BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72  Jueves 25 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 34050
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4629 Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 del citado real 
decreto prevé que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas 
necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.
En este sentido, el artículo 2.a) de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, define esos servicios 
esenciales como el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales 
básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el 
eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
Asimismo, han sido aprobados el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de poder dar respuesta 
a la situación creada como consecuencia de la situación de emergencia y de la declaración 
del estado de alarma, en los diferentes ámbitos, tanto económicos como sociales, 
afectados.
Las medidas adoptadas a raíz de esta situación están provocando un especial impacto 
en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto 
de protección por parte del Gobierno.
Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable 
en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo 
que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con 
motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación 
de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de 
género y de violencia doméstica.
En este contexto, ya antes de la declaración del estado de alarma y de la aprobación 
de las medidas adoptadas a su amparo, desde el Ministerio del Interior se impartieron las  s
instrucciones oportunas en relación con los expedientes activos en el Área de Violencia de  oe.
Género de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, resulta preciso llevar a  w.
cdpauebe godé amnnee edronid,c aocsno dtnria reirgsniedfo aeqsnu e eun n deaes  psienitccuilaaucls iaióó nlna   dpyer o aetcesccpecesiócibinai llyi d vaausdlins, eteyra nebcniial id pdaaedr tl,ai ccsuo vlmaícro ti dmgeaa rsaa qdnuetíe avl liaodslee  nqscuuieas    2021-4629n https://ww
derechos y en particular del derecho a la asistencia social integral contemplado en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia  Bc
de Género.
Efectivamente, el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señala que las mujeres 
víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia social integral, a través de 
servicios sociales de atención, de emergencia, de acogida y de recuperación integral. 
Según la norma, la organización de estos servicios por parte de las comunidades 
autónomas y las corporaciones locales, responderá a los principios de atención 
permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad 
profesional.
La violencia de género constituye, sin duda alguna, una amenaza a los derechos 
humanos, entre ellos, la vida, la integridad física y psíquica, la salud, la seguridad y el 
bienestar económico y social de sus víctimas y del conjunto de la sociedad; por tanto, 
merece que, en el marco de una situación de excepcionalidad como la declarada por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se articulen las medidas necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección y 
asistencia, eliminando los obstáculos que puedan dificultar o imposibilitar el acceso de las 
víctimas a los medios habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de 
situaciones de violencia de género; o que incluso disponiendo de tales medios puedan 
encontrarse con que los servicios de asistencia no estén disponibles o no lo estén al nivel 
habitual de atención.
Por otro lado, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo 
de 2011, obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para 
prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, en su artículo 7 
insta a que las medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores 
pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades 
nacionales, regionales y locales; y en su artículo 8 promueve la dedicación de recursos 
financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, 
medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas 
en el ámbito de aplicación del Convenio.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración 
de estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación culminó en 
diciembre de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de 
administraciones autonómicas y locales. El Pacto de Estado, además de medidas 
genéricas dirigidas a todas las Administraciones Públicas, incluye, en su Eje 7, 
recomendaciones específicas para las comunidades autónomas y las entidades locales, 
que se acompañan para su realización con el compromiso económico previsto en su Eje 9. 
Este establece un fondo finalista para la ejecución de las medidas del Pacto de Estado 
destinado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de cien millones 
de euros, que se refleja anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
La forma y el procedimiento en que ha de realizarse la distribución de estos fondos a 
las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y los plazos 
para su transferencia y su correspondiente ejecución en el respectivo ejercicio económico, 
establecidos en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, impiden aprovechar eficazmente los recursos que aporta el Pacto de 
Estado durante el periodo de cinco años para su ejecución. es
De acuerdo con el artículo 86 de la mencionada Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la  o
Caydlo ciosssont urórfi dberdgauriearsc nntliroócoibsnisa u c s ccrSeoiitóeremáncr p itoaoeesprnti eratoornlbe btdj eaeleasdt is vaIdg o ceumso a lempaldda Auairanaddni m dlstaeaie n dd aiciesscetsturrl aeieabcbruuidrótcaoónir ón ádGno ea metlle n Cacrersooir tmanoyls r iiecdeainejulo zldd  oEdea es ddlo teeaMssld  i ecnodrji,eeés ert drcCsioti coesdis ueoy tc p,ae irar ce,y  oscd nMuoeópnle mutMliienliilcsunaotai.as  cEptreiiaóosrrtnsiaao,,      OE-A-2021-4629able en https://www.
