BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Miércoles 26 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 64046
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8794 Resolución  de  10  de  mayo  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 
de  Seguimiento  Normativo,  Prevención  y  Solución  de  Conflictos  de  la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 8/2020, de 30 
de julio, de protección y ordenación del litoral.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 10 de mayo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación 
con la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de conformidad con las negociaciones previas 
celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el 
Acuerdo de la Subcomisión de 28 de octubre de 2020, para resolver las discrepancias 
competenciales suscitadas en relación con los artículos 2 (y, por conexión, el 3 y el 6), 7, 
9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33 y 34 de la Ley 8/2020, de 30 de julio, 
de protección y ordenación del litoral, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.  Ambas partes coinciden en que la interpretación conforme de los siguientes 
preceptos de la Ley de Cataluña 8/2020, que se expone a continuación respecto de cada 
uno de ellos, se enmarca dentro de las competencias que la comunidad autónoma 
ostenta en materia de ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo y de 
protección del medio ambiente, sin incidir en la competencia estatal para regular el 
régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre.
2.  La previsión del artículo 2.1 que incorpora en el ámbito de aplicación de la 
Ley 8/2020 los bienes de dominio público marítimo terrestre del litoral de Cataluña y, por 
conexión a esta delimitación, las previsiones del artículo 3 relativas a bienes de dicho 
dominio público de titularidad estatal, así como la configuración del Plan de protección y 
ordenación del litoral como instrumento básico de ordenación y gestión integrada del 
ámbito  terrestre  y  marino  del  litoral  catalán,  establecida  en  el  artículo  6.1,  deben 
entenderse todas ellas referidas a actuaciones que deriven del ejercicio legítimo de las 
competencias que la Generalitat de Cataluña tiene estatutariamente reconocidas o de la 
naturaleza  de  la  competencia  que  resulta  del  bloque  de  la  constitucionalidad,  sin  s
perjuicio de las competencias en materia de costas, protección y ordenación del espacio  oe.
marítimo y cualesquiera otras que corresponda ejercer al Estado. w.
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las facultades que derivan de la titularidad que el Estado ostenta sobre los bienes que
integran el dominio público marítimo terrestre. Bc
Asimismo, concluyen que las previsiones del Plan de protección y ordenación del litoral 
no contradicen ni excluyen la competencia estatal para la elaboración y aprobación de los 
planes de ordenación del espacio marítimo regulados en el Real Decreto 363/2017, de 8 de 
abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, que 
transpone  al  ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2014/89/UE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la 
ordenación del espacio marítimo, ni tampoco las previsiones de estos planes de ordenación 
del espacio marítimo contradicen ni excluyen las competencias de la Generalitat en materia 
de ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo y de protección del medio 
ambiente, u otras que legítimamente incidan o se proyecten sobre el mar territorial.
Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 8/2020.
4.  Ambas partes coinciden en interpretar que las previsiones del artículo 7.2 sobre 
la  capacidad  del  Plan  para  establecer  un  régimen  transitorio  facultan  al  Plan  de 
protección y ordenación del litoral para que pueda establecer la posibilidad de revisión de 
las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor que 
se opongan a sus disposiciones, incluyendo lo relativo a sus prórrogas.
Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 8/2020.
5.  Ambas partes coinciden en interpretar que el procedimiento de tramitación y 
aprobación del Plan de protección y de ordenación del litoral, previsto en el artículo 9, 
incorpora las solicitudes de informe a la Administración del Estado que, en relación a la 
tramitación  de  todo  planeamiento  territorial  y  urbanístico  que  ordene  el  litoral,  se 
establecen en los artículos 112 y 117 de la Ley de Costas.
Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 8/2020.
6.  Ambas partes coinciden en que el artículo 11. c), d), e), f), g) e i), en el que se 
regula el contenido del Plan de Uso del litoral y de las playas, debe entenderse sin 
menoscabo de la competencia exclusiva del Estado para establecer el régimen jurídico 
del dominio público marítimo-terrestre, así como del imprescindible título de ocupación 
(autorización o concesión) de dicho dominio. Esto último no obsta que, además, sea 
necesario  contar  con  otro  u  otros  permisos,  licencias  o  autorizaciones  de  otra 
administración para el desarrollo de la actividad en cuestión. Por tanto, este precepto se 
entiende sin perjuicio de la legislación estatal de acuerdo con los criterios que resultan 
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en especial de sus sentencias 149/1991 
y 31/2010.
Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 8/2020.
7.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 11 en sus apartados a) y b) quedan resueltas al sustituirse por el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 11.  Contenido.
Los planes de uso del litoral y de las playas, de acuerdo con el contenido del 
Plan de protección y ordenación del litoral, y sin perjuicio de la legislación estatal 
de costas, deben:
a)  Ordenar los servicios de temporada de las playas y de aquellas actividades 
que el Plan prevé que puedan ser objeto de autorización en el dominio público 
marítimo-terrestre y, en su caso, en los terrenos de titularidad pública que incluya 
situados en su zona de servidumbre de protección, atendiendo a la clasificación de las 
playas, los umbrales de capacidad de carga y los límites máximos de las ocupaciones  e
fijadas por el Plan de protección y ordenación de litoral. bo
b)  Ordenar la utilización de las playas, establecer los servicios mínimos de  94ww
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correspondientes medidas preventivas e informativas del peligro».
8.  Ambas  partes  coinciden  en  que  las  discrepancias  planteadas  en  torno  al 
mecanismo de autorización de la ocupación del dominio público marítimo terrestre, por lo 
que se refiere al artículo 13 en su apartado 7, quedan resueltas al sustituirse por el 
siguiente tenor literal:
«7.  Simultáneamente a la aprobación del plan de uso del litoral y de las 
playas  se  procederá  al  otorgamiento  al  ayuntamiento  correspondiente  de  la 
autorización para la explotación de los servicios de temporada de las playas para 
el plazo previsto por el Plan, que no puede exceder los cuatro años».
9.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 15, apartado 2 quedan resueltas con el compromiso de la Generalitat de instar la 
modificación legislativa en el sentido de suprimir el siguiente inciso: «El otorgamiento de 
la prórroga supone la renovación de la autorización para la explotación por parte del 
ayuntamiento de los servicios de temporada de las playas para un nuevo plazo máximo 
de cinco años.»
10.  Ambas partes coinciden en entender resueltas las discrepancias planteadas en 
relación con el artículo 18 entendiendo que su contenido es sin perjuicio del informe que 
corresponde emitir al Estado respecto a la servidumbre de tránsito de acuerdo con lo 
previsto en las disposiciones transitorias cuarta 2.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas  y  decimocuarta  1.b)  del  Reglamento  General  de  Costas,  en  el  trámite 
correspondiente del título habilitante urbanístico.
11.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 19 se solventan con el compromiso de la Generalitat de instar la modificación 
legislativa del apartado 1 del siguiente tenor literal:
«1.  Los  tramos  de  playas  se  clasifican  en  urbanos  y  naturales,  en  los 
términos  establecidos  en  la  Ley  de  Costas.  Dentro  de  estas  dos  categorías 
pueden establecerse, en función de las características de los mismos, los tramos 
de playa seminaturales y de protección especial, respectivamente.»
Y con el compromiso de añadir un último inciso en el apartado 3 del siguiente tenor:
«…, y en todo caso, a las limitaciones previstas en la normativa estatal de 
costas.»
12.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 23 apartado 1 se solventan con el compromiso de la Generalitat de instar la 
modificación legislativa del siguiente tenor literal:
«1.  Las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de las 
construcciones existentes en el dominio público marítimo-terrestre que cuenten 
con una concesión vigente y que resulten contrarias al Plan de protección y 
ordenación del litoral aplicable que no comporten incremento de la superficie 
ocupada o de la volumetría existente están sujetas al régimen de declaración 
responsable ante el órgano competente en materia de ordenación del litoral de la 
Administración de la Generalidad.
En  relación  con  las  obras  de  reparación,  mejora,  consolidación  y 
modernización de las construcciones existentes en el dominio público marítimo-
terrestre que cuenten con una concesión vigente y que resulten contrarias a la  s
legislación en materia de costas, están sujetas al régimen transitorio previsto en la  oe.
legislación estatal de costas, el cual les será de plena aplicación, siendo el órgano  w.
competente el correspondiente de la Administración de la Generalitat». 94ww
13.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el
marotídciufilcoa c2ió5n  qleugeidsalant ivare spuaerlata sla  csounp reesl iócno mdep rolam irseofe rdeen cilaa  aG e«nLear aAlidtamt indiset raincisótna r delal 
Estado» del apartado 4 de dicho artículo.
14.  Ambas partes coinciden en interpretar que la previsión del artículo 27.4 sobre el 
trámite  de  información  pública  para  las  concesiones  y  autorizaciones  de  vigencia 
superior a un año no previstas en el plan de uso del litoral y de las playas se adecua a 
los procedimientos para los que el artículo 152.8 del Reglamento General de Costas 
establece el carácter obligatorio de este trámite, puesto que no excluye del trámite de 
información  pública  los  procedimientos  de  autorización  que  se  refieran  a  vertidos 
industriales  y  contaminantes  desde  tierra  al  mar  y  a  las  extracciones  de  áridos  y 
dragados.
Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamentario de la Ley 8/2020.
15.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo  29,  g)  quedan  resueltas  con  el  compromiso  de  la  Generalitat  de  instar  la 
modificación legislativa de dicho apartado en los siguientes términos:
«g)  La tutela y policía del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de 
servidumbre con respecto a: las actuaciones llevadas a cabo sin acuerdo de la 
Administración  de  la  Generalitat  o  del  ayuntamiento  o  sin  haber  hecho  la 
correspondiente  declaración  responsable,  sin  perjuicio  de  la  competencia 
sancionadora del Estado respecto de ocupaciones demaniales sin título;».
16.  Ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias en relación 
con el artículo 29, letra q), con el compromiso de la Generalitat de instar la modificación 
legislativa de modo que dicho apartado quede redactado en los siguientes términos:
«La cooperación transfronteriza en el ámbito propio de las competencias de la 
Generalitat de Cataluña para garantizar la correcta aplicación de la estrategia de 
gestión integrada de la costa catalana en el marco del Protocolo relativo a la 
gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo y de la legislación 
internacional».
17.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con 
las competencias de la Generalitat establecidas en las letras j), k) y m) del artículo 29, 
referidas respectivamente a la participación y la programación de las obras de interés 
general situadas en el litoral y la emisión de los correspondientes informes sobre la 
calificación de interés general y sobre el pliego de prescripciones que sirva de base para 
la redacción de los proyectos correspondientes a estas obras; a la ejecución y gestión de 
las obras de interés general situadas en el litoral catalán en los términos fijados por 
convenio con la Administración General del Estado, y la emisión del informe previo al 
rescate  de  las  concesiones  demaniales  cundo,  por  razones  de  interés  general,  el 
ejercicio de esta función sea competencia de la Administración General del Estado, 
deben interpretarse en los términos recogidos en el Acuerdo de la Comisión Mixta 
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
por el que se amplían las funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Catalunya 
por el Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, en materia de ordenación y gestión del 
litoral, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión de 29 de julio de 2008 y 
publicado mediante el Real Decreto 1387/2008, de 1 de agosto. Los apartados D.4 y B.6, 
D.5 y B.5 de este Acuerdo de la Comisión Mixta establecen las fórmulas de participación 
de la Generalitat en la planificación, programación y tramitación de las obras de interés 
general situadas en el litoral de Cataluña y en el rescate de las concesiones demaniales 
por razones de interés general.
18.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el  e.
artículo  31.1  quedan  resueltas  con  el  compromiso  de  la  Generalitat  de  instar  la  w.
modificación legislativa que resulte acorde a la regulación contenida en el artículo 99 de  94ww
la Le1y9 .d e ACmobstaass .partes coinciden en interpretar que la facultad para la inspección del
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que no excluye las funciones de tutela y policía que corresponden al Estado como titular 
del dominio público.
20.  Ambas partes coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el 
artículo 20.1 a) y 30 c) y h) quedan resueltas con el compromiso de la Generalitat de 
instar la modificación legislativa quedando su redacción de la siguiente manera:
– El artículo 20.1.a) con el siguiente tenor literal: «La explotación, en su caso, de los 
servicios de temporada de las playas, por gestión directa o indirecta.»
– El artículo 30, letra c) con el siguiente tenor literal: «La explotación, en su caso, de 
los servicios de temporada de las playas por cualquiera de las formas de gestión directa 
o indirecta establecidas por la legislación de régimen local.»
– El artículo 30, letra h) con el siguiente tenor literal: «La vigilancia del cumplimiento 
de las condiciones de acuerdo con las que hayan adjudicado la explotación de los 
servicios  de  temporada  de  las  playas  o  hayan  otorgado  las  autorizaciones  de  su 
competencia  derivadas  de  los  planes  de  uso  del  litoral  y  de  las  playas  y  de  la 
observancia de los requisitos exigidos por la legislación en materia de costas para las 
actuaciones  sujetas  a  declaración  responsable  ante  el  ayuntamiento,  así  como  la 
adopción, en caso de incumplimiento, de medidas para la protección de la legalidad 
relativas a la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, la 
imposición y recaudación de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios 
causados.».
21.  En base al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las  discrepancias  manifestadas  en  cuanto  a  los  preceptos  objeto  de  este  Acuerdo 
parcial.
22.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y 
publicarlo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».