BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Sábado 7 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 97245
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
13599 Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Almería, para la constitución de la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Almería.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería, en fecha 30 de julio de 2021, 
Convenio para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Almería, que 
figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 30 de julio de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería, para la constitución 
de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Almería
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, de acuerdo 
con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 61 
letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 
de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA 
Extraordinario núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en ejercicio de las facultades 
que le vienen conferidas por Decreto del Presidente 2/2019, de 22 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, don Javier Aureliano García Molina, Presidente de la Diputación Provincial 
de Almería, que tomó posesión del cargo el 15 de julio de 2019, y en uso de la 
competencia atribuida por el artículo 34.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adoptó Decreto 1.193/2021, de 30 de abril, para la 
firma del convenio.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería. e.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y w.
EXPONEN
de  Elols a rctoícnuslou m5i1d odree sla  yC ounssutaitruiocisó,n  pinrostteag aie nlodso p, omdeerdeias npteú blpicroocse ad igmaieranntotisz are fliac adceefes,n slaa 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y 
gestión  del  Sistema  Arbitral  de  Consumo  al  Ministerio  de  Consumo,  a  través  de  la 
Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del artículo 3 del Real 
Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 18 de mayo de 2021, se constituyó la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Almería (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces 
una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería, conscientes 
de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de  resolución  de 
conflictos y teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran 
aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  que  la  Junta  Arbitral  Provincial  de 
Consumo de Almería, con sede en Almería, cuyo ámbito territorial viene determinado 
por el propio de la provincia de Almería, conocerá, con carácter prioritario, de las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente  reconocidos,  de  conformidad  con  los  criterios  competenciales  y  el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Almería impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y  es
administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose  o
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relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
2.  El  Ministerio  de  Consumo  establecerá  en  colaboración  con  la  Diputación 
Provincial de Almería, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Almería facilitará información sobre la designación de 
la Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente 
a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Almería.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en 
lo no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La  modificación  de  este  Convenio  requerirá  acuerdo  unánime  y  por  escrito  de 
los firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su  es
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las  o
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  599ww
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b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. 
Las cuestiones litigiosas que en la ejecución y cumplimiento pudieran aparecer y no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por 
las  partes  o  por  sus  representantes  acreditados.–El  Ministro  de  Consumo,  Alberto 
Carlos  Garzón  Espinosa.–El  Consejero  de  Salud  y  Familias,  Jesús  Ramón  Aguirre 
Muñoz.–El Presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García  e.
Molina. w.b