BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32840
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4502 Sala Segunda. Sentencia 27/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 6087-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:27
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6087-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 5 de Lorca, de fecha 21 de septiembre de 2018, que inadmitió la 
demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 295-2018; y contra el auto del mismo juzgado, de fecha 10 
de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal de la entidad 
ejecutante, Banco de Sabadell, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
octubre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y asistida 
por el letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas. e
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Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió el conocimiento de 
la causa, dictó auto, el día 18 de mayo de 2018, por el que acordó el despacho de 
ejecución  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  295-2018;  asimismo, 
resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman y que 
dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la administración de justicia, 
«serán  notificados  simultáneamente  a  la  parte  ejecutada,  tal  y  como  dispone  el 
artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni emplazamiento, para 
que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se advirtió además que 
contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 
LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace referencia fue dictado por el 
letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en la misma fecha, el cual 
dispuso la expedición de mandamiento de certificación de la finca al registro de la 
propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 31 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca, relativa al proceso: EJH/
0000295/2018; notificación a la que podía acceder entre los días 31 de mayo a 16 de 
julio  de  2018,  a  través  de  unos  enlaces  electrónicos  que  también  indicaba.  Como 
información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo indicado 
se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  El día anterior al del vencimiento del plazo indicado en la anterior comunicación, 
por el mismo servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, se vuelve a remitir otros dos correos electrónicos, en los que se avisa que tiene 
notificaciones y/o comunicaciones sin recoger en la dirección habilitada única de la que 
es titular, recordándole que el plazo de caducidad es el día 16 de julio de 2018, a 
las 23:59 horas.
d)  El día 16 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutante, en relación con el procedimiento hipotecario 
núm. 295-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos) dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 30 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto, en 
fecha 21 de septiembre de 2018, en cuya virtud inadmitió la oposición planteada. En 
dicha resolución se expone que «[e]n fecha 31de mayo de 2018 se notificó y requirió en 
legal forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en fecha 31/7/18 se 
ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la ejecución 
hipotecaria»,  para  luego  fundar  la  inadmisión,  en  esencia,  en  que  conforme  a  la 
improrrogabilidad de los plazos y la preclusión que establecen los arts. 134 y 136 LEC, 
en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  art.  695  LEC,  la  oposición  habría  de  haberse 
presentado dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el 
que se despachó la ejecución. Por tanto, al haberse opuesto la ejecutada pasado el  s
plazo  legalmente  establecido,  se  debe  inadmitir  la  oposición  presentada  por  oe.
extemporánea. w.
g)  Por la demandante de amparo se interpuso recurso de reposición contra el  02ww
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Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los 
actos de comunicación procesal, afirmó que, de no tener el juzgado por formulada su 
demanda de oposición al despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela 
judicial efectiva y sin indefensión.
h)  Por auto de 10 de septiembre de 2019, el recurso de reposición interpuesto fue 
desestimado, con los argumentos que constan en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de los recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPAAP y art. 273.3 a) LEC]. Interpretan las recurrentes de 
forma errónea la normativa aplicable. Así el artículo 162.2 LEC en cualquiera de los 
supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del 
acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los 
servicios de notificaciones organizados por los Colegios de procuradores, transcurrieran 
tres  días  sin  que  el  destinatario  acceda  a  su  contenido,  se  entenderá  que  la 
comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. [...]
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 31/5/2018 no accediendo al contenido hasta el día 16/7/2018 (fuera 
de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 31/7/ 2018, claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento,  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede  de  su  domicilio  social;  y  ello,  pese  a  que  esa  comunicación  fue  el  primer 
emplazamiento  en  la  causa.  En  todo  caso,  la  recurrente  expone  que  siguió  las 
indicaciones  que  le  facilitó  la  comunicación  electrónica,  de  manera  que  accedió  al 
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado; fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios 
electrónicos, según dispone el art. 273 LEC, sin embargo, cuando se trata del primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su  e
punto primero dispone que «cuando las partes no actúen representadas por procurador o  bo
se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación  02ww
slae  rheacrieánnt ep oSr TreCm 4is7i/ó2n0 1a9l ,d doem 8ic idlioe  daeb rliol,s p laitrigtea ndtee sc»u.y Ca ofrurnodbaomrae lnat aecxipóune jsutroíd, isceag túrann isncdriicbae, 
ye mdep laczuaymo iceonntote, neidsote  dneod uscee e «feqcuteú ee ne nm eold od oamlgicuinlioo  dceobmeo  einmtepnodneer seel  aqrutíec,u tlroa t1á5n5d.o1s dee d elal 
Ley de enjuiciamiento civil, y que todas las normas que se hace mención en el auto
recurrido y en los escritos de impugnación del recurso, para nada cuestionan el carácter 
imperativo de esa obligación, cuando de aquel acto se trata, máxime cuando se constata 
que el medio telemático no dio resultado como primera llamada al proceso».
Respecto del auto de 10 de septiembre del 2019, que desestimó el recurso de 
reposición promovido contra la anterior resolución, se rechaza por la recurrente que el 
juzgado haya fundamentado su decisión en la Ley del procedimiento administrativo 
común; norma que estima que no es de aplicación en el ámbito procesal civil, puesto que 
la Ley de enjuiciamiento civil no se remite a la normativa administrativa en esta materia. 
Reitera  que,  pese  a  lo  previsto  en  el  art.  273  LEC,  respecto  de  la  obligación  de 
relacionarse por medios electrónicos con la administración de justicia, ello no supone la 
obligación de tener que recibir la primera notificación o emplazamiento en un proceso 
judicial por medios electrónicos.
4.  Mediante providencia de 24 de febrero de 2020, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, «al apreciar que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), ya que el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; y que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
Al  haberse  recibido  con  anterioridad  copia  autenticada  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 295-2018, solamente se resolvió, con arreglo a lo dispuesto 
en  el  art.  51  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC),  dirigir  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de 
que, en un plazo que no excediera de diez días emplazara a quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento de ejecución referenciado, excepto a la parte recurrente en amparo, 
por si quisieran comparecer en el presente proceso constitucional, en el plazo de diez 
días, al efecto de formular alegaciones. Finalmente, acordó: «De conformidad con la 
solicitud de la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el día 17 de abril del 2020, 
la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y 
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  sucesora 
procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, 
solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y parte, 
entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
6.  Por diligencia de ordenación de fecha 11 de noviembre de 2020, la secretaría de 
la Sección Tercera de este tribunal acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los 
cuales podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el 
art. 52.1 de la Ley Orgánica de este tribunal.
7.  En fecha 30 de noviembre de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Tras reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra  e.
Euroinversiones Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L. w.
Al respecto, el fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido  02ww
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última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el art. 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  el  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior; asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable, 
por lo que interesa su estimación, por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
8.  En  fecha  11  de  diciembre  de  2020  presentó  sus  alegaciones  la  entidad 
demandante  de  amparo.  Como  primera  cuestión,  y  a  fin  de  evitar  repeticiones 
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
amparo.  No  obstante,  destaca  la  reciente  sentencia  del  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional 40/2020, de 27 de febrero, que resuelve el recurso de amparo núm. 
5377-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto 
prácticamente igual al del presente recurso de amparo, en el que el citado tribunal 
sostiene que, tratándose del primer emplazamiento o citación al demandado, este ha de 
efectuarse en el domicilio del litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE). Por último, tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la 
referida sentencia solicita que se dicte sentencia estimatoria, en los términos interesados 
en el escrito de interposición del recurso.
9.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sección Tercera de este 
Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2020, se acordó dar vista por veinte días a la 
entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  conforme  determina  el  art.  52.1 
LOTC.
10.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company  no  ha  presentado 
alegaciones.
11.  Mediante providencia 11 de febrero fecha 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre, 
inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, 
al considerarlos extemporáneos. En concreto, en el presente recurso se impugnan los  e
autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de fechas 21 de  bo
septiembre de 2018 y 10 de septiembre de 2019, recaídos en el proceso de ejecución  02ww
hipoLteac daerima annúdma.n 2te9 5d-e2 0a1m8.paro alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela
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emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, 
singularmente el art. 155.1. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del 
amparo  por  el  primer  motivo,  mientras  que  la  entidad  comparecida  se  opone  a  la 
demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En su fundamento jurídico 3 se resuelve así la queja de fondo por lesión del art. 24.1 
CE, derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al respecto se 
afirma que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus 
SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, en aplicación de la doctrina de 
referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el 
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo, a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el computó del plazo para 
presentar el escrito de oposición en normas del procedimiento administrativo común, que 
son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con 
el  plazo  del  art.  556  LEC.  Todo  lo  cual  determina  la  estimación  del  amparo  por 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, con reconocimiento 
de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo,  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos  s
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de  oe.
la demandante. w.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de fechas 21 de septiembre de 2018 y 10 de 
septiembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 
de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 295-2018, así como la nulidad de 
las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través 
de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.