BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70622
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9773 Sala  Segunda.  Sentencia  85/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 4795-2017. Promovido por don Alfredo Ballesteros Ainsa respecto de 
las resoluciones de un juzgado de primera instancia y de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla que denegaron el beneficio de justicia 
gratuita en proceso monitorio. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (acceso  a  la  jurisdicción):  comunicación  tardía  por  la  letrada 
provisionalmente designada para la defensa del informe de insostenibilidad.
ECLI:ES:TC:2020:85
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4795-2017, promovido por don Alfredo Ballesteros 
Ainsa, contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Sevilla, de 27 de julio 
de 2017, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido 
contra el auto de 1 de julio de 2017, por el que se desestima la impugnación de justicia 
gratuita núm. 189-2019 interpuesta contra la resolución de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Sevilla de 11 de octubre de 2016, dictada en el expediente núm. 
02792/2016. Ha comparecido la Junta de Andalucía. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Alfredo Ballesteros Ainsa, representado por la procuradora de los tribunales 
doña Patricia Gómez Martínez y bajo la dirección del letrado don Julio de Santa Ana 
Campillo, tras la designación de profesionales del turno de oficio solicitada el 14 de 
septiembre de 2017, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se citan 
en el encabezamiento mediante escrito registrado en este tribunal el 11 de julio de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El demandante de amparo solicitó el 9 de febrero de 2016 la concesión del 
derecho a la asistencia justicia gratuita ante el Colegio de Abogados de Sevilla en su 
condición  de  demandado  en  el  proceso  monitorio  núm.  127-2016,  tramitado  por  el  s
Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Sevilla, por impago de cuotas de la comunidad  e.
de propietarios superior a los dos mil euros, dando lugar al expediente núm. 02792-2016.  w.
El Colegio de Abogados de Sevilla designó el 19 de febrero de 2016 provisionalmente a  73ww
una Lleat rlaedtraa ddae ld teulr ntuor ndoe  doefi coiofi.cio, mediante escrito de 19 de abril de 2016, ampliado el 3
dseeg múna yola sd e p2ro0p1i6a,s i ndfoercmlaór ascoiobnree sla  dinesl osintetenriebsilaiddaod,  dseie lnad por epteronpsiióenta raiol  codnesl idienrmaur eqbulee,,   BOE-A-cable e
adeudaba las cuotas reclamadas, por lo que «no cabe realizar ningún tipo de alegación 
en dicho procedimiento, ya que los motivos de oposición están tasados y en el presente 
caso no se da ninguno de los contemplados en la ley».
El  Colegio  de  Abogados  de  Sevilla  informó  el  15  de  junio  de  2016  sobre  la 
insostenibilidad  de  la  pretensión,  ratificando  la  decisión  de  la  letrada  designada, 
poniendo de manifiesto que «no existe motivo de oposición de los tasados legalmente».
El  Ministerio  Fiscal  informó  el  29  de  agosto  de  2016  manteniendo  también  la 
insostenibilidad de la pretensión por remisión a los informes de la letrada y del Colegio 
de Abogados de Sevilla.
b)  La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla, por resolución de 11 de 
octubre de 2016, desestimó, en aplicación del art. 34 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita (LAJG), el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica  gratuita  dada  la  insostenibilidad  de  la  pretensión  ejercitada  de  manera 
coincidente por la letrada designada, el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal.
c)  El  demandante  de  amparo  impugnó  ante  el  juzgado  la  denegación  del 
reconocimiento del derecho argumentando que la letrada designada inicialmente por el 
turno de oficio (i) no había respetado el plazo de quince días previsto en el art. 32 LAJG 
para comunicar la insostenibilidad de la pretensión y (ii) no se había hecho constar en su 
informe que había alegado como causa de oposición al procedimiento monitorio que solo 
era propietario de una tercera parte de las dos viviendas relacionadas con la deuda, 
ocupando la vivienda sin tener ningún contrato de alquiler.
