BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300 Jueves 16 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 154408
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20786 Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la 
Administración  de  Justicia,  por  el  que  se  formalizan  los  criterios  de 
distribución,  el  reparto  resultante  para  las  Comunidades  Autónomas  del 
crédito  asignado  en  el  año  2021  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, y se formalizan los compromisos financieros resultantes.
La Conferencia Sectorial de Justicia, en su reunión el día 3 de diciembre de 2021, ha 
aprobado el acuerdo por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades 
Autónomas, para la financiación de proyectos, dentro de las inversiones del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Justicia dispone recoger en 
una única resolución de manera conjunta:
Primero.
La publicación del citado acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Segundo.
Acordar  la  efectiva  distribución  de  los  créditos  a  las  respectivas  Comunidades 
Autónomas conforme al apartado primero y formalizar en la presente Resolución los 
compromisos financieros contenidos en el citado Acuerdo de la Conferencia Sectorial, 
todo ello, una vez cumplidos los trámites preceptivos previos y de acuerdo con la regla 
cuarta  del  artículo  86.2  de  la  citada  Ley  47/2003,  General  Presupuestaria,  los 
artículos 62 y 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y la Orden JUS/1037/2020, de 4 de noviembre, sobre fijación de límites para 
administrar los créditos para gasto.
Madrid, 13 de diciembre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián 
Rodríguez Esquerdo.
ANEXO
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, 
por el que se formalizan los criterios de distribución, así como el reparto resultante 
para las Comunidades Autónomas, del crédito asignado en el año 2021 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia
El instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo el 
pasado 21 de julio de 2020, incluye, como elemento central, un Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas 
en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo 
que  permitirá  una  serie  de  reformas  de  Justicia  tanto  a  nivel  nacional  como  en  e.
cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas. w.b
Para avanzar en el 2021 en el objetivo de modernización de las Administraciones  786ww
Públicas y continuar acometiendo los «proyectos prioritarios» de Justicia 2030 en el
marco del MRR se han incluido los siguientes proyectos de inversión, cuyos créditos 
serán objeto de territorialización en la presente transferencia a CCAA:
Importe
Proyecto –
Euros
Proyecto 0. 4.404.990
Proyecto 1A.  Interoperabilidad. 26.400.000
Proyecto 2.  Justicia Orientada al Dato. 8.400.000
Proyecto 4.  Ciberseguridad. 16.000.000
Proyecto 5.  Carpeta Justicia. 900.000
Proyecto 6.  Inmediación digital. 2.100.000
Proyecto 7.  Textualización. 2.400.000
Proyecto 8A.  Servicios MASC. 2.700.000
    Total proyectos. 63.304.990
La transferencia de créditos a las CCAA que se plantean en el presente documento 
dependerá del proyecto a desarrollar. Para ello se establecen tres criterios de reparto:
A)  Proyecto 0.
B)  Servicios Homogéneos.
C)  Proyecto de Ciberseguridad.
A)  Proyecto 0.
El 70 % de los fondos se repartirá de forma proporcional al número de expedientes 
judiciales que se tramitan en el respectivo ámbito territorial (datos de entrada de asuntos 
en el último año anterior a la pandemia según la estadística judicial).
Este criterio supone el 70 % del total de puntuación del reparto y se calcula de 
manera proporcional en función de la entrada de asuntos en el último año, de acuerdo 
con los datos del Consejo General del Poder Judicial para 2019.
El 20 % de los fondos se repartirá de manera variable en atención a: (1) pendencia, 
(2)  número  de  funcionarios,  (3)  número  de  partidos  judiciales  y  (4)  densidad  de 
población. La asignación ser realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
– Cada  Comunidad  Autónoma  recibirá  un  «porcentaje  proporcional»  para  cada 
indicador aprobado por la Conferencia Sectorial. La Comunidad Autónoma que presente 
una mayor desventaja en relación al indicador evaluado recibirá un mayor porcentaje.
– Se  totalizarán  las  puntuaciones  recibidas  y  se  procederá  a  la  distribución 
proporcional en función del resultado alcanzado por cada una de ellas.
La suma de las anteriores puntuaciones, arrojará el valor del total del criterio 2, y se 
asignará a cada Comunidad Autónoma su respectivo valor en proporción directa de su 
puntuación obtenida respecto al sumando de todas las Comunidades Autónomas.
El  10 %  de  los  fondos  se  distribuirá  por  partes  iguales  para  cada  Comunidad 
Autónoma y para el propio Ministerio de Justicia. e
Sumando todos los criterios anteriores, para cada Comunidad Autónoma se obtiene  bo
el importe total que corresponde a cada Comunidad Autónoma. 786ww
B)  Servicios Homogéneos.
Se financiarán las necesidades de los sistemas de gestión procesal (SGP) para 
poder alcanzar un nivel de prestación de servicios homogéneos en todo el territorio del 
Estado.
Este criterio de financiación corresponde a los siguientes proyectos:
– Proyecto 1A.  Interoperabilidad.
– Proyecto 2.  Justicia orientada y basada en datos.
– Proyecto 5.  Carpeta Justicia.
– Proyecto 6.  Inmediación digital.
– Proyecto 7.  Textualización.
– Proyecto 8A.  MASC (Expediente y Registro de terceros Neutrales).
A continuación, se muestra la relación de Sistemas de Gestión Procesal (8) y el visor 
a adaptar (1) por cada una de las comunidades autónomas, considerando al Ministerio 
de Justicia como una Comunidad Autónoma adicional:
– Minerva: Ministerio de Justicia.
– Justicia.Cat: Cataluña.
– JustiziaBAT: País Vasco.
– Adriano 2: Andalucía.
– Madrid Digital: Comunidad de Madrid.
– Atlante: Canarias.
– Justa/Cicerone: Comunidad Valenciana.
– Avantius: Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Aragón.
– Visor Textualización: Galicia.
Como regla general, a cada SGP se le asignará el mismo importe permitiendo la 
correcta interoperabilidad de los diferentes sistemas con el nodo central. En este sentido, 
el reparto se realizará de la siguiente manera:
El importe se entregará al titular del SGP quien se encargará de realizar la licitación y 
gestión, coordinando las actuaciones con las comunidades autónomas usuarias del 
sistema.
Adicionalmente, y dentro proyecto de Textualización, se financiarán las necesidades 
de adaptación del visor al nodo central y que afecta exclusivamente al visor de Galicia 
recibiendo el mismo importe que se designe a cada SGP dentro de este proyecto.
Como excepción a las premisas expuestas anteriormente, el importe asignado al 
Sistema de Gestión Procesal «Avantius», que afecta a las comunidades autónomas de 
Aragón, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra, se realizará de la siguiente manera:
– Proyecto de Interoperabilidad: el importe proporcional asignado para la ejecución del 
proyecto estará asociado a la realización de 10 de las 13 adaptaciones que contempla este 
proyecto. En este marco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de 
Aragón  serán  responsables  de  ejecutar  4  adaptaciones  cada  una.  Por  su  parte  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria se responsabilizará de ejecutar 2 adaptaciones.
– Proyecto de Justicia orientada y basada en Datos: el importe asignado para la 
ejecución del proyecto se repartirá entre la Comunidad Foral de Navarra y Cantabria 
al 50 % respectivamente. s
– Proyecto de Inmediación digital: el importe asignado para la ejecución del proyecto  oe.
se asignará a la Comunidad Autónoma de Aragón. w.
– Proyecto de Textualización: el importe asignado para la ejecución del proyecto se  786ww
asig–n aPráro ay elac tCoso mdeu nCidaarpde Atau tJóunsotimciaa  dye M AArSagCó (nE.xpediente y Registro Terceros Neutrales):
elas tCaosm duonsi daacdtu Facoiroanl edse  nNoa avaprlircaa.n a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria y  BOE-A-cable e
C)  Proyecto de Ciberseguridad.
Se financia por centro de proceso de datos (CPD) aunque se trate del mismo sistema 
de gestión procesal.
Para ello, a cada CPD se le asignará el mismo importe permitiendo cumplir con los 
requisitos necesarios que se establezcan. En este sentido, el reparto se realizará de la 
siguiente manera:
El importe se entregará al titular del CPD quien se encargará de realizar la licitación, 
gestión y el cumplimiento de los estándares establecidos.
El desglose de los 9 CPD existentes corresponde a las siguientes comunidades 
autónomas, considerando al Ministerio de Justicia como una Comunidad Autónoma 
adicional:
Nodo 1: Ministerio de Justicia.
Nodo 2: Galicia.
Nodo 3: Cataluña.
Nodo 4: Comunidad Valenciana.
Nodo 5: Andalucía.
Nodo 6: Canarias.
Nodo 7: Madrid.
Nodo 8: País Vasco.
Nodo 9: Avantius-Aragón.
El apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria establece que cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 
millones  de  euros,  deberá  recabarse  con  carácter  previo  a  la  convocatoria  de  la 
Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no 
conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada 
caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a 
someter a la Conferencia Sectorial. La aprobación del gasto deberá realizarse por el 
órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial. Por 
ello, con fechas de 16 y 26 de noviembre de 2021, fue recabada la autorización de 
Consejo de Ministros y aprobado el gasto respectivamente.
Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el apartado cinco de la Disposición 
Adicional primera de La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021, el informe favorable, preceptivo y vinculante a emitir por el 
Ministerio de Hacienda con motivo de transferencia de recursos desde la Administración 
central  a  las  Comunidades  Autónomas  «...  será  sustituido  por  una  comunicación 
preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, que incorpore la información relativa a la actuación a realizar». 
Con base en lo anterior, con fecha 8 de noviembre de 2021 se comunicó a Hacienda a 
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos los criterios de distribución 
de créditos y la distribución de créditos a realizar con motivo de la Conferencia Sectorial 
que se convocaría a esos efectos.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 
de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, el Pleno de la Conferencia 
Sectorial
ACUERDA w.b
dPeri mA6ep3rro.3o. 0b4aA.r9 p9lor0os,b 0ac0cr iitóeenrui.oross  ded edl issterirbvuicciioó n,5 0a síd eclo mMoe ceafneicstmuaor  lpaa rdais tlraib uRcieócnu pdeerla cciróénd itoy   OE-A-2021-20able en https://
Resiliencia (MRR), incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia
para 2021 conforme a los criterios de distribución expuestos anteriormente, y resultando 
la siguiente distribución:
Total
Administración prestacional –
Euros
CATALUÑA. 9.074.948
ANDALUCÍA. 9.264.959
PAÍS VASCO. 8.513.424
ASTURIAS, PRINCIPADO. 162.463
CANARIAS. 8.616.996
LA RIOJA. 79.815
COMUNIDAD VALENCIANA. 8.825.920
GALICIA. 2.612.319
COMUNIDAD DE MADRID. 8.969.057
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL. 1.900.702
ARAGÓN. 3.970.877
CANTABRIA. 1.313.510
    I.  SUBTOTAL (ÁMBITO CCAA) CON COMPETENCIAS ASUMIDAS. 63.304.990
En el anexo se relaciona el importe asignado por proyecto y Comunidad Autónoma 
que participa en el mismo. Con carácter excepcional, si por imposibilidad desde un punto 
de vista material o técnico un proyecto no pudiera ser desarrollado por una Comunidad 
Autónoma, o en el caso que existiera remanente por haber cumplido el objetivo del 
proyecto, se podrá compensar destinando la parte sobrante a otro proyecto, previa 
autorización del Ministerio de Justicia.
Segundo.  Hitos y objetivos.
El cumplimiento de los siguientes hitos y objetivos de acuerdo con la terminología 
CID y OA:
– Hitos y/u objetivos de acuerdo con la terminología CID (Council Implementing 
Decision):
• Número 164: Procedimiento judicial electrónico.
○ Descripción:  Al  menos  el  70 %  de  los  4.056  órganos  judiciales  existentes 
dispondrá de la infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente al menos 
el 30 % de los procedimientos. Esto implica llevar a cabo acciones judiciales telemáticas 
en los diferentes órganos jurisdiccionales con plena seguridad jurídica. Para alcanzar 
este objetivo, todos los participantes deben poder acceder a las salas de audiencia por 
videoconferencia.  Además,  permitirá  la  creación  de  salas  de  audiencia  totalmente 
virtuales, a las que todos los participantes podrán acceder por videoconferencia. Se  es
creará  una  plataforma  inmediata  para  establecer  nuevos  modelos  de  relaciones  y  o
tratamientos no presenciales. Esto mejorará el acceso a distancia de los ciudadanos a  786ww
ldoes  2s○0e 2rCv3ia.clieonsd parreios:t aLdao sfe pcohra l ap rAedvimstian isdtera ccuiómnp Plimúbielincato. del objetivo será el cuarto trimestre  OE-A-2021-20able en https://
• Número 165: Adjudicación de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de 
digitalización de la Administración General del Estado.
○ Descripción: Publicación en el BOE o en la plataforma de contratación pública de 
la adjudicación de los proyectos.
○ Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre 
de 2023.
• Número 166: Finalización de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de 
digitalización de la Administración General del Estado.
○ Descripción:  Finalización  de  los  proyectos  en  consonancia  con  el  objetivo 
prioritario 165.
○ Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre 
de 2025.
– Hitos y/u objetivos acuerdo con la terminología OA (Operational Arrangement):
• Número 164.1: Procedimiento judicial electrónico.
○ Descripción: Al menos el 15 % de los órganos judiciales existentes dispondrá de 
la infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente los procedimientos.
○ Calendario:  La  fecha  prevista  de  cumplimiento  del  objetivo  será  el  segundo 
trimestre de 2022.
• Número 165.1: Adjudicación de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de 
digitalización de la Administración General del Estado.
○ Descripción: Informe de progreso (individualizado por Ministerios), incluyendo el 
número de proyectos adjudicados y el gasto comprometido en proyectos de apoyo a la 
transformación digital de la administración.
○ Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre 
de 2022.
• Número 166.2: Finalización de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de 
digitalización de la Administración General del Estado.
○ Descripción: Completados los proyectos de apoyo a la transformación digital de la 
administración de Justicia.
○ Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el tercer trimestre 
de 2025.
Tercero.  Libramiento.
Los créditos que corresponda gestionar a cada Comunidad Autónoma se librarán de 
una sola vez y se harán efectivos de acuerdo con lo previsto por la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre,  General  Presupuestaria,  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y de conformidad con los compromisos financieros que se describen a 
continuación, que se formalizarán mediante Resolución de la Secretaría de Estado de  e.
Justicia. w.b
eCsu afiLrntaoas.li  sbteaBn,e esnfoeicnfiia clriaaiasr sioc yso  mdy eudsnetiisdntaaindtaaetrsaio rasiou sfti ónfinanolaemlse asds.e  peasrtaa sl alísn emaesd didea fsin parnecviiasctaiósn ,e cnu eylo a cpaarrátactdeor   OE-A-2021-20able en https://
primero del presente acuerdo.
Quinto.  Gastos de implementación.
Las  comunidades  autónomas  beneficiarias  podrán  incluir  los  costes  de 
implementación  que  admita  la  normativa  europea  que  regule  el  MRR,  como,  de 
conformidad  con  la  Guía  de  la  Comisión  Europea,  los  costes  de  las  actuaciones 
preparatorias previas que fueran necesarias para establecer la prestación de servicios, 
suministro de bienes o la realización de las actividades correspondientes, o el coste de 
asistencias técnicas externas cuando sean contratadas directamente, como consultores, 
si  están  directamente  relacionadas  y  son  esenciales  para  el  desarrollo  de  las 
actuaciones, siempre que estén bien justificadas, y no implique una externalización de 
tareas  gubernamentales  esenciales  relacionadas  con  la  consecución  de  los  hitos  y 
objetivos.
No tendrán la consideración de costes indirectos imputables los gastos de gestión 
correspondientes a gastos de constitución, funcionamiento o estructura permanente o 
habitual de las entidades que se encarguen de la gestión de las actuaciones objeto de 
este acuerdo.
Sexto.  Incompatibilidad de las ayudas.
La financiación aportada por estas ayudas es compatible con la cofinanciación por 
otros fondos estructurales de la Unión Europea, siempre que se garantice que no hay 
doble financiación.
Cuando los destinatarios finales de los fondos sean entidades jurídicas privadas, 
será de aplicación la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
Séptimo.  Requisitos técnicos de los proyectos financiables.
De acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 
componente 11, inversión 2, los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos 
relacionados  con  el  consumo  energético  y  eficiencia  de  materiales  establecidos  de 
acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación 
de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta 
europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-
CENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos - 
Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética.
Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la 
Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales 
homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil, el equipo 
se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o 
un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento 
selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.
Octavo.  Plazos.
Será obligatorio que los créditos estén comprometidos antes del 31 de diciembre 
de 2022 y totalmente ejecutados antes del 30 noviembre de 2023 para el proyecto 0 y 31 
de diciembre de 2023 para el resto de proyectos. e.
Noveno.  Seguimiento. 786ww
leal  PcLRoaTnsRs ea, ccduteucfaiióncniieo nnddeeos   lslooess   pcoohrnitrdoerssá pnoy  nedonib efjunentteicvsioo isnn asmmtruaiemrnceatond tocosos n j ueprníl edniecalo  ssP udRjeeT cmRió.a nn Seaer al o a qssueeeñg apuleraardmroái  taeennl    OE-A-2021-20able en https://
cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas
relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses. Los créditos recibidos se 
ajustarán a los principios de gestión específicos del PRTR establecidos en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a lo establecido en la Orden 
HFP/1031/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Décimo.  Obligaciones.
Las comunidades autónomas objeto de la presente transferencia, y en su caso el 
Ministerio de Justicia, cumplirán las siguientes obligaciones:
– En cumplimiento de lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  y  su  normativa  de  desarrollo,  en 
particular  la  Comunicación  de  la  Comisión  Guía  técnica  (2021/C  58/01)  sobre  la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como de lo requerido 
en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento 
anexo, las comunidades autónomas garantizarán el respeto al principio de no causar un 
perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) y el etiquetado climático.
Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas  asignadas  en  el 
componente 11, inversión 2, en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo 
referido al principio DNSH como al etiquetado climático y digital, y especialmente las 
recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan y en el 
anexo a la CID.
– Las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia tienen la obligación de 
sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen 
bajo su coordinación o responsabilidad.
– Las comunidades autónomas quedan sometidas a la corresponsabilidad en el 
cumplimiento de los objetivos tanto CID como OA, su calendario, así como facilitar los 
indicadores que permitan valorar su cumplimiento.
– De acuerdo con el artículo 7.séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, los ingresos por transferencias 
recibidas de la Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas 
de  acción  que  se  integren  dentro  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, por lo que en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento 
total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los 
fondos recibidos al Tesoro Público.
– Para el seguimiento del cumplimento anterior, y sin perjuicio del cumplimiento de 
todas las obligaciones derivadas de la normativa anterior, las comunidades autónomas 
deberán:
1.  Remitir al Ministerio de Justicia, durante el primer trimestre del 2022, el anexo II 
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de  s
gestión del Plan de Recuperación, en aquellas comunidades autónomas en las que el  oe.
lreqaienussce cga asomen i tnsiidnaeacdadua emsms ppe tladraari oane  ssqofteeu r eaipd lertaeonsc,   epespol etrpo  el adll zaepo brC eedosreáem nnuu tnene  ismdAtacaedubs el Aesrcdueeot ótr.r nauosnmfo arPm dlaeen be endr eár i edMsegevodo ilbdvaeajrso  í.n CEteongr rrceaacmstooer nadtsee,    2021-20786n https://www.
2.  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  durante  el  primer  trimestre  del  2022,  los
cuestionarios cuyo responsable sea la «entidad ejecutora» del anexo III.A. de la Orden  Bc
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación durante el primer trimestre del 2022. Estos cuestionarios serán 
analizados por el Ministerio de Justicia, proponiendo a las comunidades autónomas 
medidas  correctoras  en  el  caso  que  sean  necesarias  que  serán  de  obligado 
cumplimiento por parte de éstas.
3.  Remitir al Ministerio de Justicia, durante el primer trimestre del 2022, el anexo III.B 
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación.
4.  Para garantizar el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al 
medioambiente (DNSH) y el etiquetado climático, las comunidades autónomas preverán 
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras 
para asegurar su implementación. En caso de incumplimiento del principio DNSH, del 
etiquetado climático o de las condiciones recogidas en el componente 11 y en el anexo a 
la CID, las comunidades autónomas deberán reintegrar las cuantías percibidas.
5.  De acuerdo con el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación toda entidad, 
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá 
disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, 
en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de 
conformidad  con  las  normas  aplicables,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 
A estos efectos, deberán remitir dicho Plan para su aprobación al Ministerio de Justicia 
antes del 30 de diciembre de 2021.
6.  Incorporar en sus procedimientos de licitaciones y encargos/encomiendas los datos 
contenidos en el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, así como los anexos IV.B y IV.C.
7.  Suministrar trimestralmente, en los términos que defina la Oficina de Informática 
Presupuestaria de la IGAE, toda la información relativa al perceptor final de los fondos, 
en los términos establecidos en el artículo 8 de la mencionada Orden del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, refiriéndose tanto a convocatorias de ayudas e información 
de beneficiarios de las mismas, como a procedimientos de licitación e información de 
contratistas y subcontratistas.
8.  Respetar las obligaciones que en materia de comunicación señala el artículo 9 
de la Orden HFP 1030/2021, en particular, respetar las obligaciones de uso de logotipos 
y emblemas de la UE, así como hacer referencia, en toda licitación, convocatoria, 
convenio y resto de instrumentos jurídicos desarrollados en el ámbito de los proyectos 
que figuran en el presente Acuerdo, a su financiación mediante el PRTR-Financiado por 
la  Unión  Europea-Next  Generation  EU.  Para  garantizar  el  cumplimiento  de  estas 
obligaciones, cada entidad gestora debe designar un responsable de comunicación.
Undécimo.  Justificación y verificación.
Las  comunidades  autónomas  velarán  por  que  los  proyectos  adjudicados  sean 
ejecutados conforme a los requisitos exigibles.
Serán las comunidades autónomas las responsables de la recopilación y valoración 
de la documentación e información presentada por los adjudicatarios o destinatarios 
finales,  para  comprobar  la  adecuación  de  los  proyectos  a  las  condiciones  de 
financiación, así como de la elaboración y del envío de los informes al Ministerio de 
Justicia. e.
Duodécimo.  Informes justificativos trimestrales. 786ww
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los medios habilitados al efecto informes trimestrales.
Las fechas de presentación de dichos informes se establecerán de manera que 
permitan el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa interna y de la 
Unión  Europea  para  el  MRR,  así  como  la  verificación  de  los  hitos  de  ejecución 
establecidos.
Igualmente, las comunidades autónomas deberán cumplir en tiempo y forma con los 
requisitos de suministro de información establecidos en la Orden HFP/1031/2021, de 29 
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
La no presentación de los informes conllevará la devolución total o parcial de la 
ayuda  adjudicada.  Las  correcciones  ejecutadas  que  no  se  ajusten  a  los  requisitos 
aprobados por el Ministerio de Justicia no serán tenidas en cuenta a la hora de la 
justificación de las cantidades transferidas.
ANEXO I
Distribución de los créditos por CCAA, proyecto y criterio de reparto
Proyecto 2. Justicia 
Proyecto 1A.  Proyecto 5. Carpeta  Proyecto 6. Inmediación  Proyecto 8.A. 
orientada y basada  Proyecto 4. Ciberseguridad Proyecto 7. Textualización
Interoperabilidad justicia digital Servicios masc
Proyecto 0 en datos Total
Administración prestacional –  – 
Euros SGP SPG CPD SPG SPG SPG + Visor SGP Euros
–  –  –  –  –  –  – 
Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Cataluña. 774.948 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 9.074.948
Andalucía. 964.959 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 9.264.959
País Vasco. 213.424 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 8.513.424
Asturias, Principado. 162.463 0 0 0 0 0 0 0 162.463
Canarias. 316.997 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 8.616.996
La Rioja. 79.815 0 0 0 0 0 0 0 79.815
Comunidad Valenciana. 525.920 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 8.825.920
Galicia. 312.319 0 0 2.000.000 0 0 300.000 0 2.612.319
Comunidad de Madrid. 669.057 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 8.969.057
Navarra, Comunidad Foral. 100.702 1.200.000 600.000 0 0 0 0 0 1.900.702
Aragón. 170.877 1.200.000 0 2.000.000 0 300.000 300.000 0 3.970.877
Cantabria. 113.510 600.000 600.000 0 0 0 0 0 1.313.510
    I.  Subtotal (ámbito CCAA) con  4.404.990 26.400.000 8.400.000 16.000.000 900.000 2.100.000 2.400.000 2.700.000 63.304.990 oe.e
competencias asumidas. b
Ministerio de Justicia. 1.268.954 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 9.568.954 786ww
    II.  Subtotal (ámbito Ministerio). 1.268.954 3.900.000 1.200.000 2.000.000 150.000 300.000 300.000 450.000 9.568.954
        Totales. 5.673.944 30.300.000 9.600.000 18.000.000 1.050.000 2.400.000 2.700.000 3.150.000 72.873.944
SGP: Sistema de gestión Procesal; CPD: Centro de Proceso de datos; Proyecto 0: 70 % (Asuntos Ingresados) + 20 %.