BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 172 Martes 20 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 86848
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12124 Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  sobre  la  intervención  del  Ministerio  Fiscal  en  los 
procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil.
El viernes 30 de abril de 2021 entró en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, con la 
redacción dada por la última reforma operada por la Ley 6/2021, de 28 de abril. Teniendo 
en cuenta las consecuencias que dicha entrada en vigor puede suponer en los Registros 
Civiles y las dudas que se han venido suscitando, procede aclarar una serie de aspectos 
relativos a la misma con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la tramitación.
En concreto, esta Instrucción se refiere a la intervención del Ministerio Fiscal en el 
marco del nuevo modelo de Registro Civil, atendido que la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 20/2011, reformada por la Ley 6/2021, no menciona expresamente dicha 
intervención durante este periodo transitorio.
Esta cuestión ha sido recogida en el Decreto de la Fiscalía General del Estado de 
fecha 6 de julio de 2021, en el que se dictan instrucciones a los y las Fiscales para 
regular los casos en que han de intervenir en las actuaciones ante el Registro Civil a 
partir de la entrada en vigor de las referidas normas legales.
Por tanto, en virtud de lo anterior, y en ejercicio de las competencias que establece el 
artículo 26 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y el artículo 9 de la Ley del 
Registro Civil de 8 de junio de 1957 en relación con la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 20/2011, este Centro Directivo fija las siguientes directrices.
Primero.  Objeto.
La presente Instrucción establece indicaciones para los Encargados de los Registros 
Civiles  y  personal  al  servicio  de  dicho  servicio  público  en  cuanto  al  traslado  de 
expedientes gubernativos e intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del 
Registro Civil, con independencia de la situación de puesta en marcha o no de DICIREG 
en que se encuentren.
Modifica también la Instrucción de esta Dirección General, de 3 de junio de 2021, 
para  adaptarla  a  esta  nueva  situación  en  relación  con  la  referida  intervención  del 
Ministerio Fiscal.
Segundo.  Intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de Registro Civil de 
la Ley 20/2011.
En las Oficinas del Registro Civil, a efectos de intervención del Ministerio Fiscal y 
traslados, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a)  Legitimación  activa:  El  Ministerio  Fiscal  cuenta  con  legitimación  activa  para 
promover asientos y procedimientos en materia de Registro Civil (arts. 42 y 89 de la 
Ley  20/2011).  Siendo  significativa  la  previsión  del  apartado  2.º  del  art.  42:  «Las  s
autoridades y funcionarios no comprendidos en el número anterior, a quienes consten  oe.
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b)  Intervención  en  vía  de  informe:  Será  oído  el  Ministerio  Fiscal  en  aquellos
procedimientos que, no habiendo sido promovidos por dicha autoridad, su intervención  Bc
venga prevista expresamente por algún precepto de la Ley 20/2011, del Código Civil o de 
alguna otra norma legal que disponga o, en un futuro pudiera disponer dicha intervención 
en sede de procedimiento de Registro Civil (por ejemplo, en reconocimiento de filiación, 
artículo 44.7, segundo párrafo, Ley 20/2011).
Tercero.  Disposición transitoria.
De manera transitoria, la intervención del Ministerio Fiscal en vía de informe en los 
expedientes, continuará del mismo modo que se había venido desarrollando en todos 
aquellos procedimientos iniciados con anterioridad al 30 de abril de 2021 y que a la fecha 
de esta Instrucción no se hubieran finalizado por resolución definitiva, aunque ésta no 
sea firme.
Los  procedimientos  iniciados  con  posterioridad  al  30  de  abril  de  2021,  de 
conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Ley 20/2011 y en tanto no se haya 
dictado la resolución de puesta en marcha de la Oficina con el sistema DICIREG, se 
sustanciarán de acuerdo con la Ley del Registro Civil de 1957, excepto en lo relativo a la 
intervención  del  Ministerio  Fiscal  en  los  mismos,  en  que  será  de  aplicación 
transitoriamente lo regulado en la disposición Segunda de esta Instrucción.
Cuarto.  Modificación del artículo cuarto de la Instrucción de 3 de junio de 2021, de la 
Dirección General de  Seguridad  Jurídica  y Fe  Pública, sobre la tramitación del 
procedimiento de autorización de matrimonio ante notarios.
Se modifica el artículo cuarto de la Instrucción de 3 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la tramitación del procedimiento de 
autorización  de  matrimonio  ante  notarios,  quedando  redactado  en  los  siguientes 
términos:
«Cuarto.  Personas con discapacidad.
La tramitación de procedimiento de autorización matrimonial por Notarios, en 
caso de referirse a persona o personas con discapacidad, exista o no sentencia de 
modificación judicial de la capacidad o resolución judicial disponiendo medidas de 
apoyo, se sujetará a los siguientes criterios:
Para el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una 
condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle 
prestar  el  consentimiento  matrimonial  pese  a  las  medidas  de  apoyo,  por  los 
promotores  se  aportarán  inicialmente  acompañando  a  su  solicitud  o  por 
requerimiento del Notario autorizante en trámite de subsanación, el informe o los 
informes, en relación con su aptitud, realizados por su médico de cabecera o 
médico  especialista  que  le  esté  tratando  y  en  los  que  se  manifiesten  las 
circunstancias en relación con la aptitud o no para prestar el consentimiento.
Si tras ser requeridos para su subsanación, no aportasen estos documentos, el 
Notario dictará resolución de inadmisión del procedimiento en el acta por no 
subsanar la falta de elemento imprescindible para fundar su juicio de capacidad.
En caso de aportarse, el Notario iniciará o continuará el acta de autorización y, 
en trámite de prueba, hará una valoración de la capacidad de los contrayentes. Si 
lo estima necesario para corroborar cualquier dato dudoso o paliar la insuficiencia 
de los informes inicialmente aportados, teniendo en cuenta lo establecido en el  e.
artículo 56 párrafo 2.º del Código Civil, solicitará informe pericial médico dirimente  w.b
sobre  la  capacidad.  Y,  en  función  de  los  informes  recabados  resolverá  la  124ww
autoErilz aNcoiótna roio  nop udeedl em aetrleimgior niloib.remente  el  facultativo  que  emita  el  dictamen
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a la elaboración del informe, habrá de consignarse en la oficina notarial el importe
de  los  honorarios  del  perito  designado,  presupuestados  por  éste  de  forma 
prudencial y justificada. Los promotores estarán obligados solidariamente a su 
consignación en el plazo de cinco días desde la comunicación que les dirija el 
Notario indicándoles que procedan a abonar la cantidad fijada; agotado este plazo 
sin  verificarlo,  el  Notario  les  comunicará  que  transcurridos  tres  meses  se 
entenderá  caducado  el  procedimiento.  En  caso  de  que  los  promotores  no 
consignasen  el  importe  del  dictamen  finalizado  el  mencionado  plazo  de  tres 
meses, el Notario dictará resolución declarando la caducidad del procedimiento y 
el archivo del acta; sin perjuicio del derecho de volver a formular solicitud ante 
cualquiera  de  las  autoridades  legalmente  habilitadas  para  la  autorización  del 
matrimonio. El importe consignado para los honorarios del informe será abonado 
por el Notario al perito designado una vez finalice su encargo.»
Quinto.  Entrada en vigor.
Esta Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 9 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.