BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27472
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4125 Pleno. Sentencia 40/2020, de 27 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
5377-2018.  Promovido  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho) sin 
indefensión:  inadecuada  utilización  de  la  dirección  electrónica  habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la 
confusión  del  deber  de  las  personas  jurídicas  de  relacionarse  con  la 
administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles.
ECLI:ES:TC:2020:40
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, de 28 de junio de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 111-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del 
mismo juzgado, de 29 de agosto de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado 
alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 16 de 
octubre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la  e
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra  bo
las resoluciones arriba mencionadas. 25ww
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43465 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca (trastero de cinco metros diez centímetros 
cuadrados sito en la planta sótano 1, del edificio levantado en la parcela núm. 1 de la 
UA-66 a del PGOM de Lorca, en Eras de San José, término municipal de Lorca). 
Reclamaba  la  cantidad  dos  mil  ciento  noventa  y  siete  euros  con  cincuenta  y  seis 
céntimos (2.197,56 €) de principal del préstamo impagado, más intereses legales y 
costas, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda 
titular  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  dicho  inmueble,  constituido  con 
posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de abril de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  111-2018); 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclaman; y 
previéndose que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la 
administración de justicia, «serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y 
como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace 
referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en 
la misma fecha, ordenando la expedición de mandamiento de certificación de la finca al 
registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 23 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo con el siguiente texto:
«De:  Servicio  de  Notificaciones  Electrónicas  [mailto:notificaciones.sne@fnmt.es] 
Enviado el: lunes, 23 de abril de 2018 14:18 Para: undisclosed-recipients:
Asunto: Juzgados y Tribunales - Aviso de Notificación para el NIF B73258006
Ha recibido una Notificación del organismo emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en 
la Dirección Electrónica Habilitada Única del titular Euro-Inversiones Inmobiliarias Costa 
Sur S.L.–NIF B73258006.
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 23-042018 hasta el 8 de junio de 2018. Si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones.060.es
A través de su podrá también consultar notificaciones de otras administraciones. 
Asunto: ‘Jdo. 1 Inst. e Instr. n. 3 de Lorca EJH/0000111/2018’ Información adicional:
Reciba un cordial saludo.
Portal 060.
Servicio de Notificaciones Electrónicas. e.
Por favor, no responda a este correo. Este es un correo automatizado solo utilizado  w.
para enviarle avisos por email. Si tiene cualquier pregunta o sugerencia puede ponerse  25ww
enno tifcicoanctaiocntoe sc eolne cntroósnoictraoss  (neont ifliac asceiocnceiósn.0 6d0e. east)e.nción al ciudadano del portal 060 de
Un saludo.»
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  7  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónica 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, del siguiente tenor:
«De: Servicio de Notificaciones Electrónicas [notificaciones.sne@fnmt.es] Enviado el: 
jueves, 7 de junio de 2018 18:05 Para: undisclosed-recipients:
Asunto: Servicio de Notificaciones Electrónicas - Aviso de próxima caducidad
El Servicio de Notificaciones Electrónicas le recuerda que tiene notificaciones y/o 
comunicaciones sin recoger en la Dirección Electrónica Habilitada Única del titular Euro 
Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.–B73258006 cuyo plazo termina el próximo 8 de 
junio de 2018 a las 23:59.
Notificación 5addcee147144 del Organismo Emisor Juzgados y Tribunales Puede 
consultar su contenido en http://notificaciones.060.es.
Reciba un cordial saludo. Portal 060.
Servicio de Notificaciones Electrónicas».
d)  Al día siguiente, 8 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al 
enlace remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada 
por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  ejecutor  en  relación  con  el  procedimiento 
hipotecario núm. 111-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió el siguiente certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al 
igual que los anteriores correos):
«El  servicio  de  Soporte  del  Servicio  de  Notificaciones  Electrónicas  y  Dirección 
Electrónica Habilitada certifica:
Que el Ministerio de Hacienda y Función Pública (a través de la Secretaría General 
de  Administración  Digital)  es,  actualmente,  el  titular  del  Servicio  de  Notificaciones 
Electrónicas (SNE) y Dirección Electrónica Habilitada (DEH) de acuerdo con la Orden 
PRE/878/2010 y el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio.
El prestador de dicho servicio desde el 26 de junio de 2015 es la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), según Encomienda de Gestión 
en vigor del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
– Que a través de dicho servicio se envió la notificación:
Referencia: 5addcee147144
Administración actuante: juzgados y tribunales (SGAJ)
Titular: Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. - B73258006
Asunto: “Jdo. 1 Inst. e Instr. n. 3 de Lorca EJH/0000111/2018” con el siguiente 
resultado:
Fecha de puesta a disposición: 23/04/2018 14:17:48
Fecha de aceptación: 08/06/2018 09:54:17
Datos  del  certificado  digital  receptor:  certificado  de  representante,  cuyo  titular 
es 23243858N Juan Miguel Jimenez (R: B73258006), representando a Euro Inversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  con  NIF  B73258006,  emisor  CN=AC  Representación, 
OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES, en vigor en la fecha de recogida.
Lo que se certifica a los efectos oportunos en Madrid a 08 de junio de 2018». e.
e)  El 25 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo  25ww
alpfaolre rémlgsiqataaunlimizddóooa ,,c  aieyónn nts e su díbneestl ei dlsjaiuai szrd,gi aelaimtudisdeopan e taenc  doqleanun foonc ruimaeli,lde  na eudasl  icdplroaiot dor p  adadbeceu t alsaodi vpoeao jsesp ciocdurieóc  inlólaa nssa   pl pcodlaárer utnsesopsu a lhaceashnb o se eordlsb eerc e ope nrijnaetrtccaetutriocec aisóddeneos,     OE-A-2020-41able en https://
moratorios del mismo contrato.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 28 de 
junio de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L. representada por el procurador D. Antonio Serrano Caro por 
presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados».
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.–Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal sin efectos suspensivos».
g)  Por el representante procesal de la demandante de amparo, y el de la entidad 
Penrei Inversiones, S.L., se interpusieron recursos de reposición contra el anterior auto. 
En lo que hace al presentado por la primera de las citadas, se alegó en él que la 
notificación y requerimiento de pago no tuvo lugar en la fecha que a su entender se 
desprende de la resolución judicial impugnada, el 23 de abril de 2018, sino cuando 
accedió al contenido de la notificación remitida, el 8 de junio de 2018 —último día 
otorgado por la dirección electrónica habilitada—, siendo desde entonces que cabía 
computar el plazo de diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Dado, 
por tanto, que el escrito de oposición se consignó el 25 de junio de 2018 antes de 
las 15:00 horas (último día del plazo legal), este se interpuso de manera temporánea. 
