BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 154 Martes 29 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 77674
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
10787 Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Callosa d'en Sarrià, por la que se 
suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  partición  y  aceptación  de 
herencia.
En el recurso interpuesto por don J. L. Z., en nombre y representación de «Innovalia 
Asesores,  S.L.»,  contra  la  nota  de  calificación  extendida  por  la  registradora  de  la 
Propiedad de Callosa d’en Sarrià, doña Ana María Núñez-Lagos Degano, por la que 
suspende la inscripción de una escritura de partición y aceptación de herencia.
Hechos
I
En escritura de partición y aceptación de herencia autorizada el día 27 de octubre 
de 2020 por la notaria de Callosa d’en Sarrià, doña Manuela María Dávalos Ferrández, 
con  el  número  1.081  de  su  protocolo,  por  fallecimiento  de  doña  T.  I.  I.  resultaba 
designada heredera doña M. T. F. I., residente en Francia.
II
Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Callosa d’en 
Sarrià, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Referencia: 576.
Fecha de entrada: 16/02/2021.
Presentación: Asiento 1154 Diario 128.
N.º protocolo: 1081/2020.
Notario: Manuela María Dávalos Ferrández. Callosa D’en Sarrià.
En relación al título de referencia, previa la calificación del mismo, se acuerda la 
suspensión de la calificación por los siguientes defectos subsanables:
– De conformidad con el artículo 254 de la Ley Hipotecaria: "Ninguna inscripción se 
hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los 
Impuestos establecidos o que se establecieren por las Leyes, si los devengare el acto o 
contrato que se pretenda inscribir".
– De conformidad con el artículo 255 de la Ley Hipotecaria: "No obstante lo previsto 
en el artículo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto; mas, en tal caso, se suspenderá la calificación y la 
inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin 
de que se satisfaga dicho impuesto.
Pagado éste, se extenderá la inscripción o asiento de que se trate y sus efectos se  bo
retrotraerán a la fecha del asiento de presentación, si se hubiere devuelto el título dentro  787ww
rdaeestilre opSntlriat aozse oedr á eddn epe  srvveoiogslalevemninecteraienac t iedeó elna l,t   ílmaytu  ifsllooems cd ohee.afs edpceutloé nssu  dedeve o la lao sisni essncertosipe.cniótan  duí aosp,e draecbióenrá q euxet esned veersriefi qnuuee vsoe   OE-A-2021-10able en https://
En el caso de que por causa legítima debidamente justificada no se hubiere pagado 
el impuesto dentro de los sesenta días, se suspenderá dicho término hasta que se 
realice el pago, expresándose esta suspensión por nota marginal en el asiento de 
presentación, la cual se extenderá siempre que al Registrador no le conste la certeza del 
hecho, en vista del oportuno documento acreditativo.
En estos casos el asiento de presentación caducará a los ciento ochenta días de su 
fecha".
Observaciones: El certificado de presentación y pago del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones que se acompaña no se corresponde con el Modelo 650 que asimismo se 
acompaña.
Se hace constar que, además, la Oficina Liquidadora competente para la liquidación 
del Impuesto es la Oficina Liquidadora de Callosa d’en Sarrià, y no la Oficina Nacional de 
Gestión Tributaria.
La  presente  calificación  se  comunica  a  los  efectos  de  retirada  del  título  y 
subsanación de defectos dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.
La calificación registral podrá (…)
Callosa d’en Sarrià, a diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno. La Registradora 
(firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. L. Z., en nombre y representación de 
«Innovalia Asesores, S.L.», interpuso recurso el día 16 de marzo de 2021 en base a las 
siguientes alegaciones:
«El  presente  recurso  se  presenta  debido  a  haber  recibido  el  2.º  acuerdo  de 
suspensión de calificación con fecha 25/Feb/2021 sin argumentación clara después de 
las alegaciones presentadas acerca de la denegación de inscripción.
Entendemos que nos encontramos con un conflicto de intereses al hallarse la Oficina 
Liquidadora integrada dentro del Registro de Propiedad de Callosa de Ensarria. El 
documento de calificación no se presenta a la Oficina liquidadora, sino al Registro de 
Propiedad para calificar un cambio de titularidad.
El art 254 de la Ley hipotecaria indica textualmente "ninguna inscripción se hará en el 
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos...". Dicha formalidad ha quedado claramente cubierta en la documentación 
presentad a para su inscripción y que se anexa al presente recurso. Consideramos por 
ello que no ha lugar a las observaciones propuestas de:
1.  El  certificado  de  presentación  y  pago  del  impuesto  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones que se acompaña no se corresponden al modelo 650 que asimismo se 
acompaña. Carece de fundamento ya que la validación mecánica y sello de la entidad 
financiera del pago están impresos sobre el propio documento del modelo 650 - ISD.
2.  Que la Oficina Liquidadora competente para la liquidación del impuesto es la 
Oficina Liquidadora de Callosa de Ensarria y no la Oficina Nacional de Gestión Tributaria.
a.  No es un elemento expresamente tasado para la denegación de la calificación.
b.  No es competencia del Registro de la Propiedad.
c.  En  el  documento  de  alegaciones  presentado  el  22/02/2021  se  informa  e
expresamente  que,  en  el  momento  del  devengo,  la  heredera  es  no  Residente,  bo
adjuntando  la  documentación  que  así  lo  corrobora,  por  lo  que  está  correctamente  787ww
presentado en la Oficina Nacional de la AEAT.
Solicitamos:
La  inscripción  registral  del  cambio  de  titularidad  de  los  bienes  conforme  a 
documentación aportada.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria; 31 y 34 y la disposición adicional 
primera  de  la  Ley  29/1987,  de  18  diciembre,  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones; los artículos 70, 71, 72, 87, 87 bis y 100 del Real Decreto 1629/1991, de 8 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones; único de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero 
de 2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del 
Departamento de Gestión Tributaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 3, 9 y 13 de marzo, 4 de abril y 22 de mayo de 2012, 5 de 
agosto, 28 de octubre y 8 de noviembre de 2013, 20 y 30 de enero, 6 de mayo y 13 de 
septiembre de 2014, 18 de febrero y 11 de abril de 2016 y 24 de mayo, 12 de junio y 31 
de agosto de 2017.
1.  Son  hechos  a  tener  en  cuenta  para  la  resolución  de  este  expediente  los 
siguientes:
– En escritura de partición y aceptación de herencia autorizada el día 27 de octubre 
de 2020 por fallecimiento de doña T. I. I. resulta designada heredera doña M. T. F. I., 
residente en Francia.
– Se acompañaba una autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(modelo 650), con número de registro identificativo de documentación 6530000908523, 
con una cuota a ingresar positiva, la cual se halla debidamente mecanizada por la 
entidad bancaria, en fecha 22 de diciembre de 2020, con su correspondiente NRC.
– Se  acompaña  así  mismo  certificado  acreditativo  de  presentación  y  pago  del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones expedido por la Oficina Nacional de Gestión 
Tributaria, con fecha 26 de noviembre de 2020 y con número de Referencia 2020N25516 
que  se  refiere  a  una  autoliquidación,  cuyo  justificante  responde  al 
número 6530000908523, es decir el modelo 650 identificado anteriormente, con una 
cuota a ingresar de cero euros, y con un NRC diferente.
La registradora entiende que no puede levantarse el cierre registral impuesto por el 
artículo 254 de la Ley Hipotecaria por dos motivos: que el certificado de presentación y 
pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se acompaña no se corresponde 
con el modelo 650 que, asimismo, se acompaña, y que la oficina liquidadora competente 
para la liquidación del Impuesto es la Oficina Liquidadora de Callosa d’en Sarrià, y no la 
Oficina Nacional de Gestión Tributaria.
2.  El artículo 254 de la Ley Hipotecaria es explícito al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales. e.e
La inadmisión de los documentos inscribibles en los registros públicos si no se  w.b
acreditara  el  cumplimiento  fiscal  del  contribuyente,  constituye  una  de  las  medidas  787ww
ceusmtapblliemciiednatso  ppoorr  loesl  sluejgeitsolas dpoars iveons  odred elan  obal igeavciitóanr  deel  pfrreasuednet afcisiócna lq uye  lgeasr aimntpizoanre  eell 
laar tíocbulliog a2c9i.ó2n.c )p daera  lae Ll erye g5i8st/r2a0d0o3r,  ddee l 1a7r cdhicivieom  bdree , loGse njuesratifl icTarinbtuetsa ri(aa,r taícsuí lcoosm  2o5 a6ñ aLdeey 
Hipotecaria y 51.13.ª y 410 del Reglamento Hipotecario).
Se excluye el acceso al Registro de la Propiedad y se impone al registrador el deber 
de  comprobar,  para  la  admisión  del  documento,  el  previo  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias a que pudiera estar sometido el acto o contrato que pretenda 
acceder al Registro, permitiéndose únicamente antes de que se verifique la presentación 
en la oficina fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, la 
práctica  del  asiento  de  presentación,  suspendiendo  en  tal  caso  la  calificación  y  la 
inscripción,  con  devolución  del  título  presentado,  a  fin  de  satisfacer  el  impuesto 
correspondiente o, en su caso, alegar ante la autoridad fiscal la no sujeción o exención 
del impuesto de los actos contenidos en el documento presentado.
Este Centro Directivo ha reiterado que conforme al artículo 254 de la Ley Hipotecaria, 
para que un documento pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad es necesario 
con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se 
presente, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante (bien lo 
sea igualmente en soporte electrónico o en papel) que el documento ha sido presentado 
a liquidación del impuesto que corresponda, o que dicho impuesto ha sido objeto de 
autoliquidación (bien haya sido esta última con ingreso de la cuota que corresponda, 
bien se haya alegado la exención o no sujeción que en su caso corresponda). Y, añade, 
para acreditar el pago, exención o no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la 
carta  de  pago,  debidamente  sellada,  como  la  nota  de  justificación,  exención  o  no 
sujeción, que deberán ser expedidas por la oficina liquidadora correspondiente.
3.  Respecto  de  las  obligaciones  que  la  legislación  fiscal  establece  para  los 
registradores de la Propiedad en el proceso de inscripción, cabe recordar que es doctrina 
reiterada de este Centro Directivo que, si bien el artículo 254 de la Ley Hipotecaria 
impone al registrador el deber de comprobar el pago de los impuestos que devengue 
todo acto que pretenda su acceso al Registro como requisito previo para la práctica del 
asiento, tal deber queda cumplido si el documento presentado contiene nota firmada por 
el liquidador del Impuesto que acredite su pago, prescripción o exención, o nota al pie 
del  título  expresiva  de  la  presentación  de  la  autoliquidación  correspondiente  (no 
pudiendo en tal hipótesis suspender la inscripción so pretexto de error o deficiencia de la 
liquidación practicada), sin perjuicio de que el registrador, si lo estima procedente, pueda 
poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que considere oportuno; solución 
ésta que permite la adecuada composición de los intereses en juego, y, concretamente, 
los  de  la  Hacienda  Pública,  mediante  el  suministro  a  la  misma  de  los  elementos 
necesarios para la exacción del impuesto y la nota que el registrador habrá de extender 
al margen de la inscripción del bien de que se trate para hacer constar la afección de 
éste al pago de la correspondiente liquidación tributaria.
Esta Dirección General se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el alcance y 
contenido de dicha competencia determinando, además de la posibilidad de impugnar la 
suspensión acordada (vid. Resolución de 3 de octubre de 2014), que el cierre registral no 
puede ser mantenido por actuaciones distintas a las previstas en el artículo 254 de la Ley 
Hipotecaria (vid. Resolución de 3 de marzo de 2012), que el cierre registral se produce 
respecto de los distintos hechos imponibles sujetos a tributos diferentes que exigen 
declaraciones igualmente diferentes (vid. Resolución de 11 de abril de 2016). Asimismo, 
ha declarado que el cierre registral no puede quedar salvado por presentación ante 
administración distinta a la territorialmente competente (vid. Resolución de 18 de febrero 
de 2016, entre otras).
En concreto, el artículo 100.1 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones, dispone: 
«Cierre registral: 1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad  s
Industrial, no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga  oe.
acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio o título  w.
lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el Impuesto  787ww
soo lbar per eSsuecnetsaicoinóens d ye  Daoqnuaécl iaonntees l oos,  óerng saun ocsa scoo,m lap edteecnltaersa cpiaórna  dseu  elixqeunidcaiócnió on »n.o sujeción,
únicPaomre lnot eta nptood ryá  etne nceornstera  pdoer  lrae aolpizinaidóon,  dceula rnedcou rrlae nmtei,s mela r ehqauyisai tote dneid ola  lupgreasre anntateci ólan   BOE-A-cable e
Administración Tributaria competente para exigirlo y por lo tanto el registrador debe 
calificar este punto.
4.  Entrando en el análisis de los defectos observados, respecto del primero de 
ellos,  que  el  certificado  de  presentación  y  pago  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones que se acompaña no se corresponde con el modelo 650 que asimismo se 
acompaña, debe analizarse la sucesión de hechos y justificantes aportados.
Del certificado acreditativo de presentación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones  de  la  Oficina  Nacional  de  Gestión  Tributaria  con  número  de 
referencia 2020N25516 resulta que, con fecha 26 de noviembre de 2020, fue presentada 
una autoliquidación, cuyo justificante responde al número 6530000908523, con una 
cuota a ingresar positiva; sin embargo, el ingreso que se efectúa es de cero euros como 
consta en el NRC correspondiente.
En la misma fecha 26 de noviembre de 2020, se solicita y registra correctamente el 
aplazamiento y fraccionamiento del pago de la cantidad devengada, con petición de 
pago del primer plazo el día 5 de enero de 2021. Esto explica que, aun presentada la 
autoliquidación con cuota positiva, el ingreso inicial sea de cero euros.
El  día  22  de  diciembre  de  2020  la  citada  autoliquidación  del  Impuesto  sobre 
Sucesiones y Donaciones (modelo 650), con el número 6530000908523, es decir la 
misma autoliquidación para la que se había solicitado el aplazamiento y fraccionamiento, 
es  objeto  de  pago  por  la  cantidad  devengada  tal  y  como  consta  debidamente 
mecanizada por la entidad bancaria, en fecha, con su correspondiente NRC. Pago que 
se realiza de forma telemática.
En  la  misma  fecha,  se  procede  a  la  presentación  en  el  citado  expediente  de 
referencia  2020N25516  de  la  autoliquidación  y  el  justificante  de  pago  junto  con  la 
solicitud de cancelación del aplazamiento solicitado.
Por lo tanto, no hay discordancia alguna en las autoliquidaciones presentadas puesto 
que,  como  se  ha  expuesto,  se  trata  de  una  misma  autoliquidación  y  de  un  único 
expediente.
Respecto al NRC (Número de Referencia Completo) es el código generado por la 
entidad bancaria como justificante, para identificar un ingreso tributario. Consta de 22 
caracteres alfanuméricos, entre los que se incorpora, de forma cifrada, la información del 
número de identificación fiscal del declarante, el importe, el modelo, el ejercicio y el 
período. El NRC aparecerá en el justificante de la operación, junto con el resumen de los 
datos del ingreso. Por ello es diferente en cada ingreso, y en este caso así sucedió, 
aunque con la primera presentación no se efectuara pago alguno por su aplazamiento.
Todos  estos  datos  pueden  fácilmente  comprobarse  mediante  verificación  de  los 
correspondientes  códigos  seguros  de  verificación  y  la  mera  comprobación  de  su 
contenido y fechas.
Debe recordarse que el registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a 
llevar a cabo la verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el 
acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación 
incorporado  al  propio  documento.  Esta  obligación  es  plenamente  coherente  con  la 
general  que  impone  al  registrador  calificar  la  autenticidad  y  vigencia  de  la  firma 
electrónica  de  un  documento  presentado  mediante  la  oportuna  consulta  al 
correspondiente prestador de servicios de certificación o, la calificación de autenticidad 
de una carta de pago electrónica, o de cualquier otro documento remitido de forma 
telemática al Registro.
En consecuencia, el defecto debe ser revocado. s
5.  Respecto del segundo defecto, la registradora se limita a señalar que la oficina  oe.
liquidadora competente para la liquidación del Impuesto es la Oficina Liquidadora de  w.
Callosa d’en Sarrià, y no la Oficina Nacional de Gestión Tributaria. No justifica en que  787ww
qnuoerm nao  shea ybaa sqau epdaarad ad eatcerremdiintaadr ala l ain rceosrirdeecnccióian  ddeel  lsau pjerteos peanstaivcoió.n de la autoliquidación, o
de ALdam Rineissotrlaucciióónn  Tdreib u2t7a rdiae,  dmicoiedmificbare e ld aep 2a0rt1a7d,o d tee rlcae Pror edseid lae ndceia 1 d9e d ela  feAbgreenroc iad eE 2s0ta0t4a,l   BOE-A-cable e
sobre  organización  y  atribución  de  funciones  en  el  ámbito  de  competencias  del 
departamento  de  gestión  tributaria,  señalando  en  su  apartado  1.  A).10.º:  «Las 
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, correspondiente a los no residentes, así como la iniciación, instrucción y 
resolución de los procedimientos sancionadores que deriven de tales actuaciones o 
procedimientos. A estos efectos, el Área Ejecutiva de la Oficina Nacional de Gestión 
Tributaria tendrá el carácter de órgano de inspección y el Jefe de la citada Oficina la 
consideración de Inspector-Jefe, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5, 
61.2 y 166.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio».
En la autoliquidación presentada, consta que la heredera esta domiciliada en el 
extranjero, concretamente en Francia, dato este que no se contradice en la calificación, 
por lo que tratándose de no residente la competencia para la liquidación corresponde a 
la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, conforme se ha expuesto.
Por lo tanto, el defecto debe ser igualmente revocado.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  7  de  junio  de  2021.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.