de Igualdad, aprobarán los instrumentos jurídicos oportunos para la formalización de los 
compromisos financieros.
Es en ese momento de la formalización de los compromisos financieros cuando, en el 
supuesto de que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tengan 
remanentes de fondos no comprometidos correspondientes a las transferencias del 
ejercicio anterior (determinados en el estado de ejecución que estas deben presentar no 
más tarde del 31 de marzo de cada ejercicio), estos remanentes deberán ser descontados 
de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma, para que sean 
utilizados en el ejercicio corriente como situación de tesorería en el origen.
Además, los créditos que correspondan a cada comunidad autónoma se le librarán y 
harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre (con 
la única excepción del pago correspondiente al primer trimestre), que solo podrán hacerse 
efectivos una vez se haya aprobado definitivamente la distribución territorial de los créditos 
y se hayan formalizado los correspondientes compromisos financieros mediante el 
oportuno instrumento jurídico.
Por lo expuesto, de acuerdo con el estado de ejecución que presente cada comunidad 
autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla no más tarde del 31 de marzo, se conocerán 
los remanentes que no hubieran comprometido a 31 de diciembre de 2019, tanto respecto 
de los créditos del Pacto de Estado que se transfirieron en 2018 (que pudieron ejecutarse 
en 2019 en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género) como de los transferidos en 2019. Así, los remanentes que no hubieran 
comprometido a 31 de diciembre de 2019 deberán ser descontados de la cantidad que 
corresponda transferir a cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en 
el presente ejercicio 2020; de tal manera que, de no mediar una urgente modificación 
normativa, una vez que se celebre la Conferencia Sectorial de Igualdad, los fondos del 
Pacto de Estado para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
para 2020 no podrían transferirse de forma efectiva pues se descontarían los remanentes 
de los fondos transferidos en los ejercicios anteriores que no hubieran sido comprometidos.
Además, de acuerdo con el mencionado artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, los créditos que corresponda gestionar a cada comunidad autónoma se le 
librarán y harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada 
trimestre, por lo que el libramiento de los últimos trimestres limita enormemente la 
posibilidad de su ejecución durante el ejercicio económico corriente al que se refiere el 
propio artículo 86.
Así, dado que el libramiento de los créditos se extiende hasta el último trimestre del 
año, es muy difícil que en ese breve plazo se puedan realizar alguna de las necesidades 
identificadas por las distintas comunidades autónomas, puesto que tanto la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establecen unos plazos de tramitación administrativa que no permiten su 
adecuada ejecución, en los estrictos plazos ya mencionados.
Con la finalidad de evitar tal descuento, que sería tan perjudicial para la lucha contra 
la violencia de género, facilitar la ejecución de los fondos transferidos en los últimos 
trimestres del año, y la propia necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial 
de Igualdad en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020, quedan 
suficientemente acreditadas las razones que justifican la medida adoptada mediante esta  es
Ley. La adecuada ejecución del Pacto de Estado así lo exige. o
EeCmxsoaptnnauEfidfeeseosrtsea ttaesnasn crc o ipiacnroca  rumSd nlaeaas cystetao ojpenrrirctrioaaciparlic iisaadi omsqe  u epcIenroge tmuiesma uulplanpdi iudadneedaens dct ceeaeessrjelii edoacab,uu drtttaóaa ddnmr eaoab m deieéexalncc s 1eu hypa7a td cundaia uemsrd  ieeadonldoc tre teéutsr gb aloidrsmseel a e cCddnreéa ed ddue2iatta 0osl o1s ysp 9 d oM,re reee lm elnPisla laaclnca retie tonoqn t,u de leaesy      OE-A-2021-4629able en https://www.
previsto en la regla Sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, tal y como ya se hizo en 2018 o, en su defecto, establecer un ámbito temporal 
más amplio para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado.
