BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Viernes 25 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 76564
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
10639 Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud en 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y 
Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real.
Con fecha 15 de junio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia  y  el  Servicio  de  Salud  de  Castilla-La  Mancha  para  la  formación  sanitaria 
especializada en ciencias de la salud en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 21 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud en los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara 
y de Toledo y Ciudad Real
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
La Directora Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), doña 
Regina Leal Eizaguirre, en virtud del Decreto 82/2019, de 16 de julio de estructura 
orgánica  y  funciones  del  Servicio  de  Salud  de  Castilla-La  Mancha,  actuando  en 
representación del SESCAM de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la 
Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha y de acuerdo a lo previsto en 
el Decreto 140/2008, de 9 de septiembre, de estructura orgánica y funciones de los 
Servicios Centrales y Periféricos del SESCAM.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que 
a cada uno le están conferidas, reconociéndose entre sí la capacidad legal necesaria 
para suscribir el presente Convenio y a tal efecto
MANIFIESTAN o
PrimQeuroe. el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia,  2021-10639n https://ww
de acuerdo con el artículo 149.1.5 de la Constitución Española.
Segundo.
Que  el  Ministerio  de  Justicia  tiene  asumidas,  en  el  territorio  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias en materia de personal al servicio 
de la Administración de Justicia correspondiéndole la organización y supervisión de los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) de Albacete, 
Cuenca y Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real y de sus medios técnicos.
Tercero.
Que  los  IMLCF  son  órganos  técnicos,  cuya  misión  principal  es  auxiliar  a  la 
Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica de conformidad 
con dispuesto en el artículo 479.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y en el artículo 1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de 
marzo, que en su artículo 13, determina además, que el Ministerio de Justicia podrá 
establecer conciertos con entidades sanitarias públicas y privadas, así como con otras 
instituciones, dirigidas a la utilización de locales, servicios y medios tecnológicos de interés 
médico legal para el normal funcionamiento de dichos Institutos.
Cuarto.
Que la Orden JUS/1516/2004, de 17 de mayo, crea los Institutos de Medicina Legal 
de Albacete, Cuenca y Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real, atribuyéndole, entre 
otras, las siguientes funciones:
a)  La práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y 
de laboratorio.
b)  La realización de actividades de docencia e investigación relacionadas con la 
medicina forense.
Quinto.
Que la modificación del artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por la 
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, conlleva la exigencia, como requisito necesario para 
el  acceso  al  Cuerpo  de  Médicos  Forenses,  del  título  de  especialista  en  Medicina 
Forense. El acceso a este título de especialista debe articularse a través del sistema de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Sexto.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título 
de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, establece 
que el acceso al título comprenderá una formación tanto teórica como práctica e implicará 
una participación personal y progresiva del residente en la actividad y responsabilidades 
propias de la especialidad y se adaptará a los criterios recogidos en el artículo 20.3 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Séptimo.
Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4  apartado  3  del  Real 
Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a  e.
especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, la dirección del  w.b
IMLCF remitirá solicitud de acreditación como unidad docente (en adelante UD) a la  639ww
Dinisretrcuccicóinó n Gaeconmerpaal ñdaed a Odredl ecnoarcreiósnp oPndroiefensteio nCaoln vdeenl ioM oin aisctueerirod od aed oSpatandidoa da l rpeasrpae cstuo 
creoanl izlaasc ióanu tdoerild apdeeríso dsoa nditea rriaosta ccioómn pdeete ndtoess  adñeo sla sa  cqoume usneid aredfeiesr ea uetló naortmícauslo,  p3a.3ra d leal 
mencionado Real Decreto.
Octavo.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al 
título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, 
contempla que el sistema de residencia comprenderá un período formativo de cuatro 
años  que  serán  cursados  en  las  UD  acreditadas  de  los  IMLCF.  No  obstante,  los 
residentes  tienen  la  obligación  de  realizar  períodos  de  rotación  en  los  dispositivos 
docentes con los que exista un Convenio previo del Sistema Nacional de Salud, en las 
especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un contenido cuyo conocimiento 
resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de aquellos, pudiendo 
acceder a sus medios de formación, investigación y consulta. En su totalidad, estos 
períodos de rotación se desarrollarán durante un período de dos años dentro del período 
formativo de cuatro años de la especialidad.
Noveno.
Que los IMLCF de Albacete, Cuenca y Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real están 
dotados de personal cualificado y de los medios apropiados para la constitución de 
una UD para la formación sanitaria especializada (en adelante FSE) en Ciencias de la 
Salud que le permita desarrollar el programa formativo de la especialidad de Medicina 
Legal y Forense en aquellas materias acordes con las competencias y actividades que el 
Instituto desempeña, así como colaborar en la FSE de otras especialidades en Ciencias 
de la Salud.
Décimo.
Que la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 
Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 68, atribuye al Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (en adelante SESCAM), personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines de provisión de servicios y 
gestión de centros y establecimientos sanitarios en desarrollo de los programas de salud 
destinados a la protección y mejora del nivel de salud de la población.
Undécimo.
Que el SESCAM dispone de centros formativos, asistenciales, de investigación, 
unidades administrativas y dispositivos docentes acreditados para la FSE en Ciencias de 
la Salud.
Duodécimo.
Que la situación antes descrita determina la conveniencia de suscribir el presente 
Convenio  con  el  que  se  pretende  sentar  las  bases  para  canalizar  las  necesarias 
relaciones  de  colaboración  que  deben  existir  entre  las  UD  de  los  IMLCF  y  las 
distintas UD del Servicio de Salud, que actuarán como dispositivos docentes asociados.
En  virtud  de  lo  expuesto,  las  partes  estiman  conveniente  la  formalización  del 
presente Convenio, que regula las relaciones de colaboración que deben existir entre 
todos los intervinientes, por lo que estipulan las siguientes:
CLÁUSULAS o
PrimCeoran.s titOuybeje teol  doebl jCetoon vdeenl iop.resente Convenio establecer el compromiso escrito de  2021-10639n https://ww
Ccoielanbcoiaras cdióen l ap Saaralu dla,  enFtSreE  edl Me inMisetdeircioin dae  LJeugsaticl iay  yF eolr SenEsSeC Ay Mo.tras  especialidades  en  BOE-A-cable e
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  Obligaciones comunes.
Sin perjuicio de los compromisos establecidos en las cláusulas precedentes y de las 
obligaciones que se derivan de lo dispuesto en la legislación vigente sobre FSE, son 
obligaciones comunes a todos los firmantes de este Convenio:
– Colaborar en la impartición de los programas oficiales de las especialidades en 
Ciencias  de  la  Salud  posibilitando  la  inclusión  de  las  unidades  y/o  los  dispositivos 
dependientes de cada una de ellas en los distintos programas formativos.
– Garantizar el cumplimiento tanto del programa formativo como del Plan de Gestión 
de  la  Calidad  Docente  (PGCD)  de  la  Entidad  Titular  en  cuanto  a  la  planificación, 
seguimiento y evaluación del residente.
– Impulsar la coordinación de las unidades y dispositivos acreditados de cada una 
de las partes informándose mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de 
los residentes, a fin de decidir conjuntamente sobre su adecuada integración con la 
actividad asistencial del Instituto o dispositivo docente de que se trate.
2. Obligaciones del Ministerio de Justicia.
– Promover  la  acreditación  de  las  unidades  según  los  requisitos  generales  de 
acreditación  establecidos  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  Profesional  del 
Ministerio de Sanidad.
– Colaborar en la FSE de todas aquellas especialidades a las que puede resultar de 
interés, poniendo a disposición de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, las 
unidades y dispositivos docentes dependientes del Ministerio de Justicia, en los términos 
que fijen las Guías o Itinerarios Formativos de la especialidad correspondiente. Para ello, 
será necesaria la celebración de acuerdos concretos de colaboración docente con los 
centros asistenciales implicados en los que se fijen los objetivos, el programa y la 
capacidad docente correspondiente para cada especialidad.
– Informar a los residentes de Medicina Legal y Forense de sus obligaciones hacia el 
SESCAM durante sus rotaciones:
• Cumplir la normativa vigente establecida por el SESCAM para sus residentes.
• Cumplir el horario y las actividades previstas en el programa de rotaciones y 
respetar  las  normas  de  funcionamiento  interno,  seguridad  y  prevención  de  riesgos 
laborales de la misma.
• Colocar en lugar visible de su uniforme la tarjeta identificativa que le será facilitada, 
que será devuelta una vez finalizado su período formativo.
• Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro y guardar 
secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta. La 
confidencialidad será extensible incluso en caso de fallecimiento del paciente.
• Presentar al inicio de su estancia la certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales.
3.  Obligaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha:
En virtud del presente Convenio, el SESCAM se compromete a:
a)  Posibilitar el acceso de los/las médicos/as residentes de la especialidad de  e
Medicina Legal y Forense a: bo
eSlaalbu–od r,la oddsoe m  paeocdru iloeasr Cd odo emc fiosoniró mnlaa Nsc iaódcniiro,e nicnatvrl iecdseets ilg aaq Ecuiseóp nes cyei  aceloisdntaasdbu.lletaz cdaen  qeune  edli spproonger aeml aS efrovrimciaot idveo   2021-10639n https://ww
– los recursos del programa de FSE del Servicio de Salud, incluidas las actividades
del programa transversal y complementario del residente (PTCR). Bc
– Información sobre la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales del 
SESCAM.
b)  Colaborar con el IMLCF en la elaboración de la Guía o itinerario formativo.
c)  Garantizar  la  tutela  del  residente,  durante  el  período  de  rotación,  por  un 
profesional que preste servicios en el centro donde se realice la misma, así como la 
evaluación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad.
d)  Velar por la adecuada integración del residente en el centro sanitario de que se 
trate, posibilitando la realización de guardias en las condiciones previstas legalmente 
para el personal residente.
Tercera.  Capacidad de la Unidad Docente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 
y se desarrollan determinados aspectos del sistema de FSE, la capacidad de la UD, 
entendida como el número máximo de residentes que pueden formarse a un mismo 
tiempo en la misma, será la que se determine en la Resolución definitiva de acreditación 
que dicte el Ministerio de Sanidad, dadas las características docentes, asistenciales e 
investigadoras de la Unidad.
Cuarta.  Control de calidad de la formación impartida.
Las unidades competentes de la respectiva consejería con competencias en materia 
de sanidad, velarán por la calidad de la formación impartida en la UD, pudiendo solicitar 
al Ministerio de Sanidad la realización de auditorías para conocer, evaluar y adoptar las 
medidas que se estimen necesarias, con vistas a garantizar el adecuado funcionamiento 
de la misma.
En  el  caso  de  que,  como  consecuencia  de  dichas  auditorías,  se  acuerde  la 
desacreditación de la UD, se procederá según lo previsto en el artículo 26.4 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Quinta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
Sexta.  Relación laboral de residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 704/2020, de 28 de 
julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina 
Legal y Forense por el sistema de residencia, durante el período formativo de residencia 
para el acceso al título de especialista en Medicina legal y Forense, los residentes 
quedarán sometidos a la relación laboral de carácter especial regulada en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin perjuicio de la 
normativa específica de la Administración de Justicia que les sea de aplicación.
Esta relación laboral quedará establecida, durante todo el período formativo de 
residencia entre el Ministerio de Justicia y el residente.
