BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7615
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1109 Sala Segunda. Sentencia 177/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 506-2015. Promovido por don Julián Vizcaíno García respecto de las 
resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción  de  inocencia:  STC  125/2019  (denegación  de  indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:177
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 506-2015, interpuesto por don Julián Vizcaíno García, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Marta Aldea Fábrega y asistido 
por el letrado don David Vidal Torres, contra la sentencia de 22 de julio de 2014, de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 684-2013, que fue interpuesto 
contra  la  desestimación  presunta  del  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
resolución del secretario de Estado de Justicia, de 25 de septiembre de 2012, por la que 
se deniega la indemnización solicitada en concepto de responsabilidad patrimonial del 
Estado por prisión provisional seguida de absolución; y contra el auto de fecha 4 de 
noviembre de 2014, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto 
contra la indicada sentencia. Han intervenido el abogado del Estado y el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 28 de enero 
de  2015,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Marta  Aldea  Fábrega,  en  la 
representación indicada y asistida por el abogado don David Vidal Torres, interpuso 
recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: es
a)  El demandante de amparo estuvo en situación de prisión provisional entre los  w.
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apartado 1.10 del fundamento jurídico primero de esa resolución, «la prueba practicada 
en el acto del juicio oral no permite afirmar con la certeza que requiere el respeto al 
principio in dubio pro reo que Julián Vizcaíno [...] tuviera conocimiento de esa finalidad 
ilícita al constituir la sociedad e iniciar su relación comercial con [...]. Dicha finalidad ilícita 
podrá estimarse acreditada en quien llevó a Julián a formar la sociedad, pero no en el 
citado  acusado  a  quien,  por  tanto  y  por  imperativo  del  principio  in  dubio  pro  reo, 
procederá absolver del delito contra la salud pública de que era acusado».
b)  Por el tiempo que estuvo en situación de prisión provisional, el demandante de 
amparo  presentó  ante  el  Ministerio  de  Justicia  reclamación  indemnizatoria  por 
responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo del artículo 294.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), por importe de 83 600 €. Por resolución del 
secretario de Estado de Justicia (por delegación del ministro de Justicia), de fecha 25 de 
septiembre de 2012, la reclamación fue desestimada, de conformidad con el dictamen 
del Consejo de Estado. Principalmente, el motivo de la denegación fue que la absolución 
no se fundó en la inexistencia objetiva del hecho imputado, sino en la insuficiencia de la 
prueba. El recurrente de amparo formuló recurso de reposición contra el acto que 
rechazó su petición, que fue desestimado expresamente por resolución de fecha 21 de 
junio de 2013.
c)  En fecha 29 de mayo de 2013, el demandante interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación presunta del recurso de reposición a que se ha 
hecho mención, que fue registrado con el núm. 684-2013 de la Sección Tercera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional.  Por  sentencia  de 
fecha 22 de julio de 2014, el referido recurso fue desestimado. En síntesis, el órgano 
judicial aplicó al caso la doctrina establecida en la STS de 23 de noviembre de 2010, que 
circunscribe  la  aplicación  del  artículo  294.1  LOPJ  a  los  supuestos  de  inexistencia 
objetiva del hecho. Por tanto, como la sentencia penal absolvió al recurrente por un 
motivo diferente, se apreció que no concurría el presupuesto antes mencionado.
d)  Promovido incidente de nulidad de actuaciones frente a la indicada sentencia, 
este fue desestimado por auto de fecha 4 de noviembre de 2014. En esa resolución se 
rechaza la alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la 
presunción de inocencia; y en relación con este último derecho, en el fundamento 
jurídico único se expone lo siguiente: «[e]n el actual proceso, y sin poner en tela de juicio 
en modo alguno aquel derecho a la presunción de inocencia, se ha tratado de verificar si 
concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, y la sentencia de esta Sala ha llegado a una conclusión 
negativa en función de la actual configuración de dicha institución en el Derecho interno 
español, cuya conclusión no implica que se empañe o enturbie aquel derecho a la 
presunción de inocencia [...]».
3.  En la demanda de amparo, el recurrente denuncia la vulneración de su derecho 
a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 
CE). En síntesis, critica la aplicación al caso de la doctrina que ha dado lugar al rechazo 
de sus reclamación por la no acreditación de la inexistencia objetiva del hecho imputado, 
pues afirma que en la sentencia penal quedó acreditada su inocencia, de suerte que 
resulta aplicable al caso la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 
de  13  de  julio  de  2010,  asunto  Tendam  c.  España),  favorable  a  conceder 
indemnizaciones para casos como el presente, que a sensu contrario se ha aplicado 
para desestimar su pretensión. Por ello, alega que «entendemos vulnerado, no solo ya el 
artículo 24 y siguientes de nuestro Texto Supremo, sino el artículo 6.2 del Convenio  e.
Europeo  de  Derechos  Humanos,  que  establece  el  derecho  de  toda  persona  a  la  w.b
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Constitucional (LOTC)], ya que la posible vulneración denunciada pudiera provenir de la 
ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  LOTC,  se  acordó  dirigir  atenta 
comunicación al Ministerio de Justicia a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
expediente de responsabilidad patrimonial del Estado núm. 686-2011. Asimismo, se 
dispuso solicitar de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 
684-2013; debiendo previamente emplazar, para que en el plazo de diez días puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5.  En virtud de escrito presentado el día 3 de febrero de 2020 en el registro de este 
tribunal, el abogado del Estado solicitó que se le tuviera por parte personada en el 
procedimiento, lo que así se acordó por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2020. 
En la misma diligencia se resolvió también dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal para que, en un plazo común de veinte días, formularan 
las  alegaciones  que  estimaran  pertinentes  a  su  derecho,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 52.1 LOTC.
6.  Por escrito registrado en este tribunal el día 30 de julio de 2020, el Ministerio 
Fiscal presentó sus alegaciones. Tras compendiar los antecedentes de hecho relevantes 
y reflejar los derechos fundamentales que el recurrente invoca, a saber tutela judicial 
efectiva  (artículo  24.1  CE)  y  presunción  de  inocencia  (artículo  24.2  CE  y  6.2  del 
Convenio europeo de derechos humanos), trae a colación la doctrina establecida por el 
Pleno de este tribunal en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de 
octubre, en los que se determinaron los efectos que sobre el recurso de amparo debía 
producir la STC 85/2019, que declaró la inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia 
del hecho imputado» y «por esta misma causa» del artículo 294.1 LOPJ y se concretó el 
alcance que la estimación del amparo debía producir. En consecuencia, el fiscal estima 
que procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a que la decisión 
sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, de 
acuerdo con las exigencias constitucionales del artículo 14 CE y del artículo 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Por último sostiene que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha 
de inconstitucionalidad, cabría entender que cuando el proceso penal concluya con un 
pronunciamiento de absolución o de sobreseimiento libre procederá la indemnización, no 
obstante señala que de lo establecido en la STC 85/2019 no se desprende, por sí solo, 
que el derecho a la indemnización sea automático, en tanto se acredite por el solicitante 
el tiempo pasado en prisión. Sobre ese aspecto, refiere que deberán aplicarse los 
criterios propios del Derecho general de daños (como puede ser la compensatio lucri 
cum  damno  o  la  relevancia  causal  de  la  conducta  de  la  propia  víctima).  Por  ello, 
«también en el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o 
incluso  rechazo  total  o  parcial  tomando  en  cuenta  las  particulares  circunstancias 
concurrentes  que  podrán  valorar  las  autoridades  administrativas  y,  en  su  caso, 
judiciales».
Por  todo  lo  expuesto,  el  fiscal  interesa  que  se  declare  vulnerado  el  derecho 
fundamental a la presunción de inocencia del recurrente (artículo 24.2 CE); que se  e
anulen las resoluciones judiciales y administrativas que denegaron la pretensión del  bo
demandante; y que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al dictado de la  w
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derecho fundamental vulnerado.
7.  Por escrito presentado el 10 de septiembre de 2020, formuló sus alegaciones el 
abogado del Estado. Tras resumir los antecedentes que consideró relevantes, trae a 
colación la STC 85/2019, de 19 de junio, que declaró la inconstitucionalidad de los 
incisos  «por  inexistencia  del  hecho  imputado»  y  «por  esta  misma  causa»  del 
artículo 294.1 LOPJ. No obstante, señala que dicha sentencia deja incólume el inciso 
«siempre que se le hayan irrogado perjuicios» contenido en el mismo precepto. De esta 
constatación, deduce que la sola acreditación del tiempo pasado en prisión preventiva –
seguida de absolución– no genera un derecho automático al resarcimiento, pues el 
interesado ha de probar los supuestos daños acaecidos, más allá solo del hecho de 
haber padecido prisión por un tiempo determinado, «de acuerdo con la aplicación de 
criterios propios del Derecho general de daños», conforme a los criterios asentados en el 
fundamento jurídico 13 de la indicada sentencia.
En aplicación de este criterio, entiende el abogado del Estado que, en el presente 
caso, el recurrente solicita una indemnización, pero no acredita la hipotética correlación 
de los daños sufridos con la cantidad específica y concreta en la que los valora, pues se 
limita a pedir una cantidad en abstracto. Sostiene que la eventual fijación de esos daños 
debe  hacerse  en  un  procedimiento  autónomo,  estrictamente  sujeto  a  las  reglas 
sustantivas y procesales del Derecho de daños, no «vicarial o seguidista del previo 
proceso penal habido». Añade que a este tribunal no le corresponde «la determinación y 
valoración de la suficiencia de la prueba y de liquidación de los eventuales daños; 
máxime en tanto que en el caso concreto no se han acreditado debidamente».
Por todo lo expuesto, interesa que, «en lo que se refiere la demanda a la alegada 
vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  [...]  dicte  ese  Tribunal 
Constitucional una sentencia conforme a Derecho». Y subsidiariamente, para el caso de 
que la sentencia que se dictase fuera de carácter estimatorio del amparo formulado, 
solicita que se ordene «la retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de que, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce 
procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran 
podido llegar a producir».
8.  El demandante de amparo formuló sus alegaciones en fecha 22 de noviembre 
de 2020. En esencia, da por reproducido en este trámite los extremos relatados en el 
escrito de demanda.
9.  Por providencia de fecha 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo se dirige contra las resoluciones que se indican a continuación: 
la sentencia de 22 de julio de 2014, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-
administrativo núm. 684-2013, que fue interpuesto contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición (ulteriormente resuelto por resolución del secretario de Estado de 
Justicia, de 21 de junio de 2013), que fue interpuesto contra la resolución del secretario 
de  Estado  de  Justicia,  de  25  de  septiembre  de  2012,  por  la  que  se  denegó  la 
indemnización solicitada por el demandante, en concepto de responsabilidad patrimonial  es
del Estado por prisión provisional seguida de absolución; y el auto de fecha 4 de  o
noviembre de 2014, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto  w
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de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos
debemos  remitirnos.  En  concreto,  en  el  fundamento  jurídico  4  se  determinaron  los 
efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los 
incisos  «por  inexistencia  del  hecho  imputado»  y  «por  esta  misma  causa»  del 
artículo 294.1 LOPJ por la STC 85/2019, de 19 de junio, para concluir que procede 
otorgar el amparo en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha 
normativa  –a  la  que  atendieron  los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar 
entonces vigente– materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del 
derecho a la presunción de inocencia (artículos 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la 
norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, se estima el presente recurso de amparo por la vulneración de los 
derechos a la igualdad (artículo 14 CE) y a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE), 
reconociendo  el  derecho  del  recurrente  a  que  la  decisión  sobre  su  solicitud  de 
indemnización  se  adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios  rectores,  de  acuerdo  con  las 
exigencias  constitucionales  de  los  artículos  14  y  24.2  CE  señaladas  en  las 
SSTC 85/2019 y 125/2019. A su vez, procede acordar nulidad de las dos resoluciones 
judiciales impugnadas y de las resoluciones del secretario de Estado de Justicia que 
denegaron la indemnización, de 25 de septiembre de 2012 y de 21 de junio de 2013, 
para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a lo 
establecido en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Julián Vizcaíno García, por 
vulneración  de  sus  derechos  fundamentales  a  la  igualdad  (artículo  14  CE)  y  a  la 
presunción de inocencia (artículo 24.2 CE).
2.º  Declarar la nulidad la sentencia de 22 de julio de 2014 de la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desestimatoria del 
recurso contencioso-administrativo núm. 684-2013; del auto de fecha 4 de noviembre 
de 2014, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la 
indicada sentencia; y de las resoluciones del secretario de Estado de Justicia, de 25 de 
septiembre de 2012 y de 21 de junio de 2013, por las que se deniega la indemnización 
solicitada por el demandante, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por 
prisión provisional seguida de absolución.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa de 25 de septiembre de 2012 citada, para que se resuelva la reclamación 
de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales 
vulnerados,  en  los  términos  establecidos  en  el  fundamento  jurídico  único  de  esta 
resolución.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. es
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