BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Lunes 3 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 451
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
100 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica la segunda prórroga 
del Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el 
traslado  del  ejercicio  de  la  competencia  para  la  resolución  de  las 
reclamaciones  previstas  en  el  artículo  24  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013  de  9  de  diciembre  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24.
Por su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG contempla 
la  posibilidad  de  que  las  Comunidades  Autónomas  atribuyan  al  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones 
referidas en el artículo 24, mediante la celebración del correspondiente convenio en el 
que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados de 
esta asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y  Buen  Gobierno  y  la  Vicepresidencia  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha suscribieron el 22 de diciembre de 2021 una segunda prórroga del convenio de 
colaboración firmado el 28 de noviembre de 2019 que, una vez inscrita en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
con fecha 23 de diciembre de 2021, debe ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación la segunda prórroga del 
convenio  suscrito,  con  fecha  de  28  de  noviembre  de  2019,  entre  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.-El Presidente del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, A.A.I., José Luis Rodríguez Álvarez.
ANEXO ÚNICO
Segunda prórroga del Convenio suscrito, con fecha de 28 de noviembre de 2019, 
entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se atribuye al Consejo la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno
En Madrid y Toledo, a la fecha de la última firma electrónica.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  José  Luis  Rodríguez  Álvarez,  Presidente  del  Consejo  de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno  (en  adelante  el  Consejo),  según  nombramiento 
efectuado por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, «BOE» de 21 de octubre.
De  una  parte,  don  José  Luis  Martínez  Guijarro,  Vicepresidente  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado mediante Decreto 66/2019, de 7 de julio 
(publicado en el DOCM n.º 132, de 8 de julio de 2019), actuando en el ámbito de sus 
competencias de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 143, de 6 de 
octubre de 2003) y en el artículo 2 del Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en 
la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 141, de 18 
de julio de 2019).
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno  (en  adelante 
LTAIBG),  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en 
aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero.
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la  es
reclamación  prevista  en  el  artículo  24  de  la  misma  corresponderá  al  órgano  o
independiente  que  determinen  las  Comunidades  Autónomas  en  los  supuestos  de  w.
rEenstoidluacdieosn eLso cdaicletas dcaosm pporer nldaisd aAsd emni nsiust ráamcibointoe ste ryr iteolr isael.ctor público de éstas, y por las  2022-100n https://w
Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de  las  reclamaciones  referidas  en  el  apartado  anterior  mediante  la  celebración  del 
correspondiente  convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas 
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que en cumplimiento de las previsiones legislativas señaladas, el 28 de noviembre 
de 2019 se suscribió un convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y 
la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para atribuir al 
Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del 
artículo  24  de  la  LTAIBG,  en  los  supuestos  de  resoluciones  dictadas  por  la 
Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, y por las Entidades 
Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.
Sexto.
Que, de conformidad con la cláusula quinta del convenio, éste tendrá una duración de 
un año, surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2020. Esa misma cláusula dispone que 
el convenio podrá prorrogarse por un periodo anual mediante acuerdo expreso de ambas 
partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de 
duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos establecidos en el artículo 49 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En virtud de ello, 
el convenio fue objeto de una primera prórroga, firmada el 15 de diciembre de 2020.
Séptimo.
Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad de prorrogar por segunda vez el 
vigente convenio de colaboración en las mismas condiciones inicialmente acordadas.
Octavo.
Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir una segunda prórroga al convenio 
suscrito con fecha de 28 de noviembre de 2019, que se ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Duración de la prórroga al Convenio.
Esta prórroga tendrá un plazo de vigencia de un año y surtirá efectos desde el día 1 
de enero de 2022.
Segunda.  Especificaciones.
Las obligaciones asumidas por cada una de las partes permanecen inalterables con 
respecto a lo establecido en el convenio suscrito con fecha de 28 de noviembre de 2019, 
con excepción de lo indicado en la cláusula siguiente y en el anexo que acompaña a esta 
prórroga. e.
Tercera.  Obligaciones de carácter económico. 0w
Las obligaciones de carácter económico se sustanciarán de la siguiente manera:
a.  El importe tanto de la cuantía fija como variable resulta de la aplicación de la
actualización del método de cálculo que figura en el anexo a este documento.
b.  En el caso del pago de la cantidad fija anual de 11.988,60 euros (once mil 
novecientos ochenta y ocho con sesenta euros), el ingreso deberá efectuarse en el 
último  trimestre  del  año  natural.  El  pago  se  hará  efectivo  previa  expedición  de  la 
correspondiente certificación por el Consejo en la que constará, como documento anexo, 
el desglose de los importes correspondientes a la Comunidad y a las Entidades Locales 
comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  del  convenio.  Todo  ello,  en  virtud  de  lo 
dispuesto en la Cláusula cuarta del convenio.
c.  La  determinación  de  la  cuantía  variable  a  partir  de  la  reclamación  resuelta 
número 61, según la cláusula cuarta 1 del convenio, se realizará a ejercicio cerrado 
según lo acordado en la reunión de 5 de febrero de 2020 de la Comisión de Seguimiento. 
El pago de dicha cuantía variable deberá realizarse en el plazo de tres meses a partir de 
la recepción por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la certificación que 
ha de remitir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En dicha certificación 
deberán desglosarse los importes correspondientes a la Comunidad Autónoma y a las 
Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial durante el ejercicio económico 
precedente,  que  hayan  superado  el  número  máximo  de  reclamaciones  resueltas 
comprendidas en la cantidad fija.
d.  Los pagos de las cuantías, tanto fija como variable, se imputarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 11020000/G126F/22609.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman esta prórroga, en los lugares y fecha al principio indicados.–Por el Consejo de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Álvarez.–Por  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
ANEXO
I.  De  acuerdo  con  el  Modelo  de  Costes  Estándar  /  Standard  Cost  Model 
(MCE/SCM)  de  la  Unión  Europea,  en  la  versión  simplificada  adoptada  en  España, 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes 
internos  de  los  procesos  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  tienen  en 
consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2022 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento con el nuevo cálculo sería de: es
– A1 o equivalente: 25,39 euros. w.
–––   CCA212   ooo   eeeqqquuuiiivvvaaallleeennnttteee:::   111942,,,771726   eeeuuurrrooosss... 2022-100n https://w
B.  La tramitación media de un expediente de reclamación aumenta en dos horas en 
este nuevo cálculo, pasando a ser de 8:30 horas, teniendo en cuenta la cada vez mayor 
complejidad de los expedientes, con el siguiente desglose:
– Borrador: 4 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
– Propuesta de resolución: 3 horas por parte de un técnico A1.
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: por parte de un técnico A1 y técnico A2 (4:00 horas):
A1: 25,39 x 4= 101,56 euros.
A2: 19,77 x 4= 79,08 euros.
Valor medio: 101,56+79,08/2= 90,32 euros.
– Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (3:00 horas).
25,39 x 3= 76,17 euros.
– Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 hrs).
14,72 x 1,5= 22,08 euros.
– Total A1: 101,56 euros + 76,17 euros + 22,08 euros = 199,81 euros.
– Total A2: 79,08 euros + 76,17 euros + 22,08 euros = 177,33 euros.