BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Miércoles 2 de septiembre de 2020 Sec. I.   Pág. 73148
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
10127 Real  Decreto  785/2020,  de  1  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones en materia de industria por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
posibilita la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública.
De acuerdo con el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  ese 
Departamento es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, el desarrollo 
industrial y de la pequeña y mediana empresa.
En el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaría General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, tiene atribuida la competencia sobre la elaboración, 
seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de calidad y seguridad 
industrial y el desarrollo de infraestructuras técnicas asociadas a estas, así como la 
elaboración y seguimiento de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la calidad y 
seguridad  industrial  y  sobre  homologación  de  vehículos,  sistemas,  componentes  y 
unidades técnicas independientes a ellos destinados.
En el ámbito de las competencias que ostenta la Secretaria General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se 
regulan  mediante  este  real  decreto  tres  subvenciones  en  las  que  se  dan  las 
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
que justifican que la opción más adecuada sea la concesión directa por su interés 
público, social y económico.
El título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece diversos 
objetivos para el fomento de la calidad y seguridad industrial en España, entre los que 
destaca el control administrativo del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
seguridad industrial y el fortalecimiento y desarrollo de una infraestructura de calidad y 
seguridad  industrial,  con  los  requisitos  establecidos  en  el  Reglamento  de  la 
Infraestructura  para  la  Calidad  y  la  Seguridad  Industrial,  aprobado  por  Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Por su parte, el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE,  95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,  2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE 
y  2009/105/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  y  por  el  que  se  deroga  la 
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, establece un Sistema Europeo de normalización en apoyo del desarrollo 
legislativo en materia de seguridad de productos, que descansa en los organismos  s
nacionales  de  normalización  de  los  Estados  miembros,  confiriéndoles  numerosas  oe.
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Reglamento (CEE) n.º 339/93, obliga a los Estados miembros, por una parte, a designar a
un organismo de acreditación, que proporcione una declaración oficial de la competencia  Bc
de un organismo para ejercer actividades de evaluación de la conformidad, y, por otra, a 
contar con una organización que garantice la vigilancia del mercado en relación con los 
productos sometidos a legislación armonizada en materia de seguridad industrial, con los 
requisitos establecidos en el artículo 16. En relación con esto último, el artículo 14 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, atribuye al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo la capacidad de organizar planes nacionales de vigilancia de los productos 
industriales  en  el  mercado,  en  colaboración  con  los  órganos  competentes  de  las 
Comunidades Autónomas, para la comprobación de los requisitos de seguridad, dando 
cumplimiento a las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) n.º 765/2008.
La Asociación Española de Normalización es una asociación sin ánimo de lucro para 
el  desarrollo  de  las  funciones  de  normalización  definidas  en  el  artículo  8.5  de  la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, expresamente reconocida como tal por la 
disposición adicional primera del Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura de la Calidad y la Seguridad Industrial. 
La citada asociación está notificada como organismo nacional de normalización a la 
Comisión Europea y se integra en el sistema europeo de normalización previsto en el 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 
de 2012 sobre la normalización europea, a través de su integración en los organismos 
internacionales de normalización.
La normalización constituye un pilar fundamental de la reglamentación en materia de 
seguridad industrial, así como en el ámbito voluntario de la calidad. Las normas tienen 
notables efectos económicos positivos, por ejemplo, promoviendo la penetración en el 
mercado interior de la UE y el desarrollo de mercados o productos nuevos y mejorados, 
así  como  la  mejora  de  las  condiciones  de  suministro.  Con  frecuencia,  las  normas 
aumentan  la  competencia  y  reducen  los  costes  de  producción  y  de  venta,  lo  que 
beneficia a la economía en su conjunto y a los consumidores en particular. Las normas 
pueden  mantener  y  aumentar  la  calidad,  proporcionar  información  y  garantizar  la 
interoperabilidad y compatibilidad, lo que incrementa la seguridad y el valor para los 
consumidores.
Por  ello,  la  actividad  de  normalización  constituye  un  instrumento  para  reforzar  la 
competitividad global de la industria, y ofrece a las empresas, especialmente a las PYME, 
un mecanismo para participar en la elaboración de normas a escala internacional.
Por su parte, la Entidad Nacional de Acreditación es la entidad designada por el Real 
Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de 
Acreditación  (ENAC)  como  organismo  nacional  de  acreditación  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia 
del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93.
Sus  actividades  son  fundamentales  no  solamente  para  el  cumplimiento  de  sus 
funciones  de  acreditar  la  competencia  técnica  de  las  entidades  u  organismos  que 
realizan  actividades  de  evaluación  de  la  conformidad,  certificación,  inspección, 
verificación, ensayo y calibración y de otras que puedan serle confiadas, sino también 
para contribuir a la adopción en España, por parte del tejido productivo, de normas 
internacionales y para la coordinación y representación de España en los organismos 
internacionales  y  de  terceros  países  competentes  en  materia  de  acreditación,  que 
garantice el reconocimiento de los certificados emitidos por EAC.
Ambas entidades constituyen la infraestructura común para la calidad y seguridad  s
industrial, según el capítulo II del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la  oe.
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  w.
Desde  hace  varios  años  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  viene  127ww
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artículo 20 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en cumplimiento de lo
establecido en los Reglamentos UE n.º 765/2008 sobre acreditación y vigilancia de 
mercado, y n.º 1025/2012, sobre normalización europea.
Con  base  en  lo  anterior,  con  el  objetivo  de  garantizar  la  continuidad  de  las 
actividades desempeñadas por la Asociación Española de Normalización y la Entidad 
Nacional de Acreditación durante 2020, concurren razones de interés público, social y 
económico  que  justifican  conceder,  con  carácter  excepcional,  a  cada  una  de  las 
mencionadas  entidades,  una  subvención  por  el  procedimiento  de  concesión  directa 
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial es una fundación, inscrita 
en el Registro de fundaciones de competencia estatal previsto en la Ley 50/2002, de 26 
de  diciembre,  de  Fundaciones,  que  tiene  entre  sus  fines  fundacionales  los  de 
investigación que potencien el desarrollo de las tecnologías que incidan en el bienestar 
social de la comunidad y, sobre todo, en cuantos aspectos se refieran al mejoramiento y 
verificación de la calidad y seguridad de los productos industriales, por lo que son 
actividades propias de la FFII las de investigación, inspección y ensayo en el ámbito de 
la verificación de la calidad y seguridad de los productos industriales.
Se trata, por tanto, de una entidad constituida sin fin de lucro que tiene afectado de 
modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
La citada fundación viene colaborando con la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa en la ejecución de planes y programas para la mejora de 
diversos aspectos asociados a la seguridad industrial desde el año 1994, financiándose 
esta  colaboración  mediante  subvención  nominativa  para  cubrir  los  costes  de  las 
actividades que desarrolla la Fundación para la instrumentación de planes de vigilancia 
del mercado y de investigación y análisis en materia de seguridad industrial, y para 
prestar  asesoramiento  técnico  especializado  al  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo  y  otros  agentes  económicos.  Dichas  actividades  constituyen  un  elemento 
fundamental del sistema de control de la seguridad industrial y están dirigidas a fomentar 
la competencia leal entre los productores y a reducir los riesgos asociados a la presencia 
en el mercado de productos no conformes.
Con base en lo anterior, y ante la necesidad de garantizar la continuidad de los 
planes  de  comprobación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de  los 
productos y las actividades dirigidas a facilitar a los agentes económicos la identificación 
y cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad aplicables a los productos 
industriales durante 2020, concurren razones de interés público, social y económico que 
justifican  conceder,  con  carácter  excepcional,  a  la  mencionada  Fundación,  una 
subvención por el procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar 
justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de 
sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que 
la  norma  aborda  los  extremos  exigidos  por  las  normas  que  regulan  este  tipo  de 
subvenciones, estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa.
Este real decreto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por lo que no 
procede la consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno. s
Igualmente, no es preciso realizar el trámite de información pública y audiencia a los  oe.
ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ya  w.
que esta norma no afecta a sus derechos e intereses legítimos. 127ww
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bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo 
informe de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 1 de septiembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
El  presente  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa  de 
subvenciones,  con  carácter  excepcional  y  dado  que  concurren  razones  de  interés 
público,  social  y  económico,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.c)  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  en  relación  con  lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, a favor de las siguientes 
entidades:
a)  La Asociación Española de Normalización, con el fin de contribuir al desarrollo 
en el ejercicio 2020 de actividades para la potenciación y mejora de la infraestructura 
técnica para la calidad y seguridad industrial prevista en el capítulo II del Reglamento de 
la  Infraestructura  para  la  Calidad  y  la  Seguridad  Industrial  aprobado  por  Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
b)  La Entidad Nacional de Acreditación, con el fin de contribuir al desarrollo en el 
ejercicio 2020 de actividades para la potenciación y mejora de la infraestructura técnica 
para la calidad y seguridad industrial prevista en el capítulo II del Reglamento de la 
Infraestructura  para  la  Calidad  y  la  Seguridad  Industrial  aprobado  por  Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
c)  La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, con el fin de contribuir 
al desarrollo en el ejercicio de 2020 de actividades para la vigilancia del mercado en 
aspectos de seguridad de productos industriales, y para la potenciación de la seguridad 
industrial.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente establecido en este 
real decreto y en la resolución de concesión de cada subvención, por lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de 
publicidad y concurrencia y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas 
que resulten de aplicación.
Artículo 3.  Beneficiarios y actuaciones a financiar.
Las subvenciones se concederán a las siguientes entidades, para la realización de 
las actuaciones que a continuación se expresan:
1.  A la Asociación Española de Normalización, para las siguientes actuaciones:
a)  Pago de cuotas de pertenencia a organismos internacionales y regionales de 
normalización.
b)  Fomento de la participación de Comités Técnicos de la Asociación Española de  es
Normalización en la normalización internacional. o
c)  Elaboración  de  propuestas  de  los  Comités  Técnicos  que  trabajen  en  la  127ww
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2.  A la Entidad Nacional de Acreditación, para la realización de las siguientes 
actuaciones:
a)  Integración en la Infraestructura Europea de acreditación Internacional y en los 
acuerdos multilaterales.
b)  Desarrollo y perfeccionamiento de esquemas de acreditación y apoyo a procesos 
y esquemas de acreditación necesarios para la industria, que no puedan soportar todos 
los gastos de acreditación. Mejora de los medios y procedimientos de trabajo mediante 
un uso intensivo de las TIC con el fin de reducir costes en el proceso de acreditación y 
disminuir los plazos de dichos procesos.
c)  Acciones  de  información  y  comunicación  con  objeto  de  mantener  accesible 
públicamente  y  actualizada  la  relación  de  los  agentes  acreditados  y  los  servicios 
prestados, así como difundir al mercado las ventajas de la utilización de entidades 
acreditadas
3.  A la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, para la financiación 
de las siguientes actuaciones:
a)  Comprobación  de  las  características  de  los  productos  industriales 
comercializados.  Estudio  del  grado  de  cumplimiento  de  la  legislación  relativa  a  los 
productos industriales comercializados.
b)  Actividades  de  formación,  difusión  y  aplicación  de  la  legislación  europea  y 
nacional  en  materia  de  seguridad  y  calidad  industrial  y  de  reglamentación  y 
homologación de vehículos.
c)  Estudio del grado de cumplimiento de la legislación relativa a los productos 
industriales a través de la colaboración con los representantes de España en los grupos 
de trabajo europeos e internacionales en aspectos técnicos derivados de la aplicación de 
la  legislación  en  los  foros  de  seguridad  y  calidad  industrial  y  reglamentación  de 
vehículos, así como el análisis de propuestas técnicas de los sectores industriales a 
trasladar a los foros legislativos.
d)  Estudios de impacto del cumplimiento de la legislación de la Unión Europea a 
nivel nacional y análisis de evaluación de la peligrosidad de mercancías por motivos de 
seguridad en relación con su transporte y REACH (Registro, Evaluación, Autorización y 
Restricción de sustancias y preparados).
Artículo 4.  Cuantía y financiación.
Las subvenciones previstas en el artículo 3 se financiarán con cargo a las partidas 
presupuestarias previstas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, prorrogados para 2020. Sus cuantías y aplicaciones presupuestarias 
son las siguientes:
a)  A la Asociación Española de Normalización: 1.000.000,00 de euros, con cargo a 
la partida presupuestaria 20.09.421O.789.01 del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
b)  A la Entidad Nacional de Acreditación: 175.000,00 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria 20.09.421O.789.02 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
c)  A la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial: 800.000 euros, con 
cargo  a  la  partida  presupuestaria  20.09.421O.789.03  del  Ministerio  de  Industria, 
Comercio y Turismo. e.e
Artículo 5.  Procedimiento de concesión. 127ww
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo 6 del Real
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará por 
resolución  de  la  Ministra  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  sin  perjuicio  de  las 
delegaciones válidas y eficaces en la materia.
Artículo 6.  Pago de las subvenciones.
1.  El pago de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará con 
carácter anticipado a su justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
actuaciones para las que se conceden.
2.  El  pago  de  las  ayudas  se  hará  sin  necesidad  de  constitución  de  fianza  o 
garantía, si bien, con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria 
deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los 
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudor por procedimientos de 
reintegro.  El  beneficiario  podrá  autorizar  al  órgano  instructor  a  consultar  dicha 
información  de  forma  directa  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  de 
acuerdo con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7.  Compatibilidad de la ayuda.
Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos de una finalidad similar, procedentes de cualquiera de las administraciones o 
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  europea  o  de  los  organismos 
internacionales, siempre que la suma de las aportaciones recibidas, incluidas las que se 
regulan en este real decreto, no superen el coste total de la actividad incentivada.
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias y plazo de realización de los 
gastos.
1.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que establece el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, llevar a cabo las 
actividades previstas en el artículo 3, de conformidad con lo que se establezca en cada 
resolución de concesión.
2.  Los  gastos  previstos  deben  realizarse  entre  el  día  1  de  enero  y  el  31  de 
diciembre de 2020. No obstante, los pagos en firme realizados por el beneficiario de la 
ayuda y su correspondiente justificación pueden realizarse hasta el día 31 de marzo 
de 2021.
Artículo 9.  Justificación y plazo para su presentación.
1.  La justificación de la ayuda concedida a la entidad beneficiaria se ajustará a lo 
previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el que se regula la justificación 
de subvenciones con aportación de justificantes de gasto. e.e
2.  La  justificación  deberá  presentarse  a  la  Ministra  de  Industria,  Comercio  y  w.b
Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la materia, antes del 1 de abril  127ww
de 2021.
Artículo 10.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
dicha ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de las subvenciones concedidas 
será la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones 
válidas y eficaces en la materia.
5.  La  entidad  beneficiaria  estará  obligada  a  someterse  a  las  actuaciones  de 
comprobación y seguimiento que efectúe el órgano concedente, las de control financiero 
que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las 
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información 
les sea requerida al efecto.
Artículo 11.  Publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir 
de la subvención prevista en este real decreto deberá incluir que han sido financiadas 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una 
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 12.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias 
se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 
General  de  Subvenciones  y  en  el  título  IV  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Desarrollo y ejecución.
Se  faculta  a  la  Ministra  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  para  adoptar  las  es
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. bo
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA