BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145152
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19504 Sala Segunda. Sentencia 175/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 1454-2019. Promovido por doña Joana Ortega i Alemany respecto de 
las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron 
por un delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la 
igualdad  ante  la  ley,  libertad  ideológica  y  de  expresión,  de  reunión  y 
participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: STC 
170/2021  (negativa  a  dar  debido  cumplimiento  a  la  providencia  de  este 
Tribunal acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la 
impugnación  de  disposiciones  autonómicas  tramitada  con  el  número 
6540-2014).
ECLI:ES:TC:2021:175
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1454-2019, promovido por doña Joana Ortega i 
Alemany frente a la sentencia de 23 de enero de 2019, de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de 13 de marzo de 2017 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones don 
Artur Mas i Gavarró. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 6 de marzo 
de 2019, doña Joana Ortega i Alemany, representada por el procurador de los tribunales 
don Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección del letrado don Rafael Entrena Fabré, 
interpuso recurso de amparo frente a las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso de amparo y a los 
que se refiere la demanda, son los siguientes:
a)  En el procedimiento abreviado núm. 1-2016, seguido en la Sala de lo Civil y  e.
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la demandante de amparo, así  w.
como contra don Artur Mas i Gavarró y doña Irene Rigau i Oliver, el Ministerio Fiscal y  504ww
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aaudtmoi nidsetr ataivpae.rtura  de  juicio  oral  por  delitos  de  desobediencia  y  prevaricación  BOE-A-cable e
En el juicio oral celebrado en el mes de febrero de 2017, tras la práctica de la prueba, 
el  fiscal  calificó  definitivamente  los  hechos  como  constitutivos  de  un  delito  de 
desobediencia grave cometido por autoridad pública del art. 410.1 del Código penal (en 
adelante, CP) y un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 CP en relación 
de concurso medial del artículo 77.1 y 2 CP, en tanto que la acusación popular acusó por 
los mismos delitos, si bien en relación de concurso real o, alternativamente, de concurso 
medial. Las defensas de los acusados solicitaron su libre absolución.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó la 
sentencia 5/2017, de 13 de marzo, en la que se declaró probado, en síntesis, que don 
Artur Mas i Gavarró, en su condición de presidente de la Generalitat de Cataluña, 
efectuó una comparecencia institucional ante los medios de comunicación el día 14 de 
octubre  de  2014  en  la  que  anunció  la  celebración  de  un  proceso  de  participación 
ciudadana para el día 9 de noviembre siguiente, y que simultáneamente, en una página 
web institucional que había sido creada y registrada el día 10 de octubre anterior 
denominada www.participa2014.cat, se reflejó el mismo anuncio en el que se llamaba a 
los catalanes y las catalanas y a las personas residentes en Cataluña a manifestar su 
opinión sobre el futuro político de Cataluña. Bajo la iniciativa y dirección del presidente 
de la Generalitat actuaron la demandante, en su condición de titular del Departamento de 
Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, y doña Irene Rigau i Oliver, 
en su condición de titular del Departamento de Enseñanza de la Generalitat.
El  31  de  octubre  de  2014  el  Gobierno  de  España  presentó  ante  el  Tribunal 
Constitucional una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un 
conflicto positivo de competencia contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña 
relativas a dicha convocatoria que dio lugar al dictado de la providencia del Tribunal 
Constitucional de 4 de noviembre de 2014, en la que en virtud de la invocación por el 
Gobierno  del  artículo  161.2  de  la  Constitución  se  acordó  la  suspensión  de  las 
actuaciones impugnadas, así como de las restantes actuaciones de preparación de dicha 
consulta o vinculadas a ella, por un plazo máximo de cinco meses, desde el 31 de 
octubre de 2014, fecha de interposición de la impugnación, para las partes en el proceso, 
y desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» –que se produjo el día 
siguiente– para los terceros. La providencia fue comunicada el mismo día a los servicios 
jurídicos de la Generalitat de Cataluña por correo electrónico acompañada de una carta 
del presidente del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat.
El Consell de Govern, en el que participó la demandante, se reunió la tarde del 
mismo día, analizó la providencia y acordó recurrirla en súplica y subsidiariamente 
formular  alegaciones  en  defensa  de  la  constitucionalidad  de  las  actuaciones 
impugnadas. El presidente de la Generalitat, conocedor de que tales iniciativas no 
afectaban a la eficacia del proveído, se abstuvo de dictar una resolución o de efectuar 
anuncio alguno de suspensión del proceso participativo, y de común acuerdo con la 
demandante de amparo y la otra acusada, obrando cada cual en el ámbito de sus 
respectivas responsabilidades institucionales, desarrollaron las actividades preparatorias 
que permitieron la celebración de la consulta en el día señalado y en días sucesivos 
hasta el 25 de noviembre de 2014 –mantenimiento de la página web y de la campaña de 
publicidad  institucional,  reparto  masivo  de  correspondencia  oficial,  distribución  del 
material, urnas, papeletas y sobres, así como ordenadores a los puntos de votación, 
elaboración e instalación de los programas informáticos y apoyo técnico necesarios para 
la gestión del proceso, contratación de un suplemento de póliza de accidentes para 
cubrir a los voluntarios, e instalación de un centro de prensa para anunciar oficialmente  s
los resultados, entre otras–. oe.
La  sentencia  declaró  que  estos  hechos  eran  constitutivos  de  un  delito  de  w.
desobediencia cometido por autoridad o funcionario público previsto y penado en el  504ww
aarrttííccuulloo  2481,0 .i1n cCisPo,  pdreiml eqruoe,  ddeol nC Aódrtiugro  Mpaesn ail , Geanv atarrnóto  fuqeu ea ulato rd eemna nlodsa ntéterm yi nloas  odtreal 
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prevaricación administrativa del artículo 404 del indicado código, por no apreciar la 
existencia de una antijuridicidad material que se proyectase más allá del incumplimiento 
del mandato judicial suspensivo derivado del artículo 161.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello se impuso a don Artur Mas i Gavarró la pena de multa de 
doce  meses  con  una  cuota  diaria  de  cien  euros  y  una  responsabilidad  personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de 
ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno 
tanto en el ámbito autonómico como del Estado por tiempo de dos años, mientras que a 
la demandante se impuso la pena de multa por tiempo de diez meses con la misma 
cuota y la pena de inhabilitación especial para los mismos cargos y funciones públicos 
por tiempo de un año y nueve meses, y se imponía a doña Irene Rigau i Oliver la pena 
de multa por tiempo de ocho meses con la misma cuota y la pena de inhabilitación 
especial para los mismos cargos y funciones públicos por tiempo de un año y seis 
meses.
b)  Los tres condenados interpusieron sendos recursos de casación que fueron 
acumulados  bajo  el  núm.  1018-2017.  La  demandante,  junto  a  varios  motivos  de 
infracción de ley, invocó al amparo de los arts. 852 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim) y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la vulneración del derecho a 
la igualdad (arts. 14 CE y 14 del Convenio europeo de derechos humanos: CEDH), de 
los derechos a la libertad ideológica, de expresión y de participación en los asuntos 
públicos (arts. 16, 20 y 23 CE) y del derecho a la legalidad penal (arts. 25.1 y 7 CEDH).
El recurso de casación de la demandante fue estimado parcialmente en sentencia 
de 23 de enero de 2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le redujo la 
duración de la pena de inhabilitación especial a nueve meses como consecuencia de la 
estimación del motivo de infracción de ley en la determinación de la pena.
3.  La demanda de amparo se funda en los siguientes motivos:
a)  Vulneración de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y de la 
prohibición de discriminación por motivos ideológicos, garantizado en el art. 14 CE y en 
el art. 14 CEDH, ya que existen precedentes de altos cargos, administraciones públicas y 
tribunales que han desatendido de manera abierta y reiterada pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional sin que se hayan incoado procesos penales ni aplicado a los 
cargos correspondientes penas de inhabilitación; afirma que su condena constituye un 
caso de discriminación que solo tiene por objeto atacar una ideología política y atajar el 
movimiento que reivindica el derecho del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político. 
Cita  la  STC  9/2017,  de  19  de  enero,  resolutoria  de  un  conflicto  de  competencia 
planteado  por  el  Gobierno  de  la  Generalitat  contra  el  Gobierno  de  la  Nación  por 
convocatoria de subvenciones estatales en materia de asistencia social, en la que el 
mismo fallo manifestaba ser reiterativo de otros fallos anteriores en los que se declaraba 
que  el  Gobierno  de  la  Nación  había  invadido  competencias  de  la  Generalitat  de 
Cataluña; cita igualmente la vulneración de competencias autonómicas en materia de 
becas universitarias declarada en la STC 147/2016 (cita incorrecta, la sentencia más 
próxima cronológica y temáticamente es la STC 95/2016, de 12 de mayo), que también 
hacía referencia a incumplimientos del Gobierno de la Nación; en ninguno de estos 
casos se inició actuación penal alguna, lo que contrasta vivamente con la situación de la 
demandante, a la que se persigue penalmente por el incumplimiento de una mera 
providencia mediante una interpretación forzada de un tipo penal. e
b)  Vulneración del derecho a la libertad ideológica consagrado en el art. 16 CE,  bo
como derecho a exteriorizar las propias ideas y opiniones y a actuar conforme a las  504ww
mexispmreassió, ne csotrnescahgarmadeon tee nv einl caurlta. d2o0  aCl Ep,l ucroamlisom doe rpeoclhítoic oa,  edxepl redsearer cyh od ifuan ldai r lilbiberretmade ndtee 
mlose dpioe ndsea rmeipernotdousc, ciidóena, sy  gy aorapnintíiao ninesst itmuceidoinaanlt ed ella s ipsatelambara d, eeml oecsrcártiitcoo ,o y  cdueal ldqeurieerc hootr ao 
la participación en los asuntos públicos garantizado en el art. 23.1 CE. La demandante
alega que el proceso participativo celebrado el día 9 de noviembre de 2014 y posteriores 
tenía por único objeto permitir a la ciudadanía de Cataluña pronunciarse sobre una 
cuestión política; no era un referéndum, carecía de carácter vinculante y efecto jurídico 
alguno; era fruto del compromiso político del Gobierno de la Generalitat de cumplimiento 
de los mandatos emanados del Parlamento de Cataluña; el Gobierno de la Generalitat 
solo hizo campaña para promover la participación, no en el sentido del sí a la pregunta; y 
que  la  criminalización  de  este  proceso  de  participación  afecta  a  los  derechos 
fundamentales citados. Las resoluciones judiciales no han valorado correctamente la 
naturaleza  del  proceso,  pues  junto  a  la  democracia  representativa,  que  supone  la 
elección de unos representantes, y la democracia directa, de la que el referéndum es un 
exponente, cada vez tiene mayor importancia la democracia participativa que busca que 
los ciudadanos se impliquen e interrelacionen con la administración en la fijación y 
ejecución de políticas públicas, lo cual ha sido reconocido en la STC 103/2008.
El  proceso  culminado  el  9  de  noviembre  de  2014  fue  una  manifestación  de 
democracia participativa impulsado por parte de la sociedad civil, que el Gobierno de la 
Generalitat canalizó y que se llevó a cabo por medio de personas voluntarias que 
abrieron y cerraron los locales, transportaron el material, recogieron y gestionaron los 
ordenadores,  organizaron  las  colas,  asesoraron  a  los  ciudadanos,  recogieron  los 
resultados y los enviaron al centro de datos, donde otros ciudadanos los recogían y 
registraban.
c)  Vulneración del derecho a la legalidad penal garantizado en los arts. 25.1 CE y 7 
CEDH,  en  su  vertiente  de  prohibición  de  aplicación  retroactiva  de  la  norma  penal 
desfavorable. La demandante afirma que el legislador expulsó del ordenamiento penal 
los delitos de convocatoria o autorización de consultas populares por vía de referéndum 
que se recogían en los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis CP, mediante su derogación por 
Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, en cuya exposición de motivos se dice que este 
tipo de conductas no tienen la entidad suficiente para merecer el reproche penal; la 
condena  de  la  demandante  ignora  la  voluntad  del  legislador,  aplica  un  tipo  penal 
genérico como es el de desobediencia y vulnera los principios de intervención mínima y 
ultima ratio que impiden que los tribunales enjuicien procesos políticos.
La demandante expone asimismo que su condena se basa en una reforma legislativa 
posterior a los hechos, la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, que dota al Tribunal Constitucional de un haz de 
potestades  para  garantizar  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  resoluciones,  y  de  una 
ejecutividad  y  blindaje  de  la  que  carecían  con  anterioridad.  Se  ha  atribuido  a  la 
providencia de 4 de noviembre de 2014 unas características y efectos que no tenía en el 
momento de ocurrir los hechos.
d)  Vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  penal  puesto  que  se  condena  a  la 
demandante por delito de desobediencia del art. 410.1 CP, pese a que no concurren los 
elementos objetivos y subjetivos del tipo, en contradicción con la jurisprudencia del 
mismo Tribunal Supremo que en este caso cambia su criterio. La providencia no era una 
verdadera resolución judicial, pues emana de un órgano, el Tribunal Constitucional, que 
no se ubica en el título VI de la Constitución, del poder judicial, y que tiene un régimen 
jurídico  diferenciado  en  varios  aspectos  del  que  es  propio  de  los  órganos 
jurisdiccionales. La STC 185/2016, de 3 de noviembre, que el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña invoca, es posterior a la fecha de los hechos y supone un cambio 
radical en el entendimiento por el Tribunal Constitucional de su propia naturaleza. El 
principio de interpretación restrictiva de los tipos penales y la prohibición de la analogía  s
contra reo impide que se pueda aplicar un tipo penal previsto para prevenir y castigar los  oe.
actos de desobediencia grave a resoluciones judiciales a aquellas en las que, cuando  w.
menos, es harto discutible que tengan tal condición. 504ww
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aimppaurigennacidao sd en o beurean  frduetore cdheo  udneal  vraelcourarscoió no  dlea  laresf lecxiricóunn sstaonbcreia sl ac oonpcourrtruennitdeasd,  lay   BOE-A-cable e
conveniencia  de  la  medida  cautelar  acordada.  No  tenía  por  objeto  una  resolución 
concreta, como aconteció con la anterior suspensión del decreto de convocatoria de una 
consulta popular por providencia de 29 de septiembre de 2014, sino que se refiere a un 
proceso participativo en el que la Generalitat había diseñado una organización que se 
encontraba ultimada el día 4 de noviembre de 2014 y que debía ser ejecutada por el 
cuerpo de voluntarios.
La  providencia  generaba  incertidumbre  sobre  su  contenido  y  alcance  de  la 
suspensión, lo que motivó una petición de aclaración que no fue contestada antes de la 
fecha señalada para la jornada participativa. Su trascendencia y efectos imperativos 
venían oscurecidos también por la falta de requerimiento personal y advertencia expresa 
de las consecuencias penales en caso de negativa o renuencia a su cumplimiento. 
Carecía de un mandato preciso y singular dirigido a los acusados, lo que motivó que el 
Gobierno de la Generalitat solicitase su aclaración, cuya respuesta se demoró hasta el 
día 4 de diciembre de 2014; y la orden era de imposible cumplimiento, pues el proceso 
de participación estaba ya en manos de los voluntarios.
La demandante añade que no existió una negativa abierta, patente, reiterada y 
contumaz de su parte ni de parte de los otros dos condenados al cumplimiento de las 
resoluciones de este tribunal. El Gobierno de la Generalitat detuvo la consulta convocada 
por decreto de 27 de septiembre de 2014, suspendida por providencia del Tribunal 
Constitucional de 29 de septiembre de 2014, y articuló un proceso participativo para que 
los ciudadanos de Cataluña pudieran expresarse sobre su futuro, de naturaleza distinta a 
la de la anterior consulta, pues no había censo ni registro, manteniendo la fecha de la 
convocatoria. La condena contradice la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que exige para la aplicación del delito de desobediencia el desacato reiterado a diversas 
resoluciones  de  la  autoridad  judicial.  No  se  verificó  requerimiento  previo  a  la 
demandante, ni a título personal ni en su calidad de vicepresidenta del Gobierno de la 
Generalitat; requerimiento este que constituye un requisito del delito.
4.  Por providencia de 27 de enero de 2020 la Sección Tercera de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo «apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». En la misma providencia se 
acordó comunicar la admisión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin que 
hubiera lugar a solicitar las actuaciones del rollo de casación, toda vez que las mismas 
ya habían sido solicitadas en el recurso de amparo núm. 1421-2019. Se acordó también, 
en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a fin de que, en plazo que no excediera de 
diez días, se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la 
parte  recurrente  en  amparo,  para  que  si  lo  deseasen  pudieran  comparecer  en  el 
presente recurso de amparo, sin que fuera precisa la remisión de certificación de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado núm. 1-2016 toda vez que la 
misma había sido igualmente solicitada en el recurso de amparo núm. 1421-2019.
5.  Cumplimentados los emplazamientos requeridos, el procurador de los tribunales 
don Ignacio Argos Linares por escrito registrado de entrada el 24 de febrero de 2020 
compareció ante el tribunal y solicitó la personación en el procedimiento en nombre y 
representación de don Artur Mas i Gavarró. e
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común  de  veinte  días  a  efectos  de  presentar  las  alegaciones  que  considerasen
pertinentes conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
7.  La representación procesal de don Artur Mas i Gavarró evacuó el trámite de 
alegaciones mediante escrito registrado de entrada el 28 de julio de 2020, en el que 
manifestaba su adhesión íntegra a los argumentos expuestos en la demanda de amparo 
de doña Joana Ortega i Alemany.
8.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional registró el 22 de septiembre de 2020 
escrito de alegaciones, en el que opone en primer lugar el óbice procesal de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC en relación con el art. 50.1 a) 
LOTC] a los tres primeros motivos del recurso de amparo, para seguidamente examinar 
el fondo de los cuatro motivos e interesar su íntegra desestimación.
Argumenta que los tres primeros motivos incurren en vicio de inadmisibilidad porque 
se refieren a cuestiones que en el procedimiento antecedente solo se plantearon en vía 
casacional y que, por ello, solo encontraron contestación en la sentencia dictada por la 
Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo,  por  lo  que,  a  su  entender,  la  representación 
procesal  de  la  demandante  debió  haberlas  suscitado  nuevamente  por  medio  del 
incidente de nulidad de actuaciones para poder considerar agotada la vía judicial previa.
El fiscal también rechaza el fundamento del primer motivo, en el que se denuncia la 
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por pretender una suerte 
de derecho a la igualdad en la ilegalidad o de igualdad contra la ley carente de cobertura 
constitucional conforme a reiterada doctrina constitucional que cita.
En el segundo motivo de amparo, relativo a la vulneración los derechos garantizados 
en los arts. 16, 20 y 23 CE, el fiscal aprecia una contradicción interna en su desarrollo 
argumental, pues se afirma que el Gobierno de la Generalitat habría auspiciado el 
proceso  de  participación  ciudadana  en  cumplimiento  de  determinados  mandatos 
emanados del Parlamento de Cataluña, y simultáneamente que se trataba de un proceso 
promovido y desarrollado autónomamente por la propia sociedad catalana. El fiscal se 
atiene a la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 138/2015, de 11 de 
junio, por incompetencia de la comunidad autónoma para proceder a la convocatoria de 
consultas que versen sobre cuestiones atinentes al orden constituido y al fundamento 
mismo del orden constitucional, lo que excluye por completo su adscripción al ámbito 
protector o garantizador del art. 23.1 CE y que pueda llegar a considerarse que se ha 
producido  una  restricción  desproporcionada  del  mismo.  De  los  otros  derechos 
fundamentales invocados en el motivo, afirma que nada puede informar pues carecen de 
desarrollo argumentativo específico.
Rechaza igualmente el motivo tercero asentado en que su condena ha infringido los 
principios de intervención mínima y ultima ratio propios del Derecho penal, pues resulta 
inconcebible el argumento empleado por la demandante de que su condena por delito de 
desobediencia sea en realidad la aplicación encubierta del delito de convocatoria de 
consultas  por  vía  de  referéndum  del  art.  506  bis  CP,  derogado  por  la  Ley 
Orgánica 2/2005, de 22 de junio. La condena se produjo por no haberse dado efectividad 
a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional de conformidad con el art. 161.2 
CE, no por haber procedido a la celebración del proceso participativo.
También  rebate  el  argumento  de  que  se  haya  dado  aplicación  retroactiva 
desfavorable a una norma posterior, la Ley Orgánica 15/2015, pues parte del concepto 
equívoco de que una providencia de un órgano jurisdiccional solo goza de ejecutividad 
cuando se dicta en fase de ejecución, privando de cualquier fuerza ejecutiva a la orden o 
mandato que se desprende de la misma antes de que deba ser ejecutada; la ejecución 
ordinaria de las resoluciones judiciales es la que verifican los destinatarios del mandato 
cuando la cumplen voluntariamente, la ejecución forzosa a la que se ha de acudir en las  e.
ocasiones en que no se cumple voluntariamente no significa que la resolución no fuera  w.b
ejecutiva, sino que es preciso acudir a los mecanismos previstos en la ley para hacerla  504ww
pvaoldeer.r  Eplú Tbrliicbou noabll iCgaodnos tcitouncoiocniearl aa dlao pprtóo veidne ensctiea  cya psroo claesd imeread aid saus  cnuemcepsliamriiaesn tpoa.ra que el
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y del órgano que la dicta– adhiriéndose al extenso argumentario desplegado por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el fundamento de derecho primero de su 
sentencia, con cita de las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 9, y 215/2016, de 15 
de diciembre, FJ 6. Añade que nuestro modelo de jurisdicción constitucional concentrada 
justifica que nuestra Carta Magna haya consagrado un título propio, el IX, a este tribunal, 
y  que  la  excepción  que  representa  del  principio  de  exclusividad  jurisdiccional  del 
artículo 117.3 CE –de la que participa el Tribunal de Cuentas– deriva del conocimiento 
de auténticos procesos en materia constitucional, con capacidad para dictar resoluciones 
que ponen fin a los mismos, con efecto de cosa juzgada, carácter vinculante para todos 
los poderes públicos y facultades de ejecución de lo resuelto. No se ha producido, por lo 
tanto, una interpretación extensiva del tipo penal, pues la providencia era una resolución 
judicial cuya naturaleza no se desvirtúa por el hecho de que se limite a disponer un 
efecto concreto previsto por el legislador para el caso de invocación por el Gobierno de 
la Nación del artículo 161.2 CE.
Rechaza  asimismo  el  segundo  argumento  esgrimido  en  este  motivo  de  que  al 
tratarse de una providencia que se dicta ex lege y sin ninguna motivación o fundamento 
no  cumpliría  los  requisitos  del  tipo  penal,  pues  el  hecho  de  que  una  determinada 
providencia se limite a disponer un efecto concreto previsto por el legislador para un 
supuesto específico contemplado en la norma no constituye sino el estricto cumplimiento 
de las disposiciones del ordenamiento jurídico y de ahí no puede extraerse consecuencia 
alguna con el propósito de construir infracción alguna del principio constitucional de 
legalidad de las disposiciones penales y sancionadoras.
Al argumento de que la providencia no tuvo por objeto una disposición concreta, a 
diferencia de la providencia del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2014 que 
dispuso la suspensión del Decreto de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de 
septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político 
de Cataluña, responde el fiscal que el proceso de participación ciudadana fue convocado 
mediante una comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña realizada el 
día 14 de octubre de 2014 ante los medios de comunicación y por medio de una página 
web, por lo que a falta de acto expreso de convocatoria que pudiera ser recurrido 
formalmente,  el  Gobierno  de  la  Nación  hubo  de  impugnar  las  actuaciones  de  la 
Generalitat de Cataluña relativas a dicha convocatoria, de modo que solo a esta sería 
atribuible el origen de las dificultades que surgieron tanto para la impugnación como para 
la  resolución  de  la  misma,  respondiendo  la  ausencia  de  convocatoria  formal  a  un 
propósito de dificultar dicha impugnación.
Respecto a la inexistencia de un mandato preciso y singular dirigido a los acusados y 
de un requerimiento personal con advertencia expresa de las consecuencias penales en 
caso de negativa o renuencia a su cumplimiento, el fiscal insiste en el claro tenor literal 
de la providencia, que disponía la suspensión de todas las actuaciones dirigidas a 
permitir el desarrollo del proceso participativo, y el hecho de que la misma fue dictada y 
comunicada al Gobierno de la Generalitat para ser cumplida en sus propios y estrictos 
términos.
El  fiscal  rechaza  finalmente  la  alegación  de  que  no  existió  negativa  abierta  al 
incumplimiento de la providencia, partiendo de los datos recogidos en el factum de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de los que se desprende que no 
solo es que los acusados no hicieran nada para suspender el proceso participativo, sino 
que,  pudiendo  y  estando  en  su  mano  hacerlo,  dispusieron  y  dieron  las  órdenes 
oportunas para que se llegase a celebrar la consulta en la fecha fijada, por lo que estima 
razonable la subsunción de los hechos en la norma aplicada. s
9.  La representación procesal de la demandante no presentó alegaciones. w.b
vota1c0ió. n dPeo rla p prorevisdeenntcei as ednet e2n1c diae e ol cdtíuab 2re5  ddee l2 c0i2ta1d soe m aecso ryd aóñ soe.ñalar para deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso se interpone contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 13 de marzo de 2017, que 
condenó a la demandante por delito de desobediencia a la pena de diez meses de multa 
con una cuota diaria de cien euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y a la pena de inhabilitación 
especial  para  el  ejercicio  de  cargos  públicos  electivos,  ya  sean  de  ámbito  local, 
autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el 
ámbito autonómico como del Estado por tiempo de un año y nueve meses, y contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 23 de enero de 2019, 
que estimó parcialmente su recurso de casación con el único efecto de reducir la 
duración de la pena de inhabilitación especial a nueve meses.
Como se ha expuesto en el apartado de antecedentes, en la demanda de amparo la 
recurrente invoca como vulnerados en el primer motivo el derecho a la igualdad ante la 
ley (arts. 14 CE y 14 CEDH); en el segundo motivo los derechos a la libertad ideológica y 
de expresión, y de participación en asuntos públicos (arts. 16, 20 y 23 CE); y en el tercer 
y cuarto motivos el derecho a la legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH) por aplicación 
retroactiva de normas perjudiciales al reo y por aplicación extensiva del tipo penal.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional ha opuesto óbices de admisibilidad a los tres 
primeros motivos y ha interesado la desestimación de fondo de los cuatro motivos.
2.  Sobre el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa en los 
tres primeros motivos de amparo.
Antes de examinar el fondo de las cuestiones suscitadas es preciso analizar el óbice 
procesal que el fiscal en su escrito de alegaciones opone a los tres primeros motivos de 
amparo,  al  señalar  que  la  demandante  habría  incurrido  en  el  defecto  de  falta  de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], porque en dichos motivos se 
denuncian infracciones constitucionales que en el procedimiento antecedente no se 
debatieron en la primera instancia, sino que se plantearon en el recurso de casación y 
solo encontraron respuesta en la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, por lo que, a su entender, el debido agotamiento de la vía judicial previa 
hubiera demandado la reproducción de dichas cuestiones mediante la promoción de un 
incidente de nulidad de actuaciones en los términos del art. 241.1 LOPJ.
Como recordamos en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 4, el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  constituye  un  instrumento  procesal  que,  en  la  vía  de  la 
jurisdicción  ordinaria,  podrá  remediar  aquellas  lesiones  de  derechos  fundamentales 
referidos  en  el  art.  53.2  CE  que  no  hayan  «podido  denunciarse  antes  de  recaer 
resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible 
de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ), de modo que su función en 
materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de aplicación 
reseñado,  que  la  realizada  como  consecuencia  de  la  interposición  de  un  recurso 
ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3).
En el caso de que la ley conceda recurso, ordinario o extraordinario, frente a la 
resolución que la parte estime lesiva de su derecho, es este recurso el que deberá ser 
interpuesto por el interesado, sin que, tras el agotamiento de la cadena de recursos que 
legalmente quepan frente a la decisión de aquel, sea ya necesario que el recurrente  e.
reitere la queja a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración  w.
ya  denunciada  con  anterioridad  en  el  procedimiento,  deviene  manifiestamente  504ww
imprPoocre doetrnate  paa treten,o re dl eAl TpCro p2io9 3a/r2t0. 1244,1  dLeO P1J0. de diciembre, FJ 3, establece que «la
deefetectromsi ndaecli ónd eebnid coa daag octaasmoi ednetol  redme eldai ov líeag ajulmdiecniatle  pproesviibal ed ye,p peonrd etarnát od, ee xlaig ibcloen acr elotas   BOE-A-cable e
vulneración  que  el  recurrente  denuncie  en  amparo  y  a  qué  resolución  atribuya  su 
causación».  A  estos  efectos  debe  recordarse  que  corresponde  estrictamente  a  la 
demanda la fijación del objeto procesal del recurso de amparo, tanto en cuanto a la 
individualización del acto o la disposición cuya nulidad se pretenda, como respecto de la 
razón para pedirla o causa petendi (SSTC 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, 
de 28 de junio, FJ 1; 205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, 
FJ 2).
La demandante atribuye la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, 
a la libertad ideológica, de expresión y de participación en asuntos públicos y a la 
legalidad penal a la sentencia que le condenó como cooperadora necesaria de un delito 
de desobediencia; sentencia contra la que interpuso recurso de casación en el que 
articuló por la vía de la infracción de preceptos constitucionales (arts. 852 LECrim y 5.4 
LOPJ) sendos motivos de vulneración de tales derechos fundamentales, lo que a los 
efectos del procedimiento constitucional de amparo supuso una invocación tempestiva 
de la lesión constitucional y el uso del recurso legalmente procedente para hacerla valer 
y obtener su reparación de los órganos de la jurisdicción ordinaria. Por tales motivos, el 
incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de casación hubiera resultado, 
de haberse promovido, superfluo, pues no hubiera cumplido su función de preservar la 
naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional (art. 53.2 CE) y hubiera 
podido representar incluso una prolongación artificial de la vía judicial previa que hubiera 
arriesgado  una  posible  declaración  de  extemporaneidad  de  la  ulterior  demanda  de 
amparo constitucional al no tener efecto suspensivo del cómputo del plazo de caducidad 
del art. 44.2 LOTC. No le era exigible por ello a la demandante la interposición del 
incidente de nulidad de actuaciones y consecuentemente no concurre el óbice procesal 
de falta de agotamiento de la vía judicial previa, por lo que procede entrar al examen del 
fondo de los reseñados motivos de amparo.
3.  Sobre la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley.
La  demandante  aduce,  en  síntesis,  que  otros  supuestos  de  incumplimiento  de 
resoluciones del Tribunal Constitucional por altos cargos, administraciones públicas y 
tribunales no han suscitado procedimiento penal ni mucho menos condena; alude a 
casos en que el propio Tribunal Constitucional ha reprochado al Gobierno de la Nación el 
incumplimiento reiterado de sus resoluciones en materia competencial (STC 9/2017, 
de 19 de enero). Se considera por tal motivo víctima de discriminación por motivos 
ideológicos.
El Tribunal Supremo desestima en el fundamento de derecho décimo sexto de su 
sentencia el motivo de casación en el que se articula esta denuncia –compartida por 
doña Irene Rigau– recordando el axioma fijado en la doctrina constitucional de que no 
cabe invocar desigualdad fuera de la legalidad, y porque no es lo mismo incumplir el 
mandato individual, concreto y específico de una resolución judicial que desatender un 
criterio doctrinal, interpretativo o jurisprudencial.
El derecho a la igualdad garantizado en el art. 14 CE, en su vertiente de derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley, que es la que se vería concernida en este caso, 
constituye un derecho de naturaleza relacional que exige de la parte que lo invoca la 
aportación de un término de comparación idóneo, indicativo de que «el mismo órgano 
judicial, existiendo identidad sustancial del supuesto de hecho enjuiciado, se aparta de la 
línea jurisprudencial mantenida en casos anteriores, sin que medie una fundamentación 
suficiente y razonable que justifique la nueva postura en la interpretación y aplicación de  e
la misma legalidad (entre las más recientes, SSTC 176/2000, de 26 de junio, FJ 3;  bo
51/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 57/2001, de 26 de febrero, FJ 2)» (STC 150/2011,  504ww
de 2L9a d ed esmepatniedmanbtree,,  FnJo  10o)b.stante,  no  satisface  la  carga  de  aportar  un  término  de
pcoemyopraartaivcaió nd ei dlóan eleog, aqliduaed  ppeermnaitla,  cvuisaunadlioz arh aqcuee  uhnaa  sguefrnidéori cuan aa luaspiólicna cai ólna  asdu phuoecs tay 
inactividad procesal de los órganos que tienen encomendada la persecución del delito
ante  incumplimientos  de  las  resoluciones  de  este  tribunal  por  otras  autoridades  y 
funcionarios  públicos,  pues  no  concreta  los  supuestos  con  los  que  establecer  la 
necesaria  relación  de  comparación;  tampoco  la  satisface  cuando  cita  dos 
pronunciamientos de este tribunal en los que se reprocha al Gobierno de la Nación falta 
de lealtad constitucional al no respetar el esquema constitucional de distribución de 
competencias,  porque  constituyen  un  mero  recordatorio  del  deber  de  cumplir  las 
resoluciones de este tribunal ex art. 87.1 LOTC y no se refieren al incumplimiento de un 
mandato  suspensivo  de  naturaleza  semejante  al  que  ha  constituido  el  genuino 
fundamento material de la incriminación penal dirigida contra la demandante. Para poder 
apreciar la vulneración del art. 14 CE es conditio sine qua non que los términos de 
comparación que se aportan para ilustrar la desigualdad denunciada sean homogéneos 
(STC 1/2001, de 15 de enero, FJ 3); requisito que no concurre cuando se proponen 
como término de relación pronunciamientos de este tribunal (SSTC 95/2016, de 12 de 
mayo, y 9/2017, de 19 de enero) que dirimen conflictos de competencia positivos que no 
tienen por objeto el enjuiciamiento penal de las conductas.
Por lo demás, ni aun en el caso de que se hubieran identificado resoluciones penales 
absolutorias o de sobreseimiento en relación con conductas de la misma índole quedaría 
la demandante amparada por el derecho a la igualdad  ex art. 14 CE, pues como 
reseñamos en la STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 6, «el principio de igualdad ante la ley 
no da cobertura a un "imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad" (por todas, 
SSTC 43/1982, de 6 de julio, FJ 2; 51/1985, de 10 de abril, FJ 5; 40/1989, de 16 de 
febrero, FJ 4), o "igualdad contra ley" (por todos, AATC 651/1985, de 2 de octubre; 
376/1996, de 16 de diciembre), de modo que aquel a quien se aplica la ley no "puede 
considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no se 
aplique a otros que asimismo la han incumplido" (STC 21/1992, de 14 de febrero, FJ 4), 
ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de que otros hayan 
resultado impunes, pues, la impunidad de algunos "no supone que en virtud del principio 
de igualdad deba declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos 
hechos. Cada cual responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia 
de lo que ocurra con otros" (STC 17/1984, de 7 de febrero, FJ 2; en sentido similar, 
SSTC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 4; 27/2001, de 29 de enero, FJ 7). La no 
imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones 
efectivamente impuestas, pues, a estos efectos solo importa si la conducta sancionada 
era o no merecedora de dicha sanción (STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 4)».
El fundamento del motivo queda así reducido a la denuncia de un sesgo político en la 
interpretación de la norma penal, que habría conducido a una aplicación extensiva 
incompatible  con  las  exigencias  del  principio  de  legalidad  penal;  denuncia  que,  en 
realidad, se corresponde con los motivos tercero y cuarto del recurso de amparo.
4.  Sobre la vulneración del derecho a la participación en asuntos públicos y a la 
libertad ideológica y de expresión.
Afirma la demandante que el proceso participativo celebrado el día 9 de noviembre 
de 2014 y posteriores tenía por único objeto permitir a la ciudadanía de Cataluña 
pronunciarse sobre una cuestión política y que su criminalización afecta a los derechos 
fundamentales  citados.  Las  resoluciones  judiciales  no  valoraron  correctamente  la 
naturaleza del proceso que constituye una expresión de la democracia participativa que 
busca que los ciudadanos se impliquen e interrelacionen con la administración en la 
fijación y ejecución de políticas públicas, lo cual ha sido reconocido en la STC 103/2008,  e
proceso impulsado por parte de la sociedad civil, que el Gobierno de la Generalitat  bo
canalizó y que se llevó a cabo por medio de personas voluntarias. 504ww
ampEalr od ensúamrr.o l1lo4 6a3rg-2u0m1e9n tianlt edrpeul emsototi vpoo er sd omnu yA rpturór xMimaos  ai l Gvearviaficrraód oc oenntr ae l laresc umrissom daes 
rceesroceluncaiobnae esl  jduedriecciahleos d, ee nce cnuteynoa mreost idvoe  mdeil easm dpea croiu dteardcaenroo ss ed ea Cleagtaabluañ qau ae  ospuin caor nsdoebnrae 
el futuro de su comunidad política, con la consiguiente afectación de sus derechos a la
libertad ideológica, de expresión e incluso de reunión o, al menos, que habría supuesto 
un sacrificio innecesario y desproporcionado de los mismos, y en el que se reprochaba a 
las resoluciones judiciales una ausencia de ponderación de estos aspectos.
Se trata, en síntesis, de discernir si la aplicación a la conducta de la demandante del 
tipo penal del art. 410.1 CP ha representado una restricción desproporcionada de su 
derecho  a  participar  en  los  asuntos  públicos,  y  por  extensión,  del  derecho  de  los 
ciudadanos de Cataluña.
En el fundamento jurídico 8 de la STC 170/2021, de 7 de octubre, que resolvió el 
recurso de amparo arriba indicado, descartamos la existencia de una conexión verosímil 
entre el derecho garantizado en el art. 23.1 CE y la conducta enjuiciada en el proceso 
penal antecedente. Previa cita de doctrina precedente sobre la proporcionalidad de la 
reacción penal frente al ejercicio de las libertades de expresión e información, sindical y 
derecho  de  huelga,  y  singularmente  de  la  STC  104/2011,  de  20  de  junio,  FJ  6, 
concluimos lo siguiente:
«A la luz de esta doctrina, existe un uso desproporcionado del Derecho penal, y por 
lo  tanto  ilegítimo  desde  una  perspectiva  constitucional,  cuando  se  sanciona  una 
conducta merecedora de ser encuadrada en el ámbito objetivo de aplicación del derecho 
fundamental invocado, esto es, cuando la conducta presente una conexión clara e 
incontestable con el derecho, aunque se haya incurrido en exceso en su ejercicio, pero 
no cuando represente una forma desfigurada o desnaturalizada del mismo inidentificable 
con su contenido objetivo […] [e]n el proceso de participación ciudadana culminado el 
día  9  de  noviembre  de  2014  –y  en  fechas  sucesivas–  concurrieron  vicios  de 
inconstitucionalidad de orden competencial y material –tenía por objeto una materia 
ajena  a  la  competencia  autonómica,  afectante  a  decisiones  fundacionales  del 
constituyente  e  irreductible  por  tal  motivo  a  una  consulta  popular  de  estas 
características–  determinantes  de  su  absoluta  inidoneidad  para  servir  de  cauce  al 
ejercicio del derecho de participación política garantizado en art. 23.1 CE; argumento en 
el que se apoya la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para negar su apreciación 
como sustento de una posible justificación o exención penal de la conducta.»
Esos vicios fueron declarados en la STC 138/2015, de 11 de junio, y en base a los 
mismos establecimos que «la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo verificó un juicio 
adecuado de ponderación al concluir que, en el contexto del procedimiento constitucional 
de impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas en el que se dictó la 
providencia incumplida, la condena derivada de su incumplimiento no representó un 
sacrificio desproporcionado del derecho garantizado en el art. 23.1 CE, porque ese 
derecho no resulta reconocible ni en su contenido ni en su forma en el meritado proceso 
de participación ciudadana, ni ha de producir un efecto disuasorio de su legítimo ejercicio 
futuro a través de los cauces constitucionalmente y legalmente reconocidos».
La presente demanda añade ahora una nueva perspectiva, la apelación genérica a la 
democracia  participativa,  como  fundamento  de  una  supuesta  desproporción  de  la 
reacción  penal.  Este  tribunal  debe  desestimar  tal  alegación,  pues  se  refiere  a  un 
fenómeno cuyas múltiples manifestaciones están sujetas, al igual que el derecho a la 
participación en asuntos públicos, a concretos límites constitucionales y legales que, en 
caso de verse rebasados, lo inhabilitan para ejercer una función limitadora del  ius 
puniendi.
En la STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 4, afirmamos que el art. 23.1 CE «no agota 
las manifestaciones del fenómeno participativo que tanta importancia ha tenido y sigue  e
teniendo en las democracias actuales» de las que hallamos muestras en el propio texto  bo
constitucional  (arts.  9.2,  27  apartados  5  y  7,  48,  105,  125  y  129  CE),  formas  de  504ww
rpeasrptiecicptaoc idóen  s«uq ueefi cdaifcieiar ejnu ríndoic aso qlou ee,n  pcoura onttroa  ap asrute j,u sdteifpiceancdióenrá u e onr ilgae nm, asyinoorí at admeb iléons 
sceaasons  mdaen liofe sqtuaec iodnisepso ndgeal  deel rleecghisola ddoer »p asrinti cqipuaec ipóune dqau ea cgeapratanrtsizea,  seinl  aermt. b2a3rg.1o , d«eq ulea 
Constitución,  pues  no  solo  se  hallan  contempladas  en  preceptos  diferentes  de  la
Constitución, sino que tales preceptos obedecen a manifestaciones de una ratio bien 
distinta: en el art. 23.1 C.E. se trata de las modalidades –representativa y directa– de lo 
que en el mundo occidental se conoce por democracia política, forma de participación 
inorgánica que expresa la voluntad general, mientras que en los restantes preceptos a 
que se ha hecho alusión –si se exceptúa el jurado, cuya naturaleza no procede abordar 
aquí– se da entrada a correctivos particularistas de distinto orden».
El proceso participativo que llevó a la consulta de 9 de noviembre de 2014 no respetó 
las fuentes normativas en las que aparentaba cobijarse, singularmente el art. 122 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, toda vez que fue producto de una manifiesta 
extralimitación competencial, como declaramos en la STC 138/2015, FJ 3, por lo que 
tampoco  se  puede  aceptar  que  la  conducta  enjuiciada  constituyera  una  forma  de 
participación democrática constitucionalmente amparable.
Para concluir, la denuncia de vulneración de los derechos a la libertad ideológica 
(art. 16 CE) y a la libertad de expresión (art. 20 CE) no presentan en la demanda un 
desarrollo argumental autónomo ni un perfil propio, pues se asocian en todo momento a 
la  supuesta  legitimidad  del  proceso  de  participación  ciudadana  que  se  negaron  a 
suspender como medio de facilitar a los ciudadanos de Cataluña la oportunidad de 
manifestar sus opiniones, haciendo abstracción en este punto del hecho de que el 
proceso, contraviniendo el mandato de este tribunal, llegó a su culminación, la consulta 
se celebró en la fecha señalada y los ciudadanos que participaron en la misma no fueron 
objeto  de  persecución  penal,  razón  por  la  cual  ha  de  correr  la  misma  suerte 
desestimatoria.
Procede, en atención a lo expuesto, la desestimación íntegra de este motivo.
5.  Sobre la vulneración del derecho a la legalidad penal por infracción del principio 
de ultima ratio vigente en el Derecho penal y por aplicación retroactiva de manera 
peyorativa de legislación posterior a los hechos.
En el tercer motivo de amparo se argumenta que la condena no respeta los principios 
de intervención mínima y de ultima ratio que rigen en el Derecho penal, toda vez que no 
toma en consideración que el legislador decidió expulsar del ordenamiento penal los 
delitos de convocatoria o autorización de consultas populares por vía de referéndum que 
se  recogían  en  los  arts.  506  bis  y  521  bis  CP,  mediante  su  derogación  por  Ley 
Orgánica 2/2005, de 22 de junio, en cuya exposición de motivos se dice que este tipo de 
conductas no tienen la entidad suficiente para merecer el reproche penal. Por tanto, la 
condena de la demandante ignora la voluntad del legislador al aplicar un tipo penal 
genérico como es el de desobediencia.
El Tribunal Supremo en el fundamento de derecho décimo séptimo de su sentencia 
consideró que este argumento encerraba un sofisma: que la orden judicial desatendida 
se  refiera  a  una  conducta  no  delictiva  per  se  no  desvanece  el  tipo  penal  de 
desobediencia que consiste, precisamente, en desatenderla.
Convenimos  con  el  Tribunal  Supremo  en  que  el  razonamiento  impugnatorio  es 
inconsistente. La demandante apela a la supuesta falta de lesividad material de la 
conducta enjuiciada y para ello se ve precisada a hacer completa abstracción de la 
aptitud  del  delito  de  desobediencia  del  art.  410.1  CP,  que  constituyó  el  verdadero 
fundamento de su acusación y condena, para expresar su desvalor, calificar su ilicitud y 
darle una respuesta penal proporcionada. Este tribunal no puede proyectar así el canon 
de lesividad material previsto en la STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 5, conforme al que 
«la  imposición  de  sanciones  penales  sólo  puede  considerarse  proporcionada  y  e
constitucionalmente  legítima,  si  resulta  necesaria  para  proteger  bienes  jurídicos  bo
esenciales  frente  a  conductas  lesivas  o  peligrosas  para  los  mismos  (principio  de  504ww
alepsliivciaddaad,  os ineoxi gseonbcreia  edl ec oannctirjuertoid ipcrideacedp mtoa tqeureia ll)o»s,  stroibburen aulensa  hnaonrm aap lficeandeoc;id par eqcueep tnoo  qfuuee 
eanrg uemsteen tac ansio p rneote nedse  onbejgeator  lad er ecleuveasnticoian admei elan toc,o npduuecsta  lasa ndceimonaanddaa  edne e la amrtp. a4ro1 0.n1i 
CP, limitándose a afirmar que el precepto no le era aplicable.
La  demandante  sostiene  asimismo  que  su  condena  se  basa  en  una  reforma 
legislativa posterior a los hechos, la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que a su juicio habría 
dotado  al  Tribunal  Constitucional  de  un  haz  de  potestades  para  garantizar  el 
cumplimiento efectivo de sus resoluciones, y de una ejecutividad y blindaje de la que 
carecían con anterioridad.
El Tribunal Supremo respondió al correspondiente motivo casacional apuntando que 
la mencionada reforma legal no alteró la fuerza ejecutiva de resoluciones como la 
analizada, sino que se limitó a dotar al Tribunal Constitucional de nuevas y concretas 
herramientas legales para asegurar el cumplimiento coactivo de sus resoluciones. Nos 
encontramos  nuevamente  ante  un  razonamiento  impugnatorio  que  no  puede  ser 
acogido. Como declaramos en las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 9, y 215/2016, 
de 15 de diciembre, FJ 6, este tribunal ha sido configurado en la Constitución como un 
órgano jurisdiccional al que no le es ajena la potestad inherente de ejecutar sus propias 
resoluciones, pues de no ser así «carecería de una de las notas esenciales del ejercicio 
de  la  función  jurisdiccional  y  con  ello  de  la  potestad  necesaria  para  garantizar  la 
supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo intérprete y garante 
último de la misma (art. 1.1 LOTC)». Lo que se regula en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  es  la  forma  o  modo  en  que  se  puede  articular  la  ejecución  de  sus 
resoluciones y la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre, se ha 
limitado a regular determinados medios o procedimientos.
El argumento empleado por la demandante se debilita, más todavía, si se tiene en 
cuenta que el mandato suspensivo formalizado en la providencia de 4 de noviembre 
de 2014, cuyo incumplimiento ha desencadenado la condena, trae causa de un precepto 
constitucional, el art. 161.2 CE, que, huelga decir, no ha sido afectado por la indicada 
reforma legal, cuestión a la que dedicaremos una atención más detallada al examinar el 
motivo relativo a la vulneración del derecho a la legalidad penal por supuesta inidoneidad 
de la resolución incumplida para conformar el tipo objetivo del delito.
6.  Sobre la vulneración del derecho a la legalidad penal por aplicación extensiva del 
tipo penal del artículo 410.1 del Código penal.
En el cuarto motivo de amparo hallamos argumentos sustancialmente coincidentes 
con los empleados en el recurso de amparo núm. 1463-2019, interpuesto por don Artur 
Mas  i  Gavarró  contra  las  mismas  resoluciones  judiciales,  en  tanto  que  niegan  la 
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del art. 410.1 CP, 
combatiendo en particular: (i) la naturaleza judicial de nuestra providencia de 4 de 
noviembre de 2014, (ii) su naturaleza ejecutiva y la claridad de su mandato, y (iii) la 
existencia de una voluntad de desobedecer al no haberse efectuado un requerimiento 
previo. Estos alegatos fueron desestimados en la STC 170/2021, por lo que es necesario 
remitirse ahora a los fundamentos de la misma, a fin de rechazar la queja que ahora se 
plantea.
a)  Sobre la naturaleza judicial de la providencia de 4 de noviembre de 2014, en el 
fundamento jurídico 4 de la STC 170/2021 compendiamos los argumentos dados por el 
Tribunal Superior de Justicia, en el fundamento de derecho 1.1 de su sentencia, para 
afirmar la naturaleza judicial de la referida providencia:
«(i)  Señala, en primer lugar, que aunque se trate de un tribunal no integrado en el  s
poder  judicial,  el  Tribunal  Constitucional  es  sin  duda  uno  de  esos  órganos  oe.
CsacoorEtmn.  sey3ti tt.iu1adc roti .Lo sOno1al PolLeJ Oas,   TlqcaCuo C)en   oynie nsjseetuiqrtcsuue cívm ióosinecu am ys jbu arrp oilsoasdt  eLiscseoctyanió d Onein rsgac ámojunnoriscvistaiibdt ulideccecsioli  onTenarnailb  leuedsnle  ae al jfe Corlroocmsnic asio tqi tuiundecde ieo spnseeua n lr mde(aifeairetnn.r tdee1a  6te1oyl     2021-19504n https://www.
