BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93543
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13030 Sala Primera. Sentencia 146/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 2398-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña en relación con 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que tuvieron por no preparado su recurso de 
casación por infracción de la normativa autonómica. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que 
inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en 
infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020).
ECLI:ES:TC:2021:146
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  2398-2020,  interpuesto  por  la  abogada  de  la 
Generalitat de Cataluña, contra el auto de la Sección de Casación de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de marzo 
de 2020, por el que se desestima el recurso de queja núm. 14-2019, interpuesto contra el 
auto de la Sección Quinta de la misma Sala de 11 de octubre de 2019, por el que se 
deniega tener por preparado el recurso de casación por infracción de la normativa 
autonómica contra la sentencia de 20 de diciembre de 2017, dictada por la Sección 
Quinta  de  la  Sala  en  el  recurso  ordinario  núm.  495-2014.  Han  sido  parte  los 
ayuntamientos  de  Barberà  del  Vallès,  Camprodon,  Canovelles,  Castellar  del  Vallès, 
Castellbell  i  El  Vilar,  Cerdanyola  del  Vallès,  Lleida,  Montmeló,  Montseny,  Olesa  de 
Montserrat, Pineda de Mar, El Pont de Vilomara i Rocafort, El Prat de Llobregat, Ripollet, 
Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, 
Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa 
Perpètua  de  Mogoda,  Tarragona,  y  El  Vendrell  i  Viladecans,  representados  por  el 
procurador de los tribunales don Javier Segura Zariquiey, bajo la dirección de la abogada 
doña Elena Moreno Durán. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el 11 de junio de 2020, la abogada  e
de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, interpuso  b
recurso  de  amparo  contra  los  autos  mencionados  en  el  encabezamiento  de  esta  030ww
sentencia.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los 
que seguidamente se relacionan.
a)  La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de diciembre de 2017, pronunciada 
en el recurso ordinario núm. 495-2014, estimó parcialmente el recurso interpuesto por los 
ayuntamientos  antes  referenciados  contra  sendas  resoluciones  de  la  Consejería  de 
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña de 25 y 26 de mayo de 2015.
b)  La Generalitat de Cataluña presentó escrito ante la Sección Quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anunciando 
la intención de interponer contra dicha sentencia recurso de casación por infracción de 
normativa  autonómica,  al  amparo  del  art.  86.3  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
c)  La Sección Quinta de dicha Sala, por auto de 11 de octubre de 2019, acordó 
denegar la preparación del recurso de casación al no ser la resolución susceptible de 
dicha  impugnación  argumentando,  con  cita  de  su  auto  de  11  de  marzo  de  2019, 
pronunciado en el procedimiento ordinario núm. 452-2015, que el recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica no cabe contra las sentencias de las salas de 
los  tribunales  superiores  de  justicia  cuando  tienen  un  reparto  especializado.  Esto 
resultaría contradictorio con la vigente  regulación procesal del recurso de casación 
estatal, que responde a la lógica de dos secciones: una de admisión (no especializada), 
que se limita a examinar si concurren los requisitos de admisión, y otra de resolución 
(especializada), que es la que forma jurisprudencia.
d)  La Generalitat de Cataluña interpuso contra ese auto recurso de queja, que fue 
tramitado con el núm. 14-2019 por la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Invocó la recurrente la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del derecho de acceso a los recursos.
e)  El recurso de queja fue desestimado por auto de 10 de marzo de 2020. El auto, 
que cuenta con el voto particular disidente de uno de los magistrados de la Sección, 
argumenta que una interpretación sistemática de los párrafos segundo y tercero del 
art. 86.3 LJCA determina que el recurso de casación autonómico solo procede contra las 
sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo 
que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales, 
sean susceptibles de extensión de efectos y se funden en normas emanadas de la 
comunidad  autónoma,  pero  no  contra  las  sentencias  dictadas  por  las  salas  de  lo 
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de las comunidades 
autónomas.
