrppitlea odrdrseaoo c 2nsió0uan1jle ,8 dt aeed l ae lo noirmtsgr oaps noedirgrtevari ancmtiloaeasss     BOE-A-2021-14191cable en https://ww
municipal en aras de una mayor eficacia en su actuación.
proponen la inclusión de los gastos en un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos,  de  lo  que  se  aprecia  la  continuidad  de  una  mala  práctica  administrativa  cuya 
corrección se planteó a través de la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Así, el artículo 3 
de esta Ley dispone la obligación del proveedor de la Administración Pública de presentar la 
factura  en  el  registro  administrativo  en  el  plazo  de  treinta  días  desde  la  entrega  de  la 
mercancía o de la prestación del servicio. 
  Seis facturas, por importe conjunto de 9.008,73 euros, contaban con expedientes de gasto 
habilitados y la correspondiente conformidad de los servicios gestores, si bien, no contaban 
con crédito presupuestario en tanto el importe de las facturas presentadas excedió los gastos 
debidamente autorizados y comprometidos en el ejercicio (servicios postales por 4.994,30 
euros, honorarios de notaría por 1.178,79 euros y cuatro facturas de servicios editoriales por 
importe de 2.835,64 euros). 
  Una factura correspondiente a la liquidación de la campaña de riego 2015 “Huertas Familiares 
de  Balboa  y  Alvarado”,  por  importe  de  2.160,15  euros.  Su  tramitación  se  suspendió  a 
consecuencia de un informe del Secretario General en el que se ponía de manifiesto que el 
expediente carecía de propuesta de gasto, lo que impidió su contabilización en 2015. No 
obstante,  dado  que  la  titularidad  de  las  fincas  es  municipal,  el  servicio  gestor  informó 
favorablemente  en  relación  con  su  pago  y  se  acordó  su  inclusión  en  el  expediente  de 
reconocimiento extrajudicial de crédito de 2016. 
  Cuatro facturas, por importe conjunto de 654.432,93 euros, que la Intervención define como 
expedientes de gasto “no convencionales”: 
El primero de ellos, de 192.329,98 euros, es relativo a unas obras de acondicionamiento 
realizadas entre los ejercicios 2013 y 2014 por la empresa arrendataria del local municipal sito 
en la parcela V-2 del polígono de San Fernando. 
La empresa realizó las obras amparándose en una novación que se llevó a cabo respecto del 
contrato de arrendamiento original —tanto el contrato como la propia novación se firmaron el 
10  de  enero  de  2013—.  En  la  novación  contractual  se  determinó  que  el  arrendatario 
acometería obras en el inmueble para permitir el uso del local conforme al destino pactado. 
Las obras se valoraron en 192.329,98 euros y se acordó que su coste sería asumido por el 
Ayuntamiento en tanto era el propietario del inmueble, así como que la fórmula de pago sería 
mediante el descuento de las rentas de alquiler (6.188,33 euros mensuales) hasta su total 
compensación, lo que según el calendario anexo al contrato se produciría en mayo de 2015. 
Mediante Decreto de Alcaldía de 23 de julio de 2014 se dispuso que se procediera a la 
recepción de las obras por parte del servicio municipal. No obstante, los gastos e ingresos no 
fueron contabilizados en los ejercicios en los que se habían devengado, imputándose al 
presupuesto  de  2016.  La  imputación  de  los  gastos  se  hizo  a  través  del  expediente  de 
reconocimiento extrajudicial de crédito analizado y la de los ingresos mediante liquidaciones 
de los alquileres devengados entre abril de 2013 y mayo de 2015 realizadas en 2016. El pago 
a la empresa se descontó de los alquileres devengados, de tal modo que no se produjo salida 
de fondos de la tesorería municipal.  s
En  los  otros  tres  expedientes,  además  de  la  falta  de  consignación  presupuestaria,  se  w.
dcdoeentreitvrcaatdataorocsin ód ned li vaaepnrláisclaiassbi sle ird,r ee pgeousrlta orsliod e axdqpeuesed  iresenelat ecesio.x npaodnaesn  cdoen  fionrcmuam pilnimdiiveindtuoasl izdaed al a lonso rmreastuivltaa ddoes   2021-14191n https://ww
Los  tres  casos  examinados  conllevaron  la  imputación  al  presupuesto,  a  través  del 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  analizado,  de  gastos  que,  según  se  expone  a 
continuación,  adolecían  de  vicios  de  los  que  podría  derivar  su  nulidad.  No  obstante,  la 
utilización de esta figura –aplicable, como excepción al principio de temporalidad de los 
créditos, para la imputación al presupuesto en vigor de gastos de ejercicios anteriores, según 
determina  el  artículo  60.2  del  RD  500/90-  no  convalida  por  sí  mismo  los  actos  nulos17, 
debiendo tenerse en cuenta que en ningún caso subsana las irregularidades o vicios que 
fueran la causa de nulidad, sin perjuicio del pago de las facturas para evitar el enriquecimiento 
injusto de la Administración. 
o  Imputación al presupuesto de 2016 de unos gastos sin cobertura contractual por el servicio 
de archivo y custodia de documentación municipal en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
El expediente extrajudicial contiene una factura de 25.155,90 euros, fechada el 18 de 
enero de 2016, por la prestación del servicio de archivo y custodia de documentación 
municipal. La Intervención ha informado, en contestación a la petición de este Tribunal de 
Cuentas, de la inexistencia de expediente de gasto y del incumplimiento de los trámites 
legales establecidos para la contratación de este servicio. 
La entidad ha aportado un Informe de la Tesorera municipal de 4 de septiembre de 2015 
en el que explica que el Ayuntamiento nunca ha tenido relación contractual con la empresa 
que realiza la custodia de la documentación, sino con la empresa que prestaba el servicio 
de asistencia a la gestión tributaria. Fue esta última la que, al no tener espacio en sus 
instalaciones  para  custodiar  la  documentación  municipal,  optó  por  su  traslado  a  las 
instalaciones de un tercero para que custodiara este archivo, desvinculándose del mismo 
cuando finalizó su contrato con el Ayuntamiento, el 15 de junio de 2012. El Ayuntamiento 
no formalizó ningún contrato para que se mantuviera la prestación de este servicio, ni 
realizó ningún pago por la realización de tareas de custodia y almacenaje. Tampoco tomó 
medidas sobre la documentación custodiada.  
El Ayuntamiento ha aportado, asimismo, un documento de la Jefa del Servicio de Cultura, 
firmado el 16 de febrero de 2016, en el que se acredita que desde el 15 de junio de 2012 la 
empresa  que  ha  presentado  la  factura  analizada  presta  el  servicio  de  custodia  y 
almacenaje de la documentación de gestión tributaria municipal del periodo 1998-2008 sin 
percibir retribución por parte del Ayuntamiento. Se destaca, asimismo, que el Ayuntamiento 
no  dispone  de  instalaciones  ni  de  medios  adecuados  para  hacerse  cargo  de  esta 
documentación, por lo que se estima que debería abonarse a la empresa los servicios 
prestados sin cobertura contractual. 
La falta de cobertura contractual del servicio quedó subsanada el 4 de julio de 2017, 
cuando  el  Ayuntamiento  formalizó  un  contrato  con  esta  misma  empresa,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad adjudicado el 15 de junio de 2017, por un importe 
anual de 36.300 euros y duración de dos años, prorrogables por otros dos. 
Por consiguiente, el Ayuntamiento de Badajoz recibió, entre el 15 de junio de 2012 y el 3 
de  julio  de  2017,  una  prestación  de  servicios  al  margen  de  los  procedimientos  de 
contratación  administrativa,  apreciándose  además  una  negligencia  en  relación  con  la 
                                                  191ww
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adolecer de vicios de anulabilidad o incluso de nulidad de pleno derecho.
custodia de una documentación relativa a tributos municipales en la que constan datos de 
los ciudadanos amparados por la normativa de protección de datos de carácter personal18.   
o  Imputación al presupuesto de 2016 de gastos obras de emergencia realizadas en 2015 que 
fueron tramitadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos. 
También  integró  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  imputado  al 
presupuesto de 2016 una factura por importe de 74.234,72 euros derivada de la ejecución 
de una obra de emergencia. 
El 23 de enero de 2015 se había producido un socavón en la Calle Pedro de Valdivia, 
procediéndose a su arreglo de forma inmediata. En la Memoria descriptiva de la obra, 
firmada el 16 de febrero de 2015 por el Jefe del Servicio de Inspección de Aguas, se 
describe la obra ya ejecutada y se motiva la emergencia en el peligro de descalce y 
afección del socavón a los edificios anexos, así como en los daños ocasionados en los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas. Asimismo, se aporta una valoración 
de los trabajos coincidente con el importe que posteriormente se consignó en la factura de 
gasto emitida por la empresa a la que se encargó la ejecución —fechada el 17 de marzo 
de 2015—. 
La ejecución de la obra se realizó sin seguir el procedimiento previsto en el artículo 113 del 
TRCSP relativo a la contratación de emergencia —prevista para aquéllos casos en los que 
la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a 
la defensa nacional—. No se emitió el preceptivo acuerdo de ordenación de la ejecución de 
la obra por Alcaldía, siendo este el órgano de contratación; además, no se procedió a 
realizar  la  correspondiente  retención  de  crédito  o,  en  su  caso,  la  modificación 
presupuestaria. 
Posteriormente, el 25 de mayo de 2015, a través de Providencia de Alcaldía, se acordó 
regularizar la contratación de las obras mediante el inicio de un expediente de contratación 
por el que se adjudicaba la obra a la empresa que ya lo había realizado, adjudicándose 
finalmente el 1 de julio de 2015. En relación con la tramitación de dicho expediente, el 
órgano de Intervención no remitió a este Tribunal información relativa a la aprobación de 
acuerdo que hubiera sido contrario a reparo.  
Se  trata,  por  tanto,  de  una  contratación  realizada  por  órgano  manifiestamente 
incompetente19 que, por lo tanto, deviene en nula de pleno derecho según establece el 
artículo 62 de la entonces vigente LRJAP —cuyos términos reproduce el artículo 47 de la 
actual LPAC—, careciendo por tanto de validez la adjudicación realizada con posterioridad. 
Todo ello sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, 
las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, 
lo que, en sí mismo no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que 
hubiera lugar. 
                                                 
18 El Ayuntamiento de Badajoz aporta en el trámite de alegaciones un documento de la empresa prestataria del servicio  s
—tanto en el periodo de prórroga contractual como en el contrato suscrito posteriormente—, fechado el 24 de abril de  e.
2019, en el que se indica que se han cumplido los requisitos de confidencialidad e inviolabilidad que establece la ley y  w.b
que marca la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los  191ww
AidE1n9eln iccErtaeiindolcd  ahadedole e,ts  ugl laadva o icgoc ioiblotuanrngaleeta rsdsra  .este a enfc o sieóromln sp atirn eoponcr eeef usvqoieau   edra,ee  e alaanli dz mtjaauidndsamtico aa pec,o li tóróa nrló g ytrarg ancamoonm iodta oedm  ceoaox unnignitferiaea  lstvaate acnzimóo enermj nectcaoeutm itviapnadec acoteo mlnanpt teroea btecerntanu ,tea ensl; ot de seh ien aax bppeielemicndabdiecaonir ógtoenor  d,ee esnlna  ea relad Alcoalt ccuAiaaóllccndai eócld nodí naed   elelaall     BOE-A-2021-14cable en https://
tramitación de emergencia.
Debido a que la factura no se presentó en el Ayuntamiento hasta iniciado el ejercicio 2016, 
la obligación no se reconoció hasta dicho ejercicio, imputándose al presupuesto de ese año 
a  través  del  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  analizado, 
procediéndose a su pago en agosto de 2016. 
o  Imputación al presupuesto de 2016 de una compensación a la concesionaria del servicio 
público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento de Badajoz por 
trabajos  realizados  sin  cobertura  contractual  para  la  puesta  en  funcionamiento  y 
mantenimiento de la ETAP (Estación de tratamiento de agua potable ) Santa Engracia en 
los ejercicios 2013 y 2014. 
El  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  recoge  también  unos  gastos 
valorados en 362.712,33 euros por la puesta en funcionamiento y mantenimiento de la 
ETAP Santa Engracia en los ejercicios 2013 y 2014, trabajo que realizó la empresa 
concesionaria del servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y 
saneamiento de Badajoz.  
La adjudicación del servicio de puesta en funcionamiento y mantenimiento se realizó al 
margen de los procedimientos de contratación establecidos, sin que exista expediente de 
contratación20.  El  encargo  se  realizó  a  través  de  una  comunicación  del  Servicio  de 
Inspección y Gestion Integral del Agua del Ayuntamiento a la empresa concesionaria del 
servicio de abastecimiento, fechada el 23 de mayo de 2013, en la que se indicaba que 
debido a la ampliación de las instalaciones de la ETAP debían colaborar con la empresa 
constructora en la puesta en marcha, realizar los controles necesarios y garantizar la 
operatividad de dichas instalaciones, así como preservar la seguridad de los operarios y de 
las instalaciones. No se concretó ningún presupuesto ni se establecieron criterios para la 
cuantificación de los trabajos. 
La  asunción  de  este  gasto  por  el  Ayuntamiento  nace  a  solicitud  de  la  empresa 
concesionaria,  que  realiza  esta  petición  en  el  curso  de  un  expediente  para  el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión. La demanda de la 
concesionaria recibió la conformidad del Servicio de Inspección de Aguas, que certificó que 
los servicios prestados por la empresa se realizaron por encargo del Ayuntamiento y 
solicitó  la  inclusión  de  la  factura en  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos. El reconocimiento de este gasto contó, además, con la opinión favorable de la 
Intervención municipal, que estimó razonable esta compensación, en aplicación de la 
doctrina del enriquecimiento injusto. 
En relación con los resultados expuestos, cabe indicar asimismo que la disposición adicional 
decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del 
personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  que  se  pudiera  derivar  de  sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el 
Título X de la LRJPAC21, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy 
grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la 
materia.  No  consta  la  realización  de  acciones  para  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades. 
                                                  e.
20 El Ayuntamiento de Badajoz señala en escrito de alegaciones que al tratarse de unas obras relacionadas con el  191ww
ornebinsjegtatúobn le dcceailm scoioe nfnottrroam tdoae  rlp eeaaqrltiuezi alidbderoi o lca eo ccnoo lnnacó cemosinicócone  fspiniooarnn asceriiera r toyra;  abncaooj oomsbe sqtteuaren l taegs,a  eroasbntretai zsTa rpnibo ulra ne aonlp cceaorrangtsoivi diddeearlad A  qdyueue nl atlaa m opbirereans ttyoa  cnrieoós nula alt ane axplpiozlosatidbaalce ióe ennl  
d21e R lae gmuilsamdoa .a ctualmente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
II.2.4.  AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
Sistema de control interno  
Mérida tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 59.174 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
43.925.937,52 euros.  
Mediante la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura se 
otorgó a Mérida la consideración de municipio de gran población por su condición de capital 
autonómica, como prevé el artículo 121 de la LRBRL, por lo que se le aplica el régimen de 
organización previsto en el Título X de la norma citada. 
La Intervención de la entidad era de clase 1ª, constando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención  Tesorería,  categoría  superior. La 
cobertura del puesto era, desde 2007, definitiva a través de concurso.  
El órgano de intervención contaba además con los siguientes puestos adscritos: un técnico A1, un 
técnico A2, un administrativo y un auxiliar administrativo, todos ellos cubiertos en 2016 y 2018. 
En informe remitido por el órgano de Intervención a la Delegada de Hacienda, fechado el 19 de 
octubre de 2017, se afirma no disponer de los medios técnicos y humanos suficientes para realizar 
las funciones de fiscalización con la seguridad jurídica y diligencia de un modelo eficaz de control, 
lo que vulnera el principio de suficiencia de medios en relación con el ejercicio del control interno 
sancionado en el artículo 3.2 del RCI. Esta situación de insuficiencia de personal cualificado ha 
sido reiterada al equipo de fiscalización con motivo de la finalización de los trabajos de campo, 
mediante escrito fechado el 26 de febrero de 2019. 
En 2016 el Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos 
básicos, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia de crédito, 
a  la  competencia  del  órgano  gestor  del  gasto,  así  como  a  otros  extremos  adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
En dicho ejercicio se realizaron actuaciones de control financiero, según prevé el artículo 220 del 
TRLRHL.  
El órgano de intervención ha informado de que tras la entrada en vigor del RCI el Pleno de la 
entidad ha aprobado un Reglamento de Control Interno con fecha de 11 de diciembre de 2018. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Mérida remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 30 de enero de 2017, antes de finalizar el 
plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se remitió certificación negativa en relación con acuerdos contrarios a reparos, informándose de 
un expediente tramitado con omisión de fiscalización previa, de importe superior a 50.000 euros, y 
de una anomalía de ingresos por un importe que no supera el umbral de importancia relativa 
considerado en el informe. El importe total de las comunicaciones fue de 74.628,88 euros  e.e
Expedientes con omisión de fiscalización previa  191ww
aEcoll  reprexresppseuodpnieudneet sect ood ned  uegn a 2rse0toc1o 6rn eodmceiimt iduieonn  ptcooo ren xejutlr naótjorug dadicneioa  lg ddaees  tiocnrstée drdviteeo nsec pjieóornrc  iecdlie oqls u Aeay nustene trarieomareileizsnó t opu ondra e i immMppéourritdtaeac  iódsnee    OE-A-2021-14able en https://
74.528,88 euros. El expediente, previa dotación presupuestaria, fue aprobado el 28 de diciembre
de  2016  por  la  Delegada  de  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Mérida,  quien  ejercía  esta 
competencia por delegación del Pleno.  
El expediente analizado, conformado por 32 facturas, responde a una práctica habitual en el 
Ayuntamiento de Mérida consistente en la recopilación por el órgano de Intervención de las 
facturas de ejercicios anteriores que tienen entrada en el propio ejercicio con las que se conforma 
un expediente que se tramita –a través de un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito- en fechas próximas al cierre del presupuesto, cuando ya se conoce la disponibilidad de 
crédito adecuado y suficiente para su atención, de tal modo que no se vea afectada la normal 
ejecución del crédito para atender las obligaciones del ejercicio corriente. En este caso, todas las 
facturas derivan de contratos menores sobre los que el órgano de Intervención no ha advertido de 
otras  deficiencias  procedimentales  aparte  del  incumplimiento  del  principio  de  anualidad 
presupuestaria recogido en el artículo 176.1 del TRLRHL.  
Se trata de facturas generadas por la prestación de servicios puntuales o pequeños suministros 
respecto de los que se producen retrasos de forma habitual en la presentación de las facturas, 
datando algunas de ellas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, de tal modo que la incidencia no 
afecta exclusivamente a operaciones próximas a la fecha de corte de los ejercicios 2015 y 2016. 
La situación descrita es constitutiva de una debilidad y deficiencia en los sistemas de ejecución y 
control de los contratos menores, dado que la demora en la entrega de las facturas de los 
proveedores o de los servicios gestores en la tramitación de la conformidad informan de la 
persistencia de unas prácticas que pretendían ser corregidas por la Ley 5/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y todavía con mayor énfasis por la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público. En particular, el artículo 3 de la Ley 25/2013 dispuso la obligación 
del proveedor de la Administración Pública de presentar la factura en el registro administrativo en 
el plazo de treinta días desde la entrega de la mercancía o de la prestación del servicio. 
El desconocimiento por parte de servicio de contabilidad de estas facturas tiene por consecuencia 
la omisión de la contabilización de estos gastos en la cuenta 413. Acreedores por operaciones 
pendientes  de  aplicar  a  presupuesto,  provocando  una  distorsión  en  los  cálculos  del  déficit 
presupuestario y del remanente de tesorería al cierre de cada ejercicio, si bien esta sería poco 
significativa.  
II.2.5.  AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA 
Sistema de control interno  
Puebla de La Calzada tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 5.952 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho 
ejercicio, a 4.310.236,68 euros.  
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, estando reservado el puesto de interventor a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención Tesorería, categoría de entrada. 
Al cierre del ejercicio 2016 el puesto estaba cubierto mediante nombramiento provisional, y pasó a 
cubrirse por concurso desde marzo de 2017.  es
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en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos  Bc
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, 
acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
Se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL. 
El órgano de intervención ha informado de que tras la entrada en vigor del RCI el Ayuntamiento 
aprobó con fecha 28 de diciembre de 2017 una instrucción de intervención y fiscalización previa 
limitada.  No  obstante,  dicha  Instrucción  ha  sido  superada  mediante  la  aprobación  de  un 
reglamento de control interno que se aprobó con fecha 29 de diciembre de 2018, cuya aprobación 
definitiva fue publicada el día 6 de febrero de 2019 en el BOP Badajoz, y que entrará en vigor el 
28 de febrero de 2019. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada remitió el 2 de marzo de 
2017 la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL correspondiente al ejercicio 2016, 
por tanto, dentro del plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015. 
Se remitió certificación negativa respecto de expedientes tramitados con omisión de fiscalización 
previa y se informó de dos anomalías de ingresos por importes poco significativos y de la 
adopción por la entidad de diez acuerdos contrarios a los reparos formulados por el órgano de 
intervención, incluyéndose uno de ellos en la muestra de la fiscalización por superar el importe de 
50.000 euros. El importe total de las comunicaciones ascendió a 889.329,04 euros. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los diez acuerdos contrarios a reparos ascendió a 886.429,04 euros, con 
la clasificación que se detalla en el siguiente cuadro:  
Cuadro 18.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Puebla de la Calzada 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Convenios de colaboración  2  825.600,00  20,00  93,14 
Gastos de personal  8  60.829,04  80,00  6,86 
Total general  10  886.429,04  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
 