Asimismo, y en referencia a las transferencias a las comunidades autónomas para la 
ejecución de los fondos del Pacto de Estado, resulta inminente la culminación del plazo 
para justificar y acordar el reparto de fondos; la necesidad de mantener los servicios 
esenciales de asistencia social integral contra la violencia de género en un contexto de 
excepcionalidad como el que nos encontramos, con las modificaciones necesarias para su 
adaptación a las medidas dispuestas por las autoridades delegadas, constituye una 
justificación adicional a la necesidad de exceptuar la aplicación de la regla Sexta del 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en los términos previstos en la 
presente Ley.
II
En consecuencia, y buscando dar respuesta a las necesidades de protección de las 
víctimas de violencia de género en un contexto como en el que nos encontramos, esta Ley 
adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de 
asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la 
adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias 
excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.
De esta manera, la presente Ley se estructura en dos capítulos, el primero de ellos 
contiene seis artículos destinados a asegurar el funcionamiento de los servicios de 
asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del 
estado de alarma. El segundo capítulo contiene tres artículos; en el primero se prevé la 
excepción de la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, con el objetivo de asegurar la implementación y prestación 
continuada durante los cinco años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de 
asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. En el segundo, se habilita 
la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas, para 
hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género derivadas de la 
declaración del estado de alarma. En el tercero, se garantiza una atención integral a 
víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Finalmente, el texto se cierra con una disposición transitoria que regula la aplicación 
de la excepción a la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
a los remanentes no comprometidos correspondientes al ejercicio presupuestario del 
año 2019 y dos disposiciones finales que contienen el fundamento constitucional de las 
medidas adoptadas y la entrada en vigor de esta Ley.
III
Esta Ley cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, 
en el ejercicio de la iniciativa legislativa, deben cumplir las Administraciones Públicas.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, se ven plenamente respaldados 
dado el interés general en el que se funda, siendo el Real Decreto-ley el instrumento más  s
adecuado para garantizar su consecución. oe.
Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer una medida  w.
imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención de las  29ww
vcoícntivmivaesn cdiea  clao nv ieoll eangcreias odre s guéponneero u enn r ieusngao s citiueartcoi óan s due in etexgcreidpacdio nfíasilcidaa yd  my oerna l.la que la
del aDritcíchual op r8o6p.o2r dcieo nlaa Llideayd 4 p7u/2e0d0e3, ,a dseim 2i6s mdeo ,n aopvrieecmiabrrsee,  yean  qlau eex scee phcai óbnu sdcea ldao r eegsltaa bSleecxetar   BOE-A-cable e
una medida imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención
de las víctimas de la violencia de género, mediante la flexibilización de la regla de gasto de 
los programas ejecutados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla a tal fin, no pudiendo plantearse otras medidas menos restrictivas de derechos o 
que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, supone un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por 
parte de las Administraciones Públicas concernidas, por lo que se entiende que la 
propuesta se adecua al principio de seguridad jurídica.
En cumplimiento del principio de transparencia, la norma identifica claramente su 
propósito y ofrece una explicación completa de su contenido en esta parte expositiva.
Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, se entiende 
plenamente cumplida la adecuación al principio de eficiencia.
CAPÍTULO I
Medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia 
y protección integral a las víctimas de violencia de género
Artículo 1.  Declaración de servicio esencial.
A los efectos de lo previsto en la presente Ley, los servicios a los que se refieren los 
artículos 2 a 5 del mismo tendrán la consideración de servicios esenciales con los 
efectos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, sus normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por 
el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y el resto del ordenamiento 
jurídico.
