BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 121069
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17075 Resolución  de  11  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación  de  la  registradora  de  la  propiedad  de  Sueca,  por  la  que  se 
deniega  la  inscripción  de  una  compraventa  tras  recibir  certificación 
acreditativa de la invasión parcial del dominio público marítimo terrestre.
En el recurso interpuesto por don M. G. C. contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Sueca, doña María del Carmen Gómez Durá, por la que 
se deniega la inscripción de una compraventa tras recibir certificación acreditativa de la 
invasión parcial del dominio público marítimo terrestre.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Valencia, don Juan Bover Belenguer, 
en fecha 21 de febrero de 2020, con número 501/2020 de su protocolo, se formaliza 
compraventa de la finca registral 38.877 de Sueca, expresando la referencia catastral 
correspondiente a dicha finca.
II
Presentado dicho título en el Registro de la Propiedad de Sueca, fue objeto de nota 
de calificación registral negativa de fecha 14 de septiembre de 2020 los siguientes 
términos:
(…)
A los efectos de los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, le notifico que, 
tras el examen y calificación del documento de referencia y del contenido de los asientos 
del Registro, conforme con los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria, se han observado 
los defectos referidos en la nota que a continuación se transcribe:
«Registro de la Propiedad de Sueca
Hechos
Primero.  En virtud de escritura autorizada por el notario de Valencia, Don Juan 
Bover Belenguer, en fecha 21 de febrero de 2020, con número 501/2020 de su protocolo, 
se formaliza compraventa de la finca registral 38.877 de Sueca.
Segundo.  Copia autorizada de la citada escritura fue presentada en este Registro 
de Sueca, por vía telemática, en fecha 21 de Febrero de 2020, causando el asiento 570 
del  Diario  268;  posteriormente,  fue  aportada  por  vía  telemática  acreditación  de 
presentación del documento a liquidación del impuesto TPAJD así como acreditación de 
presentación del mismo a plusvalía, al que le corresponde la entrada número 1557, el  e
día 12 de marzo de 2020 y posteriormente, aportada copia autorizada en soporte en  bo
papel, el día 13 de Marzo de 2020. 075ww
aepllr  etrsdaTeoetnamrtmcaiendieriooon,. t  osq eEdu enree   rabeplapizusróeee s dlaeaa n nplta ae crdRtieionernefievenarstere gsn ercbá iúafis dcqCaeusa e,t aldaasas t íre cacnlloa  qmslaiufo ieac  papaaclihrcióaoan rcla aió  yccn oo innncssafoutlairlftmbiaca aád cteeiicnó al na e srle  lugidmriobsicttaraunacmíli sopetniancertaaos,     OE-A-2020-17able en https://
medioambiental o administrativa correspondiente, regulada en el artículo 9 de la Ley
Hipotecaria, y que fue homologada en Resolución dictada por la Dirección General de los 
Registro y del Notariado de fecha 2 de agosto de 2016 -BOE 1-9-2016-. También fue 
objeto de examen los distintos servicios en línea a que Registro de la Propiedad tiene 
acceso (magrama, visores de gva, catastro, etc.).
Cuarto.  De la consulta a que se hace referencia en el apartado anterior, se observó 
que  parte  de  la  citada  finca  registral  38.877  Sueca  –Código  Registral  Único: 
46047000561782–, pudiera intersectar con zona de dominio público marítimo-terrestre, 
motivo por el cual, se suspendió la inscripción del referido documento y, en su lugar, se 
tomó anotación preventiva por 90 días con fecha 21 de Julio de 2017, de conformidad 
con lo previsto en la regla 2.º del artículo 36, del R.D. 876/2014 de 10 de Octubre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Costas, bajo la letra A, del referido número de finca, 
al folio 165, del tomo 2529, libro 809 de Sueca.
Tal circunstancia fue notificada al Servicio Periférico de Costas, para que certificase 
si la finca que nos ocupa invadía el dominio público marítimo-terrestre y su situación en 
relación con las servidumbres de protección y tránsito.
