BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Lunes 9 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 98126
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13909 Sala Segunda. Sentencia 137/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo  912-2019.  Promovido  por  don  Zelmat  Salah  respecto  de  las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:137
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 912-2019, promovido por don Zelmat Salah, contra los 
siguientes actos de los poderes públicos: (i) la resolución del Ministerio de Justicia, de 22 
de marzo de 2017, que desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad 
patrimonial de la administración pública, por el tiempo pasado en prisión preventiva en 
causa judicial de la que resultó finalmente absuelto; (ii) la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 21 de 
junio de 2018, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 
resolución  anterior;  y  (iii)  la  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 2019, que acordó 
la  inadmisión  del  recurso  de  casación  promovido  contra  la  sentencia  indicada.  Ha 
actuado como parte el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 12 de 
febrero de 2019, el procurador de los tribunales don José Luis García Guardia, actuando 
en nombre y representación de don Zelmat Salah, bajo la defensa del letrado don 
Joaquín Sirera García, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones arriba 
mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 909www.
Conas)t ituCcioomnaol  cnoúnms.t a1 0e/n2 0l1o7s , adnet e3c0e ddeen teens edroe,  heel crheoc udrree nlate  sdeenlt epnrceisae ndtee  easmtep aTrroib, utrnaasl 
hseanbteern sciidao d ceo 2n7d ednea dfeob creormo od ea u2t0o0r 8d ed eu nla d Seelitcoc idóen  iTnetercgerarac iódne  elan  Sgarulap od et elorr oPriesntaa l pdoer  llaa   BOE-A-cable e
Audiencia Nacional, interpuso recurso de casación, el cual fue estimado por sentencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada el 7 de octubre de 2008, acordando su 
absolución, por falta de prueba de cargo.
Con fecha 16 de septiembre de 2009 el aquí recurrente formalizó una pretensión 
indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva seguida 
de absolución, ex art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuantificando 
en 487 123,28 € los daños por el tiempo pasado en prisión durante las diversas fases de 
aquel proceso penal, en concreto desde el 2 de noviembre de 2004 hasta el 12 de marzo 
de 2008 (1270 días).
Luego de tramitarse el respectivo expediente (núm. 479-2009), la solicitud resultó 
desestimada por resolución del secretario de Estado de Justicia de 25 de mayo de 2010, 
con base en la argumentación contenida en el dictamen que se recabó del Consejo de 
Estado. Recurrida la decisión en reposición, recayó nueva resolución del secretario de 
Estado, de 7 de febrero de 2011, en sentido desestimatorio toda vez que el solicitante no 
había  sido  absuelto  por  la  probada  falta  de  participación  en  los  hechos,  sino  por 
insuficiente prueba de cargo, supuesto no previsto por la norma.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo en el que se alegó vulneración de su 
derecho a la presunción de inocencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 30 de octubre de 2012, 
desestimando la pretensión, al entender que el motivo de su absolución quedaba fuera 
del  supuesto  indemnizable  previsto  por  el  art.  294  LOPJ,  conforme  a  doctrina 
interpretativa del Tribunal Supremo fijada en dos sentencias dictadas el 23 de noviembre 
de 2010.
Presentada  demanda  de  amparo  (núm.  7088-2012)  contra  las  resoluciones 
mencionadas, la Sala Segunda de este tribunal, por STC 10/2017, de 30 de enero, 
resolvió estimar el recurso interpuesto y en su virtud: «1 Declarar la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia».– 2 Anular dichas resoluciones y ordenar la 
retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución del 
Ministerio  de  Justicia,  «para  que  se  resuelva  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial  en  los  términos  contenidos  en  el  último  fundamento  jurídico  de  esta 
resolución».
b)  En cumplimiento a lo ordenado por este tribunal, la Secretaría de Estado de 
Justicia dictó resolución el 22 de marzo de 2017 desestimando por segunda vez la 
solicitud indemnizatoria deducida, al no concurrir el supuesto de inexistencia objetiva del 
hecho, único que permite el resarcimiento en este ámbito, de nuevo con invocación de 
dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010.
c)  Contra esta última resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recayendo el 
asunto en su Sección Tercera (recurso ordinario núm. 257-2017). Tras la tramitación del 
procedimiento, esta última dictó sentencia con fecha 21 de junio de 2018, desestimando 
el recurso.
