BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Viernes 10 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 110419
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14790 Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la 
Comunidad de Madrid, para el mantenimiento de la Delegación de Oficina 
Judicial en el Centro Penitenciario Madrid VII.
El Ministro de Justicia, el Ministro del Interior y el Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas de la Comunidad de Madrid, actuando por delegación de firma de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, han suscrito un Convenio para el mantenimiento de la 
Delegación de Oficina Judicial en el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), situado 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 6 de septiembre de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEJO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior y 
Ministerio de Justicia) y la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas) para el mantenimiento de la Delegación de Oficina Judicial en el Centro 
Penitenciario Madrid VII (Estremera), situado en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid
5 de julio de 2021.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
El Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, de acuerdo con el 
Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, en uso de las competencias que le corresponden 
en virtud del artículo 61 apartado k) de la citada Ley 40/2015 de 1 de octubre.
El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, don Enrique 
López López, nombrado por Decreto 55/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la 
Comunidad  de  Madrid,  actuando  por  delegación  de  firma  de  la  Presidenta  de  la 
Comunidad  de  Madrid,  Sra.  doña  Isabel  Natividad  Díaz  Ayuso,  en  virtud  del  s
Decreto 30/2021, de 20 de abril, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el  oe.
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MANIFIESTAN
Primero.
Que el Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de Administración de 
Justicia a tenor de lo establecido en el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
Que previo acuerdo y conformidad entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de 
Justicia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid se consideró conveniente iniciar una 
experiencia piloto en el centro penitenciario Madrid VII (Estremera), destinada a la 
creación en el precitado centro penitenciario de una Delegación de Oficina Judicial, con 
una configuración flexible a determinar y que se acomodara a las propias necesidades 
derivadas de las actividades que se realicen.
Tercero.
Según el artículo 440 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial los 
Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos al servicio de dicha 
Administración, que dependen del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con 
el carácter de autoridad. Asimismo, los Letrados de la Administración de Justicia dirigen 
en el aspecto técnico- procesal a todo el personal que forma parte de la Oficina judicial, 
para lo que ordena su actividad e imparte las órdenes e instrucciones necesarias.
Cuarto.
El Ministerio de Justicia, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial 
colabora con las Comunidades Autónomas para la efectividad de las funciones que éstas 
ostentan en materia de medios personales y materiales en la Administración de Justicia 
a través de las instrucciones que puede dirigir a los Letrados de la Administración de 
Justicia al objeto de garantizar dicha colaboración.
Quinto.
Que la Comunidad de Madrid tiene transferidas las competencias para la dotación de 
los  medios  personales  y  materiales  necesarios  para  el  funcionamiento  de  la 
Administración de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 600/2002, de 1 
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia, y el Real Decreto 1429/2002, de 27 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios personales y materiales al 
servicio de la Administración de Justicia.
Sexto.
Que el principio de coordinación entre Administraciones Públicas consagrado en el 
artículo 103 de la Constitución Española y la realidad del volumen de actuaciones 
procesales relativas a personas que se encuentran privadas de libertad en Centros  s
Penitenciarios, hacen necesario arbitrar instrumentos de colaboración para solucionar los  e.
problemas que habitualmente se plantean. Es preciso simplificar trámites, y evitar en lo  w.
posible los desplazamientos innecesarios, tanto de las personas privadas de libertad,  790ww
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Séptimo.
Que, para la consecución de los objetivos expuestos, se suscribió el 1 de julio 
de 2014, el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Interior, Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  de  Madrid  (Consejería  de  Presidencia  y  Justicia)  para  el 
desarrollo de un proyecto piloto de creación de una Delegación de oficina judicial en el 
centro  penitenciario  Madrid  VII  (Estremera),  situado  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunidad de Madrid.
Octavo.
Que en aplicación de la disposición adicional octava apartado 1 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se procede a la suscripción de 
un nuevo Convenio para adaptarlo a las nuevas prescripciones introducidas por dicha 
Ley.
En consecuencia, con todo lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir 
el presente Convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es el mantenimiento en el centro penitenciario 
Madrid  VII  (Estremera)  de  la  Delegación  de  Oficina  Judicial  del  partido  judicial  de 
Arganda del Rey.
Prestará asistencia al Decanato de Madrid, al Decanato de Arganda del Rey, al 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid y a los Juzgados 
Penales, de Violencia, Vigilancia Penitenciaria y de Primera Instancia e Instrucción, y 
podrá lleva a cabo actuaciones encomendadas por otros órganos jurisdiccionales de 
todos los ámbitos territoriales en lo que se refiere a los actos que afectan a personas 
privadas  de  libertad  o  cuyo  domicilio  laboral  se  encuentre  en  el  precitado  centro 
penitenciario.
Además,  esta  delegación  asumirá  labores  centralizadas  de  gestión  y  apoyo  en 
actuaciones derivadas de la aplicación de las vigentes leyes procesales.
Del mismo modo, también llevarán a cabo actuaciones confiadas por los órganos 
judiciales de otros órdenes jurisdiccionales además del penal.
Segunda.  Estructura y funcionamiento de la Delegación de la Oficina Judicial.
Al frente de la Delegación de la Oficina Judicial en el centro Penitenciario, habrá un/a 
funcionario/a del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y un/a funcionario/a del 
Cuerpo de Auxilio Judicial que cumplirán con las funciones establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y la práctica de diligencias judiciales previstas en las leyes 
procesales.
Esta  Delegación  de  Oficina  estará  operativa  teniendo  en  cuenta  el  horario 
establecido para el personal funcionario de la Administración de Justicia y los turnos 
específicos de trabajo que se determinen.
El personal al frente de la Delegación de la Oficina Judicial tendrá acceso a las 
aplicaciones del sistema informático penitenciario que así se determine en calidad de  e.e
usuarios externos. Se realizarán las actividades formativas necesarias para el manejo y  b
utilización de las distintas aplicaciones informáticas. 790ww
Tercera.  Compromisos de las partes.
La Administración Penitenciaria pondrá a disposición de la Comunidad de Madrid
unas dependencias adecuadas en el centro penitenciario Madrid VII (Estremera), para la
ubicación de la Delegación de la Oficina Judicial. A estos efectos, facilitará y asumirá los 
gastos ordinarios de energía eléctrica, climatización y servicios postales necesarios para 
el desarrollo de la actividad. Asimismo, asumirá los gastos de mobiliario.
El personal funcionario de la Administración de Justicia que preste servicio en la 
Delegación de la Oficina Judicial tendrá la posibilidad de acceder sin coste alguno, al 
aparcamiento  de  vehículos  particulares  utilizados  por  el  personal  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Comunidad de Madrid asumirá los gastos derivados del pago de las nóminas de 
los funcionarios/as de la Administración de Justicia, adscritos a la Comunidad de Madrid, 
necesarios para el funcionamiento de la delegación.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de 
personal de la Administración de Justicia que será destinado a la prestación de servicios 
en la Delegación de la Oficina Judicial del centro penitenciario.
Cuarta.  Ausencia de relación jurídica.
El presente Convenio no generará, en sí mismo, ningún tipo de vínculo contractual ni 
laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades 
propias del mismo.
Quinta.  Régimen económico del Convenio.
La Comunidad de Madrid asumirá los gastos derivados del pago de las nóminas del 
personal  de  la  Administración  de  Justicia  necesario  para  el  funcionamiento  de  la 
Delegación.
Estos costes se imputarán al Capítulo I del presupuesto de gastos de la Comunidad 
de Madrid.
El  Ministerio  del  Interior  asumirá  los  gastos  ordinarios  de  funcionamiento  de  la 
dependencia con cargo a su respectivo presupuesto en relación a las obligaciones que 
contrae según lo dispuesto en la cláusula tercera.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica alguna para el Ministerio de Justicia.
Sexta.  Régimen de Protección de Datos.
Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
Séptima.  Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.
Al objeto de impulsar las actuaciones previstas en este Convenio y garantizar su 
desarrollo integral, se crea una comisión de seguimiento, integrada por un representante 
por cada una de las partes firmantes y otro en representación de la Delegación de 
Gobierno. e.e
Una vez entre en vigor el Convenio, las partes procederán al nombramiento de cada  w.b
uno de los representantes. 790ww
indicLaan dcoom loissi óans udneto sse ag utrimatiaern eton  plao dmráis msear.  cEonn vtoodcoa dcaa spoo sr ec ureaulqnuirieár aal  dmee snuoss  munieam vberzo as,l 
año.