Cuando, además, enfrentan discriminación interseccional se garantizará la accesibilidad 
a los derechos previstos en esta Ley para todas las mujeres: independientemente de su 
etnia, nivel socioeconómico, edad, estatus migratorio, diversidad funcional, discapacidad, 
situación de dependencia, lugar de residencia o cualquier otra situación que redunde en la 
discriminación descrita.
Así, para garantizar la accesibilidad a los servicios públicos, todas las formas de 
discriminación interseccional se tendrán en cuenta por parte del personal que presta 
asistencia a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas menores a su cargo, así como en el 
reparto de recursos y atención a programas por parte de las Administraciones competentes.
Además, todos los recursos para la protección y asistencia recogidos en esta Ley se 
prestarán tanto a las mujeres como a los menores de edad reconocidos como víctimas de 
violencia de género, en los términos de la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de medidas de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia.
Artículo 2.  Normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento 
jurídico 24 horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. e
1.  Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias  w.
phinaocrrlaau ssg,iv atoeraslen fytói znaaiccrca lea ys  ipebrnlee sslít nacecoainó,  ndla idrsieg m idloiosssm s aae srlav csica ivoríascc tidtmeera íissnt fidcoearm sv aiqoculeióenn cl oiyas   adqseue egs éosnreae mvroeie,n nqíatuone   jpudrreeíbdseitcanon  s2de4or    2021-4629n https://ww
con anterioridad a la declaración del estado de alarma y, en su caso, adaptando su
prestación a las necesidades excepcionales derivadas de este. Bc
2.  Las Administraciones Públicas competentes asegurarán el normal funcionamiento 
del servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
(ATENPRO), adaptando, en su caso, su prestación a las necesidades excepcionales 
derivadas del estado de alarma.
3.  Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación de los 
servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y 
social destinadas a las víctimas de violencia de género, que viniesen funcionando con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma, adaptando, en su caso, su prestación 
a las necesidades excepcionales derivadas del estado de alarma. Así mismo, se prestará 
un seguimiento especial a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género 
mientras se prolongue la situación de emergencia.
La adaptación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá tener en cuenta la situación 
de permanencia domiciliaria, así como limitaciones adicionales de las víctimas, ya sea 
debido a alguna discapacidad o a las dificultades de acceso a los recursos, especialmente 
en el ámbito rural, y prever alternativas a la atención telefónica, a través de medios como 
la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización 
para la comunicación de emergencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
4.  Asimismo, las Administraciones Públicas reforzarán los servicios que inciden en la 
recuperación socio laboral de las víctimas de violencia de género, especialmente en las 
situaciones de mayor vulnerabilidad, en colaboración con los organismos competentes en 
materia de empleo de las distintas Administraciones Públicas.
Se garantizarán las condiciones laborales de las mujeres víctimas de violencia 
de género que hayan sido incluidas en alguna de las modalidades de ERTE definidas en 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
5.  Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la provisión de los 
servicios descritos en el presente artículo mientras duren las medidas derivadas de la 
emergencia sanitaria provocadas por el COVID-19 que impliquen alteraciones de la 
normalidad y que supongan una especial vulnerabilidad para las víctimas de violencia de 
género, aún superado el estado de alarma.
Artículo 3.  Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra las mujeres.
1.  Las  Administraciones  Públicas  competentes  garantizarán  el  normal 
funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos 
seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de 
explotación sexual.
2.  Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para 
garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los 
centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de 
protección individual.
3.  Cuando sea necesario para garantizar la acogida de víctimas y de sus hijos e hijas 
en riesgo, las Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los 
establecimientos de alojamiento turístico, a los que se refiere la Orden TMA/277/2020, 
de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
4.  A los centros a los que se refiere el presente artículo les será de aplicación, en  es
aquello que proceda en atención a su naturaleza, lo dispuesto en los apartados segundo,  bo
tercero y cuarto, de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen  29ww
megnee sedt5iilód .á nam sdS bceeiot  olmea s dpctealrei bslmoilsese c snceaetrannáritnitara osprsi rad od etoeo cc csaaoesrlároiovcsintc edaiored so aa r sgpsoaioscnrti eaieznllae cCtsiiva Odo,e V,a  aIctDesaní-r 1ácc9icoó.tmne roy r  deaesc iodsgueimndcaini aiasl ctercone  dsreiebl aliencsfioó prnma craoacn ilóa lans    OE-A-2021-46able en https://
mujeres con discapacidad que se pondrán a disposición de esta red de servicios.
