BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 2 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83569
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11634 Resolución  de  2  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Avilés n.º 2, por la que se 
suspende la inscripción de determinado pacto en un convenio regulador de 
los efectos de un divorcio.
En el recurso interpuesto por doña P. S. S., en su propio nombre y en representación 
de  doña  D.  C.  S.,  contra  la  calificación  del  registrador  de  la  Propiedad  de  Avilés 
número 2, don Francisco Javier Vallejo Amo, por la que se suspende la inscripción de 
determinado pacto en un convenio regulador de los efectos de un divorcio.
Hechos
I
Por  sentencia  firme  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción 
número 2 de Avilés, el día 19 de marzo de 2014, se aprobó el convenio regulador de los 
efectos del divorcio suscrito el día 18 de febrero de 2014 por don R. A. C. G. y doña P. S. 
S.  En  dicho  convenio  se  liquidaba  la  sociedad  de  gananciales  de  modo  que  se 
adjudicaba a la esposa un garaje y al esposo un vehículo, otro garaje, el saldo de 
determinada cuenta bancaria; y este adjudicatario asumía una deuda por financiación del 
referido vehículo. Además, se incluía el siguiente pacto: «Es voluntad del esposo padre 
donar a su hija D. C. S. el bien inventariado con el número 2. A tales efectos y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 630 del Código Civil, la hija acepta, en este 
documento, la indicada donación, por medio de sus padres. Y, si fuera preciso otorgar 
escritura pública, correrán de cuenta del padre cualquier gasto, tributo, honorario o 
similares que se devengaren como consecuencia de la donación».
II
Presentado testimonio de dicha sentencia el día 3 de febrero de 2020 en el Registro 
de la Propiedad de Avilés número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Autorizante: Ricardo Badas C., Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n.º 2 de Avilés.
Procedimiento: divorcio mutuo acuerdo 479/2013.
Fecha del documento: diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Presentado: 11:48 horas del día tres de febrero de dos mil veinte. Asiento: 884 
Diario: 49.
Entrada: 1268/2020.
En  el  procedimiento  registral  instado  para  la  inscripción  del  documento  arriba 
referenciado, previo examen de los antecedentes del Registro y teniendo en cuenta los 
siguientes: es
Hechos: w.
Juzg1a. doS dee  pPrreimseenrtaa  Innsuteavnacmia een tIen stpraurcac ióinns ncr.ºip 2c idóen  Auvnil étse,s dtime ofencioh ad vee inlat ioScehnot ednec miaa rdzeol   2020-1163n https://w
dseeg udiodso  mpoilr  cdaotno rRce. ,A e. nC .u Gni.ó yn  ddoeñl ac Po.n vSe. nSio.,  rseeg duelacdroert,a  plao rd ilsao lquuceió ne nd eal umtoastr im47o9n/i2o0 d1e3 
dichos cónyuges y se aprueba dicho convenio, adjudicándose a don R. A. C. G. la finca 
n.º: 57279-3 al folio 86 del tomo 2465 del concejo de Castrillón.
2.  Dicha sentencia causó la correspondiente inscripción de la citada finca, en fecha 
veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.
3.  Se solicita ahora la inscripción de la finca objeto de adjudicación, a nombre de D. 
C. S. por donación de su padre.
4.  Efectuada la adjudicación de la finca, en el convenio regulador, resulta transcrito 
literalmente lo siguiente: “Es voluntad del esposo padre donar a su hija D. C. S. el bien 
inventariado con el número 2. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 630 del Código Civil, la hija acepta, en este documento, la indicada donación, por 
medio de sus padres. Y, si fuera preciso otorgar escritura pública, correrán de cuenta del 
padre  cualquier  gasto,  tributo,  honorario  o  similares  que  se  devengaren  como 
consecuencia de la donación.”
Fundamentos de Derecho:
Visto: artículo 633 del Código Civil.
Para su validez, la donación de inmueble ha de hacerse en escritura pública. Este 
requisito “ad solemnitatem” es esencial en la donación de tal manera que no puede ser 
suplido por ningún otro documento ni por la efectiva entrega del bien.
En el calificado, que es un testimonio judicial de un documento privado que recoge 
un acuerdo de voluntades de los cónyuges, aprobado judicialmente, se dice que el 
esposo “tiene la intención de donar a su hija… el bien inventariado con el número 2”. 
Evidentemente, tener la intención solo puede entenderse como que, se está pensando 
en hacer la donación en el futuro, pero, en ningún caso se manifiesta la voluntad de 
trasmitir en ese momento.
