BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21509
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2938 Pleno. Sentencia 11/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 
4855-2018. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva 
Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y 
de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
comunicaron a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el 
ejercicio  de  los  cargos  públicos  que  estaban  desempeñando.  Supuesta 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de los 
cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que adoptaron, de 
manera  suficientemente  razonada  y  proporcionada,  una  medida  cautelar 
suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión 
parcial del recurso de amparo.
ECLI:ES:TC:2020:11 
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José 
González  Rivas,  Presidente,  la  Magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 4855-2018, promovido por don Oriol Junqueras 
Vies y don Raül Romeva Rueda, representados por la Procuradora de los Tribunales 
doña Celia López Ariza y defendidos por el Letrado don Andreu Van den Eynde, contra el 
auto de la Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio 
de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el 
Magistrado instructor de la causa especial número 20907-2017 en fecha 9 de julio 
de 2018, que acordó comunicar a la Mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión de 
los recurrentes, entre otras personas, en el ejercicio de los cargos públicos que estaban 
desempeñando. Ha sido parte don Jordi Sànchez Picanyol, don Jordi Turull Negre y don 
Josep Rull Andreu, representados por el Procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, el 
partido político Vox, representado legalmente por don Francisco Javier Ortega Smith-
Molina, y procesalmente por la Procuradora de los Tribunales doña María del Pilar 
Hidalgo López y asistido por el Letrado don Pedro Fernández Hernández, doña Carme 
Forcadell Lluis y doña Anna Simó Castelló, representadas por el Procurador don Emilio 
Martínez Benítez, don Carles Puigdemont Casamajó, doña Clara Ponsatí Obiols y don 
Lluis Puig Gordi, representados por el Procurador don Carlos Ricardo Estévez Sanz, y el  e.e
Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha intervenido el  b
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas. 38ww
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de septiembre de 2018, la
Procuradora de los Tribunales doña Celia López Ariza, en nombre y representación de
don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  En fecha 30 de octubre de 2017, el Fiscal general del Estado presentó dos 
querellas por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de 
delitos de rebelión [art. 472 del Código penal (CP)], sedición (art. 544 CP) y malversación 
(art. 432 CP):
(i)  Una de las querellas se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de 
guardia de la Audiencia Nacional contra «todos los que fueron miembros del Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados», entre ellos los ahora 
recurrentes de amparo, don Oriol Junqueras Vies que había desempeñado el cargo de 
«titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda», y don Raül 
Romeva  Rueda,  que  había  sido  «Conseller  del  Departamento  de  Asuntos 
Internacionales», ambos Diputados del Parlamento de Cataluña hasta el momento de su 
cese en tales cargos, producido el 28 de octubre de 2017 por efecto del acuerdo del 
Pleno del Senado del día anterior por el que se aprobaban «las medidas requeridas por 
el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución» (BOE de 27 de octubre de 2017). 
Esta  querella  fue  acumulada  a  las  diligencias  previas  número  82-2017,  que  ya  se 
seguían ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por 
un posible delito de sedición relativo a hechos parcialmente coincidentes, ocurridos en 
Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017. En el seno de estas diligencias, el 
Juzgado Central dictó auto de 2 de noviembre de 2017, en el que acordó la prisión 
provisional comunicada y sin fianza de los ahora recurrentes en amparo.
(ii)  La otra querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la Mesa de dicha 
cámara que conservaban, salvo uno de ellos, la condición de aforados por pertenecer a 
la diputación permanente de la aludida asamblea legislativa, disuelta por efecto del ya 
citado acuerdo del Senado. Dicha querella dio lugar, tras su admisión, a la causa 
especial número 20907-2017, designándose ponente.
b)  Por auto dictado en fecha 31 de octubre de 2017 por la sala de admisión del 
tribunal de causas especiales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se acordó: (i) 
declarar la competencia de la Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento por 
los delitos de rebelión, sedición y malversación contra determinadas personas frente a 
las que se dirigió la querella precedente; (ii) «hacer extensiva esa competencia, para el 
caso en que el Magistrado instructor así lo considere oportuno, respecto de aquellas 
otras  causas  penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos 
inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados» y 
(iii) designar instructor, conforme al turno establecido, al Magistrado de la Sala don 
Pablo Llarena Conde.
c)  Por auto del instructor de fecha 24 de noviembre de 2017, se acordó, en la citada 
causa especial número 20907-2017, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional las 
actuaciones obrantes en sus diligencias previas número 82-2017, acumulándose este 
procedimiento a la causa especial.
d)  El Magistrado instructor dictó auto en fecha 4 de diciembre de 2017, que, entre  e.
otros pronunciamientos, acordó mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza  w.
de  don  Oriol  Junqueras  Vies  y  sustituir  la  medida  cautelar  de  prisión  provisional,  38ww
ceolumduibnleic amdead iya nstien  pfiraensztaa,c iiómnp duee sfitaan az ad odne  1R0a0ü.l0 R00o meuervoas .Rueda, por la medida de prisión
e)  Los recurrentes en amparo se presentaron como candidatos a las elecciones al 
Parlamento de Cataluña, celebradas el 21 de diciembre de 2017, y resultaron elegidos 
Diputados.
f)  Mediante auto del Magistrado instructor de 21 de marzo de 2018, don Oriol 
Junqueras  Vies  y  don  Raül  Romeva  Rueda,  junto  con  otras  personas,  fueron 
procesados, entre otros, por delito de rebelión del artículo 472 y concordantes del Código 
penal en la citada causa especial número 20907-2017, seguida ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo.
g)  Por auto de 23 de marzo de 2018, previa celebración de la comparecencia 
prevista  en  el  artículo  505  LECrim,  se  acordó  la  situación  de  prisión  provisional 
incondicional, entre otros, de don Raül Romeva Rueda.
h)  Mediante  auto  del  Magistrado  instructor  de  9  de  mayo  de  2018  fueron 
desestimados  los  recursos  de  reforma  interpuestos  contra  el  citado  auto  de 
procesamiento de 21 de marzo de 2018; y por auto de la Sala de recursos de la tantas 
veces mencionada Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 fueron 
desestimados los recursos de apelación interpuestos contra las anteriores resoluciones.
i)  Por auto del Magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se acordó, por lo que 
afecta al presente recurso de amparo, comunicar a la Mesa del Parlamento de Cataluña 
que los ahora recurrentes don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, entre 
otras personas, procesados y miembros de ese Parlamento, «han quedado suspendidos 
–automáticamente y por imperio del art. 384 bis LECrim– en las funciones y cargos 
públicos que estaban desempeñando, habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a 
adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal».
Asimismo, el citado auto dispuso comunicar también a la citada Mesa que «cualquier 
alteración  procesal  que  suponga  la  desaparición  de  alguno  de  los  presupuestos 
normativos determinantes de la suspensión de estos procesados, se participará a la 
cámara legislativa, también a los efectos oportunos» y que «no existe impedimento 
procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, 
puedan  ser  ejercidos  de  manera  plena,  pero  limitada  al  tiempo  de  la  eventual 
suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento 
contemplara adoptar tal decisión».
De los razonamientos jurídicos de dicho auto cabe destacar, por lo que afecta al 
presente recurso de amparo, el contenido del segundo de ellos, que puede resumirse del 
siguiente modo:
Comienza el citado razonamiento jurídico segundo relatando las circunstancias antes 
aludidas  determinantes  del  procesamiento  de  los  ahora  recurrentes,  entre  otras 
personas, de la situación de prisión provisional en que se encuentran y de la firmeza de 
aquel pronunciamiento.
A continuación, tras transcribir el contenido del artículo 384 bis LECrim, según el cual 
«firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido 
por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o 
rebeldes,  el  procesado  que  estuviere  ostentando  función  o  cargo  público  quedará 
automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de 
prisión», se refiere a esta «medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria». Dice 
de ella lo siguiente: (i) Su objeto es «preservar el orden constitucional impidiendo que 
personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el 
orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, 
entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de  e.
una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los  w.b
elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad»; (ii) se trata de  38ww
uCnoan smtiteudciidoan aql ueen  lrae SsuTlCta  7d1e/1 9a9p4lic, adcei ó3n  deex m laergzeo , yd eh ala  sqiudeo  toremfrae npdaartdea  dpeo sru  eclo Tnrteibnuidnoa;l 
(yi iin) on coo vnutrlnaevirean eel  tdaemrepcohcoo  ae ll ad eprreecshuon caió pna drteic iinpoacr eennc ilao sr eacsounnotcoisd op úebnl iecol as rrtíeccuolon o2c4id.2o  CeEn 
el artículo 23 CE; (iv) es una medida de eficacia meramente provisional, de modo que
«la final atribución de otras infracciones penales que resulten de menor lesividad para el 
colectivo social, o la modificación de la prisión provisional de los procesados, supondría 
la inmediata reactivación del derecho a representar a sus electores, lo que resultaría 
ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida 
en  los  comicios,  forzara  a  los  procesados  suspendidos  a  renunciar  de  manera 
irrevocable  a  una  representación  que  la  ley  les  limita  solo  temporalmente».  Por 
consiguiente, concluye, «la suspensión provisional del escaño no puede imponer que los 
grupos parlamentarios en los que se integran los procesados, hayan de renunciar a su 
mayoría parlamentaria durante el periodo de la suspensión de los cargos; como tampoco 
resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de 
mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al 
derecho de representar a sus electores».
j)  Frente al citado auto interpuso la representación procesal de don Oriol Junqueras 
Vies y don Raül Romeva Rueda recurso de reforma. Por diligencia de ordenación de 18 
de  julio  de  2018  se  acordó  su  tramitación  como  recurso  directo  de  apelación 
conjuntamente  con  el  interpuesto  por  otros  de  los  procesados,  ante  la  pérdida  de 
competencia del instructor como consecuencia del auto de conclusión del sumario y 
conforme a lo ordenado en el mismo. El escrito de interposición del recurso de los ahora 
demandantes, tras defender la recurribilidad de la decisión y someter a crítica general la 
causa penal especial, señalaba que no resulta de aplicación el artículo 384 bis LECrim 
por ausencia de firmeza del procesamiento y porque los procesados no están integrados 
en banda armada, argumento para el que trae a colación la STC 199/1987. Se refiere 
finalmente  a  la  importancia  del  derecho  de  representación  política  (art.  23  CE),  al 
derecho al mantenimiento en el ejercicio del cargo representativo sin perturbaciones 
ilegítimas (art. 23.2 CE), califica de «fórmula imaginativa» la posibilidad de sustitución a 
que  alude  el  auto  recurrido  y  concluye  afirmando  la  desproporción  de  la  medida 
impuesta.
k)  Del escrito de interposición del recurso de apelación se dio traslado al Ministerio 
Fiscal y demás partes personadas de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
766.3 LECrim. El ministerio público evacuó dicho trámite por escrito de fecha 18 de julio 
de 2018, interesando la desestimación del recurso. Por escrito de 24 de julio de 2018 se 
adhirió al recurso de apelación el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo 
Huidobro, en nombre y representación de don Jordi Sánchez Pincanyol, don Jordi Turull 
Negre y don Josep Rull Andreu.
La Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en fecha 30 de julio 
de 2018, dictó auto acordando desestimar el recurso de apelación.
La citada resolución sitúa el centro del debate en el tercero de los presupuestos 
necesarios para la aplicación del artículo 384 bis LECrim, relativo a que se trate de 
«individuos rebeldes», al entender los apelantes que la interpretación del instructor es 
literalista  y  no  se  corresponde  con  la  que  ha  dado  en  su  momento  el  Tribunal 
Constitucional en la STC 199/1987, de 16 de diciembre, que resolvió los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos contra lo que consideran el antecedente legislativo del 
citado artículo 384 bis LECrim.