Las convocatorias, acuerdos y documentación de los órganos de seguimiento se 
producirán y custodiarán por una Secretaría administrativa, cuyo régimen se establecerá 
en la primera reunión de la comisión de seguimiento.
Su funcionamiento se adecuará a lo dispuesto en el Título Preliminar Capítulo II 
Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
Octava.  Vigencia y efectos del Convenio.
La  vigencia  de  este  Convenio  será  de  cuatro  años,  pudiendo  prorrogarse  en 
cualquier momento antes de su finalización por acuerdo unánime de los firmantes por un 
nuevo período de hasta 4 años. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio resultará eficaz una vez sea inscrito 
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». A su vez, de acuerdo con la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
será publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  Convenio  en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Novena.  Extinción del Convenio.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración podrá 
mantenerse hasta un máximo de tres meses más para preparar el cierre definitivo de las 
actuaciones.
Décima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen 
jurídico de los convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución  y  efectos  que  pudieran  derivarse  de  la  aplicación  del  mismo,  deberán 
solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la comisión de seguimiento 
constituida. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán 
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Y de conformidad con cuanto antecede en ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes, y obligando a las partes que cada cual 
representan, se suscribe el presente Convenio por triplicado, y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Ministro 
del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–La Presidenta de la Comunidad de  e.
Madrid, por delegación de firma, (Decreto 30/2021, de 20 de abril), el Consejero de  w.b
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López López. 790ww
Anexo al Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio del 
Interior y Ministerio de Justicia) y la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas) para el mantenimiento de la Delegación de Oficina Judicial en 
el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), situado en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid
Competencias  Procesales  de  la  Delegación  de  Oficina  Judicial  en  el  Centro 
Penitenciario Madrid VII (Estremera).
Las funciones inicialmente atribuidas a la delegación de oficina judicial son, en 
general, la práctica de diligencias judiciales previstas en las Leyes Procesales y que 
pueden llevarse a cabo en el propio establecimiento penitenciario; en concreto:
Primero.
La ejecución de actos de notificación, citaciones, requerimientos, emplazamientos, 
embargos, etc., respecto de las personas que se encuentran en el Centro Penitenciario.
Segundo.
La realización de actuaciones conducentes a la práctica de actos de auxilio judicial 
en la forma que se establezca.
Tercero.
La  ejecución  de  las  actividades  necesarias  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 229.3 de las Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 325 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que se dan aquí por reproducidos para realizar actuaciones 
judiciales  y  comparecencias  ante  órganos  judiciales  a  través  del  sistema  de  video 
conferencia.
Cuarto.
La ejecución de mandamientos de libertad acordados por los órganos judiciales.
Quinto.
La práctica de las actuaciones necesarias para materializar los pronunciamientos de 
los fallos judiciales.
Sexto.
Remitir las propuestas de liquidaciones de condena desde el Centro Penitenciario a 
los  respectivos  órganos  judiciales  y  tras  su  aprobación  por  los  Tribunales 
sentenciadores, trasladarlos al Centro Penitenciario para la realización material.
Séptimo.
Cumplimentación de la información relativa a los internos requerida por los órganos 
judiciales, en colaboración con los funcionarios de la Administración Penitenciaria.
Octavo. es
Servir como instrumento para la ejecución de pronunciamientos de carácter civil con  w.
especial  atención  para  que  las  responsabilidades  civiles  dimanantes  de  delito  se  790ww
satisfagan (requerimientos de pago, embargos etc).
Noveno.
Actuaciones relativas a la puesta en conocimiento de los órganos judiciales de las 
resoluciones sobre cambio de destino de los internos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 31.3 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996 de 9 de 
febrero.
Décimo.
Remitir  a  los  órganos  judiciales  competentes  las  solicitudes  de  autorización  y 
daciones  de  cuentas  exigidas  por  la  normativa  penitenciaria,  o  que  se  considere 
conveniente al ser conformes a los criterios de actuación, conclusiones y acuerdos de los 
Jueces  de  Vigilancia  Penitenciaria  tomados  en  las  reuniones  que  se  celebran 
periódicamente.
Undécimo.
Colaboración en la remisión de recursos de carácter penitenciario.
Duodécimo.
Facilitar información al Centro Penitenciario relativa a la celebración o suspensión de 
juicios y causas que los motivaron en el segundo caso.