Por ello suspendo la inscripción por que el documento calificado refleja una intención 
de donar, no una donación y por no ser escritura pública.
La presente nota de calificación podrá recurrirse (…)
El registrador, Firmado con firma electrónica reconocida por Francis Javier Vallejo 
Amo, registrador del Registro de la Propiedad número dos de Avilés. Avilés, a 24 de 
febrero de 2020».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña P. S. S., en su propio nombre y en 
representación de doña D. C. S., interpuso recurso el día 3 de junio de 2020 mediante 
escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Motivos
Primero.–Dice la nota de calificación que se recurre “que el documento calificado 
refleja una intención de donar, no una donación”.
Sin embargo, la dicente considera que la expresión “voluntad (...) de donar” significa 
animus donandi, el cual constituye uno de los requisitos para la validez y eficacia de la 
donación.
Dice el art. 618 C.C. que la donación es un acto de liberalidad por el cual una 
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.
Por otro lado, el art. 623 C.C. dispone que la “donación se perfecciona desde que el 
donante conoce la aceptación del donatario”; añadiendo el art. 629 del mismo código que  s
“La donación no obliga al donante ni produce efecto, sino desde la aceptación”. oe.
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que el esposo y padre interviene en el  w.
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La redacción de la cláusula del Convenio podría haber sido diferente, expresando,
por ejemplo, que el padre dona, en vez de que tiene voluntad de donar, pero, siendo el  Bc
animus donandi uno de los requisitos de la donación, incluso la interpretación literal de la 
expresión nos ha de llevar a considerarla sinónima, sin necesidad de acudir a otros 
criterios de interpretación de los previstos en los arts. 1.282, 1284, 1.285 y 1286, todos 
ellos del Código Civil,
Téngase en cuenta que la voluntad de donar se manifiesta en el mismo documento 
que la aceptación de la donación y, lo que es aún más relevante, el donante, como 
cotitular de la patria potestad de la menor donataria, acepta la indicada donación en el 
acto.
Es decir, no acepta la donación que se producirá, acepta la que ya se ha producido, 
pareciendo absurda una interpretación según la cual la aceptación se produce antes de 
la donación, pues en tal caso el donante, en representación de la donataria, estaría 
aceptando una donación que no se habría producido. Donó en su propio nombre y 
aceptó la donación corno representante legal de la donataria.
Aunque la nota de calificación no lo menciona de manera expresa, conviene salir al 
paso de la eventual alegación de que se trata de una promesa de donación de las que la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo consideran ineficaces, cuestión de la que se ocupa 
la STS de 24 1-2008, que casó la dictada por la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, pues en dicha Sentencia, que analiza un caso de donación a hijos de la parte del 
padre de una vivienda ganancial, no se había producido la aceptación, ni en el propio 
Convenio Regulador, ni en fecha posterior, ni por los donatarios directa y personalmente, 
ni por sus padres como titulares de la patria potestad sobre los mismos.
Es decir, el Tribunal Supremo casó la Sentencia de la Audiencia y declaró inexistente 
la donación e inexigible la promesa de donación, no porque se hubieran producido en un 
Convenio Regulador judicialmente aprobado, sino por la falta de aceptación de los 
donatarios.
Tampoco cabría sostener que la cláusula del Convenio Regulador según la cual “y si 
fuera preciso otorgar escritura pública, correrán de cuenta del padre cualquier gasto, 
tributo, honorario o similares que se devengaren como consecuencia de la donación” 
supone el reconocimiento de que la donación no se había producido aún pues si, por un 
lado, se contempla como una eventualidad y no como algo ineludible (“si fuera preciso”), 
dicha escritura pública tendría como finalidad no el perfeccionamiento de la donación 
sino la superación de los posibles obstáculos que algunos Registradores de la Propiedad 
vienen poniendo para el acceso al Registro de las transmisiones 'del dominio y de otros 
derechos reales contenidas en Cuadernos Particionales aprobados por los Tribunales 
según lo acordado por los herederos y en los Convenios Reguladores de los efectos de 
la Separación o el Divorcio de Mutuo Acuerdo, cuando en ninguno de los dos casos 
medie Resolución judicial dictada en Procedimiento Contencioso.
A mayor abundamiento, procedería añadir que el art. 629 C.C. no obliga al donante, 
ni produce efecto, sino desde la aceptación, por lo que, sensu contrario, desde entonces 
lo produce.
