BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334 Miércoles 23 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 118841
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
16837 Real  Decreto  1158/2020,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones para el desarrollo de planes piloto de 
fomento de la adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, 
equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en los términos 
municipales de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San 
Pedro del Pinatar (Murcia).
El área conocida como el Campo de Cartagena en Murcia es una llanura con suave 
pendiente hacia el este, que está rodeada por sierras de mediana altitud pero fuertes 
pendientes que le confieren un índice de torrencialidad alto, al que se añade un régimen 
pluviométrico con precipitaciones escasas, esporádicas, pero muy intensas.
Una larga historia de modificación antrópica del paisaje, vinculada a la agricultura y el 
urbanismo, ha incrementado la vulnerabilidad de los municipios del entorno ante el 
riesgo  de  inundación,  y  en  especial  de  Los  Alcázares,  San  Javier,  Torre-Pacheco, 
Cartagena y San Pedro del Pinatar (Murcia). Esta situación se ve agravada por los 
fenómenos naturales como las DANAs (depresión aislada en niveles altos), y la mayor 
frecuencia de este tipo de eventos debido al cambio climático.
En este sentido, la zona ha sufrido recientemente varios episodios de inundación que han 
generado cuantiosos daños materiales y económicos; así por ejemplo en octubre de 2000, 
septiembre de 2009, diciembre de 2016, septiembre y diciembre de 2019 y en enero y marzo 
de 2020 se han producido inundaciones significativas en la zona, siendo los más recientes:
El 18 de diciembre de 2016, las lluvias torrenciales generaron una grave inundación, 
en especial en Los Alcázares. Los importantes volúmenes de agua acumulados desde 
finales de noviembre habían mermado la capacidad de absorción del suelo, que se 
encontraba  relativamente  saturado,  y  la  escorrentía  fluyó  superficialmente  hasta  la 
localidad. El cauce de la rambla de La Maraña se encuentra en la actualidad difuminado. 
Adicionalmente, diversas infraestructuras lineales contribuyeron a alterar el curso del 
agua: la capacidad del canal de drenaje D-7, que transcurre perpendicular a las ramblas, 
se vio superada; los embalsamientos generados en la autovía AP-7 provocaron cursos 
con gran energía a través de pasos subterráneos y diversos muros de contención cuya 
altura o capacidad resistente se vieron sobrepasadas aumentaron la virulencia del evento.
El 12 de septiembre de 2019, se produjo la entrada de una DANA que desencadenó 
un  episodio  excepcional  de  lluvias,  en  la  que  se  llegaron  a  alcanzar  valores  de 
precipitación acumulada del orden del período de retorno de 500 años e incluso de 1000 
años. El evento afectó gravemente a toda la zona, y en especial a los edificios públicos 
del  entorno,  como  polideportivos,  bibliotecas  municipales  y  diversos  centros  de 
enseñanza,  junto  con  un  grandísimo  número  de  viviendas,  locales  comerciales  e 
instalaciones industriales.
El 20 de diciembre de 2019, las intensas precipitaciones registradas en la zona del 
Campo de Cartagena provocaron destrozos en instalaciones agrarias y cultivos. Los  e.e
Alcázares se vio afectado por dicha intensidad, sumándole los aportes de las ramblas de  b
San Cayetano y La Maraña que provocaron inundaciones en los viales urbanos. Se  837ww
psero vdiuejroa nu na fdeecstaadloajso. voluntario de 100 personas ante la posibilidad de que sus viviendas
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significativas,  al  igual  que  el  24  de  marzo  de  2020,  donde  se  llegaron  a  registrar 
hasta 154 litros por metro cuadrado en 24 horas.
A partir de la aprobación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, se han elaborado y aprobado los planes de gestión del riesgo de inundación, 
que tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones 
públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, 
basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe 
aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.
Los trabajos de esta Directiva se fundamentan en tres fases; la primera, la evaluación 
preliminar  de  gestión  del  riesgo  de  inundación,  que  selecciona  las  áreas  de  riesgo 
potencial significativo de inundación (ARPSIs) en las que se realizan posteriormente los 
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, para después elaborar los planes de 
gestión del riesgo de inundación, proceso cíclico que se revisa y actualiza cada seis años.
En este sentido, el Plan de gestión del riesgo de inundación de la cuenca del Segura 
fue aprobado por el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero (BOE n.º 19, de 22 de enero 
de  2016),  disponiendo,  entre  otros  objetivos,  el  de  fomentar  la  preparación  y  la 
adaptación al riesgo de inundación de todos los bienes situados en las zonas inundables.
De  este  modo,  y  de  acuerdo  con  el  apartado  1  del  artículo  21  del  Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de Inundación, la 
Confederación Hidrográfica del Segura ha llevado a cabo la revisión y actualización de la 
evaluación  preliminar  del  riesgo  de  inundación,  aprobada  mediante  Resolución  del 
Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 27 de mayo de 2019. Igualmente se han 
actualizados los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de estas zonas, que han 
sido  aprobados  por  el  Comité  de  autoridades  competentes  de  la  Demarcación 
Hidrográfica del Segura con fecha 12 de febrero de 2020.
Tomando  como  base  los  mapas  de  peligrosidad  y  riesgo  de  inundación  ya 
elaborados, se estima que más de 90.000 personas viven en zonas inundables en la 
zona. Asimismo, recientemente se han visto afectados numerosos edificios públicos, 
incluso  los  mismos  edificios  de  varios  ayuntamientos,  como  el  de  Los  Alcázares, 
gravemente  afectado  por  las  inundaciones  de  2016  y  2019,  cuya  situación  es 
especialmente grave, ya que la probabilidad de inundación de este Ayuntamiento de 
acuerdo con los mapas existentes es del 10 % cada año, lo que se confirma con las 
reiteradas  inundaciones  que  ha  sufrido  en  los  últimos  años.  Entre  los  elementos 
vulnerables de estos municipios se encuentran, además, centros de salud, instalaciones 
o residencias de personas mayores, polideportivos, así como elementos fundamentales 
en la gestión del riesgo, como comisarías de policía y guardia civil, entre otros.
Como indicador de la magnitud del riesgo de inundación existente en la comarca del 
Campo de Cartagena se puede utilizar la cifra total de indemnizaciones pagadas por el 
Consorcio de Compensación de Seguros, desde el año 2005 al 2019, que asciende a 
más de 180 millones de euros en los términos municipales objeto de este real decreto.
El 45 % de estas indemnizaciones han sido pagadas en Los Alcázares, el 22 % en 
San Javier, el 16 % en Torre-Pacheco, el 13 % en Cartagena y el 4 % en San Pedro del 
Pinatar, de forma que estos cinco municipios recogen el 96 % de las indemnizaciones 
pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en toda la comarca del Campo 
de Cartagena.
Este indicador refleja la virulencia de las inundaciones en la zona, y en especial en 
estos cinco términos municipales, y la necesidad de incrementar la resiliencia del sistema  e.
y  disminuir  la  vulnerabilidad  de  las  edificaciones  existentes,  tanto  públicas  como  w.b
privadas, como plan piloto de actuación, que emana de los contenidos del Plan de  837ww
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el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas:  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En este sentido, el principio de necesidad 
tiene su razón de ser en el interés general de garantizar la seguridad de las personas, el 
medio  ambiente  y  los  bienes,  cuyo  cumplimiento  redundará  en  una  garantía  de 
seguridad para todos los ciudadanos. Como se ha expuesto, la necesidad es evidente, 
dado que los elevados daños que causan las inundaciones en los términos municipales 
de  Los  Alcázares,  San  Javier,  Torre-Pacheco,  Cartagena  y  San  Pedro  del  Pinatar 
(Murcia) justifican la necesidad de poner en marcha acciones de adaptación al riesgo de 
inundación, invirtiendo en incrementar la resiliencia de estos municipios y fomentar la 
adaptación y preparación, puesto que concentran un elevado riesgo de inundación de 
acuerdo con los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación ya elaborados, lo cual se 
corrobora  por  ser  los  municipios  en  los  que  las  indemnizaciones  pagadas  por  el 
Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  para  la  reparación  de  daños  tras  las 
inundaciones son más elevadas. Con estas subvenciones se estima que podrán ser 
adaptados al riesgo de inundación más de 30 edificios públicos en la zona y más de 400 
viviendas y locales comerciales, minimizando los daños que causan las inundaciones y 
fomentado la adaptación al cambio climático, de forma que se inviertan los presupuestos 
en prevención en lugar de en reparación de daños tras los episodios de inundación.
