BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23593
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3351 Pleno.  Auto  16/2020,  de  11  de  febrero  de  2020.  Impugnación  de 
disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en 
relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de 
una propuesta de «moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l'autogovern» en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019.
ECLI:ES:TC:2020:16A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, promovido por el 
Gobierno  de  la  Nación  en  relación  con  determinados  acuerdos  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, ha dictado el 
siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 
abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, conforme a 
los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la 
Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 
de septiembre de 2015» y su anexo. La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, 
fue estimada por STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la 
referida resolución 1/XI y su anexo.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de noviembre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  (sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII). Se refiere al acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el que se admite a 
trámite  la  «moció  subsegüent  a  la  interpel·lació  al  Govern  sobre  l’autogovern» 
(302-00155/12), presentada el 28 de octubre por el subgrupo parlamentario Candidatura  s
d’Unitat  Popular-Crida  Constituent  (CUP-CC)  y  publicada  en  el  «Boletín  Oficial  del  oe.
Parlamento de Cataluña» núm. 453, de 30 de octubre de 2019. Así como al acuerdo de  w.
(rlaPe cSomCne-sUsidane itrdsa)ec  yió 5Cn  iufdotearm dnauonlavsdi e(aCms’ bsp)ro eyr   eldole ss  ug2bru0gp1ruo9ps  opp oaPrra laretmild eoqn uPtaeor piosusela  Srr oe(PccihPaalCisz)ta.ens  il aUsn itsso pliceirt uAdveasn çdaer   2020-3351n https://ww
La impugnación se concreta a la admisión a trámite del apartado primero de dicha 
moción. En su única versión oficial, en catalán, la redacción del inciso es esta:
«1.  El Parlament de Catalunya:
Expressa la seva voluntat d’exercir de forma concreta el dret de l’autodeterminaciò i 
de respectar la voluntat del poble català.»
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se decide plantear ante el 
Tribunal Constitucional, al amparo del art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña del transcrito apartado 
primero  de  la  referida  moción,  por  incumplimiento  de  la  STC  259/2015  y  de  las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. Se invoca expresamente el art. 161.2 CE, a 
fin de que se produzca la inmediata suspensión de los acuerdos controvertidos, en 
cuanto a esa admisión a trámite.
3.  El abogado del Estado solicita que declaremos que la admisión a trámite –por 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, confirmado 
por acuerdo de 5 de noviembre– del apartado primero de la referida moción, contraviene 
lo ordenado en la STC 259/2015 así como en las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019 sobre los incidentes de ejecución promovidos respectivamente en relación con 
determinados  apartados  de  las  resoluciones  del  Parlamento  de  Cataluña  534/XII 
y 546/XII y, en consecuencia, que declaremos nulos los acuerdos controvertidos.
Interesa asimismo que, en virtud del art. 87.1 LOTC, se notifique la providencia por la 
que se admita a trámite el incidente de ejecución, con suspensión de los acuerdos 
impugnados, al presidente del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al 
secretario general de la cámara, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, de abstenerse 
de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos 
impugnados y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015; todo ello con apercibimiento 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Solicita también que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y la decisión que este Tribunal dicte en el 
presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la 
penal, en las que pudieran incurrir.
Mediante otrosí interesa, al amparo del art. 88.1 LOTC, que este Tribunal recabe del 
Parlamento de Cataluña el acta de la sesión de la mesa de 29 de octubre de 2019, en 
los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como 
los informes y documentos relativos al citado acuerdo de la mesa; también el acta de la 
mesa de 5 de noviembre de 2019, los informes –si existen– y la resolución sobre las 
solicitudes de reconsideración, concediendo a las partes traslado de esta documentación 
para alegaciones, una vez recibida.
Mediante un segundo otrosí solicita que este Tribunal proceda a deducir testimonio 
de  particulares  para  exigir  la  responsabilidad  penal  que  pudiera  corresponder  al 
presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa que han votado a  e.
favor de la admisión a trámite de la moción, por incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC,  w.
según el cual «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el  51ww
TribuFnuanld Camonesntittau ceiol naabl oregsaudeol vdae»l. Estado las peticiones formuladas en el incidente de
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución, con especial mención de la STC 259/2015, que 
declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el 
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de 
un apartado sexto, en el que el propio parlamento autonómico se definía a sí mismo 
como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente» y reiteraba «que 
esta  cámara  y  el  proceso  de  desconexión  democrática  no  se  supeditarán  a  las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  Español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional [...]».
Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó una serie de resoluciones 
en  las  que  se  pretendía  dar  continuidad  a  los  objetivos  que  perseguía  la  anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, de 20 de enero de 2016. Por 
ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el incidente de ejecución promovido contra la 
resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, declarando su nulidad. Por ATC 24/2017, 
de  14  de  febrero,  fue  estimado  el  incidente  de  ejecución  promovido  respecto  de 
determinados apartados de la resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016, «sobre la 
orientación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.
Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio 
de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real», en la que esta cámara reiteraba 
la  anulada  resolución  1/XI  y  reafirma  su  voluntad  de  ejercer  el  derecho  a  la 
autodeterminación, como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña. 
Mediante providencia de 10 de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 246, 
de 12 de octubre) el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por formulado el 
incidente de ejecución y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la 
suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII, junto con los restantes 
pronunciamientos contenidos en dicha providencia.
Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos de los 
apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de 
septiembre de 2019, «sobre la orientación política del Gobierno», en la que esta cámara 
volvía a reiterar la anulada resolución 1/XI y también la resolución 534/XII. Reafirmaba 
de nuevo su voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación, como instrumento de 
acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, así como la de los «países catalanes». 
Afirmaba ser un parlamento plenamente soberano y rechazaba «las imposiciones» de 
las  instituciones  del  Estado  español,  en  especial  del  Tribunal  Constitucional  y  del 
Tribunal Supremo; entre otros pronunciamientos. Mediante providencia de 16 de octubre 
de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 250, de 17 de octubre), el Pleno del Tribunal 
Constitucional acordó tener por formulado el incidente de ejecución y por invocado el 
art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los referidos incisos de la 
resolución  546/XII,  junto  con  los  restantes  pronunciamientos  contenidos  en  dicha 
providencia.
Desatendiendo los requerimientos de las providencias de este Tribunal de 10 y 16 de 
octubre de 2019, dirigidos a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 
abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a los incisos  s
impugnados  de  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII;  igualmente  impedir  o  paralizar  oe.
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o  w.
eludir la STC 259/2015, la mesa, en su sesión de 29 de octubre de 2019, acordó admitir  51ww
Ga otrváemrnit es,o pbarera  l’sauu tsougsotavenrcnia»c, ióenn  pcoury oe l appleanrtoa,d loa  pmriomceiórno  «las ucbásmeagrüae n«te ax plare isnate srpue vl·olalucnióta adl 
de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad
del  pueblo  catalán».  Las  solicitudes  de  reconsideración  de  este  acuerdo  fueron 
rechazadas por acuerdo de la mesa de 5 de noviembre de 2019.
b)  Prosigue  refiriéndose  a  la  «normativa  procesal  que  sirve  de  base  para  la 
formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», remitiendo al efecto al 
primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero y cuarto, primer 
párrafo, del art. 92 LOTC y citando a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, 
y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3.
c)  Recuerda  asimismo  que  las  providencias  del  Tribunal  Constitucional  son, 
conforme al art. 86 LOTC, resoluciones utilizadas en los procesos constitucionales, por lo 
que, en caso de ser incumplidas, pueden ser objeto del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC. En el presente caso se consideran incumplidas las referidas providencias de este 
Tribunal de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
promovidos respectivamente frente a las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, así como la STC 259/2015.
d)  Afirma que la idoneidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC 
está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre. El citado auto, al resolver el incidente de ejecución promovido contra la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república, descartó el óbice de admisibilidad 
opuesto por la representación de esta cámara, que se fundaba en la naturaleza del 
acuerdo  como  acto  parlamentario  de  trámite,  que  no  ponía  fin  al  procedimiento 
parlamentario y que no desplegaba efectos ad extra.
Ciertamente, el acto impugnado en el incidente resuelto por el ATC 124/2017 era la 
admisión a trámite de una proposición de ley, y por lo tanto se trataba de un acto de 
trámite  del  procedimiento  legislativo.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
naturaleza del acto, la admisión a trámite de una moción para su sustanciación ante el 
pleno de la cámara no tiene una naturaleza diferente a la admisión a trámite de una 
iniciativa legislativa. En ambos actos se expresa o ejercita la misma competencia de la 
mesa,  de  calificación  y  decisión  de  admisión  a  trámite  de  un  escrito  de  índole 
parlamentaria,  de  acuerdo  con  el  art.  37.3  c)  del  Reglamento  del  Parlamento  de 
Cataluña. La naturaleza del acto de calificación y admisión a trámite no varía por la 
diferente naturaleza del acto parlamentario final, cuyo trámite se inicia por el acuerdo de 
la mesa. Es precisamente en el ejercicio de esta competencia de calificación y admisión 
a trámite cuando puede verificarse si se ha salvaguardado por la mesa su deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC). Es decir, la propia 
naturaleza del incidente de ejecución como instrumento de salvaguarda del deber de 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva determina que el acto de 
calificación y admisión a trámite por la mesa sea objeto idóneo del incidente, siempre 
que incumpla manifiestamente lo ordenado por el Tribunal. Así ha ocurrido en este caso, 
pues la decisión de la mesa incumple manifiestamente lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional en sus providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, entrando asimismo en 
contradicción con los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015.
e)  Razona  a  continuación  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6; 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6, y 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de 
inadmitir a trámite iniciativas que sean manifiesta o palmariamente inconstitucionales se 
convierte en obligación de inadmitirlas en el caso de que la iniciativa calificada constituya  s
un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. oe.
En este caso, las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 advirtieron de forma  w.
expresa al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y  51ww
caul asleecsrqeutaierrioa  gaecntuearacli odnee sla  tceánmdeanrate, sq uae  dteanr íacnu mlap olimbliiegnatcoió na  dleo sa baspteanrteardsoes  dee  rienacliiszoasr 
idmep suug ndaedboesr  ddee  liamsp reedsior luoc pioanraelsiz 5a3r 4c/uXaIIl qyu 5ie4r6 i/nXicIIi adteivla P, ajurlraídmicean too  mdea tCearitaal,lu qñuae,  adsiríe ccotam oo   BOE-A-cable e
directamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015. Tal admonición no supone en 
modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el 
ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el 
art. 23 CE, pues es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos 
los poderes públicos (art. 9.1 CE).