d)  Por auto de 1 de junio de 2017 se acordó mantener la resolución de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita, argumentando que «el informe de insostenibilidad está 
basado en las propias manifestaciones del hoy impugnante quien en este procedimiento 
simplemente alega un defecto formal en los plazos, que no afecta al fondo del asunto, y 
una situación de copropiedad que no le exime de su responsabilidad solidaria ante la 
comunidad de propietarios sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle 
frente a los copropietarios por lo que debe ser confirmada la denegación de justicia 
gratuita».
e)  El demandante de amparo formuló incidente de nulidad de actuaciones alegando 
la vulneración del derecho la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), ya que 
(i) el art. 32 LAJG establece un plazo preclusivo de quince días para que el letrado 
designado alegue la insostenibilidad, tras lo cual queda obligado a asumir la defensa, y 
(ii) se ha incurrido en incongruencia omisiva al no dar una respuesta expresa a dicha 
alegación.
El incidente fue desestimado por auto de 27 de julio de 2017, argumentado que «no 
se  aprecian  ni  defectos  de  forma  en  la  tramitación  del  procedimiento,  ni  tampoco 
incomparecencia en el fallo del auto cuya nulidad se pretende».
3.  El demandante de amparo solicita que se estime el recurso de amparo por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) declarándose la nulidad 
del auto de 27 de julio de 2017 con retroacción de actuaciones para que se pronuncie 
una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
La invocación del art. 24.1 CE la fundamenta en que se ha generado una indefensión 
material  con  relevancia  constitucional,  consistente  en  la  imposibilidad  de  poder 
personarse como parte demandada en el procedimiento monitorio mediante el ejercicio 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a partir de un incumplimiento de lo previsto 
en el art. 32 LAJG, en la redacción dada por la Ley 16/2005, de 18 de Julio, que 
establece un plazo preclusivo de quince días para que el letrado designado alegue la  e.
insostenibilidad, tras lo cual queda obligado a asumir la defensa, habiendo transcurrido  w.b
en este caso en exceso dicho plazo desde la designación. Este incumplimiento lo imputa  73ww
tAabnotog aad osla  dele tSraedvaill ad, eall  Mtuirnnisot edrieo  Foifsicciaol  yin aic liaa lmCoemnties iódne sdieg nAasdisat,e nccoima oJu raídl icCao lGegraiotu idtae, 
saul  npoa drteet,e catla ór rqguaen ola  juindsiocisatle nleib iilmidpaudt ae rqau yea  seoxltoe m«epnotrráón eaa  jupzogr aprr epcalurcsiiaólnm deenlt ep lasozob.r eP oerl 
hecho de la supuesta responsabilidad en la reclamación de fondo del procedimiento
monitorio estableciendo la responsabilidad solidaria de todos los copropietarios; pero no 
se responde motivadamente ni se argumenta jurídicamente con un mínimo rigor ajustado 
a Derecho sobre el hecho que se invocaba sobre la indefensión y la falta de defensa que 
se  le  generaba  con  la  presentación  extemporánea  y  precluida  del  informe  de 
insostenibilidad  de  la  letrada  asignada  de  oficio,  no  respetando  el  plazo  legal  en 
aplicación de lo dispuesto por la Ley de asistencia jurídica gratuita y el reglamento de la 
comunidad autónoma (Andalucía) donde estaba ya obligada a asumir su defensa en 
dicho procedimiento judicial».
El  demandante  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una concreta cuestión sobre la que no existe jurisprudencia constitucional y, en 
cualquier caso, podría dar lugar a aclarar su doctrina en la materia. Igualmente se alega 
que puede existir un incumplimiento general o una negativa manifiesta al deber de 
acatamiento de la jurisprudencia constitucional establecida en la STC 199/2003 «sobre el 
deber que pesa sobre los jueces y tribunales en orden a facilitar que las partes puedan 
contar  con  los  correspondientes  profesionales  que  les  asistan  en  sus  pretensiones 
procesales».
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  25  de  noviembre 
de 2019, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional porque el recurso planteado puede dar motivo 
a aclarar o cambiar la doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica 
del  Tribunal  Constitucional  (LOTC),  requerir  atentamente  del  órgano  judicial  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del 
demandante, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el citado 
proceso de amparo. Asimismo, se acuerda la formación de la correspondiente pieza de 
suspensión, acordándose por ATC 2/2020, de 27 de enero, denegar la suspensión 
solicitada.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación  de  24  de  febrero  de  2020,  acordó  tener  por  personada  a  la  Junta  de 
Andalucía y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas 
por  un  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  19  de  junio  de  2020,  formuló 
alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  por  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) con anulación de las 
resoluciones judiciales impugnadas y retroacción de actuaciones para que se pronuncie 
una nueva resolución de impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
El Ministerio Fiscal afirma que si bien la demanda se dirige solo formalmente a las 
resoluciones judiciales impugnadas, también debe entenderse extensiva a la resolución 
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que el origen de la vulneración 
aducida se sitúa en la tramitación del expediente administrativo. A partir de ello, tomando 
en consideración que el demandante invoca el art. 24.1 CE tanto en relación con la 
indefensión generada por el incumplimiento del plazo del art. 32 LAJG como en relación 
con la incongruencia omisiva respecto de esa concreta alegación, el Ministerio Fiscal  s
sostiene la necesidad de comenzar por esta última queja. oe.
El Ministerio Fiscal considera que no se ha incurrido en una incongruencia omisiva,  w.
leyaas c iqmuuepetua, g,f rndeainoct ieóla na   ralea s lpaaul eergesastacoi lóucnoc indósenis  ltaaed nemtxeit neeimsntpr aqoturiavean ,es ieed la trdóa rtdgaeab nalao  d inejus douiscnti aedln,e ibfaeiulcidntoaq duf oepr lmadneat le mqaudaean  eenrnao    2020-9773n https://ww
afectaba  al  fondo  del  asunto,  satisfaciendo  con  ello  las  exigencias  mínimas  de
motivación derivadas del art. 24.1 CE.
Por el contrario, el Ministerio Fiscal considera que sí se ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho de acceso al proceso, ya que, 
con  incumplimiento  de  lo  previsto  en  el  art.  32  LAJG,  la  letrada  designada 
provisionalmente  dejó  transcurrir  cuarenta  días  hábiles  desde  su  designación  para 
comunicar la insostenibilidad de la pretensión, cuando el plazo ya estaba precluído y, por 
tanto, con la obligación legal de asumir la defensa del solicitante, causando con ello una 
indefensión constitucionalmente relevante por la pérdida de oportunidad de contar para 
la defensa de sus intereses en el proceso monitorio de profesionales del turno de oficio 
designados  en  ejercicio  del  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita,  dándose  la 
circunstancia de que por la cuantía del procedimiento era obligatorio contar con dichos 
profesionales para poder oponerse a la pretensión de la parte demandante. De ese 
modo, el Ministerio Fiscal concluye que «la denegación del beneficio de justicia gratuita 
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita constituyó una vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE) del demandante, vulneración que 
fue perpetuada por el juzgado al desestimar la impugnación y después el incidente de 
nulidad en los autos de 1 de junio y 27 de julio de 2017».
7.  La Junta de Andalucía, por escrito registrado el 28 de junio de 2020, formuló 
alegaciones solicitando la desestimación del recurso de amparo, al considerar que no se 
ha producido ningún incumplimiento del plazo en la comunicación de la insostenibilidad 
ni, en su caso, se ha concretado qué eventual indefensión se había generado con ello.
La Junta de Andalucía afirma que, si bien el art. 32 LAJG establece que «cuando el 
abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende 
hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de 
los quince días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que 
fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o 
sin que el abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para 
evaluar  la  pretensión,  este  queda  obligado  a  asumir  la  defensa»,  en  este  caso,  el 
incumplimiento del plazo dependía del propio recurrente, al que se le hizo saber el 11 de 
marzo de 2017 en la comunicación de la designación provisional que «podrá ponerse en 
contacto telefónico con el abogado designado, a fin de concertar una primera entrevista». 
