BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Jueves 4 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 36990
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5649 Decreto-ley  12/2020,  de  10  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  medidas 
presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización 
pública  de  Cataluña,  en  el  ámbito  tributario  y  en  la  estructura  de  la 
Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
Este Decreto-ley tiene por objeto adoptar medidas determinadas para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19. Se estructura en cuatro capítulos, 
seis  artículos,  siete  disposiciones  adicionales,  una  disposición  transitoria  y  dos 
disposiciones finales.
El Capítulo I está dedicado a las medidas presupuestarias, y prevé la ampliación de 
créditos al Fondo de Contingencia para atender gasto derivado de la COVID-19, como 
medida temporal y que se prolongará, de acuerdo con la disposición transitoria, hasta los 
dos meses siguientes al levantamiento del estado de alarma.
El Capítulo II está dedicado a las medidas del Sistema sanitario integral de utilización 
pública de Cataluña. La pandemia global causada por la COVID-19 ha generado una 
situación de excepcionalidad nunca conocida hasta ahora sobre el sistema sanitario, por 
lo  que  este  sufrirá  un  doble  impacto:  el  estrés  de  las  organizaciones  y  de  sus 
profesionales por una situación de colapso al tratarse del sector directamente implicado 
en la lucha contra la enfermedad; y el impacto posterior que sufrirá globalmente todo el 
país en forma de la casi segura recesión económica que se prevé.
En este contexto, las entidades sanitarias están haciendo frente a la emergencia 
sanitaria y asistencial, no solo poniendo todos los recursos disponibles, sino explotando 
al máximo sus capacidades y reorientando la foto a la lucha contra la pandemia.
Para el sector sanitario público, esta actuación, la única esperable y exigible en una 
situación excepcional como esta, tiene un impacto singularmente negativo para las 
organizaciones sujetas a concierto sanitario o contrato, en los términos previstos en el 
sistema de pago regulado en el Decreto 118/2014, de 5 de agosto, sobre la contratación 
y prestación de los servicios sanitarios con cargo al Servicio Catalán de la Salud, así 
como por los otros mecanismos normativos que regulan la retribución. Efectivamente, 
estas entidades destinarán multitud de recursos a una actividad sanitaria no prevista, 
dejarán de hacer otras (ahora no prioritarias y, por tanto, muy acertadamente aplazadas), 
con la penalización que ello conlleva, dada la aplicación de un sistema de pago que 
actúa  como  regulador  de  la  actividad  concertada  o  contratada  en  momentos  de 
normalidad, pero que ahora castigará los esfuerzos para detener la pandemia.
Se hace necesario, pues, que se detenga el impacto negativo de los sistemas de 
pago singularmente establecidos para las entidades del SISCAT, y a la vez que en estos  e.e
momentos especiales se les dote de capacidad de tesorería para no conducirlos a un  b
escenario de inviabilidad económica y al país a la pérdida masiva de puestos de trabajo  49ww
adheonrtrao n duen cuan v icvoidleoc.tivo de profesionales imprescindible para superar este trance hasta
que Sluec thraanta ,e np upersim, edrea  mlíneedaid acso ndtriraig liad apsa nad deomtaiar , ddee  emstaanbeilriad aqdu ee cpouneódmainc ac olansc eennttriadra dseuss 
esfuerzos y energías en esta lucha.
Estas medidas para contener el impacto económico que acompaña la pandemia 
deberían acordarse por parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña a través de un 
decreto ley, justificada su adopción en el rango de las previsiones que se modifican y a la 
urgencia a que responden.
El Capítulo III establece una medida de carácter tributario. El artículo 64 del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, establece que el hecho imponible del canon del 
agua, tributo ambiental afectado a la financiación del ciclo integral del agua, es el uso 
real o potencial del agua de toda procedencia y, en congruencia, el artículo 67.1 de la 
misma  norma  establece  que  la  base  imponible  del  tributo  es  el  volumen  de  agua 
consumido o, si no se conoce, el volumen de agua estimado, expresado, en todo caso, 
en metros cúbicos.
La misma norma prevé unos mínimos de facturación que, con carácter general, se 
fijan  en  6  metros  cúbicos  por  usuario  o  usuaria  y  mes,  y  que,  como  mínimos  de 
facturación, que no de consumo, se liquidan independientemente del consumo real y, en 
concreto, en aquellos casos en que el consumo real es inferior. Se prevén también 
mínimos  de  facturación  diferentes  para  actividades  económicas  estacionales  o  por 
determinados tipos de establecimientos, como son los campings y los establecimientos 
hoteleros, a efectos de adecuar estos mínimos a determinadas especificidades de los 
sujetos pasivos, y que toman en consideración el número de plazas hoteleras o de 
unidades de acampada.
Sin embargo, el carácter extraordinario y excepcional de la situación derivada de la 
declaración del estado de alarma provocado por la COVID-19 requiere la adopción con 
urgencia de medidas que puedan compensar, en la medida de lo posible, los efectos 
sociales y económicos que tiene y puede tener más adelante la situación creada. Una de 
estas  medidas  es  precisamente  la  no  aplicación  en  el  canon  repercutido  por  las 
entidades suministradoras en sus facturas o en el liquidado directamente por la Agencia 
Catalana del Agua correspondientes a consumos de los meses de abril a diciembre 
de 2020, los mínimos específicos para establecimientos hoteleros y campings (así como 
otros alojamientos de corta duración asimilables a estos), sino los generales de 6m3 
mensuales, con un impacto económico mucho menor, dada la difícil situación en que el 
estado de alarma ha situado este tipo de establecimientos, obligados a cerrar sus 
instalaciones, y al sector turístico catalán.
El Capítulo IV, referido a la estructura de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña parte de la constatación, por parte de todas las autoridades competentes, de la 
vulnerabilidad extrema del colectivo de personas mayores que reside en centros sociales 
y de la necesidad de una actuación urgente que contribuya a la contención de la 
COVID-19, ha supuesto la adopción de una serie de medidas, cada vez más concretas, 
que ayude a paliar el flagelo de la infección sobre los centros de carácter residencial.
Con los antecedentes expuestos, la  progresión de  la enfermedad y la especial 
vulnerabilidad de las personas mayores, las personas con discapacidad y otros usuarios 
de centros sociales con internamiento frente a la infección por COVI-19, así como la 
necesidad de disponer de los recursos adecuados para la atención de las mismas obliga 
a adoptar nuevas medidas de orden competencial y organizativo.
A estos efectos, se atribuyen al Departamento de Salud las competencias que la 
normativa vigente atribuye a la Administración de la Generalidad en este ámbito, y se 
adscribe la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad, hasta ahora 
adscrita al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mediante la secretaría  s
de  Asuntos  Sociales  y  Familias,  el  Departamento  de  Salud,  bajo  la  dirección  del  oe.
consejero o consejera. Se establecen, con carácter amplio y no limitativo, las facultades  w.
qdreuirseeidc tepivnuace idaeyle  sd.de eTsa pmlceobgoiaérrnd ,ien sla ecD ieóesnpt,aa rbtalaesmcí eennc otmom eodd eid laaSs a lfduuedn  cceioónon p eejirenarsccpiióceinco t ocdoraen   leossost baer nent eusleo vsloa c acfuelennsct riódones    2020-5649n https://ww
Cataluña para llevar a cabo la ejecución de los actos de intervención administrativa que,
al amparo de la normativa arriba mencionada, puedan adoptarse ante la situación de una  Bc
o  unas  determinadas  residencias.  Finalmente,  cabe  concretar  las  obligaciones  de 
suministro de información a cumplir por parte de las residencias, con independencia de 
su titularidad pública o privada.
En las disposiciones adicional primera a quintas se establece el régimen jurídico 
aplicable al personal perteneciente a la Dirección General de la Autonomía Personal y la 
Discapacidad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que es objeto 
de adscripción al Departamento de Salud. Por su parte, la disposición adicional sexta 
establece el mantenimiento del carácter reglamentario que afecta las disposiciones del 
capítulo  IV,  y,  finalmente,  la  disposición  adicional  séptima  establece  determinadas 
aclaraciones en cuando el plazo de vigencia de determinadas disposiciones del Decreto-
ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias.
Finalmente, la disposición transitoria establece la vinculación con carácter general de 
las disposiciones al período de vigencia del estado de alarma, si bien se establecen 
determinadas excepciones en relación con la prolongación de la duración de las medidas 
impuestas.
El Decreto-ley finaliza con una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Tal como se ha expuesto, en este supuesto, el carácter extraordinario y excepcional 
de la situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación 
sanitaria que requiere la adopción con urgencia de medidas que palien, tanto posible, la 
situación creada y que no se pueden aplazar a un momento posterior, ni mediante la 
utilización de medios legislativos de urgencia.
Dada la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la 
necesidad extraordinaria y urgente que puede suscitar la situación grave de pandemia 
mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud, puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, en los términos del artículo 64 del 
Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por tanto, se 
ha de hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la 
consideración de urgentes y convenientes.
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y 
con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas en materia presupuestaria
Artículo  1.  Ampliación  de  créditos  al  Fondo  de  Contingencia  para  atender  gasto 
derivado de la COVID-19.
1.  Se puede ampliar crédito, hasta una cantidad igual a las obligaciones que es 
preceptivo  reconocer,  en  la  sección  presupuestaria  correspondiente  al  Fondo  de 
Contingencia, para atender gasto sanitario y socio-sanitario derivado de la COVID-19.
2.  El crédito ampliado en la sección Fondo de Contingencia, de acuerdo con los 
términos establecidos en el apartado 1, se transferirá al departamento competente por 
razón de la materia, para que lo ejecute.
3.  Corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de  e.e
presupuestos,  autorizar  las  modificaciones  presupuestarias  mencionadas  en  los  b
apartados anteriores. 49ww
CAPÍTULO II
Medidas relativas al Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña
Artículo 2.  Sistema de pago de atención sanitaria.
1.  El sistema de pago de la atención sanitaria en el marco del Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña (regulado por el Decreto 196/2010, de 14 de 
diciembre, del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña-SISCAT) que 
está regulado por el Decreto 118/2014, de 5 de agosto, sobre la contratación y prestación 
de los servicios sanitarios con cargo al Servicio Catalán de la Salud y por los artículos 3 
y 5 del Decreto 170/2010 de 16 de noviembre, de regulación del sistema de pago de los 
convenios y contratos de gestión de servicios asistenciales en el ámbito del Servicio 
Catalán de la salud con respecto a la asistencia psiquiátrica y en salud mental, así como 
por las órdenes de establecimiento de tarifas y las cláusulas contractuales para los 
servicios de rehabilitación ambulatoria, rehabilitación domiciliaria y logopedia y para los 
servicios de transporte sanitario y otros servicios asistenciales, con los ajustes derivados 
de las resoluciones y manuales de facturación dictados por el Servicio Catalán de la 
Salud en orden a su aplicación, deja de aplicarse temporalmente a la actividad que se 
haya prestado desde el 1 de marzo de 2020 y hasta que se dé por finalizada la situación 
de emergencia derivada de la COVID-19.
a)  Los centros sanitarios que prestan atención sanitaria en el marco del SISCAT, 
cuyo sistema de pago que se ha suspendido temporalmente, percibirán mensualmente 
un pago fijo correspondiente a la facturación del mes de febrero de 2020, como pago a 
cuenta. Se mantiene la obligación de los centros de notificar toda su actividad al conjunto 
mínimo básico de datos (CMBD) durante la situación de emergencia (tanto de pacientes 
con COVID-19 como de pacientes sin COVID-19).
b)  El  apartado  a)  no  será  de  aplicación  a  la  contratación  de  los  servicios  de 
atención primaria, consultorios locales, atención a la insuficiencia renal (hospitalaria y 
extrahospitalaria),  atención  podológica  a  las  personas  diabéticas  con  patologías 
vasculares y neuropáticas crónicas, medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria 
(MHDA), terapias respiratorias y centros específicos donde se traten las interrupciones 
voluntarias de embarazo. Tampoco será de aplicación a los contratos de otros servicios 
de  atención  hospitalaria  y  especializada  y  de  atención  extrahospitalaria,  cuya 
contraprestación económica sea un pago fijo. En todos estos casos, se mantendrá el 
sistema de pago vigente.
c)  Las entidades que hayan hecho un ERTE deberán comunicar al Servicio Catalán 
de la Salud la reducción de gasto que les ha supuesto el ERTE, en relación con la 
actividad contratada por el Servicio Catalán de la Salud, a fin de proceder al descuento 
de este importe al pago a cuenta correspondiente.
d)  Al importe indicado en los apartados a) y b) se podrá añadir la actualización de 
tarifas que se acuerde en el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud y se 
apruebe por orden o resolución de la persona titular del Departamento de Salud, para 
hacer frente a los costes de los acuerdos laborales en el marco de los convenios 
laborales vigentes que afectan a los centros del SISCAT.
2.  En el momento en que se dé por finalizada la situación de emergencia derivada 
de la COVID-19, los centros que forman parte del SISCAT deberán facturar la actividad 
ordinaria  de  acuerdo  con  los  criterios  que  establezcan  las  normas  que  regulan  la  e.
contratación y prestación de los servicios sanitarios con cargo al Servicio Catalán de la  w.b
Salud. 49ww
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la COVID-19 de acuerdo con las siguientes tarifas:
Alta hospitalaria para COVID-19 con estancia en UCI: 43.400 euros.
Alta hospitalaria para COVID-19 sin estancia en UCI:
Estancia menor o igual a 72 horas: 2.500 euros.
Estancia mayor de 72 horas o exitus: 5.000 euros.
Alta de media estancia socio-sanitaria para COVID-19:
Si proviene de una alta menor o igual a 72 h: 3.902,10 euros.
Si proviene de una alta mayor a 72h: 2.601,40 euros.
Alta  de  convalecencia  en  hospitales  de  campaña  (pabellones)  para  COVID-19: 
1.381,30 euros.
Alta de hospitalización a domicilio para COVID-19: 942,08 euros.
Prueba PCR: 93 euros.
4.  Mientras dure la situación de emergencia, los centros sanitarios del SISCAT que 
realicen  la  actividad  extraordinaria  regulada  en  el  punto  3,  cobrarán  un  importe 
correspondiente a los gastos de habilitación de nuevos espacios para el uso hospitalario 
de asistencia relacionada con la COVID-19. Este importe será el 4% de la facturación del 
mes de febrero de 2020 y se abonará mensualmente mientras dure la situación de 
emergencia.
5.  Si se considera necesario, el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la 
Salud podrá proponer la creación de nuevas tarifas y/o nuevos programas para su 
aprobación por el Departamento de Salud, para dar respuesta a las necesidades que 
puedan ir surgiendo.
6.  Una vez facturada toda la actividad ordinaria y extraordinaria se procederá a 
regularizar los pagos a cuenta efectuados de conformidad con los puntos 1 y 3. Los 
gastos vinculados a equipamientos y material sanitario que de forma excepcional haya 
asumido el Servicio Catalán de la Salud durante la situación de emergencia sanitaria 
podrán ser regularizados imputándose a los centros que hayan facturado la actividad. 
Del  mismo  modo,  los  gastos  estructurales  asumidos  por  centros  sanitarios  en 
dispositivos que no le son propios también podrán ser regularizados.
7.  Dada la modificación  obligada de la  actividad  y la  priorización de objetivos 
centrada  en  la  lucha  contra  la  COVID-19,  el  año  2020,  de  forma  excepcional,  se 
garantizará  a  todas  las  entidades  del  SISCAT  el  mismo  grado  de  consecución  de 
objetivos de la cláusula de contraprestación por resultados que se obtuvo en 2019.
8.  Después de haber regularizado la facturación de la actividad ordinaria y de la 
actividad extraordinaria prestada para la lucha contra la COVID-19, el total de ingresos 
de 2020 de las entidades del SISCAT no podrá ser, en ningún caso, inferior a su total de 
ingresos de 2019, incluidas las recurrencias de los contratos, sin tener en cuenta la 
actualización de tarifas, de acuerdo con la normativa de contratación administrativa.
9.  Las asignaciones de 2020 de gasto máximo asumible (DMA) de recetas y MHDA 
tendrán en cuenta la excepcionalidad de este ejercicio. Se determinarán por acuerdo del 
Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud, en el momento en que se dé por 
finalizada la situación de emergencia derivada de la COVID-19.
10.  Una vez el Servicio Catalán de la Salud dé por finalizada la situación de 
emergencia  sanitaria,  se  creará  un  Consejo  Asesor  formado  por  responsables 
económico-financieros  de  las  entidades  más  representativas  del  SISCAT  y  de  las 
organizaciones representantes de las entidades proveedoras de servicios asistenciales y 
un representante del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda  e.e
para analizar el impacto económico relacionado con la respuesta sanitaria a la situación  b
de emergencia. En base a los resultados de este análisis el Servicio Catalán de la Salud  49ww
pdoed irmáp eofretectsu aerx,t reano rsduin caarsioos,  aubnoan raedvoissió an  ldaes  leanst itdaardifaess  yd/eo  ancuueevrodso  pcroong rlaams adsis yp odseicl iroensetos 
de e1s1te.  DCeucarentdoo. una entidad no tenga convenio o contrato de servicios asistenciales con
el Servicio Catalán de la Salud, o lo tenga establecido para una línea asistencial o
actividad  diferente  a  la  requerida  para  la  contención  de  la  pandemia  o  para  la 
descongestión del sistema sanitario durante la pandemia, la actividad extraordinaria que 
se realice con cargo al Servicio Catalán de la Salud deberá acreditarse y deberá ser 
compensada de acuerdo con las siguientes tarifas:
a)  La atención a pacientes con COVID-19 se compensará de acuerdo con las 
tarifas especificadas en los puntos 3 y 5, siempre y cuando se realice por indicación y 
con el visto bueno del Servicio Catalán de la Salud. Adicionalmente, los centros cobrarán 
un importe correspondiente a los gastos de habilitación de nuevos espacios para el uso 
hospitalario de asistencia relacionada con la COVID-19. Este importe será el 4% de la 
actividad mensual facturada y se abonará mensualmente.
b)  Los centros hospitalarios que no tienen una relación contractual vigente con el 
Servicio Catalán de la Salud, en concepto de MHDA, podrán facturar, con el visto bueno 
del Servicio Catalán de la Salud, la medicación prescrita para el tratamiento específico 
de la COVID-19 a los pacientes que hayan recibido el alta hospitalaria.
c)  La atención de carácter urgente a pacientes sin COVID-19 se compensará de 
acuerdo con las tarifas siguientes, siempre que se realice por indicación y con el visto 
bueno del Servicio Catalán de la Salud:
Urgencia sin ingreso: 92,00 euros.
Alta médica de paciente sin COVID-19: 1.381,30 euros.
Alta quirúrgica de paciente sin COVID-19: 1.627,33 euros.
Cirugía mayor ambulatoria de paciente sin COVID-19: 1.464,60 euros.
Alta obstétrica de paciente sin COVID-19: 1.194,24 euros.
d)  Cualquier otra actividad no recogida en los apartados a), b) y c) que los centros 
sanitarios realicen a requerimiento del Servicio Catalán de la Salud será compensada de 
acuerdo con el sistema de precios y tarifas de los servicios contratados por el Servicio 
Catalán de la Salud aplicables al SISCAT.
12.  Los centros podrán facturar la actividad prevista en el punto 11, mientras dure la 
situación  de  emergencia  sanitaria.  En  el  caso  de  los  pacientes  que  requieren 
internamiento, la fecha de ingreso deberá corresponderse con el período de emergencia 
sanitaria, pero la factura podrá ser emitida una vez finalice este periodo, en el momento 
del alta del paciente.
13.  Los centros hospitalarios privados que no formen parte del SISCAT pero que 
presten servicios con cargo al Servicio Catalán de la Salud durante la situación de 
emergencia sanitaria deberán declarar al CMBD toda la actividad hospitalización de 
agudos y de cirugía mayor ambulatoria que realicen con cargo al Servicio Catalán de la 
Salud. Esta declaración será requisito indispensable para poder facturar la actividad.
14.  Una vez se dé por finaliza la situación de emergencia sanitaria, el Servicio 
Catalán de la Salud deberá encargar una auditoría externa de los gastos incurridos en la 
prestación  de  la  actividad  extraordinaria  regulada  en  el  punto  11  por  parte  de  las 
entidades  que  no  forman  parte  del  SISCAT,  al  objeto  de  determinar  la  valoración 
económica final de esta actividad. A tal fin, las entidades afectadas deberán facilitar al 
auditor designado toda la documentación necesaria para la realización de este trabajo. 
En base a los resultados de la auditoría externa, el Servicio Catalán de la Salud podrá 
proceder,  en  su  caso,  a  la  regularización,  en  positivo  o  negativo,  de  los  importes 
satisfechos a las entidades afectadas en base a las disposiciones de este Decreto a fin 
de garantizar que no hay un abuso de posición de dominio por parte de la administración  e.
sanitaria ni tampoco un margen de beneficio superior al razonable por parte de las  w.
entidades en base a las recomendaciones de la normativa de contratación pública. 49ww
temp1o5r. al Laa l reSgiusltaecmióan  essapneitcaírfiioc a dpeo r ulati liqzuaec iósne  aprtúicbulilcaar á deel  mCeactaanluisñmao  ddee  incteengtrraocsi óny 
establecimientos sanitarios con servicios no contratados por el Servicio Catalán de la
Salud, en el marco de la estrategia de respuesta a la epidemia del SARS-CoV-2, será 
aprobada por Resolución del director de CatSalut.
CAPÍTULO III
Medidas de carácter tributario
Artículo 3.
No  aplicación  de  mínimos  de  facturación  específicos  de  canon  del  agua  a 
establecimientos hoteleros, campings y otros alojamientos de corta duración en relación 
con facturas y liquidaciones correspondientes al período de consumo del 1 de abril hasta 
el 31 de diciembre de 2020.
En las liquidaciones de canon del agua, así como en la repercusión de este tributo 
que  las  entidades  suministradoras  incluyen  en  sus  facturas,  que  deben  emitirse  a 
establecimientos  hoteleros  y  de  camping,  así  como  a  otros  alojamientos  de  corta 
duración, en relación con consumos de los meses de abril a diciembre de 2020, no se 
aplican  los  mínimos  de  facturación  previstos  en  especial  para  este  tipo  de 
establecimientos en los apartados b y c del apartado 2 del artículo 67 del texto refundido 
de la legislación en materia de aguas de Cataluña, sino los mínimos generales de 6 
metros cúbicos mensuales por usuario industrial y asimilable, previstos en el apartado a 
del citado artículo 67.2.
CAPÍTULO IV
Medidas de carácter estructural y organizativas
Artículo 4.
Esta  regulación  tiene  por  objeto  la  adopción  de  medidas  organizativas, 
competenciales y materiales para garantizar una adecuada dirección y coordinación en 
las actuaciones de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2, en el ámbito de 
los centros de servicios sociales de carácter residencial.
A estos efectos, se atribuyen al Departamento de Salud las competencias que la 
normativa  vigente  atribuye  a  la  Administración  de  la  Generalidad  en  este  ámbito, 
estableciendo igualmente medidas de cooperación con los entes locales de Cataluña y 
concretando las obligaciones de suministro de información a cumplir por parte de las 
residencias, independientemente de su titularidad pública o privada.
Artículo 5.
Para hacer frente a la situación generada por la pandemia del COVID-19 en el 
ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial, la Dirección General 
de la Autonomía Personal y la Discapacidad, hasta ahora adscrita al Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mediante la Secretaría de Asuntos Sociales y 
Familias, pasa a adscribirse al Departamento de Salud, bajo la dirección del consejero o 
consejera.
Esta  Dirección  General  adscrita  al  Departamento  de  Salud  y  hasta  que  no  se 
aprueben los correspondientes decretos de reestructuración de los departamentos de 
Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mantiene las funciones y la estructura  e.
que  le  atribuyen  el  artículo  19  del  Decreto  234/2019,  de  12  de  noviembre,  de  w.b
reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en relación  49ww
cToranb aejlo D, Aescurenttoo s2 S89o/c2ia0l1e6s,  yd Fea m30il iadse. agosto, de reestructuración del Departamento de
Artículo 6.
1.  El Departamento de Salud puede disponer ampliamente de todas las medidas 
organizativas de carácter sanitario y asistencial de ordenación y coordinación que sean 
necesarias relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes con la COVID-19 en las 
residencias de ancianos y otros centros y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y, 
en general, cualquier dispositivo con estas funciones o por confinamiento y que, por 
motivos de salud pública, justifiquen la reubicación y traslado de los residentes en otro 
dispositivo del territorio de Cataluña.
2.  Las medidas de intervención previstas en el apartado tercero de la Orden SND/
275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros 
de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la redacción dada por la Orden SND/322/2020, 
de 3 de abril se adoptarán y gestionarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  La adopción y gestión de las medidas de intervención se hará bajo un principio 
de acción coordinada que incorpore el impulso estratégico y el ámbito de conocimiento, 
en la vertiente asistencial sanitario, y de acuerdo con los criterios epidemiológicos y de 
salud pública, y del ámbito social.
b)  Los centros sociales de carácter residencial quedan sujetos a la inspección de 
los  servicios  sanitarios.  Estas  inspecciones  se  podrán  llevar  a  cabo  en  cualquier 
momento, y se podrán ordenar las actuaciones que sean necesarias para cumplir las 
normas vinculadas al control de la crisis sanitaria originada por la COVID-19.
c)  En la gestión de la intervención se procurará contar con la colaboración y el 
apoyo de recursos disponibles del ámbito local.
A  estos  efectos,  las  medidas  que  se  acuerden  serán  comunicadas  de  manera 
inmediata al ayuntamiento del ámbito territorial correspondiente. Igualmente, cuando se 
detecte que se considera necesaria la adopción de medidas, se comunicará a la entidad 
local  la  situación  existente.  En  ambos  casos,  el  ayuntamiento  comunicará  la 
disponibilidad o no de medios personales, especialmente en el ámbito de los servicios 
sociales, para colaborar en el control y prevención de la situación detectada, los cuales 
podrán ser adicionales a las medidas, si estas ya han sido acordadas.
d)  A los efectos de dar cumplimiento al apartado anterior, los entes locales de 
Cataluña comunicarán al Departamento de Salud, en la dirección de correo electrónico 
que se determine, las incidencias de que tengan conocimiento.
e)  Del  mismo  modo,  las  residencias  sociales  de  Cataluña  están  obligadas  a 
comunicar, en el plazo de 48 horas de la publicación de este Decreto Ley, las incidencias 
actualmente existentes en relación con la prevención y control de la infección por SARS-
CoV-2 e ir actualizando esta información en el plazo máximo de 24 horas, en que se 
produzca cualquier hecho que afecte la situación comunicada previamente.
f)  Las medidas de intervención adoptadas se comunicarán a los Ministerios de 
Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, en los términos previstos en el 
apartado quinto de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, que establece medidas 
complementarias de carácter organizativo y de información en el ámbito de los centros 
de servicios sociales de carácter residencial.
Disposición adicional primera.  Adscripción y dependencia del personal.
El personal de la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad  oe.
continúa adscrito a la misma unidad orgánica y pasa a depender del Departamento de  w.
Salud, con efectos de la entrada en vigor de este Decreto-ley. 2020-5649n https://ww
 Disposición adicional segunda.  Funciones del personal adscrito.
Las  personas  que  ocupan  los  puestos  de  mando,  las  áreas  funcionales  o  las 
unidades laborales afectadas por el artículo 5 y concordantes de este Decreto-ley siguen 
ejerciendo sus funciones correspondientes.
Disposición adicional tercera.  Percepción de retribuciones.
El personal funcionario y el resto de personal de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña que resulten afectados por las modificaciones orgánicas del artículo 5 y 
concordantes de este Decreto-ley siguen percibiendo todas sus retribuciones con cargo 
a los créditos a los que se imputaban, hasta que se adopten las disposiciones de 
desarrollo, de acuerdo con la normativa vigente, y se lleven a cabo las adaptaciones 
presupuestarias y de relaciones de puestos de trabajo correspondientes.
Disposición adicional cuarta.  Adscripción de las entidades y los órganos colegiados.
Quedan adscritos al Departamento de Salud o se relacionan, las entidades y los 
órganos colegiados que se adscriben o se relacionan con el Departamento Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias por razón de las funciones de la Dirección General la 
Autonomía Personal y la Discapacidad.
Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Todas las referencias que la normativa vigente haga al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias por razón de la estructura o funciones de la Dirección 
General  de  la  Autonomía  Personal  y  la  Discapacidad  se  entenderán  hechas  al 
Departamento de Salud.
Disposición adicional sexta.
Las previsiones de lo dispuesto en el Capítulo IV de este Decreto-ley y de las 
disposiciones adicionales primera a cuarta, incluidas, mantienen rango reglamentario a 
los efectos de su desarrollo, su modificación y derogación.
Disposición adicional séptima.  Plazo de vigencia.
El plazo de vigencia previsto en la disposición transitoria del Decreto-ley 11/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias no 
es de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 4 y en la disposición adicional 
quinta de citado Decreto-ley.
Disposición transitoria.
1.  Lo dispuesto en este Decreto-ley estará vigente hasta que no se levante el 
estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, salvo aquellos supuestos en que se establezca otro período de vigencia.
2.  En especial, lo previsto en el artículo 1 y en la disposición adicional cuarta de 
este  Decreto-ley,  mantendrá  su  vigencia  hasta  los  dos  y  seis  meses  siguientes,  e.e
respectivamente, al día en que se levante el estado de alarma. w.b
DDiescpSroeest oicd-ileóernyo  gdoae qnruo tego adsteao sroi apla oúsnn gdicaisanp..osiciones de rango igual o inferior que contradigan a este  OE-A-2020-56able en https://
Disposición final primera.  Habilitación.
Se facultan a la persona titular del Departamento de Salud y a la persona titular del 
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública para el desarrollo de este 
Decreto-ley, y a la persona titular del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía 
y Hacienda para realizar, en su momento, las adaptaciones presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a este Decreto-ley.
Disposición final segunda.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Barcelona,  10  de  abril  de  2020.–El  Presidente  de  la  Generalidad  de  Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8109, de 11 de abril de 2020. 
Convalidado por Resolución 761/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8141, de 26 de mayo de 2020)