Señala  además  que  las  normas  que  regulaban  tal  notificación  son  los  arts.  135, 
152.1.2.3, 152.2, 162 y 273 LEC, las cuales permiten apoyar la tesis de que el cómputo 
del plazo no empezaba a correr hasta que dicha entidad efectivamente accedió a la 
notificación. Y con cita de sentencias de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a 
no padecer indefensión (SSTC 47/1987 y 105/1996), y la importancia de los actos de 
comunicación  procesal  para  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa  en  juicio 
(SSTC 115/1988, 195/1990, 99/1991, 141/1991, 275/1993 y 326/1993), finaliza diciendo 
en su recurso que no tener por formulada la demanda de oposición al despacho de 
ejecución,  «conllevaría  situar  a  mi  representado  en  una  situación  de  indefensión, 
vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, cuya denuncia 
formal se realiza mediante el presente recurso».
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 29 de agosto de 2018 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la  b
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas  25ww
tjuraríndsicitaosri ad ec ulaarsta  redceu rlare nLteeys , 4l2a/s2 0m15is,m daes  5d edsed eo cetul b1r ed, ed ee nreefroor mdae  d2e0 1l7a  (LdEisCp)o seisctióánn 
o[abrlti.g 1a4d.a2s a )a d ere llaa cLieoyn a3r9s/e2 0c1o5n,  LlPaA AaPdm yi nairst.t r2a7c3ió.n3  ad) eL EjuCs]t.icia  por  medios  electrónicos
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, hierran [sic] en el plazo en el que puede acceder a 
su contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada LPACAP 
(ley 39/15). Así dice el artículo 43.2 de la citada ley que “Las notificaciones por medios 
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a 
su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido.”
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 23 de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 8 de 
junio (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución en fecha 25 de junio claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art.  556.1  LEC  (dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto 
despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno».
Tanto este auto, como el anterior de 28 de junio de 2018, se los notificó el juzgado al 
procurador de la demandante de amparo a través del sistema Lexnet, tal y como obra en 
las actuaciones.
Notificado así el auto de 29 de agosto de 2018, por la indicada mercantil se interpuso 
el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en la causa. En todo caso, la recurrente explica que siguió las indicaciones que 
daba la comunicación electrónica, accediendo al contenido de la notificación del juzgado 
el último día fijado, fecha que luego este sin embargo ha considerado fuera de plazo, 
resolviendo la inadmisión del escrito de oposición presentado dentro de los diez días que 
prevé el art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos  según  el  art.  273  LEC,  no  obstante,  cuando  es  el  primer 
emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha tenido ninguna relación con el juzgado 
correspondiente  en  este  especial  y  concreto  procedimiento»,  la  notificación  ha  de 
practicarse mediante cédula con entrega en papel de la documentación correspondiente, 
conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 135, 152, 162 
y 155 LEC. Este último precepto, precisa la recurrente, «es categórico al respecto ya que 
en su punto primero nos indica que cuando las partes no actúen representadas por  e.
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de  w.b
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes». 25ww
las cAoñmaduen icqaucei oinncelsu seole lcat rnóontiicfiacsa,c pióune sre saeli ztraadtaa  tdaem upno caov icsuom dpel ec ocroreno l aesl efcotrrmónailcidoa qduees  dneo 
lpimerimtáinted osceo nao cdeerc ire lq uceo nstee nhidao  redceib idlao  udnoac unmoteifnictaacciióónn  dqeul eo rgtraanei smelo  eemmpislaozr a(mórigeanntoo, 
judicial) y un enlace a una dirección electrónica para su consulta.
Pese a todas estas circunstancias, objeta la demanda de amparo, el auto dictado por 
el juzgado el 28 de junio de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito de 
oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo a 
través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto del 29 de agosto siguiente que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución —y del que se resumen sus argumentos—, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
«Abundando  en  ello»,  como  dice  la  propia  demanda,  finaliza  sus  alegaciones 
indicando que se ha producido también una vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y 
del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), los cuales permiten en todos los 
órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin 
limitaciones a su defensa que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna 
de  ellas.  Entiende  que  el  auto  de  29  de  agosto  de  2018  «huye  de  este  tipo  de 
consideraciones» al aplicar una normativa administrativa ajena al ámbito procesal, y 
prescindir a la vez de las previsiones del art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación 
en papel de la documentación referida al primer emplazamiento en la causa.
En consecuencia, se solicita que este Tribunal Constitucional, con estimación del 
amparo, acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las 
actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicita la 
suspensión de  la  continuación del procedimiento de  ejecución hipotecaria 111-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; así como que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma resolución se acordó, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 de nuestra 
Ley Orgánica reguladora (LOTC), dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de que en un plazo que no excediera de 
diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  e.
correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 111-2018; previamente  w.b
a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de ejecución referenciado,  25ww
epxrocceepstoo  ac olnas tpitaurcteio nraelc uernre netle  pelanz oa mdpea rdoi,e zp odr íasis  qau eerífaenc toc odmep aforermceurl aern  aelel gparceiosennetse. 
Fcoinrarelmspeonnted,i eancteo rpdieóz: a« sDeep acroandfao rdmei dsauds pceonns iólan »s.olicitud de la parte actora, fórmese la
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm.  3  de  Lorca,  para  que  remitiera  a  la  mayor  brevedad  posible,  certificación 
acreditativa «de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el número 111-2018, 
y si ha recaído resolución se remita a esta sala testimonio de la misma».
Con  fecha  17  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  Tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 4 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento 
principal ni en las piezas correspondientes al mismo, recurso de apelación por ninguna 
de las partes personadas en el procedimiento».
6.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 12 de julio de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Banco Sabadell, S.A., solicitó se tuviera a esta última 
como  personada  como  parte  recurrida,  entendiéndose  con  dicha  procuradora  las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 29 de julio de 2019, la secretaría de justicia de la Sala Segunda de 
este Tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personado y parte al Banco de Sabadell a través de la procuradora mencionada, y de 
otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 26 de septiembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo.
Como primera cuestión y a fin de evitar, dice, repeticiones innecesarias, se reiteró en 
lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo, para pasar de 
inmediato  a  hacer  mención  de  la  «recientísima  Sentencia  de  la  Sala  Segunda  del 
Tribunal Constitucional STC 47/2019, de 8 de abril de 2019 […], que no solo confirma 
todo lo dicho en nuestro escrito de interposición del Recurso de Amparo, sino que lo 
refuerza,  en  el  sentido  de  que,  tratándose  del  primer  emplazamiento  o  citación  al 
demandado,  este  ha  de  efectuarse  en  el  domicilio  del  litigante,  como  impone  el 
artículo 155.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que todas las normas que se hace 
mención  en  el  Auto  recurrido,  para  nada  cuestionan  el  carácter  imperativo  de  esa 
obligación». A tal efecto, el escrito reprodujo gran parte de los fundamentos jurídicos 2 
a 4 de dicha STC 47/2019, cerrando con esto sus alegaciones.