Por su parte, el principio de eficacia se cumple con la aprobación de dicha norma 
mediante real decreto, al ser el instrumento adecuado para ello, estando previsto de esta 
forma en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
dispone que el Consejo de Ministros aprobará por real decreto, a propuesta del Ministro 
competente  y  previo  informe  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  las  normas 
especiales reguladoras de las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del 
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estando 
por  lo  tanto  esta  iniciativa  normativa  justificada  por  una  evidente  razón  de  interés 
general,  basándose  en  una  identificación  clara  de  los  fines  perseguidos  y  ser  el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
Asimismo,  se  cumple  el  principio  de  proporcionalidad,  dado  que  las  ayudas 
propuestas en este real decreto son las necesarias para cumplir con las condiciones 
jurídicas y técnicas establecidas en la normativa. En este sentido, y en virtud del principio 
de proporcionalidad, este real decreto contiene únicamente la regulación imprescindible 
para atender la necesidad de poner en práctica estos proyectos de adaptación al riesgo 
de  inundación  y  conseguir,  además,  una  adecuada  justificación  de  los  trabajos 
ejecutados por los beneficiarios, sin incluir ninguna medida restrictiva de derechos, o 
imponer más obligaciones a los destinatarios que las adecuadas para la justificación de 
los  trabajos,  permitiendo  además  dedicar  parte  de  la  cuantía  económica  para  la 
contratación de personal técnico de asesoría.
Respecto al principio de seguridad jurídica, es necesario destacar que el presente 
real decreto sigue lo expuesto en la normativa existente a tal efecto, siendo acorde a la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación 
y toma de decisiones de las personas, administraciones y empresas que participen en 
los trabajos emanados del mismo. s
En  relación  al  principio  de  transparencia,  como  ya  se  ha  señalado,  durante  la  oe.
elaboración del proyecto la norma se ha sometido al proceso de información previsto en  w.
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Respecto al trámite de audiencia pública previa  837ww
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obligaciones relevantes a los destinatarios, si no que les concede una ayuda de la que 
se verán beneficiados.
Por último, respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de la presente 
norma, si bien se produce un incremento de las cargas administrativas de aquellos 
beneficiarios de la misma, éstas son compensadas notablemente con el beneficio que 
obtendrán al incrementarse la seguridad de las personas y disminuir los daños que 
producen las inundaciones en sus bienes, suponiendo el mínimo coste imprescindible 
para ello, lo que permite poner en marcha un ambicioso conjunto de medidas para evitar 
daños  por  inundaciones,  pérdidas  económicas,  compensaciones  y  ayudas  a  la 
recuperación de los daños, invirtiendo de esta forma en labores de prevención en vez de 
recuperación tras un episodio de inundación.
Desde  el  punto  de  vista  de  la  distribución  competencial  entre  el  Estado  y  las 
comunidades autónomas, el presente real decreto se fundamenta en la regla 13.ª del 
artículo  149.1  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.
Este real decreto se establece como un programa piloto de acción, que, a la vista de 
los resultados del mismo, podrá en un futuro ampliarse a otros ámbitos territoriales 
afectados por las inundaciones y el impacto del cambio climático.
Este real decreto se ha sometido al trámite de información pública previsto en el 
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, así como a informe de la Abogacía 
del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el informe del Ministerio de Hacienda, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre 
de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
para el desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación al riesgo de inundación 
de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en los 
términos municipales de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San 
Pedro del Pinatar (Murcia), con carácter excepcional de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.
2.  La finalidad de estas ayudas es adaptar al riesgo de inundación un conjunto de 
edificaciones, equipamientos urbanos y otro tipo de instalaciones o explotaciones de 
carácter industrial, agrícola o ganadero en los términos municipales indicados, de forma 
que se minimicen los daños que producen las inundaciones.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto y las 
resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y  e.e
concurrencia y supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  b
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015,  837ww
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  Serán  beneficiarios  directos  de  estas  subvenciones  los  siguientes 
ayuntamientos:
a)  Ayuntamiento de Los Alcázares,
b)  Ayuntamiento de San Javier,
c)  Ayuntamiento de Torre-Pacheco,
d)  Ayuntamiento de Cartagena,
e)  Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
que deberán destinar el importe de las mismas según se establece en el apartado 
siguiente. Dichas entidades deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en especial los específicos contenidos en el capítulo II.
2.  Podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas personas físicas y jurídicas que 
lleven a cabo obras y actuaciones que tengan por objeto la adaptación al riesgo de 
inundación de equipamientos y edificaciones en el ámbito privado de forma que se 
minimicen los daños que producen las inundaciones.
Artículo 4.  Actuaciones a financiar.
1.  Las actuaciones a financiar deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estas ayudas irán destinadas a la adquisición de equipamientos o materiales 
tales  como  barreras  temporales  o  permanentes,  bombas  de  achique,  válvulas 
antirretorno y otros elementos y a la ejecución de obras tales como impermeabilización o 
rediseño de fachadas, construcción o mejora de muros perimetrales, protección o sellado 
de huecos (ventanas, rejillas de ventilación, patinillos de instalaciones...), protección o 
traslado  de  instalaciones  vulnerables  (cuadros  eléctricos,  calderas,  depósitos  de 
combustible…) y otras obras que permitan mejorar la adaptación al riesgo de inundación 
de los equipamientos y edificaciones existentes e incrementar su resiliencia. No podrán 
de beneficiarse de la subvención aquellas obras o actuaciones que estén destinadas a 
reparaciones  o  mejoras  de  edificaciones  que  no  tengan  relación  directa  con  la 
adaptación al riesgo de inundación de la edificación.
b)  Los ayuntamientos destinarán hasta un máximo del 40 % del importe total de 
esta subvención en su término municipal para realizar las obras necesarias que permitan 
la  adaptación  al  riesgo  de  inundación  de  los  edificios  y  equipamientos  básicos  de 
titularidad pública existentes en sus términos municipales, de forma que se minimicen los 
daños que producen las inundaciones en los bienes públicos existentes.
c)  Igualmente, los ayuntamientos deberán realizar una convocatoria de concurrencia 
competitiva, que, rigiéndose por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea, tenga por 
objeto la adaptación al riesgo de inundación de equipamientos y edificaciones en el ámbito 
privado de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones, para lo cual 
destinarán al menos un 50 % de la subvención total a su término municipal.
d)  Los ayuntamientos podrán destinar también hasta un 10 % del importe total de esta 
subvención en su término municipal para la contratación de personal técnico que permita el 
asesoramiento y capacitación a los eventuales beneficiarios en el diseño e implementación 
de las actuaciones propuestas y la coordinación de la preparación de la documentación 
justificativa de las subvenciones establecida en el artículo 8 de este real decreto. e.e
e)  Para el cálculo de las ayudas, los ayuntamientos tendrán en cuenta los costes  b
incurridos por los beneficiarios para la adaptación al riesgo de inundación según las  837ww
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este real decreto adicionalmente las actuaciones de adaptación al riesgo de inundación 
que se hayan realizado en los doce meses anteriores a la aprobación del mismo.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en el artículo 1 quedarán sujetos 
a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante 
para  que  el  órgano  concedente  obtenga  de  forma  directa  la  acreditación  de  las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados 
telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
reglamento.
Artículo 6.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, 
atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha 
de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público 
que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.
2.  La concesión de estas subvenciones se instrumentará mediante Resolución de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 7.  Cuantía, financiación y compatibilidad.
1.  El importe total de las subvenciones contenidas en este real decreto asciende a 
tres  millones  de  euros  (3.000.000),  distribuidos  entre  las  entidades  beneficiarias 
correspondiendo a cada una de ellas los siguientes importes:
a)  Al Ayuntamiento de Los Alcázares, 1.300.000 euros.
b)  Al Ayuntamiento de San Javier, 600.000 euros.
c)  Al Ayuntamiento de Torre-Pacheco, 500.000 euros.
d)  Al Ayuntamiento de Cartagena, 400.000 euros.
e)  Al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, 200.000 euros.
2.  El importe de la subvención prevista se abonará con cargo al presupuesto de 
gastos de la Dirección General del Agua previsto en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2020, aplicación presupuestaria 23.05.452A 461. Dicha aplicación presupuestaria de 
nueva creación se habilitará tras la aprobación del presente real decreto, en aplicación del 
artículo  67.4  del  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.  Esta aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualquier administración pública, de otros entes públicos o 
privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales que obtenga la entidad  e
beneficiaria para la misma o similar finalidad. bo
Artíc1u. lo L8a. s Rsuébgvimenecni odnee ps asgeo  ayb juosntaifriácanc cióonn. carácter anticipado para la financiación de
las actuaciones referidas en el artículo 4 de este real decreto, de conformidad con el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Bc
El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  La presentación de la justificación de esta subvención por los ayuntamientos de Los 
Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar se realizará ante la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la 
finalización del plazo de ejecución previsto en el artículo 4 de este real decreto.
3.  En atención a la naturaleza de la presente subvención, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los ayuntamientos 
justificarán estas ayudas a través de cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gasto, que contendrá los requisitos previstos en el artículo 72 del citado real decreto.
4.  Igualmente, estos ayuntamientos deberán comunicar a la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente los procedimientos de reintegro que pueda iniciar, al amparo de lo 
previsto en la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, en los 
expedientes de concesión de las ayudas previstas en este real decreto y devolver los 
importes reclamados en los mismos, con independencia de su efectiva satisfacción por el 
beneficiario de sus ayudas, una vez que la correspondiente resolución de reintegro 
adquiera firmeza. Todo ello en los términos y plazos que se especifique en la resolución 
de concesión prevista en el artículo 6 de este real decreto.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título II del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El  órgano  competente  para  exigir  el  reintegro  de  la  subvención  concedida  es  la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Artículo 10.  Publicidad.
Conforme  al  artículo  28.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y el artículo 31.1 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, los beneficiarios de estas ayudas, para dar la adecuada publicidad al carácter público 
de la financiación de las actuaciones derivadas de este real decreto deberán incluir en cada 
edificación o instalación adaptada al riesgo de inundación una placa que cite el presente real 
decreto e incluya la imagen corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Igualmente deberá citarse este real decreto en las convocatorias que realicen los 
citados  ayuntamientos,  que  deberán  igualmente  incluir  referencias  al  mismo  en  la 
documentación electrónica que preparen en los portales de internet municipales.
Igualmente, serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el 
artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. es
Artículo 11.  Régimen sancionador. 837ww
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Disposición adicional única.  Operaciones de cierre de ejercicio.
La tramitación presupuestaria del expediente correspondiente a la subvención queda 
exceptuada en todas sus fases de los plazos para envío a fiscalización previa previstos 
en la Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones 
de  cierre  del  ejercicio  2020  relativas  al  presupuesto  de  gastos  y  operaciones  no 
presupuestarias.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como 
al amparo de lo dispuesto en la regla 29.ª que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de seguridad pública.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico podrá adoptar, en el 
ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