Ha sido analizado uno de los dos acuerdos relativos a convenios de colaboración, cuyo importe es 
de 820.000 euros. 
o  Convenio para la gestión de un centro para estancias diurnas 
El  24  de  noviembre  de  2016  el  Pleno  municipal  aprobó  la  modificación  del  convenio  de  es
colaboración con una entidad sin ánimo de lucro para la gestión de un centro de estancias diurnas  bo
municipal destinado a atender a personas mayores o dependientes y a enfermos de patologías  191ww
n1 eduer oelónegricoa dse d 2e0g1e0n,e qrauteiv parse. vLeaía m uondai fvicigaecniócnia s aen puraold purjoor rsoogbarbel ee la cñoon av eanñioo.  inicialmente suscrito el
El  objeto  del  convenio  se  corresponde  con  el  ejercicio  de  una  competencia  propia  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura22 que, según se estipula en el documento de modificación, 
estaría delegada en el Ayuntamiento. La Junta de Extremadura financia los costes estimados de 
las plazas de asistencia acreditadas mediante la subvención que otorga a la entidad prestataria de 
esta asistencia por importe de 780.000 euros para el periodo 2017-2020. 
El convenio recoge, asimismo, una segunda contraprestación de 40.000 euros a favor de la 
entidad prestataria para el mismo periodo 2017-2020, importe que constituye una estimación de la 
recaudación que se obtendrá por los precios públicos de otros servicios prestados en el centro de 
día  (lavandería  y  planchado,  comedor,  trasporte,  atención  terapéutica,  etc.).  Finalmente,  el 
Ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento y de los suministros del edificio por un coste 
estimado  en  10.000  euros  anuales.  Según  se  indica  en  el  apartado  5  de  la  memoria  de 
modificación  del  convenio,  con  estas  contraprestaciones  la  prestación  sujeta  al  convenio se 
encuentra equilibrada en sus términos económicos. 
La remisión al Tribunal de Cuentas de este acuerdo de modificación del convenio se deriva del 
informe desfavorable emitido por la Intervención municipal el 22 de noviembre de 2016, si bien 
este reparo no tenía efectos suspensivos, de modo que el citado acuerdo del Pleno no requería un 
pronunciamiento relativo a su levantamiento. 
El reparo se fundamenta en que el objeto del convenio contiene un conjunto de prestaciones de 
servicios  a  los  usuarios  del  centro  por  los  que  la  entidad  sin  ánimo  de  lucro  recibe  como 
contrapartida económica un precio público, incumpliendo con ello uno de los requisitos exigidos 
por  el  artículo  2  de  la  Ley  38/2003  General  de  Subvenciones  para  su  consideración  como 
subvención. Asimismo, el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en su apartado 1, define los convenios como acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas con sujetos de derecho privado para un fin común, y 
excluye del objeto de estos negocios jurídicos las prestaciones propias de los contratos.  
II.2.6.  AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 
Sistema de control interno  
Solana de Los Barros tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 2.700 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho 
ejercicio, a 2.283.765,48 euros. 
La Intervención de la entidad era de clase 3ª, disponiendo de un puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. La cobertura del puesto de 
interventor era definitiva tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018, habiéndose 
provisto a través de concurso. Además, el órgano de Intervención contaba con un administrativo a 
tiempo parcial. 
En el ejercicio 2016 esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa de los gastos 
de carácter pleno. Por otra parte, no se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 
2016, lo que supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, 
un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no 
se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
                                                  191ww
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social diferentes de las de seguridad social.
El órgano de intervención ha informado de que tras la entrada en vigor del RCI el Ayuntamiento se 
aprobaron acuerdos en el año 2018 entre los que destaca la sustitución de la fiscalización limitada 
previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y la 
fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones.  
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Solana de los Barros remitió el 23 de febrero de 
2017 la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL correspondiente al ejercicio 2016, 
por tanto, dentro del plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015. 
Se remitió certificación negativa respecto de expedientes tramitados con omisión de fiscalización 
previa y se informó de 24 acuerdos adoptados en contra de lo señalado en el correspondiente 
informe de Intervención y de seis anomalías de ingresos, todos ellos sin cuantificación económica. 
Se ha incluido en la muestra de la fiscalización uno de los acuerdos contrarios a reparos que, si 
bien fue registrado por importe cero, de la aclaración solicitada a la Intervención se desprende que 
se trata de un reparo genérico formulado ante la reiterada aplicación del contrato menor en 
relación con prestaciones que superan el importe o la duración permitida para este tipo de 
contratación. 
Acuerdos contrarios a reparos 
El expediente analizado se corresponde con una Resolución de 6 de abril de 2016 de la Alcaldesa 
de Solana de los Barros por la que procede al levantamiento del reparo suspensivo formulado por 
la Secretaria-Interventora en esa misma fecha. El reparo se fundamenta en su apreciación de que 
existe fraccionamiento de diversos contratos de servicios y suministros en el sentido expresado en 
el artículo 86.2 del TRLCSP, por cuanto se vienen sucediendo contratos menores con los mismos 
proveedores que superan los límites cuantitativos o cualitativos establecidos en los artículos 23.3 
y 138.3 del TRLCSP. 
Indica, asimismo, que la tramitación como contratos menores de estos servicios o suministros 
supone una omisión del trámite de fiscalización previa tipificada como infracción muy grave en el 
artículo 28.d) de la LTAIPBG. 
La Resolución de Alcaldía acordó continuar con esta contratación en la ausencia de medios 
personales  y  materiales  que  serían  necesarios  para  la  celebración  de  cada  uno  de  los 
procedimientos  de  licitación  que  serían  necesarios.  Asimismo,  se  dispuso  que  se  siguieran 
abonando  las  facturas  correspondientes  al  objeto  de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración. 
El informe de la secretaria interventora detalla 21 prestaciones respecto de las que se debería 
haber acudido a procedimientos de contratación promoviendo concurrencia en tanto se produjeron 
de forma continuada en el tiempo y por importes superiores a los permitidos en la normativa 
contractual, lo que además, pudiera haber derivado en la obtención de precios más competitivos23: 
servicio de arquitectura; suministros de carburantes para vehículos e instalaciones municipales; 
suministro eléctrico de edificios e instalaciones municipales; mantenimiento de equipos remisores 
                                                  e.
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tuberías y depuradoras de aguas residuales.
de TDT y TV; servicio de prevención de riesgos laborales; mantenimiento y revisión de extintores; 
mantenimiento de las copiadoras; telefonía y datos; asistencia técnica de nóminas y bases de 
datos; mantenimiento y reparaciones eléctricas y de alumbrado público; suministro de material 
eléctrico; suministro de productos de limpieza; suministro de productos de ferretería; suministro de 
material fungible de oficina; reparación de vehículos municipales; mantenimiento de alarmas de 
seguridad; mantenimiento de instalaciones de calefacción y climatización; suministro de materiales 
de construcción y jardinería; suministro de material de limpieza y productos de alimentación; 
seguros de vida, de vehículos y de responsabilidad civil; control de plagas. 
Además de la infracción del artículo 28.d) de la LTAIPBG puesta de manifiesto en el informe de 
Intervención,  resulta  aplicable  la  disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP,  la  cual 
establece que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación 
administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC24, señalando, 
asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho Texto 
Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al 
menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones 
tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL 
Sistema de control interno  
Talavera la Real tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 5.453 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho 
ejercicio, a 4.248.238,16 euros. 
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención  Tesorería,  categoría  de  entrada. 
Durante  el  ejercicio  2016  el  puesto  de  intervención  tuvo  una  cobertura  definitiva  mediante 
concurso; sin embargo, a fecha 15 de diciembre de 2018 —fecha de corte de los trabajos—, el 
puesto estaba cubierto mediante comisión de servicios. 
El órgano de intervención contaba en 2016 y 2018 con un Técnico A1, un auxiliar administrativo, 
que es el Tesorero de la entidad, y el apoyo de un funcionario municipal en segunda actividad. 
En  el  ejercicio  2016  esta  entidad  aplicaba  un  sistema  de  fiscalización  previa  del  gasto  de 
naturaleza plena.  No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Talavera la Real remitió la información prevista en 
el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 17 de octubre de 2017, una vez 
finalizado el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
La información remitida se refiere a cinco acuerdos contrarios a reparos, 22 expedientes de gasto  o
ceoxpne odmieinstieósn  cdoenl  otrmámisiitóen  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  syu pceinrcao e la inmopmoartleía dse d 5e0 .in0g0r0e esousro. sS cóolon suidneor addeo  leons   2021-14191n https://www.
2  4   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m  e  n  te    e  n   e  l  C  a  p í t  ulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
la fiscalización para su inclusión en la muestra. El importe conjunto de las comunicaciones 
ascendió 474.020,02 euros. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
o  Reconocimiento extrajudicial de créditos para atender gastos de ejercicios anteriores 
En sesión de 28 de enero de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Talavera la Real aprobó un 
reconocimiento extrajudicial de crédito relativo a facturas de servicios prestados en el ejercicio 
2015 por un importe agregado de 129.580,66 euros. Con carácter previo a este acuerdo, en la 
misma sesión, el Pleno aprobó el levantamiento de los reparos suspensivos que recaían sobre los 
gastos25 y que estaban motivados en la inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio en el que se generaron. 
El informe de 12 de enero de 2016 de la Intervención, relativo a la propuesta de aprobación del 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  recuerda  la  vigencia  de  los  reparos  suspensivos 
formalizados respecto de estos gastos y pone de manifiesto el incumplimiento del principio de 
anualidad sancionado en el artículo 176.1 del TRLRHL. 
No  obstante,  el  órgano  de  Intervención  señala  que  el  procedimiento  seguido  para  el 
reconocimiento extrajudicial de los créditos está amparado en los artículos 26 y 60.2 del RD 
500/1990, sin perjuicio de que, de acuerdo con el artículo 173.5 del TRLRHL, sean nulos de pleno 
derecho  los  actos  tendentes  al  reconocimiento  de  obligaciones  sin  previa  consignación 
presupuestaria, así como de las responsabilidades personales de quienes comprometan gastos, 
reconozcan obligaciones u ordenen pagos sin crédito suficiente. 
La práctica advertida en este Ayuntamiento consiste en la adjudicación directa o verbal de gastos 
relativos a eventos organizados por la entidad sin la previa acreditación de la existencia de crédito 
—las 72 facturas que conforman el expediente analizado son relativas a la prestación de servicios 
en ferias, fiestas, eventos musicales, etc.—, imputando posteriormente estos gastos a ejercicios 
presupuestarios siguientes mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos, que 
deja de tener un carácter excepcional. 
Si bien la mayoría de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor, 
en tanto no superan los importes establecidos para dicha contratación en el TRLCSP (50.000 
euros en el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el resto), en todo caso, tal y como 
determina el artículo 111 del TRLCSP, se debía haber aprobado el gasto con anterioridad al inicio 
de la prestación, lo que de haber conllevado, además, la correspondiente retención del crédito, 
hubiera  evitado  que  no  se  contara  con  la  necesaria  consignación  presupuestaria  para  la 
imputación de las facturas al presupuesto en el que se generan. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves 
en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos, 
reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con 
infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera 
como tal, la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando 
esta resulte preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos suspensivos de la intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
                                                