Segundo.–La segunda razón por la que el Sr. Registrador de la Propiedad encargado 
del Registro n.º 2 de los de Avilés suspende la inscripción solicitada es que el Convenio 
Regulador suscrito por los cónyuges, informando favorablemente por el Ministerio Fiscal 
y aprobado judicialmente, no es una escritura pública.
En efecto, el art. 633 C.C. preceptúa que para que sea válida la donación de cosa 
inmueble ha de hacerse en escritura pública, añadiendo el art. 1216 C.C., que “Son 
documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con 
las solemnidades requeridas por la ley” (el subrayado es nuestro). s
En sus comentarios al C.C. D. X. O. anota que este precepto 1.216 C.C. es una  oe.
norma  de  carácter  procesal,  que  se  ha  mantenido  en  el  Código  Civil,  pero  cuya  w.
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toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales” y 
“2.º Los autorizados por notario con arreglo a derecho”.
Es decir, que la nueva LEC no solo considera documento público el Convenio 
Regulador de los efectos del Divorcio homologado judicialmente y con informe favorable 
del Ministerio Fiscal, cuya intervención fue preceptiva por existir hijos menores de edad, 
sino que lo hace con la misma entidad que las escrituras notariales o incluso superior, si 
al orden que sigue el precepto pudiera atribuírsele esa mayor relevancia.
La Sala 1.ª del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en 
un asunto similar en su Sentencia n.º 438/2014, de fecha 18-7-2014, recaída en el 
Recurso de Casación n.º 2037/2012, razonando en los siguientes términos.
“(IV)  La  declaración  del  donante  y  del  donatario,  tratándose  de  inmuebles, 
cumplimenta lo dispuesto en el art. 633 del Código Civil, respecto de la exigencia de 
escritura  pública,  mediante  su  inclusión  en  el  citado  convenio,  que  tiene  valor  de 
documento público, sin necesidad de otorgamiento ulterior de escritura pública para su 
formalización al tratarse de una medida que afecta a la vivienda familiar tomada en el 
marco propio de la solución de la crisis familiar objeto del Convenio, con acceso al 
Registro de la Propiedad para su inscripción”».
IV
El registrador de la Propiedad notificó la interposición del recurso al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés el día 4 de junio de 2020; y el juez, 
don Ricardo Badas Cerezo, informó lo siguiente:
«Dando cumplimiento al trámite de alegaciones solicitado en escrito de fecha 9 de 
junio de 2020, en relación a la validez del testimonio judicial para la práctica de la 
inscripción de donación a que hace referencia en este expediente gubernativo tramitado 
con el número 337/2020 en relación al recurso con numero de entrada 2020/5.119 del 
Registro  de  la  Propiedad  N.º  2  Avilés,  entiende  esté  proveyente  que  el  convenio 
regulador de fecha 18 de febrero de 2014 que consta unido al divorcio de mutuo 
acuerdo 479/2013, no contiene una autentica donación sino que solo manifiesta la 
intención de donar en su momento por lo que carece de efectividad jurídica para anotar 
la mencionada donación. En Avilés a 15 de junio de 2020».
V
El registrador de la Propiedad elevó el expediente a este Centro Directivo, con su 
informe, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 103, 392, 401, 402, 609, 630, 633, 1095, 1068, 1069, 
1258, 1261, 1262, 1278, 1279, 1280, 1462, 1463 y 1464 y concordantes del Código Civil; 
2, 3, 18, 42.9.º, 65 y 323 de la Ley Hipotecaria; 7, 8, 9, 33, 34 y 100 del Reglamento 
Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1990, 31 de mayo 
de 2001, 8 de julio de 2002, 24 y 25 de enero de 2008 y 18 de julio de 2014, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de julio 
de 1999, 22 de abril de 2002, 31 de enero de 2005, 22 de febrero de 2007, 5 de agosto 
de 2011, 11 de abril y 8 de mayo de 2012, 4 de agosto y 16 de octubre de 2014, 19 y 30  e
de junio de 2015, 4 de mayo, 26 de julio y 24 de octubre de 2016, 27 de junio y 11 de  bo
octubre de 2017, 18 de mayo, 21 de junio, 8 de septiembre de 2017, 23 y 24 de abril  4w
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correspondientes adjudicaciones a los excónyuges, se incluye el siguiente pacto:
«Es voluntad del esposo padre donar a su hija D. C. S. el bien inventariado con el 
número 2. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 630 del Código 
Civil, la hija acepta, en este documento, la indicada donación, por medio de sus padres. 