Las  retribuciones  del  residente,  incluyendo  las  correspondientes  a  la  atención  es
continuada, serán financiadas directamente por el Ministerio de Justicia. bo
SépTtimodao.s  loPsr oatfeeccctaiódno sd ep oDr aetlo psr desee Cntaer áCcotenrv ePneiors voennadl.rán obligados por las disposiciones y
Cexoignesenjcoia, sd ee s2t7a bdleec aidbarsil  dpeo r2 e0l1 6R,e rgellaamtiveon tao  l(aU pEr)o t2e0c1c6ió/n6 7d9e  dlaesl  Ppaerrlsaomneans tofí sEicuarso peeno l oy  qdueel   BOE-A-cable e
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Octava.  Comisión de Seguimiento y Control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento y Control 
integrada por tres miembros designados por el Ministerio de Justicia, dos de los cuales 
serán quienes ostenten la Dirección del IMLCF de Albacete, Cuenca y Guadalajara y de 
Toledo y Ciudad Real y tres miembros designados por el Servicio de Salud, siendo uno 
de ellos el titular del órgano competente en formación sanitaria especializada o persona 
en  quien  delegue.  No  obstante,  podrán  asistir,  con  voz,  pero  sin  voto  el  personal 
cualificado que se determine por las partes.
2.  Sus funciones serán:
a)  Interpretar y resolver cuantas dudas puedan surgir en la ejecución del presente 
Convenio.
b)  La  aprobación  de  protocolos  operativos  para  la  ejecución  de  concretos 
programas de colaboración que se vayan demandando a instancia de cualquiera de las 
partes signatarias, que permitan la colaboración entre el Servicio de Salud y los IMLCF 
de Albacete, Cuenca y Guadalajara y de Toledo y Ciudad Real, para conseguir un mayor 
progreso técnico y científico de los trabajos de unos y otros equipos; y también en el uso 
del material, instrumental y maquinaria electrónica disponible por parte del personal de 
ambas entidades, dentro de los cometidos asignados a cada una de ellas.
c)  Seguimiento y evaluación del desarrollo del mismo.
d)  Proponer la revisión y/o modificación e incorporación de adendas del Convenio 
cuando se produzca cualquier circunstancia que altere el contenido del mismo o que 
interese que figuren como anexos al presente Convenio.
e)  Las propuestas de corrección y/o mejora de los programas de formación.
La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona 
con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal 
en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, y será objeto de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.
2.  Tendrá  una  vigencia  de  cuatro  años  y  podrá  ser  prorrogado  a  su  término 
mediante acuerdo expreso por igual período de cuatro años, que deberá formalizarse 
con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración. e.
3.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en  w.b
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. 639ww
de l4a.s  ULaD  ppleonr ae el fóercgtiavnidoa dc odme peesteten tCe odnevel nMioin siset esruiop eddeit aSráa naid laad ,a carcetduiataccióiónn  qdueefi nsiteivraá 
Rdeebgiidsatrmo eEntleec tnróontificicoa dEas taalt aSl EdSeC ÓAMrg.a nNoos  oeb sIntasntrtuem, elan tionss cdriep cCióono pdeerl aCcioónnv edneilo  Seenc toerl 
Público Estatal, momento en el cual el Convenio adquiere eficacia, permitirá adoptar las
decisiones previas a la acreditación que se estimen necesarias para la puesta en marcha 
y organización de las mencionadas Unidades.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  mencionado,  el  presente  Convenio  se  extingue  por  el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar 
la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
En  todo  caso,  la  resolución  del  Convenio  no  afectará  a  la  finalización  de  las 
actividades que estuvieran en ejecución, estableciéndose por las partes, a propuesta de 
la Comisión de Seguimiento y Control, un plazo improrrogable para su finalización.
2.  En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49.e) 
y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no 
se prevé ningún tipo de indemnización.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
lo previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la Comisión prevista en la cláusula séptima.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. e.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  639ww
Ilengstaitlumceionntee s coqrurees proenpdreens enat acna, das usucnroib edne  elolesc trfiórmnicaanmteesn, teo bleigl anpdreos ecnotne  eClloon vae nlaios, 
Mtoimniásntrdoo dsee  Jcuosmtioc iaf,e cJhuaa nd Ce afrolorms aCliazmacpióon M doerel nmoi.s–mLao ,D liare cfetocrhaa  Gdeerle nútlteim doe l fiSrmeravnicteio. –dEel 
Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal Eizaguirre.