25 Notas de reparo 41/2015, 43/2015 y 44/2015
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE CORIA 
Sistema de control interno  
Coria tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 12.886 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
11.435.462,21 euros. 
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención  Tesorería,  categoría  entrada.  La 
cobertura del puesto de interventor era, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 
2018 definitiva a través de concurso. 
El órgano de intervención contaba además con dos puestos adscritos en la categoría de auxiliar 
administrativo que estuvieron cubiertos en 2016 y 2018. 
El Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 
en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y 
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, pero no a otros extremos 
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por su trascendencia en el proceso de 
gestión, acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. No se realizaron actuaciones 
de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un incumplimiento del artículo 220 del 
TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un 
sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena 
gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión de la entidad. 
En el subapartado II.3 se exponen los resultados del análisis efectuado sobre el control interno 
aplicado en esta entidad.  
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Coria remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 27 abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se certificó negativamente la existencia de expedientes tramitados con omisión de fiscalización 
previa y de anomalías de ingresos. Se informó, además, de cuatro acuerdos contrarios a reparos 
cuyo importe agregado asciende a 103.224,52 euros. 
Acuerdos contrarios a reparos 
En el siguiente cuadro se clasifican los cuatro acuerdos según la tipología del expediente. Se ha 
examinado uno de los expedientes de contratación cuyo importe era de 66.689,67 euros. 
Cuadro 19.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Coria 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente  Número  Importe   Porcentaje  Porcentaje  e.es
número  Importe  bo
Contratación  3  93.224,52  75  90,3  191ww
FSTuouebtnavtlee g:n Eecnliaoebnroearsal  cyió any purdopaisa  paú pbalritcira dse  la información remitida por la entidad a14 t  ravés de la Plataf1o01rm30..a02. 2004,,5002   12050   190,70   OE-A-2021-14able en https://

o  Liquidación de la concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas por el consumo 
estimado en las dependencias e instalaciones municipales que carecen de contador de medición 
En informe de Intervención de 21 de diciembre de 2016 se repara el expediente de gasto y abono 
de la liquidación correspondiente a los consumos de agua de las dependencias municipales 
durante el ejercicio 2015. El informe se emite porque la empresa concesionaria tiene la obligación, 
establecida en el pliego de prescripciones técnicas y en el reglamento del servicio, de instalar 
contadores en todos los puntos en los que sea técnicamente posible, a pesar de lo cual, siguen 
existiendo puntos en los que sería factible la instalación de un contador y que carecen de él. 
Respecto de estos puntos la liquidación se calcula por estimación, apreciando la Intervención que 
la tendencia desde 2010 era el aumento del consumo en el conjunto de puntos que carecían de 
contador a pesar de que el número de contadores instalados había aumentado cada año. 
El 21 de marzo de 2017 el Concejal de Hacienda y Recursos Humanos emitió un informe en el 
que respaldaba las conclusiones contenidas en el informe de reparo formulado por la Intervención, 
destacando la falta de lógica del incremento del consumo en los puntos de suministro que carecen 
de contador. Propuso, por ello, que se realizara un requerimiento a la empresa concesionara para 
que  informara  por  escrito  de  los  criterios  objetivos  en  que  se  basaban  sus  estimaciones  y 
concretara las causas de estos mayores consumos y los periodos en que estos se produjeron. 
Asimismo, propuso solicitar a la concesionaria que indicara las medidas de tipo técnico y jurídico 
que procedía adoptar para impedir o reducir los consumos de agua sin contador, actuaciones que 
debían  ejecutarse  de  conformidad  con  el  pliego  de  la  concesión  y  en  coordinación  con  el 
departamento de obras. No obstante, en este informe se reconocía la imposibilidad por parte del 
Ayuntamiento de formular objetiva y fundadamente objeciones que contradijeran las cifras de 
consumo presentadas por la concesionaria, proponiendo el abono de los conceptos adeudados 
“en aras de la necesaria fluidez de las relaciones” con la empresa concesionaria, habida cuenta de 
que en las reuniones mantenidas esta había expresado su voluntad de adoptar las medidas que 
proponía el Ayuntamiento y se habían expuesto las causas del mayor consumo, atribuible al 
incremento de la utilización de agua potable para la limpieza vial. Por consiguiente, el informe 
concluía proponiendo el levantamiento del reparo. 
En la misma fecha, el 21 de marzo de 2017, se dictó la Resolución de Alcaldía por la que se 
acordó seguir la propuesta de la Concejalía, mediante el levantamiento del reparo que daba 
continuidad al expediente de gasto y la ordenación de medidas para que no volviera a producirse 
la incidencia puesta de manifiesto. 
En información adicional solicitada al Ayuntamiento se ha aclarado que el importe consignado en 
la Plataforma (66.689,67 euros) responde al importe global de la liquidación de los consumos de 
agua del ejercicio 2015, si bien la cuantía calculada por aproximación referente al Ayuntamiento 
de Coria se concreta en 9.679,20 euros.  
Por otra parte, el órgano de Intervención ha informado de las medidas adoptadas por la Alcaldía 
para instar al cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, que han consistido en la 
remisión del informe de la Intervención a los servicios técnicos municipales y a la empresa 
concesionaria del servicio de aguas. Asimismo, se han celebrado reuniones con las empresas 
concesionarias de aguas y del servicio de limpieza vial, descubriéndose que esta última venía 
utilizando para sus trabajos el agua potable de puntos de abastecimiento sin contador por carecer 
de accesos habilitados al río para esta finalidad y porque las columnas con contador tenían un 
diámetro demasiado pequeño para las necesidades del servicio.   s
Como resultado de estas reuniones el Ayuntamiento habilitó accesos al río para su uso por la  w.
concesionaria de limpieza vial y, además, dictó una circular al personal de los servicios públicos  191ww
psuasra  fquuneci ountielizsa. rAa slaims iscmoluom, enla sA cyounn tcaomniteandtoor  hean  ccaosmou dneic andeoce sai talar  aegmupar epsoata bcloen ecne seiol neajerriac icdioe  dlea 
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II.2.9.  AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA 
Sistema de control interno  
Jaraíz de la Vera tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 6.492 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho 
ejercicio, a 4.610.180,47 euros.  
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención Tesorería, categoría de entrada. La 
cobertura del puesto de interventor era temporal tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio 
de 2018, habiéndose realizado mediante el sistema de acumulación de funciones. La plaza fue 
adjudicada en 2008, a petición propia, al interventor del Ayuntamiento de Plasencia, funcionario de 
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  perteneciente  a  la  subescala  de 
Intervención-tesorería, categoría superior. La razón del nombramiento fue la imposibilidad de 
cubrir la plaza por cualquiera de los procedimientos ordinarios establecidos en el RPPFHN, 
habiéndose agotado previamente la posibilidad de provisión de la plaza mediante nombramiento 
provisional o comisión de servicios a favor del mismo funcionario de habilitación estatal. 
El órgano de intervención contaba en el ejercicio 2016 con la asistencia de un administrativo.  
En el ejercicio fiscalizado el Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa 
limitada de requisitos básicos, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y 
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto acorde con lo establecido en 
el artículo 219.2 del TRLRHL. Esta configuración del sistema de fiscalización previa de requisitos 
básicos debería haberse complementado en los términos establecidos en el artículo 219.2 del 
TRLRHL, que establece que deben ser objeto de comprobación, junto con la adecuación y 
suficiencia de crédito y la competencia del órgano gestor del gasto, “aquellos otros extremos que, 
por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del 
presidente”, previsión que no ha sido cumplida por el Ayuntamiento en su regulación. 
En 2016 se realizaron actuaciones de control financiero según prevé el artículo 220 del TRLRHL. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera remitió la información prevista en 
el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 25 de abril de 2017, por tanto, 
dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se certificó la inexistencia de anomalías de ingresos y se informó de un acuerdo contrario a reparo 
y un expediente con omisión de fiscalización previa, superándose en ambos casos el importe de 
50.000 euros considerado en la fiscalización, por lo que han sido objeto de análisis. El importe 
conjunto de ambas comunicaciones asciende a 290.900 euros. 
Acuerdos contrarios a reparos 
El órgano de intervención del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera registró en la Plataforma un 
Acuerdo del Pleno municipal de 22 de diciembre de 2016 por el que se produjo el levantamiento 
del  reparo  suspensivo  fundamentado  en  la  falta  de  crédito  presupuestario  para  atender  las 
nóminas de noviembre y diciembre del personal laboral temporal que presta sus servicios en el  e.
centro de día municipal. El importe de estas nóminas ascendía 70.900 euros.  w.b
Ecol nin feol rmaretí cduelo l a1 7in3te.5r vdeenlc TióRnL aHdLv,i rtpióo rq cuuea lnotso  gqauseto sse e praronh níbuelo sa ddqeu pirlier ncoo mdeprreocmhios odse  dceo ngfaosrmtoi dpaodr 
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la tramitación del gasto, no llevándose a cabo la correspondiente modificación de crédito, por lo
que las nóminas se abonaron extrapresupuestariamente y la salida de fondos quedó registrada en 
la cuenta 555. Pagos pendientes de aplicación.  
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera registró en la Plataforma, en 
relación  con  el  ejercicio  2016,  el  expediente  de  gasto  1/2016  tramitado  al  margen  del 
procedimiento legalmente establecido, por importe de 220.000 euros, referido un proceso de 
contratación de personal laboral temporal26. 
El interventor, en un informe de control financiero de 16 de diciembre de 2016 relativo a los 
expedientes  de  gasto  del  capítulo  1.  Gastos  de  personal,  puso  de  manifiesto  diversos 
incumplimientos  de  legalidad  en  las  contrataciones  temporales  de  personal  laboral  y  en  el 
otorgamiento de gratificaciones. La cuantía por la que se informó del expediente en la Plataforma, 
220.000 euros, se corresponde con una estimación realizada por la Intervención del montante 
anual de gastos de personal laboral y de las gratificaciones percibidas, por importes de 200.000 y 
20.000 euros respectivamente.  
En 2016 el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera formalizó contratos laborales temporales con 99 
trabajadores, destacándose los siguientes incumplimientos en la contratación de este personal: 
-  Los expedientes de contratación carecían de elementos esenciales puesto que en ellos sólo 
constaban el Decreto de contratación y el contrato, careciendo de los requisitos mínimos 
establecidos en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
Por consiguiente, la Intervención señala que el órgano de contratación no solicitó los informes 
sobre la existencia de consignación presupuestaria para atender los gastos del personal 
laboral temporal y también omitió el trámite de fiscalización previa de estos contratos. En el 
expediente tampoco constaban los informes sobre la necesidad de la contratación.  
-  En segundo lugar, se señala el incumplimiento de la limitación de la contratación de personal 
temporal impuesto por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año de 2016, que, en su artículo 20.2 dispone que “durante el año 2016 no se 
procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario 
temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes  e  inaplazables  que  se  restringirán  a  los  sectores,  funciones  y  categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos  esenciales”,  entendiendo  el  órgano  de  Intervención  que  no  se  justificó  la 
excepcionalidad y la urgencia de la contratación.  
Por otra parte, en relación con las gratificaciones reconocidas al personal laboral temporal se 
pusieron de manifiesto las siguientes incidencias: 
-  Los expedientes de gasto relativos al reconocimiento de las obligaciones por gratificaciones al 
personal estaban integrados solamente por los Decretos de otorgamiento de la gratificación, 
acompañados en algún caso de partes de trabajo. No existe autorización previa del Alcalde ni 
                                                 
26 Las nóminas a las que se refiere el reparo analizado en el apartado anterior son relativas en su mayoría al personal  s
laboral al que se refiere el presente expediente. Respecto a dicha contratación, el Alcalde manifiesta en el trámite de  e.
alegaciones que la misma se encuentra enmarcada en la Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Dirección General  b
dlsroeeecg  auEallepmasrdup amelesbeo apn,  ooslrrao e ebsclr  oedDn ecev olcoarnc ecCatetooos mri1ióa5un,0n  /idpd2eaa0 rd1as 2 uA,eb uldv tóeeenn je2ocr7imóc inadc  eioda  e jul2 aEl0isox1 ,t6s rpeo, omlidcr eaitl duolud aqresaus  e asd ul leaba  vmaceyopnunacdtrirooaa nstdae epcs ir lóeadns eO eld nredpta ereodnsga tdrsea e mp p2oae1r r  sdldooeesn   ajeumlm liusopen ld iecceoiop  2niod0fise1g  6uye r pxaepobnerat ri ldiacea onqdmcueieaos     2021-14191n https://ww
pneacrae spaerrisao pnaarsa e lna  spiteuracceipócni ódne  ddee slae msupblevoe.n  ción, siendo su convocatoria instrumento de política de fomento de empleo

