BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Miércoles 9 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 17005
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE CONSUMO
2063 Real Decreto 116/2022, de 8 de febrero, por el que se crea la Comisión 
Interministerial de Consumo y se determinan su composición, funciones y 
régimen de funcionamiento.
El artículo 51 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud y legítimos intereses económicos, 
y promoviendo su información y educación.
Las Administraciones públicas deben, por tanto, garantizar el mandato constitucional 
de proteger la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos de las personas 
consumidoras  y  usuarias,  en  el  marco  de  una  realidad  económica  cambiante,  que 
evoluciona día a día, como consecuencia de las nuevas tecnologías en la oferta de 
bienes y servicios, la transición ecológica y digital, la protección de los derechos de las 
personas  consumidoras  –en  especial,  de  las  que  se  encuentran  en  situación  de 
vulnerabilidad– y otros diversos factores.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Real Decreto 495/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y 
se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de 
Consumo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de consumo y 
protección de los consumidores y de juego, así como el impulso de la acción de la 
Administración General del Estado en la materia.
Mediante el Real Decreto 306/2010, de 15 de marzo, por el que se crea la Comisión 
Interministerial de Consumo y se regulan sus funciones, composición y funcionamiento, 
se constituyó este órgano teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar de la materia de 
consumo. Así, la Comisión Interministerial de Consumo se creó como órgano colegiado 
interministerial para el desarrollo de la iniciativa estratégica del Gobierno en materia de 
consumo. Desde su creación, esta Comisión ha tenido por objeto instrumentar la efectiva 
colaboración entre los diversos departamentos ministeriales con el objeto de fomentar un 
consumo saludable, seguro, solidario y sostenible, en línea con las sucesivas políticas de 
economía y consumo sostenible del Gobierno de España, así como de garantizar en 
todo momento un alto nivel de protección de las personas consumidoras y usuarias.
Al objeto de adecuar la composición y funciones de la Comisión Interministerial de 
Consumo  al  nuevo  marco  de  distribución  competencial  de  los  Departamentos 
ministeriales, la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 495/2020, de 28 de 
abril, estableció un plazo de dieciocho meses para su adaptación normativa según lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Por lo tanto, mediante este real decreto se da cumplimiento a dicho 
mandato, procediéndose a adecuar la norma reguladora de la Comisión Interministerial 
de Consumo.
En cuanto al objeto y funciones de dicha Comisión, es necesario contemplar el marco 
normativo desarrollado a nivel estatal y europeo estos últimos años a los efectos de  es
impulsar, racionalizar y mejorar la protección tanto de los derechos de las personas  o
consumidoras y usuarias, como de la promoción de un modelo de consumo responsable,  63ww
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que desarrolla la política europea de consumo de 2020 a 2025. La Nueva Agenda del
Consumidor cuenta con cinco ejes de acción prioritarios: en primer lugar, la transición 
ecológica, garantizando que las personas consumidoras adopten un papel más activo en 
la misma; en segundo lugar, la transformación digital, reforzando la protección de las 
personas consumidoras tanto en el mercado físico como en el online; en tercer lugar, el 
fortalecimiento de la tutela de los derechos de las personas consumidoras, de forma que 
estas puedan hacerlos valer de forma eficaz ante las empresas en el interior del mercado 
único europeo; en cuarto lugar, la protección específica a las personas consumidoras 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, bien por circunstancias sociales bien 
por características personales tales como edad, género, estado de salud, alfabetización 
digital,  capacidad  de  cálculo  o  situación  económica;  y  en  quinto  y  último  lugar,  la 
cooperación internacional, requerida para garantizar las importaciones y proteger a las 
personas consumidoras de la Unión Europea frente a prácticas comerciales desleales 
utilizadas por los operadores no establecidos en la Unión.
El Gobierno de España ha sido pionero en desarrollar este marco de protección 
diseñado por la Comisión Europea en la Nueva Agenda del Consumidor. Así, el Real 
Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, introduce por primera vez en la legislación 
española la figura de la persona consumidora vulnerable, dotándola así de la necesaria 
cobertura legal para el desarrollo de políticas por parte de los poderes públicos –cada uno 
en su ámbito competencial– para garantizar y proteger a las personas consumidoras en 
situación de vulnerabilidad. El nuevo artículo 3.2 del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, –modificado en virtud del citado Real 
Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero– sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada 
caso resulte de aplicación, define a las personas consumidoras vulnerables como «aquellas 
personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o 
circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea 
territorial,  sectorial  o  temporalmente,  en  una  especial  situación  de  subordinación, 
indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas 
consumidoras en condiciones de igualdad». Se asume así la perspectiva adoptada por la 
Comisión Europea en la Nueva Agenda del Consumidor según la cual la situación de 
vulnerabilidad de consumo no se deriva únicamente de circunstancias personales, sino que 
hay  que  considerar  aspectos  de  origen  demográfico,  social,  educativo  e,  incluso, 
relacionados con cada entorno concreto de mercado.