Y, si fuera preciso otorgar escritura pública, correrán de cuenta del padre cualquier gasto, 
tributo, honorario o similares que se devengaren como consecuencia de la donación».
El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, la documentación 
presentada refleja una intención de donar, no una donación con transmisión en ese 
momento; y, además, para su validez, la donación de inmueble ha de hacerse en 
escritura pública, según el artículo 633 del Código Civil.
2.  La primera de las objeciones que opone el registrador, al entender que no hay 
donación sino intención de donar, no puede ser confirmada si se hace abstracción del 
segundo de los defectos invocados por aquel.
Aunque por los términos empleados en el convenio regulador en el sentido de que 
«es  voluntad  del  esposo  (…)  donar  a  su  hija  (…)  el  bien  inventariado»  y  de  la 
interpretación que realiza el juez en su informe en este expediente pudiera sostenerse 
que no se trata de una donación de presente sino de una promesa de donación, lo cierto 
es que en ese mismo pacto contenido en el convenio se expresa que la hija, menor de 
edad, acepta la donación representada por sus padres, algo que debe entenderse 
determinante para concluir que se trata de una verdadera donación y no una mera 
promesa de donación (cfr. las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 y 25 de enero 
de 2008 y 18 de julio de 2014, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 8 de mayo de 2012, 18 de mayo de 2017 y 16 de mayo 
de 2019).
3.  La segunda de las objeciones expresadas en la calificación impugnada, según la 
cual no sería válida la donación por no constar en escritura pública, debe ser confirmada.
Cabe recordar que el convenio regulador de los efectos de la nulidad, separación y 
divorcio, tal y como establece el artículo 90 del Código Civil, es un pacto entre los 
esposos por el cual, entre otros extremos, podrán llevar a cabo la completa liquidación 
del régimen económico matrimonial. Desde el punto de vista formal, según doctrina 
consolidada de este Centro Directivo (vid. las Resoluciones de 4 de agosto y 16 de 
octubre de 2014, 30 de junio de 2015, 24 de octubre de 2016 o de 11 de octubre 
de 2017, entre otras muchas), el convenio regulador, suscrito por los interesados sin 
intervención  en  su  redacción  de  un  funcionario  competente,  no  deja  de  ser  un 
documento privado que con el beneplácito de la aprobación judicial obtiene una cualidad 
específica, que permite su acceso al Registro de la Propiedad, siempre que el mismo no 
se exceda del contenido que a estos efectos señala el artículo 90 del Código Civil, pues 
hay que partir de la base de que el procedimiento de separación o divorcio no tiene por 
objeto, en su aspecto patrimonial, la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales 
que puedan existir entre los cónyuges sino tan sólo de aquellas derivadas de la vida en 
común. Así resulta indubitadamente de la regulación legal que restringe el contenido 
necesario del convenio regulador a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar y a 
la  liquidación,  cuando  proceda,  del  régimen  económico  matrimonial  amén  de  otras 
cuestiones como la pensión compensatoria y el sostenimiento a las cargas y alimentos 
(artículos 90 del Código Civil y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil citados en 
los «Vistos»). Por este motivo, el propio Código restringe la actuación del juez, a falta de 
acuerdo, a las medidas anteriores (artículo 91), como restringe también la adopción de 
medidas  cautelares  al  patrimonio  común  y  a  los  bienes  especialmente  afectos  al 
levantamiento de las cargas familiares (artículo 103). Por ello, la liquidación del régimen  e.
económico-matrimonial y en general del haber común del matrimonio es materia típica y  w.b
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Código Civil, sus disposiciones o estipulaciones deben apoyarse en él, permitiéndose de
esta forma la adjudicación de bienes privativos cuando ello pudiera obedecer a una 
causa  matrimonial  concreta,  tal  y  como  resulta  de  los  negocios  relativos  al  uso  o 
titularidad de la vivienda habitual o la necesaria y completa liquidación del régimen 
económico del matrimonio.
En caso de donaciones de bienes inmuebles, la regla general que condiciona su 
validez se recoge en el artículo 633 del Código Civil, que impone su otorgamiento en 
escritura pública notarial como requisito «ad solemnitatem» de validez de la misma, así 
como su constancia en el mismo título formal la aceptación de la misma, ya sea en la 
misma escritura o en otra posterior separada.
Este rigor formalista, sin embargo, se ha dulcificado en los casos de donaciones o 
negocios complejos de carácter familiar contenidos en convenios reguladores, cuya 
debida autorización en el convenio regulador obedece a una causa matrimonial concreta. 
Así se ha pronunciado este Centro Directivo en Resoluciones como la de 8 de mayo 
de 2012 (confirmada por otras de fecha posterior, como las de 18 de mayo de 2017 y 16 
de mayo de 2019), al señalar lo siguiente:
«2.  En cuanto a la primera de las cuestiones, como ha afirmado anteriormente este 
Centro Directivo, es cierto que la donación de bienes inmuebles presupone escritura 
pública como requisito formal para su existencia y validez (cfr. artículo 633 del Código 
Civil), pero no es este el caso debatido, toda vez que:
a)  ni es cierto que la cesión considerada se hace sin contraprestación (el otro 
cónyuge se compromete al pago del crédito hipotecario que lo grava, obligación de la 
que queda liberado el cedente), ni puede ignorarse que en las cesiones de la vivienda 
familiar que un cónyuge realiza en los convenios reguladores de la separación o el 
divorcio, en favor del otro cónyuge o de los hijos comunes, tiene una decisiva relevancia 
la necesidad de atender la situación creada por la crisis matrimonial;
b)  uno de los aspectos que por expresa previsión legal ha de abordarse en el 
convenio regulador es el relativo a la vivienda familiar, como ha tenido ocasión de afirmar 
recientemente esta Dirección General en Resolución de 11 de abril de 2012, y obedece 
la exigencia legal de esta previsión a la protección, básicamente, del interés de los hijos 
(cfr. artículo 96 del Código Civil); por lo que en modo alguno puede afirmarse que sea 
extraño al contenido genuino de dicho convenio el que uno de los cónyuges ceda su 
parte de vivienda a favor de los hijos del matrimonio, sin que pueda alegarse que el 
artículo 90.c del Código Civil exige únicamente la previsión sobre el uso; pues, por una 
parte, y como literalmente señala el inciso inicial de dicho artículo, las especificaciones 
recogidas en el artículo citado constituyen el contenido “mínimo” del convenio y, por otra, 
no hay razón para excluir aquellas disposiciones relativas al uso de la vivienda que se 
articulen  por  vía  de  cesión  de  la  propiedad,  y  entender  incluida  sólo  las  que  se 
instrumentalicen por el cauce de la constitución de un derecho real de goce;
c)  las previsiones adoptadas en un convenio regulador de la consecuencia de la 
separación o divorcio, que constituyan el contenido propio de dicho convenio por incidir 
sobre los aspectos que la crisis familiar hace necesario abordar, produce plenos efectos 
jurídicos una vez aprobados judicialmente (cfr. artículo 90 del Código Civil);
d)  si bien la calificación del registrador se extiende también a la causa del negocio 
formalizado en el convenio regulador, para esta calificación debe tenerse en cuenta que 
la unidad y recíproca interdependencia de las distintas previsiones que integran estos 
convenios impiden considerar la cesión de propiedad que en el presente supuesto se 
formaliza aisladamente del resto de estipulaciones del mismo (en el presente caso,  e
afirmación del carácter de vivienda familiar, asunción de la carga hipotecaria que la  bo
grava, regulación de la obligación de satisfacer el derecho de alimentos de los hijos…).  4w
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cónyuges un negocio jurídico complejo, de carácter familiar y oneroso».
En consecuencia, para que pueda tener acceso al Registro de la Propiedad debe 
tratarse de un negocio diferente a una donación pura y simple, acercándose más a un 
acto de naturaleza familiar y matrimonial, de carácter complejo, y cuya finalidad se 
entronque con el cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 90 del Código Civil. 
Esas circunstancias concurrían, por ejemplo, en el caso de la citada Resolución de 16 de 
mayo de 2019 (en tanto en el convenio que se analizaba el marido renunciaba a la mitad 
indivisa que le correspondía sobre la vivienda familiar a favor de sus hijas, entonces 
menores de edad). Pero, en el caso presente, no se trata de donación de la vivienda 
familiar y de la documentación presentada a calificación no resulta que la cuestionada 
transmisión de una plaza de garaje se enmarque en una serie de contraprestaciones 
complementarias determinantes de un negocio jurídico complejo, de carácter familiar y 
oneroso, y no de una simple donación a favor de la hija. Por ello, los motivos alegados 
por la recurrente no pueden ser estimados.
Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso, únicamente 
respecto del primero de los defectos expresados en la calificación, y desestimarlo con 
confirmación del segundo de los defectos invocados por el registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1163n https://w