9.  Con fecha 27 de septiembre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima en dicha representación».
Luego de alegar como cuestión previa que el Banco de Sabadell había transmitido  e.
por cesión a dicha mercantil la titularidad de diversos créditos hipotecarios, entre ellos el  w.
que concierne a la finca objeto de ejecución en el proceso a quo, razón por la cual de  25ww
acocunetinrdúoe nc ocno nla es llnao lramsa asc dtuea lcai oLneeys ,d ee l eensjcuricitioa mniieegnato e cni vcilu saonbtore a sl ufocnedsoió nd ep rlao cdeesmala pniddae  dsee 
parmepteanrod idqou ep osre l ah areycau rprerondteu ceidso  sloal ol edsiilóanta rc oenl sptritoucceiodnimali eanlteog addea e, jeecnutecniódnie hnidpoo teqcuaer ialo.   BOE-A-cable e
Defiende en tal sentido la interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en 
los dos autos impugnados, y coincide con ellos en que la presentación del escrito de 
oposición a la ejecución se realizó «claramente fuera del plazo legalmente establecido 
en el artículo 556.1 LEC». Siendo por tanto correcta la remisión de la notificación a 
través de la dirección electrónica habilitada, esta debía tenerse por efectuada una vez 
transcurridos tres días hábiles sin que la entidad destinataria accediera a su contenido 
conforme prevé el art. 162.2 LEC y, en intelección de este precepto, el acuerdo no 
jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 6 de julio de 2016, 
formulando de este modo el suplico al que ya se ha hecho mención.
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 4 
de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 111-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso y al hilo de recordar que a 
requerimiento  de  este  tribunal  se  aclaró  por  el  juzgado  a  quo  que  no  constaba 
interpuesto  recurso  de  apelación  contra  alguna  de  las  resoluciones  judiciales  aquí 
impugnadas, la fiscal afirma que la entidad recurrente cumplió con el requisito procesal 
de agotar la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC]. En concreto, porque el auto 
de 29 de agosto de 2018 (desestimatorio del recurso de reposición promovida contra el 
anterior auto del mismo juzgado, de 28 de junio de 2018, que inadmitió su escrito de 
oposición a la ejecución) indicó como pie de recurso que dicha resolución judicial era 
firme y contra ella no cabía recurso alguno. En concreto, explica que no cabía interponer 
en su contra un incidente de nulidad de actuaciones, pues la lesión denunciada en la 
demanda de amparo resultó ya invocada en el escrito de reposición contra el primer 
auto, faltando así el presupuesto para la procedencia de tal incidente (que no hubiera 
habido oportunidad procesal para invocar antes la lesión), tal y como declara la doctrina 
de este Tribunal (con cita de la STC 65/2016, de 11 de abril, FJ 4 —rectius: FJ 5—); 
además de resultar previsible que de haberse instado el incidente, este hubiera sido 
rechazado (con cita de la STC 182/2011, de 21 de noviembre, FJ 2).
Continúa  diciendo  el  escrito  que  tampoco  puede  considerarse  prematura  la 
interposición del recurso de amparo, porque si bien el auto que denegó la reposición «no 
pone fin al procedimiento y así, la ejecución, conforme a las normas procesales que la 
regulan, contin[ú]a por sus trámites», es lo cierto que «ante la imposibilidad de revertir la 
situación, esperar al fin del procedimiento de ejecución, que solo se produce ‘con la 
completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del letrado 
de la administración de justicia’ […] (art. 570 LEC), supondría la perpetuación en el 
tiempo de la vulneración denunciada con un claro perjuicio para el afectado». Cita al 
respecto doctrina constitucional que modera el rigor en la exigencia de esperar al fin del 
procedimiento  para  impetrar  el  amparo,  cuando  en  situaciones  excepcionales  su 
injustificada perpetuación en el tiempo se traduce en un gravamen adicional, extensión o  e
mayor intensidad de la lesión para la  parte  (con  cita de las SSTC 76/2009, FJ 3  bo
y 78/2009, FJ 2, ambas de 23 de marzo; y de los AATC 169/2004, de 10 de mayo, FJ 2  25ww
dy e5te2r4m/2in0e0 5la,  indaed m20is iódne  ddei claie dmebmrea,n dFaJ  d2e) .a mDpeasrcoa.rta  así  que  haya  óbice  alguno  que
(art.b )2 4.E1n  CcuEa)n tpoo ar l fhoanbdeor,s lea  ainleagdamdiati dvou lnae ratrcáimónit ed,e l pdoerr eecxhtoe ma plao rtáunteelao ,j uedli cieasl cerfietoc tidvae 
oposición  a  la  ejecución  de  la  recurrente,  considera  la  fiscal  que  la  queja  debe
examinarse contrastando la razonabilidad de los motivos contenidos en el auto de 29 de 
agosto de 2018 (pues el anterior de 28 de junio, observa, se limitó a citar los arts. 134, 
136 y 695 LEC) con la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
Señala el escrito de alegaciones, respecto de la opción tomada por el juzgado de 
efectuar el emplazamiento de la recurrente a través de la dirección electrónica habilitada, 
que las normas aplicables a las notificaciones procesales, tras la aprobación de las 
leyes 13/2009, de 3 de noviembre y 42/2015, de 5 de octubre, aparecen en la Ley de 
enjuiciamiento civil. No tanto en el art. 553, que si bien se refiere al proceso de ejecución 
hipotecaria  no  precisa  el  modo  de  verificarse  tal  notificación,  sino  en  las  normas 
generales de los arts. 135 apartados 1 y 4 (este último alude a la presentación de los 
escritos en papel); 152.2 (que crea un servicio de aviso de puesta a disposición de un 
acto  de  comunicación,  distinto  de  la  práctica  de  su  notificación,  precepto  que  fue 
declarado constitucional, añade, por la STC 6/2019, de 17 de enero); 155 «—que resulta 
esencial y así se consideró en la STC 47/2019—» pues establece que tratándose «del 
primer emplazamiento o citación al demandado los actos de comunicación se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes»; 156, 158 y 161 (que regulan las actividades para 
la averiguación del domicilio de la parte); y el art. 273, que en su apartado 4, segundo 
párrafo, insiste en la aportación en soporte papel de los escritos y documentos, cuando 
se  refiera  «al  primer  emplazamiento,  citación  o  requerimiento  del  demandado  o 
ejecutado […], tantas copias cuantas sean las otras partes», precepto este último tenido 
en cuenta por la STC 47/2019, FJ 4. Todo esto, precisa la fiscal, se dispone como 
excepción  a  la  obligatoriedad  para  las  personas  jurídicas  de  relacionarse  con  la 
administración de justicia a través de medios electrónicos, como a su vez ya indicó la 
STC 6/2019 con la cita del art. 155 LEC.
Sentado esto, la fiscal ante este Tribunal sostiene que el juzgado ejecutor no debió 
prescindir en este caso de la notificación personal, a tenor de lo previsto en las normas 
citadas y la doctrina de la STC 47/2019 en su fundamento jurídico 4, el cual pasa a 
reproducir en algunos de sus pasajes. Doctrina que considera «íntegramente trasladable 
al supuesto analizado», y con base en la cual, las normas aducidas por el auto de 29 de 
agosto de 2018 [a saber: la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015; los arts. 14.2 
a) y 43.2 de la Ley 39/2015, y el art. 273.3 LEC] carecen de virtualidad conjunta o 
separada  para  impedir  la  aplicación  del  régimen  jurídico  de  la  primera  citación  o 
emplazamiento del demandado recogido en el art. 155 LEC. El resultado de este actuar 
judicial ha sido, en referencia en primer término al auto de 28 de junio de 2018, el de 
sumir a la demandada en amparo en indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, trayendo 
en este punto a colación de nuevo la STC 47/2019, que en su fundamento jurídico 3 
contiene un resumen de nuestra doctrina general sobre la efectividad de los actos de 
comunicación como mecanismo para asegurar la defensa de las partes en los procesos.
