BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80816
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11298 Sala Segunda. Sentencia 116/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 1619-2020. Promovido por D.P.G. Redacción y Administración, S.L., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Elche  (Alicante)  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria.  Supuesta 
vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidad mercantil 
que se desentiende de la suerte de un procedimiento de ejecución y de la 
convocatoria de una subasta de la que tenía fehaciente conocimiento.
ECLI:ES:TC:2021:116
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1619-2020,  promovido  por  la  entidad  D.P.G. 
Redacción y Administración, S.L., contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 
2 de Elche de 12 de febrero de 2020, por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra el auto de 24 de octubre de 2019, por el que se desestima el incidente 
de nulidad de actuaciones, pronunciado en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 2365-2015. Ha comparecido la entidad Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa 
de Crédito. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La  entidad  D.P.G.  Redacción  y  Administración,  S.L.,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña Francisca Orts Mogica y bajo la dirección del letrado 
don Alfredo Martínez Lidón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas 
en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este tribunal el 11 de marzo 
de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 30 de octubre de 2015 se formuló demanda de ejecución hipotecaria contra la 
entidad recurrente en amparo, como deudora principal, y contra su administradora única, 
como fiadora, dando lugar al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 2365-2015,  s
tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Elche. e.
b)  El juzgado, por auto de 16 marzo de 2016, acordó despachar ejecución y su  w.
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que no pudo llevarse a efecto por «encontrar un bajo cerrado y según los vecinos
cerrado hace mucho tiempo. También le resulta desconocido en la finca donde no figuran 
en timbre y buzones».
c)  Por diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2016, se acuerda efectuar 
comunicación al punto neutro judicial a fin de averiguar nuevo domicilio y, constando en 
la base de datos de la Agencia Tributaria un domicilio diferente, que se practique en él 
nuevo intento de notificación.
En ejecución de dicho acuerdo, se efectuó en ese domicilio un segundo intento de 
notificación el 23 de mayo de 2016, haciendo constar el funcionario del servicio común 
de notificaciones mediante escrito de 30 de mayo de 2016 que, no hallándose nadie 
presente en el domicilio, se dejó aviso para que compareciera en el juzgado sin que 
nadie hubiera acudido y que la vivienda se trata de un bungalow en que cuyo buzón e 
interfono constan el nombre de dos personas físicas.
d)  Por diligencia de ordenación de 7 de julio de 2016, se acuerda efectuar consulta 
en el registro mercantil y constando en el mismo la identificación de la administradora 
única con un domicilio, practicar en su persona las notificaciones acordadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se efectuó en ese domicilio un tercer intento de 
notificación el 20 de julio de 2016, haciendo constar el funcionario del servicio común de 
notificaciones  mediante  escrito  de  2  de  agosto  de  2016  que,  no  hallándose  nadie 
presente en el domicilio, se dejó aviso para que compareciera en el juzgado sin que 
nadie hubiera acudido y que «no figuraban apellidos en timbre sin buzones. Los vecinos 
manifestaron que no conocían a la persona indicada y desconocían si vivía o había 
vivido en la dirección indicada».
e)  Por diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2016, se acuerda efectuar 
consulta a través del punto neutro judicial de nuevo domicilio de la administradora única 
y, constando uno en la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía, practicar en él las 
notificaciones acordadas.
En ejecución de dicho acuerdo, el 21 de noviembre de 2016 se notificó al cuarto 
intento  el  auto  despachando  la  ejecución  y  el  requerimiento  de  pago  a  la  entidad 
recurrente de manera presencial en la persona de su administradora única.
f)  La letrada de la administración de justicia, por decreto de 24 de febrero de 2017, 
acordó la convocatoria de la subasta de una finca propiedad de la ejecutada, lo que fue 
notificado en comunicación dirigida a la misma dirección que en el intento positivo 
anterior. Según acta de constancia de 12 de abril de 2017, mediante comparecencia en 
el juzgado, se notificó dicha resolución «al letrado Alfredo Martínez Lidón, en calidad de 
mandatario verbal de la ejecutada D.P.G. Redacción Administración, S.L.».