Es más, la admisión a trámite no solo resulta antijurídica por incumplir el mandato 
expreso del Tribunal incluido en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sino 
que además puede vulnerar el ius in officium de los diputados del Parlamento de 
Cataluña,  conforme  a  la  citada  doctrina  constitucional,  pues  si  los  parlamentarios 
participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un 
pronunciamiento de este Tribunal infringen también el deber de acatar la Constitución 
(art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, 
si  cumplen  su  deber  constitucional  de  respetar  lo  resuelto  por  este  Tribunal  y  no 
participan  en  ese  procedimiento  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes a su cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de este derecho 
fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta 
condición no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos 
públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación en esos 
procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación de la 
Cámara  una  apariencia  de  legitimidad  democrática  que  no  cabe  atribuirle  sin 
menoscabar su propia función constitucional.
f)  Razona a continuación que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
impugnados, en cuanto admiten a trámite la moción «subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’autogovern», en el apartado primero, incumplen frontalmente lo resuelto 
en la STC 259/2015 y desatienden los requerimientos contenidos en las providencias 
de 10 y 16 de octubre de 2019.
El apartado primero de la moción admitida a trámite por el acuerdo de la mesa de 29 
de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 5 de noviembre, reitera la voluntad del 
Parlamento de Cataluña de ejercer el derecho a la autodeterminación. Ello obedece a la 
pretensión de esta cámara de seguir transitando por la inconstitucional «vía unilateral» 
hacia la independencia de Cataluña. No se trata de una mera aspiración política, sino de 
la manifestación de la posición de la cámara (art. 61 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña), que admite a trámite una moción en la que se insiste, de manera asertiva, en 
la autodeterminación como una realidad efectiva y concreta. La moción no permite 
entender  limitados  sus  efectos  en  el  ámbito  parlamentario  al  terreno  estrictamente 
político, puesto que reclama al Gobierno de la Generalitat el cumplimiento del «ejercicio 
de forma concreta» del derecho de autodeterminación, cumplimiento que es susceptible 
del  control  parlamentario  previsto  para  las  mociones  por  la  cámara  a  través  del 
procedimiento establecido en el art.162 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
La moción pretende desbordar la Constitución a través de nuevas vías de hecho, 
pues no es posible interpretar de otra forma la referencia al debido respeto a la «voluntad 
del pueblo catalán». Solo desde la afirmación de la pretendida «soberanía del pueblo 
catalán»  alcanza  su  sentido  un  mandato  para  un  ejercicio  concreto  de  la 
autodeterminación  cuyo  resultado  sea  el  que  el  «pueblo  catalán»  determine.  La 
identificación de Cataluña como un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano 
resulta contraria a la atribución de la soberanía al pueblo español (art. 1.2 CE) y la 
proclamación de la unidad de la Nación española como fundamento de la Constitución 
(art. 2 CE). El ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el mismo art. 2 CE en  s
favor  de  nacionalidades  y  regiones  no  puede  exceder  el  propio  marco  que  la  oe.
Constitución ha diseñado para el desenvolvimiento de tal derecho, como ha recordado la  w.
STC 259/2015. 51ww
traigEas cpaeucsiaalm deen uten are rleesvoalnutcei óens  aenl theericohr os udsep qeuned idlaa ,m pouceiósn c oobmjeot os edñeal lap rleas eSnTtCe  i4n6c/i2d0e1n8te, 
dFeJ  6s,u p daerab eqru eco pnusetidtuac icoonnasl iddeer aarscea taqru elo e rxeisstuee ilntoc upmopr liemsiteen tTor ipbourn alal  m«eess ap rdeec ilsao  cqáumea rlaa   BOE-A-cable e
mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que 
le impide darle curso».
Así acontece en el presente caso, pues la resolución 534/XII, suspendida en sus 
apartados I.1 y I.2 por la providencia del Tribunal Constitucional de 10 de octubre 
de 2019, establece en el apartado I.1, 2.1, que «el Parlamento de Cataluña se ratifica en 
la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso 
a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña» y en el apartado I.2, 6.3, que «el 
Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el 
derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de 
Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». La coincidencia 
con el apartado primero de la moción «subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’autogovern» resulta evidente, por lo que la mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir 
a trámite la moción, eludió el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional 
en su providencia de 10 de octubre de 2019.
El apartado primero de la moción reitera también la resolución 546/XII, suspendida 
en sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 por la providencia del Tribunal Constitucional de 16 de 
octubre de 2019. Así, el apartado I.3, 23, de la resolución 546/XII establece en que «el 
Parlamento  de  Cataluña  se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  a  la 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña».
Existe pues un nexo explícito entre las suspendidas resoluciones 534/XII y 546/XII y 
el  apartado  primero  de  la  moción  «subsegüent  a  la  interpel·lació  al  Govern  sobre 
l’autogovern», admitida a trámite por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 29 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 5 de noviembre, nexo que hacía 
palmaria y evidente la obligación de la mesa de no admitir a trámite la moción.
En definitiva, el apartado primero de la moción vuelve a omitir la sujeción a la 
Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española 
titular de esa soberanía, por lo que no debió ser admitida a trámite por la mesa del 
Parlamento de Cataluña, al contravenir los pronunciamientos de la STC 259/2015 y los 
requerimientos y advertencias contenidos en las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019, en relación con las resoluciones 534/XII y 546/XII. En consecuencia, concurren 
en el presente caso concurren las circunstancias excepcionales para apreciar que la 
mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir a trámite esa iniciativa parlamentaria, ha 
incumplido su obligación de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE 
y 87.1 LOTC), vulnerando también el ius in officium de los diputados (art. 23.2 CE) e 
indirectamente el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE).
Por ello, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre 
de 2019, en cuanto admite a trámite el apartado primero de la moción «subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», y el acuerdo de 5 de noviembre que lo 
confirma al rechazar las solicitudes de reconsideración, deben ser declarados nulos.
g)  Expone seguidamente las razones por las que considera que este Tribunal, 
además de declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, en el extremo indicado, debe adoptar las 
medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar 
el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo en la STC 259/2015 y en la 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019.
La actuación del presidente del Parlamento de Cataluña y de los restantes miembros  s
de la mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la moción «subsegüent a la  oe.
interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en su apartado primero, supone incumplir,  w.
con pleno conocimiento, lo resuelto en la STC 259/2015, así como las advertencias y  51ww
saodlmicoitan iceiol naebso egfaedcotu addeal s Eesnta ldaos  pqruoev ideesntec iaTsr idbeu n1a0l  yp r1o6ce ddea  oac tudberdeu cdier  2te0s1t9im. oPnoiro  edlleo 
ppaurdtiiecurala creosrr ecsopnofonrdmere  aa llo as rtm. ie9m2.b4r ods)  dLeO lTaC m peasraa  deexl igPiar rllaam reenstpoo ndsea Cbialidtaaludñ ap eqnuael  qhuaen   BOE-A-cable e
votado a favor de la admisión a trámite de la referida moción, en su apartado primero, 
por incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC.
4.  Por  providencia  de  12  de  noviembre  de  2019,  el  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional acordó tener por recibido el escrito presentado por el abogado del Estado 
de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), por contravención de la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento 
de Cataluña de 29 de octubre de 2019, en cuanto a la admisión a trámite de la moción 
referida, en cuyo apartado primero se señala que el Parlamento de Cataluña «expresa 
su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar 
la voluntad del pueblo catalán»; y el acuerdo de la mesa de 5 de noviembre de 2019, por 
el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y 
subgrupos parlamentarios.
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en cuanto han 
calificado  y  admitido  a  trámite  el  indicado  apartado  primero  de  la  referida  moción 
subsiguiente a la interpelación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho 
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herreros; con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Acordó también, conforme al art. 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.
Asimismo acordó, al amparo del art. 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña 
para que, en el plazo de tres días, remitiera a este Tribunal el acta de la sesión de la 
mesa de 29 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción 
del acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo 
y al de la mesa de 5 de noviembre y su acta e informes si existen y resolución sobre la 
solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de C’s y PSC-Units 
y  el  subgrupo  PPC.  Acordó  igualmente  que,  una  vez  recibidos  los  documentos 
solicitados, se dé traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de su presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen 
las alegaciones que estimen procedentes.
Acordó en fin la publicación de la providencia en el «Boletín Oficial del Estado», 
publicación que tuvo lugar en el núm. 273, de 13 de noviembre de 2019.
5.  Con fecha 21 de noviembre de 2019 se personó el letrado del Parlamento de 
Cataluña, en representación y defensa de esta cámara. A su escrito acompaña una serie 
de documentos en cumplimiento del requerimiento contenido al efecto en la providencia 
de 12 de noviembre de 2019.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal de 29 de noviembre de 2019 se tuvo por personado en el incidente de ejecución  s
al letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, y  oe.
por  presentada  la  documentación  que  acompaña  a  su  escrito  de  personación.  Se  w.
pdereno  ec2el0 pd1li9aó,z  oata  ddmeab rdi étiernaz,s  dlcaíoadnsof  opdruemd eeies soaes n l dofoo rcamucmuolraedrna tadoloes  gapa oclario snl ape aspr.treosv iyd eanl cmiai ndisete r1io2  fidsec anl opvaiream qburee   2020-3351n https://ww
7.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 17 de diciembre de 2019, 
el  abogado  del  Estado  cumplimentó  el  traslado,  ratificándose  en  los  hechos  y 
fundamentos jurídicos de su escrito por el que se promueve el incidente de ejecución e 
interesando su estimación.
8.  El letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus alegaciones mediante escrito 
registrado en este Tribunal el 20 de diciembre de 2019.
Sostiene en primer lugar la imposibilidad de aplicar la suspensión del art. 161.2 CE 
en el marco del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. No procede extender esta 
prerrogativa  de  suspensión,  prevista  para  el  procedimiento  de  impugnación  de 
disposiciones generales del título V LOTC (arts. 76 y 77), a la vía del incidente de 
ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, que es la que ha elegido el Gobierno 
en el presente caso.
El incidente de ejecución encubre una acción impugnatoria que debió plantearse en 
su caso por la vía del título V LOTC (arts. 76 y 77), como ocurrió con la impugnación de 
los apartados primero a quinto de la moción 5/XII (STC 136/2018). Se trata de un «abuso 
procesal» en la forma de actuar del Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía del 
incidente  de  ejecución  de  los  arts.  87.1  y  92  LOTC,  a  pesar  de  sus  efectos 
especialmente restrictivos sobre la autonomía parlamentaria de la cámara y los derechos 
de sus miembros.
La moción a la que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno no 
constituye un incumplimiento de la STC 259/2015, sino un ejemplo de legítimo diálogo 
institucional entre el legislador y el Tribunal Constitucional, en tanto que instituciones que 
gozan de una legitimidad de distinta naturaleza; un diálogo que se antoja más necesario 
que nunca ante cuestiones que dividen la sociedad, como puede serlo el debate sobre la 
autodeterminación.
La  primera  consecuencia  del  «abuso  procesal»  que  supone  la  utilización  del 
incidente de ejecución contra la moción admitida a trámite por la mesa del Parlamento de 
Cataluña es precisamente la ruptura del equilibrio que ha de existir entre el poder 
legislativo y el control de constitucionalidad en un Estado democrático. Ese equilibrio 
debe partir de la premisa de la presunción de constitucionalidad de las resoluciones 
políticas  del  legislador,  que  implica  la  correlativa  exigencia  de  que  el  Tribunal 
Constitucional actúe con self-restraint.
La segunda consecuencia de ese «abuso procesal» es que el incidente de ejecución 
se está convirtiendo en un nuevo proceso constitucional sui generis y ex ante, en frontal 
contradicción con el diseño que el constituyente quiso establecer para el control de 
constitucionalidad. Del mismo modo que el Tribunal Constitucional no puede entrar a 
enjuiciar la constitucionalidad de una proposición de ley en sus fases más incipientes de 
tramitación  parlamentaria,  tampoco  parece  una  operación  acorde  con  nuestro 
ordenamiento la de controlar la constitucionalidad de una propuesta de moción que no 
ha sido ni siquiera debatida en el pleno de la cámara.
Por otra parte, si el Tribunal no puede hacer un control previo de constitucionalidad 
todavía menos debería hacerlo una mesa, que no tiene legitimidad alguna para ello por 
cuanto el monopolio del control de constitucionalidad de las normas le compete al 
Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto es lo que sucede cuando se le exige a la 
mesa del Parlamento de Cataluña que censure la celebración de un debate en el pleno 
en el caso de detecte que podría tratarse de una cuestión declarada inconstitucional por 
el Tribunal Constitucional. Las mesas de las cámaras no están, por su diseño orgánico, 
en disposición de ejercer tal función de control material, además de que ese filtro de  e.
censura provoca serios perjuicios sobre la autonomía de la cámara y, en particular, sobre  w.b
el ejercicio del ius in officium de los diputados, por su efecto disuasorio. 51ww
incuEmnp litmodieon tcoa smoa, teerli ailn cdied elanste  redseo leujceiocunceisó nd ecl aTrericbeu ndael  Cfuonndsatitmuceinotnoa, l,a pl uneos  enxoi setixr isuten 
creosnotilnuuciiódna d1 n/Xi Ic oanneuxlaiódna  epnotrre S laT Cp ro2p5u9e/2s0ta1 5d,e n mi otacmiópno ac ola c qoune  las er eresfoielurcei óenl  in5c3i4d/eXnIIt,e  ay  llaa 
que se refiere la providencia de 10 de octubre de 2019. Para apreciar que existe ese
incumplimiento no es suficiente con una mera coincidencia terminológica entre aquellas 
resoluciones y el nuevo acto parlamentario, sino que es necesario además que ese acto 
se dicte con la finalidad de eludir el cumplimiento de una sentencia u otra resolución del 
Tribunal Constitucional, lo que no sucedería en el presente caso, pues el debate sobre la 
«autodeterminación» se plantea en la moción en unos términos radicalmente distintos a 
los que fundamentaron las declaraciones de nulidad de la STC 259/2015. Además, ante 
la  ambigüedad  del  término  «autodeterminación»,  el  Tribunal  no  debería  acoger  la 
interpretación propuesta por el abogado del Estado, por ser la más lesiva para los 
derechos  fundamentales  de  los  diputados.  A  ello  se  añade  que  el  Parlamento  de 
Cataluña ha aprobado en anteriores legislaturas varias resoluciones en las que se invoca 
el  derecho  a  la  de  autodeterminación  del  pueblo  de  Cataluña,  sin  que  su 
constitucionalidad haya sido objetada por ningún operador jurídico.
La moción objeto del incidente de ejecución es un acto de naturaleza política carente 
de  efectos  jurídicos  vinculantes,  pues,  de  aprobarse,  no  tendría  incidencia  en  el 
ordenamiento jurídico, en el sentido de que no es susceptible de crear, modificar o 
derogar otras normas jurídicas del ordenamiento del Estado español. La eficacia jurídica 
de los actos parlamentarios es condición para su impugnabilidad, como tiene declarado 
el Tribunal Constitucional.
La formulación del presente incidente de ejecución supone la vulneración de la 
libertad de expresión y de los derechos de reunión y de participación política de los 
diputados del Parlamento de Cataluña. Con cita de la decisión del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019 (que declaró inadmisible la demanda 
presentada  por  la  presidenta  del  Parlamento  de  Cataluña  y  otros  setenta  y  cinco 
diputados de esta cámara en su XI legislatura) y de jurisprudencia del mismo Tribunal, 
sostiene la letrada del Parlamento de Cataluña que debe maximizarse el derecho a la 
libertad de expresión de los diputados, puesto que estos vienen a expresar los distintos 
posicionamientos que existen en la sociedad y son garantía del pluralismo político. En tal 
sentido, la moción sería un instrumento para expresar una opinión política que, hasta el 
momento de la votación, es pura y llanamente un ejercicio de la libertad de expresión 
enmarcada en el ámbito del ius in officium de los parlamentarios. La pretensión de que la 
mesa de la cámara censure debates políticos quiebra los derechos fundamentales de los 
diputados ex art. 23.2 CE, en tanto en cuanto activación particular de la libertad de 
expresión y del derecho de reunión (arts. 20 y 21 CE y arts. 10 y 11 del Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), 
debiendo recordarse la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la exigencia de la 
interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales. La censura en 
la crítica política no tiene cabida en un régimen democrático.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita, o en su caso desestime, el incidente de ejecución, porque los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 no 
contravendrían la STC 259/2015. Mediante otrosí solicita que se dejen sin efecto los 
requerimientos y advertencias realizados en la providencia al presidente del Parlamento, 
a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, que impiden la 
tramitación de la propuesta de moción. Asimismo solicita que se rechace la solicitud del 
abogado del Estado de deducir testimonio de particulares.
9.  El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 17 de enero de 2020, en 
el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre  e.
de 2019, por los que se admite a trámite una moción contraria a lo resuelto por el  w.b
Tribunal Constitucional y se rechaza la solicitud de reconsideración de esa decisión,  51ww
ccoonnfsotirtmuyee rne soubltjae tod ei dlaó ndeooc trdineal  sinecnitdaednat ee nd eA TeCje 1c2u4c/ió2n0 1d7e,  FlJo s2 , adretsb.i e8n7d.o1  ayn a9li2z aLrsOeT eCn, 
eSsTtCe  2c5a9u/c2e0 1p5ro yc eesna lla ss ip reosvoids eanccuiaesr ddoes 1 r0e ys p1e6t adne  looc tourbdreen daed o2 0p1o9r. este Tribunal en su
Subraya  asimismo  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional  sobre  las 
facultades de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de iniciativas 
parlamentarias (por todas, STC 128/2019, de 11 de noviembre), el debido respeto a las 
resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, que incumbe a 
todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda a la mesa que 
admita a trámite una iniciativa que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo 
decidido por este Tribunal. Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento 
es preciso que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución del 
Tribunal Constitucional que le impide darle curso.
Considera igualmente que no son atendibles las razones esgrimidas por la mesa del 
Parlamento  de  Cataluña  en  su  acuerdo  de  5  de  noviembre  de  2019,  por  el  que 
desestima las solicitudes de reconsideración frente al acuerdo de 29 de octubre. La 
mesa afirma en primer lugar que este acuerdo carece de eficacia jurídica, en la medida 
que solo supone la publicación de la iniciativa y la apertura del trámite de enmiendas. Tal 
afirmación es incompleta y, por ello, inexacta, ya que al permitir la tramitación de la 
moción, que fue aprobada posteriormente por el Parlamento de Cataluña, da soporte y 
posibilita el debate y aprobación de esa moción, que viene a reproducir el contenido de 
las  resoluciones  534/XII  y  546/XII,  así  como  de  la  resolución  1/XI,  declarada 
inconstitucional y nula por la STC 259/2015, con lo que se contraviene lo resuelto por el 
Tribunal  Constitucional.  Los  incidentes  de  ejecución  promovidos  contra  las 
resoluciones 534/XII y 546/XII fueron estimados por AATC 180/2019 y 181/2019, de 18 
de diciembre ambos.
Por otra parte, se aduce que, si el Tribunal Constitucional consideraba que se 
incumplían sus resoluciones, debió requerir previamente a la mesa, conforme al art. 92.4 
LOTC, para que emitiera informe al respecto. Sin embargo, este argumento tampoco es 
atendible, toda vez que las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII 
estaban  suspendidas  ope  legis  por  aplicación  del  art.  161.2  CE,  en  virtud  de  las 
providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, invocadas 
precisamente por la abogacía del Estado en su escrito por el que se promueve el 
presente incidente de ejecución.
Aduce la mesa del Parlamento de Cataluña que el hecho de que una determinada 
iniciativa parlamentaria pueda ser contraria a la Constitución no determina que la mesa 
tenga la obligación de inadmitirla. Esta argumentación pretende obviar que, conforme a 
reiterada doctrina constitucional, sí existe ese deber de inadmisión cuando la iniciativa en 
cuestión contravenga lo ordenado por el Tribunal Constitucional, como sucede en el 
presente caso. Permitir un debate y votación sobre el derecho de autodeterminación, en 
los términos que se declara en el apartado primero de la moción admitida a trámite por la 
mesa,  supone  contradecir  los  mandatos  contenidos  en  la  STC  259/2015  y  en  las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019.
Niega también la mesa de la cámara autonómica que la iniciativa parlamentaria 
controvertida  sea  reproducción,  ejecución  o  cumplimiento  de  las  resoluciones  1/XI, 
534/XII  y  546/XII  o  de  cualquier  acto  o  norma  anterior  que  haya  sido  declarada 
inconstitucional y por ello infrinja la STC 259/2015. Tal argumento no se sostiene. Es 
evidente que el pluralismo político que la Constitución garantiza permite cualesquiera 
proyectos políticos y debates sobre los mismos en las asambleas legislativas, incluso si 
se propone la reforma de la Constitución, pero siempre y cuando el debate parta del 
presupuesto del respeto a los cauces procedimentales previstos en el propio texto 
constitucional  para  canalizar  los  cambios  de  modelo  político,  porque  solo  ese  s
presupuesto asegura el respeto a las posiciones de las minorías (STC 115/2019, FJ 7).  oe.
El tenor literal del apartado primero de la moción admitida a trámite y el contexto en que  w.
esa decisión parlamentaria tiene lugar evidencian que se reiteran el ejercicio del derecho  51ww
pdreo pauuetosdtae tdeerm reinfoarcmióan  cyo nlsat itsuocbioenraanl.ía del pueblo de Cataluña al margen de cualquier
ParlEamn esnutmo ad,e  eCl aataplaurñtaad, oe np reiml ienrcois od ec olnat rmovoecritóidno ,a sdem hitaidllaa  ae nt ríánmtimitea  cpoonr elxai ómn ecsoan  dloesl   BOE-A-cable e
contenidos de las resoluciones 534/XII y 546/XII, impugnados en precedentes incidentes 
de ejecución, así como los contenidos de la resolución l/XI, declarada inconstitucional y 
nula por la STC 259/2015. Dicho apartado no puede ser considerado como una mera 
declaración política, sino que supone reproducir el objetivo y finalidad de las resoluciones 
l/XI, 534/XII y 546/XII, dando continuidad al inconstitucional proceso secesionista. El 
derecho de autodeterminación de Cataluña no tiene cabida en la Constitución ni en el 
ámbito del derecho internacional y la afirmación de la soberanía del pueblo de Cataluña 
pretende ignorar que la soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2 CE) y la unidad 
de la nación española (art. 2 CE), como viene declarando reiteradamente el Tribunal 
Constitucional, entre otras en la STC 259/2015.
Existe por tanto un incumplimiento manifiesto de la STC 259/2015, que anuló la 
resolución l/XI y de las providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre 
de 2019, en relación estas con los incidentes de ejecución promovidos frente a las 
resoluciones  del  Parlamento  de  Cataluña  534/XII  y  546/XII.  Al  admitir  a  trámite  la 
moción, en su apartado primero, la mesa incurre a sabiendas en el incumplimiento del 
deber  de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional,  pues  en  las  referidas 
providencias se le había advertido expresamente de su obligación de abstenerse de 
realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados e incisos 
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII, así como de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la STC 259/2015. Además, este incumplimiento, como indica la STC 46/2018, 
supone  la  vulneración  del  ius  in  officium  de  los  parlamentarios  que  formularon  la 
reconsideración del acuerdo de admisión de la moción, por cuanto impide que puedan 
ejercer reglamentariamente sus funciones representativas. En esas circunstancias el 
ejercicio  del  cargo  conllevaría  no  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional 
(art. 87.1 LOTC). No cabe aducir la pretendida vulneración de la libertad de expresión de 
los diputados, pues estamos ante un acto de la mesa de la cámara que, como tal, no 
supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, 
atribución o función de ese órgano parlamentario. Por todo ello, procede la estimación 
del incidente de ejecución, con declaración de nulidad del apartado cuestionado.
Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas de 
ejecución  que  interesa  el  abogado  del  Estado.  Se  concretan  en  que  se  notifique 
personalmente  el  auto  que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de 
Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el 
propio  auto  que  resuelva  el  presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. Se interesa también 
que se proceda a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de 
la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de la moción «subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en lo que atañe a su apartado primero.
10.  Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 12 de  e.
noviembre  de  2019.  Interesan  que  se  revoque  esta  providencia  y  se  inadmita  la  w.b
impugnación de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre  51ww
ys u5b sdied ianroiavmiemenbtree,  dqeu 2e0 1s9e,  palannutleena dalo cso mapoa irntaciddoesn tes edgeu enjdeoc,u ctieórnc edreo  lay  ScTuCa r2to5 9/d2e0 15la; 
provSidoesnticeinae.n en su recurso de súplica, en síntesis: 1.º) que la impugnación de los
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre
de 2019 es inadmisible por tener carácter preventivo (citan los AATC 135/2004, 189/2015 
y  190/2015),  toda  vez  que  la  propuesta  de  moción  admitida  a  trámite,  antes  de 
convertirse en moción aprobada por el pleno de la cámara, puede sufrir enmiendas que 
modifiquen su contenido; 2.º) la impugnación por el Gobierno de los referidos acuerdos 
parlamentarios  es  inadmisible  por  no  haber  consultado  previamente  a  la  comisión 
permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); 
3.º) no resulta de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión 
automática prevista para la impugnación de las disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), pues el incidente de ejecución no es una impugnación a estos efectos, por lo que 
la suspensión de los acuerdos parlamentarios acordada en la providencia de 12 de 
noviembre de 2019 carece de motivación y de sustento normativo; 4.º) las propuestas de 
resolución o moción no son susceptibles de ejecución de ningún tipo por el propio 
Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 259/2015 se agotan en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el 
incidente  de  ejecución  carece  de  objeto  y  en  consecuencia  es  inadmisible;  5.º)  el 
apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza de oficio el 
Tribunal  Constitucional  en  la  providencia,  carece  de  cobertura  legal  y  vulnera  la 
inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; 6.º) la 
providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de 
reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de 
Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; 7.º) la providencia, en 
cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de 
Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir 
la suspensión acordada de los referidos acuerdos parlamentarios, vulnera la autonomía 
parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); 8.º) la providencia, en 
cuanto ordena en el apartado tercero su notificación al presidente del Parlamento de 
Cataluña, al resto de miembros de la mesa y al secretario, con advertencia de su 
obligación de respetar la suspensión acordada y apercibimiento de responsabilidades, 
incluso penales, vulnera el derecho a una resolución motivada que reconoce el art. 24.1 
CE (y debería en consecuencia revestir la forma de auto, conforme al art. 86.1 LOTC), 
así como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
11.  Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, representados por 
el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don 
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución 
e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 12 de noviembre de 2019. 
Interesan que se revoque esta providencia y se inadmita la impugnación de los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, 
planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, que se 
anulen los apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
Los razonamientos en que se sustenta este recurso de súplica son enteramente 
coincidentes con los expuestos en el formulado por don Josep Costa i Rosselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull.
12.  Por ATC 163/2019, de 27 de noviembre, el Pleno de este Tribunal acordó tener 
por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, así 
como a doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, a 
los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título  e
particular, sin perjuicio de la personación de dicha cámara legislativa a través de sus  bo
servicios jurídicos. Acordó también admitir a trámite los recursos de súplica interpuestos  51ww
Ccoanmtrpad leap apdroróvisd ei nPcuiac udreu ll1 y2  pdoer  nlao vsieemñobrrae  Adert a2d0i 1V9i lap oyr  tloresi nstae ñyo ruens  dCiopsuttaa di oRs omssáesl lód eyl 
GPaorblaiemrneon tdoe d ela  CNaatcailóunñ,a  ayl  dPaarr latrmaselandtoo  ddee  Cloast arleucñuar syo sa lp mori npislatezori oc ofimscúanl,  daes ít rceosm doía as  alal 
representación procesal de los señores Costa i Rosselló y Campdepadrós i Pucurull y de 
la señora Artadi Vila y treinta y un diputados más, para formular alegaciones.
13.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones en el trámite abierto por ATC 163/2019 mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 4 de diciembre de 2019, interesando que se desestimen íntegramente 
ambos recursos de súplica.
Señala  que,  conforme  a  la  doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de 
inconstitucionalidad,  conflictos  de  competencia  y  procedimientos  del  título  V  LOTC 
(AATC 292/2014, de 2 de diciembre, y 117/2017, de 16 de agosto), pero aplicable por su 
identidad de razón a la admisión de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 
LOTC, el recurso de súplica contra providencias de admisión de estos incidentes no 
puede fundarse en cualesquiera motivos, sino que estos deben guardar relación con los 
aspectos sobre los que ha versado el juicio de admisibilidad efectuado por el Tribunal 
Constitucional en ese momento procesal. Esto es, solo puede fundamentarse en la falta 
de  concurrencia  de  los  requisitos  procesales  indispensables  e  insubsanables, 
establecidos por los arts. 87 y 92 LOTC, para la apertura del incidente de ejecución, que 
se contraerían a su promoción por parte legitimada y la existencia de una disposición, 
acto, actuación material o inactividad respecto de la que se alegue el incumplimiento de 
una resolución del Tribunal. La valoración de los argumentos referidos al fondo de la 
pretensión que se suscita en el incidente estaría excluida en este momento procesal.
Partiendo  de  la  anterior  premisa,  razona  el  abogado  del  Estado  que  ha  de 
rechazarse el motivo de inadmisibilidad basado en el carácter supuestamente preventivo 
del incidente de ejecución. Conforme a la doctrina sentada en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre, los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 
de  noviembre  de  2019,  por  los  que  se  admite  a  trámite  la  moción  en  cuestión, 
constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución, que no reviste carácter hipotético o 
preventivo, desde el momento en que se fundamenta en que la mesa de la cámara, al 
admitir a trámite una iniciativa que contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional, 
ha incumplido su deber de cumplimiento de lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 
LOTC). Lo que motiva el incidente es el incumplimiento por la propia mesa de ese deber 
constitucional, incumplimiento que no queda sanado por la posterior enmienda, o incluso 
por el rechazo por la mayoría del pleno de la iniciativa, en su caso.
Tampoco es causa de inadmisibilidad que no haya sido recabado el dictamen de la 
comisión permanente del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
El alegato según el cual los efectos de la STC 259/2015 se agotarían en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que no 
puede constituir el título del incidente, también debe rechazarse. Además de ser un 
alegato de carácter sustantivo, lo que se plantea es una cuestión ya resuelta por este 
Tribunal, que ha reiterado que la vinculación de los poderes públicos al cumplimiento de 
sus resoluciones se extiende tanto al fallo de estas como a su fundamentación jurídica 
(SSTC 158/2004, FJ 4, y 302/2005, FJ 6; AATC 273/2006, FJ 4, y 120/2010, FJ 1).
De igual modo es un alegato de carácter sustantivo, ya descartado también por este 
Tribunal en anteriores ocasiones, el referido a la pretendida inaplicabilidad de la potestad 
del Gobierno que dimana del art. 161.2 CE al incidente de ejecución de los arts. 87.1 
y 92 LOTC.
Por lo que se refiere a los requerimientos y advertencias contenidos en la providencia  e.
de admisión a trámite del presente incidente de ejecución, no es cierto que no hayan  w.b
sido solicitados por la abogacía del Estado, como se afirma en los recursos de súplica.  51ww
eEnllo e sl inin cpiedrejunitceio d deel  dqeubee tra lgeesn reerqaul edreiml iaernt.t o8s7 y.1 a LdOveTrCte;n ecisa sd encoi rs, onno  scinoon smtieturyae cno nnci rcerceióann 
Cunoan sotibtulicgiaocniaóln. de alcance diferente al deber de cumplir las resoluciones del Tribunal
Sobre la incidencia de la impugnación en la autonomía parlamentaria, el ius in 
officium y la libertad de expresión de los parlamentarios, se trata de un alegato de 
carácter sustantivo extraño al recurso de súplica contra la providencia de admisión del 
incidente de ejecución. En todo caso, el abogado del Estado se remite a lo alegado 
sobre  esta  cuestión  en  el  escrito  promoviendo  el  incidente,  en  particular  en  su 
fundamento cuarto, y a la doctrina constitucional establecida por las SSTC 46/2018, 
FJ 5, y 115/2019, FJFJ 2 a 7, por todas. Conforme a esta doctrina, la potestad de las 
mesas de las cámaras legislativas de inadmitir a trámite propuestas o iniciativas cuya 
inconstitucionalidad sea evidente se transforma en obligación siempre que la mesa sea 
destinataria de un mandato del Tribunal Constitucional que impida la tramitación de 
determinada iniciativa, como sucede en el presente caso.
En cuanto a la falta de motivación de la providencia de 12 de noviembre de 2019, la 
alegación  es  genérica  y  no  se  ajusta  a  la  realidad,  pues  la  providencia  motiva 
expresamente, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87 y ss. LOTC, todos y cada 
uno de sus apartados.
14.  El letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus alegaciones el 12 de 
diciembre de 2019 mediante escrito en el que se remite a las que efectuaría en su escrito 
de  alegaciones  en  el  incidente  de  ejecución,  registrado  en  este  Tribunal  el  20  de 
diciembre de 2019, como ya se dijo.
15.  El  ministerio  fiscal  formuló  sus  alegaciones  en  el  trámite  abierto  por 
ATC 163/2019 mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2019, en el que 
interesa  que  sean  desestimados  los  recursos  de  súplica  interpuestos  contra  la 
providencia de 12 de noviembre de 2019.
Señala en primer lugar que debe ser rechazada la tacha de inadmisibilidad relativa al 
carácter supuestamente preventivo de la impugnación de los acuerdos parlamentarios 
que se articula por la vía del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. No se 
trata  de  analizar  el  contenido  constitucional  de  los  acuerdos  impugnados,  sino  de 
enjuiciar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al ejercer su facultad de calificación y 
admisión  de  iniciativas  parlamentarias,  ha  acatado  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional.
Del mismo modo debe descartarse la tacha de inadmisibilidad basada en la ausencia 
de informe previo del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
Señala también el fiscal que estamos ante el  incumplimiento de una sentencia 
dictada en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), por lo que es aplicable al incidente de ejecución lo previsto en el art. 161.2 CE, 
que decreta la suspensión ope legis.  En cuanto a las demás medidas de ejecución que 
se  adoptan  en  la  providencia  de  5  de  noviembre  de  2019,  se  corresponden  con 
previsiones contenidas en el art. 92 LOTC.
Debe descartarse igualmente el alegato referido a la inviabilidad del incidente de 
ejecución por el carácter declarativo de la STC 259/2015 y la carencia de efectos 
vinculantes de la moción admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña. Lo 
que se discute es si este órgano ha cumplido con su deber de acatar lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional, deber que quedaría en entredicho si se produce la reiteración 
por  la  cámara  de  actos  que  repiten  o  son  reproducción  de  iniciativas  declaradas 
inconstitucionales. e
El apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, a los miembros  bo
de la mesa por los votos que emitieron para aprobar los acuerdos objeto del incidente de  51ww
e(sjei cbuiecnió enn,  eess tuen caa msoe deild aab qougea deol  dTerilb Eunsatal dCoo lnas htiatu csioolnicaitla pduoe edxep aredsoapmtaer nitnec)l uys noo d veu olnfiecrioa 
la inTvaiomlapboilcidoa dse p avrulalnmeerannta rlaias. libertades de expresión y reunión de los diputados del
Parlamento  de  Cataluña,  pues  los  acuerdos  impugnados,  adoptados  conforme  al
procedimiento reglamentario, son manifestación de un órgano de la cámara, la mesa, y 
no suponen el ejercicio de un derecho o libertad fundamental, sino el ejercicio de una 
competencia, la de calificar y, en su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias 
(STC 98/2019, FJ 4, por todas). De igual modo deber rechazarse la supuesta lesión del 
derecho de participación política de los parlamentarios; conforme a reiterada doctrina 
constitucional,  permitir  un  debate  y  votación  sobre  cuestiones  que  el  Tribunal 
Constitucional ha suspendido supone desconocer lo que dispone el art. 87.1 LOTC, 
quebrantando el ordenamiento jurídico.
No se ha producido ninguna quiebra de la autonomía parlamentaria por la actuación 
del Tribunal Constitucional. Este no actúa sino en defensa de su jurisdicción y posición 
institucional, dando cumplimiento a las potestades que le atribuye su ley orgánica, que le 
habilita para adoptar las medidas de ejecución impugnadas. Los órganos del Parlamento 
de Cataluña y las personas que los integran están obligados a acatar lo decidido por el 
Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y art. 87.1 LOTC).
En fin, la pretendida ausencia de motivación que se achaca en los recursos de 
súplica a la providencia del Tribunal Constitucional de 12 de noviembre de 2019 carece 
de  fundamento,  pues  las  medidas  que  en  esta  resolución  se  adoptan  encuentran 
sustento en los arts. 87.1 y 92 LOTC, así como en el art. 161.2 CE en lo que se refiere a 
la suspensión automática.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno, promueve un incidente de ejecución 
de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de impugnación de 
disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconstitucional 
y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su 
anexo, y de las providencias  de 10  y 16  de octubre de 2019, que admitieron los 
incidentes  de  ejecución  promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados 
apartados e incisos de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de 
julio de 2019, y 546/XII, de 26 de septiembre de 2019.
El incidente de ejecución se dirige contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de 
Cataluña de 29 de octubre de 2019, en cuanto admite a trámite la moción «subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», presentada por el subgrupo parlamentario 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC); y contra el acuerdo de la 
mesa  de  5  de  noviembre  de  2019  por  el  que  se  rechazan  las  solicitudes  de 
reconsideración formuladas por los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar 
(PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido Popular (PPC).
El incidente de ejecución se refiere en concreto al apartado primero de la moción, 
cuyo único texto oficial, en lengua catalana, ha quedado transcrito en el antecedente 2 
de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, 
que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de 
resolver el presente incidente de ejecución.
«El Parlamento de Cataluña:
1.  Expresa  su  voluntad  de  ejercer  de  forma  concreta  el  derecho  a  la 
autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán.» es
El  abogado  del  Estado  aduce,  en  síntesis,  que  los  acuerdos  de  la  mesa  del  w.
icPdoaónrnltaeemon ieddnaet lo e innd ceie dCle aAntTtaeCl ud ñe1a 2 ed4je/e2 c02u19c7 idó, end  oedc et1 u9lob srde e ay r tss5e.  pd8tei7e .nm1o bvyri ee9.m 2Lb LareO  dTdeeCc ,i2 sa0ió 1nl9a   dclueoz n lsadt ietmu lyaee snda o ocdbterjei ntlaao    2020-3351n https://ww
cámara incumple manifiestamente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015
y desatiende lo ordenado por el Tribunal en sus providencias de 10 y 16 de octubre  Bc
de  2019.  Recuerda  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional  (cita  las 
SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6; 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6, y 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de 
inadmitir  a  trámite  iniciativas  parlamentarias  que  sean  manifiesta  o  palmariamente 
inconstitucionales se torna en obligación de inadmitir en el concreto supuesto de que la 
iniciativa en cuestión constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el 
Tribunal Constitucional, como ocurre en el presente caso. Por ello solicita que se declare 
la nulidad de los referidos acuerdos.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el presente auto, 
apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran 
incurrir. Interesa también que procedamos a deducir testimonio de particulares para 
exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de 
Cataluña y a los miembros de la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite 
de la moción referida, en cuanto a su apartado primero.
El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita por 
ello que estimemos el presente incidente de ejecución y declaremos la nulidad de los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre 
de  2019,  en  cuanto  a  la  admisión  a  trámite  del  apartado  primero  de  la  moción 
«subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern». Interesa asimismo que 
adoptemos las medidas de ejecución que solicita el abogado del Estado.
El letrado del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han 
quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la inadmisión, o en su caso la 
desestimación,  del  incidente  de  ejecución,  porque  los  acuerdos  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019 y 5 de noviembre de 2019 no 
contravienen la STC 259/2015 ni las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. En 
consecuencia, tampoco procede acordar los requerimientos y advertencias al presidente 
del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento 
que  solicita  el  abogado  del  Estado,  debiendo  asimismo  rechazarse  su  solicitud  de 
deducir testimonio de particulares.
En el incidente de ejecución se han personado, bajo la misma representación y 
defensa,  don  Josep  Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull, 
vicepresidente primero y secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, 
respectivamente, así como doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del 
Parlamento  de  Cataluña.  Han  interpuesto  sendos  recursos  de  súplica,  de  idéntico 
contenido, resumido en los antecedentes del presente auto. Interesan que se revoque la 
providencia de 12 de noviembre de 2019 y se inadmita la impugnación de los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, 
planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, que se 
anulen los apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
2.  El objeto de la presente resolución se contrae a determinar si lo resuelto en la 
STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña), así como en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sobre los 
incidentes  de  ejecución  promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados 
apartados de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII (a la postre 
estimados  por  AATC  180/2019  y  181/2019,  de  18  de  diciembre  ambos),  ha  sido  e.
desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al admitir a trámite, por  w.b
acuerdo de la mesa de  29 de octubre  de  2019, confirmado por acuerdo de 5 de  51ww
nloo qviueem sber er,e fliae rme oac sióun a «psaurtbasdeog püreimnte aro l,a a inntteesrp reelp·lraocdióu caidl oG.overn sobre l’autogovern», en
opueAsnttoess  pdoer  eeln lteratrra ad od diluecl iPdaarrl alam econntotr odvee Crsaiata lpulñaan teeand sau,s d aelbeegna ceioxnaemsi,n aasrsí ec olomso ó pboicr elas 
representación de los dos miembros de la mesa y de los otros treinta y dos diputados de
esa cámara que se han personado en este incidente y han formulado sendos recursos 
de súplica, de idéntico contenido, contra la providencia de este Tribunal de 12 de 
noviembre de 2019, por la que se acordó tener por formulado por el Gobierno el presente 
incidente de ejecución.
Respecto de estos recursos de súplica conviene precisar que, conforme resulta de la 
doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de  inconstitucionalidad,  conflictos  de 
competencia y procedimientos del título V LOTC, pero aplicable por su identidad de 
razón al incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, no está vedado un examen 
inicial de la concurrencia de las condiciones de procedibilidad del incidente a través del 
recurso de súplica contra la providencia de admisión. Pero ese trámite solo concluirá con 
una decisión de inadmisión si se verifica que la impugnación carece de los requisitos 
procesales indispensables a tal efecto; en ningún caso por motivos de fondo, cuya 
valoración está excluida en ese momento [por todos, AATC 292/2014, de 2 de diciembre, 
FJ 3 b), y 117/2017, de 16 de agosto FJ 2]. En suma, el recurso de súplica contra esta 
clase de providencias no puede fundarse en cualesquiera motivos, sino que estos deben 
guardar relación con los aspectos sobre los que ha versado el juicio de admisibilidad 
efectuado por el Tribunal en ese momento procesal.
Teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  se  advierte  que  los  recursos  de  súplica 
interpuestos contra la providencia de 12 de noviembre de 2019 no se limitan a cuestionar 
la  concurrencia  de  las  necesarias  condiciones  de  procedibilidad  del  incidente  de 
ejecución promovido por el Gobierno sino que, entrando en un juicio de fondo, aducen 
razones sustantivas no susceptibles de ser valoradas en ese trámite. Examinaremos 
pues en este punto los óbices de admisibilidad alegados, sin perjuicio de que esos 
argumentos  de  fondo  sean  considerados  más  adelante  de  forma  conjunta  con  los 
esgrimidos por el letrado del Parlamento de Cataluña para solicitar la desestimación del 
incidente de ejecución.
Sostiene el letrado del Parlamento de Cataluña que el Gobierno habría actuado con 
«abuso procesal» al elegir deliberadamente la vía del incidente de ejecución (art. 92 
LOTC), en lugar de la vía del procedimiento del título V LOTC (arts. 76 y 77), para 
impugnar los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de 
noviembre de 2019 (en cuanto admiten a trámite el apartado primero de la moción 
referida); ello pese a los efectos especialmente restrictivos que sobre la autonomía de la 
cámara y los derechos de sus miembros tiene la presentación de un incidente de 
ejecución de sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional. Además, la utilización 
del incidente de ejecución provocaría la ruptura del equilibrio que ha de existir entre el 
legislador y este Tribunal a la hora de ejercer el control de constitucionalidad.
Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronunciarse 
acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno a decantarse por 
la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, en vez de la vía impugnatoria del título 
V LOTC (AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019, FJ 3). Lo único relevante a los efectos que 
aquí interesan es determinar si los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña a 
los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno pueden constituir 
objeto idóneo del incidente previsto en el art. 92 LOTC.
Que ello sea así lo niegan tanto el letrado del Parlamento de Cataluña como la 
representación de los miembros de la cámara personados, en sus recursos de súplica, al 
sostener que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque 
se dirige contra actos de trámite, que desplegarían sus efectos únicamente en la esfera 
interna del procedimiento parlamentario en el que se insertan y solo cobrarían relevancia  s
ad extra si ese procedimiento (art. 161 del Reglamento del Parlamento de Cataluña), en  oe.
el que pueden sufrir enmiendas, concluyera con la aprobación de la moción por el pleno  w.
de la cámara. 51ww
TribuSnea tlr ahtaa  dvee nuindao  osbejenctaiónnd oq ueen d esbuep useesrt odse ssciamrtialadrae,s .a tLeonsd ieancduoe rad olas  ddoec trlian am qeusea  edsteel 
Pena rluanm pernotoce ddeim Cieantatolu ñpaa rqlaumee nnotasr iooc, uppearno ,s oanu,n qsiune d nuod ap, oancetons  fidne  atrl ammiistamcoió, np uinesdeertna dsoesr   BOE-A-cable e
objeto idóneo de impugnación por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Ello 
es así, porque, como señalan la abogacía del Estado y el ministerio fiscal, no estamos 
aquí en el supuesto al que se refiere el ATC 135/2004, que declaró no impugnables por 
la vía del proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) los 
actos de trámite insertos en un procedimiento parlamentario, sino ante un incidente de 
ejecución, que tiene por objeto verificar si los poderes públicos han respetado su deber 
de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional  (art.  87.1  LOTC).  En  este 
procedimiento  está  el  Tribunal  facultado  para  «declarar  la  nulidad  de  cualesquiera 
resoluciones  que  contravengan  las  dictadas  en  el  ejercicio  de  su  jurisdicción,  con 
ocasión de la ejecución de estas» (art. 92.1 LOTC), sin perjuicio de la posibilidad de 
adoptar  cuantas  otras  medidas  de  ejecución  sean  necesarias  (AATC  123/2017  y 
ATC 124/2017, de 19 de septiembre ambos, FJ 2 en los dos casos).
No empece a la precedente conclusión el alegato según el cual la invocación por el 
Gobierno  del  art.  161.2  CE  para  que  se  produzca  la  suspensión  ope  legis  de  los 
acuerdos parlamentarios de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 sería procedente 
en el marco procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de 
ejecución del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el 
Gobierno del art. 161.2 CE en los incidentes de ejecución de la STC 259/2015 ha sido 
admitida ya por este Tribunal en anteriores resoluciones (por todos AATC 180/2019, 
FJ 3, y 181/2019, FJ 3). No advertimos razones para modificar este criterio en el 
presente caso, lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 12 de noviembre de 2019, 
como quedó indicado en el antecedente 4 de este auto.
Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por no 
haber sido consultada previamente la comisión permanente del Consejo de Estado 
(art. 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado). Como 
hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este Tribunal, a la hora de admitir o 
inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan ante el mismo, debe regirse 
únicamente por lo dispuesto en su propia ley orgánica (por todas, SSTC 192/2000, de 13 
de julio, FJ 3, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3). Por tanto, la consulta al Consejo de 
Estado prevista en la ley orgánica de ese órgano consultivo no afecta a la interposición 
de los procesos constitucionales desde el punto de vista de su admisibilidad procesal, 
por lo que debe desestimarse el óbice aducido en sus recursos de súplica por la 
representación de los miembros del Parlamento de Cataluña personados en el incidente 
(en el mismo sentido, AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019, FJ 3).
En fin, por lo que se refiere a la pretendida la falta de motivación de la providencia 
de 12 de noviembre de 2019, se trata de un alegato carente de fundamento alguno, pues 
la providencia motiva expresamente, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87, 88 
y 92 LOTC, sus correspondientes pronunciamientos.
Procede pues descartar los óbices de admisibilidad opuestos por el letrado del 
Parlamento de Cataluña y por la representación de los dos miembros de la mesa y de los 
otros treinta y dos diputados personados en el incidente, en sus recursos de súplica, que 
quedan así desestimados.
3.  El presente asunto habremos de resolverlo aplicando los criterios sentados por 
nuestra reiterada doctrina en materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual (por 
todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, de 2 de 
octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar 
la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier  e.
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla. Corresponde pues a  w.b
este Tribunal garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y demás resoluciones  51ww
cyo rnessidoelvreer  nleacse sinacriiadse npcaiaras  pdrees eerjevacur csiuó nju rdised ilcacsió mn,i sinmcalusy,e naddoo plata dnedcol acraucainótna sd em neudliiddaads 
edxep reasqaumelelonst e aecsttoasb leyc e reels oalrutc. io9n2e.1s  LOquTeC . laP odcroán tarapvliecanrg atanm  boi énm, eenno sscua bceans,o , cootmraos 
medidas  encaminadas  a  asegurar  el  debido  cumplimiento  de  sus  sentencias  y
resoluciones,  al  que  están  obligados  todos  los  poderes  públicos  (art.  87.1  LOTC), 
incluidas por tanto las cámaras legislativas.
Cabe pues afirmar, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, 
AATC 107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), que lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el 
contenido de la STC 259/2015 y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 con 
los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre 
de 2019 a los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esos 
actos  parlamentarios,  en  el  extremo  controvertido,  incurren  en  alguna  de  las  dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener un 
pronunciamiento contrario a lo decidido en aquellas sentencia y providencias o suponer 
un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo que allí se resolvió por 
este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos los poderes públicos al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC) se extiende 
tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus sentencias y demás resoluciones 
(entre  otras,  SSTC  158/2004,  de  21  de  septiembre,  FJ  4,  y  302/2005,  de  21  de 
noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 
141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por todos).
En caso de constatarse que los controvertidos acuerdos de la mesa del Parlamento 
de  Cataluña  de  29  de  octubre  y  5  de  noviembre  de  2019  contradicen  los 
pronunciamientos de la STC 259/2015 (y de las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019, en su caso), o que suponen un intento de menoscabar la eficacia de lo allí 
resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el incidente de ejecución y declararse la 
nulidad  de  aquellos  actos  parlamentarios,  en  cuanto  admiten  a  trámite  la  moción 
«subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en su apartado primero, 
antes  transcrito.  Habremos  también  de  examinar  entonces  si  procede  aplicar  las 
medidas  de  ejecución  que  solicitan  el  abogado  del  Estado  y  el  Ministerio  Fiscal, 
debiendo recordarse una vez más que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o 
actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de 
las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando 
proceda (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 24/2017, 
FJ 4).
4.  Para  resolver  si  los  acuerdos  parlamentarios  impugnados  en  el  presente 
incidente de ejecución contravienen los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, o suponen un intento de menoscabar la 
eficacia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, resulta determinante atender, como 
señalan el abogado del Estado y el ministerio fiscal, a la doctrina constitucional sentada 
en relación con las facultades de las mesas de las asambleas legislativas de calificación 
y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias, en particular cuando estas constituyen 
un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (por todas, 
SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, 115/2019, de 16 de octubre, 128/2019, 
de 11 de noviembre, y 156/2019, de 28 de noviembre).
Conforme a esta consolidada doctrina, las mesas de las cámaras están facultadas –que 
no obligadas– para inadmitir a trámite las iniciativas parlamentarias cuya contradicción con 
el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes». Ahora bien, el debido 
respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, que 
incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda que las 
mesas de las cámaras admitan a trámite una iniciativa que de forma manifiesta incumpla el 
deber de acatar lo decidido por este Tribunal. Dicho en otras palabras, la potestad de las  e.
mesas de inadmitir a trámite propuestas o iniciativas cuya inconstitucionalidad sea evidente,  w.b
se torna en obligación siempre que la mesa sea destinataria de un mandato del Tribunal  51ww
Cseornías taitsuucmionira ql uime peild vieanlodro d lea  ctroasmai tjauczigóand dae d dee ltaesrm seinnatdean ciniaicsi adteivl aT.r iEbnutneanld eesr lore dlaeti vootr oy  mnoo dseo 
laap liinctae rap rleat adcoicótnri nqau eq uneu sees tdrae rjiuvrais dperu sduesn cpirao nhuan hcieacmhioe ndteo sl,o lso  aqrutse.  r1e6s4u.l1ta  CinEc oym 4p0a.t2ib lLeO cToCn 
(por todas, STC 119/2012, de 4 de junio, FJ 5)» (STC 115/2019, FJ 7).
Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento es preciso que la mesa 
tramite la iniciativa parlamentaria a sabiendas de que existe una resolución del Tribunal 
Constitucional que le impide darle curso. Así sucede, entre otros supuestos, en los casos 
en los que la resolución del Tribunal contenga una expresa decisión de la que se derive 
esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se 
encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o infrinja una medida cautelar o 
cualquier otro pronunciamiento que este Tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de 
su jurisdicción), o cuando esa iniciativa parlamentaria sea aplicación de un acto o norma 
anterior que haya sido declarado inconstitucional (por todas, STC 128/2019, FJ 2). 
Existe,  así,  en  tal  caso,  un  deber  de  la  mesa  de  inadmitir  a  trámite  la  iniciativa 
presentada, en cuanto que el control material de la misma viene expresamente exigido 
por  un  mandato  jurisdiccional  que  impone  esa  obligación  (SSTC  47/2018,  FJ  5, 
y 115/2019, FJ 6).
Por otra parte, y con arreglo a esa misma doctrina, el incumplimiento del obligado 
respeto a lo resuelto por este Tribunal por parte de la mesa de la cámara tiene una 
incidencia directa en el ius in officium de los parlamentarios, pues si estos participan en 
la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento 
de este Tribunal, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de 
cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen su 
deber constitucional de respetar lo decidido por este Tribunal y no participan en ese 
procedimiento  parlamentario  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes  a  su  cargo.  Por  ello  hemos  concluido  que  la  tramitación  de  iniciativas 
parlamentarias que incumplan manifiestamente las decisiones del Tribunal Constitucional 
vulnera no solo el art. 9.1 CE y el art. 87.1 LOTC, sino también el art. 23 CE.
5.  Como recuerda la STC 115/2019, FJ 5, este Tribunal ya ha establecido en la 
STC  259/2015  (que  anuló  la  resolución  1/XI  del  Parlamento  de  Cataluña)  que  la 
inconstitucionalidad  de  determinadas  iniciativas,  cuya  discusión  parlamentaria  se 
propone, no viene dada por su contenido, sino por la voluntad expresa de las mismas de 
prescindir de los procedimientos y cauces constitucionalmente admisibles para alcanzar 
sus objetivos.
En efecto, entre otros pronunciamientos la STC 259/2015, FJ 5, declaró que «la 
resolución  1/XI  pretende,  en  suma,  fundamentarse  en  un  principio  de  legitimidad 
democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están en 
absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el 
pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del 
Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara». Esto contraviene 
frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía incondicional de la 
Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), pues «sin 
conformidad  con  la  Constitución  no  puede  predicarse  legitimidad  alguna.  En  una 
concepción  democrática  del  poder  no  hay  más  legitimidad  que  la  fundada  en  la 
Constitución».
Este Tribunal afirmó también entonces que la resolución 1/XI «desconoce y vulnera 
las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional 
y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de 
esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una infracción constitucional que no es 
fruto,  como  suele  ocurrir  en  las  contravenciones  de  la  norma  fundamental,  de  un 
entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso. Es  e.
resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución  w.b
misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama  51ww
sdee phoas itllaervioa ddoe  au ncaa bsoo buenraan míaa yn iefiexpstrae snióeng adcei óunn ad edl imviegnesnitóen o crodnesntaitmuyieennttoe  cdoenssdteit ulocsio qnuael. 
Spoel íttircaota y  dlibee lraa daof,i rpmoar ceióllon  mdeis muno , pdoed teord aq uaeta dseu rap rjeutreídnidcae» f u(SnTdaCn 2te5 9d/2e0 u1n5 , nFuJe 6v)o. orden
Declaró  asimismo  este  Tribunal  en  la  STC  259/2015  que  el  contenido  de  la 
resolución  1/XI  incide  directamente  sobre  cuestiones  reservadas  en  su  tratamiento 
institucional al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 CE, que resultó 
vulnerado  «por  no  haberse  seguido  el  cauce  constitucionalmente  establecido  para 
abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con aquella 
resolución». El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la Constitución, 
pero no «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad 
de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese 
modo,  el  Parlamento  de  Cataluña  socavaría  su  propio  fundamento  constitucional  y 
estatutario (arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, antes citados), al 
sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e 
infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a 
la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7). Advertimos también que no 
cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma deliberada los procedimientos 
previstos a tal fin en la Constitución, pues la autonomía parlamentaria no puede servir de 
pretexto para que la cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arrogarse la 
potestad  de  vulnerar  el  orden  constitucional  que  sustenta  su  propia  autoridad» 
(STC 259/2015, FJ 7).
Los  pronunciamientos  esenciales  de  la  STC  259/2015  se  reiteraron  en  la 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 6, que declaró, teniendo en cuenta esa doctrina, 
la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1, 2 y 3 de la moción 5/XII de 5 de julio 
de 2018, en los que el Parlamento de Cataluña, ya en la presente legislatura, reiteraba 
los objetivos políticos de la anulada resolución 1/XI, insistía en declararse depositario de 
la soberanía del pueblo de Cataluña y reafirmaba su voluntad de ejercer el derecho a la 
autodeterminación y alcanzar la independencia de Cataluña.
6.  La  moción  «subsegüent  a  la  interpel·lació  al  Govern  sobre  l’autogovern» 
presentada por el subgrupo parlamentario CUP-CC y admitida a trámite por acuerdo de 
la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019 (confirmado por el 
acuerdo de 5 de noviembre), contiene un apartado primero conforme al cual la cámara 
«expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y 
de respetar la voluntad del pueblo catalán».
La referida moción,  en el apartado al  que  se contrae el presente incidente de 
ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues 
parte del reconocimiento en favor del Parlamento y del pueblo catalán de atribuciones 
inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por 
la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2). Reitera el propósito de la 
cámara  autonómica  de  ejercer,  de  forma  concreta,  el  llamado  «derecho  a  la 
autodeterminación», en absoluta contradicción con la Constitución y con el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, como este Tribunal ya declaró en la STC 259/2015 y reiteró en 
sus AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 7, así como en la STC 136/2018, FJ 7.
Insiste así el Parlamento de Cataluña en su antijurídica voluntad de continuar el 
proceso secesionista en  Cataluña, al  margen del ordenamiento constitucional y sin 
supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular del 
Tribunal Constitucional. La moción admitida a trámite, en el apartado referido, al insistir la 
cámara en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, apelando a la voluntad del 
pueblo de Cataluña, plasma la voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de 
reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de secesión del Estado 
español y creación de un Estado catalán independiente en forma de república. Esto  e.
supone «intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y  w.b
democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución  51ww
aFlJ m 7a).rgen de ella o conseguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015,
palaDberabse  dreecl oprrdeaármseb uqluoe d pea rlaa  nCinognustnitou cdieó nlo, se x«ipsutee bulno s« ddee rEescphaoñ dae» , apuotro dseetrevrirmnoinsa dcieó nla»s, 
entendido como «derecho» a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en
el  que  se  constituye  España  (art.  1.1  CE).  Ese  supuesto  «derecho  a  la 
autodeterminación»  de  Cataluña,  con  toda  evidencia,  «no  está  reconocido  en  la 
Constitución», y tampoco cabría aducir que forme parte de nuestro ordenamiento en 
virtud de tratados internacionales de los que España sea parte (art. 96 CE), pues tal 
aserto incurriría «en el contrasentido lógico de pretender que el acto de soberanía del 
Estado  al  contraer  tales  supuestos  compromisos  hubiera  entrañado  la  paradójica 
renuncia a esa misma soberanía» [STC 114/2017, FJ 2 b); AATC 180/2019, FJ 7, 
y 181/2019, FJ 7].
7.  Por todo ello, no puede sino concluirse que el Parlamento de Cataluña ha vuelto 
a vulnerar el orden constitucional y estatutario, al admitir a trámite la mesa de la cámara 
la moción «subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en lo que atañe 
a su apartado primero. Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era 
difícil de constatar, a la vista de la STC 259/2015 y de los requerimientos y advertencias 
contenidos en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 sobre los incidentes de 
ejecución promovidos respecto de las resoluciones 534/XI y 546/XII, pronunciamientos 
todos ellos que la mesa conocía antes de admitir a trámite esa iniciativa parlamentaria.
El transcrito apartado primero de la moción contraviene frontalmente lo decidido por 
este Tribunal en la STC 259/2015 y desatiende las admoniciones de las providencias 
de  10  y  16  de  octubre  de  2019,  pues  de  su  contenido  se  desprende  de  manera 
inequívoca  la  insistencia  del  Parlamento  de  Cataluña  en  ejercer  el  derecho  de 
autodeterminación, lo que evidencia que esta cámara insiste en negarse a cumplir las 
resoluciones del Tribunal Constitucional  y persigue  continuar con el inconstitucional 
proceso  secesionista  de  Cataluña.  Vuelve  así  el  Parlamento  de  Cataluña  a 
«desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución» (STC 259/2015, FJ 4), 
vulnerando  «las  normas  constitucionales  que  residencian  en  el  pueblo  español  la 
soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación 
española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE)» (STC 259/2015, FJ 6).
Es manifiesto también que la mesa del Parlamento de Cataluña conocía que la 
admisión a trámite de la moción, en cuanto a su apartado primero, implicaba no respetar 
lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en las providencias de 10 y 16 de 
octubre de 2019. Así le fue advertido en la reunión del 29 de octubre de 2019 por los 
miembros de la mesa pertenecientes a los grupos parlamentarios C’s (vicepresidente 
segundo  y  secretaria  tercera)  y  PSC  (secretario  segundo).  También  lo  advirtió  el 
representante del subgrupo parlamentario PPC. El secretario general del Parlamento 
expresó  sus  dudas  acerca  de  si  el  apartado  primero  de  la  moción  entraba  en 
contradicción con lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Pese a ello la mesa, con los 
votos a favor del presidente (voto de calidad), del vicepresidente primero y del secretario 
primero (y los votos en contra del vicepresidente segundo, del secretario segundo y de la 
secretaria tercera), acordó la admisión a trámite de la moción con el contenido de su 
apartado primero, conforme resulta de la documentación aportada al presente incidente 
de ejecución.
Asimismo le fue advertido a la mesa ese incumplimiento de la STC 259/2015 y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 en las solicitudes de reconsideración del 
acuerdo de 29 de octubre de 2019 presentadas por los grupos parlamentarios PSC y C’s 
y el subgrupo PPC. La mesa desestimó, por acuerdo de 5 de noviembre de 2019, las 
solicitudes de reconsideración con los votos del presidente, del vicepresidente primero, 
del secretario primero y de la secretaria cuarta (frente a los tres votos del vicepresidente 
segundo, del secretario segundo y de la secretaria tercera). e.
En definitiva, la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la moción  w.b
presentada  por  el  subgrupo  CUP-CC,  con  el  contenido  de  su  apartado  primero,  a  51ww
dsaabrliee ncduarss od ep oqru et reaxtaisrstíea nd ree suonluac iroeniteesr apcrieóvnia ds ed elal  Trreibsuonluacl iCóno n1s/tXituI,c iyoan aal nquulea dima ppeodrí alna 
oSpTeC  l2e5g9is/ 2p0o1r5 ,a apsliíc acocimóno  ddee ll aasr tr.e 1so6l1u.c2i oCneEs,  5e3n4 /vXirItIu yd  5d4e6 /lXaIsI,  pqruoev iedsetnacbiaans  sdueslp Ternibduidnaasl 
Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019. En ellas se advertía expresamente a los
miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar 
cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir  la  suspensión  acordada,  con 
apercibimiento de responsabilidades, incluida la penal, así como de su obligación de 
abstenerse de realizar cualquier actuación encaminada a dar cumplimiento a los incisos 
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII y de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
STC 259/2015.
Tales admoniciones en modo alguno vulneran la libertad de expresión ni los derechos 
de reunión y de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, pues 
son  la  consecuencia  obligada  de  la  sujeción  de  todos  los  poderes  públicos  a  la 
Constitución (art. 9.1 CE) y del deber de acatar lo ordenado por el Tribunal Constitucional 
(art.  87.1  LOTC).  Por  otra  parte,  como  señala  el  ministerio  fiscal,  los  acuerdos 
parlamentarios  objeto  del  presente  incidente  de  ejecución,  adoptados  conforme  al 
procedimiento reglamentario por la mesa de la cámara, no suponen el ejercicio de un 
derecho fundamental, sino de una competencia, atribución o función, la de calificar y, en 
su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias (por todas, STC 98/2019, de 17 
de julio, FJ 4). En el ejercicio de esa competencia la mesa del Parlamento de Cataluña 
venía obligada, conforme a nuestra reiterada doctrina antes citada, a inadmitir la moción 
en cuanto a su apartado primero, pues la admisión a trámite, para su sustanciación por 
el pleno de la cámara, implicaba un manifiesto incumplimiento del deber de la mesa de 
respetar lo acordado por este Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) en la 
STC 259/2015 y las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, además de vulnerar el 
ius in officium (art. 23 CE) de los diputados de esa cámara.
8.  Este  Tribunal  viene  advirtiendo  de  forma  expresa  a  los  poderes  públicos 
implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal  (AATC  141/2016,  FJ  7;  170/2016,  FJ  7;  24/2017,  FJ  9;  123/2017,  FJ  8; 
124/2017, FJ 8; 144/2017, FJ 8; 180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9). Así se reiteró en las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
de  la  STC  259/2015  promovidos  respecto  de  las  resoluciones  del  Parlamento  de 
Cataluña 534/XII y 546/XII, que han sido estimados por los citados AATC 180/2019 
y 181/2019.
El cualificado deber de acatamiento a la Constitución que recae sobre los titulares de 
cargos  públicos  no  se  concreta  en  una  necesaria  adhesión  ideológica  a  su  total 
contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y con 
respeto al resto del ordenamiento jurídico. Que esto sea así para todo poder público 
«deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de 
Derecho» (STC 259/2015, FJ 4).
Como este Tribunal ha venido recordando, el debate público en las asambleas 
legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento mismo del 
orden constitucional goza –precisamente al amparo de la Constitución– de una irrestricta 
libertad, siempre que estos proyectos no se articulen o defiendan a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto 
de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice 
en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en 
normas o en otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando 
el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La  e.
autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede en  w.b
modo  alguno  servir  de  pretexto  para  que  el  Parlamento  de  Cataluña  se  considere  51ww
FleJg it7im), andio  epraigrair saet ribeuni rseex cluas pao tpeasrtaa d sdoes lvauylanre realr  ceul morpdleimn iecnotnos tidtuec iloansa lr e(SsoTlCuc 2io5n9e/2s0 1d5e,l 
FTrJi b8u; n1a8l 0C/2o0n1s9ti,t uFcJio 9n,a yl  (1A8A1T/2C0 1197,0 F/2J0 91)6., FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8; 124/2017,
Pese a ello, la mesa del Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las 
advertencias de este Tribunal, reiteradas de nuevo en las providencias de 10 y 16 de 
octubre de 2019, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal,  al  admitir  a  trámite  el  apartado  primero  de  la  moción  «subsegüent  a  la 
interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», conforme ha quedado razonado.
Todo  ello  conduce  a  estimar  el  incidente  de  ejecución  (arts.  87.1  y  92  LOTC) 
promovido contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre 
de 2019 (confirmado por acuerdo de 5 de noviembre), en cuanto admite a trámite la 
referida moción, en su apartado primero. Su apariencia de juridicidad –por provenir de un 
poder público sin duda legítimo en origen– debe ser cancelada mediante la declaración 
de nulidad que aquí se decide.
9.  La garantía del orden constitucional, conculcado por la admisión a trámite del 
apartado primero de la referida moción por la mesa del Parlamento de Cataluña, exige 
que este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para 
preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015, FJ 4; 
AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, FJ 11; 
124/2017, FJ 9; 180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9).
Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite a 
declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de 
octubre y 5 de noviembre de 2019, en cuanto admiten a trámite el apartado primero de la 
moción  «subsegüent  a  la  interpel·lació  al  Govern  sobre  l’autogovern»,  sino  que, 
asimismo –de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo segundo, y 92.4 
LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el ministerio fiscal– 
procede  notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, 
advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y la 
nulidad acordada en el presente auto. Todo ello con expreso apercibimiento de las 
eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de 
lo ordenado por este Tribunal.
Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en el apartado 
tercero de la providencia de 12 de noviembre de 2019, en modo alguno atentan contra la 
autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de Cataluña. 
Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones precedentes, la admonición a 
la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de este Tribunal «no supone en modo 
alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio 
del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 
CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes 
públicos  (art.  9.1  CE)»  (AATC  24/2017,  FJ  9:  123/2017,  FJ  8;  180/2019,  FJ  9, 
y 181/2019, FJ 9).
Resulta, por tanto, que las admoniciones que se contienen en la providencia de 12 
de noviembre de 2019 y en el presente auto no solo no carecen de respaldo legal, sino 
que son la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes 
públicos. Por ello, tales advertencias, como expresamente ha señalado este Tribunal, 
«no son contrarias a la autonomía de la cámara, por lo que no puede considerarse que 
conlleven una usurpación de las atribuciones de los órganos competentes, ni que sean  e.
contrarias al principio de separación de poderes ni tampoco que las mismas atenten a la  w.b
inviolabilidad  de  los  parlamentarios,  pues  a  través  de  ellas  sólo  se  garantiza  el  51ww
ccuummpplliidmaiesn ttaom dbei élans p roers olalusc cioánmeas rdaes  elesgteis lTartiibvuansa»l ,( AquAeT,C c o6m/2o0 1s8e,  hdae i n3d0ic daed oe, nhearno ,d FeJ s e6r; 
180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9).
Por otra parte, como antes quedó expuesto, resulta también que, eludiendo su 
obligación de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE) y 
desatendiendo las reiteradas advertencias de este Tribunal a los miembros de la mesa 
del Parlamento de Cataluña sobre su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones del 
Tribunal, el presidente del Parlamento de Cataluña, y otros tres miembros de la mesa (el 
vicepresidente  primero,  el  secretario  primero  y  la  secretaria  cuarta),  accedieron  a 
someter al pleno de la cámara (al rechazar la solicitud de reconsideración de formulada 
por los grupos parlamentarios PSC y C’s y el subgrupo PPC), la moción «subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», presentada por el subgrupo CUP-CC, que 
contiene el apartado primero objeto del presente incidente de ejecución.
La referida moción fue votada, junto a las enmiendas presentadas, por el pleno de la 
cámara el 12 de noviembre de 2019, aprobándose su apartado primero, con la misma 
redacción  ya  indicada,  como  moción  124/XII  «sobre  l'exercici  del  dret  a 
l'autodeterminació» («Diario de sesiones del Parlamento de Cataluña» núm. 72, de 12 de 
noviembre de 2019). No consta su publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña».
No  es  competencia  de  este  Tribunal  resolver  si  la  conducta  del  presidente  del 
Parlamento de Cataluña y de los miembros de la mesa señalados (el vicepresidente 
primero, el secretario primero y la secretaria cuarta), es constitutiva de alguna infracción 
penal, pero sí constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de 
entidad suficiente como para trasladarlas al ministerio fiscal a fin de que, si lo estima 
pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.  Desestimar los recursos de súplica interpuestos por la representación procesal 
de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, y de doña Elsa 
Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más  del  Parlamento  de  Cataluña,  contra  la 
providencia de 12 de noviembre de 2019 sobre admisión del presente incidente de 
ejecución.
2.  Estimar  el  incidente  de  ejecución  formulado  por  el  abogado  del  Estado  en 
representación  del  Gobierno  respecto  del  acuerdo  de  la  mesa  del  Parlamento  de 
Cataluña  de  29  de  octubre  de  2019,  por  el  que  se  admite  a  trámite  la  moción 
«subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en cuanto a su apartado 
primero, así como del acuerdo de 5 de noviembre de 2019, por el que se rechazan las 
solicitudes de reconsideración de aquella decisión y, en su virtud:
1.º  Declarar la nulidad de los referidos acuerdos, en lo que se refiere a la admisión 
a trámite del apartado primero de la referida moción.
2.º  Notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, así como lo 
acordado en el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado 
por este Tribunal. es
3.º  Deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en 
su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del 
Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al vicepresidente primero de la 
mesa del Parlamento, don Josep Costa i Rosselló, al secretario primero de la mesa, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, y a la secretaria cuarta, doña Adriana Delgado i 
Herreros, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC, en relación 
con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  once  de  febrero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.