Prosigue explicando el escrito de alegaciones que dicha indefensión se mantuvo al 
desestimar el juzgado el recurso de reposición interpuesto contra aquel primer auto, 
pues al dictar su segunda resolución el 29 de agosto de 2018 no solo omitió la aplicación 
del art. 155 LEC, sino que, a fin de determinar el plazo que tenía la recurrente para 
acceder al contenido de la notificación electrónica, aplicó erróneamente el art. 43.2 
apartado  2  de  la  Ley  39/2015,  que  es  un  precepto  atinente  a  los  procedimientos 
administrativos, en vez del art. 162.2 LEC para el ámbito procesal. Y que este último 
precepto fija el plazo de tres días para entender bien hecha la notificación si la parte no  s
accede antes a ella, «en el bien entendido de que, esta norma, solo es aplicable a  oe.
aquellos supuestos en los que la comunicación telemática es admitida legalmente y, por  w.
tanto, no al supuesto aquí analizado en el que, al tratarse de la primera notificación,  25ww
debiLóa r eearlriózanresae  pseelrescocniaólnm ednet en eonrm eal sd oam ilcai lioq udee l sdee maalunddea dpor»o.dujo, a su parecer, una
eseng suun dvae rvtiuelnnteer adcei ódne dreecl hmoi sam oob tdeenreerc huon aa  rleas toulutecliaó nju «dricaizaol neafedcat,i vma o(ativrta. d2a4 .y1  fCunEd),a daah oeran   BOE-A-cable e
Derecho», con apoyo en este punto del fundamento jurídico 3 de la STC 47/2015 
(rectius: 47/2019), que reproduce en parte. El no hacer aplicación de los preceptos de la 
Ley de enjuiciamiento civil (sobre todo los arts. 155.1 y 2, y 273.4), y sí de una norma 
ajena al proceso civil, «impide de por sí la razonabilidad del auto impugnado en este 
recurso».
Cierra sus consideraciones el escrito de la fiscal ante este Tribunal señalando, «solo 
con la finalidad de agotar el análisis de las circunstancias concurrentes», que «salta a la 
vista» la descoordinación entre las normas procesales que resultaban de aplicación y la 
práctica llevada a cabo por el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre (al que acudió el juzgado ejecutor), el cual concedió de plazo para 
acceder a la notificación desde el 23 de abril hasta el 8 de junio de 2018, con advertencia 
de que de no hacerlo «se producirían los efectos procedentes según la normativa 
aplicable». Un plazo erróneo que no le es imputable a la parte, para quien se derivó el 
perjuicio de ver inadmitida su oposición a la demanda ejecutiva, privándole del derecho a 
una defensa contradictoria (con cita de la STC 205/2007, de 24 de septiembre, FJ 4). La 
recurrente accedió a la notificación dentro del plazo conferido por la dirección electrónica 
habilitada, y tras ello interpuso el escrito ante el juzgado también dentro del plazo de diez 
días que este último indicaba en el auto que despachó ejecución. Si, prosigue diciendo la 
fiscal, consciente de las circunstancias acaecidas al tener conocimiento del recurso de 
reposición interpuesto, el juzgado lo hubiera estimado admitiendo a trámite la oposición, 
se habría subsanado la lesión del derecho fundamental (art. 24.1 CE) de la recurrente. 
Como esto no sucedió, se perpetuó la vulneración.
Consecuencia de la estimación de la demanda de amparo, concluye diciendo, es la 
nulidad de lo actuado y la retroacción de las actuaciones para que se proceda a la 
notificación personal que exige el art. 155 LEC, comunicando «en legal forma» a la 
recurrente lo acordado en el auto de despacho de ejecución, para que pueda ejercer su 
derecho.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, la Sección Cuarta de este Tribunal 
acordó en virtud de providencia de 21 de octubre de 2019: «1.–Requerir a la misma a fin 
de que en el plazo de diez días acredite su personación en la ejecución hipotecaria núm. 
111/2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca como sucesor 
procesal  de  la  entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  y  2.–Con  traslado  del  escrito  y 
documentos indicados al Ministerio Fiscal y demás partes personadas en el presente 
recurso de amparo se les otorga igualmente el plazo de diez días para que aleguen lo 
que a su derecho convenga respecto a dicha personación».
En cumplimiento de lo requerido, la procuradora de dicha mercantil presentó escrito 
el 11 de noviembre de 2019 aportando copia de la solicitud formulada al juzgado a quo 
el 21 de octubre de 2019, para que este tuviera por acreditada la cesión del crédito 
hipotecario garantizado con el bien inmueble objeto de ejecución.
Por su parte, la fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito el 12 de 
noviembre de 2019 alegando que, dado que hasta ese momento «se desconoce el 
resultado del requerimiento efectuado a Pera Assets Designated Activity Company para 
que acredite la personación en la ejecución hipotecaria de que trae causa este recurso, 
en aras a la economía procesal, la fiscal informa en el sentido de no oponerse a que se 
le tenga por personado si acredita efectivamente su personación en el procedimiento de 
origen».
Y  la  representante  procesal  de  la  demandante  de  amparo  formalizó  escrito  de  e.
alegaciones el 19 de noviembre de 2019, oponiéndose a que se tuviera por sucesora  w.b
procesal del Banco de Sabadell en este proceso, a la entidad Pera Assets Designated  25ww
ActivCitoyn C foemchpaa n1y9. de noviembre de 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
an úqmu.o 3 e dl e1 2L odrec an orevmieimtiób,r ep odre v í2a0 f1a9x,  ac oens tlea  tsriibguunieanl,t ec odpisiap odseitl ivaau:t o« Edinc tsaud ov iertnu de,l  apcrouceerdsoo 
tener por sucedido en la posición procesal de Banco Sabadell, S.A., a Pera Assets
Designataed [sic] Activity Company», resolviéndolo así con base en lo dispuesto en los 
arts. 17 y 540 de la Ley de enjuiciamiento civil y los arts. 1209 y 1212 del Código civil 
(CC).
Dado que el pie de recurso ofrecía la posibilidad de interponer contra él recurso de 
reposición, la secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal acordó por 
diligencia de ordenación de 17 de diciembre de 2019, además de unir a las actuaciones 
los escritos indicados en el antecedente 11 y la copia del auto al que acaba de hacerse 
referencia, dirigir atenta comunicación al juzgado a quo «a fin de que a la mayor 
brevedad posible se informe a esta sala sobre si contra dicho auto se ha interpuesto o no 
el recurso de reposición que en el mismo se indicaba y, en su caso, sobre la resolución 
de dicho recurso o sobre la firmeza de dicha resolución cuando la misma tenga lugar».
