BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Miércoles 4 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 95972
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13551 Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil II de Madrid a practicar el depósito de cuentas anuales 
de una sociedad relativas al ejercicio 2019.
En el recurso interpuesto por don D.A.M., en nombre y representación de la sociedad 
«Deli Pizza Mirasierra S.L.», contra la negativa del Registrador Mercantil II de Madrid, 
don Manuel Ballesteros Alonso, a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad relativas al ejercicio 2019.
Hechos
I
El día 24 de julio de 2020 se presentaron en el Registro Mercantil de Madrid, para su 
depósito, las cuentas anuales de la sociedad «Deli Pizza Mirasierra S.L.», relativas al 
ejercicio 2019, causando el asiento de presentación 63261 del Diario 38.
II
La documentación presentada fue objeto en el Registro Mercantil de Madrid de 
calificación negativa el día 28 de julio de 2020 en los siguientes términos:
«(…)
Fundamentos de Derecho (defectos):
No puede efectuarse el depósito por encontrarse la hoja de esta sociedad cerrada 
temporalmente hasta que se depositen las cuentas del ejercicio anterior (art. 378 RRM y 
RDGRN de 26 de mayo de 2009 y 25 de marzo 2011 entre otras).
En relación con la presente calificación: (…). Madrid, a 28 de julio de 2020. El 
registrador. Fdo. Manuel Ballesteros Alonso.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don D.A.M., en nombre y representación de la 
sociedad «Deli Pizza Mirasierra S.L.», interpuso recurso el día 30 de julio de 2020, 
posteriormente subsanado en cuanto a la firma, y previo requerimiento del Registrador, 
el día 18 de agosto de 2020, en los términos siguientes:
«Cuarto.–La  Sociedad  Deli  Pizza  Mirasierra,  S.L.,  es  una  sociedad  española 
constituida por tiempo indefinido, el 17 de diciembre de 2018 ante el Notario de Madrid, 
don Pedro Muñoz, con el número 5532 de su protocolo.
Quinto.–Que la Sociedad fue registrada el 21 de enero de 2019, se adjunta documento  es
número 4 asiento de registro de la escritura de constitución. Por tanto, la empresa no podría  bo
haber realizado ninguna operación, hasta no tener escritura debidamente registrada, es  551ww
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A los presentes hechos, le son de aplicación los siguientes fundamentos de Derecho:
Primero.–Infracción del artículo 378 de Reglamento del Registro Mercantil.
La decisión recurrida vulnera el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, 
pues no ha transcurrido un año desde la fecha del cierre de ejercicio social, sin que se 
haya practicado el depósito de cuentas, así el artículo 378 del RRM dice en su párrafo la: 
"Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el 
Registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a 
aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito".
Pues bien, lo cierto es que la inscripción registral de la Escritura de Constitución de 
Sociedades de 21 de enero de 2019, requisito indispensable para el comienzo de las 
operaciones, pues ni la Agencia Tributaria, ni los organismos de la Seguridad Social, permiten 
el comienzo de las operaciones, sino se presenta la escritura fundacional registrada.
Es decir, no se puede operar, si la escritura fundacional no está registrada.
Así las cosas, el primer ejercicio social de la mercantil es 2019, y por tanto no ha 
transcurrido un año desde la fecha de cierre de ejercicio social que requiere el art 378 
para proceder al cierre de la hoja registral. ...»
IV
El día 24 de agosto de 2020 el Registrador Mercantil elevó el expediente a esta 
Dirección General con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 38 del Código Civil; 20, 116, 119, 120 y 125 del Código de Comercio; 
24, 33, 35, 39, 40, 279 y 282 de la Ley de Sociedades de Capital; 378 y 387 del Reglamento 
del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1995, 27 de 
noviembre de 1998 y 24 de noviembre de 2010, y las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 13 de diciembre de 1985, 20 de marzo de 1986, 1 y 30 de 
abril y 11 de diciembre de 1997, 22 de abril de 2000, 14 de febrero y 4 de julio de 2001, 22 de 
febrero de 2003, 18 de febrero de 2004, 3 de octubre de 2005, 15 de enero de 2007, 26 de 
mayo de 2009, 25 de marzo y 21 de noviembre de 2011, 21 de mayo de 2013, 4 de 
noviembre de 2014 y 20 de marzo y 23 de diciembre de 2015, 20 de abril de 2016 y 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 7 de febrero.
1.  En el presente recurso se pretende el depósito de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019, estando el Registro cerrado por falta de depósito de las correspondientes 
al ejercicio anterior.
Según los hechos que resultan del expediente, la sociedad «Deli Pizza Mirasierra 
S.L. se constituyó mediante escritura autorizada por el notario de Madrid don Pedro 
Muñoz el 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 5 de los estatutos consta que «da 
comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de su escritura de constitución.» 
Dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil de Madrid el día 3 de enero 
de 2019 y quedó inscrita el día 21 del mismo mes.
El recurrente alega, en síntesis, que la sociedad no podría haber realizado ninguna 
operación hasta tener la escritura debidamente registrada, es decir como pronto el 21 de  s
enero de 2019, pero no en el 2018; y a mayor abundamiento, el alta en Hacienda se  e.
presentó en septiembre de 2019. w.
2.  El recurso debe desestimarse. 551ww
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mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma 
también al Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2010: desde que se otorga 
la escritura pública entra en juego la previsión del artículo 33 en relación al artículo 24 de la Ley 
de Sociedades de Capital, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad. 
Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e 
irregulares gozan de personalidad jurídica -o, al menos, de cierta personalidad-, suficiente para 
adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, 
conforme al artículo 38, párrafo primero, del Código Civil (cfr. artículos 33 y siguientes de la Ley 
de Sociedades de Capital, a los que remiten los artículos 125 del Código de Comercio); 
igualmente, resultaba ya del tenor del artículo 116, párrafo segundo, del Código de Comercio. 
La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital 
adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo 
social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (artículo 33 de la Ley de Sociedades de 
Capital),  que  añade  la  limitación  de  responsabilidad  de  los  socios,  y  para  excluir  la 
responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al 
artículo 120 del Código de Comercio. La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» 
resulta también del propio artículo 39 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando determina la 
aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva -según el carácter de su objeto-. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el 
artículo 40 de la Ley de Sociedades de Capital, más parece presuponer su previa existencia y 
autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio social», dando idea 
de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota», reparto de 
cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (cfr. Resolución de 22 
de abril de 2000).
Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación –
como en el presente caso–, por este Centro Directivo en Resolución de 25 de marzo 
de 2011, según la cual al haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad «dará 
comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución», 
el primer ejercicio fue el comprendido entre el día de ese otorgamiento y el 31 de diciembre 
del mismo año. Como se añade en dicha Resolución, aun cuando la sociedad no hubiera 
realizado  actividad  mercantil  alguna  al  cierre  de  ese  primer  ejercicio,  subsistiría  su 
obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente, y 
sólo cambiaría su contenido. La Ley autoriza, expresamente, a que la fecha de comienzo de 
la actividad pueda ser, por disposición estatutaria, una posterior a la fecha de la escritura de 
constitución (artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital); lo que no autoriza, en ningún 
caso, es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la 
sociedad a efectos del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las 
cuentas  anuales.  Existía  por  tanto  una  obligación  legal  incumplida  que  trajo  como 
consecuencia  el  cierre  registral,  debiendo  subsistir  dicho  cierre,  por  disposición  legal, 
mientras el incumplimiento persista.»
3.  Habiéndose  constituido  la  sociedad  el  día  17  de  diciembre  de  2018,  fecha 
coincidente  con  el  inicio  de  operaciones,  según  los  estatutos,  debe  presentar  los 
documentos contables correspondientes al ejercicio del 2018, aunque su contenido se 
ajuste a lo manifestado por el recurrente de no haber realizado actividad mercantil alguna.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto en los 
términos que resultan de los anteriores Fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e.
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de  w.b
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  551ww
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Madrid, 19 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.