BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62374
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8960 Pleno.  Sentencia  79/2020,  de  2  de  julio  de  2020.  Recurso  de  amparo 
500-2019.  Promovido  por  doña  Pilar  Prado  Torres  en  relación  con  las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de  Andalucía,  con  sede  en  Málaga,  y  un  juzgado  de  esa  capital 
desestimatorias  de  su  demanda  sobre  cálculo  de  jornada  reducida. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que 
la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio 
del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que 
menores  en  número  son  de  la  misma  duración  que  para  el  resto  de 
trabajadores.
ECLI:ES:TC:2020:79
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 500-2019, promovido a instancia de doña Pilar Prado 
Torres, representada por el procurador de los tribunales don Manuel María Martínez de 
Lejarza Ureña y asistida por el letrado don Jesús Manuel Guzmán Ruiz, contra la 
sentencia de 5 de diciembre de 2018 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Andalucía,  dictada  en  el  recurso  de  suplicación  núm.  1546-2018,  y  la 
sentencia de 10 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga, recaída 
en los autos núm. 100-2018. Ha comparecido y efectuado alegaciones la agencia pública 
empresarial sanitaria Costa del Sol, representada por la procuradora de los tribunales 
doña Úrsula Cabezas Manjavacas y defendida por el letrado don Andrés Sedeño Ferrer. 
Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don  Santiago 
Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  En fecha 23 de enero de 2019 tuvo entrada en el registro general de este tribunal 
la demanda de amparo presentada por el procurador de los tribunales don Manuel María  e
Martínez de Lejarza, en nombre y representación de doña Pilar Prados Torres, contra las  bo
resoluciones judiciales antes mencionadas por las que se desestimó su demanda frente  60ww
a la 2a.g eLnocisa  hpeúcbhliocsa  eenm lporse sqaureia sl esa fnuintadraiam Cenotsata e dl eplr eSsoel.nte recurso de amparo y que son
recogidos en el relato de hechos probados de las resoluciones judiciales recurridas,
sucintamente expuestos, son los que a continuación se indican:
a)  Doña Pilar Prados Torres (en adelante, la recurrente) viene prestando servicios 
como médico del servicio de urgencias en el hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga). 
La jornada anual ordinaria para los médicos de urgencias es de 1523 horas (siete horas 
al día), a lo que se unen 440 horas más en concepto de jornada anual complementaria, 
por realización de guardias (cuarenta y cuatro guardias de diez horas cada una de ellas). 
Estas guardias, que resultan obligatorias, generan un descanso en el día posterior –
saliente de guardia– de veinticuatro horas, y de ellas, se computan como trabajadas 
siete horas por saliente. En las citadas 1523 horas anuales de jornada se encuentran 
incluidas no solo las horas realmente realizadas, sino también la que se reconocen como 
trabajadas por cada saliente (308 horas, a razón de siete horas por cuarenta y cuatro 
salientes).
b)  Con fecha de 29 de noviembre de 2017, la recurrente solicitó a la empresa una 
reducción de su jornada laboral para atender al cuidado de hijo en un 33 por 100, al 
amparo del art. 37.6 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y del 
art. 23 del convenio colectivo de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. 
La reducción solicitada se aplicó en términos anuales, de tal forma que las horas 
trabajadas por cada jornada y cada guardia no sufrieron reducción alguna (siete y diez 
horas, respectivamente), sino que lo que se vio afectado fue el número total de días y 
guardias al año, pasando a ser treinta guardias y 1020,41 horas de jornada habitual al 
año (en lugar de las cuarenta y cuatro y 1523).
c)  Por resolución del director gerente de la agencia pública empresarial sanitaria 
Costa del Sol, de 29 de diciembre de 2017, se le reconoció a la recurrente el derecho a 
la reducción de jornada en un 33 por 100 con efectos desde el 1 de enero de 2018, 
fijándose la jornada ordinaria reducida a realizar en 879,71 horas anuales. Habiéndose 
fijado  una  cantidad  de  horas  superior  a  la  calculada  por  la  recurrente,  presentó 
reclamación previa que fue desestimada mediante resolución de 16 de abril de 2018.
d)  Disconforme  con  el  cálculo  de  la  jornada  reducida  que  había  realizado  su 
empleadora, la recurrente presentó demanda en materia de reducción de jornada a la 
que  acumuló  acción  de  daños  y  perjuicios,  así  como  de  tutela  de  derechos 
fundamentales y libertades públicas. En ella denunció la existencia de una desigualdad 
de trato entre trabajadores a tiempo completo y con jornada reducida debido al diferente 
modo en el que se computó el trabajo efectivo derivado de cada saliente de guardia al 
calcular la reducción de su jornada laboral. Si cada guardia de diez horas debía generar 
siete  horas  de  descanso  retribuido  efectivo  por  saliente  de  guardia  (lo  que  debía 
suponerle 210 horas por realizar treinta guardias), según los cálculos realizados por la 
empresa tan solo se le debían reconocer 140,7 horas. Tal diferencia se debía a que la 
empresa  aplicaba  también  la  reducción  del  33  por  100  (esto  es,  el  porcentaje  de 
reducción de jornada solicitado) sobre el descanso retribuido por saliente de guardia. Se 
solicitó, en consecuencia, que se reconociese la infracción del art. 14 CE y que se 
aceptase la reducción en los términos interesados, sobre la base de que teniendo las 
guardias la misma duración, el descanso retribuido por saliente de guardia debía ser el 
mismo  en  situación  de  reducción  de  jornada.  Además,  reclamó  una  indemnización 
de 1000 € por cada jornada que la empresa le obligase a hacer de más, y otra de 6250 € 
en concepto de daños por la lesión de los derechos fundamentales.
e)  La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 
6 de Málaga, de 10 de mayo de 2018, que descartó que se hubiese producido un error 
en el cálculo efectuado por la empresa en la determinación del número de horas anuales 
que debía prestar servicios la actora atendiendo a la reducción de la jornada en un 33  s
por 100. En tal sentido, se señaló que las guardias se le redujeron de cuarenta y cuatro a  oe.
treinta, y que las horas de «saliente de guardia» se disfrutaban e imputaban dentro de la  w.
jornada ordinaria, por lo que a esta última (1523 horas) se habían de restar, como así  60ww
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demandada.  No  apreciándose  error  en  los  cálculos,  se  negó  la  existencia  de  la 
discriminación denunciada.