A esos efectos, se afirma que la reforma legal operada en el recurso de casación en 
el orden contencioso-administrativo por la Ley Orgánica 7/2015 se dirige especialmente 
a la casación estatal y se estructura orgánicamente en dos fases referidas a la admisión, 
que se decide por una sección no especializada y rotatoria, y a la decisión, que se sigue 
en  una  sección  especializada  o  ante  el  Pleno  y  cuya  función  es  la  creación  de 
jurisprudencia.  Esta  configuración  legal  resultaría  contradictoria  en  el  ámbito  de  la 
casación autonómica si se estimaran recurribles las resoluciones de la propia Sala, que 
en la generalidad de los casos se reparten los asuntos por secciones especializadas, ya 
que en tal caso serían las sentencias de estas secciones especializadas las que podrían 
revisarse por una sección de casación que es rotatoria y no especializada y que, por  e
tanto, no tiene una ascendencia jerárquica ni una cualificación superior. bo
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febrero, y 26/2019, de 25 de febrero, sostiene la Generalitat de Cataluña que la decisión
judicial de denegar la preparación del recurso de casación por infracción de la normativa
autonómica contra la sentencia que pretendía impugnar carece de fundamento legal y 
resulta arbitraria, al vedar la posibilidad de acceder a un recurso que está legalmente 
previsto.
Afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia constitucional, ya que 
nos hallamos ante un incumplimiento reiterado por parte de la jurisdicción ordinaria de la 
jurisprudencia constitucional en la materia y porque se plantea una cuestión jurídica de 
relevante y general repercusión social, en la medida en que no se trata de la inadmisión 
de un recurso en particular, sino la denegación con carácter general de la posibilidad de 
aplicación en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de un recurso 
regulado en la ley.
4.  Por providencia de 15 de febrero de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque el recurso puede dar ocasión al 
tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)], y asimismo puede darle ocasión para aclarar o 
cambiar  su  doctrina  como  consecuencia  de  cambios  normativos  relevantes  para  la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Por ello, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordena dirigir atenta comunicación a 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
para que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 495-2014 y al 
recurso de queja núm. 14-2019; debiendo asimismo emplazar a quienes hubieran sido 
parte en dicho procedimiento, excepto a la recurrente en amparo, a fin de que puedan 
comparecer, si lo desean, en el presente proceso constitucional.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 25 de marzo de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso constitucional al procurador de los tribunales don Javier Segura Zariquiey, en 
nombre y representación de los ayuntamientos referidos en el encabezamiento de la 
presente sentencia. Acordó asimismo dar vista de las actuaciones recibidas de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6.  El procurador don Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación del 
Ayuntamiento  de  Barberà  del  Vallès  y  los  veintiséis  ayuntamientos  restantes  antes 
referidos, presentó su escrito de alegaciones ante este tribunal el 4 de mayo de 2021.
Afirma esta parte no desconocer la doctrina sentada por este tribunal, en asuntos 
similares al presente, en las SSTC 98/2020, de 22 de julio, y 11/2021, de 25 de enero, 
conforme a la cual la limitación en el acceso al recurso de casación autonómico de las 
sentencias  dictadas  en  primera  o  única  instancia  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia vulnera el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a los recursos.
Sin embargo, sostiene que en el presente caso procedería acordar el archivo del 
recurso de amparo, pues el recurso de casación autonómico que la Generalitat de 
Cataluña pretendía interponer habría perdido objeto. La Generalitat de Cataluña ha 
procedido a dar cumplimiento a la sentencia recurrida, referida a la financiación de las 
guarderías  infantiles  de  titularidad  municipal,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  s
disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de  oe.
