BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47635
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6614 Pleno.  Sentencia  68/2021,  de  18  de  marzo  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4261-2018. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en 
relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos  del  sector  público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Competencias en 
materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos legales 
estatales  relativos  al  órgano  competente  para  resolver,  en  el  ámbito 
autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia de las 
clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica 
del perfil de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con 
la  Constitución  de  distintos  preceptos  legales  y  apreciación  de  diversos 
supuestos de disconformidad con el orden constitucional de distribución de 
competencias.
ECLI:ES:TC:2021:68
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4261-2018, promovido por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Ha comparecido y formulado alegaciones el 
abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 24 de julio de 2018 tuvo entrada en el registro general de este tribunal 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la letrada de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en defensa y representación del Gobierno de esa comunidad, contra los  e
siguientes artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público,  b
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento  14ww
aEduerolapnetoe , yL CdSePl )C: oanrts. e2jo.3  2e0n1 c4o/2n3e/xUióEn  yc o2n0 l1a4 /d2is4p/UoEsi,c iódne  f2in6a l dper imfeebrrae; roa rtd. e9 .22;0 a1r4t . (1e1n; 
aarpta. r1ta8d; oasr t1s,.  22,6 4.2,  6y  y3 p1r9im eenr  pcáornreaxfoió dne c loan l eetrl aa brt).  d2e7l .2a paa)r;t aadrot.  72 8d.e4l;  aartr.t .3 229; .l2e;t raa rct.)  3d0e;l 
apartado  2  del  art.  39  en  conexión  con  el  art.  347.3;  art.  41.3;  letras  a)  y  c)  del
apartado 1, letra e) del apartado 2 y apartado 7 del art. 44; art. 46.4; art. 49; art. 52.3; 
art. 58.2; art. 62; art. 63.4 y 6; art. 69.1 y 2; art. 71; art. 72; art. 73; art. 77.3; art. 80.2; 
art. 82.2; art. 86.3; art. 88.1 a), c) y e); párrafo segundo in fine de la letra a) y letras e) y 
g) del apartado 1 del art. 90; art. 99; art. 101.3; art. 103.6; art. 106; art. 107; art. 108.1; 
art. 111; art. 115.1 y 3; art. 117; art. 118.3 y 4; art. 121.2; art. 122; art. 125.1; art. 127.2; 
art. 128.2; art. 141; art. 143; art. 145; art. 146; art. 147; párrafo segundo del art. 148.3; 
art. 149.4 y 6; art. 150.1; párrafos segundo y tercero del art. 154.7; art. 156; art. 157; 
letras a) de los apartados 1 y 4 del art. 159; art. 166.2; art. 177.3 a); art. 185.3; art. 187. 3 
y 11: art. 191.3 b); art. 195; párrafo segundo del art. 198.2; art. 202; art. 212.8; art. 213; 
art. 214.2 a) y b); art. 215; art. 217.2; art. 221; art. 226; art. 232.6, 7 y 8; art. 241.3; 
art. 242.3; art. 250.1 b); art. 270; art. 279; art. 280; párrafo segundo del art. 283.1; letra a) 
in fine del art. 288; art. 290.6; letra c) in fine del art. 294; párrafo segundo in fine del 
apartado 2 y apartado 3 del art. 308; art. 312; art. 331; art. 332; art. 333.3 y 6; art. 334.1; 
art.  335.1;  art.  336.1;  párrafo  tercero  del  art.  346.3;  párrafos  tercero  y  quinto  del 
art. 347.3; apartado 7 de la disposición adicional segunda; disposición adicional vigésima 
segunda, vigésima tercera y trigésima octava; disposiciones finales primera, segunda, 
tercera y quinta; y apartado segundo de la disposición final sexta.
Se sostiene en la demanda que se infringen diversos preceptos que integran el 
bloque de constitucionalidad. Por una parte, se alega la vulneración de los arts. 9.3, 
136.4, 149.1.18, 149.1.8, 148.1.3 y la disposición adicional primera de la Constitución; 
por otra parte, la infracción de los siguientes preceptos del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, (en adelante, EAAr): 
art. 1; apartados 1, 2, 5, 7, 9 y 10 del art. 71; apartados 11 y 12 del art. 75; art. 93.2 y la 
disposición  adicional  tercera.  Además,  se  aduce  la  infracción  de  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Los motivos en los que se fundamenta el recurso de inconstitucionalidad se articulan 
en cinco bloques, precedidos de una consideración de orden material. Se afirma que los 
motivos de inconstitucionalidad en los que se fundamenta el recurso son transversales y 
afectan conjuntamente a la mayoría de los preceptos impugnados. En primer lugar, 
muchos de los preceptos no han realizado una correcta transposición de las directivas 
europeas, de lo que se deriva que la legislación que en desarrollo de esa normativa dicte 
la Comunidad Autónoma de Aragón –los preceptos recurridos tienen carácter básico– 
infrinja también el Derecho de la Unión Europea. En segundo lugar, muchos de los 
preceptos recurridos prevén la posibilidad de adopción de alternativas por el órgano de 
contratación o por los pliegos, lo que encaja difícilmente con su carácter básico, pues a 
juicio del Gobierno aragonés una norma que permite la diversidad no puede ser el 
mínimo común denominador. Y en tercer lugar, se considera que las disposiciones 
finales  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público  deberían  haber  dispensado  a  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto territorio foral, el mismo trato que a la 
Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, respetando 
sus derechos históricos y reconociendo su actualización.
A continuación, se exponen de forma sucinta los motivos de impugnación:
a)  Alteración  del  sistema  constitucional  de  distribución  de  competencias  y 
vulneración del principio de neutralidad en la trasposición del Derecho de la Unión 
Europea.
Con apoyo en la doctrina de este Tribunal Constitucional (STC 141/1993, de 22 de 
abril, FJ 2) y el art. 93.2 EAAr, invoca el Gobierno aragonés el principio de neutralidad en  e
la trasposición de la normativa comunitaria, así como su competencia para el desarrollo  bo
normativo y ejecución de la legislación básica en materia de contratación de acuerdo con  14ww
el arCt.o 1n4 9b.a1s.1e8  eCnE l oy  laonst earritosr.  7y5 .p1o1r  ya 1lt2e rEaAr Aerl. sistema constitucional de distribución de
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preceptos  que  carecen  de  tal  carácter,  cercenando  con  ello,  por  vaciamiento,  las 
competencias autonómicas.
Las disposiciones finales segunda y tercera LCSP son inconstitucionales por no 
reconocer a la Comunidad Autónoma de Aragón su carácter de territorio foral –tal como 
se deriva del art. 1 y la disposición adicional tercera del EAAr– y no dispensarle, por ello, 
el mismo trato que a las comunidades de Navarra y el País Vasco. En todo caso, los 
citados preceptos se deberían interpretar por el Tribunal Constitucional de manera que el 
régimen jurídico en ellos previsto se extienda también a Aragón.
Por último, la disposición final quinta se considera inconstitucional por afirmar sin 
matices  que  mediante  la  Ley  de  contratos  del  sector  público  se  incorporan  al 
ordenamiento jurídico las directivas europeas, lo que supone declarar agotada dicha 
trasposición y eliminar la posibilidad de que las comunidades autónomas en general y, en 
particular, Aragón puedan ejercer sus competencias en la materia.
b)  Vulneración de la doctrina constitucional sobre la legislación básica.
De acuerdo con la doctrina de este tribunal sobre la legislación básica con carácter 
general y, en particular, en materia de contratación pública (STC 141/1993, FJ 5), se 
argumenta en la demanda que la normativa básica en materia de contratación tiene 
como  objeto  principal  proporcionar  las  garantías  de  respeto  y  cumplimiento  de  los 
principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a 
los ciudadanos un común tratamiento por parte de todas las administraciones públicas, 
pero no toda normativa que incida en estos aspectos debe ser considerada básica. Por 
no tener el carácter de básicos, son objeto de impugnación los siguientes preceptos: 
art. 9.2; art. 11; art. 18; art. 29.2; apartados 1, 2, 4 y 6 del art. 32; art. 52.3; art. 69.1; art. 71; 
art. 72; art. 73; art. 82.2; art. 88.1 a); art. 99; art. 101.3; art. 106; art. 107; art. 108.1; art. 111; 
art. 115.1 y 3; art. 117; art. 121.2; art. 122; art. 125.1; art. 127.2; art. 143; art. 145; art. 146; 
párrafo segundo del art. 148.3; art. 149.4 y 6; art. 156; art. 157; art. 185.3; art. 187.3; párrafo 
segundo del art. 198.2; art. 202; art. 212.8; art. 215; art. 221; art. 226; art. 232.6, 7 y 8; 
art. 241.3; art. 242.3; párrafo segundo del art. 283.1; art. 308.3; art. 312; art. 336.1 y el 
apartado 7 de la disposición adicional segunda, relativa a la contratación de los entes locales.
Se aduce en el recurso que no puede atribuirse el carácter de básico a aquellos 
preceptos que establecen una regulación de detalle o de procedimiento, que sin mermar 
la  eficacia  de  los  citados  principios  básicos,  pudieran  ser  sustituidos  por  otras 
regulaciones complementarias o de detalle, elaboradas por las comunidades autónomas 
con competencia para ello. Y esto es lo que, según el recurrente, ocurre en este caso, 
pues los preceptos de la Ley de contratos del sector público objeto de impugnación 
impiden o limitan la posibilidad de desarrollo legislativo por la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Se alega también que dichos preceptos invaden otros títulos competenciales 
autonómicos,  en  materia  de  procedimientos  especiales,  urbanismo  o  vivienda,  y 
colisionan con la potestad de autoorganización de la comunidad autónoma.
Además, se sostiene que el hecho de que algunos de los preceptos de la Ley de 
contratos del sector público traspongan el contenido de otros incluidos en las directivas 
europeas, es insuficiente en orden a dilucidar la corrección de su calificación como 
básicos. Y, por otra parte, se pone de manifiesto que la trasposición ha omitido algunos 
preceptos  comunitarios  o  los  ha  incorporado  con  cambios,  dotando  al  conjunto  de 
carácter básico. El Gobierno de Aragón considera que esta normativa, al ser básica, se 
impone a la comunidad autónoma, a pesar de su obligación de respetar el principio de 
prevalencia del Derecho europeo. e
c)  Establecimiento de normas de aplicación supletoria. w.
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ldeeg isalpalcicióanc iaóunt osnuópmleitcoar iap asrao bdreef ineirs aa lgmuinsam cau ecsuteiósnti óyn, .a  Slae  vseozs, tdieisnpeo nqeune  usnea  vreuglnuelarac iólna   BOE-A-cable e
doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la cláusula de supletoriedad del Derecho 
estatal del art. 149.3 CE (SSTC 188/1996 y 61/1997); en concreto, que dicha cláusula no 
puede operar como regla atributiva de competencias, debiendo el Estado invocar un 
título competencial específico que le habilite para dictar el derecho supletorio. En este 
caso,  se  argumenta  que  el  Estado  no  puede,  al  amparo  de  su  competencia  para 
establecer la legislación básica en materia de contratación, dictar normas supletorias; y 
esta es la infracción constitucional que se reprocha al art. 41.3; art. 46.4; art. 99.7; 
art. 107; art. 128.2; art. 141, y art. 147; y también a la ya recurrida disposición final 
primera.
d)  Infracción de la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
En aplicación del principio de neutralidad en la trasposición del Derecho comunitario, 
recuerda la letrada del Gobierno de Aragón, que el hecho de que la Directiva 2014/24/UE 
contemple  cuestiones  de  gobernanza,  planificación  y  organización,  no  supone  una 
alteración de los criterios de distribución competencial. Es por ello que, conforme a la 
doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 50/1999 y 55/2018), se recurren un conjunto 
de  preceptos  que  vulneran  la  potestad  de  autoorganización  autonómica.  Son  los 
siguientes: art. 28.4; 30; apartados 1, 2, 4, 6 y primer párrafo de la letra b) del apartado 7 
del art. 32; art. 39.2 c) por conexión con el art. 347.3; letras a) y c) del apartado 1, y 
letras e) y f) del apartado 2 y el apartado 7 del art. 44; art. 46.4; art. 49; art. 58.2; art. 62; 
art. 63.4 y 6; art. 69.2; párrafos primero y segundo del art. 72.3; párrafo tercero del 
art. 73.1; art. 77.3; art. 80.2; párrafo segundo in fine del art. 90.1 a); art. 103.6; art. 118.6 
por  conexión  con  el  art.  63.4;  art.  147;  art.  150.1;  párrafos  segundo  y  tercero  del 
art. 154.7; art. 159.1 a) y 4 a); art. 177.3 a); art. 187.11; art. 191.3 b); art. 214.2 a) y b); 
art. 215.2; art. 217.2; art. 294 c) in fine; párrafo segundo in fine del art. 308.2; art. 331; 
art. 332; art. 333.3 y 6; art. 334.1; art. 335.1; párrafo tercero del art. 346.3, y párrafos 
tercero  y  quinto  del  art.  347.3.  Y  además,  las  disposiciones  adicionales  vigésima 
segunda, vigésima tercera y trigésima octava; así como, nuevamente los apartados 3 y 4 
de la disposición final primera, y el apartado 2 de la disposición final sexta.
Se sostiene, por la letrada del Gobierno de Aragón, que la calificación como básicos 
de preceptos relativos a la organización y la planificación de la actividad contractual 
lesiona las competencias autonómicas en materia de autoorganización (art. 71.1 EAAr); 
en materia de procedimiento administrativo derivado de sus especialidades organizativas 
(art. 71.7 EAAr) y, por supuesto, en materia de contratación (art. 75.12 EAAr).
e)  Otras vulneraciones del concepto material de bases.
Finalmente, entiende el Gobierno de Aragón que una serie de preceptos de la Ley de 
contratos del sector público vulneran el concepto material de bases que ha establecido el 
Tribunal Constitucional, pues la regulación en ellos contenida no puede considerarse el 
mínimo común denominador normativo. Estos preceptos son el arts. 26.2 y 319 en 
conexión con el art. 27.2 a); art. 72.5; art. 86.3; letras c) y e) del art. 88.1; letras e) y g) 
del art. 90.1; art. 99.3, 4 y 5; art. 107; art. 118.3; art. 166.2; art. 195; art. 213; art. 250.1 
b); art. 270; art. 279; art. 280; art. 288 letra a) in fine; art. 290.6, y nuevamente, la 
disposición final primera.
A juicio de la letrada del Gobierno de Aragón, los mencionados preceptos exceden 
con claridad de la mera fijación de pautas que proporcionen las garantías de publicidad, 
igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un  e.
tratamiento común por parte de todas las administraciones públicas. El grado de detalle  w.
de estos preceptos impide a las comunidades autónomas aplicar soluciones que, siendo  14ww
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competencia  sobre  legislación  básica  produce  un  efecto  de  sobre-regulación  que,
además  de  generar  incongruencias,  afecta  y  supone  una  quiebra  de  la  seguridad 
jurídica.
Se alega, además, que algunos de los preceptos recurridos incurren en un exceso de 
discrecionalidad, por lo que su aplicación obliga a efectuar una motivación que, por el 
rigor que exige, puede incidir negativamente en la gestión administrativa y dificultar el 
desarrollo normal de la actividad contractual de la administración, así como comprometer 
la seguridad jurídica.
Por último, se considera que algunos de los preceptos impugnados alteran también 
el equilibrio contractual que debe regir entre las partes del contrato, al situar en una 
posición de desventaja a la administración pública frente al contratista. Así ocurre, según 
la letrada del Gobierno de Aragón, en el ámbito de la programación de la actividad 
contractual, en determinadas prohibiciones de contratar, en los plazos de ejecución, en la 
resolución  del  contrato  y,  fundamentalmente,  en  la  regulación  de  las  concesiones 
administrativas, que alteran el principio de riesgo y ventura que soporta el contratista con 
carácter general.
2.  Por providencia de 6 de septiembre de 2018, el Pleno del tribunal, a propuesta 
de  la  Sección  Tercera,  acordó  admitir  a  trámite  el  presente  recurso  de 
inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme 
establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso 
de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través 
de la ministra de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaran  convenientes. 
Finalmente,  se  acordó  publicar  la  incoación  del  recurso  en  el  «Boletín  Oficial  del 
Estado».
3.  El  abogado  del  Estado,  por  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  12  de 
septiembre de 2018, manifestó que se personaba en nombre del Gobierno y solicitó 
prórroga por el máximo legal del plazo concedido para formular alegaciones, habida 
cuenta del número de asuntos que penden ante la abogacía del Estado. Por providencia 
de 12 de septiembre de 2018, el Pleno acordó dar por personado al abogado del Estado, 
en  la  representación  que  legalmente  ostenta,  y  prorrogarle  en  ocho  días  el  plazo 
concedido por providencia de 6 de septiembre de 2018.
4.  Por escrito registrado en este tribunal el 13 de septiembre de 2018, la presidenta 
del Congreso de los Diputados comunicó que la mesa de la Cámara había acordado dar 
por personada a esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC; y asimismo, remitir el recurso a la Dirección de estudios, 
análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. A su vez, el 
presidente del Senado interesó, por escrito registrado con fecha 19 de septiembre 
de 2018, que se tuviera por personada a dicha Cámara en este procedimiento y por 
ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5.  Mediante escrito registrado con fecha 10 de octubre de 2018, el abogado del 
Estado formula sus alegaciones interesando la desestimación del recurso por los motivos 
que sucintamente se exponen a continuación:
A)  Consideraciones previas de carácter general.
La  abogacía  del  Estado  dedica  las  primeras  ocho  alegaciones  de  su  escrito  a  es
formular un conjunto de consideraciones sobre el objeto del recurso, el encuadramiento  o
competencial y la doctrina del Tribunal Constitucional, así como cuestionar la foralidad de  14ww
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Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero, sobre contratación pública. La nueva regulación, como recuerda el abogado del 
Estado, tiene entre sus finalidades: i) mejorar la eficiencia en la contratación pública, 
realizando ajustes y modificaciones en la regulación de la materia para atender a las 
nuevas circunstancias existentes y corregir disfunciones en su aplicación; ii) mejorar la 
transparencia en la contratación pública, al tratarse de un sector expuesto a los riesgos 
de gestión irregular, fraude y corrupción; iii) simplificar y abaratar la gestión de los 
procedimientos de contratación pública y permitir un mayor acceso de las pequeñas y 
medianas empresas a dichos procedimientos; y iv) conseguir objetivos de tipo social, 
medio ambiental, de innovación y de defensa de la competencia.
b)  Atendiendo  a  las  competencias  estatales  (art.  149.1.18  CE)  y  autonómicas 
(art. 75.11 y 12 EAAr), y en clara sintonía con el criterio de este Tribunal Constitucional 
(SSTC 141/1993, 331/1993 y 162/2009), la abogacía del Estado considera que el título 
competencial prevalente para resolver la presente controversia, según el art. 148.1.18 
CE, es el relativo a la «legislación básica sobre contratos».
c)  Se expone, a continuación, la doctrina constitucional sobre el concepto formal y 
material de lo «básico», tanto con carácter general, como en relación con la materia de 
contratación pública. A estos efectos, recuerda el abogado del Estado que corresponde a 
este tribunal deducir, en última instancia, si la norma es o no materialmente básica 
(STC 141/1993, FJ 3) y que la finalidad principal de lo básico es garantizar a los 
ciudadanos un tratamiento común ante las distintas administraciones, por lo que tendrá 
mayor intensidad cuando se trate de regular actividades de eficacia externa, que cuando 
se trate de cuestiones puramente organizativas de incidencia exclusivamente interna. 
Asimismo,  se  subraya  que  la  normativa  básica  en  contratación  pública  tiene  como 
principal objeto «proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y 
seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de 
todas las administraciones públicas» (STC 141/1993, FJ 5).
d)  En relación con la vulneración del principio de neutralidad en la trasposición de 
las  directivas,  entiende  la  representación  procesal  del  Estado  que  se  trata  de  una 
alegación  que  carece  de  sustantividad  autónoma  y  deberá  reconducirse  a  la 
determinación del carácter básico o no de las normas de trasposición que hayan sido 
calificadas como básicas por la disposición final primera de la Ley de contratos del sector 
público. Conforme a la doctrina de este tribunal, el derecho comunitario no es en sí 
mismo canon o parámetro directo de constitucionalidad en los procesos constitucionales 
(SSTC 165/2016 y 117/2017); ello, sin perjuicio, de que prestar atención a cómo se ha 
configurado una institución por la directiva comunitaria puede ser no solo útil, sino 
necesario para aplicar correctamente sobre ella el esquema competencial.
e)  Sobre el reconocimiento de Aragón como comunidad foral, motivo por el que se 
impugnan las disposiciones finales segunda y tercera de la Ley de contratos del sector 
público, por vulneración de la disposición adicional primera de la Constitución Española 
en relación con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón, el 
abogado  del  Estado  rechaza  tal  posibilidad  con  base  en  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional. Recuerda la abogacía del Estado dos cosas: primero, que la disposición 
adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón no constituye canon de validez de 
las normas o disposiciones estatutarias y autonómicas. Y segundo, que la disposición 
adicional primera de la Constitución Española no tiene como fin garantizar u ordenar el 
régimen constitucional de la foralidad civil, sino permitir la integración y actualización en  s
el ordenamiento postconstitucional, con los límites que dicha disposición marca, de  oe.
algunas  de  las  peculiaridades  jurídico-públicas  que  en  el  pasado  singularizaron  a  w.
determinadas partes del territorio del Estado. 14ww
Estaf)d o Lcao nv bualnseer,a ucnióan v edze  mlaá sp,o etens ltaa dd oocrtgriannai zcaotnosrtiaitu eciso ndael.li mPoitra duan ap poar rtlea,  arebcougearcdíaa  qdueel 
dsee  tcraretaa rd, em uondaif ipcoatre os tasdu perximcliur sóivrag aen oinsh eor eenntteid aa dlae sa uqtuoen olmasía c, oqnufeig ucoremnp oo rtdae lpae pnodtaens tadde   BOE-A-cable e
ellas, así como la facultad de conformar libremente, sin intervención del Estado, su 
aparato administrativo (STC 47/2001). Por otra parte, señala que dicha potestad debe 
respetar y, en su caso, desarrollar las bases establecidas por el Estado (STC 227/1988), 
y que la propia Ley de contratos del sector público consagra, en el apartado cuarto de su 
disposición final primera, un reconocimiento expreso de la potestad organizatoria.
g)  Frente a la alegada vulneración de la doctrina sobre supletoriedad estatal como 
criterio de atribución de competencias, la Abogacía del Estado entiende que, salvo en un 
supuesto, los preceptos de la Ley de contratos del sector público establecen reglas 
generales y excepciones, conjunto normativo que tiene carácter de básico. Además, 
recuerda  que  la  doctrina  sobre  la  supletoriedad  ha  sido  matizada  por  el  Tribunal 
Constitucional cuando se trata de incorporar el Derecho europeo (STC 130/2013). De 
este modo, las normas estatales que no sean simple trasposición de las comunitarias, 
sino que sirvan de desarrollo o complemento de estas, solo pueden tener aplicación 
directa, bien cuando hayan de ser consideradas normas básicas de ordenación del 
sector, bien cuando la existencia de una regulación común esté justificada por razones 
de coordinación de las actividades del Estado y de las comunidades autónomas. Con 
estas  salvedades,  las  comunidades  autónomas  pueden  adoptar  las  disposiciones 
necesarias para complementar la normativa europea y regular las cuestiones que les 
correspondan, en el marco del Derecho europeo y de las normas estatales de carácter 
básico o coordinación.
h)  Por  último,  de  acuerdo  con  la  doctrina  de  este  tribunal  (STC  98/2018),  el 
abogado del Estado entiende que el escrito de interposición incurre repetidamente en 
impugnaciones globales de preceptos, en las que se limita a denunciar su excesivo 
detalle, sin detenerse siquiera a examinar su texto. En particular, sostiene la abogacía 
del Estado que el recurso carece de fundamentación en un aspecto clave como es la 
explicación de por qué cada uno de los preceptos legales de los que se predica falta de 
carácter básico, adolece precisamente de ese defecto competencial. Se vulnera de este 
modo la doctrina constitucional que, en relación con el alcance de lo básico, «impide las 
descalificaciones globales imprecisas, exigiendo, por el contrario, la fundamentación 
concreta  de  por  qué  en  cada  caso  debe  entenderse  vulnerado  el  bloque  de 
constitucionalidad» (STC 132/1989).
B)  Vulneración de la doctrina constitucional sobre la legislación básica.
Bajo este epígrafe, el abogado del Estado examina cada uno de los preceptos de la 
Ley de contratos del sector público que han sido objeto de impugnación. Además de 
subrayar que en muchos casos estamos ante un déficit argumental absoluto (arts. 111, 
221,  226  o  241.3)  o  deficiente,  la  abogacía  del  Estado  rechaza  los  motivos  de 
impugnación por entender que se trata de normas de carácter básico por alguna de las 
siguientes razones:
(i)  Delimitan el ámbito de aplicación de la Ley de contratos del sector público, 
estableciendo  definiciones,  reglas  mínimas  para  evitar  su  elusión  y  pérdida  de 
efectividad práctica, o el falseamiento o restricción de la libre concurrencia. Así, ocurre 
con el art. 9.2; art. 18; art. 32.1, 2, 4, 6 y 7 b), y art. 232.6, 7 y 8.
(ii)  Fijan las condiciones que garantizan un tratamiento mínimo uniforme –impuesto en 
muchos casos por las directivas europeas–, así como la seguridad jurídica de los operadores 
en el acceso a la contratación pública: ya sea para asegurar los principios de publicidad y 
transparencia, ya sea para satisfacer otras finalidades generales de interés público tales  s
como favorecer la libre competencia, la reducción de cargas, el régimen de garantías, eliminar  oe.
la discrecionalidad en la acreditación de la solvencia, los criterios de adjudicación o las  w.
aagrarttr..  a71n21tí.5a1.s 1 y p y2r o;3 pa; iarats.r  t7.d 3e1;l2  a2sr;et .ra v8ritc2.i .o21 ;2p 5aú;rb t.ali cr8to.8 .. 11E4 s3a ;) e; ala rcrt.ta . s19o49 5;d ; eaalr tr.at .r 1t1.0 4126.93;. ;2 a;a rratt..r  t11. 405762;;.  3aa;r rtat.. r 1t1.0 46789; ..3a1,r; t .pa 1árt0r. r8a7.f11o;;    2021-6614n https://ww
segundo; art. 149.4 y 6; art. 156; art. 157; art. 185.3; art. 187.3; art. 202; art. 215;
art. 283.1, párrafo 2; art. 308.3; art. 312 y art. 336.1.
(iii)  Tratarse de reglas dictadas al amparo de la competencia estatal para establecer 
el régimen jurídico básico de las administraciones públicas. Así sucede con el art. 72.4; 
art. 121.2, y el apartado 7 de la disposición adicional segunda.
(iv)  No articular la impugnación sobre la base de motivo de inconstitucionalidad 
alguno, bien por tratarse de materias de legalidad ordinaria, bien por limitarse a afirmar 
que se trata de una defectuosa trasposición de las directivas comunitarias. Es el caso de 
los arts. 11 y 117.
C)  Inadmisibilidad de las normas supletorias.
La abogacía del Estado rechaza las tachas de inconstitucionalidad formuladas por 
este motivo debido a que en algunos casos no se realiza, por parte del recurrente, una 
correcta lectura de los preceptos impugnados, bien porque no se habilita al órgano de 
contratación para decidir el modelo de declaración responsable (art. 141), bien porque se 
le  impone  la  obligación  de  aceptar  medios  de  prueba  diferentes  para  acreditar  la 
certificación  (art.  128.2).  En  otros  casos,  la  imposición  con  carácter  básico  a  las 
comunidades autónomas de atribuir la competencia en materia de revisión de oficio a un 
órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa (art. 41.3), se ampara en el título 
estatal para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas.
El abogado del Estado admite que el único supuesto en el que cabe hablar de 
aplicación supletoria es el del art. 46.4 que, en relación con el recurso especial en 
materia de contratación, pretende evitar que dicho recurso quede sin efecto útil en el 
ámbito  de  contratación  de  las  entidades  locales  ante  una  supuesta  pasividad 
autonómica.
D)  Vulneración de la potestad de autoorganización de la comunidad autónoma.
El abogado del Estado rechaza que los preceptos examinados en este precepto 
incurran  en  una  vulneración  de  la  potestad  de  autoorganización  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón al considerar que se trata de normas básicas (salvo el art. 30) que:
(i)  Garantizan un tratamiento mínimo uniforme, en cumplimiento de las directivas 
europeas, al servicio de la seguridad jurídica e igualdad de los operadores y del interés 
público, así como para la consecución de los principios de publicidad, transparencia y 
libre competencia. Es el caso del art. 28.4; art. 39.2 c); art. 44.1 a) y c), 2 e) y f), y 7; 
art. 49; art. 62; art. 63.4 y 6; art. 72.3, párrafos primero y segundo; art. 73.1, párrafo 
tercero; art. 77.3; art. 80.2; y art. 154.7, párrafos 2 y 3; art. 159.1 a) y 4 a); art. 191.3 b); 
art. 214; art. 217.2; art. 335.1; art. 347.3, párrafos tercero y quinto, y de la disposición 
adicional vigésima segunda.
(ii)  Establecen principios y reglas de procedimiento administrativo común singular, 
al  amparo  de  la  competencia  estatal  del  art.  149.1.18  CE  (art.  69.2).  O  son 
manifestación, conforme a los arts. 149.1.18 y 13 CE, de los principios de coordinación, 
cooperación y auxilio recíproco que rigen las relaciones interadministrativas (art. 90.1, 
párrafo segundo in fine; art. 103.6; art. 331; art. 332; art. 334.1; y disposición adicional 
vigésima  tercera),  o  bien  buscan  garantizar  los  principios  de  eficacia,  eficiencia  y 
sostenibilidad de su acción en aras del interés público [arts. 294 c) in fine y 333.3 y 6], o 
los de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública (art. 308.2, párrafo 
segundo in fine).
En relación con otros preceptos también impugnados por este motivo, la abogacía 
del Estado se remite a lo expuesto, en su escrito de alegaciones, al examinar los mismos  e.e
en el apartado relativo al cuestionamiento del carácter básico (apartados 1, 2, 4, 6 y  b
primer párrafo de la letra b) del apartado 7 del art. 32; art. 46.4). En algunos casos  14ww
einntetiervnednec ióqnu ea uetlo npóremciecap to(a rets.  5s8u.s2c),e pot ibelle  redceu ruson ar eisnuteltrap rpertaecmióantu rnoo  ye pxcreluvyeenntitveo  d[aer tlsa. 
177.3 a) y187.11].
E)  Otras vulneraciones del concepto material de bases.
Por último, el abogado del Estado examina el conjunto de preceptos de la Ley de 
contratos del sector público que, a juicio del Gobierno de Aragón, vulneran el concepto 
material de bases que ha establecido el Tribunal Constitucional; argumento que es 
rechazado por considerar que:
(i)  El recurrente yerra en la interpretación de los preceptos [art. 26.2 en conexión 
con el 27.2 a), y art. 288 a) in fine].
(ii)  O que estos preceptos establecen un mínimo común impuesto por las directivas 
comunitarias [arts. 72.5, 88.1 c) y e), 90.1 e) y g) y 166.2].
Además,  respecto  de  otros  preceptos,  la  abogacía  del  Estado  entiende  que  el 
recurrente incumple de forma absoluta el deber de argumentar (arts. 86.3 y 213); se 
limita  a  suscitar  dudas  interpretativas  sobre  una  cuestión  de  legalidad  ordinaria 
(art. 118.3), o expresa su mera discrepancia sobre la regulación básica establecida por el 
legislador estatal (arts. 195, 213, 270, 279, 280 y 290.6).
6.  Por providencia de 16 de marzo de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Planteamiento y marco normativo.
a)  En los términos delimitados por las pretensiones procesales de las partes, el 
presente proceso constitucional tiene por objeto determinar si los preceptos recurridos de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tienen o no carácter de 
legislación básica en materia de contratación pública y, por tanto, invaden o no las 
competencias que sobre dicha materia ostenta la Comunidad Autónoma de Aragón. No 
existe, en este caso, controversia sobre la materia en la que se encuadra la Ley de 
contratos del sector público, esto es, la contratación administrativa o contratación del 
sector público. Y ambas partes reconocen que en esta materia la legislación básica es 
competencia del Estado de acuerdo con el art. 149.1.18 CE y que las comunidades 
autónomas pueden asumir la competencia de desarrollo legislativo y ejecución. En este 
caso, la Comunidad Autónoma de Aragón ha ejercido esa posibilidad al asumir en su 
Estatuto  de  Autonomía,  reformado  por  la  Ley  Orgánica  5/2007,  de  20  de  abril,  la 
competencia  genérica  de  «desarrollo  de  las  bases  del  Estado  previstas  en  el 
artículo 149.1.18 de la Constitución para las administraciones públicas aragonesas, 
incluidas las entidades locales» y la específica sobre «régimen jurídico, procedimiento, 
contratación y responsabilidad de la administración pública de la Comunidad Autónoma» 
(art. 75.11 y 12 EAAr), títulos ambos que son calificados de «competencias compartidas» 
por el propio texto estatutario.
Los  argumentos  esgrimidos  por  las  partes,  expuestos  brevemente  en  los 
antecedentes,  son  esencialmente  de  orden  material.  El  representante  del  Gobierno 
aragonés entiende que el grueso de las normas impugnadas de la Ley de contratos del 
sector público no tiene carácter básico por llevar a cabo una regulación tan detallada y 
exhaustiva de la materia que deja prácticamente sin contenido su potestad legislativa y  e
reglamentaria para ejercer, conforme a los arts. 75.11 y 12 EAAr, sus competencias de  bo
desarrollo de las bases estatales en contratación pública. Sostiene que además vulnera,  14ww
perne caelgputonso s ecsatasbolse,c esnu  pnootremstaasd  sduep laeutotorioarsg andiezsaccoiónno.c iPenodr oú ltliam od, oecstrtiinmaa  dqeule  Tarlgibuunnoasl 
Creocnhsatzitaudcaio npaol r rleal aatibvao gaa cílaa  dinetel rEpsretatadcoi óanl  deenlt eanrdt.e r1 4q9u.e3  sCeE t.r aEtas,t ae na rgsuum ceonntjaucnitóon,  dees 
normas  materialmente  básicas  destinadas  a  garantizar,  entre  otros  aspectos,  la
publicidad,  igualdad,  libre  concurrencia  y  seguridad  jurídica  en  el  ámbito  de  la 
contratación pública.
A estas alegaciones, que constituyen el núcleo del presente proceso, se suman otras 
de carácter transversal que deberán ser examinadas en primer lugar y que hacen 
referencia a la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las directivas europeas 
en materia de contratación y, en conexión, al desconocimiento de la realidad foral de la 
Comunidad Autónoma de Aragón impidiendo, con ello, la actualización de sus derechos 
históricos.
b)  El  análisis  material  de  las  disposiciones  recurridas  hace  convenientes  unas 
consideraciones preliminares sobre el objeto y finalidad de la Ley de contratos del sector 
público y sobre el contexto en el que se promulga. El objeto primordial de la Ley de 
contratos del sector público es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico interno la 
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública 
y  por  la  que  se  deroga  la  Directiva  2004/18/CE.  No  aborda,  por  el  contrario,  la 
transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se encomienda a una 
ley específica, que incorporará además la parte de la Directiva 2014/23/UE que resulte 
de aplicación a los sectores citados. En definitiva, la Ley de contratos del sector público 
se inserta dentro del proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre 
contratación pública llevada a cabo por la Unión Europea, encaminada a incrementar la 
eficiencia  en  el  gasto  público,  la  competencia,  a  través  de  la  participación  de  las 
pequeñas  y  medianas  empresas  (PYMES),  y  la  consecución  de  objetivos  sociales 
comunes.