La Sala de recursos rechaza la citada interpretación sostenida por los apelantes 
argumentando, en el razonamiento jurídico segundo, en síntesis, lo que sigue: (i) que las 
declaraciones  en  que  se  apoyan,  contenidas  en  la  STC  199/1987,  no  pueden  ser 
interpretadas  fuera  de  su  contexto,  situado  en  la  constitucionalidad  de  la  Ley  e
Orgánica 9/1984, «que se dictó en desarrollo del art. 55.2 CE, el cual, de un lado, se  bo
refiere solamente a los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 17.2 y 18.2 y 3;  38ww
rneoc,u prroern ltoe sta onttroo, sa  alosps ercetcoosn doeci dlao sr eefne reidl aa rSt.T 2C3 .129»9; /(1ii9) 8q7u eq uoeb vniao  essotne  iarrregluemvaenntteos  dceo mloos 
q2u3e.2  lCa Ec onnos tsiteu cviionncaulliad aad  ladse  lilma itsaucsiopneenss ióimn pduee slotass  dpeorre cehl oasrt írceucloo n5o5c.i2d oCsE e, ns ineol  aar toíctrualos 
consideraciones; (iii) que la constitucionalidad del artículo 384 bis LECrim, y, en general,
la posibilidad de suspender en determinadas circunstancias los derechos reconocidos en 
el artículo 23.2 CE, no ha sido examinada en la STC 199/1987, sino en la STC 71/1994, 
que consideró constitucional dicho precepto sin hacer restricciones en cuanto a su 
ámbito subjetivo en relación con la mención a los individuos rebeldes y sin vincularlo al 
artículo 55.2 CE. Por todo ello, concluye rechazando que la suspensión prevista en el 
artículo  384  bis  LECrim  «se  refiera  solamente  a  los  casos  de  delitos  de  rebelión 
cometidos por bandas armadas».
Seguidamente, considera esta resolución judicial que la medida es proporcionada «si 
se tiene en cuenta la gravedad de los hechos, que atentan a la misma esencia del 
Estado democrático». A tal fin se remite el auto, en cuanto a la gravedad de los hechos 
imputados «a las consideraciones que esta Sala de apelaciones ha venido haciendo 
desde el auto de 5 de enero de 2018» y razona que la adopción de la medida «no es 
fruto de una decisión discrecional, aunque motivada, del instructor, pues está prevista en 
la ley como una consecuencia automática de la concurrencia de los dos presupuestos» 
establecidos. Añade que «aunque pudiera entenderse que, a pesar de ese carácter 
automático  es  necesaria  alguna  justificación  que  excluya  cualquier  apariencia  de 
absoluta  desproporción,  en  el  caso,  la  gravedad  de  los  hechos  […]  resulta  de  tal 
evidencia  que  autoriza  una  motivación  implícita,  que  resultaría  perceptible  por 
cualquiera».
Respecto del motivo relativo a la pérdida de derechos políticos contenida en los 
recursos de los procesados ahora recurrentes don Oriol Junqueras Vies y don Raül 
Romeva Rueda, el razonamiento jurídico cuarto señala que la reacción del Estado es 
proporcionada  a  la  gravedad  de  «unos  hechos  que  pretendían,  con  el  auxilio  de 
previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales, no solo de España, sino de 
la  Unión  Europea».  Recuerda  a  tal  fin  que  los  principios  democráticos  han  sido 
«seriamente atacados desde posiciones de ejercicio del poder político autonómico, con 
la finalidad de declarar unilateralmente la independencia»; que «se ha intentado derogar, 
en una parte del territorio nacional, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad  Autónoma,  que  garantiza  un  amplísimo  autogobierno,  y  el  resto  del 
ordenamiento  jurídico,  el  cual  ha  sido  aprobado  en  su  integridad  mediante 
procedimientos democráticos generalmente aceptados»; y que «se ha actuado, según 
los hechos imputados y la valoración indiciaria y provisional que cabe hacer en relación 
con los mismos, acudiendo a vías de hecho e incluso incitando o aceptando, al menos, la 
provocación  de  episodios  de  violencia  o  de  tumultos,  como  hemos  señalado  en 
anteriores resoluciones».
En relación con el motivo que denunciaba que el procesamiento no es firme ya que 
algunos  de  los  procesados  aún  pueden  recurrirlo,  argumenta  la  sala  del  Tribunal 
Supremo que «respecto de ellos el auto es firme, ya que no pueden interponer contra el 
mismo recurso alguno»; que dicha firmeza es independiente de la posibilidad de que los 
declarados en rebeldía puedan interponer recurso respecto de aquello que a ellos afecta; 
que «no es lógico pretender que la causa quede absolutamente paralizada hasta que 
sea posible notificar a los rebeldes su procesamiento»; y que, si lo que se plantea es la 
cuestión relativa a los efectos que pudiera tener la estimación del recurso interpuesto por 
otros  procesados  en  el  caso  de  que  la  resolución  del  mismo  afecte  a  los  hechos 
imputados a los ahora recurrentes o a su calificación jurídica, «es claro que la ley 
procesal contiene suficientes mecanismos para dejar sin efecto el procesamiento de 
todos los que resultaran afectados por aquella resolución, con las consecuencias que 
fueran procedentes», añadiendo que «tal eventualidad no supera el rango de hipótesis». s
El citado auto se remite a lo dicho más arriba en relación al argumento relativo a que  oe.
los procesados no están integrados en banda armada. Reitera que, pese a la reconocida  w.
importancia de los derechos suspendidos, la medida es proporcionada, y, finalmente, en  38ww
sreelaanci ósnu sctoitnu idlao sp otseimbiplidoaradl,m ceonntete, mcpolnasdiad eerna  eqlu aeu tloo  idmicphuog npaodro ,e dl ein qsutreu cltoosr  r«eecsutráre nmteusy 
alejado de cualquier pretensión de indicar al Parlamento cuál debe ser su actuación».
Dicho  auto  fue  notificado  por  Lexnet  a  la  representación  procesal  de  los 
demandantes el mismo día 30 de julio de 2018.
3.  Los recurrentes aducen en su demanda de amparo que se ha producido una 
vulneración de su derecho fundamental al Juez predeterminado por la ley y al Juez 
imparcial, del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.1 y 2 CE), del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE), del derecho 
fundamental al ejercicio de cargo público sin perturbaciones ilegítimas (art. 23.2 CE) y de 
los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE).
a)  Bajo la rúbrica «Juez imparcial y predeterminado», denuncia la demanda la 
imposibilidad de recusación del Tribunal Constitucional y la violación del derecho al Juez 
ordinario predeterminado por la ley en la tramitación de la causa penal principal.
(i)  Según  los  demandantes,  la  vulneración  se  produce  por  la  imposibilidad  de 
recusar de forma efectiva a los Magistrados del Tribunal Constitucional. La alegación se 
funda en que «los procesos judiciales relacionados con lo que se ha denominado el 
“proceso de independencia de Catalunya” parten o se fundamentan en imputaciones 
vinculadas con actos de supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional»; que este 
mismo Tribunal, mediante una «valoración jurídico penal de las conductas» de, entre 
otras personas, los ahora recurrentes, «ha determinado en distintas ocasiones deducir 
testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la formulación de acciones 
penales».
(ii)  En relación con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 
CE), la demanda sostiene la falta de competencia objetiva del Tribunal Supremo para 
investigar o enjuiciar los hechos que se atribuyen a los recurrentes, ya que, al no 
haberse cometido ningún delito fuera del territorio catalán, la competencia corresponde 
al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada su condición de parlamentarios de esa 
Comunidad Autónoma, en aplicación del artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC).
Argumenta la demanda que, asumiendo los delitos, cuya existencia solo acepta a 
título de hipótesis retórica a los fines de determinar la competencia, no hay noticia de 
que se haya cometido alguno fuera del territorio de Cataluña, remitiéndose a lo razonado 
en otras demandas. Cita el precedente constituido por el auto de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, que rechazó la competencia del alto 
tribunal para conocer de la querella formulada contra representantes políticos catalanes 
con  ocasión  del  referéndum  o  consulta  que  se  llevó  a  cabo  en  Cataluña  el  9  de 
noviembre  de  2014.  En  este  caso,  a  su  juicio,  el  Tribunal  Supremo,  al  asumir  la 
competencia sobre los hechos objeto de querella, lleva a cabo una argumentación 
errónea al confundir el resultado del delito con sus efectos y, al mismo tiempo, contraria a 
sus propios precedentes de forma imprevisible. Termina indicando que «el motivo de 
residenciar en el Tribunal Supremo la jurisdicción no es otro que alterar el sistema legal 
de  competencias  y  buscar  por  el  Ministerio  Fiscal  un  foro  más  proclive  a  sus 
pretensiones, un forum shopping contrario, como no puede ser de otra forma, a las 
previsiones constitucionales».
b)  En segundo lugar, se refiere la demanda a la suspensión de funciones del 
artículo 384 bis LECrim. Tras criticar la causa penal especial por sus repercusiones 
políticas  y  apuntar  la  existencia  de  un  atentado  a  la  presunción  de  inocencia  «al 
establecer consecuencias jurídicas gravísimas a quienes hoy día son inocentes», aduce  e.
que no resulta de aplicación el artículo 384 bis LECrim por ausencia de firmeza del  w.
procesamiento y porque los procesados no están integrados en banda armada. 38ww
(i)  En cuanto al requisito de la firmeza del auto de procesamiento, según los
prerocucerrseanmteise n«ton os eeas  epfoescibtivlea mdeefnetned feirrm ceo nm uienn tmraísn imalog udnea  rdigeo rl atsé cpnaicrtoe sq uceo mepl aaruetcoid daes 
pueda impugnarlo». A su juicio, la posibilidad de excluir, con ocasión de un recurso, la
calificación jurídica de rebelión, implica que «el presupuesto habilitante de la aplicación 
del art. 384 bis LECrim no era firme».
(ii)  En cuanto a que los procesados no están integrados en banda armada, la 
demanda trae a colación la STC 199/1987. Según los recurrentes, el artículo 384 bis 
LECrim,  «constituye  una  limitación  o  suspensión  del  ejercicio  de  derechos 
fundamentales que encuentra habilitación en el art. 55.2 CE y se inserta en un complejo 
y polémico precepto constitucional, el 55 CE, de importancia capital». Dicho precepto no 
prevé limitaciones específicas a los derechos políticos del artículo 23 CE, pero constituye 
el fundamento constitucional de la limitación de derechos individuales de aquellos que se 
integrasen  en  bandas  armadas  u  organizaciones  terroristas;  la  razón  de  ser  de  la 
«excepción» a los derechos individuales en una investigación penal, tal y como analiza la 
mencionada STC 199/1987. Este pronunciamiento constituye, según la demanda, el 
único «que actualmente ha definido el alcance del art. 384 bis LECrim (concretamente de 
su inmediato antecedente normativo, el art. 8 de la Ley Orgánica 9/1984 de igual sentido 
y similar dicción) determinando que la inclusión de los individuos “rebeldes” en sus 
presupuestos solo puede definirse con estricta equiparación a los miembros de bandas 
armadas y terroristas en determinadas condiciones», «usuarias de forma ilegítima de 
armas de guerra o explosivos».
