BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 61141
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8900 Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil de La Rioja a inscribir una escritura de reducción del 
capital social de una entidad.
En el recurso interpuesto por don R.M.C., en nombre y representación de la sociedad 
«Barrio y Heredia, S.L.», unipersonal, contra la negativa de la registradora mercantil de 
La  Rioja,  doña  María  Celia  Meneses  Martínez  Bernal,  a  inscribir  una  escritura  de 
reducción del capital social de dicha entidad.
Hechos
I
En escritura autorizada el 27 de diciembre de 2019 por el notario de Nájera don 
Marcos Prieto Ruiz, con número 1752 de protocolo, se elevaron a público las decisiones 
de  la  socia  única  de  la  sociedad  «Barrio  y  Heredia,  S.L.»,  unipersonal,  ejerciendo 
competencia de junta general de ésta el 20 de diciembre de 2019, en virtud de las cuales 
se reduce el capital social en 973.373,59 euros mediante la adquisición y amortización 
de  161.959  participaciones  sociales  de  6,01  euro  de  valor  nominal,  por  el  precio 
de 790.197,96 euros que se paga mediante la transmisión a la socia única de tres fincas 
propiedad de dicha sociedad que también se formaliza en la misma escritura, en la que 
se añade lo siguiente: «Tutela de los acreedores de la mercantil Barrio y Heredia SLU. 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 331 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Advierto y explico a la compareciente el régimen de responsabilidad solidaria que dicho 
artículo establece».
II
Presentada dicha escritura el 27 de diciembre de 2019 en el Registro Mercantil de La 
Rioja, con asiento 3158 del diario 43, fue objeto de la calificación negativa que a 
continuación se transcribe sólo respecto del único defecto objeto de este recurso:
«Dña. María Celia Meneses Martínez Bernal, Registradora Mercantil de La Rioja, 
previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del 
Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
Hechos: …
Fundamentos de derecho (Defectos):
(…) 3.–Artículos 141.1, 317, 318.1, 319, 326, 328, 329, 331, 332, 333 y 335 de la Ley 
de  Sociedades  de  Capital;  19  bis  y  326  de  la  Ley  Hipotecaria;  18  del  Código  de  e
Comercio; 201.3 y 202 del Reglamento del Registro Mercantil, y las resoluciones de la  bo
Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de marzo de 2001, 24 de mayo  00ww
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tutela  de  acreedores  que  se  establecen  en  los  artículos  331  a  333  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital. Los acreedores tienen derecho de oposición por las deudas 
contraídas también dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación de 
la reducción en el BORME, siempre que los acreedores prueben que no pudieron 
conocerla. Así 332.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto no es válida la 
referencia realizada por el administrador respecto de la tutela de los acreedores, por lo 
que la reducción por la diferencia entre el importe devuelto al socio y el importe del valor 
nominal de las participaciones amortizadas (inferior al nominal) debe hacerse por una de 
estas tres vías: reducción de capital por pérdidas (artículo 320 y siguientes de la Ley de 
Sociedades de Capital), constitución de una reserva voluntaria o por constitución de la 
reserva indisponible del artículos 332.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 141 de la 
Ley de Sociedades de Capital), siendo éstas por la diferencia entre el importe del valor 
nominal que se reduce y el importe de la cantidad devuelta al socio, ninguna de las 
cuales ha sido utilizada en el presente supuesto.
En relación con la presente calificación: (…)
Logroño, a 24 de enero de 2020.–La Registradora.»
III
El 11 de febrero de 2020 se presentó en el referido Registro Mercantil un escrito por 
el que don R.M.C., en nombre y representación de la sociedad «Barrio y Heredia, S.L.», 
unipersonal,  interpuso  recurso  contra  la  anterior  calificación,  en  el  que  alega  los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«(…) Tercero.  Error en la apreciación de los términos del Acuerdo contemplado.
A  juicio  de  este  recurrente,  la  calificación  de  suspensión  de  inscripción  para 
subsanación,  obvia  elementos  fundamentales  del  Acuerdo,  pues  basa  todo  el 
razonamiento de la misma en el Régimen de Protección de los Acreedores, entendiendo 
que en el presente caso la reducción de capital se ha realizado sin garantizar a estos 
que debe ejecutarse con pleno respeto a las reglas de la tutela de acreedores que se 
establecen en los artículos 331 a 333 de la Ley de Sociedades de Capital, para a renglón 
seguido manifestar y cito textualmente que "Los acreedores tienen derecho de oposición 
por las deudas contraídas también dentro de los quince días siguientes a contar desde la 
publicación de la reducción en el BORME, siempre que los acreedores prueben que no 
pudieron conocerla. Así 332.2 de la Ley de Sociedades de Capital" y concluyendo que no 
es  válida  la  referencia  realizada  por  el  administrador  respecto  de  la  tutela  de  los 
acreedores, sugiriendo en la mencionada nota, las vías a través de las que debería 
haberse solventado la diferencia existente entra el valor recibido y el valor nominal 
reducido.
En primer lugar, es necesario manifestar que, si esta parte hubiese pretendido omitir 
la  más  mínima  responsabilidad  por  la  reducción  acordada,  hubiera  utilizado  otros 
mecanismos  como  la  "expresa  manifestación  de  inexistencia  de  acreedores"  con 
excusión de publicaciones o notificaciones, por inexistencia de causa para hacerlo.
En segundo lugar, se debe manifestar que en el presente caso nada tiene que ver o 
mejor mucho en beneficio de la sociedad, dado que la reducción de capital se realiza 
mediante la entrega de bienes cuyo valor de mercado es incluso inferior al valor dado por 
las partes, que se corresponde con el valor contable, lo que producirá un beneficio 
extraordinario para la sociedad consistente en la diferencia entre el valor nominal y el  s
percibido por el socio. oe.
La Registradora, a juicio de esta parte en su valoración está confundiendo conceptos  w.
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cumplirse  en  la  reducción  de  capital  mediante  la  amortización  de  algunas  de  las
participaciones  y  restitución  a  los  socios,  a  saber:  (i)  La  identificación  de  las  Bc
participaciones objeto de amortización (ii) La identidad del socio (iii) La finalidad de la 
reducción, (iv) El plazo de ejecución (v) La correspondiente modificación estatutaria en 
cuanto al nuevo capital (vi) El Informe preceptivo elaborado por el Administrador social - 
Evidentemente, no se da cumplimiento formal a la aceptación del resto de socios, al 
tratarse de una sociedad unipersonal-, con el contravalor que el socio percibe como 
consecuencia de tal amortización y que en definitiva será el resultante de dividir el valor 
de tales fondos propios por el número de participaciones sociales en que se divide el 
capital  social,  multiplicado  por  el  número  de  participaciones  sociales  objeto  de 
amortización con la reducción acordada, o el valor que libremente pacten las partes y 
que en suma será superior o inferior al nominal, según cada caso y con la tutela de los 
acreedores, cuya mención ni siquiera sería necesario hacer en el contenido del Acuerdo, 
dado que por disposición de Ley, es una cuestión de derecho cogente que vincula de 
forma solidaria tanto al socio desinversor, como a la sociedad, y hasta "el importe de la 
aportación social".
Permítaseme, recalcar, este supuesto del art 331 de la LSC, punto 2; es decir, la Ley 
establece una clara separación entre el importe que el socio percibe, con el importe del 
que  responde  que  lo  limita  a  la  aportación,  es  decir,  al  valor  nominal  de  las 
participaciones sociales amortizadas y, en consecuencia, si el importe recibido es mayor 
o menor que el aportado, es irrelevante a los efectos de la responsabilidad frente a 
terceros.
Esta circunstancia cobra toda su esencialidad en el ámbito de la limitación de la 
responsabilidad de los socios en las sociedades limitadas, de responder del importe de 
lo aportado, pues la reducción al implicar una liberación de los activos que hasta ese 
momento estaban sujetos a la normativa de protección del capital, da lugar a que los 
acreedores existentes a esa fecha, se encuentren debilitados al reducirse la solvencia 
social, es por ello por lo que la norma les compensa mediante un mecanismo de 
protección, por el que mantiene invariable, al menos en abstracto, la garantía del capital 
social frente a sus acreedores, estableciendo la responsabilidad del socio que reembolsa 
su participación, pero hasta el límite del valor aportado, es decir, que el socio restituido 
se convierte automáticamente y sin necesidad de aceptación, en responsable de deudas 
ajenas, de ahí además la responsabilidad solidaria con la sociedad obligada principal. 
Solidaridad no obstante matizada por "el derecho de orden", de manera que primero se 
ha de constatar el incumplimiento de la sociedad para que la obligación sea exigible al 
socio, asemejándose su posición jurídica al régimen de la fianza,
Finalmente, es por ello que ha de darse en la inscripción del Acuerdo de reducción 
mediante  restitución,  "el  requisito  formal  de  la  inscripción  registrar  en  cuanto  a  la 
Identificación del socio o socios que reciben el valor de lo aportado, reforzando la 
protección del acreedor al poner a su disposición la información necesaria para hacer 
efectivo su derecho de crédito si se produce un incumplimiento por la sociedad".
Evidentemente  la  responsabilidad  del  socio,  no  variará  con  independencia  de 
cualquier declaración que al efecto se haga, más allá y menos que allá donde la 
establece  la  norma,  que  la  limita  al  valor  de  lo  aportado,  no  de  lo  percibido;  en 
consecuencia, carece de sentido establecer en la nota calificatoria recurrida, que en 
interés de los acreedores, no es suficiente o válida la declaración contenida en el 
Acuerdo respecto a la tutela de los acreedores y que en consecuencia debe hacerse 
además la reducción por la diferencia entre el importe devuelto al socio y el importe del 
valor nominal de las participaciones amortizadas (inferior al nominal) por una de las vías 
que además indica. La reducción, en el presente caso, no se hace con la finalidad de  s
equilibrar el patrimonio al capital; tampoco se hace con la finalidad de absorber las  oe.
pérdidas  acumuladas,  simplemente  tiene  un  fin  específico,  legalmente  válido  y  w.
reconocido como es la restitución a algunos de los socios, rigiéndose por las reglas del  00ww
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calificación  limitarse  en  este  aspecto  a  la  existencia  de  la  identificación  del  socio 
restituido según se ha apuntado, en virtud del principio de protección del acreedor 
existente.
La  reducción  de  capital,  necesariamente,  tratándose  de  una  reducción  de 
participaciones  concretas,  para  restitución,  solo  puede  realizarse  por  su  nominal  y 
exclusivamente respecto de las acciones que han de ser seguidamente amortizadas, con 
independencia de la compensación percibida por ellas, cuya fijación que se corresponde 
al Acuerdo de voluntades entre la sociedad y el socio y que dado que en el presente 
caso se trata de socio único, se simplifica el procedimiento del art° 338 y ss seguido en 
el Acuerdo, y que implícitamente supone una oferta de venta y una adquisición para 
amortización pactada en un precio preestablecido, que en el presente caso, consiste en 
la  entrega  de  unos  bienes  cuyo  valor  es  inferior  al  resultante  del  nominal  de  las 
participaciones objeto de amortización, no correspondiendo, repito, a la Registradora 
evaluar esta cuestión,
Se señala a efectos de lo manifestado, no solo las propias resoluciones citadas en la 
nota calificatoria, sino la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil y de bienes muebles XVIII de Madrid a inscribir la escritura de reducción del 
capital de una sociedad. (BOE Núm. 127, Lunes 29 de mayo de 2017 Sec. pág. 43686) 
que literalmente indica que "...este Centro Directivo ha entendido que dicha reserva debe 
constituirse  únicamente  por  un  importe  equivalente  al  valor  nominal  de  las 
participaciones amortizadas, pues, al referirse el artículo 332 al importe de lo 'percibido 
en concepto de restitución de la aportación social' como límite de la responsabilidad de 
los socios perceptores y corno 'quantum', de la reserva indisponible, no cabe sino 
entender que se refiere al importe equivalente al valor nominal de las participaciones 
amortizadas, toda vez que se trata de garantizar a los acreedores la existencia de una 
responsabilidad  o  vinculación  de  elementos  patrimoniales  equivalente  a  la  cifra  del 
capital  anterior  a  la  reducción  cualquiera  que  fuera  el  patrimonio  social  (vid.  la 
Resolución de 16 de noviembre de 2006)".»
IV
Mediante escrito de 19 de febrero de 2020 la registradora mercantil emitió informe y 
elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de derecho
Vistos los artículos 141.1, 144, 145, 146, 147, 148, 317, 318, 320, 322, 323, 328, 
329, 331, 332, 333, 338, 339, 340 y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital; 18 del 
Código de Comercio; 326 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 170.2 y 201 del Reglamento del 
Registro Mercantil; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 9 de enero de 1998, 27 de marzo de 2001, 24 de mayo de 2003, 25 de 
enero de 2011, 26 de abril de 2013, 16 de noviembre de 2015 y 22 de mayo de 2018.
1.  Por la escritura cuya calificación es objeto de este recurso se elevan a público 
las decisiones de la socia única de la sociedad «Barrio y Heredia, S.L.», unipersonal, en 
virtud  de  las  cuales  se  reduce  el  capital  social  en  973.373,59  euros  mediante  la 
adquisición y amortización de 161.959 participaciones sociales de 6,01 euro de valor 
nominal, por el precio de 790.197,96 euros que se paga mediante la transmisión a la  e.e
socia única de tres fincas propiedad de dicha sociedad que también se formaliza en la  b
misma escritura, en la que se añade que, respecto de la tutela de los acreedores de la  00ww
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de rLeasp roengsisatbraildidoarda  ssoulsidpaerniad eq ulae  idniscchroip acirótínc uslool iecsittaadbale pcoer. considerar que, al ser inferior el
importe  devuelto  al  socio  que  el  importe  del  valor  nominal  de  las  participaciones
amortizadas, la reducción del capital respecto de esa diferencia de cantidades debe 
hacerse por una de estas tres vías: reducción de capital por pérdidas (artículo 320 y 
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital), constitución de una reserva voluntaria o 
por constitución de la reserva indisponible de los artículos 332.2 de la Ley de Sociedades 
de Capital y 141 de la Ley de Sociedades de Capital), siendo éstas por la diferencia 
entre el importe del valor nominal que se reduce y el importe de la cantidad devuelta al 
socio, ninguna de las cuales ha sido utilizada en el presente supuesto.
2.  La cuestión planteada en el presente recurso ha sido abordada por este Centro 
Directivo en distintas ocasiones, construyendo una doctrina que conviene concretar y 
resumir en la presente resolución.
Para solventar este tipo de controversias, resulta fundamental contemplarlas desde 
la función de garantía que corresponde al capital social en las denominadas sociedades 
de capital, cometido que, como es sabido, se orienta a procurar la permanencia en la 
compañía de un patrimonio neto que no resulte inferior a la cifra de capital que conste en 
sus  estatutos.  Y  en  relación  con  esta  incumbencia,  debe  traerse  a  colación  la 
clasificación doctrinal que distingue entre reducciones de capital reales o efectivas y las 
calificadas de formales o nominales; las primeras son las que ocasionan una disminución 
del patrimonio vinculado, ya sea porque comporten una salida de elementos del activo 
(caso típico de la restitución de aportaciones), o porque se realicen mediante un traspaso 
de la cuenta de capital hacia otra u otras de patrimonio neto que recojan partidas 
sometidas, según la consideración legal, a una sujeción de menor intensidad, reservas 
libres o incluso con destino a una cuenta de pasivo; frente a ellas, las simplemente 
formales o nominales no comportan liberación de fondos vinculados, limitándose a la 
compensación de pérdidas efectivamente padecidas o a un mero trasvase contable 
desde la cuenta de capital hacia otra u otras de patrimonio neto que, conforme al criterio 
legal, gocen de una adscripción tuitiva semejante.
El  art.  317.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  presenta  un  catálogo  de 
modalidades  de  reducción  de  capital  en  atención  a  la  finalidad  de  las  mismas, 
observada con la perspectiva de su incidencia en las partidas contables que componen 
los recursos propios de la compañía. Las fórmulas que admite para la sociedad de 
responsabilidad  limitada,  aplicables  igualmente  a  la  sociedad  anónima,  son  las 
dirigidas: a) Al restablecimiento del equilibrio entre el capital y la cifra de recursos 
propios de la sociedad disminuida a consecuencia de pérdidas; b) A la dotación de la 
reserva legal; c) A la dotación de reservas voluntarias; y d) A la devolución a los socios 
del valor de sus aportaciones. La novedad más importante que introdujo este texto en el 
régimen  de  la  sociedad  de  responsabilidad  limitada  fue  la  eliminación  de  dudas 
existentes con anterioridad sobre la admisión de las reducciones para dotar la reserva 
legal  o  las  reservas  voluntarias,  métodos  cuya  viabilidad  estaba  reconocida  en  la 
sociedad  anónima.  Sin  embargo,  debe  añadirse  que  esa  enumeración  no  se 
corresponde con la asignación de un régimen jurídico específico a cada uno de sus 
elementos; como ha destacado la doctrina, junto a modalidades que cuentan con una 
regulación específica, como las destinadas a la compensación de pérdidas (arts. 320 
a 327 de la Ley de Sociedades de Capital), o a dotar la reserva legal (art. 328 de la 
misma ley), las dirigidas a la constitución o el aumento de reservas voluntarias no 
cuentan con una disciplina específica, y la regulación de las dirigidas a la restitución de 
aportaciones,  prototipo  de  las  reducciones  reales,  deja  fuera  del  supuesto 
normativamente acotado las potenciales combinaciones mediante las que se lleve a 
cabo una desvinculación de fondos afectos al capital sin una simultánea entrega de su  s
importe a los socios. oe.
3.  Para las reducciones efectivas, precisamente por la función de garantía asignada  w.
al capital, el legislador ha de adoptar mecanismos de protección de los acreedores  00ww
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personal y solidaria de los socios reembolsatarios por las deudas sociales anteriores a la 
reducción, por el «importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación 
social» y por el plazo de cinco años (art. 331); esta garantía solidaria quedará eliminada 
si, al acordarse la reducción, se dota una reserva indisponible por cinco años con cargo 
a beneficios o reservas libres por un importe igual al montante de la reducción, en los 
términos que resultan del artículo 332. Como régimen facultativo, el artículo 333 admite 
la posibilidad de introducir estatutariamente el sistema de oposición de los acreedores en 
términos parcialmente semejantes a los establecidos para las sociedades anónimas en 
el artículo 334.
Como se ha advertido, el sistema legal destinado a la protección de acreedores 
únicamente se adapta a las reducciones reales que se articulen mediante restitución de 
aportaciones y, además, para que dote de cobertura íntegra a la minoración sufrida por el 
capital, el valor de lo recibido por los socios ha de ser igual o superior al nominal de las 
participaciones amortizadas o de la disminución experimentada por el mismo. Ello es así 
porque, con arreglo al artículo 331.2, el nacimiento de la responsabilidad solidaria a 
cargo de los socios reembolsatarios tiene como presupuesto el ingreso en su patrimonio 
de algún activo en concepto de devolución, y como límite cuantitativo el importe de lo 
percibido «en concepto de restitución de la aportación social». En consecuencia, el 
régimen de responsabilidad solidaria de los socios deja huérfanos de protección a los 
acreedores cuando la reducción se realice mediante la dotación de reservas libres, y 
parcialmente desamparados cuando la cantidad percibida en concepto de restitución de 
la aportación fuera inferior a la minoración experimentada por la cifra de capital.
4.  Varios supuestos de reducción de capital por importe superior al percibido por los 
socios en concepto de restitución de aportaciones han sido examinados por este Centro 
Directivo (Resoluciones de 27 de marzo de 2001, 26 de abril de 2013 y 22 de mayo 
de 2018), y en todos ellos se ha rechazado la inscripción del correspondiente acuerdo 
social si la diferencia entre ambas magnitudes no encontraba amparo en la existencia de 
pérdidas, debidamente compensadas mediante una previa reducción de capital con 
observancia de los requisitos legales (arts. 320 a 327 de la Ley de Sociedades de 
Capital), o resultaba neutralizada mediante la dotación de una reserva.
La  reducción  de  capital  mediante  la  constitución  de  reservas  voluntarias  en  la 
sociedad de responsabilidad limitada fue analizada por primera vez en la Resolución 
de 24 de mayo de 2003, con referencia a la entonces vigente Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyo texto no contemplaba esta 
modalidad; pese al silencio legal sobre la materia, la postura de este Centro Directivo no 
fue la de excluirla de plano por tal razón, sino la de rechazarla en el caso concreto por 
falta de garantías para los acreedores sociales, admitiéndola por hipótesis cuando se 
dotara una reserva temporalmente indisponible en los términos que actualmente recoge 
el artículo 332 de la Ley de Sociedades de Capital, o bien cuando se hubiera previsto 
estatutariamente un derecho de oposición a favor de los acreedores sociales de forma 
análoga a la actualmente establecida en el artículo 333. Con posterioridad, la Resolución 
de 25 de enero de 2011, todavía con referencia a la Ley 2/1995, reconoció la validez de 
una  reducción  de  capital  con  la  finalidad  de  constituir  «una  reserva  voluntaria 
indisponible» durante cinco años, sin llevar a cabo restitución de aportaciones a los 
socios. Más recientemente, la Resolución de 16 de noviembre de 2015 rechazó la 
inscripción de la reducción de capital entonces analizada porque «a la reserva voluntaria 
constituida no se le ha atribuido carácter indisponible».
5.  Trasladadas las consideraciones anteriores al supuesto del presente recurso,  s
resulta patente la necesidad de su desestimación. La sociedad documenta un acuerdo  oe.
de reducción de capital por importe de 973.373,59 euros, y a la socia única se le  w.
restituyen 790.197,96 euros mediante la adquisición onerosa de sus participaciones.  00ww
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legal de protección de los acreedores sociales, aplicable si no existe previsión estatutaria 
facultativa de derecho de oposición conforme a lo establecido en el artículo 333 de la 
Ley.
Dado que la reducción de capital es de 973.373,59 euros y que la responsabilidad 
solidaria  de  la  socia  cuyas  participaciones  se  adquieren  únicamente  alcanza  a  la 
cantidad  percibida  por  ella  en  concepto  de  restitución  de  la  aportación,  es  decir, 
a 790.197,96 euros (art. 331.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se produce un déficit 
de  protección  de  los  acreedores  por  la  diferencia.  Para  que  pudiera  inscribirse  la 
reducción de capital así concebida sería preciso que la aludida diferencia se acogiera a 
cualquiera  de  los  sistemas  legalmente  previstos,  de  modo  que,  cumplimentada  la 
exigencia legal que corresponda, la reducción de capital se acomode a la previsión legal.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en los términos 
que resultan de los anteriores fundamentos de derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.