De ese modo, concluye que (i) «para poder sostener que la letrada incumplió su deber de 
informar de la insostenibilidad en el plazo debe acreditar la fecha en que se puso en 
contacto con ella para exponerle su caso y facilitarle la documentación necesaria para su 
adecuado examen, pues quien sostiene el incumplimiento del deber que corresponde a otra 
persona ha de probar a su vez el cumplimiento de las cargas que hacen posible al otro 
cumplir con su obligación»; y (ii) «en consecuencia no puede sostenerse que el informe de 
sostenibilidad no fuese emitido en plazo ya que el mismo no comienza a computarse sino 
desde que el interesado al que se le ha reconocido provisionalmente el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita cumple a su vez con la carga de ponerse en contacto y se 
entrevista con el profesional que le ha sido asignado para que pueda conocer el asunto que 
se le confía».
Por otra parte, la Junta de Andalucía afirma que «aunque se concluyese que no se ha 
evacuado en plazo el informe ninguna vulneración de derecho fundamental se puede 
entender sufrida por el demandante pues resulta incontrovertido que la pretensión es 
insostenible como se ha venido a declarar en todos los informes evacuados que exige la 
ley. El derecho a la tutela judicial efectiva se mantiene íntegro pues nada impide al 
demandante de amparo para ese supuesto concreto en el que se le ha declarado la 
insostenibilidad de la pretensión designar abogado de su elección y procurador, en su caso,  e.
para que defienda y represente sus legítimos intereses ante los órganos jurisdiccionales». w.b
89..   EPlo dr epmroavniddeanncteia  ddee  a1m6 pdaer oju nlioo  fdoer m2u0l2ó0 a, lseeg asceiñoanleós p.ara deliberación y votación de
la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso: El objeto principal de este recurso es determinar si ha 
vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, en relación con el derecho a la 
gratuidad de la justicia reconocida en el art. 119 CE, la decisión de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de desestimar el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica  gratuita,  dada  la  insostenibilidad  de  la  pretensión  ejercitada  de  manera 
coincidente por la letrada designada, el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal, sin 
tomar en consideración que el informe de insostenibilidad fue presentado por la letrada 
provisionalmente designada fuera del plazo de quince días desde que le fue comunicada 
la designación y, por tanto, ya con la obligación de asumir la defensa del demandante, de 
conformidad con el art. 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre asistencia jurídica 
gratuita (LAJG).
El demandante de amparo, además de la anterior invocación –que es imputable de 
manera inmediata a la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, por 
tanto, planteada por la vía del art. 43 LOTC– también alega que el órgano judicial ha 
incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por 
haber  omitido  dar  una  respuesta  a  dicha  cuestión,  lo  que  implica,  al  suponer  una 
invocación dirigida de manera autónoma contra una decisión judicial por la vía del art. 44 
LOTC, el carácter mixto del presente recurso de amparo.
El carácter mixto de este recurso, según la más reciente jurisprudencia constitucional 
(por ejemplo, SSTC 31/2014, de 24 de febrero, FJ 2; 199/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, 
o 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 3), determina que la pretensión deducida por la vía 
del art. 43 LOTC resulte, en principio, preeminente en su análisis, ya que la eventual 
comisión de una lesión constitucional autónoma en el transcurso del proceso judicial no 
impide que el acto administrativo siga siendo el verdadero objeto del proceso de amparo 
que finalmente deviene en mixto.
A esos efectos, este tribunal ha reiterado que las resoluciones de las diversas 
comisiones de asistencia jurídica gratuita, aun siendo actos que no provienen de un 
órgano judicial, son susceptibles de lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva, ya 
que en la impugnación de las resoluciones denegatorias del derecho a la asistencia 
justicia gratuita de estos órgano administrativos se encuentra ínsita la pretensión del 
recurrente  sobre  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  del  art.  24  CE  (así, 
SSTC 128/2014, de 21 de julio, FJ 2, o 90/2015, de 11 de mayo, FJ 2).
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda: La presente demanda 
de  amparo,  como  ya  se  indicó  en  la  providencia  de  admisión,  tiene  especial 
transcendencia  constitucional  porque  el  recurso  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para 
aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)].