Como base para su decisión, la Sala decidió continuar aplicando el criterio sentado 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las dos sentencias dictadas el 23 de 
noviembre de 2010, en el sentido de que solo cabe indemnización por el tiempo pasado 
en prisión preventiva, ex art. 294 LOPJ, en los casos de absolución o sobreseimiento por 
inexistencia objetiva del hecho, no por inexistencia subjetiva (insuficiente prueba de 
cargo), que eventualmente puede tener encaje en la vía de la reparación por error 
judicial, del art. 293 LOPJ, precisando la audiencia que este Tribunal Constitucional, en  s
la STC 10/2017 resolutoria del amparo promovido por el aquí recurrente, «viene a avalar  oe.
las  consideraciones  expuestas»  por  el  Tribunal  Supremo,  formulando  cita  del  w.
fundamento jurídico 5 de nuestra sentencia. La Audiencia impuso además las costas al  909ww
recudr)r enItnet.erpuesto recurso de casación contra la citada sentencia, la Sección Primera
ddee  lae nSearola  ddee  lo2 0C1o9n taecnocridoasnod-Aod msuin iisntaradtmivios idóenl  Tar ibtruánmailt eS, upporer mfaol tdai cdtóe  pfruonvdidaemnecinat aecl ió1n7   BOE-A-cable e
suficiente,  y  por  carencia  de  interés  casacional  objetivo  para  la  formación  de 
jurisprudencia. Con condena en costas.
Notificada esta última resolución, se interpuso el presente recurso de amparo núm. 
912-2019.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  al  principio  de  su  fundamentación,  que  las 
resoluciones  del  Ministerio  de  Justicia  y  de  la  Audiencia  Nacional  vulneraron  los 
derechos fundamentales del recurrente a la libertad individual (art. 17 CE), a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad 
ante la ley (art. 14 CE). No obstante, ya en el apartado de «motivos del recurso de 
amparo  constitucional»,  la  queja  se  limita  a  la  vulneración  de  los  derechos  a  la 
presunción de inocencia y a la igualdad.
En tal sentido, se reprocha a las resoluciones impugnadas que exijan al recurrente 
que demuestre que es inocente para poder ser indemnizado, pese a haber sido absuelto 
por sentencia judicial firme, único requisito que en realidad debe satisfacer conforme a la 
doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 13 de 
julio de 2010, asunto Tendam c.  España. Doctrina que, en cambio, objeta la demanda, 
no está siendo aplicada por el Tribunal Supremo el cual reconoce como único supuesto 
indemnizable del art. 294 LOPJ el de la inexistencia objetiva del hecho imputado; criterio 
a su vez seguido por las resoluciones aquí impugnadas.
Sostiene la demanda que a efectos del art. 294 LOPJ no debe establecerse ninguna 
diferencia entre la absolución por falta de pruebas y la que deriva de una acreditada 
prueba de la inocencia de la persona, y que con la denegación de lo solicitado por el 
recurrente  se  vulnera  «el  mandato  establecido  en  la  propia  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional que ordenaba dictar nueva resolución con un contenido que no vulnerar 
(sic)  el  derecho  constitucional  de  presunción  de  inocencia  (sentencia  10/2017  del 
Tribunal Constitucional de 30 de enero de 2017, recurso amparo 7088-2012)».
El  suplico  de  la  demanda  pide  que  se  dicte  sentencia  estimando  el  recurso, 
declarando la nulidad de la sentencia de instancia, así como la resolución del Secretario 
de Estado de Justicia; acordando indemnizar al recurrente en la cantidad solicitada, 487 
123,28 €, «siguiendo el criterio indemnizatorio seguido por el Tribunal Supremo en esta 
materia, o en su caso, se reconozca el derecho a ser indemnizado por este motivo, 
delegándose su cuantificación a la Secretaría de Estado [de] Justicia».
4.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 16 de diciembre de 2019 
por la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional)  como  consecuencia  de  que  la  posible  vulneración  del  derecho 
fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter 
general [STC 155/2009, FJ 2, c)]». En la misma resolución se acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, a fin de que en plazo no superior a diez días remitiera certificación o 
fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del  recurso  de  casación  núm.  6720-2018. 
Asimismo, dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, para que en plazo no superior a diez días 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del  procedimiento 
ordinario 257-2017; debiendo previamente emplazar en el plazo de diez días a quienes 
hubieran sido partes en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo –ya 
personada–, por si querían comparecer en el presente proceso constitucional. e
pppoeresrsst5eoe.rnn ioatóCrde oose n syt rc áfrpeimtacoihr tteaeps  o 1edr 6nee  l lldpa er qo rueceeepn dreseirmeso e iepndneteatr ocs2.ioó0nn2ó 0 q,eu nee  l eoals btreoengctauadr, sodo e,d besileo nlEicdsiottaa ndedono te ansndetee  rlseee s ttuecvo inter irbaéu l nploaoslr,    2020-13909n https://www.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal, de fecha 4 de febrero de 2020, se tuvo por personado y parte al abogado 
del Estado, acordando además dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional.
7.  El representante procesal del recurrente formalizó escrito en este trámite el 10 de 
febrero de 2020, alegando que: «Tanto el objeto del presente proceso constitucional 
como los planteamientos introducidos por las partes en el debate son sustancialmente 
coincidentes con los abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente 
STC  125/2019,  de  31  de  octubre»,  cuyo  fundamento  jurídico  4,  continúa  diciendo, 
determinó  los  efectos  sobre  el  recurso  de  amparo  de  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma  causa»,  del  art.  294  LOPJ,  resuelto  previamente  por  el  tribunal  en  su 
STC  85/2019,  de  19  de  julio.  En  consecuencia,  prosigue  diciendo  el  escrito  de 
alegaciones, «procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el derecho del 
recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a 
sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del 
art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019, entre otras. Es por ello como 
marcan las citadas sentencias, que la retroacción debe remontarse al momento anterior 
a  dictarse  la  resolución  del  secretario  de  Estado  de  Justicia,  que  denegó  la 
indemnización y que origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión 
planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados 
en las STC 85/2019, FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5».
8.  Por escrito presentado el 3 de marzo de 2020, consignó sus alegaciones el 
abogado del Estado por el que interesó se dictase «sentencia conforme a Derecho. Y 
caso de resultar la eventual sentencia a dictar, de carácter estimatorio del amparo 
formulado, ordene la retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de que, de 
acuerdo con lo que dispone el art. 294 de la LOPJ, y siguiendo siempre el cauce 
procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran 
podido llegar a producir».
El escrito hace referencia al dictado de la STC 85/2019, de 19 de junio, que declaró 
la inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma  causa»  del  art.  294.1  LOPJ,  pero  no  extendió  en  cambio  dicha 
inconstitucionalidad al inciso «siempre que se le hayan irrogado perjuicios» contenido en 
el mismo precepto. De esta constatación, deduce el abogado del Estado que la sola 
acreditación del tiempo pasado en prisión preventiva –seguida de absolución– no es 
suficiente para tener derecho a ser resarcido, sino que el interesado ha de probar los 
supuestos daños acaecidos, como además precisa aquella sentencia, «de acuerdo con 
la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños» (FJ 13).
En aplicación de este criterio, entiende el abogado del Estado, primero, que en el 
presente caso el recurrente solicita una indemnización sin presentar prueba del porqué 
de esa cifra y de cómo ha cuantificado los perjuicios. Segundo, que a este Tribunal 
Constitucional no le corresponde «la determinación y apreciación de la prueba y de 
liquidación de los eventuales daños; máxime en tanto que en el caso concreto no se han 
acreditado debidamente». Tercero, que la eventual fijación de esos daños debe hacerse  e
en un procedimiento «autónomo», conforme al Derecho de daños, y no «vicarial o  bo
seguidista  del  proceso  penal  habido».  Como  resultado  de  lo  expuesto,  defiende  el  909ww
daeb osgeard eos dtimel aEtosrtaiad doe q ulae  deesmtea tnridbau,n naol  dciocntec eudnaa  eseson tseín ccaian «tidcoandf oarlgmuen aa,  Dseinroe cqhuoe» ,r elam cituaa al, 
la tramitación del procedimiento autónomo respectivo.
9.  Por su parte, el teniente fiscal ante este tribunal presentó el 20 de febrero 
de 2020 sus alegaciones por escrito, interesando que dictáramos sentencia otorgando el 
amparo al recurrente por vulneración de sus derechos a la igualdad y a la presunción de 
inocencia; con nulidad de las resoluciones impugnadas de la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Ministerio de Justicia –en 
ese orden–; retrotrayendo las actuaciones «al momento anterior al dictado de la última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial en 
términos respetuosos con los derechos fundamentales del demandante de amparo».
Así, tras compendiar los antecedentes de hecho relevantes, y resumir la demanda 
interpuesta, señala el teniente fiscal que «el objeto del presente proceso constitucional y los 
planteamientos  sustantivos  introducidos  por  la  demandante  son  sustancialmente 
coincidentes con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de 
amparo 4035-2012), en la que se determinaron los efectos que, sobre el recurso de 
amparo, debía producir la STC 85/2019, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los 
incisos ‘inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ del art. 294.1 LOPJ, y se 
concretó el alcance que la estimación del amparo debía producir, por lo que a tales 
fundamentos jurídicos debemos remitirnos. En consecuencia, como viene declarando el 
Tribunal  Constitucional  en  sus  múltiples  sentencias  sobre  esta  serie  de  amparos,  lo 
procedente resulta otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a que la 
decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, 
de acuerdo con las exigencias constitucionales derivadas del derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley (art. 14 CE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). 
