BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Sábado 20 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 32067
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
4387 Resolución  de  17  de  marzo  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de  medidas  urgentes  y  extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad 
económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría 
General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente Acuerdo:
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, de 30 de noviembre de 2020, para el estudio 
y propuesta de solución de las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 2/2020, 
de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de 
las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, ambas partes 
consideran solventadas las controversias, en lo que se refiere a los preceptos objeto del 
presente acuerdo, conforme a los siguientes compromisos:
a)  En  relación  con  el  artículo  6  de  la  Ley  2/2020,  por  cuanto  establece  las 
particularidades  del  procedimiento  urbanístico  extraordinario  para  la  ordenación  de 
sistemas  generales  de  infraestructuras  y  equipamientos  para  la  implantación  de 
actividades  de  recogida  municipal  de  residuos  (puntos  verdes)  y,  en  particular,  su 
inciso 5, debe entenderse siempre sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal y, 
especialmente, del artículo 117 de la Ley 22/1988, de Costas, a cuyo tenor en el  e.
procedimiento para la tramitación y aprobación de todo planeamiento que ordene el  w.
litoral, el informe de la Administración General del Estado resulta preceptivo antes de la  87ww
aprobb) acEiónn  rienlaicciaiól ny  ctoanm lbaisé nco, natdroevmeárssia, sa nstuessc idtaed laas a cporno breascpióenc tod edfein liatisv ad.isposiciones finales
dqiusipnotas,i csioenxteas  yd ed efocirmmoac quuaert as ed ere lsap Leetey  lo2 /2d0is2p0u,e asmtob eans  lpoas ratense xcoosin dcied elan  Leeny  i2n1te/2rp0r1e3ta, rd dei c9h daes   BOE-A-cable e
diciembre, de Evaluación Ambiental, que regulan los proyectos sometidos a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria (anexo I) y simplificada (anexo II).
c)  En lo que se refiere a las controversias suscitadas respecto de la disposición final 
séptima de la Ley 2/2020, ambas partes coinciden en interpretar dicha disposición de manera 
respetuosa con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre 
de 1994, de Envases, en la Constitución Española, en el artículo 30.46 del Estatuto de 
Autonomía  de  las  Illes  Balears  que  reconoce  como  competencia  exclusiva  de  la 
administración autonómica la protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales 
protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado, así como la potestad para dictar 
normas adicionales de protección del medio ambiente, y en la legislación básica estatal, ya 
sea la vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o la norma que 
la sustituya; siendo por todo lo demás aplicable lo acordado en la Resolución de 13 de 
noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 8/2019, de 19 de 
febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
II.  En  razón  al  acuerdo  alcanzado,  ambas  partes  coinciden  en  considerar 
concluidas las controversias en lo que se refiere a los preceptos de la Ley que son objeto 
del presente acuerdo.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».