Cuarto.  Con fecha 3 de Septiembre de 2020, se recibe comunicación del Jefe de la 
Demarcación de Costas de Valencia P.A., Don E. C. M., de fecha 10 de Agosto de 2020, 
"N/REF. V-11 Cert 16/20 EC/MJT", a la que se acompaña certificación expedida por el 
mismo señor, con plano incorporado, con fecha el día 5 de Agosto de 2020, de las que 
resulta  que  la  parcela  con  referencia  catastral  7466005YJ3476N0001ML  -uso 
residencial- y la parcela en la que se encuentra, ubicados en la calle (…), en el término 
municipal de Sueca, están afectados por la legislación de costas, de acuerdo con el 
deslinde DL-54-Valencia aprobado por Orden Ministerial de fecha 09-10-2007, según se 
indica a continuación y se refleja en la ortofotografía adjunta a esta certificación, de la 
que forma parte inseparable. Parcela: -Invade el dominio público marítimo-terrestre en 
una superficie aproximada de 53,18 metros cuadrados. - Está afectada parcialmente por 
la  zona  de  servidumbre  de  tránsito.  -  Está  afectada  parcialmente  por  la  zona  de 
servidumbre de protección. Inmueble: Considerando el principio de unidad predial: -No 
invade  el  dominio  público  marítimo-terrestre.  -  No  está  afectado  por  la  zona  de 
servidumbre de tránsito. - Está afectada por la zona de servidumbre de protección.
Fundamentos de Derecho
Se ha apreciado, previa su calificación registral –conforme a los artículos 18 y 
concordantes de la Ley Hipotecaria–, el siguiente defecto:
Único.  Según la comunicación y certificación relacionadas en el Hecho 4.º, resulta 
que la finca ubicada en la calle (…), en el término municipal de Sueca, que es la finca 
registral 38.877 –Código Registral Único: 46047000561782–, invade el dominio público 
marítimo-terrestre en cuanto a la parcela en 53,18 metros cuadrados, estando además 
afectada  parcialmente  por  la  zona  de  servidumbre  de  tránsito  y  también  afectada 
parcialmente por la zona de servidumbre de protección.
Es de aplicación la regla 3, del artículo 36 del R.D. 876/2014 de 10 de octubre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Costas.
Acuerdo
En virtud de todo lo expuesto y de los antecedentes obrantes en este Registro en 
relación  a  las  limitaciones  al  dominio  que  pudieran  derivarse  de  la  clasificación  y 
calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente, se acuerda  e.e
denegar la inscripción del precedente documento, de conformidad con la regla 3.ª, del  b
artículo 36 del R.D. 876/2014 de 10 de Octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley de  075ww
Cy osset acsa, npcoerl ala sla c aanuosatasc iyó ne nd leo ss utésrpmeinnsoisó nq uae  qreuseu sltea nr edfeie lrae  plare sperenctee dneontate d neo ctaa lidficea ecisótne 
Registro:
– Finca: N.º 38877 del municipio de Sueca. Tomo: 2.529, Libro: 809, Folio: 166, 
Cancelación B. CRU: 46047000561782.
Contra la expresada calificación puede…
Sueca a 14 de septiembre de 2020.–La registradora. Firmado. La registradora. Fdo. 
María del Carmen Gómez Durá.»
III
Don M. G. C. interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito de 
fecha 14 de octubre de 2020, en el que, en esencia, alega, que a la fecha en que tuvo 
entrada en el registro de la propiedad la certificación de costas ya había pasado en 
exceso el plazo de un mes que prevé el artículo 34 del Reglamento de Costas, y que por 
tanto, lo procedente era que la anotación de suspensión se hubiera convertido ya en 
inscripción.
Y mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2020, complementario a su escrito de 
recurso inicial, invoca en su favor el criterio aplicado por la resolución de este Centro 
Directivo de 17 de junio de 2020.
IV
Mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2020, la registradora se ratificó en su 
calificación, emitió su informe, y remitió el expediente a este Centro Directivo, haciendo 
constar como datos de hecho adicionalmente relevantes, entre otros, los siguientes:
Que  el  día  17  de  agosto  de  2020  se  recibió  oficio  «Tasa  por  Expedición  de 
Certificado», de fecha 6 de agosto de 2020, firmado electrónicamente por Don E. C. M., 
Jefe de Servicio de Gestión de Dominio Público, por P.A. del Jefe de la Demarcación, al 
que  se  adjuntaba  la  liquidación  de  la  Tasa  066,  correspondiente  a  la  solicitud  de 
certificado  de  fecha  31  de  marzo  de  2020  (finca  registral  38.877.  Referencia  V-11 
CERT 16-20). En el propio oficio se ha constar: «Les informamos de que queda en 
suspenso el plazo exigido para la emisión del certificado solicitado, contemplado en la 
Ley 22/1988, de 28 de junio, de Costas y en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Esto, hasta que opere en 
nuestro poder el justificante original del ingreso de la tasa, o bien recibamos a través del 
correo electrónico el justificante de pago telemático, contemplado en el art. 22.1 a) de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.». - Que el día 1 de septiembre de 2020 se realizó el pago 
telemático de la tasa relacionada en el apartado anterior. - Y que tras ello, el día 3 de 
septiembre de 2020 –entrada 4114– se recibió certificación firmada de forma electrónica 
por Don E. C. M., Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público, en ausencia del Jefe 
de la Demarcación de Costas e Valencia, en fecha 5 de agosto de 2020, que es la que 
motivó la nota de calificación denegatoria ahora recurrida.
Fundamentos de Derecho
Vistos: el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas; la Disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la  e.
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el artículo 9 y la  w.
disposición derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se  075ww
lpar orerrsoogluac eiól ne sdtea deos tdee C aelanrtmroa D direecclativraod doe p 1o7r  edle R juenailo D deec r2e0t2o0 4.63/2020, de 14 de marzo; y
1.  En base a la referencia catastral que consta en una escritura de compraventa, la
registradora  realizó  la  pertinente  búsqueda  en  la  aplicación  informática  registral  y
observó  que  una  parte  pudiera  intersectar  con  zona  de  dominio  público  marítimo-
terrestre, motivo por el cual, suspendió la inscripción del referido documento y, en su 
lugar, se tomó anotación preventiva por 90 días con fecha 31 de marzo de 2020, de 
conformidad con lo previsto en la regla 2.º del artículo 36, del R.D. 876/2014 y tal 
circunstancia fue notificada al Servicio Periférico de Costas.
Con fecha 3 de Septiembre de 2020, se recibió en el Registro comunicación del Jefe 
de la Demarcación de Costas de Valencia fechada el 5 de agosto de 2020 haciendo 
costar que la citada parcela catastral invade el dominio público marítimo-terrestre en una 
superficie aproximada de 53'18 metros cuadrados, por lo que la registradora acordó 
denegar la inscripción de la compraventa de conformidad con la regla 3.ª, del artículo 36 
del R.D. 876/2014 de 10 de Octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley de Costas, y 
cancelar la anotación de suspensión que había tomado.
El recurrente alega que a la fecha en que tuvo entrada en el Registro de la propiedad 
la referida certificación de la Demarcación de Costas ya había pasado en exceso el plazo 
de un mes que prevé el Reglamento de Costas, y que por tanto, lo procedente era que la 
anotación de suspensión se hubiera convertido ya en inscripción.
Se da la circunstancia, puesta de manifiesto en el informe de la registradora, de que 
el día 17 de agosto de 2020 se recibió en el Registro oficio al que se adjuntaba la 
liquidación de la Tasa 066, correspondiente a la solicitud de certificado de fecha 31 de 
marzo de 2020 (finca registral 38.877. Referencia V-11 CERT 16-20), en el que se 
informa  «que  queda  en  suspenso  el  plazo  exigido  para  la  emisión  del  certificado 
solicitado, contemplado en la Ley 22/1988, de 28 de junio, de Costas y en el Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas, hasta que les conste el ingreso de la tasa. Dicho ingreso se realizó el día 1 de 
septiembre de 2020.
2.  El artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  General  de  Costas  establece  en  sus  apartados  2.º,  3.º  lo 
siguiente:
«2.ª  Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-
terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y 
tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio 
Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, 
certifique  si  la  finca  invade  el  dominio  público  marítimo-terrestre  y  su  situación  en 
relación con las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin 
recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en 
inscripción  de  dominio,  lo  que  notificará  al  servicio  periférico  de  costas,  dejando 
constancia en el folio de la finca.
3.ª  Cuando de la certificación resulte que la finca intersecta con el dominio público 
marítimo-terrestre  según  deslinde  ya  aprobado  por  orden  ministerial,  el  registrador 
denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión, debiendo 
procederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la resolución 
aprobatoria de deslinde.»
3.  A este respecto, como ya señaló este Centro Directivo en su resolución de 17 de 
junio de 2020, «es indudable, … que, de acuerdo con la normativa reglamentaria, en el 
caso de que el registrador haya procedido a la práctica de la anotación, debe convertir 
aquella en inscripción una vez transcurrido el plazo previsto sin recibir respuesta del 
servicio  periférico  de  costas,  hecho  que  deberá  poner  en  su  conocimiento  e.
inmediatamente a continuación, dejando constancia en el folio de la finca. w.b
Por otra parte, debe tenerse en cuenta (a pesar de alguna imprecisión en el texto  075ww
dreeg la«msoelinctiaturdio»,  cdoem oc ecrutiaficnadcoi óhna, blsain doe  d«ep entiocitóifnic»a)c iqóune  (la« naocttifuicaacniódno  dteall  recgiricsutrnasdtaonr cnioa  easl 
Speetrivciicóino,  Pceerrtiifféiqriuceo» d).e Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la
Y  como  consecuencia  de  esa  notificación  que  el  registrador  realiza,  el  servicio 
periférico de costas está obligado a tramitar el expediente y a expedir y remitir el 
certificado sobre la invasión. No es por tanto una solicitud ordinaria sujeta al pago de una 
tasa ni el registrador es el beneficiario del informe, sino que es un imperativo legal donde 
el beneficiario es el sistema registral y la protección demanial pública.»
Por lo tanto, ni la expedición de la referida y preceptiva certificación está sujeta al 
pago de tasa alguna, ni, en ningún caso, cabe dejar en suspenso el plazo reglamentario 
para su expedición y remisión al registro hasta el pago de dicha tasa improcedente.
Dicho esto, procede analizar ahora:
– Cuál es el plazo reglamentario aplicable de modo que transcurrido el mismo sin 
recibir la certificación habrá de convertirse la anotación preventiva en inscripción.
– Cómo se computa dicho plazo, a la vista de la normativa excepcional motivada por 
la declaración del estado de alarma derivado de la emergencia sanitaria.
– Cuáles son las fechas relevantes a tales efectos en el supuesto que motiva este 
recurso.
4.  En cuanto al plazo aplicable, de modo que transcurrido el mismo sin recibir la 
certificación habrá de convertirse la anotación preventiva en inscripción, es cierto que la 
citada resolución de 17 de junio de 2020 puede inducir a duda o error, pues dijo 
incidentalmente y entre paréntesis que «(debe entenderse el de noventa días de vigencia 
de la anotación)», cuando lo cierto es que de la correcta interpretación del artículo 36.2.ª 
del Reglamento de Costas se deduce con claridad que el plazo aplicable a estos efectos 
es de tan sólo 1 mes. Y ello por lo siguiente:
a)  Por la interpretación gramatical: el precepto enuncia en la misma oración, y por 
este orden, dos plazos, a saber, el de noventa días de vigencia de la anotación de 
suspensión, y el 1 mes para que se emita la certificación por el servicio de costas.
Por tanto, cuando inmediatamente después la misma oración alude al transcurso de 
«dicho plazo sin recibir la referida certificación», resulta claro que se está refiriendo al 
plazo «dicho» en último lugar y de modo más inmediato en la misma oración, referido al 
plazo para la emisión y remisión de la propia certificación, que es de 1 mes.
b)  Por la interpretación lógica y sistemática: interpretar que «dicho» plazo se refiere 
al plazo de vigencia de la anotación de suspensión que es de 90 días, conduciría al 
absurdo y a la imposibilidad de aplicar la previsión normativa, porque si hubiera que 
esperar no 1 mes, sino 90 días, que es el plazo de vigencia de la anotación preventiva, 
dicha anotación habría ya caducado de pleno derecho y procedería su cancelación por 
caducidad, con lo que ya sería imposible «convertir la anotación de suspensión en 
inscripción de dominio».
c)  Además, no se trata tanto de rectificar ahora el criterio motivado de la citada 
resolución de 17 de junio de 2020, sino sólo de subsanar un error puntual de la misma, 
pues  tras  haber  dicho  incidental  y  erróneamente  que  por  el  dicho  plazo  «debe 
entenderse el de noventa días de vigencia de la anotación», más adelante, a modo de 
conclusión que fundamenta la resolución misma, sí que afirma correctamente que el 
plazo es de 1 mes, al proclamar que «cuando la citada certificación del Servicio de 
Costas se recibe en el Registro de la Propiedad, ya había pasado el plazo de un mes 
que prevé el señalado artículo».
5.  Sentado por tanto que el plazo a considerar es de 1 mes, y que en el caso que  e.e
nos ocupa debería en principio empezar a computarse el 31 de marzo de 2020, hemos  b
de tener en cuenta en dicha fecha ya estaba en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de  075ww
smaanriztaor,i ap oor ceal sqiounea sdea  dpeocrl aeral  eClO eVstIaDd-1o9 d. e( eanlatrramdaa  peanra  vlaig ogre setiló mn idsem loa  sdiítau a1c4ió nd ed em carirszios 
de 2E0n2 0s)u. Disposición adicional tercera, titulada «Suspensión de plazos administrativos»
dispuso que «1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación
de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se 
aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Posteriormente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por  el  COVID-19,  estableció  en  su  artículo  9.  Titulado  «Plazos  administrativos 
suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo» que «Con efectos 
desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.»
Y  consecuentemente  con  ello,  en  su  Disposición  derogatoria  única.  Derogación 
normativa, estableció que «con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.»
6.  En el caso concreto que motiva el presente recurso, las fechas más relevantes 
son las siguientes:
– 31-3-2020:  Notificación  registral  al  Servicio  de  Costas  solicitando  certificación 
sobre invasión o no del dominio público.
– 5-8-2020 Se emite dicha certificación expresiva de la invasión parcial, pero no se 
remite al registro de la propiedad.
– 17-8-2020 En el registro se recibe, no la citada certificación, sino oficio informando 
de que el plazo para la emisión del certificado queda en suspenso hasta el pago de 
determinada tasa.
– 1-9-2020 Se paga telemáticamente dicha tasa.
– 3-9-2020  Se  recibe  en  el  Registro  la  certificación  de  costas  expresiva  de  la 
invasión parcial del dominio público.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, el cómputo del plazo reglamentario de 1 mes no 
se inició el 31 de marzo de 2020, sino, por virtud de la aplicación combinada de los 
Reales Decretos citados, el 1 de junio de 2020.
Y, por tanto, el plazo reglamentario de 1 mes en el que se debía haber recibido en el 
Registro de la Propiedad la certificación del servicio de costas ya había expirado en 
exceso cuando se firma dicha certificación el 5 de agosto de 2020, y, más todavía, 
cuando tras retrasar su remisión al Registro de la Propiedad so pretexto de la previa 
exigencia del pago de una tasa improcedente, se recibe en el Registro de la Propiedad 
dicha certificación el día 3 de septiembre de 2020.
En consecuencia, no procede sino aplicar la previsión contenida en el apartado 2.ª 
del artículo 36 del vigente Reglamento de Costas que ordena que «transcurrido dicho 
plazo  sin  recibir  la  referida  certificación,  el  registrador  convertirá  la  anotación  de 
suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, 
dejando constancia en el folio de la finca»
Así lo contempló también la citada resolución de 17 de junio de 2020, en un caso 
análogo, cuando dijo que «por tanto, cuando la citada certificación del Servicio de Costas 
se recibe en el Registro de la Propiedad, ya había pasado el plazo de un mes que prevé 
el señalado artículo. En consecuencia, el registrador debió proceder en los términos en 
que  dicho  precepto  le  marca,  es  decir,  convertir  la  anotación  de  suspensión  en  e
inscripción  de  dominio,  notificándolo  al  servicio  periférico  de  costas,  y  dejando  bo
constancia en el folio de la finca. Todo ello sin perjuicio de que la Administración pueda  075ww
proc7e.d eAr sailm diessmlion dper oacdemdien isretriatetirvaor. »la repetida resolución de 17 de junio de 2020 en el
tsreanntsidmoi sdioen eqsu eq u«ee ne nto mdoa tcearisao  dlea  iancmtuaatrciicóunla dcieoln reesg idsotrnaddeo r las egráe odrriestfienrtean ceina csióeng udned alas 
finca es obligatoria, así como en relación a la solicitud de tal georreferenciación como
operación aislada, pues en tales casos conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, 
«el Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la misma 
coincidiera en todo o parte … con el dominio público, circunstancia que será comunicada 
a la Administración titular del inmueble afectado».
El Reglamento de Costas ha querido mantener un alto grado de protección del 
dominio público, y es por ello por lo que ha impuesto al registrador que detecte la 
colindancia de la finca transmitida con la zona demanial la obligación de requerir una 
certificación del Servicio de Costas.
Pero también ha visto necesario tutelar el derecho a acceder a la protección registral 
de los titulares de derechos reales, sin que dicho derecho pueda quedar supeditado por 
tiempo  indefinido  a  la  falta  de  diligencia  de  la  Administración  que  ha  de  emitir  la 
certificación pertinente.
Y  la  manera  de  conseguir  un  adecuado  equilibrio  entre  esos  dos  intereses 
protegibles, ha sido establecer un plazo máximo de un mes para emitir la certificación 
administrativa,  previendo  que  dicho  plazo  funcione  bajo  el  parámetro  del  silencio 
positivo.
Así, si transcurre un mes desde que la Administración recibió la comunicación del 
registrador para emitir la preceptiva certificación sin que esta se haya recibido en el 
Registro, ha de practicarse la inscripción. A partir de ahí, la Administración tendrá la 
posibilidad de ejercitar todas las acciones que la legislación de costas le atribuye para 
defender la integridad del dominio público marítimo terrestre, que, en cualquier caso, 
goza de una protección que está por encima de la que resulta del juego de los principios 
hipotecarios de legitimación y fe pública (artículo 132 de la Constitución Española)».
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.