La jurisprudencia constitucional ha dedicado numerosos pronunciamientos, incluso 
recientes (así, SSTC 90/2015, de 11 de mayo; 124/2015, de 8 de junio; 136/2016, de 18 
de julio, o 101/2019, de 16 de septiembre), a la incidencia que las decisiones de las 
diversas comisiones de asistencia jurídica gratuita denegatorias de este derecho tienen 
sobre la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de aquellos ciudadanos que, por acreditar 
insuficiencia  de  recursos  para  litigar,  tienen  derecho  a  que  la  justicia  sea  gratuita 
(art. 119 CE). Esa diversidad de pronunciamientos, sin embargo, no impide que este 
tribunal  deba  seguir  aclarando,  en  el  sentido  de  matizando,  esa  jurisprudencia  e
constitucional general cuando se plantean supuestos con ciertas singularidades que  bo
permitan ir adaptando la citada jurisprudencia y generando un cuerpo de doctrina con el  73ww
afulcnadnacmee ngteanleesr.a l Eqnu ee l tpiernees enlate  jurreiscpurrusdoe necsitaa  csoinngsutiltaurcidioanda lv ieenn e mraetperreias endtea ddae rpeocrh olas 
dciirmcuennsstióann cdiae l ddee rqeuceh os ed ev aa cace spoo saib illait ajur raiscdlaicrcairó nlo psu eedveen tteunaelers l ae fpercetcolsu sqióune  dseol bprela zloa 
para mantener la insostenibilidad de una pretensión como causa de denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos para litigar; 
cuestión sobre la que todavía no se ha pronunciado este tribunal.
3.  La  doctrina  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia (art. 119 CE): La 
jurisprudencia constitucional (SSTC 10/2008, de 21 de enero, FJ 2; 128/2014, de 21 de 
julio, FJ 3; 124/2015, de 8 de junio, FJ 3, o 101/2019, de 16 de septiembre, FJ 3) ha 
destacado en relación con este derecho los siguientes aspectos que a continuación se 
resumen:
a)  Existe una estrecha vinculación entre el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24.1 CE) y la gratuidad de la asistencia jurídica para quienes carecen de suficientes 
recursos  económicos  (art.  119  CE),  ya  que  el  art.  119  CE  consagra  un  derecho 
constitucional  de  carácter  instrumental  respecto  (i)  del  derecho  de  acceso  a  la 
jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE, pues su finalidad inmediata radica en permitir 
el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no 
tienen  medios  económicos  suficientes  y,  más  ampliamente,  trata  de  asegurar  que 
ninguna persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar; y 
(ii) de los derechos a la igualdad de armas procesales y a la asistencia letrada (art. 24.2 
CE), consagrando una garantía de los intereses de los justiciables y los generales de la 
justicia, que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre 
las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una sentencia ajustada a 
Derecho y, por ello, indirectamente, coadyuva al ejercicio de la función jurisdiccional.
b)  El derecho a la asistencia jurídica gratuita, como concreción de la gratuidad de la 
asistencia  jurídica  para  quienes  carecen  de  suficientes  recursos  económicos 
(art. 119 CE), es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y 
concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitarlos, en primera instancia, al 
legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas 
disponibilidades  presupuestarias,  si  bien  tomando  en  consideración  que  el  inciso 
segundo del art. 119 CE establece un contenido constitucional indisponible para el 
legislador, que obliga a reconocer el derecho a la justicia gratuita necesariamente a 
quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar.
c)  La interpretación de la normativa reguladora del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita debe venir guiada por la finalidad «de garantizar a todos los ciudadanos, con 
independencia de cuál sea su situación económica, el acceso a la justicia en condiciones 
de  igualdad,  impidiendo  cualquier  desequilibrio  en  la  efectividad  de  las  garantías 
procesales garantizadas constitucionalmente en el art. 24 CE que pudiera provocar 
indefensión, y, en particular, permitiéndoles disponer de los plazos procesales en su 
integridad» (así, SSTC 141/2011, de 26 de septiembre, FJ 5, o 204/2012, de 12 de 
noviembre, FJ 5).
d)  La relación entre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho de 
acceso a la jurisdicción determina que si se denegara la gratuidad de la justicia a quien 
cumple  los  requisitos  legalmente  previstos  y  pretende  formular  sus  pretensiones  u 
oponerse a las contrarias en la vía procesal, se estaría quebrantando al propio tiempo su 
derecho de acceso a la justicia, por lo que es plenamente aplicable el principio pro 
actione, que se opone a toda interpretación de los requisitos de procedibilidad que 
carezca  de  motivación  o  sea  arbitraria,  irrazonable  o  incursa  en  error  patente, 
imponiendo  asimismo  la  prohibición  de  las  decisiones  de  inadmisión  que  por  su 
rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra causa muestren una palpable  e
desproporción  entre  los  fines  que  aquellos  motivos  protegen  y  los  intereses  que  bo
sacrifican. 73ww
FJ 4P,o or  o7t/r2a0 p0a8r, ted,e l a2 1ju rdisep erundeeron,c iFa Jc o2n),s ttiatumcbioiénna l h(aa siín, cSidSidToC  e1n2 /q1u9e9 8l,a  ddee n1e5g daec ióenn edroe,l 
pdreorceecdhiom aie lnat oa sliesgteanlmciae njuter ídeicsata bglreactuiditoa,  pnoor  isnuspoostneen ibeinli dsaíd  mdeis mla ap rientferancscióiónn,  caolngfuonrma ed aell 
derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la denegación de dicho derecho tiende, ante
todo, a asegurar el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal 
derecho reconocido en el art. 119 CE, evitando el ejercicio abusivo o temerario del 
derecho  de  acceso  a  la  jurisdicción  en  defensa  de  pretensiones  manifiestamente 
abocadas al fracaso.
4.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  al  supuesto  enjuiciado:  En  el 
presente  caso,  tal  como  ha  quedado  acreditado  en  las  actuaciones,  se  ponen  de 
manifiesto como hechos no controvertidos que:
(i)  la letrada designada provisionalmente para la defensa del recurrente en su 
pretensión de oposición a un proceso monitorio, en que era obligatorio por razón de la 
cuantía comparecer con abogado y procurador, informó sobre la insostenibilidad de la 
pretensión;
(ii)  dicho  informe  fue  remitido  a  la  Comisión  de  Asistencia  Jurídica  Gratuita 
transcurrido el plazo de quince días desde que dicha letrada fue designada;
(iii) dicha comisión, una vez que confirmaron la insostenibilidad tanto el Colegio de 
Abogados como el Ministerio Fiscal, denegó al recurrente el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita con exclusivo fundamento en dicha insostenibilidad sin 
discutir la titularidad del derecho por la carencia de medios económicos; y
(iv)  en vía judicial, a pesar de invocarse por el demandante de amparo el art. 32 
LAJG –conforme al cual el letrado designado para un proceso deberá comunicar a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el carácter insostenible de una pretensión 
«dentro de los quince días siguientes a su designación» y que «transcurrido dicho plazo 
sin que se produzca tal comunicación […] este queda obligado a asumir la defensa»– la 
respuesta que obtuvo es que se trataría de un mero defecto formal en los plazos, que no 
afecta al fondo del asunto que es la insostenibilidad de la pretensión como causa 
determinante de la denegación del derecho.
En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, debe 
concluirse que se ha vulnerado al recurrente su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, en relación con 
el derecho a la gratuidad de la justicia (art. 119 CE). El derecho a la asistencia jurídica 
gratuita,  aun  siendo  un  derecho  de  configuración  legal,  mantiene  como  núcleo 
indisponible la gratuidad del acceso a la jurisdicción de quienes no tienen recursos 
económicos  para  litigar  como  demandantes  o  demandados.  Eso  implica  que  los 
requisitos  tanto  materiales  como  formales  del  ejercicio  de  este  derecho  deban  ser 
interpretados  de  manera  que  quede  garantizada  la  efectividad  de  tutela  judicial  en 
evitación de cualquier tipo de indefensión. A esos efectos, una vez que no resulta 
controvertible la titularidad del derecho por la carencia de medios económicos para 
litigar, el citado art. 32 LAJG es imperativo al establecer que la posibilidad de rechazar el 
reconocimiento  de  este  derecho  por  la  circunstancia  de  la  insostenibilidad  de  la 
pretensión queda condicionada formalmente a que el letrado designado comunique la 
insostenibilidad en el plazo de quince días desde la designación y que, transcurrido dicho 
plazo, «este queda obligado a asumir la defensa».
