BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63056
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9047 Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de Cádiz n.º II a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don C.T.C., en representación de la sociedad «Custom 
and Chic, S.L.», contra la negativa del registrador mercantil de Cádiz número II, don 
Rafael Jesús Rojas Baena, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de El Puerto de Santa María don José 
Ramón Salamero Sánchez-Gabriel el día 24 de diciembre de 2019 –número 2521 de 
protocolo–, se elevaron a público determinados acuerdos adoptados el 29 de noviembre 
de 2019 por la junta general de la sociedad «Custom and Chic, S.L.», de cambio de 
sistema de administración y nombramiento de administrador único. Asistieron a dicha 
junta general socios titulares de participaciones representativas del 78,86 por ciento del 
capital social; y la notificación de la convocatoria a los socios se llevó a cabo mediante 
comunicación individual y escrita, a través de burofax postal tramitado por la plataforma 
de comunicación «Notificad@s».
Según el artículo 7 de los estatutos sociales, «la Junta General será convocada, 
mientras la sociedad no disponga de página web, mediante comunicación individual y 
escrita remitida por correo certificado con acuse de recibo a todos los socios al domicilio 
del territorio nacional designado por cada uno a tal fin o, en su defecto, al que conste en 
el Libro Registro de Socios (…)».
II
Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Cádiz, fue 
objeto de calificación negativa por el registrador, don Rafael Jesús Rojas Baena, en los 
siguientes términos:
«El Registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos: …
Fundamentos de derecho (Defectos):
1.  La convocatoria de la junta general no se ha realizado en la forma prevista en los  bo
estatutos,  es  decir  mediante  carta  certificada  con  acuse  de  recibo,  lo  que  impide  47ww
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burofax, exige para ello que éste se remita con acuse de recibo y a través del Servicio
Postal Universal, es decir la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., lo cual no 
ha ocurrido en el presente caso (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
Notariado 2-1-2019 y 2, 3 y 4-10-2019)
En relación con la presente calificación:
Puede instarse la aplicación del cuadro de sustituciones (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
Cádiz, catorce de enero de dos mil veinte.»
Esta calificación fue notificada al presentante el día 21 de enero de 2020.
III
El día 20 de febrero de 2020, don C.T.C., en representación como apoderado de la 
sociedad «Custom and Chic, S.L.», interpuso recurso contra la calificación en el que 
expresa los siguientes fundamentos jurídicos:
«La  cuestión  que  se  plantea  en  el  presente  recurso  consiste  en  decidir  si  la 
convocatoria de junta general de Custom and Chic SL es acorde a los estatutos o no.
En este sentido a pesar de las Resoluciones de DGRN vinculadas al propio registro, 
debemos aclarar que no ha existido ninguna impugnación por parte de algún socio, así 
mismo se procedió al método del burofax para la convocatoria de junta general en lugar 
de la carta certificada con motivo del contenido sensible de la misma. El envío por medio 
de burofax no supone una merma con respecto del tipo de comunicación de carta 
certificada, la cual solo certifica la llegada de la misma, siendo el burofax el que mayores 
garantías contiene al además de certificar la recepción certifica el contenido de la carta.
Igualmente, en la cláusula 2.2 del pacto de socios de fecha 29 de mayo 2015, 
elevado a público ante el Notario de Madrid Juan Pérez Hereza, bajo su protocolo 1009, 
se  establece  textualmente  que  la  convocatoria  de  junta  de  socios  “…  mediante 
procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción de la 
convocatoria por parte de todos los socios, entre los que se encuentra el burofax con 
acuse de recibo y certificación de contenido…”. Se acompaña como documento 4 el 
citado pacto de socios.
Por tanto, no podemos compartir el hecho de que el método de comunicación haya 
sido contra los estatutos ya que aquél por medio de burofax dotó de mayor garantía el 
acto.»
IV
Mediante  escrito  de  18  de  marzo  de  2020,  el  registrador  mercantil  elevó  el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 28, 168, 169, 170, 173 y 176.2 
de la Ley de Sociedades de Capital; 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del 
servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal; las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1987 y 30 de enero de 2001; y las  e.e
Resoluciones de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de  b
febrero y 14 de octubre de 1991, 2 y 3 de agosto de 1993, 25 de abril y 25 de septiembre  47ww
dy e2 199 d9e7 ,a 1b5ri ld dee o 2ct0u0b0r,e  3d1e  d1e9 9o8c,t u7b dree  adber i2l,0 1041 ,d 1e1 o dcteu bnroev iye m24b rdee  dneo v2ie0m02b,r e2 6d ed e1 9fe9b9r,e 2r2o 
ddee  22000141,,  1160  ddee  aobcrtilu yb r2e6 d dee  2ju0l1io2 ,d 1e6 2 0y0 256,  2d4e  dfee berneeroro,  2d3e  2d0e0 s6e, p2t9ie dmeb rjuen, i1o,  y3 5 y d e2 3ju dlioe 
octubre de 2013, 28 de febrero y 23 de mayo de 2014, 13 de enero, 15 de junio, 9 y 21
de septiembre y 21 de octubre de 2015, 27 de enero y 25 de abril de 2016, 22 de mayo 
y 20 de diciembre de 2017, 17 y 25 de octubre de 2018, 2, 9 y 31 de enero, 28 de 
febrero, 2, 3 y 4 de octubre y 6 de noviembre de 2019; y la Resolución de esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 1 de abril de 2020.
1.  En este expediente debe decidirse si es o no fundada la calificación negativa del 
registrador mercantil por la que considera que la forma de convocatoria de la junta 
general que ha adoptado los acuerdos objeto de la certificación calificada (a través de 
burofax postal tramitado por la plataforma de comunicación «Notificad@s», según consta 
en  la  certificación  de  tales  acuerdos  incorporada  a  la  escritura)  no  se  ajusta  a  lo 
establecido en los estatutos sociales [«(…) mediante comunicación individual y escrita 
remitida por correo certificado con acuse de recibo a todos los socios (…)»].
2.  Según  doctrina  reiterada  de  esta  Dirección  General,  existiendo  previsión 
estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta general de socios 
dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, 
incluido el legal supletorio (cfr., entre otras, Resoluciones de 15 de octubre de 1998, 15 
de junio y 21 de septiembre de 2015, 25 de abril de 2016, 17 y 25 de octubre de 2018, 2, 
9 y 31 de enero, 28 de febrero, 2, 3 y 4 de octubre y 6 de noviembre de 2019 y 1 de abril 
de  2020),  de  suerte  que  la  forma  que  para  la  convocatoria  hayan  establecido  los 
estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, 
incluida por tanto la convocatoria judicial o registral.
Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que, como ha puesto de relieve este 
Centro Directivo, los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida 
corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la 
de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. 
En  este  sentido  se  ha  dicho  que  los  estatutos  son  la  «carta  magna»  o  régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. Resolución de 16 de febrero 
de 2013).
Este  carácter  normativo  de  los  estatutos  y  su  imperatividad  ha  sido  puesto  de 
manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas ocasiones, como las 
clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (vid. Sentencia 
de 30 de enero de 2001).
No obstante, en Resolución de 24 de noviembre de 1999 este Centro Directivo, con 
evidente pragmatismo, también ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en 
una junta general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada 
estatutariamente,  por  cuanto,  en  definitiva,  se  notificó  por  el  Juzgado  al  socio  no 
asistente con una eficacia equivalente a la que hubiera tenido el traslado que le hubieran 
hecho los administradores por correo certificado, que era el procedimiento previsto en los 
estatutos.  En  tal  decisión  se  puso  de  relieve  la  indudable  conveniencia  del 
mantenimiento de la validez de los actos jurídicos, en la medida en que no lesionen 
ningún interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, 
evitando la reiteración de trámites y costes innecesarios, que no proporcionen garantías 
adicionales  (cfr.  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  5  de  marzo  de  1987  y  las 
Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993). Y el mismo criterio ha sustentado este Centro 
Directivo con posterioridad (vid. Resoluciones de 29 de abril de 2000, 26 de febrero 
de 2004, 16 de abril y 26 de julio de 2005, 24 de enero de 2006 y 28 de febrero de 2014).
3.  Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general 
el envío de carta certificada con aviso de recibo determinan las características concretas  e.
de  la  comunicación  de  la  convocatoria,  sin  que  sea  competencia  del  órgano  de  w.b
administración su modificación (vid., por todas, las Resoluciones de 31 de octubre  47ww
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ifnotremréas e enn q uinet roedspuecirra reánn  lsoesr loe syta atu tlao sq, uceo nh abbarásne  deen  perle sptrainr caipteion cdióen .a Yut opnuoemdeían  dteen elar 
voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley (cfr. artículo 28 de la Ley de
Sociedades de Capital), cláusulas que establezcan sistemas de convocatoria que no sólo 
permitan  asegurar  razonablemente  la  recepción  del  anuncio  por  el  socio  sino  que 
además  exijan  determinados  requisitos  de  fehaciencia  de  la  comunicación  de  la 
convocatoria y de la recepción de la misma por los socios (vid. la Resolución de 20 de 
diciembre  de  2017).  Así,  conforme  al  artículo  22.4  de  la  Ley  43/2010,  de  30  de 
diciembre, las notificaciones efectuadas por el prestador del servicio postal universal 
(“Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”) gozan de «la presunción de veracidad y 
fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega 
de notificaciones de órganos administrativos y judiciales (…)» (y por ende también de las 
que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral).
Según los razonamientos anteriores, podría admitirse que la convocatoria se hubiera 
realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, por ser un sistema 
equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta 
(habida cuenta de la rápida recepción del burofax por los destinatarios, sin que ello 
pueda predicarse de la misma forma de la comunicación por carta certificada con acuse 
de recibo; diferencia que adquiere importancia, dado que la antelación con que debe ser 
convocada la junta se computa desde la fecha en que se remite el anuncio, y no desde 
su recepción –artículo 176.2 de la Ley de Sociedades de Capital–). Pero, además, para 
que pueda admitirse la remisión por burofax con certificación del acuse de recibo es 
imprescindible que el operador postal sea la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A.», y así lo ha entendido esta Dirección General en Resoluciones de 2 de enero y 6 
de noviembre de 2019.
La promulgación de Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, 
de los derechos de los usuarios y del mercado postal, derivó de la necesidad de 
transponer, antes del 31 de diciembre de 2010, la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero 
de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo 
del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad y la mejora de la calidad 
del servicio. En el Preámbulo de la citada ley se expresa lo siguiente: «(…) se pretende 
proporcionar un nuevo marco legal que, al tiempo que incorpora a nuestro ordenamiento 
interno la citada Directiva postal 2008/6/CE, garantiza los derechos de los ciudadanos a 
recibir un servicio postal universal de amplia cobertura territorial y elevada calidad y 
eficiencia y refuerza la sostenibilidad financiera de este servicio que se encomienda a la 
sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A.». Añade que «respecto a la calidad de los 
servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, la ley tiene como objetivo 
garantizar que el operador designado en España para la prestación de dicho servicio 
alcance en su prestación unos estándares de calidad similares a los de los países más 
avanzados en esta materia en el conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea (…)».
Se ha afirmado, por ello, que se trata de un sector que se encuentra liberalizado, con 
reglas que permiten la libre concurrencia, posibilitando que otras entidades colaboren 
con el operador al que se haya encomendado la prestación del servicio postal universal, 
siendo este último necesario –se añade– para garantizar un servicio de amplia cobertura 
territorial, y elevada calidad y eficiencia. Y en la disposición adicional primera se designa 
por un período de 15 años a la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.» (Correos), 
como operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al ser la 
única entidad que está en condiciones de prestar este servicio con la calidad y extensión  s
requeridas, y se establece la suscripción de un contrato regulador de la prestación del  oe.
citado  servicio,  que  se  celebrará  por  sucesivos  períodos  quinquenales,  entre  los  w.
Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento y el operador designado, y en el que se  47ww
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y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega 
(…), tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos». Por lo demás la misma 
ley, en su artículo 22.4, párrafo segundo, establece que «las notificaciones practicadas 
por  los  demás  operadores  postales  surtirán  efecto  de  acuerdo  con  las  normas  de 
derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y  del  Procedimiento  Administrativo  Común»;  referencia  esta  última  que  ha  de  ser 
actualizada a la vista de la posterior Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley que prevé, por ejemplo, que 
cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma 
cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga 
constar su identidad. Que si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar 
esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 
notificación; intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 
tres días siguientes. Y que en caso de que el primer intento de notificación se haya 
realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 
tres horas entre ambos intentos de notificación; si el segundo intento también resultara 
infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44 de la misma.
En este ámbito administrativo, ciertamente diferente al notarial y registral pero que 
puede ser de utilidad a la hora de resolver el presente recurso, se ha entendido que del 
actual marco regulador de los servicios postales no se deduce que otros operadores 
distintos al operador postal universal no puedan llevar a cabo válidamente la notificación 
de actos administrativos, sino que éstos no disfrutan del efecto reforzado que establece 
la norma en cuanto a la fehaciencia que la ley otorga a la notificación efectuada por el 
operador  que  presta  el  servicio  postal  universal,  así  como  que  la  prueba  de  la 
notificación infructuosa o del rechazo de la misma resulta fortalecida cuando la hace el 
operador postal universal, pero no por ello la notificación resultaría inválida. Eso sí, 
cuando se trate de notificaciones llevadas a cabo por otros operadores distintos del 
operador postal universal, sus efectos se regirán por las normas de Derecho privado en 
lo referido a su valor probatorio (cfr. artículo 39 del Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de 
diciembre).
Este Reglamento dedica unas disposiciones generales a la entrega de notificaciones 
en su artículo 41. Conforme a este precepto, en la documentación del empleado del 
operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, se 
deberá hacer constar la fecha, identidad, número del documento nacional de identidad o 
del documento que lo sustituya y firma del interesado o persona que pueda hacerse 
cargo de la notificación. También deberá firmar el aviso de recibo y hacer constar su 
identificación el empleado del operador postal. Del mismo modo, el artículo 42 prescribe 
las formalidades por observar en el segundo intento de entrega cuando el primero resulta 
infructuoso.
Debe tenerse en cuenta que se trata de una actuación en un ámbito incardinable en 
el  derecho  privado;  y  en  el  seno  del  procedimiento  registral,  que  tiene  unas 
singularidades legalmente reconocidas, pues tanto éste, como la actuación notarial, han 
de desenvolverse con parámetros distintos a los de los tribunales a la hora de la 
apreciación y valoración de los elementos probatorios que en su caso puedan aportarse  s
en el seno de un proceso con contradicción. Y es que notarios y registradores carecen  oe.
del «imperium» (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) que es inherente a la jurisdicción, lo  w.
que sin duda incide muy especialmente a la hora de valorar la prueba de la actuación de  47ww
usunj eotpae ara ldaosr n poorsmtaals d disetli ndteor edcehl ou npivrievrasdaol;  evna lcouraacnitóon a q luae e, faicl amcaiar gye vna dlideel pz rporcoebsaot,o qriuae ddea rláa 
documentación  generada  una  vez  cursada  la  pretendida  notificación,  y  que  en  los
campos notarial y registral necesita sin duda el plus que proporciona la fehaciencia (en 
este caso legalmente reconocida).
Únicamente el operador postal universal goza de la presunción de veracidad y 
fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega 
de notificaciones de órganos administrativos y judiciales (y por ende también de las que 
hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral), tanto las realizadas por medios 
físicos como telemáticos; y, como se ha expresado anteriormente, esta fehaciencia es 
cosa distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un 
procedimiento judicial, pero que se torna en inequívoca exigencia en el ámbito en el que 
desenvuelven sus funciones tanto registradores como notarios (de ahí, por ejemplo, la 
remisión que realiza el artículo 202 del Reglamento Notarial al citado Real Decreto 
de 1999), pues resulta necesaria para que, sin necesidad de pruebas complementarias, 
la  declaración  del  notificador  baste  para  tener  por  constatados  el  rechazo  o  la 
imposibilidad de una determinada notificación o de una determinada comunicación.
4.  En  el  presente  caso  en  la  certificación  de  los  acuerdos  sociales  consta 
únicamente que la convocatoria se realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite 
ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación; y, además, se ha 
realizado a través de un operador postal distinto del universal. Por ello, debe confirmarse 
la calificación impugnada.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.