del Concejal delegado para la realización de horas fuera de la jornada habitual, lo que 
constituye un incumplimiento del artículo 28.3 del convenio laboral por el que se rigen las 
relaciones  entre  el  personal  laboral  fijo  y  el  Ayuntamiento27  por  cuanto  se  indica  que 
“solamente podrán realizarse fuera de la jornada habitual cuando hayan sido autorizados 
previamente y por escrito por el Alcalde o Concejal Delegado de personal, a instancias de la 
Jefatura o delegación del Servicio afectado, a no ser que haya sido necesaria efectuarlas para 
prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, en cuyo caso se 
justificarán una vez realizadas”. 
-  Al igual que en el caso de la contratación de este personal, también se omitió la fiscalización 
previa de los actos de autorización de las gratificaciones, incumpliéndose los artículo 214 y 
siguientes del TRLRHL. 
Tanto la adquisición de compromisos de gastos por encima de los créditos presupuestarios 
irregularidad  que  concurre  en  los  dos  expedientes  analizados—  como  la  omisión  de  la 
fiscalización  previa,  están  tipificadas  como  infracciones  muy  graves  en  el  artículo  28  de  la 
LTAIPBG. En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su 
aplicación se regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el 
propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado 
acciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades. 
II.2.10. AYUNTAMIENTO DE MAJADAS 
Sistema de control interno  
Majadas tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 1.341 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
2.068.906,67 euros.  
La Secretaria-Intervención de la entidad era de clase 3ª, por lo que el puesto de interventor está 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-intervención.  A  31  de  diciembre  de  2016  el  puesto  estaba  cubierto  mediante 
nombramiento interino, y en diciembre de 2018, la forma de provisión era en comisión de servicios 
por una funcionaria con habilitación nacional designada por el Área de Asesoramiento Jurídico 
Económico y Financiero a Entidades Locales de la Diputación Provincial de Cáceres. 
El órgano de intervención no cuenta con personal adscrito, de modo que los periodos en los que el 
puesto de Secretaría-Intervención queda vacante no se dispone de personal que pueda ejercer 
sus funciones. 
En el ejercicio 2016 esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena.  Por 
otra parte, no se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone 
un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia 
o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si 
se cumplían los principios de buena gestión. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Majadas remitió la información prevista en el  es
artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 2 de febrero de 2017, dentro del  bo
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  191ww
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Ayuntamiento". Código de convenio 10000292011988, suscrito el 24 de abril de 2012.
Se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y de 
anomalías de ingresos y se informó de 23 acuerdos contrarios a reparos. 
Acuerdos contrarios a reparos 
En el siguiente cuadro se clasifican los 23 acuerdos contrarios a reparos en función de la tipología 
de expediente:  
Cuadro 20.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Majadas 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Expedientes de contratación  14  38.099,64  60,87  16,62 
Gastos de personal  9  191.164,93  39,13  83,38 
Total general  23  229.264,57  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
Se incluye en este apartado el resultado de las comprobaciones realizadas sobre el único acuerdo 
contrario a reparo de más de 50.000 euros. 
o  Contratación de personal temporal para el Centro de Mayores San Sebastián mediante 
contrato de obra o servicio de duración determinada 
Por Resolución de Alcaldía de 3 de marzo de 2016 se acordó la aprobación de las bases 
definitivas para la constitución de la lista de espera para la provisión de plazas de trabajo en el 
Centro de Mayores San Sebastián, con la modalidad de contrato de obra o servicio determinado y 
por  una  duración  de  12  meses.  Dicha  Resolución  implica  el  levantamiento  del  reparo  que, 
respecto de este expediente, había formulado la Secretaria-Interventora el 2 de marzo de 2016. 
El reparo estaba fundamentado en la omisión de requisitos esenciales en la contratación del 
personal, lo que podría dar lugar a la nulidad de pleno derecho del acto, según disponía el artículo 
62.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  disposición  actualmente  recogida  en  el 
artículo 47.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. El detalle de los incumplimientos es el siguiente:  
-  La contratación de personal no satisface necesidades temporales de mano de obra, sino que 
responde a necesidades permanentes de los servicios que presta la corporación local. En 
concreto, el objeto de la convocatoria es la constitución de una lista de espera con el objeto de 
atender las necesidades de personal laboral que pudieran generarse a consecuencia de la 
ampliación del Centro de Mayores San Sebastián, para el que se ha previsto un aumento de 
las plazas residenciales de 18  a 46. Por ello, se considera que no cabe la modalidad de 
contratación  por  obra  o  servicio  determinado  prevista  en  el  artículo  15.1  a)  del  Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo  
2/2015, de 23 de octubre. 
-  Por otra parte, en el informe se señala la limitación impuesta en la Ley 48/2015, de 29 de  w.b
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año de 2016 para la contratación de  191ww
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profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos  esenciales”.  En  el  expediente  de  contratación  no  se  justifica  ni  acredita  la 
excepcionalidad de la contratación y la existencia de necesidades urgentes e inaplazables y 
que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo. 
-  Incumplimientos en relación con el contenido de las bases de la convocatoria que impidieron, 
entre otros, la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia:  
o  Se estableció como único medio de publicidad de las bases el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, lo que constituía un incumplimiento del artículo 97 de la LRBRL por el que 
se establece la obligación de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
o  Respecto de los requisitos para poder participar en los procesos selectivos, la base 
tercera en su letra c) establecía la exclusión de las personas no empadronadas en el 
municipio, incumpliéndose por ello el principio de igualdad sancionado en el artículo 14 
de la Constitución Española, así como el artículo 23.2 de esta norma fundamental a tenor 
del cual todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. En este sentido, el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, recoge el derecho de todos los 
ciudadanos de acceder al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el propio Estatuto y en el 
resto del ordenamiento jurídico. Así, el artículo 56 recoge los requisitos generales para 
poder participar en los procesos selectivos, entre los que no se incluye ninguno relativo a 
la vecindad, señalándose en su apartado 3, la posibilidad de exigir otros requisitos 
específicos siempre que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones 
asumidas y las tareas a desempeñar. A su vez, en el artículo 61, se establece que los 
procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia. 
II.2.11. AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO 
Sistema de control interno  
Montehermoso tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 5.817 habitantes, y el volumen 
de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, 
a 2.827.187,08 euros. 
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. La 
cobertura del puesto de interventor era, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018 
definitiva mediante concurso. 
El órgano de Intervención contaba además con un administrativo, situación mantenida en junio de 
2018. 
El Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 
en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y 
suficiencia de crédito y a la competencia del órgano gestor del gasto. Esta configuración del 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos debería haberse complementado en los 
términos establecidos en el artículo 219.2 del TRLRHL, que establece que deben ser objeto de  es
comprobación, junto con la adecuación y suficiencia de crédito y la competencia del órgano gestor  bo
del gasto, “aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se  191ww
dAeytuenrtmaimneienn tpoo er ne sl uP rleengou laac ipórno.p uesta del presidente”, previsión que no ha sido cumplida por el
Por otra parte, el órgano de intervención realizó actuaciones de control financiero posterior en
relación con algunos de los servicios de la entidad local.  Bc
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Montehermoso remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se remitió certificación negativa en relación con los acuerdos contrarios a reparos y se informó de 
diecisiete expedientes con omisión de fiscalización previa por importe agregado de 207.222,15 
euros —de los que uno de ellos tiene un importe superior a 50.000 euros y ha sido objeto de 
análisis— y de dos anomalías de ingresos cuya cuantía conjunta es de 746,52 euros. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El detalle por tipo de expediente de los diecisiete expedientes remitidos es el siguiente:  
Cuadro 21.  Expedientes con omisión de fiscalización. Ayuntamiento de Montehermoso 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  
Tipo de expediente 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje importe 
Expediente de contratación (fraccionamiento)  3  29.201,21  17,65  14,09 
Expedientes de contratación  7  148.221,83  41,18  71,53 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  4  8.665,02  23,53  4,18 
Gastos de personal  2  21.099,89  11,76  10,18 
Gastos derivados de otros procedimientos  1  34,20  5,88  0,02 
Total  17  207.222,15  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
o  Reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de ejercicios anteriores 
El Pleno del Ayuntamiento de Montehermoso aprobó el 28 de octubre de 2016 un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 68.406,53 euros, que agrupa las tres 
operaciones siguientes: 
-  Unos gastos cuantificados en 24.740,21 euros que corresponden a las cuotas de participación 
del Ayuntamiento de Montehermoso en la Mancomunidad de Municipios del Valle del Alagón 
de los ejercicios 2008 a 2014—importe que incluye un premio de cobranza liquidado por el 
Organismo  Autónomo  de  Recaudación  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres—.  Los 
24.740,21 euros no habían sido reconocidos ni pagados en los ejercicios en los que se había 
devengado.   
La particularidad de este gasto es que ya se había producido el pago del mismo en el ejercicio 
2015 por la vía de la minoración de los cobros que percibe el Ayuntamiento por la recaudación 
de sus ingresos, que gestiona de forma delegada la Diputación Provincial de Cáceres. La 
Mancomunidad ejerció esta acción ante la Diputación en aplicación de la posibilidad prevista 
en el artículo 31 de sus Estatutos. 
Según las aclaraciones proporcionadas por el Ayuntamiento, el motivo por el que este gasto  bo
no se aplicó al presupuesto de 2015 fue que en ese momento se mantenía una discrepancia  191ww
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-  Un servicio prestado en 2010 por importe de 43.000 euros relativo a un evento taurino por una 
empresa que no hizo entrega de la factura a los servicios municipales —motivo por el cual el 
gasto no fue imputado a presupuesto— y que, posteriormente, incurrió en situación concursal.  
La empresa resultó deudora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y ésta, en el 
curso del procedimiento correspondiente, procedió a embargar los derechos de la empresa 
con la hacienda municipal, declarando al Ayuntamiento responsable solidario. El pago del 
Ayuntamiento a la AEAT se produjo en mayo de 2016 mediante la minoración del importe 
recibido por la participación en los ingresos del Estado. Posteriormente, el reconocimiento de 
la obligación se produjo a través del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
analizado. 
-  Una factura del trimestre septiembre-noviembre de 2015 por importe de 666,32 euros por los 
servicios  de  prevención  y  salud  laboral  que,  por  motivos  que  se  desconocen  en  el 
Ayuntamiento, no fue recibida hasta el 24 de octubre de 2016, con más de un año de retraso 
desde la fecha de emisión que consta en el documento. 
En  el  informe  de  Intervención  de  24  de  octubre  de  2016  referido  a  la  tramitación  del 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  se  informa  de  la  quiebra  que  supone  al  principio  de 
anualidad recogido en el artículo 176 del TRLRHL la aplicación al presupuesto corriente de gastos 
de  ejercicios  cerrados,  además  del  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.5  del 
TRLRHL, por cuanto no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a los 
créditos consignados en el presupuesto. Asimismo, la Intervención indicaba que en la contratación 
de los festejos taurinos se omitió la fiscalización previa del expediente. 
II.2.12. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL FRESNO 
Sistema de control interno 
Valverde del Fresno tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 2.391 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho 
ejercicio, a 1.590.306,60€ euros.  
La Secretaria-Intervención de la entidad era de clase 3ª, por lo que el puesto de interventor está 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-intervención. La cobertura del puesto de interventor, tanto a 31 de diciembre de 2016 
como en junio de 2018, se había producido de forma interina. 
El órgano de intervención contaba además con tres administrativos y un auxiliar administrativo, 
tanto en 2016 como en 2018. 
En el ejercicio 2016 esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena.  No se 
realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que supone un incumplimiento 
del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o eficiencia, lo que 
se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Valverde del Fresno remitió la información prevista  o
en el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 2 de marzo de 2017, por  191www.
t2a0n1t5o.,  dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de
Se certificó la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos y de expedientes con omisión de
fiscalización previa y se informó de una anomalía de ingresos por importe de 107.000 euros.  Bc
Anomalías de ingresos 
Según la información remitida por el órgano de Intervención, el Ayuntamiento de Valverde del 
Fresno tenía establecidas, mediante las correspondientes ordenanzas municipales, la tasa por el 
suministro de aguas y la tasa de alcantarillado. La anomalía de ingresos comunicada consiste en 
la falta de elaboración por este Ayuntamiento del padrón fiscal correspondiente a estas tasas para 
el ejercicio 2016 y, por consiguiente, la omisión de las actuaciones de puesta al cobro de las 
referidas tasas, circunstancias que pone de manifiesto en un informe de 2 de marzo de 2017. 
El informe referido señala que el presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio 2016 tenía 
consignadas unas previsiones de ingresos de 107.000 euros para la tasa por el suministro de 
aguas y de 17.100 euros para la tasa de alcantarillado. 
En aclaraciones realizadas por el órgano de Secretaría-Intervención a la solicitud de este Tribunal 
de Cuentas se indica que los padrones de los ejercicios 2015 y 2016 no fueron elaborados hasta 
junio de 2017, señalando que el retraso vino motivado por las dificultades encontradas en el 
traspaso de la documentación de la empresa privada —que había gestionado la recaudación de 
ambos tributos hasta junio de 2015— al personal del Ayuntamiento. 
No existe constancia de que el Ayuntamiento haya procedido a la puesta al cobro de las tasas de 
las anualidades de 2015 y 2016, que se liquidan por trimestres. En relación con esta omisión, la 
tasa por el suministro de aguas fue modificada en sesión plenaria de 28 de noviembre de 2016 
para introducir una bonificación del 100% para los consumos no superiores al 125% del consumo 
medio y del 50% para los consumos inferiores al 150% del consumo medio. No obstante, esta 
modificación entró en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Provincia, esto 
es, el 1 de enero de 2017, por lo que no desplegaría efectos sobre las tasas de los ejercicios 2015 
y 2016. 
La falta de puesta al cobro de las tasas por el suministro de agua y de alcantarillado supone el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del TRLRHL, por cuanto la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  (LGT)  y  en  las  demás  leyes  del  Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. El artículo 
102 de la LGT establece la obligación de que las liquidaciones sean notificadas a los obligados 
tributarios, y los artículos 160 y siguientes disponen las formas de ejercicio de la recaudación en el 
periodo voluntario y en el periodo ejecutivo.  
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves 
en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria,  la  relativa  a  la  letra  b),  consistente  en  la 
administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las 
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. En el artículo 30 se 
concretan  las  sanciones  correspondientes,  señalándose  que  su  aplicación  se  regirá  por  el 
principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre los que se 
incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la depuración 
de las posibles responsabilidades. 
II.2.13. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS 
A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA 
EN  LAS  ENTIDADES  DE  LA  MUESTRA,  ASÍ  COMO  DE  LA  REMISIÓN  DE  LOS 
MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS 
En el examen efectuado sobre los 35 expedientes de gasto objeto de análisis y cuyos resultados 
se han expuesto en los epígrafes anteriores, se han puesto de manifiesto una serie de diferencias 
en los criterios y procedimientos aplicados para la tramitación de acuerdos contrarios a reparos y 
expedientes con omisión de fiscalización previa, así como en su remisión al Tribunal de Cuentas. 
El análisis comparativo se ha efectuado sobre los nueve expedientes de gasto con omisión de 
fiscalización previa que se tramitaron mediante reconocimientos extrajudiciales de créditos, puesto 
que el resto de supuestos presentan casuísticas muy diferenciadas. 
Diferencias en la utilización del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos 
En las Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres y en los Ayuntamientos de Badajoz, 
Mérida,  Talavera  la  Real  y  Montehermoso  se  hizo  uso  del  instrumento  del  reconocimiento 
extrajudicial de crédito para imputar gastos sin consignación presupuestaria. En todos los casos 
los órganos de intervención catalogaron los expedientes como casos de omisión de fiscalización 
previa, conteniendo la siguiente casuística de gastos: 
-  Uso del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar al presupuesto 
gastos efectuados en ejercicios precedentes cuyas facturas cursaron entrada en la entidad 
cuando ya se había cerrado el ejercicio presupuestario en el que debieron ser aplicados. Por 
ello, la única incidencia que les afecta es el incumplimiento del principio de anualidad recogido 
en el artículo 176.1 del TRLRHL, no viéndose los expedientes afectados por la insuficiencia de 
crédito u otras deficiencias procedimentales. Esta casuística afecta a la mayoría de los gastos 
incluidos en los expedientes de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Mérida, y 
también a la mayoría de las operaciones del expediente analizado del Ayuntamiento de 
Badajoz. 
Como se ha indicado, el retraso en el registro de las facturas, ya sea debido a los proveedores 
o  a  los  servicios  de  la  entidad  local,  informa  de  la  continuidad  de  unas  prácticas  cuya 
corrección se planteó a través de la aprobación de la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales y por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público. 
-  Utilización del reconocimiento extrajudicial de créditos para aplicar al presupuesto gastos de 
ejercicios precedentes para los que no existía crédito, por lo que resultaban ya de por sí nulos 
de pleno derecho. En estos casos, los gastos carecían de expediente de gasto, al margen de 
que, además, dichos gastos pudieran verse afectados por incumplimientos de la normativa 
contractual, tanto en lo que se refiere a la utilización de la contratación menor cuando se 
debería  haber  acudido  a  la  contratación  con  concurrencia,  como  a  la  existencia  de 
prestaciones  para  las  cuales  el  contrato  que  debía  haberles  dado  cobertura  ya  había 
finalizado. Esta es la casuística principal que afecta a los gastos de los expedientes remitidos 
por los Ayuntamientos de Badajoz y de Talavera la Real. 
En relación con estos supuestos, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,  oe.
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre  w.
las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, las consistentes  191ww
eonrd elnaa caiópnro dbea cpióang osd es inc ocmrépdriotom sisuofisc iednete  gpaasrato rse, aleizl arrleocso on occoimn iiennfrtaoc cdióen  doeb lilgoa dciisopnueess toy  elan 
la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente se considera como tal infracción
muy grave, la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, 
cuando esta resulte preceptiva. 
-  En  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de 
crédito también se empleó para aplicar al presupuesto corriente gastos de inversión realizados 
en ese mismo ejercicio cuyos proyectos de inversión habían sido liquidados al cierre del 
ejercicio contable 2015, por provenir de incorporaciones de crédito del ejercicio 2012. Dicha 
práctica no se ajustaba a los usos previstos en los artículos 26.2 y 60 del Real Decreto 
500/1990, en la medida en que no se refieren a obligaciones procedentes de ejercicios 
anteriores que no hubieran podido aplicarse al presupuesto. 
-  Finalmente,  el  Ayuntamiento  de  Montehermoso  utilizó  el  expediente  de  reconocimiento 
extrajudicial  de  créditos  para  aplicar  al  presupuesto  corriente  gastos  sin  consignación 
presupuestaria para los que ya se había producido el pago, ya que este se había ejecutado 
mediante fórmulas de descuento en los ingresos que debía recibir de la Diputación Provincial, 
por la gestión delegada de la recaudación, o la Administración del Estado, por la participación 
en los ingresos estatales. 
De este modo, se aprecia una utilización del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
como instrumento para todo tipo de gastos en los que pueda existir algún vicio de nulidad. 
II.3.  RESULTADOS  DEL  ANÁLISIS  DEL  CONTROL  INTERNO  REALIZADO  SOBRE  UNA 
MUESTRA DE ENTIDADES  
En este subapartado se exponen los resultados de un análisis específico efectuado sobre la 
configuración del órgano de Intervención en aquéllas entidades cuyo sistema de control interno 
consistía en la realización de una fiscalización limitada previa –o de requisitos básicos–, al amparo 
del artículo 219.2 del TRLRHL, y en los que, simultáneamente, no se desarrolló un control 
financiero posterior en los términos previstos en el artículo 220 del TRLRHL.  
De los 37 ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el 35% (trece entidades) señalaron tener implantado dicho sistema de control:  los 
Ayuntamientos de Alburquerque, Campanario, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena, 
Montijo, San Vicente de Alcántara, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra, Coria, 
Moraleja y Talayuela. También tenía establecido este sistema la Diputación Provincial de Badajoz, 
si bien, no se ha incluido en la muestra porque su control interno fue analizado en la “Fiscalización 
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y 
las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los 
órganos de control externo de las comunidades autónomas”, cuyo Informe fue aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2017 
En el siguiente cuadro se detallan las circunstancias del sistema de fiscalización previa de cada 
una de las entidades y se indica si han remitido certificación negativa en relación con los acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y anomalías de 
ingresos. 
Cuadro 22.  Características del sistema de control interno de las entidades de 
Extremadura analizadas. Ejercicio 2016 
Fiscalización limitada previa (1) 
Obligaciones 
Población  Control  Certificación 
Entidad  reconocidas 
2016  Existencia  Órgano  Otros  financiero  negativa (1) 
netas 2016  crédito  competente  extremos 
Ayuntamiento de Alburquerque  5.436  5.405.240,08 (2)  No se aplicó en 2016  NO  SI 
Ayuntamiento de Campanario  5.083  4.797.772,33  No se aplicó en 2016  NO  SI 
Ayuntamiento de Don Benito  36.975  24.876.929,53  SI  SI  NO  NO  SI 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros  9.531  7.831.281,19  SI  SI  NO  NO  SI 
Ayuntamiento de Llerena  5.877  5.389.040.34  SI  SI  NO  NO  SI 
Ayuntamiento de Montijo  15.674  12.464.548,02  No está formalmente regulado  NO  NO 
Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara  5.620  6.248.671,94  SI  SI  NO  NO  SI 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros  13.224  10.907.266,83  SI  SI  SI  NO  SI 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena  25.992  18.555.268,54  No está formalmente regulado  NO  SI 
Ayuntamiento de Zafra  16.855  14.371.104,80  SI  SI  SI  NO  SI 
Ayuntamiento de Coria  12.886  11.435.462,21  SI  SI  NO  NO  NO 
Ayuntamiento de Moraleja  6.912  7.114.076,32  SI  SI  SI  NO  NO 
Ayuntamiento de Talayuela  7.377  4.692.226,14  SI  SI  SI  NO  SI 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades. 
(1) Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos 
(2) Datos de la cuenta general de 2015. El Ayuntamiento de Alburquerque no ha rendido la cuenta general de 2016.  
Los Ayuntamientos de Montijo y Villanueva de la Serena no tenían formalmente regulado el 
sistema de fiscalización previa de alcance limitado, a pesar de ser necesario acuerdo plenario 
para su implantación según establece el artículo 219.2 del TRLRHL, y los Ayuntamientos de 
Alburquerque y Campanario, que sí habían previsto este sistema en sus correspondientes bases 
de ejecución del presupuesto, no lo implementaron en 2016, por lo que aplicaron una fiscalización 
previa de naturaleza plena. 
Del resto de ayuntamientos, los de Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena y San Vicente de 
Alcántara  limitaron  el  alcance  de  las  comprobaciones  efectuadas  mediante  el  régimen  de 
fiscalización previa de requisitos mínimos a la comprobación de la existencia y adecuación de 
crédito  presupuestario  y  la  competencia  del  órgano  que  genera  el  gasto  o  la  obligación, 
configuración que debería haberse complementado, en los términos establecidos en el artículo 
219.2  del  TRLRHL,  con  las  comprobaciones  de  “aquellos  otros  extremos  que,  por  su 
trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente”. 
En cualquier caso, la aplicación de la fiscalización previa limitada habría requerido, según el 
artículo 219.3 del TRLRHL, la realización por los órganos de intervención de una fiscalización 
plena  posterior,  ejercida  sobre  una  muestra  representativa  de  los  actos,  documentos  o 
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización. Los resultados de esta fiscalización 
deberían haber quedado plasmados en un informe escrito con conclusiones y observaciones que 
tendría que haberse remitido al Pleno. 
Además de la función interventora, el control interno está integrado por un control financiero  e.e
posterior relativo a la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de la  w.b
normativa de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos  191ww
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comprobación de la legalidad, así, el contenido del primero quedaría incluido en el segundo.
Ninguna de las entidades de la muestra realizó la fiscalización plena posterior de los gastos 
afectados por la fiscalización previa limitada ni emitió los informes de control financiero posterior, 
lo que además del incumplimiento señalado, conlleva un sistema de control interno insuficiente, en 
el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
En relación con la fiscalización de los ingresos, seis de las trece entidades analizadas –los 
Ayuntamientos  de  Alburquerque,  Campanario,  Coria,  Don  Benito,  Moraleja  y  Talayuela–  
comunicaron la adopción de acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa 
por  la  inherente  a  la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por  actuaciones  complementarias 
posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, si bien en el Ayuntamiento de  Don 
Benito  no  se  realizaron  las  actuaciones  comprobatorias  posteriores,  lo  que  además  del 
incumplimiento del precepto citado, se ve agravado en tanto esta entidad tampoco llevó a cabo el 
ejercicio del control financiero.  
Finalmente, el artículo 218.1 del TRLRHL recoge la obligación del órgano de Intervención de 
elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de  la  misma  que  sean  contrarias  a  los  reparos  efectuados,  así  como  un  resumen  de  las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. De los tres órganos de Intervención 
que, respecto de 2016, comunicaron la existencia de este tipo de resoluciones, sólo el de Moraleja 
elevó el referido informe, incumpliendo el precepto citado los de Coria y Montijo. En relación con el 
resto de las entidades, en las que se ha informado de que no se produjeron este tipo de acuerdos 
o  anomalías,  sería  conveniente  que  el  órgano  interventor  también  comunicara  al  Pleno  su 
inexistencia. 
Funciones del órgano de Intervención 
La definición de las funciones de la Intervención se contiene en el artículo 92 bis LRBRL y en el 
RJFHN. En particular, las funciones ordinarias a desempeñar por la Intervención son las de control 
y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, así como la de contabilidad, excepto 
para los municipios de gran población, cuyo régimen de organización está previsto en el Título X 
de la LRBRL y se excluye expresamente la posibilidad de que la función de contabilidad sea 
atribuida  a  los  órganos  de  Intervención.  Es  municipio  de  gran  población  en  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura el Ayuntamiento de Mérida.  
En el 46% de las entidades examinadas el órgano de Intervención realizaba otras labores además 
de las que les eran propias, con el siguiente detalle: 
-  En el Ayuntamiento de Alburquerque el órgano de Intervención realiza las gestiones de cobro 
de subvenciones y otras gestiones con proveedores y particulares. 
-  En el Ayuntamiento de Coria la Intervención asume las funciones de gestión presupuestaria y 
económica, elabora y realiza el seguimiento de planes económico-financieros y revisa las 
liquidaciones de ingresos presentadas por los entes recaudadores. 
-  En el Ayuntamiento de Don Benito la intervención asume las gestiones presupuestaria y 
tributaria, participa en la elaboración de padrones, ejerce la jefatura de catastro y realiza la 
función de asesoramiento jurídico de la entidad. 
-  En el Ayuntamiento de Moraleja la intervención es la unidad encargada de redactar los pliegos  s
de contratación y tramitar las subvenciones.  oe.
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servicios económicos, realiza la supervisión de la tesorería y ejerce el asesoramiento legal.
-  En el Ayuntamiento de Zafra el órgano de Intervención se encarga de la justificación de las 
subvenciones y de su documentación complementaria. 
La asunción de estas funciones adicionales implica una merma sobre la autonomía y objetividad 
que se requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización. Este resultado 
constituye una debilidad del sistema de control interno de estas entidades.  
Normas y manuales de control interno y programas informáticos 
Ninguna de las entidades fiscalizadas dispuso, con vigencia en 2016, de normas reguladoras 
compresivas de los procedimientos de fiscalización y control interno atribuidos al órgano de 
intervención.  Las  instrucciones  y  manuales  internos  son  adecuados  para  definir  las  tareas 
asignadas a las unidades, en particular a las de control interno, al permitir conocer con claridad 
qué funciones se han de ejercer, en qué plazos y atendiendo a qué tramites, lo que ofrece una 
adecuada estandarización en el ejercicio de las funciones, una seguridad al personal interviniente 
y evita que el cambio en los ocupantes de los puestos suponga una pérdida de operatividad. 
No obstante, las bases de ejecución del presupuesto de los Ayuntamientos de Moraleja, Talayuela 
y San Vicente de Alcántara recogen los procedimientos para la tramitación de los expedientes con 
reparos. 
Por otra parte, ninguna de las entidades dispuso en 2016 de programas informáticos específicos 
para la tramitación de sus actuaciones de control interno. El Ayuntamiento de Zafra es el único 
que comunica la implementación en 2018 de un programa informático de gestión electrónica. 
Formas de provisión de puestos de trabajos reservados a FHN 
En el cuadro siguiente se ofrecen las características del puesto reservado a funcionarios de 
habilitación nacional en los órganos de intervención de las entidades analizadas, incluyendo la 
forma de provisión del mismo, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 2018, fecha 
de corte de los trabajos de fiscalización. 
Cuadro 23.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional 
Forma de cobertura 
Entidad  Población  Clase del puesto 
Diciembre 2016  Diciembre 2018 
Ayuntamiento de Alburquerque  5.436  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Campanario28  5.083  Clase 3ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Don Benito  36.975  Clase 1ª  Comisión de servicios  Comisión de servicios 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros  9.531  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Llerena  5.877  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Montijo  15.674  Clase 2ª  Interino  Comisión de servicios 
Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara  5.620  Clase 2ª  Interino  Accidental 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros  13.224  Clase 1ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena  25.992  Clase 1ª  Accidental  Comisión de servicios 
Ayuntamiento de Zafra  16.855  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Coria  12.886  Clase 2ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Moraleja  6.912  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Talayuela  7.377  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades. 
El municipio de Campanario tenía una población superior a los 5.000 habitantes a 1 de enero de 
2016, situación por la que se debía segregar el puesto en dos de clase segunda, uno  de 
Secretaría y otro de Intervención, de conformidad con el artículo 2, letras b) y e) del entonces 
vigente RPPFHN. Aunque a 1 de enero de 2018 el Ayuntamiento tenía una población de 4.967 
habitantes, el presupuesto de la entidad superaba los 3.005.060,52 euros fijados por la citada 
norma como segundo criterio para llevar a cabo la segregación29.  
Únicamente dos de las trece entidades tenían provisto el puesto de Intervención de manera 
definitiva, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en diciembre de 2018, (Ayuntamientos de 
Campanario y Coria) en ambos casos a través de concurso.  
De los once ayuntamientos que no tenían cubierto el puesto de manera definitiva, en ocho la 
cobertura a 31 de diciembre de 2016 era mediante nombramiento accidental — Ayuntamientos de 
Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Moraleja, Talayuela, Villafranca de los Barros, 
Villanueva de la Serena y Zafra—. Salvo en el caso de Talayuela, los nombramientos accidentales 
se  mantenían  desde  hacía  más  de  un  año.  Destacan  las  situaciones  de  los  puestos  de 
Intervención  de  los  Ayuntamientos  de  Zafra,  Alburquerque  y  Moraleja,  por  cuanto  que  el 
nombramiento  vigente  en  la  actualidad  se  efectuó  en  los  ejercicios  1984,  1998  y  1999, 
respectivamente.  
Además,  en  los  Ayuntamientos  de  Alburquerque,  Jerez  de  los  Caballeros  y  Zafra  los 
nombramientos accidentales recaían sobre funcionarios del grupo C2 –auxiliar administrativo–. 
Por otra parte, en los Ayuntamientos de Moraleja, Talayuela y de Villafranca de los Barros30 la 
                                                 