Artículo 4.  Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las 
medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de 
género.
1.  Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio integral, incluido el 
servicio de puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos 
telemáticos, del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las 
medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de 
género. Se garantizará la protección de las víctimas y el cumplimiento de las medidas 
cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados 
con la violencia de género.
2.  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas competentes podrán dictar las instrucciones necesarias a las empresas 
prestadoras de los servicios.
3.  Las administraciones competentes supervisarán estos medios telemáticos para 
asegurar su uso y disponibilidad para las mujeres con discapacidad, y aplicarán las 
medidas de accesibilidad pertinentes para asegurar que puedan ser utilizados por estas 
mujeres.
Artículo 5.  Medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral 
a víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, 
por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial.
1.  Las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan 
contacto directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en centros 
de teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están 
expuestos.
2.  A efectos de lo anterior, y siempre que las disponibilidades así lo permitan, las 
Administraciones Públicas competentes, así como las empresas proveedoras de servicios, 
deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de protección 
individual.
Artículo 6.  Campañas institucionales para prevenir la violencia de género durante el 
estado de alarma.
1.  Con la finalidad de prevenir los impactos que el aislamiento domiciliario pueda 
tener en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso de las víctimas 
a los servicios de asistencia social integral, así como la sensibilización de su entorno social 
y familiar, las Administraciones Públicas competentes elaborarán las oportunas campañas 
de concienciación.
2.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones 
autonómicas y locales podrán disponer la inserción de las campañas, o los mensajes, 
anuncios y comunicaciones que formen parte de las mismas, a las que se refiere el 
apartado anterior, en los medios de comunicación social de titularidad pública y 
privada. e
Las administraciones públicas competentes garantizarán que estas campañas cumplan  bo
con los requerimientos de accesibilidad universal. 29ww
CAPÍTULO II
Medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género por las comunidades autónomas
Artículo 7.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos afectados al Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género.
Con carácter excepcional, limitado exclusivamente a las transferencias contempladas 
en el crédito 25.03.232C.450 para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, o los que resulten equivalentes en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla Sexta del artículo 86.2 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no 
comprometidos resultantes al final del ejercicio.
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquel en primer lugar a hacer efectivas 
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el 
sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
Artículo 8.  Proyectos o programas financiados con fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que 
les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha 
todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en esta Ley, 
así como cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma, tenga como finalidad 
garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencia 
contra las mujeres.
Artículo 9.  Atención integral a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
1.  Las Administraciones Públicas competentes garantizarán una protección, atención 
e intervención integral a las víctimas de trata con fines de explotación sexual que se hayan 
detectado durante el confinamiento.
2.  Con este objetivo, se reforzará la vigilancia a través de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, o aquellos cuerpos de seguridad autonómicos que correspondan 
según sus competencias, en los lugares donde se ejerza este tipo de violencia, se facilitará 
alojamiento alternativo y asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan 
contraído COVID-19.
Disposición adicional única.  Diálogo civil.
Las estrategias, actuaciones y medidas que se deriven de lo contenido en esta Ley 
estarán presididas por el diálogo civil, es decir, para su elaboración, decisión, aplicación y 
evaluación se contará con el parecer y la opinión de las mujeres a través de sus 
organizaciones representativas, dentro de los órganos colegiados de participación de la 
Administración General del Estado.
Disposición transitoria única.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos  e
correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019. b
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Disposición final primera.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en las reglas 149.1.1.ª, 149.1.14.ª 
y 149.1.29.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 24 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN