BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Jueves 12 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 99056
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
14078 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias  y  el  Obispado  de  Menorca,  para  la  gestión  de  la  unidad 
dependiente de Menorca.
Habiéndose suscrito el 28 de julio de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior 
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y el Obispado de Menorca para la 
gestión de la unidad dependiente de Menorca, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  4  de  noviembre  de  2020.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias) y el Obispado de Menorca para la gestión de la unidad dependiente 
de Menorca
Madrid, a 28 de julio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades (en su redacción dada por el artículo 1, 
apartado 3, de la Orden INT/50/2010, de 12 de enero), en relación con el artículo 62.2.g) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con 
domicilio a los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Francisco Simón Conesa Ferrer, obispo de Menorca y actuando 
en nombre y representación del Obispado de Menorca, con CIF R0700018E, C/ del 
Bisbe, 8, 07760 Ciudadela de Menorca (España) y facultado para este acto en virtud de 
las  atribuciones  que  tiene  conferidas  como  obispo  de  Menorca,  por  el  acto  de 
nombramiento y toma de posesión de 7 de enero de 2017.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN es
Primero. 078www.
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Universal de los Derechos Humanos y la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o racial.
Asimismo,  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  y  el  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen, como fin 
primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad, la reeducación y 
reinserción social de las personas a ellas sometidas.
Segundo.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Tercero.
El artículo 72.2 de la citada Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que el tercer 
grado de tratamiento se cumplirá en establecimientos de régimen abierto. Dentro de 
ellos, el artículo 80 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/96, 
de 9 de febrero, prevé la existencia de las Unidades Dependientes, consistentes en 
instalaciones fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la 
Administración  Penitenciaria,  mediante  la  colaboración  de  las  entidades  públicas  o 
privadas.
Cuarto.
Igualmente, el artículo 69.2 de la referida Ley Orgánica contempla, a fin de conseguir 
una efectiva reinserción social de los residentes, la colaboración y participación de los 
ciudadanos  y  de  instituciones  o  asociaciones  públicas  o  privadas  dedicadas  a  la 
resocialización de los reclusos.
A raíz de estas previsiones legales, se han consolidado diferentes experiencias de 
cumplimiento de penas privativas de libertad en unidades dependientes de los centros 
penitenciarios,  ubicadas  fuera  de  sus  recintos,  con  una  amplia  participación  de 
organismos y asociaciones no penitenciarias que ponen de manifiesto la idoneidad de 
esta modalidad de régimen abierto para conseguir la plena normalización e integración 
social de grupos definidos de penados.
La  realidad  de  las  Unidades  Dependientes  (desarrolladas  en  el  Reglamento 
Penitenciario en sus artículos 165 y siguientes) pone de manifiesto la confluencia de dos 
estrategias de integración que, si bien parten de puntos diferentes, han coincido para 
conseguir  objetivos  idénticos.  El  servicio  social  comunitario  y  los  organismos  e 
instituciones  públicas  y  privadas,  confluyen  con  los  esfuerzos  de  la  Administración 
Penitenciaria para conseguir que el cumplimiento de las penas privativas de libertad, en 
medio abierto, pueda alcanzar su más preciado objetivo.
Cinco.
Que el Obispado de Menorca (a través del Secretariado Diocesano de Pastoral  e.e
Penitenciaria) viene colaborando desde hace tiempo con Instituciones Penitenciarias,  w.b
desarrollando  una  actividad  ampliamente  demostrada  y  reconocida  socialmente  en  078ww
ltaasre Uans iddaed reese dDuecpaecniódnie nyt eresi.nserción social de personas privadas de libertad a través de
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la Secretaría 
General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  el  Obispado  de  Menorca  (a  través  del 
Secretariado  Diocesano  de  Pastoral  Penitenciaria)  para  la  gestión  de  la  Unidad 
Dependiente, ubicada en C/ Dels Negres, n.º 43, 07703 Mahón, para residentes con un 
régimen de vida compatible con el denominado régimen abierto, de tal manera que 
puedan  beneficiarse  de  las  intervenciones  educativas,  sociales  y  psicológicas  que 
recibirán por parte del personal profesional, voluntarios de la entidad y colaboradores 
autorizados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Segunda.  Características de la Unidad Dependiente.
La  Unidad  Dependiente  del  Centro  Penitenciario  de  Menorca  contará  con  las 
características que a continuación se acuerdan:
1.  La  Unidad  Dependiente  estará  ubicada  en  el  inmueble  referenciado  en  la 
cláusula  primera,  dependiente  del  Centro  Penitenciario  de  Menorca,  destinado  a 
residentes (hombres y mujeres) en tercer grado de cumplimiento de condena y a los que 
se les ha concedido la condición de artículo 165 del Reglamento Penitenciario.
2.  La vivienda tendrá una capacidad máxima de 5 usuarios, posibilitando así la 
adecuada  atención  educativa,  social,  psicológica  o  de  otro  tipo  para  favorecer  su 
inclusión social.
Se  fomentará  que  la  vivienda  se  encuentre  la  mayor  parte  del  tiempo  con  su 
capacidad óptima de usuarios cubierta, bien mediante la derivación de penados/as 
propuestos/as por parte de los centros penitenciarios que corresponda o bien del propio 
Centro Penitenciario de Menorca.
El destino de los/as residentes de la Unidad Dependiente tendrá carácter voluntario, 
siendo  requisito,  por  parte  de  cada  una  de  ellos/ellas,  la  aceptación  del  contrato 
terapéutico,  cuyo  contenido  será  elaborado  por  la  Comisión  de  Seguimiento  del 
Convenio que al efecto se menciona en la cláusula séptima de este documento.
Los/as penados/as propuestos/as como posible perfil de la Unidad Dependiente 
serán entrevistados por el equipo técnico de Pastoral Penitenciaria previamente a su 
valoración por parte de la Junta de Tratamiento, a fin de poder establecer un programa 
individualizado de tratamiento (PIT) adecuado al usuario/a y que el contenido de éste se 
tenga en cuenta en dicha reunión.
Asimismo, siempre que se prevea el cambio de situación penitenciaria de uno/a de 
los/as usuarios/as atendidos/as por la Unidad Dependiente, se solicitará informe de 
valoración al equipo técnico de Pastoral Penitenciaria para que, de igual modo, éste 
pueda ofrecer su visión a la Junta de Tratamiento que lo decida.
Los/as residentes de la Unidad Dependiente recibirán tratamiento reeducador, de 
acuerdo con el programa y normas de funcionamiento que conjuntamente acuerden las 
partes firmantes.
La atención sanitaria de estos/as residentes correrá a cargo de los servicios médicos  es
del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con la normativa vigente. o
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otro interno/residente, a aportar el importe del racionado establecido para cada residente
así  como  los  correspondientes  lotes  de  aseo  que,  por  interno/residente,  pudiera 
corresponder y el material de limpieza para mantener el piso en condiciones óptimas.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se obliga a llevar a cabo los 
controles  presenciales  y  aleatorios  necesarios  para  la  comprobación  del  buen 
funcionamiento de la vivienda.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a informar 
sobre la marcha de los programas e iniciativas relacionados con actividades a desarrollar 
en la Unidad Dependiente, que el Obispado de Menorca presente ante las instancias 
pertinentes a fin de recabar apoyo económico para los mismos.
Cuarta.  Obligaciones del Obispado de Menorca con relación al domicilio de la Unidad 
Dependiente y usuarios/as de la misma.
El Obispado de Menorca se obliga a poner a disposición de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias el espacio físico necesario para el desarrollo de la Unidad 
Dependiente, en estado óptimo para su uso.
El  Obispado  de  Menorca  se  obliga  a  comunicar  a  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, a través del Director/a del Centro Penitenciario de Menorca 
y con dos meses de antelación, el posible cambio que, por motivos de fuerza mayor, 
pueda producirse en el domicilio en que se ubique la Unidad Dependiente.
El Obispado de Menorca se obliga, igualmente, a llevar a cabo el programa de 
intervención  específico  de  la  unidad,  aportando  a  su  cargo  el  personal  técnico  y 
voluntario adecuado.
Los gastos de luz, agua, teléfono, calefacción, etc., que pudieran generar el local 
donde se ubica la Unidad Dependiente, correrán a cargo del Obispado de Menorca.
Quinta.  No nacimiento de obligaciones contractuales.
Del  presente  Convenio  no  nacerán  obligaciones  contractuales,  funcionariales, 
laborales ni estatutarias de ningún tipo entre el personal asignado por el Obispado de 
Menorca y la Administración Penitenciaria y viceversa.
Sexta.  Financiación.
El presente Convenio conlleva coste para las partes que lo suscriben.
En  los  términos  de  la  cláusula  tercera,  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias se obliga, como con cualquier otro interno/residente, a aportar el importe 
del racionado establecido para cada residente así como los correspondientes lotes de 
aseo que, por interno/residente, pudiera corresponder y el material de limpieza para 
mantener  el  piso  en  condiciones  óptimas,  con  un  coste  anual  de  1000  euros 
(1605133A22105) y 700 euros (1605133A22199), respectivamente.
Por su parte, en los términos de la cláusula cuarta, los gastos de luz, agua, teléfono, 
calefacción, etc. que pudieran generar el local donde se ubica la Unidad Dependiente y 
su  funcionamiento,  correrán  a  cargo  del  Obispado  de  Menorca  y  que  ascienden 
a 21.801,48 euros de media anual.
Séptima.  Comisión Mixta de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos  e.e
representantes  del  Obispado  de  Menorca  que  serán  nombrados  por  el  Secretario  w.b
General de Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente. 078ww
ésto2s.  deLsoigsn emnie.mbros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que
Gen3e.r alL dae p rInesstidituecnicoinae dse P lean Citeonmciisairóians ,d ea sSí ecgoumimoi elnat od ecsoirgrneascpioónnd edreál  ase lcar eStaerciore, taqruíea 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  El Obispado de Menorca se compromete a mantener en secreto todos los datos 
e informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio. En particular, 
será considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, 
debiendo el Obispado mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  Convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Obispado. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías de: Nombre y apellidos, DNI o NIS, 
dirección, familia, lugar donde disfrutar los permisos (datos contenidos en informe social 
entregado en la Unidad Dependiente).
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  las  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Régimen de modificación del Convenio. e.e
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de  078ww
Instituciones Penitenciarias y del Obispado de Menorca.
Décima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la  Ley  29  /1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  Convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  Convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  del 
Obispado de Menorca podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros 
cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  Convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–Por el 
Obispado de Menorca, Francisco Simón Conesa Ferrer.