Así pues, la retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del 
secretario de Estado de Justicia de 22 de marzo de 2017, que deniega la indemnización y 
origina la lesión de los derechos fundamentales […] para que la administración resuelva de 
nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE, en los 
términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5».
Sostiene el teniente fiscal que de la lectura de la STC 85/2019 no se desprende que 
el derecho a la indemnización sea automático en cuanto se acredita por el solicitante el 
tiempo pasado en prisión, sino que deberán aplicarse para ello los criterios propios del 
Derecho general de daños. «Por consiguiente, también en el caso subyacente, cabría el 
juego de estos criterios de atemperación o incluso rechazo total o parcial tomando en 
cuenta las particulares circunstancias concurrentes que podrán valorar las autoridades 
administrativas y, en su caso, judiciales».
10.  Mediante  providencia  de  fecha  1  de  octubre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 6 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 21 de junio de 2018, 
desestimatoria  a  su  vez  del  recurso  contencioso-administrativo  núm.  257-2017 
interpuesto contra la resolución del secretario de Estado de Justicia de 22 de marzo 
de  2017,  por  la  que  se  había  dado  ejecución  a  lo  ordenado  por  este  Tribunal 
Constitucional en su sentencia 10/2017, de 30 de enero. Esta última, como ya se indicó  e.e
en  los  antecedentes,  había  declarado  la  nulidad  de  las  resoluciones  previas  por  b
vulneración del derecho a la presunción de inocencia del aquí recurrente, acordando que  909ww
sseo lirceitturodt rianjdeeramnn liazsa taocritau apcrieosneenst aad laa,  fcaosne  aedl mreisnuislttaradtoiv ad epsaersat iumnaat onruioe vaal  qdueec issieó nh as ohberech loa 
Amuedniceinócni,a  yN aecni oenla lq muea ntatienntoe ne lq uMei neisl túenriioc od seu pJuuestsictoia d ceo rmepoa rlaa cSióanl ad eclo amrtp. e2te9n4t.e1  LdOe PlaJ 
es la absolución –o sobreseimiento– por inexistencia objetiva del hecho imputado, que 
aquí, añaden, no concurre.
El debate, por tanto y conviene aclararlo, no se plantea como un incidente de 
ejecución de la STC 10/2017, de 30 de enero, que resolvió el recurso de amparo núm. 
7088-2012 promovido por el aquí demandante de amparo contra las resoluciones ya 
citadas que, entonces, denegaron la misma solicitud indemnizatoria formulada por él con 
base en el art. 294.1 LOPJ, por el tiempo soportado en prisión provisional, seguido de 
absolución. Nos encontramos, de manera distinta, ante un recurso de amparo autónomo 
(núm.  912-2019)  que  se  articula  contra  distintas  resoluciones,  una  recaída  en  vía 
administrativa en cumplimiento justamente a lo resuelto en aquella STC 10/2017, con 
ocasión de la reapertura del expediente indemnizatorio, y luego otra jurisdiccional en 
respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la anterior, bien que 
con argumentos similares a los que fundaron las decisiones enjuiciadas por este tribunal 
en la referida STC 10/2017.
Así  las  cosas,  procede  constatar  que  tanto  el  objeto  del  presente  proceso 
constitucional como los planteamientos introducidos por las partes en el debate son 
sustancialmente coincidentes con los abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional 
en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), a 
cuyos  fundamentos  jurídicos  debemos  remitirnos.  En  concreto,  en  el  fundamento 
jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de 
inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma causa» del art. 294.1 LOPJ por la STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que 
procede otorgar el amparo en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de aplicación 
de dicha normativa –a la que atendieron los órganos administrativos y judiciales por estar 
entonces vigente– materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del 
derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma 
en la que tienen su fuente».
En consecuencia, se estima el presente recurso de amparo reconociendo el derecho 
del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto 
a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y 
del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, con nulidad de las 
dos resoluciones formalmente impugnadas, y la nulidad también de la providencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2019 que supuso la firmeza de la 
sentencia de instancia, acordamos que la retroacción de actuaciones debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 22 de 
marzo de 2017, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13 y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Zelmat Salah, por vulneración 
de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia  e.
(art. 24.2 CE). w.b
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Anúdmm.i n6is7t2ra0t-i2vo0 1d8e);  lad eA luad sieennctiean cNiaa cdioen alal,  Sdeec c2i1ó nd eT ejurcneiora d dee 2 l0a1 S8,a ldai cdtaed lao  eCno netle rnecciuorssoo-
contencioso-administrativo núm. 257-2017, y de la resolución del Secretario de Estado 
de Justicia de 22 de marzo de 2017, recaída en el expediente núm. 479-09.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.