g)  La  administradora  única  de  la  entidad  recurrente,  afirmando  actuar  como 
administradora de esta, mediante escrito registrado el 17 de marzo de 2017, puso en 
conocimiento del juzgado el pago de ciertas cantidades a cuenta posteriores al auto 
despachando la ejecución, a los efectos oportunos. En el encabezamiento del escrito se 
afirma que «como domicilio de avisos en la calle» haciendo figurar el domicilio en que no 
pudo realizarse el segundo intento de notificación del auto despachando la ejecución.
h)  Por diligencia de ordenación de 8 de marzo de 2018, se da cuenta del resultado 
de la subasta. Tras el intento frustrado de notificación en la única dirección en que hasta 
ese momento se había alcanzado un resultado positivo, se acuerda su publicación por 
edictos.
i)  Por diligencia de ordenación de 2 de mayo de 2019, se fijó para la diligencia de 
posesión de la finca objeto de subasta el 12 de junio de 2019, que se intentó notificar en 
la propia finca el 9 de mayo de 2019 con resultado negativo por estar deshabitada, pero  s
dejando la diligencia de ordenación. oe.
j)  La  entidad  recurrente  en  amparo,  representada  por  procurador  y  bajo  la  w.
fraeesbgisrisetetrrona cddioae   de2el 0l 11a67b  odegena  djquouli oeq  udseee   h2aa0cb1oía9rd  rasebeca op gleaidr soco ocnnoóvm oeocna  mteoalr inpadr oadcteae rdliaoim  vsieeurnbbtaaosl, t aelo,l   dmqeuecedre iastone t detue ev 2os4c  prdiotoer    2021-1129n https://w
cumplimentado por diligencia de ordenación de 4 de septiembre de 2019.
k)  La entidad recurrente en amparo, mediante escrito de 13 de septiembre de 2019, 
interpuso incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que en (i) en el escrito 
de 17 de marzo de 2017 dirigido por la administradora única de la entidad al juzgado 
figuraba su domicilio, que coincidía con uno de los obtenidos en las diligencias de 
averiguación hechas por el juzgado y, (ii) a pesar de ello, la diligencia de ordenación de 8 
de marzo de 2018 con el resultado de la subasta se intenta notificar en otro domicilio y 
ante su resultado negativo se publica por edictos. Se afirma que esa forma de actuar 
supone una vulneración de los preceptos reguladores de las notificaciones en la ley 
procesal civil que le ha generado efectiva indefensión.
l)  El incidente fue desestimado por auto de 24 de octubre de 2019 con fundamento 
en que ninguna indefensión se había generado a la entidad recurrente, ya que consta en 
las actuaciones que el decreto de 24 de febrero de 2017 por el que se acuerda la 
convocatoria de la subasta se notificó a un mandatario verbal de dicha entidad el 12 de 
abril de 2017, por lo que era conocedora del procedimiento, insistiendo en que el hecho 
de la existencia del escrito de 20 de marzo de 2017 de la administradora única de la 
entidad  recurrente  en  que  fija  un  determinado  domicilio  no  impide  afirmar  que  no 
concurre una indefensión material derivada del pleno conocimiento de la existencia de la 
causa y de la subasta.
El auto contenía un pie de recurso que posibilitaba la interposición de recurso de 
reposición,  que  fue  articulado  por  la  entidad  recurrente,  reiterando  las  mismas 
alegaciones, siendo desestimado por auto de 12 de febrero de 2020, con remisión a los 
mismos argumentos de la inexistencia de indefensión material.
3.  La  entidad  recurrente  solicita  la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas por vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con 
retroacción de actuaciones al momento en que se debió notificar en forma la diligencia 
de ordenación de 8 de marzo de 2018 por la cual se daba cuenta del resultado de la 
subasta.
El recurrente fundamenta la vulneración del art. 24.1 CE en que se ha procedido a 
realizar una defectuosa notificación edictal de la diligencia de ordenación de 8 de marzo 
del 2018 con el resultado de la subasta, ya que el intento de notificación personal se 
intentó en un domicilio distinto del designado por la administradora única de la sociedad, 
generando con ello una situación de indefensión al privarle de la posibilidad de presentar 
alguien que mejore la postura de subasta de acuerdo con lo establecido en el art. 670.4, 
párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  17  de  septiembre 
de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional) como consecuencia de que la doctrina de este tribunal sobre el 
derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y 
reiterado  por  la  jurisdicción  ordinaria  o  pudieran  existir  resoluciones  judiciales 
contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)]; y dirigir atenta 
comunicación al órgano judicial para el emplazamiento de quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el 
recurso de amparo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación  de  21  de  enero  de  2021,  acordó  tener  por  personada  y  parte  en  el  s
procedimiento a la procuradora de los tribunales doña Leticia Codias Viñuela, en nombre  oe.
y representación de la entidad Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, y  8ww.
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a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y se declare la nulidad de las resoluciones 
impugnadas con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al 
pronunciamiento del auto de 24 de octubre de 2019 por el que se desestima el incidente 
de nulidad de actuaciones para que se dicte otro respetuoso con los derechos de la 
recurrente.
El Ministerio Fiscal, tras la cita de la jurisprudencia constitucional sobre la necesidad 
de  una  correcta  conformación  de  la  relación  procesal  y  el  deber  de  diligencia  a 
desarrollar  por  el  órgano  judicial  en  la  notificación  personal  para  posibilitar  la 
participación de quien resulte demandado (STC 89/2015), expone que, si bien el órgano 
judicial desarrolló diversa actividad para hacer efectiva la comunicación del proceso, no 
intentó la notificación en el domicilio fijado por la administradora única, provocando con 
ello una indefensión material que no queda enervada por el hecho de que se notificara el 
señalamiento de la subasta a un abogado mandatario verbal de la entidad recurrente, 
pues  «no  creemos  que  ese  dato  sea  suficiente  para  entender  que  existió  un 
conocimiento  suficiente,  ya  que,  en  primer  lugar,  hasta  ese  momento  la  sociedad 
ejecutada no estaba personada en la causa, no lo estuvo hasta julio de 2019, en 
segundo  lugar,  en  la  diligencia  se  hace  constar  que  se  procede  a  notificar  a  un 
mandatario  verbal,  pero  ni  siquiera  se  le  identifica,  y  por  último,  esa  notificación 
supondría que ese acto, el señalamiento de la subasta sí fue conocido por la ejecutada, 
pero  todos  los  actos  procesales  posteriores,  se  siguieron  notificando  por  edictos, 
impidiendo ejercer algunos derechos, como el de mejora de la subasta que claramente le 
podrían producir perjuicio, y por ende indefensión».
7.  La parte personada, por escrito registrado el 8 de marzo de 2021, formuló 
alegaciones solicitando que se desestime el recurso, argumentando que el derecho a la 
tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, proscribe la indefensión imputable a 
los órganos judiciales, pero no a la propia conducta de la persona afectada, como es el 
caso, pues la entidad recurrente tuvo conocimiento fehaciente desde el 21 de noviembre 
de 2016 del procedimiento ejecutivo y de la convocatoria de la subasta desde el 12 de 
abril  de  2017,  habiendo  decidido  no  personarse  formalmente  hasta  el  15  de  julio 
de 2019, a los únicos efectos de formular incidente de nulidad.
8.  La entidad recurrente no presentó alegaciones.
9.  Por providencia de 27 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso:
El objeto de este recurso es determinar si la notificación por edictos de la diligencia 
de ordenación con el resultado de una subasta ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva de la entidad recurrente en la medida en que, si bien había tenido un 
fehaciente conocimiento del procedimiento ejecutivo dirigido contra ella y había decidido 
no personarse en la causa, en un escrito dirigido al juzgado había fijado un domicilio de 
la administradora única, en el que no se intentó la notificación de la citada diligencia de 
ordenación, que solo se intentó en otro domicilio que en ocasiones anteriores sí se había 
podido efectuar una notificación con un resultado positivo.
2.  La jurisprudencia constitucional sobre los actos de comunicación procesal: bo
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que puedan hacer efectivo su derecho de acceso a la jurisdicción, como respecto de
aquellos que siendo ya parte formal en el procedimiento ha de darse traslado de las
resoluciones judiciales para que puedan ejercitar la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos, con respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de 
armas procesales, incluyendo, en su caso, el ejercicio del derecho de un posible recurso 
contra  dichas  decisiones.  En  correlación  con  esa  trascendencia,  la  jurisprudencia 
constitucional ha impuesto a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en el 
cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, 
cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y en 
su caso, requerimientos, llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de actuar 
en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión (así, por ejemplo, 
SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 3).
A esos efectos, la jurisprudencia constitucional (así, por ejemplo, STC 79/2021, de 19 
de abril, FJ 3) ha incidido en las siguientes ideas:
(i)  El  órgano  judicial  ha  de  velar  no  solo  porque  la  práctica  de  los  actos  de 
comunicación con las partes se desarrolle con sujeción a sus requisitos legales, sino 
que, además, se asegure de que dichos actos sirven a su propósito, de forma que, 
efectivamente,  el  acto  de  comunicación  procesal  llegue  al  conocimiento  de  su 
destinatario, debiendo desplegar la oportuna diligencia y actividad dirigida a asegurarse 
de que se ha cumplido con la finalidad perseguida con el acto de comunicación procesal.
(ii)  El deber de diligencia judicial no posee la misma intensidad según el objeto del 
acto de comunicación procesal, ya que no es el mismo en el caso de que su finalidad 
sea poner en conocimiento de su destinatario que contra él se han iniciado ciertas 
actuaciones judiciales que en aquellos otros en los que la comunicación versa sobre los 
distintos actos procesales que se siguen en la causa en la que ya es parte y está 
debidamente representado y asistido técnicamente. En estos últimos casos, el Tribunal 
ha  considerado  que  no  cabe  imponer  al  órgano  judicial  una  desmedida  labor  de 
cerciorarse de la efectividad del acto de comunicación en cuestión cuando tiene la 
apariencia de haberse practicado con arreglo a la legalidad que lo rige.
(iii)  Las  partes  procesales  tienen  también  el  deber  de  colaborar  con  la 
administración de Justicia en su regular y ordenado proceder por lo que no existirá 
indefensión efectiva lesiva del art. 24.1 CE si de las actuaciones se deduce que quien la 
denuncia no ha observado la debida diligencia en la defensa de sus derechos, de modo 
tal que la indefensión alegada sea la consecuencia del desinterés, la negligencia, el error 
técnico o impericia de la parte o profesionales que le representen o defiendan.
3.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso:
a)  En  el  presente  caso,  como  ha  sido  expuesto  más  ampliamente  en  los 
antecedentes, han quedado acreditados en las actuaciones y no resultan controvertidos 
los siguientes extremos:
(i)  El auto de 16 marzo de 2016, por el que se acuerda despachar la ejecución, se 
intentó notificar el 7 de abril de 2016 a la entidad recurrente en amparo en el domicilio 
que figuraba en el titulo hipotecario a ejecutar, con resultado negativo.
(ii)  El órgano judicial efectuó un segundo intento el 23 de mayo de 2016 en una 
dirección  diferente  de  la  entidad  recurrente,  tras  una  averiguación  domiciliaria,  que 
también resultó negativo porque, a pesar de haberse dejado aviso, nadie compareció a 
recogerla. Esta dirección es la que, a la postre, la administradora única de la entidad 
recurrente refería como domicilio en un escrito posterior de 17 de marzo de 2017 dirigido 
al juzgado y que considera que el deber de diligencia exigible al juzgado hubiera llevado  e.
a tomar como lugar de notificación previa a la notificación edictal de la diligencia de  w.
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(iv)  El órgano judicial efectuó un cuarto intento el 21 de noviembre de 2016, en una 
dirección correspondiente a la administradora única extraída de la base de datos del 
Cuerpo Nacional de Policía, tras una averiguación domiciliaria, que resultó positivo al 
poder notificarse de manera presencial el auto despachando la ejecución a la entidad 
recurrente en la persona de su administradora única. Esta es la dirección en la que con 
posterioridad el órgano judicial intentó la notificación de la diligencia de ordenación de 8 
de marzo de 2018 de adjudicación de la subasta, previa a acudir a la notificación edictal.
(v)  La letrada de la administración de justicia, por decreto de 24 de febrero de 2017, 
acordó la convocatoria de la subasta de una finca propiedad de la ejecutada, lo que fue 
notificado en comunicación dirigida a la misma dirección que en el intento positivo. 
Según acta de constancia de 12 de abril de 2017, mediante comparecencia en el 
juzgado, se notificó dicha resolución «al letrado Alfredo Martínez Lidón, en calidad de 
mandatario verbal de la ejecutada D.P.G. Redacción Administración, S.L.».
(vi)  La administradora única de la entidad recurrente, mediante escrito registrado 
el 17 de marzo de 2017, puso en conocimiento del juzgado el pago de ciertas cantidades 
posteriores al auto despachando la ejecución, haciendo constar en el encabezamiento 
del escrito como domicilio de avisos aquel en que no pudo realizarse el segundo intento 
de notificación del auto despachando la ejecución.
(vii)  Por  diligencia  de  ordenación  de  8  de  marzo  de  2018,  se  dio  cuenta  del 
resultado de la adjudicación de la subasta, acordándose su notificación a la entidad 
recurrente, que se efectuó en la única dirección que hasta ese momento había tenido 
resultado positivo. Tras el intento frustrado de notificación en dicha dirección se acuerda 
su publicación por edictos, cuya constitucionalidad es lo controvertido en este recurso.
b)  En atención a lo expuesto, hay que concluir que no se ha vulnerado a la entidad 
recurrente su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), de acuerdo con las 
siguientes consideraciones:
(i)  El presente recurso de amparo, no plantea un problema constitucional sobre el 
deber de diligencia a desarrollar por el órgano judicial, para posibilitar una correcta 
conformación de la relación procesal que permita a un demandado conocer la existencia 
de un procedimiento, a fin de que pueda comparecer en el mismo para desplegar todas 
las posibilidades de defensa, en protección de los intereses que considere legítimos.
El Tribunal constata que la entidad ahora demandante, tras diversos intentos de 
notificación y de averiguación de domicilios alternativos al que figuraba en el título 
ejecutivo,  fue  notificada  personalmente  del  auto  despachando  la  ejecución  y  del 
requerimiento de pago en la persona de su administradora única que, además, era otra 
ejecutada como fiadora de la deuda hipotecaria. Con posterioridad, se volvió a realizar la 
notificación personal del decreto de convocatoria de la subasta por comparecencia en el 
juzgado de la persona que dijo ser un mandatario verbal de la entidad recurrente en 
amparo y que es el abogado bajo cuya asistencia letrada posteriormente se personó 
dicha entidad tanto en el procedimiento judicial como en el presente recurso de amparo. 
De hecho, la propia entidad recurrente llegó a dirigir escritos al órgano judicial, a través 
de su administradora única, en pretensión de que se tomaran en consideración pagos 
sobrevenidos a la iniciación del proceso de ejecución.
Por tanto, habiendo tenido conocimiento la entidad demandante de amparo del 
procedimiento ejecutivo que se estaba desarrollando, merced a la diligente actuación del 
órgano judicial para obtener un domicilio de notificación alternativo, hay que concluir que 
no está concernido en este recurso de amparo la dimensión del derecho de acceso a la  e
jurisdicción  conforme  al  cual  la  jurisprudencia  constitucional  impone  un  especial  y  bo
cualificado deber de diligencia al órgano judicial en la notificación personal. 8w
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los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales, incluyendo, 
en su caso, el ejercicio del derecho de un posible recurso contra dichas decisiones.
El  Tribunal  constata  que  la  entidad  ahora  demandante,  a  pesar  de  tener  un 
fehaciente conocimiento del procedimiento de ejecución e incluso de la convocatoria de 
la subasta de un determinado bien de su propiedad, no se personó formalmente en las 
actuaciones mediante procurador que la representara y abogado que la asistiera hasta 
mucho después de haberse adjudicado el bien en pública subasta y puesto en posesión 
del adjudicatario, a los únicos efectos de interponer incidente de nulidad de actuaciones 
para denunciar una eventual indefensión. Esa personación formal no se produjo ni para 
recibir notificaciones, que se hicieron mandatando verbalmente a un abogado, ni siquiera 
para comunicar pagos sobrevenidos que afectaban a la cuantía de la ejecución, que se 
hizo mediante escrito directo de la administradora única de la entidad recurrente.
Por tanto, habiendo tomado la entidad demandante de amparo la voluntaria decisión 
de  situarse  en  una  posición  de  rebeldía  no  personándose  formalmente  en  el 
procedimiento ejecutivo para formar parte del mismo técnicamente, hay que concluir que 
tampoco está concernida en este recurso de amparo la dimensión del derecho a la tutela 
judicial efectiva referida al deber de diligencia a desarrollar por los órganos judiciales en 
verificar que las notificaciones de los actos procesales a quienes ya son parte formal en 
el procedimiento cumplen su función última de llegar a su conocimiento.
(iii)  El presente recurso de amparo, por tanto, plantea un eventual problema de 
indefensión derivado del deber de diligencia a exigir al órgano judicial en relación con la 
notificación del concreto acto procesal de adjudicación de un bien en subasta a quien, 
siendo  propietario  del  mismo,  (a)  había  tenido  fehaciente  conocimiento  tanto  del 
procedimiento  ejecutivo  como  de  la  propia  convocatoria  de  la  subasta  merced  al 
esfuerzo judicial de localización de un domicilio de notificaciones y (b) había decidió 
voluntariamente no comparecer como parte procesal formal en el mismo.
A los efectos de ponderar el deber de diligencia exigible al órgano judicial y a la 
entidad recurrente en la contribución a la situación de indefensión generada, el tribunal 
considera relevante que (a) el órgano judicial, para intentar notificar la diligencia de 
ordenación de 8 de marzo de 2018 con el resultado de la adjudicación de la subasta, se 
dirigió a la única dirección de las cuatro intentadas en la que se obtuvieron resultados 
positivos tanto para notificar el auto despachando la ejecución, ya que se encontraba en 
persona en dicha dirección la administradora única de la entidad recurrente, como el 
decreto de convocatoria de la subasta, ya que compareció personalmente en el juzgado 
un mandatorio verbal para su recepción. Solo tras su fracaso se procedió a la notificación 
edictal.  (b)  Frente  a  ello,  la  entidad  recurrente  en  un  escrito  dirigido  por  su 
administradora única al juzgado con el único objeto de poner en conocimiento del órgano 
judicial la existencia de pagos sobrevenidos, pero en modo alguno ni la voluntad de 
personación para ser tenida como parte ni de fijar domicilio de notificaciones, se limitó a 
hacer constar en el encabezamiento la expresión «como domicilio de avisos en la calle», 
haciendo figurar el domicilio en que no pudo realizarse el segundo intento de notificación 
del auto despachando la ejecución por no haber comparecido nadie tras dejarse el aviso.
En estas condiciones, el Tribunal considera que en la contribución a la situación de 
indefensión  denunciada  por  la  entidad  recurrente  ha  sido  preponderante  su  propia 
conducta  de  desentenderse  de  la  suerte  del  seguimiento  de  un  procedimiento  de 
ejecución  y  de  la  convocatoria  de  una  subasta  de  la  que  tenía  un  fehaciente 
conocimiento,  en  que  decidió  no  personarse  ni  establecer,  en  defecto  de  esa 
personación, de manera clara y concluyente un domicilio de notificaciones para futuros  s
actos procesales respecto de los que las normas procesales establece la posibilidad de  oe.
notificación. El órgano judicial podría haber persistido en los intentos de notificación de la  w.
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dicho domicilio ya se había invertido más de seis meses y muy diversas averiguaciones y 
la dirección que la entidad recurrente considera que debía haber sido intentada, ya había 
dado previos resultados negativos. Además, no había sido fijada de manera concluyente 
un domicilio de notificaciones alternativo a aquel mediante el cual el juzgado había 
conseguido mantener una cierta comunicación ordinaría con la entidad recurrente.
En conclusión, la situación de indefensión alegada por la entidad recurrente como 
lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ha de ser imputada con 
carácter  preponderante  a  su  propia  conducta  y  no  a  una  infracción  del  deber  de 
diligencia del órgano judicial, lo que determina la desestimación del recurso de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad D.P.G. Redacción y 
Administración, S.L.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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