A lo anterior añaden que la imputación del delito de rebelión (presupuesto necesario 
para la aplicación del precepto estudiado) no solo «es contraria a la más mínima lógica 
jurídica y razonabilidad sino que es la quintaesencia de la aplicación imprevisible del 
derecho  penal,  contraria  al  principio  de  legalidad  penal».  Siguen  a  esta  afirmación 
algunas consideraciones en torno al derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 
CE). A su juicio, en el proceso soberanista no ha habido ningún levantamiento público y 
violento o tumultuario. En todo caso, no se da el elemento de «violencia», de modo que 
«las  resoluciones  recurridas  se  fundamentan  en  una  interpretación  novedosa  e 
imprevisible  de  la  ley  penal,  contraria  a  la  letra  de  la  ley,  a  su  espíritu  y  a  su 
interpretación auténtica, sistemática y teleológica».
c)  Respecto del derecho a la participación política y a la representación (art. 23 CE) 
tras aludir a su contenido y, en particular, al derecho al mantenimiento en el ejercicio del 
cargo representativo sin perturbaciones ilegítimas (art. 23.2 CE), sostiene que cualquier 
interpretación restrictiva de los derechos fundamentales debe sustentarse en juicios de 
proporcionalidad y necesidad estrictos porque así lo establece la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y, concretamente en el caso que nos ocupa, por la propia dicción 
del  artículo  55.2  CE.  Según  la  demanda  «el  establecimiento  de  la  fórmula  de 
“sustitución” entre Diputados no es otra cosa que la demostración de que el propio 
instructor advertía de la desproporción de la medida impuesta, y cuando una restricción 
de derechos fundamentales es desproporcionada no puede aplicarse, habiéndose de 
priorizar el derecho fundamental, el derecho convencional o internacional, mediante la 
aplicación directa de tal derecho incluso por encima de la interpretación literal de la ley».
d)  Finalmente, denuncia la vulneración que la suspensión del ejercicio del cargo 
provoca de la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE), en cuanto la 
medida restringe el debate de ideas en el Parlamento catalán, esencia del sistema 
democrático.  Alega  también  que  «las  decisiones  tomadas  por  el  Tribunal  Supremo 
relativas a la situación personal de los investigados constituidos en prisión, resultan una 
indebida sanción a su ideología, a sus creencias y orientación política» y, en cualquier 
caso, «no tienen en cuenta, para determinar la conveniencia de las medidas cautelares, 
la libertad ideológica, la libertad de expresión y los derechos a desarrollar la actividad  e.
política pacíficamente». w.b
La  demanda  termina  suplicando  que  se  otorgue  a  los  recurrentes  el  amparo  38ww
esoxplicreitasidóon,,  asel  Jrueeczo noordzicnaanri o« psuresd edteerremcihnoasd ofu pnodra lma elenyt,a lae sla  ale glaa lildibaedr,t aad  laid peaorlóticgiipcaac iyó nd ey 
troedparess leanst agcairóann tpíaoslí,t icsaes a, naul lJeune lzo sim apuatorcsi arel, cau rlari dtouste, lay  «jusdeic diaelc erefetec teivla m ya an tuenn imprioecnetos od eco lan 
función representativa y demás derechos y facultades vinculados a la condición de
Diputados del Parlament de Catalunya» de los demandantes. Por otrosí se solicitó la 
suspensión de la ejecutividad de la medida de suspensión.
4.  El Pleno de este Tribunal, por providencia de 2 de octubre de 2018, acordó, de 
conformidad con lo que establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo 
a  trámite  por  apreciar  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir 
atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo 
que  no  exceda  de  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes al auto de 9 de julio de 2018 dictado por el Magistrado 
instructor y al auto de 30 de julio de 2018 dictado por la Sala de recursos de lo Penal de 
Tribunal Supremo en la causa especial número 20907-2017, y emplazase a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento reseñado, excepto a la parte recurrente en 
amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso.
5.  Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia del Pleno de este 
Tribunal de fecha 29 de octubre de 2018, se acordó tener por recibido el testimonio de 
las  actuaciones  solicitadas,  tener  por  personado  y  parte  en  el  procedimiento  al 
Procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de don Jordi Sànchez 
Picanyol, don Jordi Turull Negre y don Josep Rull Andreu; la Procuradora doña María del 
Pilar Hidalgo López, en representación del partido político Vox; el Procurador don Emilio 
Martínez Benítez, en representación de doña Carme Forcadell Lluis y doña Anna Simó 
Castelló; el Procurador don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don 
Carles Puigdemont Casamajó, doña Clara Ponsatí Obiols y don Lluis Puig Gordi; y al 
Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, y, con arreglo al 
artículo 52 LOTC, conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común 
de veinte días para que, con vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
6.  El Abogado del Estado, por escrito registrado el 28 de noviembre de 2018, 
solicitó  la  inadmisión  de  la  demanda  en  cuanto  a  la  queja  relativa  a  la  falta  de 
competencia del órgano instructor y la desestimación del resto de los motivos.
a)  Comienza su expositivo delimitando el objeto del recurso de amparo. Señala que 
el  mismo  se  dirige  frente  a  las  resoluciones  por  la  que  se  acuerda  comunicar  al 
Parlamento  de  Cataluña  que  los  demandantes  han  quedado  automáticamente 
suspendidos  por  aplicación  del  artículo  384  bis  LECrim  en  las  funciones  y  cargos 
públicos que venían desempeñando, y no contra el auto de procesamiento, que es el que 
califica los hechos y los incluye, de forma indiciaria, en los tipos penales determinados 
por el instructor y confirmados por la Sala. Tras resumir las quejas contenidas en la 
demanda, advierte que «las cuestiones más esenciales no son objeto de los autos 
recurridos en amparo sino de los precedentes (de procesamiento) que no son objeto del 
presente recurso, en especial la calificación penal de los hechos».
b)  En relación con el motivo que denuncia la falta de competencia del órgano 
instructor, la Abogacía del Estado considera que el mismo debería inadmitirse por falta 
de agotamiento de la vía judicial previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 
a) LOTC, dado que el problema se suscita respecto de una resolución interlocutoria y no 
respecto de una decisión judicial de conclusión del proceso. Después de reproducir la  e.
doctrina constitucional sobre la inadmisibilidad del recurso de amparo dirigido contra  w.
resoluciones interlocutorias en el proceso penal contenida en la STC 76/2009, FJ 3,  38ww
laodsu ctree sq uper,i mdeer oasc udeíradso  sciognu ilean Lteesy  ad eq eunej usicei almesie ncotom curnimiqiunea l,l alo sc apursoac epsaardao sc adleifnictaroc iódne 
d(aer t.c o1m9.p6e LteEnCcriaim. )L op oadnrátenr ioarle lgleavr,a c ao meon tuennad eer xqcueep ceiól nr edceu rdseof ednes aa mmpáasr, ol af opromsuiblaled ofa eltas   BOE-A-cable e
parcialmente prematuro «ya que se ha interpuesto antes de poder alegarse de contrario 
la cuestión de la competencia, respecto de la calificación provisional, ya efectuada esta 
por parte de las partes acusadoras».
c)  En cuanto a la aducida interpretación errónea del artículo 384 bis LECrim y la 
imputación ilógica del delito de rebelión, argumenta el Abogado del Estado que la única 
cuestión que realmente incide en la aplicación llevada a cabo del artículo 384 bis es la 
relativa a la firmeza del auto de procesamiento, porque la calificación provisional de los 
hechos no se contiene en los autos recurridos sino en el de procesamiento que no es 
objeto del presente recurso. Se trata, en todo caso, de cuestiones de legalidad ordinaria, 
debiendo el Tribunal circunscribir su función a verificar si la interpretación que hacen las 
resoluciones judiciales es manifiestamente irracional, absurda o arbitraria. Tras referirse 
a la doctrina constitucional sobre la motivación exigible a los órganos judiciales por 
imperativo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sostiene 
que, teniendo en cuenta el parámetro de enjuiciamiento constitucional, la motivación de 
los actos recurridos en cuanto a la correcta aplicación del artículo 384 bis no se puede 
calificar  de  irracional  o  arbitraria.  Se  detiene  en  determinados  extremos  de  las 
resoluciones  impugnadas:  recuerda  que  «la  constitucionalidad  del  art.  384  bis,  por 
razones  obvias,  y,  en  general,  la  posibilidad  de  suspender  en  determinadas 
circunstancias los derechos reconocidos en el art. 23.2 CE, no ha sido examinada en la 
STC 199/1987, sino en la STC 71/1994, que consideró constitucional dicho precepto sin 
hacer restricciones en cuanto a su ámbito subjetivo en relación con la mención a los 
individuos rebeldes y sin vincularlo al art. 55.2 CE»; rechaza que la suspensión de los 
derechos reconocidos en el artículo 23.2 CE prevista en el artículo 384 bis se refiera 
solamente a los casos de delitos de rebelión cometido por bandas armadas; y considera 
proporcionada la medida, dada la gravedad de los hechos.
d)  Respecto de los derechos de participación política (art. 23 CE), a juicio del 
Abogado del Estado, esta vulneración habría de derivar de una interpretación arbitraria o 
irracional,  lo  que  se  ha  descartado.  Hace  hincapié  en  que  los  demandantes  no 
cuestionan la constitucionalidad del artículo 384 bis, sino que se limitan a realizar su 
crítica por ser errónea la interpretación judicial, de donde se sigue que, habiéndose 
aplicado por el órgano judicial de forma motivada, «la suspensión de los demandantes 
en su condición de Diputados autonómicos es proporcionada».
7.  Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia del Pleno de este 
Tribunal de 4 de diciembre de 2018 se acordó, ante la proximidad de finalización del 
trámite de alegaciones del artículo 52 LOTC, conceder a la Procuradora doña Celia 
López Ariza un plazo de tres días «a fin de que manifieste si mantiene la petición 
contenida en el otrosí segundo del escrito de 19 de septiembre de 2018, por el que 
interpuso recurso de amparo contra el auto de 30 de julio de 2018, dictado en trámite de 
apelación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y auto de 9 de julio de 2018, 
dictado por el instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la causa 
especial  núm.  20907-2017».  La  referida  Procuradora,  en  representación  de  los 
demandantes de amparo, por escrito registrado el 12 de diciembre de 2018, presentó 
alegaciones en las que termina solicitando «la suspensión de la ejecutividad de la 
medida de suspensión de funciones prevista en el art. 384 bis LECrim a la mayor 
brevedad posible». Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia del Pleno 
del Tribunal de 13 de diciembre de 2018 se acordó la formación de pieza separada y 
conceder al Ministerio Fiscal y a las partes personadas el plazo común de tres días para 
que  alegasen  lo  que  estimasen  pertinente  sobre  dicha  suspensión.  Evacuados  los  e.
trámites correspondientes, mediante ATC 12/2019, de 26 de febrero, se acordó denegar  w.b
la petición de suspensión de las resoluciones impugnadas. 38ww
8.  En fecha 12 de diciembre de 2018, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de
alegaciones en el que termina solicitando la denegación del amparo.
Después de describir los antecedentes fácticos del recurso de amparo y las quejas 
formuladas por los recurrentes, argumenta el Fiscal ante el Tribunal Constitucional lo que 
a continuación se sintetiza:
a)  Opone,  en  primer  término,  un  óbice  procesal  general  al  considerar  que  la 
demanda no cumple con la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del 
recurso conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 49.1 LOTC, carga que ha 
de  satisfacer  necesariamente  (STC  155/2009,  de  25  de  junio,  FJ  2,  citando  los 
AATC 188/2008, de 21 de julio, y 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre). Tras un 
exhaustivo repaso por la doctrina constitucional establecida al respecto y un análisis de 
la demanda de amparo y de los elementos del asunto que pudieran conferirle especial 
trascendencia constitucional, concluye el ministerio público afirmando que con carácter 
principal  «entiende  procedente  plantear  al  Tribunal  la  inadmisión  en  sentencia  del 
presente  recurso  de  amparo  por  concurrir  el  óbice  procesal  de  no  haberse 
cumplimentado  adecuada  y  suficientemente  la  carga  de  justificar  la  especial 
trascendencia constitucional, incumpliendo lo dispuesto en el art. 49.1 in fine LOTC, sin 
perjuicio  de,  subsidiariamente,  someter  a  criterio  y  consideración  del  Tribunal  la 
apreciación de los elementos anteriormente identificados como valorables en términos 
de flexibilidad aplicativa de dicho presupuesto procesal».
b)  En segundo lugar, se refiere el Fiscal ante el Tribunal Constitucional a los 
derechos fundamentales procesales.
(i)  Sobre la pretendida vulneración al derecho al Juez imparcial (art. 24.2 CE) por la 
imposibilidad de recusar a los Magistrados del Tribunal Constitucional, entiende que 
«dicho motivo no puede ser acogido ya que, tal y como ha sido planteada por los 
recurrentes, la queja no es apropiada para ser articulada a través de un motivo de un 
recurso de amparo ni puede ser reconstruida o encauzada como una pretensión de 
recusación o una razón de abstención». Los demandantes se han abstenido de haber 
intentado temporáneamente, en el presente proceso de amparo, la recusación de los 
Magistrados del Tribunal Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 LOTC, 
que remite a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de 
enjuiciamiento civil. Tampoco especifica la demanda cuál de las causas de recusación 
previstas  legalmente  entiende  concurrentes  y,  además,  la  queja,  huérfana  de  toda 
argumentación y concreción, aparece como ajena por completo al objeto específico de la 
demanda de amparo rectora del presente proceso constitucional.
(ii)  La queja referida al Juez ordinario predeterminado por la ley, que se fundamenta 
en la ausencia de competencia del Tribunal Supremo para investigar o enjuiciar los 
hechos atribuidos a los demandantes, tampoco, a juicio del Ministerio Fiscal, puede ser 
examinada por incurrir en causas de inadmisión, dado que no ha sido aducida en la vía 
judicial previa y es prematura por falta de agotamiento de la vía judicial previa, invocando 
al  efecto  abundante  doctrina  de  este  Tribunal.  Con  carácter  subsidiario  y  tras  una 
extensa  exposición,  interesa  la  desestimación  de  esta  queja  «al  haberse 
provisionalmente atribuido el conocimiento de los hechos al Tribunal Supremo mediante 
una  razonable  interpretación  de  la  legalidad  penal  y  procesal  aplicable,  que  no 
corresponde al Tribunal Constitucional revisar ni sustituir (SSTC 49/1999, de 5 de abril, 
FJ 2, y 87/2010, de 3 de noviembre, FJ 3)».
c)  Analiza a continuación las quejas relativas a la presunción de inocencia (24.2 CE) y 
derecho a la legalidad penal (art. 25. 1 CE). s
(i)  En relación con el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 CE,  w.
considera  que  los  recurrentes  no  cumplen  con  la  carga  que  pesa  sobre  ellos  de  38ww
aasrgoucmiaecinótna r elnat rqeu seuja ,v u«lpnueerasctoió nq uye  lala  ddeel mdearnedcah os es ulismtaitnat iveon  deesl tea rtp. u2n3to  CaE ,e finedcticuaanr dloa 
dmeerreacmhoesn tep oqlíutieco lsa”  “deer rólonse are cinutrerrepnrteetsa,c i“óens ,d aedl eamrtá. s3, 8u4n  baiste LnEtaCdroim a” , s“ue nperemsiugnac idóen  ldoes   BOE-A-cable e
inocencia  al  establecer  consecuencias  jurídicas  gravísimas  a  quienes  hoy  día  son 
inocentes, personas que intentan demostrar su falta de responsabilidad en condiciones 
complejas que dificultan el ejercicio pleno de la defensa”». En todo caso, tras hacer un 
repaso  por  la  doctrina  constitucional,  considera  que  la  queja  carece  de  contenido 
constitucional pues «la presunción de inocencia es compatible con la aplicación de 
medidas cautelares, ello siempre que se adopten por resolución fundada en Derecho que 
se  basen  en  un  juicio  de  razonabilidad  acerca  de  la  finalidad  perseguida  y  las 
circunstancias concurrentes [por todos, AATC 98/1986, FJ 3; 30/1997, de 29 de enero, 
FJ 5, y entre otras, SSTC 108/1984, de 26 de noviembre, FJ 2 b); 66/1989, de 17 de 
abril,  FJ  6,  y  71/1994,  de  3  de  marzo,  FJ  7]»  y,  con  referencia  al  caso,  tanto  el 
mantenimiento en situación de prisión provisional de los recurrentes como la suspensión 
de sus cargos y funciones públicas tienen su fundamento en conductas de extrema 
gravedad,  habiéndose  exteriorizado  tal  fundamento  suficientemente,  en  múltiples 
resoluciones judiciales, «mediante una motivación reforzada y fundada en Derecho, 
siguiendo  parámetros  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  intachables».  Finalmente, 
alude  a  lo  declarado  en  la  STC  71/1994,  de  3  de  marzo,  referente  de  doctrina 
constitucional sobre el artículo 384 bis, en relación con la presunción de inocencia, 
destacando  que  rechaza  este  derecho  fundamental  (art.  24.2  CE)  como  «canon 
adecuado para el enjuiciamiento del art. 384 bis LECrim».
(ii)  Respecto de la supuesta falta de presupuestos para la aplicación del artículo 
384 bis y la asociada invocación del principio de legalidad penal, el ministerio público 
considera, en síntesis, que los argumentos empleados en la demanda para expresar la 
discrepancia  con  las  resoluciones  impugnadas  constituyen  cuestiones  de  legalidad 
ordinaria cuya interpretación corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria ex 
art. 117.1 CE. A continuación, examina el Fiscal, detenida y extensamente, y refuta cada 
una de las objeciones planteadas a la aplicación del artículo 384 bis LECrim relativas a la 
firmeza del procesamiento, a la noción de «individuos rebeldes» y a la calificación 
provisional de los hechos como constitutivos de un delito de rebelión. En relación con 
esta última queja, que pone de manifiesto la vulneración del principio de legalidad (arts. 
25.1  CE  y  7  CEDH)  al  entender  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  se 
fundamentan en «una interpretación novedosa e imprevisible de la ley penal, contraria a 
la letra de la ley, a su espíritu y a su interpretación auténtica, sistemática y teleológica», 
sostiene el Fiscal que la misma incumple los requisitos de invocación previa [art. 44.1 c) 
LOTC] y de agotamiento de la vía judicial ante la jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) 
LOTC], lo que debe determinar la inadmisión. Argumenta que «se está aquí ante la 
impugnación  de  unas  resoluciones  interlocutorias  dictadas  en  un  proceso  penal  no 
concluido que permanece en curso, y que tienen como antecedente otra resolución 
interlocutoria (el auto de procesamiento) que solo constituye una imputación indiciaria y 
provisoria, aunque formal, de criminalidad», «por lo que una queja como la presente 
sería absolutamente prematura, puesto que los hechos imputados no han sido objeto de 
probanza en juicio oral ni valorados, de modo que no han sido judicialmente afirmados y 
fijados en el relato de hechos probados ni a los mismos se ha dado una calificación 
jurídica final e irreversible». En todo caso, continúa argumentando el Ministerio Fiscal, 
tampoco esta queja habría de prosperar por razones de fondo de acuerdo con el canon 
constitucional  aplicable.  Tras  una  pormenorizada  exposición  de  los  hechos  y  de  la 
doctrina constitucional, termina este apartado señalando que «la subsunción provisional 
efectuada en lo que al término violencia se refiere satisface la triple exigencia de respeto 
por parte del intérprete o aplicador de la norma sancionadora a la semántica de los  s
términos  empleados  en  la  proposición  normativa,  a  las  reglas  compartidas  de  la  oe.
interpretación  jurídica  aceptadas  por  la  comunidad  jurídica  (operadores  jurídicos  y  w.
estudiosos  del  Derecho)  y  a  la  axiología  constitucional  (los  valores  y  principios  38ww
constitucionales)».
pertdu)r baEcino nreesla icleiógnít imcoans  (laar tq. u2e3j aC Ere),f ear ijduaic ioa  dleols M dineirsetcehrioos F ipsoclaítli,c porso cye dseu  deejseercsitcimioa rs ilna 
misma. Argumenta que «tanto de la jurisprudencia paneuropea dictada en interpretación
del art. 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos como de la 
doctrina  constitucional  sobre  la  caracterización,  alcance  y  contenido  del  derecho 
fundamental de participación política en su vertiente de sufragio pasivo, se desprende 
ciertamente su trascendencia, su conexión con el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos 
en elecciones periódicas por sufragio universal y el alcance de su contenido, entre otras 
dimensiones, al acceso a las funciones representativas con arreglo a la ley sin sufrir 
limitaciones, constricciones o perturbaciones ilegítimas, pero también se colige que: (i) 
se  trata  de  un  derecho  que  no  es  absoluto  ni  ilimitado  o  ilimitable;  (ii) el  acceso, 
permanencia  y  ejercicio  se  definen  conforme  a  un  status  legal  con  “condiciones 
determinadas por la propia voluntad democrática del Estado”, como es propio de su 
condición de derecho de configuración legal; y (iii) cabe que los titulares de este derecho 
padezcan limitaciones o restricciones legítimas provenientes de las normas y de quienes 
las  aplican,  si  bien  deben  responder  a  un  fin  legítimo  y  producirse  en  términos 
proporcionados a dicha finalidad».
Se refiere a continuación a la STC 71/1994, que enjuició la regla establecida en el 
artículo 384 bis LECrim. En ella se declaró que dicha regla legal no vulnera el contenido 
esencial del derecho del artículo 23.2 CE, que está justificada por «la excepcional 
amenaza  que  la  actividad  criminal»  de  rebelión  «conlleva  para  nuestro  Estado 
democrático de Derecho» y que «no viene sino a prescribir, en negativo, uno de los 
“requisitos”  para  el  mantenimiento  en  el  ejercicio  de  una  función  o  cargo  público, 
concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia 
del procesamiento por delito por persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos  terroristas  o  rebeldes,  una  condición,  en  suma,  cuya  legitimidad  y 
proporcionalidad  no  la  hace  contraria  al  contenido  de  los  derechos  fundamentales 
reconocidos en el art. 23.2 CE». La medida, a juicio del Fiscal, «va indefectiblemente 
unida ex lege, como consecuencia necesaria, a la conjunción de las dos exigencias que 
se han dado en el caso subyacente –situación de prisión provisional y procesamiento 
firme por delito de rebelión– y, así las cosas, no puede ser inaplicada ni cuestionada por 
los órganos jurisdiccionales sin incurrir en un reprobable exceso de jurisdicción, dada su 
proclamada legitimidad constitucional y la afección que también provocarían, en un 
sentido contrario al esgrimido en la demanda, de los derechos de los Diputados y 
ciudadanos del cuerpo electoral que, compartan o no las aspiraciones y tesis ideológicas 
de los Diputados recurrentes en amparo, están sometidos a una serie de condiciones 
que conforman el status legal para el acceso, ejercicio y mantenimiento de sus derechos 
políticos, entre las que se halla, en su dimensión o faceta negativa, no encontrarse en la 
situación contemplada en aquel precepto legal, lo que comporta, además, consecuencias 
de afectación del ius in officium del resto de los Diputados del Parlamento de Cataluña».
e)  Finalmente, respecto de la supuesta conculcación de las libertades ideológica y 
de expresión de opiniones políticas [arts. 16 y 20.1 a) CE], el Ministerio Fiscal comienza 
glosando  la  doctrina  constitucional  recaída  a  propósito  de  dichos  derechos 
fundamentales para concluir como sigue:
(i)  No  hay  elemento  en  las  resoluciones  judiciales  cuestionadas  que  permita 
sostener que es la ideología de los demandantes la que ha determinado que se adopte 
la  medida  restrictiva  del  artículo  384  bis  LECrim.  Dicha  medida,  así  como  el 
procesamiento y la prisión provisional, de los que deriva como consecuencia automática, 
«no se fundamenta en el posicionamiento ideológico independentista de los recurrentes, 
sino en la apreciación indiciaria de unos actos realizados por los mismos en despliegue  e.
de una actividad y estrategia conjunta desarrollada con el propósito de compeler al  w.b
Estado al reconocimiento de la independencia» de una parte del territorio nacional, con  38ww
clao nco enmsipglueioe ndtee  mqueideiborsa v dioelle onrtodse no  ctuomnsutilttuucairoionsa lp yre evsistatotus tcaorimo,o « dqeuleit osse  dhea r ellebvealidóon  –aa cmaébno 
ddee  lootsra rse qaucicsiiotonse sd ec afolifnicdaod, afos rmdea  my afilnveesrs alecgióítnim does »c aquudea elexsig peú lbal icaodso–p cyió lna  dceo nlac umrreednicdiaa 
de prisión provisional.
(ii)  Respecto de la aducida inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión 
como instrumento de ejercicio del derecho de participación política, a juicio del Fiscal, su 
restricción no es autónoma sino que «deriva para los recurrentes, indefectiblemente, de 
una  disposición  legal  que  la  establece  como  consecuencia  anudada  a  la  situación 
personal de suspensión del goce del derecho a la libertad (art. 17 CE) por prisión 
provisional por hechos relacionados con determinados delitos, entre ellos el de rebelión, 
y a su imputación indiciaria y provisoria a través de un auto de procesamiento firme por 
dichos delitos», al margen de la ideología y de la expresión de sus ideas. Añade que 
habiéndose descartado la ilegitimidad constitucional de la restricción al ejercicio de la 
función representativa, hay que rechazar también la aducida vulneración del derecho de 
expresión  de  opiniones  políticas,  puesto  que  tal  facultad  no  constituye  sino  una 
expresión del más amplio derecho al ejercicio de participación política de los recurrentes 
en su condición de Diputados.
9.  Los  demandantes  de  amparo  y  el  resto  de  partes  comparecidas  no  han 
presentado escrito de alegaciones.
10.  Por providencia de 28 de enero de 2020, se señaló ese mismo día para 
deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. El presente recurso de 
amparo se dirige contra el auto de la Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 30 de julio de 2018 que desestimó el recurso de apelación interpuesto 
contra el dictado por el Magistrado instructor de la causa especial número 20907-2017, 
en fecha 9 de julio de 2018, que acordó comunicar a la Mesa del Parlamento de 
Cataluña la suspensión de los recurrentes don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva 
Rueda, entre otras personas, Diputados en ese Parlamento, en el ejercicio de los cargos 
públicos que estaban desempeñando, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de 
enjuiciamiento criminal (LECrim).
Cabe recordar que el citado precepto establece que «firme un auto de procesamiento 
y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada 
con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere 
ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio 
del mismo mientras dure la situación de prisión». El contenido de las resoluciones 
judiciales  impugnadas  consiste  en  constatar,  y  confirmar  en  grado  de  apelación, 
respectivamente, la concurrencia de los presupuestos legales de la norma aplicada –
firmeza del procesamiento por delito de rebelión y la situación de prisión provisional de 
los  ahora  recurrentes,  Diputados  del  Parlamento  de  Cataluña–,  y  comunicar  la 
consecuencia  prevista  en  la  ley  al  citado  Parlamento.  De  todo  ello  se  ha  dejado 
constancia detallada en el apartado de antecedentes de esta sentencia.
En  la  demanda  los  recurrentes  invocan  como  vulnerados  los  derechos 
fundamentales al Juez predeterminado por la ley y al Juez imparcial, a la tutela judicial 
efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE), a la legalidad penal 
(art. 25.1 CE), al ejercicio de cargo público sin perturbaciones ilegítimas (art. 23.2 CE) y 
a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE).
Tanto  el  Fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional  como  el  Abogado  del  Estado 
personado en este proceso, han opuesto óbices de admisibilidad, que serán examinados  es
en primer lugar. Subsidiariamente ambos interesan la desestimación del recurso de  bo
amparo. 38ww
Sa2m0u9pp0Crae7orm-on2,ov 0li o1ed 7nqe,eu   hed1a,e4  ssd ipendej eaej admroo,b c dsatuiernbg  eroeen,f  etnrcdaoted op a rl2,ao 0 qvm1uo9ece,a d l aidlda iasc e etaqxnduttieaenn  cscieóeinan  c  ddulaeee  ls lcmtaiiot iaSsndmaaal oae   ncpd aoeeur l  sloppa ér Peredsesiendpnaaetl e csd ioraeebll  crTenurvúrisbemoune niddraoael     OE-A-2020-29able en https://
de su objeto. La razón, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, es que la citada
sentencia no ha supuesto la reparación por el propio órgano judicial de los derechos 
fundamentales que se invocan como vulnerados en amparo. Nuestro enjuiciamiento se 
concreta al momento temporal de formulación de la demanda de amparo, atendiendo a 
las  circunstancias  concurrentes  en  esa  ocasión  a  efectos  de  dilucidar  si  existió 
vulneración de tales derechos fundamentales (por todas, STC 83/2019, de 17 de junio, 
FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
2.  Cuestión previa: imposibilidad de recusar a los Magistrados de este Tribunal. Lo 
primero que es preciso abordar, por plantear una cuestión procesal atinente al propio 
recurso  de  amparo,  es  la  alegación  formulada  por  los  demandantes  sobre  la 
imposibilidad de recusar a los Magistrados del Tribunal Constitucional, alegato que no se 
dirige contra las resoluciones judiciales impugnadas ni se formula como una solicitud de 
recusación.
A su juicio, se produce la vulneración del derecho al Juez imparcial (art. 24.2 CE) por 
la  imposibilidad  de  recusar  de  forma  efectiva  a  los  Magistrados  del  Tribunal 
Constitucional. La alegación se funda, tal y como se ha expresado en los antecedentes, 
en la afirmación de que los procesos judiciales penales relacionados con lo que se ha 
denominado  el  «proceso  de  independencia  de  Cataluña»  parten  de  la  supuesta 
desobediencia al Tribunal Constitucional, habiendo llevado a cabo este Tribunal una 
«valoración  jurídico  penal  de  las  conductas»  de,  entre  otras  personas,  los  ahora 
recurrentes, al deducir testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la 
formulación de acciones penales.
Esta misma alegación ha sido rechazada por la STC 155/2019, de 28 de noviembre, 
recaída en el recurso de amparo número 814-2018 promovido también por don Oriol 
Junqueras Vies, por las razones que reproducimos a continuación, que justifican ahora, 
de nuevo, su desestimación:
«Esta queja se rechaza pues carece de una base objetiva de fundamentación, ya 
que, como sostiene el Ministerio Fiscal, el demandante no ha intentado la recusación de 
los Magistrados de este Tribunal Constitucional, lo que era posible de acuerdo con el 
art. 223 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales ex art. 80 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
La alegación, contenida en la demanda, poniendo en duda la imparcialidad del 
Tribunal  que  habría  de  enjuiciar  el  proceso  de  amparo  no  puede  calificarse 
materialmente como una solicitud de recusación, y resulta, en el supuesto enjuiciado, 
manifiestamente inadecuada, por razones formales y sustantivas, para denunciar la 
vulneración del derecho fundamental al Juez imparcial y un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE): a) por razones de procedimiento, porque no se ajusta a ninguna 
de las exigencias de forma legalmente establecidas para la recusación (art. 223.1 y 2 
LOPJ) y que este Tribunal ha venido considerando esenciales (AATC 383/2006, de 2 de 
noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2, y los citados en estos) y b) por 
razones de fondo, porque la alegación se formula de modo preventivo, asumiendo la 
conclusión  alcanzada  en  el  precedente  ATC  119/2017,  de  7  de  septiembre,  y  sin 
indicación expresa de la concreta causa prevista en el art. 219 LOPJ, en que habría de 
fundarse, lo que también se ha estimado determinante en doctrina consolidada, que se 
inicia con el ATC 109/1981, de 30 de octubre, y reiteran, entre otros, los AATC 380/1993, 
de 21 de diciembre, 80/2005, de 7 de febrero, FJ 5, 126/2008, de 14 de mayo, FJ 2 
y 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 2, al subrayar que una recusación de este tipo que va  e
referida al órgano mismo y no a sus integrantes, carece de sustantividad jurídica y no es  bo
acreedora de una decisión sobre el fondo» (STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 2).» 38ww
pret3e.n siRoneeqsu idseito lsa  pdaerma alan daad mdeis iabmilipdaardo. , Cdoenb ecmaroásc tperro pnruenvcioia arnl oesx asmoberne  dlae  cfoonndcou rdreen lcaias 
de los requisitos para su admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, pues, como hemos declarado en otras ocasiones (STC 154/2016, de 22
de septiembre, FJ 2 y más recientemente en STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 
a 5), los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no 
resultan  subsanados  porque  haya  sido  inicialmente  admitido  a  trámite  (por  todas, 
SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma 
que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 
puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, 
dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin 
que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos 
en el artículo 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, 
de 6 de junio, FJ 2 y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
4.  Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional. El Ministerio 
Fiscal ha opuesto un óbice procesal general a la admisión del recurso de amparo al 
considerar que la demanda no cumple con la carga de justificar la especial trascendencia 
constitucional del mismo conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 49.1 
LOTC,  carga  que  ha  de  satisfacer  necesariamente,  invocando  a  tal  efecto  la 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, con cita de los AATC 188/2008, de 21 de julio; 
289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del artículo 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso»–  se  configura  como  una  carga 
procesal de la parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia 
constitucional, habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del 
Tribunal  acerca  de  la  especial  trascendencia  constitucional  de  cada  recurso  venga 
siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de 
demanda (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es 
exigible un «esfuerzo argumental» (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga 
en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos 
en el artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los 
supuestos contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, 
de 25 de junio. De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un 
derecho fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, 
FJ 3; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también 
AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 
de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ 
único);  es  preciso  que  «en  la  demanda  se  disocie  adecuadamente  la  argumentación 
tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental –que sigue 
siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo– y los 
razonamientos  específicamente  dirigidos  a  justificar  que  el  recurso  presenta  especial 
trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
En el caso examinado, la demanda dedica a esta materia el primer apartado de sus 
fundamentos jurídicos en el que, bajo el nombre de «relevancia constitucional», expresa 
las circunstancias por las que, según la propia parte, el recurso «se formula en la 
confianza de que este Tribunal sabrá valorar» y tutelar los derechos fundamentales 
implicados.  En  este  apartado  específico  la  parte  recurrente  pone  de  manifiesto  la 
importancia del debate, tanto por los intereses en juego como por el alcance de los 
derechos fundamentales concernidos, «al incidir sobre la esencia misma del Estado 
democrático a través de la discusión sobre la vigencia de derechos fundamentales de 
singular potencia». Se refiere expresamente a la anulación de «los derechos políticos de  e.
parlamentarios» por una resolución judicial que, a su juicio, aplicó un precepto legal fuera  w.b
del  supuesto  de  hecho  previsto  en  la  propia  norma,  mediante  una  interpretación  38ww
cimopnreecvtaisri bmlea tye ricaolmnteranrteia  laa  vlual njeurraiscpiórund deenlc iaar tíccounlos o2li3d.a2d aC. EE esnte  reralazcoiónna mcioenn teol  paertrímcuitloe 
e2s4c.1ri toC Ede,  edne mlaa nadpali,c caocnió unn doe dl ea lrotísc usluop u3e8s4t obsi se nL EloCs rqimue,  dcaebsaer aroplrlaedcaia re qnu ee le cl ucoenrpteon dideol 
del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia
constitucional conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, a saber, 
que «el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este Tribunal» [FJ 2, apartado a)]. Esta fue la causa que 
apreció el Pleno del Tribunal para la admisión del recurso de amparo. Por consiguiente, 
aunque el razonamiento no se caracterice por su amplitud y precisión, sí puede afirmarse 
que pone de relieve los datos necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo 
solicitado [SSTC 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 
c)], por lo que hemos de entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la 
especial trascendencia constitucional a la que se refiere el artículo 49.1 in fine LOTC.
5.  Falta de invocación previa del derecho fundamental alegado. Para que puedan 
examinarse los motivos que integran la demanda de amparo es requisito indispensable, 
conforme al artículo 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el proceso, 
si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, una vez 
conocida la violación, hubiere lugar para ello». En el caso, el recurso de apelación 
constituyó el trámite procesal idóneo para invocar los derechos fundamentales que se 
reputaban lesionados, dando así ocasión a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre 
tales vulneraciones. Solo de este modo quedaría preservado el carácter subsidiario del 
recurso de amparo, «evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca 
per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, 
en  su  caso,  remediar  la  lesión  invocada  como  fundamento  del  recurso  de  amparo 
constitucional»  (por  todas,  SSTC  42/2010,  de  26  de  julio,  FJ  2;  91/2010,  de  15  de 
noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
La finalidad apuntada de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo ha 
guiado la interpretación de este requisito y el contenido mínimo del que debe dotarse la 
invocación  para  que  pueda  considerarse  cumplido.  En  tal  sentido,  el  Tribunal  ha 
rechazado una interpretación literal o excesivamente rigorista de este requisito, aunque 
el rechazo a tal entendimiento excesivamente formalista no ha llegado ni puede llegar a 
un vaciamiento absoluto de un precepto legal cuya ordenación responde a la naturaleza 
subsidiaria del recurso de amparo que se desprende claramente del artículo 53.2 CE, y 
el titular del derecho fundamental debe facilitar su protección y hacer posible, con su 
invocación, que el órgano judicial remedie la presunta violación del correspondiente 
derecho.
Por  ello,  en  numerosas  resoluciones,  que  constituyen  doctrina  jurisprudencial 
consolidada, este Tribunal ha declarado que si bien la invocación formal exigida por el 
artículo  44.1  c)  LOTC  no  supone  necesaria  e  inexcusablemente  la  cita  concreta  y 
numérica del precepto de la Constitución en el que se proclama el derecho o los 
derechos supuestamente vulnerados, ni siquiera la mención de su nomen iuris, ha de 
efectuarse, sin embargo, de manera que se cumpla la finalidad perseguida con aquel 
requisito, lo que significa que se ha de ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, 
pueda  entrarse  a  conocer  de  las  concretas  vulneraciones  después  aducidas  en  el 
recurso  de  amparo,  lo  que  requiere,  al  menos,  una  delimitación  del  contenido  del 
derecho que se dice vulnerado. Así, se ha señalado que lo decisivo es que, a través de 
las  alegaciones  que  se  formulen  en  la  vía  judicial,  de  los  términos  en  que  se  ha 
planteado el debate  en la vía procesal o  de la  descripción fáctica de los datos o 
circunstancias de hecho de la violación del derecho fundamental o del agravio del 
mismo, se permita a los órganos judiciales su conocimiento en orden a que, de un lado, 
puedan argumentar y pronunciarse sobre la cuestión, y, de otro, reparen, en su caso, la 
vulneración aducida (SSTC 53/2012, de 29 de marzo, FJ 2, y 117/2014, de 8 de julio,  e.
FJ 3). w.b
Aplicando esta doctrina, a la vista del contenido del escrito de interposición del  38ww
prerocucersdoe  dea caopgeelar cieósnt,e q uóeb ihcae  qeune daredloa crieósne ñcaodno  elans  loqsu aenjatesc erdeelantitveass d ea  eslotas  sdeenrteenchcioas, 
cfuonmdoa mael ndtearleesc hao  laa l liJbueertza dp rieddeeotleórgmician a(daort . p1o6r .1la  CleEy)  y(a drte.  2e4x.p2r eCsiEó)n,  (aa rut.n  2p0r.o1c CesEo) , caosní 
todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE). En dicho escrito
no solo no aparecen enunciados tales derechos fundamentales ni los preceptos de la 
Constitución (ni de ningún otro texto) en que están proclamados, sino que tampoco el 
contenido  de  las  alegaciones  comprendidas  en  tal  escrito  da  pie  a  su  toma  en 
consideración por la Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De 
este modo, es con la demanda de amparo cuando, ex novo, se formalizan tales quejas, 
sustrayendo  así  al  Tribunal  ordinario  competente  su  conocimiento  y  consiguiente 
posibilidad de reparación.
Se declara, por tanto, la inadmisión del recurso, ex artículo 50.1 a) LOTC, con 
relación a estos motivos de la demanda: lesión de los derechos al Juez predeterminado 
por la ley, a la libertad ideológica y de expresión, del derecho a un proceso con todas las 
garantías y del derecho a la legalidad penal.
6.  Encuadramiento  de  la  queja  principal.  El  motivo  principal  de  la  demanda 
denuncia  la  indebida  aplicación  del  artículo  384  bis  LECrim.  No  se  cuestiona  la 
constitucionalidad del precepto sino su aplicación al caso al considerar los demandantes 
que no concurren los presupuestos legales para la puesta en marcha de la medida que 
tal precepto instituye y que la misma resulta desproporcionada.
La demanda, de la que se ha dejado constancia detallada en los antecedentes de 
esta  sentencia,  alude,  como  fundamento  de  esta  queja,  a  varios  derechos 
fundamentales. Su correcto encuadramiento, sin embargo, supone situar la queja en el 
marco de los derechos reconocidos en el artículo 23 CE.
En cuanto la medida incide directamente en el derecho al ejercicio de cargo público 
representativo (art. 23.2 CE), la verificación de la concurrencia de los presupuestos 
legales de la misma, esto es, de los previstos en el artículo 384 bis LECrim, concierne 
exclusivamente a dicho derecho fundamental, quedando sin sustantividad propia la queja 
relativa al derecho a obtener una resolución fundada en Derecho ex artículo 24.1 CE. Así 
lo viene entendiendo con carácter general este Tribunal al abordar el enjuiciamiento de la 
adecuación constitucional de las resoluciones, cualquiera que sea su naturaleza, que 
acuerdan medidas limitativas de derechos fundamentales sustantivos [STC 29/2019, 
de 28 de febrero, FJ 6, con cita, por todas, STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 4 d)].
A partir de la anterior constatación, corresponde ahora determinar el canon de control 
constitucional de las resoluciones impugnadas a la luz del artículo 23 CE.
7.  Doctrina constitucional sobre el artículo 384 bis LECrim. Nuestro enjuiciamiento 
debe tomar como punto de partida lo declarado en la STC 71/1994, de 3 de marzo, que 
examinó la constitucionalidad del tan repetido artículo 384 bis LECrim. A los efectos que 
importan al presente recurso de amparo, de su fundamento jurídico sexto, que es el 
dedicado a analizar la compatibilidad del precepto legal con el artículo 23 CE, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:
a)  El  precepto  legal  no  configura  una  suspensión  del  derecho  fundamental 
reconocido en el artículo 23.2 CE en el sentido del artículo 55 CE, en cualquiera de sus 
dos apartados. Por el contrario, se engarza directamente en los derechos del artículo 
23.2 CE como derechos de configuración legal («los requisitos que señalen las leyes»), 
pues «[e]n definitiva, la regla enjuiciada no viene sino a prescribir, en negativo, uno de 
los “requisitos” para el mantenimiento en el ejercicio de una función o cargo público, 
concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia 
del procesamiento por delito por persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes». s
b)  La medida en cuestión no es autónoma sino que surge de la confluencia de dos  oe.
factores: la situación de prisión provisional; y el procesamiento por delito cometido por  w.
rpeebresoldneas »i.ntegrada  o  relacionada  «con  bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o  2020-2938n https://ww
algo( iq) ueR neos peesc stoin od,e ml partiemriearl meleenmtee,n uton,a  sseu srapzeonnsaió nq udee ll ag omcee ddidea la « lsibee hrtaacde p deerspoennadle»r.  Edne   BOE-A-cable e
efecto, la suspensión en el ejercicio de la función o cargo público solo tiene lugar una vez 
«decretada la prisión provisional», de tal modo que, además, aquella solo se mantiene 
«mientras dure la situación de prisión». Sin que el derecho a la libertad personal, como 
tal  derecho  fundamental,  sea  «suspendido»,  la  situación  de  prisión  provisional, 
legalmente acordada, implica una medida cautelar particularmente gravosa para uno de 
los derechos fundamentales más preciados de la persona.
(ii)  Respecto del segundo, se dice: «no cabe […] hacer abstracción de la naturaleza 
de los delitos en el contexto de cuya persecución esta medida se inserta. La medida de 
suspensión que enjuiciamos ha de afectar, precisa y exclusivamente, a los procesados y 
presos que lo hayan sido por aparecer –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– 
como  integrados  o  relacionados  “con  bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o 
rebeldes”,  es  decir,  previa  la  “imputación  formal  y  provisional  de  criminalidad” 
(STC 218/1989, fundamento jurídico 4) por delitos que conllevan “un desafío mismo a la 
esencia del Estado democrático” (STC 89/1993, fundamento jurídico 3), tal como ha 
encontrado reflejo en el propio texto constitucional. La excepcional amenaza que esta 
actividad criminal conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho justifica, sin 
duda, una medida provisional como lo es la prevista en el precepto impugnado, dirigida 
frente a quienes –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– han sido objeto de un acto 
firme de procesamiento».
(iii)  Finalmente, concluye reconociendo la legitimidad constitucional de la medida en 
función de la conjunción de estos dos elementos o factores. Y señala que «el supuesto 
contemplado en el art. 384 bis LECrim, por tanto, bien puede ser visto por el legislador, 
como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño 
de  funciones  o  cargos  públicos  o,  más  sencillamente,  como  incompatible  con  la 
concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos 
concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo». El requisito negativo de no 
hallarse en situación de prisión provisional por aquellos delitos es «una condición, en 
suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido de los 
derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE».
8.  Canon  de  control  constitucional.  No  cuestionada  la  constitucionalidad  de  la 
medida  prevista  en  el  artículo  384  bis  LECrim,  que  quedó  sentada  en  la  citada 
STC 71/1994, de 3 de marzo, y de acuerdo con lo declarado por dicha sentencia, de lo 
que se ha dejado constancia en el fundamento anterior, hemos de avanzar señalando 
que la delimitación de su ámbito aplicativo y la imposición de la consecuencia legalmente 
prevista en cada caso concreto compete en exclusiva a los órganos destinatarios de la 
norma y que tienen encomendada su aplicación, lo que es ajeno, en principio, a los 
cometidos de este Tribunal.
Con  carácter  general,  este  Tribunal  ha  venido  señalando  que  la  aplicación  de 
medidas legales que implican la restricción de un derecho fundamental sustantivo exige 
un  deber  reforzado  de  motivación  que  incluya,  además  de  una  fundamentación 
razonable, no arbitraria ni incursa en error patente, un juicio de adecuación al fin (por 
todas SSTC 62/1996, de 15 de abril, FJ 2; 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 175/1997, 
de 27 de octubre, FJ 4; 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 4; 83/1998, de 20 de abril, 
FJ 3; 116/1998, de 2 de junio, FJ 4, y 2/1999, de 25 de enero, FJ 2, entre otras). De ahí 
que se ha venido exigiendo también ese deber específico de motivación en relación con 
las  limitaciones  del  ejercicio  de  cargos  públicos  representativos  (ius  in  officium  ex 
art. 23.2 CE). Como recuerda la STC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 3, la naturaleza de la 
representación  y  la  igualdad  de  representantes  «imponen  […]  una  interpretación  e.
restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de  w.b
aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante  38ww
vduelln reerparre esel ndtearnetceh poú fbulnicdoa my ean mtaol tdiveal rr leapsr eraszeonntaenst ed ed es ulo asp cliicuadcaiódna,n boasj oa  peejenrac,e nr os us oclaor gdoe 
(aarrt.t . 2233..12  CCEE) , (sSinSoT tCam  3b8ié/1n9 d9e9 ,i nFfrJin g2i;r  e1l0 d7e/2 e0s0to1s,  aF Jp a3rt,i cyip a4r0 e/2n0 l0o3s ,a sFuJn t2o,s  epnútbrelic oostr aesx 
muchas)» (SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3). Es
exigible,  por  tanto,  un  deber  de  «motivar  expresa,  suficiente  y  adecuadamente  la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio 
de aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante 
de los representantes políticos (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 
de abril, FJ 7; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; 277/2002, de 14 de octubre, FJ 5; y 
ATC 188/1999, de 10 de mayo, FJ 5)» (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 6).
La peculiaridad que presenta la medida que ahora nos ocupa reside en que surge 
automáticamente ex lege, sin dejar margen alguno en su aplicación más allá de la 
verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal medida. 
Como se desprende del fundamento jurídico anterior, la exigencia de proporcionalidad se 
cumple en la configuración legal de los supuestos ante los que nace la restricción 
(STC 71/1994, FJ 6). Dicho de otro modo, en el caso del artículo 384 bis LECrim, la 
limitación  del  ejercicio  del  cargo  público  que  implica  la  suspensión  aparece 
indeclinablemente unida a la concurrencia de la situación definida: procesamiento firme y 
prisión provisional por razón de los delitos señalados. De ello se sigue que la exigencia 
de motivación de los actos aplicativos se proyecta únicamente sobre el juicio relativo a la 
existencia de dichos presupuestos legales.
En el supuesto enjuiciado, como hemos visto, las resoluciones judiciales impugnadas 
se limitan a constatar la concurrencia de los presupuestos legales de la norma aplicada, 
esto es, la firmeza del procesamiento por un delito de los previstos en la norma y la 
situación de prisión provisional de los ahora recurrentes. El contenido de las resoluciones 
judiciales recurridas se detiene ahí, pues, como decíamos, la consecuencia jurídica 
prevista en el artículo 384 bis LECrim –la suspensión del ejercicio del cargo público– 
surge automáticamente por ministerio de la ley, sin que los órganos llamados a aplicarla 
o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o modularla. Por tanto, partiendo de que la 
medida nace ope legis adecuada proporcionalmente a la finalidad perseguida por el 
legislador  y  que  consideramos  legítima  (STC  71/1994,  FJ  6),  únicamente  el 
pronunciamiento sobre la existencia de los presupuestos legales determinantes de la 
suspensión que llevan a cabo las resoluciones recurridas puede ser sometido al control 
de este Tribunal. Y ese control constitucional es meramente externo, limitado, por la 
razón antes señalada, a la comprobación de si la motivación existe, es suficiente y no 
incurre  en  error  material  patente,  en  arbitrariedad  o  en  manifiesta  irrazonabilidad. 
Naturalmente, la función que compete al Tribunal de supervisión de la motivación impone 
aquí tomar en consideración la doctrina dimanante de la STC 71/1994 y el criterio de 
interpretación restrictiva inherente al principio de mayor efectividad de los derechos 
fundamentales (por todas STC 32/1987, de 12 de marzo, FJ 3).
En definitiva, la respuesta a la demanda de amparo exige dirimir si respeta ese 
canon constitucional la decisión judicial sobre la concurrencia de «firmeza» del auto de 
procesamiento  y  la  calificación  de  los  recurrentes,  a  los  efectos  indicados,  como 
«individuos rebeldes», únicos extremos cuestionados.
9.  Resolución de la queja. A partir del canon de enjuiciamiento que ha quedado 
reseñado, abordamos por separado los dos puntos controvertidos.
A)  En cuanto al presupuesto consistente en la firmeza del auto de procesamiento, 
según  la  demanda  no  es  posible  defender  que  el  auto  de  procesamiento  sea 
efectivamente firme mientras alguna de las partes comparecidas pueda impugnarlo. A su 
juicio, la posibilidad de excluir, con ocasión de un recurso, la calificación jurídica de 
rebelión, implica que el presupuesto habilitante de la aplicación del artículo 384 bis  e
LECrim no hubiera adquirido firmeza. bo
Pues bien, la respuesta ofrecida por el Tribunal Supremo supera el canon de control  38ww
consEtli tuacuitoon dael  qlau eS haala q duee dreacduor sreosse dñea dlao .Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contiene
uenmap lemaodtaiv aecni ólna  neoxrpmreas ale, gsaul.f iAciregnutme eyn tara qzuoen,a breles pseocbtore d ee l loasl craenccuerr ednete sla,  eel xapuretos ióens 
firme, «ya que no pueden interponer contra el mismo recurso alguno». Matiza que dicha
firmeza, exigida por la norma, es independiente de la posibilidad de que los declarados 
en rebeldía puedan interponer recurso respecto de aquello que les afecta. Añade que 
«no es lógico pretender que la causa quede absolutamente paralizada hasta que sea 
posible notificar a los rebeldes su procesamiento»; y, finalmente, aclara, en respuesta a 
lo argumentado por los ahora demandantes de amparo, que si lo que se plantea es la 
cuestión relativa a efectos que pudiera tener la estimación del recurso interpuesto por 
otros  procesados  en  el  caso  de  que  la  resolución  del  mismo  afecte  a  los  hechos 
imputados a los ahora recurrentes o a su calificación jurídica, «es claro que la ley 
procesal contiene suficientes mecanismos para dejar sin efecto el procesamiento de 
todos los que resultaran afectados por aquella resolución, con las consecuencias que 
fueran procedentes».
En respuesta al planteamiento efectuado por los recurrentes, es preciso insistir en 
que  la  naturaleza  del  auto  de  procesamiento  y  de  la  propia  medida  cuestionada 
evidencia  que  la  noción  de  firmeza  que  tratan  de  hacer  valer  no  se  adecúa  a  la 
característica de provisionalidad que es predicable del contenido de tales decisiones 
judiciales.
Como viene a señalar la Sala de recursos de lo Penal del Tribunal Supremo, la 
firmeza exigida por la norma no tiene en este caso el significado de invariabilidad 
material de la calificación jurídica contenida en la resolución judicial, sino que equivale a 
imposibilidad formal de interponer recurso frente a ella.
En la STC 27/2019, de 26 de febrero, hemos recordado «la naturaleza provisional de 
la imputación precisa y formal en que el procesamiento consiste (SSTC 41/1982, de 2 de 
julio, FJ 2; 104/1985, de 4 de octubre, FJ 2; 70/1986, de 31 de mayo, FJ 2, o 37/1989, 
de 15 de febrero, FJ 3), dado que no se dirige sino a delimitar objetiva y subjetivamente 
el objeto de la investigación desde que el instructor aprecie en la causa la existencia de 
indicios racionales de criminalidad». En su fundamento jurídico 7, señalamos que «en 
anteriores pronunciamientos (SSTC 66/1989, de 17 de abril, FJ 2, y 135/1989, de 19 de 
julio, FJ 6), este Tribunal se ha referido al auto de procesamiento como “resolución que 
coloca al afectado en una situación procesal específica, como objeto de una imputación 
formalizada, que ha podido definirse como verdadera acusación judicial. Ello supone, por 
una parte, colocar al procesado en una posición que resulta dañosa y perjudicial, en sus 
consecuencias sobre su crédito y prestigio social; pero al mismo tiempo representa una 
garantía para el formalmente inculpado […] que extiende la capacidad de defensa al 
primer momento en que existe algún tipo de inculpación, ya que permite un cierto 
conocimiento  previo  de  la  acusación  en  fase  de  instrucción,  posibilita  la  primera 
declaración indagatoria (art. 386 LECrim), y hace surgir la obligación judicial de proveer 
de Abogado de oficio si el procesado estuviera desasistido de dirección letrada […] 
además, de conferir al procesado la condición de parte con las consecuencias a ello 
inherentes”. Añadíamos entonces que “el procesamiento no implica, evidentemente, la 
imposición de una pena. Constituye sólo una resolución judicial de imputación formal y 
provisional que ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior 
decisión, no implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación del propio 
instructor,  que  puede  revocar  el  procesamiento  si  desaparecen  los  indicios  que 
determinaron su adopción”».
La nota de provisionalidad, que define la medida prevista en el artículo 384 bis 
LECrim, aparece también en los presupuestos procesales que determinan su vigencia: la 
situación de prisión provisional, medida caracterizada por su modificabilidad [por todas, 
STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 a)] y la calificación jurídica expresada en la  s
imputación  precisa  y  formal  en  que  el  procesamiento  consiste,  susceptible  de  ser  oe.
revisada durante todo el curso de la causa hasta el dictado de la sentencia firme  w.
(STC 27/2019, FJ 7, antes citada). 38ww
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scuu asnednot icdoon tarla  heallcae nrsoe c aebqeu ivreacleunrsteo  aal ginuinmop, ubgienna bpiolidr ahda bfeorr mdeajla ddeo  ttraals rceusrorilru ecli ópnla zjuod picaiaral,   BOE-A-cable e
recurrir bien por haberse rechazado el último recurso disponible según la legislación 
procesal, como sucedió en el caso examinado en relación con los demandantes de 
amparo.
B)  El segundo aspecto controvertido se refiere al presupuesto legal consistente en 
que el procesamiento y la prisión provisional tengan su causa en la imputación de un 
«delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos 
terroristas o rebeldes».
A fin de acotar el análisis que nos compete efectuar sobre este punto cabe realizar 
dos aclaraciones, ya reiteradas a lo largo del texto de esta sentencia:
(i)  En primer lugar, no cuestionan los recurrentes la concurrencia de los extremos 
fácticos  (indicios)  que  sustentan  las  decisiones  de  procesamiento  y  de  adopción  y 
mantenimiento de la situación de prisión provisional. No procede por ello examinar la 
adecuación a la constitución del juicio llevado a cabo por el instructor y la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo sobre la existencia y suficiencia de tales indicios delictivos.