No obstante, la ley no se limita a la mera trasposición de las normas europeas, sino que, 
como señala en su preámbulo, «trata de diseñar un sistema de contratación pública, más 
eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los 
objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de 
contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las 
licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación 
de mejores servicios a los usuarios de los mismos» (apartado II).
La finalidad esencial de la Ley de contratos del sector público es garantizar, en el 
ámbito del sector público, que la contratación «se ajusta a los principios de libertad de 
acceso  a  las  licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores»; así como asegurar, en conexión 
con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  y  el  principio  de 
integridad, «una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa» (art. 1.1). Además, se persigue 
permitir  un  mayor  acceso  a  la  contratación  pública  de  las  pequeñas  y  medianas 
empresas, así como de las de economía social, y conseguir objetivos de tipo social y 
medio ambiental, siempre que guarde relación con el objeto del contrato (art. 1.3).
La ley se estructura en un título preliminar –dedicado a las disposiciones generales 
sobre su ámbito subjetivo y objetivo–, y cuatro libros relativos a la configuración general 
de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos (libro  s
primero);  a  los  contratos  de  las  administraciones  públicas,  a  su  preparación,  oe.
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción (libro segundo); a los contratos de otros  w.
entes del sector público (libro tercero), y a la organización administrativa para la gestión  14ww
de la contratación (libro cuarto).
2.  Objeto del proceso: delimitación y sistemática.
A)  Es procedente determinar con carácter preliminar el objeto del recurso teniendo 
en cuenta las modificaciones legislativas que, acaecidas desde su interposición, son 
relevantes para su adecuada resolución siguiendo el reiterado criterio del tribunal según 
el cual «en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a 
la depuración objetiva del ordenamiento, carecería de sentido un pronunciamiento sobre 
normas ya expulsadas de dicho ordenamiento, si bien cuando lo que se traba en realidad 
es una controversia competencial, habremos de pronunciarnos sobre su titularidad en la 
medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté 
todavía viva [por todas, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)]» (STC 235/2012, 
de 13 de diciembre, FJ 2). Seguidamente se exponen las modificaciones que afectan a 
los preceptos objeto de recurso reservando para el examen de cada uno de los artículos 
impugnados la determinación de su alcance sobre la cuestión competencial suscitada.
a)  La disposición final cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2018, ha dado una nueva redacción a la 
letra b) del art. 32.7 LCSP, que incluye las reglas aplicables a los negocios jurídicos de 
los entes que, calificados como medios propios personificados, celebren en ejecución del 
encargo. El nuevo texto es el siguiente:
«b)  El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar 
con terceros no excederá del 50 por 100 de la cuantía del encargo. No se considerarán 
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando 
se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una 
parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso 
necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren 
los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de 
servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del 
servicio  público  se  efectúe  mediante  la  creación  de  entidades  de  derecho  público 
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de 
derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se 
les  haya  encargado  la  prestación  de  servicios  informáticos  y  tecnológicos  a  la 
administración pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la 
seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la 
información.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el 
encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la 
prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de 
urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que 
concurren  estas  circunstancias  se  acompañará  al  documento  de  formalización  del 
encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente 
con este».
Con respecto a la redacción original, se delimitan negativamente, por una parte, las 
prestaciones parciales (inciso final del párrafo primero) y, por otra parte, los contratos, al 
extender la no aplicación a los de prestación de servicios informáticos y tecnológicos 
(párrafo tercero). Y se añaden unas excepciones para la superación del porcentaje de  s
contratación fijado en un 50 por 100 inicialmente (último párrafo). El resto del precepto se  oe.
mantiene inalterado. w.
ucorgnetbrna)t teasEc iló pRno er adlr eaDlz eocnsreeestco t-odlere y  1ps4úe/bg2lui0cr1iod9 a, ddy  ep 3úte1bl leidcceao  moecuntnu ibcmraeca,i toepnroiear s e, dl eqh uaea  dsmein intariodsdotrupactcaiidónon m   edvdiagidritiaaassl,    2021-6614n https://ww
modificaciones  que  afectan  al  objeto  del  presente  recurso.  Son  las  i),  ii),  iii)  y  iv) 
siguientes:
(i)  El art. 5 tres del Real Decreto-ley 14/2019 da una nueva redacción a la letra d) 
del  art.  71.2,  sobre  las  prohibiciones  de  contratar,  precisando  el  alcance  de  la 
circunstancia de la que se deriva dicha prohibición (inciso final). Tras la reforma, la 
redacción queda como sigue:
«Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en 
el artículo 3 de la presente ley. La prohibición alcanzará a las empresas cuyo contrato 
hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones 
que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 211.1 f)».
(ii)  El art. 5 cinco del Real Decreto-ley 14/2019 modifica el art. 122.2 LCSP, sobre 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ampliando el contenido mínimo de 
los mismos (párrafos tercero a quinto). El nuevo texto es el siguiente:
«En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de 
solvencia  y  adjudicación  del  contrato;  las  consideraciones  sociales,  laborales  y 
ambientales  que  como  criterios  de  solvencia,  de  adjudicación  o  como  condiciones 
especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato 
salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el 
segundo  párrafo  del  artículo  214.1;  la  obligación  del  adjudicatario  de  cumplir  las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de 
aplicación; y las demás menciones requeridas por esta ley y sus normas de desarrollo. 
En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, 
cumplimiento  y  extinción,  atendiendo  a  las  normas  aplicables  a  las  diferentes 
prestaciones fusionadas en ellos.
Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos 
de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 
respecto de los contratos de servicios.
Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de 
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  la  libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos 
contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar:
a)  La finalidad para la cual se cederán dichos datos.
b)  La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo 
establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
c)  La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización 
del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 
los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. e.e
d)  La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la  b
vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c)  14ww
anteer)io r.La  obligación  de  los  licitadores  de  indicar  en  su  oferta,  si  tienen  previsto
esumbpcroenstararitaal,r  dloesf insiedrov idpoorre rse foe rleonsc siae rav ilcaiso sc oansdoicciiaodnoess  ad elo sso mlviesnmcoias ,p erol fneosmionbarel  oo  teélc pneicrafi,l 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo anterior las 
obligaciones  recogidas  en  las  letras  a)  a  e)  anteriores  en  todo  caso  deberán  ser 
calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211».
(iii)  El art. 5 seis del Real Decreto-ley 14/2019, se limita a añadir un párrafo tercero 
relativo a los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del 
sector público al art. 202.1 LCSP sobre condiciones especiales de ejecución del contrato 
de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. La nueva redacción es la 
siguiente:
«1.  Los  órganos  de  contratación  podrán  establecer  condiciones  especiales  en 
relación  con  la  ejecución  del  contrato,  siempre  que  estén  vinculadas  al  objeto  del 
contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, 
sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de 
licitación y en los pliegos.
En  todo  caso,  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución 
de entre las que enumera el apartado siguiente.
Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la 
cesión de datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el 
establecimiento  de  una  condición  especial  de  ejecución  que  haga  referencia  a  la 
obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia  de  protección  de  datos,  advirtiéndose  además  al  contratista  de  que  esta 
obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211».
(iv)  El  art.  5.7  del  Real  Decreto-ley  14/2019,  añade  un  inciso  final  sobre  la 
protección de datos al párrafo primero del art. 215.4 LCSP, sobre subcontratación. La 
redacción queda como sigue:
«4.  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, 
así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del 
artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos.
El conocimiento que tenga la administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, 
o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal».
c)  La disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y 
de  litigios  fiscales,  introduce  tres  modificaciones  con  relevancia  para  el  objeto  del 
presente proceso constitucional: e.e
(i)  Se da una nueva redacción al art. 118 relativo al expediente de contratación en  14ww
ccoonrrterasptoosn dmene ncoorne slo. s Laocstu aalenste arpioarretsa doasp a2r,t a5d yo s6 , c3u yyo  n4u, evoob jteetxot o dees  eilm spiguugineancteió:n,  se
infor«m2e.  dEenl  ólorsg acnoon trdaeto cso mnterantoarceisó nla  jutrsatmificitaancidóon  ddee l mexapneedraie nmteo teivxaigdiará  llaa  neemciessióidna dde  duenl   BOE-A-cable e
contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los 
umbrales descritos en el apartado anterior.
[…]
5.  Lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo no será de aplicación en 
aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u 
otro  similar  para  realizar  pagos  menores,  siempre  y  cuando  el  valor  estimado  del 
contrato no exceda de 5000 €.
6.  Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4».
(ii)  Se añade un inciso final al último párrafo del art. 331 LCSP, relativo a la 
aportación de información por las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, para extender la misma a la información referida a las entidades 
vinculadas o dependientes de las entidades locales. La redacción tras la reforma es la 
siguiente:
«En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las 
administraciones  públicas  contemplado  con  carácter  básico  en  el  artículo  3  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y con la finalidad de 
que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con las 
obligaciones  establecidas  en  el  artículo  328  respecto  a  la  Comisión  Europea,  las 
comunidades  autónomas  remitirán  en  formato  electrónico  al  comité  de  cooperación 
regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus 
respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación:
a)  Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras 
b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al menos– cada 
tres años.
b)  Un  informe  comprensivo  de  las  cuestiones  previstas  en  el  apartado  8  del 
artículo 332 con una periodicidad de –al menos– cada tres años.
La documentación remitida incluirá información referida a los órganos de contratación 
de  las  administraciones  locales,  así  como  los  de  sus  entidades  vinculadas  o 
dependientes, que durante el periodo temporal a informar hubieran tenido alojada la 
publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto 
hubiera establecido la comunidad autónoma de su ámbito territorial».
(iii)  Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 de la disposición final primera 
relativa a los títulos competenciales para introducir el carácter no básico del art. 118.4 
LCSP. El resto del precepto queda inalterado con la siguiente redacción:
«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los 
mismos: letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; 
artículo  30;  la  letra  c)  del  apartado  6  del  artículo  32;  artículos  45  y  46.1  a  46.3; 
artículo  69.3;  artículo  71.1  f);  artículo  76;  artículo  83;  artículo  95;  artículo  104; 
artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del 
apartado 3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.4; letras a) y c) del apartado 2 del 
artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del 
artículo  122;  artículos  123  y  124;  cuarto  párrafo  del  apartado  4  del  artículo  149; 
artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 192.2 y 3; artículo 193.2  s
a  5;  artículo  194;  apartados  2  y  5  del  artículo  212;  apartado  8  del  artículo  215;  oe.
artículo 228; apartados 1, 2, 5; el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del  w.
artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 233; artículo 234; artículo 235;  14ww
aaprtaícrutalod o2 346, ;s aalrvtoíc ulalo p r2e3v7is; ióanrt ídceu lola  2le3t8ra.2 ;b )a drteícl uplori m2e4r0 p; áarpraafrota yd oe l 1s edgeul nadrotí cpuálorr a2f4o1, ;y  e5l 
daertlí caurltoíc u2lo6 32; 42a;r taícrutílcou l2o6 264; 3a; paartrítcaudloo  255 3d; eal rtaícrtuíclou l2o5 62;6 a7r;t ícaurtlíoc u2l6o0 ;2 a6p8a; rtaardtíocsu l2o  y2 732 d.6e;l   BOE-A-cable e
artículo 273.2; artículo 294.b); artículo 298; apartados 2 y 3 del artículo 300; artículo 302; 
artículo 303; artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del artículo 307; apartados 2 y 3 
del artículo 313; apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 314; artículo 315; artículo 323; 
artículo  324;  artículo  325;  artículos  326  y  327;  artículo  328,  salvo  el  apartado  4; 
artículo 335.4; apartados 1, 2 y 7 del artículo 347; letra a) y segundo párrafo de la letra f) 
del apartado 1 de la disposición adicional primera; el párrafo tercero, apartado 1, de la 
disposición adicional cuarta; disposición adicional decimocuarta; disposición adicional 
decimonovena; disposición adicional vigésima; disposición adicional vigésima cuarta; 
disposición  adicional  vigésima  novena;  disposición  adicional  trigésima;  disposición 
transitoria primera; disposición final séptima, y disposición final octava».
d)  La  disposición  final  cuadragésima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre 
de 2020, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, realiza una serie de 
modificaciones de la Ley de contratos del sector público, de las cuales, a los efectos del 
presente recurso, tienen relevancia las siguientes:
(i)  En relación con el art. 32 LCSP, se suprime el último párrafo de los apartados 2 
b) y 4 b), que tenía idéntico contenido, y el apartado 5. El resto del artículo mantiene la 
misma redacción.
(ii)  Se da una nueva redacción a la letra a) del apartado 1 del art. 159 LCSP, que 
queda como sigue:
«a)  Que su valor estimado sea igual o inferior a 2 000 000 € en el caso de contratos 
de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado 
sea igual o inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a) y 22.1, 
letra a) de esta ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones».
Como  consecuencia  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  mediante  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posteriores prórrogas, para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han aprobado una serie de 
reales decretos-leyes (11/2020, 15/2020, 16/2020 y 17/2020), así como la Ley 3/2020, 
de  18  de  septiembre,  de  medidas  procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al 
COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia, y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, que contemplan medidas en relación con la contratación y, en algún caso, 
reforman la vigente legislación de contratos [art. 29.4; art. 32.7 b), párrafo tercero; 
art. 33.2 y 3; art. 45.1; art. 159.4 d) y f). Este precepto ha sido modificado de nuevo para 
introducir una mejora técnica por la disposición final séptima de la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en 
el ámbito de la administración de justicia; y art. 208.2 a)]. Estas modificaciones no 
afectan al objeto del presente recurso.
B)  La  abogacía  del  Estado  sostiene  que  el  escrito  de  interposición  incurre 
reiteradamente en impugnaciones de preceptos en las que, bien se omite toda carga 
argumental, bien esta se limita a denunciar el excesivo detalle de la regulación básica 
estatal, sin un examen pormenorizado del texto normativo.
Según la STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3, «en los casos de fundamentación 
insuficiente el tribunal resta en libertad para rechazar la acción en aquello en que se 
encuentre insuficientemente fundada o para examinar el fondo del asunto si encuentra 
razones para ello». Por su parte, la STC 87/2017, de 4 de julio, FJ 2, resumiendo la  e.
doctrina existente, declara que «nuestro pronunciamiento debe centrarse en los aspectos  w.
señalados en la demanda "sin que este tribunal pueda entrar en aquellos sobre los que  14ww
perl erseucnucrsióon,  dneo  vsaolildoe zc adree claes  dleey eusn aa parrogbuamdeans"ta (cSióTnC  s2u3f7ic/2ie0n0te7 , qduee 8  pdeer mnoitvai edmebsvreir,t uFaJr  3l)a, 
FsiJn o2 )q.u eE,n a deefemctáos,,  ""ceuxacneddoe nl od eq ulae  perestteán seinó nj upelagnot eeasd ala"  (dSeTpCu r8a/c2ió0n1 3d, edle  o1r7d ednea menieenroto,   BOE-A-cable e
jurídico, es carga de los recurrentes no solo la de abrir la vía para que el tribunal pueda 
pronunciarse,  sino  también  la  de  colaborar  con  la  justicia  del  tribunal  en  un 
pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, hablar 
[…] de una carga del recurrente y en los casos en que aquella no se observe, de una 
falta  de  diligencia  procesalmente  exigible,  que  es  la  diligencia  de  ofrecer  la 
fundamentación que razonablemente es de esperar (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3, 
reiterada en las SSTC 43/1996, de 15 de abril, FJ 3; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 1, 
y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 13). Ello supone que no debe estimarse una pretensión 
que solo descansa en la mera aseveración genérica, huérfana de toda argumentación, 
de una supuesta afectación de títulos competenciales" [STC 22/2012, de 16 de febrero, 
FJ 2 b)]».
En relación con el juicio sobre el alcance de las bases, cuestión clave sobre la que 
gira  el  presente  proceso  constitucional,  el  tribunal  ha  declarado  que  «"tiene  una 
naturaleza  eminentemente  jurídica,  lo  que  impide  las  descalificaciones  globales 
imprecisas, exigiendo, por el contrario, la fundamentación concreta de porqué (sic) en 
cada  caso  debe  entenderse  vulnerado  el  bloque  de  la  constitucionalidad" 
(STC 132/1989), no consintiendo, por tanto, los conflictos de competencia "ser resueltos 
desde un plano exclusivamente abstracto y generalizado que prescinda de contrastar, de 
manera singularizada los títulos competenciales invocados y el concreto contenido de 
cada  uno  de  los  preceptos  sobre  los  cuales  se  proyecta  la  impugnación" 
(STC 147/1991)» (STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5).
Por esta razón, el tribunal no puede pronunciarse sobre los preceptos impugnados 
sobre los que no se expone argumento alguno que cuestione su constitucionalidad. La 
mera  reproducción  de  algunos  fragmentos  de  sentencias  no  puede  considerarse 
suficiente para levantar la carga del recurrente. Este es el caso de los arts. 86.3, 213, 
221, 226, 250.1 b), 312, 336.1 y el apartado séptimo de la disposición adicional segunda 
de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público.  En  algunos  casos  advertiremos  que, 
recurriéndose formalmente el precepto entero, la impugnación se limita, en realidad, a 
algunos de sus apartados, párrafos o incisos.
C)  El  recurrente, como  se ha  expuesto  en los  antecedentes, ha articulado su 
demanda en torno a cinco motivos de impugnación. Sin embargo, la crítica principal 
radica en negar carácter básico a los preceptos de la Ley de contratos del sector público 
que han sido impugnados por entender que vulneran, bien la doctrina constitucional 
sobre  legislación  básica  o  el  concepto  material  de  bases,  bien  la  potestad  de 
autoorganización de la comunidad autónoma por incurrir la norma estatal en un exceso 
de detalle. En todos estos casos, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: concretar 
el carácter básico o no de dichos preceptos en materia de contratación pública. Por esta 
razón y con el objetivo de facilitar la sistematización del enjuiciamiento, estos preceptos 
serán examinados de forma conjunta, sin perjuicio de realizar las oportunas referencias 
al concreto motivo de impugnación alegado por el recurrente.
Las cuestiones planteadas serán objeto de examen por el siguiente orden: (i) las 
quejas suscitadas en relación con la vulneración del principio de neutralidad en la 
trasposición del Derecho europeo. (ii) El no reconocimiento del carácter foral de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (iii) Los motivos de inconstitucionalidad que se alegan 
por vulneración del orden competencial constitucional y estatutariamente establecido en 
materia de contratación pública, conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, que 
atribuye al Estado la legislación básica en la materia, y a los arts. 75.11 y 12 EAAr, que 
otorgan a la comunidad autónoma competencia de desarrollo legislativo y ejecución. (iv)  s
La constitucionalidad de los arts. 41.3, 44.6 y 128 LCSP, a los efectos de determinar si  oe.
estamos, como sostiene el recurrente, ante normas de carácter supletorio. w.
tran3sp. osPicriimóne rd eml oDteivroe cdheo  iemuproupgenoa.ción: la vulneración del principio de neutralidad en la
a)  La  letrada  del  Gobierno  de  Aragón  atribuye  un  carácter  transversal  a  la
vulneración del principio de neutralidad en la trasposición de la normativa europea o de
no  modificación  de  «la  distribución  interna  de  competencias  que  establecen  la 
Constitución y el presente Estatuto», en la que incurre la Ley de contratos del sector 
público, por corresponder a la comunidad autónoma aplicar y desarrollar el Derecho de 
la Unión Europea en el ámbito de sus competencias (art. 93.2 EAAr), que comprenden el 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de contratación administrativa (art. 75.11 
y 12 EAAr). Por este motivo se impugnan los apartados 1, 3 y 4 de la disposición final 
primera –disposición cuya impugnación también es alegada en relación con cada uno de 
los motivos de fondo invocados por el recurrente– y, por conexión, el art. 2.3 LCSP, así 
como la disposición final quinta.
La disposición final primera, relativa a los títulos competenciales, establece, en su 
apartado  primero,  que  el  art.  27  LCSP  «se  dicta  al  amparo  de  la  regla  sexta  del 
artículo  149.1  de  la  Constitución,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  sobre 
"legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas"». 
El apartado 3, párrafo primero, dispone que el art. 347.3, «constituye legislación básica y 
se dicta al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de "bases del 
régimen jurídico de las administraciones públicas"», y que «los restantes artículos de la 
presente ley constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la 
Constitución  en  materia  de  legislación  básica  sobre  contratos  y  concesiones 
administrativas  y,  en  consecuencia,  son  de  aplicación  general  a  todas  las 
administraciones públicas y organismos y entidades dependientes de ellas», salvo las 
excepciones previstas en el párrafo segundo del mismo apartado (este párrafo ha sido 
objeto de modificación por el Real Decreto-ley 3/2020, a los solos efectos de introducir el 
carácter no básico del art. 118.4). En conexión con ambos apartados –y el resto del 
precepto–, el art. 2.3 reitera que la aplicación de la Ley de contratos del sector público a 
los contratos que celebren las comunidades autónomas y las entidades que integran la 
administración local, o los organismos dependientes de las mismas, «se efectuará en los 
términos previstos en la disposición final primera de la presente ley relativa a los títulos 
competenciales». Por su parte, el apartado 4 establece una garantía del respeto a las 
competencias de las comunidades autónomas cuando subraya que las previsiones de la 
Ley de contratos del sector público serán de aplicación a aquellas en los términos fijados 
por los apartados 1, 2 y 3 anteriores, pero «sin perjuicio de las posiciones singulares que 
en materia de sistema institucional, y en lo que respecta a las competencias exclusivas y 
compartidas,  en  materia  de  función  pública  y  de  auto  organización,  en  cada  caso 
resulten de aplicación en virtud de lo dispuesto en la Constitución Española y en los 
Estatutos de Autonomía». Por último, la disposición final quinta se limita a declarar que 
mediante la Ley de contratos del sector público se incorporan al ordenamiento jurídico 
interno  las  Directivas  2014/23/UE  y  2014/24/UE  relativas,  respectivamente,  a  los 
contratos de concesión y a la contratación pública.
La abogacía del Estado entiende que se trata de una impugnación que carece de 
sustantividad autónoma y que deberá ser reconducida a la resolución de la controversia 
de fondo: esto es, el carácter básico o no que el legislador estatal ha atribuido a algunas 
de las normas de transposición al ordenamiento jurídico interno de las directivas de la 
Unión Europea.
b)  En relación con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de las 
directivas europeas, el tribunal ha venido reiterando en sucesivas ocasiones que son 
«"las  reglas  internas  de  delimitación  competencial  las  que  en  todo  caso  han  de 
fundamentar la respuesta a los conflictos de competencia planteados entre el Estado y  s
las Comunidades Autónomas", pues "el Derecho comunitario no es en sí mismo canon o  oe.
parámetro  directo  de  constitucionalidad  en  los  procesos  constitucionales"  w.
[SSTC  28/1991,  de  14  de  febrero,  FJ  4;  136/2011,  de  13  de  septiembre,  FJ  12,  14ww
oy ri9g9in/2a0ri1o2 ,o  ddee r8iv addeo ,m caayroe,c eFnJ  "2d eb )r]a. nLgaos  yn ofurmerazsa  dceol nDsteitruecciohnoa dlees "l a[ SUSnTiCón  2E1u5r/2o0p1e4a,, 
dcoem  1p8e tednec iadli ceiesmtabbrlee,c idFoJ  p3o ra l)a,  Cy o2n3s2tit/u2c0i1ó5n,  "dneo  r5e sduelt an aolvteiermadbor en, i FpJo r 4e] l yin gerle soord deen   BOE-A-cable e
España en la Comunidad Europea ni por la promulgación de normas comunitarias" 
(SSTC  21/1999,  de  25  de  febrero,  FJ  1,  y  96/2002,  de  25  de  abril,  FJ  10)» 
(STC 165/2016, de 6 de octubre, FJ 6). En conclusión, la ejecución del Derecho europeo 
«corresponde  a  quien  materialmente  ostenta  la  competencia  según  las  reglas  de 
Derecho interno, puesto que "no existe una competencia específica para la ejecución del 
Derecho comunitario" (SSTC 236/1991 y 79/1992)» (STC 141/1993, FJ 2).
De acuerdo con la doctrina expuesta, el presente conflicto competencial habrá de ser 
resuelto exclusivamente conforme a las reglas de Derecho interno. El hecho de que las 
directivas europeas sean de obligado cumplimiento por la totalidad de las autoridades de 
los Estados miembros y que incluso puedan tener un «efecto directo», no significa, como 
ya ha declarado el tribunal, «que las normas estatales que las adaptan a nuestro 
ordenamiento deban ser consideradas necesariamente básicas»; e igualmente, si su 
trasposición  exige,  en  ciertos  casos,  establecer  normas  internas  con  un  contenido 
mínimo  uniforme  para  el  conjunto  del  territorio  estatal,  será  al  Estado  al  que  le 
corresponda efectuar esta regulación «mediante normas de carácter básico en la medida 
en que así lo permitan la Constitución y los Estatutos de Autonomía» (STC 141/1993, 
FJ 2). Del mismo modo, si la Unión Europea establece una legislación que sustituya a la 
normativa  básica  del  Estado,  de  acuerdo  con  una  reiterada  doctrina  constitucional 
(STC 148/1998, de 2 de julio, FJ 4), «no existe razón alguna para objetar que la 
comunidad autónoma ejecute el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus 
competencias […] y, en consecuencia, tampoco, en principio, para que pueda adoptar, 
cuando ello sea posible, legislación de desarrollo a partir de una legislación europea que 
sustituya a la normativa básica del Estado en una materia», salvaguardando, en todo 
caso, la competencia básica del Estado «que no resulta desplazada ni eliminada por la 
normativa europea, de modo que el Estado puede dictar futuras normas básicas en el 
ejercicio de una competencia constitucionalmente reservada, pues […] la sustitución de 
unas  bases  por  el  Derecho  europeo  no  modifica  constitutivamente  la  competencia 
constitucional estatal de emanación de bases» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 123).
Por tanto, la controversia competencial suscitada por los recurrentes queda deferida 
al momento en el que se examine por el tribunal si los preceptos de la Ley de contratos 
del sector público, objeto de impugnación, tienen o no el carácter de normas básicas. En 
materia de contratación pública, el contenido del Derecho europeo suele coincidir con las 
normas  estatales  que  merecen  ser  razonablemente  consideradas  como  básicas 
(STC 141/1993, FJ 5), si bien, como el tribunal ha sostenido, no toda norma comunitaria 
ha de ser incorporada al ordenamiento jurídico interno a través de una norma estatal 
dotada de carácter básico. Esto no es óbice para que un pronunciamiento sobre la 
eventual contradicción alegada entre la legislación estatal y la norma autonómica «deba 
partir de una interpretación de las disposiciones legales acorde con las exigencias del 
Derecho europeo» [STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 6 a)].
La impugnación de la disposición final primera descansa, en lo sustancial, en el 
hecho de que otorga el carácter de legislación básica a la mayoría de los preceptos de la 
Ley de contratos del sector público (apartados 1 y 3, párrafo primero; y por conexión se 
recurre el apartado 4 y el art. 2.3 que remiten a los anteriores). Como ya se afirmó en la 
STC 179/1992, de 13 de noviembre, FJ 2, en la que se abordó una cuestión similar en 
relación con el carácter básico de la legislación de contratos, «en aquellos supuestos en 
que corresponde al Estado la competencia para aprobar las normas básicas de una 
materia, la calificación expresa, de entre las normas estatales, de las que tienen carácter 
básico y de las que no lo tienen no es una mera facultad o posibilidad abierta al titular de  s
la potestad normativa correspondiente. Es, por el contrario, un deber general inherente a  oe.
su función». La Ley de contratos del sector público cumple escrupulosamente con la  w.
exigencia  formal  en  la  definición  de  lo  básico,  en  virtud  del  cual  «por  razones  de  14ww
dseegcluarriadra de xjpurreídsiacma eyn tep aerla a lecvaintacre  lbaá saimcob idgeü elad ando rmpear moa, neenn steu,  d"elafe cLteoy,  vpeuneird deo tya ddae bdee 
usun av oecsatrcuiócntu ora p qreutee npseiórmn idtae  ibnáfesriicr,a "d»ir. eCcutae sot ióinnd diriesctitnatma,e qnutee,  spee erox asmini neasrpáe mciáasl  daidfieculaltnatde,,   BOE-A-cable e
es que esto signifique reconocer que todos los preceptos tengan carácter básico, o que 
hayan de ser aceptados como normas materialmente básicas por razón de su contenido.
También procede desestimar la impugnación de la disposición final quinta, pues esta 
se limita a declarar que mediante la Ley de contratos del sector público se incorporan a 
nuestro ordenamiento jurídico interno las directivas europeas en materia de contratación, 
pero sin prejuzgar o cuestionar que la ejecución del Derecho europeo corresponda, en 
todo caso, a quien materialmente ostente la competencia según las reglas de Derecho 
interno.
4.  Segundo motivo de impugnación: no reconocimiento del carácter foral de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
a)  Las disposiciones finales segunda y tercera de la Ley de contratos del sector 
público se configuran como garantías del respeto a las competencias autonómicas y 
atienden respectivamente a las circunstancias específicas de Navarra y del País Vasco, 
derivadas de su régimen foral. La letrada del Gobierno autonómico sostiene en su 
recurso  que  aquellas  disposiciones  son  inconstitucionales  al  no  dispensar  idéntico 
tratamiento  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón;  esto  es,  por  no  reconocerle  su 
carácter de territorio foral tal como se deriva del art. 1 y la disposición adicional tercera 
del EAAr, al amparo de los cuales sus derechos «podrán ser actualizados de acuerdo 
con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución».
La abogacía del Estado rechaza los argumentos expuestos por el recurrente al 
entender que es imposible definir a Aragón como una comunidad foral en el sentido que 
la disposición adicional primera CE ha dado a este término y que esto no impide que una 
comunidad autónoma pueda, conforme al art. 149.1.8 CE y su estatuto de autonomía, 
ver reconocido su Derecho civil propio.
b)  El  tribunal,  desde  la  STC  76/1988,  de  26  de  abril,  se  ha  pronunciado 
reiteradamente sobre el significado de la disposición adicional primera de la CE y las 
consecuencias que de ella se derivan y ha declarado específicamente la imposibilidad de 
extender los derechos reconocidos a los territorios históricos por la citada disposición 
adicional primera a la Comunidad Autónoma de Aragón. El examen del presente motivo 
de impugnación se realizará aplicando la doctrina expuesta en la reciente STC 158/2019, 
de 12 de diciembre, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 
5212-2018  contra  la  Ley  de  las  Cortes  de  Aragón  8/2018,  de  28  de  junio,  de 
actualización de los derechos históricos de Aragón.
La expresión «territorios forales» recogida en la disposición adicional primera CE 
hace referencia –como pone de manifiesto, entre otras, la STC 118/2016, de 23 de junio, 
FJ 2–, «a "aquellos territorios" integrantes de la Monarquía española que, pese a la 
unificación del Derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto 
de los reinos y regiones de España, culminada en los decretos de nueva planta de 1707, 
1711, 1715 y 1716, mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de 
peculiar forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio 
en otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta 
nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral" (SSTC 76/1988, de 26 de abril, 
FJ 2, y 173/2014, de 23 de octubre, FJ 3)». Estos son los «derechos históricos» que, 
como declara, entre otras muchas, la STC 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 2, «la 
disposición adicional primera de la Constitución «ampara y respeta», aunque, como no 
podía ser de otra manera, de forma actualizada «en el marco de la Constitución y de los 
estatutos de autonomía», «pues el texto constitucional "imposibilita el mantenimiento de  e
situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con los  bo
mandatos y principios constitucionales" (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3)» (FJ 2). En el  14ww
2m0is8m/2o0 1s2e, ndtied o1 4s ed eh anno vpiermonburen,c iFadJ o4  laas),  Sy S1T1C0/ 28081/61,9 9d3e,  9d ed e1 2ju ndioe.  mLaa rúzolti,m  FaJ  d1e  lba)s; 
dciitsapdoassic aiófinrm aad itcaixoantaivl apmriemnetera q uCeE l asso np alrates sc doeml ptererrnitdoirdioa sa  alacstu qaulme erensteu ltean d ela  aCpolicmaucnióidna lda 
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra (FJ 4)».
Por esta razón, la extensión del ámbito de aplicación de la disposición adicional 
primera de la CE a otros territorios es constitucionalmente inviable con independencia de 
que el instrumento normativo empleado a este fin sea un estatuto de autonomía o la 
legislación  ordinaria,  estatal  o  autonómica.  De  igual  modo,  como,  entre  otras 
resoluciones, ha declarado la citada STC 158/2019, FJ 4, «ha de rechazarse de plano 
que pueda acometerse la actualización de los derechos históricos por vía de legislación 
ordinaria. Incluso en los territorios forales, los derechos históricos a los que se alude la 
disposición adicional primera de la CE "no pueden considerarse como un título autónomo 
del que puedan deducirse específicas competencias no incorporadas a los estatutos de 
autonomía (SSTC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 3; 94/1985, de 29 de julio, FJ 6, 
y 76/1988, FJ 4)" (STC 86/2014, de 29 de mayo, FJ 3), sin que la disposición adicional 
primera CE pueda estimarse como una garantía de toda competencia que legítimamente 
quepa calificar de histórica (SSTC 86/2014, de 29 de mayo, FJ 3, y 154/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 4). En los territorios forales, es el estatuto de autonomía el elemento 
decisivo de actualización, siendo los correspondientes preceptos estatutarios los que 
expresan el contenido de la foralidad garantizada por la Constitución (STC 68/2018, 
de 21 de junio, FJ 5; en el mismo sentido, STC 171/2014, de 23 de octubre, FJ 6)».
En el caso que nos ocupa y de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, la 
pretensión  de  que  la  Ley  de  contratos  del  sector  público  impide  a  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón actualizar sus derechos históricos en materia de contratación no 
encuentra amparo en la disposición adicional primera de la CE y tampoco puede hallar 
cobertura en otras disposiciones del bloque de la constitucionalidad como la disposición 
adicional  tercera  del  EAAr,  como  alega  la  parte  recurrente.  Esto  es  así  porque 
«cualquiera que sea el significado de esta última disposición, en la medida en que 
proclama que la "aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente 
estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le 
hubieran  podido  corresponder  en  virtud  de  su  historia",  en  términos  jurídico-
constitucionales, esta formulación no habilita al legislador aragonés para llevar a cabo 
una actualización de derechos históricos que ni está incluida en el ámbito de aplicación 
de la disposición adicional primera CE, ni está recogida en los contenidos dispositivos 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, ni podría estarlo, atendiendo a la citada doctrina 
constitucional» (STC 158/2019, FJ 4).
En conclusión, la tacha de inconstitucionalidad opuesta por la parte recurrente a las 
disposiciones finales tercera y cuarta LCSP, fundamentada en no respetar el carácter 
foral de la Comunidad Autónoma de Aragón derivado de la disposición adicional tercera 
EAAr y la disposición adicional primera CE, debe ser desestimada.
5.  Tercer motivo de impugnación: Vulneración del orden competencial en materia de 
contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE. Sistemática y parámetro de 
constitucionalidad.
A)  Examinamos ahora si los preceptos legales a los que la Ley de contratos del 
sector público atribuye carácter básico y que han sido impugnados por el Gobierno de 
Aragón cumplen con los requisitos que ha de respetar la legislación básica del Estado en 
materia  de  contratación  pública.  En  el  presente  recurso  no  está  en  cuestión  la 
competencia del Estado para dictar la legislación básica en materia de contratación 
pública,  pues  se  reconoce  que  el  art.  149.1.18  CE  se  la  atribuye.  La  cuestión 
fundamental que se plantea es, en esencia, determinar si la competencia estatal para 
dictar  las  bases  en  esta  materia  se  ha  ejercido  en  perjuicio  de  las  competencias  e
autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización  bo
en los términos que ha precisado el Tribunal Constitucional. 14ww
destRaecacodrod acroemmoo sc,a rcaocnt ecraísrtáiccotesr  dpere lvai ole, gloissl accriitóenr iobsá sdicea o erdne mn amteartiear iadle q cuoen terla ttraibciuónna ly  hlaa 
doctDriandao s oebl rger alans  nbúamseesr oc odmeo p lrímeciteep ato lsa  rpeoctuersrtiaddo sa, uetol neónmjuiiccaia dmei eanuttoo oprogramneiznaocriiózna.do de
cada uno de ellos se realizará agrupándolos en tres bloques: i) preceptos relativos a
delimitación  y  configuración  de  los  contratos  del  sector  público  y  sus  elementos 
esenciales; ii) preceptos sobre la preparación y adjudicación, y los efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos; y iii) preceptos relativos a la organización administrativa para 
la gestión de la contratación.