En su respuesta, con fecha 8 de enero de 2020, tuvo entrada en el registro de este 
Tribunal, procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, 
copia del auto dictado por este órgano judicial el 12 de diciembre de 2019, con la 
siguiente  dispositiva:  «1.–desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., contra el auto de fecha 12 de noviembre 
de 2019, que confirmo en su integridad. Contra esta resolución no cabe recurso en lo 
relativo a la sucesión procesal conforme establece, a contrario sensu, el artículo 454 bis 
apartado 31 LEC».
La secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 9 de enero de 2020, tuvo por recibida la copia de la resolución judicial 
mencionada, y con fecha 13 de enero de 2020, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia acordando «tener por personada como parte comparecida en el presente 
recurso a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en virtud de sucesión 
procesal verificada ex arts. 17 y 540 LEC (por remisión del art. 80 LOTC: ATC 473/2006, 
de 20 de diciembre, FJ 1), y por efectuadas las alegaciones en el trámite del art. 52 
LOTC, al resultar que el juzgado a quo ha admitido la sucesión procesal de esta entidad 
en la posición del Banco de Sabadell, por haber acreditado la cesión a su favor del 
crédito objeto del procedimiento hipotecario núm. 111-2018 en el que se han dictado las 
resoluciones impugnadas en este amparo [art. 46.1 b) LOTC]; y dado que la acción 
emprendida para la reparación de los derechos fundamentales invocados en la demanda 
de amparo resulta, por su naturaleza, transmisible a terceros —no personalísima— 
(STC 240/2001, de 18 de diciembre, FJ 4; AATC 242/1998, de 11 de noviembre, FJ 2, 
y 385/2004, de 18 de octubre, FJ 1)».
12.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 17 de enero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud formulada por la recurrente en amparo mediante otrosí 
de su escrito de demanda, para que este tribunal acordara la suspensión del proceso 
hipotecario núm. 111-2018 del juzgado a quo hasta el momento de dictarse sentencia, la 
Sección Cuarta proveyó en la misma providencia de admisión a trámite del recurso, 
ordenando formar la correspondiente pieza separada de suspensión (tal y como ya se 
indicó en el antecedente 4). Por nueva providencia de esa misma fecha —17 de junio 
de 2019—, se dispuso dicha apertura con el otorgamiento de un plazo común de tres 
días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para presentar alegaciones. Así lo  e
hicieron ambas, mediante escritos presentados, respectivamente, el 25 de junio de 2019  bo
(interesando la primera que accediéramos a la suspensión solicitada) y de 8 de julio  25ww
adceo 2rd0á1n9d o(isnete erens saun dluog alar  lfais mcael daidnate d ee saten ottraibcuiónna lp rqeuvee nsteiv ad ednee lgaa drae mlaa nsduas pdeen asmiónp,a rpoe)r.o
TribuLnaa l p1ie0z0a/ 20i1n9ci,d ednet a1l 6 sed e rseespotlvieióm brpeo,r  poaru toe l  qduee  lase  Saacloar dóS: eg«u1n.ºd aD endeeg aer stlae 
suspensión cautelar solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda
de amparo en el registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir 
el mandamiento oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el 
inmueble a que se refieren las presentes actuaciones».
14.  En virtud de providencia dictada el 28 de enero de 2020, «El Pleno, en su 
reunión de esta fecha y conforme establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del 
Tribunal, a propuesta de la sala, acuerda recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo que se tramita en la Sala Segunda bajo el número 5377-2018, interpuesto por 
Euroinversiones Imobiliarias Costa Sur, S.L.».
15.  Finalmente, mediante providencia de fecha 25 de febrero de 2020, se señaló 
para deliberación y votación de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Contexto en el que se enmarca el presente recurso de amparo y su objeto:
A)  El contexto. Series de recursos de amparo interpuestos: La entidad Banco de 
Sabadell, S.A., ha promovido varias demandas ejecutivas ante los distintos Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción de Lorca, por el impago de préstamos garantizados con 
hipoteca sobre una serie de bienes inmuebles (viviendas, plazas de garajes y trasteros) 
situados  en  el  término  municipal  de  Lorca,  contra  la  mercantil  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  propietaria  de  las  fincas  y  deudora  hipotecaria;  y  en 
algunos casos también contra la entidad Penrei Inversiones, S.L., respecto de aquellos 
bienes inmuebles en los que esta tenía constituido a su favor un derecho de uso y 
disfrute,  resultando  por  esta  circunstancia  igualmente  demandada  en  los 
correspondientes procesos hipotecarios, a instancias de la actora. En todo caso, no se 
ha controvertido por dichos órganos judiciales la distinta personalidad jurídica de ambas 
entidades demandadas, las cuales han actuado de manera separada si bien las dos han 
optado por utilizar los mismos profesionales para su representación y defensa en juicio, 
así como también en amparo.
En lo que consta a este Tribunal Constitucional, en los procesos hipotecarios que 
han dado lugar a la interposición de recursos de amparo los juzgados competentes de 
Lorca llevaron a cabo el emplazamiento de las demandadas (o solo de Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., conforme a lo antes dicho), con requerimiento de pago y 
alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva en el plazo de diez días ex 
art.  556.1  LEC,  a  través  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas  y  de  dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este procedió en cada 
caso  a  dejar  un  aviso  en  el  buzón  virtual  de  cada  una  de  ambas  entidades, 
informándoles de que tenían una notificación del juzgado respectivo y del número de 
procedimiento,  sin  más  datos,  debiendo  seleccionar  un  enlace  a  una  dirección 
electrónica que se especificaba para así poder acceder a su contenido. Se otorgaba en 
el aviso un plazo de un mes y medio para su consulta, que de no realizarse traería 
consigo consecuencias jurídicas ahí no determinadas, procediendo con posterioridad 
aquel servicio, el día antes de su vencimiento, a reiterar el aviso.
Las demandadas accedieron al contenido de la notificación dentro del plazo que se 
indicaba  en  el  aviso  (en  la  mayor  parte  de  los  casos,  lo  hicieron  el  último  día), 
entendiendo que a partir de esa fecha concreta de acceso corría a su vez el cómputo de 
los diez días que tenían para formalizar, ante cada juzgado y procedimiento hipotecario,  s
el correspondiente escrito de oposición a la ejecución, como así lo hicieron alegando que  oe.
la acción ejecutiva no era procedente por los motivos procesales y sustantivos que  w.
mtrueavcinueerrsoroanss   add eibs aiteimnntp aaasdr, oud cpaiern.r dfLeooc stlua gmjuaezrgn catead dodasif  euprenronavc eidayebe lreeoslnla: sa  ae slao si netesrcpriotossic iódne  doep odsoicsió sne rdiees d does   2020-4125n https://ww
a)  Primera serie: en la mayor parte de los casos, los juzgados competentes de
Lorca acordaron mediante auto la inadmisión a trámite de la respectiva oposición a la
ejecución, por haberse presentado esta de manera extemporánea, por las razones que 
luego se examinarán al resolver el presente amparo. Las resoluciones ofrecieron como 
pie de recurso la posibilidad de interponer contra ellas el recurso de reposición, que fue 
efectivamente utilizado por las citadas entidades. Tales recursos de reposición resultaron 
todos desestimados, disponiéndose en ellos, en lo que ahora importa destacar, que 
contra los mismos ya no cabía recurso alguno.
Bajo  esta  indicación  que  agotaba  la  vía  judicial,  las  ejecutadas  han  venido 
interponiendo demandas de amparo, denunciando la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la imposibilidad de defenderse en esos juicios 
ejecutivos,  los  cuales  han  continuado  tramitándose  con  ellas  personadas,  pero  sin 
posibilidad de oponerse. A la fecha de dictarse la presente sentencia, las dos salas de 
este tribunal han admitido a trámite sesenta y seis (66) recursos de amparo de esta serie 
de  inadmisión  del  incidente  de  oposición  a  la  ejecución,  repartidos  entre  las  dos 
entidades mencionadas.
b)  Segunda serie: el indicado criterio de inadmitir a trámite el escrito de oposición a 
la ejecución tras el emplazamiento por la vía de la dirección electrónica habilitada, ha 
sido abandonado a partir de cierto momento por algunos de los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Lorca, los cuales han optado por dictar autos que mantienen la 
tesis de la extemporaneidad y así lo expresan, pero entran también a resolver los 
motivos de fondo de la oposición planteada, con resultado en todos ellos desestimatorio. 
En su pie de recurso, estos autos de los juzgados indican la posibilidad de interponer 
contra ellos recurso de apelación, los cuales una vez formalizados han dado lugar a su 
conocimiento por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, recayendo al 
final autos desestimatorios de dichos recursos. Las resoluciones se han impugnado en 
varios recursos de amparo invocándose la lesión del art. 24.1 CE pero ahora en relación, 
se insiste, con los razonamientos dados por los tribunales actuantes para desestimar los 
motivos de cada oposición. Por su objeto y por la cadena impugnativa previamente 
seguida, se configuran como una serie de recursos de amparo independiente de la 
anterior.
Todavía hay que advertir que en el proceso ejecutivo hipotecario núm. 93-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, este dictó 
en la misma fecha dos autos resolutorios de los incidentes de oposición a la ejecución 
promovidos por las entidades demandadas, con diferente contenido: uno inadmitió a 
trámite ambos incidentes, mientras que el otro entró en el fondo de los motivos de 
oposición, desestimándolos.
B)  Objeto del presente recurso: en lo que importa al objeto de este amparo, ya se 
ha indicado con detalle en el antecedente tercero que la entidad recurrente alega que los 
dos autos recaídos en el proceso a quo, al haber resuelto la inadmisión por presentación 
extemporánea de su escrito de oposición a la ejecución, quedando así imprejuzgada 
esta pretensión e impedirle con ello defenderse de la demanda ejecutiva instada en su 
contra, le ha causado la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su doble vertiente de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener una resolución fundada en Derecho que no resulte arbitraria o irrazonable. 
Denuncia también la conculcación de sus derechos a un proceso con todas las garantías 
(art.  24.2  CE),  en  cuanto  a  la  garantía  de  efectiva  contradicción  procesal;  y  a  la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE).
Debe indicarse no obstante, que estas dos últimas quejas aparecen formuladas en la 
demanda en refuerzo de la primera y sin auténtica autonomía, pues realmente no se  e.
niega que el juzgado concediera un trámite de oposición a la ejecución, ni se alega que  w.b
el representante procesal de la recurrente o su abogado hayan sufrido trabas en su  25ww
paéctrudaidcaió nd,e ls dineor eqcuheo  eas daes felensdieornsees  dseeb iaddou ac elna  cinoamdom iusinóan  cdoen sseuc eusecnrcitioa,  aqñuaeddiadnad doe a slaí 
circuEnns cerli ttorá nmuietes trdoe  eaxlaemgaecnio an elas  pdreiml earrat.  d5e2  lLaOs TquCe, jalas  riencvuorcraednates .ha pedido la aplicación
de la doctrina de la STC 47/2019 a la que luego haremos referencia, como también lo ha
solicitado la fiscal ante este Tribunal Constitucional en su escrito de alegaciones, por el 
que interesa la estimación de la demanda de amparo. En lo que hace a la parte 
comparecida, acordada la sucesión procesal de la entidad que ha pasado a ostentar por 
cesión del crédito hipotecario los derechos de la parte ejecutante en el proceso a quo, se 
tiene por interpuesto su escrito de alegaciones dentro del plazo del art. 52 LOTC, en el 
que ha solicitado la desestimación del presente recurso por entender que no se ha 
producido la vulneración del art. 24.1 CE.
2.  Análisis del requisito procesal del agotamiento de la vía judicial previa a la 
interposición del amparo [art. 44.1 a) LOTC]:
En su escrito de alegaciones, la fiscal ante este Tribunal se refiere al requerimiento 
realizado al juzgado a quo, para que certificara si le constaba la interposición de un 
recurso de apelación contra el último de los autos dictados, lo que fue respondido de 
manera negativa por oficio del letrado de la administración de justicia. Descarta la fiscal 
que exista un óbice de procedibilidad por falta del requisito de agotamiento de la vía 
judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], pues no era necesario interponer un incidente de 
nulidad de actuaciones contra el citado auto de 29 de agosto de 2018, pues la lesión se 
había producido ya con la anterior resolución de 28 de junio, denunciada por la entidad 
ejecutada en su recurso de reposición. Cabe compartir desde luego esta apreciación, 
pero además y dado que no solicita en este punto un examen de este tribunal, resulta 
innecesario  pronunciarnos  sobre  ello  (SSTC  119/2019,  de  28  de  octubre,  FJ  1, 
y 148/2019, de 25 de noviembre, FJ 1).
La aplicación, por otro lado, de nuestra doctrina sobre el pie de recurso de las 
resoluciones judiciales, en concreto en los casos en que se formula una indicación 
negativa como aquí ha sucedido, conduce igualmente a descartar el óbice de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa. El juzgado a quo, de modo correcto como ya se ha 
dicho, señaló como pie de recurso del auto de 29 de agosto de 2018 que contra este no 
cabía recurso alguno. Señala así la «jurisprudencia reiterada de este tribunal que no se 
puede exigir al justiciable, destinatario de una sentencia expresamente considerada 
irrecurrible por el propio órgano sentenciador, que, contrariando la auctoritas de dicho 
Tribunal, acuda a un recurso previamente vedado por dicha instancia [SSTC 202/2007, 
de 24 de septiembre, FJ 2; 4/2009, de 12 de enero, FJ 2, y 70/2017, de 5 junio, FJ 2 b)].
Entendida como una modalidad de agotamiento defectuoso de la vía judicial previa al 
amparo [arts. 44.1 a) y 44.2 LOTC], tampoco puede colegirse que el presente recurso 
sea tachado de prematuro por haberse interpuesto la demanda ante este Tribunal, sin 
esperar a la finalización del procedimiento hipotecario respectivo. Ha de darse la razón 
en este punto a lo dicho por la fiscal en su escrito de alegaciones, al descartar dicha 
prematuridad dado que legalmente el proceso ejecutivo no puede tenerse por finalizado 
hasta que el letrado de la administración de justicia decrete la «completa satisfacción» 
del ejecutante (art. 570 LEC). Por lo que condicionar la interposición de la demanda de 
amparo a este hecho, genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia.
Este mismo entendimiento de las cosas es el que ha llevado ya a este Tribunal, a 
considerar correctamente formalizados aquellos recursos de amparo promovidos contra 
resoluciones dictadas en procesos de ejecución donde, como aquí, se había impedido 
conocer de los motivos de oposición a la ejecución presentados por la parte, sin tener 
para ello que esperar a la terminación de esos procesos (SSTC 39/2015, de 2 de marzo, 
y 49/2016, de 14 de marzo). e
Consecuencia  necesaria  de  la  procedencia  del  amparo  por  la  inadmisión  del  bo
incidente de oposición es, por tanto, la irrelevancia ex art. 44.1 a) LOTC de lo que pueda  25ww
ysau cneod ecr aebne  fadsisecsu tpiro sdtee rnioureevso d esol bmreis mdoic hparo icneaddimmiiseinótno  sdien oe,j eecnu ctioódno,  dcaadsoo , qsuoeb reen  oetlrlaass 
cuesTtaiomnpeosc doe c daibstein htoa bolbajre tdoe y  reefceucrtsoos .prematuro por referencia a aquellos casos en los
que, «por su propia decisión el ciudadano ha intentado un remedio procesal o recurso
contra la resolución judicial impugnada en amparo», lo que implica que «el proceso 
constitucional no puede seguir hasta que la vía judicial, continuada a través de ese 
remedio  o  recurso,  se  haya  extinguido  (STC  192/2001,  de  1  de  octubre,  FJ  3; 
ATC 717/1984, de 21 de noviembre). El aseguramiento de su carácter subsidiario exige 
que el acceso al recurso de amparo no quede abierto en tanto no se hayan agotado los 
recursos utilizados en la vía ordinaria, siendo contrario a dicho carácter la coexistencia 
temporal con otro recurso seguido en la vía judicial ordinaria (ATC 65/1985, de 30 de 
enero)» (STC 189/2002, de 14 de octubre, FJ 6). En el mismo sentido, entre otras, las 
SSTC 99/2009, de 27 de abril, FJ 2; 110/2013, de 6 de mayo, FJ 2, y 139/2014, de 8 de 
septiembre, FJ 3.
Sobre esta base, no cabe postular la prematuridad del recurso al no darse dichas 
condiciones, pues contra el auto resolutorio de la reposición la entidad aquí recurrente no 
interpuso  recurso  de  apelación  —ni  ningún  otro—  de  manera  simultánea  a  la 
formalización de su recurso ante este tribunal.
Verificado  por  tanto  el  cumplimiento  de  los  requisitos  procesales  exigibles  a  la 
demanda de amparo, procede continuar con el examen de la queja de fondo invocada 
(art. 24.1 CE).
3.  Estudio de la queja por vulneración constitucional del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE). Doctrina aplicable:
En los términos en que se ha planteado el debate, ha de traerse a colación para 
resolverlo  nuestra  doctrina  sentada  en  relación  con  la  garantía  de  emplazamiento 
personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley 
de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica. En concreto —pero no solo— cuando esta última se verifica a través de la 
dirección  electrónica  habilitada  que  gestiona  un  órgano  administrativo,  la  Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Esa doctrina se puede resumir como sigue:
a)  El Pleno de este Tribunal, en la STC 6/2019, de 17 de enero, desestimatoria de 
una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 152.2 LEC —en la 
redacción dada por la Ley 42/2015—, por su posible contradicción con el derecho 
fundamental del art. 24.1 CE (al articular el último párrafo de ese precepto, un sistema de 
aviso electrónico sobre la puesta a disposición de una notificación judicial, pero sin 
sustituir la práctica de esta a través de la plataforma electrónica autorizada por la 
administración  de  justicia  competente),  ya  dejó  indicado,  en  lo  que  ahora  importa 
destacar y con base en las normas legales y reglamentarias pertinentes, que existen 
determinadas personas físicas que por razón de su actividad profesional están obligadas 
a  relacionarse  con  las  distintas  administraciones  de  justicia  a  través  de  las 
comunicaciones electrónicas, además de los propios profesionales de la justicia; y que 
esa misma carga se impone a todas las personas jurídicas [FJ 4 a) (i) y (ii)]. Sin 
embargo, aclaramos también entonces que de esta regla debía hacerse una excepción, 
como de manera inequívoca dispone el art. 155.1 LEC, en el sentido de que cuando «se 
trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se 
harán por remisión al domicilio de los litigantes». Y ello tratándose por igual de personas 
físicas o jurídicas, norma que resulta además de aplicación en los procesos donde la Ley 
de enjuiciamiento civil se aplica de manera supletoria, como sucede con el proceso 
laboral ex art. 53.1 de la Ley de la jurisdicción social —LJS— [STC 6/2019, FJ 4 a) (iii)]. s
b)  Ya en sede de amparo, la STC 47/2019, de 8 de abril, tuvo la oportunidad de  oe.
enjuiciar por vez primera, en un proceso laboral, la denuncia de vulneración del derecho  w.
aph earblasilo itntauadtlea l.da e L juulaed giecoina tli ddeeaf de ecdxtiepvmao nae(nard rat.cd oa2n 4 y.1 ds euCta Elple)r á pclatoic r an laoa r mitnraaotvbivésase  rvdaaepn liclcaiaa b dlideree cle cneió mnep selatleez actámrmóienbnicittaoo    2020-4125n https://ww
(fundamento jurídico 2), y compendiar la doctrina sobre la vinculación de los actos de
comunicación procesal desde la óptica del art. 24.1 CE (fundamento jurídico 3), con
algunas remisiones a la STC 6/2019, todo lo cual damos aquí por reproducido, dicha 
STC 47/2019 proclamó en su fundamento jurídico 4 a) la exigibilidad de que el primer 
emplazamiento judicial del demandado o ejecutado se realice de manera personal y con 
entrega en papel de la documentación correspondiente con base también en el art. 273.4 
LEC, norma que complementa lo previsto en el art. 155 LEC al obligar a su vez a la parte 
actora a presentar en papel las copias de los escritos y documentos para la primera 
citación o emplazamiento; y ambas disposiciones son de aplicación supletoria en otros 
órdenes jurisdiccionales (por ejemplo, arts. 53.1 y 56.1 LJS). El incumplimiento de este 
deber de emplazamiento personal y su realización alternativa por vía electrónica con 
base en normas ajenas, tales como las que regulan el régimen de notificaciones en 
procedimientos  no  judiciales,  acarrea  por  tanto  la  conculcación  de  aquel  derecho 
fundamental, según dejamos sentado también entonces.
Conviene aclarar, por lo demás, que en todos aquellos procesos donde resulte 
legalmente preceptiva la intervención de profesionales de la justicia, las comunicaciones 
electrónicas posteriores al primer emplazamiento del demandado o ejecutado no han de 
hacerse tampoco a través de la dirección electrónica habilitada, sino de la plataforma del 
sistema Lexnet: (i) en aquellos tribunales situados en el territorio del Ministerio de 
Justicia (Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre), (ii) así como aquellos otros con 
sede en las comunidades autónomas que hayan suscrito convenios con dicho ministerio 
para la utilización de Lexnet, dado que como además tiene declarado este tribunal, se 
trata de un sistema dotado de las garantías de autenticidad y constancia fehaciente 
sobre el contenido de las comunicaciones [SSTC 6/2019, de 17 de enero, FFJJ 4 d) y 5 
c); 55/2019, de 6 de mayo, FJ 4 a)]. (iii) Similares garantías deben incorporarse, en todo 
caso,  a  las  plataformas  similares  gestionadas  por  las  restantes  sedes  judiciales 
electrónicas [art. 11 del Real Decreto 1065/2015; STC 55/2019, FJ 4 a)].
c)  La doctrina de la STC 47/2019 en el ámbito del recurso de amparo ha resultado 
de  aplicación,  hasta  la  fecha,  en  procesos  laborales  (SSTC  102/2019,  de  16  de 
septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, y 7/2020, de 27 de enero, FJ 2), 
civiles (STC 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3) y concursales (STC 129/2019, de 11 de 
noviembre, FJ 4). En tales asuntos se ha tratado: (i) bien de emplazamientos practicados 
a través de la dirección electrónica habilitada que no llegaron a ser leídos por sus 
destinatarios, antes de tener lugar el acto procesal para el cual se había emitido la 
correspondiente citación (en concreto, para los actos de conciliación y juicio laboral: 
SSTC 47/2019, 102/2019 y 7/2020); (ii) bien de haber ya fenecido el plazo otorgado para 
actuar en ese proceso (fuera para efectuar el pago u oponerse a la demanda instada en 
el  juicio  monitorio  —STC  122/2019—;  o  para  contestar  a  una  demanda  incidental: 
STC 129/2019); (iii) o bien, en fin, cuando el órgano judicial indica que la parte ha 
accedido a la notificación de la dirección electrónica habilitada con anterioridad a la fecha 
de celebrarse el acto procesal objeto de citación, pero a la vez le niega a esta la 
posibilidad de probar, en un incidente de nulidad de actuaciones, que el certificado era 
erróneo y el acceso no había tenido lugar (STC 150/2019).
4.  Resolución del caso planteado.
La aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 6/2019 y 47/2019 anteriormente 
citadas, ha de conducir por fuerza a la estimación de la demanda:
a)  El  juzgado  a  quo  incumplió  con  el  deber  que  le  venía  impuesto  por  el 
ordenamiento procesal de proveer al emplazamiento de la entidad recurrente en el juicio  s
hipotecario de referencia de manera personal en su domicilio social y con entrega en  oe.
papel  de  la  documentación  necesaria  (copia  de  la  demanda  ejecutiva,  el  auto  w.
ddcoeen spolaacsicm hciaeannndttooid  daeed jeelasc  uadcceicósinóp na cyeh jeasrdcuai tsa ddcaeo cenrenst igosn ua ccnoodrnorte rsaep,s oytan csdo,i ennotet esd)t,ae r  paceol rnrmetrqiatuiréeionr dimofoileermn tuoal sadín ed tope angseuor    2020-4125n https://ww
oposición a la ejecución.
En  cambio,  el  órgano  judicial  optó  por  delegar  esta  tarea  en  el  servicio  de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, que llevó a cabo ese emplazamiento mediante un simple aviso en el 
buzón virtual que dicha mercantil tenía dado de alta para relacionarse con órganos de las 
administraciones públicas para la gestión ordinaria de trámites administrativos, y no con 
los tribunales de justicia para defenderse de ninguna demanda. Dicho aviso solo le 
advertía que tenía a su disposición una notificación de un juzgado y el número de un 
procedimiento sin más, remitiendo a un enlace de internet al que debía entrar para poder 
ver el contenido de la notificación, otorgando para ello un plazo dilatado que no guardaba 
ninguna concordancia con los establecidos en la normativa procesal aplicable, y que 
como luego se vería el juzgado que encargó el emplazamiento en esas condiciones 
tampoco respetaría.
No había motivo para prescindir del sistema de emplazamiento personal, y desde 
luego, ninguno de los razonamientos incluidos en los dos autos impugnados en amparo 
justifica tal omisión, autorizando que se utilizara otro carente de las necesarias garantías, 
con el resultado de inadmitir a trámite y dejar imprejuzgada su pretensión de oposición a 
la  demanda  ejecutiva.  Interpuesto  recurso  de  reposición  en  el  que,  entre  otras 
alegaciones, se denunció correctamente la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva que tal proceder había causado a la ejecutada, el juzgado reiteró la lesión, 
desestimando su recurso, lo que determina que estimemos el amparo por este motivo al 
haberse conculcado su derecho fundamental (art. 24.1 CE), en sus vertientes de acceso 
al proceso [SSTC 39/2015, FFJJ 4 y 6; 49/2016, FJ 3; 47/2019, FJ 3 c) y 102/2019] y 
derecho a no padecer indefensión (STC 47/2019 y posteriores de aplicación).
b)  Ha de darse también la razón a la recurrente y a la fiscal ante este tribunal, al 
apreciar una segunda vulneración del art. 24.1 CE perpetrada por las resoluciones 
recurridas,  como  es  la  vertiente  del  derecho  a  obtener  una  resolución  fundada  en 
Derecho. En efecto, no cabe sino calificar de irrazonable la decisión adoptada en los 
autos  para  inadmitir  el  incidente  de  oposición  validando  el  emplazamiento  por  vía 
electrónica, de un lado al confundir el deber de las personas jurídicas de relacionarse 
con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas, con el marco 
normativo procesal que excepciona esta vía en cuanto al primer emplazamiento en los 
procesos civiles, siendo de esta naturaleza los que dicho tribunal tiene a su cargo. Y, de 
otro lado, por las consideraciones que efectúa el auto de 29 de agosto de 2018 sobre el 
cómputo de plazos para oponerse a la ejecución, con base en la Ley 39/2015 del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, totalmente ajena 
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del 
art. 556 LEC. Ese modo de razonar, en fin, se ve contradicho además con la práctica 
posterior del propio juzgado, al notificar al representante de la recurrente tanto el auto de 
inadmisión del escrito de oposición como el posterior auto resolviendo su recurso de 
reposición, a través del sistema Lexnet [antecedente 2 h)].
Todo lo cual no hace sino ahondar la brecha entre la decisión adoptada y el carácter 
lógico y razonable que le era exigible al órgano judicial, al tiempo de proveer al escrito de 
oposición presentado por la ejecutada.
En consecuencia, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los dos autos 
recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el 
momento en que se proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica 
habilitada. Acordamos la retroacción de las actuaciones para que se proceda a dicho 
emplazamiento en los términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera  s
respetuosa con el derecho fundamental de la demandante. oe.
FALLO
En  atención  a  todo  lo  expuesto,  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  POR  LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 28 de junio de 2018 y 29 de agosto de 2018, 
dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el 
proceso de ejecución hipotecaria núm. 111-2018, así como la nulidad de las actuaciones 
realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección 
electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.