(ii)  En segundo lugar, respecto de la queja, contenida en la demanda, sobre la 
calificación jurídica provisional de los hechos, al amparo del principio de legalidad penal 
(art. 25.1 CE), ya hemos dicho que su análisis nos está vedado al haberla traído los 
recurrentes  per  saltum  al  presente  recurso  de  amparo  sin  haberla  invocado  en  el 
momento  legalmente  preciso  de  la  vía  judicial  previa.  En  todo  caso,  siguiendo  la 
STC 155/2019, de 28 de noviembre, hemos de reiterar también en este caso que «la 
denuncia de vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), al dirigirse 
contra resoluciones que no aplican normas sancionadoras, debe rechazarse de plano al 
no poder imputarse dicha vulneración, de modo inmediato y directo, a los actos judiciales 
impugnados, como exige nuestra Ley Orgánica reguladora [art. 44.1, primer párrafo, y 
art. 44.1 b) LOTC]» (STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 8).
Los recurrentes sostienen que la expresión «individuos rebeldes» contenida en el 
artículo 384 bis LECrim debe ser interpretada conforme a la STC 199/1987, de 16 de 
diciembre. A su juicio, la medida sufrida por ellos «constituye una limitación o suspensión 
del ejercicio de derechos fundamentales que encuentra habilitación en el art. 55.2 CE y 
se  inserta  en  un  complejo  y  polémico  precepto  constitucional,  el  art.  55  CE,  de 
importancia  capital».  Argumentan  que  si  bien  este  artículo  no  prevé  limitaciones 
específicas de los derechos políticos del artículo 23 CE, sí constituye el fundamento 
constitucional de la limitación de derechos individuales de aquellos que se integrasen en 
bandas armadas u organizaciones terroristas; la razón de ser de la «excepción» a los 
derechos individuales en una investigación penal, tal y como analiza la mencionada 
STC 199/1987. De acuerdo con este pronunciamiento, en opinión de los demandantes 
de amparo, la expresión «individuos rebeldes» del precepto aquí aplicado solo puede 
interpretarse como equivalente a «los miembros de bandas armadas y terroristas en 
determinadas  condiciones»,  «usuarias  de  forma  ilegítima  de  armas  de  guerra  o 
explosivos».
Situado  el  debate  en  los  términos  expresados,  también  sobre  este  extremo  la 
respuesta dada por el auto de la Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 30 de julio de 2018 supera el canon de control constitucional aplicable.
La argumentación empleada por los recurrentes decae enteramente en cuanto se 
constata que la constitucionalidad del artículo 384 bis LECrim no fue examinada por la 
STC 199/1987, de 16 de diciembre, en cuyas declaraciones se apoya la conclusión que 
postulan, sino por la tantas veces citada STC 71/1994, de 3 de marzo. e
Es más, la STC 199/1987 ni tan siquiera examinó la constitucionalidad del precepto  bo
que los recurrentes consideran inmediato antecedente normativo del artículo 384 bis  38ww
LOErgCárnimic a y9 /1q9u8e4,  ye nn o tpoodro  elc aarstoíc,u leos 8ta, rcíait adcoo npsotirt ueirdroo r peonr  lae dl eamratíncudlao,  q2u2e  sdee  relafe ríLae ay 
lionsd iv«idduealiltiozsa ddoe e nt earqroureisllma os»e ntye nqcuiae.,  Epno sr u ofturnad apmareten,t ot ajumrípdoiccoo  tefrucee roo bsjee taop rdeec iaa nqáuleis aisl 
haber perdido su vigencia una vez transcurridos dos años, de acuerdo con la disposición
adicional  segunda  de  la  propia  Ley  Orgánica,  se  había  producido  la  desaparición 
sobrevenida del objeto del recurso de inconstitucionalidad dirigido, entre otros, contra el 
artículo 22, afectado por dicha disposición y referido a la suspensión de cargos públicos. 
Consecuencia de ello es que el examen quedó limitado a los artículos 1, 2.3, 11, 13, 
15.1, 16, 17 y 21 de la referida Ley Orgánica 9/1984 (STC 199/1987, FJ 3, último 
párrafo).
Por  el  contrario,  la  STC  71/1994  resolvió  el  recurso  de  inconstitucionalidad 
interpuesto por el Parlamento del País Vasco contra la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de 
mayo, de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, cuyo artículo 1 introdujo el nuevo 
artículo 384 bis en la citada ley procesal. Su fundamento jurídico sexto, que ha sido 
resumido más arriba, confirmó la adecuación del precepto legal al artículo 23 CE. Es la 
doctrina  dimanante  de  esta  última  sentencia  la  que,  de  acuerdo  con  el  mandato 
establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha de inspirar la 
interpretación y aplicación judicial del mencionado precepto legal.
Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  ofrecen  una  respuesta  a  esta  cuestión 
respetuosa con la doctrina constitucional y que cumple con las exigencias de suficiencia 
y razonabilidad que hemos señalado:
a)  Toman en consideración el contenido ya reseñado de la STC 71/1994, para 
destacar, de su fundamento jurídico sexto, que la medida limitativa de que se trata no se 
engarza, como pretenden los recurrentes, en el artículo 55.2 CE –sino en el art. 23.2 
CE–  y  que  este  Tribunal  Constitucional  no  hizo  restricciones  en  cuanto  al  ámbito 
subjetivo de aplicación en relación con la mención a «individuos rebeldes». Destaca el 
instructor  que  la  finalidad  de  esta  medida  provisional  es  «preservar  el  orden 
constitucional  impidiendo  que  personas  que  ofrecen  indicios  racionales  de  haber 
desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante 
determinados  comportamientos  delictivos,  entre  los  que  se  encuentra  el  delito  de 
rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la 
colectividad  cuando  concurren  además  en  ellos  los  elementos  que  justifican 
constitucionalmente  su  privación  de  libertad».  Y  la  Sala  confirma  lo  anterior  para 
rechazar, tras el análisis de los pronunciamientos de este Tribunal Constitucional, que la 
suspensión prevista en el artículo 384 bis LECrim «se refiera solamente a los casos de 
delitos de rebelión cometidos por bandas armadas» (fundamento jurídico 3 del auto de la 
Sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018).
b)  Al incluir dentro del ámbito de protección de la norma a los recurrentes en tanto 
que procesados por su presunta participación de un delito de rebelión, las resoluciones 
judiciales cuestionadas no se apartan del tenor literal y del significado gramatical de la 
norma, respetan el contenido de la STC 71/1994, y no incurren en aplicación extensiva 
del precepto legal. Ya hemos visto que la citada sentencia no vincula la restricción legal 
del derecho fundamental de que se trata con el empleo de armas o explosivos por la 
persona procesada o por el grupo u organización en la que presuntamente se integra o 
con la que se relaciona. Lo determinante [subapartado ii), apartado b), del fundamento 
jurídico 7] es que la medida se inserta en la persecución de «delitos que conllevan un 
desafío mismo a la esencia del Estado democrático tal como ha encontrado reflejo en el 
propio texto constitucional». A partir de aquí, el juicio de subsunción efectuado por el 
Tribunal Supremo, al entender incluidos a los procesados por el delito de rebelión al que 
provisionalmente  apuntaban  los  indicios,  delito  en  cuya  definición  legal  aparece  en 
primer lugar la finalidad de «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la 
Constitución» (art. 472.1 del Código penal), no puede calificarse de arbitrario, irrazonable  e.
ni incurso en error patente. w.b
gravLeadsa dre sdoelu ciloonse sh iemcphuogsn aidnadsic isaeri ar efiye repnr oevxisteionnsaalmmeennttee  alf ijdaedloitso  deen r ebeel lióanu tyo  a dlea 
Eprsotacedsoa dmeimenotcor,á htieccoh»o. sS oqburee,  eesnt ep apluanbtroa sc adbeel  idnesstrtuacctaorr ,q «uaet eenl taaunt oa  dlaic tmadisom pao re slae nScaiala  ddeel 
recursos de lo Penal del Tribunal Supremo, se remite, a fin de valorar provisionalmente
estos hechos a «las consideraciones que esta Sala de apelaciones ha venido haciendo 
desde el auto de 5 de enero de 2018», y destaca que su gravedad «resulta de tal 
evidencia  que  autoriza  una  motivación  implícita,  que  resultaría  perceptible  por 
cualquiera». Insiste en ello la Sala cuando en el razonamiento jurídico cuarto del auto 
recurrido declara, a propósito de la pérdida de los derechos políticos de los recurrentes 
don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, que la reacción del Estado es 
proporcionada  a  la  gravedad  de  «unos  hechos  que  pretendían,  con  el  auxilio  de 
previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales, no solo de España, sino de 
la  Unión  Europea».  Destaca  finalmente  que  los  principios  democráticos  han  sido 
«seriamente atacados desde posiciones de ejercicio del poder político autonómico, con 
la finalidad de declarar unilateralmente la independencia»; que «se ha intentado derogar, 
en una parte del territorio nacional, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad  Autónoma,  que  garantiza  un  amplísimo  autogobierno,  y  el  resto  del 
ordenamiento  jurídico,  el  cual  ha  sido  aprobado  en  su  integridad  mediante 
procedimientos democráticos generalmente aceptados»; y que «se ha actuado, según 
los hechos imputados y la valoración indiciaria y provisional que cabe hacer en relación 
con los mismos, acudiendo a vías de hecho e incluso incitando o aceptando, al menos, la 
provocación de episodios de violencia o de tumultos», con remisión a lo señalado en 
resoluciones precedentes.
Por tanto, la argumentación empleada sobre este presupuesto legal, relativo a la 
causa o razón del procesamiento, respeta la literalidad de la norma y atiende a la 
naturaleza e importancia del delito en el contexto de cuya persecución se inserta esta 
medida provisional, delito que conlleva «un desafío mismo a la esencia del Estado 
democrático» (STC 71/1994, FJ 6), que era imputado a algunas de las personas que 
ostentaban los más altos cargos públicos en la Comunidad Autónoma de Cataluña y 
cuya lesividad ha sido destacada en múltiples resoluciones a las que se remite el propio 
Tribunal Supremo, lo que cumple con el canon constitucional que resulta aplicable.
De  todo  lo  anterior  se  desprende  que  la  interpretación  llevada  a  cabo  por  las 
resoluciones judiciales impugnadas respetó la exigencia constitucional ex artículo 23.2 
CE de motivación suficiente y razonable.
10.  Conclusión. Los razonamientos expuestos conducen a la conclusión de que la 
demanda de amparo debe ser inadmitida en cuanto a las quejas de los derechos 
fundamentales comprendidos en los artículos 16.1, 20.1, 24.2 y artículo 25.1 CE sobre 
los  derechos  fundamentales  a  la  libertad  ideológica  (art.  16.1  CE)  y  de  expresión 
(art. 20.1 CE), al Juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Se desestima la 
impugnación que invocaba el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el 
derecho de representación y participación políticas (art. 23 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir las quejas, contenidas en el recurso de amparo número 4855-2018 
interpuesto por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, relativas a las  e.e
vulneraciones de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de  b
expresión (art. 20.1 CE), del derecho al Juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), del  38ww
pdeenreacl h(aor at.  2u5n. 1p rCocEe).so con todas las garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la legalidad
2.º  Desestimar el recurso en todos los demás derechos supuestamente vulnerados: 
artículos  24.1  CE,  tutela  judicial  efectiva,  y  artículo  23  (1  y  2),  participación  y 
representación políticas.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.