BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Lunes 26 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 91929
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
12900 Decreto-ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el 
régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra.
I
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19,  estableció  unas  medidas  específicas  de  prevención,  contención  y 
coordinación para todo el territorio nacional hasta la declaración de la finalización de la 
crisis  sanitaria  ocasionada  por  COVID-19.  En  dicha  norma,  además  del  deber  de 
asegurar la vigilancia, el control y la efectividad de las medidas específicas en ella 
contenidas,  se  impone  expresamente  al  resto  de  Administraciones,  en  cuanto 
autoridades  competentes,  para  organizar  y  tutelar  la  salud  pública,  el  mandato  de 
implementar aquellas medidas que fueren necesarias para garantizar las condiciones de 
higiene, prevención y contención en relación con los distintos sectores de actividad.
Como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se aprobó el 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la 
entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, 
una vez superada la fase 3 del Plan de transición para una nueva normalidad, que fue 
modificado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 26 de agosto de 2020.
Asimismo, el citado acuerdo se ha complementado con la Orden Foral 34/2020, 
de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas en relación al uso de mascarillas durante la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en la Comunidad Foral de Navarra, modificada, a su vez, 
por la Orden Foral 35/2020, de 17 julio, de la Consejera de Salud. Por su parte, también 
se han aprobado la Orden Foral 40/2020, de 28 de agosto, de la Consejera de Salud, 
sobre el uso de mascarillas en los centros escolares y universitarios de la Comunidad 
Foral de Navarra y la Orden Foral 42/2020, de 11 de septiembre, de la Consejera de 
Salud, por la que se adoptan medidas preventivas para la Comunidad Foral de Navarra, 
como  consecuencia  de  la  evolución  de  la  situación  epidemiológica  derivada  de  la 
COVID-19.
Mediante Orden Foral 35/2020, de 17 de julio, de la Consejera de Salud, se dictó la 
suspensión de la actividad de las denominadas «bajeras de ocio», «piperos» o similares 
ubicados en la Comunidad Foral de Navarra.
Finalmente, se aprobó la Resolución 598/2020, de 5 de agosto, del Director General 
de Salud, por la que se dictan medidas preventivas en el ámbito del ocio nocturno 
durante  el  período  en  que  hubieran  de  haberse  celebrado  las  fiestas  populares  y 
patronales de las localidades de toda la Comunidad Foral de Navarra, y el Decreto-ley 
Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias  s
para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19, relativas a medidas en el ámbito del  e.
ocio nocturno, derogado en parte por el Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 de agosto,  w.
también de medidas extraordinarias para responder ante la situación de riesgo especial  900ww
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los términos previstos en el Título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, y que la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, 
así como la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que sean 
procedentes, corresponde a los órganos competentes del Estado, de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales en el ámbito de las competencias respectivas.
El régimen sancionador existente hasta ahora se encuentra disperso en varios textos 
legales, y regulado de forma completa, pero con un carácter de generalidad que, si no 
impide, al menos, dificulta el conocimiento ciudadano de aquellas conductas u omisiones 
que son reprochables jurídicamente desde un punto de vista administrativo.
Así, existen conductas tipificadas como infracciones en la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad del Estado –capítulo II– y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública de Estado –título VI–, a lo que habría que añadir el artículo 6 
del  Real  Decreto-ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria, que tipifica en su 
artículo 31.2 como infracción leve el incumplimiento de no llevar mascarillas en los casos 
exigibles.
En otro ámbito, pueden señalarse incumplimientos, tanto de empresarios como de 
trabajadores, en los centros de trabajo de las medidas aprobadas frente al COVID-19, 
que serán sancionadas conforme a la legislación laboral al amparo del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Por su parte, en el espacio de las actividades recreativas, espectáculos públicos y 
sus establecimientos de celebración, resultan de aplicación la Ley Foral 2/1989, de 13 de 
marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y sus disposiciones de 
desarrollo.