f)  La recurrente presentó dos escritos solicitando la aclaración y complemento de la 
sentencia del juzgado al amparo del art. 267 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con 
relación  a  dos  extremos,  a  saber,  de  un  lado,  la  existencia  de  un  error  en  la 
fundamentación,  al  afirmarse  que  la  actora  no  había  alegado  en  su  demanda  la 
existencia de una condición más beneficiosa; y, de otro lado, la falta de pronunciamiento 
sobre una de las peticiones declarativas de derechos realizadas en la demanda. Se 
accedió a la primera aclaración mediante auto del juzgado, de 21 de mayo de 2018, que 
procedió a la subsanación del error advertido en la fundamentación de la sentencia, 
siendo desestimada la otra petición de complemento de la sentencia por medio de auto 
de  17  de  mayo  de  2018,  por  incompatibilidad  de  la  petición  con  el  objeto  del 
procedimiento.
g)  Frente a la citada sentencia la recurrente formuló recurso de suplicación, que fue 
desestimado mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, sede de Málaga, de 5 de diciembre de 2018, que confirmó lo decidido en 
la instancia al considerar que el cálculo realizado por la demandada era correcto ya que 
procedía aplicar la reducción del 33 por 100 no solo a la jornada ordinaria sino también a 
las horas de trabajo efectivo reconocidas por saliente de guardia. En consecuencia, se 
negó la infracción del art. 14 CE y se rechazó el derecho a la indemnización reclamada 
por lesión de derechos fundamentales.
h)  La recurrente presentó escrito al amparo del art. 267.5 LOPJ quejándose de que 
se había procedido a convalidar el cómputo realizado por la administración demandada 
sin llegar a analizarse el fondo del recurso, esto es, la discriminación que suponía la 
aplicación de dicho cómputo en relación con los demás trabajadores. Se indicó, en tal 
sentido, que eran seis los argumentos de esa parte para sustentar la discriminación y 
que no se había contestado a ninguno de ellos.
i)  Por medio de auto de 13 de diciembre de 2018 se desestimó la solicitud de 
complemento de sentencia al no compartir la Sala la valoración realizada por la parte 
actora. Se subrayó que en la sentencia cuestionada se había considerado por la Sala 
que el cálculo realizado por la demandada, utilizando un parámetro distinto al de la 
actora, era correcto y desmontaba la supuesta discriminación alegada. Y que, de no 
estar de acuerdo la parte con la argumentación ofrecida al respecto, podía acudir al 
recurso de casación para la unificación de doctrina.
3.  El recurso de amparo se dirige frente a la sentencia de 5 de diciembre de 2018 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (recurso núm. 
1546-2018) y la sentencia de 10 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. 6 de 
Málaga  (autos  núm.  100-2018)  por  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  no 
discriminación (art. 14 CE) como consecuencia del ejercicio del derecho a la reducción 
de jornada por cuidado de hijos. Afirma la parte recurrente que al calcular la empresa la 
reducción de la jornada solicitada realiza un cómputo de los salientes de guardia que 
quebranta el referido derecho fundamental, ya que por un mismo trabajo (guardias 
obligatorias de diez horas) las trabajadoras con jornada reducida obtienen un menor 
tiempo de descanso retribuido.
Se recuerda después cuál es, al amparo del convenio colectivo aplicable, la jornada 
laboral del resto de trabajadores que comparten con la recurrente (médico de urgencias 
en el hospital Costa del Sol de Marbella) el mismo centro de trabajo, condiciones y 
categoría. Aclara que cuando se realiza la jornada de forma completa se trabajan 1523  e.
horas  ordinarias,  a  lo  que  hay  que  añadir  una  jornada  complementaria  obligatoria  w.b
consistente en cuarenta y cuatro guardias anuales de diez horas cada una durante el  60ww
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guardias.
Dicho lo que antecede, precisa la recurrente que la reducción de jornada se realiza 
de forma anual y no en cómputo diario, de forma que no se reducen las jornadas ni las 
guardias, sino que se le asigna a la trabajadora un número menor de unas y otras, 
proporcional a la reducción solicitada. Es decir, la jornada sigue siendo de siete horas 
cada una y cada guardia mantiene su duración de 10 horas. De este modo, si un 
trabajador solicita reducción de jornada, por ejemplo, al 67 por 100, la empresa le exige 
realizar  el  67  por  100  de  las  1523  horas,  más  el  67  por  100  de  las  jornadas 
complementarias (guardias). Si bien todos los trabajadores que hacen guardias de diez 
horas (como la actora) y que no tienen reducción de jornada tienen derecho a descansar 
en las veinticuatro horas siguientes (saliente de guardia) siendo retribuidas siete horas 
por cada saliente, en su caso, a pesar de trabajar el mismo número de horas por cada 
guardia que cualquier otro trabajador (diez horas), no se le reconocen las siete horas de 
descanso  retribuido  ligadas  a  cada  saliente,  sino  tan  solo  4,69  horas  al  aplicar  la 
empresa también la reducción de jornada solicitada (33 por 100) a tales horas de 
saliente. Se produce, por consiguiente, una evidente y flagrante discriminación derivada 
de la situación de reducción de jornada para la conciliación familiar, que, además, afecta 
especialmente a las mujeres ya que porcentualmente son el colectivo que en mayor 
número solicita tal reducción, aunque la norma no haga distinción y sea un derecho que 
también corresponde a los hombres.
Llegados a este punto, la recurrente compara el distinto modo en el que cada una de 
las partes computan los salientes de guardia, por cuanto que sobre los hechos no existe 
discrepancia alguna entre ellas. Según los cálculos realizados por la actora, al aplicar la 
reducción del 33 por 100 solicitada, la jornada a realizar es de 810,41 horas. A resultas 
de aplicar el referido porcentaje a la jornada ordinaria y al número de guardias, se 
obtienen las cifras de 1020,41 horas ordinarias de trabajo y treinta guardias. Dado que 
cada guardia (de diez horas) le genera siete horas de descanso retribuido al trabajador, 
las treinta guardias le suponen un total de 210 horas de descanso retribuido, cantidad 
que se debe restar de la jornada a realizar (1020,41 menos 210 horas), dando como 
resultado la jornada antes señalada de 810,41 horas. A esa jornada habría que añadir la 
jornada complementaria (por guardias) que ascendería a 300 horas más (al tener que 
realizar treinta guardias de diez horas). Los cálculos de la empresa arrojan una jornada 
más elevada, a saber, de 879,71 horas.
La diferencia estriba, como se ha dicho, en el modo en el que se calculan los 
salientes de guardia. Las treinta guardias no generarían, a juicio de la empresa, 210 
horas de descanso retribuido sino tan solo 140,7 horas, al aplicar la reducción del 33 
por 100 sobre esas horas de saliente de guardia. Señala la recurrente que con tal 
cálculo, lo que hace la demandada es aplicarle una doble reducción desfavorable y que 
produce discriminación, en tanto que, primero reduce en un 33 por 100 el número de 
guardias a realizar (pasando de cuarenta y cuatro a treinta), para después proceder 
nuevamente a la reducción al aplicar sobre las 210 horas resultantes de cada saliente de 
guardia el 33 por 100. Ciertamente, según los cálculos de la demandada, a las 1523 
horas  ordinarias  le  resta  210  horas  (treinta  guardias  por  siete  horas  de  descanso 
retribuido  por  guardia),  y  al  resultado  de  esta  operación  (1313),  que  la  empresa 
denomina  horas  disponibles,  le  aplica  la  reducción  del  33  por  100,  dando  como 
resultado 879,71 horas. Con ello, los salientes de guardia no generarían 7 horas de 
trabajo efectivo por cada guardia de diez horas, tal y como se reconoce al resto de 
trabajadores, sino que en su caso tan solo supondrían 4,69 horas por guardia. En 
definitiva, de todo ello se puede deducir que por el mismo número de guardias (horas de  s
trabajo  en  cada  guardia)  la  trabajadora  con  reducción  de  jornada  obtiene  una  oe.
compensación menor al tener que trabajar más que otros trabajadores (la diferencia está  w.
en sesenta y nueve horas anuales), añadiendo que los cálculos propuestos por la  60ww
qeumep reel spar irnecsipualtal na regrurmóneenotos  ydae  slae  dceamlcualned laad rae deusc qcuióen  spi otur vdiíearsa  ola a tnraubaalmjaednotrea.  Slae j osrenñaadlaa 
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realice sobre cuarenta y cuatro guardias, y no sobre las guardias ya reducidas (treinta). 
De otro modo, se le aplica injustificadamente una doble reducción.
A  continuación  puntualiza  la  recurrente  que  la  discriminación  denunciada  se 
produciría  con  relación  al  resto  de  los  trabajadores  a  tiempo  completo  y  a  los 
trabajadores que no tienen que realizar guardias. Con referencia a los primeros, por 
cuanto que tendrían un mayor número de horas por saliente de guardia realizando las 
mismas horas de guardia que las trabajadoras con reducción de jornada. Indica la 
recurrente que resulta evidente que siendo la realización de las guardias obligatoria, y 
teniendo siempre la misma duración de diez horas, que el descanso remunerado sea de 
menos horas para un colectivo supone una evidente discriminación. Respecto de los 
segundos, señala que los únicos trabajadores que estando en reducción de jornada no 
tienen que realizar guardias son los que están en estado de gestación, tienen más de 
cincuenta y cinco años, o un hijo menor de un año. Estos trabajadores, al estar exentos 
de guardias trabajan 1523 horas o la parte proporcional de las mismas en función de su 
reducción de jornada.
Según lo que antecede, considera la recurrente paradójico que cuanto más reducción 
de jornada se aplica, más perjudicado sale el trabajador en relación al cómputo de las 
horas de descanso por saliente de guardia. Y recuerda que si bien las trabajadoras con 
reducción  de  jornada  perciben  en  su  nómina  la  misma  cuantía  por  las  guardias 
realizadas (en el bien entendido que cobran treinta guardias en lugar de cuarenta y 
cuatro), la retribución globalmente considerada, sin embargo, varía al constar menos 
horas ordinarias de trabajo efectivo debido al cálculo que la empresa realiza de los 
salientes de guardia. Con ello, se viene a dificultar al trabajador tomar la decisión de 
reducir la jornada para cuidado de hijos, al reducirse también de forma claramente 
discriminatoria sus derechos laborales en relación con el resto de trabajadores. En otras 
palabras, por el mismo trabajo se les compensa con menor contraprestación a las 
trabajadoras que, como la recurrente, están en situación de reducción de jornada para el 
cuidado de hijos y tienen la obligación de realizar guardias. El amparo que se solicita de 
este Tribunal es, por consiguiente, que se exija a la empresa demandada que aplique de 
forma no discriminatoria el derecho a la reducción de jornada por cuidado familiar a los 
trabajadores que así lo solicitan en relación con el cómputo de horas que se convalidan 
como horas de trabajo efectivo en los salientes de guardia. De esta forma, si una hora de 
guardia de un trabajador a tiempo completo da lugar a 0,7 horas de saliente, no puede 
dar lugar a 0,49 horas a una persona con reducción de jornada. Solicita posteriormente 
que  también  se  le  indemnice  por  la  cantidad  señalada  en  la  demanda  como 
consecuencia de la lesión de su derecho fundamental.
4.  Por providencia de 28 de octubre de 2019, la Sala Primera, Sección Segunda, de 
este tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
«concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)] y puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2, 
b)]». Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga, a fin de que en el plazo que no excediese de diez días, remitiese 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, al recurso de 
suplicación núm. 1546-2018. Asimismo, acordó lo propio con relación al Juzgado de lo  e.
Social núm. 6 de Málaga a fin de que remitiese los autos núm. 100-2018 y emplazase a  w.b
quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la recurrente en amparo,  60ww
paamrpaa qrou.e, en el plazo de diez días pudieran comparecer si lo deseaban en el recurso de
5.  Por medio de escrito que tuvo entrada el día 18 de noviembre de 2019 en el
registro general de este Tribunal, la procuradora de los tribunales doña Úrsula Cabezas
Manjavacas, en nombre y representación de la agencia pública empresarial sanitaria 
Costa del Sol, solicitó que se tuviera a esa parte como personada en el recurso de 
amparo y se entendieran con ella las sucesivas diligencias.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 
este  tribunal,  de  22  de  noviembre  de  2019,  se  tuvo  por  personada  y  parte  a  la 
procuradora  doña  Úrsula  Cabezas  Manjavacas  en  nombre  y  representación  de  la 
agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 
LOTC, en la misma diligencia se acordó dar vista de todas las actuaciones recibidas a 
las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, para que 
dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  En  fecha  3  de  enero  de  2020,  doña  Úrsula  Cabezas  Manjavacas,  en  la 
representación que ostenta, presentó su escrito de alegaciones en el registro general de 
este Tribunal solicitando la desestimación del recurso de amparo. Comienza indicando 
que en la vía judicial se han planteado demandas sobre idéntica cuestión por otras 
trabajadoras del mismo centro de trabajo, y que todas, al igual que la recurrente en 
amparo, han obtenido pronunciamientos desestimatorios de la pretensión formulada en 
las dieciséis sentencias de los juzgados de lo social que se han ido dictando. Dicho esto, 
subraya que en el recurso de amparo la infracción constitucional se centra en la forma en 
que se ha realizado por la demandada el cómputo de la jornada de la trabajadora, y que 
lo que postula la parte actora es que se realice un cálculo distinto que le resulta más 
favorable a sus intereses. Tal cuestión no incidiría, sin embargo, en el ámbito de los 
derechos fundamentales desde el momento en que la discusión se centra en un cálculo 
matemático relativo a una distinta interpretación sobre el número de horas efectivas de 
trabajo y en donde la discrepancia principal, por lo tanto, se centraría en la forma de 
computar las horas generadas por saliente de guardia. En tal sentido, señala que para 
que  existiera  una  incidencia  en  el  derecho  fundamental  sería  preciso  que  el  acto 
empresarial hubiera tenido la intención de discriminar a la demandante o, que sin tenerla, 
hubiera incidido en la esencia del derecho fundamental. Tales circunstancias no se 
habrían producido, dado que ni el acto discutido resultaría arbitrario (al ser posibles 
varias interpretaciones para realizar el cálculo), ni de calificarse como erróneo habría 
afectado al derecho de la recurrente a solicitar la reducción de jornada y a no ser 
discriminada por ello, pues en ningún momento se le ha denegado tal derecho. Con base 
en ello, se afirma que la cuestión debatida en los autos resulta de mera legalidad 
ordinaria (forma en que debe computarse la reducción de jornada) y que lo que la actora 
está exigiendo es un derecho a la diferenciación, esto es, tener un trato distinto de los 
demás trabajadores por tener jornada reducida.
Llegados a este punto, se reitera que no se discute el derecho a la reducción de 
jornada, que ha sido reconocido e incluso favorecido por la entidad demandada, sino que 
la discrepancia entre las partes gira en torno al cálculo de la jornada reducida y al 
impacto que ha de tener en él los descansos retribuidos por saliente de guardia. Mientras 
que la reducción del 33 por 100 según los cálculos empresariales da lugar a una jornada 
de 879,71 horas al año, en el cómputo de la trabajadora resulta solo de 810,41 horas. Se 
considera que el cálculo realizado por la recurrente es erróneo, pues la reducción del 33 
por 100 ha de operar también sobre los salientes de guardia, pues, de otro modo, los 
parámetros del cálculo no resultarían homogéneos. Se subraya que la jornada diaria no 
es de 7 horas sino de 4,69 horas una vez aplicada la reducción, y que por cada saliente 
corresponde a la actora el cómputo como trabajo efectivo de 4,69 horas. Al reclamar  e
siete horas por saliente, la trabajadora estaría solicitando una reducción mayor que la  bo
que  realmente  le  corresponde  (un  38,25  por  100  en  lugar  del  33  por  100).  Por  60ww
pcoanras iglausie ntrtaeb, asjaed noireagsa  cqoune  reedl uccáclcióunlo  dree ajloizrnaaddoa p oy r slea  esemñparleas aq uree ssuil tee l dcisáclcriumloin adteo rliao 
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Finalmente,  se  termina  indicando  que  al  no  haber  vulneración  de  derechos 
fundamentales no procede el reconocimiento de indemnización alguna. En cualquier 
caso, y dado que la recurrente insiste en ese punto, se manifiesta que la que se solicita y 
se fija en relación al art. 8.12 de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social 
no procedería y que, además, el art. 183 de la Ley reguladora de la jurisdicción social 
exige que se establezca prudencialmente en caso de que la prueba de su importe exacto 
sea muy difícil. La actora, sin embargo no ha realizado el más mínimo esfuerzo en 
plantear los parámetros para el cálculo de la indemnización, lo que provoca indefensión 
a la parte demandada, máxime cuando no hay daño alguno que indemnizar.
8.  El día 17 de diciembre de 2019 el procurador de los tribunales don Manuel María 
Martínez de Lejarza Ureña, en representación de doña Pilar Prados Torres, presentó 
escrito  de  alegaciones  ratificándose  en  las  realizadas  en  la  demanda  de  amparo. 
Asimismo,  adjuntó  con  el  escrito  un  informe  pericial  en  el  que  se  analiza 
matemáticamente  el  controvertido  cómputo  de  las  guardias  de  las  trabajadoras  en 
reducción de jornada por cuidado de hijos y/o familiares, con el fin de avalar los cálculos 
realizados por esa parte en su recurso de amparo. Se termina solicitando que se estime 
el recurso de amparo reconociéndose a la recurrente la vulneración del derecho a la 
igualdad  y  a  la  no  discriminación,  con  nulidad  de  las  sentencias  recurridas  y  el 
reconocimiento de la indemnización reclamada.
9.  El día 8 de enero de 2020, presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Antes 
de analizar el fondo de la cuestión realiza una observación previa en cuanto al objeto del 
enjuiciamiento.  Indica  que  aunque  la  demanda  se  dirige  expresamente  contra  las 
sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de Justicia, dado que las 
mismas  se  limitan  a  confirmar  las  resoluciones  de  un  ente  que  forma  parte  de  la 
administración pública, integrado en la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, 
lo que se imputa a las sentencias impugnadas en la demanda de amparo no es haber 
vulnerado  por  sí  mismos  los  derechos  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  no  sufrir 
discriminación por razón de sexo, sino no haber reparado la vulneración ya producida en 
las resoluciones del ente público. Por tal motivo, el fiscal considera aplicable la doctrina 
sentada en la STC 15/2011, de 28 de febrero, FJ 2, relativa a decisiones judiciales 
desestimatorias  que  no  alteran  la  situación  jurídica  creada  por  el  acto  de  la 
administración presuntamente lesivo del derecho fundamental, y que no son, por tanto, 
en sí mismas causas de lesión. No encontrándonos en un amparo contra decisiones 
judiciales  (art.  44  LOTC),  sino  en  el  caso  de  un  amparo  contra  una  resolución 
administrativa (art. 43 LOTC), el plazo para la interposición del recurso de amparo sería 
de veinte días y no de treinta. Así las cosas, habiendo sido notificado el auto del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de 13 de diciembre de 2018 (que desestimó la 
solicitud del complemento de sentencia) el 18 de diciembre de 2018, a las 15:27:34, el 
tiempo válido para interponer el recurso de amparo se extendía hasta el 23 de enero 
de 2019 a las quince horas, y habiendo tenido entrada en el Tribunal Constitucional el 
recurso de amparo el día 23 de enero de 2019 a las 19:56:01, estaría presentado fuera 
de plazo y procedería acordar su inadmisión.
No obstante lo anterior, para el caso de que se considerase temporáneo, el fiscal 
pasa a analizar el fondo del asunto planteado, no sin antes referirse a la doctrina 
constitucional  que  considera  aplicable  al  caso,  relativa  al  derecho  a  la  igualdad 
(resumida recientemente en la STC 91/2019, de 3 de julio), a la discriminación por razón 
de sexo en el ámbito laboral (STC 214/2006, de 3 de julio), y a la discriminación indirecta  e
(con  cita,  nuevamente,  de  la  STC  91/2019).  Señala  que  la  diferencia  de  trato  o  bo
discriminación alegada por la actora consistiría en que a los trabajadores con jornada  60ww
qreudeu aci dloas  sdee  lae sti eambpoon acroíam pmleetnoo, sc uhaonradso  ldae d duerascciaónns doe  rleatsri bguuiadrod ipaos re sna alimenbtoes d seu pguueasrtdoias 
dees l i3d3é nptoicra 1 (0d0ie) zs eh oler aasb).o nEanr íaenl  csaosloo  4d,e6 9l ah odreams apnodr agnutea rd(ciao nd eu ndaie zre hdourcacsi,ó nm ideen trjoarsn aqduae 
los trabajadores sin reducción de jornada obtendrían siete horas por guardias de la
misma duración. La cuestión a dilucidar, por lo tanto, es si trabajando ambos colectivos 
en los servicios de guardia durante diez horas ininterrumpidas en la misma franja horaria, 
sin diferencia alguna en el servicio que prestan en cada guardia, es contrario al art. 14 
CE que se reduzcan las horas de descanso remunerado de los trabajadores que tienen 
reducción de jornada en la misma proporción en que tienen reducida su jornada ordinaria 
de trabajo.
Señala el fiscal que el sistema de cálculo utilizado por la empresa implica, como dice 
la demandante, una doble reducción. En efecto, no solo reduce en un 33 por 100 el 
número  de  guardias  anuales  a  realizar  (que  pasan  de  cuarenta  y  cuatro  a  treinta 
guardias al año), sino que después se vuelve a aplicar la reducción del 33 por 100 al 
calcular las horas de descanso retribuido por cada saliente de guardia al no atribuirle a la 
trabajadora 7 horas por guardia (como ocurre con los trabajadores a tiempo completo), 
sino sólo 4,69 (al aplicar la reducción del 33 por 100 también a las siete horas de 
descanso retribuido que genera cada guardia). Por consiguiente las 30 guardias no le 
generan a la actora 210 horas de descanso retribuido, sino solo 140,7. Este modo de 
cálculo obvia la circunstancia de que las guardias tienen siempre la misma duración (diez 
horas),  ya  sean  realizadas  por  trabajadores  a  tiempo  completo  como  con  jornada 
reducida. Y siendo así, el abono del descanso por guardia no puede ser menor para los 
trabajadores  que,  fuera  de  cada  servicio  de  guardia  concreto,  tienen  reducción  de 
jornada, porque en cada una de las guardias que realizan su jornada es completa al 
trabajar las mismas diez horas que el resto de los trabajadores. Y subraya después el 
fiscal que la diferencia de trato que se advierte resulta mayor cuanto mayor es la 
reducción de jornada ordinaria que se le ha concedido al trabajador, pues la reducción 
del abono se hace en la misma proporción que la reducción de jornada. De este modo, 
incluso entre los trabajadores con reducción de jornada se produciría una diferencia de 
trato según el tanto por ciento de reducción de jornada al que se hubieran acogido.
Se recuerda posteriormente que la empresa justifica la disminución de abono de 
horas de descanso remunerado por guardia a los trabajadores a tiempo parcial con el 
argumento de que como lo que se les debe abonar es una jornada y las horas de su 
jornada ordinaria están reducidas al 33 por 100, se debe reducir en la misma proporción 
las horas a retribuir por cada servicio de guardia. Señala el fiscal que ese argumento 
justificaría la reducción si lo que se redujera para la demandante fuera la duración de 
cada guardia, de tal modo que si trabajase un 33 por 100 menos en cada guardia, 
procedería también reducir en igual porcentaje las horas de descanso retribuido por 
guardia. Hay que tener en cuenta que el abono de horas de descanso remunerado por 
guardia  está  determinado  por  las  horas  de  la  jornada  de  guardia,  siendo  una 
remuneración por lo penoso de la guardia. No tiene, por lo tanto, relación con las horas 
de jornada ordinaria. Si una jornada de guardia no se reduce (es una jornada completa 
de diez horas), no hay reducción de la penosidad, y, por lo tanto, no hay justificación para 
reducir las horas remuneradas de la jornada de descanso (una jornada completa de siete 
horas) por haber realizado esa guardia.
De lo anteriormente razonado deduce que la diferencia de trato resulta injustificada 
porque ambos colectivos trabajan las mismas horas durante la jornada de guardia y, sin 
embargo, con el sistema aplicado por la empresa se abonan a la recurrente y a los 
demás trabajadores que están con reducción de jornada menos horas de descanso 
remunerado por guardia que a los trabajadores con jornada completa. Asimismo, el fiscal 
considera que también concurre en este caso una discriminación indirecta por razón de 
sexo en tanto que siendo las mujeres las que principalmente se encargan de la atención  s
de los menores, por lógica son las que en mayor medida utilizan la reducción de jornada  oe.
para atender al cuidado de los hijos. w.
En cuanto a los efectos de la estimación del recurso, el fiscal considera que además  60ww
daeco prdroacre ldae rn ual iddeacdl adrea r lnaus lares sloalsu csieonnteesn caiadsm dinirisetcrtaatmivaesn teq uime ppurgondaudjearso,n p droirceecdtaem taemntbei élna 
vcuolnnvearlaidcaiódna s dpeo r lolass  dseernetcehnocsia sc oimnsptuitguncaiodnaasl.e sA hmorean cbiioenna, droess pey ctoq uae  lalu epgeoti cifóune rodne   BOE-A-cable e
indemnización por la declaración de la existencia de la vulneración (art. 183 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social), el fiscal considera que la valoración de los perjuicios 
a que se refiere dicho precepto es una problemática de legalidad ordinaria, y, por lo 
tanto, no es una cuestión que deba ser resuelta por el Tribunal Constitucional.
10.  Mediante providencia de 13 de febrero de 2020, el Pleno de este tribunal, a 
propuesta del presidente, conforme a lo establecido en el art. 10.1 n) LOTC, acordó 
recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo.
11.  Por providencia de 30 de junio de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 2 de julio del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. La recurrente en 
amparo,  médico  del  servicio  de  urgencias  del  hospital  Costa  del  Sol  de  Marbella 
(Málaga), dependiente de la agencia sanitaria Costa del Sol (entidad de Derecho público 
adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía), venía realizando una 
jornada ordinaria de 1.523 horas de trabajo (a razón de siete horas al día) y otra 
complementaria como consecuencia de la realización obligatoria de cuarenta y cuatro 
guardias al año (en horario nocturno, con una duración de diez horas), cada una de las 
cuales,  no  solo  generaba  al  día  siguiente  («saliente  de  guardia»)  un  descanso  de 
veinticuatro horas, sino que, a efectos retributivos, se tomaban siete de esas horas como 
de trabajo efectivo (descanso retribuido). De este modo, en el cómputo anual de las 1523 
horas  de  jornada  ordinaria  quedaban  incluidas  las  308  horas  generadas  por  los 
«salientes de guardia». Posteriormente, solicitó la aplicación de la reducción de jornada 
por motivos de guarda legal para el cuidado de los hijos menores de doce años (en 
un 33 por 100) prevista tanto en el art. 37.6 del texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en 
lo sucesivo, LET), como en el art. 23 del convenio colectivo de la citada agencia. En 
aplicación de tal previsión, la empleadora procedió a reducirle, en la misma proporción, 
el número de horas de su jornada ordinaria (que pasó de 1523 a 1020,41 horas), el 
número de guardias médicas obligatorias (que pasó de cuarenta y cuatro a treinta), así 
como el número de horas de descanso retribuido computables por cada saliente de 
guardia (reduciéndolo de siete a 4,69 horas).
Para la parte demandante, la reducción aplicada sobre el descanso retribuido por 
guardia médica es contraria al principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE. A 
su juicio, tal decisión empresarial –avalada por las resoluciones judiciales impugnadas– 
produce una diferencia de trato injustificada entre trabajadores a tiempo completo y 
trabajadoras con jornada reducida, de manera que, a igualdad de jornada (guardia 
médica obligatoria de diez horas), recibe una menor compensación por cada «saliente de 
guardia» (de 4,69 horas en lugar de siete horas), de modo que tiene que trabajar 69,30 
horas más en términos anuales (un total de 879,71 horas en lugar de 810,41 horas). 
Además, podría producirse también una discriminación indirecta por razón de sexo, en la 
medida que el trato desigual denunciado vendría motivado por el ejercicio de un derecho 
(el de reducción de jornada para el cuidado de hijos) que, aunque reconocido legalmente 
tanto a los hombres como a las mujeres, se ejercita mayoritariamente por estas últimas.
La parte demandada, por el contrario, rechaza que se hayan visto afectados los 
derechos fundamentales invocados, y señala que en el recurso se plantea tan solo una  es
cuestión de legalidad ordinaria atinente al cálculo de la jornada reducida, que permite  bo
diversas interpretaciones y que, en todo caso, habría sido realizado correctamente por la  60ww
rppeelomacrzup olrrase  dosve aípa . vo Pedro ienerl tx seatu erd mtp.í aap4sro3t era á,Ll  neOqelu TofeiC s ace lfa srclte,áo np ntsaesur idtjaeiee tnaruad nrso  ua qd cuienteo t qe suareped o mhssaeiinc  iihpósartner .aps tNleiavnonot ta,oe dbpaosrdo toaup nnuotanne  e,vr  eyelca zpu  iartnrsraaoand  dsemcel iu scariaórmsindop o ad dreeeoll     OE-A-2020-89able en https://
que  no  se  aprecie  la  concurrencia  del  citado  óbice  de  admisibilidad,  interesa  el
otorgamiento del amparo por considerar que el sistema de cálculo empleado por la parte 
demandada para fijar la jornada reducida de la recurrente en amparo produce una 
diferencia de trato contraria al art. 14 CE, en su doble vertiente de derecho a la igualdad 
y prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo.
2.  Especial trascendencia constitucional. En la providencia de admisión a trámite 
del recurso de amparo se apreció que concurría en el mismo la especial trascendencia 
constitucional  prevista  en  los  apartados  a)  y  b)  del  fundamento  jurídico  2  de  la 
STC 155/2009, de 25 de junio. Ciertamente, este Tribunal valoró, de un lado, que el 
recurso planteaba un problema o faceta de un derecho fundamental susceptible de 
amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal, en la medida en que en este caso 
se denuncia una diferencia de trato en materia retributiva entre trabajadores a tiempo 
completo y parcial, derivada del ejercicio de derechos asociados con la maternidad. De 
otro lado, el recurso permitía además aclarar la doctrina existente sobre la discriminación 
indirecta por razón de sexo pues, aun cuando existen pronunciamientos diversos de este 
Tribunal sobre tal tipo de discriminación, el Tribunal tiene la oportunidad de insistir en la 
necesidad de cumplimiento de su jurisprudencia en la materia, abundando para ello en 
sus  parámetros  generales  y  concreción  aplicativa,  evitando,  en  lo  posible,  dudas 
ulteriores sobre su alcance que puedan dar lugar a inaplicaciones objetivas de la misma 
(STC 146/2019, de 25 de noviembre, FJ 2).
3.  Óbice de procedibilidad: extemporaneidad de la demanda. Antes de entrar a 
analizar la vulneración denunciada en el presente proceso de amparo, es necesario dar 
respuesta al óbice de procedibilidad opuesto por el fiscal. Partiendo de que la queja de la 
recurrente se ubica en el ámbito del art. 43 LOTC por dirigirse frente a una decisión 
administrativa,  considera  que  el  recurso  resulta  inadmisible  por  extemporáneo,  al 
haberse formulado fuera del plazo de interposición de veinte días [art. 50.1 a) en relación 
con el art. 43.2 LOTC]. En efecto, habiéndose notificado el auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de fecha 13 de diciembre de 2018 (desestimatorio de la solicitud 
del complemento de sentencia) el día 18 de diciembre de 2018, el tiempo válido para 
interponer el recurso de amparo se extendía hasta las 15:00 horas del día 23 de enero 
de 2019, cuando lo cierto es que el recurso de amparo tuvo entrada en este Tribunal 
Constitucional a las 19:56:01 de ese mismo día 23 de enero.
Hay que recordar, a este respecto, que el plazo de interposición del recurso de 
amparo  es  «de  caducidad,  improrrogable  y  no  susceptible  de  suspensión  y,  por 
consiguiente,  de  inexorable  cumplimiento»,  por  lo  que  no  consiente  prolongaciones 
artificiales ni puede quedar al arbitrio de las partes (entre muchas, SSTC 85/2004, de 10 
de mayo, FJ 2; y 41/2009, de 9 de febrero, FJ 3). Ahora bien, de cara a la determinación 
del concreto plazo de interposición del recurso de amparo es imprescindible analizar 
primero, la naturaleza de la decisión que ha originado la queja de la recurrente, para 
dilucidar si se trata de un acto administrativo impugnable a través de la vía del art. 43. 
LOTC.
Como se ha señalado, el acto al que se imputa la lesión del derecho fundamental 
previsto en el art. 14 CE emana de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del 
Sol. Pues bien, sin que sea este el momento de realizar un minucioso estudio de la 
naturaleza jurídica de la citada «agencia» y de los actos que realiza, hay que tener en 
cuenta  que  nos  encontramos  ante  una  entidad  de  Derecho  público  adscrita  a  la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, entre cuyas funciones está la gestión y 
administración del hospital Costa del Sol de Marbella [art. 6.b) 1 de los estatutos de la  e
agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol, aprobados por el Decreto 98/2011,  bo
de 19 de abril («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 83, de 29 de abril)], en el  60ww
nqauteu raplreezsata p úsbulsic as,e srvei criiogse  plao r reelc Durererencteh o epnr ivaamdop aerno .t oTdaol s elonsti daacdto, sa q upee sreaar lidzae,  steanlveor 
leojse rcqiuceio  edset élans  rpeolatecsiotandaedso sa dcmonin ilsat rafotirvmaasc qióune  dtieen lea  avtorilbuunitdaads  d(aer tssu. s9 , ó1r0g ayn 1o1s  dye  clao nL eeyl 
del Parlamento de Andalucía 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector
público de Andalucía, y 30 y 31 de sus estatutos). En consonancia con ello, la agencia se 
rige por las normas procesales comunes sobre competencia y jurisdicción «aplicables a 
las personas de Derecho Privado», sin perjuicio de las especialidades que pudieran 
proceder en virtud de su naturaleza de entidad de Derecho público (art. 31.1 de sus 
estatutos).
Teniendo en cuenta lo que antecede, hay que precisar que la resolución cuestionada 
no es fruto del ejercicio de potestades administrativas de la agencia demandada, al 
tratarse de un mero acto de gestión del personal laboral empleado en los hospitales a 
ella adscritos, que se rige por el estatuto de los trabajadores y por el convenio colectivo 
de aplicación. Por consiguiente, no estamos ante un recurso de amparo por la vía del 
art. 43 LOTC (contra actos de las administraciones públicas), sino ante un recurso de 
amparo que debe quedar encuadrado en el art. 44 LOTC ya que, en la actuación 
controvertida, la agencia intervino como empleadora, sin ejercer potestad pública alguna 
(potestad de imperio), desarrollando facultades de orden jurídico-privado que le reconoce 
el  ordenamiento  laboral  (en  sentido  similar,  SSTC  6/1988,  de  21  de  enero,  FJ  1, 
y 29/2013, de 11 de febrero, FJ 1). En consecuencia, aunque la lesión la haya causado 
originariamente  la  agencia  demandada,  es  a  los  órganos  judiciales  a  quienes 
corresponde –ex art. 53.2 CE– tutelar el derecho reconocido en el art. 14 CE, de modo 
que, al confirmar la decisión adoptada por la empleadora, es a ellos a quienes les es 
imputable la lesión, siendo las resoluciones judiciales dictadas el acto del poder público 
aquí impugnado, respecto de las que opera el plazo de interposición de treinta días 
(art. 44.2 LOTC).
4.  Doctrina constitucional aplicable. En orden a determinar si se ha producido la 
infracción del derecho a la igualdad y no discriminación que la recurrente denuncia, es 
necesario recordar brevemente el contenido que define los derechos fundamentales 
invocados.
Conforme a reiterada doctrina constitucional, el derecho a la igualdad reconocido en 
el primer inciso del art. 14 CE exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas, lo que veda la utilización de elementos de diferenciación 
que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y razonable 
[SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, FJ 5; 117/2011, de 4 de julio, FJ 4; 149/2017, 
de 18 de diciembre, FJ 4, y 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 a), entre otras muchas]. Lo que 
prohíbe  el  principio  de  igualdad,  en  definitiva,  son  las  desigualdades  que  resulten 
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, de 
valor generalmente aceptado [STC 91/2019, FJ 4 a)]. El juicio de igualdad, siendo 
relacional, exige como presupuestos obligados, de un lado, que se haya introducido 
directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas; 
de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, 
efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no 
resulte arbitrario o caprichoso. Sólo una vez verificado uno y otro presupuesto resulta 
procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia de trato 
(SSTC 27/2004, de 4 de marzo, FJ 2; 149/2017, de 18 de diciembre, FJ 5; 111/2018, 
de 17 de octubre, FJ 7, y 85/2019, de 19 de junio, FJ 6).
La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la proclamación del 
derecho a la igualdad sino que a continuación el precepto se refiere a la prohibición de 
discriminación, entre otros motivos, «por razón de sexo». Tal tipo de discriminación 
comprende  no  solo  el  tratamiento  peyorativo  que  se  funda  en  la  pura  y  simple 
constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o  e.
circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca,  w.b
como sucede con el embarazo y la maternidad (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de  60ww
eenstear op, rFoJte 3c;c 3ió/2n0 0co7n, sdteit u1c5io dnea le nveinrocu, lFaJd a2 , ay  2fa/2c0to1r7e,s d ed i1fe6r ednec eianleesro ,q FuJe  5i)n. cNidoe no bsetna nltaes, 
tmaumjebriéens  naol  esjee rdceictiioe npeo er nl ae lt reambabjaardaozroa  yd esu lbossi g«udieenretec hmoast earsnoidcaiadd, ossin oa  qlau em saete ernxtidieandd»e. 
Tales derechos, aunque son reconocidos por el ordenamiento jurídico indistintamente al
hombre y a la mujer con el objeto de estimular cambios en la cultura familiar y promover 
el reparto de responsabilidades, sirven principalmente para compensar las dificultades y 
desventajas que agravan la posición de la mujer trabajadora. En efecto, se trata de 
derechos que inciden de modo singular en las mujeres, al ser las que principalmente 
asumen el cuidado de los hijos de corta edad y sufren, por ello, mayores dificultades 
para su inserción laboral y su mantenimiento en el mercado de trabajo [STC 233/2007, 
de 5 de noviembre, FJ 7, a), y posteriores SSTC 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4; 
2/2017, de 16 de enero, FJ 5, y 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 2]. Ahora bien, es 
importante subrayar que la discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando 
a la mujer trabajadora se le niega uno de esos derechos asociados a la maternidad, sino 
también cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le cause un perjuicio 
efectivo y constatable que consista en un «trato peyorativo en sus condiciones de 
trabajo», o en «una limitación o quebranto de sus derechos o legítimas expectativas 
económicas o profesionales en la relación laboral», por la exclusiva razón del ejercicio 
previo de ese derecho [STC 233/2007, FJ 7 c) 2]. En otras palabras, en tales casos la 
vulneración  del  art.  14  CE  vendría  determinada  por  el  menoscabo,  de  carácter 
discriminatorio, ocasionado en el patrimonio jurídico de la mujer trabajadora. Y, entre 
esos derechos asociados a la maternidad que, como se ha dicho, responden a la idea de 
compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo y para la 
conciliación de su vida laboral y familiar soporta la mujer trabajadora, se encuentran, 
precisamente, el derecho a la excedencia laboral por cuidado de hijos (art. 46.3 LET) y el 
derecho a la reducción de jornada por razones de guarda legal (art. 37.6 LET).
En fin, cabe recordar también que la específica prohibición de discriminación por 
razón de sexo no sólo comprende la «discriminación directa» a la que se ha hecho 
referencia,  sino  también  la  «discriminación  indirecta»,  es  decir,  aquel  tratamiento 
formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas condiciones 
fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los 
miembros de un determinado sexo [SSTC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2, y 91/2019, de 3 
de julio, FJ 4.c)].
5.  Resolución del recurso de amparo. Teniendo en cuenta la doctrina sintetizada en 
el fundamento jurídico precedente, ya estamos en disposición de pronunciarnos sobre si 
se ha producido una diferencia de trato contraria al art. 14 CE como consecuencia de 
que la empleadora al calcular la reducción de jornada por motivos de guarda legal para 
el cuidado de los hijos menores, no solo aplicó la reducción al número de horas de la 
jornada ordinaria (que pasó de 1523 a 1020,41 horas, en jornadas diarias de siete horas) 
y al número de guardias médicas obligatorias (que pasó de cuarenta y cuatro a treinta, 
en jornadas diarias de diez horas), sino también al número de horas de descanso 
retribuido computables por cada saliente de guardia (reduciéndolo de siete horas a 4,69 
horas).
Como ha quedado expuesto con anterioridad, el juicio de igualdad es de carácter 
relacional, pues requiere que la diferencia de trato se produzca entre grupos o categorías 
de personas que puedan considerarse homogéneas o equiparables (STC 149/2017). Y 
resulta  que,  en  este  caso,  las  situaciones  subjetivas  que  la  recurrente  contrasta 
constituyen un término de comparación válido, al tratarse de supuestos de hecho iguales 
en la medida que, aun realizando menos guardias obligatorias (treinta en lugar de 
cuarenta y cuatro, fruto de la reducción de jornada para el cuidado de los hijos), las que 
realiza son, al igual que el resto de sus compañeros, de diez horas de duración.
Estando, pues, ante situaciones subjetivas comparables, que son aptas para realizar  e.
el juicio de igualdad, debemos ahora comprobar si la diferencia de trato denunciada  w.b
posee una justificación objetiva y razonable que la legitime. El argumento que ofrece la  60ww
ejundtiicdiaadl)  deesm qauned,a ddaa dpoa rqau jues ltaif icraerc ular rdeinfetere ntiecinae d esu t rajotorn (ayd qau hea hbait usaidl or eadcuecpitdaad oe enn u lan  v3ía3 
pao ru 1n0a0 ,j olarsn agduaa rddiea s trreaablaizjoa da«so rndoin pauriead»e nc ogmenpeleratarl e (udne  dseisectea nshoo rraestr)i,b upidrooc eeqduieivnadloe ntlea 
empleadora  a  reducírselo  a  4,69  horas.  Tal  argumentación  resulta,  sin  embargo,
inasumible, al utilizar la empleadora para justificar la diferencia de trato un elemento de 
diferenciación que debe calificarse de arbitrario o carente de una justificación objetiva y 
razonable (STC 91/2019, FJ 4), a saber, el de que la recurrente en amparo realiza la 
jornada de trabajo (tanto ordinaria como complementaria) de forma reducida.
No hay que descuidar que la reducción tanto de la jornada ordinaria (en cómputo 
anual) como de la complementaria (en número de guardias) es fruto de un derecho (el 
cuidado de los hijos), cuyo ejercicio no puede generarle un menoscabo en la asignación 
del descanso retribuido derivado de la realización de unas guardias que, aun menores en 
su número, son de la misma duración que para el resto de los trabajadores: de diez 
horas. Dicho de otra manera, como se ha señalado ya, aunque la recurrente realiza 
menos jornadas «ordinarias» de trabajo (1020,41 horas anuales en lugar de las 1523 
horas  previstas,  en  jornadas  diarias  de  siete  horas),  y  menos  jornadas 
«complementarias»  (treinta  guardias  obligatorias  en  lugar  de  las  cuarenta  y  cuatro 
previstas, en jornadas de diez horas), fruto de la reducción para el cuidado de los hijos, 
las que sí realiza (las treinta guardias), las lleva a cabo, al igual que el resto de sus 
compañeros, a jornada completa de diez horas. Por tanto, ante una misma situación 
(guardias de diez horas), que generan el derecho a un descanso retribuido (de siete 
horas), no puede la empleadora asignarle otro (de 4,69 horas), so pretexto de que ya 
tiene reducido tanto el número de horas ordinarias que debe trabajar como el número de 
guardias que obligatoriamente debe realizar. No existe, pues, una justificación razonable 
que legitime el diferente trato recibido.
Pero no solo eso. También puede apreciarse una discriminación indirecta por razón 
de sexo porque el método de cálculo usado por la empleadora para asignarle los 
períodos de descanso retribuidos por cada «saliente de guardia», le ha provocado un 
«perjuicio efectivo y constatable» que ha generado, en este caso, un «trato peyorativo en 
sus condiciones de trabajo» (STC 233/2007) fruto del ejercicio de un derecho asociado 
con la maternidad (como es el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de 
hijos). Y aunque aquel método es formalmente neutro, ha perjudicado a un número 
mayor de mujeres que de hombres (STC 91/2019), pues esta demanda de amparo forma 
parte de una serie de recursos en que todas las recurrentes, a fecha del dictado de esta 
sentencia, son mujeres médicos.
En suma, al carecer la diferencia de trato de una justificación que la legitime, procede 
estimar  la  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad,  sin  discriminación  por  razón  de 
maternidad, reconocido en el art. 14 CE.
6.  Alcance de la estimación del recurso. El otorgamiento del recurso de amparo 
conlleva  la  anulación  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  que  negaron  a  la 
recurrente, al calcular su jornada anual, el reconocimiento del mismo número de horas 
de trabajo efectivo por cada saliente de guardia que al resto de los trabajadores con 
jornadas a tiempo completo. El restablecimiento de su derecho a la igualdad de trato y 
no discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE) requiere, en consecuencia, la 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la 
primera de las resoluciones judiciales a fin de que sea dictada una nueva resolución 
respetuosa con tales derechos constitucionales.
Por  último,  por  lo  que  se  refiere  a  la  solicitud  del  reconocimiento  de  una 
indemnización  anudada  a  la  infracción  del  derecho  a  la  igualdad  y  a  no  padecer 
discriminación que solicita la recurrente, no procede realizar pronunciamiento alguno al 
respecto en esta sede, no solo por ser una cuestión que quedó imprejuzgada en la vía 
judicial (STC 176/2013, de 21 de octubre, FJ 9), sino también porque el reconocimiento  e.
de  una  eventual  indemnización  no  puede  ser  pretendido  como  una  consecuencia  w.b
automática y necesaria de la estimación del recurso de amparo, pues el restablecimiento  60ww
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a doña Pilar Prados Torres y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad ante la 
ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 6 de Málaga, de 10 de mayo de 2018, autos núm. 100-2018, y la de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 5 de 
diciembre  de  2018,  dictada  en  el  recurso  de  suplicación  núm.  1546-2018,  que  las 
confirmaron.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado 
de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga de 10 de mayo de 2018, a fin 
de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.