Esa obligación legal de asunción de la defensa vinculada a la preclusión del plazo de 
quince días para comunicar la insostenibilidad de la pretensión es un contenido del 
derecho prestacional a la asistencia jurídica gratuita específicamente delimitado por el 
legislador, por lo que, como tal, forma parte esencial del mismo. Por tanto, aunque la 
jurisprudencia constitucional haya reconocido la constitucionalidad de la limitación del  s
derecho a la asistencia jurídica gratuita en los supuestos de insostenibilidad, dicha  oe.
consideración, como límite legislativo al contenido constitucional indisponible para el  w.
lupenrgooics edladedi mloores,  nstquaupleeusde asq tuotesa  medleb l ieéligmni sitlaeacsditoórirnc  thdaaem  ieemsnptteeu  edsseturoej ecpthaaor a (a ah satíco sedero  svre aclleoorsn  loacr eeinq seuoxisspitrteeonssia bmifloideramndtae l ceeosnm  laoy    2020-9773n https://ww
STC 7/2008, de 21 de enero, FJ 2), entre los que está, como se deriva del carácter
imperativo de la dicción del art. 32 LAJG, el que se ponga de manifiesto a la comisión de
asistencia jurídica gratuita en un plazo de quince días desde la designación del letrado 
por el colegio de abogados que corresponda.
En el presente caso, en la medida en que la letrada comunicó la insostenibilidad 
superado el plazo de quince días desde su designación y, por lo tanto, cuando ya existía 
la obligación legal de asumir su defensa, la decisión de la Comisión de Asistencia 
Jurídica  Gratuita  de  denegar  el  reconocimiento  de  este  derecho  anteponiendo  las 
razones de fondo sobre la insostenibilidad de la pretensión al imperativo legal del art. 32 
LAGJ de que la preclusión del plazo determina la obligación de asunción de defensa –
impidiendo con ello, además, que el recurrente tuviera la posibilidad efectiva de poder 
defender de manera gratuita por su carencia de medios económicos para litigar su 
pretensión frente a la cantidad que se le reclamaba– implica la citada vulneración del 
art. 24.1 CE.
A esta conclusión no cabe oponer el argumento sustentado por la Junta de Andalucía 
de que (i) el plazo de quince días establecido en el art. 32 LAJG debe computarse desde 
que el letrado designado tiene la posibilidad efectiva de informar sobre la insostenibilidad 
de la pretensión, por lo que el momento inicial del cómputo queda desplazado a aquel en 
que el interesado contacta con el letrado designado, y de que (ii) en este caso, al no 
conocerse la fecha de ese contacto, no se puede excluir que no se superara el plazo de 
los quince días. Esta argumentación se basa en una interpretación alternativa sobre una 
cuestión de legalidad ordinaria sobre la comprensión que cabe dar a la expresión legal 
«dentro de los quince días siguientes a su designación», que no ha sido hecha valer por 
los órganos judiciales y sobre la que, por tanto, nada corresponde decir al tribunal.
La  estimación  del  recurso  determina  que  deban  anularse  las  resoluciones, 
administrativa y judiciales, impugnadas y la retroacción de actuaciones para que la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Alfredo Ballesteros Ainsa y, en su virtud:
1.º  Reconocer el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción, en relación con el derecho a la 
gratuidad de la justicia (art. 119 CE).
2.º  Restablecer su derecho y, a tal fin, anular la resolución de la Comisión de 
Asistencia  Jurídica  Gratuita  de  Sevilla  de  11  de  octubre  de  2016,  dictada  en  el 
expediente núm. 02792-2016, y los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de 
Sevilla de 1 y 27 de julio de 2017, pronunciados en el procedimiento de impugnación de 
justicia gratuita núm. 189-2019.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de recaer la primera de las 
mencionadas resoluciones, a fin de que se pronuncie otra que sea respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido. s
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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