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7.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 21 de mayo 
de 2021, formuló sus alegaciones, solicitando la estimación del recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal advierte de la identidad del objeto de este recurso de amparo con 
el resuelto por la STC 98/2020, de 22 de julio, cuya fundamentación jurídica reproduce 
en parte. En esta sentencia ya se concluyó que una interpretación del art. 86 LJCA 
conforme al cual las sentencias dictadas por las secciones o las salas de lo contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia no son susceptibles de recurso de 
casación por infracción de la normativa autonómica vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso. Ello 
porque semejante interpretación no se corresponde con la jurisprudencia establecida en 
la STC 128/2018, en referencia al sentido y finalidad de aquella norma, a las exigencias 
de configuración paralela de ambas modalidades de recurso de casación —estatal y 
autonómico—  y  a  la  remisión  implícita  del  procedente  por  infracción  de  normativa 
autonómica al previsto para la denuncia de la infracción de norma estatal o de la Unión 
Europea.
8.  La abogada de la Generalitat de Cataluña no formuló alegaciones.
9.  Por providencia de 8 de julio de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a la doctrina constitucional establecida en las SSTC 128/2018, 
de 29 de noviembre, y 98/2020, de 22 de julio.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si vulneran el derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al 
recurso, los autos impugnados. En ellos se rechaza tener por preparado el recurso de 
casación de la Generalitat, por entender que, en virtud de lo dispuesto en el art. 86.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, no cabe 
interponer el recurso de casación por infracción de normativa autonómica contra las 
sentencias dictadas por las secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Ministerio Fiscal apoya el otorgamiento del amparo. La representación procesal de 
los ayuntamientos demandantes en el proceso a quo solicita el archivo del recurso de 
amparo, por pérdida sobrevenida del objeto del recurso de casación autonómico; sin 
embargo, debe descartarse que proceda acordar el archivo que se solicita, pues la 
pretensión deducida en el recurso de amparo en ningún caso ha perdido objeto.
El objeto de este recurso fue resuelto por el Pleno del tribunal en la STC 98/2020, 
de 22 de julio. En dicha sentencia, con remisión a lo resuelto en la STC 128/2018, de 29 
de noviembre, se declara que «sostener que las sentencias dictadas por las secciones o 
las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia no son 
susceptibles de recurso de casación por infracción de normativa autonómica, constituye 
el resultado de un acto de interpretación y aplicación del art. 86 LJCA que se sustenta en 
un conjunto de argumentos que no responden a la finalidad perseguida por el legislador 
y  reconocida  por  este  tribunal,  de  constituir  esta  modalidad  de  impugnación  el 
“instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del  s
derecho”,  en  este  caso  del  derecho  autonómico.  Pero  es  que,  además,  aquella  oe.
interpretación  tampoco  cumple  las  dos  exigencias  de  configuración  paralela  y  de  w.
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A  partir  de  ello,  se  concluye  que  «las  resoluciones  judiciales  impugnadas  han
efectuado, pues, una interpretación y aplicación del art. 86 LJCA, que ha llegado a una  Bc
conclusión que no se corresponde con la doctrina de este tribunal establecida en la 
STC 128/2018, en referencia al sentido y finalidad de aquella norma, a las exigencias de 
configuración “paralela” de ambas modalidades de recurso de casación y a la “remisión 
implícita” del procedente por infracción de normativa autonómica al previsto para la 
denuncia de infracción de norma estatal o de la Unión Europea» [STC 98/2020, FJ 3 f)] y, 
por tanto, que se ha vulnerado el derecho de la parte recurrente a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho de acceso al recurso.
Esta doctrina se reitera en la STC 11/2021, de 25 de enero.
En el presente caso, en coherencia con aquellos pronunciamientos, también debe 
otorgarse el amparo por el mismo motivo. La estimación del recurso lleva consigo 
acordar  la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  y  ordenar  que  se 
retrotraigan las actuaciones, para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Generalitat de Cataluña y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 11 de octubre de 2019, dictado en el recurso ordinario núm. 
495-2014; así como del auto de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de marzo de 2020, 
dictado en el recurso de queja núm. 14-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento  de  la  primera  de  las  resoluciones  judiciales  anuladas  para  que  el 
órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.