En el ámbito nacional, es destacable la aprobación, mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de junio de 2020, de la Estrategia Española de Economía Circular: España 
Circular 2030. En ella se sientan las bases para superar la economía lineal e impulsar un 
nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y 
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, se reduzca al 
mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que 
no se puedan evitar. En el marco de este impulso a una economía y modo de producción y 
consumo  sostenible,  el  papel  que  pueden  desarrollar  las  personas  consumidoras  y 
usuarias en el mercado de bienes y servicios adquiere una especial relevancia, en la 
medida en que un cambio en sus hábitos de consumo puede contribuir eficazmente a la 
consecución  de  los  objetivos  que  se  pretenden  cubrir  con  la  citada  Estrategia 
garantizando, en todo caso, un alto nivel de protección de las personas consumidoras.
Asimismo, en fecha de 2 de marzo de 2021 se elevó al Consejo de Ministros un 
informe sobre las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030,  es
como  herramienta  del  Gobierno  de  España  para  alcanzar  el  cumplimiento  de  los  o
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En atención a la adopción de dichas actuaciones, teniendo en cuenta el carácter 
transversal de la materia de consumo y con objeto de contribuir a la consecución de los 
objetivos  de  la  política  de  consumo  del  Gobierno  de  España,  se  estima  oportuno 
actualizar la Comisión Interministerial de Consumo, tanto en su composición como en 
sus funciones, al objeto de desarrollar una actuación eficiente, coordinada e integrada de 
los distintos Departamentos ministeriales implicados en la protección de las personas 
consumidoras que haga posible una adecuada respuesta a los problemas que se vayan 
presentado en el presente y el futuro, en un entorno en el que es preciso actuar de forma 
ágil y eficiente para garantizar en todo momento un alto nivel de protección de las 
personas consumidoras y usuarias, especialmente a través de la unificación de criterios 
de actuación en los distintos ámbitos que afectan al consumo. Asimismo, los esfuerzos 
de la Administración deben encaminarse a garantizar el respeto y protección a los 
recursos medioambientales a través de un consumo responsable y sostenible de bienes 
y servicios.
Por  todo  ello,  procede  aprobar  el  presente  real  decreto,  sobre  la  base  de  la 
necesidad de adaptación de los órganos colegiados al nuevo régimen jurídico de la 
Administración,  según  lo  dispuesto  en  la  disposición  final  decimoséptima  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el propio Real Decreto 495/2020, de 28 de 
abril, en cuya disposición adicional quinta se establece un plazo de dieciocho meses, 
desde la entrada en vigor de dicho real decreto, para realizar la adaptación normativa de 
la Comisión Interministerial de Consumo y demás órganos colegiados dependientes del 
Departamento al nuevo marco de distribución competencial entre los Departamentos 
ministeriales. En atención a todo ello, se procede a derogar el Real Decreto 306/2010, 
de 15 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial de Consumo y se regulan 
sus funciones, composición y funcionamiento, con la finalidad de ordenar en un nuevo 
real decreto todo lo relativa a esta Comisión.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, el real decreto atiende a la necesidad 
de  dar  cumplimiento  al  mandato  de  adaptar  la  normativa  relativa  a  la  Comisión 
Interministerial  de  Consumo  establecido  en  la  disposición  adicional  quinta  del  Real 
Decreto 495/2020, de 28 de abril, antes referida. Es la aprobación de este nuevo real 
decreto y la consiguiente derogación del Real Decreto 306/2010, de 15 de marzo, la 
regulación más eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito, sin afectar 
de forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. También contribuye a dotar 
de  mayor  seguridad  jurídica  a  la  organización  y  funcionamiento  de  la  Comisión 
Interministerial  de  Consumo,  al  adecuar  esta  última  a  la  estructura  orgánica 
departamental actualmente existente, siendo coherente tanto con el nuevo marco de 
distribución  competencial  entre  los  Departamentos  ministeriales  previsto  en  el  Real 
Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los  Departamentos 
ministeriales y el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, como con la normativa en 
materia  de  organización  y  funcionamiento  de  los  órganos  colegiados  de  la 
Administración General de Estado establecida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En 
cuanto al principio de transparencia, al tratarse de una norma organizativa está exenta 
de los trámites propios de la participación pública, esto es, consulta pública y audiencia e 
información pública, si bien quedan claramente identificados en su preámbulo y en la 
memoria que lo acompaña los objetivos que persigue el real decreto. Con respecto al  es
principio de eficiencia, al tratarse de una norma organizativa cuyo principal objetivo es  o
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vez, con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española.
Este real decreto se ha remitido para informe a las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla. Asimismo, según lo establecido en el artículo 39 del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, ha emitido informe el Consejo de Consumidores y Usuarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Consumo, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 8 de febrero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente real decreto crear la Comisión Interministerial de 
Consumo y determinar su composición, funciones y régimen de funcionamiento, como 
órgano colegiado interministerial de los previstos en el artículo 21.1.a) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 2. Naturaleza y adscripción.
1. La Comisión Interministerial de Consumo se adscribe al Ministerio de Consumo, 
a través de la Secretaría General de Consumo y Juego.
2. La Comisión tiene por objeto instrumentar la efectiva colaboración entre los 
distintos departamentos ministeriales para el desarrollo de la iniciativa estratégica del 
Gobierno en materia de consumo, con el fin de impulsar y mejorar los derechos y la 
protección de las personas consumidoras y usuarias garantizando en todo momento un 
alto nivel de protección, así como de fomentar un consumo responsable, saludable y 
sostenible por parte de las personas consumidoras y usuarias.
Artículo 3. Composición.
1. La composición de la Comisión Interministerial de Consumo es la siguiente:
a) Presidencia: será ejercida por la persona titular de la Secretaría General de 
Consumo y Juego.
b) Vicepresidencia: corresponderá a persona titular de la Dirección General de Consumo.
c) Vocales: Serán vocales de la Comisión:
1.º La persona titular de la Dirección General de Ordenación del Juego.
2.º La  persona  titular  de  la  Dirección  Ejecutiva  de  la  Agencia  Española  de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, O.A.
3.º Doce personas, destinadas en puestos con rango de, al menos, Subdirector 
General, en representación de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales: 
Justicia; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, 
Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática; Política Territorial; Para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico;  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital;  Sanidad;  Derechos 
Sociales y Agenda  2030,  e Igualdad,  designadas por las personas titulares de las 
respectivas Subsecretarías.
4.º Dos personas, destinadas en puestos con rango de, al menos, Subdirector 
General, en representación, respectivamente, de la Secretaría de Estado para la Unión  e.
Europea y de la Secretaría de Estado de Comunicación, designadas por las personas  w.b
titulares de las respectivas Secretarías de Estado. 63ww
d) Ejercerá la Secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto, la persona titular de 
la Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo. En caso 
de ausencia, vacante o enfermedad, ejercerá la suplencia una persona funcionaria de 
dicha Subdirección General designada por la Presidencia.
2. La Presidencia podrá convocar a las reuniones de la Comisión a titulares de 
otros órganos de la Administración General del Estado y organismos públicos, a una 
representación del Consejo de Consumidores y Usuarios o a otras personas físicas o a 
representantes de personas jurídicas relacionadas con el ámbito del consumo, con 
perfiles científicos, o con experiencia técnica, de reconocido prestigio en la materia y a 
representantes de las asociaciones de consumidores, a tenor de los asuntos incluidos en 
el orden del día, que asistirán con voz pero sin voto.
Artículo 4. Funciones.
1. La Comisión Interministerial de Consumo tiene las siguientes funciones:
a) La  elaboración  de  programas  estratégicos  para  el  desarrollo  del  consumo 
responsable, saludable y sostenible, determinando los objetivos, las prioridades y el 
calendario de ejecución.
b) La elaboración de un catálogo de las distintas actuaciones que los departamentos 
ministeriales y organismos públicos desarrollen, en el ámbito de sus competencias, y que 
puedan afectar a los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
c) El seguimiento de las actuaciones de los distintos departamentos ministeriales, 
en ejecución de sus competencias, relacionados específicamente con los derechos de 
las personas consumidoras.
d) El  seguimiento  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  la  Nueva  Agenda  del 
Consumidor,  en  particular,  en  materia  de  protección  específica  a  las  personas 
consumidoras y usuarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
e) El seguimiento y, en su caso, apoyo a las acciones que se desarrollen en el 
marco de Estrategia Española de Economía Circular y de las Directrices Generales de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, en lo relativo a la protección de los derechos 
de  personas  consumidoras  y  usuarias  y  al  impulso  de  un  modelo  de  consumo 
responsable, saludable y sostenible.
f) La promoción de la difusión del consumo responsable, saludable y sostenible 
como iniciativa estratégica y la implantación de las medidas que la integren.
g) El estudio de los problemas de consumo, que incluirán datos desagregados por 
sexo, y la propuesta de programas y medidas que contribuyan a resolverlos, sometidos a 
su consideración o por su propia iniciativa.
h) El estudio de las iniciativas formuladas por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
i) Cuantas otras tareas relacionadas con el consumo le sean encomendadas por los 
diversos departamentos ministeriales que integran la Comisión.
2. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión Interministerial de Consumo integrará 
la perspectiva de género, velará por la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y promoverá la no discriminación en el acceso a 
bienes y servicios entre las personas consumidoras y usuarias, con especial atención a las 
personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad.
Artículo 5. Régimen de funcionamiento. e.
1. La Comisión Interministerial de Consumo funcionará en Pleno. 63ww
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de, a3l.  mLeanso ss, elas iomniteasd  pdoed sráuns  mceielembrbarrosse. tanto de forma presencial como a distancia, en
los términos previstos en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, 
de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría –o, en su caso, de quienes 
les suplan– y de la mitad, al menos, de sus miembros.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
6. De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por parte de la 
Secretaría,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la 
reunión,  las  circunstancias  de  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha  celebrado,  los  puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El 
acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente, de 
conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7. En caso de vacante, ausencia, enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, la persona que ostente la Presidencia será sustituida por la 
persona que ostente la Vicepresidencia. Las personas designadas como vocales de la 
Comisión serán sustituidas por los correspondientes suplentes, con rango mínimo de 
Subdirector General o asimilado, que serán designados por los titulares de los órganos 
ministeriales que hayan designado a los vocales titulares en representación de los 
departamentos ministeriales respectivos.
8. Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  establecidas  en  este  real  decreto,  el 
funcionamiento  de  la  Comisión  se  ajustará  a  lo  previsto  en  materia  de  órganos 
colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en lo relativo a 
sus convocatorias, así como a su régimen de constitución, de adopción de acuerdos, de 
celebración de las sesiones y de suplencias de sus miembros.
Artículo 6. Grupos de trabajo.
1. Para  el  mejor  desempeño  de  sus  funciones,  la  Comisión  podrá  acordar  la 
constitución de grupos de trabajo relativos a temas específicos, para la emisión de 
criterios, la elaboración de informes o para el seguimiento de determinadas actuaciones 
realizadas. Sus propuestas no tendrán carácter vinculante.
2. Los grupos de trabajo se formarán con personas especializadas que desarrollen 
sus funciones en el ámbito del consumo y que al efecto designen las personas titulares 
de los órganos ministeriales que hayan designado a los vocales de la Comisión. La 
constitución y las reglas de funcionamiento de estos grupos de trabajo se determinarán 
por la Comisión. La designación de los miembros de los grupos de trabajo se realizará 
de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por 
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Disposición adicional única. No incremento del gasto público.
El funcionamiento de la Comisión será atendido con los medios personales, técnicos 
y presupuestarios asignados a la Dirección General de Consumo, sin incrementar el 
gasto público ni suponer un aumento de retribuciones.
Los miembros de la Comisión y de sus grupos de trabajo, así como las personas 
invitadas en su caso a participar en sus reuniones, no percibirán por su pertenencia o 
asistencia a ellas ninguna retribución o compensación económica. La participación de 
cualquier persona convocada que no resida en el lugar de celebración de la reunión se 
hará preferentemente mediante medios telemáticos.
La participación en los grupos de trabajo no generará gastos de acuerdo con lo  e.e
previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón  b
del servicio. 63ww
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 306/2010, de 15 de marzo, por el que se crea la 
Comisión  Interministerial  de  Consumo  y  se  regulan  sus  funciones,  composición  y 
funcionamiento, así como cuantas disposiciones de igual o inferior se opongan a lo 
previsto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Consumo para que dicte, en el ámbito 
de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del 
presente real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Consumo,
ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA