BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Martes 24 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 26750
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
4007 Resolución  de  23  de  marzo  de  2020,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y 
excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera 
efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como 
consecuencia del COVID-19.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 17 de marzo de 2020, ha aprobado el 
Acuerdo por el que se habilitan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del 
control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la 
Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.
Considerando  necesaria  su  publicidad  y  de  conformidad  con  el  certificado  del 
contenido  de  dicho  Acuerdo  emitido  por  la  Vicepresidenta  Primera  del  Gobierno  y 
Ministra  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática,  he 
resuelto ordenar la publicación de su contenido en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo 
efecto figura su texto como anexo a esta Resolución.
Madrid,  23  de  marzo  de  2020.–El  Interventor  General  de  la  Administración  del 
Estado, Pablo Arellano Pardo.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan 
medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión 
económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración 
del Estado como consecuencia del COVID-19
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional.
Con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación 
excepcional, resulta procedente adecuar al máximo los procedimientos de control de 
manera  que,  sin  dejar  de  garantizar  los  objetivos  que  este  persigue,  se  interfiera 
mínimamente  en  la  gestión  ordinaria,  sometida  ya  a  importantes  tensiones  por  la 
excepcionalidad de la situación.
En este mismo contexto, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID-19,  se  establecen  un  conjunto  de  medidas  orientadas  a 
asegurar  las  recomendaciones  de  aislamiento  social  previstas,  así  como  el 
aseguramiento de una adecuada prestación de los servicios básicos esenciales.
Entre ellas, en su artículo 7 se contemplan limitaciones a la libertad de circulación de 
personas, determinando complementariamente, en su disposición adicional tercera, la 
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos, en tanto en  e
cuanto mantenga vigencia el mencionado estado de alarma. bo
La  situación  generada  por  la  evolución  del  COVID-19  lleva  a  la  necesidad  de  07ww
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Esta modalidad de control tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, 
todos los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o 
a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la 
inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 148 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y su normativa de desarrollo.
El artículo 149 de la Ley General Presupuestaria contempla la posibilidad de que el 
Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del 
Estado,  pueda  acordar  de  forma  motivada  la  aplicación  del  control  financiero 
permanente, en sustitución de la función interventora respecto de los actos realizados 
por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en aquellos tipos de expedientes 
de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos que se determinen, o respecto 
de  toda  la  actividad  del  organismo  o  de  algunas  áreas  de  gestión,  en  aquellos 
organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique.
La situación y efectos derivados del COVID-19 llevan a la necesidad de contemplar, 
de  forma  temporal  y  excepcional,  la  implementación  de  la  previsión  anteriormente 
referida.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 149 de la 
Ley General Presupuestaria, a propuesta de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por conducto de la Ministra de Hacienda, el Consejo de Ministros, en su 
reunión de 17 de marzo de 2020, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
Primero.
Hasta  que  el  normal  funcionamiento  de  los  servicios  sea  restablecido,  podrá 
aplicarse  el  régimen  de  control  financiero  permanente  en  sustitución  de  la  función 
interventora, respecto al ámbito previsto en el artículo 149.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre,  General  Presupuestaria,  en  aquellos  tipos  de  expedientes  de  gasto, 
actividades, áreas de gestión y, en su caso, en aquellos órganos y organismos, que se 
determine por el Interventor General de la Administración del Estado, como órgano de 
control de la gestión económico-financiera del sector público estatal, conforme a lo 
establecido en el presente Acuerdo.
Segundo.
La efectividad del inicio de dicha sustitución se acordará mediante resolución del 
Interventor General de la Administración del Estado, de oficio o a iniciativa motivada de 
sus  Interventores  delegados  en  los  respectivos  órganos  y  organismos,  o  de  los 
Interventores generales de la Defensa y de la Seguridad Social en sus respectivos 
ámbitos. La citada resolución determinará el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la 
sustitución, todo ello con el fin de que afecte sólo a aquellos supuestos en los que sea 
imprescindible, concretando los tipos de expedientes de gasto, actividades, áreas de 
gestión y, en su caso, órganos y organismos en los que la función interventora se 
sustituye temporalmente por el control financiero permanente.
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Estado».
De las resoluciones que se adopten se dará cuenta al Consejo de Ministros.
Cuarto.
Las resoluciones acordadas mantendrán su vigencia y efectos a lo largo de todo el 
período  durante  el  que  se  extienda  la  situación  de  excepcionalidad  que  motiva  la 
adopción del presente acuerdo determinada por las autoridades competentes, salvo que 
en las mismas se determine un ámbito temporal inferior.
Restablecido el normal funcionamiento de los servicios, el Interventor General de la 
Administración  del  Estado  acordará  mediante  resolución  el  restablecimiento  de  la 
aplicación de la función interventora para los tipos de expedientes de gasto, actividades, 
áreas de gestión y, en su caso, órganos y organismos que, en su caso, se hayan visto 
afectados por estas medidas.
Quinto.
Las medidas del presente acuerdo surtirán efectos desde la fecha de su adopción 
por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».