B)  Al  efecto  de  concretar  qué  debe  entenderse  por  básico  en  materia  de 
contratación  pública  examinaremos  en  primer  lugar  cómo  se  articula  el  reparto  de 
competencias  entre  el  Estado  y  las  comunidades  autónomas  en  la  materia.  La 
«contratación administrativa» aparece diferenciada en el art. 149.1.18 CE, si bien forma 
parte del amplio haz de competencias recogidas en el mismo precepto constitucional, 
que tienen diverso alcance y naturaleza, y cuya heterogeneidad impide un tratamiento 
unívoco (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 11). Estamos, pues, ante una materia que se 
rige por un título competencial específico, que atribuye al Estado la competencia en la 
legislación básica, y que prevalece, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 
sobre el genérico, sin perjuicio de que no se puede atribuir a este criterio un valor 
absoluto [STC 56/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)]. Esto es así porque existen aspectos de 
la  contratación  pública  que  pueden  ser  integrados  en  el  marco  de  la  organización 
administrativa o del procedimiento administrativo. Dentro del respeto a la legislación 
básica  estatal,  las  comunidades  autónomas  han  podido  asumir  la  competencia  de 
desarrollo legislativo y ejecución en materia de contratación pública (STC 237/2015, 
de 19 de noviembre, FJ 2).
C)  En relación con la noción de «bases» o de «legislación básica», el tribunal ha 
declarado reiteradamente que presenta una doble dimensión material y formal. Como 
sintetiza la STC 132/2019, de 13 de noviembre, FJ 4, materialmente «"lo que ha de 
considerarse como bases o legislación básica es el común denominador normativo 
necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque de la 
constitucionalidad que establecen la distribución de competencias (STC 48/1988, FJ 3). 
Esto  es,  un  marco  normativo  unitario  de  aplicación  a  todo  el  territorio  nacional 
(STC 147/1991), dirigido a asegurar los intereses generales y dotado de estabilidad –ya 
que  con  las  bases  se  atiende  a  aspectos  más  estructurales  que  coyunturales 
(STC 1/1982, FJ 1)–, a partir del cual pueda cada comunidad, en defensa de su propio 
interés,  introducir  las  peculiaridades  que  estime  convenientes  dentro  del  marco 
competencial que en la materia correspondiente le asigne su Estatuto" (STC 197/1996, 
FJ  5)».  Y  sobre  el  alcance  de  la  dimensión  formal  de  las  bases,  el  tribunal  ha 
manifestado que su «"finalidad esencial es la de excluir la incertidumbre jurídica que 
supondría  que  el  Estado  pueda  oponer  como  norma  básica  a  las  comunidades 
autónomas cualquier clase de precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea su 
rango  o  estructura  (SSTC  80/1988  y  227/1988).  Por  ello,  el  instrumento  para 
establecerlas es la ley (STC 1/1982, FJ 1) [...] De suerte que la propia ley puede y debe 
declarar expresamente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir dotada de 
una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin especial dificultad, 
su vocación o pretensión básica [...] Este tribunal, cierto es, ha admitido que la exigencia 
aquí  considerada  no  es  absoluta;  y  consecuentemente  ha  estimado  que 
excepcionalmente pueden considerarse básicas algunas regulaciones no contenidas en 
normas de rango legal e incluso ciertos actos de ejecución cuando, por la naturaleza de 
la  materia,  resultan  complemento  necesario  para  garantizar  la  consecución  de  la 
finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases (STC 48/1988, 
FJ 3) [...] Sin embargo, no cabe olvidar, en contrapartida, que la atribución de carácter 
básico  a  normas  reglamentarias,  a  actos  de  ejecución  o  incluso  a  potestades  s
administrativas ha sido entendida por este tribunal como una dispensa excepcional"  oe.
(STC 223/2000, FJ 6)» (STC 132/2019, FJ 4). w.
En conclusión, el carácter básico de la normativa estatal determinará que la norma  14ww
laau troensópmetiaca  shea yvau lndeer aarjuás tdaers em oad loo s mlíemditiaetso  eesnta belel caidrto. s1 p4o9r. 1e.1s8ta  CreEg.u lAasciimónis, mpuoe, sh asi  ndoe 
thean edres ep eernm ictiur ean tlaas q cuoem, duen idaacdueesrd aou ctóonno lma adso csturi ndae sdaerlr otrlilbou an atrla, vlaé sd edfein liac icóonn dsee cluoc bióáns idcoe   BOE-A-cable e
opciones legislativas propias, de forma que la legislación básica no agote completamente 
la materia (SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 6, y 1/1982, de 28 de enero, FJ 1); cosa 
que sucederá si una regulación es excesivamente minuciosa o detallada, salvo que sea 
imprescindible para el ejercicio efectivo de competencias establecidas [STC 147/1991, 
de 4 de julio, FJ 4 C)].
Por último, el tribunal también ha señalado el carácter complejo de la operación de 
dilucidar qué debe considerarse básico y cuáles aspectos son propios de una legislación de 
desarrollo: «"[…] resulta necesario ponderar diversos elementos, como la naturaleza de la 
materia que se regula o la mayor o menor necesidad de una regulación uniforme de sus 
diversos  aspectos  en  todo  el  territorio  nacional"»  y,  a  tales  efectos,  «a  este  tribunal 
corresponde realizar, puede y debe emplear "como criterios orientadores, los mismos 
objetivos que expresamente se propone el legislador y que justifican el establecimiento de 
bases normativas, salvo que fundadamente parezcan irrazonables o incompatibles con 
prescripciones  constitucionales.  De  esta  forma,  el  contraste  entre  esos  objetivos  del 
legislador y la norma efectivamente establecida para conseguirlos debe servir para evaluar 
si existe una correspondencia entre ellos y si la normativa en cuestión es básica en cuanto 
que regulación necesariamente uniforme" (STC 86/1989)» (STC 141/1993, FJ 5).
D)  La  competencia  estatal  relativa  al  «procedimiento  administrativo  común» 
(art. 149.1.18 CE) habilita la aprobación de «normas establecidas con carácter general y 
abstracto, para toda suerte de procedimientos» [STC 45/2015, de 2 de marzo FJ 6 c)]. 
En  particular,  los  principios  y  reglas  que  «definen  la  estructura  general  del  iter 
procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la 
administración» (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32), esto es, «la regulación del 
procedimiento,  entendido  en  sentido  estricto»:  «iniciación,  ordenación,  instrucción, 
terminación,  ejecución,  términos  y  plazos,  recepción  y  registro  de  documentos» 
(STC 50/1999, FJ 3). También abarca normas no estrictamente procedimentales, como 
las que «prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los 
modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo 
señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento» 
(STC 227/1988, FJ 32). Incluye asimismo la aprobación de «principios y reglas sobre 
cualquiera  de  aquellas  cuestiones,  pero  establecidas  con  un  grado  intermedio  de 
abstracción para alguna modalidad de actividad administrativa». Se trata de principios y 
reglas de «procedimiento administrativo común singular», entendido como el establecido 
también en la órbita del artículo 149.1.18 CE y de manera abstracta, pero para una forma 
específica de potestad o actividad de la administración [SSTC 55/2018, de 24 de mayo, 
FJ 4 b), y 45/2015, FJ 6, de 5 de marzo, que cita la STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 8, 
en relación con las normas de procedimiento de la Ley 38/2003, de 4 de junio, general 
de subvenciones].
Las competencias del Estado para regular normas procedimentales no se agotan en 
las que con carácter general le atribuye el citado artículo 149.1.18 CE, sino que, además, 
tendrá  competencia  para  dictar  este  tipo  de  normas  cuando  a  través  de  los 
procedimientos  o  trámites  específicos  que  en  ellas  se  establezcan  se  ejerzan  las 
competencias que le atribuyan otros títulos competenciales. El procedimiento tiene la 
importante función de asegurar la correcta formación de la voluntad administrativa con el 
fin de garantizar la validez de su actuación y lograr de este modo la satisfacción del 
interés general, que es, en definitiva, la función propia de la administración. Por ello, este 
tipo de normas no solo tiene como finalidad garantizar, en abstracto, el acierto y la 
legalidad de la actuación administrativa, sino que también puede ser una vía idónea para  s
conseguir determinados fines. De ahí que la competencia para regular procedimientos  oe.
específicos puede  venir conferida  por  los títulos  que atribuyen competencias sobre  w.
materias determinadas. 14ww
sobrAes íl eogciusrlarec ióenn  ebl ápsriecsae netne  cmaastoe reian  edle q uceo netlr aEtostsa daod, mailn aismtrpaatirvoo sd,e  plause dceo mepsetatebnlecciaesr 
ttrraávméitse sd eo  lap roactreibduimciióenn todse  eessptae cícfoicmosp eqteunec ipae rsme itparne tseantdisefna cgear ralanst izfainra l(ildaa dpeusb liqcuidea da,   BOE-A-cable e
igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica, en el ámbito de la contratación pública, 
como se expondrá a continuación).
E)  Abordamos ahora qué debe entenderse por legislación básica en materia de 
contratación.
a)  La delimitación de lo básico en el ámbito de la contratación pública se ha llevado 
a cabo de acuerdo con dos criterios teleológicos. (i) El criterio vinculado a la consecución 
o garantía de los principios generales de la contratación en el sector público. En términos 
de  la  STC  141/1993,  FJ  5,  «la  normativa  básica  en  materia  de  contratación 
administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, 
proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica 
que  aseguren  a  los  ciudadanos  un  tratamiento  común  por  parte  de  todas  las 
administraciones públicas» [en el mismo sentido, SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, 
FJ 6 B); 162/2009, de 29 de junio, FJ 4; 56/2014, FJ 3 a), y 237/2015, FJ 2]. (ii) En 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, al criterio 
anterior se añade «una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia 
y la selección de la oferta económicamente más ventajosa» [STC 84/2015, FJ 5 a)].
Por tanto, todos aquellos preceptos de la Ley de contratos del sector público que 
directamente se encaminen a dotar de una efectividad práctica a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos; 
igualdad de trato y no discriminación entre licitadores; integridad y eficiente utilización de 
los fondos públicos –STC 84/2015, FJ 5 a), plasmados en el art. 1.1 LCSP–, deben ser 
razonablemente considerados como normas básicas. Por el contrario, no tendrán tal 
consideración «aquellas otras prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin 
merma de la eficacia de tales principios básicos, pudieran ser sustituidas por otras 
regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas por las comunidades 
autónomas con competencia para ello» (STC 141/1993, FJ 5). Por esta vía quedan 
excluidas de la esfera de lo básico aquellas prescripciones de orden procedimental y 
formal, que tienen una naturaleza complementaria y auxiliar que solo de forma muy 
incidental guardan conexión con los principios del régimen básico de contratación: tales 
como  aclaraciones  o  requerimientos  documentales  complementarios;  modos  de 
acreditación  documental  de  la  personalidad  de  los  licitadores  o  de  las  uniones 
temporales de empresas; modelos de presentación de proposiciones, forma o lugar de 
entrega… [STC 141/1993, FJ 6 a), c), d), e), f), j), k), l), ll) y m)].
b)  Atendiendo a los criterios generales enunciados, el tribunal ha ido fijando otros 
criterios materiales de carácter específico que permiten ir configurando en sus rasgos 
esenciales y en un sentido positivo, el ámbito de lo básico en materia de contratación. 
Siguiendo la sistemática establecida por la Ley de contratos del sector público, son los 
siguientes:
(i)  En relación con la configuración general de los contratos del sector público y sus 
elementos  esenciales,  se  ha  reconocido  carácter  básico,  en  primer  lugar,  a  la 
delimitación del ámbito subjetivo –quién contrata– y objetivo –qué se contrata– de la ley 
[entre otras, STC 84/2015, FJ 5 a), en relación con el contrato de gestión servicio 
público; cuya doctrina se reitera en la STC 237/2015, FJ 2]. Así, en cuanto la gestión 
indirecta  de  servicios  es  «una  prestación  típica  de  los  contratos  regulados  por  la 
legislación  de  contratos  públicos  según  el  art.  149.1.18  CE»,  la  definición  de  los  e
contratos  mediante  los  que  aquella  se  puede  instrumentar  tiene  carácter  básico  bo
(STC 161/2013, de 26 de septiembre, FJ 11). 14ww
contIrgautaaclmióenn, tes,o slvee nhcaina  cyo ncslaidseifricaadcoi óbná sdiceal se lmasp rperseavriisoi opnaersa  reglaartaivnatsiz aar  lala c aigpuaacliddaadd  ddee 
[cSoSnTdiCci o1n4e1s/ 19e9n3t,r eF J l6o sq ), liyc it3a3d1o/r1e9s9 3,y  FJl a6  Bs)e].g uArsidí,a lda  cjluarsíidfiiccaac ióenn d el alo s ccoonntrtarataticsitóans 
tiene carácter básico por ser «un medio de acreditación ante el órgano de contratación
correspondiente  de  la  capacidad  financiera,  económica  y  técnica  del  contratista» 
[STC 331/1993, FJ 6 B) y D)]; también tiene este carácter la regulación de las causas de 
suspensión de las clasificaciones, sea temporal o indefinida [STC 331/1993, FJ 6 B)], y la 
exigencia  de  notificación  de  las  resoluciones  sancionadoras  para  proceder  a  su 
suspensión provisional [STC 141/1993, FJ 6 b)]. También son básicas las normas que 
regulan «los medios para acreditar las condiciones exigidas a los licitadores, nacionales 
y extranjeros, de manera que se permita concurrir en igualdad de condiciones a quienes 
reúnen los mismos requisitos de capacidad y solvencia» [STC 84/2015, FJ 5 a)].
En cuanto al régimen del precio y las garantías exigibles en la contratación, se ha 
afirmado  el  carácter  básico  de  la  regla  de  prohibición  del  pago  aplazado  y  sus 
excepciones, «tanto por regular un aspecto nuclear de la contratación administrativa 
como por su conexión con el principio de estabilidad presupuestaria, que informa y 
preside todas las políticas públicas con impacto en el gasto y, en lo que aquí interesa, los 
presupuestos  de  las  comunidades  autónomas  (art.  21.2  de  la  Ley  Orgánica  de 
financiación de las comunidades autónomas)» [STC 56/2014, FJ 4 b)].
(ii)  Las normas que rigen la preparación y adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos tienen, con carácter general, la consideración de básicas. Las 
que  regulan  los  actos  de  preparación  y  adjudicación  «pueden  considerarse 
materialmente  básicas,  pues  constituyen  el  mínimo  común  uniforme  que  permite 
garantizar, de un lado, la igualdad de los licitadores y su tratamiento común ante las 
administraciones [SSTC 141/1993, FFJJ 5 y 6 b), y 56/2014, FJ 3] y, de otro, la eficiente 
utilización  de  los  fondos  públicos»  y  «las  reglas  sobre  los  efectos,  cumplimiento  y 
extinción de los contratos administrativos, en cuanto que permiten salvaguardar los fines 
públicos a que sirven los contratos administrativos, forman parte de ese mínimo común 
denominador  que  caracteriza  las  bases  en  materia  de  contratación  pública» 
[STC 84/2015, FJ 5 a); también, STC 162/2009, FJ 4, sobre la adjudicación por concurso 
de los contratos para la explotación de bienes y derechos patrimoniales].
En la fase de preparación de los contratos, tiene carácter básico la regulación de los 
conceptos que deben incluirse en los pliegos de contratación, en especial los que 
«tiene[n] directa relación con la garantía del principio de igualdad entre los licitadores» 
[STC 141/1993, FJ 6 o)]. Se configura como básico habilitar al órgano de contratación 
para  que  permita,  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  de  cada 
contrato,  sustituir  el  cumplimiento  inicial  de  las  obligaciones  documentales  de  los 
licitadores por una declaración responsable, «pues se sitúa en el marco de las garantías 
de  publicidad,  igualdad,  libre  concurrencia  y  seguridad  jurídica  en  el  ámbito  de  la 
contratación administrativa» [STC 237/2015, FJ 5 a)].
En relación con la fase de adjudicación de los contratos, el carácter básico se predica 
de  los  preceptos  que  regulan  los  procedimientos  de  adjudicación  y  concretan  su 
tipología, cosa que no impide a las comunidades autónomas «introducir novedades 
orientadas a lograr una tramitación más ágil y eficaz», pero sí «abordar una regulación 
completa de nuevos procedimientos de licitación» (STC 237/2015, FJ 7; en la misma 
línea, la STC 103/2015, de 28 de mayo, FJ 6, en relación con la regulación de la 
específica adjudicación de contratos a empresas mixtas en las que concurre capital 
público y privado). Asimismo, es básica la fijación de umbrales de contratación; por 
ejemplo, para determinar el ámbito de aplicación de la contratación directa, al tratarse de 
una previsión «destinada a la correcta e igualitaria aplicación de la ley en todo el territorio 
del Estado» [SSTC 141/1993, FJ 6 ñ) y p), y 162/2009, FJ 4].
Los criterios de selección del adjudicatario también tienen carácter básico y también las  s
reglas que disciplinan la elección de la oferta económicamente más ventajosa, que, en cuanto  oe.
garantizan la igualdad de los licitadores, «forma[n] parte del mínimo común uniforme que  w.
garantiza la eficacia del gasto en las compras públicas» [STC 84/2015, FJ 5 a)]. 14ww
contCraocnt uacal ráscotsetre ngiednae rcaol ny  feonn daorsa s pdúeb lilcooss  pyri ncdipei ostr adnes ppaurebnlicciidaa dd ed el al a aacctutivaicdiaódn 
saud mpiunbislitcriataticviaó,n s. eE hna c oantrcibreutidoo,  ecsa rbáácsteicra b láas riceog uala lcaisó np rdeevli scioonnetesn rideola tdivea lso sa  alan ulinccitiaocsi óqnu ey   BOE-A-cable e
han de remitirse a los diarios oficiales [STC 141/1993, FJ 6 b)]; o la inserción obligatoria 
de los correspondientes anuncios en los diarios oficiales, en la medida en que se trata 
«del  establecimiento  de  un  concreto  y  bien  perfilado  modelo  de  publicidad  de  las 
actuaciones administrativas» (STC 237/2015, FJ 8). Asimismo, es básico regular las 
condiciones de retirada de las ofertas y fianzas si la administración no resuelve en plazo 
[STC 141/1993, FJ 6 n)].
El tribunal ha declarado también el carácter básico de los preceptos que fijan los 
plazos para la presentación de proposiciones en la contratación pública, pues por esta 
vía se «está estableciendo unas reglas tendentes al mantenimiento de la igualdad y la 
libre  concurrencia  en  la  actividad  contractual  de  las  administraciones  públicas» 
[STC 237/2015, FJ 9 b)].
Tampoco ofrece dudas el carácter básico de la regulación de los requisitos de 
formalización de los contratos. De este modo, es básica la exigencia que incumbe al 
empresario de acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social, por cuanto, además de representar una obligación 
documental  que  atañe  directamente  a  su  capacidad  para  contratar,  «afecta  a  la 
acreditación de los requisitos para la formalización definitiva de los contratos con el 
sector público» (STC 237/2015, FJ 6).
(iii)  La  regulación  de  las  prerrogativas  de  la  administración  en  materia  de 
contratación tiene, en general, la consideración de básica [STC 84/2015, FJ 5 a)]. En 
concreto, el tribunal ha declarado que el ius variandi constituye un aspecto básico como 
prerrogativa de la administración en la ejecución de los contratos; y que lo mismo cabe 
decir del deber de respetar el equilibrio financiero (SSTC 118/1996, de 27 de junio, 
FJ 32).
F)  Abordamos  ahora  los  aspectos  más  relevantes  de  la  jurisprudencia 
constitucional sobre la potestad autonómica de autoorganización invocada por la parte 
recurrente.
El tribunal tiene declarado que la «potestad de autoorganización» de una comunidad 
autónoma «supone la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades 
administrativas o entidades que configuran la respectiva administración autonómica o 
dependen de ella (STC 55/1999, de 6 de abril, FJ 3, y las que allí se citan) que la 
jurisprudencia constitucional ha identificado con la competencia autonómica en materia 
de régimen de organización de su autogobierno, esto es, de decidir cómo organizar el 
desempeño de sus propias competencias. Resulta de lo anterior que la comunidad 
autónoma  puede  "conformar  libremente  la  estructura  orgánica  de  su  aparato 
administrativo" (STC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 6) creando los departamentos o 
unidades que estime convenientes en orden al adecuado ejercicio de las competencias 
que le han sido atribuidas, siempre y cuando con ello no interfiera en las que son propias 
del Estado. Así pues, tan indiscutible es esta competencia autonómica para la propia 
organización,  como  el  que  la  misma  solo  podrá  ejercerse  sobre  ámbitos  que, 
materialmente,  correspondan  a  la  propia  comunidad  autónoma,  "pues  no  son 
concebibles, en Derecho, órganos, servicios o agencias autonómicos cuyas funciones no 
sean reconducibles a unas u otras competencias estatutarias" (STC 52/2017, FJ 5)» 
(STC 142/2018, de 20 de diciembre, FJ 6).
De acuerdo con esta doctrina, el Estado podría llegar a invadir la potestad de 
autoorganización de las comunidades autónomas cuando especifica la forma que ha de 
revestir una decisión de competencia autonómica o el órgano que ha de adoptarla; 
puesto «[q]ué órgano autonómico ha de adoptar [un acuerdo] y cómo ha de hacerlo son  e.
esencialmente  "cuestiones  de  organización"  que  "pertenecen  a  la  potestad  de  w.b
autoorganización de la comunidad autónoma"» [STC 41/2016, de 3 de marzo, FFJJ 7 c)  14ww
my 8is,m reof irsieénntdidoos,e  SaT aCc u5e6r/d1o9s9 0a,s idgen a2d9o sd ep omr aurnzao ,l eFyJ e 1s2ta tda)l,  ael nG roeblaiecrinóon  acuotno nuónmai cdoe;c eisnió enl 
atribPuoidr ao tproar p eal rEtes,t atadmo bai élans e al straibmubnlaela hsa l ergeiistelaratidvaos q duee  l«a[se ]cl otímtuulon irdealadteivso a au tlóanso "mbaasse].s del
régimen jurídico de las administraciones públicas" (art. 149.1.18 CE) permite "establecer
los elementos esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplicable a todas 
las administraciones públicas" (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3); esto es, los principios y 
reglas  básicos  sobre  los  aspectos  organizativos  y  de  funcionamiento  de  todas  las 
administraciones públicas, garantizando un régimen jurídico unitario para todas ellas 
(SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 24). Incluye 
normas  sobre  la  "composición,  estructura  y  competencias  de  los  órganos  de  las 
administraciones públicas" (SSTC 32/1981, FJ 6; 50/1999, FJ 3; 143/2013, de 11 de julio, 
FJ 5), "las potestades administrativas que se confieren a dichas entidades para el 
cumplimiento de sus fines" (STC 227/1988, FJ 24) o las "relaciones interadministrativas" 
(STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 18). La densidad de las bases podrá ser tanto mayor 
cuanto más directa sea la finalidad de garantizar un trato común a los ciudadanos en sus 
relaciones  con  la  administración.  No  cabe  atribuir  a  las  bases  estatales  la  misma 
extensión e intensidad cuando se refieren a aspectos meramente organizativos internos 
que no afectan directamente a la actividad externa de la administración y a la esfera de 
derechos e intereses de los administrados, que en aquellos aspectos en los que se da 
esta afectación (STC 50/1999, FJ 3)» [STC 55/2018, FJ 4 a); en el mismo sentido, 
STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 7]. Por tanto, «no debe olvidarse que "el objetivo 
fundamental, aunque no único, de las bases en esta materia es la de garantizar a los 
administrados un tratamiento común ante ellas y no cabe duda de que cuanto menor sea 
la  posibilidad  de  incidencia  externa  de  las  cuestiones  reguladas  por  los  preceptos 
impugnados, más remota resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, 
por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las comunidades 
autónomas  de  organizar  su  propia  administración  según  sus  preferencias" 
(SSTC 50/1999, FJ 3, y 130/2013, FJ 6)» (STC 91/2017, de 6 de julio, FJ 5).
6.   Impugnación de preceptos relativos a la delimitación y configuración de los 
contratos del sector público y sus elementos esenciales.
A)  El Gobierno de Aragón impugna los arts. 9.2 y 11 del capítulo primero del título 
preliminar, que delimitan negativamente el ámbito de aplicación de la Ley de contratos 
del sector público; el primero excluyendo negocios y contratos en el ámbito del dominio 
público y en el patrimonial. El segundo enumerando diversos negocios o contratos 
también excluidos del ámbito de la ley (la relación jurídica de servicio o laboral del 
personal de las administraciones públicas; los servicios de arbitrajes y conciliación; los 
servicios relacionados con campañas políticas…).
En relación con el art. 9.2 LCSP, el recurrente centra su reproche en el inciso final 
que regula los contratos patrimoniales que incluyen prestaciones de los contratos típicos 
–arts.  12  a  18  LCSP–,  al  entender  que  el  excesivo  detalle  no  deja  margen  a  la 
intervención de la comunidad autónoma. El tribunal estima que en este precepto el 
legislador estatal, con la finalidad de evitar la inaplicación de la ley, limita su intervención 
a establecer dos reglas a las que se subordina la inclusión de prestaciones de los 
contratos típicos propios del sector público en los contratos patrimoniales excluidos de la 
ley; a saber: (i) valor de las prestaciones (no superior al 50 por 100 del importe total del 
negocio)  y  (ii)  vinculación  y  carácter  complementario  respecto  de  la  prestación 
característica del contrato patrimonial.
El recurrente critica al legislador estatal por realizar, a través del art. 11 LCSP, una 
trasposición defectuosa de las directivas europeas, al no excluir y regular los contratos 
que tenga por objeto servicios jurídicos [art. 19.2 e) LCSP] y los contratos o convenios 
entre poderes adjudicadores (art. 6.1 LCSP). La regulación de los contratos que tienen  e
por  objeto  la  prestación  de  servicios  jurídicos  obedece  a  los  solos  efectos  de  su  bo
exclusión de los contratos sujetos a regulación armonizada, en sintonía con el art. 10 d)  14ww
daep lilcaa Dciiórenc tliovsa  2c0o1n4v/e2n4i/oUsE .e Dnterel  maisdmmoin mistoradcoi,o enle as rt.p ú6b.1li cLaCsS  Po  epxocdlueyree sd ea dsjuu dáimcabditoor edse, 
sdieermivpardea sq udee ls aer tc. u1m2.p4la dne d leat eDrimreicntaivdaa s2 0c1o4n/d2i4c/ioUnEe.s E, ne nd ecfoinnictiovrad, aenl cpiare ccoenp tloa ss ee xciognesntcriiñaes 
a delimitar el ámbito de aplicación de la Ley.
Nos remitimos a lo dicho en el fundamento jurídico 3 de esta sentencia sobre la 
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de las directivas europeas y sobre 
la limitación del enjuiciamiento que corresponde al tribunal para determinar el carácter 
básico o no de las disposiciones impugnadas. El tribunal considera que los arts. 9.2 y 11 
tienen un carácter materialmente básico en cuanto su objeto es delimitar el ámbito de 
aplicación de la Ley de contratos del sector público [STC 84/2015, FJ 5 a)]; en este caso, 
negativamente, determinando las reglas o condiciones mínimas y comunes para que la 
exclusión  opere.  La  concreción  del  elemento  objetivo  de  la  ley  es  esencial  para 
garantizar la igualdad y el tratamiento común ante las administraciones. Corresponde, 
por tanto, desestimar la impugnación.
B)  Se recurren los arts. 18 y 26.2 –y en conexión con este, los arts. 27.2 a) y 319–. 
Estos preceptos, junto con los restantes incluidos en el capítulo segundo del título 
preliminar LCSP, tienen como finalidad delimitar o establecer los elementos objetivos que 
identifican a los contratos que de forma más habitual celebran los entes del sector 
público. El legislador estatal realiza la delimitación atendiendo a la naturaleza y alcance 
de las prestaciones (obras, concesión de servicios, suministro y servicios, mixtos y 
especiales); al sujeto contratante (contratos administrativos y privados); y a la cuantía 
(sujetos o no a regulación armonizada).
El art. 18 LCSP regula la figura del contrato mixto, entendido como «aquel que 
contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase»; y lo hace, a 
juicio del recurrente, de forma que anula toda posibilidad de ejercicio por la comunidad 
autónoma  de  sus  competencias  de  desarrollo  normativo.  El  precepto  en  cuestión 
establece las reglas básicas que regirán la preparación y adjudicación de este contrato 
en función de cuál sea la prestación principal o el valor estimado de las prestaciones 
combinadas; y lo hace de forma diferenciada según el contrato contenga y combine 
prestaciones propias de los contratos típicos (apartados 1 y 3), o prestaciones de los 
típicos y de otros distintos (apartado 2). El objeto del precepto es delimitar, atendiendo a 
la naturaleza de las prestaciones, el contrato, fijando las reglas de aplicación a cada fase 
contractual. Se trata de una norma básica que pretende evitar la inaplicación de la ley o, 
en su caso, una aplicación fraudulenta contraria a los principios de igualdad y libre 
concurrencia  [SSTC  141/1993,  FJ  5;  161/2013,  FJ  11,  y  84/2015,  FJ  5  a)].  En 
consecuencia, la impugnación ha de ser desestimada.
El art. 26.2 LCSP fija las reglas que regirán la preparación y adjudicación, así como 
los efectos, modificación y extinción, de los contratos privados de las administraciones 
públicas. El art. 27.2 a) LCSP somete a la competencia de la jurisdicción civil las 
controversias  suscitadas  «en  relación  con  los  efectos  y  extinción  de  los  contratos 
privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o 
no administraciones públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas 
en las letras b) y c) del apartado anterior». El recurrente formula dos reproches a la 
regulación estatal: por una parte, se impone, a su juicio, un mayor número de normas de 
derecho administrativo a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no 
pertenezcan a la categoría de administraciones públicas (arts. 26.3 y 319 LCSP), que a 
los contratos privados de las propias administraciones públicas. Y, por otra parte, podría 
ser  esta  una  cuestión  susceptible  de  regulación  autonómica,  al  amparo  de  las 
competencias de la Comunidad de Aragón en materia de contratación pública y derecho 
civil. Al margen de la opinión expresada por el recurrente sobre la posibilidad de una 
regulación autonómica sobre estos extremos, lo cierto es que el reproche inicial parte de 
una interpretación inexacta sobre el mayor sometimiento o no de los contratos privados  s
al derecho administrativo atendiendo al sujeto contratante. El art. 26.1 a) LCSP –no  oe.
recurrido– califica de privados los contratos que celebren las administraciones públicas  w.
cuyo objeto no sea el de los contratos típicos –esto es, sea distinto de los referidos en  14ww
qlause  leetlr aasr ta. )2 y6 .b1)  bd)e lL aCrSt.P 2 5–.t1a mLCpoScPo,  rreelcautirvroid oa– l ocsa lcifoicnatr adteo sp aridvmadinoiss trtaotdivooss –lo; sm qieunet rases 
ccoenledbicreiónn  pdoer  eandtmidiandisetrsa cdieoln esse cptoúrb lpicúabsl.ic oD eq uees es imenoddoo ,p soed erre aaldizjuad uicnaad odre lnimo itraecúinóann d elal   BOE-A-cable e
contrato privado diferente en función del sujeto contratante, lo que justifica también el 
sometimiento  a  reglas  diferentes,  especialmente  más  intensas  en  el  caso  de  los 
contratos suscritos por poderes adjudicadores que no son administración pública cuyo 
objeto sea el propio de los contratos típicos, como se desprende del art. 319 LCSP.
En conclusión, la delimitación o identificación del tipo contractual es esencial para 
determinar el régimen jurídico sustantivo y procedimental que resulta de aplicación a 
cada contrato; esto es, para determinar los derechos y deberes de las partes. El art. 26.2 
LCSP –y los arts. 27.2 a) y 319 por conexión–, al igual que el examinado art. 18 LCSP, 
delimitan, atendiendo, en este caso, a la naturaleza del sujeto contractual, los contratos, 
estableciendo qué reglas de la Ley de contratos del sector público resultan de aplicación 
a cada fase del proceso de contratación. Son, pues, preceptos materialmente básicos 
que regulan un mínimo común uniforme que permite garantizar el principio de igualdad 
entre los licitadores o candidatos, determina el alcance de las prerrogativas de que goza 
la administración en relación con los contratos privados y fija el orden jurisdiccional 
competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con ellos 
[STC 84/2015, FJ 5 a)]. Por todo ello, procede desestimar la impugnación.
C)  Dentro de las disposiciones generales relativas a la racionalidad y consistencia 
de la contratación del sector público (cap. I, título I, libro primero), el recurrente impugna 
los arts. 28.4, 29.2, 30 y los apartados 1, 2, 4, 6 y 7 del art. 32 LCSP.
a)  El art. 28.4 LCSP prevé que las entidades del sector público programarán, anual 
o plurianualmente, su actividad de contratación y que «darán a conocer su plan de 
contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el 
artículo  134  que  al  menos  recoja  aquellos  contratos  que  quedarán  sujetos  a  una 
regulación  armonizada».  El  Gobierno  de  Aragón  sostiene  que  estamos  ante  una 
imposición  de  la  programación  de  la  actividad  de  contratación  incompatible  con  el 
respeto a la potestad de autoorganización autonómica. Se invoca, además, la infracción 
del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), ante la duda que genera al recurrente las 
eventuales consecuencias que se derivarían del incumplimiento de dicha programación.
El tribunal ha declarado que la normativa básica en materia de contratación pública 
tiene por objeto proporcionar, además de otros fines de interés general, las garantías de 
publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica (entre otras, STC 141/1993, 
FJ 5), a la vez que una eficiente utilización de los recursos públicos, en conexión con la 
estabilidad presupuestaria y el control del gasto [STC 84/2015, FJ 5 a)]. En el presente 
caso,  el  objeto  de  la  norma  estatal  no  es  primordialmente  imponer  una  concreta 
programación del gasto anual o plurianual en materia de contratación, cuya existencia 
tiene su fundamento en el art. 7.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como bien señala la abogacía del 
Estado, sino dar publicidad al plan de contratación, en aras de asegurar la igualdad y 
libre  concurrencia  entre  licitadores.  Se  configura  la  programación  en  materia  de 
contratación como un instrumento para dotar de transparencia y publicidad a la oferta del 
sector público, por lo que estamos ante una norma de indudable carácter básico, que no 
es incompatible con la potestad de autoorganización de la comunidad autónoma, a la 
hora de diseñar el contenido de su programación. La impugnación se ha de desestimar.
b)  En relación con el plazo de duración de los contratos, se recurre el art. 29.2 
LCSP que regula el régimen de prórrogas contractuales. La letrada del Gobierno de 
Aragón considera que la norma estatal incurre en un excesivo detalle que impide el 
desarrollo autonómico y centra su reproche en el plazo de preaviso que, según la norma 
cuestionada, se ha de producir «al menos con dos meses de antelación a la finalización  e.
del  plazo  de  duración  del  contrato,  salvo  que  en  el  pliego  que  rija  el  contrato  se  w.b
establezca uno mayor». El Gobierno de Aragón entiende que el hecho de que el propio  14ww
pmreesceesp toa cpreerdmitaita e al l cóarrgáacnteor d neo c obnátsraictoa cdióen  lfaij arre egnla  loys  qpuliee gnoos  uenx isptlea zmo ostuivpoe raiolgr uan loo sp daoras 
impeLdai rr elag lrae geusltaactaiól nim dpeu dgincahdoa p slaez olim dieta p are easvtiasbol epcoer re ul nle gpilsalzaod odre a purteoanvóismoi cdoe. dos meses
por parte del órgano de contratación para que la prórroga del contrato sea obligatoria
para el empresario; fija, por tanto, un mínimo común cuya finalidad es proporcionar las 
garantías de igualdad y seguridad jurídica, asegurando un tratamiento uniforme a los 
empresarios  en  relación  con  el  alargamiento  de  la  duración  del  contrato 
[SSTC 141/1993, FJ 5; 162/2009, FJ 4, y 56/2014, FJ 3 a), entre otras]. Además, 
posibilita que el órgano de contratación pueda, si así lo determina en los pliegos, acordar 
un plazo de preaviso superior a los dos meses. Esta posibilidad no impide la intervención 
del legislador autonómico ni prejuzga la decisión que este adopte en relación con dicho 
plazo, siempre que respete el mínimo común establecido por la norma estatal. El órgano 
de contratación en el ejercicio de sus competencias vendrá obligado a respetar tanto la 
legislación básica estatal –plazo mínimo de dos meses–, como la legislación que sea 
adoptada por la comunidad autónoma, al amparo de sus competencias, en relación con 
la ampliación o no del plazo mínimo de preaviso, sus condiciones o duración. Por tanto, 
debe descartarse, frente a lo que sostiene el Gobierno de Aragón, que la regulación 
básica establecida por el art. 29.2 LCSP sea tan minuciosa que no deje espacio alguno 
al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de contratación.
c)  El art. 32 LCSP regula los encargos de los poderes adjudicadores a «medios 
propios personificados», fijando los requisitos que, en caso de cumplimiento, permitirán 
no atribuir a dicho encargo la consideración de contrato a los efectos de la Ley de 
contratos del sector público. El Gobierno de Aragón entiende que la regulación, con 
carácter general, desciende a tal grado de detalle que elimina cualquier posibilidad de 
desarrollo legislativo por la comunidad autónoma. La objeción se reduce a algunos 
apartados o incisos del precepto, a los que limitaremos nuestro examen. También se 
recurre el art. 30 LCSP al incluir en el régimen jurídico de los encargos a medios propios, 
a juicio de la letrada del Gobierno aragonés, la determinación del órgano competente 
para su autorización.
Se aduce, en primer lugar, que dado que el objeto del art. 32, y especialmente el del 
apartado 1, es el de excluir del ámbito de aplicación de la ley a ciertos negocios jurídicos 
por no tener la consideración de contratos, la regulación de dichos negocios jurídicos no 
puede encontrar amparo en el título competencial en materia de contratación pública del 
art. 149.1.18 CE.
El citado art. 32.1 LCSP dispone que los poderes adjudicadores «podrán organizarse 
ejecutando  de  manera  directa  prestaciones  propias  de  los  contratos  de  obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una 
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de 
derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta», siempre y cuando «la 
persona  jurídica  que  utilicen  merezca  la  calificación  jurídica  de  medio  propio 
personificado  respecto  de  ellos»,  de  acuerdo  con  los  requisitos  previstos  en  los 
apartados 2, 3 y 4 del mismo precepto; y sin perjuicio de los establecidos para los 
medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público. De cumplirse dichos requisitos, el encargo no tendrá la 
consideración de contrato; a sensu contrario, si no los cumple, el encargo será, a todos 
los efectos, un contrato sujeto a la Ley de contratos del sector público. Así entendido, el 
legislador estatal no regula ni los negocios jurídicos excluidos de la Ley de contratos del 
sector  público,  ni  la  eventual  organización  del  medio  propio,  sino  que  se  limita  a 
establecer los requisitos que se han de cumplir para que la utilización del medio propio 
no sea una vía de elusión fraudulenta de la ley y, por ello, un mecanismo de falseamiento 
del principio de competencia, pues sin competencia o con competencia falseada no hay 
contratación  válida.  El  apartado  1  del  art.  32  LCSP  es  un  precepto  cuyo  carácter  s
materialmente básico resulta del hecho de que delimita el ámbito de aplicación de la ley  oe.
[STC 84/2015, FJ 5 a)]; aunque lo haga negativamente, concretando, por remisión, los  w.
requisitos que han de concurrir para que la exclusión opere en el caso de los encargos  14ww
por Clouse psotidóenr edsi satdinjutad iceasd osrie se al  mlegeidsiloasd oprr opeisotsa.tal,  al  establecer  la  regulación  de  los
rmeeqnuoissitcoasb qeu eo  dveabceíne  slaatsis facocemrpsee tepnocr ieals e ndcea rlgao , choam iunnciudraridd oa ou tnóon oemn aa lgeúnn  emxacteesrioa  qudee   BOE-A-cable e
contratación pública. Cuatro son las cuestiones planteadas por la letrada del Gobierno de 
Aragón:
(i)  En el apartado 2 del art. 32 LCSP, entre los requisitos para que la persona 
jurídica tenga la consideración de «medio propio personificado respecto de una única 
entidad  concreta  del  sector  público»,  se  establece  la  exigencia  de  que  el  poder 
adjudicador ejerza sobre el ente destinatario del encargo «un control, directo o indirecto, 
análogo  al  que  ostentaría  sobre  sus  propios  servicios  o  unidades»,  fijando,  a 
continuación, la compensación o contraprestación que ha de recibir por ejecutar dicho 
encargo [letra a), párrafos tercero y cuarto]. En idénticos términos, pero sobre el «medio 
propio  personificado  respecto  de  dos  o  más  poderes  adjudicadores  que  sean 
independientes entre sí», se expresan los párrafos tercero y cuarto del art. 32.4 a) LCSP.
La  Ley  de  contratos  del  sector  público  determina  los  aspectos  básicos  de  la 
compensación  que  habrá  de  satisfacer  el  poder  adjudicador  a  su  medio  propio, 
distinguiendo dos situaciones. Si las actividades son ejecutadas directamente por el 
medio propio, la compensación se fijará de acuerdo con las tarifas aprobadas por la 
entidad de la que depende, que se calcularán «de manera que representen los costes 
reales de realización» y en los casos de subcontratación de las actividades, en la forma 
que reglamentariamente se determine, «atendiendo al coste efectivo soportado por el 
medio  propio  para  las  actividades  objeto  del  encargo  que  se  subcontraten  con 
empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de 
aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas» [párrafos tercero y cuarto de los 
apartados 2 a) y 4 a) del art. 32.2].
La solución propugnada por el legislador estatal –que el precio o compensación se 
fije por referencia a las tarifas que sean aprobadas por la entidad pública encomendante 
atendiendo  a  los  costes  reales  de  realización–,  responde  a  la  dinámica  de  unas 
operaciones de encargo ajenas a la lógica del mercado –rentabilidad o beneficio–, que 
son manifestación de un sistema de autoprovisión –sistema de cooperación vertical, 
según el art. 31.1 a) LCSP–, a través de un medio propio, financiado con fondos 
públicos, lo que justifica que dichos encargos no tengan la consideración de contratos. El 
criterio fijado por la legislación estatal tiene como finalidad, una vez más, garantizar la 
libre competencia en el ámbito de la contratación pública, evitando una inaplicación de la 
ley que falsee la libre concurrencia (STC 141/1993, FJ 5). Esta finalidad se aprecia con 
mayor  intensidad  en  el  caso  de  subcontratación  por  parte  del  medio  propio  de  la 
ejecución de las actividades, pues el mecanismo previsto busca evitar tanto el quebranto 
para la entidad encomendante, como el beneficio o enriquecimiento injustificado para la 
entidad  encomendataria.  Estamos,  pues,  ante  reglas  materialmente  básicas  cuya 
finalidad demuestra que no incurren en un exceso de regulación. Por tanto, procede 
desestimar la impugnación.
(ii)  Otro de los requisitos previstos para la consideración de medio propio, según el 
art. 32.2 b) LCSP, es que más del 80 por 100 «de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por 
el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 
controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo», disponiendo luego las 
reglas para acreditar o calcular este 80 por 100 [letra b), párrafos segundo y tercero]. En 
los mismos términos se expresa, de nuevo y por remisión para el medio propio de dos o 
más poderes adjudicadores, el art. 32.4 b) LCSP. La Ley 11/2020, de 30 de diciembre 
de 2020, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, ha suprimido el último 
párrafo de los apartados 2 b) y 4 b) del art. 32 LCSP. Esta supresión no afecta a la  e.
cuestión competencial aquí suscitada. w.b
Los preceptos concretan el grado de dependencia del medio propio reproduciendo el  14ww
epnocrcoemnetanjdea mtaírniaim doe bees tallebvleacri dao c eanb oe lm aárst.  d1e2l. 18 0b )p odre  1la0 0D diree cstuivsa  a2c0ti1v4id/a2d4e/UsE p:o lra  eennctaidragdo 
dseegl upnoddoe ry  atdejrucdeircoa ddoerl  oa rtd. e3 2o.2tr abs)  eLnCtiSdPad e–sa  cloosn tqroulea dsaes  rpeomr itee steel . aErtn.  3lo2s.4  pbá)r–ra, fsoes 
establecen  las  reglas  para  el  cálculo  de  ese  porcentaje  atendiendo  a  la  toma  en
consideración de indicadores fiables –tales como el volumen global de negocios, o los 
gastos soportados por los servicios prestados o cualquier «otro indicador alternativo de 
actividad»– y referidos a «los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo» 
(criterio temporal). Si el criterio temporal no estuviera disponible (por la fecha de creación 
o de inicio de actividad, o la reorganización de las actividades) o hubiera perdido su 
vigencia,  «será  suficiente  con  justificar  que  el  cálculo  del  nivel  de  actividad  se 
corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio».
Estos  criterios  están  en  sintonía  con  los  previstos  en  el  art.  12.5  de  la  de  la 
Directiva 2014/24/UE, aunque esto no significa que deban tener necesariamente carácter 
básico desde el punto de vista del derecho interno. El objetivo primordial de la regulación 
estatal  es  exigir  el  cumplimiento  del  porcentaje  mínimo  –más  del  80  por  100  de 
actividades realizadas por encargo– para tener la consideración de medio propio y, por 
tanto, poder excluir a esos negocios jurídicos del ámbito de la Ley de contratos del sector 
público;  y  los  criterios  para  su  cálculo  están  vinculados  de  forma  directa  con  la 
verificación de dicho cumplimiento y, por ello, con la delimitación del ámbito de la ley. Los 
criterios impugnados son, pues, un mínimo común que tienen como finalidad evitar un 
incumplimiento de la Ley de contratos del sector público que sea contrario a la libre 
concurrencia,  garantizando  la  igualdad  entre  los  empresarios  (entre  otras, 
STC 141/1993, FJ 5). Frente a lo que sostiene el Gobierno aragonés, ha de descartarse 
también que la regulación establecida por los párrafos segundo y tercero del art. 32.2 b) 
y el art. 32.4 b) LCSP sea tan minuciosa o exhaustiva que no deje espacio alguno a la 
competencia autonómica de desarrollo legislativo en esta materia. Sin menoscabo de la 
eficacia  de  la  norma  estatal  básica,  el  legislador  autonómico  puede  llevar  a  cabo 
desarrollos que contengan prescripciones de detalle respecto a la incorporación de otros 
criterios fiables de actividad para el cálculo del 80 por 100, o para justificar que el cálculo 
del nivel de actividad se corresponde con la realidad, así como el modo de articular de 
dichos criterios. En consecuencia, estos criterios tienen carácter básico.
(iii)  El apartado 6 del art. 32 LCSP alude a los requisitos de carácter formal que ha 
de cumplir el encargo. El recurrente reprocha, por incurrir en exceso de detalle, que se 
exija que el encargo deba «ser objeto de formalización en un documento», que este haya 
de ser publicitado en la plataforma de contratación correspondiente en función de la 
cuantía, y que en él se establezca «el plazo de duración del encargo» [letra b)]. El 
precepto impugnado se dirige directamente a garantizar los principios de transparencia, 
publicidad e información para el conjunto de los empresarios que operan en el sector de 
la contratación pública. Estos principios, en la medida en que pretende asegurar un 
tratamiento común por parte de las administraciones públicas, se vinculan también con el 
principio de libre concurrencia [SSTC 141/1993, FJ 5; 162/2009, FJ 4; 56/2014, FJ 3 a), 
y 237/2015, FJ 2]. Son normas básicas que, por otra parte, no impiden la intervención de 
la  comunidad  autónoma  en  relación  con  aspectos  relativos  a  la  formalización, 
publicitación  y  contenido  del  documento  de  encargo,  más  allá  de  los  mínimos 
establecidos por la legislación estatal. La impugnación debe, por ello, desestimarse.
(iv)  Se impugna también el primer párrafo del art. 32.7 b) LCSP que fija el importe 
máximo de las prestaciones parciales que el medio propio puede contratar con terceros: 
«no excederá del 50 por 100 de la cuantía del encargo». Tras la reforma operada por la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, se 
introduce,  en  el  inciso  final  del  primer  párrafo,  una  delimitación  negativa  de  las 
prestaciones  parciales,  al  excluir  aquellas  «que  el  medio  propio  adquiera  a  otras 
empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no  s
constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean  oe.
parte del proceso necesario para producir dicha prestación». Entiende el recurrente que  w.
dicha regulación invade su potestad de autoorganización y que esta tacha no se ve  14ww
alterEasdtaa  paorgr ulam ceitnatdaac iómno, dsifinic aecmióbna drgeol ,p nreoc epputeod.e ser compartida. La finalidad de fijar un
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regulación de los medios propios en su conjunto. Se pretende evitar el uso de los 
encargos a medios propios como mecanismo para eludir, a través de la subcontratación 
o  externalización,  la  aplicación  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público,  con  el 
consiguiente menoscabo del principio básico de libre concurrencia entre empresarios. 
Esta finalidad se ve reforzada tras la reforma del precepto al incluir supuestos en los que 
dicha limitación o bien no opera (atendiendo al objeto del contrato, párrafos segundo y 
tercero),  o  bien  permite  el  establecimiento  de  un  porcentaje  superior,  si  concurren 
razones de seguridad o urgencia (párrafo cuarto). Estamos, pues, ante una norma 
materialmente básica que ni impide la intervención de la comunidad autónoma –ya sea 
fijando un porcentaje inferior al 50 por 100, ya sea concretando los supuestos de 
carácter excepcional en los que se puede superar dicho porcentaje–, ni lesiona su 
potestad de autoorganización, pues, aunque, para garantizar un tratamiento común por 
parte de las administraciones públicas, establezca una regla que condiciona un aspecto 
del funcionamiento externo del medio propio, su creación, modificación o supresión 
corresponde, en todo caso, a la comunidad autónoma al amparo de sus competencias 
en materia de contratación (SSTC165/1986, FJ 6; 55/1999, FJ 3, y 142/2018, FJ 6). 
Procede, pues, desestimar la impugnación.
d)  Por último, se impugna en su totalidad el art. 30 LCSP, relativo a la ejecución 
directa de prestaciones por la administración pública con la colaboración de empresarios 
particulares  o  a  través  de  medios  propios  no  personificados.  Los  reproches  del 
recurrente  recaen  exclusivamente  sobre  el  apartado  5  del  citado  precepto  y  a  él 
limitaremos nuestro examen.
El recurrente entiende que el art. 30.5 LCSP extiende al régimen de los encargos de 
los poderes adjudicadores a medios propios personificados, la regla según la cual «[l]a 
autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes muebles y, en su 
caso,  la  aprobación  del  proyecto,  corresponderá  al  órgano  competente  para  la 
aprobación del gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las 
comunidades autónomas, en su respectivo ámbito». Esta extensión se hace, a juicio del 
Gobierno  de  Aragón,  con  un  carácter  supletorio  lesivo  para  su  potestad  de 
autoorganización.
A diferencia del art. 32 LCSP sobre encargos a medios propios personificados, el 
precepto ahora impugnado –el art. 30 en su totalidad– no tiene carácter básico, de 
acuerdo  con  el  párrafo  segundo  del  apartado  3  de  la  disposición  final  primera.  El 
apartado objeto de impugnación se limita a señalar que la autorización de encargos a 
medios  propios  personificados  corresponderá  al  órgano  que  determinen  las 
disposiciones orgánicas de las comunidades autónoma; por lo tanto, se puede afirmar 
que, al contrario de lo que sostiene el recurrente, el precepto, además de carecer de 
carácter supletorio, no incide en la potestad de organización de la comunidad autónoma. 
Por ello, se ha de desestimar la impugnación.
D)  En el ámbito del régimen de invalidez (capítulo cuarto, del título primero, del libro 
primero), se recurre el art. 39.2 c) LCSP –en conexión con el art. 347.3–, por el que se 
sanciona la falta de publicación del anuncio de licitación.
La letrada del Gobierno de Aragón considera que el art. 347.3 LCSP, al imponer a las 
comunidades autónomas el modo de organizar «servicios de información similares a la 
plataforma de contratación del sector público», vulnera la potestad de autoorganización. 
Y dado que el art. 39.2 c) LCSP sanciona, con la nulidad del contrato, «la falta de 
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la plataforma  e
de contratación del sector público o en los servicios de información similares de las  bo
comunidades  autónomas»,  este  precepto  resulta,  a  juicio  de  la  parte  recurrente,  14ww
iguaSlmine pneter juleicsiiovo d pea qrau ela e pl oetxeasmtaedn d dee al uatrot.o r3g4a7n.3iz aLcCióSnP ,d qeu lae  choam suidnoid taadm abuiétónn iommpau.gnado
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de nuestro enjuiciamiento. El art. 39.2 c) LCSP sanciona, con la nulidad del contrato, la
falta de publicación del anuncio de licitación en el medio pertinente (plataformas de 
contratación, diarios oficiales…), de conformidad con el carácter básico que, en aras de 
los principios de publicidad de la actividad contractual sostenida con fondos públicos y de 
transparencia de la actuación administrativa, se ha atribuido a las previsiones relativas a 
la licitación y su publicitación (STC 237/2015, FJ 8, entre otras). La sanción guarda, por 
tanto, relación con la necesidad de garantizar los principios básicos de transparencia, 
publicidad e información, por lo que, al tener como objeto garantizar los citados principios 
en  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  ha  de  considerarse  amparada  en  las 
competencias que en esta materia atribuye al Estado el art. 149.1.18 CE (STC 227/1988, 
FJ  32).  Por  otra  parte,  el  precepto  regula  cuestiones  vertebrales  del  derecho 
administrativo en torno a la validez de los actos que exigen la garantía de un tratamiento 
común,  por  lo  que  debe  entenderse  incardinada  en  el  ámbito  del  «procedimiento 
administrativo común».
Por lo expuesto, la impugnación se desestima.
E)  En lo que se refiere al régimen jurídico del recurso especial en materia de 
contratación (capítulo quinto, del título primero, del libro primero), el Gobierno de Aragón 
ha impugnado las letras a) y c) del apartado 1, la letra e) del apartado 2 y el apartado 7 
del art. 44, y los arts. 49, 52.3 y 58.2, y además, la disposición adicional vigésima 
tercera.
a)  El art. 44 LCSP delimita los actos susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación.  Son  objeto  de  impugnación,  en  primer  lugar,  las  letras  a)  y  c)  del 
apartado 1, en las que se concretan los actos recurribles atendiendo a la naturaleza y 
cuantía del contrato. La letra a) se refiere a los «contratos de obras cuyo valor estimado 
sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor 
estimado superior a cien mil euros»; y la letra c), a las «concesiones de obras o de 
servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros».
La letrada del Gobierno de Aragón argumenta que, si la comunidad autónoma es la 
competente, en virtud del art. 46 LCSP, para resolver el recurso especial y debe crear un 
órgano independiente, dicha potestad de autoorganización debe también extenderse a la 
posibilidad de reducir el umbral económico a partir del cual los actos son susceptibles de 
recurso. En definitiva, entiende la parte recurrente que la modificación del objeto de 
recurso forma parte de su potestad de autoorganización.
En contra de lo que sostiene el Gobierno de Aragón, el tribunal entiende que este 
precepto  no  afecta  a  la  potestad  de  autoorganización  de  la  comunidad  autónoma 
recurrente, pues la previsión que esta norma contiene no incide en su potestad para 
crear,  modificar  y  suprimir  los  órganos,  unidades  administrativas  o  entidades  que 
configuran su administración (STC 55/1999, de 6 de abril, FJ 3, entre otras muchas).
En segundo lugar, se recurre la letra e) del art. 44.2 LCSP, que dispone que podrán 
ser objeto de recurso especial, entre otras actuaciones, «la formalización de encargos a 
medios  propios  en  los  casos  en  que  estos  no  cumplan  los  requisitos  legales».  El 
recurrente afirma que la exclusión de los negocios jurídicos del art. 32 LCSP del ámbito 
de la ley, por no tener la consideración de contratos, excluye la posibilidad de su control 
por esta vía.
No puede compartirse la tesis del Gobierno de Aragón, dado que la finalidad del 
art. 32 LCSP, ya enjuiciado, es impedir que los encargos a medios propios personificados 
se  conviertan  en  un  mecanismo  de  elusión  fraudulenta  de  la  ley  y,  por  ello,  de 
falseamiento del principio de competencia. En este sentido, el poder controlar, a través 
del  recurso  especial,  aquellos  encargos  a  medios  propios  que,  por  no  cumplir  los  e.
requisitos, sí tendrán la consideración de contratos, es una medida lógica para satisfacer,  w.b
entre otros, los principios de igualdad y libre concurrencia. Es, por ello, una regla  14ww
mpraotceerdiaimlmieennttoe  adbmásinicisat,r atliav o ccuoaml,ú na ad eqmueá ss,e  reesfi erseu eslc aerpttíicbulelo  1d4e9 .1s.e1r8  CinEc.luida  en  el
gratEuinto  tearl creerc ulursgoa re, sspee cimiapl,u lgon qau ee l aa jpuaicritoa ddoe l7 G doebli earrnto.  4a4ra LgConSéPs  qvuulen eartari,b nuuyeev caamráecntteer, 
su potestad de autoorganización. El tribunal no puede compartir la argumentación de la
parte recurrente porque el carácter gratuito que este precepto atribuye a este recurso no 
afecta a la competencia autonómica para «conformar libremente la estructura orgánica 
de su aparato administrativo» (STC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 6). Esto impide 
apreciar la vulneración de las potestades de organización alegada.
Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación del art. 44 LCSP.
b)  El art. 49 LCSP regula la adopción de medidas cautelares con anterioridad a la 
interposición  del  recurso  especial  y,  si  bien  el  recurrente  impugna  la  totalidad  del 
precepto, sus tachas se centran en el ámbito objetivo de las medidas cautelares. Para la 
representación del Gobierno aragonés este ámbito se extiende por el legislador estatal a 
la totalidad de actos susceptibles de recurso especial, cosa que choca con el efecto 
suspensivo que la normativa comunitaria limita a la impugnación de las decisiones de 
adjudicación.  En  suma,  en  su  opinión,  esta  ampliación  del  ámbito  objetivo  de  las 
medidas  cautelares  restringe  considerablemente  el  margen  de  actuación  de  las 
comunidades autónomas.
En lo que atañe al ámbito objetivo de las medidas cautelares, el art. 49.1 LCSP 
dispone que podrán estar incluidas, «entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer 
que  se  suspenda  el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  en  cuestión  o  la 
ejecución  de  cualquier  decisión  adoptada  por  los  órganos  de  contratación».  La 
suspensión tiene carácter automático solamente cuando el acto recurrido sea el de 
adjudicación, de acuerdo con el art. 53 LCSP. La conformidad de lo dispuesto en los arts. 
49 y 53 LCSP al Derecho europeo es una cuestión ajena a la jurisdicción del tribunal. 
Nos encontramos ante un precepto que, dentro de su naturaleza procedimental, tiene 
como finalidad garantizar el principio de igualdad entre los operadores estableciendo un 
tratamiento común en el acceso al recurso (entre otras, STC 141/1993, FJ 5) por lo que 
ha de considerarse amparado en las competencias de carácter básico que atribuye al 
Estado el 149.1.18 CE en materia de contratación administrativa y de procedimiento 
administrativo común. El carácter básico del precepto no es un impedimento para que las 
comunidades  autónomas  puedan  intervenir  introduciendo,  al  amparo  de  sus 
competencias, prescripciones de detalle sobre el tipo de medidas cautelares que se 
puedan adoptar, más allá de las recogidas expresamente en el art. 49.1 LCSP, y sobre 
aspectos procedimentales y formales. Por ello, la impugnación se desestima.
c)  En relación con el acceso al expediente de contratación durante la tramitación 
del recurso especial, y para los casos en que, solicitado dicho acceso, este no se haya 
producido antes de la interposición del recurso, se impugna el art. 52.3 LCSP. Este 
precepto fija el plazo (diez días) para que el recurrente puede acceder al expediente, a 
los efectos de completar su recurso y con carácter previo al trámite de alegaciones; así 
como los plazos para que el órgano de contratación emita el informe correspondiente 
(dos días hábiles) y para que los restantes interesados efectúen las alegaciones (cinco 
días hábiles). El recurrente considera que la fijación de dichos plazos son prescripciones 
de detalle de carácter procedimental, que podrían ser sustituidos por otras igualmente 
garantistas.
La regla estatal cuestionada, aunque sea una norma procedimental, tiene como 
objetivo favorecer el acceso al expediente de contratación en condiciones que permitan 
al  recurrente  articular  su  defensa.  Por  ello,  cuando  el  acceso  se  produce  con 
posterioridad  a  la  interposición  del  recurso,  se  prevé  un  trámite  para  completar  el 
recurso,  coherentemente  seguido  de  un  plazo  para  que  los  restantes  interesados 
(órgano  de  contratación  y  terceros)  puedan  reaccionar  a  dicho  complemento.  La 
introducción  de  estos  trámites,  al  tener  como  objeto  salvaguardar  las  garantías  de  s
publicidad y transparencia, así como la de igualdad en el acceso al recurso, asegurando  oe.
un tratamiento común para todos los operadores por parte de todas las administraciones  w.
públicas  (STC  141/1993,  FJ  5,  entre  otras)  se  encuentra  amparada  tanto  en  las  14ww
caortm. p1e4t9e.n1c.1ia8s,  dceolm Eos teand ol aesn  qmuaet elreia  adtreib puryoec eedsimtei emntisom aod mpirneicsetrpattoiv oc oqnuset itluec aiotrnibaul ypea real 
establecer la legislación básica en materia de contratos administrativos.
Aun reconociendo el carácter básico del trámite de complemento del recurso seguido 
de las alegaciones de terceros, no puede decirse lo mismo respecto de la regulación de 
los concretos plazos, la cual tiene un carácter accesorio o complementario, de naturaleza 
procedimental, y solo de forma indirecta guarda conexión con los principios básicos de 
transparencia, publicidad e igualdad. En la medida en que las prescripciones relativas a 
los plazos pueden ser sustituidas por otras elaboradas por las comunidades autónomas 
en el ámbito de sus competencias (STC 141/1993, FFJJ 5 y 6), no tienen carácter básico 
y deben, por ello, declararse contrarios al orden constitucional de competencias los 
incisos «de diez días», «de dos días hábiles» y «cinco días hábiles» del art. 52.3 LCSP. 
En este caso la declaración de la invasión competencial no conlleva la nulidad, habida 
cuenta de que los incisos se aplican en el ámbito de la contratación del sector público 
estatal y esto no ha sido objeto de controversia en el presente proceso [SSTC 50/1999, 
de 6 de abril, FFJJ 7 y 8; 55/2018, de 24 de mayo, FFJJ 7 b) y c)].
d)  El  art.  58.2  LCSP  regula  la  imposición  de  multas  por  parte  del  órgano 
competente cuando «aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la 
solicitud de medidas cautelares». El importe de estas multas se ha de ingresar en todo 
caso en el tesoro público, cosa que a juicio del Gobierno de Aragón constituye una 
arbitrariedad,  dado  que  ha  creado  su  propio  Tribunal  Administrativo  de  Contratos 
Públicos de Aragón, y lesiona su potestad de autoorganización.
El tribunal coincide con la abogacía del Estado en que una correcta lectura del 
precepto exige entender la expresión «tesoro público» como comprensiva, no solo de la 
hacienda estatal, sino también de las autonómicas o locales. Así entendido, no cabe 
apreciar que el art. 58.2, de carácter básico, lesione la potestad de autoorganización.
e)  En el ámbito del recurso especial en materia de contratación se impugna, por 
último, la disposición adicional vigésima tercera de la Ley de contratos del sector público, 
que prevé que los diferentes órganos creados para la resolución de estos recursos 
«acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer 
la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina». Además, se 
les atribuye la facultad de proponer «los ajustes normativos y recomendaciones que 
resulten  pertinentes  para  un  mejor  funcionamiento  de  los  mecanismos  de  recurso 
previstos en la normativa sobre contratos públicos».
El Gobierno aragonés entiende que una previsión de esta naturaleza colisiona con la 
independencia funcional con la que operan estos órganos (arts. 45 y 46 LCSP) y vulnera 
su potestad de autoorganización. El tribunal no puede compartir la tesis del recurrente, 
toda vez que el precepto se limita a posibilitar que los órganos competentes para 
resolver el recurso especial en materia de contratación puedan acordar «fórmulas de 
coordinación y colaboración», lejos, por tanto, de imponer el resultado de estas fórmulas, 
ni una supuesta unidad de criterio en la resolución de los recursos, que sería contraria a 
su  independencia  funcional.  No  se  aprecia,  pues,  en  qué  medida  la  potestad  de 
autoorganización puede verse afectada por la previsión contenida en la disposición 
adicional vigésimo tercera. Procede, pues, desestimar la impugnación.
F)  Son objeto de impugnación los arts. 62 y 63.4 (y por conexión el art. 118.4) y 6 
LCSP, vinculados al órgano de contratación, en el ámbito de las partes en el contrato 
(capítulo primero del título segundo del libro primero).
a)  En el art. 62 LCSP se aborda la regulación de la figura del responsable del 
contrato. La designación de esta figura se configura como obligatoria para los órganos 
de contratación. A ella corresponderá «supervisar su ejecución y adoptar las decisiones  e
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la  bo
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan» (apartado  14ww
parsipmeecrtoo)s.  Erel greuclaudroresn teen i melp uagpnaart alad oto tparliimdaedro d edle pl raerct.e p6t2o:,  lsai  boibelnig sauc iótanc hdae  sdee lsimigintaa ra  edsotas 
afigspuerac tyo sla f ofrijmacainó np adrete s dues  sfuu npcoiotensetsa.d  Pdaer aa ulato olertgraandiaz adceiól nG.obierno de Aragón estos dos
La Ley de contratos del sector público trata de diseñar, como expone su preámbulo, 
«un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el 
cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos […] a través de la 
satisfacción  de  las  necesidades  de  los  órganos  de  contratación».  Con  este  fin,  se 
establece el carácter básico de la figura del responsable del contrato para reforzar el 
control del cumplimiento del contrato y solventar las incidencias que pueden surgir 
durante su ejecución. Esta se erige como instrumento mediante el cual se canalizan las 
comunicaciones entre la entidad contratante y el contratista. Como se desprende del 
precepto, esta figura tiene carácter obligatorio y sus funciones se limitan a la fase de 
ejecución del contrato. Con los mismos rasgos se regula en el art. 27 de la Ley 3/2011, 
de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. La 
figura del responsable del contrato, así configurada, está vinculada, por tanto, a los 
principios de transparencia en la gestión y eficiencia en la utilización de los fondos 
públicos destinados a la contratación pública [STC 84/2015, FJ 5 a)]. Este precepto, 
materialmente  básico,  no  agota  las  posibilidades  de  intervención  de  la  comunidad 
autónoma en virtud de su potestad de autoorganización en relación con la regulación del 
régimen jurídico del responsable del contrato. El ejercicio de esta potestad es susceptible 
de ser referido, por ejemplo, a la delimitación de las funciones que le pueden ser 
atribuidas por el órgano de contratación, bien discrecionalmente, bien dentro del marco 
legal  diseñado  por  el  legislador  autonómico.  Corresponde,  por  tanto,  desestimar  la 
impugnación.
b)  El art. 63 LCSP regula el perfil del contratante, como elemento para «asegurar la 
transparencia y el acceso público» a la información y documentos relativos a la actividad 
contractual de los órganos de contratación. Dos son las tachas de inconstitucionalidad 
que el recurrente atribuye a la regulación estatal, que, a su juicio, vulnera su potestad de 
autoorganización:  (i)  La  exigencia  de  publicar  con  una  periodicidad  trimestral  «la 
información  relativa  a  los  contratos  menores»  (primer  inciso,  párrafo  primero  del 
apartado 4), y la «información relativa a los encargos [a medios propios] de importe 
superior a 5000 €» (primer inciso, párrafo segundo del apartado 6). (ii) Exceptuar la 
obligación de publicación trimestral de la información relativa a contratos menores cuyo 
valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, «siempre que el sistema de pago utilizado 
por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para 
realizar pagos menores» (párrafo 2 del apartado 4). Las críticas formuladas contra el 
art. 63.4 LCSP se hace extensivas al art. 118.4 –este precepto, tras la reforma operada 
por el Real Decreto-ley 3/2020, se corresponde con el actual apartado 6–, por disponer 
que la publicación de los contratos menores se haga, por remisión, conforme al citado 
art. 63.4.
La  regla  que  impone  una  periodicidad  trimestral  a  la  publicación  tanto  de  los 
contratos menores, como de determinados encargos a medios propios, responde al 
objetivo de garantizar los principios básicos de publicidad, información y transparencia 
en  dos  ámbitos  especialmente  sensibles  para  evitar  un  falseamiento  de  la  libre 
concurrencia  o  una  elusión  de  la  propia  ley  [entre  otras,  SSTC  141/1993,  FJ  5, 
y 84/2015, FJ 5 a)]. No afecta, por tanto, a la potestad de autoorganización, pues no le 
impide  configurar  su  propia  organización  administrativa.  Se  trata  de  una  norma 
materialmente básica –y por extensión también el art. 118.6 LCSP– que no impide que la 
comunidad autónoma, al amparo de sus competencias de desarrollo de las bases en 
materia  de  contratación  administrativa,  pueda  establecer  una  periodicidad  distinta 
siempre que respete el mínimo trimestral fijado por la legislación estatal y pueda ampliar  s
el contenido de dicha información. Por otra parte, el legislador estatal exceptúa de la  oe.
publicación trimestral ciertos contratos menores –imponiendo para ello, además de un  w.
límite en su valor estimado, que el sistema de pago utilizado sea el del anticipo de caja  14ww
fcijiarc uon sstaimncilaiars– . coEnsctare tparse vyis pióonr  eelslo  usnea  meuxecevep ceiónn  eal  álam bnitoor mdae  glae noeprearla tjiuvsidtiafidca ddea  leons 
principios  de  información  y  transparencia  y  no  impide  al  legislador  autonómico  de
desarrollo establecer previsiones más exigentes sobre la publicidad de estos tipos de 
contratos. Por lo expuesto, la impugnación ha de ser desestimada.
G)  La letrada del Gobierno de Aragón impugna, en relación con la capacidad y 
solvencia del empresario, los arts. 69.1 y 2, y por conexión, el 150.1; 71; 72; 73; 77.3; 
80.2; 82.2; 88.1 a), c) y e); y párrafo segundo in fine de la letra a) y las letras e) y g) del 
apartado 1 del art. 90 LCSP (capítulo segundo del título segundo del libro primero).
a)  El art. 69 LCSP establece el régimen jurídico de las uniones de empresarios que 
se constituyen temporalmente con el fin de contratar con el sector público. En relación 
con la acreditación de la constitución de la unión temporal, el apartado 1 prevé que no es 
necesaria «la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor». La parte recurrente entiende que esta 
previsión tiene un carácter meramente auxiliar; se trata de una norma formalista y de 
procedimiento,  por  lo  que  no  debe  declararse  básica.  Cita  en  apoyo  de  su 
argumentación, la STC 141/1993, en la que el tribunal declaró no básica la regulación de 
la  acreditación  y  representación  de  las  empresas  que  acuden  a  una  licitación 
constituyendo una agrupación temporal, recogida en el art. 27 del Reglamento general 
de contratación del Estado, tras la reforma operada por el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre [FJ 6 d)].
A los efectos de resolver esta controversia, es necesario, en primer lugar, indagar en 
las razones del legislador estatal para atribuir el carácter de básico al apartado 1 del 
art.  69  LCSP.  La  ley  declara,  en  su  preámbulo,  que  uno  de  sus  objetivos  es  dar 
satisfacción, en el ámbito de la contratación pública, «a la necesidad de simplificación de 
los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor 
acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea 
de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes 
en  este  ámbito,  beneficiando  así  tanto  a  los  licitadores,  como  a  los  órganos  de 
contratación».  Este  objetivo  del  legislador  estatal  se  conecta  con  algunos  de  los 
principios básicos que guían la contratación pública, tales como la transparencia en los 
procedimientos de licitación y la eficiente utilización de los recursos públicos por la vía de 
la disminución de las cargas burocráticas [STC 84/2015, FJ 5 a)]. El art. 69.1 LCSP se 
encamina directamente a la consecución de estos objetivos cuando prevé que solo se 
habrá de formalizar la unión temporal en escritura pública cuando «se haya efectuado la 
adjudicación del contrato», con el consiguiente ahorro de cargas y gastos para los 
licitadores;  lo  que  permite  al  tribunal  considerarlo  básico.  En  consecuencia,  esta 
impugnación debe ser desestimada.
El apartado 2 del art. 69 LCSP aborda el problema de los indicios de colusión 
limitativos de la competencia entre las empresas que concurren agrupadas en una unión 
temporal. La letrada del Gobierno aragonés centra su reproche en el párrafo segundo del 
citado artículo, ya que a su juicio impone la obligación de tramitar un procedimiento 
sumarísimo –el previsto en el art. 150.1, párrafo tercero–, cuando «la mesa o el órgano 
de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que 
existen indicios fundados de colusión entre ellas», lo que predetermina la forma de 
controlar la eventual colusión y vulnera su potestad de autoorganización. Además, se 
considera que la regulación lesiona el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al no 
aclarar si produce o no efectos suspensivos la comunicación que la mesa u órgano de 
contratación traslada «a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente». Simultáneamente,  e
se atribuye al art. 150.1 LCSP vulnerar la potestad de autoorganización por imponer,  bo
precisamente, la suspensión del procedimiento de contratación. 14ww
del Etrla aslrat.d 1o5 0a. 1la,  pCáorrmafios iótenr cNearoc ioLnCaSl Pd eco lnofsir mMae recxapdroess aym elan teC olomsp eefteecntcoisa  sou sapuetnosriidvaods 
avuultnoenróamciiócna  deeql upirvinacleipnitoe  ddee s elogsu ridinaddic jiuorsí didcea –,c orelumsiitóienn d–oc oasl ad eqsuaerr odlloe srceagrltaam ecnutaalqriuoi elar 
regulación del procedimiento sumarísimo. El párrafo segundo del art. 69.2 no condiciona,
como alega la parte recurrente, la potestad de autoorganización autonómica, pues se 
limita a dotar de celeridad al procedimiento calificándolo de «sumarísimo» para, de este 
modo, salvaguardar la defensa de la competencia, sin que la eventual paralización de la 
licitación, impuesta por el art. 150.1 LCSP, se erija en un desincentivo para el uso de la 
figura de las uniones temporales de empresas o pueda generar graves perjuicios.
El tribunal ha declarado que «la competencia para establecer el régimen de los 
"procedimientos  administrativos  especiales"  aplicable  a  las  diversas  formas  de  la 
actividad  administrativa  ratione  materiae  "es  conexa  a  las  que,  respectivamente,  el 
Estado o las comunidades autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo 
de cada actividad o servicio de la administración"» [STC 55/2018, de 24 de mayo, FJ 4 
b)]. Por esta razón tanto el párrafo segundo del art. 69.2 como el art. 150.1 LCSP son 
preceptos básicos en materia de contratación pública, lo que no impide que puedan 
«"alcanzar  algún  aspecto  de  [los]  procedimientos  especiales  si  imponen  criterios 
directamente vinculados a los objetivos sustantivos" de esa legislación básica», en este 
caso, la defensa de la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos [STC 54/2017, FJ 7 b), que se refiere a la legislación básica, en general; 
SSTC 45/2015, FJ 6 c); 53/2017, de 17 de mayo, FFJJ 3 y 5 b), y 143/2017, FJ 23, que 
se refieren a las «bases medioambientales», en particular, y STC 55/2018, FJ 4 b)]. 
Corresponde, por lo expuesto, desestimar la impugnación.
b)  El art. 71 LCSP regula las prohibiciones de contratar. Aunque se recurre el 
precepto  en  su  totalidad,  la  argumentación  del  Gobierno  de  Aragón  se  desarrolla 
solamente en relación con dos cuestiones en las que, según sus alegaciones, por incurrir 
la legislación estatal en una regulación de detalle, se impide la intervención de la 
comunidad autónoma. Por esta razón la modificación operada en el precepto por el Real 
Decreto-ley 14/2019 no afecta a la presente controversia.
En primer lugar, el art. 71.1 b) establece un numerus clausus de las infracciones 
graves o muy graves, cuya sanción firme llevará acarreada la prohibición de contratar. La 
parte recurrente defiende, sin mayor fundamentación, una apertura de dicho listado. El 
tribunal considera que tiene carácter básico un precepto que establece un listado común 
y cerrado de infracciones cuya comisión trae aparejada la prohibición de contratar, en 
cuanto afecta a la capacidad de contratación de los empresarios. El precepto tiene como 
objeto garantizar la igualdad de condiciones y la seguridad jurídica en la contratación 
pública [SSTC 141/1993, FJ 6 q), y 331/1993, FJ 6 B)].
En segundo lugar, se cuestionan los párrafos tercero y cuarto del art. 71.1 d) LCSP 
que regulan la forma de acreditar el cumplimiento «de la cuota de reserva de puestos de 
trabajo del 2 por 100 para personas con discapacidad». Esta acreditación, en principio, 
se  hará  mediante  una  declaración  responsable  que  se  ajustará  al  formulario  de 
documento europeo único de contratación, según los términos previstos en el art. 141 
LCSP (párrafo tercero). No obstante, «el Consejo de Ministros, mediante real decreto, 
podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien 
mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de 
seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente registro de licitadores, en 
los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo» (párrafo cuarto). Se 
aduce que esta regulación es limitativa de una intervención de mayor rigor en los 
aspectos sustantivos y procedimentales por parte de la comunidad autónoma.
La exigencia de una declaración responsable, ajustada al modelo europeo, para 
acreditar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad es 
una  norma  básica  que  responde  a  la  consecución  de  principios  como  los  de  s
transparencia e información en los procedimientos de licitación, así como a la eficiencia  oe.
en la gestión de los recursos públicos mediante la reducción de las cargas burocráticas  w.
[STC 84/2015, FJ 5 a)]. En relación con las formas alternativas que determine en su  14ww
msoosmteennetro  qeul eC eoln rseecjou rdsoe  Mtieinnies turons ,c avríaá crteegr lapmreevnetnot,i vtoie nye p rraezmóant ularo a, bpoogr alcoí aq udee lh Easbtraád qou ael 
ensop deera sru a c loam appertoebnacciaió bná dseicl ar eeanl  mdeactreertiao  dpea rcao pnotrdaetar cdióente prmúbinliacra .si el Estado se excede o  BOE-A-cable e
Procede, por tanto, desestimar la impugnación del art. 71 LCSP.
c)  En el art. 72 LCSP se establecen las reglas de competencia y procedimiento 
para apreciar las prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 LCSP. Según la 
representación procesal del Gobierno aragonés, el precepto regula el órgano autonómico 
competente  para  apreciar  la  prohibición  de  contratar  y  el  procedimiento  que  debe 
seguirse, lo que excede del ámbito material de bases y vulnera sus competencias en 
materia de contratación y de procedimiento administrativo derivado de las especialidades 
de su propia organización (art. 71.7 EAAr). Se recurre la totalidad del precepto, pero los 
reproches  se  dirigen  solo  a  algunas  de  sus  previsiones  en  las  que  se  aborda  la 
competencia y el procedimiento para la apreciación: los apartados 1 a 5 del art. 72 LCSP.
Atendiendo a las circunstancias que acarrean la prohibición de contratar, el precepto 
distingue, según el procedimiento y el órgano competente para su apreciación, entre dos 
posibilidades. Por un lado, los supuestos en los que la ley permite la apreciación directa 
por el órgano de contratación [art. 72.1, relativo a las causas de las letras c), d), f), g) y h) 
del art. 71.1, y párrafo primero del art. 72.2, respecto las causas de las letras a) y b) del 
art. 71.1, «cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado 
expresamente sobre su alcance y duración»]. Por otro lado, aquellos supuestos en los 
que el alcance y duración de la prohibición de contratar exige su determinación mediante 
un procedimiento instruido al efecto (párrafo segundo del art. 72.2).
En relación con los supuestos que requieren la tramitación de un procedimiento, la 
competencia se distribuye entre: (i) el ministro de Hacienda y Función Pública, previa 
propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para las causas de 
las letras a) y b) del art. 71.1, y para la causa de la letra e) del mismo precepto, limitada 
a la obligación de comunicar la información prevista en los arts. 82.4 y 343; y los órganos 
que resulten competentes en el ámbito de las comunidades autónomas, solo para el 
caso de la letra e) citada (art. 72.3, primer y segundo párrafo LCSP); y (ii) el órgano de 
contratación, en las causas de la letra e) del art. 71.1, por haber incurrido en falsedad en 
la declaración de responsabilidad o en cualesquiera otros datos relativos a su capacidad 
y solvencia, y en los casos del art. 71.2 (art. 72.3, tercer párrafo LCSP).
La regulación de la competencia para declarar la prohibición de contratar se completa con 
unas  reglas  especiales  para  el  caso  de  las  entidades  que  no  tengan  el  carácter  de 
administración pública: en principio, corresponderá «al titular del departamento, presidente o 
director del organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que 
corresponda  su  tutela  o  control»;  y  si  la  entidad  estuviera  vinculada  a  más  de  una 
administración, «será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o 
participación mayoritaria» (art. 72.4 LCSP).
En cuanto al procedimiento para determinar el alcance y duración de la prohibición, 
el apartado 5 del art. 72 LCSP hace una remisión al desarrollo reglamentario, limitándose 
a establecer dos reglas: (i) la excepción a declarar la prohibición de contratar «cuando, 
en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa 
en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e 
indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la 
causa de prohibición de contratar» y (ii) la posibilidad de revisión en cualquier momento 
de  su  vigencia  de  la  prohibición  de  contratar  así  declarada.  Estas  previsiones 
procedimentales se completan con la referencia a los plazos que, una vez transcurridos, 
impedirán el inicio del procedimiento (art. 72.6 y 7 LCSP).
Expuesto el contenido esencial del precepto, su examen no puede desligarse del 
art. 71 LCSP que establece las circunstancias que de concurrir llevarán aparejada la falta  s
de capacidad del empresario para contratar. El art. 72 LCSP se limita a establecer las  oe.
reglas de orden competencial y procedimental que son necesarias para «apreciar» la  w.
concurrencia de aquellas circunstancias y, por tanto, para asegurar su eficacia. Estas  14ww
rpeugelas ss tuie noebnje tcoa reásc tegra rbaánstiizcaor,  alal  igiguuaal ldqaude  edle a crto. n7d1i cLioCnSePs  ay  clau ysae geufercidtiavdid ajudr ísdeic ad ireigne nla, 
ccoonnt racatarcáicótne r[ SgSeTnCe ra1l4, 1/c1u9á9l 3,e sF Je 6l  qó)r,g ay n3o3 1a/1u9to9n3ó, mFiJc o6  Bco)]m. pEestteanst en oprmaraas  naop rreecgiaurl anla,   BOE-A-cable e
concurrencia  de  las  circunstancias  determinantes  de  la  prohibición  de  contratar 
(apartado 1; primer párrafo, del apartado 2 y tercer párrafo del apartado 3 del art. 72 
LCSP). Los casos en que distribuye la competencia entre el Ministerio de Hacienda y el 
órgano autonómico (art. 72.3 LCSP) se justifican por la eficacia de la prohibición de 
contratar; esto es, según se extienda a todo el sector público o se restrinja al sector 
público autonómico (art. 73.1 LCSP). Aun así, en estos casos, la ley dispone que sea la 
comunidad autónoma, atendiendo a su potestad de autoorganización, la que concrete 
dicho órgano (inciso final del párrafo primero del art. 72.3 LCSP). De acuerdo con lo 
expuesto, se ha de desestimar la impugnación en lo relativo a los apartados 1 a 3 del 
art. 72 LCSP.
El legislador estatal incurre, sin embargo, en un exceso cuando determina el órgano 
competente  para  declarar  la  prohibición  de  contratar  en  el  caso  de  entidades 
contratantes que no tengan el carácter de administración. Se trata de una norma de 
detalle que solo de forma incidental guarda conexión con los principios de igualdad y 
seguridad jurídica en la contratación pública. En la medida en que las reglas relativas a 
la determinación el órgano competente pueden ser sustituidas por otras elaboradas por 
las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias (STC 141/1993, FJ 5), 
debe declararse no básico y, por ello, contrario al orden constitucional de competencias 
el art. 72.4 LCSP. Esta declaración no conlleva su nulidad, por cuanto solamente será 
aplicable  a  la  contratación  del  sector  público  estatal  [SSTC  50/1999,  FFJJ  7  y  8, 
y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
Hay que señalar, por último, que el art. 72.5 LCSP es igualmente un precepto básico 
en materia de contratación pública. Esto no impide que pueda «"alcanzar algún aspecto 
de [los] procedimientos especiales si imponen criterios directamente vinculados a los 
objetivos  sustantivos"  de  esa  legislación  básica»,  en  este  caso,  la  igualdad  de 
condiciones en el acceso a la contratación pública y la seguridad jurídica [STC 55/2018, 
FJ 4 b)]. La impugnación se ha de desestimar.
d)  El art. 73 LCSP completa la regulación relativa a las prohibiciones de contratar, 
estableciendo sus efectos. Las objeciones de la letrada del Gobierno de Aragón se 
centran en el apartado 1 del precepto: por una parte, se reprocha a la regulación estatal 
no aplicar el principio de equivalencia o reconocimiento mutuo, lo que permitiría dotar de 
eficacia, en todo el territorio estatal, a las prohibiciones de contratar declaradas por cada 
comunidad autónoma. Por otra parte, se argumenta que cuando la competencia para 
declarar la prohibición de contratar corresponde a la comunidad autónoma y sus efectos 
se restringen al sector público autonómico, la regulación debe ser autonómica.
El art. 73.1 LCSP regula los efectos de la declaración de la prohibición de contratar 
distinguiendo  tres  posibles  situaciones:  (i)  efectos  en  el  ámbito  del  órgano  de 
contratación competente para su declaración [supuestos del art. 71.2 y de la letra e) del 
art. 71.1, por haber incurrido en falsedad en la declaración de responsabilidad o en 
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia]; estos efectos se podrán o 
deberán extender, según los casos, al sector público estatal o autonómico; (ii) efectos en 
el  sector  público  autonómico,  cuando  la  competencia  para  la  declaración  de  la 
prohibición de contratar corresponda a los órganos competentes en el ámbito de las 
comunidades autónomas [el supuesto ya citado de la letra e) del art. 71.1] y (iii) efectos 
en todo el sector público, cuando la competencia para la declaración de la prohibición de 
contratar corresponda al ministro de Hacienda y Función Pública, y excepcionalmente, 
cuando la prohibición ya haya extendido sus efectos a todo el sector público autonómico 
o local, y así se solicite por la comunidad autónoma o la entidad local. s
El precepto arbitra mecanismos que permiten a cada comunidad autónoma extender  oe.
o no los efectos de la prohibición de contratar a todo el sector público autonómico, más  w.
allá del alcance de la letra e) del art. 71.1 LCSP. Igualmente, la comunidad autónoma  14ww
pproedvriáa  sporolicpiutaers, tsai  dloe  clao nJsuindtear aC oonpsourtlutinvao , dqeu Ce oenl tmraitnaicsitóron  dPeú bHliaccai ednedl aE syt aFduon,c eióxnti ePnúdbal icloas, 
reefegcutloasc iódne  elas tapbrolehcibidicai ónno  diem pcoidnet,r aetanr  caountosencóumeincaci aa,  llaa  teoxttaelindsaiódn d edle  sleocst oerf epcútbolsic od.e  Llaa   BOE-A-cable e
prohibición de contratar a la totalidad del sector público. El establecimiento de un control 
por parte del ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, está justificado en este supuesto por el 
hecho  de  que  la  declaración  de  la  prohibición  de  contratar  puede  fundarse  en 
particularidades  derivadas  del  ordenamiento  propio  de  la  comunidad  autónoma 
correspondiente. No pueden, en definitiva, compartirse los reproches formulados en 
relación con un precepto que, por su conexión con los arts. 71 y 72 LCSP, es básico, 
pues tiene por objeto, al igual que aquellos, garantizar los principios de igualdad de 
condiciones y seguridad jurídica en la contratación [SSTC 141/1993, FJ 6 q), y 331/1993, 
FJ 6 B)]. Conforme a lo expuesto, se ha de desestimar la impugnación.
e)  En el ámbito de la clasificación de las empresas, se prevé en el art. 77.3 LCSP la 
posibilidad de exceptuar la necesidad de dicha clasificación para determinados tipos de 
contratos  de  obras,  siempre  que  se  haga  por  real  decreto,  y  se  motiven  las 
circunstancias  especiales  y  excepcionales  que  concurren.  El  Gobierno  de  Aragón 
considera que no existe motivo alguno para que la comunidad autónoma no pueda, al 
amparo de sus competencias en materia de contratación, regular excepciones a la 
clasificación de empresas.
El tribunal ha declarado que la clasificación de los contratistas tiene carácter básico 
por ser «un medio de acreditación ante el órgano de contratación correspondiente de la 
capacidad financiera, económica y técnica del contratista» [SSTC 331/1993, FJ 6 B) y 
D), y 84/2015, FJ 5 a)]. Este carácter también se ha atribuido a la regulación de las 
causas  de  suspensión  de  las  clasificaciones,  sea  esta  temporal  o  indefinida 
[STC 331/1993, FJ 6 B)]. Del mismo modo, el establecimiento de excepciones a la 
exigencia de clasificación para determinados tipos de contratos ha de considerarse como 
una norma básica. Procede, por ello, desestimar la impugnación.
f)  El art. 80.2 LCSP regula la eficacia de las decisiones sobre clasificación de las 
empresas adoptadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas, de 
modo  que  «serán  eficaces,  únicamente,  a  efectos  de  contratar  con  la  comunidad 
autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito 
territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de 
una y otras». La parte recurrente entiende que esta regulación no aplica el principio de 
equivalencia o reconocimiento mutuo, al no contemplar la eficacia de las clasificaciones 
de empresas adoptadas por cada comunidad autónoma en todo el territorio estatal.
De acuerdo con la doctrina del tribunal, el art. 139.2 CE establece un principio general 
aplicable tanto al Estado como a las comunidades autónomas del que cabe derivar un 
principio de equivalencia o reconocimiento mutuo de las decisiones ejecutivas autonómicas 
que afecten al mercado, si tales decisiones aplican «una normativa común de la Unión 
Europea armonizada», «una legislación estatal común» o también cuando aplican normativa 
de una comunidad autónoma, si pese a la «pluralidad de legislaciones autonómicas» y a «sus 
posibles diferencias técnicas o metodológicas», responden a «un estándar que pueda ser 
considerado equivalente» [STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 12 a)].
El tribunal ha declarado a este respecto que «el artículo 139.2 CE asegura la libre 
circulación de personas y bienes en todo el territorio español. Proscribe con ello las 
regulaciones o medidas de signo proteccionista; esto es, que dificultan injustificadamente 
en  un  territorio  la  comercialización  de  productos  de  otras  zonas  o  el  ejercicio  de 
actividades  empresariales  por  parte  de  personas  procedentes  de  otros  lugares. 
Consecuentemente, bajo el prisma del artículo 139.2 CE, cobra relevancia una única 
modalidad de límite o condición a la libertad empresarial: la que favorece a productos u  s
operadores de un territorio en detrimento de los de otros lugares. Una restricción a la  oe.
libre circulación de bienes y personas será compatible con el artículo 139.2 CE solo si la  w.
autoridad pública que la ha adoptado acredita que no persigue ni produce efectos  14ww
dniesccerismairniaa toyr iopsro, ppoorrc iroensapdoan.d eNro a  cuonn torabdjeictiev on ecocenssatitruiacmioennatlem eenl tea rlteícguítloim o1 3y9 .s2e rC iEdó ntoedaa, 
pmeerdsoidnaa qs uep reonv elan ipernátectsic ad ep rofduuezrac;a  eúfneicctaoms erenstetr icltoiv ohsa mráá s" counaenrodsoo sp seorsbirgea  ladse c ofsoarms ao   BOE-A-cable e
intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias 
objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean 
desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida 
adoptada"» [SSTC 111/2017, de 5 de octubre, FJ 4 a), y 7/2018, de 25 de enero, FJ 8].
El art. 80.2 LCSP, al establecer que las decisiones sobre clasificación adoptadas por 
los órganos competentes de las comunidades autónomas, «serán eficaces, únicamente, 
a efectos de contratar con la comunidad autónoma que las haya adoptado, con las 
entidades  locales  incluidas  en  su  ámbito  territorial,  y  con  los  entes,  organismos  y 
entidades del sector público dependientes de una y otras» está excluyendo la eficacia 
extraterritorial  de  esta  estas  decisiones.  Esta  regulación  puede  producir  efectos 
diferenciados sobre los distintos licitadores que pueden actuar en los procedimientos de 
selección  de  contratistas  al  impedir  que  un  licitador  clasificado  en  una  comunidad 
autónoma pueda utilizar esa clasificación en otras comunidades, pese a que la normativa 
aplicada es en buena medida la misma en todo el territorio estatal. Esta previsión puede 
colocar  en  una  posición  de  ventaja  competitiva  a  los  licitadores  locales  de  una 
comunidad autónoma, que normalmente contarán con la clasificación de su comunidad, 
frente a los licitadores que provengan de fuera, que se verán obligados a solicitar una 
nueva clasificación para poder concurrir.
De  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional  expuesta,  la  exclusión  de  la  eficacia 
extraterritorial  de  las  decisiones  sobre  clasificación  adoptadas  por  los  órganos 
competentes  de  las  comunidades  que  establece  el  art.  80.2  LCSP  no  puede 
considerarse conforme con el art. 139.2 CE. Para poder considerar que la limitación que 
establece el citado art. 80.2 LCSP respeta las exigencias de la unidad de mercado que 
se derivan del citado precepto constitucional hubiera sido necesario que el Estado, en 
cuanto autor de este precepto y responsable de aquellos efectos diferenciados sobre los 
licitadores, hubiera justificado que responde a una finalidad constitucionalmente legítima. 
En el presente caso nada ha argumentado para justificar la explícita exclusión del 
reconocimiento de decisiones de clasificación autonómicas fuera del ámbito de dicha 
administración autonómica –o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial– 
en un supuesto en el que existe «una legislación estatal común». Consecuentemente, 
debemos estimar la impugnación y declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso 
«que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la comunidad autónoma 
que las haya adoptado, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con 
los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras». La 
parte subsistente del art. 80.2 LCSP ha de interpretarse conforme a lo expresado en este 
fundamento jurídico y, por tanto, en el sentido de que la decisión de clasificación de una 
comunidad autónoma puede hacerse valer en los procedimientos de contratación de 
cualesquiera administraciones públicas.
g)  El art. 82.2 LCSP aborda la regulación de la conservación de la clasificación, de 
forma que «deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y 
financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, a cuyo efecto el 
empresario aportará la correspondiente declaración responsable o en su defecto la 
documentación actualizada en los términos que se establezcan reglamentariamente». La 
no aportación de la declaración responsable o de la documentación actualizada «en los 
plazos reglamentariamente establecidos», «dará lugar a la suspensión automática de las 
clasificaciones  ostentadas,  así  como  a  la  apertura  de  expediente  de  revisión  de 
clasificación». Esta suspensión se levantará, bien por la aportación de la documentación, 
antes  del  inicio  del  expediente  de  revisión,  bien  por  el  acuerdo  de  revisión  de  s
clasificación adoptado por el órgano competente, en caso contrario. oe.
La letrada del Gobierno de Aragón cuestiona esta regulación fundándose en que  w.
parece desconocer que las comunidades autónomas han asumido competencias para la  14ww
asedro placi ócno dmeu anciduaedr doasu tróenlaotmivao sl aa  lqau cela, saifli caacmiópna r(oa rtd. e8 0s.2u sL CcSomP)p. eCteonncsiiadse rad eq udee dseabrreorlílao 
legislativo en materia de contratación, regulase la periodicidad de la justificación –anual o
trienal–  y  los  efectos  –suspensión  automática–  derivados  de  la  no  aportación  de 
documentación en unos plazos fijados reglamentariamente.
El tribunal ha declarado reiteradamente que las previsiones relativas a clasificación 
del empresario tienen carácter básico al garantizar la igualdad de condiciones en el 
acceso a la contratación, así como la seguridad jurídica [SSTC 141/1993, FJ 6 q); 
331/1993, FJ 6 B), y 84/2015, FJ 5 a)], por lo que también ha de tener este carácter el 
precepto que impone a los empresarios la carga de justificar la solvencia económica y 
financiera –anualmente– y la técnica y profesional –cada tres años– para conservar la 
clasificación; y más teniendo, en cuenta, que «la clasificación de las empresas tendrá 
una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y 
circunstancias en que se basó su concesión» (art. 82.1 LCSP). Igualmente, se han de 
considerar básicos los efectos que se anudan a la falta de justificación; esto es, la 
suspensión automática y el inicio del expediente de revisión [STC 331/1993, FJ 6 B)].
A distinta conclusión se ha de llegar en cuanto al modo de acreditar, en defecto de 
declaración responsable, la justificación de la solvencia, y al establecimiento de los 
plazos, cuyo incumplimiento produzca los efectos de suspensión automática y, en su 
caso, revisión de la clasificación. El modo de acreditar documentalmente la justificación 
de  la  solvencia  a  efectos  de  conservar  la  clasificación  tiene  un  carácter  auxiliar 
[STC 141/1993, FJ 6 c) y d)]. Y los plazos para aportar la declaración responsable o la 
citada documentación son también complementarios, sin menoscabo de los principios de 
igualdad y seguridad jurídica (STC 141/1993, FJ 5). Llegados a este punto y con el fin de 
salvaguardar  la  integridad  de  la  regulación,  los  incisos  «o  en  su  defecto  la 
documentación actualizada en los términos que se establezcan reglamentariamente» y 
«la no aportación en los plazos reglamentariamente establecidos de las declaraciones o 
documentos a los que se refiere el párrafo anterior» son básicos, siempre que se 
interprete que (i) la remisión normativa que este precepto efectúa se entienda referida a 
cada una de las administraciones en el ámbito de sus propias competencias, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 80 LCSP y (ii) que la explicita referencia al reglamento que 
efectúa este precepto no conlleva que, en los casos en los que la competencia sea 
autonómica, el desarrollo de este precepto deba hacerse necesariamente a través de 
una norma de este tipo. Corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con el 
sistema de fuentes, determinar el instrumento normativo a través del cual van a ejercer 
sus competencias.
h)  En relación con la acreditación de la solvencia técnica de los contratos de obras 
y de servicios, se impugnan varios preceptos que por su similitud serán objeto de 
examen en este mismo apartado. En concreto, se impugnan las letras a), c) y e) del 
art. 88.1 LSCP, relativo a la acreditación de la solvencia técnica en los contratos de obra; 
y el párrafo segundo in fine de la letra a) y las letras e) y g) del art. 90.1 LCSP, respecto a 
la acreditación de la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
El reproche del Gobierno de Aragón, respecto de la letra a) del art. 88.1, se funda en 
que se atribuye al poder adjudicador la posibilidad de ampliar el plazo de los cinco 
últimos años al que se limita la relación de las obras ejecutadas, «cuando sea necesario 
para garantizar un nivel adecuado de competencia» [primer párrafo, in fine, letra a)]. Se 
argumenta que, si el poder adjudicador puede ampliar el plazo, con mayor motivo podría 
hacerlo el legislador autonómico.
La regla impugnada establece como criterio para acreditar la solvencia técnica en los 
contratos de obras, aportar una relación «de las obras ejecutadas en el curso de los 
cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución»; fija, por tanto, un  s
mínimo común cuya finalidad es garantizar un tratamiento uniforme a los empresarios en  oe.
relación con la acreditación de su solvencia técnica. Además, posibilita que el poder  w.
adjudicador pueda, cuando sea necesario para garantizar la competencia, acordar incluir  14ww
nuon ai mreplaidceió nla d ien toebrvraesn ceijóenc udtaedl alesg eisnl audno rp laauzoto snuópmeircioo r nai  lporse cjuinzcgoa  alañ odse. cEissitóan p oqsuieb ileidsated 
paodro plate n eonrm real aecsiótant acl.o nE l dpicohdoe rp laadzjou,d isciaedmoprr ee nq ueel  erejesrpceictieo  edle m síunsim coo mcopmetúenn ceiastsa bvleencdidráo   BOE-A-cable e
obligado a respetar tanto la legislación básica estatal –plazo mínimo de cinco años–, 
como la legislación que sea adoptada por la comunidad autónoma, al amparo de sus 
competencias,  en  relación  con  la  ampliación  o  no  del  plazo  mínimo,  duración  o 
condiciones. Por tanto, la regulación establecida por la letra a) del art. 88.1 LCSP es 
básica.
Las letras c) y e) del art. 88.1 LCSP establecen como criterios de acreditación de la 
solvencia  técnica,  respectivamente,  los  títulos  académicos  y  profesionales  del 
empresario, directivos y técnicos responsables o encargados de la obra, y la plantilla 
media anual de la empresa y el número de directivos durante los últimos tres años. Las 
letras e) y g) del art. 90.1 LCSP establecen criterios idénticos respecto de la solvencia 
técnica o profesional en el contrato de servicios. El recurrente argumenta el carácter 
irrelevante e inútil de estos criterios de acreditación a los efectos de justificar la solvencia 
técnica. A juicio del tribunal, esta argumentación, más allá de expresar una opinión del 
recurrente, no permite cuestionar el carácter básico de los preceptos impugnados. La 
impugnación debe, por ello, ser desestimada.
Queda por examinar la impugnación del párrafo segundo in fine de la letra a) del 
art.90.1, en el que se establece que: «La Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas 
clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la 
contratación  pública».  Esta  previsión  lesiona,  en  opinión  de  la  parte  recurrente,  la 
potestad de autoorganización de la comunidad autónoma, por el carácter vinculante de 
las recomendaciones emanadas de la junta consultiva estatal que, por esta vía, tutela la 
actuación de los órganos autonómicos.
El tribunal entiende que de los términos del precepto se deduce que a través de unas 
recomendaciones carentes de la fuerza vinculante que la parte recurrente les atribuye, la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ni ejerce ni puede ejercer tutela 
alguno sobre los órganos autonómicos. Como acertadamente señala la abogacía del 
Estado, las recomendaciones son la expresión del principio de cooperación y auxilio 
recíproco entre administraciones, por lo que ninguna vulneración de la potestad de 
autoorganización cabe apreciar en este precepto. De acuerdo con lo expuesto, se ha de 
desestimar la impugnación.
H)  Se impugnan por el Gobierno de Aragón los arts. 99, 101.3 y 103.6 encuadrados 
en el título tercero del libro primero LCSP, relativos al objeto, valor estimado, y precio del 
contrato y su revisión.
a)  En el art. 99 LCSP se establecen las normas generales sobre el objeto del 
contrato. La crítica del Gobierno de Aragón se limita a los apartados 3, 4, 5 y 7. El 
reproche formulado es esencialmente el mismo: atribuir al órgano de contratación, y no 
al legislador estatal, en relación con la división en lotes del objeto del contrato, unas 
posibilidades o facultades para modificar las reglas o criterios estatales; lo que, a su 
juicio, demuestra que no existe un mínimo común que justifique la calificación de estos 
preceptos como básicos.
El apartado 3 establece como regla general que «siempre que la naturaleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada 
una de sus partes mediante su división en lotes». No obstante, se posibilita que el 
órgano de contratación no divida en lotes el objeto del contrato «cuando existan motivos 
válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras»; y a continuación, señala unos motivos que, en todo  e
caso, justificarán la no división (restricción de la competencia; imposibilidad técnica; o  bo
naturaleza  del  objeto).  En  el  apartado  4,  por  su  parte,  se  permite  al  órgano  de  14ww
«cojunsttriafitcaácniódno ltaasn tdoe ibnitdroadmuecnirt eli menita ecli oenxepse,d qieunet ee»l ;m cisommoo  preresceervpator  afijlag,u an ola o d aivligsuiónno sd ed elo tloess 
lfoatceusl tap aarla ó rcgeanntroo ds ee csopnetcriaatlaecsi ódne p eamrap aledoju doi cpaarr aa  uenmap orefesratas  idnete ginrsaedrocriaó n–.c Euml appliaerntdaod olo 5s 
requisitos fijados en el mismo precepto–, cuando «hubiera decidido proceder a la división
en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote 
al mismo licitador». Y el apartado 7 establece como regla general que en el caso que se 
presenten ofertas integradoras «todas las ofertas constituirán un contrato», facultando en 
el resto de los casos al órgano de contratación a adoptar la decisión pertinente a través 
del pliego que rija el contrato.
La respuesta del tribunal ha de ser la misma en relación con los cuatro preceptos 
cuestionados y en sintonía con los pronunciamientos ya hechos en la misma línea en 
esta sentencia. Las reglas impugnadas establecen un mínimo común en relación con la 
división en lotes del objeto del contrato y su eventual exclusión o limitación, cuya 
finalidad es incrementar la libre concurrencia, pues la división en lotes, en especial de los 
grandes contratos, incrementa la competencia y favorece el acceso de las PYMES a la 
oferta pública de contratación (considerandos 77 y 78 de la Directiva 2014/24/UE). 
Además,  posibilita  que  el  órgano  de  contratación  pueda,  dentro  de  los  criterios  y 
requisitos fijados por el legislador estatal, acordar excluir o limitar la división en lotes del 
objeto del contrato. Esta posibilidad no impide la intervención del legislador autonómico, 
ni prejuzga la decisión que este adopte en relación con idénticas cuestiones, siempre 
que  respete  el  mínimo  común  establecido  por  la  norma  estatal.  El  órgano  de 
contratación, en el ejercicio de sus competencias, vendrá obligado a respetar tanto la 
legislación  básica  estatal  como  la  legislación  que  sea  adoptada  por  la  comunidad 
autónoma al amparo de sus competencias. En consecuencia, la regulación establecida 
por los apartados 3, 4, 5 y 7 del art. 90 LCSP tiene carácter básico.
b)  En relación con la determinación del valor estimado de los contratos, el art. 101.3 
LCSP establece, para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, 
una serie de conceptos que deben ser tomados en consideración. La regulación adolece, 
según el Gobierno de Aragón, de un excesivo detalle, pues entiende que no deja margen 
a la intervención de la comunidad autónoma.
El art. 101.1 b) LCSP establece que el valor estimado del contrato, en el caso de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, es el importe neto de la 
cifra  de  negocios  sin  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  generado  por  la  empresa 
concesionaria durante su ejecución «como contraprestación por las obras y los servicios 
objeto  del  contrato,  así  como  de  los  suministros  relacionados  con  estas  obras  y 
servicios». En el impugnado art. 101.3 LCSP se recogen una lista de conceptos que, 
adicionalmente y cuando proceda, se tendrán en cuenta para calcular el valor estimado 
del contrato: la renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios siempre 
que sean distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador [letra a)]; el pago 
de  ventajas  financieras  concedidos  por  el  poder  adjudicador  o  por  cualquier  otra 
autoridad pública [letra b)]; el valor de los subsidios o ventajas financieras, procedentes 
de terceros a cambio de la ejecución de la concesión [letra c)]; el precio de la venta de 
cualquier activo que forme parte de la concesión [letra d)]; el valor de los suministros y 
servicios que el poder adjudicador ponga a disposición del concesionario, siempre que 
sean necesarios para la concesión [letra e)]. No puede entenderse que el listado de 
conceptos tenga el carácter de numerus clausus, puesto que el precepto se limita a fijar 
un mínimo común de conceptos que, al formar parte del importe neto de la cifra de 
negocios que generará la concesionaria, deben estar presentes en el cálculo de valor 
estimado. Se trata de una norma básica que, regulando una cuestión nuclear de la 
licitación [STC 56/2014, FJ 4 b)], no impide tomar en consideración otros criterios o 
conceptos que, según el legislador autonómico, sean relevantes y deban tenerse en 
cuenta para el cálculo del valor estimado de acuerdo con lo dispuesto por el art. 101.1  s
LCSP. Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación. oe.
c)  En cuanto a la revisión de los precios de los contratos del sector público, el  w.
art. 103.6 LCSP, atribuye al Consejo de Ministros la aprobación de «fórmulas tipo de  14ww
fraebvirsicióanc iópne ridóed icaar my apmreednetote rym ienqaudiap»a mpaiernat olo sd ec olnatsra taodsm dinei sotrbarcai,o lnoess  dep úsbulimcainsi,s tlrooss  ddee 
rseucmuipneisrtarcoi ónd ed ee lnae inrgvíear siyó ne sne aa iqguuealll oos s uoptreorsio r cao cnitnractoo sa ñoesn.  Alo cso nqtuineu aecli ónp,e erísotdaob ledcee   BOE-A-cable e
el procedimiento para su elaboración: será el comité superior de precios de contratos del 
Estado, a propuesta de la administración pública competente de la contratación, el que 
«determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula 
tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros». 
La  aprobación  por  este  procedimiento  de  una  fórmula  tipo  de  revisión  para  un 
determinado tipo de contrato, impide al órgano de contratación incluir «otra fórmula de 
revisión diferente a esta en los pliegos y contrato».
El Gobierno de Aragón considera que la regulación descrita sobre la determinación 
de las fórmulas tipo de revisión vulnera las competencias autonómicas en materia de 
contratación  y  autoorganización  al  no  articular  la  participación  de  la  comunidad 
autónoma. El tribunal no comparte este argumento, pues el art. 103.6 LCSP es una 
norma básica sobre el régimen de precios –cuestión esencial de la contratación pública 
[STC  56/2014,  FJ  4  b)]–,  cuyo  párrafo  segundo  prevé  expresamente  que  «la 
administración pública competente de la contratación» participe en el procedimiento de 
elaboración de una fórmula tipo de revisión. No cabe apreciar, por ello, la vulneración 
alegada.
I)  Se examinan ahora los arts. 106, 107, 108.1 y 111 relativos a las garantías 
exigibles en la contratación del sector público (título cuarto del libro primero LCSP).
a)  El art. 106 LCSP regula el régimen jurídico de la garantía provisional. Aunque se 
impugna el precepto en su conjunto, la argumentación de la parte recurrente se limita al 
apartado 1 y al inciso final del párrafo primero del apartado 2, que su vez remite al 
art. 108.1 LCSP, también objeto de impugnación.
En  relación  con  el  apartado  primero,  la  representación  procesal  del  Gobierno 
aragonés considera que se faculta al órgano de contratación para poder exigir, de forma 
excepcional, la garantía provisional, mientras que, por el contrario, no se permite al 
legislador autonómico determinar en qué supuestos debería valorarse la posibilidad de 
adoptar dicha garantía.
La regla impugnada establece como criterio general que en el procedimiento de 
contratación  «no  procederá  la  exigencia  de  garantía  provisional»  (inciso  inicial  del 
art. 106.1 LCSP). Fija, por tanto, un mínimo común cuya finalidad, en aras de satisfacer 
los principios de igualdad y seguridad jurídica, y favorecer la reducción de cargas, es 
proporcionar un tratamiento uniforme a los licitadores en la prestación de garantías. 
Además, posibilita que el órgano de contratación pueda, de forma excepcional y por 
motivos de interés público, exigir una garantía provisional, cuando lo estime necesario y 
lo  justifique  motivadamente  en  el  expediente.  Esta  garantía  responderá  del 
mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato. Esta 
regulación no impide la intervención del legislador autonómico, ni prejuzga la decisión 
que este adopte en relación con la garantía provisional, siempre que respete el mínimo 
común  de  la  norma  estatal.  El  órgano  de  contratación  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias vendrá obligado a respetar tanto la legislación básica estatal –esto es, la 
excepcionalidad de la garantía provisional–, como la legislación que sea adoptada por la 
comunidad autónoma, al amparo de sus competencias, en relación con los motivos de 
interés público que permitan de forma excepcional y justificada exigirla. Por tanto, la 
regulación establecida por el art. 106.1 LCSP es básica.
En el inciso final del párrafo primero del art. 106.2 LCSP, se establece que la garantía 
provisional  «podrá  prestarse  en  alguna  o  algunas  de  las  formas  previstas  en  el 
apartado 1 del art. 108»; esto es, las previstas para las garantías definitivas: en efectivo  e
o en valores [letra a)]; mediante aval [letra b)] y mediante contrato de seguro de caución  bo
[letra c)]. Considera el recurrente que ambos preceptos vulneran la competencia de  14ww
dfoersmaarrso dlloe  dpere lsat accoiómnu dneid laads  aguatróannotímasa,,  speoarn n por opveirsmiointira laels l eog diselafidnoitirv aaus.tonómico fijar otras
contEral ttarcibióunn apl úhbal icdae ctliaernaed op rdinec ifpoarmlmae nreteit epraodr ao bqjueeto ,la  anpoarrmtea tdivea  obtárossic afi neens  mdea teinritae rdées 
general,  entre  los  que  se  encuentra  la  reducción  de  las  cargas  burocráticas,
proporcionar,  entre  otras,  las  garantías  de  igualdad,  libre  concurrencia  y  seguridad 
jurídica que aseguren a los licitadores un tratamiento común por las administraciones 
[SSTC 141/1993, FJ 5, y 84/2015, FJ 5 a)]. El régimen de las garantías exigibles y sus 
formas es un aspecto nuclear de la contratación pública, presente de forma constante en 
la legislación estatal, cuyo carácter básico está vinculado y justificado por la necesidad 
de satisfacer la igualdad entre los licitadores, dotar de seguridad jurídica a su exigencia y 
facilitar su ejecución mediante la limitación de sus formas. No se aprecia, por ello, la 
vulneración competencial alegada en relación con los arts. 106 y 108.1 LCSP, normas 
materialmente básicas.
b)  El art. 107 LCSP establece, por su parte, el régimen jurídico de la garantía 
definitiva. La parte recurrente impugna al apartado 2, relativo a la llamada garantía 
complementaria, considerando que el precepto establece prescripciones de detalle que 
podrían ser sustituidas por otras igualmente válidas.
El art. 107.2 LCSP dispone que, en casos especiales, el órgano de contratación 
podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la 
garantía definitiva, «se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final 
ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 145, excluido el impuesto sobre el valor añadido». A continuación, caracteriza 
a los casos especiales en función del riesgo que por ellos es asumido por el órgano de 
contratación,  «por  su  especial  naturaleza,  régimen  de  pagos  o  condiciones  de 
cumplimiento del contrato»; y establece un caso especial que justificaría la presentación 
de esta garantía complementaria, la calificación de la oferta del adjudicatario como 
presuntamente anormal (párrafo segundo del art. 107.2 LCSP). El tribunal no aprecia, 
como alega el recurrente, la existencia de una regulación de detalle que impida a la 
comunidad autónoma desarrollar sus propias prescripciones sobre los casos especiales 
que justifiquen la exigencia de la garantía complementaria, siempre que respete el 
mínimo  común  establecido  en  esta  norma  básica.  Por  ello,  la  impugnación  ha  de 
desestimarse.
c)  Se impugna, por último, el art. 111 LCSP relativo a la devolución y cancelación 
de las garantías. El recurrente reprocha a la legislación estatal haber incurrido en una 
regulación  excesivamente  rígida  y  detallista,  que  cercena  cualquier  posibilidad  de 
desarrollo legislativo por la comunidad autónoma, predeterminando, además, un modelo 
que ignora una necesaria flexibilidad en el ámbito de las garantías. Más allá de esta 
crítica global al precepto en su conjunto, no concreta qué aspectos del régimen de 
devolución o cancelación de las garantías incurre en tal exceso. Lo más que llega a 
exponer  el  recurrente,  utilizando  para  ello  el  ejemplo  del  contrato  de  obras,  es  la 
conexión  que  existe  entre  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  (evolución  del 
inmueble, ciclo de vida u otros conexos) y las garantías que presta el contratista. En su 
opinión el cumplimiento de estos criterios quedaría comprometido o anulado por el 
régimen de devolución y cancelación de garantías objeto de impugnación. Sin embargo, 
no parece que esto suceda, ya que la garantía definitiva no será devuelta o cancelada 
hasta que no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía establecido en el 
contrato –en el caso del contrato de obras, regulado en los arts. 243 y 244 LCSP– y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate (art. 111.1 LCSP).
El régimen de las garantías exigibles, incluida su devolución y cancelación, es un 
aspecto nuclear de la contratación pública, cuyo carácter básico está vinculado a la 
necesidad de satisfacer la igualdad entre licitadores, dotar de seguridad jurídica a su 
exigencia y facilitar su ejecución. Conforme a este razonamiento, no cabe apreciar la  s
vulneración competencial alegada. oe.
7.  Impugnación de preceptos sobre la preparación y adjudicación, y los efectos,  14ww
cumplimiento y extinción de los contratos.
relatEivl oesx aam (ei)n l ad ep rloesp aprraeccióenp,t o(sii )i mlap uagdnjuaddiocas csióen r eya aliz alorsá  eafgercutpoásn, dyo l(oiisi)  ecnu mtrpelsim bileonqtuoe sy 
extinción de los contratos. En estos bloques se integrarán tanto las normas generales
aplicables al conjunto de contratos de las administraciones públicas como las normas 
específicas de los distintos tipos de contratos.
A)  En relación con el régimen jurídico de la preparación de los contratos, han sido 
objeto de impugnación los arts. 115.1 y 3, 117, 118.3, 121.2, 122, 125.1 y 127.2 de la 
sección  primera,  capítulo  primero,  título  primero,  del  libro  segundo  LCSP.  Se  ha 
recurrido, también, el art. 232.6, 7 y 8 del contrato de obras (sección primera del capítulo 
primero del título segundo), y el art. 308.2 párrafo segundo in fine y 3 del contrato de 
servicios  (sección  primera  del  capítulo  quinto  del  título  segundo),  ambos  del  libro 
segundo LCSP.
a)  En los apartados 1 y 3 del art. 115 LCSP se regulan el objeto y los efectos de las 
consultas preliminares del mercado. Estos apartados se critican por ser prescripciones 
de detalle y procedimiento que podrían ser sustituidas por otras igualmente válidas, por 
lo que, a juicio del Gobierno aragonés, no deberían haber sido declarados básicos.
El  apartado  1  otorga  a  los  órganos  de  contratación  la  posibilidad  de  «realizar 
estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran 
activos en el mismo», con la finalidad «de preparar correctamente la licitación e informar 
a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 
exigirán para concurrir al procedimiento» (inciso primero). Estos estudios o consultas se 
vinculan  directamente  con  el  objetivo  de  garantizar  los  principios  de  transparencia, 
publicidad  e  información,  y  libre  concurrencia,  tanto  para  los  posibles  licitadores  o 
candidatos  en  un  momento  inicial,  como  para  los  que  hayan  participado  en  un 
procedimiento de adjudicación. Esto explica que también se dé publicidad tanto al objeto 
y demás características del estudio o consulta antes de su inicio, como a la elección de 
asesores  externos  en  las  plataformas  de  contratación  de  las  administraciones 
competentes (estatal o autonómica). Se trata, por tanto, de una norma de carácter básico 
[SSTC 141/1993, FJ 5, y 84/2015, FJ 5 a)]. No obstante, las comunidades autónomas 
tienen margen de actuación respecto de los criterios de selección de los asesores, pues 
la ley se limita a una mera enumeración abierta (podrán ser expertos o autoridades 
independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores 
económicos activos en el mercado).
Por las mismas razones cabe atribuir carácter básico al apartado 3 cuando regula el 
informe  final  sobre  los  estudios  o  consultas  realizados,  el  cual  se  integrará  en  el 
expediente de contratación y quedará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad 
que los pliegos de condiciones. Además, se prohíbe revelar a los participantes en el 
estudio  o  consulta  las  soluciones  propuestas  por  los  otros  participantes  (párrafo 
segundo). Esta prohibición tiene carácter básico, pues se dirige a garantizar el principio 
de confidencialidad como límite a la transparencia en aras de salvaguardar la innovación 
y la libre competencia.
Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación de los apartados 1 y 3 del 
art. 115 LCSP.
b)  La aprobación del expediente de contratación constituye el objeto del art. 117 
LCSP, al que el Gobierno de Aragón reprocha incurrir en una regulación exhaustiva que 
impide a las comunidades autónomas la tramitación anticipada de los expedientes, con 
las consiguientes dificultades y tensiones presupuestarias.
No  puede  acogerse  la  tesis  del  recurrente,  puesto  que,  más  allá  de  las 
observaciones de naturaleza presupuestaria por él formuladas, ajenas a este proceso 
constitucional  al  ser  materia  de  legalidad  ordinaria,  la  tramitación  anticipada  del 
expediente es el objeto del apartado 2 del art. 117 LCSP. Se dispone que los expedientes  e.
de  contratación  «podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y  formalización  del  w.b
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias  14ww
aconmuaplridoamdeetse,r sed ecbraé ditinoisc iacrosen   leans   lieml itaecjeiornceicsio  quseig usieen ted»e,t ermy inpeanr ae ne llloa s «npoordmráans 
apcretos upduee sptareripaasr adcei ólans,  deissttian tanso armdma indiset raacpioronbeas cpióúnb licdaesl  seuxjepteadsi ean etes,t a inlecylu»s. iEvan  cduea ntlao 
tramitación anticipada, tiene un carácter materialmente básico, al constituir un mínimo
común uniforme que permite garantizar la igualdad de los licitadores y su tratamiento 
común ante las administraciones públicas [SSTC 141/1993, FFJJ 5 y 6 b), y 56/2014, 
FJ 3]. Por ello, la impugnación debe ser desestimada.
c)  Se recurre el art. 118.3 LCSP, cuyo contenido coincide en lo sustancial con el 
actual apartado 2, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2020. En relación 
con la tramitación del expediente de los contratos menores –definidos por umbrales de 
cuantía inferior a 40 000 (contrato de obras) o 15 000 € (contratos de suministro o de 
servicios),  apartado  1–,  el  art.  118.2  LCSP  impugnado  exige  que  el  órgano  de 
contratación  emita  un  informe  que  justifique  de  forma  motivada  «la  necesidad  del 
contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los 
umbrales» del apartado primero.
La regulación supone, en opinión del recurrente, una grave quiebra del principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE). No se concreta, en su opinión, si se refiere a los 
contratos suscritos con el mismo órgano de contratación, con la misma o con todas las 
administraciones; tampoco se aclara si se refiere a contratos del mismo ámbito –por 
ejemplo, servicios– o a todos los celebrados por el empresario (obras, suministros y 
servicios). Por último, afirma, tampoco se especifica cuál es el ámbito temporal para 
entender superados los umbrales de cuantía.
No corresponde al Tribunal Constitucional resolver las dudas interpretativas que se le 
suscitan  al  recurrente  sobre  el  ámbito  subjetivo,  objetivo  y  temporal  del  precepto 
impugnado, toda vez que aquellas no guardan relación con el conflicto competencial 
objeto de este proceso. El carácter materialmente básico de este precepto no ha sido 
cuestionado por las partes, por lo que la impugnación ha de ser desestimada.
d)  En  relación  con  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  se  impugnan  el 
art. 121.2 (generales) y 122 (particulares) LCSP.
La letrada del Gobierno de Aragón critica que en la aprobación de los pliegos de 
cláusulas administrativas generales por las comunidades autónomas y las entidades 
locales  se  exija  el  «previo  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo 
equivalente de la comunidad autónoma respectiva, si lo hubiera» (art. 121.2), pues 
entiende que esta exigencia vulnera sus competencias en materia de procedimiento 
administrativo.
Los pliegos de cláusulas administrativas generales tienen un carácter potestativo 
(«podrá» o «podrán aprobar», art. 121 LCSP), a diferencia de los pliegos de cláusulas 
administrativas  particulares,  que  tienen  carácter  preceptivo  («deberán  aprobarse», 
art. 122 LCSP). Se trata de estipulaciones o condiciones tipo que tienen como finalidad 
racionalizar  y  orientar  los  procesos  de  contratación  pública,  conteniendo  las 
declaraciones jurídicas, económicas y administrativas que, en principio, se aplicarán a 
todos los contratos con un mismo o análogo objeto.
Los pliegos de cláusulas administrativas, tanto generales como particulares, tienen 
gran relevancia en la preparación de los contratos, en la medida en que los pliegos 
generales, si se han aprobado, orientan, y los particulares plasman, las cláusulas del 
futuro contrato (de hecho, las cláusulas de los pliegos particulares se consideran parte 
integrante del mismo contrato, art. 122.4 LCSP). Por consiguiente, la intervención del 
órgano  consultivo  supone  una  garantía  del  principio  de  igualdad  para  los  posibles 
licitadores, así como de su tratamiento común por las distintas administraciones públicas. 
De este modo, el art. 121.2 LCSP es un precepto básico dictado al amparo de las 
competencias estatales en materia de contratación pública. Esto no impide que pueda 
«"alcanzar  algún  aspecto  de  [los]  procedimientos  especiales  si  imponen  criterios  s
directamente vinculados a los objetivos sustantivos" de esa legislación básica», en este  oe.
caso, la igualdad de los licitadores en la fase de preparación del contrato [STC 55/2018,  w.
FJ 4 b)]. Procede, por ello, desestimar la impugnación. 14ww
admEinl istGraotbiviearsn op ardtiec ulaArreasg óqnu e crrietiaclaiz a lae l raergt.u l1a2ci2ó nL CdSeP  lpoosr  epll ieegxocse sivdoe  dceltáaullseu leans 
cpuaarenctoe  aq useu  eclo onbtejentiod od.e E imstipmuag nqauceió pno er se setla p rraezcóenp tnoo e nd esbue  tcootanlsididaedr,a lros ec iebrátosi ceos.  qSui eb ileons   BOE-A-cable e
reproches se concentran en el apartado 2, e indirectamente en el apartado 3, que 
también se refiere al contenido, pero en este caso, con un carácter potestativo, lo que 
deja margen de actuación a las comunidades autónomas respecto a la exigencia o no de 
penalidades en los pliegos particulares. Nada se dice de los apartados 1 (aprobación 
preceptiva) y 4 (parte integrante del contrato), ni de los apartados 5, 6 y 7 que, por otra 
parte, no tienen la condición de básicos de acuerdo con la disposición final primera de la 
Ley de contratos del sector público.
Centrando el enjuiciamiento en el contenido del art. 122.2 LCSP, hay que tener en 
cuenta que el precepto ha sido objeto de modificación por el Real Decreto-ley 14/2019, 
mediante el cual se ha incorporado un nuevo contenido mínimo de los pliegos de 
aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento de datos personales (párrafos 
tercero a quinto). Esta añadidura no ha eliminado la controversia competencial suscitada 
en esta impugnación.
El párrafo primero del art. 122.2 LCSP regula con detalle el contenido de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. Se incluye la necesaria referencia a los pactos 
y condiciones que regirán el contrato y definirán el conjunto derechos y obligaciones de 
cada una de las partes contratantes, así como a la observancia de la ley y sus normas 
de desarrollo. A mayor abundamiento, se exige incluir criterios relativos a la solvencia –
consideraciones  sociales,  laborales  y  ambientales–  y  adjudicación  del  contrato,  la 
previsión de una eventual cesión de este y la obligación de cumplimiento de otras 
normas estatales, como las relativas a las condiciones salariales. Además, se precisa la 
necesidad de detallar el régimen jurídico aplicable a los contratos mixtos.
El párrafo segundo, por su parte, contiene previsiones potestativas en relación con la 
transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. Esto permite al órgano de 
contratación decidir su inclusión o no, dentro de los criterios fijados por el legislador 
estatal en relación con el contrato de servicios. Esta regulación no impide la intervención 
del legislador autonómico, ni prejuzga la decisión que este adopte en relación con 
idénticas cuestiones, siempre que respete el mínimo común establecido por la norma 
estatal.
Conforme  a  la  doctrina  del  tribunal  [STC  141/1993,  FFJJ  5  y  6  f)],  no  puede 
entenderse básico el párrafo primero del art. 122.2, salvo los incisos relativos a la 
necesidad de incluir «los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones 
de las partes del contrato» y «[e]n el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen 
jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas 
aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos». Estos incisos guardan una 
relación  directa  como  el  principio  de  igualdad  de  los  licitadores,  y  aseguran  un 
tratamiento  común  por  las  administraciones  públicas.  Por  ello,  y  salvo  los  incisos 
indicados,  el  párrafo  primero  del  art.  122.2  es  contrario  al  orden  constitucional  de 
competencias. Esta declaración que no implica su nulidad, puesto que de ella se deriva 
su no aplicación a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades 
autónomas,  las  corporaciones  locales  y  las  entidades  vinculadas  a  unas  y  otras 
[SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
e)  El art. 125.1 LCSP define qué se entenderá, a efectos de la ley objeto de 
enjuiciamiento, por prescripción o especificación técnica, cuando se trate de contratos de 
obras [letra a)] y de contratos de suministro o de servicios [letra b)]. El recurrente 
reprocha a la regulación una minuciosidad formalista.
El  tribunal  entiende  que  el  carácter  básico  de  este  precepto  no  encuentra 
justificación, en contra de lo que sostiene la abogacía del Estado, en ser una trasposición  s
exacta  de  las  definiciones  uniformes  del  anexo  II  de  la  Directiva  2014/24/UE.  La  oe.
regulación del art. 125.1 LCSP contiene prescripciones de naturaleza formal, relativas a  w.
las  características  técnicas  de  materiales,  productos  o  servicios,  procedimientos  de  14ww
ecolanbsoidraecraiódna, su ctiolizmaoc ibóáns yic adsis.e Uñnoa,  irnesgtruulaccciioónne dse d ees tuas on,a teutrca.,l eqzuae s doilfoíc milmuey ninted ipreucetdaemne sneter 
gcounatrrdaata ccioónne pxiúóbnl iccao n[S TloCs  4p1r/i1n9ci9p3io, sF FgJeJn e5r ayle s6  ed)e]l.  Préogri meellon,  beál saicrto.  1e2n5 .1m aLtCerSiaP  dees   BOE-A-cable e
contrario  al  orden  constitucional  de  competencias.  Esta  declaración  no  implica  su 
nulidad,  puesto  que  solamente  será  aplicable  a  los  contratos  suscritos  por  la 
administración general del Estado y las entidades a ella vinculadas [SSTC 50/1999, 
FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
f)  El Gobierno de Aragón critica la atribución al órgano de contratación, por parte 
del art. 127.2 LCSP, de la facultad de exigir una etiqueta específica «como medio de 
prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características 
exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la 
agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que 
garantizan  el  cumplimiento  de  las  convenciones  fundamentales  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo»; fijando a continuación [letras a) a e)] las condiciones que se 
han de cumplir para que dicha etiqueta pueda ser exigida. Entiende el recurrente que 
esa atribución corresponde o debe residenciarse en la comunidad autónoma.
La regla impugnada establece cuándo una etiqueta específica puede servir como 
«medio de prueba» de que las obras, servicios o suministros cumplen las características 
exigidas [letras a) a e) del párrafo primero y párrafo segundo del art. 127.2 LCSP]; fija, 
por  tanto,  un  mínimo  común  –los  requisitos  mínimos–  cuya  finalidad,  en  aras  de 
satisfacer los principios de igualdad y libre concurrencia, es proporcionar un tratamiento 
uniforme a los licitadores. Además, atribuye al órgano de contratación la posibilidad de 
exigir,  en  las  prescripciones  técnicas,  en  los  criterios  de  adjudicación  o  en  las 
condiciones de ejecución del contrato, esa etiqueta específica. Esta posibilidad no impide 
la intervención del legislador autonómico, ni prejuzga la decisión que este adopte en 
relación con la exigencia de una etiqueta especial, siempre que respete el mínimo común 
de la norma estatal. El órgano de contratación en el ejercicio de sus competencias 
vendrá obligado a respetar tanto la legislación básica estatal –requisitos para operar 
como  medio  de  prueba–,  como  la  legislación  que  sea  adoptada  por  la  comunidad 
autónoma, al amparo de sus competencias, en relación con la exigibilidad de la etiqueta. 
Por tanto, la regulación establecida por el art. 127.2 LCSP es básica.
g)  Dentro  de  la  regulación  específica  del  contrato  de  obras,  se  impugnan  los 
apartados 6, 7 y 8 del art. 232 LCSP, en los que se precisa, respectivamente, qué ha de 
entenderse por obras de restauración, rehabilitación y demolición, para proceder a la 
clasificación atendiendo a su objeto y naturaleza a los efectos de elaboración de los 
proyectos. El recurrente argumenta que estos preceptos adolecen de un detalle que 
supera  el  concepto  material  de  bases,  a  la  vez  que  infringen  las  competencias 
autonómicas en materia de urbanismo y vivienda (arts. 71.9 y 10 EAAr y 148.1.3 CE).
Los preceptos impugnados cumplen el mismo cometido que los apartados 2, 3 y 4, 
no impugnados, en los que se delimitan las nociones de obras de primer establecimiento, 
de  reparación,  y  de  conservación  y  mantenimiento,  respectivamente.  Todos  estos 
preceptos no tienen más finalidad que delimitar o establecer los elementos objetivos que 
identifican el contrato de obras para proceder a su clasificación, atendiendo a su objeto y 
naturaleza, y a los solos efectos de elaborar los pertinentes proyectos.
Como el tribunal ha declarado en el precedente fundamento jurídico seis A) y B), la 
concreción del elemento objetivo de la ley es esencial para garantizar la igualdad y el 
tratamiento común ante las administraciones. Por esta razón los apartados 6, 7 y 8 del 
art.  232  LCSP  tienen  un  carácter  materialmente  básico  en  cuanto  su  finalidad  es 
delimitar el ámbito de aplicación de la LCSP [STC 84/2015, FJ 5 a)]; en este caso, 
clasificando  las  obras,  según  su  objeto  y  naturaleza,  a  los  efectos  de  afrontar  la 
elaboración de los proyectos, por lo que no se vulneran las competencias autonómicas  s
en materia de urbanismo y vivienda. La impugnación se debe, por ello, desestimar. oe.
h)  Respecto de los actos de preparación se impugnan, por último, el segundo  w.
párrafo in fine del apartado 2 y el apartado 3 del art. 308 LCSP, relativo al contenido y  14ww
límitEels  adret.l  c3o0n8tr.2a toL CdeS Pse rinviccliuoyse. una limitación propia o característica de este tipo de
pcoenrstroantaoss . qCuoen  hsua yeaxnti nrceiaólniz «andoo  ploosd rátr apbroadjousc iorsbeje eton  ndienlg úcno nctarastoo  lac ocmonos opleidrascoinóanl  ddee  lalas   BOE-A-cable e
entidad contratante». A esa limitación, no cuestionada por el recurrente, se añade un 
mandato dirigido a los empleados públicos o responsables de la administración que 
consiste en el deber de abstenerse «de realizar actos que impliquen el ejercicio de 
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa 
contratista». Este mandato para el recurrente excede de lo meramente básico e infringe 
el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.
En realidad, como acertadamente sostiene la abogacía del Estado, el precepto en su 
conjunto responde a una misma finalidad que es evitar que, por la vía del contrato de 
servicios, se pueda producir el acceso de trabajadores a la función o empleo público, con 
menoscabo de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad previstos 
en los arts. 23.2 y 103.3 CE. Con el objeto de garantizar dichos principios, el párrafo 
segundo  del  art.  308.2  tiene  el  carácter  de  norma  básica,  dictada  al  amparo  del 
art. 149.1.18 CE en materia de «bases del régimen jurídico de las administraciones 
Públicas». Corresponde, pues, desestimar la impugnación.
Por su parte, el art. 308.3 LCSP regula los contratos de servicios que impliquen el 
desarrollo  o  mantenimiento  de  aplicaciones  informáticas.  El  Gobierno  de  Aragón 
argumenta que el precepto incurre en un exceso de regulación de detalle al determinar el 
contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Independientemente de la ubicación sistemática del precepto y de la referencia a los 
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  la  finalidad  del  apartado  3  es 
determinar el objeto de este tipo de contratos de servicios, de gran complejidad, dado el 
no siempre fácil deslinde respecto de otras figuras contractuales. El precepto impugnado 
tiene  un  carácter  materialmente  básico  en  cuanto  su  fin  es  delimitar  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley de contratos del sector público [STC 84/2015, FJ 5 a)]; en este caso, 
permitiendo la posibilidad de definir el objeto de este tipo de contratos de servicios con 
referencia a los componentes en que se acuerde estructurar la prestación del servicio. 
Esto será determinante del precio –referido a cada componente en términos de unidades 
de actividad– y de la misma ejecución del contrato. Se ha de desestimar, por tanto, la 
impugnación.
B)  Respecto del régimen jurídico de la adjudicación de los contratos, han sido 
objeto de impugnación los arts. 141, 143, 145, 146, 147, 148.3 párrafo segundo, 149.4 
y 6, y 154.7 párrafos segundo y tercero, de la subsección primera de normas generales; 
los arts. 156, 157, 159.1 y 4 a), 166.2, 177.3 a), 185.3, y 187.3 y 11 relativos a los 
procedimientos de adjudicación de las subsecciones segunda, cuarta, sexta y séptima; 
todos ellos incluidos en la sección segunda, capítulo primero del título primero del libro 
segundo LCSP; y la disposición adicional vigésima segunda.
a)  El Gobierno de Aragón considera que el art. 141 LCSP habilita al órgano de 
contratación para la adopción de decisiones en relación con la inclusión en el pliego de 
contratación de la declaración responsable y su modelo (apartado 1); además, en los 
supuestos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, se atribuye a 
esta  la  calificación  de  la  declaración  responsable  y  de  la  documentación  que  la 
acompañe, y en su caso, la subsanación de los defectos que se aprecien (apartado 2). 
Las habilitaciones, según el recurrente, se hacen con menoscabo de las competencias 
del legislador autonómico que ve, de este modo, reducido su margen de desarrollo.
A juicio del tribunal el cuestionado precepto no contiene tales habilitaciones, pues su 
objeto  es  exigir  la  inclusión  de  una  declaración  responsable,  su  calificación  y 
subsanación.  El  modelo  de  esta  declaración  «seguirá  el  formulario  de  documento  e
europeo  único  de  contratación  aprobado  en  el  seno  de  la  Unión  Europea».  Debe  bo
reiterarse lo dicho con ocasión del examen del art. 71.1 d) LCSP, en el fundamento  14ww
rjuersípdoicnos a6b leG, ) abju) stdaed ae satla  msoednetelon ceiau royp eaofi,r measr  uqnuae  nlao rmexai gbeánsciicaa  dqeu eu nrae spdoencdlaer aaci ólna 
cporoncseedciumciieónnt osd ed e plricinitcaicpiióons,  acsoím coo mloo sa  dlae  eftircaiennscpiaar eennc iala  gee sitniófonr mdea cilóons  reecnu rslooss 
públicos mediante la reducción de las cargas burocráticas [STC 84/2015, FJ 5 a)]. 
Procede, pues, desestimar la impugnación.
b)  El art. 143 LCSP regula la subasta electrónica y lo hace de un modo que, según 
la letrada del Gobierno aragonés, contiene prescripciones de detalle, que podría ser 
sustituidas por otras igualmente válidas. El detalle, según afirma, alcanza al anuncio de 
licitación y el procedimiento que debe seguirse (primera evaluación completa de la 
oferta, invitación y plazos, fases de desarrollo…). Además, al apartado 9 se le atribuye 
carácter supletorio, por enumerar criterios alternativos, lo que implica que ninguno es 
preceptivo, por lo que, a su juicio, no puede ser considerado básico.
La  subasta  electrónica,  tras  una  primera  evaluación  completa  de  las  ofertas 
(apartados 1 y 5), no es uno de los procedimientos de adjudicación previstos en el 
art. 131 LCSP, sino una fase que se puede emplear en determinados procedimientos 
(abierto, restringido y negociado), salvo en los contratos cuyo objeto tenga relación con 
la calidad alimentaria, siempre que no se use de forma abusiva o se obstaculice, restrinja 
o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato (apartado 2). Con 
este objetivo, el precepto impugnado regula los criterios mínimos en los que se basará la 
subasta (precios y/o valores objetivos; apartado 3); exige su publicitación en el anuncio 
de  licitación  y  fija  una  información  mínima  sobre  ella  en  el  pliego  de  condiciones 
(apartado 4); establece la información relevante que ha de incluir la invitación a participar 
en ella y la fórmula para el cálculo de la oferta más ventajosa (apartados 6 y 7); prevé la 
posibilidad de su desarrollo en fases y la información mínima que en cada una de ellas 
se podrá facilitar (apartado 8); y regula los criterios mínimos y preceptivos para su cierre 
y la adjudicación del contrato (apartados 9 y 10).
En cuanto fase que se inserta en los procedimientos de adjudicación, la regulación 
de la subasta electrónica por el art. 143 LCSP es, al igual que los preceptos que regulan 
aquellos (SSTC 237/2015, FJ 7, y 103/2015, FJ 6), una norma básica que permite 
garantizar la igualdad de los licitadores y su tratamiento común por las administraciones 
[SSTC  141/1993,  FJ  5].  Además,  por  su  conexión  con  la  licitación  y  su  anuncio 
[SSTC  141/1993,  FJ  6  b),  y  237/2015,  FJ  8)  y  la  regulación  de  las  ofertas 
[STC 141/1993, FJ 6 n)], es básica en aras de satisfacer el principio de transparencia, 
así como los de publicidad e información. Esta norma básica, frente a lo que sostiene el 
Gobierno  de  Aragón,  no  impide  que  la  comunidad  autónoma  pueda  ejercer  su 
competencia de desarrollo legislativo en relación con varios aspectos sustantivos y 
procedimentales  de  la  subasta  electrónica.  Procede,  por  tanto,  desestimar  la 
impugnación.
c)  Los  arts.  145,  146,  147  y  148.3  párrafo  segundo  LCSP,  regulan  diversos 
aspectos relativos a los criterios de adjudicación de los contratos, por lo que, dada su 
conexión, serán examinados conjuntamente. En el caso de los arts. 145 y 146, aunque la 
impugnación se refiere al precepto en su conjunto, la crítica se limita al apartado 2 de 
cada uno de ellos.
En relación con el art. 145.2 LCSP que regula los requisitos y criterios para la 
adjudicación  del  contrato,  la  letrada  del  Gobierno  de  Aragón  alega  que  prevé  tres 
criterios de adjudicación y que ninguno de ellos es de aplicación preceptiva, por lo que 
su calificación como básicos no se ajusta a derecho e incurre, además, en la prohibición 
de fijar normas de carácter supletorio a través de la legislación básica.
A juicio del tribunal, el precepto en cuestión se limita a regular un mínimo común en 
relación con los criterios cualitativos –que, junto a los económicos, son los relevantes 
para la adjudicación– que puede tomar en consideración el órgano de contratación para  s
evaluar mejor la relación calidad-precio. Estos criterios no constituyen una lista cerrada;  oe.
entre ellos se encuentran la calidad, referida tanto a características medioambientales,  w.
como a características sociales; la organización, cualificación y experiencia del personal  14ww
aednstrcergitao.  aSl ocno nctrriatetori;o sy  qeul es,e revnic itoo dpoo scvaesnota,  «yd elab earásins teirn caiac otmécpnaiñcaad oys  codned iucnio nceriste rdioe 
relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el
precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida» 
(último párrafo del apartado 2).
El tribunal entiende que el art. 145.2 LCSP es una norma básica. Este precepto tiene 
por objeto garantizar la igualdad de los licitadores y su tratamiento común por parte de 
las administraciones en la fase de adjudicación (SSTC 141/1993, FJ 5). Tampoco incurre 
en exceso de regulación, pues no impide que la comunidad autónoma pueda ejercer su 
competencia de desarrollo legislativo en relación con la concreción de los criterios de 
adjudicación que deberá tomar en consideración el órgano de contratación, ni tiene 
carácter supletorio. No cabe apreciar, por ello, la vulneración alegada.
El Gobierno aragonés impugna el art. 146.2 LCSP porque considera que establece 
una regulación de detalle que impone criterios que podrían ser sustituidos por otros 
igualmente válidos. En concreto, alude a la composición del comité de expertos y a la 
exigencia de un criterio de adjudicación evaluable de forma automática en los contratos 
de concesión de obras o de servicios.
En relación con el comité de expertos, al que se ha de encomendar «la valoración de 
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor» –en los procedimientos de 
adjudicación abierto o restringido–, la noma se limita a establecer un mínimo común en 
relación con el número de componentes –al menos tres miembros– y su procedencia, a 
la que impone una limitación lógica desde el punto de vista de la libre concurrencia, y es 
que «en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato»; y 
permite, como alternativa al comité, que la valoración se realice por «un organismo 
técnico  especializado,  debidamente  identificado  en  los  pliegos»  [letra  a,  párrafo 
segundo].  Estamos,  pues,  ante  una  norma  básica  cuyo  objeto  es  garantizar, 
nuevamente, la igualdad de los licitadores en la fase de adjudicación, a la vez que 
satisfacer los principios de transparencia y publicidad [SSTC 141/1993, FJ 5]. La norma 
no impide la intervención de la comunidad autónoma en relación con la composición y 
funciones del comité de expertos o del órgano técnico especializado, respetando, en 
todo caso, el mínimo común básico.
Por idénticas razones se ha de considerar básico el criterio de adjudicación evaluable 
de  forma  automática  consistente  en  «la  cuantía  de  la  reducción  que  oferten  los 
licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación», previsto 
en el último párrafo del art. 146.2 LCSP, para los contratos de concesión de obras o de 
servicios. Se trata de un criterio mínimo común que en nada impide, como se desprende 
con claridad del texto de la ley (en todo caso figurará como un criterio de adjudicación 
evaluable  de  forma  automática)  a  la  comunidad  autónoma  recurrir  a  otros  criterios 
evaluables automáticamente.
Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación del art. 146.2 LCSP.
Una crítica similar se realiza al art. 147 LCSP, que regula los criterios de desempate 
en los procedimientos de adjudicación. Al apartado 1 se le reprocha habilitar al órgano 
de contratación, en detrimento del legislador autonómico, establecer los criterios de 
desempate  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares;  y  al  apartado  2, 
establecer  una  norma  supletoria  que  operaría  en  ausencia  de  previsión  de  dichos 
criterios en los pliegos.
El apartado 1 del art. 147 LCSP en nada impide la intervención del legislador 
autonómico interponiéndose entre la norma estatal y el órgano de contratación, siempre 
que a la hora de fijar los criterios de desempate respete el mínimo común relativo a su 
vinculación al objeto del contrato y a criterios de orden social (inserción laboral de 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social; comercio justo; igualdad de  s
oportunidad entre mujeres y hombres…). El órgano de contratación en el ejercicio de sus  oe.
competencias vendrá obligado a respetar tanto la legislación básica estatal, como la  w.
legislación  que  sea  adoptada  por  la  comunidad  autónoma,  al  amparo  de  sus  14ww
cLoCmSpPe etesntacbialesc, ee nu nraesla rceiógnla sc ofinja slo ys  mcríinteimrioass  ad ela dse qsueem tpeantder.á P qoure o struoje ltaadrsoe,  eell  óarrgt.a n1o4 7d.e2 
choanytarna tadceisóenm cbuoacnaddoo  leons  ucnri teemriopsa tdee y  andoju edxicisatcai ópnr epvoisri óénl  aslegluenccai opnaardao dsi riym eirslota. bElenc tioddoos   BOE-A-cable e
caso, estas reglas mínimas no impedirán la intervención de legislador autonómico de 
desarrollo en los términos que hemos indicado, que comportan la imposibilidad de 
contradecir los criterios establecidos para dirimir el empate o desvirtuarlos de cualquier 
forma.
Ambas reglas no pretenden otra cosa que garantizar la igualdad de los licitadores y 
su tratamiento común por parte de las administraciones en la fase de adjudicación 
[STC 141/1993, FJ 5]. En consecuencia, la regulación establecida por el art. 147 LCSP 
tiene carácter básico.
Por último, se recurre el párrafo segundo del art. 148.3 LCSP que, en relación con la 
definición y cálculo del ciclo de vida, establece las condiciones que ha de cumplir el 
método  utilizado  para  la  evaluación  de  los  costes  imputados  a  externalidades 
medioambientales: basarse en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; 
ser accesible a las partes; y que la información pueda ser facilitada con un esfuerzo 
razonable por parte de las empresas. El Gobierno de Aragón entiende que esta norma 
incurre en un exceso de detalle que impide el desarrollo legislativo por la comunidad 
autónoma.
El tribunal no puede asumir el motivo aducido por el Gobierno de Aragón, pues 
estima  que  este  precepto  tiene  carácter  básico  al  tener  como  objeto  garantizar  la 
igualdad de los licitadores y su tratamiento común por parte de las administraciones en la 
fase de adjudicación (STC 141/1993, FJ 5). La impugnación se ha de desestimar.
d)  En  relación  con  las  ofertas  anormalmente  bajas  –inviables  en  términos  de 
ejecución–, el art. 149 LCSP establece el procedimiento para su exclusión de la licitación 
por parte del órgano de contratación. El Gobierno aragonés impugna los apartados 4 y 6 
al entender que regula aspectos sobre la actuación del órgano de contratación que, por 
no tener carácter preceptivo, no son susceptibles de ser considerados básicos.
Ante la identificación de una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, podrá solicitar 
información al licitador encaminada a justificar «aquellas condiciones de la oferta que 
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma» y, en 
particular, el apartado 4 enumera una serie de valores mínimos sobre los que solicitar la 
justificación: el ahorro que permite; las soluciones técnicas adoptadas; la innovación y 
originalidad de las propuestas, etc. Estos criterios no impiden a la comunidad autónoma 
ejercer sus competencias de desarrollo legislativo fijando otros valores cuya justificación 
pueda ser requerida por la mesa o el órgano de contratación. En la misma línea, el 
apartado 6 impone dos criterios mínimos para poder aceptar o, en su caso, rechazar la 
oferta tras la evaluación de la información facilitada por el licitador. En primer lugar, «en 
ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de 
contratación en este sentido esté debidamente motivada» (párrafo primero, in fine); en 
segundo lugar, «se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 
están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 
económica o jurídica» (párrafo segundo, in fine).
La regulación establecida por el art. 149.4 y 6 LCSP tiene, por tanto, carácter básico, 
pues tiene por objeto garantizar la igualdad de los licitadores en la fase de adjudicación, 
a la vez que satisfacer los principios de transparencia y publicidad (STC 141/1993, FJ 5).
e)  En el marco del anuncio de la formalización de los contratos, la representación 
procesal de Gobierno aragonés impugna el párrafo segundo y tercero del art. 154.7 
LCSP, por condicionar la actividad autonómica, imponiendo una supervisión o tutela que, 
de facto, supone suspender el anuncio de la formalización (SSTC 79/2017, FJ 17,  s
y 14/2018, FJ 10). oe.
El art. 154.7 LCSP prevé que el órgano de contratación, justificándolo debidamente  w.
en el expediente de contratación, pueda decidir no publicar determinados datos relativos  14ww
ao bslata ccuelilzeabrr alac iaópnl icdaecli ónc odnetr autnoa,  ncouramnad,o r eslau ltadriv cuolgnatrcaiórina  adl ein teerséas  pinúfbolrimcoa coi ópne rjpuudeicdaar 
tinratetere sdees  ccoomnterarctoiasl esd edcela lraasd oesm psreecsraest oos  lao  coremspeervteandcoisa,  leoa l ceunytare  eejlelacsu, coió nc uadnedboa  seir   BOE-A-cable e
acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  o  lo  exija  la  protección  de  los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado (párrafo primero). El párrafo segundo 
dispone que «previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la 
celebración del contrato», el órgano de contratación deberá recabar un informe del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; este informe no será necesario si el órgano 
de contratación ya hubiese efectuado «consulta sobre una materia idéntica o análoga, 
sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos 
establecidos en este apartado» (párrafo tercero).
El informe del párrafo segundo del art. 154.7 LCSP se articula como un instrumento 
para reforzar la transparencia de la actividad pública en materia de contratación, y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad contractual. El 
informe, como se desprende de la norma estatal, tiene carácter preceptivo y es previo a 
la decisión que adopte el órgano de contratación, pero no vinculante. Desde este punto 
de vista, nada se opondría a su consideración como básico. Sin embargo, el precepto 
exige que el informe se recabe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a que se 
refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Esta ley lo configura como un órgano independiente que ejerce 
sus competencias en relación con la administración general del Estado, salvo que por 
convenio el ejercicio de sus funciones se extienda a las comunidades autónomas.
De  acuerdo  con  el  razonamiento  expuesto  y  por  no  tener  carácter  básico,  los 
párrafos segundo y tercero del art. 154.7 LCSP deben declararse contrarios al orden 
constitucional de competencias. Esta declaración no conlleva su nulidad, habida cuenta 
que se aplican en el ámbito estatal sin que esto haya sido objeto de controversia en el 
presente proceso [SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
f)  Se impugnan los arts. 156, 157 y 159.1 y 4 a) LCSP que regulan diversos 
aspectos relativos al procedimiento abierto. Estos preceptos no dejan, en opinión del 
recurrente, margen alguno a un desarrollo legislativo autonómico, pese a que de su 
regulación se desprende la existencia de alternativas igualmente válidas.
El enjuiciamiento de los citados preceptos tiene necesariamente, como punto de 
partida, la doctrina del tribunal que predica el carácter básico de los preceptos que 
regulan los procedimientos de adjudicación y concretan su tipología, cosa que en todo 
caso no impedirá a las comunidades autónomas «introducir novedades orientadas a 
lograr una tramitación más ágil y eficaz», pero sí «abordar una regulación completa de 
nuevos procedimientos de licitación» (SSTC 237/2015, FJ 7, y 103/2015, FJ 6).
El art. 156 LCSP fija el ámbito del procedimiento de adjudicación, en el sentido de 
que  puede  participar  «todo  empresario  interesado»,  «quedando  excluida  toda 
negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los  licitadores»  (apartado  1).  A 
continuación,  regula los plazos  de presentación de  proposiciones, primero para los 
contratos sujetos a regulación armonizada en función de su objeto: (i) contratos de 
obras, suministros y servicios (apartado 2 y 3) y (ii) contratos de concesiones de obras y 
concesiones de servicios (apartados 2 y 4). A tales efectos, el precepto fija un plazo 
general mínimo (treinta y cinco y treinta días, respectivamente), que en determinadas 
circunstancias se puede reducir por el órgano de contratación. En segundo lugar, para 
los no sujetos a armonización: (i) mínimo de veintiséis días, para los contratos de obras y 
concesión de obras y concesión de servicios; (ii) mínimo de quince días, para el resto de 
los contratos (apartado 6). Finalmente, fija un plazo mínimo –equivalente al fijado para 
los contratos no sujetos a armonización– para la publicación del anuncio de licitación. De 
este modo, se fija un mínimo común para garantizar la igualdad de los licitadores, así  s
como  la  transparencia  y  publicidad,  el  cual  no  impide  a  la  comunidad  autónoma  oe.
desarrollar  su  propia  legislación  ampliando  o  reduciendo  los  plazos  generales  de  w.
presentación de proposiciones o de publicación del anuncio de licitación dentro del  14ww
respPeotor  laa sla m niosrmmaas  bráasziocnae.s también se ha de considerar básico el art. 157 LCSP relativo
parl eesxeanmtaecnió nd e yl asa pperrotpuoras icdioen elsa sy  pprrooppouseisctiao ndees  apdajurdai cagcairóann.t izEasrt e lap reccoenpftidoe rnecgiaulliad alad   BOE-A-cable e
(apartados 1 y 2); fija un plazo máximo de veinte días para su apertura, que puede ser 
reducido por las comunidades autónomas (apartado 3); establece el carácter público del 
acto  de  apertura,  para  garantizar  la  transparencia  y  publicidad  (apartado  4);  e 
igualmente, prevé la posibilidad de solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos 
el órgano de contratación, para facilitar la valoración de las proposiciones, permitiendo 
nuevamente la intervención autonómica en relación con su configuración y articulación 
(apartado 5).
En cuanto al procedimiento abierto simplificado, el art. 159.1 LCSP delimita cuándo 
se puede utilizar este procedimiento, en función de la fijación de umbrales de cuantía 
[letra a)]; y de criterios de adjudicación [letra b)]. El precepto debe ser considerado como 
norma básica en cuanto determina el ámbito de aplicación de dicho procedimiento 
[SSTC 141/1993, FJ 6 ñ) y p), y 162/2009, FJ 4]. Esta conclusión no se ve alterada por el 
hecho de que los umbrales de la letra a) del art. 159.1 LCSP hayan sido modificados por 
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado del año 2021.
Por su parte, la letra a) del apartado 4, establece como una de las especialidades 
procedimentales  del  abierto  simplificado,  la  exigencia  de  que  los  licitadores  estén 
inscritos «en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público, o 
cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el 
registro  oficial  de  la  correspondiente  comunidad  autónoma,  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia». Se trata 
nuevamente de una norma básica en materia de contratación pública, cosa que no 
impide  que  pueda  «alcanzar  algún  aspecto  de  [los]  procedimientos  especiales  si 
imponen criterios directamente vinculados a los objetivos sustantivos" de esa legislación 
básica», en este caso, la igualdad de condiciones en el acceso a la contratación pública 
y la seguridad jurídica [STC 55/2018, FJ 4 b)], sin que por ello se menoscabe, como 
aduce el recurrente, la libre concurrencia.
De acuerdo con lo expuesto, procede desestimar la impugnación de los arts. 156, 
157 y 159.1 y 4 a) LCSP.
g)  El art. 166 LCSP regula la delimitación de la materia de los procedimientos de 
adjudicación con negociación. A tales efectos, el apartado 2 establece el contenido 
mínimo  común  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  El  precepto 
impugnado  incurre,  según  argumenta  el  recurrente,  en  una  densidad  excesiva  y 
redundante  de  otras  disposiciones;  además,  de  un  uso  generalizado  de  conceptos 
jurídicos indeterminados que genera inseguridad jurídica, contraviniendo el art. 9.3 CE.
El art. 166.2 LCSP es una norma materialmente básica en cuanto determina el 
ámbito  de  aplicación  del  procedimiento  negociado  [SSTC  141/1993,  FJ  6  ñ)  y  p), 
y 162/2009, FJ 4], con independencia de las deficiencias de técnica legislativa que se 
puedan apreciar en su redacción. En él se prevén reglas para garantizar la igualdad 
entre los licitadores –tales como determinar los aspectos económicos y técnicos que, en 
su caso, hayan de ser objeto de negociación; los requisitos mínimos que han de cumplir 
todas las ofertas; o los criterios de adjudicación–; la publicidad y transparencia del 
procedimiento  para  negociar;  o  el  principio  de  seguridad  jurídica  que  cuestiona  el 
recurrente, al exigir que la información «será lo suficientemente precisa como para que 
los  operadores  económicos  puedan  identificar  la  naturaleza  y  el  ámbito  de  la 
contratación y decidir si solicitan participar en el procedimiento». Este contenido mínimo 
no impide que las comunidades autónomas puedan, como se afirma passim en esta 
sentencia en casos similares, «introducir novedades orientadas a lograr una tramitación 
más ágil y eficaz» (SSTC 237/2015, FJ 7, y 103/2015, FJ 6). La impugnación debe, por  s
tanto, ser desestimada. oe.
h)  Se recurre, en relación con el procedimiento de asociación para la innovación, el  w.
art. 177.3 a) LCSP, que remite la regulación de la fase de investigación y desarrollo de  14ww
persetossc rcipocniotrnaetoss ,c ao n«tleansi dnaosrm eans  lqouse  csoer reesstpaobnledziecannte rse gpllaiemgeonst,a yri asmuepnleteto, raiasmí ceonmteo  ppoorr  llaass 
neos rmcoanss dtietul ccioonnatrlamtoe ndtee  saedrvmicisioibsl»e.  Lqau ele turnaad a ndoerml Gao bpireertneon ddidea Amraegnóten  bcoánsisciad ernao  qfuijee  nloo   BOE-A-cable e
básico y, además, cercene la posibilidad de desarrollo reglamentario de las comunidades 
autónomas.
El argumento de la parte recurrente no puede ser compartido por el tribunal, puesto 
que la concreción de lo básico se ha de deducir de una lectura del precepto en su 
conjunto. Así, el apartado primero define el procedimiento –aquel «que tiene como 
finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras resultantes»–; y fija, a continuación, el contenido 
mínimo  que  el  órgano  de  contratación  tiene  que  dar  a  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares (párrafo segundo del art. 177.1 LCSP) y la forma de articular 
la participación de los socios (art. 177.2 LCSP). El apartado 3, que contiene la letra a) 
objeto de impugnación, completa la regulación básica con las reglas especiales por las 
que se regirán, en cada fase, los contratos así adjudicados. Estamos, por tanto, ante una 
norma básica que no impide la intervención de la comunidad autónoma, siempre que se 
interprete que la remisión normativa se efectúa a favor de la administración que sea 
competente  en  cada  caso  y  que,  aunque  este  precepto  se  refiera  a  una  norma 
reglamentaria, esta previsión no determina el instrumento normativo (ley o reglamento) 
que pueden utilizar las comunidades autónomas para su desarrollo. Procede, pues, 
desestimar la impugnación.
i)  Dentro de las normas aplicables a los concursos, se impugnan los arts. 185.3 
y 187.3 y 11 LCSP, a los que se critica por imponer una regulación de detalle o hacer una 
remisión reglamentaria que impide, en ambos casos, el desarrollo legislativo autonómico.
El art. 185.1 LCSP regula el procedimiento para reducir o limitar el número de 
participantes en el concurso de proyectos, el cual se debe articular mediante dos fases: 
una primera, para seleccionar a los participantes entre los candidatos, aplicando los 
criterios del apartado 2 –dirigidos a garantizar una competencia real y efectiva entre los 
candidatos–; y una segunda, para invitar a los seleccionados para que presenten sus 
proyectos. Se puede compartir el carácter básico de ambos preceptos, y así lo hace 
también el recurrente, como vía para satisfacer los principios de igualdad, seguridad 
jurídica  y  libre  concurrencia,  que  han  de  presidir  los  criterios  de  selección  del 
adjudicatario [STC 84/2015, FJ 5 a)]. Sin embargo, la regulación de los párrafos primero, 
segundo, tercero, quinto y sexto del art. 185.3 LCSP relativa a las dos subfases en las 
que  se  debe  articular  la  invitación  a  los  candidatos  ya  seleccionados  no  puede 
considerarse  básica,  pues  se  trata  de  reglas  de  detalle  de  carácter  formal  o 
procedimental  (cómo  hacer  la  invitación,  la  presentación  de  la  idea  concisa  o 
proyecto…). Sí tiene, en cambio, carácter básico el párrafo cuarto que regula el número 
mínimo de candidatos con el fin de garantizar una libre competencia real y efectiva.
En  consecuencia,  procede  declarar  contrarios  al  orden  constitucional  de 
competencias los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del art. 185.3 LCSP. 
Esto no conlleva su nulidad, habida cuenta que se aplican en el ámbito estatal, cosa que 
no ha sido objeto de controversia en el presente proceso [SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, 
y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
El recurrente no cuestiona el carácter básico del art. 187.3 LCSP, que exige que «al 
menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer» la misma cualificación 
profesional o equivalente a la requerida para participar en un concurso de proyectos. Su 
discrepancia gira en torno a la opción del legislador de fijar en dos tercios, y no en otro 
porcentaje, los jurados que han de tener la cualificación profesional. A juicio del tribunal, 
esta discrepancia no es un argumento suficiente para cuestionar que se trata de una 
norma materialmente básica que pretende garantizar la objetividad en el proceso de  s
adjudicación del concurso. Por esta razón, la impugnación se ha de desestimar. oe.
Se cuestiona, finalmente, la remisión reglamentaria que realiza el apartado 11 del  w.
art. 187 LCSP para completar las normas relativas a los concursos de proyectos. Al igual  14ww
cqounes iedne rae l qcuaes oe sdtee  lporse cperpotcoe dniom ieimnptoidse  dlea  ainstoecrivaecniócnió np adrae  llaa  icnonmovuancidióand,  aeul tótrniboumnaa,l 
saidemmipnriset raqcuióen  sqeu e insetear pcroemtep eqteunet el ae n rceamdias icóans on oy rqmuaet,i vaau nsqeu ee efestcetú par ecae pftaov osre  rdeefi erlaa   BOE-A-cable e
a una norma reglamentaria, esta previsión no determina el instrumento normativo (ley o 
reglamento) que pueden utilizar las comunidades autónomas para su desarrollo.
j)  La disposición adicional vigésimo segunda de la Ley de contratos del sector 
público regula la adjudicación de los contratos de concesión de obras y concesión de 
servicios a sociedades de economía mixta. La crítica que formula el Gobierno de Aragón, 
en este caso, es que la regulación vulnera su potestad de autoorganización, al entender 
que la constitución de sociedades de economía mixta corresponde a las comunidades 
autónomas y que el Estado carece de título competencial.
El objeto de la disposición adicional impugnada no es la creación de sociedades de 
economía mixta, sino la adjudicación de concesiones de obras o de servicios a las ya 
existentes o de las que se constituyan a tales efectos. Su finalidad es garantizar que la 
elección  del  socio  privado  «se  haya  efectuado  de  conformidad  con  las  normas 
establecidas en esta ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su 
objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del 
contrato  que  se  tuvieron  en  cuenta  en  la  selección  del  socio  privado».  Estas 
modificaciones en todo caso han de realizarse también de conformidad con la ley. 
Estamos, pues, ante una norma básica insertada en los procedimientos de adjudicación 
que pretende evitar que, a través de la utilización de sociedades de economía mixta, se 
burle o no se aplique la Ley de contratos del sector público, falseando de este modo los 
principios de igualdad entre licitadores y de libre concurrencia.
C)  En relación con el régimen jurídico de los efectos, cumplimiento y ejecución de 
los contratos, han sido objeto de impugnación los arts. 191.3 b), 195, 198.2, 202, 212.8, 
214.2 a) y b); 215 y 217.2 de la sección tercera, capítulo primero, título primero, del libro 
segundo LCSP. Se han recurrido, también, los arts. 241.3 y 242.3 del contrato de obras 
(sección primera y segunda del capítulo primero del título segundo); los arts. 270, 279, 
280 y 283.1 párrafo segundo del contrato de concesión de obras (secciones quinta y 
séptima del capítulo segundo del título segundo) y los arts. 288 a) in fine, 290.6 y 294 c) 
in fine del contrato de concesión de servicios (secciones tercera, cuarta y sexta del 
capítulo tercero del título segundo), todos ellos del libro segundo LCSP.
a)  En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a 
las prerrogativas de la administración pública en los contratos administrativos –cuya 
enumeración se realiza en el art. 190 LCSP–, se introduce por el art. 191.3 LCSP el 
preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de las comunidades 
autónomas en determinados casos, entre ellos el recogido en la letra b) que es objeto de 
impugnación: «Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20 por 100 del precio inicial del contrato, impuesto sobre el valor 
añadido  excluido,  y  su  precio  sea  igual  o  superior  a  6  000  000  €».  El  recurrente 
considera que a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos [como el de la letra c)], 
no se permite a la comunidad autónoma alterar, a la baja, las cuantías de referencia del 
precepto.
El tribunal considera que el art. 191.3 b) LCSP se limita a establecer un mínimo 
común para la emisión del preceptivo dictamen por el órgano consultivo en los casos de 
modificaciones  contractuales  no  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares. Este precepto debe considerarse como básico, puesto que no impide la 
intervención  de  la  comunidad  autónoma  para,  al  amparo  de  sus  competencias  de 
desarrollo  legislativo,  exigir  también  el  dictamen  del  órgano  consultivo  ante  e
modificaciones contractuales de cuantía inferior. Por esta razón procede desestimar la  bo
impugnación. 14ww
aspebc) tosS ere liamtipvuogsn aa nla  loesje caurctsió. n1 9d5e,  lo1s9 8c.o2n tyra t2o0s2,  aL CloSs Pq, uleo ss ec ureaplerso crheag, uplaonr  pdaivrteer sdoesl 
Gdeosbaierrronlolo  ldeeg isAlaratigvóon e, nq muea tecreiarc deen acno notr aitmacpiiódne.n el ejercicio de sus competencias de
El artículo 195 LCSP regula la resolución por demora y la ampliación del plazo de 
ejecución de los contratos distinguiendo dos supuestos. El primero es el de la demora en 
la ejecución del contrato cuando se opte por su resolución, en cuyo caso esta deberá ser 
acordada  «por  el  órgano  de  contratación  o  por  aquel  que  tenga  atribuida  esta 
competencia  en  las  comunidades  autónomas,  sin  otro  trámite  preceptivo  que  la 
audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma 
respectiva» (apartado 1). El segundo se refiere a los casos en que el retraso no fuese 
imputable al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial de ejecución. El órgano de contratación se lo concederá «dándosele un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor» (apartado 2). Se trata de dos reglas que forman parte de ese mínimo común 
denominador que caracteriza las bases en materia de contratación pública «en cuanto 
permiten salvaguardar los fines públicos a que sirven los contratos administrativos» 
[SSTC  162/2009,  FJ  4,  y  84/2015,  FJ  5  a)].  Estas  reglas,  además,  no  impiden  la 
intervención autonómica tanto en relación con la determinación del órgano competente 
para acordar la resolución y sus condiciones, como respecto del plazo de ampliación de 
la  ejecución  del  contrato,  respetando  el  mínimo  establecido  por  la  norma  estatal. 
Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación.
Por las mismas razones, se ha de considerar básico el art. 198.2 LCSP, al que el 
recurrente reprocha regular el expediente de pago, en aquellos casos en que el precio se 
pague mediante abonos a cuenta y su importe acumulado sea igual o superior, con 
motivo del siguiente pago, al 90 por 100 del precio del contrato incluidas, en su caso, las 
modificaciones aprobadas. En realidad, el precepto no regula el expediente de pago, 
sino que exige acompañar a él, cuando resulte preceptiva, «la comunicación efectuada a 
la intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio 
de sus funciones de comprobación material de la inversión». Esta exigencia se conecta 
con los principios de transparencia y publicidad con la salvaguarda de los criterios que 
presidieron la selección del contratista, por lo que encuentra su justificación en el interés 
público y el control del fraude en la contratación. La impugnación se ha de desestimar.
El  art.  202  LCSP  dispone  que  el  órgano  de  contratación  podrá  establecer 
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén 
vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean 
compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación 
y en los pliegos (párrafo primero del apartado 1). En relación con esas condiciones 
especiales, el precepto establece dos prescripciones obligatorias de carácter mínimo 
común que han de incluir los pliegos de cláusulas administrativas particulares: (i) al 
menos una ha de ser elegida entre las previstas en el apartado 2 (párrafo segundo del 
apartado 1); (ii) si la ejecución del contrato implica la cesión de datos, se ha de incluir 
una condición especial que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a 
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos (párrafo 
tercero del apartado 1). Esta exigencia se introduce tras la reforma del precepto por el 
Real Decreto-ley 14/2019 y no altera el fundamento de la impugnación. A los efectos de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones especiales, que serán exigidas igualmente 
a los subcontratistas (apartado 4), pueden establecerse penalidades (apartado 3). La 
imposición  del  cumplimiento  de  condiciones  especiales  de  ejecución  responde  a 
salvaguardar los fines públicos a que sirven los contratos administrativos y por ello tiene 
carácter básico [SSTC 162/2009, FJ 4, y 84/2015, FJ 5 a)]. Y, desde el momento en que  s
solo  se  establecen  dos  prescripciones  de  obligado  cumplimiento,  no  hay  obstáculo  oe.
alguno  a  que  la  comunidad  autónoma  pueda,  en  virtud  de  sus  competencias  de  w.
desarrollo legislativo, acordar sus propias prescripciones en relación con las condiciones  14ww
idmep eujgencaucciióónn. especial exigibles. De acuerdo con lo expuesto, se ha de desestimar la
expecd) ienEtne sc udaen troe sao lluac ieóxnt inccoinótnr adcetu alol sd ceobnetrráanto ss,e re li nasrttr.u 2id1o2s. 8y L rCeSsuPe ldtoissp oenne  eql upel alozos   BOE-A-cable e
máximo de ocho meses. El tribunal considera fundada la pretensión del recurrente, por 
cuanto se trata de una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede ser 
considerada  básica.  La  regulación  relativa  a  la  duración  de  la  tramitación  de  los 
expedientes de resolución contractual podría ser sustituida por otra elaborada por las 
comunidades autónomas con competencia para ello, sin merma de la eficacia de los 
principios básicos en materia de contratación pública (STC 141/1993, FJ 5).
Por tanto, procede declarar contrario al orden constitucional de competencias al art. 212.8 
LCSP. No se precisa pronunciar su nulidad, dado que la consecuencia de aquella declaración 
es solamente la de que no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de 
las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y 
otras [SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
d)  Son también objeto de impugnación los arts. 214.2 a) y b), 215 y 217.2 LCSP, 
respecto  de  la  cesión  de  contratos  y  subcontratación,  al  considerar  la  letrada  del 
Gobierno  aragonés  que  impiden  el  ejercicio  de  sus  competencias  de  desarrollo 
legislativo en materia de contratación y vulneran su potestad de autoorganización.
En relación con el art. 214.2 a) y b) LCSP, el recurrente considera que los requisitos 
fijados por la norma estatal para la cesión de contratos establecen prescripciones que 
atañen a su organización interna. Los requisitos cuestionados son dos: (i) la exigencia de 
una autorización expresa y previa de la cesión por el órgano de contratación; fijando un 
plazo para su notificación (dos meses) y la regla del silencio administrativo positivo [letra 
a)];  (ii)  el  exigir  un  porcentaje  mínimo  de  ejecución  (20  por  100)  o  temporal  de 
explotación (durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato), no 
aplicable  a  los  supuestos  en  que  el  contratista  se  halle  en  concurso  [letra  b)].  El 
art.  214.2  en  su  conjunto  tiene  como  finalidad  establecer  unos  requisitos  mínimos 
comunes para que la cesión se realice garantizando los fines públicos a que sirven los 
contratos administrativos, con el fin de que no se produzca una alteración fraudulenta de 
los criterios que presidieron la selección del contratista. El tribunal considera que estos 
requisitos, por su carácter de mínimos, podrán ser incrementados por el órgano de 
contratación con sujeción tanto a la norma estatal, como a las previsiones que las 
comunidades autónomas adopten en virtud de sus competencias.
Los requisitos previstos en las letras a) y b) del art. 214. 2 LCSP tienen, por tanto, 
carácter básico, con una salvedad: el inciso final de la letra a). Este inciso, en el que se 
establece que «[e]l plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por 
silencio administrativo», se encuentra amparado en las competencias en materia de 
procedimiento  administrativo  común  que  atribuye  al  Estado  el  art.  149.1.18  CE. 
Conforme a lo que se ha razonado en el fundamento jurídico 5 D) se trata de una regla 
de «procedimiento administrativo común singular», entendido como el establecido en la 
órbita del artículo 149.1.18 CE y de manera abstracta para una forma específica de 
potestad o actividad de la administración. La aplicación de esta doctrina conlleva que el 
inciso  final  del  art.  214.2  a)  LCSP  es  conforme  con  el  orden  constitucional  de 
competencias.
El art. 215 LCSP, cuyo apartado cuarto ha sido modificado por el Real Decreto-
ley 14/2019, regula la subcontratación. Esta modificación no altera el fundamento del 
motivo de impugnación. Aunque el recurso se dirige contra el precepto en su totalidad, 
las  críticas  se  centran  fundamentalmente  en  el  apartado  2.  El  Gobierno  aragonés 
sostiene que, mientras que en el apartado 1, como regla general, se contempla la 
posibilidad de que los pliegos permitan la subcontratación, acto seguido se fijan unos  s
requisitos de obligado cumplimiento (apartado 2) para el supuesto en que aquella tenga  oe.
lugar. En su opinión, todos estos aspectos son susceptibles de ser regulados por las  w.
comunidades autónomas. 14ww
expuLeosst ares qeunis eitsotse  faijpaadrotasd eon e enl  realrat.c i2ó1n5 c.2o nL ClaS cPe stiióenn edne  ccaornátcratetor sb. áEsli ccoa rpáoctre lra bsá rsaiczoo,n eens 
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empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella»–, pues se conecta con los 
principios  de  transparencia  y  publicidad  con  la  salvaguarda  de  los  criterios  que 
presidieron la selección del contratista. El resto de los apartados termina por configurar, 
con  carácter  básico,  la  figura  de  la  subcontratación.  Corresponde,  pues,  que  la 
impugnación sea desestimada.
Por último, el art. 217.2 LCSP establece cuándo han de realizarse las actuaciones de 
comprobación de los pagos, que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores (apartado 1), y de imposición de penalidades, en su 
caso. La letrada del Gobierno de Aragón cuestiona que el precepto fije la obligatoriedad 
en función del valor estimado de los contratos de obras y servicios (más de 5 millones de 
euros) y del porcentaje que el importe de la subcontratación representa en el precio del 
contrato (igual o superior al 30 por 100). Igualmente, cuestiona atribuir al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública la posibilidad de ampliar el ámbito mínimo común de los 
contratos  sujetos  a  las  actuaciones  obligatorias  de  comprobación  e  imposición  de 
penalidades.
El precepto es básico, pues pretende asegurar la ejecución de los contratos de 
acuerdo con los fines públicos a los que sirven [SSTC 162/2009, FJ 4, y 84/2015, FJ 5 
a)] evitando los perjuicios que se derivan de la morosidad. Esta previsión beneficia, de 
modo muy especial, a las PYMES que desarrollan estas actividades de subcontratación 
o suministro, reforzando el principio de libre concurrencia. Por otra parte, esta previsión 
básica no impide la intervención de la comunidad autónoma, reduciendo el umbral del 
carácter obligatorio de las actuaciones de comprobación e imposición de penalidades. 
Por ello, la impugnación debe ser desestimada.
e)  Dentro del régimen específico del contrato de obras, se recurre, en primer lugar, 
el art. 241.3 LCSP, en el que se fijan las condiciones a las que se sujeta la contratación 
de obras a tanto alzado con precio cerrado. Se alega que su regulación excede del 
concepto  material  de  bases  por  su  excesivo  detalle  y  agotamiento  de  la  posible 
regulación de la comunidad autónoma.
El contrato de obras a tanto alzado, con precio cerrado, tiene como efecto que, en 
estos casos, «el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo 
abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u 
omisiones padecidos en la redacción del proyecto» (art. 241.2 LCSP). La singularidad de 
esta regla es lo que explica las condiciones fijadas por el art. 241.3: estar prevista de 
forma expresa en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato [letra 
a)]; asegurar la correspondencia del proyecto con la obra y el conocimiento por el 
contratista de las condiciones de ejecución [letra b)]; carácter mensual del abono del 
precio cerrado correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra [letra c)]; 
el régimen de las variantes sobre determinados elementos o unidades de obra [letra d)]. 
El precepto es una norma materialmente básica cuyo objeto es garantizar los principios 
de transparencia, igualdad y seguridad jurídica en la ejecución del contrato de obras a 
tanto alzado con precio cerrado (STC 141/1993, FJ 5). La comunidad autónoma tiene 
margen  para  desarrollar  sus  propias  prescripciones  de  detalle  situándose  en  una 
posición intermedia entre el legislador básico estatal y el órgano de contratación. Por 
esta razón, se ha de desestimar la impugnación.
En segundo lugar, se impugna el art. 242.3 LCSP relativo a las modificaciones que 
contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, 
antes de efectuar la medición parcial de ellas. La crítica recae en la exigencia de  s
comunicarlas a la intervención de la administración correspondiente, con una antelación  oe.
mínima  de  cinco  días,  para  que  realice,  si  lo  considera  oportuno,  funciones  de  w.
comprobación. El Gobierno de Aragón sostiene que esta previsión vulnera la potestad de  14ww
atruatnosopragraennizcaiac iyó nli.b rEel  ctroibnucnuarrle cnocnias iedne real  qcuoem pelle pjor eácmepbtioto,  dcuey laa sf inmaoliddiafidca ecsio ngeasra dneti zoabr rala, 
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esta, su carácter e intensidad, podrá determinarlo la comunidad autónoma en virtud de 
sus competencias de desarrollo legislativo.
El carácter básico que se reconoce a la comunicación a la intervención no puede 
predicarse  respecto  de  la  regulación  concreta  del  plazo,  la  cual  tiene  un  carácter 
accesorio o complementario y solo de forma indirecta guarda conexión con los principios 
básicos de trasparencia y libre competencia. La prescripción relativa al plazo puede ser 
sustituida  por  otra  elaborada  por  la  comunidad  autónoma  en  el  ámbito  de  sus 
competencias (STC 141/1993, FFJJ 5 y 6), por lo que no tiene carácter básico y debe, 
por ello, declararse contrario al orden constitucional de competencia el inciso «con una 
antelación mínima de cinco días» del art. 242.3 LCSP. Esta declaración no implica su 
nulidad,  puesto  que  solamente  será  aplicable  a  los  contratos  suscritos  por  la 
administración general del Estado y las entidades a ella vinculadas [SSTC 50/1999, 
FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)].
f)  Los  arts.  270,  279,  280  y  283.1,  párrafo  segundo,  LCSP  del  contrato  de 
concesión de obras son recurridos, sustancialmente, por no dejar margen de maniobra al 
legislador autonómico.
En relación con los arts. 270 –relativo al mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato–, 279 –causas de resolución del contrato– y 280 –efectos de la resolución–, el 
reproche del recurrente se centra más en la opción regulatoria adoptada por el legislador 
estatal que en cuestionar su carácter básico. A juicio del recurrente, estos preceptos 
producen un claro desequilibrio contractual en perjuicio de la administración pública, en 
detrimento de los intereses públicos y en beneficio del contratista.
Más allá de que se puedan compartir o no los argumentos esgrimidos de un modo 
genérico por el recurrente, lo relevante a los efectos del presente conflicto competencial 
es  que  se  trata  de  normas  materialmente  básicas.  Por  una  parte,  el  principio  de 
mantener el equilibrio económico del contrato –permitiendo modificar el régimen de la 
concesión– es el correlato del principio de riesgo y ventura del contratista, según el cual, 
en este caso, el riesgo operacional ha de trasladarse al concesionario. Se trata, pues, de 
principios generales de la contratación pública (STC 118/1996, FJ 32). Por otra parte, la 
regulación de las causas de resolución del contrato y sus efectos, en cuanto permiten 
salvaguardar los fines públicos a los que sirven los contratos, forma parte indisoluble del 
mínimo  común  denominador  que  caracteriza  las  bases  en  materia  de  contratación 
pública [SSTC 162/2009, FJ 4, y 84/2015, FJ 5 a)]. Corresponde, pues, desestimar la 
impugnación.
Respecto del párrafo segundo del art. 283.1 LCSP, regulador del destino de las obras 
cuando se extingue la concesión, la crítica se funda en la remisión a otro precepto, el 
art. 243, que no tiene carácter básico. El tribunal estima que lo que tiene carácter básico 
es la obligación de levantar un acta de recepción formal. Esta cuestión no es discutida 
por la parte recurrente. Estima también que no tiene carácter básico el contenido y el 
modo en que se levanta dicha acta, objeto de regulación en el art. 243 LCSP. Por ello, 
procede desestimar la impugnación.
g)  En relación con el régimen jurídico de los contratos de concesión de servicios, se 
recurren los arts. 288 a) in fine, 290.6 y 294 c) in fine LCSP.
En la ejecución del contrato de concesión de servicios y entre las obligaciones que 
ha de cumplir el concesionario, el art. 288 a) in fine, dispone que, en caso de extinción 
del contrato por cumplimiento, «el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta 
que se formalice el nuevo contrato». Esta previsión cercena, según el recurrente, sus 
competencias  de  desarrollo  y  ejecución  en  materia  de  contratación.  El  precepto  s
establece una regla mínima común, cuyo fin es asegurar la continuidad en la prestación  oe.
del servicio como reverso del derecho de los usuarios a disfrutar de dicho de servicio –en  w.
ocasiones configurado como servicio público– de una manera regular y continua, pero  14ww
egsatroa nntioz asri glonsif icfain eqsu ep úsbelaic odse  afo rlomsa  qpueer msairnvee netes.t eS eco tnratrtaat od ed eu nc opnrceecseipótno  dbeá ssiceorv picaioras 
[imSSpuTgCn a1c6ió2n/2.009,  FJ  4,  y  84/2015,  FJ  5  a)].  Se  ha  de  desestimar,  por  tanto,  la  BOE-A-cable e
Respecto del art. 290.6 LCSP, relativo al mantenimiento del equilibrio económico, el 
recurrente utiliza la misma argumentación esgrimida respecto de los arts. 270, 279 y 280 
LCSP ya examinados, relativos al contrato de concesión de obras. Nos remitimos a la 
respuesta allí dada, con arreglo a la cual procede desestimar la impugnación.
El art. 294 c) in fine LCSP establece, en relación con el rescate del servicio para su 
gestión directa por la administración como causa de resolución del contrato, la necesidad 
de  «la  acreditación  de  que  dicha  gestión  directa  es  más  eficaz  y  eficiente  que  la 
concesional». Entiende la letrada del Gobierno de Aragón que se vulnera la potestad de 
autoorganización al limitar la valoración del interés público a la eficacia y eficiencia de la 
gestión. Esta norma no prejuzga la decisión que puedan adoptar las comunidades 
autónomas en cuanto al rescate, más allá de no poder desconocer que, como dispone el 
art. 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, la gestión de los recursos públicos estará orientada por la 
eficacia,  la  eficiencia,  la  economía  y  la  calidad.  Por  otra  parte,  el  precepto  es 
materialmente  básico,  pues  tiene  por  objeto  proporcionar  una  eficaz,  eficiente  y 
sostenible utilización de los fondos públicos destinados a la contratación de servicios 
«mediante  la  exigencia  de  la  definición  previa  de  las  necesidades  a  satisfacer,  la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa» [STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 5 a)]. Conforme al razonamiento expuesto, 
procede desestimar la impugnación.
8.  Impugnación  de  preceptos  relativos  a  la  organización  administrativa  para  la 
gestión de la contratación.
A)  En relación con los órganos consultivos en materia de contratación pública se 
han recurrido, por el Gobierno de Aragón, los arts. 331, 332, 333.3 y 6, y 334.1 (capítulo 
tercero del título primero del libro cuarto).
a)  El art. 331 LCSP establece el deber de las comunidades autónomas de remitir, 
en  formato  electrónico  y  con  una  periodicidad  de,  al  menos,  cada  tres  años,  una 
documentación que comprenda informes que versarán, entre otros aspectos, sobre el 
nivel de participación de las PYMES en la contratación; datos estadísticos de contratos 
no sujetos a regulación armonizada; órganos encargados de dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del Derecho europeo en materia de contratación; deficiencias 
más  relevantes  en  materia  de  contratación,  tales  como  incumplimientos,  fraude, 
corrupción, conflictos de intereses, etc.; y la información referida a los órganos de 
contratación  de  las  administraciones  locales.  Tras  la  reforma  operada  por  el  Real 
Decreto-ley 3/2020, se ha añadido un inciso final al último párrafo, para extender la 
información  a  la  actividad  de  las  entidades  vinculadas  o  dependientes  de  las 
administraciones locales.
El recurrente aduce que esta exigencia de información implica una supervisión de la 
actuación autonómica incompatible con su autonomía. El tribunal entiende que lejos de 
establecer fórmula alguna de control o supervisión, el precepto básico impugnado se 
incardina en el marco de la colaboración y la lealtad institucional, pues tiene la finalidad 
de garantizar los principios generales de transparencia, publicidad e información en 
materia de contratación pública (STC 141/1993, FJ 5). Se trata, en efecto, de una mera 
obligación de información ex post acerca de la actividad de contratación autonómica y 
local para dar cumplimiento, entre otros, a los requerimientos de la Comisión Europea o 
la necesidad de elaborar la estrategia nacional. La impugnación debe ser desestimada. s
b)  El  Gobierno  aragonés  critica  al  art.  332  LCSP  que  atribuya  a  la  Oficina  oe.
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación el ejercicio de unas  w.
cf(uaonpncaciruotarnrdeeosn  c–1iav)–e  lyaq ru cpeoo, mr relbasa ptciero crrtleaocs t daei la elpgala iclaiadccatiudóaencs id,ó ene  lnaa  ulertoegnliasóclmaiócinció an c aoyr,na  egnloa np eacsroatinc, turcalaotrar,r cepisórponom npodúveberlríi aclaan    2021-6614n https://ww
únicamente a los órganos propios de la comunidad autónoma y a los órganos judiciales.
Es a su juicio irrelevante que, en el apartado 12, se contemple la posibilidad de crear por 
las comunidades autónomas sus propias oficinas de supervisión.
La Oficina ejerce un amplio abanico de funciones de coordinación y supervisión del 
conjunto del sector público de contratación (apartado 6). En el ejercicio de algunas de 
ellas, como ocurre con el diseño y ejecución de la estrategia nacional de contratación 
pública, se invoca expresamente la coordinación con las comunidades autónomas y 
entidades locales [apartado 7 a)]; y, en otras, se limitan sus efectos de forma exclusiva al 
sector público estatal, como sucede con el carácter obligatorio de las instrucciones de la 
oficina [apartado 7 d)]. El tribunal considera que, al igual que sucede con la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado y las juntas autonómicas, esta oficina de 
ámbito estatal, cuya regulación básica establece el precepto recurrido, puede convivir 
con las oficinas que en su caso sean creadas por las comunidades autónomas y con el 
sistema de supervisión que estas diseñen, sin que por ello se aprecie vulneración alguna 
de las competencias autonómicas en materia de contratación o de su potestad de 
autoorganización.
c)  Se recurren los apartados 3 y 6 del art. 333 LCSP que regulan la oficina nacional 
de evaluación. La representación procesal del Gobierno aragonés argumenta que estas 
disposiciones  vulneran  la  prohibición  del  control  o  supervisión  de  la  actuación 
autonómica.
En el apartado 3 se prevé la evacuación por la oficina de un informe preceptivo y no 
vinculante con carácter previo «a la licitación de los contratos de concesión de obras y 
de  concesión  de  servicios  a  celebrar  por  los  poderes  adjudicadores  y  entidades 
adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y entidades dependientes de la 
administración general del Estado y de las corporaciones locales», en determinados 
casos  (aportación  de  fondos  públicos;  tarifa  asumida  por  el  concedente  total  o 
parcialmente;  o  acuerdos  de  restablecimiento  del  equilibrio  del  contrato).  Y  en  el 
apartado 6 se exige la motivación por parte de la administración o entidad destinataria 
del  informe,  cuando  esta  se  aparte  de  sus  recomendaciones.  Esta  motivación  se 
plasmará en el pertinente informe «que se incorporará al expediente del correspondiente 
contrato y que será objeto de publicación en su perfil de contratante y en la plataforma 
de contratación del sector público».
Los  preceptos  impugnados  se  configuran  como  normas  materialmente  básicas 
mediante  las  cuales  se  pretende  satisfacer  el  principio  de  sostenibilidad  financiera, 
garantizando  una  eficaz,  eficiente  y  sostenible  utilización  de  los  fondos  públicos 
destinados a la contratación de concesiones de obras o de servicios en las que están 
presentes, de algún modo, las aportaciones de recursos públicos [STC 84/2015, de 30 
de abril, FJ 5 a)] y, a la vez, los principios de transparencia, publicidad e información 
(STC 141/1993, FJ 5). Por otra parte, el tribunal entiende que es difícil hablar de control 
o supervisión cuando se prevé expresamente que cada comunidad autónoma «podrá 
adherirse a la oficina nacional de evaluación para que realice dichos informes o si 
hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos 
al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión» (párrafo cuarto del art. 333.3 
LCSP). Corresponde, por tanto, desestimar la impugnación.
d)  El art. 334.1 LCSP es objeto de impugnación argumentando que el carácter 
vinculante  de  la  estrategia  nacional  de  contratación  pública  es  incompatible  con  la 
potestad de autoorganización de las comunidades autónomas.
La estrategia nacional se configura como el instrumento jurídico vinculante para la 
totalidad de entes, organismos y entidades del sector público, tengan o no la naturaleza  s
de poderes adjudicadores. Elaborada con un horizonte temporal de cuatro años, son  oe.
muy variadas las cuestiones que en ella se abordan: análisis cuantitativo y cualitativo del  w.
sector de la contratación; coordinación de criterios y metodologías de las actuaciones de  14ww
esulapbeorrvaisciióónn;  daen málaisnisu adlees  loo sg umíaesc adnei sbmueons ads ep rcáocntitcraosl  yd ere cleogmaelidnadda ceioxn easn;t ee tcy.  [elext rapso sat); 
a e) del párrafo segundo del art. 334.1 LCSP].
La estrategia nacional se diseña y ejecuta, en el seno del comité de cooperación, en 
coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales [art. 332.7 a) LCSP]. 
Además, tanto las comunidades autónomas como las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla podrán elaborar su propia estrategia de contratación pública que, en todo caso, 
deberá ser coherente con la estrategia nacional de contratación (art. 334.8 LCSP).
El carácter vinculante de la estrategia nacional es una manifestación básica de la 
necesidad de coordinar la política de contratación del conjunto del sector público. Esta 
previsión no cuestiona ni impide la elaboración por las comunidades autónomas, al 
amparo de sus competencias en materia de contratación y en virtud de su potestad de 
autoorganización, de su propia estrategia bajo el único condicionamiento, por otra parte 
lógico, de ser coherente con la estrategia nacional. Por estas razones, el art. 334.1 ha de 
considerarse básico y la impugnación debe ser desestimada.
B)  El art. 335.1 LCSP (capítulo cuarto del título primero del libro cuarto) regula la 
remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad 
autónoma de una copia del documento de formalización de los contratos atendiendo a la 
cuantía del valor estimado (más de 600 000 €, tratándose de obras, concesiones de 
obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450 000 €, en suministros; y 
de 150 000 €, en servicios y de contratos administrativos especiales); o cuando se trate 
de contratos basados en un acuerdo marco o celebrados en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición, que superen dichas cuantías (párrafo segundo). Respecto del 
resto de contratos, se exige remitir una relación de ellos, exceptuando algunos contratos 
menores que se satisfagan «a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema 
similar para realizar pagos menores» (párrafo tercero).
La letrada del Gobierno de Aragón considera que la regulación no deja margen de 
intervención a las comunidades autónomas. Este argumento no puede ser compartido, 
ya que estamos ante una norma materialmente básica que establece un mínimo común 
para permitir el desarrollo de la función fiscalizadora de los órganos de control a los 
efectos de garantizar una eficaz, eficiente y sostenible utilización de los fondos públicos 
destinados a la contratación [STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 5 a)]. Este mínimo común 
no impide a la comunidad autónoma intervenir, al amparo de sus competencias de 
desarrollo legislativo, modificando los umbrales de control o los contratos sujetos a 
fiscalización, dentro del respeto a la norma básica estatal. Se ha de desestimar, por 
tanto, la impugnación.
C)  En el ámbito del registro de contratos del sector público se impugna el art. 346.3 
párrafo tercero LCSP (capítulo segundo del título segundo del libro cuarto), que exceptúa 
de la comunicación al registro los contratos «cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, 
impuesto del valor añadido incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los 
poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar 
pagos menores». La previsión vulnera, según argumenta el recurrente, la potestad de 
autoorganización. Esta alegación ha de entenderse desestimada por las mismas razones 
esgrimidas en relación con el art. 335.1 LCSP.
D)  Se recurre también el art. 347.3 párrafo tercero y quinto LCSP (título tercero del 
libro cuarto) que regula la plataforma de contratación del sector público.
En el párrafo tercero se impone la obligación de publicar «bien directamente o por 
interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de 
que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las 
licitaciones y sus resultados en la plataforma de contratación del sector público». El 
Gobierno de Aragón alega que esta previsión limita la capacidad de actuación de la  e.
comunidad autónoma al quedar supeditada a la celeridad o demora de la plataforma  w.b
estatal. El tribunal no comparte la argumentación de la parte recurrente. El objetivo de  14ww
pgrainracniptiizoasr,  ldoes  apcriunecripdioo sc odne  ltar aSnTsCpa 2re3n7c/2ia0 1y5 p, uFbJli c8i,d haadn d dee lo ins sapniruanrc liao sc odnet rlaictiataccióiónn p (úebslticoas 
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inserción en la plataforma estatal. Por ello, la impugnación debe ser desestimada.
En el párrafo quinto se atribuye a los órganos de contratación de los entes locales la 
posibilidad de «optar, de forma exclusiva y excluyente, bien por alojar la publicación de 
sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la 
comunidad autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la plataforma de 
contratación del sector público». El Gobierno de Aragón entiende que la adopción de 
esta decisión corresponde a la comunidad autónoma.
El precepto en cuestión tiene como fin primordial, al igual que el precedente párrafo 
tercero,  garantizar  los  principios  de  transparencia  y  publicidad  de  los  anuncios  de 
licitación (STC 237/2015, FJ 8). Por esta razón lo básico en este caso es la exigencia de 
la publicación por parte de los entes locales de sus perfiles en una plataforma de 
contratación. Esta exigencia se satisface con la publicación en cualquiera de ellas, la 
estatal o la autonómica, o en ambas. Lo que no puede considerarse básico es la 
exigencia de que la opción sea «de forma exclusiva y excluyente». Así entendido, el 
precepto garantiza los principios básicos de publicidad y transparencia, y no impide a la 
comunidad autónoma desarrollar prescripciones de detalle en relación con la publicación 
de los perfiles de los órganos de contratación de sus entidades locales.
Procede,  pues,  declarar  contrario  al  orden  constitucional  el  inciso  «de  forma 
exclusiva y excluyente» del párrafo quinto del art. 347.3 LCSP. Esta declaración, en este 
caso, sí lleva aparejada la nulidad, pues los destinatarios del precepto no son otros que 
los  órganos  de  contratación  de  las  administraciones  locales  y  a  ellos  corresponde 
realizar la opción de forma no condicionada.
E)  La disposición adicional trigésima octava dispone que las medidas incluidas en 
la Ley de contratos del sector público, «no podrán suponer incremento de dotaciones, ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal salvo los gastos derivados de las 
funciones atribuidas en esta ley a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación». Esta 
previsión, en opinión de la parte recurrente, vulnera su potestad de autoorganización de 
la comunidad autónoma.
El  tribunal  estima  que  la  previsión  que  se  cuestiona  responde  al  objetivo  de 
garantizar la sostenibilidad financiera y el control del gasto público, para de este modo 
lograr una eficaz y eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la gestión de 
la contratación pública [STC 84/2015, de 30 de abril, FJ 5 a)]. Nada se opone, pues, a su 
consideración como norma básica siempre que la excepción prevista para los gastos 
derivados de las funciones atribuidas legalmente a la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación se entienda aplicable, en los mismos términos, a los equivalentes órganos 
autonómicos.
F)  En  relación  con  la  habilitación  normativa  en  materia  de  uso  de  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, la disposición final sexta prevé en el apartado 2, 
que  el  ministro  de  Hacienda  y  Función  Pública,  mediante  orden,  definirá  «las 
especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en 
cumplimiento de la presente ley y establecerá los modelos que deban utilizarse». La 
norma impide a la comunidad autónoma el ejercicio de sus competencias de ejecución y 
gestión  en  materia  de  contratación  administrativa,  según  argumenta  la  letrada  del 
Gobierno de Aragón.
El tribunal estima que se trata de una norma de detalle procedimental, que es 
simplemente  un  complemento  de  los  principios  básicos  de  la  contratación  pública 
[STC 141/1993 FFJJ 5 y 6 c) y j)], carente por ello de la condición de básica. Procede,  s
por tanto, declararla contraria al orden constitucional de competencias. Esto no conlleva  oe.
su nulidad, en la medida en que será de aplicación solamente en el ámbito estatal  w.
[SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)]. 14ww
9.  Cuarto motivo de impugnación: Impugnación de normas de aplicación supletoria.
a)  Examinamos a continuación los arts. 41.3, 46.4 y 128.2 LCSP, a los que el
Gobierno de Aragón reprocha establecer normas de carácter supletorio, vulnerando con
ello la doctrina constitucional sobre la materia. El recurrente ha atribuido esta tacha a 
otros preceptos, en los que la cuestión de fondo era, sin embargo, el exceso de detalle 
que impedía la intervención autonómica para desarrollar sus propias políticas en materia 
de  contratación.  Por  esta  razón,  esos  preceptos  ya  han  sido  analizados  en  los 
fundamentos jurídicos precedentes.
Con carácter previo al enjuiciamiento individualizado de los preceptos en cuestión, 
conviene recordar brevemente la doctrina sobre la supletoriedad cuando, como ocurre en 
este caso, el Estado tiene un título competencial para establecer lo básico en materia de 
contratación pública (art. 149.1.18 CE). Como afirma la STC 118/1996, de 27 de junio, 
«para que el Estado pueda dictar normas jurídicas que regulen una materia determinada, 
no basta con que ostente un título que le atribuya cualesquiera competencias en esa 
materia, sino que debe poder invocar aquel título específico que le habilite en concreto 
para establecer la reglamentación de que se trate, sin que, como correctamente se 
afirmaba en la STC 147/1991, que acabamos de transcribir, pueda invocar como tal la 
cláusula de supletoriedad […] Por lo tanto, tampoco en las materias en las que el Estado 
ostenta competencias compartidas puede, excediendo el tenor de los títulos que se las 
atribuyen y penetrando en el ámbito reservado por la Constitución y los estatutos a las 
comunidades autónomas, producir normas jurídicas meramente supletorias, pues tales 
normas, al invocar el amparo de una cláusula como la de supletoriedad que, por no ser 
título  competencial,  no  puede  dárselo,  constituyen  una  vulneración  del  orden 
constitucional de competencias» (FJ 6). En consecuencia, «la cláusula de supletoriedad 
no permite que el Derecho estatal colme, sin más, la falta de regulación autonómica en 
una  materia.  El  presupuesto  de  aplicación  de  la  supletoriedad  que  la  Constitución 
establece no es la ausencia de regulación, sino la presencia de una laguna detectada 
como tal por el aplicador del derecho» (FJ 8). La STC 61/1997, de 20 de marzo, asume 
el  mismo  razonamiento,  en  relación  con  la  materia  de  urbanismo,  asumida  como 
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y declara que «es evidente que 
el Estado no puede dictar normas supletorias al carecer de un título competencial 
específico que así lo legitime, sin que por otra parte el hecho de ostentar otros títulos 
competenciales susceptibles de incidir sobre la materia pueda justificar la invocación de 
la cláusula de supletoriedad del art. 149.3, in fine, CE» [FJ 12 c)].
b)  En relación con el régimen de invalidez, el art. 41.3 (capítulo cuarto, título 
primero, del libro primero LCSP) regula el órgano competente para resolver la revisión de 
oficio en materia de contratación pública.
En primer lugar, el precepto establece la regla general según la cual para determinar 
el órgano competente se estará «para el ámbito de las comunidades autónomas [a lo 
que] establezcan sus normas respectivas». Es decir, la Ley de contratos del sector 
público atribuye expresamente a las comunidades autónomas la decisión de determinar 
el órgano competente para llevar a cabo la revisión de oficio, de acuerdo con su potestad 
de autoorganización.
En segundo lugar, «sin perjuicio» de lo que establezcan las comunidades autónomas 
para su ámbito, establece unos criterios para determinar los órganos competentes para 
declarar la nulidad o lesividad de los actos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del 
art. 41 LCSP: (i) «el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una 
administración pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que 
esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando esta no tenga 
el carácter de administración pública»; (ii) «si la entidad contratante estuviera vinculada a 
más  de  una  administración,  será  competente  el  órgano  correspondiente  de  la  que  s
ostente  el  control  o  participación  mayoritaria»;  (iii)  «en  el  supuesto  de  contratos  oe.
subvencionados, la competencia corresponderá al titular del departamento, presidente o  w.
director de la entidad que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la  14ww
peúnbtidlicaad» q yu e(i vla)  «heunb ieels es ucpounecsetod iddoe,  ccounacnudrore ensctiaa  dneo  steunbgvae necli ocnaerás cpteorr  dpea rated mdein idsitsrtainctióons 
sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención de
mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la subvención primeramente 
concedida».
En tercer lugar, establece una regla común que condiciona la elección del órgano 
competente, y es que «en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano 
cuyas  resoluciones  agoten  la  vía  administrativa»  (inciso  inicial,  párrafo  primero  del 
art. 41.3 LCSP).
El tribunal considera que no estamos ante un supuesto de establecimiento de una 
norma supletoria como alega la parte recurrente. El precepto debe interpretarse en el 
sentido de que la única previsión de carácter básico y común para el conjunto de las 
administraciones públicas es el inciso que exige «atribuir esta competencia a un órgano 
cuyas resoluciones agoten la vía administrativa». Este precepto debe estimarse como 
dictado al amparo del título competencial del Estado en materia de régimen básico de las 
administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), que condiciona la potestad de organización 
autonómica dada la singular naturaleza de la institución de la revisión de oficio. La 
cláusula «sin perjuicio» permite entender que los restantes criterios para determinar el 
órgano competente –inciso final del párrafo primero y el párrafo segundo–, no tienen 
carácter básico y son aplicables únicamente a la administración general del Estado.
c)  El art. 46.4 regula el órgano competente para la resolución del recurso especial 
en materia de contratación en los entes locales (capítulo quinto del título primero del libro 
primero LCSP) disponiendo que, a tales efectos, «la competencia para resolver los 
recursos será establecida por las normas de las comunidades autónomas cuando estas 
tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y 
contratación» (párrafo primero).
Sin  embargo,  el  párrafo  segundo,  el  único  expresamente  cuestionado  por  el 
Gobierno de Aragón, establece: «En el supuesto de que no exista previsión expresa en 
la legislación autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la 
competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano al que las 
comunidades autónomas en cuyo territorio se integran las corporaciones locales hayan 
atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito». Estamos ante un 
supuesto en el que el legislador estatal dispone la aplicabilidad supletoria de sus normas 
a las comunidades autónomas; así lo reconoce la propia abogacía del Estado que 
justifica esta previsión estatal en la necesidad de evitar que quede sin efecto útil el 
recurso especial de contratación ante una supuesta pasividad autonómica.
Solo es constitucionalmente legítimo que el legislador estatal prevea la aplicación de 
sus normas a las comunidades autónomas allí donde se halla habilitado por un título 
competencial específico que le permita disponer tal cosa. Como el tribunal ha declarado, 
la cláusula de supletoriedad no permite que el derecho estatal colme, sin más, la falta de 
regulación autonómica en una materia; el Estado no puede, excediendo el tenor de su 
título  competencial  en  materia  de  contratación  pública  y  penetrando  en  el  ámbito 
reservado por la Constitución y los estatutos a las comunidades autónomas, producir 
normas jurídicas meramente supletorias (STC 118/1996, FFJJ 6 y 8). Por consiguiente, al 
proceder, en el párrafo segundo del art. 46.4 LCSP del modo descrito, se ha vulnerado 
tanto  la  configuración  constitucional  de  la  supletoriedad  (art.  149.3  CE)  como,  de 
resultas, el orden constitucional de competencias. Se ha de declarar inconstitucional y, 
por consiguiente, nulo, el párrafo segundo del art. 46.4 LCSP.
d)  En la fase de preparación de los contratos, el art. 128 (sección primera del 
capítulo primero del título primero del libro segundo LCSP) regula los informes de 
pruebas,  certificación  y  otros  medios  de  prueba  exigibles  por  los  órganos  de  s
contratación.  La  crítica  de  la  letrada  del  Gobierno  aragonés  se  dirige  al  apartado  oe.
segundo que, al imponer al órgano de contratación aceptar «supletoriamente» otros  w.
medios de prueba, contraviene la doctrina del tribunal sobre la cláusula de supletoriedad. 14ww
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pruebas de un organismo de evaluación; o (ii) un certificado expedido por dicho 
organismo.  En  el  apartado  segundo,  objeto  de  impugnación,  se  dispone  que 
«supletoriamente  los  órganos  de  contratación  deberán  aceptar  otros  medios  de 
prueba adecuados que no sean los contemplados en el apartado primero» y, entre 
ellos, cita el informe técnico del fabricante, «cuando el empresario de que se trate no 
tenga  acceso  a  dichos  certificados  o  informes  de  pruebas  ni  la  posibilidad  de 
obtenerlos en los plazos fijados, siempre que la falta de acceso no sea por causa 
imputable al mismo y que este sirva para demostrar que las obras, suministros o 
servicios que proporcionará cumplen con las prescripciones técnicas, los criterios de 
adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato, según el caso».
No estamos ante un supuesto de aplicación supletoria de la norma estatal a las 
comunidades autónomas. De una lectura conjunta del precepto se deduce que en él 
se establece un mínimo común en el ámbito de los medios probatorios. Por una 
parte, determina los medios de prueba que los órganos de contratación pueden 
exigir  a  los  operadores  económicos  con  carácter  general  informe  de  pruebas  o 
certificados– (apartado 1); y, por otra parte, prevé que se pueda recurrir a otros 
medios de prueba, cuando el acceso a los anteriores sea imposible por causas no 
imputables a los empresarios (apartado 2). Ambas reglas no pretenden otra cosa 
que garantizar la igualdad de los licitadores y su tratamiento común por parte de las 
administraciones en la fase de preparación del contrato [SSTC 141/1993, FJ 5]. 
Estamos, por tanto, ante una norma materialmente básica, por lo que se ha de 
desestimar la impugnación.
10.  Corolario sobre la impugnación de la disposición final primera relativa a los 
títulos competenciales.
La  representación  procesal  del  Gobierno  aragonés  reitera,  en  cada  uno  de  los 
motivos de inconstitucionalidad alegados, la impugnación de la disposición final primera 
relativa a los títulos competenciales. A los efectos que ahora nos interesan, el párrafo 
primero del apartado tercero de la disposición final primera dispone:
«El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo del 
artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de "bases del régimen jurídico de las 
administraciones  públicas".  Por  su  parte,  los  restantes  artículos  de  la  presente  ley 
constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución 
en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y, en 
consecuencia,  son  de  aplicación  general  a  todas  las  administraciones  públicas  y 
organismos y entidades dependientes de ellas».
En relación con dicha impugnación, en el fundamento jurídico 3 b) de la presente 
sentencia se afirma que la Ley de contratos del sector público (disposición final primera), 
cumple  escrupulosamente  con  la  exigencia  formal  en  la  definición  de  lo  básico 
(STC 179/1992, FJ 2). Esto no significa reconocer que todos los preceptos tengan 
carácter básico o que hayan de ser aceptados como normas materialmente básicas por 
razón de su contenido.
Finalizado el examen y enjuiciamiento de los preceptos objeto de este proceso, se 
puede concluir que el párrafo primero del apartado 3 de la disposición final primera es 
conforme  con  el  orden  constitucional  de  competencias,  siempre  que  se  entiendan 
excluidos los artículos o partes de ellos que esta sentencia ha considerado normas no 
básicas. Esto es, no comprende aquellos preceptos que, conforme a lo expuesto en los  s
fundamentos  jurídicos  precedentes,  son  contrarios  al  orden  constitucional  de  oe.
competencias, por no tener carácter básico, y que, en consecuencia, no son aplicables a  w.
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1.º  Declarar inconstitucionales y nulos, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de contratos del sector público: el párrafo segundo del art. 46.4; el 
inciso  «que  serán  eficaces,  únicamente,  a  efectos  de  contratar  con  la  comunidad 
autónoma que las haya adoptado, con las entidades locales incluidas en su ámbito 
territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de 
una y otras» del art. 80.2 y el inciso «de forma exclusiva y excluyente» del párrafo 5 del 
art. 347.3. La parte subsistente de ambos preceptos ha de interpretarse conforme a lo 
expresado, respectivamente, en el fundamento jurídico 6 G) f) y en el fundamento 
jurídico 8 D).
2.º  Declarar que no son conformes con el orden constitucional de competencias los 
incisos «de diez días», «de dos días hábiles» y «cinco días hábiles» del art. 52.3 
[fundamento jurídico 6 E) c)] y el inciso «con una antelación mínima de cinco días» del 
art.  242.3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  público 
[fundamento jurídico 7 C) e)].
3.º  Declarar  que  son  conformes  con  el  orden  constitucional  de  competencias, 
siempre que se interpreten en los términos establecidos en el fundamento jurídico que se 
indica en cada caso, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público: art. 41.3 [fundamento jurídico 9 b)]; art. 58.2 [fundamento 
jurídico 6 E) d)]; art. 82.2 [fundamento jurídico 6 G) g)]; art. 177.3 a) [fundamento 
jurídico  7  B)  h]);  art.  187.11  [fundamento  jurídico  7  B)  i]);  la  disposición  adicional 
trigésima octava [fundamento jurídico 8 E)]; y el párrafo primero del apartado 3 de la 
disposición final primera (fundamento jurídico 10).
4.º  Declarar que no son conformes con el orden constitucional de competencias, 
con las salvedades y en los términos del fundamento jurídico que se indican en cada 
caso, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público: art. 72.4 [fundamento jurídico 6 G) c)]; el párrafo primero del art. 122.2, 
salvo los incisos relativos a la necesidad de incluir «los pactos y condiciones definidores 
de los derechos y obligaciones de las partes del contrato» y «En el caso de contratos 
mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos» 
[fundamento jurídico 7 A) d)]; art. 125.1 [fundamento jurídico 7 A) e)]; el párrafo segundo 
y tercero del art. 154.7 [fundamento jurídico 7 B) e)]; los párrafos primero, segundo, 
tercero, quinto y sexto del art. 185.3 [fundamento jurídico 7 B) i)]; art. 212.8 [fundamento 
jurídico 7 C) c)]; y el apartado 2 de la disposición final sexta [fundamento jurídico 8 F)].
5.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  e.
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  w.b
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. 14ww