(art. 159.5 CE). Afirma que sin perjuicio de sus evidentes peculiaridades, derivadas de la
importancia de sus funciones (art. 161 CE) y de la singular extracción de sus integrantes
(art. 159 CE), la denominación de sus miembros (art. 5 LOTC), su composición orgánica 
(art. 6 LOTC) y la clase y forma de sus resoluciones (art. 86 LOTC) son las propias de 
los tribunales de la jurisdicción ordinaria.
(ii)  A  continuación  argumenta  que  en  materia  de  comparecencia  en  juicio, 
recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de 
auxilio jurisdiccional, días y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, 
caducidad,  renuncia  y  desistimiento,  lengua  oficial  y  policía  de  estrados,  los 
procedimientos  ante  el  Tribunal  Constitucional  se  rigen  supletoriamente  por  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial y la Ley de enjuiciamiento civil, y desde la reforma operada 
por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, en materia de ejecución de resoluciones, 
por la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 80 LOTC).
Argumenta adicionalmente que no puede aceptarse que el Tribunal Constitucional 
haya declarado que su régimen de incompatibilidades, recusaciones y abstenciones sea 
diferente del establecido para los tribunales de la jurisdicción ordinaria, sino únicamente 
que  en  ellos  no  podrán  ser  tenidas  en  cuenta  aquellas  situaciones  y  causas  que 
pretendan cuestionar su estatuto personal (art. 159 CE).
Concluye diciendo que "la negación del carácter judicial del Tribunal Constitucional 
supondría, de hecho, el desconocimiento de la condición normativa misma de la norma 
fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española, que el Tribunal 
Constitucional está llamado a interpretar y aplicar. Frente a un modelo constitucional, 
superado con creces, que estaría a la absoluta soberanía de las Cámaras legislativas, 
nuestro modelo se dota de un sistema de justicia constitucional confiado en exclusiva al 
Tribunal Constitucional, que desarrolla una función de auténtico enjuiciamiento, ya sea 
con  ocasión  de  demandas  en  amparo  de  derechos  fundamentales,  ya  sea  como 
mecanismo de control constitucional de la producción normativa del legislador, ya sea 
como árbitro de los conflictos competenciales. En suma, solo la ignorancia del carácter 
rigurosamente normativo del texto constitucional, sancionado indefectiblemente en su 
art. 9.1, entre otros, permitiría la pretendida negación del carácter judicial del Tribunal 
Constitucional y de sus resoluciones". No abriga por ello ninguna duda de "la atribución 
al Tribunal Constitucional de auténtica jurisdicción constitucional, por tanto de que sus 
resoluciones, dictadas en el ejercicio de esa jurisdicción, deben ser tratadas como 
resoluciones judiciales a los efectos de la tipificación penal que aquí se propone.»
Respecto de la argumentación transcrita anteriormente concluimos:
«La  calificación  como  resolución  judicial  a  los  efectos  del  art.  410.1  CP  de  la 
providencia dictada por este tribunal no es, pues, fruto de una interpretación irracional o 
arbitraria del régimen jurídico aplicable a este tribunal y a sus resoluciones. Aunque el 
Tribunal Constitucional no está integrado en el poder judicial a que se refiere el art. 117 
CE,  lo  cierto  es  que,  dadas  las  formas  que  pueden  revestir  sus  resoluciones 
(providencias, autos y sentencias), el régimen jurídico que determina su adopción (art. 86 
LOTC) y los efectos que producen, estas deben ser objetivamente consideradas de 
naturaleza judicial. Se trata por lo demás de una interpretación que concuerda con la 
doctrina fijada en las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, FFJJ 8, 9, 10, y 215/2016, 
de  15  de  diciembre,  FJ  6,  que  se  pronunciaron  sobre  sendos  recursos  de 
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de 
reforma  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  para  la  ejecución  de  las 
resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
Estos precedente no alteran en modo alguno las bases constitucionales vigentes en  e
el momento de la comisión de los hechos enjuiciados, pues expresan el modelo de  bo
justicia constitucional implantado en nuestro país conforme a una interpretación conjunta  504ww
ddee  alab rCilo, nFsJt i3tu),c ieónn  fyu ndcei ólons d per iunncoipsi orsa sqguoes  pdreo yneocrtma astoivbidrea dta yl  msuopdreelmo a(cSíTaC im 4p9r/e2s0o0s8 ,p doer  e9l 
constituyente ab origine.»
Y finalmente añadimos que este tribunal tampoco había sido parco «en resoluciones 
que advierten de la inequívoca naturaleza jurisdiccional de las diversas funciones que 
tiene  encomendadas,  de  las  que  son  representativas  la  STC  150/1985,  de  5  de 
noviembre,  sobre  el  valor  de  cosa  juzgada  de  las  sentencias  dictadas  en  los 
procedimientos de inconstitucionalidad, la STC 113/1995, de 6 de julio, FJ 6, que integra 
a este tribunal, en conjunción con los tribunales ordinarios, en el doble mecanismo 
jurisdiccional escalonado de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos 
dispuesto en el art. 53.2 CE, e incluso el ATC 86/2011, de 9 de junio, en el que 
afirmamos que este tribunal reúne los requisitos exigidos por el artículo 267 del Tratado 
de  funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  en  la  medida  en  que  es  un  "órgano 
jurisdiccional" en el sentido de dicho precepto, para plantear una cuestión prejudicial ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se ha de desestimar por ello la alegación vertida en la demanda de amparo de que 
los órganos de la jurisdicción penal se han servido de una normatividad posterior a los 
hechos para integrar el tipo penal, refiriéndose a las SSTC 185 y 215/2016, toda vez que 
estos precedentes son congruentes con una línea doctrinal que ya estaba consolidada 
con anterioridad, y, en su esencia última, con la decisión fundacional del constituyente de 
otorgarle  una  jurisdicción  única,  propia  y  exclusiva.  Con  todo  ello,  se  cumplen  las 
exigencias de previsibilidad que comporta el principio de taxatividad en materia penal».
b)  Sobre la ejecutividad y alcance de la providencia incumplida establecimos en el 
fundamento jurídico 5 de la mencionada resolución lo siguiente:
«La consideración de que la providencia que dictó este tribunal el 4 de noviembre 
de 2014 incorporaba una orden ejecutiva, lejos de ser el producto de una interpretación 
extravagante de nuestro ordenamiento jurídico, expresa correctamente la conclusión a la 
que  razonablemente  cabe  llegar  partiendo  de  la  singularidad  que  el  art.  161.2  CE 
imprime en el esquema de control de las disposiciones y resoluciones autonómicas, que 
la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  plasma  en  tres  procedimientos 
constitucionales  concretos:  los  recursos  de  inconstitucionalidad  contra  leyes 
autonómicas (art. 30), los conflictos de competencia positivos instados por el Gobierno 
(arts.  64.2)  y  el  procedimiento  específico  de  impugnación  de  disposiciones  y 
resoluciones autonómicas del título V (art. 77), que es el procedimiento en cuyo seno se 
dicta la providencia debatida.
Dictada conforme al inciso segundo del art. 77 LOTC, que dice que "[l]a formulación 
de la impugnación comunicada por el tribunal producirá la suspensión de la disposición o 
resolución recurrida hasta que el tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no 
superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia", la 
providencia de 4 de noviembre de 2014 concretó el efecto suspensivo de duración 
limitada predeterminado en la Constitución en un formato en el que es inmediatamente 
reconocible un mandato vinculante dirigido a evitar que las actuaciones impugnadas –las 
narradas en el escrito de la representación procesal del órgano impugnante– agotasen 
sus  efectos  antes  de  que  este  tribunal  se  pronunciase  sobre  su  adecuación  a  la 
Constitución.
Nuestra providencia no constituye en razón de su tipología una resolución de valor 
declarativo, como se afirma en la demanda, pues no exterioriza ningún juicio sobre el 
fundamento de la concreta pretensión impugnatoria deducida ante este tribunal, sino un 
mandato  puro  de  suspensión  de  actividades  en  tanto  se  dirime  dicho  fundamento, 
mandato perfecto y acabado, directamente exigible, no precisado del complemento de 
una nueva resolución de este tribunal, ni de la previa interposición y resolución de un  e.
incidente de ejecución, ni mucho menos del auxilio de otro tribunal, exigencias en las que  w.b
insiste la demanda, pero que quedan fuera del contexto normativo aplicable.» 504ww
Indicamos, asimismo, que su adopción por ministerio de la ley no constituía una
oablgjeucnioó na rrreolejav adnuted apsu esso b«rela  sauu toemjeacutictiivdidaadd d, em láas  abdioepnc iólan  cdoen feirsmtaa  ma eldai dalu ze nd em osduos 
presupuestos aplicativos. Se trata en cualquier caso de un rasgo original del propio
art. 161.2 CE, que otorga al Consejo de Ministros una prerrogativa procesal, excepcional 
y exclusiva, en defensa del interés general (STC 79/2017, 22 de junio, FJ 17) que es 
fruto de una ponderación anticipada de los intereses en juego verificada en su momento 
por  el  propio  constituyente»  añadiendo  que  ello  no  desvirtuaba  su  naturaleza 
jurisdiccional ni descargaba a este tribunal de sus potestades decisorias «al exigírsele, 
antes del agotamiento del plazo inicial, una decisión de renovar o levantar el mandato de 
forma motivada, a solicitud de cualquiera de las partes, en un incidente de genuina 
naturaleza cautelar dirigido a "asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de 
daños  y  perjuicios  irreparables  o  de  difícil  reparación"  en  el  que  será  necesario 
"ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y 
público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión" (ATC 35/2018, de 21 de marzo, FJ 3)» decisión que no 
pudo adoptarse en este caso por la actitud contumaz que sirvió de fundamento a la 
condena penal pues «este tribunal acordó por providencia de 20 de enero de 2015 dar 
traslado  a  las  partes  en  el  procedimiento  constitucional  de  impugnación  para  que 
expusieran  en  el  plazo  de  cinco  días  lo  que  consideraran  conveniente  acerca  del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión; traslado que la Abogacía del Estado 
evacuó el 28 de enero de 2015 y la representación procesal de la Generalitat de 
Cataluña el día 30 de enero de 2015, estando conformes ambas partes en el punto de 
que, tras la celebración de la consulta el día 9 de noviembre de 2014, las actuaciones 
habían agotado sus efectos y el incidente había perdido su objeto, expresión manifiesta 
de la frustración definitiva del mandato suspensivo emitido por este tribunal».
Sobre  el  contenido  y  alcance  de  la  providencia  traída  a  colación  afirmamos  lo 
siguiente:
«En lo relativo a su función, ya hemos señalado que su única finalidad radicaba en 
preservar  el  éxito  del  procedimiento  constitucional  evitando  la  consumación  de  los 
efectos de las actuaciones cuya constitucionalidad se hallaba sub iudice.
En lo atinente a su contenido, se trataba asimismo de una resolución caracterizada 
por  su  completitud  en  tanto  que  además  del  mandato  inherente  a  su  función, 
contemplaba un destinatario –el Govern de la Generalitat, parte del proceso–, un objeto 
–las actuaciones impugnadas, relacionadas en el escrito inicial de impugnación del que 
se  dio  traslado  al  demandante–  y  un  tiempo  –inmediato  por  las  apremiantes 
circunstancias en que se dictó, a escasos días de la fecha fijada para la celebración de la 
consulta–.»
Concluimos  que  las  sentencias  impugnadas  en  el  presente  recurso  de  amparo 
tampoco incurrieron en calificación exorbitante o sorpresiva al reconocer la naturaleza 
ejecutiva y el alcance de la resolución de este tribunal en los términos en que lo hicieron.
c)  Sobre la exigibilidad de un requerimiento previo para el perfeccionamiento del 
delito  de  desobediencia  del  art.  410.1  CP,  en  el  fundamento  jurídico  6  de  la 
STC 170/2021 sostuvimos que la cuestión había sido resuelta de forma razonable en las 
resoluciones judiciales impugnadas y que no se observaba un cambio jurisprudencial 
susceptible de generar incertidumbre en los destinatarios de la norma:
«Enjuiciar el ajuste constitucional de la interpretación y aplicación de una norma 
penal exige, en primer lugar, estar a su propio tenor literal, y es constatable por la mera 
lectura del precepto que el delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario  s
público del art. 410.1 CP no incluye en su descripción típica que se haya dirigido a la  oe.
eapsuretteovE iroiinnd  caduademu  scopeu linmmfucpiniealcin miodtoinee.a nrptioor e ovp isúuibnól niac ople egcrcaoilnb ciemexripenrniedtsooa  d,p eod rel ateesl r mcmoinnaasnerd casutuoe  nejcuxidaigisci biqailuli deua nds  ere essqe ugtaeurrierimíaa ineq nudteoe    2021-19504n https://www.
compete en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su calidad de
órgano jurisdiccional superior en el orden penal (art. 123.1 CE), dándose la circunstancia
de que en el fundamento de derecho séptimo de su sentencia de 23 de enero de 2019 se 
pronuncia claramente en sentido contrario a tal tesis.»
Analizamos, seguidamente, las razones expuestas por el Tribunal Supremo para 
concluir la innecesariedad del requerimiento, en las que se constata que no es una 
novedad aplicada a este caso sino la continuación de una jurisprudencia previa que ha 
venido modulando la exigencia de requerimiento previo en función de las circunstancias 
del destinatario del mandato, pues si bien es entendible que en aquellas ocasiones en 
que el delito de desobediencia se imputa a un particular [cfr. arts. 556, 348.4 c) y 616 
quater CP], el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular, en 
los casos en que el mandato se dirige a una autoridad o funcionario público (art. 410.1 
CP), la exigencia de notificación personal del requerimiento ha de ser necesariamente 
modulada, pues lo decisivo en ese caso es que la autoridad o funcionario a la que se 
dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de 
acatamiento que le incumbe. El Tribunal Supremo cita precedentes en los que la sala no 
consideró exigible el requisito del requerimiento previo para estimar cometido el delito de 
desobediencia (SSTS 1615/2003, de 1 de diciembre, y 1095/2009, de 6 de noviembre) 
de los que afirma «se refieren además a particulares. El criterio que enuncian cobra más 
sentido aun cuando pensamos en autoridades públicas en las que ha de presumirse el 
conocimiento del deber de acatamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional 
(art. 87 LOTC). Cuentan además con medios para un asesoramiento específico». Más 
adelante explica que la previa advertencia de incurrir en delito de desobediencia de no 
comportarse de determinada manera «representa solo una fórmula para preconstituir la 
prueba del dolo, y, en su caso, para dotar de mayor eficacia conminatoria al mandato. 
Pero el dolo, o el conocimiento de la orden, si concurren y está probados, han de dar 
lugar a la condena por el delito de desobediencia, aunque no existiese un requerimiento 
personal».
Apuntamos  que  «[l]a  doctrina  de  los  precedentes  citados  es  inequívoca.  De  la 
STS  1095/2009,  fundamento  de  Derecho  1  A),  extraemos,  a  título  meramente 
ejemplificativo,  este  párrafo:  "Pero  frente  a  esa  conclusión  de  un  exagerado  rigor 
formalista, procedente de una lectura no del todo correcta de la doctrina precedente de 
esta Sala (STS de 10 de diciembre de 2004, entre muchas otras), ha de advertirse que la 
desobediencia prevista en el artículo 556 lo que realmente ha de suponer es una 
conducta, decidida y terminante, dirigida a impedir el cumplimiento de lo dispuesto, de 
manera clara y tajante a su vez, por la autoridad competente, ya que el hecho de que se 
requiera la debida acreditación de la notificación de esa decisión, e incluso de un 
requerimiento para ser acatada aunque sin llegar a la necesidad del apercibimiento 
respecto de la posible comisión del delito, tiene, como único fundamento y razón de ser, 
el pleno aseguramiento del conocimiento, por parte del desobediente, del mandato 
incumplido, es decir, su propósito resuelto de incumplir deliberadamente este (vid., en 
este sentido, la STS de 1 de diciembre de 2003, por ejemplo)».
Concluimos que «[a] la luz de estos precedentes hemos de convenir en que la 
sentencia  del  Tribunal  Supremo  objeto  de  impugnación  en  el  presente  recurso  de 
amparo concuerda con ellos en el aspecto de que el requerimiento previo no es un 
requisito típico del delito de desobediencia, ni una condición objetiva de punibilidad, sino 
un  medio  de  acreditar  el  dolo  cuya  relevancia  se  atenúa  cuando  se  atribuye  a 
autoridades o funcionarios públicos. Este criterio era previsible en la fecha en que 
ocurrieron los hechos».
El motivo ha de ser por ello íntegramente desestimado. e.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar la presente demanda de amparo promovida por doña Joana Ortega i 
Alemany.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.