.  es
29 Norma derogada, con efectos de 18 de marzo de 2018, por la disposición derogatoria única del Real Decreto  w.b
128/2018, de 16 de marzo, que regula de forma análoga en sus artículos 8 y 11 la clasificación de los puestos  191ww
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atendiendo a la formación requerida para el acceso al grupo de pertenencia de la funcionaria.
cobertura accidental recae sobre funcionarios del grupo C1 –administrativo-. El perfil funcional y 
capacitación de los funcionarios del grupo C, cuya tarea esencial es el desempeño de tareas 
administrativas de trámite y colaboración, y la titulación de acceso a los cuerpos de este subgrupo 
no resulta adecuado para desempeñar las funciones de la responsabilidad de las encomendadas 
a los funcionarios de habilitación nacional. 
La situación a diciembre de 2018 únicamente cambió en relación con tres ayuntamientos. En los 
Ayuntamientos de Montijo y San Vicente de Alcántara, que tenían el puesto cubierto mediante 
nombramientos interinos, pasan a ocuparse mediante comisión de servicios y nombramiento 
accidental, respectivamente. Y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que cubría el puesto 
mediante nombramiento accidental, pasa a cubrirlo en comisión de servicios. 
De los resultados anteriores se deduce una provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura 
de los puestos de intervención reservados a FHN (el 85% de los puestos fiscalizados en 2016 y en  
2018), con una utilización recurrente de los nombramientos accidentales, lo que conlleva que las 
funciones de control y fiscalización interna no se desarrollen por quienes tienen la formación 
específica para ello, sino por funcionarios de la propia entidad, en detrimento de la independencia 
exigible en el ejercicio de estas funciones reservadas.  
Respecto  de  las  posibles  actuaciones  tomadas  por  las  entidades  para  procurar  una  forma 
definitiva de provisión de los puestos de Intervención reservados a FHN, ninguna de ellas ha 
implementado medidas al respecto, no convocando, además, los correspondientes concursos 
ordinarios. Las plazas se ofertaban en los concursos unitarios convocados por la Administración 
General  del  Estado,  si  bien,  quedaron  vacantes  o  la  persona  adjudicataria  de  la  plaza  no 
permaneció en la misma.  
Personal adscrito al órgano de Intervención  
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  las 
administraciones públicas realizan la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades 
de los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño; en función de las 
RPT se definirán las plantillas y se determinarán las ofertas públicas de empleo. 
Cuatro  de  los  trece  ayuntamientos  fiscalizados  –Ayuntamientos  de  Alburquerque,  Montijo, 
Talayuela y Villanueva de la Serena– carecían en 2016 de una RPT aprobada por el Pleno, 
incumpliendo por tanto la obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de 
la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal.  
Las trece entidades han aportado los anexos de personal aprobados con el presupuesto de las 
respectivas entidades para 2016. En todos los casos figuraban los puestos referidos del órgano de 
Intervención, con la excepción del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, en cuyo anexo de 
personal no queda identificado este puesto. 
En el cuadro siguiente se muestran los datos relativos a la composición del órgano de Intervención 
en cada una de las entidades. 
Cuadro 24.  Puestos adscritos al órgano de intervención municipal 
Importes en euros 
Puestos ocupados a 31/12/2016 
Obligaciones  Total de 
Entidad  reconocidas  Personal técnico     Personal de apoyo  puestos 
netas 2016  FHN (*)  Técnico/a  Técnico/a  ocupados 
   Administrativo  Auxiliar 
(A1)  (A2) 
Ayuntamiento de Alburquerque  5.405.240,08 (1)  --  --  --    --  3  3 
Ayuntamiento de Campanario  4.797.772,33  1  --  --    1  --  2 
Ayuntamiento de Don Benito  24.876.929,53  1  --  --    2  2  5 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros  7.831.281,19  --  1  --    2  1  4 
Ayuntamiento de Llerena  5.389.040.34  --  1  1    --  --  2 
Ayuntamiento de Montijo  12.464.548,02  1  --  --    --  1  2 
Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara  6.248.671,94  1  --  --    1  1  3 
Ayuntamiento  de  Villafranca  de  los 
10.907.266,83  --  1  --    3  3  7 
Barros 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena  18.555.268,54  --  1  --    2  1  4 
Ayuntamiento de Zafra  14.371.104,80  --  --  1    1  3  5 
Ayuntamiento de Coria  11.435.462,21  1  --  --    --  2  3 
Ayuntamiento de Moraleja  7.114.076,32  --  --  --    1  1  2 
Ayuntamiento de Talayuela  4.692.226,14  --  --  --    1  1  2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades.  
(*) Se ha considerado ocupado el puesto reservado a FHN cuando su provisión era definitiva o bien cuando estaba ocupado de forma 
provisional por FHN o por funcionario interino, no así cuando la cobertura era mediante nombramiento accidental (en cuyo caso se ha 
computado el puesto de trabajo previo del funcionario) ni cuando las funciones se realizaban en régimen de acumulación. 
(1) Datos de la cuenta general de 2015. El Ayuntamiento de Alburquerque no ha rendido la cuenta general de 2016. 
Para valorar una aproximación a la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de 
control interno, se han considerado características cualitativas y cuantitativas de los puestos para 
apreciar  si  de  estas  dotaciones  de  personal  puede  inferirse  una  dificultad  del  órgano  de 
Intervención para el ejercicio de las funciones de control interno. 
En  primer  lugar,  es  relevante  la  situación  de  los  Ayuntamientos  de  Moraleja,  Talayuela  y 
Alburquerque, dado que el órgano de intervención tan sólo cuenta con personal de grupo C con 
categoría de administrativo o auxiliar administrativo31 (dos, dos y tres personas, respectivamente). 
En segundo lugar, atendiendo al volumen de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 
2016, se advierte que la escasez de personal técnico cualificado es especialmente significativa en 
el Ayuntamiento de Don Benito, así como en los de Villanueva de la Serena, Montijo y Coria.  
La  situación  de  insuficiencia  de  medios  personales  ha  sido  advertida  por  los  órganos  de 
intervención. En este sentido, se ha requerido a la persona responsable de la Intervención de 
cada una de las trece entidades analizadas su valoración sobre la adecuada cobertura del órgano, 
resultando que once de los interventores (86%) considera que la unidad no está suficientemente 
dotada –Ayuntamientos de Alburquerque, Campanario32, Don Benito, Montijo, San Vicente de 
Alcántara, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra, Coria, Moraleja y Talayuela–.  
Por lo que se refiere al género del personal adscrito a los órganos de control interno, según la 
información facilitada por las entidades, el 55% eran mujeres, existiendo asimismo un equilibrio de 
género en la ocupación de los puestos de Intervención.  s
                                                  w.
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función de secretaría, y con la asistencia parcial de un administrativo. 
 CONCLUSIONES 
Los principales resultados de esta fiscalización son los siguientes: 
EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS (Subapartado II.1) 
Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información (Epígrafe II.1.1). 
1.  A 19 de febrero de 2019, el 74% de los órganos de Intervención de las entidades locales de 
Extremadura había remitido la información correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de 
cumplimiento en plazo representa el 52% de los envíos totales. 
Por  tipo  de  entidades,  el  nivel  de  cumplimiento  de  los  órganos  de  Intervención  de  las 
Diputaciones Provinciales alcanzó el 100%. También remitieron la información la totalidad de 
los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. El porcentaje de cumplimiento de la obligación 
fue del 84% en relación con los ayuntamientos de población entre 1.000 y 5.000 habitantes, 
del 76% respecto de las EATIM, el 71% en relación con los municipios de menos de 1.000 
habitantes, y se redujo al 44% en el caso de las mancomunidades. 
Respecto de las entidades locales sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.2) 
2.  El  90%  de  las  entidades  que  han  enviado  información  certifican  que  no  se  produjeron 
acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención; el 97% que no se 
advirtieron expedientes con omisión de fiscalización previa; y el 96% que no se apreciaron 
anomalías en la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. El 88% de dichas entidades 
certificaron que no se produjo ninguno de estos acuerdos, expedientes o anomalías.. Estos 
altos porcentajes se explican por la elevada atomización existente en la Comunidad –el 77% 
de Ayuntamientos tiene una población inferior a 1.000 habitantes-, siendo precisamente entre 
estos ayuntamientos donde la ratio de certificaciones negativas es generalmente mayor (94%). 
También fue muy elevada entre las mancomunidades, donde alcanzó el 100%, situándose en 
el 94% en relación con las EATIM. 
3.  Los órganos de Intervención de casi todas las entidades locales (96%), con independencia del 
tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron anomalías de ingresos. Esta situación 
podría verse motivada por el hecho de que el concepto de principales anomalías de ingresos 
no se encontraba contemplado por la normativa, cuestión que se une al hecho de que la 
mayoría de las entidades locales, en aplicación del artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos por 
la toma de razón en contabilidad, sin que se lleven a cabo controles posteriores sobre la 
gestión de los ingresos. 
Respecto del alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales 
(Epígrafe II.1.3)  
4.  El 49% de los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de Extremadura habían  es
establecido un sistema de fiscalización limitada previa, si bien, únicamente en la mitad de los  o
cgffuiasaecssraotaols,i z ,- aalaoscdsiimóe rnmies spámprseoe vd,c ietcaiv o,q omsusope lPoe el teeel nln co2tres7é- %d.c ioAt olnl e csfvruueó et varaear coz aa,n db dleoaec   uculaonasm de oepje nrryotci bdiscaauicodfii eócdsinee  lndq cteueo e on ytter roosqtslu a feeibn xlaóetrnrcegicemaiernooroons    gpdeeoesss tlettaoe  srrg iioesdrste.et lim ógnaa  dsdteoel    2021-14191n https://www.
En relación con los ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes de los que se ha 
dispuesto de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa 
fue del 14%, y de ellos, únicamente en el 34% se exigía la revisión de extremos adicionales a 
crédito y competencia A su vez, solo desarrollaban un control financiero posterior el 21% de 
las que establecieron fiscalización limitada previa. 
Por lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, la Diputación de Badajoz adoptó un 
sistema  de  fiscalización  limitada  previa,  con  Acuerdo  de  Pleno  en  el  que  se 
determinaban extremos adicionales sobre los que realizar dicha fiscalización además de la 
comprobación de la existencia de crédito y competencia del órgano. La Diputación Provincial 
de Cáceres tenía establecida una fiscalización plena. Ninguna de las dos entidades llevó a 
cabo el ejercicio de control financiero. 
La aplicación del modelo de fiscalización limitada previa en las mancomunidades y entidades 
locales  menores  fue  prácticamente  inexistente,  llevándose  a  cabo  únicamente  en  tres 
entidades de cada uno de estos dos tipos. 
5.  Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su 
utilización entre las entidades locales de Extremadura ha sido residual, habiéndose aplicado 
únicamente en el 4% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del control 
interno de aquellas. 
La  ausencia  de  ejercicio  de  actuaciones  de  control  financiero  que  complementen  la 
fiscalización limitada previa, máxime cuando esta se restringe a la comprobación de que existe 
crédito suficiente y que el órgano que genera el gasto es el adecuado, configura un sistema de 
control interno insuficiente, en el que, además de no comprobarse si se cumplen los principios 
de buena gestión financiera, no se complementa el control de legalidad de la fiscalización 
previa de la Intervención con actuaciones posteriores. 
Respecto de los informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto (Epígrafe II.1.4)  
6.  De las 351 entidades que remitieron los datos relativos al ejercicio 2016, los órganos de 
Intervención de siete municipios señalaron haber informado negativamente la aprobación de 
los presupuestos, y de otros cinco (dos de ellos coincidentes con los anteriores) indicaron la 
existencia de informes desfavorables en relación con la liquidación del presupuesto. 
Respecto de los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención (Epígrafe II.1.5) 
7.  Se ha recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 19 de febrero de 2019, un total de 
507 resoluciones o acuerdos contrarios a reparos con un importe de 33.412.769,40 euros, 
formulados  por  los  órganos  de  Intervención  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  33 
ayuntamientos y una entidad local menor. 
8.  El 50% del importe de los acuerdos contrarios a reparos resultó referente a expedientes de 
subvenciones  y  ayudas  públicas,  derivándose  las  incidencias  más  significativas  de  una 
aplicación indebida del sistema de concesión directa. Le siguen en importancia cuantitativa los 
expedientes  de  contratación  administrativa  (26%),  que  afectan  fundamentalmente  a  la 
contratación de servicios y suministros, y los de gastos de personales (21%), relativos a 
procedimientos de contratación de personal temporal y al pago de gratificaciones.   e.
9.  La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos  191ww
ore ptraármosit ecso ne seesntac iamleosti.v aCcoiónnc,r eqtaume erenptere esenn 2ta0b1a6n  seel  5c4o%mu dneic alorso ne x2p7e5d iaecnuteesrd yo su nc o8n2t%ra ridoes  laa 
cuantía total.
10. El 53% de los acuerdos contrarios a reparos comunicados lo fueron en relación con el 
reconocimiento de la obligación, si bien la fase de autorización del gasto acumula el 71% de 
las cuantías de los expedientes.     
11. El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 63%), como por 
número de expedientes (el 95%). El resto se corresponde con acuerdos adoptados por el 
Pleno de la entidad.  
Respecto de los expedientes con omisión de fiscalización previa (Epígrafe II.1.6) 
12. En la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 19 de febrero de 2019, se han recibido 73 
expedientes  con  omisión  del  trámite  de  fiscalización  previa,  por  un  importe  conjunto  de 
3.162.134,62 euros. Los 73 expedientes con omisión de fiscalización previa están referidos a 
las dos diputaciones provinciales y a siete ayuntamientos. 
Respecto de las principales anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.7) 
13. Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura han comunicado la existencia de 38 anomalías de ingresos en 
2016, por un importe conjunto de 150.495,45 euros. Han sido remitidas por la Diputación 
Provincial de Cáceres y trece ayuntamientos, refiriéndose fundamentalmente a la imposición 
de tasas (88% del importe agregado). 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS  DE  INGRESOS  DE  LAS  ENTIDADES  SELECCIONADAS  EN  LA  MUESTRA 
(Subapartado II.2) 
Se han analizado de forma individualizada 36 expedientes de importe superior a 50.000 euros 
comunicados al Tribunal de Cuentas por los órganos de Intervención local: 25 acuerdos contrarios 
a reparos, diez expedientes con omisión de fiscalización previa y una anomalía de ingresos. 
En relación con los acuerdos contrarios a reparos ha resultado que dieciséis de los remitidos por 
la  Intervención  de  la  Diputación  de  Cáceres,  a  pesar  de  integrarse  por  resoluciones  de  la 
Presidencia de la Diputación en la que se indicaba expresamente el levantamiento del reparo, 
respondían  a  actividad  informadora  de  Intervención  en  relación  con  actos  preparatorios  de 
expedientes de contratación o de subvenciones, o bien el criterio de Intervención fue atendido por 
el órgano gestor. Por ello, las conclusiones se refieren a los veinte expedientes restantes: nueve 
reconocimientos extrajudiciales de crédito remitidos como expedientes de omisión de fiscalización 
previa, tres expedientes de subvenciones, tres expedientes de gastos de personal, dos contratos 
administrativos, un convenio para la gestión de un centro municipal de estancias diurnas y una 
anomalía de ingresos relativa a una liquidación de ingresos por padrón. 
14. De los nueve expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se han deducido las 
siguientes conclusiones: 
  En  las  Diputaciones  Provinciales  de  Badajoz  y  Cáceres,  así  como  en  los 
Ayuntamientos de Badajoz, Mérida, Montehermoso y Talavera la Real se produjo un 
incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 176.1 
del TRLRHL, por cuanto que se aplicaron al presupuesto del ejercicio 2016 gastos  s
realizados  en  ejercicios  anteriores.  Asimismo,  el  artículo  173.5  del  mismo  texto  e.
refundido determina la nulidad de los acuerdos, resoluciones y actos administrativos  w.
que supongan el compromiso de gastos por cuantía superior al importe de los créditos  191ww
atoudtaosri zlaasd oesn teidna ldoess e csittaaddoass ,d eex cgeapsttoo se dne el l pAreyusunptaumesieton,t oc idrceu Mnsétraidnac.ia   que se produjo en
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy 
graves en  materia de gestión económico-presupuestaria, aprobar compromisos de 
gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente 
para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria que 
sea aplicable. Igualmente considera como tal, la omisión del trámite de intervención 
previa  de  los  gastos,  obligaciones  o  pagos,  cuando  esta  resulte  preceptiva,  o  la 
omisión  del  procedimiento  de  resolución  de  discrepancias  frente  a  los  reparos 
suspensivos de la intervención regulado en la normativa presupuestaria. No consta que 
en ninguna de las entidades se hayan iniciado actuaciones tendentes a depurar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar. 
  En la Diputación Provincial de Badajoz y en el Ayuntamiento de Mérida la aplicación al 
presupuesto corriente de gastos de ejercicios anteriores se originó por la demora en la 
entrega de las facturas por parte de los proveedores o en la tramitación de los gastos 
por los servicios gestores, lo que pone de manifiesto la continuación de unas prácticas 
de las que se derivan desequilibrios para cuya corrección se aprobó la Ley 5/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así 
como por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. En particular, el artículo 
3 de la Ley 25/2013 dispuso la obligación del proveedor de la Administración Pública 
de presentar la factura en el registro administrativo en el plazo de treinta días desde la 
entrega de la mercancía o de la prestación del servicio. 
  El Ayuntamiento de Badajoz incluyó en el expediente extrajudicial de créditos analizado 
tres operaciones de gastos de ejercicios anteriores por importe conjunto de 462.102,95 
euros,  para  las  que,  además  de  la  falta  de  consignación  presupuestaria  en  el 
presupuesto  de  origen,  ninguno  de  ellos  contó  con  cobertura  contractual, 
detectándose, además, las siguientes irregularidades:  
o El Ayuntamiento de Badajoz recibió, entre el 15 de junio de 2012 y el 3 de julio 
de 2017, un servicio de archivo y custodia de documentación municipal al 
margen de los procedimientos de contratación administrativa, apreciándose, 
además, una negligencia en relación con la custodia de una documentación 
relativa  a  tributos  municipales  en la  que constan  datos de  los  ciudadanos 
amparados por la normativa de protección de datos de carácter personal. El 
gasto  imputado  al  presupuesto  de  2016  por  la  vía  del  reconocimiento 
extrajudicial de crédito fue de 25.155,90 euros por la prestación realizada entre 
el 15 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.  
o En  el  ejercicio  2015  se  realizó  una  contratación  de  emergencia  para  la 
reparación de un socavón en la Calle Pedro de Valdivia que no siguió el 
procedimiento previsto en el artículo 113 del TRCSP, por cuanto que no se 
emitió el preceptivo acuerdo de ordenación de la ejecución de la obra por 
Alcaldía,  órgano  competente  para  la  contratación.  Por  consiguiente,  esta 
contratación incurría en causa de nulidad recogida en el artículo 62 de la 
entonces vigente LRJAP —cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual 
LPAC— careciendo de validez la adjudicación realizada con posterioridad al  es
tercero que ya había ejecutado la obra, cuyo coste ascendió a 74.234,72 euros.  o
o Epfurnno cceieol dneiajmemriecieincntiootos 2  y0d 1me3 a enclto eAnnytirmuantiaetacnmitóoin e dneteo sl ataa dEbjluTedAciicPdó oS sda,i rnetucant a Emnceognnratterca iatyo   —al dpmeo ar rpigmueepnso tdratee   ldeoens    2021-14191n https://ww
362.712,33  euros—  a  la  empresa  concesionaria  del  servicio  público  de
abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento de Badajoz. El 
coste de este servicio fue valorado en 362.712,33 euros.  
El reconocimiento extrajudicial de crédito –aplicable, como excepción al principio de 
temporalidad de los créditos, para la imputación al presupuesto en vigor de gastos de 
ejercicios anteriores, según determina el artículo 60.2 del RD 500/90- no convalida por 
si mismo los actos nulos, debiendo tenerse en cuenta que en ningún caso subsana las 
irregularidades o vicios que fueran la causa de nulidad. En todo caso, para evitar el 
enriquecimiento  injusto  de  la  Administración,  las  facturas  correspondientes  a  un 
servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad 
patrimonial  de  las  autoridades  y  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones 
Públicas  que  se  pudiera  derivar  de  sus  actuaciones  en  materia  de  contratación 
administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la entonces vigente 
LRJPAC33,  señalando,  asimismo  que  la  infracción  o  aplicación  indebida  de  los 
preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta 
muy  grave,  cuya  responsabilidad  disciplinaria  se  exigirá  conforme  a  la  normativa 
específica en la materia. No consta la realización de acciones para la depuración de las 
posibles responsabilidades.  
15. Respecto  de  los  tres  expedientes  de  subvenciones,  los  principales  resultados  son  los 
siguientes: 
  En los dos expedientes de la Diputación Provincial de Cáceres por los que se resuelve 
la concesión directa de subvenciones a varios municipios de la provincia para realizar 
obras  de  interés  público  no  previstas  en  el  Plan  provincial,  se  ha  advertido  una 
insuficiente  justificación  del  interés  público  en  relación  con  las  actuaciones 
subvencionadas, el cual es únicamente invocado de forma genérica en el expediente; 
tampoco se justificaron adecuadamente las causas por las que no se procedió a una 
convocatoria pública de la subvención, lo que resulta contrario al artículo 22.2 c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones relativo a la utilización de 
este procedimiento excepcional de adjudicación.  
Además,  las  actuaciones  subvencionadas—adaptaciones  de  los  cementerios  a  la 
normativa vigente, desarrollos de nuevas redes de abastecimiento, adecuaciones de 
instalaciones deportivas, etc.— derivan de situaciones que perduran en el tiempo y 
que, si bien resulta motivada la necesidad de su atención, las razones de urgencia 
derivan de una inadecuada previsión y planificación. 
  El tercer expediente analizado, también remitido por el órgano de Intervención de la 
Diputación Provincial de Cáceres, es relativo a la concesión de una subvención a 
clubes y federaciones deportivas. Ocho de las once entidades beneficiarias no habían 
aportado  el  certificado  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  con  la  Hacienda 
Tributaria Autonómica, en tanto que otras dos no aportaron los certificados de estar al 
corriente de las obligaciones con la Hacienda Tributaria Autonómica, Estatal y de la 
Seguridad Social, de modo que no quedó acreditado si dichas entidades incurrían en la 
causa recogida en el artículo 13.e) de la Ley General de Subvenciones que impide  s
obtener la condición de beneficiarios.   oe.
  191ww
 3 3   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m  e  n  te    e  n   e  l  C  a  p í t  ulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
16. De los tres expedientes de gastos de personal analizados se han deducido las siguientes 
conclusiones: 
  Dos expedientes, relativos al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, son referentes a la 
contratación de personal laboral temporal y al abono de algunas de sus nóminas y 
gratificaciones. 
El  primer  expediente  se  refiere  al  abono  extrapresupuestario  de  las  nóminas  de 
noviembre y diciembre de 2016 del personal laboral temporal que presta sus servicios 
en  el  centro  de  día  municipal,  por  importe  total  de  70.900  euros.  El  informe  de 
Intervención advirtió que los gastos eran nulos de pleno derecho de conformidad con el 
artículo 173.5 del TRLHL, por cuanto que se prohíbe adquirir compromisos de gasto 
por cuantía superior a los créditos consignados en el presupuesto. No obstante, el 
Pleno acordó el levantamiento del reparo y la continuidad de la tramitación del gasto, 
no llevándose a cabo la correspondiente modificación de crédito.  
El segundo expediente, también remitido por el órgano de Intervención del Ayuntamiento 
de Jaraíz de la Vera, es referido a un proceso de contratación de personal laboral temporal 
(99 personas) en el que se produjeron las siguientes incidencias: omisión en el expediente 
de elementos esenciales para la contratación, falta de comprobación de la consignación 
presupuestaria para atender los gastos e inexistencia de informes sobre la necesidad de la 
contratación e incumplimiento de la limitación de la contratación de personal temporal 
impuesto por el artículo 20.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año de 2016. 
Por otra parte, en dicho expediente y en relación con las gratificaciones reconocidas al 
personal  laboral  temporal  contratado,  también  se  puso  de  manifiesto  la  falta  de 
fiscalización previa y la ausencia de autorización previa del Alcalde o del Concejal 
delegado para la realización de horas fuera de la jornada habitual, lo que incumplía el 
artículo 28.3 del convenio laboral por el que se rigen las relaciones entre el personal 
laboral fijo y el Ayuntamiento. 
La LTAIPBG tipifica como infracciones muy graves en su artículo 28.c) las prácticas de 
adquirir compromisos de gastos, reconocer obligaciones y ordenar gastos sin crédito 
suficiente. Igualmente, en la letra d) considera infracción muy grave la omisión del 
trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte 
preceptiva; no constando que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la depuración 
de las posibles responsabilidades. 
  El tercer expediente es relativo a contratación de personal temporal en el Centro de Mayores 
San Sebastián, en el Ayuntamiento de Majadas. La Intervención municipal señaló la omisión 
de requisitos esenciales, lo que podría dar lugar a la nulidad de pleno derecho del acto, 
según disponía el artículo 62.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
El órgano de Intervención puso de manifiesto que la contratación temporal de personal 
satisfacía necesidades permanentes de la corporación, de modo que no cabía la 
modalidad de contratación por obra o servicio determinado prevista en el artículo 15.1 
a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real  s
Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  oe.
Asimismo, se señalaba el incumplimiento de la limitación impuesta en el artículo 20.2 la  191ww
Lcoeny tra4t8a/c2i0ó1n5 ,d ed ep e2rs9o ndael  loacbtourbarle ,t emdep oPrarel sduupruaensteto se l Gañeon edrael e2s0 1d6e,l  dEasdtoa dqou ep anroa  slea 
jtuesntíiafi cqóu ela  seexrc aetpecnidoindaal.i dad de la contratación o la necesidad urgente e inaplazable que  BOE-A-cable e
Se repararon también las bases de la convocatoria por el incumplimiento del principio 
de publicidad recogido en el artículo 97 de la LRBRL, por cuanto que únicamente se 
publicó en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como del principio de igualdad 
sancionado en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española y en el EBEP, por 
cuanto que la convocatoria se restringía a los empadronados en el municipio de 
Majadas. 
17. De los dos expedientes relativos a contratos administrativos se han deducido las siguientes 
conclusiones: 
  El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Solana de los Barros formuló un reparo 
genérico en relación con 21 prestaciones de servicios y suministros respecto de los 
que  se  venían  sucediendo  contratos  menores  con  los  mismos  proveedores, 
superándose los límites cuantitativos o cualitativos establecidos en los artículos 23.3 y 
138.3 del TRLCSP.  
La Resolución de Alcaldía acordó continuar con dicha modalidad de contratación en la 
ausencia de medios personales y materiales necesarios para la celebración de todos y 
cada uno de los procedimientos de licitación que serían necesarios. Asimismo, se 
dispuso que se siguieran abonando las facturas correspondientes al objeto de evitar el 
enriquecimiento injusto de la Administración. 
La práctica señalada constituye una infracción del artículo 28.d) de la LTAIPBG en 
tanto supone la omisión de la fiscalización previa; además, resulta de aplicación la 
disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP,  la  cual  establece  que  la 
responsabilidad  patrimonial  de  las  autoridades  y  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de 
contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la 
LRJPAC34,  señalando,  asimismo  que  la  infracción  o  aplicación  indebida  de  los 
preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta 
muy  grave,  cuya  responsabilidad  disciplinaria  se  exigirá  conforme  a  la  normativa 
específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
  El segundo expediente analizado corresponde al Ayuntamiento de Coria; el órgano de 
Intervención emitió reparo suspensivo respecto de la estimación del consumo realizada 
por la empresa suministradora en relación con las dependencias municipales que 
carecían  de  contador,  por  cuanto  que  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  el 
reglamento del servicio obligaban a instalar estos contadores.  
18. En el convenio para la gestión de un centro municipal de estancias diurnas para personas 
mayores y en situación de dependencia, gestionado por el Ayuntamiento de Puebla de la 
Calzada, resultó que la entidad sin ánimo de lucro que gestiona el centro presta servicios 
sujetos a un precio público, de modo que el objeto de dichas prestaciones debería estar 
sometido a la normativa de contratación administrativa, quedando excluido de los ámbitos de 
aplicación de las subvenciones — artículo 2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones—, y 
de los convenios —artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público—.  s
19. El expediente de anomalía de ingresos examinado corresponde al Ayuntamiento de Valverde  w.
del Fresno. Es relativo a la falta de elaboración de los padrones fiscales de los ejercicios 2015  191ww
y 2016 correspondientes a las tasas por el suministro de aguas y de alcantarillado. Si bien
3  4   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m  e  n  te    e  n   e  l  C  a  p í t  ulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
estos padrones se realizaron en junio de 2017, no consta que el Ayuntamiento haya procedido 
a la puesta al cobro de estas tasas, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 12 del TRLRHL, 
por cuanto la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. El artículo 102 de la LGT establece la obligación de que las liquidaciones 
sean notificadas a los obligados tributarios, y los artículos 160 y siguientes disponen las 
formas de ejercicio de la recaudación en el periodo voluntario y en el periodo ejecutivo. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy 
graves en materia de gestión económico-presupuestaria, la relativa a la letra b), consistente en 
la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las 
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. No consta la 
realización de actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar. 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN 
DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN 
DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS (SUBAPARTADO II.2.17) 
20. En el análisis comparativo de los nueve expedientes con omisión de fiscalización previa que 
se tramitaron mediante reconocimientos extrajudiciales de créditos se aprecia una utilización 
de este instrumento para imputar al presupuesto todo tipo de gastos en los que pueda existir 
algún vicio de nulidad, persistiendo en algunas entidades un cierto margen de tolerancia 
respecto de la entrega con retraso de las facturas por los servicios o bienes adquiridos. 
  La  Diputación  Provincial  de  Badajoz  y  los  Ayuntamientos  de  Badajoz  y  Mérida 
utilizaron  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  para  aplicar  al 
presupuesto  gastos  efectuados  en  ejercicios  precedentes  cuyas  facturas  cursaron 
entrada en la entidad cuando ya se había cerrado el ejercicio presupuestario en el que 
debieron ser aplicados, lo que pone de manifiesto la continuidad de unas prácticas 
cuya corrección planteó la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales y por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
  Los Ayuntamientos de Badajoz y de Talavera la Real utilizaron este procedimiento para 
aplicar al presupuesto gastos de ejercicios precedentes para los que no existía crédito 
en el ejercicio de procedencia y que carecían de expediente de gasto, por lo que 
resultarían nulos de pleno derecho. 
  La Diputación Provincial de Cáceres empleó el reconocimiento extrajudicial de crédito 
para  aplicar  al  presupuesto  corriente  gastos  de  inversión  realizados  en  el  propio 
ejercicio cuyos proyectos de inversión habían sido liquidados al cierre del ejercicio 
contable 2015. 
  El Ayuntamiento de Montehermoso utilizó dicha figura para aplicar al presupuesto  s
corriente gastos sin consignación presupuestaria para los que ya se había producido el  oe.
pqrineaugcgerao eu,sdd oyeasabc  eíiqóasun tea, r teeyac sleidtbesei .r  s lead  heAa dblmaía i neDisjeitprcuautctaaiócdnióo n Gm eePndreioarvanilnt ecd ifeaóll r,m Esputolaards o dla, e p dogere sslcatiuó epnna trodti ceeilpnea glcoaisdó anin  gedrnee  sloolass    2021-14191n https://www.
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO 
SOBRE UNA MUESTRA DE ENTIDADES (SUBAPARTADO II.3) 
Se  ha  examinado  el  sistema  de  control  interno  establecido  en  aquellos  ayuntamientos  de 
población superior a 5.000 habitantes que comunicaron, a través de la Plataforma de rendición de 
cuentas, que en el ejercicio 2016 aplicaron un sistema de control interno consistente en la 
realización de una fiscalización limitada previa –o de requisitos básicos–, al amparo del artículo 
219.2 del TRLRHL, y que, simultáneamente, no desarrollaron un control financiero posterior en los 
términos previstos en el artículo 220 del TRLRHL. 
21. De los trece ayuntamientos analizados, ha resultado que los Ayuntamientos de Alburquerque y 
Campanario, a pesar de tener formalmente establecido el sistema de fiscalización limitada 
previa en 2016, aplicaron un régimen de fiscalización previa de naturaleza plena. Además, en 
los Ayuntamientos de Montijo y Villanueva de la Serena, la modalidad de fiscalización limitada 
previa no estaba formalmente acordada por los respectivos Plenos municipales, lo que supone 
un incumplimiento del artículo 219.2 del TRLRHL. 
Del resto de ayuntamientos, los de Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena y San Vicente 
de Alcántara limitaron el alcance de las comprobaciones efectuadas a la comprobación de la 
existencia y adecuación de crédito presupuestario y competencia del órgano que genera el 
gasto o la obligación, configuración que debería haberse complementado, en los términos 
establecidos en el artículo 219.2 del TRLRHL, con las comprobaciones de “aquellos otros 
extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a 
propuesta del presidente”. 
22. La aplicación de la fiscalización previa limitada por estas entidades habría requerido, según el 
artículo 219.3 del TRLRHL, la realización por los órganos de intervención de una fiscalización 
plena posterior cuyos resultados deberían haber quedado plasmados en un informe escrito 
con conclusiones y observaciones que tendría que haberse remitido al Pleno, lo que no se 
llevó a cabo por ninguna de las entidades analizadas. Además, en ninguna de ellas se ejecutó 
el control financiero posterior recogido en el artículo 220 del TRLRHL, lo que además del 
incumplimiento señalado, conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se 
podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
23. En  relación  con  la  fiscalización  de  los  ingresos,  seis  de  las  trece  entidades  analizadas 
comunicaron la adopción de acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización 
previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones complementarias 
posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL. No obstante, en el  Ayuntamiento de 
Don Benito no se realizaron las actuaciones comprobatorias posteriores, lo que además del 
incumplimiento del precepto citado, se ve agravado en tanto esta entidad tampoco llevó a cabo 
el ejercicio del control financiero. 
24. Tres de los trece ayuntamientos comunicaron, respecto de 2016, la existencia de resoluciones 
de la Presidencia de la entidad contrarias a los reparos efectuados, si bien los órganos de 
intervención de los Ayuntamientos de Coria y Montijo incumplieron lo dispuesto en el artículo 
218.1  del  TRLRHL,  puesto  que  no  elevaron  al  Pleno  un  Informe  comprensivo  de  estas 
resoluciones, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. 
25. En siete de las trece entidades analizados –Ayuntamientos de Alburquerque, Coria, Don  e.
Benito, Moraleja, Talayuela, Villafranca de los Barros y Zafra–, el órgano de Intervención tenía  w.
encomendadas, además de las funciones que le son propias, tareas relativas a la gestión  191ww
eseco rneóqmuiiecrae ny  epnre eslu epjeurecsictaiori ad,e l ola sq ufuen icmiopnliecsa  duen ac omnterroml ian tseornbore y  lafis acuatlioznaocmióína.  y objetividad que
26. Únicamente  dos  de  las  trece  entidades  tenían  provisto  el  puesto  de  Intervención  de 
manera definitiva al cierre de los ejercicios 2016 y 2018 (Ayuntamientos de Campanario y 
Coria), existiendo una provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura de los puestos de 
intervención reservados a FHN (el 85% de los puestos fiscalizados en 2016 y en 2018), 
advirtiéndose una utilización recurrente de los nombramientos accidentales, lo que conlleva 
que las funciones de control y fiscalización interna no se desarrollen por quienes tienen la 
formación específica para ello, sino por funcionarios de la propia entidad, en detrimento de la 
independencia exigible en el ejercicio de estas funciones reservadas.  
27. Las entidades limitaron la posibilidad de la cobertura de los puestos de intervención a su 
adjudicación en los concursos unitarios convocados por la Administración General del Estado, 
de los que resultaron vacantes o, siendo adjudicados, la persona adjudicataria no permaneció 
en el puesto. Ninguna de las entidades ha implementado medidas adicionales tales como la 
convocatoria de concursos ordinarios para cubrir estas plazas reservadas a funcionarios con 
habilitación nacional, por lo que se han mantenido los nombramientos accidentales que la ley 
prevé,  únicamente,  para  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e 
inaplazables. 
28. En los Ayuntamientos de Alburquerque, Jerez de los Caballeros y Zafra los nombramientos 
accidentales recaían sobre funcionarios del grupo C2 –auxiliar administrativo–. Por otra parte, 
en los Ayuntamientos de Moraleja, Talayuela y de Villafranca de los Barros la cobertura 
accidental  recae  sobre  funcionarios  del  grupo  C1  –administrativo-.  El  perfil  funcional  y 
capacitación de los funcionarios del grupo C, cuya tarea esencial es el desempeño de tareas 
administrativas de trámite y colaboración, y la titulación de acceso a los cuerpos de este 
subgrupo no resulta adecuado para desempeñar las funciones de la responsabilidad de las 
encomendadas a los funcionarios de habilitación nacional. 
29. Cuatro de los trece ayuntamientos fiscalizados –Ayuntamientos de Alburquerque, Montijo, 
Talayuela y Villanueva de la Serena– carecían en 2016 de una RPT aprobada por el Pleno, 
incumpliendo por tanto la obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 
90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. 
30. Del examen de la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de Intervención de 
las  trece  entidades  de  la  muestra  se  ha  deducido  una  carencia  de  medios  personales 
debidamente cualificados con el siguiente detalle: 
  Es  relevante  la  situación  de  carencia  de  medios  personales  cualificados  en  los 
Ayuntamientos de Alburquerque, Moraleja y Talayuela. El puesto de intervención se 
encontraba vacante al cierre del ejercicio 2016, y el órgano de intervención únicamente 
disponía de personal del grupo C —administrativos o auxiliares administrativos—. 
  Atendiendo al volumen de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2016, se 
advierte  que  la  escasez  de  personal  técnico  cualificado  es  significativa  en  el 
Ayuntamiento de Don Benito, así como en los de Villanueva de la Serena, Montijo y 
Coria. 
   
 RECOMENDACIONES 
En anteriores Informes del Tribunal de Cuentas sobre esta materia se han formulado diversas 
recomendaciones con la finalidad de contribuir a superar las deficiencias puestas de manifiesto y a 
mejorar la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales. 
Con posterioridad, se ha producido la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, el 
cual prevé diferentes medidas para subsanar las carencias en el ámbito que regula, por lo que, sin 
perjuicio de ir valorando su implementación, se han suprimido algunas de las recomendaciones de 
Informes anteriores en tanto su contenido se recoge en el mencionado Real Decreto. 
Así, las recomendaciones que este Tribunal formula en relación con la materia analizada, son las 
siguientes: 
1.  Se recomienda a los órganos de Intervención que, en el caso de no haberse producido 
ninguna  de  las  incidencias  enumeradas  en  el  artículo  218.1,  eleven  al  Pleno  una  nota 
informando de esta circunstancia, de forma análoga a la comunicación que se realiza a este 
Tribunal  de  Cuentas  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Instrucción,  del  Tribunal  de 
Cuentas que regula la remisión telemática de esta información (Resolución de 10 de julio de 
2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 
30 de junio de 2015), de esta forma, el Pleno tendría conocimiento expreso de la situación 
acontecida en relación con los acuerdos contrarios a reparos. 
2.  Habrían de establecerse las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos 
suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las 
entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.  
3.  La Junta de Extremadura debería impulsar la celebración anual de los correspondientes 
concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las Corporaciones Locales siempre que no 
tengan su plaza cubierta de forma definitiva, estableciéndose los mecanismos que aseguren la 
cobertura  ordinaria  y  efectiva  de  los  puestos  reservados  a  funcionarios  con  habitación 
nacional, restringiendo los nombramientos accidentales, los puestos vacantes y la ocupación 
por funcionarios interinos o por funcionarios con habilitación nacional por acumulación, a los 
casos en los que, de manera debidamente justificada y atendiendo a los requisitos legalmente 
previstos, los puestos no hubieran podido cubrirse de manera ordinaria, lo que redundará en el 
afianzamiento del control interno.  
4.  Las entidades locales deberían evitar tanto la acumulación de funciones de intervención en un 
único puesto como el desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que 
incrementen  significativamente  la  carga  de  trabajo  o  que  resulten  incompatibles  con  las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de Intervención.  
5.  Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los 
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos 
menores, el órgano responsable del gasto, una vez que se acuerde la realización del mismo, 
debería  tramitar  la  correspondiente  propuesta  de  retención  de  crédito  validada  por 
Intervención, de forma que se evite la falta de consignación presupuestaria cuando se genere 
la obligación. Asimismo, las Bases de Ejecución del presupuesto deberían prever mecanismos 
de gestión de los gastos de menor cuantía para los que no se considere conveniente la  e.
celebración  de  un  contrato  menor,  pudiendo  materializar  aquéllos  a  través  de  pagos  a  w.
justificar, con las condiciones y cuantías mínimas que las entidades consideren operativas.  191ww
6.  Las entidades locales deberían valorar la posible utilización de las centrales de contratación,
epsopr escí iamlmismenatse  lcousa pnrdooc,e pdoimr cieanretocse ro rddein mareiodsio sd es uafdicjuiednicteasc,i ónno  dees tléons  ecno nctorantdoisc ionneecse sdaer iotrsa mpaitarar 
la prestación de los servicios a su cargo. De esta forma se garantizaría la aplicación de los 
principios de concurrencia y publicidad en la contratación administrativa, evitando el uso 
excesivo de la figura del contrato menor.  
7.  Las  entidades  locales  deberían  implantar  procedimientos  de  gestión  adecuados  que 
garanticen  el  inicio  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  con  el  tiempo 
suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de 
la expiración del término de contratos previos.  
8.  Las  entidades  locales  deberían  identificar  las  causas  estructurales  y  organizativas  y  las 
prácticas de gestión que, amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de 
la  Administración,  originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  procedimiento  de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de 
gastos  de  ejercicios  anteriores  -o  incluso  del  propio  ejercicio-,  derivados  de  actos 
administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse 
las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las 
responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos. 
9.  Por último, se recomienda la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el marco presupuestario actual, emanado de las leyes General Presupuestaria y de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos 
excepcionales  en  los  que  puede  ser  aplicado.  Todo  ello  contribuiría  a  clarificar  las 
consecuencias administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito 
presupuestario y, por consiguiente, impediría la utilización del reconocimiento extrajudicial de 
crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos que no 
está admitida en nuestro ordenamiento. 
Madrid 25 de junio de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
Anexo I.  Entidades que, en fecha de 9 de mayo de 2019, no han rendido la 
Cuenta General del ejercicio 2016 y/o 2017 al Tribunal de Cuentas. 
Anexo II.  Entidades que, en fecha de 19 de febrero 2019, no habían remitido al 
Tribunal de Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 
del TRLRHL, referidas al ejercicio 2016. 
Anexo III.  Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos. 
Anexo IV.  Entidades  que  han  remitido  expedientes  con  omisión  de  la 
fiscalización previa. 
Anexo V.  Entidades que han remitido anomalías de ingresos. 
 
 
   
Anexo I.- 1/2 
ANEXO I 
Entidades que, a fecha 5 de junio de 2019, no han rendido la Cuenta General del 
ejercicio 2016 y/o 2017 al Tribunal de Cuentas 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
Badajoz  Ayuntamiento  Ahillones  934  X  X 
    Alconera  756  X  X 
      Calera de León  1003  X  - 
    Helechosa de los Montes  684  X  X 
      Llera  870  X  X 
    Medina de las Torres  1256  X  X 
      Risco  152  X  X 
    Táliga  708  X  X 
    Azuaga    -  X 
    Corte de Peleas    -  X 
    Entrín Bajo    -  X 
    Garlitos    -  X 
    Hinojosa del Valle    -  X 
    Maguilla    -  X 
    Mengabril    -  X 
    Orellana de la Sierra    -  X 
    Puebla del Maestre    -  X 
    Talarrubias    -  X 
    Zahínos    -  X 
    Zarza-Capilla    -  X 
   Entidad Local Menor  Gargaligas  -  X  X 
  Mancomunidad  Aguas La Coronada, Haba, Magacela  -  X  X 
      Badajoz, Almendral y Valverde de Leganés  -  X  X 
    Cultural y Turística Lacimurga  -  X  X 
      Don Benito-Villanueva de la Serena  -  X  X 
    Fregenal de La Sierra  -  X  X 
      Integral de la Comarca de Olivenza  -  X  X 
    Lagos del Guadiana  -  X  X 
     Servicios Campiña Sur  -  X  X 
    Servicios Sociales de Base Vegas Bajas del  -  X  X 
Guadiana II 
      Servicios Vegas Altas IV  -  X  - 
Cáceres  Ayuntamiento  Aldeacentenera  634  X  X 
      Barrado  428  X  X 
    Bohonal de Ibor  494  X  X 
      Cabezabellosa  364  X  X 
    Cabezuela del Valle  2250  -  X 
    Cabrero  359  X  X 
      Cañamero  1676  X  X 
    Casas del Castañar  594  -  X  e.e
  w.b
   
Anexo I.- 2/2 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
    Conquista de la Sierra  187  X  X 
    Guijo de Santa Bárbara  407  -  X 
    Herguijuela  317  -  X 
      Herreruela  369  X  X 
    Hervás  4102  -  X 
    Losar de la Vera  2813  X  X 
    Madroñera  2631  -  X 
    Majadas  1338  -  X 
      Mata de Alcántara  314  X  X 
    Navas del Madroño  1355  -  X 
    Nuñomoral  1362  X  X 
      Piornal  1547  X  X 
    Pueblonuevo de Miramontes  829  -  X 
    Ruanes  70  X  X 
      Salorino  629  X  X 
    Salvatierra de Santiago  298  -  X 
      Santiago de Alcántara  563  X  X 
    Talaveruela de la Vera  325  -  X 
    Torrejón el Rubio  618  X  X 
    Villa del Rey  126  -  X 
    Villamiel  462  -  X 
    Villanueva de la Sierra  444  -  X 
    Villanueva de la Vera  2092  X  X 
  Mancomunidad  Aguas de Logrosán-Zorita  -  X  X 
    Alconavar  -  X  X 
    Formación y Empleo  -  X  X 
    Gestión urbanística de los municipios del norte  -  X  X 
de Cáceres 
    Integral de Villuercas-Ibores-Jara  -  X  - 
    Las Hurdes  -  X  X 
    Las Tres Torres  -  X  X 
    Río Tiétar  -  X  X 
    Servicios Los Ibores La Jara Cacereña  -  X  X 
    Valle del Ambroz  -  -  X 
    Municipios Riberos del Tajo  -  -  X 
    Municipios Vegas Altas  -  -  X 
 
   
Anexo II.- 1/4 
ANEXO II 
Entidades que, a fecha 19 de febrero 2019, no habían remitido al Tribunal de 
Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, referidas al 
ejercicio 2016. 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
Badajoz  Ayuntamiento  Acedera   
    Alange   
    Alconera   
    Aljucén   
    Arroyo de San Serván   
    Barcarrota   
    Baterno   
    Benquerencia de la Serena   
    Burguillos del Cerro   
    Corte de Peleas   
    Cristina   
    Entrín Bajo   
    Garbayuela   
    Helechosa de los Montes   
    Hinojosa del Valle   
    Mengabril   
    La Morera   
    Orellana de la Sierra   
    Peraleda del Zaucejo   
    Puebla de Alcocer   
    Puebla del Maestre   
    Pueblonuevo del Guadiana   
    Retamal de Llerena   
    Ribera del Fresno   
    Sancti-Spíritus   
    Siruela   
    Tamurejo   
    Valdetorres   
    Valle de Matamoros   
    Valverde de Leganés   
    Villanueva del Fresno   
    Villar del Rey   
    Zahínos   
    Zalamea de la Serena    s
    Zarza-Capilla    bo
  191ww
   
Anexo II.- 2/4 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
  Entidad Local Menor  Los Guadalperales  Acedera 
    Gargaligas  Don Benito 
    Ruecas  Don Benito 
  Torrefresneda  Guareña 
 
  Mancomunidad  Aguas La Coronada, Haba, Magacela  Coronada, La 
    Aguas Pantano de Alange  Alange 
    Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena  Llerena 
    Cultural y Turística Lacimurga  Orellana de la Sierra 
    Don Benito-Villanueva de la Serena  Don Benito 
    Embalses de Jaime Ozores y Feria  Aceuchal 
    Integral de la Comarca de Olivenza  Olivenza 
    Integral de Municipios Centro  Calamonte 
    Integral de Municipios Guadiana  Medellín 
    Municipios Río Bodión  Zafra 
    Servicios Campiña Sur  Azuaga 
    Integral Lácara-Los Baldíos  Villar del Rey 
    Servicios Siberia-Serena  Peñalsordo 
Servicios Sociales de Base Vegas Bajas del 
    Pueblonuevo del Guadiana 
Guadiana II 
    Servicios Sociales Emiliano Álvarez Carballo  Barcarrota 
    Servicios Vegas Altas IV  Don Benito 
    Servicios Zona Sur  Parra, La 
    Municipios Siberia I  Talarrubias 
    Municipios Tierra de Barros Río Matachel  Villafranca de los Barros 
    Zona de Barros  Santa Marta 
    Badajoz, Almendral y Valverde de Leganés  Valverde de Leganés 
    Lagos del Guadiana  Talarrubias 
    Fregenal De La Sierra  Fregenal de la Sierra 
Cáceres  Ayuntamiento  Abertura   
    Acebo   
    Aldeacentenera   
    Almaraz   
    Arroyomolinos de la Vera   
    Barrado   
    Bohonal de Ibor   
    Cabañas del Castillo   
 
  e
    191ww
Anexo II.- 3/4 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
    Cabezabellosa   
    Cabrero   
    Caminomorisco   
    Campillo de Deleitosa   
    Campo Lugar   
    Casares de las Hurdes   
    Casas del Castañar   
    Conquista de la Sierra   
    La Cumbre   
    Gargüera   
    El Gordo   
    Guijo de Granadilla   
    Guijo de Santa Bárbara   
    Herguijuela   
    Herrera de Alcántara   
    Herreruela   
    Ladrillar   
    Losar de la Vera   
    Madrigalejo   
    Mata de Alcántara   
    Membrío   
    Millanes   
    Mirabel   
    Navalvillar de Ibor   
    Piornal   
    Pozuelo de Zarzón   
    Pueblonuevo de Miramontes   
    Robledillo de la Vera   
    Salorino   
    Talaveruela de la Vera   
    Torrejón el Rubio   
    Torreorgaz   
    Valdecañas de Tajo   
    Valdemorales   
    Viandar de la Vera   
    Villa del Rey   
    Villamiel   
    Villanueva de la Sierra    es
    Villanueva de la Vera    bo
  191ww
   
Anexo II.- 4/4 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
  Entidad Local Menor  Azabal  Casar de Palomero 
  Mancomunidad  Formación y Empleo  Salvatierra de Santiago 
    Las Hurdes  Nuñomoral 
    Las Tres Torres  Torreorgaz 
    Integral de Villuercas-Ibores-Jara  Logrosán 
    Río Tiétar  Talayuela 
    Rivera de Fresnedosa  Torrejoncillo 
    Servicios Los Ibores La Jara Cacereña  Bohonal de Ibor 
    Integral Tajo-Salor  Arroyo de la Luz 
    Valle del Ambroz  Hervás 
    Aguas de Logrosán-Zorita  Logrosán 
    Integral de Municipios Campo Arañuelo  Rosalejo 
Gestión urbanística de los municipios del 
    Hervás 
norte de Cáceres 
 
   
Anexo III.- 1/1 
ANEXO  III 
Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Nº omisiones  Importe 
Badajoz  Ayuntamiento   Badajoz            149.946    1  27.684 
    Bienvenida                 2.211    1  5.130 
    La Codosera                 2.186    3  8.638 
    Esparragalejo                 1.488    4  27.181 
    La Garrovilla                 2.410    3  14.061 
    Higuera de Vargas                 2.011    25  35.315 
    Montijo              15.674    4  81.794 
    Puebla de la Calzada                 5.952    10  886.429 
    Solana de los Barros                 2.700    24  18.086 
    Talavera la Real                 5.453    5  121.673 
    Villalba de los Barros                 1.570    25  38.543 
    Guadiana del Caudillo                 2.544    41  5.905 
Cáceres  Diputación Provincial  Cáceres  68  31.057.885 
 
  Ayuntamiento   Ahigal                 1.409    1  432 
    Alcántara                 1.518    155  112.728 
    Belvís de Monroy                    642    10  71.628 
    Cáceres              95.814    2  44.898 
    Casas del Monte                    827    11  42.466 
    Ceclavín                 1.897    6  15.269 
    Coria              12.886    4  103.225 
    Jaraíz de la Vera                 6.492    1  70.900 
    Majadas                 1.341    23  229.265 
    Moraleja                 6.912    2  3.991 
    Peraleda de la Mata                 1.399    3  10.132 
    Pinofranqueado                 1.838    6  3.570 
    Portezuelo                    232    1  16.666 
    Rosalejo                 1.476    14  52.534 
    Saucedilla                    890    36  244.281 
    Serrejón                    430    1  256 
    Tejeda de Tiétar                    829    2  1.367 
    Torre de Santa María                    566    1  3.500 
    Trujillo                 9.436    1  23.486 
    Valdehúncar                    182    2  680 
    Valdelacasa de Tajo                    407    6  21.363 
  Entidad Local Menor  Valdeiñigos  5  11.808 
  s
        507      33.412.769  e.
    w.
Anexo IV.- 1/1 
ANEXO IV 
Entidades que han remitido expedientes con omisión de la fiscalización previa  
Nº expedientes 
con omisión de 
Provincia  Tipo de Entidad  Nombre  Población  Importe 
fiscalización 
previa 
Diputación 
Badajoz  Badajoz  12  299.452 
Provincial   
Ayuntamiento   Badajoz        149.946    2  856.083 
 
    Mérida           59.174    1  74.529 
    Talavera la Real             5.453    22  338.723 
    Torremayor             1.013    2  652 
Diputación 
Cáceres  Cáceres  6  1.142.024 
Provincial    
  Ayuntamiento  Belvís de Monroy                 642    3  2.509 
    Cáceres           95.814    1  - 
    Casas del Monte                 827    6  20.941 
    Jaraíz de la Vera             6.492    1  220.000 
    Montehermoso             5.817    17  207.222 
        73  3.162.135 
 
   
Anexo V.- 1/1 
ANEXO  V 
Entidades que han remitido anomalías de ingresos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Nº anomalías  Importe 
Badajoz  Ayuntamiento   Esparragalejo             1.488     1  8.537 
    Mérida           59.174     1  100 
    Puebla de la Calzada             5.952     2  2.900 
    Solana de los Barros             2.700     6  - 
    Talavera la Real             5.453     5  13.624 
    Villalba de los Barros             1.570     6  - 
Cáceres  Diputación Provincial  Cáceres  1  - 
 
Cáceres  Ayuntamiento   Alcántara             1.518     8  5.571 
    Belvís de Monroy                 642     2  586 
    Cáceres           95.814     1  2.246 
    Madrigal de la Vera             1.614     1  3.000 
    Madroñera             2.680     1  6.185 
    Montehermoso             5.817     2  747 
    Valverde del Fresno             2.391     1  107.000 
        38  150.495