A la vista de lo anterior, la finalidad del presente decreto-ley foral es clarificar y 
pormenorizar  las  infracciones  en  esta  materia,  a  efectos  de  dotar  de  una  mayor 
seguridad  jurídica  y  conocimiento  de  la  ciudadanía  de  las  conductas  punibles 
administrativamente,  al  tiempo  que  se  da  cumplimiento  al  principio  de  legalidad  y 
tipicidad de las infracciones y sanciones respecto de aquellas obligaciones establecidas 
en las medidas acordadas, que está consagrado en el artículo 25 de la Constitución al 
prescribir que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en cada momento. Todo ello, sin perjuicio de ser aplicable el régimen general de 
infracciones y sanciones en materia sanitaria o de otro tipo previstos en el ordenamiento 
jurídico vigente.
II
En  relación  con  la  concurrencia  del  presupuesto  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad, señala el Tribunal Constitucional, que se exige no solamente la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenido en cuenta por el gobierno en su 
aprobación,  es  decir,  lo  que  ha  venido  a  denominarse  situación  de  urgencia,  sino 
también la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y 
la medida concreta adoptada para subvenir a ella.
A estos efectos, el presente decreto-ley foral persigue la consecución del fin que 
justifica  la  legislación  de  urgencia  y  necesidad,  que  no  es  otro  que  dotar  de  una 
normativa inmediata en un breve plazo de tiempo, mayor que el necesario para un  s
procedimiento legislativo ordinario, para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas  e.
por Navarra con el fin de proteger la salud pública de Navarra. w.
III
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disposiciones  generales,  ámbito  de  aplicación,  personas  responsables  y  actividad 
inspectora y de control. El capítulo II regula las infracciones y sanciones en materia 
COVID-19 y el capítulo III regula cuestiones relativas al procedimiento sancionador, 
actas, medidas provisionales, competencia sancionadora y prescripción.
En la disposición transitoria se establece el régimen para los procedimientos de 
carácter sancionador iniciados con anterioridad a este decreto-ley foral.
Finalmente, la disposición final primera establece la continuidad de la moratoria 
aprobada en su día por el Parlamento de Navarra en materia de juego y apuestas, 
matizando  las  limitaciones  de  las  autorizaciones  de  instalación  de  máquinas  y 
corrigiendo el error producido en la disposición final segunda de la Ley Foral 14/2020, 
de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 
bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior y de la Consejera de Salud, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil 
veinte, decreto:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El presente decreto-ley foral tiene por objeto establecer la regulación específica del 
régimen  sancionador  aplicable  a  los  incumplimientos  de  las  medidas  sanitarias 
establecidas por la Comunidad Foral de Navarra para hacer frente a la situación de crisis 
sanitaria derivada del COVID-19.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación y personas responsables.
1.  Las disposiciones contenidas en este decreto-ley foral serán de aplicación a los 
hechos, acciones u omisiones tipificadas como tales en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra cometidas por cualquier persona física o jurídica, pública o privada que 
supongan el incumplimiento o resistencia a la aplicación de las medidas acordadas, ya 
sean  generales  o  específicas,  mediante  actos  o  disposiciones  dictadas  por  las 
autoridades competentes, en el ámbito de sus competencias.
2.  Serán responsables, además, los titulares de establecimientos públicos o de las 
respectivas licencias, así como los organizadores y promotores de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, de las infracciones cometidas por quienes participen en el 
espectáculo o actividad, siempre que, mediando negligencia, no hubieran adoptado las 
medidas precisas para evitarlo o, siendo estas medidas las precisas, los asistentes las 
hubieran incumplido y no se hubiera dado cuenta de ello inmediatamente a la autoridad 
competente por la persona o entidad titular, organizadora o promotora.
3.  Las personas titulares de explotaciones, empresas o actividades turísticas o 
comerciales serán responsables administrativamente de las infracciones que cometan 
las personas trabajadoras durante la prestación de los servicios, contra quienes podrán  es
ejercer las acciones de repetición que le correspondan. o
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personas físicas que se encuentren ejerciendo la actividad ilícita en las mismas.
7.  Serán responsables las personas físicas o jurídicas que realicen la convocatoria 
de actos o reuniones en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la 
adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan suponer un 
riesgo o daño grave para la salud de la población, así como quienes contribuyan de 
manera efectiva a su difusión.
Artículo 3.  Actividad inspectora y de control.
1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  reservadas  al  Estado,  las  actividades 
inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto-ley foral 
serán  efectuadas  por  cualquier  agente  de  la  autoridad  y  personal  funcionario 
debidamente acreditado de la Comunidad Foral de Navarra o de las entidades locales.
2.  El Gobierno de Navarra podrá solicitar a la Delegación del Gobierno de España 
en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  la  participación  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad del Estado dependientes de su autoridad, en las tareas de inspección y 
control que les correspondan.
3.  Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar 
instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección 
y vigilancia.
CAPÍTULO II
Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 4.  Infracciones.
Las infracciones administrativas en este ámbito se clasifican en leves, graves y muy 
graves,  atendiendo  a  criterios  de  riesgo  para  la  salud,  grado  de  intencionalidad, 
gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y 
reincidencia.
Artículo 5.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1.  El incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla o uso inadecuado de la 
misma, en los términos establecidos por las autoridades sanitarias.
2.  El incumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas por las 
autoridades competentes, para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacio 
abierto o cerrado, público o privado, cuando se produzca un riesgo o daño leve para la 
salud de la población.
3.  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  establecimientos  abiertos  al  público,  de 
guardar la distancia de seguridad entre las sillas de mesas separadas tanto en el interior 
como en el exterior.
4.  El  incumplimiento  por  parte  de  los  establecimientos  abiertos  al  público  o 
actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del 
local, la distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla, 
como medidas de prevención de la COVID-19.
5.  El  incumplimiento  de  los  planes  específicos  o  protocolos  organizativos 
aprobados por las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño  e.e
leve para la salud de la población. b
6.  El incumplimiento de la elaboración de protocolos o planes de contingencia en  900ww
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para la salud de la población.
7.  El incumplimiento de la distancia física interpersonal de seguridad, en lugares y 
vías públicas, o lugares de concurrencia pública, abiertos o cerrados, en los términos 
acordados.
8.  El incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad 
sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo por COVID-19, pero que 
sean contactos estrechos de una persona enferma por COVID-19.
9.  El consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de 
espacios abiertos al público que no estén permitidos por la autoridad sanitaria, cuando 
se produzca un riesgo leve para la salud de la población.
10.  Fumar (tabaco, pipas de agua, cachimbas o similares), en la vía pública o en 
espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de 
al menos dos metros.
11.  El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado por la 
autoridad sanitaria competente.
12.  El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad 
con el presente decreto-ley foral.
Artículo 6.  Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves, por producir un riesgo o daño grave para la 
salud de la población:
1.  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, en los establecimientos o en las actividades.
2.  La celebración, comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de 
actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, 
en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o 
dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan 
suponer un riesgo o daño grave para la salud de la población.
3.  Igualmente se considerará infracción grave la convocatoria de este tipo de actos 
o reuniones a través de redes sociales cuando de la convocatoria pudiera deducirse la 
intencionalidad de vulnerar las normas dictadas por la autoridad sanitaria competente en 
cuanto a medidas de prevención frente al COVID-19.
4.  El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención 
y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o 
locales públicos o privados, cuando este produzca un riesgo o daño grave para la salud 
de la población.
5.  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan  sido  expresamente  prohibidas  o  suspendidas  por  las  autoridades  sanitarias 
competentes.
6.  El  incumplimiento  del  deber  del  aislamiento  domiciliario  acordado  por  la 
autoridad sanitaria, en personas que sean casos positivos confirmados por COVID-19.
7.  El incumplimiento de la elaboración de protocolos o planes de contingencia en 
relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya establecido la 
exigencia por las autoridades competentes, cuando se produzca un riesgo o daño grave 
para la salud de la población.
8.  El  incumplimiento  de  los  planes  específicos  o  protocolos  organizativos 
aprobados por las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño 
grave para la salud de la población. e
9.  El incumplimiento acreditado, del horario especial de apertura y cierre para  bo
establecimientos y actividades, impuesto en las medidas contra la COVID-19. 900ww
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actividades, en comprobaciones e inspecciones relacionadas con COVID-19.
12.  La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las 
autoridades, inspectores o agentes, así como el suministro de información inexacta, en 
comprobaciones e inspecciones relacionadas con la COVID-19.
13.  El consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de 
espacios abiertos al público que no esté permitido por las autoridades sanitarias cuando 
se produzca un riesgo grave para la salud de la población.
14.  El incumplimiento reiterado de una orden general de confinamiento decretado 
por la autoridad sanitaria competente.
15.  La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en 
el plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
16.  Los  incumplimientos  por  acción  u  omisión  de  la  normativa  aprobada  o  de  las 
medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por COVID-19, siempre que produzcan un daño grave para la salud de la población.
Artículo 7.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves, por producir un daño o riesgo muy grave para 
la salud de la población:
1.  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando aquel produzca un riesgo 
o un daño muy grave para la salud de la población.
2.  La celebración, comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de 
actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, 
en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o 
dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan 
suponer un riesgo o daño muy grave para la salud de la población.
Se considerará infracción muy grave la convocatoria reiterada de este tipo de actos o 
reuniones a través de redes sociales cuando de la convocatoria pudiera deducirse la 
intencionalidad de vulnerar las normas dictadas por la autoridad sanitaria competente en 
cuanto a medidas de prevención frente al COVID-19 y un riesgo o daño muy grave para 
la salud de la población.
3.  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan  sido  expresamente  prohibidas  o  suspendidas  por  las  autoridades  sanitarias, 
cuando produzcan un riesgo muy grave para la salud de la población.
4.  El incumplimiento, acreditado y reiterado, del deber de aislamiento domiciliario 
acordado  por  la  autoridad  sanitaria,  de  las  personas  que  sean  casos  positivos 
confirmados por COVID-19, si este produce un daño muy grave para la salud pública.
5.  El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención 
y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o 
locales públicos o privados, cuando este produzca un riesgo o daño muy grave para la 
salud de la población.
6.  Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa o medidas aprobadas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, siempre que produzcan 
un riego o un daño muy grave para la salud de la población.
7.  El incumplimiento acreditado y reiterado de protocolos y planes o instrucciones 
recibidas por la autoridad competente, cuando suponga un daño muy grave para la salud 
pública.
8.  Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes, inspectores o  e
agentes, en comprobaciones e inspecciones relacionadas con COVID-19. bo
9.  La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en  900ww
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población.
Artículo 8.  Sanciones.
1.  Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de entre 60.001 
euros y 600.000 euros.
2.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de entre 3.001 euros 
y 60.000 euros.
3.  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de entre 100 y 3.000 euros.
4.  Las infracciones previstas en el artículo 5, apartado 1, se sancionarán con un 
mínimo de 300 euros, si la persona infractora no respeta la distancia de seguridad física 
de 1,5 metros.
5.  Las infracciones previstas en el artículo 5, apartado 9, se sancionarán con un 
mínimo de 600 euros.
Artículo 9.  Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las multas a las que se refiere el párrafo anterior, se podrá acordar, 
previa  audiencia  del  interesado,  sanciones  accesorias  como  el  cierre  temporal  del 
establecimiento,  instalación  o  servicio  donde  se  haya  producido  la  infracción  o  la 
prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cinco años.
Artículo 10.  Reducción de la sanción.
Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la 
misma  antes  de  que  transcurra  el  plazo  establecido  en  la  resolución  de  inicio  del 
expediente  sancionador,  supondrá  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  en  la 
comisión de los hechos, reduciéndose el importe de la sanción en un cincuenta por 
ciento del importe de la cuantía.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 11.  Funciones inspectoras.
Las Administraciones Públicas con competencias en las materias objeto del presente 
decreto-ley foral deberán desarrollar sus respectivas funciones de vigilancia, inspección 
y control, debiendo además prestarse mutuamente asistencia y colaboración requerida 
para garantizar su cumplimiento y eficacia, incluyendo la cooperación y el apoyo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos señalados, de la Policía 
Foral y de las policías locales.
Artículo 12.  Medidas provisionales.
1.  En los supuestos de infracciones muy graves y graves, el órgano competente 
para resolver el procedimiento puede ordenar cualesquiera de las medidas provisionales 
previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  En  todo  caso,  en  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior,  las  medidas 
provisionales deben ser ratificadas, rechazadas o modificadas en la resolución iniciadora 
del procedimiento sancionador, que debe dictarse en los quince días siguientes a la  es
adopción de la medida. Quedarán sin efecto aquellas que, vencido el plazo, no se hayan  o
ratificado. 900www.
Artículo 13.  Procedimiento sancionador.
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Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  los  principios  y  disposiciones  que  se 
contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 14.  Competencia sancionadora.
La  instrucción  y  resolución  de  los  procedimientos  sancionadores  que  procedan 
corresponderá al Departamento de Salud, al Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior y a las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.
Artículo 15.  Prescripción.
1.  Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy 
graves a los tres años.
2.  Las  sanciones  impuestas  por  infracciones  leves  prescribirán  al  año,  las 
impuestas por infracciones graves, a los dos años y las impuestas por infracciones muy 
graves a los cinco años.
Disposición adicional única.  Competencia.
La  incoación,  instrucción  y  resolución  de  los  expedientes  sancionadores  por 
infracciones leves y graves corresponderá a los Ayuntamientos en aquellos municipios 
de población superior a 50.000 habitantes.
Disposición transitoria única.
Los procedimientos sancionadores ya iniciados a la entrada en vigor del presente 
decreto-ley foral continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de cometerse la infracción.
Las denuncias ya realizadas pero que no hayan dado lugar al inicio de un expediente 
sancionador se tramitarán conforme a lo dispuesto en este decreto-ley foral, salvo que la 
aplicación  de  la  legislación  material  vigente  en  el  momento  de  la  comisión  de  la 
infracción resulte más beneficiosa.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del 
Juego.
Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 16/2006, de 14 de 
diciembre, del Juego, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición transitoria tercera.  Suspensión.
Durante el plazo de seis meses contados desde la publicación en el BON de la 
presente disposición, no se admitirán solicitudes, ni se concederán autorizaciones 
de explotación de nuevos salones de juego, bingos, o locales específicos de 
apuestas.
Igualmente,  no  se  admitirán  solicitudes  ni  se  emitirán  resoluciones  de 
consultas previas de viabilidad de autorización.
Tampoco  se  admitirán  nuevas  solicitudes,  ni  se  concederán  nuevas 
autorizaciones de instalación de máquinas de juego y máquinas auxiliares de  s
apuestas en los locales citados en el artículo 10 del Decreto Foral 181/1990, de 31  e.
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas de Juego, salvo que  w.
esta última traiga causa en el cambio de titularidad del local de hostelería.» 900ww
Disposición final segunda.  Remisión al Parlamento de Navarra.
Este  decreto-ley  foral  será  remitido  al  Parlamento  de  Navarra  a  efectos  de  su 
convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley foral.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Navarra».
Pamplona, 16 de septiembre de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, 
María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, Javier Remírez Apesteguía.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 211, de 17 de septiembre de 2020. Corrección de errores 
publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 213, de 21 de septiembre de 2020. Convalidado por Acuerdo del 
Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 238, de 13 de octubre de 2020)